Stephen Hubbard, maestro jubilado de Míchigan de 74 años, recuperó la libertad el 21 de octubre tras permanecer más de cuatro años preso en Rusia, acusado de combatir como mercenario en Ucrania, un cargo que su defensa rechazó con firmeza. Nueve días después de su excarcelación, el 30 de octubre, el presidente Donald Trump lo recibió en la Oficina Oval de la Casa Blanca ante un grupo selecto de medios.

Durante ese encuentro, Hubbard confesó que a lo largo de su prolongado cautiverio escuchó tantas promesas incumplidas sobre su salida que perdió la esperanza y se convenció de que jamás saldría con vida de prisión.

La noticia de la liberación se conoció el miércoles 21 de octubre durante una reunión en San Petersburgo entre el enviado especial Steve Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin, en el marco de conversaciones sobre el conflicto en Ucrania, según informó NBC News. La medida respondió a gestiones solicitadas previamente por Donald Trump, tras las cuales el Kremlin concedió la excarcelación por razones humanitarias.

Witkoff se reunió con Hubbard en San Petersburgo antes de que el docente abordara el vuelo hacia Estados Unidos, que tuvo como destino una base militar en Texas. Trump celebró el retorno en redes sociales y afirmó que Washington no entregó a ningún detenido a cambio.

Las acusaciones de Rusia contra Stephen Hubbard y el rechazo de su defensa

Las fuerzas rusas capturaron a Hubbard en abril de 2022 en Izium, ciudad del este ucraniano donde residía desde 2014. En 2024, un tribunal de Moscú lo sentenció a puertas cerradas bajo la acusación de alistarse en un batallón de defensa territorial a cambio de dinero.

La fiscalía general rusa aseguró que el docente actuó con fin de enriquecimiento personal. Sin embargo, su abogado, Martin De Luca, desmintió las imputaciones e insistió en que su cliente jamás participó en combates ni portó armas, según consignó NBC News.

La familia de Hubbard también desestimó la versión oficial rusa. Su hijo, el sacerdote Joseph Coleman, sostuvo que no existe prueba alguna contra su padre, quien solo enseñaba inglés en línea y no hablaba ruso ni ucraniano.

“Creo que mi padre estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. A militares de bajo rango les sirvió decir: ‘Tenemos a este americano’. Es un trofeo”, declaró Coleman al medio estadounidense. El propio hijo había enviado semanas antes una carta a Putin para solicitar su perdón humanitario.

El testimonio en la Casa Blanca: Hubbard creyó que nunca saldría de la prisión rusa

En su reunión con Trump en la Casa Blanca, Hubbard explicó que las constantes promesas falsas de excarcelación lo llevaron a no confiar en ningún anuncio y a esperar un desenlace fatal tras las rejas. Solo cuando los guardias le entregaron ropa civil y lo escoltaron hacia la puerta del penal aceptó que su salida era real, de acuerdo con The Guardian y ABC7.

“Solo cuando comenzaron a darme ropa nueva y a conducirme hacia la salida de la prisión... vi el auto y me acompañaron un par de rusos; recién entonces creí, en el trayecto de Moscú a San Petersburgo: ‘Realmente voy a algún lugar’”, relató el jubilado ante el mandatario norteamericano.

La gestión de Donald Trump y el debate sobre el costo de la liberación

Durante el encuentro oficial, Trump destacó la importancia de haber recuperado al maestro de 74 años. “Fue alguien que quería traer de vuelta”, expresó el gobernante, según reportó ABC7. Aunque la Casa Blanca remarcó que Moscú actuó sin exigir un canje de prisioneros, Trump reconoció en redes que las tratativas habrían colapsado de no haber frenado un paquete de sanciones económicas pocos días antes.

No obstante, analistas diplomáticos consultados por NBC News cuestionaron que la excarcelación representara un gesto desinteresado. El exembajador estadounidense John Herbst vinculó la medida a la decisión de Washington de no extraditar al bloguero militar ruso Mikhail Zvinchuk, capturado en Montenegro: “Rusia recuperó a un sujeto peligroso que debimos retener y nosotros a un ciudadano inocente. Ese es el patrón”, remarcó el analista.

La partida de Hubbard —precedida en agosto por la liberación del exmarine Robert Gilman tras cuatro años de encierro— puso fin a más de cuatro años de aislamiento para el maestro de Míchigan. Tras su paso por la Casa Blanca y el relato de un cautiverio que creyó definitivo, el docente de 74 años concretó el reencuentro con sus hijos y nietos en territorio estadounidense, lejos de los tribunales rusos y del frente bélico en Ucrania.

El anuncio tuvo lugar el viernes 30 de octubre en St. Cloud, Minnesota, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, encabezó una conferencia de prensa junto al director del FBI, Kash Patel, el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, el presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Andrew Ferguson, y el fiscal general adjunto Colin McDonald.

Bessent afirmó que desde enero de 2025 el gobierno identificó más de USD 260.000 millones en fraude en todo el país.

Cómo funciona el programa de denuncias de fraude de Trump

El Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude es administrado por la División Nacional de Aplicación contra el Fraude del Departamento de Justicia (DOJ), con fondos iniciales aportados por el Tesoro. El esquema contempla pagos de entre USD 10.000 y USD 30.000 para quienes presenten información que derive en cargos criminales en las áreas cubiertas. Los montos se otorgan a discreción del DOJ.

A diferencia de los mecanismos anteriores, el programa no exige esperar a que un caso concluya con una condena para efectuar el pago: las recompensas se liberan una vez que se presentan los cargos. Esa diferencia con los sistemas tradicionales representa uno de los cambios estructurales más significativos de la iniciativa.

Todas las denuncias deben presentarse a través del portal centralizado America.gov/fraud, que reemplaza la red dispersa de líneas de contacto que funcionaban en distintas agencias federales. El gobierno sostiene que la unificación del sistema facilita el acceso del público al reporte de irregularidades con fondos de los contribuyentes.

Qué tipos de fraude busca detectar el gobierno de Estados Unidos

El programa concentra su atención en sectores considerados de alto riesgo. Entre las áreas prioritarias se encuentran los cuidados paliativos, la atención médica domiciliaria, las guarderías, los servicios especiales y los beneficios federales en general.

En materia de asistencia social, el esquema cubre fraudes vinculados con el Programa Suplementario de Asistencia Nutricional (SNAP, conocido como estampillas de alimentos), el seguro de desempleo y otros planes administrados por los departamentos de Agricultura, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Educación y Asuntos de Veteranos.

El primer pago público bajo el programa fue entregado al periodista independiente Nick Shirley, quien recibió USD 10.000 por su cobertura de un presunto fraude vinculado a centros de cuidado infantil en Minnesota que recibían subsidios federales, según detalla la misma fuente.

Las cifras que presentó Scott Bessent en Minnesota

Durante la conferencia de prensa en St. Cloud, Bessent expuso una serie de datos sobre las acciones del gobierno en materia de fraude desde el inicio de la administración. El secretario afirmó que el Tesoro devolvió USD 175 millones en pagos que habrían sido destinados a personas fallecidas, detuvo casi USD 190 millones en transacciones sospechosas y restituyó más de USD 100 millones a víctimas estadounidenses de fraudes originados en el exterior.

Bessent también señaló que el gobierno evitó que USD 72.000 millones anuales llegaran a actores ilícitos e impulsó acciones de aplicación de la ley por casi USD 60.000 millones.

El secretario señaló que el Tesoro trabajó en coordinación con el IRS para articular las investigaciones. En su alocución, responsabilizó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por la expansión del fraude en ese estado, al afirmar que los esquemas de fraude a escala industrial florecieron durante la gestión del gobernador demócrata.

Esa afirmación constituye una posición política del funcionario y no un hecho establecido judicialmente.

Las investigaciones y medidas del FBI anunciadas en Minnesota

Kash Patel informó durante el acto que el FBI ejecutó 17 órdenes de registro en Minnesota el jueves 29 de octubre, en el marco de una investigación que derivó en una acusación de 26 cargos contra cuatro personas por un presunto fraude superior a USD 41 millones. Se trata de acusaciones e investigaciones en curso; ninguno de los imputados ha sido declarado culpable.

El anuncio en Minnesota se enmarca en una ofensiva más amplia de la Casa Blanca contra el fraude en programas de asistencia federal y servicios de salud, liderada por el Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude encabezado por el vicepresidente JD Vance. El presidente Donald Trump y Vance presentaron formalmente el programa a principios de octubre en el Salón Oval.

En esa ocasión, Trump señaló que los denunciantes podrían recibir una comisión del 1% sobre los fondos recuperados en casos de gran escala y que él mismo resolvería disputas sobre la titularidad de las recompensas. Sin embargo, los lineamientos oficiales del programa establecen el rango mencionado anteriormente para denuncias que deriven en cargos criminales, sin referencia a comisiones porcentuales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos puso a disposición de la ciudadanía el Patriot Passport, un pasaporte conmemorativo de edición limitada creado con motivo del 250° aniversario del país. El documento ya se encuentra disponible a escala nacional ante la demanda popular, según consta en las directrices oficiales. Las personas interesadas pueden tramitar esta libreta especial a través de centros de aceptación autorizados, oficinas federales y envíos postales en todo el territorio estadounidense.

Esta versión conmemorativa cuenta con arte personalizado e imágenes mejoradas en las cubiertas frontal, posterior e interior. A pesar de estas modificaciones de diseño, la libreta posee el mismo valor legal y conserva todas las medidas avanzadas de seguridad que caracterizan a los pasaportes regulares estadounidenses como documentos de identidad y viaje internacional.

El programa oficial prevé la emisión de 250.000 libretas conmemorativas

La iniciativa federal contempla una tirada de 250.000 pasaportes conmemorativos, una cifra fijada para facilitar el acceso de la población a este recuerdo histórico. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el arte gráfico exclusivo distingue a esta partida conmemorativa de las libretas ordinarias sin alterar los estándares técnicos requeridos en los controles de aduana e inmigración.

Quienes reciban este documento dispondrán de una libreta estándar de 26 páginas. Las autoridades gubernamentales precisaron que las libretas de gran formato con 50 páginas se mantienen bajo el diseño gráfico tradicional, por lo que el diseño alusivo al aniversario solo se entrega en el formato regular de páginas.

Los pasos obligatorios para tramitar la libreta especial en canales presenciales y postales

La solicitud del pasaporte conmemorativo de Estados Unidos exige un procedimiento presencial o por correspondencia postal, debido a que las disposiciones oficiales establecen de forma estricta que no es posible gestionar el documento mediante la renovación por internet. Asimismo, las autoridades aclararon que esta edición no se encuentra disponible en embajadas ni consulados en el exterior.

Quienes busquen obtenerla deben completar los siguientes pasos:

Paso 1: Seleccionar el canal de atención autorizado

• Instalaciones de aceptación locales: acudir a una de las más de 7.500 instalaciones de aceptación habilitadas en oficinas del servicio postal, bibliotecas públicas y secretarías judiciales de todo el país.
• Renovación por correo postal: remitir la solicitud por correspondencia si el solicitante reúne las condiciones reglamentarias para renovar bajo esta modalidad.
• Cita presencial en agencias o centros de pasaportes: coordinar un turno telefónico al 1-877-487-2778 (marcar la opción 9 del menú) para servicios regulares o expeditos. La confirmación de la cita llega por correo electrónico. La prueba de viaje internacional en un plazo menor a dos semanas solo se exige a quienes demandan atención de extrema urgencia; en los demás casos, el funcionario procesa el pedido y la libreta llega luego por correspondencia.
• Jornadas especiales de solicitud: asistir a eventos públicos organizados por las agencias federales de pasaportes en diferentes localidades del país.

Paso 2: Completar el formulario reglamentario según el perfil del solicitante

• Presentar el formulario DS-11 si la persona gestiona el pasaporte por primera vez, si el trámite corresponde a un menor de 16 años, a jóvenes de 16 y 17 años, o a solicitantes que carecen de aptitud para la renovación postal.
• Presentar el formulario DS-82 en los casos de adultos que cumplen las pautas para renovar por correspondencia postal.

Paso 3: Adjuntar la declaración formal de solicitud conmemorativa

• Anexar al expediente la declaración formal de solicitud de pasaporte conmemorativo debidamente completada. Este documento constituye un requisito indispensable para acceder al cupo de las 250.000 piezas. En las entrevistas presenciales ante funcionarios en agencias y eventos, el interesado debe manifestar verbalmente al empleado consular su voluntad de recibir la edición conmemorativa.

Paso 4: Cubrir las tasas y tarifas oficiales habituales

• Abonar los aranceles vigentes para libretas estándar. Las autoridades consulares determinaron que el trámite se rige por las tarifas y los plazos de procesamiento habituales del sistema federal, por lo que no existe ningún recargo monetario adicional por el diseño histórico. El tiempo de entrega final dependerá de si el titular elige el servicio ordinario o el procesamiento acelerado.

Los canales excluidos y el sistema de distribución postal del documento conmemorativo

El Departamento de Estado remarcó que el sistema virtual de renovación no admite solicitudes del Patriot Passport. De igual forma, las sedes diplomáticas estadounidenses en el extranjero carecen de autorización para emitir esta tirada histórica, lo que restringe el trámite exclusivamente a las vías físicas y postales dentro del territorio nacional.

Una vez que el centro consular valida los antecedentes y la declaración anexa, la libreta se imprime dentro del cupo conmemorativo y se remite al domicilio del ciudadano mediante el servicio postal oficial. El solicitante puede optar por el envío postal estándar prioritario o por servicios de entrega rápida con seguimiento de uno a tres días, según la disponibilidad del sistema federal de correo.

El mandatario republicano calificó la estrategia como “un fraude electoral al más alto nivel” antes de abordar el avión presidencial con destino a Ohio, según informó PBS. Por su parte, The Associated Press (AP) y The Washington Post señalaron que Trump reclamó duras consecuencias judiciales contra la postulante demócrata. Ante los señalamientos, el equipo de Peltola rechazó cualquier irregularidad y catalogó el hecho como una maniobra de sus rivales para desviar la atención de los problemas económicos y sociales en Alaska.

Donald Trump pide acciones penales contra Mary Peltola por el candidato homónimo

La controversia cobró fuerza luego de que The New York Times reveló intercambios de mensajes de texto en los que integrantes de la campaña de Mary Peltola evaluaron distintos perfiles para inscribir a una persona con idéntico nombre al legislador republicano. Las gestiones concluyeron con la inscripción de Dan J. Sullivan, un docente retirado que vive en el puerto pesquero de Petersburg. El profesor superó las elecciones primarias abiertas de agosto y alcanzó un lugar en la boleta para las elecciones generales de noviembre.

El reportaje del diario neoyorquino citó declaraciones de Elisa Rios, exdirectora de campaña a quien la propia estructura demócrata despidió en agosto durante una reorganización interna. Aunque Rios buscó retractarse de sus afirmaciones la semana pasada, los mensajes involucraron también a personal del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC). Tanto el organismo nacional como Peltola negaron cualquier coordinación con el docente homónimo. En un acto público en Soldotna, la congresista sostuvo que la controversia solo busca vender diarios y ocultar el apoyo de su adversario a la guerra en Irán.

Dan Sullivan exige explicaciones a su rival ante el electorado de Alaska

El senador republicano Dan Sullivan, quien aspira a renovar su banca para un tercer mandato, demandó explicaciones inmediatas durante una intervención en la cadena Fox News. El legislador pidió a los votantes que miren a los ojos a la candidata y le pregunten de forma directa si cometió trampa. Mientras tanto, el maestro retirado insistió ante la prensa en que jamás mantuvo contacto con los demócratas y definió esa relación con un rotundo “cero, ninguna, nada”, según constató The Associated Press.

La disputa salpicó también el plano interno republicano tras el pronunciamiento de la senadora Lisa Murkowski, aliada histórica del titular y figura cercana a Peltola en el ámbito personal. Murkowski manifestó que los habitantes del estado merecen la verdad absoluta y advirtió sobre un patrón de engaños que perjudica la confianza en los comicios. Con esa declaración, la senadora ratificó su respaldo formal a la reelección de su colega republicano en Alaska.

La controversia escaló al plano institucional cuando el gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, ordenó al Departamento de Seguridad Pública una investigación para determinar si la maniobra violó las leyes estatales y si amerita cargos penales o demandas civiles, según publicó The Guardian. El mandatario estatal sostuvo que el informe aportó “pruebas perturbadoras de un esfuerzo organizado para manipular las elecciones” y advirtió que cualquier persona u organización responsable de vulnerar la ley deberá rendir cuentas ante la justicia.

El voto por orden de preferencia define la elección en medio de batallas judiciales

El sistema electoral del estado ya enfrentó litigios previos por la presencia de este nombre alternativo. Meses atrás, un alto funcionario electoral de Alaska descalificó al maestro Dan J. Sullivan tras considerar que su registro pretendía crear confusión entre los electores. No obstante, la Corte Suprema de Alaska revocó ese dictamen y autorizó su permanencia formal en la contienda bajo el esquema de voto por orden de preferencia, donde los votantes enumeran a cuatro candidatos según sus prioridades.

En el terreno federal, el Departamento de Justicia presentó una demanda para impedir la certificación electoral en caso de que triunfe la candidata demócrata, tras una instrucción de Donald Trump, según detalló NBC News. Diversos especialistas descartaron que la nueva revelación modifique el panorama judicial. Derek Muller, profesor de leyes de la Universidad de Notre Dame, afirmó que el caso corresponde a una trampa de campaña que la justicia estatal debió resolver antes, pero remarcó que “ahora está en manos de los votantes, no de los litigios”.

Los registros oficiales de The Associated Press indican que los ciudadanos ya emitieron más de 61.000 votos anticipados en toda la región. En la papeleta definitiva, el senador republicano figura con su cargo titular, mientras que el maestro homónimo —quien se registró formalmente como republicano pero compite sin afiliación partidaria en la boleta— aparece bajo el nombre de Daniel J. Sullivan Jr. La contienda del tres de noviembre definirá si esta duplicidad nominal afecta los resultados o si el electorado supera la confusión en una batalla decisiva para el control político del país.

Personal del Museo y Memorial del 11-S identificó al sospechoso alrededor de las 5 de la tarde y alertó a la Policía Portuaria (Port Authority Police), que procedió a detenerlo. Tijerina enfrenta cargos por daños criminales y por realizar grafitis, según informó News 12 Long Island. De acuerdo con la información policial recogida por el mismo medio, las autoridades lo trasladaron a Manhattan Central Booking para su procesamiento.

Un testigo británico relata el vandalismo en el Memorial del 11-S en Nueva York

Ed Duffy, un joven de 16 años de visita desde el Reino Unido, presenció el ataque y describió lo que observó a CBS News: “Vi a alguien con pintura roja en aerosol y roció ‘just stop killing kids’ (solo dejen de matar niños) sobre algunos de los nombres. En menos de un minuto, la policía llegó y lo arrestó”.

El propio Tijerina grabó toda la secuencia —su caminata hacia el memorial, el momento en que sacó la lata de su mochila y la inscripción sobre los paneles— y publicó los videos en Instagram. En una de las grabaciones declaró: “Mi nombre es Jon Tijerina y acabo de rociar con pintura ‘just stop killing kids’ en el Memorial del 11-S”.

Los daños al Memorial del 11-S superaron los USD 2.500

Las autoridades estimaron el costo de los daños en más de USD 2.500, cifra que agrava los cargos contra el acusado, según New York Post. El equipo de seguridad y mantenimiento del memorial eliminó la pintura con rapidez y no registró daños permanentes en las inscripciones de bronce.

Un portavoz del Memorial y Museo del 11-S calificó el lugar como sagrado en un comunicado oficial recogido por CBS News: “El Memorial del 11-S es un lugar sagrado de reflexión en el corazón de un World Trade Center reconstruido, que honra a las 2.983 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993”. El vocero añadió que el personal de seguridad y las fuerzas del orden abordaron el incidente de inmediato y restauraron el área a su estado conmemorativo.

Qué exige Jonathan Tijerina con su campaña “Just Stop Killing Kids”

Lejos de mostrar arrepentimiento, Tijerina presentó su arresto como una victoria para su causa. A través de su organización de “resistencia civil no violenta”, exigió respuestas del presidente Donald Trump y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según publicó New York Post.

Su sitio web plantea dos demandas concretas: la implementación de verificaciones universales de antecedentes para la compra de armas y la creación de un registro nacional de armas de fuego. En la página, la organización argumenta: “Tenemos dos demandas específicas y alcanzables. Ambas cuentan con apoyo mayoritario del público. Ambas ya existen en otros países de altos ingresos. Ninguna requiere derogar la Segunda Enmienda”.

El tiroteo masivo de Florida A&M, el detonante que citó Tijerina

Como justificación de su acción, Tijerina citó el tiroteo masivo ocurrido tras el partido de fútbol americano del homecoming de Florida A&M el 24 de octubre, donde al menos 11 personas resultaron heridas —seis de ellas menores de edad—, de acuerdo con el relato de New York Post.

El vandalismo al memorial no fue su primer intento por captar atención mediática. Días antes, el propio Tijerina completó un ayuno de siete días para exigir la construcción de 2 millones de unidades de vivienda asequible en la ciudad en un plazo de cinco años. La falta de repercusión de esa protesta, según reconoció el acusado al mismo medio, lo llevó a optar por un acto de mayor impacto en uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó nuevos cargos federales contra James Comey, exdirector del FBI, por presunta transmisión de información de defensa nacional. Se trata de la tercera causa penal que la administración de Donald Trump impulsa contra uno de sus más notorios adversarios políticos, en un caso que gira en torno a un artículo publicado por The New York Times en octubre de 2016 y que dos equipos de fiscales ya investigaron sin formular acusaciones.

Los fiscales acusan a Comey de dos cargos por violar la Ley de Espionaje por presuntamente haber transmitido datos de defensa nacional a una persona no autorizada para recibirlos. Sin embargo, el mecanismo elegido para formular la acusación resulta inédito: en lugar de obtener una acusación formal de un gran jurado, los fiscales optaron por un documento conocido como criminal information, una herramienta que no requiere la aprobación de un jurado ni de un juez.

Según el propio Departamento de Justicia, el objetivo fue preservar el plazo de prescripción de diez años antes de su vencimiento, de acuerdo con NBC News.

Qué dice la acusación contra James Comey y cuál es su origen

El caso se remonta al 5 de octubre de 2016, cuando The New York Times publicó un artículo titulado “Yahoo Said to Have Aided U.S. Email Surveillance By Adapting Spam Filter” (“Yahoo habría colaborado con la vigilancia de correos electrónicos de Estados Unidos al adaptar un filtro de spam”). La nota, que citaba a dos funcionarios gubernamentales anónimos, reveló que Yahoo adaptó un filtro de correo no deseado para cumplir con una orden secreta de vigilancia del Tribunal de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).

Los fiscales sostienen que Comey buscó “corregir información errónea que había aparecido en la prensa a través de Reuters el día anterior” y que ordenó a su personal contactar al periodista de The New York Times sobre las inexactitudes de ese artículo. Esa comunicación, según la acusación, constituyó una transferencia ilegal de información clasificada, de acuerdo con los documentos judiciales citados por NPR.

Por qué los abogados de Comey consideran inválidos los cargos

Patrick Fitzgerald, abogado de Comey, calificó la acusación como un intento de “imputar delitos que no cometió”. En su argumentación ante el tribunal, el equipo de defensa sostiene que el plazo de prescripción de diez años exige una acusación formal (indictment) aprobada por un gran jurado y que un criminal information —un documento que solo firma el fiscal— no cumple ese requisito legal, de acuerdo con The Guardian.

Fitzgerald recordó que dos equipos de fiscales distintos ya habían investigado la misma filtración durante el primer mandato de Trump. El primero, liderado por el fiscal federal John Durham, concluyó en diciembre de 2018 con una recomendación de no presentar cargos. El segundo, una pesquisa del Distrito de Columbia con nombre en clave “Tropical Vortex”, cerró en febrero de 2020 sin acusaciones.

Un mecanismo legal que expertos califican de “insólito”

Abogados y exfiscales consultados por distintos medios coincidieron en lo excepcional de la maniobra. Greg Rosen, exfiscal federal que supervisó casos del 6 de enero, declaró a CBS News que “en años de práctica en Washington D.C., nunca vi que se usara de esta forma, y mucho menos en el tercer intento del mismo Departamento contra el mismo hombre”.

Michael Bromwich, exinspector general del Departamento de Justicia, afirmó al mismo medio que la táctica parece “una forma de eludir el plazo de prescripción y mantener vivo un caso que debió haber muerto hace nueve años”. El exfiscal federal Glenn Kirschner dijo a BBC News que los cargos parecen “un intento de venganza de Donald Trump a través de su Departamento de Justicia”.

Comey responde y denuncia abuso del sistema judicial

En un video publicado en Substack tras la revelación de los cargos, Comey respondió con tono desafiante: “Bueno, están de vuelta otra vez. Sería casi gracioso si no fuera un abuso tan espantoso del Departamento de Justicia”. También afirmó que sigue “inocente”, que no teme a “estas personas” y que mantiene su confianza en “un poder judicial federal independiente”.

El documento de acusación permaneció sellado desde el 5 de octubre. El juez federal Trevor McFadden ordenó su desclasificación el lunes 26, al considerar que “los cargos penales contra un exdirector del FBI por su conducta mientras ocupaba el cargo son de interés público significativo”, según informó The New York Times.

Las otras dos causas penales contra el exdirector del FBI

La primera acusación formal, presentada en septiembre de 2025 en el Distrito Este de Virginia, acusó a Comey de haber mentido ante el Congreso. En noviembre de ese año, la jueza federal Cameron McGowan Currie desestimó el caso tras determinar que la fiscal que lo impulsó, Lindsey Halligan —exasesora de la Casa Blanca—, ocupaba el cargo de forma ilegal.

La segunda, de abril de 2026 en Carolina del Norte, lo acusa de haber amenazado la vida de Trump al publicar en Instagram una foto de conchas marinas que formaban la cifra “86 47” —en la jerga estadounidense, “86” significa “deshacerse de algo” y Trump es el presidente número 47—. Ese caso sigue abierto y la defensa busca su desestimación por considerar que se trata de una persecución selectiva y con motivación política, según detalló NBC News.

Cargos contra Comey se suman a acciones del Departamento de Justicia antes de las elecciones legislativas

La presentación de los cargos ocurrió a poco más de una semana de las elecciones legislativas de medio término, lo que rompe con la norma no escrita del Departamento de Justicia de evitar acciones con carga política en los 60 días previos a unos comicios.

En el último mes, el departamento también ordenó un allanamiento en la casa de la representante demócrata Ilhan Omar y presentó acusaciones contra dos exfuncionarios del FBI por el caso Hunter Biden, según informó The New York Times.

El mismo día en que se revelaron los cargos contra Comey, un juez federal en Nueva York dictaminó que el despido de su hija, Maurene Comey, de su puesto como fiscal federal fue ilegal y ordenó su reincorporación con pago retroactivo, según informó BBC News.

El anuncio se produjo durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama. La propia Kai explicó que la intención era compartir la experiencia de su madre para promover la detección temprana y la prevención.

“Octubre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, un momento para crear conciencia sobre la detección temprana, la educación y el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad”, escribió la joven en la descripción del video.

Vanessa Trump confirmó que sus últimos estudios no detectaron cáncer de mama

En el breve clip —un adelanto de una conversación más extensa que se publicaría en YouTube al día siguiente—, Vanessa compartió que los análisis médicos más recientes no arrojaron evidencia de la enfermedad. La noticia marca el cierre de un proceso que incluyó procedimientos quirúrgicos y al menos dos etapas de tratamiento a lo largo de varios meses.

Junto a madre e hija participó la doctora Nicole Saphier, radióloga y tercera nominada del presidente Donald Trump para el cargo de cirujana general de Estados Unidos. Saphier, quien fue colaboradora médica de Fox News, abordó la importancia de los controles periódicos.

“En el cáncer de mama no existe una fórmula única. Se manifiesta de forma diferente en cada persona”, afirmó en el video, según recogió Fox News. La médica también destacó el valor de las redes sociales para recordar que esta enfermedad “es común”.

El diagnóstico de cáncer de mama de Vanessa Trump y su tratamiento desde mayo

Vanessa hizo pública su situación el 20 de mayo, cuando escribió en Instagram: “Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Aunque no es una noticia que nadie espere, trabajo de cerca con mi equipo médico en un plan de tratamiento”. En esa misma publicación, agradeció a los profesionales que le habían realizado un procedimiento días antes, según reportó NBC News.

Sin embargo, en el video del viernes, Kai precisó que el diagnóstico se produjo en abril. La diferencia entre ambas fechas —abril como momento del diagnóstico y mayo como fecha de la comunicación pública— fue señalada también por la cadena, que indicó que Vanessa compartió la noticia el 20 de mayo, pero en el nuevo video aseguró que el hallazgo médico ocurrió un mes antes.

El 13 de junio, Vanessa publicó una actualización en la que informó que llevaba cuatro semanas de recuperación tras una cirugía y que pronto comenzaría la segunda etapa de su tratamiento. “Envío amor, fuerza y esperanza a todos los que luchan esta batalla”, escribió en ese momento, de acuerdo con People.

Kai Trump y Vanessa Trump difundieron un mensaje sobre prevención y detección temprana

El video no solo funcionó como un anuncio personal, sino como una pieza orientada a la concientización. Kai indicó que el diálogo completo con la doctora Saphier abordaría “pasos proactivos hacia nuestra salud” y estaría disponible en YouTube el sábado 24 de octubre. En el clip compartido en redes, madre e hija conversaron sobre el proceso desde el diagnóstico hasta la recuperación con un tono centrado en la importancia de actuar a tiempo.

En agosto, durante una entrevista con Fox News Digital poco después de iniciar su primer año en la Universidad de Miami, Kai había contado cómo vivió el tratamiento de su madre. “Mi mamá está mucho mejor. Después del tratamiento no se sentía bien, como suele pasar, pero está mejorando mucho”, dijo en aquella oportunidad.

También describió el tiempo extra que pasó con Vanessa durante el verano como una “bendición disfrazada”: “Pude pasar tiempo adicional con ella que normalmente habría dedicado al golf”.

La detección temprana del cáncer de mama puede salvar vidas, según datos médicos

El caso de Vanessa Trump se inscribe en un contexto epidemiológico que refuerza el mensaje de prevención. De acuerdo con la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), aproximadamente el 16% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen menos de 50 años.

Las tasas de incidencia en ese grupo etario han crecido con mayor velocidad que las registradas entre mujeres de mayor edad, según reportó NBC News.

Esa tendencia motivó que organismos como el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) actualizaran sus recomendaciones y redujeran la edad sugerida para iniciar los estudios de mamografía de rutina de 50 a 40 años. La ACS, por su parte, recomienda que las mujeres de entre 40 y 44 años tengan la opción de comenzar las mamografías anuales, y que las mayores de 45 las realicen de forma obligatoria cada año.

Vanessa Trump estuvo casada con Donald Trump Jr. entre 2005 y 2018. Juntos tienen cinco hijos: Kai, de 19 años; Donald, de 17; Tristan, de 15; Spencer, de 14; y Chloe, de 12.

Dos exfuncionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) fueron acusados de mentir al Congreso de Estados Unidos sobre su participación en las investigaciones relacionadas con Hunter Biden y su computadora portátil. El caso sacudió la campaña electoral de 2020 y sigue generando consecuencias políticas y judiciales.

Nikki Cole Floris, de 46 años, y Bradley Benavides, de 56, se entregaron este viernes 23 de octubre en Washington tras la emisión de órdenes de arresto, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés).

Ambos comparecieron ante un tribunal federal y enfrentan cargos por declaraciones falsas en un asunto dentro de la jurisdicción del poder legislativo, en violación del título 18 del Código de Estados Unidos, sección 1001(a)(2). La acusación se conoció 10 días antes de las elecciones de noviembre, según Associated Press. Floris y Benavides están acusados, no condenados: se presume su inocencia hasta que exista una sentencia judicial.

De qué se los acusa y qué pruebas presenta el Departamento de Justicia

El núcleo de la acusación es que ambos exfuncionarios mintieron bajo juramento ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en 2023, cuando fueron interrogados sobre el papel de su unidad en las investigaciones del FBI vinculadas a Hunter Biden, el hijo del expresidente Joe Biden. Los dos fueron advertidos, antes de declarar, de que mentir al Congreso constituye un delito federal.

Floris aseguró a los legisladores que no participó en ninguna discusión sobre Hunter Biden mientras estuvo al frente del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera (FITF, por sus siglas en inglés), la unidad del FBI que lideró los esfuerzos para proteger las elecciones de 2020 frente a interferencias de otros países.

Sin embargo, según la denuncia penal del DOJ, documentos internos, comunicaciones contemporáneas y testimonios de otros agentes demuestran que discutió las investigaciones sobre Biden hijo de forma habitual durante más de un año, tanto dentro del FITF como con otros funcionarios de la agencia.

Benavides declaró que se enteró de la existencia de la computadora portátil de Hunter Biden a través de un artículo de Wikipedia en 2023.

El Departamento de Justicia sostiene que esa versión es falsa: la prueba reunida indica que habló del tema con otros miembros del FBI en los meses previos a las elecciones de 2020, cuando la laptop ya era un asunto de conocimiento interno.

“Que cualquiera mienta al Congreso supone un golpe al corazón de nuestro sistema democrático, pero cuando agentes de alto rango del FBI mienten al Congreso creyendo que están por encima de la ley, es hora de que la justicia les caiga encima”, afirmó la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en el comunicado del DOJ.

Quiénes son Floris y Benavides y qué rol ocupaban en el FBI

Floris dirigió el FITF como subdirectora adjunta desde mediados de 2019 hasta mediados de 2022. Reside en Alexandria, Virginia. Benavides fue jefe de sección del mismo grupo de trabajo desde mediados de 2019 hasta las elecciones de 2020 y vive en Aiken, Carolina del Sur. La unidad, ya disuelta, fue la encargada de coordinar la respuesta del FBI ante posibles operaciones de influencia extranjera durante aquellos comicios.

El caso es poco habitual: rara vez el Departamento de Justicia presenta cargos penales contra exfuncionarios de la propia agencia federal de investigaciones.

La defensa de Floris rechazó la acusación. Sus abogados la describieron como “una patriota” que sirvió al FBI durante casi 20 años y calificaron los cargos de infundados: “No es coincidencia que el gobierno presente ahora estos cargos sin sentido, años después, en vísperas de una elección”, señalaron en un comunicado recogido por Associated Press.

Qué dijo el director del FBI, Kash Patel, sobre las detenciones

El director del FBI, Kash Patel, confirmó las detenciones a través de un comunicado en sus redes sociales. Patel indicó que uno de los acusados afirmó en privado estar “dirigiendo un gobierno en la sombra” durante las elecciones de 2020 desde su puesto en el FITF.

“Como hemos dicho una y otra vez: nunca se tolerará el uso de la información como arma en este FBI”, escribió el director. También recordó que la agencia ya desmanteló el denominado escuadrón CR-15, al que señaló como responsable de acciones de persecución política contra oponentes, incluido el presidente Donald Trump.

Por qué la computadora portátil de Hunter Biden es central en este caso

La controversia que origina toda esta causa se remonta a octubre de 2020, a semanas de la elección entre Trump y Joe Biden. El New York Post publicó correos electrónicos y otros archivos que, según informó, procedían de un disco duro asociado a una computadora que Hunter Biden dejó en un taller de reparación de Wilmington, Delaware. El medio afirmó que recibió el material de Rudy Giuliani, entonces abogado de Trump. Los documentos parecían reflejar conversaciones sobre los negocios de Hunter Biden en el extranjero y se convirtieron en un tema de campaña.

Parte de las críticas se centró en Burisma, una empresa ucraniana de gas en cuyo directorio participó Hunter Biden mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos y tenía un papel central en la relación con Ucrania. Sus detractores plantearon un posible conflicto de intereses y cuestionaron si la empresa buscaba acceso o influencia a través del apellido Biden.

Un correo parecía indicar que Hunter Biden presentó a un directivo de Burisma a su padre, aunque Joe Biden negó que ese encuentro hubiera ocurrido. Los archivos alimentaron acusaciones políticas, pero no probaron que el entonces exvicepresidente hubiera cometido un delito o favorecido a su hijo o a la empresa.

La difusión de los documentos también generó dudas entre legisladores demócratas y exfuncionarios de inteligencia, que advirtieron sobre una posible operación de desinformación rusa. En ese momento, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos evaluaba intentos de Rusia de interferir en la elección a favor de Trump, según Associated Press.

El FITF, la unidad que dirigían Floris y Benavides, tenía la misión de identificar amenazas de influencia extranjera. Ese vínculo explica por qué el Congreso les consultó qué sabían sobre el caso de la computadora portátil y por qué sus presuntas declaraciones falsas derivaron en una investigación penal.

Donald Trump cuestionó la decisión del Concejo Municipal de Nueva York de prohibir los carruajes tirados por caballos en Central Park, una actividad con más de 150 años de historia en la ciudad. En dos publicaciones en Truth Social difundidas el jueves, el presidente calificó los paseos como “una experiencia neoyorquina por excelencia” y lamentó que la ciudad ponga fin a lo que describió como “una gran tradición”.

El órgano legislativo aprobó el jueves 22 de octubre la norma conocida como “Ley de Romanch”, en memoria de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que murió tras caer de un carruaje fuera de control durante un paseo en Central Park el verano pasado.

La legislación eliminará de forma progresiva los recorridos en carruajes antes de junio de 2028.

Qué dijo Trump sobre la prohibición de los carruajes en Central Park

En una de sus publicaciones, Trump escribió: “Es muy triste ver que la querida industria de los carruajes tirados por caballos de Central Park termina después de más de un siglo, basándose principalmente en un trágico accidente”.

En ese mismo mensaje, el presidente planteó una comparación con el tránsito vehicular: “Cuando hay un accidente automovilístico en la zona, de los cuales hay muchos, no prohíben que los autos entren al parque. Entonces, ¿por qué prohibirían los carruajes?”. Y cerró: “Era una gran tradición. Otra parte de la historia que se ha ido. ¡Se la extrañará!”.

En una publicación separada, Trump calificó a los paseos como “una experiencia neoyorquina por excelencia” y lamentó que la ciudad los elimine por motivos políticos: “El carruaje tirado por caballos en la ciudad de Nueva York es una experiencia neoyorquina por excelencia. ¡Es tan triste que, por razones políticas, la veremos desaparecer!”, escribió en Truth Social.

Por qué Nueva York prohibirá los carruajes tirados por caballos

La iniciativa cobró impulso en junio, después de la muerte de Romanch Mahajan. El joven de 18 años, que visitaba Nueva York junto a su familia, falleció tras saltar de un carruaje desbocado durante un paseo por Central Park.

La familia de Mahajan pidió de forma personal a las autoridades que pusieran fin a la actividad. Su tío, Gaurav Mahajan, elogió la medida durante una concentración frente al Ayuntamiento el jueves: “Estamos convirtiendo nuestra pérdida devastadora en un escudo inquebrantable de bondad para la ciudad”, declaró, según la agencia AP a través de NBC News.

Betsy Smith, directora de Central Park Conservancy, la organización sin fines de lucro que opera el parque, respaldó la aprobación del proyecto. “En la era moderna, los carruajes representan un riesgo de seguridad serio —e incluso fatal— para los visitantes del parque, los conductores de carruajes y los propios caballos”, afirmó en un comunicado.

El debate no es nuevo. Dos alcaldes anteriores intentaron acabar con la industria sin éxito. Bill de Blasio hizo campaña con esa promesa, pero el esfuerzo se diluyó ante la presión de los sindicatos y una campaña mediática encabezada por el actor Liam Neeson. Eric Adams, su sucesor, propuso una prohibición al final de su mandato, pero la propuesta no avanzó en el Concejo.

Cuándo dejarán de circular los carruajes en Central Park

El Concejo Municipal aprobó la Ley de Romanch por 40 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones, una mayoría que la convierte en una norma a prueba de veto, según ABC News. La legislación prohíbe la emisión de nuevas licencias para operar carruajes tirados por caballos y establece la eliminación total de los recorridos antes del 1 de junio de 2028.

La ley también incluye una disposición que prohíbe la venta de los caballos a mataderos.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, impulsó el proyecto y argumentó que los caballos ya no tienen lugar en un espacio que recibe 42 millones de visitantes al año. “Estos trabajadores merecen ser protegidos”, señaló Menin, quien se comprometió a participar en el proceso de transición, de acuerdo con NBC News.

Qué pasará con los conductores y los caballos

La norma obliga a la oficina del alcalde Zohran Mamdani a elaborar antes de abril un programa de transición laboral para los más de 150 conductores que operan los carruajes. El plan deberá incluir referencias laborales, capacitación, orientación profesional y la posibilidad de una compensación económica, aunque la legislación no fija mecanismos concretos ni plazos específicos para cada medida.

Un vocero del alcalde confirmó que la administración Mamdani trabaja en el programa de transición y ya inició conversaciones sobre una posible compensación. “El alcalde firmará este proyecto de ley, y la administración Mamdani trabaja cada día para garantizar las protecciones más sólidas posibles para los propietarios y trabajadores de esta industria”, declaró el portavoz tras la votación, según CBS News.

Los conductores, sin embargo, rechazan la medida. Christina Hansen, portavoz de la industria y conductora de larga trayectoria, señaló que la ley “no hace nada por el empleo alternativo ni por la continuidad de nuestros negocios” y preguntó: “¿Quién va a pagar mi alquiler mientras busco trabajo?”.

El sindicato Transport Workers Union (TWU), que representa a los conductores, anunció que presentará una demanda judicial de forma inmediata. Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del TWU Local 100, afirmó tras la votación: “Los veremos en los tribunales. Este proyecto es descaradamente inconstitucional; no ofrece nada más que un plan para redactar un plan”, según ABC News.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, que giró en torno a los anuncios de inversiones en la Argentina por parte del gobierno norteamericano así como la posibilidad de incrementar el comercio bilateral.

El cónclave tuvo lugar en el Ministerio de Economía y contó con la participación del secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; la asesora Viviana Bovo; el consejero económico, Matt Stokes; el embajador argentino en EE.UU, Alec Oxenford; el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

“Avanzamos en una agenda para potenciar la atracción de inversiones, aumentar el comercio bilateral y afianzar la cooperación económica entre ambos países. Continuaremos fortaleciendo esta alianza estratégica y la excelente relación que tienen nuestros presidentes”, expresó Caputo en su cuenta de X tras el encuentro.

El cara a cara entre el jefe del Palacio de Hacienda y Landau se da luego del anuncio de Lamelas de hasta USD 20.000 millones financiamiento para empresas de EE.UU. que inviertan en el país antes de que termine 2027, en el marco del Corredor Andes-Atlántico.

El paquete de financiamiento presentado por el diplomático norteamericano ante empresarios durante la cumbre de energía de la Cámara de Comercio Argentina en Texas representa casi tres veces los USD 7.000 millones que Argentina y Estados Unidos habían pactado en septiembre.

La posibilidad de una ampliación ya había sido anticipada por Javier Milei en la inauguración de la AOG Patagonia 2026, celebrada un día antes: “No descarten que pueda aumentar el número”, señaló el Presidente, sin dar precisiones sobre el volumen de los fondos.

Lamelas vinculó la continuidad de la asistencia estadounidense con la permanencia del actual rumbo político y económico. “Estamos listos para seguir impulsando, financiando de los Estados Unidos más allá del 2027, si la Argentina sigue avanzando hacia adelante y nunca hacia atrás. Pusimos el número de 2027, porque es la elección y nosotros estamos apoyando a este Gobierno. Esa plata va a estar lista hasta el 2027 y vamos a ver lo que pasa después”.

El embajador también expresó su respaldo a la administración de Milei y sostuvo que los argentinos deben optar por “el rumbo correcto”, definido por él como “hacia la derecha y no hacia la izquierda”.

Al explicar el origen de los recursos, Lamelas afirmó: “Vinimos poniendo la plata sobre la mesa”. Indicó que los USD 20.000 millones se canalizarán mediante el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Departamento de Estado y otras dependencias federales. “Son verdaderas inversiones y financiamientos para proyectos críticos del futuro de Argentina que se van a hacer realidad”, agregó. Luego, ratificó su confianza en la política económica oficial: “Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes, que lo van a lograr”.

El nuevo anuncio se relaciona con el entendimiento suscripto el 22 de septiembre en el Consulado argentino en Nueva York por el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Chris Landau. Ese acuerdo incluía USD 7.000 millones del Exim Bank para Argentina LNG, el proyecto que YPF desarrolla con la italiana Eni y la emiratí XRG en Vaca Muerta, además de una eventual participación de capital privado.

La preocupación de EEUU

Antes de reunirse con Luis Caputo, Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que Washington sigue “con interés” el debate sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que prevé sanciones para compañías —también estadounidenses— relacionadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas.

A propósito de la normativa que busca aprobar el Gobierno, Landau apuntó que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.

En paralelo, el funcionario estadounidense vinculó la eventual eliminación del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas con el plan de reforma que impulsa la administración de Donald Trump dentro del organismo multilateral.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, junto a Quirno, Landau destacó la sintonía entre ambos gobiernos: “No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”.

El canciller argentino, por su parte, ratificó que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas es “innegociable”. También afirmó que una hipotética disolución del Comité de Descolonización, conocido como C-24, “no tiene ningún tipo de mella” sobre la postura del país. De todos modos, admitió que el ámbito resulta relevante para la Argentina, que expone allí su posición ante el Reino Unido todos los años.

Ante la consulta sobre una posible iniciativa estadounidense para desmantelar el C-24 —el espacio en el que la Argentina plantea desde 1965 su reclamo de soberanía— y sobre las inquietudes de Washington por las sanciones contempladas en el proyecto oficialista, Landau explicó que la Casa Blanca busca revisar el funcionamiento de las Naciones Unidas. En ese contexto, aseveró que el comité figura entre los organismos que “a través de los años no han hecho casi nada”.

“Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó el funcionario.

Landau añadió que el C-24 “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.

Por su parte, Juan Pablo Segura, secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, destacó en sus redes sociales oficiales que la Argentina “es uno de nuestros socios más sólidos en el hemisferio”.

“En Buenos Aires, el vicesecretario de Estado Landau y yo nos reunimos con el canciller Pablo Quirno para conversar sobre nuestros esfuerzos por ampliar el comercio, profundizar los lazos de inversión y seguir aprovechando el impulso del lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico el mes pasado”, sumó.

Bajo la perspectiva de Segura, el acuerdo rubricado entre ambos países “traerá inversión estadounidense segura, confiable y transparente a los sectores de transporte, energía, minerales críticos e infraestructura digital de Argentina”.

Hubbard era el último estadounidense al que el Departamento de Estado había clasificado formalmente como detenido de manera injusta en Rusia. Maestro jubilado oriundo de Míchigan, veterano de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos, vivía en una pequeña ciudad del este de Ucrania cuando las tropas rusas lo capturaron en abril de 2022.

Su caso se convirtió en un punto de fricción diplomática entre Washington y Moscú.

De Míchigan a Ucrania: la vida de Stephen Hubbard antes de la guerra

Stephen Hubbard creció en Big Rapids, una localidad rural de Míchigan. Sirvió en la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos, según registros militares citados por The New York Times. Obtuvo una maestría en inglés y se trasladó a Japón, donde enseñó el idioma durante 25 años. Más tarde vivió en Chipre y en 2014 se mudó a Izium, en el este de Ucrania, junto a una pareja ucraniana, según declaró su hermana, Patricia Hubbard Fox, a Reuters.

Fox contó a la agencia en 2024 que su hermano sobrevivía con una pensión de unos USD 300 al mes y tenía pocos vínculos con la comunidad local. La última vez que los hermanos hablaron fue en septiembre de 2021.

Cómo Rusia detuvo a Stephen Hubbard en 2022

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y capturó Izium dos meses después. Las fuerzas ucranianas recuperaron la ciudad en septiembre de ese año, pero para entonces Hubbard ya se encontraba bajo custodia rusa.

Medios estatales rusos afirmaron que había sido detenido en abril de 2022 mientras operaba un puesto de control militar ucraniano. Reuters precisó que no pudo establecer de forma independiente las circunstancias de su captura.

Fox reconoció a su hermano en un video publicado en YouTube en el que un hombre era interrogado sobre sus opiniones acerca de Putin y la guerra. Otra grabación lo mostraba con las manos atadas mientras era golpeado con una sandalia. La agencia indicó que no pudo verificar cuándo ni dónde se grabaron esos videos.

La condena por mercenarismo y las dudas de su familia

Tras un juicio a puertas cerradas, un tribunal de Moscú condenó a Hubbard en octubre de 2024 a seis años y diez meses de prisión por actuar como mercenario. El término, en el contexto del derecho ruso, designa a un combatiente extranjero que participa en un conflicto armado a cambio de una retribución económica sin pertenecer a las fuerzas regulares de ninguno de los bandos.

Los fiscales sostuvieron que Hubbard se había incorporado a una unidad de defensa territorial ucraniana, había recibido entrenamiento, armas y munición, y se le había prometido un pago de USD 1.000 mensuales. Medios estatales rusos aseguraron que se había declarado culpable.

Su hermana cuestionó esa supuesta confesión. Según Fox, Hubbard sostenía opiniones prorrusas y resultaba improbable que hubiera tomado las armas a sus más de 70 años.

Martin De Luca, su abogado en Estados Unidos, declaró a Reuters en junio de 2025 que Hubbard le había dicho que los cargos eran falsos, que no había participado en ninguna unidad militar ni en combate alguno y que soldados rusos simplemente lo habían sacado de su casa.

Por qué Estados Unidos consideró injusta la detención de Hubbard

En enero de 2025, la administración del entonces presidente Joe Biden clasificó a Hubbard como detenido de manera injusta. Esa designación, conocida en la terminología diplomática estadounidense como wrongful detention, habilita al gobierno federal a emprender negociaciones formales para obtener la liberación de un ciudadano retenido en el extranjero por motivos que Washington considera ilegítimos.

El Departamento de Estado denunció que Rusia rechazó de forma sistemática el acceso consular a Hubbard. The New York Times informó en febrero de 2025 que el detenido había pasado por al menos cinco centros de detención rusos antes de su juicio.

Su equipo legal supo recién en abril de 2025 que se encontraba recluido en una instalación de la región de Mordovia, al este de Moscú, según declaró De Luca a la agencia.

La organización Hostage Aid Worldwide calificó los cargos contra Hubbard como fabricados. En agosto de 2026, el grupo publicó una carta abierta dirigida a Trump que atribuyó a Fox. En ese texto, la hermana de Hubbard elogió al mandatario, pero también denunció que su hermano había sido sometido a “golpizas constantes, tortura e inanición” durante su cautiverio, según reprodujo Associated Press.

Cómo se produjo la liberación de Stephen Hubbard en Rusia

La liberación se concretó durante la visita de Witkoff a San Petersburgo, en una jornada dedicada a las conversaciones sobre la guerra en Ucrania. Putin indicó que Hubbard se encontraba en el aeropuerto de Púlkovo, en esa misma ciudad. Trump escribió en Truth Social: “Bienvenido a casa, Stephen, es genial tenerte de vuelta”, y precisó que el exdocente estaba en camino a reunirse con su familia.

La Casa Blanca sostuvo que la liberación no requirió entregar nada a cambio. Trump, sin embargo, vinculó el resultado con su decisión de suspender sanciones contra Rusia que debían entrar en vigor días antes, y afirmó que las negociaciones se habrían detenido por completo si esas medidas se hubieran aplicado. CBS News informó que Hubbard, en delicado estado de salud, sería trasladado a un hospital militar en Texas para recibir tratamiento.

Su familia agradeció al mandatario y a su equipo “por abrir el diálogo con Rusia que condujo a este día de alegría”, según NBC News. Global Reach, una organización que trabaja por la liberación de estadounidenses detenidos en el exterior y que representa a otros cinco prisioneros en Rusia, celebró la noticia pero pidió que los demás casos reciban la misma atención.

Hubbard es el segundo estadounidense liberado por Rusia en aproximadamente dos meses, tras la excarcelación en agosto del veterano de la Infantería de Marina Robert Gilman, quien se encontraba gravemente enfermo y cumplía una condena por cargos de agresión a un policía que también fueron cuestionados.

El presidente Donald Trump firmó el lunes 19 de octubre una orden ejecutiva que crea una división de salud de la mujer dentro de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y un grupo de trabajo en la Casa Blanca dedicado al mismo tema. La primera dama, Melania Trump, acompañó al mandatario en la ceremonia del Jardín de las Rosas y se atribuyó un rol central en la iniciativa.

“Generaciones anteriores lucharon por los derechos de las mujeres. Nuestra generación luchará por descubrir las curas que aseguren que una mujer pueda vivir su vida con salud y plenitud”, declaró la primera dama según recogió CBS News.

La medida, que revoca una directiva de Joe Biden de marzo de 2024 sobre investigación en salud femenina —impulsada por la entonces primera dama Jill Biden—, llega dos semanas antes de las elecciones de medio término. Solo un tercio de las mujeres estadounidenses respalda a Trump y al Partido Republicano, según encuestas citadas por The New York Times.

El mandatario atribuyó la idea a su esposa y comentó con su estilo coloquial: “¿Quién demonios no tendría una división de salud de la mujer? Melania dijo: ‘No la tienen’”, de acuerdo con Reuters.

Qué hará la nueva división de salud de la mujer en el NIH

La orden ejecutiva otorga un plazo de 90 días al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para establecer la nueva división dentro de un instituto o centro del NIH. Su mandato abarca la investigación de enfermedades que afectan de forma única o desproporcionada a las mujeres, según precisó el HHS en un comunicado:

• Enfermedades cardiovasculares
• Cáncer
• Trastornos autoinmunes e inflamatorios
• Dolor crónico
• Endometriosis
• Fibromas
• Síndrome de ovario poliquístico
• Infertilidad
• Menopausia
• Alzhéimer
• Osteoporosis

El NIH ya cuenta desde 1990 con una Oficina de Investigación en Salud de la Mujer, creada durante la presidencia de George H. W. Bush.

La nueva división no reemplazará esa oficina, sino que funcionará en coordinación con ella, con un alcance más amplio: además de la investigación, buscará que los hallazgos científicos se traduzcan en atención clínica y políticas de salud para mujeres y niñas, según detalló la Casa Blanca.

Financiamiento sin definir y las cifras que maneja ARPA-H

El director del NIH, Jay Bhattacharya, reconoció en una entrevista con CBS News que el monto de financiamiento para la nueva división todavía no está determinado.

“La primera dama dejó muy claro que quiere enfocarse en temas de salud femenina que han sido simplemente desatendidos: endometriosis, menopausia, toda una serie de temas en los que, francamente, hemos invertido menos de lo que deberíamos”, afirmó Bhattacharya, quien agregó que es probable que se destinen fondos nuevos, aunque sin precisar una cifra.

Quien sí adelantó números fue Alicia Jackson, directora de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud (ARPA-H). En la misma entrevista, Jackson indicó que su agencia destinará entre USD 100 y 200 millones a iniciativas que impacten la salud de las mujeres.

Susie Wiles y Robert F. Kennedy Jr. al frente del grupo de trabajo de la Casa Blanca

El grupo de trabajo presidencial estará copresidido por la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., según informó Trump durante la ceremonia. La elección de Wiles tiene un trasfondo personal: en marzo recibió un diagnóstico de cáncer de mama y en septiembre anunció que estaba libre de la enfermedad, sin dejar su cargo durante el tratamiento.

Trump la mencionó ante los asistentes como “fantástica” y añadió: “Susie ganó hace poco su batalla contra un oponente muy duro, el cáncer de mama”. El grupo de trabajo, cuya primera reunión estaba prevista para el mismo lunes, coordinará los esfuerzos de distintas agencias federales, según precisó el mandatario.

Un historial de recortes a la salud femenina marca el contexto de la orden

La orden ejecutiva se enmarca en un historial de tensiones entre la administración Trump y las políticas de salud de la mujer. En abril de 2025, pocos meses después de que el presidente asumió su segundo mandato, el HHS recortó el financiamiento de la Women’s Health Initiative, un estudio a largo plazo sobre salud femenina activo desde la década de 1990, según reportó The New York Times.

La administración también lanzó una revisión de seguridad de la mifepristona, la píldora abortiva, que podría abrir la puerta a restricciones. Funcionarios de salud informaron a un tribunal que la revisión se completará en marzo.

A su vez, las autoridades sanitarias eliminaron una advertencia de seguridad de larga data en varios productos de terapia de reemplazo hormonal, lo que provocó escasez de suministros, y alentaron a más fabricantes a estudiar terapias de testosterona para mujeres, según detalló Reuters.

Organizaciones de mujeres advierten sobre el alcance real sin fondos del Congreso

Distintas organizaciones de mujeres y grupos de pacientes, que durante años reclamaron mayor inversión federal en salud femenina, recibieron la orden con cautela.

Algunas señalaron que la medida tendrá un efecto limitado si el Congreso no aprueba financiamiento específico, según consignó The New York Times.

Katie Zacharia quedó apartada de la vocería de la Casa Blanca el viernes 16 de octubre de 2026, apenas cinco días después de asumir como secretaria de Prensa del presidente Donald Trump. La salida reabrió una feroz disputa interna por uno de los puestos de comunicación más visibles de Estados Unidos y dejó al gobierno sin portavoz oficial por segunda vez en pocos meses, tras la renuncia de Karoline Leavitt, quien dejó el cargo para dedicarse a su familia.

Trump declaró a Fox News, a través del corresponsal Peter Doocy, que no tiene apuro por cubrir la vacante. La cautela del mandatario no frenó las especulaciones: medios como The Guardian y The Hill publicaron listas de posibles reemplazos que incluyen a Steven Cheung, Anna Kelly, Katie Miller, Taylor Budowich, Scott Jennings y Alina Habba, todos figuras cercanas al círculo del presidente.

Por qué Katie Zacharia dejó la Casa Blanca tras cinco días en el cargo

Zacharia enfrentó cuestionamientos desde su primera conferencia de prensa, el martes previo a su destitución.

La vocera acortó la sesión ante los periodistas acreditados en la Casa Blanca, respondió solo tres preguntas y mostró señales visibles de nerviosismo, según la cobertura de The Hill.

A las críticas por su desempeño se sumaron dudas sobre sus antecedentes legales, que acapararon la atención mediática durante toda la semana. La combinación de ambos factores precipitó su salida, que el gobierno no acompañó con una explicación pública detallada.

Steven Cheung y Anna Kelly, los nombres internos entre los posibles reemplazos

Steven Cheung ocupa actualmente el puesto de director de Comunicaciones de la Casa Blanca y trabajó de manera estrecha con Leavitt a lo largo de la segunda administración Trump. Cuando elogió públicamente a la exvocera el miércoles, Leavitt bromeó en redes sociales con que ambos habían sobrevivido “muchos, muchos ciclos de noticias”.

Anna Kelly se desempeña como subsecretaria de Prensa principal de la Casa Blanca. Antes de llegar a ese cargo, fue portavoz de la campaña presidencial de Trump en 2024 y secretaria de Prensa nacional del Comité Nacional Republicano (RNC). Su cercanía al equipo de comunicación la posiciona como una de las candidatas con mayor acceso al día a día de la vocería.

Katie Miller, Taylor Budowich y Alina Habba completan la lista de candidatos

Katie Miller, esposa de Stephen Miller —uno de los principales asesores del presidente y artífice de su política migratoria—, es conductora de un pódcast conservador de amplia audiencia en el que entrevista a funcionarios del gabinete y figuras del ala derecha. Fue directora de Comunicaciones del llamado “departamento de eficiencia gubernamental” (Doge) y, entre 2019 y 2021, se desempeñó como secretaria de Prensa del entonces vicepresidente Mike Pence.

Taylor Budowich, exjefe de Gabinete adjunto de la Casa Blanca, trabajó junto a Miller y Dan Scavino antes de pasar al sector privado el año pasado. Budowich fue uno de los demandados —junto con Leavitt— en el caso que presentó The Associated Press después de que el medio fuera excluido de la rotación de prensa por negarse a referirse al golfo de México como “golfo de América”.

Alina Habba fue abogada personal de Trump y ocupó brevemente el cargo de fiscal federal de Nueva Jersey, aunque un juez federal dictaminó que su designación era ilegal. Habba se ha consolidado como una de las defensoras más frecuentes del presidente en medios conservadores. Según New York Post, fuentes dentro de la administración la señalaron como favorita temprana para reemplazar a Leavitt, pero ella misma descartó esos rumores en agosto y afirmó que no competía por el puesto.

Anna Kelly y Scott Jennings lideran las apuestas en Kalshi para la secretaría de Prensa

Scott Jennings, comentarista conservador y colaborador en CNN, fue mencionado entre los candidatos cuando Leavitt renunció, pero quedó fuera de la selección que derivó en el nombramiento de Zacharia.

Tras la nueva vacante, la plataforma de predicciones Kalshi ubicó a Anna Kelly como la principal aspirante al cargo, con cerca del 24 % de probabilidades implícitas, seguida por Jennings con alrededor del 17 %. La autora conservadora Elizabeth Pipko también figuró entre las opciones del mercado, según Newsweek.

Laura Loomer presionó a través de X para la vocería de Donald Trump

La activista de ultraderecha Laura Loomer se autoproclamó candidata a la secretaría de Prensa a través de tres publicaciones en la red social X, el mismo viernes en que Zacharia fue destituida. “Escúchenme: secretaria de Prensa Laura Loomer”, escribió en un primer mensaje. Dos horas después, amplió su argumento: afirmó que sería “una secretaria de Prensa increíble” y que asistiría a cada conferencia con “un archivo lleno de pruebas” para respaldar al presidente.

Loomer publicó también una imagen con su rostro recortado sobre el cuerpo de una mujer de cabello rubio largo, un rasgo que comparten tanto Zacharia como Leavitt. La postulación fue personal y pública.

Pese a impulsar su propia candidatura, Loomer defendió a Zacharia de las críticas y calificó de “innecesariamente crueles” los ataques en su contra.

“Le deseo lo mejor a Katie”, escribió en otra publicación en X. “Creo que es genial que el presidente Trump tenga personas tan dedicadas a su causa que estén dispuestas a someterse a la disección pública a diario”.

Trump insistió, en sus declaraciones a Fox News, en que no tiene prisa por designar un nuevo vocero, una postura que dejó abierta la competencia sin fecha definida para una resolución.

Kai Trump, la nieta mayor del presidente Donald Trump e integrante del equipo femenino de golf de la Universidad de Miami, anunció que se sometió a una cirugía para reparar una lesión en la muñeca que sufrió en su primer torneo de la temporada universitaria.

La deportista de 19 años compartió la noticia el miércoles 14 de octubre a través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de una foto desde la cama del hospital en la que se la ve con el brazo vendado y un cabestrillo.

La lesión se produjo durante el Golfweek Fall Classic 2026, disputado entre el 6 y el 8 de septiembre en Pawleys Island, Carolina del Sur, según precisó la revista People.

Tras varias semanas de evaluación, Kai Trump optó por la intervención quirúrgica después de consultar con su familia, sus entrenadores y el personal de preparación deportiva del programa universitario.

Kai Trump explicó por qué eligió la cirugía de muñeca

En el texto que acompañó la imagen publicada en Instagram, la golfista detalló las razones detrás de su decisión. “Aunque esperaba evitar la cirugía, después de hablar con mi familia, mis entrenadores y el personal de preparación deportiva, sé que tomé la mejor decisión para mi salud a largo plazo y mi futuro en el deporte que amo”, escribió.

Kai Trump reconoció que la situación no formaba parte de sus planes para los meses siguientes, pero aseguró que decidió afrontarla con paciencia y determinación. También destacó el apoyo de las personas que la rodean como un factor clave en el proceso.

La operación se realizó en el Hospital for Special Surgery de Nueva York

La cirugía estuvo a cargo de la doctora Michelle Carlson en el Hospital for Special Surgery (HSS) de Nueva York, según se desprende de la publicación de la propia deportista. Kai Trump agradeció de forma especial a la médica y al equipo del centro hospitalario por la atención recibida.

La joven también extendió su agradecimiento a sus compañeras de equipo, sus entrenadores y su familia. “Por ahora, todo se trata de sanar y confiar en el proceso”, escribió la golfista en otro tramo de su mensaje.

Antecedentes de la lesión en la muñeca izquierda

No es la primera vez que Kai Trump enfrenta problemas en esa articulación. Según consignó el New York Post, la deportista había informado en enero de 2026 sobre una cirugía previa en la muñeca izquierda para tratar lesiones en los tejidos estabilizadores del tendón ECU y daños en el complejo fibrocartílago triangular.

La recurrencia de la lesión durante su debut en la competencia universitaria representó un contratiempo significativo para su primera temporada como estudiante de primer año en la Universidad de Miami.

Recuperación sin fecha de regreso al golf universitario

Kai Trump señaló en su publicación que “la recuperación llevará tiempo”, pero no ofreció un plazo concreto para su retorno a las canchas. Tampoco la universidad ni su equipo técnico difundieron una fecha estimada de regreso.

“La recuperación llevará tiempo, pero tengo la enorme fortuna de estar rodeada de personas maravillosas que no dejan de apoyarme, animarme y recordarme que cada desafío es una oportunidad para crecer”, indicó. Y agregó: “Contar con las personas adecuadas a tu lado marca una gran diferencia, y no podría estar más agradecida”.

La golfista cerró su mensaje asegurando que volverá a competir con su equipo y que lo hará más fuerte.

“Por ahora, lo más importante es sanar y confiar en el proceso. ¡Ya quiero volver con mi equipo y hacer lo que más me apasiona! ¡Estaré de vuelta antes de que se den cuenta, más fuerte y más agradecida que nunca!”, concluyó.

Sin embargo, no existe hasta el momento información oficial sobre cuándo podrá reincorporarse a la actividad deportiva.

La trayectoria de Kai Trump en el golf universitario quedó interrumpida apenas unas semanas después de su inicio. People había señalado previamente que, antes de ingresar a la Universidad de Miami, una fuente cercana a la joven la describió como alguien “extremadamente enfocada en el golf”, con la disciplina necesaria para llegar lo más lejos posible en ese deporte.

Una jueza federal de Estados Unidos obligó al Departamento de Estado a reactivar el Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027, conocido como la Lotería de Visas o Green Card Lottery. La magistrada Jinsook Ohta, del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California, concedió una medida cautelar preliminar el 14 de octubre de 2026 y ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, abrir el período de inscripción que la administración de Donald Trump nunca había habilitado.

La decisión alcanza a aspirantes de todo el mundo que reúnan los requisitos para participar en un programa que cada año pone a disposición hasta 55.000 visas de residencia permanente. La jueza determinó que la inacción del Departamento de Estado constituyó una conducta arbitraria que violó la Ley de Procedimiento Administrativo, según consta en la orden judicial.

El fallo llega tras meses de parálisis: en diciembre de 2025, Trump suspendió el programa y, en abril de 2026, Rubio anunció de forma oficial que la emisión de nuevas visas de diversidad quedaba suspendida por decisión del gobierno.

La jueza fijó plazos estrictos para la apertura de la inscripción

La orden original establece un cronograma preciso. Según el documento judicial, el Departamento de Estado debía anunciar públicamente el período de inscripción a más tardar a la medianoche, hora del Este, del 15 de octubre de 2026, a través de su sitio web oficial y de sus canales habituales de notificación, incluido el Registro Federal. El anuncio debía detallar las fechas de apertura y cierre, el sitio web para las postulaciones electrónicas y los requisitos de participación.

El tribunal dispuso que la inscripción abriera a más tardar a la medianoche del 18 de octubre de 2026 y durara 30 días. También ordenó que el Departamento de Estado notificara a los seleccionados elegibles antes de la medianoche del 19 de noviembre de 2026.

No obstante, medios como Courthouse News informaron que, el mismo día de la resolución, ambas partes presentaron una moción conjunta para extender esos plazos. La jueza Ohta aprobó esa solicitud y fijó nuevas fechas: apertura de la inscripción a más tardar el 1 de noviembre de 2026 y notificación a los seleccionados antes del 3 de diciembre.

El período de registro se mantuvo en 30 días.

Qué exige la orden judicial al Departamento de Estado

Más allá de los plazos, la resolución impone obligaciones operativas concretas. Según el documento judicial, el Departamento de Estado debe:

• Aceptar solicitudes electrónicas presentadas durante la inscripción que cumplan los requisitos de elegibilidad, petición y documentación establecidos por las leyes federales (8 U.S.C. §§ 1153 y 1154(a)(1)(I)) y las normas reglamentarias (22 C.F.R. § 42.33).
• Procesar y otorgar visas de diversidad según los procedimientos y estándares habituales tras el cierre de la inscripción y la notificación a los seleccionados.
• Continuar el proceso, sujeto a la legislación vigente, hasta agotar la asignación de visas del año fiscal 2027 o el 30 de septiembre de 2027, lo que ocurra primero.

La jueza Ohta también aclaró que el tribunal conserva jurisdicción para hacer cumplir la medida cautelar o modificarla si fuera necesario, un mecanismo que permite al juzgado intervenir en caso de que el gobierno no respete los términos de la orden.

Qué es el Programa de Visas de Diversidad y quiénes pueden participar

El Programa de Visas de Diversidad fue creado por la Ley de Inmigración de 1990, durante la presidencia de George H. W. Bush. Su objetivo es otorgar hasta 55.000 visas de inmigrante por año a ciudadanos de países con bajas tasas históricas de inmigración hacia Estados Unidos. La selección se realiza a través de un sorteo aleatorio, de ahí su nombre coloquial de “lotería”.

Para participar, los aspirantes deben ser nacionales de un país elegible. La ley excluye a los países que hayan enviado más de 50.000 inmigrantes a Estados Unidos en los cinco años fiscales anteriores. Cada año, el Departamento de Estado publica la lista actualizada de naciones elegibles y no elegibles.

El abogado Curtis Morrison, fundador de Red Eagle Law —la firma que presentó la demanda contra Rubio en agosto de 2026—, sostuvo que la negativa del gobierno a abrir la inscripción equivalía a una cancelación de facto del programa. “Ganamos. Cuando George Herbert Walker Bush lo convirtió en ley en 1990, la administración Trump no puede simplemente ignorar las leyes que no le gustan”, declaró Morrison tras conocerse el fallo, según informó Courthouse News.

Qué deben tener en cuenta los aspirantes a la Green Card Lottery

La inscripción al programa es gratuita y debe completarse de forma exclusiva a través de los canales oficiales que anuncie el Departamento de Estado, en particular el portal dvprogram.state.gov. Resultar seleccionado en el sorteo no garantiza la obtención de una visa: los ganadores deben cumplir todos los requisitos de elegibilidad y superar los procedimientos habituales de solicitud y revisión.

Los aspirantes deben tener precaución frente a intermediarios que prometan aumentar las probabilidades de selección o que cobren supuestas tarifas oficiales de registro. Ningún pago es necesario para participar en el sorteo.

Dado que la situación legal continúa en desarrollo —el gobierno podría apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito— y que los plazos podrían sufrir nuevas modificaciones, resulta recomendable que los interesados consulten a un abogado de inmigración y verifiquen la información directamente en el sitio web oficial del Departamento de Estado antes de tomar decisiones basadas en esta orden judicial.

El proyecto responde a la necesidad de reparar y conservar el exterior del edificio de 119 años de antigüedad, aunque la compañía no reveló el costo ni el alcance exacto de las obras. La noticia, adelantada por The New York Times, generó incertidumbre entre huéspedes con reservas vigentes, residentes de los 181 condominios del edificio y los 378 empleados sindicalizados que trabajan en el hotel.

Fairmont no aclaró si los propietarios de las unidades residenciales deberán abandonar sus viviendas durante el proceso. Los recepcionistas de los salones de eventos y del restaurante Palm Court confirmaron que esos espacios también dejarán de funcionar en enero.

Por qué cierra el Hotel Plaza de Nueva York y qué implica la restauración

La operadora del hotel indicó que el plan de restauración “refleja la complejidad de mantener una propiedad de tal importancia arquitectónica e histórica, con especial atención a los requisitos de conservación y el cuidado a largo plazo del edificio”.

Según el comunicado, el volumen y la dificultad de los trabajos en la fachada exigen una planificación detallada y coordinación con las partes interesadas, además del cumplimiento de las normas de preservación histórica vigentes.

Andrew Dolkart, profesor de conservación histórica en la Universidad de Columbia, declaró a The New York Times que la fachada ya había sido renovada cuando parte del hotel se convirtió en viviendas de lujo a principios de la década de 2000 y que le sorprendió que se necesitara otra ronda de intervención integral.

Dolkart señaló que, aunque las obras se concentraran solo en el exterior, el cierre tenía sentido: “Va a ser ruidoso y deben pensar que no pueden cobrar precios de lujo por un hotel cuando hay obras justo afuera de la ventana”.

Qué pasará con los empleados y los residentes del Plaza

Un portavoz del Consejo de la Industria Hotelera y de Juegos de Azar (Hotel & Gaming Trades Council), el sindicato que representa a los trabajadores del sector, informó a The New York Times que los 378 miembros que trabajan en el Plaza tendrán derecho a regresar a sus puestos con el mismo salario una vez que el hotel reabra. Mientras tanto, el sindicato buscará ubicarlos en otros empleos.

La situación de los residentes permanece sin respuesta. El edificio alberga 282 habitaciones de hotel —incluidas 102 suites— y 181 condominios, resultado de la conversión parcial que se realizó a principios de los años 2000. Fairmont no se pronunció sobre si los propietarios de esas unidades deberán desalojar durante los trabajos.

La boda cancelada que expuso la falta de aviso del Hotel Plaza

El cierre tomó por sorpresa a quienes tenían eventos programados en el hotel. Christine Carney, una novia que había reservado su boda en el Plaza para el 1 de mayo y llevaba meses de planificación, se enteró del cierre recién este martes. Según relató a la cadena ABC7, llamó de inmediato al conserje del hotel, quien le confirmó la noticia.

“Les acabamos de transferir todo este dinero, quizá hace dos semanas, para su sistema de sonido y todo eso. Creo que nadie tenía ni idea”, contó Carney en declaraciones recogidas por el mismo medio. Su organizadora de bodas explicó que ahora debe contactar a cada proveedor contratado para verificar disponibilidad en una nueva fecha y un nuevo lugar, lo que equivale a replantear la celebración desde cero.

La historia arquitectónica detrás de la fachada del Plaza en la Quinta Avenida

El Hotel Plaza abrió sus puertas el 1 de octubre de 1907, cuando un descendiente de la familia Vanderbilt firmó el libro de registro con toda la pompa de la época. El edificio fue obra del arquitecto Henry Janeway Hardenbergh, responsable también del Dakota, el célebre edificio residencial de Central Park West.

El crítico de arquitectura Paul Goldberger escribió en 1982 en The New York Times que el hotel había sido “diseñado en un estilo que generalmente se describe como renacentista francés, pero que es esencialmente ecléctico neoyorquino: un castillo francés ampliado al tamaño de un pequeño rascacielos y embellecido con innumerables detalles clásicos”.

Goldberger calificó al Plaza como el único hotel de la ciudad que constituye una parte tan crucial del patrimonio arquitectónico de Nueva York como edificios públicos como la Grand Central Terminal y la Biblioteca Pública de Nueva York.

De Donald Trump a “Mi pobre angelito 2”, la vida cultural del Plaza

El hotel ha pasado por al menos media docena de propietarios. Donald Trump lo adquirió en 1988 por USD 390 millones y lo mantuvo hasta 1995, período en el que la propiedad atravesó una bancarrota, según informó The New York Times.

El Plaza también ocupa un lugar fijo en la cultura popular estadounidense. Su aparición más recordada es en la película Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), en la que el personaje de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se registra con la tarjeta de crédito de su padre. El hotel también fue escenario de Bride Wars (2009).

Entre sus huéspedes célebres figuran F. Scott Fitzgerald, Truman Capote y los Beatles, además de Eloise, la heroína de la serie de libros infantiles cuya habitación, completamente rosa, se puede reservar por más de USD 4.000 la noche.

Una habitación estándar con cama king se anunciaba en USD 1.421 en Booking.com, mientras que el Grand Penthouse —una suite con terraza y dos dormitorios— alcanza los USD 36.140 por noche, más USD 5.329 de impuestos.

El Departamento de Justicia confirmó la acción en un comunicado escueto: informó que HSI ejecutó una orden de registro con autorización judicial en el área de Washington D.C., como parte de una investigación criminal federal en curso, sin aportar detalles sobre el expediente.

Omar no ha sido formalmente acusada de ningún delito.

1. El operativo federal en Washington

El registro comenzó alrededor de las 6 de la mañana, según una fuente familiarizada con el caso citada por Fox News. Agentes con chalecos identificados como “POLICE HSI” ingresaron al domicilio y salieron cargando cajas con documentación.

HSI es la rama de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A diferencia de las operaciones de deportación que suelen asociarse a ese organismo, HSI conduce pesquisas penales y tiene competencia sobre delitos como el fraude en documentos migratorios y la falsedad en declaraciones ante autoridades federales.

CBS News informó que el fiscal general Todd Blanche tenía conocimiento personal del operativo y que el Departamento de Justicia consultó con su Sección de Integridad Pública antes de ejecutar la orden, unidad que ha funcionado históricamente como órgano de supervisión en investigaciones que involucran a miembros del Congreso.

2. El origen: trámite migratorio de su infancia

Según fuentes citadas por Reuters y The Associated Press, la investigación se centra en presuntas irregularidades en la documentación migratoria de la infancia de Omar. Los papeles bajo escrutinio fueron elaborados por su padre, ya fallecido, al tramitar el ingreso de la familia a Estados Unidos. Omar nació en Somalia en 1982, llegó al país a los 12 años como refugiada en 1995 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2000, a los 17 años.

Según una persona familiarizada con el documento citada por The New York Times, la orden de registro lista una serie de potenciales delitos bajo investigación: declaraciones falsas, fraude en documentación migratoria y un cargo general de conspiración. CBS News precisó que los investigadores examinan ese tipo de presuntas irregularidades.

El secretario de Homeland Security, Markwayne Mullin, había anticipado el mes pasado que “algo va a pasar” en relación con el examen de los antecedentes migratorios de la familia. El denominado “zar de la frontera”, Tom Homan, confirmó en septiembre la existencia de “una investigación criminal en curso” sobre la congresista, según Reuters.

3. El momento político: a 22 días de las elecciones

El allanamiento se produjo a tres semanas de las legislativas del 3 de noviembre, en las que Omar busca su quinto mandato consecutivo por el 5.º distrito de Minesota, considerado uno de los más seguros para el Partido Demócrata. La congresista ganó su reelección en 2024 con una ventaja de 50 puntos porcentuales.

La política interna del Departamento de Justicia establece evitar acciones investigativas susceptibles de volverse públicas cerca de una elección, con una ventana histórica de alrededor de 60 días antes de los comicios.

Randall Eliason, profesor de derecho en la Universidad George Washington y exfiscal federal, señaló a Reuters que el operativo parece una ruptura con esa práctica. “La idea es evitar incluso la apariencia de cualquier tipo de interferencia del Departamento de Justicia en el proceso político”, afirmó, y aclaró que no existe un mecanismo formal para hacer cumplir esa política interna.

4. Omar acusa persecución política; Trump se desentiende del caso

Omar publicó en redes sociales: “Durante diez años, Trump me ha señalado con mentiras infundadas y campañas de desprestigio. Esto es solo la última escalada en su campaña de intimidación política. No me van a silenciar”. Su oficina afirmó que la congresista “no hizo nada indebido” y calificó el allanamiento de “abuso de poder sin precedentes”.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, junto a los representantes Katherine Clark y Pete Aguilar, calificaron el operativo de “profundamente perturbador” y señalaron que “plantea serios interrogantes sobre el uso del gobierno federal contra los adversarios de Donald Trump”. El gobernador de Minesota, Tim Walz, escribió en redes sociales que Trump “está abusando de su poder para ir contra sus opositores políticos a semanas de una elección”.

Trump, que ese lunes hacía campaña en Youngstown, Ohio, se desligó del operativo al ser consultado por periodistas. “Eso no tiene nada que ver conmigo”, afirmó, según Reuters y The Associated Press. Aun así, volvió a referirse a Omar en tono crítico ante sus seguidores.

5. El panorama legal y electoral

Sobre los casos federales de fraude investigados en Minesota vinculados a organizaciones de la comunidad somalí —entre ellos el caso Feeding Our Future, con pérdidas estimadas en USD 250 millones—, Reuters indicó que Omar no enfrenta acusaciones formales. La congresista sí ha sido objeto de escrutinio político por su rol en la sanción de una ley que habría facilitado ese esquema y por haber recibido donaciones de campaña de dos condenados en ese caso, que luego devolvió.

Un funcionario en actividad citado por NPR en condición de anonimato indicó que el registro forma parte de una investigación de varios años que incluye denuncias de informantes. Desde el punto de vista legal, el plazo de prescripción penal podría representar un obstáculo para presentar cargos criminales por la documentación migratoria original, dado el tiempo transcurrido desde los hechos bajo escrutinio.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no reveló plazos ni anunció cargos formales contra Omar ni contra ninguna otra persona en relación con el registro del 12 de octubre. HSI continúa al frente del expediente, que permanece abierto según la declaración oficial de ese día.

Más de 20 millones de beneficiarios de Medicare en Estados Unidos comenzaron a recibir esta semana un depósito único de USD 90 de parte de la Administración del Seguro Social, un pago que tomó por sorpresa a muchos adultos mayores que no esperaban ese ingreso en sus cuentas.

Los fondos provienen del Medicare Improvement Fund y van dirigidos a los afiliados a la Parte B —el segmento del programa que cubre consultas médicas, atención ambulatoria y exámenes preventivos— que reúnan los requisitos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

El pago busca compensar, en parte, el alza en las primas: USD 90 representa el 44% de la prima mensual estándar de 2026, fijada en USD 202,90, tras un incremento de USD 17,90 respecto de los USD 185 de 2025. Se trata de un desembolso único, no de un aumento permanente de los beneficios.

Quiénes califican para el cheque de USD 90 de Medicare

De los 62,9 millones de beneficiarios de la Parte B, unos 20,8 millones son elegibles, según la hoja informativa oficial del CMS. Para calificar, los beneficiarios deben:

• Estar inscritos en Medicare Parte B bajo el Medicare original (también conocido como Medicare tradicional o de pago por servicio).
• Residir en Estados Unidos.
• No pagar primas adicionales por ingresos elevados (ajuste mensual por ingresos, conocido como IRMAA).
• No recibir asistencia para el pago de sus primas a través de Medicaid.

Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora del Programa de Política de Medicare en KFF, explicó a CBS News que quienes pagan la prima con ajuste por ingresos altos “cuentan con mayores recursos para absorber los costos adicionales y se beneficiarían menos del pago de USD 90 que las personas de menores ingresos”.

Quiénes no recibirán el pago de Medicare

Aproximadamente 40 millones de beneficiarios de la Parte B quedan fuera del programa. No son elegibles:

• Los inscritos en Medicare Advantage, la alternativa gestionada por aseguradoras privadas, que no equivale al Medicare tradicional.
• Los beneficiarios que pagan primas adicionales por ingresos altos (IRMAA).
• Quienes reciben asistencia para el pago de sus primas a través de Medicaid.
• Las personas que no residen en Estados Unidos, según los requisitos del CMS.

Cuándo y cómo llegará el pago de USD 90

La mayoría de los beneficiarios elegibles recibieron el depósito directo alrededor del 8 de octubre de 2026, a través de la Administración del Seguro Social. Quienes no cobran por esa vía recibirán un cheque en papel del Departamento del Tesoro en algún momento durante octubre, identificable por el concepto: “Medicare Improvement Fund Payment; $90 Payment to Offset October Premium”.

Especialistas advierten que estos cheques pueden pasar inadvertidos dado el volumen de correspondencia que los adultos mayores reciben de aseguradoras durante la temporada de inscripción abierta de Medicare.

Por qué Medicare envía este reembolso

El pago fue anunciado el 2 de octubre por la Casa Blanca como un “reembolso de primas” para ayudar a los beneficiarios a costear la Parte B. Los fondos provienen del Medicare Improvement Fund, al que el Congreso asignó USD 2.000 millones para mejorar el programa; según la Casa Blanca, ninguna administración anterior lo había utilizado.

Ed Wu, cofundador de Pinnie, empresa de defensa de los derechos de los beneficiarios de Medicare, señaló a CBS News los límites de la medida. “Si bien es útil, USD 90 es muy poco en comparación con lo que se avecina en términos de incrementos continuos de las primas”, afirmó. Agregó que cerca de uno de cada ocho adultos mayores entre sus pacientes postergó la compra de medicamentos por razones económicas.

Cómo verificar si corresponde el cheque de Medicare

Los beneficiarios pueden comunicarse con los siguientes números oficiales:

• 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227): para consultar la elegibilidad.
• 1-800-772-1213 (Administración del Seguro Social): para verificar el estado del pago a partir del 15 de octubre.

Se recomienda revisar el extracto bancario en busca de un depósito de USD 90 alrededor del 8 de octubre y controlar el correo postal durante el mes. Ante cualquier comunicación no oficial que solicite datos personales en relación con este pago, se aconseja desconfiar y consultar exclusivamente los canales del CMS o de la Administración del Seguro Social.

El pago de USD 90 es único y no implica ningún cambio permanente en los beneficios de Medicare.

El presidente Donald Trump aprobó declaraciones de emergencia federal para Florida y Alabama ante el avance del huracán Isaias, según confirmaron la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la gobernadora de Alabama, Kay Ivey. La declaración estatal de Ivey, vigente desde el 7 de octubre, cubre 40 condados del estado; la federal, aprobada el 10, alcanza a Baldwin, Escambia y Mobile, los tres condados costeros de mayor exposición al ciclón.

El sistema tropical avanzó sobre el Golfo de América con vientos sostenidos de hasta 193 kilómetros por hora (120 mph) y generó riesgos de inundaciones costeras, marejadas de entre 1,5 y 2 metros (5 a 7 pies), tornados y cortes eléctricos prolongados en sectores del litoral del Golfo de Estados Unidos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) alertó sobre “cortes de electricidad de larga duración” en el Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el sur de Misisipi.

Qué asistencia podrá brindar FEMA en los condados afectados de Florida y Alabama

En ambos estados, la asistencia quedó limitada a asistencia federal directa, con el Gobierno federal a cargo del 75% de los costos de las medidas de protección de emergencia.

En Florida, los condados inicialmente incluidos son Baker, Bay, Calhoun, Citrus, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Levy, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Walton, Wakulla y Washington. En Alabama, la cobertura federal alcanza a Baldwin, Escambia y Mobile, además de las tierras de la Banda Poarch de Indios Creek, que tiene reservas en el sur del estado.

En ambos casos, FEMA puede ampliar la cobertura a condados adicionales si los estados lo solicitan y las evaluaciones de daños lo justifican.

Alabama declaró la emergencia estatal en 40 condados ante el avance de Isaias

La gobernadora Ivey firmó la proclamación de emergencia estatal el 7 de octubre de 2026. La medida entró en vigor a las 16:00, hora del Centro, y tendrá vigencia hasta el 14 de octubre de 2026 a las 23:59, salvo una modificación oficial.

“Los pronósticos siguen mostrando una posibilidad real de que el sistema tropical en el Golfo impacte Alabama como huracán tan pronto como el viernes. Debemos prepararnos ahora”, advirtió Ivey en su comunicado.

La declaración activó el Plan de Operaciones de Emergencia estatal y sus anexos, habilitó a la Guardia Nacional de Alabama para preparar su despliegue y autorizó a las agencias estatales para coordinar la respuesta y la recuperación.

Los 40 condados comprendidos son Autauga, Baldwin, Barbour, Bibb, Bullock, Butler, Chambers, Chilton, Clarke, Choctaw, Coffee, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Dale, Dallas, Elmore, Escambia, Geneva, Greene, Hale, Henry, Houston, Lee, Lowndes, Macon, Marengo, Mobile, Monroe, Montgomery, Perry, Pickens, Pike, Russell, Sumter, Tallapoosa, Tuscaloosa, Washington y Wilcox.

La proclamación prohíbe de forma expresa el aumento abusivo de precios —price gouging— durante la emergencia para la venta o alquiler de bienes, instalaciones y servicios en todos los condados incluidos, en virtud de la Ley de Precios Inconscientes de Alabama.

Evacuaciones en la costa de Alabama y recomendaciones para residentes y viajeros

El 8 de octubre, a las 14:30, hora del Centro, entró en vigor una orden de evacuación obligatoria para turistas, visitantes y no residentes en las zonas costeras más expuestas: Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island.

“Eso significa que los visitantes de Gulf Shores, Orange Beach y Dauphin Island deben regresar a casa. Queremos asegurarnos de que estén a salvo”, señaló Ivey, según Infobae. La orden no alcanzó a los residentes permanentes de esas zonas, aunque las autoridades les recomendaron evacuar de forma voluntaria.

Los no residentes debían permanecer fuera de las zonas designadas hasta que expirara la emergencia o hasta que la medida fuera modificada por escrito. El condado de Mobile habilitó refugios públicos desde las 08:00 del 9 de octubre para quienes decidieran abandonar sus hogares.

“A menudo escuchamos en la gestión de emergencias: esperen lo mejor, prepárense para lo peor. Ese es el enfoque que necesitamos ante este sistema de tormentas”, afirmó la gobernadora, según consignó Infobae.

Los riesgos previstos por el huracán Isaias en la costa del Golfo

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) previó que Isaias tocaría tierra como huracán de categoría 2 durante la noche del 9 de octubre, en las cercanías de la línea fronteriza entre Alabama y Florida. Según AP News y CNBC, el punto de toque en tierra se esperaba entre la bahía de Mobile, en Alabama, y la bahía de Choctawhatchee, en el Panhandle de Florida.

Los riesgos concretos identificados incluyeron vientos de gran intensidad, inundaciones costeras e interiores, marejadas de entre 1,5 y 2 metros (5 a 7 pies) en zonas costeras inmediatas, posibles tornados y fallas en el suministro eléctrico de duración indeterminada.

Más de 400.000 clientes en el sur de Alabama y el Panhandle de Florida quedaron sin electricidad a medida que los vientos extremos se extendieron por la región, según datos de poweroutage.us citados por AP News.

Quienes tuvieran viajes previstos hacia la costa de Alabama durante el fin de semana debían contemplar que las condiciones comenzarían a deteriorarse desde la tarde del viernes en el litoral y se extenderían hacia el interior el sábado. Las autoridades recomendaron seguir las alertas locales y no regresar a las zonas evacuadas hasta recibir autorización oficial.

FEMA señaló que sus centros de distribución regionales estaban “abastecidos y listos” con alimentos, agua y generadores.

Donald Trump afirmó el 7 de octubre que su gobierno evalúa solicitar al Buró Federal de Investigaciones (FBI) una investigación sobre la muerte de Nolan Wells, un joven afroamericano de 18 años cuyo cuerpo fue hallado en Horn Island, una isla barrera frente a la costa de Misisipi, tras una excursión en barco por el feriado del 4 de julio. La declaración marcó la primera vez que el mandatario se pronunció públicamente sobre el caso.

Trump realizó ese anuncio al responder preguntas de periodistas al salir de la Casa Blanca. El pronunciamiento llegó días después de que la familia de Wells reclamara una pesquisa federal, en rechazo a la decisión de un gran jurado del condado de Jackson de no imputar a ninguna persona por la muerte del joven.

La declaración del mandatario abrió una nueva instancia en el caso, aunque sin compromisos formales de parte del gobierno.

Trump evalúa pedir una investigación del FBI por la muerte de Nolan Wells

Ante la consulta de los reporteros sobre si tenía previsto presionar al FBI para abrir una investigación independiente, Trump respondió con precisión escueta: “Estamos analizando eso. Sí, lo estamos”, según recogió Reuters. El abogado de derechos civiles Ben Crump, representante de la familia Wells, consideró que esa respuesta tiene un peso particular: “Cuando el presidente Trump le dice a los periodistas que ‘lo estamos analizando’, creemos que eso tiene más peso que la respuesta que nos dio el FBI”, señaló en un comunicado citado por The Guardian.

Crump además contextualizó el momento: el domingo siguiente a las declaraciones de Trump se cumplirían 100 días desde que comenzó la investigación sobre la muerte de Wells. “Nuestro equipo está listo para trabajar con el gobierno federal para garantizar que la muerte de Nolan sea investigada en toda su extensión”, agregó.

Qué se sabe sobre la desaparición y muerte de Nolan Wells en Misisipi

Wells era un estudiante universitario de primer año cuando desapareció durante un viaje en barco con amigos, provenientes de la localidad cercana de Ocean Springs, con motivo del feriado del 4 de julio de 2026. Fue visto por última vez en Horn Island, una isla barrera ubicada frente a la costa del Golfo de Misisipi. Su cuerpo fue encontrado el 6 de julio en el extremo noroeste de la isla, dos días después de su desaparición.

La causa y la forma de muerte permanecen sin determinar de manera oficial, según The Guardian. El caso adquirió visibilidad pública de forma temprana: la madre de Wells, Christine Wells-Wonsley, inició la búsqueda de su hijo, y una fotografía del joven junto a tres amigos blancos en una embarcación se difundió de manera masiva en redes sociales, donde la desinformación sobre el caso y sobre la familia proliferó durante semanas.

El pedido de la familia y las dudas sobre la investigación local

Ante la falta de avances de las autoridades locales, la familia de Wells, junto a Crump y a Cynthia Choi, directora ejecutiva de Stop AAPI Hate, convocó el martes 7 de octubre una conferencia de prensa para exigir una investigación federal. Las congresistas Maxine Waters, de California, y Frederica Wilson, de Florida, también enviaron una carta a Jessica Bowron, directora interina del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS), para reclamar que su rama de servicios de investigación abra una pesquisa “inmediata y exhaustiva”.

El argumento central del reclamo es geográfico y jurídico: la mayor parte de Horn Island es territorio con designación federal, lo que habilitaría la intervención de organismos nacionales. Elmore Wonsley, padre de Nolan, lo expresó en la conferencia: “Nuestro hijo fue hallado en territorio federal y le pedimos al FBI que intervenga con una investigación completa. No pedimos un trato especial. Pedimos lo que cualquier padre haría por su hijo: encontrar la verdad”, según consignó The Guardian.

Las conclusiones del gran jurado y la autopsia independiente

El mes previo a las declaraciones de Trump, un gran jurado del condado de Jackson resolvió por unanimidad no imputar a ninguna persona en relación con la muerte de Wells. La fiscal del distrito Angel Myers McIlrath sostuvo que las pruebas disponibles no respaldaban la hipótesis de una motivación racial detrás de la desaparición y muerte del joven, de acuerdo con Reuters. El gran jurado determinó que la muerte fue “consistente con el ahogamiento”, una conclusión que difiere de la de la autopsia independiente encargada por la familia.

Esa autopsia, realizada por el patólogo forense Roger A. Mitchell Jr., presidente del hospital de la Universidad Howard, no encontró indicios de ahogamiento por la ausencia de agua en el estómago, los pulmones y la garganta de Wells. El informe también registró hematomas en la cabeza, la espalda, el hombro izquierdo y los glúteos del joven.

Crump resumió la postura de la familia: “No creemos que Nolan se haya ahogado, y el traumatismo contundente en su cabeza no puede ignorarse ni explicarse”, afirmó en un comunicado recogido por The Guardian. Ambas autopsias —la estatal y la independiente— dejaron la causa oficial de muerte como indeterminada.

Más allá de las circunstancias de la muerte, el caso se convirtió en un punto de tensión racial en Estados Unidos. Durante los meses transcurridos entre el hallazgo del cuerpo y la resolución del gran jurado, distintas voces —entre ellas líderes de derechos civiles y legisladores federales— cuestionaron si las autoridades locales habrían actuado de manera diferente si la familia de Wells fuera blanca, según detalló The Guardian.

El condenado es Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército, quien el 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados desarmados dentro de esa misma base texana. Mató a 13 personas e hirió a otras 32.

Recibió la pena capital en 2013 y lleva años en el corredor de la muerte del sistema militar, a la espera de que el presidente de turno aprobara la sentencia, tal como exige la legislación castrense.

Quién era Hasan antes del ataque

Hasan nació en Estados Unidos, hijo de padres de origen palestino, y creció en Virginia. Estudió medicina dentro del Ejército y se especializó en psiquiatría, una rama dedicada a tratar la salud mental de los soldados. Al momento del ataque tenía 39 años y prestaba servicios en Fort Hood, una de las bases militares más grandes del país, ubicada en el centro de Texas.

Su trayectoria era la de un profesional formado y sostenido por la institución militar. Sin embargo, en los años previos al tiroteo había manifestado posiciones que generaron inquietud entre algunos colegas. En el juicio, el propio Hasan declaró que se oponía a la guerra en Afganistán y que creyó tener el deber de proteger a los musulmanes de los soldados estadounidenses que serían enviados allí.

Los fiscales argumentaron que su motivación combinó esa convicción personal con su resistencia a ser desplegado al frente. Una fuerza conjunta antiterrorista determinó, no obstante, que Hasan no había participado en actividades ni en planificación terrorista, y las autoridades establecieron que actuó solo.

Qué ocurrió el 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood

Aquel día, el edificio médico de Fort Hood estaba lleno de soldados que esperaban turno para realizarse controles de salud y recibir vacunas obligatorias antes de partir en misión al exterior. Era un trámite de rutina, en un lugar donde nadie esperaba un ataque. Hasan entró al lugar y comenzó a disparar.

Mató a 13 personas e hirió a otras 32. Según consignó NBC News con base en declaraciones del Pentágono, disparó mientras gritaba “Allahu akbar”. Cuando los soldados intentaron escapar hacia el exterior, los siguió. Allí lo interceptaron dos agentes —la sargento senior Mark Todd y la sargento Kim Munley— que lograron reducirlo tras un intercambio de disparos. Uno de esos tiros lo alcanzó en la columna y lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo. Desde entonces utiliza silla de ruedas.

La investigación posterior reveló que llevaba 177 cartuchos sin disparar, distribuidos en cargadores de 20 y 30 balas. Además, contaba con dos miras láser para aumentar su precisión: una roja para condiciones de baja luz y una verde para exteriores.

El fiscal militar, coronel Steve Henricks, describió ante el jurado que Hasan había convertido ese espacio en una “zona de muerte personal”. Según informó la BBC, fue el ataque más mortífero ocurrido en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate.

Fue condenado en 2013 y actuó como su propio abogado

El 23 de agosto de 2013, un panel de 13 oficiales del Ejército declaró a Hasan culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. Cinco días después, el 28 de agosto, el mismo panel recomendó por unanimidad la pena de muerte. En el sistema militar estadounidense, esa sentencia no puede ejecutarse de forma automática: la ley exige que el presidente de la nación la apruebe expresamente, lo que hasta ahora no había ocurrido.

Durante el proceso, Hasan tomó una decisión inusual: rechazó la asistencia de un abogado y se representó a sí mismo. Admitió ante el tribunal ser el autor de los disparos y pidió disculpas por “cualquier error”. Sus afirmaciones sobre sus motivaciones fueron parte de su estrategia de defensa, no una confesión de pertenencia a ninguna organización terrorista.

Trump aprobó la ejecución tras la recomendación de Hegseth

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, confirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó el método de ejecución por fusilamiento y que Trump lo aprobó el viernes previo al anuncio público. “Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan”, escribió Parnell en X.

El secretario interino del Ejército, Adam R. Telle, anunció luego que la ejecución se realizará en Fort Hood el 3 de diciembre a las 13:00 hora local, bajo la supervisión del comandante de la prisión militar. Según un artículo de mayo de 2026 de la revista especializada Army Lawyer, una vez que el presidente da su aprobación, le corresponde al secretario del Ejército definir la fecha, el lugar y los detalles operativos, con la condición de que la ejecución se lleve a cabo entre 60 y 150 días después de esa autorización.

Por qué el fusilamiento no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial

Para dimensionar el alcance histórico del caso, hace falta retroceder más de 80 años. El último militar estadounidense ejecutado por fusilamiento fue el soldado Eddie Slovik, el 31 de enero de 1945, en Francia, durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Slovik había sido condenado por deserción y el entonces comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, aprobó su ejecución como advertencia durante la Batalla de las Ardenas. Fue el único de los aproximadamente 50.000 desertores estadounidenses de esa guerra en recibir esa condena.

La última ejecución militar de cualquier tipo —no solo por fusilamiento— tuvo lugar en 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas, tras ser condenado por violación e intento de homicidio. Desde entonces, ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había sido ejecutado.

Hasan es hoy uno de los cuatro reclusos que permanecen en el corredor de la muerte del sistema militar.

La defensa aún puede apelar y frenar la ejecución

La fecha del 3 de diciembre no es definitiva. Los condenados en el sistema militar tienen la posibilidad de presentar una petición de habeas corpus, un recurso jurídico que cuestiona la legalidad de la condena o de la propia ejecución. Si un tribunal acepta ese planteo, puede ordenar una suspensión mientras la apelación avanza por el sistema judicial. Esa vía sigue abierta para Hasan.

Trump restableció la pena de muerte federal el primer día de su administración, en enero de 2025, mediante una orden ejecutiva, tras la moratoria impuesta por su predecesor, el expresidente Joe Biden. Ese documento define la pena capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”, según informó la BBC.

Desde 1916, el sistema militar ejecutó a 135 miembros de sus propias fuerzas, de acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó acciones de desnaturalización contra 40 ciudadanos naturalizados acusados de delitos graves, en lo que la propia agencia describió como la mayor iniciativa de este tipo en un solo período bajo la administración de Donald Trump. Las demandas se radicaron en múltiples tribunales federales entre el 21 de agosto y el 2 de octubre de 2026, según informó el DOJ en un comunicado oficial.

Las acusaciones incluyen haber actuado como agente de un gobierno extranjero, homicidio voluntario y agresión sexual contra una persona con discapacidad. Las personas alcanzadas por los procedimientos provienen de distintos países, entre ellos México, China, Irán, Pakistán y Filipinas.

Todas las demandas son alegaciones: no existe aún una determinación judicial de responsabilidad.

Qué implica un proceso de desnaturalización en Estados Unidos

La Ley de Inmigración y Nacionalidad —la norma que regula la ciudadanía en Estados Unidos— faculta a un tribunal federal a revocar la ciudadanía naturalizada cuando esta se obtuvo de forma ilegal, mediante el ocultamiento de información relevante o a través de declaraciones deliberadamente falsas ante las autoridades.

En la práctica, esto significa que quien haya omitido antecedentes penales, vínculos con gobiernos extranjeros u otros datos significativos al solicitar la ciudadanía puede quedar sujeto a este tipo de proceso.

A diferencia de la deportación —que es una medida administrativa—, la desnaturalización requiere una resolución judicial: el gobierno debe demostrar ante un juez federal que la ciudadanía se concedió en condiciones irregulares. Solo si el tribunal acepta esa argumentación procede la revocación del certificado de naturalización.

El caso de Jinchao Wei, el exmarinero condenado por espionaje

Uno de los casos más notorios entre los incluidos en el paquete de demandas es el de Jinchao Wei, exmarinero de la Armada de Estados Unidos nacido en China. Wei fue condenado en agosto de 2025 por cargos que incluyen espionaje y exportación ilegal de datos técnicos vinculados a materiales de defensa, y fue sentenciado a más de 16 años de prisión.

Según los fiscales, Wei habría comenzado a planear la venta de secretos militares a China meses antes de obtener la ciudadanía estadounidense en mayo de 2022, y habría ocultado esa conducta durante el proceso de naturalización. Ese ocultamiento, sostiene el DOJ, es la base legal para buscar ahora la revocación de su ciudadanía.

El Gobierno de Trump amplía la política de desnaturalización

El anuncio se enmarca en una tendencia más amplia. Durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, el DOJ emitió un memorándum interno que ordenó a su División Civil ampliar los esfuerzos de desnaturalización e incorporar nuevas categorías de personas susceptibles de perder la ciudadanía, según informó The Guardian. Expertos legales señalaron que esa expansión respondía a la agenda de deportaciones masivas impulsada por el presidente.

The New York Times había informado en abril pasado que el DOJ había identificado al menos 384 ciudadanos nacidos en el extranjero cuya naturalización pretendía revocar. Un funcionario del DOJ calificó esa primera tanda como solo “la primera ola” de casos. Entre 2017 y fines de 2025, Estados Unidos desnaturalizó a aproximadamente 120 personas, según el mismo diario. El volumen anunciado esta semana representa un salto sustancial respecto de ese ritmo histórico.

Las 40 demandas se presentaron en 19 distritos judiciales

Las acciones judiciales se radicaron en 19 distritos federales distribuidos a lo largo del país: los distritos Central, Este y Sur de California; los distritos Este y Sur de Nueva York; los distritos Medio y Sur de Florida; los distritos Norte y Sur de Texas; los distritos Norte y Medio de Georgia; el Distrito de Arizona; el Distrito de Colorado; el Distrito de Columbia; el Distrito de Connecticut; el Distrito de Maryland; el Distrito Este de Pensilvania; el Distrito Este de Virginia; el Distrito Sur de Indiana, y el Distrito Sur de Ohio.

El fiscal general Todd Blanche sostuvo, en declaraciones recogidas por el DOJ, que los implicados “ocultaron hechos críticos al gobierno de Estados Unidos y representan delincuentes graves”. El subsecretario de Justicia para la División Civil, Brett Shumate, afirmó que la administración continuará con “el mayor esfuerzo de desnaturalización en la historia del departamento para restaurar la confianza y la integridad en la ciudadanía estadounidense”.

Los casos están en trámite y los tribunales deben decidir

Las 40 acciones presentadas son demandas civiles en curso. Corresponde a cada tribunal federal evaluar los argumentos del gobierno y determinar si existen fundamentos suficientes para revocar las ciudadanías.

Hasta que un juez no se pronuncie, ninguna de las personas involucradas ha perdido su condición de ciudadana estadounidense.

Flávio Bolsonaro derrotó en primera vuelta a Lula da Silva, pero quedó a 2.98 por ciento de alcanzar la presidencia de Brasil.

Ahora, el candidato del Partido Liberal iniciará una compleja negociación con las agrupaciones de derecha para construir una alianza electoral que le permita triunfar en el balotaje del 25 de octubre.

“Estoy muy contento con el resultado: casi 56 millones de brasileños me dieron este voto de confianza. Es una señal de que Brasil quiere un cambio”, sostuvo Bolsonaro durante un improvisado discurso frente a sus partidarios.

En cambio, Lula apostará a seducir a los más de 30 millones de brasileños que no fueron a votar por su hartazgo con un sistema político que no ha satisfecho sus demandas vinculadas a la economía y la seguridad urbana.

Bolsonaro y Lula apelaran a la seducción política para llegar al Planalto, pero el líder del PT enfrenta un panorama aún más complejo que su adversario liberal.

Es muy difícil que Lula pueda atraer a los brasileños que optaron por evitar los centros de votación, aunque en su discurso tras la derrota reconoció que es su única estrategia posible.

“Vamos a trabajar para que las personas salgan, porque en este momento histórico de Brasil es necesario que la gente vote”, afirmó ante sus militantes en San Pablo.

Bolsonaro también apelará a los votantes remisos, pero su estrategia principal se enfocará en sus exadversarios Augusto Cury -Avante-, Renan Santos -Missao- y Rolando Caiado -Social Democrático-, a quienes propondrá construir un gobierno de coalición a cambio de sus votos.

Cury, Santos y Caiado -juntos- pueden aportar a Bolsonaro casi ocho ciento de los votos, una cifra que implicaría la derrota Lula en segunda vuelta.

Caiado es un político conservador, que defiende la propiedad privada, la seguridad y el orden público. Cury propone achicar el Estado, bajar los impuestos y desarrollar políticas sociales. Y Santos representa a la extrema derecha de Brasil.

Nada de lo que proponen Cury, Santos y Caiado significa una desavenencia ideológica con el candidato del Partido Liberal.

Bolsonaro tiene poco menos de tres semanas para anunciar un acuerdo electoral que le permita suceder a Lula en el Planalto.

Lula consideró que podía presentarse a un cuarto mandato y derrotar con cierto costo político a Bolsonaro. Sin embargo, el electorado brasileño asumió que ya tiene 80 años, y comprendió que su proyecto personal pertenece a un época pasada que la modernidad ya archivo.

Bolsonaro se presenta como una versión más neutra y liberal que su padre Jair, y en primera vuelta obtuvo un triunfo político que sorprendió al establishment brasileño: la derecha venció en 18 estados, eligió a 39 senadores y logró 388 diputados.

Lula fue derrotado en su distrito, San Pablo, y perdió por una diferencia dos millones y medio de votos. Una cifra que condiciona sus posibilidades en segunda vuelta.

“Queda decretado el fin de la era del PT”, sintetizó Bolsonaro.

A la derrota estructural de Lula se suma su creciente aislamiento en América Latina, adonde Donald Trump construyó un bloque conservador que apoya su agenda geopolítica.

El presidente de Brasil sólo tiene de aliados a Yamandú Orsi (Uruguay) y Claudia Sheinbaum (México), mientras Donald Trump es apoyado por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú yVenezuela.

Trump aguarda la derrota de Lula para resetear las relaciones bilaterales con Brasil, que se ha mostrado reluctante a toda la agenda regional de la administración republicana.

El 25 de octubre se sabrá si Lula sobrevivió a Bolsonaro, o si el giro a la derecha en Brasil extinguió un ciclo histórico que también tuvo como protagonistas a Hugo Chaves en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina y Evo Morales en Bolivia.

Trump encabezó el mitin ante miles de simpatizantes republicanos como parte de una gira por estados con mayoría conservadora destinada a movilizar el voto de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato. La visita a Alabama se produjo en un contexto de baja popularidad: según una encuesta de AP-NORC, su índice de aprobación se ubica en 31%, el más bajo de sus dos mandatos.

El mandatario recurrió a Mobile con una carga simbólica deliberada. En agosto de 2015, en esa misma ciudad, el entonces senador Jeff Sessions subió al escenario junto a Trump y elogió sus propuestas sobre inmigración, aunque sin darle su respaldo formal. Su apoyo oficial llegó recién el 28 de febrero de 2016, cuando se convirtió en el primer senador en ejercicio en respaldar su candidatura, dos días antes del Supermartes. “No sé si lo saben. Todo comenzó aquí”, dijo Trump ante el público, según informó ABC News.

El presidente señaló que el propósito del viaje era agradecer el apoyo de los votantes de un estado que ganó en tres elecciones consecutivas: por 27,7 puntos en 2016, 25,5 en 2020 y 30,5 en 2024. “Voy porque hay que agradecer a los estados que están contigo al mil por ciento”, había explicado el jueves.

Trump vincula la fianza sin efectivo con el aumento del crimen en Estados Unidos

En uno de los pasajes centrales de su discurso, Trump atribuyó el crecimiento de la criminalidad a las políticas de fianza sin efectivo, vigentes en varios estados del país. “Aquí es donde empezó todo, el crimen, porque tenemos las mejores cifras de criminalidad de la historia. Todo comenzó con esta estúpida fianza sin efectivo. Matas a alguien y sales caminando, sin fianza en efectivo. Una locura”, afirmó.

La fianza sin efectivo es un sistema adoptado por algunos estados que permite a los acusados quedar en libertad durante el proceso judicial sin tener que depositar dinero, con el argumento de que el modelo tradicional perjudicaba de forma desproporcionada a personas de bajos recursos. Trump rechaza ese enfoque y lo señala como un factor que facilita la reincidencia.

Pena de muerte para narcotraficantes y asesinos de policías, la propuesta más resonante del acto

Tras cuestionar la política de fianzas, Trump anunció su intención de impulsar legislación para aplicar la pena de muerte a tres categorías de delincuentes. “Aprobaremos —y esto es muy importante— la pena de muerte para los grandes traficantes de drogas, los tratantes de personas y cualquiera que mate a un agente de policía”, declaró ante la multitud.

La propuesta retoma una posición que Trump ya había sostenido durante su primer mandato. En aquel período, su administración reactivó las ejecuciones federales tras una pausa de casi dos décadas. La formulación de esta medida ante una audiencia de Alabama —estado que conserva la pena capital— busca reforzar su imagen como candidato de mano dura frente a la criminalidad.

El acto, en el marco de una disputa legislativa clave en Alabama

La elección de Mobile como sede del mitin respondió también a un cálculo electoral. La ciudad quedó incluida, tras una redistribución de distritos a mitad del período, en el 1° Distrito del Congreso de Alabama, una circunscripción reconfigurada que Trump habría ganado en 2024 por alrededor de 40 puntos. Además, el mercado mediático de Mobile cubre el oeste del Panhandle de Florida, lo que amplía el alcance del acto más allá de las fronteras estatales.

La carrera legislativa con mayor peso político en el estado es, sin embargo, la del 2° Distrito, donde el representante republicano Rhett Marques desafía al demócrata Shomari Figures. Figures ganó ese escaño en 2024 con el 54,6% de los votos bajo un mapa trazado por la justicia federal, pero la redistribución posterior —que reinstauró el mapa de 2023, declarado discriminatorio por los tribunales— lo coloca ahora como claro desventajado.

Trump minimiza el alza del petróleo y anuncia un nuevo viaje a Alabama

Durante el acto, el presidente también abordó la guerra con Irán y reconoció el impacto del conflicto en los precios del combustible. Sin embargo, presentó ese costo como aceptable frente a la alternativa de que Irán desarrolle armas nucleares. “Están pagando un precio, pero, vaya, qué pequeño precio comparado con lo que sería si a estos lunáticos se les permitiera tener un arma nuclear y la usaran en Mobile, Alabama”, afirmó.

Trump anunció que regresará al estado la semana próxima para asistir al partido de fútbol universitario entre Georgia y Alabama. Tras el acto en Mobile, continuó su gira en Ohio el sábado —donde se disputa un escaño al Senado— y prevé volver a Texas para respaldar la candidatura de Ken Paxton, que enfrenta una carrera muy reñida contra el demócrata James Talarico.

La familia Trump se reunió en Miami para celebrar los 100 años de Marie Zelníčková, madre de la fallecida Ivana Trump, en un encuentro que reunió a las tres generaciones de la dinastía. Ivanka Trump compartió los detalles del festejo este viernes a través de Instagram, donde publicó una serie de fotografías familiares.

Marie Zelníčková cumplió 100 años y la celebración tuvo lugar el sábado pasado en la residencia que la familia posee en Miami, según relató Ivanka en la red social. El encuentro reunió a los tres nietos de Zelníčková (Ivanka, Donald Trump Jr. y Eric Trump) junto a sus parejas y a los diez bisnietos de la homenajeada, que en conjunto representan cuatro generaciones de la familia.

La fotografía grupal mostró a Zelníčková rodeada de sus tres nietos y sus respectivas parejas: Jared Kushner, esposo de Ivanka; Bettina Trump, pareja de Donald Trump Jr.; y Lara Trump, esposa de Eric Trump. Completaron la imagen los diez bisnietos de la homenajeada.

Ivanka y Kushner tienen tres hijos en común: Arabella, de 15 años; Joseph, de 12; y Theodore, de diez. Eric y Lara Trump tienen dos hijos, mientras que Don Jr. tiene cinco producto de su anterior matrimonio con Vanessa Trump.

Otra imagen mostró a Zelníčková sentada detrás de una torta con forma del número 100, vestida con una blusa turquesa y una chaqueta a juego con un gran adorno floral, además de un collar de perlas, una pulsera de cadena fina y un reloj dorado con brillos.

Una tercera fotografía exhibió a Ivanka, Kushner y sus tres hijos sentados junto a Zelníčková en un sofá frente a globos de decoración. Ivanka llevaba un vestido largo naranja con escote halter y estampado floral blanco, mientras que Arabella optó por un vestido verde y sus hermanos vistieron de forma idéntica con chombas verdes y pantalones blancos. Kushner eligió un atuendo informal con pantalones marrones y una remera blanca.

Otras fotografías mostraron a los niños de la familia jugando en un tobogán de agua y sentados junto a la pileta, en lo que se describió como una jornada recreativa además de la celebración formal.

Ivanka acompañó las imágenes con un extenso mensaje en el que destacó el significado del encuentro. “100 años de vida, amor, familia y recuerdos”, escribió como epígrafe de la publicación.

“El sábado pasado, celebramos el 100° cumpleaños de mi abuela en nuestra casa en Miami, rodeados de sus tres nietos y los diez bisnietos”, relató Ivanka, y agregó: “Fue algo increíblemente especial, un hermoso reflejo de una familia y un legado que abarca cuatro generaciones”.

La hija del presidente también dedicó unas palabras a su madre, Ivana Trump, fallecida en 2022 a los 73 años a causa de las lesiones sufridas tras una caída por las escaleras de su casa en Manhattan. Ivanka señaló que su madre fue “profundamente extrañada”, aunque aseguró que “su amor y su presencia se sintieron durante todo el día en las historias que compartimos y en la familia que ella amó tan ferozmente”.

El mensaje cerró con una dedicatoria directa a su abuela: “Babi, tu siglo de amor ha moldeado generaciones y vive en cada uno de nosotros. Celebrarte fue un honor, una alegría y un recordatorio del extraordinario legado que has creado. Feliz cumpleaños número 100. Te amamos más allá de las palabras”.

Tiffany Trump, hija del presidente con Marla Maples, y Barron Trump, su único hijo con Melania Trump, no estuvieron presentes en la celebración del centenario de Zelníčková.

El festejo familiar se produjo días después de que las mujeres de la familia Trump asistieran a la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca en honor al presidente chino Xi Jinping, el jueves de la semana anterior. En esa ocasión, Ivanka lució un vestido de satén azul bordado con cristales, valuado en 6.000 dólares y confeccionado por el diseñador Georges Hobeika, con un corpiño estructurado, bordados con motivos florales y flecos cristalizados.

Tiffany eligió para el mismo evento un vestido de noche color champán con escote corazón de pedrería y drapeado lateral, mientras que Lara Trump utilizó un vestido dorado con brillos.

Pike, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer. El miércoles estaba previsto que se convirtiera en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

La ejecución fracasó tras dos intentos con inyección letal. Las imágenes del procedimiento relatadas por periodistas que lo presenciaron derivaron en una crisis política y judicial en el estado.

Trump dice que la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee es una situación “muy interesante”

Durante una conferencia de prensa en Texas, el presidente respondió una pregunta sobre si el caso lo impulsaba a revisar la política de pena de muerte a nivel federal. “Esa fue una situación interesante”, dijo Trump, antes de aclarar que el asunto corresponde al estado de Tennessee. “Fue una ejecución en la que la medicación no funcionó exactamente”, agregó. Y remató: “No debería ser muy difícil”.

El mandatario no anunció medidas adicionales ni se pronunció sobre el protocolo empleado. Indicó que habría que hablar con Tennessee al respecto y dejó en manos del estado cualquier decisión sobre la continuidad del proceso.

Los abogados de Pike denuncian que el procedimiento fue “cruel y tortuoso”

Los defensores de Pike, Randy Spivey y Stephen Ferrell, informaron a la prensa que su clienta permanece internada pero que no han podido visitarla. “No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva”, declaró Spivey.

El abogado, que presenció el intento de ejecución, describió el uso de al menos siete agujas en el transcurso de una hora, una de las cuales parecía doblada al momento de ser extraída del brazo de Pike. “Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso”, afirmó. Spivey explicó que Pike tenía antecedentes de dificultades con las extracciones de sangre, lo que hacía aún más problemático el acceso venoso.

Pike había pedido morir ante un pelotón de fusilamiento compuesto solo por mujeres

Antes de la ejecución, la defensa había solicitado que el procedimiento se realizara mediante un pelotón de fusilamiento integrado exclusivamente por mujeres, una opción que Tennessee no contempla para su caso. Según Spivey, el rechazo de Pike a la inyección letal no era una negativa a cumplir su condena. “No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, señaló el abogado.

Una periodista que presenció el procedimiento, Tori Gessner, de la estación de televisión WKRN, afiliada a ABC en Nashville, relató que Pike se quejó en voz alta durante la ejecución: “Siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?”, dijo la condenada, según el testimonio de Gessner. La periodista, que presenció otras cinco ejecuciones en el estado, afirmó: “Nada de lo ocurrido fue normal, en absoluto”. Otros medios presentes coincidieron con esa descripción y señalaron que Pike pateaba y emitía sonidos durante el procedimiento.

La madre de Colleen Slemmer cuestionó el resultado de la ejecución fallida

May Martínez, madre de la joven asesinada por Pike en 1995, cuando ambas tenían 18 y 19 años, lamentó lo ocurrido en declaraciones a NBC. “Fue un desastre”, afirmó.

Martínez indicó que nadie les informó sobre el fracaso del procedimiento mientras estaban en el lugar: “No dijeron nada y de repente nos pidieron que nos fuéramos, y nos fuimos. No supimos nada hasta que llegamos a la oficina y vimos al comisionado de Corrección y él nos dijo que no había funcionado”.

También señaló que Pike “no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen”.

Las autoridades penitenciarias de Tennessee sostienen que se cumplió el protocolo

La autoridad de prisiones del estado de Tennessee sostuvo que el procedimiento siguió el protocolo establecido por la ley y que no se permiten intervenciones adicionales más allá de las dos tandas de inyección letal de pentobarbital previstas.

La posición de las autoridades contrasta con el relato de la defensa y de los periodistas presentes.

El gobernador Bill Lee suspende las ejecuciones de 2026 y ordena una investigación

Tras lo ocurrido, el gobernador republicano Bill Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas para el año 2026 y ordenó una investigación sobre el procedimiento aplicado en el caso de Pike.

Según medios locales, la de Pike sería la segunda ejecución del año en Tennessee. La investigación no tiene plazos definidos ni se han dado a conocer los términos de su alcance.

Trump vinculó la expansión de los centros de datos —las grandes infraestructuras que almacenan y procesan la información que alimenta los sistemas de IA— con beneficios económicos directos para las localidades que los albergan. Al mismo tiempo, rechazó la narrativa de que estas instalaciones sean perjudiciales para las comunidades y llamó a retener en suelo estadounidense las inversiones que, según advirtió, podrían terminar en otros países.

Trump pidió una ubicación adecuada para los centros de datos

Ante periodistas tras el encuentro, Trump respondió afirmativamente cuando le preguntaron si había instado a los ejecutivos tecnológicos a ser más cuidadosos con el emplazamiento de los centros de datos para evitar zonas residenciales. “Creo que quiero que estén en la ubicación adecuada dentro de una comunidad”, declaró el mandatario, según recogió CBS. Trump también calificó los centros de datos como “una cosa muy positiva” y sostuvo, según CNBC, que los líderes tecnológicos “quieren ver comunidades seguras y felices”.

El presidente describió estas instalaciones en términos destacados: aseguró que algunos de esos edificios son “grandes, fuertes y poderosos” y que “aportan mucho a una comunidad”. Rechazó de manera explícita lo que calificó como “una narrativa falsa, principalmente de parte de los demócratas”, según la cual los centros de datos serían nocivos para su entorno.

Por qué Donald Trump busca que los centros de datos se construyan en Estados Unidos

La preocupación central de Trump en este punto fue económica: si las empresas no eligen Estados Unidos como sede de sus centros de datos, los beneficios irán a parar a otras naciones. “Si no somos inteligentes, terminarán construyendo centros de datos en otros países, y esos otros países harán una fortuna, y nosotros no”, advirtió en declaraciones recogidas por CBS.

El mandatario mencionó de manera específica a Finlandia como ejemplo de un destino al que ya se dirigen algunos proyectos. “Hay uno en construcción en Finlandia”, señaló, para subrayar la urgencia de retener esas inversiones en territorio nacional. Trump aboga por un desarrollo vigoroso de la IA para superar a China y sostiene que su país no debe “sucumbir al miedo” ante las nuevas tecnologías.

El impacto económico que Trump prometió para las comunidades locales

Trump dedicó una parte significativa de sus declaraciones a describir los beneficios concretos que los centros de datos ya generan en algunas localidades. Citó como ejemplo al condado de Loudoun, en Virginia, donde estos proyectos produjeron ingresos cuantiosos: “Si miran el condado de Loudoun, si miran algunos de estos condados, están ganando miles de millones de dólares. Los impuestos están bajando mucho”, afirmó en declaraciones a CBS.

El presidente fue más allá y planteó que los residentes de esas comunidades deberían recibir una parte directa de esa riqueza. “Ya sean maestros que reciben una bonificación, ya sean personas que viven en la comunidad y reciben un dividendo”, describió. “Podrían llamarlo un dividendo, porque dividendo suena bien”, agregó. Los beneficios podrían traducirse también en suministro de energía, educación o ayuda económica a docentes.

El acuerdo de inteligencia artificial firmado en la Casa Blanca

El contexto de las declaraciones de Trump fue una reunión en la Casa Blanca que derivó en la firma del denominado White House Accord on Super Intelligence (Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia), un documento de compromiso voluntario de autorregulación para las empresas que desarrollan modelos de IA.

Trump describió el pacto como “casi una especie de Constitución” y lo calificó de “moralmente vinculante”. El documento establece cuatro capas de controles y auditorías: controles internos de los modelos durante su entrenamiento y despliegue, un equipo interno que garantice su correcto funcionamiento, un auditor externo independiente y un comité independiente dentro del directorio de cada empresa. El texto aclara que se trata de compromisos voluntarios mientras no exista una norma obligatoria, aunque señala que “con el tiempo, podría tener sentido convertir estos pasos en leyes y regulaciones”.

El documento lleva la firma de Trump y de siete ejecutivos: Sundar Pichai, de Google; Dario Amodei, de Anthropic; Mark Zuckerberg, de Meta; Greg Brockman, presidente de OpenAI; Elon Musk, de xAI; y Jensen Huang, de Nvidia. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, no estuvo presente porque participaba en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía en San Francisco; en su lugar firmó Brockman. Trump indicó que su administración evalúa formar un comité de unas 10 personas para supervisar el cumplimiento del acuerdo.

Las dudas sobre la autorregulación de las empresas tecnológicas

No todos los presentes compartieron el mismo nivel de optimismo. Amodei, uno de los firmantes, matizó el entusiasmo oficial al salir de la Casa Blanca: la IA “conlleva riesgos muy reales y la forma en que abordamos esos riesgos sigue siendo materia de discusión”, dijo. Horas antes del encuentro, se conoció que Anthropic advirtió en el folleto de una futura salida a bolsa, citado por la agencia Reuters, que sus modelos podrían representar un “riesgo catastrófico o existencial para la humanidad”.

Las críticas desde el ámbito académico también fueron directas. Robin Jia, profesor adjunto de ciencias de la computación en la Universidad del Sur de California, señaló la necesidad de garantizar que las intenciones de los laboratorios de IA estén alineadas con el interés público. Alex Pascal, director ejecutivo del Berkman Klein Center for Internet and Society, fue más categórico: sostuvo que “la única manera de reducir los riesgos y daños de la IA para los estadounidenses es mediante una sólida responsabilidad legal, regulación y un cambio fundamental en las dinámicas de competencia”.

Una encuesta de CNN/SSRS difundida la semana previa al encuentro indicó que alrededor del 75% de los estadounidenses observa con temor el crecimiento de la inteligencia artificial y el 71% quiere que el Gobierno federal aumente su regulación sobre el sector.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el martes que la administración de Donald Trump reanude las deportaciones de migrantes a países distintos de los de su origen, sin que los afectados tengan la oportunidad inmediata de demostrar los riesgos que podrían enfrentar en esos destinos. El tribunal suspendió así el fallo del juez federal Brian Murphy, con sede en Boston, que había declarado ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de trasladar migrantes a los llamados terceros países.

La resolución fue aprobada por la mayoría conservadora de seis magistrados contra tres. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se pronunciaron en disidencia y habrían mantenido vigente la orden del tribunal inferior. Según Associated Press, la Corte Suprema también anunció que escuchará los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre, tras lo cual emitirá un fallo definitivo sobre el fondo del asunto.

La Corte Suprema suspende el fallo que frenaba las deportaciones a terceros países

El máximo tribunal del país actuó a partir de una solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia (DOJ), que pidió levantar la orden de Murphy mientras se resuelve el litigio de fondo. La decisión no establece que la política sea legal, sino que permite su aplicación de forma provisional mientras el caso avanza en el sistema judicial.

De acuerdo con Associated Press, el tribunal también evaluará si los tribunales inferiores tenían la facultad de bloquear la medida con una orden de alcance tan amplio.

La política había sido impugnada mediante una demanda colectiva presentada por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes. En febrero de 2026, Murphy determinó que vulneraba los procedimientos establecidos en la ley de inmigración y las garantías de debido proceso previstas en la Quinta Enmienda de la Constitución.

El debido proceso, en términos generales, exige que el gobierno notifique a las personas afectadas y les ofrezca la posibilidad de una audiencia antes de tomar medidas que las perjudiquen. El 18 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, también con sede en Boston, confirmó la mayor parte de ese fallo.

Cómo funciona la política de deportaciones a terceros países

La medida permite que el gobierno traslade a migrantes con órdenes de deportación firmes hacia países con los que no tienen ningún vínculo, cuando no es posible devolverlos a sus países de origen porque esas naciones se niegan a recibirlos.

Según explicó la administración en su escrito ante la Corte Suprema, los traslados se realizan a partir de acuerdos diplomáticos, en su mayoría confidenciales, mediante los cuales los países receptores ofrecen garantías de que los migrantes no serán perseguidos ni torturados. En los casos de países que no ofrecieron tales garantías, el procedimiento prevé notificar a los migrantes sobre su destino y evaluar el riesgo de persecución solo si la persona manifiesta ese temor.

De acuerdo con un recuento realizado por organizaciones de derechos humanos y recogido por Reuters, más de 25.000 migrantes fueron deportados a 29 países en virtud de esta política desde su implementación en 2025. La gran mayoría fue enviada a México. También hubo traslados a Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y República Centroafricana.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar Sudán del Sur por los riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado.

Los argumentos del gobierno y de los demandantes

El fiscal general Todd Blanche calificó la política como “una herramienta completamente legal y necesaria para la aplicación de las normas migratorias”, en declaraciones difundidas en redes sociales y recogidas por Associated Press. El gobierno sostiene que la medida es indispensable para expulsar a personas con órdenes finales de deportación —incluidas algunas con antecedentes penales— cuando sus países de origen se niegan a recibirlas.

Los demandantes presentan un panorama diferente. Según sus abogados, algunos migrantes llegaron a ser enviados a países que nunca habían escuchado nombrar, donde enfrentaron detención, agresiones físicas, violencia sexual o desaparición.

En varios casos documentados, terceros países transfirieron a los deportados a sus países de origen, precisamente los que Estados Unidos había reconocido como lugares de riesgo al otorgarles protección migratoria. Los demandantes también señalan que muchos de los afectados no tienen antecedentes penales y que la política no discrimina entre quienes representan un riesgo y quienes no.

Lo que la decisión no resuelve y los próximos pasos

La abogada Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración (ANLI) y representante de los migrantes en el caso, advirtió que la orden del tribunal no zanja la disputa de fondo. “La decisión de hoy no resuelve que la política del gobierno sea legal”, afirmó en un comunicado recogido por Associated Press.

Realmuto señaló que la resolución autoriza a la administración a reanudar el envío de personas a terceros países donde pueden enfrentar persecución, tortura o encarcelamiento, pero que el tribunal deberá pronunciarse sobre la legalidad de la medida en una audiencia ya programada.

La Corte Suprema escuchará los argumentos de ambas partes en diciembre de 2026 y luego emitirá una resolución definitiva sobre si la política se ajusta a la ley de inmigración y a la Constitución, así como sobre el alcance de la autoridad de los tribunales inferiores para bloquear medidas del Poder Ejecutivo con efectos nacionales.

El magnate tecnológico respondió el martes, a la salida de la Casa Blanca, una pregunta directa sobre el futuro laboral en la era de la IA. Trump y ejecutivos de las principales empresas tecnológicas del mundo acababan de firmar un pacto voluntario de seguridad para la inteligencia artificial, en un encuentro que también puso sobre la mesa la expansión de los centros de datos y la competencia con China.

Musk tomó la palabra cuando un periodista preguntó qué harían quienes veían el intercambio y se preocupaban especialmente por los empleos de oficina. Su respuesta fue optimista y polémica a partes iguales: la inteligencia artificial —o “superinteligencia”, según la nueva terminología que Donald Trump acaba de ordenar usar en el gobierno federal— no conducirá al desempleo masivo, sino a una transformación profunda del trabajo.

Musk dijo que los empleos cambiarán con la inteligencia artificial, no que desaparecerán

“Los empleos van a cambiar. Siempre han cambiado”, declaró Musk ante los periodistas reunidos en la entrada del ala oeste de la Casa Blanca, según consta en el video difundido por CBS News y recogido por Reuters. Para ilustrar su argumento, recurrió a un ejemplo histórico: ser “computadora” solía ser una profesión.

“Antes había edificios llenos de personas haciendo cálculos. Pero ahora las computadoras digitales realizan esas tareas y no creo que nadie anhele volver a hacer cálculos todo el día para calcular las tasas de interés bancarias, que era lo que solían hacer”, consideró el empresario.

Su argumento es que la IA producirá una transformación comparable —aunque de alcance mucho mayor— en una amplia variedad de ocupaciones. No sostuvo que el empleo permanecería intacto, sino que la naturaleza del trabajo evolucionaría.

“Creo que veremos una evolución de los roles. No es como si el desempleo hubiera aumentado. De hecho, hay una enorme demanda de personas”, explicó. “Así que creo que el resultado más probable es increíblemente beneficioso. Es un futuro que, si pudieras mirar hacia adelante, querrías”, concluyó.

La promesa de una “era de abundancia” y una renta alta universal

El pasaje más comentado de la intervención de Musk fue su descripción del escenario que considera más probable. “Creo que, con mucha diferencia, el resultado más probable es una era de abundancia, en la que no solo tendremos una renta básica universal, sino una renta alta universal”, afirmó.

El fundador de Tesla y SpaceX fue más allá de la discusión habitual sobre renta básica universal —una propuesta que ya circula en debates de política económica— y planteó una variante más ambiciosa: que la combinación de robots y superinteligencia podría generar tal volumen de bienes y servicios que el nivel de vida de cualquier persona en el mundo superaría al de los más privilegiados de hoy. Puso como ejemplo el acceso a atención médica de calidad.

“Cuando tienes robots y superinteligencia, eso significa que todas las personas en el mundo pueden tener una atención médica mejor que la de cualquiera aquí, incluyéndome a mí”, proyectó.

Uno de los presentes le replicó “no si no tienen trabajo”, Musk respondió con la afirmación sobre la evolución de los empleos citada más arriba.

El contexto: Trump, los líderes tecnológicos y la expansión de los centros de datos

Las declaraciones de Musk tuvieron lugar el 29 de septiembre de 2026, tras un almuerzo a puerta cerrada en la Casa Blanca entre Trump y ejecutivos de las principales empresas del sector. Según Reuters, entre los asistentes estaban Greg Brockman (presidente de OpenAI), Dario Amodei (director ejecutivo de Anthropic), Mark Zuckerberg (director ejecutivo de Meta), Sundar Pichai (director ejecutivo de Google), Jensen Huang (presidente y director ejecutivo de Nvidia) y Lisa Su (directora ejecutiva de AMD).

Lo que comenzó como un almuerzo privado derivó en una conferencia de prensa: Trump se unió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al grupo de ejecutivos en la entrada de la Casa Blanca —un espacio que el mandatario rara vez usa para atender a periodistas— y respondió preguntas durante unos 30 minutos, con los directores ejecutivos de pie a sus espaldas.

Durante ese intercambio, el mandatario y las compañías firmaron un acuerdo voluntario de seguridad que contempla controles internos, auditorías externas independientes y supervisión a nivel de junta directiva para los sistemas de IA, según la copia publicada por el propio mandatario en sus redes sociales. La jornada también incluyó el lanzamiento de una herramienta de IA impulsada por asesores de Trump para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios gubernamentales.

Trump también reiteró su respaldo a la rápida expansión de los centros de datos y advirtió que China quería “cada centro de datos que nosotros no queramos”, en referencia a la competencia tecnológica entre ambas potencias. Musk respaldó esa caracterización con un escueto “sí”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó con humor la propuesta de Jimmy Kimmel de enviarle una selfie de ambos al presidente Donald Trump durante su aparición en Jimmy Kimmel Live, grabado esta semana en la Academia de Música de Brooklyn (BAM). Cuando el conductor insistió en que le enviara la foto al mandatario, Mamdani lo frenó con una sola frase: “Jimmy, te quiero, pero quiero más la vivienda”.

La escena fue uno de los momentos más comentados de una entrevista en la que el alcalde explicó la naturaleza de sus contactos con Trump: puramente institucionales, centrados en dos asuntos concretos para Nueva York. Por un lado, el proyecto de desarrollo urbano Sunnyside Yard, en el barrio de Queens; por otro, la situación de los ciudadanos haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que residen en la ciudad.

Mamdani explicó en qué términos se comunica con Trump

Ante la pregunta de Kimmel sobre si el alcalde tiene trato directo con el presidente, Mamdani confirmó que mantienen comunicación. “De vez en cuando estamos en contacto, y es sobre Sunnyside Yard y sobre cómo podemos hacer más por la ciudad”, dijo. El conductor también quiso saber si Trump responde rápido los mensajes. “Los dos tenemos agendas ocupadas”, respondió el alcalde con sobriedad.

Kimmel también proyectó en pantalla un video de Mamdani junto a Trump en la Mansión Gracie, residencia oficial del alcalde, mientras el presidente pronunciaba un discurso. La cámara captó al alcalde inmóvil, con el semblante neutro. “Ese no es un tipo al que yo querría enfrentar en una partida de póquer”, dijo el conductor. Mamdani aclaró que, en esos momentos, solo piensa en cómo obtener el respaldo federal para el proyecto urbanístico que impulsa desde su gestión.

Qué es Sunnyside Yard y por qué Mamdani lo prioriza

Sunnyside Yard es un proyecto de desarrollo urbano previsto para el barrio de Queens, en Nueva York, que contempla la construcción de unas 12.000 viviendas nuevas y la creación de aproximadamente 30.000 empleos. Para su ejecución, el plan necesita el visto bueno del gobierno federal, lo que explica por qué Mamdani convirtió el tema en el eje de sus gestiones ante la administración Trump.

El alcalde dejó claro en la entrevista que sus conversaciones con el presidente no responden a afinidad política, sino a una estrategia deliberada para conseguir resultados concretos para los neoyorquinos. “El presidente y yo tenemos muchos desacuerdos. Algo en lo que sí coincidimos es en esta ciudad, en cuánto la amamos”, afirmó ante Kimmel, según recogió el medio.

El otro tema que Mamdani lleva a Washington: los haitianos con estatus de protección

Además de Sunnyside Yard, Mamdani mencionó en la entrevista la situación de los haitianos residentes en Nueva York como uno de los asuntos que plantea en sus contactos con Trump. El gobierno federal canceló el TPS para esta comunidad, un mecanismo que permite a personas de países en crisis residir y trabajar legalmente en Estados Unidos sin ser deportadas.

La comunidad haitiana es una de las más numerosas de Nueva York y tiene presencia histórica especialmente en barrios del Bronx y Brooklyn.

La semana de Brooklyn en Jimmy Kimmel Live

La entrevista se realizó en el marco de la semana de emisiones de Jimmy Kimmel Live desde Brooklyn, donde el programa se instaló en la Academia de Música de Brooklyn. Es la octava vez que Kimmel graba el programa en ese barrio, lugar donde nació y donde vivió sus primeros años. El ciclo recibió más de 150.000 solicitudes de entradas e incluyó invitados como Pete Davidson, Howard Stern, Billy Crystal, Paul McCartney y el senador Bernie Sanders, además de una actuación musical de TV on the Radio.

Antes de recibir a Mamdani, Kimmel proyectó un compilado de declaraciones de periodistas de Fox News que, al inicio de la gestión del alcalde, predijeron que Nueva York se volvería “aterradora” y que los crímenes se dispararían. Según datos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, los homicidios y los tiroteos en la ciudad alcanzaron mínimos históricos durante los primeros siete meses de la administración Mamdani.

El magistrado Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Washington —designado por Trump en 2017 y quien ya ordenó en 2018 la restitución de la credencial del periodista de CNN Jim Acosta bajo el mismo fundamento de debido proceso—, determinó que los tres medios habían cumplido los requisitos legales para obtener la medida cautelar.

Según AP, el juez escribió en su resolución: “Este es un umbral elevado, pero los demandantes lo han superado”.

El juez rechazó el argumento de seguridad nacional y cuestionó la falta de debido proceso

En su resolución emitida en las primeras horas del jueves, Kelly rechazó de forma preliminar la justificación de seguridad nacional que el Gobierno presentó como respaldo de la medida. Según Reuters, el fallo establece que “el expediente carece de sustento fáctico para afirmar que la restitución de los pases pondrá en riesgo la seguridad nacional”. El magistrado señaló que ese argumento solo apareció después de que se radicara la demanda, no en el anuncio original de Trump.

Kelly también indicó que la Casa Blanca no había ofrecido a los medios una oportunidad previa y efectiva para contestar la revocación, dado que las cartas con los cargos llegaron después de que la prohibición ya estaba en vigor. De acuerdo a The New York Times, el magistrado calificó el estándar de conducta invocado por la administración como “tan vago que apenas cumple su propósito”.

Según la BBC, Kelly observó además que en la mayoría de los casos los artículos cuestionados habían sido escritos por periodistas que ni siquiera poseían credencial de acceso.

Trump prohibió a CNN, MS NOW y Politico por sus coberturas, sin invocar seguridad nacional

El conflicto tuvo su origen el 18 de septiembre de 2026, cuando Trump publicó en Truth Social que prohibía la entrada a los tres medios. En esa publicación, el presidente aseguró que “los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente ficciones y mentiras” y los calificó de difusores permanentes de “noticias falsas”. Esa publicación constituyó la justificación inicial de la medida, sin mención alguna a razones de seguridad nacional.

Al día siguiente, el sábado 19 de septiembre, los periodistas de las tres organizaciones encontraron vedado el acceso a los terrenos de la Casa Blanca y tuvieron sus credenciales confiscadas por el Servicio Secreto. El lunes 21, los medios presentaron una demanda conjunta ante el Tribunal de Distrito de Washington en la que alegaron que la prohibición violaba la Primera Enmienda —que garantiza la libertad de prensa— y sus derechos al debido proceso reconocidos por la Quinta Enmienda.

La Casa Blanca sostuvo que el acceso presidencial es un privilegio, no un derecho

Durante la audiencia de emergencia celebrada el miércoles 23, el abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, sostuvo ante el tribunal que el acceso a la Casa Blanca es “un privilegio, no un derecho” y que el presidente tiene plena facultad para restringirlo. Velchik argumentó además que Trump había criticado a otros medios sin prohibirlos, lo que demostraría que la medida no respondía a discriminación por contenido editorial.

Theodore Boutrous Jr., abogado de los tres medios, rechazó esa lectura y señaló que el presidente había introducido el argumento de seguridad nacional solo tras la presentación de la demanda. Tras conocerse el fallo, sostuvo que la resolución es “un fallo contundente que reivindica la libertad de prensa, el debido proceso y el Estado de derecho”, según AP.

El pool de prensa suspendió la cobertura y 49 medios respaldaron la demanda

La prohibición generó una respuesta inédita en el ecosistema mediático. Las cadenas que integran el pool de prensa de la Casa Blanca —un sistema por el cual distintos medios comparten imágenes y cobertura de actos presidenciales para optimizar recursos y espacios— suspendieron esa cobertura en señal de protesta.

Durante la recepción oficial al presidente chino Xi Jinping en la Base Conjunta Andrews, los equipos de Fox News, CBS y NBC estuvieron presentes pero no filmaron.

Además, 49 organizaciones —entre ellas AP, Fox News y el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa— presentaron un escrito de amicus curiae en apoyo a la demanda. En ese documento señalaron que “privar a periodistas de sus derechos por su línea editorial viola décadas de jurisprudencia de la Corte Suprema”, según Reuters.

La Casa Blanca ignoró el fallo y bloqueó el acceso de los periodistas horas después de la orden

A pesar de la resolución judicial, los periodistas de Politico, MS NOW y CNN fueron excluidos de la Casa Blanca el mismo jueves, apenas horas después de que el juez Kelly ordenara la restitución inmediata de sus credenciales, según informó Reuters.

Una reportera de Politico tuvo sus credenciales confiscadas tras conocerse el fallo. Una periodista de MS NOW afirmó que también se le impidió el acceso al complejo. CNN informó que a algunos de sus empleados se les negó la entrada al recinto. Laura Barrón-López, de MS NOW, dijo desde las afueras de la Casa Blanca que no era claro si el bloqueo respondía a un desacato a la orden judicial o a un problema con el sistema de acceso.

El acuerdo se formalizó el viernes 19 de septiembre. Según se detalló en el comunicado del DOJ, NYU Langone se comprometió a cesar los procedimientos de afirmación de género para pacientes menores, que incluyen bloqueadores de pubertad, hormonas y cirugías.

En un comunicado enviado a NY1, el hospital indicó que el acuerdo le permite evitar que el gobierno federal acceda a información confidencial de sus pacientes y aclaró que no admitió irregularidades ni responsabilidad. La institución ya había suspendido estos servicios para jóvenes trans en febrero, antes de cerrar el acuerdo formal.

Protesta en NYU Langone por la atención de afirmación de género

Los manifestantes marcharon frente al campus principal de NYU Langone con pancartas y ropa con mensajes de apoyo a los jóvenes trans. Un grupo desplegó una bandera con la leyenda “Honor your oath” —“Cumplí tu juramento”—, en referencia al compromiso hipocrático de los médicos. Durante la manifestación, algunos participantes se autoadministraron inyecciones de terapia hormonal frente al hospital.

Durante las intervenciones registradas en la manifestación, los activistas exigieron la intervención de las autoridades locales para detener la interrupción de estos servicios. “Llamamos a la fiscal general Letitia James y al asambleísta Zohran Mamdani, quienes han expresado abiertamente su apoyo a las infancias trans, a hacer cumplir las leyes de derechos civiles del estado investigando y litigando contra Mount Sinai, NYU Langone y New York-Presbyterian”, proclamó una de las voceras a través de un megáfono ante la multitud.

Según expresaron los organizadores del acto, la medida buscó visibilizar la seguridad de los tratamientos médicos. “No hay nada vergonzoso ni inseguro en la atención de afirmación de género. Estamos tomando nuestra terapia de reemplazo hormonal aquí, en las puertas de quienes han cedido, para desmitificar, normalizar y celebrar nuestros cuerpos trans ante la cobardía de las instituciones”, declaró uno de los manifestantes, según recogieron Fox News y The Advocate. Las imágenes de la protesta se difundieron ampliamente en redes sociales.

Quién es Christen Clifford y por qué cuestionó el acuerdo

Entre los asistentes estaba Christen Clifford, madre de dos hijos trans que recibieron atención médica en NYU Langone. Uno de ellos, aún menor de edad, recibía tratamiento en esa institución hasta la semana pasada, según informó NY1. “La atención era fluida, era amable. Pasamos mucho tiempo aquí, y es devastador que otras familias ya no puedan tener eso”, declaró Clifford a The Advocate durante la cobertura de la marcha.

“Es horrible, y es un crimen que NYU le esté negando atención médica a los niños trans”, agregó en diálogo con NY1. Clifford precisó que su hijo ya pudo encontrar atención en otro hospital de la ciudad, aunque advirtió que esa posibilidad podría agotarse si más instituciones siguen el mismo camino.

El acuerdo de USD 8,5 millones con el Departamento de Justicia

El DOJ enmarcó el pacto como parte de una campaña más amplia del gobierno de Donald Trump contra los programas de afirmación de género para menores. En el comunicado oficial del organismo, el fiscal general Todd Blanche afirmó que “los hospitales que apuntan a niños con estas prácticas y luego obtienen pagos de forma fraudulenta rendirán cuentas”.

Las acusaciones del gobierno señalaban posibles cobros indebidos vinculados a estos procedimientos, aunque el texto del acuerdo no establece que NYU Langone haya cometido ninguna irregularidad: el hospital negó explícitamente cualquier responsabilidad, y el propio DOJ reconoció en su informe que la resolución no implica una declaración de culpabilidad.

El monto acordado por NYU Langone —USD 8,5 millones— contrasta con los USD 950.000 pactados por el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC), otra institución que llegó a un acuerdo similar con el DOJ en el mismo período.

Qué cambia para los menores trans y otros hospitales de Nueva York

NYU Langone no es la única institución neoyorquina que suspendió estos servicios: redes de salud como Mount Sinai Health System y New York-Presbyterian también quedaron en el centro de las críticas tras interrumpir o acordar el fin de la atención de afirmación de género para menores. Eliel Cruz, director adjunto del Gender Liberation Movement, cuestionó la postura de los hospitales.

“Podrían haber peleado esto en los tribunales”, sostuvo Cruz en declaraciones a The Advocate. Según el activista, Nueva York cuenta con protecciones a nivel estatal y municipal que no están siendo aplicadas para resguardar a los pacientes. De continuar esta tendencia, advirtieron los manifestantes, los adolescentes trans podrían verse obligados a buscar atención fuera del estado.

Tanto la Asociación Médica Estadounidense como la Academia Estadounidense de Pediatría mantienen su respaldo público a la atención de afirmación de género para menores con disforia de género, un tratamiento que sigue siendo legal bajo la legislación del estado de Nueva York.

Donald Trump proyecta instalar un puerto de drones en el techo del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, con una visión generada por inteligencia artificial que incluye vehículos aéreos con misiles y personal armado. Sin embargo, a escasos metros de ese edificio, el Servicio Secreto ya opera en silencio su propia estación de drones: cuatro cajas grises resistentes a la intemperie instaladas sobre un edificio del Departamento del Tesoro contiguo al complejo presidencial, que hasta ahora no habían trascendido públicamente.

La revelación tiene implicancias directas sobre la batalla legal en torno a la construcción del salón. Trump justificó las obras ante los tribunales como una necesidad de seguridad nacional para proteger la Casa Blanca de ataques aéreos. La existencia previa de una estación de drones operativa en el mismo perímetro podría debilitar ese argumento.

Qué se sabe del puerto de drones que Trump planea para la Casa Blanca

El mandatario comenzó a hablar del proyecto en mayo, semanas después de que un juez federal suspendiera la construcción del salón, aunque autorizó el avance de los componentes de seguridad. En declaraciones a periodistas, Trump señaló que los planes del edificio se ampliaron a pedido de funcionarios militares: “Querían más capacidad de drones”, dijo. En redes sociales, llegó a calificar la futura instalación como potencialmente la “más sofisticada” del mundo.

Las imágenes de inteligencia artificial que Trump presentó ante la Corte Suprema para levantar suspensiones judiciales muestran filas de vehículos aéreos de ataque inspirados en los del ejército estadounidense. Especialistas en drones las califican de poco realistas. Matt Sloane, cofundador de SkyfireAI, empresa de software para drones de seguridad pública, dijo a AP: “Si un dron llegó tan cerca de la Casa Blanca como para necesitar una interceptación, ya se acercó demasiado”. Para Sloane, el modelo del Servicio Secreto —un dron que despega, barre el perímetro y regresa a su base— es más realista.

Qué tipos de vehículos se usarán en el proyecto del salón y con qué propósito táctico concreto son aspectos que la administración no ha divulgado.

El sistema de vigilancia con drones que ya opera el Servicio Secreto

El sistema instalado por el Servicio Secreto responde al modelo conocido como “dron como primer respondedor”: estaciones al aire libre desde las que se despliegan drones desarmados para actuar como cámaras aéreas. Se trata de modelos de la empresa Skydio —del mismo tipo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos compró en abril para proteger bases en el Medio Oriente—, mucho más pequeños que los vehículos de ataque de las imágenes de Trump.

Dustin Talbott, de la División de Seguridad de Aviación y Espacio Aéreo del Servicio Secreto, describió su función en un video institucional: “Permite ver la amenaza antes de que se convierta en un problema. Ya no esperamos que la amenaza se revele sola. La encontramos primero”, afirmó, según la agencia AP.

El programa se aceleró tras el atentado fallido contra Trump en un mitin en Pensilvania en 2024, cuando la agencia no actuó frente al dron que el agresor usó para reconocer el terreno ni desplegó uno propio para tener visión aérea del evento. Desde entonces, los drones de vigilancia se volvieron habituales en mítines y grandes eventos en el complejo presidencial.

Por qué el proyecto enfrenta dudas operativas y legales

Instalar un puerto de drones activo sobre la Casa Blanca implica operar en un espacio aéreo complejo, cercano al Aeropuerto Nacional Reagan de Washington y a rutas de aeronaves militares. Javed Ali, ex funcionario del Consejo de Seguridad Nacional y docente en la Universidad de Michigan, planteó en declaraciones a la agencia AP los interrogantes centrales: “¿Quién es el responsable de supervisarlo y cómo se coordinaría con el espacio aéreo comercial?”

La dificultad de esa coordinación ya quedó expuesta este año, cuando el ejército estadounidense derribó con un láser un dron cerca de El Paso, en Texas, para descubrir que pertenecía a la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a cerrar brevemente el espacio aéreo de la zona.

En el plano judicial, la Corte Suprema autorizó en agosto que continuara la construcción mientras avanza el desafío legal. Trump denominó al salón “complejo militar” para reforzar el argumento de seguridad nacional ante los tribunales.

El debate por la seguridad y la transformación de la Casa Blanca

Críticos del proyecto advierten que las obras apuntan a convertir la Casa Blanca en algo más parecido a una fortaleza. Edward Lengel, exhistoriador principal de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, afirmó en declaraciones a la agencia AP que la militarización del complejo contradice su legado como “la casa del pueblo”: “Lo convierte en un gran puercoespín con sus púas apuntando hacia afuera, hacia la gente y hacia el mundo”, dijo.

Trump argumentó al regresar al poder que el complejo era vulnerable a amenazas modernas, justificación que ahora extiende también a la construcción de un arco monumental frente al Cementerio Nacional de Arlington.

El senador independiente Bernie Sanders y el representante demócrata Greg Casar presentaron este miércoles en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que prohibiría de forma permanente la superinteligencia artificial, suspendería temporalmente el desarrollo de sistemas avanzados de IA y crearía un nuevo Departamento de IA para regular el sector a nivel federal.

La iniciativa fue presentada en Washington cuando el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial gana fuerza dentro y fuera del Congreso, con candidatos presidenciales de ambos partidos que comienzan a delinear sus posiciones ante las elecciones de 2028.

La propuesta llega cuando legisladores progresistas buscan diferenciarse en el debate tecnológico, mientras el presidente Donald Trump rechaza una mayor intervención estatal en la industria. Según AP, varios empleados activos de compañías líderes respaldaron el proyecto, aunque enfrenta perspectivas difíciles en un Congreso republicano, donde ni siquiera regulaciones más acotadas avanzaron.

El proyecto de ley de Bernie Sanders prohibiría la superinteligencia artificial de forma permanente

El texto define la superinteligencia artificial como “todo sistema que supere las capacidades cognitivas humanas o que tenga suficiente capacidad para planificar y ejecutar la destrucción o la privación de poder de la humanidad”. Sobre esa base, el proyecto establece su prohibición absoluta y sin excepciones.

Sanders argumentó ante AP que nadie debería querer desarrollar una inteligencia que, al volverse más capaz que los seres humanos, pudiera actuar fuera de todo control humano. “No hace falta ser un genio para decir: bajen el ritmo”, remarcó.

El senador de Vermont, de 85 años y con dos candidaturas presidenciales en su haber, lleva meses con el tema como eje de su agenda. En junio presentó un proyecto para crear un fondo soberano financiado con un impuesto único sobre las acciones de las mayores empresas de IA; la semana pasada organizó una sesión informativa con expertos para sus colegas legisladores y participó de una conferencia sobre el tema junto a republicanos, entre ellos el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon.

La regulación de la IA en Estados Unidos incluiría una pausa en el desarrollo de sistemas avanzados

Además de la prohibición permanente de la superinteligencia, el proyecto contempla una suspensión temporal del desarrollo de los sistemas de IA más avanzados mientras el nuevo Departamento de Inteligencia Artificial establece normas federales de seguridad. Una vez aprobadas esas reglas, ningún sistema de inteligencia artificial avanzado podría desplegarse sin autorización gubernamental previa.

Las sanciones por incumplimiento serían significativas: en los casos más graves, podrían llegar a 20 años de prisión.

Casar, quien preside el Caucus Progresista del Partido Demócrata y representa a Texas en la Cámara de Representantes, acompaña a Sanders en la iniciativa. La cobertura de ABC News, que reproduce la información de la agencia, señaló que la propuesta también se inscribe en la estrategia del ala progresista demócrata de cara a las elecciones intermedias de noviembre y a la campaña presidencial de 2028, en la que la inteligencia artificial prevé ocupar un lugar central.

Empleados de OpenAI y Google DeepMind respaldan la propuesta de regulación de la IA avanzada

El proyecto recibió el apoyo de trabajadores activos en algunas de las empresas más influyentes del sector. Juan Felipe Cerón Uribe, investigador del área de Sistemas de Seguridad de OpenAI, sostuvo en una declaración compartida con AP que la superinteligencia podría derivar en consecuencias extraordinariamente positivas o extraordinariamente negativas, y que no debería apostarse tanto a ese resultado incierto.

Por su parte, Swante Scholz, ingeniero de software de Google DeepMind que aclaró hablar a título personal, advirtió que, con la trayectoria actual de desarrollo, el desenlace más probable es una catástrofe existencial para la humanidad, y calificó una prohibición de la superinteligencia como un cambio positivo para el futuro previsible.

Trump ha resistido los llamados a una mayor supervisión gubernamental, lo que lo enfrenta con líderes del sector tecnológico que sí han pedido nuevas salvaguardas, entre ellos el CEO de Anthropic, Dario Amodei, el CEO de OpenAI, Sam Altman, y Elon Musk, de xAI. El martes, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente llegó a proponer que la inteligencia artificial sea rebautizada como “superinteligencia”, una señal de su visión sobre el potencial del sector.

El Departamento de Inteligencia Artificial enfrenta resistencia en el Congreso y el debate con China

La competencia tecnológica con China es uno de los argumentos centrales de los opositores a regulaciones amplias: ralentizar el desarrollo en Estados Unidos mientras China avanza implicaría ceder terreno estratégico. Sanders rechazó esa lógica y comparó el desafío con el control nuclear de la Guerra Fría, en referencia al acuerdo entre Reagan y Gorbachov.

La seguridad de la IA figura además en la agenda de la reunión prevista entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en la Casa Blanca esta semana.

Una encuesta de la agencia con el Centro NORC de Investigación en Asuntos Públicos y el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago reveló que el 53% de los estadounidenses está “extremada” o “muy” preocupado por el impacto ambiental de la inteligencia artificial, frente al 41% del año anterior, con inquietudes que también abarcan los efectos locales de los centros de datos.

El proyecto avanza en un Congreso republicano que no ha logrado consenso ni en torno a regulaciones más limitadas, lo que reduce sus posibilidades de aprobación en el corto plazo.

La declaración surgió durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca cuando un periodista le preguntó si estaba decepcionado por la falta de acción de Thune. “Estoy hablando con él sobre eso. Veremos qué ocurre”, afirmó.

Trump sostiene que los centros de datos son clave para competir con China en inteligencia artificial

El mandatario sostiene desde el inicio de su mandato que los centros de datos son indispensables para que las empresas de Estados Unidos compitan con China. En días previos a la conferencia, definió estas instalaciones como el “petróleo de los próximos 20 o 25 años”.

En la misma rueda de prensa, anticipó que en la reunión con el presidente Xi Jinping —prevista para la semana siguiente en Washington— habrá “reuniones bastante importantes”, con posibles acuerdos en distintos ámbitos. “Vamos a tener muchos acuerdos diferentes”, dijo Trump al ser consultado sobre si esperaba avances en materia de seguridad de la inteligencia artificial con Beijing.

“Nos está yendo muy bien con China”, agregó.

Qué propone la ley y por qué importa a los hogares

Los centros de datos son instalaciones que concentran servidores y equipos para procesar y almacenar la información que demanda la inteligencia artificial. Para funcionar, consumen volúmenes extraordinarios de electricidad, lo que obliga a construir nuevas plantas generadoras, tendidos de transmisión y otra infraestructura de red. Hasta ahora, esos costos se distribuyen entre todos los usuarios del sistema eléctrico, incluidos los hogares.

La Ley de Protección a los Consumidores de Servicios Públicos propone un estándar federal para que los reguladores estatales de servicios públicos evalúen si los grandes usuarios de electricidad —entre ellos, los centros de datos— deben asumir directamente los costos incrementales de nueva generación, líneas de transmisión e infraestructura necesaria para operar. El objetivo es proteger a hogares residenciales, agricultores, adultos mayores y pequeños comercios.

La ley recoge, en términos legislativos, el llamado Compromiso de Protección de Tarifas (Ratepayer Protection Pledge) que la propia Casa Blanca lanzó en marzo de 2026: un acuerdo voluntario con empresas tecnológicas para que asuman esos costos sin trasladarlos a los consumidores.

La Cámara la aprobó por 417 votos a tres con respaldo de ambos partidos

La votación en la Cámara de Representantes se realizó el miércoles 17 de septiembre bajo un procedimiento de vía rápida que exige dos tercios de los presentes. El resultado —417 votos a favor y tres en contra— reflejó un respaldo bipartidista poco frecuente.

La iniciativa fue impulsada por el representante republicano Gabe Evans, de Colorado, y la demócrata Kathy Castor, de Florida. “Las familias trabajadoras no deberían tener que subsidiar las necesidades energéticas de los centros de datos”, declaró Evans tras la votación, según NBC News.

Las tres legisladoras que votaron en contra —Summer Lee, de Pensilvania; Delia Ramírez, de Illinois; y Rashida Tlaib, de Míchigan— cuestionaron que la medida no garantiza una reducción de tarifas ni aborda impactos como el ruido, el consumo de agua y los riesgos para la salud en las comunidades donde se instalan los centros de datos. Otros demócratas votaron a favor, aunque la calificaron de insuficiente.

El Senado bloqueó la vía rápida y la votación formal sigue sin fecha

Horas después de la aprobación en la Cámara, el senador republicano Jon Husted, de Ohio, intentó que la Cámara alta aprobara el proyecto por consentimiento unánime, un mecanismo que evita una votación nominal. El senador demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México y presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, lo bloqueó.

Heinrich argumentó que la propuesta descansa en compromisos voluntarios en lugar de obligaciones vinculantes. “No alcanza con pedirles a los estados que consideren hacer que los centros de datos paguen las actualizaciones de la red”, dijo desde el piso del Senado, según CNBC. Luego presentó su propio pedido de consentimiento unánime para la Ley de Ahorro en la Red (GRID Savings Act), una iniciativa que daría facultades vinculantes a la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC); el senador republicano Bernie Moreno lo rechazó.

El rechazo social al avance de los centros de datos creció en los meses previos a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Una encuesta de NBC News Decision Desk elaborada junto a SurveyMonkey relevó que cerca del 70% de los consultados se opone a la construcción de estas instalaciones en sus barrios. Con pocas semanas de sesión legislativa por delante, la aprobación formal del proyecto en el Senado sigue sin estar garantizada.

Honduras vuelve a figurar entre los países incluidos por Estados Unidos en su denominada “Majors List”, una determinación presidencial que identifica a las naciones consideradas principales puntos de tránsito o de producción de drogas ilícitas que pueden afectar al territorio estadounidense.

La determinación correspondiente al año fiscal 2026 fue presentada por el presidente Donald Trump ante el Congreso estadounidense el 15 de septiembre de 2025 y contempla un total de 23 países.

Honduras ya había sido incluida en determinaciones anteriores, entre ellas la correspondiente al año fiscal 2024, por lo que su presencia en el listado no representa una incorporación reciente.

El Gobierno estadounidense establece una diferencia entre figurar en la lista y ser señalado por incumplir sus obligaciones en materia de combate al narcotráfico.

La propia Casa Blanca aclara que la inclusión de un país no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno contra las drogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. Según la explicación oficial, la designación puede obedecer a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas, incluso cuando un gobierno desarrolla medidas de control de narcóticos y aplicación de la ley.

Por ello, la aparición de Honduras en el documento debe distinguirse de una declaración específica de que el Gobierno hondureño haya “fallado” en sus políticas antidrogas.

Honduras junto a otros países de América

La lista correspondiente al año fiscal 2026 incluye países de distintas regiones que, según la determinación estadounidense, reúnen las condiciones contempladas por la legislación de ese país.

En el continente americano aparecen Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

El listado también contempla países de Asia: Afganistán, Birmania (Myanmar), China, India, Laos y Pakistán.

El Departamento de Estado, agencia federal encargada de las relaciones exteriores de Estados Unidos, ya incluía al país en la determinación correspondiente a 2023 y explicaba entonces que la presencia en la lista no constituía necesariamente una valoración negativa sobre las políticas antidrogas de cada gobierno.

La documentación oficial muestra que Honduras también había aparecido en determinaciones de años anteriores, lo que indica que su inclusión no está vinculada exclusivamente con la administración Trump.

El anuncio debe analizarse, por tanto, como parte de un mecanismo que Estados Unidos utiliza anualmente para identificar países considerados relevantes dentro de las rutas internacionales de producción y tráfico de drogas.

Cinco países señalados por “fallas demostrables”

La Casa Blanca informó que Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela fueron señalados por haber “fallado demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales durante el período evaluado para cumplir con sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas. Esta clasificación no fue aplicada a Honduras.

La diferencia resulta relevante porque no todos los países que aparecen en la “Majors List” reciben el mismo señalamiento: una cosa es formar parte de la relación de países considerados importantes para el tránsito o producción de drogas, y otra distinta es recibir la determinación adicional relacionada con un supuesto incumplimiento de obligaciones antidrogas.

En la explicación de la determinación, Trump hizo señalamientos particulares sobre varios países incluidos en la lista. Entre ellos se encuentran Colombia, Venezuela y Bolivia, respecto de los cuales el mandatario vinculó sus políticas gubernamentales con lo que su administración considera resultados deficientes en materia de combate al narcotráfico.

Cooperación destacada

Al mismo tiempo, la Casa Blanca resaltó los esfuerzos de Argentina, Ecuador y El Salvador, países que la administración Trump presentó como gobiernos que han mostrado liderazgo y determinación en las acciones contra el narcoterrorismo.

En el caso hondureño, la determinación no desarrolla una explicación específica comparable a las observaciones formuladas sobre otros países. Su presencia en la lista debe entenderse dentro del criterio general establecido por la legislación estadounidense para identificar a los principales países de tránsito o producción de drogas, criterio que contempla elementos como la ubicación geográfica, las rutas comerciales y las condiciones económicas que pueden favorecer el movimiento de sustancias ilícitas.

La administración Trump ha colocado el combate al tráfico de estupefacientes entre sus prioridades de seguridad y ha planteado reforzar las acciones de interdicción en fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

Para Honduras, la nueva inclusión mantiene vigente la atención sobre su posición geográfica dentro de las rutas regionales del narcotráfico, aunque el documento estadounidense no establece que la sola inclusión constituya una acusación de incumplimiento por parte del Gobierno hondureño.

Un organismo de fiscalización interno del gobierno de Estados Unidos documentó que migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz” fueron encerrados en pequeñas jaulas metálicas al aire libre. Las condiciones no se ajustaban a los estándares de trato humano, según un informe publicado el 14 de septiembre.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó una inspección sorpresa en el centro, ubicado en los Everglades de Florida. Concluyó que la práctica ponía en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos.

El informe del DHS sobre el uso de jaulas metálicas en Alligator Alcatraz

Tras una visita sin previo aviso en enero de 2026, la OIG registró 79 casos en los que migrantes fueron colocados en pequeños recintos metálicos entre julio de 2025 y ese mismo mes. Los períodos de permanencia variaron desde unos minutos hasta casi dos horas, de acuerdo con el documento.

Las autoridades del centro describieron esos espacios como “áreas de calma”, pensadas para que los detenidos pudieran tranquilizarse y estar solos, según informó The Guardian. El personal también sostuvo que los propios detenidos pedían pasar tiempo en ellos.

Sin embargo, los inspectores identificaron al menos un caso en el que el uso fue de carácter disciplinario: el de un migrante que no acató una orden del personal. El informe señaló que los recintos tenían mecanismos de cierre con llave.

Cómo eran las jaulas metálicas en el centro de detención de Florida

Cada recinto ofrecía cerca de 1,67 metros cuadrados (18 pies cuadrados) de superficie, menos de la mitad del mínimo de 3,4 metros cuadrados (37 pies cuadrados) que exigen las normas nacionales de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para espacios individuales.

La OIG calificó la práctica como “algo sin precedentes entre los centros de detención” inspeccionados por el organismo. “El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se ajusta a las normas de trato humano”, indicó el informe. Los inspectores advirtieron que confinar a personas en esas condiciones generaba riesgos significativos para su salud física y mental.

Hacinamiento, higiene y acceso al agua entre los migrantes detenidos en el centro de Florida

El informe de la OIG describió otras deficiencias en el funcionamiento del centro. El espacio disponible en las unidades de alojamiento era insuficiente, lo que generaba hacinamiento y llevaba a los detenidos a pasar la mayor parte del tiempo en sus celdas. El tiempo de recreación era limitado, y varios teléfonos permanecían fuera de servicio, lo que impedía el contacto con familiares o abogados.

Los inspectores también hallaron fallas de higiene en la preparación y manejo de alimentos, con riesgos de contaminación. Según el informe, los migrantes debían usar duchas infestadas de pequeños insectos y solo se les permitía ducharse tres veces por semana.

Los migrantes consultados por los inspectores de la OIG dijeron que no tenían acceso a agua potable limpia y que no podían lavar los vasos de plástico que utilizaban para hidratarse. Según detenidos que hablaron con anterioridad con la BBC, también se les negaban medicamentos necesarios y otras medidas básicas de higiene.

Quién administraba el centro y qué dijo el gobierno de Ron DeSantis

El centro fue creado por el estado de Florida mediante un decreto ejecutivo del gobernador Ron DeSantis. Fue el gobierno estatal el que afrontó los costos operativos, que alcanzaron USD 1,2 millones diarios, según The Guardian. El DHS informó a los inspectores que Florida —y no el gobierno federal— tenía autoridad sobre las operaciones cotidianas de la instalación.

El centro cerró en junio de 2026, tras cerca de un año de funcionamiento. Las autoridades explicaron que el cierre obedecía al carácter temporal de la instalación y al riesgo de mantener personas en carpas durante la temporada de huracanes.

La oficina de DeSantis había descartado previamente como “fabricaciones” las denuncias sobre el uso de jaulas, recogidas por Amnesty International en diciembre de 2025, según consignó The Guardian. Ante la publicación del informe, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador, sostuvo que el área “cumple con todos los estándares federales para la reclusión de criminales” y agregó, en declaraciones recogidas por el diario: “Lo haríamos aún más pequeño si pudiéramos”. La oficina de DeSantis no respondió por qué negó públicamente el uso de las jaulas.

El propio gobernador, consultado en una conferencia de prensa, afirmó que no había leído el informe. Sostuvo que, antes de que el centro comenzara a recibir migrantes, él mismo había cuestionado la existencia de ciertas instalaciones por considerarlas excesivas, pero que el personal le explicó que su propósito era anticiparse a posibles acusaciones de maltrato. “Te van a acusar de eso sin importar lo que hagas. O sea, simplemente lo sabemos, ¿verdad? Ya viene incluido”, declaró DeSantis.

El gobernador también sostuvo que el objetivo al establecer el centro era “no solo cumplir las normas federales, sino superarlas”, lo que —según él— demandó más recursos. Argumentó que la situación “fue difícil” porque, en ese momento, el gobierno federal no contaba con financiamiento suficiente para la detención migratoria.

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el lunes 14 de septiembre una nueva norma de la administración Trump que recortaba de forma drástica los plazos de permanencia para estudiantes extranjeros y periodistas internacionales. La decisión llegó un día antes de que las restricciones entraran en vigor.

El juez del Distrito de Massachusetts F. Dennis Saylor IV dictó la medida cautelar a favor de una coalición de sindicatos y organizaciones de educación superior, según informaron AFP y Reuters. El magistrado —designado por el expresidente republicano George W. Bush— no se pronunció sobre el fondo del litigio, pero ordenó suspender de inmediato la implementación de las reglas y fijó una audiencia de seguimiento para el 2 de octubre.

El sistema de visas vigente desde hace casi cinco décadas generó beneficios científicos y económicos de escala

En un extenso memorando adjunto a su fallo, Saylor cuestionó de raíz la lógica que motivó la norma. Señaló que el sistema en vigor durante casi cinco décadas —que permitía a los estudiantes extranjeros permanecer en el país por el tiempo que durase su programa académico, sin un tope fijo— había posibilitado que decenas de millones de personas llegaran al país y contribuyeran con “investigación innovadora en ciencia, medicina y tecnología, crecimiento económico sustancial y una amplia gama de beneficios, a menudo a gran escala”, según sus propias palabras recogidas por AFP.

El magistrado advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no intentó mejorar ese esquema, sino reemplazarlo por uno que “restringirá sustancialmente el número total de estudiantes extranjeros, investigadores, profesores y periodistas” en el país. En el año académico 2023-24, Estados Unidos recibió más de 1,1 millón de estudiantes internacionales —más que cualquier otra nación del mundo—, de acuerdo con datos oficiales.

Las nuevas reglas limitaban a cuatro años la permanencia de estudiantes y a 240 días la de periodistas extranjeros

Bajo el esquema que el DHS buscaba implementar a partir del martes, las visas F para estudiantes internacionales y las visas J para participantes en programas de intercambio cultural habrían quedado restringidas a un máximo de cuatro años. Hasta ahora, ambas categorías permitían permanecer durante toda la duración del programa, sin vencimiento fijo. Actualmente, alrededor de 1,6 millones de personas son titulares de visas F y otras 500.000 cuentan con visas J, según Reuters.

El impacto habría sido especialmente severo para estudiantes de doctorado, cuyas carreras superan con frecuencia ese límite. Además, la norma también habría impedido a los estudiantes extranjeros obtener un segundo título del mismo nivel, cambiar de área de estudios o transferirse a otra universidad, según informó The New York Times.

Para los periodistas extranjeros con visa I, el recorte era aún más pronunciado: el nuevo límite se fijaba en 240 días —equivalente a unos ocho meses—, cuando antes podían permanecer hasta cinco años. Los comunicadores provenientes de China enfrentaban una restricción adicional: solo 90 días, con posibilidad de renovaciones de igual duración.

Sin apelación posible: Saylor alertó sobre el poder discrecional absoluto del DHS para cortar carreras académicas

Uno de los aspectos que más gravitó en la decisión judicial fue la ausencia total de mecanismos de apelación. Saylor advirtió que, bajo las nuevas reglas, las denegaciones de extensión de visa por parte del DHS serían “completamente discrecionales e inapelables”, según sus declaraciones recogidas por la agencia.

“Un funcionario del DHS —basado en criterios limitados y vagos, y sin posibilidad de apelación— tendría el poder de interrumpir las actividades académicas, de investigación o docentes de cualquier ciudadano no estadounidense, sin razón o por cualquier razón”, sostuvo el magistrado.

La misma lógica aplicaba a los periodistas: quienes solicitaran una renovación de visa tampoco contarían con recurso ni instancia de revisión ante una negativa. Saylor fue explícito al señalar que “las posibilidades de abuso son amplias”, con el riesgo concreto de que las acreditaciones de comunicadores críticos del gobierno no fueran renovadas.

Universidades como el MIT y Harvard habrían enfrentado pérdidas de cientos de millones de dólares

El fallo también contempló el daño económico directo sobre las instituciones académicas. Saylor señaló que universidades de investigación de primer nivel, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Harvard —que concentran altos porcentajes de estudiantes extranjeros, especialmente en posgrado—, habrían sufrido caídas en la matrícula y costos por cientos de millones de dólares si la norma hubiera entrado en vigor, según Reuters.

“El daño al sistema de educación superior y a la economía de Estados Unidos sería probablemente catastrófico”, escribió el juez en su resolución.

Miriam Feldblum, directora ejecutiva de la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration —uno de los grupos demandantes—, celebró el fallo: “Mientras el caso continúa, esta medida preserva el sistema de larga data que permite a nuestros colegios y universidades —y a nuestro país— atraer, educar y retener talento global”, afirmó en declaraciones recogidas por Reuters.

Una coalición de universidades, sindicatos docentes y gremios periodísticos llevó el caso a la justicia

La demanda que derivó en la medida cautelar fue presentada por una coalición integrada por sindicatos que representan a universidades, docentes y periodistas, junto con organizaciones de defensa de la educación superior. El bloque impugnó las restricciones por considerarlas incompatibles con el marco legal vigente y con los derechos de sus representados.

Saylor suspendió la implementación sin pronunciarse sobre el fondo de esa demanda. La audiencia del 2 de octubre será la próxima instancia en que el tribunal abordará el litigio de manera sustantiva.

El DHS invocó la seguridad nacional, pero el juez calificó ese argumento de casi absurdo

Al proponer las nuevas reglas, el DHS justificó la medida en razones de seguridad nacional y en la necesidad de prevenir fraudes en el sistema de visas. Sin embargo, Saylor rechazó ese fundamento con dureza: lo calificó de “rayano en lo absurdo” y sostuvo que estaba “basado casi en su totalidad en un puñado de anécdotas”. El juez también señaló que la agencia no cumplió con sus obligaciones legales de considerar alternativas menos restrictivas ni de atender las objeciones recibidas durante el proceso de elaboración de la norma, según Reuters.

Tras el fallo, el DHS respondió a través de su asesor general, James Percival, quien criticó la resolución y aseguró que la medida obliga a la agencia a “permitir el abuso rampante de nuestro sistema migratorio”. “Vení con una visa de estudiante, tomá una materia por semestre y quedate aquí por décadas”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia. El DHS no respondió a consultas sobre si apelará el fallo.

La audiencia del 2 de octubre determinará si la suspensión se extiende o si el caso avanza hacia una resolución definitiva sobre el fondo del litigio.

Era el mediodía del 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. El patio de la Universidad del Valle de Utah (UVU) albergaba a unas 3.000 personas agrupadas alrededor de una carpa con el lema “The American Comeback” —El regreso americano—. Allí, Charlie Kirk, de 31 años, debatía cara a cara con estudiantes en su formato habitual: “Prove Me Wrong” (“Demuéstrame que estoy equivocado”). En ese momento, Kirk intercambiaba argumentos con el estudiante Hunter Kozak sobre violencia armada en Estados Unidos.

A las 12:23 p.m., hora de la Montaña, un único disparo tronó desde el techo del Losee Center, a 130 metros del escenario. La bala lo alcanzó en el cuello. Seis hombres lo cargaron hasta un vehículo que lo llevó al Hospital Regional Timpanogos, donde murió poco después. El gobernador de Utah, Spencer Cox, no tardó en calificar el hecho como un “asesinato político”.

Un año después, el nombre de Kirk vuelve a instalarse en el centro del debate político estadounidense. Este 10 de septiembre, la UVU canceló clases para un memorial organizado por Turning Point USA (TPUSA), el caso judicial avanza hacia un juicio con posible pena de muerte y la maquinaria del movimiento conservador ya trabaja para proyectar a su sucesor político.

Kirk cofundó TPUSA a los 18 años y fue el principal articulador del voto joven para Trump

Nacido en Arlington Heights y criado en la vecina Prospect Heights, ambas en los suburbios de Chicago, Kirk cofundó TPUSA en 2012 —a los 18 años— tras la reelección de Barack Obama, con la misión de promover el conservadurismo en universidades. La organización llegó a tener delegaciones en más de 850 casas de altos estudios y, según la BBC, su programa de radio y sus redes sociales lo convirtieron en una figura sin equivalente en el activismo conservador joven. Kirk recorrió campus de todo el país para enfrentar posturas contrarias cara a cara.

Su vínculo con Donald Trump fue mucho más que político. La BBC describió a Kirk como el puente entre Trump y una generación de votantes que los republicanos tradicionales no habían logrado alcanzar. Kirk visitó la Casa Blanca más de 100 veces durante el primer mandato del presidente, participó en la transición de 2024 con un rol activo en la selección de funcionarios y, dos días antes de la segunda toma de posesión, ambos jugaron al golf juntos en Mar-a-Lago. “Charlie era muy parte de esta familia, y quizás la figura MAGA —Make America Great Again, “Hagamos Estados Unidos grande de nuevo”— de mayor perfil fuera del gobierno”, dijo la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, a CNN tras el asesinato.

La relación arrancó en 2016, cuando Kirk —con 22 años— recorrió el país junto a Donald Trump Jr. durante la campaña presidencial. Años después, fue Kirk quien intermedió para que Vance conociera a la familia Trump y a los donantes que financiarían su campaña al Senado. “Charlie me presentó a las personas que dirigirían mi campaña y también a Don Jr.”, escribió el vicepresidente JD Vance en un extenso homenaje publicado horas después del asesinato, recogido por la BBC.

En la campaña de 2024, TPUSA desplegó una iniciativa de movilización del voto en estados clave que Trump y su equipo acreditaron como decisiva para ganar Arizona. “No solo nos ayudó a ganar en 2024; nos ayudó a armar todo el gobierno”, resumió Vance. Trump, por su parte, le reconoció ese rol en público: “Quiero agradecerle a Charlie su amor por este país; ha hecho un trabajo increíble construyendo una de las organizaciones juveniles más poderosas jamás creadas”, dijo el presidente, según recogió la BBC.

El acusado tenía 22 años y grabó en la bala una inscripción de móvil político

Horas después del ataque, las autoridades identificaron a Tyler James Robinson, de 22 años, oriundo del condado de Washington, en el sur de Utah. Se entregó el 12 de septiembre de 2025 luego de que sus padres lo reconocieran en imágenes publicadas por la policía. Cox declaró que Robinson se había vuelto “cada vez más político en los últimos años” y que “no le gustaba Kirk”.

La fiscalía le imputó siete cargos: asesinato agravado, descarga ilegal de arma de fuego, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de menores. Los fiscales anunciaron desde el inicio que buscarían la pena capital. Robinson se declaró inocente de todos los cargos el 1 de septiembre de 2026.

Las pruebas presentadas durante una audiencia preliminar de cinco días en julio incluyeron análisis de ADN que, según informó CBS News, vinculan a Robinson con el rifle de cerrojo tipo Mauser calibre .30-06 recuperado cerca del campus, así como con la herramienta para grabar los cartuchos. Uno de esos cartuchos llevaba la inscripción: “Hey Fascist! CATCH!” (“¡Oye, fascista! ¡Atrápala!”), que la fiscalía presentó como prueba del móvil político.

Los documentos judiciales también citaron un mensaje de texto en el que Robinson habría escrito: “Tuve suficiente de su odio. Hay odios que no se negocian”. Asimismo, una nota manuscrita presuntamente dirigida a su compañero de habitación Lance Twiggs que leía: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la tomé”. Twiggs declaró a los investigadores que jamás había escuchado a Robinson hablar de Kirk antes del disparo.

La defensa cuestionó la fiabilidad de las pruebas de ADN y argumentó que el factor agravante de poner en riesgo a terceros no se había probado, dado que el tirador disparó una sola vez y “dio en el blanco”. La fiscalía respondió ante el tribunal en Provo, según CBS News: “No se puede disparar un rifle a una multitud de 3.000 personas y no saber que se ponen vidas en riesgo”.

El juez Tony Graf envió el caso a juicio el 1 de septiembre con posible condena a muerte

Tras revisar las 24 páginas de notas de los alegatos finales de la audiencia preliminar, el juez Tony Graf del Cuarto Distrito Judicial de Provo falló el 1 de septiembre de 2026 a favor de la fiscalía y ordenó que Robinson enfrente juicio por los siete cargos, incluido el de asesinato agravado. Ese cargo habilita la pena de muerte, la cadena perpetua sin libertad condicional, o una condena de 25 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Graf fundamentó su decisión en “la posición documentada de varios individuos en y alrededor del área del toldo” donde Kirk hablaba, lo que a su juicio permite inferir que Robinson era consciente de la presencia de otras personas cuando disparó.

La viuda del activista, Erika Kirk, emitió un comunicado: “La decisión de hoy marca un paso importante en la búsqueda de justicia de nuestra familia. Cada paso carga el peso de todo lo que el asesinato de Charlie le quitó a sus hijos, que crecerán sin su padre”.

El memorial de TPUSA en UVU dividió a los estudiantes entre el duelo y el rechazo

Este jueves, TPUSA celebró en el UCCU Center de la UVU el acto “Freedom Built to Last Memorial” (Monumento a la libertad construida para durar). Los oradores confirmados fueron el conductor Glenn Beck, el apologista cristiano Frank Turek —quien estaba a pocos metros de Kirk cuando fue baleado— y directivos de TPUSA, según el comunicado oficial de la organización y el Deseret News. La universidad, con 48.000 estudiantes, canceló las clases del día. Según The New York Times, el rector Jon Anderson anunció su intención de asistir tanto al memorial como a la protesta organizada en los alrededores, con el objetivo de dialogar con estudiantes de ambas posturas.

No todos recibieron el evento con la misma disposición. Ruby Olsen, de 20 años, estudiante de antropología presente cuando sonó el disparo, resumió el sentimiento de varios compañeros: “La notoriedad del asesinato de Kirk es todo lo que somos ahora”, declaró al diario neoyorquino.

El capítulo universitario de Students for a Democratic Society (SDS) convocó una protesta frente al memorial. “Esto es casi como convertirlo en un feriado”, dijo Ethan Cunningham, presidente de la organización, a The New York Times. Anderson adelantó que la UVU no volverá a suspender clases en futuros aniversarios.

TPUSA apunta a JD Vance como sucesor político de Kirk de cara a 2028

A mil kilómetros de Orem, en el American Airlines Center de Dallas, la silla vacía de Kirk presidió esta semana la primera convención republicana de mitad de mandato. Miles de asistentes corearon su nombre mientras Trump cerraba el primer día con un discurso en el que lo calificó de “mártir”. “Un extremista de izquierda mató a mi gran amigo, Charlie Kirk, porque Charlie Kirk decía la verdad”, afirmó el presidente.

El movimiento que Kirk dejó no interrumpió sus planes. Según reveló el Washington Post, pocas horas después de los resultados electorales de 2024, Kirk y el director de operaciones de TPUSA, Tyler Bowyer, trazaron juntos una hoja de ruta para impulsar al vicepresidente JD Vance en las primarias republicanas de 2028, con foco inicial en Arizona, Nevada y Nuevo Hampshire. Desde entonces, TPUSA amplió esa estrategia a Iowa, donde trabaja para establecer presencia en los 99 condados del estado antes de los caucus de 2028, según CNN.

Erika Kirk ya respaldó públicamente esa candidatura en diciembre de 2025: “Vamos a lograr que el amigo de mi marido, JD Vance, gane en 2028 de la manera más contundente posible”, declaró en el primer gran evento de TPUSA tras el asesinato.

Mientras tanto, el juicio contra Robinson aún no tiene fecha fijada.

La vuelta de Pablo Motos y su equipo se salda con un 17.9% de cuota y 1.893.000 espectadores con la visita de Carlos Alsina y Rafa Latorre. ‘El Hormiguero’, programa al que acuden algunos de los rostros más notorios del panorama cultural, social, político y deportivo de nuestro país, y de fuera de él, ha comenzado su 21ª temporada con una contundente victoria respecto a sus homólogos en su franja. Y, para asentar su liderazgo, en esta segunda emisión han querido invitar a todo un ganador: Luis de la Fuente, el seleccionador nacional, flamante campeón del mundo este verano, que se ha sentado en el programa para repasar las claves del éxito de la Selección y desvelar los entresijos más sorprendentes de la gran cita mundialista.

Para repasar el camino hasta conseguir la segunda estrella y presentar su libro ‘La vida se entrena cada día’, Luis de la Fuente ha cambiado el banquillo por el plató del programa de Antena 3. Nada más entrar, el técnico riojano ha recibido una gran ovación por parte del público. Una calurosa bienvenida que demuestra el cariño que ha despertado entre los aficionados después del triunfo de la selección española en el Mundial de 2026.

Durante su entrevista no solo ha hablado del presente de la selección española, sino también sobre algunos aspectos más personales que no suele mostrar. El seleccionador tampoco ha llegado solo. De la Fuente ha llevado al programa uno de los objetos más deseados por todos los aficionados: la Copa del Mundo conquistada por España. El trofeo ha ocupado un lugar privilegiado en el plató y se ha convertido inevitablemente en otro de los grandes protagonistas de la noche.

La celebración en las calles y una lección contra el ego

Luis de la Fuente ha asegurado que el recibimiento de los aficionados tras el Mundial se ha repetido en situaciones cotidianas. “Se me ha parado un coche al lado en un semáforo y ha bajado la ventanilla para decirme: ‘¡Campeones!’”, ha contado durante la entrevista.

El seleccionador ha afirmado que ha compartido la alegría por el título con la afición. “Estoy muy contento de que la gente se sienta tan orgullosa de este triunfo, que es de todos”, ha dicho antes de descartar que la repercusión del éxito haya afectado su actitud.

De la Fuente ha recordado que, al debutar en Primera División con 19 años, se compró un BMW y fue a Haro, su pueblo natal, en La Rioja. Su madre le advirtió: “Tú aquí no eres De la Fuente, eres el hijo de la Berti”. El entrenador guardó el coche y ha asegurado que aquella conversación fue “una vacuna para el ego de por vida”.

La nominación a mejor entrenador y la frase de Trump

El técnico ha explicado que ha pasado el verano viajando por España y en contacto con los seguidores de la selección. Sobre su nominación al Balón de Oro como mejor entrenador, ha sostenido que el reconocimiento ha correspondido a todo su equipo: “Uno se lleva el reconocimiento, pero esto es una labor de un gran equipo que tengo detrás. El cuerpo técnico”. Además, de la Fuente ha vuelto a rechazar la idea de que el rendimiento deportivo haya dependido de la suerte. Para él, un gol ha respondido al entrenamiento y al trabajo. También ha dicho que solo ha visto una vez la final del Mundial, por temor a que, si la revisa más veces, “el gol de Ferran acabe saliendo fuera”.

También ha puesto en valor su relación con los campeones del mundo desde que eran promesas. “Conozco a la mayoría de jugadores desde que eran muy jóvenes. Les he hablado siempre de las mismas cosas, con los mismos valores y el mismo respeto; por su parte y por la mía”, ha reconocido. Así, cree que la aparición de nuevas estrellas es bueno para el fútbol. “Ahora hay gente joven muy buena, Mbappé, Lamine… luego hay muchos excepcionales, pero de esa futura dimensión quizá esos dos futbolistas que he mencionado”, ha pronosticado.

Al referirse a su encuentro con Donald Trump, primero ha bromeado. “Te mereces el Balón de Oro”, ha contado De la Fuente entre las risas. Aunque más tarde ha admitido que no entendió lo que el mandatario estadounidense le dijo al saludarlo porque le habló en inglés. “Le dije ‘Thank you very much’, y a correr”, ha confesado. Fuera de la ironía, es una frase especialmente llamativa teniendo en cuenta que el Balón de Oro reconoce a los futbolistas, no a los entrenadores. El seleccionador español, eso sí, figura este año entre los nominados al Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador masculino, junto a Mikel Arteta, Unai Emery, Vincent Kompany y Luis Enrique.

El abogado de Lindsay Clancy le pidió al presidente Donald Trump que conceda un indulto a su clienta, días después de que el juicio por la muerte de sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts, terminara sin veredicto unánime. La solicitud, formulada el martes 8 de septiembre en el programa Good Morning America, es jurídicamente inviable, dado que el poder de indulto presidencial se limita a delitos federales y Clancy enfrenta cargos estatales.

“Me gustaría decirle al presidente Donald Trump, que se sintió impulsado a hablar sobre este caso: señor presidente, espero que considere a esta joven, el tipo de persona que es, lo que ha atravesado y que considere un indulto”, afirmó Kevin Reddington en declaraciones recogidas por ABC News y NBC News.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), el presidente tiene amplia autoridad para conceder indultos y conmutaciones de penas, pero esa facultad se restringe estrictamente a delitos federales. Clancy enfrentó tres cargos de asesinato en primer grado ante la justicia estatal de Massachusetts y no recibió una condena, de modo que el indulto presidencial no es una vía aplicable a su caso.

Cualquier eventual medida de clemencia dependería de las autoridades estatales de Massachusetts, no de la Casa Blanca.

El juicio terminó en nulidad

El proceso judicial concluyó el 4 de septiembre, cuando la jueza declaró la nulidad del juicio —lo que en el sistema anglosajón se denomina mistrial— después de que el jurado no lograra un acuerdo unánime. Clancy se había declarado no culpable de los tres cargos de asesinato en primer grado.

El juicio se centró en si Lindsay Clancy tenía psicosis posparto durante los hechos y si eso afectaba su responsabilidad penal. La defensa dijo que Clancy actuó bajo alucinaciones auditivas por esa enfermedad y estaba sobremedicada. La fiscalía afirmó que Clancy era consciente de sus actos y los planeó.

En Massachusetts, la ley establece que para declarar a un acusado penalmente responsable, la fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que no padecía una enfermedad mental al momento del delito. Ese estándar estuvo en el centro de las discusiones del jurado.

Reddington cuestionó al jurado y abrió la puerta a un acuerdo con la fiscalía

Reddington dijo estar “molesto” con el resultado y afirmó que el jurado estaba dividido 11 a 1 a favor de declarar a su clienta no culpable por falta de responsabilidad penal, aunque no habló con ningún jurado ni puede confirmar esa cifra. Dijo que, según una nota de la presidenta del jurado a la jueza, el único jurado disidente tenía dudas pero se negaba a aplicar la duda razonable. “Eso no está bien y por eso estuve molesto”, dijo Reddington a NBC News.

Pese a la frustración, el defensor también tendió la mano al fiscal de Plymouth County, Timothy Cruz, al expresar su esperanza de llegar a un acuerdo. “Espero que, después de sentarse durante este juicio y ver las pruebas presentadas por el gobierno y por la defensa, [Cruz] reconsidere esa cuestión y podamos llegar a algo aceptable para ambas partes”, señaló, según ABC News. La fiscalía aún no confirmó si buscará un nuevo juicio o si evaluará un acuerdo con la defensa.

Las partes tienen una audiencia prevista para el 29 de septiembre de 2026, en la que definirán los próximos pasos tras la nulidad.

Los antecedentes: la muerte de los tres hijos en Duxbury en enero de 2023

Lindsay Clancy estrangló a sus tres hijos —Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses— en el domicilio familiar de Duxbury, una localidad al sur de Boston, el 24 de enero de 2023. Tras los hechos, se arrojó por la ventana de su habitación en un intento de suicidio que la dejó paralizada.

Durante el juicio de cinco semanas, la defensa presentó mensajes de texto, diarios personales y notas escritas por Clancy en los que, según Reddington, pedía ayuda reiteradamente. “Llegó a todos y a cualquiera que pudiera escucharla y seguía diciendo: ‘No estoy bien. No estoy bien’”, afirmó el abogado según NBC News. La defensa responsabilizó a uno de los médicos que la atendió de sobremedicarla con fármacos psiquiátricos.

Trump calificó el caso de tragedia y mencionó la posibilidad de un nuevo juicio

El mismo 4 de septiembre, horas después de que se declarara la nulidad, el presidente Donald Trump hizo sus primeros comentarios públicos sobre el caso en una rueda de prensa. El mandatario dijo que seguía el proceso por su amplia cobertura televisiva: “Está tanto en televisión que es difícil no seguirlo”.

Trump calificó la situación de “terrible” y de “horrible tragedia”, pero no precisó cuál debería ser el desenlace judicial. “Ella hizo una cosa horrible, horrible. No puede ser peor”, afirmó. “Pero van a descubrir cuál es el precio a pagar. Habrá un precio. Va a ser una institución mental o la cárcel o algo así”, agregó.

Cientos de jueces de inmigración en Estados Unidos recibieron en septiembre de 2026 una capacitación obligatoria con instrucciones para reducir drásticamente los plazos otorgados a migrantes que esperan la aprobación o disponibilidad de una visa o green card antes de ser deportados. Entre los afectados figuran menores víctimas de abandono o abuso y sobrevivientes de delitos graves, según materiales de capacitación del gobierno federal obtenidos por The Guardian.

La presentación virtual, titulada “Motions to Continue: Efficiently Advancing Cases to Completion” (“Mociones de continuación: avanzar los casos hacia su resolución de manera eficiente”), fue dirigida por Keith Hunsucker, juez de la Junta de Apelaciones de Inmigración —la rama de apelaciones de los tribunales migratorios—, quien rechazó más del 80% de las solicitudes de asilo durante gran parte de su trayectoria en los tribunales de inmigración.

La capacitación, a la que asistieron los magistrados, buscó restringir el uso de las llamadas continuances o prórrogas procesales, una herramienta legal que históricamente ha permitido a los migrantes ganar tiempo para conseguir abogado, fortalecer su caso o aguardar una decisión de otra agencia federal.

Qué son las “continuances” y por qué importan en los tribunales migratorios

En el sistema judicial migratorio de Estados Unidos, una continuance es el aplazamiento de una audiencia o de la resolución de un caso. Los jueces de inmigración pueden concederlas cuando una persona necesita tiempo para contratar representación legal, cuando su solicitud está pendiente de evaluación ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) —que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)—, o cuando aguarda la disponibilidad de una visa ya aprobada, sujeta a cupos anuales.

El mecanismo cumple una función central en el debido proceso migratorio: sin esas prórrogas, una persona puede llegar a una audiencia sin abogado y ser deportada antes de que una agencia federal haya procesado su solicitud. Según los materiales obtenidos por The Guardian, la capacitación impartida por Hunsucker apuntó a reducir ese margen al mínimo, con el argumento de que algunas prórrogas se solicitan únicamente con fines dilatorios.

“Las solicitudes de continuance presentadas exclusivamente con fines de demora no deben ser admitidas por los jueces de inmigración”, se leía en una de las diapositivas, según el medio británico.

Los grupos más vulnerables ante la nueva directriz de deportaciones

La capacitación identificó dos categorías de migrantes en riesgo: jóvenes que pueden calificar para la clasificación de inmigrante juvenil especial (SIJ), destinada a menores abandonados, maltratados o descuidados, y víctimas de delitos graves que buscan una visa U, mecanismo de protección para sobrevivientes de crímenes violentos que colaboran con las autoridades.

Ambas vías de protección requieren tiempo de procesamiento. Una deportación, según advirtieron defensores de migrantes en respuesta a la nota de The Guardian, puede cerrar o dificultar significativamente esas opciones: algunos estatus migratorios se vuelven inaccesibles para quienes han sido expulsados del país, lo que convierte una orden de deportación apresurada en un obstáculo permanente para solicitudes legítimas.

La presentación también planteó que una petición de visa aprobada no debería retrasar los procedimientos de deportación si la visa en sí aún no está disponible por los cupos anuales, aunque la persona calificada fuera a recibirla en una fecha posterior no especificada. Esta postura preocupó a críticos que señalaron que esos tiempos de espera escapan al control del solicitante y dependen de las listas de espera de USCIS, no de su inacción.

La administración Trump y el argumento del atraso histórico en los tribunales de inmigración

La justificación oficial de la medida se enmarca en la crisis de acumulación de casos en los tribunales migratorios. Según los materiales de capacitación, hay alrededor de 3,2 millones de expedientes pendientes a nivel nacional. Hunsucker presentó la restricción de las prórrogas como una herramienta para reducir ineficiencias y demoras evitables. Una diapositiva planteó que, cuando una parte “duerme sobre sus derechos” y no demuestra diligencia, la prórroga no está justificada.

En respuesta a una solicitud de comentario de The Guardian, un vocero del Departamento de Justicia afirmó, sin revelar su identidad: “Reducir el atraso en los tribunales de inmigración sigue siendo una de las principales prioridades de esta administración. El Departamento de Justicia está restaurando la integridad de nuestro sistema migratorio al resolver los casos de manera justa, expedita y uniforme, conforme a la ley”, según recogió el medio.

Un vocero de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia afirmó que la agencia prioriza la resolución oportuna de todos los casos y que los jueces deben cumplir la legislación migratoria, reglamentos, decisiones precedentes y políticas de la EOIR. Según The Guardian, agregó que las demoras innecesarias perjudican a extranjeros con solicitudes legítimas y al público estadounidense, que desea que los extranjeros con solicitudes sin mérito sean removidos rápido.

Acceso a representación legal y el riesgo de deportación sin abogado

La restricción de prórrogas afecta la posibilidad de que los migrantes tengan abogado. Según documentos obtenidos por The Guardian, la capacitación indicó que los jueces podrían dar hasta 10 días para conseguir representación legal antes de continuar el caso. Una fuente anónima cuestionó ese plazo: “Pensé: ¿quién tiene tiempo de encontrar un abogado en 10 días?”.

Tener abogado impacta el proceso migratorio: entre 2019 y 2024, casi una cuarta parte de los migrantes con representación recibió orden de deportación, contra más del 60% sin abogado, según el American Immigration Council. En junio, solo una quinta parte de quienes recibieron orden de deportación tenía representación.

Los abogados migratorios también quedan bajo presión

La capacitación incluyó una advertencia a los abogados de inmigración: si aceptan más casos de los que pueden manejar, el juez podría remitirlos al consejo disciplinario de la EOIR para posible sanción. Críticos alertaron que esta amenaza, junto a la escasez de representación legal, agrava la situación de los migrantes más vulnerables.

“No hay espacio para ser amable; solo existe la urgencia de hacer que se vayan, de una manera u otra”, dijo la fuente anónima citada por The Guardian, al describir el espíritu de la capacitación.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración depende del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que permite al fiscal general emitir decisiones con valor de precedente y controlar sus operaciones. Según The Guardian, esto hace que directrices como las de esta capacitación obligatoria tengan alcance inmediato sobre cientos de jueces en todo el país.

Estados Unidos está en medio de una disputa estratégica con China por el control de la cadena de suministro de minerales críticos, un mercado en el que el país asiático concentra entre el 70% y el 75% del procesamiento mundial de litio, cobre y otros insumos esenciales para la industria tecnológica y de defensa. En ese contexto, por la inmensa disponibilidad de reservas naturales, sobre todo de litio y cobre, la Argentina ganó terreno como socio prioritario de Washington.

El diagnóstico se expuso durante el Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, organizado este jueves por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Citi en el hotel Alvear Palace, en Buenos Aires. Del encuentro participaron funcionarios argentinos, diplomáticos estadounidenses, gobernadores provinciales y representantes de bancos multilaterales, que expusieron los términos de esa alianza y los pasos pendientes para consolidarla, en un contexto en el que, a nivel político, ambos países se encuentran alineados y desde Washington no quieren dejar pasar la oportunidad de asegurarse su participación en los proyectos que se enmarcan bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que, aseguran, están dispuestos a financiar.

Una estrategia de diversificación frente al dominio chino

La subjefa de misión de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, explicó que la concentración del procesamiento en un solo país impide trazar el origen de los minerales y las normas ambientales bajo las que fueron refinados. “Los compradores no pueden identificar dónde se refinaron los minerales ni con qué normas ambientales”, advirtió, y agregó que esa opacidad deja abierta la puerta a la manipulación de precios internacionales.

Según la funcionaria, los riesgos crecen a medida que avanzan sectores como la defensa, la inteligencia artificial y la energía, todos dependientes de estos insumos. “No podemos construir la tecnología del día de mañana en cadenas de suministro que sean tan opacas y frágiles”, afirmó, aunque no se refirió al gigante asiático de forma directa.

La estrategia estadounidense se apoya también en la llamada Pax Silica, un acuerdo que busca alinear a Washington con proveedores estratégicos de América para garantizar tanto las inversiones de empresas de Estados Unidos como el aprovisionamiento de recursos clave. El CEO de AmCham, Alejandro Díaz, definió el mecanismo como una política de friend-shoring, una estrategia mediante la cual Washington busca competir con Beijing en momentos en que el gigante asiático concentra alrededor del 70% de la elaboración de materiales críticos.

Gómez Rápalo situó a la Argentina en el centro de esa ecuación por sus reservas de litio y cobre, y sostuvo que el capital internacional fluye hacia esa oportunidad protegido por normas claras a través del RIGI. Según la diplomática, el país debe dar dos pasos concretos, ratificar el ARTI —el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos firmado el 5 de febrero de 2026, que se encuentra a la espera de ser enviado y ratificado por el Congreso de la Nación para entrar formalmente en vigencia— y aprobar regulaciones robustas en materia tecnológica, medidas que catalogó como determinantes para habilitar la inversión extranjera directa y consolidar la confianza de Estados Unidos.

“Estados Unidos está listo para ayudar y respaldar a la Argentina para convertirse en un referente mundial de minerales críticos”, afirmó la funcionaria, quien remarcó que su país busca ser parte activa del proceso: “Son la solución, no son observadores pasivos”. Gómez Rápalo llamó a las empresas interesadas a acercar sus proyectos a la embajada, a las oficinas de comercio y a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), con el objetivo de construir en conjunto cadenas de suministro seguras.

“No es solo América primero, es las Américas”, agregó la diplomática, quien atribuyó el interés de Washington en la Argentina a la decisión del Gobierno de alinearse con Estados Unidos y a las reservas de litio del país, que según distintas mediciones oficiales se ubican entre las terceras y las mayores del mundo, con una participación del 13% del total global. En ese marco, mencionó también la necesidad de avanzar con la protección de la propiedad intelectual, un capítulo en el que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y resta su tratamiento en el Senado.

El RIGI, la plataforma que sostiene las inversiones mineras

El economista Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, ubicó el origen de esta oportunidad en la corrección macroeconómica que encaró el Gobierno de Javier Milei, cuya administración cumplió 30 meses en el poder. Según Brun, el proceso comenzó con la eliminación de un déficit fiscal equivalente a cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI), una caída del gasto público real superior al 30% y una desinflación que dejó atrás niveles que el funcionario consideró incompatibles con una economía normal.

Ese ordenamiento, sostuvo Brun, funciona como plataforma para la construcción sostenida de negocios a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los proyectos mineros aprobados bajo ese régimen superan los USD 47.000 millones, con otros USD 147.000 millones adicionales en evaluación, dentro de un pipeline total que Brun calculó en USD 200.000 millones. Solo los proyectos ya aprobados generarán 96.000 puestos de trabajo, según el funcionario, quien remarcó que en junio la minería representó el 9% de las exportaciones totales del país, un récord histórico que superó el pico anterior de 2025.

Las provincias mineras reclaman infraestructura

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, situó el debate en la escala provincial. Recordó que la Constitución argentina de 1994 otorgó a las provincias la propiedad de los recursos del subsuelo y que, a diferencia de Chile o Perú, el país no posee una tradición minera consolidada, salvo en distritos como San Juan o Jujuy. Según el mandatario, la combinación de estabilidad macroeconómica y compromiso provincial no se había dado antes en la Argentina. “De nada sirve tener los recursos si no se pueden sacar en tiempo y forma”, advirtió, en referencia a la necesidad de inversión conjunta en infraestructura.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, cuya provincia ocupa el tercer lugar en exportaciones mineras del país, coincidió en el diagnóstico. Sadir señaló el deterioro de la red vial nacional, en particular de las rutas 52, 34 y 9, y reclamó mayor control sobre pesos y medidas de carga en articulación con el Gobierno nacional. También pidió avanzar en la conectividad con los pasos fronterizos hacia Chile, lo que permitiría exportar producción minera por el océano Pacífico y reducir los costos logísticos que hoy implica operar a través de los puertos de Rosario y Buenos Aires.

La mirada del sistema financiero internacional

El representante en Argentina de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Patrick Alexander Avato, sostuvo que el RIGI transformó una oportunidad que dependía de recursos ya conocidos en un proyecto concreto de desarrollo. El responsable global de Metales y Minería de Citi, William Husband, ofreció una lectura financiera del proceso: recordó que el diferencial de riesgo de los bonos soberanos argentinos bajó de 24% a 4% en los últimos años y definió al cobre como el mineral central de la próxima década, ante una demanda mundial que no podrá cubrirse en los próximos cinco a siete años sin nuevas fuentes de producción.

La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Viviana Alva-Hart, planteó que el financiamiento de estos proyectos depende de tres condiciones: infraestructura, dado que la mayoría de los yacimientos se encuentra en zonas remotas sin acceso pleno a energía, agua y logística; previsibilidad institucional, con permisos ágiles sobre todo a nivel provincial, y sostenibilidad ambiental y social como eje central de la toma de decisiones. “Los proyectos exitosos no van a necesitar solo capital”, advirtió la funcionaria.

El asesor de inversiones para Brasil y el Cono Sur de la DFC, Humberto Pereira, cerró el panel al señalar que la agencia financia proyectos capaces de generar escala tanto para abastecer la cadena de suministro estadounidense como para desarrollar el mercado argentino, sobre la base de un análisis previo del estado de los activos, los permisos vigentes y la estructura de cada proyecto. Según el embajador argentino ante la Casa Blanca, Alec Oxenford, la adhesión de la Argentina a la Pax Silica no garantiza inversiones automáticas, pero mejora la posición del país para competir por ellas frente a otros destinos mineros globales.

La renegociación abierta del T-MEC ya tiene un costo medible: la inversión extranjera nueva en México cayó 13% en el primer semestre de 2026 frente al año anterior, según cifras preliminares recabadas por Reuters. Más de una docena de líderes empresariales confirmaron que están replanteando sus planes en el país, y algunos ya preparan propuestas concretas para relocalizarse en Asia.

El caso que enciende las alarmas

Randy Carr abrió una planta en el centro de México en 2005, atraído por los salarios bajos y el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Veinte años después, su fábrica de parches bordados llegó a tener 800 trabajadores.

Todo cambió en 2025. Cuando el presidente Donald Trump amenazó con aranceles del 25% a México y Canadá, Carr comenzó a diversificar operaciones hacia República Dominicana. Su nueva planta ya opera desde junio con 25 empleados y planea crecer, mientras reduce a la mitad su plantilla en México por la vía del desgaste natural.

• “La decisión de febrero fue la señal de alarma”, afirmó Carr sobre los aranceles impuestos por Washington.

Ejecutivos evalúan Vietnam como destino

En julio, Washington decidió no renovar el T-MEC y optó por un esquema de revisiones anuales, lo que deja a las empresas sin certeza sobre qué régimen arancelario enfrentarán de un año a otro.

Reuters confirmó que ejecutivos de tres empresas de autopartes con sede en Aguascalientes consideran abandonar México rumbo a Vietnam, país cuya industria automotriz ha crecido de forma acelerada con la llegada de armadoras japonesas, coreanas y europeas.

A esto se suma la reforma judicial de 2024, que sustituyó jueces designados por jueces electos y generó inquietud entre inversionistas sobre el estado de derecho.

Una economía que exporta más, pero invierte menos

El panorama es paradójico. La inversión extranjera directa total alcanzó un récord de casi 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, pero el 92.2% correspondió a reinversión de utilidades, no a capital nuevo.

La inversión greenfield —fábricas y almacenes nuevos— cayó casi a la mitad en 2025, hasta los 24 mil millones de dólares, de acuerdo con la UNCTAD.

• Pedro Casas, presidente de la American Chamber of Commerce de México, fue tajante: “si vamos a tener una renegociación constante hasta julio del próximo año, mejor apaguemos las luces y vayamos a invertir a otro lado”.

El respaldo oficial vs. la lectura del mercado

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la economía mexicana se mantiene resiliente pese a las tensiones comerciales, apoyada en su estrategia “Plan México” para fortalecer la manufactura nacional.

La economía creció 1.4% en el segundo trimestre, su ritmo más rápido desde 2022, impulsada por exportaciones de equipo de cómputo e infraestructura de inteligencia artificial hacia Estados Unidos.

Pero ese mismo dinamismo ha disparado el déficit comercial de EU con México a niveles récord, un dato que podría complicar políticamente la relación con Trump.

El Banco de México, en su reporte trimestral de agosto, fue claro: “la falta de una resolución definitiva respecto a su futuro sigue siendo un factor adverso para las decisiones de inversión.”

El presidente Donald Trump anunció el 31 de agosto acuerdos con nueve compañías farmacéuticas adicionales para reducir el precio de medicamentos destinados a consumidores y a los programas estatales de Medicaid. La presentación tuvo lugar en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.

Según la administración Trump, los convenios ya vigentes podrían generar ahorros superiores a USD 600.000 millones en un período breve. Los mismos se enmarcan en la política de “nación más favorecida”, que busca acercar los precios de los medicamentos en Estados Unidos a los que se pagan en otros países desarrollados.

Trump eleva a 26 el total de farmacéuticas con acuerdos de precios reducidos

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump impulsó una política de negociación directa con la industria farmacéutica para reducir el costo de los medicamentos de marca. 17 empresas ya habían aceptado de forma voluntaria rebajar sus precios como parte de este esquema durante el último año, de acuerdo con la Casa Blanca.

Con las nueve compañías incorporadas el 31 de agosto, el total de participantes asciende a 26. “Ahora tenemos 26 empresas que representan el 90% del mercado farmacéutico nacional, y el otro 10% también se está sumando”, afirmó Trump durante el anuncio en la Oficina Oval, según recogió CBS News.

La Casa Blanca precisó en su comunicado que las firmas adheridas cubren el 89% del mercado de medicamentos de marca.

Alcon, Teva y otras siete empresas medianas se integran al plan

Las nueve compañías que formalizaron los convenios el lunes son firmas de tamaño medio, según la ficha informativa difundida por la administración. Se trata de:

• Alcon
• Astellas Pharma
• BeOne Medicines
• BridgeBio
• CSL
• Kyowa Kirin
• Sun Pharma
• Teva Pharmaceuticals
• UCB

La Casa Blanca no detalló en el comunicado los medicamentos específicos ni los porcentajes de descuento acordados con cada empresa.

La política de “nación más favorecida” establece precios comparables a los de otros países desarrollados

El mecanismo central de la estrategia es la llamada política de “nación más favorecida” (en inglés, most-favored-nation o MFN). Su objetivo es que los medicamentos disponibles en Estados Unidos tengan precios equiparables a los que rigen en otros países desarrollados, donde los costos suelen ser considerablemente más bajos.

Parte de esa rebaja llega de forma directa a los consumidores a través de TrumpRx, un sitio web lanzado por la administración en febrero de 2026 en el que los ciudadanos pueden acceder a descuentos en medicamentos de marca. La Casa Blanca presentó los convenios como adhesiones voluntarias de las empresas al esquema MFN.

Las empresas se comprometieron a garantizar acceso a Medicaid en todos los estados

Además de los descuentos al consumidor, las nueve compañías se comprometieron a facilitar el acceso a sus medicamentos a los programas de Medicaid de todos los estados del país. La Casa Blanca estimó que esa medida producirá miles de millones de dólares en ahorros para el sistema de salud público.

Medicaid es el programa federal y estatal de cobertura médica destinado a personas de bajos ingresos y a otros grupos elegibles en Estados Unidos. Su financiamiento proviene de fondos federales y estatales, y su alcance varía según la jurisdicción.

Las nueve compañías comprometieron USD 19.600 millones en manufactura local

Por fuera de los compromisos de precios, las nueve farmacéuticas también anunciaron una inversión conjunta de al menos USD 19.600 millones en actividades de manufactura en suelo estadounidense en el corto plazo, de acuerdo con la administración Trump.

La Casa Blanca indicó además que varias de las empresas participantes acordaron donar ingredientes farmacéuticos activos para la Reserva Estratégica de Ingredientes Farmacéuticos Activos (SAPIR, por su sigla en inglés), con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores extranjeros y garantizar el abastecimiento ante emergencias.

Un exoperador de teleprónter de la Casa Blanca recibió una sanción de USD 172.000 por apostar con información privilegiada sobre discursos de Donald Trump. Se trata de Gabriel Perez, un técnico con acceso anticipado a los textos presidenciales que usó esa ventaja para operar en Kalshi, una plataforma de mercados de predicción donde los usuarios apuestan sobre si un orador dirá determinadas palabras o expresiones.

La medida quedó formalizada el viernes por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que además le impuso a Perez una inhabilitación de tres años para operar en mercados financieros. Según informó CBS News, el empleado federal apostó entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en contratos vinculados a menciones concretas dentro de intervenciones públicas de Donald Trump, incluido el discurso sobre el Estado de la Unión.

Esos contratos, conocidos como mercados de mención, permiten especular sobre si un líder mencionará nombres de países, consignas o términos específicos. De acuerdo con el expediente citado por CBS News, Perez trabajaba como operador técnico de teleprónter y cobraba USD 175.000 anuales, una posición que le daba acceso previo al contenido de los mensajes presidenciales antes de su difusión pública.

Qué resolvió la CFTC sobre Gabriel Perez

La sanción obliga a Perez a devolver USD 107.539 en ganancias ilícitas y a pagar una multa civil de USD 65.000. La suma total asciende a más de USD 172.000, según los reportes.

La CFTC sostuvo que la penalidad aplicada refleja un recorte frente al monto que habría podido reclamar en otras condiciones. Según el comunicado oficial del organismo, la rebaja respondió a la “cooperación ejemplar” que el acusado ofreció durante la investigación.

En ese mismo documento, la comisión agradeció la asistencia de Kalshi, que aportó información para el caso. The Guardian señaló que ese reconocimiento muestra que la plataforma actuó como denunciante y colaboradora ante los reguladores federales.

Cómo detectó Kalshi las apuestas sobre discursos de Trump

La pesquisa se inició dentro de la propia plataforma. Los sistemas internos de Kalshi detectaron en marzo de 2026 un patrón de operaciones con un nivel de acierto que no coincidía con el comportamiento esperable del mercado, según reportó CBS News.

A partir de los datos de la cuenta, la empresa identificó al usuario como un empleado federal encargado de los teleprónters presidenciales. La plataforma bloqueó de inmediato el perfil, donde había más de USD 90.000 inmovilizados en ganancias acumuladas, y después trasladó el expediente a la CFTC, de acuerdo con el mismo medio.

Al conocerse el acuerdo, el abogado principal de la compañía, Bobby DeNault, publicó un mensaje en X con una advertencia dirigida a los usuarios. “No importa quién seas: viola nuestras reglas o la ley federal y enfrentarás las consecuencias”, escribió el ejecutivo, según reprodujeron CBS News y la BBC.

Qué dijo la Casa Blanca y qué cargo tenía Perez

La Casa Blanca reaccionó públicamente cuando los primeros detalles del caso salieron a la luz el 16 de julio. La entonces secretaria de prensa, Karoline Leavitt, calificó lo ocurrido como “profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza”, en declaraciones recogidas por CBS News.

Ese día, Leavitt confirmó que Perez estaba suspendido sin goce de sueldo y que no volvería a su puesto. La sede presidencial no aclaró después si el técnico fue despedido o si dejó el cargo por decisión propia.

Registros públicos de LegiStorm muestran que Perez trabajó en la administración Trump durante el primer y el segundo mandato, con tareas de asesor técnico y operador de teleprónter. En enero de 2025 ingresó formalmente a la Oficina de la Casa Blanca, según detalló CBS News.

La directiva interna que prohibió estas apuestas

La investigación coincidió con una orden interna dirigida al personal presidencial. Funcionarios de la administración indicaron a CBS News que la Oficina de Gestión de la Casa Blanca envió en marzo de 2026 una carta que prohibió a los asesores apostar en mercados de predicción cuando dispusieran de información no pública.

Ese dato ubica la directiva en el mismo mes en que Kalshi detectó las anomalías en la cuenta de Perez. La coincidencia temporal sumó otro elemento de presión sobre un mercado que ya enfrentaba cuestionamientos por el uso de información sensible en apuestas políticas.

Otros casos recientes en plataformas de predicción

El caso de Gabriel Perez se suma a episodios que aumentaron el escrutinio sobre los mercados de predicción y el uso de información sensible en apuestas. Cuatro meses antes, la fiscalía federal imputó al militar estadounidense Gannon Ken Van Dyke por apostar USD 400.000 en Polymarket sobre la posible salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, asociado a información de funciones oficiales, según The Guardian y la BBC.

También, en abril, Kalshi sancionó a tres candidatos políticos que apostaron sobre sus propios resultados electorales. Según The Guardian, uno operó contratos sobre una eventual candidatura antes de lanzar su campaña independiente al Senado por Virginia.

Estos casos presionaron a una industria que Donald Trump defendió y con la que su familia tiene vínculos comerciales. El presidente sostuvo que la supervisión de estos mercados debe estar a cargo de la CFTC y no de los estados, mientras Kalshi argumentó en julio que las declaraciones de jefes de Estado y responsables de bancos centrales afectan activos como divisas, futuros del petróleo y acciones.

ICE arrestó a Yiannopoulos el jueves en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, según un comunicado de un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que lo describió como un “extranjero en situación migratoria ilegal del Reino Unido” que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2019, pero luego “decidió exceder el tiempo autorizado de permanencia en violación de las leyes de nuestra nación”.

Según la agencia, un juez de inmigración emitió una orden final de expulsión contra Yiannopoulos el 22 de julio, después de que no se presentara a su audiencia migratoria. El comunicado señaló que la administración Trump está “trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros que se encuentran ilegalmente en nuestro país ya no puedan volar, salvo que sea para salir del país y autodeportarse”.

Los intentos inmediatos de contactar a un representante de Yiannopoulos no tuvieron éxito.

Yiannopoulos nació en Inglaterra y se convirtió en una figura sumamente controvertida de la política estadounidense, sobre todo durante el ascenso de Donald Trump en 2016, cuando trabajó como editor para Breitbart, de Stephen K. Bannon.

Aunque Yiannopoulos emergió como uno de los referentes del movimiento alt-right, nunca fue aceptado como una figura conservadora convencional, debido a sus frecuentes comentarios misóginos, sus vínculos con supremacistas blancos y antisemitas, y su historial de otras declaraciones polémicas, como afirmar que una relación romántica entre un chico de 13 años y un adulto podía ser consensuada; esto último le costó oportunidades editoriales y conferencias.

En los últimos años, en gran medida se desvaneció del debate dentro de la derecha, a pesar de haber intentado reinventarse como “exgay” y de haber trabajado como pasante no remunerado para la entonces representante Marjorie Taylor Greene (republicana por Georgia).

Su apoyo a Trump se ha ido debilitando con los años, y recientemente ha sido crítico del presidente. En diciembre, Yiannopoulos apareció como invitado en el programa de Tucker Carlson; Carlson también tenía previsto publicar un libro de Yiannopoulos en su nuevo sello editorial.

El año pasado, Yiannopoulos apareció en un pódcast conducido por Candace Owens —otra exaliada de Trump convertida en crítica—, quien ha mantenido una disputa con la influyente bloguera del movimiento MAGA Laura Loomer.

Loomer dijo a The Washington Post que desde 2024 se ha comunicado repetidamente con ICE, con el Departamento de Seguridad Nacional en general y con el FBI por Yiannopoulos. Afirmó que lo denunció ante el FBI después de que publicara mensajes amenazantes en redes sociales en los que llamaba a ejercer violencia contra ella.

En una entrevista, Loomer se atribuyó el mérito por la detención de Yiannopoulos y afirmó que fue “100 por ciento” porque ella llamó la atención sobre su estatus migratorio. “¿Quién más reportó que Milo era un extranjero en situación migratoria ilegal?”, dijo.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a los comentarios de Loomer.

Yiannopoulos también trabajó como jefe de gabinete de Yeezy, la compañía del rapero Kanye West, conocido como Ye. Yiannopoulos se atribuyó la responsabilidad de invitar al supremacista blanco Nick Fuentes a una cena en 2022 con Ye y Trump, un movimiento que generó repercusiones negativas para Trump, que acababa de anunciar su campaña presidencial de 2024. Más tarde, Yiannopoulos dijo a NBC News que lo hizo “solo para hacerle la vida imposible a Trump”.

Yiannopoulos, que renunció a Yeezy en 2024, dijo que lo hizo por el supuesto giro del rapero hacia la industria del entretenimiento para adultos. Luego fue demandado, junto con Ye, por un grupo de ocho empleados que denunciaron un ambiente laboral hostil; Yiannopoulos ha negado esas acusaciones.

© The Washington Post 2026

El Instituto Trimbos, con sede en Utrecht, emitió el viernes 28 de agosto una “alerta roja” dirigida a consumidores de drogas en los Países Bajos tras detectar, en agosto, comprimidos de éxtasis con el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contienen una concentración muy alta de PMMA, un compuesto químico que puede provocar un sobrecalentamiento corporal con consecuencias fatales.

La advertencia, difundida en el sitio web del instituto y en sus redes sociales, fue categórica: “No consumir esta pastilla bajo ninguna circunstancia”.

Cómo son las pastillas detectadas

Las imágenes difundidas por el Instituto Trimbos muestran dos variantes del comprimido. Una tiene la cara de Trump sobre un fondo verde y la otra es amarilla. En el reverso, ambas llevan las palabras “Trump” y “NL” a cada lado de una línea vertical.

Varios de estos comprimidos llegaron a la red de centros de análisis de drogas que opera en el país, un sistema legal que permite a los usuarios entregar sustancias para su evaluación antes del consumo. Fue en ese circuito donde se detectó la presencia de PMMA en concentraciones descritas como “muy altas”.

La portavoz del instituto, Anniek Groothuis, confirmó a Associated Press que, hasta el momento, no hay casos documentados de muerte ni cuadros graves entre quienes pudieron haber consumido estas pastillas. “No tenemos conocimiento de ninguna víctima en cuya sangre se haya encontrado PMMA”, declaró Groothuis, según NBC News.

Qué es el PMMA y por qué representa un riesgo

La sigla PMMA corresponde a para-methoxymethamfetamine, una sustancia con una estructura química similar al MDMA —el principio activo del éxtasis convencional—, aunque con una diferencia central: sus efectos aparecen mucho más tarde.

Según explicó el Instituto Trimbos, citado por BBC News, “el efecto ocurre más tarde y el efecto estimulante suele estar ausente”. Esa demora es uno de los principales factores de riesgo. Al no sentir el efecto esperado tras la primera ingesta, algunos consumidores pueden creer que la dosis no hizo efecto y tomar otra pastilla, lo que eleva el riesgo de una sobredosis.

El instituto precisó que los síntomas pueden aparecer varias horas después del consumo e incluyen náuseas, taquicardia y convulsiones. El cuadro más grave es el sobrecalentamiento del organismo, que puede resultar letal y que, a diferencia de otras reacciones asociadas al MDMA, no siempre presenta señales tempranas reconocibles.

El contexto del consumo de éxtasis en los Países Bajos

La producción, la venta y la posesión de éxtasis son ilegales en los Países Bajos. Aun así, la sustancia mantiene una presencia extendida en clubes nocturnos, fiestas y festivales de música.

Un informe del gobierno neerlandés publicado en 2024 indicó que cerca de 550.000 personas consumieron esta droga al menos una vez en 2022, una cifra que el propio documento calificó como un “récord”. El mismo reporte señaló que el éxtasis sigue muy extendido como droga recreativa, según consignó BBC News.

Ese nivel de consumo le da a la alerta del Trimbos una dimensión de salud pública. Los comprimidos adulterados no circulan en un ámbito aislado, sino dentro de una escena nocturna con amplia presencia de esta sustancia.

Un antecedente en Alemania en 2017

La imagen de Donald Trump ya había aparecido antes en el mercado ilegal de pastillas de éxtasis. En 2017, la policía alemana confiscó alrededor de 5.000 comprimidos con la forma de la cabeza del entonces presidente electo, de color naranja.

Según BBC News, esas pastillas circularon en internet bajo el eslogan “Trump makes partying great again” (“Trump hace que las fiestas vuelvan a ser geniales”), una parodia del lema de campaña del dirigente republicano. En aquel caso, la intervención policial interrumpió la distribución antes de que se registraran víctimas conocidas.

La diferencia con el episodio actual está en la composición química. En 2017, el foco estuvo puesto en la distribución clandestina de comprimidos con esa forma. En 2026, la advertencia se concentra en la presencia de PMMA, una sustancia asociada a un riesgo potencialmente mortal.

Qué recomiendan las autoridades sanitarias

El Instituto Trimbos señaló en su comunicado que estas pastillas no deben consumirse bajo ninguna circunstancia. Las personas que ya las hayan ingerido deben buscar atención médica de inmediato, incluso si no presentan síntomas en ese momento, debido al efecto retardado del PMMA.

La alerta roja, el nivel máximo de advertencia que emite el organismo, sigue activa en el sitio web del instituto y en sus redes sociales con el objetivo de ampliar su difusión entre los potenciales consumidores.

El retiro de casi 13,4 toneladas de carne vacuna argentina del mercado de Texas y Florida, ordenado a principios de agosto por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se convirtió en el detonante de una disputa más amplia que involucra a ganaderos texanos, legisladores republicanos y la Casa Blanca, justo cuando Washington anunció una megacuota de importación de 300.000 toneladas de carne que dejó a Argentina fuera del reparto.

El 7 de agosto, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del USDA publicó la orden de retiro contra Corte Argentino USA LLC, con sede en Aventura, Florida, que comercializó 29.628 libras (13,4 toneladas) de cortes producidos por el Frigorífico Gorina SAIC entre el 15 y el 20 de mayo de 2026. Los productos —cuadril sin tapa, peceto, nalga, carnaza cuadrada y bola de lomo— llegaron a distribuidores y minoristas en Texas y Florida sin pasar por la reinspección obligatoria de importación que exige la normativa federal antes de que cualquier carne extranjera entre en circulación comercial. La agencia no identificó ningún contaminante específico y no registró reportes de enfermedad vinculados a los productos afectados.

El FSIS clasificó el caso como Clase I, su categoría de mayor riesgo, definida como aquella situación en la que existe una probabilidad razonable de que el consumo del producto cause consecuencias graves para la salud. La empresa importadora aclaró que “el retiro no fue iniciado por la detección de contaminación, bacterias o problemas de calidad en la carne” y atribuyó el incidente a un depósito tercerizado en territorio estadounidense que no completó el trámite de reinspección antes de que la mercadería llegara a la cadena de distribución.

El gobierno argentino respaldó esa postura. En un comunicado oficial, la Cancillería y la Secretaría de Agricultura precisaron que se trató de “un incumplimiento administrativo por parte del importador”, sin relación con el establecimiento exportador ni con el sistema sanitario del país.

El contraataque de los ganaderos estadounidenses

La clasificación de Clase I encendió una polémica que excedió los límites del procedimiento técnico. Darin Detwiler, experto en inocuidad alimentaria y profesor universitario, señaló a CBS Austin que esa categoría no se asigna por errores de papelería. “No es un problema de papeleo; alguien tomó la decisión de que este producto no debía reinspectarse en la frontera”, afirmó, y cuestionó la coherencia de asignar el máximo nivel de riesgo sin identificar un contaminante concreto.

Detwiler apuntó además a la coincidencia de fechas: el retiro se anunció días antes de que el presidente Donald Trump publicara en Truth Social su plan para autorizar el ingreso de 300.000 toneladas de carne vacuna magra en 90 días. “Aquí es donde esto se vuelve político: 24 o 48 horas antes de que la administración apruebe más carne extranjera, hay un retiro masivo de 30.000 libras de carne por falta de inspección”, dijo a CBS Austin. La paradoja es que esa megacuota, finalmente, no incluyó a la Argentina.

El anuncio de Trump desató una reacción inmediata entre los ganaderos estadounidenses, habitualmente parte de su base electoral más fiel. La Asociación Nacional de Ganaderos de Carne Vacuna (NCBA), el Fondo de Acción Legal Ganadero (R-CALF USA), la Federación Americana de Agricultores y la Asociación de Mercados Ganaderos enviaron una carta conjunta a la Casa Blanca advirtiendo que el anuncio ya había provocado una caída pronunciada de los futuros de ganado. “Este anuncio ya ha llevado los mercados ganaderos bruscamente a la baja, en detrimento de agricultores y ganaderos”, escribieron los líderes de las cuatro organizaciones, e instaron al mandatario a revertir el plan.

Por su parte, el comisionado de Agricultura de Texas, Sid Miller, republicano y aliado histórico de Trump, rechazó las importaciones como solución: “La manera correcta de bajar los precios es reconstruir los rodeos y la capacidad de procesamiento aquí, en casa”, declaró, según informó Texas Public Radio.

La decisión presidencial responde a la caída del stock ganadero estadounidense a su nivel más bajo en 75 años, agravada por la sequía, los incendios forestales en zonas productoras y las restricciones a la importación de ganado vivo desde México por la mosca barrenadora del Nuevo Mundo. El USDA proyecta una reducción del 4% en la producción de carne vacuna durante 2026 respecto de 2025.

La proclamación, firmada el 27 de agosto y vigente desde el 1° de septiembre, estableció tres tramos mensuales de 100.000 toneladas bajo el criterio de “primero llegado, primero servido”. Pero el nuevo contingente corresponde exclusivamente a la categoría arancelaria “otros países o áreas”, reservada para exportadores sin cupos individuales asignados. La Argentina, junto con Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, quedó excluida por contar ya con una cuota propia, ampliada en febrero de 2026 de 20.000 a 100.000 toneladas anuales. El principal beneficiado es Brasil. El consultor ganadero Víctor Tonelli relativizó el impacto ante la consulta de Infobae: “A Brasil le sirve, a Paraguay le sirve, a nosotros no estar no nos va a afectar en nada. Tenemos cuota todavía”.

Crecen los envíos argentinos a Estados Unidos

Esa exclusión llega en el mejor momento exportador de la carne argentina en años. Entre enero y julio de 2026, el país embarcó 67.118 toneladas a Estados Unidos, un aumento del 202,6% interanual, y al 3 de agosto ya había utilizado el 72,5% de su cupo anual —el porcentaje más alto entre todos los países beneficiarios, por encima de Australia, Nueva Zelanda y Uruguay—, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

En el acumulado de los primeros siete meses del año, las exportaciones de carne bovina totalizaron USD 2.768 millones, con un alza del 41,8% en valor respecto al mismo período de 2025, de acuerdo con el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). “Los volúmenes exportados son un 6,7% superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un 41,8% superior”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. El precio promedio de exportación en julio se ubicó en USD 7.123 por tonelada, un 27,5% por encima del registro de julio de 2025, y el sector proyecta cerrar el año con exportaciones superiores a los USD 3.000 millones.

El gobierno de Canadá impuso aranceles de hasta el 50% sobre bienes estadounidenses valorados en USD 20 mil millones. Esta medida, anunciada por la ministra de Industria, Melanie Joly, busca ejercer presión política directa sobre la administración del presidente Donald Trump tras el fracaso de las negociaciones comerciales bilaterales. La estrategia apunta a estados clave con elecciones competitivas, lo que intensifica una guerra comercial entre dos socios históricos.

El conflicto surgió después de que Estados Unidos estableciera gravámenes del 50% a productos canadienses. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acusó a Washington de intentar subordinar a su país. Según Carney, las exigencias estadounidenses durante las fallidas conversaciones demostraron que el gobierno de Trump buscó destruir las principales industrias de su país.

Regiones y sectores estadounidenses afectados

El diseño de estas medidas impacta de forma desigual a la geografía estadounidense, al afectar tanto a estados con tendencias republicanas como demócratas. Los expertos señalaron a CBS que las entidades con grandes sectores manufactureros sufrieron un golpe mayor que aquellas centradas en la agricultura, cuyos productos principales permanecieron exentos.

• Michigan e Indiana: manufacturas, acero, aluminio, electrodomésticos, herramientas y autopartes.
• Wisconsin y Vermont: productos lácteos, con énfasis en la exportación de quesos y leche.
• Maine: langosta y otros productos del mar, sector que recibió un arancel del 25% por primera vez.
• Alaska, Florida y Massachusetts: diversos productos del mar.
• Ohio: autopartes y vehículos.

Disputa comercial y posturas enfrentadas

La relación comercial atraviesa un periodo de tensión. Mientras la administración estadounidense sostiene que Canadá rechaza una oferta comercial ventajosa y exige acceso unilateral al mercado, los funcionarios canadienses defienden la necesidad de reciprocidad y protección industrial.

Mark Carney también denunció que los negociadores estadounidenses plantearon como obstáculos comerciales la visibilidad de contenidos en francés en plataformas de streaming y las normas de etiquetado en ese idioma. El primer ministro rechazó que dichas protecciones fueran negociables. “Para los estadounidenses, las cuestiones sobre el idioma francés y la cultura francófona son irritantes. Aquí en Canadá, son derechos”, afirmó el mandatario ante la prensa, según reportó CBS.

Alcance de las tarifas aplicadas

Las autoridades canadienses aplicaron gravámenes de 15%, 25% y 50% a más de 800 categorías de productos fabricados en Estados Unidos. El objetivo declarado por el gobierno consiste en proteger a las empresas nacionales y reducir la dependencia de las importaciones estadounidenses, las cuales resultan más costosas para los consumidores locales.

Las mercancías sujetas al impuesto máximo del 50% incluyen artículos de acero, aluminio, muebles y diversas prendas de vestir. Por otro lado, los electrodomésticos, productos lácteos —incluido el queso—, pescados, mariscos y derivados del acero o aluminio enfrentan una tasa del 25%. Además, se mantienen los aranceles vigentes sobre automóviles, de acuerdo con los datos recopilados por CBS.

Implicaciones económicas y políticas

La selección de productos y estados responde a un cálculo estratégico. Al impactar zonas con procesos electorales cercanos, Canadá intenta movilizar a los votantes y legisladores estadounidenses para que exijan una resolución negociada. El gobierno canadiense espera alcanzar un acuerdo antes de la aplicación definitiva de los impuestos.

Para Estados Unidos, la medida representa una amenaza para empleos y sectores productivos integrados, especialmente en la industria automotriz. Por su parte, la economía canadiense también enfrenta riesgos. Analistas de Oxford Economics advirtieron que estos gravámenes elevarían la inflación en 0,3 puntos porcentuales durante 2027 y desacelerarían el crecimiento económico debido a la incertidumbre comercial.

Calendario y medidas de apoyo

La entrada en vigor de estas tarifas quedó programada para el 8 de septiembre, apenas dos meses antes de las elecciones generales en Estados Unidos. La proximidad de esta fecha constituye un factor central en la estrategia de presión ejercida por Ottawa, que cuenta con una red de consulados capaz de monitorear la política interna estadounidense con precisión.

Ante el impacto potencial en su propia economía, el gobierno canadiense prepara mecanismos de mitigación. La ministra de Empleo, Patty Hajdu, confirmó que el Estado implementó programas de préstamos para empresas y ayudas al desempleo para proteger a los trabajadores afectados por la escalada arancelaria.

Consumo local y futuro comercial

Las autoridades instaron a los ciudadanos a priorizar la compra de productos fabricados en territorio canadiense. La ministra Joly mantuvo conversaciones con minoristas y supermercados para asegurar que los artículos nacionales contaran con una identificación clara en los estantes.

Este gesto busca fortalecer la economía interna mientras se mantiene la postura firme frente a Washington.

Más de 20 estados liderados por el Partido Demócrata iniciaron una nueva batalla legal para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. La medida presidencial busca imponer restricciones al voto por correo de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, lo que genera un clima de alta tensión política a pocos días del inicio del proceso electoral.

Esta disputa judicial enfrenta a los fiscales generales demócratas contra la administración federal. El conflicto se centra en la validez y los tiempos de implementación de nuevas normativas electorales que, según los estados demandantes, amenazan el derecho al voto de millones de ciudadanos estadounidenses. La resolución de este litigio podría definir las reglas de juego para los próximos comicios.

El alcance de la normativa federal

La administración Trump publicó el viernes pasado un reglamento que modifica los procesos de distribución de papeletas a través del Servicio Postal de Estados Unidos. La norma exige que los estados obtengan la aprobación federal para el diseño de los sobres de votación. Además, obliga a las autoridades locales a entregar al Servicio Postal un listado detallado de los ciudadanos elegibles para recibir el material.

Según informó Associated Press, los estados demandantes sostienen que estas exigencias resultan imposibles de cumplir en el plazo actual. Las primeras papeletas deben enviarse la próxima semana. Los funcionarios electorales argumentan que la imposición de estos requisitos de último minuto obstaculiza el ejercicio del voto y excede las competencias atribuidas al organismo postal.

Los 23 estados que se unen contra la medida de Trump

• Arizona
• California
• Carolina del Norte
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Hawai
• Illinois
• Maine
• Maryland
• Massachusetts
• Míchigan
• Minnesota
• Nevada
• Nueva Jersey
• Nuevo México
• Nueva York
• Oregón
• Rhode Island
• Vermont
• Virginia
• Washington
• Wisconsin

Otras jurisdicciones y entidades participantes:

• Distrito de Columbia (D.C.)
• Pensilvania

Actores clave en la disputa judicial

La coalición demandante está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a otros 24 fiscales generales demócratas. La funcionaria declaró a Associated Press que el Servicio Postal carece de autoridad para decidir quién puede votar por correo. Grupos civiles, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes, también participan en las acciones legales para frenar la orden ejecutiva.

El gobierno federal, por su parte, defiende la medida como un mecanismo de seguridad. La Casa Blanca describió el plan como “medidas de sentido común que protegen la seguridad de las papeletas”. El Servicio Postal de Estados Unidos declinó emitir comentarios sobre el litigio al encontrarse el caso bajo revisión judicial.

Cronología y escenarios del conflicto

La demanda fue presentada el miércoles 26 de agosto de 2026. Esta acción ocurre tras un fallo de la Corte Suprema, que rechazó una impugnación previa por considerarla prematura. No obstante, el alto tribunal no se pronunció sobre la legalidad de la orden ejecutiva, lo que mantiene abierta la puerta a nuevas disputas en los tribunales inferiores.

Existen procesos paralelos en Washington y Boston. En esta última ciudad, la jueza federal Indira Talwani dictó una orden que prohíbe al Servicio Postal aplicar las restricciones. La administración Trump intenta revertir esta decisión, argumentando que el reciente fallo de la Corte Suprema debe invalidar las restricciones judiciales previas.

Trasfondo político del voto por correo

El presidente Trump ha manifestado una postura crítica contra el voto por correo desde el año 2020. El mandatario vincula este sistema con su derrota electoral en aquel entonces, aunque carece de pruebas para sustentar tales afirmaciones. Organizaciones de derechos civiles señalan que estas restricciones afectan desproporcionadamente a los votantes demócratas, quienes utilizan esta modalidad con mayor frecuencia.

El esfuerzo por aumentar el control republicano sobre las normas electorales ha sido una constante desde el regreso de Trump al poder. El presidente ha expresado su intención de que los republicanos “tomen el control” del recuento de votos en zonas de tendencia demócrata. Esta estrategia incluye la exigencia de documentos de ciudadanía para sufragar y otros proyectos legislativos que permanecen estancados en el Senado.

Próximos pasos legales

Los tribunales federales deben resolver ahora la validez de la nueva demanda y determinar si se mantienen las medidas cautelares que bloquean la norma. Una sentencia definitiva podría ocurrir en los días previos al envío masivo de las papeletas.

Expertos legales consultados por Associated Press indican que la incertidumbre persistirá hasta que exista un fallo firme sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva.

Recursos para los ciudadanos

Los votantes interesados en verificar el estado de las normas electorales en sus respectivas jurisdicciones pueden consultar los portales oficiales de las secretarías de Estado. Asimismo, el Servicio Postal de Estados Unidos cuenta con plataformas digitales para el seguimiento de la correspondencia oficial. Ante cualquier irregularidad o impedimento para sufragar, los ciudadanos deben acudir a las oficinas electorales locales para reportar el caso y recibir orientación sobre los procedimientos habilitados.

La organización estadounidense Log Cabin Republicans anunció que dejará de apoyar públicamente las causas transgénero para concentrar su labor únicamente en la defensa de los derechos de lesbianas, gays y bisexuales. El cambio quedó confirmado por el presidente de la junta directiva, Ross Hemminger, quien detalló que la decisión responde a una redefinición de prioridades internas y coincide con nuevas restricciones a los derechos trans impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

La determinación se produce en un contexto político especialmente hostil para la comunidad trans en Estados Unidos. En los últimos meses, la administración Trump ha emitido directivas para limitar el reconocimiento legal de la identidad de género y ha amenazado con cortar fondos federales a instituciones educativas que promuevan políticas inclusivas.

Diversas organizaciones de derechos civiles han advertido que estas medidas han agravado la vulnerabilidad y el clima de inseguridad para las personas transgénero en el país.

El giro de los Log Cabin Republicans

Log Cabin Republicans, una agrupación fundada en los años 70 para promover la igualdad de derechos de personas homosexuales y bisexuales dentro del Partido Republicano, comunicó el cambio de rumbo a través de un ensayo publicado por su presidente. “El consejo de directores ha votado para concentrar nuestra labor específicamente en cuestiones de orientación sexual y valores conservadores”, escribió Hemminger. La organización, que había incluido la causa trans en 2015, dejará de abogar por estos derechos y se define ahora como una agrupación “LGB”.

Según Hemminger, la actual agenda transgénero representa “una ideología de género radical”, en aparente ruptura con los principios que inspiraron la creación del grupo. Aunque la membresía permanecerá abierta a cualquier conservador, la acción política nacional se enfocará en asuntos como matrimonio igualitario, adopción, servicio militar, igualdad legal y libertad religiosa para lesbianas, gays y bisexuales.

El anuncio se realizó el 25 de agosto, a través de publicaciones oficiales y medios estadounidenses como Reuters y The New York Times. El giro estratégico coincide con protestas, debates y medidas legislativas en varios estados, donde gobernadores republicanos han impulsado restricciones al acceso de personas trans a derechos básicos como la atención médica, el deporte escolar y el uso de baños públicos de acuerdo con la identidad de género.

Los motivos detrás de la decisión

La organización justifica su decisión en la necesidad de “volver a las raíces” del activismo LGB dentro del espacio conservador. Hemminger sostuvo que la ampliación de la agenda para incluir temas trans ha generado divisiones internas y desviado el foco de los desafíos concretos de la población LGB. “Después de un diálogo profundo con la membresía, el consejo determinó que la organización debe responder al llamado de su base”, afirmó el portavoz a Reuters.

Desde la perspectiva de los Log Cabin Republicans, la defensa de los derechos de lesbianas, gays y bisexuales sigue siendo un reto dentro del Partido Republicano, y la inclusión de causas transgénero habría diluido la eficacia de su acción política.

Contexto: políticas federales y clima social

La decisión ocurre en paralelo a una serie de acciones del gobierno federal para restringir derechos trans. La administración Trump ha emitido directivas que exigen el reconocimiento legal exclusivo de dos sexos —masculino y femenino— y ha iniciado investigaciones contra escuelas y universidades que mantienen políticas inclusivas para personas trans. El Departamento de Educación ha reiterado que los recortes de fondos buscan “garantizar el cumplimiento de la ley federal”.

A nivel estatal, varios gobernadores republicanos han promovido leyes que impiden a menores de edad acceder a tratamientos de afirmación de género y limitan la participación de personas transgénero en deportes escolares, entre otras restricciones.

Repercusiones: reacciones de la sociedad civil y la administración

El anuncio de los Log Cabin Republicans fue recibido con duras críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y grupos LGBTQ+. Voceros de la American Civil Liberties Union (ACLU) y Human Rights Campaign advirtieron que la medida “profundiza la fragmentación interna” y “debilita la protección colectiva” del movimiento en un contexto de amenazas crecientes. “Este tipo de decisiones envía un mensaje peligroso: que existen derechos de primera y segunda clase dentro de la diversidad sexual”, declaró un portavoz de Human Rights Campaign a Reuters.

Por su parte, la administración Trump defendió las nuevas restricciones como un intento de “proteger la integridad de las instituciones y la verdad biológica”, según comunicados oficiales. Funcionarios federales aseguran que las investigaciones buscan garantizar derechos para “todos los estudiantes”, aunque activistas trans sostienen que las políticas oficiales han incrementado la discriminación y el aislamiento social.

Testimonios y antecedentes

Ross Hemminger, presidente de Log Cabin Republicans, defendió la decisión como “un regreso al mandato original” del grupo, fundado para combatir la discriminación contra gays y lesbianas en el seno del Partido Republicano. La inclusión de la agenda trans, adoptada en 2015, fue considerada por algunos miembros como un avance necesario, pero también generó resistencia entre quienes consideran que las demandas de la población transgénero requieren estrategias políticas distintas.

Activistas y miembros de agrupaciones trans han manifestado preocupación por la reducción de apoyos institucionales en momentos de vulnerabilidad política. “La exclusión por parte de aliados históricos puede agravar la situación de quienes ya sufren políticas hostiles y estigmatización”, afirmó un activista trans a Reuters.

El punto de mayor tensión surgió tanto en la promesa de priorizar a los nacionales como en la instrucción a Migración Colombia para coordinar acciones con la Policía de Barranquilla, estableciendo como prioridad a quienes cometan delitos y luego a quienes no tengan regularizada su situación.

Coral, cuyo nombre completo es Franklin Humberto Coral Garrido, afirmó que la medida afecta también a venezolanos que respaldaron políticamente al mandatario. En sus redes sociales resumió su crítica con una frase directa: llamó al presidente “El Trump corroncho” y lo acusó de amenazar con deportar a los venezolanos.

De la Espriella fijó una consigna de prioridad nacional. “Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, dijo el presidente, antes de dar la orden de iniciar operativos.

La orden presidencial puso el foco en venezolanos sin situación regular

El mandatario detalló el alcance del operativo y estableció dos grupos bajo observación. “Que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la instancia tendrán que ser deportados”, señaló.

Abelardo de la Espriella ordenó actuar contra inmigrantes ilegales y anticipó deportaciones para quienes no regularicen su estatus. Beto Coral respondió que esa decisión convierte hechos delictivos de una minoría en un señalamiento contra toda la comunidad venezolana.

La crítica del activista se centró en este punto. “Aquí nadie está diciendo que una persona que comete un delito no deba responder ante la justicia. Claro que debe hacerlo, pero estamos hablando de una minoría y no se puede utilizar a quienes delinquen como excusa para señalar, estigmatizar, amenazar y perseguir a toda una comunidad venezolana”, sostuvo.

El activista sostuvo que la medida no puede separarse del lenguaje con el que fue presentada. Según él, el problema no es solo la persecución del delito, sino la extensión de la sospecha a un grupo migrante completo.

En ese marco, reclamó un trato digno para los venezolanos residentes en el país. “Los venezolanos merecen respeto, consideración y un trato digno”, afirmó Coral, tras cuestionar que se use la condición migratoria como eje de una amenaza pública.

Su objeción incluyó una lectura política más amplia sobre el estilo del mandatario. “Este señor, en su afán permanente de imitar a Donald Trump, de copiarle su discurso, las formas y hasta la retórica contra los migrantes, ahora sale con este tipo de disposiciones y amenazas”, expresó.

Coral sumó una dimensión política al recordar que hubo venezolanos involucrados en la defensa del proyecto del presidente. Según él, participaron en discusiones políticas, redes sociales y en los barrios, bajo la consigna “Firmes por la patria”.

Presentó la decisión como una muestra de ingratitud. “Así trata el señor Abelardo de la Espriella a muchos de los venezolanos que incluso ayudaron a elegirlo”, afirmó.

También rechazó usar ese antecedente para burlarse de quienes hoy se sienten amenazados. “No voy a salir ‘se los advertimos’ ni a celebrar porque algunos hayan apoyado políticamente a Abelardo. Al contrario, lo que corresponde es apoyarlos, solidarizarnos y defender que sus derechos sean respetados”, dijo.

Coral utilizó un argumento histórico para cuestionar la decisión. Recordó que durante los años más duros de la violencia en Colombia, Venezuela recibió a colombianos que cruzaron la frontera en busca de trabajo y refugio.

“Durante décadas, especialmente los años más duros de la violencia colombiana, Venezuela recibió a cientos de miles de colombianos que buscaron allá trabajo, refugio y una nueva vida”, afirmó. A partir de ese antecedente, pidió “memoria y reciprocidad” para los venezolanos que hoy viven en Colombia.

Su intervención finalizó con una referencia a quienes, según él, llegaron al país tras ser expulsados de Estados Unidos. “Muchos venezolanos han sufrido persecución y estigmatización en Estados Unidos y algunos tienen que escuchar en Colombia discursos que los vuelven a poner en el mismo lugar”.

La administración del presidente Donald Trump impulsa una modificación estructural en el sistema migratorio laboral que busca elevar la tarifa de la visa H-1B a 103.265 USD de forma permanente. Esta iniciativa, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, pretende reemplazar el arancel temporal de 100.000 USD que fue bloqueado judicialmente en junio pasado.

El gobierno estadounidense sostiene que el incremento busca recuperar los costos federales asociados a la gestión, la verificación de antecedentes y la seguridad nacional del sistema migratorio.

Qué es la visa H-1B y cómo funciona el programa

La visa H-1B constituye un mecanismo fundamental dentro del sistema migratorio laboral de Estados Unidos. Este permiso permite que las empresas estadounidenses contraten de manera temporal a profesionales extranjeros para desempeñar labores en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos técnicos, científicos o académicos avanzados.

El programa funciona como un puente para cubrir vacantes en sectores donde las compañías no encuentran suficiente mano de obra calificada local. Los beneficiarios suelen ser perfiles con títulos universitarios o superiores, orientados a industrias de alta especialización como la tecnología, la ingeniería, la medicina y la investigación científica.

El Congreso estadounidense estableció este programa en 1990 para facilitar el acceso a talento global. La normativa limita la emisión a 65.000 visados generales cada año, con una reserva adicional de 20.000 permisos para trabajadores que poseen títulos de posgrado o superiores obtenidos en instituciones académicas del país.

Los trabajadores seleccionados obtienen una autorización de trabajo inicial por tres años, la cual permite una renovación única para completar un periodo máximo de seis años. Este esquema es utilizado masivamente por firmas tecnológicas, consultoras globales y centros de salud para reclutar especialistas de países como India y China.

Justificación y objetivos oficiales

La propuesta establece que la nueva tasa se aplicará únicamente a las peticiones sujetas al límite anual, incluyendo las exenciones por grados avanzados. El Departamento de Seguridad Nacional estima que la medida generará ingresos cercanos a los USD 8.800 millones anuales.

Las autoridades argumentan que los empleadores que solicitan estos perfiles poseen mayor capacidad financiera para absorber el costo que los solicitantes individuales. Los fondos recaudados se destinarán a:

• Sistemas de gestión de registros y tecnología de la información.
• Operaciones de verificación de fraude y seguridad nacional.
• Coordinación entre agencias federales como el Departamento de Justicia y el Departamento de Trabajo.

Impacto en el mercado laboral y empresas

La medida afecta directamente a las empresas que actúan como patrocinadores. El costo anterior de estas gestiones oscilaba entre 2.000 y 5.000 USD. La implementación de la nueva cifra genera preocupación en diversos ámbitos:

• Sector Tecnológico: Firmas como Google, Amazon, OpenAI y consultoras globales, entre ellas Deloitte y Tata Consultancy Services, son los principales usuarios del programa.
• Servicios Esenciales: Hospitales, universidades y escuelas han advertido que el arancel dificulta la contratación de enfermeros y docentes, agravando la escasez de personal cualificado.
• Pequeñas Empresas: El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que el costo elevado podría reducir drásticamente el número de peticiones presentadas por firmas de menor tamaño.

Controversias y procesos judiciales

La política migratoria del gobierno enfrenta una serie de desafíos legales significativos. Un tribunal de apelaciones en Boston revisa actualmente la decisión de un juez federal que calificó como ilegal el cobro de la tarifa de 100.000 USD impuesta en septiembre de 2025.

Estados liderados por el Partido Demócrata, junto a coaliciones de sindicatos y gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, han presentado demandas contra la administración. Los expertos prevén que estos casos legales se modificarán para cuestionar formalmente la nueva propuesta una vez que sea finalizada.

Nuevos filtros y control migratorio

Además de las tarifas, el gobierno endureció los protocolos de revisión para los solicitantes. El Departamento de Estado ordenó a sus consulados un escrutinio minucioso de perfiles en plataformas como LinkedIn y currículos, extendiendo esta vigilancia a los familiares acompañantes.

El enfoque se centra en detectar a trabajadores extranjeros que pudieran haber participado en la supresión de expresiones protegidas. Estas medidas han provocado que empresas como Google trasladen parte de sus operaciones fuera de Estados Unidos, específicamente hacia India, para evitar las restricciones en la contratación.

Tendencias actuales en la demanda

Los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración muestran un descenso en la demanda del programa bajo la actual coyuntura política. Las cifras oficiales revelan el comportamiento reciente de las solicitudes:

• 2023: Se registraron 759.000 peticiones.
• 2024: La demanda cayó a 344.000 solicitudes.
• Febrero 2026: Solo 70 empleadores pagaron la tarifa de 100.000 USD para 85 aplicaciones.

La administración mantiene su postura de priorizar la protección de empleos locales, argumentando que el programa ha sido utilizado para desplazar a trabajadores estadounidenses mediante la contratación de mano de obra extranjera con salarios menores.

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que investiga un video emitido por la televisión estatal de Irán que parece amenazar la vida de Barron Trump, hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump, y que muestra lugares donde el joven pasa tiempo, entre ellos la Torre Trump de Nueva York.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para las personas a las que protegemos”, declaró el portavoz de la agencia, Nate Herring, en un comunicado. “Por motivos de seguridad operativa, no comentamos asuntos de inteligencia de protección”.

El video, de casi tres minutos, fue transmitido durante el fin de semana por IRIB, la cadena estatal iraní, y comienza con un gráfico en inglés que plantea: “¿Dónde matar a Barron Trump?“. El material incorpora gráficos estilizados con ubicaciones que, según la información difundida, son conocidas por ser lugares donde el hijo menor del mandatario pasa tiempo.

El contenido se difundió en un contexto de amenazas contra Donald Trump y miembros de su familia por parte de medios iraníes de línea dura, después del asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, durante el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Una fuente federal de las fuerzas del orden citada por CNN señaló que el video forma parte de una campaña de materiales audiovisuales procedentes de Irán contra Trump y su familia. Según esa fuente, algunos de esos contenidos incluyeron detalles sobre desplazamientos y sugerencias para matar a integrantes de la familia presidencial.

La misma fuente indicó que las operaciones de protección se modifican y ajustan de forma constante con base en información de seguridad procedente del Servicio Secreto, otras agencias estadounidenses, cuerpos policiales y autoridades de otros países.

De acuerdo con la información difundida por el Servicio Secreto, con anterioridad también se habían registrado amenazas contra la primera dama, Melania Trump, pero esta sería la primera ocasión en que Barron aparece como objetivo de un contenido de este tipo.

IRIB, la cadena que emitió el video, es un medio estatal considerado cercano a los sectores de línea dura del régimen iraní. Su director es designado directamente por el líder supremo de Irán.

La difusión del video ocurre después de que Trump hablara de forma pública sobre las amenazas procedentes de Irán contra su vida. En julio, durante la cumbre de la OTAN en Turquía, el presidente estadounidense declaró: “Estoy en cualquier lista que tengan… hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho. Son personas malvadas y enfermas".

Las autoridades estadounidenses también vincularon las medidas de protección para Trump con amenazas específicas. Según una persona familiarizada con el asunto citada por CNN, una de esas amenazas incluyó un misil disparado desde el hombro y alcanzó un nivel de precisión suficiente para que funcionarios estadounidenses consideraran elevado el riesgo para la vida del presidente si viajaba en cualquiera de las versiones del Air Force One.

Como consecuencia de esa amenaza, Trump abandonó Turquía en un avión militar alternativo mediante una operación reservada. Según la información difundida, el presidente subió al aparato oculto dentro de un camión de servicio de comidas.

El Gobierno de Estados Unidos mantiene desde hace años advertencias sobre posibles intentos de Irán para matar a Trump. El antecedente señalado por las autoridades estadounidenses se remonta al ataque con dron ordenado por Trump en 2020, que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani.

Las amenazas volvieron a aparecer durante los actos funerarios celebrados por varios días tras la muerte de Khamenei en julio. En esas concentraciones se observaron seguidores del régimen con carteles que incluían la consigna “Maten a Trump”, además de mensajes con recompensas para quienes vengaran la muerte del líder iraní.

Las manifestaciones contra Estados Unidos también forman parte de las concentraciones organizadas por el Estado iraní desde la Revolución Islámica de 1979. En esos actos son habituales los cánticos de “Muerte a Estados Unidos” y la quema de banderas estadounidenses.

(Con información de Associated Press)

La incertidumbre de miles de hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) llegará a una nueva instancia de negociación el próximo 3 de septiembre, cuando representantes de Honduras se reúnan con funcionarios de la administración de Donald Trump para abordar las alternativas disponibles ante el proceso migratorio que se avecina.

La reunión que fue confirmada a Infobae por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, explicó que la cita responde a una solicitud presentada por el gobierno hondureño desde principios de julio ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El encuentro tendrá como uno de sus principales objetivos dar seguimiento al planteamiento realizado por el presidente hondureño, Nasry Asfura, para que se establezca un período de transición que permita a los beneficiarios del TPS contar con más tiempo para definir su situación migratoria.

La delegación hondureña también pretende poner sobre la mesa las circunstancias particulares de quienes todavía dependen de esta protección y solicitar que sus casos puedan ser evaluados de manera individual.

Flores Bermúdez confirmó que la fecha ya fue concedida por las autoridades estadounidenses y adelantó que Honduras llegará a la mesa de diálogo con argumentos destinados a reforzar su petición.

Por ahora, Honduras no tiene garantías sobre el resultado de la conversación. La representación diplomática reconoce que la decisión final corresponde a las autoridades estadounidenses y que la posibilidad de modificar la política migratoria enfrenta obstáculos.

Estatus de Protección Temporal

Uno de los argumentos que llevará Honduras a Washington es que no todos los beneficiarios del TPS se encuentran en las mismas condiciones.

Después de años de permanencia en Estados Unidos, algunos hondureños han formado familias, establecido negocios, pagado impuestos o construido vínculos económicos y sociales que, según la posición hondureña, deberían ser considerados antes de adoptar una decisión definitiva sobre su futuro migratorio.

Entre los ejemplos mencionados por Flores Bermúdez figuran los compatriotas que contrajeron matrimonio con ciudadanos estadounidenses, así como personas que durante años han cumplido con sus obligaciones tributarias y desarrollado empresas que generan actividad económica.

La intención es que estas circunstancias puedan ser tomadas en cuenta individualmente y que no todos los beneficiarios sean tratados bajo una única fórmula.

Según la estimación presentada por el embajador, años atrás existían alrededor de 70.000 hondureños beneficiarios del programa, mientras que aproximadamente 25.000 ya lograron regularizar su situación en Estados Unidos mediante procesos de residencia u otros mecanismos.

Para la representación hondureña, esa cifra demuestra que una parte importante de los beneficiarios ya avanzó hacia una solución migratoria permanente.

¿Se extenderá el TPS?

Aunque Honduras buscará convencer a las autoridades estadounidenses de ampliar el período de protección, Flores Bermúdez reconoció que existe una dificultad central: el Gobierno de Estados Unidos mantiene una posición contraria a una nueva extensión del TPS.

Ante ese escenario, la estrategia hondureña contempla plantear alternativas. Una de ellas sería una figura similar al Deferred Enforced Departure (DED), un mecanismo que puede ofrecer protección frente a la deportación durante un período determinado.

La propuesta no se limita a pedir que el TPS continúe indefinidamente. Honduras busca que exista una etapa intermedia que reduzca el impacto de una eventual terminación del beneficio.

La reunión del 3 de septiembre será relevante para los hondureños que todavía dependen del TPS, ya que el resultado de las conversaciones podría influir en el tiempo disponible para buscar una alternativa migratoria.

El encuentro tampoco significa que exista ya un acuerdo entre ambos gobiernos. La cita será, principalmente, un espacio para discutir las opciones planteadas por Honduras y conocer hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington.

Jared Kushner sostuvo este domingo una reunión con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en la ciudad mediterránea de El-Alamein, para abordar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza y el avance del plan de paz estadounidense. Según el portavoz presidencial Mohamed El-Shennawy, ambas partes coincidieron en la necesidad de que todos los actores “cumplan sus obligaciones bajo el acuerdo de alto el fuego” alcanzado para el enclave palestino.

La visita del enviado especial y yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump se produce en un contexto de tensiones renovadas sobre el futuro de Gaza y el cumplimiento de la hoja de ruta planteada por Washington, que contempla el desarme del grupo terrorista Hamas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes del territorio.

La iniciativa enfrenta el rechazo explícito del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien el fin de semana pasado declaró que “Israel rechaza el documento de 15 puntos”.

Paralelamente al encuentro entre Estados Unidos y Egipto, una delegación de Hamas mantuvo conversaciones en El Cairo con el jefe de la Inteligencia egipcia, el mayor general Hasán Rashad, para denunciar “violaciones diarias” al alto el fuego por parte de Israel y reclamar el cumplimiento de los acuerdos de octubre de 2025, alcanzados en Sharm el Sheij. Según un comunicado difundido por el diario Filastin, el jefe negociador de la organización terrorista palestino, Jalil al Haya, abordó junto a las autoridades egipcias la situación en Cisjordania y Gaza, y calificó de “desprecio” la actitud israelí hacia los compromisos asumidos.

El plan impulsado por Trump incluye la entrega de armas por parte de Hamas a una autoridad palestina de transición, así como la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización aprobada por Israel para supervisar la seguridad en la Franja. El diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, confirmó que las autoridades israelíes dieron “luz verde” al despliegue de esta misión de paz impulsada por Washington.

Netanyahu insistió en que “las fuerzas israelíes no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamas esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”. La postura de Israel marca un nuevo desacuerdo entre los ejecutivos de Tel Aviv y Washington, aunque el propio Netanyahu calificó a Trump como “su mayor amigo en la Casa Blanca” y subrayó que ambos gobiernos mantienen conversaciones abiertas sobre el futuro de Gaza.

El presidente Trump abordó públicamente el tema desde el Despacho Oval, asegurando que su relación con Netanyahu es “muy buena”, pese a las diferencias por el plan de paz. “La relación es muy buena”, afirmó el mandatario al ser consultado por la prensa.

El representante de la Junta de Paz para Gaza, Mladenov, calificó el acuerdo de alto el fuego como “la única vía a seguir” para evitar una escalada similar a la registrada el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la guerra entre Israel y Hamas tras la brutal masacre del grupo terrorista en territorio israelí.

Por su parte, el integrante del buró político de Hamas, Basem Naim, instó a Estados Unidos a ejercer presión sobre el ejecutivo israelí para garantizar la aplicación del acuerdo y evitar retrasos derivados de la coyuntura política interna. “Estados Unidos debería presionar a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales”, declaró a AFP.

La hoja de ruta estadounidense supone la última etapa de un proceso de alto el fuego anunciado en octubre, que redujo la intensidad de las operaciones militares israelíes sin detener completamente los ataques. El texto contempla la transferencia de la administración de Gaza a una nueva autoridad palestina durante un periodo de transición.

La mediación de Egipto y la participación directa de Estados Unidos buscan consolidar el cese de hostilidades y sentar las bases para la reconstrucción del enclave, aunque la persistencia de desacuerdos políticos entre Israel y Hamas mantiene en vilo la viabilidad del plan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país ejerce el control total del estrecho de Ormuz, en contradicción con la posición de Irán, que mantiene bloqueada esta vía marítima estratégica desde mediados de julio.

“Ya está abierto. El único que controla el estrecho de Ormuz en este momento es la Armada de Estados Unidos”, declaró el mandatario ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump reconoció que Irán coloca minas navales de forma esporádica, pero sostuvo que las fuerzas estadounidenses han desminado por completo el paso y que su país lo controla “al 100%”. Añadió que, cuando Teherán deja alguna mina en el agua, la Armada la localiza y neutraliza sin que ello afecte la circulación de buques.

Las palabras del presidente contrastan con la posición oficial iraní, reiterada el pasado fin de semana. El régimen sostiene que el estrecho seguirá cerrado hasta que Washington cumpla una serie de condiciones políticas, con independencia de los avances técnicos que negocia con Omán para establecer nuevas rutas de navegación.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, señaló que ese entendimiento con Mascate se encuentra en su “fase final” y definiría las rutas que podrían usar los buques una vez satisfechas las demás exigencias de Teherán. Entre ellas figuran el levantamiento del bloqueo naval, el fin de las sanciones económicas, la liberación de activos iraníes congelados en el exterior y una compensación por los daños causados por la guerra.

A esas condiciones se sumó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr, quien exigió también el cese de las “amenazas militares” contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, además de la retirada de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región. “Estas son las demandas del pueblo iraní”, afirmó, y advirtió que su país “nunca cederá” ni en el terreno militar ni en la mesa de negociación.

El conflicto se remonta al 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán con el argumento de impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear. La guerra derivó pronto en una disputa por el control del estrecho de Ormuz, paso por el que circulaba antes del bloqueo cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado que se comercia en el mundo. Un alto el fuego temporal negociado en abril con mediación de Pakistán no impidió que las hostilidades se reanudaran semanas después.

El pulso diplomático se agravó tras la denuncia de Emiratos Árabes Unidos, que acusó a Irán de atacar un buque cisterna de la petrolera estatal ADNOC en el estrecho. Omán, país ribereño que media entre ambas partes, calificó de “positivas” las conversaciones con Teherán, aunque advirtió que los ataques a embarcaciones podrían afectar la negociación en curso.

Trump respondió el lunes a las exigencias iraníes a través de su red social Truth Social, donde adelantó que reclamará a Irán una compensación por “abusos cometidos en el pasado” y una indemnización para las familias de manifestantes reprimidos por el Estado. La postura estadounidense diverge así de la iraní no solo en el diagnóstico sobre quién controla Ormuz, sino en la dirección misma de las reparaciones de guerra que ambos países se exigen mutuamente.

La disputa por el estrecho seguirá marcando el ritmo de las negociaciones en las próximas semanas. Mientras Washington insiste en que la vía está despejada y operativa, Teherán condiciona cualquier normalización del tráfico marítimo a un giro político que la Casa Blanca no ha mostrado disposición a dar, lo que mantiene en vilo a los mercados energéticos globales.

El gobierno de Javier Milei, que este lunes cumplirá 32 meses como presidente de la Nación, dos tercios de un mandato que buscará revalidar dentro de poco más de 14 meses, disfruta de los mejores términos de intercambio de los últimos 125 años de historia económica de la Argentina.

Se trata de la relación entre el precio de los bienes que exporta e importa un país y es uno de los indicadores más relevantes para medir cuán favorable o desfavorable es el contexto internacional para una economía, además de ser el más apto para la comparación a través del tiempo.

Otras variables, como el ciclo económico mundial o regional, la tasa de interés internacional y el índice de riesgo país, la intensidad de las corrientes globales de inversión, los cambios tecnológicos o la evolución de las economías vecinas (en particular, si se trata de economías grandes) son menos reductibles a una serie histórica.

El gráfico de abajo, en base al último informe del estudio de Miguel Ángel Broda, consultor económico que hace 39 años mantiene su ciclo mensual, muestra que los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio de 1900 hasta el presente.

Los términos de intercambio actuales son casi 49% superiores al promedio desde 1900 al presente (Broda)

El gráfico también permite observar que el anterior pico, levemente inferior al actual y ubicado un 47% por sobre el promedio histórico, ocurrió en 2012, primer año completo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). También muestra que de 2003 a 2012 los términos de intercambio subieron casi sin pausa, testimonio de la extraordinaria y sostenida oportunidad histórica que el país tuvo y desperdició entonces para sentar sobre bases firmes un proceso de desarrollo que trascienda el crecimiento de algunos años.

Otros picos, como los de 1909, cuando Argentina transitaba una etapa de rápida expansión, o 1948, el cenit de la primera economía peronista, o 1973, cuando el aumento de los precios de los alimentos y las materias primas que exportaba el país se adelantó al primer shock petrolero, que luego desbarrancó el breve crecimiento de la economía camporista, al inicio del tercer peronismo, muestran el extraordinario peso de los términos de intercambio.

También lo evidencian los momentos bajos, como el de 1922, al final del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, cuyo sucesor, Marcelo Torcuato de Alvear, disfrutó del repunte posterior, que llegó hasta la depresión económica mundial, el derrumbe del indicador y, en ese contexto, la creación del BCRA, así como las circunstancias comerciales muy desfavorables en que asumieron los gobiernos de Arturo Frondizi (1958) y Fernando de la Rúa (1999).

Contexto favorable, resultados desiguales

Lo cierto es que hoy el conflicto en Medio Oriente, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China y la demanda de petróleo, gas y minerales críticos derivada del vector de crecimiento que constituyen las demandas de infraestructura y energía de la Inteligencia Artificial, juegan muy a favor de la economía.

Lo refleja un superávit comercial de casi USD 14.000 millones en el primer semestre del año (400% más que en igual período de 2025), del que el saldo energético proveyó la mitad (casi USD 7.000 millones). El saldo total sería más que el doble a fin de año, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas.

El saldo total sería a fin de año más del doble del registrado en el primer semestre, gracias también a una extraordinaria producción agrícola, que este año orillaría los 170 millones de toneladas

Esas fuerzas traccionaron a su vez un boom de inversiones muy localizadas en torno a Vaca Muerta, como el oleoducto Duplicar Plus y el avance del Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que podría estar listo a fin de año, mientras avanzan, además, las inversiones mineras (por ahora más focalizadas en la infraestructura) en el NOA y Cuyo.

Economía a dos velocidades

Las extraordinarias condiciones externas a favor, sin embargo, no se terminan de reflejar en el conjunto de la economía. Si se toman los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, el indicador más cercano a la evolución del PBI, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 solo cuatro sectores crecieron más del 10% (Agricultura, Ganadería y Pesca, Intermediación financiera, Energía y Minería) y Transporte y Comunicaciones lo hizo levemente. En tanto, registraron caídas: Construcción (15%), Industria manufacturera (9,1%), Comercio (4,8%), amén de Administración Pública y Defensa y Servicios sociales.

Los sectores que crecieron explican cerca del 18% del empleo (directo) formal total y los que cayeron el 82%. He ahí un motivo de las crecientes dificultades políticas que enfrenta el gobierno, cuyos principales logros -como la reducción de la inflación y del índice de riesgo país y también del desorden callejero- encuentran límites.

Muestras de eso son el 2,9% de inflación minorista de julio en CABA, la caída en los índices de confianza en el gobierno y los magros resultados legislativos del gobierno en el Congreso, donde una agenda que el arco político no oficialista considera extrema e ideologizada, sirve más para aglutinar fracciones opositoras que para sumar votos y voluntades a favor de la agenda oficial.

Brasil, conflicto político y peso económico

En ese contexto, además, el propio Milei generó un choque con Brasil, principal socio económico y comercial de la Argentina.

Viene al caso recordar que entre 2000 y 2010 el PBI nominal en dólares de Brasil pasó de USD 660.000 millones a USD 2,2 billones, un aumento de casi 240%, que ejerció una fenomenal tracción sobre la economía argentina, como resultado del crecimiento real de Brasil y de la sobrevaluación en que desde 2003 incursionó su moneda, efecto inverso al de la devaluación que en enero de 1999 selló la larga agonía de la convertibilidad uno a uno entre el peso y el dólar que entonces sostenía Argentina.

Por eso tantas voces, desde Domingo Cavallo hasta Roberto Frenkel y Carlos Melconian, pasando por el propio Broda, difieren en distintos grados con la política cambiaria oficial, que según el Índice Big Mac sobrevalúa en 19% el peso respecto del dólar si se tiene en cuenta el nivel de ingresos locales.

En ese marco, incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, incurrió en exabruptos, como tratar de “tarados” a quienes piden defender a la industria pero reivindican políticas que llevaron a que muchos bienes costasen en la Argentina entre dos y diez veces mas que su precio internacional, lo que a su vez despertó la reacción del presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Más aun: el viernes, tras conocerse los datos del Índice de Producción Industrial (IPI), Diego Coatz, hasta marzo pasado director del Centro de Estudios de la UIA y hoy al frente de “Industria & Desarrollo”, señaló que en el primer semestre el PBI industrial se contrajo 2,2%y que desde enero de 2024, mientras los precios fabriles aumentaron 144%, el IPC aumentó 235% y los servicios 400 por ciento. Siete de las 12 principales cadenas industriales, enumeró, están entre 30% y 40% debajo de sus máximos de los últimos diez años y operan con cerca de 40% de capacidad ociosa, y desde diciembre de 2023 hasta abril pasado se perdieron 3.759 empresas industriales. Solo en los primeros 4 meses de este año, precisó, cerraron 1.070 empresas.

¿Cuán importante es, en este contexto, el conflicto con Brasil, que de los insultos de Milei al presidente brasileño, Luiz Inaçio “Lula” da Silva, pasó a la decisión de este de retirar a su embajador en la Argentina?

Marcelo Elizondo, consultor en negocios internacionales, representante en la Argentina de la Cámara de Comercio Internacional, director de la Maestría en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), destacó a Infobae la diferencia de enfoque entre ambos gobiernos.

Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur (Elizondo)

“Argentina está considerando esto un mero entredicho político que no afecta la relación entre los Estados, y Brasil acude a la convencional vía diplomática. ¿Qué impacto puede tener? Hay una cobertura que puede limitar ese impacto: el Tratado del Mercosur. Si Brasil se atiene al mismo, no puede imponer sanciones unilaterales”.

Por ejemplo, explicó Elizondo, el Tratado prevé que una restricción de un país a otro tiene que estar fundada y que las causas de esas sanciones deben estar previstas en el Tratado y no está previsto que un entredicho entre presidentes sea una causal. En segundo lugar, siguió el experto, eso tendría que ser aplicado por un Tribunal de Solución de Controversias formado por técnicos de los cuatro países del bloque.

“Es complejo. No es como cuando dos países tienen dificultades entre sí. Acá hay una cobertura institucional, el Tratado del Mercosur y algunos otros, como el Tratado Bilateral de la Industria Automotriz, que también limitan la posibilidad de sanciones. Y está el tema de la conveniencia. A ninguno de los dos les conviene escalar el conflicto. Para Brasil, Argentina es el tercer mercado externo más importante y el primer destino para sus exportaciones industriales. No creo que tenga ganas de meterse en algo que vaya más allá de esta protesta diplomática”, afirmó el Elizondo.

En cuanto al futuro, consideró Marcelo Elizondo que el conflicto tendrá cierta intensidad hasta las elecciones de Brasil (primera vuelta en octubre, segunda en noviembre) y allí se detendrá.

“La tensión ha llegado a un nivel en el que creo que a Argentina no le conviene que esto siga escalando. Después del proceso electoral, si gana Lula nuevamente la relación no volvería a los niveles de confianza y amistad de antes, seguirá como ahora, con dos presidentes que no hablan entre sí, pero con países que sí actúan entre sí”.

Al respecto, Elizondo destacó que en los últimos años hubo avances bilaterales. Los gobiernos de Lula y Milei firmaron un acuerdo de cielos abiertos, otro para vender gas de Argentina a Brasil y se eliminaron restricciones al comercio del anterior gobierno argentino.

Si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos (Elizondo)

”Imagino que, si gana Lula, la relación seguirá en esos términos. Y si gana Flavio Bolsonaro, Milei perdería algo de estatus regional, porque Brasil es un país más grande e importante para Estados Unidos y Donald Trump podría darle a Bolsonaro la preeminencia que hoy tiene Milei como ideólogo regional”, alertó.

“La convergencia por orientación ideológica de los gobiernos se está viendo en todo el mundo. Incluso dentro de la Unión Europea uno ve que los gobiernos de derecha se acercan entre sí y los de izquierda entre sí y entre ambos hay críticas públicas, como pasa con Trump y sus diferencias con los gobiernos de Canadá y México, países con los que Estados Unidos tiene un acuerdo de libre comercio. Eso antes no pasaba. La globalización de la discusión política ha llevado a que algunos presidentes actúen como líderes políticos más que como jefes de gobierno. Si ganara Bolsonaro sería el presidente de un país que es tres veces la Argentina. Le quitaría a Milei el rol de primus inter pares entre los gobiernos de derecha de la región pero, por otro lado, le daría un aliado muy grande y además le permitiría cambiar el Mercosur, algo que quiere hace rato: abrirlo, flexibilizarlo, internacionalizarlo”.

El senador republicano por el estado de Kentucky, Rand Paul, envió este jueves una solicitud formal al Departamento de Justicia para que procese penalmente al Dr. Anthony Fauci, horas después de que el comité del Senado que preside aprobara una resolución de desacato al Congreso contra el exfuncionario. La medida convierte a Paul en el impulsor directo de una posible acusación criminal contra quien fuera el rostro de la respuesta federal ante el COVID-19.

La remisión llegó tras la audiencia del 29 de julio en Washington D.C., donde Fauci, de 85 años, se acogió a la Quinta Enmienda más de 100 veces sin responder ninguna pregunta sobre su gestión de la pandemia. Según Reuters, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado aprobó la resolución de desacato por estricta línea partidista: todos los republicanos a favor, todos los demócratas en contra.

La jugada de Paul: saltarse el pleno del Senado

El senador de Kentucky no llevó la resolución al pleno del Senado antes de remitirla al Departamento de Justicia. La razón, que el propio Paul reconoció según PBS, es aritmética: los republicanos no cuentan con los 60 votos necesarios para avanzar en esa instancia.

Los demócratas presentaron cinco mociones para retrasar la votación del comité. Paul las rechazó una por una y describió el paso al pleno como innecesario.

Esa decisión generó una advertencia inmediata del experto legal Stanley Brand, especializado en investigaciones del Congreso. “No hay autoridad para que el Departamento de Justicia tome un proceso de desacato sin seguir los procedimientos del estatuto”, dijo a Reuters. Brand sostuvo que la remisión directa podría quedar “nula y sin efecto”.

Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó la recepción del documento. “Hemos recibido el documento, lo estamos revisando y trabajaremos con el Senado en consecuencia”, indicó la dependencia.

Por qué Paul cree que la Quinta Enmienda no aplica

El argumento central del senador es que Fauci no tenía motivo constitucional para guardar silencio. El expresidente Joe Biden le concedió un indulto preventivo en enero de 2025 para protegerlo de “procesamiento injustificado y políticamente motivado” vinculado al COVID-19, con cobertura sobre actos federales cometidos desde 2014 hasta esa fecha.

Bajo esa lógica, si el indulto eliminó el riesgo de procesamiento federal, la Quinta Enmienda perdía su sustento. “Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad”, remarcó Paul.

El senador también argumentó que Fauci había renunciado a cualquier protección remanente al haber testificado previamente ante el Congreso. Su declaración de apertura fue directa: “Buscar la verdad no es una cacería de brujas”.

La defensa de Fauci y la respuesta demócrata

El abogado de Fauci, David Schertler, calificó la votación como “un burdo truco político para castigar al Dr. Fauci por ejercer sus derechos constitucionales”. Agregó: “El Dr. Fauci no ha cometido ningún delito, y el senador Paul lo sabe”. Schertler describió el proceso como la continuación de una “vendetta personal”.

Fauci, por su parte, explicó antes de invocar la Quinta Enmienda que tenía razones fundadas para temer cargos criminales, y citó el “empeño público” del propio Paul en llevarlo, en sus palabras, “tras las rejas”. Durante la audiencia del 29 de julio pronunció una sola declaración de 24 palabras: que por consejo de sus abogados se acogía a ese derecho constitucional.

La senadora demócrata Maggie Hassan argumentó, según AP, que la audiencia buscaba “forzar un error” para presentar cargos nuevos no cubiertos por el indulto. El senador Gary Peters advirtió que castigar a un testigo por invocar la Quinta Enmienda podría desincentivar la comparecencia voluntaria ante el Congreso en el futuro.

Qué puede pasar ahora y qué precedentes existen

El desacato al Congreso es un delito menor tipificado bajo el artículo 2 U.S.C. § 192, con pena máxima de 12 meses de prisión y multa de hasta USD 100.000. La fiscalía federal del Distrito de Columbia, dirigida por la aliada de Trump Jeanine Pirro, tiene ahora en sus manos la decisión de convocar o no a un gran jurado. El Departamento de Justicia no está legalmente obligado a procesar la remisión y puede archivarla.

El presidente Donald Trump señaló a Reuters que la dependencia “debería potencialmente procesar” a Fauci y lo comparó con sus exasesores Steve Bannon y Peter Navarro, quienes cumplieron cuatro meses de prisión bajo el mismo cargo tras negarse a declarar ante el comité que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

El indulto de Biden, además, no cubre posibles cargos estatales ni declaraciones falsas ante el Congreso posteriores a enero de 2025. Según AP, el resultado de este proceso podría fijar un precedente sobre la capacidad del Congreso para obligar a declarar a testigos que ya recibieron un perdón presidencial, con consecuencias que van más allá del caso Fauci.

El presidente Donald Trump firmó el 6 de agosto dos órdenes ejecutivas que restringen la ciudadanía por nacimiento para cuatro categorías de personas nacidas en suelo estadounidense. La medida llega apenas cinco semanas después de que el Tribunal Supremo rechazara, por 6 votos contra 3, su intento anterior de eliminar ese derecho de manera amplia.

Las nuevas órdenes son deliberadamente más acotadas que la anterior. En lugar de atacar la ciudadanía por nacimiento de forma general, apuntan a grupos específicos con el argumento de que ya existen excepciones históricamente reconocidas por los propios tribunales.

Las cuatro categorías que pierden el acceso automático a la ciudadanía

La primera orden, titulada “Continuación de la protección del significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, instruye a las agencias federales a no emitir documentos de ciudadanía para niños nacidos en estas circunstancias.

El texto oficial aplica cuando ninguno de los padres es ciudadano estadounidense y al menos uno cae en alguno de estos supuestos, según la Casa Blanca:

• Hijos de “enemigos extranjeros”: personas cuyos padres sean miembros de organizaciones terroristas designadas por el gobierno federal bajo el Código 8 U.S.C. § 1189, o terroristas globales designados bajo la Orden Ejecutiva 13224.
• Hijos de empleados oficiales extranjeros: abarca embajadores, personal de embajadas y consulados que sean nacionales del país extranjero, empleados de gobiernos extranjeros en funciones oficiales, y trabajadores de organismos internacionales con inmunidad diplomática.
• Nacidos mediante transacciones comerciales o fraude: incluye a quienes pagaron para que la madre viajara a Estados Unidos a dar a luz, quienes contrataron una gestante subrogada en territorio estadounidense con ese fin, y quienes usaron engaños o documentos falsos para obtener la ciudadanía para el bebé. El texto oficial agrupa estas tres situaciones en una sola categoría.
• Nacidos en ciertos territorios o aguas estadounidenses: específicamente en aquellos donde ninguna ley federal confiere la ciudadanía de forma automática.

La propia orden aclara que esta lista no es exhaustiva, lo que deja abierta la puerta a restricciones adicionales en el futuro.

Qué tan extendido está el turismo de nacimiento

La segunda orden, titulada “Fin del turismo de nacimiento”, delega en los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional la autoridad para denegar visas, revocar autorizaciones de viaje y expulsar a quienes ingresen al país con ese propósito, de acuerdo con Jurist.

Las cifras sobre su alcance real son objeto de debate. El Centro de Estudios de Inmigración (CIS) estimó en 2020 entre 20.000 y 26.000 nacimientos anuales vinculados a turistas. Un estudio de investigadores de Penn State publicado en junio de 2026 redujo esa cifra a entre 5.000 y 10.000 nacimientos por año, equivalente al 0,3% del total de nacimientos en el país, según PolitiFact.

Trump afirmó ante la prensa que la práctica la ejercen “cientos de miles” de personas, una cifra que los investigadores independientes no respaldan. Lo que sí está documentado es que dar a luz en suelo estadounidense siendo extranjera no constituye un delito, pero sí lo es obtener una visa ocultando ese propósito, conforme a la legislación migratoria vigente.

Por qué el Tribunal Supremo bloqueó el primer intento

El 30 de junio de 2026, el Tribunal Supremo resolvió el caso Trump v. Barbara y anuló la orden ejecutiva que Trump había firmado el primer día de su segundo mandato. Esa orden buscaba reinterpretar la Decimocuarta Enmienda para excluir de la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes sin documentos o con visas temporales.

El presidente del tribunal, el juez conservador John Roberts, escribió la opinión mayoritaria: “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘cada persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”. Cuatro jueces liberales y el también conservador Roberts formaron la mayoría; solo tres jueces disintieron, según Jurist y The Guardian.

Trump calificó el fallo de “decisión muy desafortunada” y anunció desde el Despacho Oval que intentaría una nueva vía.

Qué dicen los críticos y qué viene ahora

La American Civil Liberties Union (ACLU) rechazó la nueva estrategia y anunció acciones legales. La organización sostiene que la Decimocuarta Enmienda no deja margen para este tipo de restricciones por vía ejecutiva, y que la categoría referida a territorios estadounidenses requeriría además aprobación del Congreso, según The New York Times.

Las agencias federales tienen 30 días para emitir orientación pública sobre la implementación de la orden. Las familias que podrían quedar dentro de las nuevas categorías aguardan esas aclaraciones.

Los desafíos judiciales son prácticamente inevitables. La pregunta de fondo —si el Ejecutivo puede restringir por decreto un derecho que el Tribunal Supremo acaba de reafirmar— volverá a los tribunales en las próximas semanas.

Trump firmó una proclamación que impone un arancel del 15% y precios mínimos de importación sobre el polisilicio y sus derivados, en un movimiento directo contra la cadena de suministro solar y de semiconductores dominada por China.

La medida, anunciada el 6 de agosto desde Washington, se ampara en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Su objetivo declarado es garantizar que la producción estadounidense de polisilicio —material ultrapuro esencial para chips y paneles solares— sea viable desde el punto de vista comercial, según el texto de la orden presidencial citado por Reuters.

Qué ocurrió y por qué se tomó la decisión

El presidente de Estados Unidos invocó poderes de seguridad nacional para proteger dos cadenas de suministro estratégicas: la de paneles solares y la de semiconductores. Ambas dependen del polisilicio, un material que China produce de forma mayoritaria.

La proclamación busca que Estados Unidos pueda competir con Pekín en inteligencia artificial y energía sin depender de importaciones que, según la administración, llegan a precios artificialmente bajos gracias a subsidios del gobierno chino. Las fábricas solares estadounidenses llevan más de una década denunciando esas prácticas ante las autoridades comerciales.

Qué es el polisilicio y por qué China lo controla

El polisilicio es una forma ultrapura del silicio. Es la materia prima con la que se fabrican las obleas que luego se convierten en celdas solares y, finalmente, en los paneles que alimentan proyectos de energía. También es un insumo en la fabricación de chips.

La industria de los semiconductores representa apenas el 2,4% de la demanda global de este compuesto, según la Asociación de la Industria de Semiconductores. Aunque ese porcentaje resulta reducido, el sector de chips necesita del mercado solar para que la fabricación de este insumo sea rentable a gran escala: sin la demanda proveniente de los paneles, producir la materia prima para chips resultaría económicamente inviable.

El impacto en la industria solar de Estados Unidos

Desde que el Congreso creó incentivos fiscales en 2022, la manufactura solar en Estados Unidos creció con fuerza. Ese crecimiento, sin embargo, se concentró en el ensamblaje de paneles terminados, no en la fabricación de celdas y obleas, que exige inversiones de mayor plazo.

Esa brecha dejó a los fabricantes locales con una dependencia estructural de insumos importados. Las empresas con fábricas solares en el país recibieron la medida con entusiasmo. T1 Energy, First Solar y Qcells —brazo solar de la surcoreana Hanwha— aplaudieron la decisión.

“Esta es una victoria decisiva para la manufactura avanzada estadounidense y la inversión en cadenas de suministro energético domésticas”, dijo Dan Barcelo, CEO de T1 Energy, en un comunicado citado por Reuters. La compañía destina USD 510 millones a la construcción de una fábrica de celdas en Texas, además de su planta de paneles ya operativa en ese estado.

Los precios mínimos que fijó la Casa Blanca

La proclamación estableció pisos de precio para las importaciones de toda la cadena productiva, según un documento de la Casa Blanca:

• Polisilicio: USD 21 por kilogramo.
• Lingotes y obleas de polisilicio: USD 100 por kilogramo.
• Celdas solares: USD 0,22 por vatio.
• Módulos solares (paneles): USD 0,38 por vatio.

Las dos únicas fábricas de polisilicio en el país

Estados Unidos cuenta con solo dos plantas de producción de polisilicio. La primera es Hemlock Semiconductor, con sede en Michigan, una empresa conjunta entre Corning y la japonesa Shin-Etsu Handotai. La segunda pertenece a Wacker Chemie, con sede en Múnich, que opera una fábrica en Tennessee.

Corning celebró la medida. “La decisión de hoy alienta la inversión continua en la capacidad de Estados Unidos y apoya la competitividad del país a largo plazo”, dijo un vocero de la compañía a Reuters. Wacker, por su parte, indicó que aún analiza el alcance de las acciones y agradeció el “compromiso continuo de la administración” con el tema, dada su relevancia para la cadena de suministro de semiconductores y la defensa nacional.

La entrada en vigor diferida y sus riesgos

Las medidas no entrarán en vigor de inmediato. La Casa Blanca fijó el 4 de diciembre de 2026 como fecha de implementación.

Tim Brightbill, abogado comercial de Wiley Rein con experiencia en casos contra empresas solares chinas, advirtió a Reuters que ese plazo podría desatar un aluvión de importaciones en los meses previos. Las empresas compradoras de paneles, en cambio, defienden la demora: argumentan que necesitan ese tiempo para renegociar sus contratos de suministro y adaptarlos a los nuevos precios mínimos.

La proclamación también autoriza al Departamento de Comercio a diseñar un programa de incentivos para las empresas que inviertan en fábricas de polisilicio o de sus productos derivados dentro del territorio nacional.

Las obras en el helipuerto de la Casa Blanca avanzan rápidamente tras la llegada del nuevo helicóptero presidencial. Las autoridades confirmaron que la plataforma de aterrizaje, ubicada en el South Lawn, se encuentra en pleno proceso de renovación para adecuarse al imponente Marine One, recientemente incorporado a la flota de transporte oficial.

La decisión de rehacer el helipuerto responde a la necesidad de adecuar la infraestructura a las nuevas exigencias técnicas y estéticas. El presidente Donald Trump manifestó su descontento con la apariencia inicial de la plataforma y la pendiente del césped, según The Washington Post.

Los trabajos buscan que la base sea armoniosa y funcional, especialmente ante la próxima visita del mandatario chino Xi Jinping a finales de septiembre.

Modificaciones clave en la plataforma y motivos

La remodelación incluye:

• Corrección de la inclinación del terreno, que en algunos sectores alcanza hasta 20 grados.
• Nivelación de la plataforma para que quede alineada con el horizonte.
• Retiro y posible reinstalación del gran sello presidencial de granito de casi 30 metros de diámetro.
• Revisión de materiales para soportar el calor de los motores del nuevo helicóptero.

Aunque los helicópteros pueden operar en superficies levemente inclinadas, la administración prioriza seguridad y estética. Actualmente, el Marine One utiliza el parque The Ellipse, al sur del complejo, como plataforma temporal.

La Casa Blanca indicó que el nuevo helipuerto permitirá:

• Proteger el césped del South Lawn frente al intenso calor de los escapes.
• Evitar daños visibles en la vegetación durante los aterrizajes y despegues.

Las características del nuevo Marine One

El VH-92A Patriot, fabricado por Sikorsky Aircraft, representa una notable evolución respecto al antiguo SH-3 Sea King. Sus principales características incluyen:

• Mayor tamaño y capacidad en comparación con el modelo anterior.
• Sistemas de seguridad y blindaje avanzados.
• Dos motores jet, que requieren una superficie más robusta y nivelada.
• Escapes de calor orientados hacia abajo, que pueden quemar el césped circundante.

El desarrollo del VH-92A lleva más de una década. En 2024, el entonces presidente Joe Biden realizó un viaje emblemático en este helicóptero entre O’Hare y Soldier Field, marcando el inicio de operaciones de la nueva flota.

Costos, financiamiento y futuros proyectos

La construcción del nuevo helipuerto cuenta con un presupuesto estimado entre USD 5 y 6 millones, cubierto en su totalidad por Sikorsky Aircraft. A su vez, la renovación del transporte aéreo presidencial requirió la adquisición de 21 unidades del VH-92A, más dos versiones de prueba, por un monto global cercano a USD 4.950 millones.

Los trabajos en la Casa Blanca no se limitan al helipuerto. Entre los proyectos impulsados durante la gestión de Trump figuran la adición de un salón de baile en el ala este, una nueva cubierta en la pileta reflectante del Lincoln Memorial y la propuesta de construir un jardín de héroes, además de un arco triunfal con una estatua de la Libertad dorada de 18 metros y dos águilas gigantes igualmente doradas.

Declaraciones oficiales sobre la relevancia del helipuerto

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, manifestó: “Durante años, la Casa Blanca necesitaba urgentemente un helipuerto adecuado que permitiera aterrizajes seguros y protegiera el césped del South Lawn de los gases abrasadores del Marine One”. Ingle subrayó que “gracias al presidente Trump, la Casa Blanca nunca ha lucido mejor y continuará mejorando bajo su liderazgo”.

La confirmación de las obras y los cambios implementados responde a un proceso de renovación que busca combinar funcionalidad, seguridad y cuidado estético en uno de los espacios más emblemáticos de Estados Unidos.

¿Qué pasará con la operatividad presidencial durante las obras?

Mientras avanzan las modificaciones, el uso de The Ellipse como pista temporal garantiza que las operaciones presidenciales no se vean afectadas. La Casa Blanca ha priorizado la culminación de la obra antes del arribo del líder chino, lo que ha llevado a los equipos de construcción a trabajar sin interrupciones para cumplir con los plazos.

La remodelación del helipuerto no solo responde a necesidades técnicas inmediatas, sino que también refuerza la imagen y el protocolo presidencial ante visitas internacionales de alto nivel.

El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado declaró este jueves en desacato al Dr. Anthony Fauci y remitió su caso al Departamento de Justicia para una posible acusación penal, según Associated Press.

La decisión llega una semana después de que Fauci, de 85 años y exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), se negara a responder más de 100 preguntas sobre su manejo de la pandemia de COVID-19 durante una audiencia en Washington D.C. el 29 de julio. En cada ocasión, el exasesor médico del gobierno federal invocó la Quinta Enmienda, el derecho constitucional que protege a cualquier ciudadano de declarar en su contra.

La votación siguió una división estricta entre partidos: todos los republicanos a favor, todos los demócratas en contra, según información de AP.

¿Qué significa ser declarado en desacato al Congreso?

Según el Servicio de Investigación del Congreso —el organismo técnico que asesora al Poder Legislativo federal—, el desacato al Congreso es un delito menor (misdemeanor) tipificado en el Código de Estados Unidos bajo el artículo 2 U.S.C. § 192. La ley penaliza a quien, habiendo sido citado a declarar ante una comisión, se niega de forma deliberada a responder preguntas pertinentes a la investigación.

La declaración del comité no condena ni encarcela a nadie por sí sola. Lo que hace es activar un mecanismo de tres pasos:

• El comité certifica los hechos.
• El presidente del Senado remite el caso a la fiscalía federal del Distrito de Columbia.
• Esa oficina decide si lo presenta ante un gran jurado para una posible acusación formal.

El Departamento de Justicia tiene la última palabra y, según el mismo organismo legislativo, no está legalmente obligado a procesar el caso: la ley le otorga discreción para archivar la remisión. Si hay condena, la pena máxima es de 12 meses de prisión y una multa de hasta USD 100.000.

Vale recordar que dos exasesores de Trump —Steve Bannon y Peter Navarro— cumplieron condenas de cuatro meses de prisión bajo ese mismo cargo durante la administración Biden. Ambos se negaron a cumplir citaciones del comité que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio e invocaron privilegio ejecutivo, un argumento que los jueces rechazaron en los dos casos. El antecedente muestra que el proceso, aunque incierto, puede tener consecuencias concretas.

Por qué Fauci se negó a responder

En una declaración oficial citada por AP, Fauci explicó que tenía razones fundadas para temer cargos criminales. Señaló el “empeño público” del senador Rand Paul en llevarlo, en sus propias palabras, “tras las rejas”.

Durante la audiencia del 29 de julio, el exfuncionario pronunció una sola declaración de 24 palabras: que por consejo de sus abogados se acogía al derecho de la Quinta Enmienda. No respondió ninguna pregunta adicional.

La senadora Maggie Hassan (D-NH) respaldó esa postura y argumentó, según AP, que la audiencia buscaba “forzar un error” para presentar cargos nuevos no cubiertos por el indulto presidencial.

Qué argumenta Rand Paul y por qué impulsó el desacato

El senador Rand Paul (R-KY), presidente del comité, sostuvo que la Quinta Enmienda no aplica en este caso porque Fauci ya recibió un indulto del presidente Biden en enero de 2025. Bajo ese argumento, el exfuncionario no enfrentaba riesgo real de procesamiento federal.

“Todo lo que tenía que hacer era decir la verdad”, remarcó.

Paul también reconoció que no llevó la resolución al pleno del Senado porque los republicanos no cuentan con los 60 votos necesarios para avanzar allí. En cambio, la remitió directamente al Departamento de Justicia, según PBS.

El indulto de Biden: qué cubre y qué no

El indulto otorgado por Biden en enero de 2025 cubre actos federales cometidos entre 2014 y la fecha en que fue emitido. Esa protección, sin embargo, tiene límites precisos.

No protege a Fauci de posibles cargos estatales ni de investigaciones sobre declaraciones falsas ante el Congreso posteriores a esa fecha, según AP. Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema establece desde 1896 que el Congreso puede otorgar inmunidad para obligar a un testigo a declarar, lo que restringe el alcance de la Quinta Enmienda en audiencias legislativas.

Quién es Anthony Fauci y por qué este caso importa

Fauci dirigió el NIAID durante décadas y fue el rostro de la respuesta federal ante el COVID-19. Nunca antes había invocado la Quinta Enmienda en sus múltiples comparecencias ante el Congreso, según CNN.

Las investigaciones republicanas se han centrado en el posible financiamiento de estudios de “ganancia de función” en el Instituto de Virología de Wuhan, algo que Fauci ha negado de forma reiterada. En una audiencia previa, declaró que los Institutos Nacionales de Salud “categóricamente no financiaron investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan”.

Un precedente que va más allá de Fauci

El caso abre preguntas sin respuesta sobre la capacidad del Congreso para obligar a declarar a testigos que ya recibieron un indulto presidencial, según AP. La respuesta del Departamento de Justicia podría fijar un precedente con consecuencias para otros funcionarios en situaciones similares.

El senador Gary Peters (D-MI) advirtió que castigar a un testigo por invocar la Quinta Enmienda podría desincentivar la comparecencia voluntaria ante el Congreso en el futuro.

AP también señala que el resultado podría afectar a posibles colaboradores de la administración Trump si el presidente decide otorgar indultos antes de dejar el cargo.

Los precios del petróleo cayeron con fuerza el domingo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara a las fuerzas estadounidenses suspender nuevos ataques contra Irán, al sostener que un acuerdo para poner fin a los combates en Medio Oriente estaba cerca. El crudo estadounidense West Texas Intermediate retrocedió alrededor de un 5,5%, hasta cerca de 80 dólares el barril, mientras que el Brent, la referencia internacional, bajó un 5,6%, hasta unos 83 dólares.

Trump comunicó la decisión el sábado por la noche a través de su red social, Truth Social. Según su versión, Irán y “otros países de Medio Oriente” le pidieron tiempo para cerrar un pacto que contemplaría la reapertura “inmediata, completa y total” del estrecho de Ormuz y el fin de lo que Washington describe como la amenaza nuclear iraní. El mandatario afirmó haber aceptado cancelar el ataque previsto “sujeto a poder alcanzar rápidamente un acuerdo” y aseguró que Israel se sumaba a ese compromiso, algo que las autoridades israelíes no confirmaron de forma pública.

El anuncio llega en un momento de fuerte presión política sobre Trump por el impacto económico de la guerra. El conflicto se inició el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y llevó los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril en varias ocasiones durante la primavera. Un alto el fuego alcanzado semanas después colapsó, y los combates se reanudaron el 8 de julio, lo que intensificó de nuevo el bloqueo del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que transita una porción sustancial del petróleo que se comercia en el mundo.

El bloqueo prolongado ha tenido efectos directos sobre la economía global. El encarecimiento del crudo se trasladó al precio de la gasolina, el combustible de aviación y numerosos productos que dependen del transporte con diésel. Los automovilistas pagaron más en los surtidores y los pasajeros afrontaron tarifas aéreas más altas por el mayor coste del queroseno. En varios países se registraron problemas de abastecimiento que obligaron a racionar combustible y provocaron cierres esporádicos de escuelas y oficinas públicas.

Ese mismo encarecimiento generó beneficios extraordinarios para las compañías petroleras y gasísticas durante la primavera, cuando los envíos a través de Ormuz resultaban prácticamente inviables por los combates. Pese a la caída registrada este domingo, el precio del crudo estadounidense se mantiene todavía cerca de un 20% por encima de los niveles previos al inicio del conflicto, lo que refleja hasta qué punto la crisis sigue distorsionando el mercado energético global.

La respuesta de Teherán al anuncio de Trump ha sido de escepticismo. Medios iraníes no han confirmado que su Gobierno haya solicitado una pausa en los ataques ni que exista un cambio de postura respecto al control del estrecho. La agencia semioficial Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, calificó el anuncio de Trump como una “retirada reiterada de sus amenazas”, mientras que el vocero de la Cancillería iraní insistió en que los entendimientos alcanzados con Omán sobre una nueva ruta de navegación no implican la reapertura de Ormuz.

La brecha entre el optimismo expresado por Washington y la cautela, cuando no el rechazo abierto, mostrado por Teherán deja en el aire la viabilidad real del acuerdo que Trump dice tener a la vista. Los mercados energéticos, que ya han vivido varios episodios de esperanza seguidos de nuevas escaladas desde febrero, previsiblemente seguirán reaccionando con volatilidad hasta que exista una confirmación verificable de que el tránsito por el estrecho vuelve a la normalidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este jueves la posibilidad de retirar temporalmente la nominación de Todd Blanche como fiscal general y esperar hasta enero, cuando dos senadores republicanos que bloquean su confirmación abandonen el Congreso, para volver a presentarla. La maniobra surge después de que el Comité Judicial del Senado aplazara sin nueva fecha la votación prevista para avanzar la candidatura.

“No tengo objeción a retirar temporalmente el nombre de Todd, si no hacen lo correcto, y volver a presentarlo cuando Cornyn y Tillis hayan dejado el cargo”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario calificó a Blanche, su antiguo abogado personal, de “estrella” con potencial para convertirse en “uno de los mejores fiscales generales de la historia”.

La votación en comisión, prevista para el jueves, fue suspendida la noche anterior por el presidente del panel, el republicano Chuck Grassley, ante la falta de apoyos suficientes. Los republicanos controlan el Comité Judicial por 12 votos contra 10, un margen tan estrecho que el rechazo de un solo senador del propio partido basta para hundir la nominación antes de que llegue al pleno de la Cámara alta.

Los senadores díscolos son John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, ambos con la salida del Senado ya decidida para enero próximo. Cornyn perdió este año la interna republicana frente a un candidato respaldado por Trump, mientras que Tillis anunció el año pasado que no buscaría la reelección tras enfrentarse públicamente al presidente por su paquete fiscal y de gasto.

El origen del conflicto se remonta a la demanda que Trump presentó contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) después de que su declaración fiscal se filtrara a la prensa, antes de su regreso a la Casa Blanca. El litigio se resolvió mediante un acuerdo que incluye una cláusula que blinda al presidente y a su entorno frente a auditorías sobre declaraciones anteriores a la firma del pacto.

Ese mismo acuerdo contemplaba la creación de un fondo de 1.776 millones de dólares, bautizado como Fondo Antiarmamentización, destinado en principio a compensar a personas que acreditaran haber sido víctimas de una persecución política por parte del Gobierno. En una audiencia ante el Congreso, Blanche aseguró que ese fondo no llegaría a activarse.

Cornyn y Tillis exigen ahora que el Departamento de Justicia y el propio Blanche confirmen ese compromiso por escrito, con garantías de que el fondo quedará definitivamente descartado y de que la inmunidad fiscal no se extenderá a futuras declaraciones de impuestos. Cornyn acusó al Departamento de Justicia de “obstruir” sus peticiones durante semanas y aseguró que los funcionarios “se han negado a cooperar”.

La Casa Blanca sostiene que remitió un nuevo texto a los senadores la noche del miércoles y que las conversaciones continúan, sin descartar que la votación se reprograme antes de que el Senado entre en su receso de agosto. Cornyn, sin embargo, respondió en la red social X que Trump “se equivoca si cree que las objeciones al acuerdo fiscal se limitan a él y al senador Tillis”, una señal de que la resistencia podría no limitarse a dos votos.

Tillis, por su parte, calificó la estrategia del presidente de “políticamente sorda” y advirtió de que podría volverse en contra del Gobierno si los republicanos pierden escaños o el control del Senado en las elecciones legislativas de noviembre. La oposición demócrata, unánime en el comité, cuestiona además la imparcialidad de Blanche por su historial como abogado personal de Trump en causas penales.

El desenlace queda ahora condicionado al calendario político de Washington. Si la Casa Blanca no logra el compromiso escrito que reclaman Cornyn y Tillis antes del receso de agosto, la confirmación de Blanche podría quedar congelada hasta el próximo periodo de sesiones, cuando la composición del Senado y el resultado de las elecciones de mitad de mandato determinen si el plan de Trump de esperar a enero resulta viable.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este 30 de julio un paquete de medidas estatales para neutralizar los cambios que la administración Trump impulsa en la agencia federal de armas de Estados Unidos. El detonante: un paquete de 34 propuestas de desregulación presentadas por la ATF el 29 de abril de 2026, el mayor desmantelamiento de normas sobre armas en la historia de esa agencia.

La ATF —siglas en inglés del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, la agencia federal que regula la compra, venta y porte de armas en Estados Unidos— publicó esos cambios en el Registro Federal en mayo, bajo la Orden Ejecutiva 14206 sobre derechos de la Segunda Enmienda, la cláusula constitucional que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas. Varios períodos de comentario público vencen en agosto de 2026.

Qué cambiaría a nivel federal

The New York Times describió el paquete como la reforma más amplia de regulaciones de armas en la historia de la agencia. Entre las propuestas más debatidas figuran cuatro cambios de fondo:

• Ventas en línea con envío a domicilio. Hoy, toda compra por internet debe completarse en una tienda con licencia federal, donde el comprador realiza en persona la verificación de antecedentes —el proceso que confirma que una persona no tiene condenas ni impedimentos legales para adquirir un arma. La propuesta eliminaría ese requisito.
• Umbral más alto para sancionar comerciantes. Ya no bastaría con demostrar una infracción; habría que probar que el comerciante sabía que estaba violando la ley.
• Restauración del gun show loophole. Este vacío legal de ferias de armas permitía comprar armas en ferias y ventas privadas sin verificación de antecedentes. Fue cerrado en años anteriores; la propuesta lo reabre.
• Ampliación de derechos para personas con antecedentes de salud mental o dificultades para gestionar sus finanzas.

Las medidas inmediatas de Nueva York

Ante ese panorama, Hochul activó tres acciones que no requieren esperar una nueva ley:

• Inspecciones prioritarias. La Policía Estatal de Nueva York visitará en persona a todos los comerciantes vinculados a armas usadas en crímenes y trabajará con la Fiscalía General para aumentar la presión sobre los establecimientos que aparezcan de forma reiterada en los registros de rastreo.
• Expansión del Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales, creado por Hochul en 2022. El grupo ya reúne agencias de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island y Vermont. Sus miembros deberán desarrollar una respuesta coordinada a los recortes de la ATF y compartir datos sobre armas halladas en un estado pero compradas en otro.
• Campaña de educación para comerciantes. La División de Servicios de Justicia Criminal enviará correos postales y electrónicos para recordarles que las leyes estatales de Nueva York siguen vigentes aunque las normas federales se relajen.

La legislación que viene

Para la próxima sesión legislativa, Hochul prepara dos proyectos de ley:

• Venta en persona obligatoria. Toda transacción de armas en Nueva York debería realizarse de forma presencial, en respuesta directa a la propuesta federal de permitir envíos a domicilio. Con ese cambio, las armas quedarían alineadas con las municiones, cuya venta ya exige transacción presencial en el estado.
• Verificación de antecedentes con aprobación expresa. Los comerciantes deberían recibir una confirmación afirmativa antes de cerrar la venta, en lugar de poder proceder si no reciben respuesta dentro del plazo de revisión. El estándar replicaría el que ya rige para la venta de municiones.

Las voces del debate

La gobernadora fue directa al atribuir responsabilidad: “Una y otra vez vemos a la administración Trump ceder ante el lobby armamentista”, y calificó los recortes de “otro regalo” con efectos “devastadores y peligrosos” para todo el país.

Marianna Mitchem, asesora sénior en Everytown for Gun Safety y ex subdirectora asociada de Operaciones de Campo de la ATF, sumó una perspectiva desde adentro de la agencia: “Es profundamente decepcionante que la agencia a la que dediqué mi carrera haya decidido servir a la industria en lugar de regularla adecuadamente”.

Kris Brown, presidenta de Brady: United Against Gun Violence, amplió el argumento hacia las consecuencias humanas: los cambios “redefinirán cómo se compran y venden armas” en un país donde, según advirtió, la violencia armada es la principal causa de muerte entre los niños.

El fiscal del Bronx, Darcel Clark, ancló el debate en un caso concreto: el fin de semana anterior, un niño de 12 años murió en un fuego cruzado en ese condado.

El historial de Nueva York en materia de armas

Nueva York llega a este enfrentamiento con una base legislativa consolidada. Desde que asumió el cargo, Hochul destinó más de USD 4.000 millones a iniciativas de seguridad pública y duplicó los fondos para combatir la violencia armada.

Entre las medidas ya vigentes en el estado:

• La Red Flag Law o Ley de Bandera Roja, que permite retirar armas a personas que representen un riesgo para sí mismas o para terceros.
• El endurecimiento de las normas de porte oculto tras el fallo Bruen de la Corte Suprema en 2022.
• La “prohibición de Glock” incorporada al presupuesto 2026-2027, que veda la venta de pistolas convertibles en armas automáticas, una iniciativa del senador estatal Zellnor Myrie.

Los cambios federales de la ATF aún están en período de comentario público. Mientras ese proceso sigue abierto, Nueva York ya movilizó sus herramientas propias.

El exasesor médico justificó su decisión como una protección frente a lo que describió como un intento de “trampa judicial” impulsado por el senador Rand Paul. Esta reacción fue interpretada por medios estadounidenses como un reflejo de la hostilidad política que rodea su figura.

Interrogatorio y argumentos de las partes

La audiencia estuvo marcada por la insistencia de Rand Paul en interrogar a Fauci sobre el supuesto financiamiento de investigaciones de “ganancia de función” en Wuhan y sobre su papel en la comunicación pública durante la emergencia sanitaria. Al abordar esta cuestión, Fauci sostuvo que nunca existió un financiamiento de experimentos que cumplan la definición oficial de “ganancia de función” en China, una postura que ha reiterado ante distintas comisiones legislativas.

Fauci explicó en una audiencia previa: los Institutos Nacionales de Salud “categóricamente no financiaron investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan”.

Durante el encuentro, Paul criticó el uso de la Quinta Enmienda e incluso anunció que la comisión votaría para acusar a Fauci de desacato y afirmó que ese derecho constitucional no aplica ante el Senado.

El desarrollo de la sesión incluyó episodios como el retiro del abogado de Fauci, ordenado por Paul, tras varios intentos de intervenir para defender a su cliente, según información de Reuters. El exfuncionario, por su parte, denunció lo que calificó como una “cruzada pública” en su contra, señalando que la publicación de su diario personal respondía al mismo objetivo de exposición y descrédito.

En ese sentido, la defensa de Fauci argumentó que la audiencia buscaba forzarlo a cometer un error bajo presión, lo que podría derivar en consecuencias legales.

Contexto legal y antecedentes políticos

El trasfondo de la comparecencia se inscribe en un clima de alta tensión política y legal. Como detalla Reuters, el presidente Joe Biden otorgó a Fauci un indulto preventivo en enero de 2025 para resguardarlo ante posibles cargos derivados de su gestión durante la pandemia, aunque dicha medida no protege frente a hechos ocurridos con posterioridad.

En el marco legal estadounidense, realizar declaraciones falsas ante el Congreso constituye un delito. A este respecto, algunos legisladores republicanos han sostenido que la negativa de Fauci a declarar podría conducir a cargos por desacato o perjurio.

Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema establece desde 1896 que el Congreso puede otorgar inmunidad para forzar el testimonio de un testigo, lo que limita el alcance de la Quinta Enmienda en este tipo de audiencias.

Reacciones en el Congreso y en la opinión pública

La decisión de Fauci de no responder generó respuestas opuestas en el ámbito político. Mientras representantes republicanos señalaron que la negativa alimenta sospechas y fortalece la idea de falta de transparencia en la gestión de la pandemia, desde el bloque demócrata se calificó la audiencia como un acto de persecución y una maniobra para desviar el foco de temas prioritarios.

Al mismo tiempo, la publicación de 1.141 páginas del diario personal de Fauci aportó un nuevo elemento de debate. Un análisis citado por CNN subraya que las anotaciones coinciden con sus declaraciones públicas y documentan tanto su preocupación por la evolución de la pandemia como los desacuerdos internos en la administración.

Investigación sobre el origen del virus

En relación con el origen del SARS-CoV-2, el caso sigue abierto y sin consenso definitivo. Según lo reportado por Reuters, el FBI y la CIA han considerado la posibilidad de un escape de laboratorio en Wuhan, aunque con distintos grados de certeza, mientras que otras agencias estadounidenses sostienen que el salto natural desde animales resulta más probable.

Fauci ha reiterado en varias ocasiones su disposición a considerar todas las hipótesis. Asimismo, insistió en la ausencia de pruebas concluyentes.

Próximas etapas y debate vigente

La Comisión del Senado, bajo la presidencia de Rand Paul, deberá decidir si avanza con una acusación formal por desacato contra Fauci. Por ahora, el episodio pone de manifiesto la vigencia del debate sobre transparencia, la gestión de la emergencia sanitaria y el papel de la ciencia en la toma de decisiones públicas.

Puntos clave: acusaciones planteadas contra Anthony Fauci en el Senado

• Haber mentido bajo juramento al Congreso sobre la supuesta financiación de investigaciones en China.
• Autorizar, desde los Institutos Nacionales de Salud (NIH), fondos para experimentos en laboratorios chinos que modificarían virus —conocido como “ganancia de función”—, lo que Fauci niega.
• Falta de transparencia y ocultamiento de información acerca del posible vínculo entre esos experimentos y el origen del COVID-19.
• Destrucción de documentos oficiales y ocultamiento de comunicaciones internas sobre el manejo de la pandemia.
• Cambios o ajustes en los mensajes públicos sobre medidas sanitarias durante la pandemia, considerados confusos por algunos legisladores.
• Negarse a responder preguntas en la audiencia del Senado, lo que derivó en la amenaza de una acusación por desacato al Congreso.

Donald Trump calificó este miércoles de “buena” la reunión que mantuvo un día antes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y afirmó que su objetivo sigue siendo poner fin a la guerra que Rusia mantiene contra el país vecino desde febrero de 2022. El encuentro, celebrado a puerta cerrada en el Despacho Oval, fue el segundo entre ambos mandatarios en menos de un mes y se produjo horas antes de que Zelensky asistiera en Washington al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

Preguntado por periodistas sobre el contenido de la reunión, Trump evitó pronunciarse sobre un eventual plazo para que Kiev y Moscú alcancen un acuerdo de paz. “Yo me llevo bien con el presidente Putin. Me llevo bien con el presidente Zelensky. Como le dije a Zelensky, quiero terminar la guerra, lograr que la guerra termine. 25.000 personas murieron el mes pasado. Eso es algo habitual, y no es aceptable. Así que le dije: simplemente pon fin a la guerra”, declaró el republicano en el Despacho Oval. La cifra de víctimas mencionada por Trump no ha sido confirmada por fuentes independientes ni por Naciones Unidas.

La promesa de acabar con el conflicto figuró entre los principales compromisos de campaña de Trump, quien aseguró en repetidas ocasiones que resolvería la guerra en su primer día de mandato. Más de año y medio después de su regreso a la Casa Blanca, esa meta continúa sin materializarse, mientras los combates entre las fuerzas rusas y ucranianas se extienden ya hacia su quinto año.

El encuentro de este martes se enmarcó en un giro notable en la relación bilateral. En febrero de 2025, una visita de Zelensky a la Casa Blanca terminó en un tenso cruce verbal en presencia de las cámaras, cuando Trump acusó al mandatario ucraniano de “jugar con la Tercera Guerra Mundial” y cuestionó su atuendo durante la visita oficial. Desde entonces, y particularmente tras la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara el 8 de julio pasado, el vínculo entre ambos líderes se ha recompuesto de forma sustancial.

Fue precisamente en esa cumbre donde Trump anunció que autorizaría a Ucrania a fabricar bajo licencia estadounidense sus propios interceptores del sistema de defensa antiaérea Patriot, la única arma en el arsenal ucraniano capaz de derribar misiles balísticos rusos. En un mensaje publicado en la red social X tras la reunión de esta semana, Zelensky confirmó que ambos líderes retomaron ese punto. “También conversamos sobre diplomacia. Es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones”, escribió el presidente ucraniano, quien calificó el encuentro de “bueno” y agradeció a Trump la cooperación para “proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz”.

Ucrania enfrenta una escasez crónica de interceptores Patriot en momentos en que Rusia ha intensificado sus bombardeos con misiles balísticos y enjambres de drones contra objetivos civiles y militares, la única defensa eficaz frente a ese tipo de ataques.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió por separado la reunión entre Trump y Zelensky como “positiva y productiva”. Trump mantuvo ese mismo día un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había viajado igualmente a Washington para asistir a las honras fúnebres de Graham, uno de los legisladores republicanos más comprometidos con el apoyo militar a Kiev a lo largo de la guerra y que había visitado Ucrania en diez oportunidades desde 2022, la última apenas un día antes de morir.

Pese al tono conciliador expresado por ambos mandatarios, ningún funcionario de la Casa Blanca ni de la presidencia ucraniana ha ofrecido detalles concretos sobre un cronograma de negociaciones con Moscú. La ausencia de una hoja de ruta explícita sugiere que, más allá de la mejora evidente en el vínculo personal entre Trump y Zelensky, el desenlace del conflicto sigue dependiendo de una variable que ninguno de los dos controla por completo: la disposición del Kremlin a sentarse a negociar.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, calificó este martes como una “buena reunión” su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, en el marco de su ofensiva diplomática para asegurar mayor respaldo militar frente a la ofensiva rusa. El encuentro, que comenzó a las 9.47 hora de Washington (13.47 GMT) y se desarrolló a puerta cerrada, se produjo horas antes de que ambos mandatarios asistieran juntos al funeral del senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados de Kiev en el Congreso estadounidense.

“El presidente y yo hablamos de licencias para la producción de interceptores Patriot y de varias otras ideas que podrían ayudar”, escribió Zelensky en un mensaje publicado en la red social X tras la reunión. El mandatario ucraniano añadió que ambos abordaron también la dimensión diplomática del conflicto: “Es importante que el proceso diplomático se revitalice”, señaló, y agregó que los equipos técnicos de ambos países coordinarán en los próximos días nuevas conversaciones sobre defensa aérea y cooperación estratégica.

El encuentro de este martes fue el segundo entre ambos líderes en lo que va de julio, después de que Trump anunciara este mes que autorizaba a Ucrania a fabricar bajo licencia los sistemas de defensa aérea Patriot, en coproducción con la empresa estadounidense Raytheon. Zelensky había recibido días atrás en Kiev al vicepresidente de la compañía, con quien acordó los términos de esa cooperación industrial, destinada a ampliar la capacidad ucraniana para interceptar misiles balísticos rusos.

La cita se produce en un contexto de fuerte deterioro de la situación humanitaria en Ucrania. Julio se perfila como el mes más letal para la población civil desde abril de 2022, según datos de la fuerza aérea ucraniana. Solo en las primeras semanas del mes, Rusia lanzó 120 misiles balísticos y antibuque de alta velocidad contra territorio ucraniano, de los cuales apenas 35 fueron interceptados. La cifra contrasta con las entre 250 y 320 unidades de este tipo de misiles que, según estimaciones de analistas, Moscú disparó durante todo 2024, lo que refleja una intensificación notable del ritmo de los ataques.

Las relaciones entre Zelensky y Trump han atravesado episodios de fuerte tensión desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, incluido un altercado público en el Despacho Oval en febrero de 2025. Sin embargo, en las últimas semanas el presidente estadounidense ha mostrado un tono más receptivo hacia Kiev, tanto en la cuestión de las licencias para los Patriot como en declaraciones recientes en las que sugirió que los ataques ucranianos contra territorio ruso podrían contribuir a forzar un final del conflicto. Pese a ello, los esfuerzos de mediación impulsados por Washington para poner fin a la guerra, iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, permanecen estancados sin avances concretos.

La muerte de Graham, ocurrida el 11 de julio por complicaciones cardiovasculares apenas dos días después de su última visita a Kiev, ha generado inquietud entre los funcionarios ucranianos. El senador por Carolina del Sur, que viajó al país en diez ocasiones desde el inicio de la guerra, era considerado uno de los principales puentes entre Zelensky y Trump, además de impulsor, junto al demócrata Richard Blumenthal, de un proyecto de sanciones económicas más severas contra Rusia que aún no ha sido aprobado por el Congreso. Su ausencia deja a Kiev con un interlocutor menos en Washington justo cuando busca mantener el interés estadounidense en un conflicto que ha perdido protagonismo frente a otras prioridades de política exterior.

Zelensky agradeció además el “firme apoyo” de Estados Unidos y confirmó que asistirá esta tarde a la ceremonia en memoria de Graham. La reunión con Trump, aunque no arrojó anuncios concretos más allá de la cooperación industrial en defensa aérea, se produce en un momento en que Kiev necesita capitalizar cada gesto de cercanía de Washington para sostener el flujo de armamento y presión sobre Moscú en los meses que se avecinan.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó este lunes a Washington para reunirse mañana martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. El encuentro se produce en un momento de fricciones inéditas entre ambos gobiernos por la política estadounidense hacia Irán y la eventual venta de aviones de combate F-35 a Turquía.

Netanyahu despegó con más de dos horas de retraso a bordo del avión gubernamental Ala de Sion desde la base de Nevatim, en el sur de Israel, en lugar de partir desde el Aeropuerto Ben Gurión como es habitual. La aeronave sobrevoló el Mar Muerto antes de dirigirse hacia el oeste, rumbo a Washington, según el sitio de rastreo de vuelos FlightRadar24.

El viaje coincide con el funeral del senador republicano Lindsey Graham, quien falleció el 11 de julio y fue uno de los más firmes defensores de Israel en el Senado estadounidense. Netanyahu confirmó su desplazamiento el pasado viernes, cuando la oficina del primer ministro anunció que viajaría “por invitación del presidente Trump”.

Se trata de la octava reunión entre ambos líderes desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más que con cualquier otro jefe de Estado o de Gobierno. El vínculo entre ambos gobiernos, sin embargo, atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio del segundo mandato de Trump. En junio, el presidente estadounidense llamó a Netanyahu “loco” durante una llamada telefónica por la ofensiva israelí en Beirut, y le recordó que lo había ayudado a evitar la cárcel en referencia a su juicio por corrupción. Una fuente israelí negó posteriormente que Trump hubiera insultado al primer ministro en esos términos.

Días después, Trump reivindicó públicamente su papel en la existencia del Estado de Israel al afirmar que “sin mí, no habría Israel”, en declaraciones que profundizaron el malestar en Jerusalén. La frase se repitió este lunes, cuando el mandatario estadounidense volvió a sostener, a bordo del Air Force One, que Israel “no sobreviviría” sin el respaldo de Estados Unidos.

A esa tensión se suma el desacuerdo por la posible venta de cazas F-35 a Turquía, país con el que Israel mantiene una relación distante. Trump no ha descartado concretar esa operación, algo a lo que Netanyahu se opone. El propio presidente estadounidense remarcó que la decisión sobre las exportaciones de armamento le corresponde solo a él, y calificó a Turquía de aliado pese a las diferencias que mantiene con Israel.

El trasfondo de la visita remite a la guerra iniciada en febrero, cuando Estados Unidos e Israel coordinaron una ofensiva contra instalaciones nucleares iraníes. Netanyahu realizó entonces la primera de sus visitas a la Casa Blanca en el actual mandato de Trump, más que cualquier otro líder extranjero. Desde entonces, Washington ha alternado episodios de coordinación estrecha con Jerusalén y gestos hacia Teherán que Israel no comparte, incluido un memorando para un alto el fuego que, según analistas citados por medios internacionales, no tomó en cuenta los intereses israelíes.

La reunión de mañana se produce además en la antesala de elecciones legislativas en Israel, lo que añade una dimensión de política interna al encuentro. Netanyahu buscará mostrar ante su electorado que conserva la confianza de Washington, mientras Trump deberá equilibrar su respaldo histórico a Israel con sus propios objetivos en la negociación con Irán y en la relación con Turquía, socio clave de la OTAN en Medio Oriente.

El resultado del encuentro difícilmente despeje de inmediato las diferencias acumuladas en los últimos meses. Lo que sí quedará más claro tras la reunión es hasta qué punto Trump está dispuesto a subordinar su agenda regional —con Turquía e Irán como piezas centrales— a las prioridades estratégicas que Netanyahu seguirá defendiendo en su octava visita a la Casa Blanca.

Estados Unidos prepara una nueva arquitectura arancelaria para reemplazar los gravámenes temporales que expiran esta semana, con medidas que alcanzarán a 60 socios comerciales bajo el argumento del trabajo forzado, mientras escala simultáneamente la presión sobre Canadá y Brasil en el marco de la ofensiva comercial más amplia de la administración Trump desde el colapso judicial de febrero.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó el martes que Washington tomará “pronto” nuevas medidas arancelarias, sin precisar fechas. El anuncio se produce dos días antes de que expire, el viernes 25 de julio, el arancel global del 10% que el presidente Donald Trump impuso como solución de emergencia tras la decisión del Tribunal Supremo que anuló en febrero la mayoría de sus gravámenes de la llamada “Liberation Day”.

La nueva estructura arancelaria descansa sobre la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una base legal que la administración considera más robusta que los poderes de emergencia que el Supremo invalidó. La Oficina del Representante de Comercio (USTR) determinó en junio que 60 economías no han prohibido ni aplicado de forma efectiva sanciones contra la importación de bienes fabricados con trabajo forzado, tras audiencias públicas celebradas el 7 de julio con testimonios de gobiernos, industrias y grupos empresariales.

Los aranceles se dividirían en dos niveles: 10% para países con prohibiciones parciales —entre ellos Canadá, la Unión Europea, México, el Reino Unido y Taiwán— y 12,5% para las economías sin ninguna legislación al respecto, categoría que incluye a China, India y Japón, entre otras cuarenta. “Estados Unidos tiene leyes que prohíben comerciar bienes con trabajo forzado. La mayoría de los otros países no las tienen, y los que sí las tienen no las aplican realmente”, declaró Greer ante la cadena CNBC. La Unión Europea ya había calificado de “injustificados” los aranceles impuestos bajo ese argumento.

El caso más explosivo fue Canadá. El lunes, Trump firmó tres proclamaciones presidenciales que imponen un arancel del 50% sobre una amplia gama de productos canadienses —vino, lácteos, cemento y muebles, entre otros— en virtud de la Sección 338 del Arancel de 1930, una disposición de la Gran Depresión nunca empleada a esta escala. Los gravámenes entran en vigor el 19 de agosto y no eximen a los productos cubiertos por el T-MEC.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó los aranceles de “violación directa” del T-MEC y señaló que su país está dispuesto a “intensificar las discusiones” con Washington, sin anunciar represalias inmediatas. Dave Townsend, socio del despacho Dorsey & Whitney, advirtió que los nuevos gravámenes “parecen estar destinados a alentar un acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, o a castigar el fracaso en alcanzar ese acuerdo, o ambas cosas”. La tensión contrasta con el proceso negociador que Greer mantiene esta semana con México sobre la revisión del tratado.

Brasil concentra el otro foco de tensión. El martes entró en vigor un arancel del 25% sobre la mayoría de los productos brasileños, también bajo la Sección 301, tras una investigación de un año sobre prácticas desleales en áreas que van desde el comercio digital hasta el acceso al mercado de etanol. La Cámara Americana de Comercio para Brasil advirtió que la medida afecta más de 11.000 millones de dólares en exportaciones y coloca al país entre los que enfrentan “las condiciones más restrictivas para acceder al mercado estadounidense”. Quedan exentos el café, la carne de res y partes de aeronaves.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la medida como infundada y anunció que la impugnará ante la Organización Mundial del Comercio, citando un superávit acumulado de 424.500 millones de dólares de Washington con Brasil en quince años, según datos del propio gobierno estadounidense. La investigación sobre trabajo forzado podría sumar un 12,5% adicional, elevando la carga total al 37,5%, en vísperas de las elecciones presidenciales de octubre. La acumulación de frentes traza el contorno de una política que, a falta de los instrumentos anulados por el Supremo, opera mediante investigaciones sectoriales diseñadas para reproducir por otra vía el alcance global que la Casa Blanca buscaba desde el inicio del segundo mandato.

Donald Trump ordenó este martes a su administración autorizar los vuelos directos entre Estados Unidos y el Líbano, poniendo fin a una restricción impuesta por la administración de Ronald Reagan hace cuatro décadas. El anuncio se produjo en el Despacho Oval, tras una reunión con el presidente libanés, Joseph Aoun, el primer mandatario libanés en visitar la Casa Blanca desde 2009.

La decisión revierte una prohibición que data de junio de 1985, cuando terroristas de Hezbollah secuestraron el vuelo 847 de Trans World Airlines mientras cubría la ruta de Atenas a Roma. Durante el episodio, que se prolongó 17 días, los secuestradores obligaron al avión a aterrizar en el aeropuerto de Beirut. Allí asesinaron al buzo de la Marina estadounidense Robert Stethem, de 23 años, y retuvieron a decenas de pasajeros como rehenes. La administración Reagan respondió con restricciones que clausuraron de facto el tráfico aéreo directo entre ambos países.

Desde entonces, los ciudadanos estadounidenses que viajan al Líbano deben hacer escala en aeropuertos de terceros países, entre ellos Estambul, Doha o Dubái. La medida anunciada este martes abre la vía legal para que aerolíneas estadounidenses soliciten rutas directas a Beirut, aunque el inicio efectivo de los vuelos dependerá de trámites regulatorios que pueden extenderse por meses.

La decisión de Trump no está exenta de contradicciones. La semana pasada, la embajada estadounidense en Beirut emitió una recomendación formal instando a los ciudadanos de ese país a evitar viajar al Líbano, en razón de las hostilidades que Israel mantiene en territorio libanés. El Departamento de Estado clasifica al Líbano con un nivel 4 —el más alto— en su escala de alertas de viaje, lo que equivale a una recomendación de no viajar.

El gesto se enmarca en la visita de Aoun a Washington, la primera desde que asumió la presidencia en enero de 2025, tras dos años de vacío institucional. Aoun, ex comandante del Ejército libanés de origen maronita, llegó a la capital estadounidense acompañado de la primera dama, Nehmat Aoun, e impulsó ante Trump un conjunto de peticiones que incluyen mayor apoyo financiero y logístico a las Fuerzas Armadas libanesas, así como inversiones en energía, comunicaciones e infraestructura.

El contexto diplomático que rodea la visita es el del proceso de paz entre el Líbano e Israel, dos países que no mantienen relaciones diplomáticas y que estuvieron en conflicto abierto durante gran parte de 2024. El pasado 26 de junio, representantes de ambos países firmaron en Washington el llamado Marco Trilateral, un acuerdo patrocinado por Estados Unidos que establece zonas piloto en el sur del Líbano donde las fuerzas israelíes deberán ceder el control al Ejército libanés de forma progresiva. La semana anterior a la cumbre, delegaciones de ambos países habían concluido en Roma su sexta ronda de negociaciones directas con mediación estadounidense.

Hezbollah, el grupo terrorista chií respaldado por Irán que controla amplias zonas del sur del país, rechaza las negociaciones y se opone al marco acordado. Israel, por su parte, mantiene operaciones militares en territorio libanés a pesar de la tregua pactada, alegando que actúa contra la amenaza que representa la organización.

Trump recibió a Aoun en el Despacho Oval con un tono de respaldo abierto. “Ha sido un lugar, un país, tratado muy mal y vamos a conseguir que sean tratados como corresponde”, dijo el presidente estadounidense. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el anuncio de los vuelos y señaló que la medida representa una oportunidad para mejorar la conectividad entre ambos países y apoyar la economía libanesa, según informó la cadena universitaria UDG TV.

La reapertura del espacio aéreo es, por ahora, un compromiso político sin plazo concreto de implementación. Su valor real dependerá de si las aerolíneas estadounidenses deciden operar esas rutas en un país con la máxima alerta de viaje activa, de si la situación de seguridad en el sur del Líbano evoluciona favorablemente y de si el proceso negociador con Israel avanza hacia un acuerdo de mayor alcance. La visita de Aoun a Washington es también una apuesta de Beirut por anclar su estabilidad futura en el respaldo de Estados Unidos en un momento en que el equilibrio regional sigue siendo frágil.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a la selección de España por conquistar la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el estadio New York-New Jersey, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La mandataria asistió al encuentro en representación de México como uno de los tres países anfitriones del Mundial, junto con Estados Unidos y Canadá. En su calidad de jefa de Estado de una de las naciones organizadoras, participó en los actos protocolarios de clausura y premiación del torneo, además de acudir al partido tras aceptar la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al concluir el certamen, Sheinbaum destacó que la Copa del Mundo fue una celebración de la unión entre los pueblos y subrayó el papel del deporte como un puente entre las naciones.

“Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato”, escribió la presidenta en sus redes sociales.

México, Estados Unidos y Canadá dejan un legado de cooperación

En el mensaje difundido tras la final, Sheinbaum resaltó que el Mundial 2026 demostró la capacidad de los tres países sede para trabajar de manera coordinada en la organización del torneo más importante del futbol.

“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”, expresó.

La mandataria también reconoció la participación de la afición mexicana y el desempeño de la Selección Nacional durante el campeonato.

“Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”, añadió.

Sheinbaum participa en la ceremonia oficial de premiación del Mundial

Como representante de uno de los países organizadores, Claudia Sheinbaum formó parte de la ceremonia oficial de premiación encabezada por la FIFA al término de la final.

Durante el protocolo entregó el Balón de Oro al mediocampista español Rodri, reconocido como el mejor jugador del Mundial 2026. Además, saludó al guardameta Unai Simón, quien recibió el Guante de Oro como mejor portero del torneo.

Posteriormente, acompañó a las autoridades presentes en la entrega de medallas a las selecciones de España y Argentina, como parte del cierre oficial de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por tres países.

La final del Mundial reunió a los líderes de los países anfitriones

La final reunió en el MetLife Stadium a representantes de los tres países sede, así como a autoridades de la FIFA y líderes internacionales.

Entre los asistentes destacaron:

• Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
• Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
• Mark Carney, primer ministro de Canadá.
• Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
• Melania Trump, primera dama de Estados Unidos.
• Felipe VI, rey de España.
• Letizia, reina de España.
• Roberto Velasco, integrante de la delegación mexicana.

Durante la ceremonia también se observaron saludos entre Sheinbaum y los reyes de España, además de la convivencia institucional con los representantes de Estados Unidos, Canadá y la FIFA.

España se proclama campeona del Mundial 2026

España conquistó el título mundial tras derrotar 1-0 a Argentina en una final que puso fin al torneo más grande en la historia de la FIFA, disputado con 48 selecciones y organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Además del campeonato español, la FIFA entregó los principales premios individuales del certamen.

Rodri recibió el Balón de Oro como mejor jugador; Unai Simón obtuvo el Guante de Oro; Pau Cubarsí fue elegido mejor jugador joven; Kylian Mbappé ganó la Bota de Oro como máximo goleador, mientras que Países Bajos recibió el premio al Juego Limpio.

Con la ceremonia de clausura concluyó oficialmente un Mundial que, además del espectáculo deportivo, reunió a los líderes de los tres países anfitriones y dejó, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, un legado de cooperación, amistad y trabajo conjunto para Norteamérica.

Ocho personas fueron acusadas de planear un ataque terrorista durante el evento UFC Freedom 250, que se realizó en los jardines de la Casa Blanca por el cumpleaños del presidente Donald Trump el pasado 14 de junio.

De acuerdo con el escrito de acusación difundido por el Departamento de Justicia y presentado en Columbus (Ohio), la tarde de este jueves 9 de enero, los imputados habrían considerado usar drones con explosivos dentro y alrededor del recinto para forzar una evacuación masiva. Después, presuntamente buscaban desplegar francotiradores para disparar contra “objetivos de alto valor” entre quienes intentaran huir.

Un gran jurado federal presentó este jueves cargos contra los sospechosos —de entre 19 y 32 años— por dos conspiraciones separadas: una por presunto apoyo material a terroristas y otra por planear un asesinato en territorio del Gobierno federal, además del homicidio de un funcionario federal.

Según el mismo documento, los acusados habrían planeado asesinar a Trump, al vicepresidente J.D. Vance, a funcionarios estadounidenses, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu —quien finalmente no asistió—, al magnate Elon Musk y a otros objetivos de alto valor.

La acusación identificó como presunto líder del plan a Abraham Hermosillo Álvarez, de nacionalidad mexicana. Si son hallados culpables del delito de conspiración para cometer asesinato, cinco de los acusados podrían enfrentar cadena perpetua y multas de hasta USD 250,000, además de una pena adicional de hasta cinco años de prisión por planificar un acto de violencia en terrenos de la Casa Blanca. Sin embargo, los cargos más severos incluirían cadena perpetua.

Quién es el mexicano acusado de liderar atentado

Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano de 32 años radicado en Nebraska, enfrenta cargos federales por su presunta participación en un plan para asesinar a Donald Trump, un caso que expuso el contraste entre la imagen de activista que proyectaba en línea y los mensajes privados en los que ya hablaba de actuar con violencia.

La acusación lo señaló como el supuesto “cerebro” de un plan para atacar el evento de la UFC programado para el 14 de junio en la Casa Blanca. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el objetivo también habría incluido al vicepresidente JD Vance, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu b (quien no asistió) y a Elon Musk.

Según la agente especial del FBI Seena Ali Soheilian, el presunto complot se gestó durante “aproximadamente una semana”. La misma funcionaria sostuvo que Hermosillo Álvarez identificó posiciones cercanas a la Casa Blanca para francotiradores y lanzamientos de drones con explosivos mediante mensajes enviados en Signal.

En su defensa, el abogado Stu Dornan argumentó que el acusado intentó cancelar el ataque dos días antes de la fecha prevista y que nunca compró boletos de avión, tren o autobús para trasladarse. Soheilian respondió que esa supuesta cancelación ocurrió después del arresto de un coacusado en Ohio y de los problemas mecánicos del auto de otros dos presuntos conspiradores.

La detención ocurrió el mismo día del ataque que habría sido planeado

Hermosillo Álvarez fue detenido el 14 de junio en el departamento que compartía con su esposa en Omaha, después de regresar de la alberca con ella. La fiscalía indicó que el FBI rastreó su ubicación a partir de su nombre de usuario en TikTok.

Durante el cateo, los agentes hallaron un dron, una escopeta, 50 cartuchos y un lanzallamas. Con esos elementos, los fiscales sostuvieron ante la jueza federal Jacqueline DeLuca que el imputado representaba un “riesgo extremo de fuga” y un peligro para la comunidad.

DeLuca aceptó la petición del gobierno y ordenó que permaneciera detenido mientras avanzaba el proceso. Don Kleine, de la fiscalía federal, afirmó en la audiencia: “La razón por la que no ocurrió el desastre es porque el FBI pudo evitarlo”.

Antes de su arresto, Hermosillo Álvarez mantenía actividad pública en TikTok con mensajes centrados en exigir responsabilidades a gobiernos locales por operativos del ICE, presentar solicitudes de acceso a documentos públicos como el archivo Epstein y promover la idea de “construir una cadena de suministro propiedad de la gente” para reducir la dependencia de grandes corporaciones, investigó el medio informativo News Channel Nebraska.

Pero en mensajes privados enviados desde el año pasado ya aparecían señales más inquietantes. El 24 de enero escribió a una mujer con la que llevaba casi un año en contacto: “Somos sobrevivientes. Y soldados en segundo lugar, si así lo desea. Por eso no hablamos. Actuamos. Pero debemos tener previsión y astucia. Debemos ser resilientes. Cuando llegue la lucha, sabremos qué hacer”.

Cuatro días después envió otro mensaje: “Y por último, si antes no he sido claro, ha sido intencional. Hay muchos proyectos importantes en marcha. Algunos aún no están listos para ser revelados”.

Su historia en Nebraska pasó de una vida escolar discreta a propiedades y negocios

Quienes lo conocieron en Nebraska dijeron que su caso resultó sorpresivo. Ron Bubak, quien fue su entrenador de basquetbol en la preparatoria de Cozad, resumió esa reacción: “Me sorprendió mucho. Ese no es el chico que yo conocía”.

Hermosillo Álvarez llegó por primera vez a Estados Unidos en 2001, cuando tenía seis años, con una visa de turista. Después permaneció en el país sin autorización migratoria hasta obtener estatus legal bajo DACA, el programa para personas que llegaron siendo menores de edad.

Creció en Cozad, en el condado de Dawson, una zona que atrajo a familias inmigrantes desde la apertura de una planta empacadora de carne Tyson en la cercana Lexington en 1990. En la preparatoria se graduó en 2014 y formó parte de los equipos de campo traviesa y atletismo.

Bubak dijo que no sobresalía ni por su perfil social ni por un desempeño fuera de lo común. Lo describió como “siempre un chico tranquilo” y añadió que, en sus interacciones con él, “demostró ser un buen chico”.

En la Universidad de Nebraska en Kearney pareció consolidar una etapa distinta. Fue uno de los 110 estudiantes admitidos en una sociedad nacional de honor para alumnos de primer ingreso, participó en una fraternidad, fue representante del gobierno estudiantil y trabajó como embajador del área de admisiones, donde daba recorridos a futuros estudiantes.

Su formación se concentró primero en distribución industrial, una carrera ligada a logística, cadenas de suministro y ventas industriales, con materias como electricidad, electrónica, finanzas y contabilidad, además de prácticas empresariales. Aunque debía terminar en 2018, obtuvo su título hasta julio de 2020 y el grado fue en tecnología industrial, un campo más amplio.

En 2016 habló públicamente sobre su infancia con epilepsia y dijo: “Mucha gente pensaba que nunca iría a la universidad ni lograría nada, pero después de tanto esfuerzo y dedicación, valió la pena. Mi consejo para los jóvenes es que vivan la vida al máximo, persigan sus sueños y nunca se rindan”.

Tras graduarse, su perfil profesional indicó que trabajó por un periodo breve como especialista en cadena de suministro en un hospital de Kearney y dejó ese empleo en marzo de 2022. Después cofundó en 2020 una productora en Grand Island dedicada a fotografía y video para eventos.

Para 2024 vivía en Omaha, cerca de la calle 120 y West Dodge, y ese mismo año contrajo matrimonio, según registros del condado de Douglas. También tuvo un local comercial en el centro de Grand Island donde operó una tienda de ropa, además de una casa para remodelar en el este de Omaha.

Tres años antes hizo una compra inmobiliaria poco común. En julio de 2023 adquirió por USD 5,000 un antiguo templo metodista unido en Western, un poblado de 200 habitantes del condado de Saline; el anterior propietario dijo que el edificio de ladrillo, con alrededor de un siglo de antigüedad, había funcionado durante décadas como almacén y que la intención del comprador era convertirlo en vivienda.

Donald Trump renovó este miércoles sus amenazas de retirar a Estados Unidos de la OTAN y exigió “lealtad” a sus aliados europeos durante un encuentro en el Despacho Oval con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, quien llegó a Washington con el objetivo de calmar las tensiones y mantener el compromiso estadounidense con el pacto atlántico fundado en 1949.

“No fueron muy amables con nosotros en nuestro reciente y pequeño enfrentamiento militar”, dijo Trump al referirse a los aliados de la OTAN, en alusión directa a la guerra contra Irán que Estados Unidos lanzó junto a Israel el 28 de febrero. Interrogado sobre qué deberían hacer sus socios para reconquistar su favor, el presidente fue escueto: “Solo ser leales”. Y añadió: “No necesitamos su dinero, no necesitamos nada. Tenemos el ejército más poderoso del mundo con diferencia. Pero solo quiero lealtad”.

La visita de Rutte —la quinta desde que Trump retornó al poder en enero de 2025— se produce en un momento de aguda tensión dentro de la Alianza. La semana pasada, el secretario de Defensa Pete Hegseth calificó de “vergonzoso” que los aliados hubieran impedido a las fuerzas estadounidenses usar bases en el continente para atacar Irán, y anunció en Bruselas una revisión de seis meses del despliegue militar de EEUU en Europa. “Habrá países que la suspendan y otros que la aprueben con honores”, advirtió, antes de abandonar la reunión anticipadamente.

Los aliados europeos no fueron consultados antes de que Washington iniciara las operaciones contra Teherán, y varios han expresado críticas abiertas a la estrategia de Trump. Rutte intentó matizar esas tensiones con una defensa medida: “Sé que ha habido casos aislados que le han decepcionado, pero en términos generales sus aliados europeos han estado con usted”, señaló. También recordó que entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegaron desde bases europeas durante el conflicto, antes de que ambas partes alcanzaran un alto el fuego.

El encuentro tuvo momentos de evidente asimetría. Rutte elogió a Trump con entusiasmo —llegó a afirmar que había dejado “temblando” a los contratistas de defensa— y presentó una exposición sobre los vínculos entre EEUU y la OTAN mediante tres paneles sobre caballetes. Trump, por su parte, dedicó amplios fragmentos a presumir de su gestión del embellecimiento de Washington. Al concluir, Rutte aseguró que el presidente está “completamente comprometido” con la OTAN, aunque reconoció que espera que los aliados “gasten más para equipararse a Estados Unidos”.

El telón de fondo es la cumbre de la OTAN prevista para el 7 y 8 de julio en Ankara. Ese mismo miércoles, los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia se reunieron en Berlín para preparar la cita. El canciller alemán Friedrich Merz señaló que la cumbre debería respaldar un acuerdo de paz con Irán “cuando las condiciones estén dadas”. El presidente francés Emmanuel Macron habló de “un momento de reconvergencia entre europeos y americanos”.

La estrategia de Rutte frente a Trump no es nueva. El secretario general se ha ganado fama de manejar al presidente con una combinación de halagos y concesiones verbales que en ocasiones ha generado incomodidad entre los propios aliados. En la cumbre del año pasado llegó a referirse a Trump como “papi” (daddy) y le envió un mensaje privado —que el presidente difundió en redes sociales— en el que escribía en mayúsculas: “Europa va a pagar de forma GRANDE, como debería, y será tu victoria”. Si esa diplomacia de la adulación bastará para anclar a Washington en la Alianza es la pregunta que llega a Ankara sin respuesta.

Donald Trump volvió a cuestionar este domingo a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al acusarla de no haberse implicado en el conflicto con el régimen de Irán en defensa de Estados Unidos.

“Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia —y su primera ministra— ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear. Durante décadas los hemos defendido, pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo”, escribió en su red Truth Social.

No fue su primer embate del fin de semana. El sábado, el mandatario ya había descartado cualquier reconciliación: “Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos, ella quiere volver a ser amiga para ‘mejorar sus cifras’. ¡¡¡No, gracias!!!”.

La ruptura tuvo un detonante anecdótico —una disputa sobre una fotografía en la cumbre del G7 celebrada la semana pasada en Évian, Francia— pero su raíz es estratégica. Trump reveló en una entrevista con la cadena italiana La7 que Meloni había “suplicado” una foto durante el encuentro de líderes, y que él accedió por “compasión”. La primera ministra rechazó esa versión como “completamente inventada” y la calificó de “ataques constantes e injustificados”.

En esa misma publicación del sábado —que tuvo que corregir porque había escrito mal el nombre de la mandataria, “Gigiorgia”— Trump afirmó que la popularidad de Meloni “está por los suelos, posiblemente porque le dio la espalda a Estados Unidos cuando se trató de impedir que Irán obtuviera un arma nuclear”. Y añadió: Italia no permitió que bombarderos estadounidenses usaran sus pistas de aterrizaje durante el conflicto, lo que calificó de “un gran inconveniente logístico”.

El episodio tiene coordenadas precisas. En marzo, el gobierno italiano rechazó autorizar el uso de la base aérea de Sigonella, en Sicilia, para operaciones militares con destino a Medio Oriente. Meloni argumentó que cualquier uso ofensivo requería aprobación parlamentaria, una restricción constitucional refrendada por la fuerte oposición interna a la guerra.

La reacción institucional fue inmediata. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de su visita a Estados Unidos prevista para este domingo y lunes, donde tenía programado un encuentro con el secretario de Estado Marco Rubio. “Las graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Meloni ofenden a toda Italia”, escribió Tajani. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, advirtió que esas “bromas no benefician a nadie”.

Meloni respondió directamente a Trump en Instagram con un tono que ya no buscaba tender puentes. “En cuanto a mi popularidad, ser tu amiga desde luego no la ha ayudado, ni depende de mi relación contigo”, escribió. “Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es lo que siempre he hecho”. Y cerró: “En cualquier caso, mi popularidad no te incumbe. Céntrate en la tuya”.

El quiebre tiene historia. Meloni, elegida en octubre de 2022 al frente de una coalición de ultraderecha, había sido hasta hace pocas semanas una de las aliadas más próximas a Trump en Europa, con quien compartía posiciones en materia migratoria e identitaria. Esa cercanía chocó con los límites de la soberanía italiana cuando Washington exigió compromisos militares concretos.

La crisis llega en un momento delicado para la cohesión atlántica, con la cumbre de la OTAN en Turquía prevista para el próximo mes. Para los aliados que albergan bases estadounidenses —España entre ellos, con Rota y Morón—, el trato dispensado a Roma es una advertencia de lo que puede ocurrir si se antepone la soberanía parlamentaria a las exigencias operativas de la Casa Blanca.

Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva protagonizaron un agrio cruce público en los márgenes de la cumbre del G7 celebrada en la localidad francesa de Évian-les-Bains, después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenara el martes a Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la justicia. El choque expuso ante los principales líderes del mundo la complicada relación bilateral entre las dos mayores economías del continente americano.

Trump describió a Brasil como un país que “se ha vuelto un poco turbulento” y “un poco peligroso” en términos políticos, en declaraciones realizadas durante la cumbre. El presidente estadounidense aseguró que se enteró de la noticia “después” de su reunión con Lula, aunque confundió de manera repetida la condena judicial con un arresto, y confundió a Eduardo Bolsonaro —ex diputado que reside en Texas desde febrero de 2025— con su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, quien sí compite en las elecciones presidenciales previstas para el 4 de octubre. “Le iba bien en las encuestas y lo arrestaron porque hizo declaraciones desde Texas”, afirmó Trump.

Lula respondió con dureza ante la prensa al término de la cumbre. Dijo que Trump “sabe poco de Brasil” y que Estados Unidos “podría aprender” sobre cómo celebrar elecciones pacíficas. Advirtió que su par tiene derecho a sus preferencias electorales, pero que no debe “interferir en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son asunto de Brasil”. Con ironía, añadió que la próxima vez llevaría una urna electrónica para mostrarle a Trump cómo funciona el sistema de votación brasileño.

El fallo del Supremo Tribunal Federal, adoptado por unanimidad por los cuatro magistrados de la Primera Sala, declaró a Eduardo Bolsonaro culpable de haber gestionado desde suelo estadounidense la imposición de sanciones contra jueces brasileños y de haber alentado la aplicación de aranceles punitivos para entorpecer el proceso judicial contra su padre. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, exhibió durante la audiencia videos y declaraciones del propio Eduardo Bolsonaro en los que describía sus gestiones ante la administración Trump. “Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles”, afirmó De Moraes. Además de la pena de prisión en régimen semiabierto, la Corte le impuso una multa equivalente a unos 31.700 dólares y una inhabilitación política de ocho años.

En vísperas del G7, Washington propuso nuevos aranceles del 25% a las importaciones brasileñas, alegando prácticas comerciales desleales, y designó al Primer Comando de la Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, una clasificación que Lula rechazó de plano al sostener que esos grupos buscan lucro, no un cambio político. El presidente brasileño calificó la conducta de Trump de “irrespetuosa” y lo acusó de comportarse “como un emperador”. En Brasilia, la escalada se interpreta también en clave electoral: la presión de Washington beneficia a Flávio Bolsonaro y complica la estrategia del gobierno ante una opinión pública que vota en octubre.

El choque en Évian deja al descubierto que la relación entre Brasil y Estados Unidos está condicionada, cada vez más abiertamente, por la disputa política interna brasileña. Mientras Lula intenta blindar la soberanía judicial de su país frente a las presiones externas, Trump consolida su papel de respaldo internacional al bolsonarismo, una ecuación que difícilmente se resolverá antes de las elecciones de octubre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que “tal vez” sea posible avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, tras revelar que mantuvo conversaciones el domingo con sus homólogos ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelensky.

“Hemos tenido una muy buena conversación ayer con el presidente Zelensky y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello”, declaró Trump ante los medios al margen de un encuentro bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, como antesala a la cumbre del G7 que se celebra entre el 15 y el 17 de junio en esta localidad francesa a orillas del lago Lemán.

Trump llega a Évian respaldado por un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero, y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos. Según el mandatario, algunos buques ya transitan el estrecho sin pagar peaje, y un memorando de entendimiento ha sido firmado, aunque no precisó cuándo se haría público el texto.

Con ese frente en vías de cierre, Trump dijo que dirigirá su atención hacia los conflictos de Ucrania y el Líbano.

Sin embargo, Zelensky, que llegará a Évian el martes, señaló este lunes que propuso un encuentro directo con Putin en el marco del G7, pero que Moscú “no está preparado” para negociar el fin de la guerra. En el campo de batalla, al menos once personas murieron este lunes en ataques aéreos rusos sobre varias ciudades ucranianas. Uno de los bombardeos provocó un incendio que dañó el tejado de la catedral ortodoxa de la Dormición de Kiev, templo inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La sesión del martes en el G7 —la más cargada de la cumbre— se centrará en paz y seguridad en Ucrania. Trump tiene prevista una reunión de trabajo con Zelensky, cuya posición ha mejorado desde que el año pasado, en el Despacho Oval, el propio Trump le dijera que no tenía “las cartas” para negociar.

Macron, por su parte, expresó este lunes ante la televisión francesa TF1 su esperanza de convencer a Trump de aumentar la presión sobre Rusia. “Lo que quiero en el fondo es ver que los estadounidenses dicen: estamos con ustedes, vamos a continuar ayudando a Ucrania, vamos a meter más presión contra Rusia”, señaló el presidente francés, quien también abogó por una negociación en la que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa junto a europeos y estadounidenses. “La población civil se ve afectada de forma inaceptable por Rusia”, subrayó.

La cumbre también tendrá que abordar otras tensiones. Antes de partir hacia Francia, Trump advirtió al diario New York Post que aplicaría aranceles del 100% al vino francés si París no elimina su impuesto digital a las grandes tecnológicas estadounidenses. Macron respondió que Francia no cederá a esas amenazas y recordó que “los aranceles no le hacen bien a nadie, especialmente entre países del G7”. Minutos antes de aterrizar en Évian, Trump publicó en redes sociales un mensaje sobre inmigración que avivó las tensiones con sus aliados europeos.

La agenda del G7 incluye además el equilibrio económico global, el suministro de minerales críticos fuera de la órbita de China y la regulación de la inteligencia artificial.

Donald Trump reveló este miércoles que en mayo ordenó una operación militar encubierta para garantizar el tránsito de buques comerciales y petroleros por el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene bloqueado desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Según el presidente, el operativo permitió que más de 100 millones de barriles de crudo llegaran al mercado internacional y que más de 200 embarcaciones cruzaran el paso marítimo sin incidentes.

“El mes pasado, ordené a nuestras magníficas Fuerzas Armadas que llevaran a cabo una misión secreta para apoyar a petroleros y otros buques comerciales en su tránsito por el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en Truth Social. En declaraciones en el Despacho Oval, detalló las maniobras: “Llevábamos sacando millones de barriles cada noche, sin luces, porque no tienen radar, porque les destruimos todo”. Trump atribuyó a ese flujo clandestino haber contenido el precio del crudo, que, según sus palabras, habría alcanzado los 250 dólares sin esa intervención.

“Más de 200 buques comerciales han navegado con seguridad por el estrecho. Este esfuerzo, que ha sido un éxito rotundo, es posible porque los Estados Unidos de América controlan el estrecho de Ormuz”, concluyó el mandatario en el breve mensaje.

El republicano no ofreció más datos acerca del operativo para asegurar el paso de buques por la vía marítima, bloqueada por Irán desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

Por el estrecho de Ormuz pasa aproximadamente el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado. Irán cerró el paso el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la denominada Operación Furia Épica. El cierre dejó atrapados en el Golfo Pérsico a más de 1.500 buques y unos 23.000 marineros. El precio del crudo acumuló un alza del 35 por ciento entre marzo y abril, aunque desde entonces se estabilizó ante las expectativas de negociación, según EFE.

El Proyecto Libertad fue lanzado el 4 de mayo con destructores lanzamisiles, más de cien aeronaves y 15.000 efectivos. Duró apenas 36 horas: Trump lo suspendió el 5 de mayo alegando presiones diplomáticas y avances con Teherán. Durante el operativo, fuerzas estadounidenses hundieron siete embarcaciones iraníes y un buque de la francesa CMA CGM fue incendiado cuando intentaba cruzar sin autorización iraní.

La tregua vigente fue mediada por Pakistán el 8 de abril y se ha extendido en varias ocasiones. A finales de mayo, ambas partes alcanzaron un entendimiento provisional para ampliarla 60 días más e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, sanciones y libertad de navegación, según Al Jazeera. Irán posee 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento, a un paso técnico de los niveles de uso armamentístico, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

La decisión de Trump de revelar ahora el operativo sugiere un cálculo deliberado: afirmar dominio simbólico sobre Ormuz en un momento en que las negociaciones muestran fisuras y la tregua no ha logrado reabrir el paso de forma estable. Si el estrecho no recupera su plena operatividad, los organismos económicos advierten que el impacto sobre los precios al consumidor podría agudizarse en los próximos meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con apoderarse del uranio enriquecido iraní sin necesidad de alcanzar un acuerdo previo con Teherán, abrió la posibilidad de reunirse con el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, y celebró avances hacia la estabilización del alto el fuego en Líbano tras afirmar haber hablado directamente con Hezbollah.

“Podríamos conseguirlo ahora mismo. No creo que pudieran detenernos si quisiéramos, pero no hay motivo para hacerlo. Está enterrado”, declaró Trump ante periodistas en la Casa Blanca. La frase resume el eje de la política nuclear estadounidense: Irán no puede conservar su material nuclear sea cual sea el destino del conflicto iniciado con la Operación Furia Épica.

La referencia al uranio “enterrado” remite a la Operación Midnight Hammer, ejecutada por Estados Unidos e Israel en junio de 2025 contra Natanz, Fordow e Isfahán. Aquellos ataques colapsaron estructuras sobre el nivel del suelo, pero dejaron intactas las cámaras subterráneas donde se concentraba el material enriquecido. Cantidad, composición y paradero de ese uranio: el punto más tenso de las negociaciones en Qatar.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) distribuyó este jueves un informe confidencial en el que reiteró su llamado urgente a Irán para que permita reanudar las inspecciones. El organismo admitió no haber podido verificar las reservas iraníes desde mediados de junio de 2025, situación calificada como “motivo de grave preocupación”. Grossi había señalado en febrero que la mayor parte del uranio de alta pureza se encontraba en un complejo de túneles en Isfahán, instalación a la que los inspectores tampoco han accedido.

Antes de los ataques, Irán acumulaba más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un nivel a un paso técnico del grado de armas. El OIEA estimaba que el país podría producir al menos una cabeza nuclear si lo enriquecía al 90%. La suspensión de la cooperación dejó a Washington sin inventario actualizado del arsenal iraní, opacidad que alimenta la estrategia de presión de Trump.

A comienzos de mayo, el presidente publicó en Truth Social que el uranio debería ser “entregado de inmediato a Estados Unidos para ser traído a casa y destruido” o “destruido en el lugar” bajo supervisión del OIEA. Fuentes citadas por Axios informaron que Trump modificó el borrador del memorando en los apartados sobre la transferencia. Irán rechazó haber acordado nada: un alto funcionario declaró a Reuters que Teherán no comprometió la entrega de su uranio, mientras el asesor Mohsen Rezaei acusó a Washington de exigir condiciones concretas mientras mantiene sus compromisos en una “ambigüedad” deliberada.

Sobre Khamenei, Trump moduló el tono: “No quiero reunirme. Pero si me reuniera, sería un honor”, declaró. Añadió que el nuevo líder —designado el 9 de marzo— goza en “algunos círculos” de “muy buena reputación”, en contraste con marzo, cuando lo describió como un “peso ligero” cuya designación le resultaba “decepcionante”.

En el frente libanés, Trump afirmó haber hablado con Hezbollah y celebró “avances” para estabilizar la tregua desde mediados de abril. “Nos llamaron y nos dijeron: ‘¿Qué tal si paramos?’. Y creo que pronto veremos cómo se desarrollan los acontecimientos”, relató desde el Despacho Oval. El secretario general de Hezbollah, Naim Qasem, rechazó la tregua ese mismo día, calificándola de “capitulación”. Al menos ocho personas murieron en territorio libanés por bombardeos israelíes. Trump reconoció que el conflicto libanés está “interrelacionado con Irán”, pese a haber sostenido la víspera que prefería mantener ambas negociaciones por separado.

El uranio enterrado bajo las ruinas de los complejos nucleares iraníes seguirá siendo, mientras no haya acuerdo en Qatar, tanto el principal argumento de la presión estadounidense como la prueba más concreta de que la guerra no resolvió aquello que la desencadenó.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles una resolución de poderes de guerra que ordena a Donald Trump retirar las fuerzas militares del conflicto con Irán, en lo que constituye el primer respaldo formal del Legislativo desde que estalló el enfrentamiento hace tres meses. La votación fue de 215 a 208, con cuatro republicanos que rompieron la disciplina de partido.

Los cuatro legisladores fueron Tom Barrett, de Míchigan; Warren Davidson, de Ohio; Brian Fitzpatrick, de Pensilvania, y Thomas Massie, de Kentucky. Ningún demócrata votó en contra, aunque siete miembros se ausentaron. El resultado desató aplausos en el hemiciclo y representó un revés político para Trump en medio de una guerra que arrastra cuatro meses sin salida visible.

La medida es principalmente simbólica. Para tener efecto deberá superar el Senado y, de llegar al escritorio presidencial, Trump casi con certeza la vetaría: para anular ese veto se requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, umbral que los demócratas están lejos de alcanzar. Aun así, es la primera vez que la Cámara aprueba una resolución de este tipo desde el inicio del conflicto.

El representante Gregory Meeks, de Nueva York, principal impulsor de la iniciativa, sintetizó el sentir demócrata con una frase recogida por AP: “Ya es suficiente. Es hora de que el presidente haga lo correcto”. El alza de la gasolina y la presión inflacionaria derivada del cierre del estrecho de Ormuz han erosionado la paciencia de legisladores antes silenciosos. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había intentado evitar esta derrota: hace dos semanas anuló la sesión cuando la resolución estaba a punto de aprobarse.

La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron los ataques sobre Irán en la operación Furia Épica sin autorización del Congreso. La Ley de Poderes de Guerra de 1973 fija un plazo de 60 días para obtener respaldo legislativo o cesar las hostilidades; ese plazo venció el 1 de mayo. La Casa Blanca argumentó que el reloj quedó pausado por el alto el fuego de principios de abril, pero los demócratas rechazaron esa lectura. “No creo que la ley respalde esa interpretación”, declaró el senador Tim Kaine, de Virginia.

El propio conflicto desmiente la narrativa oficial. En la madrugada del miércoles, drones iraníes golpearon el aeropuerto de Kuwait —causando la muerte de una persona y daños severos a la Terminal 1, según la cancillería kuwaití— mientras fuerzas estadounidenses atacaban una estación de control iraní. Irán presentó sus ataques como represalia por operaciones contra la isla de Qeshm. Las negociaciones para un acuerdo duradero avanzan despacio, complicadas además por la reanudación de combates entre Israel y Hezbollah en el Líbano.

El Senado avanzó en una resolución similar el mes pasado cuando cuatro senadores republicanos se sumaron a los demócratas. Aún no hay fecha para la votación definitiva, y el líder de la mayoría, John Thune, conserva la capacidad de bloquear el trámite. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la resolución enviaría a Teherán la señal de que Washington tiene las manos atadas, debilitando la posición negociadora.

La aprobada este miércoles es la cuarta resolución de poderes de guerra votada en la Cámara desde el inicio del conflicto, y el margen favorable ha crecido en cada ocasión. Si el Senado la ratifica, se abrirá un litigio constitucional sobre los límites del Ejecutivo en materia bélica —el mismo debate que el Congreso intentó zanjar hace más de medio siglo con una ley que ningún presidente ha aceptado del todo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó este martes el fondo de 1.800 millones de dólares concebido para compensar a personas que alegaran haber sido víctimas de la “weaponización” del gobierno federal, una iniciativa que había generado una rebelión inusual dentro del propio Partido Republicano y que dos tribunales federales habían bloqueado antes de que pudiera desembolsar un solo dólar.

El fiscal general en funciones, Todd Blanche, anunció la cancelación durante una comparecencia ante el Subcomité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes. “No vamos a seguir adelante con el fondo, punto”, declaró. Frente a la insistencia de la representante demócrata Grace Meng, que preguntó si ese abandono era definitivo, Blanche confirmó que así era, aunque se negó a formalizarlo por escrito, argumentando que la transcripción de la audiencia constituía compromiso suficiente.

El fondo se anunció el 18 de mayo como parte de un acuerdo civil entre Trump y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la agencia tributaria federal, que resolvía una demanda de 10.000 millones de dólares que el presidente había interpuesto contra el organismo. El origen de esa disputa era la filtración de sus declaraciones fiscales a los medios por parte de un antiguo contratista del gobierno. El acuerdo también eximía a Trump, a sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y al Trump Organization de posibles reclamaciones fiscales pendientes, una cláusula que Blanche confirmó que permanece en vigor.

Los tribunales actuaron con rapidez. La jueza federal Leonie Brinkema, del Distrito Este de Virginia, prohibió temporalmente al Departamento de Justicia asignar dinero al fondo, transferir fondos, evaluar solicitudes o realizar cualquier pago, mientras se tramitaba una demanda que lo declaraba ilegal. Había fijado una audiencia para el 12 de junio. En paralelo, la jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, abrió una investigación para determinar si el propio acuerdo entre Trump y el IRS constituía una “colusión” o un “fraude al tribunal”, a petición de 35 exjueces federales que pedían reabrir el caso.

La resistencia judicial se sumó a una disidencia política que cruzó líneas partidarias. El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, calificó el fondo de “estupidez sobre estupidez”. La presión fue suficiente para que los líderes del Senado pospusieran la votación de una ley de financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, ante el temor de que los fondos pudieran canalizarse hacia condenados por los ataques del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal.

Esa cuestión fue el flanco más delicado del debate. La administración nunca descartó que quienes participaron en el asalto al Congreso pudieran acceder al programa. El propio Blanche había declarado a CNN que las personas que agreden a policías reciben indemnizaciones con regularidad y que cada solicitud se evaluaría caso a caso. El argumento resultó políticamente indefendible: el 6 de enero de 2021, simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Trump, al regresar al poder en enero de 2025, concedió clemencia a más de 1.500 condenados por esos hechos y su administración retiró los comunicados del Departamento de Justicia sobre esas causas, calificándolos de “propaganda partidista”.

Los juristas también cuestionaron los fundamentos legales del programa. Adam Zimmerman, profesor de derecho en la Universidad del Sur de California, señaló a NPR que los grandes fondos de compensación de administraciones anteriores —vinculados al Holocausto o al derrame de BP en el Golfo de México— resolvían litigios colectivos con víctimas identificadas y daños verificables. El fondo de Trump no tenía conexión directa con los agravios alegados en la demanda contra el IRS, carecía de la aprobación del Congreso y no contaba con supervisión judicial.

El repliegue de este martes es la primera retirada de envergadura de una iniciativa emblemática del segundo mandato de Trump ante la presión conjunta de los tribunales y de su propio partido. Permanece abierta la pregunta de si la cláusula de inmunidad fiscal negociada para Trump y su familia resistirá el escrutinio judicial al que también está sometida.

Donald Trump nombró este martes a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), como director interino de Inteligencia Nacional, el cargo que coordina las 18 agencias que componen el aparato de espionaje estadounidense, entre ellas la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Pulte, de 38 años y sin experiencia en seguridad nacional, reemplaza a Tulsi Gabbard, quien presentó su renuncia el 22 de mayo por motivos personales. Conservará sus funciones al frente de la FHFA y como presidente de los consejos de Fannie Mae y Freddie Mac.

Trump justificó la designación en Truth Social con el historial financiero de Pulte: “William tiene una amplia experiencia en la gestión de los asuntos más delicados de Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados”. La ley federal que creó el cargo en 2004 exige que el director de Inteligencia Nacional tenga “amplia experiencia en seguridad nacional”, un requisito que Pulte no cumple. Trump resolvió el obstáculo con la designación interina, que elude la confirmación del Senado: Pulte podrá ejercer el cargo hasta 210 días sin responder ante los legisladores, un período que se extiende hasta las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Pulte llegó a la FHFA sin antecedentes en regulación financiera ni en el sector público. Nieto del fundador de PulteGroup, una de las principales constructoras de vivienda del país, usó el acceso a las bases de datos de Fannie Mae y Freddie Mac para identificar registros hipotecarios de políticos demócratas y presentar referidos penales ante el Departamento de Justicia contra al menos cuatro de ellos, entre ellos el senador Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Cuando funcionarios internos abrieron una investigación sobre cómo obtuvo esos registros, Pulte destituyó a los responsables del área de ética, una decisión que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) investiga por posible abuso de autoridad. James fue imputada en octubre por fraude bancario, pero un juez federal desestimó los cargos un mes después.

La partida de Gabbard no simplifica el panorama. La ex diputada hawaiana presentó su renuncia porque su esposo, Abraham Williams, fue diagnosticado con una forma extremadamente rara de cáncer óseo. Su mandato estuvo marcado por tensiones con Trump: ante el Comité de Inteligencia del Senado, sostuvo que Irán no intentó reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses de 2025, una evaluación que contradecía el relato de la Casa Blanca sobre la necesidad de esa guerra. La renuncia, efectiva el 30 de junio, se produce con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán aún frágil.

La reacción en el Congreso fue inmediata. El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia, afirmó que Pulte fue elegido porque “la Casa Blanca cree que proveerá la narrativa que quiere, no la inteligencia que necesita”. El líder republicano John Thune evitó respaldarlo: dijo que Estados Unidos “no necesita un departamento de inteligencia politizado” y advirtió que confirmar a Pulte de forma permanente implicaría “un largo camino” ante el Senado. El vicepresidente JD Vance lo defendió argumentando que Pulte “reconoce que la burocracia de la comunidad de inteligencia debe responder al liderazgo electo”.

El nombramiento tiene un precedente en el primer mandato de Trump: en 2020 designó a Ric Grenell director interino con un perfil también alejado de la experiencia técnica en espionaje. La diferencia es cualitativa: Pulte asume bajo una investigación federal activa por su conducta en la FHFA y sin ningún vínculo previo con la comunidad de inteligencia.

El Gobierno de Bangladés intervino ayer para salvar al búfalo, que se había convertido en una sensación en internet debido a su inusual coloración y su peculiar melena rubia, peinada de una forma que recuerda al característico peinado de Trump.

"Hoy se ha añadido un acontecimiento excepcional a la historia de la ganadería y la biodiversidad de Bangladés. Un raro búfalo albino ya ha sido trasladado al Zoológico Nacional en Mirpur, Daca, para su conservación", anunció el viceministro de Pesca y Ganadería de Bangladés, Sultan Salahuddin Tuku, en Facebook.

El viceministro afirmó que la coloración rosácea del búfalo, causada por una deficiencia del pigmento melanina, llevó a las autoridades a protegerlo para evitar que fuera sacrificado.

"Estos animales son extremadamente raros en todo el mundo. Las estadísticas sugieren que solo uno de cada 10.000 búfalos puede nacer con este tipo de característica albina. Por lo tanto, no solo es un animal raro, sino también un activo extremadamente importante para la investigación, la conservación y la protección de la biodiversidad", escribió.

El alto cargo añadió que se ha preparado un gran refugio para el búfalo y se ha ordenado al Departamento de Servicios Ganaderos que proporcione tratamiento y supervisión las 24 horas del día.

El búfalo de 700 kilogramos iba a ser sacrificado el jueves cerca de Daca durante el Eid al-Adha, la segunda fiesta más importante en el Islam, en la que se espera que se sacrifiquen más de 12 millones de cabezas de ganado en todo este país de mayoría musulmana.

La intervención del Gobierno se produjo después de que cientos de visitantes curiosos acudieran en masa a ver al búfalo, tomar fotografías y acariciar con cautela al tranquilo animal en su refugio temporal en la zona de Keraniganj, en Daca.

El miércoles, un portavoz del Ministerio del Interior de Bangladés había declarado a la EFE que el Gobierno había ordenado el rescate del búfalo para evitar posibles disturbios públicos.

Tras la orden, los medios locales publicaron fotografías en las que se veía a varias personas escoltando al animal hasta una comisaría cercana.

El Gobierno señaló que se había indemnizado al comprador del búfalo por el valor justo de mercado y se le había proporcionado una vaca alternativa para el sacrificio, a fin de garantizar que no sufriera pérdidas económicas.

El búfalo había sido criado durante el último año en la granja Rabeya Agro Farm, a las afueras de la capital, antes de ser entregado a principios de esta semana a su nuevo propietario para ser sacrificado.

Los encargados de la granja organizaron una gran despedida para el animal, con alfombra roja y coloridos efectos de humo incluidos.

Uno de los propietarios de la granja, Nuruddin Jitu, declaró a la EFE que compraron el búfalo hace 10 meses en la ciudad de Rajshahi y lo bautizaron como 'Donald Trump' debido a su aspecto inusual.

El búfalo se convirtió en una sensación mundial en Internet después de que noticias de los medios locales sobre él se hicieran virales, atrayendo a cientos de visitantes a la granja en las últimas semanas.

La Casa Blanca amaneció este martes convertida en un gran solar de obras. Grúas y equipos de construcción tomaron el jardín sur de la residencia presidencial para levantar el estadio temporal que albergará el 14 de junio una velada histórica de la Ultimate Fighting Championship (UFC), organizada como parte de los festejos del 80 cumpleaños del presidente Donald Trump y del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La estructura semicircular, cuyas piezas fueron fabricadas en Europa, transportadas a Pensilvania y de allí por tierra hasta Washington, tendrá capacidad para aproximadamente 5.000 espectadores, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas e invitados de la UFC y de la Casa Blanca. Para el resto del público, la organización prevé instalar pantallas gigantes en The Ellipse, el parque al sur de la residencia, donde podrán seguir el evento en directo hasta 80.000 personas adicionales.

El combate estelar enfrentará al hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en sus 17 peleas profesionales, y al estadounidense Justin Gaethje, por la unificación del título mundial de peso ligero. Topuria, nacido en Alemania de padres georgianos refugiados y afincado en España con doble ciudadanía, conquistó el cinturón de las 155 libras al noquear al brasileño Charles Oliveira, y detuvo después su actividad por motivos personales. Gaethje, de 37 años y con récord de 27 victorias y 5 derrotas, llega como campeón interino tras imponerse al británico Paddy Pimblett en enero de 2026.

La cartelera incluye también un combate por el título interino de peso semipesado entre el brasileño Alex Pereira, bicampeón de la UFC en dos categorías, y el francés Cyril Gane. Dana White, director ejecutivo de la organización y uno de los principales apoyos públicos de Trump en la campaña de 2024, presentó la cartelera junto al presidente en el Despacho Oval durante la retransmisión del UFC 326 el pasado mes de marzo.

El coste del espectáculo resulta tan llamativo como el escenario. Según declaró Mark Shapiro, presidente de TKO Group Holdings —empresa matriz de la UFC— ante inversores, el presupuesto total superará los 60 millones de dólares, cifra que “definitivamente no bajará y podría subir”. TKO espera recuperar unos 30 millones a través de patrocinadores, pero asume pérdidas. White informó al Sports Business Journal que solo reponer el césped del jardín sur costará 700.000 dólares. La organización ha garantizado que ningún fondo público financiará el evento.

Trump, aficionado declarado a las artes marciales mixtas, tiene una larga historia con los deportes de combate: antes de su carrera política promovió veladas de boxeo en los años ochenta y noventa, y mantuvo una estrecha relación con la World Wrestling Entertainment (WWE), que lo incluyó en su salón de la fama en 2013. La UFC, fundada en 1993, es hoy la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo, con presencia en más de 160 países.

El evento no ha estado exento de controversia. Opositores demócratas han cuestionado el uso de la sede del poder ejecutivo para un espectáculo de esta magnitud, y medios especializados han señalado las dificultades logísticas de una operación sin precedentes en la Casa Blanca. La velada coincide además con el Día de la Bandera de Estados Unidos, coincidencia que la administración Trump ha aprovechado para revestir de simbolismo patriótico el mayor y más costoso evento deportivo privado jamás celebrado en los terrenos de la residencia presidencial.

Donald Trump recibió este martes al senador brasileño Flávio Bolsonaro en el Salón Oval de la Casa Blanca, en un gesto que la familia Bolsonaro presentó como un respaldo explícito a su candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre en Brasil. El encuentro, no contemplado en la agenda oficial de Trump y cerrado a la prensa, se produjo menos de tres semanas después de que el mandatario estadounidense recibiera en ese mismo despacho al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal por Río de Janeiro y precandidato presidencial designado por su padre, viajó a Washington el domingo sin confirmación de reunión. El propio senador grabó un video desde la Casa Blanca sin revelar con quién se reuniría y contemplaba, como alternativa, verse con el vicepresidente JD Vance. Trump lo recibió y Bolsonaro publicó una fotografía junto al mandatario sentado en el escritorio presidencial.

El viaje se produjo en el peor momento de su precampaña. El 13 de mayo, el portal Intercept Brasil divulgó audios en los que el senador pedía al banquero Daniel Vorcaro recursos millonarios para financiar Dark Horse, una cinebiografía de su padre protagonizada por el actor Jim Caviezel. Vorcaro, ex presidente del Banco Master, se encuentra detenido desde marzo de 2026 acusado de liderar lo que la Policía Federal describe como el mayor fraude contra el sistema financiero de la historia del país, con un monto estimado en 593 millones de dólares.

Según la Operación Compliance Zero, el banco habría captado fondos con certificados de depósito de intereses muy superiores a los del mercado y construido carteras de crédito ficticias para simular solvencia.

En los audios, Bolsonaro se dirige a Vorcaro como “hermano” y le solicita fondos. Reconoció la autenticidad de las grabaciones y admitió haber negociado con el banquero entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, hasta el día previo a su primera detención. Según Bloomberg, ambos habrían acordado una financiación de 134 millones de reales, de los cuales al menos 61 millones ya se habrían transferido. Bolsonaro negó cualquier irregularidad y sostuvo que se trató de “dinero privado” sin utilización de recursos públicos.

El escándalo golpeó de inmediato en las encuestas. Una medición de Quaest posterior a la filtración situó al senador en el 34,3% de intención de voto en primera vuelta, una caída de 5,4 puntos. Los sondeos de segunda vuelta muestran mayor resistencia: Datafolha, en una encuesta del 12 y 13 de mayo con 2.004 entrevistas, registró un empate técnico al 45% entre Lula y Flávio en un eventual balotaje. En diciembre, Lula aventajaba al senador por diez puntos.

La recepción en la Casa Blanca se inscribe en la afinidad entre las familias Trump y Bolsonaro. El mandatario estadounidense impuso aranceles sobre las importaciones brasileñas y ordenó sanciones contra Alexandre de Moraes, el magistrado del Tribunal Supremo que instruyó el caso por golpismo contra Jair Bolsonaro, antes de dar marcha atrás en una negociación con Brasilia. El ex presidente fue condenado a 27 años de prisión por su intento de impedir la transferencia del poder tras su derrota en 2022 e inhabilitado para ejercer cargos hasta 2030.

Recibir a un candidato presidencial extranjero en el Despacho Oval es un gesto diplomáticamente inusual. Lula había pedido a Trump en su reunión del 7 de mayo que Washington no se inmiscuyera en las elecciones brasileñas. La fotografía junto al senador Bolsonaro, publicada apenas horas después, fue una respuesta sin palabras.

En un informe publicado hoy, el organismo señaló que ambas empresas "no se comprometieron a introducir cambios significativos" dentro del plazo previsto a fin de reducir la exposición de menores a contenidos perjudiciales recomendados por los algoritmos, al sostener que sus sistemas "ya son seguros para los niños".

Ofcom afirmó que sus investigaciones muestran que los contenidos personalizados siguen siendo "la principal vía" por la que los menores encuentran material dañino en internet y advirtió de que, pese a la entrada en vigor en 2025 de nuevas obligaciones legales de seguridad digital, la exposición infantil a esos contenidos apenas ha disminuido.

Según los datos del regulador, el 73 % de los menores británicos de entre 11 y 17 años aseguró haber encontrado contenido perjudicial en el periodo de cuatro semanas estudiado, y más de un tercio dijo haberlo visto mientras navegaba por sus recomendaciones automáticas.

Entre los alumnos de secundaria que recordaban haber visto contenido negativo, el 53 % dijo haberlo encontrado en TikTok, seguido de YouTube (36 %), Instagram (34 %) y Facebook (31 %).

La directora ejecutiva de Ofcom, Melanie Dawes, aseveró que el regulador está decidido a "forzar más cambios" en las grandes tecnológicas y utilizar "todo el alcance" de sus competencias para exigirles mejoras.

"Seguimos profundamente preocupados porque, pese a las pruebas abrumadoras del daño existente, las compañías continúan sin tomar las medidas necesarias para mantener a los menores fuera de sus plataformas y hacer más seguras sus recomendaciones", declaró.

El informe sí destacó compromisos adicionales asumidos por varias empresas para combatir el acoso sexual a menores en internet y reforzar las protecciones frente a depredadores sexuales en línea.

Snap Inc., propietaria de Snapchat, acordó impedir por defecto que adultos desconocidos contacten con menores en el Reino Unido e introducir este verano controles de edad "altamente eficaces".

Por su parte, Meta Platforms anunció nuevas herramientas de inteligencia artificial para detectar conversaciones sexualizadas entre adultos y adolescentes en Instagram, mientras que Roblox Corporation permitirá a los padres desactivar completamente los chats directos para menores de 16 años.

No obstante, Ofcom advirtió de que ninguna de las plataformas que requieren una edad mínima de 13 años logró convencer al regulador de que aplica eficazmente esas restricciones.

De acuerdo con el organismo, el 84 % de los niños británicos de entre 8 y 12 años utiliza al menos uno de los grandes servicios digitales con límite de edad de 13 años, como YouTube, Facebook, TikTok, Instagram o Snapchat.

El regulador también adelantó que estudia utilizar nuevos poderes de inspección previstos en la Ley de Seguridad en Línea para auditar los sistemas de moderación, algoritmos y controles de edad de las plataformas en tiempo real.

El informe se publica antes de que concluya el próximo 26 de mayo una consulta pública del Gobierno británico sobre posibles nuevas medidas para proteger a los menores en internet, entre las que se incluye la posible prohibición total del acceso a redes sociales a menores de 16 años.

El animal de 700 kilogramos, con una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump, ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca.

Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.

De acuerdo con información de The Independent, el animal fue recientemente vendido por un precio de 4,5 dólares por kilo y será entregado a sus nuevos dueños antes de la Fiesta del Sacrificio a finales de mayo, una celebración llevada a cabo por los musulmanes.

Este martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará", indica la publicación.

“Si quieres la paz, prepárate para la guerra”, escribió hace siglos Vegecio. Mucho antes, Sun Tzu había sostenido que “la suprema excelencia consiste en vencer sin combatir”. Y ya en el siglo XX, Basil Liddell Hart afirmaba que “el objetivo de la guerra es una paz mejor”.

Las tres frases resumen un principio permanente de la historia: las grandes potencias buscan preservar o reconstruir un orden internacional estable. La paz no surge espontáneamente; requiere equilibrio, poder, disuasión y conducción política.

El siglo XXI atraviesa precisamente uno de esos momentos decisivos. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China se ha transformado en el eje ordenador de la política mundial. Ya no se trata solamente de comercio, tecnología o influencia diplomática: está en juego la arquitectura futura del sistema internacional.

En ese contexto, la reciente reunión de alto nivel entre Washington y Beijing representa mucho más que un encuentro bilateral. Constituye el intento más importante de las últimas décadas por administrar la rivalidad entre las dos superpotencias sin que ésta derive en una confrontación abierta.

Detrás de las declaraciones públicas existe un largo proceso diplomático reservado que comenzó años atrás, luego de episodios extremadamente delicados como la crisis del “globo chino” (1), las tensiones alrededor de Taiwán y la creciente militarización del Indo-Pacífico. Tanto Estados Unidos como China comprendieron que una escalada accidental podría tener consecuencias globales imprevisibles.

La cuestión de Taiwán aparece en el centro de esta disputa estratégica. Para Beijing la reunificación forma parte de un objetivo histórico irrenunciable. Para Washington, Taiwán representa un punto clave del equilibrio asiático, además de un enclave tecnológico decisivo por la importancia mundial de la producción de semiconductores.

Allí emerge uno de los conceptos más sofisticados de la diplomacia contemporánea: la “ambigüedad estratégica”. Estados Unidos no reconoce formalmente la independencia taiwanesa, pero tampoco acepta una anexión forzada por parte de China. Esa ambigüedad busca disuadir simultáneamente a ambos actores y evitar una guerra prematura.

La realidad es que ni Washington ni Beijing desean hoy un conflicto directo. Ambos comprenden que la interdependencia económica, financiera y tecnológica convierte cualquier guerra mayor en un riesgo sistémico para el planeta. Por eso muchos especialistas ya no hablan de una nueva Guerra Fría clásica, sino de una “rivalidad administrada”.

En este escenario, Europa atraviesa una evidente crisis estratégica. La Unión Europea aparece debilitada demográficamente, dependiente energéticamente y sin liderazgo político equivalente al de otras épocas. Mientras tanto, Estados Unidos —especialmente a partir del regreso del nacionalismo conservador expresado por Donald Trump— intenta recuperar una reafirmación cultural y geopolítica de Occidente.

Más allá de simpatías o rechazos personales, el fenómeno Trump expresa algo más profundo: la reacción de amplios sectores occidentales frente a la pérdida de identidad, el debilitamiento institucional y la sensación de decadencia estratégica.

La gran pregunta ya no es solamente qué hará China, sino también qué quiere ser Occidente en las próximas décadas. Para la Argentina, este nuevo escenario mundial tiene una enorme importancia. Nuestro país enfrenta simultáneamente dos transiciones históricas: dejar atrás largos años de decadencia económica e institucional y, al mismo tiempo, incorporarse a la revolución tecnológica global.

La inteligencia artificial, la economía del conocimiento, las comunicaciones digitales y la transformación energética están redefiniendo el poder mundial. Las naciones que no comprendan esta transición quedarán definitivamente relegadas.

La Argentina posee recursos humanos, capacidad científica, energía, alimentos y posición geopolítica para integrarse exitosamente al nuevo ciclo histórico. Pero ello exige dirigencia, estabilidad, educación moderna, cultura del trabajo y visión estratégica de largo plazo. El siglo XXI no espera a los países inmóviles.

Como enseñaba Alvin Toffler, “los analfabetos del siglo XXI no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender”.

La historia vuelve a acelerarse. Y cuando eso ocurre, las naciones deben decidir si serán protagonistas de los cambios o simples espectadores del nuevo orden mundial.

(1) La llamada “crisis del globo” ocurrió en febrero de 2023, cuando Estados Unidos detectó un globo aerostático chino sobrevolando su territorio, incluyendo zonas sensibles vinculadas a instalaciones militares y nucleares. Washington sostuvo que se trataba de un dispositivo de espionaje, mientras que China afirmó que era un globo civil de investigación meteorológica que había desviado su rumbo accidentalmente. El episodio provocó una fuerte crisis diplomática entre ambas potencias y simbolizó el creciente clima de desconfianza estratégica y competencia geopolítica entre China y Estados Unidos.

"Es un asunto difícil. Lo planteé. Es difícil para él", declaró Trump a los periodistas bordo del Air Force One tras abandonar China, al ser preguntado por el editor hongkonés, condenado a 20 años de prisión bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional por su papel en las multitudinarias protestas antigubernamentales en la excolonia británica en 2019.

Según Trump, el mandatario chino le aseguró que "va a considerar lo mejor" respecto a este caso, sin más detalles.

Antes de viajar a China, el presidente estadounidense había avanzado que trataría durante la visita la posible liberación de Lai, que tiene 78 años y cuya salud se ha agravado desde que fue encerrado en un centro de máxima seguridad en agosto de 2020.

El de Lai, crítico con el Gobierno chino y fundador de Apple Daily, es el caso más emblemático que ha llegado a los tribunales de la excolonia desde que está vigente la Ley de Seguridad Nacional.

El Tribunal Superior de Hong Kong le condenó en febrero a 20 años de prisión -aunque enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua- por los delitos de conspiración para coludir con potencias foráneas y conspiración para difundir publicaciones sediciosas.

Los fiscales sostuvieron que Lai articuló desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra Hong Kong y el Gobierno central chino, cargos que el acusado y su equipo legal siempre rechazaron.

El abogado de Lai, Robert Pang declaró en enero pasado que el magnate sufre hipertensión, diabetes, cataratas, problemas de visión por oclusión venosa y otras dolencias, en tanto la Fiscalía hongkonesa ha defendido la calidad de la atención sanitaria en prisión.

La causa de Jimmy Lai ha suscitado críticas de organizaciones de prensa y derechos humanos y ha provocado la reacción de varios líderes internacionales, entre ellos Trump, quien expresó su "tristeza" cuando se conoció el veredicto de culpabilidad del editor.

Amnistía Internacional (AI) y otras entidades han denunciado que, desde que Pekín impuso su Ley de Seguridad Nacional, la libertad de prensa ha colapsado en Hong Kong, amenazando con socavar el sistema de libertades del que goza la excolonia británica bajo el principio 'Un país, dos sistemas' acordado tras su devolución a China en 1997 y que debía garantizar que la isla pudiera mantener un alto grado de autonomía durante al menos 50 años.

Estas son las seis claves de la jornada, la última de una visita que duró menos de 48 horas, dejó una fuerte carga simbólica y permitió a Pekín presentar un nuevo marco para la relación, aunque todavía sin anuncio de grandes acuerdos concretos.

Pekín presentó este viernes como principal resultado político de la visita la decisión de Xi y Trump de fijar una nueva orientación para los vínculos bilaterales bajo la fórmula "relación de estabilidad estratégica constructiva China-EE. UU.", llamada, según la Cancillería china, a guiar la relación durante "los próximos tres años o más".

El concepto, ya mencionado por Xi durante la reunión del jueves, se articula en torno a cuatro ideas: cooperación como eje principal, competencia "moderada", diferencias "controlables" y una paz duradera, lo que sugiere un intento de ordenar la rivalidad entre ambas potencias sin presentarla como ruptura.

El analista Bill Bishop apuntó que esta formulación permite a Pekín aceptar que la relación es "competitiva", pero al mismo tiempo enmarcar qué tipo de competencia considera "admisible", mientras que la economista Alicia García-Herrero sostuvo en X que la cumbre dejó una "pausa táctica" dentro de una "contienda estratégica" en la que las líneas rojas intercambiadas no fueron "concesiones", sino "advertencias".

Irán también ocupó este viernes un lugar destacado tras la primera reunión entre Xi y Trump, después de que el mandatario estadounidense asegurase en una entrevista publicada esta mañana que el líder chino le ofreció "ayuda" para la reapertura del estrecho de Ormuz.

La Cancillería china evitó entrar en detalles sobre esas gestiones, pero pidió reabrir "lo antes posible" las rutas de navegación y mantener abierta la "puerta del diálogo", al sostener que "esta guerra, que no debería haber ocurrido, no tiene ninguna necesidad de continuar".

Pekín defendió un arreglo sobre el programa nuclear iraní que atienda las preocupaciones de todas las partes, en línea con el consenso divulgado el jueves por la Casa Blanca, según el cual Xi y Trump coincidieron en que Irán no debe tener "nunca" armas nucleares.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró este viernes que Washington espera cerrar con China un acuerdo para compras agrícolas por valor de "decenas de miles de millones de dólares" anuales durante los próximos tres años, además de avances en ventas de aviones Boeing y soja.

Greer afirmó en una entrevista con Bloomberg que la Administración Trump busca "reequilibrar" el comercio con China, que existe "voluntad" en ambas partes para extender la tregua comercial pactada el pasado octubre en la ciudad surcoreana de Busan y que las licencias chinas para exportar tierras raras han vuelto a niveles mejores, aunque a veces avanzan con "lentitud".

Greer afirmó que los semiconductores avanzados "no se trataron" durante la reunión entre Xi y Trump, pese a la presencia en la delegación estadounidense de Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, que sí intervino brevemente ante ambos mandatarios durante el encuentro con empresarios, explicó durante la entrevista.

El comentario de Greer no confirmó expectativas sobre un posible anuncio inmediato acerca del acceso de compañías chinas al chip H200 de Nvidia, el segundo más potente de la empresa, un asunto sensible en la competencia tecnológica entre ambas potencias.

Trump calificó este viernes su visita de Estado a China de "muy exitosa", según Xinhua, y volvió a presentar a Xi como un "viejo amigo" con el que mantiene una "buena relación".

La escenificación de cercanía tuvo su punto álgido en Zhongnanhai, donde ambos pasearon entre árboles antiguos y rosales antes de una reunión en formato reducido, con Trump elogiando las flores del complejo y Xi prometiendo enviarle semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró en una entrevista con NBC desde Pekín que la política de Washington sobre Taiwán "permanece inalterada" tras la reunión entre Xi y Trump del jueves, pese a que Xi situó la cuestión como "el asunto más importante" de la relación.

Rubio reconoció que Pekín planteó el tema durante la cumbre, como "siempre" hace, pero afirmó que Estados Unidos dejó clara su posición, tras semanas de especulaciones acerca de si Xi trataría de obtener de Trump algún compromiso para limitar las ventas de armas a Taipéi o modificar la política estadounidense hacia la isla autogobernada, cuya soberanía China reclama.

En una charla con el equipo, el ex ministro de Relaciones Exteriores no ocultó su satisfacción: “Estoy realmente muy feliz de este acuerdo entre Estados Unidos y la República Popular China. Es bueno para la paz del mundo y en consecuencia es bueno para nosotros”.

Tres meses de negociación secreta entre Wang Yi y Marco Rubio

Ruckauf fue categórico sobre el origen del encuentro: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo. Hace tres meses que están negociando el equipo de Wang Yi y el equipo de Marco Rubio cada detalle de lo que se iba a decir, de los dos scripts, del script chino y del script norteamericano”. El detalle no es menor: ambos líderes leyeron sus declaraciones, una señal de que ninguna palabra fue librada al azar.

Las declaraciones públicas de los presidentes reflejaron esa contención. Trump afirmó: “Hemos tenido una relación fantástica. Nos hemos llevado bien. Cuando surgieron dificultades, las solucionamos. Yo te llamaba y tú me llamabas.”. Xi Jinping, con un tono más pausado, planteó: “El mundo vuelve a encontrarse en una nueva encrucijada histórica. ¿Podrá China y Estados Unidos superar la llamada trampa de la historia?”.

Los comunicados oficiales de ambos países difirieron en puntos concretos. El estadounidense indicó que ambas partes acordaron mantener abierto el estrecho de Ormuz y que China expresó interés en comprar más petróleo a Estados Unidos. El chino, en cambio, solo hizo referencia a “intercambio de puntos de vista sobre la situación en Oriente Medio, la crisis en Ucrania y la península coreana”, sin mencionar el acuerdo nuclear ni la compra de crudo.

El pacto petrolero y la jugada electoral de Trump

Ruckauf precisó el volumen del acuerdo energético: “Van a ser 800 mil barriles diarios de petróleo que le va a vender Estados Unidos a China. La mitad del precio se va a pagar al momento de la entrega”.

La modalidad inédita responde a un interés compartido: “Ambos juegan a que baje el valor del costo del Brent. A los chinos porque son compradores terribles de petróleo y de gas licuado. Y a los norteamericanos porque hay elecciones el 3 de noviembre y las gasolineras votan en Estados Unidos”.

El ex ministro de Relaciones Exteriores también reveló una primicia sobre la agenda bilateral: “Fijaron una fecha de la siguiente reunión 40 días antes de las elecciones de los Estados Unidos. Tiene que estar muy seguro Donald Trump de lo que cerró con Xi Jinping para arriesgarse a tener un resbalón el 24 de septiembre”.

Sobre el conflicto en Irán, Ruckauf fue preciso: “Irán no tiene bomba atómica, dejémoslo claro. Lo que tiene es el estrecho de Ormuz. Con el estrecho de Ormuz jode al mundo”.

Su lectura sobre el desenlace fue directa: “El estrecho de Ormuz se va a abrir y lo va a tener que abrir Irán y Estados Unidos, porque eso le significa a Irán que pueda vender el petróleo que hoy no vende. Irán está ahogado financieramente”.

El ex ministro de Relaciones Exteriores anticipó además el contorno de un acuerdo con Teherán: “Van a ver seguramente un acuerdo con Irán donde se acaba el sistema nuclear, donde se abre Ormuz y donde Estados Unidos le descongela decenas de miles de millones de dólares de sanciones”.

Xi Jinping jugó la carta del acuerdo, no la de la disputa

Ruckauf identificó una señal de poder poco advertida en la cumbre: “El politburó estuvo en la reunión. Esto no es común en las reuniones de Xi Jinping”. Su lectura fue clara: “Está jugando la carta del acuerdo, no la carta de la disputa. Y tiene que tener garantizado que el politburó pone los ganchos, dirían en la Argentina”.

Sobre la inteligencia artificial, el ex ministro de Relaciones Exteriores reveló un acuerdo que no figura en ningún comunicado: “Lo que Estados Unidos quiere y China quieren de inteligencia artificial es que no la pueda usar cualquiera, que la puedan usar solamente algunos”.

En ese marco, la presencia de Jensen Huang, titular de NVIDIA, en la comitiva empresarial de Trump adquiere otro peso: China depende de los chips de esa compañía para el desarrollo de sus sistemas de IA y, según Ruckauf, ese punto de tensión “está solucionado”.

El analista cerró con una advertencia sobre la naturaleza del poder estadounidense: “Las estructuras permanentes, lo que yo llamaría el complejo industrial militar norteamericano, tiene una estrategia de largo aliento. Las administraciones pasan, pero el poder se queda en el mismo lugar”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el gobierno de Estados Unidos reconoció, por primera vez en su estrategia nacional contra las drogas, que el consumo de fentanilo es un problema de salud pública que debe atenderse desde adentro.

“A mí me parece muy relevante que un documento que salió publicado hace cuatro días de la estrategia de Estados Unidos frente al problema de las drogas, por primera vez reconocen -y esto es muy importante- el consumo de drogas en EU y atenderlo no solamente evitando la llegada de drogas de otros lugares, sino atenderlo desde la perspectiva de salud pública”, destacó la mandataria en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La estrategia de Trump, publicada hace cuatro días, plantea construir “un Estados Unidos libre de drogas a través de normas sociales”. El texto reconoce en su introducción que la Unión Americana enfrenta un problema grave de consumo interno, en el cual se presenta una ruta de prevención.

Ante estas acciones, Sheinbaum subrayó que la posición coincide con la que México ha mantenido desde hace años. “Eso es algo que nosotros hemos mantenido y que nos da mucho gusto que lo hayan reconocido en su estrategia”, señaló.

Anteriormente, la presidenta recordó una conversación previa con Trump, en la que el mandatario estadounidense le preguntó por qué México no enfrenta un problema de adicción similar al de su país. Sheinbaum atribuyó la diferencia a los valores culturales mexicanos y a las campañas nacionales contra las adicciones impulsadas por su administración.

Ahora, la estrategia estadounidense propone dos líneas de acción centrales: intervención escolar y campañas de prevención social. Con estas medidas, Estados Unidos reconoce que debe enfrentar el consumo de drogas desde el interior, con acciones educativas y sociales dirigidas a la población.

“Por primera vez reconoce que tienen que entrar al problema del consumo y hablan de hacer campañas, de entrar en las escuelas”, señaló ayer ante medios de comunicación.

El humanismo como argumento de cooperación

En días recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que la cooperación de México en materia antinarcóticos no obedece a exigencias externas. Aseguró que la actuación del país responde a una convicción propia, basada en principios humanistas.

Sheinbaum subrayó que el objetivo central de las acciones mexicanas es impedir que el fentanilo y otras sustancias alcancen a la juventud, tanto en México como en cualquier otra nación. De acuerdo con la mandataria, la protección de la salud de las nuevas generaciones guía la política nacional frente al tráfico y consumo de drogas.

En este contexto, Claudia Sheinbaum afirmó que el intercambio entre México y Estados Unidos ha dado frutos en un entorno de respeto mutuo, lo que permite anticipar que la cooperación bilateral continuará fortaleciéndose en el futuro.

Asimismo, insistió en que el combate al narcotráfico requiere compromisos recíprocos. Para México, es fundamental que ambos gobiernos trabajen, no solo en frenar el flujo de sustancias ilícitas, sino también en detener el ingreso de armamento que alimenta la violencia en territorio nacional.

León XIV respondió este martes a las críticas reiteradas de Donald Trump con una defensa de la doctrina de paz de la Iglesia y una invitación implícita a la rectificación: “Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”. Las declaraciones del pontífice, formuladas ante periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, llegaron horas antes de que el Vaticano confirmara que Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, le recibirá el jueves en el Palacio Apostólico en un intento de reencauzar unas relaciones que atraviesan su peor momento en décadas.

El papa recordó que la oposición de la Iglesia a las armas nucleares no es una posición política circunstancial: “La Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”. Sobre el uso de armamento en contextos de legítima defensa, punto central de la disputa con la Casa Blanca, León XIV reconoció la complejidad del debate pero lo situó en el marco de la era nuclear: “Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear”.

La fricción se gestó el 7 de abril, cuando el pontífice calificó de “inaceptable” la amenaza de Trump de destruir “toda una civilización” en el conflicto con Irán. Trump le tildó de “débil” y “pésimo en política exterior”. El intercambio escaló hasta incluir la publicación en Truth Social de una imagen generada por inteligencia artificial en la que el presidente aparecía como Jesucristo sanando a un enfermo. La imagen fue calificada de “blasfema” incluso por aliados del presidente y retirada tras unas doce horas en línea.

En la última ronda, Trump acusó al papa, en una entrevista con el comentarista Hugh Hewitt difundida el lunes, de “preferir hablar del hecho de que está bien que Irán tenga un arma nuclear”. La afirmación carece de base: León XIV nunca respaldó el programa nuclear iraní, sino que ha pedido negociaciones de paz y criticado las amenazas bélicas del presidente. La agencia AP advirtió que esa tergiversación complica el trabajo de Rubio, que llega a Roma no como mensajero de una administración que haya moderado su retórica, sino como bombero a apagar un incendio que su jefe continúa avivando.

La visita está fijada para el jueves a las 11.30 hora local. Rubio, católico practicante, ya estuvo en el Vaticano en mayo de 2025, un día después de la elección del pontífice, junto al vicepresidente JD Vance. La agenda incluye reuniones con el cardenal Pietro Parolin, el canciller Antonio Tajani y el ministro de Defensa Guido Crosetto, centradas en Medio Oriente y los intereses comunes en las Américas. El papa, que el viernes cumple el primer aniversario de su elección, subrayó la coherencia de su mensaje: “Ya hablé desde el primer instante de ser elegido y reitero: paz con vosotros”. Sobre la cita, dijo esperar “un buen diálogo, con confianza y franqueza”, pero aclaró que “los temas por los que viene no son los de hoy”.

El choque abrió una grieta dentro del propio campo aliado de Washington. Giorgia Meloni, primera ministra italiana y hasta hace pocas semanas aliada más próxima a Trump en Europa, calificó de “inaceptables” sus críticas al papa. Trump respondió que “la inaceptable es ella” por no oponerse al programa nuclear iraní.

La unanimidad italiana en defensa de León XIV —de Salvini a Schlein— ilustra el coste creciente de asociarse sin matices a la retórica de Washington. Para Rubio, que ha actuado como moderador ante los aliados europeos, la escala en Roma es un ejercicio de contención sin red: llega a descongelar una relación que el presidente, el mismo lunes, eligió volver a tensar.

El presidente Donald Trump declaró que espera con interés reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, lo que indica que sus planes para la cumbre, de gran importancia, siguen en pie a pesar de las nuevas tensiones entre las dos mayores economías del mundo.

“Voy a ver al presidente Xi en dos semanas. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento”, dijo Trump el lunes durante un evento en la Casa Blanca. “De hecho, será un viaje muy importante”.

Los dos líderes tienen previsto reunirse la próxima semana, del 14 al 15 de mayo en Beijing, en un encuentro de gran trascendencia para Estados Unidos y China, que buscan superar los desafíos en materia de comercio y otros frentes, como Taiwán y la guerra en Irán. Funcionarios estadounidenses y chinos llevan meses preparándose para la cumbre, incluyendo conversaciones sobre la creación de un nuevo mecanismo bilateral para gestionar las relaciones económicas.

El conflicto en Oriente Medio ya ha retrasado la reunión una vez, generando inquietud en los mercados financieros ante la posibilidad de que agrave una relación ya de por sí compleja. Las relaciones entre Estados Unidos y China se estabilizaron en gran medida después de que la reciprocidad arancelaria del año pasado generara preocupación por una recesión global.

La guerra con Irán ha reavivado las tensiones. El conflicto, que ya dura nueve semanas, ha interrumpido el flujo de energía a través del estrecho de Ormuz, obligando a importadores de crudo como China a esforzarse por evitar la escasez interna. Los esfuerzos de Estados Unidos por aumentar la presión sobre Teherán para que ponga fin a la guerra han derivado en sanciones contra refinerías chinas que procesan petróleo iraní.

China ha ordenado ahora a las empresas que no acaten las sanciones estadounidenses contra refinerías privadas vinculadas al comercio de petróleo iraní, un acto de desafío que pondrá a prueba el sistema de sanciones estadounidense.

Trump también ha cuestionado si Beijing está ayudando a Irán en la guerra. Afirmó que la Armada estadounidense había interceptado un “regalo” destinado a Irán, sin ofrecer más detalles.

Estados Unidos también ha presionado a China, junto con otras economías que dependen de las importaciones de petróleo, para que ayuden a reabrir el estrecho de Ormuz, pero tanto Beijing como los aliados estadounidenses se han resistido a estas peticiones. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó el lunes a China a unirse a la operación estadounidense para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz.

(Bloomberg)

Friedrich Merz aprovechó el primer aniversario de su llegada al poder para salir al paso de la crisis diplomática con Washington. En una entrevista emitida este domingo por la cadena pública ARD, el canciller alemán ratificó sus críticas a la gestión estadounidense del conflicto con Irán, rechazó que la retirada de más de 5.000 soldados de Alemania sea consecuencia de su desencuentro con Donald Trump y reclamó que Europa sea consultada antes de que EEUU tome decisiones militares que afectan al conjunto de la alianza.

La disputa se desató el lunes pasado, cuando Merz afirmó que Washington carecía de una estrategia de salida coherente en Irán y que el régimen de Teherán había “humillado a toda una nación” en las negociaciones de paz. Trump respondió acusando al canciller de “no tener ni idea” y de no haber prestado apoyo a EEUU. El miércoles amenazó con retirar tropas de Alemania. El viernes, el Pentágono formalizó la orden: Pete Hegseth, secretario de Defensa, dispuso la salida de aproximadamente 5.000 efectivos en un plazo de seis a doce meses. El sábado, Trump advirtió de que la reducción sería “mucho más” que esa cifra inicial.

Merz restó importancia al anuncio. El contingente afectado corresponde a soldados que el ex presidente Biden desplegó de manera temporal en Europa tras la invasión rusa de Ucrania y sobre cuya retirada se llevaba hablando desde hacía tiempo. “Quizá se esté exagerando un poco, pero no es algo nuevo”, dijo, según el adelanto difundido por ARD. Al ser preguntado si sus críticas sobre Irán habían precipitado la decisión, fue tajante: “No existe ninguna relación.”

La guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero con ataques conjuntos de EEUU e Israel sin consulta previa a los socios de la OTAN, ha tensado las relaciones atlánticas como ningún otro asunto reciente. Merz fue inicialmente uno de los primeros líderes europeos en respaldar la intervención, pero su postura se endureció a medida que el conflicto se prolongaba sin salida diplomática visible. El cierre de facto del estrecho de Ormuz y el encarecimiento del combustible global han agudizado la presión sobre las cancillerías europeas.

En la entrevista, el canciller reprodujo el mensaje que asegura haberle trasladado a Trump: “Si quieres que te ayudemos en un conflicto de este tipo, entonces llámanos antes y pregúntanos.” La queja apunta al hecho de que Washington no consultó a sus aliados antes de iniciar las operaciones contra Teherán. Trump también amenazó con retirar tropas de España e Italia por razones similares.

Merz confirmó además que el despliegue en suelo alemán de misiles de crucero Tomahawk, acordado en 2024 entre Biden y el entonces canciller Olaf Scholz, no se efectuará por el momento. “Los estadounidenses actualmente no tienen suficientes para sí mismos”, alegó, aunque dejó abierta la puerta a retomarlo en el futuro. Pese a la dureza del intercambio, insistió en que Alemania no renunciará a la relación con EEUU: Washington, dijo, sigue siendo “el socio más importante” de Berlín dentro de la OTAN.

La posición de Merz busca mantener la coherencia crítica sin romper el vínculo transatlántico, un equilibrio cada vez más difícil cuando la Casa Blanca usa la presencia militar como palanca política. Alemania alberga más de 35.000 efectivos estadounidenses en instalaciones como la base aérea de Ramstein, el cuartel general de Wiesbaden y los campos de Grafenwöhr y Hohenfels. El Gobierno de Merz ha comprometido un gasto en defensa del 3,1% del PIB para 2027, cifra que había merecido elogios de Washington antes de que la guerra con Irán lo cambiara todo.

"Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000", dijo Trump en declaraciones a los medios en Florida.

Esta declaración también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al mandatario republicano de haber sido "humillado" por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo final al conflicto.

"Ella (Sheinbaum) es una mujer hermosa, tiene una hermosa voz… ella fue bailarina de ballet", dijo Trump durante una cena privada del Forum Club of the Palm Beaches, celebrada este viernes en Florida. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el jueves al primer ministro designado de Irak, Ali al-Zaidi, y lo invitó a visitar Washington en cuanto logre conformar un gobierno, según informó la oficina del primer ministro iraquí.

Pocas horas después, Trump publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que felicitó a Al-Zaidi y le deseó éxito en la tarea de construir “un gobierno libre de terrorismo que pueda ofrecer un futuro mejor para Irak”, según recogió AP.

La llamada y la publicación son una señal inequívoca de que la Casa Blanca avala la designación del empresario bagdadí, de 40 años, quien no tiene antecedentes en cargos públicos y era prácticamente desconocido hasta hace una semana. “Este es el comienzo de un tremendo nuevo capítulo entre nuestras naciones: prosperidad, estabilidad y un éxito como nunca antes se había visto”, escribió Trump en Truth Social.

El respaldo de Washington llega tras una crisis política que se extendió durante cinco meses desde las elecciones legislativas de noviembre de 2025. El bloque parlamentario dominante, el Marco de Coordinación —coalición de partidos chiíes alineados con Irán que controla 185 de los 329 escaños del parlamento— tardó semanas en acordar un nombre y estuvo a punto de derivar en una crisis constitucional.

El candidato inicial del bloque era el ex primer ministro Nuri al-Maliki, quien había asegurado el respaldo de la mayoría de sus socios tras anunciar su candidatura en enero. Trump intervino directamente y se opuso al político, al que consideró demasiado cercano a Teherán. La administración estadounidense suspendió el envío de cerca de 500 millones de dólares a Irak, según informó el Wall Street Journal, y sancionó a comandantes de milicias respaldadas por Irán. Al-Maliki mantuvo su candidatura pese a las advertencias, pero el bloque optó por un candidato de compromiso.

Ali al-Zaidi nació en Bagdad en 1986, en el seno de una familia de la provincia sureña de Dhi Qar. Tiene licenciaturas en derecho y finanzas y un máster en finanzas y banca. Antes de su nominación era conocido principalmente como presidente del banco islámico Al-Janoob y como propietario de la cadena de televisión Dijlah y de los supermercados Taawon en Bagdad. En 2024, el Banco Central de Iraq vetó a Al-Janoob de operar en dólares en el marco de una presión estadounidense para frenar el blanqueo de capitales y la canalización de fondos hacia Irán. Ni el banco ni Al-Zaidi están bajo sanciones directas de Washington.

Según la Constitución iraquí, el primer ministro designado tiene 30 días para presentar al parlamento una lista de ministros que debe obtener la confianza de al menos 167 diputados. El sistema de reparto de poder vigente desde la invasión estadounidense de 2003 reserva la presidencia para los kurdos, la jefatura de gobierno para los árabes chiíes y la presidencia del parlamento para los suníes. Irak eligió a su presidente, Nizar Amedi, recién el 11 de abril de 2026, con semanas de retraso y en medio de un boicot del Partido Democrático del Kurdistán.

Al-Zaidi prometió trabajar para convertir a Irak en “un país equilibrado, a nivel regional e internacional” y convocó a todas las fuerzas políticas a un esfuerzo conjunto. El nuevo gobierno deberá gestionar las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán sobre territorio iraquí, el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz sobre las exportaciones de crudo y el futuro de las Fuerzas de Movilización Popular, las milicias chiíes que operan con amplia autonomía y mantienen vínculos estrechos con Teherán.

Washington exige mayor distanciamiento de esas facciones armadas. El aval de Trump, sin embargo, no disipa la incertidumbre: Al-Zaidi deberá articular apoyos más allá del Marco de Coordinación para garantizar la investidura, y su condición de empresario sin red política propia lo expone a presiones cruzadas desde el primer día.