Andrés Peregalli y Valeria Dellavedova son profesores del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA). Acaban de publicar el libro Innovar en Red: Transformar la educación desde la formación docente inicial y continua (Kapelusz). El libro se enfoca en la experiencia de la Red de Innovación AIE, una comunidad de instituciones educativas que desde 2013 reúne escuelas, institutos de formación docente y otros actores educativos en torno a un modelo de “Aprendizaje Inclusivo y Efectivo”, inspirado en la experiencia de Alverno College, una universidad católica de la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos.

–¿Cómo nace la Red de Innovación AIE y cómo está conformada hoy?

Andrés Peregalli (AP): La red es una comunidad de instituciones educativas que, con distintos grados de proximidad a este modelo de enseñanza y aprendizaje, participan desde hace más de diez años en articulación con la Universidad Católica Argentina. En total, unas cien instituciones han tenido algún tipo de vínculo con el Departamento de Educación o con el modelo AIE. De ese universo, alrededor de treinta participan hoy de manera activa y sostenida. Hay instituciones de nivel inicial, primario, secundario y superior.

La red nació con un doble objetivo, en el marco de un modelo pedagógico y educativo más amplio llamado “Aprendizaje Inclusivo y Efectivo” (AIE). Por un lado, busca vincular a la universidad con las instituciones donde los estudiantes de formación docente realizan sus prácticas, para que esas escuelas puedan ofrecer una experiencia coformadora sólida y significativa. Por otro, apunta a acompañar a las escuelas en la gestión institucional y en el trabajo en el aula.

Valeria Dellavedova (VD): Los estudiantes de profesorado deben realizar prácticas desde el inicio de su carrera en aulas reales como parte fundamental de su preparación profesional. Por eso, si el objetivo es formar docentes desde el modelo de aprendizaje inclusivo y efectivo, resulta indispensable que esas prácticas se desarrollen en instituciones alineadas con ese enfoque. Esto implica un trabajo muy artesanal: coordinar el envío de decenas de estudiantes de distintos años a múltiples instituciones, organizar sus recorridos formativos y garantizar experiencias pedagógicas consistentes.

–¿Cómo es el perfil de las instituciones educativas que integran la red?

AP: La mayoría de las instituciones de la red están en CABA. También hay en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. La mayoría son instituciones privadas, muchas de ellas confesionales, aunque trabajan con distintos niveles socioeconómicos. Hay instituciones en contextos socioculturales complejos, críticos, muchas veces atravesados por situaciones de pobreza.

Además, en distintos momentos también hubo escuelas de gestión estatal. Sostener esa participación a veces resulta más difícil, por cuestiones organizativas y de funcionamiento.

VD: La red está pensada, en buena medida, a partir del espacio de prácticas de los estudiantes. Pero enviar estudiantes a hacer prácticas fuera de la región implica también trasladar a los profesores que deben observarlos y evaluarlos. Por eso, en sus orígenes, la red tuvo un carácter más local.

Sin embargo, con el tiempo se fueron construyendo vínculos con otras provincias e incluso con otros países. Ese crecimiento también llevó a un cambio de nombre: comenzó como Red de Escuelas AIE y hoy se denomina Red de Innovación. La incorporación de institutos de formación docente, espacios de investigación y vínculos con investigadores de países como Uruguay, Italia y Estados Unidos fue ampliando su horizonte.

–Si una escuela quiere sumarse, ¿qué tiene que hacer?

AP: Hay una condición fundamental: que la escuela tenga disposición para innovar. Junto con eso, también es muy importante que las instituciones estén abiertas a prepararse y formarse para recibir estudiantes de la universidad.

Para nosotros, la palabra innovación es central, porque es lo que articula a la universidad —como espacio de formación docente inicial— con las escuelas. Cuando hablamos de innovación, hablamos de una disrupción profunda en la manera de entender el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. El conocimiento se piensa desde su complejidad; la enseñanza, como facilitadora de esos procesos; y el aprendizaje, como una experiencia activa, capaz de desarrollar habilidades, capacidades y aptitudes.

Pero además, innovar supone revisar las reglas institucionales que hacen posibles esos procesos. Un docente puede desarrollar prácticas innovadoras dentro del aula, y eso ya es valioso. Pero cuando una institución innova, el cambio requiere otros tiempos, recursos, decisiones y movimientos estructurales. Eso es lo que muestra el libro: cómo esos procesos de innovación pueden desplegarse a nivel institucional.

–¿Cuál es el diferencial de la innovación basada en el trabajo en red, en contraposición con innovaciones que “bajan” desde los ministerios o que suceden en escuelas aisladas?

VD: Para nosotros hay una convicción muy fuerte: se aprende más y mejor con otros. Eso está respaldado por múltiples investigaciones y es un principio que estructura tanto nuestro modelo pedagógico como nuestro propio modo de trabajo. En la formación docente trabajamos así, pero también como equipo: somos quince personas que todas las semanas ponemos en común lo que cada uno hace, lo compartimos, lo retroalimentamos y lo mejoramos colectivamente.

Esa lógica también se traslada al plano institucional. Desde una mirada vinculada a la teoría de la complejidad, entendemos que los fenómenos educativos son realidades atravesadas por múltiples dimensiones, enfoques y variables. Por eso, aprender con otros e innovar en red enriquece muchísimo más los procesos que hacerlo de manera aislada.

Muchas escuelas se acercan a nosotros para pedir acompañamiento en sus propios procesos de innovación. Desde el Programa de Servicios Educativos (ProSEd) trabajamos con instituciones que buscan transformar sus prácticas, a través de recorridos personalizados y profundos.

Y siempre las invitamos a integrarse a la red, porque sabemos que el proceso institucional hacia adentro se fortalece todavía más cuando se construye en intercambio con otras escuelas. Varias de las experiencias que aparecen en el libro surgieron así: escuelas que se acercaron buscando apoyo para innovar, y que encontraron en la red una dimensión todavía más rica para ese camino.

AP: Se necesitan muchas instituciones capaces de generar constelaciones educativas que empujen un mismo sueño y que también acompañen en las dificultades: para educar hace falta una aldea.

Cuando las escuelas se encuentran y comparten un horizonte común, cada una desde su propia historia, tradición e identidad, se construye una comunidad que ayuda a caminar. Porque innovar no es algo que se alcanza de una vez y para siempre. Incluso las instituciones que llevan años en ese camino necesitan seguir revisándose. En ese proceso, la retroalimentación entre pares, el intercambio de experiencias y el acompañamiento de otros resultan fundamentales.

Por eso hablamos de un ecosistema de aprendizaje en red. Una comunidad donde las instituciones no solo reciben apoyo, sino que también aportan desde su singularidad. Ver que otros pudieron avanzar funciona como impulso, pero también cada nueva escuela enriquece al conjunto. El libro refleja justamente eso: la experiencia de una comunidad que, alineada bajo una visión compartida de innovación, encuentra sentido en lo que hace, en lo que sabe y en lo que es.

–¿Cómo se concreta el trabajo en red en la rutina de las escuelas? ¿Qué tipo de espacios funcionan mejor para el intercambio?

AP: La red trabaja con un itinerario bianual. En esos dos años cada escuela organiza su propósito general en dos grandes focos. Durante el primer año, el trabajo se concentra en la gestión de la innovación inclusiva y efectiva. Es decir, el foco está puesto en los equipos directivos y en cómo esos equipos impulsan procesos de cambio institucional, siempre en estrecha relación con lo que sucede en el aula y con la observación de clases.

En el segundo año, la atención se desplaza más específicamente al aula: cómo diseñar, gestionar y evaluar experiencias de aprendizaje inclusivo y efectivo. Aunque ambos planos están profundamente vinculados, esta organización permite profundizar cada dimensión.

Sobre ese recorrido se estructuran entre cinco y seis talleres anuales. A eso se suman visitas a escuelas, intercambios institucionales y espacios de trabajo compartido.

La lógica no es que la universidad “baja” conocimientos a las escuelas, sino que propone saberes que se enriquecen en diálogo con la experiencia concreta de las instituciones. Los talleres funcionan más como ateneos, donde las escuelas ensayan, prueban, revisan y ajustan sus procesos de innovación.

Las políticas educativas pueden orientar procesos de innovación, pero si esos cambios no se trabajan sostenidamente con las escuelas, con tiempos, etapas y recursos concretos, no se transforman en cambios reales. En ese sentido, la innovación no puede reducirse a una reforma curricular. La transformación profunda ocurre cuando impacta en la gestión institucional y en las prácticas del aula.

–¿Qué evidencias de mejora tienen recopiladas? ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo en red en las escuelas?

AP: Los resultados que va mostrando la red, y que nos informan las propias escuelas, pueden leerse en cuatro grandes dimensiones. Por un lado, como decíamos, está la gestión institucional. Ahí aparecen mejoras como un trabajo en equipo más efectivo y sostenido entre directivos, o por ejemplo definición de acuerdos y criterios comunes para planificar y evaluar.

En segundo lugar, están los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este plano, se fortalece una mirada que pone en el centro el aprendizaje, se valoran las pedagogías activas, se incorpora el modelo de aulas heterogéneas.

La tercera dimensión tiene que ver con la formación docente. Allí se consolida una visión compartida sobre la educación, sus desafíos y las necesidades de la formación inicial y continua; y se fortalecen elementos clave para una formación docente basada en aptitudes. Finalmente, aparece el trabajo interinstitucional. En este aspecto, se destacan el fortalecimiento del espíritu de comunidad, la construcción de valores compartidos y una mayor valoración del trabajo en red.

Otro aspecto importante es cómo el modelo AIE y la red traccionan una verdadera cultura del encuentro. Eso se expresa en múltiples niveles: en el vínculo entre la universidad y las instituciones educativas; en el encuentro de las escuelas entre sí. Son múltiples encuentros que se producen bajo un horizonte pedagógico compartido. Ese impulso hacia la construcción colectiva y hacia una comunidad educativa más articulada es uno de los diferenciales más valiosos de la red.

La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Además, hubo una consolidación en la necesidad de asistencia.

Son datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, la cual señaló que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en los breves períodos de recuperación. El resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes. En 2011-2012, disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).

El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la UCA.

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.

Inseguridad alimentaria

Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.

La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, lo que se observa es que a partir de 2020 se produjo un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.

Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.

La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema.

Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.

La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años.

Bajó la asistencia a los médicos

Entre ellos, se encuentra que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe.

Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud.

En cuanto a las condiciones habitacionales, hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.

Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta. Además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.

En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad, que, más allá de la tendencia global, constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares.

En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo (2,1).

El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina presentó los resultados más recientes de su relevamiento sobre bienestar infantil en contexto urbano, y la evidencia es contundente: casi dos de cada diez niños y adolescentes dejaron de recibir atención médica o dental en 2025 por problemas económicos, una señal de alerta sobre cómo la pobreza no solo limita el acceso a bienes básicos, sino que también erosiona la salud física y emocional e incide directamente en la experiencia escolar. Esta nueva medición incorpora ángulos postergados en el debate público argentino, indagando la salud mental infantil, la vestimenta, los vínculos sociales y el disfrute escolar, para mostrar cómo las privaciones y desigualdades se superponen, multiplicando sus efectos en la vida cotidiana de millones de chicos.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina lleva desde 2010 midiendo privaciones estructurales como alimentación, vivienda, acceso a información y escolaridad. Ahora expande su marco de análisis para incluir dimensiones mucho menos exploradas —en especial la percepción de problemas nutricionales y emocionales, carencias en vestuario, dificultades relacionales y nuevos fenómenos escolares—, habilitando una radiografía integral de las condiciones materiales y simbólicas que atraviesan la infancia urbana.

Las huellas de la precariedad en el acceso a la salud

Las estadísticas del informe Dimensiones postergadas del bienestar infantil: Salud, vestimenta, vínculos y escuela en la infancia urbana argentina son elocuentes: el 19,8% de los niños y adolescentes no asistió al médico o al odontólogo durante el último año por razones económicas, según el testimonio de sus adultos responsables.

La postergación impacta con mayor fuerza en la adolescencia (27,5%) y exhibe su cara más regresiva en la atención odontológica, donde el 17,4% no pudo acceder a la consulta.

En el Conurbano Bonaerense el 21,1% reconoció esta privación, y en el interior urbano la cifra trepó al 25%, números que demuestran que las barreras trascienden la existencia de un sistema público: los costos de traslado, la organización doméstica y la coordinación con las jornadas laborales son obstáculos cotidianos.

En los hogares del estrato más bajo, un niño o adolescente multiplica por tres el riesgo de postergar su salud respecto de sus pares de mejor posición, una distancia que se acentúa aún más en la atención bucal. El informe advierte que esta postergación, aunque muchas veces pasa inadvertida, tiene consecuencias acumulativas sobre el desarrollo y la calidad de vida, dejando marcas que persisten en la transición hacia la edad adulta.

Una cita del documento refuerza la gravedad de este fenómeno: “Las decisiones de postergar la atención médica no son elecciones libres, sino estrategias de supervivencia que responden a la falta de recursos y demandas en competencia”.

El malestar emocional y la salud mental, una dimensión desatendida

La incorporación de la perspectiva sobre salud mental infantil constituye uno de los rasgos más novedosos del estudio.

El 18,1% de los chicos de 5 a 17 años mostraron síntomas de tristeza o ansiedad, cifra que crece al 21,2% en la adolescencia, donde el impacto recae principalmente sobre las mujeres (24,7% frente al 18% de varones), lo que evidencia una brecha de género que también está presente en las formas de socialización y los mandatos culturales.

Los niños y adolescentes del estrato más pobre tienen el doble de probabilidades de experimentar malestar emocional respecto a los de mayores ingresos.

En áreas metropolitanas del interior, el fenómeno alcanza al 22,8%, con picos del 30,1% entre adolescentes. Las causas, según el informe, son multifactoriales: reactividad biológica al estrés, exposición a violencias y conflictividad familiar, además de la influencia de los valores y estereotipos de género.

El malestar emocional no implica solo sufrimiento subjetivo: quienes experimentaron tristeza o ansiedad tuvieron un 46% más de probabilidades de no aprender mucho en la escuela, una asociación directa entre emocionalidad, motivación y capacidad cognitiva.

“La tristeza y la ansiedad consumen recursos atencionales, afectan la memoria de trabajo y disminuyen la motivación”, advierte Ianina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.

El cuerpo como marca de la desigualdad: nutrición y percepciones sociales

La salud nutricional revela una divergencia clave entre lo objetivamente medido y lo percibido: la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud reportó un 41,1% de exceso de peso en chicos de 5 a 17 años, pero solo el 4,1% de los adultos identificó esta condición como problemática en 2025.

La identificación del sobrepeso se vuelve más frecuente a mayor nivel socioeconómico —posiblemente por mayor acceso a información, controles o mandatos estéticos—, mientras que en los hogares más pobres la preocupación central es por la delgadez: entre quienes padecen inseguridad alimentaria severa, la inquietud por peso insuficiente llega al 8,2%.

Esta desigualdad perceptual tiene raíces sociales y culturales: en contextos de pobreza, el cuerpo robusto puede asociarse con fortaleza y salud, y la delgadez es vista como signo de debilidad o enfermedad, lo que puede inducir a subestimar el problema del sobrepeso.

“Que el sobrepeso sea más reconocido en sectores altos mientras la delgadez se vuelve motivo de preocupación en hogares pobres —donde además se correlaciona con inseguridad alimentaria— sugiere que las representaciones sobre el cuerpo y la salud operan como mecanismos de distinción de clase”, apunta Tuñón.

La consecuencia de esta variabilidad es que las políticas públicas deben entender los marcos interpretativos locales, y no apelar solo a criterios biomédicos abstractos.

El informe destaca cómo los niños y adolescentes con obesidad son especialmente vulnerables al estigma y al bullying escolar, fenómeno que —según un metaanálisis internacional citado— aumenta un 46% el riesgo de acoso entre quienes tienen exceso de peso, reforzando la importancia de abordar la discriminación y la exclusión social desde temprana edad.

Vestimenta, la otra exclusión

Otra dimensión invisibilizada, y ahora puesta en escena, es la de la vestimenta. El 37,5% de los chicos enfrentó dificultades para adquirir ropa o calzado en 2025 por razones económicas, cifra que trepa al 58,3% en el estrato más humilde.

Pero más allá de la carencia material, el aspecto distintivo del estudio es visibilizar la dimensión emocional: el 12,3% de los niños y adolescentes no puede vestirse como sus pares y el 6,9% sufre por esta diferencia, con incidencias que aumentan en la adolescencia y en el Conurbano Bonaerense.

“La ropa opera como un marcador visible de pertenencia e identidad. Las familias más pobres atraviesan no solo la escasez, sino también la vergüenza o el aislamiento social por no cumplir con los códigos de apariencia del grupo”, sostiene una de las líneas argumentales del informe, remarcando que este factor se asocia a dificultades para construir amistades y a menores oportunidades de aprendizaje, profundizando el círculo de desventaja.

Vínculos y aislamiento: el impacto en el aprendizaje

La ausencia de redes de amistad emerge como un predictor central del bienestar infantil. El 27,3% de los niños y adolescentes tiene pocos amigos o enfrenta dificultades para establecer vínculos de amistad, con mayor incidencia en mujeres (31,8%) y en sectores socioeconómicos bajos.

El aislamiento social no es solo un dato afectivo: quienes no logran insertarse en redes de pares tienen 1,8 veces más probabilidades de no aprender mucho en la escuela.

La evidencia recogida confirma que la escuela no solo transmite conocimientos, sino que provee el espacio fundamental para la socialización y para ensayar habilidades cognitivas y comunicativas indispensables en la vida adulta.

La experiencia escolar: disfrute, ausentismo y acompañamiento

La medición también incorpora dimensiones poco consideradas en las estadísticas nacionales, como el disfrute de la escuela, la ayuda en tareas y el ausentismo docente. Uno de cada diez chicos no disfruta de ir a la escuela, cifra que asciende al 15,6% en la adolescencia, y quienes no disfrutan tienen más del doble de probabilidades de no aprender mucho.

En materia de ayuda económica, el acceso a becas es muy limitado: solo el 6,3% recibe alguna ayuda para estudiar, con una mayor concentración en secundarios y sectores populares. Aunque cabría esperar que los alumnos de mejor posición recibieran más apoyo familiar, el 64,3% recibe asistencia de adultos en las tareas escolares, siendo mayor en estratos bajos —probablemente por modalidades distintas de acompañamiento entre clases sociales.

El dato más preocupante se vincula al ausentismo docente y la suspensión de clases, que afecta al 30,6% de los estudiantes y se dispara al 44% en el estrato más bajo, más de 2,5 veces respecto al nivel más alto. Según el análisis estadístico incluido, el ausentismo docente es el factor que más impacta en la probabilidad de “no aprender mucho”: los chicos afectados tienen 5,4 veces más riesgo que sus pares.

La segmentación entre escuelas estatales y privadas también marca una brecha profunda: en las estatales, el 42% no aprende mucho (según la perspectiva de los adultos), mientras que en las privadas la cifra baja al 19%.

“Los NNyA pobres no aprenden menos porque sean pobres “en esencia”, sino porque asisten a escuelas con peores condiciones institucionales, porque su mundo afectivo está más afectado, porque tienen menos amigos, porque padecen situaciones de privación alimentaria y porque no cultivas prácticas como la lectura de textos impresos, entre otros", analiza Tuñón.

El bajo aprendizaje y las mediaciones de la pobreza

Consultados sobre los resultados de aprendizaje, el 36,8% de los chicos aprende algo, pero podría aprender más, de acuerdo a la percepción de sus adultos. Esta proporción aumenta significativamente entre adolescentes y en el Conurbano Bonaerense, donde alcanza el 42,5%.

Sin embargo, lo disruptivo del análisis reside en cómo la investigación desmonta la relación directa entre pobreza y rendimiento: cuando se consideran los factores sociales, emocionales y escolares (ausentismo docente, malestar emocional, falta de amigos, inseguridad alimentaria y baja lectura), el nivel socioeconómico deja de ser significativo. Es decir, la pobreza opera a través de esas mediaciones, no como una “esencia”. A la vez, esto revela dónde se juega la posibilidad de revertir desigualdades con políticas activas.

Una de las frases más contundentes del estudio resume el punto: “Los niños, niñas y adolescentes pobres no aprenden menos porque sean pobres ‘en esencia’, sino porque asisten a escuelas con peores condiciones institucionales, su mundo afectivo está más afectado, tienen menos amigos y padecen privaciones alimentarias”.

Desafíos para las políticas públicas: intervenir en las mediaciones

El informe concluye que la lucha contra la desigualdad debe atender estas nuevas dimensiones: incentivar campañas informativas que consideren las diferencias culturales en la percepción de problemas nutricionales, incorporar la vestimenta como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, fortalecer la salud mental en las escuelas, mejorar la estabilidad institucional y reducir el ausentismo docente, e integrar sistemas de alerta temprana para el malestar emocional y social.

Todo cambio requiere que las agendas de política e investigación dejen de ignorar estas dimensiones invisibles: la subjetividad, los vínculos y las experiencias cotidianas son tan determinantes como la falta de ingresos o infraestructura a la hora de comprender cómo se produce la desigualdad en la infancia argentina.

Salvia mencionó varios factores que explican la disminución de 9,9 puntos porcentuales interanual en ese indicador y de 1,9 puntos porcentuales en el caso de la indigencia, que llegó a 6,3% en dicho período.

Planteó que analizar la caída de la pobreza requiere “algunos matices”, al distinguir entre su contenido y su sustentabilidad en el tiempo. En ese sentido, indicó que existe un componente real vinculado a la evolución de los ingresos frente a la canasta básica alimentaria, que aumentó por debajo del nivel general de precios, lo que permitió “una caída sustantiva de la indigencia”, un dato que consideró “más legítimo” en términos de representación estadística.

En cuanto a la pobreza, Salvia señaló: “Las remuneraciones del sector privado le han ganado a la canasta básica”, dado que mientras los salarios se ajustan por el índice general de precios, la canasta alimentaria lo hace por el valor de los alimentos.

Y agregó un factor de carácter estructural: la caída demográfica. “Los hogares son más chicos, hay menos niños y menos bocas que alimentar dentro de un mismo ingreso”, describió, aclarando que se trata de una tendencia de largo plazo.

Sin embargo, Salvia aseguró que estos avances no siempre se perciben en el bolsillo. Esto se debe, detalló, a un cambio en los precios relativos desde 2024: en el último trimestre, tarifas como transporte, electricidad, agua y comunicaciones aumentaron por encima del índice general de precios.

Al mismo tiempo, describió: “Las clases medias bajas dicen: ‘¿Cómo puede ser que sea menos pobre si no me alcanza y no tengo más plata para consumir?’”.

Según explicó, esto se debe a un cambio en la estructura del gasto de los hogares. “Buena parte del ingreso hoy se destina a pagar tarifas. Son servicios que antes también se tenían, pero ahora se pagan más caros”, señaló. Como consecuencia, el ingreso disponible para otros consumos se reduce.

En ese marco, si bien los alimentos han bajado en términos relativos, otros gastos esenciales limitan la capacidad de consumo. “No podés arreglar tu casa, no podés comprar determinados bienes o servicios que necesitás, no podés invertir más en educación”, enumeró.

Esto genera una percepción contradictoria: “La gente te dice: ‘Estoy más pobre, no menos pobre que antes’”.

Para Salvia, esta situación refleja una tensión de fondo: “Hay una paradoja entre la estadística de la pobreza y la capacidad de consumo”. Mientras el indicador muestra una mejora, no necesariamente capta las restricciones reales que enfrentan los hogares en su vida cotidiana.

Por otra parte, Salvia advirtió que “la medición de la pobreza va perdiendo vigencia, sobre todo en su comparabilidad hacia atrás”, aunque remarcó que “hay una mejora en la situación económico-social de la gente” tanto respecto del año pasado como en relación con el peor momento del último semestre de 2023.

Según explicó, la mejora es “sustantiva”, principalmente por la caída de la inflación, que permitió una recuperación relativa. Sin embargo, al comparar la capacidad de consumo actual con otros períodos, aclaró: “No hemos llegado a niveles como los de 2015, cuando la pobreza se ubicaba en torno al 28%–29%, ni tampoco a los alcanzados en 2018″.

“Estamos llegando a una situación pospandemia. Es decir, estamos mucho mejor, pero estamos tan mal como cuando salimos de la pandemia, en un momento de recuperación”, sostuvo.

En cuanto a la evolución reciente, señaló que el tercer trimestre mostraba niveles de pobreza de “26% o casi 27%”, mientras que en el cuarto trimestre —con un componente estacional— se elevó a “29,5%”. Para el primer trimestre del año, indicó que la tendencia “es como si se hubiese revertido la caída, se hubiese estabilizado y estuviese aumentando”.

Al analizar el fenómeno en perspectiva histórica, Salvia subrayó que “la Argentina nunca ha podido bajar de un 29%–30% de pobreza” en los últimos 20 años. “La pobreza estructural argentina pone un límite porque no hay buenos empleos, porque los empleos están precarizados, porque no se está creando empleo y porque las remuneraciones del sector privado formal no están creciendo significativamente”.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

* De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

* De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

* De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

* De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

* De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

En un marco de caída del poder adquisitivo, el 83,5% de los asalariados sufre privaciones alimentarias durante su jornada laboral por motivos económicos. La vulnerabilidad genera efectos negativos para la salud a largo plazo y golpea más a mujeres, jóvenes, sector público, regiones del norte y empleados no calificados.

Así surge de un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA en colaboración con Edenred, que alerta por el salteo de comidas y la elección de alimentos menos nutritivos entre los trabajadores.

El escenario planteado es crítico: solo el 16,5% de los asalariados se mantiene al margen de cualquier forma de restricción alimentaria en su horario de trabajo.

Así, el 83,5% de la fuerza laboral ve deteriorado su consumo, con un 27,3% que resigna cantidad o calidad y un 56,2% que enfrenta las dos carencias.

El riesgo de experimentar ambas privaciones a la vez –comer menos y peor– es significativamente elevado en las mujeres (60,1%), los jóvenes de 18 a 29 años (66,8%) y los trabajadores del NOA (65,0%) y NEA (62,3%), donde la crisis de ingresos resulta más profunda.

A esto se suma la brecha educativa, donde la proporción de asalariados afectados disminuye linealmente a medida que aumenta el nivel de estudios alcanzado.

Desde la perspectiva del empleo, las mayores dificultades se presentan en las unidades productivas más pequeñas, “aunque el puesto de trabajo vuelve a ser un divisor de aguas”, ya que los profesionales y directivos sufren menos las privaciones que los trabajadores no calificados.

Por su parte, el sector público evidencia una fragilidad alarmante: mientras que el 70% de los empleados estatales padece ambas formas de inseguridad alimentaria, en el ámbito privado la cifra desciende al 50,3%.

El ingreso y la modalidad de trabajo también tienen una alta incidencia: en el estrato de ingresos más bajos (hasta $800.000), el 68,8% padece ambas privaciones, guarismo que cae al 31,6% en los sueldos superiores a los $2.000.000.

“El teletrabajo parece consolidarse como el único resguardo efectivo, ya que solo el 16,1% de los asalariados virtuales se ve afectado por la doble privación. Sin embargo, el trabajo remoto tampoco es una solución universal: aunque su adopción creció desde la pandemia, la realidad indica que no es posible reemplazar toda la actividad productiva con esquemas virtuales para mitigar este impacto”, analizó el informe.

Ahora bien, cuando el empleador provee directamente la vianda o el comedor, se observan mejoras significativas en la alimentación. Es por ello que el 69% de los asalariados considera muy probable que le sea útil recibir una contribución diaria de $10.000 por parte de las compañías, monto que se alinea con el promedio de gastos en comida que un trabajador enfrenta actualmente.

La mitad de los encuestados destinarían ese extra principalmente a comprar alimentos de mejor calidad para preparar en sus casas. “Esta tendencia demuestra que se prioriza la salud y la economía doméstica por sobre el consumo inmediato o el gasto fuera del hogar”, apuntó el estudio del ODSA y Edenred.

La decisión también responde al encarecimiento de las comidas listas para llevar: de acuerdo a LCG, únicamente en la primera semana de marzo subieron 2,9%. luego de un avance promedio de 1,6% en febrero. El relevamiento de EcoGo arroja asimismo que el rubro “Alimentos y bebidas fuera del hogar” se incrementó 1,7% el mes pasado y 43,3% el último año.

Vale mencionar que solo el 44,4% de los asalariados recibe ese tipo de aportes y suelen ser los más aventajados del mercado laboral en términos de ingresos.

“El hecho de que solo el 16,5% de la fuerza laboral asalariada esté libre de privaciones constituye un diagnóstico severo sobre el deterioro del salario real y la insuficiencia de los ingresos para cubrir un estándar básico de vida digna”, enfatizó el documento.

“La inseguridad alimentaria de carácter monetario no es marginal: es un fenómeno masivo que afecta con mayor intensidad a los eslabones más débiles de la cadena laboral”, sostuvo el informe.

Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred; resaltó que 1 de cada 4 trabajadores no almuerza y valoró como positivo que la reforma laboral extienda el servicio de comedor de empresa a comercios cercanos, en un contexto en que muchos lugares de trabajo carecen de la infraestructura necesaria y el 26% de los argentinos muestra dificultades para tomar pausas al mediodía.

Ianina Tuñón, investigadora del ODSA-UCA, advirtió sobre el impacto que esta situación tiene en la salud, algo que se refleja en indicadores como el aumento del porcentaje de obesidad, enfermedad fuertemente vinculada a la calidad de la alimentación.

La especialista subrayó la urgencia de resolver la problemática con alternativas como la incorporación de una asignación específica por fuera del salario, que incluso podría elevar la productividad hasta un 20% y reducir el ausentismo y los accidentes.

De este modo, el informe remarca que el entorno laboral tiene un rol clave, dado que contar con comedor, heladera y microondas o recibir aportes del empleador se asocia con:

• Mejores hábitos alimentarios
• Mayor regularidad en las pausas
• Menores niveles de privación alimentaria

El estudio “La alimentación y comensalidad en la población asalariada de la Argentina” se dará a conocer este martes a las 18 a través del canal de YouTube de la UCA.

El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), titulado “Estabilización, nuevo ciclo y deudas sociales persistentes en una Argentina en transición”, revela un escenario de marcada polarización entre la experiencia presente y las expectativas de corto plazo. Según el relevamiento correspondiente a febrero de 2026, el 39% de los hogares proyecta que la situación económica de la Argentina empeorará en 2026.

Este pesimismo respecto a la marcha general de la economía nacional se agudiza en los sectores más vulnerables. Mientras que en el estrato medio alto el porcentaje de quienes esperan un año peor para el país es del 31,5%, esta cifra asciende al 49,1% en los hogares de nivel socioeconómico muy bajo. No obstante, el informe detecta una brecha significativa entre la percepción macroeconómica y la personal: solo el 20,6% de los encuestados anticipa que su situación económica familiar será peor este año.

El diagnóstico de la UCA describe una estructura social “profundamente heterogénea” y “reproductora de desigualdades”. En términos de movilidad intergeneracional, el 43,3% de los argentinos considera que su situación económica actual es peor que la que tuvieron sus padres. Esta percepción de movilidad descendente alcanza al 57,8% en el estrato muy bajo, frente a un 30,8% en los sectores medios-altos.

A pesar de la visión crítica sobre el presente, el informe destaca una expectativa positiva de largo plazo: “Alrededor del 82% cree que sus hijos o nietos tendrán más oportunidades que ellos”. Esta confianza en el futuro es incluso más alta en los sectores populares, llegando al 85,9% en el nivel socioeconómico muy bajo.

Pobreza y mercado laboral

El reporte analiza la dinámica de la pobreza en un contexto de reformas estructurales que el ODSA-UCA define como un “shock de ajuste”. Si bien se registra una caída en los índices de pobreza monetaria —que pasó del 45% en 2023 al 36,2% en 2025—, el Observatorio advierte que esta mejora responde principalmente a la desaceleración inflacionaria y no a un aumento real del poder adquisitivo o del consumo.

“La estructura social muestra una recuperación estadística de la pobreza, pero sobre una base metodológica frágil y sin mejoras equivalentes en consumo, bienestar ni capital humano”, sostiene el documento. La pobreza continúa afectando de forma desproporcionada a la infancia: en 2025, más del 40% de los menores de entre 13 y 17 años permanece en situación de pobreza monetaria.

En el ámbito laboral, el informe señala que, aunque la actividad económica creció un 3,5% interanual hacia fines de 2025, este crecimiento no se tradujo en la creación de empleo formal. Los sectores que lideraron la expansión, como la agricultura y la intermediación financiera, tienen una baja demanda de mano de obra. Como contrapartida, el empleo no registrado ganó protagonismo, alcanzando el 45% del total de los ocupados en el tercer trimestre de 2025.

Estrés económico y privaciones

Uno de los puntos más críticos del informe de la UCA es la distinción entre la pobreza medida exclusivamente por ingresos y lo que el Observatorio denomina “estrés económico”. Esta categoría busca capturar la experiencia subjetiva y cotidiana de los hogares argentinos, y los resultados son alarmantes: el 46% de la población manifiesta vivir bajo condiciones de estrés económico, lo que significa que, independientemente de si sus ingresos los sitúan técnicamente por encima de la línea de pobreza, perciben una incapacidad real para cubrir sus necesidades básicas.

El documento deja claro que, a pesar de la desaceleración de la inflación y una leve recomposición nominal de algunos salarios, el sentimiento de privación económica no ha cedido en la misma proporción. De hecho, en el estrato socioeconómico muy bajo, esta percepción de asfixia financiera alcanza a 7 de cada 10 hogares.

Esta situación se traduce en privaciones concretas que afectan la calidad de vida de manera estructural. El informe detalla que, si bien la inseguridad alimentaria registró una baja estadística al 17,8% en 2025, la cifra sigue siendo “críticamente alta” en los sectores más vulnerables, donde el 37% de las familias todavía reporta dificultades graves para acceder a una alimentación adecuada. Según el ODSA-UCA, esto evidencia que “la estabilización macroeconómica no ha llegado aún a las mesas de los sectores que dependen de la economía informal y la asistencia social”.

En cuanto a la salud, el 32,6% de los hogares presenta algún tipo de privación en el acceso a recursos sanitarios. Esto incluye tanto la imposibilidad de pagar medicamentos como el colapso en la atención del sistema público, que debe absorber a quienes pierden la cobertura de medicina prepaga o de obras sociales por la caída del empleo formal.

Otro indicador de deterioro persistente es el estado de la vivienda. El 55,3% de las unidades domésticas relevadas manifestó la imposibilidad total de realizar arreglos o mejoras necesarias en su infraestructura. El informe subraya que “la vivienda se ha convertido en un capital estancado; las familias priorizan la alimentación por sobre el mantenimiento básico, lo que genera un proceso de degradación del hábitat que será difícil de revertir en el corto plazo”.

Finalmente, el estudio advierte sobre la “privación de futuro” que implica el déficit en el capital humano. El 40% de los adolescentes de entre 13 y 17 años vive en hogares con privaciones múltiples que van más allá del dinero: falta de acceso a servicios básicos, hacinamiento y exclusión digital.

Cuatro de cada de10 personas en El Salvador confía que la atención en salud va a mejorar en el país, a partir de la aplicación Doctor SV, lanzada por el gobierno.

La encuesta nacional del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, divulgada este martes, incluyó una consulta sobre la reciente implementación de la plataforma pública de salud digital con inteligencia artificial desarrollada junto a Google.

Esta herramienta ofrece servicios de consulta virtual, diagnóstico asistido y recetas digitales, y representa una de las principales apuestas del gobierno para modernizar la atención médica en El Salvador.

Ante la pregunta sobre si la creación de Doctor SV mejorará la calidad de la atención en salud, el 43.6% de los encuestados considera que sí habrá una mejora. No obstante, el 26.9% opina que la calidad se mantendrá igual y el 18.5% teme que empeorará. Un 11% no respondió a la consulta.

Los resultados del sondeo reflejan tanto la expectativa de innovación que despierta Doctor SV como las dudas frente a los cambios tecnológicos en el acceso a la salud pública. La encuesta revela que existe una apertura significativa hacia la digitalización, pero también una proporción de la población que expresa escepticismo o incertidumbre sobre los efectos prácticos de la plataforma en su experiencia cotidiana.

La plataforma llega en un momento de transformación tecnológica y se enfrenta al reto de convencer a quienes prevén que la calidad de la atención no necesariamente mejorará solo por la incorporación de inteligencia artificial.

Pero el informe del Iudop concluye que la introducción de Doctor SV es vista como una oportunidad para el sistema de salud, aunque persisten desafíos relacionados con la confianza en la tecnología y la adaptación de los usuarios a nuevos modelos de atención sanitaria.

Apoyo del CAF para lanzar la plataforma

El lanzamiento de DoctorSV, una plataforma de salud digital impulsada por El Salvador, junto con el apoyo de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- y Google, marca un punto de inflexión en el acceso y la eficiencia de la atención médica en el país. Esta iniciativa, que integra atención universal con tecnología de vanguardia, establece un referente regional al ofrecer cobertura integral sin comprometer las finanzas públicas, según resaltó Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social y Humano de CAF, en noviembre pasado.

Uno de los avances señalados por los responsables del proyecto radica en la incorporación de inteligencia artificial, que ha llevado la precisión diagnóstica del sistema a más del 93%. Esta cifra representa una mejora sustancial tras la llegada de las nuevas herramientas tecnológicas, permitiendo a los profesionales de la salud multiplicar su capacidad y dedicar más tiempo al trato directo con los pacientes.

El sistema de DoctorSV ha sido diseñado para ofrecer atención en tiempo real desde cualquier lugar del país. Con ello, los tiempos de espera y la necesidad de desplazarse a los centros médicos se reducen de manera significativa, facilitando el acceso de la población a servicios de calidad.

El enfoque digital también proporciona un ecosistema donde cada fase, desde el diagnóstico hasta el seguimiento, queda integrada y puede rastrearse en todo momento. Así, la automatización y la continuidad en el cuidado médico garantizan que ningún estadio del proceso quede aislado.

De acuerdo con la información de CAF, la experiencia de El Salvador demuestra que la tecnología es una herramienta costo-efectiva para lograr cobertura universal en salud, objetivo que ahora puede ser replicado más allá de las fronteras del país centroamericano.

La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) revela que el aumento del 12% al salario mínimo decretado en junio de 2025 ha tenido un impacto limitado, según la percepción de la población salvadoreña. El estudio muestra una opinión dividida respecto a los beneficios reales de este ajuste en los ingresos, luego de seis meses de vigencia.

De acuerdo con el reporte del Iudop, el 19% de los encuestados considera que el incremento al salario mínimo benefició mucho a la población, mientras que el 23.4% respondió que benefició algo. La mayoría, sin embargo, opina que el efecto ha sido menor: el 33.1% cree que ha beneficiado poco y el 21.5% que no ha beneficiado en nada.

Uno de los aspectos centrales del sondeo radica en las causas que explican la percepción de insuficiencia del salario mínimo. El 30.8% de los consultados indica que “todo está más caro”, mientras que el 20.7% atribuye la insuficiencia al “alto costo de la vida”. Además, el 19.4% señala que aunque aumentan los salarios, también suben los precios de los productos básicos, y el 10.4% afirma que el costo de las necesidades del hogar excede el ingreso mínimo.

El estudio también puntualiza que el 68.1% de la población percibe un aumento en los precios de la canasta básica, compuesta por bienes como frijol, maíz, azúcar, leche o huevos. De ese grupo, el 75.2% declaró que el alza de precios ha afectado su situación económica familiar. De hecho, el 41.8% de los hogares ha tenido que dejar de comprar algún alimento debido al encarecimiento, siendo la leche (14.9%), los frijoles (12.8%) y los huevos (8.2%) los principales productos sacrificados.

Según la encuesta del Iudop, el 44% de los hogares identifica a los alimentos como el principal gasto mensual, seguido por los servicios básicos (26.4%) y los medicamentos (10.2%). El ingreso mínimo resulta insuficiente para el 32.5% de los hogares, que deben recurrir a estrategias como pedir prestado (15.5%), recibir ayuda de familiares (20.9%) o realizar trabajos adicionales (11.4%) para cubrir sus necesidades.

En cuanto a la percepción sobre el ingreso necesario para asegurar un nivel de vida adecuado, la población estima que cada hogar debería recibir aproximadamente 891.78 dólares mensuales, es decir, unos 289.54 dólares por persona, considerando un promedio de 3.08 personas por hogar, según el Censo 2024.

Salvadoreños creen que la situación mejorará

Las expectativas económicas para 2026 muestran matices, según los datos de la encuesta. Al preguntar sobre la situación económica del país para el próximo año, el 39% de los encuestados cree que mejorará, el 34.5% espera que permanezca igual y el 24.1% anticipa un empeoramiento.

En el plano familiar, el 38.5% considera que su economía personal mejorará, el 41.6% prevé que no habrá cambios y el 15.4% teme un deterioro. Cuando se explora el sentimiento general hacia el futuro, un 70.3% manifiesta esperanza, mientras que un 26.4% expresa temor.

De acuerdo con los resultados del estudio, la economía sigue siendo el principal problema que percibe la ciudadanía, con un 28.4% que así lo declara, seguido por el alto costo de la vida (8.4%) y el desempleo (8.1%). El 63.8% de la población afirma que el costo de la vida aumentó durante 2025 y el 38.7% considera que el desempleo también subió en ese periodo.

El informe del Iudop concluye que la economía se mantiene como el principal problema del país, aunque un 31% reporta alguna mejora en su economía familiar durante el 2025.

La percepción de la población salvadoreña ubica la seguridad como el aspecto más positivo del país en 2025, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El estudio indica que 62.7% de los encuestados considera la seguridad como el principal logro nacional, cifra que supera ampliamente a otros aspectos señalados por la ciudadanía.

En el mismo sondeo, el combate a las pandillas y la delincuencia se menciona como el segundo elemento más valorado, aunque lejos del primer lugar, con un 6.7% de las respuestas.

El informe del Iudop también identifica que la inversión en infraestructura nacional, el trabajo del gobierno y la construcción de escuelas ocupan posiciones marginales en las percepciones positivas, con porcentajes de 2.7%, 2.5% y 2% respectivamente.

El análisis del Iudop revela que 81.7% de la población percibe una disminución de la delincuencia en comparación con el año anterior, mientras que solo un 15% opina que la situación se ha mantenido igual y un 3.2% reporta un aumento.

Este cambio en la percepción pública coincide con un bajo nivel de victimización directa: apenas 4.7% de los encuestados declaró haber sufrido personalmente algún hecho delictivo durante 2025, según la encuesta.

Entre quienes reportaron haber sido víctimas, el delito más común fue el robo sin arma, sin agresión y sin amenaza física (hurto), que representa el 47.5% de los casos. Le siguen las amenazas (15.3%) y la extorsión o renta (10.2%). Otros delitos, como la agresión física sin robo, el robo con arma y la estafa, presentan porcentajes menores.

El estudio del Iudop sitúa a la seguridad como un eje central en la percepción ciudadana sobre los avances recientes en El Salvador, mientras que la economía aparece como el principal problema señalado en el mismo análisis.

La encuesta de la UCA se realizó entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025. El estudio se basó en un total de 1,268 entrevistas válidas, con un margen de error muestral de ±2.75% y un nivel de confianza del 95%.

Estados Unidos reconoce a El Salvador como destino seguro

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a El Salvador en la lista de destinos donde solo se requieren “precauciones normales” para los viajeros. Por primera vez en su historia reciente, el país cerró el año 2025 con 82 homicidios, según las autoridades, una cifra oficialmente reconocida como la más baja registrada y que marca un cambio en la percepción internacional sobre la seguridad del país, conforme a datos divulgados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador y recogidos por medios como The Washington Post y Reuters.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, presentó durante el balance anual del gabinete de Seguridad que la cifra de homicidios representa 32 asesinatos menos que en 2024 y subrayó la resolución total de estos casos. Además, señaló que, desde la implementación del régimen de excepción en 2022, El Salvador ha sumado ya 1.102 días sin homicidios, de los cuales 988 corresponden directamente a dicho régimen. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de homicidios bajó de 1.9 en 2024 a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025.

En cuanto a otros delitos, el informe oficial refleja que en 2025 se reportaron 1,997 casos de hurto, 206 de robo y 884 lesiones, cifras que implican una disminución del 60.41% en hurtos y una reducción del 48% en lesiones respecto al año anterior. El ministro de Seguridad remarcó que el país experimentó “una reducción del 51.5%” en la incidencia de estos delitos entre 2024 y 2025. Según sus declaraciones, El Salvador es ahora “el único país más seguro del hemisferio occidental” y ha superado el 50% de reducción en la incidencia delictiva.

La población salvadoreña ha otorgado una calificación de 8.39 al trabajo realizado por el presidente Nayib Bukele durante 2025, según los resultados de la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP). Por su parte, el gobierno central recibió una nota de 8.33 al cierre del año, lo que refleja un respaldo sobresaliente entre los encuestados.

La confianza en las principales instituciones se mantiene alta: el 58.3 % declaró tener mucha confianza en el presidente de la República, el 48.3 % en el gobierno central, el 47.6 % en la Fuerza Armada y el 45.2 % en la Policía Nacional Civil.

En contraste, la percepción de los partidos políticos y la Asamblea Legislativa es menos favorable. Solo el 39.1 % expresó mucha confianza en los partidos, y un 28.6 % en el órgano legislativo, evidenciando una brecha respecto al respaldo que recibe el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.

Para la mayoría de la población, la seguridad representa el mayor logro del año. El 62.7 % destaca la situación de seguridad como el aspecto más positivo del país, seguido por un 6.7 % que señala el combate a las pandillas y la delincuencia.

La inversión en infraestructura, el trabajo gubernamental y la construcción de escuelas reciben porcentajes menores de reconocimiento.

La percepción de la delincuencia muestra una mejora significativa con respecto a 2024. El 81.7 % considera que la delincuencia disminuyó, mientras que solo el 15 % opina que se mantiene igual y un 3.2 % cree que aumentó. Además, apenas el 4.7 % reporta haber sido víctima directa de algún hecho delictivo en 2025, frente a un 95.3 % que no lo ha sido.

Economía preocupa a ciudadanos

No obstante, el principal problema identificado en El Salvador es de índole económica. El 44.9 % de los encuestados lo atribuye a dificultades económicas: el 28.4 % menciona la economía en general, el 8.4 % el alto costo de la vida y el 8.1 % el desempleo.

Otros factores como la delincuencia (5.2 %), la violencia y las pandillas (3.4 %) y la pobreza (2.9 %) aparecen en menor medida.

La situación económica familiar se percibe estancada para más de la mitad de los ciudadanos: el 55.5 % afirma que su economía siguió igual en 2025, el 31 % reporta una mejora y el 13.5 % afirma que empeoró.

La inflación en los productos básicos es un factor determinante: el 68.1 % percibe que los precios de la canasta básica aumentaron, y el 75.2 % reconoce que este encarecimiento ha afectado su economía familiar.

Además, el 58.2 % revela que en su hogar han tenido que dejar de comprar algunos alimentos debido al alza de precios.

El costo de la vida es otra fuente de preocupación. Nueve de cada diez personas perciben un estancamiento o deterioro económico, y solo un 7.8 % cree que el costo ha disminuido.

El aumento del salario mínimo en junio, del 12 % (USD 408.80), no se tradujo en un beneficio amplio: el 54.6 % estima que este incremento ayudó “poco o nada”, mientras que un 19 % considera que el beneficio fue “mucho” y un 23.4 % opina que ayudó “algo”.

Las razones principales para considerar insuficiente el aumento incluyen el alza generalizada de los precios (30.8 %), el incremento específico de la canasta básica (20.7 %) y la percepción de que los precios suben junto con los salarios (13.6 %). En cuanto a expectativas salariales, la población estima que el salario mínimo debería situarse en USD 548.

Al cerrar el año, el 61 % de los salvadoreños siente que el país está mejor que en 2024, el 30.7 % lo percibe igual y el 8.3 % considera que está peor.

De cara al futuro, el 34.5 % espera que la situación económica nacional mejore en 2026, el 33.6 % cree que se mantendrá igual y el 24.1 % teme un empeoramiento. Para la economía familiar, el 41.8 % es optimista, el 40.7 % prevé estabilidad y el 13 % teme un retroceso. Al pensar en el futuro del país, el 70.3 % experimenta esperanza, mientras que el 26.4 % siente temor.

En el ámbito de la salud, la reciente implementación de la plataforma digital DoctorSV ha sido conocida por el 71.2 % de la población. Un 43.6 % considera que esta iniciativa, basada en inteligencia artificial y desarrollada con Google, mejorará la calidad de la atención médica; el 26.9 % piensa que la mantendrá igual y el 18.5 % teme que pueda empeorarla.

El panorama que dibujan estas cifras muestra un país donde la seguridad es vista como el mayor avance, aunque la economía representa el principal desafío para la mayoría de los hogares. Frente a este reto, destaca una actitud positiva.

Frecuentemente escucho decir a empresarios una frase que suena técnica, tranquilizadora y políticamente útil: “La macro está bien, el problema es la micro”.

Es un eslogan elegante para explicar por qué la gente no percibe mejoras en su vida cotidiana pese a que algunos indicadores agregados muestran orden. El tema es que, desde el punto de vista económico, esa frase es incorrecta.

No existe tal cosa como la macroeconomía y la microeconomía, por más que en las universidades, y yo las tuve que cursar en la UCA, existan microeconomía y macroeconomía como materias. La economía es una sola y, como bien la definió Ludwig von Mises, la economía es la ciencia de la acción humana.

La toma de decisiones tanto de inversión como de consumo, son individuales y van a depender de las subjetivas valoraciones de cada persona.

Si la economía está ordenada y no hay distorsiones de precios relativos, las decisiones a nivel empresas son puro riesgo empresarial

En definitiva, decir que la macro está bien y la micro está mal es como decir que la culpa del cierre de las empresas es del sector privado. La realidad es que, si la economía está ordenada y no hay distorsiones de precios relativos, las decisiones a nivel empresas son puro riesgo empresarial. Me expando, achico la empresa, cambio la forma de comercializar, contrato más personal, reduzco la planta de personal, etc., son todas decisiones que toman los empresarios en base a la política económica vigente.

Por ejemplo, supongamos que un gobierno expande la cantidad de moneda y, en el corto plazo, el efecto es una baja en la tasa de interés. Esa baja en la tasa de interés puede llevar al empresario a percibirla como algo permanente y, por lo tanto, a tomar deuda porque ve que aumenta el consumo y vende cada vez más. Así, toma un crédito para ampliar la empresa y abastecer la mayor demanda.

Pero si continúa esa expansión monetaria que genera una baja artificial en la tasa de interés, entonces, comenzará la presión inflacionaria y llevará al gobierno de turno a reducir la expansión monetaria, con lo cual subirá la tasa de interés, se contraerá la demanda de crédito para consumo, bajarán las ventas y la empresa se encontrará con que se expandió en base a una distorsión de la tasa de interés generada por el gobierno de turno.

El Gobierno sigue utilizando el tipo de cambio como ancla contra la inflación

Yendo al caso argentino, el Gobierno sigue utilizando el tipo de cambio como ancla contra la inflación. La intervención del Estado en el mercado de cambios para ubicar el tipo de cambio por debajo de un mercado libre quedó en evidencia cuando antes de las elecciones, Scott Bessent vendió USD 2.500 millones para frenar la suba del tipo de cambio.

Por otro lado, el exportador está obligado a ingresar sus divisas en un plazo perentorio y liquidarlas en el mercado de cambios. Es decir, hay una oferta de dólares forzada por el gobierno que hace que el tipo de cambio no sea el de un mercado libre porque no hay libertad de no ingresar las divisas.

¿Qué pasaría con el tipo de cambio si Scott Bessent tuiteara que a partir de mañana el tesoro estadounidense deja de intervenir en el mercado de cambios de Argentina?

El punto es que en la economía vienen cerrando más empresas de las que abren; es decir, la cantidad de empresas que contratan en blanco. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 la cantidad de empresas que aportan al sistema previsional bajó en 15.050. Obviamente, este número es el neto entre las que abrieron y las que cerraron.

La disminución en cantidad de empresas responde a problemas de rentabilidad. Casi diariamente tenemos noticias de empresas que cierran o se achican por falta de rentabilidad.

Las empresas de servicios fueron las más afectadas con una caída de 11.705 casos. Por su parte, los productores de bienes perdieron 3.321 empresas. Cabe destacar que el sector servicios es el que mayor cantidad de personal contrata. Transporte y Comunicaciones fue el más golpeado y le sigue Comercio con 2.035 empresas que cerraron. En caso de las empresas productoras de bienes, Construcción lidera la baja en la cantidad de empresas.

A menor cantidad de empresas, menor cantidad de puestos de trabajo. Entre noviembre 2023 y agosto 2025 el sector privado formal perdió 181.512 puestos en relación de dependencia. Esta reducción en la cantidad de empresas se adjudica a la apertura de la economía. El tema es que la apertura de la economía es una buena medida porque las empresas dejan de tener cautivos a los consumidores. La gente puede acceder a una mayor variedad de bienes y a precios más competitivos.

Ahora bien, si se abre la economía con un tipo de cambio atrasado, sin haber hecho la reforma laboral previamente y tampoco la impositiva, el peligro que se presenta es que la apertura de la economía pase a ser una mala palabra y en un futuro no muy lejano, la respuesta sea volver a cerrar la economía. Pero el punto central es que la reforma laboral, la impositiva o la liberación del mercado de cambios no son temas “microeconómicos”, son parte de la política económica que, a su vez, establece las reglas de juego para que los empresarios tomen decisiones de invertir, contratar más personal, exportar o vender el mercado interno, por citar algunos ejemplos.

Entre noviembre 2023 y agosto 2025 el sector privado formal perdió 181.512 puestos en relación de dependencia

Mi punto es que no es cierto que la macro está en orden y ahora el Gobierno tiene que ocuparse de la micro. El Gobierno tiene que ocuparse de hacer las reformas estructurales necesarias para poner en orden la economía, que las reglas de juego sean estables y el empresario tomar decisiones dentro de ese marco económico institucional. Y el hecho de que la economía no esté en orden lo muestra que entre las empresas que abrieron y las que cerraron, hay 15.050 empresas menos. Si la economía (macro, como dicen) estuviese en orden, tendría que haber más empresas que abren que las que cierran, sin embargo, el número es exactamente al revés.

Decir que la macro está en orden y ahora hay que avanzar en la micro es una forma de quedar bien con el Gobierno, mientras día a día cierran empresas. Y, en todo caso, si alguien tuviese que avanzar con la micro, ese es el empresario, no el Gobierno.

La publicación del nuevo dato oficial de pobreza reavivó el debate sobre su medición, luego de que la UCA advirtiera que la baja en la tasa reportada por el Indec responde más a factores técnico metodológicos que a una mejora real pronunciada. El Observatorio de la Deuda Social (ODSA-UCA) de esa universidad no desconoce los avances pero sostuvo que los números sobrerrepresentaron el alivio social.

De acuerdo al informe del Indec, las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos durante el primer semestre de 2025 se ubicaron en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente. Se trata de una reducción significativa frente al 52,9% y 18,1% registrados un año atrás.

“Siguiendo la metodología del Indec, la pobreza en el segundo trimestre de 2025 habría sido de 31,8%. Esto significa una baja muy importante de 9,5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, si observamos la estimación con corrección de captación, la pobreza también se habría reducido, pero ‘solo’ en 2,1 puntos porcentuales, desde 33,9% en dicho período”, señaló el ODSA-UCA en su último estudio.

“Esto sugiere que existió una baja real de la pobreza monetaria bajo la actual gestión, producto de la baja de la inflación, cambio en los precios relativos y fortalecimiento de la AUH-Tarjeta Alimentar. Lo mismo se observa a nivel de la tasa de indigencia (caída de 1 punto porcentual)”, precisó.

“No obstante, en ambos casos, la caída en las cifras oficiales con respecto al período anterior al ajuste estaría sobreestimada por la medición, de tal forma que es posible que en torno a tres cuartas partes de la caída desde los niveles de 2023 se deban a un efecto estadístico”, agregó.

Más en detalle, el ODSA explicó que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), herramienta central para medir la pobreza y la indigencia monetaria, releva los ingresos personales y familiares de los hogares y los compara con el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Según la UCA, este mecanismo presenta fenómenos conocidos de subregistro y de no respuesta: muchas personas desconocen o no declaran todos sus ingresos, lo que deriva en una subestimación del ingreso real de los hogares. Ese fenómeno tiende a sobreestimar las tasas de pobreza e indigencia.

“Si bien se han ensayado diferentes métodos para reducir este sesgo, no hay ninguno que se considere el más adecuado. En tanto el sesgo sea constante, puede haber un error de precisión en la medición, pero las comparaciones resultan fiables”, apuntó el estudio.

Durante los últimos años, la EPH mostraba —al contrastar sus datos con registros oficiales y encuestas a empresas— un subregistro de ingresos que avanzaba de manera lenta pero persistente.

Sin embargo, desde el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024 el ODSA-UCA observó una fuerte y sostenida disminución de esa brecha, explicada por un aumento más significativo de los ingresos laborales y no laborales declarados en la EPH frente a los captados por otras fuentes.

“En principio, resulta plausible la hipótesis de que por razones técnico-metodológicas (cambio de cuestionario EPH, procesamientos adicionales, etc.) o socio-culturales (mejor registro de ingresos por parte de los hogares debido a la caída de la inflación, etc.) la EPH haya logrado revertir la tendencia anterior y mejorar sustantivamente su registro del nivel de ingresos de los hogares (aunque esto no haya implicado una menor no respuesta de ingresos)“, analizó el ODSA.

Los últimos datos muestran que, desde el cuarto trimestre de 2024, se produjo una mejora importante en la captación de ingresos, es decir, en la recopilación de información sobre cuánto dinero reciben las personas y hogares.

De acuerdo a la UCA, la EPH hoy captura ingresos 16% más altos de los que habría registrado con la capacidad de captación del segundo trimestre de 2018, y casi 17% por encima de lo que reflejaba en el tercer trimestre de 2023.

La universidad concluye que si bien se evidencian mejoras, es necesario corregir parte del sesgo en la evolución de los indicadores. Además, advierte que el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia.

En ese sentido, el instituto sigue calculando la CBT utilizando la estructura de gasto de los hogares relevada en la ENGHo 2004/2005, a pesar de que ya existen datos actualizados a 2017/2018.

Entre ambos períodos, los hogares aumentaron exponencialmente el gasto destinado a servicios. La UCA señala que si se adoptara una actualización metodológica, la CBT sería considerablemente más alta en todos los años, lo que implicaría también una mayor incidencia de la pobreza.

A su vez, la nueva ponderación alteraría la evolución temporal de la pobreza, al reflejar con mayor precisión el impacto de la suba de los servicios desde la segunda mitad de 2024.

Agustín Salvia, director del ODSA, calculó que si se realizaran dichos ajustes la CBT, que en la actualidad asciende a $1.276.649, se elevaría a $1.942.000.

Con una canasta más reciente, la pobreza habría crecido menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero su disminución en los trimestres siguientes habría sido más lenta.

En otro orden, cabe resaltar que de quitarse los planes sociales, la pobreza llegaría al 42% y la indigencia al 14%.

En el corto plazo Salvia no espera que se perfore el piso estructural de pobreza, en torno al 30%, debido a la etapa de transición que comenzó con el gobierno de Javier Milei.

Este, a su criterio, viene a eliminar el modelo de sustitución de importaciones iniciado a mediados del siglo pasado, un esquema que nunca logró consolidarse plenamente. Como resultado, muchas industrias podrían desaparecer y abrirse así un período de mayor desempleo.

“Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764″. La frase aparece en una amenaza dirigida a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF), realizada mediante un mail que llegó a diferentes casillas institucionales de la casa de estudios y alarmó a las autoridades que ya venían investigando intimidaciones similares realizadas a la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF”, prometía el autor del último mensaje, un supuesto ex estudiante dolido por haber sido “acosado y humillado”, que utilizó como remitente un usuario que también hace referencia a la cifra y al sentido de la estructura: "asmodeus764″.

Según las religiones abrahamicas, Asmodeus es un demonio considerado el “príncipe de la lujuria”, un ángel que cayó al infierno y es asociado a la avaricia, la venganza y el deseo carnal. Tras el mensaje, la universidad reforzó la seguridad.

El viernes 7 de noviembre, un mail similar llegó a la UCA, en Puerto Madero, y obligó al establecimiento a evacuar sus sedes en Mendoza, tal como lo señalaron en un comunicado publicado en redes sociales. Se repitió el lunes 10, en esa provincia, en Rosario y en CABA.

La metodología siempre fue la misma: la intimidación fue enviada a correos oficiales. “MAÑANA CONOCERÁN A SU DIOS”, indicaba el correo. El autor se identificó como “militante de la red 764″.

El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (PFA), la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), las divisiones de antiterrorismo de la Bonaerense y de la Ciudad trabajan en el caso, con la colaboración del FBI e Interpol.

“No hay evidencia de la existencia del grupo en Argentina, sí en Estados Unidos, donde se arrestó a algunos de sus miembros. Creemos que pueden estar tratando de sumar puntos para poder integrarla”, indicó una fuente del caso a Infobae.

En tanto, hasta el viernes, las causas que buscan esclarecer los episodios de la UCA y la UNTreF no habían sido unificadas en la Justicia, aunque hay elementos comunes.

El mensaje enviado a la UNTreF lleva imágenes adjuntas. En una de ellas, se puede ver una escopeta sobre sábanas grises. Otra foto muestra a un hombre con una pistola en su mano, una campera con el símbolo nazi. Sostiene, al mismo tiempo, el libro El Corán del Diablo, un texto que contiene instrucciones de ritos satánicos y rezos al diablo.

La red 764

¿Qué es la red 764? Recientemente, el FBI expresó de forma pública su preocupación en torno al grupo integrado por “depredadores cibernéticos”.

Se trata de personas violentas que se hacen amigos de adolescentes a través de plataformas en línea populares —como Discord, Roblox, Telegram y 8chan— luego los coaccionan para que intensifiquen su comportamiento sexual y violento, empujando a las víctimas a crear pornografía explícita, dañar a las mascotas familiares, cortarse con objetos afilados o incluso suicidarse, según reflejó ABC News.

De acuerdo a las autoridades, algunos de los depredadores incluso organizan reuniones virtuales para que otros vean cómo atormentan a las víctimas en directo.

“Vemos muchas cosas malas, pero esta es una de las cosas más inquietantes que estamos viendo”, dijo el subdirector del FBI, David Scott, jefe de la División de Contraterrorismo del FBI, que dirige muchas de las investigaciones del gobierno estadounidense relacionadas con el caso 764. En mayo pasado, estaban en curso más de 250 investigaciones.

La red también es descrita como una “secta neonazi satánica”, de extrema derecha. Glorifican ataques con víctimas masivas, como el tiroteo en la escuela secundaria Columbine en 1999 o introducen a las víctimas a otras ideologías extremas como el neonazismo o el satanismo.

“Buscan insensibilizar a los jóvenes ante la violencia y socavar las normas sociales al respecto. Normalizan la posesión, producción y difusión de material de abuso sexual infantil explícito y material violento para corromper y preparar a sus víctimas para futuros actos de violencia, ganar notoriedad entre otros miembros de la red y sembrar el terror con el fin de acelerar el caos bajo la ideología de 764, buscando la desestabilización social”, advirtió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La advertencia llegó tras la acusación contra Baron Cain Martin, conocido en línea como “Convict”, uno de los líderes más notorios.

“Los presuntos crímenes de este hombre son de una depravación inimaginable y reflejan el terrible peligro que representa 764. De ser declarado culpable, enfrentará graves consecuencias mientras trabajamos para desmantelar esta red maligna”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “Insto a los padres a mantenerse alerta ante las amenazas que enfrentan sus hijos en línea”, agregó.

Su presunto fundador, Bradley Cadenhead, cumple una condena de 80 años de prisión en Texas luego de declararse culpable de varios cargos relacionados con pornografía infantil en 2023. Creen que bautizó la comunidad que lanzó en Discord con ese número porque, en ese momento, vivía en Stephenville, Texas, donde el código postal comienza con los números 764.

La inseguridad alimentaria también es un mal que afecta a quienes poseen trabajo en la Argentina, inclusive dentro de la población asalariada con empleo formal. Un reciente estudio confirma que la inserción laboral no representa de manera automática una garantía para una alimentación suficiente. Existen brechas notorias según el tipo de empleo, el nivel educativo, la región de residencia y la situación económica, que marcan una diferencia sustancial entre distintos grupos sociales.

De acuerdo con el documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, el fenómeno de la inseguridad alimentaria en el mercado de trabajo nacional se refleja en la cifra de 15% de trabajadores asalariados afectados. Este porcentaje baja al 7% entre los candidatos con empleo formal, pero la reducción del riesgo de pasar hambre por poseer empleo registrado resulta limitada. Los niveles más elevados aparecen entre quienes no realizan aportes a la seguridad social y en ámbitos laborales marcados por la inestabilidad.

La distribución de la inseguridad alimentaria entre las distintas formas de ocupación revela disparidades relevantes. La población asalariada (sin trabajadores del servicio doméstico) presenta un 15,2% de personas con dificultades alimentarias. Entre los asalariados registrados, este valor desciende notoriamente a 7,4%. En cambio, el colectivo de ocupados no asalariados y trabajadores de servicio doméstico alcanza un 25,3%, la proporción más alta registrada entre los segmentos evaluados.

La situación de la población general y de la población activa ubica la prevalencia de la inseguridad alimentaria en 21,3% y 21,2%, respectivamente. Dentro del conjunto de personas ocupadas, la incidencia muestra un descenso a 19,6%, aunque con diferencias notables según segmento o sector. El acceso a la alimentación adecuada, aun así, permanece lejos de representar una condición asegurada por el hecho de contar con empleo.

Inseguridad alimentaria, según la franja etaria

La desagregación por factores socioeconómicos y demográficos aporta datos clave sobre la profundidad de este fenómeno. El informe subraya que los jóvenes asalariados de entre 18 y 34 años exhiben una tasa de inseguridad alimentaria del 14,3%, en tanto que los trabajadores de entre 35 a 54 años, la tasa es de 17,1%. El porcentaje baja al 12% cuando se trata de personas de 55 años o más. Si se consideran los trabajadores formales, las cifras bajan considerablemente al 5,9%, 8,9% y 6,3%, respectivamente.

Las mujeres presentan una proporción levemente superior (15,4%) en comparación con los varones (15%) cuando se habla de asalariados totales. La edad y el género actúan como determinantes, en conjunto con variables educativas y socioeconómicas.

El nivel educativo surge como elemento central. El 34% de las personas con primaria o secundaria incompleta atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. En el caso de quienes completaron el secundario, la tasa se ubica en 12,7%. Entre quienes alcanzaron formación universitaria incompleta o completa, la prevalencia desciende de manera marcada a 4,6%. El acceso a la educación demarca una barrera que impacta de manera significativa en el derecho a una alimentación básica.

El estrato socioeconómico y la condición de pobreza amplifican las diferencias. El 21,5% de los casos de inseguridad alimentaria procede de estratos bajos. En los hogares pobres, la prevalencia asciende a 38,6%. Por contraste, entre los hogares no pobres la incidencia baja a 6,9%. Los márgenes materializan la relación entre carencia de recursos materiales y posibilidad de acceder a una dieta adecuada.

Diferencias regionales

Las diferencias regionales permiten precisar aún más el mapa. El conurbano bonaerense registra un 18,9% de inseguridad alimentaria, lo que lo convierte en una de las áreas históricamente más expuestas del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el indicador cae a 7,1%. Por su parte, el interior nacional registra una prevalencia de 8,9%. Estas diferencias ratifican que el territorio influye en la aparición de vulnerabilidad alimentaria, más allá de las condiciones individuales de empleo o ingreso.

Al examinar las condiciones laborales y la afiliación sindical, el estudio ofrece nuevos elementos para analizar las causas y los alcances del problema. El sector informal mantiene una incidencia de inseguridad alimentaria del 24%, siempre considerando los asalariados totales. El sector formal se ubica en un 9,8%. En el sector público, el dato asciende al 14,1%. Las diferencias obedecen tanto a la estabilidad laboral como a la presencia (o ausencia) de derechos sociales y acceso a mecanismos de protección.

La carga horaria laboral aparece asociada a la inseguridad alimentaria. Entre los subocupados, el 21,1% experimenta dificultades para acceder a comida suficiente. Los trabajadores que cuentan con pleno empleo acumulan una incidencia del 12%. Entre los sobreocupados, la cifra trepa al 13,3%. El esquema horaria incide en la posibilidad de sostener una alimentación digna, pero el efecto más claro radica en aquellos que no disponen del ingreso suficiente por cumplir jornadas reducidas.

La afiliación sindical emerge como un factor de diferenciación. El 7,7% de los trabajadores afiliados a sindicatos enfrenta situaciones de inseguridad alimentaria. Entre quienes carecen de afiliación, el índice sube a 9,9%. La pertenencia a gremios, que habitualmente implica acceso a determinados derechos laborales y mecanismos de defensa, ayuda a acercar un escudo parcial ante la privación de insumos básicos.

Las brechas se profundizan entre colectivos que carecen de aportes a la seguridad social. La precariedad y la informalidad expresan una asociación directa con el riesgo de inseguridad alimentaria. Las desigualdades vinculadas al nivel educativo y a la situación socioeconómica actúan como determinantes estructurales, mientras que las diferencias regionales reafirman la relevancia de los contextos territoriales, en especial en el conurbano bonaerense.

En las conclusiones del informe, los investigadores de la UCA admiten la necesidad de articular políticas que aborden de manera conjunta los ejes de empleo, protección social y alimentación. Enfatizan la importancia de que el acceso a una dieta adecuada se conciba como parte de las condiciones laborales dignas y de la salud ocupacional. Esta perspectiva repercute tanto en la productividad como en el bienestar general de la fuerza de trabajo en la Argentina.

El estrés es producto de las externalidades y atenta contra el bienestar. En Argentina, evidentemente, lo sufrimos. La consultora Voices! difundió un informe global de opinión pública sobre la autoevaluación del estrés y del sueño y los resultados son categóricos: somos el segundo país con peor calificación porcentual, con el 54%.

El impacto es diverso y una de las víctimas es el corazón: nuestra salud cardíaca sufre por lo que pasa afuera. Más allá del panorama preocupante, hay un aspecto positivo que es la información y la conciencia. Un reciente sondeo de Avalian -que abarcó a 1.500 personas- indicó que si bien la mitad de las personas se siente estresada, el 70% está al tanto que esto afecta negativamente su salud cardíaca. Somos conscientes, pero no podemos evitarlo.

Tradicionalmente, el discurso para cuidar el corazón se centró en factores como el antitabaquismo y el ejercicio físico. Independientemente de lo que podemos escuchar o ver, la Asociación Argentina de Tabacología ilustra el avance: en 1999, más del 40% de la población era fumadora; en 2005, el 29%; y en 2018, el 22%.

Con la actividad física sucede algo similar: el estudio “Hábitos deportivos y práctica de actividad física en la última década en Argentina” analizó las Encuestas Nacionales de Actividad Física y Deporte de 2009 y 2021 y asegura que en 2009 el 54% de la población hacía deporte para mejorar la condición física, mientras que en 2021 casi el 60%.

Si bien estas bases son esenciales, hay otras cuestiones relevantes para tener en cuenta. En limpio: el cuerpo se mueve, pero la mente no descansa. La coyuntura económica -relación costo y salario- y las presiones laborales son un flagelo histórico de nuestro país y siguen siendo la principal causa de estrés emocional: el mencionado sondeo de Avalian lo confirma, con el 43% y casi el 50% de los encuestados, respectivamente. A esto se le suma un matiz propio de la actualidad: el consumo digital.

Un informe de Kantar Ibope Media destacó que 6 de cada 10 argentinos manifiesta la necesidad de revisar sus redes sociales. Y más: el 46% de los jóvenes se siente abrumado por las redes sociales y el 72% califica su nivel de estrés como malo. Hay que agregarle que el nivel de consumo escala de 3 horas a más de 4 horas diarias -según la Universidad FASTA de Mar del Plata- y que el 80% de los chicos de 9 a 17 años usa redes sociales todos los días (UNICEF).

A la presión diaria por la incertidumbre económica, agreguemos las herramientas naturalizadas en la era digital, que generan una serie de patologías contraproducentes. Hay datos que nos obligan a tomar conciencia: en Argentina, una de cada cuatro personas presenta síntomas de ansiedad y depresión (UCA). El psicólogo social y bestseller Jonathan Haidt, lo sintetiza: crecer en el mundo virtual fomenta la ansiedad, la anomia y la soledad. Esto, además del estrés, repercute directamente en las horas de sueño y, sumado al amasijo de conceptos mencionados anteriormente, el impacto puede ser grande.

Entonces, ¿cómo se cuida el corazón hoy? Sin dudas, no alcanza solo con dejar de fumar o salir a caminar. Es necesario ampliar la perspectiva y entender que no vivimos aislados. Estamos atravesados por presiones económicas, vínculos frágiles, hipervínculos constantes, falta de descanso y un malestar general que muchas veces no tiene nombre, pero sí síntomas.

No podemos seguir abordando la salud como si se tratara solo de indicadores clínicos o hábitos aislados. Los números son claros: aunque se fuma menos y se hace más ejercicio, el estrés sigue en alza y con impacto directo en el corazón.

Cuidar la mente es la forma más poderosa de proteger el corazón. Porque al final, la salud de nuestro corazón no depende de la ausencia de estrés, sino de nuestra capacidad de enfrentarlo con conocimiento, buscando ayuda cuando la necesitamos.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.

La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.

Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.

Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.

Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.

“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.

El desafío de la investigación

El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).

El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.

“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.

“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.

Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.

“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.

El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.

La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).

Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).

El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

Minutos después de conocerse los datos de pobreza e indigencia del Indec para el primer semestre de 2025, la Universidad Católica Argentina cuestionó los números.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) destacó en un comunicado que las tasas de pobreza e indigencia en los principales centros urbanos correspondientes al primer semestre de 2025 “se habrían ubicado en 31,6% y 6,9% de la población, respectivamente", cifras que implican una reducción significativa respecto del 52,9% y 18,1% registrados un año atrás, “descenso que se habría concentrado principalmente a partir del tercer trimestre de 2024″.

El Observatorio de la UCA mide la pobreza de forma multidimensional y el Indec por ingresos y suele haber opiniones encontradas. Esta vez, la casa de estudios dijo que los números oficiales sobrerrepresentan el alivio social.

“Sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social“, destacaron desde el Observatorio que dirige Agustín Salvia.

”Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas“, recomendaron.

“En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa", criticó la UCA.

La UCA dice que se evidencian mejoras, pero pidió que para corregir parte del sesgo en la evolución de los indicadores, el Indec “debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas”. Y que solo de esa manera se lograrán “indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina”.

“No sé por qué el Indec aún no hizo las actualizacion”, le dijo Salvia a Infobae. Más allá de que considero que hay una vocación de producir información estadística fiel, robusta y confiable, hay procedimientos que no se hicieron quizás por fallas técnicas o quizás no hay presupuesto para hacerlas. Sí creo que hay aspectos que no se hicieron bien y no porque estén ‘mintiendo’ sino porque hay actualizaciones metodológicas que no se han hecho de la manera que corresponde hacer a un instituto de estadística como nacional oficial", consideró.

“Hubo avances importantes y tienen técnicos y profesionales que están fuertemente comprometidos con las estadísticas públicas. Pero creo que en materia de estadísticas de pobreza, todavía tenemos deudas metodológicas que saldar que no son solo de este de esta administración, son históricas”, aseguró.

En su comunicado, además, la UCA señaló:

• “Esta buena noticia debe interpretarse en el marco de un proceso de estabilización macroeconómica caracterizado por la desaceleración de la inflación y por un menor incremento en los precios de los bienes que integran las canastas básicas de consumo en comparación con el índice general".
• “Este cambio en los precios relativos alivió el gasto de los hogares más vulnerables y favoreció una recuperación estadísticamente verificable en los indicadores de ingresos y pobreza frente a la crítica situación de finales de 2023 y comienzos de 2024″. 
• “Es importante diferenciar entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición". 
• “Un análisis más cuidadoso de la serie estadística oficial sugiere que, aunque la caída de la pobreza es real, su magnitud se encuentra sobrerrepresentada". 
• “Ello se explica, en primer término, por una mayor captación neta de ingresos laborales y no laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (Indec), derivada tanto de cambios en el cuestionario como de un mejor registro en un escenario de menor inflación. Este avance metodológico, que debe ser valorado positivamente, condiciona, no obstante, la comparabilidad con series de ingresos, indigencia y pobreza previas". 
• “A su vez, se explica por la persistencia en la utilización de canastas básicas construidas sobre la estructura de consumo de 2004-2005, no actualizadas a la información de 2017-2018″. 
• “Durante 2024, en un escenario de fuerte recomposición de tarifas y de precios regulados, dicha desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares”.

A fines de agosto, un informe de la consultora Equilibra aseguró que la pobreza supera el 43 por ciento. Es que, al actualizar la Canasta Básica Total (CBT) y corregir la subdeclaración de ingresos, la tasa de pobreza para el semestre octubre 2024-marzo 2025 se ubicaría hasta 8,6 puntos porcentuales por encima de la cifra oficial.

Según la consultora, la metodología oficial del Indec sigue utilizando ponderadores de gasto de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, lo que no refleja los cambios en los patrones de consumo ni en los precios relativos de los últimos años. Esta falta de actualización genera una subestimación de la línea de pobreza, especialmente en un contexto de alta volatilidad macroeconómica y transformaciones en los hábitos de consumo.

Argumentos similares a los que hoy esgrimió la UCA.

Legado y Dignidad: un nosotros más grande invita a sumergirse en el universo personal y social del Papa Francisco, en una exhibición que se presenta en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, a través de tres lenguajes: libros, fotografía y orfebrería. Fue inaugurada este martes en el marco del acto de denominación Campus Papa Francisco, un acto presidido por el Gran Canciller y Arzobispo de Buenos Aires Mons. Jorge Ignacio García Cuerva.

La exposición, curada por Cecilia Cavanagh y Verónica Parselis que se despliega en la Biblioteca Central “San Benito Abad”, tiene entre los ejes principales a una selección de libros provenientes de la biblioteca personal donada por Francisco a la universidad.

Estos volúmenes reflejan la impronta de la espiritualidad ignaciana, la influencia de pensadores como Romano Guardini, la tradición de los Padres de la Iglesia y el diálogo constante con el pensamiento latinoamericano.

Según la curadora, en estos textos “se reconocen las huellas de sus grandes influencias: la espiritualidad ignaciana, la pasión crítica y social de autores como Romano Guardini y la atención constante a los escritos que dialogan con la fe y el pensamiento latinoamericano”.

Además, Cavanagh señala que en la colección se percibe “su sensibilidad por los marginados y excluidos, y su convicción de que la teología y la cultura deben hacerse cargo de las periferias”.

El segundo núcleo de la muestra lo constituyen las fotografías que documentan la vida en barrios populares. Estas imágenes, captadas por diversos fotógrafos argentinos, buscan transmitir la creatividad, la resistencia y la esperanza que emergen en contextos de exclusión.

Cavanagh explica en su texto curatorial: “Las imágenes captadas por diversos y talentosos fotógrafos argentinos no buscan únicamente subrayar la carencia, sino dar testimonio de una vida que, pese a las limitaciones materiales, se abre con creatividad, afecto y esperanza”.

El recorrido se enriquece con fotografías históricas de fines del siglo XIX y principios del XX, obra de pioneros como Esteban Gonnet, Benito Panunzi y Christiano Junior. Muchas de estas piezas provienen del Archivo General de la Nación y de medios como Caras y Caretas, que documentó huelgas, desalojos y la vida en los márgenes urbanos, marcando un hito en el fotoperiodismo argentino.

El tercer eje está representado por piezas de orfebrería de Juan Carlos Pallarols, entre las que sobresalen cálices que evocan la mesa compartida y la construcción de comunidad. Estas obras dialogan con la propuesta general de la muestra, que busca interpelar al visitante más allá de la mera contemplación estética.

En palabras de Verónica Parselis: “No se trata solo de contemplar objetos o fotografías, sino de dejarnos interpelar. Francisco nos recuerda que la cultura y la teología no pueden desentenderse de las periferias, porque allí también florece la esperanza”.

La exposición establece un vínculo con antecedentes como La Villa. Dignidad y Miseria (2011), organizada a pedido del entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Aquella muestra ya proponía “una reflexión visual sobre la vida en los barrios populares y asentamientos informales, reconociendo tanto sus carencias como su riqueza social, cultural y simbólica”.

El mensaje central de la muestra se sintetiza en las palabras del propio Francisco: “La dignidad de cada persona no se toca: se respeta, se custodia y se promueve”. El Papa también ha reflexionado sobre el papel de las periferias, afirmando: “Los pobres no sólo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella y nos enseñan otro modo de vivir”.

*Legado y Dignidad: un nosotros más grande, en l Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, Av. Alicia Moreau de Justo 1300, CABA. Desde el martes 16 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 2025, con acceso libre y gratuito.

La Universidad Católica Argentina (UCA) llevó adelante este martes el acto de denominación de su campus de Puerto Madero como “Papa Francisco”, en una ceremonia marcada por la presencia de altas autoridades eclesiásticas y académicas. La cita se realizó en la explanada del edificio Santa María y contó con la conducción de Mariano Yezze, periodista y padre de un alumno de la institución. El motivo central giró en torno al reconocimiento del legado y el vínculo del sumo pontífice argentino con la universidad, simbolizado en la nueva denominación de su sede principal.

En este homenaje participaron figuras destacadas de la Iglesia y la educación superior. El evento fue encabezado por el gran canciller y arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, junto al rector de la UCA, el doctor Miguel Ángel Schiavone. La presencia del nuncio apostólico en la Argentina, Mirosław Adamczyk, le otorgó al acto un carácter institucional y diplomático, reflejo de la importancia asignada desde la Santa Sede a la vida educativa local. La jornada fue seguida además por miembros de la comunidad universitaria, representantes de la vida religiosa nacional y familiares de estudiantes.

La decisión de poner el nombre de Papa Francisco al campus responde al profundo lazo histórico que une a la UCA con Jorge Mario Bergoglio. Desde la década de 1990, el entonces obispo auxiliar y luego arzobispo de Buenos Aires participó activamente en la historia edilicia de la sede. En 1994, Bergoglio inauguró el edificio Santo Tomás Moro y, hacia 1998, presidió la apertura de San Alberto Magno y Santa María de los Buenos Aires, ya en condición de gran canciller de la universidad. En 2008 bendijo personalmente el último de los grandes edificios del campus, el San José, dejando una huella indeleble en la historia institucional.

La ceremonia de este martes se distinguió también por la riqueza artística de su apertura. La interpretación de fragmentos de la “Misa criolla”, obra compuesta en 1964 por Ariel Ramírez, estuvo a cargo de los vocalistas Santiago Feu y Laura Munizaga, quienes recrearon el “Gloria” y el “Credo” con estilos de carnavalito y chacarera, respectivamente. Acompañó la presentación el coro de la UCA bajo la dirección de Eduardo Pugliese, decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales, en un gesto que subrayó la integración de la vida académica, espiritual y cultural.

La ceremonia incluyó saludos enviados por personalidades estrechamente vinculadas con el papa fallecido. José Tolentino de Mendonça, cardenal prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación y doctor honoris causa de la UCA, compartió un mensaje en el que reflexionó: “Cada día estamos llamados a convertirnos en una ‘caricia de Dios’ para aquellos que tal vez han olvidado las primeras caricias, que tal vez jamás en su vida han sentido una caricia”.

También se leyó una carta del cardenal y rector emérito de la UCA, Víctor Manuel Fernández, en la que destacó: “Es un homenaje debido. Cada día, la figura del Papa Francisco se agiganta más. Lo descubro gracias a personas importantes de todo el mundo que pasan por Roma y hablan de su aporte a la humanidad entera”.

Posteriormente, se proyectó un video homenaje con testimonios de directivos, profesores y colaboradores, quienes compartieron anécdotas y reflexiones sobre la relación de la universidad con Francisco y su papado. Este segmento buscó retratar la influencia y el aprecio transversal del ex pontífice en el seno de la comunidad educativa.

Durante su discurso, monseñor García Cuerva explicó los motivos de la elección del nombre: “¿Por qué un Campus Papa Francisco? Porque queremos que su nombre y su imagen nos recuerden cotidianamente que tenemos que concretar su magisterio. Porque queremos homenajear su vida como lo hace el mundo. Queremos agradecer todo lo que hizo por la Universidad. En la UCA queremos ser un faro en la sociedad argentina”. Añadió, finalmente: “Queremos ser una Universidad que anuncie el Evangelio, el mejor tesoro que tenemos para compartir”.

En esa línea, se anunciaron dos innovaciones para la vida universitaria. Primero, la creación de la Cátedra Papa Francisco, bajo la dirección de Fabián Báez, capellán de la UCA, pensada como un espacio académico y pastoral dedicado a la sistematización y proyección del magisterio de Francisco, con abordaje desde las ciencias sociales, la filosofía y la teología. En segundo lugar, el lanzamiento de las Becas Papa Francisco, destinadas a jóvenes estudiantes en situación de vulnerabilidad, para garantizar la integración y el acceso a una educación de calidad orientada por los valores de la institución.

Al finalizar su intervención, García Cuerva expresó: “Parece que el Papa ha viajado a la Argentina, ha sido su último viaje”. A continuación, se realizó el descubrimiento de la nueva placa identificatoria del Campus Papa Francisco en el edificio Santa María, junto al cuadro del pontífice que presidió la Sala de Consejos durante su papado.

En este acto participaron, además de las autoridades eclesiásticas y académicas, los colaboradores Ariel Moltedo y Beatriz Zanchetti, el docente Pablo Corona, la investigadora Lina Grasso y los alumnos Juan Manuel Ríos y Lourdes Nahiara Luna, en representación de la comunidad universitaria.

El evento concluyó con la bendición impartida por García Cuerva. De manera simultánea, la transmisión llegó a las sedes de Mendoza, Paraná y Rosario, consolidando el alcance federal de la ceremonia. Los asistentes fueron finalmente invitados a recorrer la exposición “Legado y dignidad” en el Pabellón de las Bellas Artes, curada por Cecilia Cavanagh y Verónica Parselis, con piezas que incluyen una muestra de la donación recibida de Francisco, fotografías de vida en barrios populares y piezas de orfebrería religiosa de Juan Carlos Pallarols.

Héctor Panizza nació en Buenos Aires el 12 de agosto de 1875. Para el pequeño Héctor, la música, siendo hijo de Giovanni Grazioso Panizza, chelista lombardo solista, era una herencia espiritual y una cuestión de sangre. Su talento y conexión natural con el arte desbordaron su hogar de infancia y se perfeccionaron en el Conservatorio de la ciudad de Buenos Aires y en el de Milán.

Con su debut en Roma en 1897, comenzó una peregrinación por los templos más importantes de la música a nivel mundial. La Scala de Milán, el Covent Garden de Londres y el Metropolitan Opera de Nueva York fueron algunos de los emblemáticos escenarios donde Panizza logró unir el cielo con la tierra. Sin embargo, fue en el Teatro Colón de Buenos Aires donde su obra fue canonizada, marcando para siempre el corazón del pueblo argentino.

En 1908, Héctor Panizza presentó en el Teatro Colón lo que se consideraría la primera ópera argentina: Aurora.

El tenor Amadeo Bassi interpretó el papel principal. Para el libreto, Panizza se asoció con Luigi Illica, conocido por su colaboración con Giacomo Puccini. El libreto, dividido en tres actos, estaba originalmente en italiano y contaba una historia dramática de amor en el contexto de la Revolución de Mayo. En 1943, Aurora fue traducida al español y en 1945 volvió a estrenarse en el Teatro Colón con el libreto en castellano. Posteriormente, mediante un decreto del gobierno nacional, se estableció oficialmente el aria de Aurora como “saludo a la bandera”. Desde entonces, los corazones de los niños argentinos reciben las semillas de la patria a través de las melodías que acompañan el texto que reza: “Es la bandera de la patria mía…”

Héctor Panizza, fue además protagonista, junto a Arturo Toscanini, de la reforma y creación del organismo autónomo del Teatro alla Scala de Milán. Formó y seleccionó a ilustres músicos y maestros que contribuyeron a la cultura en Italia a mediados del siglo XX. Entre 1908 y 1955 realizó cerca de 600 funciones en el Teatro Colón. Creó la Orquesta Filarmónica de ese teatro y motivó a los músicos del Colón a salir de gira por distintos lugares de la República Argentina.

El regreso de Aurora

En 2017 se presentó el libro Alta en el cielo, escrito por Sebastiano De Filippi y Daniel Varacalli Costas, un trabajo serio y bien documentado sobre la vida y obra de Héctor Panizza. Los autores señalaban, no sin algo de vergüenza ajena, que hasta ese momento no había ningún libro que contara la vida y analizara la obra de uno de los más grandes compositores de ópera y directores de orquesta de nuestra nación.

Durante 2024, bajo la dirección musical de Ulises Maino y la dirección de escena de Betty Gambartes, Aurora volvió al Colón. Esta ópera es, de algún modo, el bote salvavidas que garantiza que el legado del genio de la música argentina no naufrague en los mares de la historia. Pero Héctor Panizza es más que Aurora.

Durante agosto de 2025, entre discretos homenajes y presentaciones, un joven director de orquesta mendocino, llamado Juan Ignacio Miranda y apasionado de Héctor Panizza, dará una conferencia en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires para los alumnos de la cátedra de dirección orquestal el miércoles 20 a las 10:00 AM.

El joven maestro Miranda, vinculado a los maestros Riccardo Muti y Roberto Abbado, es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y del Conservatorio G. B. Martini de Bolonia, Italia, donde reside actualmente. En estos días, realiza un breve paso por Argentina, debido a una invitación que le hizo el Teatro Independencia de Mendoza para dirigir su orquesta filarmónica en el marco de la celebración de los cien años de dicho teatro.

Miranda ha estudiado e investigado exhaustivamente la obra de Héctor Panizza, en particular la ópera Medioevo Latino. El joven músico se pregunta: ¿puede Héctor Panizza ser olvidado o erosionado por el tiempo? ¿Es posible haber oído hablar tan poco sobre él durante los años de mi formación y actividad en Argentina e Italia? Miranda expresa el deseo de volver a poner en valor la obra de Panizza, involucrando a agentes musicales y culturales para abordar la recuperación de una obra que, en su opinión, debe ser rescatada y devuelta al patrimonio musical. Ciertamente no es una tarea sencilla, pero es necesaria para nosotros, promotores e intérpretes.

Esperemos que el tiempo pueda concretar este deseo y que las futuras generaciones puedan reconocer el legado de otro argentino que, a nivel mundial, supo dejar nuestra bandera “alta en el cielo…”

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes en el país atravesó inseguridad alimentaria en 2024, y el 16,5% experimentó su forma más severa.

Este dato refleja una crisis en crecimiento que no solo afecta la salud y la calidad de vida de los menores, sino que también pone en riesgo su desarrollo.

El estudio, que se basa en datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) durante el período 2010-2024, revela una tendencia sostenida al alza, con picos alarmantes en los años 2018, 2020 y 2024.

Tal como ha divulgado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la inseguridad alimentaria tiene que ver con la falta de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable.

En el país, esta situación se ve agravada por factores estructurales como la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo, que continúan marcando la desigualdad social.

Uno de los principales hallazgos del informe llamado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, publicado por las autoras Ianina Tuñón y Valentina González Sisto, es que la inseguridad alimentaria afecta principalmente a los hogares más vulnerables, aquellos con jefes o jefas de hogar con empleos precarios, familias monoparentales y hogares numerosos.

De acuerdo con el documento, aproximadamente 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes en Argentina enfrentan dificultades en cuanto a su acceso a los alimentos, y una parte significativa de ellos lo hace en condiciones severas.

El impacto de la inseguridad alimentaria en los infantes es profundo y afecta su bienestar general. No solo se trata de una carencia de alimentos, sino también de una falta de nutrientes esenciales que son cruciales para el desarrollo físico y cerebral durante los primeros años de vida.

Según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desnutrición, derivada de la inseguridad alimentaria, es uno de los factores clave que contribuye a los problemas cognitivos en los niños, afectando su memoria, su capacidad de aprendizaje y su rendimiento académico.

Además, el hambre crónica puede tener efectos a largo plazo, ya que puede provocar un aumento en el riesgo de enfermedades como la diabetes, las afecciones cardíacas y el sobrepeso.

El informe también hace hincapié en que, si bien hubo políticas públicas que han tenido un impacto protector en contextos críticos, estos esfuerzos son limitados frente a los factores estructurales persistentes que afectan a los hogares más vulnerables.

A su vez, aunque las transferencias sociales han ayudado a mitigar el impacto de la inseguridad alimentaria en ciertas familias, el desempleo, la inestabilidad laboral y la pobreza siguen siendo los principales factores que mantienen a millones de niños en una situación de vulnerabilidad constante.

El documento también examina la problemática según la región. El Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA) muestra mayores niveles de inseguridad alimentaria que el interior, especialmente a partir de 2017. En contextos de crisis, esta condición tiende a aumentar más en el AMBA, aunque hacia 2024 ambas regiones presentan niveles similares debido a un incremento en el interior del país.

La desigualdad estructural y sus consecuencias en el aprendizaje

La relación entre la asistencia escolar y la inseguridad alimentaria también es abordada. Los niños, niñas y adolescentes en hogares con al menos un menor con déficit educativo presentan niveles sistemáticamente más elevados de inseguridad alimentaria.

“La permanencia escolar opera como un factor de protección frente al agravamiento de la inseguridad alimentaria”, sostiene el informe, que subraya la importancia de garantizar el derecho a la educación como vía para fortalecer el derecho a la alimentación.

El estudio utiliza modelos de regresión lineal y análisis de panel para identificar los factores asociados a la inseguridad alimentaria y su evolución en distintos contextos. Los resultados muestran que los factores socioeconómicos, como el estrato social, la condición de empleo del jefe o jefa y el ingreso del hogar, presentan un patrón estable de asociación con la inseguridad alimentaria. En contraste, los factores sociodemográficos, como el tipo y tamaño del hogar, varían según el período analizado.

El análisis de panel para el período 2022-2024 permite observar la dinámica intra-hogar e intra-niño. “Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes atravesaron inseguridad alimentaria en al menos un año entre 2022 y 2024. El 14,8% sufrió inseguridad alimentaria crónica y otro 9,2% empeoró”, detalla el texto. Solo el 44,5% se mantuvo libre de inseguridad alimentaria durante los tres años. Las transiciones negativas son más comunes en casas con desocupación o empleo informal, mientras que aquellos con trabajo estable tienden a conservar una situación alimentaria más segura.

“Los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza registran, de manera sistemática, niveles significativamente más altos de inseguridad alimentaria”, detalla el informe.

Los picos de inseguridad alimentaria fueron del 43% en 2019, 49% en 2020 y 51% en 2024 en casas con trabajadores en condiciones de subempleo o desempleo.

Propuestas para mitigar la inseguridad alimentaria infantil

El trabajo subraya la necesidad de políticas públicas integrales que aborden tanto las causas estructurales como las crisis coyunturales que agravan la inseguridad alimentaria. “Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas integrales que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, afirman las autoras.

Entre las propuestas se destaca el fortalecimiento de la inclusión laboral y la revalorización de los programas de transferencia de ingresos, que han demostrado ser útiles para mitigar la inseguridad alimentaria en contextos críticos.

Sin embargo, también se sugiere avanzar hacia sistemas de protección social más integrales y con un enfoque territorial y federal, que prioricen a los hogares más vulnerables.

Otra de las recomendaciones clave es reforzar el rol de la escuela como espacio de contención, garantizando que todos los niños, independientemente de su situación económica, tengan acceso a una alimentación adecuada y a una educación de calidad.

El colegio no solo es un lugar de aprendizaje, sino también un espacio donde los chicos pueden recibir el apoyo necesario para su desarrollo físico y mental.

El informe de González Sisto y Tuñón, coordinado por Agustín Salvia, concluye que la inseguridad alimentaria en la infancia argentina combina desigualdades estructurales persistentes con shocks coyunturales que las agravan.

El informe deja en claro que, si bien la inseguridad alimentaria es un problema estructural, los esfuerzos para cambiar la situación pueden ser efectivos si se implementan medidas adecuadas y se priorizan los sectores más vulnerables.

El Anuario de Competitividad Mundial elaborado por el International Institute for Management Development (IMD) volvió a medir el rendimiento de las principales economías globales en un contexto atravesado por volatilidad cambiaria, presiones inflacionarias y tensión geopolítica persistente.

El estudio analiza la capacidad de los países para generar condiciones favorables a la inversión, el crecimiento y la innovación, evaluando factores vinculados al funcionamiento del Estado, el dinamismo del sector privado y la calidad de la infraestructura. En ese escenario, Argentina mostró una mejora respecto a la edición anterior, impulsada por indicadores empresariales y ciertos avances en el frente fiscal.

En términos concretos, el país escaló cuatro posiciones en el ranking global 2025 del IMD y se ubicó en el puesto número 62 sobre un total de 69 economías evaluadas. La suba estuvo vinculada principalmente al mejor desempeño en el pilar de eficiencia empresarial, mientras que los indicadores relacionados con la gestión estatal y la infraestructura mantuvieron desafíos significativos.

El análisis se apoyó en datos estadísticos de organismos públicos y privados y en una encuesta a más de 6.000 ejecutivos de los países relevados. En el caso argentino, la recolección y procesamiento de información estuvo a cargo del Instituto E. Shaw de Estudios Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Este año, el ranking reflejó un contexto de alta volatilidad cambiaria y fragmentación, donde las economías más exitosas fueron aquellas que lograron combinar instituciones sólidas con capacidad de adaptación en medio de conflictos geopolíticos y un crecimiento global moderado.

El top 5 del ranking lo integraron Suiza, Singapur, Hong Kong SAR, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos. En el otro extremo, Venezuela se ubicó en la última posición. Dentro de América Latina, Chile encabezó la región en el puesto 42, mientras que la Argentina mejoró su ubicación respecto a 2024.

Desempeño Económico

En el pilar de desempeño económico, Argentina descendió dos posiciones y se ubicó en el puesto 64. La caída se explicó en parte por un descenso en los sub-factores de Precios (68), asociado a altos costos internos, y Economía Doméstica (64). Sin embargo, el país mostró avances significativos en Inversión Internacional (40), Empleo (21) y Comercio Internacional (54), con ascensos de 14, 13 y 10 puestos, respectivamente.

Los indicadores individuales señalaron como fortalezas el crecimiento a largo plazo del empleo (9), la baja amenaza de relocalización de empresas (11), y los flujos de inversión directa entrante (15). Por el contrario, las debilidades estructurales se evidenciaron en la inflación de precios al consumidor (69), la relación comercio/PIB (67), y la formación bruta de capital fijo - crecimiento real (66).

Eficiencia Gubernamental

En eficiencia gubernamental, Argentina se mantuvo en el puesto 67, reflejando serias limitaciones estructurales. Dentro de los sub-factores, Legislación Empresarial (68) y Marco Institucional (67) retrocedieron, mientras que Marco Societario (53) y Finanzas Públicas (43) mostraron mejoras. Esta última subió 22 posiciones, destacándose como uno de los avances más relevantes.

Entre los indicadores más destacados, se encontraron Leyes de Inmigración (3), sesgo político de los medios (8) y el superávit/déficit del presupuesto público (11). Sin embargo, las principales debilidades continuaron siendo los subsidios (68), la situación de los mercados de capital (68), las regulaciones laborales (68), y los impuestos personales reales (68).

Eficiencia Empresarial

El pilar de eficiencia empresarial fue el que más contribuyó al ascenso general de Argentina en el ranking, con un salto de ocho posiciones hasta el puesto 58. Este desempeño se explicó por mejoras en todos los sub-factores: Mercado Laboral (46) y Prácticas de Administración (50) subieron ocho posiciones cada uno, Productividad y Eficiencia (54) aumentó seis, y Finanzas (65) subió una.

Los datos mostraron que Argentina ocupó el primer lugar mundial en el indicador “miedo al fracaso como obstáculo al emprendimiento”, y el segundo en acceso a servicios financieros según género. También se destacó en remuneración de la gerencia (4) y actividad empresarial naciente (6). Entre las debilidades, sobresalieron los bajos puntajes en crédito (68), servicios bancarios y financieros (68), capitalización del mercado de valores (67) y capital riesgo (67).

Infraestructura: progreso moderado

En el ámbito de infraestructura, Argentina subió dos lugares en el ranking. A nivel de sub-factores, mejoró en Salud y Medioambiente (48), Infraestructura Tecnológica (59) e Infraestructura Básica (56). Solo Infraestructura Científica (58) retrocedió, mientras que Educación (47) no mostró cambios.

Entre las fortalezas, el país se ubicó en el primer puesto en costos de telefonía móvil, y mostró buenos desempeños en exportaciones de servicios TIC (15), gasto total en salud (18), asistencia médica (19), matriculación en secundaria (20) y acuerdos medioambientales (23).

Las principales debilidades se reflejaron en indicadores como tecnología de comunicación (67), inversión en telecomunicaciones (65), legislación sobre investigación científica (65), financiamiento para el desarrollo tecnológico (65) y desarrollo sostenible (65).

América Latina en el ranking

En el contexto regional, todos los países latinoamericanos quedaron en la mitad inferior del ranking. Chile (42) se mantuvo como el mejor posicionado. Venezuela (69) cerró el listado global. El informe incluyó por primera vez a Omán, Namibia y Kenia, lo que incrementó a 69 el número de países evaluados. En esta edición, Israel no fue incluido.

Los cambios en la conformación del top 10 reflejaron una dinámica global con movimientos significativos: Hong Kong SAR subió del quinto al tercer lugar, Emiratos Árabes Unidos ascendió dos posiciones hasta el quinto lugar, y Taiwán (6), Irlanda (7), Suecia (8), Qatar (9) y Países Bajos (10) completaron la lista. Singapur descendió al segundo puesto debido a una leve caída en eficiencia empresarial e infraestructura.

La Universidad de Buenos Aires es la única universidad de América Latina que figura entre las 100 mejores del mundo, según los resultados del ranking internacional de Quacquarelli Symonds (QS), publicado este miércoles. La UBA ocupa el puesto 84° a nivel global: cayó 13 lugares con respecto al año pasado. Desde la universidad atribuyeron ese descenso a los problemas de financiamiento, y particularmente al impacto de los recortes en investigación.

Entre las argentinas, detrás de la UBA quedó la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que subió 76 posiciones y quedó en el puesto 458. El tercer lugar fue para la Universidad Católica Argentina (UCA), que se posicionó como la mejor universidad privada del país y quedó en el puesto 517 (cayó 36 posiciones).

El top 5 nacional en el ranking QS se completa con la Universidad Austral (puesto 519) y la Universidad de Palermo (en el rango 771-780). Entre las primeras 1000 universidades del mundo también figuran la Nacional de Córdoba (UNC), en el rango 851-900; la de Belgrano (UB) y la Torcuato Di Tella (UTDT), ambas en los puestos 951-1000.

Luego aparece la UADE, que este año ingresó por primera vez a la lista en el rango 1001-1200, donde también se ubican las universidades de San Andrés (UdeSA) y Rosario (UNR). La marca distintiva del ranking QS es que el 45% de la clasificación se basa en encuestas de reputación entre académicos y empleadores.

Otras tres universidades latinoamericanas solían figurar en el top 100 global, pero quedaron afuera en esta edición: son la Universidade de São Paulo (USP), la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La Universidad de Buenos Aires se ha convertido en la única representante de América Latina entre las 100 mejores universidades del mundo. Esto subraya la duradera reputación de la UBA como la principal institución de Argentina, altamente valorada tanto por los empleadores internacionales como por los académicos”, señaló el vicepresidente senior de QS, Ben Sowter.

En el comunicado oficial, el responsable de QS señaló algunos desafíos críticos: “Las universidades públicas argentinas se enfrentan a crecientes presiones en materia de financiación, cambios en las necesidades de la sociedad y resultados desiguales de los estudiantes, lo que suscita un debate sobre el futuro de su sistema de enseñanza superior”.

“La resistencia de la UBA en las clasificaciones mundiales demuestra la capacidad de Argentina para competir al más alto nivel, pero para que el sector de la enseñanza superior revierta su tendencia a la baja será necesario abordar las deficiencias estructurales”, consideró Sowter.

En total hay 18 instituciones argentinas –11 públicas y 7 privadas– en el ranking QS, que evaluó a más de 1500 universidades de 106 países. En la región, el país con más universidades clasificadas es Brasil (24), seguido de México (22) y Chile (20). Por debajo de Argentina figura Colombia, con 13 instituciones en el ranking. A nivel global, el país más representado es Estados Unidos, con 192 instituciones, seguido del Reino Unido, con 90.

A nivel global, el primer puesto lo ocupa el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que lleva 14 años consecutivos en la cima. Luego sigue el Imperial College de Londres y, en tercer lugar, la Universidad de Stanford. En 4° lugar queda Oxford, seguida por Harvard (5°). El top 10 mundial se completa con Cambridge (6°), la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (7°), la Universidad Nacional de Singapur (8°), el University College de Londres (9°) y el Instituto Tecnológico de California (10°).

Los indicadores clave

A diferencia de otros rankings universitarios, el QS pondera en primer lugar la reputación académica (30%) y la reputación entre empleadores (15%), junto con el impacto de la investigación medido por citas por profesor (20%). También valora la proporción de profesores por alumno (10%) y el grado de internacionalización de la matrícula de estudiantes (5%), de los profesores (5%) y de la investigación (5%). El índice se completa con la empleabilidad (5%) y la sostenibilidad (5%).

En Argentina, la UBA lidera en 6 de los 9 indicadores. Se destacó por la reputación entre académicos y empleadores, pero sobre todo por los “resultados de empleo”: en ese indicador ocupó el puesto 12 global, “lo que sugiere que produce graduados altamente cualificados y preparados para el trabajo”, indicó el comunicado de QS.

Aunque se mantiene en la cima a nivel nacional y regional, desde la universidad atribuyeron la caída en el ranking QS –del puesto 71 al 84– a los recortes en el presupuesto educativo nacional. “Las universidades públicas, y en particular la Universidad de Buenos Aires, atraviesan una crítica situación de desfinanciamiento, que afecta especialmente al área de investigación científica y que impacta directamente en el resultado obtenido”, señaló la institución en un comunicado.

Desde la UBA explicaron que las universidades argentinas “experimentaron la caída más pronunciada en la categoría citas por profesor, consecuencia directa de la falta de publicación de trabajos en el exterior”, y denunciaron una vez más “la política de desfinanciamiento de la ciencia en el ámbito universitario”.

La UCA volvió a posicionarse como la mejor universidad privada del país y se ubicó primera en el indicador de ratio de profesores por alumno. “Nuestra propuesta se basa en poner al alumno en el centro de la escena para brindarle una formación inspirada en el humanismo cristiano que abarca todas las dimensiones de la persona: pensar, sentir y hacer para el bien común de la sociedad”, sostuvo el rector, Miguel Ángel Schiavone.

La Universidad de San Andrés se destacó en el indicador de citas por profesor. La Universidad Austral, en tanto, fue una de las pocas que mejoró su posición con respecto a la edición anterior: subió 5 puestos, del 524 al 519. “Que nuestra universidad sea ubicada de forma constante desde hace años entre las instituciones más destacadas de la región es un gran reconocimiento por parte de los empleadores y la comunidad académica”, señaló Julián Rodríguez, rector de la institución. Y resaltó la necesidad de “consolidar un ecosistema competitivo junto con las empresas y la sociedad en su conjunto”.

La Universidad de Palermo (UP) encabezó el indicador referido a la proporción de estudiantes internacionales, algo muy valorado por la mayoría de los rankings. “La educación superior atraviesa un cambio de paradigma. La inteligencia artificial, la evolución del trabajo y las nuevas demandas generacionales están reformulando nuestras prácticas. Ya no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de revisar el rol de la universidad y la experiencia que proponemos a nuestros estudiantes”, consideró Matías Popovsky, vicerrector de la UP.

Resultados dispares

Esta semana, el ranking de Times Higher Education (THE) había arrojado resultados muy diferentes para las universidades argentinas. Esa medición evaluó a las universidades en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a partir de indicadores referidos a cuatro áreas principales: investigación, gestión responsable, divulgación y docencia.

En este ranking, la institución argentina mejor posicionada fue la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en el rango 301-400. Luego figuran las universidades nacionales del Litoral (UNL), de Rosario (UNR) y de Cuyo (UNCuyo). Estas cuatro universidades públicas son las únicas que figuran en los tres rankings universitarios difundidos este mes: el QS, el THE y el CWUR.

Hay varias instituciones argentinas –entre ellas, la UBA– que no participan de la medición de Times Higher Education. Según explicaron desde THE, el ranking “opera de forma voluntaria”. Para figurar en la lista, “cada universidad clasificada tiene que registrarse activamente para compartir y aprobar datos institucionales básicos”, dijeron desde THE a Infobae.

Este mes también se conocieron los resultados del ranking global CWUR, que se diferencia de QS porque les otorga más peso a los indicadores referidos a investigación (40%), complementados con la calidad de la educación (25%), la empleabilidad (25%) y la calidad de los profesores (10%). En este ranking, la UBA también figura como la mejor del país, pero queda en el puesto 409 a nivel global y quinta en América Latina. Aquí solo clasificaron 7 universidades argentinas, todas públicas, y no hubo instituciones de América Latina en el top 100.

El otro ranking global de referencia es el Academic Ranking of World Universities (ARWU), también conocido como el ranking de Shanghái. Aquí también tiene un peso fundamental la investigación, medida a partir del número de exalumnos y docentes que ganaron premios Nobel, la cantidad de investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate y el número de artículos publicados en revistas como Nature y Science, entre otros factores. En la última edición, de 2024, solo había dos instituciones argentinas entre las 1000 mejores: la UBA (en el rango 201-300) y la Universidad Nacional de Córdoba (801-900).

“Para hacer investigación se necesita contar con un gran presupuesto, y no solo para las ciencias duras o médicas, en las que es fundamental contar con buenos laboratorios y tecnología de punta. Parte del presupuesto para hacer investigación se invierte en recursos humanos de dedicación exclusiva. Pero son caros, por eso en las universidades argentinas predominan los docentes de dedicación simple”, señaló Marcelo Rabossi, doctor en Educación, profesor e investigador en la Universidad Di Tella, a Infobae.

Según explicó Rabossi, las universidades que encabezan los rankings suelen tener entre el 75% y el 90% de docentes de dedicación exclusiva. En la Argentina, en promedio es solo el 10%. Otra diferencia significativa que impacta en los indicadores de “calidad docente” es que las universidades de Estados Unidos y el Reino Unido tienen un promedio de 50% de profesores con doctorado, mientras que para el sistema argentino esa proporción es inferior al 15%.

Si se toma el caso de Harvard, que encabeza los rankings CWUR y ARWU y figura en el puesto 5 en QS, la diferencia de financiamiento con respecto a las instituciones argentinas es monumental. “Anualmente Harvard invierte unos 6.000 millones de dólares: un monto equivalente al total del presupuesto de las 56 universidades nacionales argentinas, incluidos los fondos que ellas mismas generan. El tipo de investigación que valoran estos rankings es realmente muy caro y de allí nuestro problema”, sostuvo Rabossi. Y subrayó: “Cuanto menos se invierta, menor será nuestra relevancia, sobre todo si comparamos el esfuerzo y los fondos que invierten los países desarrollados”.

“A 10 años de Laudato si’: de la ecología integral a la Inteligencia Artificial”. Ese es el tema de la jornada que organizan la Universidad Católica Argentina (UCA), la Pontificia Academia para la Vida y la Fundación Memorial Papa Francisco, este miércoles 21 de mayo, desde las 17 horas, con motivo de cumplirse una década de la publicación de la Encíclica.

Del evento, que tiene lugar en el Auditorio San Agustín de la UCA (Edificio Santa María, Alicia M. de Justo 1300), participan el presidente de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, monseñor Vincenzo Paglia, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, especialista en derecho ambiental, y monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires.

La entrada a esta actividad es gratuita pero con inscripción previa.

Durante la jornada se desarrollan dos paneles [Ver el programa detallado al pie de esta nota]: uno lleva por título “La ecología integral - Diálogo interreligioso y compromiso climático: la vigencia y el mandato de Laudato si’”, y el otro, “Inteligencia Artificial: ¿Amenaza u oportunidad para un futuro sostenible?”

El cierre de la jornada estará a cargo de Ricardo Lorenzetti, Monseñor Vincenzo Paglia y el arzobispo Jorge García Cuerva.

El título de la Encíclica, Laudato Sii (Alabado Seas), fue tomado de la oración de San Francisco de Asís, “Alabado seas, mi Señor”, y el subtítulo resume el llamado de Francisco a “cuidar la casa común”.

Sin embargo, Francisco rechazaba la etiqueta “verde” para Laudato Si: “No es una ‘encíclica verde’. Es una encíclica social. Va hacia lo social. Expresa la indisoluble relación entre el cuidado del ambiente y la justicia social. Porque todo ‘está conectado’”.

El texto tuvo gran impacto, no dejó indiferente a casi nadie.

En el año 2017, el diario financiero francés Les Echos –de orientación liberal- entrevistó a unos 200 líderes del ámbito político y económico de Francia para saber cuáles eran sus textos de cabecera. “En un mundo inestable, imprevisible y complejo, ¿qué libros pueden ayudarnos a comprender y a actuar?”, fue la pregunta formulada a estos representantes de la elite francesa, entre los que se encontraban altos funcionarios (como el entonces ministro de Economía, Emmanuel Macron), legisladores, CEOs e intelectuales.

La sorpresa de la encuesta fue la presencia de la encíclica papal Laudato Si’ entre los libros que los encuestados declararon leer porque los inspiraban al momento de tomar decisiones.

Entre los veinte títulos más citados había clásicos como El arte de la guerra de SunTzu o los Ensayos de Montaigne, obras de actualidad (sobre la revolución informática o la última crisis financiera, etc.), reediciones de autores consagrados (Primo Levy, Stefan Zweig), libros de historia y hasta una biografía de Elon Musk. La Encíclica papal se ubicaba en el 9° lugar.

Les Echos comentaba al respecto: “Un Papa argentino de 79 años critica vigorosamente el sistema económico actual y resulta ser uno de los autores más citados por el establishment francés. ¡Quién lo hubiera creído! [Laudato Si] ha marcado los espíritus. Un texto de 192 páginas en el cual el Papa llama a salvaguardar nuestra ‘casa común’. Fustiga nuestro modelo económico y social basado en el consumismo a ultranza, nuestra ‘cultura del descarte’. Habla de la deuda ecológica que el Norte tiene con el Sur, de la falta de acceso al agua potable, de la pérdida de biodiversidad”.

La nota de Les Echos decía que el deseo de Bergoglio era “instaurar una ‘ecología humana’, escuchar ‘tanto los gritos de la tierra como los de los hombres’”.

Esto es lo que marca la distancia entre el mensaje de esta encíclica y ciertas corrientes ambientalistas muy en boga que rápidamente derivan en una suerte de panteísmo que olvida la esencial dignidad de la persona humana. Ambientalismo y preservacionismo sólo pueden emanar de la conciencia del hombre que, en su superioridad, abarca la compasión hacia los animales, la preocupación por la preservación de los recursos y la responsabilidad de cuidar lo que es de todos.

“Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad; difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza”, escribió Francisco en Laudato Si’, apuntando precisamente a diferenciar el cuidado de la “Casa común” de los fundamentalismos ambientalistas que pretenden poner al ser humano en el mismo nivel que otras especies vivientes. Y en ocasiones incluso por debajo. “No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad”, sigue diciendo Francisco en la encíclica.

A pocas horas de publicada Laudato Si’, monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y actual titular de la Pastoral Social, decía a Infobae: “Hay dos corrientes, dos extremos: antropocentrismo y biocentrismo. El antropocentrismo dice que el hombre puede hacer lo que quiera en la naturaleza, talar montes, selvas, destruir el Amazonas; éste es un extremo. El otro es el biocentrismo que dice que con tal de cuidar la naturaleza no importa el hombre, entonces la vida concebida da igual que un microorganismo”.

También recordaba que Santo Tomás ya había propuesto “una jerarquía ontológica: después de Dios el primer ser en la naturaleza es el hombre, la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios” y Dios puso “al hombre como un administrador de la Creación; sabemos que tenemos que cuidar la naturaleza, que es el lugar que habitamos y donde tenemos que convivir”.

“El Papa está esperanzado en que juntos busquemos sistemas de producción que dañen cada vez menos a la naturaleza y a la persona humana”, decía también Lugones, que además de filósofo y licenciado en teología, es veterinario.

PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA EN LA UCA

Palabras de Bienvenida

Pbro. Gustavo Boquin, Vicerrector de Formación Integral de la UCA.

Pbro. Lic. Rubén Revello, Director del Instituto de Bioética de la UCA.

Panel 1: La ecología integral - Diálogo interreligioso y compromiso climático: la vigencia y el mandato de Laudato si’

Omar Abboud, Cofundador del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI).

Guillermo Marcó, Cofundador del IDI.

Daniel Goldman, Cofundador del IDI.

Nicole Becker, Jóvenes por el Clima.

Panel 2: Inteligencia Artificial: ¿Amenaza u oportunidad para un futuro sostenible?

Ana Clara Pérez Cotten, periodista y consultora.

Rebeca Hwang, Docente de Emprendimiento Tecnológico en la Universidad de Stanford.

Mariano Sigman, Neurocientífico.

Tomás Balmaceda, Doctor en Filosofía (UDESA-UBA)

Pbro. Máximo Jurcinovic, Director de la oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.

Cierre: Reflexiones finales y compromisos para la acción

Palabras del Papa Francisco sobre Ecología e Inteligencia Artificial. Producción Infobae.

Dr. Ricardo Lorenzetti, Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mons. Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia de la Vida.

Mons. Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller de la UCA.

Moderación: Paula Guardia Bourdin

En un significativo evento que subrayó el fortalecimiento de las relaciones entre el Vaticano y Argentina, así como el compromiso con el diálogo interreligioso, el rabino Fishel Szlajen fue distinguido con una medalla de plata y un diploma de honor al mérito en reconocimiento a sus avances en bioética. El homenaje fue realizado durante la visita del presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Monseñor Vincenzo Paglia.

Vincenzo Paglia, en su papel clave en la Academia, presenció la entrega de la distinción en el contexto de su conferencia magistral titulada Bioética y Cultura Contemporánea, celebrada en la Universidad Católica Argentina (UCA). La conferencia reunió a un amplio sector académico y religioso, con la participación de autoridades universitarias, decanos, directores, profesores y estudiantes, además de Rubén Revello, director del Instituto de Bioética de la UCA, quien tuvo a su cargo la moderación del evento.

La Santa Sede, bajo el liderazgo del Papa León XIV, enfatizó la importancia del entendimiento interreligioso como un pilar para abordar los desafíos contemporáneos. En este marco, se reconoció la trayectoria del rabino Szlajen, quien combinó aspectos de la tradición normativa y filosófica judía con los avances científicos actuales para promover el bien común. Monseñor Paglia destacó: “El rabino Szlajen ha sabido en sus investigaciones conjugar fidelidad a su tradición normativa y filosófica con un diálogo riguroso con la ciencia contemporánea”.

Este reconocimiento no solo resalta la influencia de Szlajen en bioética, sino también su impacto en la ética política, la educación, el derecho y la inteligencia artificial. Según destacaron durante la ceremonia, su labor resonó a nivel internacional, posicionándolo como una voz influyente y comprometida con el desarrollo de políticas y directrices que reflejan valores éticos universales.

El propio Szlajen expresó su gratitud y visión al declarar: “Esta distinción no es sólo un reconocimiento personal, sino un testimonio del valor que tiene el diálogo interreligioso cuando se transforma en producción académica para el bien común”. Sus palabras reflejaron un compromiso hacia un entendimiento mutuo que se transforma en acciones concretas al servicio de la humanidad.

En consonancia con los recientes esfuerzos del Papa León XIV, esta distinción fomenta el vínculo entre creencias religiosas y el saber científico, destacando la necesidad de respuestas interdisciplinarias para enfrentar los dilemas globales. Con su énfasis en la defensa de la ética, la verdad y las libertades, la contribución del Rabino Szlajen continúa cimentando un puente de cooperación entre diversas tradiciones en búsqueda del bien común.

En abril de este año, la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), considerada la más prestigiosa de las universidades privadas de Brasil, fue sede del 9° Coloquio Internacional de Bioética, Neuroética y Ética de la Inteligencia Artificial.

Entre las múltiples intervenciones, se destacó con especial fuerza la de Fishel Szlajen, uno de los bioeticistas más influyentes de Argentina, miembro de la Pontificia Academia para la Vida (Vaticano) y referente internacional en el diálogo entre ciencia, ética y religión. Su ponencia, titulada “IA y Transhumanismo: contribución de la sabiduría bíblica a la dignidad humana”, presentó una tesis desarrollada durante su estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, la cual publicó también en español en el journal “Vida y Ética” de la UCA, y en la que articula los fundamentos bíblicos con la bioética y la filosofía moral contemporánea para repensar el lugar del ser humano y resolver los desafíos de la era biotecnológica, la edición genética y la IA.

Szlajen advirtió sobre los riesgos del transhumanismo como forma extrema de optimización biotecnológica que, bajo una apariencia de racionalidad progresista, puede terminar por desdibujar los fundamentos mismos de la dignidad humana. Definió al transhumanismo como un “radicalizado utilitarismo operativo del bíblico precepto de mejora continua”, pero sin teleología y que omite lo constitutivo y específico del ser humano, proyectando un horizonte donde el homo sapiens sería reemplazado por un homo cyborg. En su enfoque, las tecnologías deben concebirse como herramientas subordinadas a una ética del cuidado, no como fines en sí mismos ni como vehículos de una pseudo-redención tecnocrática.

“A 10 años de Laudato si’: de la ecología integral a la Inteligencia Artificial” será el tema de la jornada que organizan la Universidad Católica Argentina (UCA), la Pontificia Academia para la Vida y la Fundación Memorial Papa Francisco, con motivo de cumplirse una década de la publicación de la Encíclica.

Del evento, que tendrá lugar el miércoles 21 de mayo a las 17 hs en el Auditorio San Agustín de la UCA (Edificio Santa María, Alicia M. de Justo 1300), participarán el presidente de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, monseñor Vincenzo Paglia, el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, especialista en derecho ambiental, y monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires.

La entrada a esta actividad es gratuita pero con inscripción previa.

Durante la jornada habrá dos paneles [Ver el programa detallado al pie de esta nota]: uno lleva por título “La ecología integral - Diálogo interreligioso y compromiso climático: la vigencia y el mandato de Laudato si’”, y el otro, “Inteligencia Artificial: ¿Amenaza u oportunidad para un futuro sostenible?”

El cierre de la jornada estará a cargo de Ricardo Lorenzetti, Monseñor Vincenzo Paglia y el arzobispo Jorge García Cuerva.

El título de la Encíclica, Laudato Sii (Alabado Seas), fue tomado de la oración de San Francisco de Asís, “Alabado seas, mi Señor”, y el subtítulo resume el llamado de Francisco a “cuidar la casa común”.

Sin embargo, Francisco rechazaba la etiqueta “verde” para Laudato Si: “No es una ‘encíclica verde’. Es una encíclica social. Va hacia lo social. Expresa la indisoluble relación entre el cuidado del ambiente y la justicia social. Porque todo ‘está conectado’”.

El texto tuvo gran impacto, no dejó indiferente a casi nadie.

En el año 2017, el diario financiero francés Les Echos –de orientación liberal- entrevistó a unos 200 líderes del ámbito político y económico de Francia para saber cuáles eran sus textos de cabecera. “En un mundo inestable, imprevisible y complejo, ¿qué libros pueden ayudarnos a comprender y a actuar?”, fue la pregunta formulada a estos representantes de la elite francesa, entre los que se encontraban altos funcionarios (como el entonces ministro de Economía, Emmanuel Macron), legisladores, CEOs e intelectuales.

La sorpresa de la encuesta fue la presencia de la encíclica papal Laudato Si’ entre los libros que los encuestados declararon leer porque los inspiraban al momento de tomar decisiones.

Entre los veinte títulos más citados había clásicos como El arte de la guerra de SunTzu o los Ensayos de Montaigne, obras de actualidad (sobre la revolución informática o la última crisis financiera, etc.), reediciones de autores consagrados (Primo Levy, Stefan Zweig), libros de historia y hasta una biografía de Elon Musk. La Encíclica papal se ubicaba en el 9° lugar.

Les Echos comentaba al respecto: “Un Papa argentino de 79 años critica vigorosamente el sistema económico actual y resulta ser uno de los autores más citados por el establishment francés. ¡Quién lo hubiera creído! [Laudato Si] ha marcado los espíritus. Un texto de 192 páginas en el cual el Papa llama a salvaguardar nuestra ‘casa común’. Fustiga nuestro modelo económico y social basado en el consumismo a ultranza, nuestra ‘cultura del descarte’. Habla de la deuda ecológica que el Norte tiene con el Sur, de la falta de acceso al agua potable, de la pérdida de biodiversidad”.

La nota de Les Echos decía que el deseo de Bergoglio era “instaurar una ‘ecología humana’, escuchar ‘tanto los gritos de la tierra como los de los hombres’”.

Esto es lo que marca la distancia entre el mensaje de esta encíclica y ciertas corrientes ambientalistas muy en boga que rápidamente derivan en una suerte de panteísmo que olvida la esencial dignidad de la persona humana. Ambientalismo y preservacionismo sólo pueden emanar de la conciencia del hombre que, en su superioridad, abarca la compasión hacia los animales, la preocupación por la preservación de los recursos y la responsabilidad de cuidar lo que es de todos.

“Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad; difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza”, escribió Francisco en Laudato Si’, apuntando precisamente a diferenciar el cuidado de la “Casa común” de los fundamentalismos ambientalistas que pretenden poner al ser humano en el mismo nivel que otras especies vivientes. Y en ocasiones incluso por debajo. “No puede exigirse al ser humano un compromiso con respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mismo tiempo sus capacidades peculiares de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad”, sigue diciendo Francisco en la encíclica.

A pocas horas de publicada Laudato Si’, monseñor Jorge Lugones, obispo de Lomas de Zamora y actual titular de la Pastoral Social, decía a Infobae: “Hay dos corrientes, dos extremos: antropocentrismo y biocentrismo. El antropocentrismo dice que el hombre puede hacer lo que quiera en la naturaleza, talar montes, selvas, destruir el Amazonas; éste es un extremo. El otro es el biocentrismo que dice que con tal de cuidar la naturaleza no importa el hombre, entonces la vida concebida da igual que un microorganismo”.

También recordaba que Santo Tomás ya había propuesto “una jerarquía ontológica: después de Dios el primer ser en la naturaleza es el hombre, la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios” y Dios puso “al hombre como un administrador de la Creación; sabemos que tenemos que cuidar la naturaleza, que es el lugar que habitamos y donde tenemos que convivir”.

“El Papa está esperanzado en que juntos busquemos sistemas de producción que dañen cada vez menos a la naturaleza y a la persona humana”, decía también Lugones, que además de filósofo y licenciado en teología, es veterinario.

PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA EN LA UCA

Palabras de Bienvenida

Pbro. Gustavo Boquin, Vicerrector de Formación Integral de la UCA.

Pbro. Lic. Rubén Revello, Director del Instituto de Bioética de la UCA.

Panel 1: La ecología integral - Diálogo interreligioso y compromiso climático: la vigencia y el mandato de Laudato si’

Omar Abboud, Cofundador del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI).

Guillermo Marcó, Cofundador del IDI.

Daniel Goldman, Cofundador del IDI.

Nicole Becker, Jóvenes por el Clima.

Panel 2: Inteligencia Artificial: ¿Amenaza u oportunidad para un futuro sostenible?

Ana Clara Pérez Cotten, periodista y consultora.

Rebeca Hwang, Docente de Emprendimiento Tecnológico en la Universidad de Stanford.

Mariano Sigman, Neurocientífico.

Tomás Balmaceda, Doctor en Filosofía (UDESA-UBA)

Pbro. Máximo Jurcinovic, Director de la oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.

Cierre: Reflexiones finales y compromisos para la acción

Palabras del Papa Francisco sobre Ecología e Inteligencia Artificial. Producción Infobae.

Dr. Ricardo Lorenzetti, Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mons. Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia de la Vida.

Mons. Jorge García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller de la UCA.

Moderación: Paula Guardia Bourdin

Según informó este viernes la Fiscalía General salvadoreña, el hecho ocurrió en 2019 "cuando la víctima le pidió (a Casanova Sánchez) terminar la relación" y "al no estar de acuerdo con ella, el sujeto la agredió física, verbalmente y la intentó asfixiar".

La Fiscalía relató que "luego del ataque, la mujer perdió el conocimiento y al recuperar la conciencia pidió ayuda", "vecinos y personas que se encontraban en la zona escucharon lo que sucedía y dieron aviso a las autoridades".

Indicó, sin precisar, que Casanova tenía un cargo diplomático en el país centroamericano y que se encontraba prófugo, tenía difusión roja de la Interpol y fue capturado en Perú.

Añadió que fiscales salvadoreños verificaron el proceso de extradición para que el hombre sea puesto a disposición del Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

Será procesado, agregó la Fiscalía, por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

Organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos han denunciado que la medida de régimen de excepción, implementada en el país contra las pandillas, no ha contribuido a disminuir la violencia contra las mujeres y, en contraposición, los homicidios contra ellas en sus círculos de confianza se han elevado, según han alertado.

De acuerdo con un informe del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), en 2019 se registraron 230 muertes violentas de mujeres, de los que 112 fueron por su condición de mujer, lo que supone feminicidio. EFE

" La descarbonización del transporte es uno de los principales desafíos del sector en Europa, donde las exigencias medioambientales y la transformación energética avanzan con rapidez. En este contexto, tecnologías como el GLP (gas licuado del petróleo), el GNV (gas natural vehicular), el biometano y el hidrógeno se perfilan como soluciones viables y estratégicas para reducir emisiones sin necesidad de sustituir por completo los vehículos actuales. Frente a este escenario, Multigrupo STAG se posiciona como una de las empresas más activas en facilitar la transición hacia una movilidad más limpia, accesible y sostenible.

Con más de 13 años de experiencia, Multigrupo STAG se ha consolidado como proveedor e instalador exclusivo en España de los sistemas AC STAG, una marca europea de referencia en soluciones de autogás de última generación. Su actividad se centra en convertir coche a GLP y otros combustibles alternativos, adaptando tanto vehículos particulares como maquinaria industrial, flotas logísticas y transporte pesado. La empresa opera bajo estrictas certificaciones nacionales e internacionales, incluyendo UCA, INTA, IDIADA, Applus+, ITS Polonia e ISO 9001:2015, que garantizan la calidad, fiabilidad y cumplimiento normativo de sus intervenciones.

Una red técnica especializada para todo el territorio nacionalLa compañía gestiona una red extensa de talleres homologados distribuidos por toda España, capaces de atender las necesidades técnicas de cada tipo de cliente, desde operadores urbanos hasta flotas privadas o maquinaria agrícola. Esta estructura permite ofrecer un servicio homogéneo, eficiente y certificado, con una propuesta basada en tecnología segura y homologada que permite reducir hasta un 80 % las emisiones de CO₂, optimizar costes operativos y acceder a ventajas como la etiqueta ECO o diversas subvenciones públicas.

Multigrupo STAG promueve además el Sello de Calidad e Innovación Sostenible ECOCONVERT, que distingue a aquellos talleres de su red que cumplen con altos estándares técnicos y medioambientales. Este distintivo refuerza su apuesta por una movilidad basada en el compromiso, la responsabilidad ambiental y la innovación tecnológica aplicada al transporte.

Participación destacada en Motortec Madrid 2025La empresa ha tenido una presencia activa en Motortec Madrid 2025, el evento más relevante del sector de la automoción en España. En esta edición, Multigrupo STAG presentó sus principales casos de éxito en la conversión de vehículos diésel a sistemas dual fuel (GLP/GNV), una tecnología que permite combinar el uso de gas con combustible convencional, mejorando el rendimiento y reduciendo el impacto ambiental de forma inmediata y escalable. Su propuesta generó un gran interés entre operadores logísticos y responsables de flotas tanto públicas como privadas, en un momento en el que las políticas ESG exigen resultados tangibles en la reducción de la huella de carbono.

Ante la presión regulatoria y los compromisos climáticos, la necesidad de soluciones eficaces se vuelve prioritaria. Multigrupo STAG ofrece una respuesta concreta a través de tecnología disponible, validada y adaptable a múltiples entornos, reafirmando así su papel como socio estratégico en la transformación energética del transporte profesional en España. La opción de convertir coche a GLP se consolida como una medida eficaz y rentable para avanzar hacia un modelo más limpio, sin renunciar a la eficiencia operativa ni asumir inversiones inasumibles para las empresas del sector.

Más información en autogasecologico.com

Contacto

Nombre del emisor: Multigrupo Stag

Descripción de contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com"

 AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.

(Corrige titular)

Cádiz (España), 28 ene (EFE).- El físico y químico danés Ole G. Mouritsen fue investido este martes doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz (UCA), sur de España, en un acto en el que fueron también reconocidas otras 57 personas como doctores.

En un comunicado, la UCA explica que el claustro a propuesta del Consejo de Direcció ratificó el pasado diciembre de 2024 la concesión del grado de doctor Honoris Causa a Ole G. Mouritsen, propuesta aprobada por el Consejo de Gobierno, según establece el artículo 232 de los Estatutos de la UCA y el artículo 4º del Reglamento que regula el procedimiento para la concesión del grado de doctorado honoris causa.

El danés, nacido en 1950, se suma al elenco de doctores honoris causa investidos por esta universidad, que, en sus más de cuatro décadas de historia, está integrado por 43 relevantes figuras del mundo de la ciencia, la filosofía, la literatura, la política o el arte.

En su lección de aceptación del nuevo doctorado, realizó un recorrido por su trayectoria profesional, ahondando en las diferentes líneas investigadoras que desarrolló y su trabajo, concretamente, en el ámbito de la gastrofísica, así como de su relación con la Universidad de Cádiz y su comunidad científica.

“Mi primera conexión con Cádiz fue a través de la pasión por las algas marinas como alimento, que comparto con muchos investigadores de la Facultad de Ciencias Marinas y Ambientales de la Universidad de Cádiz", detalló.

En sus estudios, paralelamente profundizó en el mundo gastronómico donde "el entusiasmo por la comida japonesa" le llevó a su primer libro de divulgación científica, en el que desarrolló un estilo que combina "ciencia, comunicación, cocina y arte culinario”.

"Una de mis fuerzas impulsoras y fuentes de inspiración durante este desarrollo fue la interacción diaria con estudiantes y jóvenes científicos, ayudándoles a desarrollar y explorar sus propios talentos individuales y perfeccionar constantemente mis habilidades en la comunicación de la investigación, de forma oral, en diversos medios, por escrito y, sobre todo, en libros de divulgación científica”, manifestó.

El profesor de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, José Lucas Pérez Lloréns, padrino de la ceremonia de investidura, pronunció la laudatio de Mouritsen, y destacó del nuevo doctor "sus valiosas contribuciones para comprender mejor "la relación entre la estructura, la textura, la sensación en boca (en inglés, mouthfeel) y el sabor de los alimentos".

En su discurso institucional, el rector de la Universidad de Cádiz animó a los nuevos doctores a continuar con la carrera investigadora y felicitó también al nuevo doctor, del que resaltó que su "visión y legado trascienden fronteras y disciplinas". EFE

pec/fs/icn

La Encuesta de Prácticas de Riesgo Adictivo (EPRA) 2024, la primera de su tipo en la Ciudad de Buenos Aires, ha revelado una realidad alarmante. Los datos recopilados son claros y contundentes: el consumo de sustancias, el uso excesivo de pantallas y las apuestas en línea se han convertido en prácticas cotidianas para miles de porteños, especialmente entre los jóvenes.

Este informe, realizado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en colaboración con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, reveló cómo estos comportamientos, que crecen de manera silenciosa, afectan cada vez a más personas en la ciudad. Las cifras de esta investigación trazan un diagnóstico preciso y alertan sobre la expansión de estos riesgos adictivos en la vida diaria de una población cada vez más vulnerable.

El relevamiento, realizado en un universo integrado por una población de 6 mil casos de personas de entre 18 y 75 años en hogares de CABA (400 casos por comuna), se llevó a cabo en alianza con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA y el prestigioso Observatorio de la Deuda Social Argentina (OSDA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Si bien las apuestas en línea y el consumo de sustancias siempre fueron temas de preocupación, el análisis de este estudio revela que el fenómeno se amplió y diversificó, con lo cual no impacta solo en los más jóvenes, sino en una gran parte de la población porteña.

“Hoy damos un paso importante. Por primera vez, contamos con un diagnóstico serio, profundo y representativo sobre las prácticas de riesgo adictivo en la Ciudad. Sabemos más y mejor qué pasa en cada comuna, en cada franja etaria, en cada realidad social. Y eso nos permite diseñar políticas públicas que no se basen en intuiciones ni buenas intenciones, sino en evidencia concreta”, señaló Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat.

En ese tono, Mraida agregó: “Frente a esto venimos trabajando y fortalecimos nuestra Red de Atención: tenemos 38 Centros Barriales donde se atienden más de 1.200 personas por mes, 5 centros ambulatorios especializados, y trabajamos junto a organizaciones sociales en 16 dispositivos de gestión asociada”.

Además del uso y abuso de distintas sustancias, uno de los puntos que aborda este trabajo es el uso de pantallas, pero también su abuso. Mientras las plataformas digitales se convierten en una herramienta indispensable, los números muestran que el exceso de horas frente a dispositivos móviles y computadoras brinda datos alarmantes. En particular, los más jóvenes son los más vulnerables, con un porcentaje que supera las cinco horas diarias de uso y pone sobre la mesa el impacto de este comportamiento en su bienestar.

En ese sentido, el trabajo señala que “nueve de cada diez adultos bebieron alcohol alguna vez en la vida y el 62% lo hizo en el último mes”, mientras que “la mitad de la población consumió tabaco alguna vez en la vida, y el 22% en el último mes”. Asimismo, el trabajo alerta sobre un “desconocimiento de la percepción del riesgo en el consumo semanal de cigarrillos electrónicos en el 20,5% de los encuestados”.

La buena noticia del diagnóstico en territorio porteño que dejó la EPRA es que permitirá orientar las políticas públicas de la Ciudad con un enfoque basado en la evidencia. Además, caracteriza las prácticas de riesgo adictivo, teniendo en cuenta los niveles de vulnerabilidad socioeconómica de la población de la ciudad.

Cifras del consumo

En lo que respecta a las sustancias, el informe alerta que “el 34% de las personas consumió marihuana alguna vez en la vida, y el 12% en el último mes”, al tiempo que “el 8% de los adultos consumió cocaína alguna vez en la vida, indicador que presenta cifras más altas en varones y en personas de 30 a 44 años”. Además, los ansiolíticos o tranquilizantes comienzan a ganar espacio, ya que “presentan la prevalencia de vida más alta (13%) y observan una incidencia del 2%, es decir la proporción de personas que empezaron a consumir en el último año, con relación a las que nunca consumieron”, siendo que “la prevalencia de vida de policonsumo (consumo de dos o más sustancias psicoactivas) fue del 61%, la prevalencia en los últimos 30 días fue de 26%”.

El uso de las pantallas se puso en el centro del debate, ya que “solo uno de cada diez jóvenes presenta un comportamiento libre de riesgo”. Además, el trabajo advirtió “un incremento de 3,4% de proporción de personas que iniciaron la práctica de apuestas en línea en el último año”. Así, “casi la mitad de la población que declaró haber apostado en línea el último año presenta un comportamiento de riesgo (16% riesgo moderado y 5% un riesgo alto)”. ¿Las razones? “Aproximadamente el 40% de los varones declara apostar en línea porque sus amigos también lo hacen, superando a las mujeres (25%). En cambio, el 17% de las mujeres manifiesta hacerlo para saldar deudas”.

El consumo de sustancias: un problema persistente

A pesar de la creciente preocupación por las adicciones digitales y las apuestas en línea, el consumo de sustancias se mantiene como una de las mayores preocupaciones en la ciudad. Según los datos de la encuesta, el 62% de los adultos en CABA consumieron alcohol en el último mes, y la prevalencia del consumo de tabaco también sigue siendo elevada.

Este comportamiento se observa principalmente entre los jóvenes, que consumen alcohol en cantidades peligrosas y con mayor frecuencia que las generaciones anteriores. De hecho, la tasa de consumo más alta de alcohol se encuentra en el grupo de 18 a 30 años, ya que un 69,6% de los encuestados informó haber bebido en el último mes.

En tanto, la prevalencia de consumo de alcohol en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindó datos alarmantes. Según el informe, el 90% de los adultos ha consumido alcohol alguna vez en su vida y el 62% reportó haberlo hecho en los últimos 12 meses. En tanto, en el último mes, la prevalencia es más destacada entre los jóvenes de 18 a 30 años, con un 69,6%.

Por su parte, el consumo de tabaco también se mantiene como un problema de salud pública. Aunque su prevalencia ha disminuido, persiste como un problema tangible entre los adultos de entre 31 y 44 años, que presentan las tasas más altas de consumo mensual. “La percepción de riesgo asociada al consumo de cigarrillos comunes es mayor que para los cigarrillos electrónicos”, con lo cual se evidencia una tendencia hacia el vapeo, pese a los riesgos asociados a esto último.

Para decirlo en cifras, el trabajo advierte que un 50% de la población adulta ha fumado alguna vez en la vida. Así, el 24% de éstos reportó haber consumido en los últimos 12 meses. En lo que se refiere al último mes, se mantiene en el 22%, con una mayor presencia entre los adultos de 31 a 44 años. “Este comportamiento es más común en los hombres, con una tasa del 23,1%, mientras las mujeres presentan un 20,7% de prevalencia mensual de consumo”, afirmaron los autores del documento.

En cuanto a la marihuana, ha ganado terreno en la Ciudad de Buenos Aires, se alertó el trabajo. El 34% de los adultos ha consumido alguna vez en la vida, teniendo en cuenta que la prevalencia anual es de 16,5%, con un 12% que consumió en el último mes. En palabra de los autores: “Los jóvenes de 18 a 30 años muestran la prevalencia más alta, alcanzando un 30,6% de consumo mensual en este grupo”.

En tanto, al analizar el consumo de cocaína, en el trabajo se señaló que aproximadamente el 8% de los adultos en CABA han consumido alguna vez en su vida. Este índice es superior en personas de 30 a 44 años. “La prevalencia mensual es del 1%”, se aclaró y, “si bien se trata de una prevalencia baja a nivel general, es levemente mayor entre los varones”, subrayó.

El estudio también resaltó la creciente incidencia del uso de ansiolíticos y tranquilizantes sin prescripción, especialmente entre las mujeres y las personas mayores. En este aspecto, el uso en el último año se posicionó en el 6,9% de los encuestados, y en el último mes en el 5,5%. “Este consumo es más prevalente en los varones, con una prevalencia anual del 4,8% y mensual del 8,8%”, advirtieron los autores y resaltaron que este punto también se percibe entre las personas de 60 a 75 años, “con un consumo anual de 11,6% y mensual de 10,2%”.

El uso digital: un malestar silencioso

El informe también relevó el uso excesivo de dispositivos móviles y pantallas y estableció que uno de cada cuatro adultos tienen comportamientos de riesgo alto. A este fenómeno se le atribuye el aumento del tiempo que los individuos dedican a los dispositivos, sobre todo en los jóvenes de 18 a 30 años, con una dedicación que supera las cinco horas diarias.

El trabajo también destacó que solo uno de cada diez jóvenes se mantiene libre de riesgo en cuanto al uso de pantallas. Este patrón se repite en los adultos, donde cuatro de cada diez personas de 18 a 75 años aseguran utilizar su celular más de cinco horas al día. Asimismo, el trabajo destaca que la prevalencia de consumo digital es particularmente alta entre los jóvenes y disminuye con la edad”, resalta el trabajo .

El informe también señaló que el uso de dispositivos móviles afecta principalmente a los sectores más jóvenes, pero su impacto se extiende a todas las edades. En los hogares porteños, el 4,9% de los encuestados manifestó preocupación por el uso excesivo del celular por parte de sus familiares. “Cuatro de cada diez adultos (18 a 75 años) utiliza el celular 5 horas diarias o más, valor que aumenta a seis de cada diez en la población joven (18 a 30 años) y disminuye con la edad”, alertó el trabajo.

Advirtió, además, que “uno de cada cuatro adultos tiene un comportamiento de riesgo alto en cuanto al uso de su celular, valor que aumenta al 40% de la población joven (18 a 30 años) y disminuye conforme aumenta la edad”.

En el trabajo se resaltó las principales razones detrás de este comportamiento. “La comunicación fue el principal motivo de uso del teléfono móvil (85,3%), y en segundo lugar, se mencionó entretenimiento y ocio (61,5%), mientras que en tercer lugar se indicó el uso del celular por motivos laborales (56,6%). Un tercio de los encuestados manifestó que usa el celular para estar informado, mientras un 9% declaró utilizarlo para estudiar, en tanto que con menos frecuencia se mencionó el uso del celular para realizar compras en línea (4,7% de las menciones)”.

El aumento del uso de las pantallas está vinculado, según el estudio, a problemas como el insomnio, la disminución de la actividad física y el deterioro de las habilidades sociales. A medida que las plataformas digitales se convierten en un medio para escapar de la realidad, muchos usuarios se ven atrapados en un círculo vicioso del que es difícil salir. “El impacto del uso excesivo de las pantallas afecta la vida cotidiana y las relaciones interpersonales”. Esta es una de las principales preocupaciones que se desprenden de los datos obtenidos en el estudio.

Apuestas en línea: un fenómeno que crece y preocupa

Aunque solo el 8,4% de la población adulta ha apostado en línea alguna vez, el porcentaje se eleva significativamente en el grupo de jóvenes, ya que alcanza al 16% de los adultos de entre 18 y 30 años, por lo que se ha convertido en un fenómeno que enciende todas las alarmas. En ese sentido, el estudio reveló que las apuestas en línea son, en su mayoría, realizadas en solitario, lo que genera una mayor preocupación sobre los efectos negativos de la soledad en el comportamiento adictivo.

“El porcentaje de la población de 18 a 75 años de CABA que manifestó haber apostado en línea en los últimos 30 días es del 3,3%”, detalló el trabajo. Al tiempo que advirtió que “los varones presentan una prevalencia mensual del 4,1%, mientras que el 2,6% de las mujeres declaró haber apostado en línea en el mismo período”, aunque “disminuye a mayor edad, con el mayor valor observado en personas de 18 a 30 años con un 5,3%, es decir, 4,1 puntos porcentuales más elevado que en personas de 60 a 75 años”.

Según los datos de la encuesta, los contextos son diversos. “El 86,6% de los apostadores en línea en los últimos 30 días afirmaron que lo hacían en solitario”, se aseguró en el trabajo y alertó que “este dato refleja una tendencia a la individualización del comportamiento adictivo asociado a las apuestas digitales”.

“La motivación detrás de las apuestas en línea está vinculada principalmente con el entretenimiento y la búsqueda de diversión, lo que, aunque comúnmente inofensivo, puede tener implicancias serias para la salud mental de los individuos”. Esta realidad que alarma a las autoridades locales, regionales y nacionales también se percibe dentro de los hogares.

“El 17,4% de la población encuestada refirió preocupación por las apuestas en línea de algún miembro del hogar, comportamiento que presentó el valor de prevalencia más alto. Le siguen en prevalencia, la preocupación por el uso de celular en el hogar (4,9%) y el consumo de sustancias (1,9%). Estos datos indican que una de cada cuatro personas encuestadas indicó estar preocupada por la conducta de consumo de un miembro del hogar”, aseguraron los autores del relevamiento.

Animarse a explorar herramientas, compartir experiencias y dudas con otros colegas, llevar las nuevas tecnologías al aula. Paola Dellepiane enfatiza que la inteligencia artificial llegó para quedarse y sugiere que las escuelas y universidades habiliten espacios para que los docentes puedan abordar juntos los nuevos desafíos que se les plantean en el aula. Repensar la evaluación, evitar una excesiva “delegación cognitiva” y entrenar la formulación de buenos prompts aparecen como cuestiones cruciales –aunque también provisorias, en un escenario que cambia constantemente–.

Dellepiane forma parte del Centro de Investigación del Impacto Social y Político de la Inteligencia Artificial en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Es profesora en Matemática y licenciada en Tecnología Educativa, con un máster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Desde el Centro están indagando en el impacto de la IA en diferentes aspectos de la vida social, incluyendo la educación. Sobre este tema organizaron varias jornadas y capacitaciones para docentes y directivos, entre otras actividades.

–¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen los docentes en relación con la IA?

–Las principales inquietudes siguen girando en torno a la evaluación. Es, sin duda, el tema central: cómo evaluar, qué actividades proponer y qué formato deberían tener las evaluaciones. Esta es la mayor problemática con la que nos encontramos, especialmente cuando pedimos producción de contenido por parte de los estudiantes.

En disciplinas como Matemática, esta cuestión quizá no se percibe tanto, porque los estudiantes todavía prefieren el método tradicional de sentarse y resolver ejercicios. Lo mismo ocurre en carreras como Ingeniería o en materias prácticas. Sin embargo, en áreas que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, ya sea en la escritura o en la oralidad, el desafío es mucho mayor. Ahí los estudiantes recurren con más frecuencia a herramientas como la IA, y esto nos plantea nuevos interrogantes.

En el Departamento de Educación de la UCA, donde trabajamos en formación docente, nos enfrentamos a esta dificultad porque enfocamos la evaluación en el concepto de “desempeño”. No se trata solo de repetir un marco teórico o citar a un autor, sino de demostrar qué podés hacer con ese conocimiento, qué valor agregado podés aportar.

Esto ya era una forma de evaluación alternativa, pero ahora, con el impacto de la IA, estamos repensando todo el proceso. Como los desempeños se reflejan en producciones personales y no en exámenes tradicionales en aula, detectamos que, en algunos casos, los trabajos finales que los estudiantes subían al aula virtual eran elaborados con IA. Por eso, estamos buscando nuevas estrategias para reformular las consignas y garantizar que las evaluaciones realmente reflejen el aprendizaje y las habilidades que desarrolló cada uno.

–¿Qué sugerencia le harías a un docente que está repensando las consignas de su evaluación, para que esa evaluación sea genuina?

–Lo seguimos elaborando. Hasta el año pasado, una de las recomendaciones habituales era incluir preguntas que profundizaran el contenido, que fueran más allá de un texto bien estructurado y pudieran fomentar el pensamiento reflexivo y metacognitivo, con preguntas como “¿Qué opinás?”, “¿Cómo ves esta cuestión?”, “¿Qué conclusión sacarías?”.

Sin embargo, con la mejora de las herramientas de IA y su entrenamiento continuo, esto está cambiando. Lo estoy experimentando en primera persona: ahora estas herramientas no solo generan respuestas bien estructuradas, sino que incorporaron opciones de razonamiento, lo que les permite relatar paso a paso el proceso metacognitivo detrás de la respuesta. Esto significa que preguntas que antes eran consideradas profundas y diferenciadoras, hoy pueden ser respondidas con mayor precisión por la IA.

Es un desafío constante, porque el panorama evoluciona muy rápido. Entonces un consejo que hoy parece útil, en dos o tres meses puede quedar obsoleto. Mi recomendación para los docentes es seguir explorando y reflexionando en comunidad. Personalmente, a mí me sirve reunirme con colegas interesados en el tema para intercambiar ideas, analizar herramientas y pensar estrategias en conjunto.

A veces la cantidad de información puede resultar abrumadora. Por eso, más allá de la capacitación formal, mi sugerencia es participar en espacios de intercambio y seguir a referentes que compartan información relevante. Cada docente, según sus necesidades y su contexto, irá armando su propio rompecabezas. Creo la clave está en animarse a probar, experimentar sobre la marcha, ver qué funciona y qué no.

–¿Qué importancia tienen en esa exploración los espacios institucionales, sobre todo en la escuela, para acompañar el aprendizaje de cada docente?

–Creo que son fundamentales. Si bien uno puede hacer algunas pruebas por su cuenta, eso no es suficiente. Es necesario contar con una planificación institucional, un norte claro, y al menos un grupo de docentes interesados en un tema específico para poder avanzar.

El año pasado me contactaron desde una escuela en Santa Fe y este verano participé en una capacitación durante su jornada institucional, donde estaban presentes docentes de todos los niveles educativos –inicial, primario y secundario–. Ahí pude ver la importancia del compromiso de los equipos de conducción. En este caso, el tema de la jornada se insertó en una planificación concreta: en febrero se propuso un trabajo que los docentes están desarrollando hasta junio, con acompañamiento. Y en junio tendrán que compartir qué pasó con esa implementación en el aula.

Este tipo de enfoque permite generar cambios reales. No es solo una capacitación aislada donde cada docente decide si sigue adelante o no, sino que hay una planificación institucional con un propósito claro. Y esto no implica desarrollar grandes proyectos: basta con planificar una pequeña actividad, probarla durante tres meses y luego compartir los resultados.

–En relación con la evaluación, ¿es posible que a partir de la irrupción de la IA generativa dejen de tener valor las monografías, incluso las tesis universitarias?

–El gran desafío en las universidades hoy en día es el tema de los trabajos finales. De hecho, la semana pasada leí que la cantidad de artículos científicos enviados a revistas se cuadruplicó desde la aparición de ChatGPT.

Esto indica claramente que muchas de esas publicaciones están siendo generadas con IA. Hace dos años, esto no ocurría, pero ahora las revistas reciben una cantidad abrumadora de envíos.

¿Qué significa esto? Que el uso de estas herramientas ha facilitado y agilizado la producción académica. De hecho, existen plataformas incluso más especializadas y potentes que ChatGPT, diseñadas específicamente para generar textos con un alto nivel académico. Entonces, el gran interrogante es cómo gestionamos este escenario en relación con los trabajos finales y las tesis.

–¿Hasta qué punto el problema del “plagio” se resuelve con detectores automáticos?

–Existen varias aplicaciones para verificar si un texto fue escrito por una persona o generado con inteligencia artificial. Sin embargo, hablando con colegas de distintas universidades, vemos que estos sistemas todavía tienen muchas limitaciones.

Los detectores de plagio y de IA no son totalmente fiables. Algunos docentes probaron cargando sus propios trabajos –que saben con certeza que los escribieron ellos mismos– y aun así obtuvieron porcentajes que indicaban uso de inteligencia artificial. Eso pasa porque estas herramientas analizan patrones de redacción y, si alguien escribe de una manera similar a lo que reconoce ChatGPT, el sistema puede marcarlo erróneamente como generado por IA.

Desde el lado docente, una de las maneras en que podemos detectar estos casos es a través de la coherencia en la escritura. A mí me pasó con un tesista. En su informe de avance me dijo que había trabajado en ciertos puntos, pero al leer el texto noté que el estilo de redacción cambiaba abruptamente. Muchas veces no podremos comprobar con certeza si un trabajo fue generado con IA, pero sí podemos notar inconsistencias que nos alertan.

Hablando con otros docentes que corrigen tesis, coincidimos en que hay que cambiar el foco de evaluación. Un profesor me decía que, en lugar de preocuparse tanto por el marco teórico, que la IA puede generar fácilmente, ahora se centra en la propuesta del estudiante y sus conclusiones. Porque, al final, una tesis debe ofrecer un producto original, una idea nueva, un aporte concreto.

Entonces, si no podemos detectar con seguridad el uso de IA en ciertas partes de una monografía o un trabajo final, quizás la clave esté en la evaluación oral o en la defensa. En lugar de enfocarnos en lo metodológico o en el marco teórico, que la IA puede redactar sin problemas, debemos indagar más en el proceso del estudiante, en sus conclusiones, en su análisis y en la propuesta que presenta.

–Varios referentes advierten sobre el exceso de “delegación cognitiva”, es decir la transferencia de ciertas tareas de pensamiento a la tecnología. ¿La adopción de la IA puede derivar en una humanidad con menos capacidades? ¿O permitirá a las personas desarrollar habilidades más sofisticadas?

–Creo que estamos en un punto en el que realmente debemos prestar atención a esto. Hablamos mucho de que el ser humano nunca será reemplazado por la inteligencia artificial, y coincido con esa idea, al menos por ahora, ya que seguimos teniendo ciertas cualidades exclusivamente humanas.

El problema de la delegación cognitiva empezó hace tiempo. Un ejemplo simple es cómo dejamos de memorizar números de teléfono. Antes los recordábamos; ahora confiamos en nuestros dispositivos. Lo mismo pasó con las agendas electrónicas y los recordatorios automáticos. Todo esto ya lo hemos naturalizado, pero en el fondo representa un cambio en la manera en que usamos nuestra memoria.

El tema es que ahora no es solo que no recordemos números de teléfono, sino que hay personas que directamente no redactan un texto por sí mismas porque recurren a la IA. Empezamos delegando funciones de la memoria a corto plazo, lo cual ya tiene un impacto en nuestras conexiones cerebrales. Cualquier actividad que implique recordar, hacer conexiones o ejercitar la memoria genera estímulos clave para el desarrollo cognitivo.

Por eso, intento no delegarlo todo en la tecnología. Por ejemplo, en lugar de anotar todo, hago el esfuerzo de recordar citas o compromisos. Si confío demasiado en la tecnología, dejo de usar mi memoria, y ahí está el problema. Ahora, si delegamos no solo la memoria, sino también la producción de ideas y pensamiento, ¿qué nos queda?

Otro ejemplo claro es el uso del GPS. Antes, cuando nos orientábamos, ejercitábamos una habilidad cognitiva clave: la percepción espacial. Hoy, hay personas que no pueden ubicarse sin el GPS, pierden la noción de dirección y orientación. Y esto es preocupante, porque la capacidad de ubicarnos en el espacio es algo que se trabaja desde el nivel inicial: conceptos como adentro-afuera, cerca-lejos, adelante-atrás forman parte del desarrollo cognitivo desde la infancia.

Entonces, si delegamos también esta capacidad en la tecnología, ¿qué impacto tendrá en nuestra forma de pensar y aprender a largo plazo? Son preguntas que me hago y que creo que debemos empezar a discutir seriamente.

–En los últimos años se habló mucho sobre “prompt literacy”, es decir la habilidad de formular indicaciones precisas para interactuar con la IA, que para muchos hoy resulta una destreza esencial. ¿Qué saberes básicos presupone esta habilidad?

–La prompt literacy (“alfabetización” en prompts) requiere técnicas específicas, porque redactar buenas instrucciones no es algo intuitivo. De hecho, la calidad de las respuestas depende en gran medida de cómo se formula el prompt (la pregunta).

El año pasado organizamos un curso sobre este tema. Lo llamamos PromptIA, y básicamente se centraba en técnicas para redactar instrucciones precisas y efectivas. Para lograr una buena instrucción se necesita formación y práctica. Muchas personas creen que escribir un prompt es tan simple como decirle a la IA: “Actuá como un profesor de Ciencias Naturales y creá una actividad sobre la célula”. Pero en realidad, con una instrucción tan general, el resultado suele ser pobre o impreciso.

Para obtener buenos resultados, es fundamental profundizar en los detalles y, en ese proceso, surge una conclusión clave: para redactar un buen prompt, hay que conocer bien el tema. Si no tengo conocimientos sólidos sobre el contenido, no podré dar indicaciones precisas y la IA no generará un resultado de calidad. Este es el primer obstáculo con el que muchos se encuentran: darse cuenta de que necesitan dominio del tema para poder interactuar de modo eficaz con estas herramientas.

Sin embargo, también es cierto que la IA evoluciona muy rápido. Hoy, los modelos han mejorado tanto que ya no requieren instrucciones tan específicas como antes. Ahora, las IA pueden “razonar” en tiempo real, explican su proceso de pensamiento y sugieren opciones, y esto reduce la necesidad de instrucciones muy detalladas.

Creo que es fundamental enseñar a los jóvenes a comprender y utilizar estas herramientas de manera crítica. La prompt literacy no surge de manera espontánea, sino que debe trabajarse. El rol docente es clave en este proceso, y por eso creo que la IA debería incorporarse en las aulas, especialmente a partir del nivel secundario. No se trata solo de usarla, sino de entender cómo funciona y cómo aprovecharla sin perder nuestras propias capacidades cognitivas.

En un mundo donde la tecnología y ciertas comodidades han transformado la manera en que trabajamos, estudiamos y nos entretenemos, es fácil que el día se vaya entre la silla de la oficina, el sofá y distintas pantallas. Sin avisar, el sedentarismo se instaló en la vida de muchos, restando energía y bienestar. Pero la buena noticia —y ya muchos expertos lo vienen diciendo— es que pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Un reciente estudio reveló que incorporar pausas activas, como caminar unos minutos cada hora o subir escaleras, podría sumar hasta 3 años de vida saludable.

El sedentarismo se ha convertido en un factor de riesgo silencioso de diversas enfermedades. La evidencia científica es contundente: pasar muchas horas al día sentado y no realizar suficiente actividad física puede reducir la esperanza de vida y aumentar el riesgo, entre otras, de enfermedades cardiovasculares.

Una investigación dirigida por el Dr. Christian García-Witulski, del Centro de Desarrollo Humano Sostenible, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA), —publicado el 1 de marzo último en el Journal of Public Health de Oxford University Press— reveló que en Argentina hasta 12.800 muertes prematuras al año podrían prevenirse si las personas redujeran su tiempo sentado a menos de cuatro horas diarias y realizaran al menos 65 minutos de actividad física por día. Estos hallazgos ponen en evidencia el impacto del sedentarismo en la salud de la población y la importancia de cambiar hábitos para mejorar la calidad de vida y aspirar a la longevidad.

La inactividad física es un problema global y en Argentina la situación es particularmente alarmante. Según el estudio, el 16,7 % de las muertes por enfermedades cardiovasculares y el 12,3 % de todas las muertes generales en un año podrían evitarse si la población redujera el tiempo que pasa sentada y aumentara la actividad física.

Los datos analizados provienen de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018 que fueron analizados con modelos estadísticos avanzados para estimar la carga de enfermedad atribuible al sedentarismo y calcular la cantidad de muertes prematuras y los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) que se podrían prevenir con cambios en los hábitos de actividad física.

El estudio también estimó las ganancias en la esperanza de vida ajustada por salud (HALE). En términos simples, esto significa cuántos años adicionales de vida saludable se podrían ganar si se redujera el tiempo sentado y se aumentara la actividad física. Los resultados muestran que una persona podría ganar entre 0,57 y 2,94 años de vida saludable, dependiendo de cuán estrictamente adopte estos cambios, reveló el estudio.

De esta forma, el problema no es solo ganar en longevidad, sino también en calidad de vida. La inactividad física está vinculada con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, el cáncer, trastornos cardiovasculares y problemas musculoesqueléticos. Además, tiene un impacto negativo en la salud mental, ya que el sedentarismo contribuye al deterioro cognitivo en adultos mayores y al aumento del estrés y la ansiedad.

Beneficios de reducir el tiempo sentado y aumentar la actividad física

El estudio del Dr. García-Witulski dejó en claro que la solución está al alcance de todos. Ajustes simples en la rutina diaria pueden marcar una gran diferencia en la salud y la esperanza de vida. El propio experto puntualizói que, entre las estrategias más efectivas para reducir el tiempo sentado, se encuentran:

• Levantarse y moverse cada 30 a 60 minutos.
• Caminar o usar la bicicleta en lugar del automóvil o el transporte público.
• Realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana.
• Incorporar escritorios de pie o realizar reuniones caminando en el entorno laboral.

Sobre este punto, García-Witulski, en diálogo con Infobae, destacó que existen diferencias entre la actividad física y el ejercicio físico, y explicó la importancia de combinarlos para potenciar sus beneficios: “Las intervenciones breves, como levantarse y moverse cada 30-60 minutos, son muy útiles para romper largos períodos de sedentarismo y, en ese sentido, sí resultan efectivas”, dijo en primero lugar, pero subrayó que, por un lado, “la actividad física abarca cualquier movimiento corporal que implique un gasto de energía, desde subir escaleras hasta pasear al perro, mientras que el ejercicio físico es un tipo específico de actividad física planificada, estructurada y repetitiva, por ejemplo, una rutina de gimnasio o una clase de baile”.

A la luz de estos conceptos, aclaró que “las pausas activas pueden contribuir a reducir la mortalidad prematura y la discapacidad asociada al sedentarismo, sobre todo si en paralelo se realiza ejercicio físico. Disminuir el tiempo sentado es esencial y, si se combina con suficiente ejercicio regular (al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana), se incrementa el efecto protector. Cuanto más se eleva la dosis de movimiento, mayores son los beneficios en la esperanza de vida y su calidad”.

El impacto de estos cambios no es menor. Según el mismo estudio, aumentar la actividad física a más de 65 minutos diarios, incluso sin reducir el tiempo sentado, podría sumar entre 0,49 y 2,60 años de vida saludable. Por otro lado, reducir el tiempo sentado a menos de cuatro horas diarias sin cambiar el nivel de actividad física también tiene beneficios, aunque más modestos, con ganancias en la esperanza de vida ajustada por salud de hasta 0,34 años.

García-Witulski destacó que el entorno laboral juega un papel clave en la reducción del sedentarismo: “Aunque no siempre se puede controlar la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo, sí podemos adoptar estrategias que reduzcan los periodos ininterrumpidos de inactividad”. Para ese ámbito, el experto recomendó

• Levantarse con frecuencia y caminar unos minutos
• Cambiar de postura utilizando escritorios ajustables
• Instrumentar áreas de trabajo que faciliten las pausas activas
• Fomentar la cultura de reuniones de pie o caminando
• Usar escaleras en vez de ascensores

“En el entorno laboral, incluso ‘micro-pausas’ de uno o dos minutos cada hora pueden marcar una diferencia para la circulación y para la salud musculoesquelética”, aseguró. Además, “instalar zonas de estiramiento o promover programas de bienestar que incluyan breves sesiones de movimiento durante la jornada potencian estos efectos y crean un ambiente más saludable en general”, explicó.

Lo más relevante es que, al combinar ambos factores —es decir, reducir el tiempo sentado y aumentar la actividad física— los beneficios se multiplican. De hecho, disminuir a la mitad el tiempo que las personas pasan sentadas en niveles considerados subóptimos podría duplicar las ganancias en esperanza de vida saludable, con aumentos de hasta 0,63 años.

Por otra parte, “en mi estudio identifiqué diferencias en el impacto del sedentarismo, principalmente según la edad y el género. A partir de los 60 años, las personas suelen presentar un riesgo mayor al acumular muchos años de vida sedentaria y por la aparición de enfermedades crónicas, de modo que los adultos mayores se benefician de manera especial cuando incorporan movimiento a su rutina. También encontré que los hombres, en líneas generales, tienden a experimentar un impacto algo mayor en términos de años de vidas perdidos cuando pasan demasiado tiempo sentados, ya que suelen acumular más horas de comportamiento sedentario que las mujeres”, señaló el investigador.

Políticas públicas e incentivos en el ámbito laboral

Más allá de las acciones individuales, el estudio subrayó la importancia de las políticas públicas en la promoción de hábitos más activos. Algunas estrategias incluyen la creación de ciclovías y espacios peatonales, así como campañas educativas que generen conciencia en la población sobre los riesgos del sedentarismo. Esto es especialmente importante en el contexto actual, donde el trabajo remoto se hizo más habitual luego de las restricciones de movilidad durante la pandemia de COVID-19.

García-Witulski destacó que las iniciativas más efectivas son aquellas que tienen en cuenta distintas acciones combinadas y facilitan el movimiento en la vida cotidiana. En ese sentido, consideró que “las políticas públicas más efectivas para reducir el sedentarismo y fomentar la actividad física suelen ser aquellas que integran múltiples estrategias y hacen que la opción de moverse sea la más fácil para la población”.

“Hacen falta campañas de concientización dirigidas a distintos grupos, mejoras en infraestructura que promuevan el transporte activo (por ejemplo, ciclovías y veredas seguras), creación de espacios públicos agradables y seguros para hacer deporte o simplemente caminar, y el incentivo a programas comunitarios de actividad física. Resulta clave que todo esto se acompañe con políticas en entornos laborales y educativos, fomentando pausas activas, horarios flexibles para ejercitarse y la inclusión de la actividad física en la cultura organizacional y académica”.

El experto enfatizó la necesidad de focalizar los esfuerzos en poblaciones vulnerables, como los adultos mayores y las personas con niveles insuficientes de actividad física. El objetivo lo resume en la popular frase: “La clave no es solo añadir años a la vida, sino vida a los años”, aseguró.

Con el fin de evaluar el impacto económico de las transferencias realizadas por el Estado por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) en las familias con niños y adolescentes, la Universidad Católica Argentina (UCA) analizó la evolución de las mismas sobre el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) en hogares de diferente composición, para una serie histórica trimestral (2009-2023) y los últimos seis meses (primer semestre de 2024).

Por consiguiente, la UCA tomó como referencia tres Hogares Tipo (A, B y C), todos ellos constituidos por una pareja adulta con hijos. En los tres casos se trata de familias residentes del Gran Buenos Aires.

• Los Hogares Tipo propuestos difieren según la edad de los miembros del hogar y la cantidad de hijos.
• El Hogar Tipo A está compuesto por cuatro integrantes: un varón de 44 años, una mujer de 40 años, un hijo de 15 años y una hija de 17 años.
• Al Hogar Tipo B lo conforman también cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.
• Por último, el Hogar Tipo C es el más numeroso con cinco miembros: un varón de 30 años, una mujer de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año.
• Con respecto a las asignaciones, en junio de 2024:
• Al Hogar Tipo A le corresponde dos AUH
• Al Tipo B dos AUH y Tarjeta Alimentar por dos niños
• Al Hogar Tipo C tres AUH y Tarjeta Alimentar por tres niños

Qué muestran los resultados

Repasando, la UCA evaluó qué peso han tenido en los últimos años la AUH y la tarjeta alimentar sobre la canasta básica (alimentaria y total) de tres hogares diferentes.

Observando las trayectorias del Hogar Tipo A, se distinguieron fácilmente dos períodos. Hasta principios de 2019, la cobertura de la AUH se mantuvo, a pesar de haber experimentado algunas fluctuaciones. Luego de alcanzar en ese momento porcentajes altos de cobertura -similares a los máximos obtenidos en el tercer trimestre de 2015-, le siguió una etapa de casi cinco años en la que la asignación se desvalorizó de forma sostenida, perdiendo en ese lapso la mitad de su valor. Este periodo culminó en el último trimestre de 2023. De esta manera, los aumentos de este año en la AUH fueron determinantes para recuperar buena parte del poder de compra perdido en este Hogar Tipo.

Por su parte, la evolución histórica de la cobertura de las asignaciones en los Hogares Tipo B y C fue bastante diferente. Aunque desde 2009 la tendencia era similar a la del Hogar Tipo 1, tuvo un salto discontinuo en el primer trimestre de 2020, fecha que se empezó a otorgar la TA. “Por diferencias en la composición demográfica, previo al primer trimestre de 2020 ya existía una disparidad en la cobertura que favorecía a los Hogares tipo B y C en perjuicio del Hogar Tipo A. Debido a que el Hogar Tipo A no era (ni es) elegible para percibir la Tarjeta Alimentar, esta brecha se acentuó tras su implementación”, explicaron desde la UCA.

A partir de aquel momento, la cobertura en los Hogares Tipo B y C fue mucho más elevada que en todos los meses previos y tocó máximos históricos en el tercer trimestre de 2021. Sin embargo, tuvo oscilaciones constantes debido a los aumentos discrecionales dispuestos por el gobierno argentino en determinados meses, que mermaban rápidamente producto de la alta inflación. En ese sentido, las actualizaciones en 2022 y 2023 eran cada vez menos contundentes, lo que ocasionó que los montos reales de la TA se deterioraran en el tiempo. Luego de los aumentos de este año en la AUH y actualizaciones de la Tarjeta Alimentar, la recuperación en la cobertura en los Hogares Tipo B y C fue importante, aunque tampoco pudo superar la cobertura récord de finales de 2021.

En conclusión, el análisis de la UCA sobre el impacto de la AUH y la Tarjeta Alimentar en distintos tipos de hogares revela una dinámica compleja y desigual en cuanto a la cobertura de estas ayudas frente al costo de la Canasta Básica. Mientras que los aumentos recientes lograron recuperar parte del poder de compra perdido en los Hogares Tipo A, B y C, las oscilaciones y la alta inflación han limitado el alcance real de estos beneficios.

En Argentina 9 de cada 10 familias están conformes con la calidad educativa de la escuela a la que asisten sus hijos. El 57% considera que la educación es “buena”, mientras que el 22% la califica como “muy buena”. Solo el 10% piensa que es regular o mala.

Los datos surgen de un informe presentado hoy por el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, y se basan en una encuesta realizada en el segundo semestre de 2023 a hogares con niños y adolescentes escolarizados de entre 0 y 17 años. Los resultados son representativos a nivel nacional para la población urbana.

La alta valoración que expresan las familias sobre la calidad educativa podría contrastarse, por ejemplo, con los resultados de las evaluaciones estandarizadas, que ofrecen una manera –no la única ni, necesariamente, la más abarcadora–, de medir esa calidad a través de aprendizajes básicos.

En el último año de secundaria, 8 de cada 10 (82,4%) estudiantes argentinos se ubican en los niveles más bajos de desempeño (básico y por debajo del básico) en Matemática. Mientras que en Lengua, 4 de cada 10 estudiantes (43%) quedan en los niveles de aprendizaje más bajos, según los resultados de la prueba Aprender 2022 de secundaria. Este jueves se tomó la evaluación de 2024; los resultados se conocerán el año que viene.

¿Cómo se explica la brecha entre la percepción de las familias y los resultados que surgen de las pruebas? Hace ya 25 años, Guillermo Jaim Etcheverry, expresidente de la Academia Nacional de Educación, planteaba en su famoso libro La tragedia educativa que los padres tienden a pensar que sus hijos están a salvo de los problemas educativos. También podría pensarse que, para las familias, la noción de “calidad” no es la misma que presuponen las pruebas.

Si bien las familias expresan una alta valoración, en las escuelas estatales se observa una mayor percepción de “déficit de calidad” (11%) que en las privadas (5%), indica el nuevo informe de la UCA, titulado “Indicadores clave de la educación: calidad, trato docente y ayuda en la tarea escolar”, y elaborado por los investigadores Carolina Martínez, Matías Maljar y Ianina Tuñón.

La proporción de chicos cuyas familias perciben una calidad educativa regular o mala es mayor en el estrato bajo (13%) que en el medio (8%) y el medio alto (9%). En el estrato bajo no se registran diferencias significativas entre las escuelas privadas y las estatales (de hecho, un 14% observa déficit de calidad en las privadas, mientras que la cifra es 13% para las estatales en ese sector social).

De los tres niveles educativos obligatorios, las familias observan un mayor déficit de calidad en la secundaria (el 13% califica la escuela como “mala” o “regular”) en comparación con la primaria (11%), mientras que el nivel inicial es el que resulta más valorado (5%).

La encuesta de la UCA también les preguntó a los adultos por la calidad del trato docente. Las respuestas de las familias muestran que solo el 7% de los niños y adolescentes escolarizados reciben un trato “malo” o “regular” por parte de sus maestros. Tanto en primaria como en secundaria, el porcentaje de familias que se quejan del trato docente es levemente superior (3 puntos porcentuales) en las escuelas estatales.

Uno de los hallazgos del informe es que parece haber cierta superposición entre las familias que tienen una baja valoración de la calidad educativa y del trato docente, lo que podría ayudar a responder la pregunta clave de qué implica la “calidad educativa” para las familias.

“El perfil de la población infantil que tiene déficit en la calidad del trato docente es bastante similar al que presentan quienes reciben una mala calidad educativa, lo cual indicaría que la evaluación de las familias del trato docente para con los niños/as es una dimensión con gran peso explicativo en la valoración de la calidad educativa institucional”, escriben los autores.

En un tercer apartado, la encuesta indagó en el tipo de ayuda que reciben los niños y adolescentes para realizar las tareas escolares. De ese punto surge que 7 de cada 10 chicos reciben ayuda para resolver sus deberes. La proporción es similar en escuelas estatales y privadas y en los tres estratos sociales.

La mayor diferencia se observa por grupo de edad: 8 de cada 10 alumnos reciben ayuda en primaria, mientras que son 5 de cada 10 en secundaria. La gran mayoría de los chicos recibe esa ayuda de los padres (88%) y, en menor medida de los hermanos (21%). En primaria, apenas el 4% de los alumnos recurre a una academia o un profesor par­ticular, mientras que la cifra asciende al 7% en secundaria, con diferencias significativas entre los alumnos de escuelas privadas (20%) y estatales (4%).

El documento se pregunta por el rol que podrían tener a futuro la IA en el acompañamiento de las tareas escolares: “Teniendo en cuenta los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial, en un futuro próximo cabrá interrogarse acerca de los impactos diferenciales en los resultados educativos infantiles que traerá la asistencia en tareas escolares por parte de esta tecnología y por parte de quienes ayudan con ha­bitualidad a resolver las tareas escolares”.

En las conclusiones, los autores invitan a reflexionar “acerca de si el rol de la escuela es ser una institución que promueve la movilidad social o si en los hechos reproduce una distribución desigual de capital cultu­ral que deriva en la profundización de las diferencias entre sectores”.

El envejecimiento de la población en Argentina presenta desafíos para la salud y el bienestar de los adultos mayores. Así lo postuló un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) al que Infobae accedió en exclusiva.

El estudio titulado Desafíos y oportunidades en el envejecimiento: Un balance de la última década en la Argentina analizó las desigualdades significativas que afectan la percepción de la salud, el acceso a la atención médica y el bienestar emocional de las personas mayores. Entre los datos reveladores, se destacó que una de cada cuatro personas mayores percibe que sus condiciones de salud son críticas y se evidencia que “el déficit del estado de salud es de 30,9%”.

Otros datos impactantes señalaron que el malestar psicológico afecta al 25,1% de la población mayor de 60 años, mientras que un 24,1% señala tener una mala calidad de sueño.

La percepción de la salud en las personas mayores

La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) clasifica esta percepción en tres categorías: no tener problemas de salud, tener algunos pocos problemas de salud y tener bastantes problemas de salud o padecer de alguna enfermedad crónica o grave.

La forma en que los mayores perciben su salud varía de forma considerable, y el estudio de la UCA resalta esta diversidad. Mientras una parte significativa declara no tener problemas graves, una proporción importante enfrenta dificultades de salud que comprometen su calidad de vida.

Para muchos, las secuelas de la pandemia siguen siendo una carga, reflejándose en un aumento de las percepciones negativas sobre su bienestar físico. “Después de la pandemia (2022-2023), hay un aumento en la percepción negativa de la salud”, indica el estudio.

Este deterioro no afecta a todos por igual. Los mayores de 75 años presentan un déficit de salud percibido mayor en comparación con los adultos entre 60 y 74 años.

Esto no solo se explica por la edad, sino también por factores como la soledad y la viudez, que pueden exacerbar la sensación de vulnerabilidad.

Las mujeres mayores suelen reportar un mayor déficit en su salud percibida, especialmente después de la pandemia, lo que resalta la importancia de abordar las necesidades específicas de cada grupo. “El déficit es significativamente mayor entre las mujeres mayores que entre los varones mayores”, destaca el informe.

El estado conyugal influye de manera notable en la autopercepción de la salud. “Respecto del estado conyugal, en todos los subperiodos -excepto durante la pandemia que igualó a viudos y no viudos respecto de la autopercepción de su salud-, la incidencia de este déficit es mayor entre los viudos. Y después de la pandemia (2022-2023) esta diferencia es muy significativa (más de 10 puntos porcentuales entre los viudos)”, desarrollaron.

La educación se presenta como otro factor relevante para explicar estas diferencias en la percepción de la salud. El informe explicó que “entre los de menor nivel educativo -a lo máximo con secundario incompleto- el déficit es mayor. Es más frecuente que autoperciban su estado de salud como comprometido”. En contraste, “lo contrario ocurre con los de mayor nivel educativo -que al menos tienen el secundario completo- y son la minoría dentro de las personas mayores”, afirmaron.

La situación socioeconómica y la salud

El nivel socioeconómico tiene influencia en la percepción de la salud, según el documento. “La tendencia es muy clara: a menor nivel socioeconómico es mayor el déficit de su estado de salud autopercibido”, resaltó el relevamiento.

Las diferencias son “abismales” entre los extremos: “En el muy bajo el déficit tiende a duplicarse respecto del medio alto”. Esta vulnerabilidad del nivel muy bajo “es mayor a la encontrada entre los de edad más avanzada (75 años y más)”, lo que muestra la estrecha relación entre la pobreza y la percepción de la salud.

Para los mayores, acceda a una atención médica adecuada es esencial. Sin embargo, el informe muestra que cerca de un 20% de los adultos mayores no realizan consultas médicas anuales, una situación que comenzó durante la pandemia.

“En el contexto de la pandemia, el 44% de los mayores no hizo su consulta médica anual”, señala el estudio. Esto no solo afecta la prevención y tratamiento de enfermedades, sino que también genera preocupación por el cuidado integral de la salud de los más vulnerables.

El malestar psicológico fue otro de los componentes incluidos. El informe definió que “en sentido amplio, el concepto de malestar psicológico se entiende como un déficit de los recursos emocionales y cognitivos de las personas”, lo que afecta su capacidad para enfrentar la vida cotidiana y relacionarse de manera satisfactoria.

Durante el período 2013-2023, “la incidencia del malestar psicológico en las personas mayores oscila entre el 20% y el 25%”, con picos al inicio del período (2013-2016) y en la etapa post-pandemia (2022-2023).

La soledad es otro factor que pesa en la vida de muchos mayores, especialmente entre aquellos que han perdido a sus cónyuges o viven solos. La falta de redes de apoyo social hace que enfrentarse a la vida cotidiana se vuelva una tarea solitaria y, a menudo, difícil.

La calidad del sueño

Además, la calidad del sueño es un indicador clave del bienestar general de las personas mayores. El déficit de sueño afecta a un 24,1% de ellos , siendo más prevalente entre quienes viven en situaciones de vulnerabilidad económica.

Dormir mal no solo afecta la energía y el ánimo durante el día, sino que también puede tener repercusiones serias en la salud física y mental, haciendo que los problemas de salud preexistentes se agraven. “El déficit en la calidad del sueño se potencia entre las personas mayores en hogares en condición de pobreza multidimensional extrema”, menciona el informe.

Y amplió: “Respecto de este indicador, hay dos grupos de nivel socioeconómico. Por un lado, los tres superiores -medio alto, medio bajo y también bajo- donde las diferencias en cuanto a calidad de sueño, si bien claramente existen, no son tan pronunciadas. En cambio, hay una ruptura fuerte -para peor- cuando se trata del nivel muy bajo. Allí hay un desmejoramiento -respecto de los otros tres niveles- muy visible. No solo las incidencias son diferentes sino también las dinámicas dentro del periodo analizado”.

“En el medio alto -el de mejor calidad de sueño-, durante la pandemia (2020-2021) no solo la incidencia no aumenta, sino que disminuye -duermen mejor-. Pero a la salida de la pandemia (2022- 2023), su calidad de sueño desmejora y la incidencia aumenta y llega a niveles nunca antes registrados. La misma pauta siguen los niveles medio bajo y bajo -mejoramiento durante la pandemia y posteriormente un brusco empeoramiento-. En cambio, entre los mayores del nivel muy bajo -el de peor calidad de sueño- la incidencia del déficit aumenta mucho durante la pandemia y luego desciende abruptamente, aunque a registros superiores a los previos”, apuntaron los autores.

La falta de actividad física afecta la salud

La actividad física favorece el bienestar psicológico, disminuye la ansiedad y el estrés, aporta beneficios a nivel cognitivo y habilita nuevos espacios sociales, como destaca el relevamiento de la UCA.

Hacer ejercicio regularmente reduce el riesgo de caídas y previene o retrasa la aparición de enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento. Sin embargo, el malestar psicológico, que incluye síntomas de ansiedad y depresión, impacta negativamente en el desempeño funcional de las personas mayores.

La publicación, en esta parte, se refirió al período 2022-2023: “Se evidencia que el déficit del estado de salud es de 30,9%, el malestar psicológico es de 25,1% y para calidad de sueño 24,1%. Las carencias para las variables psicosociales son representadas por un 16,9% para sentimiento de infelicidad, un 24,5% de carencia en el apoyo social y un 26,4% para la falta de proyectos personales. El objetivo principal de este informe de investigación es describir cómo se presentan las condiciones de salud y aspectos psicosociales en personas mayores que declararon tener problemas de salud”.

Estos datos reflejan cómo se percibe el estado de salud de las personas mayores, es decir, su percepción subjetiva sobre su bienestar, que abarca tanto problemas de salud como enfermedades crónicas o graves.

Dificultad para proyectarse a futuro

Otro de los hallazgos relevantes del trabajo fue la dificultad de las personas mayores para proyectarse a futuro. En los últimos diez años, al menos una de cada cinco personas mayores declaró que no puede pensar proyectos más allá del día a día.

Este fenómeno, que el informe califica como una especificidad de los mayores, se acentuó a la salida de la pandemia (2022-2023). Aunque no se incrementó durante 2020-2021, sí aumentó después, marcando una de las “herencias” de este periodo.

Las personas mayores vieron debilitada su capacidad para organizarse en torno a proyectos personales, ante la experiencia de ver cómo sus planes podían derrumbarse de manera imprevista, de acuerdo al relevamiento.

El déficit de proyectos personales en personas mayores se agrava cuando se combinan factores como la pobreza multidimensional extrema (tres o más carencias), un nivel socioeconómico muy bajo, la viudez y la edad avanzada (75 años o más).

Los menos afectados por esta falta de proyectos son quienes pertenecen a un nivel socioeconómico medio alto, tienen mayores oportunidades educativas, viven en hogares sin carencias y residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La realidad de los adultos mayores en Argentina es compleja y multifacética, marcada por retos que no siempre son visibles para el resto de la sociedad. Las cifras del informe de la UCA son un llamado de atención para todos.

Buena parte de la sociedad argentina, con el telón de fondo de vaivenes económicos y sociales, ha sufrido contrastes y desafíos crecientes. Esto lo refleja un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), al que tuvo hoy acceso Infobae, que cartografió desde 2010 hasta 2023 el paisaje del desarrollo humano y social del país; revelando un aumento impactante en el malestar psicológico. Este ha crecido del 18,4% al 26,7%, particularmente en mujeres y en las áreas urbanas, donde el tejido social parece más frágil y permeable al deterioro del bienestar.

Solange Rodríguez Espínola es doctora en Psicología y coordinadora del documento de la UCA —titulado “Desigualdad estructural en el desarrollo humano y social (2010-2023). Esfuerzos para el bienestar frente a la persistente inestabilidad económica y social”— y quien puso en contexto el trabajo estadístico realizado por el equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA).

Según Rodríguez Espínola, “los aciertos y desaciertos en materia de políticas públicas demostraron un importante impacto en el acceso a la salud frente a un sistema colapsado por la demanda pospandémica que no logra reponerse frente a los ajustes económicos”. En este contexto de incertidumbre política y social, agregó la investigadora, los problemas económicos continuaron exacerbando la vulnerabilidad en sectores ya de por sí desfavorecidos.

La doctora en Psicología destacó que la situación económica “generó preocupación en amplios sectores de la sociedad, especialmente en las familias de bajos ingresos que enfrentaron dificultades para llegar a fin de mes”. Este panorama se traduce en un deterioro del bienestar general. “Predomina un clima de inquietud, la sensación de falta de control sobre la propia situación y sentimientos de impotencia y desesperanza, sumado a lo que puede decantar en síntomas de ansiedad y depresión”.

En el extenso trabajo, los expertos analizaron las capacidades socio-afectivas y los recursos psicosociales en relación con el bienestar subjetivo durante el periodo 2010-2023. Se enfocaron en el llamado malestar psicológico —quienes declararon tener síntomas de ansiedad y depresión—, el sentimiento de infelicidad —la percepción negativa del estado de ánimo que produce una sensación de insatisfacción y/o tristeza— y el déficit de apoyo social —amigos y familiares cercanos con los que cada persona se siente a gusto—.

Así, aparece una tendencia creciente en el malestar psicológico, que alcanzó su pico máximo el año pasado (26,7%), es decir en 1 de cada 4 personas. El sentimiento de infelicidad se mantuvo estable, ya que osciló entre el 11% y 14%. El valor más alto en este aspecto fue en 2020 —durante las restricciones por la pandemia— con el 14,5%, mientras el déficit de apoyo social disminuyó en los últimos años, debido a que afectó al 18,1% en 2023.

Los grupos más afectados por estas carencias, remarca el informe, son aquellos en situación de vulnerabilidad socioeconómica y con bajos niveles educativos. Son las mujeres y las personas de mediana edad las que mostraron mayor malestar psicológico, mientras que los ancianos presentaron un déficit más elevado en sus redes sociales. El malestar psicológico en mujeres fue del 30,5% y el déficit de la red social en personas mayores de 60 años alcanzó el 29,5%, según el trabajo de investigación.

De esta forma, se observó un deterioro del bienestar subjetivo en 2023, especialmente en personas de estrato socioeconómico bajo y en áreas metropolitanas como el conurbano bonaerense.

Según el análisis del periodo 2010-2023, el malestar psicológico mostró una tendencia al alza, con valores promedio del 23,6% en 2020 y el 24,9% en 2021. Este crecimiento en la sintomatología ansiosa y depresiva fue más pronunciado en las mujeres, quienes alcanzaron un 30,5% en 2023. En los hombres, el porcentaje se ubicó en 22,8%.

El déficit de apoyo social estructural, aunque ha descendido en 2023 al 18,1%, fluctuó entre el 21,3% y el 26% durante el periodo comprendido entre 2010 y 2019”.

Para las personas en situación de pobreza por ingresos, el malestar psicológico, en 2023, fue especialmente elevado, ya que afectó a un 39,5%, mientras que en el grupo de menores ingresos con vulnerabilidad socio-ocupacional alcanzó un 40,3%.

Finalmente, la falta de red social fue marcadamente elevada en los adultos mayores, teniendo en cuenta que se manifestaron de ese modo el 29,5% de las personas de más de 60 años, en 2023, mientras que en el grupo de personas de nivel educativo bajo, el déficit de apoyo social fue del 27,8%.

Qué se detectó en el acceso a la salud

En Argentina, el acceso a la salud y las percepciones sobre el estado de salud de las personas han mostrado variaciones significativas a lo largo de los años, según el informe.

El año pasado, el 14,2% de los adultos reportaron tener problemas de salud importantes o enfermedades crónicas, un aumento respecto de los años de la pandemia de COVID-19, cuando los valores fueron más bajos, ya que alcanzaron el 13% en 2020 y el 12,6% en 2021. Este fenómeno podría estar relacionado con la disminución de consultas médicas durante la crisis sanitaria por el coronavirus, estimaron los autores del trabajo, ya que entonces la atención médica se centró en quienes padecían COVID-19.

El informe también destacó que las personas que viven en hogares en situación de marginalidad reportaron un estado de salud deficitario en un 21%, duplicando así los valores de los estratos más favorecidos. Además, se observa una brecha de género persistente: el 17,1% de las mujeres indicaron tener problemas de salud, en comparación con el 10,8% de los hombres. La percepción de un estado de salud deficitario también aumenta con la edad, debido a que afecta al 33,6% de los adultos de 75 años o más.

En cuanto a los hábitos de ejercicio físico, el 63,9% de los adultos urbanos en 2023 no realizó actividad física al menos una vez a la semana, un aumento respecto al año anterior. Este déficit fue más pronunciado en hogares de nivel socioeconómico muy bajo, donde ocho de cada diez personas dijeron no practicar ejercicio, en comparación con el 45,4% en niveles socioeconómicos altos. Las mujeres presentan un mayor déficit en este aspecto, con un 66,6% que no realizó ejercicio, frente al 60,8% de los hombres.

El acceso a la atención médica también mostró fluctuaciones. En 2023, el 12% de las personas no realizó una consulta médica anual a pesar de tener problemas de salud, por lo que se volvió en ese aspecto a los niveles previos a la pandemia. Este porcentaje fue más alto en hogares de bajos ingresos, donde alcanzó el 14,8%, mientras que en estratos medios profesionales fue solo del 4,4%. Además, el uso del subsistema de salud público ha aumentado, con un 34,5% de los adultos urbanos que reportaron su uso en la última atención médica, un incremento significativo desde el inicio de la pandemia.

La crisis socioeconómica actual y la creciente informalidad laboral podrían estar impulsando el aumento en el uso de los centros de salud públicos, advirtieron los autores. En hogares de bajo nivel socioeconómico, el 62,8% de las personas utilizaron el subsistema público en su última consulta médica, en contraste con el 6,8% en hogares de nivel socioeconómico alto. Esta tendencia también se reflejó en las condiciones de precariedad laboral y residencial, donde el 53,8% de las personas recurrieron al sistema público.

Estos datos reflejan una desigualdad estructural en el acceso y en la percepción de la salud en Argentina, influenciada por factores socioeconómicos, de género y edad. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto trascendente en estos indicadores, ya que alteró los patrones de atención médica y la percepción de la salud que ahora parecen estar volviendo a sus tendencias anteriores.

Más de 600 personas de los cinco continentes participaron en Buenos Aires de la XXI Semana Internacional del Aprendizaje y Servicio Solidario, que reunió a directivos, docentes y estudiantes de todos los niveles educativos, junto a líderes comunitarios y especialistas en la pedagogía del “aprendizaje servicio”.

El evento central fue un seminario internacional organizado por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) en el campus de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA). La apertura estuvo a cargo de Jorge San Martín, presidente de CLAYSS, junto con Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, y las autoridades de la UCA, el rector Miguel Ángel Schiavone y el vicerrector Gustavo Boquin.

Al dar inicio al 27º Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio Solidario, Torrendell se definió como un discípulo de CLAYSS y planteó que la educación debe pasar de entender “el aula como mundo” a pensar “el mundo como aula”. En ese sentido, valoró que el aprendizaje-servicio solidario enseña que todos tenemos algo para enriquecer a los demás.

El seminario abarcó dos jornadas de intercambio con paneles, plenarios y talleres. Participantes de 21 países y 11 provincias argentinas compartieron sus experiencias y proyectos de aprendizaje-servicio solidario. Entre los asistentes hubo personas de Australia, Bélgica, España, Estados Unidos, Italia, Filipinas, Tanzania, Kenia, Uganda, Singapur y varios países de América Latina.

Durante el evento se presentó el libro La solidaridad como futuro de la educación. Perspectivas desde la experiencia iberoamericana del aprendizaje-servicio, elaborado en conjunto entre UNESCO y CLAYSS (y disponible de manera gratuita en la web). La obra se enfoca en experiencias concretas desarrolladas en Iberoamérica, en las que “la solidaridad deja de ser un contenido de aprendizaje para transformarse en una pedagogía que ayuda a solucionar problemas complejos de la realidad”, explicaron desde CLAYSS en un comunicado. En ese sentido, la propuesta aborda los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) como “currículum” de la educación del futuro.

La presentación del libro estuvo a cargo de sus editoras, Zelmira May (de la oficina de la UNESCO para América Latina y el Caribe) y Nieves Tapia (fundadora y directora de CLAYSS), además de la redactora, Elena Massat, y Daniel Filmus, exministro de Educación de la Nación y actual director del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.

En su exposición, Nieves Tapia habló sobre la importancia de la práctica solidaria en la formación de ciudadanos democráticos, en tiempos de democracias debilitadas por fenómenos como la posverdad, la polarización y la intolerancia. También aclaró que la pedagogía del aprendizaje servicio no debe confundirse con un “activismo emotivo pero irreflexivo y acrítico”: no se trata de proponer un “servicio ingenuo” ni de ofrecer “aprendizajes light”.

“En el fútbol se habla de hacer jugadas de pizarrón, pero un buen jugador sabe que una cosa es lo que se planifica y otra lo que pasa en la cancha. Si pretendemos formar ciudadanos con los niños, adolescentes y jóvenes sentados prolijamente en sus asientos escribiendo qué es la democracia, nunca van a aprender a jugar, porque (como dice el profesor Joel Westheimer) la democracia es un deporte participativo y para aprenderlo tenemos que sacarlos a la cancha”, aseguró Tapia.

“La gran contribución que hace el aprendizaje servicio es que desde chiquitos los sacamos a la cancha, los sacamos al terreno de la realidad, y aprenden a ser ciudadanos democráticos no desde la teoría, sino desde la práctica”, argumentó.

La directora de CLAYSS también señaló que los proyectos de aprendizaje-servicio solidario en tiempos de anti-ciencia, “ponen conocimientos rigurosos al servicio de todos”; y en tiempos de agresión y fragmentación, generan “espacios para la cultura del cuidado y del encuentro”. Finalmente, consideró: “Somos un movimiento de innovación pedagógica que también sirve para fortalecer democracias auténticamente participativas”.

Previo al evento se había reunido en Buenos Aires la Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio (#REDIBAS), así como el VII Encuentro de Aprendizaje-Servicio Solidario en las Artes, mientras que en La Plata se realizó una jornada organizada por Uniservitate, un programa global de promoción del aprendizaje servicio solidario en las universidades católicas.

El VII Encuentro de AYSS en las Artes se enfocó en “la construcción de identidades culturales”, a través de ponencias de especialistas latinoamericanos y del intercambio de experiencias. La primera jornada se realizó en la sede porteña de la OEI, donde los participantes fueron recibidos por Sandra Rodríguez, coordinadora de Cooperación e Innovación de OEl Argentina, quien compartió la apertura del evento con Enrique Ochoa, director ejecutivo de CLAYSS, y Pablo Daniel Buján Matas, coordinador del programa.

En tanto, el programa Uniservitate, dedicado a la educación superior católica y coordinado por María Rosa Tapia y Andrés Peregalli, organizó una jornada de trabajo en La Plata. Los participantes visitaron el Centro de Aprendizaje y Servicio Solidario “Santa Clara de Asís” de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), ubicado en un barrio vulnerable de la ciudad, y finalizaron la jornada con una misa celebrada en la catedral de La Plata por el obispo auxiliar Jorge González y el padre Leo Simon Mwenda (de la Universidad de Tangaza, en Kenia).

Por otro lado, el Encuentro de Jóvenes Solidarios reunió a 62 estudiantes que protagonizan proyectos de aprendizaje-servicio solidario y que sistematizaron sus reflexiones en un documento titulado “Juntos transformamos realidades”, que leyeron en el acto de cierre del seminario internacional. Allí los estudiantes cuestionaron la falta de una verdadera escucha a sus propuestas y pidieron implementar más proyectos de aprendizaje servicio.

La pobreza alcanzó al 52% de la población y la indigencia al 17,9% en el primer semestre, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA). Estas cifras representan un aumento significativo frente al 41,7% y 11,9% registrados por el Indec en 2023, y son los valores más altos desde 2004.

Se trata de un promedio entre el primer trimestre, cuando el 54,9% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza y el 20,3% era indigente, y el segundo, período en el cual los indicadores llegaron al 49,4% y 15,9%, respectivamente. Son cálculos del ODSA en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de los primeros 3 meses del año a los que accedió Infobae.

Agustín Salvia, director del observatorio, destacó que la situación no llega a ser tan crítica como en 2001-2002 porque el desempleo, aunque aumentó en los últimos meses, no es tan elevado como en aquel entonces, cuando se ubicaba en dos dígitos, cerca del 20%.

El especialista aseguró que hay dos fenómenos que mantienen la pobreza y la indigencia en niveles altos. Por un lado, la pérdida de puestos de trabajo en el sector informal de la economía y por otro, las bajas remuneraciones de los trabajadores formales del sector privado.

De hecho, precisó que aproximadamente la mitad de este último segmento gana menos de la Canasta Básica Total (CBT), que en julio llegó a los $900.648 y que acumula un aumento del 81,7% en lo que va del año.

En la misma línea, según la encuesta de UNICEF sobre la Situación de la Niñez y Adolescencia a nivel nacional, cuyos resultados abarcan hasta mayo de 2024, los ingresos del 48% de los hogares argentinos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales corrientes. Esto significa un aumento de 7 puntos más con respecto al año anterior y de 15 si se compara con 2022. Además, el relevamiento indica que un millón de niños se va a dormir sin cenar. Y entre las personas adultas, esta situación es aún más crítica: 4,5 millones tuvieron que saltearse una comida.

En cuanto a la baja intertrimestral de ambos indicadores, Salvia explicó que se debe a la caída de la inflación acompañada de un aumento en los salarios de los empleados formales del sector privado, que recuperaron solo parte de lo perdido en enero, febrero y marzo. En tanto, en el caso de los trabajadores del sector público y los informales, la recomposición fue menor. Esto no quiere decir que se haya vuelto a los niveles de diciembre, previo a la devaluación.

“Se recuperaron principalmente las clases medias trabajadoras, el segmento técnico profesional, con cierta calificación, en ramas dinámicas. Mientras tanto, los trabajadores del mercado de consumo, la industria y la construcción no recibieron aumentos salariales en la misma proporción que la inflación debido a la caída del nivel de actividad. El sector de los trabajadores informales pobres, que cayó en la indigencia y que depende en gran medida de los programas sociales, no se recuperó. Es en este contexto que se observa una mayor desigualdad entre los distintos sectores trabajadores”, sostuvo Salvia.

Cabe destacar que, según último el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, la construcción cayó 23,6% interanual en junio; la industria manufacturera, 20,4%; y el comercio mayorista, minorista y reparaciones, 18,6%.

Hacia adelante, desde el ODSA notan un amesetamiento de la reducción de la pobreza y la indigencia que se observó en el segundo trimestre. Sin embargo, creen que hay una tendencia a la baja por cierta dinamización del consumo, el aguinaldo, aumento de jubilaciones y mejora en los planes sociales. Aún así, no habría un caída fuerte en los indicadores. El observatorio espera tener una perspectiva más amplia de la situación social y económica del país en diciembre, una vez terminada su encuesta nacional que releva ingresos, empleo, inseguridad alimentaria, malestar psicológico y el índice de multidimensional, entre otros.

El ministro de Economía Luis Caputo reiteró que el impuesto PAIS bajará desde septiembre y descartó un reajuste en el dólar oficial para evitar un impacto en los precios. El funcionario habló ante estudiantes de la Universidad Católica Argentina (UCA) y dijo cuando se implemente la competencia de monedas “el tipo de cambio no va a ser un problema”.

El jefe del Palacio de Hacienda defendió la marcha del plan económico y dijo que la reactivación llegará por la vía de la remonetización de la economía que podría motorizar el blanqueo y a través de inversiones que lleguen a través del RIGI. “Devaluando lo único que se gana es que la inflación suba y la paguen los que menos tienen”, planteó el funcionario.

Sobre la reducción de la alícuota de impuesto PAIS para las importaciones, Caputo señaló, en primer lugar, que “vamos a estar bajando el impuesto a partir de septiembre al 7,5 por ciento. Esto contribuirá a que la inflación baje. Si queremos hacer algo por los que menos tienen, lo más importante es terminar con el flagelo de la inflación”, reiteró.

Respecto a la salida del cepo, el ministro dijo que “hay una ansiedad entendible de muchos pero que no es la ansiedad que nos mueve día a día, para nosotros no es un tema de tiempos sino un tema de formas. Lo haremos lo antes posible, pero, cuando salgamos, estaremos seguros de que no generará problemas a la sociedad. No se trata de hacerlo rápido sino de hacerlo bien. La salida del cepo será cuando estén dadas las condiciones y estamos trabajando para que sea lo antes posible”.

Consultado en una charla que tuvo lugar este miércoles por la mañana en un aula del Edificio San José del Campus Puerto Madero ante alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas (Caputo fue profesor durante 10 años en esa institución), el ministro habló sobre el próximo régimen monetario y de competencia de monedas.

“Hoy hay un nivel de agregados monetarios bajísimo, la economía necesita remonetizarse. En un esquema de competencia de monedas, esa remonetización se dará en pesos o en dólares, en la moneda en que la gente elija. Convivirán las dos monedas y el tipo de cambio no va a ser un problema en un esquema donde ya no hay emisión monetaria”, consideró.

El ministro se refirió a las medidas que tomará el Gobierno para reducir costos tributarios, como el fin de las retenciones y IVA y Ganancias para ventas con medios de pago electrónicos, que se dio a conocer este martes. “Para nosotros hay que bajar el costo argentino, sacarle el pie de la cabeza al sector privado, la competitividad se gana con la baja de impuestos y la baja de impuestos ayuda a la baja de la inflación”. “Ayer anunciamos la eliminamos de la retención de IVA a los comercios, sumada a una serie de medidas que vamos a anunciar los próximos 30 días, va a contribuir a que la inflación continúe a la baja”, dijo.

Elogios a Milei

El ministro de Economía aseguró que “desde el día 1 con el presidente decidimos desafiar ese ‘no se puede’ de una manera brutal, por ejemplo, algunos candidatos decían que se podía ajustar el déficit 1 punto (del PBI) por año, un punto y medio, el más osado. Nosotros fuimos a equilibrio fiscal en el primer mes, cuando lo que habíamos heredado era un déficit a nivel fiscal de 5 puntos y consolidado de 15 puntos”, dijo.

“Haciendo fast forward a hoy, llevamos 7 meses donde seguimos con superávit fiscal, donde los jubilados están ganando 5 y medio por ciento más en términos reales, hay superávit comercial, de cuenta corriente y energético”, describió.

Caputo afirmó el escepticismo “está en la historia argentina, en el gen argentino”. “Yo suelo decir que lo más importante es la realidad, siempre habrá gente que va a hablar mal, en las redes, en la televisión, hay críticas bien y mal intencionadas por cuestiones políticas, económicas, ideológicas, personales. No hay que tomarlo mal, es con lo que tenemos que lidiar. Para nosotros lo más importante es la realidad”, manifestó.

“Nosotros tenemos un programa económico que diseñamos antes de que el presidente fuera electo y lo estamos llevando a cabo a rajatabla, que era una de las grandes dudas, si lo íbamos a poder hacer”. “No nos desviamos del plan, lo estamos ejecutando a rajatabla y a muchos les sorprenden los resultados”, expresó.

Por otra parte, sostuvo que “Argentina nunca fue un alumno inteligente, lo bochaban porque no estudiaba. Hay una causalidad en esto, siempre le fue mal porque era un mal alumno, ahora está todo el día estudiando, estamos frente a un cambio histórico porque estudiamos. Si hay un orden macro, las consecuencias son estas. Se lo garantizamos a la gente y a los empresarios, Argentina no se moverá de ese orden macro”.

“El presidente tiene un mérito enorme en esto, porque dentro de la política hay mucha presión. Siempre le digo que me voy a preocupar el día que lo vea cambiar. Hoy tenemos un presidente con un nivel de convicción fenomenal que hace el trabajo nuestro más fácil, apoya todo lo que estamos haciendo y defiende a rajatabla el orden macroeconómico”.

Respecto al impacto de la recesión en los indicadores sociales, Caputo dijo que ”cuando la solución la impone el mercado, cuanto más brutal es, más pobreza y caída del poder adquisitivo genera”. “Hay una diferencia grande entre cuando uno, como país, resuelve el problema a cuando lo resuelve el mercado. La comparación de la situación actual es contra el caos y se paga un costo por eso, que hubiera sido más duro si no actuábamos”, afirmó.

“Es un proceso de largo plazo y que lleva su tiempo, pero lo importante es el punto de inflexión, ser un país creíble, donde la gente confíe” y manifestó que “desde el punto de vista económico y geopolítico Argentina es estratégica, está ajena a las guerras, es rica en recursos naturales, riquísima en capital humano. No hay ninguna razón para que no sea potencia más que no haber estudiado nunca durante 100 años”, concluyó.

Un breve informe difundido este sábado por parte de Agustín Salvia, sociólogo y director del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) describió la evolución del poder adquisitivo de la jubilación mínima desde el año 2021 y precisó que, si no se considera el bono de $70.000, esta tocó en febrero pasado el nivel más bajo de los últimos 23 años, situándose incluso por debajo del poder de compra que tenía el haber previsional mínimo a principios de 2002, en el peor momento tras el colapso de la convertibilidad, la devaluación del peso y un envión inflacionario inicial que se diluyó hacia principios del segundo trimestre de aquel que fue, en términos económico-sociales, el año más dramático en lo que va del siglo.

De todos modos, si se agrega el bono de $70.000, el valor de la mínima más bono de febrero pasado sí supera el poder adquisitivo de la mínima de principios de 2002.

Según los cálculos del Observatorio de la UCA, que actualizó y expresó todos los valores a precios de julio de 2024, en febrero pasado el valor de la jubilación mínima, sin bonos (siempre a precios del mes pasado) fue de $144.992, por ende inferior a los $156.738 que a valores actualizados tenía la jubilación mínima de principios de 2002. Cuando se tiene en cuenta el bono, el primer valor se eleva a $220.457, superando en casi 41% el valor de la mínima a principios de 2002.

“En la primera década del siglo XXI, luego de la caída experimentada entre 2021-2022, en un contexto de recuperación y crecimiento económico, con relativamente baja tasa de inflación, el monto real del haber mínimo jubilatorio fue en aumento, pasando para el promedio anual de $156.738 en el año 2002 a $424.486 en el año 2013 (a $ de julio de 2024), es decir un crecimiento porcentual de alrededor del 170%”, dice un pasaje del informe.

Posteriormente a este periodo, el monto real de estos haberes cayó entre 2013 y 2023 algo más del 40% sin considerar los bonos no remunerativos (de $424.486 a $246.876); y del 25% si se considera el haber extra de los bonos ($321.224).

Un gráfico del informe muestra cómo -dice el informe- “los bonos funcionan como complementos y paliativos para compensar la caída real del haber mínimo”.

Hasta dos tercios de pérdida

A su vez, los valores con y sin bono de la jubilación mínima de febrero pasado, precisa el informe, representan una caída del 48 y del 66% respectivamente con respecto al haber promedio del año 2013. En ese momento, recuerda el informe, “sin ser el valor más bajo de la serie, la jubilación mínima –incluyendo el bono- era similar a la que se percibía entre 2003-2004 (en proceso de recuperación del ingreso real)”.

La referencia es al momento de mayor caída de los haberes previsionales durante la actual gestión presidencia, de Javier Milei. “Después de esta caída, en febrero del 2024, en el contexto de la puesta en vigencia de una nueva fórmula de actualización jubilatoria, el haber mínimo fue logrando una relativa recuperación, alcanzando en julio un monto de $215.581 sin bono y de $285.581 con bono. Entre febrero y julio de 2024, la recuperación habría sido de 30 puntos porcentuales para el haber jubilatorio sin bono y de 33 puntos para el haber mínimo bonificado.

“Esto implicó que los haberes reales de este último mes superaran a los de diciembre, pero no así a los bonificados. Igualmente, ambos todavía están por debajo de los haberes promedio de 2023″, concluye el informe.

Un estudio realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que el 62,9% de los niños y adolescentes vive en situación de pobreza y el 16,2% se encuentra en la indigencia. Estas son las cifras más altas registradas desde 2010, según el informe que desarrolla la entidad educativa.

Tomando en consideración los datos publicados en el último censo oficial (2022), se deduce que hay 7.685.436 niños y adolescentes (de 0 a 17 años) en situación de pobreza y entre ellos, hay 1.979.397 que son indigentes.

Es importante aclarar que el estudio de la UCA presenta una medición de la pobreza multidimensional, basada en cinco aspectos del desarrollo de la infancia y adolescencia, mientras que el Indec elabora el índice de pobreza infantil de acuerdo a su propia metodología, con un rango etario que de los 0 a los 14 años. Por eso es que las cifras pueden ser diferentes entre un estudio y otro. El último dato publicado por el Indec (segundo semestre de 2023), señaló que la pobreza alcanza al 58,4% de los niños del país.

La investigación de la UCA, titulada “Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023″, da cuenta de las falencias básicas que tiene la población más joven del país. Se trata de una evaluación y monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Argentina urbana durante los últimos trece años.

Desafíos de la pobreza estructural

Desde 2011 hasta 2023, se observó un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza. “El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes”, señalaron desde la UCA

El impacto de la pandemia por Covid-19 fue significativo y regresivo en muchas otras dimensiones como salud, educación, crianza, y socialización, y si bien fue difícil la reversión en los primeros años de la postpandemia, en 2023, se retorna más claramente a situaciones previas que, aunque están lejos de expresar situaciones de bienestar y efectivo cumplimiento de derechos representan mejoras relativas destacadas en algunos casos, aunque en el marco de persistentes desigualdades sociales.

Pobreza multidimensional

En el marco de los estudios, la UCA construyó un índice de pobreza multidimensional que establece un doble umbral de carencias, uno total y otro severo. “Con tal propósito, se seleccionan seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación”, explicaron.

En términos generales, se obtuvo que el 56,3% de los niños y adolescentes fue pobre multidimensional en 2023 según el umbral total. Es decir, más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del país sufren al menos una privación de los mencionados derechos.

Por otro lado, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos, proporción tan alarmante como la de indigencia monetaria infantil (16,2%). Estos números eran aún más elevados al inicio del periodo analizado (2010). “En este sentido, estamos en presencia de mejoras, particularmente en la pobreza multidimensional medida de acuerdo con el umbral severo. Esto es debido a los avances en indicadores del hábitat como el hacinamiento y la calidad de la vivienda y en materia de escolarización”, indicaron.

Derecho a la alimentación

El 32,2% de los niños y adolescentes en la Argentina Urbana actual sufren inseguridad alimentaria. Es decir, no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy relacionado con el nivel socioeconómico: casi 1 de cada 2 niños y adolescentes pobres lo manifiesta al tiempo que, entre los no pobres, la incidencia no alcanza el 10%.

Entre 2010 y 2017, la inseguridad alimentaria ha permanecido estable en alrededor del 20% y luego ha pegado un salto importante en 2018 para alcanzar el tercio de la población infantil. Desde entonces, no ha bajado de esa cifra y tuvo un pico de 37,2% en 2020 en el contexto de la pandemia Covid-19 y el ASPO.

Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado “hambre” por problemas económicos.

Derecho a la salud

El 55,8% de la población de niños y adolescentes no cuentan con obra social, mutual ni prepaga por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica.

De este 55,8%, 90% son del estrato social más bajo, 65,1% son del Conurbano Bonaerense y 65,4% son niños/as y adolescentes que pertenecen a hogares monoparentales. Por otro lado, si bien sigue siendo considerable la proporción de niños/as y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y 17 años, estos déficits se redujeron casi un 50% en comparación al año 2020.

Derecho a un hábitat digno

La vivienda debe brindar protección y servicios esenciales que son cruciales para el desarrollo infantil. Tres servicios básicos relevantes conforman el déficit de saneamiento: el tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga. En 2023 un 39,5% padeció ese déficit, porcentaje que se mantiene bastante estable desde 2018.

Por otra parte, el déficit en las condiciones de medio ambiente alude a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura y/o plagas. Asciende al 49,4% del total de niños y adolescentes y en los últimos años se ha incrementado a tal punto que se retrotrajo a valores cercanos al inicio del periodo en 2010.

Por último, deben mencionarse dos indicadores que aproximan otros problemas en el espacio de la vivienda. Las condiciones deficientes de construcción de la vivienda afectan al 18,7% de niños/as y adolescentes y el hacinamiento a un 18,7% y 18,4%, respectivamente.

Derecho a la educación

El 23% de los niños de 3 a 5 años se encuentran no escolarizados. La inasistencia a establecimientos de educación inicial es siempre más alta que la no concurrencia a la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, desde 2010 se advierte una tendencia positiva en la asistencia a centros educativos en los más pequeños y que tiene la característica de ser común a todos los estratos sociales.

Por otro lado, el 82,6% de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal. En 2023, no parecen existir diferencias importantes en la cobertura de la educación primaria en comparación a la secundaria. “Donde sí se observan divergencias es entre estratos sociales. A medida que desciende el nivel socioeconómico, el desafío de cobertura por parte del Estado es mayor”, analizaron desde la UCA.

La pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3% de la población en el primer trimestre, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el Indec.

En su último informe, realizado en el período abril-mayo, el Observatorio se había acercado a la tasa de pobreza (55,5%) pero sus cálculos respecto a la indigencia se ubicaron un tanto por debajo (18,5%).

Con los datos oficiales del Indec, y por aglomerado urbano, las estimaciones de la UCA ubican a la región de Gran Resistencia, Chaco, como la más pobre del país con una tasa del 79,5%. La indigencia alcanza al 38,6% de la población. Le sigue Formosa con un 72% de pobres y Santiago del Estero- La Banda con casi 30% de indigentes. Pero la mayoría de las regiones tienen niveles de pobreza por encima del 50% y del 15%, en el caso de la indigencia.

También, Agustín Salvia, director del ODSA, resaltó, teniendo en cuenta la concentración de población, las tasas de pobreza e indigencia del Conurbano Bonaerense, que son del 62% y 25%, respectivamente.

Además, el especialista destacó el hecho de que más del 44% de los trabajadores residen en hogares pobres. “Todo ello a pesar de la sustantiva mejora que registraron la Asignación Universal por Hijo y las transferencias por Tarjeta Alimentar durante los primeros tres meses del año”, dijo.

A su vez, señaló: “Las tasas de indigencia y de pobreza infantil habrían alcanzado niveles casi récord: 7 de cada 10 niños viven en un hogar pobre, mientras que 3 de cada 10 lo hacen en un hogar indigente, es decir, con ingresos que no cubren el valor de una Canasta Básica Alimentaria”.

Cabe recordar que en el cuarto trimestre de 2023 la pobreza era del 45,2% y la indigencia del 14,6 por ciento. “Casi la mitad del incremento interanual registrado en ambas tasas, con respecto a los primeros 3 meses de 2023 (con tasas de 38,7% y 8,9% respectivamente), tuvo lugar antes de finalizar el año”, subrayó Salvia.

Las causas del agravamiento de la situación social a lo largo del año son variadas, pero desde el ODSA atribuyen el fenómeno principalmente a las diferentes devaluaciones y su impacto en los precios, sin que se hayan generado subas inmediatas y similares en los salarios.

Aseguran que hubo un antes y un después en diciembre de 2023, cuando se redujo fuertemente el consumo, se agravó la recesión y en consecuencia, cayó la demanda de bienes y servicios a los trabajadores autónomos, especialmente en el sector informal.

“Esto explica la caída en la pobreza de trabajadores asalariados formales y clases medias cuyas remuneraciones no lograron acompañar a la inflación (incluidos los jubilados y pensionados), al mismo tiempo que caían en la indigencia trabajadores informales pobres ante la falta de demanda de trabajo y mayor competencia de precios; o, incluso, jubilados con haberes mínimos sin otros ingresos”, consideró Salvia.

Por su parte, Martín González Rozada, economista y profesor titular del Departamento y Director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella, precisó en su cuenta de X: “Usando los microdatos de la EPH del primer trimestre de 2024, la pobreza del semestre octubre 2023- marzo 2024 se estima en 50%, unas décimas por encima del límite superior del intervalo de confianza estimado por el nowcast en abril”.

Qué se espera

En lo que respecta al segundo trimestre, en marzo y abril la pobreza y la indigencia tendieron al amesetamiento debido tanto a una caída significativa de la tasa de inflación como al aumento de las remuneraciones de trabajadores formales por sobre esta.

“A ello cabe sumar los incrementos en los haberes jubilatorios y en los programas sociales, los cuales, si bien no lograron alcanzar los niveles de 2023, lograron mejoras efectivas con respecto al primer trimestre. Se encuentra también el pago de aguinaldos de junio, y acuerdos salariales formales o informales entre empleadores y trabajadores”, aseguró Salvia.

En este marco, según los pronósticos del ODSA, tanto la indigencia como la pobreza habrían caído durante el segundo trimestre del año, ubicándose en la zona del 17-18% y 49-50%, respectivamente.

Hacia delante, “dado que cabría esperar que inflación siga bajando y que las remuneraciones continúen lentamente ajustándose al alza, lo cual permitiría cierta reactivación del consumo; se puede suponer una cierta caída de ambos indicadores pero todavía muy lenta, sin cambio alguno en la matriz económico-ocupacional que genera los niveles estructurales de pobreza que registra la Argentina”, afirmó el director del observatorio.

“Para superar estas privaciones necesitamos creación de más y mejores empleos, lo cual se genera a través del crecimiento económico genuino y continuo, mayores tasas de inversión y más pymes. Ese horizonte todavía no está a la vista”, agregó.

Tres de cada 10 personas que viven en zonas urbanas de la Argentina requieren tareas de cuidado para desenvolverse en su vida cotidiana, por lo que se estima que más de 12 millones se encuentran en esa condición de necesidad. Entre ellas, la mayoría, 8 de cada 10, requieren asistencia por su condición de niños de hasta 13 años, pero el 20,2% demandan atención especial por distintas limitaciones, ya sean físicas o psicológicas.

Así lo estableció el informe Demandas y labores de cuidado en la Argentina urbana, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA) que lleva las firmas de Agustín Salvia y Fernando Zago y fue elaborado en junio de 2024.

Según esa investigación, las personas que necesitan atención son 12.836.000, de las cuales el 20,2% demanda cuidados especiales por tener limitaciones o dificultades que complican su vida diaria. Esta situación afecta sobre todo a los mayores de 65 años (14,9%), seguidos de adultos (5,6%) y niños (3,5%).

Las tareas de cuidado que necesitan incluyen alimentación, higiene, acompañamiento, medicación, cuidados sanitarios, recreación y trámites, entre otras. En ese sentido, uno de los datos principales que recabó el informe indicó: “Según el tipo de responsabilidad asumida, en el 89.4% de los casos los principales cuidadores del hogar (los miembros del hogar que más tiempo dedican a estas tares) son mujeres. Esa responsabilidad es asumida por varones solo en uno de cada 10 casos”.

El estudio se enfocó en estimar y caracterizar a la población con necesidades de cuidado, e identificó a aquellos que presentan un déficit en este aspecto. Así, buscó proporcionar una comprensión detallada sobre quiénes son las personas que requieren cuidados y en qué medida sus necesidades están siendo satisfechas.

Además, el trabajo identificó las tareas de cuidado realizadas en el hogar para atender a la población demandante. Se examinó el tiempo dedicado a estas actividades y se caracterizó a las personas responsables de llevarlas a cabo.

Los autores del documento enfatizaron: “Los factores que tienen una mayor incidencia en el tiempo dedicado a las tareas de cuidado son la condición de ser el principal cuidador en el hogar y vivir en la región urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ser el principal cuidador de un hogar está fuertemente asociado con un aumento en las horas dedicadas al cuidado. Se sugiere, además, que los cuidadores de los hogares del AMBA dedican más tiempo a las tareas de cuidado en comparación con otras regiones urbanas del país. Otros factores significativos, pero con menor efecto, incluyen el sexo del cuidador, la edad, la razón de demandantes de cuidado, y tener estudios secundarios completos”.

De acuerdo al informe, casi la totalidad (97,2%) de las tareas de cuidado en los hogares no son remuneradas. Estos cuidados son asumidos en su mayoría por algún miembro del hogar (86,9%); familiares y amigos (16%) y, en pocos casos, personal remunerado (2,8%), mientras que en un 2,6% de los hogares, las tareas de cuidado las asumen instituciones públicas u organizaciones gratuitas.

En cuanto al perfil de los cuidadores, el informe subraya la predominancia de las mujeres en roles de cuidado no remunerado, la extensa cantidad de tiempo diario y semanal dedicado a estas tareas, así como las diversas características socioeconómicas y demográficas de quienes asumen estas responsabilidades.

“El trabajo de cuidado no remunerado constituye un obstáculo para el empoderamiento de las mujeres. Su relevancia ha sido reconocida en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030″, precisaron en la publicación.

Y postularon que hay alrededor de 8.420.000 personas que realizan tareas de cuidado en el hogar, lo que representa una cuarta parte de la población de 14 años o más que vive en hogares con necesidades de cuidado. El 67,4% de los miembros del hogar que realizan esas tareas son mujeres. En tanto, entre los principales cuidadores del hogar, la proporción de mujeres aumenta al 90,1%.

El déficit de cuidado es otro problema destacado que detectaron los autores del informe. Existe esa carencia cuando quienes, teniendo una necesidad de asistencia, no reciben ningún tipo de ayuda. Considerando a toda la población, incluyendo la infancia, se registra un 9,1% de personas experimentan déficit de cuidado. Así, el 30,2% de las personas que necesitan asistencia especial viven esa situación. Los adultos (35,6%) son los más afectados por esta carencia, le siguen los adultos mayores con el 26,9% y los niños con dificultades con el 13,5%.

Las personas con dificultades o limitaciones dependen en gran medida del cuidado de otros para llevar a cabo sus actividades diarias. Existe una notable carga de trabajo sobre los cuidadores, mayormente mujeres, y una incidencia significativa de déficit de cuidado, particularmente en regiones y estratos socioeconómicos específicos.

En cuanto a la cobertura médica, un 55% de las personas que demandan cuidados no cuentan con ese tipo de asistencia, complicado por el hecho que su nivel educativo es menor en los mayores de 18 años, en comparación con la población general.

Las dificultades se ven agravadas para la mayoría de las personas que requieren asistencia porque en su mayoría están laboralmente inactivas, un 68,9%, mientras solo el 25,6% dijo estar ocupado.

En términos del perfil de las personas que requieren cuidados, los varones representan una mayor proporción (53,1%). “Entre las estrategias para afrontar el problema de la carga de trabajo desigual, se destaca el modelo de las “3 Rs” propuesto por Diane Elson: “Reconocer”, “Reducir” y “Redistribuir”. El objetivo es fortalecer a las mujeres como actores, reconociendo al mismo tiempo que un nivel adecuado de cuidado es esencial para el bienestar de la sociedad y la sostenibilidad del desarrollo humano”, desarrollaron en el escrito.

Más datos del informe:

• La mayoría de los principales cuidadores del hogar tienen entre 35 y 64 años (52,9%) o entre 18 y 34 años (40,9%) y dedican en promedio 11,9 horas al día a estas tareas, mientras que otros miembros del hogar dedican aproximadamente 5,6 horas al día.
• Entre el grupo de cuidadores, el 57,6%, además, tienen otra ocupación, mientras el 35,1% están inactivos y el 7,3% desocupados. Respecto a la educación, el 41,2% de los cuidadores principales tienen el primario completo, y el 38,7% el secundario completo.
• Las personas en el rol de principales responsables del cuidado realizan tareas prácticamente todos los días de la semana (6,7 días). Las mujeres dedican más días a la semana a las tareas de cuidado (6,7 días) en comparación con los hombres (6,4 días), especialmente en hogares que exigen solo cuidados especiales.
• El tipo de problemas por el trabajo varía ampliamente. La movilidad es la más común (50,3%), especialmente entre los mayores, ya que alcanza a un 69,1% de ese grupo etario. Las dificultades mentales afectan al 31% de esta población y es más prevalentes en niños (64%), en tanto que las dificultades visuales y auditivas representan el 18,7%, y se presenta en mayor proporción en adultos y mayores (22,2%).

El rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone, expresó hoy su preocupación ante las últimas cifras sociales que divulgó la institución, que corroboraron un persistente incumplimiento de la educación secundaria de millones de adolescentes y jóvenes cuyas familias están en la pobreza.

“Solo el 50% de los chicos de 18 a 25 años de edad tienen completa la educación secundaria, cuando la legislación dice que es obligatoria. Y a la universidad solo llega el 10% de esa población”, advirtió el referente de la alta casa de estudios.

El resultado está en sintonía con el empeoramiento de las condiciones de vida de los últimos años, y que se profundizó desde diciembre pasado por el impacto del ajuste económico. El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) relevó que la pobreza habría llegado en el primer trimestre de 2024 al 55,5% de la población y la indigencia pasó del 9,6% al 17,5% en el mismo período.

El relevamiento además indaga sobre el estado de la educación y del trabajo en la Argentina. En el informe, sobresale el dato de que el 23% de los niñas y niños de entre 3 y 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 0,4% de los que tienen entre 6 y 12 años no va a la escuela primaria, el 9,1% asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no terminó la secundaria. Estas últimas cifras son del tercer trimestre de 2023.

“Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos)”, subraya el reporte.

En la franja de entre 18 y 25 años, según Schiavone, los guarismos serían mucho peores. “De los que terminan la secundaria, solo el 15% lo hacen en tiempo y forma. Son datos alarmantes, de un deterioro histórico que viene teniendo el país”, remarcó.

Por grupo poblacional y región, el déficit educativo es más pronunciado. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 7,3% de los niños de 13 a 17 años no asiste a la escuela secundaria, y la cantidad de jóvenes adultos de 18 a 29 años no terminó la escuela secundaria llega al 38,7% en promedio. En las provincias del norte del país, en localidades de Formosa, Jujuy, Chaco, Salta y Corrientes, el porcentaje de población de 18 a 29 años sin secundaria completa supera el 50 por ciento.

Desde su punto de vista, el rector de la UCA advierte que la problemática irradia hacia el nivel educativo de la enseñanza superior y en la futura inserción profesional.

“Tenemos universidades de prestigio públicas y privadas, pero hay una gran inequidad, porque solo el 10% de la población llega a la educación universitaria”, insistió Schiavone en diálogo con radio Continental, en relación a la contradicción entre el desempeño internacional de las altas casas de estudio argentinas y su campo de cobertura. “Esto uno lo ve en las necesidades laborales que hay para cubrir cargos. Hoy se necesita una formación muy especializada”, ejemplificó.

Por lo tanto, el rector consideró que se deben redoblar esfuerzos en el tema y “recordar a Sarmiento y a los que hicieron grande a la Argentina” para “poder emularlos”. “La cultura y la educación tardan años en recuperarse”, concluyó.

El empeoramiento general en los índices sociales, de acuerdo a la ODSA-UCA, se atribuye en gran parte al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. El mismo estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA). En el tercer trimestre de 2023 el indicador de pobreza era del 44,7 por ciento.

Existe una clara correlación entre bajo poder adquisitivo y nivel educativo. La evolución de la tasa de indigencia al finalizar 2023, en los hogares con jefe de familia sin secundaria completa, había alcanzado el 15,1 por ciento, según el mismo registro de la ODSA-UCA.

La Universidad de Buenos Aires quedó en el puesto 71 a nivel mundial en el ranking de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS). La UBA se mantiene como la mejor universidad del país y, en la última edición del ranking, recuperó el primer lugar de Iberoamérica, al haber subido 24 escalones con respecto a la medición anterior, según los datos del QS World University Rankings, que evalúa a las 1500 mejores instituciones de educación superior en el mundo.

La UBA había ocupado el primer puesto de Iberoamérica durante ocho años consecutivos, pero en la edición del año pasado había sido “destronada” por la Universidade de São Paulo (Brasil) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ahora recuperó el primer escalón regional. Solo cuatro universidades latinoamericanas se ubican entre las 100 mejores del mundo: a las tres mencionadas se suma la Pontificia Universidad Católica de Chile.

A diferencia de otros rankings universitarios, el QS pondera en primer lugar la reputación académica (30%) y la reputación entre empleadores (15%), junto con el impacto de la investigación medido por citas por profesor (20%). También valora la proporción de profesores por alumno (10%) y el grado de internacionalización de la matrícula de estudiantes (5%), de los profesores (5%) y de la investigación (5%). El índice, cuya metodología fue modificada el año pasado, se completa con la empleabilidad (5%) y la sostenibilidad (5%).

La UBA se ubica entre los 50 primeros puestos globales en algunos indicadores, como resultados de empleabilidad (puesto 13), reputación académica (puesto 35) y reputación de los empleadores (puesto 38). Desde la universidad atribuyeron el ascenso de 24 posiciones a “la puesta en común de todas las líneas programáticas de la UBA en materia de sustentabilidad, que permitió subir 245 posiciones en esa dimensión” y a la mejora los resultados de empleabilidad de los graduados.

A nivel nacional, detrás de la UBA aparece la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en el puesto 481: son las únicas dos universidades argentinas que figuran entre las 500 mejores del mundo. Según el ranking QS, la UCA –que subió 33 puestos– se destaca especialmente en la proporción de profesores por alumno (puesto 19 a nivel mundial) y en la empleabilidad de los graduados.

“Por sexto año consecutivo mejoramos nuestra posición y ocupamos el primer lugar dentro de las universidades privadas. Los alumnos nos eligen por la calidad académica, por la formación humanista integral que reciben, por las nuevas carreras que ofrecemos, y por la valoración positiva que tienen los empleadores de nuestros graduados tanto en el ámbito local como internacional”, dijo Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA.

Argentina tiene 25 universidades clasificadas entre las 1500 mejores del mundo. De ellas, cinco ascienden en la clasificación y ocho descienden, mientras que 12 permanecen estables. El top 10 nacional se completa con seis universidades privadas y dos públicas: la Universidad Austral, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad de Palermo, Universidad de Belgrano, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Universidad de San Andrés y Universidad Torcuato Di Tella.

Desde la Universidad Austral destacaron que el ranking los posiciona como “la universidad de gestión privada del país con mejor reputación académica y con los empleadores”, y también como la primera de las privadas en el área de sostenibilidad, un indicador que se incorporó el año pasado para medir el compromiso de las casas de estudio con el medio ambiente.

Sobre este último punto, Julio Durand, director de la unidad de reputación institucional de la institución, señaló: “La Austral es la primera universidad de gestión privada en este indicador todavía poco atendido por el conjunto de instituciones del país y refleja una de las prioridades estratégicas de la institución en la gestión sustentable de su Hospital Universitario y campus en Pilar”.

“Los rankings universitarios son herramientas valiosas que nos permiten evaluar y poner en valor el trabajo realizado en nuestra universidad. Más allá de las posiciones obtenidas, estos indicadores nos brindan la oportunidad de identificar nuestras fortalezas y áreas a mejorar”, señaló Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata.

“La UNLP ha sido reconocida por su buena reputación entre académicos de todo el mundo, un aspecto que refleja la calidad y el impacto de nuestra labor educativa y científica. En contrapartida, aspiramos a seguir mejorando nuestra reputación entre empleadores, fortaleciendo nuestra relación con el sector productivo y mejorando la percepción de nuestros egresados en el mercado laboral”, agregó López Armengol.

“La UBA brilla en la clasificación de este año, recuperando el primer puesto en América Latina tras un breve paréntesis. Sin embargo, su éxito pone de manifiesto la grave situación en la que se encuentran las demás universidades del país, ya que la segunda universidad mejor clasificada se encuentra 410 puestos por detrás”, dijo Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.

El comunicado de QS –difundido mientras los gremios universitarios se encuentran de paro por la caída de sus salarios– hace referencia a la coyuntura actual del sistema universitario público: “Aunque Argentina se ha mantenido relativamente estable en esta edición de la clasificación, el futuro de su sistema de formación universitaria parece precario. Las recientes protestas masivas contra los recortes de financiación y las medidas de austeridad del Gobierno subrayan la importancia social e histórica de las universidades públicas argentinas”, planteó Sowter.

En su análisis general del sistema universitario nacional, el informe de QS resalta que las universidades argentinas tienen buenos resultados en el indicador de empleabilidad, “lo que sugiere una enseñanza de alta calidad y una buena preparación para el trabajo”.

Por otro lado, como en ediciones previas, advierte sobre “los indicadores relacionados con la investigación”, tanto en términos de impacto como de colaboración internacional. Todas las universidades del país cayeron en el indicador de impacto de la investigación (basado en el número de citas por profesor), y ninguna se encuentra entre las 1000 mejores del mundo en esta área. En el país, los mejores resultados de citas por profesor están en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El ranking QS también destaca la proporción de estudiantes extranjeros en las universidades argentinas y señala que el país “disfruta de algunas de las cohortes de estudiantes más diversas de América Latina, con cuatro de los cinco primeros puestos en la región en cuanto a proporción de estudiantes internacionales”. En este punto se destacan la Universidad de Palermo, la UBA, la Universidad de Belgrano y la UNLP.

A nivel global, el primer puesto del ranking QS lo ocupa el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que lleva 13 años consecutivos en la cima. Luego siguen dos universidades inglesas: el Imperial College de Londres y la Universidad de Oxford. En 4° lugar queda la Universidad de Harvard, seguida por Cambridge (5°) y Stanford (6°). El top 10 mundial se completa con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (7°), la Universidad Nacional de Singapur (8°), el University College de Londres (9°) y el Instituto Tecnológico de California (Caltech) (10°).

Puede resultar un principio obvio, pero no por eso debe dejar de resaltarse: el acceso a un hábitat saludable es un derecho fundamental que afecta directamente el bienestar y el desarrollo de las personas, pero de manera especial a las infancias. Los niños son el grupo social más vulnerable frente a factores como la contaminación ambiental, el hacinamiento, la mala calidad del agua y la inseguridad. Estos elementos no solo afectan su salud física, sino también su desarrollo cognitivo y emocional.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), junto al Banco Hipotecario, elaboró un nuevo documento de investigación al que tuvo acceso Infobae bajo el título “Diagnóstico del Hábitat Infantil para un Desarrollo Sostenible”.

Los investigadores advirtieron allí que más de la mitad de los niños no cuenta con algún tipo de servicio público. Así, por ejemplo, el 56% de los menores de edad de los centros urbanos del país carece de desagües, veredas y pavimentos, mientras el 53% no tiene acceso al gas. En valores solo un poco por debajo se encuentran factores como la contaminación ambiental, cuya falta padece el 48,6% de los más jóvenes y lo mismo ocurre con el 38% para el caso de los sistemas cloacales.

Pero las carencias no se limitan a estos aspectos, si no que la vida de los niños se ve dificultada por aspectos como la inseguridad, la venta de drogas en sus barrios, la precariedad habitacional, entre otras.

Los datos arrojados por este sondeo se enmarcan en una situación de incremento de los niveles de pobreza, de acuerdo con observaciones autorizadas. El propio ODSA-UCA mostró en febrero pasado que el 57,4% de la población argentina es pobre, y días atrás un trabajo de la Universidad Torcuato Di Tella evaluó que 29,4 millones de habitantes del país padecen esa condición, lo que implica, según los investigadores de esta casa de estudios, un 48,9% de la población. Ambos trabajos marcan un aumento en el número de personas con las necesidades insatisfechas respecto de sus propias investigaciones anteriores.

Los autores del nuevo trabajo, encabezados por la socióloga e investigadora Ianina Tuñón, coordinadora del ODSA-UCA, pusieron énfasis en la necesidad apremiante de implementar acciones concretas para mejorar las condiciones de hábitat, ya que no solo se trata de proporcionar viviendas adecuadas, sino también de abordar la calidad del entorno en el que crecen los niños y adolescentes.

En diálogo con Infobae, Tuñón señaló que “el informe da cuenta de un amplio conjunto de indicadores del medio ambiente en el que el niño se puede o no desarrollar. La pobreza muchas veces es medida de manera muy reduccionista a través de los ingresos. Pero hay un grupo mucho más amplio de aspectos que hacen al espacio de vida de un niño, como el acceso a los servicios básicos, y allí vemos problemas importantes de saneamiento y de acceso a la red de gas natural”.

“El déficit en el campo del saneamiento —remarcó— presenta desigualdades sociales muy regresivas para los chicos en condiciones de pobreza y tiene un impacto muy importante en los primeros años de vida. Porque un niño que no accede al agua segura y que no accede al saneamiento seguro es un niño que suele tener muchas más enfermedades en esos primeros años”.

Otro dato relevante que destacó Tuñón es el déficit en el acceso al gas en contextos de mucho frío como el actual, lo que constituye un problema tanto para preservar la temperatura de los hogares como para la correcta cocción de los alimentos, “pero también tiene un impacto en el desarrollo de la vida de un niño” al afectar su salud.

En el informe, el grupo de autores del que también forman parte el economista Matías Majlar y la estudiante avanzada de Relaciones Internacionales de la UCA Nicole Robert, recomendaron encarar mejoras imprescindibles que impactarán en los primeros años de vida de la población y también en etapas posteriores de su crecimiento. Un hábitat saludable tiene efectos positivos en la salud general y el bienestar de la población infantil y contribuye a un crecimiento sostenible y equitativo, dijeron.

Una vez más, como ocurre en otros estudios, el análisis subrayó las diferencias entre las distintas regiones urbanas del país, lo que evidencia que ciertas áreas enfrentan mayores desafíos en este aspecto que otras.

Los resultados de la investigación

Inseguridad en los barrios, falta de servicios públicos esenciales, presencia de drogas, falta de acceso a la red de gas, contaminación ambiental, la ausencia de cloacas, hacinamiento y tenencia irregular de viviendas son los factores más destacados de un combo que refleja problemáticas esencialmente urbanas y que hablan de la necesidad de políticas públicas sostenibles para revertir estas condiciones.

El trabajo de la UCA mostró que los problemas predominantes en el entorno habitacional que impactan en la infancia, en términos de su frecuencia, son los siguientes:

• La inseguridad en los vecindarios: 77%
• La carencia de servicios públicos como desagües, veredas y pavimentos: 56%
• La presencia de drogas: 54%
• La falta de acceso a la red de gas: 53%
• La contaminación ambiental: 48,6%
• La ausencia de sistemas cloacales: 38%
• Las situaciones de precariedad habitacional: 19%
• El hacinamiento: 18%
• La tenencia irregular de vivienda: 10%

Los expertos que elaboraron el estudio enfatizaron que uno de los aspectos más críticos es el acceso al agua, ya que el 15% de los niños y niñas no dispone de agua corriente y el 20,5% tiene una mala calidad de ese servicio. Para los autores, la desigualdad social agrava estas privaciones ambientales, especialmente en las primeras etapas de la vida en los sectores más desfavorecidos económicamente. El Conurbano Bonaerense y el Gran Tucumán aparece a la cabeza de las zonas que evidencian más esta situación.

En cuanto al déficit de servicios públicos según aglomerado urbano, el informe indicó que padece esta situación el 76,3% de los pobladores del Gran Tucumán; el 73,4% de los del Gran Buenos Aires Oeste, el 69,4% del Gran Buenos Aires Sur y el 62% del Gran Buenos Aires Norte. En el otro extremo de este desafortunado ránking la Ciudad de Buenos Aires con el 13,2% y el Gran Mendoza con el 14,3%.

A la hora de analizar otros factores que afectan a los niños y adolescentes más vulnerables, el informe indicó:

—La inseguridad y la presencia de drogas: Según los autores estas son barreras para la socialización de los menores de edad, ya que les impide jugar en espacios públicos y movilizarse de manera autónoma, sin necesidad de ser acompañados por un mayor, cuando van a la escuela o a otros lugares.

Sobre este aspecto, Tuñón consideró que afecta la vida de los niños y adolescentes en términos de su posibilidad de socialización en el espacio público. “Es una problemática que atraviesa a diferentes infancias. Más de 7 de cada 10 niños viven en espacios barriales en los que sus padres consideran que se experimenta inseguridad, en los que hay insatisfacción con la protección policial. Y afecta de modo más significativo a los sectores obreros integrados y de clases medias no profesionales, sobre todo lo que tiene que ver con la percepción de la inseguridad”.

“Si este dato de la inseguridad lo analizamos junto con el déficit de servicios barriales, con datos muestran que 2 de cada 10 chicos viven en barrios que no tienen plazas o parques cerca, que 3 de cada 10 no tienen centros de deportes o clubes. Estamos hablando de chicos que no solamente no pueden disfrutar del espacio público y socializarse en él por problemas de inseguridad, sino que también carecen de espacios alternativos de socialización como son los clubes, como son las plazas, los parques o incluso las iglesias, los templos, los lugares de culto”, completó la investigadora.

—Los problemas ambientales y el déficit de servicios públicos: Los autores los destacaron como dos aspectos que están conectados, ya que la falta de desagües es caldo de cultivo para la propagación de enfermedades. Como menciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) el agua contaminada y el saneamiento deficiente contribuyen a la transmisión de enfermedades como el cólera, otras enfermedades diarreicas, la hepatitis A, y dificulta la eliminación de vectores de otras enfermedades como, por ejemplo, el dengue. Además, indicaron en el informe de la UCA, tal como mencionó Tuñón, “el acceso a agua potable, condiciones adecuadas de saneamiento y gas domiciliario son cruciales para la nutrición y la salud de los niños/as, así como para su desarrollo físico y sus capacidades educativas”.

—El hacinamiento: el estudio detectó que el 20,5% de los niños y adolescentes viven en esas condiciones y en viviendas precarias. Los autores advirtieron que esto “limita su desarrollo personal al no contar con espacios para la privacidad, el descanso adecuado o la interacción social con sus pares. La precariedad habitacional también conlleva riesgos para su supervivencia y bienestar”.

Por último, dijeron los autores, aproximadamente el 10% de los niños/as y adolescentes residen en viviendas informales, lo que genera inestabilidad y vulnerabilidad en su entorno habitacional, lo que probablemente afecta negativamente el bienestar psicológico de los adultos a cargo de su cuidado y crianza.

El nuevo trabajo del ODSA-UCA tiene por objetivo servir de guía para políticas públicas y acciones comunitarias que busquen minimizar las carencias habitacionales y mejorar las condiciones de vida de los niños y adolescentes, creando un entorno más seguro y saludable para todos.