En diálogo con Infobae a la Tarde, el dirigente también cuestionó la situación económica, reclamó medidas para recuperar el empleo formal y criticó el tono de la confrontación política. Su planteo apunta a que la oposición supere la lógica de los dos extremos y construya una alternativa con capacidad de gobierno.

La UCR necesita una propuesta nacional

Para Negri, el radicalismo debe acelerar sus definiciones después de que Milei manifestara su intención de buscar la reelección. Aunque conserva presencia territorial, consideró que el partido no consigue traducir ese peso en una voz propia dentro de la discusión nacional. “Si no hay idea nacional, no hay partido político que se sostenga”, advirtió.

En esa reconstrucción, también cuestionó el vínculo fiscal entre la Nación y las provincias. A su entender, la falta de reglas previsibles para distribuir recursos debilita el federalismo y deja a los gobernadores sujetos a las decisiones del Ejecutivo. “El federalismo fiscal desapareció”, resumió.

El dirigente consideró que la UCR debe recuperar el contacto con los sectores que buscan una alternativa alejada de la confrontación. Para eso, sostuvo, necesita dejar de mirar exclusivamente su propia estructura y volver a representar demandas sociales concretas.

Una coalición que no se limite a ganar

Al evaluar posibles acuerdos entre la UCR, el PRO, La Libertad Avanza y otros espacios, Negri rechazó que la oposición se organice únicamente en función de su rechazo al Gobierno. “Yo anti no, anti nada. En todo caso, una alternativa”, planteó.

Su propuesta es una coalición republicana, liberal en lo político e institucional y orientada hacia el centro. Para el exdiputado, la unidad debe sostenerse en objetivos compartidos y no solo en la necesidad de derrotar al oficialismo. “Amontonarse no garantiza el gobierno. Puede garantizar ganar, pero no cambiar”, advirtió.

Entre las prioridades de ese programa mencionó la educación pública con mecanismos de auditoría, reglas claras para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una política de federalismo fiscal y el cumplimiento de los compromisos de obra pública.

Negri apeló a su experiencia al frente del bloque radical y del interbloque de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordó el crecimiento de ese espacio en la Cámara de Diputados y destacó la importancia de sostener acuerdos entre fuerzas con diferencias internas.

La discusión también tiene una dimensión electoral inmediata: la UCR pone en juego nueve de sus diez bancas en el Senado y 26 en la Cámara de Diputados, según los números que repasó durante la entrevista. Para Negri, esa disputa exige definir primero qué quiere representar el partido y qué respuestas puede ofrecer.

La economía más allá del equilibrio fiscal

Negri reconoció que el equilibrio fiscal y la reducción del gasto innecesario son objetivos necesarios, pero advirtió que no alcanzan si las familias siguen teniendo dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.

También cuestionó las dificultades del mercado laboral y reclamó que la recuperación se traduzca en puestos estables y registrados. “De lo que se trata es de trabajo de calidad, de formalidad, que es lo que se prometió”, sostuvo.

El exdiputado vinculó ese diagnóstico con la situación de las empresas y la falta de inversiones. Durante la entrevista, estimó que más de 30.000 compañías cerraron durante la administración de Milei. También afirmó que Brasil y México concentraron el 62% de la inversión extranjera directa regional en 2025, una comparación que utilizó para advertir sobre la posición de la Argentina frente a sus vecinos.

Críticas al discurso oficial y reclamo de consensos

Negri cuestionó el uso de “casta” como una descalificación general de la dirigencia y advirtió sobre el efecto del lenguaje presidencial en la convivencia democrática. A su entender, los agravios desde el poder profundizan las divisiones y dificultan la construcción de acuerdos. “Con la palabra vos podés construir puentes, pero con la palabra también podés levantar muros”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, expresó reparos sobre el proyecto de ley relacionado con la soberanía de Malvinas, por los cambios que, según señaló, contempla en el Código Penal y en las normas de defensa y seguridad nacional. Negri reclamó una discusión amplia y recordó el consenso político que permitió aprobar la Ley de Defensa durante la democracia. Consideró que las iniciativas vinculadas con asuntos estratégicos requieren acuerdos que trasciendan las mayorías circunstanciales.

De cara a 2027, su planteo es que la UCR recupere una identidad propia y participe de una coalición con objetivos definidos. Para el exdiputado, la oposición necesita superar la confrontación entre los extremos y presentar una alternativa que combine estabilidad económica, empleo y reglas institucionales.

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Con la semana más o menos cantada de antemano en el Senado -sin recinto ni demasiado apuro en comisiones- y parte de una abultada agenda ya liberada durante las últimas tres sesiones que realizó el pleno de la Cámara alta, el Gobierno y, en particular, el Ministerio de Economía, tienen en sus manos la definición del proyecto de Súper RIGI -inversiones por más de USD 1.000 para industrias del futuro- ante aliados que ratificaron que, sin cambios extra, no habrá ley.

El trámite de la iniciativa fue normal hasta que, antes de activar el pase hacia la firma de dictámenes -a comienzos de septiembre pasado-, aterrizó un puñado de objeciones del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandaron proteger los insumos nacionales. “No estoy en contra de la importación de insumos, pero no hay dimensión de los que ocurrió con el RIGI en los últimos meses. Se está yendo de las manos”, deslizaron a Infobae desde una bancada que suele acompañar al Ejecutivo.

La queja principal vino del lado del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no kirchnerista Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), quienes exigieron ampliar el término “precio/calidad”. Añadieron, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

En aquella ocasión, al no tener un guiño desde Balcarce 50, la líder de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital Federal), sólo validó los cambios anticipados relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de USD 1.000 millones que plantea el articulado de la Casa Rosada reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Al venir de Diputados, eventuales modificaciones harían regresar el texto a la Cámara baja, en segunda revisión.

Para verificar la oferta, los legisladores sugieren que la potencial autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

En tanto, la propuesta impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.

Además, la comparación deberá efectuarse sobre precios “equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.

En la misma semana que pasó a siesta el Súper RIGI encontró el mismo paredón, aunque en otro plenario, la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas que impulsa desde unos meses el jefe de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes).

Llamó la atención, en aquel convite, que un propio colega del centenario partido, el catamarqueño Flavio Fama, le reclamara a Vischi mayores precisiones en el compre local. El ex rector fue uno de los senadores que firmó el dictamen sobre inviolabilidad de la propiedad privada -incluida la venta de tierras a extranjeros- y, horas antes de la sesión, anunció el rechazo al capítulo y su no asistencia tras una operación de rodilla. A los pocos días reapareció en otro plenario, ya 100% recuperado y sin vestigios de molestia alguna por la intervención en la anatomía de su tren inferior.

Un profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue detenido como sospechoso de participar en una red internacional dedicada al intercambio de material de abuso sexual infantil, en una investigación que involucra a decenas de personas de distintos países y cientos de archivos digitales bajo análisis de las autoridades.

El sospechoso fue identificado como un hombre de apellidos Altamirano Campos, de 32 años, quien fue capturado durante un allanamiento efectuado por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una vivienda ubicada en Salitrillos de Aserrí, al sur de San José.

El operativo comenzó aproximadamente a las 6:00 de la mañana, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, después de una investigación que se extendió durante más de un año y que tuvo su origen en una alerta internacional sobre presuntas actividades relacionadas con la tenencia y distribución de contenido sexual que involucra a personas menores de edad.

Durante las diligencias, los investigadores decomisaron distintos dispositivos electrónicos y unidades de almacenamiento de información, que serán sometidos a análisis forenses para determinar si contienen material relacionado con los delitos investigados.

La captura adquiere relevancia debido a que el sospechoso estaría vinculado laboralmente con la principal universidad pública del país.

Un grupo internacional con 177 integrantes

Uno de los principales hallazgos divulgados por las autoridades apunta a la existencia de un grupo de WhatsApp en el que presuntamente se compartían archivos de contenido sexual infantil.

Ese grupo estaría integrado por aproximadamente 177 usuarios de diferentes países, y el docente detenido sería el único participante costarricense identificado dentro de esa conversación.

La investigación también permitió identificar movimientos relacionados con aproximadamente 500 archivos de contenido sexual infantil, entre documentos digitales que presuntamente habrían sido enviados, recibidos, cargados o descargados por medio de plataformas tecnológicas.

Estos datos constituyen parte de las pesquisas y deberán ser respaldados mediante el análisis de los dispositivos y registros digitales incorporados al expediente judicial.

Los investigadores procuran determinar cuál habría sido la participación específica del sospechoso, la naturaleza de los archivos intercambiados y si existen otros elementos que permitan establecer una eventual responsabilidad penal.

La investigación también busca esclarecer el funcionamiento de la red internacional y las conexiones digitales entre sus participantes.

Aunque se investiga un grupo numeroso, la información divulgada hasta el momento no permite afirmar que las 177 personas hayan cometido delitos ni que todas se encuentren formalmente identificadas o procesadas judicialmente.

Una alerta internacional permitió iniciar la investigación en 2025

La detención del profesor universitario fue el resultado de una investigación iniciada en mayo de 2025, cuando la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ recibió información procedente del extranjero sobre posibles delitos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Los hechos que originaron la alerta habrían ocurrido durante abril de 2025, aproximadamente 18 meses antes de la captura.

A partir de esa información, los agentes judiciales desarrollaron diligencias para identificar al presunto usuario involucrado, establecer su ubicación y recopilar indicios que permitieran vincularlo con las actividades denunciadas.

Las pesquisas condujeron a una vivienda en Salitrillos de Aserrí, donde los investigadores ejecutaron el allanamiento este jueves.

Según el reporte del OIJ, el hombre presuntamente utilizaba una plataforma internacional de mensajería para recibir y enviar material de abuso sexual infantil.

Computadoras y dispositivos decomisados serán sometidos a análisis

Durante el allanamiento, los agentes judiciales localizaron y decomisaron aparatos electrónicos y dispositivos de almacenamiento de memoria que podrían contener información de interés para el expediente.

Estos equipos serán examinados mediante procedimientos de informática forense, con el propósito de identificar archivos, registros de comunicaciones y otros elementos que permitan reconstruir los movimientos digitales investigados.

Las diligencias permitirán determinar si los dispositivos contienen evidencia que respalde las sospechas de tenencia o difusión de material de abuso sexual infantil.

También será necesario establecer si los archivos investigados se encontraban almacenados en los equipos del detenido o si existieron operaciones mediante servicios digitales externos.

¿Qué penas contempla la legislación costarricense?

En Costa Rica, la tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil están tipificadas como delitos en el Código Penal, con sanciones que varían según la conducta investigada.

El artículo 173 bis establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes posean material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o incapaz.

La disposición también contempla el almacenamiento de esos archivos en dispositivos electrónicos o sistemas de almacenamiento remoto.

Por su parte, el artículo 174 establece penas de cinco a nueve años de prisión para quienes exhiban, difundan, distribuyan, financien o comercialicen material pornográfico en el que aparezcan personas menores de edad, o lo posean con esas finalidades.

Estas disposiciones fueron modificadas mediante la Ley N.º 10020, aprobada en 2021, que fortaleció el marco legal relacionado con los delitos sexuales cometidos mediante tecnologías de comunicación.

No obstante, las eventuales consecuencias penales para Altamirano Campos dependerán de los delitos que formalmente le atribuya el Ministerio Público, de la evidencia presentada y de las decisiones que adopten los tribunales.

La vinculación con la Universidad de Costa Rica

La Universidad de CostaRica (UCR) emitió un comunicado oficial en el que condenó categóricamente cualquier forma de explotación sexual contra menores de edad y anunció el inicio de gestiones internas para verificar la situación del funcionario investigado.

“La UCR condena de manera tajante y sin matices la producción, tenencia, distribución o consumo de material de abuso sexual infantil”, señaló la institución, que aseguró que aplicará las medidas administrativas, cautelares, disciplinarias y legales que correspondan, de conformidad con la normativa universitaria y nacional.

El sospechoso quedó a disposición de las autoridades judiciales

Después de su detención, Altamirano Campos fue remitido a las autoridades judiciales para continuar con los procedimientos correspondientes.

Corresponderá al Ministerio Público determinar los próximos pasos de la investigación y valorar si procede solicitar medidas cautelares ante un juzgado penal.

La campaña electoral de Costa Rica 2026 estuvo acompañada por un ecosistema de desinformación más intenso, descentralizado y tecnológicamente sofisticado, según un informe elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Observatorio Complutense de Desinformación.

El estudio documentó 257 incidentes de interferencia y manipulación de la información (IMI) entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026, periodo que abarcó la etapa previa a los comicios, la jornada electoral del 1 de febrero y las semanas posteriores. La muestra fue construida mediante monitoreo de redes sociales, medios digitales y contenidos identificados por plataformas de verificación.

Los investigadores clasificaron los casos entre desinformación, información errónea e información maliciosa y encontraron presencia de contenido fabricado, publicaciones fuera de contexto, material engañoso y episodios de acoso digital.

Uno de los principales hallazgos fue el peso de las redes sociales. Facebook concentró 179 incidentes, mientras que TikTok registró 85, X contabilizó 23 e Instagram ocho. Un mismo contenido podía circular por más de una plataforma, por lo que las cifras no son excluyentes entre sí.

El informe advierte que la concentración de casos en Facebook y TikTok guarda relación con el alcance que ambas plataformas tienen entre los usuarios costarricenses y su capacidad de viralización.

TSE y candidaturas estuvieron entre los principales blancos

Las candidaturas presidenciales y legislativas fueron el principal objetivo de los contenidos identificados, con 105 registros, seguidas por los partidos políticos, con 80, y el órgano electoral, con 61.

Los investigadores detectaron, entre otras prácticas, imágenes manipuladas y contenidos generados mediante inteligencia artificial que buscaban asociar a candidatos costarricenses con figuras políticas latinoamericanas altamente polarizantes.

En el análisis específico de las narrativas, el bloque más numeroso fue el relacionado con la integridad del proceso electoral y los ataques contra el TSE, que agrupó 71 casos.

Estos contenidos incluían acusaciones de supuesto fraude, presunta manipulación del sistema de transmisión de resultados, diferencias en los conteos manuales, afirmaciones sobre parcialidad del órgano electoral y hasta instrucciones falsas sobre cómo emitir el voto.

El estudio encontró además que buena parte de estas publicaciones apareció después de la elección, particularmente entre el 2 de febrero y el 1 de marzo.

Entre ellas circularon afirmaciones sobre un supuesto informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que habría detectado fallas en el sistema de transmisión de resultados. El informe de PROLEDI sostiene que esas acusaciones eran falsas y contradecían las conclusiones de la misión de observación de la OEA sobre el proceso costarricense.

Otro grupo de 54 casos fue clasificado dentro de la narrativa “Gobierno bajo ataque” y élites, en la que se presentaba al oficialismo y a figuras como Rodrigo Chaves y Laura Fernández como víctimas de medios de comunicación, sectores económicos, el Poder Judicial u otros actores.

Según el documento, una de sus conclusiones centrales es que las elecciones estuvieron marcadas por una “campaña sistemática de deslegitimación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de actores políticos de Inteligencia artificial apareció en 55 incidentes

El estudio también pone especial atención en el uso de inteligencia artificial generativa, herramienta que fue identificada en 55 de los 257 incidentes analizados.

Los investigadores encontraron imágenes, audios y videos producidos o manipulados mediante IA. En lugar de crear narrativas completamente nuevas, la tecnología fue utilizada para reforzar temas que ya circulaban en la campaña, como el anticomunismo, los cuestionamientos al TSE y los ataques contra candidaturas.

Casi una tercera parte de los casos con inteligencia artificial representaba a políticos costarricenses junto a personajes como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Fidel Castro o Hugo Chávez, a través de montajes en los que aparecían juntos, estrechándose la mano o brindándose apoyo.

Uno de los ejemplos mencionados en el informe fue un video falso en el que Nicolás Maduro supuestamente expresaba respaldo al candidato Ariel Robles. Ese contenido acumuló aproximadamente 298,000, visualizaciones en Facebook.

Para los investigadores, estos datos muestran que la IA dejó de ser un elemento marginal y pasó a integrarse en las estrategias de manipulación de contenido político.

Influencers y cuentas de difícil identificación

Otro hallazgo relevante es que 255 de los 257 incidentes, equivalentes al 99,2%, circularon a través de canales que el estudio clasifica como no atribuidos directamente al Estado.

En esta categoría se incluyeron perfiles personales, páginas anónimas, espacios de difusión política y generadores de contenido cuya propiedad o administración no pudo vincularse de manera verificable con estructuras estatales.

Solo dos casos fueron clasificados como contenidos difundidos por canales vinculados al Estado; el informe los relacionó con cuentas oficiales en TikTok asociadas a la diputada Pilar Cisneros.

Los influencers, comunicadores o divulgadores fueron señalados como actores causantes en 107 registros, mientras que otros actores de identificación difusa acumularon 101 casos. Además, se contabilizaron 22 incidentes vinculados con pseudomedios o panfletos, 18 con medios de comunicación, 15 con cuentas que presentaban características de bots y nueve relacionados con candidaturas.

El informe advierte, sin embargo, que el hecho de que la mayoría de los canales no estuvieran formalmente vinculados al Estado no implica que las narrativas carecieran de orientación política. Según los investigadores, una parte importante mostró “una notable alineación con la agenda del oficialismo”, aunque el propio estudio señala que esto no permite concluir necesariamente que existieran estructuras formalmente coordinadas.

UCR advierte sobre cambio en el ecosistema político

En su evaluación final, el informe sostiene que Costa Rica pasó de un entorno informativo históricamente estable a uno altamente polarizado, en el que la desinformación dejó de ocupar una posición marginal y empezó a utilizarse de manera sistemática dentro de la confrontación política.

La investigación vincula esa transformación con factores acumulados como la pérdida de confianza institucional, la fragmentación del sistema de partidos, cambios en el ecosistema de medios y un estilo de comunicación política más confrontativo.

Pese a los ataques identificados, el TSE logró preservar la integridad del proceso electoral y mantener estable la confianza ciudadana en el organismo.

La respuesta institucional incluyó nueve conferencias de prensa, más de 50 comunicados, tres cadenas nacionales, el micrositio “¡Que no lo engañen!”, más de 40 contenidos difundidos durante el día de las elecciones y el proyecto Votante Informado.

Aun así, los investigadores consideran que el desafío supera la capacidad de una sola institución y plantean la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática, la transparencia de la publicidad electoral, los mecanismos de monitoreo y la discusión sobre una regulación democrática de las plataformas digitales.

La Casa Rosada aceleró la negociación política para que en 2027 no haya PASO, luego de una serie de definiciones de cinco gobernadores radicales que fortalecieron las expectativas oficiales de alcanzar los 37 votos necesarios en el Senado. Con diferencias sobre una eventual eliminación definitiva del sistema, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Alfredo Cornejo expresaron posiciones públicas compatibles con una nueva suspensión de las primarias nacionales.

Todavía no hay un acuerdo cerrado y los mandatarios no le ofrecieron un cheque en blanco al Gobierno. Tampoco existe una posición uniforme dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). Mientras Valdés fue más lejos y se mostró dispuesto a discutir directamente la eliminación, Sadir, Pullaro y Cornejo reivindicaron las PASO como herramienta electoral y diferenciaron ese debate de la posibilidad de suspenderlas para los comicios del año próximo.

Para la Casa Rosada, sin embargo, hay un dato político que está por encima de esos matices: ninguno de los cinco gobernadores radicales rechaza que las PASO nacionales queden afuera del calendario electoral de 2027.

Ese denominador común volvió a ubicar al radicalismo en el centro de una negociación que el Gobierno considera prioritaria. La reforma de las reglas electorales requiere una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado y La Libertad Avanza necesita construir acuerdos con bloques dialoguistas. Por eso, la capacidad de los gobernadores para influir sobre los legisladores de sus provincias se convirtió en una de las variables centrales de la estrategia oficial.

Las conversaciones en París impulsaron la búsqueda de acuerdos por las PASO

La discusión ganó velocidad después de la Argentina Week en París, a la que viajaron, junto a Javier Milei, 13 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Cuatro de los cinco mandatarios radicales estuvieron allí: Valdés, Sadir, Zdero y Cornejo. Pullaro fue el único que no integró la delegación.

El viaje, presentado públicamente como una vidriera para inversiones y negocios, también tuvo una intensa dimensión política. Hubo conversaciones reservadas entre funcionarios y gobernadores, encuentros entre los propios mandatarios y distintos intercambios sobre la agenda que deberá tratar el Congreso durante los próximos meses.

En el Gobierno evitaron presentar esas conversaciones como un acuerdo definitivo. La expectativa, sin embargo, creció después de París. Una fuente oficial consultada por Infobae resumió el clima con cautela: “El viaje aceleró un montón las conversaciones y hay anuencia de una buena parte de gobernadores de cerrar acuerdos, pero hasta que no veamos las manos levantadas no cantamos victoria”.

La negociación tiene cuatro protagonistas principales dentro del oficialismo: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la presidenta del bloque LLA del Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La secretaria general de la Presidencia interviene en la definición política de los entendimientos con los gobernadores; Santilli mantiene el contacto directo y cotidiano con los mandatarios, y desarrolla una ronda de reuniones individuales; Bullrich tiene a su cargo una parte decisiva de la construcción parlamentaria en el Senado; y Menem trabaja sobre la Cámara de Diputados.

La intención es que la negociación por las PASO no quede aislada del resto de la relación entre la Nación y las provincias. El Presupuesto 2027, los recursos, las obras, los proyectos legislativos y los eventuales entendimientos políticos para el próximo año forman parte de una conversación más amplia.

En ese tablero, la Casa Rosada sigue con especial atención las declaraciones de los cinco mandatarios radicales.

Juan Pablo Valdés es quien expresó hasta ahora la posición más cercana a la pretensión original de Milei. “Nosotros siempre estuvimos en contra de las PASO y vamos a seguir estando en contra de las PASO”, afirmó el gobernador de Corrientes el 13 de agosto.

Consultado específicamente por Infobae sobre si acompañaría la eliminación de las primarias nacionales, respondió: “No sería descabellado”.

Valdés incluso cuestionó al Gobierno por no haber avanzado antes, cuando, según su mirada, existían condiciones políticas más favorables. “Si hoy estamos todos de acuerdo es ya. Hay que ir ya. Cerrar. Y eso no pasó. Y la pérdida de tiempo en la política tiene sus consecuencias”, sostuvo.

Carlos Sadir marcó otro límite. El gobernador de Jujuy está dispuesto a acompañar una suspensión, pero no quiere eliminar definitivamente el mecanismo. “Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, afirmó. Al mismo tiempo, sostuvo que las PASO “son una buena herramienta”.

Maximiliano Pullaro se expresó en términos similares. El gobernador de Santa Fe respaldó la posibilidad de suspender las primarias nacionales al considerar que “se han usado muy poco e imprimen un gasto muy grande” para el Estado.

Su posición tiene una particularidad: Pullaro diferencia con claridad el sistema nacional del santafesino. En su provincia defiende las PASO porque considera que los partidos las utilizan para resolver sus competencias internas. “En Santa Fe es diferente. Es una herramienta que en la provincia sí sirve y la hemos usado”, explicó.

Leandro Zdero también envió una señal favorable. El gobernador de Chaco respaldó la suspensión después de una reunión que mantuvo con Santilli en la Casa Rosada a fines de septiembre. El dato se suma a una decisión que ya había tomado en su provincia: su gobierno impulsó y consiguió suspender las PASO chaqueñas para 2027.

El encuentro con Santilli tuvo entre sus ejes el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos de los asuntos sobre los que el Gobierno pretende construir acuerdos con los mandatarios provinciales.

La última señal llegó de Alfredo Cornejo durante el viaje a París. El gobernador de Mendoza también diferenció la utilidad del instrumento de la conveniencia de realizar una elección nacional cuando los partidos llegan sin competencia interna. “Creo que las PASO no han sido mal sistema cuando se las han usado”, planteó. Y explicó que en Mendoza los partidos recurrieron a ellas para resolver candidaturas.

Su evaluación cambia cuando analiza la experiencia nacional. Cornejo recordó elecciones en las que las principales fórmulas presidenciales llegaron a las primarias sin adversarios internos y cuestionó el costo económico y político de realizar una elección que termina funcionando, en los hechos, como una gran encuesta previa.

Su definición terminó por acercarlo a la posición que hoy busca construir la Casa Rosada: conservar conceptualmente el instrumento, pero suspenderlo nuevamente en 2027.

Así aparece la primera diferencia entre lo que Milei quiere y aquello que, por ahora, parece posible conseguir.

El Presidente tiene como objetivo de máxima eliminar definitivamente las PASO. Las cuestionó en reiteradas oportunidades, las calificó de “inmorales”, sostuvo que obligan a los contribuyentes a financiar las disputas internas de los partidos y las definió como un “negocio que inventó Néstor Kirchner”.

En la Casa Rosada agregan un argumento económico. Consideran que una elección primaria nacional extiende durante meses el período de incertidumbre política y puede anticipar episodios de volatilidad financiera. El antecedente al que suelen recurrir quienes sostienen esa posición es 2019, cuando el resultado de las PASO presidenciales tuvo un fuerte impacto sobre los mercados.

Pero también existe una conveniencia estrictamente política para La Libertad Avanza.

Milei llegará al año electoral sin una disputa interna relevante en torno de una eventual candidatura a la reelección. El peronismo, en cambio, enfrenta una discusión sobre liderazgos, estrategia, alianzas y candidaturas. Sin PASO, el Partido Justicialista (PJ) perdería una herramienta institucional para resolver esas diferencias dentro de una misma coalición y debería encontrar otro mecanismo para ordenar su oferta electoral.

Ese componente explica parte del interés del oficialismo por resolver la discusión con suficiente anticipación.

La eliminación definitiva sigue siendo la aspiración de Milei. Sin embargo, a medida que avanzaron las conversaciones con los gobernadores, comenzó a ganar terreno en el Gobierno una opción más pragmática: si no aparecen los votos para terminar con las PASO, avanzar otra vez con una suspensión exclusivamente para 2027.

Es precisamente en esa alternativa donde hoy convergen las posiciones de los cinco gobernadores radicales.

La Casa Rosada todavía deberá transformar los pronunciamientos públicos en votos concretos. Allí estará la parte más compleja de la negociación: una definición de un gobernador no implica automáticamente el acompañamiento de todos los senadores vinculados a su provincia o a su partido.

Pero, después de París, en el Gobierno creen que existe una ventana para intentarlo.

Karina Milei, Santilli, Bullrich y Menem tienen ahora la tarea de convertir ese clima político en una mayoría parlamentaria. Y la primera cuenta que hacen en Balcarce 50 parte de un dato que semanas atrás no estaba tan consolidado: los cinco gobernadores radicales ya enviaron un guiño político y, con diferentes condiciones, todos dejaron abierta la puerta para que en 2027 no haya PASO.

La Unión Cívica Radical (UCR) presentó este viernes en la localidad bonaerense de 9 de Julio un amparo para que la Justicia ordene medidas de seguridad vial y fije plazos para avanzar con la autovía de la Ruta Nacional 5. El reclamo abarca un corredor donde las obras entre Mercedes y Suipacha están paralizadas y donde hubo nueve muertes en tres accidentes ocurridos este año.

La traza une Luján, en la provincia de Buenos Aires, con Santa Rosa, en La Pampa, a lo largo de 546,65 kilómetros. Recibe tránsito particular y transporte de cargas vinculado a la actividad agropecuaria y al traslado hacia el oeste del país y Vaca Muerta. La UCR pide que se definan obligaciones concretas para atender las condiciones de circulación y completar la duplicación de calzada.

La Ruta 5 concentra tráfico particular, transporte de cargas y circulación vinculada con la actividad agropecuaria. También forma parte de los caminos utilizados para el traslado hacia el oeste del país y hacia Vaca Muerta. Datos oficiales citados durante el acto indicaron que entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó 10 % en Olivera, 14 % en 9 de Julio y casi 43 % en Trenque Lauquen.

Las obras entre Mercedes y Suipacha figuran entre los proyectos paralizados

El reclamo se produce mientras dos intervenciones sobre la Ruta Nacional 5 aparecen como paralizadas. Una causa judicial por el manejo de fondos viales incluyó la autopista entre Mercedes y el inicio de la variante de Suipacha, con un presupuesto de referencia original de $ 9.240 millones, y la travesía urbana de Mercedes, calculada inicialmente en $ 3.531,6 millones.

Ambos proyectos integran un conjunto de obras viales que, según la documentación presentada en el expediente, contaban con partidas asignadas en una planificación plurianual, aunque no registraban ejecución. La duplicación de la calzada es uno de los ejes centrales del amparo presentado por el radicalismo.

En paralelo, el Gobierno nacional adjudicó en mayo el Tramo Pampa de la Red Federal de Concesiones, que abarca los 546,65 kilómetros de la Ruta 5 desde Luján hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, en Santa Rosa. La empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA obtuvo un contrato a 20 años para la administración, el mantenimiento y las inversiones del corredor.

El sistema se sostiene con peajes y sin aportes estatales directos para las tareas previstas en la concesión. Sin embargo, esa adjudicación no implicó la reactivación automática de las obras de autovía que permanecían interrumpidas entre Mercedes y Suipacha.

Nueve personas murieron en tres accidentes ocurridos este año

La seguridad vial volvió a estar en discusión tras varios siniestros ocurridos en 2026. El 30 de marzo, cuatro hombres de Carlos Casares murieron en el kilómetro 284, en jurisdicción de 9 de Julio, luego de una secuencia que involucró dos camiones y una camioneta.

Según la reconstrucción preliminar, un camión con acoplado perdió el control cuando intentaba reincorporarse a la ruta y quedó atravesado sobre la calzada. La camioneta se desvió hacia la banquina para evitarlo y, al regresar, chocó de frente contra otro camión que circulaba en sentido contrario. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 2 del Departamento Judicial de Mercedes.

El 25 de enero, un choque entre un Ford Escort y un camión en el cruce de la ruta con el Acceso Sur de Mercedes dejó cuatro víctimas fatales: dos mujeres y dos niñas que viajaban en el automóvil. El conductor fue el único sobreviviente y quedó internado con politraumatismos. La causa fue caratulada como cuádruple homicidio culposo y lesiones.

El 16 de julio, un acompañante de alrededor de 40 años murió después de un choque frontal entre dos camiones en la intersección de la Ruta 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de Lonquimay, en La Pampa. Los conductores de ambos vehículos fueron hospitalizados y la Fiscalía de Delitos contra las Personas asumió la investigación del hecho.

El deterioro vial alcanza a dos tercios de la red federal

La situación del corredor se inserta en un problema que abarca distintas provincias. Un relevamiento indicó que dos tercios de la red vial federal presentan deterioros en el pavimento, deficiencias en la señalización o banquinas en mal estado. En Buenos Aires, las rutas 3, 5 y 7 fueron señaladas entre los corredores con obras detenidas pese a su fuerte utilización por el sector agroindustrial.

La política oficial combina concesiones para corredores de alto tránsito con acuerdos para que las provincias asuman obras o mantenimiento de tramos nacionales. La Nación proyecta transferir a operadores privados la administración, conservación e inversión de más de 9.000 kilómetros de rutas bajo un esquema de peajes.

Un análisis sobre los proyectos viales incluidos en el Presupuesto 2026, con datos al 30 de agosto, registró que 119 de las 175 obras bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad no tenían crédito vigente. A su vez, 130 de esos trabajos no mostraban avances.

Durante el acto realizado a la vera de la Ruta 5, en el ingreso a 9 de Julio, participaron los presidentes de los comités nacional y bonaerense de la UCR, Leonel Chiarella y Emiliano Balbín. También estuvieron los intendentes de Trenque Lauquen, Tres Lomas y Lincoln, Francisco Recoulat, Luciano Spinolo y Salvador Serenal; la senadora provincial Natalia Quintana; el diputado provincial Valentín Miranda; el presidente de la Convención Provincial de la UCR, Pablo Nicoletti, y el concejal de 9 de Julio Ignacio Palacios.

Chiarella afirmó que “entre 2013 y 2022 hubo 422 siniestros fatales y 521 víctimas y en 2025 murieron 20 personas y en lo que va de este año, 22, son vidas de compatriotas por razones evitables”. Luego planteó: “Aquí es cuando vemos muy claramente que hay que terminar con la grieta, ni las rutas afanadas del kirchnerismo ni las abandonadas de Milei, hay que construir un estado eficiente y humano que garantice poder transitar por el país seguros y sin riesgos de vida”.

El jefe de la UCR nacional agregó: “Por eso vinimos a acompañar la presentación de este amparo que exige una respuesta concreta: medidas, obligaciones y plazos para garantizar la seguridad vial”.

Balbín señaló: “Detrás de cada cifra hay una familia. La seguridad de quienes la transitan necesita respuestas y obras concretas”. Y sostuvo: “Nación y Provincia deben asumir sus responsabilidades y dar respuestas concretas sobre el estado de las rutas bonaerenses. Necesitamos obras que garanticen la seguridad de quienes las transitan. Volver a casa con vida es un derecho, no un privilegio”.

Por su parte, Recoulat indicó: “Los datos oficiales muestran que entre 2024 y 2025 el tránsito de camiones aumentó un 10 % en Olivera, un 14 % en 9 de Julio y casi un 43 % en Trenque Lauquen”.

El escrito solicita que la Justicia disponga medidas, obligaciones y plazos para la seguridad vial en la Ruta 5.

Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.

Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.

Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.

“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.

La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.

“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.

“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.

Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.

La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.

Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.

Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.

La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría

Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.

La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.

La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.

Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.

La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.

Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.

La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.

Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.

Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.

Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.

“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.

La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.

Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.

La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.

Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.

La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.

El endeudamiento familiar y los límites de una regulación

Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.

Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.

Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.

La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.

Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.

La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.

También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.

La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.

Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.

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En Costa Rica, miles de familias enfrentan problemas relacionados con el deterioro de sus viviendas, la necesidad de realizar ampliaciones y las condiciones de los terrenos donde se encuentran construidas, una realidad que evidencia que el desafío habitacional del país va mucho más allá de construir nuevas soluciones de vivienda.

El informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, divulgado por la Universidad de Costa Rica (UCR), revela que 152,288 viviendas presentan problemas que requieren atención, una cifra equivalente al 8.1 % de los hogares costarricenses.

Sin embargo, cuando se incorporan las casas clasificadas en condiciones regulares, aunque no presenten otras deficiencias, el número aumenta hasta 754,510 viviendas, aproximadamente cuatro de cada diez hogares del país.

El sociólogo e investigador en temas de vivienda y urbanismo, Franklin Solano, explicó que parte de las estructuras existentes presenta un deterioro considerable, al punto de que las reparaciones convencionales podrían resultar insuficientes.

“Estas viviendas están en un estado de deterioro tan elevado que prácticamente necesitan hacerse nuevas”, advirtió el especialista al referirse a las casas con mayores deficiencias.

Entre los principales problemas identificados se encuentran daños en los techos, las paredes y los pisos, elementos que inciden directamente en las condiciones de habitabilidad de las familias.

“Las viviendas clasificadas como regulares podrían deteriorarse hasta convertirse en viviendas deficientes si no atienden las carencias presentadas”, señaló Solano.

La problemática también alcanza a las viviendas de interés social, particularmente cuando sus propietarios necesitan realizar modificaciones para adaptar los espacios a las nuevas necesidades familiares.

Según las auditorías del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), cerca de la mitad de estas viviendas han experimentado algún tipo de modificación por parte de sus habitantes. En la evaluación más reciente, aproximadamente el 40 % presentó cambios, mientras que tres de cada cinco conservaron sus dimensiones originales.

Las transformaciones suelen concentrarse en espacios como cocinas, cuartos de pilas y corredores. Sin embargo, algunas intervenciones se realizan sin acompañamiento profesional, lo que puede generar nuevos problemas constructivos.

El informe establece que una de cada cinco viviendas aumentó su área en más de 30 metros cuadrados, en muchos casos sin supervisión técnica.

Esta situación representa un riesgo cuando las ampliaciones afectan la distribución de cargas estructurales, las instalaciones eléctricas o la estabilidad de las edificaciones.

Más de 232,000 personas viven en asentamientos informales

El panorama habitacional también presenta importantes diferencias territoriales, particularmente en las comunidades que se han desarrollado fuera de los procesos formales de planificación urbana y acceso al suelo.

La actualización del Registro Nacional de Asentamientos Informales contabiliza preliminarmente 572 asentamientos, donde habitan aproximadamente 232,600 personas en 70,692 viviendas, distribuidas en 64 cantones y 164 distritos.

El documento aclara que el incremento respecto a registros anteriores responde principalmente a mejoras en los mecanismos de identificación y registro, por lo que no necesariamente representa un crecimiento del fenómeno en la misma proporción.

Aproximadamente la mitad de estos asentamientos se encuentra dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM), mientras que el resto se distribuye en otras regiones del país.

Uno de los casos más significativos corresponde a Río Azul, en La Unión de Cartago, donde 9,132 personas viven en asentamientos informales, lo que representa el 78.6 % de la población del distrito.

Le siguen Tirrases, en Curridabat, con un 68.1 %; La Uruca, en San José, con un 46.9 %; Santa Elena, en La Cruz, con un 36 %; y San Felipe, en Alajuelita, con un 34,5 %.

La problemática también está presente en comunidades como Los Guido de Desamparados, Jacó, San Rafael de La Unión, Las Juntas de Abangares, Patarrá, León XIII y Chacarita de Puntarenas.

El estudio identifica, además, una importante concentración poblacional en los asentamientos de mayor tamaño.

Aunque casi la mitad de estas comunidades tiene menos de 50 hogares, concentra solamente alrededor del 10 % de la población registrada. Por el contrario, los asentamientos con más de 200 viviendas representan aproximadamente el 15 % del total, pero reúnen cerca del 55 % de los hogares y las personas contabilizadas.

Los resultados evidencian que la discusión sobre vivienda en Costa Rica debe incorporar no solamente la cantidad de casas construidas, sino también su estado de conservación, la seguridad de sus ampliaciones, las necesidades de mantenimiento y las condiciones de los territorios donde habitan las familias.

El informe plantea así la necesidad de prestar atención a las viviendas existentes para evitar que el deterioro progresivo y las intervenciones inadecuadas profundicen las dificultades habitacionales del país.

El error autoinfligido que representó el recorte en el área de discapacidad en el Presupuesto obligó al Gobierno a acudir en una posición de debilidad a los partidos aliados, que terminaron en el centro de la escena y fortalecidos frente a un oficialismo alicaído y necesitado.

Unidos en el rechazo a una medida polémica, el PRO, la UCR y algunos partidos provinciales terminaron condicionando con fuerza la agenda de La Libertad Avanza, que se vio obligado a ceder más de lo que planeaba. Es decir, que tuvo que aplicar exactamente el tipo de dinámica que los inflexibles hermanos Milei procuran evitar, especialmente en lo que atañe a las cuentas públicas.

La semana pasada se armó la tormenta perfecta. Mientras la Iglesia presionaba al Gobierno con la visita del Papa al Cottolengo San Orione, en noviembre, la titular del propio bloque de senadores, Patricia Bullrich, salía a despotricar contra la falta de consulta del recorte presupuestario. Todo en la previa del debate en comisión de la ley de Emergencia en Discapacidad.

Como resultado del error no forzado, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, el Gobierno fue forzado a negociar en inferioridad de condiciones.

En primer lugar, tuvieron que dar marcha atrás con el recorte en el Presupuesto, ayer, a través de un conjunto de profundas modificaciones en la previa de la “emplazada” reunión de comisión que tendrá lugar hoy. Con el agravante de que, aún con estos cambios, en el oficialismo siguen sin estar seguros de que obtendrán las firmas necesarias para aprobar el dictamen “menos peor” de cara al debate en el recinto. “Veremos qué pasa”, dijo, apenas, un alto funcionario nacional en la previa de otra jornada legislativa que promete tensión. Y que volverá a ubicar en el candelero el tema del presupuesto para uno de los grupos sociales más vulnerables.

A merced de la voluntad de los aliados y del peronismo federal, La Libertad Avanza tuvo que proponer un proyecto superador para subsanar el callejón sin salida y el severo daño politico y social que generó el recorte inconsulto en el área de discapacidad en el Presupuesto. En la nueva letra decidieron permitir que se actualicen los montos por inflación para los beneficiarios, mantener el nomenclador universal para las prestaciones, y dejar que la pensión sea compatible con empleos registrados. Eran algunos de los principales reclamos de las organizaciones que reúnen a las personas con discapacidad.

Las concesiones, todas, se hicieron para asegurarse, en teoría, el apoyo de los partidos más dispuestos a negociar. El precio, sin embargo, será más alto, advierten en LLA de Diputados. En especial cuando se trata del sector de Provincias Unidas (la reunión de ayer, liderada por el violeta Martín Menem, tuvo a Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).

Las concesiones terminaron siendo condición necesaria para bloquear la propuesta de la oposición dura, es decir el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda. Y, al final, el “único” cambio, advertían anoche (triunfales) en la oposición, fue la eliminación de la palabra “emergencia”. Es que las partidas van a estar aseguradas, a pesar de las intenciones de aplicar la consigna “no hay plata” al sensible área de Discapacidad. Fue un cambio radical para un Gobierno que detesta ceder.

“Para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”, dijo ayer por la mañana el vocero presidencial, Adrián Ravier. Y aseguró, contra los testimonios en primera persona de los afectados, que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la Presidencia.

En el bloque violeta aseguran que “siempre el plan legislativo fue estar bien con los aliados”, mientras otros lanzaban dardos contra Luis Caputo. Si bien lo eximen de haber querido hacer un daño político adrede, deslizan que no tuvo la capacidad de ver el riesgo, de no advertir lo que podría ocurrir. Es la línea que marcó Patricia Bullrich la semana pasada.

En paralelo, ayer, mientras el oficialismo y los aliados terminaban de ponerse de acuerdo en una reunión sobre la letra fina del dictamen de Discapacidad, en otro sector del oficialismo relativizaban la derrota en la discusión. “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, sostuvieron, conscientes de que le regalaron a la disgregada oposición la posibilidad de encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad”.

“Estamos trabajando y tratando que en una mesa de negociación podamos llegar a un entendimiento”, sostuvo Mac Allister en Infobae al Regreso, donde explicó que su objetivo es avanzar en una alianza que reúna al PRO, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza.

La dirigente recordó que el PRO ya tuvo experiencias de acuerdos con distintos sectores de la oposición. “Nosotros siempre desde el PRO fuimos aliancistas. Siempre conformamos frente”, señaló. Según repasó, hubo elecciones en las que el espacio compartió una alianza con el radicalismo y otras en las que lo hizo con el sector libertario.

El escenario que imagina para 2027 tiene tres nombres que podrían disputar la representación opositora: Mac Allister por el PRO, Martín Berongaray por la UCR y Adrián Ravier por La Libertad Avanza. “Somos tres personalidades fuertes, podría decirse, en los tres partidos que conformamos o que podríamos conformar la alianza”, describió.

La posibilidad de una competencia interna entre esos dirigentes es, precisamente, uno de los puntos que la precandidata busca evitar. Consultada sobre la utilización de las PASO para definir la candidatura, fue contundente: “Estamos tratando de resolverlo sin una elección PASO”.

Para Mac Allister, el desafío pasa por lograr que las distintas fuerzas puedan sentarse a negociar y encontrar una candidatura común. La dirigente también pidió cautela frente a la posibilidad de que las elecciones provinciales se adelanten. “Nosotros en principio no sabemos si se adelantan las elecciones. La provincia de La Pampa siempre ha adelantado las elecciones”, explicó.

En paralelo, describió un escenario de fuerte disputa dentro del justicialismo provincial. Según sostuvo, el peronismo atraviesa “una gran división interna” vinculada también al exgobernador Carlos Verna. En ese contexto, consideró que una oposición unificada podría ampliar sus posibilidades electorales. “Por eso nosotros creemos que tenemos la posibilidad si vamos todos juntos”, afirmó.

El diagnóstico sobre La Pampa

Durante la entrevista, Mac Allister no se limitó a hablar de la construcción electoral. También expuso parte del diagnóstico que sostiene su proyecto político y puso el foco en una contradicción que, según planteó, atraviesa a la provincia: el equilibrio de las cuentas públicas no se tradujo en un crecimiento equivalente de la producción.

“No podría decir desordenada, es una provincia ordenada que funciona con un justicialismo de hace 43 años”, sostuvo. Y agregó: “Entrán 100 y salen 100. Nosotros tenemos esa propaganda a nivel nacional de una provincia ordenada, pero decimos que estamos teniendo una provincia muy cerrada, muy alambrada, con poco crecimiento”.

Para la dirigente, el principal desafío está en generar una economía con mayor escala productiva. La Pampa tiene alrededor de 360 mil habitantes distribuidos en un territorio extenso y con baja densidad de población, una característica que, según explicó, obliga a buscar nuevas alternativas para ampliar la actividad.

“El mayor desafío es la producción”, afirmó. Su planteo apunta a superar una estructura que, desde su perspectiva, se conformó alrededor de una provincia ordenada en términos fiscales pero con dificultades para agregar valor y ampliar sus mercados.

En ese sentido, cuestionó que parte de las materias primas producidas en La Pampa no logre desarrollar una cadena de valor más amplia dentro del territorio. Mencionó entre otros ejemplos la carne y la miel, y sostuvo que la provincia debería encontrar mecanismos para producir “en escala”.

También ubicó a la educación y la energía entre los desafíos de una eventual gestión. Sobre la matriz energética, señaló que La Pampa está comenzando a avanzar en energía fotovoltaica y consideró que las alternativas existentes todavía son insuficientes para las necesidades de desarrollo provincial.

La propuesta sobre el SIRCREB

Uno de los puntos concretos que Mac Allister llevó a la entrevista fue su cuestionamiento al funcionamiento del SIRCREB, el sistema de recaudación que alcanza las acreditaciones bancarias. La dirigente sostuvo que el esquema genera dificultades para contribuyentes que regularizan sus deudas pero permanecen afectados por las retenciones.

“Si a vos te retienen, tenés que en el momento que vos pagás poder salir de esa situación”, planteó. Según explicó, la provincia no estaría permitiendo que quienes cancelan sus obligaciones abandonen rápidamente el sistema.

Su propuesta es modificar ese mecanismo sin promover el incumplimiento tributario. “Uno no puede promocionar que uno tiene que ser evasor”, aclaró, antes de resumir su planteo: “Cobrás el impuesto, salís rápidamente del SIRCREB”.

La dirigente también señaló que su equipo mantiene reuniones con sectores productivos, industriales y emprendedores para definir cuáles deberían ser las primeras medidas de una eventual gestión. Rechazó que su enfoque esté centrado en subsidios y habló, en cambio, de trabajar junto con las entidades vinculadas a la producción. “Creo que esos primeros días van a ser fundamentales”, afirmó.

Mac Allister vinculó esa agenda con la necesidad de modernizar la administración pública. Según explicó, La Pampa comenzó a digitalizar procesos recién durante la pandemia y ahora busca incorporar herramientas de inteligencia artificial. Para la dirigente, sin embargo, la incorporación de esa tecnología requiere primero transformar los procedimientos existentes: “Primero tenemos que digitalizar procesos”.

Con ese diagnóstico, la presidenta del Tribunal de Cuentas busca instalar su candidatura dentro de una negociación más amplia. Su nombre ya está sobre la mesa, pero la estrategia que propone para 2027 apunta a que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza puedan acordar antes de llegar a una eventual interna. “Estamos tratando de resolverlo sin una elección PASO”, insistió.

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El sorpresivo lanzamiento presidencial de Ernesto Sanz reavivó el sueño de construir una alternativa electoral para 2027, por fuera de la polarización que imponen el peronismo y La Libertad Avanza. Incluso, según pudo reconstruir Infobae, son varios los nombres que suenan para suceder a Javier Milei en representación de un espacio de centro. Sin embargo, el proyecto choca con los intereses y necesidades de los dirigentes del PRO y la UCR que gestionan y buscan acuerdos con el Gobierno para retener sus territorios.

El anuncio de Sanz durante la entrevista con Luis Novaresio en A24 esconde, en realidad, su intención de revivir Juntos por el Cambio con nuevos aliados. En el entorno del ex senador radical están convencidos de que existe una “necesidad de representación” en la sociedad. Una mirada que coincide con el último estudio de Poliarquía, que asegura que hay un nivel de desencanto similar al que sucedía en 2023. Es decir, que Milei no logró satisfacer ese vacío de representación en un contexto de hartazgo con la política.

Ese panorama, según el mismo estudio, plantea un riesgo de fragmentación para la elección del año que viene. Es por eso que Sanz, junto con un sector del PRO, cree que una alianza con la Coalición Cívica y el Socialismo puede hacer pie en medio de la polarización y forzar el balotaje. En una segunda vuelta, este espacio de centro, entienden, podría replicar el acuerdo de Patricia Bullrich-Luis Petri con Milei, pero con condiciones de cogobierno. “Tampoco estamos convencidos de que Milei va a ser el que más votos saque”, aclararon a este medio quienes creen que se puede lograr una síntesis.

¿Sanz sería candidato a presidente? Quienes lo conocen aseguran que sus declaraciones tienen que ver con su estrategia. Efectivamente, cree que la UCR tiene que tener un candidato a presidente, pero también conversa con Hernán Lacunza, quien se lanzó como postulante del PRO. El problema es que, a las pocas semanas de su lanzamiento, sus aliados amarillos crearon una mesa de trabajo con La Libertad Avanza para avanzar en un acuerdo electoral que involucra al territorio porteño y bonaerense. El ex ministro de Economía evita hablar de alianzas. Dice que son temas para tratar más adelante y prefiere enfocar su estrategia en mostrarse presidenciable.

El sueño de una avenida del medio también es compartido por peronistas. El que alza la voz es Miguel Ángel Pichetto. “Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con el Gobierno”, dijo durante un encuentro organizado por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

Sin embargo, hasta el momento no hubo comunicación entre los exaliados de Cambiemos y el peronismo. La Coalición Cívica y el Socialismo mantienen silencio. Para sumar más complejidad, entre los gobernadores radicales está la decisión de, tarde o temprano, apoyar al Gobierno con la suspensión de las PASO. Las primarias serían una herramienta crucial para que este posible espacio de centro dirima liderazgos, pero para los mandatarios implica una instancia para que el PJ se ordene a nivel nacional.

Los gobernadores radicales ya le habrían comunicado al ministro Diego Santilli su apoyo para suspender las PASO. Creen que también los beneficiará que haya una distancia entre las elecciones provinciales, que se espera que en su mayoría se desdoblen, y las nacionales. Hasta deslizan los mismos fundamentos que la Casa Rosada: pocas veces se usan y suponen un gasto innecesario. Por estas horas, la demora en la reforma electoral responde más a una interna propia dentro de La Libertad Avanza, donde varios responsabilizan a Patricia Bullrich.

¿Hay más candidatos a presidente dentro de la UCR?

Las autoridades partidarias nacionales y locales repiten al unísono que están trabajando para reconstruir un partido y para avanzar en una alternativa electoral. Son los mismos que comulgan con la idea que planteó Sanz sobre la estrategia electoral que debe impulsar el partido centenario, pero con diferencias. Por ejemplo, el sector que responde a Martín Lousteau coincide en que debe existir una alternativa, pero con otro perfil, más combativo. “Hay que discutirle el modelo a Milei”, explican.

La aclaración va dirigida a los radicales que defienden ciertas políticas del Gobierno y buscan un perfil de oposición constructiva. “¿Cómo le explicamos al votante que sostenemos a este Gobierno pero no lo vemos bien? Es esquizofrénico”, apuntan. El análisis proviene del radicalismo porteño, que mantiene fuertes diferencias con Sanz, aunque coincide en la necesidad de superar la polarización. Es para lo que trabajan en la ciudad de Buenos Aires ante el inminente acuerdo entre Jorge Macri y La Libertad Avanza. ¿Lousteau sigue con el objetivo de arrebatarle el bastión al PRO? “No hay que descartarlo para ninguna carrera, ni siquiera para la presidencial”, respondieron en su entorno.

Tras horas de incertidumbre, el senador radical Flavio Fama (Catamarca) estampó este mediodía la firma que faltaba, tras un plenario realizado ayer en la Cámara alta, y el proyecto del Gobierno de Inocencia Fiscal II quedó con dictamen de mayoría y listo para ser sancionado, en caso de ir al recinto, a partir del jueves próximo, tras cumplirse los siete días reglamentarios.

En medio de un clima de desconfianza en ascenso entre el oficialismo libertario y dialoguistas, las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunieron horas atrás en busca de un despacho que quedó frenado por Fama, que dio quorum en el convite y luego se retiró del debate.

De esta manera, la iniciativa en cuestión podría ser sancionada en los próximos días -de haber consenso para ir al recinto- junto a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otros asuntos. El objetivo principal del texto es ampliar el régimen vigente a partir de la eliminación de los topes de ingresos -$1.000 millones- y patrimonio -$10.000 millones- que, hasta ahora, limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por la ARCA.

Con el proyecto -aprobado ya por Diputados-, cualquier contribuyente con residencia fiscal en Argentina podrá adherirse al esquema, que reemplaza la declaración jurada tradicional por un mecanismo de presentación reducida. Otro de los puntos centrales es precisar bajo qué condiciones la ARCA impugna una declaración simplificada. En ese sentido, se establece que el organismo solo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado” y no sobre el saldo final a pagar, como ocurría antes.

En tanto, en el articulado se introduce una regla de razonabilidad: no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. También se habilita una ventana de subsanación de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.

La ley estipula que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre la ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. Al mismo tiempo, amplía el bloqueo al uso de presunciones: junto con la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios. Las demás requerirán respaldo probatorio externo y no podrán sustentar ajustes de forma aislada, lo que reduce la discrecionalidad del organismo recaudador frente a los contribuyentes adheridos.

Además, la reforma incorpora un alivio directo para las pequeñas y medianas empresas. Las MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.

Durante el debate en la Cámara baja, La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria.

Por último, en cuanto a los dólares no declarados, el proyecto no establece una amnistía general, sino que modifica el marco bajo el cual la ARCA podrá investigar el patrimonio, con el objetivo de incentivar la incorporación de esos activos al circuito formal. Ayer expusieron, en el plenario de las dos comisiones, el contador especializado en derecho tributario Martín Caranta y el abogado especializado en derecho tributario Juan Martín Jovanovich.

Costa Rica registró una reducción en la pobreza y en la desigualdad durante el último año, pero los ingresos laborales comenzaron a mostrar señales de debilitamiento y las brechas entre hombres y mujeres continúan siendo una característica estructural del mercado de trabajo, según el más reciente informe del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR).

El estudio concluye que el país mantiene una situación relativamente estable en el mercado laboral y en los niveles de pobreza, aunque advierte sobre retos pendientes relacionados con los ingresos reales de las personas trabajadoras y las diferencias por sexo.

Uno de los principales hallazgos es la disminución de la desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini pasó de 0,495 en junio de 2025 a 0,485 en abril de 2026, una reducción que el informe califica como estadísticamente significativa y que apunta a una ligera mejora en la distribución de los ingresos.

Transferencias sociales ayudaron a reducir la pobreza

El IICE destacó que las transferencias públicas continúan siendo determinantes para reducir las brechas económicas.

Según el informe, sin estos recursos la desigualdad y la pobreza serían considerablemente mayores. Entre los programas con mayor incidencia aparecen las pensiones del Régimen No Contributivo, que representan más de la mitad del efecto total de las transferencias sobre la reducción de la pobreza.

La cobertura de algunos programas sociales también aumentó durante 2025, particularmente mediante las becas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y las pensiones del Régimen No Contributivo.

Los datos muestran una mejoría significativa entre 2024 y 2025.

La pobreza total pasó de 17.95% a 15.15%, una disminución de 2.8 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema cayó de 4.76% a 3.77%, es decir, 0.99 puntos porcentuales menos.

El estudio también determinó que durante ese periodo más hogares lograron salir de la pobreza y de la vulnerabilidad que los que ingresaron en esas condiciones.

La mayor parte de esa reducción estuvo relacionada con el aumento de los ingresos no laborales, categoría en la que se incluyen las transferencias públicas y privadas.

Estos recursos explicaron aproximadamente tres cuartas partes de la reducción de la pobreza total y cerca del 85% de la disminución de la pobreza extrema entre 2024 y 2025.

La mejora perdió fuerza durante 2026

Pese a los avances del año anterior, los datos más recientes apuntan a una desaceleración.

Entre junio de 2025 y abril de 2026, el IICE no encontró reducciones estadísticamente significativas ni en la pobreza total ni en la pobreza extrema.

Para los investigadores, este comportamiento sugiere que el ritmo de mejora comenzó a perder fuerza.

El panorama descrito por el instituto es, por tanto, mixto: mientras algunos indicadores sociales mejoraron, no todos los avances mantuvieron el mismo ritmo durante los primeros meses de 2026.

Mercado laboral estable, pero con brechas entre hombres y mujeres

En materia de empleo, las principales tasas permanecieron prácticamente sin cambios entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Sin embargo, detrás de esa estabilidad general aparecen diferencias importantes entre hombres y mujeres.

El desempleo disminuyó entre las mujeres, particularmente entre las más jóvenes, mientras que aumentó entre los hombres de edades medias.

El informe sostiene que “las brechas de género continúan siendo una característica estructural del mercado laboral costarricense”.

Ingresos reales por hora cayeron

Otro de los puntos de preocupación está relacionado con los ingresos laborales.

Entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, la mediana del ingreso real por hora disminuyó 0.9%, mientras que el promedio cayó 3.4%, según los valores calculados a precios del cuarto trimestre de 2022.

El IICE señala que esta evolución refleja una pérdida de poder adquisitivo para parte de la población trabajadora, aunque los ingresos todavía se mantienen por encima de los niveles observados cuatro años atrás.

Además, varios indicadores relacionados con la calidad del empleo habían mostrado mejorías entre 2023 y 2025, particularmente el subempleo y la reducción de jornadas excesivas.

No obstante, esas mejoras también comenzaron a dar señales de estancamiento durante el último año.

Los enfrentamientos y cuestionamientos del Gobierno hacia el Poder Judicial aparecen como la principal acción de la administración de Laura Fernández Delgado que genera malestar entre la población costarricense, según los resultados de la Encuesta de Opinión Pública de septiembre de 2026, elaborada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

El estudio muestra, además, que aunque la mandataria conserva una valoración positiva del 64%, exactamente el mismo porcentaje registrado en mayo de este año, las opiniones negativas sobre su gestión experimentaron un crecimiento de cuatro puntos porcentuales, al pasar de 21% a 25%.

La encuesta se realizó mediante entrevistas telefónicas a 994 ciudadanos costarricenses los días 25, 26, 27 y 28 de agosto y 1 de septiembre de 2026. El estudio incluyó a personas con teléfono celular, cobertura que, según el CIEP, alcanza al 97.5% de la población nacional.

Uno de los apartados buscó identificar cuáles decisiones o actuaciones del nuevo Gobierno habían generado mayor rechazo durante sus primeros meses.

A quienes afirmaron que existía alguna decisión o acción gubernamental que no les había gustado particularmente durante los primeros 100 días de la administración Fernández, se les formuló una pregunta abierta para conocer específicamente cuál había sido.

El principal señalamiento estuvo relacionado con “la situación con el Poder Judicial y la Administración de la Justicia”, mencionada por el 10.2% de las personas consultadas.

En segundo lugar apareció el liderazgo o estilo presidencial de Laura Fernández, con un 9.6%, mientras que la economía, los impuestos y la política fiscal ocuparon la tercera posición, con 8.4%.

El cuarto aspecto correspondió a una valoración general de la administración, con 8.3%.

Fernández mantiene apoyo, pero crece el rechazo

Pese a las críticas registradas en determinados ámbitos, los números revelan que Laura Fernández conserva un nivel elevado de valoración positiva.

La presidenta obtuvo un 64% de opiniones favorables, sin cambios con respecto a la medición realizada en mayo.

La diferencia se encuentra en el grupo que evalúa negativamente su gestión: pasó de 21% en mayo a 25% en septiembre, un incremento de cuatro puntos porcentuales.

El CIEP también preguntó directamente a las personas si actualmente respaldaban o no al Gobierno.

El resultado fue que 69% aseguró respaldar a la administración Fernández, mientras que 31% indicó que no la apoya.

¿Qué podría hacer caer el apoyo al Gobierno?

El estudio presentó además diferentes escenarios hipotéticos para determinar qué decisiones o acontecimientos podrían deteriorar la opinión que tiene la ciudadanía sobre el Ejecutivo.

Uno de los asuntos con mayor potencial de generar rechazo sería establecer impuestos sobre productos de la canasta básica.

Entre las personas que actualmente no respaldan al Gobierno, 92% aseguró que su opinión empeoraría ante una medida de ese tipo. Incluso entre quienes sí apoyan a la administración, 67% afirmó que su valoración sería peor.

Otro escenario planteado fue que el Ejecutivo no cumpliera o desacatara una resolución de la Sala Constitucional.

En ese caso, 88% de quienes actualmente no respaldan al Gobierno señalaron que su opinión empeoraría. Entre los simpatizantes de la administración, el porcentaje alcanzaría un significativo 59%.

También tendría un fuerte costo político un eventual recorte al presupuesto de las universidades públicas.

La encuesta determinó que 91% de las personas que no respaldan a Fernández empeoraría su valoración del Gobierno ante una reducción de recursos para estas instituciones. Entre quienes sí apoyan al Ejecutivo, la proporción alcanzaría el 63%.

Un eventual caso de corrupción que involucrara a integrantes del Gobierno provocaría una respuesta negativa independientemente de la posición política previa.

En este escenario, 72% de quienes respaldan actualmente a la administración dijeron que su opinión empeoraría, al igual que 75% de quienes ya no le brindan su apoyo.

UCR y OIJ aparecen entre las instituciones mejor valoradas

La encuesta también consultó sobre el desempeño de diferentes instituciones estatales.

De acuerdo con los datos divulgados, la Universidad de Costa Rica continúa encabezando la valoración institucional, con un indicador que el reporte ubica en prácticamente 8.

Después aparecen el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con 7.1; el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con 7.0; la Policía, con 6.8; la Contraloría General de la República (CGR), con 6.4; y tanto el Ministerio de la Presidencia como la Sala Constitucional, con 6.3.

En el último lugar se encuentran los partidos políticos, con una valoración de apenas 4.1.

Inseguridad sigue siendo el principal problema del país

La delincuencia continúa dominando ampliamente las preocupaciones de los costarricenses.

Según el estudio del CIEP, casi el 40% de las personas considera que la inseguridad y la delincuencia constituyen el principal problema que enfrenta Costa Rica.

En segundo lugar se encuentra la corrupción, con casi 13%.

La mala gestión del Gobierno aparece en el tercer puesto, con 9.2%, seguida por las drogas y el narcotráfico, con 8.2%.

El costo de la vida y la situación económica completan las cinco principales preocupaciones, con 7.6%.

Con la reelección del presidente Javier Milei como prioridad, el Gobierno trabaja en ampliar las alianzas en clave electoral, pero descarta sumar formalmente a la Unión Cívica Radical (UCR) como partido a la mesa técnica que mantiene con referentes del PRO para discutir potenciales acuerdos rumbo a las presidenciales de 2027. Sin embargo, en el oficialismo aseguran que mantienen conversaciones “de manera individual” con dirigentes radicales, en particular con aquellos que integran el ala dialoguista del espacio.

En paralelo a las reuniones que mantienen los primos Menem con Diego Santilli y los diputados del PRO Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, La Libertad Avanza tiende puentes con dirigentes radicales alineados con la Casa Rosada. El principal impedimento para sumar a la UCR como estructura partidaria es el sector que conduce el senador Martín Lousteau, uno de los dirigentes más críticos de las políticas de gestión.

“Con la UCR como partido es difícil porque también contempla a los que responden a Lousteau”, explicó una voz del armado. “No lo veo viable. Aunque haya conversaciones individuales, hay sectores del propio partido que no quieren cerrar con nosotros”, argumentó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

En los últimos días, el titular de la UCR, Leonel Chiarella, anunció la construcción de una alternativa nacional “a la grieta” durante una gira por la Patagonia. “Cuando no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñaron Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”, sentenció.

“¿La grieta? Volvemos a los mismos términos de siempre. Ya está todo inventado, pero tienen derecho a querer presentar alternativas. Tenemos diálogo con todos, pero vamos a tener en cuenta a todos los que coincidan“, respondió un funcionario ante este medio tras el lanzamiento del Chiarella.

Pese a las diferencias con Lousteau, la administración libertaria mantiene diálogo directo con dirigentes como los exdiputados Rodrigo De Loredo y Martín Berhongaray, los senadores Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad. También gobernadores del espacio, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

Si bien los libertarios evitan dar precisiones sobre los potenciales acuerdos y argumentan que aún faltan meses para las elecciones de 2027, Zdero y Cornejo son dos de los cinco gobernadores radicales con los que el oficialismo considera posible avanzar en un entendimiento electoral.

Distinta es la situación de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). A pesar de la buena sintonía existente, tanto Pullaro como Sadir no ven viable un acuerdo con el sello que fundó el libertario y, en su lugar, podrían habilitar una conversación para establecer las condiciones de lo que definen como una “confrontación acordada”.

Con los hermanos Valdés, el vínculo es más complejo. En las legislativas de 2025, el oficialismo se encaminaba a cerrar un acuerdo conjunto para competir en la provincia, pero a último momento los hermanos rechazaron la posibilidad y decidieron competir con listas separadas.

En esa línea, el senador radical Gustavo Valdés admitió que aún no hay canales de diálogo abiertos con el espacio del mandatario. “Todavía no tenemos diálogo político con La Libertad Avanza. Tuve sí un cambio de sintonía a partir de que el jefe de Gabinete es Diego Santilli, quien es un hombre que conozco hace muchos años, con quien tenemos muy buena relación y por ahí tenemos diálogo”, expresó.

En medio de la decisión del Gobierno de habilitar el debate sobre la reforma electoral, Zdero dio una muestra de sintonía con el Poder Ejecutivo luego de que la Legislatura de Chaco aprobara la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La iniciativa fue recibida con optimismo en Balcarce 50, donde se entusiasman con la posibilidad de avanzar en una discusión que comenzará el próximo 15 de septiembre en el Senado, como anticipó este medio.

Un clima electoral extraño se vive en la provincia de Córdoba. Este domingo habrá elecciones en la ciudad de Marcos Juárez, conocida como kilómetro cero de Cambiemos, que supo ser una competencia nacionalizada pero hoy apenas tiene dirigentes provinciales que buscan capitalizar el resultado. En paralelo, siguen las dudas y especulaciones sobre la estrategia que implementará la Casa Rosada para la sucesión de Martín Llaryora. ¿Javier Milei avalará una alternativa competitiva? Mientras tanto, la Justicia le dio una buena noticia a Rodrigo de Loredo que le permitirá pelear por la candidatura a gobernador.

“Solo Llaryora y su almohada saben la fecha que fijará para la elección a gobernador”, dicen en La Libertad Avanza, quienes aseguran que, una vez fijado el día, habrá definiciones sobre candidaturas. Como en la mayoría de las provincias, Llaryora especula con los tiempos para correr con ventaja en los comicios en los que buscará su reelección. De todos modos, los dirigentes opositores especulan que será entre abril y mayo.

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario en Diputados y máximo referente de Milei en Córdoba, es el que se encarga de desmentir constantemente que existe un acuerdo entre Llaryora y la Casa Rosada. Es que ese rumor crece y se disipa al ritmo de las necesidades y negociaciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. En los últimos días, Patricia Bullrich adelantó que comenzará el tratamiento parlamentario para suspender las PASO, herramienta que el Gobierno quiere desterrar para perjudicar a la oposición y garantizar la reelección de Milei. Para eso será necesario el voto de los aliados.

Como reconstruyó Infobae, incluso existe un rumor de que Llaryora podría colaborar con una lista presidencial para dividir al peronismo a cambio de que La Libertad Avanza presente una lista de baja competitividad en la provincia. Los dirigentes violetas locales lo desmienten: dicen que el Gobierno no va a permitir una derrota en uno de los territorios más antikirchneristas en los meses previos a la elección nacional, que incluso podría generar una inestabilidad económica y hasta envalentonar a la oposición.

Bornoroni confía en que será bendecido por Milei para la Gobernación. El empresario vinculado al sector de los combustibles armó una alianza con Luis Juez y un sector de la UCR que se referencia con Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo. Hace meses mantienen reuniones con intendentes, actos y recorridas. Pero los más desconfiados dicen que el libertario puede correr la misma suerte que sus compañeros de espacio en otras provincias.

Hay quienes escucharon a referentes importantes de La Libertad Avanza del interior quejarse por el esfuerzo que hicieron para cumplir con una orden de la cúpula libertaria. Se trató de una especie de “plan por ciudades”, que consistió en recorridas por las capitales provinciales para que finalmente, según protestan, quede en la nada. “Nos van a cagar a todos”, se los escuchó decir en referencia a que el Gobierno los hizo engordar su territorialidad para generar una herramienta de amenaza a los gobernadores con los que, aseguran, el Gobierno terminará arreglando para la elección de 2027. En la lista de posibles perjudicados lo anotan a Bornoroni.

En Córdoba los dirigentes opositores observan varios gestos de la Casa Rosada a la gestión de Llaryora. Por ejemplo, en la última visita de Luis Caputo a la Bolsa de Comercio llenó de elogios al ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta. Lo mismo hizo Alejandra Monteoliva con su par local en la cartera de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. A eso le suman las constantes fotos de Diego Santilli con Manuel Calvo, jefe de Gabinete de Llaryora, y los $5.000 millones que le otorgaron a la provincia en concepto de ATN.

Otro capítulo es cómo definirá la oposición la candidatura a gobernador. Si bien se descuenta que Milei elegirá a Bornoroni, en la lista se anotan Luis Juez y De Loredo. El dirigente radical logró un fallo a favor en la interna del partido y ya cuenta con el sello para pelear por liderar una alianza. “Ahora el desafío es esconder a la UCR”, bromean en su entorno en referencia a que el partido centenario no atrae votantes, aunque aseguran que el ex diputado cuenta con buenas mediciones sólo con su nombre.

De Loredo tiene un mapa en su cabeza de cómo terminará siendo candidato. Cree que si Milei no logra repuntar en las encuestas y si la crisis económica se agrava, el Presidente tendrá dos opciones: el plan Llaryora o el plan Rodrigo. El primero implica un acuerdo con gobernadores aliados que lo ayuden a reelegir a cambio de un pacto de no agresión en sus provincias. El segundo, que obviamente lo involucra, consta de que él sea elegido para liderar la lista porque, asegura, le garantiza un triunfo por el 50%.

La elección de Marcos Juárez

La ciudad de Marcos Juárez es conocida como “el kilómetro cero”, porque allí es donde se inicia el calendario electoral y, además, donde el sello Cambiemos logró su primera victoria en 2014. Desde entonces, los máximos referentes nacionales de todo el espectro no kirchnerista buscaron capitalizar los resultados electorales. En la elección de 2022 estuvieron presentes Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti, entre otros, quienes buscaban mostrarse competitivos para la presidencial que finalmente ganó Milei. Ninguno de ellos apareció este año.

Este domingo compiten un total de siete candidatos para la Intendencia, pero con la particularidad de que ninguno se referencia con espacios nacionales y los provinciales están difusos. La Libertad Avanza retiró a su postulante, la UCR integra tímidamente una alianza y Llaryora espera a ver los resultados para adjudicarse cualquier resultado, ya que la mayoría de los candidatos tiene vínculos con su gestión. Sólo Luis Juez se animó a respaldar al ex intendente Pedro Dellarossa, quien supo representar al PRO pero que viene de integrar el gabinete provincial.

En concreto, los siete candidatos que competirán por la Intendencia son Pedro Dellarossa, por Marcos Juárez Puede; Verónica Crescente, por Unión Vecinal; Germán Font, por Generación Marcos Juárez; Gerardo Pasquali, por Marcos Juárez Despierta, una alianza de la UCR y el Partido Demócrata; Ana Claudia Elzaurdia, por Una Nueva Oportunidad; Juan Carlos Escobar, por el Partido Libertario; y Jorge Bolcatto, por Encuentro Vecinal Córdoba.

Luego del revés que representó ayer el pedido de revisión por parte de los aliados del Gobierno del aceitado proyecto de Super RIGI, en la Casa Rosada crecieron -aún más- las dudas sobre el éxito de la reforma política que buscan impulsar antes de diciembre y del inicio del año electoral.

Sin embargo, en Balcarce 50 se ilusionan con la posibilidad de que las fuerzas no peronistas y no kirchneristas sólo estén especulando para negociar mejor de cara al debate sobre la PASO.

El plenario de comisiones no logró firmar el dictamen para la iniciativa económica central para el equipo de Luis Caputo, ayer, por el rechazo de última hora de senadores del PRO, la UCR y el peronismo disidente. Y en La Libertad Avanza, donde lo que más les importa, incluso más que las inversiones, es la reforma política, creen que los bloques aliados “se quieren subir el precio” ante la necesidad oficialista de sacar del panorama a las PASO antes de que empiece a correr el 2027.

En especial cuando varias provincias ya tienen definido adelantar sus comicios y el calendario electoral podría empezar tan pronto como en febrero, si desdobla La Pampa. Mientras tanto, el peronismo no logra encauzar su interna, cosa que unas Primarias podrían facilitarle, a pesar de las intenciones de los libertarios.

El mileismo espera que la fecha para el debate en el recinto se prolongue, como máximo, a octubre, y aseguran que para ellos depende “únicamente” de cómo avance el trabajo en comisión que prevén para el 15 de septiembre. Descartan un debate caliente en pleno fin de año, con el calor, la eventual tensión social y la cercanía de las Fiestas. “Diciembre queda demasiado lejos y es demasiado complicado”, dicen en el Gobierno, que quiere apurar los tiempos a pesar del golpe que significó el revés con el Súper RIGI -en comisión- del Senado.

El Gobierno leyó el traspié legislativo con el proyecto para acelerar las inversiones como una señal de alarma que excede a la iniciativa en sí misma. Y en Balcarce 50 interpretaron la mala predisposición de los aliados de PRO y la UCR, a quienes necesitan para la reforma política, como un adelanto de lo que puede pasar con la eliminación de las PASO. Una muestra de que los socios o partidos “amigables” no están dispuestos a acompañar, al menos no sin condiciones, la agenda política electoral oficialista.

“Las dos cosas están atadas”, deslizó un funcionario nacional en referencia a la estrategia de los bloques aliados. Como reveló Infobae ayer, el Súper RIGI, que ya tenía media sanción de Diputados, no consiguió el dictamen que el oficialismo buscaba cerrar ayer en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional y Legislación General.

Una oposición de último momento de senadores aliados —el radical Maximiliano Abad, el justicialista no kirchnerista Carlos Espínola y el jefe del PRO, Martín Goerling— frenó el trámite. Los tres, junto con la macrista Victoria Huala, exigen ampliar el criterio de “precio/calidad” para no favorecer siempre a la importación y que el valor de la oferta extranjera no supere en más de un 15% al de un proveedor local en igualdad de condiciones.

Alguna voz, puertas adentro del Gobierno, deslizó un diagnóstico autocrítico: “Fue un problema de Patricia”, dijeron, en alusión al rol de la presidenta del bloque violeta en la Cámara alta en las negociaciones con los opositores. Ayer, Bullrich se mostró de mal talante con el tropiezo: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”, dijo.

La fecha para tratar la reforma de la PASO en el recinto todavía no está cerrada y en el oficialismo aclaran que depende exclusivamente de cómo avance el debate en comisión, hoy sin un cronograma firme.

En el Gobierno hablan de un “tire y afloje” con el PRO, y en ese sentido leyeron los dichos de Fernando de Andreis sobre que Mauricio Macri no descartaría ser candidato en 2027. Lo leen como parte de los tironeos de la negociación por un acuerdo en la Ciudad. Y si bien le restaron importancia, lo relacionaron con los apoyos que el PRO pueda dar en el Congreso a la reforma política. Ahí, dicen, se juega buena parte del respaldo real de Macri al oficialismo.

Problemas para el oficialismo en el Senado: el Súper RIGI no pudo ser dictaminado esta tarde, pese a que el mismo “pasó a las firmas”, debido a una oposición de último momento de aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente, que demandan proteger los insumos nacionales. Al término del encuentro, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, señaló a los medios acreditados en el Congreso: “Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI”.

En concreto, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el justicialista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), exigen ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer siempre la importación. Y, para evitar el efecto contrario, que el valor “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

Al no tener un guiño desde el Ejecutivo, Bullrich sólo validó los cambios anticipados desde hace unos días relacionados con el 20% a favor de bienes locales y que las inversiones por más de USD 1.000 millones que plantea la iniciativa reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Lo que sí queda claro es que el texto, de llegar en alguna ocasión al recinto, volverá en segunda revisión a Diputados.

Las incorporaciones en cuestión fueron leídas por el libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el también porteño Agustín Monteverde, que cometió el error de decir que el plenario -en conjunto con Economía Nacional; y Legislación General- pasaba a “cuarto intermedio”, pese a la intención de comenzar a recolectar las rúbricas de un despacho que no llegará, por ahora, a buen puerto. Tuvo que ser silenciado por sus colegas. Vale aclarar que, además de los tres mencionados, la macrista Victoria Huala (La Pampa) tampoco avaló hasta el momento lo que quiere el oficialismo.

¿Qué plantean los legisladores?

Para verificar la oferta, sugieren que la eventual autoridad de aplicación establezca “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

En tanto, la propuesta -a la que tuvo acceso Infobae- impone: “A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”.

Además, la comparación deberá efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.

Se dilató otro régimen

Antes de que no se llegara al un dictamen sobre el Súper RIGI, otro plenario analizó la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que apunta a planes desde los USD 12 millones para grandes empresas que impulsa el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), tampoco pudo ser despachado este miércoles.

El cónclave fue accidentado, con acusaciones desde la oposición hacia el oficialismo por no haber conseguido quorum y empujar dos reemplazos de último momento, algo que había prometido terminar semanas atrás la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Vischi leyó varias incorporaciones al articulado de la iniciativa en cuestión, aunque el convite pasó a cuarto intermedio. Lo que más llamó la atención fue que un propio colega de bancada, el catamarqueño Flavio Fama, le reclamó mayores precisiones en el compre local. En resumen, una jornada poco positiva para dos bloques de peso en esta Cámara.

Las últimas reuniones entre La Libertad Avanza y el PRO para iniciar las negociaciones por una alianza electoral renovaron los interrogantes sobre el destino de la UCR, en especial en la provincia de Buenos Aires, donde se estima que Diego Santilli será el candidato opositor. Si bien el partido centenario bonaerense acaba de resolver su interna con la asunción de un nuevo presidente, las diferencias sobre la estrategia electoral se mantienen. Una elección polarizada los vuelve a poner ante el escenario de definir si irán con Javier Milei o con el peronismo de Axel Kicillof, una opción que para muchos implica aliarse con el kirchnerismo.

“Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio”, fueron las palabras de Emiliano Balbín el día que asumió como presidente del partido bonaerense, en un acto en el Club Atenas. Ese día se terminó, al menos públicamente, la dura interna que enfrentó a Maximiliano Abad con Evolución, el espacio que a nivel nacional lidera Martín Lousteau. Solo un sector decidió no acordar y lanzaron “Construir”, referenciado con Miguel Fernández.

Todos los radicales consultados sobre qué harán en las elecciones de 2027 responden lo mismo: “Estamos reconstruyendo el partido en toda la provincia”. Aseguran que tendrán candidatos a intendente en los 135 municipios y hasta prometen un candidato a gobernador. Pero en las conversaciones privadas, donde el escenario político los obliga a elegir un bando, aparecen las diferencias. “No veo a la UCR haciendo una sola cosa”, confesó un correligionario bonaerense al reconocer que será difícil que el partido logre acordar una política de alianzas unificada.

Evolución tiene a Pablo Domenichini como referente bonaerense y fue, además, uno de los principales impulsores de la avenida del medio en las legislativas del año pasado bajo el nombre Somos Buenos Aires, espacio que no logró hacer pie en la polarización. Su sector todavía se ilusiona con la posibilidad de tener una alternativa de centro. Esa ilusión crece cuando las encuestas muestran las dificultades de Milei para reelegir y la danza de outsiders que se animan a coquetear con la posibilidad de ser candidatos.

Pero la elección bonaerense, donde no hay ballotage, lleva a parte de la oposición a plantear la necesidad de unificarse para poder imponerse ante la oferta que presente Kicillof. “En Evolución tenemos una certeza, que es dónde no vamos a estar”, aclaran en alusión a La Libertad Avanza. De hecho, es una convicción que los acerca con Construir, el sector del radicalismo que no acordó con ellos la renovación de autoridades. Podría darse la paradoja de que sí lo hagan para las elecciones del año que viene. ¿Con el peronismo? No lo descartan.

“¿Y qué les van a dar los peronistas? ¿Cuánto valen si en la última elección sacaron 5 puntos?”, cuestionan desde el otro lado del radicalismo bonaerense. Son los referenciados con Abad, quien puso a Balbín como presidente del partido. Dicen que no recibieron ningún llamado de Sebastián Pareja ni de Diego Santilli, pero están convencidos de que el adversario de la UCR es el peronismo y que ningún intendente va a querer aliarse con Kicillof.

“En cuanto se defina que Santilli es el candidato del Gobierno, se lleva el 90% de los intendentes”, sentencian. No lo dicen como un panorama alentador, todo lo contrario. Creen que la mejor estrategia es darle musculatura al partido para dar pelea a la hora de establecer una alianza que, según estiman, será entre diciembre y enero. “Va a ser una definición institucional”, aclaran. La aclaración está relacionada con lo que pasó el año pasado también. Cada sector acordó por separado y el sello de la UCR no apareció en la elección por primera vez en la historia desde el regreso de la democracia.

¿Tendrán un candidato a gobernador? El único que se mueve como tal es Pablo Juliano, el diputado que llegó al Congreso de la mano de Facundo Manes y cuya banca vence el próximo año. En los últimos meses levantó su perfil mediático con un fuerte discurso opositor. También se acercó a Construir, el espacio de Miguel Fernández con representación en el interior de la provincia. Profundizó su presencia en las redes sociales y sus recorridas con vecinos.

Los más experimentados en armados electorales creen que su estrategia es errada. Insisten en que ser críticos de Milei no es una idea que se corresponda con su electorado. Además, son escépticos respecto de que Juliano pueda conseguir candidatos a intendente en todos los municipios y, con menos chances, un candidato a gobernador. Un dato no menor es que los cinco gobernadores de la UCR coinciden con el diagnóstico: en el interior, el adversario es el peronismo. Si bien no hay confirmación de una alianza con Milei, se espera que al menos haya un pacto que no ponga en peligro la reelección local ni la elección presidencial.

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, llegó este sábado a Esquel para acompañar el proceso de renovación de autoridades del radicalismo chubutense. En el marco de una recorrida por el sur, planteó como objetivo “construir una alternativa nacional”, con un guiño a que el partido incida en las elecciones presidenciales de 2027.

“La UCR está de pie, está marchando. Estamos construyendo un proyecto político que más temprano que tarde le va a dar a la Argentina un próximo presidente de la República Argentina”, afirmó en un intercambio con la prensa, en el que aclaró que hablar de posibles candidaturas un año antes del período electoral “es poner el carro adelante del caballo”.

El dirigente participó del Congreso y la convención provincial del radicalismo de Chubut en Esquel, donde 66 delegados eligieron a la nueva conducción partidaria, encabezada por el intendente de Trelew, Gerardo Merino. Durante el encuentro participaron el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, y la senadora nacional Edith Terenzi.

“Ser radical es generar transformaciones como lo hacen nuestros gobernadores, nuestros quinientos intendentes o nuestros vicegobernadores y ministros en gobiernos como el de Chubut”, consideró durante el acto proselitista.

Chiarella llegó ayer a Bariloche para iniciar una gira por la Patagonia andina que incluye Río Negro y Chubut. Por la mañana, se reunió con la diputada provincial Lorena Matzen y el ex intendente Marcelo Cascón, y por la tarde, estuvo en El Bolsón para visitar la Municipalidad y mantener una reunión de trabajo con funcionarios locales, empresarios y vecinos.

Con un telón de fondo partidario, Chiarella subrayó este sábado el hecho de integrar el gobierno de la provincia y llamó a “seguir construyendo este partido centenario y nunca perder protagonismo”. También destacó la presencia de delegados de todos los distritos y la elección de la nueva presidenta de la Juventud Radical, Agustina Barletta.

Según lo informado, con esta agenda el jefe radical e intendente de Venado Tuerto alcanzará 16 provincias recorridas desde que fue electo presidente de la UCR en diciembre pasado.

En una publicación de redes sociales, Chiarella volvió a lanzar un llamado político: “Queremos una UCR presente en cada provincia, con una mirada federal, cerca de cada comunidad y con vocación de construir una alternativa para la Argentina”.

En busca del perfil partidario

Para el presidente de la UCR Nacional, la principal fortaleza del partido está en su experiencia de gestión y en la presencia territorial. Por eso busca apoyar a los dirigentes radicales que actualmente tienen responsabilidades de gestión. “Nosotros venimos trabajando mucho en esto de poder acompañar a nuestros más de 500 intendentes, a nuestros 5 gobernadores, a las provincias en donde formamos parte del gobierno, como en el caso de Chubut”, señaló.

“El radicalismo tiene una capacidad instalada muy grande, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y es desde la gestión, es desde el territorio, en donde nosotros podemos demostrarle a cada argentino, a cada vecino de cada localidad, cómo es el radicalismo cuando se gobierna”, agregó.

En ese marco, el titular de la UCR mencionó la agenda de seguridad y dijo que ese “coraje” es el que permite “enfrentamos al narcotráfico como lo hacemos en Santa Fe con el liderazgo del gobernador (Maximiliano) Pullaro”. Otro de los puntos fue el de la corrupción entre los principales problemas que debe enfrentar la Argentina. “Si no atacamos el problema de la corrupción, muchos de los problemas que tiene la Argentina no van a ser resueltos”, sostuvo.

Y concluyó: “Cuándo no se roba y no hay corrupción en el Estado, las cosas pueden ser mucho mejor y eso lo demostramos en cada una de nuestras gestiones con honestidad y coraje como nos enseñó Arturo Illia y Raúl Alfonsín. Por eso, Argentina necesita que construyamos una propuesta alternativa a la grieta”.

La magistrada Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), recibió el Premio Rodrigo Facio Brenes, la máxima distinción que concede la Universidad de Costa Rica (UCR) a personas cuya trayectoria ha representado aportes de trascendencia para el desarrollo y el bienestar del país.

El reconocimiento fue otorgado de manera unánime por la Comisión Dictaminadora, que resaltó la carrera de Zamora y su papel en la defensa de principios considerados esenciales para el sistema democrático costarricense.

La entrega se realizó durante una sesión solemne del Consejo Universitario, organizada con motivo del 86.º aniversario de la Universidad de Costa Rica, en la Sede del Caribe, ubicada en el cantón central de Limón.

Durante la ceremonia, Zamora agradeció el reconocimiento y repasó algunos episodios de su vida personal, académica y profesional que, según explicó, marcaron su visión sobre el servicio público, los derechos humanos y el papel de las instituciones.

“Hay homenajes que se reciben con alegría. Otros, con gratitud. Y hay algunos que, además, nos obligan a volver la mirada hacia atrás y preguntarnos por los caminos, las personas y las circunstancias que hicieron posible que llegáramos hasta aquí”, expresó la magistrada.

La jerarca electoral aseguró que el Premio Rodrigo Facio Brenes pertenece, para ella, a esa última categoría y aprovechó su discurso para dedicarlo a quienes han depositado su confianza en el sistema electoral costarricense.

“Lo recibo en nombre de los miles de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia costarricense que, a lo largo de los años, han depositado su confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones”, manifestó.

También hizo una dedicatoria particular a las mujeres que han abierto espacios históricamente dominados por hombres y a quienes actualmente continúan avanzando hacia posiciones de liderazgo.

“Quisiera recibirlo, de manera muy especial, en nombre de las mujeres de mi país: de aquellas que abrieron brecha en espacios que durante décadas fueron cotos vedados para nosotras”, afirmó.

Zamora es la primera mujer en ejercer la Presidencia del TSE en más de ocho décadas de existencia de la institución, cargo que ocupa desde diciembre de 2021.

Antes de llegar a la presidencia, había sido electa magistrada propietaria en setiembre de 2005 y, cuatro años después, asumió la Vicepresidencia.

A lo largo de su trayectoria dentro del organismo electoral, ha participado en la dirección y organización de 11 procesos electorales y un referéndum.

Un reconocimiento a la defensa institucional

La Comisión Dictaminadora justificó su decisión al considerar a Zamora “un ejemplo de compromiso con la democracia, la igualdad, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones públicas costarricenses”.

El órgano también señaló que su trayectoria “transmite un mensaje institucional de defensa de la democracia, la institucionalidad pública, la igualdad y el Estado social de derecho”, principios que calificó como fundamentales dentro del actual contexto sociopolítico costarricense.

En su intervención, la presidenta del TSE recordó además su paso por la Universidad de Costa Rica, institución de la que es egresada, y sostuvo que su formación trascendió los conocimientos técnicos adquiridos en las aulas.

“Lo más importante que me dio esta Universidad no cabe en una lista de títulos ni de cursos. La Universidad me enseñó que el Derecho no existe como un fin en sí mismo. Existe para las personas”, dijo.

La magistrada añadió que esa visión terminó orientando buena parte de su carrera hacia asuntos relacionados con la dignidad humana y los derechos humanos.

El hecho de que la ceremonia se celebrara en Limón también ocupó un espacio destacado en su discurso. Zamora recordó la cercanía del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, y reivindicó el peso histórico y cultural del Caribe en la construcción de Costa Rica.

“El Caribe nos recuerda que Costa Rica ha sido construida desde muchas geografías, muchas memorias y muchas culturas; que nuestra identidad nacional es más rica cuanto más capaz es de reconocerse plural”, señaló.

Agregó que la democracia no debe limitarse al reconocimiento formal de la voz de todas las personas, sino que debe garantizar que esas voces sean efectivamente escuchadas y reconocidas como parte legítima de la comunidad.

Una carrera vinculada con derechos e institucionalidad

Eugenia Zamora Chavarría es abogada y notaria pública. Se graduó con honores de la Universidad de Costa Rica y posteriormente cursó una Maestría en Derecho en la Universidad de Harvard.

Antes de consolidar su carrera dentro del TSE, ocupó cargos en instituciones nacionales y organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además, participó en la elaboración de normas de relevancia institucional como la Ley de la Defensoría de los Habitantes, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Su trayectoria también ha estado ligada a iniciativas destinadas a incrementar la participación política de las mujeres y a consolidar mecanismos que permitan una representación efectiva femenina en cargos de elección popular.

El Premio Rodrigo Facio Brenes reconoce precisamente trayectorias consideradas de particular importancia para la sociedad costarricense. Con la decisión adoptada en 2026, la UCR destacó en Zamora una carrera vinculada a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la igualdad y las instituciones públicas.

La Universidad de Costa Rica (UCR) y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) firmaron un acuerdo por USD 5 millones, equivalentes a aproximadamente ₡2,267 millones, para desarrollar un programa regional enfocado en innovación, investigación aplicada y creación de empresas de base tecnológica.

El convenio da inicio formal al proyecto denominado Nexo de Innovación de Corea para la Colaboración en I+D en 4 Universidades de Centroamérica (K-INNO4U), que colocará a la UCR como institución líder de una red académica integrada además por universidades públicas de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Del financiamiento total, USD 2.5 millones, equivalentes a cerca de ₡1,118 millones, serán destinados directamente a proyectos específicos de la Universidad de Costa Rica durante el período comprendido entre 2026 y 2031.

La iniciativa busca reducir la distancia entre la investigación que se genera dentro de las universidades y las necesidades del sector productivo, con la intención de que conocimientos, desarrollos tecnológicos y resultados obtenidos en laboratorios puedan transformarse en soluciones concretas, productos y nuevas empresas.

El acuerdo fue firmado por Jong Hyun Moon, director de país de KOICA, y por Carlos Araya Leandro, rector de la UCR. Como testigo de honor participó Keunseok Jeon, embajador de la República de Corea en Costa Rica.

También estuvo presente Juan Manuel Quirós Acuña, delegado ejecutivo de la Fundación UCR, entidad que tendrá a su cargo la administración de los recursos, así como Sergio Vinocour Fornieri, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, además de otros representantes institucionales.

Con la firma, la administración de Carlos Araya Leandro concreta un proceso de negociación desarrollado durante el último año y posiciona a la UCR como cabeza de un esquema de cooperación regional que incorpora a la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Investigación aplicada y nuevas empresas

Uno de los principales componentes de K-INNO4U será el financiamiento de proyectos conjuntos entre empresas y grupos de investigación de la UCR.

El programa también respaldará investigaciones internacionales desarrolladas de manera coordinada con las universidades centroamericanas participantes, con el objetivo de que los conocimientos generados tengan una aplicación más directa fuera del entorno académico.

Otro de los ejes será la formación de capacidades. El proyecto contempla programas de capacitación en Corea del Sur dirigidos a funcionarios públicos y personal costarricense relacionado con innovación.

Además, se desarrollarán capacitaciones en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala para el personal de centros de innovación de las universidades participantes. El ciclo concluirá con una conferencia internacional destinada a divulgar los resultados obtenidos y compartir experiencias entre las instituciones involucradas.

Una parte relevante del proyecto estará orientada al desarrollo de los denominados spin-off, empresas que surgen a partir de investigaciones o desarrollos tecnológicos generados dentro de las universidades y que posteriormente se constituyen como compañías independientes para llevar esas soluciones al mercado.

A través de K-INNO4U, la Universidad de Costa Rica tendrá recursos para acompañar e incubar emprendimientos nacidos directamente de sus laboratorios, ampliando las posibilidades de que la investigación académica se transforme en actividad empresarial.

Seis desembolsos hasta 2031

Los recursos aportados por KOICA serán transferidos a la Fundación UCR mediante seis desembolsos entre 2026 y 2031.

La entrega de los fondos estará condicionada a la presentación de informes anuales de avance, y el dinero será utilizado principalmente en investigación aplicada, desarrollo de spin-off, investigación internacional y fortalecimiento de capacidades en los países participantes.

El proyecto también pretende convertir la experiencia desarrollada por Costa Rica en una plataforma para compartir conocimiento con otras universidades públicas de Centroamérica, principalmente en el llamado Triángulo Norte.

Una cooperación que comenzó en 2019

La alianza entre la UCR y Corea del Sur en materia de innovación no comienza con K-INNO4U.

El nuevo programa toma como base la experiencia de Hélice-UCR, una iniciativa puesta en marcha por la Universidad y KOICA en enero de 2019, con una inversión inicial de USD 4,5 millones.

Ese proyecto buscó crear un centro de innovación orientado a fortalecer la relación entre la academia y el sector empresarial costarricense mediante el modelo conocido como “Quíntuple Hélice”, que integra a gobierno, empresa, universidad, sociedad y ambiente.

Hélice-UCR impulsó además unidades como AUGE-UCR y Proinnova-UCR, que forman parte del ecosistema institucional de emprendimiento, innovación y transferencia tecnológica.

Con el nuevo acuerdo, esa relación bilateral pasa a una etapa regional. El modelo desarrollado en la Universidad de Costa Rica será utilizado como una herramienta de cooperación triangular, en la que Costa Rica y Corea del Sur compartirán experiencia y conocimiento con El Salvador, Honduras y Guatemala.

Una expresión que hasta hace poco pertenecía principalmente al lenguaje de videojuegos, memes y redes sociales saltó esta semana a los espacios públicos de Costa Rica. Las llamadas batallas de “farmeo de aura” comenzaron a viralizarse luego de que estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizaran una competencia frente al edificio de Estudios Generales, en la sede Rodrigo Facio.

La dinámica puede resultar desconcertante para quienes no están familiarizados con el lenguaje de las generaciones más jóvenes: dos personas se enfrentan utilizando poses, bailes, gestos, movimientos o referencias virales para convencer al público de que poseen más “aura” que su contrincante.

No hay necesariamente una habilidad específica que deba demostrarse ni una serie rígida de reglas. El propósito es generar una reacción entre los espectadores mediante seguridad, creatividad, humor y presencia escénica.

El ganador puede definirse por los aplausos y gritos de quienes observan o por la decisión de un jurado, dependiendo de la organización de cada encuentro.

Las imágenes de la actividad realizada en el Pretil de la UCR comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y rápidamente provocaron comentarios, críticas y nuevas convocatorias para repetir este tipo de competencias.

¿Qué significa “farmear aura”?

Para comprender el fenómeno es necesario separar los dos conceptos que forman la expresión.

“Farmear” es una adaptación al español del término inglés to farm o farming. Aunque su significado literal está relacionado con cultivar, dentro del mundo de los videojuegos comenzó a utilizarse para describir la acción de repetir determinadas tareas para conseguir recursos, experiencia, objetos o puntos que permitan avanzar.

Es común encontrar el término entre jugadores de títulos como Minecraft o Fortnite, donde una persona puede “farmear” materiales o experiencia.

El concepto de “aura”, por su parte, adquirió un nuevo significado dentro del lenguaje utilizado por comunidades jóvenes en internet.

En este contexto no se refiere a una energía espiritual. Describe la presencia, seguridad, carisma o impacto que una persona transmite frente a otras.

Bailes de Fortnite, “dab” y memes convertidos en armas

Los duelos tampoco dependen de grandes hazañas. Buena parte de su atractivo está precisamente en el carácter absurdo de las actuaciones.

Los participantes pueden utilizar desde emotes de Fortnite hasta movimientos que se hicieron virales años atrás.

Uno de los ejemplos es el “dab”, una pose que alcanzó gran popularidad alrededor de 2016, especialmente entre deportistas y usuarios de redes sociales.

También aparecen referencias más recientes, como el llamado “six-seven”, otro gesto difundido ampliamente en plataformas digitales.

Quienes reconocen estas referencias entienden un segundo nivel de la competencia: observar cómo movimientos que normalmente existen detrás de una pantalla son reproducidos de manera deliberadamente exagerada frente a decenas de personas.

La audiencia se transforma así en parte esencial del espectáculo. Aplausos, gritos, risas y reacciones funcionan como una especie de marcador para determinar quién consiguió más “aura”.

Más que vencer al contrincante, las competencias parecen tener como principal objetivo divertirse colectivamente y convertir referencias propias de internet en una actividad presencial.

El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. Videos de dinámicas similares han circulado desde países como Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Perú, donde grupos de jóvenes también han organizado encuentros para disputar simbólicamente quién tiene mayor presencia frente al público.

UCR sale en defensa de las actividades espontáneas

La viralización del encuentro realizado en la Universidad de Costa Rica también generó críticas y cuestionamientos en redes sociales, lo que llevó a la institución a pronunciarse.

La UCR reafirmó que sus campus deben funcionar como espacios de “expresión, convivencia y respeto” y señaló que las actividades espontáneas realizadas por estudiantes forman parte de las posibilidades de encuentro y socialización dentro de la comunidad universitaria.

La institución defendió la posibilidad de que estas manifestaciones se desarrollen en sus instalaciones, pero hizo especial énfasis en proteger a quienes participan ante los señalamientos surgidos posteriormente en plataformas digitales.

La Universidad pidió evitar que los estudiantes se conviertan en blanco de hostigamiento o estigmatización, aunque reconoció que la crítica, las opiniones y el humor también forman parte de la dinámica universitaria.

El respaldo, sin embargo, tiene límites administrativos.

La UCR aclaró que aquellas convocatorias que incorporen premios en efectivo, patrocinios, presencia de marcas comerciales o mecanismos de lucro deberán gestionarse previamente ante la institución para cumplir con las disposiciones relacionadas con seguridad y responsabilidad de los organizadores.

La posición surge mientras el fenómeno continúa ganando exposición en Costa Rica y aparecen nuevas convocatorias después de la actividad realizada esta semana en la sede Rodrigo Facio.

Detrás de la aparente competencia por conseguir cientos o miles de puntos imaginarios, el “farmeo de aura” refleja además una característica del lenguaje digital actual: conceptos que nacen en videojuegos y redes sociales pueden abandonar rápidamente la pantalla para convertirse en formas de interacción, humor y entretenimiento en espacios físicos.

El PRO fue un partido que supo construir, desde una identidad de Centro Derecha, una alianza con la Centro Izquierda -la UCR- y una pequeña fuerza testimonial -la CC de Lilita Carrió-. Esa alianza -JxC- consiguió derrotar al kirchnerismo en el 2015.

Significó un avance sustancial en el Sistema Político Argentino que despertó una inmensa espectativa tanto en lo local como lo internacional. Su fundador -Mauricio Macri- expresó un liderazgo comparable al que, en su momento, representaron Yrigoyen, Perón, Frondizi, Alfonsín o Menem.

Pero “lo que Natura no dá, Salamanca no presta”, y su falta de profundidad ideológica y política, lo hundió en un mar de frivolidad e insustancialidad que no le permitió alcanzar los objetivos que el mismo se había propuesto. Las carencias de sus colaboradores más cercanos no contribuyeron a corregir el rumbo que, más antes que después, lo sacarían de la cancha.

Así volvimos, de la mano del mediocre de Alberto Fernández, a reinstalar el populismo corrupto que, a su vez, permitió la aparición de un outsider extremo como Javier Milei. La mayoría de la ciudadanía no quiso volver a NINGUNA de las formas del pasado y apostó sus fichas a quien no conocía, pero aparecía lo suficientemente disruptivo como para enfrentarse con ese fantasmal pasado que había demostrado olgadamente su signo siniestro.

Ahora, después de 3 años, ante las señales que indican el desgaste de la “política de ajuste”, Macri sintió que “un nuevo tiempo” le daría la chance de volver al ruedo… apareció nuevamente en la escena, pero con las mismas indefiniciones del pasado. Ungió un “candidato” presidencial - el poco conocido Hernán Lacunza- queriendo mostrar que el PRO constituiría su propia alternativa para corregir los errores del libertario Milei. Hasta construyó una consigna publicitaria -“el próximo paso”- dejando picando la posibilidad de que fuera él mismo quien, finalmente, ocupara la candidatura presidencial alternativa a la de Milei.

En pocas semanas, esa posibilidad desapareció dando lugar a un nuevo anuncio de alianza con la fuerza del presidente Milei: LLA.

No tomó siquiera el recaudo de presentar un “Programa Propio”, que explicitara sus PRIORIDADES de gasto público -dentro de la reafirmación del equilibrio fiscal-, que incluyera la recuperación de la educación y la salud pública, un programa de inversiones públicas imprescindibles, el rescate de los institutos de ciencia y tecnología o el retorno a los ejes de integración con nuestros vecinos sudamericanos.

De nuevo la superficialidad y la falta de definiciones claras que ya lo habían condenado a la insignificancia y a la pérdida de quienes lo habíamos acompañado con convicción en su primera época.

Sus mejores colaboradores tomaron la decisión de pasarse a las filas del oficialismo libertario o adoptar la “clandestinidad” de la indefinición como la UCR, o el ostracismo por no querer embarcarse en una posición de oportunismo especulativo.

No hay peor OPCIÓN que la que se auto descarta, después de generar alguna inquietud de viabilidad.

Como recordarán, yo dije un IMPROPERIO del cual me arrepiento por su forma. NO por la sustancia. Mi desilusión se transformó en un burdo insulto, por demás innecesario.

Siento mucho que, miles de compañeros de ruta con los cuales compartimos una experiencia histórica importante, acepten en silencio, mansamente, el renunciar a una identidad política e ideológica noble y necesaria, dejando sin representación a millones de connacionales.

Pero las BANDERAS siguen allí, guardadas, esperando para ser desplegadas de nuevo por quienes quieran enarbolarlas.

Más de 23,000 estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) reciben actualmente algún tipo de beca socioeconómica, un beneficio cuyo monto y combinación de ayudas varía de acuerdo con las condiciones particulares de cada persona.

La institución salió al paso de algunas declaraciones públicas difundidas durante las últimas semanas sobre su sistema de becas, debido a que, según señaló, se han mencionado montos o realizado generalizaciones que no reflejan el funcionamiento real del programa.

Por medio de la iniciativa informativa “Dato por dato”, la UCR presentó información elaborada a partir de los registros de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) y del Observatorio de Datos Institucionales (ObDI), con el objetivo de ofrecer cifras verificables sobre uno de los principales mecanismos de apoyo para estudiantes en condición de vulnerabilidad.

Uno de los principales puntos aclarados por la Universidad es que no existe un monto único de beca para todas las personas beneficiarias.

La institución explicó que cada solicitud es analizada individualmente y que la ayuda que recibe cada estudiante depende de factores relacionados con su situación socioeconómica y académica, así como de los requisitos establecidos para acceder a los diferentes beneficios.

Una beca puede incluir varios beneficios

El sistema contempla mucho más que una exoneración del pago de matrícula.

Dependiendo de la categoría y de las condiciones particulares de cada estudiante, una beca puede incluir una exoneración de hasta el 100% del pago de matrícula, además de diferentes apoyos económicos destinados a cubrir necesidades asociadas con la permanencia en la Universidad.

Entre estos beneficios se encuentran montos para gastos de carrera, alimentación, reubicación geográfica, residencias estudiantiles, transporte, pobreza extrema y excelencia académica.

La UCR también ofrece beneficios adicionales vinculados con servicios y necesidades específicas, entre ellos odontología, optometría, préstamo de libros y préstamo de dinero.

Esto significa que dos estudiantes con una misma categoría de beca pueden recibir apoyos económicos diferentes si sus circunstancias particulares no son iguales.

La Universidad señaló que los datos de OBAS correspondientes a julio de 2026, con información reflejada a mayo de este año, permiten observar distintos perfiles de estudiantes de tiempo completo con becas de las categorías 4 y 5, consideradas las de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

En estos casos, el apoyo mensual puede variar de acuerdo con la combinación de beneficios que corresponda a cada persona y con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la institución, además de la exoneración total de la matrícula cuando corresponda.

La inversión aumentó 91% en una década

La UCR también destacó el crecimiento de los recursos destinados a este sistema durante la última década.

Entre 2016 y 2025, la inversión anual en becas estudiantiles pasó de ₡20,789 millones (US$45.39 millones) a ₡39,755 millones (US$86.80 millones), lo que representa un incremento cercano al 91%.

Para 2026, el presupuesto institucional destinado al sistema de becas alcanzó los ₡41,398 millones (US$90.39 millones), cifra que la Universidad calificó como histórica.

El aumento de recursos se produjo pese a que, durante ese mismo periodo, el crecimiento del financiamiento proveniente del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue considerablemente menor.

La institución también reportó que durante el primer semestre de 2026 fueron asignadas 4,697 nuevas becas. De ese total, 3,887 correspondieron a estudiantes de nuevo ingreso.

Las cifras reflejan, según la Universidad, el alcance que tiene actualmente el programa para facilitar el acceso y la permanencia de estudiantes que enfrentan dificultades económicas.

₡514 millones adicionales para estudiantes con mayor vulnerabilidad

Para el segundo ciclo lectivo de 2026, la UCR aprobó además una inversión adicional de ₡514 millones (US$1.12 millones) para fortalecer los beneficios dirigidos principalmente a estudiantes de las categorías 4 y 5.

Entre los ajustes se incluyó un incremento en los beneficios destinados a alimentación, así como un aumento del 5% en el beneficio de residencias estudiantiles.

También se aplicaron ajustes de entre 2% y 4% en el beneficio de reubicación geográfica, dependiendo de la sede universitaria.

Otro de los cambios corresponde al mecanismo utilizado para calcular el primer depósito relacionado con gastos de carrera.

A partir del segundo ciclo de 2026, este cálculo garantiza al menos el 85% del monto mensual desde el inicio del ciclo lectivo, en lugar del mecanismo proporcional utilizado anteriormente.

La medida busca que quienes dependen de estos recursos puedan disponer de una mayor proporción del beneficio desde las primeras semanas del periodo académico.

Becas con mayor peso en algunas sedes

La dimensión del sistema también varía según la ubicación de los centros universitarios.

La UCR informó que en algunas de sus sedes regionales más del 93% de las personas estudiantes reciben algún tipo de beca socioeconómica, lo que evidencia el peso que tienen estos programas para garantizar el acceso a la educación superior fuera de la sede central.

“Se dicen un millón de estupideces”, sentenció a Infobae una fuente de la mesa política para desacreditar el tendal de versiones respecto al futuro de la reforma electoral, una de las claves del Gobierno, en el Congreso. Aún sin los apoyos necesarios, el Poder Ejecutivo mantiene la esperanza de tratarla “antes de fin de año”, aunque descuenta que primero deberán avanzar en los acuerdos con los gobernadores y espacios aliados.

Los planes de reelección de Javier Milei incluyen la necesidad de eliminar o -en el peor de los casos- suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para desarticular una de las herramientas para ordenar las internas.

Por eso, la mesa política se esfuerza por habilitar el debate del “ambicioso” proyecto, como lo califican, que ingresó por la Cámara de Senadores, pero que -hasta ahora- no cuenta con los votos necesarios para su tratamiento. Hasta entonces, en Balcarce 50 aseguran que siguen las conversaciones con los gobernadores, el PRO y la Unión Cívica Radical, pero rechazan haberlo conversado con el peronismo.

“No hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables. Nadie va a abandonar una herramienta”, se sinceró ante este medio uno de los alfiles legislativos que considera necesario dar garantías a los aliados para poder avanzar con los planes de la Casa Rosada.

El planteo parece compartido por varios integrantes de la mesa política que resolvió, durante su último intercambio, priorizar los proyectos económicos “transformacionales” por sobre el resto.

Una importante fuente, involucrada en la tarea, se mostró optimista, pero advirtió que la suspensión de las PASO parece ser el camino más potable. Además, sostuvo que del vasto articulado, las claves innegociables de la reforma giran en torno a simplificar el calendario electoral, reducir los costos millonarios que le calculan y restringir los espacios cedidos a los partidos políticos. “En año electoral, la gente apaga la televisión porque está saturada. Incluso meses antes de la elección”, explicó un funcionario.

Ese optimismo convive con una lectura más pragmática: ante la falta de votos, en el oficialismo admiten que la suspensión de las PASO podría ser la alternativa más viable.

“Yo le pondría una ficha a la ley enviada”, resisten desde el karinismo ante este medio. Lo cierto es que La Libertad Avanza ya activó el modo electoral y empezó a tender los primeros puentes con el PRO, que no parece coincidir con la necesidad de eliminar las primarias, y habilitó una mesa compartida con dirigentes de ambos espacios.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reactivó el diálogo con los gobernadores. Sobre este último punto, un sector del Ejecutivo considera que los acuerdos deben ser amplios y abarcar el terreno electoral y legislativo, mientras otros aseguran que se trata de un debate complejo que, si bien está vinculado, no resulta sencillo. “Lo ideal sería poner todo dentro de un mismo paquete, pero no es fácil”, se expidió un funcionario.

No obstante, hay coincidencias en que la administración libertaria deberá ampliar sus entendimientos si busca garantizar otros cuatro años de mandato.

Sobre el futuro de la reforma electoral, en Balcarce 50 analizan tres opciones: la primera, la de máxima, que consiste en avanzar en la eliminación de las PASO; una segunda alternativa, que implicaría solo suspender las primarias, como ocurrió en las legislativas de 2025; y por último, la chance de habilitar una PAS, es decir, erradicar la obligatoriedad de la interna.

Sin embargo, hay voces que no se muestran tan confiadas y consideran que no habrá respaldo para tratar el paquete que apuesta a modificar el sistema electoral rumbo al próximo año y que contempla además el proyecto de Ficha Limpia. “La reforma electoral probablemente no suceda y finalmente se terminen suspendiendo las PASO el año próximo”, vaticinó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Asimismo, hay quienes consideran que el Gobierno habilitó el debate de manera anticipada, lo que -entienden- resintió el vínculo legislativo en el Congreso. Ante ese escenario, Santilli intenta acercar posturas con los mandatarios provinciales, mientras varios integrantes del Gobierno aseguran que los primeros acuerdos electorales comenzarán a tomar forma durante octubre.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a sus recorridas con agenda y discurso propio. Ataviada con un sombrero y un poncho oficial santafesino que le regaló la senadora provincial por la UCR Leticia Di Gregorio, participó de la apertura de la Expo Venado 2026.

En un ambiente en el que parecía más ameno para criticar a la gestión de Javier Milei, Villarruel habló con los medios y aprovechó para disparar contra la política que lleva adelante la Casa Rosada y, mientras los ministros hacen fila para decir que los endeudados es un problema entre privados, dijo sentirse “angustiada por los argentinos que no llegan a fin de mes”.

Villarruel estuvo en la ciudad santafesina para realizar el corte de cinta junto al intendente de la ciudad y presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella; y cuando se pusieron los micrófonos adelante disparó. Rodeada de productores dijo que el futuro de la actividad “debe ser sin retenciones” y avanzó: “Nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones. Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”.

Pero si la foto con Chiarella no fuese suficiente –el radical forma parte del ala de la UCR que no quiere un acuerdo con LLA– la Vicepresidenta de la Nación, ya sin diálogo con el mundo libertario, avanzó y apuntó contra el corazón de las críticas que hoy recibe la Casa Rosada.

Entre los dichos que dejó, quien supo ser diputada nacional junto a Milei dijo que se siente “sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”. Y, mientras los funcionarios se encolumnan detrás del presidente Milei y repiten que no van a hacer nada para solucionar la creciente mora de las familias, dijo que “la clase política tiene que empezar a pensar en esos temas, casi con exclusión de todo el resto”.

Desde hace tiempo que Villarruel actúa como alguien ajeno a la administración libertaria y que sólo lo hace en un rol institucional. En las últimas horas aseguran que cuando estuvo en ejercicio del Ejecutivo nacional la llamó a la ministra de Seguridad Monteoliva para que brinde explicaciones en medio de la represión que se desarrollaba en las inmediaciones del Congreso y que se extendió hasta la 9 de Julio. Desde los libertarios se van turnando para pedirle la renuncia. Lo hizo Javier Milei, Patricia Bullrich, Lilia Lemoine y Diego Santilli que, en diferentes momentos, le pidieron o le solicitaron que ya van varios funcionarios nacionales y libertarios que la instaron a que renuncie al cargo.

Villarruel no solo que se niega a hacerlo sino que cada vez eleva más las críticas al presidente, su hermana y a la administración nacional. “Es fundamental pensar en una unión nacional sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro. En la Argentina, con nuestro potencial, debiera ser un futuro bueno, exitoso y, sin embargo, hoy tiene muchas complejidades”, dijo frente a los periodistas.

Previo a despedirse de los medios, dejó otro mensaje por elevación. “No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento”.

Hoy Villarruel no participa de los actos oficiales. Lejos quedó ese 9 de julio de 2024 en donde Milei y ella se montaban sonriendo en un tanque de guerra para desfilar. Hoy, mientras el presidente se dirigía a Plaza San Martín junto a casi todo su gabinete, la presidenta del Senado -que no fue invitada- recordó al general José de San Martín como uno de los principales referentes de la historia argentina. A través de una publicación en sus redes sociales, reivindicó su trayectoria militar y señaló que “su ejemplo es el norte de los argentinos que no se arrodillan y defienden la soberanía nacional todos los días”.

La pasada sesión del Senado no solo dejó una derrota para la Casa Rosada y su intención de eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales a capitales extranjeros y la eliminación de la ley de manejo del fuego, sino que además mostró una discusión sobre el reglamento que promete repetirse.

La senadora por el peronismo Anabel Fernández Sagasti pidió votar desde su provincia -Mendoza- porque el médico le prohibió viajar ya que cursa un embarazo de riesgo.

El oficialismo se negaba a que eso suceda -al igual que el PRO y la UCR-, pero se logró un acuerdo por el cual con el voto del peronismo se giró el pedido a la comisión de Asuntos Constitucionales con el argumento que significaba un cambio del reglamento.

La senadora mendocina no pudo votar -al igual que su colega radical Flavio Fama que había solicitado lo mismo- pero abrió el debate. “Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta”, para una situación puntual. Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave".

En la argumentación de su pedido Sagasti, que es una de las espadas del peronismo en el recinto, dijo que no es la primera vez que el Senado resuelve esto y puso como ejemplo el período de la pandemia, en donde la Cámara Alta sesionó de forma virtual con el aval de la Corte Suprema de Justicia y sin cambiar el reglamento. “Sabemos hacerlo cuando queremos”, agregó en un posteo en la red social X.

“Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo”.

La legisladora cercana a Cristina Fernández de Kirchner había realizado el pedido y la vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado la había habilitado ad referéndum del pleno del recinto, es decir, lo tenían que votar sus propios colegas en el inicio de la sesión.

Esto generó muchas discusiones. Primero un malestar propio dentro del bloque que, aseguran, algunos se enteraron por los medios del pedido de Fernández Sagasti. Lo segundo fue la modalidad.

“Estamos en un cuarto intermedio, si quieren agregar un tema en el temario de la sesión tienen que juntar los dos tercios y habilitar agregar el pedido y, de nuevo, juntar dos tercios para que sea aprobado porque no pasó por comisión”, explicó la líder del bloque libertario, Patricia Bullrich, en la previa a la sesión.

Finalmente se decidió, claramente en un acuerdo parlamentario entre el PJ y LLA que votaron juntos, pasar el tema a comisión para que resuelva ahí. “Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión”, señaló Fernández Sagasti.

Ante más de un millar de militantes, jóvenes y dirigentes reunidos en el Club Atenas de La Plata, el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, presentó la hoja de ruta del partido para los próximos desafíos electorales y de gestión en la provincia de Buenos Aires. En su discurso, pidió dejar atrás las discusiones internas y orientar el trabajo partidario a las demandas sociales.

En ese marco, reclamó una reorganización de la vida interna del radicalismo: “Quiero comités que dejen de ser espacios de catarsis, autoayuda o terapia colectiva, para volver a ser la usina de ideas y el motor del cambio hacia adelante que necesita la provincia de Buenos Aires”. También advirtió: “No quiero conducir un partido que termine siendo una mera federación de vecinalismos. Quiero conducir un radicalismo que tenga identidades locales fuertes, cercanía total con sus vecinos, y una mirada estratégica común para toda la Provincia”.

Balbín ratificó la vocación de gobierno del radicalismo en los 135 municipios bonaerenses y planteó su postura sobre alianzas electorales: “Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia”. El acto cerró con un llamado a la militancia: “Queremos el poder para gobernar. Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir”.

Entre los asistentes estuvieron el senador nacional Maximiliano Abad, el exvicegobernador Daniel Salvador, la diputada nacional Karina Banfi, el exdiputado Walter Caruso, intendentes, concejales y dirigentes políticos, además del presidente de la UCR Nacional Leonel Chiarella.

Precisamente Chiarella dijo que al radicalismo recorre “un camino de unidad y solidaridad, donde representemos la honestidad y el coraje de enfrentar lo que haya que enfrentar”.

“Es el partido de la gestión y de los resultados para transformarle la vida a la gente”, agregó y dijo que “es el radicalismo que estamos construyendo, el radicalismo que está marchando, un partido que cree en los proyectos colectivos y no en las salvaciones individuales y que creemos que el poder real lo tiene la gente para edificar una alternativa de poder nacional”

En paralelo, en la sede del radicalismo bonaerense se realizó una jornada encabezada por Balbín con intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, referentes territoriales y representantes de la OTR, la Juventud Radical y Franja Morada. Durante la actividad se entregaron certificados a presidentes de comités de distrito, a la Organización de Trabajadores Radicales y a integrantes del plenario.

Antes del acto de asunción, en el propio Club Atenas se llevó a cabo la Convención Provincial, que eligió su mesa de conducción y otros órganos partidarios.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) convirtió problemas cotidianos del sistema de salud en siete propuestas de innovación que buscan facilitar tratamientos, mejorar la seguridad de los pacientes y atender necesidades que, en algunos casos, todavía tienen pocas alternativas disponibles.

Los proyectos fueron desarrollados por estudiantes de la Facultad de Farmacia como parte del curso Gestión de la Innovación, impartido durante el primer semestre de 2026. Las iniciativas combinan investigación científica, desarrollo de productos y herramientas digitales con potencial para convertirse en emprendimientos vinculados al sector salud.

Una de las propuestas que más atención recibió fue Mucorilex, un enjuague bucal pensado para pacientes que enfrentan mucositis oral, una complicación frecuente de tratamientos contra el cáncer como la quimioterapia y la radioterapia.

La mucositis provoca inflamación, llagas y úlceras en la boca que pueden dificultar actividades tan básicas como comer, beber e incluso hablar. Según la información presentada por el equipo, entre 30% y 40% de los pacientes oncológicos pueden sufrir esta complicación.

El proyecto fue desarrollado por María Isabel Gómez Fernández, Alina Paola Vásquez Vásquez, María Paula Molina Orlich, María Daniela Alvarado Morales, Génesis Argüello Jiménez, Sofía Alejandra Torres Rodríguez y Mariel Duarte Ledezma, estudiantes de quinto año de Farmacia.

Mucorilex busca combinar un efecto anestésico local con componentes de origen vegetal capaces de favorecer la cicatrización y la hidratación de la mucosa. Uno de sus elementos diferenciadores es la incorporación de agentes mucoadhesivos, diseñados para permitir que los ingredientes activos permanezcan durante más tiempo en la zona afectada.

El producto todavía se encuentra en fase de incubación y no cuenta con un prototipo terminado. Los estudiantes buscan apoyo para desarrollar las primeras muestras, realizar pruebas de estabilidad y comprobar que la formulación pueda diferenciarse de las preparaciones magistrales que actualmente reciben algunos pacientes.

Una solución para recuperar el gusto durante el cáncer

Otra de las propuestas es Dulsense, un espray elaborado con ingredientes naturales que pretende ayudar a personas que padecen disgeusia, una alteración del sentido del gusto que puede afectar la alimentación y deteriorar la calidad de vida.

Los estudiantes encontraron que esta condición puede presentarse entre 20% y 90% de las personas con cáncer, dependiendo de los estudios y poblaciones analizadas. También identificaron afectaciones del gusto entre adultos mayores y personas con COVID-19 persistente.

El proyecto pretende actuar sobre los receptores del gusto para modificar la percepción del sabor dulce. El espray se aplicaría antes de comer y, de acuerdo con el equipo, comenzaría a actuar entre 30 y 60 segundos, con un efecto estimado de aproximadamente 30 minutos.

Los estudiantes también desarrollaron PasaGel, un gel oral de 30 mililitros diseñado para facilitar la deglución de comprimidos, particularmente entre personas adultas mayores que presentan dificultades para tragar medicamentos.

La iniciativa cobra relevancia ante el envejecimiento de la población costarricense. Las proyecciones citadas por los estudiantes indican que para 2050 Costa Rica podría tener cerca de 1,5 millones de personas mayores de 65 años.

Un “shot” para combatir el insomnio

El cuarto proyecto es Kapok, una solución bebible elaborada a partir de productos naturales para favorecer la relajación, mejorar el sueño y apoyar funciones cognitivas como la memoria y la concentración.

Los estudiantes señalaron que, durante el último año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habría diagnosticado aproximadamente 43.000 personas con insomnio, mientras que unas 160.000 personas han sido tratadas por este problema en la institución, sin incluir los casos atendidos en centros privados.

La propuesta se presenta como un shot y surgió, en parte, de la experiencia personal de Emily Savary, integrante del equipo, quien relató sus dificultades para dormir y la búsqueda de alternativas para enfrentar el insomnio. El grupo desarrolló cuatro prototipos con cuatro sabores antes de llegar a la propuesta actual.

La tecnología también entra en la farmacia

Las otras propuestas tienen un fuerte componente digital. Una de ellas es FarmaSafe, una plataforma que utiliza un asistente virtual para facilitar el reporte de reacciones adversas a medicamentos.

El equipo identificó un problema: Costa Rica ya cuenta con Noti-FACEDRA, pero su formulario puede resultar demasiado técnico para algunos pacientes. FarmaSafe pretende utilizar un lenguaje más sencillo para facilitar que las personas informen síntomas y otros datos relacionados con los medicamentos que consumen.

El proyecto pasó por ocho versiones antes de alcanzar su diseño actual. La información sería revisada por profesionales en Farmacia y posteriormente enviada al hospital, con el objetivo de contribuir a tratamientos más seguros y evitar combinaciones potencialmente riesgosas.

Por otro lado, MedSync busca resolver la fragmentación de información entre los sistemas público y privado. La plataforma permitiría, con autorización del paciente, compartir información sobre los medicamentos que utiliza, dosis y tratamientos.

Los estudiantes advierten que una persona puede recibir un medicamento en la CCSS y adquirir el mismo fármaco posteriormente en una farmacia privada, generando una posible duplicidad que el personal de salud podría no detectar. La iniciativa busca reducir esos riesgos mediante alertas y una mayor integración de los datos.

El equipo calcula que necesitaría una inversión inicial de ¢8 millones para validar el prototipo, el método y la seguridad de los datos.

Finalmente está FarmaRural, una plataforma orientada a conectar a pacientes con farmacias independientes cercanas y mostrar en tiempo real si un medicamento está disponible, agotado o tiene poca disponibilidad.

La idea nació a partir de experiencias de personas que deben recorrer largas distancias para conseguir un medicamento. Una de las integrantes recordó el caso de su madre, quien necesitó un fármaco que no estaba disponible en la farmacia de su comunidad y tuvo que esperar cerca de una semana para conseguirlo.

El modelo plantea que la aplicación sea gratuita para los usuarios, mientras que las farmacias pagarían una membresía inicial de US$30 mensuales para aparecer en la plataforma y publicar su inventario.

En conjunto, las siete propuestas muestran cómo los estudiantes de la UCR están intentando transformar problemas concretos del sistema sanitario en soluciones que combinen ciencia, tecnología y emprendimiento. Aunque varias todavía se encuentran en etapas tempranas y requieren inversión, pruebas o validación, sus desarrolladores buscan que los proyectos puedan salir del ámbito académico y convertirse en herramientas disponibles para pacientes y profesionales de la salud.

La Universidad de Costa Rica (UCR) anunció una inversión adicional superior a ₡514 millones (unos USD 1.13 millones) para fortalecer su sistema de becas socioeconómicas durante el segundo ciclo lectivo de 2026, una medida que beneficiará principalmente a estudiantes de las categorías 4 y 5 mediante aumentos en los apoyos económicos destinados a alimentación, reubicación geográfica, residencias estudiantiles y gastos de carrera.

La decisión busca aliviar el impacto que ha tenido el incremento en el costo de vida sobre miles de universitarios en condición de vulnerabilidad económica y, al mismo tiempo, fortalecer las condiciones para que puedan mantenerse en las aulas hasta concluir sus estudios.

Según informó la institución, los recursos adicionales permitirán actualizar varios de los beneficios que reciben las personas becarias, luego de estudios técnicos desarrollados por la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS), que evaluó la necesidad de ajustar los montos para responder a la realidad económica que enfrentan los estudiantes en distintas regiones del país.

El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, señaló que el fortalecimiento del sistema de becas responde al compromiso institucional de garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes provenientes de hogares con mayores limitaciones económicas.

Uno de los cambios más relevantes corresponde al beneficio para gastos de carrera. Hasta ahora, el primer depósito de cada ciclo lectivo se calculaba de manera proporcional según la fecha de inicio de las clases, lo que reducía el monto disponible para cubrir los gastos propios del comienzo del semestre.

Con la nueva disposición, ese primer depósito no podrá ser inferior al 85% del beneficio mensual, lo que representa un incremento importante para quienes necesitan adquirir materiales, equipos o cubrir otros costos académicos desde los primeros días del ciclo.

Como ejemplo, una persona estudiante que recibe un beneficio mensual de ₡67,108 (USD 147) anteriormente habría obtenido ₡47,647 (USD 105) al inicio del semestre. Con el nuevo mecanismo, el monto ascenderá a ₡57,041 (USD 125), siempre que el estudiante cumpla con los requisitos establecidos para conservar la beca.

La Universidad también aprobó un incremento del 5% en el beneficio destinado a residencias estudiantiles, dirigido a quienes deben trasladarse lejos de sus comunidades para cursar sus estudios superiores.

En el caso de la reubicación geográfica, el ajuste variará según la sede universitaria. Para la Sede Rodrigo Facio, la Sede de Guanacaste —incluidos Liberia y Santa Cruz— y la Sede Interuniversitaria de Alajuela, el aumento será del 4%, elevando el beneficio hasta ₡94,917 (USD 209).

Mientras tanto, para las demás sedes y recintos universitarios el incremento será del 2%, con un monto de ₡93.091 (USD 205). Estos porcentajes se suman al ajuste extraordinario del 3% aprobado en mayo de este año, lo que implica que este beneficio acumula un crecimiento superior al 10% desde inicios de 2025.

Otro de los cambios anunciados contempla un incremento del 15% en el monto diario asignado para otros tiempos de alimentación, con el propósito de contribuir a que las personas estudiantes puedan cubrir una mayor parte de sus gastos alimentarios.

La institución también informó que analiza un eventual aumento en el beneficio de transporte, iniciativa que requeriría una inversión cercana a ₡50 millones (unos USD 110.000) adicionales.

La UCR recordó que el sistema de becas se asigna de manera individual, por lo que los montos varían dependiendo de la situación socioeconómica y académica de cada estudiante.

Con las modificaciones aprobadas, una persona con beca categoría 5, que cumpla con los requisitos académicos y reciba beneficios por pobreza extrema, alimentación, reubicación geográfica y gastos de carrera, podrá recibir cerca de ₡350,000 mensuales (unos USD 769), además de la exoneración total del pago de matrícula.

En otros casos, estudiantes de esa misma categoría pueden recibir apoyos que oscilan entre ₡120,000 (USD 264) y ₡300,000 mensuales (USD 659), dependiendo de los beneficios asignados.

Por su parte, quienes cuentan con una beca categoría 4, además de mantener la exoneración del 100% del costo de matrícula, podrían recibir alrededor de ₡170,000 mensuales (USD 374) si acceden a beneficios como alimentación y reubicación geográfica.

La Universidad destacó que estos incrementos forman parte de una política institucional de fortalecimiento sostenido del sistema de becas. Entre 2019 y 2025, la inversión anual destinada a este programa creció cerca de un 40%, al pasar de ₡28,366 millones (unos USD 62.34 millones) a ₡39,755 millones (unos USD 87.37 millones).

Para el presente año, el presupuesto destinado a becas alcanzó una cifra histórica de ₡41,398 millones (unos USD 90.98 millones), pese a que el crecimiento de los recursos provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) ha sido considerablemente menor durante ese período.

Actualmente, más de 23,000 estudiantes reciben una beca socioeconómica en la Universidad de Costa Rica, lo que representa más de la mitad de la población estudiantil. En algunas sedes regionales, incluso, la cobertura supera el 85%.

Solo durante el primer semestre de 2026, la institución otorgó 4,697 nuevas becas, de las cuales 3,887 fueron asignadas a estudiantes de nuevo ingreso.

La universidad también recordó que, desde el primer ciclo lectivo de 2025, los depósitos correspondientes a las becas socioeconómicas se realizan antes del inicio de las clases, una medida que busca que los estudiantes cuenten con recursos suficientes para cubrir gastos esenciales como alojamiento, alimentación, transporte y materiales académicos desde el primer día del semestre.

Con esta nueva inversión, la UCR reafirma su apuesta por una educación superior pública inclusiva y por un sistema de becas que permita reducir las barreras económicas que enfrentan miles de jóvenes para acceder y permanecer en la universidad. Las autoridades recordaron que los beneficiarios deben cumplir con requisitos como la carga mínima de créditos matriculados y un promedio académico determinado para conservar el 100% de los beneficios, e invitaron a quienes tengan consultas a acercarse a la Oficina de Becas o a los servicios de apoyo de cada sede universitaria.

En diálogo con Infobae al Regreso, los senadores Mariano Recalde (Unión por la Patria), Eduardo Vischi (UCR) y Martín Goerling (PRO) defendieron posiciones contrapuestas sobre el proyecto y explicaron por qué consideran que el país necesita —o no— modificar la legislación vigente.

Recalde: “Eliminaban las protecciones que tenía la ley”

El senador de Unión por la Patria sostuvo que la iniciativa implicaba desmantelar resguardos que consideró fundamentales para preservar recursos naturales y evitar la concentración de tierras.

“La modificación que querían hacer era realmente muy grosera”, afirmó. Y agregó: “Lo más preocupante para nosotros era que eliminaban las restricciones o las protecciones que tenía la ley. Se protegían los acuíferos, las zonas estratégicas y se evitaba la gran concentración de tierras”.

Para Recalde, detrás de la reforma existían intereses económicos concretos. “Hay grupos interesados en venir a llevarse rápido, antes de que cambie el Gobierno el año que viene, recursos que son escasos en el mundo”, aseguró.

También rechazó el argumento de que una mayor apertura permitiría atraer inversiones. “Desde que está Milei la inversión extranjera directa es negativa. Y dicen que para que vengan las inversiones hay que flexibilizar la protección ambiental, destruir los glaciares y entregar los acuíferos”, cuestionó.

Vischi: “Que las provincias decidan”

Desde la UCR, Eduardo Vischi defendió una postura distinta. Si bien reconoció que el proyecto original fue modificado en numerosas oportunidades, sostuvo que la versión que finalmente iba a debatirse buscaba fortalecer el federalismo y permitir que cada provincia definiera su política territorial.

“Lo que estamos planteando es que las provincias puedan tener la plena potestad de llevar adelante la planificación estratégica de su territorio”, sostuvo. Y resumió la posición radical: “Las provincias que decidan si quieren poner cinco, siete o quince” como límite a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Vischi rechazó además la idea de que toda inversión extranjera represente un riesgo para la soberanía. “El problema no es si es extranjero o no; el problema es qué hace con la tierra”, afirmó, y sostuvo que la defensa de las fronteras corresponde al Estado nacional, no a la ley de tierras.

El senador correntino también atribuyó buena parte de la polémica a una falla comunicacional. “Se discutió mucho sobre temas que no están en la ley” y consideró que “no se explicó bien lo que se estaba planteando”.

Goerling: “La ley devolvía facultades a las provincias”

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, coincidió en que la discusión debía centrarse en la autonomía provincial y aseguró que trabajó en las modificaciones introducidas al proyecto original.

“Era una ley para votarla. La fuimos mejorando y cambiando desde una mirada federal”, afirmó. Según explicó, el objetivo era que “las provincias fijaran qué quieren hacer con su suelo”, porque “cada provincia es muy diferente en la Argentina”.

Como ejemplo, mencionó el caso de Misiones, donde sostuvo que la legislación vigente limita la posibilidad de recibir nuevas inversiones. “Yo quiero recibir una inversión fuerte y no lo puedo hacer. Me está limitando un techo nacional a mi realidad”, señaló.

Goerling también cuestionó que durante la discusión pública se instalara la idea de que un comprador extranjero podría disponer libremente de los recursos naturales. “Cualquiera que compre una tierra, sea argentino o extranjero, no puede hacer lo que quiera en territorio argentino. Tiene que cumplir las leyes nacionales, locales y municipales”, sostuvo.

Al igual que Vischi, atribuyó la caída del proyecto a un problema de comunicación. “Hubo un error comunicacional muy grave del Gobierno. Se empezó a discutir sobre un dictamen original que sufrió dieciséis modificaciones y se terminó debatiendo sobre cuestiones que no eran las que se iban a votar”, concluyó.

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Al igual que ayer y, en una decisión que ya levanta bronca en varios bloques, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilitó que el radical Flavio Fama, operado de una rodilla en días recientes, sesione mañana por la vía virtual. Esto no es definitivo, ya que la decisión final será del pleno, que es soberano, y lo que seguro traerá es más conflicto de cara a las próximas horas.

Según constató Infobae, antes de las 17.30 de la jornada de hoy comenzaron a realizarse pruebas en el recinto y apareció el decreto de Villarruel que permitirá lo mismo que solicitó y avaló ayer a la cristinista Anabel Fernández Sagasti. La mendocina presenta un cuadro distinto al del catamarqueño: se encuentra con un embarazo avanzado y de reposo por indicación de su médico.

“Póngase en conocimiento del H. Senado de la Nación la solicitud formulada por el señor Senador Nacional por la Provincia de Catamarca, Flavio Sergio Fama, tendiente a que se autorice su participación remota o virtual, con voz y voto, en términos análogos a los dispuestos en el DPP N° 66/26 -en razón de la restricción médica acreditada mediante la documentación adjunta a su presentación-, a fin de que el Cuerpo adopte la resolución que estime pertinente", reza el primer artículo del texto. El decreto al que hace referencia es el rubricado ayer para el caso de Fernández Sagasti.

Mientras continúan los ensayos en el recinto, desde el oficialismo y las principales bancadas aliadas comentaron a este medio la “bronca” que se incrementa contra la Vicepresidenta. De hecho, en las dos reuniones de más temprano -libertarios y aliados; y sólo de mileístas-, mientras se caía el capítulo de la venta de tierras a extranjeros de la ley de propiedad privada, los comentarios negativos sobre el accionar de la titular del Cuerpo coparon ambos convites. “Gravísimo error creerse la dueña de la ‘Casa’. Nada que venga de ahí sorprende a esta altura”, sentenció un referente.

Hay otra determinación de Villarruel que no resiste análisis, aunque tampoco gustará a legisladores. Fue adelantada por Infobae el 5 de julio pasado: Villarruel firmó el regreso de todas las versiones originales en cuanto a la integración de las comisiones y, salvo casos justificados, no validará modificaciones de último minuto entre los senadores para que cualquier reemplazo ayude, con su presencia, a firmar dictámenes.

En el primer semestre de 2026 y, según un relevamiento realizado por este medio -en base a anuncios realizados al inicio de cada cónclave, de fácil supervisión en versiones taquigráficas-, los cambios sorpresivos se convirtieron en moneda corriente. ¿Qué implicaba ello? Que políticos con supuesta experiencia en una cierta cantidad de comisiones participaran de un puñado de encuentros y, a la hora de firmar dictamen, apareciera otro colega.

Sin quorum por Súper RIGI

Pasó desapercibido, pero el mismo día en el que el Gobierno tuvo que borrar el capítulo de venta de tierras a extranjeros de la ley de propiedad privada, en la Cámara alta se dio comienzo a la discusión del proyecto que impone el Súper RIGI y los libertarios no lograron el quorum en las tres comisiones que intervendrán en el debate.

Justo fue la de Presupuesto, que es la cabecera y presidida por el mileísta Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires), la que falló. El reglamento permite, pasada la media hora, comenzar con el tercio de los presentes, pero sin la posibilidad de dictaminar. Las otras dos sí cumplieron: Economía Nacional -comanda el jefe macrista, el misionero Martín Goerling-; y Legislación General. Hubo promesas para que asistan funcionarios de Economía y otros invitados que propondrán los diferentes bloques antes de avanzar con el asunto.

Seguramente no debería ser yo sólo quien escribiera este artículo, pero me he cansado de pedirles a mis amigos radicales y del PRO que no pueden callarse más y deberían ser muchas las voces que aclarasen algunos despropósitos y contestaran los agravios más ofensivos.

La centro izquierda: hasta 1990, la representación de la Internacional Socialista –o Centro-Izquierda– estaba en las manos del Partido Socialista Popular, presidido por el Diputado Santafesino Guillermo Estevez Boero. Para ese entonces, después de años de pretender incorporarse, la UCR, presidida por Raúl Alfonsín, logra ser aceptada (bajo el patrocinio del propio Estevez Boero). El peso de la UCR, frente al pequeño y dividido Partido Socialista, hizo que la UCR ocupara la Presidencia Latinoamericana y una Vicepresidencia Internacional de dicha organización. En la actualidad, Jesús Rodríguez, por la UCR, es el Presidente del Socialismo latinoamericano y el vicepresidente global de esta tendencia, acompañando a Pedro Sánchez –presidente del gobierno español y del PSOE– quien ejerce la conducción de la Internacional Socialista.

Es decir, en los últimos 30 años, la UCR se ha convertido en una fuerza muy significativa de la izquierda latinoamericana, junto al PT brasilero, los partidos socialistas de Chile, Uruguay y otros partidos de la región, expresando el llamado “pensamiento progresista”.

La centro derecha: en los 90, el PRO reemplazó al Justicialismo en la UDC –la centro-derecha– con eje en el PPE –Partido Popular Europeo–.

El peronismo: el Kirchnerismo, desde que tomó el control del Peronismo, se corrió hacia una suerte de “Populismo de Izquierda”, minado por altas cuotas de corrupción.

La derecha dura: recién aparece hace 3 años LLA, partido de la llamada “Nueva Derecha” liderada en el mundo por el sector del Partido Republicano Norteamericano que responde al actual Presidente Donald Trump. Esta corriente abjura del “Liberalismo Clásico”, al que considera obsoleto e incapaz de combatir a la “amenaza comunista” que se parapeta detrás del “discurso WOKE” con sus banderas medioambientales, de igualdad de género y de infiltración en las instituciones democráticas desde las que, según esta ideología, se pretende sustituir las “libertades” con las banderas “estatistas y socializantes”.

LLA llega a la cola de esta corriente, iniciada y liderada por Donald Trump desde el 2016, cuando alcanza su primer mandato como Presidente de los EEUU.

En Europa, en forma convergente, se desarrollan partidos de derecha dura en España, Francia, el RU, Italia, Austria, Países Bajos, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Alemania.

En América Latina, hubo una “ola” de izquierda en los últimos 20 años y hoy vemos una nueva ola por derecha…esto debe ser tomado como “normal” en una región con Constituciones Liberales que consagran la alternancia y la diversidad como principios rectores.

Las formas convergentes desde la centro izquierda a la centro derecha, estimulan la búsqueda de consensos permanentes. Es el caso de Alemania, donde cogobiernan durante los últimos 14 años, los primeros 12, conducidos por la dirigente social cristiana Ángela Merkel (ahora lo hace la centro-izquierda, y se mantienen juntos para frenar a los Neo Nazis, que hoy son la segunda fuerza).

Otro tanto ocurrió en Argentina donde Juntos por el Cambio conformó una alianza semejante y en Brasil se sigue realizando una experiencia similar, solo que dirigida por el PT -la izquierda- teniendo a importantes dirigentes del PSDB –el centro-derecha– comprometidos en esta experiencia frentista.

Geraldo Alckmin, exgobernador de San Pablo y rival del Presidente Lula, es hoy el vice presidente de Brasil y ejerce simultáneamente el cargo de Ministro de Industria y Comercio (recordemos también que es nuevamente candidato a Vice presidente, acompañando a Lula en las próximas elecciones de octubre). Alckmin es el máximo discípulo del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.

Es de destacar que, en toda la región, se está planteado una REACCIÓN por Derecha para enfrentar las posiciones lideradas por la izquierda, que detenta tendencias de autoritarismo extremo en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En Argentina, la ABDICACIÓN tanto de la UCR como del PRO (y del mismo Justicialismo Histórico), al abandonar tanto sus posiciones tradicionales así como la tarea de renovarlas conforme a los nuevos tiempos y desafíos, dejó sin representación al Centro Democrático, denostado por LLA con términos crecientemente agraviantes, sin respuesta política adecuada a la gravedad del vacío político-institucional que hoy estamos atravesando.

Tanto el PRO, como la UCR y la CC (hoy con Lilita Carrió concentrada en la venta de su colección de ropa por Tic-Toc), han renunciado al espíritu FRENTISTA fundamental para defender acuerdos de gran CONSENSO político y social.

El Presidente Milei y la expresidenta Cristina han logrado monopolizar y extremar el espectro ideológico argentino, dejando sin representación a una franja muy importante que significa, como mínimo, un tercio del espectro global.

Esta apretada síntesis describe, con dolor, un vacío que logra desorientar a la opinión pública dejándonos sometidos a una suerte de DELIRIO que va desde la “campaña anti-argentina” hasta la “conveniencia de destruir el Estado”, por un lado, y la vuelta al PASADO, por el otro.

No será fácil salir de este intríngulis que significa un gran retroceso comparado con la rica historia política e ideológica que transitamos desde hace más de 200 años.

Hay que reconocer que el único dirigente que expresa con claridad su ideología es el Presidente Milei, rodeado solo por una corte de “incondicionales” que levantan el dedo pulgar y vociferan “viva la libertad, Carajo” mientras se apropian del Estado y gozan de sus prebendas. Su gran AVANCE fue instalar el EQUILIBRIO FISCAL, y esperemos que quede para SIEMPRE.

El mundo viene transitando una década caracterizada por el extremismo de los Trump, Putin, Netayahu, Hamas, los Ayatolas Iraníes y otros delirios menores. Ese ciclo está llegando a su fin y la próxima derrota electoral de Trump en los EEUU será un punto de inflexión que también afectará a nuestra región.

Será nuestra oportunidad y responsabilidad salir de la OSCURIDAD y reconstruir nuestro destino, recurriendo a nuestra rica experiencia histórica, haciendo la debida AUTOCRÍTICA, incorporando los avances de la IA y dando respuesta a las nuevas problemáticas, como el Cambio Climático.

Con mucha dificultad, estamos construyendo una Gran Nación, que deberá encontrar un camino para salir definitivamente de la GRIETA y de la actual confusión. Nuestros vecinos de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay ya lo han logrado, pasando en los últimos años de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sin alterar sustancialmente el rumbo. Nosotros somos los que venimos más rezagados. Hoy

Es hora que nos integremos al vecindario, que está viviendo su momento de mayor estabilidad y credibilidad.

El objetivo que se puso el Gobierno para el año que viene reconfiguró su mapa de alianzas. Es sabido que la suspensión de las PASO y los acercamientos que lidera Diego Santilli con los gobernadores buscan garantizar la reelección de Javier Milei. Ese cambio de estrategia profundizó las dudas dentro de un sector de la oposición de Córdoba sobre las verdaderas intenciones que tiene La Libertad Avanza de ganar la Gobernación. En concreto, algunos creen que Martín Llaryora podría ayudar a dividir el voto peronista a nivel nacional a cambio de garantías para volver a ganar su provincia.

En las encuestas que analizan en la Casa Rosada, según explicaron a Infobae, hay números que muestran que La Libertad Avanza tiene grandes chances de arrebatarle la provincia al peronismo local. “Hay mucho hastío”, observan. Un dato que los dirigentes locales advierten hace tiempo, tras casi 28 años de gestión del mismo partido, pero que la división del arco opositor imposibilitó en varias oportunidades una alternancia de poder.

En 2023, Juntos por el Cambio logró unificar a todos los sectores con Luis Juez como candidato a gobernador y estuvo a muy pocos puntos de vencer la propuesta de Juan Schiaretti que aquel año postuló a Llaryora como su sucesor. Hoy es Gabriel Bornoroni quien representa a Milei en Córdoba, pero todavía no tuvo la confirmación para encabezar la lista. El senador Juez también pelea por ese puesto, al igual que el radical Rodrigo de Loredo.

La reunión que tuvo Santilli con Manuel Calvo, flamante jefe de Gabinete de Córdoba, encendió algunas alarmas en la oposición local. Según la información oficial, conversaron sobre los pagos que viene efectuando el Ejecutivo nacional de la deuda que mantenía con la provincia en materia de Consenso Fiscal, el programa vinculado a la Caja de Jubilaciones y hasta la posibilidad de hacer el traspaso de la Ruta 19 para realizar obras, al igual que hicieron con Santa Fe.

Según algunos opositores cordobeses, Llaryora usó la foto de ambos funcionarios como una muestra de buena sintonía con la Casa Rosada. En síntesis: un paso más en un posible acuerdo electoral.

¿Cómo sería ese acuerdo? La versión más fuerte plantea que Llaryora se dedicaría a fortalecer una lista presidencial de un peronismo federal que “le robe votos” a Axel Kicillof o a quien se postule por ese sector, para ayudar con la reelección de Milei. Algunos se animan a decir que Sergio Uñac podría ser ese aliado que el cordobés necesita. A cambio, la Casa Rosada haría una campaña lavada en la provincia, con una lista menos potente y sin visitas del Presidente.

“Quieren instalar ese rumor, pero es mentira. Llaryora vendió que la plata que le dieron de la deuda es un principio de acuerdo electoral”, dicen los dirigentes que ya forman parte de la alianza libertaria. De hecho, mencionan que recientemente Santilli también recibió a Bornoroni, que envió a las autoridades del Banco Nación para que se reunieran con los intendentes aliados, entre otros gestos que enumeran para sostener que la Casa Rosada busca ganar la provincia.

Es más, como se prevé que Llaryora desdoble la elección para abril o junio, advierten que sería un antecedente negativo para la pelea de octubre, en la que Milei buscará la reelección. Además de tener un lugar importante en el padrón electoral, Córdoba es la provincia más antikirchnerista, la que más aportó al triunfo de Mauricio Macri en 2015 y una de las que más apoyo libertario muestra en las encuestas. “La prioridad para el Gobierno es que Córdoba se pinte de violeta porque hay buenos números”, insisten los dirigentes opositores.

La necesidad de lograr la unidad

Más allá de las especulaciones sobre supuestos acuerdos entre la Casa Rosada y Llaryora, la oposición local necesita imperiosamente lograr la unidad. El problema es que hay tres nombres en danza que no quieren dar el brazo a torcer. Juez, que ya perdió en tres oportunidades, dice que no va a deponer sus aspiraciones mientras sus encuestas lo muestren competitivo. Bornoroni, por su parte, tiene poco nivel de conocimiento, pero sabe que el sello de La Libertad Avanza le garantiza competitividad. En las mismas circunstancias arrasó Gonzalo Roca en las legislativas de 2025.

En la lista también se anota De Loredo, quien todavía no forma parte del frente opositor. El dirigente radical ya tuvo una mala experiencia con los libertarios en las negociaciones del año pasado, que lo dejaron sin posibilidades de renovar su banca en la Cámara de Diputados. Sin embargo, cree que puede dar la pelea para el próximo año o, en todo caso, lograr la mayor representatividad de la UCR en las listas. El problema es que, para eso, necesita que el partido centenario se encolumne detrás de su liderazgo, un objetivo que parece cada vez más lejano.

Recientemente tuvo un revés dentro del Comité, cuando la votación para la prórroga de las autoridades fracasó. De Loredo denuncia que en esa interna se metió el PJ comprando voluntades para dividir al radicalismo. Otro sector dice que, en realidad, hay un fastidio con su conducción. “Subestimó la elección, no la trabajaron y creyeron que estaba todo bien”, dicen.

El tema es que De Loredo vive una encrucijada: las encuestas le muestran números negativos cuando lo relacionan con la UCR, pero necesita del partido para poder ser candidato a gobernador. Además, con el fracaso de la prórroga de las autoridades partidarias, está obligado a ir a una interna o llegar a un acuerdo con sus correligionarios, muchos de ellos con intenciones de confrontarlo. El calendario tampoco ayuda: el próximo mes tiene que resolver la disputa para, después, poder negociar con el gobierno nacional.

La cadena nacional que encabezó el presidente Milei dejó en claro que en el segundo semestre el Gobierno pretende retomar el control de la agenda del Congreso con una batería de proyectos de alto impacto político. El martes de la semana que viene el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con los jefes de bloques aliados y dialoguistas para negociar un cronograma de trabajo. Las prioridades son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Inocencia Fiscal II y la Inviolabilidad de la Propiedad Privada (actualmente en el Senado). Pero según explicaron fuentes de La Libertad Avanza, la idea es incluir en los temarios de las próximas sesiones algunos proyectos de la oposición para fortalecer los consensos.

Si bien es una práctica habitual en el Congreso, los libertarios no mostraron en la primera mitad del año demasiado interés en dejar prosperar las iniciativas del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales en la Cámara de Diputados. En contraste, Patricia Bullrich dio recientemente algunas señales a los aliados: en la última sesión aprobó la declaración de Tucumán como capital simbólica, una iniciativa de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y prevé incluir el proyecto sobre falsas denuncias en casos de violencia de género de la radical Carolina Losada. Son proyectos sin costo para el Gobierno pero ayudan a aceitar las relaciones.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO ratificaron las prioridades que le comunicaron al oficialismo hace dos meses, entre las que se destacan proyectos para reformar el Código Penal, como el agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo y para el asesinato de policías, y la Ficha Limpia. También buscan avanzar con una nueva ley de desalojos y de combate a las usurpaciones de tierras; una reforma del sistema de financiamiento de los partidos políticos y un proyecto que permita sembrar en las tierras ociosas al costado de las rutas nacionales. El listado se completa con iniciativas para combatir el vandalismo rural y el grooming, implementar inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles y para prevenir el suicidio adolescentes.

“Nosotros tenemos por práctica no dar quórum en sesiones donde no firmamos la convocatoria, por lo que creemos que el oficialismo va a tener que incluir temas nuestros y de otros bloques si quiere tratar los proyectos que anunció Milei. Algo van a tener que negociar”, explicó un diputado amarillo.

Desde el radicalismo explicaron que recién a principios de la semana que viene definirán como bloque sus prioridades legislativas. Pero uno de los proyectos que está en carpeta propone la devolución del IVA a las compras de extranjeros para fomentar el sector turístico. No obstante desde el bloque reconocieron que es probable que la principal moneda de negociación sean las obras de infraestructura que formarán parte de la discusión del Presupuesto 2027, un tema mucho más importante para los gobernadores, que tienen fuerte ascendencia sobre la bancada.

Por su parte, el ecléctico bloque Provincias Unidas también impulsa el tratamiento de Ficha Limpia y suma algunos proyectos para favorecer el desendeudamiento de las Pymes. En el caso de los diputados de Santa Fe en particular, han presentado proyectos para ampliar la competencia provincial en materia de estupefacientes. Mientras que los de Córdoba, varios de los cuales responden directamente al gobernador Martín Llaryora, sostienen su reclamo de reformar la ley de biocombustibles para aumentar el porcentaje de bioetanol y biodiesel en los combustibles. Además, al tratarse de provincias productoras, tanto cordobeses como santafesinos reclaman la baja de las retenciones. “Son reclamos históricos”, explicaron, aunque reconocieron que tienen pocas chances de ser aceptados por el oficialismo.

El próximo martes por la tarde, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibirá a los jefes de bloques aliados para comenzar a diseñar una ingeniería política que permita dejar a todos conformes.

Los libertarios apuestan a conseguir la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de que termine agosto, para poder empezar a negociar el Presupuesto 2027 desde una posición de fuerza. Tal como indica la ley de administración financiera, el Gobierno debe enviar el proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre.

El próximo miércoles a la mañana también comenzará formalmente el tratamiento de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal del proyecto de ampliación del régimen de Inocencia Fiscal.

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) emitió un contundente pronunciamiento en defensa del Estado de derecho, la independencia judicial y la democracia costarricense, en el que expresó su “profunda preocupación” y su “firme rechazo” a las declaraciones realizadas durante el acto oficial del pasado 25 de julio en Nicoya, con motivo del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya.

Mediante un acuerdo aprobado en la sesión ordinaria N.° 7010 del 29 de julio de 2026, el máximo órgano universitario cuestionó las manifestaciones pronunciadas por el expresidente Rodrigo Chaves Robles, en las que planteó ante el público la posibilidad de una dictadura y del cierre del Poder Judicial, al considerar que ese tipo de afirmaciones adquieren una especial gravedad cuando provienen de una alta autoridad del Estado.

La Universidad sostiene que en una democracia consolidada como la costarricense esas expresiones “no pueden ser consideradas una simple provocación ni un recurso retórico”, debido al peso institucional que tienen las palabras emitidas por quienes ejercen funciones públicas.

El Consejo Universitario recordó que la Constitución Política surgió como un pacto social tras la guerra civil de 1948 precisamente para evitar la concentración arbitraria del poder y garantizar un sistema basado en la separación e independencia de los poderes públicos, la supremacía de la ley y la protección de los derechos fundamentales.

En ese contexto, la UCR citó los artículos 3 y 9 de la Constitución Política, los cuales establecen que nadie puede arrogarse la soberanía nacional y que el Gobierno de la República se ejerce mediante poderes distintos e independientes entre sí, principios que —según la institución— constituyen la base del modelo democrático costarricense.

“Las dictaduras no representan una alternativa”

Uno de los apartados más enfáticos del pronunciamiento sostiene que las dictaduras nunca pueden ser consideradas una opción política válida.

“La evidencia histórica es inequívoca: los Estados autoritarios y totalitarios impiden el ejercicio de las más básicas libertades, empezando por la libertad de pensamiento”, señala el documento.

La Universidad argumentó que combatir la corrupción o corregir las deficiencias institucionales no puede hacerse debilitando la democracia, sino mediante reformas que fortalezcan los mecanismos de control, la transparencia y la participación ciudadana.

Asimismo, el Consejo Universitario defendió la autonomía del Poder Judicial y afirmó que contar con un presupuesto sólido ha permitido consolidar una justicia independiente, diferenciando a Costa Rica de otros países de América Latina donde, según indicó, la injerencia política ha debilitado a los tribunales.

El documento reconoce que el sistema judicial requiere reformas para mejorar su funcionamiento, pero sostiene que estas deben responder a criterios técnicos y no a intereses políticos que comprometan su independencia.

Advertencia sobre el debilitamiento institucional

El acuerdo también advierte sobre los riesgos de normalizar discursos que planteen la ruptura del orden constitucional.

Según la UCR, las democracias no desaparecen de manera repentina, sino que suelen deteriorarse progresivamente mediante el debilitamiento de las instituciones y la modificación del lenguaje político.

“Antes de que las instituciones sean debilitadas, suele transformarse el lenguaje que las protege”, señala el texto, que agrega que aceptar como posibles escenarios la clausura de poderes o el autoritarismo puede erosionar los consensos democráticos construidos durante décadas.

Como parte de esa reflexión, el Consejo Universitario recordó antecedentes históricos tanto nacionales como regionales. Mencionó la dictadura de los hermanos Tinoco, ocurrida hace más de un siglo en Costa Rica, así como diversas experiencias autoritarias registradas en América Latina, señalando que esos episodios dejaron profundas consecuencias políticas, sociales y humanas.

Solidaridad con el Poder Judicial

La Universidad manifestó además su solidaridad con el Poder Judicial y con las personas funcionarias cuya labor consiste en garantizar el acceso a la justicia y la protección del Estado de derecho.

El pronunciamiento aclara que respaldar la independencia judicial no implica eximir al sistema de críticas o de eventuales reformas, sino reconocer que ninguna democracia puede subsistir sin instituciones capaces de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos del poder público.

En esa línea, el Consejo Universitario insistió en que cualquier proceso de modernización del Poder Judicial debe fortalecer sus capacidades sin comprometer su autonomía frente a los demás poderes del Estado.

Llamado al Poder Ejecutivo

Como parte de las conclusiones, el Consejo Universitario hizo un llamado al Poder Ejecutivo para que rechace “de forma clara e inequívoca” cualquier manifestación que pueda interpretarse como una legitimación de la ruptura del orden constitucional o del debilitamiento de la separación de poderes.

Asimismo, instó a la Presidencia de la República a reafirmar públicamente el compromiso del Gobierno con la Constitución Política, el Estado social y democrático de derecho, la independencia del Poder Judicial y los principios republicanos que sustentan la institucionalidad costarricense.

La Universidad de Costa Rica reiteró que su misión legal incluye la formación de una ciudadanía crítica y la defensa de los valores democráticos, razón por la cual consideró necesario pronunciarse ante lo que calificó como un escenario de especial preocupación institucional.

El acuerdo concluye con un llamado a la ciudadanía a reflexionar sobre el impacto que tienen los discursos emitidos desde el poder político y a preservar los principios constitucionales que, durante más de siete décadas, han sustentado el sistema democrático costarricense.

El jueves de la semana que viene el Senado de la Nación retomará el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, a pocos días de que termine el receso invernal, el oficialismo todavía no cuenta con los votos para asegurar la media sanción, principalmente por el rechazo de los aliados al capítulo del proyecto que propone eliminar los límites para la venta de tierras a extranjeros.

Si bien el amplio proyecto que diseñó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también contempla mecanismos para agilizar los desalojos, cambios en la ley de manejo del fuego y modificaciones a la ley de expropiaciones, el principal escollo gira en torno a la venta de tierras. Justamente por diferencias en torno a la redacción de este capítulo es que la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich tuvo que pedir un cuarto intermedio en la sesión que naufragó al día siguiente de la victoria de la Selección Nacional contra Inglaterra en el Mundial, en medio del fervor que despertó la bandera que desplegaron los jugadores reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas.

El gobierno de Milei pretende modificar la Ley de Tierras vigente desde 2011, que limita la tenencia extranjera al 15% de la superficie nacional y a 1.000 hectáreas por titular. Así apuestan a facilitar el ingreso de capitales extranjeros al mercado rural.

El borrador del proyecto fue objeto de intensas negociaciones durante el debate en comisión y se llegaron a redactar 15 borradores. En la última versión, a la que tuvo acceso Infobae, se estipulaba en el artículo 25 que “cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites y ejercen el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus respectivos territorios de conformidad con los arts. 121 y 124 de la Constitución Nacional”. Y a pedido de las provincias se aclaraba también que “en ejercicio de sus competencias, cada provincia podrá establecer el régimen jurídico aplicable a tal efecto”.

Esta redacción no había dejado satisfecho al ministro Sturzenegger pero la semana pasada, en una reunión de más de una hora, este habría aceptado los términos que Bullrich negoció con las provincias.

Los libertarios tienen 21 votos propios y cuentan con 3 del PRO, otros 4 aliados como Carlos Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén) y Beatriz Ávila (Tucumán).

Hasta el momento generan incertidumbre los votos de los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que están afectados por la pelea interna entre el gobernador Hugo Passalacqua y su ex jefe político Carlos Rovira; la dupla de senadores de Santa Cruz; y el radicalismo, que se alza con 10 votos determinantes.

El bonaerense Maximiliano Abad ya dio señales de rechazo a la ley mientras que el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger juegan al misterio.

Otra muestra de las tensiones internas que atraviesa el radicalismo fue el comunicado que difundieron desde el Comité Nacional del partido, que lidera Leonel Chiarella, en contra de la iniciativa oficialista y de los propios gobernadores radicales que juegan como aliados de Milei.

“La Unión Cívica Radical rechaza la modificación de la Ley de Tierras que el gobierno promueve en el Senado de la Nación por considerar que se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, plantearon.

Y agregaron: “Para la UCR defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, equivalente al 5% del país y ya existen más de 30 zonas que ya pasaron el límite permitido del 15%. Todos los países que buscan promover el desarrollo promueven una protección responsable de sus recursos estratégicos. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria. Nueva Zelanda, entre otros, regulan la compra de tierras por extranjeros”.

Sin al menos 9 votos radicales, el oficialismo podría verse en problemas en las sesión del jueves 6 de agosto para llegar a los 37. A esto se suma la presión de la oposición, que ante la impotencia legislativa apuesta por la presión popular y convocó a una movilización a la plaza del Congreso el día de la sesión.

Las dos CTA ya convocaron formalmente a participar de la marcha. También se sumarán el peronismo, partidos de izquierda, organizaciones sociales y distintas agrupaciones ambientales.

Con la finalización del Mundial, la reforma electoral volvió a la mesa de discusión entre los gobernadores aliados y la Casa Rosada. Entre los puntos más importantes aparece la eliminación de las PASO. Según pudo reconstruir Infobae, hay un importante avance para suspender las internas, pero las dudas persisten en torno a los tiempos parlamentarios y el cierre de alianzas con las distintas provincias que, en su mayoría, desdoblarán sus comicios y buscarán la reelección.

“Hay agua en la pileta”, aseguran en la Casa Rosada. Esta semana recibieron al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para firmar el traspaso de la administración de una ruta nacional para que la provincia pueda hacerse cargo de las obras. La foto sirvió, además, como una muestra de acercamiento en una relación que hasta ahora era distante. De hecho, el mandatario radical nunca se reunió con Manuel Adorni siendo jefe de Gabinete. La incorporación de Diego Santilli sirvió para distender el vínculo.

Pullaro y el resto de los gobernadores de la UCR están de acuerdo con prescindir de las PASO en 2027, pero con matices. En Corrientes, por ejemplo, ya es público que los hermanos Valdés están a favor de eliminarlas y hasta ponderan el sistema de colectoras. Ese instrumento les permitiría llevar a Javier Milei como candidato a presidente y también forma parte de la negociación que impulsa el Gobierno.

En el radicalismo aseguran que tanto Carlos Sadir (Jujuy) como Leandro Zdero (Chaco) estarían en sintonía con los Valdés. En Mendoza hay una mirada a favor de las PASO porque creen que garantiza la igualdad de competencia para los cargos nacionales. Sin embargo, la debilidad que transita el partido centenario los obliga a repensar su postura y abrirse a la negociación con la Casa Rosada.

En el PRO, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) también están a favor de que el próximo año no haya competencia interna para definir el candidato a presidente. Sin embargo, aclaran que será una definición que deberán conversar dentro del partido amarillo en un contexto de puja por la sucesión de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Antes del Mundial el alcalde porteño adelantó que irá por la reelección y hasta prometió un presidenciable puro de su partido.

Las declaraciones de Jorge Macri coincidieron con los coqueteos de Mauricio Macri con una candidatura presidencial. Antes de que se disputara la Copa del Mundo, el ex presidente encabezó recorridas por varias provincias y se sacó fotos con sus ex aliados de Juntos por el Cambio. Varios gobernadores, sobre todo los integrantes de Provincias Unidas, vieron con buenos ojos su resurgir aunque mantenían sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Creían que solo buscaba una herramienta de negociación para retener CABA.

Por estos días ya nadie habla de Mauricio Macri candidato a presidente. Si se suspenden las PASO, los impulsores de la avenida del medio se quedarían sin la posibilidad de presentar una alternativa electoral en caso de que la economía no repunte y Milei pierda apoyo popular. “Es un riesgo que corremos”, contestaron a este medio dirigentes que buscan ser “opositores responsables” a La Libertad Avanza.

Todas las provincias que gobiernan los ex Juntos por el Cambio coinciden en un diagnóstico: “La gente está mal, pero Milei sigue siendo el que mejor mide”. Hasta en la Casa Rosada reconocen que hay un fuerte apoyo al Presidente en el interior y no así en el AMBA. Se lo adjudican al desarrollo de la actividad agropecuaria y minera, que no tiene repercusión en territorio bonaerense ni porteño. Pero, además, ya nadie advierte que “falta mucho” para definiciones electorales. Por el contrario, hay apuro para construir alianzas, lo más amplias posibles, para enfrentar al peronismo a nivel nacional y provincial. La suspensión de las PASO se convierte en una aliada para debilitar al PJ.

De todos modos, existen disidencias sobre cuándo se debe implementar una reforma electoral. Un sector piensa que hay tiempo hasta el año que viene, sobre todo los que desconfían en que el Gobierno cumpla con su promesa que es, entre otros puntos, no plantar candidatos competitivos en las provincias que apoyen las modificaciones que pretende aprobar Milei en el Congreso. Otros hablan con cierto apuro. “Hay que acelerar los tiempos para poder avanzar en los cierres de alianzas y candidaturas”, alertan.

Es que ya es un hecho que todas las provincias van a desdoblar sus elecciones y eso implica un cambio de velocidad. Entre abril y mayo se votará en la mayoría, lo que implica que a inicios del 2027 ya deben sellarse los acuerdos y los cierres de listas. “No hay tiempo para la especulación. Los gobernadores quieren plebiscitar su gestión y enfocarse para enfrentar al peronismo”, aseguran cerca del PRO. En la Casa Rosada ya tienen un deadline: la Cámara Electoral Nacional exige que el mes de enero se inicie con definiciones, por lo que pretenden resolver el futuro de las PASO en septiembre.

La gran incógnita pasa por saber si los acuerdos provinciales serán la antesala de una alianza entre los gobernadores aliados y La Libertad Avanza con Milei como candidato a presidente. ¿Es el fin de la avenida del medio? En Provincias Unidas reconocen que si los libertarios se quedan con unos 30 puntos y el peronismo otros 30, de los 40 que quedan en disputa pueden llegar a obtener 20 en el mejor de los escenarios, lo que los deja afuera del ballotage. En el PRO no hay dudas de que habrá negociación y acuerdo, en la UCR, en cambio, existen instancias más burocráticas. Los gobernadores radicales están decididos a sellar la alianza necesaria para retener sus territorios, pero las dudas aparecen cuando se trata de formalizar una coalición con la aprobación del partido.

Un dato positivo para los aliados es que el Gobierno no repetirá la estrategia ni la intransigencia que tuvo en las elecciones del 2025. Entienden que para las legislativas era necesario plantar candidatos puros en todos los distritos para fortalecerse en el Parlamento. “Ahora el escenario es distinto porque el objetivo es que Milei reelija y por eso se van a priorizar los acuerdos”, aseguran cerca de Karina Milei. Los gobernadores están anoticiados de ese cambio de postura pero también se lo adjudican a la incapacidad que tiene el oficialismo de trasladar el apoyo del Presidente a candidatos locales. “No tienen con qué amenazar”, rematan.

La Universidad de Costa Rica (UCR) comenzó la instalación de 1,872 paneles solares con los que busca transformar parte de su infraestructura en un modelo de generación de energía renovable. El proyecto forma parte del Programa Soluciones Energéticas Renovables (SER Solar), una iniciativa desarrollada en conjunto con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), que pretende fortalecer la sostenibilidad energética de la institución mediante el aprovechamiento de la energía solar.

El inicio de las obras marca el paso de la etapa de planificación a la implementación del convenio suscrito entre ambas instituciones y representa uno de los proyectos de energía limpia más importantes desarrollados por la universidad en los últimos años. De acuerdo con la información suministrada por la UCR, la iniciativa contribuirá a disminuir el consumo de electricidad proveniente de fuentes convencionales, generar ahorros en la factura eléctrica y consolidar a la casa de enseñanza superior como un laboratorio vivo para la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles.

La planta fotovoltaica contará con una capacidad instalada de 1,16 megavatios pico (MWp), equivalentes a 875 kilovatios (kW) en corriente alterna, lo que permitirá abastecer completamente con energía renovable el edificio de la Facultad de Ingeniería. Además, suministrará electricidad al Aula Magna y a la torre de parqueos de la Ciudad de la Investigación, dos de los espacios con mayor actividad dentro del campus universitario.

La inversión para desarrollar el proyecto asciende a ₡514 millones (USD 1.1 millones) y forma parte del Programa SER Solar impulsado por la CNFL. La ejecución de las obras cuenta con el apoyo de la empresa Enertiva, especializada en soluciones de generación fotovoltaica.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, aseguró que el inicio de la instalación demuestra que el compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental va más allá del discurso y se traduce en acciones concretas.

“Con este paso transformamos nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de los recursos en acciones concretas. Nuestra responsabilidad con el bien común nos impulsa a poner al servicio del país el conocimiento y la experiencia de la Universidad”, afirmó el rector.

El proyecto es el resultado de un trabajo conjunto que la CNFL y la UCR desarrollan desde el año 2024 para identificar las áreas con mayor potencial de generación de energía fotovoltaica. Los estudios consideraron aspectos como el autoconsumo energético de la institución y el aprovechamiento de los excedentes de electricidad que podrán ser inyectados a la red de distribución nacional. El convenio suscrito entre ambas entidades tendrá una vigencia inicial de 20 años.

La Universidad destacó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer la transición energética, reducir la huella ambiental de sus operaciones y promover el desarrollo de tecnologías limpias dentro del ámbito académico. Además del impacto económico derivado del ahorro en el consumo eléctrico, el proyecto servirá como una plataforma para la investigación, la innovación y la formación de estudiantes en energías renovables y sostenibilidad.

Con el inicio de la instalación de los paneles solares, la UCR reafirma su compromiso con la acción climática y con la construcción de un modelo de crecimiento más sostenible. La institución considera que el proyecto fortalecerá su papel como referente nacional en el impulso de soluciones energéticas renovables y en la promoción de prácticas responsables con el ambiente, alineadas con su misión de poner el conocimiento al servicio del desarrollo del país.

La Universidad de Costa Rica (UCR) fue reconocida con el Galardón Protector de la Niñez 2026, una distinción otorgada por la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) a instituciones y organizaciones que han contribuido al fortalecimiento de los servicios dirigidos a la primera infancia en el país.

El reconocimiento destaca el trabajo conjunto que ambas entidades han desarrollado durante los últimos años para mejorar la calidad de la atención que reciben niñas y niños en los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI).

La entrega del galardón pone en relieve una serie de iniciativas impulsadas por la universidad en áreas como capacitación, investigación, innovación y acompañamiento técnico, dirigidas al personal responsable de la atención infantil.

Estas acciones forman parte de una colaboración sostenida entre la UCR y la REDCUDI, orientada a fortalecer las capacidades de quienes trabajan directamente con la niñez en diferentes comunidades del país.

Desde el año 2020 especialistas de distintas unidades académicas de la Universidad de Costa Rica han participado en procesos formativos sobre temas relacionados con la atención integral de la primera infancia.

Entre ellos figuran la contaminación ambiental, la promoción de la salud auditiva en niños preescolares, el fomento de la lectura durante los primeros años de vida y la enseñanza de la matemática mediante metodologías activas y creativas.

Estas capacitaciones han estado dirigidas al personal de los CECUDI con el propósito de fortalecer sus conocimientos y herramientas de trabajo.

Uno de los proyectos destacados dentro de esta alianza es la iniciativa Bebeteca, desarrollada de forma conjunta entre la UCR y la REDCUDI. El proyecto permitió la creación de dos espacios especializados para promover la lectura desde la primera infancia, acompañados por procesos de seguimiento y asesoría técnica destinados a garantizar la continuidad y sostenibilidad de estos espacios educativos.

La colaboración entre ambas instituciones también ha generado investigaciones orientadas a fortalecer la formulación de políticas públicas relacionadas con la atención infantil. Entre ellas sobresale el estudio denominado “Fortalecimiento de la planificación de menús y la educación alimentaria en alternativas de la REDCUDI”, mediante el cual se realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento de los servicios de alimentación en 258 alternativas de atención infantil que forman parte de la Red Nacional de Cuido.

Los resultados fueron compartidos con las instituciones participantes con el objetivo de apoyar la toma de decisiones y orientar acciones de mejora en esta área.

La Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica también ha contribuido con la elaboración de materiales educativos dirigidos a la primera infancia. Como parte de este trabajo, estudiantes de la carrera de Educación Preescolar desarrollaron cuentos infantiles que posteriormente fueron difundidos a través de las plataformas digitales de la REDCUDI.

Paralelamente, docentes universitarios elaboraron recursos didácticos derivados de los procesos de capacitación, entre ellos un libro diseñado para facilitar el aprendizaje de las tablas de multiplicar mediante estrategias lúdicas.

El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, señaló que el reconocimiento refleja el compromiso institucional con el desarrollo integral de la niñez costarricense y con la generación de conocimiento al servicio del país. Según manifestó, la articulación entre la academia y las instituciones públicas ha permitido fortalecer políticas dirigidas a la primera infancia mediante la docencia, la investigación y la acción social.

Los Galardones Protectores de la Niñez son otorgados anualmente para reconocer el aporte de instituciones públicas, universidades, empresas, organizaciones sociales y aliados internacionales que desarrollan iniciativas orientadas a fortalecer la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. El objetivo de estas alianzas es ampliar las oportunidades de atención y mejorar la calidad de los servicios destinados a niñas y niños en sus primeros años de vida.

Con este reconocimiento, la Universidad de Costa Rica suma un nuevo distintivo relacionado con su labor en el ámbito de la educación, la investigación y la acción social, en este caso por su participación en proyectos enfocados en el fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y en el desarrollo de iniciativas que buscan contribuir a la atención integral de la primera infancia en Costa Rica.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) representará al país en BAJA ROCKET 2026, una de las competencias universitarias de cohetería experimental más relevantes de América Latina, con el objetivo de demostrar que desde una universidad pública es posible desarrollar tecnología de alto nivel y competir en escenarios internacionales.

El equipo Costa Rican Aerospace Team for Experimental Rocketry (CRÁTER), perteneciente al Grupo de Ingeniería Aeroespacial (GIA) de la UCR, fue aceptado oficialmente como TEAM #001 en la categoría 1 KM COTS, convirtiéndose en la primera representación costarricense confirmada para el evento organizado por la Asociación Nacional de Actividades Espaciales de México (ANAEM).

Para sus integrantes, la participación trasciende el ámbito competitivo. El proyecto busca posicionar a Costa Rica dentro del ecosistema aeroespacial latinoamericano, fortalecer la investigación aplicada y demostrar que el país cuenta con talento para desarrollar soluciones tecnológicas de alcance internacional.

El vehículo con el que competirán lleva por nombre Miravalles, un proyecto desarrollado durante meses bajo una metodología de ingeniería de sistemas que integra distintas disciplinas para diseñar, construir y validar un cohete experimental capaz de cumplir con los exigentes estándares de la competencia.

Uno de los aspectos más llamativos de CRÁTER es que la dirección del proyecto está a cargo de dos mujeres. Celeste Chinchilla y Melany López ejercen como Project Managers y lideran la planificación estratégica, la coordinación técnica y la administración integral del equipo.

Su liderazgo también busca enviar un mensaje sobre la creciente participación femenina en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), sectores en los que históricamente las mujeres han enfrentado mayores barreras de acceso.

Detrás del proyecto trabaja un equipo multidisciplinario conformado por estudiantes universitarios de diferentes especialidades.

El área de Aeroestructuras desarrolla el diseño y la manufactura del vehículo, asegurando que cada componente cumpla con los requisitos de resistencia y desempeño.

Mientras tanto, el equipo de Aviónica diseña e integra los sistemas electrónicos responsables de la adquisición de datos, la telemetría y el monitoreo del vuelo, información que posteriormente permitirá evaluar el rendimiento del cohete y optimizar futuras versiones.

La división de Propulsión se concentra en la investigación y validación del sistema encargado de impulsar el vehículo, sometiéndolo a pruebas bajo estrictos protocolos de seguridad.

Por su parte, el grupo de Recuperación desarrolla los mecanismos que permitirán el retorno seguro del cohete una vez concluida la misión, mientras que el equipo de Payload trabaja en la carga útil científica que viajará durante el lanzamiento.

Operaciones Terrestres coordina toda la logística de pruebas, protocolos de seguridad y preparación de los lanzamientos.

Para los estudiantes, la experiencia representa mucho más que una competencia universitaria.

La participación en BAJA ROCKET 2026 permitirá que Costa Rica se integre a una comunidad internacional dedicada al desarrollo de tecnologías aeroespaciales, además de generar experiencia en gestión de proyectos complejos, trabajo multidisciplinario e investigación aplicada.

Los integrantes de CRÁTER consideran que el verdadero legado del proyecto será abrir oportunidades para que nuevas generaciones de estudiantes costarricenses participen en competencias internacionales de ingeniería y ciencia.

También esperan convertirse en una fuente de inspiración para niñas, niños y jóvenes interesados en carreras STEM, demostrando que es posible desarrollar tecnología aeroespacial desde una universidad pública costarricense.

Sin embargo, llegar a México también implica importantes retos económicos.

El transporte del cohete, la manufactura de componentes especializados, las pruebas técnicas y los costos logísticos asociados a una competencia internacional requieren recursos adicionales que actualmente el equipo busca obtener mediante alianzas con empresas e instituciones.

Por ello, CRÁTER mantiene abierta la búsqueda de patrocinadores que deseen apoyar una iniciativa enfocada en investigación, innovación y desarrollo tecnológico nacional.

Para el equipo, invertir en este proyecto significa apostar por la formación de profesionales altamente especializados y contribuir al fortalecimiento de un sector con amplio potencial de crecimiento en Costa Rica.

La delegación que representará al país está conformada por Celeste Chinchilla y Melany López, como Project Managers; Tomás Montero, Ricardo Salas y Sebastián Castillo, en Aeroestructuras; Amanda Milanes y Pablo Arce, en Aviónica; Luka Pérez y Leandro Batista, en Propulsión; Montserrath Matamoros y Andrés Rodríguez, en Recuperación; y Arianna Leitón, como responsable de seguridad de lanzamiento (RSO).

Con el proyecto Miravalles, el grupo viajará a BAJA ROCKET 2026 con una meta ambiciosa: competir por los primeros lugares y demostrar que Costa Rica puede convertirse en un actor relevante dentro de la ingeniería aeroespacial latinoamericana.

Costa Rica volverá a tener representación en uno de los certámenes científicos más prestigiosos del mundo. Cuatro estudiantes de secundaria fueron seleccionados para participar en la 58.ª Olimpiada Internacional de Química (IChO), que se desarrollará del 10 al 19 de julio en Uzbekistán, luego de superar un proceso de clasificación que se extendió por más de un año y que puso a prueba sus conocimientos mediante evaluaciones de nivel universitario.

Los elegidos son Tamara Garrote Villalobos, Leonor Isaura Obando Umaña, Juan Pablo Valverde Cordero y José Edwin Chávez Rodríguez, quienes representarán a Costa Rica con el acompañamiento académico de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica (UCR).

La clasificación de los cuatro estudiantes es el resultado de un proceso que comenzó en febrero de 2025, cuando decidieron inscribirse en la Olimpiada Costarricense de Química, en la categoría intermedia. A partir de ese momento iniciaron una serie de competencias nacionales en las que fueron avanzando gracias a sus resultados académicos hasta alcanzar la final del certamen.

Obtener una medalla en esa etapa les permitió postularse para integrar la selección nacional que representaría al país en la Olimpiada Internacional de Química. Sin embargo, el camino aún estaba lejos de terminar.

De los 18 estudiantes que aspiraban a integrar la delegación costarricense, únicamente 12 lograron avanzar a una segunda fase de selección. Posteriormente, una superfinal definió a los cuatro representantes nacionales mediante una combinación de pruebas de alta complejidad, con una ponderación del 60 % para la evaluación teórica y del 40 % para las pruebas experimentales de laboratorio.

Durante el mes de junio, los seleccionados participaron en un programa intensivo de entrenamiento basado en los problemas preparatorios oficiales de la competencia internacional, enfrentándose a contenidos que habitualmente forman parte de carreras universitarias en Química.

Cada integrante de la delegación tiene una historia distinta, pero todos coinciden en que la curiosidad científica y el gusto por la química fueron determinantes para alcanzar este objetivo.

Tamara Garrote Villalobos, estudiante de undécimo año, explicó que su interés por las olimpiadas científicas nació desde muy pequeña y que, desde noveno año, comenzó a prepararse específicamente en química.

“Cuando me propuse llegar a una olimpiada internacional, tuve que organizar muy bien mi tiempo. Ha sido una experiencia muy bonita, pero también muy retadora”, comentó.

Para Leonor Isaura Obando Umaña, quien cursa décimo año, la motivación proviene tanto de la ciencia como del ambiente que se genera entre los participantes.

La estudiante aseguró que disfruta cada etapa de preparación porque estudiar química es una actividad que la apasiona y aprovechó para enviar un mensaje a otros jóvenes interesados en seguir un camino similar: creer en sus capacidades, esforzarse desde el inicio y mantener la disciplina.

Juan Pablo Valverde Cordero considera que representar al país es el resultado de un esfuerzo construido a lo largo de toda su formación académica. A su juicio, el aprendizaje solo puede sostenerse cuando existe un verdadero interés por la materia.

José Edwin Chávez Rodríguez, por su parte, atribuye parte de este logro al apoyo recibido por uno de sus profesores, quien despertó en él un mayor interés por la química y lo motivó a participar en las olimpiadas científicas. Su meta en Uzbekistán es aprovechar al máximo la experiencia y luchar por obtener una medalla para Costa Rica.

La delegación costarricense estará acompañada por Manuel Sandoval Barrantes, de la Universidad Nacional, quien fungirá como jefe de delegación; Cristian Campos Fernández, de la Universidad de Costa Rica, como profesor mentor; y José Pablo Sibaja Brenes, también de la UNA, en calidad de observador científico.

Los tres tendrán la responsabilidad de orientar académicamente a los estudiantes y representar oficialmente al país durante la competencia internacional.

Sandoval destacó que la clasificación de los cuatro jóvenes refleja un proceso de preparación sostenido y un elevado nivel académico.

“Cada uno de ellos representa el talento de la juventud costarricense y demuestra que la dedicación y la pasión por la ciencia pueden abrir las puertas a los escenarios académicos más prestigiosos del mundo”, señaló.

Asimismo, agradeció el respaldo brindado por la Rectoría de la Universidad Nacional, cuyo apoyo permitió hacer posible la participación de la delegación en este importante certamen.

La Olimpiada Internacional de Química reúne cada año a los mejores estudiantes de secundaria del mundo en pruebas que evalúan conocimientos avanzados de química teórica y experimental. Además de fomentar la excelencia académica, la competencia promueve el intercambio científico y cultural entre jóvenes de decenas de países.

Con su participación en Uzbekistán, los cuatro estudiantes costarricenses buscarán dejar en alto el nombre del país y demostrar que el talento, la disciplina y el respaldo de las instituciones educativas pueden abrir las puertas a los escenarios científicos más exigentes del planeta.

Mientras Costa Rica enfrenta una creciente necesidad de médicos especialistas para reducir las listas de espera y fortalecer la atención en hospitales y clínicas, solo 283 de los cerca de 900 médicos que participaron en el proceso de admisión al Programa de Posgrado en Especialidades Médicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) lograrán obtener una plaza de residencia e iniciar su formación el próximo año.

La cifra refleja la alta competencia por ingresar a una especialidad médica y, al mismo tiempo, las limitaciones de la capacidad de formación del sistema de salud, ya que la cantidad de plazas depende de las necesidades definidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la infraestructura disponible para entrenar a los futuros especialistas.

La demanda supera ampliamente la oferta

El director del Programa de Posgrado en Especialidades Médicas (PPEM) de la UCR, Mario Quesada, explicó a medios nacionales que en esta convocatoria participan más de 40 especialidades médicas, pero únicamente se habilitaron 283 espacios para iniciar la residencia en 2027.

Esto significa que aproximadamente siete de cada diez aspirantes no conseguirán una plaza en esta ocasión, pese a haber superado distintas etapas del proceso de admisión.

Las especialidades con mayor cantidad de cupos son:

• Medicina Familiar y Comunitaria: 26 plazas.
• Ginecología y Obstetricia: 21 plazas.
• Anestesiología y Recuperación: 18 plazas.
• Pediatría: 18 plazas.
• Geriatría y Gerontología: 12 plazas.

Además de la UCR, actualmente seis universidades privadas participan en la formación de especialistas en coordinación con la CCSS.

Entre tres y seis años de formación

Las especialidades más cortas requieren aproximadamente tres años de formación, mientras que otras se extienden durante cuatro o cinco años. En casos altamente especializados, como Neurocirugía, el proceso puede prolongarse hasta seis años.

Durante ese tiempo, los médicos residentes trabajan junto a especialistas ya graduados y participan activamente en la atención de pacientes, combinando práctica clínica con formación académica.

No todos los hospitales pueden formar especialistas

La formación depende de la disponibilidad de personal especializado, tecnología y equipos médicos.

Por esta razón, muchas residencias deben desarrollarse en hospitales nacionales o centros altamente especializados, ya que algunos hospitales regionales y periféricos no cuentan con las condiciones necesarias para impartir determinados programas.

Especialidades que requieren quirófanos altamente equipados, tecnología de diagnóstico avanzada o servicios complejos suelen concentrarse en hospitales centrales.

Esta limitación también condiciona la cantidad de plazas que pueden abrirse cada año.

Graduarse como especialista tampoco significa incorporarse inmediatamente al ejercicio profesional de manera independiente.

Una vez concluida la residencia, los médicos deben cumplir un año de servicio social y posteriormente realizar el periodo de retribución social, que actualmente corresponde a tres años.

En la práctica, esto significa que los médicos que ingresen a las residencias en 2027 podrían incorporarse plenamente como especialistas varios años después, dependiendo de la duración de su programa de formación.

Un reto para reducir las listas de espera

La formación de nuevos especialistas ocurre en un contexto de fuerte presión sobre la CCSS debido a las listas de espera para consultas, procedimientos y cirugías.

Aunque la apertura de nuevas plazas busca atender el déficit de profesionales en diversas áreas médicas, los efectos sobre la atención de los pacientes serán graduales, ya que la preparación de un especialista requiere varios años de entrenamiento clínico y académico.

Las autoridades sostienen que ampliar la cantidad de plazas constituye una inversión de largo plazo para fortalecer el sistema público de salud, mientras que los colegios profesionales insisten en que también será necesario seguir aumentando la capacidad de formación para responder a la creciente demanda de atención especializada en el país.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se para en la estructura de la gestión provincial para acercarse y sumar en un futuro cercano a los intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR); o al menos a algunos de ellos. En La Plata, hay un objetivo que es tender puentes. Ven que el radicalismo, y sobre todo en el plan ejecutivo local de la provincia, hoy está en una situación particular.

Con el PRO transitando cada vez más en paralelo a La Libertad Avanza luego del desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de la Nación, en el esquema de Kicillof ven una posibilidad ante lo que se asoma como cierta orfandad de un vehículo electoral potente para las elecciones del año que viene.

Sin embargo, no todo es tan lineal.

Por lo ponto, este miércoles Kicillof recorrió los distritos de Trenque Lauquen y de Pellegrini, en la Cuarta sección electoral, junto a los intendentes radicales Francisco Recoulat y Sofía Gambier. En Trenque Lauquen inauguró el Centro Comunitario de Salud Mental “Mirta Clara”, acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels. Además, encabezó el acto de entrega de 458 escrituras, un camión e insumos para Ambiente PBA, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Con Roculeat recorrió las obras de remodelación del acceso sobre la avenida García Salinas. Recoulat es uno de los jefes comunales que integran el Foro de Intendentes Radicales. Este espacio se forjó como bloque de gestión para interactuar con el Ejecutivo bonaerense.

“Las políticas de ajuste de Milei le están arruinando la vida a una proporción inmensa de nuestra sociedad: cierran las fábricas, se incrementan los despidos y se paralizan obras clave para el desarrollo, como la ruta nacional N°5 en esta región”, dijo Kicillof desde Trenque Lauquen. Allí, también arremetió contra el modelo libertario: “Mientras el Gobierno nacional intenta eliminar al Estado, nosotros vamos a continuar trabajando para ampliar derechos y generar igualdad de oportunidades en cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires”.

En tanto que Recoulat esbozó cierta ponderación al gobierno provincial al remarcar que “este día simboliza el camino que queremos para Trenque Lauquen: el municipio y la Provincia trabajando de manera coordinada para dar respuestas a problemas concretos”, dijo y agregó: “Tanto el nuevo centro de salud mental como la entrega de escrituras reflejan la importancia de un Estado comprometido en acompañar a los vecinos y vecinas”.

De buen diálogo con Kicillof, este martes los integrantes del Foro se reunieron con la directora de Cultura y Educación, Flavia Terigi. En ese encuentro le pidieron a la integrante del gabinete provincial actualizar los montos de los transportes escolares, ya que en numerosos distritos las tarifas actuales resultan insuficientes y obligan a los municipios a cubrir la diferencia con recursos propios. Según sostuvieron los intendentes, desde la Dirección General de Cultura y Educación se reconocieron las dificultades financieras que atraviesa el sistema y las restricciones presupuestarias existentes. Entre las demandas de tipo financiero también se puso sobre la mesa la que corresponde al pago por certificaciones de obras que ejecutan los distritos por convenios que tienen con la Provincia, pero que aún no fueron cubiertas.

Son 26 los intendentes que integran el Foro: Javier Andres (Adolfo Alsina), Ramón José Capra (General Alvear), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Erica Revilla (General Arenales), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Martín Randazzo (General La Madrid), Nahuel Guardia (General Lavalle), Myriam C. Mongay (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Pablo Barrena (Lobería), Esteban Santoro (General Juan Madariaga), Lisandro Hourcade (Magdalena), José Castro (Monte), Sofía Gambier (Pellegrini), Maximiliano Suescun (Rauch), Román Bouvier (Rojas), José Luis Salomón (Saladillo), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Lunghi (Tandil), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Luciano Spinolo (Tres Lomas) y Franco Flexas (General Viamonte).

Por su parte, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires hoy está lejos de un acercamiento con Kicillof, quien a la par de desandar su propia interna, busca integrar a sectores de la UCR dentro de su Movimiento Derecho al Futuro. Ciertamente conocidos son los encuentros que mantuvo con Federico Storani, histórico dirigente del radicalismo quien supo ser ministro del Interior durante la presidencia de Fernando De la Rúa, además de ocupar cargos ejecutivos dentro del partido y haber sido diputado nacional. Al igual que Kicillof, Storani exhibe sus críticas al presidente Javier Milei sin concesiones.

En el plano electoral y bajo la órbita bonaerense, de todos los intendentes que tiene la UCR, hay uno que ya planteó su intención de estar en la discusión por la sucesión de Axel Kicillof: Franco Flexas, de General Viamonte. Sin embargo, dentro del radicalismo hay distintas vertientes y discusiones internas sobre el rumbo electoral o las posibles alianzas a tejer. Hay allí un actor de peso con voz propia como lo es el senador nacional por Buenos Aires, Maximiliano Abad. De hecho, en la Cámara de Diputados bonaerense, hay dos bloques de origen radical: UCR Cambio Federal y UCR Radicalismo. Este último más cercano a Abad y más lejos de Kicillof.

A principios del mes de junio, el gobernador bonaerense se juntó con su par de Corrientes, Juan Pablo Valdés; otro radical. La visita, que incluyó la firma de distintos convenios, tuvo también su correlato político, toda vez que el gobernador bonaerense viene planteando la necesidad de construir una alternativa para enfrentar al modelo libertario en las elecciones del año que viene. Uno de los nexos para ese encuentro fue el hermano del mandatario correntino y actual senador nacional, Gustavo Valdés. El legislador, además, es el presidente de la UCR correntina.

“Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”, había dicho el gobernador correntino tras el encuentro con su par bonaerense. De momento, solo se reduce a acuerdos y acercamientos de carácter institucional. Algunos sectores del radicalismo se animan a vaticinar que el acercamiento político puede llegar a suceder si, efectivamente, Kicillof rompe con el esquema de Cristina Kirchner y busca construir “algo nuevo”. En lo inmediato, eso no sucederá.

Durante la última década, el paisaje urbano de Costa Rica ha cambiado de forma acelerada. Donde antes predominaban cafetales o grandes lotes vacíos, hoy abundan torres de apartamentos, residenciales cerrados y condominios horizontales que ofrecen piscinas, gimnasios, coworking, parques para mascotas y seguridad privada.

Sin embargo, detrás de ese auge inmobiliario se esconde una paradoja: mientras la construcción privada mantiene un fuerte dinamismo, adquirir una vivienda resulta cada vez más difícil para buena parte de los costarricenses.

Esa es una de las principales conclusiones de estudios elaborados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Fundación Gestionando Hábitat. El estudio advierte que el mercado está produciendo viviendas para un segmento muy reducido de la población, mientras la mayor parte de los hogares queda fuera de las posibilidades de compra.

El dato más revelador es que casi el 90 % de la oferta habitacional privada está diseñada para satisfacer únicamente al 30 % de los hogares con mayores ingresos. En otras palabras, siete de cada diez familias prácticamente no encuentran opciones que puedan pagar dentro de la oferta formal del mercado.

El crecimiento de la construcción privada

Mientras en 2020 se construyeron alrededor de 8.000 viviendas financiadas completamente por desarrolladores privados, para 2023 esa cifra alcanzó aproximadamente 16,000 unidades, reflejando un mercado inmobiliario mucho más activo, especialmente mediante desarrollos en condominio.

Las nuevas construcciones muestran además una transformación importante en su diseño.

Las viviendas pequeñas, de menos de 70 metros cuadrados, han perdido participación dentro del mercado, mientras aumenta la construcción de casas y apartamentos de mayor tamaño, principalmente dentro de proyectos condominales ubicados en zonas urbanas y periurbanas de la Gran Área Metropolitana.

Esta tendencia responde a un cambio en el modelo de negocio de los desarrolladores, que encuentran mayores márgenes de rentabilidad en proyectos con amenidades, seguridad y alta densidad habitacional.

El precio marca la diferencia

En promedio, más de la mitad de los proyectos —un 54 %— ofrecen viviendas cuyo precio oscila entre 100,000 y 200,000 dólares.

En contraste, apenas 3 % de la oferta corresponde a viviendas con precios inferiores a 75,000 dólares, un rango que suele considerarse más cercano a la vivienda accesible para hogares de ingresos medios.

En el mercado actual, una casa nueva en condominio dentro de cantones como Escazú, Santa Ana, Curridabat, Belén o La Guácima supera con facilidad los 150,000 o incluso 250,000 dólares, dependiendo de las amenidades y la ubicación.

En cambio, una vivienda independiente de características similares ubicada fuera de los desarrollos privados puede encontrarse por montos menores, aunque generalmente implica sacrificar aspectos como seguridad privada, infraestructura común o cercanía con los principales centros urbanos.

El déficit sigue creciendo

Mientras aumenta la construcción privada, el déficit habitacional continúa siendo uno de los principales desafíos sociales del país.

Las instituciones calculaban un faltante cercano a 148,500 viviendas para el 2023, cifra que considera las casas que deben reemplazarse por encontrarse en malas condiciones y aquellas necesarias para atender el crecimiento natural de los hogares costarricenses.

Paralelamente, el acceso a programas estatales también se ha reducido.

En 2021 se otorgaron 11,428 bonos de vivienda; un año después la cifra cayó a 8,369, y en 2023 apenas alcanzó 8,222 bonos, una reducción cercana al 36 % respecto a 2021. Según los investigadores, esto significa que más de siete mil familias dejaron de recibir apoyo para acceder a una vivienda adecuada.

Un mercado pensado para pocos

Los especialistas sostienen que el problema no radica únicamente en la cantidad de viviendas que se construyen, sino en el tipo de vivienda que llega al mercado.

La mayor parte de los nuevos desarrollos responde a segmentos de ingresos medios altos y altos, donde existe mayor capacidad de financiamiento y mejores márgenes para las empresas constructoras.

Mientras tanto, las familias de ingresos medios enfrentan un escenario complejo: salarios que no crecen al ritmo del precio de las viviendas, terrenos cada vez más caros, mayores costos de construcción y una reducción en los programas públicos de apoyo.

El resultado es una brecha creciente entre la oferta y la demanda.

Costa Rica construye más viviendas privadas que hace apenas unos años, pero esas viviendas no necesariamente responden a las necesidades de la mayoría de la población.

El desafío

Los investigadores del CFIA y la UCR coinciden en que el país necesita replantear su política habitacional.

Entre las recomendaciones destacan fortalecer los programas de vivienda social, ampliar las alternativas para la clase media, incentivar proyectos de menor costo y promover una planificación territorial que permita aumentar la oferta sin expulsar a las familias hacia zonas cada vez más alejadas de los centros urbanos.

La imagen de decenas de nuevos condominios que aparecen cada año en la Gran Área Metropolitana refleja un mercado inmobiliario dinámico. Sin embargo, detrás de ese crecimiento persiste una realidad incómoda: para una parte importante de los costarricenses, el sueño de tener casa propia continúa alejándose, aun cuando nunca antes se habían construido tantos proyectos privados.

Las bandas criminales han comenzado a utilizar las escuelas y colegios como lugares para captar a menores de edad en redes de explotación sexual comercial, según lo revela el Informe Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) publicado este año. El documento, elaborado por el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA), describe cómo los entornos educativos en Puntarenas, Corredores y Garabito han sido utilizados para el reclutamiento de víctimas.

La investigación, que fue citada por CR Hoy en su cobertura, identifica que la problemática se agrava por la exclusión social, la pobreza, la desmotivación estudiantil, la falta de oportunidades y la presencia del narcotráfico. Todos estos factores han creado un ambiente donde los menores de edad resultan vulnerables ante las redes de explotación sexual.

Según el informe, los centros educativos cumplen una doble función. Por un lado, se presentan como espacios de protección institucional para los estudiantes. Por otro, pueden convertirse en escenarios donde operan redes de explotación sexual comercial. Dentro de las escuelas y colegios, algunos menores de edad, que ya se encuentran vinculados a grupos criminales, buscan reclutar a sus propios compañeros para integrarlos en estas redes.

Entre las formas de captación identificadas, destaca que el primer contacto con las víctimas puede producirse dentro de los mismos centros educativos. Los grupos criminales utilizan a estudiantes para acercarse a otros alumnos y convencerlos de integrarse a la red con promesas de protección y beneficios económicos. Además, el informe advierte que las redes sociales juegan un papel importante, ya que son empleadas para captar víctimas y para promover la cosificación y sexualización del cuerpo femenino.

El estudio también señala la falta de una estadística específica en Costa Rica sobre procesos judiciales relacionados con la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Aunque existen delitos vinculados, la carencia de datos dificulta dimensionar la magnitud del problema. Como referencia, el Ministerio Público reportó durante 2025 un total de 3,203 casos por el delito de relaciones sexuales con personas menores de edad.

En cuanto a la respuesta institucional, la investigación indica que las fiscalías especializadas han dirigido sus esfuerzos en el endurecimiento de las penas, sin avanzar en igual medida en la prevención. El informe resalta la necesidad de fortalecer las acciones preventivas a través de una mayor inversión social y la creación de un programa nacional de prevención de la explotación sexual.

Ante la consulta sobre las acciones del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la institución reconoció que enfrenta importantes desafíos para garantizar los derechos de las personas menores de edad, especialmente de las víctimas. El PANI destacó que la complejidad del fenómeno y de los delitos asociados exige la articulación de procesos integrales, interinstitucionales e intersectoriales.

El análisis desarrollado por Pridena y Ineina se basó en información aportada por diferentes instituciones públicas, entre ellas el PANI, y en relatos de familias afectadas. El informe incluye el caso de una madre que detalló cómo su hija fue contactada indirectamente por un grupo criminal a través de otra estudiante del colegio. Esta situación evidencia el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos los menores de edad en los entornos educativos.

La investigación concluye que la presencia del narcotráfico, la violencia y las brechas sociales han facilitado la operación de redes de explotación sexual comercial que utilizan estrategias de captación cada vez más sofisticadas. El fenómeno afecta tanto a las víctimas como a las instituciones encargadas de su protección, que reconocen la necesidad de respuestas más amplias y coordinadas para hacer frente a esta problemática.

¿A los gobernadores de la UCR les conviene el sistema de colectoras que quiere implementar el Gobierno para las elecciones de 2027? La pregunta es oportuna porque es la justificación que deja trascender el oficialismo para destrabar la negociación para eliminar o suspender las PASO en el Congreso. Como el partido centenario no tiene candidato presidencial, la alternativa electoral sería beneficiosa para ambos espacios que, por cierto, comparten electorado en todas las provincias.

De las cinco provincias que gobierna la UCR, Corrientes es la que más se acerca a un acuerdo. Según pudo reconstruir Infobae, entre los hermanos Juan Pablo y Gustavo Valdés prevalece una convicción: hay que eliminar las PASO. Entusiasmados por el arribo de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, porque creen que mejorará el diálogo con la Casa Rosada, están abiertos a la implementación de las colectoras.

“Con las colectoras queda claro quién es quién y qué aporta cada uno”, dicen en Corrientes, donde ya tienen experiencia con el sistema a nivel local. Los correntinos se envalentonan porque vienen de una larga racha de victorias. Incluso cuando compitieron en las legislativas nacionales dentro de Provincias Unidas fueron los únicos que rompieron con la polarización. El año que viene la provincia renueva senadores y no habría que descartar que el exgobernador encabece la lista.

Además, los hermanos Valdés observan dos cosas: el espacio de centro no está fortalecido y la supuesta candidatura de Mauricio Macri no termina de ser creíble. Sin postulante para la Casa Rosada, “colgarse” de la lista de Javier Milei sería una buena solución para esa orfandad electoral. Hasta el momento, la propuesta formal no apareció, pero creen que después del Mundial comenzarán las conversaciones.

En el resto de los mandatarios de la UCR predomina la precaución. Varios de ellos entienden que el Gobierno quiere eliminar las PASO para perjudicar al peronismo y evitar que logre una síntesis en la danza de nombres para la Presidencia. ¿Y si Milei no llega bien a 2027 y surge una candidata como Patricia Bullrich o el propio Macri? Algunos creen que la avenida del medio no está muerta y que, en un escenario electoral incierto, no hay que descartar ninguna alternativa. “Las PASO siempre sirven para ordenar”, resaltan dentro del partido centenario.

Lo que más llama la atención de los dirigentes radicales es que la propuesta de implementar las colectoras como moneda de cambio para destrabar la eliminación de las PASO nunca llegó. Se enteraron por trascendidos periodísticos. “Están muy apurados en la Casa Rosada”, advierten algunos, quienes además creen que no es el momento oportuno para esta discusión.

Un dato no menor es que en la última reunión de la Mesa Nacional del Comité de la UCR con el presidente del bloque en el Senado, Eduardo “Peteco” Vischi, se habló de sostener las primarias. Pero esa conversación sucedió hace más de un mes y, en ese entonces, La Libertad Avanza no mostraba premura por la reforma electoral. Tampoco hay que olvidar que el senador radical responde a las necesidades de su provincia, es decir, a los hermanos Valdés, que sí apoyan al Gobierno con estos cambios.

Donde hay mayor tensión es en la provincia de Buenos Aires. El radicalismo logró recientemente ordenar su interna partidaria y busca hacer pie en la estrategia electoral después del fracaso que vivió en 2025, con una fuerte pérdida de representatividad parlamentaria. Hace varios meses que tanto La Libertad Avanza como el PRO le envían mensajes públicos a Maximiliano Abad, el máximo referente local, para armar una coalición que enfrente al peronismo de Axel Kicillof. Hasta ahora no hubo respuestas.

Ahora, el oficialismo, sobre todo en la Cámara de Diputados, dejó trascender que el sistema de colectoras está pensado especialmente para el territorio bonaerense. También dijeron a Infobae que, en caso de aceptar, tendrán como una suerte de beneficio: “Seguir siendo aliados”. “Y más adelante podrán negociar otras cosas”, simplificó un libertario.

Los correligionarios bonaerenses no salen de su asombro. En principio, porque no son aliados de los libertarios. Justamente, la fuerte interna que vivió el partido y el fracaso electoral del año pasado se debieron a que no lograron establecer una política de alianzas. Incluso, el sello de la UCR no estuvo en ninguna lista. “¿Cómo sería eso de seguir siendo aliados si no lo somos?”, ironizó un boina blanca en diálogo con este medio.

Lo que más irritó fue la promesa de que a futuro se “podrán negociar otras cosas”. Los expertos en armados electorales bonaerenses dicen que en política se paga y se acuerda “al contado”. No existe el cheque en blanco. Además, insisten en que se trata de una conversación prematura y que la UCR seguirá con su plan de fortalecerse con la misión de tener candidatos a intendentes en los 135 municipios de la provincia.

En la pulseada, Abad tiene dos factores que juegan a su favor: La Libertad Avanza lo requiere para armar una coalición opositora que enfrente a Kicillof y también necesita su voto en el Senado. “Sin los radicales no sale la ley en el Senado”, confiesan los libertarios. La incógnita final es si finalmente la UCR dará una respuesta coordinada o hará acuerdos por provincia, una estrategia que ya suma resistencias.

“¿Sabías que el año en que nació Lío Messi, el actual gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, estaba asumiendo como vicegobernador? Eso fue en el año 1987. Desde entonces pasaron once copas. Messi jugó en seis y salió campeón del mundo. Gildo Insfrán fue reelegido en el mismo tiempo ocho veces seguidas", señala el video encabezado por Chiarella, tras llegar a Formosa este viernes para apuntalar la nueva etapa del partido centenario.

El planteo judicial fue presentado por la legisladora provincial Agostina Villaggi, que asumió como nueva presidenta del radicalismo formoseño. La reforma constitucional que habilitó la reelección indefinida fue aprobada el año pasado y el expediente quedó en manos del máximo tribunal.

En este marco, Chiarella compartió el mensaje en las redes sociales del partido, en el que aparece junto a la secretaria general, Piera Fernández, y la propia Villaggi. “El año pasado reformaron la Constitución Provincial gracias a un fallo de la UCR que impidió la reelección indefinida. Quisieron hacer una gambeta para que Gildo Insfrán pueda volver a postularse en el 2027. Estamos dando esa pelea nuevamente en la Corte”, afirmaron en la publicación.

En ese material, el jefe partidario puso el foco en el recorrido de la dirigente provincial y en el respaldo político que fue a expresar. “Agostina es legisladora provincial, ella lideró con mucho coraje esta presentación judicial, fue golpeada, atacada por una patota y sin embargo no bajó los brazos, por eso hoy venimos a Formosa para respaldarla”, afirmó.

La agenda del titular del Comité Nacional incluye recorridas por la capital provincial, encuentros con vecinos y reuniones con la Federación Agraria de Formosa y con jóvenes radicales. Por la noche participará del acto de asunción de Villaggi y de Agustín Cantero, como titular de la Juventud Radical de la provincia.

Chiarella llegó a Formosa acompañado por Fernández, el titular de la Organización de Trabajador Radicales, Luis Cerini, y el presidente de la Juventud Radical, Nahuel Breglia.

El dirigente, que también es intendente de Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, asumió la conducción nacional de la UCR en diciembre pasado. El partido lo presentó como el presidente más joven de su historia y afirmó que en sus primeros seis meses de gestión recorrió la mitad de las provincias argentinas.

“La Formosa que viene es con coraje. Vamos para adelante, radicales”, cerró el video.

El caso de Insfrán en la Corte Suprema

En noviembre de 2025, el titular del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal, presentó un dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que reconoció la competencia originaria del máximo tribunal para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. La presentación se produjo tras la reforma constitucional provincial que, mediante una cláusula transitoria, habilitó a Insfrán a presentarse para un noveno mandato consecutivo en 2027.

Un año atrás, en diciembre de 2024, la Corte Suprema había resuelto, por unanimidad, que la reelección indefinida del gobernador Insfrán era incompatible con la Constitución Nacional. El tribunal aceptó el amparo presentado por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula que permitía a Insfrán mantenerse en el poder durante tres décadas. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti y el retirado Juan Carlos Maqueda consideraron que la habilitación de una octava candidatura violaba principios fundamentales de alternancia democrática.

Sin embargo, para sortear ese impedimento, el gobernador Insfrán aprobó el año pasado una reforma constitucional por mayoría, con el objetivo de conseguir un nuevo aval para ser nuevamente candidato y continuar en el poder.

Luego de esa modificación, y tras una nueva presentación judicial, el procurador General Eduardo Casal sostuvo que el caso tiene “estrecha vinculación” con la causa previa en la que la Corte Suprema ya había intervenido y declarado la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, y afirmó que, dadas las circunstancias y la naturaleza federal del conflicto, corresponde que la Corte Suprema ejerza su competencia originaria.

En medio de la discusión nacional por una eventual reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la provincia de Santa Fe avanza por un camino distinto. Allí, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no están en discusión ni tampoco la incorporación de colectoras. El verdadero debate pasa por dos cuestiones que pueden modificar el escenario político de cara a 2027, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro buscará la reelección: el porcentaje mínimo que deberán alcanzar las fuerzas para acceder al reparto de bancas y el diseño de la Boleta Única.

La reforma no responde a una decisión política aislada, sino a una obligación derivada de la nueva Constitución provincial, sancionada el año pasado. Además de habilitar la reelección del gobernador, el nuevo texto incorporó el sistema D’Hondt para la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, en reemplazo del mecanismo anterior, que garantizaba automáticamente 28 de los 50 escaños a la fuerza más votada, aun cuando la diferencia con el segundo fuera mínima. Ese cambio obliga ahora a adecuar la legislación electoral y convierte al piso electoral en una de las variables que definirán qué fuerzas podrán acceder al reparto de bancas.

En la Legislatura ya fueron presentados cuatro proyectos: uno en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, impulsados por la UCR, el Socialismo y el peronismo. Sin embargo, el objetivo es que todos confluyan en una única iniciativa que pueda ser sancionada durante agosto. “Hay un amplio consenso para que eso suceda”, aseguró a Infobae el diputado socialista Rubén Galassi, uno de los dirigentes que participa de las negociaciones.

Las diferencias entre las iniciativas son acotadas, pero políticamente relevantes. Todos los proyectos mantienen las PASO y coinciden en la necesidad de adecuar la legislación al nuevo sistema de reparto de bancas establecido por la Constitución. Sin embargo, uno de los principales puntos que todavía permanece en discusión es el porcentaje mínimo que deberán reunir los partidos para acceder al reparto de bancas mediante el sistema D’Hondt.

Desde la UCR, la diputada provincial Silvana Di Stéfano explicó que el proyecto busca reunir en un único cuerpo normativo toda la legislación electoral y de partidos políticos vigente en Santa Fe, adecuándola a la Constitución reformada el año pasado. Además de mantener las PASO, la iniciativa propone reducir de cinco a dos las boletas para la elección general: una para las categorías municipales —intendente y concejales— y otra para las provinciales —gobernador y vice, diputados y senador—. También incorpora un casillero de “Lista Completa”, mantiene la regulación de Ficha Limpia y la paridad de género. La legisladora aclaró que uno de los aspectos que continúa bajo revisión durante la negociación parlamentaria es el porcentaje mínimo para acceder al reparto de bancas.

La otra discusión gira en torno a la Boleta Única. La mayoría de los proyectos conserva el esquema actual de cinco boletas para la elección general, una por cada categoría. La excepción es la iniciativa de la UCR, que propone reducirlas a dos. Detrás de esa diferencia también hay una lectura política: una menor cantidad de boletas tiende a potenciar el arrastre del candidato que encabeza la oferta electoral, en este caso Pullaro.

Desde el socialismo, en cambio, evitan darle esa interpretación al debate y prefieren concentrarse en la construcción de consensos. Galassi insistió en que existe un amplio acuerdo para unificar los proyectos en un solo texto y ratificó la propuesta de su espacio de mantener el esquema actual de cinco boletas para la elección general y fijar un piso del 3% del padrón electoral para acceder al reparto de bancas.

Es precisamente sobre esos dos puntos donde el peronismo ubica la discusión política de fondo. El proyecto opositor fue impulsado por diputados que responden al ex gobernador Omar Perotti y contó con el acompañamiento de Miguel Rabbia, del espacio que lidera Marcelo Lewandowski, y de Lucila De Ponti, referente del Movimiento Evita.

Desde el peronismo reconocieron que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar “el proyecto que se les ocurra”. Por esa razón, consideran que la principal tensión no atraviesa la relación entre Unidos y la oposición, sino al propio frente gobernante.

Según esa interpretación, la discusión en torno a un piso electoral más elevado responde a una estrategia de la UCR para consolidar un esquema más cercano al bipartidismo y reducir la representación del Socialismo, su principal socio dentro de Unidos. El razonamiento parte de la pérdida de peso territorial y electoral que experimentó ese partido en los últimos años frente al radicalismo, lo que haría más difícil alcanzar un umbral más elevado para acceder al reparto de bancas.

Con la mirada puesta en 2027, en el peronismo también hacen su propia lectura del escenario político. Dicen que Lewandowski continúa siendo uno de los dirigentes con mejor nivel de conocimiento e intención de voto dentro del espacio y sostuvieron que la unidad será una condición indispensable para competir por la Gobernación. Bajo ese análisis, creen que una elección de tercios, con Pullaro por un lado, el peronismo por otro y La Libertad Avanza como tercera fuerza, podría favorecer sus posibilidades.

Otro de los puntos incorporados en el proyecto impulsado por el oficialismo abre la puerta a una eventual modernización del sistema. El diputado Walter Ghione, del partido UNO, explicó que la iniciativa deja prevista la posibilidad de implementar en el futuro un sistema de voto electrónico, aunque sin establecer su aplicación inmediata. La incorporación funcionaría como una herramienta legal para que la provincia pueda avanzar con ese mecanismo si así lo decide en los próximos años.

La conversación comenzó a partir de un contenido que circuló en redes sociales, donde distintos jóvenes confundían al expresidente con figuras como Guillermo Francella o Juan Domingo Perón. “Se lo mandé a un radical y me dijo: ‘Ya lo había visto y me quiero morir’. ¿Por qué? Porque confundieron a Raúl Alfonsín con Francella y con Perón”, relató Maia Jastreblansky. Si bien aclaró que el video no necesariamente refleja el nivel de conocimiento de toda la sociedad, consideró que expone una pérdida de referencia sobre la historia del radicalismo.

Ese diagnóstico derivó rápidamente en el conflicto político que hoy divide a la UCR. En Diputados conviven dos espacios surgidos del radicalismo: Democracia para Siempre, encabezado por Pablo Juliano y cercano a Martín Lousteau, y el bloque que conserva formalmente el nombre Unión Cívica Radical, alineado con gobernadores como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. “Hoy lo que trasciende es el conflicto y se están peleando por el sello del partido, por la marca, por la UCR”, resumió Jastreblansky.

La tensión se profundizó luego de que un sector de los diputados radicales acompañara al Gobierno en votaciones sensibles, entre ellas la relacionada con el financiamiento universitario. Diego Iglesias recordó que la defensa de la universidad pública forma parte de la tradición histórica del partido y sostuvo que ese posicionamiento explica las críticas que recibieron esos legisladores.

El enfrentamiento también se trasladó al recinto. Durante una sesión, Pablo Juliano acusó al sector enfrentado de apropiarse de la identidad partidaria. “Qué gran ocurrencia afanarse el logo de la Unión Cívica Radical la misma semana que conocemos esa actitud de algunos que se hacen llamar dirigentes. No son dirigentes, son delincuentes. Tratémoslo como delincuentes”, afirmó. El conflicto derivó además en una presentación formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para reclamar que ese bloque deje de utilizar el nombre de la UCR por considerar que ya no representa los valores históricos del partido.

El debate también abordó el desafío que enfrentan las estructuras partidarias en una política cada vez más atravesada por liderazgos personales. Maia Jastreblansky destacó que la conducción nacional, encabezada por Leandro Chiarella, busca impulsar una renovación generacional apoyándose en la gestión de los intendentes radicales y en una mayor presencia de la militancia juvenil.

Sin embargo, Tomás Trapé planteó que el problema excede al radicalismo. “Me da la sensación de que lo que se rompió fueron los intermediarios. Hoy la identificación es con una persona, no con el partido”, señaló. En la misma línea, Paula Guardia Bourdin se preguntó cuál es hoy el sentido de pertenecer a una estructura partidaria cuando los votantes se identifican cada vez más con liderazgos individuales que con organizaciones políticas.

En ese contexto, Ricardo Alfonsín vinculó la crisis actual con un cambio de rumbo que, a su juicio, comenzó hace una década. “La Unión Cívica Radical, desde el año 2015, no ha hecho otra cosa que transgredir ese sistema de ideas y representar sectores que no son los que nosotros nacimos para representar. En pocas palabras, se corrió a la derecha”, afirmó.

Para el exdiputado e hijo del expresidente, la discusión por el sello partidario es apenas la consecuencia de una transformación mucho más profunda. “Esto no es la Unión Cívica Radical. Esta es una herramienta electoral que está defendiendo ideas que nada tienen que ver con la Unión Cívica Radical”, sostuvo, antes de remarcar que un partido político “es, además de una herramienta electoral, un conjunto de ideas, de principios y de valores que se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social”.

Con ese diagnóstico, Alfonsín relativizó la posibilidad de una reconstrucción inmediata de la fuerza, aunque expresó su deseo de que exista un espacio que vuelva a defender esos principios. “Aspiro a que alguna institución, ojalá sea la misma, aunque esto me parece bastante difícil por lo menos en el corto plazo, pelee por este conjunto de valores”, dijo.

Sobre el final de la entrevista también se refirió a la intención del Gobierno de eliminar las PASO y sostuvo que la iniciativa responde a una lógica electoral. Según planteó, el oficialismo entiende que unas primarias abiertas favorecerían la articulación de la oposición, mientras que su eliminación aumentaría la fragmentación. “El Gobierno está muy preocupado por eliminar las PASO porque cree que si hay PASO va a perder las elecciones. Si no hay PASO, es posible que se fragmente la oposición”, concluyó.

Con la disputa por el sello todavía abierta, el debate dejó al descubierto una discusión que trasciende el nombre de un bloque legislativo: quién representa hoy al radicalismo y si la UCR conserva la identidad política que la convirtió en una de las fuerzas centrales de la democracia argentina.

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Menos de un día después de haber dado inicio a lo que espera que sea un relanzamiento de la gestión, el presidente Javier Milei fijó los objetivos parlamentarios que tiene en mente para el corto plazo, pero esta nueva etapa de diálogo con los aliados encontrará su primera prueba de fuego en el debate sobre la reforma electoral.

Se trata de uno de las iniciativas que el mandatario nacional tiene en carpeta desde hace tiempo, pero con la que nunca pudo avanzar hasta el momento por diferencias con el resto de los espacios en el Congreso.

Luego de tomarle juramento a Diego Santilli como jefe de Gabinete, el líder libertario encabezó una reunión en la Casa Rosada con todos los diputados y senadores de su bloque, en la que explicó cuáles son los proyectos que pretende que se aprueben primero.

Además de la mencionada reforma electoral, también está una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y terminar de sancionar los cambios en la ley de zonas frías.

La primera de esas metas ya plantea una dificultad, porque la propuesta del Poder Ejecutivo establece la eliminación de las elecciones primarias obligatorias (PASO), una medida con la que los otros partidos no están de acuerdo.

“Así como está, nosotros no apoyamos, y esto yo ya lo hablé con el ‘Colo’ e incluso le mencioné específicamente ese punto. Tiene que tener varias mejoras para empezar a discutirlo”, sostuvo, por ejemplo, un referente del PRO a Infobae.

Por su parte, en agosto último, el jefe del bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, ya anticipó que considera las primarias como “una herramienta positiva, que fortalece el sistema democrático y fomenta la participación”, por lo que no va a acompañar la reforma si no hay cambios.

La resistencia a quitar las PASO fue tal que meses atrás, antes de que estallara la polémica en torno a Manuel Adorni que frenó cualquier otra negociación, el Gobierno había reconocido que estaba dispuesto a analizar otras alternativas, como hacer que estos comicios se volvieran optativos.

En el encuentro con los legisladores, Milei no hizo ninguna mención puntual sobre este asunto, sino que repasó el proyecto en términos generales, de acuerdo con lo que precisó uno de los integrantes del bloque que asistió el miércoles a la Casa Rosada para escuchar las palabras del Presidente.

Sin embargo, en la bancada encabezada por Gabriel Bornoroni había un convencimiento de que aquella posibilidad de mantener las primarias, haciéndolas optativas, ya no iba a estar sobre la mesa y que se va a volver a presionar para eliminarlas.

Por otra parte, el texto que envió el Ejecutivo también plantea el concepto de “Ficha Limpia”, para prohibir la candidatura de personas con condena confirmada en segunda instancia.

También desregula el financiamiento de campañas al eliminar los aportes del Estado y los límites de gastos, y aumenta significativamente el tope de aportes privados.

Asimismo, la iniciativa deroga la obligatoriedad del debate presidencial, introduce cambios en la boleta única (como un casillero para marcar lista completa) y flexibiliza las restricciones para la difusión de encuestas durante la veda electoral, buscando así transformar de manera integral el sistema de selección y financiamiento de los aspirantes a un cargo.

Sobre todos estos temas deberá discutir ahora Santilli, que viene teniendo reuniones con gobernadores para tratar de conseguir apoyo para los proyectos del oficialismo.

Antes de jurar como jefe de Gabinete, de hecho, conversó con los mandatarios provinciales que asistieron a la ceremonia y al día siguiente recibió en su oficina al catamarqueño Raúl Jalil. Allí estuvieron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Tras asumir como ministro coordinador, el “Colo” se instaló en el despacho que antes le correspondía a Adorni, en la planta baja de Balcarce 50, dentro de la otra vez disuelta cartera de Interior.

En cuanto al resto de las reformas que también quiere aprobar el oficialismo, entre los aliados hay cautela, dependiendo del tema del que se trate.

A la iniciativa de zonas frías, por caso, ya acompañaron para que tuviera media sanción y podrían mantener el respaldo también en el Senado.

Para asegurar esto, el miércoles el funcionario fue a la Cámara Alta para visitar la bancada radical y explicarle, junto a la secretaria de Energía, María Tettamant, y al secretario coordinador de Energía y Minería,Daniel González, las razones por las cuales impulsan esta medida.

El encuentro fue coordinado por la jefa del bloque libertario en el recinto, Patricia Bullrich, en una nueva muestra para dejar atrás laS internas.

Por otro lado, en el PRO y la UCR prefieren esperar a leer el proyecto sobre la Carta Orgánica del Banco Central antes dependiendo tomar una posición al respecto.

Con un optimismo que aún no se condice en cuanto a votos, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, asistió esta tarde al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) del Senado y se reunió con jefes dialoguistas para intentar destrabar el reformado proyecto de zonas frías, que fue aprobado en mayo pasado por Diputados y luego frenado por aliados en la Cámara alta, quienes temen por un aumento sustancial de las facturas energéticas en pleno invierno.

Santilli arribó, pasadas las 17.40, acompañado por la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien salió a buscarlo a un pasillo -que fue liberado durante un minuto- para un ingreso a dúo y con video para redes. Tras una hora de convite, el funcionario fue consultado si empujarán la versión de la Cámara baja o si analizan la posibilidad de modificaciones. “La idea es insistir, pero bueno, se está trabajando. Yo tengo confianza en que sí. Lo que digo es hay que trabajar todos los temas”, fue su respuesta ante medios acreditados.

El jefe de Gabinete también habló de “compensaciones históricas” que “en Argentina todavía están no resueltas”. Se refirió, en ese sentido, a la delicada bola de nieve de deudas de empresas relacionadas con Nación y, sobre todo, con las provincias. Un tema espinoso para quienes siguen de cerca el asunto. Además resaltó, para la cumbre consumada esta tarde -duró poco más de una hora- la presencia de la secretaria de Energía, María Tettamanti; y del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Por otra parte, a Santilli se le preguntó por la demorada reforma política, que desde hace largas semanas se inactivó en la Cámara alta. “Es otra reunión que vamos a tener más adelante. La próxima semana, seguramente. Pero no, hoy no se tocó el tema”, manifestó. Junto a él y Bullrich estuvieron, entre otros, los jefes del PRO y de Provincias Unidas, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes); la radical Mariana Juri (Mendoza), la peronista disidente Flavia Royón (Salta) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut). Quedan dos dudas pendientes en zona fría: si estarán los votos para esta iniciativa -no llegaría al recinto, de mínima, hasta agosto o septiembre-, y si podrán salvar ajustes en una potencial reglamentación. Si no, será cambiada y estará obligada a volver, en segunda revisión, a Diputados.

Se impuso Villarruel

Ayer, Bullrich y los jefes dialoguistas habían acordado ir al recinto la semana próxima. De hecho, la porteña había presentado una nota a la vicepresidenta para que convocara hoy a Labor Parlamentaria, algo que nunca ocurrió. Desde varios despachos deslizaron a Infobae nuevos inconvenientes entre ambas. Al mediodía, la compañera de fórmula de Javier Milei lo hizo, aunque recién para el miércoles 8.

Tras horas de indefinición -Bullrich quiso empujar y luego descartó un pedido de sesión especial, para evitar Labor-, varios bloques le dieron la razón a Villarruel y evitaron una sesión a las corridas y poco organizada hasta el momento. El problema principal surgió, otra vez, con la ley de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto ya fue desplumado y, ahora, se evalúa convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales -pese a que ya existe un dictamen y, al menos, 13 borradores extra- en los próximos días para evitar problemas ante una potencial sesión.

De esta manera, la mayoría de los temas -ya se convirtieron en una pesada mochila- deberán esperar hasta agosto. El inconveniente es que los propios dialoguistas le advirtieron a Bullrich que el primer semestre era el ideal para aprobar leyes y temen, con pre campañas electorales -y el Presupuesto 2027 que llegará en septiembre- demoren aún más las leyes que quiere el Ejecutivo.

Tras la no sesión del jueves pasado y un intento que fue descartado rápido para la corriente semana, los jefes del oficialismo libertario y la oposición dialoguista del Senado se juntaron ayer en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR) para intentar ir al recinto el miércoles próximo, con el fin de aprobar la demorada ley de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. No obstante, nada está asegurado.

Para que todo esto avance, los titulares de las bancadas tendrán que validar lo charlado en una reunión de Labor Parlamentaria. Según pudo saber Infobae, la misma fue sugerida para las 13 de hoy. La activación de la misma quedó en manos de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que desde el lunes recibió una solicitud formal de quien comanda La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich (Buenos Aires).

En caso de consumarse la cumbre y que se ratifique el acuerdo de las últimas horas, la idea de oficialismo y dialoguistas es aterrizar al recinto a partir de las 9 del miércoles que viene -8 de julio-, con el objetivo de no terminar muy tarde y permitir a legisladores el regreso a los distritos. Un caso puntual: la tucumana Beatriz Ávila desea estar por la noche en su provincia para la vigilia, en la Casa Histórica, por el aniversario 210 de la Declaración de la Independencia. Allí estará el primer mandatario, Javier Milei.

De esta manera, y si bien se estima que habrán cuestiones de privilegio y homenajes que consumarán largos minutos, el objetivo de los senadores es terminar la sesión por la tarde. Todo esto, siempre y cuando se realice Labor Parlamentaria en las próximas horas. Además, la eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya dictaminados y, ya en caso de un milagro, la aprobación de ascensos diplomáticos que esperan desde el inicio de la gestión libertaria, una cuestión que se convirtió en una bola de nieve en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

En cuanto a propiedad privada, lo cierto es que la iniciativa fue desplumada por los dialoguistas. Bullrich apuró un despacho en un plenario de comisiones y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un texto final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la última versión. Otros, en tanto, hablaron de sesionar un lunes. Así es el clima de la Cámara alta.

Con las horas acotadas, podría quedar afuera la ley “Hojarasca”, que elimina una serie normas vetustas y ya tiene el visto bueno de Diputados, por lo que quedó al filo de la sanción. Los aliados ya le habían avisado a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión. Para este caso en particular no había objeciones para hacer una excepción, pero prefieren no arriesgar con los tiempos y el compromiso de terminar un potencial encuentro más temprano de lo habitual.

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Durante el convite de ayer -finalizó pasadas las 17- marcaron presente, además de Bullrich -se retiró antes-, los presidentes de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes); de Encuentro Misionero, Carlos Arce; y la legisladora radical Mariana Juri (Mendoza), entre otros.

“Hay un 90% de probabilidades de no acordar con Rodrigo de Loredo”, advierten en la alianza opositora cordobesa que incluye a La Libertad Avanza, el Frente Cívico de Luis Juez, un sector del PRO y de la UCR. La afirmación llegó a Infobae luego de varias acusaciones cruzadas y mensajes encriptados entre los dirigentes que buscan terminar con casi 28 años de peronismo local. Aunque crece la “necesidad de cambio” en la provincia, según analizan, las tensiones entre los posibles candidatos a gobernador no paran de crecer.

Si bien la UCR atraviesa una crisis de identidad y representatividad parlamentaria a nivel nacional, el despliegue territorial conserva una importancia clave para los armados electorales. En Córdoba, por ejemplo, cuenta con cerca de 140 intendentes. Es por eso que la guerra entre los dirigentes opositores empezó cuando Gabriel Bornoroni, representante del presidente Javier Milei en la provincia, comenzó a difundir fotos con los jefes comunales que se sumaban a su proyecto.

El más incómodo con ese movimiento fue De Loredo. Tras su salida de la Cámara de Diputados, se enfocó en su campaña electoral en la provincia y es, de hecho, el único que oficializó sus intenciones de suceder a Martín Llaryora. Pero al detectar la fuga de intendentes de su ala lanzó una fuerte advertencia a sus correligionarios: dijo que el año que viene, cuando selle el acuerdo con la Casa Rosada, dejará afuera de las listas a todos aquellos que se adelantaron en abandonarlo. “Ya lo hice en el 2023″, les recordó, en referencia al acuerdo que firmó con Juez.

En La Libertad Avanza aseguran que no fue la única amenaza que hizo. Dicen que en un grupo de Whatsapp de la UCR les advirtieron que, en caso de seguir con la fuga a las fuerzas libertarias, el gobierno provincial les recortaría fondos. “Eso demuestra que hay un claro acuerdo entre Llaryora y De Loredo. Eso es extorsión”, denuncian. Esa sospecha sobre supuestos acuerdos con el actual gobernador tiene varias vertientes.

La acusación de supuestos acuerdos con el oficialismo no es nueva y no es en la única provincia donde ocurre. Pero en los últimos meses se instaló la posibilidad de que Javier Milei prefiera no impulsar un candidato competitivo en Córdoba para garantizarse así el apoyo del gobernador en la elección nacional. El rumor creció cuando la imagen del Presidente cayó en las encuestas a raíz de la crisis económica y el escandaloso caso de Manuel Adorni.

Sin embargo, según pudo saber este medio, en la Casa Rosada aseguran que están dispuestos a pelear por la Gobernación y dan un argumento sólido: si La Libertad Avanza pierde la elección en la provincia con más apoyo a Milei a inicios del año 2027, se instalaría un manto de duda sobre la posibilidad de una reelección del Presidente en octubre.

En medio de la tensión, Bornoroni profundizó la estrategia de acercamiento a los intendentes que ya mostraron públicamente su apoyo a La Libertad Avanza. Llevó a 18 jefes comunales a reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, y a unos 50 de ellos con autoridades del Banco Nación. En el primer encuentro, realizado en la Casa Rosada, se habló concretamente del armado electoral y de las posibilidades de ganar la Gobernación. En la segunda, hubo un asesoramiento sobre el acceso a créditos para los municipios.

“En la provincia hay una necesidad de cambio”, dijo a Infobae el intendente radical de Jesús María, Federico Zárate, quien ya expresó su acercamiento a las fuerzas libertarias. Según su mirada, el partido centenario está “empantanado” en la interna donde prevalecen los “personalismos”. De hecho, cree que Bornoroni hoy es el mejor posicionado para la batalla electoral.

¿Es posible vencer a Martín Llaryora con una oposición dividida? Los libertarios hoy descartan una alianza que incluya a De Loredo. Le bajan el precio y dicen que mide unos 6 puntos y que, en cambio, el sello de La Libertad Avanza supera en 10 puntos a Llaryora. Hablan de un 32 a 42. La incógnita es si esos números y el apoyo de Milei se trasladarán a la figura de Bornoroni. Ese efecto se vio en la elección legislativa con Gonzalo Roca, pero en una ejecutiva provincial se juegan otras variantes.

En los hechos, las veces que la oposición fue dividida la derrota fue contundente. En 2023, con Juntos por el Cambio en unidad, Llaryora venció a Juez por un puñado de votos. De hecho, el oficialismo perdió la mayoría propia que había tenido durante años en la Legislatura unicameral. Hasta sufrieron la derrota en el Tribunal de Cuentas. En una elección reñida, los supuestos 6 puntos que mide De Loredo serían claves.

En el entorno de De Loredo están seguros con su estrategia: fortalecer el partido para negociar más adelante las candidaturas y los lugares en las listas con el Gobierno. Recientemente se reunió con Luis Juez, su amigo personal pero rival en la carrera por la Gobernación. El senador del Frente Cívico también mantiene ambiciones de postularse tras haber perdido en tres oportunidades, pero bromea: “Como Messi, quiero ir por la cuarta”.

El oficialismo movió sus fichas y logró que se cayera la sesión de este martes en la que se buscaba emplazar a las comisiones para debatir y dictaminar la interpelación al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, en la previa a la reunión de Labor Parlamentaria prevista para sesionar hoy, desde la presidencia de la Cámara tomaron una nueva decisión: La Libertad Avanza acordó con el PRO y la UCR abrir la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo 30 de junio. Esto evitó la presión sobre los bloques que acompañan al oficialismo para que den quórum, algo para lo que se mostraban reacios.

Sin embargo, el oficialismo tuvo que ceder algo en el camino y a minutos de que comenzara la reunión con los presidentes de los bloques en Diputados, llegó una nueva comunicación de la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde se amplía el temario incorporando un nuevo proyecto y, además, se cambia el carácter del encuentro aclarando que se tratarán todos los expedientes y que la reunión no reviste el carácter de “informativo”, es decir, que se podrá dictaminar ese mismo día.

Como estas comisiones son presididas por el oficialismo -Nicolás Mayoraz la de Asuntos Constitucionales y Giselle Castelnuovo la de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambos libertarios- la oposición no lograba avanzar con el tratamiento. Esta apertura que parece un gesto de voluntad para debatir el tema esconde una “trampa”, ya que el oficialismo y sus aliados tienen mayoría en ambas comisiones por lo que será dificultoso lograr un dictamen que habilite el tratamiento en el recinto.

“Esto se hizo para que el Senado sea quien avance primero y para salvar al PRO y la UCR, pero hay que ver cómo hacen ellos -por los ex Juntos por el Cambio- para no dictaminar. Qué excusa ponen en ese momento", dijo un diputado que acompañó en algunas ocasiones al oficialismo en la previa a la reunión de Labor. “Mucho más si el Senado avanza y si aparece algo nuevo de Adorni”, agregó.

La mirada del oficialismo es que con mayoría propia junto a sus aliados en las comisiones puede dilatar el debate “por lo menos hasta que pasen las vacaciones de invierno”.

En la reunión de Labor Parlamentario de una sesión que ya se sabía caída el oficialismo planteó un plan de Labor en donde deja en claro la postura: el pedido de interpelación y una posible moción de censura necesitan dictamen.

Este punto no es menor porque en la oposición señalan que este trámite corresponde al artículo 101 de la Constitución que es el capítulo del Jefe de Gabinete y no al Capítulo de las leyes de la Carta Magna, por lo que con una mayoría de 129 diputados se podría avanzar.

Mayoraz fue el diputado de LLA que estableció la posición del oficialismo respecto de este punto. Según el diputado que, además, es constitucionalista, el artículo 67 de la CN reconoce a los reglamentos de las Cámaras con rango constitucionales y el reglamento establece que sin dictamen se necesitan los dos tercios".

“No es una norma operativa. la Constitución se aplica, lo que no se puede confundir la obtención de una mayoría con el proceso de una norma y esto último está en el reglamento. Como no hay una norma específica se aplica la norma general que es la necesidad de los dos tercios”,. culminó el diputado de La Libertad Avanza por Santa Fe.

Respecto a la Comisión y al cambio de informativa dijo que “si la oposición consigue las firmas puede dictaminar ese mismo día”. Y añadió, quizás con la confianza del número, que “también puede haber un dictamen de rechazo” a los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete Adorni.

La paralización es total. La falta de definición sobre el futuro de Manuel Adorni y su continuidad o no como Jefe de Gabinete dejó a los bloques parlamentarios de La Libertad Avanza en un estado de parálisis total y sin una brújula que les permita entender el camino a seguir.

En el Senado de la Nación el oficialismo llegó a un acuerdo con la oposición y logró postergar una semana la sesión. A cambio, no va a discutir el tratamiento y habilitaría los dos tercios para tratar sobre tablas el llamado a interpelación al funcionario nacional investigado por enriquecimiento ilícito.

La intención del bloque que conduce Patricia Bullrich —no sin cierta tensión con algunos de los propios, como Nadia Márquez— es avanzar con un temario propio que incluye pliegos de Cancillería y del Poder Judicial. Además, buscará darle media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la ley Hojarasca y varios convenios internacionales.

“Si no avanzamos hacia algún lado con Adorni no podemos avanzar con ningún otro tema. Está todo frenado”, reconoció un senador libertario. “Estamos esperando directrices de la Casa Rosada”, agregó.

Este punto es fundamental para entender el estado de situación de los legisladores libertarios. A los bloques en varias oportunidades les explicaron que su rol es el de acompañar los proyectos del Ejecutivo -tanto en Diputados como en el Senado- y seguir a rajatabla la estrategia que surja del interior de Balcarce 50.

“Vamos a ver en estos días, estamos viendo si vamos solo con holdouts o sumamos otros temas”, dijo una alta fuente libertaria de Diputados.

La espera tiene que ver con que la mesa política no se reúne hasta la semana siguiente y en el Congreso aguardan definiciones de ese encuentro. Con Martín Menem ya de regreso de su viaje por Israel desde este jueves, están todos los miembros de ese gabinete político que conforman junto a Lule Menem, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Karina Milei.

“Si abrís el recinto, te meten piñas por todos lados. En el Senado ya saben que Adorni va a una interpelación porque así lo acordaron. Acá —en Diputados— tenemos una luz porque hay un debate respecto a la forma en que se tiene que hacer el trámite parlamentario”, explicó un diputado libertario.

“Pero de todas formas sabemos que el final es el mismo. Además, a esto se le suma que hay sectores del karinismo que no lo defienden. No es lo mismo el posicionamiento de Lemoine que el de Pilar Ramírez o el propio Menem, por ejemplo. Lilia lo defiende, Pilar lo destroza y Menem hace silencio”, agregó ese legislador, que suele participar de los encuentros libertarios.

El debate al que hace referencia tiene que ver con cómo será el trámite parlamentario por el pedido de interpelación al jefe de Gabinete. Mientras el mundo libertario entiende que debe ir a las comisiones, lograr dictamen y volver al recinto para aprobar el pedido, en la oposición señalan que el mismo día que se abra el recinto se vote la interpelación.

“La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura y obligar a que Adorni venga al recinto a dar explicaciones sobre su patrimonio, que hasta hoy no ha podido justificar frente a millones de argentinos. No hace falta ni comisiones ni dictámenes, hay que reunir el quorum y votar la interpelación. Luego de ella, se votará si conserva la confianza política necesaria para seguir ocupando el cargo”, dijo Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

“Todo lo que no se logre antes de mitad de año se comenzará a complicar. Las provincias van a adelantar sus elecciones y sus legisladores van a empezar a jugar otro juego. Todo será más difícil”.

En ese contexto, el escenario parlamentario que los estrategas de La Libertad Avanza se habían imaginado meses atrás empieza a diluirse. En esos despachos la preocupación crece porque entienden que, tras el receso, las dificultades para avanzar con un temario legislativo se multiplicarán.

La Universidad de Costa Rica (UCR) logró ubicarse en el puesto 463 del QS World University Rankings 2027, ascendiendo 36 posiciones respecto al año anterior y consolidando su presencia entre las mejores universidades del mundo.

Este avance sitúa a la UCR dentro del tercio superior de las 1,504 instituciones que lograron ingresar a la clasificación final, de un total de 8,808 universidades evaluadas a nivel global.

El QS World University Rankings es considerado uno de los sistemas de evaluación universitaria más influyentes del mundo, al analizar indicadores que incluyen reputación académica, reputación entre empleadores, impacto científico, internacionalización, redes globales de investigación y sostenibilidad.

La mejora obtenida por la UCR refleja el fortalecimiento de las capacidades académicas, científicas y de gestión de una universidad pública que compite con éxito en el exigente escenario internacional.

Según la Rectoría de la UCR, el logro no responde a un hecho aislado, sino al resultado del trabajo sistemático de miles de personas comprometidas con el valor transformador del conocimiento.

Entre las acciones impulsadas para mejorar el desempeño institucional se destaca la creación del Observatorio Institucional de la Universidad de Costa Rica (OBDI), que recopila, analiza y presenta información estratégica sobre actividades, procesos y resultados universitarios.

Esta herramienta ha permitido fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, la planificación, la evaluación y la cultura de mejora continua y rendición de cuentas.

El reconocimiento internacional alcanzado por la universidad se apoya en décadas de trabajo académico, investigación científica y compromiso social. Actualmente, la UCR desarrolla más de 1,800 proyectos de investigación activos, que aportan conocimiento para apoyar políticas públicas, fortalecer el sistema nacional de salud, mejorar la calidad de los alimentos y del agua, analizar la infraestructura nacional e impulsar soluciones para sectores productivos y comunidades urbanas, rurales y costeras en todo el país.

La acción social es otro de los pilares de la UCR, que moviliza cada año más de un millón de horas de Trabajo Comunal Universitario, llevando acompañamiento técnico y oportunidades de desarrollo a diferentes regiones de Costa Rica. Además, más de 150,000 personas graduadas de la institución evidencian el impacto histórico de la universidad en la movilidad social, la ampliación de oportunidades y la construcción de una sociedad más equitativa.

La evolución de la UCR en el ranking QS en los últimos años muestra una tendencia positiva: en 2023 se ubicó entre las posiciones 511 y 520, descendió a la 544 en 2024, pero a partir de 2025 logró revertir la tendencia y escalar hasta la posición 497, luego a la 499 en 2026 y ahora al 463 en la edición más reciente, consolidando su permanencia dentro del prestigioso grupo de las 500 mejores universidades del planeta.

El rector Gustavo Araya subrayó que el verdadero valor de este reconocimiento internacional trasciende la posición numérica y reside en cómo la excelencia académica se traduce en beneficios tangibles para la sociedad costarricense. “Los rankings son una referencia importante porque permiten contrastar nuestro desempeño con estándares globales. Pero la verdadera fortaleza de la Universidad de Costa Rica reside en que la excelencia académica que el mundo reconoce se traduce simultáneamente en beneficios tangibles para el país”, afirmó.

En un contexto de educación superior cada vez más globalizada y competitiva, el ascenso de la UCR demuestra la capacidad de una universidad pública costarricense para mantener su compromiso con la inclusión, la equidad, la generación de conocimiento y el bienestar colectivo, al tiempo que compite en el escenario mundial sin renunciar a sus principios históricos.

“Venimos bien, no van a tener quórum”. A pocos días de la sesión convocada por la oposición dura en la Cámara de Diputados para avanzar con la interpelación de Manuel Adorni, los libertarios se muestran confiados. La situación del jefe de Gabinete es compleja y en el mejor de los casos lograrán ganar tiempo, ya que es prácticamente inevitable que tenga que presentarse a dar explicaciones sobre su patrimonio el 2 de julio en el Senado. Pero la apuesta del Gobierno es que la crisis política que se desató con la declaración patrimonial del funcionario vaya perdiendo intensidad en las próximas dos semanas.

A diferencia de otras sesiones, los bloques aliados no adelantan su posición y le reclaman acciones concretas a la Casa Rosada. Tanto el PRO, como la UCR y los gobernadores aliados (Catamarca, Tucuman, Salta, Misiones y San Juan) plantearon públicamente que el caso Adorni “es un problema del Poder Ejecutivo” y exigieron sin medias tintas que la Casa Rosada lo expulse. En privado ruegan que el Gobierno no los obligue a tomar una posición. “No entienden que esas amenazas no funcionan con Milei”, replicaban desde el bloque oficialista.

“Esperemos que definan el tema antes del martes. Todavía le queda un cargo”, ironizaba un diputado del PRO en referencia a la designación del nuevo vocero Adrián Ravier, quien tomará una parte de las responsabilidades de Adorni.

El bloque que conduce Cristian Ritondo no logra unificar un criterio. Por un lado, los comunicados que el PRO difundió a instancias de Mauricio Macri fueron muy duros contra el jefe de Gabinete y dejaron poco margen de acción. Además, el senador Martín Goerling Lara anticipó que el PRO en la Cámara alta incluso apoyaría una moción de censura para remover a Adorni de su cargo. “Todo para chuparle las medias a Mauricio”, lamentaba uno de sus compeñeros de partido en Diputados.

No obstante, los intereses del bloque amarillo en la Cámara baja son diferentes. Mientras que los diputados que responden directamente a Mauricio Macri, como Fernando D’Andreis y Antonella Giamperi, quieren ir a fondo contra Adorni, el propio Cristian Ritondo en tándem con el ahora ministro del Interior Diego Santilli buscan preservar el acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Tenemos un quilombo porque no decidimos nada. Probablemente terminemos de definir el lunes, en una reunión de bloque previa a la sesión”, explicó a Infobae un diputado que se inclina por no dar quórum. Y agregó: “El costo político que vamos a pagar por ayudar a Adorni nos preocupa, pero igualmente no creo que tenga incidencia en las elecciones del año que viene”.

La postura del PRO y la UCR será determinante porque la oposición dura todavía está lejos de los 129 presentes para abrir la sesión. “Por ahora no hay señales muy concretas de algunos bloques, pero con Tucumán y Catamarca estaríamos en 124”, explicaba uno de los diputados que impulsa la moción de censura. Al mismo tiempo, reconocía que en un escenario menos favorable, sin apoyo de ningún gobernador aliado de la Casa Rosada, se quedarían con 118 o 119 voluntades, bastante lejos del umbral mínimo.

La convocatoria para la sesión llevaba las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y una mayoría de Provincias Unidas. Pero para prosperar tendrán que romper la mayoría que el Gobierno ha logrado construir después de las elecciones de medio término, no solo con el PRO y la UCR, sino con las provincias del norte.

Los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén no muestran sus cartas. Se limitan a decir que es un asunto que debe resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Es por eso que los libertarios interpretan que jugarán a favor de la Casa Rosada, especialmente porque podrán argumentar que el proceso político contra Adorni avanzará en el corto plazo en el Senado.

Por otro lado, si la oposición consigue el quórum, inevitablemente se desatará una pelea reglamentaria en torno a la mayoría necesaria para avanzar con la interpelación. En el Senado la propia Patria Bullrich, jefa del bloque LLA y principal impulsora de la renuncia de Adorni, aseguró que el artículo 101 de la Constitución “tiene carácter operativo”, por lo que un pedido de interpelación no debería pasar por comisión.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, ya adelantó que para los libertarios de la Cámara baja salió al cruce de quienes plantean que sólo se necesita una mayoría absoluta para avanzar.

“Miente, miente, que algo queda...”, dijo el diputado libertario, y explicó que “el art. 101 de la CN fija la mayoría necesaria para aprobar una interpelación o una moción de censura al Jefe de Gabinete. Pero de ninguna manera elimina los requisitos para tratar un asunto en el recinto que fija el Reglamento de la HCDN”.

“Lo mejor que le puede pasar a este chico es irse”, sentenció ante Infobae una fuente del oficialismo en referencia a la situación de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y cuya polémica lleva más de tres meses en la agenda mediática. La definición parece ser solo una expresión de deseo y contrasta con la voluntad manifiesta del presidente Javier Milei, que se niega a correr a su ministro coordinador y se muestra "irascible" con quienes osan sugerirle su remoción.

Tras los tironeos con los aliados y la oposición en el Congreso, el Poder Ejecutivo logró fijar un nuevo plazo de gracia: el jueves 2 de julio, día en el que el jefe de Gabinete aspira a brindar el primer informe de gestión ante la Cámara de Senadores con intención de neutralizar —sin éxito hasta ahora— el avance del pedido de interpelación, que podría tratarse el martes próximo en Diputados.

La semana corta lo tuvo todo. El despegue masivo de los socios del PRO y la UCR, nuevas versiones de renuncia, un potencial uso de licencia y hasta el supuesto ofrecimiento de varias embajadas. Al respecto, varios integrantes del Gabinete sostuvieron que ninguna de las opciones estuvo en carpeta.

En las dos tribus que convergen en el ecosistema libertario coinciden en que el futuro de Adorni —a priori— es otro. “No lo van a echar y tampoco va a renunciar”, precisaron desde uno de los vértices del Triángulo de Hierro ante este medio. “Nunca estuvo planteado que se fuera”, coincidieron del otro. “Son todas operaciones. Salieron con todo”, intentaron neutralizar desde el entorno del afectado.

El mandatario no solo no encuentra motivos para correrlo del cargo, como planteó la senadora Patricia Bullrich, una de las que cuestiona al funcionario, sino que prepara un nuevo gesto de apoyo. El sábado se mostrará con Adorni en la ciudad de Rosario durante el acto por el Día de la Bandera en una nueva foto para la colección en medio de los dardos.

“El Presidente sabe que cualquier reemplazo es peor para él. Primero, porque implicaría menos poder y segundo, porque va a producir peores resultados para el gobierno”, admitió una importante voz con acceso al despacho presidencial. La afirmación alude al lugar que el ex vocero representa en la interna libertaria dado que, pese a responder directamente a Karina Milei, mantiene buena sintonía con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Un hombre que frecuenta la quinta de Olivos reveló ante este medio que, en una oportunidad, intentó abordar el tema con el mandatario, quien se mostró visiblemente molesto. “Lo intenté y no me fue bien. No vuelvo a hacerlo”, admitió al tiempo que justificó el accionar del libertario en su “carácter inflexible”.

“Javier Milei lo banca a muerte. Si la justicia llegara a decir lo contrario, ahí verá, pero hasta acá confía ciegamente en él”, expresó un funcionario en diálogo con Infobae.

El estilo de Milei es otra de las explicaciones que encuentran en el oficialismo para desoir los intentos de los bloques aliados y de algunos propios que reclaman la dimisión del funcionario. “El Presidente es distinto al resto. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Va a estirarlo al máximo y realmente esa forma de pensar siempre fue su ficha ganadora”, destacaron desde el entorno del libertario.

“Javier suele hacer cosas contraculturales y esta es una. Cuando todos piden que lo entregue, lo va a sostener porque cree que hay una doble vara de hipocresía en el planteo periodístico y político sobre el tema”, precisaron desde una de las tribus. “No lo va a entregar al sistema. Además, Santiago y Karina tienen al jefe de gabinete que quieren”, expresaron en otra.

Desde la irrupción de la polémica, cuando se detectó en marzo la presencia de Bettina Angeletti en la delegación presidencial que viajó a Nueva York para la Argentina Week, la administración libertaria evitó afrontar crisis y en su lugar, corrió el horizonte. Desde hace meses, el ministro coordinador supera desafíos fijados en los distintos plazos políticos establecidos. En los últimos meses, hizo frente al primer informe de gestión en Diputados, presentó la actualización de su declaración jurada y ahora, se esperanzan con una nueva visita a la Cámara Alta.

En Casa Rosada aseguran que “no hay nada claro”, y pese a que varios actores niegan la chance de una salida anticipada, hay quienes se atreven a no descartar la posibilidad. En paralelo, frente al universo de opciones, una mesa de representantes del Ejecutivo que intenta desarticular los intentos de intimar al jefe de Gabinete en el Congreso.

En medio de las negociaciones, en algunos despachos de Balcarce 50 denuncian que Bullrich exagera posiciones al sostener que las bancadas socias no quieren acompañar al Ejecutivo. “Es más una ansiedad de ella que de los aliados”, garantizó una integrante de la mesa política que se encargó de realizar su propio relevamiento legislativo.

Con el calendario fijado, los legisladores violetas pelean la interpretación del articulo 101 de la Constitución mientras los equipos de la subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales a cargo de Ignacio Devitt, uno de los encargados de negociar con los aliados, trabajan en la elaboración del discurso que el ex vocero dará ante la Cámara Alta y con el que espera conformar a quienes piden su remoción del cargo.

Recluido, pero en funciones, el ex vocero se muestra optimista respecto a la causa, aunque las últimas novedades judiciales volvieron a aumentar la presión política. Tras la filtración de los gastos en ropa de cama y blanquería, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria de su hermano Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas. “No es funcionario del Gobierno”, se jactaban desde la mesa chica.

Pese al complejo escenario, en la administración libertaria se esperanzan con la nueva parada y aspiran a recuperar la iniciativa política tras el informe de gestión. Sin embargo, mientras la Justicia y el Congreso marquen el ritmo de la discusión, Adorni continúa siendo el protagonista de un cuento borgiano, en el que el tiempo no resuelve el conflicto, apenas lo desplaza. Cada plazo cumplido posterga la polémica; ninguno, por ahora, la resuelve.

Tras horas de tensión, el oficialismo y bloques aliados del Senado lograron posponer esta tarde la sesión pensada para mañana, en medio de pedidos para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. No cambia en casi nada la situación: el jueves 25 se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá lidiar con eso -y una potencial moción de censura, si no satisface a la oposición- antes del informe que se tiene agendado para esa fecha.

La resolución del asunto tuvo dos instancias. Pasadas las 16, la jefa libertaria, Patricia Bullrich, se juntó en las oficinas centrales de la Unión Cívica Radical (UCR) junto a bancadas aliadas para llevar una postura unificada a la reunión de Labor Parlamentaria de las 18, que se realizó en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En medio de diversas opiniones y una senadora que se fue ofuscada del encuentro, se arribó a un entendimiento sobre el final del convite, mientras otros legisladores ya aguardaban al resto de líderes de bloque, en Labor Parlamentaria. Al borde de la desprolijidad. Allí, oficialismo y dialoguistas se impusieron ante un kirchnerismo que, antes de la cumbre, deslizaba que bajaría igual al recinto en las próximas horas. Una especie de auto convocatoria. Con el entendimiento y el sendero definido, el cristinismo bajó las armas.

La interpelación de un jefe de Gabinete y la moción de censura precisarán en el recinto una mayoría absoluta del Cuerpo. Es decir, 37 voluntades. A esta altura queda más que claro que el número parece blindado. Por eso se relegó el informe del jefe de Gabinete. Asistirá a la Cámara alta, pero para enfrentar desde el inicio un complejo ida y vuelta con la oposición y, en caso de no surfear esa ola, una moción de censura el mismo 2 de julio. El primer paso tendrá que concretarse la semana próxima, algo que se da por descontado.

Por otra parte, Bullrich aprovechará esta ventana para ver si consigue, de cara al jueves 25, cerrar el demorado proyecto sobre propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los aliados ya le desplumaron la iniciativa y reclaman más cambios. Grueso error de la porteña haber apurado un dictamen en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General.

Que Adorni no ejecute primero su informe de gestión no podrá convertirse en motivo de queja para la Casa Rosada: el funcionario anunció días atrás, en una red social, que asistiría el 2 de julio. Para ello, tendría que haber enviado la conformidad y predisposición al Senado, con bloques que lo esperan desde mayo último. Recién anoche lo hizo y hartó a dialoguistas, que no pretenden gastar energía en ayudar al mileísta.

De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios. Tras lo pactado en Labor, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo. A fin de cuentas, el recinto es soberano y tiene la potestad final sobre sus decisiones.

En la sesión de la semana que viene quedó en fila -más no en el acta de Labor, lo que deja dudas- la ley “Hojarasca”, otro reclamo de Sturzenegger. Tras horas y la falta de un puñado de firmas, el oficialismo obtuvo el dictamen de mayoría y la iniciativa quedó lista para ser sancionada. Diputados la aprobó en mayo pasado.

El Gobierno atraviesa horas complejas marcadas por la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. A la causa judicial se suma el rechazo de la oposición y el creciente cuestionamiento de sectores aliados de la Casa Rosada, como el PRO y la Unión Cívica Radical, que debaten si acompañan o no el pedido de interpelación al funcionario. Aunque el accionar de los sectores afines genera malestar en algunos despachos oficiales, predomina entre los libertarios una lectura comprensiva de la estrategia y evitan confrontar.

“Es su juego. Vos les podes pedir que te acompañen en proyectos, pero no podes pedirle que no hagan algo en lo que ni los propios estamos del todo convencidos”, admitió un senador violeta de peso ante Infobae.

Si bien el exvocero presidencial cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la persistencia del tema en la agenda dio lugar a que varios integrantes del oficialismo comenzaran a cuestionar la continuidad del funcionario. “Lo mejor que le puede pasar es irse, como vamos a pedirle a los aliados que lo sostengan. Ellos hacen su juego y lo hacen moderado, ni siquiera están a la cabeza”, sostuvo una fuente legislativa al respecto.

“Es una reacción lógica”, sentenció ante este medio otra fuente que transita diariamente Casa Rosada. “Estamos bien, les incomoda, pero es normal”, coincidió un integrante de la mesa política que por estas horas intenta desarticular la sesión prevista para este jueves en la Cámara de Senadores.

En minoría, hay quienes receptaron con malestar los gestos del partido que lidera formalmente el expresidente Mauricio Macri y piden tomar distancia. “No puedo entender lo que hacen. No podemos tener aliados del Gobierno que pidan lo que piden. Es insólito”, planteó un segundo miembro del reducido círculo designado por el mandatario.

Desde el entorno del jefe de Gabinete descartan que el vínculo con el PRO y la UCR haya empeorado tras las gestualidades esbozadas en las últimas horas, pero aseguran que harán los reclamos “a su debido tiempo”. “Primero vamos a trabajar en esas tensiones”, precisaron.

Como contó este medio, el oficialismo activó un operativo para dialogar con los sectores socios y posponer la actividad legislativa hasta el jueves 2 de julio, fecha prevista para que el ministro coordinador asista al Senado a brindar el informe de gestión. Para la tarea fueron designados la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior Diego Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

Sin embargo, desde una de las bancadas rechazaron la existencia de “vías de negociación” abiertas con el Poder Ejecutivo. “Nadie llamó para negociar. Quieras o no, esto es un toma y daca. No vamos a hacer más favores”, precisó un diputado a este medio.

En paralelo, varios referentes de los espacios aliados endurecieron públicamente su postura frente al caso. El diputado Fernando De Andreis (PRO) pidió la salida del jefe de Gabinete y sostuvo que “le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina, al Presidente y al Gobierno”. En la misma línea, el senador Maximiliano Abad (UCR) afirmó que “la mayoría de los dirigentes, la mayoría de la sociedad y hasta sectores del oficialismo coinciden en que tiene que irse”.

Ese clima toma temperatura en el Congreso. Esta mañana, el jefe del bloque amarillo en el Senado, Martín Goerling Lara, aseguró que, si el tema llega al recinto, acompañarán un eventual pedido de censura o de remoción de Adorni. En Diputados, en cambio, el PRO todavía no fijó una posición unificada, aunque tampoco descarta habilitar el debate. El radicalismo, por su parte, mantiene conversaciones entre sus gobernadores, que continúan en contacto con Santilli.

Durante el diálogo con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Abad consideró que el escenario parlamentario en torno a la moción de censura es inédito: “Quien no puede explicar sus ahorros, no puede venir a explicar cuál es la administración y la marcha del país”. El senador subrayó: “Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más en el gobierno. La mayoría de los dirigentes, la mayoría de la sociedad y hasta sectores del oficialismo coinciden en que tiene que irse”.

Abad sostuvo que el gobierno “tiene la pelota en su cancha”, pero advirtió que la situación se agrava con el correr de los días: “Nunca se removió a ningún funcionario por moción de censura. Esto sería un hecho inédito en la democracia argentina y generaría una debilidad institucional muy fuerte”. Según el senador, la incertidumbre no sólo atraviesa a la oposición sino también a los propios aliados del oficialismo: “Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más. Incluso dentro del gobierno muchos lo piensan aunque no lo digan”.

Al ser consultado sobre las razones por las que el presidente Javier Milei y Karina Milei sostienen a Adorni, respondió: “El presidente valora mucho las amistades personales. No encuentro otro argumento, porque esto le genera un costo político interno y externo: su electorado pedía corrupción cero y transparencia, y los inversores miran la institucionalidad”.

Para Abad, la permanencia de Adorni “produce un daño institucional y afecta la confianza, la certidumbre y la economía”. Remarcó: “Cuando el gobierno dice que esto no afecta a la economía, todos sabemos que no es así. Adorni le genera un daño irreparable al gobierno”.

El senador detalló que dentro del radicalismo existen posturas diversas, pero su convicción personal es clara: “Mi posición es que Adorni se tiene que ir, y prefiero que sea cuanto antes. Vamos a tener una reunión de bloque para buscar la mejor manera de avanzar”.

Abad explicó que la moción de censura es un mecanismo constitucional que permite al Congreso remover a un funcionario cuando el Poder Ejecutivo no lo hace, aunque aclaró: “El presidente puede restituirlo en el cargo, salvo que avance un juicio político, que lo inhabilitaría para ejercer la función pública”.

Sobre los pasos a seguir, planteó: “Algunos proponen esperar al 2 de julio, cuando Adorni anunció que irá al Senado. Otros preferimos que se resuelva ya. Lo importante es que el radicalismo va a sintetizar una posición y actuar en consecuencia”.

Abad insistió en que la crisis institucional ya afecta la agenda legislativa: “El gobierno está trabado porque los funcionarios no pueden salir a los medios a explicar ni siquiera las noticias que consideran positivas. La agenda parlamentaria también está frenada”.

El senador vinculó la parálisis política con el estancamiento económico: “La macroeconomía muestra algunas señales positivas, pero no llegan a la micro. Industria, Pyme, comercio y turismo no están bien”. Enfatizó que el gobierno debe equilibrar su programa y poner el foco también en los sectores productivos: “Hay que generar condiciones para la inversión, la producción y el empleo. No hay que perder más tiempo”.

Desde su experiencia en la provincia de Buenos Aires, Abad señaló: “Trabajamos para que la pesca, la industria, la Pyme y el comercio estén en la agenda del gobierno, con incentivos fiscales y baja de impuestos. Son sectores que hoy están en situación compleja”.

Consultado sobre la posibilidad de que Adorni deje el cargo mediante una salida negociada, como una embajada o una secretaría, Abad fue tajante: “No es bien visto ni por la política ni por el electorado que acompaña a este gobierno. La solución es que dé un paso al costado y que la justicia investigue”.

El senador concluyó que la función pública debe ser ejercida “por funcionarios capaces y decentes” y llamó a votar ficha limpia para recomponer la confianza ciudadana.

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La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, festejó días atrás el arribo a los 70 años con salud -lo más importante-, pero sin un control del recinto que terminó de perder la semana pasada y luego de una caótica sesión que llevó a pensar, entre líneas, la incongruencia entre operar una eventual candidatura y no poder ordenar, ni siquiera, a su propio bloque. Mientras transcurren los meses y la Casa Rosada ve el freno de leyes que desea, y cómo los dialoguistas le despluman las iniciativas a la ex ministra de Seguridad, el vaso de Ficha Limpia se llenó y está a dos gotas de rebalsar, con legisladores que comenzaron a hartarse de las volteretas de la porteña y actuarían en los próximos días.

A pesar de la -hasta ahora- voluntad de ayudar en lo posible al Gobierno, la crisis por Ficha Limpia terminó de estallar el martes pasado, cuando oficialismo y aliados se reunieron en las oficinas principales de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, que comanda el correntino Eduardo Vischi (Corrientes). Allí se le preguntó a Bullrich por la convocatoria de la comisión de Asuntos Constitucionales -la maneja el libertario Agustín Coto- para continuar el debate de la reforma política que no sólo incluye ese tema, sino también modificaciones profundas en los partidos, el botón de “lista” completa en Boleta Única de Papel (BUP) y el objetivo mayor de la Casa Rosada: dinamitar las PASO. Hoy, casi nada de esto tiene adeptos.

Semanas atrás, Coto señaló delante de senadores -cotejable con la versión taquigráfica de ese encuentro-, en la primera reunión para analizar la reforma política, que no había “ninguna intención de tratar todo junto”. No fue lo que planteó la porteña el martes: reconoció que no convoca a la comisión porque “no están los votos” para la ley completa, algo que ya se sabía. El problema de la mentira que saltó en esa cumbre es que el titular del PRO, Martín Goerling (Misiones) ya pule un borrador de dictamen junto a la filo radical Edith Terenzi (Chubut) y, ni bien se abra una oportunidad, propondrían a quienes integran Asuntos Constitucionales que firmen un despacho. Engloba recomendaciones de otros legisladores que empujan articulados parecidos sobre Ficha Limpia.

La senda de esta novela parece más despejada este año, salvo para la “casta”. El Gobierno libertario dice odiarla aunque, cada vez que puede, parece ser funcional a ella. Meses atrás, Infobae contó que, en esta ocasión, la mayoría absoluta de 37 ya estaría asegurada, en base a quienes ya la votaron y quienes representan bancadas que defienden Ficha Limpia. Por eso hay que prestar atención al llamado de atención de Goerling, que semanas atrás recibió de Mauricio Macri una sugerencia clara para acelerar la iniciativa. Anteayer, el misionero participó de un evento en su provincia junto a Gastón Marra, principal impulsor del proyecto en representación de movimientos ciudadanos.

El inconveniente para Bullrich es que, de no haber novedades, dialoguistas ya analizan realizar una reunión similar en la propia Cámara alta y dejar expuesta la negativa -ahora, reconocida- de la porteña y los hermanos Milei para no tratar Ficha Limpia -si es que no se vota en conjunto con la reforma política-, que es el máximo aspiracional del kirchnerismo. Cuando se cayó la ley, en mayo de 2025, el interbloque lo celebró como un gol en un mundial. Ese día también voló la témpera justicialista que algunos intentan usar para venderse como alejados del kirchnerismo. Son los más peligrosos y los primeros que, después, agachan la cabeza. La foto de la reciente conferencia de prensa para criticar la “injusta condena” contra la ex presidenta es una muestra de ello. Otros, más pícaros, juegan a diferenciarse y llevan y traen información.

Lo que demuestra todo esto es que la brújula del peronismo está rota desde mucho tiempo y no hay nadie que quiera, busque o desee de verdad el único insumo vital para el peronismo: el poder. Encima, en Diputados y el Senado votan de manera diferenciada como si fuese algo habitual y rutinario. La distancia entre los representantes y la militancia se encuentra más abultada que nunca y sólo sobreviven aduladores, un puñado de operadores y los otrora poderosos gobernadores, una “liga” más pintada que nunca. Bajo todo esto, celebran que los libertarios dilaten el tratamiento de Ficha Limpia, enviada a siesta. La última de Bullrich: avaló que Asuntos Constitucionales trabaje la semana próxima -miércoles- para la ley “Hojarasca” y un convenio de “Creación del Parque interjurisdiccional marino Monte León”. Silencio y zigzagueo sobre lo otro. Pretende, al día siguiente, que los “friendly” vayan al recinto y le den los votos para el proyecto de propiedad privada, que será más fileteado y desagradará al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Hacia dónde va la UCR es una pregunta que hace tiempo ningún radical puede responder. Sin embargo, la renovación de autoridades y la proximidad de las elecciones los obligan a ensayar una respuesta. Hace menos de un mes, los gobernadores acordaron que para 2027 cada uno implementará la estrategia que le garantice retener su territorio, es decir, aliarse con La Libertad Avanza o el peronismo. “Si cada provincia hace lo que quiere vamos a acercarnos a la muerte del partido”, advirtió a Infobae un dirigente con experiencia en armados electorales.

Esa advertencia sobre el futuro de la UCR llegó a oídos de Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto que se convirtió en el presidente más joven de la historia del partido centenario. Algunos desconfían de su vínculo con Martín Lousteau, pero le reconocen la apertura al diálogo. Desde que asumió, visitó varias provincias y le abrió las puertas del Comité Nacional a figuras relevantes del espacio que hace años no visitaban las oficinas de la calle Alsina por las fuertes diferencias con las gestiones anteriores.

Pero la preocupación sobre cómo liderará Chiarella el futuro del partido persiste. Recientemente, dirigentes con trayectoria como Mario Negri, Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez, entre otros, organizaron un encuentro en Buenos Aires donde exigieron que se unifique el bloque de Diputados pero, sobre todo, que los gobernadores no apoyen la eliminación de las PASO. “Sin esa herramienta, la idea de construir una alternativa de centro se convertirá en una utopía”, resaltó a este medio uno de los integrantes del encuentro.

Los organizadores del acto, que tuvo como consigna “Radicales, estamos a tiempo”, sospechan que el Gobierno negocia con las provincias la eliminación de las PASO a cambio de la incorporación del sistema de colectoras, un esquema que puede favorecer tanto a radicales como al PRO, que buscan cerrar acuerdos con La Libertad Avanza pero chocan con las exigencias de Karina Milei para la conformación de alianzas.

El sistema de colectoras ya se aplicó en las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta, y en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo compitió con dos ofertas electorales: Daniel Scioli y Martín Sabbatella. Permite que distintos partidos presenten diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieran a una misma papeleta para otra categoría principal. Sería una buena salida para la UCR, que no tiene, y parece que no tendrá, candidato a presidente.

La falta de un candidato a presidente es un problema que todos los radicales lamentan. Algunos se comparan con el PRO. “Nadie cree que Mauricio Macri se vaya a postular, pero al menos les generó una expectativa, los pone en movimiento de cara a la disputa del año que viene”, dicen. Como ya adelantó este medio, el ex mandatario es una opción que barajan los integrantes de Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro, aunque el santafesino desconfía de sus verdaderas intenciones. Cree que sus coqueteos presidenciales esconden una estrategia para blindar su poder en territorio porteño.

“Vamos a trabajar para tener nuestra propia propuesta”, enfatizó Chiarella durante una entrevista con Infobae en Vivo. El presidente de la UCR cree que el desdoblamiento de las elecciones provinciales les permitirá a los cinco gobernadores del espacio retener sus territorios y que, para eso, hay que permitirles que puedan sellar sus propias alianzas. Según su mirada, esa estrategia no invalidará la posibilidad de construir una alternativa nacional, como puede ser una reedición de Juntos por Cambio.

Las provincias que empiezan a ordenar sus internas

Mientras la conducción nacional intenta definir una hoja de ruta, las estructuras provinciales del radicalismo avanzan con sus propios esquemas de reorganización. En la provincia de Buenos Aires, el senador nacional Maximiliano Abad logró cerrar una lista de unidad para la conducción del Comité Provincia, que tendrá a Emiliano Balbín al frente, y además consolidó su liderazgo en las internas locales que se realizaron en nueve distritos. En General Pueyrredón y Bahía Blanca, los candidatos respaldados por el abadismo se impusieron con amplitud, mientras que el sector también se quedó con las conducciones de Luján y Mercedes.

En el entorno del senador explican que el objetivo de la nueva etapa es fortalecer la presencia territorial del partido y trabajar para que la UCR tenga un candidato a intendente propio en cada uno de los 135 municipios bonaerenses. Sin embargo, evitan despejar las dudas sobre el escenario de alianzas para 2027 y, ante las consultas sobre un eventual acuerdo con La Libertad Avanza y el PRO, prefieren no anticipar definiciones. La prioridad, aseguran en su entorno, es consolidar la estructura partidaria antes de abrir la discusión sobre el formato electoral y las alianzas.

Un movimiento similar se observa en Córdoba, aunque con otro eje de discusión. La Mesa Ejecutiva del Congreso Provincial convocó a un plenario virtual para el próximo 11 de julio en el que propondrá prorrogar los mandatos de todas las autoridades partidarias hasta septiembre de 2027. Sin embargo, la propuesta es resistida por varios sectores, que sospechan que la extensión de los mandatos busca darle tiempo a la conducción para avanzar en una negociación electoral con La Libertad Avanza.

La situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a complicarse rápidamente. Las explicaciones públicas que esbozó para justificar su incremento patrimonial no solo parecen resultar insuficientes, sino que abrieron la puerta a la comisión de otros delitos.

Pero desde el punto de vista político, además, significó un cambio en la actitud de varios bloques parlamentarios que entienden que es momento de avanzar sobre el Jefe de Gabinete. Por eso, hay dos pedidos de sesión especial para el martes 24 de junio con el fin de intentar aplazar a las comisiones que deben dictaminar sobre la posibilidad de llevar adelante una moción de censura.

“Nos podemos hacer los bobos una vez, dos, pero no siempre. Este tipo vino acá y nos mintió, nos dijo barbaridades, y después va a los medios y para cubrirse nos trata a todos de chorros, es una locura”, dijo a Infobae un diputado de la oposición dialoguista que asegura que, si su bloque define acompañar, lo va a hacer con “mucha felicidad”.

Hasta ahora los pedidos de sesión llevan la firma de miembros de los bloques de Unión por la Patria, Izquierda Unida, Unidos, Coalición Cívica, Coherencia, Defendamos Córdoba y Primero San Luis. En total, todos estos bloques si tienen asistencia perfecta reúnen 120 diputados, a nueve del quórum necesario para abrir la sesión y emplazar a las comisiones que comanda La Libertad Avanza para tratar los 6 proyectos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

“Creemos que estamos más cerca del número porque hay legisladores provinciales que dicen que van a estar”, señaló uno de los firmantes del pedido de sesión que se muestra optimista.

Para alcanzar el número, la oposición necesita que tres de los bloques que acompañan al oficialismo presten parte de sus diputados: 12 del PRO, 9 de Innovación Federal y 6 de la UCR.

“Si nos remitimos a los comunicados de los partidos deberían estar porque ahí dicen que Adorni no cumple con los requisitos para ser Jefe de Gabinete. Pero hay que esperar", señalaron.

El partido que conduce Mauricio Macri, quien se encuentra de recorridas por diferentes localidades del país, publicó un comunicado oficial donde calificaron las omisiones de Adorni como “una falta grave”. Y agregaron: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

Por su parte, el radicalismo también emitió un comunicado en donde dice que “las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son incompatibles con la ejemplaridad de quien ocupa una de las máximas responsabilidades institucionales de La República”. Y luego suma: “Los hechos son de extrema gravedad. Adorni sostuvo públicamente y ante el propio Congreso de la Nación, que en sus declaraciones juradas ‘nunca existió ocultación alguna’. Hoy reconoce lo contrario. Mintió ante el Congreso. Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”.

En muchas ocasiones lo que dicta el partido nacional no es el camino que eligen sus legisladores. Sin embargo, altas fuentes de la UCR confiaron a Infobae que el fuerte comunicado contó con “la anuencia de Pamela Varesay”, la presidenta del bloque en la Cámara de Diputados y cercana al gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Frente a la pregunta sobre si estarían dispuestos a sumarse a la sesión especial para emplazar a las comisiones, desde la sede del partido señalaron que “desconocen” el posicionamiento que tomará el bloque, pero que entienden que “si apoyan el comunicado lo deberían hacer”.

Unos pocos más cautos se mostraron en las filas de los amarillos. Una alta fuente parlamentaria explicó que se iban a “tomar este fin de semana para hacer una ronda de consultas con los gobernadores y afinar una estrategia”.

En la misma línea, una fuente muy cercana al ex presidente Mauricio Macri advirtió: “La intención es esperar para ver cómo se desarrolla ese pedido de sesión especial y, con un panorama más claro del número con el que cuenta la oposición, vamos a tomar una decisión”.

En el Senado apuran una única sesión para interpelar y votar una posible destitución del Jefe de Gabinete. En Diputados el camino parece más largo, pero buscan el mismo resultado. Todo dependerá de los partidos que hasta ahora se mostraron más cercanos al oficialismo y, como siempre, de las necesidades de los gobernadores.

La última entrega de la desgastante serie de Manuel Adorni -la presentación de su declaración jurada- desarmó en pocas horas la esperanza de Olivos sobre el inicio del camino para bajar o diluir el tema. Fue más grave. El recuento político desde el anuncio del jefe de Gabinete incluye un profundo sacudón en el frente interno, duros cuestionamientos de aliados y complicaciones serias en el Congreso. Eso, además del impacto público negativo, incluido el pésimo eco en las redes sociales, terreno en el que se sentía cómodo, dominante, el oficialismo. La pregunta, entonces, reaparece con mayor potencia: ¿por qué Javier Milei lo sostiene?

Ese es un dato corrosivo para el Gobierno, cualquiera sea la explicación. Circulan al menos dos. Una, grave aunque sería menos nociva, reduce todo al microclima de poder: una cerrazón, obcecación, del Presidente y Karina Milei como si se tratara de una batalla final con la oposición más dura y en un momento muy crítico, algo, esto último, que no se vislumbra a pesar del recurso discursivo sobre pasados intentos “golpistas”. Y la otra, sin disimulo, refiere a compromisos por lo menos opacos con el funcionario. Como sea, el interrogante se ha afirmado como elemento saliente sino mayor de esta historia.

No se trataría sólo de especulaciones en el mundo de la política. En estas horas volvió a circular el desagregado de una encuesta nacional de Management & Fit, cerrada en los últimos días de mayo. Es la imagen detenida de una película que sin dudas no ha mejorado. El 42,1% de los encuestados señala el manejo de información sobre “irregularidades” por parte de Adorni como principal motivo de sostenimiento en el cargo. El 21,9% lo asocia al peso de la relación personal del Presidente y su hermana con el jefe de ministros, y el 6,8% se vuelca por considerar que se debe a una decisión de Karina Milei. El 19,6% cree que el apoyo se debe a la condición de “inocente”.

En las redes sociales -particularmente en X-, abundan los reclamos de origen claramente violeta para darle un corte a este desgaste. A veces, con demanda de despido -entre la acidez y el desencanto- y otras, como pedido de favor para que renuncie y no siga dañando al Gobierno. En algunos casos, además, expresan malestar porque eclipsa o borra la publicidad de noticias favorables para la gestión. En este punto, sobresale también el reflejo violeta de cargas contra el periodismo.

Como sea, la pregunta sobre la cerrazón de Olivos alimenta esas señales. Constituye un trazo fuerte del cuadro general. Y, además, viene en aumento desde que el caso Adorni creció sin parar y fue haciendo naufragar las sucesivas movidas para “blindarlo” políticamente.

Todo empezó a principios de marzo, con el viaje oficial a Estados Unidos, acompañado por su esposa, y la malhadada frase sobre “deslomarse” con su trabajo, en Nueva York. Se fueron agregando las informaciones sobre su estada en Punta del Este, la compra del departamento en Caballito y, ya entonces, las sospechas internas sobre la “filtración” de tales datos. Las disputas domésticas escalaban otra vez, pero sin dudas un punto de quiebre en la defensa del funcionario -en medio de la serie de fotos y reuniones de Gabinete y de “mesa política”- fue la difusión de la costosa obra para rehacer la casa comprada en un country de Exaltación de la Cruz. Hubo expresiones abiertas -la más conocida fue de Partricia Bullrich- y siguieron, igual, las postergaciones de fecha para la declaración jurada.

El mal cálculo, después de tantas semanas, resulta ahora evidente y potenciado. Las especulaciones previas se enfocaban en problemas para adecuar los números a las “sorpresas” que fue aportando la causa judicial. Y existió una doble apuesta a estirar los tiempos para formalizar la presentación: esperaban que el correr de los días lo bajara del primer renglón del temario público y que el efecto Mundial diluyera el caso.

Todo resultó al revés, y de manera notable. Profundizó el deterioro de la posición de Adorni y de sus defensores más cerrados, aunque algunos se regodeen diciendo que lograría cambiar el delito de enriquecimiento ilícito por el de evasión. Se verá, porque circulan opiniones de expertos según las cuales el recurso de las ganancias con bitcoin no resuelve el tema en cuanto a la autoría de tales inversiones. En paralelo, el registro de declaraciones y mensajes de vieja época -que algunos rápidamente rescatan- no muestran al actual funcionario como hábil inversor en los primeros años del juego del bitcoin.

Con todo, el punto que no ofrece discusión, y que termina de impactar sobre la credibilidad de la movida, es que mintió al menos dos veces y de manera pública: ante el Congreso -en el recinto de Diputados, con el Presidente y el gabinete en los palcos- y en una conferencia de prensa. En los dos escenarios, aseguró que “todo” estaba declarado como correspondía. Las explicaciones sobre dólares ganados en cripto-apuestas, ahorros en “negro” y rectificaciones patrimoniales no cerraron el tema y potenciaron las reacciones adversas.

La presentación y las declaraciones del jefe de Gabinete generaron impacto inmediato en la interna. Victoria Villarruel dejó un mensaje breve, esperable en la mecánica de las facturas cruzadas pero en un contexto sensible. Patricia Bullrich, con otro peso y visible intención de mostrar juego propio, fue crítica. No llegó al extremo de desairar otra reunión para la foto, aunque sin evitar otro cruce en ese ámbito. En el interior violeta se viven horas de malestar contenido. Están en la mira incluso los tuiteros libertarios, más que para detectar críticas, por la falta de energía para defender a Adorni.

La fórmula más cuidada en ese terreno expone disgusto por no poder aprovechar los números que celebra Economía. Se refieren a la baja del riesgo país, luego de una mejora de la calificación financiera, y a la caída del IPC en mayo. Son datos de una semana matizada, que también incluyó indicadores negativos de la producción industrial y de la construcción, en los dos casos sobre abril. La mirada en la agenda del INDEC se corre ahora hacia fin de mes. Para entonces, está anotada la difusión del EMAE.

El efecto del caso va más allá de los escritorios libertarios. Y esta vez, registra advertencias expresas de los aliados. En menos de un día, el PRO emitió dos comunicados muy críticos. El segundo de los textos, breve, reclamó de hecho la salida de Adorni. También la UCR fue dura. Y el clima de cuestionamiento abierto, o de toma de distancia con menos ruido, se extiende a espacios provinciales. Esos gestos conviven además con una ofensiva de la oposición más dura. Y todo se traduce en el Congreso: paraliza negociaciones, termina de poner en crisis el renovado objetivo oficialista para recuperar iniciativa y amenaza con un disgusto mayor para Olivos.

Fue puesto en marcha un nuevo intento de interpelación en Diputados, que aún no cuenta con número pero genera alerta para el Gobierno en la medida que no pueda atemperar las críticas de aliados, por ahora expresadas sólo en documentos. Y en el Senado, asoma imparable la decisión de obligar al jefe de Gabinete a cumplir con su presentación este mes, sin más demora.

El costo político y público escaló visiblemente para el Gobierno. También, el sentido del interrogante -y las posibles respuestas- sobre los motivos para sostener a Adorni. Al menos, hasta ahora.

El peronismo se mostró unificado para blindar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al titular de IOMA, Homero Giles, e impuso su número en la Cámara de Diputados para frenar la avanzada de los distintos bloque de la oposición que este jueves buscaron llevar adelante una sesión especial para tratar distintos proyectos sobre el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires.

Desde hace semanas los bloques del PRO, La Libertad Avanza, UCR Cambio Federal, Hechos, UCR Unión Cívica Radical y Unión y Libertad venían presionando para motorizar una sesión especial para tratar 12 proyectos de ley referidos al funcionamiento de IOMA. Finalmente, tras varias idas y vueltas, el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, convocó a sesionar para este lunes. Como la oposición juntaba el número, se decidió postergar el tema y convocar para este jueves. Finalmente, esta tarde, la oposición reunió a los 47 diputados necesarios para darle el puntapié a la sesión, pero quedó lejos de los dos tercios necesarios para tratar los proyectos bajo condición de sobre tablas.

La oposición se mostró abroquelada, reunió el número y bajó al recinto. Se dio inicio a la sesión y automáticamente en fila entraron los integrantes del bloque Fuerza Patria, que reúne 39 miembros. Entonces Dichiara leyó los proyectos a discutirse y puso en consideración el tratamiento sobre tabla de los mismos. Al ser sobre tablas, para su aprobación, se requerían los dos tercios de los presentes: 61 legisladores. La oposición llegó a reunir a 47. Entonces se rechazó el tratamiento. “Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión”, dijo Dichiara y clausuró el debate. Seguidamente, se levantó del estrado y salió del recinto. En fila se retiraron los legisladores de Fuerza Patria. Sentados en su banca, quedaron los opositores con los micrófonos apagados.

“Era cantado que iba a pasar esto”, aseguró un legislador de La Libertad Avanza. Entre los bloques opositores hubo cierto pase de factura interno por no prever lo que iba a suceder. Reglamentariamente no hubo anomalías.

Políticamente, la jugada despertó el enojo de los bloques que no pudieron discutir en el recinto los proyectos de IOMA. Tras la sesión, hubo una improvisada conferencia de prensa en el salón de los pasos perdidos.

“Kicillof no quiere hablar de IOMA. Mientras nosotros estamos acá, una persona que no escucha sigue sin audífonos, un enfermo de cáncer sigue sin medicación, una persona está internada esperando la prótesis y otra está esperando para internarse y no se puede internar. La verdad es que hacer este tipo de cuestiones, un tema tan importante como es IOMA, pero lo que queda claro es que tienen mucho más para esconder que para mostrar y, por lo tanto, lo que ha pasado es una fiel demostración de eso", dijo el titular del bloque UCR Cambio Federal, Diego Garciarena.

“Esta cámara no quiso debatir el tema que tiene centralidad política para más de dos millones doscientos mil afiliados. Ese es el problema. El tema es Homero Giles y la conducción del IOMA. Tenemos más de quince proyectos presentados entre toda la oposición y ninguno pudo ser tratado hoy, ni siquiera para dar el debate. Giles ya vino a esta cámara. El IOMA está peor que hace un año y medio que vino Giles“, remarcó la diputada del bloque UCR Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén.

En tanto, el diputado y jefe del bloque del bloque Unión y Libertad, Fernando Rozas aseguró que “la oposición está trabajando junta”, y que si “es necesario, volvemos a juntarnos para el bien de los bonaerenses”. Según el diputado y vicepresidente de Cámara, el libertario Juan Osabas, hubo un tema que definió no sesionar y fue, como contó Infobae, la denuncia del Hospital Garrahan. “Deja en claro que la Provincia no solo no le canceló la deuda, sino que la deuda se incrementó exponencialmente y que hoy IOMA le debe más de ocho mil millones de pesos al Hospital Garrahan, que es un emblema para todos los argentinos y que ha sido defendido en todos lados”.

En el PRO, tanto el presidente del bloque, Alejandro Rabinovich, como el diputado Fernando Rovello se refirieron a la cuestión. “Hace tres años fue el primer pedido de interpelación. En la apertura de las sesiones ordinarias tuve la oportunidad de hablar, con todo respeto, y decírselo en la cara al gobernador que era un año no electoral como para que pudiéramos trabajar juntos en el tema de la autarquía de IOMA, el funcionamiento. Me dijo ‘ahora voy a mostrar los números’. Por tercer año consecutivo no se mencionó en la apertura de sesión la palabra IOMA. Hoy queda claro que no hay voluntad política”, planteó Rovello.

Así, el peronismo, se mostró unificado para bloquear la avanzada opositora. La jugada tiene varias lecturas. Una de ellas es hacia el interior del espacio. En Diputados, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa tienen preponderancia. La decisión de frenar el tema IOMA será una de las cartas que estarán sobre la mesa a la hora de la negociación política del espacio.

La tercera Ley de Newton en física es conocida popularmente como el principio de acción y reacción. Esto es lo que parece aplicarse cada vez que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta explicar su patrimonio.

Hasta ahora la acción —Adorni— era la promesa de presentar todos los papeles y la reacción —en este caso la oposición dialoguista— el acompañamiento al oficialismo, pero en silencio sobre el tema.

Esto cambió desde anoche, cuando el Jefe de Gabinete intentó dar una explicación sobre su incremento patrimonial y, además, se conoció que él y su esposa se habían anotado en el Régimen Simplificado de Ganancias. Esa fue la acción; la reacción ya está llegando a los despachos oficiales.

“Es un boludo peligro”, lo calificó una alta fuente parlamentaria. “Logró lo que hasta ahora no había logrado la oposición: que los socios avisaran que este es el límite y ya nos bajaron un proyecto que es importante”, agregó.

El Ministerio de Economía tenía el borrador listo para enviar al Congreso con las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, con la finalidad de atraer una buena porción de los dólares que los argentinos tienen sin declarar. Sin embargo, estas modificaciones perdieron el apoyo necesario para poder avanzar.

“Es imposible que salga algún voto de nuestro bloque para esto. Ya está, el acompañamiento estaba siendo complicado y esto lo detonó”, explicó una alta fuente del PRO en el Parlamento. “Ahora es imposible levantar la mano y mucho menos para esto”, dijo un diputado del bloque de la UCR.

Por primera vez, los dos aliados más importantes que tiene LLA en el Parlamento les hicieron saber que no hay forma de que presten sus votos. Y explicaron, frente al silencio de los libertarios que observan perplejos el accionar de Adorni, que la quita de apoyo no necesariamente es porque están votando “tapándose” la nariz sino porque entienden que es imposible acompañar una ley de este tipo que naturalmente apoyaban, luego de los dichos del Jefe de Gabinete. La reacción.

En los bloques de la oposición dialoguista estaban esperando el momento adecuado para marcar una diferencia. Tanto el PRO como la UCR observaban cómo Patricia Bullrich comenzaba ese proceso y no querían quedarse muy atrás. Y anoche Adorni se los dio.

“Los dos primeros años sobrevivieron en la Cámara y las comisiones gracias a nosotros, que fuimos los que pusimos la cara. Ahora que jueguen ellos y nosotros observamos y nos subiremos en las que nos convengan y en las que no, los dejaremos”, explicaron tanto desde el radicalismo como desde los amarillos.

Mientras se extiende el cambio de sobrenombre en los pasillos legislativos, y hasta hacen chistes sobre el momento en el que vaya a dar un nuevo informe de gestión, la preocupación llegó al quinto piso del Ministerio de Economía.

Luis Caputo había logrado acordar con propios y ajenos las modificaciones para Inocencia Fiscal en busca de incorporar los dólares del colchón al sistema financiero. Luego de reuniones con profesionales en ciencias económicas para escuchar sus reparos técnicos y jurídicos sobre el régimen de Inocencia Fiscal, armaron un proyecto para introducir modificaciones en la ley.

Días atrás, Infobae publicó los detalles del nuevo proyecto y señaló que para los especialistas los cambios que propone el Gobierno “van en la dirección correcta”, aunque advertían que la efectividad del régimen dependería, en última instancia, de la “confianza que logre generar el marco institucional”.

Esa confianza parece haber desaparecido, por lo menos por ahora, con los socios parlamentarios. “Es increíble, nadie entiende por qué Javier Milei está dilapidando capital político con Adorni. Vos podés tener una parte sin declarar, pero nadie tiene tres veces el blanco, es imposible”, explicaron.

“Ahora es imposible corregir lo que hizo. Quieren poner en las modificaciones lo de excluir a las personas políticamente expuestas. Si vos metés ahora a los PEP, le generás un problema a buena parte, que sus familiares entraron en el régimen. Ya está, él es un boludo —por Adorni—, hay que echarlo por boludo”, sentenció.

Durante el intercambio en el estudio de Infobae a las Nueve, conducido por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Chiarella dejó de manifiesto que la UCR está en una nueva etapa y que “la fortaleza del partido está en la representación federal” y que “encarna valores”, donde “cada región y cada gobernador están en la mesa nacional” de la organización.

“Más de quinientos intendentes a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Cinco gobernadores”, deslizó, al mencionar a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy). “Eso muestra la fortaleza que tiene el partido a nivel territorial”, sostuvo.

El radicalismo, según Chiarella, busca consolidarse como alternativa con gestión al modelo de La Libertad Avanza (LLA): “Invertimos en infraestructura, invertimos en educación, en salud pública. Los gobiernos del radicalismo tenemos superávit, tenemos equilibrio fiscal y además resultados concretos”.

Consultado sobre la estrategia electoral, Chiarella subrayó: “Vamos a trabajar para tener nuestra propia propuesta. Porque tenemos para contarle a la Argentina todo lo que hacemos, y ya no desde las ideas, sino desde la gestión cotidiana”. Sin embargo, reconoció que hay debates internos sobre posibles alianzas y candidaturas. “Hablar hoy de candidaturas, cuando falta más de un año, es prematuro”, dijo, sobre un posible candidato presidencial de la UCR. También afirmó que hay coincidencia entre los gobernadores radicales sobre la necesidad de fortalecer la estructura partidaria antes de definir nombres.

Sobre la proyección para 2027 y las posibles alianzas electorales, el dirigente dejó abierta la puerta a una reedición de Juntos por el Cambio, al reconocer que “es una opción”, pero puso el énfasis en los acuerdos programáticos: “Discutamos la agenda. ¿Qué es lo que queremos para Argentina? La minería y el campo generan dólares. La clave es a dónde invertimos esos dólares”. “Valoramos los logros en materia económica, pero creemos que el superávit solo no alcanza si no se invierte en lo humano, en educación y en salud pública”, deslizó.

También se refirió al rol del expresidente Mauricio Macri, sobre quien dijo que lo ve con “afán de recorrer y de fortalecer el PRO“, pero evitó una definición más clara sobre un posible acuerdo. ”Nosotros estamos con el afán de fortalecer el radicalismo, y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy", insistió.

Chiarella asumió el liderazgo partidario en diciembre pasado, en un contexto de reconfiguración política tras la salida de Martín Lousteau. “Tengo el enorme orgullo de ser el presidente más joven de la historia del partido”, dijo el dirigente de 37 años. En ese marco, el intendente de Venado Tuerto marcó como punto de desacuerdo con el Gobierno las críticas en torno a la transparencia y la corrupción que rondan en el gabinete nacional. Y apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“La gente está cansada de la corrupción. La honestidad no se pregona, se demuestra. Si no tenés nada que esconder, no te metas en la inocencia fiscal. Presentá la declaración jurada y decís: ‘Che, estos son mis bienes’”, sostuvo en diálogo con Infobae en vivo.

En cuanto a los desafíos actuales, Chiarella remarcó que “Argentina tiene dos grandes problemas” y son “la corrupción como una cuestión estructural y el narcotráfico”. Puso como ejemplo el impacto de la gestión de Pullaro en Santa Fe: “Bajó los índices de violencia y de homicidios como nunca antes se había visto en la provincia”.

“Cuando no robás, los recursos te alcanzan para poder llevar adelante los planes de obra pública. Cuando sos honesto y eficiente, los resultados existen”, expresó el dirigente de la UCR. “Representamos un modelo de un Estado eficiente y humano”, definió.

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Tras la caótica sesión del jueves pasado y una lesión aún abierta que se generó el propio oficialismo, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo una cumbre con los jefes de bloque dialoguistas esta tarde con el objetivo de salvar la ley que “blinda” la propiedad privada, una norma que aliados le desplumaron a la porteña en comisiones. Con la promesa de cambios extra, se intentará llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta el jueves de la semana próxima, junto a un puñado de pliegos judiciales e iniciativas -las últimas, sin conflicto- dictaminadas durante la jornada de hoy.

Lo acordado deberá validarse en una futura reunión de Labor Parlamentaria, donde se definen los temarios de sesiones junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. En la cumbre de esta tarde se presentaron, además de Bullrich, los presidentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi (Corrientes), que estuvo junto a Mariana Juri (Mendoza); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales como Flavia Royón (Salta) y el misionero renovador Carlos Arce.

¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

El ítem de zonas de frontera es el que generó ruido en algunas bancadas. No es fácil de resolver, aunque tampoco imposible. La pregunta a saldar es: ¿cómo se toman a potencias que tienen el control sobre empresas importantes y que podrían realizar grandes inversiones? Después de la cumbre entre oficialistas y aliados, se inició un ida y vuelta para rearmar el artículo conflictivo, sobre todo, para sellar los votos necesarios e ir en calma al recinto.

Además, y mientras Bullrich no logra destrabar otros proyectos clave para la Casa Rosada, se deslizó que la semana próxima habría reuniones informativas sobre las leyes de etiquetado frontal y de sociedades. Es decir, trámite lento.

Convenios internacionales

Las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Justicia y Asuntos Penales, que comandan los libertarios Francisco Paoltroni (Formosa) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), respectivamente, avanzaron esta tarde con dos tratados ya aprobados por Diputados, los cuales quedaron en fila para ser convertidos en ley.

El primero avala el convenio de extradición con la República de Chile, suscrito el 5 de diciembre de 2023. En tanto, el segundo está relacionado con la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales (“Tratado de Medellín”).

Varios dirigentes porteños que buscan llegar a 2027 con un armado competitivo empezaron a coincidir en un análisis sarcástico sobre el futuro de Patricia Bullrich. Dicen que no está para ocuparse de cuestiones como la VTV, la recolección de basura o el arreglo de veredas. La forma en que lo plantean sugiere que son palabras de la propia senadora. En su entorno aseguran que ya no le interesa competir por la sucesión de Jorge Macri, aunque evitan lanzarla a una candidatura presidencial. Pero con la figura que mejor mide en las encuestas afuera de la cancha, el resto de los espacios empieza a reordenar sus estrategias y a explorar negociaciones con potenciales aliados.

Bullrich no es la única que se destaca en los sondeos porteños. Myriam Bregman también aparece en el escenario con una alta imagen positiva. Efectos de un electorado pendular. “No creo que eso se traduzca en votos”, confiesan a Infobae algunos operadores que buscan un armado de centro, aliviados además porque están seguros de que la dirigente de izquierda peleará por llegar a la Casa Rosada. Con ese panorama aparecieron nuevos nombres y posibles alianzas. ¿Pilar Ramírez integraría la fórmula de Jorge Macri? ¿La UCR negocia con Leandro Santoro para que rompa con el kirchnerismo? ¿Con quién se aliaría Horacio Rodríguez Larreta?

Dentro del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña ya hablan de “instalar a Pilar” en los medios de comunicación como la candidata libertaria, aunque la legisladora cercana a Karina Milei esquiva cualquier tipo de definición. Dice que está enfocada en defender los proyectos de desregulación y desburocratización y que está convencida de que la gestión de Javier Milei logrará reactivar la economía. En el entorno de Bullrich, sin embargo, se habla de la posibilidad de avanzar hacia una alianza con el PRO, con una fórmula integrada por Jorge Macri y Pilar Ramírez, si el Gobierno no logra revertir el malestar social.

A los karinistas les genera rechazo hablar de una alianza con el PRO. Creen que Jorge Macri está en un “no lugar” porque “se disfraza de algo que no es”, en referencia al operativo “Tormenta Negra” en barrios populares y la “Operación Muro” para blindar los accesos de la Ciudad. Incluso rechazan ambas medidas y remarcan la contradicción que genera que un ex intendente de Vicente López busque restringir el ingreso de bonaerenses. En un punto coinciden con Rodríguez Larreta: la gestión dejó de empeorar, pero sigue siendo mala. “Pasó de muy mala a mediocre”, suele decir el ex jefe de Gobierno.

Para Rodríguez Larreta las chances de volver a Parque Patricios son altas. Está seguro de que puede vencer en un ballotage a la propuesta libertaria, pero es esquivo a la hora de hablar de aliados. Confía en que su figura y su propuesta reordenarán la oferta electoral para el año que viene. Sin embargo, quienes lo quieren adentro de una coalición de centro expresan cierto fastidio con su actitud. “Dice que aprendió de los errores que cometió cuando fue candidato a presidente, pero sigue con la misma lógica de no pensar en lo colectivo”, reprochan. Otros sostienen que es un buen candidato para una segunda vuelta, pero no necesariamente para una PASO o una elección general.

Los radicales, por ejemplo, lo quieren adentro de una coalición, pero también barajan otras opciones. Según pudo saber Infobae, en los próximos días se reunirán con Leandro Santoro para acercar posiciones de cara a 2027. Hay sectores del peronismo que dejan trascender que prefieren a Mariano Recalde como candidato porque, en los hechos, obtuvo más votos que El Toro en la última elección legislativa. Pero dentro de la UCR también hay diferencias respecto del perfil que debería tener esa alianza.

Daniel Angelici es uno de los más interesados en que la coalición incluya al PRO, con Jorge Macri como candidato. Pero otro sector del radicalismo cree que el actual jefe de Gobierno ensaya un discurso tan corrido hacia la derecha que les genera incomodidad frente a su propio electorado. Además, la presencia del primo del ex presidente eliminaría automáticamente la posibilidad de incorporar a Santoro. De todos modos, advierten que todavía no descartaron a Martín Lousteau de la lista de posibles candidatos. El senador busca recuperar protagonismo político y sus aliados creen que todavía tiene margen para reposicionarse. “En dos o tres meses veremos cómo está para la pelea electoral”, adelantan.

Al igual que en otras provincias, el Mundial aparece como uno de los principales ordenadores de la campaña porteña. En buena parte de los espacios creen que las definiciones de fondo sobre candidaturas y alianzas quedarán para después del torneo. También esperan novedades sobre el calendario electoral. Como adelantó Infobae, Jorge Macri analiza la posibilidad de impulsar un “súper domingo” que coordine las elecciones en distintos distritos para fortalecerse frente a Javier Milei en caso de que no prospere una alianza. Como contrapartida, el Gobierno evalúa alternativas para eliminar o suspender las PASO, una medida que podría complicar a los sectores que necesitan una instancia previa para ordenar liderazgos y construir una propuesta competitiva.

La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura bonaerense volverá a materializarse en las próximas horas cuando en la Cámara de Diputados provincial se discuta en comisión un proyecto de ley que interviene en la transferencia de recursos a los municipios, producto de la deuda que tome el Poder Ejecutivo. Como dio cuenta este medio, los intendentes instaron a que los fondos que llegarán a los distritos a partir del endeudamiento que se le aprobó a Kicillof sean en su totalidad de libre disponibilidad. Actualmente la ley aprobada establece que un 70% será bajo esta condición, mientras que el 30% restante será ejecutado a través de tres áreas específicas: el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte o el Instituto Cultural. Pero la coyuntura económica, según los intendentes, obliga a cambiar los planes.

En este marco, hay dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados bonaerense. Ambos, impulsados por dos sectores del radicalismo, les otorgan a los intendentes la potestad de decidir libremente para qué usar los fondos que vayan a percibir, aunque uno de ellos faculta a una comisión bicameral para que autorice el pago. Esa iniciativa, que lleva la firma del diputado UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, es la que corre con ventaja dentro de la Legislatura y se discutirá este miércoles en la reunión de comisión de Presupuesto.

Pero Kicillof quiere otra cosa. “Se puede hacer más simple”, planteó el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. El funcionario explicó: “La ley tenía previsto que el 70% de los fondos que iban a los municipios fueran de libre disponibilidad y un 30% se asociara a distintos proyectos de algunos ministerios de la provincia de Buenos Aires. Entiendo que lo que plantea el proyecto es que van a ser de libre disponibilidad, pero que van a estar definidos por una bicameral”. Y sentenció: “Que los fondos sean 100% de libre disponibilidad y por el CUD”.

Bianco apunta a que sean sin la intervención de la comisión bicameral que solo se atañará a monitorear el nivel de deuda del Poder Ejecutivo. El CUD es el Coeficiente Único de Distribución, un índice matemático oficial que utiliza la provincia de Buenos Aires para determinar qué proporción de los fondos de coparticipación recibe cada uno de sus 135 municipios. Es un cálculo anual basado en la población de cada distrito, la superficie territorial, el nivel de prestación de salud, la capacidad de recaudación tributaria y la vulnerabilidad social del mismo, entre otros factores.

“Me parece que esa es la forma más razonable para que los fondos lleguen de manera más equitativa”, consideró Bianco en una conferencia de prensa. Es decir, mediante el CUD y sin participación de legisladores, aclarando —además— que esa es “la posición del Poder Ejecutivo”.

La situación actual vuelve a poner énfasis en la diferencia de criterios entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y en la tensión con la que transita la relación interpodere, atravesada, además, por la interna del peronismo. Cuando, a fines del año pasado, Kicillof giró el proyecto de ley para solicitar endeudamiento por una suma nominalizada en dólares de USD 3.685 millones, la negociación política derivó en la creación de un fondo destinado a los municipios y la conformación de una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda.

Se acordó que el fondo fuera el equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones. En lo que respecta a la bicameral, Diputados designó a sus integrantes una vez aprobada la ley. Se nombró a los peronistas Mariano Cascallares, Mayra Mendoza, Carlos Puglielli, Juan De Jesús, Rubén Eslaiman; mientras que de la oposición los elegidos fueron el radical Garciarena y el jefe del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. En el Senado aún no hay novedades sobre quiénes integrarán dicha bicameral. La mayoría de ellos, junto a las autoridades de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (presidente) y Alexis Guerrera (vicepresidente), recibió a una comitiva de intendentes que fueron a pedirle que los fondos a percibir sean de libre disponibilidad.

El rol que vaya a tener ese ámbito, es decir, la comisión bicameral, es el que se discutirá este miércoles. Los movimientos legislativos son seguidos con atención por los intendentes. Además del proyecto de Garciarena para darle libre disponibilidad a los recursos pero autorizados por la bicameral en cuestión, se suma otra iniciativa de similares características, pero donde la bicameral no interviene en la ejecución de recursos y solo se ata al seguimiento de la deuda y al pedido de información al Ejecutivo referido al endeudamiento. Propone —como quiere el Ejecutivo— que la transferencia de fondos sea automática y mediante el CUD. Lleva las firmas de las diputadas del bloque UCR Radicalismo, Alejandra Lordén, Priscilia Mineaard y su compañero de bancada, Valentín Miranda.

En Diputados responsabilizan a Kicillof de la actual situación y la falta de certezas que tienen los intendentes. Los jefes comunales reconocen que, si bien la creación de un fondo específico fue una demanda sectorial, cuando el proyecto se debatió, “estaba bien” la caracterización que se le dio, solo que “la coyuntura económica cambió en seis meses. Ahora hay muchos distritos que no pueden pagar sueldos ni aguinaldos. Por eso necesitamos darle celeridad”. Un grueso de intendentes aboga por el proyecto que no le da facultad a la bicameral para la autorización en el giro de fondos; sin embargo, y probablemente, la iniciativa que avance este miércoles tiene otras características. Lo explicita su artículo 2 que detalla las atribuciones de la comisión bicameral y remarca una de ellas será “autorizar el pago a cada municipio de los fondos estipulados en el inciso b) del artículo 3 de la ley 15.561″

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, trabaja en la construcción de un caudal político propio que culmine con su candidatura presidencial por el peronismo en 2027. Para un sector del PJ los movimientos del mandatario bonaerense son apresurados y hasta en La Cámpora lo emparentan con el mismo camino que transitó el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando fue precandidato presidencial en 2023. Este miércoles, Kicillof irá a Corrientes y firmará acuerdos con el gobernador Juan Pablo Valdés.

Lo anunció el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. En Corrientes se verá y firmará convenios con el gobernador Juan Pablo Valdés, uno de los gobernadores que tiene la Unión Cívica Radical. Su hermano, el ex gobernador y actual senador nacional, Gustavo Valdés, tuvo en el último tiempo algunas críticas contra el gobierno nacional, al enfatizar que la gestión de Javier Milei “es más centralista que nunca”. Sin embargo, la relación entre ambas administraciones es buena. El equilibrio lo busca garantizar el ministro del Interior de la Nación y posible candidato a la gobernación bonaerense por La Libertad Avanza, Diego Santilli. Días atrás, el mandatario correntino y el ministro mantuvieron un encuentro de trabajo en Buenos Aires. Al enterarse de la presencia de Kicillof en Corrientes, Santilli ironizó: “¿Ahora es gobernador de Corrientes? Me parece que hay que regalarle un GPS”.

En Corrientes, Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes”. Será en el auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Antes de ello, firmará convenios de cooperación entre Buenos Aires y la provincia mesopotámica. Serán acuerdos interministeriales en Seguridad, Desarrollo Agrario y de Gobierno.

Pero la presencia de Kicillof en Corrientes servirá, en definitiva, para medir el termómetro político en una provincia donde el peronismo no logra hacer pie. En marzo de este año, el mandatario bonaerense envió a dos conocedores del armado político como lo son el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, a organizar y ordenar el Movimiento Derecho al Futuro Corrientes. Ambos dirigentes del conurbano profundo tuvieron distintas reuniones. El saldo, aseguran, fue positivo. Tres meses después, Kicillof irá hasta el territorio. Hoy Descalzo y Pereyra son parte activa de la gestión bonaerense. El primero fue recientemente nombrado al frente de Provincia Seguros, mientras que Pereyra ocupa una de las poderosas sillas del directorio del Banco Provincia.

La visita de Kicillof a Corrientes se sumará a las fotos que consiguió a principios de mes en Córdoba cuando llegó a las localidades de Cosquín y La Falda para, también, explorar el termómetro político en un territorio, aunque gobernado por una vertiente peronista, por demás hostil al kirchnerismo en materia electoral. En el entorno del gobernador habían destacado la incursión cordobesa. Una serie de actividades que no incluyeron un encuentro con su par Martín Llaryora, aunque sí un diálogo previo según reveló el propio Bianco. El armador en Córdoba es el exsenador nacional Carlos Caserio.

“No es una cuestión, lo repito por las dudas, porque se va a entender como que el Gobernador está en campaña. No está en campaña: él fue muy claro; la campaña será el año que viene, luego de que defina las candidaturas. Este es un año para nosotros de profundizar la gestión y en este caso de profundizar las actividades, las articulaciones en materia de cooperación que venimos haciendo desde que empezó la gestión", dijo este lunes Bianco desde la Sala de Conferencias de la Gobernación bonaerense en La Plata.

En ese marco, recordó los distintos acuerdos que Buenos Aires llevó adelante con otras provincias desde que Kicillof asumió la gobernación en 2019; convenios que se dieron en el marco de la pandemia de coronavirus o cooperación para la búsqueda de personas —como sucedió con la desaparición de Loan en Corrientes—, ayuda de maquinaria durante incendios o el préstamo en comodato de móviles policiales o ambulancias con otras provincias como Santa Fe o Chubut. “Hay una definición muy concreta del Gobernador de articular, de cooperar con todas las provincias argentinas, máxime cuando hay un Gobierno nacional que se retira de sus responsabilidades constitucionales y del rol rector que tiene que tener sobre muchas políticas a nivel nacional y de sus propias responsabilidades en materia de ejecución. Así que, en ese contexto, lo que está haciendo el gobernador es continuar con una política definida por fuera de un momento electoral”, aclaró Bianco.

Mendoza también figura en la hoja de ruta de Kicillof. En la provincia cuyana está por abrirse una casa que promueve la figura del bonaerense. El diputado nacional y ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, es el encargado de sembrar y desplegar la bandera del MDF. En las últimas horas se intensificó el diálogo.

Hay otros nombres como el de la intendenta de Santa Rosa (Mendoza), Florencia Destéfanis. La jefa comunal ya estuvo hace semanas en la ciudad de Ensenada cuando Kicillof lanzó el MDF Mujeres y Diversidades con la ministra provincial de esa área, Estela Díaz; las vicegobernadoras de Buenos Aires, Verónica Magario, de La Rioja, Teresita Madera y la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez sobre el escenario.

La Universidad de Costa Rica informó que desde el 1 de junio las personas usuarias de Grecia tendrán una opción nocturna para regresar a sus hogares: podrán abordar el bus de la ruta Alajuela-UCR de las 20:05, pagar ¢500 y bajar en la terminal de TUAN en San José para hacer trasbordo al servicio hacia ese cantón, mientras la institución espera la aprobación del Consejo de Transporte Público para reactivar de forma regular el transporte especial.

La medida forma parte de las gestiones que la UCR, por medio de la Vicerrectoría de Administración, impulsa para restablecer el servicio a la comunidad universitaria de Cartago y Grecia, afectada desde el año anterior. Según la universidad, ya se firmaron dos convenios para la prestación del transporte especial y exclusivo en ambas zonas.

La vicerrectora de Administración, Rosa Julia Cerdas González, confirmó a la prensa universitaria el jueves que esos convenios ya están suscritos, aunque precisó que el inicio efectivo del servicio depende del aval del Consejo de Transporte Público. Según Cerdas, el trámite suele durar entre uno y dos meses, pero podría retrasarse por el cambio de gobierno y la falta de integración de la junta directiva del CTP.

¿Cómo funcionará el servicio para Grecia y Cartago?

En el caso de Grecia, la universidad suscribió un acuerdo con AVIA S.A. con una salida propuesta hacia la UCR a las 5:05 y un retorno a las 17:10, con una tarifa de ¢2.300.

La opción que entrará antes en operación es la de regreso nocturno: desde el 1 de junio, quienes viajan a Grecia podrán usar el bus Alajuela-UCR de las 20:05, llegar a la terminal de TUAN en San José y abordar desde ahí el bus a su cantón. Según la UCR, el costo de ese trayecto será de ¢500.

Para Cartago, la universidad informó que ya se firmó el convenio del ramal Tobosi-UCR, con operación durante todo el día y tarifas diferenciadas entre ¢725 y ¢1.100, según el punto de abordaje.

La ruta Cartago-UCR sigue en análisis con Primera Plus, la única empresa que continuó el proceso, y mantendría los horarios previos con una tarifa de ¢625. La UCR detalló que, tras la revisión técnica de las unidades de esa ruta, al permisionario se le concedió un plazo de 22 días naturales para hacer correcciones y garantizar su funcionamiento.

Según la institución, la firma del convenio podría concretarse entre el 22 y el 26 de junio si cumple con todos los requisitos exigidos por la Comisión Institucional de Transporte de Universitarios.

¿Qué frenó el restablecimiento del transporte en 2025?

La universidad atribuyó las dificultades de 2025 a dos factores: la falta de respuesta de las empresas asignadas originalmente para cada ruta y el escaso interés de otras compañías cuando se abrió la búsqueda de nuevos permisionarios. Ese escenario impidió dar continuidad al servicio en las condiciones previstas.

A esa situación se sumó una restricción regulatoria. Según la UCR, el 24 de setiembre de 2025 el Consejo de Transporte Público publicó en el alcance 123 de La Gaceta 178 el Decreto Ejecutivo 45200-MOPT-TUR, que estableció una moratoria de seis meses para otorgar nuevos permisos de servicios especiales, prorrogable por dos meses más; el decreto venció el 23 de mayo de 2026.

La universidad también aclaró que las tarifas anunciadas son provisionales mientras la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos define la metodología para calcular los cobros de los servicios especiales que se brindan a la UCR.

La demorada constitución de las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense —que terminó de oficializarse este viernes—, aceleró la actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires. Ahora, los intendentes de todos los sectores buscan que se mueva un proyecto de ley que les permitirá tener libre disponibilidad de los fondos que se destinen a los municipios producto del endeudamiento que vaya a tomar Kicillof. Es una discusión técnica, pero sobre todo política.

Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires solicitó a fines del año pasado que la Legislatura lo autorizara a endeudarse por un monto total nominado en dólares que alcanzaba los 3.685 millones, los intendentes a través de los bloques legislativos prestaron sus votos a cambio de la creación de un fondo destinado a los municipios. Se definió que el mismo —denominado El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal— sea equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones distribuido en cinco pagos fijos para brindar previsibilidad a los intendentes, lo cual Kicillof ya empezó a ejecutar. Sin embargo, en la letra chica también se planteó que el reparto fuera del 70% a través del Código Único de Distribución (CUD) y que el 30% restante fuera asignado a través de tres áreas: los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte y el Instituto Cultural. Eso es lo que no querían los intendentes. Con los últimos movimientos legislativos podrían tener una buena noticia.

A principios de mes, una comitiva de intendentes que representaban a los radicales y a los de Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo -donde se nuclean 69 intendencias de distintos signos políticos- se habían reunido con el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (PJ-K); el vicepresidente Alexis Guerrera (Frente Renovador); además de los diputados y autoridades de bloque, Alejandro Rabinovich (PRO), Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal) y sus pares Juan Pablo De Jesús (PJ) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador). Le dejaron una nota en la que explicitaron que “el deterioro en la actividad económica impacta directamente en la recaudación propia y en los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes”. Pidieron allí, como medida excepcional, dar a los municipios la “potestad para decidir el destino del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal”.

Un diputado del bloque Fuerza Patria responsabilizó directamente a Kicillof de esta situación. “Si él hubiera dado el visto bueno desde un principio para que los fondos fueran de libre disponibilidad, nos habríamos ahorrado todo esto. Cuando giró el proyecto de endeudamiento, no había ni un fondo para los intendentes”, planteó ante la consulta de este medio. En el Ejecutivo aseguran que es toda potestad de la Legislatura y que no tienen problema con cómo se emplean los recursos. Kicillof y su entorno están fastidiados desde hace tiempo con la dinámica de Legislatura. Quien lleva las riendas cuando hay que encarar una negociación es la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila. En el medio, los intendentes.

“Lo que va a ser difícil van a ser los seis meses que viene por delante, ya se lo planteamos al gobernador. No sabemos qué va a pasar. Hay intendentes que no van a poder afrontar el pago de aguinaldos. Por eso, pedimos que los fondos que no son vía CUD sean de libre disponibilidad. Lo hablamos con el Ejecutivo y con la Legislatura. Ese es el cuadro de situación”, reclama un intendente del radicalismo ante la consulta de este medio. Otro, peronista del conurbano, planteó que hay que “priorizar los recursos de la Provincia”. La semana pasada lo graficó con cierta honestidad brutal: “No pueden faltar, comida, bala y remedios”. Por bala, se refería a la inversión en seguridad, no a reprimir.

En las últimas horas, según supo Infobae, podría haber novedades. Está previsto que los Diputados sesionen el miércoles 10 de junio y discutan este tema. Al momento, hay dos proyectos de ley. Uno del diputado Garciarena y otro con las firmas de las legisladoras Alejandra Lordén, Priscila Minnard y el diputado Valentín Miranda. La diferencia entre ambos radica en que el de Garciarena faculta a la comisión bicameral que se creó para el seguimiento de la deuda de Kicillof a que autorice el pago a los municipios. La otra iniciativa no hace referencia a que la comisión bicameral decida la autorización del pago en cuestión, sino que busca darle celeridad. En la reunión de intendentes con legisladores no hubo presencia de legisladores de La Cámpora ni del Movimiento Derecho al Futuro que responden a Axel Kicillof. En el cristinismo consideran, como ya sucedió con otros temas, que es el Ejecutivo quien debe elevar una modificación para la distribución de fondos. “El pedido de endeudamiento lo pidió el gobernador, nosotros buscamos los votos y lo aprobamos. Ahora tendría que hacer lo mismo y mandar un proyecto”, asegura un diputado K.

Hay otro tema atendible. La comisión bicameral para el seguimiento de la deuda y por donde debería discutirse si los fondos que llegan a los municipios serán de libre disponibilidad o no se conformó. Diputados designó a sus miembros. El Senado no. Por la Cámara baja lo integrarán Garciarena, Rabinovich; los massistas Eslaiman y Carlos Puglielli; la camporista Mayra Mendoza, De Jesús y el diputado que forma parte del MDF, Mariano Cascallares. Estos últimos tres de la bancada de Fuerza Patria. En la Cámara alta que preside Verónica Magario aún no hay novedades al respecto.

La dinámica legislativa en la provincia de Buenos Aires está atravesada por la interna del peronismo. Recién esta y la semana anterior se constituyeron las autoridades de las comisiones y se llevaron a cabo las primeras reuniones de las mismas. Hasta hubo reacomodamientos a la integración original de las comisiones. En el kirchnerismo las miradas dentro del Senado apuntan a Magario. El MDF logró retener la presidencia de Legislación General, con Germán Lago. Es una comisión importante porque por allí pasa el grueso de los proyectos de ley. La Cámpora se quedó con Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Sin embargo, el Senado —aunque también Diputados— se prepara para ser un teatro de operaciones de la discusión interna del peronismo. El senador Sergio Berni, dio una muestra de esta situación cuando asumió como presidente de la comisión de Seguridad. “Esta Cámara hace casi seis meses que no funciona y es una falta de respeto hacia los bonaerenses”, lanzó el exministro de Seguridad bonaerense que responde a las directivas políticas de Cristina Kirchner. Los intendentes reconocen que esta situación también impactará en sus expectativas para tener la libre disponibilidad de recursos. Esta semana que inicia no habrá sesión en ninguna de las cámaras.

“Está muy verde”, confesaron varios armadores a Infobae respecto de la posibilidad de una estrategia conjunta entre los gobernadores para las elecciones de 2027. Pero todos confirman que las conversaciones existen, sobre todo entre los mandatarios que temen perder en sus territorios. Se trata de la posibilidad de, además de desdoblar los comicios locales de los nacionales, realizarlos todos juntos en un mismo domingo. Los meses de mayo y junio son las opciones que se barajan.

Un “súper domingo”, como lo definen algunos de los impulsores, obligaría a La Libertad Avanza a movilizar un aparato electoral en todo el país. Algunos sospechan que el Gobierno no cuenta con esa capacidad. En ese escenario, los gobernadores podrían aprovechar esa debilidad territorial de Javier Milei para retener su poder local. “No van a poder llevar al Presidente a apoyar a todos sus candidatos a la vez”, detallan quienes participan de las conversaciones. En el PRO repiten, en publico y en privado, que “Milei no hubiera ganado en 2023 sin la fiscalización” amarilla.

Esas negociaciones, según pudo reconstruir este medio, se dan entre los viejos socios de Juntos por el Cambio, aunque tampoco habría que descartarlas en provincias como Córdoba y Buenos Aires, donde Martín Llaryora y Axel Kicillof enfrentan armados opositores que los amenazan.

En la estructura del PRO que trabaja para relanzar el espacio, con recorridas de Mauricio Macri y de armadores nacionales como Fernando De Andreis, Ezequiel Sabor y Ezequiel Jarvis, reconocen que la propuesta comenzó a analizarse. Aunque, por lo bajo, aseguran que la estrategia dependerá de la relación de cada provincia con el gobierno nacional, con más posibilidades de implementarse en aquellos distritos que tienen nulas o pocas chances de acordar con La Libertad Avanza.

De hecho, en Parque Patricios se analiza esa alternativa. Jorge Macri no tiene certezas de que la Casa Rosada le dé luz verde para armar una alianza y, para colmo, tiene a Patricia Bullrich —una de las dirigentes con mejores mediciones en las encuestas— con ganas de competir por la Ciudad. También está Horacio Rodríguez Larreta, que le recuerda públicamente que el año pasado salió tercero en las elecciones legislativas. “El PRO nunca perdió una elección en los 20 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires”, repite el ex jefe de Gobierno porteño, que cree tener grandes chances de llegar al ballotage para enfrentarse a la propuesta libertaria.

El equipo estratégico de la actual gestión en CABA trabaja para la reelección, aunque admiten que “todos los escenarios son complejos”. “No es lo mismo para nosotros que La Libertad Avanza no dé una pelea competitiva en la ciudad de Buenos Aires a que tengamos la posibilidad de que Jorge (Macri) reelija. Eso también nos cambia el panorama”, detallaron desde el entorno del expresidente.

En Entre Ríos, en cambio, ya tienen una alianza con los libertarios. Tal es la buena sintonía que Rogelio Frigerio se manifestó a favor de la reforma electoral que implica, entre otros puntos, la eliminación de las PASO. En Chubut, Ignacio “Nacho” Torres no logró acordar con la Casa Rosada y tampoco tuvo un buen desempeño en la última elección dentro de Provincias Unidas. Sin embargo, en el partido amarillo lo descartan de la estrategia conjunta. Es más, cerca del mandatario destacan la buena sintonía con el ministro del Interior, Diego Santilli.

En las cinco provincias que gobierna la UCR también el panorama es dinámico. Recientemente mantuvieron una reunión en el Comité Nacional con el presidente Leonel Chiarella, donde pusieron en común algo que ya venían implementando: cada territorio establecerá la estrategia que más le convenga para garantizar el triunfo.

La idea del “súper domingo” llegó a Mendoza aunque, como en el resto de las provincias, se maneja solo como una opción que dependerá del desenlace de varios factores. Quienes conocen a Alfredo Cornejo aseguran que está enfocado en dejar un sucesor el año que viene. Incluso ya tiene una lista de posibles candidatos, entre ellos el ministro Tadeo García Zalazar y el intendente capitalino Ulpiano Suarez.

Cornejo es de los pocos gobernadores que mantiene una alianza con La Libertad Avanza, convencido de que comparten electorado, aunque siempre manifestó su preocupación por la reactivación económica. En las últimas elecciones municipales logró incluir al PRO en la alianza y tiene la certeza de que Luis Petri no será una amenaza para 2027, tras el cruce de su pareja, la periodista Cristina Pérez, con Manuel Adorni por el escándalo de los viajes al exterior del jefe de Gabinete. Dicen que ya no está en la lista de Karina Milei.

En Santa Fe tienen un escenario parecido al de Cornejo respecto de la competitividad local de los libertarios. Están seguros de que Romina Diez no será candidata a gobernadora, sumado a que se espera que Juan Pedro Aleart no tenga el mismo poder de daño en Rosario tras las elecciones parejas del año pasado. Recientemente terminaron de sellar la interna del PRO con la incorporación de Federico Angelini. El panorama dejaría allanada la posibilidad de una reelección de Maximiliano Pullaro, por lo que, hasta el momento, analizan realizar la elección en abril y no se sumarían al “súper domingo”.

En Chaco sigue firme la alianza de Leandro Zdero con La Libertad Avanza y la dependencia del acuerdo con los libertarios es fuerte ante la avanzada peronista. Jujuy tiene otro contexto pero cerca de Carlos Sadir descartan sumarse al súper domingo. “Cada gobernador tiene su situación”, dicen. Lo llamativo es que, si bien todos los gobernadores reconocen las conversaciones, aparecen versiones cruzadas sobre quiénes lo impulsan o quiénes están más necesitados. En el PRO apuntan a Provincias Unidas. Otros al PRO, sobre todo a Jorge Macri. En lo que todos coinciden es que cualquier decisión que se tome en este tiempo podría convertirse en un error en el futuro.

El exsenador subrayó la necesidad de construir una propuesta política capaz de canalizar el descontento de quienes no se sienten representados por los polos antagónicos.

El desafío de la UCR frente al bicoalicionismo y la polarización

Para el exsenador, la situación actual difiere de aquel escenario: “Estamos ya desde hace varios años con un esquema de bipartidismo antagónico, de guerra permanente de extremos. No es un sistema político virtuoso, es una rueda viciosa donde los antagónicos se alimentan mutuamente porque les da vida”.

Sanz remarcó que esta lógica deja fuera a un amplio sector: “Hoy hay una mayoría huérfana de representación. Esa mayoría debería tener el año que viene un canal de representación. ¿Está construido hoy? No. ¿Se puede construir? Yo creo que sí”.

La fragmentación interna del radicalismo se expresa también en la Cámara de Diputados, el Senado y los gobiernos provinciales, donde los acuerdos con el oficialismo varían según la coyuntura. “El radicalismo está pasando por una crisis muy importante, muy brava. Tiene cinco gobernadores, acuerdos de más o menos intensidad con el Gobierno nacional, y eso diluye su presencia nacional. Tenemos 19 provincias donde no somos gobierno y donde hay mucho radicalismo. Pero es el peor momento de la dimensión nacional del partido”, admitió.

El rol del radicalismo y la necesidad de renovación

Sanz rechazó la idea de que el futuro de la UCR dependa de una figura personalista: “Me cuesta hablar de nombres. No creo que este proceso deba ser identificado con un nombre. Puede ser Macri o cualquiera, pero sería negativo identificarlo con alguien”.

En cambio, planteó: “Se identifica con valores, con ideas fuerza. Esa mayoría huérfana cree en el orden fiscal, en la disciplina fiscal, en el equilibrio fiscal, en conductas republicanas, en un modelo de desarrollo y crecimiento”.

A la hora de evaluar el rumbo económico del país, Sanz destacó el equilibrio de las cuentas públicas como condición necesaria pero advirtió sobre las limitaciones del modelo actual: “El Gobierno logró el objetivo de combatir la inflación y acumular reservas, pero le está fallando la tercera pata, que es el crecimiento. Hoy hay sectores que no están contemplados en este modelo de desarrollo. Las PyMEs la están pasando muy mal”.

El dirigente se mostró autocrítico al analizar el lugar de la UCR en la nueva etapa política: “Hay quienes se plantean si el radicalismo ya cumplió su objetivo central, que era el de democracia para siempre, de aquel 83 y de Alfonsín. Yo creo que el radicalismo todavía tiene mucho por ofrecer. Pero no puede estar anclado solo en una visión del pasado. Si pretendemos representar a esa mayoría huérfana solo con los discursos de Alfonsín, ahí sí vamos a desaparecer”.

Superar la lógica amigo-enemigo y el péndulo político

La conversación abordó también la vigencia del antagonismo en la política argentina y la dificultad para salir de la lógica amigo-enemigo. “Argentina tiene la enfermedad del péndulo, de pasar del estadocentrismo al mercadocentrismo en un viaje sin escalas, y luego vuelve al péndulo. Este es un momento para construir algo que nos aleje de esa posibilidad”, sostuvo Sanz, evocando el concepto de Carl Schmitt sobre la construcción política basada en la confrontación.

El exsenador reivindicó la importancia de recuperar la persuasión y el debate de ideas: “Gobernar es explicar, decía Fernando Henrique Cardoso. Alfonsín hablaba de la persuasión. Si perdemos la capacidad de persuadir y discutir ideas, es mucho más fácil para los que buscan los extremos armar esos antagonismos”.

Para Sanz, la tarea pendiente es ofrecer una alternativa que supere esa dicotomía: “Ojalá que el año que viene la mayoría huérfana tenga una opción electoral genuina y no tenga que refugiarse en extremos que no la representan”.

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Costa Rica confirmó la presencia de Leishmania infantum en ocho perros que nunca salieron del país, un hallazgo que prueba la transmisión local del parásito y le permite fortalecer el diagnóstico temprano, la vigilancia epidemiológica y la prevención de una infección que también puede afectar a humanos, según la Universidad de Costa Rica.

A escala mundial, cerca de 15 millones de perros están infectados con Leishmania infantum y solo 2,5 millones desarrollan la enfermedad, de acuerdo con el doctor Víctor Montenegro, médico veterinario del Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional de Costa Rica e investigador del estudio. Montenegro añadió que cerca del 60 % de los perros infectados no presenta signos clínicos y puede actuar como transmisor silencioso, mientras que los animales enfermos, alrededor del 30 %, constituyen una fuente mayor de parásitos.

La confirmación oficial se realizó con trabajo conjunto de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís, con un colaborador del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, además de laboratorios y clínicas veterinarias privadas del país y centros científicos de Brasil y Alemania. La evidencia fue publicada en la revista científica Frontiers in Veterinary Science.

La doctora Alicia Rojas Araya, microbióloga de la Universidad de Costa Rica y una de las científicas que participó en la detección formal señaló: “Anteriormente, ya existían reportes aislados de Leishmania infantum en humanos, perros importados de otros países y fauna silvestre en Costa Rica, pero nunca se habían documentado casos autóctonos confirmados de leishmaniasis visceral canina en el país; es decir, casos que se originaron en Costa Rica y no son importados. Con el estudio comprobamos que hay casos circulando y que los perros pueden ser un reservorio del parásito. Eso sí, los perros no van a contagiar a las personas directamente con el parásito. Para esto se requiere del flebótomo —mosquito— que lo transmita de un hospedero a otro”.

El parásito puede causar una enfermedad grave en perros y en humanos

La relevancia sanitaria del hallazgo se concentra en tres puntos. El primero es que el parásito puede causar leishmaniasis visceral canina, una enfermedad distinta del papalomoyo, que también es provocada por otra especie de Leishmania, y que puede llevar a la muerte del animal si no recibe diagnóstico y tratamiento a tiempo.

El segundo es que Leishmania infantum puede transmitirse de animales a personas a través del flebótomo, conocido popularmente como mosquito ariblanco. En humanos provoca leishmaniasis visceral, una enfermedad que afecta sobre todo el hígado, el bazo y la médula ósea, y que puede ser mortal sin atención oportuna.

El tercer punto es que su detección resulta más difícil que la de otros parásitos de preocupación sanitaria. Esa condición vuelve más valioso el hallazgo porque redefine el panorama de circulación del microorganismo en el país y permite orientar medidas de control con base científica.

Rojas pidió evitar respuestas basadas en el miedo tras la confirmación de los casos. La microbióloga de la UCR afirmó: “Lo primero que debemos de transmitirle a las personas es calma y responsabilidad con la tenencia de mascotas. El detectar el parásito no significa que tengamos una emergencia fuera de control, ni que los perros deban ser violentados o abandonados, porque ya está comprobado que esto no logra disminuir la circulación del parásito. Debemos evitar reacciones basadas en el miedo y en la desinformación. Lo ideal es siempre consultar al médico veterinario, porque hay tratamientos disponibles, y siempre cuidar a nuestras mascotas”.

La prevención depende del control del flebótomo y del cuidado de las mascotas

El contagio no ocurre por contacto directo entre perros ni entre personas, sino mediante el flebótomo o mosquito ariblanco. Esa es la respuesta central sobre el riesgo de transmisión: el perro no infecta de forma directa a un humano; el parásito necesita ese vector para pasar de un hospedero a otro.

Montenegro indicó que la expansión de la enfermedad se asocia al desplazamiento de perros infectados y a cambios en condiciones favorables para el vector. También recomendó reducir la exposición de las mascotas durante las horas de actividad del insecto, entre la tarde y la noche, y usar productos repelentes como collares, pipetas, vacunas con antígeno recombinante y controles adecuados para el traslado de animales.

El siguiente paso en Costa Rica será reforzar la vigilancia epidemiológica, a partir de los datos obtenidos por el estudio. Las y los investigadores también plantearon un llamado a la ciudadanía para proteger a los perros, evitar abandonos y realizar pruebas rutinarias.

Rojas sostuvo que la detección temprana permite diseñar respuestas más eficaces desde la medicina y la salud pública. La investigadora de la Universidad de Costa Rica concluyó: “En la medicina y la salud pública, detectar un problema a tiempo significa que podemos diseñar estrategias de prevención más apropiadas. Con este estudio, tenemos la oportunidad de que Costa Rica actúe con información científica y de manera preventiva, siempre en resguardo de los animales y la salud pública”.

La consolidación del Laboratorio Ciclotrón PET/CT de la Universidad de Costa Rica ha supuesto un giro relevante en la atención oncológica nacional, al establecer tarifas considerablemente menores para estudios de diagnóstico, lo que ha permitido no solo ampliar el acceso a dichos procedimientos, sino también generar ahorros que, según los registros internos del laboratorio, superan los seis millones de dólares para el país.

Esta contribución se ha visto reforzada por el incremento sostenido en la cantidad de pacientes atendidos y la reducción en tiempos de entrega de resultados, beneficiando tanto a instituciones públicas como al sector privado.

Si se analiza el impacto financiero, los datos publicados por el Ciclotrón PET/CT evidencian que, de haber continuado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la compra de estudios al sector privado, atender a mil quinientos pacientes hubiera significado una inversión aproximada de USD 4,200,000.

En contraste, recurriendo a los servicios del laboratorio de la UCR, la cifra desembolsada es de USD 1,500,000, lo que se traduce en un ahorro de USD 2,700,000 tan solo para el sistema público.

Desde el inicio de las labores del Ciclotrón PET/CT de la Universidad de Costa Rica, se han realizado más de cuatro mil estudios, de los cuales cerca de tres mil corresponden a pacientes oncológicos.

Gracias a su política de precios, que actualmente fija el costo regular en USD 1,000 —comparado con los USD 2,800 que cobraba el sector privado antes de 2025—, se ha logrado ofrecer diagnóstico oportuno y ampliar el acceso, especialmente para usuarios referidos por hospitales públicos como el Hospital México, el Hospital Max Peralta, el San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital de Niños.

El contrato vigente, formalizado a inicios de octubre de 2025 bajo el procedimiento de compra 2024PX000011-0001102944 entre la CCSS y la UCR, estima la atención de 3,500 pacientes oncológicos por año.

Cada estudio estándar tiene un costo de USD 1,000, y está previsto un precio de USD 1,750 para los casos que requieran sedación, aunque hasta el momento no ha sido necesario aplicar este procedimiento a los pacientes atendidos.

La eficiencia operativa es otro aspecto destacado. Según información del propio laboratorio, tanto las imágenes como los reportes médicos se entregan en un máximo de siete días hábiles, con reportes disponibles en menos de 24 horas para ciertos casos urgentes.

Esto permite a los médicos tratantes tomar decisiones terapéuticas con mayor rapidez, lo cual puede incidir positivamente en los resultados clínicos, especialmente en el manejo de enfermedades oncológicas.

En cuanto a la cartera de servicios, el Ciclotrón PET/CT ha incorporado un estudio específico para pacientes con cáncer de próstata, identificado como el tumor de mayor incidencia y mortalidad en hombres de Costa Rica. El costo de este procedimiento ha sido fijado en USD 2,000 debido al mayor precio de los insumos requeridos para este diagnóstico, distinto al utilizado de forma regular.

La apertura del laboratorio también representa alivio económico para el sector privado y los pacientes individuales. De acuerdo con reportes del Ciclotrón PET/CT, algunos usuarios privados han realizado hasta tres estudios PET/CT por año para monitorizar la efectividad de los tratamientos médicos, un número que refleja la demanda creciente y el rol central del laboratorio en la salud privada y asegurada.

A la fecha, y con los tres mil pacientes previstos para los próximos días, la suma ahorrada por el país en su conjunto alcanza los USD 6,000,000.

El Dr. Erick Mora Ramírez, responsable del Ciclotrón PET/CT, subraya la colaboración activa con la Rectoría de la UCR, la FundaciónUCR, la Escuela de Física, la Escuela de Medicina, el CICANUM y otras instancias universitarias para expandir la atención de pacientes y fortalecer el impacto social.

El especialista señala: “Se trabaja con la Rectoría de la Universidad, la FundaciónUCR, la Escuela de Física, la Escuela de Medicina, el CICANUM y otras instancias de esta casa de estudios para ampliar la atención de pacientes, con lo cual se contribuiría en gran medida con la sociedad costarricense y, por qué no decirlo, con la sociedad centroamericana.”

En los últimos 37 días, Mauricio Macri se reunió con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Martín Llaryora (Córdoba). Salvo el encuentro con el dirigente peronista, que tuvo lugar en CABA, el expresidente se trasladó a los territorios que hoy gobiernan los mandatarios radicales. En paralelo, durante un acto en la localidad bonaerense de Vicente López, se escuchó el pedido militante de “Mauricio Presidente”, pero el líder del PRO pidió calma.

¿Qué implican estos movimientos políticos? Cerca de Macri dejan trascender todo tipo de rumores: que busca “mostrarse vigente” y que puede hablar con todos salvo el kirchnerismo, “que es el enemigo”; que lo invitan y que genera expectativa en terceros por lo que que pueda aportarles; o que es un mensaje directo a los hermanos Javier y Karina Milei. “No jodan mucho, que si llega a medir, tiene con quienes armar y competirles o podría ser la tabla que te cruza del otro lado y evita el naufragio“, se entusiasmó un importante dirigente del PRO ante la consulta de Infobae.

Las definiciones en torno al 2027, insisten en la sede partidaria de Balcarce 412, serán a fin de año, después del Mundial de Fútbol y dependerán de la fortaleza o debilidad del gobierno en ese momento. ¿Vuelve Juntos por el Cambio, aggiornado a los nuevos tiempos? La reunión que mantuvo con Llaryora, que no se anunció y de la que no hubo foto de rigor, abre el interrogante sobre la posibilidad de incorporar la pata peronista. Quizá, la foto será post evento deportivo, cuando Macri visite al gobernador en Córdoba.

De todas formas, desde Provincias Unidas y desde el PRO son cautos: “Es muy apresurado” y “está todo muy verde”, señalaron a este medio sobre la posibilidad de reeditar la coalición electoral que llevó a Macri a la Presidencia en 2015. Sin embargo, las encuestas que muestra una caída en el apoyo a Javier Milei abre un mundo de posibilidades.

En el macrismo prevén un escenario en 2027 de alianzas por distrito. Una de las preocupaciones principales es la Ciudad de Buenos Aires y la necesidad de retener el poder que controla desde hace casi 20 años. Todos los escenarios para Jorge Macri están abiertos: desde un acuerdo con LLA hasta intentar una alianza multipartidaria que excluiría a Horacio Rodríguez Larreta. Sobre esto, un dirigente cercano al exjefe de Gobierno porteño aseguró a Infobae: “¿Por qué no acordaría o iría a una PASO con la parte racional del peronismo? Me escuchás hablar a mí y lo escuchás hablar a (Leandro) Santoro en muchísimos temas, y te digo que hay bastante coincidencia”.

En Mendoza, por ejemplo, los radicales no descartan un Juntos por el Cambio ampliado, pero con La Libertad Avanza adentro. Insisten en que la avenida del medio no es una opción para ganar elecciones. Pero agregan una condición más: con la crisis social y económica que al Presidente le provocó una pérdida de votantes, es imposible pensar a los libertarios liderando la coalición. Sería un panorama totalmente distinto al del año pasado, cuando los gobernadores estaban obligados a someterse a las condiciones de la hermanísima. De hecho, en esta provincia se envalentonan con mantener su hegemonía con la caída de Luis Petri de la lista de sucesores a Cornejo.

En la provincia de Buenos Aires, el PRO impulsa un escenario similar. Cristian Ritondo, titular bonaerense del partido y jefe del bloque en Diputados, ya se manifestó a favor de una candidatura del actual ministro del Interior, Diego Santilli, para suceder a Axel Kicillof. En sintonía, Pablo Petrecca, presidente de la bancada amarilla en el senado provincial, aseguró a Infobae: “Vengo planteando hace tiempo que para ganar la Provincia de Buenos Aires hay que armar algo similar a JxC, pero ampliado, con el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el vecinalismo, un sector del peronismo y LLA”.

Córdoba y Santa Fe

Hay versiones que aseguran que la reunión que mantuvo Macri con Llaryora la semana pasada estuvo protagonizada por algunos reproches. El encuentro forma parte de las conversaciones que mantiene en reserva con líderes y empresarios del círculo rojo, como el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca.

En cuanto al gobernador cordobés, le habría recordado su negativa a incorporar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio durante la campaña de 2023. En aquel entonces, el expresidente se había inclinado por Patricia Bullrich en la interna entre palomas y halcones. Rodríguez Larreta y Gerardo Morales insistían en la necesidad de ampliar el frente, pero no lo lograron.

Hoy hay otros intereses que unen a Llaryora con Macri. El PRO de Córdoba está prácticamente absorbido dentro del gobierno provincial y el resto - liderado por dirigentes referenciados con Bullrich que se quedaron con la presidencia del partido - trabaja en una alianza con La Libertad Avanza. El armado también cuenta con un sector de la UCR y el apoyo de Luis Juez, quienes respaldarían la candidatura de Gabriel Bornoroni. Algunos dicen que el peronismo local negocia con Macri el lanzamiento de su aliado Rodrigo de Loredo para dividir el voto opositor en la provincia mediterránea. Son solo rumores dentro de una larga lista de pases de factura y reproches de los ex Juntos por el Cambio de Córdoba.

Maximiliano Pullaro también se prepara para recibir a Macri en Santa Fe, a inicios de junio. En una de las provincias con fuerte presencia de los sectores productivos, la figura del expresidente es vista con buenos ojos. Además, recientemente el PRO local terminó de completar su incorporación a la coalición gobernante con el traspaso de Federico Angelini. El aliado de Bullrich tenía una fuerte interna con Gisela Scaglia, exgobernadora y diputada nacional.

Por otro lado, y como adelantó este medio, hubo una reunión de los mandatarios en el Comité Nacional que sirvió como una muestra de unidad tras varios periodos de internas y denuncias cruzadas. En ese encuentro se hizo un análisis detallado de cómo está el partido en todo el país con un objetivo claro: retener el poder en los territorios que hoy gobiernan y analizar alternativas para conquistar nuevos municipios y provincias.

Un candidato presidencial propio es una misión casi imposible para la UCR, pero la reunión del pasado jueves fue un paso importante para cerrar una de las tantas internas. Por primera vez hubo un mensaje unificado y ninguno de los presentes dejó trascender reproches o quejas por la conducción. Se llegó a una decisión clave que evitará rispideces: cada territorio sellará las alianzas que necesite para retener el poder. Atrás quedaron las peleas por acercamientos a los libertarios o las acusaciones por la kirchnerización de algunos referentes.

Cuatro de los gobernadores que tiene la UCR en todo el país asistieron este miércoles a las oficinas del Comité Nacional, en la calle Alsina, en lo que representó una muestra de unidad de cara a 2027. La foto con las autoridades partidarias es una novedad dentro del partido centenario, tras varios períodos de tensión entre los máximos referentes, entre ellos Alfredo Cornejo y Martín Lousteau. Según pudo saber Infobae, el encuentro se dio en buenos términos, aunque sin definiciones específicas sobre la relación con el gobierno de Javier Milei y los apoyos parlamentarios.

Del encuentro participaron el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), además del resto de las autoridades partidarias. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, envió una carta de apoyo por no poder concurrir. Según informaron, analizaron la situación económica, institucional y política del país. Además, resolvieron convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias.

“Las cinco provincias que conduce la UCR son la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma: sostienen la educación pública, garantizan la seguridad, impulsan la producción, invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos. Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, coraje y resultados, y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, expresaron en un comunicado.

La foto entre los mandatarios toma valor tras varios períodos de fuertes internas y diferencias estratégicas dentro de la UCR, que se profundizaron con la irrupción de La Libertad Avanza en la escena política. Cornejo fue el principal detractor de la presidencia de Lousteau pero, como reconstruyó este medio en varias oportunidades, el mendocino mejoró su relación con las autoridades partidarias desde la llegada de Chiarella. De hecho, en la elección para presidente del Comité no integró la mesa nacional, aunque pocas semanas después avanzó en conversaciones para sumar a sus referentes.

En los últimos días se conoció un avance de Cornejo en su armado nacional con el lanzamiento de la Fundación Deliberar, representada por su aliado en la ciudad de Buenos Aires, Lucas Clark, lo que representa una disputa electoral abierta contra Lousteau en territorio porteño. Según dejaron trascender, el espacio tendrá como objetivo construir una identidad que permita recuperar el apoyo de los tradicionales votantes radicales que se alejaron por no compartir la impronta del sector Evolución.

De acuerdo a lo que consultó Infobae, en la reunión de esta mañana no se habló de ninguna definición electoral. Se respetará la estrategia que cada territorio considere apropiada para disputar poder. “Se expresó la voluntad común de fortalecer al partido, profundizar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”, detallaron.

La foto de unidad toma relevancia, además, en un contexto de crisis económica y social que atraviesa la gestión de Milei. Cornejo, que junto a Zdero integra una alianza provincial con La Libertad Avanza, siempre advirtió que, si bien esa coalición era necesaria porque comparten electorado, el desafío pasa por la reactivación económica. “El contexto es importante. Todos valoramos las condiciones macroeconómicas de este Gobierno, pero falta que se traduzcan en la vida de la gente”, expresaron.

Pullaro, en cambio, mantiene una relación más distante con la gestión libertaria a partir de la creación de Provincias Unidas junto a Martín Llaryora. Ambos, junto a otros cuatro mandatarios de la UCR y el PRO, pregonan por una avenida del medio que, si bien tuvo un frustrado debut electoral, hoy les sirve como paraguas para las negociaciones parlamentarias.

“Los gobernadores radicales y la Mesa Nacional asumieron el compromiso de seguir trabajando juntos para fortalecer a la Unión Cívica Radical e impulsar una mirada federal del desarrollo argentino, que permita generar empleo privado, fortalecer las economías regionales y recuperar competitividad”, agregaron sobre la reunión de hoy y se comprometieron a mantener este tipo de encuentros con más frecuencia.

Otro encuentro clave de la UCR

Casi en la misma sintonía de lo que sucedió esta mañana, otro grupo de dirigentes radicales prepara un encuentro para la próxima semana, en lo que será otro gesto de cara a 2027. La reunión cobra trascendencia porque la convocatoria está a cargo de Ernesto Sanz, socio fundador de Cambiemos, junto a otros dirigentes de peso como Jesús Rodríguez y Mario Negri.

Según pudo saber Infobae, el encuentro será el próximo 29 de mayo en Buenos Aires, con el objetivo de “debatir la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027”. También estarán presentes Lilia Puig, Facundo Suárez Lastra, Adolfo Stubrin y Walter Ceballos.

En el documento difundido para invitar al encuentro, los dirigentes señalaron que el objetivo será “conversar sobre la presencia de nuestras ideas y propuestas como alternativa popular en la elección presidencial de 2027”.

“El tiempo transcurre inexorablemente. Sobre mediados de 2026 ya se preparan las fuerzas con aspiraciones de participar en la elección nacional del año próximo. El radicalismo, que expresa el legado de Raúl Alfonsín, apenas aparece en el panorama de las opciones”, afirmaron.

Los convocantes sostuvieron que, “en apoyo de las autoridades partidarias”, sienten “la necesidad de movilizarnos para evitar que ese espacio quede vacío, porque debe ser llenado a tiempo”.

El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde un proyecto del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) para crear una segunda sala en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Durante la reunión expuso el titular de la única sala allí vigente, Alejandro Osvaldo Tazza, quien habló de “colapso”. El magistrado detalló que Mar del Plata es el único lugar en el que la justicia federal de la Provincia no suma otra Cámara, a diferencia de San Martín, La Plata y Bahía Blanca.

Según Tazza, la competencia original “se fue ampliando” y, en la actualidad, ya ocupa “el 40%” de Buenos Aires. Luego, explicó: “Unos 8.900 expedientes ingresaron año pasado, con un promedio de casi 35 por día hábil y dos jueces en una sola sala”.

El magistrado añadió que el el “75% apunta al carácter previsional y de salud”, algo “imposible de abordar ante semejante cantidad de expedientes para un mismo tribunal”. En ese sentido, reconoció: “El margen de error es superior y va mellando lo físico y lo mental, con un incremento de pedido de licencias”.

Por su parte, Abad señaló que “una justicia eficaz no sólo justa, sino también rápida”. Y agregó: “La sociedad pide claramente que haya servicio y eso se lo da una justicia que esté a la altura de las circunstancias”. En los fundamentos de su iniciativa, el bonaerense resaltó que “se trata de un órgano judicial de competencia múltiple, por lo que debe resolver aquellas cuestiones vinculadas con los expedientes Civiles, Comerciales, Laborales, Contencioso Administrativo y Penales”.

Coincidió la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien dijo que “de 1992 hasta ahora”, la situación es “irreconocible”, con “zona de puertos, lugares de delitos federales y complejos y una población que crece de una manera muy importante y permanente, con más de 900.000 personas viviendo en la ciudad”. La porteña dejó en claro que, en caso de avanzar este asunto, deberá contemplar el presupuesto correspondiente.

La reunión tuvo otro tema en consideración sobre una reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con dos proyectos que empujan las comprovincianas -del filo macrismo- Beatriz Ávila y -del peronismo- Sandra Mendoza.

De hecho, disertó durante el convite la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Patricia Marcela Moltini. Como Ávila y Mendoza no se pusieron de acuerdo hasta arrancado el plenario, una vez finalizado el mismo se quedaron junto a la magistrada para pincelar un despacho.

Lo más curioso de la tarde ocurrió tras bambalinas, con legisladores de diferentes espacios que comenzaron a hacer preguntas por pliegos judiciales que tienen -según sus cuentas- las firmas necesarias para ser considerados de mayoría y que, no obstante, no aparecen como tales. “A veces siento que el oficialismo se busca problemas innecesarios”, manifestó a Infobae un referente dialoguista.

El texto de Abad podría incorporarse en la sesión que piensa La Libertad Avanza para el jueves de la semana próxima. Un tema ya está asegurado: el acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, que también avanzó durante la jornada de hoy.

Otro articulado a sumarse, en caso de ser despachado mañana, es el de la Casa Rosada sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que se debatirá desde las 11.30 en las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado, que comandan los libertarios Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Son varios los cambios otorgados a favor de los aliados: eliminación del capítulo sobre el RENABAP y modificaciones en cuanto a venta de tierras a extranjeros -más poder a gobernadores- y desalojos exprés con consideraciones en sectores vulnerables.

Después de tres semanas de protestas, desgaste institucional y negociaciones nocturnas, la Universidad de Costa Rica (UCR) logró recuperar el edificio de Rectoría que permanecía tomado por estudiantes desde el pasado 22 de abril.

La ocupación del edificio administrativo B, donde funcionan la Rectoría y el Consejo Universitario, se extendió durante 21 días y se convirtió en uno de los conflictos universitarios más tensos de los últimos años en Costa Rica. La protesta estalló tras el fracaso de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y derivó en fuertes cuestionamientos hacia las autoridades universitarias.

La UCR confirmó este 13 de mayo la conclusión “exitosa” del proceso de negociación entre la comisión designada por Rectoría y el grupo de estudiantes que mantenía la toma del inmueble. Según informó la universidad, las conversaciones se desarrollaron a lo largo de cinco extensas sesiones de trabajo, cuatro de ellas en horario nocturno y una durante el fin de semana, incluyendo jornadas de hasta seis horas continuas.

“El proceso se desarrolló en un marco de respeto, cordialidad y apertura al diálogo”, indicó la institución mediante un comunicado oficial.

La protesta estudiantil inició en medio de la creciente tensión por el FEES, luego de que el Gobierno y las universidades públicas no lograran alcanzar un acuerdo sobre el financiamiento para el 2027. La propuesta del Ejecutivo de otorgar un aumento del 0% al presupuesto universitario detonó una ola de críticas dentro del movimiento estudiantil y sectores académicos.

Sin embargo, la molestia no solo se dirigió hacia Casa Presidencial. Los estudiantes también acusaron a la administración del rector Carlos Araya de actuar con tibieza en la defensa de la educación superior pública y de no asumir una posición suficientemente firme frente al Gobierno.

Daños en infraestructura y paralización administrativa

La toma del edificio administrativo B provocó afectaciones visibles en la infraestructura universitaria. Autoridades universitarias reportaron puertas de vidrio quebradas, paredes rayadas y accesos bloqueados tras el ingreso de los manifestantes al inmueble. Además, el personal administrativo tuvo que ser evacuado mientras las instalaciones permanecieron bajo control estudiantil.

La ocupación también afectó el funcionamiento ordinario de varias dependencias universitarias, incluyendo oficinas administrativas y sesiones ligadas al Consejo Universitario.

En los primeros días del conflicto, estudiantes denunciaron cortes de agua y electricidad dentro del edificio, además de la activación de alarmas de alta intensidad sonora. Mientras tanto, desde Rectoría insistían en mantener abiertos los canales de negociación para evitar una escalada mayor de la crisis.

69 solicitudes y una mesa de negociación

De acuerdo con la UCR, durante el proceso de diálogo fueron atendidas las 69 solicitudes planteadas por el grupo estudiantil y se alcanzaron acuerdos en todos los puntos discutidos.

Entre los principales compromisos destaca el impulso de una campaña activa en defensa del FEES y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre las autoridades universitarias y el movimiento estudiantil.

La comisión negociadora designada por el rector Carlos Araya estuvo integrada por la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina; la representante de sedes regionales ante el Consejo Universitario, Esperanza Tasies Castro; el decano de la Facultad de Artes, José Antonio Blanco Villalobos; y el director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Javier Tapia Balladares.

Durante las semanas de ocupación también surgieron voces que solicitaban la intervención de la Fuerza Pública para recuperar las instalaciones. Sin embargo, distintos sectores universitarios rechazaron esa posibilidad al considerar que podría representar una violación a la autonomía universitaria.

Un conflicto que deja heridas políticas

Aunque el edificio ya fue recuperado, el episodio deja expuesta una profunda fractura interna dentro de la universidad. La protesta evidenció el descontento de una parte importante del movimiento estudiantil con la conducción política de las autoridades universitarias y con la forma en que se enfrentó la negociación presupuestaria con el Gobierno.

El conflicto también reabrió el debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas y la creciente presión política alrededor del FEES.

Ahora, la discusión continuará en escenarios políticos y legislativos, donde se definirá el futuro del presupuesto universitario para el próximo año, mientras la UCR intenta reconstruir la relación con un movimiento estudiantil que durante 21 días convirtió la Rectoría en el epicentro de una crisis institucional.

Un grupo de diputados bonaerenses opositores presentó un proyecto ante la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para crear una comisión bicameral que busque la normalización y fiscalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Se trata de un nuevo intento de la oposición de llevar el tema al recinto, en medio de las denuncias por la falta de coberturas y de prestaciones.

La iniciativa fue presentada por los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) Priscila Minnaard, Alejandra Lorden y Valentin Miranda. Buscan que de esta manera se fiscalizar y normalizar el servicio de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

“La iniciativa propone conformar una comisión integrada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”, sostuvieron los legisladores.

Entre sus principales funciones, la comisión apunta a relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos y elaborar informes y recomendaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social. “Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron los diputados radicales, quienes agregaron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas”.

Según el texto del proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados de PBA, la comisión tendrá atribuciones concretas sobre cuatro ejes. El primero es auditar la deuda con círculos médicos, clínicas, farmacias y laboratorios. El segundo, controlar los procesos de licitación y compra de medicamentos de alta complejidad.

A esos dos ejes se suman la supervisión de los convenios vigentes con prestadores en los 135 municipios bonaerenses y la obligación de que el presidente del IOMA comparezca ante la comisión de forma trimestral. El proyecto establece además que las recomendaciones y planes de saneamiento aprobados por la mayoría de sus integrantes tendrán carácter vinculante para el Directorio del organismo.

Ante el incumplimiento de las metas fijadas, el documento indica que la comisión podrá solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de las autoridades responsables o promover acciones judiciales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los fundamentos del proyecto describen la situación del IOMA como el resultado de “un deterioro sostenido en su capacidad prestacional, financiera y administrativa”, y no como una crisis coyuntural. Además, señalan que el organismo brinda cobertura a más de dos millones de bonaerenses, en su mayoría empleados públicos provinciales, municipales, docentes, policías y jubilados que, por ley, no pueden derivar sus aportes a otra entidad ni elegir libremente su cobertura de salud.

El expediente denomina a ese universo de beneficiarios “afiliados cautivos” y sostiene que esa condición genera una responsabilidad agravada para la provincia: si el servicio es deficiente, el afiliado no tiene alternativa, dado que el Estado es simultáneamente su empleador y el único administrador de su derecho a la salud. Los legisladores argumentan que, ante la imposibilidad de optar por otra cobertura, el control legislativo es la única defensa de esos trabajadores frente al desamparo.

En paralelo al proyecto de comisión bicameral, desde La Libertad Avanza también presentaron una iniciativa para impulsar la normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de denuncias reiteradas por deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención.

Un grupo de diputados vinculados con Sebastián Pareja, el armador libertario en PBA, hicieron la presentación de la iniciativa. Esta incluye un pedido de informes para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud, con el objetivo de exigir detalles sobre el monto y la antigüedad de la deuda, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar los pagos pendientes.

Además, se propuso la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente, conformada por representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores, que deberá realizar reuniones mensuales, publicar actas y presentar informes trimestrales ante la Legislatura.

En momentos en que la gestión de Javier Milei pone un manto de duda sobre la posibilidad de una victoria electoral en 2027, los dirigentes que integran el frente libertario en Córdoba dieron una muestra de unidad en un acto por el Día del Trabajador. Los discursos de cohesión no fueron al azar. Gabriel Bornoroni suma cada día más apoyo de la Casa Rosada para ser el candidato a gobernador, lo que pone en jaque las pretensiones de Luis Juez, el senador que dio reiteradas muestras de amistad con el Presidente. También hay dudas sobre la estrategia del oficialismo en las provincias y las amenazas de Rodrigo de Loredo hacia los intendentes que ya se pintaron de violeta que ponen en riesgo el armado.

“La prioridad hoy de todos los integrantes de La Libertad Avanza es la reelección de Javier Milei”, aclararon a Infobae integrantes de Alianza por la Libertad, el frente que ya integra LLA, el PRO, el Frente Cívico y parte de la UCR. ¿Por qué esa aclaración es importante? Porque hay quienes sospechan que en pos de retener la Presidencia, el gobierno nacional deje pasar la posibilidad de vencer al peronismo cordobés. Todo dependerá de cómo avance la situación económica y los acuerdos parlamentarios con los gobernadores. “Hay provincias en las que van a ser más light”, deslizan sobre la decisión del Gobierno de disputar los territorios.

Juez, titular del Frente Cívico y tres veces candidato a gobernador, fue el encargado de dar el mensaje más claro. Durante el tradicional locro que organiza su partido por el 1 de Mayo, ratificó su permanencia en la alianza opositora local y prometió que acompañará el proyecto aunque no le toque encabezar la lista. Pero el senador dio un paso más. “Lo único que nos puede mover de este lugar es que no haya voluntad de ganar esta provincia”, dijo en un claro mensaje a la Casa Rosada.

Pese a las claras muestras de apoyo para su candidatura, Bornoroni no puede confirmarla todavía. “En Córdoba Gabriel Bornoroni es Javier Milei”, compartió en sus redes sociales el Presidente. El mismo slogan que utilizó para la elección legislativa donde el outsider Gonzalo Roca venció ampliamente a Juan Schiaretti. El propio presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados busca mantener la calma y dice que “falta mucho” para hablar de 2027. Que la prioridad es sumar a la mayor cantidad de dirigentes dispuestos a enfrentar la propuesta de Martín Llaryora y defender las “ideas de la libertad”. Pero a los intendentes “les suena el tic tac”, graficó a este medio un integrante de la UCR.

El partido centenario se enfrenta a una modalidad de construcción política totalmente opuesta a la que acostumbran. La Libertad Avanza responde a las directivas que llegan desde la Casa Rosada, mientras la UCR se desgasta conteniendo a los intendentes, concejales y viejos dirigentes con voz y peso propio. Así y todo, la estructura radical de Córdoba es indispensable para cualquier armado opositor. Hoy la encargada de ordenar esos lazos es Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo, que viene de sufrir algunos piedrazos de De Loredo.

Como adelantó Infobae, De Loredo está molesto con Carrizo porque dice que rompió una especie de pacto. Recuerda que con Marcos Ferrer, presidente de la UCR de Córdoba, le dieron la luz verde para acercarse a La Libertad Avanza pero con la condición de no llevarse intendentes. Al sentirse traicionado, el ex diputado lanzó dos amenazas contundentes: plantar candidatos a intendentes propios en los territorios radicales que acuerden con los libertarios y dejar afuera de las listas a quienes hoy lo dejaron solo en la batalla por fortalecer al partido. En síntesis: cree que al final del camino él logrará ser el líder de la alianza opositora con el espacio de Milei y tendrá la lapicera para premiar a dirigentes y perjudicar a otros.

“Nadie le dio importancia a lo que dijo Rodrigo”, respondieron los radicales que hoy trabajan en la coalición con Bornoroni. Creen que son manotazos de ahogado por el “goteo” que está sufriendo en la fuga de intendentes. Es que el calendario apremia: en Córdoba se espera que Llaryora convoque a elecciones en mayo y que los jefes comunales -que tienen la potestad de desdoblar los comicios- lo hagan para abril. “No lo pueden esperar a De Loredo”, dicen.

En el mismo locro que organizó Juez, Bornoroni dio un discurso con una clara respuesta a De Loredo: “Quienes especulan y no se suman a esta alianza, les digo que van a quedar afuera. Nosotros trabajamos para ganar, no para especular”. “En La Libertad Avanza estamos convencidos de que vamos a ir todos juntos, hasta las últimas consecuencias, más allá de las operaciones que busquen embarrar la cancha y evitar esa unidad”, agregó el empresario de los combustibles.

Aunque De Loredo parezca aislado y resistido por la flamante alianza, tiene algunas cartas guardadas. Por ejemplo, pese a que Cornejo está detrás de los movimientos de Carrizo, también tiene sus fichas en el ex diputado. El gobernador mendocino es el principal orquestador de los acercamientos de la UCR con La Libertad Avanza porque, como repite insistentemente, comparten electorado. Pero, al igual que el cordobés, cree que deben llegar a ese acuerdo con la mayor musculatura partidaria posible y no con acuerdos individuales.

De Loredo sumó también una foto con Mauricio Macri durante la cena de la Fundación Libertad. El ex presidente viene de sufrir una derrota en las elecciones internas del PRO en manos de Patricia Bullrich. Ambos mantienen un buen vínculo hace largo tiempo. De hecho, Soher El Sukaria -del riñón macrista- fue su compañera de fórmula en su candidatura para la Intendencia de 2023. Esa amistad podría ser fructífera para el fundador del partido amarillo, que coquetea con sus aspiraciones presidenciales en una propuesta alternativa en caso de un fracaso del modelo de Milei.

Un equipo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica avanza en la manufactura del que será el cohete de propulsión sólida más grande y potente lanzado en territorio costarricense, un proyecto que sitúa al país en la frontera de la investigación en ingeniería aeroespacial y aspira a consolidar una base tecnológica clave para futuros desarrollos científicos.

Este esfuerzo de innovación busca no solo alcanzar un nuevo récord nacional, sino también fortalecer las competencias técnicas de toda la comunidad académica y científica.

El proyecto, denominado Miravalles, implica la construcción de un cohete experimental de entre dos y tres metros de longitud, diseñado para alcanzar 1,000 metros de altitud y transportar una carga útil de un kilogramo.

Según La Universidad de Costa Rica, la carga seleccionada consiste en un grupo de cianobacterias, y el objetivo de este experimento es analizar el impacto de las condiciones extremas del vuelo sobre estos organismos y medir su tasa de supervivencia, sentando así bases para futuras investigaciones de biología en entornos espaciales.

Una de las particularidades que distingue esta iniciativa en el panorama latinoamericano es la validación reciente de su sistema de propulsión: por primera vez en Costa Rica, un equipo local completó dos pruebas consecutivas exitosas de un motor de clase K, hecho que Karina Artavia, líder del Grupo Crater, calificó como un avance decisivo para el futuro de la cohetería nacional al declarar a la Universidad de Costa Rica que estos resultados “abren camino con resultados clave que impulsan el futuro del proyecto y de la cohetería costarricense”.

El Grupo Crater impulsa la ingeniería aeroespacial costarricense

El Costa Rican Aerospace Team for Experimental Rocketry (Crater) fue creado en el seno del Grupo de Ingeniería Aeroespacial (GIA-UCR), una plataforma abierta para estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades públicas orientada a promover la investigación y el desarrollo de sistemas aeroespaciales.

Actualmente, los integrantes del equipo concluyen la fase de investigación y estudios de factibilidad de materiales para la estructura del cohete. Paralelamente, avanzan en las pruebas del sistema de propulsión, con miras a modificar el diseño según los resultados técnicos obtenidos, paso previo a la fabricación final.

La colaboración entre disciplinas es un eje distintivo de este proyecto: el diseño y desarrollo del cohete Miravalles se sustenta en el talento de la comunidad estudiantil de ingeniería mecánica y áreas afines, que orienta sus esfuerzos hacia el cumplimiento de estándares internacionales en ingeniería aeroespacial.

El proyecto Miravalles busca apoyo institucional y una comunidad aeroespacial consolidada

El equipo Crater abrió una convocatoria pública a empresas, organizaciones y personas interesadas en apoyar la culminación del proyecto Miravalles, una iniciativa que para sus impulsores representa la posibilidad de impulsar la innovación y fortalecer el tejido científico del país.

Karina Artavia remarcó a La Universidad de Costa Rica: “Ya estamos bastante avanzados en la fase de diseño del cohete, pero le pedimos a todas las personas que quieran sumarse que nos apoyen para hacer este sueño posible. Nuestra misión siempre ha sido y será la de impulsar la innovación aeroespacial en Costa Rica, la investigación aplicada y consolidar un entorno colaborativo que contribuya al establecimiento de una base sólida en estos temas del espacio”.

El Grupo de Ingeniería Aeroespacial también extiende la invitación a otros estudiantes de ciencias e ingeniería que deseen involucrarse en el sector. Artavia enfatizó sobre la vocación por “realizar misiones cada vez más desafiantes, abrir puertas a la participación internacional y ayudar a construir una comunidad aeroespacial sólida que inspire a todo el país”.

Las personas y entidades interesadas en respaldar al equipo Crater pueden contactar al grupo mediante la dirección electrónica crater.gia@gmail.com o por teléfono al (+506) 84546822.

Sebastián Meléndez Carmona, estudiante de Ingeniería Mecánica, se convertirá en el primer representante de su carrera en la Universidad de Costa Rica que participará en el programa de verano del CERN. Gracias a una beca de la Academia Nacional de Ciencias, el joven colaborará durante dos meses, entre junio y agosto de 2026, en proyectos de física, ingeniería y computación avanzada en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el laboratorio científico más grande del mundo.

El programa, facilitado por la beca NIC Costa Rica–CERN 2026, permitirá a Meléndez integrarse al Summer Student Programme en la frontera entre Francia y Suiza, donde trabajará con especialistas de reconocimiento internacional.

Según informó la Universidad de Costa Rica, Sebastián será el noveno estudiante de la institución en obtener esta distinción, que en ediciones anteriores había estado reservada a alumnos de Física e Ingeniería Eléctrica.

Durante su estancia, Meléndez contribuirá a equipos experimentales del CERN y pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la licenciatura, a la vez que asistirá a conferencias y talleres impartidos por científicos de prestigio.

Esta experiencia, que abarca visitas a laboratorios, salas de control y áreas restringidas del complejo, constituye una oportunidad única de inmersión en entornos de investigación de máximo nivel.

Meléndez destacó la relevancia del intercambio: “Esta oportunidad significa mucho a nivel profesional y laboral, ya que me permitirá conocer personas de distintas culturas, así como metodologías de trabajo diferentes a las que se suelen ver acá. Además, es un orgullo poder representar a la Universidad de Costa Rica y al país. Mi mensaje para otros jóvenes es que, con esfuerzo, resiliencia y deseos de aprender, se pueden lograr grandes cosas”.

Solo nueve estudiantes de la Universidad de Costa Rica han accedido a la beca NIC Costa Rica–CERN

El programa, respaldado por la Academia Nacional de Ciencias, ha permitido que un total de ocho estudiantes costarricenses —en su mayoría de Física e Ingeniería Eléctrica— realizaran anteriormente pasantías en el CERN.

Meléndez subrayó la importancia de la educación pública universitaria al señalar: “Hay muchas habilidades y conocimientos que he reforzado en la carrera gracias a la UCR, entre ellas la capacidad de trabajo en equipo, el impulso del pensamiento crítico y de extrapolar los conocimientos a otras áreas, y la promoción del liderazgo, que todas ellas son muy importantes para sacar adelante los distintos proyectos y soluciones que uno desea desarrollar en beneficio de la sociedad costarricense”.

Las actividades programadas para la pasantía incluyen la participación activa en proyectos científicos, asistencia a conferencias de expertos y la realización de recorridos formativos por los laboratorios y áreas técnicas del complejo. Meléndez remarcó la relevancia de acceder a “innovaciones que se pueden a futuro aplicar en el país en beneficio de todas las personas”.

La Universidad de Costa Rica y la Academia Nacional de Ciencias consideran este acceso al CERN un reflejo del nivel académico alcanzado en la educación superior pública de Costa Rica.

El PRO y La Libertad Avanza se pusieron de acuerdo en dos decisiones clave para ganar la provincia de Buenos Aires en 2027: armar una alianza juntos, lo más amplia posible, y que Diego Santilli sea el candidato a suceder a Axel Kicillof. Pero también hay actores que dificultan la tarea. Por un lado, los movimientos de Mauricio Macri, que suponen cierta aspiración por volver a la Casa Rosada, y la falta de definiciones por parte de la UCR bonaerense, envuelta en una interna interminable.

“En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos”, dijo Ritondo durante una entrevista con Infobae al Amanecer, en referencia al PRO y la UCR, referenciada en Maximiliano Abad. También ratificó que el mejor posicionado para ser el candidato que encabece la lista de esa alianza es Santilli. Según pudo saber este medio, en el entorno de Sebastián Pareja —armador bonaerense designado por Karina Milei— coinciden con el diagnóstico. Advierten que la posibilidad de que la elección se desdoble, más el panorama económico complejo, los obliga a redoblar los esfuerzos para acordar una estrategia.

¿Santilli debería pintarse de violeta como hizo Patricia Bullrich para ser el candidato? Hay voces en La Libertad Avanza que lo sugieren. No solo porque Karina Milei prefiere postulantes puros, sino también porque la posibilidad de que Macri sea candidato a presidente complicaría el panorama. El expresidente encabezó un acto en Chaco en clave electoral y dejó trascender una reunión con el CEO de Techint, Paolo Rocca, en la que conversaron sobre las próximas elecciones y la necesidad de que exista una alternativa a Javier Milei.

“Mauricio entiende que el cambio es más importante que cualquier ambición personal”, respondieron en el PRO bonaerense. Pero los gestos de Macri encienden alarmas en varios territorios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Karina Milei ya definió que no habrá alianza con Jorge Macri y que apostarán a la marca pura. En paralelo, los integrantes de Provincias Unidas (Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba) reconocen que el exmandatario sería un buen presidenciable para la avenida del medio. La posibilidad de revivir Juntos por el Cambio no desapareció.

En el Ministerio del Interior aseguran que Santilli conserva la intención de ser gobernador, pero evitan cualquier definición electoral. Dicen que está “abocado 100%” a la función que le encomendó el Presidente. El Colo compitió en las últimas tres elecciones en la provincia y ganó dos veces frente al peronismo: en 2021 dentro de Juntos por el Cambio y en 2025 con La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por el escándalo con Federico Machado, hombre vinculado al narcotráfico. “Es natural que le interese”, dicen.

Las internas

El acto que realizó ayer La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Suipacha sirvió como una bendición para Santilli, pero, además, una muestra más de apoyo de Karina Milei a Pareja, quien protagoniza una fuerte interna con los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, espacio cercano a Santiago Caputo, a raíz de la denuncia por hostigamiento y amenazas en redes sociales.

En su entorno, Pareja asegura que la derrota del 7 de septiembre tuvo que ver con la obligación de ordenar la interna libertaria bonaerense. Dicen que priorizó poner en las listas a dirigentes orgánicos que respondan a las necesidades del espacio. “Es inconcebible que vuelva a pasar lo mismo”, suele deslizar. Es por eso que, asegura, está dispuesto a apoyar la candidatura de Santilli y trabajar por la unidad opositora, aunque con algunas advertencias hacia el PRO.

Además de la interna con Las Fuerzas del Cielo, Pareja arrastra cierto malestar con el partido amarillo. En la elección del 7 de septiembre, varios intendentes rompieron y se fueron al armado de centro de Somos Buenos Aires, como el caso de Pablo Petrecca, de Junín, y los hermanos Passaglia, en San Nicolás. Pero lo que más enfurece al aliado de Karina Milei es que Petrecca volvió al espacio y hoy preside el bloque del PRO en el Senado bonaerense. “Tienen que ordenar el lío”, se queja.

“El PRO de la Provincia está más ordenado de lo que muchos creen”, responden en el partido amarillo y, como ejemplo, mencionan la lista de unidad que lograron para la renovación de autoridades. No reniegan de la estrategia de los intendentes para retener su territorio y retrucan a La Libertad Avanza: “Que se preocupen por ordenar la tropa propia, que viene generando mucho ruido este tiempo”.

Un capítulo aparte es la UCR bonaerense. En 2025 sufrieron una fuerte derrota en la elección provincial y, en la nacional, ni siquiera participó el sello. En junio esperan resolver la renovación de autoridades y planean presentar sus propios candidatos, lo que podría complicar los planes de La Libertad Avanza con el PRO.

Ritondo convocó a negociar con Abad, el dirigente con más peso de la UCR, mientras que entre los libertarios aseguran que muchos intendentes del partido centenario están desesperados por sumarse al espacio para no perder sus distritos. “Igual vamos a respetar las negociaciones con las autoridades”, advierten.

Consultados por la posibilidad de que Santilli protagonice la oferta opositora, respondieron con contundencia: la UCR va a proponer un candidato a gobernador y 135 a intendente. Como adelantó Infobae, el propio Abad analiza lanzarse en Mar del Plata. “Después del fracaso de 2025 tenemos que enfocarnos en reconstruir el partido”, dicen.

Quienes conocen los tiempos de Abad saben que esperará hasta último momento para llegar a una definición que satisfaga las necesidades y pretensiones de la UCR. Sobre todo en un contexto en el que hay una incertidumbre fuerte por la crisis económica y social que atraviesa el país. Un allegado al senador nacional le deslizó una chicana: “¿Te ves con Dante Gebel?”. El pastor evangélico podría reemplazar a su exaliado y outsider Facundo Manes. La respuesta fue rápida: “No hay que descartar nada”.

En Costa Rica, la preferencia por el tabaco dentro de los hogares con menos ingresos está desplazando la compra de alimentos y comprometiendo el bienestar familiar. Una reciente investigación realizada por la Red Nacional Antitabaco de Costa Rica (Renata), en conjunto con la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Adolfo Ibáñez, revela que cerca del 75 % de las personas fumadoras activas prioriza la adquisición de cigarrillos antes que la de víveres, una tendencia que afecta especialmente a los sectores más vulnerables y que, según los expertos profundiza la desigualdad social al restar recursos destinados a la alimentación y a la mejora de las condiciones de vida.

La magnitud de este fenómeno se explica en su dimensión económica y social. El Dr. Jeancarlo Córdoba Navarrete, investigador de la Escuela de Salud Pública de la UCR, subrayó en su análisis que este desplazamiento hacia gastos en productos adictivos “va a reducir aún más esa capacidad” de mejorar el acceso a bienes y servicios. Advierte que los hogares afectados no solo ven comprometido su presente, sino que terminan enfrentando “un gasto en enfermedad que, en algún momento, les va a generar gastos mayores”.

Un estudio basado en la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos (Global Adult Tobacco Survey, Costa Rica, 2022) determina que el 8,5 % de la población adulta fuma, lo que equivale aproximadamente a 300,000 personas. Este problema se intensifica en los quintiles con menores ingresos, donde tres de cada cuatro fumadores priorizan los cigarros antes que los alimentos. Además, la investigación evidencia que el 60 % de los fumadores pertenece a los estratos laboralmente ocupados, concentrados en los tres primeros quintiles de ingreso, todos por debajo del salario mínimo.

El consumo de cigarrillos afecta a hombres, personas de menor educación y mayores de 35 años

El perfil sociodemográfico identificado por Renata, la UNA y la UCR ofrece datos precisos: la mayor prevalencia de consumo de tabaco se observa en hombres con bajo nivel educativo, ubicados mayoritariamente entre los 35 y 64 años.

El consumo es, además, predominantemente urbano; el 80 % de las personas fumadoras vive en áreas urbanas y la provincia de San José concentra más del 40 % de los casos, seguida por Alajuela y Cartago.

En cuanto a los patrones de compra, la M. Sc. Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA, especificó que más del 90 % de las personas fumadoras de cigarrillos adquiere el producto en tiendas. El 81 % consume cigarrillos de cajetillas y el 15 % indicó consumir cigarrillos sueltos.

Esta tendencia, ubicada en los hogares de menos ingresos, reproduce un fenómeno conocido como desplazamiento del gasto: cuando los recursos limitados de una familia se dirigen a productos adictivos, como el tabaco, en vez de cubrir necesidades básicas.

La respuesta directa al fenómeno muestra que en los quintiles de menores ingresos de Costa Rica, cerca del 75 % de las personas fumadoras activas prefiere comprar cigarrillos antes que alimentos.

La dependencia impide abandonar el hábito y perpetúa el círculo de pobreza

El tabaco es una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la elevada dependencia producida por el consumo dificulta los intentos de abandono. La nicotina, principal componente activo del cigarrillo, actúa directamente sobre el sistema de recompensa cerebral al estimular la liberación de dopamina, lo que refuerza la necesidad de continuar fumando pese a los daños conocidos.

El informe académico indica que muchos fumadores en Costa Rica desean abandonar el hábito. El Dr. Córdoba explicó que “cerca del 50 % de las personas fumadoras quiere dejar el hábito y lo ha intentado”, pero aclara que estos intentos solo logran sostener la abstinencia durante 30 días en promedio. El análisis atribuye este bajo éxito, en parte, al insuficiente acceso a métodos de apoyo para cesación y a que solo el 68,3 % de los fumadores recibieron consejo médico específico.

La persistencia de estos patrones preocupa a los investigadores. Córdoba y Artavia señalan en Renata que la permanencia en estructuras de consumo evidencia que, sin intervenciones más intensivas, el consumo tiende a reproducirse en los mismos grupos poblacionales. Recomiendan fortalecer las políticas fiscales, en especial el aumento de los impuestos al tabaco, medidas que consideran “la más costo-efectiva” para modificar este escenario.

Elevar impuestos reduce el consumo y mejora la calidad de vida en hogares vulnerables

Un análisis sustentado en la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos sugiere que un aumento del 10 % en el precio real de las cajetillas reduce la prevalencia del fumado diario en alrededor de 1,3 %. El impacto se amplifica en personas jóvenes de entre 15 y 24 años, donde la reducción puede alcanzar el 4,4 %. Además, el incremento de precios retrasa el inicio del consumo diario de cigarrillos en aproximadamente tres meses, desplazando la edad promedio de inicio de 18,32 a 18,58 años.

El mismo análisis revela que “el 86 % de personas consultadas está a favor de aumentar los impuestos al tabaco”. El Dr. Córdoba destaca este dato como relevante en el actual contexto político y económico del país y puntualiza que “es de gran valor reconocer que hay necesidad de un impuesto en un producto específico”.

Guillermo Paraje, especialista en economía del tabaco de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, respalda que estas medidas fiscales reúnen la mayor eficacia relativa para combatir el tabaquismo. “Esta es una epidemia que comienza con niñas y niños menores de edad que, por la naturaleza adictiva del producto, lamentablemente siguen consumiendo, con impactos negativos en su salud y la salud de terceros. Entonces, es crucial frenar este inicio lo antes posible y evitar que estos niños y niñas empiecen a consumir”.

Más allá de la reducción: los impuestos al tabaco pueden financiar prevención y liberar recursos

El aumento de los impuestos al tabaco, según el equipo académico aporta una doble ventaja: no solo reduce el consumo y retrasa el inicio entre los jóvenes, sino que libera recursos dentro de los hogares más afectados y permite canalizarlos hacia necesidades prioritarias, entre ellas la alimentación y la educación.

A la vez, los ingresos fiscales generados por los nuevos tributos permitirían financiar campañas de prevención, programas de apoyo y servicios de cesación, lo que potenciaría el impacto sanitario y social. “Ante edades de inicio relativamente altas, se deben promover incrementos de impuestos significativos para generar cambios notorios. El impacto puede potenciarse con medidas adicionales como advertencias sanitarias y campañas”, analizó el M. Sc. Jorge Solano, de la Escuela de Economía de la UNA.

La prevalencia del consumo de tabaco registrada en Costa Rica repite patrones visibles en la región y exige el despliegue de políticas fiscales robustas y campañas sostenidas de concienciación para revertir una tendencia que, según la evidencia científica, compromete el tejido social y perpetúa la pobreza en los sectores de menores ingresos.

Un grupo de estudiantes ingresó con violencia y ocupó el edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) este miércoles, en respuesta a la decisión del Gobierno de mantener sin aumento el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027 y tras la ruptura de las negociaciones oficiales. El episodio representa una escalada en el conflicto universitario y anticipa que, de mantenerse la propuesta oficialista, será la nueva mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa la que decida el destino presupuestario de la educación universitaria pública.

La cifra central del desacuerdo se ubica en los ¢593,484 millones (USD 1,3 mil millones) para 2027 . Esta cantidad congelaría los recursos del FEES respecto a años anteriores, ignorando la petición de los rectores de un incremento del 2,94% (más de ¢17.000 millones, es decir, USD 37,2 millones).

Durante la protesta del miércoles, los manifestantes comenzaron la acción a la 1 p.m. y, tras intercambiar palabras con autoridades, entraron al edificio rompiendo los vidrios de acceso. El rector Carlos Araya salió por una vía de emergencia.

La raíz inmediata de la protesta fue el fracaso de la tercera sesión de negociación del FEES, ocurrida el martes 21 de abril, cuando el Ejecutivo confirmó su propuesta de un aumento del 0% al presupuesto universitario. Ante la falta de acuerdo, la decisión pasó a la Asamblea Legislativa, donde el equilibrio de poder cambiará en las próximas semanas. El debate ahora se traslada a la Comisión de Hacendarios, con proyecciones desfavorables para quienes defienden el aumento de recursos.

El conflicto por el FEES y las respuestas de las partes

Antes de la toma, universitarios ya se habían manifestado el martes 21 en puntos clave de San José y Heredia, y hubo un incidente en San Pedro, donde un vehículo embistió a varios estudiantes que mantenían un bloqueo. Las quejas de los manifestantes apuntan a un respaldo institucional considerado insuficiente.

El descontento tiene precedentes recientes. En abril de 2025, estudiantes ocuparon el edificio de la Federación de Estudiantes (FEUCR), acción que terminó con la renuncia de la entonces presidenta, Artemisa Villalta.

Las autoridades universitarias sostienen que intentaron el diálogo. La Rectoría de la UCR indicó en un comunicado que el vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya; la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina; y la vicerrectora de Acción Social, Annette Calvo Shadid, asistieron al lugar para escuchar a los estudiantes y abrir un espacio de negociación. Desde la versión institucional se señala que la propuesta de designar representantes estudiantiles para dialogar fue rechazada. Ante la demanda de los estudiantes de que el rector saliera del edificio, Araya accedió, pero según la Rectoría, las condiciones no permitieron un intercambio efectivo y la conversación terminó abruptamente.

El funcionario Pedro Navarro, director de la Oficina de Servicios Generales, aseguró que la seguridad de la universidad prioriza la protección de los estudiantes sobre una intervención represiva: “Nosotros no somos una seguridad represiva para los estudiantes. Buscamos la protección de ellos; la mayor preocupación es que no se cortaran”, dijo a La Nación.

La Constitución costarricense ordena destinar un 8% del PIB a la educación, aunque esta meta no se cumple en la práctica.

Toma y consecuencias inmediatas para la UCR

La ocupación de la Rectoría se suma a una secuencia de protestas debido al congelamiento del fondo universitario y a la sensación de debilidad institucional en la defensa del FEES. Grupos estudiantiles plantearon convocar una asamblea interna para definir acciones futuras.

En su comunicado público, la UCR reiteró su “defensa firme del Fondo Especial para la Educación Superior frente a cualquier recorte presupuestario” y manifestó el compromiso de seguir negociando. Las autoridades reportaron que la universidad da seguimiento a los daños y monitorea la evolución del conflicto.

El anuncio que hizo el presidente Javier Milei de ir hacia una nueva reforma electoral que funcione a partir de las elecciones del año que viene es seguido con atención en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es que lo que vaya a resolver el Congreso tendrá su correlato en el Poder Legislativo y el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, donde cada espacio político buscará instalar su agenda. Las negociaciones ya empezaron y las miradas se posan en la decisión que vaya a tomar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, atravesado por la discusión interna del peronismo.

Semanas atrás, al ser consultado al respecto, el gobernador admitió: “Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025, que es que el gobierno nacional quiere hacer una fuerte reforma electoral que tiene elementos que afectarían a las provincias. Con lo cual creo que tiene que ser una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional. Estamos atentos discutiendo internamente en las fuerzas políticas. Hay una discusión cuyo origen y desenlace tienen mucho que ver con lo que resuelva la Nación”.

El impacto inmediato si finalmente el Gobierno consigue los votos para eliminar las PASO a nivel nacional es qué sucederá en la provincia de Buenos Aires. En los comicios del año pasado, Kicillof estuvo hasta último momento negociando la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) en la Legislatura. Fue en el marco del desdoblamiento, otro punto que vuelve a posarse sobre la mesa de decisiones.

El peronismo aún no logra unificar una posición al respecto sobre qué hacer con las Primarias en la provincia de Buenos Aires y si el desdoblamiento es conveniente o no. Todo está atado a cómo se vaya a resolver la negociación política hacia 2027. Por estas horas las tensiones en el oficialismo provincial han vuelto a florecer.

Para la oposición en la provincia de Buenos Aires, la discusión de las PASO puede ser una puerta para plantear una reforma electoral más estructural. “Las PASO pueden ser discutibles. Incluso pueden eliminarse donde no hay competencia interna. Pero hacerlo así, aislado, no es casual, es una estrategia que favorece al que ya está en el poder y le quita a la oposición una herramienta o a la ciudadanía más específicamente la posibilidad de elegir candidatos y no que se lo impongan desde las cúpulas partidarias”, planteó el diputado del bloque PRO Fernando Rovello. En 2027 el PRO espera embarcarse en una negociación con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Por la oposición, el espacio Hechos que lideran los hermanos Passaglia y tiene un bloque de tres senadores en la Cámara Alta -Marcelo Leguizamón, Emilia Subiza y Natalia Quintana- y dos integrantes en Diputados -Ignacio Mateucci y Manuel Passaglia- también está a favor de eliminar las elecciones Primarias. “Las PASO son una herramienta oportunista que utilizan los gobiernos de turno según su conveniencia. Algunos la ponen, otros la quieren sacar. Veremos, otra vez, políticos peleando con políticos”, advirtió el diputado de Hechos y exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Su hermano, Santiago, es el jefe comunal del distrito de la Segunda sección electoral.

En el kicillofismo, algunos intendentes no ven con malos ojos repetir el desdoblamiento que aplicado en las elecciones del 2025 y que le dio la victoria por casi 14 puntos en los comicios provinciales de septiembre. El mandatario podría volver a tener el respaldo del radicalismo en este asunto.

El lunes y martes pasado, la Unión Cívica Radical llevó adelante dos jornadas en La Plata para debatir una Reforma Electoral. De la misma participaron también representantes legislativos de la Coalición Cívica. Allí, intendentes, legisladores nacionales de PBA y provinciales, plantearon que el gobernador debe desdoblar la elección y que, incluso, debe ser por ley. Para eso impulsan el proyecto del diputado Matías Civale. La iniciativa busca establecer un calendario electoral propio, fijo y orgánico, que garantice la autonomía en materia electoral de la provincia. Cuenta con el respaldo del senador nacional por la UCR, Maximiliano Abad. La Colición Cívica propone que las PASO sigan, pero no sean obligatorias.

El problema para el gobernador es que no tiene influencia política sobre el devenir de la Legislatura. Quienes no comulgan con el mandatario hablan de independencia de poderes. En la Gobernación, admiten con cierta resignación que lo que el gobernador pueda llegar a definir ofrecerá resistencias internas y miran al Frente Renovador y al kirchnerismo. “Son nuestra oposición”, es una de las posiciones más enfáticas dentro del MDF.

Qué hará Kicillof al respecto aún es materia de estudio. El gobernador no tiene reelección y buscará una candidatura nacional. En La Plata plantean que la mayoría de los gobernadores desdoblará su elección y que la definición de desenganchar los comicios provinciales de los nacionales -que es una facultad de Kicillof- se resolverá en pos del mejor escenario para que el peronismo retenga la provincia. Los intendentes propios le escapan a la boleta única en papel, como viene presionando La Libertad Avanza y el grueso de las fuerzas políticas que componen la Legislatura bonaerense.

Hay otro componente: es la casi paralización de la Legislatura bonaerense. Entrando al mes de mayo aún no están definidas las comisiones tanto en Diputados como en el Senado. Esa situación no es ajena a la realización de sesiones legislativas. En período ordinario, Diputados sesionó una vez y el Senado aún no. Las diferencias dentro del peronismo y también en La Libertad Avanza complejizan las definiciones. La apuesta del sistema político bonaerense es el segundo tiempo del 2026: luego del mundial de fútbol.

El gobierno nacional envió al Senado la reforma política anunciada por el presidente Javier Milei y desde los principales bloques opositores, incluso habituales socios del oficialismo, ya comenzaron a dejar trascender su rechazo a los principales puntos del proyecto y cierto malestar con la maniobra de incluir a último momento la Ficha Limpia dentro del paquete.

Ante la consulta de Infobae, tanto desde el PRO como desde la UCR reconocieron que no fueron consultados previamente por el Gobierno. Ambos espacios manifestaron en el pasado su reticencia a la eliminación de las PASO, ya que les quita una herramienta fundamental para avanzar con la conformación de alianzas electorales.

“Las PASO tienen un costo enorme para el Estado y en muchos casos se convirtieron en un trámite vacío. Pero también son un mecanismo de participación ciudadana que no puede descartarse a la ligera”, explicaron desde el partido amarillo. En ese sentido, insistieron con la idea de modificarlas para que por ejemplo no participen los partidos que tienen candidato único, una idea que había sido impulsada en el pasado por María Eugenia Vidal.

Por otro lado, señalaron que este debate tiene que darse con seriedad y no “apurado por la coyuntura electoral”. “El PRO no va a votar nada que no haya analizado en profundidad. Esa es nuestra forma de hacer política: con evidencia, no con urgencia”, sintetizaron.

El caso del PRO es particularmente complejo ya que busca conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires pero al mismo tiempo mantiene una disputa descarnada en CABA, donde los libertarios amenazan con arrebatarles su principal fortaleza. “Son muy diferentes las necesidades de un gobernador, como puede ser Frigerio en Entre Ríos, que las de un diputado bonaerense o uno porteño que responde a Jorge Macri”, analizaron.

El referente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también adelantó que no está de acuerdo con la eliminación de las primarias. “Este instrumento (las PASO) y el sistema electoral argentino son muy buenos. Siempre han permitido transparencia. El que tenía que ganar la elección la ganaba. Ha perdido el peronismo, ha ganado Macri, ha ganado Milei”, dijo en Infobae a la tarde. Además, advirtió que modificar el mecanismo de primarias abiertas “vuelve al sistema de partidos más cerrado, no hace a la democracia interna”.

Por otro lado, el PRO y la UCR también fueron impulsores del proyecto de Ficha Limpia y no vieron con buenos ojos la decisión de Milei de tratar todo junto. “Hay tres proyectos ya presentados sobre Ficha Limpia, por lo que si hay voluntad de avanzar, tanto en Diputados como en el Senado, se puede hacer por separado. No hay necesidad de traer toda la reforma política”, advirtió un importante referente del PRO. En la misma línea, desde la bancada radical calificaron todo como una simple “maniobra de distracción”.

Entre los diputados más contundentes se destacó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien aseguró que se trata de una “reforma extorsiva y tramposa” que apunta a reducir el pluralismo, limitar la representación y desbalancear la cancha en favor de quienes gobiernan”.

“Incluyeron Ficha Limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, publicó en sus redes sociales.

Y adelantó su rechazo a toda la iniciativa: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción. Es una acusación absurda, sobre todo contra quienes llevamos años enfrentando a los corruptos y denunciando que no pueden esconderse detrás de cargos públicos para evitar la justicia”.

En Provincias Unidas aclaran que todavía no unificaron un criterio porque no analizaron en profundidad la letra del proyecto. No obstante, los radicales disidentes y los socialistas que conforman el bloque ya hicieron saber su rechazo a la reforma. Además, la presidenta del bloque Gisela Scaglia fue vicegobernadora de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, un distrito pionero en la implementación de las Primarias a nivel provincial.

“No creemos que haya que eliminar las PASO. Es un sistema que se puede mejorar, incluso pensar en que no sean obligatorias, pero eliminarlas no es el camino. Las PASO permiten ordenar la política y que las candidaturas no se definan solo en acuerdos de pocos. Si se plantea modificarlas, también es importante plantear cuál es la alternativa para que los frentes electorales definan a sus candidatos”, explicó uno de los integrantes del bloque y aclaró que esa es la postura predominante en el espacio.

Con dudas y rechazos de habituales aliados, el oficialismo enfrentará un duro proceso para conformar una mayoría en la Cámara de Diputados. “Saben que no tienen los votos para eliminar las PASO, por eso meten Ficha Limpia, para decir que nosotros no queremos la transparencia. O piensan que la ‘culpa honestista’ (sic) hará que se vote todo el paquete”, analizó un diputado de Provincias Unidas.

El Gobierno de Costa Rica dio por cerradas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) este 21 de abril de 2026, tras un fuerte desacuerdo con los rectores de las universidades públicas, quienes plantearon un aumento que el Ejecutivo calificó como “irracional y abusivo”.

El conflicto gira en torno a la propuesta presentada por las universidades, que planteaba un incremento del 2.94% sobre la base presupuestaria. Esto representa más de ₡17,000 millones adicionales (USD 37,4 millones), que se suman a cerca de ₡11,000 millones (USD 24,2 millones) ya incorporados previamente, elevando el ajuste total a casi ₡30,000 millones (USD 66 millones)

Desde el Gobierno, la posición fue clara: mantener el presupuesto sin crecimiento, es decir, con un ajuste del 0%, argumentando que esta decisión responde al comportamiento de la inflación y a las limitaciones fiscales del país.

Ante la falta de consenso en la Comisión de Enlace —instancia encargada de negociar el FEES—, el proceso ahora pasa a la Asamblea Legislativa, donde se definirá el monto final en el marco de la discusión del Presupuesto Ordinario de la República.

Este procedimiento está respaldado por el artículo 85 de la Constitución Política, que regula el financiamiento de la educación superior estatal y establece que, en ausencia de acuerdo entre las partes, corresponde al Congreso tomar la decisión final.

El FEES es el principal mecanismo de financiamiento de las universidades públicas en Costa Rica, incluyendo la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, este fondo forma parte del mandato constitucional más amplio contenido en el artículo 78, que establece que el Estado debe destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en todos sus niveles. Sin embargo, en los últimos años esta meta no se ha cumplido, y la inversión ha mostrado una tendencia a la baja.

Datos recientes evidencian que el financiamiento educativo ha disminuido en términos relativos, pasando de alrededor de un 5,7% del PIB en 2023 a cerca de un 5% en 2025, lo que ha generado preocupación en el sector académico.

En el caso específico del FEES, el crecimiento también ha sido limitado. Para 2025, el fondo rondó los ₡587,000 millones (USD 1,29 mil millones), mientras que para 2026 se ubicó cerca de ₡593,000 millones (USD 1,30 mil millones), lo que representa incrementos modestos que, según las universidades, no compensan el impacto de la inflación ni el aumento en los costos operativos.

Los rectores han defendido su propuesta señalando que el ajuste es necesario para sostener la calidad de la educación superior pública, financiar la investigación científica, mantener programas de becas y atender el crecimiento de la matrícula estudiantil.

Asimismo, han advertido que, en términos reales, el FEES ha perdido poder adquisitivo en los últimos años, lo que podría afectar la capacidad de las universidades para responder a las necesidades del país.

Por su parte, el Ejecutivo ha insistido en que el contexto fiscal obliga a la contención del gasto público, en línea con las restricciones impuestas por la regla fiscal y la necesidad de mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

La Comisión de Enlace, donde se desarrollaron las negociaciones, está integrada por representantes del Gobierno, entre ellos los ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, así como por los rectores de las universidades públicas y una representación estudiantil.

El cierre sin acuerdo refleja las tensiones persistentes entre el Gobierno y el sector universitario sobre el papel del financiamiento estatal en la educación superior, en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos y demandas crecientes por acceso a la educación.

Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde los diputados deberán definir el monto final del FEES, una decisión que impactará directamente a miles de estudiantes y al desarrollo académico, científico y social de Costa Rica.

La muerte de Luis Brandoni, a los 86 años, generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y político argentino. En ese marco, la Unión Cívica Radical (UCR) difundió un sentido comunicado en el que no solo recordó su trayectoria artística, sino también su compromiso militante y su rol dentro del partido.

“Hoy es un día de enorme tristeza para la cultura argentina, porque se fue uno de esos grandes actores con los que diferentes generaciones crecieron”, comienza el texto, marcando el impacto que tuvo la noticia en el país.

El actor falleció tras permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, luego de sufrir un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural, una condición grave que afecta el cerebro.

Desde la UCR subrayaron que Brandoni trascendió el ámbito artístico: “Para los radicales a ese dolor se le suma la pérdida de un militante de esos que estaban siempre al servicio de la causa de la democracia”. La declaración pone en primer plano una faceta central de su vida: su compromiso político, sostenido durante décadas.

El comunicado recuerda que el actor fue perseguido durante los años más oscuros de la Argentina. “En los 70 fue perseguido por la Alianza Anticomunista Argentina y luego por la dictadura militar, por su militancia política y gremial”, señala el texto. Esa etapa marcó profundamente su historia personal y profesional, consolidando su perfil como una figura comprometida con los derechos y la democracia.

En ese sentido, el partido destacó su participación en espacios clave de resistencia cultural. “Luchó en los años crueles para recuperar la democracia, fue uno de los protagonistas del mítico Teatro Abierto”, afirmaron, en referencia a aquel movimiento artístico que, durante la última dictadura, se convirtió en símbolo de libertad de expresión. También recordaron su rol como Secretario General de la Asociación Argentina de Actores, donde defendió los derechos del sector.

La relación de Brandoni con el radicalismo tuvo uno de sus momentos más importantes durante el gobierno de Raúl Alfonsín. “Fue un artífice central en la propuesta cultural del radicalismo en la gestión del gobierno de Raúl Alfonsín al que asesoró durante su presidencia”, destacaron. Según el comunicado, ambos compartieron una relación cercana: “A Raúl lo unió una amistad edificada en la admiración”.

Además de su rol como asesor cultural, Brandoni también tuvo una activa participación institucional. “Brandoni fue también nuestro representante en el Congreso como diputado nacional y un polemista permanente en la defensa de los valores radicales”, remarcaron desde la UCR, recordando su paso por el ámbito legislativo.

El texto también incluye un recuerdo reciente que cobró un significado especial tras su fallecimiento. “Estuvo en el Comité Nacional hace muy poco cuando homenajeamos a la generación del 83. Jamás pensamos que esa era la última vez que compartiríamos nuestra casa”, expresaron con emoción, reflejando el impacto de su ausencia en la vida partidaria.

Mientras tanto, en el plano de la salud, su cuadro había generado preocupación desde el momento de su internación. El hematoma subdural que sufrió tras una caída en su hogar provocó un deterioro progresivo. En un principio, el productor Carlos Rottemberg había señalado que el actor necesitaba “unos días de tiempo para la evaluación y recuperación”. Sin embargo, con el correr de los días, la situación se agravó.

Finalmente, fue la empresa Multiteatro la que confirmó el fallecimiento. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, señalaron en un comunicado que también destacó su compromiso con el teatro nacional.

El deterioro de su salud obligó además a suspender la obra “¿Quién es quién?”, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, lo que marcó un abrupto final a una carrera que se mantenía activa hasta sus últimos días.

Diversas figuras del ámbito cultural y político se sumaron a las condolencias. Desde el Gobierno, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, lo definió como “un emblema de nuestra identidad cultural”. En tanto, la Asociación Argentina de Actores destacó su “sólida labor interpretativa” y su rol como referente del sector.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, también dejó su mensaje por el deceso de Brandoni: “Actor extraordinario y militante radical que entendió que la democracia se defiende todos los días, también desde el escenario. Diputado en los 80, peleador de causas cuando costaba caro pelearlas. Lo vamos a extrañar. Abrazo fuerte a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad artística. Hasta siempre, Beto”.

En su cierre, el comunicado de la UCR resume el sentimiento generalizado: “Con inmenso dolor, los radicales de todo el país acompañamos a sus familiares y amigos”. La frase sintetiza no solo la despedida de un dirigente político, sino también la de un artista que dejó una huella profunda en la cultura argentina.

La despedida final, según se informó, se realizará en la Legislatura porteña, en un gesto que refleja el reconocimiento institucional a una figura que supo conjugar arte, militancia y compromiso democrático a lo largo de toda su vida.

Con la reciente firma del dictamen que avala la continuidad, por cinco años, del camarista federal Carlos Mahiques, el oficialismo senatorial ya tiene semi encaminada una potencial sesión que piensa, en un principio, para el 29-30 de abril. No obstante, el otro tema en la agenda volvió a tensar la convivencia: varios legisladores dialoguistas se resisten a votar, tal como está, la ley sobre falsas denuncias, la gran obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe).

El proyecto reprime “con prisión de uno a tres años” a quien “denunciare ante la autoridad a una persona determinada o indeterminada por la comisión de un delito, a sabiendas de la falsedad de la denuncia”. Además, “si la falsa denuncia ante la autoridad fuere relativa a delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

La iniciativa plantea, por otro lado, la “prisión de uno a cuatro años” para el “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”. En el mismo artículo se agrega: “Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de reclusión o prisión; salvo en causas criminales por delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual, en cuyos casos el mínimo de la pena será de tres años. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena”.

Si uno se guiara por las firmas que obtuvo el despacho en cuanto los integrantes de la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita-, hubo un aval abultado: rubricaron libertarios, radicales, el renovador misionero Carlos Arce, la macrista Victoria Huala (La Pampa), la oscilante Elena Gadano (Moveré-Santa Cruz) y la peronista recién salida del kirchnerismo Sandra Mendoza (Tucumán), entre otras. En diferentes eventos donde promocionó la ley Losada, algunos testimonios fueron impactantes.

De proyectar un eventual acompañamiento de todos estos espacios, los votos sobrarían. El inconveniente está en que, en varias bancadas aliadas, hay rechazo. “Se volvió a repetir el camino de un dictamen mal hecho y apurado casi por capricho. Preferiría no estar en una sesión así”, lanzó una senadora a Infobae.

“En todo caso, que se la incorpore al nuevo Código Penal. Y, sobre todo, mejor escrita”, se oyó desde un despacho dialoguista top. A esto hay que sumarle advertencias de otras personas que siguen de cerca el día a día de la Cámara alta y aconsejan “frenar” un texto “muy poco sólido”. Bajo estos parámetros, quienes apoyan el articulado tendrán que hacer números finos para corroborar si de verdad se cuenta con luz verde para una definición. Se sabe de antemano la postura contraria del interbloque “Popular” -cristinistas y justicialistas-, que comanda el formoseño José Mayans.

La discusión sobre falsas denuncias ya se despachó tres veces en la Cámara alta. En 2024, el mismo perdió estado parlamentario por la antigüedad de la presentación del texto original de Losada. El año pasado se repitió el resultado, aunque por el recambio legislativo de diciembre último. Ahora, volvió a tener un dictamen exprés y la puja quedó abierta de cara a la sesión -no confirmada- de finales de abril que, desde discretas oficinas, ya ponen en duda. Muchos quieren ver qué hará el Gobierno con la ley sobre propiedad privada en los próximos días y hasta dónde aceptará cambios La Libertad Avanza.

¿Jorge Macri se copia de La Libertad Avanza? ¿Patricia Bullrich está confirmada como candidata de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Vuelve Juntos por el Cambio? Son todas preguntas que circulan en el escenario preelectoral porteño, pero ninguna tiene respuestas. Lo que sí hay son indicios sobre las pretensiones de cada espacio para la elección de 2027. Por ejemplo, los movimientos de Mauricio Macri, que generan expectativas sobre sus aspiraciones nacionales.

“Está bien si creen que nos copiamos de La Libertad Avanza. Quiere decir que es un buen rumbo el que llevamos”, responden en Parque Patricios a las insistentes denuncias sobre una especie de “robo de ideas” por parte del PRO. La primera acusación de los libertarios fue por el lanzamiento de créditos hipotecarios que hizo Jorge Macri y, en los últimos días, por la eliminación del pago de Ingresos Brutos a monotributistas. Dicen que Pilar Ramírez había presentado el proyecto antes.

La novedad de esta semana fue la habilitación para que Patricia Bullrich sea la candidata oficialista en CABA, tras el declive de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo por la compra de pasajes de lujo y propiedades. La exministra de Seguridad estaba molesta porque el Gobierno había dejado trascender el nombre del jefe de Gabinete para la competencia cuando ella ya sonaba como sucesora de Jorge Macri. “Ahora hicieron como que no pasó nada, onda ‘vos siempre fuiste candidata’”, dijeron en su entorno a Infobae.

Pero en la Casa Rosada hacen una importante advertencia: “No hay ningún candidato para CABA todavía”. Aclararon a este medio que Bullrich es parte del armado, pero que las fuerzas libertarias tienen varios nombres para la competencia. En el PRO observan los movimientos y ya vaticinan: “No le van a cumplir a Patricia”. En Uspallata comparan a los libertarios con el kirchnerismo: siempre van a preferir candidatos puros y fieles a la estructura de poder que, en este caso, lidera Karina Milei.

Bullrich ya dio varios gestos de fastidio, sobre todo con el caso Adorni. En su visita a Córdoba dijo que el funcionario “no tiene el cuero duro” para soportar la presión mediática y, hace pocos días, en el Senado, se cansó de las preguntas de los periodistas y sentenció: “Es un tema de la Justicia, punto, basta. No quiero explicar nada”. Quienes la conocen hace muchos años dicen que la senadora desprecia todo tipo de ostentación, sobre todo la que proviene de los “nuevos ricos”. ¿Aplica a Adorni?

Mientras tanto, Bullrich se prepara para dar los primeros pasos como candidata. Se espera que en los próximos días dé pequeños gestos en modo campaña. Para algunos es “apresurado” hablar de candidaturas, pero para otros, sobre todo los que no tienen nombres fuertes para presentar, creen que el tiempo apremia. En el caso del oficialismo, se mantendrán alejados, por el momento, de cualquier disputa mediática. “Seguimos enfocados en la gestión”, avisan. De hecho, enumeran las confrontaciones que vienen evitando: responder los ataques de los libertarios en redes sociales y pronunciarse sobre Adorni.

La Libertad Avanza, por su parte, observa que Jorge Macri está en una encerrona: el electorado de derecha está cooptado por Javier Milei, el de izquierda por el peronismo y el de centro, creen, le pertenece a Horacio Rodríguez Larreta. “Sí o sí necesita de la UCR y de Horacio porque con nosotros no hay chances de ir en una alianza”, describen.

Los radicales tienen la misma mirada. Entusiasmados con la posibilidad de relanzar Juntos por el Cambio, ven con buenos ojos que Jorge Macri endurezca su discurso y sus políticas de gestión para atraer al votante de derecha en una futura PASO que, para ellos, contará con Rodríguez Larreta y un candidato de la UCR, que podría ser Martín Lousteau, y luego pelear por un lugar en el ballotage. ¿El mayor riesgo? Que Bullrich gane en primera vuelta.

Aunque para algunos la posibilidad de revivir Juntos por el Cambio es remota, los radicales se basan en hechos: los movimientos de Mauricio Macri. Como reconstruyó este medio, el expresidente tiene el visto bueno de los líderes de Provincias Unidas, en especial Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, para ser su candidato para la Casa Rosada. A esa luz verde se sumó la gira que inició el líder del PRO con viejos socios de la coalición que creó junto a Ernesto Sanz y Elisa Carrió.

Macri fue recibido en Corrientes por los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés. En Chaco se mostró con Leandro Zdero. Encabezó un acto partidario en Resistencia donde llamó a “blindar el cambio”, a formar dirigentes y a “no callarse”, en referencia a defender el rumbo del Gobierno, pero también hacer las advertencias necesarias sobre las medidas que implementa.

Todos los movimientos de Macri dan cuenta de qué tipo de proyección nacional pretende y sus aspiraciones presidenciales. ¿Es posible que Macri acuerde con sus viejos socios para una candidatura presidencial, pero que en la Ciudad de Buenos Aires se asocie con La Libertad Avanza? Para el PRO porteño, cualquier escenario es posible.

Sin embargo, en La Libertad Avanza sostienen el rechazo a una alianza con el PRO. En sus planes se mantiene la agenda con recorridas por la Ciudad y la presentación de proyectos que, para ellos, los convierte en “el bloque más reformista de la historia” en la Legislatura. También se mantendrá la tensión en las redes sociales, como sucedió el miércoles pasado con la inundación de la avenida Libertador tras las fuertes lluvias. Para reforzar la estructura cuentan con la figura de Karina Milei, figura central en la Casa Rosada y fiel aliada de Pilar Ramírez.

Los cerca de 140 intendentes que la UCR tiene en Córdoba son actores necesarios para cualquier dirigente que quiera convertirse en gobernador. Fueron una pieza clave en todas las elecciones y la de 2027 no será la excepción. Es por eso que, a medida de que se acercan las elecciones, vuelven a quedar en el centro de la disputa, con presiones cruzadas de distintos espacios. Según pudo reconstruir Infobae, en las últimas semanas recibieron amenazas de todo tipo: recorte de fondos, candidatos que ponen en peligro su continuidad en el poder y hasta quedar afuera de una futura alianza anti peronista.

La Libertad Avanza fue el primero que salió con una fuerte amenaza: prometió “plantar” un candidato propio en todos los distritos que no se pinten de violeta. En paralelo, según trascendió, Martín Llaryora habría advertido sobre la posibilidad de vaciar de fondos a todos aquellos que se saquen fotos con Gabriel Bornoroni.

A ese escenario se sumó Rodrigo de Loredo con otra advertencia hacia el interior del radicalismo: cuando finalmente acuerde con la Casa Rosada, los dirigentes que hoy se alineen con La Libertad Avanza quedarían afuera del armado de listas.

El malestar de De Loredo creció a partir del acercamiento de Soledad Carrizo al armado que encabeza Bornoroni junto a Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Laura Rodríguez Machado, una de las principales referentes de Patricia Bullrich en Córdoba. Los cuatro ya trabajan en la construcción de una alianza que se llamará “Alianza por la Libertad” para enfrentar al oficialismo provincial.

Encuestadores que analizan los movimientos en la provincia aseguran que la marca del presidente Javier Milei es la que mejor mide, aunque advierten que, como en toda elección, el resultado dependerá del nivel de unidad que logre la oposición para disputar casi 30 años de peronismo cordobés.

En ese marco, la alianza comenzó a mostrar fotos con intendentes, concejales y dirigentes radicales. Las últimas fueron con referentes de Río Cuarto y la ciudad de Córdoba, pero, según afirman en el espacio libertario, existen negociaciones abiertas con más de 40 jefes comunales que evalúan sumarse con la expectativa de asegurar su reelección.

De Loredo ya había denunciado que esos movimientos respondían a una “extorsión” por parte de La Libertad Avanza. “Los amenazaron con plantarles candidatos puros. Nosotros también podemos poner los nuestros”, había advertido el ex presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.

En las últimas horas, además, el diputado dejó trascender un fuerte malestar con Carrizo, la principal referencia radical dentro del armado libertario. La ex diputada nacional responde políticamente a Alfredo Cornejo y, gracias a esos vínculos y su rol en el armado cordobés, fue nombrada como vocal en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano.

Según reconstruyen en el radicalismo cordobés, Carrizo se reunió hace seis meses atrás con De Loredo y con Marcos Ferrer —presidente de la UCR provincial— para informarles sobre su nuevo rol. “La liberamos y le dimos luz verde, pero con una condición: que no se convierta en Orlando Arduh”, señaló a Infobae un dirigente cercano a la conducción partidaria. Arduh es un radical que trabajó activamente para sumar intendentes al armado de Llaryora.

Distintas fuentes también confirmaron que intendentes radicales que aún no se alinearon con La Libertad Avanza recibieron advertencias desde el oficialismo provincial. “Para los que se saquen fotos con los libertarios hay desierto”, resumieron, en alusión a un eventual recorte de fondos.

Anoticiadao de esa presión, cerca de De Loredo interpretan que el escenario puede terminar favoreciéndolo. En ese contexto, el diputado impulsó dos movimientos para ordenar al radicalismo y al resto de la oposición.

Por un lado, su aliado Marcos Ferrer convocó a todos los espacios no peronistas a acordar un sistema para definir candidaturas a gobernador e intendentes en toda la provincia. “Creemos que una primaria abierta resolvería la cuestión con varias virtudes: es democrática, permite que decidan los independientes y no un grupo de dirigentes o los aparatos, y puede hacerse una campaña breve y austera”, sostuvo. Y agregó: “La unidad llevará al cambio que piden y necesitan los cordobeses. El diálogo entre los presidentes es el primer paso hacia esa unidad”.

Más duro y efusivo, De Loredo dejó trascender que se encargará de dejar afuera de las listas a todos aquellos radicales que hoy juegan para la candidatura de Bornoroni. “Esto ya lo viví en el 2023 con Juez”, recuerda entre los suyos. En aquel entonces, un sector de la UCR apostó la figura del líder del Frente Cívico. Cuando finalmente se acordaron las postulaciones, De Loredo se encargó de dejar afuera a todos lo correligionarios que lo traicionaron. Fue una jugada beneficiosa teniendo en cuenta que Juez perdió la Gobernación pero la Legislatura se llenó de dirigentes que todavía le responden a De Loredo. En la lista negra de ese entonces estuvieron Ramón Mestre y Juan Yure, entre otros.

“Si terminamos juntos con La Libertad Avanza vamos a pagarle a los puros y me voy a encargar de que los que hoy ayudan a Bornoroni no estén en ningún lado”, dijo De Loredo en un entorno de confianza. En el espacio libertario aseguran que no recibieron advertencias directas del dirigente radical y deslizan que, en privado, el tono de las conversaciones es distinto. Sin embargo, en el radicalismo remarcan que ese tipo de definiciones se inscribe en la disputa por los lugares que se abrirían ante una eventual victoria opositora, que incluye, además de la Gobernación, bancas en el Senado y Diputados.

Es el primer movimiento del expresidente de cara a lo que él mismo denominó “el próximo paso” en Parque Norte. La agenda de Macri incluye una visita a las provincias de Chaco y Corrientes, para reunirse con los gobernadores -y aliados- Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, y también con militantes y dirigentes locales.

“Estoy convencido que el cambio empezó en nuestro país y necesita raíces profundas para durar. Necesita equipo, experiencia y una mirada clara sobre lo que viene. Porque claramente una cosa es estabilizar y otra es construir. Y justamente de eso se trata esta etapa: de construir lo que falta, de dar ese próximo paso que convierta el cambio en futuro real para los argentinos”, aseguró el exmandatario en la previa, a través de un video difundido en redes.

Según supo Infobae, Macri llegará a la ciudad de Resistencia a las 16, donde será recibido por Zdero. A las 18, participará de un evento en el hotel Gala Convenciones, con la idea de replicar el acto en Parque Norte, con tres bloques de oradores que representen a cada una de las letras de la sigla PRO. El cierre estará a cargo del exmandatario, y luego brindará una conferencia de prensa. Más tarde, irá a Corrientes para cenar con los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés.

Entre otros, se prevé la presencia de dirigentes nacionales como el exministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, uno de los armadores nacionales; el vicepresidente del CEAMCE Ezequiel Jarvis; el referente local Patricio Amarilla, el expresidente del partido a nivel nacional Humberto Schiavoni; el legislador porteño Darío Nieto; el senador Enrique Martín Goerling; y la diputada correntina Sofía Branbilla. También el secretario general, Fernando De Andreis, la diputada Antonela Giampieri, y el ministro de Hacienda de CABA, Gustavo Arengo. Algunos de ellos serán oradores.

Macri comenzó la semana en la cena de la Fundacion Pensar, el think thank del PRO que preside la exgobernadora María Eugenia Vidal. Allí compartió una charla sobre inteligencia artificial con el divulgador científico Santiago Siri y señaló que “lo peor que hay es improvisar” y que “Argentina sufrió demasiadas improvisaciones”.

Estrategia y desafíos territoriales

En paralelo a la reorganización territorial, el PRO busca reactivar su estructura en distritos clave y superar las divisiones internas que se profundizaron tras las elecciones de medio término de 2025. Por ejemplo, el partido enfrenta desafíos para recomponer su presencia en Córdoba y Tucumán, donde atraviesa procesos de intervención, y apuesta a una mayor coordinación con referentes del interior productivo. En Córdoba la situación es crítica: dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se quedaron con el partido a nivel provincial, algo que reduce el poder de Macri en una provincia clave.

En este contexto, sectores de la UCR observan el tono de la reactivación del PRO. Valdés, el exgobernador de Corrientes, afirmó la semana pasada que ambos partidos son “aliados desde hace mucho tiempo”. “No es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, señaló a Infobae en aquel momento.

Y enfatizó: “Para nosotros es un gusto recibir al expresidente de la nación del espacio que habíamos conformado, que era Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri sin duda es el líder político de Juntos por el Cambio”.

Consultado sobre un rearmado político de cara a 2027 para competir con La Libertad Avanza, sostuvo: “En la última elección estuvimos en Provincias Unidas, aunque era el único frente nacional que había confrontado con el Gobierno. Hay que ver qué hace Provincias Unidas, hay que ver qué hace Juntos por el Cambio. Bueno, ahí seguramente estará nuestro espacio político”.

¿Y el rol de Macri? “En la oportunidad pasada (en 2023), lo que nosotros decíamos era que el candidato para enfrentar al kirchnerismo sin duda era Mauricio Macri. Y estábamos dispuestos a acompañar esa candidatura. Lo que pasa es que no quiso ser candidato a presidente y bueno, hubo que dirimir en internas, que en definitiva llevó a la desaparición prácticamente del liderazgo nacional dentro de Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta y el pase que tuvo Patricia Bullrich al otro espacio político, la Libertad Avanza. Pero sin duda el candidato, creíamos nosotros, tendría que haber sido Macri. Ahora depende de lo que quiera hacer en las próximas elecciones, seguramente, y habrá que consultarlo al radicalismo y ver si hay una posibilidad de construcción de un frente político”, analizó.

El expresidente, en tanto, mira con preocupación la actualidad del gobierno, la coyuntura política y las esquirlas derivadas de las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero también por los indicadores de la economía y del humor social hacia la figura del presidente. Más allá de su discurso en Parque Norte, no quiere hacer una crítica pública.

“La postura que tiene es la de observar una situación delicada por varios factores; sabe que ante cualquier cosa que diga pueden haber muchos que comenten, y eso es lógico, entendible”, aseguró a este medio un importante dirigente del entorno del expresidente.

En ese fino equilibrio se encuentra el PRO: entre criticar al Gobierno, pero no atacarlo de manera directa. Diferenciarse, pero no tanto al punto de romper la relación parlamentaria, donde hay más coincidencias que diferencias. El miércoles levantó la voz Cristian Ritondo, el jefe del bloque en Diputados, al referirse a la situación del Jefe de Gabinete. “El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”, dijo, y amplió:“No hay que sumarse a ningún show pero tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”.

De Andreis, por su lado, sostuvo hoy: “(Estoy) muy preocupado, sobre todo por los datos de inflación, por algunas turbulencias, por el tema Adorni, esperando que giren de vuelta a la página, que venga ahora nuevamente un sendero descendiente en la inflación”. “Sí reconocemos que hay un muy buen dato de una baja sensible de la pobreza”, agregó en diálogo con radio Rivadavia.

También consultado por una eventual postulación presidencial de Macri, el diputado señaló: “El no está para ser candidato el año que viene, pero sí trabajando fuerte en la reconstrucción del partido”.

La Universidad de Costa Rica (UCR) avanza en el diseño de nuevas ofertas académicas orientadas a responder a los retos tecnológicos y al desarrollo regional desde 2027. La institución planea introducir grados y licenciaturas cortas a fin de fortalecer el talento humano en áreas estratégicas, de acuerdo con información confirmada por la Vicerrectoría de Docencia.

En 2027, la universidad proyecta implementar licenciaturas cortas de especialización como parte de una estrategia de innovación educativa. Este formato permitirá que profesionales previamente graduados se actualicen y amplíen su campo de acción en plazos más breves, alineados con la tendencia global de aprendizaje continuo. El vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya, afirmó que “no estamos solo creando títulos, estamos diseñando rutas formativas que dialogan con la realidad del país”.

Entre las propuestas se encuentra la Licenciatura en Ingeniería de Procesos de Manufactura, impulsada por la Sede Regional del Caribe junto con el recinto de Grecia de la Sede Regional de Occidente. Este programa tiene como finalidad consolidar polos industriales en ambas regiones, descentralizar el conocimiento y promover el desarrollo regional, según datos de la universidad.

El sector tecnológico contará con el Diplomado y Bachillerato en Ciencia de Datos en la Sede Regional del Atlántico, ubicada en Turrialba. Esta disciplina es considerada esencial para la toma de decisiones fundamentadas en analítica avanzada, tanto en el sector público como privado. La universidad prevé que la distribución de capacidades técnicas fuera del Valle Central fortalecerá la competitividad nacional. Según la proyección institucional, la descentralización del conocimiento en ciencia de datos responderá a la creciente demanda laboral.

Por su parte, el Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores busca unir recursos de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en consonancia con la estrategia nacional de fortalecimiento de la industria de microchips. La Universidad de Costa Rica detalla que el desarrollo de esta carrera responde a la prioridad de ampliar la base de profesionales altamente capacitados en un sector fundamental para la economía tecnológica. El fortalecimiento de la industria nacional de microchips es prioridad para la economía costarricense, según información de la universidad.

Nuevas licenciaturas en sectores estratégicos

Como parte de la estrategia para 2027, se estudian licenciaturas cortas en áreas de rápida evolución vinculadas al impulso exportador. Una de las propuestas en análisis es la Licenciatura en Inteligencia de Proyectos Basada en Datos, enfocada en la gestión de organizaciones con base en pruebas objetivas. También se perfila la Licenciatura en Ciencia de Materiales, que articula química, física y biología para el desarrollo de nuevas sustancias y tecnologías, así como la Licenciatura en Dispositivos Médicos, orientada a la especialización en uno de los principales sectores exportadores del país.

Estos programas académicos avanzan conforme a los procedimientos internos de la universidad y las validaciones externas requeridas ante el CONARE. La Universidad de Costa Rica informó que el cumplimiento de cada etapa de aprobación es indispensable para la eventual implementación de estas propuestas. “Procesos de aprobaciones internas de las instancias universitarias, así como a las validaciones externas correspondientes ante el CONARE” son parte de los requisitos mencionados por la institución.

El vicerrector Núñez destacó que la prioridad institucional está en mantener el rigor académico y la pertinencia de las carreras, junto con la agilidad de la planificación. Señaló: “La educación es un puente entre el conocimiento y la acción, en el que todas las áreas son necesarias para la sociedad. En ese sentido, cada una de estas carreras se ha pensado bajo criterios de sostenibilidad, ética, excelencia académica, movilidad y justicia social. Aunque estos programas deben cumplir con todo el proceso de aprobación, la intención de la Administración Superior es conectar la oferta académica con los desafíos del futuro. Y estamos trabajando fuertemente para lograrlo”.