El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, trabaja en la construcción de un caudal político propio que culmine con su candidatura presidencial por el peronismo en 2027. Para un sector del PJ los movimientos del mandatario bonaerense son apresurados y hasta en La Cámpora lo emparentan con el mismo camino que transitó el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando fue precandidato presidencial en 2023. Este miércoles, Kicillof irá a Corrientes y firmará acuerdos con el gobernador Juan Pablo Valdés.

Lo anunció el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco. En Corrientes se verá y firmará convenios con el gobernador Juan Pablo Valdés, uno de los gobernadores que tiene la Unión Cívica Radical. Su hermano, el ex gobernador y actual senador nacional, Gustavo Valdés, tuvo en el último tiempo algunas críticas contra el gobierno nacional, al enfatizar que la gestión de Javier Milei “es más centralista que nunca”. Sin embargo, la relación entre ambas administraciones es buena. El equilibrio lo busca garantizar el ministro del Interior de la Nación y posible candidato a la gobernación bonaerense por La Libertad Avanza, Diego Santilli. Días atrás, el mandatario correntino y el ministro mantuvieron un encuentro de trabajo en Buenos Aires. Al enterarse de la presencia de Kicillof en Corrientes, Santilli ironizó: “¿Ahora es gobernador de Corrientes? Me parece que hay que regalarle un GPS”.

En Corrientes, Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes”. Será en el auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Antes de ello, firmará convenios de cooperación entre Buenos Aires y la provincia mesopotámica. Serán acuerdos interministeriales en Seguridad, Desarrollo Agrario y de Gobierno.

Pero la presencia de Kicillof en Corrientes servirá, en definitiva, para medir el termómetro político en una provincia donde el peronismo no logra hacer pie. En marzo de este año, el mandatario bonaerense envió a dos conocedores del armado político como lo son el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, a organizar y ordenar el Movimiento Derecho al Futuro Corrientes. Ambos dirigentes del conurbano profundo tuvieron distintas reuniones. El saldo, aseguran, fue positivo. Tres meses después, Kicillof irá hasta el territorio. Hoy Descalzo y Pereyra son parte activa de la gestión bonaerense. El primero fue recientemente nombrado al frente de Provincia Seguros, mientras que Pereyra ocupa una de las poderosas sillas del directorio del Banco Provincia.

La visita de Kicillof a Corrientes se sumará a las fotos que consiguió a principios de mes en Córdoba cuando llegó a las localidades de Cosquín y La Falda para, también, explorar el termómetro político en un territorio, aunque gobernado por una vertiente peronista, por demás hostil al kirchnerismo en materia electoral. En el entorno del gobernador habían destacado la incursión cordobesa. Una serie de actividades que no incluyeron un encuentro con su par Martín Llaryora, aunque sí un diálogo previo según reveló el propio Bianco. El armador en Córdoba es el exsenador nacional Carlos Caserio.

“No es una cuestión, lo repito por las dudas, porque se va a entender como que el Gobernador está en campaña. No está en campaña: él fue muy claro; la campaña será el año que viene, luego de que defina las candidaturas. Este es un año para nosotros de profundizar la gestión y en este caso de profundizar las actividades, las articulaciones en materia de cooperación que venimos haciendo desde que empezó la gestión", dijo este lunes Bianco desde la Sala de Conferencias de la Gobernación bonaerense en La Plata.

En ese marco, recordó los distintos acuerdos que Buenos Aires llevó adelante con otras provincias desde que Kicillof asumió la gobernación en 2019; convenios que se dieron en el marco de la pandemia de coronavirus o cooperación para la búsqueda de personas —como sucedió con la desaparición de Loan en Corrientes—, ayuda de maquinaria durante incendios o el préstamo en comodato de móviles policiales o ambulancias con otras provincias como Santa Fe o Chubut. “Hay una definición muy concreta del Gobernador de articular, de cooperar con todas las provincias argentinas, máxime cuando hay un Gobierno nacional que se retira de sus responsabilidades constitucionales y del rol rector que tiene que tener sobre muchas políticas a nivel nacional y de sus propias responsabilidades en materia de ejecución. Así que, en ese contexto, lo que está haciendo el gobernador es continuar con una política definida por fuera de un momento electoral”, aclaró Bianco.

Mendoza también figura en la hoja de ruta de Kicillof. En la provincia cuyana está por abrirse una casa que promueve la figura del bonaerense. El diputado nacional y ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, es el encargado de sembrar y desplegar la bandera del MDF. En las últimas horas se intensificó el diálogo.

Hay otros nombres como el de la intendenta de Santa Rosa (Mendoza), Florencia Destéfanis. La jefa comunal ya estuvo hace semanas en la ciudad de Ensenada cuando Kicillof lanzó el MDF Mujeres y Diversidades con la ministra provincial de esa área, Estela Díaz; las vicegobernadoras de Buenos Aires, Verónica Magario, de La Rioja, Teresita Madera y la Jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez sobre el escenario.

La Universidad de Costa Rica informó que desde el 1 de junio las personas usuarias de Grecia tendrán una opción nocturna para regresar a sus hogares: podrán abordar el bus de la ruta Alajuela-UCR de las 20:05, pagar ¢500 y bajar en la terminal de TUAN en San José para hacer trasbordo al servicio hacia ese cantón, mientras la institución espera la aprobación del Consejo de Transporte Público para reactivar de forma regular el transporte especial.

La medida forma parte de las gestiones que la UCR, por medio de la Vicerrectoría de Administración, impulsa para restablecer el servicio a la comunidad universitaria de Cartago y Grecia, afectada desde el año anterior. Según la universidad, ya se firmaron dos convenios para la prestación del transporte especial y exclusivo en ambas zonas.

La vicerrectora de Administración, Rosa Julia Cerdas González, confirmó a la prensa universitaria el jueves que esos convenios ya están suscritos, aunque precisó que el inicio efectivo del servicio depende del aval del Consejo de Transporte Público. Según Cerdas, el trámite suele durar entre uno y dos meses, pero podría retrasarse por el cambio de gobierno y la falta de integración de la junta directiva del CTP.

¿Cómo funcionará el servicio para Grecia y Cartago?

En el caso de Grecia, la universidad suscribió un acuerdo con AVIA S.A. con una salida propuesta hacia la UCR a las 5:05 y un retorno a las 17:10, con una tarifa de ¢2.300.

La opción que entrará antes en operación es la de regreso nocturno: desde el 1 de junio, quienes viajan a Grecia podrán usar el bus Alajuela-UCR de las 20:05, llegar a la terminal de TUAN en San José y abordar desde ahí el bus a su cantón. Según la UCR, el costo de ese trayecto será de ¢500.

Para Cartago, la universidad informó que ya se firmó el convenio del ramal Tobosi-UCR, con operación durante todo el día y tarifas diferenciadas entre ¢725 y ¢1.100, según el punto de abordaje.

La ruta Cartago-UCR sigue en análisis con Primera Plus, la única empresa que continuó el proceso, y mantendría los horarios previos con una tarifa de ¢625. La UCR detalló que, tras la revisión técnica de las unidades de esa ruta, al permisionario se le concedió un plazo de 22 días naturales para hacer correcciones y garantizar su funcionamiento.

Según la institución, la firma del convenio podría concretarse entre el 22 y el 26 de junio si cumple con todos los requisitos exigidos por la Comisión Institucional de Transporte de Universitarios.

¿Qué frenó el restablecimiento del transporte en 2025?

La universidad atribuyó las dificultades de 2025 a dos factores: la falta de respuesta de las empresas asignadas originalmente para cada ruta y el escaso interés de otras compañías cuando se abrió la búsqueda de nuevos permisionarios. Ese escenario impidió dar continuidad al servicio en las condiciones previstas.

A esa situación se sumó una restricción regulatoria. Según la UCR, el 24 de setiembre de 2025 el Consejo de Transporte Público publicó en el alcance 123 de La Gaceta 178 el Decreto Ejecutivo 45200-MOPT-TUR, que estableció una moratoria de seis meses para otorgar nuevos permisos de servicios especiales, prorrogable por dos meses más; el decreto venció el 23 de mayo de 2026.

La universidad también aclaró que las tarifas anunciadas son provisionales mientras la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos define la metodología para calcular los cobros de los servicios especiales que se brindan a la UCR.

La demorada constitución de las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense —que terminó de oficializarse este viernes—, aceleró la actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires. Ahora, los intendentes de todos los sectores buscan que se mueva un proyecto de ley que les permitirá tener libre disponibilidad de los fondos que se destinen a los municipios producto del endeudamiento que vaya a tomar Kicillof. Es una discusión técnica, pero sobre todo política.

Cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires solicitó a fines del año pasado que la Legislatura lo autorizara a endeudarse por un monto total nominado en dólares que alcanzaba los 3.685 millones, los intendentes a través de los bloques legislativos prestaron sus votos a cambio de la creación de un fondo destinado a los municipios. Se definió que el mismo —denominado El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal— sea equivalente al 8% del total obtenido mediante el endeudamiento, garantizando, además, un monto fijo de $250.000 millones distribuido en cinco pagos fijos para brindar previsibilidad a los intendentes, lo cual Kicillof ya empezó a ejecutar. Sin embargo, en la letra chica también se planteó que el reparto fuera del 70% a través del Código Único de Distribución (CUD) y que el 30% restante fuera asignado a través de tres áreas: los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, el de Transporte y el Instituto Cultural. Eso es lo que no querían los intendentes. Con los últimos movimientos legislativos podrían tener una buena noticia.

A principios de mes, una comitiva de intendentes que representaban a los radicales y a los de Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo -donde se nuclean 69 intendencias de distintos signos políticos- se habían reunido con el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara (PJ-K); el vicepresidente Alexis Guerrera (Frente Renovador); además de los diputados y autoridades de bloque, Alejandro Rabinovich (PRO), Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal) y sus pares Juan Pablo De Jesús (PJ) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador). Le dejaron una nota en la que explicitaron que “el deterioro en la actividad económica impacta directamente en la recaudación propia y en los recursos coparticipables, generando un desfasaje creciente entre ingresos y gastos corrientes”. Pidieron allí, como medida excepcional, dar a los municipios la “potestad para decidir el destino del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal”.

Un diputado del bloque Fuerza Patria responsabilizó directamente a Kicillof de esta situación. “Si él hubiera dado el visto bueno desde un principio para que los fondos fueran de libre disponibilidad, nos habríamos ahorrado todo esto. Cuando giró el proyecto de endeudamiento, no había ni un fondo para los intendentes”, planteó ante la consulta de este medio. En el Ejecutivo aseguran que es toda potestad de la Legislatura y que no tienen problema con cómo se emplean los recursos. Kicillof y su entorno están fastidiados desde hace tiempo con la dinámica de Legislatura. Quien lleva las riendas cuando hay que encarar una negociación es la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila. En el medio, los intendentes.

“Lo que va a ser difícil van a ser los seis meses que viene por delante, ya se lo planteamos al gobernador. No sabemos qué va a pasar. Hay intendentes que no van a poder afrontar el pago de aguinaldos. Por eso, pedimos que los fondos que no son vía CUD sean de libre disponibilidad. Lo hablamos con el Ejecutivo y con la Legislatura. Ese es el cuadro de situación”, reclama un intendente del radicalismo ante la consulta de este medio. Otro, peronista del conurbano, planteó que hay que “priorizar los recursos de la Provincia”. La semana pasada lo graficó con cierta honestidad brutal: “No pueden faltar, comida, bala y remedios”. Por bala, se refería a la inversión en seguridad, no a reprimir.

En las últimas horas, según supo Infobae, podría haber novedades. Está previsto que los Diputados sesionen el miércoles 10 de junio y discutan este tema. Al momento, hay dos proyectos de ley. Uno del diputado Garciarena y otro con las firmas de las legisladoras Alejandra Lordén, Priscila Minnard y el diputado Valentín Miranda. La diferencia entre ambos radica en que el de Garciarena faculta a la comisión bicameral que se creó para el seguimiento de la deuda de Kicillof a que autorice el pago a los municipios. La otra iniciativa no hace referencia a que la comisión bicameral decida la autorización del pago en cuestión, sino que busca darle celeridad. En la reunión de intendentes con legisladores no hubo presencia de legisladores de La Cámpora ni del Movimiento Derecho al Futuro que responden a Axel Kicillof. En el cristinismo consideran, como ya sucedió con otros temas, que es el Ejecutivo quien debe elevar una modificación para la distribución de fondos. “El pedido de endeudamiento lo pidió el gobernador, nosotros buscamos los votos y lo aprobamos. Ahora tendría que hacer lo mismo y mandar un proyecto”, asegura un diputado K.

Hay otro tema atendible. La comisión bicameral para el seguimiento de la deuda y por donde debería discutirse si los fondos que llegan a los municipios serán de libre disponibilidad o no se conformó. Diputados designó a sus miembros. El Senado no. Por la Cámara baja lo integrarán Garciarena, Rabinovich; los massistas Eslaiman y Carlos Puglielli; la camporista Mayra Mendoza, De Jesús y el diputado que forma parte del MDF, Mariano Cascallares. Estos últimos tres de la bancada de Fuerza Patria. En la Cámara alta que preside Verónica Magario aún no hay novedades al respecto.

La dinámica legislativa en la provincia de Buenos Aires está atravesada por la interna del peronismo. Recién esta y la semana anterior se constituyeron las autoridades de las comisiones y se llevaron a cabo las primeras reuniones de las mismas. Hasta hubo reacomodamientos a la integración original de las comisiones. En el kirchnerismo las miradas dentro del Senado apuntan a Magario. El MDF logró retener la presidencia de Legislación General, con Germán Lago. Es una comisión importante porque por allí pasa el grueso de los proyectos de ley. La Cámpora se quedó con Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Sin embargo, el Senado —aunque también Diputados— se prepara para ser un teatro de operaciones de la discusión interna del peronismo. El senador Sergio Berni, dio una muestra de esta situación cuando asumió como presidente de la comisión de Seguridad. “Esta Cámara hace casi seis meses que no funciona y es una falta de respeto hacia los bonaerenses”, lanzó el exministro de Seguridad bonaerense que responde a las directivas políticas de Cristina Kirchner. Los intendentes reconocen que esta situación también impactará en sus expectativas para tener la libre disponibilidad de recursos. Esta semana que inicia no habrá sesión en ninguna de las cámaras.

“Está muy verde”, confesaron varios armadores a Infobae respecto de la posibilidad de una estrategia conjunta entre los gobernadores para las elecciones de 2027. Pero todos confirman que las conversaciones existen, sobre todo entre los mandatarios que temen perder en sus territorios. Se trata de la posibilidad de, además de desdoblar los comicios locales de los nacionales, realizarlos todos juntos en un mismo domingo. Los meses de mayo y junio son las opciones que se barajan.

Un “súper domingo”, como lo definen algunos de los impulsores, obligaría a La Libertad Avanza a movilizar un aparato electoral en todo el país. Algunos sospechan que el Gobierno no cuenta con esa capacidad. En ese escenario, los gobernadores podrían aprovechar esa debilidad territorial de Javier Milei para retener su poder local. “No van a poder llevar al Presidente a apoyar a todos sus candidatos a la vez”, detallan quienes participan de las conversaciones. En el PRO repiten, en publico y en privado, que “Milei no hubiera ganado en 2023 sin la fiscalización” amarilla.

Esas negociaciones, según pudo reconstruir este medio, se dan entre los viejos socios de Juntos por el Cambio, aunque tampoco habría que descartarlas en provincias como Córdoba y Buenos Aires, donde Martín Llaryora y Axel Kicillof enfrentan armados opositores que los amenazan.

En la estructura del PRO que trabaja para relanzar el espacio, con recorridas de Mauricio Macri y de armadores nacionales como Fernando De Andreis, Ezequiel Sabor y Ezequiel Jarvis, reconocen que la propuesta comenzó a analizarse. Aunque, por lo bajo, aseguran que la estrategia dependerá de la relación de cada provincia con el gobierno nacional, con más posibilidades de implementarse en aquellos distritos que tienen nulas o pocas chances de acordar con La Libertad Avanza.

De hecho, en Parque Patricios se analiza esa alternativa. Jorge Macri no tiene certezas de que la Casa Rosada le dé luz verde para armar una alianza y, para colmo, tiene a Patricia Bullrich —una de las dirigentes con mejores mediciones en las encuestas— con ganas de competir por la Ciudad. También está Horacio Rodríguez Larreta, que le recuerda públicamente que el año pasado salió tercero en las elecciones legislativas. “El PRO nunca perdió una elección en los 20 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires”, repite el ex jefe de Gobierno porteño, que cree tener grandes chances de llegar al ballotage para enfrentarse a la propuesta libertaria.

El equipo estratégico de la actual gestión en CABA trabaja para la reelección, aunque admiten que “todos los escenarios son complejos”. “No es lo mismo para nosotros que La Libertad Avanza no dé una pelea competitiva en la ciudad de Buenos Aires a que tengamos la posibilidad de que Jorge (Macri) reelija. Eso también nos cambia el panorama”, detallaron desde el entorno del expresidente.

En Entre Ríos, en cambio, ya tienen una alianza con los libertarios. Tal es la buena sintonía que Rogelio Frigerio se manifestó a favor de la reforma electoral que implica, entre otros puntos, la eliminación de las PASO. En Chubut, Ignacio “Nacho” Torres no logró acordar con la Casa Rosada y tampoco tuvo un buen desempeño en la última elección dentro de Provincias Unidas. Sin embargo, en el partido amarillo lo descartan de la estrategia conjunta. Es más, cerca del mandatario destacan la buena sintonía con el ministro del Interior, Diego Santilli.

En las cinco provincias que gobierna la UCR también el panorama es dinámico. Recientemente mantuvieron una reunión en el Comité Nacional con el presidente Leonel Chiarella, donde pusieron en común algo que ya venían implementando: cada territorio establecerá la estrategia que más le convenga para garantizar el triunfo.

La idea del “súper domingo” llegó a Mendoza aunque, como en el resto de las provincias, se maneja solo como una opción que dependerá del desenlace de varios factores. Quienes conocen a Alfredo Cornejo aseguran que está enfocado en dejar un sucesor el año que viene. Incluso ya tiene una lista de posibles candidatos, entre ellos el ministro Tadeo García Zalazar y el intendente capitalino Ulpiano Suarez.

Cornejo es de los pocos gobernadores que mantiene una alianza con La Libertad Avanza, convencido de que comparten electorado, aunque siempre manifestó su preocupación por la reactivación económica. En las últimas elecciones municipales logró incluir al PRO en la alianza y tiene la certeza de que Luis Petri no será una amenaza para 2027, tras el cruce de su pareja, la periodista Cristina Pérez, con Manuel Adorni por el escándalo de los viajes al exterior del jefe de Gabinete. Dicen que ya no está en la lista de Karina Milei.

En Santa Fe tienen un escenario parecido al de Cornejo respecto de la competitividad local de los libertarios. Están seguros de que Romina Diez no será candidata a gobernadora, sumado a que se espera que Juan Pedro Aleart no tenga el mismo poder de daño en Rosario tras las elecciones parejas del año pasado. Recientemente terminaron de sellar la interna del PRO con la incorporación de Federico Angelini. El panorama dejaría allanada la posibilidad de una reelección de Maximiliano Pullaro, por lo que, hasta el momento, analizan realizar la elección en abril y no se sumarían al “súper domingo”.

En Chaco sigue firme la alianza de Leandro Zdero con La Libertad Avanza y la dependencia del acuerdo con los libertarios es fuerte ante la avanzada peronista. Jujuy tiene otro contexto pero cerca de Carlos Sadir descartan sumarse al súper domingo. “Cada gobernador tiene su situación”, dicen. Lo llamativo es que, si bien todos los gobernadores reconocen las conversaciones, aparecen versiones cruzadas sobre quiénes lo impulsan o quiénes están más necesitados. En el PRO apuntan a Provincias Unidas. Otros al PRO, sobre todo a Jorge Macri. En lo que todos coinciden es que cualquier decisión que se tome en este tiempo podría convertirse en un error en el futuro.

El exsenador subrayó la necesidad de construir una propuesta política capaz de canalizar el descontento de quienes no se sienten representados por los polos antagónicos.

El desafío de la UCR frente al bicoalicionismo y la polarización

Para el exsenador, la situación actual difiere de aquel escenario: “Estamos ya desde hace varios años con un esquema de bipartidismo antagónico, de guerra permanente de extremos. No es un sistema político virtuoso, es una rueda viciosa donde los antagónicos se alimentan mutuamente porque les da vida”.

Sanz remarcó que esta lógica deja fuera a un amplio sector: “Hoy hay una mayoría huérfana de representación. Esa mayoría debería tener el año que viene un canal de representación. ¿Está construido hoy? No. ¿Se puede construir? Yo creo que sí”.

La fragmentación interna del radicalismo se expresa también en la Cámara de Diputados, el Senado y los gobiernos provinciales, donde los acuerdos con el oficialismo varían según la coyuntura. “El radicalismo está pasando por una crisis muy importante, muy brava. Tiene cinco gobernadores, acuerdos de más o menos intensidad con el Gobierno nacional, y eso diluye su presencia nacional. Tenemos 19 provincias donde no somos gobierno y donde hay mucho radicalismo. Pero es el peor momento de la dimensión nacional del partido”, admitió.

El rol del radicalismo y la necesidad de renovación

Sanz rechazó la idea de que el futuro de la UCR dependa de una figura personalista: “Me cuesta hablar de nombres. No creo que este proceso deba ser identificado con un nombre. Puede ser Macri o cualquiera, pero sería negativo identificarlo con alguien”.

En cambio, planteó: “Se identifica con valores, con ideas fuerza. Esa mayoría huérfana cree en el orden fiscal, en la disciplina fiscal, en el equilibrio fiscal, en conductas republicanas, en un modelo de desarrollo y crecimiento”.

A la hora de evaluar el rumbo económico del país, Sanz destacó el equilibrio de las cuentas públicas como condición necesaria pero advirtió sobre las limitaciones del modelo actual: “El Gobierno logró el objetivo de combatir la inflación y acumular reservas, pero le está fallando la tercera pata, que es el crecimiento. Hoy hay sectores que no están contemplados en este modelo de desarrollo. Las PyMEs la están pasando muy mal”.

El dirigente se mostró autocrítico al analizar el lugar de la UCR en la nueva etapa política: “Hay quienes se plantean si el radicalismo ya cumplió su objetivo central, que era el de democracia para siempre, de aquel 83 y de Alfonsín. Yo creo que el radicalismo todavía tiene mucho por ofrecer. Pero no puede estar anclado solo en una visión del pasado. Si pretendemos representar a esa mayoría huérfana solo con los discursos de Alfonsín, ahí sí vamos a desaparecer”.

Superar la lógica amigo-enemigo y el péndulo político

La conversación abordó también la vigencia del antagonismo en la política argentina y la dificultad para salir de la lógica amigo-enemigo. “Argentina tiene la enfermedad del péndulo, de pasar del estadocentrismo al mercadocentrismo en un viaje sin escalas, y luego vuelve al péndulo. Este es un momento para construir algo que nos aleje de esa posibilidad”, sostuvo Sanz, evocando el concepto de Carl Schmitt sobre la construcción política basada en la confrontación.

El exsenador reivindicó la importancia de recuperar la persuasión y el debate de ideas: “Gobernar es explicar, decía Fernando Henrique Cardoso. Alfonsín hablaba de la persuasión. Si perdemos la capacidad de persuadir y discutir ideas, es mucho más fácil para los que buscan los extremos armar esos antagonismos”.

Para Sanz, la tarea pendiente es ofrecer una alternativa que supere esa dicotomía: “Ojalá que el año que viene la mayoría huérfana tenga una opción electoral genuina y no tenga que refugiarse en extremos que no la representan”.

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Costa Rica confirmó la presencia de Leishmania infantum en ocho perros que nunca salieron del país, un hallazgo que prueba la transmisión local del parásito y le permite fortalecer el diagnóstico temprano, la vigilancia epidemiológica y la prevención de una infección que también puede afectar a humanos, según la Universidad de Costa Rica.

A escala mundial, cerca de 15 millones de perros están infectados con Leishmania infantum y solo 2,5 millones desarrollan la enfermedad, de acuerdo con el doctor Víctor Montenegro, médico veterinario del Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional de Costa Rica e investigador del estudio. Montenegro añadió que cerca del 60 % de los perros infectados no presenta signos clínicos y puede actuar como transmisor silencioso, mientras que los animales enfermos, alrededor del 30 %, constituyen una fuente mayor de parásitos.

La confirmación oficial se realizó con trabajo conjunto de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica y la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís, con un colaborador del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, además de laboratorios y clínicas veterinarias privadas del país y centros científicos de Brasil y Alemania. La evidencia fue publicada en la revista científica Frontiers in Veterinary Science.

La doctora Alicia Rojas Araya, microbióloga de la Universidad de Costa Rica y una de las científicas que participó en la detección formal señaló: “Anteriormente, ya existían reportes aislados de Leishmania infantum en humanos, perros importados de otros países y fauna silvestre en Costa Rica, pero nunca se habían documentado casos autóctonos confirmados de leishmaniasis visceral canina en el país; es decir, casos que se originaron en Costa Rica y no son importados. Con el estudio comprobamos que hay casos circulando y que los perros pueden ser un reservorio del parásito. Eso sí, los perros no van a contagiar a las personas directamente con el parásito. Para esto se requiere del flebótomo —mosquito— que lo transmita de un hospedero a otro”.

El parásito puede causar una enfermedad grave en perros y en humanos

La relevancia sanitaria del hallazgo se concentra en tres puntos. El primero es que el parásito puede causar leishmaniasis visceral canina, una enfermedad distinta del papalomoyo, que también es provocada por otra especie de Leishmania, y que puede llevar a la muerte del animal si no recibe diagnóstico y tratamiento a tiempo.

El segundo es que Leishmania infantum puede transmitirse de animales a personas a través del flebótomo, conocido popularmente como mosquito ariblanco. En humanos provoca leishmaniasis visceral, una enfermedad que afecta sobre todo el hígado, el bazo y la médula ósea, y que puede ser mortal sin atención oportuna.

El tercer punto es que su detección resulta más difícil que la de otros parásitos de preocupación sanitaria. Esa condición vuelve más valioso el hallazgo porque redefine el panorama de circulación del microorganismo en el país y permite orientar medidas de control con base científica.

Rojas pidió evitar respuestas basadas en el miedo tras la confirmación de los casos. La microbióloga de la UCR afirmó: “Lo primero que debemos de transmitirle a las personas es calma y responsabilidad con la tenencia de mascotas. El detectar el parásito no significa que tengamos una emergencia fuera de control, ni que los perros deban ser violentados o abandonados, porque ya está comprobado que esto no logra disminuir la circulación del parásito. Debemos evitar reacciones basadas en el miedo y en la desinformación. Lo ideal es siempre consultar al médico veterinario, porque hay tratamientos disponibles, y siempre cuidar a nuestras mascotas”.

La prevención depende del control del flebótomo y del cuidado de las mascotas

El contagio no ocurre por contacto directo entre perros ni entre personas, sino mediante el flebótomo o mosquito ariblanco. Esa es la respuesta central sobre el riesgo de transmisión: el perro no infecta de forma directa a un humano; el parásito necesita ese vector para pasar de un hospedero a otro.

Montenegro indicó que la expansión de la enfermedad se asocia al desplazamiento de perros infectados y a cambios en condiciones favorables para el vector. También recomendó reducir la exposición de las mascotas durante las horas de actividad del insecto, entre la tarde y la noche, y usar productos repelentes como collares, pipetas, vacunas con antígeno recombinante y controles adecuados para el traslado de animales.

El siguiente paso en Costa Rica será reforzar la vigilancia epidemiológica, a partir de los datos obtenidos por el estudio. Las y los investigadores también plantearon un llamado a la ciudadanía para proteger a los perros, evitar abandonos y realizar pruebas rutinarias.

Rojas sostuvo que la detección temprana permite diseñar respuestas más eficaces desde la medicina y la salud pública. La investigadora de la Universidad de Costa Rica concluyó: “En la medicina y la salud pública, detectar un problema a tiempo significa que podemos diseñar estrategias de prevención más apropiadas. Con este estudio, tenemos la oportunidad de que Costa Rica actúe con información científica y de manera preventiva, siempre en resguardo de los animales y la salud pública”.

La consolidación del Laboratorio Ciclotrón PET/CT de la Universidad de Costa Rica ha supuesto un giro relevante en la atención oncológica nacional, al establecer tarifas considerablemente menores para estudios de diagnóstico, lo que ha permitido no solo ampliar el acceso a dichos procedimientos, sino también generar ahorros que, según los registros internos del laboratorio, superan los seis millones de dólares para el país.

Esta contribución se ha visto reforzada por el incremento sostenido en la cantidad de pacientes atendidos y la reducción en tiempos de entrega de resultados, beneficiando tanto a instituciones públicas como al sector privado.

Si se analiza el impacto financiero, los datos publicados por el Ciclotrón PET/CT evidencian que, de haber continuado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la compra de estudios al sector privado, atender a mil quinientos pacientes hubiera significado una inversión aproximada de USD 4,200,000.

En contraste, recurriendo a los servicios del laboratorio de la UCR, la cifra desembolsada es de USD 1,500,000, lo que se traduce en un ahorro de USD 2,700,000 tan solo para el sistema público.

Desde el inicio de las labores del Ciclotrón PET/CT de la Universidad de Costa Rica, se han realizado más de cuatro mil estudios, de los cuales cerca de tres mil corresponden a pacientes oncológicos.

Gracias a su política de precios, que actualmente fija el costo regular en USD 1,000 —comparado con los USD 2,800 que cobraba el sector privado antes de 2025—, se ha logrado ofrecer diagnóstico oportuno y ampliar el acceso, especialmente para usuarios referidos por hospitales públicos como el Hospital México, el Hospital Max Peralta, el San Juan de Dios, el Hospital Calderón Guardia y el Hospital de Niños.

El contrato vigente, formalizado a inicios de octubre de 2025 bajo el procedimiento de compra 2024PX000011-0001102944 entre la CCSS y la UCR, estima la atención de 3,500 pacientes oncológicos por año.

Cada estudio estándar tiene un costo de USD 1,000, y está previsto un precio de USD 1,750 para los casos que requieran sedación, aunque hasta el momento no ha sido necesario aplicar este procedimiento a los pacientes atendidos.

La eficiencia operativa es otro aspecto destacado. Según información del propio laboratorio, tanto las imágenes como los reportes médicos se entregan en un máximo de siete días hábiles, con reportes disponibles en menos de 24 horas para ciertos casos urgentes.

Esto permite a los médicos tratantes tomar decisiones terapéuticas con mayor rapidez, lo cual puede incidir positivamente en los resultados clínicos, especialmente en el manejo de enfermedades oncológicas.

En cuanto a la cartera de servicios, el Ciclotrón PET/CT ha incorporado un estudio específico para pacientes con cáncer de próstata, identificado como el tumor de mayor incidencia y mortalidad en hombres de Costa Rica. El costo de este procedimiento ha sido fijado en USD 2,000 debido al mayor precio de los insumos requeridos para este diagnóstico, distinto al utilizado de forma regular.

La apertura del laboratorio también representa alivio económico para el sector privado y los pacientes individuales. De acuerdo con reportes del Ciclotrón PET/CT, algunos usuarios privados han realizado hasta tres estudios PET/CT por año para monitorizar la efectividad de los tratamientos médicos, un número que refleja la demanda creciente y el rol central del laboratorio en la salud privada y asegurada.

A la fecha, y con los tres mil pacientes previstos para los próximos días, la suma ahorrada por el país en su conjunto alcanza los USD 6,000,000.

El Dr. Erick Mora Ramírez, responsable del Ciclotrón PET/CT, subraya la colaboración activa con la Rectoría de la UCR, la FundaciónUCR, la Escuela de Física, la Escuela de Medicina, el CICANUM y otras instancias universitarias para expandir la atención de pacientes y fortalecer el impacto social.

El especialista señala: “Se trabaja con la Rectoría de la Universidad, la FundaciónUCR, la Escuela de Física, la Escuela de Medicina, el CICANUM y otras instancias de esta casa de estudios para ampliar la atención de pacientes, con lo cual se contribuiría en gran medida con la sociedad costarricense y, por qué no decirlo, con la sociedad centroamericana.”

En los últimos 37 días, Mauricio Macri se reunió con los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Martín Llaryora (Córdoba). Salvo el encuentro con el dirigente peronista, que tuvo lugar en CABA, el expresidente se trasladó a los territorios que hoy gobiernan los mandatarios radicales. En paralelo, durante un acto en la localidad bonaerense de Vicente López, se escuchó el pedido militante de “Mauricio Presidente”, pero el líder del PRO pidió calma.

¿Qué implican estos movimientos políticos? Cerca de Macri dejan trascender todo tipo de rumores: que busca “mostrarse vigente” y que puede hablar con todos salvo el kirchnerismo, “que es el enemigo”; que lo invitan y que genera expectativa en terceros por lo que que pueda aportarles; o que es un mensaje directo a los hermanos Javier y Karina Milei. “No jodan mucho, que si llega a medir, tiene con quienes armar y competirles o podría ser la tabla que te cruza del otro lado y evita el naufragio“, se entusiasmó un importante dirigente del PRO ante la consulta de Infobae.

Las definiciones en torno al 2027, insisten en la sede partidaria de Balcarce 412, serán a fin de año, después del Mundial de Fútbol y dependerán de la fortaleza o debilidad del gobierno en ese momento. ¿Vuelve Juntos por el Cambio, aggiornado a los nuevos tiempos? La reunión que mantuvo con Llaryora, que no se anunció y de la que no hubo foto de rigor, abre el interrogante sobre la posibilidad de incorporar la pata peronista. Quizá, la foto será post evento deportivo, cuando Macri visite al gobernador en Córdoba.

De todas formas, desde Provincias Unidas y desde el PRO son cautos: “Es muy apresurado” y “está todo muy verde”, señalaron a este medio sobre la posibilidad de reeditar la coalición electoral que llevó a Macri a la Presidencia en 2015. Sin embargo, las encuestas que muestra una caída en el apoyo a Javier Milei abre un mundo de posibilidades.

En el macrismo prevén un escenario en 2027 de alianzas por distrito. Una de las preocupaciones principales es la Ciudad de Buenos Aires y la necesidad de retener el poder que controla desde hace casi 20 años. Todos los escenarios para Jorge Macri están abiertos: desde un acuerdo con LLA hasta intentar una alianza multipartidaria que excluiría a Horacio Rodríguez Larreta. Sobre esto, un dirigente cercano al exjefe de Gobierno porteño aseguró a Infobae: “¿Por qué no acordaría o iría a una PASO con la parte racional del peronismo? Me escuchás hablar a mí y lo escuchás hablar a (Leandro) Santoro en muchísimos temas, y te digo que hay bastante coincidencia”.

En Mendoza, por ejemplo, los radicales no descartan un Juntos por el Cambio ampliado, pero con La Libertad Avanza adentro. Insisten en que la avenida del medio no es una opción para ganar elecciones. Pero agregan una condición más: con la crisis social y económica que al Presidente le provocó una pérdida de votantes, es imposible pensar a los libertarios liderando la coalición. Sería un panorama totalmente distinto al del año pasado, cuando los gobernadores estaban obligados a someterse a las condiciones de la hermanísima. De hecho, en esta provincia se envalentonan con mantener su hegemonía con la caída de Luis Petri de la lista de sucesores a Cornejo.

En la provincia de Buenos Aires, el PRO impulsa un escenario similar. Cristian Ritondo, titular bonaerense del partido y jefe del bloque en Diputados, ya se manifestó a favor de una candidatura del actual ministro del Interior, Diego Santilli, para suceder a Axel Kicillof. En sintonía, Pablo Petrecca, presidente de la bancada amarilla en el senado provincial, aseguró a Infobae: “Vengo planteando hace tiempo que para ganar la Provincia de Buenos Aires hay que armar algo similar a JxC, pero ampliado, con el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el vecinalismo, un sector del peronismo y LLA”.

Córdoba y Santa Fe

Hay versiones que aseguran que la reunión que mantuvo Macri con Llaryora la semana pasada estuvo protagonizada por algunos reproches. El encuentro forma parte de las conversaciones que mantiene en reserva con líderes y empresarios del círculo rojo, como el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca.

En cuanto al gobernador cordobés, le habría recordado su negativa a incorporar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio durante la campaña de 2023. En aquel entonces, el expresidente se había inclinado por Patricia Bullrich en la interna entre palomas y halcones. Rodríguez Larreta y Gerardo Morales insistían en la necesidad de ampliar el frente, pero no lo lograron.

Hoy hay otros intereses que unen a Llaryora con Macri. El PRO de Córdoba está prácticamente absorbido dentro del gobierno provincial y el resto - liderado por dirigentes referenciados con Bullrich que se quedaron con la presidencia del partido - trabaja en una alianza con La Libertad Avanza. El armado también cuenta con un sector de la UCR y el apoyo de Luis Juez, quienes respaldarían la candidatura de Gabriel Bornoroni. Algunos dicen que el peronismo local negocia con Macri el lanzamiento de su aliado Rodrigo de Loredo para dividir el voto opositor en la provincia mediterránea. Son solo rumores dentro de una larga lista de pases de factura y reproches de los ex Juntos por el Cambio de Córdoba.

Maximiliano Pullaro también se prepara para recibir a Macri en Santa Fe, a inicios de junio. En una de las provincias con fuerte presencia de los sectores productivos, la figura del expresidente es vista con buenos ojos. Además, recientemente el PRO local terminó de completar su incorporación a la coalición gobernante con el traspaso de Federico Angelini. El aliado de Bullrich tenía una fuerte interna con Gisela Scaglia, exgobernadora y diputada nacional.

Por otro lado, y como adelantó este medio, hubo una reunión de los mandatarios en el Comité Nacional que sirvió como una muestra de unidad tras varios periodos de internas y denuncias cruzadas. En ese encuentro se hizo un análisis detallado de cómo está el partido en todo el país con un objetivo claro: retener el poder en los territorios que hoy gobiernan y analizar alternativas para conquistar nuevos municipios y provincias.

Un candidato presidencial propio es una misión casi imposible para la UCR, pero la reunión del pasado jueves fue un paso importante para cerrar una de las tantas internas. Por primera vez hubo un mensaje unificado y ninguno de los presentes dejó trascender reproches o quejas por la conducción. Se llegó a una decisión clave que evitará rispideces: cada territorio sellará las alianzas que necesite para retener el poder. Atrás quedaron las peleas por acercamientos a los libertarios o las acusaciones por la kirchnerización de algunos referentes.

Cuatro de los gobernadores que tiene la UCR en todo el país asistieron este miércoles a las oficinas del Comité Nacional, en la calle Alsina, en lo que representó una muestra de unidad de cara a 2027. La foto con las autoridades partidarias es una novedad dentro del partido centenario, tras varios períodos de tensión entre los máximos referentes, entre ellos Alfredo Cornejo y Martín Lousteau. Según pudo saber Infobae, el encuentro se dio en buenos términos, aunque sin definiciones específicas sobre la relación con el gobierno de Javier Milei y los apoyos parlamentarios.

Del encuentro participaron el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), además del resto de las autoridades partidarias. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, envió una carta de apoyo por no poder concurrir. Según informaron, analizaron la situación económica, institucional y política del país. Además, resolvieron convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias.

“Las cinco provincias que conduce la UCR son la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma: sostienen la educación pública, garantizan la seguridad, impulsan la producción, invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos. Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, coraje y resultados, y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, expresaron en un comunicado.

La foto entre los mandatarios toma valor tras varios períodos de fuertes internas y diferencias estratégicas dentro de la UCR, que se profundizaron con la irrupción de La Libertad Avanza en la escena política. Cornejo fue el principal detractor de la presidencia de Lousteau pero, como reconstruyó este medio en varias oportunidades, el mendocino mejoró su relación con las autoridades partidarias desde la llegada de Chiarella. De hecho, en la elección para presidente del Comité no integró la mesa nacional, aunque pocas semanas después avanzó en conversaciones para sumar a sus referentes.

En los últimos días se conoció un avance de Cornejo en su armado nacional con el lanzamiento de la Fundación Deliberar, representada por su aliado en la ciudad de Buenos Aires, Lucas Clark, lo que representa una disputa electoral abierta contra Lousteau en territorio porteño. Según dejaron trascender, el espacio tendrá como objetivo construir una identidad que permita recuperar el apoyo de los tradicionales votantes radicales que se alejaron por no compartir la impronta del sector Evolución.

De acuerdo a lo que consultó Infobae, en la reunión de esta mañana no se habló de ninguna definición electoral. Se respetará la estrategia que cada territorio considere apropiada para disputar poder. “Se expresó la voluntad común de fortalecer al partido, profundizar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”, detallaron.

La foto de unidad toma relevancia, además, en un contexto de crisis económica y social que atraviesa la gestión de Milei. Cornejo, que junto a Zdero integra una alianza provincial con La Libertad Avanza, siempre advirtió que, si bien esa coalición era necesaria porque comparten electorado, el desafío pasa por la reactivación económica. “El contexto es importante. Todos valoramos las condiciones macroeconómicas de este Gobierno, pero falta que se traduzcan en la vida de la gente”, expresaron.

Pullaro, en cambio, mantiene una relación más distante con la gestión libertaria a partir de la creación de Provincias Unidas junto a Martín Llaryora. Ambos, junto a otros cuatro mandatarios de la UCR y el PRO, pregonan por una avenida del medio que, si bien tuvo un frustrado debut electoral, hoy les sirve como paraguas para las negociaciones parlamentarias.

“Los gobernadores radicales y la Mesa Nacional asumieron el compromiso de seguir trabajando juntos para fortalecer a la Unión Cívica Radical e impulsar una mirada federal del desarrollo argentino, que permita generar empleo privado, fortalecer las economías regionales y recuperar competitividad”, agregaron sobre la reunión de hoy y se comprometieron a mantener este tipo de encuentros con más frecuencia.

Otro encuentro clave de la UCR

Casi en la misma sintonía de lo que sucedió esta mañana, otro grupo de dirigentes radicales prepara un encuentro para la próxima semana, en lo que será otro gesto de cara a 2027. La reunión cobra trascendencia porque la convocatoria está a cargo de Ernesto Sanz, socio fundador de Cambiemos, junto a otros dirigentes de peso como Jesús Rodríguez y Mario Negri.

Según pudo saber Infobae, el encuentro será el próximo 29 de mayo en Buenos Aires, con el objetivo de “debatir la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2027”. También estarán presentes Lilia Puig, Facundo Suárez Lastra, Adolfo Stubrin y Walter Ceballos.

En el documento difundido para invitar al encuentro, los dirigentes señalaron que el objetivo será “conversar sobre la presencia de nuestras ideas y propuestas como alternativa popular en la elección presidencial de 2027”.

“El tiempo transcurre inexorablemente. Sobre mediados de 2026 ya se preparan las fuerzas con aspiraciones de participar en la elección nacional del año próximo. El radicalismo, que expresa el legado de Raúl Alfonsín, apenas aparece en el panorama de las opciones”, afirmaron.

Los convocantes sostuvieron que, “en apoyo de las autoridades partidarias”, sienten “la necesidad de movilizarnos para evitar que ese espacio quede vacío, porque debe ser llenado a tiempo”.

El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde un proyecto del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) para crear una segunda sala en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Durante la reunión expuso el titular de la única sala allí vigente, Alejandro Osvaldo Tazza, quien habló de “colapso”. El magistrado detalló que Mar del Plata es el único lugar en el que la justicia federal de la Provincia no suma otra Cámara, a diferencia de San Martín, La Plata y Bahía Blanca.

Según Tazza, la competencia original “se fue ampliando” y, en la actualidad, ya ocupa “el 40%” de Buenos Aires. Luego, explicó: “Unos 8.900 expedientes ingresaron año pasado, con un promedio de casi 35 por día hábil y dos jueces en una sola sala”.

El magistrado añadió que el el “75% apunta al carácter previsional y de salud”, algo “imposible de abordar ante semejante cantidad de expedientes para un mismo tribunal”. En ese sentido, reconoció: “El margen de error es superior y va mellando lo físico y lo mental, con un incremento de pedido de licencias”.

Por su parte, Abad señaló que “una justicia eficaz no sólo justa, sino también rápida”. Y agregó: “La sociedad pide claramente que haya servicio y eso se lo da una justicia que esté a la altura de las circunstancias”. En los fundamentos de su iniciativa, el bonaerense resaltó que “se trata de un órgano judicial de competencia múltiple, por lo que debe resolver aquellas cuestiones vinculadas con los expedientes Civiles, Comerciales, Laborales, Contencioso Administrativo y Penales”.

Coincidió la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien dijo que “de 1992 hasta ahora”, la situación es “irreconocible”, con “zona de puertos, lugares de delitos federales y complejos y una población que crece de una manera muy importante y permanente, con más de 900.000 personas viviendo en la ciudad”. La porteña dejó en claro que, en caso de avanzar este asunto, deberá contemplar el presupuesto correspondiente.

La reunión tuvo otro tema en consideración sobre una reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con dos proyectos que empujan las comprovincianas -del filo macrismo- Beatriz Ávila y -del peronismo- Sandra Mendoza.

De hecho, disertó durante el convite la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Patricia Marcela Moltini. Como Ávila y Mendoza no se pusieron de acuerdo hasta arrancado el plenario, una vez finalizado el mismo se quedaron junto a la magistrada para pincelar un despacho.

Lo más curioso de la tarde ocurrió tras bambalinas, con legisladores de diferentes espacios que comenzaron a hacer preguntas por pliegos judiciales que tienen -según sus cuentas- las firmas necesarias para ser considerados de mayoría y que, no obstante, no aparecen como tales. “A veces siento que el oficialismo se busca problemas innecesarios”, manifestó a Infobae un referente dialoguista.

El texto de Abad podría incorporarse en la sesión que piensa La Libertad Avanza para el jueves de la semana próxima. Un tema ya está asegurado: el acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones, que también avanzó durante la jornada de hoy.

Otro articulado a sumarse, en caso de ser despachado mañana, es el de la Casa Rosada sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que se debatirá desde las 11.30 en las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado, que comandan los libertarios Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.

Son varios los cambios otorgados a favor de los aliados: eliminación del capítulo sobre el RENABAP y modificaciones en cuanto a venta de tierras a extranjeros -más poder a gobernadores- y desalojos exprés con consideraciones en sectores vulnerables.

Después de tres semanas de protestas, desgaste institucional y negociaciones nocturnas, la Universidad de Costa Rica (UCR) logró recuperar el edificio de Rectoría que permanecía tomado por estudiantes desde el pasado 22 de abril.

La ocupación del edificio administrativo B, donde funcionan la Rectoría y el Consejo Universitario, se extendió durante 21 días y se convirtió en uno de los conflictos universitarios más tensos de los últimos años en Costa Rica. La protesta estalló tras el fracaso de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 y derivó en fuertes cuestionamientos hacia las autoridades universitarias.

La UCR confirmó este 13 de mayo la conclusión “exitosa” del proceso de negociación entre la comisión designada por Rectoría y el grupo de estudiantes que mantenía la toma del inmueble. Según informó la universidad, las conversaciones se desarrollaron a lo largo de cinco extensas sesiones de trabajo, cuatro de ellas en horario nocturno y una durante el fin de semana, incluyendo jornadas de hasta seis horas continuas.

“El proceso se desarrolló en un marco de respeto, cordialidad y apertura al diálogo”, indicó la institución mediante un comunicado oficial.

La protesta estudiantil inició en medio de la creciente tensión por el FEES, luego de que el Gobierno y las universidades públicas no lograran alcanzar un acuerdo sobre el financiamiento para el 2027. La propuesta del Ejecutivo de otorgar un aumento del 0% al presupuesto universitario detonó una ola de críticas dentro del movimiento estudiantil y sectores académicos.

Sin embargo, la molestia no solo se dirigió hacia Casa Presidencial. Los estudiantes también acusaron a la administración del rector Carlos Araya de actuar con tibieza en la defensa de la educación superior pública y de no asumir una posición suficientemente firme frente al Gobierno.

Daños en infraestructura y paralización administrativa

La toma del edificio administrativo B provocó afectaciones visibles en la infraestructura universitaria. Autoridades universitarias reportaron puertas de vidrio quebradas, paredes rayadas y accesos bloqueados tras el ingreso de los manifestantes al inmueble. Además, el personal administrativo tuvo que ser evacuado mientras las instalaciones permanecieron bajo control estudiantil.

La ocupación también afectó el funcionamiento ordinario de varias dependencias universitarias, incluyendo oficinas administrativas y sesiones ligadas al Consejo Universitario.

En los primeros días del conflicto, estudiantes denunciaron cortes de agua y electricidad dentro del edificio, además de la activación de alarmas de alta intensidad sonora. Mientras tanto, desde Rectoría insistían en mantener abiertos los canales de negociación para evitar una escalada mayor de la crisis.

69 solicitudes y una mesa de negociación

De acuerdo con la UCR, durante el proceso de diálogo fueron atendidas las 69 solicitudes planteadas por el grupo estudiantil y se alcanzaron acuerdos en todos los puntos discutidos.

Entre los principales compromisos destaca el impulso de una campaña activa en defensa del FEES y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre las autoridades universitarias y el movimiento estudiantil.

La comisión negociadora designada por el rector Carlos Araya estuvo integrada por la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina; la representante de sedes regionales ante el Consejo Universitario, Esperanza Tasies Castro; el decano de la Facultad de Artes, José Antonio Blanco Villalobos; y el director del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Javier Tapia Balladares.

Durante las semanas de ocupación también surgieron voces que solicitaban la intervención de la Fuerza Pública para recuperar las instalaciones. Sin embargo, distintos sectores universitarios rechazaron esa posibilidad al considerar que podría representar una violación a la autonomía universitaria.

Un conflicto que deja heridas políticas

Aunque el edificio ya fue recuperado, el episodio deja expuesta una profunda fractura interna dentro de la universidad. La protesta evidenció el descontento de una parte importante del movimiento estudiantil con la conducción política de las autoridades universitarias y con la forma en que se enfrentó la negociación presupuestaria con el Gobierno.

El conflicto también reabrió el debate nacional sobre el financiamiento de las universidades públicas y la creciente presión política alrededor del FEES.

Ahora, la discusión continuará en escenarios políticos y legislativos, donde se definirá el futuro del presupuesto universitario para el próximo año, mientras la UCR intenta reconstruir la relación con un movimiento estudiantil que durante 21 días convirtió la Rectoría en el epicentro de una crisis institucional.

Un grupo de diputados bonaerenses opositores presentó un proyecto ante la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para crear una comisión bicameral que busque la normalización y fiscalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Se trata de un nuevo intento de la oposición de llevar el tema al recinto, en medio de las denuncias por la falta de coberturas y de prestaciones.

La iniciativa fue presentada por los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) Priscila Minnaard, Alejandra Lorden y Valentin Miranda. Buscan que de esta manera se fiscalizar y normalizar el servicio de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

“La iniciativa propone conformar una comisión integrada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”, sostuvieron los legisladores.

Entre sus principales funciones, la comisión apunta a relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos y elaborar informes y recomendaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social. “Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron los diputados radicales, quienes agregaron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas”.

Según el texto del proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados de PBA, la comisión tendrá atribuciones concretas sobre cuatro ejes. El primero es auditar la deuda con círculos médicos, clínicas, farmacias y laboratorios. El segundo, controlar los procesos de licitación y compra de medicamentos de alta complejidad.

A esos dos ejes se suman la supervisión de los convenios vigentes con prestadores en los 135 municipios bonaerenses y la obligación de que el presidente del IOMA comparezca ante la comisión de forma trimestral. El proyecto establece además que las recomendaciones y planes de saneamiento aprobados por la mayoría de sus integrantes tendrán carácter vinculante para el Directorio del organismo.

Ante el incumplimiento de las metas fijadas, el documento indica que la comisión podrá solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de las autoridades responsables o promover acciones judiciales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los fundamentos del proyecto describen la situación del IOMA como el resultado de “un deterioro sostenido en su capacidad prestacional, financiera y administrativa”, y no como una crisis coyuntural. Además, señalan que el organismo brinda cobertura a más de dos millones de bonaerenses, en su mayoría empleados públicos provinciales, municipales, docentes, policías y jubilados que, por ley, no pueden derivar sus aportes a otra entidad ni elegir libremente su cobertura de salud.

El expediente denomina a ese universo de beneficiarios “afiliados cautivos” y sostiene que esa condición genera una responsabilidad agravada para la provincia: si el servicio es deficiente, el afiliado no tiene alternativa, dado que el Estado es simultáneamente su empleador y el único administrador de su derecho a la salud. Los legisladores argumentan que, ante la imposibilidad de optar por otra cobertura, el control legislativo es la única defensa de esos trabajadores frente al desamparo.

En paralelo al proyecto de comisión bicameral, desde La Libertad Avanza también presentaron una iniciativa para impulsar la normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de denuncias reiteradas por deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención.

Un grupo de diputados vinculados con Sebastián Pareja, el armador libertario en PBA, hicieron la presentación de la iniciativa. Esta incluye un pedido de informes para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud, con el objetivo de exigir detalles sobre el monto y la antigüedad de la deuda, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar los pagos pendientes.

Además, se propuso la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente, conformada por representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores, que deberá realizar reuniones mensuales, publicar actas y presentar informes trimestrales ante la Legislatura.

En momentos en que la gestión de Javier Milei pone un manto de duda sobre la posibilidad de una victoria electoral en 2027, los dirigentes que integran el frente libertario en Córdoba dieron una muestra de unidad en un acto por el Día del Trabajador. Los discursos de cohesión no fueron al azar. Gabriel Bornoroni suma cada día más apoyo de la Casa Rosada para ser el candidato a gobernador, lo que pone en jaque las pretensiones de Luis Juez, el senador que dio reiteradas muestras de amistad con el Presidente. También hay dudas sobre la estrategia del oficialismo en las provincias y las amenazas de Rodrigo de Loredo hacia los intendentes que ya se pintaron de violeta que ponen en riesgo el armado.

“La prioridad hoy de todos los integrantes de La Libertad Avanza es la reelección de Javier Milei”, aclararon a Infobae integrantes de Alianza por la Libertad, el frente que ya integra LLA, el PRO, el Frente Cívico y parte de la UCR. ¿Por qué esa aclaración es importante? Porque hay quienes sospechan que en pos de retener la Presidencia, el gobierno nacional deje pasar la posibilidad de vencer al peronismo cordobés. Todo dependerá de cómo avance la situación económica y los acuerdos parlamentarios con los gobernadores. “Hay provincias en las que van a ser más light”, deslizan sobre la decisión del Gobierno de disputar los territorios.

Juez, titular del Frente Cívico y tres veces candidato a gobernador, fue el encargado de dar el mensaje más claro. Durante el tradicional locro que organiza su partido por el 1 de Mayo, ratificó su permanencia en la alianza opositora local y prometió que acompañará el proyecto aunque no le toque encabezar la lista. Pero el senador dio un paso más. “Lo único que nos puede mover de este lugar es que no haya voluntad de ganar esta provincia”, dijo en un claro mensaje a la Casa Rosada.

Pese a las claras muestras de apoyo para su candidatura, Bornoroni no puede confirmarla todavía. “En Córdoba Gabriel Bornoroni es Javier Milei”, compartió en sus redes sociales el Presidente. El mismo slogan que utilizó para la elección legislativa donde el outsider Gonzalo Roca venció ampliamente a Juan Schiaretti. El propio presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados busca mantener la calma y dice que “falta mucho” para hablar de 2027. Que la prioridad es sumar a la mayor cantidad de dirigentes dispuestos a enfrentar la propuesta de Martín Llaryora y defender las “ideas de la libertad”. Pero a los intendentes “les suena el tic tac”, graficó a este medio un integrante de la UCR.

El partido centenario se enfrenta a una modalidad de construcción política totalmente opuesta a la que acostumbran. La Libertad Avanza responde a las directivas que llegan desde la Casa Rosada, mientras la UCR se desgasta conteniendo a los intendentes, concejales y viejos dirigentes con voz y peso propio. Así y todo, la estructura radical de Córdoba es indispensable para cualquier armado opositor. Hoy la encargada de ordenar esos lazos es Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo, que viene de sufrir algunos piedrazos de De Loredo.

Como adelantó Infobae, De Loredo está molesto con Carrizo porque dice que rompió una especie de pacto. Recuerda que con Marcos Ferrer, presidente de la UCR de Córdoba, le dieron la luz verde para acercarse a La Libertad Avanza pero con la condición de no llevarse intendentes. Al sentirse traicionado, el ex diputado lanzó dos amenazas contundentes: plantar candidatos a intendentes propios en los territorios radicales que acuerden con los libertarios y dejar afuera de las listas a quienes hoy lo dejaron solo en la batalla por fortalecer al partido. En síntesis: cree que al final del camino él logrará ser el líder de la alianza opositora con el espacio de Milei y tendrá la lapicera para premiar a dirigentes y perjudicar a otros.

“Nadie le dio importancia a lo que dijo Rodrigo”, respondieron los radicales que hoy trabajan en la coalición con Bornoroni. Creen que son manotazos de ahogado por el “goteo” que está sufriendo en la fuga de intendentes. Es que el calendario apremia: en Córdoba se espera que Llaryora convoque a elecciones en mayo y que los jefes comunales -que tienen la potestad de desdoblar los comicios- lo hagan para abril. “No lo pueden esperar a De Loredo”, dicen.

En el mismo locro que organizó Juez, Bornoroni dio un discurso con una clara respuesta a De Loredo: “Quienes especulan y no se suman a esta alianza, les digo que van a quedar afuera. Nosotros trabajamos para ganar, no para especular”. “En La Libertad Avanza estamos convencidos de que vamos a ir todos juntos, hasta las últimas consecuencias, más allá de las operaciones que busquen embarrar la cancha y evitar esa unidad”, agregó el empresario de los combustibles.

Aunque De Loredo parezca aislado y resistido por la flamante alianza, tiene algunas cartas guardadas. Por ejemplo, pese a que Cornejo está detrás de los movimientos de Carrizo, también tiene sus fichas en el ex diputado. El gobernador mendocino es el principal orquestador de los acercamientos de la UCR con La Libertad Avanza porque, como repite insistentemente, comparten electorado. Pero, al igual que el cordobés, cree que deben llegar a ese acuerdo con la mayor musculatura partidaria posible y no con acuerdos individuales.

De Loredo sumó también una foto con Mauricio Macri durante la cena de la Fundación Libertad. El ex presidente viene de sufrir una derrota en las elecciones internas del PRO en manos de Patricia Bullrich. Ambos mantienen un buen vínculo hace largo tiempo. De hecho, Soher El Sukaria -del riñón macrista- fue su compañera de fórmula en su candidatura para la Intendencia de 2023. Esa amistad podría ser fructífera para el fundador del partido amarillo, que coquetea con sus aspiraciones presidenciales en una propuesta alternativa en caso de un fracaso del modelo de Milei.

Un equipo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica avanza en la manufactura del que será el cohete de propulsión sólida más grande y potente lanzado en territorio costarricense, un proyecto que sitúa al país en la frontera de la investigación en ingeniería aeroespacial y aspira a consolidar una base tecnológica clave para futuros desarrollos científicos.

Este esfuerzo de innovación busca no solo alcanzar un nuevo récord nacional, sino también fortalecer las competencias técnicas de toda la comunidad académica y científica.

El proyecto, denominado Miravalles, implica la construcción de un cohete experimental de entre dos y tres metros de longitud, diseñado para alcanzar 1,000 metros de altitud y transportar una carga útil de un kilogramo.

Según La Universidad de Costa Rica, la carga seleccionada consiste en un grupo de cianobacterias, y el objetivo de este experimento es analizar el impacto de las condiciones extremas del vuelo sobre estos organismos y medir su tasa de supervivencia, sentando así bases para futuras investigaciones de biología en entornos espaciales.

Una de las particularidades que distingue esta iniciativa en el panorama latinoamericano es la validación reciente de su sistema de propulsión: por primera vez en Costa Rica, un equipo local completó dos pruebas consecutivas exitosas de un motor de clase K, hecho que Karina Artavia, líder del Grupo Crater, calificó como un avance decisivo para el futuro de la cohetería nacional al declarar a la Universidad de Costa Rica que estos resultados “abren camino con resultados clave que impulsan el futuro del proyecto y de la cohetería costarricense”.

El Grupo Crater impulsa la ingeniería aeroespacial costarricense

El Costa Rican Aerospace Team for Experimental Rocketry (Crater) fue creado en el seno del Grupo de Ingeniería Aeroespacial (GIA-UCR), una plataforma abierta para estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de otras universidades públicas orientada a promover la investigación y el desarrollo de sistemas aeroespaciales.

Actualmente, los integrantes del equipo concluyen la fase de investigación y estudios de factibilidad de materiales para la estructura del cohete. Paralelamente, avanzan en las pruebas del sistema de propulsión, con miras a modificar el diseño según los resultados técnicos obtenidos, paso previo a la fabricación final.

La colaboración entre disciplinas es un eje distintivo de este proyecto: el diseño y desarrollo del cohete Miravalles se sustenta en el talento de la comunidad estudiantil de ingeniería mecánica y áreas afines, que orienta sus esfuerzos hacia el cumplimiento de estándares internacionales en ingeniería aeroespacial.

El proyecto Miravalles busca apoyo institucional y una comunidad aeroespacial consolidada

El equipo Crater abrió una convocatoria pública a empresas, organizaciones y personas interesadas en apoyar la culminación del proyecto Miravalles, una iniciativa que para sus impulsores representa la posibilidad de impulsar la innovación y fortalecer el tejido científico del país.

Karina Artavia remarcó a La Universidad de Costa Rica: “Ya estamos bastante avanzados en la fase de diseño del cohete, pero le pedimos a todas las personas que quieran sumarse que nos apoyen para hacer este sueño posible. Nuestra misión siempre ha sido y será la de impulsar la innovación aeroespacial en Costa Rica, la investigación aplicada y consolidar un entorno colaborativo que contribuya al establecimiento de una base sólida en estos temas del espacio”.

El Grupo de Ingeniería Aeroespacial también extiende la invitación a otros estudiantes de ciencias e ingeniería que deseen involucrarse en el sector. Artavia enfatizó sobre la vocación por “realizar misiones cada vez más desafiantes, abrir puertas a la participación internacional y ayudar a construir una comunidad aeroespacial sólida que inspire a todo el país”.

Las personas y entidades interesadas en respaldar al equipo Crater pueden contactar al grupo mediante la dirección electrónica crater.gia@gmail.com o por teléfono al (+506) 84546822.

Sebastián Meléndez Carmona, estudiante de Ingeniería Mecánica, se convertirá en el primer representante de su carrera en la Universidad de Costa Rica que participará en el programa de verano del CERN. Gracias a una beca de la Academia Nacional de Ciencias, el joven colaborará durante dos meses, entre junio y agosto de 2026, en proyectos de física, ingeniería y computación avanzada en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el laboratorio científico más grande del mundo.

El programa, facilitado por la beca NIC Costa Rica–CERN 2026, permitirá a Meléndez integrarse al Summer Student Programme en la frontera entre Francia y Suiza, donde trabajará con especialistas de reconocimiento internacional.

Según informó la Universidad de Costa Rica, Sebastián será el noveno estudiante de la institución en obtener esta distinción, que en ediciones anteriores había estado reservada a alumnos de Física e Ingeniería Eléctrica.

Durante su estancia, Meléndez contribuirá a equipos experimentales del CERN y pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la licenciatura, a la vez que asistirá a conferencias y talleres impartidos por científicos de prestigio.

Esta experiencia, que abarca visitas a laboratorios, salas de control y áreas restringidas del complejo, constituye una oportunidad única de inmersión en entornos de investigación de máximo nivel.

Meléndez destacó la relevancia del intercambio: “Esta oportunidad significa mucho a nivel profesional y laboral, ya que me permitirá conocer personas de distintas culturas, así como metodologías de trabajo diferentes a las que se suelen ver acá. Además, es un orgullo poder representar a la Universidad de Costa Rica y al país. Mi mensaje para otros jóvenes es que, con esfuerzo, resiliencia y deseos de aprender, se pueden lograr grandes cosas”.

Solo nueve estudiantes de la Universidad de Costa Rica han accedido a la beca NIC Costa Rica–CERN

El programa, respaldado por la Academia Nacional de Ciencias, ha permitido que un total de ocho estudiantes costarricenses —en su mayoría de Física e Ingeniería Eléctrica— realizaran anteriormente pasantías en el CERN.

Meléndez subrayó la importancia de la educación pública universitaria al señalar: “Hay muchas habilidades y conocimientos que he reforzado en la carrera gracias a la UCR, entre ellas la capacidad de trabajo en equipo, el impulso del pensamiento crítico y de extrapolar los conocimientos a otras áreas, y la promoción del liderazgo, que todas ellas son muy importantes para sacar adelante los distintos proyectos y soluciones que uno desea desarrollar en beneficio de la sociedad costarricense”.

Las actividades programadas para la pasantía incluyen la participación activa en proyectos científicos, asistencia a conferencias de expertos y la realización de recorridos formativos por los laboratorios y áreas técnicas del complejo. Meléndez remarcó la relevancia de acceder a “innovaciones que se pueden a futuro aplicar en el país en beneficio de todas las personas”.

La Universidad de Costa Rica y la Academia Nacional de Ciencias consideran este acceso al CERN un reflejo del nivel académico alcanzado en la educación superior pública de Costa Rica.

El PRO y La Libertad Avanza se pusieron de acuerdo en dos decisiones clave para ganar la provincia de Buenos Aires en 2027: armar una alianza juntos, lo más amplia posible, y que Diego Santilli sea el candidato a suceder a Axel Kicillof. Pero también hay actores que dificultan la tarea. Por un lado, los movimientos de Mauricio Macri, que suponen cierta aspiración por volver a la Casa Rosada, y la falta de definiciones por parte de la UCR bonaerense, envuelta en una interna interminable.

“En provincia de Buenos Aires no hay opción si queremos ganar, hay que ir juntos”, dijo Ritondo durante una entrevista con Infobae al Amanecer, en referencia al PRO y la UCR, referenciada en Maximiliano Abad. También ratificó que el mejor posicionado para ser el candidato que encabece la lista de esa alianza es Santilli. Según pudo saber este medio, en el entorno de Sebastián Pareja —armador bonaerense designado por Karina Milei— coinciden con el diagnóstico. Advierten que la posibilidad de que la elección se desdoble, más el panorama económico complejo, los obliga a redoblar los esfuerzos para acordar una estrategia.

¿Santilli debería pintarse de violeta como hizo Patricia Bullrich para ser el candidato? Hay voces en La Libertad Avanza que lo sugieren. No solo porque Karina Milei prefiere postulantes puros, sino también porque la posibilidad de que Macri sea candidato a presidente complicaría el panorama. El expresidente encabezó un acto en Chaco en clave electoral y dejó trascender una reunión con el CEO de Techint, Paolo Rocca, en la que conversaron sobre las próximas elecciones y la necesidad de que exista una alternativa a Javier Milei.

“Mauricio entiende que el cambio es más importante que cualquier ambición personal”, respondieron en el PRO bonaerense. Pero los gestos de Macri encienden alarmas en varios territorios, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Karina Milei ya definió que no habrá alianza con Jorge Macri y que apostarán a la marca pura. En paralelo, los integrantes de Provincias Unidas (Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba) reconocen que el exmandatario sería un buen presidenciable para la avenida del medio. La posibilidad de revivir Juntos por el Cambio no desapareció.

En el Ministerio del Interior aseguran que Santilli conserva la intención de ser gobernador, pero evitan cualquier definición electoral. Dicen que está “abocado 100%” a la función que le encomendó el Presidente. El Colo compitió en las últimas tres elecciones en la provincia y ganó dos veces frente al peronismo: en 2021 dentro de Juntos por el Cambio y en 2025 con La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert a la candidatura por el escándalo con Federico Machado, hombre vinculado al narcotráfico. “Es natural que le interese”, dicen.

Las internas

El acto que realizó ayer La Libertad Avanza en la ciudad bonaerense de Suipacha sirvió como una bendición para Santilli, pero, además, una muestra más de apoyo de Karina Milei a Pareja, quien protagoniza una fuerte interna con los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, espacio cercano a Santiago Caputo, a raíz de la denuncia por hostigamiento y amenazas en redes sociales.

En su entorno, Pareja asegura que la derrota del 7 de septiembre tuvo que ver con la obligación de ordenar la interna libertaria bonaerense. Dicen que priorizó poner en las listas a dirigentes orgánicos que respondan a las necesidades del espacio. “Es inconcebible que vuelva a pasar lo mismo”, suele deslizar. Es por eso que, asegura, está dispuesto a apoyar la candidatura de Santilli y trabajar por la unidad opositora, aunque con algunas advertencias hacia el PRO.

Además de la interna con Las Fuerzas del Cielo, Pareja arrastra cierto malestar con el partido amarillo. En la elección del 7 de septiembre, varios intendentes rompieron y se fueron al armado de centro de Somos Buenos Aires, como el caso de Pablo Petrecca, de Junín, y los hermanos Passaglia, en San Nicolás. Pero lo que más enfurece al aliado de Karina Milei es que Petrecca volvió al espacio y hoy preside el bloque del PRO en el Senado bonaerense. “Tienen que ordenar el lío”, se queja.

“El PRO de la Provincia está más ordenado de lo que muchos creen”, responden en el partido amarillo y, como ejemplo, mencionan la lista de unidad que lograron para la renovación de autoridades. No reniegan de la estrategia de los intendentes para retener su territorio y retrucan a La Libertad Avanza: “Que se preocupen por ordenar la tropa propia, que viene generando mucho ruido este tiempo”.

Un capítulo aparte es la UCR bonaerense. En 2025 sufrieron una fuerte derrota en la elección provincial y, en la nacional, ni siquiera participó el sello. En junio esperan resolver la renovación de autoridades y planean presentar sus propios candidatos, lo que podría complicar los planes de La Libertad Avanza con el PRO.

Ritondo convocó a negociar con Abad, el dirigente con más peso de la UCR, mientras que entre los libertarios aseguran que muchos intendentes del partido centenario están desesperados por sumarse al espacio para no perder sus distritos. “Igual vamos a respetar las negociaciones con las autoridades”, advierten.

Consultados por la posibilidad de que Santilli protagonice la oferta opositora, respondieron con contundencia: la UCR va a proponer un candidato a gobernador y 135 a intendente. Como adelantó Infobae, el propio Abad analiza lanzarse en Mar del Plata. “Después del fracaso de 2025 tenemos que enfocarnos en reconstruir el partido”, dicen.

Quienes conocen los tiempos de Abad saben que esperará hasta último momento para llegar a una definición que satisfaga las necesidades y pretensiones de la UCR. Sobre todo en un contexto en el que hay una incertidumbre fuerte por la crisis económica y social que atraviesa el país. Un allegado al senador nacional le deslizó una chicana: “¿Te ves con Dante Gebel?”. El pastor evangélico podría reemplazar a su exaliado y outsider Facundo Manes. La respuesta fue rápida: “No hay que descartar nada”.

En Costa Rica, la preferencia por el tabaco dentro de los hogares con menos ingresos está desplazando la compra de alimentos y comprometiendo el bienestar familiar. Una reciente investigación realizada por la Red Nacional Antitabaco de Costa Rica (Renata), en conjunto con la Universidad Nacional (UNA), la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Adolfo Ibáñez, revela que cerca del 75 % de las personas fumadoras activas prioriza la adquisición de cigarrillos antes que la de víveres, una tendencia que afecta especialmente a los sectores más vulnerables y que, según los expertos profundiza la desigualdad social al restar recursos destinados a la alimentación y a la mejora de las condiciones de vida.

La magnitud de este fenómeno se explica en su dimensión económica y social. El Dr. Jeancarlo Córdoba Navarrete, investigador de la Escuela de Salud Pública de la UCR, subrayó en su análisis que este desplazamiento hacia gastos en productos adictivos “va a reducir aún más esa capacidad” de mejorar el acceso a bienes y servicios. Advierte que los hogares afectados no solo ven comprometido su presente, sino que terminan enfrentando “un gasto en enfermedad que, en algún momento, les va a generar gastos mayores”.

Un estudio basado en la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos (Global Adult Tobacco Survey, Costa Rica, 2022) determina que el 8,5 % de la población adulta fuma, lo que equivale aproximadamente a 300,000 personas. Este problema se intensifica en los quintiles con menores ingresos, donde tres de cada cuatro fumadores priorizan los cigarros antes que los alimentos. Además, la investigación evidencia que el 60 % de los fumadores pertenece a los estratos laboralmente ocupados, concentrados en los tres primeros quintiles de ingreso, todos por debajo del salario mínimo.

El consumo de cigarrillos afecta a hombres, personas de menor educación y mayores de 35 años

El perfil sociodemográfico identificado por Renata, la UNA y la UCR ofrece datos precisos: la mayor prevalencia de consumo de tabaco se observa en hombres con bajo nivel educativo, ubicados mayoritariamente entre los 35 y 64 años.

El consumo es, además, predominantemente urbano; el 80 % de las personas fumadoras vive en áreas urbanas y la provincia de San José concentra más del 40 % de los casos, seguida por Alajuela y Cartago.

En cuanto a los patrones de compra, la M. Sc. Leonela Artavia, de la Escuela de Economía de la UNA, especificó que más del 90 % de las personas fumadoras de cigarrillos adquiere el producto en tiendas. El 81 % consume cigarrillos de cajetillas y el 15 % indicó consumir cigarrillos sueltos.

Esta tendencia, ubicada en los hogares de menos ingresos, reproduce un fenómeno conocido como desplazamiento del gasto: cuando los recursos limitados de una familia se dirigen a productos adictivos, como el tabaco, en vez de cubrir necesidades básicas.

La respuesta directa al fenómeno muestra que en los quintiles de menores ingresos de Costa Rica, cerca del 75 % de las personas fumadoras activas prefiere comprar cigarrillos antes que alimentos.

La dependencia impide abandonar el hábito y perpetúa el círculo de pobreza

El tabaco es una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, la elevada dependencia producida por el consumo dificulta los intentos de abandono. La nicotina, principal componente activo del cigarrillo, actúa directamente sobre el sistema de recompensa cerebral al estimular la liberación de dopamina, lo que refuerza la necesidad de continuar fumando pese a los daños conocidos.

El informe académico indica que muchos fumadores en Costa Rica desean abandonar el hábito. El Dr. Córdoba explicó que “cerca del 50 % de las personas fumadoras quiere dejar el hábito y lo ha intentado”, pero aclara que estos intentos solo logran sostener la abstinencia durante 30 días en promedio. El análisis atribuye este bajo éxito, en parte, al insuficiente acceso a métodos de apoyo para cesación y a que solo el 68,3 % de los fumadores recibieron consejo médico específico.

La persistencia de estos patrones preocupa a los investigadores. Córdoba y Artavia señalan en Renata que la permanencia en estructuras de consumo evidencia que, sin intervenciones más intensivas, el consumo tiende a reproducirse en los mismos grupos poblacionales. Recomiendan fortalecer las políticas fiscales, en especial el aumento de los impuestos al tabaco, medidas que consideran “la más costo-efectiva” para modificar este escenario.

Elevar impuestos reduce el consumo y mejora la calidad de vida en hogares vulnerables

Un análisis sustentado en la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Adultos sugiere que un aumento del 10 % en el precio real de las cajetillas reduce la prevalencia del fumado diario en alrededor de 1,3 %. El impacto se amplifica en personas jóvenes de entre 15 y 24 años, donde la reducción puede alcanzar el 4,4 %. Además, el incremento de precios retrasa el inicio del consumo diario de cigarrillos en aproximadamente tres meses, desplazando la edad promedio de inicio de 18,32 a 18,58 años.

El mismo análisis revela que “el 86 % de personas consultadas está a favor de aumentar los impuestos al tabaco”. El Dr. Córdoba destaca este dato como relevante en el actual contexto político y económico del país y puntualiza que “es de gran valor reconocer que hay necesidad de un impuesto en un producto específico”.

Guillermo Paraje, especialista en economía del tabaco de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, respalda que estas medidas fiscales reúnen la mayor eficacia relativa para combatir el tabaquismo. “Esta es una epidemia que comienza con niñas y niños menores de edad que, por la naturaleza adictiva del producto, lamentablemente siguen consumiendo, con impactos negativos en su salud y la salud de terceros. Entonces, es crucial frenar este inicio lo antes posible y evitar que estos niños y niñas empiecen a consumir”.

Más allá de la reducción: los impuestos al tabaco pueden financiar prevención y liberar recursos

El aumento de los impuestos al tabaco, según el equipo académico aporta una doble ventaja: no solo reduce el consumo y retrasa el inicio entre los jóvenes, sino que libera recursos dentro de los hogares más afectados y permite canalizarlos hacia necesidades prioritarias, entre ellas la alimentación y la educación.

A la vez, los ingresos fiscales generados por los nuevos tributos permitirían financiar campañas de prevención, programas de apoyo y servicios de cesación, lo que potenciaría el impacto sanitario y social. “Ante edades de inicio relativamente altas, se deben promover incrementos de impuestos significativos para generar cambios notorios. El impacto puede potenciarse con medidas adicionales como advertencias sanitarias y campañas”, analizó el M. Sc. Jorge Solano, de la Escuela de Economía de la UNA.

La prevalencia del consumo de tabaco registrada en Costa Rica repite patrones visibles en la región y exige el despliegue de políticas fiscales robustas y campañas sostenidas de concienciación para revertir una tendencia que, según la evidencia científica, compromete el tejido social y perpetúa la pobreza en los sectores de menores ingresos.

Un grupo de estudiantes ingresó con violencia y ocupó el edificio de Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) este miércoles, en respuesta a la decisión del Gobierno de mantener sin aumento el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027 y tras la ruptura de las negociaciones oficiales. El episodio representa una escalada en el conflicto universitario y anticipa que, de mantenerse la propuesta oficialista, será la nueva mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa la que decida el destino presupuestario de la educación universitaria pública.

La cifra central del desacuerdo se ubica en los ¢593,484 millones (USD 1,3 mil millones) para 2027 . Esta cantidad congelaría los recursos del FEES respecto a años anteriores, ignorando la petición de los rectores de un incremento del 2,94% (más de ¢17.000 millones, es decir, USD 37,2 millones).

Durante la protesta del miércoles, los manifestantes comenzaron la acción a la 1 p.m. y, tras intercambiar palabras con autoridades, entraron al edificio rompiendo los vidrios de acceso. El rector Carlos Araya salió por una vía de emergencia.

La raíz inmediata de la protesta fue el fracaso de la tercera sesión de negociación del FEES, ocurrida el martes 21 de abril, cuando el Ejecutivo confirmó su propuesta de un aumento del 0% al presupuesto universitario. Ante la falta de acuerdo, la decisión pasó a la Asamblea Legislativa, donde el equilibrio de poder cambiará en las próximas semanas. El debate ahora se traslada a la Comisión de Hacendarios, con proyecciones desfavorables para quienes defienden el aumento de recursos.

El conflicto por el FEES y las respuestas de las partes

Antes de la toma, universitarios ya se habían manifestado el martes 21 en puntos clave de San José y Heredia, y hubo un incidente en San Pedro, donde un vehículo embistió a varios estudiantes que mantenían un bloqueo. Las quejas de los manifestantes apuntan a un respaldo institucional considerado insuficiente.

El descontento tiene precedentes recientes. En abril de 2025, estudiantes ocuparon el edificio de la Federación de Estudiantes (FEUCR), acción que terminó con la renuncia de la entonces presidenta, Artemisa Villalta.

Las autoridades universitarias sostienen que intentaron el diálogo. La Rectoría de la UCR indicó en un comunicado que el vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya; la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina; y la vicerrectora de Acción Social, Annette Calvo Shadid, asistieron al lugar para escuchar a los estudiantes y abrir un espacio de negociación. Desde la versión institucional se señala que la propuesta de designar representantes estudiantiles para dialogar fue rechazada. Ante la demanda de los estudiantes de que el rector saliera del edificio, Araya accedió, pero según la Rectoría, las condiciones no permitieron un intercambio efectivo y la conversación terminó abruptamente.

El funcionario Pedro Navarro, director de la Oficina de Servicios Generales, aseguró que la seguridad de la universidad prioriza la protección de los estudiantes sobre una intervención represiva: “Nosotros no somos una seguridad represiva para los estudiantes. Buscamos la protección de ellos; la mayor preocupación es que no se cortaran”, dijo a La Nación.

La Constitución costarricense ordena destinar un 8% del PIB a la educación, aunque esta meta no se cumple en la práctica.

Toma y consecuencias inmediatas para la UCR

La ocupación de la Rectoría se suma a una secuencia de protestas debido al congelamiento del fondo universitario y a la sensación de debilidad institucional en la defensa del FEES. Grupos estudiantiles plantearon convocar una asamblea interna para definir acciones futuras.

En su comunicado público, la UCR reiteró su “defensa firme del Fondo Especial para la Educación Superior frente a cualquier recorte presupuestario” y manifestó el compromiso de seguir negociando. Las autoridades reportaron que la universidad da seguimiento a los daños y monitorea la evolución del conflicto.

El anuncio que hizo el presidente Javier Milei de ir hacia una nueva reforma electoral que funcione a partir de las elecciones del año que viene es seguido con atención en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es que lo que vaya a resolver el Congreso tendrá su correlato en el Poder Legislativo y el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, donde cada espacio político buscará instalar su agenda. Las negociaciones ya empezaron y las miradas se posan en la decisión que vaya a tomar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, atravesado por la discusión interna del peronismo.

Semanas atrás, al ser consultado al respecto, el gobernador admitió: “Estamos de vuelta en el mismo problema que tuvimos antes del 2025, que es que el gobierno nacional quiere hacer una fuerte reforma electoral que tiene elementos que afectarían a las provincias. Con lo cual creo que tiene que ser una discusión que está bien que se lleve adelante, pero es concurrente o simultánea con la discusión nacional. Estamos atentos discutiendo internamente en las fuerzas políticas. Hay una discusión cuyo origen y desenlace tienen mucho que ver con lo que resuelva la Nación”.

El impacto inmediato si finalmente el Gobierno consigue los votos para eliminar las PASO a nivel nacional es qué sucederá en la provincia de Buenos Aires. En los comicios del año pasado, Kicillof estuvo hasta último momento negociando la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) en la Legislatura. Fue en el marco del desdoblamiento, otro punto que vuelve a posarse sobre la mesa de decisiones.

El peronismo aún no logra unificar una posición al respecto sobre qué hacer con las Primarias en la provincia de Buenos Aires y si el desdoblamiento es conveniente o no. Todo está atado a cómo se vaya a resolver la negociación política hacia 2027. Por estas horas las tensiones en el oficialismo provincial han vuelto a florecer.

Para la oposición en la provincia de Buenos Aires, la discusión de las PASO puede ser una puerta para plantear una reforma electoral más estructural. “Las PASO pueden ser discutibles. Incluso pueden eliminarse donde no hay competencia interna. Pero hacerlo así, aislado, no es casual, es una estrategia que favorece al que ya está en el poder y le quita a la oposición una herramienta o a la ciudadanía más específicamente la posibilidad de elegir candidatos y no que se lo impongan desde las cúpulas partidarias”, planteó el diputado del bloque PRO Fernando Rovello. En 2027 el PRO espera embarcarse en una negociación con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Por la oposición, el espacio Hechos que lideran los hermanos Passaglia y tiene un bloque de tres senadores en la Cámara Alta -Marcelo Leguizamón, Emilia Subiza y Natalia Quintana- y dos integrantes en Diputados -Ignacio Mateucci y Manuel Passaglia- también está a favor de eliminar las elecciones Primarias. “Las PASO son una herramienta oportunista que utilizan los gobiernos de turno según su conveniencia. Algunos la ponen, otros la quieren sacar. Veremos, otra vez, políticos peleando con políticos”, advirtió el diputado de Hechos y exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Su hermano, Santiago, es el jefe comunal del distrito de la Segunda sección electoral.

En el kicillofismo, algunos intendentes no ven con malos ojos repetir el desdoblamiento que aplicado en las elecciones del 2025 y que le dio la victoria por casi 14 puntos en los comicios provinciales de septiembre. El mandatario podría volver a tener el respaldo del radicalismo en este asunto.

El lunes y martes pasado, la Unión Cívica Radical llevó adelante dos jornadas en La Plata para debatir una Reforma Electoral. De la misma participaron también representantes legislativos de la Coalición Cívica. Allí, intendentes, legisladores nacionales de PBA y provinciales, plantearon que el gobernador debe desdoblar la elección y que, incluso, debe ser por ley. Para eso impulsan el proyecto del diputado Matías Civale. La iniciativa busca establecer un calendario electoral propio, fijo y orgánico, que garantice la autonomía en materia electoral de la provincia. Cuenta con el respaldo del senador nacional por la UCR, Maximiliano Abad. La Colición Cívica propone que las PASO sigan, pero no sean obligatorias.

El problema para el gobernador es que no tiene influencia política sobre el devenir de la Legislatura. Quienes no comulgan con el mandatario hablan de independencia de poderes. En la Gobernación, admiten con cierta resignación que lo que el gobernador pueda llegar a definir ofrecerá resistencias internas y miran al Frente Renovador y al kirchnerismo. “Son nuestra oposición”, es una de las posiciones más enfáticas dentro del MDF.

Qué hará Kicillof al respecto aún es materia de estudio. El gobernador no tiene reelección y buscará una candidatura nacional. En La Plata plantean que la mayoría de los gobernadores desdoblará su elección y que la definición de desenganchar los comicios provinciales de los nacionales -que es una facultad de Kicillof- se resolverá en pos del mejor escenario para que el peronismo retenga la provincia. Los intendentes propios le escapan a la boleta única en papel, como viene presionando La Libertad Avanza y el grueso de las fuerzas políticas que componen la Legislatura bonaerense.

Hay otro componente: es la casi paralización de la Legislatura bonaerense. Entrando al mes de mayo aún no están definidas las comisiones tanto en Diputados como en el Senado. Esa situación no es ajena a la realización de sesiones legislativas. En período ordinario, Diputados sesionó una vez y el Senado aún no. Las diferencias dentro del peronismo y también en La Libertad Avanza complejizan las definiciones. La apuesta del sistema político bonaerense es el segundo tiempo del 2026: luego del mundial de fútbol.

El gobierno nacional envió al Senado la reforma política anunciada por el presidente Javier Milei y desde los principales bloques opositores, incluso habituales socios del oficialismo, ya comenzaron a dejar trascender su rechazo a los principales puntos del proyecto y cierto malestar con la maniobra de incluir a último momento la Ficha Limpia dentro del paquete.

Ante la consulta de Infobae, tanto desde el PRO como desde la UCR reconocieron que no fueron consultados previamente por el Gobierno. Ambos espacios manifestaron en el pasado su reticencia a la eliminación de las PASO, ya que les quita una herramienta fundamental para avanzar con la conformación de alianzas electorales.

“Las PASO tienen un costo enorme para el Estado y en muchos casos se convirtieron en un trámite vacío. Pero también son un mecanismo de participación ciudadana que no puede descartarse a la ligera”, explicaron desde el partido amarillo. En ese sentido, insistieron con la idea de modificarlas para que por ejemplo no participen los partidos que tienen candidato único, una idea que había sido impulsada en el pasado por María Eugenia Vidal.

Por otro lado, señalaron que este debate tiene que darse con seriedad y no “apurado por la coyuntura electoral”. “El PRO no va a votar nada que no haya analizado en profundidad. Esa es nuestra forma de hacer política: con evidencia, no con urgencia”, sintetizaron.

El caso del PRO es particularmente complejo ya que busca conformar una alianza electoral con La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires pero al mismo tiempo mantiene una disputa descarnada en CABA, donde los libertarios amenazan con arrebatarles su principal fortaleza. “Son muy diferentes las necesidades de un gobernador, como puede ser Frigerio en Entre Ríos, que las de un diputado bonaerense o uno porteño que responde a Jorge Macri”, analizaron.

El referente de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, también adelantó que no está de acuerdo con la eliminación de las primarias. “Este instrumento (las PASO) y el sistema electoral argentino son muy buenos. Siempre han permitido transparencia. El que tenía que ganar la elección la ganaba. Ha perdido el peronismo, ha ganado Macri, ha ganado Milei”, dijo en Infobae a la tarde. Además, advirtió que modificar el mecanismo de primarias abiertas “vuelve al sistema de partidos más cerrado, no hace a la democracia interna”.

Por otro lado, el PRO y la UCR también fueron impulsores del proyecto de Ficha Limpia y no vieron con buenos ojos la decisión de Milei de tratar todo junto. “Hay tres proyectos ya presentados sobre Ficha Limpia, por lo que si hay voluntad de avanzar, tanto en Diputados como en el Senado, se puede hacer por separado. No hay necesidad de traer toda la reforma política”, advirtió un importante referente del PRO. En la misma línea, desde la bancada radical calificaron todo como una simple “maniobra de distracción”.

Entre los diputados más contundentes se destacó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien aseguró que se trata de una “reforma extorsiva y tramposa” que apunta a reducir el pluralismo, limitar la representación y desbalancear la cancha en favor de quienes gobiernan”.

“Incluyeron Ficha Limpia en esta ley ómnibus para forzar apoyos y aprobar las leyes que necesitan con el objetivo de allanar el camino a la reelección de Milei, concentrar poder y debilitar cualquier alternativa política, en un contexto de creciente debilidad para el gobierno”, publicó en sus redes sociales.

Y adelantó su rechazo a toda la iniciativa: “No vamos a aceptar que nos corran con la falsa dicotomía de acompañar este proyecto o ser cómplices de la corrupción. Es una acusación absurda, sobre todo contra quienes llevamos años enfrentando a los corruptos y denunciando que no pueden esconderse detrás de cargos públicos para evitar la justicia”.

En Provincias Unidas aclaran que todavía no unificaron un criterio porque no analizaron en profundidad la letra del proyecto. No obstante, los radicales disidentes y los socialistas que conforman el bloque ya hicieron saber su rechazo a la reforma. Además, la presidenta del bloque Gisela Scaglia fue vicegobernadora de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, un distrito pionero en la implementación de las Primarias a nivel provincial.

“No creemos que haya que eliminar las PASO. Es un sistema que se puede mejorar, incluso pensar en que no sean obligatorias, pero eliminarlas no es el camino. Las PASO permiten ordenar la política y que las candidaturas no se definan solo en acuerdos de pocos. Si se plantea modificarlas, también es importante plantear cuál es la alternativa para que los frentes electorales definan a sus candidatos”, explicó uno de los integrantes del bloque y aclaró que esa es la postura predominante en el espacio.

Con dudas y rechazos de habituales aliados, el oficialismo enfrentará un duro proceso para conformar una mayoría en la Cámara de Diputados. “Saben que no tienen los votos para eliminar las PASO, por eso meten Ficha Limpia, para decir que nosotros no queremos la transparencia. O piensan que la ‘culpa honestista’ (sic) hará que se vote todo el paquete”, analizó un diputado de Provincias Unidas.

El Gobierno de Costa Rica dio por cerradas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) este 21 de abril de 2026, tras un fuerte desacuerdo con los rectores de las universidades públicas, quienes plantearon un aumento que el Ejecutivo calificó como “irracional y abusivo”.

El conflicto gira en torno a la propuesta presentada por las universidades, que planteaba un incremento del 2.94% sobre la base presupuestaria. Esto representa más de ₡17,000 millones adicionales (USD 37,4 millones), que se suman a cerca de ₡11,000 millones (USD 24,2 millones) ya incorporados previamente, elevando el ajuste total a casi ₡30,000 millones (USD 66 millones)

Desde el Gobierno, la posición fue clara: mantener el presupuesto sin crecimiento, es decir, con un ajuste del 0%, argumentando que esta decisión responde al comportamiento de la inflación y a las limitaciones fiscales del país.

Ante la falta de consenso en la Comisión de Enlace —instancia encargada de negociar el FEES—, el proceso ahora pasa a la Asamblea Legislativa, donde se definirá el monto final en el marco de la discusión del Presupuesto Ordinario de la República.

Este procedimiento está respaldado por el artículo 85 de la Constitución Política, que regula el financiamiento de la educación superior estatal y establece que, en ausencia de acuerdo entre las partes, corresponde al Congreso tomar la decisión final.

El FEES es el principal mecanismo de financiamiento de las universidades públicas en Costa Rica, incluyendo la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, este fondo forma parte del mandato constitucional más amplio contenido en el artículo 78, que establece que el Estado debe destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en todos sus niveles. Sin embargo, en los últimos años esta meta no se ha cumplido, y la inversión ha mostrado una tendencia a la baja.

Datos recientes evidencian que el financiamiento educativo ha disminuido en términos relativos, pasando de alrededor de un 5,7% del PIB en 2023 a cerca de un 5% en 2025, lo que ha generado preocupación en el sector académico.

En el caso específico del FEES, el crecimiento también ha sido limitado. Para 2025, el fondo rondó los ₡587,000 millones (USD 1,29 mil millones), mientras que para 2026 se ubicó cerca de ₡593,000 millones (USD 1,30 mil millones), lo que representa incrementos modestos que, según las universidades, no compensan el impacto de la inflación ni el aumento en los costos operativos.

Los rectores han defendido su propuesta señalando que el ajuste es necesario para sostener la calidad de la educación superior pública, financiar la investigación científica, mantener programas de becas y atender el crecimiento de la matrícula estudiantil.

Asimismo, han advertido que, en términos reales, el FEES ha perdido poder adquisitivo en los últimos años, lo que podría afectar la capacidad de las universidades para responder a las necesidades del país.

Por su parte, el Ejecutivo ha insistido en que el contexto fiscal obliga a la contención del gasto público, en línea con las restricciones impuestas por la regla fiscal y la necesidad de mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

La Comisión de Enlace, donde se desarrollaron las negociaciones, está integrada por representantes del Gobierno, entre ellos los ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, así como por los rectores de las universidades públicas y una representación estudiantil.

El cierre sin acuerdo refleja las tensiones persistentes entre el Gobierno y el sector universitario sobre el papel del financiamiento estatal en la educación superior, en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos y demandas crecientes por acceso a la educación.

Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde los diputados deberán definir el monto final del FEES, una decisión que impactará directamente a miles de estudiantes y al desarrollo académico, científico y social de Costa Rica.

La muerte de Luis Brandoni, a los 86 años, generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y político argentino. En ese marco, la Unión Cívica Radical (UCR) difundió un sentido comunicado en el que no solo recordó su trayectoria artística, sino también su compromiso militante y su rol dentro del partido.

“Hoy es un día de enorme tristeza para la cultura argentina, porque se fue uno de esos grandes actores con los que diferentes generaciones crecieron”, comienza el texto, marcando el impacto que tuvo la noticia en el país.

El actor falleció tras permanecer internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, luego de sufrir un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural, una condición grave que afecta el cerebro.

Desde la UCR subrayaron que Brandoni trascendió el ámbito artístico: “Para los radicales a ese dolor se le suma la pérdida de un militante de esos que estaban siempre al servicio de la causa de la democracia”. La declaración pone en primer plano una faceta central de su vida: su compromiso político, sostenido durante décadas.

El comunicado recuerda que el actor fue perseguido durante los años más oscuros de la Argentina. “En los 70 fue perseguido por la Alianza Anticomunista Argentina y luego por la dictadura militar, por su militancia política y gremial”, señala el texto. Esa etapa marcó profundamente su historia personal y profesional, consolidando su perfil como una figura comprometida con los derechos y la democracia.

En ese sentido, el partido destacó su participación en espacios clave de resistencia cultural. “Luchó en los años crueles para recuperar la democracia, fue uno de los protagonistas del mítico Teatro Abierto”, afirmaron, en referencia a aquel movimiento artístico que, durante la última dictadura, se convirtió en símbolo de libertad de expresión. También recordaron su rol como Secretario General de la Asociación Argentina de Actores, donde defendió los derechos del sector.

La relación de Brandoni con el radicalismo tuvo uno de sus momentos más importantes durante el gobierno de Raúl Alfonsín. “Fue un artífice central en la propuesta cultural del radicalismo en la gestión del gobierno de Raúl Alfonsín al que asesoró durante su presidencia”, destacaron. Según el comunicado, ambos compartieron una relación cercana: “A Raúl lo unió una amistad edificada en la admiración”.

Además de su rol como asesor cultural, Brandoni también tuvo una activa participación institucional. “Brandoni fue también nuestro representante en el Congreso como diputado nacional y un polemista permanente en la defensa de los valores radicales”, remarcaron desde la UCR, recordando su paso por el ámbito legislativo.

El texto también incluye un recuerdo reciente que cobró un significado especial tras su fallecimiento. “Estuvo en el Comité Nacional hace muy poco cuando homenajeamos a la generación del 83. Jamás pensamos que esa era la última vez que compartiríamos nuestra casa”, expresaron con emoción, reflejando el impacto de su ausencia en la vida partidaria.

Mientras tanto, en el plano de la salud, su cuadro había generado preocupación desde el momento de su internación. El hematoma subdural que sufrió tras una caída en su hogar provocó un deterioro progresivo. En un principio, el productor Carlos Rottemberg había señalado que el actor necesitaba “unos días de tiempo para la evaluación y recuperación”. Sin embargo, con el correr de los días, la situación se agravó.

Finalmente, fue la empresa Multiteatro la que confirmó el fallecimiento. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, señalaron en un comunicado que también destacó su compromiso con el teatro nacional.

El deterioro de su salud obligó además a suspender la obra “¿Quién es quién?”, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, lo que marcó un abrupto final a una carrera que se mantenía activa hasta sus últimos días.

Diversas figuras del ámbito cultural y político se sumaron a las condolencias. Desde el Gobierno, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, lo definió como “un emblema de nuestra identidad cultural”. En tanto, la Asociación Argentina de Actores destacó su “sólida labor interpretativa” y su rol como referente del sector.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, también dejó su mensaje por el deceso de Brandoni: “Actor extraordinario y militante radical que entendió que la democracia se defiende todos los días, también desde el escenario. Diputado en los 80, peleador de causas cuando costaba caro pelearlas. Lo vamos a extrañar. Abrazo fuerte a su familia, a sus amigos y a toda la comunidad artística. Hasta siempre, Beto”.

En su cierre, el comunicado de la UCR resume el sentimiento generalizado: “Con inmenso dolor, los radicales de todo el país acompañamos a sus familiares y amigos”. La frase sintetiza no solo la despedida de un dirigente político, sino también la de un artista que dejó una huella profunda en la cultura argentina.

La despedida final, según se informó, se realizará en la Legislatura porteña, en un gesto que refleja el reconocimiento institucional a una figura que supo conjugar arte, militancia y compromiso democrático a lo largo de toda su vida.

Con la reciente firma del dictamen que avala la continuidad, por cinco años, del camarista federal Carlos Mahiques, el oficialismo senatorial ya tiene semi encaminada una potencial sesión que piensa, en un principio, para el 29-30 de abril. No obstante, el otro tema en la agenda volvió a tensar la convivencia: varios legisladores dialoguistas se resisten a votar, tal como está, la ley sobre falsas denuncias, la gran obsesión de la radical Carolina Losada (Santa Fe).

El proyecto reprime “con prisión de uno a tres años” a quien “denunciare ante la autoridad a una persona determinada o indeterminada por la comisión de un delito, a sabiendas de la falsedad de la denuncia”. Además, “si la falsa denuncia ante la autoridad fuere relativa a delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

La iniciativa plantea, por otro lado, la “prisión de uno a cuatro años” para el “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”. En el mismo artículo se agrega: “Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a ocho años de reclusión o prisión; salvo en causas criminales por delitos de violencia de género, violencia familiar contra menores de edad, o delitos contra la integridad sexual, en cuyos casos el mínimo de la pena será de tres años. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena”.

Si uno se guiara por las firmas que obtuvo el despacho en cuanto los integrantes de la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita-, hubo un aval abultado: rubricaron libertarios, radicales, el renovador misionero Carlos Arce, la macrista Victoria Huala (La Pampa), la oscilante Elena Gadano (Moveré-Santa Cruz) y la peronista recién salida del kirchnerismo Sandra Mendoza (Tucumán), entre otras. En diferentes eventos donde promocionó la ley Losada, algunos testimonios fueron impactantes.

De proyectar un eventual acompañamiento de todos estos espacios, los votos sobrarían. El inconveniente está en que, en varias bancadas aliadas, hay rechazo. “Se volvió a repetir el camino de un dictamen mal hecho y apurado casi por capricho. Preferiría no estar en una sesión así”, lanzó una senadora a Infobae.

“En todo caso, que se la incorpore al nuevo Código Penal. Y, sobre todo, mejor escrita”, se oyó desde un despacho dialoguista top. A esto hay que sumarle advertencias de otras personas que siguen de cerca el día a día de la Cámara alta y aconsejan “frenar” un texto “muy poco sólido”. Bajo estos parámetros, quienes apoyan el articulado tendrán que hacer números finos para corroborar si de verdad se cuenta con luz verde para una definición. Se sabe de antemano la postura contraria del interbloque “Popular” -cristinistas y justicialistas-, que comanda el formoseño José Mayans.

La discusión sobre falsas denuncias ya se despachó tres veces en la Cámara alta. En 2024, el mismo perdió estado parlamentario por la antigüedad de la presentación del texto original de Losada. El año pasado se repitió el resultado, aunque por el recambio legislativo de diciembre último. Ahora, volvió a tener un dictamen exprés y la puja quedó abierta de cara a la sesión -no confirmada- de finales de abril que, desde discretas oficinas, ya ponen en duda. Muchos quieren ver qué hará el Gobierno con la ley sobre propiedad privada en los próximos días y hasta dónde aceptará cambios La Libertad Avanza.

¿Jorge Macri se copia de La Libertad Avanza? ¿Patricia Bullrich está confirmada como candidata de Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Vuelve Juntos por el Cambio? Son todas preguntas que circulan en el escenario preelectoral porteño, pero ninguna tiene respuestas. Lo que sí hay son indicios sobre las pretensiones de cada espacio para la elección de 2027. Por ejemplo, los movimientos de Mauricio Macri, que generan expectativas sobre sus aspiraciones nacionales.

“Está bien si creen que nos copiamos de La Libertad Avanza. Quiere decir que es un buen rumbo el que llevamos”, responden en Parque Patricios a las insistentes denuncias sobre una especie de “robo de ideas” por parte del PRO. La primera acusación de los libertarios fue por el lanzamiento de créditos hipotecarios que hizo Jorge Macri y, en los últimos días, por la eliminación del pago de Ingresos Brutos a monotributistas. Dicen que Pilar Ramírez había presentado el proyecto antes.

La novedad de esta semana fue la habilitación para que Patricia Bullrich sea la candidata oficialista en CABA, tras el declive de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo por la compra de pasajes de lujo y propiedades. La exministra de Seguridad estaba molesta porque el Gobierno había dejado trascender el nombre del jefe de Gabinete para la competencia cuando ella ya sonaba como sucesora de Jorge Macri. “Ahora hicieron como que no pasó nada, onda ‘vos siempre fuiste candidata’”, dijeron en su entorno a Infobae.

Pero en la Casa Rosada hacen una importante advertencia: “No hay ningún candidato para CABA todavía”. Aclararon a este medio que Bullrich es parte del armado, pero que las fuerzas libertarias tienen varios nombres para la competencia. En el PRO observan los movimientos y ya vaticinan: “No le van a cumplir a Patricia”. En Uspallata comparan a los libertarios con el kirchnerismo: siempre van a preferir candidatos puros y fieles a la estructura de poder que, en este caso, lidera Karina Milei.

Bullrich ya dio varios gestos de fastidio, sobre todo con el caso Adorni. En su visita a Córdoba dijo que el funcionario “no tiene el cuero duro” para soportar la presión mediática y, hace pocos días, en el Senado, se cansó de las preguntas de los periodistas y sentenció: “Es un tema de la Justicia, punto, basta. No quiero explicar nada”. Quienes la conocen hace muchos años dicen que la senadora desprecia todo tipo de ostentación, sobre todo la que proviene de los “nuevos ricos”. ¿Aplica a Adorni?

Mientras tanto, Bullrich se prepara para dar los primeros pasos como candidata. Se espera que en los próximos días dé pequeños gestos en modo campaña. Para algunos es “apresurado” hablar de candidaturas, pero para otros, sobre todo los que no tienen nombres fuertes para presentar, creen que el tiempo apremia. En el caso del oficialismo, se mantendrán alejados, por el momento, de cualquier disputa mediática. “Seguimos enfocados en la gestión”, avisan. De hecho, enumeran las confrontaciones que vienen evitando: responder los ataques de los libertarios en redes sociales y pronunciarse sobre Adorni.

La Libertad Avanza, por su parte, observa que Jorge Macri está en una encerrona: el electorado de derecha está cooptado por Javier Milei, el de izquierda por el peronismo y el de centro, creen, le pertenece a Horacio Rodríguez Larreta. “Sí o sí necesita de la UCR y de Horacio porque con nosotros no hay chances de ir en una alianza”, describen.

Los radicales tienen la misma mirada. Entusiasmados con la posibilidad de relanzar Juntos por el Cambio, ven con buenos ojos que Jorge Macri endurezca su discurso y sus políticas de gestión para atraer al votante de derecha en una futura PASO que, para ellos, contará con Rodríguez Larreta y un candidato de la UCR, que podría ser Martín Lousteau, y luego pelear por un lugar en el ballotage. ¿El mayor riesgo? Que Bullrich gane en primera vuelta.

Aunque para algunos la posibilidad de revivir Juntos por el Cambio es remota, los radicales se basan en hechos: los movimientos de Mauricio Macri. Como reconstruyó este medio, el expresidente tiene el visto bueno de los líderes de Provincias Unidas, en especial Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, para ser su candidato para la Casa Rosada. A esa luz verde se sumó la gira que inició el líder del PRO con viejos socios de la coalición que creó junto a Ernesto Sanz y Elisa Carrió.

Macri fue recibido en Corrientes por los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés. En Chaco se mostró con Leandro Zdero. Encabezó un acto partidario en Resistencia donde llamó a “blindar el cambio”, a formar dirigentes y a “no callarse”, en referencia a defender el rumbo del Gobierno, pero también hacer las advertencias necesarias sobre las medidas que implementa.

Todos los movimientos de Macri dan cuenta de qué tipo de proyección nacional pretende y sus aspiraciones presidenciales. ¿Es posible que Macri acuerde con sus viejos socios para una candidatura presidencial, pero que en la Ciudad de Buenos Aires se asocie con La Libertad Avanza? Para el PRO porteño, cualquier escenario es posible.

Sin embargo, en La Libertad Avanza sostienen el rechazo a una alianza con el PRO. En sus planes se mantiene la agenda con recorridas por la Ciudad y la presentación de proyectos que, para ellos, los convierte en “el bloque más reformista de la historia” en la Legislatura. También se mantendrá la tensión en las redes sociales, como sucedió el miércoles pasado con la inundación de la avenida Libertador tras las fuertes lluvias. Para reforzar la estructura cuentan con la figura de Karina Milei, figura central en la Casa Rosada y fiel aliada de Pilar Ramírez.

Los cerca de 140 intendentes que la UCR tiene en Córdoba son actores necesarios para cualquier dirigente que quiera convertirse en gobernador. Fueron una pieza clave en todas las elecciones y la de 2027 no será la excepción. Es por eso que, a medida de que se acercan las elecciones, vuelven a quedar en el centro de la disputa, con presiones cruzadas de distintos espacios. Según pudo reconstruir Infobae, en las últimas semanas recibieron amenazas de todo tipo: recorte de fondos, candidatos que ponen en peligro su continuidad en el poder y hasta quedar afuera de una futura alianza anti peronista.

La Libertad Avanza fue el primero que salió con una fuerte amenaza: prometió “plantar” un candidato propio en todos los distritos que no se pinten de violeta. En paralelo, según trascendió, Martín Llaryora habría advertido sobre la posibilidad de vaciar de fondos a todos aquellos que se saquen fotos con Gabriel Bornoroni.

A ese escenario se sumó Rodrigo de Loredo con otra advertencia hacia el interior del radicalismo: cuando finalmente acuerde con la Casa Rosada, los dirigentes que hoy se alineen con La Libertad Avanza quedarían afuera del armado de listas.

El malestar de De Loredo creció a partir del acercamiento de Soledad Carrizo al armado que encabeza Bornoroni junto a Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Laura Rodríguez Machado, una de las principales referentes de Patricia Bullrich en Córdoba. Los cuatro ya trabajan en la construcción de una alianza que se llamará “Alianza por la Libertad” para enfrentar al oficialismo provincial.

Encuestadores que analizan los movimientos en la provincia aseguran que la marca del presidente Javier Milei es la que mejor mide, aunque advierten que, como en toda elección, el resultado dependerá del nivel de unidad que logre la oposición para disputar casi 30 años de peronismo cordobés.

En ese marco, la alianza comenzó a mostrar fotos con intendentes, concejales y dirigentes radicales. Las últimas fueron con referentes de Río Cuarto y la ciudad de Córdoba, pero, según afirman en el espacio libertario, existen negociaciones abiertas con más de 40 jefes comunales que evalúan sumarse con la expectativa de asegurar su reelección.

De Loredo ya había denunciado que esos movimientos respondían a una “extorsión” por parte de La Libertad Avanza. “Los amenazaron con plantarles candidatos puros. Nosotros también podemos poner los nuestros”, había advertido el ex presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados.

En las últimas horas, además, el diputado dejó trascender un fuerte malestar con Carrizo, la principal referencia radical dentro del armado libertario. La ex diputada nacional responde políticamente a Alfredo Cornejo y, gracias a esos vínculos y su rol en el armado cordobés, fue nombrada como vocal en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano.

Según reconstruyen en el radicalismo cordobés, Carrizo se reunió hace seis meses atrás con De Loredo y con Marcos Ferrer —presidente de la UCR provincial— para informarles sobre su nuevo rol. “La liberamos y le dimos luz verde, pero con una condición: que no se convierta en Orlando Arduh”, señaló a Infobae un dirigente cercano a la conducción partidaria. Arduh es un radical que trabajó activamente para sumar intendentes al armado de Llaryora.

Distintas fuentes también confirmaron que intendentes radicales que aún no se alinearon con La Libertad Avanza recibieron advertencias desde el oficialismo provincial. “Para los que se saquen fotos con los libertarios hay desierto”, resumieron, en alusión a un eventual recorte de fondos.

Anoticiadao de esa presión, cerca de De Loredo interpretan que el escenario puede terminar favoreciéndolo. En ese contexto, el diputado impulsó dos movimientos para ordenar al radicalismo y al resto de la oposición.

Por un lado, su aliado Marcos Ferrer convocó a todos los espacios no peronistas a acordar un sistema para definir candidaturas a gobernador e intendentes en toda la provincia. “Creemos que una primaria abierta resolvería la cuestión con varias virtudes: es democrática, permite que decidan los independientes y no un grupo de dirigentes o los aparatos, y puede hacerse una campaña breve y austera”, sostuvo. Y agregó: “La unidad llevará al cambio que piden y necesitan los cordobeses. El diálogo entre los presidentes es el primer paso hacia esa unidad”.

Más duro y efusivo, De Loredo dejó trascender que se encargará de dejar afuera de las listas a todos aquellos radicales que hoy juegan para la candidatura de Bornoroni. “Esto ya lo viví en el 2023 con Juez”, recuerda entre los suyos. En aquel entonces, un sector de la UCR apostó la figura del líder del Frente Cívico. Cuando finalmente se acordaron las postulaciones, De Loredo se encargó de dejar afuera a todos lo correligionarios que lo traicionaron. Fue una jugada beneficiosa teniendo en cuenta que Juez perdió la Gobernación pero la Legislatura se llenó de dirigentes que todavía le responden a De Loredo. En la lista negra de ese entonces estuvieron Ramón Mestre y Juan Yure, entre otros.

“Si terminamos juntos con La Libertad Avanza vamos a pagarle a los puros y me voy a encargar de que los que hoy ayudan a Bornoroni no estén en ningún lado”, dijo De Loredo en un entorno de confianza. En el espacio libertario aseguran que no recibieron advertencias directas del dirigente radical y deslizan que, en privado, el tono de las conversaciones es distinto. Sin embargo, en el radicalismo remarcan que ese tipo de definiciones se inscribe en la disputa por los lugares que se abrirían ante una eventual victoria opositora, que incluye, además de la Gobernación, bancas en el Senado y Diputados.

Es el primer movimiento del expresidente de cara a lo que él mismo denominó “el próximo paso” en Parque Norte. La agenda de Macri incluye una visita a las provincias de Chaco y Corrientes, para reunirse con los gobernadores -y aliados- Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, y también con militantes y dirigentes locales.

“Estoy convencido que el cambio empezó en nuestro país y necesita raíces profundas para durar. Necesita equipo, experiencia y una mirada clara sobre lo que viene. Porque claramente una cosa es estabilizar y otra es construir. Y justamente de eso se trata esta etapa: de construir lo que falta, de dar ese próximo paso que convierta el cambio en futuro real para los argentinos”, aseguró el exmandatario en la previa, a través de un video difundido en redes.

Según supo Infobae, Macri llegará a la ciudad de Resistencia a las 16, donde será recibido por Zdero. A las 18, participará de un evento en el hotel Gala Convenciones, con la idea de replicar el acto en Parque Norte, con tres bloques de oradores que representen a cada una de las letras de la sigla PRO. El cierre estará a cargo del exmandatario, y luego brindará una conferencia de prensa. Más tarde, irá a Corrientes para cenar con los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés.

Entre otros, se prevé la presencia de dirigentes nacionales como el exministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, uno de los armadores nacionales; el vicepresidente del CEAMCE Ezequiel Jarvis; el referente local Patricio Amarilla, el expresidente del partido a nivel nacional Humberto Schiavoni; el legislador porteño Darío Nieto; el senador Enrique Martín Goerling; y la diputada correntina Sofía Branbilla. También el secretario general, Fernando De Andreis, la diputada Antonela Giampieri, y el ministro de Hacienda de CABA, Gustavo Arengo. Algunos de ellos serán oradores.

Macri comenzó la semana en la cena de la Fundacion Pensar, el think thank del PRO que preside la exgobernadora María Eugenia Vidal. Allí compartió una charla sobre inteligencia artificial con el divulgador científico Santiago Siri y señaló que “lo peor que hay es improvisar” y que “Argentina sufrió demasiadas improvisaciones”.

Estrategia y desafíos territoriales

En paralelo a la reorganización territorial, el PRO busca reactivar su estructura en distritos clave y superar las divisiones internas que se profundizaron tras las elecciones de medio término de 2025. Por ejemplo, el partido enfrenta desafíos para recomponer su presencia en Córdoba y Tucumán, donde atraviesa procesos de intervención, y apuesta a una mayor coordinación con referentes del interior productivo. En Córdoba la situación es crítica: dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se quedaron con el partido a nivel provincial, algo que reduce el poder de Macri en una provincia clave.

En este contexto, sectores de la UCR observan el tono de la reactivación del PRO. Valdés, el exgobernador de Corrientes, afirmó la semana pasada que ambos partidos son “aliados desde hace mucho tiempo”. “No es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, señaló a Infobae en aquel momento.

Y enfatizó: “Para nosotros es un gusto recibir al expresidente de la nación del espacio que habíamos conformado, que era Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri sin duda es el líder político de Juntos por el Cambio”.

Consultado sobre un rearmado político de cara a 2027 para competir con La Libertad Avanza, sostuvo: “En la última elección estuvimos en Provincias Unidas, aunque era el único frente nacional que había confrontado con el Gobierno. Hay que ver qué hace Provincias Unidas, hay que ver qué hace Juntos por el Cambio. Bueno, ahí seguramente estará nuestro espacio político”.

¿Y el rol de Macri? “En la oportunidad pasada (en 2023), lo que nosotros decíamos era que el candidato para enfrentar al kirchnerismo sin duda era Mauricio Macri. Y estábamos dispuestos a acompañar esa candidatura. Lo que pasa es que no quiso ser candidato a presidente y bueno, hubo que dirimir en internas, que en definitiva llevó a la desaparición prácticamente del liderazgo nacional dentro de Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta y el pase que tuvo Patricia Bullrich al otro espacio político, la Libertad Avanza. Pero sin duda el candidato, creíamos nosotros, tendría que haber sido Macri. Ahora depende de lo que quiera hacer en las próximas elecciones, seguramente, y habrá que consultarlo al radicalismo y ver si hay una posibilidad de construcción de un frente político”, analizó.

El expresidente, en tanto, mira con preocupación la actualidad del gobierno, la coyuntura política y las esquirlas derivadas de las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero también por los indicadores de la economía y del humor social hacia la figura del presidente. Más allá de su discurso en Parque Norte, no quiere hacer una crítica pública.

“La postura que tiene es la de observar una situación delicada por varios factores; sabe que ante cualquier cosa que diga pueden haber muchos que comenten, y eso es lógico, entendible”, aseguró a este medio un importante dirigente del entorno del expresidente.

En ese fino equilibrio se encuentra el PRO: entre criticar al Gobierno, pero no atacarlo de manera directa. Diferenciarse, pero no tanto al punto de romper la relación parlamentaria, donde hay más coincidencias que diferencias. El miércoles levantó la voz Cristian Ritondo, el jefe del bloque en Diputados, al referirse a la situación del Jefe de Gabinete. “El tema afectó mucho al Gobierno y se ve en las encuestas”, dijo, y amplió:“No hay que sumarse a ningún show pero tenés que dar las respuestas rápidas en la Justicia y explicar todo”.

De Andreis, por su lado, sostuvo hoy: “(Estoy) muy preocupado, sobre todo por los datos de inflación, por algunas turbulencias, por el tema Adorni, esperando que giren de vuelta a la página, que venga ahora nuevamente un sendero descendiente en la inflación”. “Sí reconocemos que hay un muy buen dato de una baja sensible de la pobreza”, agregó en diálogo con radio Rivadavia.

También consultado por una eventual postulación presidencial de Macri, el diputado señaló: “El no está para ser candidato el año que viene, pero sí trabajando fuerte en la reconstrucción del partido”.

La Universidad de Costa Rica (UCR) avanza en el diseño de nuevas ofertas académicas orientadas a responder a los retos tecnológicos y al desarrollo regional desde 2027. La institución planea introducir grados y licenciaturas cortas a fin de fortalecer el talento humano en áreas estratégicas, de acuerdo con información confirmada por la Vicerrectoría de Docencia.

En 2027, la universidad proyecta implementar licenciaturas cortas de especialización como parte de una estrategia de innovación educativa. Este formato permitirá que profesionales previamente graduados se actualicen y amplíen su campo de acción en plazos más breves, alineados con la tendencia global de aprendizaje continuo. El vicerrector de Docencia, Jáirol Núñez Moya, afirmó que “no estamos solo creando títulos, estamos diseñando rutas formativas que dialogan con la realidad del país”.

Entre las propuestas se encuentra la Licenciatura en Ingeniería de Procesos de Manufactura, impulsada por la Sede Regional del Caribe junto con el recinto de Grecia de la Sede Regional de Occidente. Este programa tiene como finalidad consolidar polos industriales en ambas regiones, descentralizar el conocimiento y promover el desarrollo regional, según datos de la universidad.

El sector tecnológico contará con el Diplomado y Bachillerato en Ciencia de Datos en la Sede Regional del Atlántico, ubicada en Turrialba. Esta disciplina es considerada esencial para la toma de decisiones fundamentadas en analítica avanzada, tanto en el sector público como privado. La universidad prevé que la distribución de capacidades técnicas fuera del Valle Central fortalecerá la competitividad nacional. Según la proyección institucional, la descentralización del conocimiento en ciencia de datos responderá a la creciente demanda laboral.

Por su parte, el Bachillerato en Ingeniería en Computadoras y Semiconductores busca unir recursos de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en consonancia con la estrategia nacional de fortalecimiento de la industria de microchips. La Universidad de Costa Rica detalla que el desarrollo de esta carrera responde a la prioridad de ampliar la base de profesionales altamente capacitados en un sector fundamental para la economía tecnológica. El fortalecimiento de la industria nacional de microchips es prioridad para la economía costarricense, según información de la universidad.

Nuevas licenciaturas en sectores estratégicos

Como parte de la estrategia para 2027, se estudian licenciaturas cortas en áreas de rápida evolución vinculadas al impulso exportador. Una de las propuestas en análisis es la Licenciatura en Inteligencia de Proyectos Basada en Datos, enfocada en la gestión de organizaciones con base en pruebas objetivas. También se perfila la Licenciatura en Ciencia de Materiales, que articula química, física y biología para el desarrollo de nuevas sustancias y tecnologías, así como la Licenciatura en Dispositivos Médicos, orientada a la especialización en uno de los principales sectores exportadores del país.

Estos programas académicos avanzan conforme a los procedimientos internos de la universidad y las validaciones externas requeridas ante el CONARE. La Universidad de Costa Rica informó que el cumplimiento de cada etapa de aprobación es indispensable para la eventual implementación de estas propuestas. “Procesos de aprobaciones internas de las instancias universitarias, así como a las validaciones externas correspondientes ante el CONARE” son parte de los requisitos mencionados por la institución.

El vicerrector Núñez destacó que la prioridad institucional está en mantener el rigor académico y la pertinencia de las carreras, junto con la agilidad de la planificación. Señaló: “La educación es un puente entre el conocimiento y la acción, en el que todas las áreas son necesarias para la sociedad. En ese sentido, cada una de estas carreras se ha pensado bajo criterios de sostenibilidad, ética, excelencia académica, movilidad y justicia social. Aunque estos programas deben cumplir con todo el proceso de aprobación, la intención de la Administración Superior es conectar la oferta académica con los desafíos del futuro. Y estamos trabajando fuertemente para lograrlo”.

Intendentes de distintos puntos del país se congregaron este martes en la puerta del Ministerio de Economía de la Nación para entregar un petitorio al ministro Luis Caputo en el que le solicita que intervenga en distintas demandas, principalmente la suba del combustible que en el mes de marzo superó el 20% y el desplome de la coparticipación. El alza de este indicador impacta de lleno en las finanzas locales, toda vez que algunos municipios del conurbano incluso se ocupan de la provisión de nafta a patrulleros de la policía bonaerense. Además, enfatizaron en la necesidad de que Nación ejecute lo recaudado a través del impuesto a los combustibles líquidos y lo materialice en obras viales.

La concentración también tuvo su caracterización política y expone la intención del peronismo de empezar a instalar algunos temas de agenda, para luego incluirlos en una virtual plataforma electoral para las elecciones del año que viene. De hecho, tras la foto y la entrega del petitorio en la puerta del ministerio de Economía, la mayoría de los jefes comunales se trasladaron hasta la FAM. Hasta allí fueron también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y de La Rioja, Ricardo Quintela. “Acá adentro hay siete u ocho candidatos a gobernador de distintas provincias”, dejó correr un dirigente peronista de carácter nacional, mientras esperaba a que llegase Kicillof.

La convocatoria hasta el ministerio de Economía fue hecha a varias bandas. Por un lado el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, le había planeado a Kicillof la necesidad de “hacer algo” y exponer que la suba del combustible y la recaudación del impuesto a dicho bien no se trasladaba a la realización de obras en rutas. El presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, también se ocupó de hacer una convocatoria de carácter federal para este martes. En tanto que la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario, envió mensajes a algunos intendentes bonaerenses. Al mediodía de este martes, hubo alrededor de 150 intendentes presentes frente a Plaza de Mayo.

“Venimos a mostrar la Argentina que nos duele y que todos los días nosotros lo vemos y lo sentimos, porque todos los días hablamos con una directora de escuela, con un cura, con un pastor. Bueno, en definitiva, no queremos ver en la Argentina, en poco tiempo más, un chico desnutrido o un abuelo desnutrido, y si seguimos así, lo vamos a ver”, le dijo a Infobae el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Por su parte, Katopodis planteó a este medio: “El gobierno nacional cobra los impuestos para hacer obras, pero no hace ninguna de las obras que necesitan cada uno de estos municipios y cada una de las comunidades que ellos representan. Se roban la plata de los peajes, se roban el impuesto al combustible, pero no cumplen con la responsabilidad que tienen por ley de hacer las obras con ese fondo. Además los fondos que no llegan a las provincias, los fondos que no llegan a los municipios, la ayuda social, el remediar y una situación de ajuste que no da para más”.

La decisión de mover a buena parte de los intendentes también tiene su componente político. “Además de que el zapato ya se ajusta, también hay cierta expectativa hacia 2027 de que es posible; que viajen intendentes desde distintos lugares del país es una muestra. El año pasado era impensado esto”, admite un dirigente peronista que estuvo en la puerta de Economía y luego caminó por plaza de mayo para subirse a las camionetas que esperaban a los intendentes para trasladarlos a la FAM.

En la dinámica de la discusión interna del peronismo bonaerense hubo amplitud en la convocatoria. Tanto intendentes que se encuadran en La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador de Sergio Massa mandaron representantes.

Hubo presencia no solo de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el jefe comunal de Pérez, de la provincia de Santa Fe, Pablo Corsalini, explicó que se sumó a la medida “porque claramente las localidades de las características como la que nos toca gestionar están sufriendo muy fuerte las medidas que está tomando Milei”. “Somos, de alguna manera, quienes hoy estamos sosteniendo al Gobierno Nacional, teniendo que darcada vez más soluciones, más respuestas, con menos recursos”, agregó.

Tras la entrega del petitorio y la foto en Economía, los dirigentes se trasladaron hasta la sede de la FAM en donde mantuvieron un encuentro con Kicillof y Quintela.

El riojano dijo al ingresar a la reunión: “Tenemos que garantizar mínimamente que nuestra gente pueda tener la mejor calidad de prestaciones de los servicios y lo básico indispensable en este momento duro que vive el país”.

El gobernador bonaerense escuchó de primera mano la realidad de las finanzas locales no solo de los bonaerenses, sino también de intendentes del interior del país. Insumo para su construcción federal. Lo describió con cierta perspicacia uno de sus armadores: “Venimos a escuchar a los intendentes del interior del país. A la mayoría no los conocemos y ya estamos acostumbrados a escuchar a los nuestros”.

La presencia del mandatario bonaerense se dio en la antesala de su gira de tres días por España que iniciará este jueves, en un claro posicionamiento electoral. De hecho, la llegada al edificio de la FAM ubicado sobre la calle Cerrito en pleno centro porteño, tuvo algo de eso. Escoltado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, fue el último en llegar. En la vereda lo esperaban Espinoza, Katopodis, la Jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Como detalló este medio, Kicillof participará de la Movilización Progresista Mundial, un encuentro de dos días que se llevará adelante entre el viernes y el sábado en Barcelona y contará con la presencia de líderes de la región como los presidentes Luiz Inacio Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Yamandú Orsi (Chile) y la presidenta de México, Claudia Scheinbaum, entre otros.

Hay varios factores que ilusionan a la oposición en Córdoba para terminar con 30 años de peronismo local. Mencionan un fuerte malestar social con la gestión de Martín Llaryora y del intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini; la imagen positiva de Javier Milei en la provincia; y la posibilidad de que Natalia De la Sota divida el voto del PJ. Además, Gabriel Bornoroni, el elegido por Karina Milei para encarar el armado local, sigue sumando intendentes en el interior que buscan garantizarse la reelección. Pero esos movimientos vuelven a tensionar con Rodrigo de Loredo, el único lanzado oficialmente a la candidatura para la Gobernación.

“No quiero competir contra De Loredo, quiero competir contra Llaryora”, le dice Bornoroni a su equipo, con cierto fastidio por las eternas internas radicales. Es que un sector de la UCR ya forma parte de la coalición que, como adelantó Infobae, se llamará Alianza por la Libertad. La encargada de liderar ese espacio es Soledad Carrizo, la ex diputada nacional que responde a Alfredo Cornejo y que recientemente fue nombrada como vocal en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), organismo que depende de Capital Humano.

La piedra en el zapato de Carrizo son los movimientos y declaraciones de De Loredo. Hace unas semanas encabezó un llamativo evento con música electrónica mezclada con cuarteto, en una imitación a las “Bizarrap Sessions”. También propuso subir la edad de retiro de los policías y mejorar el salario de los oficiales, y prepara más ideas para mejorar la seguridad en la provincia. Su equipo estratégico asegura que ese tipo de proyectos lo posicionan mejor en las encuestas y cree que fue un “gran acierto” haberse postulado como candidato a gobernador con tanta anticipación.

Pero De Loredo no para de recibir malas noticias. Dos concejales de Río Cuarto, Gabriel Abrile y Ana Laura Vasquetto, y uno de la ciudad de Córdoba, Luciano Agüero Díaz, anunciaron su pase a La Libertad Avanza. Las autoridades partidarias salieron a exigir que renuncien a su afiliación y a sus bancas, pero un sector del radicalismo denuncia que se trata de una “medida selectiva”. No hicieron lo mismo con Luis Picat y con la propia Soledad Carrizo cuando se aliaron con los libertarios.

“Hay más intendentes que se quieren pasar”, confiesan los radicales que ya trabajan con Bornoroni para el armado 2027, pero dicen que evitan hacerlo público porque no tienen interés en mostrar debilitado a De Loredo. La UCR tiene unos 130 y aseguran que más de 40 ya están en plena negociación para sumarse a las filas libertarias.

Hay varios casos de jefes comunales que no pueden ser reelectos, como es el caso de Marcos Ferrer en Río Tercero. Es el presidente del partido centenario cordobés y fiel amigo de De Loredo. “¿Qué le vamos a decir el año que viene? Que se vaya a la casa un tipo con experiencia en gestión”, dicen los correligionarios que pregonan la alianza libertaria ante la oportunidad que se abre frente a un eventual triunfo para ocupar cargos ejecutivos. Saben que en La Libertad Avanza escasean los cuadros políticos para conformar un gabinete.

En el entorno de De Loredo hablan de “extorsión” a los intendentes. Se debe a que Bornoroni prometió plantar un candidato propio en los territorios en los que los radicales no se sumen a la alianza. De hecho, asegura que no “largó” en ningún momento a sus intendentes. En su estrategia, sostiene que la sociedad con La Libertad Avanza va a ser un hecho, pero cree que en este período es importante “engordar el espacio para llegar con el valor más alto posible”. “Todos saben que la marca mide. No estamos presionando a nadie, pero vamos a competir en todos lados”, responden los libertarios.

El otro frente abierto que tiene De Loredo es con Luis Juez. Ambos descartan cualquier tipo de enfrentamiento, pero quienes los conocen dicen que la relación está rota. “No se pueden ni ver”, aseguran. Según explicaron a este medio, Juez es el más interesado en que el dirigente radical no se sume al espacio para sumar chances en su lucha por volver a ser candidato. Al senador lo acusan de “cambiar de bandos” constantemente. “Primero era amigo de Karina y ahora se muestra con Patricia (Bullrich)”, le reprochan.

La ex ministra de Seguridad estuvo este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba y se mostró con Juez, Carrizo, Bornoroni y su aliada Laura Rodríguez Machado, quien fue parte del sector que le arrebató la presidencia del PRO local a Mauricio Macri. El futuro del ex mandatario también es un misterio. Como adelantó Infobae, en Provincias Unidas lo ponen en la danza para liderar la boleta a presidente, lo que, en los hechos, lo convertiría en un socio de Martín Llaryora. Contradicciones que suelen repetirse en la provincia mediterránea.

Pero también hay versiones encontradas sobre quién es el presidenciable que mejor mide en Córdoba. Hay quienes aseguran que la caída en las encuestas de Milei también tiene repercusión local y que Macri sigue representando a la derecha que no acuerda con los modos de la Casa Rosada, sobre todo con los coletazos del caso Adorni. De la que no hay dudas es de Bullrich. “Mide mejor que el Presidente y eso puede ser un problema”, reconocen los conocedores de los celos de Karina Milei.

El factor que más complica al armado opositor es el calendario electoral, una herramienta que el peronismo suele utilizar con destacada astucia. La clave está en la capital cordobesa. En 2023, las elecciones provinciales y municipales fueron desdobladas, lo que le permitió a Llaryora evitar el arrastre de Juntos por el Cambio y quedarse con ambos territorios con una diferencia ajustada. Esta vez, el gobernador enfrenta una importante insatisfacción social con la gestión del intendente. Repetir esa estrategia en 2027 podría ser contraproducente.

Mientras tanto, se espera que después del Mundial de Fútbol la Casa Rosada avance en las definiciones estratégicas electorales, sobre todo en qué provincias estarán decididos a pelear con candidatos puros. ¿Hay posibilidades de que el Gobierno acuerde con Llaryora? Nadie lo confirma, pero tampoco lo descartan, sobre todo ante la sospecha de que el Poder Ejecutivo no puede revertir la crisis económica.

Mauricio Macri iniciará la semana que viene una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de reposicionar al PRO y consolidar la estrategia federal del partido, en medio de señales políticas por parte de un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) para reconstruir Juntos por el Cambio de cara al 2027 y un diagnóstico de alerta sobre la realidad política del gobierno de Javier Milei.

Será el primer movimiento del expresidente de cara a lo que él mismo denominó “el próximo paso” durante el relanzamiento de la fuerza amarilla en Parque Norte. La agenda de Macri incluirá una visita a las provincias de Chaco y Corrientes, el próximo 17 de abril, para reunirse con los gobernadores -y aliados- Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés, y también con militantes.

Pero antes será uno de los protagonistas principales de la tradicional cena de la Fundación Pensar que organiza la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal el próximo lunes. Se prevé la presencia de más de 400 personas y habría una importante figura de la política internacional como invitada: el año pasado se realizó un conversatorio entre el jefe del PRO y el entonces presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

“El próximo paso se construye desde cada provincia”, señaló Macri en un comunicado que difundió el PRO Chaco. La actividad en Resistencia contará con la presencia de dirigentes nacionales como, entre otros, el exministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, uno de los armadores nacionales; el vicepresidente del CEAMCE Ezequiel Jarvis; el referente local Patricio Amarilla, el expresidente del partido a nivel nacional Humberto Schiavoni; el legislador porteño Darío Nieto; el senador Enrique Martín Goerling; y la diputada correntina Sofía Branbilla. También el diputado y secretario general, Fernando De Andreis.

Estrategia y desafíos territoriales del PRO

En paralelo a la reorganización territorial, el PRO busca reactivar su estructura en distritos clave y superar las divisiones internas que se profundizaron tras las elecciones de medio término de 2025. Por ejemplo, el partido enfrenta desafíos para recomponer su presencia en Córdoba y Tucumán, donde atraviesa procesos de intervención, y apuesta a una mayor coordinación con referentes del interior productivo. En Córdoba la situación es crítica: dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se quedaron con el partido a nivel provincial, algo que reduce el poder de Macri en una provincia clave.

En este contexto, sectores de la UCR observan el tono de la reactivación del PRO. El exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, será uno de los dirigentes que recibirá a Macri. “Nosotros somos aliados hace mucho tiempo, la UCR y el PRO en Corrientes; y no es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, señaló Valdés a Infobae. Y enfatizó: “Para nosotros es un gusto recibir al expresidente de la nación del espacio que habíamos conformado, que era Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri sin duda es el líder político de Juntos por el Cambio”.

Consultado sobre un rearmado político de cara a 2027 para competir con La Libertad Avanza, sostuvo: “En la última elección estuvimos en Provincias Unidas, aunque era el único frente nacional que había confrontado con el Gobierno. Hay que ver qué hace Provincias Unidas, hay que ver qué hace Juntos por el Cambio. Bueno, ahí seguramente estará nuestro espacio político”. Sin embargo, remarcó: “Me parece que es temprano para hablar de una cuestión nacional todavía”.

¿Y el rol de Macri? “En la oportunidad pasada (en 2023), lo que nosotros decíamos era que el candidato para enfrentar al kirchnerismo sin duda era Mauricio Macri. Y estábamos dispuestos a acompañar esa candidatura. Lo que pasa es que no quiso ser candidato a presidente y bueno, hubo que dirimir en internas, que en definitiva llevó a la desaparición prácticamente del liderazgo nacional dentro de Juntos por el Cambio de Horacio Rodríguez Larreta y el pase que tuvo Patricia Bullrich al otro espacio político, la Libertad Avanza. Pero sin duda el candidato, creíamos nosotros, tendría que haber sido Macri. Ahora depende de lo que quiera hacer en las próximas elecciones, seguramente, y habrá que consultarlo al radicalismo y ver si hay una posibilidad de construcción de un frente político”, analizó.

No es el único radical que mira al líder del PRO. Maximiliano Pullaro le habría hecho saber a su círculo íntimo que una candidatura del expresidente unificaría el espacio para una construcción de cara al año que viene. El gobernador de Santa Fe y el expresidente tienen una excelente relación, y una comunicación fluida, inclusive a través de videollamadas.

Sin embargo, la promesa de alinear la UCR detrás de una candidatura del líder de PRO fue desmentida por Infobae, en esta nota publicada el pasado domingo 5 de abril donde, además, se destaca que ningún radical puede asegurar el apoyo absoluto del partido centenario a ningún candidato ni espacio. “Si Pullaro usa la figura de Macri para posicionarse está perfecto, es parte del juego, es fair play”, analizan en el PRO.

Macri, en tanto, y según supo Infobae, mira con preocupación la actualidad del gobierno, la coyuntura política y las esquirlas derivadas de las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero también por los indicadores de la economía y del humor social hacia la figura del presidente. Más allá de su discurso en Parque Norte, no quiere hacer una crítica pública.

“La postura que tiene es la de observar una situación delicada por varios factores; sabe que ante cualquier cosa que diga pueden haber muchos que comenten, y eso es lógico, entendible”, aseguró a este medio un importante dirigente del entorno del expresidente.

En una postura expectante también está el bloque macrista en Diputados. En la antesala de la sesión para debatir la reforma a la Ley de Glaciares, la bancada liderada por Cristian Ritondo se reunió y resolvió “no inmolarse para defender al Gobierno ni en el tema de Glaciares, ni en el tema que involucra a Adorni”.

¿Y sobre la denuncia opositora sobre los créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos? “Si existió una irregularidad lo tiene que determinar la justicia y sancionar a los culpables. Por ahora la información que circula es imprecisa”, precisaron a este medio desde el bloque amarillo. En este intento de separar los caminos con LLA, el PRO trabaja en una agenda legislativa que presente “proyectos superadores y de futuro, no tan vinculados con las reformas de primera generación que plantea el gobierno”, vinculados a la producción y el desarrollo tecnológico.

El Poder Ejecutivo de Costa Rica propuso mantener sin crecimiento el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2027, a pesar de los avances significativos presentados por las universidades públicas en indicadores clave de desempeño, inclusión y cobertura.

La propuesta fue planteada durante la segunda reunión de la Comisión de Enlace, celebrada en las instalaciones del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en el marco de la negociación anual de este fondo, que financia a las universidades estatales de Costa Rica.

El FEES es el principal instrumento de financiamiento de la educación superior pública en el país. A través de este fondo, el Estado garantiza el funcionamiento de universidades como la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional. Estos recursos permiten sostener becas estudiantiles, investigación científica, programas de acción social, formación profesional e innovación.

Su existencia está respaldada por el artículo 85 de la Constitución Política, que obliga al Estado a asegurar el financiamiento de la educación superior pública mediante un fondo especial. Sin embargo, aunque la Constitución establece que el país debe destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en general, no fija un porcentaje específico para el FEES, cuyo monto se negocia cada año entre el Gobierno y las universidades.

En los últimos años, el crecimiento de este fondo ha sido limitado. Para 2025, el FEES rondó los ₡587 mil millones, mientras que para 2026 se acordó un monto cercano a los ₡593 mil millones, con un incremento de apenas alrededor del 1%. Este comportamiento ha generado preocupación en el sector académico, que advierte sobre una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y el aumento de costos operativos.

En este contexto, la propuesta gubernamental para 2027 plantea un crecimiento nominal del 0%, es decir, mantener el mismo monto asignado en 2026. En términos reales, esto implicaría una reducción del financiamiento disponible para las universidades públicas.

Durante la reunión, las autoridades universitarias expusieron los resultados del Informe de Cumplimiento de Indicadores 2025, el cual refleja un desempeño superior a lo proyectado. Según los datos presentados, 17 de los 20 indicadores evaluados alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento, mientras que 11 incluso sobrepasaron el 100%, lo que evidencia un nivel de ejecución que excede los compromisos previamente establecidos.

Las cifras muestran avances en áreas estratégicas. En inclusión, las universidades públicas lograron atender el 100% de las solicitudes de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, beneficiando a un total de 2.644 personas. Además, más de 53,800 estudiantes recibieron becas socioeconómicas, lo que refuerza el papel de estas instituciones en la movilidad social.

En cuanto al acceso, se registró un incremento histórico en la matrícula de estudiantes provenientes de territorios indígenas, con un 90% de los graduados de secundaria de estas comunidades integrándose al sistema universitario. Asimismo, la expansión de sedes fuera de la Gran Área Metropolitana permitió alcanzar cifras récord en regionalización, consolidando la presencia de la educación superior pública en distintas zonas del país.

El informe también resalta mejoras en la calidad académica, reflejadas en el aumento de carreras acreditadas y en la actualización de planes de estudio en áreas con mayores desafíos de empleabilidad. A esto se suma el desarrollo de más de 3,000 proyectos de investigación y acción social, enfocados en fortalecer el vínculo entre las universidades, las comunidades y los sectores productivos.

Otro de los puntos destacados fue la transformación digital del sistema universitario, con un 43% de los cursos impartidos con apoyo de tecnologías digitales, lo que evidencia una adaptación progresiva a nuevos modelos educativos.

Pese a estos resultados, la propuesta del Ejecutivo no contempla aumentos. Desde CONARE, los rectores manifestaron su rechazo al planteamiento, al considerar que un congelamiento presupuestario compromete la sostenibilidad de programas clave, incluyendo becas, iniciativas de regionalización y proyectos de innovación.

Además, advirtieron que mantener el mismo monto asignado en 2026 para el año siguiente no responde al crecimiento de la demanda educativa ni a las necesidades del país en formación de talento humano, investigación y reducción de brechas sociales.

El señalamiento de los rectores apunta a que existe una desconexión entre los resultados obtenidos por las universidades públicas y la propuesta de financiamiento presentada por el Gobierno. A su criterio, el desempeño demostrado debería traducirse en un fortalecimiento del presupuesto y no en su congelamiento.

La discusión sobre el FEES es uno de los procesos más relevantes en la agenda educativa y fiscal del país, ya que define el alcance de la educación superior pública y su capacidad de respuesta ante los desafíos nacionales.

También refleja la tensión entre la contención del gasto público impulsada por el Gobierno y la necesidad de inversión en educación como motor de desarrollo.

Por ahora, la negociación continuará en las próximas sesiones de la Comisión de Enlace, donde se espera que ambas partes logren acercar posiciones. El objetivo, según indicaron las autoridades universitarias, es alcanzar un acuerdo que reconozca los avances logrados y garantice la sostenibilidad del sistema universitario público.

La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires acelera su batalla discursiva y de agenda pública para instalar el debate por la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires y lograr que ese sea el sistema de votación en las elecciones del año que viene. Para eso, hay un puerto central: el control de las comisiones de Reforma Política tanto en Diputados como en el Senado bonaerense. Quien controle esta comisión estará mejor posicionado para darle rodaje -o frenar- la iniciativa.

El objetivo de los libertarios es hacerse de la presidencia de la comisión en ambas cámaras que hasta el año pasado estaban bajo la conducción de dos legisladores del radicalismo: Nerina Neumann por el Senado y Emiliano Balbín por Diputados. Balbín venció su mandato y no renovó la banca, mientras que Neumann quedó casi en soledad con las banderas del radicalismo en la Cámara alta bonaerense.

Fuentes libertarias aseguraron a Infobae que en el caso del Senado, por donde buscarán arrancar con el debate por la BUP, reclamaron la presidencia de la comisión a la vicegobernadora Verónica Magario. El bloque de LLA que preside Carlos Curestis en el Senado provincial pidió la presidencia, caso contrario, quedarse con la vicepresidencia y además dos lugares más.

Ante la apatía que despierta el tema en el peronismo, los libertarios interpretan que la vicegobernadora no aceptará darle la conducción de dicha comisión al bloque de LLA. Según pudo saber Infobae, la radical Neumann, ya pidió continuar al frente de Reforma Política y Régimen Electoral. Aún no hubo respuesta. El radicalismo también tiene un proyecto para aplicar la BUP en la provincia de Buenos Aires. Pero La Libertad Avanza es la segunda minoría en Diputados y la primera en el Senado, detrás del bloque de Fuerza Patria, que cuenta con 24 integrantes y reúne quórum propio.

Por su parte, hasta el período pasado, el peronismo juntaba tres sillas: la de los camporistas Emmanuel González Santalla y Amira Curi y la del intendentista Adrián Santarelli. La negociación por las comisiones sigue en ambas cámaras a más de un mes de haber iniciado el período ordinario de sesiones, el pasado 1 de marzo con el discurso de Kicillof ante la Asamblea Legislativa.

En su mensaje frente a diputados y senadores, Kicillof no hizo mención a la BUP. En el Ejecutivo plantean que la votación mediante boleta única de papel no garantiza un ahorro en el proceso electoral y que el año pasado cuando se eligieron los cargos provinciales (diputados, senadores, concejales y consejeros escolares) mediante la tradicional boleta única se gastó la mitad de lo que salió la elección vía BUP en octubre cuando se eligieron diputados nacionales.

Días atrás, el presidente de La Libertad Avanza y diputado nacional, Sebastián Pareja, volvió a enfatizar la posición del espacio de promover el voto mediante BUP en las elecciones del año que viene. En la primera parte del año se intentó cierta conversación subterránea para que, en caso de avanzar con la BUP, también se ponga en discusión el tema de los cambios a la ley que limitan los mandatos de intendentes a dos períodos consecutivos, sin posibilidad de una segunda reelección. Pero la coyuntura cambia rápidamente y hoy ese virtual acuerdo es un terreno incierto.

La intención de los libertarios es quedarse con la potestad discursiva de la BUP. Lo dejó plasmado Pareja cuando remarcó que hay sectores políticos que ahora “pretenden colgarse” de la iniciativa. Hay dos grandes bloques entre los destinatarios: la UCR que volvió a presentar un proyecto de BUP y otras cuestiones de índole electoral y el PRO. Por el espacio de Mauricio Macri, el diputado Fernando Rovello respondió que “es fundamental remarcar que ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo, como cuestión previa a todas”.

Pareja también cuestionó al gobierno provincial de demorar el debate de la BUP. Sin nombrarlo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, recomendó a “los libertarios” que “lean la constitución”, porque “nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

En gobierno de Kicillof sí admiten que este año se buscará en la Legislatura avanzar con una agenda emparentada a una reforma política, que incluirá asuntos de materia electoral.

Kicillof ya empezó a analizar, por estas horas, los posibles escenarios. Este martes recibió al dirigente Emilio Monzó y al diputado nacional del bloque Encuentro Federal, Nicolás Massot en La Plata. Monzó en línea con Miguel Ángel Pichetto vienen defendiendo el funcionamiento de las PASO para consolidar un gran frente anti Milei.

Días atrás, Kicillof se refirió a la discusión de una reforma electoral en la provincia de Buenos Aires. Pero ató su desarrollo a la voluntad del gobierno nacional, refiriéndose puntualmente a que Javier Milei había planteado que se eliminarían las PASO. Sucede que el artículo 2 de la Ley que rige las primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas (PAOS) en territorio bonaerense establece que “cuando el Poder Ejecutivo Nacional, convoque a elecciones primarias nacionales, para Presidente y Vice y/o Parlamentarios del MERCOSUR y/o Diputados Nacionales y/o Convencionales Constituyentes, la fecha de realización de las elecciones Primarias obligatorias y simultáneas provinciales, se realizarán el mismo día”.

Según relató Losada en la entrevista, el proyecto para agravar las penas por falsas denuncias ha transitado un largo recorrido legislativo. “La verdad que lo vengo luchando desde el año 2022. La primera vez que presento el proyecto fue en 2023. Pierde estado parlamentario, lo volvemos a presentar en 2025. Ahí lo dictaminamos. Ya lo dictaminamos dos veces y mañana va a ser la tercera”, explicó la senadora. La expectativa es que el dictamen alcance ahora el recinto y obtenga la media sanción necesaria.

El respaldo al proyecto, detalló Losada, involucró a diferentes fuerzas políticas. “Desde la Unión Cívica Radical, todos votaron a favor del dictamen desde la primera vez. De hecho, todos acompañaron con su firma el proyecto que yo presenté. Con el PRO también. Con el cambio de autoridades, cuando empieza a haber más, senadores de La Libertad Avanza, ellos también nos apoyaron. Y hoy podemos decir por eso que tenemos la posibilidad de sacarlo”, describió la legisladora.

Durante la entrevista, Losada hizo hincapié en la percepción extendida dentro del Senado sobre la necesidad de legislar en esta materia: “Cuando vos hablás con los senadores y senadoras en privado, te dicen todos: ‘Tenés razón, esto tiene que salir’”.

La senadora compartió además testimonios que recibió de colegas y de trabajadores del sector privado, quienes manifestaron temores respecto al impacto de las falsas denuncias en el ámbito laboral. “Yo no tengo mujeres en mi despacho, porque tengo miedo al tema de las falsas denuncias”, le habría confesado un senador según contó.

Carolina Losada relató casos concretos de personas que, según su testimonio, sufrieron graves consecuencias por denuncias que luego resultaron infundadas. Uno de los episodios citados fue el de Pablo Ghisoni, un ginecólogo que, según contó la legisladora, estuvo diez años alejado de sus hijos y tres años en prisión tras ser acusado de abusos que la justicia finalmente desestimó.

“Ese hombre estuvo tres años preso, privado de su libertad y encima con la carga mental de saber que están acusándote de violar a tus hijos. Y era mentira. Recién ahora la justicia lo absuelve”, detalló Losada .

Respecto a la estructura del proyecto, Losada explicó que la propuesta eleva las penas para el delito de falsa denuncia: “Hoy es de dos meses a un año, y nosotros llevamos las falsas denuncias en general de uno a tres años. Y en caso de violencia, y porque la mayoría de los casos se dan por ese lado”. El texto, según su exposición, fue consensuado con varios bloques parlamentarios.

La referencia a la resistencia de algunos sectores políticos también se hizo presente en la entrevista. Losada mencionó la influencia de figuras como Juliana Di Tullio en la bancada del Frente de Todos o Frente para la Victoria, a quienes atribuyó la decisión de bloquear el avance de la ley en función de los temas de género.

“El partido del Frente de Todos o como se llamen, es un partido totalmente verticalista y tienen una persona que se dedica a los temas de género. Juliana Di Tullio. Entonces, si Juliana Di Tullio dice: ‘Esto no se aprueba’, el resto no lo aprueba. Por lo menos eso es lo que me dicen los senadores y senadoras que quieren aprobarlo”, sostuvo Losada.

Frente a preguntas sobre la falta de estadísticas oficiales, la senadora enfatizó su decisión de abstenerse de citar cifras no verificadas. “En el observatorio de falsas denuncias hay estimaciones. Yo no quiero repetir cifras que no son oficiales, porque me parece que yo como funcionaria pública no puedo repetir cifras que no son oficiales”, aclaró.

La senadora expuso que el nuevo marco legal busca proteger tanto a víctimas reales como a quienes resultan afectados por acusaciones sin sustento. En su visión, la mejora de la justicia requiere normas que contemplen todas las aristas posibles y que eviten que el sistema penal sea manipulado. “Las leyes no son para esa gente, las leyes son para la gente que sea víctima. Esta ley es para defender la verdad”, concluyó Losada.

En la antesala del año electoral, la discusión por el modo de votación en la provincia de Buenos Aires empezó a ganar terreno en la conversación política. Mientras el gobierno de Axel Kicillof, viene planteando que este año se deberían hacer modificaciones a la ley electoral de la provincia para no repetir la experiencia del 2025, la oposición volvió a impulsar la instauración de la Boleta Única de Papel (BUP).

En las últimas horas, el presidente de La Libertad Avanza(LLA) en la provincia de Buenos Aires y diputado nacional, Sebastián Pareja, ratificó la posición del espacio de Javier Milei para que el año que viene las elecciones a cargos provinciales sean mediante BUP y no con el tradicional modelo de boleta partidaria o sábana. LLA presentó nuevamente su proyecto para establecer la BUP en Buenos Aires. La propuesta ya había ingresado al Senado provincial en 2024, pero no avanzó debido a la falta de acompañamiento. Con motivo de esta nueva presentación el diputado nacional que responde a Karina Milei enfatizó en que “el kirchnerismo bloquea cualquier intento de cambio para preservar un sistema opaco, desigual y funcional al aparato político”.

Tanto Pareja como el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan Osaba y el titular del bloque libertario en el Senado, Carlos Curestis, aseguraron que la discusión por la BUP es una iniciativa de LLA y que “hay sectores de la política bonaerense que pasaron décadas mirando para otro lado frente a un sistema electoral agotado, y ahora pretenden colgarse de una reforma que ya tiene autor, impulso legislativo y éxito comprobado”. El destinatario de esta afirmación hecha por Pareja pareciera ser el radicalismo. Es que la UCR junto al PRO y la Coalición Cívica también habían impulsado la discusión de la BUP en septiembre del 2024. “La BUP fue promovida y defendida por La Libertad Avanza cuando otros especulaban o directamente eran funcionales al statu quo. Subirse ahora a esa agenda es querer reciclarse políticamente”, dijo Pareja.

Ante la consulta de Infobae, desde el PRO se subieron a la discusión. El diputado por la Cuarta sección electoral, Fernando Rovello, enfatizó en que “nosotros ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo como cuestión previa a todas”, y que “la BUP garantiza una mayor autonomía al elector para decidir marcando por categoría a las agrupaciones políticas de su preferencia: ataca las prácticas clientelares y garantiza una oferta electoral completa".

En medio de esta discusión que asoma, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó este lunes: “nosotros no podemos modificar el sistema electoral como gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

“No sé quién en particular de La Libertad Avanza —dijo que el peronismo cajoneaba la BUP—, pero le podemos regalar una Constitución, que la lea, que después presente un proyecto en la Legislatura y lo discuta donde corresponde”, enfatizó.

En lo político, el gobierno de Kicillof toma distancia de la aplicación de la BUP para el territorio bonaerense. Así se manifestó el año pasado tras la aprobación en el Congreso de la instauración del sistema de boleta única, un posicionamiento que aún sostiene. “Había dos argumentos por los cuales se sostenía que la boleta única de papel era mejor que la boleta partidaria. El primero es que otorgaba mayor transparencia en el acto electoral. Llevamos adelante un acto electoral con la boleta partidaria -el desdoblamiento del 2025- y fue probablemente el acto electoral más transparente de la historia de la provincia de Buenos Aires”, se defendió el ministro de Kicillof.

También, en la habitual conferencia de prensa de todos los lunes, enfatizó en que “el segundo argumento fue la BUP era más barata. Se decía que se iba a ahorrar mucho dinero estableciendo la boleta única en papel respecto de la boleta partidaria. Bueno, demostramos que era el doble de cara. Ninguno de los argumentos es válido”.

Lo que sí pergeñan en el gobierno de Kicillof es abrir el debate para otro tipo de reformas electorales. Una de ellas es adecuar el tema de los plazos electorales, una cuestión que se discutió de manera frenética el año pasado cuando el mandatario decidió desdoblar los comicios.

Otro tema es abordar un virtual desdoblamiento elecoral. Hoy por hoy, esa condición es una facultad que tiene el propio gobernador al definir la fecha de los comicios provinciales. El año pasado fue la novedad. Buenos Aires eligió diputados y senadores provinciales, además de concejales, en el mes de septiembre y luego en octubre los representantes para la Cámara de Diputados de la Nación. Los comicios bonaerenses se realizaron mediante la boleta partidaria; mientras que los diputados nacionales con la BUP. Una discusión que también estará atravesada por la intención propia de Kicillof de ser candidato a presidente en 2027.

Por lo pronto, Bianco sostiene conversaciones con la Junta Electoral que aún preside la titular de la Corte, Hilda Kogan, para que en lo que resta de este 2026 se defina qué hacer. Las proyecciones y expectativas ubican a esta discusión para desandarse en la segunda mitad del año. Todo, pos mundial.

Diversos bloques de la oposición dialoguista y el oficialismo senatorial avanzaron en los últimos días con un nuevo proyecto para un tema delicado: las falsas denuncias. El año pasado, un trabajoso dictamen -que cayó con el recambio parlamentario de diciembre- no llegó a la luz verde debido a que, según confiaron en ese entonces varias bancadas a Infobae, el mismo iba a “dinamitar el recinto”, y ahora se busca evitar tropelías en el articulado para que, sobre todo, no haya choques con la convención “Belém Do Pará”, sobre violencia contra la mujer, que cuenta con rango constitucional y fue sancionado por el Congreso en 1996.

La iniciativa original fue empujada por una radical Carolina Losada (Santa Fe) y fue casi prioritaria en su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para insistir con el texto en cuestión y dejó de lado otras leyes que reclamaban senadores. Hoy preside nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.

El último despacho -ahora, en foja cero- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

Otro artículo establecía: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere: a) en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; b) en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del inc. a). En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

Meses atrás, uno de los que acompañó fue el exmacrista y actual violáceo “con reparos” Luis Juez (Córdoba), quien consideró: “No soy muy optimista de creer que, con la ampliación de la pena en las falsas denuncias, podamos erradicar este flagelo de comodidad de la política y las instituciones”.

Un experimentado legislador que siguió de cerca el asunto denostó la idea que empujaban, en aquella ocasión, el tándem Losada-Pagotto. “Más allá de que, en términos generales, tocar penas no es menor y puede desbarajustar el Código Penal, la realidad es que esto ya existe. La gravedad es por apuntar a la violencia de género y el abuso sexual infantil. Si un maestro de tu hijo lo abusó y el fiscal no logra recolectar las pruebas necesarias para corroborar el delito, podrías ir vos a prisión por haber hecho la denuncia. Un verdadero disparate”, expresó a este medio.

“La idea es blindarlo desde lo legal y que no se active un efecto inhibitorio. No se puede pasar por encima de una convención con rango constitucional. Quedaría el Estado argentino en contra de sí mismo”, analizó este miércoles una legisladora. Además, deslizó a Infobae que un nuevo articulado ya circula entre bloques. Incluso, no se descarta que la semana próxima o la siguiente se analice en la comisión de Asuntos, hoy en manos del discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita (Salta).

Con perfil más bajo y menos pomposidad que Losada o Pagotto, Guzmán Coraita se acerca a un mejor entendimiento con otras bancadas y, en principio, lograría mantener el esqueleto de la última versión. Siempre, avalado por la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich. De esa manera, se evitaría un desastre en el recinto por un tema que, sin dudas, generará fuertes cruces con el kirchnerismo e incluso algunos aliados.

La Universidad de Costa Rica reforzará este año su programa de atención gratuita prenatal, de posparto y lactancia materna, con el objetivo de garantizar un acceso sin restricciones a servicios de salud especializados. Este esfuerzo estará disponible entre abril y junio de 2026 e incluirá controles médicos, seguimiento personalizado y acompañamiento emocional a todas las mujeres que lo requieran, sin distinción de nacionalidad, condición socioeconómica o afiliación a la seguridad social, según informó la Escuela de Enfermería de la UCR.

Las consultas tendrán lugar en las instalaciones del Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica-UCR), en la Sede Rodrigo Facio de San Pedro de Montes de Oca, en horario de 8:00 a 12:00, los lunes, martes, jueves y viernes. El acceso a esta atención requiere la inscripción a través de un formulario disponible en línea. Como novedad, en los casos en que las usuarias no puedan trasladarse por motivos de salud o distancia, el equipo evaluará la posibilidad de brindar apoyo virtual.

Este año, el programa contará con 64 estudiantes avanzados de Enfermería, seis más respecto a 2025, quienes realizarán las atenciones como parte de su formación, bajo la supervisión de tres docentes especialistas en neonatología, obstetricia y lactancia materna. Sidey María Zúñiga Madriz, enfermera pediátrica con énfasis en Neonatología y docente de la UCR, destacó en el portal universitario que todas las consultas serán realizadas por estudiantes de cuarto año con acompañamiento de profesionales de cada especialidad.

En palabras de Zúñiga, el enfoque integral del programa permite valorar el bienestar del bebé —incluido el monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal, según la semana de gestación— y orientar a la madre en recomendaciones específicas.

En respuesta directa a la pregunta sobre el proceso de atención, la Universidad de Costa Rica establece que, tras la inscripción en línea, el personal se comunica con la interesada para programar la cita. La primera consulta implica una valoración integral que incluye peso, talla, índice de masa corporal y control de la presión arterial, con el fin de identificar y anticipar riesgos tanto maternos como fetales. Cada paciente recibe un acompañamiento personalizado.

Modelo con impacto social

A lo largo de los últimos cuatro años, la UCR ha atendido alrededor de 100 personas usuarias anuales en estas consultas, de acuerdo con Zúñiga. Este dato refleja el alcance sostenido de la iniciativa y su efecto positivo en la promoción de la salud materna y neonatal, así como en la formación de profesionales con perspectiva humanista.

El servicio no se limita al control prenatal. La consulta posnatal profundiza en la recuperación de la madre, seguimiento del desarrollo del bebé y brinda asesoría sobre anticoncepción familiar, ajustada al contexto de cada mujer. En la etapa de lactancia, el equipo de la UCR apoya la resolución de problemas frecuentes como dificultades en la producción de leche, identificación de complicaciones y orientación sobre mitos existentes, junto con el fortalecimiento de la salud mental de la madre.

Cada proceso queda consignado en un carnet prenatal, documento que la Caja Costarricense de Seguro Social y otros servicios de salud pueden utilizar para la continuidad en el seguimiento clínico. Si la madre acude con el bebé, la información también se añade al carnet de salud infantil.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley denominado Hojarasca y anunció que en los próximos días presentará nuevas iniciativas para avanzar en una agenda propia. La estrategia inició con la incorporación de diputados del PRO y la UCR a las filas de LLA, lo que permitió al oficialismo quedarse con la primera minoría de la Cámara. Los libertarios completaron la conformación de 35 de las 46 comisiones permanentes de la Cámara baja, logrando ocupar buena parte de los cargos clave junto a sus socios.

Al analizar la distribución, el bloque de La Libertad Avanza obtuvo la presidencia en 17 comisiones y la vicepresidencia en otras 13. De las cinco comisiones restantes ya conformadas, en las que no preside, tres quedaron en manos del PRO y la UCR.

De este modo, LLA detenta el 48,5% de las presidencias y el 37% de las vicepresidencias. Si se consideran los cargos de sus aliados, el porcentaje asciende al 57,14% de los puestos que determinan cuándo y con qué temario se reúne cada comisión. La semana próxima se prevé la conformación de otras ocho comisiones, entre ellas la de Juicio Político, para la cual el oficialismo impulsa a la diputada Lilia Lemoine como presidenta.

El oficialismo también busca presidir la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Con esta estructura, La Libertad Avanza no solo controla comisiones de “gobernanza” como Presupuesto, sino que también avanzó sobre aquellas donde pueden surgir conflictos, como Discapacidad y Educación, con el objetivo de manejar la agenda de la Cámara de Diputados. “Nunca nos pasó algo así, ni siquiera con el kirchnerismo teníamos un oficialismo que avanzara de esta manera con una clara intención de bloquear cualquier tipo de agenda de la oposición”, señaló un legislador de la oposición con varios años de experiencia en la Cámara.

“Ya nos estamos organizando y trabajamos con otros bloques para intentar romper este esquema. Nos espera un año muy largo y difícil para impulsar temas que no provengan del Ejecutivo, como los fondos para educación o discapacidad”, agregó otro diputado opositor. Los legisladores reconocen que el modelo promovido por La Libertad Avanza representa un desafío y que deberán coordinar acciones para consensuar un temario propio.

“Desde que asumió LLA, impulsar otros asuntos por fuera de los que plantea el Ejecutivo resulta muy difícil y lleva mucho tiempo. Hay que convocar a una sesión, reunir 129 diputados para el quórum, la misma cantidad para votar el emplazamiento a una comisión, conseguir las firmas necesarias para dictaminar —la mitad más uno para obtener mayoría—, volver a pedir una sesión, lograr el quórum y los votos para su aprobación y que luego pase al Senado. Si el Presidente lo veta, como lo viene haciendo, debemos reiniciar todo el proceso”, explicó el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Entre los referentes opositores ya comenzaron las conversaciones para intentar romper este bloqueo y anticipan “muchos llamados” a sesión para avanzar en este contexto. El Gobierno nacional, mientras tanto, definió un cronograma de temas. Además del debate sobre la Ley de Glaciares, que cuenta con media sanción, ya remitió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca y el de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que habilita la compra de tierras por parte de extranjeros y restringe el alcance de la ley de manejo del fuego.

El lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta como candidato a jefe de Gobierno abrió interrogantes sobre la estrategia que implementará el propio ex candidato presidencial y el resto de las fuerzas que buscan pelear en 2027 por el trono de Uspallata. Los primeros en levantar la mano fueron los radicales que, según pudo saber Infobae, buscan revivir Juntos por el Cambio. El problema es que ni el referente de Metrópolis ni el PRO están pensando en esa alternativa. En La Libertad Avanza, en paralelo, hay dudas sobre quién será el postulante para suceder a Jorge Macri. Circulan rumores de que Patricia Bullrich está ofuscada por el caso Manuel Adorni.

“Patricia dijo que va a hacer lo que el Presidente diga”, afirman en el entorno de la senadora a quien, según relatan, fue el propio Gobierno el que le ofreció competir por la Ciudad. “Después dejaron trascender que la querían para vicepresidenta y empezaron a medir a Adorni”, relatan en la cronología de los sucesos. Para sumar malestar, surgieron rumores de que ella estaba detrás de la divulgación del video del jefe de Gabinete subiendo a un avión privado rumbo a Punta del Este. “Ella no hace esas cosas. No es su método”, la defienden.

El punto es que, con el escándalo que transita Adorni, sumado al enojo de Bullrich, La Libertad Avanza no tiene un candidato confirmado para la Ciudad de Buenos Aires. “Ahora la tienen que volver a convencer”, dicen entre los halcones de Bullrich que la frecuentan por estos días. Tal es su malestar que refunfuña posibles decisiones: “Me quedaré seis años en el Senado y chau”.

En el PRO, en cambio, no descartan que la ex ministra de Seguridad vuelva a cambiar de bando. “Ella tiene esa capacidad”, dicen entre risas. De hecho, en Uspallata también tienen las puertas abiertas para que regrese Rodríguez Larreta y confluir así en una oferta electoral pero en la que, claramente, el candidato sea Jorge Macri, quien está confiado en que será reelecto. Por el momento, creen que los pasos que dio su antecesor solo tienen capacidad de daño, pero no electoral. “No tiene músculo político”, dicen.

En los últimos días circuló el rumor de que Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta negocian ir a una PASO para enfrentar a La Libertad Avanza. Según pudo confirmar este medio, por el momento no está en los planes de ninguno de los dos sino que es más un deseo de la UCR que recientemente renovó sus autoridades porteñas. El ex legislador Hernán Rossi fue elegido el lunes pasado en un acto que contó con referentes de Evolución, el espacio que lidera Martín Lousteau.

En concreto, la UCR porteña sueña con revivir Juntos por el Cambio cuya principal definición sea la oposición a Javier Milei. Quieren que allí confluyan el propio Jorge Macri, Rodríguez Larreta, Lousteau y Graciela Ocaña para finalmente resolver la candidatura en una PASO. Hasta el momento, solo se trata de una estrategia a la que adhieren los radicales que, además, son conscientes de la complejidad del caso.

Aunque La Libertad Avanza transita días complejos para instalar un candidato porteño, nadie desconoce el potencial electoral que tiene la marca del Presidente y las grandes chances de poder derrotar al PRO en su bastión. Con esa base, en la UCR saben que aunque logren revivir a Juntos por el Cambio, corren riesgo de quedar afuera de un balotaje entre la oferta de Milei y el peronismo.

“Hoy Jorge Macri parece más cómodo con La Libertad Avanza”, advierten entre los armadores de Metrópolis que ven con dificultad un acercamiento con el PRO. También descartan de plano una alianza con el peronismo, que busca armar un frente anti-Milei y coquetea con la idea de sumar radicales y espacios opositores. “Con el kirchnerismo no”, advierten. Mientras tanto, dicen que Rodríguez Larreta está enfocado en no cometer el mismo error que en 2023: “Se dedicó más a la rosca política y se alejó de la gente”, reconocen. “Horacio está enfocado en caminar la Ciudad y escuchar a la gente, no a la construcción de una alianza”, aclaran.

En Uspallata tienen los mismos planes. Creen que es muy apresurado hablar de alianzas o estrategias electorales, sobre todo, cuando las dificultades económicas siguen en la agenda. Hasta le bajan el tono a las críticas de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, a los nuevos créditos hipotecarios que lanzó el Banco Ciudad. “Nos alegra que, una vez más, se alinee con las ideas del Presidente, Javier Milei. Son las ideas que venimos impulsando desde el primer día y es hora de que se implementen”, fue el dardo de los libertarios.

En el PRO, además, están ilusionados con las repercusiones de la cumbre en Parque Norte y la supuesta aceptación entre los porteños a las nuevas medidas que lanzó Jorge Macri para mejorar su imagen. Creen que la reaparición de Mauricio Macri ayuda a mostrar musculatura y un mensaje claro sobre el rol del partido amarillo. Por el contrario, sus adversarios retrucan: “No se entiende hacia dónde van”. Con el panorama confuso de danza de nombres y posibles alianzas, el territorio porteño se prepara para una campaña adelantada, con posibles candidatos recorriendo la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días.

El inicio formal de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 en Costa Rica marca un momento decisivo para la sostenibilidad y el desarrollo de las universidades públicas, en medio de una coyuntura de reducción presupuestaria y una creciente presión por becas y equidad en la asignación de recursos.

La primera sesión de la Comisión de Enlace, realizada este martes, congregó a las máximas autoridades educativas, a representantes del Poder Ejecutivo y el movimiento estudiantil, con la mirada puesta en el cumplimiento de la Constitución y en garantizar el financiamiento de la formación superior, tal como establece el artículo 85 de la Carta Magna.

Uno de los temas centrales fue el impacto de la disminución histórica en el financiamiento educativo. El Décimo Informe Estado de la Educación 2025 señala que la inversión total en educación cayó de 5,7% del PIB en 2023 a 5,0% en 2025, y se proyecta que podría descender a 4,6% en 2026. Esta tendencia profundiza la distancia respecto al 8% del PIB exigido por la Constitución para la educación pública, también la superior, obligando a las universidades a redoblar sus esfuerzos para mantener la calidad y el acceso a sus programas.

El FEES y su impacto en las universidades públicas

El FEES es la principal fuente de financiamiento para las cinco universidades públicas, cubriendo docencia, becas, investigación, acción social, innovación tecnológica y desarrollo regional.

El artículo 85 de la Constitución Política de Costa Rica exige que el Estado provea patrimonio propio y rentas específicas a las universidades públicas, además de administrar los fondos a través del Banco Central de Costa Rica. Desde 2023, la Universidad Técnica Nacional (UTN) recibe fondos del FEES, junto a la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Nacional (UNA) y Universidad Estatal a Distancia (UNED).

El ciclo financiero actual presenta desafíos singulares. Entre 2019 y 2024, los fondos asignados al FEES tuvieron una caída real de 4,73%. Se estima que para 2026, el monto asignado será de ₡593.484 millones, apenas un 1% más que el año anterior, insuficiente frente al crecimiento demográfico de la matrícula.

Durante ese periodo, el total de estudiantes atendidos creció un 11,5% (promedio anual, 3,84%) y hoy, el 53% de los nuevos ingresos accede a alguna beca, lo cual refuerza el papel estratégico del fondo como pilar de la equidad social.

La comisión que negocia el FEES 2027 está integrada por representantes del Poder Ejecutivo, las cinco universidades estatales y el movimiento estudiantil.

Asume la tarea de revisar acuerdos previos, definir lineamientos para la asignación de recursos y velar por la sostenibilidad y transparencia de la inversión en educación superior pública, en un contexto de financiamiento en descenso y aumento constante de matrícula y becas.

Becas, redistribución y exigencia de informes

En la discusión para 2027, las prioridades parten de acuerdos tomados en la negociación del FEES 2026, con énfasis en fortalecer el sistema de becas, que tendrá un crecimiento de 1,67% en 2026 respecto a 2025. Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), indicó que el FEES representa más que un gasto: “el FEES no puede ser visto como un gasto, sino como una inversión social estratégica, porque no solo permite la formación de recurso humano altamente calificado, sino que impulsa la generación de conocimiento, la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico que el país necesita”.

El Gobierno solicitó a las rectorías agrupadas en CONARE una propuesta concreta de redistribución del fondo, buscando fortalecer a las instituciones con menos recursos históricos. María Estrada Sánchez, rectora del TEC, subrayó la urgencia del tema: “Confiamos en que en el próximo encuentro ya se presenten números que permitan avanzar en la negociación y, desde el TEC, impulsar proyectos estratégicos que tenemos pendientes”.

El Ejecutivo presentó las condiciones macroeconómicas del país y pidió un informe sobre inversión universitaria en infraestructura y salarios.

Herrera Murillo ratificó la disposición de las universidades a la rendición de cuentas bajo estándares de probidad y eficiencia, y señaló que en la negociación se plantearán proyectos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, para destacar la función estratégica de las universidades en la agenda nacional.

Agenda y actores de la Comisión de Enlace

El próximo encuentro para continuar la negociación del FEES 2027 quedó agendado para el martes 7 de abril a las 14:00 en la sede de CONARE. El objetivo será profundizar en las propuestas de Gobierno y universidades, verificar los indicadores acordados en años anteriores y avanzar en la construcción de un presupuesto acorde con las exigencias crecientes del sistema.

La Comisión de Enlace la conforman los ministros Leonardo Sánchez Hernández (Educación Pública), Rudolf Lücke Bolaños (Hacienda), Marlon Navarro Álvarez (Planificación Nacional y Política Económica) y Paula Bogantes Zamora (Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones), junto a los rectores Jorge Herrera Murillo (Universidad Nacional), Carlos Araya Leandro (Universidad de Costa Rica), María Estrada Sánchez (TEC), Rodrigo Arias Camacho (UNED) y William Rojas Meléndez (UTN). Les acompaña la representación estudiantil liderada por María Ortega Zamora, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (FEUNED).

Las partes han reiterado que el proceso debe mantenerse en un ambiente de diálogo y apertura, orientado al fortalecimiento de la educación superior pública y a asegurar que la inversión estatal esté alineada con los retos de la equidad, la transparencia y el desarrollo científico y social de Costa Rica.

Para el martes 16 de marzo de 1976, la sensación de la enorme mayoría de los argentinos era que el golpe de Estado era inminente. La fecha era una incógnita, pero existía la certeza de que el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón no llegaría a fin de mes. La noticia internacional del día era la renuncia del primer ministro británico, el laborista Harold Wilson, que había esgrimido agotamiento físico y mental después de años de ocupar el cargo. Sin embargo, las versiones que corrían en Londres –y recogían los medios argentinos– señalaban que tenía síntomas de Alzheimer. Se mencionaba a James Callaghan como su posible reemplazante.

En el plano local se seguía barajando la posibilidad de que el gobierno nacional interviniera la provincia de Buenos Aires para desplazar al sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, ya claramente alineado con los sectores golpistas. Desde su despacho en La Plata, el mandatario provincial anunciaba que resistiría “hasta las últimas consecuencias”, sin explicar cuáles serían.

Sin embargo, todas las expectativas del día estaban puestas en el discurso que el líder de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, iba a pronunciar esa noche por la cadena nacional para referirse a la situación del país. Se sabía que sería un discurso crítico del gobierno peronista, el interrogante era hasta qué punto defendería la continuidad de las instituciones de la democracia.

“El Chino” en blanco y negro

A sus 72 años, con la mente y la cintura política intactas, Balbín apareció con gesto adusto en las pantallas de los televisores en blanco y negro de los argentinos en el horacio central de la noche. Enfundado en un traje oscuro, camisa blanca y una corbata al tono apenas atravesada por unas delgadas rayas claras, “El Chino”, como lo llamaban los radicales, utilizó un estilo pausado para dirigirse a los ciudadanos. Fiel a su estilo no leyó, simplemente habló.

Sabía que sus palabras eran esperadas por millones de personas y así lo dijo desde el principio de un discurso que duró alrededor de veinte minutos. “Tengo conciencia cabal de la curiosidad, por no decir la expectativa, que despierta esta audición. Lo mismo habría ocurrido con cualquier hombre de la política argentina que estuviera en este sitio en que estoy yo. Porque creo que la expectativa no la determina la palabra: es la inquietud nacional, estas intensas y profundas preocupaciones. Soy hombre de un partido político, es verdad. Pero en esta emergencia yo hablaré como un ciudadano de la República. Cargado de preocupaciones, que son las preocupaciones de mi país. Deseoso de servirlo. Sé que muchos pueden suponer que vengo aquí a decir palabras de agravio. Sé que otros pensaran que voy a decir palabras de protesta. Hace tiempo que estoy diciendo que hay que dejar el pasado atrás y mirar para adelante, no tanto por nosotros sino por una importante juventud argentina que espera. Tengo naturalmente que decir qué hicimos y por qué lo hicimos, pero no esperen que yo pronuncie palabras de condenación”, arrancó.

Radical al fin, de inmediato se refirió a las tradiciones y a la vocación democrática de su partido y mencionó a Hipólito Yrigoyen y Arturo Illia, dos presidentes que no pudieron terminar sus mandatos al ser derrocados por golpes militares. Aludió entonces a la posición que había tomado el radicalismo, como oposición, luego de la victoria del Frejuli en 1973. “El pueblo se pronunció y fuimos derrotados. Ganaron los otros. ¿Qué ocurrió en el país de cosa nueva? ¿Qué acontecimiento notable llegaba a la República? La frase definitiva y corta: ‘El que gana gobierna y el que pierde ayuda’. Esta la escena del país. Se han dado todas las circunstancias. Frente a esta situación en que está la República, yo pregunto: ¿dónde está la culpa? Yo sé que hay mucha gente, algunas expresiones políticas, que por sacar dividendos circunstanciales nos dicen ‘los complacientes’, o ‘los tolerantes’, y nosotros no somos nada más que la oposición correcta. Cuya derrota no modifica sus procedimientos ni sus actos”, señaló.

Aludió, en ese contexto, a su relación con política con Juan Domingo Perón. “Estaba Perón en el gobierno y estas consignas empezaron a funcionar. Admito que no eran totales, que era el principio. Todo necesita un principio. Pero se hizo el diálogo de arriba para abajo y de abajo para arriba. Se entendieron en los niveles superiores las expresiones políticas argentinas. Lo comprendió el pueblo, este maravilloso pueblo que tenemos. Él se murió. Me toco a mí la oportunidad de despedirlo en nombre de distintas expresiones políticas argentinas ¿Qué dije entonces? Algunas palabras, es verdad, Pero dije una que tenía un profundo significado, salía del fondo de mi alma, de la verdad de mis sentimientos: ‘Este viejo adversario despide a un amigo’”, recordó.

“Cinco minutos antes de la muerte”

Luego de esa larga introducción, dio a entender sin decirlo con todas las letras que con la muerte de Juan Domingo Perón todo se había desmadrado y la búsqueda de la unión nacional se convirtió en un fracaso. “No anduvo más. Hubo aislamiento. Un no comprender. Un no entender aquel mensaje que dijo que ‘el heredero era el pueblo’. Aquí una minoría se declaró heredera. Pero una minoría que no entendía el país, sino a sus propios intereses. Estas son las grandes fallas de este acontecimiento nacional”, describió. Y agregó, para dejar en claro la posición del radicalismo: “No se puede pretender que una minoría realice la obra. Porque es la minoría. Pero allí estaban las grandes mayorías, las que habían nacido al impulso de su fundador, el que enfermo y viejo llegó al país después de hacer notables exámenes de su propia conciencia. ‘No vengo a dividir, vengo a unir a los argentinos’. ¿Quién lo interpretó? ¿Quién dice que tiene esta bandera? Si parece que en definitiva la hubiéramos conservado nosotros, los hombres de la Unión Cívica Radical, y otros hombres de distintos partidos políticos argentinos”.

Parado frente los micrófonos de Radio Nacional y de Canal 7, el hombre fuerte del radicalismo pasó entonces a señalar, uno por uno, a los sectores que a su juicio ponían por encima de la unidad nacional sus propios intereses. Se refirió a las centrales sindicales divididas que “están en desacuerdo”, a la anarquía en el funcionamiento del mundo empresario, a los atentados de las organizaciones guerrilleras que ponían “en peligro al país”. Y remató: “Cuando no hay conciencia de la unidad nacional se da esta tremenda descomposición”. Dedicó, además, un párrafo elogioso para las Fuerzas Armadas –las mismas que estaban ultimando los detalles del golpe– al decir: “Las que soportaron todo, las que enterraban sus muertos y hablaban de las instituciones del país. Estas Fuerzas Armadas que no vi nunca. Que están ahí defendiendo y sufriendo, ayer nomás, el atentado brutal, sumado a los otros atentados”. El atentado al que se refería con el “ayer nomás” se trataba de la explosión de una bomba del tipo “vietnamita” colocada por Montoneros frente al Edificio Libertador, sede del comando en jefe del Ejército.

Como única salida de la situación planteó una ya imposible unidad nacional para rescatar a las instituciones republicanas. “Por eso desde aquí invoco al conjunto nacional. Para que en horas nomás, exhibamos a la República un programa, una decisión, un norte. Pero que se deponga la soberbia. Cuando se tratan de estas cosas, lo digo desde arriba para abajo, no hay que andar con látigos, hay que andar con sentidos morales de la vida. Este es mi llamado. No ha resuelto nada. No ha aliviado ninguna angustia. No ha dado remedio al que no lo tiene. Pero trae, por lo menos, esta voluntad, y esta decisión (…) Podemos reconstruir hoy o no. ¿Tendremos que rehacer todo después de la catástrofe? Puede ser que sí, pero al más incrédulo de estas concepciones, le afirmo: Si se esperan las ruinas, en las ruinas encontrarán una bandera. No se realizará el país sino sobre la base de la unión de los argentinos. Señoras y señores, pido disculpas. Vienen de lo hondo de mi pensamiento estas palabras que pueden no tener sentido, pero tienen profundidad y sinceridad. No soy muy amante de los poetas, pero he seguido un poeta de mi tierra: todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte”.

Y concluyó: “Argentinos de todos los rincones, civiles de todos los lugares, militares de todo el país, brigadieres y marinos, ¿para qué llegar a los últimos cinco minutos? ¿Por qué no estamos conjugando la ilusión de aquel poeta? Se acerca el angustiado, el enfermo, el desprotegido, todos los incurables que tienen cura cinco minutos antes de la muerte. Desearía que los argentinos, hoy, no empezáramos a hacer la cuenta de los últimos cinco minutos”. Por alguna razón, no nombró al autor del poema, Almafuerte.

Cuando Ricardo Balbín terminó de dirigirse al pueblo argentino con un llamamiento en el que ni él mismo creía faltaban ocho días para el golpe de Estado, para la muerte de esa democracia a la que había comparado con un enfermo terminal. Un lapso que en tiempos históricos se podía calcular en mucho menos que esos “últimos cinco minutos”.

Balbín y Videla

Con el correr de los años, se supo que el hombre que por entonces lideraba al radicalismo había tenido contactos con los militares golpistas los meses anteriores al derrocamiento de María Estela Martínez de Perón. En 2006, el periodista y ex jefe de la Side menemista Juan Bautista Yofre publicó su libro Nadie fue. Allí, en la página 333 de la primera edición, relata un encuentro del comandante en jefe del Ejército y líder de los golpistas, Jorge Rafael Videla, y Ricardo Balbín en un almuerzo organizado por un amigo de los dos en febrero de 1976, 45 días antes del golpe. La fuente de Yofre fue el organizador de ese encuentro, cuya identidad preservó. Allí habrían mantenido este diálogo:

-General, yo estoy más allá del bien y del mal. Me siento muy mal, estoy afligido. Esta situación no da más. ¿Van a hacer el golpe? ¿Sí o no? ¿Cuándo? – preguntó Balbín.

-Doctor, si usted quiere que le dé una fecha, un plan de gobierno, siento decepcionarlo porque no sé. No está definido. Ahora, si esto se derrumba pondremos la mano para que la pera no se estrelle contra el piso – le contestó Videla.

Entonces, el líder radical le hizo un pedido y le dio un aviso:

-Si van a hacer lo que pienso que van a hacer, háganlo cuanto antes. Terminen con esta agonía. Ahora, general, no espere que salga a aplaudirlos. Por mi educación, mi militancia, no puedo aceptar un golpe de Estado.

Cuando se publicó el libro, el relato de ese encuentro pasó casi inadvertido. Solo generó polémicas y encendidas reacciones por parte de varios dirigentes radicales más de cuatro años después, en diciembre de 2010, cuando el propio Videla lo mencionó al hacer su último alegato en el juicio que se le seguía por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Córdoba. Allí, el dictador dijo que Balbín le había pedido que las fuerzas armadas dieran el golpe “cuanto antes” para evitar así “una larga agonía a la República”.

Ricardo Balbín ya no estaba en condiciones de confirmar o desmentir las afirmaciones del periodista y del dictador. Había muerto el 9 de septiembre de 1981 sin llegar a ver cómo la Argentina recuperaba la democracia.

La reunión de Miguel Ángel Pichetto con Cristina Kirchner abrió interrogantes entre los referentes de la avenida del medio. Es que el presidente de Encuentro Republicano Federal confirmó que con la ex presidenta coincidieron en la necesidad de construir un frente amplio anti Milei. A partir de entonces inició reuniones, actos y encabezó eventos con dirigentes que comparten el mismo objetivo. A sus movimientos se sumaron gestos de peronistas hacia radicales e integrantes de Provincias Unidas para sumarse a la cruzada. Según pudo saber Infobae, existen conversaciones para conformar una alianza hacia 2027, pero sin una estrategia conjunta entre los distintos sectores. Hay espacios que rechazan de plano al kirchnerismo.

A los coqueteos de Pichetto se sumó una declaración de Juliana Di Tullio que llamó la atención. Durante una entrevista con el canal de streaming Gelatina relató que un senador radical fue convocado a dar explicaciones, en una especie de reto, al Comité de su provincia por su voto a favor de la reforma laboral. La legisladora cercana a Fernández de Kirchner describió el hecho como un ejemplo de que “hay radicales con orígenes populares y democráticos”. “Somos primos, por eso hay que ir a buscarlos”, agregó.

Este medio no pudo constatar la veracidad de los hechos ni el nombre del senador mencionado. La bancada en la Cámara alta está integrada por legisladores que responden a gobernadores que ya están en alianza con Javier Milei, otros con electorados cooptados por las ideas libertarias y algunos pocos integran la avenida del medio que no termina de definirse como opositora. Sin embargo, las declaraciones de Di Tullio expusieron una incógnita: ¿qué radicales estarían dispuestos a aliarse con el kirchnerismo?

La hipótesis de un acercamiento entre sectores del radicalismo y el kirchnerismo tiene antecedentes. No sería la primera vez que ocurre. En 2006, Néstor Kirchner impulsó La Concertación. El problema es que hoy la característica principal del voto radical es el fuerte rechazo al kirchnerismo. Aunque, como dice Di Tullio, en algunos valores son “primos”. Esos valores democráticos, institucionales y de defensa de la educación pública suelen aparecer en el discurso de dirigentes como Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, impulsores de Provincias Unidas. Pero son también algunos de los principales detractores de todas las insignias K.

“Provincias Unidas ya murió”, deslizó a Infobae un armador conocedor del espacio. Como muchos, cree que hacia 2027 la polarización hará que un sector acuerde con el Gobierno y otros con el frente anti Milei. No hay lugar para el espacio de centro. El antecedente es la elección legislativa del año pasado, donde los propios gobernadores no pudieron hacer pie en sus provincias. Pese a ese diagnóstico, en el bloque que preside Gisela Scaglia aseguran que el espacio sigue en construcción.

Pullaro marcó en la ExpoAgro el rumbo de lo que será la agenda de Provincias Unidas en el Congreso: la baja de las retenciones. “Estamos encontrando nuestra identidad como espacio”, aseguran ante la complejidad del escenario polarizado. El gobernador santafesino mantiene un vínculo fluctuante con la Casa Rosada. No son considerados aliados de Milei pero tampoco son opositores. El resto de los gobernadores que integran el espacio, entre ellos Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), comenzaron a mostrar señales de acercamiento al Gobierno. Todos viajaron con Milei a Nueva York, por ejemplo.

De todos modos, dentro de Provincias Unidas aseguran que la alianza funciona como desde sus inicios y que incluso mantienen reuniones asiduamente. Reconocen que la ausencia de un candidato presidencial complejiza el armado nacional, pero confían en el proceso hacia adelante y creen que es apresurado hablar de la elección del año que viene. También le bajan el tono a los movimientos de Pichetto. Deslizan que ni Nicolás Massot ni Emilio Monzó están del todo convencidos de sus acercamientos con el kirchnerismo. “Por ahora sólo son fotos individuales”, dicen.

Mientras los gobernadores discuten su estrategia, en el radicalismo bonaerense también aparecen señales de acercamiento con sectores del peronismo. Para generar más ruido en la avenida del medio, este jueves se realizó en La Plata un homenaje a Raúl Alfonsín que reunió a peronistas con radicales. El intendente Julio Alak aprovechó la oportunidad y fue directo con su mensaje: “Argentina necesita nuevamente la capacidad de construir consensos amplios, de superar divisiones estériles y de pensar el futuro con una mirada estratégica”. Federico Storani, quien participó del evento, no esconde las coincidencias. Cree que el radicalismo tiene que estar “en las antípodas” del gobierno de Milei.

Storani representa un sector de la UCR que muestra explícitamente un acercamiento con el gobernador Axel Kicillof. El año pasado trascendió una foto juntos en un café platense. En su entorno reconocen que existen conversaciones para armar una alianza, pero también advierten que son negociaciones fragmentadas. “Nosotros no podemos ir con el kirchnerismo”, advierten a la espera de gestos de independización de La Cámpora.

Pero el radicalismo bonaerense tiene un mapa de estrategias y alianzas muy complejo. Por estos días buscan resolver la renovación de autoridades partidarias que, llamativamente, encontró la unidad de los sectores más importantes del partido centenario. Tal es la buena sinergia que Maximiliano Abad y Pablo Domenichini se sentaron juntos en primera fila en el homenaje a Alfonsín. Hasta unos meses atrás se habían enfrentado por la estrategia electoral y la sucesión del Comité.

Pero esa foto de unidad no implica coincidencias en lo que respecta al futuro del partido. Domenichini, referente bonaerense de Martín Lousteau, fue el principal impulsor de Somos Buenos Aires, la versión provincial de Provincias Unidas. Es de los que cree que la UCR debe profundizar las conversaciones para armar un frente ante Milei en la provincia de Buenos Aires, aunque en su espacio reconocen que La Cámpora sigue siendo un freno para sellar el acuerdo. Abad, en cambio, está muy lejos de acercarse a Kicillof. El año pasado sólo se dedicó a armar una lista en Mar del Plata tras la fuga de Cristian Ritondo a La Libertad Avanza.

Todos los sectores de la avenida del medio coinciden en lo que finalmente pasará el próximo año: no habrá una estrategia electoral nacional unificada y cada provincia sellará el acuerdo que mejor le convenga para retener sus territorios o conquistar nuevos. Nadie imagina a los radicales de Córdoba aliándose con el peronismo. De hecho, los más opositores a La Libertad Avanza hablan de negociar un programa de Gobierno con los libertarios. En Santa Fe sucede lo mismo: el kirchnerismo es mala palabra y Pullaro comparte electorado con Milei. Esa tensión explica por qué, pese a los gestos cruzados y las fotos compartidas, la avenida del medio todavía no encuentra una estrategia común.

Rodrigo De Loredo se vistió de DJ y armó un acto político al estilo de Bizarrap. Frente a una bandeja mezcladora, vistiendo campera deportiva, auriculares en el cuello y con una notebook preparada para pasar pistas, el ex diputado nacional hizo un cosplay para presentar sus propuestas como candidato a gobernador de 2027.

Desde las 12, De Loredo encabezó este sábado una suerte de “session” política frente a cientos de jóvenes, militantes, independientes e intendentes en el Espacio Quality, de la capital cordobesa. Todo armado con una estética juvenil con visuals, beatmatching y sampleos y lejano a la simbología del radicalismo para anunciar sus reformas, en caso de ganar las elecciones locales durante el próximo año: privatizaciones, ajuste del gasto público, reducción de ministerios y baja de impuestos.

“¡Larga vida al rebelde pueblo de Córdoba! ¡Larga vida a la insurrecta provincia de Córdoba! ¡Recordemos dónde estábamos antes que esta pandilla de bandidos venga a asaltar nuestra provincia!“, arengó el dirigente radical, al comenzar el mitín y presentarse al auditorio.

De Loredo se mostró optimista en que habrá una “nueva Córdoba” desde 2027 para desafiar al modelo del peronismo cordobés, que actualmente encabeza el gobernador Martín Llaryora. Puntualmente, cuestionó que en los últimos 26 años de gestión la pobreza pasó del 20% al 35%.

“Lo que antes se hacía entre gallos y medianoche, de manera vergonzante, en la cochera de una casa, hoy se expresa públicamente. Compran dirigentes de otros partidos, inventan sellos partidarios de ocasión, engañan al electorado, compran jueces, cambian las reglas de juego, y montan campañas sucias y negativas desde el poder, de la forma más brutal y pornográfica, a la vista de todos”, describió De Loredo. Y recordó que “el día de la elección, las colas de feriantes y de instituciones esperando cobrar un cheque”.

“Tuvieron un plan: empobrecernos para usarnos como clientela electoral. Pero hoy el miedo cambió de bando. Somos los únicos que garantizamos un proceso concreto y estudiado de transportación. Una nueva Córdoba”, convocó.

El ex legislador, que fue un aliado del gobierno de Javier Milei y de los violetas en votaciones clave entre 2023 y 2025, hizo “un acto pintado de lila”, como anticipó Infobae. En ese marco, propuso un esquema para desmantelar la burocracia actual en la provincia mediterránea, que abarca la eliminación de las agencias, la reducción de los ministerios a un total de 5, la baja sostenida de impuestos y la privatización de Caminos de las Sierras, la concesionaria de la red de autopistas de la capital.

También pidió “animarse a discutir” la edad de retiro de los policías, al considerar que la edad jubilatoria de los efectivos de Córdoba es una de las más bajas del país. Según su perspectiva, el aumento del tiempo de servicio permitirá tener más policías en la calle. Además, planteó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, de un instituto especializado para menores, y la creación de una escuela profesional de formación policial.

El candidato enfatizó que aplicará un control estricto sobre la asistencia docente para reducir las carpetas médicas. “Vamos a mejorar el ingreso de los docentes a través de un sistema de control de asistencia”, puntualizó. Además, mencionó la revisión completa del Fondo único de Consorcios Camineros y la licitación del sistema de transporte interurbano.

Garantizó también que buscará llevar agua potable al 100% del norte cordobés tras “décadas de promesas incumplidas”, se comprometió a ampliar el uso de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify a toda la provincia, y la creación de un hub logístico e industrial de la minería y los hidrocarburos.

En la previa, desde su entorno aseguraban que está alejado de cualquier interna partidaria y los conflictos por la sucesión de Marcos Ferrer, su amigo e intendente de Río Tercero, al frente del Comité local. Sin embargo, De Loredo ratificó su vocación de unidad del frente no peronista, pero que tenga legitimidad social a partir de elecciones internas, en un mensaje que apunta al diputado Gabriel Bornoroni, armador de La Libertad Avanza en Córdoba, y Luis Juez, que se incorporó con el Frente Cívico a la propuesta libertaria.

“Vengo a proponer un proceso de participación social, corto y barato; que sea el pueblo de Córdoba el que ordene la oferta política. Estamos listos para competir, porque el que gane esa competencia tendrá asegurado el triunfo frente al peronismo”, planteó.

Tras citar pasajes los escritores y pensadores Albert Camus y Frederich Nietzsche, De Loredo recordó el poder del “no” para rechazar una candidatura a diputado el año pasado, y ahora reivindicó “no bajar la candidatura a gobernador” a la provincia. “Estamos dispuestos a arriesgarnos a competir”, aseguró.

Sobre el cierre de su discurso, De Loredo convocó: “Primero, van a buscar ignorarnos. Segundo, van a intentar reírse de nosotros. Tercero, van a intentar comprarnos, los unos y los otros. A algunos ya nos lo compraron, y habrá otros que nos van a traicionar, pero la gente de Córdoba no los va a traicionar. Cuando todo eso pase, lo que van a hacer es atacarnos brutalmente a mi persona, a mi familia y va a ser ahí. ¡Exactamente ahí es cuando van a perder la elección en la provincia de Córdoba!”.

“Dejo hoy formalmente inaugurada la campaña más larga, más extensa que no tendrá otro destino que volver a gobernar la provincia más grande, la provincia más fuerte, la provincia más productiva y la más linda de la República Argentina. ¡Viva Córdoba!”, cerró el candidato.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este jueves la absolución de la ex diputada nacional Aída Ayala en una causa que investigaba presuntas irregularidades en la entrega de un subsidio nacional al municipio chaqueño de Quitilipi en 2016, cuando la funcionaria se desempeñaba como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mauricio Macri. Por mayoría, la Sala IV rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó firme el fallo que había desvinculado de responsabilidad penal a la dirigente radical.

La decisión fue adoptada por los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia. El máximo tribunal penal del país resolvió, así, mantener el pronunciamiento que había absuelto a la histórica política chaqueña y también a los coimputados Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte.

La investigación se originó en una operatoria ocurrida en 2016. Según la acusación, Ayala -entonces titular de la Secretaría de Asuntos Municipales- firmó el 28 de julio de ese año un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Carlos Casalboni, mediante el cual se otorgó a esa comuna de Chaco un subsidio de $998.537 destinado a la compra de herramientas y maquinaria.

Para el Ministerio Público Fiscal, ese financiamiento habría sido utilizado para direccionar la compra hacia la firma Service Hogar, propiedad de Claudio Tolosa, mediante una operatoria irregular que habría provocado un perjuicio económico al Estado.

En el requerimiento de elevación a juicio se sostuvo que Ayala, “valiéndose de su función de Secretaria de Asuntos Municipales direccionó la contratación con el municipio de Quitilipi” a través de Balmaceda Paiva y Vilte, quienes trabajaban en esa comuna y tenían vínculos previos con la dirigente. Según la hipótesis fiscal, la operación permitió que se pagaran valores “manifiestamente más elevados que los establecidos por el mercado”.

La acusación también señaló desmanejos en el procedimiento administrativo, entre ellas la falta de licitación pública exigida por la normativa municipal y el pago correspondiente al proveedor antes de la entrega de los bienes.

El caso llegó a debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, que dictó sentencia el 7 de julio de 2025 y resolvió la absolución de Aída Ayala y de los otros encausados al considerar que no se había probado la existencia de algún delito. El fiscal de juicio, Federico Carniel, había pedido una condena de cinco años de cárcel para la imputada, al encontrarla autora penalmente responsable por el ilícito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

Los jueces de esa instancia sostuvieron que la iniciativa para solicitar los fondos y presentar el presupuesto correspondiente había sido del entonces intendente Casalboni. También destacaron que el trámite administrativo del subsidio había atravesado distintas instancias dentro del Ministerio del Interior y que no se acreditó que la cotización presentada por el proveedor fuera apócrifa o engañosa.

Contra esa decisión, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso ante la Cámara de Casación. Ante esa instancia intervino el fiscal general Javier De Luca, quien sostuvo la impugnación y pidió revocar la sentencia tras evaluar que el tribunal oral había realizado una valoración “fragmentaria” de la prueba producida en el debate.

Así las cosas, llegado el expediente a la Sala IV, el primero en votar fue el juez Mariano Borinsky, quien coincidió con el planteo fiscal y se pronunció a favor de anular el fallo y dictar una nueva resolución.

Para el camarista, la sentencia absolutoria presentaba deficiencias en su fundamentación y que el análisis de la prueba había sido incompleto. Según explicó, el fallo “se sostiene en una argumentación aparente que no encuentra apoyatura en el examen integral de las concretas circunstancias del caso de acuerdo con la totalidad de los elementos de prueba reunidos a lo largo del debate oral”.

También advirtió que los indicios habían sido evaluados de forma aislada, ya que el tribunal de juicio “procedió, paradójicamente”, a valorarlos “de manera individual y escindida”, dando cuenta de una metodología que “desvirtúa la esencia del medio probatorio indiciario y presta al fallo un sustento solo aparante, al conducir a la omisión valorativa de indicios que, si se analizan conjuntamente, podrían ser decisivos para alcanzar un resultado distinto en la causa".

Sobre esa base propuso hacer lugar al recurso fiscal, anular la absolución y reenviar el caso para que se dicte un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, su posición quedó en minoría.

El juez Javier Carbajo, cuyo voto definió la mayoría, concluyó que los agravios presentados por la fiscalía no demostraban “arbitrariedad” en la sentencia del tribunal oral.

De acuerdo a su postura, “la evaluación practicada por el a quo de los elementos de convicción pertinentes para arribar a la solución desincriminatoria de Ayala, Vilte y Balmaceda Paiva, aparece como razonable y razonada y no se advierte atisbo de arbitrariedad en su apreciación cuando se la confronta con los agravios traídos por el Ministerio Público Fiscal".

Carbajo también analizó los distintos indicios mencionados por la acusación-entre ellos la supuesta existencia de sobreprecios y el vínculo previo entre los imputados- y consideró que ninguno permitía demostrar la existencia del delito.

Respecto de la relación política entre los acusados, afirmó que esa circunstancia “permanece como neutral, sin que pueda aseverarse que se vincularon con el objetivo de realizar la maniobra que el fiscal les atribuyó”. A su vez, destacó que el trámite administrativo del subsidio atravesó diferentes dependencias del Ministerio del Interior, lo que debilitaba la hipótesis de un direccionamiento deliberado de los fondos bajo estudio.

El juez Gustavo Hornos adhirió a esa posición. En su voto expresó que el “cúmulo de evidencias no permite inferir, con el grado de certeza que demanda un veredicto de condena, que los acusados hayan cometido el ilícito que les fuera imputado”.

Luego agregó: “Como ya fuera detallado en el voto cuyos fundamentos comparto, en la contratación bajo escrutinio intervinieron no solo el área que manejaba la acusada Ayala, sino también diversas dependencias del Ministerio del Interior de la Nación, entre las cuales se destaca lo expresado por la Dirección de Asuntos Jurídicos, que aseveró que ‘no encuentran objeciones jurídicas que formular que obsten a la prosecución del trámite, conforme lo previsto en la Resolución del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda N°1 de fecha 14 de enero de 2016 (...)’“.

Hornos también precisó que las irregularidades detectadas en la operatoria correspondían al ámbito de la administración municipal de Quitilipi y que no se había demostrado una intervención penalmente relevante de los funcionarios nacionales involucrados en el trámite del subsidio.

Así las cosas, con los votos de Carbajo y Hornos, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió confirmar la absolución dictada por el tribunal de juicio.

Ayala tiene 72 años y es un cuadro histórico de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia del Chaco. Fue presidenta del Concejo Municipal de Resistencia entre 1999 y 2003, luego intendenta de esa ciudad entre 2003 y 2015, con dos reelecciones consecutivas. Posteriormente se desempeñó como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior entre 2015 y 2017 y más tarde fue diputada nacional por el Chaco entre 2017 y 2021.

En 2024 recibió una condena a tres años de ejecución condicional por un caso de corrupción, ya que fue declarada culpable por otorgarle de manera irregular a la empresa PIMP S.A. -entre otras- el negocio de la recolección de basura en Resistencia, con contratos por 260 millones de pesos. La sentencia incluyó la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de funciones públicas.

Luego de la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, la Legislatura bonaerense podría comenzar a trabajar en una ley macro de reforma política que ordene la discusión electoral de manera definitiva, a contramano de lo que sucedió el año pasado, cuando, al filo del calendario, se terminaron suspendiendo las PASO o desdoblando elecciones. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presionado por los intendentes del MDF, buscará revertir la ley que limita las reelecciones de jefes comunales, diputados, senadores y consejeros escolares.

Así lo ratificó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Este lunes, el funcionario provincial retomó las habituales conferencias de prensa y allí —entre varios temas— habló sobre la cuestión electoral para 2027 en territorio bonaerense. “Hay otro tema que tiene que ver con lo electoral, que para nosotros es muy importante seguir trabajándolo y discutiendo: tiene que ver con la reelección de los intendentes. Es algo que hemos planteado y varias fuerzas ya lo volvieron a plantear. Así que seguramente será uno de los temas de discusión y debate en los próximos meses”, expresó.

La reelección de intendentes sigue siendo un tema central para los jefes comunales, principalmente del peronismo. De no modificarse la normativa impulsada y establecida durante la gobernación de María Eugenia Vidal, 82 intendentes de la provincia no podrán ser candidatos en las próximas elecciones. Entre ellos, hay representantes del peronismo, el PRO y la UCR.

El grueso pertenece al peronismo. En enero, durante una reunión encabezada por el mandatario provincial en Villa Gesell, la cuestión estuvo sobre la mesa. Los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) venían planteando la situación a Kicillof, quien en ese encuentro sostuvo que era necesario insistir con la modificación. Lo analizó en términos electorales: sin cambios, el peronismo “irá sin sus mejores candidatos”, es decir, sin los intendentes.

Sin embargo, nadie se anima a presentar un proyecto de ley de esas características. Por eso, desde el Ejecutivo bonaerense se plantea avanzar en una reforma política electoral integral y consolidada, para evitar que sea una acción aislada. Para ello, será necesario negociar con la Legislatura y no solo con la oposición, sino también con La Cámpora y el Frente Renovador. Cada vez que el tema sale a la luz, el espacio de Sergio Massa ratifica su rechazo a modificar la normativa, ya que fueron de los principales impulsores del límite a las reelecciones indefinidas. Como sucede con los intendentes del MDF, el cristinismo también se opuso en su momento a la ley que limita las reelecciones.

Pero más allá de la ley puntual, Bianco enfatizó que en 2026 se buscará trabajar en una reforma integral. La estrategia es incluir el tema de las reelecciones. El Ejecutivo reconoce que La Libertad Avanza pretende impulsar la implementación de la BUP, algo que también propusieron en su momento los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

“Nosotros hemos trabajado muy bien el año pasado con el sistema electoral tradicional en la provincia de Buenos Aires”, aseguró Bianco, rechazando así la instauración de la BUP para cargos provinciales. No obstante, en el marco de diferentes acuerdos, no se descarta ningún escenario.

Para avanzar será necesario construir mayorías en la Legislatura. Actualmente, ni La Libertad Avanza ni el peronismo tienen autonomía en ese aspecto. Los libertarios son primera minoría en el Senado, donde Fuerza Patria tiene quórum propio, aunque el espacio atraviesa la discusión interna del peronismo. La tensión se visibilizó semanas atrás con la definición de la vicepresidencia primera del Senado, cargo que quedó para el intendente en uso de licencia de José C. Paz, Mario Ishii.

En Diputados, el escenario parece algo más ordenado dentro del peronismo, pero, tratándose de un tema sensible para la opinión pública, son pocos los legisladores dispuestos a asumir el costo político de impulsar una reelección indefinida. Por ahora no existe un proyecto concreto y todavía se analiza la estrategia para modificar la normativa.

El Mundial 2026 aparece como un ordenador del calendario político para la UCR. Algunos sectores de la provincia de Buenos Aires y Córdoba quieren que antes del inicio de la competencia de fútbol ya estén designadas las nuevas autoridades de los comités para avanzar con la estrategia electoral del próximo año. En territorio bonaerense, el panorama es más complejo por la ausencia de figuras competitivas para suceder a Axel Kicillof, mientras que el cordobés Rodrigo de Loredo pica en punta, pero pretende deshacerse de cualquier simbología partidaria.

“Rodrigo va a hacer un acto pintado de lila”, deslizó un radical que se resiste al liderazgo de De Loredo. Según pudo confirmar Infobae, no está en los planes del ex diputado adornar de ese color el evento que realizará el próximo 14 de marzo en Quality, aunque sí evitará cualquier tipo de simbología radical. En su entorno aseguran que está alejado de cualquier interna partidaria y que busca despegarse de los conflictos por la sucesión de Marcos Ferrer, su amigo e intendente de Río Tercero, al frente del Comité local.

Pero el dato que llamó más la atención sobre el acto es que iba a coincidir con otro evento que organizaba Luis Juez. Trascendió que el senador organizó un encuentro e invitó a dirigentes de La Libertad Avanza y al sector de la UCR que lidera Soledad Carrizo para el mismo 14 de marzo, aunque en Carlos Paz. “No estamos pendientes de lo que hagan los otros partidos en la provincia”, aclaró Juez a Infobae aunque evitó hablar del evento que habría cancelado. Este medio se comunicó con los supuestos participantes que estaban al tanto de la organización pero que finalmente no recibieron ninguna convocatoria formal.

La foto de De Loredo en el palco durante la apertura de las sesiones ordinarias a cargo de Javier Milei tampoco ayudó al vínculo con Juez y con el líder local de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. La invitación le llegó al cordobés de la mano de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y uno de los principales aliados de Karina Milei. ¿Fue una bendición a la candidatura de De Loredo o un acercamiento? Nadie quiere responder esa incógnita que se abrió con esa foto y buscan bajarle el tono.

El punto es que para vencer al peronismo cordobés, la oposición requiere de unidad. La marca La Libertad Avanza es la que más mide en las encuestas que manejan, pero las dudas aparecen según el nombre que se ponga como candidato a gobernador. Bornoroni, según trascendió, mantiene un nivel importante de desconocimiento, aunque a su favor juega el antecedente de Gonzalo Roca, el outsider que venció a Juan Schiaretti en las elecciones legislativas.

El éxito de la marca del Presidente hizo que el intendente de Jesús María dejara la UCR para oficializar su paso a La Libertad Avanza. El caso no generó gran sorpresa porque Federico Zárate responde a Luis Picat, uno de los “radicales con peluca” que se convirtieron en oficialistas en el Congreso. Sin embargo, hay voces que hablan de una pérdida de apoyo a De Loredo en su deseo de llegar a la gobernación. “Rodrigo no va a caer en la carrera a ver quién tiene más intendentes o más apoyo nacional”, advierten en su entorno. ¿Una estrategia que adelanta el éxodo de jefes comunales a las fuerzas libertarias?

De fondo, aunque De Loredo evite la simbología partidaria, la UCR de Córdoba debe resolver la renovación de autoridades. Entre los nombres que suenan está Matías Gvozdenovich, que responde al oficialismo, y el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, por la oposición. El conflicto por estos días es la fecha para realizar la elección. Los detractores de Ferrer quieren que se vote al nuevo presidente el próximo 7 de junio, mientras que las autoridades partidarias buscan prorrogar los mandatos. El próximo lunes debería resolverse o terminará judicializado.

Algo similar sucede en la provincia de Buenos Aires. Maximiliano Abad fue uno de los principales dirigentes que reclamaron adelantar las elecciones partidarias por el mismo motivo que en Córdoba: antes del Mundial quieren tener resuelta la interna para avanzar con la estrategia 2027. “Hasta el PJ adelantó sus elecciones”, ejemplificaron a este medio desde su entorno. El senador consiguió el apoyo del sector de Martín Lousteau, Gustavo Posse y Daniel Salvador y este viernes fijaron el 7 de junio como fecha para elegir nuevas autoridades.

Sin embargo, Miguel Fernández, el único que se opuso al cambio de calendario, emitió un comunicado en el que expresó su “preocupación”. “La autoconvocatoria realizada carece de sustento reglamentario y las decisiones adoptadas en ese ámbito resultan nulas”, alertó.

El territorio bonaerense es el más complicado para la UCR. La Libertad Avanza tiene una construcción electoral importante y una lista de posibles candidatos para enfrentar al peronismo. En cambio, el partido centenario viene de una importante pérdida de bancas y ningún nombre en danza para encabezar la lista para gobernador. Los días posteriores al Mundial serán claves para el espacio, que deberá achicar las diferencias internas para encontrar aliados rumbo a 2027.

Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro asumieron el liderazgo para representar los dos sectores que hoy pugnan dentro de la UCR para imponer la estrategia electoral rumbo al 2027. Claro está que el mendocino quiere una alianza nacional con La Libertad Avanza, pero en los últimos días se sumó un posible objetivo: pelear por integrar la fórmula con Javier Milei. El santafesino, en cambio, ya adelantó que su idea es reelegir en su provincia, pero con la insistencia de una coalición de centro como lo es Provincias Unidas.

A diferencia de otras internas que protagonizó Cornejo, como su pelea tenaz con Gerardo Morales y Martín Lousteau, con Pullaro mantiene un buen vínculo. Según pudo saber Infobae, ambos tuvieron conversaciones sobre el desafío que implicó la irrupción de La Libertad Avanza desde 2023. De hecho, el santafesino le explicó en varias oportunidades que fue la Casa Rosada quien se negó a conformar una coalición en su provincia. Tampoco se negó a la candidatura de Leonel Chiarella al frente de la presidencia de la UCR, a quien pondera en conversaciones privadas, sino al rumbo estratégico. Cree que es equivocada la idea de insistir con una alianza de centro.

De los cinco gobernadores, Leandro Zdero es el único que sigue los pasos de Cornejo, aunque es el más reservado de todos. Evita dar definiciones en los medios de comunicación y en los actos partidarios. De hecho, al Foro de Intendentes que se realizó en Santa Fe envió un escueto saludo por escrito para avisar que no asistiría. Pero el mendocino trabaja en un armado nacional con otros dirigentes que buscan dar pelea en sus provincias. El caso más conocido es el de Rodrigo de Loredo, quien ya se lanzó como candidato a gobernador de Córdoba.

Fue el propio De Loredo quien lo postuló como posible candidato a vicepresidente de Milei. “Sería un extraordinario candidato Alfredo Cornejo por lo que representa el modelo de Mendoza”, dijo el cordobés en diálogo con Infobae en Vivo. Sus históricos adversarios analizan todos sus movimientos en dirección a que “sólo le interesa integrar la fórmula con Milei”. Lo dicen con sorna y bronca. De hecho, sorprendió la visita del mendocino a la asunción de las autoridades del Comité de la UCR en Neuquén. “Ni cuando era presidente del partido hacía eso”, reprochan.

Juan Peláez, el nuevo presidente de la UCR de Neuquén, es uno de los que busca construir una alternativa a Rolando Figueroa en alianza con La Libertad Avanza. Además del radical neuquino, Cornejo también estaría en conversaciones con el ex senador Eduardo Costa, quien busca el mismo acuerdo para Santa Cruz. Con una pata en la Patagonia y otra en Córdoba, algunos radicales sospechan que el gobernador mendocino busca llevar a la UCR a un acuerdo con Milei y dejarle el camino allanado a Luis Petri en Mendoza a cambio de integrar la fórmula oficialista en el 2027.

En Mendoza descartan cualquier tipo de elucubración de ese estilo. “Ni se le pasa por la cabeza ser vicepresidente”, dijeron a Infobae desde su entorno. De hecho, reconocen que Cornejo va a apoyar a Milei, pero no pretende “semejante nivel de compromiso”. Las especulaciones aparecen por la imposibilidad que tiene de reelegir en su provincia. Desde su llegada a la Gobernación, se turnó con Rodolfo Suárez en la banca del Senado, pero la irrupción de La Libertad Avanza lo obliga a negociar otros nombres para su sucesión.

Las aspiraciones presidenciales están ausentes en los dos sectores de la UCR. “No le podemos pedir a Leonel Chiarella o a la mesa de conducción que logre que el radicalismo tenga un candidato que vaya a ganar las elecciones en el año 2027”, reconoció el propio Pullaro en el Foro de Intendentes que se realizó este sábado en su provincia. Del encuentro también participaron los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, quienes integran Provincias Unidas, aunque el único diputado que ganaron en la elección del 2025 se quedó en el bloque de la UCR que preside Pamela Verasay, aliada de Cornejo.

Durante ese encuentro se generó una especie de ida y vuelta entre Pullaro y Cornejo. El mendocino envió un video para saludar a los más de 300 intendentes e hizo un claro llamado a armar una alianza con los libertarios. “El radicalismo es el partido de la libertad sí, como dice Alfredo”, reconoció Pullaro pero contestó: “En el centro y en el medio hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la UCR”.

Provincias Unidas, la alianza que componen radicales con peronistas de Córdoba y un sector del PRO, también incluye a Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy. Pero, al igual que Zdero, evita los cuestionamientos al gobierno nacional y los eventos partidarios. De hecho, recientemente participó de la reunión por Zoom con “gobernadores dialoguistas”, entre ellos los peronistas que rompieron el bloque en el Senado: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El jujeño también fue invitado al viaje con Milei a la Argentina Week en Nueva York.

En la previa a lo que fue la elección del 2023, donde ganó Milei, la UCR tenía dos candidatos a presidente: Gerardo Morales y Facundo Manes. Ninguno concretó el objetivo. Para el próximo año no hay ningún nombre en danza y menos aún un plan para conseguir una figura fuerte. Además, el radicalismo en los territorios porteño y bonaerense atraviesa una fuerte crisis tras la elección que los dejó con una pérdida importante de representación parlamentaria. Con el panorama actual, se encaminan a defender las provincias que gobiernan y, como máxima pretensión, podrían llegar a colar un vicepresidente.

La Libertad Avanza (LLA) finalizó las sesiones extraordinarias este viernes en el Senado, con una consagración para el Gobierno de Javier Milei e inevitables consecuencias a medirse en el mediano plazo: la Cámara alta sancionó la ley de reforma laboral, tras la validación de la modificación al proyecto realizada la semana pasada por Diputados, que eliminó el conflictivo artículo sobre licencias médicas. Entre el oficialismo y dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, peronistas disidentes y silvestres provinciales, la iniciativa obtuvo esta noche 42 votos a favor, mientras que 28 fueron en contra y se abstuvieron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, tras cuatro horas de debate.

A modo general y, en el primer tratamiento en la Cámara alta, ocurrieron diversas situaciones que inclinaron la balanza hacia una luz verde: se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año. En Diputados, lo último fue votado y gritado como un gol por muchos libertarios que, por lo visto, se nutren a diario de peleas imaginarias.

Por otra parte, LLA también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Como del otro lado no se percibió resistencia, esta cuestión importó nada. El famoso “rodillo parlamentario” en su máxima expresión.

¿Qué se cambió en Diputados?

La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de algo que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).

En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Durante la sesión extraordinaria de hoy, no había posibilidad de tocar nada y la resolución era bien simple: que el Senado avalase lo de Diputados, o volver a la versión original. Quedó la primera opción.

Debate

Previo al comienzo de los oradores, el cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) solicitó una moción para el envío a comisiones del proyecto. Algo ilógico debido a que no sólo pasó días atrás por allí, sino que, ante una segunda revisión, sólo queda aceptar las modificaciones de la Cámara revisora o insistir con la versión original. Perdió 43 a 29. No fue el mejor arranque. En ese momento comandaba la sesión la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel. Ayer, desapareció durante largas horas, como hacía en su momento Cristina Kirchner. Hoy estuvo más presente.

Desde LLA, el chaqueño Juan Cruz Godoy aseguró: “El empleo formal privado se mantiene constante desde 2012. Sin embargo, los juicios laborales crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%, con un sistema actual que creó más litigios que empleo formal”. El legislador libertario además dijo que toda ley “es perfectible” y que, en cinco o diez años, los avances tecnológicos reactivarán la discusión. La respuesta llegó vía Recalde. “Toda esta ley viola principios establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Va a traer mucha litigiosidad”, manifestó el porteño.

Por su parte, la macrista pampeana Victoria Huala habló de una realidad que “desalienta al que busca trabajo, como al que quiere contratar”. Seguido a ello, quiso colgarse el bronce por haber advertido, en la primera aprobación del texto, sobre el artículo de licencias médicas. Curioso ese episodio: intentó dejar en la versión taquigráfica su voto en contra, aunque el capítulo se definió completo y apoyó. Mismo caso para las cuotas sindicales obligatorias que rechazó en lo discursivo, aunque con luz verde para el PRO.

Por el peronismo opositor, el pampeano Pablo Bensusán planteó: “La progresividad y la no regresividad no es una cuestión ideológica, sino de respeto de la Constitución y el sistema democrático. Al trabajador que inició una relación laboral con un marco normativo que amparaba sus derechos, que le generó una expectativa de vida, trabajo y desarrollo. No se lo podemos cambiar nosotros con una ley posterior”.

Su colega de bancada, Florencia López (La Rioja), afirmó: “Pusieron la excusa de la producción para quitar el agua de los glaciares -en referencia a la sesión de ayer-; la excusa de la seguridad para meter a los chicos presos -por el régimen penal juvenil sancionado más temprano- y, hoy, ponen la excusa de la creación de trabajo para eliminar todos y cada uno de los derechos de los trabajadores”.

Pasadas las 21.30, todo el operativo en la calle se encontraba tranquilo y controlado. Las masas dispuestas a pelear -sobre todo, la izquierda-, prefirieron cenar y disfrutar del fin de semana. Mientras tanto, el ex Convicción Federal Fernando Salino (San Luis) auguró que el texto del Ejecutivo “no alcanza absolutamente” ningún objetivo.

Como la Unión Cívica Radical (UCR) prefirió no participar del cierre, los últimos dos oradores fueron el cristinista José Mayans (interbloque Popular-Formosa) y Bullrich. El primero disparó: “Estamos en el valor salarial más bajo de Latinoamérica, en medio de una reforma laboral. ¿Hablan de costos? ¿Quieren sueldos de esclavitud?“.

Mayans denostó el FAL, la limitación de las huelgas -“rompen un principio constitucional”, enfatizó-, y subrayó que “esta ley debería llamarse de ‘robo a jubilados, pensionados y trabajadores’”, a la que también calificó de “repugnantemente ‘gorila’”. Y añadió que “ya no les cree nadie” y que “esto va a terminar mal”.

“Parecía el Senado un lugar donde se discutían ideas, pero no hemos escuchado más que insultos. Tienen que acostumbrarse que ahora son oposición. Desde nuestro punto de vista, esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos, que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir”, aseveró Bullrich.

La libertaria mencionó la “estructura político sindical que siempre jugó en tándem” y consultó: “¿Cuándo fueron los paros? Contra gobiernos que no eran peronistas, que tenían otra idea“. En ese sentido, recordó la gestión kirchnerista de Alberto Fernández, al que apuntó como “el peor de la historia”. “Ahí no hicieron ni uno”, resaltó la senadora.

“Es la primera oportunidad que no podemos perder. No podemos volver a los planes. ¿Hay algo más precarizado que un plan social? ¿Saben lo que tenían? A un gerente de la pobreza, pero ni jubilación, ni riesgo de trabajo. No tenía, nada, nada, nada. Eso no es tener libertad“, sostuvo Bullrich.

Otros puntos de la ley

*Convenios colectivos: prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Se elimina la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar uno nuevo.

*FAL: asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador. En tanto, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) cederán un 2,5%. Hoy, se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.

*Vacaciones: se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los descansos deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, en caso de consenso, fijar la fecha de inicio por fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.

*Indemnizaciones por despido: se mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Sin embargo, a diferencia de la normativa vigente, se excluyen conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo.

Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta 12 para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación, más un 3% de interés anual.

Además, se impone que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.

*Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y con el respeto de las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical.

El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que marque el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, sólo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación gremial. Estos instrumentos permitirían el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.

*Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Dicho vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.

*Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75%, mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.

*Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales, se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.

Las diferencias entre los gobernadores de la UCR se colaron en el encuentro del Foro de Intendentes que congregó a más de 300 dirigentes de todo el país. Alfredo Cornejo envió un mensaje grabado con una idea clara: en 2027 hay que armar una alianza con La Libertad Avanza. El encargado de responderle fue Maximiliano Pullaro, quien ofició de anfitrión, al resaltar que “en el centro hay propuestas valientes”, en clara referencia a Provincias Unidas.

Los cinco gobernadores radicales no logran consensuar una estrategia común rumbo a 2027. Mientras Cornejo y Leandro Zdero sostienen la necesidad de confluir con el oficialismo libertario, Pullaro, Gustavo Valdés y Carlos Sadir promueven un armado de centro a través de Provincias Unidas, con la intención de evitar que el partido quede subsumido en la polarización nacional.

El encuentro se realizó pasadas las 11 en el Comité Provincial que preside el santafesino Felipe Michlig. Desde el comienzo encabezaron la actividad el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, y el titular del Foro de Intendentes, Ulpiano Suárez. También participaron dirigentes nacionales como Pamela Verasay, presidenta del bloque en la Cámara de Diputados, entre otros legisladores, concejales y referentes de la Juventud Radical.

Tras las charlas que encabezaron Rosendo Grobocopatel y el economista Santiago Bulat, con las temáticas “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local” y “Descifrando la economía 2026”, respectivamente, aparecieron en el evento el gobernador santafesino Pullaro y los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Junto con Sadir, crearon la alianza Provincias Unidas, que no logró hacer pie en la elección polarizada de 2025.

Cornejo, que al igual que Zdero en Chaco mantiene una alianza con La Libertad Avanza, aprovechó para insistir con su estrategia para 2027. “Necesitamos ser una alternativa y no la vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes de la mejor manera posible”, expresó en referencia a que la UCR comparte electorado con Javier Milei.

“Representarlos es nuestro objetivo final. Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo, de Alem. Las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores en Argentina”, agregó el mandatario mendocino.

Pullaro recogió el guante: “El radicalismo es el partido de la libertad, como decía Alfredo, pero también es el partido de la igualdad, no nos olvidemos de eso”. En esa misma línea reconoció que la UCR tiene complicaciones para poder instalar un candidato a presidente, pero agregó: “No nos podemos permitir que la Argentina solamente tenga dos alternativas: una por derecha, que está llevando adelante el presidente Javier Milei, con muchas cosas a las cuales respaldamos, como el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Y la otra alternativa, por la izquierda o centroizquierda corrupta, que nos ofrece el kirchnerismo. A ese pasado no tenemos que volver nunca”.

“En el centro y en el medio hay propuestas valientes que tenemos que llevar adelante, y esas propuestas son las que deben reflejar los valores y los principios de la Unión Cívica Radical, porque nosotros somos el radicalismo intransigente de Hipólito Yrigoyen, que no claudicó en la lucha contra el orden conservador; y nosotros somos el radicalismo honesto y austero de Arturo Illia, que se enfrentó a las corporaciones; pero también somos el radicalismo de la democracia de Raúl Alfonsín, que fortaleció las instituciones del 83”, concluyó.

En sintonía con Pullaro, Gustavo Valdés recordó que a las provincias las están “acogotando las coparticipaciones”. “Tenemos que tener vocación frentista y mirar cómo hacemos las mejores alianzas para coronar mejor lo que nosotros creemos”, dijo, y reclamó “no bajar la bandera de la educación pública”.

Durante el discurso inicial, Chiarella dio una arenga a los jefes comunales: “Aquí está el radicalismo que gestiona, que escucha y mira a los ojos a sus vecinos porque está cerca de la gente para resolver sus problemas”.

“Nosotros no vinimos a la Unión Cívica Radical para que las cosas sigan estando como están. Venimos y nos involucramos en cada una de nuestras localidades para cambiar las cosas y somos el radicalismo austero, honesto y con coraje de Arturo Illia, que enfrentó a las corporaciones”, puntualizó el también intendente de Venado Tuerto.

Por la tarde, los intendentes y presidentes comunales trabajaron en mesas temáticas. Hubo una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR y el panel sobre “La universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo de Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El encuentro dejó expuesta una discusión que seguirá abierta en los próximos meses: cómo retener el electorado radical que migró hacia Milei sin diluir la identidad partidaria y si el partido debe integrarse al esquema libertario o intentar construir una alternativa propia en un escenario cada vez más polarizado de cara a 2027.

La provincia de Santa Fe será este viernes el punto de encuentro para más de 300 intendentes radicales de todo el país para “compartir experiencias de gestión”, según informaron, pero servirá como excusa para mostrar territorialidad en medio de las tensiones que viven las provincias para el armado electoral de 2027. Según pudo saber Infobae, participarán de forma presencial y virtual los cinco gobernadores de la UCR enfrentados en distintos espacios, como Provincias Unidas y la alianza con La Libertad Avanza, en la pulseada por imponer su estrategia.

Se espera que Maximiliano Pullaro oficie de anfitrión junto al flamante presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella. El joven intendente de Venado Tuerto asumió el cargo en diciembre pasado, apoyado por el gobernador santafesino y el ala de Evolución que lidera Martín Lousteau. Pero también estará presente el presidente del Foro de Intendentes e intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien forma parte de la alianza que Alfredo Cornejo impulsó junto a La Libertad Avanza y que, además, ya expresó sus deseos de gobernar la provincia. Pamela Verasay, presidenta del bloque en la Cámara de Diputados, confirmó su presencia.

Cornejo, según dejaron trascender en su entorno, enviará un video con un mensaje. Lo mismo harán Carlos Sadir y Leandro Zdero. Pero se espera la presencia de los hermanos Gustavo y Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. Los cinco gobernadores del partido centenario no logran acordar una estrategia electoral rumbo a 2027. Todos coinciden con el diagnóstico: comparten votos con Javier Milei en sus respectivas provincias, pero hay dos líneas distintas para resolver esa adversidad. El mendocino cree que es necesaria una alianza con los libertarios y, hasta el momento, logró que el chaqueño siguiera sus pasos. Ambos ganaron en sus provincias en las elecciones legislativas.

Del otro lado, Pullaro lidera Provincias Unidas, una alianza de centro integrada por radicales, peronistas y un sector del PRO. Solo Gustavo Valdés pudo vencer la polarización en octubre con un triunfo ajustado. Pero llamó la atención que el único diputado que entró por Corrientes, Diógenes González, se sumó al bloque de la UCR y no al de Provincias Unidas. También hizo ruido la reciente participación de Sadir en la reunión por Zoom con “gobernadores dialoguistas”, entre ellos los peronistas que rompieron el bloque en el Senado, Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). El jujeño también fue invitado al viaje con Milei a la Argentina Week en Nueva York.

Ante este dilema, Chiarella ya adelantó que para 2027 el Comité Nacional de la UCR dejará que cada provincia decida la estrategia que mejor le convenga, sobre todo en escenarios de desdoblamiento. Mientras tanto, desde su asunción encabezó recorridas por distintos territorios para escuchar a los dirigentes que buscan resolver sus internas. En Córdoba se realizó un encuentro durante el mes de enero, donde se vieron reflejados los fuertes enfrentamientos que el partido arrastra tras la derrota de 2025 y el magro resultado en 2027, cuando el radicalismo se presentó sin alianza.

Algunas de esas miradas aparecerán este viernes en Santa Fe, cuando se reúnan los más de 300 intendentes de todo el país en la sede del Comité Provincial que preside el santafesino Felipe Michlig.

La actividad comenzará a las 9 con la acreditación; continuará con las palabras de bienvenida de Chiarella, Suárez, Michlig y el presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta. Seguirá con la mesa “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local”, a cargo de Rosendo Grobocopatel. Luego será el turno del economista Santiago Bulat, que dará la charla “Descifrando la economía 2026”.

A las 12.15 está previsto que los intendentes reciban la palabra de los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro, Juan Pablo Valdés, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Leandro Zdero. Por la tarde trabajarán en mesas temáticas. A las 16 habrá una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR.

Y a su término se hará la mesa “La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo del rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y de Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó esta noche una serie de cambios a la ley de glaciares y la definición de este proyecto queda ahora en manos de Diputados. Al momento de la votación en general y en particular, la iniciativa en cuestión recibió 41 adhesiones y 31 rechazos -se abstuvo la neuquina Julieta Corroza-, con un texto que dividió a varias bancadas, excepto La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich.

Como se suponía, los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron el plan de la Casa Rosada, así como los recién escindidos del kirchnerismo -tras meses de amenazas berretas y penosas operaciones- Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

Un artículo observado por algunos espacios fue el séptimo del despacho -recibió correcciones horas atrás-, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, la cual estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.

Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno mileísta para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.

En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas, por sobre el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En el recinto, varios opositores advirtieron que el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea, que fue sancionado por la Cámara alta antes de la compulsa sobre glaciares.

Debate

El inicio estuvo a cargo de la dialoguista Edith Terenzi (Chubut), como titular de la comisión de Ambiente. No hizo una sola mención al contenido, sino al trámite del proyecto y su dictamen, que fue veloz y se consumó en diciembre pasado. Sí retomó en los cierres de jefes de bloque para reprochar la ley. Luego, le pasó la posta a Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego).

Fue extraña la estrategia del oficialismo: según confiaron a Infobae desde diversas oficinas, se dieron reiterados intentos para que la miembro informante fuese la exsecretaría de Energía Flavia Royón, experta en el área. La seria salteña resistió y hablaron la chubutense y el fueguino, que lejos estuvieron de brillar.

“Se preservan las reservas hídricas permanentes”, arrancó Coto, quien agregó que la meta es “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”. Luego, justificó que el texto no apunta a “retirar” áreas consideradas como glaciares, “sino también a incorporar” al inventario del IANIGLIA. “Todo sigue protegido”, finalizó.

La respuesta del peronismo fue inmediata y llegó a través del pampeano Pablo Bensusán, que criticó al oficialismo por presentar recién por la tarde una serie de incorporaciones a lo firmado en diciembre pasado. “Se hizo muy gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir”, lanzó.

“Vamos a fragmentar los criterios de conservación y defensa de glaciares”, continuó el senador justicialista. En esa línea, detalló: “Hay 12 provincias en el sistema y habrán 12 criterios diferentes. Hasta ahora es sistémico, el del IANIGLIA”. Y conjeturó: “Me parece anticientífico, irresponsable y un delirio”.

Para reacomodar la postura del Gobierno apareció el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “La Constitución nacional es clara y la Nación debe establecer presupuestos mínimos. Es un piso y no una regulación que abarca todo y que termina anulando el federalismo. Ahora se da a las provincias el dominio originario de sus recursos, que es lo que pidió la Corte Suprema”, expresó.

Olivera Lucero siguió: “Presentan el debate como una elección imposible entre el agua y el desarrollo productivo de un montón de provincias. Es una dicotomía totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos, lo que sí está mal es una ambigüedad jurídica que tenemos con la ley actual. Terminamos protegiendo todo lo que no es agua y se trata igual a una geoforma con una roca congelada a 4.000 metros de altura”.

“El IANIGLIA no realiza estudios de campo, sino que se basa en imágenes satelitales. Se paraliza el desarrollo por presunciones. La Argentina es el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica. ¿El resto de los países no protegen el medio ambiente?“, preguntó el senador libertario al pleno de la Cámara alta.

Uno de los votos en contra fue el del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros. Es un error debilitar el IANIGLIA y dejar en manos de provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. Se invierte la jerarquía normativa y pasa el orden nacional a las autoridades provinciales”, aseguró.

Para Abad, “también se viola la uniformidad de los presupuestos ambientales”. Como ejemplo, se refirió a “una provincia que respeta inventario y otra que pide sacar un hielo, lo que produce un esfuerzo ambiental desigual”.

“Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de recursos de inconstitucionalidad. Desde la seguridad jurídica, si una empresa ve semejante desorden, ¿qué va a hacer? Va a agarrar sus cosas y se va a ir“, insistió el bonaerense. En una similar postura se mostró la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba). Su compañero Carlos Espínola (Corrientes) lo hizo a favor.

Cierres

Desde Moveré Santa Cruz, José María Carambia se quejó por la uniformidad en regalías, a diferencia del campo. “Acá es del 0 al 3%, y del 3 al 5% para nuevos emprendimientos. No es lo mismo oro que litio o cobre“. Y enfatizó que el proyecto está “mal redactado”.

Distinto fue le caso de la misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, que utilizó parte de su tiempo -apoyada en la lectura de un discurso pre armado, para mantener el hilo de ideas- para resaltar las normas ambientales de su distrito y blindó que las provincias sean los únicos dueños de sus recursos. Acompañó la ley libertaria junto a su colega Carlos Arce.

Con mayor vuelo técnico, Royón manifestó que "no es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger y para eso se precisan los estudios de campo, con involucramiento en territorio, que es lo que hacen las provincias". “No habla de ninguna flexibilización”

“Tenemos acá a exgobernadores de provincias mineras que conocen perfectamente que no es una decisión política lo que habilita un proyecto. Es faltar el respeto a cuerpos técnicos de muchas provincias. Seamos responsables cuando hacemos declaraciones", añadió la salteña.

Royón enfatizó que “el cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses” y que la norma en cuestión “no ataca eso”. El dato que dio después sentenció el trámite: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera. El gran consumidor del agua es el agro”.

Salido hace cinco minutos del interbloque cristinista, el pícaro justicialista Andrada (Convicción Federal), terminal del gobernador Raúl Jalil, evaluó: “La minería tiene mala prensa. Queremos una ley que proteja a los glaciares, pero que no sea una etiqueta estática como hasta ahora. Estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal”.

Otro catamarqueño, pero de la Unión Cívica Radical (UCR), Flavio Fama, afirmó que “lo que ha pasado, con el paso del tiempo, es que se transformó en una ley rígida -en referencia a la vigente-, con algunas zonas grises y con tensiones federales”. Y subrayó que debido a la judicialización de procesos se generó “incertidumbre” que trajo “como consecuencia la paralización de las inversiones”.

Por el kirchnerismo se cargó el cierre la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien apuntó a un “debate irreversible para el futuro de los argentinos”. En ese sentido, aportó: “Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda ciento de años en armarse. Ni con todo el oro del mundo nosotros lo vamos a volver a tener“.

Asimismo, Fernández Sagasti dijo que el texto “genera todo lo contrario” a lo que promete el Gobierno y “donde había certidumbre de la corte, ahora habrá incertidumbre”, con el pase de “un paradigma científico a un paradigma abierto” y seguras presentaciones en la justicia.

El final quedó para Bullrich. “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre, por eso estamos cambiando la historia. No queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía”, precisó la porteña. “No es agua o trabajo”, juzgó.

Corría el verano de 1976 y la situación del país era caótica. La inflación hacía estragos, la descomposición social era palpable, las instituciones casi no funcionaban y lo más dramático era la escalada de violencia que reinaba en todo el país. Por entonces, al medio millar de personas asesinadas por el aparato paraestatal de la Triple A que lideraba José López Rega, debemos agregar los más de 7.000 atentados perpetrados por los terroristas del ERP y de Montoneros. Tampoco había justicia, ya que la irresponsabilidad de la ley de amnistía del 73 y la eliminación de la Cámara Federal en lo Penal permitió a muchos terroristas atentar contra la vida y los bienes de muchos argentinos en pleno gobierno constitucional.

Diversos dirigentes empresariales y sindicales, así como numerosos dirigentes políticos, denunciaban la situación, aunque sin dar soluciones…. hasta llegar a la expresión descarnada del entonces secretario general de la CGT, Casildo Herrera, con su “yo me borro”, muestra cabal de la descomposición del peronismo y del sindicalismo, que estaba poco dispuesto a sostener al endeble gobierno de María Estela Martínez de Perón.

En el mismo sentido, el máximo líder opositor, Ricardo Balbín, en su célebre alocución previa al golpe militar manifestó que “no tenía soluciones”, olvidándose de su responsabilidad histórica, ya que, de haber aceptado la candidatura a vicepresidente que le ofreciera el Gral. Perón, se hubiese convertido en primer magistrado, en lugar de la inepta mujer del caudillo, condenada de antemano a fracasar en el ejercicio de su presidencia.

Segundo gran error político del radicalismo, ya que Balbín justificó el no aceptar la vicepresidencia por la “falta de vocación frentista del radicalismo”. Pero este no era el accionar de la UCR. Su primer gran error fue no permitir que el Partido Demócrata Nacional integrase la Unión Democrática, la alianza electoral que, incluso con el concurso del Partido Comunista, compitió en 1946 por la presidencia con la fórmula Tamborini-Mosca. De haber contado con el concurso de los conservadores, esa fórmula hubiese sido consagrada en el Colegio Electoral, en lugar de la de Perón-Quijano que levantó el Partido Laborista.

Se respiraba en el ambiente la existencia de un golpe cívico-militar para poner orden a la caótica situación por la que atravesaba el país. Numerosos sectores palpaban que ello era inminente. Lo que no se sabía era cuándo ocurriría.

Es así cómo en la noche del 25 de febrero de 1976 tuvo lugar en la Cámara de Diputados una sesión especial para tratar el proyecto de juicio político a Isabel Perón, presentado por la bancada de la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO), un conglomerado de legisladores provenientes de distintos partidos políticos provinciales. El titular de la bancada, Francisco J. Moyano (Partido Demócrata de Mendoza), solicitó su tratamiento y, entre otras cuestiones, manifestó: “Existen urgencias que no se nos pueden escapar a los argentinos que creemos en la democracia y que queremos el mantenimiento del orden institucional, que muchas veces puede alterarse porque tardíamente cumplamos nosotros con nuestros deberes constitucionales”.

Se solicitaba tratar un meduloso proyecto de resolución preparado por el diputado nacional Ricardo Balestra (Pacto Autonomista Liberal de Corrientes), redactado con el concurso de los doctores Juan R. Aguirre Lanari y Juan Balestra, que fuera suscripto por todos los integrantes de la bancada y dado a conocer a la opinión pública por la diputada nacional Cristina Guzmán (Movimiento Popular Jujeño). Dicho proyecto no enjuiciaba al peronismo ni pretendía alterar su derecho y su obligación de gobernar los destinos del país, sino que se formulaban 31 imputaciones de mal desempeño de su función como primera magistrada por parte de María Estela Martínez de Perón, al amparo del art. 45 de la Constitución Nacional. Entre otras cuestiones, se le endilgaban acciones inconstitucionales e ilegales, como las numerosas intervenciones federales por decreto, la supresión del habeas corpus y los reiterados ataques a la prensa, sumado a la desastrosa situación económica y social, al fraudulento y escandaloso pago de la Cruzada de Solidaridad Justicialista con fondos públicos, a favor de la sucesión de Juan Perón.

En el bloque radical se debatió la postura a seguir. El sector balbinista se oponía al mismo, mientras que el sector alfonsinista lo apoyaba decididamente. Ganaron estos últimos por un voto, y el diputado Antonio Tróccoli, a la sazón titular de la bancada de la Unión Cívica Radical, por obediencia partidaria, se vio forzado a apoyar la iniciativa, aunque tuvo la hidalguía de señalar que “a partir del 1° de julio de 1974, la República ha entrado en un plano inclinado; hay una notoria falencia del Gobierno para el tratamiento de la problemática nacional. Todo está peor que al 25 de mayo de 1973”.

Otros sectores políticos apoyaron la iniciativa, que encontró una cerrada oposición en la bancada oficialista, en sus diversas divisiones, que no entendieron que lo que se buscaba era fortalecer la institucionalidad en la persona del entonces Presidente Provisional del Senado, Ítalo Luder, quien ya había ejercido interinamente la Presidencia de la Nación y había dado muestras de querer enfrentar los problemas, entre ellos, con la firma de los decretos de aniquilamiento del accionar subversivo. Pero Luder se negó a apoyar la iniciativa: “No haré nada en contra de mi partido ni de la C.G.T.”, señaló a sus allegados.

El proyecto de juicio político no prosperó. La clase política tuvo el último resorte constitucional para evitar lo inevitable, pero reinó la miopía política. Lo que vino después fue casi inevitable: el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 que, en sus inicios, contó con el apoyo de muchos ciudadanos que creían que esa era la única solución al caos imperante. Afortunadamente, la sociedad argentina, mayoritariamente, no apoya más estos quiebres institucionales, inaugurados en 1930 y repetidos en diversas ocasiones hasta llegar al de 1976.

Otro sendero hubiera transitado el país de haber sido distinto el resultado de la votación en esa histórica sesión, ocurrida hace 50 años. La señora de Perón hubiera renunciado o hubiera sido destituida. Rescatemos, para la memoria histórica, a quienes trataron de salvar la institucionalidad del país.

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR) se convirtió oficialmente en la primera facultad del país en operar con energía 100% renovable, luego de la firma de un convenio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz(CNFL) para la instalación de una planta fotovoltaica en el campus universitario.

El acuerdo, contempla la instalación de 1.872 paneles solares con una capacidad total de 1,16 megavatios (MW), suficientes para abastecer por completo el consumo energético del edificio de la Facultad de Ingeniería, así como del Aula Magna y la torre de parqueos anexa en la Ciudad de la Investigación.

La iniciativa posiciona a la UCR como referente nacional en sostenibilidad universitaria y marca un precedente dentro del sistema de educación superior costarricense.

Una inversión estratégica de más de ₡500 millones

El proyecto representa una inversión de ₡514 millones por parte de la CNFL y se desarrolla bajo el programa Soluciones Energéticas Renovables (SER SOLAR), en alianza con la empresa Enertiva, encargada del soporte técnico y mantenimiento del sistema.

La planta fotovoltaica permitirá que la Facultad de Ingeniería opere exclusivamente con energía solar, reduciendo su dependencia de la red convencional y asegurando que el 100% de su demanda eléctrica sea cubierta mediante una fuente renovable.

El convenio tendrá una vigencia inicial de veinte años, período durante el cual se garantizará la operación, mantenimiento y monitoreo del sistema. Según lo establecido, Enertiva realizará limpiezas y ajustes mecánicos de manera semestral para asegurar la eficiencia óptima de los paneles.

El rector de la UCR, Dr. Carlos Araya Leandro, destacó que la decisión responde a una coherencia institucional entre el discurso académico y la práctica ambiental.

“La Universidad de Costa Rica debe ser coherente con los principios que promueve en sus aulas y centros de investigación. Apostar por la energía solar es una decisión estratégica que fortalece nuestra responsabilidad ambiental y contribuye a la mitigación del cambio climático”, afirmó.

Iván Montes Gómez, coordinador gerencial de la CNFL, explicó que la ubicación estratégica de los paneles dentro del campus respondió a criterios técnicos de eficiencia y autoconsumo.

“Para definir las áreas donde se ubican estos paneles dentro de la universidad, se tuvo en cuenta el autoconsumo de energía y potencia, así como los excedentes de energía que se inyectarán a la red de distribución”, señaló.

El sistema no solo abastecerá las necesidades inmediatas del edificio, sino que también permitirá inyectar excedentes a la red cuando la generación supere la demanda, optimizando así el aprovechamiento energético.

Desde mayo de 2024, equipos técnicos de la CNFL trabajaron en coordinación con autoridades administrativas y académicas de la Facultad de Ingeniería para desarrollar el proyecto, realizar estudios de factibilidad y definir la infraestructura necesaria.

Además del impacto ambiental, la iniciativa generará ahorros en la facturación eléctrica de la Universidad, lo que permitirá redirigir recursos hacia actividades académicas, investigación e innovación.

La conversión del edificio en un inmueble 100% operado con energía renovable marca un hito en el sector público costarricense. Si bien diversas instituciones han implementado sistemas solares parciales, esta es la primera vez que una facultad universitaria alcanza la autosuficiencia energética total mediante generación fotovoltaica.

El modelo podría replicarse en otras unidades académicas de la UCR e incluso en otras universidades e instituciones estatales, consolidando una tendencia hacia la descentralización energética y la reducción de la huella de carbono institucional.

En una maratónica sesión -más de 16 horas-, el Gobierno libertario y dialoguistas consiguieron relegar al kirchnerismo y aprobaron la ley de reforma laboral en el Senado. Ahora, la iniciativa deberá ser girada rápido a Diputados, donde el oficialismo tendrá en sus manos la posibilidad, de no mediar sorpresas ni picardías -por ejemplo, que sea modificado y devuelto, en segunda revisión, a la Cámara alta-, la sanción del primer proyecto relacionado con este tema desde el regreso de la democracia, tras varios intentos fallidos en décadas pasadas.

Durante la definición en general, el texto recibió 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre los 72 presentes, el pleno en completo en el recinto. Después llegó el momento más delicado de la sesión extraordinaria: la votación en particular. Allí, libertarios y aliados mantuvieron la mayoría, con algunas variaciones según la instancia. Siempre, sobrados. Fueron 26 títulos, lo que obligó al oficialismo a funcionar como un reloj suizo. Por la tarde, las idas y vueltas que dio la Casa Rosada con retoques de último momento pusieron a los dialoguistas con los nervios de punta. Fue lo único que este sector reclamó desde hace semanas. No sirvió de nada dicho pedido, pero la situación fue más que amortiguada.

A modo general, las incorporaciones de las últimas 48 horas incluyeron: caída del artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales con la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; el sostenimiento del 6% destinado a obras sociales; y la amortiguación de la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También hubo gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año.

Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA) también logró ubicar, como un anexo de la ley, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un tema que generó controversia. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Además, esto generó un cortocircuito entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel -siempre cerca de algún conflicto-, y la jefa libertaria, en el Senado, Patricia Bullrich.

Debate

El inicio de la discusión estuvo a cargo de Bullrich, la miembro informante y titular de la comisión de Trabajo de la Cámara alta. La libertaria fue breve y cedió la palabra -corresponde que lo haga quien comanda la sesión- a sus colegas Juan Cruz Godoy (Chaco) y Bruno Olivera Lucero (San Juan). El primero aseguró que la iniciativa dará “soluciones” al “miedo que tienen los empleadores de los riesgos de litigios laborales, que pueden hacer quebrar su empresa”, mientras que el segundo defendió el FAL, al manifestar que “no sustituye, altera o modifica el régimen actual de indemnizaciones”.

No tardó en responder el cristinismo. Por caso, el porteño Mariano Recalde, un íntimo de estas peripecias, dijo: “En ninguna reforma laboral flexibilizadora se generó empleo o se facilitó la registración. Las normas laborales no crean empleo”.

En cambio, desde la vía peronista del interbloque “Popular”, el pampeano Pablo Bensusán señaló: “Si no fortalecemos el trabajo registrado, si no respetamos las autonomías provinciales, no vamos a mejorar las relaciones laborales ni generar más fuentes de trabajo”. Y sumó: “Que hay quienes se benefician de la industria del juicio nadie lo niega, pero no se ataca de esta manera. Son otros los procedimientos para ver cuáles son los jueces que emiten sentencias irregulares”.

Antes de Bensusán, la experimentada radical Mariana Juri (Mendoza) reflexionó: “Sin una buena ley laboral que, además, se adapte a las situaciones actuales, el empleo no llega. Ésta es una ley que da previsibilidad, seguridad jurídica y que reduce la litigiosidad laboral”. Con salvedades -habló de acompañar en general-, su colega pampeano Daniel Kroneberger aseveró que “el régimen laboral vigente ha quedado desactualizado y no logra abordar las transformaciones productivas, tecnológicas y sociales”.

El peronismo retomó los cuestionamientos a través de la riojana Florencia López, que vaticinó que el sistema impulsado “viene a hacer añicos toda la doctrina del derecho laboral”, y acusó a oficialistas de no tener “la más remota idea de lo que estamos hablando”. En tanto, desde Convicción Federal, rama disidente aún dentro del interbloque kirchnerista, la jujeña Carolina Moisés aprovechó para observar a su partido por no haber estado “a la altura de las circunstancias” y no haber impulsado una reforma en los diferentes gobiernos, con una propuesta “que incluya la realidad del interior y las economías regionales”. Para despejar cualquier duda, adelantó el voto en contra de su espacio -cinco legisladores- junto al resto del cristinismo.

Muy lejos -en cuanto a calidad- de los discursos previos de Bullrich y compañía, el oficialista Agustín Monteverde fue el más claro de LLA: habló de un “régimen siniestro con raros fenómenos, como un empleo por demás precario que generó también el milagro de salarios pobres, pero costos laborales para el empleador desorbitados”.

“Es, a la vez, lo que ha terminado de asfixiar al régimen previsional, quitándole ya toda esperanza de sustento”, disparó Monteverde. Y añadió: “Se ha asustado sobre el contenido del proyecto antes y hoy en el recinto, tratando de hacer terrorismo parlamentario, como que se acaba la indemnización”.

El porteño resaltó: “Los que pueden estar asustados son los que viven de los trabajadores. La industria del juicio sí está en un problema”. Seguido a ello, preguntó: “¿Qué cuernos defienden los sindicatos? Si son entidades que a poco van colapsando". Y finalizó: “Basta ver la prepotencia, la violencia verbal y de la otra, que hay afuera y es alentada desde aquí adentro, para tener más claro que nunca que tenemos que persistir en esta senda”.

Cierres

La primera en hacer uso de la palabra fue Julieta Corroza (La Neuquinidad). “Modernizar, sí; retroceder, no”, fue el fundamento para adelantar el voto en general y algunos rechazos en particular. En una sintonía similar, pero más contundente y clara en sus dichos, Flavia Royón (Primero Los Salteños), que remarcó la necesidad de una reforma tributaria por ser uno de “los orígenes de los causales de la informalidad en la Argentina, debido a la alta carga impositiva en impuestos regresivos en tres los niveles: municipal, provincial, nacional, y en la evasión”.

“Negar que no tenemos problemas de empleo y que hay resistencia a la formalización es negar la realidad. Esta ley laboral no va a crear empleo, es un proceso más complejo”, pronosticó Royón. Y evaluó: “Lo que busca esta ley es bajar la resistencia a la formalización, con casi seis millones de personas en la informalidad sin vacaciones, aportes ni derechos a la jubilación”. La salteña se opuso al FAL y consultó “cómo se va a administrar”.

Desde el Frente Cívico santiagueño, el exgobernador Gerardo Zamora se pegoteó a la postura kirchnerista y, como era de prever, se mostró en contra del articulado. “Esta ley tiene ambigüedades y no elimina zonas grises”, advirtió. Seguido a ello, la zigzagueante peronista disidente Alejandra Vigo (Provincias Unidas) blanqueó un acompañamiento en general y observaciones en la definición en particular por puntos “que no son ni bastante buenos ni claros”. Es decir, decisiones distintas con visiones similares.

Tras ello, el jefe del PRO en la Cámara alta, el misionero Martín Goerling, avisó que los tres miembros de la bancada macrista no validarían el guiño final de la Casa Rosada hacia gremios y empresarios con los aportes compulsivos que, si bien tendrán tope, continuarán como obligatorios. Hasta el mediodía de hoy, esto tenía un plazo de dos años para que pasaran, luego de esa ventana, a ser voluntarios en ambos casos. Se encontraba en el artículo 128.

“Es el momento de decir que vamos a devolver el poder de elegir -en referencia a los trabajadores- si quieren o no, y que sindicalismo se modernice y logre filiación voluntaria y no compulsiva. Es fundamental que demos el debate hoy. Una mayoría no quiere que les descuenten compulsivamente para que vayan a cajas. Hoy tenemos posibilidad de discutir eso y estamos a favor de la no obligatoriedad del aporte sindical”, enfatizó el misionero. No obstante, horas después validaron la propuesta libertaria.

Goerling además precisó: “Esto no es ideología, sino abordar el tema de la realidad. Es matemática pura. Se defienden un sistema que penaliza la creación de empleo y expulsa hacia la informalidad, y tenemos que resolver si somos una fábrica de pobreza o si nos animamos a ser un país más productivo”. Según datos que dio, el país “tiene la carga tributaria laboral más alta de Latinoamérica, con un 34% del total en impuestos, mientras que en Chile es 7% y, en los Estados Unidos, 14,6%. Estamos condenando a emprendedores a cargar a correr un maratón con una mochila pesadísima”.

En tanto, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi (Corrientes), mencionó los “abusos de algunos sindicatos que, por ejemplo, en la toma de empresas, las terminan ahogando y cierran, lo cual ha sido una complicación, y este abuso va a ser castigado”.

Sobre el FAL, Vischi afirmó: “He escuchado posturas a favor y en contra, pero el sistema previsional no se mantiene con los fondos de trabajadores y empleadores, sino que lo aportan todos los habitantes a través de sus impuestos”. Bajo ese escenario, sugirió no tomarlo “de forma maliciosa”.

El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo de José Mayans (Formosa), que denostó un proyecto “que toca 41 leyes”. Más tarde, fue directo contra el jefe de Estado, Javier Milei. “No tiene ningún tipo de credibilidad”, juzgó, y acusó al oficialismo y dialoguistas de tirar “por la borda un sistema que va a traer alta litigiosidad, con una ley abiertamente inconstitucional”.

La palabra final quedó en manos de Bullrich. “A pesar de los insultos, quiero informarle no a él -en referencia a Mayans-, sino al Cuerpo, para que no se sienta agraviado, que la única persona que está presa en la Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que no hable más del presidente Milei y hable de una realidad concreta que nos hace quedar muy mal en el mundo. Punto”, conjeturó. Desde un palco ya la oían la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros.

En cuanto a la iniciativa, explicó: “Estamos ante una batalla muy importante, de las más importantes que da el Congreso en los últimos años. Se intentó en distintos gobiernos democráticos. Sin embargo, las frustraciones fueron múltiples”.

Según la exministra de Seguridad, la legislación es “obsoleta y nos dejó varados, con un país anclado en el pasado y que no puede avanzar”. Y subrayó: “Si tenemos que cambiar tantas leyes es porque generaron una telaraña imposible de atravesar”.

“No prometemos milagros, sino soluciones concretas. No todo es empleo público y un estado feudal. Hay que tener seguridad jurídica”, alentó Bullrich, y direccionó la lupa hacia un “sistema extorsivo que, en pocos años, pasó de tener empleo registrado casi en el 100% a tener un 43% de informalidad”, continuó la senadora por la Capital Federal.

Previo a la votación en general, subrayó: “Queremos que el trabajo sea la libre elección de cada argentino y no la imposición de estados que le ponen la pata encima a cada uno de los que quieren abrir una empresa y emprender. Producir es una culpa en la Argentina. ¿Quién da trabajo? Explíquenme". Sobre los juicios, puntualizó: “Salen cifras desaforadas, con abogados y peritos, que ahora ponemos límites, que se llevan más del 50%. Son los verdaderos cuervos que atacan el trabajo de la Argentina”. “Cuando los argentinos agarran y sienten que vuelven a ser dueños de su vida, se empoderan”, relató.

Detalle de la votación en general

Libertad Avanza puso a sus 21 soldados, mientras que la UCR aportó diez y; el PRO, tres; y Provincias Unidas, dos. Los restantes para arribar a los 42 vinieron de la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza, los misioneros Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, actual aliada del mandatario provincial -reciente ex kirchnerista- Osvaldo Jaldo.

Fueron 42 en total a favor, ya que a todo el kirchnerismo se unieron los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. En la particular, dicha cifra varió, aunque se sostuvo la mayoría. Tras la primera compulsa, Villarruel abandonó el convite y le dejó la posta al presidente provisional de la Cámara alta, el libertario puntano Bartolomé Abdala, quien no tuvo inconvenientes para consumar la tarea. A su lado se quedó el secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, quien fue clave por la delicada lectura de los cambios.

Definición en particular

*Título I: 41 a favor, 30 en contra. Se abstuvo la neuquina Corroza.

*Título II: 41 afirmativos, 31 rechazos. Aquí estuvo el tema FAL.

*Título III:44 a favor, 28 en contra. En esta sección apareció el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad

*Título IV: 42 a afirmativos, 30 rechazos.

*Título V: 42 a favor, 30 en contra.

*Título VI: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título VII: 41 a favor, 30 en contra y abstención de Vigo.

*Título VIII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título IX: 42 a favor, 30 en contra.

*Título X: 42 a afirmativos, 30 rechazos.

*Título XI: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XIII: 41 a 31.

*Título XIV: 40 a 32. Aquí es donde el PRO prometió no votar la continuidad de aportes compulsivos. Como Bullrich no aceptó la versión macrista -única fuerza que impulsó esto, en detrimento de una caja millonaria para gremios y asociaciones empresariales-, el partido amarillo, al final, acompañó.

*Título XV: 41 a favor, 31 en contra.

*Título XVI: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XVII: 44 a favor -se sumaron los santacruceños Gadano y Carambia-, 28 en contra.

*Título XVIII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XIX: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XX: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XXI: 42 a favor, 30 en contra. Aquí se mantiene el 6% a favor de obras sociales. A pesar de ello, el kirchnerismo votó en contra. Llamativo.

*Título XXII: 42 afirmativos, 30 rechazos.

*Título XXIII: 42 a favor, 30 en contra.

*Título XXIV: 41 afirmativos, 31 rechazos.

*Título XXV: 40 a favor, 29 rechazos. Se ausentaron los santacruceños Gadano y Carambia, más el radical bonaerense Maximiliano Abad.

*Título XXVI: 38 afirmativos, 31 en contra.

Después de un dictamen de mayoría que apuró en diciembre pasado la jefa de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), y que tuvo que recibir un reciente ramillete de modificaciones a favor de gobernadores, CGT y empresarios, un conglomerado conformado por 21 oficialistas y, en principio, entre 16 y 23 opositores “dialoguistas” -según la votación- intentarán aprobar este miércoles y girar a Diputados la ley de reforma laboral, un tema más que sensible y con un par de nocauts en su haber desde el regreso de la democracia.

Se prevé una jornada extensa en la Cámara alta. La sesión extraordinaria tiene las 11 como horario de inicio. Siempre hay media hora para obtener el quorum, de 37 sobre 72 -mitad más uno del pleno- sentados en sus bancas. La cantidad de horas no será estimada hasta que no se sepan bien los oradores que expondrán sobre la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo debido a que, ayer, oficialismo y dialoguistas no lograron consensuar un encuentro con relativa calma ante el kirchnerismo. Ocurrió en Labor Parlamentaria.

El interbloque más crítico en el Senado, que comanda el formoseño José Mayans (Formosa), pensó -como contó Infobae el lunes- no asistir a dicho convite e ir al recinto directo, reglamento en mano -curioso, según antecedentes de gestiones pasadas- para imponer el máximo de tiempos permitidos para oradores clásicos, miembros informantes y presidentes de bancadas para el cierre de la discusión. Al final, la plana mayor cristinista se presentó y, tras algunos enojos, oficialismo y dialoguistas dejaron el camino liberado a sus pretensiones que, por supuesto, incluirán -al menos- un homenaje y varias cuestiones de privilegio. La frase recomendada por expertos del Congreso es que los rivales se lleven los discursos; el Gobierno, la ley.

Ante este panorama, y con entre 15 peronistas anotados y un puñado extra que aún duda disertar en el recinto, más los informantes y legisladores libertarios y potenciales aliados que hagan uso de la palabra, la votación en general se extendería hasta bien entrada la noche, en el peor de los casos. Esto no sería lo más importante: la definición en particular es trascendental y, ahí, todo deberá funcionar como un reloj suizo. Por eso la casi confirmada participación para leer los cambios al texto que tendrá el secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Su discreto equipo es de lo más profesional que puede mostrar la Cámara alta hoy en día.

¿Por qué se menciona un mínimo de 16 y un máximo de 23 acompañantes? La Libertad Avanza suma 21 soldados y precisa, sí o sí, de la mayoría de los diez que tiene la Unión Cívica Radical (UCR) y los tres del PRO. Esto, para empezar a hablar y acercarse a los 37, el mínimo para el quorum y blindar el proyecto. En especial, para la votación en particular. A modo previo, se podría deslizar que para la compulsa en general habría 42 adhesiones, como piso más bajo. Distinto caso para la segunda, donde se presume flexibilidad.

Los diez restantes del “grupo de los 44″ son los siempre revoltosos santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Natalia Gadano -sugestivos silencios de ambos en los últimos días-, la discreta Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza -quiere ayudar al alicaído gobernador, Rolando Figueroa-, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo.

Los que pasaron desapercibidos sobre cómo se moverán, pero se encuentran en una ya agobiante -y multi operada- guerra sobre si se van o no del interbloque kirchnerista, son los cinco senadores de Convicción Federal. Este espacio es manejado por el puntano Fernando Salino. Hasta anoche, entre sus integrantes dieron diversas respuestas ante diferentes bloques que consultaron por el destino de sus votos. En el Presupuesto 2026, hubo acompañamiento selectivo. La realidad allí es que algunos responden a gobernadores y fueron maltratados sin cesar por el cristinismo. Suelen no quejarse ni armar novelas. En cambio, otros aprovecharon para juguetear en ambos bandos y armar rencillas interminables. A esta altura, inviable para todos.

Horas atrás, este medio informó que en Labor Parlamentaria sí se pudo congeniar, de no mediar sorpresas de último minuto -aquí siempre se mira hacia Balcarce 50-, la votación en particular por títulos. Esto implica un proceso más acelerado -aunque seguirá lo engorroso y complejo-, con la posibilidad de abrir pocos capítulos a dialoguistas que no quieran avalar una sección de los mismos. En el borrador final -aún se revisaban palabras, algo insólito por el tenor del asunto-, aparecen más de 200 artículos. Fueron casi dos meses de negociación.

Mauricio Macri comenzó, lentamente, a pensar en el 2027, y un encuentro en Puerto Madryn, a principios de marzo, será el puntapié inicial de una recorrida federal para reactivar a la dirigencia del PRO, cortar la sangría de dirigencia hacia otros espacios políticos y cambiar la narrativa en torno al partido amarillo -y su liderazgo-, de cara al 2027.

Desde el entorno del ex presidente, y ante la consulta de Infobae, aseguran que no se trata de una agenda proselitista en modo de candidato, sino fortalecer la estructura interna partidaria, recuperar volumen territorial y reunirse con gobernadores e intendentes aliados, “para conformar una propuesta innovadora” para el próximo turno electoral.

Todo este proceso se da en medio de cuestionamientos de varios dirigentes, tanto en privado como en público, por el estilo “ambiguo” de Macri para conducir al PRO, sobre todo en cuanto a la relación con los hermanos Milei y La Libertad Avanza. El ex senador Federico Pinedo fue explícito durante un reportaje con este medio publicado a mediados de enero: “El PRO necesita lo que necesita cualquier proyecto político, objetivos claros y un liderazgo que convoque”.

La recorrida de Macri por el país es, por el momento, una declaración de intención. Más allá de confirmar su participación en la edición 2026 del Foro PescAR, el encuentro nacional de la industria pesquera que se llevará a cabo el próximo 5 de marzo en Puerto Madryn, organizado por la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), no hay aún otros eventos confirmados.

En este marco, no pocos dirigentes amarillos esperan una convocatoria a la próxima reunión del consejo partidario, clave para definir una hoja de ruta institucional de cara a lo que viene. Este encuentro se debería realizar en las próximas semanas.

Mientras tanto, la atención esta semana gira en torno al Congreso. En diputados, este martes hubo una reunión de bloque convocada por Cristian Ritondo, para definir criterios de cara a la sesión del próximo jueves, donde se discutirá el nuevo proyecto de Reforma Penal Juvenil, con una serie de cambios pactados con la oposición dialoguista. La iniciativa contempla que la edad mínima de imputabilidad sea desde los 14 años, que se detallen las partidas presupuestarias que harán efectivas el tratamiento de la ley y que se baje la pena máxima para menores de veinte a quince años.

El bloque amarillo empujó estos cambios. “¿Por qué 14 y no 13 como propuso el Gobierno? Fundamentalmente por una cuestión de prudencia científica y de realidad operativa. Por un lado, no hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico", planteó un importante diputado del PRO.

Y amplió: “Por otro lado, somos conscientes que hoy el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema. Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

“¿Por qué 14 y no 15 (o mantener los 16)? Hay que tener un criterio de realidad. Mantener el límite en 16 años nos deja casi aislados (solo Cuba tiene ese régimen en la región) y pensar en los 15 años, como sucede en los países nórdicos (Finlandia, Noruega), ignora nuestra realidad. Argentina debe alinearse con el estándar de democracias occidentales comparables y de la región: Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay y Colombia, entre otros, fijan la imputabilidad en los 14 años. Es el punto de equilibrio más razonable", completó.

Por otro lado, el miércoles será el turno del Senado, donde se discutirá la Reforma Laboral que impulsa el oficialismo. Ayer, martes, se reunió la mesa política del Gobierno en Casa Rosada para definir los puntos más controvertidos. Hay más de 20 artículos en revisión y concesiones a la CGT.

También hubo señales al gobierno porteño en la previa de la discusión legislativa: suscribió un acuerdo para trasferir las competencias sobre la Justicia Laboral a CABA. El convenio, que deberá ser aprobado por el Congreso (ya ingresó al Senado) y la Legislatura porteña, establece un régimen progresivo para que los nuevos tribunales laborales de la Ciudad comiencen a funcionar y asuman competencias sobre las causas iniciadas después de la entrada en vigencia del acuerdo. Las causas previas, en cambio, seguirán bajo la órbita de la Justicia Nacional hasta agotar la doble instancia.

Según el texto del convenio, CABA recibirá todas las competencias relativas a conflictos individuales de trabajo, pero quedarán excluidos del traspaso y seguirán bajo jurisdicción federal:

• Los conflictos colectivos y la negociación colectiva.
• Los temas de asociaciones sindicales y personería gremial.
• Las competencias del Pacto Federal del Trabajo que no hayan sido delegadas.
• Las causas laborales donde sea parte el Estado Nacional.
• Los recursos contra decisiones administrativas dictadas por autoridades nacionales.

De esta manera, el fuero federal mantendrá atribuciones clave en materia sindical y de relaciones laborales colectivas.

En tanto, el acuerdo prevé una transición ordenada y las causas iniciadas antes del día de entrada en vigencia seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo. A su vez, la ejecución de las sentencias se trasladará al nuevo fuero porteño y las causas nuevas irán al Fuero del Trabajo porteño, y las comprendidas en materias excluidas, al fuero contencioso administrativo federal.

Además, una vez aprobado el acuerdo, se dispondrá el cierre inmediato de los juzgados laborales nacionales vacantes y de la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, según el listado del Anexo I. El cierre total del fuero laboral nacional se realizará de manera progresiva.

Como se suponía en la previa, la cumbre que mantuvo este lunes la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a sus pares dialoguistas para pulir la versión final de la reforma laboral no dejó un resultado contundente, más allá del ya reconocido acuerdo general para acompañar la iniciativa, situación que no corre riesgo. Lo que importará de verdad es la definición en particular del texto, con un puñado de artículos en puja y la eventual caída de la cuestión Ganancias, que ya empieza a ser mirada con cariño por todos los sectores.

Ante varios puntos que restan cerrar, ambos bandos continuarán con el ida y vuelta esta mañana y, desde las 14, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles. Anoche, un legislador cristinista deslizó a Infobae que se analizaba no asistir a dicho encuentro. Es que, allí, oficialismo y dialoguistas intentarán consensuar los tiempos de exposición en el recinto, algo trascendental para no desacomodar el tratamiento de un tema delicado que, por ahora, parece ser la única receta en manos del kirchnerismo. No obstante, toda La Libertad Avanza sigue con guardia alta.

Quienes se mostraron durante el convite de anoche, que terminó cerca de las 22 -más de tres horas de duración- fueron Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).

También aparecieron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No se vio a la neuquina Julieta Corroza y quien volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano. Hay quienes miran con atención a ella y a su colega José María Carambia, por el sugestivo silencio de los últimos días.

“Fuimos modificando cuestiones, en muchos casos, que son menores. Lo importante es que el objetivo de la ley está bien, está tal cual lo que se plantea desde el Gobierno y buscando los consensos para llegar a este miércoles”, sentenció Vischi al término de la velada.

Menos específica fue Bullrich, que reiteró: “Nosotros hemos decidido llegar al miércoles y dar a conocer cuáles son los cambios. Estamos todavía terminando el debate“. Lo cierto es que en las próximas horas ocurrirá lo más jugoso: la presidenta libertaria en el Senado le mostrará hasta dónde estarán los votos en cada capítulo y artículo al Ejecutivo. Es decir, qué podrá y no salir.

A partir de aquí, la decisión de ceder o no pasa a Balcarce 50, que días atrás viró de una postura dura a una flexible. ¿Qué hará ahora? Horas atrás llegó un guiño desde allí sobre Ganancias. Anoche, Bullrich no confirmó la defensa a ultranza ni prometió la caída del artículo.

“Entre lo que llegó de allá y lo de acá, parece bastante claro a esta altura”, confiaron desde un despacho al tanto del embrollo. Vale recordar que, como contó Infobae desde hace semanas atrás, quien más perdería ante una baja de la coparticipación sería la Nación -rebaja en Ganancias a grandes empresas, por ejemplo-, que busca cumplir los lineamientos del FMI y con su mandamiento de oro de déficit cero. Entonces, ¿a quién beneficiaría?

Goerling fue otro de los que opinó al cierre del día. “Acá, el foco está en la ley laboral. Eso es lo importante, lo que estamos debatiendo y lo que la Argentina hace muchos años, décadas, quiere sacar y nunca se puede. Creo que estamos muy cerca de lograr ese acuerdo y que va a ser histórico. El tema de Ganancias es otra cuestión que está dentro de la ley, que todavía se está discutiendo”.

No sorprendió, a horas de la sesión, la asistencia del respetado secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Lo curioso fue que trascendió un supuesto enojo de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, por no participar de la “rosca”. Difícil de resolver para Bullrich y dialoguistas: la presidenta del Senado es la única autoridad que no registra el presente en la “Casa”, como sí lo hace el resto en el famoso tablero digital. Es un vicio que permitió su anterior vocero y que aún avala su renovada y súper profesional mesa chica. Al resto de los empleados les corre la huella para cumplir con las horas obligatorias.

A la espera de la cumbre clave a realizarse desde las 18 de mañana con eventuales aliados, donde se conocerá el borrador final de la reforma laboral a debatirse en la sesión extraordinaria del miércoles próximo, La Libertad Avanza en el Senado comenzó a delinear la estrategia que llevará al recinto no tanto para una votación en general que dan por descontada, sino por la definición en particular de la iniciativa. La idea que prima en la esfera oficialista apunta a una moción que implicará capítulos completos para varios casos y, en los más enmarañados, artículo por artículo.

Este canal, que corre en paralelo a las usuales volteretas de libertarios del Congreso y, sobre todo, de la Casa Rosada, que nunca deja de reflotar la idea simplificada del “por todo y contra todos”, el oficialismo ya escaneó en las adhesiones trascendentales que precisa de “dialoguistas” que no podría, salvo que ocurra un milagro en el convite de mañana, votar capítulo por capítulo en la compulsa en particular.

La situación en la Cámara alta quedó algo cargada al término de la semana por la inentendible y mega promocionada arenga desde Balcarce 50 para no aceptar muchos cambios -si fuese cierta- al dictamen de mayoría firmado en diciembre pasado. No tanto por el derecho o no de hacerlo, sino por todo lo que ello implicaría en un recinto siempre salvaje para los libertarios, salvo que los apoyos ya estén “cerrados” de antes, como deslizan despachos con experiencia. Debe recordarse que, en meses recientes preelectorales, la táctica mileísta derivó en angustias y piñas legislativas por doquier. Y el período ordinario ni siquiera arrancó aún, algo que hará el jefe de Estado el domingo 1 de marzo.

Desde las bancadas dialoguistas confían todavía en el conocimiento que la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, trae de épocas anteriores -más la actual- en el Congreso. No obstante, la palabra que de verdad vale es la de la Casa Rosada. Y, más allá de la verticalidad que se vende desde allí, hay idas y vueltas para nada precisas sobre asuntos importantes. Por caso, ¿qué harán con los aportes de sindicatos y las ya más que ansiosas cámaras empresariales? ¿Serán todos voluntarios? ¿Unos sí y otros no, fuera de toda lógica de ecuanimidad? Las melodías que parten desde el Ejecutivo alteraron oídos.

Tampoco debe olvidarse el capítulo fiscal y la caída de la coparticipación. Nación perderá más que las provincias y casi nadie se anima a decirlo, ya que las lágrimas parecen pesar más en los sufridos gobernadores. También es cierto que los distritos cuentan, luego de dos años de un severo ajuste, una base de reclamo más honesta que en temporadas anteriores, donde primaba el bolsillo inacabable del payaso -contribuyentes y pymes, el alma del país- a cambio de cerrar los ojos ante delirios ejecutados desde la administración central. Es el promedio de la política vigente y de quienes ahora pregonan desde un altar fantasmal la construcción de un consenso, por lo menos, más sano.

Más lejano a estas compulsas se asoman objeciones menores a un puñado de artículos donde diversos dialoguistas, según el caso, no quieren acompañar. Un ejemplo comentado en usinas aliadas se direcciona a la eliminación de una pequeña fracción de la ley relacionada con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Un asesor lo planteó de la siguiente forma a Infobae: “Después de tanta pelea, le sacan el porcentaje de los tickets. O sea que, a partir de esto, vamos fondear a los ‘súper enemigos’ de este Gobierno con el IVA de los alimentos”. En esta zona se incluyen varios estatutos que el Gobierno quiere reventar de un sacudón y sin anestesia, ante solicitudes para poner un plazo de “readecuación” de los mismos -¿180 días?-, como ya informó este medio.

Bullrich maneja a 21 senadores en su interbloque y precisa, sí o sí, de la mayor fracción que pueda de los diez de la Unión Cívica Radical (UCR), los tres del PRO -comanda el misionero Martín Goerling-, los dos revoltosos de Provincias Unidas, y silvestres provinciales atados o no a las órdenes -sin chistar- de mandatarios locales. Con 37 de piso habrá luz verde. Este aglomerado suma, en total, 44.

Los interrogantes en el último sector giran hacia los santacruceños José María Carambia -se lo vio en Casa Rosada a fines de 2025- y Natalia Elena Gadano, la silenciosa Flavia Royón (Salta), los pícaros misioneros -voltearon Ficha Limpia- Carlos Arce y Elizabeth Rojas Decut, la neuquina Julieta Corroza, la chubutense semi radical Edith Terenzi, y la otrora filomacrista Beatriz Ávila, flamante amiga del gobernador y -aparente- furioso anti k, Osvaldo Jaldo. En el oficialismo además miran con cierto cariño a los cinco peronistas de Convicción Federal, que convidaron guiños cuando se sancionó el Presupuesto 2026.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió esta tarde con sus pares dialoguistas y confirmó que el miércoles de la semana próxima habrá una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral, la cual dijo que está en un “95% cerrada”. Por su parte, los aliados percibieron una buena recepción del Gobierno, aunque continuarán las conversaciones por áreas aún no cerradas, con el fin de llegar a una versión final para el martes 10.

“Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, manifestó Bullrich al ser consultada por los votos para la iniciativa, más allá de que no todos se ubican en esa misma sintonía. El convite duró más de dos horas y se realizó en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Al término del encuentro, la exministra de Seguridad dio declaraciones junto al presidente de la bancada del centenario partido, Eduardo Vischi (Corrientes).

También participaron de la cumbre los titulares del PRO y Provincias Unidas en el Senado, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente. Del lado de silvestres provinciales se sumaron el misionero renovador -no massista- Carlos Arce, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenzi, entre otras. Faltaron, a diferencia de la semana pasada, la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.

“Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto”, sentenció Vischi.

Cuando se le preguntó por el capítulo fiscal y la eventual caída en la coparticipación hacia distritos -Nación es la que más perdería-, el correntino detalló: “Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener“. Otro ítem con guiño apuntaría, en principio, a beneficios hacia medianas empresas y no sólo a grandes.

Por su parte, Bullrich aclaró: “Nosotros hemos decidido, en esta mesa, trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que es mejor trabajar así y que, de alguna manera, la ley se discuta cuando se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes”.

Tras ello, la jefa libertaria y enlace con la Casa Rosada resaltó: “Ya, prácticamente, tenemos el 95% en los temas cerrados. Hay algunos temas que, como ustedes saben, tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, el ministro de Economía y el del interior. Bueno, eso está abierto. Ha quedado como que el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Quienes fueron parte de la cumbre no mencionaron casi nada sobre las potenciales modificaciones a la ley de glaciares. Pese a que desde un despacho de peso se deslizó que dicha iniciativa “venía bien” y podría ser incluida el miércoles 11, para la noche, esa opción se diluyó. Los gobernadores mineros piden votarla a dos manos, aunque aún hay pocas precisiones relacionadas con esta cuestión. La única asegurada, entonces, es la laboral.

Previo a la juntada en el bloque radical, Bullrich se reunió con los propios. Algunos ansiosos -sobre todo, los recién aterrizados del sur- aguardaban una resolución sobre la presidencia provisional de la Cámara alta -el martes 24 será la sesión preparatoria, para elegir autoridades-, que aún quedó en stand by.

Sí llegaron algunos premios: el riojano Juan Carlos Pagotto comandará nada menos que la comisión de Acuerdos, donde pasan todos los pliegos judiciales, diplomáticos y de ascensos militares. Será curioso ver cómo resuelve el comando de la de Justicia ya que, si quedara en dos al mismo tiempo, sería una pésima decisión y generará mucho ruido. En tanto, el reingresado a La Libertad Avanza Francisco Paoltroni (Formosa) seguiría en la de Relaciones Exteriores.

El Gobierno cuenta con 21 soldados en el Senado. Es por ese motivo que LLA precisa sí o sí de gran parte -o todos- de los 10 de la UCR, el PRO -tres adhesiones-, y silvestres provinciales atados o no a las órdenes de gobernadores. Con 37 de piso, habrá luz verde y sesión el miércoles 11.

En la previa de la cumbre sobre la reforma laboral que mantendrán esta tarde la jefa libertaria, Patricia Bullrich, junto a titulares de bancadas dialoguistas -votos clave- en el Senado, algunos legisladores esperan en las próximas la respuesta oficial de la Casa Rosada ya no sólo por la inagotable queja de gobernadores ante la eventual caída en la coparticipación, sino también por reclamos del sindicalismo y empresarios que el destino parece, siempre que se debate una iniciativa tan delicada, unirlos.

La reunión para comenzar a definir el proyecto será a las 15, en la oficina central de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. El centenario partido es presidido allí por el correntino Eduardo Vischi y su espacio suma diez votos trascendentales para las cuentas de Bullrich. La exministra de Seguridad tiene 21 senadores en el interbloque de La Libertad Avanza (LLA) y precisa sí o sí de la UCR, el PRO -tres eventuales adhesiones- y silvestres provinciales atados o no a las órdenes -sin chistar- de mandatarios locales. Con 37 de piso habrá luz verde.

A partir de ahí es donde se abre el juego, con cartas que empezaron a mostrarse. Del lado de los gobernadores, la puja central es, para no variar, por la plata. No es menor en esta ocasión, tras más de dos años de ajuste. Si bien es cierto que la Nación es quien más perderá fondos, tiene resortes para cubrir faltantes gracias a los “fierros” del propio Estado. No así los distritos, que debieron acostumbrarse a una realidad no vista en décadas, pero con alarmas en áreas -por ejemplo, obras- que acrecientan la tensión.

En la mecánica del dinero, aunque por otro carril, se asoman sindicatos y empresarios. Por caso, un capítulo a saldar es el tema de aportes obligatorios o voluntarios. La idea que recorre sobre un puñado de despachos apunta hacia que, lo que se decida, tendrá que ser parejo para todos, ya sea de una u otra manera. Si no, no acompañarían un ramillete de artículos a la hora de la votación en particular del texto en cuestión. Esto se conoce desde diciembre pasado, excepto para los usuales y “expertos” operadores de turno.

Durante el fin de semana, la lupa estuvo depositada en señales algo difusas entre lo que de verdad quiere o pretende el Gobierno y sus senadores en relación con los gremios. La guerra no parece tan alevosa como lo que se vislumbra en la superficie. Esto deposita un manto de rareza antes de un convite en el que los dialoguistas de la Cámara alta querrán, además de chequear si se aceptan modificaciones, conocer la postura real del Ejecutivo libertario, que no siempre -por más que lo crea y venda- es el más rápido del condado. Otro ítem a resolver es el de varios estatutos, con planteos de cambios establecidos a través de plazos concretos y, de esa forma, evitar un sacudón de golpe y sin anestesia.

Entre las tácticas del Gobierno para desviar la atención y el -llamativo- silencio de muchos legisladores, la disputa por la ley laboral empezó a caminar sobre la delgada línea de lo posible y probable, con picardías que florecen. De hecho, los sindicatos ya irradiaron su perfume en busca de supervivencia. Y, con LLA que quiso avanzar en diciembre y no pudo, la fecha de sesión y un segundo intento para la semana próxima -11 o 12- elevan la temperatura en el Congreso.

Otro proyecto con dictamen listo en la Cámara alta y que interesa a gobernadores mineros -poco y nada se habló- es el que aplica modificaciones varias en la Ley de Glaciares, con dos lados de la biblioteca muy distanciados y millonarias inversiones en juego. También se encuentran en el temario, entre otros, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego, como embajador político, de Fernando Iglesias.

Las últimas dos cuestiones implican armado de comisiones, un territorio siempre áspero, con oficialistas y aliados que se matan por estar y “ser parte”. Ni hablar de presidir. Las sesiones extraordinarias se activaron ayer y transcurrirán hasta el 27 del corriente mes. El domingo 1 de marzo, Javier Milei inaugurará un nuevo período ordinario.

Comenzaron las sesiones extraordinarias en medio de una pasividad casi absoluta por parte de todos los sectores que conforman el Congreso. El Gobierno avanza casi exclusivamente con la reforma laboral en el Senado y el debate se centra principalmente en el artículo 191 del proyecto, que establece una reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas. Sobre los cambios en el mundo laboral, apenas hay comentarios. Ni el sector libertario ni el peronismo, que en este caso espera los movimientos de La Libertad Avanza, se han pronunciado.

En principio, la jefa del bloque de LLA en el Senado tiene previsto para mañana un encuentro con el bloque de la UCR para avanzar en la búsqueda de votos que le permitan llevar el proyecto al recinto la semana próxima, preferentemente el 11 de febrero. En la Cámara de Diputados el escenario es similar. Luego de un enero casi sin noticias, reuniones ni encuentros, la Cámara baja retoma hoy las actividades con un llamado a los bloques para el armado de nuevas comisiones.

Según explicaron fuentes del Palacio Legislativo, el presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, adelantó de manera informal a sus pares de la oposición que la presidencia de la Cámara enviará a cada uno de los bloques el pedido para que el próximo jueves remitan los nombres de las diputadas y los diputados que integrarán dos comisiones encargadas de debatir los proyectos que envíe el Ejecutivo.

El jueves es la fecha en la que la presidencia de la Cámara recibirá el listado de los representantes de tres comisiones. La primera será la de Relaciones Internacionales - Mercosur, la segunda la de Justicia y la tercera la de Familia. En el caso de la primera, se deja entrever la decisión del oficialismo de iniciar el debate sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Las otras dos están vinculadas a las comisiones necesarias para debatir la reforma de la Ley Penal Juvenil.

“La presidencia pidió el listado a los bloques, pero en ninguno de los dos casos están los proyectos”, explicó un diputado de la oposición. “Además, con los plazos establecidos, es poco probable que ambos temas lleguen al recinto”, advirtió.

En el caso de la comisión de Justicia, quedaría a cargo del libertario Sebastián Pareja, y para Familia, la presidencia recaería en Provincias Unidas o en la Unión Cívica Radical.

El cronograma que circula entre los legisladores indica que la próxima semana, entre martes y miércoles, se conformarían las comisiones con la elección de sus autoridades y, si llegan los proyectos, se darían los primeros pasos del debate. La semana siguiente es poco probable que puedan reunirse las comisiones, ya que lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de febrero son feriados por Carnaval, por lo que sólo quedaría una semana de febrero para dictaminar los proyectos.

Aunque el reglamento de Diputados establece que se puede ir al recinto el mismo día del dictamen, los legisladores consideran poco probable que durante la última semana de las sesiones extraordinarias se logre una media sanción. “No sabemos cómo serán los proyectos. En el caso de la Ley Penal Juvenil, si se respeta el consenso alcanzado el año pasado, tiene chances. Si envían otra cosa, va a ser muy difícil que prospere”, agregaron desde uno de los bloques de la oposición, que adelantaron que, en ese escenario, acompañarían en general el proyecto y presentarían modificaciones.

Este último punto es el que evalúa el oficialismo respecto a la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto que obtuvo dictamen durante 2025 —y que perdió estado parlamentario— establecía bajar de 16 a 14 años la edad. Aunque el oficialismo, a través de Patricia Bullrich, anunció que en esta ocasión pretende insistir con la baja a 13 años, los diputados esperan definiciones y los operadores parlamentarios del oficialismo ya anticiparon que tiene pocas chances de prosperar.

Tras un fin de año y un receso estival mucho más tranquilo que el imaginado meses atrás, el Congreso comienza este lunes con el período de sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei. El llamado durará hasta el viernes 27 de febrero —el domingo 1 de marzo, el primer mandatario inaugurará un nuevo período ordinario— y el Gobierno libertario depositó su mayor energía, ya desde diciembre último, en un proyecto con horas definitorias en el Senado: la reforma laboral.

La jefa de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), consiguió un dictamen de mayoría y no logró llevarlo al recinto ante picardías desde Balcarce 50 en el Presupuesto 2026, que sí logró sancionarse antes que terminase 2025. Fue el primer plan de gastos al que el Congreso le dio luz verde. El texto relacionado con el mundo del trabajo fue un alivio para la mayoría de legisladores que aportan votos a una Casa Rosada aún en minoría.

Con el despacho habilitado —aunque sin tratamiento por el pleno— Bullrich lanzó, como fecha tentativa de sesión, el miércoles 11 de febrero. Durante el mes pasado, la asesora y abogada Josefina Tajes recopiló todas las observaciones de la oposición “dialoguista” y, el miércoles último, oficialismo y potenciales aliados se reunieron más de dos horas para pulir la iniciativa. No hubo grandes avances, pero una situación quedó más que clara de cara a la cumbre de las 15 de mañana, en el bloque radical: el pliego con las modificaciones está en manos del ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre las tácticas del Gobierno para desviar la atención y el -llamativo- silencio de varios senadores, la disputa por la ley laboral empezó a caminar sobre la delgada línea de lo posible y probable, aunque las ventanas por donde suele meterse el diablo también se abrieron. Y, con LLA que quiso avanzar en diciembre y no pudo, la fecha de sesión -informal, por ahora- y un segundo intento para la semana próxima elevan la temperatura de la Cámara alta. Todo esto, con un kirchnerismo casi en silencio. Es decir: todo dependerá, en gran parte, de cómo se mueva la Casa Rosada. Y, en estas áreas, todo es complejo.

Con el foco en mandatarios provinciales, la resistencia principal apunta a la inevitable caída en la Coparticipación. Los distritos olvidan recordar que quien más perderá, en este sentido, será la Nación. También es cierto que, al tener los resortes del Estado, dicho hueco sería cubierto de manera ágil. No es lo mismo en el caso del interior. No obstante, ya se cumplieron dos años de un ajuste severo y, sin dudar, un aditivo que tensa la convivencia con senadores no tan interesados en la ideología, bronce o trascendencia eterna, sino en el día a día. Debajo de ellos aparecen los “busca”, que nunca faltan y aprovechan cada ocasión para arañar al Ejecutivo de turno.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quórum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en los diez de la UCR -comanda el correntino Eduardo Vischi-, el PRO -tres adhesiones para nada menores, que maneja el misionero Martín Goerling- y silvestres provinciales que no siempre responden a poderes locales. Una fuerza del interior ya dio un guiño y se comprometió a acompañar. Sin embargo, el centenario partido y otros “sueltos” son quienes inclinarán la balanza.

Otro proyecto con dictamen listo en la Cámara alta y que interesa a varios gobernadores —poco y nada se habló en las últimas semanas— es el que aplica modificaciones varias en la Ley de Glaciares, con dos lados de la biblioteca muy distanciados y millonarias inversiones en juego. También se encuentran en el temario, entre otros ítems, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el pliego, como embajador político, de Fernando Iglesias. Las últimas dos cuestiones implican armado de comisiones, un territorio siempre áspero, con oficialistas y aliados que se matan por estar y “ser parte”. Ni hablar de presidir. Lo que pase luego será anecdótico. Bajo esa realidad y la integración descrita, enfrentará Milei un nuevo período de sesiones extraordinarias.

Con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias a punto de asomarse -se inicia mañana, hasta fines del corriente mes-, el Gobierno libertario sostiene como sea la idea de sesionar antes del 13 de febrero -11 o 12- para aprobar la reforma laboral en el Senado y girarla a Diputados. El final de este sendero se consumará tras una primera dilación, en diciembre pasado -donde se obtuvo un dictamen de mayoría-, y una reunión clave entre dialoguistas y la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, con varias solicitudes de modificaciones en manos del Ministerio de Economía, es decir, Luis Caputo.

Mientras se aguarda la cumbre entre la ex ministra de Seguridad y los potenciales aliados -no siempre acompañan-, la Casa Rosada busca pulir su estrategia política de cara a semanas trascendentales en el Palacio Legislativo. Lo que está en juego, por fuera del articulado en sí, es la posibilidad de un aterrizaje triunfal de Javier Milei el 1 de marzo próximo, cuando el primer mandatario inaugure el período ordinario de sesiones.

Lo que también quedará demostrado, con el destino final, es si de verdad influyó el leve viraje -sin tocar las “bases” y, sobre todo, las feroces formas- de la estrategia política de Balcarce 50 en relación con el Congreso, luego de tediosos meses -entre 2024 y 2025- en ambas Cámaras, con una oposición que casi toma el control absoluto de la agenda, si de votos se hablase. En especial, en la alta, donde haber ganado tiempo ante oleadas kirchneristas fue algo nunca reconocido por el Ejecutivo. Por un puñado de aventureros poco profesionales que miraron hacia otros objetivos, muchos más cayeron en la volteada. Más que injusto.

Tras varias semanas de una repetida y gastada calesita de “novedades” sobre la reforma laboral, los puntos aún no congeniados entre oficialismo y dialoguistas ya son trillados. En el Senado, La Libertad Avanza tiene más que claro que acordar con gobernadores con terminales en legisladores cerraría la luz verde del proyecto. Con algunos, ya lo hicieron. No obstante, no puede apostar sólo a ello y debe pegotear a revoltosos silvestres provinciales que no responden a una gestión local. El diablo suele acercarse a éstos, que aprovechan el minuto de gloria y se convierten en máquinas de exigir, a veces, barbaridades.

El panorama descripto siempre presenta inconvenientes a la hora de mover piezas en el tablero político. Por un lado, el Gobierno quiso “cerrar” algunos asuntos en diciembre último. Fueron convites discretos. Esto se comprobará en los próximos días y se sabrá hasta dónde “aflojaron” los eventuales ayudantes. Las especulaciones empiezan a picar cerca y nadie quiere, como es lógico, abrir la boca.

Con el foco en mandatarios provinciales, la resistencia principal apunta a la inevitable caída en la coparticipación. Los distritos olvidan recordar que quien más perderá, en este sentido, será la Nación. También es cierto que, al tener los resortes del Estado, dicho hueco sería cubierto de manera ágil. No es lo mismo en el caso del interior. Ya no se trata sólo de pagar sueldos. Por caso, la obra pública ingresó en una fase delicada.

Un ingeniero top, con emprendimientos de todo tipo realizados en al menos un tercio del país, lo definió de esta manera a Infobae el año pasado y reiteró idéntico comentario días atrás: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”. Se habla de reclamos concretos a Bullrich y un ruego a Caputo para reactivar un área dañada y de difícil resolución. Pretender solucionar todo en dos años, a esta altura, es más que primitivo, aunque hay prioridades a repensar.

En caso de destrabar la coparticipación, que implicaría revisar beneficios sobre Ganancias a grandes empresas -dialoguistas prefieren otra clasificación y no dejar al resto afuera-, los aliados quieren plazos más precisos en la potestad laxa que el artículo 212 del dictamen le otorga al Ministerio de Economía para reglamentar, una vez sancionada la ley, varios sistemas incluidos en el proyecto, como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI, que fue observado) y otras jugadas tributarias. Según confiaron a este medio desde dos despachos, “eso ya se sacó”.

Las situaciones puntuales del mundo laboral parecen encontrarse en segundo o tercer plano. El kirchnerismo casi no reapareció en la Cámara alta, lo cual llamó demasiado la atención. En comparación a debates de los últimos 15-20 años, los movimientos cristinistas fueron mínimos y en modo tortuga. Por eso la atención está puesta en cómo negociará Balcarce 50 y hasta dónde cederá. Si se frenara el texto, sería un “strike dos”, con perfume a tres y “out”. Desde las 15 del martes próximo, en la oficina central de la bancada radical del Senado -comanda el correntino Eduardo Vischi-, habrá novedades. Llega la hora de mostrar las cartas.

La fuga de intendentes radicales de Córdoba hacia La Libertad Avanza alertó a todos los dirigentes del partido centenario. Tal es así que se analizan represalias para aquellos que decidan “pintarse de violeta” por fuera de las negociaciones formales que gestionan las autoridades de la UCR. En paralelo, dos gobernadores aparecieron para generar mayor tensión y confusión. Maximiliano Pullaro se mostró con Martín Llaryora en Cosquín, en una muestra de profundización de la alianza Provincias Unidas, mientras Alfredo Cornejo recibió a Rodrigo de Loredo en Mendoza en momentos en que el diputado busca fortalecer su proyección nacional y su vínculo con la Casa Rosada de cara a 2027.

El pase de los seis intendentes del departamento de San Justo fue el detonante para que el vínculo entre De Loredo y Gabriel Bornoroni termine de implosionar. Los jefes comunales en cuestión son Andrés Rinero (Devoto), Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina). Todos provenientes del PRO, la UCR y partidos vecinalistas. Lo llamativo es que ninguno de los involucrados brindó detalles del acuerdo ni en público ni en privado. “No se sabe bien qué pasó”, reconocieron entre los radicales que esperan mantener una reunión en los próximos días para escuchar las explicaciones.

“La amenaza fue eficiente”, reconocen cerca de De Loredo. Como reconstruyó Infobae, los armadores de La Libertad Avanza le advirtieron a todos los intendentes con los que se reunieron que, en caso de no sumarse a las filas libertarias, “plantarían” un candidato propio, lo que provocaría una división del voto antiperonista. Ese planteo fue el que gestó la fuga de dirigentes. Ahora la UCR repite la estrategia: en los territorios donde los jefes comunales que “se corten solos”, y acuerden individualmente con los libertarios, instalarán un postulante radical. Hasta deslizan que no tendría problema con que se geste una propuesta de Provincias Unidas, la alianza de la avenida del medio que integra el propio Llaryora.

“A los intendentes que se corten solos se los va a vaciar”, sostienen los radicales que hoy conducen el partido, dividido en más de tres facciones. Hablan de la necesidad de dar una sanción “ejemplificadora” a este grupo de dirigentes que cerró con La Libertad Avanza, con el objetivo de contener la fuga. De hecho, será uno de los temas que trate el Foro de Intendentes en los próximos días. En el equipo estratégico de De Loredo reconocen que existió un aval para que los jefes comunales negocien con los libertarios en busca de la unidad opositora rumbo al 2027 pero no para acordar individualmente.

Mientras intenta contener la fuga de intendentes, De Loredo busca sortear la interna del partido centenario que este año debe renovar autoridades tras el escándalo del año pasado que terminó en la Justicia y con Ramón Mestre apoderándose del sello para competir en soledad en las elecciones legislativas del 2023. Recientemente asistió el joven presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, al Comité de Córdoba para escuchar las diferencias y necesidades de los dirigentes locales. Muchos elogiaron la capacidad de convocar a más de 200 radicales en plena ola de calor y hasta resaltaron el gesto de bajar las sillas del escenario para hablar “de igual a igual” con los concurrentes. Pero la falta de acuerdo persiste. La resolución excede al intendente de Venado Tuerto.

Tal es la interna provincial que ya nadie - o unos pocos- protestó por la foto de Maximiliano Pullaro con Llaryora. No es la primera vez que la oposición en Córdoba transita un mar de contradicciones permanentes entre los armados nacionales y locales. Sucedió en el 2023 cuando Luis Juez, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, protestaba por las fotos de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes con Juan Schiaretti. Pero en esta oportunidad, Provincias Unidas no logra seducir a los dirigentes locales a raíz de la derrota en las legislativas del año pasado.

Pero De Loredo aprovechó la trifulca y los rumores de pérdida de apoyo para viajar a Mendoza y reunirse con Alfredo Cornejo, el exitoso aliado de Javier Milei. Según pudo reconstruir Infobae, el gobernador tiene todas sus fichas puestas en el ex jefe de bloque de Diputados de la UCR, puesto que ganó gracias a su apoyo en el 2023. “Rodrigo tiene un proyecto para la provincia”, resaltan en Mendoza en contraposición a lo que sucede con los candidatos que suenan para La Libertad Avanza, entre ellos, Gabriel Bornoroni.

¿La Casa Rosada está realmente dispuesta a construir una alianza para derrotar al peronismo local? Es una pregunta que se hacen los dirigentes de peso involucrados en el armado opositor que observan un “fin de ciclo en Córdoba” y una oportunidad de alternancia. El principal factor que alimenta esa incógnita es el “vínculo privilegiado”, según describen, entre Llaryora y el ministro de Economía, Luis Caputo. Mencionan la reciente colocación de deuda de la provincia en el mercado internacional como una señal de entendimiento político.

Con ese panorama, creen que Bornoroni deberá acatar cualquier decisión que se tome desde la cúpula del gobierno. Desde no ser ungido candidato o hasta terciar a favor del peronismo. En cambio, ven con buenos ojos el rol de De Loredo, que no tiene jefe político y lidera parte de la UCR en Córdoba. Pero necesita un interlocutor con la Casa Rosada. Su vínculo se rompió cuando rechazó afiliarse a La Libertad Avanza para encabezar la lista de diputados. Cornejo estaría dispuesto a encarnar ese rol.

“Estoy haciendo lo mismo que hizo Juez”, se justifica entre los suyos De Loredo cuando escucha las críticas por su lanzamiento prematuro. Se refiere a la disputa que ambos protagonizaron para las elecciones de 2023 donde el actual senador también se había candidateado antes de tiempo. El resultado fue positivo porque ganó la pulseada para encabezar la fórmula pero perdió ante el peronismo. El radical cree que es su momento. Confía en los números que le muestran las encuestas, en el despliegue territorial y en los cuadros técnicos para gobernar.

Además de las internas partidarias, De Loredo tiene como adversario un sello competitivo como el de La Libertad Avanza que en la última elección demostró que puede ganar incluso con un candidato outsider, y un Bornoroni que mantiene constantes reuniones con intendentes y dirigentes dispuestos a pintarse de violeta. A su favor, según cuentan en su entorno, el regreso al llano le permitirá enfocar todo su tiempo a la campaña por la Gobernación, mientras Juez y Bornoroni deberán trabajar para lograr que Milei tenga los votos necesarios en el Congreso para aprobar las reformas que planea para este año. Tal vez consiga que se cumpla el mandato que Chiarella dejó en su visita: un “principio de solidaridad” que se basa en que los radicales que gobiernan ayuden a los que tienen posibilidad de ganar un nuevo territorio.

“La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”. Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejaron en evidencia que la discusión sobre el contenido del nuevo Régimen Penal Juvenil, que se tratará durante las sesiones extraordinarias, no está saldada al interior del Gobierno.

Mientras algunos referentes libertarios dejaron trascender que establecer la edad mínima de imputabilidad en los 14 años permitiría alcanzar consensos más amplios que dejarán al oficialismo muy cerca de tener los votos para sancionar la nueva ley, otros creen que es momento de insistir con la redacción original del proyecto, que proponía bajar el umbral a los 13 años.

El primer proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y recién en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un dictamen de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

Durante esas negociaciones, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presionaron para fijar la edad mínima en 14 años. También redujeron de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado que quedó listo para ir al recinto, algo que finalmente nunca ocurrió.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Algunos sectores del Gobierno se inclinan por “respetar” los acuerdos previos; en cambio, otros creen que la victoria electoral de las legislativas y el contexto generado por algunos crímenes resonantes, como el de Jeremías Monzón en Santa Fe, habilitan a jugar más a fondo.

En esta discusión, la posición que adopten los aliados del Gobierno y los sectores dialoguistas terminará de inclinar la balanza. “El Gobierno está muy bien y viene metiendo goles, es obvio que van a tensar la discusión y proponer otra vez los 13 años. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que la edad mínima tiene que ser 14 años”, explicó un referente del PRO en Diputados.

Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentan que es una cuestión de “prudencia científica y de realidad operativa”. “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, explicaron.

A su vez, advierten que el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema: “Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

Por otro lado, el bloque amarillo entienden que será una buena oportunidad para “plantarse” e inaugurar la nueva etapa de “aliados con condiciones”. Cabe recordar que muchos en el bloque PRO aún no superaron el malestar por la ruptura de los diputados bullrichistas y la posterior incorporación a La Libertad Avanza de Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Lorena Petrovich.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque oficial de la UCR coincidieron en que “la discusión no debería volver a foja cero porque el tema ya está casi alineado en una de las Cámaras”.

“Por querer jugar a fondo, pueden perder el número que prácticamente ya tienen asegurado para bajar la imputabilidad a los 14 años. El radicalismo quiere que la ley salga, no hay que desaprovechar los consenso que no fueron nada fáciles de conseguir, sería perder el tiempo”, explicaron. Y advirtieron: “Tienen que mirar la composición de la Cámara”.

La advertencia no es menor, ya que sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven el PRO, la UCR y el MID, para el oficialismo sería prácticamente imposible llegar al quórum de 129 para el debate en Diputados.

El ministro del Interior, Diego Santilli, arribará a las dos provincias del Litoral que le quedan por recorrer durante la próxima semana. Su visita se dará cuando el período de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo ya haya empezado a correr.

En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés había anticipado días atrás que aguardaban la llegada del funcionario nacional para este jueves o viernes. Pero el miércoles fuentes oficiales hicieron trascender a medios locales que la visita quedaría para los próximos días de la semana.

En la tierra del chamamé tenían listas las carpetas con pedidos a tratar para Santilli. Serían las contrapartidas a fin de negociar el apoyo clave de los tres senadores nacionales correntinos al proyecto de ley de modernización laboral.

En Misiones, en tanto, no había llegado confirmación del viaje. Pero suponían que se daría casi en paralelo a la gira que realizaría el Ministro por la provincia vecina. Ahora están, de nuevo, esperando una confirmación de la Casa Rosada.

Por qué estas provincias son relevantes en la votación de la reforma laboral

El oficialismo correntino tiene a disposición los tres senadores nacionales de la provincia. Se trata de los dos de la mayoría: Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, integrantes del bloque de la UCR y que responden al valdesismo. Pero también pueden poner sobre la mesa al de la minoría: Mauricio “Camau” Espínola, un ex PJ que se alió al oficialismo en 2025.

Días antes de dejar su cargo en diciembre, el ex gobernador Gustavo Valdés comprometió el acompañamiento a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Santilli estaba a su lado cuando hizo la promesa.

Pero el recambio institucional cambió las cosas. Su hermano y sucesor, Juan Pablo Valdés, anunció que iba a debatir los pros y contras del proyecto del Ejecutivo. Recién entonces definiría una posición. “Hay algunos puntos que nos preocupan”, reconoció en declaraciones a medios locales. Dijo que prestará especial atención a si “no se violentan los derechos de los trabajadores”.

El miércoles, el Gobernador publicó al mediodía una foto en su despacho junto a Vischi y al diputado nacional Diógenes González, también de su espacio. En términos genéricos, dijo que los encuentros sirvieron para “intercambiar miradas sobre la agenda legislativa nacional y trabajar en proyectos estratégicos para nuestra provincia”.

Horas más tarde, Vischi y Espínola participaron de una reunión con la presidenta de la bancada de LLA, Patricia Bullrich.

Misiones también puede ser una provincia donde el Gobierno logre tres votos para el tratamiento en el Senado. El oficialista Frente Renovador de la Concordia puede poner a disposición a Carlos Arce y a Sonia Decut. Ambos ya han votado en sintonía con la Casa Rosada. A ellos se les sumará, con toda seguridad, Enrique Goerling del PRO. Arce también estuvo en la reunión con Bullrich.

En la tierra colorada, el acuerdo anudado por Santilli es más fuerte que el de Corrientes. Es que en Misiones el acompañamiento a las políticas nacionales no fue una promesa solo del gobernador Hugo Passalacqua. El ministro del Interior también tuvo el tino de reunirse con el hombre fuerte de la provincia: Carlos Rovira. El caudillo local levantó el pulgar al entendimiento.

Este acuerdo, sin embargo, se hizo a fines del año pasado. Desde entonces, la situación fiscal de Misiones se ha complicado. Debió desdoblar el pago del medio aguinaldo, abrir una moratoria impositiva y congelar los pases a planta permanente en el Estado. Cuando Santilli regrese, la cuestión financiera del Gobierno local también será puesta sobre la mesa.

Cómo le fue al Ministro en otras provincias de la zona

Santilli dijo la semana pasada en Entre Ríos que esperaba que la nueva ley de modernización laboral se apruebe durante febrero. “Soy optimista”, expresó. A su lado, el mandatario local, Rogelio Frigerio, ya había anticipado su respaldo político a la iniciativa.

En este distrito, LLA se quedó con los senadores nacionales en la elección de octubre. Se trata de Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch. El representante por la minoría es el peronista Adán Bahl. Sin embargo, Frigerio tiene un ascendente importante sobre un puñado de Diputados, donde recalará el proyecto laboral si supera el Senado.

Por otro lado, el funcionario nacional también estuvo en Chaco. Allí logró el aval del gobernador Leandro Zdero. De los tres senadores chaqueños, uno es libertario. Se trata de Juan Cruz Godoy, cuyo voto se descarta. El representante de la minoría es el kirchnerista Jorge Capitanich y decisión es cantada. La intervención de Santilli posibilitó poner una tilde verde en el casillero de Silvana Schneider. Se trata de la ex vice de Zdero, de filiación radical.

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió con sus pares “dialoguistas” para recolectar y pasar en limpio los pedidos de cambios al dictamen de mayoría de la reforma laboral, que el oficialismo aspira a tratar antes que finalice la primera quincena de febrero, en sesiones extraordinarias. Al término del cónclave, la ex ministra de Seguridad aseguró a medios acreditados en el Congreso -entre ellos, Infobae- que hay un “acuerdo bastante consolidado”, aunque reconoció que habrá modificaciones en el despacho firmado en diciembre pasado.

El convite duró más de dos horas y se realizó en las oficinas centrales de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, que comanda el correntino Eduardo Vischi. De hecho, Bullrich llegó media hora más temprano de lo pactado -14.30, en vez de las 15- y todo finalizó a las 17.30.

También participaron Flavia Royón (Primero los Salteños), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), el renovador -no massista- Carlos Arce (Misiones) y la santacruceña Natalia Gadano, quien fue una de las que llegó tarde. No se vio a nadie del PRO y al principio esto llamó la atención, aunque desde el oficialismo luego aclararon que se debió a problemas de logística y con aviso correspondiente.

A partir de ahora comenzará un nuevo ida y vuelta entre el Senado y la Casa Rosada hasta el martes próximo, cuando vuelvan a juntarse oficialistas y aliados. “Estuvimos en un diálogo muy abierto con los bloques con los que hemos reunido 44 voluntades -en referencia a diciembre último- y estamos trabajando. Tenemos un acuerdo bastante consolidado que se conocerá en el momento oportuno, pero realmente el trabajo en equipo se está logrando bien, con grandes avances”, sentenció la representante por la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultada sobre el capítulo fiscal -caída de la coparticipación, tanto en Nación y provincias, por beneficios en Ganancias a grandes empresas-, opinó: “Es un tema que está más en manos del poder Ejecutivo. Por supuesto que los senadores miran que es importante que las provincias tengan sus recursos, pero todavía no se ha resuelto y está en discusión”.

Sobre el primer punto, Vischi manifestó: “La verdad es que tenemos un entendimiento bastante importante, un porcentaje muy alto y estamos convencidos de que la ley laboral tiene que salir porque lo está esperando toda la sociedad”. No obstante, añadió: “Siempre hay algunas cuestiones desde el punto de vista federal que preocupan, como el tema positivo, pero muchas veces sabemos que hay que hacer esfuerzo para tratar de sacar a la Argentina adelante”.

Al ser repreguntado por el capítulo tributario, el correntino sostuvo: “Yo creo que tiene que haber alguna alternativa, así como se plantea la posibilidad, en nuestro caso, de algunas diferenciaciones con respecto a las empresas grandes, medianas y chicas. De todos modos, lo que estamos viendo es que hay una actitud de colaborar”.

“Tenemos para discutir unos días más y a lo mejor, también en el entendimiento de cómo va configurándose la relación del Gobierno nacional con las provincias, se puede terminar de acordar y tratar lo antes posible”, subrayó el titular de la UCR en la Cámara alta. Además, habló de “algunos artículos con palabras que había que sacar porque hacían ruido, pero nos parece, en general, que la ley está bastante bien”.

De nuevo con Bullrich, la legisladora explicó: “En América Latina, es el país -Argentina- con menos empresas cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 12 cada 1000 habitantes, cuando Uruguay nos quintuplica, por ejemplo. O Brasil, que nos duplica. Entonces, esta ley tiene como objetivo relaciones laborales más modernas, menos litigiosidad, generar los mismos mecanismos de nuestros vecinos para acelerar el crecimiento de las empresas, a partir de los mecanismos que tiene el RIMI -Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones-, como antes existió el RIGI. Sabemos que esto genera una discusión respecto a los recursos y quién los pone. Eso está bajo un paraguas y lo vamos a discutir”.

“Ustedes habrán visto que estuvimos más de dos horas trabajando, mirando la ley, estudiándola, así que estamos seguros que vamos a llegar a un acuerdo y que el país va a seguir adelante con su modernización”, enfatizó la jefa libertaria.

Juicios laborales

En medio del intercambio entre Bullrich, Vischi y acreditados surgió una duda sobre la litigiosidad. En esa línea, la legisladora porteña detalló: “Hoy, todos sabemos que los juicios laborales destruyen muchas empresas. ¿Por qué? Porque se deformaron. Antes -por la actualidad- la base quedó igual y es un salario por año, pero le pusieron un montón de otras cosas que terminaron deformando. Hoy, en realidad, estamos volviendo a la vieja ley de contrato de trabajo, que es un salario por año. Entonces, lo que queremos es dar previsibilidad, que el juicio no destruya empresas, que los empresarios se animen a contratar gente y que nazcan más empresas".

Incendios

Antes de la retirada de ambos, un inevitable requerimiento sobre si se incorporará al temario de extraordinarias -se inician el lunes próximo- el drama de los incendios en el sur del país fue respondido por Bullrich, quien deslizó: “El Estado Nacional corre inmediatamente a ayudar y también genera mecanismos de ayuda posterior, como pasó en -la inundación de- Bahía Blanca. En eso, las provincias saben que cuentan. Lo tiene que decir el jefe de Gabinete, pero seguramente entre hoy y mañana esto va a aparecer en el en el temario”.

El bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) mantuvo anoche un encuentro virtual y dejó en limpio las solicitudes de cambios al dictamen de reforma laboral que demandará a la jefa libertaria de la Cámara alta, Patricia Bullrich, en una cumbre que se realiza desde las 14.30 en la oficina central que el centenario partido tiene en el Palacio Legislativo. El convite cuenta también con la presencia del PRO y de silvestres provinciales que necesita sumar la Casa Rosada de cara a la sesión extraordinaria que pretende, aunque resta confirmar, entre el 11 y 12 de febrero próximo.

Las primera en llegar al convite fueron las senadoras Edith Terenzi (Chubut), Flavia Royón (Salta) y Beatríz Ávila (Tucumán). En el despacho esperaba el anfitrión, Eduardo Vischi, jefe de la UCR en la cámara alta. Si bien la reunión estaba convocada para las 15, la ex ministra de Seguridad llegó media hora antes.

La mayoría de los radicales, que en el Senado son comandados por el correntino Eduardo Vischi, prefirió esperar al “cara a cara” con Bullrich y no anunciar una postura a través de los medios. “Si nos jugó bien y con respeto en diciembre, no hay apuro alguno y mejor hablarlo mañana”, sostuvo un legislador a Infobae.

Más allá de la cautela, desde un despacho deslizaron a este medio, a modo general, que la bancada está de acuerdo “en un 80-85%” con la iniciativa y que “los temas a observar son conocidos”. Es decir que, tanto la UCR como otros senadores reclamarán modificaciones en ítems relacionados con lo “federal” -la eventual quita de coparticipación-, algunos “beneficios” -a favor de grandes empresas, algo que varios solicitan revisar-, y cuestiones más específicas como, por ejemplo, la cuota solidaria sindical. Es que, para los bloques, no se puede convivir más con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) luego frenados en la justicia. “Lo mejor es hacer algo prolijo, por ley y acabar de una vez por todas con cosas no saldadas hace años”, opinó un experimentado dialoguista.

“Acotamos al máximo posible lo que se requerirá. Pero hay puntos en los que no hay mucho margen para ceder. Se verá cuánto aporta la Casa Rosada para arribar a destino. Queremos que salga lo mejor”, aseguraron desde otro despacho de la oposición “acuerdista”.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO -tres adhesiones para nada menores, que maneja el misionero Martín Goerling- y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Desde el interior del país se aguardan, entre otros, a Carlos Espínola (Corrientes-Provincias Unidas); y a Flavia Royón (Primero los Salteños) y Julieta Corroza (La Neuquinidad), terminales en la Cámara alta de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa, respectivamente. El último intenta recuperar identidad y levantar el perfil tras la durísima derrota frente a La Libertad Avanza de octubre pasado.

Un artículo del despacho firmado en diciembre pasado y que preocupa a varios bloques es el 212, que señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó anteayer de esta manera: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Otro proyecto con dictamen listo para el recinto es el relacionado con los cambios en glaciares. Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se entiende, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina.

Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un despacho de peso. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje a muchos les parece ”bajísimo".

El terreno de las sesiones ordinarias que comenzarán el lunes próximo empieza a acomodarse de a poco, ante un oficialismo apurado para aprobar la reforma laboral en el Senado. Por este motivo es que la oposición “dialoguista” aprovechará las próximas horas para peinar las observaciones al dictamen de mayoría ya firmado en diciembre pasado, de cara a la cumbre que fuerzas como la UCR, el PRO y silvestres provinciales mantendrán con la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, desde las 15 -en principio- de mañana.

“Hay una calma generalizada. La forma en la que se manejaron las cosas en las sesiones extraordinarias de fines del año pasado es la que deberá repetirse”, sentenció a Infobae un legislador de la Unión Cívica Radical (UCR). La bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi mantendrá esta tarde una reunión virtual para filtrar sus inquietudes y llevar planteos concretos a la exministra de Seguridad.

Los radicales suman 10 votos clave, así como los tres del PRO, que lidera Martín Goerling (Misiones), quien también participará del convite de este miércoles, aunque el bloque marista se juntaría recién la semana próxima, cuando arranque la actividad oficial. Ambos espacios recibieron notas y pedidos de diversas entidades interesadas. Algunas, muy reconocidas, se hicieron visibles en las últimas horas. En un puñado de casos, de forma llamativa.

Sobre este punto, desde un importante despacho dialoguista confiaron a este medio: “Lo que se percibe tras revisar los cuestionamientos, a modo general, es que muchos terminaron siendo muy focalizados en sus propios bolsillos. Entonces, la reforma en sí pareciera no interesarles, salvo la parte específica para la que se ponen corporativos. No parece ser el mejor camino”.

Hay un ítem que sí preocupa. Y ya no sólo en una o dos bancadas. En el despacho que firmaron oficialismo y aliados, el artículo 212 señala: “Las disposiciones comprendidas en los Títulos II Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Titulo XXIII Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), Título XXIV Modificaciones a leyes impositivas, Título XXV Reducción de la carga tributaria, entrarán en vigencia cuando así lo disponga el MINISTERIO DE ECONOMÍA a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Un senador lo interpretó de esta manera ante Infobae: “Es como dejarle una facultad delegada, prácticamente”.

Bullrich cuenta con un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, el PRO y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a este medio que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. En primer lugar, la de mandatarios provinciales por la inevitable caída en la coparticipación. Una legisladora recordó horas atrás que “si bien es entendible, también es cierto que si continúa la actividad en alza y una normalización de empleados registrados compensará por ese lado, además de aclarar que quien más pierde plata con esto será el Estado nacional”. Y añadió: “Si piden alivios y el Gobierno los otorga, no pueden reaparecer quejas. Si no, es pensar algo para después no mover nada”.

Otras cuestiones se direccionan hacia la ultraactividad y la bomba atómica de varios estatutos. Tampoco debe olvidarse el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sobre quién pierde y quién gana, desde un bloque deslizaron que “si de aportes se hablara, los mismos pasarían a ser optativos y ya nadie podría ponerse del lado de la desigualdad ante otro sector; es decir, lo más justo y ecuánime para todos”.

Para el miércoles se espera que Bullrich se junte con su tropa, una vez terminada la reunión con referentes dialoguistas. Antes de la misma lo haría con su antecesor y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy).

A una semana de que se inicie un nuevo período de sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), comenzará en las próximas horas el “cara a cara” con sus pares dialoguistas de la Cámara alta para hacer un paneo general de objeciones y potenciales votos relacionados con la reforma laboral, con una agenda oficial que incluye otros temas que suman dudas, como la modificación de la Ley de Glaciares.

El receso estival se sintió en el Senado, con guardias mínimas y pocos legisladores presentes. En los últimos días sí aparecieron, entre otros, el ex jefe libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), la referente cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y la zigzagueante aliada/enemiga de Casa Rosada Natalia Gadano (Santa Cruz). Las autoridades también aprovecharon para descansar. No obstante, el jueves pasado, según pudo saber Infobae, algunas de ellas mantuvieron un encuentro al mediodía. No se supo mucho del convite, salvo un enojo -nivel preescolar- de un rango inferior por información publicada en este medio.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. Con la medalla de oro, las relacionadas con plata. Los votos están ahí y los esconden los gobernadores. Ellos bien lo saben y ahora tienen ese reclamo un poco más justificado, tras el mega ajuste que impuso el Gobierno libertario luego de años de festival y con los bolsillos del “payaso” reventados de deuda. Después, viene lo específico sobre el mundo del trabajo, ya sea la ultraactividad, la bomba atómica en varios estatutos, etcétera. No se debe olvidar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Durante la semana que finalizó ayer, la asesora de Bullrich y abogada Josefina Tajes recopiló cada detalle de las quejas que aterrizaron en el Senado. La presidenta del bloque libertario se tomaría 48 horas para el “ida y vuelta” con la Casa Rosada y, a partir del miércoles, analizar la opción de una reunión con dialoguistas para “peinar” un escenario más concreto.

La ex ministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a Infobae que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Al proyecto laboral, que ya está dictaminado en la Cámara alta y tendrá cambios que deberán anunciarse en el recinto, hay que agregarle la otra norma con despacho firmado y que buceó en diciembre pasado, sin muchas repercusiones: la modificación de la ley de glaciares. Durante el corriente mes, ya no solo el kirchnerismo reiteró sus objeciones, sino que, además, desde filas libertarias mencionaron con sigilo un par de preocupaciones -por eventuales inconvenientes en la justicia- que contiene el articulado.

Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se interpreta, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina o un país de África. Y la espera se hace tediosa.

Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un importante despacho. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje parece ”bajísimo" a muchos legisladores.

A medida que se consuman los días de receso legislativo en el Congreso, algunas ideas ya se analizan entre la Casa Rosada y el oficialismo senatorial. De cara al nuevo período extraordinario de febrero próximo, La Libertad Avanza (LLA) no descarta, para finales de dicho mes, completar la integración de la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano de control externo -a posteriori- de los gastos del Estado.

El organismo en cuestión siempre es presidido por designación del principal espacio opositor. Tiempo atrás, el kirchnerismo ubicó allí a Juan Manuel Olmos, el titiritero político y judicial del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las pocas figuras “institucionales” para mostrar.

Olmos gozó del control total y absoluto en la AGN durante larguísimos meses, gracias a la falta de acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, que tuvo varias oportunidades para relegar a la Casa Rosada y dejar a LLA sin nada. El trompazo de las elecciones nacionales de octubre amortiguó todo.

Durante el período de sesiones extraordinarias de diciembre pasado, la novedad fue regalada desde Diputados, con un criticado acuerdo entre libertarios y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, para ubicar en la AGN a Mónica Almada y la exlegisladora Pamela Calletti, respectivamente. En tanto, el tercer lugar fue ocupado por el kirchnerista Juan Ignacio Forlón.

“No hay más bipartidismo”, sentenciaron desde un despacho de peso en la Cámara alta a Infobae días atrás. Esto significa que el lema “1-1-1″ se repetiría en el Senado, con una leve modificación: a las butacas para el peronismo y el oficialismo se sumaría la que le corresponde a la Unión Cívica Radical (UCR). Más Olmos como presidente. Siete en total.

En el centenario partido, por ahora sigue mejor posicionado Luis Naidenoff, aunque las internas nunca desaparecen allí. Es que el cargo dura ocho años, con un festival de contratos y jugosos sueldos que hacen babear a otros radicales que, vista la película de los últimos años, hicieron todo lo posible para dinamitar a la histórica fuerza y fumigaron a caras jóvenes dispuestas a renovarla. Demencial.

Desde las ramas kirchneristas manifestaron a este medio que, en caso de ser uno, el mismo está “más que cantado” y “validado” por la mayoría de gobernadores justicialistas. ¿Javier Fernández? Por el lado libertario y, tras lo ocurrido en la Cámara baja, quedó en la línea de flotación el nombre del apoderado de LLA, Santiago Viola, hombre de confianza de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. No obstante, la Casa Rosada no definió nada aún y no se descarta una nueva sorpresa. Nadie quiere arriesgar un nombre tan temprano.

El nexo que tiene el Congreso con la AGN es la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, siempre un espacio en disputa entre las bancadas. Tras años casi de desidia a la hora de trabajar, el diputado del peronismo opositor Miguel Pichetto tomó la posta y, durante 2025, más que agilizó todo el trabajo demorado.

Por caso, el rionegrino recordó, en una de las últimas reuniones de la bicameral que, más allá de los 550 expedientes tratados en la comisión, se dictaminaron las Cuentas de Inversión 2017, 2018, 2019 y 2020. Es decir, de las administraciones de Mauricio Macri y el kirchnerista Alberto Fernández. En unos días se acaba el primer mes de 2026. Todo dicho.

La eventual ventana sobre este tema quedará atada a la viabilidad o no de la agenda de las sesiones extraordinarias que comenzarán a partir del 2 de febrero. Allí, la jefa libertaria del Senado, Patricia Bullrich -enlace directo con Balcarce 50-, ya direcciona la lupa hacia todo el sector dialoguista para tratar, como proyecto clave, la reforma laboral. En base a cómo se muevan los potenciales aliados, caminará o no la resolución de la AGN, que comenzó a desmembrarse en 2024, algo más que inaceptable. Se aguarda una respuesta de todo el arco político.

La participación de Javier Milei en el Festival de Jesús María, donde cantó junto al Chaqueño Palavecino, reflejó la importancia que el Presidente le otorga a la provincia en la carrera para su reelección. “Es insuperable e irrepetible”, describió un dirigente libertario a Infobae, que salió satisfecho por el desempeño del mandatario. El evento, además, sirvió de impulso para la figura de Gabriel Bornoroni, principal armador de La Libertad Avanza en Córdoba, que por estos días mantiene reuniones con intendentes para sumarlos al espacio. ¿Hubo un ultimátum de Karina Milei?

La buena noticia para Bornoroni esta semana fue la incorporación de seis intendentes del departamento de San Justo provenientes del PRO, la UCR y partidos vecinalistas. Se trata de Andrés Rinero (Devoto), Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina). Si bien son localidades con baja densidad poblacional, la novedad no pasa desapercibida: San Francisco es la cabecera del departamento y ciudad natal del gobernador Martín Llaryora, un distrito que supo ser favorable al peronismo.

Algunos radicales que se resistieron al acuerdo pero se enteraron de las negociaciones aseguran que llegó una orden de Karina Milei: hasta marzo tienen tiempo para pintarse de violeta todos aquellos que quieran un acuerdo con el Gobierno. “No quiere especulaciones ni que estén haciendo equilibrio hasta el año que viene”, dicen. Entre los requisitos estaría la obligación de integrarse al espacio sin alianza para convertirse en tropa propia. De hecho, los detalles del acuerdo que hicieron los seis intendentes de San Justo no trascendieron. Ninguno confirma ni desmiente la afiliación total o si su acercamiento es en el marco de una coalición. Este medio intentó comunicarse con los jefes comunales pero evitaron dar definiciones.

Entre los armadores de La Libertad Avanza de Córdoba le bajan el tono a la supuesta orden enviada desde Casa Rosada. Aseguran que no existe ningún plazo y que, en realidad, la mayoría de los intendentes no-peronistas saben que para conservar sus territorios la única alternativa es una alianza con los libertarios. La cuenta que hacen es clara: en el 2027 la opción para los cordobeses será peronismo o anti-peronismo. Todo aquel que juegue por fuera de la coalición opositora dividirá el electorado y le dará ventaja al armado de Llaryora.

Según pudo saber Infobae, los libertarios cordobeses buscan tener un candidato puro en todos los municipios. Sólo se abstendrán donde sellen acuerdos con los referentes locales para retener o ganar la ciudad. Ese es el trabajo al que está abocado Bornoroni desde fines del año pasado. El presidente del bloque oficialista en Diputados ya tiene como aliado a Luis Juez y un sector de la UCR referenciado con Soledad Carrizo, quien responde a Alfredo Cornejo. Con Rodrigo de Loredo el diálogo está roto.

Recientemente, en el Festival de Jesús María, De Loredo afirmó a medios locales que va a trabajar para que se pueda lograr un acuerdo de unidad con Bornoroni y Juez. “Son 30 años de peronismo. Es una eternidad. Tiene que dar vuelta esa página Córdoba”, describió el dirigente radical quien ya confirmó su candidatura a gobernador. Sus declaraciones generaron sorpresa entre los libertarios que observan en sus acciones contradicciones con sus dichos.

“Su especulación es nociva”, dicen sobre De Loredo los dirigentes que trabajan en la construcción de una alternativa para el 2027. Tanto Juez como Bornoroni evitan referirse al radical. Saben que será una pieza necesaria para el armado opositor pero están molestos por su lanzamiento a gobernador. Desde su salida del Congreso, el radical volvió a su provincia natal para retomar su sueño de gobernar Córdoba tras su intento frustrado en 2023. En ese entonces cedió el puesto a Juez y apostó por la ciudad capital. Ambos perdieron.

De Loredo cree que el próximo año es su momento para la revancha. En La Libertad Avanza sospechan que especulará hasta último momento según los resultados que obtenga de las encuestas. “Va a terminar sacando 3 puntos como (Ramón) Mestre”, lanzan dardos venenosos entre los libertarios al compararlo con el desempeño electoral del ex intendente en las últimas elecciones legislativas, el único en el país que se presentó sin alianzas con la histórica Lista 3 de la UCR.

“Es ahora cuando nos tenemos que juntar para trabajar juntos, no 15 minutos antes del cierre de alianzas”, le reprochan a De Loredo los referentes de Milei en Córdoba. Por estos días, con la euforia por el amplio triunfo en las legislativas y la reciente visita de Milei a Jesús María, la especulación más fuerte es que la fórmula será Bornoroni/Juez. También se anota Soledad Carrizo para la Intendencia. Pero quedan vacantes para encabezar las listas de diputados y senadores nacionales, un lugar que podría quedar reservado para el radical. Nadie quiere suponer tanto.

Aunque La Libertad Avanza lleva tiempo absorbiendo el electorado de la UCR, el partido centenario aún mantiene poder territorial en el interior del país. Si bien Bornoroni ya selló un acuerdo con el sector referenciado con Soledad Carrizo, todavía queda un amplio abanico de dirigentes que no termina de resolver una estrategia electoral. Para colmo, a nivel nacional gobernadores como Maximiliano Pullaro y Gustavo Valdés mantienen la alianza Provincias Unidas con el propio Llaryora.

Este viernes el flamante presidente Leonel Chiarella visitó el Comité cordobés, que atraviesa una fuerte interna con una renovación de autoridades por delante. Hubo elogios para el intendente de Venado Tuerto por haber logrado convocar a todos los sectores que hoy se enfrentan por el futuro del partido, pero también aparecieron tensiones y reclamos por la estrategia electoral.

En la reunión estuvo Mestre y el presidente de la UCR local, Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, aliado y amigo personal de De Loredo. También participaron los referentes que se niegan a aliarse con La Libertad Avanza pero también con Llaryora en el marco de Provincias Unidas. Fueron los que reclamaron que se convoque a la Convención Nacional, la herramienta del partido centenario para fijar el marco de alianzas.

Ferrer tuvo que aguantar los reclamos de los radicales por la falta de debate durante su presidencia. Le dijeron que sólo abrió el Comité para recibir a Chiarella y lanzaron fuertes críticas a su amigo De Loredo. “Dice que va a ser candidato a gobernador y ni siquiera vino a la reunión”, expresaron a Infobae. El presidente de la UCR Nacional, que recientemente inició una recorrida por el país, buscó poner paños fríos con un discurso que evocó a los valores tradicionales del partido.

Los libertarios que buscan acordar con la UCR no muestran demasiada preocupación por las internas radicales. Confían en que los intendentes buscarán el acuerdo para no perder sus territorios. “El que se quede afuera va a sacar un punto y medio”, advierten. Mientras tanto, avanzan en las conversaciones bajo una amenaza clara: en los territorios donde no acuerden pondrán un candidato violeta.

En medio de los embrollos de las últimas semanas, en el plano legislativo pasó desapercibida la grave situación en la Auditoría General de la Nación (AGN), el principal órgano de control externo de los gastos del Estado, que desde hace meses está casi acéfalo salvo la presidencia del filo K Juan Manuel Olmos (PJ). Con tres butacas sin definir por cada Cámara del Congreso, La Libertad Avanza cree que la oposición aprovechará la oleada de derrotas al oficialismo de los últimos días para imponer nombres y dejar aún más aislado al Gobierno.

“Una vez que se abre la ventana y te entran las piñas, pasa lo de la última sesión o la que se vendrá prontamente. Teníamos un principio de acuerdo meses atrás sobre la AGN, pero se perdió tiempo y, ahora, los kirchneristas podrían pactar dos para ellos, dejan uno a los radicales y fuiste. El temor principal es que antes se acercaban a consultar o hablar. Esto ya no pasa y, cuando ello ocurre, es esperable cualquier cosa”, sentenciaron desde un despacho oficialista de peso a Infobae.

“Para nosotros, dos o nada, como debió ser siempre. Quisieron la fórmula de uno para cada sector y se equivocaron”, sentenciaron a este medio desde el Frente de Todos en la Cámara alta, que espera el momento para accionar. Además, hoy tiene el control total de la AGN a través de Olmos. De hecho, en la última sesión en la Cámara alta, un respetado legislador radical se cruzó a dos periodistas acreditados en una escalera y, al mencionar el tema, deslizó: “Es muy curioso que el Gobierno arme tanto lío por las jubilaciones, el Garrahan o discapacidad y pida controles a gritos. Pero, ¿cómo puede ser que nadie esté interesado en esto? ¿Por qué casi nadie habla? ¿A quién le favorece todo esto? Muy extraño”.

El inconveniente que se suma a todo esto es que los otrora aliados ahora se encuentran con la cara pintada y están dispuestos a disparar más dardos contra la Casa Rosada desde el recinto de la Cámara alta. No obstante, se encuentran con algunos inconvenientes. Es caso más concreto es la Unión Cívica Radical (UCR) que, para variar, está dividida.

“Algunos no vienen a las reuniones de bloque; otros, están cada vez más opositores. Incluso hay uno que ya parece una filial del kirchnerismo. Y quienes mantienen lazos con el Gobierno libertario o respetan los acuerdos gobernador-Ejecutivo quedaron atrapados. Presentemos a quien presentemos, será para la sospecha de algún bando. Quizá sea mejor que sigamos así”, reflexionaron desde el centenario partido.

Proyectos en stand by

Son dos las iniciativas discutidas tiempo atrás -ahora en siesta, en la comisión de Asuntos Constitucionales- e involucran a dos experimentados: la del jefe del Frente de Todos, José Mayans; y una segunda, del peronista disidente Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). Ambas comparten la disminución de los mandatos, que pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general.

Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” al de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, que a partir de noviembre próximo pasará los $10,2 millones en bruto.

Sobre el último punto, varios senadores se quejaron -e intentaron operar, con resultado penoso- para desdramatizar la polémica por las dietas. Más allá de que siempre se aclara que, con los descuentos, disminuyen dichos haberes -entre seis y siete millones en mano de mínima, en la actualidad y en general-, todos los bloques tienen amnesia sobre la sesión del año pasado, cuando en modo ninja metieron un proyecto por la ventana y lo votaron sin chistar en minutos. Ahí es donde se ataron a las paritarias de los empleados del Congreso. El famoso y pícaro “si pasa, pasa”.

El único oasis de institucionalidad y que equilibra -como puede- el desmadre vigente relacionado con la AGN es la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas -nexo principal del Congreso con el organismo-, que comanda el diputado peronista Miguel Pichetto. Es la última barrera de contención e intenta, al mismo tiempo, saldar asuntos demorados hace largos años.

La incertidumbre sobre si el Senado sesionará o no antes de diciembre agita el clima de los próximos días, con un sector de la oposición que busca sancionar los cambios a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), además de dar luz verde a la Defensora del Niño y votar las demoradas butacas por la Cámara alta para la Auditoría General de la Nación (AGN). En caso de abrir el recinto, el tercer punto dejaría al borde de la quiebra a la Unión Cívica Radical (UCR), que tiempo atrás definió un sitial para Luis Naidenoff (Formosa) y ahora duda entre el formoseño y el actual legislador Víctor Zimmermann (Chaco).

El espinoso sendero de la AGN lleva meses de siesta. Primero, finalizó el mandato para las tres sillas por Diputados. Luego fue el turno del Senado y, de esa forma, el organismo por excelencia en cuanto a controles externos sobre los gastos del Estado quedó liberado para su titular, el filo kirchnerista Juan Manuel Olmos.

La Cámara alta, con timidez, amagó un par de ocasiones para concretar una resolución. La traba llegó cuando el Gobierno percibió que el kirchnerismo estaba dispuesto a acordar con la UCR para que votaran dos para el interbloque de José Mayans (Formosa) y otro para el centenario partido. La cuenta que soñaba la Casa Rosada -en amplia minoría y a plena fractura de delgados hilos que sostenían las relaciones con dialoguistas- era de uno para el conjunto peronista, otro para radicales y un tercero para el oficialismo o un PRO violáceo, como última opción.

De hecho, Mayans y el experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) presentaron iniciativas para ofrecer otra vía. Ambas comparten la disminución de los mandatos: pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general. Un ítem con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” a de legisladores -sin aclarar cuáles, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta.

El texto de Mayans -acompaña la bonaerense Juliana di Tullio- propicia la ampliación de siete a nueve miembros, mientras que el de Romero sostiene la vigente de siete: tres por Diputados, tres por el Senado y la titularidad de la AGN, hoy en manos de Olmos. No obstante, la elección de octubre pasado podría acelerar tiempos. Y ahí se asoma el seguro de una granada que estallaría a la bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi, que pasó de aliado fiel del Ejecutivo a enemigo acérrimo en un abrir y cerrar de ojos, tras la decisión de La Libertad Avanza de ir con candidato propio a la elección a gobernador. Los violetas quedaron cuartos, aunque en los comicios nacionales de octubre obtuvieron un segundo puesto, muy cerca del oficialismo provincial triunfante.

Un potencial aterrizaje de la AGN en el recinto ya contaba con una postura en la UCR: pelear un lugar para el exsenador y actual prosecretario del bloque Naidenoff. El inconveniente es que, a pesar de haber sellado eso con una votación interna, días atrás surgió el nombre de Zimmermann -termina su mandato en diciembre- y, como suele ocurrir, se abrió una guerra. El chaqueño ahora es apoyado por Vischi, que cambió de ficha. Esto puso el grito en el cielo de, por ejemplo, Carolina Losada (Santa Fe). “Si hay sesión, fuimos”, confiaron a este medio desde un despacho que sigue la trifulca.

Todo esto, en realidad, se convertiría en una ganancia sin transpirar para el Gobierno y, en particular, para la futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, quien vislumbra entre 38 o 40 legisladores del oficialismo y aliados como meta. Para el quorum se precisan 37. La ministra de Seguridad habló con varios legisladores de diferentes espacios, incluido el kirchnerismo. En esos guarismos no se considera, por caso, a la oscilante Natalia Gadano (Santa Cruz), calificada por libertarios de “impredecible” y “poco confiable”.

Mientras tanto, La Libertad Avanza ya respeta a rajatabla las directivas de Bullrich -entronizada por Javier y Karina Milei como la única interlocutora del Senado con el Gobierno- y, para sorpresa de nadie, se pelea por las comisiones. En la reunión informal realizada el miércoles último con la vigente ministra -en las oficinas que tiene en el anexo la puntana Ivanna Arrascaeta-, los participantes dejaron un papel con las siete que cada uno quisiera trabajar o, en el mejor de los casos, presidir. “Hasta las sombras de los legisladores electos aparecieron con reclamos”, señaló a Infobae un soldado libertario.

Por otro carril circula el tema de las autoridades, que quedaría -como dicta el reglamento- para la sesión preparatoria de fines de febrero. Allí también se vieron frenos ante las ansiedades de algunos “nuevos”, como el fueguino Agustín Coto, que pretende ponerse el traje de presidente provisional. Hay varios que lo elogian por su capacidad; en tanto, otros lo acusan de desprolijidades. Será interesante ver qué resuelve el Gobierno. Hoy está el puntano Bartolomé Abdala, uno de los pocos que puso la cara -otro fue el jujeño Ezequiel Atauche, y hay menos conocidos que hicieron mucho más- en los peores momentos que tuvo el Ejecutivo durante el corriente año, mientras otros se jactaban de las desgracias del primer mandatario en privado y reflexionaban en redes. Fue hace casi nada.

La interna -cuándo no- de la Unión Cívica Radical (UCR) por una eventual butaca en la Auditoría General de la Nación (AGN) volvió a tener un nuevo episodio anteanoche en el Senado, en una reunión de bloque que dejó un fuerte cruce entre uno de los “postulantes”, el actual legislador Víctor Zimmermann (Chaco), y su colega Carolina Losada (Santa Fe), que apoya -como, en principio, varios de ese espacio- al exjefe de la bancada Luis Naidenoff (Formosa). Más allá de la anécdota, lo relevante es que la puja ayuda al objetivo real del Gobierno y algunos dialoguistas: no sesionar hasta el recambio de diciembre próximo, ante un cristinismo desliza la idea de una autoconvocatoria “ni bien se pueda”.

El embrollo radical, contado el fin de semana último por Infobae, estalló días atrás. Es que el experimentado Naidenoff fue votado hace meses en una cumbre privada y quedó a la espera de una sesión que nunca llegó, debido a la falta de acuerdo entre oficialismo y oposición. Diputados entró en esa siesta antes. De esta manera, la AGN, que es el organismo por excelencia en cuanto a controles externos sobre los gastos del Estado quedó liberada para su titular, el filo kirchnerista Juan Manuel Olmos.

El año pasado, Zimmermann solicitó licencia para ocupar un cargo en el Gobierno chaqueño -el radicalismo provincial es aliado fijo de Javier Milei- y tuvo que regresar poco después. En tanto, Losada tiene un casi un vínculo de lealtad con la ministra de Seguridad y futura líder del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y aparece en los convites del multi promocionado “Consejo de Mayo”.

Uno que se dio vuelta -de Naidenoff a Zimmermann- fue nada menos que el presidente de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi (Corrientes). Otros se hartaron de la pelea y piensan en la renovación legislativa de diciembre y qué hará la Casa Rosada para acercar posiciones. La bancada será más que clave para las leyes que proponga la administración libertaria.

“No es agradable que se junten menos de 10 personas -uno ya ni asiste- y discutan dos. Si abrimos el recinto como furgón de cola del kirchnerismo por un cargo, las conclusiones quedarán claras. Y quienes están matándose por esto deberán dar explicaciones”, sentenciaron a este medio desde un despacho al tanto de la situación.

Las últimas 48 horas fueron extrañas en la Cámara alta, con personas alteradas de varios espacios. No ayudó para nada la inmensa desprolijidad realizada por la mayoría de la comisión de Asuntos Constitucionales, que ayer trató los diplomas de los electos y, al terminar el encuentro, ni siquiera su titular, la peronista disidente Alejandra Vigo, supo explicar bien cómo eran los dictámenes que se firmaban. Un papelón que fue acomodado con la ayuda del equipo parlamentario del Senado.

Después de operar una reunión de Labor Parlamentaria para ayer, y que nunca se concretó, el cristinismo activó una supuesta intención de forzar una autoconvocatoria al recinto. “Yo no vi a muchos esta semana, pero me voy a quedar, ya que nunca se sabe con qué pueden aparecer. Sobre todo, en el estado de ebullición que se encuentran”, manifestó anoche un senador libertario a Infobae.

En caso de lograr su cometido, el kirchnerismo que lidera José Mayans pretende votar sus dos lugares para la AGN y el otro para radicales, a la Defensora del Niño -ya aprobó Diputados-, y sancionar la voltereta que dio, semanas atrás, relacionada con los potenciales cambios del sistema que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sobre el último punto, la finalidad es que Milei vete una vez más una ley. A días del recambio de diciembre.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes un encuentro en la ciudad de Chascomús con empresarios y representantes de distintos sectores productivos en el que desplegó su discurso de oposición al gobierno nacional. Políticamente, estuvo acompañado por parte del gabinete, algunos intendentes peronistas de distritos cercanos a Chascomús y jefes comunales de la Unión Cívica Radical; una referencia que el mandatario se encargó de remarcar en distintos pasajes del encuentro.

En Chascomús, ponderó la figura del expresidente Raúl Alfonsín. El ex mandatario es oriundo de esa localidad ubicada en la Quinta sección electoral. Lo hizo al momento de defender las políticas de proteccionismo y desarrollo nacional que intentó llevar adelante el jefe radical.

Hasta allí llegaron los intendentes de Cañuelas, Marisa Fassi; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Las Flores, Alberto Gelené (en uso de licencia) y Sebastián Echarren, interino de Castelli. Sin embargo, la presencia más particular y menos previsible fue la de los intendentes que responden al radicalismo, Alejandro Armendáriz —interino de Saladillo—, Esteban Santoro de General Madariaga y José Castro de Monte. Además del anfitrión, Javier Gastón; que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa, al igual que Ianantuony y Gelené.

“Faltan dos años de esto y después hay que revertirlo”, dijo Kicillof ante representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario; en un mensaje con miras al 2027. La vicegobernadora, Verónica Magario, fue más enfática y personalista hacia el rol del mandatario provincial: “Tenemos que construir una alternativa para el 2027, Axel. Vamos a reconstruir la Argentina”, subrayó. También advirtió que “debemos recuperar las políticas que permiten que nuestro país crezca y que haya más derechos”. No hubo referencias explícitas a la discusión interna del peronismo bonaerense que este 15 de marzo debe renovar autoridades y tiene a Magario como una de las posibles figuras para suceder a Máximo Kirchner en la presidencia partidaria. Por estos días hay conversaciones cruzadas para alcanzar una lista de consenso y evitar la interna.

Por su parte, Kicillof también aprovechó la ocasión para volver a confrontar con las políticas de Javier Milei. En el encuentro de este martes explicó por qué no participó del llamado Pacto de Mayo; uno de los argumentos que pone sobre la mesa La Libertad Avanza para explicar por qué no convoca al mandatario bonaerense a las reuniones bilaterales que mantiene con otros gobernadores. “Era un compendio de trivialidades, más elementos ideológicos de la ultraderecha que profesa el presidente de la Nación”, describió sobre aquel acuerdo al que no suscribieron los gobernadores peronistas. “No hay un solo punto que dé más laburo, que mejore el salario y que le dé más capacidad productiva a la provincia de Buenos Aires. Y yo, más allá de mi trayectoria política, ideológica y partidaria, represento una provincia que es una provincia de producción y trabajo. Como el Pacto de Mayo es el pacto de la timba y del colonialismo, no lo firmé y no lo pienso firmar”, agregó. En ese punto fue aplaudido por los presentes.

Por ello, ya en plan hacia la elección del 2027, planteó que la política económica del gobierno nacional “hay que revertirla con política a favor de los sectores productivos, con política a favor de las personas con discapacidad, de la universidad pública, de la cultura, de la cultura nacional. Es eso lo que hay que hacer. Esa es la salida de todo esto. Mientras tanto, venimos acá a escuchar y a tomar nota para ver en qué podemos poner el hombro”.

“La Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sostuvo el Gobernador y señaló: “Esa situación se está viendo reflejada en una temporada de verano que no solo es descanso y disfrute, sino también la principal fuente de ingresos de millones de familias bonaerenses.

El ministro de Producción, Augusto Costa, hizo un repaso de cómo viene la temporada de verano en los distintos puntos turísticos de la provincia. Advirtió que “lo que genera el turismo en materia de ingreso y de trabajo, lamentablemente, se ve muy restringido por responsabilidad de un Gobierno nacional que, con su política económica, les quita poder adquisitivo a los potenciales veraneantes y no tiene líneas de apoyo para el sector”.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; funcionarios y funcionarias provinciales. Además, la diputada nacional Fernanda Miño y el senador provincial Jorge Paredi

Ni el vertiginoso año pasado, ni un Congreso de receso y con guardias mínimas calman las ansiedades ya extremas relacionadas con la reforma laboral, sobre la que se aguardan definiciones concretas para finales del corriente mes o inicios de febrero, en el escenario más optimista. Mientras casi todo el mundo mira hacia Venezuela, la propuesta de modificaciones a la regulación del trabajo en la Argentina tuvo, ante los primeros movimientos de la oposición para bloquearla, a aliados que piden a la Casa Rosada no repetir los errores de diciembre último, los cuales significaron un freno repentino de la misma, pese a haber obtenido dictamen en la Cámara alta.

“Si el Gobierno no complicaba a Diputados con la derogación de leyes sobre universidades y discapacidad que incluyó en el Presupuesto 2026, los votos de reforma laboral estaban en el Senado”, aseguró a Infobae un dialoguista que siguió de cerca las negociaciones. En esa línea, agregó: “Por eso no sorprendió lo que ocurrió luego con las normas que sí se sancionaron. Recuerdo en la sesión del 26 -de diciembre- que, salvo por los que relataban escenarios ficticios, el resto ya sabía ocho horas antes que había un piso de 40 votos. Y fueron varios más. ¿Sabe por qué? Porque el Ejecutivo dio muestras de cumplir con la palabra. Hasta los peronistas lo reconocieron más tarde".

En el oficialismo también hubo un puñado de integrantes de la bancada que comanda Patricia Bullrich que -con mucha discreción- sugirieron avanzar, en línea con un sector de la Casa Rosada. “Nos favorece todo el orden que impuso la gestión económica y eso da mayor previsibilidad. Dicho esto, la Argentina es un país donde no hay que perder ninguna chance y creo que hubo, hasta lo que ocurrió con el Presupuesto 2026 en Diputados. Es decir: estuvo bien Bullrich en detallar la situación completa al Ejecutivo para tomar una decisión razonable. El inconveniente que se presenta ahora es que regalamos semanas a un kirchnerismo enojado, aunque golpeado. Y nunca se sabe. La CGT ya está haciendo lo suyo y no la juzgo, pero tampoco me hago el distraído”, sentenció un libertario a este medio.

Las normas que se dictaminaron y no arribaron al recinto de la Cámara alta fueron la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares. Allí, Bullrich maneja un interbloque de 21 legisladores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37. Por ende, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración de La Libertad Avanza a la hora de hablar del Congreso.

Agenda en espera

Junto a la reforma laboral y los cambios en glaciares, otro despacho que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. En la Cámara baja, este tema no preocupa en demasía a los bloques -en general-, y muchos prefieren dejarlo en la parrilla hasta marzo, cuando Javier Milei inicie un nuevo período de sesiones ordinarias.

Uno que nada debajo de la línea de flotación y podría generar rispideces es el del Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad. El oficialismo deslizó a través de una bicameral, algo no aceptado por diversos espacios. Lo más probable es que, al ser un texto pesado y que llevó mucho tiempo calibrarlo, se debata con tranquilidad una vez que Milei pase por el Congreso, en marzo. Allí, el jefe de Estado anunciaría el envío de más iniciativas.

El oficialismo empieza lentamente a rearmarse de cara a la principal discusión parlamentaria que deberá enfrentar a partir de febrero: la reforma laboral.

En medio de las sesiones extraordinarias, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, no logró conseguir los votos para ir al recinto y decidió avanzar con el dictamen y anunciar que quedaba “abierto” a posibles modificaciones. Ahora, la legisladora anunció que a mediados de enero comenzará una ronda de reuniones con el fin de lograr consensos que le permitan juntar los votos necesarios para darle media sanción.

El problema que enfrenta el oficialismo es que hasta ahora no logró convencer a los socios parlamentarios. El bloque de la UCR siente que el proyecto de ley no cumple con las expectativas que tienen y, además, no están seguros de que sea el momento.

El presidente de bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi, ya adelantó que “así como está” no la apoyarán. Pero de todas formas, los boinas blancas aclaran que están abiertas a una negociación.

La Libertad Avanza cuenta con 20 senadores, se le sumarían 3 del PRO y, suponiendo que cuenta con los 10 senadores de la UCR -algo que hoy parece poco probable- tampoco alcanzaría.

Pero el principal obstáculo es el peronismo, que ya adelantó que no está de acuerdo con lo que propone el proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo.

A diferencia de otro momento, la estrategia del PJ no es sólo la de oponerse sino la de ir por caminos alternativos. En ese esquema es que buscará avanzar, si es que el oficialismo consigue el número, en la “repesca” de votos con el fin de imponerse.

El peronismo cuenta con 33 senadores agrupados en el interbloque Justicialista. Allí hay 2 del Frente Cívico Santiago y 5 del bloque Convicción Federal que se identifican con el peronismo, aunque no forman parte de Fuerza Patria.

El primer problema a resolver para el peronismo es qué van a hacer los senadores del bloque Convicción Federal. En el debate por el Presupuesto 2026, 4 de los 5 acompañaron a LLA. Y son senadores que responden a gobernadores de muy buen diálogo con la Casa Rosada.

En este grupo está Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde al gobernador peronista Raúl Jalil; la tucumana Sandra Mendoza, del gobernador Osvaldo Jaldo. Ambas provincias fueron beneficiadas con fondos nacionales.

Un caso especial es el de Carolina Moisés, peronista de Jujuy, provincia que gobierna el radicalismo. La senadora votó a favor del Presupuesto, pero no responde al jefe del Estado provincial, y se encuentra enfrentada a Cristina Kirchner y a La Cámpora por la intervención del partido en su provincia.

Este bloque también están Jesús Rejal de La Rioja y Fernando Salino de San Luis que, aunque enfrentados con el kirchnerismo, se mantuvieron en la oposición. Algo similar hicieron los senadores del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora y Elia Esther Del Carmen Moreno

“No los damos por perdidos, pero son difíciles. El gobierno le tira plata a los gobernadores y ellos mandan a levantar la mano”, explica una voz del bloque Justicialista. “Vamos a tener que buscar a estos y a los sueltos”.

Los sueltos conforman un grupo de 11 miembros de la Cámara Alta que son de fuerzas provinciales.

En este grupo está la ex secretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, que es el voto del gobernador peronista Gustavo Sáenz, Edith Terenzi, que responde al gobernador Nacho Torres, José María Carambia y Natalia Elena Gadano, ambos de Moveré por Santa Cruz que responden al gobernador de origen sindical Claudio Vidal; Julieta Carroza, que es el voto del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

También están Beatriz Avila, del bloque Independencia y cercana al gobernador de Tucumán; Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del misionero Frente Renovador de la Concordia Social que responden a Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia, y Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas; Julieta Corroza de La Neuquinidad y, por último, Luis Juez, del monobloque Frente Cívico de Córdoba.

Todo esto es incierto porque en su gran mayoría apoyaron el Presupuesto que armó la Casa Rosada, en donde se desfinancia a las universidades nacionales, por ejemplo.

Aunque los jefes de los estados provinciales no ven con malos ojos la reforma, observan que el paquete impositivo que incluye los desfinancia, en especial, la baja del Impuesto a las Ganancias, que es un tributo coparticipable.

Un informe que, aseguran, preparó el senador Jorge Capitanich y que circuló primero por los despachos de los gobernadores peronistas, pero que fue llegando a manos de otros jefes de estados subnacionales de otros colores políticos, muestra que las provincias perderán entre 1700 millones y 2000 millones durante el 2026 por una reducción del impuesto y su baja en la recaudación.

“No vale de nada que después les den ATN -Aportes del Tesoro Nacional- si todo el tiempo pierden plata. Hay 14 gobernadores y el jefe de la Ciudad que podrían ir a pelear una reelección y, sin obra pública nacional, necesitan fondos para poder trabajar pensando en el 2027. Es ahí donde tenemos que ir a frenar esto", explicó un senador peronista que disfruta de unos días de vacaciones.

En este sentido, legisladores entrerrianos del PJ -diputados y senadores- le pidieron una reunión al gobernador Rogelio Frigerio -uno de los que podría ir por la reelección- para plantear el desfinanciamiento que propone la ley.

Esta misma estrategia podrían repetir senadores y diputados de diferentes provincias cuyos gobernadores se quejan en voz baja pero hasta ahora no han tomado una decisión sobre si apoyar o no. La llave está en los gobernadores.

Después de un año y medio de una montaña rusa que parecía no apagarse nunca, y elecciones en algunos distritos como en la peores épocas en sus más de 100 años, la Unión Cívica Radical (UCR) parece haber respirado, al menos, en el Senado, con legisladores que volvieron a reunirse con asistencia completa y definiciones en conjunto que no se convirtieron en noticia -lo lógico- durante las últimas sesiones extraordinarias del mes pasado, excepto mínimas diferencias en la votación en particular del hoy vigente Presupuesto 2026.

“Fue muy complejo. Algunos quisieron ser más opositores que el propio kirchnerismo. Es entendible la puja en un año electoral, pero hay que tener el olfato mejor preparado. El perfume sobre que le iba a ir muy mal al Gobierno y la conveniencia política confundieron a un par”, remataron a Infobae desde un experimentado despacho radical.

Otro legislador se mostró más “aliviado” por el clima que se sintió, desde el 10 de diciembre, en la bancada que comanda el correntino Eduardo Vischi. Y señaló: “Siempre son feas las jugadas paralelas. Eso suelen hacerlo los kirchneristas. Encima, vinieron de colegas que se quedan sin saliva para hablar de ‘consenso’ y, después, son los más intolerantes y arrogantes a la hora de acercar posiciones”. Las críticas también rozaron, en ese sentido, a una comunicación diversificada y loteada que, en algunos momentos de 2025, fue calificada de “tóxica” por algunos de los que conviven en el bloque.

Otro alfil remarcó: " Que no haya tanto extremo ayudó. Se percibió un cambio de aire. Es importante que estemos juntos, ya que volvimos a caer en representación. Esto no debe olvidarse. Tampoco de los que expusieron a buenos y jóvenes perfiles. Pero, como suele pasar en este país, en cinco minutos se olvida todo“.

En la UCR además destacaron, como lo hicieron ya otras bancadas, la mediación de la jefa libertaria, Patricia Bullrich, ante inconvenientes o disidencias a la hora de debatir parte de la agenda de las últimas sesiones extraordinarias. “Descomprimió mucho. Al ser interlocutora única con la -Casa- Rosada, facilitó el peloteo entre Congreso y Gobierno. De hecho, todos los nuestros que estuvieron involucrados en la firma de dictámenes lo hicieron, pese a que los despachos estaban relativamente holgados en cuanto a firmas. Antes, no ocurría”, afirmó un senador del interior a este medio.

De cara a febrero, se espera una nueva convocatoria del Ejecutivo. Todos miran la reforma laboral. Sobre este punto, un legislador radical deslizó: “Hasta lo que pasó con el Presupuesto 2026 en Diputados, creo que los votos estaban. Veremos cómo se pule el dictamen, ya que habría modificaciones extra. También dependerá del contexto. Muchas veces, el momento justo se te pasa y, por una situación ajena al Congreso, te disminuye el capital político para aprobar una ley”.

Pendientes

Desde el 10 al 26 de diciembre último -16 días-, el oficialismo consiguió los despachos en Diputados, su aprobación en el recinto y un mismo sendero en el Senado para el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. Es decir, el primer plan de gastos anual sancionado por el Congreso de la era Milei -tras dos prórrogas del de 2023- y la iniciativa para intentar recuperar dólares del colchón, al elevar los más que desfasados pisos para ser considerado un evasor, ya sea simple o grave.

Las normas que se dictaminaron y no arribaron al recinto de la Cámara alta fueron la reforma laboral y los cambios en la ley de glaciares. Allí, Bullrich maneja un interbloque de 21 legisladores. Para el quorum y activar el recinto, se necesitan 37. Por ende, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Y nada es fácil para la administración libertaria a la hora de hablar del Congreso.

Horacio Usandizaga, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical y dos veces intendente de Rosario en los albores de la recuperación democrática, murió a los 85 años.

La noticia fue confirmada este domingo por el Club Atlético Rosario Central, institución que presidió entre 2007 y 2010, a través de un mensaje institucional en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos. Con su fallecimiento, la ciudad despide a una de las figuras políticas más influyentes y polémicas de su historia reciente.

“A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”, señaló el club en su comunicado oficial.

El mensaje rápidamente se multiplicó en redes sociales, acompañado por expresiones de pesar provenientes del arco político, deportivo e institucional de Rosario y de la provincia de Santa Fe.

Abogado de profesión, conocido popularmente como “El Vasco”, Usandizaga había nacido el 15 de junio de 1940 en la localidad santafesina de Juan Bernabé Molina. Su nombre quedó ligado de manera indeleble a la vida pública rosarina desde muy joven.

Con apenas 23 años, en 1963, fue electo concejal, convirtiéndose en el edil más joven de la ciudad hasta ese momento y dando inicio a una extensa trayectoria política marcada por posiciones firmes, un estilo confrontativo y una fuerte identidad partidaria.

Su momento de mayor protagonismo llegó con el retorno de la democracia. En 1983 fue electo intendente de Rosario por la Unión Cívica Radical con más del 50% de los votos y asumió el 11 de diciembre de ese año, en un contexto signado por la reconstrucción institucional tras la última dictadura militar. Cuatro años más tarde, en 1987, fue reelecto para un segundo mandato, consolidando su liderazgo en la ciudad.

Sin embargo, su gestión transcurrió en un clima político y social complejo. El aumento del desempleo, el crecimiento de los barrios marginales en la periferia rosarina y una profunda crisis económica atravesaron sus años al frente del municipio.

La persistente inflación, el endeudamiento municipal, los desequilibrios fiscales y el deterioro del entramado fabril se combinaron con una creciente conflictividad laboral. En los tramos finales de su gobierno, los enfrentamientos con gremios docentes y empleados municipales se intensificaron, en un escenario de fuerte tensión social.

Ese contexto alcanzó su punto más crítico a fines de los años 80. En mayo de 1989, tras el anuncio del entonces presidente Raúl Alfonsín sobre la eventual implementación de un plan económico de emergencia, Rosario fue uno de los epicentros de los saqueos que se extendieron por distintas ciudades del país. Supermercados, almacenes y pequeños comercios fueron atacados en distintos barrios, especialmente en el sur de la ciudad. El gobierno nacional decretó el estado de sitio, se militarizó Rosario, se suspendieron las clases y el transporte público, y se impuso un toque de queda. Usandizaga atravesó así uno de los momentos más dramáticos de la historia social rosarina.

En plena campaña presidencial de 1989, el entonces intendente había asegurado públicamente que renunciaría a su cargo si Carlos Menem resultaba electo presidente. Tras el triunfo del candidato peronista, cumplió su promesa y dejó la intendencia en diciembre de ese año. Desde entonces, el radicalismo no volvió a gobernar el municipio.

Lejos de retirarse de la política, Usandizaga continuó su carrera a nivel provincial y nacional. En 1991 fue uno de los impulsores en Santa Fe de la Ley de Lemas, una reforma electoral que terminaría resultándole adversa: aunque fue el candidato más votado a gobernador, perdió la elección frente a la suma de los sublemas del peronismo y sus aliados. En 1993 fue electo diputado provincial y, dos años más tarde, senador nacional por Santa Fe, cargo que ocupó hasta 2001.

Su paso por el Senado coincidió con uno de los escándalos más resonantes de la política argentina de comienzos de siglo: la causa por las presuntas coimas pagadas para aprobar la ley de flexibilización laboral durante el gobierno de la Alianza. Usandizaga fue señalado como uno de los legisladores radicales que habrían aceptado sobornos, acusación que siempre negó. Tras más de una década de dilaciones judiciales, los imputados fueron absueltos en 2012.

En el ámbito deportivo, su figura también dejó huella. En 2007 asumió la presidencia de Rosario Central al frente de la agrupación “Mística Canalla”, tras imponerse con amplitud en las elecciones. Su gestión estuvo atravesada por fuertes tensiones institucionales, denuncias judiciales y una delicada situación deportiva. En 2010, luego del descenso del club a la Primera B Nacional, presentó su renuncia al cargo. Años más tarde, fue investigado judicialmente por una presunta administración fraudulenta vinculada a la venta del futbolista Ángel Di María al Benfica, causa que también marcó su etapa como dirigente.

Poco tiempo después de dejar la conducción de Central, Usandizaga sufrió varios accidentes cerebrovasculares que lo obligaron a retirarse definitivamente de la vida pública. Aun así, nunca abandonó su identidad radical. En una entrevista concedida en 2023, resumió su pertenencia política con una frase que condensó su estilo frontal: “Fui radical desde chico; cuando estaba en los huevos de mi viejo ya era radical”.

Con su muerte, Rosario despide a un dirigente que fue protagonista central del retorno democrático, intendente en tiempos de crisis, legislador nacional y figura clave —aunque controvertida— de la política y el deporte local. Su legado, atravesado por luces y sombras, forma parte inseparable de la historia institucional de la ciudad.

Con la renovación de las autoridades nacionales de la UCR, los principales dirigentes de la provincia de Buenos Aires y Córdoba iniciaron conversaciones para resolver las divisiones internas que derivaron en una de las peores elecciones en la historia del partido en esos territorios. Con el fortalecimiento de La Libertad Avanza, algunos correligionarios exigen que se adelanten las elecciones partidarias para definir la estrategia de alianzas y posibles candidaturas. De fondo, crecen las denuncias cruzadas por acuerdos tras bambalinas con los oficialismos locales.

La UCR bonaerense transitó en el último año la judicialización de la interna para suceder a Maximiliano Abad, tras un resultado ajustado entre Miguel Fernández (candidato oficialista) y Pablo Domenichini (Evolución); una dura derrota en la elección del 7 de septiembre dentro de la alianza Somos; y, para las legislativas nacionales, el sello de la UCR estuvo ausente por primera vez en la historia desde el regreso de la democracia. Con ese panorama complejo, en diciembre se fijó un cronograma para la renovación de autoridades pero, según pudo saber Infobae, un sector exige que se adelante la fecha.

El senador Abad es uno de los principales dirigentes que reclaman el adelantamiento de las elecciones internas. En su entorno aseguran que cuenta con el apoyo de Daniel Salvador y Gustavo Posse y, además, que existe un acercamiento con Evolución después de varios cruces y tensiones. Todo lo contrario sucede con Miguel Fernández que, pese a haber sido impulsado por el ex presidente del Comité para sucederlo, hoy quedó en veredas enfrentadas con el senador.

El último movimiento de Fernández en la Legislatura bonaerense generó un fuerte malestar dentro de la UCR. La senadora Natalia Quintana, cercana al dirigente de Trenque Lauquen, integró el nuevo bloque Hechos-UCR Identidad con María Emilia Subiza, que responde a los hermanos Passaglia, y Marcelo “Chuby” Leguizamón (PRO). “Es furgón de cola de los Passaglia”, chicaneó un dirigente radical molesto por el movimiento que dejó a Nerina Neumann en soledad. Otros deslizan que fue un acuerdo gestado por el propio Axel Kicillof.

¿A qué se debe el apuro de Abad por adelantar las elecciones internas fijadas para septiembre?, se preguntan sus adversarios, que le recuerdan que su espacio apoyó el cronograma electoral. Cerca del senador aseguran que hoy el partido está en una situación de extrema debilidad, un diagnóstico que comparten los de Evolución. “Hasta el PJ fijó el mes de marzo para votar sus autoridades”, se comparan e insisten en que urge una discusión estratégica para el 2027, para darle “legitimidad, volumen y movilización” al partido.

Además, como adelantó este medio, Abad cree que el año que viene será el momento para que todos los radicales compitan en sus territorios. En la lista está el propio senador, que analiza ser candidato a intendente en Mar del Plata. También aparecen Karina Banfi para Bahía Blanca, Mauricio D’Alessandro en San Martín y Posse para recuperar San Isidro. El mayor desafío es encontrar un candidato a gobernador, como también sucede para el puesto presidencial.

Quienes se oponen al adelantamiento del cronograma electoral, entre ellos Miguel Fernández, creen que es muy pronto para hablar de candidaturas y que, en todo caso, la UCR se debe un debate profundo sobre la identidad radical y hacia dónde va el partido. Además, le bajan el tono a la disputa con Abad pero advierten: “Acá nadie es dueño de nada y hay que dejar de contar porotos al aire”.

El panorama en Córdoba es similar, aunque con una agravante: un sector de la UCR ya conversa con La Libertad Avanza para conformar una alianza y competir contra Martín Llaryora en el 2027. Insisten en que el partido centenario comparte electorado con Javier Milei y creen que la mejor estrategia es repetir la alianza que conformaron Alfredo Cornejo en Mendoza y Leandro Zdero en Chaco. Para sumar más tensión, Rodrigo de Loredo se lanzó como candidato a gobernador e hizo una muestra de musculatura con un almuerzo de fin de año con un grupo importante de intendentes.

De Loredo repite entre sus allegados que no está interesado en dar pelea por el Comité que hoy preside su aliado Marcos Ferrer. Por una desprolijidad en el cronograma del 2025 y una intervención judicial, Ramón Mestre se presentó para las legislativas con la histórica Lista 3. El intento del ex jefe de la bancada radical en Diputados por acordar con La Libertad Avanza fracasó y quedó afuera de la competencia. Los libertarios cordobeses lo acusan de tener actitudes egocéntricas y mezquinas para con sus propios correligionarios. “Rechazó el puesto 3 en la lista y, en lugar de proponer a Soledad Carrizo, se fue solo”, recuerdan.

En esta provincia, a diferencia del territorio bonaerense, las autoridades partidarias estarían dispuestas a adelantar la elección interna para antes del Mundial de Fútbol que se realizará en el mes de junio. Para esa disputa se anota Mestre, quien por estos días hace cuentas con los números que le dejaron las últimas elecciones. En sus anotaciones asegura que, de los 70 mil que lo votaron en octubre, un porcentaje importante podría apoyarlo para las internas de la UCR.

“Rodrigo se cree que es el dueño del partido y se autoproclama candidato, pero sí o sí tiene que pasar por la interna partidaria”, asegura Mestre, quien además relativiza la fortaleza territorial de De Loredo. “Hay un 60% del partido enojado con él por su relación con La Libertad Avanza. Fue un mal presidente de bloque y encima no renovó su banca”, ejemplifica.

En la discusión también alzó la voz Javier Bee Sellares, flamante vicepresidente del Comité Nacional, que tiene un pie en el gobierno de Corrientes pero que busca volver a la escena radical cordobesa. En diálogo con Infobae, ponderó la necesidad de adelantar las elecciones internas y la modernización del sistema de votación de los afiliados. “El electorado pareciera estar al lado de La Libertad Avanza por miedo al kirchnerismo. Si nosotros articulamos una posición propia podemos ser competitivos o árbitros”, analizó el dirigente, a quien algunos mencionan como candidato a intendente de la capital.

Tanto en Córdoba como en Buenos Aires hay un importante despliegue territorial de la UCR, pese a los resultados negativos en las últimas elecciones. En la provincia mediterránea tiene más de 140 intendentes y cerca de 30 en territorio bonaerense. Un dato tentador para La Libertad Avanza que, a diferencia de los radicales, tiene un candidato presidencial competitivo pero carece de representantes territoriales. La renovación de autoridades en ambos distritos se convierte en una herramienta crucial para definir la estrategia del 2027.

Tras las agitadas sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei entre el 10 de diciembre y ayer -inclusive-, el Congreso ya se prepara para el receso y aguarda un nuevo llamado, en principio, para febrero. Para el 1 de marzo quedará la apertura del período ordinario, a cargo del jefe de Estado, y un lote de candidaturas sensibles que deberá tratar el Congreso -la mayoría deben ser enviadas por el Ejecutivo y analizadas sólo por el Senado-, donde la gran incógnita es con quién negociará el Gobierno: la oposición dialoguista o el kirchnerismo.

A las dos butacas de la Corte Suprema de Justicia -hubo un fallido intento de la Casa Rosada el corriente año- se suman el procurador general -jefe de fiscales-, centenares de pliegos judiciales, y los Defensores del Pueblo y del Niño, entre otros. En el último caso, la postulante fue aprobada por Diputados y resta el aval de la Cámara alta. Se trata de María Paz Bertero, quien trabaja en Buenos Aires, y está relacionada con la gestión de Axel Kicillof y con el exjefe del PJ bonaerense Máximo Kirchner.

Bertero llegó al final del concurso gracias a un acuerdo del cristinismo/peronismo con la Unión Cívica Radical (UCR) y la otrora macrista María Sotolano, que para ese momento ya había sido electa en las elecciones provinciales -que desdobló Kicillof- en la lista que encabezó, por la Libertad Avanza, el excomisario Maximiliano Bondarenko. Esto ocurrió hace un puñado de meses, nada más.

A cambio de las gestiones que llevó, como presidenta de la bicameral, la entonces diputada radical Natalia Sarapura soñó con ser entronizada como Defensora del Pueblo. Hablamos de estructuras siempre codiciadas para hacer política. Y picardías. Incluso, a pesar los hachazos al gasto público de la administración libertaria. No ocurrió. Además, otros candidatos del centenario partido tuvieron una exposición muy por encima de la jujeña. Los mejores muchísimas veces no llegan, en reiteradas ocasiones, con el Congreso y el Ejecutivo metidos en la trifulca.

Más conocido es el caso de la Corte Suprema, con un sinfín de aparentes ventanas de negociación que no existieron. Y los votos nunca estuvieron. La Casa Rosada aceleró a fondo y se encontró con una muralla opositora, que hierve de furia por la demora de Balcarce 50 para mandar centenares de pliegos judiciales.

En junio pasado, previo a aterrizar en el recinto del Senado, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos informó que había 330 espacios sin ocupar. Es decir, casi un tercio (31,25%) del total. En la Justicia nacional de la Capital Federal, el exfuncionario indicó 178 vacantes de 571; en la federal de la Capital Federal, 46 de 159; y en la federal del interior del país, 106 de 326.

Dos meses más tarde, algunos dialoguistas que integraban la comisión de Acuerdos de la Cámara alta alertaron: “Existen un total de 337 vacantes actualmente distribuidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura. Específicamente, 184 de estas vacantes se encuentran ya elevadas al Poder Ejecutivo Nacional y 153 se encuentran en trámite dentro del Consejo de la Magistratura”.

“De las 153 en trámite, 138 corresponden a concursos ordinarios y 15 a concursos anticipados. A su vez, de aquellos en trámite, 136 son para tribunales habilitados y 17 para tribunales no habilitados. En múltiples anuncios el Gobierno Nacional ha declarado que remitiría prontamente al Senado de la Nación los pliegos en cuestión. Por ello la comisión de Acuerdos se ha mantenido atenta a ese envío con el fin de actuar con la mayor celeridad y responsabilidad en la tarea, entendiendo la urgencia y delicadeza que el tema conlleva”, agregaron los legisladores hace casi cuatro meses.

Otras pujas cercanas de definición apuntan a la Auditoría General de la Nación (AGN). En Diputados, los libertarios pactaron con el cristinismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, en contra del PRO y la UCR. Se repartieron tres lugares. Perdieron los fervorosos defensores del “consenso” y la “rosca”, que preparaban el desembarco de Emilio Monzó. Resta saber qué hará el Senado.

El gobierno de Axel Kicillof intentará el año que viene restituir la reelección indefinida de intendentes, legisladores y concejales en la provincia de Buenos Aires. Para ello, necesitará forjar los acuerdos en la siempre compleja Legislatura bonaerense. La iniciativa busca derogar el límite de dos mandatos consecutivos establecido en 2016 y permitir que los cargos ejecutivos y legislativos municipales puedan ser elegidos sin restricciones, siempre que cuenten con el respaldo popular. Así lo manifestó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien consideró que la restricción actual tiene “carácter proscriptivo” y sostuvo que la elección de los representantes debe quedar únicamente en manos del electorado.

“Tenemos pensado llevar adelante alguna reforma. No está definido, pero sí vamos a seguir insistiendo, como lo hemos hecho todo este tiempo, en la reelección de los intendentes. Nosotros creemos que el sistema que estaba vigente en la provincia de Buenos Aires de reelecciones de los intendentes por parte de su pueblo es el sistema más democrático posible. Es el voto del pueblo el que define quién sin ningún tipo de proscripción”, planteó Bianco ante la consulta de cuál será agenda que el año que viene intentará impulsar el Ejecutivo bonaerense en materia política. El ministro remarcó que “impedir la reelección de una persona es proscriptivo”, y reconoció que esa visión coincide con la postura pública del Ejecutivo provincial.

El debate sobre la reelección indefinida será uno de los temas a discutir en 2026, año no electoral. La normativa actual impide que decenas de intendentes bonaerenses -82 puntualmente- busquen un nuevo mandato. Entre los jefes comunales que quedarían excluidos figuran históricos referentes del peronismo y de la oposición. Nombres como, Mario Ishii (José C. Paz), Julio Zamora (Tigre), Gustavo Menéndez (Merlo), Sebastián Abella (Campana), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Fernando Espinoza (La Matanza), Miguel Lunghi (Tandil), entre otros, no podrán postularse nuevamente bajo la legislación vigente.

La lista de intendentes impedidos de buscar la reelección en 2027 incluye a dirigentes del peronismo, el PRO, la UCR y partidos locales. Entre los más destacados se encuentran Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Achával (Pilar), Mariel Fernández (Moreno), Juan Andreotti (San Fernando), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Pablo Zurro (Pehuajó), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Pablo Petrecca (Junín), Érica Revilla (General Arenales), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Carlos Bevilacqua (Villarino), entre otros.

Este año hubo un intento de avanzar con la modificación; pero el plan quedó enfrascado en la interna del peronismo y la falta de acompañamiento con la oposición. La discusión generó divisiones internas en el oficialismo bonaerense. El Frente Renovador de Sergio Massa —impulsor de la ley que limita las reelecciones— había adelantado su rechazo a cualquier modificación. Un sector del kirchnerismo propuso restablecer la reelección indefinida solo para legisladores y concejales, excluyendo a los intendentes, lo que provocó malestar entre los intendentes que reportan en el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof quienes exigían igualdad de condiciones para todos los cargos electivos.

El exsenador provincial y hoy diputado peronista Luis Vivona, presentó un proyecto para modificar la ley, aunque en su versión inicial excluía a los intendentes. Vivona, de Malvinas Argentinas, forma parte del grupo de dirigentes aliado al cristinismo. Luego, la senadora Ayelén Durán, alineada con el gobernador, elaboró una iniciativa alternativa que incluía a los jefes comunales. Fundamentó que “limitar las reelecciones restringe el derecho del electorado a elegir libremente a sus autoridades”. El proyecto llegó para incluir a los intendentes y como respuesta política a la avanzada del cristinismo. El proyecto de Vivona se aprobó en el Senado, pero no corrió con la misma suerte en Diputados. Ahora, con Vivona en carácter de diputado, la iniciativa puede llegar a impulsarse nuevamente.

El gobierno de Kicillof sostiene que la restricción de mandatos responde a disputas políticas y no a un reclamo social, argumento que comparte la mayoría de los intendentes del peronismo bonaerense. “Nosotros vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando el pueblo los vuelva a elegir, y los vuelve a elegir porque tuvieron una buena gestión. Si no, no los reelige, como suele suceder”, enfatizó Bianco en lo que fue la última conferencia de prensa del año.

En su presentación, el ministro provincial también realizó un balance del año en materia de gestión e hizo especial hincapié en los fondos que el gobierno de Javier Milei retiene y no gira a la administración bonaerense en el marco del ajuste fiscal y presupuestario dispuesto desde que llegó a Casa Rosada.

El último dato era $12,9 billones con valores de agosto de este año. Según el cálculo que hacen en el gobierno bonaerense, actualmente, esa suma asciende a $14,7 billones. El monto se compone de $3.553.800 millones en concepto de deudas directas. $8.395.720 en saldos de obra pública comprometida por el gobierno nacional en PBA y $2.770.464 de deudas estimadas por la discontinuidad o retraso de programas nacionales.

“Vamos a seguir reclamando públicamente y con las siete denuncias que hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto de ajuste, caída del empleo, caída de la actividad económica, caída del consumo, recorte sobre los fondos de la provincia de Buenos Aires, es que nosotros hemos llevado adelante nuestra gestión durante los últimos dos años”, puntualizó el integrante del Gabinete de Kicillof.

Con la nueva composición en la Cámara de Diputados y en el Senado de la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza encarará el 2026 con bloques mucho más robustos en la Legislatura bonaerense. Desde ese lugar buscará instalar su agenda propia, aunque el peronismo tendrá las bancadas más grandes, siendo primera minoría en Diputados y ostentando quorum propio en el Senado. Los legisladores de Milei tiene un objetivo: implementar la Boleta Única de Papel para los cargos provinciales en las elecciones 2027.

En la agenda de trabajo que los libertarios empiezan a trazar para el año entrante está una reforma política integral en la que la forma de votación, similar a lo que fue la elección legislativa de este año a nivel nacional, sea el eje rector. Pero también hay otros temas como las Primarias —su aplicación hoy por hoy es potestad del Gobernador, aunque debe pasar por la Legislatura, como sucedió este año— y reflotar la discusión de las reelecciones indefinidas. “El peronismo suele ponerse creativo en este tema”, ironizaron desde la bancada libertaria.

La aplicación de la Boleta Única de Papel en las elecciones de octubre funcionó sin mayores inconvenientes; como también sucedió con la elección provincial del mes de septiembre, cuando se sufragó con el modelo de boleta partidaria. Sin embargo, a partir del antecedente de los comicios a diputados nacionales los libertarios buscarán en 2026 llevar el tema a los recintos legislativos. “Es año no electoral, no se puede cambiar las reglas en pleno partido como hicieron durante este año y todo a conveniencia de la interna del peronismo”, plantean los libertarios; ejemplificando con el cambio de reglamento en Diputados que se realizó en la sesión en la que se aprobó el endeudamiento.

Pero además de la discusión por la Boleta Única de Papel, La Libertad Avanza también mira con interés otra discusión del sistema político bonaerense que quedó en stand by en los últimos acuerdos que terminaron aprobando el presupuesto, la ley fiscal y el endeudamiento: las vacantes en la Suprema Corte de Justicia.

El máximo tribunal de Justicia de la provincia funciona con tres de sus siete integrantes: Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria. Hay cuatro vacantes que el Ejecutivo admite que pondrá en consideración durante este año y allí es donde quiere intervenir LLA. Sin nombres todavía definidos, sí apuesta a ser parte de las propuestas. “Es algo que hay que resolver urgente y con equilibrio”, asegura una voz libertaria que forma parte de las conversaciones con el peronismo en territorio bonaerense.

En Diputados, La Libertad Avanza quedó conformado por un grupo de 19 legisladores; entre los que hay tres sectores: quiénes responden a Patricia Bullrich y provienen del PRO, el llamado parejismo, que se mueve basándose en las determinaciones del presidente del partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja, y dos representantes del grupo Las Fuerzas del Cielo que comanda el asesor Santiago Caputo. Son Agustín Romo y Nahuel Sotelo. Este grupo, pese a ser minoría, preside el bloque bajo el mando de Romo.

En tanto que quienes integraron desde el PRO la alianza para las elecciones de septiembre pasado y fueron en la boleta violeta, seguirán manteniendo autonomía desde la bancada PRO. Hoy por hoy y en el corto plazo, los libertarios los ven con cierta distancia, producto de la última votación por el endeudamiento bonaerense, en el que el PRO rechazó uno de los artículos de pedido de deuda, pero acompañó el específico para el ‘rollover’; habilitando así su aprobación en general. Luego, el espacio de Cristian Ritondo logró tener representación propia en el directorio del Banco Provincia.

Pese a los matices, la implementación de la Boleta Única de Papel que busca instalar LLA viene con el antecedente de que en 2024, los bloques de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica habían presentado un proyecto en conjunto, mientras el tema se discutía a nivel nacional. Solo lograron el giro a comisiones del proyecto en cuestión. Ahora podría ser un pedido más grande.

En lo que respecta a la discusión por la Corte, la negociación pasará por la representación libertaria que haya en el Senado. En la Cámara alta, LLA quedó con un bloque de cinco integrantes y las designaciones para un juez de la Corte deben salir por acuerdo del Senado, luego de una instancia previa que por ley se debe hacer e incluye entrevistas con los postulantes, objeciones, revisión de antecedentes y demás. También debe haber consenso político y ahí es donde pretende intervenir LLA.

Por lo pronto, uno de los sectores más proactivo en integrar la Corte es el radicalismo. El partido centenario, no exento de internas, tiene dos nombres en carpeta: la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero, por un lado, auspiciada por el sector del senador nacional Maximiliano Abad y el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Miguel Berri.

Además de transitar la discusión interna del peronismo, Kicillof también deberá convivir con una Legislatura compleja en términos políticos y que tendrá sus propias demandas, para los casi dos años de mandato que le quedan por delante.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, explicó cómo el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal sin modificaciones, mediante una mayoría transversal que superó al kirchnerismo. Defendió la estrategia de no responder a las provocaciones y señaló un quiebre en el control político del Senado.

La sesión del viernes en el Senado representó algo más que la aprobación del Presupuesto y de la Ley de Inocencia Fiscal. Para Patricia Bullrich, marcó el final de una etapa. “Es histórico aprobar un Presupuesto sin déficit, pese al kirchnerismo que manejaba el Senado como el patio de su casa”, sintetizó en diálogo con Infobae la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien debutó en ese cargo con una victoria política clave para el Gobierno de Javier Milei.

El oficialismo obtuvo 46 votos en general y 42 en particular, cifras muy superiores a los 37 necesarios, un logro relevante para una fuerza con apenas 21 senadores propios. “Llegamos con una construcción de todos aquellos que consideramos una oposición reformista, con miradas distintas pero con un objetivo común: cambiar el país”, explicó Bullrich, y destacó los acuerdos alcanzados con la UCR, el PRO, bloques provinciales y senadores alineados con gobernadores peronistas.

Ese entramado político, señaló, se basó en una consigna clara del Presidente: resultados concretos. “Teníamos un mandato muy concreto: el Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal debían aprobarse sin cambios. Eso no significó no escuchar. Escuchamos mucho, corregimos lo que hacía falta, pero sin alterar una coma de lo central”, afirmó.

La tensión con el kirchnerismo atravesó toda la sesión, marcada por insultos y acusaciones en un clima por momentos áspero. Bullrich optó por una estrategia diferente. “Decidimos no responder. Nos dijeron de todo, especialmente a mí, pero lo importante era que el país tuviera Presupuesto. Lo demás fue pirotecnia”, señaló. Y agregó en diálogo con este medio: “No están acostumbrados a perder, no están habituados a que ya no manejan el Senado como antes, y eso los puso más nerviosos”.

Para la ex ministra, ese nerviosismo es reflejo de un cambio de poder. “Antes todo se decidía desde San José 1111. Eso ya no ocurre. Nosotros debemos construir confianza todos los días, ya que no contamos con mayoría propia, pero esa construcción hoy existe”, afirmó.

Uno de los puntos más conflictivos fue el artículo 30, cuestionado por la oposición bajo el argumento de desfinanciar la educación. Bullrich rechazó esa interpretación y apuntó contra lo que definió como una lógica de simulación. “Desde 2005 existe una ley que habla de destinar 6 puntos del PBI para educación y se cumplió un solo año. Nosotros decidimos dejar de vivir de la mentira. El Presupuesto educativo creció en términos reales. Un Presupuesto tiene que decir lo que vas a gastar, no lo que te gustaría gastar”, aseguró.

En ese tramo, volvió a aparecer el contrapunto con el kirchnerismo. “Vas contra la educación cuando te mentís a vos mismo como Gobierno. Acá estamos diciendo la verdad”, insistió, subrayando que incluso senadores peronistas terminaron acompañando el artículo.

Bullrich también remarcó la forma en que se organizó la negociación política. Habló de una mesa ordenada, con un único mensaje, integrada por Karina Milei, Manuel Adorni, Santiago Caputo, Martín Menem, Diego Santilli y los senadores del bloque. “No hubo múltiples interlocutores ni desorden. Todo se discutía ahí y eso dio confianza”, explicó.

Además del Presupuesto, la jefa del bloque resaltó la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal. “Es una ley histórica. Cuando la gente la comprenda, no lo va a poder creer. Permite que los argentinos usen sus ahorros sin miedo”, afirmó, y anticipó que el Gobierno avanzará en su explicación pública.

De cara a las próximas semanas, Bullrich adelantó que entre el 16 y el 26 de enero se revisarán los dictámenes de modernización laboral y glaciares. “No será a libro cerrado. Ya hubo cambios y habrá más, pero siempre con el objetivo de sostener una mayoría amplia”, aclaró.

Sobre su nuevo rol, luego de años en funciones ejecutivas, se mostró conforme. “Pensé que iba a extrañar lo ejecutivo, pero logramos lo que nos pidió el Presidente. El viernes caminé más de ocho mil pasos dentro del Senado. No fue rosca, fue conversación. A mí me gusta la conversación de ideas”, consignó.

La entrevista completa

– ¿Cómo llegaron a este resultado tan importante y habiendo tenido una mayoría que para algunos, o por lo menos para mí, era impensada, no?

- Llegamos con una construcción de todos aquellos que consideramos que son una oposición reformista, que pueden tener miradas distintas, pero que buscan cambios, miradas que van hacia un país capitalista, con condiciones favorables a la producción, al trabajo, por supuesto, siempre ayudar a los más necesitados. Sobre esa base y sobre la base republicana, construimos un equipo que ayer se mostró. Se sumaron algunos más que también comenzaron a ver la necesidad de tener Presupuesto y esperemos que nos acompañen también en otras reformas, y se fue generando una base de confianza.

Teníamos un mandato del presidente que era: “Queremos resultados”. Ese mandato fue lo que nos llevó, en el caso del Presupuesto a no tocarlo, y en el caso de Inocencia fiscal tampoco, que es una ley muy importante, pero sí a escuchar lo que nos dijeron. Por ejemplo, el tema de las multas, que tenía algunos problemas y lo arreglamos con ARCA.

Hubo mucha escucha sobre los temas que iban planteando. Eso también permitió que ellos ayudaran mucho. Sacamos dos dictámenes; las dos leyes que se van a discutir en febrero tienen dictamen. Con lo cual, si bien todavía ese dictamen va a tener algunas modificaciones, por eso había que poder dar una marcha atrás para coordinar una ley que sea aceptada por una mayoría importante. Logramos arrancar con un Senado a favor del cambio y a favor del reformismo.

– Los primeros pasos fueron la conformación de una mayoría de 44 senadores para la conformación de las comisiones. Fue el primer indicio de que podían tener acuerdos, pero después la situación vino más complicada porque en Diputados tuvieron una sanción que no era la que querían, con la eliminación del Título XI.

- Sí, pero haber conformado esos 44 y tenido una posición en relación a las comisiones nos ayudó mucho. ¿Por qué nos ayudó? Nos ayudó porque los bloques que quizás en Diputados votaron distinto, acá siguieron en este acuerdo. Y eso fue importante porque tanto el radicalismo como el PRO nos acompañaron, también los bloques de las provincias. Acá se mantuvo ese espíritu de unidad, pero una unidad con diversidad y con discusión. Eso también nos ayudó.

– En la sesión se vivieron momentos de mucha tensión con el kirchnerismo. Fue una sesión caliente, donde se dijeron de todo desde el inicio.

- No, ellos nos dijeron de todo a nosotros. Pero nosotros decidimos una estrategia distinta: lo importante no era responder las barbaridades y las mentiras que dijeron. Sobre todo, se centraron en mí. Pero lo importante no era responder las mentiras y las barbaridades, sino que lo importante era que el país tuviera Presupuesto, para la previsibilidad del país, de las familias, de las empresas. Nos entró por un oído y nos salió por el otro.

Todo el mundo sabe quién soy, cómo actúo, cómo trabajo. Así que creo que esas palabras no le borran a la gente nada, son pura pirotecnia. Y así fue, fue pirotecnia de ellos. Nosotros no contestamos, seguimos con nuestro objetivo y lo logramos. Lo que pasa es no están acostumbrados a perder.

– A ver…

- No están acostumbrados a perder, no están acostumbrados a que ya no manejan el Senado como si fuera el patio de su casa. No están acostumbrados y entonces eso los puso más nerviosos, todavía.

– Antes era Cristina Kirchner la que manejaba lo que pasaba en el Senado desde San José 1111, y antes, cuando no estaba detenida. ¿Eso cambió?

- Nosotros siempre tenemos que tener la confianza de los otros, porque nosotros somos veinte senadores, veintiuno con Luis Juez. El PRO que siempre está cerca, el radicalismo está cerca, pero tenemos que ir construyendo confianza con todos los demás. Nosotros vamos a cuidar mucho esta mayoría, pero siempre es importante que entendamos que nuestro objetivo es hablarle a la sociedad, no hablarle a los kirchneristas que tenemos en frente. Y cuidar que todos los que conformamos este bloque reformista estemos bien con lo que estamos votando.

– Hubo mucho apoyo también de los gobernadores. Incluso hubo senadores que responden a gobernadores peronistas que también apoyaron. ¿Cómo fue la gestión para establecer esos acuerdos?

- Trabajamos todos. Trabajó Diego Santilli, trabajé yo, Martín Martín. Trabajó la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni, Ignacio Devitt. Entre todos fuimos trabajando. Santilli hablando con los gobernadores, yo con los senadores, todos ayudando. La base ya la teníamos y se agrandó. Trabajamos como un equipo, eso es muy importante.

Quizás en otro momento nos decían: “Tengo demasiados interlocutores, no sé a quién escuchar”. Ahora nos reunimos todos, estuvimos en mi despacho, estaba el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, viendo que no se toque una coma. Su papel ya estaba hecho, pero estuvo por si alguien necesitaba un apoyo técnico. Estuvimos todos y lo que decíamos o charlábamos estaba consensuado y dimos un paso importante, en no tener múltiples entradas, donde terminás desordenado, sino que todo estuvo discutido en esa mesa.

– Esa mesa política…

- Sí, es una mesa que se reunió toda la semana y el viernes, que tiene otros integrantes. Está Karina Milei, Manuel Adorni, está Santiago Caputo, también estuvo Menem y Santilli. Estábamos, además, con todos los senadores, que también aportan y ayudan, porque conocen a algunos senadores y se establece el diálogo. Siempre todos con un mismo mensaje. Y eso me parece que permtió que ordenáramos todo y nos ayudó mucho a dar confianza y un solo mensaje al que tuviera que recibirlo.

– Hubo críticas sobre el tema del artículo 30, que generó más tensiones y fue el que tuvo menos votos. El kirchnerismo planteó que era un artículo que iba en contra de la educación, que desfinanciaba a las escuelas técnicas…

- Nunca un Presupuesto puede tener supuestos mínimos, porque eso no es la base de un Presupuesto. Estas son leyes donde se planteaba: «Pongámosle 6 puntos de Producto a la Educación». Desde 2005 que está esa ley, se cumplió un solo año. Nosotros decidimos dejar de vivir de la mentira y vivir en la verdad y tener un Presupuesto que sea lo que realmente se va a usar. Y no decir “votémoslo, porque es políticamente correcto”.

Nadie está desfinanciando la educación. No había una partida presupuestaria. Lo que había es una expresión de deseo que no se cumple desde el año 2005... ¡estamos hablando de veinte años! Hoy, el Presupuesto para Educación subió 11,1% real, por sobre la inflación. Se hizo mucho esfuerzo en educación, en educación técnica y el CONICET que también subió su partida. Esto vale para la educación primaria y secundaria, y la universitaria ni hablar. Repito: estamos hablando del Presupuesto, no de supuestos mínimos, que nunca se cumplieron. Un Presupuesto tiene que decir en lo que vas a gastar y no lo que te gustaría gastar, que por otra parte nunca se cumplió.

Plantearon que íbamos en contra la educación. ¿Cómo que vas contra la educación si no esa ley no se estaba cumpliendo? Vas contra la educación cuando ponés una cifra que está mintiendo y lo hacés vos como Gobierno. Nosotros ahora estamos diciendo la verdad: el Presupuesto educativo creció y creció mucho. En la Argentina todos sabemos muy bien que el problema no es necesariamente presupuestario, es más de ordenamiento, de capacitación docente, de la calidad de los docentes, es del tiempo en las aulas de los chicos, que todavía hay muchas provincias y muchos lugares del país que tienen medio turno, que no tienen la jornada completa como la tienen que tener. Hay muchos temas en la educación que no tienen que ver con el financiamiento, si no que tienen que ver con la estructura general del sistema educativo. Y es ahí donde hay que meterse. Así que todo lo que se decía, que nosotros vamos contra la educación pública, no es cierto y el viernes todos entraron en razón, por eso sacamos 42 votos en ese artículo.

– Incluso con votos peronistas…

- Es que se entendió. El mensaje fue: “basta, dejémonos de mentir, de decir que vamos a invertir dinero que no se invierte”. Ojalá que cuando tengamos 6 puntos del PBI sea acompañado de una educación de calidad y en eso tenemos que poner todo el esfuerzo.

– ¿Pudo hablar con el presidente Javier Milei? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron?

- Sí, chateamos. Estaban todos muy contentos. Y, por otro lado, también él felicitó a todo el bloque de senadores. El presidente felicitó a nuestro bloque y a todos los sectores que apoyaron. Estamos realmente contentos con la actitud que han tenido tanto la UCR, como el PRO y los bloques provinciales que nos acompañaron y que le dieron al Gobierno la posibilidad de tener el primer presupuesto con déficit cero, el primero de la historia moderna argentina.

Pero es importante también destacar que, además del Presupuesto, se votó la ley de Inocencia Fiscal, que cuando la gente la empiece a descubrir, no va a poder creer, porque es una ley que permite realmente que la gente use sus ahorros sin miedo. Que terminemos con argentinos que ahorran en sus casas por miedo a que el sistema los considere delincuentes. Es una ley histórica, importantísima, que hay que explicarla para que la gente sepa de qué se trata. Hay que trabajar mucho la explicación, pero es una ley enormemente importante.

– Se viene ahora un poco de descanso y posteriormente la discusión sobre la modernización laboral. ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Creen que van a tener el mismo apoyo?

- Quedamos que desde el 16 al 26 de enero va a haber un equipo que tengo, con especialistas y expertos, que va a ir atendiendo los distintos temas del dictamen. Y el 26 de enero, ya este bloque de los 44 -si se quieren sumar algunos más, por supuesto, los aceptaremos- nos juntaremos para discutir con todos el contenido. No es una decisión solo mía, sino que la vamos a ir acordando, para empezar a revisar el dictamen que ya fue firmado.

Vamos a tener reuniones, no sé si por Zoom o presenciales, pero la idea es que sean presenciales. Del 16 al 26 de enero, van a ser 10 días para llegar con ambos dictámenes pulidos, tanto la ley laboral como la determinación de glaciares. Los dictámenes pueden tener cambios, que se van a acordar para llevarlos al recinto.

– ¿Entonces no va a ser un debate a libro cerrado, se va a discutir?

- Por supuesto. Ya no fue a libro cerrado, tuvo un montón de cambios, pero ni siquiera tuvimos tiempo de terminar de ver en profundidad el contenido del dictamen. Todos firmaron con confianza, pero con la confianza de que ahora vamos a terminar de analizar el texto con dedicación. Del 16 al 26 va a haber un grupo de asesores que van a estar viendo todos los temas, y del 26 de enero al 10 de febrero ya los senadores vamos a trabajar directamente con los dos proyectos.

– ¿Glaciares y modernización laboral?

- Así es.

– La del final. ¿Cómo fue empezar ya a jugar por los puntos como presidenta del bloque, después de tantos años de estar en tareas ejecutivas, como ministra?

- La verdad que estoy contenta con esta nueva tarea. Pensé que iba a extrañar lo ejecutivo, pero la verdad que conseguimos los resultados que nos había pedido el presidente Milei. Como anécdota: tengo un podómetro que cuenta los pasos en mi teléfono. El viernes hice 8.034 pasos, que los caminé todos dentro del Senado. Equivalen a 5,6 kilómetros de ir y venir a los despachos.

– Mucha rosca…

- No diría rosca, mejor conversación. La palabra rosca no va conmigo, a mí me gusta la conversación de ideas. Y esas ideas triunfaron.

El Senado sancionó esta noche el Presupuesto 2026, tras más de ocho horas de discusión, y el Gobierno libertario ya puede mostrarle al mercado, en el inicio de la segunda parte del mandato de Javier Milei, un plan de gastos avalado por el Congreso, con votos de sobra. Un tema no menor, aunque dentro de poco -en febrero, si hay extraordinarias; o marzo, en el período ordinario-, el oficialismo deberá lidiar con un desafío mayúsculo en la Cámara alta: la reforma laboral.

Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó y, de esta manera, la ley será promulgada. Es decir, hubo guiños en todos los capítulos, incluido el segundo -por el artículo 30-, criticado por la oposición -pocos radicales no acompañaron- por eventuales recortes en diversas áreas de educación. Consiguió 42. Más que suficiente y hasta en sintonía de “paliza”.

Para tener una idea de cómo se arribó a dicho resultado en la votación en general, hay que sumar a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los diez del radicalismo, tres del PRO, y un puñado trascendental de silvestres provinciales. Más la sorpresa -por romper con la orden cristinista- de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta mecánica, con algunas objeciones en el capítulo dos, se repitió en la particular. Se abstuvo en todo la justicialista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corroza (La Neuquinidad).

El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

Debate en el recinto

Como miembro informante de La Libertad Avanza, el exjefe del oficialismo en el Senado -ahora es Patricia Bullrich- y titular de la comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseguró: “En los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto que tenga un déficit cero y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo”.

El legislador recordó la situación que se encontró Milei en el poder central, como el riesgo país “encima de 1900 puntos” y un “30% de deuda pública con vencimientos a un día”, la que calificó de “una bola de intereses que se pudo desarmar con mucho esfuerzo”. Luego, sumó el escenario de pobreza e indigencia y cómo la Casa Rosada sacó, siempre según Atauche, “a más de 10 millones de personas” de esa realidad.

Ante las dudas que surgieron por el artículo 12 -potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envío de fondos-, Atauche fue tajante: “El mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri y hoy lo volvemos a incluir en el Presupuesto”.

Desde el interbloque kirchnerista, el primero en responder fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Apuntó a cuestiones políticas y, sobre todo, técnicas. Muy pocos le prestaron atención. Su discurso se extendió hacia bifurcaciones diversas y, en el tramo final, erró en una frase del Martín Fierro -José Hernández-, entre otras obras literarias que mostró “Coqui” como guía moral. Sí habló de “coacción y coerción a las administraciones provinciales y municipales” a la hora de la discrecionalidad para derivar recursos.

Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Bensusán. Para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales -dijo que es “el mismo importe asignado para 2023”-, expresó: “Se establece, como anticipo a cuenta, sólo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior”. Es decir que, de las 13 en esta zona, sólo su distrito sería el beneficiado.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que “un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”. No obstante, denostó el artículo 30. En ese sentido, señaló: “Lo llamo ‘escoba’, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.

La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista riojana Florencia López. En primer lugar, mostró la “contradicción” entre “la inflación que proyecta el Gobierno, de 10,1% anual, con la de los últimos meses, que superó los dos puntos”. En esa línea, añadió: “Es mala fe y a propósito”.

Tras ello, la exvicegobernadora, que conoce a fondo lo que implica una ley de gastos, confió: “Con esa inflación -proyectada hacia abajo- habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad”. López marcó, con preocupación, que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó “sobre la marcha” y con “una resolución”, una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y que, en Diputados, ni siquiera lo adecuó.

Cierres

En su debut, Corroza (La Neuquinidad) utilizó gran cantidad de su tiempo en halagar la resentida gestión de su terminal política y gobernador, Rolando Figueroa. La siguió la salteña Flavia Royón, que fue directo al grano y dejó en claro que “sin Presupuesto no hay planificación, previsibilidad, inversión, desarrollo y, por sobre todas las cosas, no hay reglas claras que requieren las provincias para conducir sus planes de gobierno”.

“Necesitamos orden financiero”, sentenció Royón, aunque tampoco olvidó de resaltar que “acompañar no es callar”: habló de “supuestos macroeconómicos frágiles y, en exceso, optimistas”. Al final, sostuvo que la solución sobre la puja en educación no es “derogar”, sino “tener una propuesta más constructiva”.

Por su parte, el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que “el Estado no genera riqueza, sino que administra lo que generan los argentinos”, y reforzó el concepto de la “responsabilidad para gobernar”. Segundos después, opinó: “Apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco. Exige responsabilidad, más que nunca, y cumplir los acuerdos con las provincias y los fallos de la Corte Suprema”.

“No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos. El respeto a las instituciones no es optativo, es una obligación”, advirtió Goerling Lara.

Sobre ello coincidió su par de la UCR, Eduardo Vischi, que direccionó la lupa hacia la “gran inversión social” del Ejecutivo y subrayó que “es inexplicable” que haya “menos situaciones de conflicto”, si antes “gobernaban los que decían que defendían a los pobres”, en clara referencia al kirchnerismo.

El jefe del interbloque kirchnerista “Popular”, José Mayans, fue directo a los “250.000 puestos de trabajo” que se perdieron y preguntó “de dónde saca los datos” el Ejecutivo, que muestra otro panorama. Lo mismo para la deuda: según el formoseño, “era de USD370.000 millones y hoy es de USD445.000 millones″. También mencionó los valores actuales de las canastas básicas para contrarrestar los datos de pobreza y las varias travesías judiciales con las que ya carga la Casa Rosada.

La encargada de concluir la discusión fue Bullrich. Lo concretó en términos políticos. “Hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma”, arrancó, y se refirió a un “punto de partida para refundar una historia emocional”, ya que durante “muchos años” se pasó a “desconfiar, resignarse y vivir en ciclos tóxicos, una y otra vez”.

“El fracaso era el destino. El esfuerzo no valía la pena”, siguió la exministra de Seguridad, y denostó las “valijas llamadas ‘obra pública’”. Y evaluó que se eligió “cambiar el método, el sistema”, dejar “los problemas debajo de la alfombra para enfrentarlos” y “volver a sentir que el esfuerzo tiene sentido, que el cambio no es más una palabra vacía”.

Según Bullrich, el Presupuesto 2026 “no improvisa, no engaña y no promete lo que se no se puede cumplir”. Después, conjeturó que "no había margen para la tibieza“, que ”había que ir a fondo, animarse“, y que ”gobernar no es prometer“, sino ”decidir cuando duele“. Y culminó: “El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit es la línea roja que separa el futuro del desastre”.

El incidente ocurrió mientras Vischi exponía argumentos en favor de la importancia del equilibrio fiscal, en línea con la postura que el oficialismo sostenía para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026.

“Es una gran responsabilidad de la política entender que el equilibrio fiscal trae aparejado una estabilidad y una inflación menor”, expresó el legislador, y en ese preciso instante, la escena tomó otro rumbo.

La senadora Silvana Schneider, también representante de la UCR por Chaco, se encontraba ubicada detrás de Vischi. Al intentar acomodar su pantalla, sin notar la presencia de la copa, desplazó el vaso y lo volcó sobre la espalda de su colega. La situación, registrada por la transmisión oficial del Senado Argentino, dejó en evidencia la naturaleza accidental del hecho.

A pesar del imprevisto, Vischi intentó continuar con su intervención, pero no logró hacerlo y por unos segundos cortó con su palabra.

Se lo escuchó decir, lejos del micrófono, “Bueno, un poco de agua”, comentario que provocó sonrisas entre los presentes y alivió por momentos la tensión propia de las discusiones presupuestarias. La reacción inmediata evidenció que se trató de un accidente, sin mayores consecuencias para la sesión.

Desde el mediodía, los legisladores celebran una sesión decisiva en la que se determinarán dos iniciativas fundamentales para el Gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo pretende cerrar el ciclo legislativo anual transmitiendo al mercado una imagen de control político y capacidad de gestión, aunque debe enfrentar tensiones con algunos sectores de la oposición dispuesta al diálogo.

El debate comenzó después de las 12.20, en el contexto de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. Entre los puntos más controvertidos figura el artículo 30 del proyecto presupuestario, que suprime los pisos mínimos de financiamiento destinados a educación, ciencia y defensa, motivando objeciones desde distintas provincias.

El tenso cruce entre las senadoras Cristina López y Victoria Huala

En el momento en que intervenía, el micrófono de López falló, lo que generó tensión. En ese contexto, se dirigió a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Pensé que me iban a censurar como cuando vino el exministro Franco, porque evidentemente esta no es una casa democrática”, afirmó la legisladora.

Frente a los demás senadores, López declaró: “Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo. Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos”.

La representante de Tierra del Fuego, elegida por Fuerza Patria, también relató que fue víctima de “agresiones físicas y tocamientos impúdicos” durante un operativo realizado en su despacho a comienzos de diciembre. Según denunció, esto ocurrió después de que personal de seguridad del Senado le impidiera entrar a su oficina, en el cuarto piso del Palacio Legislativo, en el marco de un decreto de Villarruel sobre la redistribución de oficinas parlamentarias.

López especificó que el 28 de noviembre, la jornada de la jura de los nuevos senadores, encontró la puerta de su despacho sellada con una faja y bloqueada con sillones, y notó que habían quitado la placa de bronce con su nombre.

Mientras exponía, la senadora mantuvo varios cruces con Villarruel, quien la instó a no leer la cuestión de privilegio y le pidió que respetara el tono del debate. La vicepresidenta reclamó: “Mantengamos el tono de respeto y en segundo término si usted usurpa despachos yo tengo que mantener el orden. Me hago responsable de la situación y le pido que redondee”.

El ambiente se caldeó luego de que Victoria Huala (PRO) también reclamara a López que no leyera su intervención, señalando que el reglamento de la Cámara impone esa restricción. “Disculpe, por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir a la senadora que está hablando que no lea. Le recuerdo que en este recinto le cortaron el micrófono a senadores que estaban leyendo por pedido de la bancada de Unión por la Patria. Entonces, como senadora exijo el mismo respeto a nosotros, porque si no es con una doble vara constante”, dijo la legisladora del PRO.

Agregó, aludiendo al incidente en el despacho: “Es una doble vara constante por parte del kirchnerismo, están acostumbrados a atropellar todo el tiempo. Entonces, le pido senadora, por favor, por respeto al resto de los colegas, que no lea más. Como no tuvo el respeto con los trabajadores de esta casa, le pido el respeto a sus pares”.

Ante ese planteo y varios comentarios en voz baja, López reaccionó con un insulto: “¡Callate, mamarracho!”.

A la espera de una sesión ya convocada para el mediodía de este viernes, en el oficialismo senatorial se encendieron las alarmas ante la negativa que habría en un sector dialoguista -en particular, la Unión Cívica Radical- para votar el artículo 30 del Presupuesto 2026, que apunta a la poda relacionada con fondos educativos, entre otras cuestiones.

El tema no es menor, ya que la ley de gastos pasó de ser una norma no tan compleja de sancionar para el Gobierno a un dolor de cabeza en el Congreso, tras el traspié que tuvieron los diputados libertarios para sostener un capítulo que, mezclado con ciertos “guiños” de la Casa Rosada, dinamitaba la emergencia en discapacidad y el blindaje de presupuestos universitarios.

Tras ello, desde Balcarce 50 primero partieron versiones disparatadas sobre el futuro de la iniciativa. Una cierta calma se obtuvo cuando se definió dictaminar la reforma laboral y dejarla en siesta, de mínima, hasta febrero próximo, siempre y cuando el Ejecutivo convoque de nuevo a sesiones extraordinarias. Eso sí: la oposición dialoguista le dejó en claro a la jefa oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, que los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal tienen que ser sancionados tal como vinieron de Diputados. Anteayer, la ex ministra de Seguridad volvió a sondear opciones en un Zoom. Recibió idéntica respuesta.

Lo que pasó desapercibido, para quien haya escrito ese artículo es que, en el Senado, hay legisladores radicales como Maximiliano Abad (Buenos Aires) o Flavio Fama, por poner dos ejemplos. El primero militó, como titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), a favor de una norma educativa que ahora busca reventar La Libertad Avanza. En tanto, el segundo fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca durante largos años.

El artículo 30 también habla de derogar ítems sobre Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. Este medio contó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Desglosemos ahora cada punto de lo que quiere el Gobierno eliminar. El primero es el más importante e impone: “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.

El segundo es similar, aunque con menor intensidad, para las partidas hacia ciencia y tecnología. En tanto, el tercero crea “el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.

Por último, el cuarto involucra a la constitución e integración del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF): “0,35% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020”; 0,5%, en 2021; 0,65%, en 2022; “hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”. Un desafío para el flamante ministro de dicha área, el militar Carlos Presti.

La cuenta de la que parte el oficialismo implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -tiene que jurar el rionegrino Enzo Fullone cuando comience la sesión del viernes-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Lo que nadie descifra aún es si, sobre el artículo 30, hay más objetores. Y ya se espera, como ocurrió en otras ocasiones, pensamientos y reclamos de último momento para enturbiar el clima. Bullrich deberá estar atenta.

El kirchnerismo no perdió tiempo y, de la mano del chaqueño Jorge Capitanich -sería el miembro informante de la bancada para rechazar el Presupuesto 2026- recibió ayer a estudiantes de escuelas técnicas. Si cae este artículo en una eventual votación en particular del proyecto, a la Casa Rosada no le quedará otra que levantar campamento. Las idas y vueltas continúan. También, los llamados a dialoguistas desde Balcarce 50.

El bloque de La Libertad Avanza parece tener todo listo para ir al recinto el próximo viernes y darle sanción definitiva al proyecto de Presupuesto 2026. El dictamen de mayoría con el acompañamiento de las otras fuerzas políticas parece dejar el camino allanado.

En ese escenario, el oficialismo optó porque cada senador vuelva a su casa con la orden de que el jueves 25 de diciembre tienen que estar en la zona del Congreso de la Nación. En medio, los contactos entre los miembros del bloque y los de la jefa del bloque, Patricia Bullrich, con los presidentes de los bloques amigos se mantienen. No hay margen para errores y quieren cerrar el año sin sobresaltos.

En estas conversaciones generó ruido, primero, el rumor que salió de la Casa Rosada respecto a la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete el Presupuesto porque la caída del Capítulo XI “rompe el superávit”. Esta idea que sobrevoló en modo amenaza no cayó bien en los bloques parlamentarios que ya muestran cansancio respecto de los arranques del Presidente contra el Parlamento.

La otra preocupación en la oposición dialoguista también es en referencia a los dichos de Milei quien aseguró que quieren este presupuesto y que lo van a solucionar “acomodando” las partidas. Esta facultad que tiene el Jefe de Gabinete, hoy en el cargo Manuel Adorni, de mover fondos de un lado a otro del Presupuesto genera preocupación. “Nos gustaría saber qué van a hacer porque esto significa que van a sacar fondos de un lado para ponerlo en otro, la pregunta es qué van a desfinanciar”, explicó un senador radical.

Por el lado de la oposición encarnada en el bloque Justicialista, el sistema será similar pero, primero, manteniendo una dinámica que inició cuando el Congreso discutía los fondos para el Hospital Garrahan.

Durante la jornada de hoy el bloque se reunirá con sectores ligados a las escuelas técnicas que el proyecto de Presupuesto plantea un fuerte recorte en los fondos para este tipo de establecimientos.

Según trabajo de CEPA, el proyecto de ley plantea que el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP), que es el que contiene el financiamiento de las escuelas secundarias técnicas, muestra un recorte en términos reales del 93% en 2026 en comparación con los niveles de ejecución registrados en 2023.

El mismo trabajo señala que el proceso de quita de fondos para las escuelas técnicas se viene produciendo durante toda la gestión Milei y que durante este año sólo se ejecutó el 10,8% del Fondo.

Luego de esta reunión el peronismo liberará a los senadores para que vuelvan a sus provincias a pasar la Nochebuena con, también, el compromiso del jueves 25 de diciembre estar en la zona del Palacio Legislativo.

En lo que se refiere a la sesión del viernes la idea del peronismo es tratar de hacer cambios en algunos de los capítulos que quedaron del Presupuesto. La idea de La Libertad Avanza es la de contener cualquier intento de cambio de la oposición. Ya descartó incluir ninguno de los artículos eliminados en Diputados porque, básicamente, no cuentan con los votos principalmente por la falta de acompañamiento de los 10 senadores del bloque de la UCR, pero no quiere sobresaltos.

A partir de esto es que ayer por la tarde la ex ministra de Seguridad convocó a una videollamada a los líderes de las bancadas aliadas que, según una estimación de la Casa Rosada, en total reúnen cerca de 44 senadores. En ese encuentro lo que se buscó es sopesar el impacto de las designaciones en la Auditoría General de la Nación que significó un fuerte golpe para el PRO y, en paralelo, si los senadores de los otros bloques bajaban algún reclamo de parte de los gobernadores. El resultado, aseguran, fue positivo para LLA pero en el entorno de Bullrich no quieren sobresaltos. “Ganábamos todo y de repente nos comimos un piñón en Diputados, acá no puede pasar lo mismo”, dijo un libertario antes de tomarse el avión que lo llevará a su provincia.

De dos leyes a ninguna, ese es el panorama que se presenta para lo que sería la última semana de actividad en el Senado: La Libertad Avanza debe decidir si sanciona este viernes el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal, tal como vinieron de Diputados, y cierra el período de sesiones extraordinarias convocado hasta el martes 30, o si empuja cambios desesperados en el proyecto de gastos para el año próximo, luego de las tropelías oficialistas en la Cámara baja. Esta situación derivaría en una ruptura con casi todo el sector dialoguista, con el que la Casa Rosada volvió a reconectar hace cinco minutos.

El sendero vigente en el Senado parece claro. Lo que menos quieren hacer eventuales aliados es aparecer pegados a las estrategias que impone Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria. El problema es que el Gobierno comprende esto como apoyo incondicional a cualquier idea y no reconoce las promesas realizadas a los sectores aliados.

Un combo letal para muchos “aceitosos” que quedan en el medio, con votos trascendentales. Nunca hay que dejar de dimensionar que el éxito o fracaso en el Congreso está atado a la voluntad de puñados de legisladores poco conocidos, pero con gran poder de daño.

Durante la tarde de ayer, el último intento magistral de la Casa Rosada fue pedirle un Zoom a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, con el resto de los titulares del flamante “entendimiento” entre oficialismo y dialoguistas senatoriales -44 de 72, aunque tiene uno menos hasta que el rionegrino Enzo Fullone jure en la próxima sesión- y la respuesta, más allá del intercambio en muy buenos términos, fue idéntico: si La Libertad Avanza insiste con retocar el Presupuesto 2026 y no sancionarlo tal como vino de Diputados, habrían más modificaciones y el texto quedaría en peores condiciones según la perspectiva del Ejecutivo.

No sólo eso. Para el convite del 26 en el recinto -a partir de las 12-, a la oposición que desea acompañar tampoco le costaría solicitar la discusión en particular de la ley de Inocencia Fiscal -interesan los dólares- para que el diablo meta la cola y esa iniciativa sea forzada a regresar a la Cámara baja en segunda revisión. “El clima es bueno, pero no podemos resolver nosotros la mala praxis de los diputados libertarios. Espero que no sea el comienzo de algo buscado a propósito para romper el ida y vuelta. Sería demasiada tomada de pelo”, sentenció un senador de peso a Infobae.

El viernes último, cuando se dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y la macrista Andrea Cristina (Chubut) realizaron observaciones al articulado. A pesar de la presidencia del libertario Juan Carlos Pagotto en la comisión de Justicia, fue la propia Bullrich la que tuvo que intervenir.

“Quiero decirles que nosotros estamos dispuestos, en las sesiones ordinarias, a analizar este planteo que hacen los senadores Abad y Cristina y explicar cuáles serían las multas en aquellos contribuyentes muy pequeños que necesitan que haya una proporción entre el capital y el capital de trabajo que tienen en sus negocios, las fallas que puedan tener por cuestiones formales y la posibilidad de que esas multas sean acordes a esta realidad. En todo caso, como creemos importante poner en marcha esta ley desde el momento de su promulgación, nos comprometemos a analizar un capítulo especial, una ley corta que pueda subsanar este problema”, expresó Bullrich.

Salvo la sesión del 26, en el Senado no aparece actividad oficial alguna. Sí es probable que se vea mañana a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en la inauguración del oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula”. La convocatoria no fue informada, aunque se estima que durante el evento habrá una bendición del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. La zona para rezar -varias volteretas de las autoridades, como contó este medio semanas atrás- quedará inaugurada en la oficina del expulsado Edgardo Kueider, quien fue detenido a fines de 2024, en un paso fronterizo, con más de USD 200.000 sin declarar.

El Gobierno decidió terminar con la etapa de reproches por el traspié en la Cámara de Diputados, con el Capítulo XI. Cuando culminó la sesión del miércoles, uno de los gobernadores más cuestionados fue Alfredo Cornejo porque, según dejó trascender La Libertad Avanza (LLA), “se jactaba de su control dentro del bloque” que integra un sector de la UCR y el PRO. Rogelio Frigerio y Leandro Zdero también entraron en la lista de apuntados. Pero, según pudo saber Infobae, en las últimas horas el oficialismo mantuvo conversaciones para bajarle el tono a la conflictividad e iniciar las negociaciones para garantizar los votos del Presupuesto en el Senado.

“Nos cagaron”, se quejaron los libertarios. Cerca de Martín Menem le expresaron a este medio que confiaban en que Cornejo tenía su bloque controlado y que, por el contrario, Pamela Verasay (UCR) y Nicolás Massot (Provincias Unidas) se dedicaron a “porotear” para que el Capítulo XI del Presupuesto no salga.

Ese apartado estaba destinado a responder a las demandas de aliados parlamentarios, como los fondos que Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamados por Jorge Macri, junto con modificaciones en la ley de Zonas Frías y recursos para la Justicia, pero a último momento se agregaron la derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo. Varios diputados calificaron esa maniobra como un “chantaje”.

La versión de la Casa Rosada enfureció a los radicales aliados del Gobierno. En principio, respondieron con un dato contundente: los diputados mendocinos votaron a favor del proyecto y de los cambios que propuso el oficialismo en el Presupuesto. Pero, además, aseguraron que el propio partido libertario les había confirmado que tenían todos los apoyos para avanzar con la medida.

Pero el punto que más molestó en Mendoza fue que lo acusen a Cornejo de “jactarse de manejar el bloque completo”. Como reconstruyó este medio en varias oportunidades, durante las negociaciones para armar los bloques, el radical buscó mantener a la bancada de la UCR unida, aunque eso implicara votaciones distintas.

Durante el fin de semana, varios teléfonos sonaron para contener el conflicto que podía complicar al Gobierno en el Senado. Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli se comunicaron con Cornejo para bajar la espuma. Le agradecieron por el apoyo de sus diputados y desmintieron cualquier tipo de trascendido. En paralelo, convocaron una reunión por Zoom con los jefes de bloques que representan a los 44 senadores aliados para delinear la estrategia a aplicar en la próxima sesión en la Cámara alta.

“Los bloques tienen sus propias tensiones sobre cómo resolver el vínculo con el Gobierno”, confesó a este medio un senador de la UCR sorprendido por las maniobras del oficialismo. Aunque comparten electorado y apoyan varias medidas de ajuste que impulsa Javier Milei, el partido centenario sufre contradicciones sobre la mirada del Gobierno en materia de financiación de la educación.

En el Senado los radicales advierten que no todos estarán dispuestos a corresponder a las demandas de los gobernadores. “Muchos tienen sus propias aspiraciones en sus territorios y buscan mantener cierta coherencia”, ejemplifican y mencionan con incomodidad la insistencia del Gobierno con medidas que ya fueron ratificadas en varias oportunidades por el Congreso. Todos miran hacia 2027 y buscan hacer pie en un vínculo que no terminan de entender con el oficialismo, pese a las alianzas electorales.

La Casa Rosada, además, mantiene un frente abierto con Corrientes. En el entorno de Gustavo Valdés dejaron trascender que sigue el malestar por la falta de respuestas a sus demandas. “Lo que le prometió Santilli no estaba en el Presupuesto”, dicen los correntinos y enumeran la falta de financiación para distintas obras, entre ellas, el puente que une a la provincia con Chaco. De hecho, el diputado Diógenes González votó en contra del Capítulo XI. Los correntinos habrían sumado más malestar por el voto de un libertario en contra del endeudamiento en la Legislatura.

El panorama para el Gobierno con Provincias Unidas es totalmente diferente. Maximiliano Pullaro comenzó a tensionar cada vez más su relación con el Poder Ejecutivo. Fundó el partido con la idea de representar las necesidades del interior del país, pero sin convertirse en una oposición extrema y acompañar las medidas de Milei que consideren necesarias. Sin embargo, en los últimos meses su distancia es cada vez más notoria.

Hasta el momento, Pullaro se resistió a reunirse con Diego Santilli hasta que no aparezcan respuestas concretas a las demandas de su provincia. “Yo no voy a ceder ante el Gobierno nacional por una foto en redes sociales. Voy a defender los intereses de Santa Fe”, afirmó en una reciente entrevista que brindó a Radio LT10. Su bloque se abstuvo en la votación del Presupuesto.

“No hay negociación abierta con el Gobierno”, confirmaron a Infobae desde Provincias Unidas. A diferencia de lo que sucede en el bloque de la UCR, se jactan de la homogeneidad en las votaciones y de la necesidad de representar las demandas territoriales. “Somos una oposición razonable”, se auto describen, en especial, por haberle garantizado el quórum al Gobierno para tratar el Presupuesto en Diputados.

Los movimientos de todos los gobernadores no solo obligan a revisar la estrategia de los libertarios, sino que en esta nueva etapa comienzan a vislumbrarse las posibles estrategias que se instalarán en la carrera por 2027. De hecho, solo un sector del PRO se sumó al bloque de La Libertad Avanza. El resto busca defender su futuro político y, aunque Milei mantiene su fortaleza, muchos de los aliados esperan expectantes los resultados del plan económico en medio de sus propias advertencias por la crisis en los sectores productivos.

La oposición en Córdoba advierte que el peronismo local está debilitado después de la contundente derrota electoral legislativa y ya trabaja para pelear por la Gobernación en 2027. El resultado de octubre dejó a La Libertad Avanza como la principal fuerza con poder de fuego para enfrentar a Martín Llaryora, pero hay un requisito excluyente: formar una coalición. Según pudo saber Infobae, Gabriel Bornoroni mantiene conversaciones con un sector de la UCR y algunos peronistas, pero enfrenta viejas disputas, en particular entre Rodrigo de Loredo y Luis Juez, que mantienen aspiraciones por convertirse en gobernador.

Los 26 años de gobierno peronista cordobés dejaron como enseñanza a la oposición que la única forma de hacerle frente al oficialismo es con una coalición, lo más amplia posible, y en unidad. Un modelo similar al que fundó Maximiliano Pullaro en Santa Fe, donde mezcló sectores de derecha con el socialismo. La última experiencia en Córdoba fue en 2023, cuando Llaryora venció a Juez pero por una estrecha diferencia de 64 mil votos; el oficialismo perdió el Tribunal de Cuentas y una importante cantidad de bancas.

“Esa unidad fue gracias a mí”, repite De Loredo a sus más cercanos. El saliente jefe de la bancada de la UCR en Diputados bajó su candidatura a gobernador en 2023 para cederle el lugar a Juez, tras dirimir la interna con una encuesta que posicionaba mejor al senador. El radical rechazó integrar la fórmula y se postuló a intendente de la capital. Tampoco pudo ganar. Para 2027 ya avisó que será candidato. “Les toca corresponder con el gesto”, deslizan en su entorno a modo de reproche. Es una exigencia para la próxima disputa.

El problema es que, en todo caso, le correspondería a Luis Juez “corresponder con el gesto”, como reclama De Loredo. La irrupción de La Libertad Avanza modificó el escenario y los referentes locales no sienten deberle nada a ningún partido. El designado por Karina Milei para construir el frente es Bornoroni, quien quedó bien posicionado tras vencer a la lista que encabezó Juan Schiaretti, con Gonzalo Roca como candidato outsider. “Acá ganó Milei. Las encuestas nos daban 20 puntos abajo y terminamos 14 arriba”, se envalentonan los libertarios.

Karina Milei no le prometió a nadie la candidatura a gobernador. Ni a Bornoroni ni a Juez. De Loredo confía en que las encuestas lo mostrarán como el mejor posicionado. Pero la secretaria general de la Presidencia ya demostró que no se guía ni toma decisiones en base a sondeos. Su estrategia funcionó en las legislativas nacionales, pero no en las provinciales. “Así como no se puede provincializar una elección nacional como la de octubre, tampoco se puede nacionalizar una elección a gobernador”, advierten los radicales más experimentados en las maniobras del peronismo para retener el poder. Recuerdan que el oficialismo suele desdoblar los comicios y trabajar en la división de los opositores.

Mientras tanto, Bornoroni cumple con el mandato de construir la coalición para 2027. Según pudo constatar Infobae, mantiene intensas conversaciones con un sector de la UCR que busca replicar el armado de Alfredo Cornejo en Mendoza y de Leandro Zdero en Chaco. También afianza el vínculo con el PRO, que ya integró la alianza con Laura Rodríguez Machado en la lista de octubre. Aseguran que hay peronistas interesados.

El jefe de la bancada libertaria en Diputados sabe que el mayor desafío de La Libertad Avanza es consolidar el territorio, un activo que la UCR ostenta. “Para ganar tenemos que estar todos juntos, pero cada uno tiene que decir la verdad sobre lo que tiene”, analizan entre los libertarios que observan al partido centenario roto en más de tres facciones y con intendentes interesados en dar el salto al espacio de Milei. Dicen que hay muchos dirigentes con un “ego muy grande”. Un dardo directo a De Loredo.

En respuesta, De Loredo organizó un almuerzo en su casa con un grupo importante de dirigentes de la UCR para despedir el año, donde aprovecharon para arengar su candidatura. Fue una demostración de fuerza y un intento de desmentir la supuesta fuga de sus aliados a La Libertad Avanza. Aunque reconocen que existen referentes de la UCR en plena negociación con los libertarios, le bajan el tono al peso territorial.

En La Libertad Avanza insisten en que De Loredo pierde fuerza dentro de la UCR. Creen que la jugada que hizo para el cierre de listas en octubre le puede jugar una mala pasada dentro del partido centenario. El Gobierno le había propuesto ubicarse en el puesto tres de la lista y el radical lo rechazó. “Él quería encabezar, pero tampoco propuso a Soledad Carrizo, que también tenía que renovar su banca. Como no cerró él, se fue y los dejó a todos afuera”, recuerdan.

Carrizo es una fiel aliada de Cornejo, que repite el lema del mendocino: la UCR comparte electorado con Milei. Con esa premisa, la diputada es una de las que trabaja en una alianza para llegar a la Gobernación. Está convencida de que, si no gobierna la UCR, al menos tienen que integrar el Ejecutivo que derrote a Llaryora. “El que saque los pies del plato le va a hacer el juego al peronismo”, plantea y exige “madurez política” entre los suyos.

En la pelea por la candidatura opositora también será clave el rol de Luis Juez, que también se muestra competitivo en las encuestas y aliado a la Casa Rosada. De hecho, en el Senado abandonó el bloque del PRO y se sumó al interbloque libertario con Patricia Bullrich. Sin embargo, cerca de Bornoroni insisten en que para liderar una lista del Gobierno en Córdoba es necesario defender las ideas de la libertad y los proyectos que envía el Presidente. “Es complicado cuando el acompañamiento es de vez en cuando”, aseguran y repasan las votaciones tanto de De Loredo como de Juez en el Congreso.

Después de que el Gobierno nacional obtuviera la media sanción en los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal, el Congreso aprobó la designación de tres auditores generales de la Nación. El tema no estaba en el plenario, como tampoco en la convocatoria a sesiones extraordinarias realizada por el Ejecutivo, y provocó que varios legisladores de los bloques se retiraran del recinto a modo de reclamo.

Todo comenzó con un pedido de moción presentado por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Frente a esto, el presidente de la banca del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó: “Esta es la violación al artículo 65 de la Constitución Nacional”. Por esto, subrayó que “la práctica reglamentaria y la doctrina reconocen como única excepción al límite del temario cuestiones de privilegio y asuntos estrictamente internos de cada Cámara”.

Tras manifestar su desaprobación con la jura de los auditores, anticipó que se presentaría una denuncia en la Justicia por tratarse de una medida inconstitucional. “En qué lugar dice que en extraordinarias se puede tratar un tema que no es de competencia de esta Cámara”, reprochó.

“La designación de miembros de AGN (Auditoría General de la Nación) no se encuadra en ninguna de estas categorías, ya que integra un órgano de control externo que excede el funcionamiento del Congreso”, argumentó. Al remarcar que “no se puede tratar, es anticonstitucional”, aseguró que “la falta de códigos, de respeto por los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza”.

A su reclamo, se sumó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por lo que su bloque optó por retirarse del recinto junto a las bancadas del PRO, la UCR, y Provincias Unidas.

A pesar de esto, la votación siguió su curso, se aprobaron los nombramientos e, incluso, se tomó juramento a dos de los auditores designados. En el caso de Calletti, asumió el cargo minutos más tarde, debido a que todavía no había llegado al Congreso.

“No sabemos quiénes son”, dijo a TN la diputada Karina Banfi, de la UCR, al recalcar que el tema no se había tratado en comisión previamente.

Previo a esto, se creía que la Auditoría General de la Nación iniciaría el 2026 paralizada, por la cantidad de vacantes existentes. Hasta esta madrugada, el organismo solo se encontraba compuesto por su titular debido a que ninguna de las Cámaras había designado a sus auditores. La Comisión Mixta Revisora de Cuentas, compuesta por Miguel Ángel Pichetto, y Juan Manuel Olmos, trabajó para sostener el plan de auditoría.

Así, la comisión bicameral logró en los últimos meses un avance significativo respecto a gestiones anteriores, agilizando el tratamiento de más de 550 expedientes y definiendo las Cuentas de Inversión correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que abarcan tanto la administración de Mauricio Macri como la de Alberto Fernández.

En la discusión sobre el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, se planteó que, según la tradición parlamentaria, tras la aprobación de la bicameral y con las firmas de los presidentes de las comisiones de Presupuesto de Diputados y del Senado —los libertarios Alberto Benegas Lynch y Ezequiel Atauche—, el plan podría considerarse cerrado y validado.

No obstante, con la integración de los auditores nombrados por Diputados, aún quedaría pendiente la definición de los representantes del Senado en la AGN. Previo a esto, el bloque kirchnerista presionó al radicalismo para conformar una mayoría que les permita designar dos miembros propios y uno del partido centenario, con el objetivo de excluir a LLA de la conducción del organismo. Sin embargo, se trató de una estrategia que no dio los frutos esperados para la oposición.

Gerardo Cipolini había tenido sus 15 minutos de fama al hacer comentarios machistas sobre legisladoras hace unos días. Fue cuando presidió la sesión por ser el diputado más longevo. Ahora su decisión de no levantar la mano durante la votación del Capítulo 11 complicó aún más el vínculo tirante entre la Casa Rosada y Resistencia.

En el Gobierno saben que Cipolini responde al gobernador de Chaco Leandro Zdero. Por eso contaban con su voto favorable cuando la cuerda se tensara. Ese momento llegaría en el Capítulo 11 del Presupuesto 2026. Allí estaban los artículos que derogaban dos leyes molestas para la administración libertaria: la de financiamiento universitario y la de discapacidad.

¿Cómo le fue a LLA y al radicalismo en Chaco?

Luego de las dos experiencias electorales exitosas que compartieron, las disparidades de ideas y métodos entre el mandatario y los libertarios permanecen aunque la convivencia es buena.

Las ideas y las formas de construir política de La Libertad Avanza y el radicalismo no son coincidentes. Esto hace que existan recelos mutuos. Y que el entendimiento solo haya llegado hasta octubre, postulan los libertarios.

La visión desde el lado radical es diferente. Consideran que la alianza política persiste. Se sostiene, señalan, en una doble disposición. En Chaco prevalece la conducción local de Zdero y, a nivel nacional, el alineamiento con las políticas de Javier Milei.

El vínculo personal entre el gobernador y el Presidente “es muy bueno”, subrayaron fuentes del radicalismo. “Es cordial, amable y de sintonía fina”, agregaron. Esta relación deberá soportar ahora el episodio del presupuesto, que supuso un baldazo de agua fría para Balcarce 50.

Las discrepancias entre ambas fuerzas quedaron bajo un paraguas durante 2025. Enfrentar al kirchnerismo, que venía golpeado tras la derrota de 2023, sería una tarea compleja. Sobre todo porque arriba de la mesa estaba su principal figura: Jorge Capitanich. Evitar el reverdecer K era un objetivo tanto de LLA como de la UCR. Así fue que unieron esfuerzos.

La primera experiencia fue positiva: el acuerdo funcionó y vencieron en las elecciones provinciales de mayo. En octubre, la fórmula y el resultado se repitieron. Superado el obstáculo, los socios quedaron cara a cara. Y se dieron cuenta de que las diferencias seguían allí.

La UCR considera que LLA Chaco es una fuerza vertical, sin autonomía propia y que responde a los dictados de Buenos Aires.

En tanto, los libertarios, evalúan que en la cancha de la política los boina blanca les llevan más de un siglo de ventaja. Y que conocen todas las chicanas y recovecos posibles. Se mueven dudando más de los socios que de los adversarios, observan.

Al respecto, una fuente libertaria chaqueña de primera línea reflexionó: “Es la vieja política que construye destruyendo al otro”.

¿Cómo quedará la relación LLA - UCR de cara al 2027?

Los libertarios llegaron a adelantarle a Zdero que estaban dispuestos a trabajar para su reelección en 2027. Se lo dijeron y se lo repitieron.

Fueron gestos que buscaron descomprimir la tensión entre los socios electorales. Pero, según comprendieron, no bastó. Al repasar lo ocurrido, los dirigentes violetas concluyeron que la UCR mantiene la hipótesis de que LLA impulsará candidatos propios en dos años.

En esa línea, en el concierto del oficialismo nacional Chaco es uno de los lugares donde el partido violeta cree tener una organización más fuerte y extensa. Eso les dará, suponen sus referentes, una proyección política importante. Este punto, aseveran, es lo que despierta temores en el gobierno local.

En otra perspectiva, los radicales tienen una lectura contrapuesta. Entienden que la debilidad de su aliado está dada por dos falencias. Una es la territorialidad: no dispone de intendentes ni de ediles. La segunda, no tiene una figura destacada como ocurre en otros distritos.

Por eso postulan que, aunque LLA Chaco esté intentando tener vuelo propio, la Casa Rosada pondrá límites. “Les van a tirar la oreja al primer amague”, precisaron. De igual modo, estiman que es nulo que una eventual ruptura haga peligrar las chances de un segundo mandato de Zdero.

En ese orden, alegaron razones formales. Las elecciones provinciales y nacionales deben hacerse desdobladas, por mandato constitucional. Eso restaría el efecto arrastre de Milei, llegado el caso. Además para ganar la gobernación se necesita una mayoría especial. Si no se logra en primera vuelta, habrá segunda.

LLA, sostienen en el radicalismo, puede «molestar» en un comicio por la gobernación cosechando sus propios votos. Pero no más allá. Cualquier otro gesto es solo para mejorar los espacios en una reedición de la alianza electoral, añadieron.

Al respecto, consideraron que es factible que haya libertarios en el gobierno provincial a partir de 2027. Eso no ocurre por el momento. Lo más destacable es que Iván Gyoker, ex PRO de los “Halcones” de Patricia Bullrich y ahora libertario, ocupa la presidencia del interbloque del sector de Zdero y LLA en la Cámara de Diputados de Chaco.

¿Cómo afectarán los recelos la relación Nación-Provincia?

La dirigencia libertaria chaqueña tiene decidido colarse en el vínculo entre la Casa Rosada y el Ejecutivo provincial. De allí que esgriman que cada pedido que llega desde Resistencia recibe como primera respuesta un “vamos a consultar con los nuestros”.

El reaseguro de la relación estaría dada por los votos cruzados en la Legislatura provincial y en el Congreso, evalúan en el entorno de Zdero. La caída de uno voltea al otro, alertan. La abstención de Cipolini en la votación del Capítulo 11 del Presupuesto representa un giro de 180°. En los próximos días habrá que evaluar cuál es el daño que sufrió la relación.

En otra perspectiva, los libertarios condicionan el acompañamiento a que las políticas que se apliquen en Chaco estén en sintonía con lo que impulsa el Presidente. De no ser así, el radicalismo no podrá contar con el apoyo violeta, advierten.

Zdero sostiene una buena relación con el ministro del Interior, Diego Santilli, unos días antes de que asumiera el cargo de manera formal. También estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El encuentro fue en Buenos Aires. Luego se encontró con Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

“Un país con certidumbre, necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, posteó en X el gobernador tras las reuniones. El acompañamiento de sus diputados y senadores es una de las claves para asegurar en el Congreso las reformas que impulsa la administración Milei. De allí la decepción y la bronca con la abstención de Cipolini en una votación clave.

Al respecto, y según lee la dirigencia libertaria chaqueña, este compromiso sería la contrapartida de la “contención” que el Gobierno le ha dado al Chaco en estos últimos 24 meses. Por caso, es una de las provincias que más fondos de ATN ha recibido durante el 2025: $18 mil millones.

Tras un inicio trastabillado en el Senado, el Gobierno libertario continúa con su afán de avanzar como sea con la reforma laboral. El ambicioso plan incluye, siempre según la perspectiva del oficialismo -no todo, ya que hay divergencias-, en hacer tres plenarios de comisiones, ver si se agrega a la agenda el Presupuesto 2026 y sesionar antes que termine el período extraordinario, el 30 de diciembre: con pocas ventanas para el recinto, la idea de la Casa Rosada es apurar un encuentro para el sábado 27 o, en todo caso, el lunes 29.

Antes que ocurra eso, varios pasos deben ser consumados. Una primera posta -clave- ya está anclada para el martes, cuando los jefes de bloque se presenten en la reunión de Labor Parlamentaria, desde las 11, con el objetivo de sellar la integración de las comisiones que intervendrán. Sólo se arman las que involucren proyectos que el Ejecutivo incorporó al temario. Para la reforma laboral, se decidió -a pesar de lo que pretendía la Casa Rosada- por las de Trabajo -cabecera-; y de Presupuesto y Hacienda.

El oficialismo, envalentonado con su volumen, no debe olvidar que, si se considera a los 21 propios, aún le faltarán 16 para el quorum. Para empezar. Antes, tendrá que contentar a todos los que pueda con la repartija de comisiones. Entre algunos libertarios nuevos que quieren pisotear a quienes ya forman parte para ganar algo de fama en sus provincias, aliados violáceos que reclaman abrazos y compensatorios, y bloques menores a los que sí o sí habrá que regalar guiños, la bola de nieve crece. El enojo suele ser moneda común en el Senado, con un par de calotas poco cargadas de materia gris. También hay intentos frustrados -aunque voluntariosos- de barrabravas que, en vez de aportar, empeoran todo. Ni siquiera son legisladores.

Sorteado el obstáculo del martes, La Libertad Avanza (LLA) pretende llamar miércoles, jueves y -casi seguro- el viernes para analizar el proyecto laboral y, al final, dictaminar. “Se eliminan leyes, se modifican tributos. En fin, me parece bastante acelerado”, sentenció a Infobae un libertario que conoce el hilado fino del asunto. Una eventual sesión el sábado 27 o el lunes 29 tiene un motivo: el kirchnerismo no prestará la habilitación con dos tercios -para una discusión sobre tablas- y habrá que esperar los siete días que impone el reglamento. Un par apostaba a un entendimiento con el peronismo para el lunes 22 y cerrar el año de manera anticipada. Imposible.

No es la primera vez -ni será la última- que se da este tipo de panoramas. La pregunta a hacerse es el costo político -de mínima, sin contemplar jugueteos y picardías- de todo el paquete. El kirchnerismo mostró sin cesar en el Congreso que, con número, todo es viable. O se inventa. Recién ahora se preocupa por las reglas. Pero los libertarios, por más que hayan acumulado volumen, aún no “disfrutan” de ello. ¿Valdrá la pena empujar a 10 radicales, a un PRO rotísimo y con fugas, y a silvestres provinciales mantecosos a acompañar como sea y en modo “Flash” al Gobierno? En febrero, las extraordinarias continuarían. El 1 de marzo, el Presidente abrirá un nuevo período ordinario. La alta sensibilidad para sentir “desgaste” que mostraron dialoguistas en la primera mitad de la gestión de Javier Milei no genera el mejor augurio.

A todo este embrollo se le añadiría el Presupuesto 2026. Diputados vislumbra una sesión el miércoles de la semana que viene. Si tiene éxito, Martín Menem pasaría de forma ágil la ley de gastos para que la Cámara alta lo ataque. Todo, en medio de la puja por lo laboral. Es lo que la Casa Rosada promocionó durante semanas. Ahora, la realidad golpea la puerta. Bullrich abraza todo y se tiene fe. Otros, dudan. Y queda un reducido grupo de marginales muy dolidos por el resultado electoral de octubre pasado. Son minúsculos fantasmas con sed de venganza, una receta que suele terminar mal. Desean un sendero peor y que el Gobierno posponga la reforma a febrero o, si es mejor, para marzo. Cuando vaya Milei.

La asunción de Leonel Chiarella como presidente de la UCR se dio en un clima atípico para la liturgia radical: no hubo cruces, reclamos ni las clásicas acusaciones de interna. Todo se resolvió en pocas horas y el ambiente fue, incluso, familiar. Tan distendido fue el evento que nadie controlaba el ingreso al sector de los delegados. “Ya entra cualquiera”, bromeaban algunos, que también advertían por la ausencia de dirigentes de peso. El único contrapunto que se despertó fue con Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, quienes decidieron no integrar la mesa de conducción.

“Decile a Cornejo: ‘Afuera’”, expresó exaltado un viejo operador radical cercano a Gerardo Morales, en un tono que imitó el clásico grito de Javier Milei. Al gobernador mendocino lo acusan de querer “entregarle” el partido a La Libertad Avanza a partir de la alianza que conformó en su provincia en la última elección legislativa. Todavía le recuerdan su rol en el “Grupo Malbec”, el nombre elegido —a modo despectivo— para bautizar la foto con Patricia Bullrich en la Vendimia de 2023, que gestó la división entre palomas y halcones dentro de lo que supo ser Juntos por el Cambio.

Según pudo saber Infobae, Cornejo llegó a las oficinas del Comité Nacional minutos antes de que se votara al nuevo presidente. Nadie lo vio ingresar, pero se reunió en una de las salas privadas con Maximiliano Pullaro, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Martín Lousteau y Chiarella. Su objeción no fue al nombre del candidato sino al destino del partido: se negó a que la UCR esté integrada a Provincias Unidas. Al igual que en el Congreso, el mendocino considera que los bloques deben permanecer puros, sin aliados. “Ya habrá tiempo para eso en 2027”, habría dicho en la reunión.

No hubo una objeción de Cornejo hacia la postulación de Chiarella, aunque en su entorno lo definieron como un “candidato de compromiso”, ya que su nombre surgió tras una larga lista de dirigentes que rechazaron tomar las riendas del partido. El único que había quedado en carrera era Valdés, pero se negó hasta último momento. El intendente de Venado Tuerto fue propuesto por Pullaro y avalado por el resto de los correligionarios que ven en Provincias Unidas una alternativa para 2027.

En la reunión le habrían asegurado al mendocino que buscan darle a la UCR un perfil opositor a la Casa Rosada, una característica que no sorprende en Lousteau y Morales, pero sí en Pullaro y Valdés. De hecho, los gobernadores crearon Provincias Unidas para construir una alternativa de centro: sin enfrentar al Gobierno, pero tampoco convirtiéndose en “pelucas”, como ocurrió con los diputados Mariano Campero y Luis Picat, entre otros. Dicen que Cornejo se rió en su entorno por el supuesto rol confrontativo que le prometieron. “¿Cuánto quieren apostar a que van a votarle el Presupuesto y la reforma laboral al Gobierno?”, habría dicho.

Justamente, Chiarella fue consultado por este medio sobre la postura de la UCR frente a la reforma laboral que acaba de enviar el Presidente al Congreso. “Tiene que haber una modernización”, adelantó, y agregó: “En la Argentina no puede pasar que una pyme o un comercio no quiera tomar un trabajador por la carga impositiva o por la industria del juicio”. También se refirió al perfil que busca para el partido: “Tenemos en claro lo que no queremos”. En pocas palabras, cargó contra el kirchnerismo y adelantó que acompañarán al Gobierno en aquello con lo que estén de acuerdo.

“La UCR necesita un candidato a presidente”, reclamó con preocupación un correligionario que se mueve por fuera de las internas de los gobernadores. Su advertencia fue más un diagnóstico de lo que se viene. En un partido atravesado por una crisis de rumbo y con una fuerte pérdida de peso parlamentario, la disputa que se avecina en 2027 puede profundizar el deterioro.

Los cinco gobernadores enfrentan el mismo problema: comparten electorado con La Libertad Avanza. “Si alguno de ellos quiere hacer oposición, el Gobierno ya les va a instalar un candidato propio”, ejemplificó el mismo dirigente, preocupado por el desgaste del partido. Sin una figura que unifique, según su mirada, en 2027 algunos terminarán alineados con la propuesta oficialista y otros no tendrán más remedio que acordar con lo que surja de un peronismo también golpeado, con el riesgo de perder algunas de las cinco provincias que hoy gobierna la UCR.

La mirada de los impulsores de Provincias Unidas es más optimista. “Cornejo sabe que Milei es paloma de iglesia. Lo va a cagar sí o sí”, sostienen. Aunque la experiencia electoral fue fallida, aseguran que es la mejor herramienta para defender los intereses de sus territorios. También la ven como una ventana ante las dudas que despierta el plan económico de la Casa Rosada, donde observan un marcado deterioro en los sectores productivos.

Por lo pronto, la ausencia de resistencia al nuevo titular de la UCR abre un camino de oportunidades. Chiarella prometió recorrer todo el país en busca de acercar posiciones y restablecer los lazos rotos de los últimos años, un escenario que muchos le atribuyen a Martín Lousteau. El joven intendente no tiene historial que lo vincule a ninguna derrota electoral ni a alianzas fracasadas. Sin embargo, deberá responder a sus padrinos políticos, que ya comenzaron a definir el futuro del partido.

El Plenario de Delegados de la UCR eligió esta tarde a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional con 81 votos a favor. Se trata del intendente de Venado Tuerto, quien sucederá a Martín Lousteau tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

De este modo, Chiarella se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Hasta hoy el más joven fue el cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T de Alvear en 1942 e Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897.

Chiarella estará acompañada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra; En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

De los 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, asistieron unos 90 en representación de las provincias, además de los representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

El acto contó con la presencia de Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien propuso al intendente de Venado Tuerto para suceder a Martín Lousteau. Según pudo saber Infobae, Alfredo Cornejo se reunió con sus pares para expresar su disconformidad con la idea llevar al partido hacia Provincias Unidas por lo que decidió que sus delegados no integren la mesa. El sector de Leandro Zdero hizo lo mismo. El mendocino representa el sector opositor a la estrategia que impulsan los integrantes de Provincias Unidas. Todos encabezaron una reunión previo a la votación en la que intercambiaron miradas sobre el futuro del partido.

Durante el acto de asunción, Chiarella agradeció a los gobernadores del partido centenario y envió un mensaje tras semanas de negociaciones para acordar la sucesión de Lousteau: “Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido para recorrer y estar presente en cada provincia”.

“Para nosotros es muy importante este momento del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política y lo decimos no porque sean ideas, son los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes”, agregó.

Además, de cara a la estrategia electoral que deberá encarar la UCR ponderó la necesidad de representar a los “sectores productivos” porque “en nuestro país es importante para el crecimiento, no ponemos palos en la rueda para generar condiciones para invertir. Eso es lo que hacemos todos los días”. “Vamos a ayudar a los que gobiernan pero también a los que quieren gobernar”.

A los 15 años participó de la creación del Centro de Estudiantes de su escuela; a los 26 asumió como concejal y a los 30 fue elegido intendente de Venado Tuerto. Hoy, con 36 años, Leonel Chiarella se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la UCR más joven de la historia. Llegó impulsado por Maximiliano Pullaro después de una breve danza de nombres de dirigentes de peso que rechazaron el puesto, en medio de profundas internas, la pérdida de representatividad parlamentaria y una crisis de identidad que atraviesa al partido centenario desde la irrupción de Javier Milei. Su nuevo rol marca el triunfo de la estrategia de los fundadores de Provincias Unidas hacia 2027 y consolida el liderazgo del gobernador santafesino.

El nombre de Chiarella apareció como plan B tras la negativa de varios dirigentes con trayectoria a hacerse cargo de la sucesión de Martín Lousteau. El último en rechazar ese lugar fue Gustavo Valdés, quien dejó la gobernación de Corrientes en manos de su hermano Juan Pablo, pero prefirió no quedar atrapado en las contradicciones y disputas que conviven hoy en la UCR. Aunque no tiene un alto nivel de conocimiento nacional, su postulación no despertó resistencias internas. En algunos sectores creció la expectativa de que el partido finalmente inicie un proceso real de recambio generacional.

Ni siquiera Lousteau se animó a hablar de renovación cuando asumió en 2023. “Tengo más de 50 años, no se puede hablar de renovación”, bromeó entonces en su despacho de Alsina al 1700. Chiarella, en cambio, llega con la credencial de haber terminado en 2019 con más de dos décadas de gobiernos peronistas en Venado Tuerto y de haber sido reelecto en 2023 con más del 83% de los votos. En total, lleva seis años de gestión municipal con superávit fiscal.

Nacido el 18 de diciembre de 1988, comenzó su militancia a los 15 años en la Escuela Técnica 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde integró la creación del Centro de Estudiantes que luego presidió en 2006. También fue parte de la Juventud Radical, que presidió a los 18. Ya en Rosario, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, integró el consejo directivo y fue ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II durante cuatro años. Participó además en distintas organizaciones no gubernamentales. En 2015 fue electo concejal, cargo que ejerció hasta 2019.

En su equipo destacan su gestión en obra pública, que incluye una red de jardines para la primera infancia —entre ellos el único jardín maternal nocturno del país—, nuevas salas de salud y políticas culturales y deportivas. También remarcan la articulación público-privada con las principales empresas instaladas en la ciudad. En diálogo con Infobae, fue uno de los primeros intendentes en advertir por el estado de las rutas desde la llegada de La Libertad Avanza al Poder Ejecutivo.

Durante un encuentro en Panamá en 2025 fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL), que destacó su liderazgo en tecnología aplicada a la gestión municipal. Venado Tuerto, además, fue certificada como Ciudad Eficiente: la primera de Santa Fe y la quinta del país, a partir de políticas de desarrollo productivo y empleo. Su primera gestión había recibido reconocimientos por el enfoque en seguridad, la pavimentación, la instalación de luminarias LED y programas de apoyo a emprendedores, capacitación en oficios y desarrollo cultural.

Este viernes se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, el más joven había sido el cordobés Gabriel Oddone —que asumió con 41 años tras la muerte de Marcelo T. de Alvear en 1942— seguido por Hipólito Yrigoyen, que llegó al cargo con 45 en 1897. Chiarella deberá conducir un partido atravesado por históricas internas, debilitado por la caída en la representación parlamentaria y por la ruptura de bloques. También deberá gestionar un vínculo complejo con el gobierno de Javier Milei, mientras cinco gobernadores radicales buscan cuidar sus territorios y preparan sus propias reelecciones para 2027.

Tendrá el respaldo de los gobernadores que integran Provincias Unidas, que lograron conformar un bloque de 22 diputados. El sector de Gerardo Morales y Lousteau apuesta a un perfil opositor a La Libertad Avanza, mientras que Pullaro impulsa un vínculo menos confrontativo pero pragmático para negociar las necesidades de su provincia.

Aunque el entorno del gobernador intenta despegarlo de cualquier disputa por el liderazgo interno, su intervención en esta elección lo fortalece para las próximas batallas estratégicas. Pese a la derrota electoral de octubre, Pullaro logró imponer a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como presidenta del bloque de Provincias Unidas, en una pulseada que terminó imponiéndose sobre el peronismo de centro. Es el dirigente que gobierna la provincia más populosa del radicalismo, mantiene vínculos estrechos con sus pares peronistas y radicales y promete impulsar un candidato presidencial para 2027 dentro del espacio de centro.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió tensionar la relación con algunos bloques y, haciendo uso de las facultades delegadas que le cedió el recinto, armó las comisiones con porcentajes de representatividad que amenazan el debate.

La presidencia convocó para que los bloques envíen hoy el listado de los diputados que participarán de las 5 comisiones que se habilitarán a partir del lunes: Presupuesto y Hacienda; Asuntos Constitucionales; Legislación Penal; Legislación del Trabajo y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

El pedido llegó con la cantidad de lugares con la que contará cada uno de los bloques y eso es lo que generó la primera de las disputas del nuevo Congreso. “No respetaron el D`hont y tampoco hay proporcionalidad. Ofrecen más lugares en comisiones menores con el fin de compensar lo que te sacan en las de mayor importancia para darle espacio a sus socios y aliados”, explicó un diputado que participa de las reuniones.

En el entorno de Menem se defienden señalando que buscaron “proporcionalidad y que la mayoría esté representado” y ponen como ejemplo el bloque de la izquierda, que no tiene número para tener representatividad en las comisiones, y va a tener una silla en Legislación Laboral. Este ofrecimiento fue confirmado por una alta fuente del bloque de la izquierda que además explicó que no fue un favor. “El reglamento dice que es por sector político y nosotros somos un sector político”.

Según los números que se están manejando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene 49 lugares, La Libertad Avanza, que por el sistema D`hont tendría 20, tendrá ese número o uno más. En el caso del bloque del peronismo, que le corresponderían 20 sillas, le ofrecen 18. El interbloque del PRO y la UCR se quedará con 4 lugares -lo mismo que el reparto de D`hont- y el que también pierde es el interbloque Unión que, con la misma cantidad de diputados que el PRO-UCR, va a tener 3 lugares.

“Unidos tiene uno menos porque Juan Schiaretti no juró y son 21″, explican en el oficialismo. Desde el interbloque señalan que esa ausencia es circunstancial -está saliendo de una intervención quirúrgica- y que en realidad el oficialismo le saca lugares para dárselo a los aliados. “En todas las comisiones que quieren conformar que nos tocarían 4 lugares nos ofrecen 3”, explicó un legislador de ese interbloque.

En medio de este debate, ayer hubo varias reuniones y desde el bloque que representa a varios gobernadores y del que participa la CC y Encuentro Federal surgió la posibilidad de que si el oficialismo se mantiene en esta tesitura judicializar la discusión. “Se puso sobre la mesa la opción de ir a la justicia por una cautelar para frenar este reparto que está haciendo Menem para darle lugares a Jali, a Jaldo y al PRO y la UCR”, señaló un diputado que participó del encuentro.

El problema para Unidos es doble. Por un lado, que pierden un lugar y, por el otro, en este bloque conviven 4 gobernadores por lo que si la representación la disponen por provincia hay uno que no va a tener voto en la discusión de la Comisión en la que se debatirá el Presupuesto 2026.

En el oficialismo buscan bajarle el tono.Prometen lugares en las bicamerales, más sillas en otras comisiones, pero este nuevo interbloque además aspira a comenzar su mandato pisando fuerte y busca despejar cualquier rumor de una rápida ruptura. “Son gobernadores de provincias diferentes, tienen intereses diferentes, y el oficialismo está haciendo todo lo posible para que implosione rápidamente”. Dejar afuera a uno de los gobernadores aceleraría esa situación para algunos que siguen de cerca el entramado parlamentario.

Tras semanas de incertidumbre sobre el futuro de la conducción de la UCR nacional, el Plenario de Delegados elegirá este viernes desde las 14 al nuevo presidente del Comité. Como adelantó Infobae, el candidato que impulsa la mayoría de los sectores para suceder a Martín Lousteau es Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto que aparece como la referencia joven que promete renovar al partido centenario. La propuesta surgió de Maximiliano Pullaro luego de los intentos fallidos de convencer a Gustavo Valdés. Si se impone, será un triunfo para la estrategia de Provincias Unidas, que busca sostener un perfil opositor a La Libertad Avanza.

“Queremos apostar a un referente joven y a los intendentes”, señalaron desde Evolución, el espacio de Lousteau, que mantiene su alianza con Gerardo Morales. En 2023, Valdés había competido por la presidencia partidaria en tándem con Alfredo Cornejo, pero hoy el correntino integra Provincias Unidas, aunque sus diputados continúan dentro del bloque que conduce Pamela Verasay. Movimientos que a propios y ajenos les cuesta explicar.

Según dejaron trascender a Infobae, Pullaro viajó el miércoles a Corrientes para presenciar el traspaso de mando entre los hermanos Valdés y para realizar un último intento por convencer al gobernador saliente de asumir la conducción partidaria. “Si Gustavo Valdés quisiera, no tengo dudas de que todo el partido lo apoyará como presidente de la UCR; va a depender de él”, señaló Pullaro ante la prensa.

“Gustavo no va a ser”, insistieron en Corrientes. Ante ese escenario, el gobernador santafesino activó su plan B: Chiarella. Venado Tuerto, con unos 100 mil habitantes, es una de las ciudades del sur santafesino en el corazón productivo agroindustrial. Chiarella tiene 36 años, fue reelecto en 2023 con el 83% de los votos y en 2025 fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local (RIL).

El futuro presidente del Comité Nacional deberá conducir un partido atravesado por históricas internas, debilitado por la caída en la representación parlamentaria y por la ruptura de bloques. También tendrá por delante dos años de vínculo complejo con el gobierno de Javier Milei, con cinco gobernadores radicales que buscan cuidar sus territorios y que, además, pondrán en juego sus reelecciones en 2027. ¿La UCR volverá a tener candidato a presidente?

A favor, de concretarse Chiarella como presidente, contará con el apoyo de los gobernadores que integran Provincias Unidas, que lograron conformar un bloque de 22 diputados. El sector de Morales y Lousteau apuesta a un perfil opositor a La Libertad Avanza, mientras que Pullaro busca un vínculo menos combativo pero lo suficientemente pragmático para negociar las necesidades de su territorio. Hasta ahora no se reunió con Diego Santilli, flamante ministro del Interior, a la espera de respuestas concretas a sus reclamos.

Leandro Zdero y Alfredo Cornejo son los únicos gobernadores de la UCR que quedaron por fuera del armado de Provincias Unidas, aunque el chaqueño es del riñón de Gustavo Valdés. El mendocino, por su parte, es el principal opositor a Lousteau y Morales. Mantiene buen vínculo con Pullaro, pero cree que la alianza de centro que fundó para la elección de octubre ya demostró que no es el camino tras el fracaso ante la polarización. En esta oportunidad no se involucró en la rosca por la presidencia del Comité, aunque veía con buenos ojos la alternativa del correntino.

El Plenario de Delegados que elegirá hoy al nuevo titular está integrado por 102 representantes (con cuatro ausentes por la intervención de Tucumán), quienes se reunirán en la sede de Alsina 1786. El cuerpo lo conforman cuatro delegados por cada provincia, además de los representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Además de la elección de Chiarella, el sector más identificado con el pañuelo verde busca imponer un nombre para la vicepresidencia tras resistirse a la postulación de Inés Brizuela y Doria por sus posiciones pro vida. Según pudo saber Infobae, impulsan a Natalia Jañez, una periodista fueguina de 39 años, delegada nacional de UCR Diversidad, militante de la Juventud Radical y una de las impulsoras del armado federal de UCR Mujeres y UCR Diversidad.

Gustavo Valdés era el “candidato natural” para suceder a Martín Lousteau al frente del Comité Nacional de la UCR, aseguran los dirigentes que en las últimas horas intentaron convencerlo. En el entorno del correntino ya confirmaron que no lo hará. Como alternativa, según pudo saber Infobae, los radicales que fundaron Provincias Unidas con Maximiliano Pullaro propondrán este viernes a un intendente santafesino joven que, aseguran, garantizará la renovación del partido centenario. Se trata de Leonel Chiarella, el jefe comunal de Venado Tuerto de 36 años, reelecto en 2023 con el 83% de los votos.

Este viernes desde las 14, los 102 delegados (con cuatro ausentes por la intervención de Tucumán) se reunirán en la sede de Alsina 1786 para elegir al nuevo presidente. El Plenario está integrado por cuatro representantes por cada provincia, dos de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Para ser elegido presidente del Comité es requisito ser delegado. Valdés no cumplía con esa condición, aunque dirigentes explicaron a este medio que era “solucionable”. Desde la convocatoria al Plenario circularon varios nombres como posibles sucesores de Lousteau, entre ellos Alfredo Cornejo, Maximiliano Abad e Inés Brizuela y Doria, pero sólo el del ex gobernador correntino había sobrevivido a las negociaciones.

En los últimos días hubo un operativo clamor en redes sociales. La senadora Gabriela Valenzuela anunció que propondría a Valdés por “su capacidad de diálogo y trabajo, además de su trayectoria, logros y condiciones de conducción política para este tiempo”. Su mensaje sumó el apoyo de dirigentes como Julio Cobos y generó conversaciones privadas para convencerlo.

“No se puede conducir a quienes no quieren ser conducidos”, les respondió Valdés a tres diputados nacionales que le preguntaron sobre sus intenciones. Pero algunos movimientos suyos en la Cámara de Diputados abrieron interrogantes internos: dejó a Diógenes González, ganador de la elección del 26 de octubre, dentro de la bancada de la UCR y no en Provincias Unidas, espacio que integró con los otros cinco gobernadores que intentaron romper la polarización.

Aunque Valdés cosechó varios laureles para presidir el Comité Nacional —venció en dos oportunidades a La Libertad Avanza en su territorio— “no quiere agarra la papa caliente”, repiten en su entorno. Si bien la gobernación quedó en manos de su hermano Juan Pablo, el correntino no quiere quedar enredado en las contradicciones estratégicas e internas que conviven hoy en la UCR. “Hoy el partido es una carretilla de ranas. Se te escapan todas. Saltan, van y vienen”, resumieron algunos correligionarios.

Más allá de las internas y del poco entusiasmo que generó la renovación del Comité entre los principales dirigentes, la disputa de fondo es por el perfil que tendrá la UCR en adelante. “La posición natural que debe tener el partido es el que hoy encarna Provincias Unidas”, afirmaron a Infobae desde el sector que responde a Gerardo Morales y Lousteau, que contó con una cantidad importante de delegados para impulsar su estrategia.

Quien se opone a esa línea es Alfredo Cornejo. El gobernador de Mendoza insiste en que la UCR comparte electorado con Javier Milei y que resulta contraproducente ubicarse en la vereda opositora. La elección en su provincia alimenta esa lectura. “El tiempo le dio la razón”, sostienen en su entorno.

En las últimas horas circularon versiones que indican que Pullaro hizo un último intento por convencer a Valdés durante la asunción de Juan Pablo al frente de la Gobernación de Corrientes. Ante la negativa, el santafesino activó su plan B: Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto, reelecto en 2023 con el 83% de los votos. “Tiene toda la carrera radical sin saltarse un escalón”, lo describen en Santa Fe.

Según confirmaron a este medio, Chiarella cuenta con el apoyo de todos los integrantes de Provincias Unidas, incluso del propio Valdés. “El objetivo es renovar el partido con un joven que tiene una gestión exitosa. Apostamos a los intendentes”, resumieron en Evolución.