Durante una intervención ante la comisión de Salud, Educación, Mujer, Desarrollo Social y Digital de la Cámara Alta, Jáuregui cuestionó la presencia de estas representaciones en la localidad de Moche, en la provincia norteña de Trujillo, y sostuvo que las figuras pueden generar confusión en los niños.

“Causa confusión, porque a esta edad los niños todavía están desarrollando la comprensión del cuerpo humano, de uno a cinco años”, afirmó al mostrar fotografías de las esculturas durante su intervención.

La parlamentaria también aseguró que la exposición a estas imágenes puede despertar una sexualidad que calificó de “no sana” y provocar miedo e incomodidad en los menores, pues “no están capacitados neurológicamente de ser expuestos a este tipo de imágenes”.

Jáuregui señaló que había organizado mesas de trabajo con psiquiatras infantiles, educadores y psicólogos, y afirmó que los participantes coincidieron en que la presencia de estas figuras en lugares públicos resulta dañina para los niños.

La senadora sostuvo que las representaciones mochicas deben conservarse y exhibirse como parte del patrimonio cultural peruano, pero planteó que su visita se realice en museos o espacios cerrados, con acompañamiento de profesores o tutores cuando se trate de menores.

“Estas imágenes están puestas como arte, como cultura; sin embargo, están yendo en contra de los derechos del niño (...) Tenemos que mostrar todo lo que existe en nuestra cultura, pero ponerlas en lugares públicos dañan a los niños”, manifestó al dirigirse al ministro, a quien pidió vetar estas esculturas de los espacios públicos de recreación familiar

“Tenemos que mostrar todo lo que existe en nuestra cultura, pero ponerlas en lugares públicos puede dañar a los niños. Por eso, ministro, les pido que nos unamos para protegerlos”, agregó.

Desde 2022, una escultura de tres metros inspirada en los huacos de la fertilidad de la cultura moche es uno de los principales atractivos turísticos de la entrada a la campiña de Moche, en el sector de Santa Rosa, donde su instalación, durante la gestión del entonces alcalde Arturo Fernández, también impulsó las ventas de los productores locales de chicha de jora.

Las representaciones sexuales en la cerámica moche tenían un significado ritual para esta civilización del norte peruano. Según el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, estas piezas estuvieron presentes durante todo su desarrollo y se utilizaron en ceremonias religiosas y entierros.

Las vasijas representan diversas prácticas sexuales que, de acuerdo con las interpretaciones arqueológicas, estaban vinculadas a la fertilidad de la tierra. En esta sociedad agrícola, estas imágenes habrían cumplido una función propiciatoria, asociada a la llegada de lluvias a los campos desérticos y a la fecundidad, incluso después de la muerte, mediante su inclusión en los entierros.

Jáuregui desató una ola de repudio en febrero pasado por señalar que está en contra del aborto terapéutico, el único legal en el país, y afirmar que, en los casos de violación a niñas, la víctima real es el feto si se decide abortar.

Comentó que hace 10 años abrió un centro donde acoge a estas niñas y afirmó que ninguna se arrepintió de dar a luz y, días después de estas declaraciones, se difundieron en redes sociales imágenes del ‘Hogar y Refugio La Casa del Padre’, donde las menores eran expuestas junto a sus bebés en actos públicos.

La decisión frenó el avance del expediente técnico, una etapa necesaria antes de iniciar los trabajos en el inmueble. La empresa Paltarumi, que había asumido el financiamiento de la obra, requiere autorización para ingresar al santuario y continuar con las evaluaciones y la elaboración de los documentos técnicos. Sin ese permiso, el acuerdo suscrito entre la Iglesia, el Gobierno Regional y la firma privada no puede seguir su curso.

Vecinos del distrito y miembros del Comité de Restauración de Nuestra Señora de Guadalupe realizaron vigilias y protestas para exigir que el proyecto continúe. Los manifestantes cuestionan que el Arzobispado de Trujillo no haya precisado cuáles son las observaciones administrativas y técnicas que considera insubsanables ni haya presentado una alternativa de financiamiento o un cronograma para una nueva intervención.

El Arzobispado pidió anular el acuerdo por objeciones que no detalló

El Arzobispado de Trujillo señaló, en un comunicado entregado a periodistas, que su intención es “cuidar que la obra se realice con transparencia, rigor y respeto al patrimonio”. La institución indicó que detectó problemas en las bases de adjudicación, así como observaciones administrativas y técnicas vinculadas al convenio. No obstante, el pronunciamiento no incluyó detalles sobre la naturaleza de esas objeciones ni sobre los documentos en los que estarían consignadas.

Vizcarra Mori pidió suspender el proceso el 22 de julio, poco después de la entrega del terreno destinada a la obra. Según los impulsores del proyecto, esa etapa cerraba varios años de coordinaciones entre autoridades regionales, representantes de la parroquia, especialistas y la empresa interesada en aportar los recursos. El expediente técnico todavía no estaba concluido, por lo que los vecinos sostienen que existía margen para formular observaciones y corregirlas antes de cancelar el acuerdo.

La arquidiócesis manifestó que no ha desistido de restaurar el santuario, aunque aclaró que el diálogo con los involucrados no supone revisar su posición sobre el convenio vigente. Hasta ahora, no informó qué procedimiento plantea para financiar una obra distinta ni qué entidad asumiría la responsabilidad de desarrollar el expediente técnico. La ausencia de esa definición mantiene paralizada una intervención para la que ya existía un aporte privado comprometido.

El párroco Ronald La Barrera tampoco pudo ser ubicado para responder sobre el estado del proyecto. Durante una intervención ante fieles, el 15 de agosto, había dicho que “la restauración puede ser por otros medios”. Esa posibilidad no fue desarrollada públicamente. Mientras continúa la incertidumbre, la parroquia anunció una rifa para el primero de noviembre relacionada con otro proyecto, una decisión que aumentó las preguntas de los residentes sobre el destino de la recuperación del templo.

El comité cuestiona la falta de una alternativa y plantea posibles conflictos de intereses

La presidenta del Comité de Restauración de Nuestra Señora de Guadalupe, Cecilia Vera, afirmó que el grupo trabajó durante tres años para lograr la viabilidad de la iniciativa y conseguir el respaldo empresarial. “Lo más difícil es conseguir la plata. Acá la plata ya está, pero no la quieren usar”, declaró. Para la dirigente, el punto central del conflicto es que el financiamiento estaba asegurado, pero el convenio que habilitaba su uso quedó bajo cuestionamiento sin una propuesta pública que permita reemplazarlo.

Vera señaló que Paltarumi apostó por una modalidad poco frecuente para intervenciones patrimoniales. A su juicio, los proyectos ejecutados mediante obras por impuestos suelen concentrarse en infraestructura pública, como carreteras, puentes o equipamiento urbano, mientras que la restauración de un inmueble religioso y cultural exige estudios especializados, coordinación institucional y autorización de la entidad responsable del bien. El deterioro del santuario, advirtió, continúa mientras no existe una fecha para retomar el proceso.

La representante también formuló una presunción de conflicto de intereses respecto del equipo técnico que asesora al arzobispo. Su cuestionamiento alcanza a la arquitecta Patricia Navarro Grao, a quien vinculó con gestiones previas relacionadas con el proyecto. Según Vera, la especialista propuso inicialmente que el Gobierno Regional la contratara para elaborar el perfil de inversión pública necesario para la restauración.

Más adelante, de acuerdo con la versión del comité, Navarro Grao se comunicó con Vera después del cambio del sacerdote encargado de conducir las gestiones y le indicó que contaba con un equipo técnico y una empresa que podían ejecutar la intervención. Vera aseguró que, cuando una compañía mostró interés en financiar la restauración, la arquitecta solicitó conocer su identidad con el fin de presentarse como especialista ante la firma.

La dirigente sostuvo que, después de que Paltarumi obtuvo la buena pro, Navarro Grao presentó una propuesta técnica y económica cercana a los 700 mil soles para elaborar el expediente técnico en seis meses. El contrato, según indicó, establecía un plazo de un año para esa fase. También afirmó que la arquitecta intentó participar en el concurso de supervisión promovido por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), aunque no calificó.

Vera añadió que Navarro Grao pasó a integrar el equipo que asesora al arzobispo el 3 de septiembre. Ni la arquitecta ni el Arzobispado de Trujillo respondieron públicamente a esas afirmaciones. El debate permanece centrado en dos asuntos: las razones concretas que llevaron a objetar el convenio y la falta de un mecanismo definido que permita recuperar el santuario sin perder los recursos ya comprometidos.

Un hombre identificado como “Rafa”, a quien el programa ContraCorriente de Willax TV presentó como un gatillero de ‘La Jauría’, afirmó que la organización criminal habría ordenado el asesinato de la comunicadora ancashina Susabel Aponte Polo, conocida como ‘la China Polo’, por sus referencias públicas a integrantes y asuntos internos de bandas del norte del país.

El crimen ocurrió el 19 de septiembre en un mercado de Caraz, en Áncash. De acuerdo con el reportaje, el venezolano Luis Iván Obispo Díaz, detenido como autor material, confesó haber cobrado 15 mil soles por ejecutar el ataque.

“Rafa”, cuya identidad no fue revelada, sostuvo que la decisión de matar a la comunicadora habría respondido a que ella exponía información que afectaba a grupos criminales.

“Persona que habla de más en este mundo y muestra su cara y va en contra de alguien y está perjudicando que la pongan en la prensa, simplemente gestionan, mandan un dinero y esa persona no tiene por qué estar hablando de más ya”, declaró al programa.

El supuesto gatillero señaló que, si ‘la China Polo’ se había involucrado con asuntos de La Jauría, la organización pudo haber dispuesto un pago para silenciarla. “La banda de frente ha mandado una cantidad de dinero, podría decirte unos 20 mil, 30 mil soles y siléncienla”, afirmó.

El testimonio

Según el relato recogido por Willax TV, “Rafa” consideró que la comunicadora habría abordado “temas ya muy personales de las bandas”. Sus declaraciones coinciden con la hipótesis que el reportaje atribuye a la investigación sobre el asesinato.

El testigo también aseguró que tuvo un grupo destinado a ejecutar encargos. “Yo tenía un grupo que se podría decir era para ejecutar nada más, ¿no? Para callar o para sacar del intermedio a personas que no, que no tenían que ver nada ya. De esa forma he hecho trabajos”, declaró.

El programa señaló que el hombre fue, durante un tiempo, alguien de confianza de Yolyn Bazán Valderrama, alias “Yolín”, a quien identifica como cabecilla de La Jauría. A partir de esa cercanía, el reportaje presentó sus afirmaciones como un elemento que reforzaría la versión de que la orden para matar a “la China Polo” salió desde Trujillo.

Willax TV indicó que el testimonio se suma a la confesión de Obispo Díaz, quien, según el reportaje, reconoció haber recibido 15 mil soles por el asesinato. El material no precisó otros detalles sobre la investigación fiscal o policial vinculada al caso.

¿Nexos con la Policía?

Durante la entrevista, el presunto integrante de La Jauría formuló acusaciones sobre una supuesta relación entre la organización y agentes de la Policía Nacional del Perú. Sus dichos incluyeron menciones a Revoredo y a otro comandante de Trujillo.

“Y también sobre Revoredo, creo que hablaba también de policía, ¿no? Que tanto Revoredo y otro comandante que vive acá en Trujillo trabajan para Yolín, ¿no?”, declaró.

El reportaje también recogió una afirmación de “Rafa” sobre el presunto control que Yolín ejercía sobre efectivos policiales. “Yolín es una persona así inteligente, ha demostrado su inteligencia al tener de la mano a toda la policía”, sostuvo.

En el tramo final de la emisión, uno de los conductores señaló que “la China Polo” aparecía en un chat atribuido a la organización criminal Los Pulpos. Según esa versión, el contenido de esas conversaciones no habría sido desmentido y mostraría una relación entre la comunicadora y miembros de esa banda.

El conductor afirmó que Aponte Polo criticaba a mandos policiales que, según sus sospechas, podían estar “tomados, contaminados, corrompidos por la Jauría”. También cuestionó que Yolín, pese a tener una sentencia de cadena perpetua, no tuviera una orden de captura, de acuerdo con sus declaraciones en el programa.

El Complejo Arqueológico Chan Chan volvió a ser objeto de pintas con aerosol. Desconocidos escribieron frases sobre un muro perimetral del conjunto amurallado Chol An, conocido como Palacio Rivero, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, en La Libertad.

El hecho motivó la intervención de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, que retiró la pintura y evaluó el área afectada. La entidad informó que las marcas no alcanzaron las estructuras arqueológicas originales, aunque constituyen una afectación al patrimonio cultural.

La evaluación técnica determinó que las inscripciones estaban sobre el denominado material de sacrificio, una capa compuesta por adobes modernos y barro que protege los muros originales.

Ese revestimiento fue colocado en años anteriores por el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan para preservar paramentos y cabeceras. Los conservadores limpiaron la superficie, retiraron el aerosol y aplicaron una solución de agua y arcilla, de acuerdo con los procedimientos previstos para recuperar la zona intervenida sin comprometer el monumento.

El material de sacrificio evitó daños en los muros originales

El Ministerio de Cultura (Mincul) señaló que las pintas vulneran la protección del sitio, pese a que no afectaron la estructura prehispánica. Chan Chan fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1986 y desde entonces integra la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

El complejo enfrenta amenazas vinculadas con invasiones, huaqueo, contaminación y fenómenos climáticos. La intervención reciente se concentró en Chol An, uno de los conjuntos amurallados de la antigua capital de la cultura chimú.

Las imágenes difundidas mostraron frases realizadas con pintura negra sobre un muro de adobe de varios metros de altura. Al inicio, no se conocía cuándo se hicieron las inscripciones ni si habían alcanzado elementos originales. La inspección posterior permitió establecer que estaban en la cobertura de protección.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad indicó que reforzará las actividades de sensibilización con colegios cercanos y pidió a la población reportar cualquier acción que ponga en riesgo las zonas arqueológicas.

Un antecedente de 2025 expuso las zonas sin vigilancia

El nuevo caso se suma a un episodio registrado en 2025, cuando un video mostró a un joven que pintaba una figura obscena en un muro del complejo. La grabación se difundió en redes sociales y motivó una intervención de la DDC La Libertad. En aquel momento, la entidad informó que enviaría a especialistas para limpiar y restaurar el sector. El registro también mostró a otra persona que filmaba la acción con un teléfono.

Tras ese hecho, en el sector ubicado al este de la ciudadela y cerca del Museo de Chan Chan se detectaron otras inscripciones, residuos y vegetación seca. Según la información difundida entonces, el área no formaba parte del circuito turístico activo y presentaba limitaciones de vigilancia.

Vecinos señalaron que el punto estaba junto a campos agrícolas y una carretera, condiciones que facilitaban el acceso de personas sin control. La Policía inició verificaciones sobre las identidades vinculadas a la cuenta que publicó el video.

En abril de ese mismo año, dos personas fueron detenidas por realizar trabajos con maquinaria pesada en Pampas del Padre Abán, Wachaque Grande. La intervención detectó una trocha y excavaciones que, según la DDC, afectaron una plataforma arquitectónica chimú. El Código Penal contempla penas de hasta seis años de prisión y 365 días multa por daños contra monumentos arqueológicos protegidos legalmente.

El caso volvió a ocupar parte de la emisión de Magaly TV, la firme, donde la periodista puso el foco en las circunstancias que rodearon la muerte del trabajador. Martínez Torres fue embestido el 3 de mayo en la urbanización Las Palmas del Golf y falleció cinco días después a causa de las lesiones.

Medina cuestionó la resolución de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad, que dejó sin efecto la condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva impuesta contra la empresaria.

“La han soltado a solo cuatro meses de estar presa. Una Sala la ha dejado libre y solo le ha aumentado la reparación civil a 400 mil soles”, expresó la conductora durante su programa.

La presentadora sostuvo que la medida no guarda relación con la gravedad de los hechos. En su comentario, recordó que Alfaro Cerna conducía bajo los efectos del alcohol al momento del atropello.

“Estaba borracha la tipa y se fue contra él, ni siquiera lo ayudó. No lo llevó a un hospital, lo dejó ahí botado. Si no fuera porque intervinieron otras personas, se daba a la fuga”, afirmó Medina al referirse a la empresaria trujillana.

La figura de ATV también comparó la suma establecida como reparación para la familia de Martínez Torres con el monto que debió pagar a Jefferson Farfán tras perder un proceso judicial por violación a la intimidad agravada.

“Recuerdan cuánto tuve que pagarle a Jefferson Farfán: 350 mil soles, casi como el pago por la vida de ese pobre ciudadano. Esta mujer debió pagar muchísimo más”, manifestó.

Para la conductora, la cifra dispuesta por la Sala transmite un mensaje preocupante sobre la valoración de las víctimas en casos de accidentes con resultado fatal. “En nuestro país la vida vale 400 mil soles”, señaló durante su descargo.

Maricsa Polet Alfaro Cerna fue declarada en libertad

La resolución que ordenó la excarcelación de Maricsa Polet Alfaro Cerna se conoció el lunes 12 de octubre. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de La Libertad revocó la condena de prisión efectiva y la reemplazó por una pena suspendida de dos años.

Los magistrados tomaron en cuenta que la empresaria no registraba antecedentes penales y que acreditó arraigo domiciliario, familiar y laboral. También valoraron que aceptó los cargos formulados en su contra y que había realizado pagos parciales por S/ 130 mil a cuenta de la reparación civil.

La medida no elimina las obligaciones fijadas por el tribunal. Alfaro Cerna deberá completar el pago de S/ 400 mil a favor de los familiares de Juan Martínez Torres, además de respetar una serie de reglas de conducta durante el periodo de la pena suspendida.

Entre esas condiciones figura su presentación ante el juzgado cada 60 días, instancia en la que tendrá que informar sobre sus actividades. Tampoco podrá modificar su domicilio sin contar con una autorización judicial previa.

La empresaria quedó además inhabilitada de manera definitiva para conducir vehículos motorizados. La restricción forma parte de la sentencia que reemplazó la pena de cárcel.

El accidente ocurrió cuando Alfaro Cerna conducía con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo con los datos expuestos en el proceso. Martínez Torres permaneció internado tras el atropello, pero murió el 8 de mayo debido a la gravedad de las heridas.

La decisión judicial permitió que la empresaria recupere su libertad, aunque su situación queda condicionada al cumplimiento de las reglas impuestas y al pago íntegro de la reparación civil a los deudos del vigilante.

El hecho ocurrió el pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. La víctima, de 54 años, fue embestido por el vehículo conducido por Alfaro Serna y falleció después de permanecer varios días en agonía. El caso conmocionó a la población y provocó cuestionamientos sobre las circunstancias del atropello y las sanciones aplicadas.

En junio, la conductora recibió una condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva. Sin embargo, tras presentar una apelación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones modificó el fallo y estableció una pena suspendida de poco más de dos años. La resolución fue cuestionada por los deudos, quienes consideran que la medida no corresponde a la gravedad de lo sucedido.

Familiares expresan indignación por la excarcelación

La decisión judicial provocó el rechazo de los allegados del vigilante, que cuestionaron la actuación de las autoridades y manifestaron su desacuerdo con la liberación de la responsable del atropello.

“Las autoridades no nos representan. Eso es lamentable, es lamentable que esa mujer esté libre”, expresó una familiar a las cámaras de ATV.

Entre los argumentos para modificar la condena, el Poder Judicial consideró que Alfaro Serna no registra antecedentes penales y colaboró con las autoridades desde el primer momento. La resolución también establece restricciones para la sentenciada: no podrá cambiar de domicilio ni volver a conducir vehículos.

Además, la sala incrementó a 400.000 soles el monto de la reparación civil que deberá recibir la familia de Martínez Torres. Sin embargo, el pago establecido no ha disipado el malestar de los parientes, quienes consideran que la modificación de la pena constituye un beneficio injustificado frente a la muerte del trabajador.

Otro familiar cuestionó directamente a los integrantes del tribunal que adoptó la decisión y sostuvo que el fallo refleja desigualdad en la aplicación de la justicia. A su juicio, la excarcelación transmite una sensación de impunidad y profundiza el dolor de quienes todavía reclaman una sanción proporcional a la pérdida sufrida.

“Lo único que pido es que estos tres jueces —Víctor Alberto Martín Burgos Mariño, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones; Jorge Humberto Colmenares Cavero y Manuel Federico Loyola Florián— duerman en paz y tranquilos. Nosotros estamos en una balanza: de un lado está el pobre y del otro, el rico. Ganó la impunidad”, señaló.

Dosaje etílico y licencia suspendida

La gravedad del caso también está relacionada con las condiciones en las que se encontraba la conductora cuando ocurrió el accidente. El examen toxicológico determinó que tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración superior al límite permitido para manejar en el Perú. Asimismo, su brevete estaba suspendido y, según el reportaje televisivo, registraba infracciones anteriores.

A estos cuestionamientos se suma la actuación policial posterior al atropello. Los efectivos que atendieron la emergencia consignaron inicialmente el hecho como una caída, de acuerdo con la información difundida en el informe periodístico. Este detalle generó interrogantes sobre el procedimiento aplicado durante las primeras diligencias.

Mientras Alfaro Serna permanece en libertad bajo las condiciones impuestas por la justicia, los familiares de Martínez Torres evalúan apelar la resolución. Su principal exigencia es que se revise la sanción y se establezca una respuesta judicial que consideren acorde con las circunstancias del caso.

Maricsa Polet Alfaro Cerna recuperará su libertad cuatro meses después de haber ingresado al penal El Milagro por la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, a quien atropelló mientras trabajaba en la urbanización Las Palmas del Golf, en Trujillo. La empresaria conducía con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre y tenía la licencia vencida desde 2022.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad revocó el extremo de la sentencia que ordenaba el cumplimiento efectivo de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión y dispuso que esa misma pena quede suspendida en su ejecución durante un periodo de dos años, bajo reglas de conducta. La decisión, fechada el 7 de octubre, fue adoptada por unanimidad.

El fallo no significa que Alfaro Cerna haya sido absuelta ni que su condena se haya reducido a dos años. La responsabilidad por homicidio culposo se mantiene. Lo que cambia es la forma en que cumplirá la sentencia: podrá permanecer en libertad mientras respete las condiciones establecidas por el tribunal.

La Sala también elevó la reparación civil de S/329.280 a S/400.000. Según la resolución, la sentenciada ya abonó más de S/130.000 y deberá completar el monto pendiente. Además, continúa vigente la inhabilitación definitiva para conducir cualquier vehículo motorizado.

Por qué la Sala decidió suspender la prisión

La resolución fue emitida por los magistrados Víctor Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Loyola Florián. Entre los elementos considerados por el tribunal figuran que Alfaro Cerna no registra antecedentes penales ni tiene condición de reincidente, acreditó arraigo domiciliario, familiar y laboral, realizó pagos vinculados a la reparación civil y se sometió a la conclusión anticipada del proceso.

La legislación peruana permite que una condena de hasta cinco años de prisión pueda ser suspendida, siempre que se cumplan otros requisitos. El artículo 57 del Código Penal establece, entre ellos, que el juez formule un pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado y que este no sea reincidente ni habitual. La norma no convierte automáticamente una pena menor a cinco años en suspendida: la decisión debe ser motivada por el órgano jurisdiccional.

La condena impuesta a Alfaro Cerna —cuatro años, seis meses y 26 días— se encuentra por debajo de ese límite.

La empresaria deberá presentarse cada 60 días ante el Juzgado de Ejecución para registrar y justificar sus actividades, no cambiar de domicilio sin autorización, cumplir con el cronograma de la reparación civil y no cometer un nuevo delito doloso.

Un punto llamativo del nuevo fallo es que no se le impuso impedimento de salida del país. La resolución tampoco modifica la prohibición definitiva de volver a conducir.

El atropello que terminó con la muerte de Juan Martínez

El caso se remonta a la noche del 3 de mayo de 2026. Juan Martínez Torres, de 54 años, cumplía labores de vigilancia en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco, cuando fue impactado por una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna.

Las cámaras de seguridad registraron el atropello. Martínez Torres sufrió graves lesiones y fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo, donde permaneció cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Murió el 8 de mayo a consecuencia de las heridas.

El dosaje etílico practicado a la conductora arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre. Las investigaciones también determinaron que conducía con una licencia que se encontraba vencida desde 2022.

El expediente estuvo acompañado desde sus primeros días por otros cuestionamientos. El acta policial inicial consignó que Martínez Torres había resultado herido producto de una caída, pese a que los videos de seguridad mostraban el atropello. Los policías involucrados en la elaboración de ese documento fueron separados de sus funciones mientras se investigaba su actuación.

Primero quedó libre y luego fue enviada a prisión

Esta no es la primera vez que la situación de libertad de Alfaro Cerna genera atención en el caso.

Después del atropello permaneció detenida durante unas 48 horas, pero el proceso comenzó con una imputación por lesiones culposas agravadas y afrontó la investigación bajo comparecencia con restricciones. En ese momento, Juan Martínez continuaba con vida y permanecía internado en UCI.

Tras su muerte, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó que la imputación fuera recalificada a homicidio culposo y pidió cinco años y cuatro meses de prisión, además de S/329.280 de reparación civil y la inhabilitación definitiva para conducir.

Alfaro Cerna terminó aceptando los cargos y se acogió a la conclusión anticipada. La Fiscalía planteó entonces una pena reducida de cuatro años, seis meses y 26 días, pero insistió en que fuera de cumplimiento efectivo. La defensa buscaba que la condena fuera suspendida.

En junio, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad resolvió imponer prisión efectiva y fijó inicialmente la reparación civil en S/329.280. Alfaro Cerna fue recluida en el penal El Milagro mientras su defensa apelaba la decisión.

De prisión efectiva a libertad bajo reglas de conducta

La segunda instancia modificó ahora precisamente ese punto.

Alfaro Cerna continúa condenada por la muerte de Juan Martínez Torres y deberá pagar una reparación civil mayor a la establecida inicialmente. También perdió de manera definitiva el derecho a conducir. Sin embargo, ya no permanecerá en prisión mientras cumpla las reglas fijadas durante el periodo de suspensión.

La nueva resolución vuelve a colocar el caso en el centro de la atención en Trujillo, donde la familia de Martínez Torres cuestionó desde el inicio que la conductora pudiera afrontar etapas del proceso en libertad. Antes de la sentencia de primera instancia, sus familiares realizaron protestas para exigir una pena efectiva y una sanción mayor por la muerte del trabajador.

Ahora, cuatro meses después de que un juez ordenara su ingreso a prisión, la Sala de Apelaciones ha dispuesto nuevamente su excarcelación, esta vez como parte de una sentencia condenatoria cuya ejecución quedó suspendida.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, viaja esta mañana a Trujillo para inspeccionar el establecimiento penitenciario El Milagro y liderar la presentación de resultados de una requisa realizada durante la madrugada en ese penal. El operativo forma parte de la décimo octava visita de trabajo de la mandataria al interior del país desde el inicio de su gestión.

La jefa de Estado llega a la región La Libertad acompañada de tres ministros de su gabinete: el titular de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro del Interior, César Astudillo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. A la comitiva se suman autoridades regionales que participarán de las distintas actividades programadas para la jornada.

El primer punto de la agenda tiene lugar dentro del penal El Milagro, donde el personal a cargo le explicará a Fujimori el funcionamiento del Centro de Control del establecimiento. Tras esa presentación inicial, la mandataria ingresará a las instalaciones para encabezar personalmente la exposición de los hallazgos obtenidos durante la requisa realizada esta madrugada en el recinto penitenciario.

Las requisas en penales peruanos buscan detectar e incautar objetos prohibidos como armas, celulares, drogas o dispositivos de comunicación que los internos utilizan para coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos. La inspección del penal trujillano se enmarca en una política de control más amplia que el Gobierno viene aplicando en el sistema penitenciario del país.

Balance del Comando Unificado en la región

Después de la actividad en el penal, Fujimori presidirá la presentación de las acciones operativas y los resultados alcanzados por el Comando Unificado en La Libertad. Esta instancia agrupa la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) frente al crimen organizado que opera en la región norte del país.

El acto se realizará en la Unidad de Servicios Especiales de la PNP en Trujillo y contará con la presencia del comandante general de la institución policial, el general de Policía Fredy López. La exposición buscará dar cuenta del balance de las operaciones articuladas entre ambas fuerzas en el marco de la estrategia de seguridad desplegada en la zona.

Cómo nació el Comando Unificado y qué funciones cumple

Fujimori anunció la creación del Comando Unificado el 7 de octubre, durante una ceremonia realizada en el Cuartel General del Ejército, en Lima. En esa oportunidad, la mandataria explicó que la nueva estructura integraría las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la PNP mediante un centro de control y operaciones destinado a dirigir, de manera sincronizada, las acciones contra las organizaciones criminales y la delincuencia en todo el país.

El esquema se apoya en una unidad de Fuerzas Combinadas para el Combate al Crimen Organizado compuesta por 1.350 efectivos, distribuidos entre 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas, según precisó el Ministerio del Interior. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución”, afirmó la presidenta durante el anuncio.

La creación del comando se produjo en un contexto de fuerte presión social por la inseguridad: los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras las denuncias por extorsión se multiplicaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período. Días antes, el Gobierno había declarado un estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad, entre ellos el Trujillo Varones en La Libertad, lo que habilitó a las Fuerzas Armadas a asumir el control perimetral de esos establecimientos junto a la Policía.

Decimoctava gira de trabajo al interior del país

El viaje a La Libertad se suma a una serie de desplazamientos que la presidenta ha realizado por distintas regiones del Perú desde que asumió el cargo. Con esta visita, Fujimori acumula dieciocho giras de trabajo fuera de Lima, un recorrido que combina supervisión de seguridad, gestión penitenciaria y coordinación con autoridades locales.

La presencia simultánea de los ministros de Defensa, Interior y Justicia en la comitiva refleja el carácter intersectorial de la agenda prevista para la jornada en Trujillo, que combina el control del sistema penitenciario con el despliegue de fuerzas de seguridad contra el crimen organizado en la región.

Las imágenes de la intervención muestran a la sospechosa intentando alejarse de los agentes mientras sostenía al menor. La Policía llegó hasta el inmueble luego de realizar labores de seguimiento y vigilancia en la zona, con apoyo de drones, hasta confirmar que Acosta Lavado se encontraba en el lugar.

Según la investigación, la mujer habría extorsionado desde Trujillo a una comerciante de Lima y le exigía S/100.000 para no atentar contra ella ni sus familiares. Un depósito de S/500 realizado durante las pesquisas permitió rastrear una cuenta vinculada a la sospechosa y avanzar hasta su ubicación.

Policías siguieron a “La Gorda Pinocha” hasta su habitación y la encontraron con su hijo en brazos

La intervención ocurrió dentro de una vivienda ubicada en Trujillo. Según las imágenes difundidas por el medio, los policías siguieron a Acosta Lavado hasta una de las habitaciones, donde la encontraron con su hijo en brazos. La mujer intentó impedir que los agentes concretaran su detención mientras pedía que le permitieran permanecer en el inmueble.

Durante el operativo, la sospechosa subió rápidamente por las escaleras mientras los policías iban detrás de ella. En medio de la intervención, también solicitó unos minutos para cambiarse de ropa antes de salir de la vivienda.

Los agentes finalmente lograron reducirla y retirarla del inmueble. Algunos familiares que se encontraban en el lugar reclamaron durante la intervención y pidieron que la mujer no fuera trasladada. La escena fue registrada en video y mostró los momentos de tensión que precedieron a su captura.

Acosta Lavado fue llevada posteriormente a la Depincri de Trujillo, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias relacionadas con la investigación.

Un depósito de S/500 permitió a la Policía rastrearla hasta Trujillo

La investigación comenzó a avanzar luego de que la comerciante realizara un depósito de S/500 a una cuenta vinculada con la persona que presuntamente realizaba las amenazas. Este movimiento financiero permitió a los agentes seguir el rastro hasta Trujillo, según el reporte de Latina Noticias.

A partir de esa información, la Dirección General de Inteligencia logró geolocalizar el teléfono desde el que se habrían enviado los mensajes y amenazas contra la víctima. Los investigadores también identificaron material utilizado para intimidarla durante las comunicaciones.

Entre las evidencias mencionadas por la Policía aparecen videos de armas de fuego y municiones, algunos de ellos asociados a la organización criminal conocida como Los Mexicanos. Con estos elementos, los agentes realizaron labores de vigilancia para confirmar la presencia de la sospechosa.

Una vez establecida su ubicación, la Policía desplegó el operativo en el inmueble. El procedimiento contó con el apoyo de drones, utilizados para vigilar los alrededores de la vivienda antes de concretar la intervención.

Fotografías de familiares, armas y municiones: así habría intimidado a su víctima

Según las pesquisas policiales, “La Gorda Pinocha” habría realizado las amenazas desde Trujillo contra una comerciante vinculada a una ferretería ubicada en Las Malvinas, en el Cercado de Lima. La exigencia económica ascendía a S/100.000.

La víctima habría recibido amenazas contra su vida y la de sus familiares si no cumplía con el pago solicitado. Para reforzar la intimidación, la sospechosa presuntamente utilizaba fotografías de personas cercanas a la comerciante, además de imágenes de armas y municiones.

El caso también permitió a los investigadores seguir los movimientos relacionados con las comunicaciones y el dinero entregado durante la investigación. Estos elementos fueron utilizados para establecer la ubicación de la mujer en Trujillo.

La Policía señala a Acosta Lavado como presunta integrante de la cúpula de Los Mexicanos, una organización vinculada a actividades de extorsión. Sin embargo, las diligencias deberán determinar su grado de participación en el caso y el vínculo que tendría con esta estructura criminal.

Hoy los vecinos del Trujillo participan de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y las candidaturas para el cargo de alcalde provincial son diversas. Según la plataforma Conoce a tu Candidato, creada por el JNE, para esta circunscripción se han inscrito a la contienda los siguientes postulantes:

Carlos Enrique Alva Rojas (Acción Popular)

Bachiller en Ingeniería Industrial e ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Trujillo. También obtuvo el grado de bachiller en Ingeniería Civil y el título de ingeniero civil en la Universidad César Vallejo, ambos en 2014.

En su experiencia profesional declaró que trabajó como inspector-SPD técnico en la Superintendencia Nacional de Migraciones entre 1998 y 2021. Asimismo, consignó haber ejercido como congresista de la República en el periodo parlamentario 2016-2021.

Mario Colberth Reyna Rodriguez (Alianza Para el Progreso)

Es bachiller en Derecho por la Universidad César Vallejo desde 2004 y obtuvo el título de abogado en la misma institución en 2007.

En su experiencia profesional declaró los cargos de subgerente en American Supplies S.A.C. y en Tecnoseds S.A.C., ambos entre 2019 y 2025. También registra trayectoria política: fue regidor provincial de Trujillo en 2023 y asumió el cargo de alcalde provincial de Trujillo desde el 2024 hasta la actualidad.

Alfredo Manuel Galindo Peralta (Alianza Regional por el Perú)

Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Trujillo desde 2001 y licenciado en esa especialidad desde 2011. También declaró estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la misma universidad, donde obtuvo el título de abogado, así como estudios de maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, y en Derecho Administrativo y Constitucional.

En su experiencia profesional, señaló que ejerció como abogado independiente entre 1993 y 2006. Luego trabajó en el Ministerio Público como fiscal adjunto provincial de Ascope entre 2007 y 2010 y fiscal provincial de Ascope entre 2011 y 2013. Desde 2014 declaró actividad como abogado independiente y como abogado-periodista en la Agencia de Transportes Garrincha S.R.L., cargo que registró entre 2018 y 2025.

Jose Rodar Miranda Prado (Avanza País - Partido de Integración Social)

Bachiller en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Trujillo desde 1994 y licenciado en Administración por la misma casa de estudios desde 2017. También declaró estudios de posgrado en Administración con mención en Gerencia Empresarial en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

En su experiencia profesional figuran cargos de asesor administrativo externo en la Municipalidad Distrital de Rázuri, entre 2023 y 2026, y en la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, en 2024. Antes fue asesor administrativo de la Municipalidad Provincial de Virú, entre 2020 y 2022, asesor administrativo externo de la Municipalidad Provincial de Julcán, en 2023, y gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, en 2016.

Wilmar Alfredo Moreno Fuentes (Fe en el Perú)

Es licenciado en Antropología Social por la Universidad Nacional de Trujillo desde 1999. Además, obtuvo el bachillerato en Derecho y Ciencia Política y el título de abogado por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ambos en 2021. Declaró ser egresado de la mención de Administración y Gestión del Desarrollo Humano de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

En su experiencia profesional consignó el cargo de coordinador regional de programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entre 2012 y 2014. Luego fue gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Trujillo entre 2017 y 2024, y coordinador de personal del Hospital Albrecht de EsSalud entre 2025 y 2026. También declaró que fue secretario general del Partido Democrático Somos Perú entre 2010 y 2011 y fundador de Recuperemos Víctor Larco entre 2010 y 2011.

Gheyli Katherin Tirado Rafael (Frente Popular Agrícola FIA del Perú)

Es licenciada en Psicología por la Universidad César Vallejo, título que obtuvo en 2025. En su experiencia profesional declaró labores como asesora de admisión en el Programa de Capacitación y Formación Docente E.I.R.L. entre 2025 y 2026. Antes trabajó como asesora de ventas en la Compañía Comercial Pro App Perú S.R.L., durante 2022.

Raul Edgardo Aldana Dioses (Fuerza Popular)

Declaró estudios de inglés en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA), sin concluirlos. Además, consignó un doctorado en Teología obtenido en 2021 y estudios de Teología concluidos en 2023 en la Jesus Is Lord University, institución religiosa de formación vocacional de Estados Unidos.

En su experiencia profesional registró el cargo de pastor en la Misión Internacional JES, en Huanchaco, entre 2021 y 2026. Precisó que la actividad es ad honorem, que no percibe remuneración y que la organización aún no está inscrita en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). No consignó otras experiencias laborales en los últimos diez años.

Luis Angel Zavala Espino (Partido Aprista Peruano)

Es abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego, donde obtuvo el bachillerato en 2015 y el título profesional en 2017. Declaró un máster oficial en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, obtenido en 2018, y un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, obtenido en 2021. También consignó estudios doctorales en Derecho en la Universidad Privada Antenor Orrego, aún no concluidos.

En su experiencia profesional registra labores en la Universidad Privada Antenor Orrego: fue asistente administrativo entre 2015 y 2019 y docente universitario entre 2019 y 2025. Además, se desempeñó como asesor en asuntos legales administrativos de la Municipalidad Provincial de Trujillo entre 2021 y 2022. Su hoja de vida también incluye especializaciones en justicia constitucional, gestión de gobiernos regionales y locales, derecho internacional humanitario y protección supranacional de derechos fundamentales.

Milton Marcelino Ramirez Herrera (Partido Democrático Somos Perú)

Es bachiller en Medicina y médico cirujano por la Universidad Nacional de Trujillo. Además, obtuvo la especialidad en Cirugía General en la Universidad Nacional Federico Villarreal en 2005 y declaró estudios de posgrado en Salud Pública y Bienestar Humano en la Universidad Privada Antenor Orrego.

Su experiencia profesional está vinculada con la gestión sanitaria y municipal. Fue director del Hospital Virgen de la Puerta de EsSalud entre 2016 y 2023, director del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de EsSalud en 2015 y gerente de la Red Asistencial La Libertad de EsSalud entre 2010 y 2012. También fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Paita entre 1987 y 1989.

Roy Charlie Arbaiza Corcuera (Partido Patriótico del Perú)

Es egresado de Derecho por la Universidad Privada del Norte y obtuvo el grado de bachiller en 2020. También declaró estudios de maestría en la Universidad Católica de Trujillo, que no concluyó y cuya condición figura como estudiante.

En su experiencia profesional declaró que trabaja como abogado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el programa Warmi Ñan, entre 2017 y 2026. No registró otras ocupaciones en el apartado de experiencia laboral de los últimos diez años.

Victor Robert de la Cruz Rosas (Podemos Perú)

Es bachiller en Derecho y abogado por la Universidad César Vallejo, grados obtenidos en 2011. Además, cursó estudios de posgrado en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Nacional de Trujillo, de los que egresó en 2014.

En su experiencia profesional declaró que ejerce como abogado independiente desde 2012. También fue consejero regional de La Libertad entre 2023 y 2026 y catedrático en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú en Trujillo, entre 2024 y 2025.

Victor Julio Leon Alvarez (Renovación Popular Perú)

Bachiller en Ingeniería Mecánica e ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo, grados obtenidos en 2002 y 2003, respectivamente. También declaró estudios técnicos de Mecánica de Producción en Chanchán y estudios de maestría en la Universidad de San Martín de Porres, incluida una maestría en Gobernabilidad.

En su experiencia laboral declaró que fue asesor del Congreso de la República entre 2021 y 2025 y asesor de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo en 2019. Antes se desempeñó como asesor externo de M& Calera Santa S.A.C. entre 2017 y 2020 y como gerente de Operaciones de esa empresa entre 2015 y 2016.

Victor Alfonso Castañeda Carrera (Salvemos al Perú)

Bachiller en Ingeniería Mecánica e ingeniero mecánico por la Universidad Nacional del Callao, grados obtenidos en 1998 y 2000, respectivamente. Además, cuenta con una maestría en Administración por la Universidad ESAN, obtenida en 2016.

En su experiencia profesional declaró que se desempeña como ingeniero residente y jefe de proyectos en Cormei Contratistas Generales S.A.C., durante 2026. La empresa tiene sede en Chorrillos, Lima, aunque el candidato precisó que trabaja en Trujillo. No consignó otros empleos en el apartado de experiencia laboral de los últimos diez años.

Jesus Alverto Velasquez Reyna (Un Camino Diferente)

Su hoja de vida registra experiencia en la gestión de infraestructura, desarrollo urbano y ejecución de obras dentro de municipalidades de La Libertad como las de Trujillo, Mollebamba, Cachicadan y Cochorco.

Se desempeñó como gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Trujillo en 2023 y como gerente de Desarrollo Urbano, Rural y Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Mollebamba ese mismo año. Antes fue gerente de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Cochorco y jefe de la División de Supervisión y Liquidación de Obras de la Municipalidad Distrital de Curgos.

Por tercera vez en menos de seis meses, los peruanos están llamados a votar. El 12 de abril eligieron al nuevo Congreso y participaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El 7 de junio regresaron a las urnas para definir la Presidencia de la República en segunda vuelta. Ahora, hoy, domingo 4 de octubre, la decisión vuelve a las calles y a los barrios: los ciudadanos elegirán a quienes estarán al frente de sus gobiernos regionales y municipales durante los próximos cuatro años.

Son elecciones diferentes, pero los problemas que enfrentan los ciudadanos están estrechamente relacionados.

En las grandes ciudades del país, la inseguridad se ha convertido en una preocupación cotidiana. Las extorsiones afectan a comerciantes y transportistas, los ataques contra unidades de transporte han dejado decenas de muertos y heridos y ciudades como Trujillo enfrentan una penetración cada vez más visible del crimen organizado.

Al mismo tiempo, la corrupción y la percepción de una gestión pública deficiente siguen entre las principales preocupaciones de los peruanos. Y, mientras el país se prepara para una nueva temporada de lluvias, el fenómeno El Niño Costero plantea otra pregunta para las autoridades que serán elegidas: cuánto está preparado el Perú para enfrentar un evento climático que ENFEN considera con alta probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria.

Tres elecciones en un mismo año: Perú vuelve a las urnas

Las elecciones regionales y municipales de octubre constituyen la tercera gran jornada electoral de 2026.

El calendario comenzó el 12 de abril con las elecciones generales y continuó el 7 de junio con la segunda vuelta presidencial. Ahora, el proceso se traslada al territorio: serán los alcaldes y gobernadores quienes tendrán que responder directamente por problemas que los ciudadanos encuentran todos los días en sus calles.

El padrón definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones comprende 26.314.724 ciudadanos, incluidos 76 extranjeros habilitados para participar en los comicios municipales.

La dimensión de la elección es considerable. Se elegirán 13.148 autoridades: 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y miles de regidores provinciales y distritales.

A diferencia de una elección presidencial, esta vez los electores votan por autoridades que estarán mucho más cerca de sus problemas cotidianos: seguridad ciudadana, transporte, limpieza pública, infraestructura urbana, prevención de desastres y servicios municipales.

La inseguridad se convirtió en una de las principales preocupaciones del país

La elección ocurre en un escenario particularmente complejo para la seguridad ciudadana.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el semestre móvil octubre de 2025-marzo de 2026, la delincuencia fue considerada uno de los principales problemas del país por el 53,6% de la población, mientras que la falta de seguridad ciudadana fue mencionada por el 22,1%.

Pero uno de los fenómenos que más ha cambiado la vida cotidiana es la expansión de la extorsión.

El Ministerio Público registró 12.634 delitos denunciados por extorsión y chantaje durante el primer semestre de 2026. De ellos, 11.946 correspondieron específicamente al delito de extorsión. Los casos se concentraron especialmente en varios distritos fiscales de Lima y en regiones como La Libertad.

La violencia también alcanzó directamente al transporte público.

Entre agosto de 2024 y mayo de 2026 se registraron 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao vinculados presuntamente con extorsiones. Estos ataques dejaron 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos.

El problema no se limita a la capital.

Trujillo, símbolo de la expansión del crimen organizado

Trujillo, capital de La Libertad y una de las principales ciudades del norte del Perú, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de la crisis de seguridad.

La ciudad ha sufrido durante años la presencia de organizaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y otros delitos vinculados con el crimen organizado. En agosto de 2026, un ataque dejó cuatro personas asesinadas y otra secuestrada, un hecho que provocó nuevas críticas sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas en la región. La Defensoría del Pueblo pidió a la Policía y al Ministerio Público una investigación exhaustiva y cuestionó la necesidad de evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas durante los estados de emergencia.

Una investigación reciente señala que La Libertad registró 151 homicidios en 2026 hasta el momento de su publicación, solo por detrás de Lima, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones.

La situación ha llegado incluso a las escuelas. En septiembre, alrededor de un centenar de colegios de La Libertad izaron banderas blancas como símbolo de un pedido de paz ante la violencia que afecta a la región.

Para los ciudadanos, la pregunta no es solamente quién ocupará una alcaldía o un gobierno regional. También es qué capacidad tendrán las nuevas autoridades para coordinar con la Policía, el Gobierno central y otras instituciones frente a un fenómeno criminal que excede las competencias de una municipalidad.

La corrupción y la gestión pública también llegan a las urnas

La inseguridad comparte espacio con otra preocupación estructural: la corrupción.

El INEI señala que durante octubre de 2025-marzo de 2026 la corrupción fue considerada el principal problema del país por el 59,6% de los entrevistados, por encima incluso de la delincuencia.

En los gobiernos regionales y municipales, la discusión adquiere una dimensión particularmente importante porque buena parte de las decisiones que afectan directamente a la población dependen de estas administraciones: obras públicas, infraestructura, transporte, saneamiento, gestión de residuos, prevención de desastres y servicios locales.

La Contraloría ha advertido durante años sobre problemas de ejecución, inversiones paralizadas y riesgos de corrupción en la gestión de recursos públicos. El desafío para las nuevas autoridades será no solo anunciar nuevas obras, sino terminar proyectos pendientes y administrar de manera eficiente los presupuestos públicos.

Piura: obras paralizadas mientras se acerca El Niño

Piura es una de las regiones donde la elección municipal y regional tendrá una dimensión especialmente sensible.

La región arrastra una larga historia de inundaciones y daños provocados por fenómenos climáticos. A pocas semanas de la temporada de lluvias, un reporte presentado en septiembre señaló que Piura tenía 117 obras paralizadas, con un costo aproximado de S/3.685 millones y un saldo pendiente de ejecución superior a S/1.732 millones. De ese conjunto, 40 obras paralizadas estaban vinculadas con la reconstrucción de infraestructura afectada por el Niño Costero.

El dato adquiere mayor relevancia porque el país se prepara para un nuevo episodio de El Niño Costero.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que más de 9,3 millones de personas se encuentran en zonas con riesgo muy alto de inundaciones y deslizamientos, con especial vulnerabilidad en Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque e Ica. La institución también señaló que existen más de S/11.000 millones en obras paralizadas relacionadas con la prevención, según información citada de la Cámara de Comercio de Lima.

ENFEN advierte de un El Niño Costero potencialmente extraordinario

El riesgo climático es uno de los grandes desafíos que heredarán las autoridades que sean elegidas este domingo.

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero.

En su comunicado del 14 de septiembre, ENFEN señaló que El Niño Costero continuaría hasta mediados del otoño de 2027 y que existía una alta probabilidad de una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Para febrero y marzo, la magnitud más probable se mantenía entre fuerte y extraordinaria.

El organismo también pronosticó temperaturas del aire muy superiores a las habituales en la costa peruana y lluvias por encima de lo normal en la costa norte, con posibles episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre. Para el verano de 2027, prevé precipitaciones superiores a los promedios históricos en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental.

No se trata únicamente de una amenaza meteorológica.

Un fenómeno de esta magnitud puede afectar carreteras, viviendas, colegios, centros de salud, cultivos, sistemas de agua y transporte, además de generar inundaciones, huaicos y deslizamientos.

Por eso, las decisiones de los gobiernos regionales y municipales serán determinantes en materia de prevención y respuesta.

¿Está preparado el Perú para enfrentar un nuevo El Niño?

Las señales son contradictorias.

Por un lado, el Estado ha anunciado recursos adicionales para enfrentar tanto El Niño como la inseguridad. El 1 de octubre, el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto para aprobar créditos suplementarios por hasta S/8.228 millones, destinados, entre otros objetivos, a acciones frente al fenómeno El Niño 2026-2027 y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Por otro lado, organismos como la Defensoría del Pueblo han advertido sobre retrasos en obras y la necesidad de acelerar acciones preventivas.

En Piura, por ejemplo, la Defensoría ha pedido a las autoridades regionales y municipales reforzar la descolmatación de ríos y quebradas, elaborar mapas de zonas críticas, identificar espacios seguros y garantizar reservas de ayuda humanitaria.

La pregunta que quedará para las nuevas autoridades será si podrán transformar los recursos disponibles en prevención efectiva antes de que lleguen las lluvias más intensas.

Las elecciones locales definirán quién administrará la respuesta frente a estos problemas

El resultado de estos comicios tendrá consecuencias que van mucho más allá de la elección de nombres.

Los nuevos alcaldes tendrán que administrar ciudades que enfrentan problemas de seguridad, transporte, infraestructura y servicios básicos. Los gobernadores regionales tendrán bajo su responsabilidad territorios donde la prevención de desastres, la salud, la educación y las grandes obras públicas requieren coordinación entre diferentes niveles del Estado.

La elección también pondrá a prueba la capacidad de los ciudadanos para evaluar propuestas y antecedentes de quienes buscan administrar recursos públicos.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que su supervisión del proceso busca garantizar transparencia, debido proceso y participación política, mientras que el sistema electoral —integrado por el JNE, la ONPE y Reniec— tiene a su cargo la organización y fiscalización de los comicios.

Un país que vota mientras enfrenta varias crisis simultáneas

Las elecciones del 4 de octubre llegan en un momento particularmente complejo para el Perú.

Por tercera vez en 2026, los ciudadanos entran a una cabina de votación para decidir quiénes ocuparán cargos públicos. Pero esta vez las decisiones no estarán centradas en la Presidencia de la República.

Estarán mucho más cerca de la vida cotidiana.

El alcalde de una ciudad deberá responder por la gestión de espacios públicos, transporte, limpieza y coordinación de seguridad. El gobernador regional tendrá que enfrentar desafíos de infraestructura, salud, educación, inversión y prevención de desastres.

Y ambos niveles de gobierno recibirán sus cargos en un momento en que el país enfrenta una criminalidad que ha transformado la vida de comerciantes y transportistas, una fuerte preocupación ciudadana por la corrupción y un escenario climático que podría poner a prueba la capacidad de prevención del Estado.

Más de 26 millones de electores decidirán quién asumirá esas responsabilidades.

El desafío para quienes resulten elegidos será convertir las promesas electorales en políticas públicas capaces de responder a problemas que, para millones de peruanos, dejaron hace tiempo de ser amenazas abstractas y forman parte de su vida cotidiana.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo sentenció a 35 años de prisión efectiva a Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, tras determinar su responsabilidad en el delito de robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante en el distrito de El Porvenir. El acusado aceptó su participación en el hecho ocurrido en 2020.

La víctima fue Santos Juliana Eustaquio, de 60 años, una comerciante reconocida como la “Reina de la papa”. El crimen se produjo cuando culminaba sus compras en un mercado. Según los hechos atribuidos al sentenciado, Cruz Torres la interceptó con la intención de despojarla de sus pertenencias y, durante el asalto, le disparó, causándole la muerte.

Reconoció su responsabilidad

El proceso judicial concluyó luego de que el imputado admitiera su responsabilidad por el delito atribuido. Ante este reconocimiento, los magistrados del tribunal establecieron la pena privativa de libertad correspondiente y dispusieron que esta sea cumplida de manera efectiva.

La decisión judicial comprende específicamente el caso relacionado con el fallecimiento de Eustaquio, ocurrido durante el asalto registrado en Trujillo. De esta manera, el órgano jurisdiccional fijó en 35 años el periodo que Cruz Torres deberá permanecer privado de su libertad por este hecho.

Crimen ocurrió en 2020

Los hechos se remontan a 2020, cuando la comerciante se encontraba realizando sus actividades habituales en un centro de abastos del distrito. Al finalizar sus compras, fue abordada por el ahora condenado, quien habría utilizado un arma de fuego durante el intento de robo.

El ataque terminó con la vida de la mujer, cuya actividad comercial la había convertido en una persona conocida en la zona. La investigación permitió atribuir a Cruz Torres participación en el asalto que derivó en el fallecimiento de la víctima.

El reconocimiento de los hechos por parte de Cruz Torres fue considerado durante la etapa judicial que culminó con la imposición de la condena. Así, el tribunal dejó establecida su responsabilidad penal por el caso ocurrido en El Porvenir y determinó que la sanción deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario.

La historia criminal de Jhonsson Pulpo

Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, estuvo vinculado desde su adolescencia con Los Pulpos, agrupación de origen familiar asentada en El Porvenir, Trujillo, en la región de La Libertad.

Su padre, John Cruz Arce, alias John Pulpo, fue señalado como uno de los principales cabecillas y en 2008 recibió una condena por un doble homicidio cometido tres años antes. Con el paso del tiempo, el ahora sentenciado habría asumido un papel de liderazgo dentro de la organización.

Durante los años que permaneció prófugo, Cruz Torres recorrió Chile y Bolivia, además de adoptar una identidad distinta. En territorio boliviano se presentó como empresario inmobiliario y residió en zonas de La Paz. Las autoridades de ese país sostuvieron que recurrió a intervenciones quirúrgicas para modificar sus rasgos físicos. Asimismo, en agosto de 2020 habría fingido su fallecimiento como parte de una estrategia para evitar su ubicación. Finalmente, fue capturado en Bolivia tras varios años de búsqueda internacional.

Más de 10 empresas participaron en una feria laboral realizada en Trujillo, donde se ofrecieron más de 1.000 puestos de trabajo para ciudadanos interesados en incorporarse al mercado laboral. La actividad fue impulsada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) como parte de una agenda enfocada en ampliar las oportunidades de empleo y fortalecer la empleabilidad.

La jornada se desarrolló desde las 9:30 a. m. en la plazuela El Recreo y contó con la participación del ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien recorrió los espacios instalados junto al diputado de La Libertad, Geanmarco Quezada; la superintendenta de Sunafil, Evelin Coloma; y la gerenta regional de Trabajo, Melissa Reyes.

Feria reunió a empresas y ciudadanos

Durante su participación, Sheput destacó la importancia de generar alternativas de empleo formal para los jóvenes y acercar este tipo de iniciativas a quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

“En el ministerio estamos trabajando activamente para generar oportunidades de trabajo decente y formal para los jóvenes. Estas ferias laborales son instrumentos para acercarnos a ellos. Lo que este Gobierno también va a incorporar a la educación escolar es el aspecto técnico, con el objetivo de dar mayores ventajas a los egresados al momento de buscar un trabajo. Con eso podemos evitar que un joven pase hasta tres años buscando empleo”, manifestó el ministro de Trabajo.

Como parte de su recorrido, el titular del MTPE también visitó el stand de la Policía Nacional del Perú, donde resaltó las labores que desarrolla esta institución en Trujillo para enfrentar la criminalidad.

Cuatro instituciones se incorporan a la red de empleo

Durante la actividad, el ministro entregó credenciales del RENUPSEP a las municipalidades de La Esperanza y Virú, así como al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Libertad y al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José Faustino Sánchez Carrión.

La incorporación de estas cuatro entidades permitirá ampliar los puntos de atención del Servicio Nacional del Empleo, con servicios vinculados a la orientación, capacitación e intermediación laboral. Con ello, la región La Libertad alcanza 35 unidades prestadoras de servicios de empleo registradas.

MTPE reporta atención a miles de ciudadanos

La actividad en Trujillo se realizó mientras el MTPE desarrolla acciones para reforzar sus servicios de empleabilidad en La Libertad. Entre agosto y septiembre, la entidad emitió más de 45.000 Certificados Únicos Laborales en la región y atendió a 37.640 personas.

En ese mismo periodo, 1.870 ciudadanos recibieron asesoría para la búsqueda de empleo, mientras que otros 1.360 jóvenes accedieron a orientación vocacional y ocupacional. Estos servicios están dirigidos a facilitar la toma de decisiones relacionadas con la formación y el futuro laboral.

La jornada forma parte de las acciones desplegadas por el MTPE para acercar sus servicios a la población y facilitar el acceso a oportunidades de trabajo en la región.

Un recorrido que debería tomar minutos puede terminar consumiendo buena parte del día. La congestión vehicular se convirtió en uno de los principales problemas de movilidad urbana en distintas ciudades del Perú, donde miles de personas enfrentan viajes cada vez más largos y costosos.

El problema tampoco se concentra en Lima. Arequipa, Trujillo y Piura enfrentan dificultades relacionadas con la movilidad urbana. Mientras la ciudad del sur registra una congestión incluso mayor que la capital, en Trujillo se pierden 130 horas al año en el tráfico y en Piura los buses circulan a unos 16 km/h, según datos citados por la Red de Estudios para el Desarrollo.

Las diferencias entre estas ciudades muestran que el tráfico está relacionado con la manera en que se organizan los viajes y se utiliza el espacio vial. Una mayor cantidad de vehículos puede incrementar la congestión, pero también influyen la falta de transporte masivo, las rutas fragmentadas y una gestión del tránsito que no responde al crecimiento de las ciudades.

Limeños pierden más de ocho días al año por la congestión vehicular

En Lima, cada conductor perdió 195 horas en hora punta durante 2025, de acuerdo con TomTom. La cifra equivale a más de ocho días al año atrapado en los momentos de mayor congestión. La velocidad promedio mostrada en la gráfica de la Red de Estudios para el Desarrollo se ubica en 15 km/h.

La cantidad de vehículos tampoco explica por sí sola la situación. Lima tiene menos vehículos por habitante que Bogotá, Santiago o São Paulo, según Perú Debate. Sin embargo, una parte importante de los viajes se realiza mediante vehículos de baja capacidad y en rutas superpuestas que utilizan las mismas vías para trasladar a una menor cantidad de pasajeros.

A ello se suma la limitada participación del transporte masivo. La Línea 1 y el Metropolitano concentran apenas 1 de cada 10 viajes en transporte público, según el Banco Mundial. El resto de pasajeros depende principalmente de buses, combis y otros vehículos que circulan por una red vial que crece a un ritmo menor que las necesidades de movilidad de la ciudad.

El tiempo empleado para trasladarse también condiciona el acceso a oportunidades laborales. Apoyo Consultoría señala que solo el 18% de los empleos puede alcanzarse en menos de 45 minutos utilizando transporte público. Los empleos informales, además, suelen ubicarse más cerca de los hogares, de acuerdo con el mismo análisis.

Arequipa, Trujillo y Piura arrastran problemas en sus sistemas de transporte

Arequipa presenta uno de los escenarios más complejos fuera de la capital. Según los datos incluidos por la Red de Estudios para el Desarrollo, la ciudad registra un 51% de sobreoferta de rutas y una cobertura urbana de solo 61%. A ello se suma un nivel de congestión que supera al registrado en Lima.

La ciudad lleva más de 20 años intentando implementar un sistema de transporte integrado. El largo proceso evidencia las dificultades para desarrollar una alternativa que permita ordenar las rutas y mejorar la forma en que los pasajeros se desplazan por una ciudad que también enfrenta un crecimiento de sus necesidades de movilidad.

En Trujillo, el tráfico representa unas 130 horas perdidas al año. La ciudad tampoco cuenta con infraestructura para transporte masivo, por lo que los desplazamientos cotidianos dependen principalmente de los servicios existentes para atender la demanda de pasajeros.

En Piura, los buses circulan a una velocidad aproximada de 16 km/h. La presencia de mototaxis y taxis también forma parte del escenario de movilidad de la ciudad, mientras todavía no existe un sistema de transporte formulado. Así, las cuatro ciudades enfrentan dificultades distintas, pero comparten problemas relacionados con la organización de sus desplazamientos.

Tráfico afecta el tiempo, el bolsillo y las oportunidades de los peruanos

Las horas que una persona pasa dentro de un vehículo tienen consecuencias que van más allá de llegar tarde. Cada desplazamiento prolongado representa tiempo que deja de destinarse al trabajo, los estudios, el descanso o la vida familiar. También puede significar un mayor gasto asociado al transporte y al combustible.

La congestión vehicular tiene además un impacto sobre las oportunidades laborales. Cuando llegar hasta determinados empleos requiere recorridos extensos, el lugar donde vive una persona puede limitar el acceso a puestos de trabajo. En Lima, el dato de Apoyo Consultoría refleja esta relación entre movilidad y acceso a oportunidades.

Las condiciones de la infraestructura también forman parte del problema. Pistas, veredas y vías locales deterioradas pueden dificultar los desplazamientos y elevar el riesgo de accidentes. Las municipalidades distritales tienen responsabilidades sobre las vías locales, la señalización y otros aspectos de la movilidad en sus territorios, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene competencias sobre transporte público, tránsito y señalización dentro de su jurisdicción.

Frente a este escenario, el transporte masivo, las rutas integradas y una gestión eficiente del tránsito forman parte de las alternativas planteadas por el Banco Mundial. Entre las medidas figuran también líneas de metro, semáforos inteligentes y sistemas centralizados. El desafío para las ciudades peruanas pasa por convertir estas medidas en viajes más eficientes, seguros y accesibles para la población.

Personal del Establecimiento Penitenciario de Varones Trujillo evitó el ingreso de una serie de aparatos electrónicos que habían sido colocados entre productos destinados a uno de los economatos del recinto. La intervención se realizó durante una revisión inopinada dispuesta en el marco de las medidas de seguridad adoptadas tras la declaratoria de estado de emergencia en cinco penales del país.

Entre los objetos encontrados había una consola PlayStation acompañada de una tarjeta de memoria y dos mandos. También fueron descubiertos reproductores portátiles de DVD y radios, todos ocultos dentro de una bolsa que se encontraba entre los sacos enviados al economato 9, ubicado en el pabellón 3 de mediana seguridad.

Hallazgo durante revisión de productos

La inspección permitió identificar dos reproductores portátiles de DVD, cada uno con sus respectivos controles, cargadores y accesorios. A estos se sumaron 19 radios portátiles, también acompañados por sus cargadores y cables, además de la consola PlayStation y sus accesorios.

Los productos estaban destinados al economato 9, registrado a nombre del interno Juan Agustín Vásquez Ramos. El recluso se encuentra en la celda 7 del pabellón 3 y cumple una condena de 10 años de pena privativa de libertad por el delito de robo agravado.

¿Para qué servía la tarjeta de memoria de la PlayStation 2?

La tarjeta de memoria de la PlayStation 2 cumplía una función central para los jugadores de esa generación: permitía almacenar los avances de los videojuegos. La consola no contaba con un disco duro destinado a guardar las partidas, por lo que los datos debían registrarse en una Memory Card para poder recuperarlos posteriormente.

El modelo oficial utilizado por la PS2 tenía aproximadamente 8 MB de capacidad y empleaba memoria no volátil, de modo que podía conservar la información incluso cuando la consola estaba apagada. Allí podían almacenarse partidas, perfiles, configuraciones y otros archivos generados por los videojuegos, aunque el espacio requerido dependía de cada título.

La utilidad de este accesorio era especialmente evidente en juegos que podían requerir decenas de horas para ser completados. Sin una tarjeta, el jugador podía continuar mientras la consola permaneciera encendida, pero no tenía un medio habitual para conservar el progreso después de apagarla o reiniciarla.

Una tarjeta que podía trasladarse entre consolas

Las Memory Card tampoco estaban vinculadas permanentemente a una sola consola. Los jugadores podían retirar la tarjeta y utilizarla en otra PS2 compatible para acceder a sus partidas. Además, la consola permitía copiar datos, eliminar archivos y administrar el espacio disponible cuando comenzaba a llenarse.

Sony también establecía una diferencia entre las tarjetas destinadas a la PS2 y las utilizadas por la PlayStation original. La primera empleaba el modelo de aproximadamente 8 MB, mientras que los juegos de la consola anterior utilizaban otro formato, identificado como SCPH-1020 y con una capacidad cercana a 120 KB.

El uso de estas tarjetas exigía determinadas precauciones. Retirarlas mientras se guardaban o cargaban datos podía ocasionar daños en la información almacenada. Por ello, el accesorio constituía una pieza importante para conservar las partidas y continuar una experiencia de juego en otra sesión.

INPE comunicó el caso a la Fiscalía

Tras culminar la intervención, las autoridades penitenciarias informaron sobre el hallazgo a la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de la fiscal Martha Rosales Echevarría. El despacho fiscal quedó encargado de realizar las diligencias correspondientes sobre los objetos encontrados durante la revisión.

El INPE señaló que continuará reforzando los controles en los establecimientos penitenciarios del país. Estas acciones buscan impedir el ingreso de objetos no autorizados y mantener las condiciones de seguridad y orden dentro de los penales.

“A este criminal lo estamos buscando y va a estar donde debe estar, o bajo tierra o tras las rejas. No hay una tercera alternativa”, declaró Astudillo durante una entrevista en el programa Contra Corriente de Willax, al ser consultado por la situación de Bazán, quien permanece prófugo pese a haber sido condenado a cadena perpetua.

La declaración se produjo después de ser cuestionado sobre cómo era posible que Bazán, condenado por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, no hubiera sido incluido anteriormente en la lista de los más buscados.

Jolín Bazán fue incluido en el Programa de Recompensas

Astudillo recordó que Bazán ya fue incorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior. La medida se concretó el 16 de septiembre, cuando el Mininter anunció una recompensa de S/300 mil por información que permita ubicarlo y capturarlo.

El ministro explicó que una requisitoria no implica que una persona ingrese automáticamente al programa de los más buscados. Según señaló, existe un procedimiento que incluye la evaluación de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La incorporación de Bazán había sido solicitada previamente por la Policía. El general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, informó el 12 de septiembre que había enviado el 1 de junio un informe para pedir que el presunto cabecilla fuera incluido entre los más buscados.

El Mininter finalmente aprobó la solicitud y estableció una recompensa de S/300 mil por información que contribuya con su captura.

Astudillo habla de “buenas noticias” sobre su captura

Durante la entrevista, el periodista también le preguntó al ministro por los cuestionamientos surgidos alrededor de Bazán y por las versiones sobre presuntos nexos entre integrantes de ‘La Jauría’ y efectivos policiales.

Astudillo respondió que ya se habían tomado acciones y afirmó que no se podían evadir responsabilidades. “No hay forma de pretender evitar responsabilidades”, sostuvo antes de asegurar que Bazán está siendo buscado.

El ministro añadió que espera que las autoridades puedan dar “buenas noticias” próximamente sobre el caso.

Bazán fue condenado a cadena perpetua

Bazán fue condenado a cadena perpetua por su participación en el secuestro agravado y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en Trujillo en 2022. Según la información difundida por el Mininter, el empresario permaneció más de dos meses en cautiverio antes de ser asesinado.

Bazán es señalado como cabecilla de ‘La Nueva Jauría’, organización que mantiene una disputa criminal con ‘Los Pulpos’ por el control de actividades ilícitas en Trujillo. Tras el debilitamiento de esta última organización, la Policía ha señalado a ‘La Jauría’ como uno de los grupos que ha ganado presencia en la ciudad.

Actualmente, Bazán figura en el Programa de Recompensas del Mininter con una oferta de S/300 mil por información que permita su ubicación y captura. Las autoridades habilitaron la línea gratuita 0800-40-007 para recibir información de manera anónima.

Nueve ciudadanos ecuatorianos fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo ejecutado en Huanchaco, provincia de Trujillo, por su presunta vinculación con la organización denominada “Los Tiguerones Trux”. La intervención permitió incautar armas de fuego, explosivos, droga, dinero en efectivo y otros elementos que serán incorporados a las diligencias.

La operación se realizó en un inmueble que, según la información policial, era utilizado como un ‘búnker’ por los sospechosos. Los intervenidos tienen entre 19 y 39 años y son investigados por los presuntos delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tenencia ilegal de material explosivo, tráfico ilícito de drogas y trata de personas.

Entre los objetos encontrados durante la inspección figuran una Mini Uzi, un revólver y nueve cartuchos de dinamita con mecha. La Policía también encontró cuatro municiones, 23 teléfonos celulares, tres balanzas y cerca de un kilo de marihuana.

El operativo contó con la colaboración del FBI, según informó la Embajada de Estados Unidos en Perú, que calificó la intervención como una acción contra el crimen organizado en Trujillo. La PNP también coordina con la Policía de Ecuador para corroborar las identidades de los detenidos y establecer si registran antecedentes en ese país.

Armas, explosivos y droga incautados

La intervención permitió retirar del inmueble dos armas de fuego: una Mini Uzi y un revólver. A estos objetos se sumaron nueve cartuchos de dinamita con mecha y cuatro municiones, elementos que serán materia de las investigaciones correspondientes.

Los agentes también decomisaron aproximadamente un kilo de marihuana y tres balanzas. Los 23 equipos celulares encontrados durante el operativo quedaron bajo disposición policial para las diligencias destinadas a establecer posibles vínculos entre los intervenidos y las actividades investigadas.

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó que la operación se desarrolló con participación del FBI y señaló que los detenidos estarían relacionados con delitos vinculados con armas, drogas y trata de personas.

Entre las evidencias halladas aparecen dos cuadernos con anotaciones relacionadas con presuntos cobros de cupos. La documentación quedó incorporada a las diligencias para determinar su procedencia y posible relación con las actividades atribuidas a los intervenidos.

En el lugar también se encontraron S/2.490 en efectivo y una tela con la inscripción “Los Tiguerones Trux”. La presencia de este material será evaluada dentro de la investigación para establecer su relación con la agrupación que la Policía atribuye a los nueve detenidos.

Durante la inspección también fueron hallados más de mil preservativos, además de otros bienes de interés para las autoridades. La información proporcionada por la PNP señala que entre los objetos encontrados existen elementos cuya utilidad o relación con los hechos investigados todavía debe ser determinada.

PNP coordina con autoridades de Ecuador

La Policía Nacional del Perú realiza diligencias para verificar la identidad de los nueve ciudadanos ecuatorianos intervenidos. Para ese proceso, la institución coordina con la Policía de Ecuador con el objetivo de corroborar posibles antecedentes y otros datos relacionados con los detenidos.

Además de los objetos incautados, los agentes encontraron documentación vinculada a uno de los intervenidos. Ese material, junto con los equipos celulares, cuadernos y demás evidencias, forma parte de las diligencias que buscan establecer el nivel de participación de cada uno de los sospechosos.

La investigación comprende presuntos delitos de banda criminal, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tenencia ilegal de material explosivo, tráfico ilícito de drogas y trata de personas. La PNP mantiene las diligencias para determinar las responsabilidades individuales que correspondan.

Jaime García, director del medio local N60 Trujillo, anunció que suspendió una investigación que estaba realizando sobre el presunto lavado de activos vinculado a la organización criminal ‘Los Pulpos’. La decisión, según indicó, fue tomada luego de que recibiera amenazas, llamadas y seguimientos que, según afirmó, podrían poner en riesgo su vida, la de su familia y la de su equipo periodístico.

García indicó en conversación con Willax que los contactos a su número de teléfono llegaro luego de que su medio difundiera un informe sobre ‘Johnson Pulpo’, el líder de la organizacíón criminal, y su presunta relación con productoras de eventos musicales en Trujillo.

El periodista afirmó que el equipo que lidera tiene 11 años al aire y que sus investigaciones sobre políticos solían generar cartas notariales. Al describir el cambio que percibió al abordar a organizaciones criminales, afirmó que “cuando comienzas a investigar ese tipo de organizaciones criminales, lo que te llegan son amenazas. Y tarde o temprano, una bala en la cabeza”.

La pesquisa comenzó cuando el equipo accedió al contenido del teléfono de Johnson Pulpo y detectó el logotipo de una productora conocida en el norte del Perú. García relató que ese hallazgo llevó a los periodistas a indagar la actividad de empresas dedicadas a organizar espectáculos musicales.

Llamadas intimidatorias y mensajes

Tras publicar el informe, García contó que una persona se comunicó con él mientras conducía un programa en vivo, cuestionó la información presentada y anunció una posible demanda. Según el periodista, durante esa conversación la persona repetía: “Yo te lo dije en buena onda”.

El director de N60 Trujillo indicó que después recibió hasta 10 llamadas desde números distintos, que decidió no responder. Esa misma noche, cerca de la medianoche, otro contacto lo llamó y le envió dos mensajes que luego fueron eliminados.

Al verificar el número, García afirmó que identificó a una persona cuyo nombre aparecía en conversaciones registradas en el WhatsApp de ‘Johnson Pulpo’ y vinculadas a la fiscalía. “Averigüé el número, el nombre de esta persona, y tenía el mismo nombre de pila que estaba en los chats de la Fiscalía”, relató al medio televisivo.

La mañana posterior a esos llamados, el periodista denunció que un automóvil negro lo siguió cuando se encontraba cerca de un parque que frecuenta con su familia. García describió que el vehículo se detuvo y volvió a avanzar cuando él retomó la marcha.

“Me percaté de que se detuvo en un parque donde nosotros frecuentamos. Y cuando decidí avanzar, este también empezó a avanzar y seguramente quería saber dónde vivía”, afirmó.

Suspensión de la investigación

Jaime García informó a Willax que N60 Trujillo se abstendrá de continuar cualquier investigación sobre la organización criminal mencionada en el reportaje. La decisión alcanza al caso de las productoras de eventos y responde, según dijo, al temor de que él, sus familiares o integrantes de su redacción sean asesinados.

Al hacer pública la suspensión de la cobertura, García sostuvo que “nos vamos a abstener a todo esto por temor a que nos maten. Tengo miedo de que le pase algo a mi familia, tengo miedo de que me pase algo, tengo miedo de que le pase algo a cualquiera de nuestros periodistas”.

El periodista también advirtió sobre el alcance de las amenazas que atribuye a quienes investigaba: “Acá, si tú te metes con ellos, ellos saben dónde vives, saben dónde trabajas. Y si sigues incomodándolos, es bastante posible que acaben con tu vida”.

La decisión fue adoptada por el juez Eduardo Carlos Medina Carrasco, quien declaró fundado el requerimiento presentado por el Ministerio Público. El plazo de la medida comprende desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 1 de septiembre de 2029, salvo que exista otro mandato de detención o una sentencia que modifique la situación jurídica de los investigados.

Durante la audiencia, las defensas de Cruz Torres y Mendocilla Gómez expresaron su conformidad con la resolución. Ante ello, el magistrado declaró consentida la decisión y dispuso que se cumpla de forma inmediata.

El caso forma parte de las investigaciones por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y la muerte de cuatro personas ocurrida el 30 de agosto en Trujillo. Según información expuesta durante las diligencias fiscales, entre los elementos incorporados al expediente figura un video extraído del celular de Mendocilla Gómez, quien fue detenido junto con Cruz Torres en Bolivia.

Juez sustenta la necesidad de la prisión preventiva

El juez Eduardo Carlos Medina Carrasco explicó que la medida responde a la necesidad de asegurar la presencia de los imputados durante el desarrollo del proceso y permitir que continúen las diligencias pendientes. Durante la audiencia, sostuvo que existe un nivel de riesgo procesal que, según su evaluación, impide optar por una medida distinta.

“Es una medida necesaria porque no se podría dictar otra medida ante los alto riesgo procesal que por ahora se aprecia”, señaló el magistrado.

Medina Carrasco también explicó que el análisis de proporcionalidad debía considerar los intereses constitucionales vinculados con la persecución penal y el desarrollo del proceso. En ese marco, indicó que la restricción de la libertad busca asegurar la presencia de los investigados y evitar riesgos para las actividades procesales.

El magistrado precisó que el Ministerio Público todavía cuenta con diligencias pendientes y que existe información cuyo acceso requiere acciones de investigación tanto en el ámbito nacional como internacional.

Durante la audiencia, el juez mencionó la necesidad de acceder a información tecnológica nacional e internacional, así como a información biográfica e interpersonal. Según explicó, estos elementos forman parte de las diligencias que todavía deben desarrollarse dentro del proceso.

“No es un tema cerrado esto de los hechos de la agrupación de personas y el escenario del presunto secuestro extorsivo que el Ministerio Público está indagando”, señaló Medina Carrasco.

El magistrado también aclaró que su decisión se refiere a los hechos atribuidos a Cruz Torres y Mendocilla Gómez dentro del proceso analizado. En particular, indicó que no correspondía pronunciarse sobre el delito de homicidio calificado respecto de ambos imputados, debido a que esos hechos no les fueron atribuidos en el proceso objeto de la audiencia.

El juez consideró, además, que el plazo de 36 meses resulta razonable en función de las diligencias pendientes y del desarrollo previsto para las distintas etapas procesales.

Detención se computa desde el 1 de septiembre

La resolución establece que el plazo de la prisión preventiva se computa desde el 1 de septiembre de 2026, fecha consignada para la detención de ambos investigados, por lo que la medida concluirá el 1 de septiembre de 2029.

El Poder Judicial ordenó la ejecución provisional de la decisión y dispuso que las autoridades policiales y penitenciarias reciban la comunicación correspondiente para efectuar el internamiento de Cruz Torres y Mendocilla Gómez en los establecimientos que determine la autoridad penitenciaria.

Durante la audiencia, las defensas manifestaron su conformidad con la resolución. La representación legal de Cruz Torres y la de Mendocilla Gómez indicaron que no formularían discrepancias frente a la decisión del magistrado.

El juez, tras advertir la conformidad de las partes, declaró consentida la resolución y ordenó su cumplimiento.

La Policía señala que el nombre de Méndez Araujo apareció en conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’. En esos mensajes se mencionaría la distribución de parte del dinero relacionado con el rescate del empresario, con un monto de hasta S/1 millón destinado a la mujer.

La llegada de Méndez a Trujillo se produjo mientras permanece vigente una orden de detención preliminar por 15 días. Al ingresar a la dependencia policial, la investigada negó haber recibido dinero relacionado con el secuestro, mientras la Fiscalía y la Policía continúan con las diligencias para determinar su eventual participación en los hechos.

Expareja de ‘Jhonsson Pulpo’ permanece bajo custodia policial en Trujillo

La Policía Nacional trasladó a Catherin Méndez desde Lima hacia Trujillo luego de su captura en Pueblo Libre. La intervención estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco-Escuadrón Especializado), en cumplimiento de una orden judicial.

Antes de su traslado, la mujer pasó por la sede de Medicina Legal en La Victoria. Posteriormente, fue llevada a otras dependencias policiales y finalmente trasladada a Trujillo para continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

Las imágenes muestran a Méndez con un chaleco rojo mientras era custodiada por efectivos policiales durante su llegada a la ciudad. La mujer ingresó a la sede de la Divincri de la urbanización San Andrés.

La medida judicial establece 15 días de detención preliminar para Méndez Araujo. La investigación comprende delitos como organización criminal, secuestro extorsivo y homicidio calificado, según la información difundida sobre el caso.

Los chats de ‘Jhonsson Pulpo’ mencionan un pago de S/1 millón para Méndez

El nombre de Méndez Araujo apareció en conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados a Jhonsson Smit Cruz Torres. Según la información difundida por medios de comunicación, en esos mensajes se coordinaba la distribución de parte del dinero relacionado con el rescate de Jenss Lara.

De acuerdo con lo señalado por el general Antonio Zavala, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en las comunicaciones se mencionaba que Catherin Méndez recibiría S/1 millón. La Policía analiza estos mensajes para determinar si el dinero llegó efectivamente a manos de la mujer.

En las conversaciones también figuraría otro monto de S/430 mil destinado a una hija de Cruz Torres. La información forma parte de las diligencias que buscan reconstruir cómo se habría distribuido el dinero obtenido tras el secuestro.

Al llegar a la Divincri de Trujillo, Méndez negó haber recibido dinero relacionado con el rescate. Su versión deberá ser contrastada con los elementos que la Policía y la Fiscalía incorporen durante la investigación.

Investigación busca establecer el recorrido del dinero del rescate

El caso se relaciona con el secuestro del empresario minero Jenss Lara, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo. Según información citada por El Comercio, un testigo identificado con el seudónimo de “Juan” declaró que la familia del empresario habría pagado S/2 millones para conseguir su liberación.

De acuerdo con esa versión, el pago se habría realizado mediante una parte en efectivo y otra a través de una transferencia bancaria. Los investigadores analizan este dinero y las comunicaciones atribuidas a Cruz Torres para determinar quiénes habrían participado en su distribución.

La Policía también encontró, según la información difundida, listas con nombres y montos en los teléfonos incautados al investigado. Estos documentos son revisados como parte de las pesquisas sobre el funcionamiento de la organización y el destino del dinero.

Mientras permanece bajo detención preliminar, Catherin Méndez quedó a disposición de las autoridades en Trujillo. La investigación continuará para determinar su eventual vinculación con el secuestro y el manejo del dinero, así como la responsabilidad que corresponda a cada una de las personas investigadas.

Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, se negó a declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes ocurrido en Trujillo el pasado 30 de agosto. Según consta en el acta de la diligencia, realizada el domingo 13 de septiembre, el investigado alegó no encontrarse en condiciones de responder al ser consultado por el instructor policial.

“No estoy apto, tampoco voy a declarar porque recién he sido informado y recién me han notificado”, respondió Cruz Torres cuando se le preguntó si estaba dispuesto a rendir su declaración, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae.

Cruz Torres, de 30 años, contó con la asistencia de dos abogados. Antes de iniciar el interrogatorio, el instructor le comunicó sus derechos conforme al artículo 87 del Código Procesal Penal, entre ellos la posibilidad de abstenerse de declarar sin que esa decisión pudiera utilizarse en su contra.

Al ser consultado sobre si estaba conforme con sus defensa, el investigado respondió afirmativamente. Sin embargo, ante la segunda pregunta, referida a su disposición para declarar, optó por no hacerlo. La diligencia concluyó a las 10:54 horas del mismo día, luego de que ‘Jhonsson Pulpo’ confirmó que no tenía nada que agregar, quitar o modificar a sus anteriores respuestas.

El caso

Cruz Torres es señalado por la Fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, un grupo con raíces en el distrito de El Porvenir que, según las investigaciones, evolucionó desde el cobro de cupos a vehículos de transporte público hasta el sicariato y los secuestros. La agrupación es investigada por el ataque contra el empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado la madrugada del 30 de agosto, y el asesinato de cuatro de sus acompañantes: Christopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

De acuerdo con la Fiscalía a cargo del caso, la organización exigió inicialmente 2 millones de dólares para liberar a Lara Tantaquilla. Los atacantes vistieron trajes tácticos similares a los de la Policía Nacional del Perú para simular una intervención y ejecutar el secuestro, una modalidad que, según las pesquisas, ya había sido utilizada en hechos anteriores atribuidos a la banda.

Cruz Torres fue capturado en Bolivia y trasladado al Perú bajo custodia policial. De acuerdo con dos fuentes humanas que declararon en calidad de reserva, ‘Jhonsson Pulpo’ dirigió el secuestro desde Bolivia y que varios de los detenidos cumplieron funciones directas durante el ataque armado. El investigado tiene además una condena a cadena perpetua por el homicidio de una comerciante en Trujillo.

Prisión preventiva

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y otros nueve detenidos, entre ellos Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, Julio Zavaleta Quezada y Joyce Bereche Macco, este último capturado en la región San Martín por su presunta vinculación con la camioneta utilizada durante el secuestro. La audiencia respectiva fue suspendida en dos ocasiones por el Poder Judicial para incorporar a nuevos implicados en el proceso. No va a ser la primera vez en la que se interrumpa la audiencia. Se trata de un caso de crimen organizado, que implica de por sí una complejidad y cantidad considerable de implicados.

Un chat atribuido a Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’ y líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ capturado semanas atrás en Bolivia, muestra instrucciones para distribuir entre sus familiares parte del dinero pagado por la liberación del empresario Jenss Lara, según un documento fiscal difundido este jueves por el portal Territorio Tomado.

La conversación figura entre las evidencias recogidas en el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra integrantes de la organización investigados por el plagio y el posterior cuádruple crimen de sus acompañantes en Trujillo (La Libertad).

En el intercambio, ‘Jhonsson Pulpo’ conversa con un contacto registrado como “Black” y le indica cómo repartir el dinero. “1 millón a Catherin”, en referencia a su expareja Catherin Yanet Méndez Araujo, detenida recientemente, y “430 mil soles para mi hija”, se lee en uno de los mensajes atribuidos al líder criminal, quien ha declarado ante la Justicia que tiene dos hijos.

La conversación también sugiere que Cruz Torres era consciente de que podía ser capturado, después de permanecer prófugo durante años con una orden de captura internacional por delitos de secuestro, extorsión y sicariato. “Me van a canear. Ya perdí, hermano”, escribió al mismo interlocutor.

De acuerdo con el portal de investigación, el chat fue encontrado en uno de los teléfonos incautados a Cruz Torres, quien fue detenido en Bolivia y posteriormente trasladado a Perú.

Méndez Araujo, contra quien se dictaron 15 días de detención preliminar, fue capturada en el distrito limeño de Pueblo Libre por agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco-Escuadrón Especial contra el Crimen Organizado).

El propio Lara contó al Ministerio Público que sus secuestradores lo obligaron a grabar videos dirigidos a su familia para exigir el pago de un rescate y lo amenazaron con cortarle los dedos si no cumplían con el dinero solicitado. Según su declaración, los captores le dieron plazos sucesivos para que sus familiares entregaran el monto exigido y, antes de cada vencimiento, le advirtieron que comenzarían a mutilarlo.

El testimonio forma parte de las diligencias de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad y detalla las horas que permaneció retenido antes de ser liberado, mientras sus acompañantes fueron asesinados.

Lara relató que, después de ser secuestrado, permaneció vendado, con las manos esposadas a la espalda y los pies atados. Según su testimonio, sus captores lo golpearon durante el traslado y posteriormente lo llevaron a un ambiente pequeño donde permaneció retenido.

En ese lugar, afirmó, uno de los secuestradores se comunicó con él mediante un teléfono o radio y le dijo que el objetivo era obtener dinero. “Lo que en este momento necesito es dinero”, le habría dicho el hombre, antes de exigirle dos millones de dólares.

El empresario respondió que su familia no podía reunir esa cantidad y negó tener vínculos con actividades mineras, después de que el interlocutor le dijera que había realizado un seguimiento previo sobre él. Según el testimonio, el secuestrador insistió en que su familia debía conseguir el dinero, incluso mediante préstamos, y le preguntó con qué familiar podía comunicarse.

Indicó que señaló a su padre y a su hermano como posibles contactos. Posteriormente, los secuestradores lo obligaron a grabar un primer video dirigido a sus familiares. Según su relato, debía pedirles que pagaran el rescate y advertirles que tenía plazo hasta las 8 de la noche, pues, de lo contrario, comenzarían a cortarle los dedos.

Cuando se acercó el primer plazo, los captores amenazaron a Lara con cortarle un dedo y le pidieron elegir cuál. Luego ampliaron el límite hasta la medianoche y lo obligaron a grabar otro video dirigido a su familia, bajo amenaza de cortarle dos dedos si no pagaban. Al cumplirse el nuevo plazo, volvieron a amenazarlo con mutilarlo, pero poco después le dijeron que su familia estaba negociando y que “parece que vas a salir con vida de acá”.

Tras pasar la madrugada retenido, Lara relató que sus captores lo vistieron y le advirtieron que lo matarían si intentaba escapar. Luego lo sacaron del inmueble y lo trasladaron en la maletera de un vehículo, antes de abandonarlo en un lugar que no pudo identificar.

El empresario Jenss Lara, de 31 años, relató ante el Ministerio Público las horas de terror que vivió durante el secuestro que sufrió en Trujillo (La Libertad) a fines del mes pasado, y confirmó que sus captores le exigieron dos millones de dólares bajo amenazas de muerte y de mutilarle los dedos.

En su declaración testimonial, rendida el 5 de septiembre ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, Lara contó que había salido la noche del 30 de agosto con su hermano y unos amigos y que, después de pasar por varios locales, perdió el conocimiento debido a la cantidad de alcohol que había ingerido.

Relató que despertó en medio del ataque perpetrado por un falso comando policial, tras escuchar los gritos de su expareja, Nadia, quien clamaba: “no me hagan daño”.

“Yo en todo momento pensé que era la policía”, declaró al asegurar que incluso respondió que iba a bajar cuando los sujetos le ordenaron hacerlo. Una vez fuera del vehículo, dijo, fue esposado, golpeado y trasladado en otro automóvil, donde le vendaron los ojos, le taparon la boca y le quitaron la ropa hasta dejarlo en ropa interior.

Calculó que unos 20 minutos después llegaron a un lugar que no pudo identificar. Allí, según su testimonio, fue llevado a un cuarto mientras permanecía con las manos esposadas a la espalda. También afirmó que la cinta que le cubría la boca le dificultaba respirar y que sus captores le realizaron pequeños cortes en el pecho cuando reclamaba por el dolor de las esposas.

“No pago a nadie”

Después de varias horas, sus captores le dijeron que hablaría con “el hombre”, en aparente referencia a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Johnsson Pulpo’, señalado como el principal líder actual de la banda criminal ‘Los Pulpos’, a la que se atribuye el plagio y el cuádruple crimen de sus acompañantes.

Una voz le preguntó con quién estaba y, según Lara, le exigió información sobre las personas que supuestamente lo protegían. “Yo no estoy con nadie”, respondió, según consta en el acta. El interlocutor insistió y lo amenazó de muerte. “Puedes averiguar que yo no estoy con nadie, no pago a nadie”, respondió.

El secuestrador le dijo entonces que no tenía problemas con él ni con su familia, pero que necesitaba dinero y que “esta vez a ti te ha tocado aportar”. La cifra exigida, siempre según el testimonio, ascendía a dos millones de dólares. “Es imposible que mi familia tenga (ese monto), es imposible y le recalqué yo no soy minero”, relató.

“El hombre” le aseguró que llevaba tiempo siguiéndolo, a lo que respondió que, si realmente lo habían vigilado durante tanto tiempo, debían saber que no se dedicaba a la minería. “No hago minería hace muchos años atrás, no he viajado a la sierra hace mucho, las minas están en la sierra, si yo tuviera mina, viajaría y tú lo sabrías”, declaró.

Según su versión, el interlocutor reconoció que habían recibido información equivocada, pero le advirtió que su familia debía pagar, incluso si tenía que pedir dinero prestado, ante lo cual Lara propuso como contactos a su padre o su hermano.

Después fue obligado a grabar videos para exigir el rescate y, en uno de ellos, le ordenaron advertir que tenían plazo hasta las 20:00 horas antes de comenzar a cortarle los dedos. Cuando se acercó la hora límite, le preguntaron qué mano usaba más y cuál dedo prefería que le cortaran. “Como la mano izquierda no lo sentía para nada, entonces les dije corta el dedo pequeño de la mano izquierda”, relató.

Luego ampliaron el plazo hasta la medianoche y lo amenazaron con cortarle dos dedos si el dinero no llegaba. Al cumplirse la nueva hora, le echaron alcohol en la mano y volvieron a amenazarlo, hasta que uno de ellos le dijo: “parece que vas a salir con vida de acá”.

De madrugada, sus captores lo sacaron bajo amenaza de muerte, lo metieron en la maletera de un vehículo y, tras unos 15 o 20 minutos, lo abandonaron.

“Me empujaron, me botaron, me dijeron quédate acá”, declaró. Permaneció unos 15 minutos hasta quitarse parte de las vendas, cuando su padre, hermano y primos llegaron a recogerlo. Entonces supo que las personas que habían estado con él habían sido asesinadas.

“Para mí fue una noticia muy dolorosa, porque las personas que estaban allí era muy cercanas que yo estimaba y ellos me estimaban”, declaró.

Durante la audiencia, cuando se le consultó por sus antecedentes policiales, judiciales y penales, Cruz Torres respondió escuetamente: “Desconozco”. La respuesta contrasta con su historial delictivo, que incluye una sentencia firme por homicidio y una investigación en curso por secuestro agravado con resultado de muerte.

Condena a cadena perpetua

El líder de Los Pulpos ya contaba con una cadena perpetua dictada en su contra por el asesinato de una comerciante en Trujillo. Según registros del caso, la víctima murió de un disparo en plena vía pública cuando Cruz Torres intentaba robarle su dinero. Tras cometer el crimen, el acusado habría asistido a una celebración familiar, un dato que las autoridades citan como muestra de su perfil psicológico.

El expediente judicial permaneció activo durante los años en que Cruz Torres eludió a la justicia. La condena, sumada a las nuevas denuncias que enfrenta, lo posiciona como una de las figuras más buscadas del crimen organizado en el norte del país.

Capturado en Bolivia tras años de fuga

Cruz Torres permaneció prófugo hasta que fue capturado en Bolivia, país donde según la fiscalía continuó coordinando actividades delictivas pese a encontrarse fuera del territorio peruano. A su llegada al proceso judicial, el acusado cuenta con el respaldo de dos abogados, uno de los cuales ya representó anteriormente a su padre, John Cruz Arce, y logró para él una libertad anticipada.

La fiscalía sostiene que, mientras se encontraba en territorio boliviano, Cruz Torres dirigió de manera intelectual el secuestro de Jens Lara. El plagio, ejecutado por sus subordinados en Trujillo, derivó en un hecho con cuatro personas fallecidas. Por este secuestro, el líder criminal habría recibido dos millones de dólares a través de transferencias bancarias que la justicia peruana investiga para rastrear el destino final del dinero.

Patrón de secuestros desde 2021

Las investigaciones fiscales atribuyen a Cruz Torres la planificación y ejecución de más de cinco secuestros contra hombres y mujeres desde el año 2021. En varios de estos casos, los plagios terminaron en homicidio cuando las familias de las víctimas no cumplieron con las exigencias económicas impuestas por la organización criminal.

El caso se suma a otras diligencias recientes vinculadas a Los Pulpos, entre ellas la captura del propietario de un vehículo relacionado con las actividades de la banda. La fiscalía continúa con las pesquisas para determinar el alcance total de la red criminal liderada por Cruz Torres y el destino de los fondos obtenidos mediante extorsión y secuestro.

Jenss Lara Tantaquilla, el empresario que permaneció secuestrado por la organización criminal Los Pulpos, solo al recuperar la libertad se enteró de que sus cuatro acompañantes habían sido asesinados por los mismos captores. Así lo relató la víctima en su declaración testimonial ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, a la que tuvo acceso Infobae.

Lara relató que la noche del sábado 30 de agosto salió con su hermano a una fiesta en el sector conocido como La Encalada del Golf, en Trujillo. Luego se trasladó con su grupo de amigos a otros locales nocturnos de la ciudad. Lo acompañaban Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, Christopher Eduardo García Álvarez, Nadia Edith Urtecho Rodríguez y Farhad Andrea Monzón Lingán, a quienes conocía desde hacía entre uno y tres años y con quienes mantenía una relación de amistad cercana.

Según su testimonio, tras varias horas de consumo de alcohol quedó dormido en el vehículo en el que se desplazaban. Despertó por los gritos de Nadia en el momento en que un grupo de hombres, vestidos con uniformes de la Policía, interceptó el vehículo. “En todo momento pensé que era la policía”, declaró Lara ante el fiscal, y explicó que por esa razón bajó sin oponer resistencia.

Al advertir que no se trataba de efectivos policiales, intentó forcejear. Los captores respondieron con golpes en la boca y la nariz. Veinte minutos después, según su propio cálculo, llegaron a un inmueble donde lo bajaron a la fuerza y lo arrastraron por unas escaleras hasta una habitación.

El pedido de rescate

Durante el cautiverio, uno de los captores exigió por teléfono un pago de dos millones de dólares a cambio de su liberación. Lara respondió que ese monto era inalcanzable para su familia. “Yo te vengo haciendo seguimiento hace mucho tiempo”, le habría dicho la voz al otro lado de la línea, según consta en la declaración.

Ante la negativa inicial, los captores fijaron un plazo límite y amenazaron con cortarle los dedos si no se cumplía el pago. Lo obligaron a grabar videos en los que debía asegurar que se encontraba en buen estado y pedir a su familia que cumpliera con la exigencia. “Me preguntaron que mano usas más, y yo le dije porque me preguntan eso, me dijeron para empezar a cortarte los dedos”, relató el agraviado en el documento judicial.

El cautiverio se prolongó durante varias horas, en un cuarto pequeño de color amarillo que contenía un colchón inflable, un balde y dos bidones de oxígeno. Jenss Lara permaneció esposado y con los pies atados con una soga durante todo ese período, según su testimonio.

La liberación y la cruda noticia

Tras varias negociaciones telefónicas, los captores le indicaron que “parece que vas a salir con vida de acá”. Horas después, lo trasladaron en la maletera de un vehículo, lo abandonaron en la vía pública y le advirtieron que no intentara nada mientras se retiraban del lugar.

Una vez libre, Lara logró quitarse la venda y las esposas. “Llegó mi papá a recogerme, mis primos a recogerme, mi hermano”, relató en su declaración. Luego, afimra, su familia le informó que los cuatro jóvenes que lo acompañaban la noche del secuestro habían sido asesinados.

“Posterior a eso nos hemos venido a las casa, allí me dan la noticias que han matado a todos los que han estado contigo, y para mi fue una noticia muy dolorosa, porque las personas que estaban allí era muy cercanas que yo estimaba y ellos me estimaban, no eran personas que conocí una semana, un mes, nos conocíamos años, bueno allí fue, llegue a mi casa, donde mi familia y muchos amigos me esperaban, eso todo que tengo que decir, esa es la historia”, dijo.

La Fiscalía identifica a Joyce Renato Bereche Maco, alias Bereche, como el operador logístico que facilitó una camioneta y alquiló el inmueble usado como búnker en el caso del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que detuvo recientemente a Bereche Maco en Yurimaguas, región Loreto. La captura ocurrió a las 12:20 de la tarde del 16 de septiembre dentro de un inmueble situado en el asentamiento humano Los Andes. Durante la intervención, los agentes incautaron una pistola calibre 9 mm con municiones, cuatro celulares, dinero en efectivo y tarjetas de crédito.

El investigado, de 26 años, figura en la tesis fiscal como una de las personas que proveyeron recursos materiales para la organización criminal Los Pulpos. La acusación en su contra incluye los presuntos delitos de organización criminal, secuestro extorsivo agravado y homicidio calificado en concurso real.

La camioneta de Bereche

Registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) señalan que Bereche Maco figura como único propietario de una camioneta Toyota Hilux blanca, de placa BSJ-899. Según la investigación, ese vehículo fue empleado durante la interceptación de Lara Tantaquilla.

El Ministerio Público sostiene que la camioneta permitió retirar a la víctima de la escena bajo una aparente intervención policial. Para esa acción se habrían usado placas falsas. Luego, Lara Tantaquilla fue trasladado a otro vehículo, que tomó rumbo al lugar donde permaneció cautivo.

Tres días antes del asalto, el 27 de agosto, la camioneta fue registrada cuando ingresaba y salía de una vivienda alquilada en la urbanización El Paraíso, en el distrito de Moche. La Fiscalía considera que esa casa funcionó como punto de coordinación para el secuestro.

El vehículo volvió a aparecer el 29 de agosto, pocas horas antes del crimen. Un video lo ubicó entre las 1:54 de la tarde y las 2:04 de la tarde en una estación de servicios de la avenida España. La Toyota Hilux formaba parte de una caravana con otros dos automóviles que, de acuerdo con el caso fiscal, estuvieron cerca de la escena de los hechos esa misma noche.

El alquiler del búnker

El segundo elemento que vincula a Bereche Maco con la logística del caso es el alquiler de una casa en la urbanización Los Rosales de San Isidro. La Fiscalía atribuye al investigado la contratación del inmueble cuyo sótano habría sido acondicionado para retener al empresario Jenss Lara Tantaquilla durante varias horas.

La División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) estableció que el contrato se firmó el 30 de junio, con una vigencia de un año y una renta mensual de 5 mil soles. Según esa información, la organización habría entregado seis meses por adelantado, equivalentes a 30 mil soles, antes de realizar modificaciones en el sótano de la vivienda.

El requerimiento fiscal señala que ese espacio fue utilizado como búnker de cautiverio. La contratación del inmueble y la propiedad del vehículo forman parte de los elementos que el Ministerio Público presenta para sostener que Bereche Maco tuvo una función material dentro de la presunta estructura criminal.

La PNP anunció que someterá a peritajes los celulares y las tarjetas de crédito incautados durante la captura. La finalidad será determinar posibles coordinaciones y movimientos financieros vinculados con Los Pulpos.

La captura

La detención de Bereche Maco coincidió con un receso en la audiencia que evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros nueve investigados por el secuestro de Lara Tantaquilla y el homicidio de cuatro de sus acompañantes.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad reprogramó la audiencia la tarde del miércoles 16 de septiembre a causa de la reciente captura. El proceso está a cargo del juez Eduardo Medina Carranza.

Durante la primera sesión virtual, realizada el martes 15, Cruz Torres declaró que desconocía si tenía antecedentes penales, pese a que registra una condena a cadena perpetua por homicidio.

La Fiscalía también expuso durante la audiencia información sobre otros secuestros atribuidos a Los Pulpos. Según lo presentado, la organización habría recurrido en ocasiones anteriores a la simulación de operativos policiales para interceptar y privar de la libertad a sus víctimas.

Entre los elementos expuestos figura un video extraído del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, detenido junto con Cruz Torres. El material fue grabado con un dron y, según la Fiscalía, mostraría etapas de reglaje, seguimiento y ejecución del secuestro de Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el 30 de agosto en La Libertad. Si el pedido fiscal es aceptado, los investigados podrían ser internados en un penal de máxima seguridad.

Una imagen hallada en uno de los celulares incautados dentro de la investigación por el secuestro de Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes en Trujillo abrió una nueva interrogante sobre la información que pudo circular tras el ataque: en el fondo de la fotografía aparece un hombre con vestimenta policial, distinta a la de los atacantes que usaron cascos y pasamañontas.

La imagen, difundida por Willax TV en un informe sobre el sonado caso, muestra una camioneta Ford Bronco Raptor y a una persona recostada en el asiento posterior. Esta sería una de las víctimas mortales la madrugada del pasado 30 de agosto.

En el plano posterior se observa a un hombre uniformado. El informe televisivo planteó que podría tratarse de un efectivo policial, debido a que los atacantes que aparecen en otros registros llevaban cascos. La presencia de esa figura, en una imagen tomada después del hecho de sangre, según la versión difundida en el programa, forma parte de las preguntas que rodean el caso.

Los celulares

En el informe, Willax TV indicó que la imagen estaba en el teléfono del detenido Gabriel Mendocilla, donde también se encontraron videos de Jenss Lara durante su cautiverio. En ese equipo, un iPhone 14 Pro Max, figuraba una cuenta identificada como Rufian Kosi.

Durante la emisión, se precisó que la fotografía fue encontrada en el celular de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, y que habría sido enviada justamente desde el equipo móvil de Mendocilla, quien era cercano a él, para mantenerlo informado.

El programa sostuvo que la fotografía correspondería a un momento posterior al ataque contra el empresario minero y sus acompañantes, cuando personal policial de emergencia ya había llegado al lugar.

También se hizo referencia a una sombra que, según el análisis mostrado en pantalla, correspondería a quien tomó la imagen con un teléfono celular. El reportaje planteó dos preguntas: si la fotografía fue enviada luego del crimen y quién la remitió.

¿Filtración de información?

En el informe televisivo, se señaló la posibilidad de que un policía de emergencia hubiera proporcionado información a Mendocilla, quien a su vez la habría transmitido la imagen a Johnson Pulpo. Esa hipótesis fue expuesta en el programa como un indicio que debía ser revisado dentro de la investigación.

Además, en uno de los videos hallados en el celular de Mendocilla, Lara aparece con los ojos cubiertos y dirige un mensaje a sus familiares. “Buenas noches, papá. Buenas noches, hermanos. Quieren dos millones de dólares que acepte y entreguen. Si no hay confirmación hasta las ocho y media, van a empezar a volarme los dedos. Van a enviar evidencia”, dijo en el registro difundido por el canal.

El informe también mostró capturas de imágenes de dron, una fotografía del perfil de Instagram de Lara y noticias guardadas sobre su propio secuestro. Según lo expuesto en el reportaje, la fiscalía sostiene que Mendocilla cumplía labores relacionadas con el seguimiento, la vigilancia o el control de información sobre las víctimas en los hechos investigados.

La camioneta y el inmueble

En medio de las diligencias, Joyce Renato Bereche Maco, propietario de la Toyota Hilux vinculada al caso, fue detenido en Yurimaguas. El reportaje lo señaló por su presunta participación en los hechos y por haber alquilado el inmueble donde llevaron y mantuvieron cautivo a Jenss Lara.

Durante la intervención, Bereche Maco se identificó ante los agentes. En las imágenes difundidas se escucha que los policías le solicitan su nombre completo, ante lo cual respondió: “Joyce Renato Bereche Maco”.

La Toyota Hilux y el inmueble donde fue retenida la víctima son consideradas piezas relevantes para reconstruir la actuación de las personas involucradas. El programa indicó que habían pasado 17 días desde el ataque y que las autoridades continuaban incorporando información a la investigación.

Una representante del Ministerio Público informó en audiencia que el personal a cargo de las pesquisas comunicó la captura de una persona con detención preliminar. Añadió que se había solicitado prisión preventiva también contra ese investigado.

El Poder Judicial suspendió por segundo día consecutivo la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros 10 detenidos por el secuestro y asesinato de cuatro personas ocurrido la madrugada del 30 de agosto en Trujillo. La decisión fue tomada por Eduardo Medina Carranza, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, según informó Agencia Andina.

La suspensión respondió a un pedido del Ministerio Público para incorporar a la audiencia a Joyce Bereche Macco, de 26 años, capturado esa misma mañana en la región San Martín. A esta persona se le atribuye la presunta propiedad de la camioneta Hilux utilizada por los criminales, quienes vistieron trajes tácticos de la Policía Nacional del Perú y simularon una intervención policial para ejecutar el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes: Christopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

Dron permitió monitorear el crimen

La fiscal especializada contra el Crimen Organizado de La Libertad, Andrea Lavado Pérez, difundió imágenes captadas por un dron que la organización criminal Los Pulpos utilizó para seguir la incursión desde el aire. El material fílmico, de más de 12 minutos, permitió a Cruz Torres monitorear en tiempo real el secuestro y los asesinatos desde su escondite en Bolivia, según la evidencia hallada en el teléfono celular de Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, señalado como su hombre de confianza.

El video registra el momento en que las víctimas salen de la discoteca Nasso, así como el seguimiento posterior de la camioneta blanca con los falsos policías hasta la intersección de la avenida Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla, donde ocurrieron los hechos. Para la fiscal, este hallazgo evidencia el poder logístico y los recursos económicos con los que contaba la organización para ejecutar la incursión con tecnología sofisticada.

Exigieron US$500 millones por el rescate

“Tienen grandes recursos económicos no solo para los vehículos, también un poder logístico sofisticado, el uso de un dron ha permitido hacer el seguimiento de la víctima desde el punto, cuando Lara Tantaquilla sale de la discoteca Nosso, hasta llegar al punto de Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla”, declaró Lavado Pérez en referencia a las pruebas recogidas por Agencia Andina.

En el mismo teléfono de Mendocilla se hallaron los primeros diálogos de negociación entre Los Pulpos y la familia de la víctima. Según la fiscal, la organización solicitó en un primer momento 500 millones de dólares para liberar a Lara Tantaquilla, cifra que reflejaría la magnitud económica que buscaba obtener el grupo criminal a través de este tipo de delitos.

Revelan reparto del dinero del rescate

El dispositivo también contenía las disposiciones de Cruz Torres hacia su operador en Trujillo respecto a los destinatarios de los pagos y la forma en que debía repartirse el resto del botín entre los integrantes de la organización. Estos elementos forman parte del sustento probatorio que maneja el Ministerio Público en el proceso.

Con base en dicha evidencia, la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y los otros nueve detenidos, al considerar que existen pruebas suficientes de su participación como integrantes de una organización criminal dedicada al secuestro y homicidio.

Próxima audiencia definirá situación de 11 implicados

En la siguiente sesión, el juzgado deberá resolver la situación legal de los siguientes procesados:

• Jhonsson Smith Cruz Torres, cabecilla de la organización Los Pulpos
• Gabriel Alexander Mendocilla Gómez
• Julio Zavaleta Quezada
• Frank Junior Quezada Cruz
• César Iván García Rivera
• Ángel Fabricio Bocanegra Linares
• José Miguel Cerrepe Dávila
• Roy Peter Bocanegra Aguilar
• Roy Stiven Bocanegra Marreros
• Joyce Bereche Macco

La intervención ocurrió en el barrio Los Maderos, una zona alejada del centro de Yurimaguas. Según la información proporcionada sobre el operativo, los agentes ubicaron al sospechoso dentro de una vivienda de madera que habría alquilado durante su permanencia en la ciudad.

Durante la intervención, Bereche Maco portaba un arma de fuego y, de acuerdo con el reporte policial difundido, se produjo un enfrentamiento con los agentes antes de su reducción. El detenido fue trasladado hasta la comisaría de Yurimaguas para continuar con las diligencias correspondientes.

La investigación busca determinar la participación que habría tenido el intervenido en el caso de Trujillo. La Fiscalía lo vincula de manera preliminar con la organización criminal y con un presunto rol logístico relacionado con el vehículo utilizado en el secuestro.

Policía ubicó al sospechoso tras labores de inteligencia

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, la Policía realizó labores de búsqueda en Yurimaguas luego de establecer que Bereche Maco se encontraba en la ciudad. Los agentes focalizaron una vivienda situada en el barrio Los Maderos y desplegaron personal para asegurar el perímetro.

La intervención contó con efectivos de Yurimaguas y Tarapoto, además de personal especializado. También participaron integrantes del serenazgo debido a las limitaciones de personal de la comisaría local.

El detenido llevaba aproximadamente una semana y media en la provincia de Alto Amazonas. Según el reporte difundido durante la cobertura, habría llegado con el argumento de que permanecería por poco tiempo debido a motivos laborales.

El detenido buscaba continuar su ruta hacia Iquitos

La investigación policial también considera la ruta que Bereche Maco habría previsto después de su llegada a Yurimaguas. Según la información difundida, el objetivo era continuar por vía fluvial hacia Iquitos y posteriormente dirigirse hacia la zona de triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil.

El desplazamiento por esta ruta forma parte de las pesquisas sobre el recorrido que habría seguido el sospechoso después de los hechos registrados en Trujillo. La Policía ubicó su paradero antes de que pudiera continuar con ese trayecto.

En la vivienda donde fue encontrado también se encontraban otras personas con las que el detenido habría establecido contacto durante su corta permanencia en Yurimaguas. Las autoridades realizan diligencias para establecer si esas personas tuvieron alguna relación con su presencia en la ciudad.

Fiscalía lo vincula con ‘Los Pulpos’

Bereche Maco es señalado por la investigación fiscal como presunto integrante de ‘Los Pulpos’. Según la información proporcionada, su presunta función dentro de la estructura criminal habría sido de carácter logístico, vinculada con la facilitación de infraestructura para ejecutar el secuestro.

La camioneta de su propiedad figura dentro de las investigaciones por el caso que involucra a Jenss Marty Lara Tantaquilla y sus cuatro acompañantes. El hecho ocurrió el 30 de agosto y derivó en una investigación por secuestro y asesinato.

El caso también forma parte de un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para personas investigadas por su presunta participación en los hechos. Bereche Maco era uno de los investigados que permanecía sin ser ubicado hasta su captura en Yurimaguas.

Durante el traslado hacia la dependencia policial, el detenido no brindó una declaración sobre los hechos investigados. De acuerdo con la información difundida durante la intervención, su principal pedido fue contar con un abogado defensor.

La cobertura señaló que, hasta ese momento, no se había presentado un abogado particular para asumir su defensa. Bereche Maco permaneció bajo custodia policial después de su traslado a la carceleta de la PNP en Yurimaguas.

Las diligencias continuarán para establecer la presunta participación de Bereche Maco en el secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo, así como la eventual intervención de otras personas relacionadas con su desplazamiento hasta Yurimaguas.

La salida de Arriola ocurre en medio de cuestionamientos por el desborde de la criminalidad organizada en el país, en especial después del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y del asesinato de cuatro de sus acompañantes, ocurrido el pasado domingo 30 de agosto.

El caso tuvo repercusión en Trujillo, donde se produjo el hecho, pero también a nivel nacional. A partir de ese episodio, parte de la población y de la prensa de todo el país comenzó a cuestionarlos debido a que los sujetos que aparecen en los videos de las cámaras de seguridad cometiendo el secuestro y asesinato múltiple son distintos en tamaño y complexión a los capturados presentados por la Policía ante la opinión pública.

Frente a ese escenario, el ahora ex comandante general puso el énfasis en su vínculo con la institución y en la lealtad que, según sostuvo, debe guiar a sus integrantes. “No se puede porque hay que tener una palabra bien clara que se llama lealtad. Y se llama honor”, expresó durante la actividad, de la que también participó la presidenta Keiko Fujimori, el premier Luis Galarreta y otros integrantes del Ejecutivo.

Arriola agradeció

Durante el discurso, Óscar Arriola señaló que dejaba el cargo con gratitud. “Solo tengo gratitud en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu”, dijo al inicio de sus palabras.

El exjefe policial agradeció a Dios y a la presidenta constitucional de la República, a quien identificó como “doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi”, por haberle permitido dirigir la institución. También mencionó al ministro del Interior, César Astudillo, al presidente del Consejo de Ministros (Luis Galarreta), a los integrantes del gabinete y a las autoridades que, según indicó, contribuyeron al cumplimiento de la misión policial.

Arriola, además, calificó a la PNP como una “gran institución” y agradeció también a las personas naturales, personas jurídicas e instituciones públicas con las que tuvo contacto durante su trayectoria profesional.

En esa parte de su discurso, aludió a quienes colaboran con tareas de investigación, inteligencia y criminalística. Sostuvo que hay personas que preservan sus identidades y que brindan información o apoyo para servir al país.

“Gracias a aquellos héroes anónimos que han permitido superar grandes procesos, letales para el Estado, como el terrorismo y la criminalidad organizada en cualquiera de las épocas”, manifestó.

El mensaje a los policías

El excomandante general dirigió uno de los pasajes centrales de su intervención a los policías presentes, quienes, según dijo, representaban a más de 138 mil hombres y mujeres que integran la institución en el territorio peruano.

Arriola enumeró las labores que realizan los agentes durante el día y la madrugada. Mencionó las tareas de prevención del delito, investigación, inteligencia y peritajes criminalísticos. También se refirió a los efectivos que rescatan personas durante desastres naturales.

“Están prestos a servir y listos a morir por el Perú, como reza nuestro himno”, sostuvo ante los uniformados.

El general PNP afirmó que sentía orgullo al pasar frente a los policías y saludarlos. Luego agradeció el “desprendimiento” y la “entrega total” de los agentes hacia el país, sus familias, la institución y ellos mismos.

También les pidió que no cedieran ante cuestionamientos que, según expresó, puedan afectar su ánimo. “No desfallezcan nunca, no permitan que nadie ni nada minimice su moral”, señaló. Para Arriola, esa moral debía mantenerse “alto hasta el cielo”.

“Se cierra un ciclo”

En el tramo final de su mensaje, Arriola se dirigió a Fredy López Mendoza (nuevo comandante general de la PNP), a quien llamó su “querido amigo”. Le deseó sabiduría, fuerza y temple para conducir la institución.

“Lleva las riendas de la institución como lo hacen los grandes hombres para sentirnos todos siempre orgullosos”, expresó.

La despedida incluyó una reafirmación de lealtad hacia la PNP, en un momento marcado por las preguntas sobre la respuesta policial frente al avance de organizaciones criminales y por el impacto del caso de Jenss Lara Tantaquilla y sus acompañantes en Trujillo.

“Se cierra un ciclo acá, pero comienzan los proceso de los grandes hombres y mujeres que aquí están”, dijo Arriola antes de cerrar su intervención con una arenga final: “¡Viva la Policía Nacional del Perú!”.

El hallazgo cobró mayor relevancia porque Magaly Medina encontró similitudes entre el contenido de la amenaza que recibió y el mensaje extorsivo que días atrás llegó al salsero Engerberth Tapia, integrante de la Orquesta La Fama. Para la conductora, ambos textos tienen una particularidad: el tono empleado por quienes amenazan no es abiertamente insultante, sino que utiliza un lenguaje aparentemente cordial y educado antes de lanzar sus advertencias.

El caso de Engerberth Tapia fue presentado en el programa como otro ejemplo de la situación que enfrentan los artistas. El salsero recibió una amenaza antes de que su hijo resultara herido durante un violento ataque a balazos. El menor permanece hospitalizado y, según contó su padre, tiene una bala alojada en el pulmón que todavía no puede ser retirada.

Sin embargo, el foco de la emisión estuvo también en el dato que Magaly Medina consiguió gracias a la colaboración de uno de sus seguidores, quien decidió investigar por su cuenta el número desde el cual la periodista recibió la amenaza.

Un seguidor investigó el número que amenazó a Magaly Medina

Magaly Medina explicó que, después de hacer público el mensaje que recibió, uno de los seguidores del programa realizó una rápida búsqueda para conocer a quién pertenecía el número telefónico desde el cual le enviaron la amenaza.

“Nosotros tenemos, eh, tantos, eh, seguidores, eh, que nos han proporcionado esta investigación que han hecho por su cuenta. Una investigación rapidísima que ha determinado que el número del que a mí se me mandó este mensaje le pertenece, ahí está, a una persona que no sabemos si es la dueña del teléfono o si se lo robaron o si se lo clonaron”, explicó la conductora.

La periodista mostró la información que le hicieron llegar y puso énfasis en un detalle que consideró llamativo: la ubicación registrada para el titular del número.

“Esta persona, que le agradezco que haya hecho la investigación en OSIPTEL y me haya mandado quién es el titular de este número y dónde vive”, manifestó.

De acuerdo con la información que recibió Magaly, el número estaría asociado a una persona domiciliada en Trujillo. La conductora repitió este dato durante la emisión para remarcar la coincidencia.

“Miren ustedes que no estamos nada alejados de la realidad. Vive en Trujillo. Vive en Trujillo. El celular del que me escribieron es de Trujillo. De Trujillo”, afirmó. Magaly, no obstante, dejó una precisión importante: que un número aparezca registrado a nombre de una persona no significa necesariamente que esa persona sea quien envió la amenaza.

La conductora señaló que no saben si el titular es efectivamente quien utilizó el teléfono, si el equipo fue robado o si el número pudo haber sido clonado. Por ello, presentó el dato como parte de la información obtenida por su seguidor y no como una identificación del responsable de la extorsión.

Magaly Medina advierte que no son investigadores ni policías

La periodista también aclaró que la información no fue obtenida mediante una investigación policial realizada por su equipo. Por el contrario, se trató de una búsqueda realizada por un seguidor que decidió aportar información después de conocer el caso.

“O sea, no somos policías, no somos investigadores, no nos competería hacer eso porque somos las víctimas”, sostuvo Magaly Medina. La conductora explicó que, pese a no tener esa función, la información obtenida permitió observar una coincidencia que le pareció relevante desde el punto de vista periodístico.

“Pero sin embargo, es uno de los seguidores del programa, ha hecho una rápida investigación y me acaba de mandar eso. Es de Trujillo”, agregó. El dato adquirió todavía mayor importancia para Magaly cuando comparó el mensaje que recibió con la amenaza que había llegado previamente a Engerberth Tapia.

Según la periodista, ambos textos presentan una forma de comunicación muy similar, particularmente por el tono aparentemente educado con el que se realizan las amenazas. “Entonces, hemos-- ya nosotros, a simple vista, investigadores periodísticos duchos, hemos comparado los lenguajes que son muy parecidos”, afirmó.

Magaly compara su amenaza con la que recibió Engerberth Tapia

El caso de Engerberth Tapia permitió a Magaly Medina explicar por qué considera llamativa la coincidencia. El salsero había recibido días atrás un mensaje de un supuesto extorsionador que se identificó como integrante de una organización criminal.

“Te escribe una de la organización, una de la más dura del país. Te presentas muy seguido en mi zona, en Lima Norte. Entras a casa ajena sin tocar. No subestimes mi mensaje”, decía el mensaje dirigido al integrante de la Orquesta La Fama. Magaly llamó la atención sobre la manera en que estaba redactado el texto.

“Pero lo que nos asombra es que las amenazas que él recibía, esta amenaza, era hecha en un tono peculiar, un tono de buenas maneras, educación, que caracteriza algunas bandas que ya han sido identificadas por todos, casi la mayoría sabe”, comentó. La conductora procedió a leer parte del mensaje enviado al salsero:

“Hola, señor Tapia, de la Orquesta La Fama. Te escribe una de las organizaciones, una de las más duras del país. Mira, compañero, acá seré directo con tu persona. Nosotros no nos interesa dónde te presentes, local o evento privado. Tampoco te pediremos dineros. No nos gusta la ventaja”. Para Magaly Medina, esa forma de expresarse guarda semejanzas con la amenaza que ella misma recibió.

La amenaza contra Magaly también tenía un tono aparentemente cordial

La conductora recordó que el mensaje que recibió estaba dirigido directamente a ella y contenía una exigencia económica de gran magnitud.

“Señora Magali de Jesús Medina Vela. Te saludamos y le ordenamos que tenga su seguro de vida de un millón de dólares en efectivo con su marido de manera solidaria. Tenemos identificados todos sus pasos. Somos un grupo debidamente entrenado y sofisticado”, leyó Magaly.

La periodista remarcó que el lenguaje empleado le resultó diferente a las amenazas que había recibido anteriormente. “¿Ven? El lenguaje es diferente, no es el lenguaje insultante de estos grupos que anteriormente me amenazaban. No, no, es un lenguaje diferente, bien similar al que amenazó a Engerberth”, manifestó.

Engerberth Tapia contó que las amenazas ya eran parte de su realidad

En paralelo, el programa mostró el testimonio de Engerberth Tapia, quien reconoció que los artistas están constantemente expuestos a recibir mensajes de este tipo. “Nosotros siempre estamos expuestos a eso, a que te manden un mensaje extorsivo amenazándote. Pero siempre hemos hecho caso omiso, ¿no?”, relató el salsero.

Sin embargo, el ataque sufrido por su familia cambió completamente su percepción de estas amenazas. “Pero creo que hoy por hoy ya no se pueden hacer esas cosas, ¿no? Ya estamos muy inseguros”, sostuvo.

Engerberth también explicó que lo que más le preocupa no es necesariamente lo que pueda sucederle a él, sino que sus hijos queden expuestos a la violencia. “Si él no hubiera estado conmigo, normal, yo soy hombre, yo ya estoy viejo, pero no, él recién está empezando a vivir”, expresó con preocupación.

Su hijo permanece internado luego de recibir un impacto de bala durante el ataque. El salsero contó que actualmente se encuentra estable, aunque el proyectil todavía no puede ser retirado. “Está bien, ya está mejor, está estable. Es bien complicada toda esta situación, ¿no? Eh, la bala no se la pueden sacar aún. Esperemos que en los próximos días ya las cosas se mejoren”, señaló.

El registro audiovisual fue presentado por el Ministerio Público durante la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, y otros investigados por el secuestro del empresario y el asesinato de sus acompañantes. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad incorporó el video como parte de los elementos de la investigación.

Las imágenes fueron extraídas del celular de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 22 años, quien fue detenido en Bolivia junto con el señalado cabecilla de Los Pulpos. El contenido permitió identificar distintas etapas del seguimiento realizado durante la madrugada del 30 de agosto.

La fiscal Andrea Lavado Pérez explicó ante el Poder Judicial que el uso del equipo aéreo formó parte de la logística empleada para ejecutar el delito. “Que esta gran inversión, en este caso concreto, inclusive, ha permitido el uso de un dron, un dron que ha podido captar en tiempo real la secuencia de este evento [...] y que ello ha quedado, y me adelanto un poco, corroborado porque está como un video en el celular de uno de los intervenidos que en este momento estamos sustentando la prisión”, señaló durante la audiencia.

El dron siguió la ruta de la víctima

Según la información expuesta por la Fiscalía, el dispositivo registró la camioneta Ford de placa CZ1-019 desde su salida de la discoteca Nosso. En el vehículo se encontraban Jenss Lara, Andrea Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Rojas Ramos de Rosas y Christopher García Álvarez.

El seguimiento permitió registrar el desplazamiento del vehículo por la avenida Fátima y otros puntos de su recorrido. Las imágenes también muestran la presencia de una camioneta Toyota Hilux blanca vinculada con los sujetos que participaron en la interceptación.

El registro continuó hasta las 2.43 a. m., cuando la camioneta de Lara circulaba por las inmediaciones de la capilla Inmaculada Corazón de María, en la avenida Húsares de Junín. Poco después, el vehículo fue alcanzado por la unidad utilizada por los falsos policías.

El ataque quedó registrado desde el aire

Las imágenes incorporadas a la investigación muestran a tres sujetos que descendieron de la Toyota Hilux blanca. Los individuos portaban armas de fuego y apuntaron contra los ocupantes de la camioneta Ford.

La interceptación ocurrió en la esquina de la cuadra tres de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla. En ese lugar fueron asesinados los cuatro acompañantes de Lara y el empresario fue llevado por la fuerza.

El material audiovisual permitió registrar el ataque y el secuestro desde una posición aérea. La investigación fiscal sostiene que el dron también permitió verificar los desplazamientos del empresario y advertir sobre la eventual presencia de efectivos policiales durante la operación.

La Fiscalía investiga a 13 integrantes de la organización por su presunta participación en el secuestro de Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes. Para ellos, la fiscal Andrea Lavado Pérez solicitó 36 meses de prisión preventiva.

Los Pulpos ya utilizaban drones para vigilancia

El caso del empresario también expuso otro uso de esta tecnología atribuido a Los Pulpos. En una investigación desarrollada en Trujillo, la Policía identificó a Carlos Yampier Córdova García, alias ‘Yampi’, como operador de un dron empleado para vigilar establecimientos y viviendas.

Según las diligencias, el dispositivo era utilizado para realizar marcajes aéreos y comprobar la presencia de patrullas antes de ataques con explosivos. El operador sobrevolaba bodegas, farmacias y viviendas para proporcionar información a los integrantes encargados de ejecutar las acciones.

Durante una intervención en El Porvenir, los agentes detuvieron a Córdova García y decomisaron el dron junto con material explosivo. La investigación también detectó comunicaciones entre el detenido y un recluso conocido como Quendo, recluido en el penal El Milagro.

Las pesquisas sobre el uso del dron también están relacionadas con un atentado que no llegó a ejecutarse. Agentes de la comisaría de Nicolás Alcázar intervinieron a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta por el jirón Atahualpa con una bolsa que contenía 20 cartuchos de dinamita.

Entre los intervenidos estaba Antoni Rodríguez Curcuera, de 18 años. Según la investigación, el material explosivo debía ser utilizado frente a la vivienda de un empresario.

Las diligencias establecieron que los responsables esperaban una confirmación visual antes de activar los explosivos. El plan contemplaba utilizar la información obtenida desde el aire para verificar las condiciones de la zona y facilitar la salida de los atacantes.

Cinco meses de prisión preventiva para el operador

El Poder Judicial impuso cinco meses de prisión preventiva contra Carlos Yampier Córdova García tras su captura por agentes de la Depincri Este de El Porvenir.

En paralelo, el Ministerio Público dispuso la liberación de Juan Manuel Bocanegra Enríquez, de 23 años, antes de la instalación de la audiencia. Las pericias detectaron un mensaje de WhatsApp en el que se le solicitaba eliminar información de su equipo, pero los análisis iniciales no encontraron mensajes directos ni vínculos con los demás investigados.

La audiencia contra Jhonsson Cruz Torres y los demás investigados continúa dentro de la investigación fiscal por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

Un testigo protegido describió ante la Policía Nacional (PNP) a tres de los sujetos que participaron en el secuestro del empresario Jenss Lara y el cuádruple crimen de sus acompañantes en Trujillo (La Libertad), y señaló que dos de ellos medían aproximadamente 1,80 metros y el tercero unos 1,70 metros.

Según la declaración, recogida en un documento difundido este martes por el periodista Alonso Zambrano, del portal de investigación El Foco, los tres hombres vestían trajes tácticos oscuros con el logotipo del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) y portaban armas de largo alcance.

El testigo relató que uno de los sujetos pidió al conductor sus documentos con una voz que describió como “grave (gruesa)”. Después de que el conductor entregara la documentación, escuchó “dos sonidos, uno tras de otro”, que identificó como disparos efectuados por el hombre situado junto al copiloto.

Inicialmente, el testigo creyó que se trataba de una intervención policial contra delincuentes y llegó a tomar fotografías con su teléfono celular. Sin embargo, posteriormente observó cómo otros dos sujetos dispararon desde el lado del conductor.

El testigo señaló que los tres hombres tenían “casi el mismo porte”. Precisó que dos tenían aproximadamente la misma estatura, cercana a los 1,80 metros, mientras que el tercero era más bajo, de unos 1,70 metros.

Los tres llevaban el rostro cubierto con pasamontañas, aunque el testigo pudo distinguir algunos rasgos particulares. “De los tres que bajaron, a uno de ellos se le veía un poco más la nariz y tenía las cejas depiladas”, refirió.

También indicó que el hombre de menor estatura “arrastraba un poco el pie derecho cuando caminaba”. Además, afirmó que había un cuarto sujeto en la camioneta Toyota Hilux, vestido con la misma indumentaria y que permaneció sentado en el asiento del conductor.

Durante el traslado, el testigo escuchó los gritos de una mujer que suplicaba: “A mí no me hagas nada, por favor”. Minutos después, escuchó “un estruendo fuerte, como una explosión”, que ubicó en dirección de la avenida Húsares de Junín, a la altura de Bellas Artes. Según su declaración, el hecho ocurrió aproximadamente a las 03:09 horas.

Poco después llegó un vehículo de Serenazgo, del que descendieron dos agentes que revisaron la camioneta desde el exterior mientras solicitaban apoyo por radio. Posteriormente llegaron vehículos policiales y varias personas se aproximaron al lugar. El testigo señaló que entonces decidió retirarse.

Intermediario

En otra declaración, un testigo con código de reserva N.° 0209-2026 señaló que Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Johnsson Pulpo’ y señalado como líder de la banda criminal ‘Los Pulpos’, dirigió el secuestro desde Bolivia, donde posteriormente fue capturado.

Según este testimonio, después del secuestro un intermediario comenzó a comunicarse con la familia de Lara para negociar el pago del rescate. El declarante afirmó que este hombre se comunicaba con un sujeto conocido como ‘Negro Juan’, quien, a su vez, mantenía contacto con Cruz Torres.

“Inicialmente el monto que estaban pidiendo por la liberación era entre 4 y 5 millones de dólares”, dijo.

La familia, de acuerdo con el relato, intentó reunir el dinero y reducir el monto exigido. Ante las dificultades para conseguirlo, ‘Johnsson Pulpo’ estableció contacto directo con uno de los familiares para coordinar el pago.

El testigo afirmó que los secuestradores amenazaron con mutilar los dedos de Lara si la familia no entregaba el dinero, por lo que esta terminó realizando dos pagos el lunes por la mañana, con unas horas de diferencia.

“El pago creo que se realizó en efectivo, siendo el monto entre dos y dos millones y medio de dólares”, señaló.

El empresario Jenss Lara fue grabado durante su cautiverio, atribuido a la organización criminal ‘Los Pulpos’, y obligado a transmitir un mensaje en el que advertía sobre el pago de “dos millones” bajo amenaza de ser mutilado, según imágenes incorporadas al expediente fiscal del secuestro ocurrido en Trujillo (La Libertad).

Los registros, a loas que accedieron este martes los periodistas Bruno Amoretti y Américo Zambrano, de Hildebrandt en sus trece, muestran a Lara únicamente con ropa interior, con los ojos y la nariz cubiertos con una tela azul y esposado. A su lado aparecen una toalla pequeña de “color verde, alcohol, gasas, pegamento instantáneo y un bisturí”.

“Hola hermano, Jhonsson está cumpliendo con su parte de no toparme (amenaza de agresión física y mutilación), pero él quiere que cumplamos por nuestra parte, con dos millones y que si no cumplimos, él va a empezar a toparme, con dos dedos a la vez, y que no juguemos chueco”, decía en la grabación, según la transcripción incorporada al requerimiento fiscal.

El padre del empresario confirmó en una entrevista con Domingo al Día que pagó un rescate, aunque evitó revelar el monto por razones de seguridad, y que temía que lo mutilaran o mataran si no efectuaba el desembolso.

La existencia de la grabación representa uno de los nuevos elementos incorporados al expediente fiscal sobre el secuestro de Lara, ocurrido el pasado 30 de agosto, cuando el empresario salía de una discoteca en Trujillo junto a cuatro acompañantes, quienes fueron asesinados.

El expediente de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, que supera las 500 páginas, señala que parte del grupo que participó en el ataque llegó desde Lima y que, durante las horas previas al crimen, uno de los detenidos acompañó a los presuntos sicarios por distintos puntos de Trujillo.

Consigna, de igual modo, que uno de los integrantes conocía previamente a Lara y habría proporcionado información sobre sus movimientos, sus agentes de seguridad y las personas que lo acompañaban, por lo que los investigadores sospechan que actuó como un presunto “topo” de ‘Los Pulpos’ dentro de su entorno.

Horas antes del ataque, parte de los presuntos implicados fue registrada junto a una camioneta Hilux que, según la pesquisa, habría sido utilizada en el secuestro. Los investigadores también señalan que los atacantes utilizaron una placa policial y prendas similares a las de la Policía Nacional, como uniformes, chalecos y cascos.

Uno de los detenidos, Roy Peter Bocanegra (alias ‘Viejo’), declaró que acompañó a los presuntos sicarios durante las horas previas y que trasladó a algunos de ellos hasta la discoteca Nosso. De acuerdo con su testimonio, los hombres esperaban a una persona que saldría del local y uno de ellos incluso les mostró dónde vivían sus padres.

Una hora después del ataque, Bocanegra volvió a reunirse con ellos. Según su declaración, de la camioneta Hilux sacaron tres uniformes policiales, chalecos antibalas, cascos, guantes y borceguíes, que luego le entregaron para retirarlos del lugar. El detenido aseguró que ocultó los uniformes en su vivienda.

El expediente revela además que los presuntos secuestradores utilizaron un dron para seguir en tiempo real el recorrido del vehículo en el que viajaba Lara. Las imágenes obtenidas con el dispositivo registraron el desplazamiento de la camioneta desde su salida de la discoteca Nosso hasta momentos antes del ataque.

La Fiscalía ha solicitado la detención de varios investigados mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación de cada uno. Sin embargo, los presuntos sicarios que habrían llegado desde Lima y participado en el ataque todavía no han sido plenamente identificados ni detenidos.

La documentación tampoco establece, hasta el momento, si alguno de los participantes pertenecía a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, un aspecto que permanece bajo investigación. Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y señalado como uno de los principales líderes de ‘Los Pulpos’, fue capturado en Bolivia un día después de la liberación de Lara.

El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados por ser los presuntos responsables del secuestro del empresario minero Jens Lara y el asesinato de cuatro acompañantes, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo.

Según Latina Noticias, el requerimiento incluye a Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como presunto autor intelectual del crimen, y a Joyce Renato Bereche Maco, identificado como el propietario de la camioneta utilizada durante el secuestro. Las autoridades aún investigan si Cruz Torres, líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ dirigió el operativo desde el extranjero, pues residía en Bolivia.

La Fiscalía también busca determinar quién disparó contra las cuatro víctimas y si los detenidos fueron los hombres que, vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú, interceptaron el vehículo del empresario tras descender de una camioneta blanca.

Entre los primeros detenidos figuran Frank Junior Quezada Cruz (23), alias “Ñato”; Ángel Fabricio Bocanegra Linares (19), alias “Folo”; Julio Zavaleta Quezada (19), alias “Juliacho”; César Iván García Rivera (20), alias “Bolacho”; y José Miguel Cherrepe Dávila (18), alias “Ares”.

La investigación policial identificó también un automóvil negro conducido por Peter Bocanegra, quien se entregó después de que fueran detenidos sus hijos, Juan Manuel Bocanegra y Roy Bocanegra. El hombre habría informado a las autoridades sobre los desplazamientos realizados y el lugar donde se planificó el secuestro.

El Poder Judicial deberá resolver el pedido del Ministerio Público y decidir la situación de los implicados en el caso.

Padre de empresario confirma que pagó el rescate a criminales

El padre del empresario minero Jenss Lara confirmó que realizó un pago por el secuestro de su hijo, aunque evitó precisar el monto por razones de seguridad. Eleuterio Lara López afirmó que los captores le exigieron inicialmente cinco millones de dólares y sostuvo que no tenía posibilidad de reunir esa suma.

En una entrevista con Domingo al Día, el padre de la víctima relató la desesperación que atravesó durante las 36 horas en las que su hijo permaneció privado de su libertad. “Las horas pasaban y eran muy tristes y crueles para mí. Cada minuto que pasaba, cada hora que pasaba, para mí era desastroso, era desesperante”, declaró.

Lara López aseguró que decidió entregar una suma de dinero ante el riesgo de que los secuestradores atentaran contra Jenss Lara. “¿Qué querían? ¿Que empiecen a cortarle un dedo a mi hijo? ¿Querían que lo dejen que lo corten dedo por dedo? ¿Querían que al final, si no lo pago, lo maten?”, expresó.

El padre del empresario negó que su familia esté vinculada con organizaciones criminales como Los Pulpos o La Jauría. También rechazó las versiones que describieron su vivienda en Trujillo como un supuesto búnker o que se refirieron a los Lara como un clan.

“Acá es mi humilde casa. No es una zona exclusiva como lo dicen. Es una zona como cualquier zona de Trujillo”, señaló Lara López antes de permitir el ingreso del equipo periodístico a su vivienda.

Las necropsias de las cuatro personas asesinadas durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo (La Libertad), revelan que fueron ejecutadas con disparos dirigidos principalmente a la cabeza, lo que da cuenta de la precisión con la que actuaron los atacantes, según un informe publicado este domingo por el diario La República.

Los documentos forenses, a los que tuvo acceso el medio, señalan además que los homicidas utilizaron al menos dos armas de distinto calibre y que los proyectiles impactaron en diferentes zonas vitales del cuerpo, entre ellas la cabeza, el cuello y el tórax.

La Policía considera que los homicidas dispararon contra los ocupantes de la camioneta con el objetivo de impedir que alguno sobreviviera y pudiera identificar posteriormente a los responsables del secuestro.

El conductor de la camioneta, Christopher García Álvarez, de 33 años, fue quien recibió más impactos, con siete heridas de bala. Una de ellas ingresó por la región parietal izquierda y provocó una lesión craneoencefálica mortal.

Nadia Urtecho Rodríguez, de 28 años, recibió cuatro impactos, incluidos disparos en la cabeza y el tórax. Luis Rojas Ramos de Rosas, de 38 años, sufrió dos impactos, uno de ellos en la zona cervical posterior, con trayectoria hacia la cavidad craneana.

Andrea Monzón Lingán, de 20 años, recibió un único disparo en la región occipital que atravesó el encéfalo y fue necesariamente mortal, según el protocolo de necropsia.

La distribución y trayectoria de las heridas son analizadas por los investigadores para establecer la posición que ocupaban las víctimas y los atacantes durante el ataque.

Dos tipos de munición

Los peritos de la División de Criminalística de Trujillo recogieron nueve casquillos en la escena: ocho correspondientes a munición calibre 9x19 milímetros Luger y uno de calibre 5.7x28 milímetros.

La evidencia apunta al uso de al menos dos armas de distinto calibre. Los dos proyectiles de aproximadamente 9 milímetros recuperados y examinados fueron asociados a una misma arma de fuego, según los informes citados por el medio.

El calibre 9x19 milímetros es utilizado habitualmente en pistolas, mientras que el 5.7x28 milímetros es empleado por armas como el subfusil FN P90 y la pistola FN Five-seveN, fabricadas por la compañía belga FN Herstal.

Este último tipo de munición tiene características de penetración que le permiten atravesar determinados chalecos antibalas. Las investigaciones buscan establecer cuál de las víctimas fue alcanzada por ese proyectil, ya que el casquillo fue encontrado dentro de la camioneta.

Según las fuentes policiales citadas en el informe, armas capaces de emplear munición 5.7x28 milímetros son utilizadas por unidades de fuerzas especiales de las instituciones castrenses, aunque todavía no se ha establecido el origen del arma empleada en el crimen.

La investigación también incluyó pruebas de absorción atómica a cinco de los detenidos por el caso. Cuatro de ellos —Frank Quezada Cruz, Ángel Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada— dieron positivo para plomo, antimonio y bario.

Sin embargo, este resultado no permite concluir por sí solo que los detenidos hayan disparado las armas utilizadas en el ataque, debido a que la prueba debe ser valorada junto con el resto de evidencias recogidas por los investigadores.

La Policía sostiene como una de sus líneas de investigación que los asesinatos buscaban impedir que alguno de los ocupantes pudiera identificar posteriormente a los responsables del secuestro.

El cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo tras el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla suma nuevas evidencias dentro de la investigación policial. Los peritajes efectuados sobre un fusil R-15, prendas tácticas y objetos abandonados cerca de los sembríos de caña permiten establecer conexiones entre parte del material encontrado y el ataque contra los ocupantes de una camioneta.

La investigación también incorpora los resultados de los protocolos de necropsia de las cuatro víctimas. Los documentos examinados por La República detallan la cantidad y ubicación de las heridas de bala, mientras que los informes de criminalística aportan información sobre los calibres utilizados durante el ataque.

Entre los principales elementos bajo análisis figuran un fusil R-15 calibre 9 mm, un porta carné de identidad policial y el DNI del empresario. Los peritos también examinaron restos de material genético en distintas partes del arma, además de otros indicios recogidos en la zona donde los responsables abandonaron parte de su indumentaria.

El fusil R-15 fue vinculado con el ataque

Según información oficial a la que accedió La República, el 3 de septiembre, a las 6.30 p. m., agentes de la División Antisecuestros y de la División de Investigación contra la Criminalidad localizaron un fusil R-15, marca R-15, 9 mm Carbine calibre 9 mm, con número RP 42419 y color negro. El arma tenía una cacerina sin municiones.

El peritaje estableció que este fusil fue utilizado en el caso investigado. Los especialistas también examinaron el gatillo, la cacerina y la empuñadura, donde se detectaron restos de material genético. Estos resultados forman parte de las evidencias remitidas al Ministerio Público.

Junto con el arma aparecieron cascos, chalecos, borceguíes, mitones y otros implementos tácticos. El material estaba dentro de una bolsa negra, a unos 10 metros de las plantaciones de caña de azúcar situadas en la carretera hacia el fundo San Pedro.

Huellas fueron encontradas en un porta carné policial

Otro elemento de interés para los investigadores es un porta carné de identidad policial localizado dentro del bolsillo de un pantalón de faena. En el mismo lugar apareció el DNI perteneciente a Jenss Marty Lara Tantaquilla.

El medio peruano informó que los peritos detectaron huellas dactiloscópicas en el porta carné. Este tipo de evidencia será sometida a los procedimientos de identificación correspondientes para determinar si existe coincidencia con alguna de las personas bajo investigación.

En la zona también se recogieron un correaje táctico, un porta arma de fuego, un porta grilletes, grilletes de seguridad, un chaleco, un camisaco de faena, un casco, borceguíes y guantes tácticos sin dedos.

Uno de los chalecos llevaba marbetes con la referencia a un suboficial de tercera y las inscripciones “policía” y “policía Grecco”. La procedencia de estos elementos forma parte de las diligencias policiales.

Los peritajes balísticos identificaron dos calibres

Los informes de la División de Criminalística de Trujillo incorporaron nueve casquillos recuperados en el vehículo. Ocho correspondían a munición Águila calibre 9x19 mm Luger, mientras que uno correspondía al calibre 5.7x28 mm.

La diferencia entre ambos calibres constituye uno de los puntos centrales del análisis balístico. De acuerdo con las fuentes de La República, la evidencia resulta compatible con el empleo de al menos dos armas de fuego distintas.

Dos proyectiles de calibre aproximado 9 mm recuperados durante las diligencias fueron homologados entre sí con resultado positivo. El examen determinó que ambos fueron disparados por una misma arma de fuego.

Respecto del proyectil 5.7x28 mm, los peritos establecieron que el casquillo fue encontrado dentro de la camioneta. Sin embargo, todavía no se determinó cuál de las víctimas recibió un disparo correspondiente a ese calibre.

Las fuentes consultadas por La República precisaron: “En el cuerpo de Andrea Monzón se encontró una camisa de proyectil compatible con el calibre 9 mm, por lo que comienza a existir asociación entre determinadas lesiones y el armamento empleado”.

Las necropsias detallan las heridas de las cuatro víctimas

Los protocolos de necropsia examinados aportaron datos sobre las lesiones sufridas por los cuatro ocupantes de la camioneta. Christopher García Álvarez presentó siete heridas de bala; Nadia Urtecho Rodríguez recibió cuatro impactos; Luis Rojas Ramos De Rosas registró dos, y Andrea Monzón Lingán presentó uno.

Los cuatro cuerpos presentaron heridas de bala en la cabeza. Según la información consignada en los documentos, esta característica de las lesiones forma parte del análisis destinado a establecer la forma en que ocurrió el ataque.

La reconstrucción policial también considera las imágenes de las cámaras de vigilancia. Estas registraron la intervención de la camioneta, la extracción de Lara Tantaquilla y la posterior huida de los responsables en un automóvil negro y una camioneta Toyota Hilux blanca.

La investigación incluyó pruebas de absorción atómica aplicadas a cinco detenidos. Los resultados fueron positivos para plomo, antimonio y bario en Frank Quezada Cruz, Ángel Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada.

El resultado de esta prueba, por sí solo, no determina que las cuatro personas efectuaran disparos durante el ataque. Las fuentes vinculadas con la investigación indicaron que este elemento debe ser valorado junto con las demás evidencias.

“Esto no significa que los cuatro positivos necesariamente hayan disparado, porque la prueba debe valorarse con los demás elementos del caso. Pero sí constituye evidencia convergente que fortalece considerablemente la hipótesis de intervención de más de un sujeto armado”, precisaron las fuentes de la investigación policial.

En una entrevista con Domingo al Día, el padre de la víctima relató la desesperación que atravesó durante las 36 horas en las que su hijo permaneció privado de su libertad. “Las horas pasaban y eran muy tristes y crueles para mí. Cada minuto que pasaba, cada hora que pasaba, para mí era desastroso, era desesperante”, declaró.

Lara López aseguró que decidió entregar una suma de dinero ante el riesgo de que los secuestradores atentaran contra Jenss Lara. “¿Qué querían? ¿Que empiecen a cortarle un dedo a mi hijo? ¿Querían que lo dejen que lo corten dedo por dedo? ¿Querían que al final, si no lo pago, lo maten?”, expresó.

Niega vínculos con el crimen

El padre del empresario negó que su familia esté vinculada con organizaciones criminales como Los Pulpos o La Jauría. También rechazó las versiones que describieron su vivienda en Trujillo como un supuesto búnker o que se refirieron a los Lara como un clan.

“Acá es mi humilde casa. No es una zona exclusiva como lo dicen. Es una zona como cualquier zona de Trujillo”, señaló Lara López antes de permitir el ingreso del equipo periodístico a su vivienda.

El entrevistado dijo que vive allí junto a su familia y sostuvo que existen medidas de seguridad por la situación que enfrenta tras el secuestro de su hijo. Antes de la entrevista, el personal de seguridad revisó las pertenencias del reportero y le pidió su documento de identidad para autorizar el acceso.

Consultado sobre los señalamientos contra su entorno, Lara López respondió: “Con la frente bien en alto, les digo que nosotros no pertenecemos a ninguna organización criminal. Nunca hemos pagado cupos ni a Los Pulpos ni a La Jauría, como lo vienen diciendo. Jamás”.

No eran sus guardaespaldas

El caso tuvo como antecedente el ataque ocurrido el 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, donde fueron asesinadas cuatro personas y Jenss Lara fue secuestrado. De acuerdo con el reportaje, el empresario se encontraba acompañado por hombres que algunos medios identificaron como integrantes de su seguridad.

Eleuterio Lara negó esa versión. Afirmó que las personas que acompañaban a su hijo eran sus amigos y que no portaban armas. “No eran sus guardaespaldas. Ustedes creen que un guardaespalda va con las manos vacías. Ellos no tenían arma”, manifestó.

Según su declaración, su hijo acudió al lugar “con toda la confianza” porque la familia no había tenido problemas previos. También descartó que Jenss Lara haya pertenecido a La Jauría y lo definió como un profesional y trabajador.

El padre del empresario fue consultado por una investigación abierta por el Ministerio Público en 2020 contra Jenss Lara, por una presunta pertenencia a la organización criminal Los Topos del Frío. Lara López afirmó que la pesquisa no encontró indicios de organización criminal y que su hijo presentó documentación sobre la actividad minera.

“Han pasado siete años y mi hijo ha seguido su trámite legal presentando los documentos que acrediten que sí hacíamos minería”, sostuvo. Añadió que la actividad se encuentra paralizada mientras su hijo es investigado y que su expediente está “en sobreseguimiento”.

Las llamadas

Lara López indicó que recibió llamadas durante el secuestro, aunque sostuvo que no puede identificar a la persona que se comunicó con él. Al ser preguntado por una posible conversación con Johnson Smith Cruz Torres, conocido como “Johnson Pulpo”, respondió que no reconoce su voz.

“Me llamaron. Yo no puedo decir quién fue. No puedo decir, no lo conozco, ni conozco su voz. No sé si habrá sido Johnson Pulpo o quién habrá sido”, declaró.

El reporte de Domingo al Día difundió además imágenes que, según una fuente citada en la investigación, muestran recorridos previos realizados en Trujillo por una camioneta Hilux con placa BSJ 899 y un vehículo Swift negro. La fuente señaló que la Hilux habría sido utilizada para el secuestro.

De acuerdo con esa versión, el sábado 29 de agosto, pasadas las diez de la mañana, un sujeto descendió de la camioneta. Luego, dos mujeres habrían acudido a la discoteca a la que asistiría Jenss Lara 12 horas después, con el objetivo de seguir sus movimientos.

La Policía investiga

Una fuente del reportaje sostuvo que en el caso participaron más de 20 personas, distribuidas en distintos grupos y con tareas diferenciadas. “Un secuestro se caracteriza de ser injertado porque hay compartimentaje. Diferentes grupos van a cumplir diferentes tareas y entre ellos no se conocen”, indicó.

La misma fuente dijo que los involucrados realizaron un recorrido previo por calles de Trujillo y usaron sus placas reales. Según la investigación expuesta en el programa, los vehículos habrían tenido placas falsificadas e identidades clonadas durante la ejecución del crimen.

El reportaje identificó a Joyce Bereche Maco como la persona a la que pertenece la placa original BSJ 899. También señaló que, de acuerdo con la versión policial, esa persona alquiló mediante una empresa una vivienda que habría permanecido bajo control de los investigados durante cerca de 60 días.

En ese inmueble, según el reporte, se habría construido un lugar de cautiverio con una puerta tipo bóveda y se habrían realizado acondicionamientos para mantener retenido a Jenss Lara. El programa indicó que el empresario estuvo en un espacio reducido donde había balones de oxígeno.

La investigación también mencionó a Roy Peter Bocanegra Aguilar, de 42 años, conocido como “El Viejo”, como el conductor del vehículo Swift negro. Según la fuente consultada por el programa, habría conducido a la Policía hacia bases y caletas atribuidas a Los Pulpos.

Mientras persisten las denuncias sobre la participación de policías en ambas organizaciones criminales enemigas, un informe realizado por el programa Beto A Saber, de Willax, presentó detalles sobre Jolín Bazán Valderrama, señalado como líder de ‘La Jauría Nueva Generación’. De acuerdo con el reportaje, el hombre de 31 años habría iniciado su trayectoria criminal dentro de Los Pulpos hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Jhonsson Smith.

Bazán fue intervenido por la Policía Nacional (PNP) en 2011, cuando tenía 16 años, portando una mini Uzi. Con el paso de los años habría adquirido mayor jerarquía dentro de ‘Los Pulpos’ y, a los 24, ya era considerado lugarteniente (hombre de confianza) de Jhonsson. Sin embargo, una disputa interna habría provocado su alejamiento de la organización y su posterior acercamiento a ‘La Jauría’.

¿Quién es Jolín Bazán, señalado como líder de ‘La Jauría’?

El especialista en seguridad Pedro Yaranga explicó en el reportaje que la división interna de ‘Los Pulpos’ permitió que otras facciones adquirieran mayor presencia en Trujillo. “La Jauría también es un grupo generado de los Pulpos”, sostuvo, al considerar que actualmente tendría una importante capacidad de control en la ciudad.

El informe periodístico ubicó parte de la historia de Bazán en Huanchaco, cerca del complejo arqueológico Chan Chan, donde se observaron calcomanías atribuidas a ‘La Jauría’ en algunas paredes. El reportaje describió además la presencia de terrenos baldíos y calles poco transitadas que, según el periodista que realizó la investigación, serían utilizados como vías de escape luego de la comisión de delitos.

Bazán también fue intervenido el 23 de abril de 2023 en Huanchaco, junto con un suboficial de la Policía Nacional. Ambos fueron trasladados a la Divincri. El reportaje difundió un video registrado en las instalaciones policiales en el que se escucha a agentes indicándole a Bazán qué versión debía brindar sobre un arma que le habían encontrado.

De acuerdo con el informe, el entonces investigado sostuvo que el arma había sido colocada entre sus pertenencias. Pese a aquella intervención, posteriormente recuperó su libertad.

Condenado a cadena perpetua y continúa como prófugo,

La situación judicial de Bazán cambió posteriormente. En 2026, fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, según el reportaje. La víctima habría sido secuestrada y sus captores exigieron un millón 800 mil soles a sus familiares.

El informe también lo relacionó con el secuestro de Nilda Rascue, ocurrido el 15 de noviembre de 2022, caso por el que se habría solicitado una condena de 31 años de prisión en su contra.

Pese a contar con una sentencia de cadena perpetua, Bazán continúa prófugo de la justicia. El reportaje cuestionó que, a pesar de la gravedad de los delitos por los que fue condenado y de ser señalado como líder de ‘La Jauría’, no figure en la lista de los más buscados ni registre una requisitoria en su contra. Según la periodista Karla Ramíres, este sujeto incluso sale y entra del Perú sin que la Policía Nacional lo capture.

La investigación también abordó un ataque contra un inmueble cuyo propietario, Sergio Bolaños, habría sido acusado por Bazán de estar involucrado en la muerte de su hermano. Según el informe, la vivienda fue atacada con explosivos. Meses después, en diciembre de 2025, Bolaños fue asesinado en el distrito limeño de Jesús María tras recibir 15 disparos.

Durante el programa, la periodista Karla Ramírez afirmó que existen efectivos policiales que habrían trabajado con integrantes de ‘La Jauría’ y otras organizaciones criminales. En ese contexto, señaló que, durante un operativo contra miembros de la banda, se encontraron armas cuyos códigos correspondían a la Policía Nacional del Perú.

¿Cómo responde la PNP a la criminalidad de Trujillo?

Otro de los puntos abordados en el reportaje fue la actuación de la Policía frente a las investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de La Libertad. Ramírez mostró documentos que, según explicó, corresponden a comunicaciones de los fiscales Alex Santa Cruz, Manuel Carlos Velázquez, Andrea Lavado Pérez y Jennifer Ludeña Meléndez dirigidas al fiscal coordinador nacional contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina.

Según la periodista, durante meses los fiscales solicitaron a unidades policiales de Trujillo diligencias y operaciones relacionadas con investigaciones contra organizaciones criminales. Sin embargo, las respuestas de la Policía señalaban limitaciones operativas, logísticas y de personal para ejecutar las acciones solicitadas. Ramírez indicó que algunas carpetas fueron devueltas y que los fiscales recibieron respuestas de distintas dependencias en las que se señalaba que determinadas diligencias no correspondían a su competencia.

La periodista sostuvo que en estas solicitudes estaban involucradas unidades de la Región Policial y de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). Durante el programa también se mencionó a los generales Espinoza y Víctor Revoredo en relación con las unidades y la cadena de mando.

Ramírez también se refirió al general Ríos Tiravanti, mencionado como posible sucesor de Óscar Arriola. Recordó que anteriormente estuvo al mando de la Policía en Trujillo y que uno de los integrantes de su equipo, el coronel Arturo Balta, fue relacionado con la organización criminal conocida como ‘La Gran Familia’ y actualmente se encuentra prófugo.

Según la versión expuesta por Ramírez, antes de un operativo contra esta organización uno de sus integrantes habría acudido a buscar a Tiravanti, quien posteriormente viajó a Lima. La periodista también afirmó que, después de estos hechos, el general denunció a policías que participaron en las investigaciones y cuestionó el trabajo de unidades como la Diviac y la Digimin, además de la labor de la fiscal Jennifer Ludeña.

La justicia peruana ya inició acciones para ubicarlo fuera del país. Un documento al que accedió el programa Ocurre Ahora revela que la Corte Superior de Justicia de La Libertad aprobó solicitar a Chile la detención preventiva de Cruz Basilio con fines de extradición. El requerimiento está relacionado con una investigación por extorsión agravada.

Óscar Cruz Basilio es buscado por extorsión a un colegio

De acuerdo con la investigación difundida en el reportaje, Óscar Cruz Basilio es requerido por un atentado contra un colegio de Trujillo ocurrido en mayo de 2024. El ataque se produjo durante el horario escolar, cuando un explosivo fue detonado en los exteriores de la institución.

La extorsión habría incluido una amenaza contra los estudiantes. Según el reportaje, la organización exigía 50 mil soles a la directora del colegio a cambio de no atentar contra los menores.

Las investigaciones permitieron identificar a un adolescente de 16 años como uno de los presuntos implicados. A partir de su captura, las autoridades habrían establecido que Cruz Basilio coordinaba el ataque desde Chile. El reportaje también sostiene que habría utilizado a dos de sus hermanos, uno de ellos de 11 años, para recoger el dinero exigido.

El general PNP Ricardo Espinoza confirmó que un equipo de inteligencia peruano se trasladó a Chile para intercambiar información y avanzar en la ubicación del nuevo objetivo policial.

“Hemos viajado al país de Chile un equipo de inteligencia para ahí intercambiar información y quede más claro la persecución y captura de este nuevo objetivo, Óscar Cruz Basilio”, declaró.

Los Pulpos también son investigados por sus actividades en Chile

La investigación periodística también recoge testimonios sobre la expansión de Los Pulpos hacia Chile. El periodista chileno Jorge Molina señaló que integrantes de esta organización se habrían asentado en el norte de Santiago, donde inicialmente sus principales víctimas habrían sido comerciantes peruanos.

Según Molina, esta actividad se habría extendido posteriormente a ciudadanos chilenos, aunque en menor proporción.

El periodista también mencionó casos en los que integrantes de organizaciones criminales habrían establecido vínculos con malos agentes policiales para facilitar el cobro de extorsiones. Estas afirmaciones corresponden a los testimonios recogidos en el reportaje y forman parte de las líneas de investigación sobre las actividades de estas organizaciones en territorio chileno.

Mientras tanto, Óscar Cruz Basilio no figura actualmente en la lista de recompensas de la Policía Nacional, de acuerdo con el reportaje. Espinoza indicó que la eventual inclusión de un objetivo en este mecanismo requiere una decisión del consejo correspondiente.

La Jauría y Jolín también están bajo la mira de la Policía

Otro de los nombres mencionados en la investigación es Jolín Bazán Derrama, alias “Jolín”, señalado como líder de La Jauría, otra organización criminal con presencia en Trujillo.

Según el reportaje, Bazán Derrama habría ampliado su influencia y estaría ofreciendo “servicios de seguridad” a mineros informales, una modalidad que estaría vinculada al cobro de cupos bajo amenazas. La Policía lo considera un objetivo criminal, aunque actualmente tampoco figura en la lista de recompensas.

El general Espinoza señaló que la institución trabaja para incluirlo en este mecanismo y precisó que la decisión sobre recompensas de 500 mil soles a más corresponde a un consejo.

Bazán Derrama fue condenado por el secuestro y asesinato del padre de un exalcalde, según la información difundida en el reportaje. Además, es señalado por su presunta vinculación con otros casos de extorsión y atentados registrados en Trujillo.

Con la caída de Jhonsson Cruz Torres, las autoridades buscan determinar quiénes asumieron el control de Los Pulpos y otras organizaciones criminales que mantienen actividad en la región. La ubicación de Óscar Cruz Basilio en Chile y de Jolín Bazán Derrama en Perú se ha convertido así en uno de los objetivos de las investigaciones policiales.

Los Pulpos, La Jauría, Los Injertos del Norte, Los Lobos y Nueva Generación Plata o Muerte son algunos de los nombres que aparecen entre las organizaciones identificadas en estas regiones. La situación ha llevado al Ejecutivo a evaluar nuevas herramientas para enfrentar a estas estructuras, entre ellas la creación de una figura penal denominada “terrorismo de lucro ilegítimo”, propuesta por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

El panorama coincide con una elevada cantidad de homicidios registrados en estas jurisdicciones durante 2026. De acuerdo con las cifras del Sinadef, las seis regiones acumulan 410 homicidios en lo que va del año, con La Libertad y Piura a la cabeza.

El mapa de las bandas criminales que operan en el norte del Perú

Un reporte difundido por Willax Noticias presentó un mapa en el que se distribuyen las organizaciones criminales identificadas en cada una de las seis regiones del norte del país. La relación incluye grupos con presencia señalada en distintos territorios y algunos nombres que aparecen vinculados a más de una región.

En Áncash fueron identificadas cuatro organizaciones: Los Terribles del Ajuste, Una Sola Idea, Los Gatilleros de Bellamar y Las Injertas de Los Pulpos.

En La Libertad, el reporte ubica a Los Pulpos y La Jauría, dos organizaciones vinculadas a una cadena delictiva que parte de la extorsión y puede escalar a secuestros y homicidios en la región.

En Cajamarca aparecen Los Engendros y Los Fuertes de Palomino, mientras que en Lambayeque figuran Los Fuertes de Palomino, Nueva Generación del Crimen, La Mafia Habanera y Los Pepes.

El mapa también incluye a Los Chuquis del Norte y Los Injertos del Norte en Piura, región que en las últimas semanas ha concentrado especial atención por la frecuencia de hechos violentos atribuidos a organizaciones criminales.

Finalmente, en Tumbes se señala la presencia de Los Finos de Zarumilla, Los Bolonos, Los Pollos, Los Lobos y Nueva Generación Plata o Muerte.

La Libertad y Piura concentran la mayor cantidad de homicidios

La presencia de organizaciones criminales se observa en un contexto de violencia letal que también afecta a las regiones incluidas en el mapa.

Según las cifras del Sinadef proporcionadas para este reporte, La Libertad registra 147 homicidios en lo que va de 2026, la cifra más alta entre las seis regiones mencionadas. Le sigue Piura, con 104 homicidios.

La lista continúa con Tumbes, que registra 69 homicidios; Áncash, con 34; Lambayeque, con 29; y Cajamarca, con 27. En conjunto, las seis regiones acumulan 410 muertes violentas registradas durante el año.

Acciones que se plantean desde el Gobierno

Frente al avance de organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, señaló en el citado medio que el Ejecutivo evalúa crear la figura de “terrorismo de lucro ilegítimo”, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. La propuesta busca considerar como terrorismo aquellos actos violentos que generan miedo en la población, pero cuyo objetivo principal es obtener un beneficio económico.

El ministro sostuvo que esta figura permitiría fortalecer el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, la DINI y el servicio de inteligencia de la PNP, con énfasis en identificar a los cabecillas y desarticular las estructuras criminales.

Álvarez también consideró necesaria una reforma integral del INPE para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los penales. Como parte de la propuesta, señaló que ya se han identificado tres posibles lugares para construir un megapenal en el interior del país, cuya ubicación deberá ser evaluada por el INPE.

El ministro no descartó además recuperar el modelo de establecimientos penitenciarios alejados de las ciudades, como el antiguo CEPA, en la selva amazónica, donde los internos podrían realizar actividades agrícolas como parte de su rehabilitación.

Finalmente, precisó que estas medidas podrían avanzar con mayor rapidez si el Congreso otorga al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas en materia de seguridad y justicia.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la detención de otros dos jóvenes y la captura de Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias Viejo, en el marco de las diligencias posteriores al secuestro del empresario Jenss Lara y cuádruple asesinato ocurrido en la región La Libertad, un caso que las autoridades vinculan con la organización criminal Los Pulpos.

La presentación de los avances estuvo a cargo del general de la PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, quien explicó que las pesquisas permitieron identificar un vehículo que, según la hipótesis policial, habría intervenido en una etapa del desplazamiento de los involucrados.

De acuerdo con la información expuesta ante la prensa y recogida por TV Perú, los agentes ubicaron un Suzuki Swift negro con placa original. La identificación de ese registro condujo hasta la propietaria del automóvil, María Natividad Flores Rodríguez.

La placa del Suzuki

Espinoza Cuestas señaló que la propietaria del vehículo informó a los investigadores que había alquilado el automóvil a otra persona. A partir de ese dato, la Policía Nacional llegó a un domicilio donde encontró a dos jóvenes.

Según la versión policial, ambos tenían un teléfono celular que contenía un video relacionado con el caso. El material mostró, de acuerdo con el general, cómo fueron manipulados uniformes policiales dentro de una vivienda.

“Ese video muestra cómo se manipularon los uniformes de policía en esta vivienda”, declaró el jefe policial durante la presentación. La autoridad sostuvo que los dos jóvenes quedaron detenidos tras la intervención.

El general indicó que este tipo de operativos se ejecuta en Trujillo bajo el estado de emergencia vigente. No precisó la identidad de los dos detenidos ni informó si afrontan cargos específicos por el secuestro o los asesinatos.

Los detenidos

Durante las primeras diligencias, los jóvenes afirmaron ante los agentes que el teléfono celular había sido prestado a su padre, según el relato de Espinoza Cuestas. La Policía identificó a esa persona como Roy Peter Bocanegra Aguilar, conocido con el alias de Viejo.

Bocanegra Aguilar fue capturado en Retamas, en la provincia de Pataz, y luego fue trasladado para continuar con las investigaciones. El jefe de la Región Policial La Libertad aseguró que el detenido manifestó su intención de colaborar con las autoridades.

“Yo soy el delincuente, mis hijos no. Voy a colaborar, voy a revelar a la policía mi participación, el desplazamiento que he desarrollado con el vehículo”, fue la declaración atribuida por Espinoza Cuestas a Bocanegra Aguilar.

La Policía sostuvo que, tras esa manifestación, el hombre condujo a los agentes hacia un lugar que, de acuerdo con la exposición oficial, era denominado por los investigados como “Airbnb”. Las autoridades consideran que en ese inmueble se habría planificado el secuestro.

Otro vehículo

En el lugar señalado por Bocanegra Aguilar, los investigadores encontraron el vehículo negro que había sido identificado en las diligencias y una camioneta. La presencia del automóvil en ese inmueble forma parte de los elementos que la Policía incorporó a su línea de investigación.

El general Espinoza Cuestas afirmó que el vehículo negro pertenece a Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias Polo. Según la explicación de la autoridad, el hallazgo del automóvil en el inmueble donde presuntamente se planeó el secuestro respalda la teoría policial sobre la participación de esa persona.

Durante su exposición, el jefe policial mencionó a Julio Zavaleta y señaló que esa persona había indicado que participó en el secuestro y en el asesinato. También aludió a una marcha realizada en Trujillo, en la que, según dijo, se difundió el mensaje “Soy inocente”.

“¿Cómo es posible que Julio Zavaleta los indique, revele que él participa en el secuestro y en el asesinato, sale una marcha en Trujillo, ‘Soy inocente’, pero su vehículo está en el lugar en donde se planificó el secuestro?”, planteó Espinoza Cuestas.

La autoridad añadió que ese hallazgo permitió sostener la decisión de detener a las personas intervenidas. “Entonces, con eso sostenemos nuestra teoría, la detención”, afirmó.

La diligencia puso el foco en la comparación entre las características físicas de los 11 detenidos y las imágenes de los sujetos que, la madrugada del pasado domingo 30 de agosto, utilizaron uniformes similares a los de la unidad GRECCO durante el ataque.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de la calle Isabel de Bobadilla y la avenida Húsares de Junín, donde fue interceptada la camioneta Ford Bronco en la que se trasladaba Lara Tantaquilla. El empresario fue separado del grupo y secuestrado, mientras que los otros ocupantes del vehículo fueron asesinados.

La diligencia comenzó a las 3:15 de la madrugada de hoy 9 de septiembre y concluyó cerca de las 5:00 a. m.. Durante ese lapso, las autoridades cerraron dos cuadras alrededor de la zona para permitir el trabajo policial, fiscal y pericial. Según el reporte de Latina, la reconstrucción tuvo una duración aproximada de una hora y 45 minutos.

Sin chalecos ni cascos

Los 11 detenidos participaron encapuchados en la recreación de la secuencia investigada. Para la diligencia, la Policía Nacional les colocó uniformes de la unidad GRECCO, además de borceguíes y pasamontañas. No usaron chalecos tácticos, cascos ni armas largas, de acuerdo con la información difundida desde el lugar.

El uso de esa indumentaria buscó contrastar las imágenes de la reconstrucción con los registros de las cámaras de seguridad que captaron la emboscada. En esos videos se observa a los atacantes con prendas y equipos semejantes a los empleados por unidades policiales especiales.

La comparación física se convirtió en uno de los puntos de atención de la diligencia. En redes sociales, usuarios difundieron observaciones sobre diferencias entre la estatura y la contextura de los detenidos que acudieron a la recreación y las de los sujetos registrados por las cámaras durante el ataque del 30 de agosto.

Esas diferencias también forman parte de los cuestionamientos alrededor de la identificación de los presuntos implicados. Las imágenes de los sospechosos, que llevaban el rostro cubierto, serán contrastadas con otros elementos incorporados a la investigación, entre ellos las grabaciones de seguridad, testimonios y pericias especializadas.

Perito antropométrico

La reconstrucción contó con la presencia de un perito antropométrico de la Policía Nacional, enviado desde Lima, y de un antropólogo forense. Su intervención apunta a establecer correspondencias entre las imágenes de las cámaras y las características físicas de las personas detenidas.

La evaluación considera elementos como la estatura, la contextura corporal, la forma de caminar y otros rasgos visibles en los videos. El objetivo es determinar si alguno de los investigados puede ser identificado en los registros audiovisuales que documentaron parte de la emboscada.

Durante la primera etapa de la diligencia, seis detenidos recrearon el recorrido de uno de los atacantes que, según las imágenes de seguridad, se retiró caminando por la calle Isabel de Bobadilla después del crimen. Esa secuencia se repitió con cada uno de los participantes.

La segunda fase incluyó a las cinco personas intervenidas inicialmente un día después de la masacre. Se trata de Frank Quiñones Cruz, conocido como Ñato; Julio Zableta Quesada, alias Juliacho; César García Rivera, Bolacho; Ángel Bocanegra Linares, Polo; y José Cherrete Dávila, Ares, según el reporte televisivo.

La reconstrucción permitió ubicar a los detenidos en puntos específicos de la escena para contrastar sus eventuales posiciones y desplazamientos con las grabaciones disponibles. Las autoridades también evaluarán la secuencia en la que Lara Tantaquilla fue separado de la camioneta y los momentos posteriores al ataque contra sus acompañantes.

Cuatro asesinados

Las víctimas mortales fueron identificadas como Farhad Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Roja Ramos y Christopher García Álvarez. Los cuatro acompañaban al empresario minero cuando un grupo de sujetos interceptó el vehículo en la madrugada del 30 de agosto.

De acuerdo con la información recogida en el proceso, los atacantes habrían simulado una intervención oficial mediante uniformes, chalecos y cascos similares a los empleados por unidades especiales de la Policía. Lara Tantaquilla habría sido obligado a bajar del vehículo antes de su secuestro.

Familiares de los detenidos acudieron al lugar durante la diligencia, aunque la Policía les pidió que se retiraran para no interferir con el procedimiento. No se registraron incidentes durante la reconstrucción, que contó con la participación de agentes, fiscales y especialistas en criminalística.

Hasta el momento de la transmisión desde Trujillo, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público habían ofrecido declaraciones sobre los resultados de la diligencia. La investigación busca establecer el grado de participación individual de los detenidos y determinar si sus características físicas corresponden con las de los sujetos registrados en las cámaras de seguridad.

Las autoridades policiales atribuyen el crimen a una disputa territorial entre estructuras vinculadas a la minería ilegal en Pataz, la provincia liberteña conocida por la magnitud de su extracción aurífera informal.

Por la dinámica del ataque y el tipo de armamento empleado, los investigadores descartaron que el homicidio respondiera a un conflicto patrimonial o pasional. La hipótesis que gana fuerza apunta a un ajuste de cuentas, o una acción de reafirmación de hegemonía criminal entre bandas.

Armas Villalobos arrastraba tres expedientes fiscales por presuntos delitos de perturbación del funcionamiento de servicios públicos, usurpación agravada y hurto simple. Dos de esos casos se encontraban en investigación preliminar, mientras que el tercero tenía una impugnación ya resuelta por una fiscalía superior.

Disputa por la minería ilegal

Pataz concentra un negocio de extracción de oro que combina operaciones legales e ilegales y que, según las cifras policiales, mueve millones de soles diarios. La disputa por ese circuito económico ha convertido a la provincia en un escenario de violencia recurrente entre organizaciones que buscan el control territorial de los yacimientos y las rutas de comercialización del mineral.

Armas Villalobos contaba con protección de la organización criminal que lidera el sujeto conocido como alias Cuchillo, quien se encuentra recluido en Colombia y en proceso de extradición hacia el Perú. La policía lo señala como principal sospechoso del asesinato de trece trabajadores de seguridad ocurrido en un socavón de Pataz en abril del año pasado.

La policía maneja como hipótesis que el crimen fue ejecutado por estructuras rivales de la que lidera alias Cuchillo. Sin embargo, no descarta la presencia de otros sicarios o líderes que estaría en busca de su deceso.

Cámaras de seguridad graban minutos después del ataque

Las cámaras de seguridad del restaurante Fonseca, en la urbanización California de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, captaron los instantes posteriores al ataque contra Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz. Las imágenes muestran a la víctima tendida en la vereda mientras un grupo de personas la auxilia, tras recibir al menos cuatro impactos de bala pese a que vecinos reportaron haber escuchado alrededor de seis detonaciones.

Los mismos transeúntes trasladaron a Armas Villalobos, de 35 años, en un automóvil particular hacia la clínica SANNA al advertir que aún presentaba signos vitales, pero murió horas después a causa de las heridas. Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al lugar para recoger casquillos de bala y revisar una camioneta roja estacionada cerca de la escena, además de las cámaras de videovigilancia del sector para reconstruir la ruta de fuga de los atacantes.

El abogado penalista Greco Quiroz denunció este martes que colocaron una bomba cerca de su vivienda, poco después de anunciar que participaría en el programa Beto a saber de Willax para hablar sobre sus investigaciones sobre minería ilegal y violencia en Pataz (La Libertad).

Quiroz mostró durante la transmisión en vivo los mensajes que, según explicó, había recibido de un vecino a través de WhatsApp para alertarlo sobre la intimidación. El aviso, especificó, le llegó mientras ingresaba al estudio de televisión.

El jurista, quien también lideró la Comisión de Energía y Minas de La Libertad, había cuestionado previamente al exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional, Aldo Carlos Mariños, a quien vinculó con el secuestro de un empresario minero en un ataque en el que fueron asesinados sus cuatro acompañantes.

Mariños ha negado que el testigo que trasladó a uno de los presuntos autores del ataque contra el empresario Jenss Lara trabajara como personal de seguridad suyo. Sin embargo, un nuevo testimonio volvió a vincularlo con la trama, según un documento difundido días atrás por Epicentro TV.

El nuevo declarante afirmó que desde hace aproximadamente un mes y medio prestaba “su servicio” al candidato a gobernador a cambio de un pago mensual de 300 soles, una contradicción que también fue objetivo de crítica por Quiroz.

“Yo tengo 26 años de abogado y tengo muchas fuentes (...) porque también he dirigido ese rubro, tenemos fuentes. Yo tengo fuente policial y tengo fuente fiscal. (...) Lo que digo lo tengo fundamentado”, señaló.

El abogado reconoció además que hablar públicamente sobre estos asuntos suponía un peligro. “Sé que estar aquí (...) y decir estas cosas es un riesgo, pero si no lo decimos, si nos quedamos callados y permitimos que ingrese la plata de la minería ilegal, que financia campañas millonarias”, señaló.

Añadió que, a su juicio, la presunta influencia de la minería ilegal en la política ya se refleja en las instituciones y las próximas elecciones. “Hoy tenemos diputados de la minería ilegal, tenemos senadores de la minería ilegal y vamos a tener ahora gobernadores de la minería ilegal”, sostuvo.

“Eso no lo podemos permitir. Tenemos que decir las cosas y que el pueblo, ojalá, reaccione, porque todo el mundo se muere de miedo. Todos”, agregó al referirse a la aspiración de Mariños de llegar al Gobierno Regional de La Libertad en las elecciones de octubre.

Pataz es un enclave marcado por la actividad minera informal y delictiva, declarado en emergencia por el Gobierno debido a la presencia de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, una zona donde ya se han registrado graves episodios de violencia, como la matanza de trece personas que presuntamente resguardaban una de las bocaminas, ocurrida en abril de 2025.

Lara y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se desplazaban el pasado domingo por el centro de Trujillo después de salir de una discoteca cercana, cuando fueron interceptados por un grupo de atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según testigos, los agresores vestían uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco). Entre las cuatro personas asesinadas se encontraba la pareja sentimental del empresario.

El funcionario perdió el equilibrio luego de subir a una de las estructuras del complejo, según el registro audiovisual difundido en redes sociales. Personal de seguridad acudió de inmediato para auxiliarlo tras el incidente ocurrido durante su recorrido.

Bomberos llegaron al lugar para brindar asistencia y participar en la evacuación. López Sánchez fue retirado en camilla y trasladado a un centro de salud local para recibir atención médica y pasar por una evaluación.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, informó que las primeras indicaciones situaban al viceministro en condición estable. También señaló que presentaba una lesión en el brazo derecho, mientras se esperaba información adicional sobre su estado.

Bomberos auxiliaron al viceministro tras la caída

El accidente ocurrió durante una actividad desarrollada en Chan Chan. De acuerdo con las imágenes difundidas, López Sánchez subió a una de las estructuras del complejo y, durante el recorrido, perdió el equilibrio.

Personal de seguridad intervino tras la caída. Poco después, llegaron efectivos del Cuerpo General de Bomberos para prestar asistencia al funcionario y apoyar su evacuación del recinto arqueológico.

López Sánchez fue colocado en una camilla y trasladado a un nosocomio local. El traslado tuvo como finalidad permitir una evaluación médica de la lesión registrada en el brazo derecho.

Alberto Beingolea, ministro de Cultura, declaró que el viceministro se encontraba estable según las primeras indicaciones. “Está estable según las primeras indicaciones”, señaló el titular del sector al referirse a la situación del funcionario.

López Sánchez asumió el cargo en agosto

Fernando López Sánchez ocupa el cargo de viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales desde el 9 de agosto de 2026. Su designación quedó oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 011-2026-MC, publicada en el diario oficial El Peruano.

El despacho que dirige comprende competencias relacionadas con la protección, administración, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. Dentro de sus funciones también se encuentran las acciones vinculadas con la declaración y protección de bienes considerados parte del patrimonio cultural peruano.

La visita a Chan Chan se produjo dentro de sus funciones como responsable del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. El accidente interrumpió su recorrido por una de las estructuras del complejo arqueológico.

Chan Chan y su importancia arqueológica

Chan Chan se ubica en la costa norte del Perú, en la región La Libertad, y fue construida por la cultura Chimú. El complejo está compuesto por nueve ciudadelas elaboradas en adobe, con corredores, almacenes, patios, espacios ceremoniales, residencias y plataformas funerarias.

La antigua ciudad ocupaba una extensión de aproximadamente veinte kilómetros cuadrados. Sus construcciones incluyen muros de adobe con decoraciones mediante frisos geométricos que representan mamíferos, aves, peces y figuras míticas.

Junto a las ciudadelas también existieron espacios destinados a sectores vinculados con la administración, actividades artesanales y viviendas. Investigaciones citadas en la información proporcionada señalan que la población del lugar pudo alcanzar unos 35.000 habitantes durante su periodo de mayor desarrollo.

La organización del complejo también incluyó plataformas funerarias asociadas con los gobernantes Chimú. Una de ellas corresponde a Nik An, conocida como “Casa del Centro”, donde se identificaron 44 espacios destinados al entierro de acompañantes junto a la tumba del gobernante.

La atención médica quedó a cargo de un centro de salud local

Luego del accidente, el traslado de López Sánchez permitió que recibiera atención médica fuera del complejo arqueológico. La información difundida tras el incidente señaló una lesión en el brazo derecho y una posible fractura en esa extremidad.

El ministro Alberto Beingolea indicó que el funcionario permanecía estable al momento de su evacuación. Las autoridades esperaban mayores detalles sobre el resultado de la evaluación médica realizada tras su ingreso al centro de salud.

La caída ocurrió durante una visita vinculada con las actividades desarrolladas en el complejo arqueológico Chan Chan, uno de los espacios patrimoniales bajo competencia del Ministerio de Cultura.

La reciente captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia volvió a colocar a El Porvenir en el centro de la atención. El hombre, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización, representa la tercera generación de una familia vinculada al grupo criminal. Su historia permite reconstruir cómo una pandilla surgida en los años noventa terminó relacionada con extorsiones, secuestros y homicidios.

Sin embargo, el crecimiento de Los Pulpos ocurrió mientras El Porvenir también cambiaba. El distrito se expandió y desarrolló una intensa actividad económica, mientras distintas generaciones de vecinos aprendieron a convivir con la presencia de organizaciones criminales. El reportaje de ATV Noticias reconstruyó ese proceso y mostró cómo este territorio terminó convirtiéndose en un escenario clave para el crimen organizado.

Las condiciones que marcaron el nacimiento de Los Pulpos en El Porvenir

Cuando Los Pulpos comenzó a tomar forma, durante los años noventa, El Porvenir tenía una imagen muy distinta. Vecinos entrevistados recuerdan calles arenosas, viviendas dispersas y una infraestructura precaria. En algunos sectores incluso faltaba iluminación pública.

El cerro Cruz Blanca también tenía otra configuración. Durante aquellos años era una zona prácticamente deshabitada y de difícil acceso. Esa geografía terminó favoreciendo a quienes buscaban refugiarse de la Policía y dificultó los operativos en determinados sectores del distrito.

El historiador Jorge Nureña, investigador de Los Pulpos, explicó a ATV que la poca accesibilidad permitía que los integrantes de la organización se escondieran con mayor facilidad. En algunos casos, los agentes tuvieron que utilizar caballos porque las camionetas policiales no podían ingresar rápidamente.

En ese contexto surgió una pandilla relacionada inicialmente con hurtos y robos. Durante los años 2000, según Nureña, el grupo dio un salto hacia actividades más organizadas y planificadas. Así comenzó la transformación que convertiría a Los Pulpos en una estructura criminal de mayor alcance.

De Teófilo Cruz a Jhonsson Pulpo: una familia marcada por el crimen

La historia de Los Pulpos quedó marcada por una sucesión familiar. Teófilo Cruz Álvarez aparece como una de las primeras figuras del clan. Sus hijos Miller, John, Milton, Eddie y Katy también fueron vinculados a actividades delictivas y algunos pasaron largos periodos en prisión.

Una de las figuras centrales de la segunda generación fue Jhon Cruz Arce, alias ‘John Pulpo’. Tras su ingreso a prisión, una nueva generación comenzó a ganar espacio dentro de la organización. Su hijo, Jhonsson Smith Cruz Torres, asumiría posteriormente un papel central.

Conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, comenzó a involucrarse en la organización desde joven y llegó a ser señalado como uno de sus principales cabecillas. Bajo su liderazgo, las investigaciones atribuyeron a la banda delitos como extorsiones, secuestros, homicidios, sicariato y tráfico de terrenos.

Su fuga también alimentó la historia criminal del grupo. Jhonsson Pulpo fingió su muerte, utilizó identidades falsas y habría recurrido a cirugías para modificar su apariencia. Finalmente, fue ubicado y capturado en Bolivia tras permanecer prófugo durante años.

El crimen creció junto al distrito: extorsiones, secuestros y nuevas bandas

La historia de El Porvenir tampoco quedó limitada a Los Pulpos. Con el paso de los años aparecieron otras organizaciones, entre ellas Los Plataneros, Los Malditos del Triunfo y Los Malditos de Río Seco, vinculadas a distintos hechos delictivos en Trujillo.

Los Malditos de Río Seco incluso aparecen relacionados con familiares de ‘Gringasho’. En mayo, su medio hermano fue detenido después de la detonación de un explosivo en la fachada de un colegio. La Policía también investigaba su posible participación en otros casos de extorsión.

La extorsión se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para estas organizaciones. Comerciantes, empresarios y familias comenzaron a recibir amenazas y, en algunos casos, los delincuentes utilizaron explosivos para presionar a sus víctimas. La violencia también alcanzó a colegios de distintas zonas de Trujillo.

Mientras tanto, El Porvenir siguió creciendo. Sus habitantes construyeron viviendas, negocios y una economía local que transformó aquella zona periférica de los años noventa. El desarrollo del distrito, sin embargo, avanzó junto a la expansión de grupos criminales que encontraron allí espacios para consolidarse.

La captura de Jhonsson Pulpo permite volver sobre esa historia. El Porvenir cambió durante las últimas décadas, pero también lo hizo el crimen que se desarrolló en sus calles: de las primeras pandillas a estructuras dedicadas a la extorsión y el secuestro. Una transformación que convirtió al distrito en uno de los principales escenarios de la criminalidad organizada en Trujillo.

La cevichería D’Galas, ubicada en Trujillo, publicó un comunicado en el que ofreció disculpas públicas al estilista Carlos Cacho tras la polémica generada por la denuncia de una agresión contra un menor con autismo en su local. El pronunciamiento del restaurante se difundió a través de su cuenta oficial de Instagram, un día después de que el propio Cacho respondiera a las acusaciones y anunciara acciones legales contra quienes lo señalaron.

En el documento, titulado “Comunicado a la Opinión Pública”, el establecimiento explicó que revisó las grabaciones de sus cámaras de seguridad como parte de su respuesta a la controversia. “Hemos podido revisar las cámaras de nuestro local y no se observa un acto de agresión ni maltrato hacia un menor, que en este caso es mi nieto”, señaló el restaurante en su publicación.

El propietario del local reconoció el vínculo familiar con el menor

El comunicado de D’Galas confirmó un dato que el propio Cacho había mencionado en su descargo inicial, referido a la relación entre el dueño del establecimiento y el niño involucrado en el caso. El texto, firmado en primera persona por el propietario del negocio, precisó que el menor es su nieto, lo que respalda la versión del estilista sobre la existencia de una coordinación previa entre ambos para el almuerzo ofrecido en el local.

El restaurante lamentó que la situación haya derivado en una interpretación distinta a lo ocurrido. “Ante las reciente difusión de una publicación en redes sociales sobre un incidente en nuestro establecimiento, queremos manifestar que lamentamos profundamente que una situación puntual haya sido interpretada de manera distinta a lo ocurrido”, indicó el comunicado.

El local reafirmó su compromiso con la inclusión pese a las disculpas ofrecidas

Pese a exculpar a Carlos Cacho de la acusación de agresión, el establecimiento remarcó su compromiso con el trato respetuoso hacia todos sus clientes, incluidas las personas con alguna condición particular. “Reiteramos nuestro compromiso de buena atención a todos nuestros clientes, con el mismo respeto a la inclusión y el buen trato hacia todas las personas”, precisó el comunicado, que cerró con un agradecimiento por la comprensión del público.

El propio estilista compartió la publicación del restaurante en sus redes sociales y anunció que daría por concluida la polémica tras esta respuesta. “Subiré este comunicado que ha publicado hoy cevicheriadgalas por 24 horas y daré por terminado el tema, gracias por la difusión”, escribió Cacho al republicar el mensaje del establecimiento.

El caso se originó tras la denuncia pública de la madre del menor

La controversia se desató luego de que la madre del niño relatara ante el portal Trujillo Limpio que su hijo se acercó a Cacho para conversar con él y que, según su versión, recibió un empujón por parte del conductor de televisión. La denunciante también acusó al estilista de imitar la forma de hablar del menor y de mostrarse indiferente cuando ella le explicó la condición de autismo de su hijo.

En su respuesta inicial, difundida un día antes del comunicado del restaurante, Cacho había negado de manera categórica cualquier contacto físico con el menor. “Jamás empujé, agredí, toqué ni rocé al niño del restaurante. Es el niño el que se acerca a mi mesa y es él quien me toca todo el tiempo. Tengo cinco personas de testigos”, sostuvo el estilista en esa oportunidad, además de exigir que se presentaran pruebas de la presunta agresión antes de recurrir a la vía legal.

Los detenidos por el cuádruple crimen cometido durante un ataque armado en el que fue secuestrado un empresario minero en Trujillo (La Libertad) pasarán una prueba antropológica para comparar sus características físicas con las de los sujetos registrados en videos vinculados al caso, anunció este lunes el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

En declaraciones a la televora Willax, Gálvez señaló que la diligencia contará con la participación de especialistas de la Policía Nacional y del Ministerio Público, a raíz de las diferencias advertidas entre los detenidos y los hombres que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observa a sujetos de mayor contextura, vestidos con prendas similares a uniformes policiales y portando armas largas.

“Se va a realizar una prueba antropológica para hacer las comparaciones y todo eso”, explicó el fiscal, quien precisó que la Policía ya participa en el procedimiento con un antropólogo y que su institución ha designado a otro especialista para realizar la evaluación.

Ambos peritos deberán coordinar la diligencia y elaborar un informe conjunto con los resultados de las comparaciones. “Nosotros ya mandamos a otro antropólogo y ahí se van a poner de acuerdo y van a hacer el informe conjuntamente”, afirmó.

De acuerdo con un informe del diario El Comercio, dos de los cinco detenidos, Frank Junior Quezada Cruz, alias ‘Ñato’, y Julio Zavaleta Quesada, alias ‘Juliacho’, figuran con una estatura de 1,60 y 1,59 metros, respectivamente, y ambos son descritos como de contextura delgada.

A ello se suma el caso de Ángel Bocanegra Linares, cuyo padre difundió imágenes que, según su versión, lo muestran saliendo de su vivienda a las 5:57 de la mañana del domingo 30 de agosto, después del atentado.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la Criminalidad Organizada, también ha señalado que todavía no existe evidencia científica suficiente para atribuir de manera categórica el ataque a los capturados, por lo que las diligencias continúan para determinar su eventual participación en los hechos.

Críticas

En otro momento de la entrevista, Gálvez reiteró sus críticas a la conferencia de prensa en la que fueron presentados los implicados en el caso, vinculados a la banda criminal ‘Los Pulpos’, al considerar que “la norma procesal prohíbe ese tipo de actos”.

“¿Qué es lo que se tenía que hacer ahí? Indicar que hay cinco detenidos, que se está realizando la investigación y que, a medida que avance, se irá determinando qué grado de participación ha tenido cada uno de ellos, pero que la investigación está yendo por buen cauce. Eso es lo que se tenía que decir, no presentarlos como responsables (...) no había mucha razón para presentarlos como responsables", dijo.

En esa operación participaron el saliente jefe de la Policía, Óscar Arriola; el jefe de Investigación Criminal, Víctor Revoredo; y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, todos cuestionados en los últimos días por sus declaraciones y actuaciones tras el último episodio de criminalidad en el país, que ha puesto contra las cuerdas a la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

Un conjunto funerario de la élite Chimú fue descubierto dentro de Utzh An, uno de los sectores del complejo arqueológico de Chan Chan. La investigación permitió identificar una plataforma con una cámara central y dos espacios laterales, donde permanecieron restos humanos, objetos ceremoniales y bienes asociados a personas de alto estatus durante casi seis siglos.

El hallazgo fue realizado por arqueólogos del Ministerio de Cultura como parte de las labores de investigación, conservación y puesta en valor del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH). La estructura funeraria conserva elementos en distintas condiciones de preservación, lo que permite analizar la relación entre los individuos sepultados y los objetos colocados junto a ellos.

En la cámara principal fueron localizados los restos de un individuo perteneciente a la nobleza Chimú, acompañado por piezas elaboradas en concha y metal. Las cámaras laterales presentaron un contenido diferente: una contenía armas y emblemas metálicos, mientras que la otra concentraba restos humanos. El registro realizado hasta el momento identifica 38 individuos en la plataforma funeraria.

El contexto recuperado también incluye 60 piezas cerámicas, entre botellas de asa estribo y vasijas, con influencia estilística inca. Este material aporta elementos para estudiar la interacción entre las sociedades Chimú e Inca durante las etapas finales de la ocupación del valle de Moche.

Una plataforma funeraria con tres cámaras

La estructura descubierta cuenta con una cámara central de 1,2 metros de ancho y 5 metros de fondo. El acceso incluye una entrada y una escalinata que desciende unos 2,5 metros desde el nivel de trabajo hasta el espacio funerario. En su interior también existe una hornacina.

Los arqueólogos encontraron allí los restos de un personaje acompañado por numerosas piezas de concha y metal. La disposición del espacio y los objetos asociados forman parte del registro que permitirá establecer las características del entierro y su relación con los sectores de mayor rango de la sociedad Chimú.

Las dos cámaras laterales presentan 1,5 metros de ancho, 8 metros de largo y 3,5 metros de profundidad respecto del nivel de superficie de trabajo. Una de ellas no presentó restos óseos, pero sí armas y emblemas elaborados en metal.

En la segunda cámara fueron registrados hasta el momento 20 individuos. A ellos se suman otros 18 cuerpos encontrados dentro de la misma plataforma, con un total de 38 personas sepultadas en este contexto.

Un entierro con una disposición diferente

Entre los individuos identificados existe un caso que se diferencia de la forma de enterramiento conocida para la sociedad Chimú. El cuerpo fue colocado completamente extendido en el fondo de una de las cámaras.

Jorge Meneses, arqueólogo responsable del proyecto de inversión del Complejo Arqueológico de Chan Chan, explicó que esta disposición resulta distinta de los entierros Chimú caracterizados por posiciones flexionadas o flexionadas sentadas.

Esta particularidad constituye uno de los aspectos que los investigadores deberán analizar dentro del contexto funerario. Entre las hipótesis planteadas por el equipo figura la posibilidad de un ritual de sacrificio o de una diferencia jerárquica extrema frente a los demás individuos depositados en el mismo espacio.

Ornamentos y bienes asociados a la élite

Los objetos recuperados junto a los restos humanos corresponden a distintos tipos de bienes ceremoniales y ornamentos. El registro incluye orejeras, collares y tocados de metal, además de cajas de madera tallada con aplicaciones metálicas.

También fueron identificados numerosos collares elaborados con concha marina y cuarzo. Algunos esqueletos presentan pigmentación roja sobre la cabeza, mientras que varias piezas cerámicas también muestran este elemento.

El material proporcionado por el Ministerio de Cultura identifica al cinabrio como un pigmento sagrado utilizado en entierros de alto rango dentro de sociedades andinas. Su presencia forma parte de los elementos que permiten estudiar el tratamiento otorgado a las personas sepultadas.

Fotogrametría para preservar el contexto arqueológico

La fragilidad de los restos óseos y de otros materiales orgánicos exige un procedimiento previo antes de retirar las evidencias. El protocolo aplicado establece un registro exhaustivo de cada elemento dentro de su ubicación original.

Para ello, los especialistas realizan fotogrametría de alta precisión. Un registrador especializado obtiene cientos de fotografías desde diferentes ángulos y luego procesa esas imágenes mediante programas informáticos para generar un modelo tridimensional con precisión milimétrica.

Solo después de completar este registro digital se procede al retiro manual de los restos y objetos. El procedimiento permite conservar información sobre la posición de cada evidencia y su relación con los demás elementos presentes en la cámara funeraria.

El hallazgo permite estudiar contextos que fueron saqueados

Jorge Meneses señaló que buena parte de la información previa sobre las tumbas de élite Chimú procede de plataformas afectadas por saqueos y destrucción. “Lo que conocíamos provenía de plataformas saqueadas. Hoy tenemos la oportunidad histórica de estudiar individuos y artefactos intactos después de 600 años”, declaró el responsable del Proyecto de Inversión del Complejo Arqueológico de Chan Chan.

El investigador también destacó que el contexto actual permite analizar los individuos y los objetos en el lugar donde fueron depositados. Esta condición diferencia el registro de aquellos casos en los que los materiales fueron extraídos de su ubicación original.

Las intervenciones en Utzh An registran un avance del 79 % a julio de 2026. Los estudios previstos permitirán analizar los patrones funerarios de la élite Chimú y la ocupación Inca posterior a la conquista del valle de Moche.

Entre los materiales identificados también figuran 60 piezas cerámicas, entre botellas de asa estribo y vasijas. Las piezas presentan una influencia estilística inca, un elemento que los investigadores relacionan con la interacción o anexión de este sector durante momentos tardíos de la cronología costeña.

Henry Gayoso Rullier, jefe de la Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor del PECACH, señaló que el equipo busca precisar la función y la historia ocupacional de Utzh An. También indicó que existe interés por determinar cuándo y de qué forma los incas ocuparon Chan Chan después de la invasión y conquista del valle de Moche.

Al finalizar el proyecto de inversión en este sector está prevista la publicación de un libro con los resultados interpretativos de la investigación arqueológica y los trabajos de conservación realizados. El documento permitirá difundir los conocimientos obtenidos a partir de las evidencias recuperadas en la plataforma funeraria.

Las acciones se desarrollan dentro del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de Chan Chan y de los compromisos asumidos por el Perú ante la Unesco.

Una disputa por el control de la seguridad vinculada a la extracción de oro en Pataz aparece como una de las hipótesis alrededor de los crímenes ocurridos en Trujillo, entre ellos el secuestro del minero Jenss Lara, el asesinato de sus cuatro acompañantes y el homicidio de Homero Baldemar Armas Villalobos.

De acuerdo con un reportaje de Contra Corriente, las investigaciones y los testimonios recogidos alrededor de estos hechos conducen a Pataz, localidad de La Libertad donde conviven actividades de minería formal, informal e ilegal. En ese escenario, las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría se disputarían la protección de mineros y del oro que sale de la zona.

El caso de Jenss Lara cobró relevancia tras el secuestro ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Según la Policía, el minero pagó dos millones y medio de dólares por su rescate. Sus cuatro acompañantes fueron asesinados en un operativo ejecutado por personas que se hicieron pasar por agentes policiales.

Para la Policía Nacional, Los Pulpos estarían detrás del secuestro. Una de las hipótesis apunta a que el ataque habría sido parte de una confrontación con La Jauría, agrupación que presuntamente brindaba protección a Lara y al oro procedente de Pataz.

El cambio de seguridad

El experto en temas de crimen organizado, Julio Corcuera, señaló a Contra Corriente que la principal línea de investigación se vincula con la rivalidad entre ambas organizaciones criminales.

“La hipótesis es esa, que al cambiar un empresario de seguridad han hecho un ajuste alrededor de estos por el secuestro”, afirmó Corcuera.

Consultado sobre si el empresario habría dejado la protección de Los Pulpos para pasar a La Jauría, el especialista respondió que esa era, aparentemente, la información que se conocía hasta ese momento. “Pero hay cosas todavía por revelar y encontrar ahí”, añadió.

Según el reportaje, el enfrentamiento entre ambos grupos tendría antecedentes. La Jauría existe desde 2010 y, entre 2014 y 2016, un trabajo policial permitió la desarticulación de tres organizaciones criminales. En ese período, La Jauría y Los Pulpos se integraron en una estructura denominada La Gran Alianza.

El crecimiento de la actividad minera y del valor del oro en la década de 2010 habría modificado ese escenario. Corcuera explicó que las organizaciones comenzaron a llegar a las zonas mineras como “chalecos” de los trabajadores, con funciones de protección.

Otra versión

El especialista en minería Iván Arenas planteó una hipótesis distinta sobre el secuestro. Según declaró a Contra Corriente, el caso podría estar relacionado con una deuda que Jenss Lara mantenía con Los Pulpos, organización liderada por Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson, quien fue capturado recientemente en Bolivia.

“Me parece que básicamente ha sido por un tema entre ellos, un saldo, una promesa. En fin, pero me parece que ha sido básicamente entre ellos dos”, sostuvo Arenas.

Jenss Lara figura con una inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que permite desarrollar actividades de pequeña minería y minería artesanal en proceso de formalización. Según la información recogida en el reportaje, su registro estuvo activo hasta mayo y luego quedó suspendido.

Una fuente consultada por el programa precisó que esa condición no implica, por sí sola, que la actividad sea ilegal. “Según la ley no puede ser ilegal, pero sí tiene un registro suspendido. Probablemente está en un proceso de subsanación”, indicó.

El reportaje señaló que la minería ilegal mueve más de 12 mil millones de dólares al año en el país, una cifra que, según los entrevistados, supera a la del narcotráfico. La referencia corresponde a la producción de oro ilegal e informal.

El asesinato de Homero

La madrugada del pasado lunes, Homero Baldemar Armas Villalobos fue asesinado a balazos frente al restaurante Fonseca, en la urbanización California, distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo.

Armas realizaba actividades mineras en Pataz, según un documento mostrado por Contracorriente. Además, era hermano de Segundo Armas Villalobos, alcalde distrital de esa localidad.

El ataque ocurrió en plena vía pública. El crimen se produjo horas después de la renuncia del entonces comandante general de la Policía, el teniente general Óscar Arriola, en medio de cuestionamientos por la presentación de detenidos como presuntos autores materiales del secuestro y del cuádruple homicidio.

El informe también vinculó los casos con Parcoin, distrito cercano a Pataz donde, según los entrevistados, también se desarrolla minería ilegal.

Los testigos del caso

Otra conexión expuesta en el reportaje se relaciona con Gian Marco y Eliezer Medina, dos testigos que declararon ante la Fiscalía haber recogido a un falso policía durante la madrugada del ataque contra Gens Lara y sus acompañantes.

Según su declaración, el hombre sería venezolano y estaría entre los autores de los disparos contra las cuatro víctimas. Ambos testigos dijeron que trabajaban para Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato de Somos Perú al Gobierno Regional de La Libertad.

“En caso, este, estos testigos habrían trabajado con el señor, eh, Mariños. Entonces, ahí la conexión hacia Pataz es mucho más evidente”, afirmó una de las fuentes entrevistadas por el programa.

Mariños negó conocer a los hermanos Medina. Ante la consulta sobre Eliezer Abdías Medina y Gian Marco Javier Medina Mija, respondió: “No les conozco”.

Cuando se le preguntó por qué los testigos aseguraron que trabajaban para él, el exalcalde sostuvo: “Esa respuesta tendrán que darlo ellos, por qué han dicho que trabajan para mí”.

Las imágenes y detalles mostrados en el reportaje de Cuarto Poder permiten conocer las características del inmueble que habría funcionado como una especie de centro de cautiverio de la organización criminal. El espacio estaba acondicionado para mantener a una persona encerrada y aislada, con elementos que dificultaban cualquier posibilidad de escape o de pedir auxilio.

El caso de Jens Lara comenzó aproximadamente a las 2:50 de la madrugada, cuando el empresario viajaba junto a cuatro acompañantes: Fara, Nadia, Luz Alberto y Christopher. Los hombres cumplían labores de seguridad, mientras que las mujeres eran amigas de Lara. Habían salido de una discoteca y se desplazaban por Trujillo cuando fueron interceptados.

En la intersección de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla, una camioneta Toyota Hilux blanca apareció detrás del vehículo en el que viajaban. La apariencia del vehículo habría contribuido a que los atacantes pudieran acercarse sin levantar sospechas, pues era similar a unidades utilizadas por diferentes dependencias policiales.

De la camioneta descendieron tres sujetos vestidos como policías y armados con fusiles. Pero no eran agentes. Lo que siguió fue una emboscada que terminó con cuatro personas asesinadas y el secuestro de Jens Lara.

Los atacantes rodearon el vehículo, sacaron a Lara y dispararon contra sus acompañantes. Fara, Nadia, Luz Alberto y Christopher fueron asesinados en el lugar. Uno de los delincuentes incluso intentó apartar al conductor para tomar el control de la camioneta, aunque finalmente no logró hacerlo y huyó por una de las calles.

Mientras la familia y las autoridades buscaban establecer el paradero del empresario, comenzaron las primeras intervenciones policiales. Lara fue liberado después de permanecer más de treinta horas secuestrado y, paralelamente, la Policía anunció la captura de los primeros sospechosos.

El cuarto de cautiverio tenía una puerta de metal y chapa electrónica

El elemento que más llamó la atención durante la investigación fue precisamente el lugar donde habría permanecido encerrada la víctima. Se trataba de una vivienda acondicionada con un semisótano, donde se encontraba un espacio especialmente preparado para mantener a los secuestrados.

El inmueble contaba con una puerta de metal maciza con chapa electrónica, una característica que habría permitido controlar el ingreso y salida del ambiente desde el exterior. El espacio también había sido acondicionado como un cubil insonoro, es decir, un ambiente diseñado para reducir la propagación de los sonidos.

Estas características resultan especialmente relevantes para los investigadores porque apuntan a que no se trataría de una habitación improvisada para un solo secuestro. Según la investigación policial, la casa de cautiverio habría albergado a varias víctimas de secuestro de Los Pulpos.

El acondicionamiento del ambiente muestra, de acuerdo con la investigación, que la organización criminal habría contado con una infraestructura destinada específicamente para retener personas contra su voluntad.

El objetivo era mantener a las víctimas aisladas y dificultar que alguien desde el exterior pudiera escuchar pedidos de auxilio. A ello se sumaban las condiciones de seguridad de la puerta, que no era una puerta convencional de vivienda, sino una estructura de metal con un sistema electrónico de cierre.

El reportaje también mostró la presencia de balones de oxígeno, utilizados para evitar que una persona pudiera sufrir dificultades respiratorias dentro del espacio cerrado. Este detalle refuerza la particularidad del ambiente, que habría sido preparado para mantener a una víctima encerrada durante periodos prolongados.

Jenss Lara habría sido llevado a este inmueble

La investigación sostiene que Jens Lara fue trasladado hasta este tipo de espacio después de ser interceptado por los delincuentes. Mientras sus cuatro acompañantes eran asesinados, él fue llevado por los secuestradores para continuar con la operación.

El caso permitió a la Policía reconstruir parte de la organización del secuestro. Las llamadas telefónicas, las coordinaciones realizadas antes y después del ataque, los movimientos de los involucrados y el seguimiento de la ruta del dinero fueron elementos que ayudaron a los investigadores a identificar a quienes habrían participado en el crimen.

Una de las piezas consideradas importantes en la investigación fue Keisy, pareja de Johonson Smith Cruz Torres. La Policía allanó su celda y, según el reportaje, encontró pistas que contribuyeron a avanzar en la investigación.

La información obtenida permitió establecer conexiones entre los diferentes participantes y llegar hasta Johonson Smith Cruz Torres, señalado por los investigadores como el presunto autor intelectual del secuestro.

El conductor de la camioneta confesó cuánto le pagaron

Entre los primeros detenidos figura César García Rivera, a quien la Policía habría identificado como el conductor de la camioneta utilizada durante la emboscada. Durante un interrogatorio, García Rivera reconoció que su participación consistió en “manejar la camioneta” y confirmó que la víctima era “un empresario”.

Además, reveló que recibió 12.000 soles por intervenir en la operación y, al ser consultado sobre quién le dio la orden, respondió: “Jenson”. Sus declaraciones forman parte de los elementos que manejan los investigadores para reconstruir cómo se planificó y ejecutó el secuestro de Jenss Lara.

Tres de los detenidos serían los sicarios

Las capturas continuaron después de la liberación de Jens Lara. Inicialmente fueron detenidos cinco sospechosos: Ángel Bocanegra Linares, Frank Quezada, Julio Zavaleta Quezada, Miguel Cherrepe Dávila y César García Rivera.

Posteriormente fueron intervenidos otros integrantes vinculados a los Bocanegra: Rey Peter, Gian Manuel y Roy Steven. Con ellos, el número de detenidos llegó a ocho en una primera etapa de la investigación. Todos afrontaban una investigación con quince días de detención preliminar.

La participación de los presuntos sicarios también fue materia de interrogatorio. Al ser consultado sobre cuántos de los detenidos habrían actuado como gatilleros, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, respondió:—Tres, por lo menos.

Ante la precisión de que esas personas habrían sido quienes asesinaron a los cuatro acompañantes de Lara, Revoredo confirmó: —Estuvieron en escena como tiradores.

Una camioneta clonada fue utilizada en la emboscada

Otro elemento clave de la investigación fue la Toyota Hilux blanca utilizada para interceptar al empresario. El vehículo habría sido adquirido apenas cinco días antes del atentado y su valor superaría los 20.000 dólares.

Los investigadores determinaron además que la camioneta tenía una particularidad: su identificación habría sido clonada.

El general Víctor Revoredo explicó que la placa principal correspondía a otro vehículo que, según la pericia, se encontraba en Puno.

—“La patente principal pertenece a un vehículo cuya pericia lo arrojará así. Eso es lo que se nos ha indicado, que está en Puno. Por lo tanto, la nomenclatura física ha sido clonada. Y ese es su modus operandi de los Pulpos.”

La investigación apunta al supuesto autor intelectual

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, quedó señalado como el presunto autor intelectual de la operación. Su ubicación fue posible gracias al seguimiento de diferentes elementos relacionados con el secuestro, entre ellos las comunicaciones, los desplazamientos y la ruta del dinero.

El hombre fue ubicado en Bolivia y posteriormente quedó detenido, según la información difundida en el reportaje.

Pero la investigación no terminó con su captura. Las autoridades todavía deben establecer con precisión el papel de cada uno de los integrantes de la organización que participaron en la operación.

Durante una entrevista con Mónica Delta en Punto Final, el teniente general defendió la actuación policial tras el secuestro de Jeans Lara y el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo, y aseguró que su institución continuará trabajando para recuperar la confianza de la población.

Uno de los momentos más importantes de la entrevista ocurrió cuando se le preguntó si, frente a la violencia que continúa registrándose en el país, la ciudadanía puede esperar sentirse más segura. El futuro jefe de la Policía reconoció que el problema de la criminalidad es complejo, pero aseguró que existe un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para enfrentarlo.

“Yo lo que creo en realidad, que la Policía Nacional le va a dar esa tranquilidad en algún momento”, afirmó Fredy López.

El general agregó que esta tarea no depende únicamente de la Policía, sino también de otras instituciones vinculadas a la seguridad y la administración de justicia. “En algún momento, el Estado peruano, con sus autoridades, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, que son los que estamos combatiendo todos los días esta criminalidad, le va a dar la tranquilidad que todos deseamos”, sostuvo.

Fredy López defiende operativo tras masacre de Trujillo

El próximo comandante general de la PNP también respondió a los cuestionamientos sobre la actuación de la Policía luego del secuestro de Jens Lara y el posterior cuádruple asesinato registrado en Trujillo. Mónica Delta le preguntó si consideraba que había existido algún tipo de apresuramiento en las reacciones policiales, especialmente por la rapidez con la que fueron anunciadas las primeras capturas.

López Mendoza rechazó esa posibilidad y sostuvo que un caso de esa magnitud requería una respuesta rápida por parte de las autoridades.

“Cuando un hecho de esta magnitud, como la que hemos visto con el secuestro de este señor, Jens Lara, ocurre, las cosas que hace la Policía y el procedimiento que hace la Policía deben ser céleres, deben ser rápidas”, manifestó a Latina.

El general insistió en que no se podía interpretar esa rapidez como apresuramiento, pues, según su evaluación, los procedimientos se desarrollaron de manera adecuada y con participación del Ministerio Público. “El procedimiento que ha hecho la Policía, la parte operativa y conjuntamente con la Fiscalía en la parte jurídica, yo considero que ha sido la adecuada”, señaló.

Para sustentar su posición, López Mendoza destacó los resultados obtenidos por los agentes durante los días posteriores al crimen. “Por ese motivo es que ha habido estos resultados. O sea, los resultados de las capturas de las cuatro o de las cinco personas al día siguiente es un indicativo de que los procedimientos que ha realizado la Policía han sido los más acertados”, afirmó.

El oficial añadió que las detenciones no terminaron con las primeras intervenciones, sino que continuaron durante los días posteriores. “Y no solamente ellos, sino los días consecutivos, nosotros hemos sido testigos de que han habido más capturas. A la fecha hay doce detenidos”, indicó.

Nuevo comandante de la PNP destaca capturas de Los Pulpos

López Mendoza también puso énfasis en que los detenidos estaban vinculados con Los Pulpos, organización criminal señalada en diversas investigaciones por delitos violentos. Cuando Mónica Delta le preguntó si todos los detenidos estaban relacionados con este grupo, el general fue contundente: “Todos vinculados”.

El futuro comandante general destacó además que las investigaciones permitieron capturar a una persona que era buscada por la Policía desde hacía varios meses.

“Cómo este escenario, cómo este hecho ha permitido capturar a una persona que la Policía venía buscando hace varios meses y que una persona que tenía una requisitoria internacional por una sentencia de cadena perpetua”, explicó.

En ese sentido, consideró que el resultado tenía especial relevancia para la lucha contra la criminalidad organizada. “Este hecho ha conllevado a que capturemos a una persona que veníamos buscando hace mucho, mucho tiempo y que le venía haciendo mucho daño al país”, sostuvo.

“Aparecen nuevas bandas, aparecen nuevos hechos”

Uno de los principales problemas que enfrenta la Policía es que, incluso después de capturar a integrantes de una organización criminal, surgen nuevas bandas y nuevos hechos delictivos.

El próximo jefe de la PNP reconoció esta realidad y señaló que la institución debe mantener una persecución constante contra estos grupos. “La Policía Nacional diariamente captura diferentes tipos de bandas criminales”, manifestó.

Sin embargo, admitió que el fenómeno criminal es dinámico y que constantemente aparecen nuevas organizaciones. “Es cierto, es cierto, aparecen nuevas bandas, aparecen nuevos hechos, pero la Policía Nacional siempre está tratando de lo posible, de poder seguir capturando a estas bandas”, sostuvo.

Fredy López responde por las muertes violentas en el Perú

Durante la conversación también se abordó el número de muertes violentas que se registran en el país. Delta cuestionó que, pese a las capturas anunciadas por la Policía, los ciudadanos continúan observando asesinatos diariamente.

López Mendoza sostuvo que las cifras deben analizarse en comparación con el año anterior y aseguró que, desde esa perspectiva, las muertes violentas no han desbordado los niveles registrados previamente.

“Muertes violentas es un tema que lo hemos tratado ya en diferentes oportunidades. Hemos mostrado estadísticas también. No la vamos a mostrar ahora, por supuesto, pero sí, en términos concretos y reales, el tema de las muertes no nos ha rebasado con relación al comparativo del año pasado. O sea, eso sí tenemos que tenerlo claro”, afirmó.

El general también pidió tomar en cuenta que las cifras no corresponden exclusivamente a información producida por la Policía.

“Hay que ser objetivos en determinar que esa cantidad de fallecidos no responden solamente a una estadística que da la Policía, sino es una estadística en conjunto”, explicó.

El reto de recuperar la confianza de los ciudadanos

Más allá de las estadísticas y de las capturas, uno de los principales desafíos que tendrá Fredy López Mendoza será recuperar la confianza ciudadana en la Policía.

Durante la entrevista se planteó si el ciudadano peruano realmente se siente más tranquilo frente a la situación de inseguridad. El futuro comandante general respondió que esa tranquilidad llegará como resultado del trabajo conjunto de todas las instituciones encargadas de enfrentar el crimen.

Su promesa fue directa: “La Policía Nacional le va a dar esa tranquilidad en algún momento”. Para lograrlo, López Mendoza considera indispensable mantener la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público. Frente a las críticas por un supuesto deterioro de esa relación, el oficial defendió el trabajo conjunto que realizan los agentes y fiscales.

“Nosotros, a lo largo de toda nuestra carrera, siempre, siempre en la parte operativa hemos trabajado con los fiscales de la mano. Lo seguimos haciendo”, afirmó. El general aseguró que esta coordinación se mantiene tanto en Lima como en las diferentes regiones.

“La parte operativa, no solamente acá en Lima, sino en todo el Perú, descubren los casos e intervienen y hacen capturas de la mano con los fiscales y llevan el caso a los tribunales”, indicó. Por ello, consideró que la coordinación institucional continuará siendo indispensable para enfrentar a las organizaciones criminales.

“El tema de la coordinación nunca va a dejar de existir. Si no tuviéramos coordinación en absoluto, no organizaríamos”, sostuvo.

¿Qué piensa Fredy López sobre el papel de la Policía frente al poder político?

Otro de los asuntos que abordó el nuevo comandante general fue la relación de la Policía con el Poder Ejecutivo. López Mendoza reconoció que la institución pertenece estructuralmente al Ejecutivo, pero remarcó que tiene una función constitucional específica.

“La Policía Nacional es una institución que efectivamente pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un trabajo muy, muy especial”, señaló. En ese sentido, recordó que la Constitución establece que la Policía tiene como funciones prevenir, investigar y combatir la delincuencia.

“El trabajo que la Constitución le da como función a la Policía Nacional, que es la de prevenir, investigar y combatir la delincuencia”, afirmó.

Fredy López asegura que su experiencia no es solo administrativa

El futuro jefe de la PNP también respondió a las versiones que señalaban que su trayectoria estaba más relacionada con el área administrativa que con la operativa. El general explicó que cuenta con una extensa trayectoria dentro de la institución y que ha pasado por diferentes unidades y direcciones.

“Yo tengo treinta y seis, voy a cumplir treinta y siete años de servicios y un oficial de larga carrera tiene su paso por las diferentes direcciones y por las diferentes unidades, tanto administrativas como operativas”, explicó. Por ello, rechazó que su experiencia pueda ser reducida exclusivamente al ámbito administrativo.

“No es tanto que yo venga solamente de la parte administrativa”, precisó. López Mendoza confirmó además que ya había conversado con Óscar Arriola sobre el relevo y que la decisión había sido comunicada previamente.

“Él nos ha mostrado su decisión personal”, indicó. El futuro comandante general explicó que ambos habían conversado durante los días anteriores y que finalmente Arriola decidió comunicar oficialmente su salida junto a él ante las autoridades.

“Él el día de hoy sí tomó ya la decisión de que lo acompañe para poder hacerle conocer a las autoridades”, manifestó. El cambio se concretará en los próximos días, una vez que culminen algunas operaciones que todavía están en marcha.

“En los próximos días. Es cuestión de cerrar unos temas de carácter operacional”, señaló. Consultado sobre esos asuntos, López Mendoza precisó que se trata de “algunas operaciones que están en giro” y que están “encaminadas”.

El nombre de Johnson Smith Cruz Torres volvió a aparecer en las investigaciones policiales sobre los secuestros registrados en Trujillo. El líder de la organización criminal Los Pulpos figura dentro de una línea de investigación que apunta a nuevos objetivos seleccionados por la banda antes de la captura del presunto cabecilla en Bolivia.

El caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla expuso el nivel de violencia utilizado por los delincuentes. El ataque ocurrió cuando un grupo simuló un operativo policial para interceptar el vehículo en el que viajaba el empresario junto con otras personas.

Cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla fueron asesinados a balazos durante la intervención. El empresario también murió en el ataque, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso. La modalidad utilizada permitió a los responsables detener el desplazamiento del grupo bajo una falsa intervención policial.

La investigación policial también vinculó a integrantes de la familia Cruz con una serie de secuestros ocurridos en Trujillo. Dentro de ese seguimiento, los agentes identificaron movimientos de Johnson Cruz Torres y otros miembros de su entorno, mientras reunían información sobre las personas relacionadas con los hechos.

Los Pulpos tenía otro objetivo bajo seguimiento

La información policial citada en el reportaje de Punto Final señala que la organización criminal no limitaba su actividad a los casos ya conocidos. El seguimiento de sus integrantes permitió identificar información relacionada con otros posibles objetivos de secuestro.

El trabajo de inteligencia tomó relevancia después de la salida de prisión de John Cruz Arce, señalado como patriarca de la familia Cruz. Según el reporte, recibió una condena de 25 años y salió del penal de Challapalca 18 años después de su ingreso.

Tras su excarcelación, agentes de la Policía Nacional continuaron con el seguimiento de la familia. Una de las diligencias permitió ubicar una casa de campo en las afueras de Trujillo, donde se produjo una reunión familiar el 3 de octubre de 2025.

Johnson Cruz Torres fue ubicado en Bolivia

La investigación también permitió establecer que Johnson Smith Cruz Torres acudió a aquella reunión familiar. Según la información difundida, el desplazamiento se realizó con vehículos blindados y bajo medidas destinadas a evitar que la Policía detectara su ubicación.

El seguimiento posterior permitió localizarlo en Bolivia. La captura contó con la participación de la Policía peruana y la Policía boliviana, además de la intervención del FBI y la DEA, de acuerdo con el reporte.

La investigación policial indicó que no existió un pago de recompensa ni participación de informantes para determinar su ubicación. El trabajo correspondió a equipos de inteligencia de la División de Secuestros de Trujillo y del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional.

La familia Cruz dentro de las pesquisas

La investigación identificó a Yoxiel Cruz Torres, Xiomara Cruz Segovia, Widman Torres Herquín, Briseth Cruz Torres y Walter Torres Herquín como integrantes de la familia vinculados a la organización criminal.

Los agentes relacionaron a varios de ellos con investigaciones derivadas de secuestros registrados en Trujillo. La información obtenida tras distintas detenciones permitió ampliar el seguimiento sobre la estructura atribuida a Los Pulpos.

El reporte policial también señala que los integrantes vinculados a los últimos secuestros permanecen capturados, dentro de las diligencias relacionadas con los casos investigados.

Una organización vinculada a secuestros y sicariato

Tras su captura, Johnson Smith Cruz Arce escuchó la notificación de los delitos por los cuales es investigado. Entre las imputaciones mencionadas figuran secuestro, sicariato, extorsión y organización criminal.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades peruanas luego de su expulsión desde Bolivia. La Policía también reconstruyó sus desplazamientos y las conexiones con otros integrantes de la familia Cruz.

En ese contexto, el caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla forma parte de la información que permitió exponer una modalidad de ataque basada en la simulación de un operativo policial. La investigación busca establecer la participación concreta de los involucrados y la relación entre los hechos atribuidos a la organización.

El ataque ocurrió cerca de las 2:30. De acuerdo con información preliminar, Armas Villalobos salió del local y se dirigía hacia su vehículo cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

La víctima recibió al menos cuatro impactos de bala. Vecinos de la zona señalaron que escucharon alrededor de seis detonaciones antes de que varias personas auxiliaran al hombre, quien quedó tendido en la vereda.

Personas que se encontraban en los alrededores trasladaron a Homero Armas Villalobos a la clínica SANNA, donde murió poco después a causa de las heridas provocadas por los disparos.

Cámaras de seguridad del distrito registraron los instantes posteriores al ataque. En las imágenes se observa a la víctima en el suelo, mientras un grupo de personas la auxilia antes de trasladarla en un automóvil hacia el centro de salud al visualizar que aún tenía signos vitales.

PNP investiga crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al restaurante Fonseca para realizar las primeras diligencias. El personal especializado recogió casquillos de bala y revisó una camioneta roja que permanecía estacionada cerca de la escena.

Los investigadores también revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para establecer la ruta de fuga de los atacantes e identificar a los responsables.

La víctima era hermano de Segundo Manuel Armas Villalobos, alcalde del distrito de Pataz, en la provincia del mismo nombre, en la región La Libertad.

Fuentes policiales señalaron de forma preliminar que Homero Armas Villalobos estaba vinculado a actividades mineras en Pataz. Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación, aunque las autoridades aún no establecieron el móvil del crimen ni determinaron si existe una relación entre esas actividades y el ataque.

Trujillo sigue siendo el centro de la criminalidad

Trujillo volvió a quedar en el centro de la violencia criminal tras el asesinato de Homero Valdemar Armas Villalobos. El crimen ocurrió una semana después del ataque contra el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado la madrugada del 30 de agosto luego de que un grupo armado interceptara la camioneta en la que viajaba.

Cuatro de sus acompañantes fueron asesinados durante la intervención. Lara recuperó su libertad al día siguiente, mientras la Policía Nacional del Perú investiga la presunta participación de una organización criminal y mantiene a varios sospechosos bajo investigación.

Canales de ayuda

• Policía Nacional del Perú (PNP): ante robos, agresiones, amenazas, delitos en curso o situaciones que requieran intervención policial inmediata, llama al 105. Indica la ubicación exacta, referencias cercanas y las características de los involucrados.
• Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): para heridos, accidentes, desmayos, dificultad respiratoria, convulsiones o pérdida de conocimiento, comunícate con el 106. La central evalúa la emergencia y coordina atención prehospitalaria o el envío de una ambulancia.
• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: en caso de incendios, fugas de gas, rescates, derrumbes, personas atrapadas o accidentes vehiculares, llama al 116. Precisa la dirección, el tipo de incidente y si existen víctimas.

Antes de iniciar el bloque de preguntas, la conductora le pidió al general un compromiso explícito: que la conversación se centrara en hechos verificables y no en discursos genéricos sobre el amor a la patria o a la institución policial. Revoredo aceptó la condición, aunque minutos después volvió sobre declaraciones previas que había realizado sobre la organización criminal Los Pulpos, en las que sostuvo que la Policía Nacional del Perú (PNP) no los considera enemigos, sino sujetos a resocializar.

El oficial insistió en que sus palabras habían sido sacadas de contexto y remarcó que su intención era referirse a los adolescentes captados por la organización, no a los cabecillas de la banda. “Los irrecuperables Pulpos nunca han sido ni serán mis amigos, ni míos ni del Perú”, afirmó ante la insistencia de la periodista, que le repreguntó por qué había dicho públicamente que el grupo no era su enemigo.

La entrevista se tensó cuando la conductora exigió precisiones sobre las facultades legislativas que la Policía reclama al Congreso para enfrentar a las organizaciones criminales. Revoredo argumentó que el actual modelo procesal penal, vigente desde hace más de 20 años, exige procedimientos que retrasan las detenciones, como la publicación previa en el diario oficial de los requerimientos contra sospechosos. Pidió comparar la situación actual con la legislación de excepción aplicada contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 1990.

Las cinco detenciones y la falta de resultados periciales

El tramo más tenso del diálogo giró en torno a la presentación pública de cinco detenidos vinculados al ataque del 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín de Trujillo, donde cuatro personas murieron y Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado. La periodista cuestionó cómo la Policía pudo exhibir a los sospechosos ante la prensa si los resultados de las pericias antropológicas, forenses y de telefonía celular aún estaban pendientes.

Revoredo respondió que la institución no había “circulado” a los detenidos, sino que informó a la ciudadanía sobre el avance de las diligencias. Explicó que los cinco intervenidos tenían antecedentes vinculados a la organización criminal Los Pulpos, lo que calificó como un “modus vivendi” que justificaba su indagación, aunque reconoció que las pruebas definitivas recién estarán disponibles al cumplirse el plazo legal de 15 días de investigación preliminar, validado por el Ministerio Público.

Ante la repregunta directa sobre si la Policía actuó únicamente sobre la base de una hipótesis, el general admitió que no existía todavía evidencia científica concluyente. “La investigación es técnica y es científica, pero también hay hipótesis policial”, respondió, en un intento de diferenciar entre los indicios manejados por los investigadores y las certezas que solo aportará el proceso judicial posterior.

La llamada que interrumpió la entrevista

En medio del interrogatorio sobre las pruebas antropológicas y forenses pendientes en el caso, Revoredo recibió una llamada en su teléfono celular. Tras atenderla, informó a la periodista que se había producido un secuestro el día anterior en Lima, que una de las víctimas ya había sido rescatada y que existían otras personas afectadas. Argumentó que, como director de la Dirincri, debía asumir personalmente la responsabilidad operativa del nuevo caso.

La conductora intentó retomar la pregunta original sobre las certezas científicas del caso Trujillo, pero el general reiteró la necesidad de retirarse. Minutos después, la producción del programa confirmó en el aire que Revoredo había abandonado las instalaciones del canal sin completar sus respuestas sobre el estado de las pericias que debían confirmar la presencia de los detenidos en la escena del crimen registrada en video.

El episodio se suma a una serie de apariciones públicas del general en distintos medios durante los últimos días, en las que ha defendido el trabajo de la Dirincri en el caso Trujillo. La investigación por el secuestro y el cuádruple homicidio continúa bajo reserva mientras se completan las pericias que el Ministerio Público deberá evaluar antes de definir la situación jurídica de los detenidos.

Carlos Cacho respondió a la denuncia pública que lo acusa de haber agredido y discriminado a un menor con autismo en un restaurante de Trujillo. El estilista negó haber tenido contacto físico con el niño y aseguró que cuenta con testigos de lo ocurrido.

El pronunciamiento fue publicado en su cuenta de Instagram, luego de que la madre del menor relatara su versión del episodio ante el portal Trujillo Limpio. La mujer sostuvo que su hijo se acercó al personaje de televisión para conversar y que recibió un empujón.

Cacho rechazó esa acusación y calificó de falsas las afirmaciones que circulan en redes sociales. En su mensaje, señaló que decidió hablar para responder a la polémica que se generó tras la denuncia.

“A la opinión pública. Incidente en restaurante de Trujillo. Ante las increíbles acusaciones de las que soy víctima, me veo en la obligación de aclarar todas estas series de mentiras”, escribió el estilista al inicio de su descargo.

La principal defensa de Carlos Cacho apunta a que nunca empujó ni tocó al menor. Según afirmó, el niño fue quien se acercó a la mesa donde él compartía el almuerzo con otras personas.

“Jamás empujé, agredí, toqué ni rocé al niño del restaurante. Es el niño el que se acerca a mi mesa y es él quien me toca todo el tiempo. Tengo cinco personas de testigos”, sostuvo.

El estilista indicó que las personas que lo acompañaban podrían corroborar su relato. En ese sentido, remarcó que no hubo un acto de violencia contra el niño durante su permanencia en el local.

Cacho también se refirió a la condición del menor. Dijo que no sabía que tenía autismo y cuestionó que se le atribuya responsabilidad por desconocer esa información antes del incidente.

“No tenía conocimiento y tampoco tengo por qué saberlo: de la condición de autismo del niño”, manifestó el conductor en la publicación que difundió en sus redes sociales.

Asimismo, explicó que conocía al propietario del restaurante y que existía una coordinación previa por el almuerzo. De acuerdo con su versión, el dueño del establecimiento es abuelo del niño y ambos habían acordado un canje.

El estilista exigió que quienes lo acusan presenten registros que permitan determinar qué ocurrió dentro del negocio de Trujillo. También advirtió que recurrirá a abogados si no se muestran pruebas de la presunta agresión.

“Exijo y exhorto a los que me acusan que muestren las imágenes en donde agredo al menor; de lo contrario, mis abogados procederán legalmente”, señaló Carlos Cacho.

¿Cuál fue la denuncia pública contra Carlos Cacho?

La denuncia contra Carlos Cacho fue publicada por el portal Trujillo Limpio, que difundió el testimonio de la madre del niño. Según su relato, el episodio sucedió en el restaurante de su familia, donde ella trabaja junto a su hijo.

La mujer contó que el menor se aproximó al estilista porque quería hablar con él. Sostuvo que el niño no tuvo una intención negativa y que buscó acercarse al personaje de televisión durante su visita al local.

Según la versión de la denunciante, Cacho habría respondido con un movimiento de la mano que hizo que el menor cayera. La madre afirmó que, después de ello, su hijo continuó buscando conversar con el estilista.

La acusación también incluye un presunto trato burlón. La mujer señaló que el conductor habría imitado la forma de hablar del niño, una situación que motivó su intervención ante la mesa donde se encontraba el estilista.

La madre afirmó que explicó que su hijo tiene autismo, pero que Cacho habría continuado conversando con sus acompañantes. De acuerdo con su versión, el personaje público no mostró interés ante lo que ella le manifestó.

La denunciante expresó indignación por el trato que, asegura, recibió su hijo. También cuestionó que el estilista se retirara del restaurante sin ofrecer disculpas después del incidente.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. La camioneta blanca, con lunas polarizadas, fue acompañada por otros vehículos que circularon por distintos puntos de la ciudad. El desplazamiento continuó hasta una zona alejada de los principales puntos de vigilancia.

Ruta del convoy del crimen

De acuerdo con Panorama, alrededor de las 03:00 a.m. de la madrugada, varias cámaras de seguridad captaron el paso de la camioneta blanca junto a otros vehículos. Al menos tres automóviles habrían circulado por la zona, entre ellos una unidad negra que habría cumplido funciones de escolta.

Los vehículos dieron varias vueltas por el sector antes de detenerse en un callejón alejado de las cámaras. Según el reportaje, en ese lugar se habría producido un “cambiazo”: los delincuentes se habrían quitado los uniformes policiales utilizados durante el ataque y trasladado al rehén a otro vehículo.

Minutos después, una camioneta roja polarizada ingresó a la zona y salió del alcance de las cámaras. Según Panorama, la unidad fue registrada posteriormente en otros puntos de Trujillo. En otra de las imágenes, uno de los presuntos participantes descendió de un automóvil blanco, caminó unos metros y luego corrió hacia el cañaveral.

PNP los buscó durante la madrugada

Luego del terrible crimen, la Policía desplegó un operativo durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Agentes de distintas unidades, entre ellas la SWAT y el Escuadrón de Emergencia, llegaron al sector para buscar a los responsables del asesinato y el secuestro.

Alrededor de las 05:00 a.m., más de una decena de policías se encontraban en la zona, mientras un dron sobrevolaba el lugar. Los agentes revisaron los alrededores y los techos de las viviendas, aunque la búsqueda no permitió encontrar a los responsables durante esa madrugada.

Hallazgos en cañaveral

De acuerdo con el informe de inspección criminalística citado por Panorama, en el sector de Cortijo Bajo fueron encontrados uniformes policiales, portaplacas, cascos, esposas y el DNI del empresario secuestrado. Los objetos fueron recogidos como parte de las evidencias del caso.

El lugar es una extensa zona de cañas que dificulta la visibilidad desde el exterior y permite ocultarse entre la vegetación. Además, cuenta con un camino estrecho por el que pueden circular vehículos y que conecta con otro sector de la ciudad, según lo mostrado durante el reportaje.

Búnker del secuestro

La ruta del secuestro habría continuado hasta el distrito de San Isidro, donde la Policía intervino una vivienda de tres pisos que habría sido utilizada como lugar de cautiverio del empresario y como guarida de Los Pulpos. El inmueble contaba con una escalera que conducía a un sótano, espacio que habría sido utilizado para mantener retenido al secuestrado.

La vivienda pertenecía a dos ingenieros jubilados que la habían alquilado. De acuerdo con el reportaje, los propietarios no habrían conocido la identidad de las personas que ocuparon el inmueble ni el uso que le daban.

Durante la inspección, la Policía encontró balones de oxígeno y otros elementos que habrían sido utilizados durante el internamiento del secuestrado. Además, vecinos señalaron que una camioneta negra polarizada era vista con frecuencia estacionada cerca de la vivienda.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, calificó este domingo de “desliz” y “torpeza” el selfi que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, publicó en sus redes sociales tras regresar de Trujillo (La Libertad), donde un empresario minero fue secuestrado en un ataque armado que dejó cuatro personas asesinadas.

En declaraciones al diario El Comercio, Galarreta intentó atenuar las críticas por la fotografía difundida por Belaúnde en X (antes Twitter) y rechazó que el episodio evidencie una falta de rumbo o coordinación en el Gobierno.

“Es un tema más personal para él. Yo creo que él entendió que es mejor no hacer ese tipo de cosas porque es un tema bastante complicado (...), pero eso no te dice que el Gobierno está desenfocado, no está organizado, no tiene un norte”, afirmó.

“Creo que hay errores ya de carácter individual, si quieres anecdótico o de torpeza, (...) pero de ahí a magnificar eso, como siento que algunos lo están haciendo para decir que el Gobierno no tiene rumbo, es un poco exagerado”, agregó.

Galarreta explicó que la presencia de Belaúnde en La Libertad respondió a la necesidad de evaluar, entre otras medidas, posibles operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad, así como asuntos relacionados con ciudadanos venezolanos en situación irregular, infraestructura militar y establecimientos penitenciarios.

“Se está trabajando y no hay descoordinación”, aseguró al defender que los ministros puedan expresar posiciones diferentes. “El gabinete es un colegiado político. No es un convento, no es un cuartel, todo el mundo puede opinar”, sostuvo.

Añadió que las declaraciones individuales de algunos integrantes del Ejecutivo que generaron controversia ya fueron “zanjadas” y que mantiene comunicación constante con todos, sin necesidad de exponerla en público.

El titular de Defensa se trasladó a Trujillo el pasado lunes y apareció junto al entonces comandante general de la Policía, Óscar Arriola, durante una diligencia con los detenidos por el caso, unas imágenes que generaron críticas por su aparente participación en un procedimiento policial.

Belaúnde negó, sin embargo, haber interrogado a los arrestados y aseguró que su presencia se limitó a verificar su estado físico. Los cuestionamientos también alcanzaron las versiones oficiales sobre la liberación del empresario Jenss Lara.

Mientras Arriola sostuvo inicialmente que había sido liberado y no rescatado, el ministro confirmó posteriormente que la familia había entregado dinero y que la Policía había participado en las gestiones para su liberación, lo que alimentó las críticas sobre la actuación del Gobierno y la gestión del caso.

Lara, de 31 años, fue secuestrado en plena vía pública de la ciudad de Trujillo durante la madrugada del domingo, al ser interceptado por atacantes con uniformes policiales que asesinaron en el acto a sus cuatro acompañantes.

El automóvil quedó detenido a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), de acuerdo con lo reportado por testigos.

La víctima, con antecedentes vinculados a la minería ilegal, creyó inicialmente que los hombres que cercaron su vehículo eran policías, pero lo llevaron a una cavidad subterránea, donde permaneció cautivo hasta el día siguiente.

“Estaba muy mareado, no sospeché que eran delincuentes”, dijo al reconstruir la emboscada, ocurrida después de que acudiera a una discoteca junto a su guardaespaldas Christopher García, quien conducía el vehículo; Farah Monzón, que ocupaba el asiento del copiloto; Nadia Urtecho, su pareja; y el agente de seguridad Luis Rojas.

“Después de ese momento ya no puedo recordar. Estaba muy mareado. Supongo que íbamos al (restaurante) Siete Sopas a tomar caldo o a comer. Yo en el trayecto me quedo dormido. Despierto cuando Nadia (su pareja) estaba gritando. Prácticamente los gritos eran: ‘Por favor, no me hagan daño’ o ‘Por favor, ¿por qué hacen eso?’”, relató.

Lara, de 32 años, explicó que despertó sobresaltado por los gritos de sus allegados y que, al observar a los hombres que habían intervenido el vehículo, creyó que se trataba de efectivos.

“Como estaba en el medio entre Luis (su seguridad personal) y Nadia, me desperté asustado (...) y vi a la Policía. Prácticamente, para mí era la Policía. Yo les digo: ‘Tranquilos, yo voy a bajar’, porque me decían: ‘Baja tú, baja tú’”, agregó.

Señaló que los atacantes llegaron incluso a esposarlo y que solo descubrió que no eran agentes policiales cuando fue trasladado a la fuerza. “Prácticamente me esposan todo como si fueran policías. Cuando me suben lo hacen de la peor manera. Entonces es ahí cuando digo: ‘Esto no es la Policía, es otra gente’”, afirmó.

Los falsos policías solicitaron los documentos de los ocupantes del vehículo, aparentemente con el objetivo de identificar a su blanco. Según información oficial citada por el dominical, los atacantes, vinculados a la organización criminal ‘Los Pulpos’, buscaban inicialmente a Johan Lara, hermano mayor de James.

El error de identificación, sin embargo, no detuvo el ataque. Uno de los delincuentes intentó poner en marcha el vehículo con la intención, según la reconstrucción difundida por el programa, de trasladarlo hasta un descampado y prenderle fuego con los cuerpos en su interior. Al no conseguirlo, abandonó el lugar y huyó.

La hipótesis principal que manejan los investigadores apunta a que el ataque estuvo dirigido contra la familia Lara y, en particular, contra su patriarca, Eleuterio Lara López, conocido como ‘El Viejo’. De acuerdo con esta línea de investigación, ellos habrían dejado de pagar las cuotas de extorsión exigidas por la banda criminal.

El empresario secuestrado, titular de una concesión de 200 hectáreas para la extracción de minerales en Pataz, fue investigado por la Fiscalía en 2020 por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Topos del Frío’, vinculada a la extracción ilegal de oro.

De acuerdo con el reportaje, su padre también estuvo bajo investigación en 2017 por presunta minería ilegal, después del decomiso de unas cien toneladas de mineral sospechoso de proceder de actividades ilícitas.

El anuncio de la salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP) ocurre en un escenario marcado por cuestionamientos a la respuesta estatal frente al avance de la delincuencia. El oficial dejará el puesto en los próximos días y, según su propia versión, Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la institución, asumirá la conducción de la PNP.

La decisión se produce después de una serie de episodios que colocaron a la institución policial bajo presión. Entre ellos figuran el ataque registrado en Trujillo, los atentados contra trabajadores y unidades de transporte público, el incremento de los homicidios y los reclamos formulados desde el Congreso por los resultados de la gestión policial.

A este escenario se sumaron cuestionamientos relacionados con la captura de personas buscadas por la justicia y las investigaciones fiscales que involucran al comandante general. En el caso de Vladimir Cerrón, la imposibilidad de concretar su captura también generó críticas hacia la capacidad operativa de la Policía.

Ataque en Trujillo incrementó los pedidos para relevar a Arriola

Uno de los episodios que intensificó los cuestionamientos contra Óscar Arriola ocurrió en Trujillo. Un grupo de delincuentes armados, con chalecos falsos de la Policía, atacó a varias personas, provocó la muerte de cuatro de ellas y secuestró a un empresario.

El hecho generó reclamos contra la respuesta de las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado. La gravedad del ataque también trasladó la discusión hacia la conducción de la PNP y la capacidad de sus unidades para prevenir acciones de este tipo.

El 31 de agosto, la bancada de Renovación Popular exigió públicamente la salida de Arriola después del atentado. Dicha agrupación se sumó al pedido formulado por Juntos por el Perú.

Ese mismo día, Arriola llegó a Trujillo y evitó responder ante la prensa sobre la masacre y el secuestro. El episodio se incorporó a los cuestionamientos que ya recaían sobre su gestión.

Ataques contra transportistas elevaron la presión sobre la Policía

La inseguridad también se trasladó de forma directa al transporte público. Según información difundida por Cuarto Poder, 72 transportistas fueron asesinados durante 2026 hasta agosto. Los casos están vinculados principalmente con extorsiones, amenazas y cobros de cupos contra empresas y trabajadores.

La situación llevó a algunos conductores a señalar que comenzaron a portar armas de fuego durante sus jornadas laborales ante el temor de convertirse en víctimas de ataques. El dato refleja el nivel de preocupación existente entre quienes trabajan en las rutas de Lima y Callao.

El registro del Ministerio Público presenta otra medición sobre esta problemática. Un reporte del Observatorio de Criminalidad identificó 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos hechos dejaron 283 víctimas, entre ellas 152 fallecidos y 131 heridos.

Los cuestionamientos a la conducción de la PNP también estuvieron relacionados con las cifras de violencia. La información proporcionada sobre la coyuntura señala que el anuncio de la salida de Arriola coincidió con un registro de 169 homicidios durante el último mes.

A ello se sumó la falta de una reducción de los casos de extorsión durante el periodo de su gestión, según los cuestionamientos recogidos en torno a su permanencia en el cargo.

Investigaciones fiscales también alcanzaron al comandante general

Otro elemento que complicó la situación de Arriola corresponde a las investigaciones fiscales. De acuerdo con esa información, el jefe de la PNP figura como investigado o imputado en al menos diez carpetas fiscales correspondientes a Lima y Lima Norte.

Las pesquisas comprenden presuntos delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible, concusión, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.

La fallida captura de Vladimir Cerrón sumó otro cuestionamiento

La permanencia de Vladimir Cerrón en la clandestinidad también generó críticas contra la PNP. Arriola declaró en mayo que la institución contaba con una “tecnología superior” para ubicar al prófugo.

En julio, tras otra operación fallida, el propio comandante general señaló que existían aspectos de la búsqueda que no eran conocidos públicamente.

La situación adquirió otra dimensión cuando Cerrón reapareció públicamente y afirmó que permaneció a corta distancia de efectivos policiales sin ser ubicado. Según la información proporcionada, el dirigente sostuvo que la PNP “no tenía ni idea” de su ubicación.

El caso también fue utilizado por congresistas para cuestionar la continuidad de Arriola. La imposibilidad de concretar la captura durante el periodo en que estuvo al frente de la institución se convirtió en otro punto de discusión sobre la capacidad operativa de la Policía.

Fredy López Mendoza asumiría la conducción de la PNP

Arriola comunicó que dejará la comandancia general durante los próximos días. De acuerdo con lo señalado por el propio oficial, Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP, será quien asuma la conducción de la institución.

El cambio se produce después de los cuestionamientos derivados del ataque en Trujillo, los atentados contra el transporte público, las cifras de homicidios, los pedidos de relevo desde el Congreso, las investigaciones fiscales y las críticas por operaciones de captura que no consiguieron ubicar a personas buscadas por la justicia.

El jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, afirmó este sábado que la institución no considera “enemigos” a los integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, sino que busca llevarlos ante la justicia para que sean “corregidos” y “resocializados”, en medio de la ofensiva contra el crimen organizado.

“Nosotros no somos enemigos de ‘Los Pulpos’. Nosotros tratamos de llevarlos a una justicia para que los corrijan, para que los resocialicen”, declaró durante una entrevista con RPP, en la que defendió la actuación policial frente a esta banda criminal, a la que se atribuye el secuestro de un empresario minero en Trujillo (La Libertad) y el asesinato de cuatro de sus acompañantes.

El general aseguró que la PNP mantendrá su lucha contra el crimen organizado e invocó a los agentes a no amilanarse ante las dificultades ni las críticas que puedan surgir por sus actuaciones.

“Nosotros somos policías. Cuando los vientos de la vida soplan fuertes, ahí está un policía de la Policía Nacional, presto a servir, listo a morir por el Perú”, afirmó.

Revoredo, cuestionado en los últimos días por algunos de sus gestos y declaraciones tras el ataque armado en Trujillo, aseguró que la PNP continuará buscando a los responsables de los delitos atribuidos a ‘Los Pulpos’, incluidos quienes participaron o planificaron los crímenes.

“No sé cuánto la vida me permita seguir utilizando este querido uniforme (...), pero no me lo van a arrancar nunca. Yo jamás pensé encontrarme con ‘Los Pulpos’. Ellos se atrevieron a golpear a la sociedad y ahí sale la Policía”, señaló.

Reiteró además que en la captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y considerado uno de los principales líderes de la organización criminal, participaron agencias de Estados Unidos mediante el aporte de tecnología.

De igual modo, anticipó que las autoridades darán próximamente con el paradero de Miller Cruz Arce, uno de los fundadores de ‘Los Pulpos’ y tío de Cruz Torres.

“La misma suerte va a correr Miller. Así nos ataquen como nos ataquen, Miller va a correr la misma suerte. Igual que le dije a Jhonsson Cruz Torres: ‘Es mejor, Miller, que te pongas a derecho, porque te vamos a capturar’”, afirmó.

Cruz Torres, hijo de Jhon Cruz Arce (‘Jhon Pulpo’), otro de los fundadores de esta banda, figuraba entre los delincuentes más buscados del país y por información que facilitara su captura se ofrecía una recompensa de 500.000 soles.

Su captura fue resultado de un trabajo de inteligencia coordinado entre las policías de Bolivia y Perú, con participación de la delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en Lima y de la Administración de Control de Drogas (DEA).

A ‘Los Pulpos’ se les atribuye uno de los episodios más violentos del crimen organizado registrados este año en el país: el secuestro del empresario minero Jenss Lara, de 31 años, ocurrido la madrugada del pasado domingo en Trujillo, durante el cual fueron asesinados los cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo.

El premier Luis Galarreta negó este domingo que exista una crisis interna en el Gabinete y aseguró que la presidenta, Keiko Fujimori, no ha planteado la salida de ninguno de sus ministros, pese a los cuestionamientos surgidos tras la crisis de inseguridad registrada en la región de La Libertad.

“El Gabinete es un colegiado político, no es un convento ni un cuartel. Todo el mundo puede opinar”, afirmó Galarreta en una entrevista difundida por el diario El Comercio, en la que rechazó que las diferencias expresadas públicamente por algunos integrantes del Ejecutivo constituyan discrepancias internas.

Refirió que fueron “comentarios individuales” y que el asunto ya fue conversado y “quedó zanjado”, antes de descartar que esté prevista la salida de los ministros de Defensa o del Interior, cuestionados por su respuesta ante el secuestro de un empresario minero en Trujillo mediante un falso operativo policial, episodio en el que fueron asesinados sus cuatro acompañantes.

“Desde el primer ministro hasta el último funcionario del Gobierno estamos en evaluación permanente y la presidenta toma las decisiones. Por lo que hemos conversado con ella, en ningún momento ha habido ni siquiera la intención de evaluar un posible cambio”, añadió.

La continuidad del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quedó bajo escrutinio tras su viaje a Trujillo en lugar de su homólogo del Interior, César Astudillo, y su participación en diligencias con los detenidos tras el ataque armado, una acción cuestionada por el fiscal de la Nación por su posible impacto en la investigación.

A ello se sumaron dudas sobre la identidad de los capturados, señalados como miembros de ‘Los Pulpos’, cuyos familiares niegan que sean quienes aparecen en las cámaras de seguridad por diferencias en su talla y apariencia física.

“La presidenta convocó, se reaccionó rápido y fue el ministro. Más allá del selfie, fue a cumplir una función y la cumplió bien porque él estuvo toda la madrugada, salió a patrullar incluso con las Fuerzas Armadas, de ahí se tienen los resultados que se tienen y tendrá que investigarse”, señaló Galarreta sobre Belaúnde.

Sus declaraciones se difundieron el mismo día en que Palacio de Gobierno convocó a una conferencia de prensa del Gabinete para el mediodía, tras una reunión de urgencia liderada por Fujimori, aunque finalmente fue cancelada y quedó a la espera de una nueva convocatoria durante la jornada.

El primer ministro defendió además que el Gobierno cuenta con una estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales, aunque evitó revelar detalles. “Yo no voy a contar la estrategia en los medios de televisión”, afirmó, al señalar que esta contempla medidas de contrainteligencia y la rotación de policías en zonas donde llevan demasiado tiempo destinados.

Reconoció que la institución policial ha sido afectada por la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales, pero pidió no generalizar esas situaciones y sostuvo que seis meses bastan para empezar a medir avances concretos contra los homicidios y las extorsiones.

“Seis meses es más que suficiente para tener resultados y es un tiempo razonable. (...) Yo creo que deberíamos tener resultados; es más, hoy día tenemos resultados (...) El resultado concreto es que hay casi ocho miembros de la banda ‘Los Pulpos’ arrestados”, dijo.

Un reportaje de Domingo al Día mostró perfiles con miles de seguidores, publicaciones con fajos de dinero y ofertas dirigidas a usuarios que buscan asociar su nombre con el respaldo de una agrupación criminal. Entre los servicios anunciados figuran videos de saludo, prendas, souvenirs y calcomanías con imágenes de jaguares, lobos, cruces blancas y otros emblemas ligados a organizaciones del norte del país.

En una de las ofertas difundidas en redes, se indicaba que por 30 soles se podía ingresar a un grupo de WhatsApp donde estarían integrantes de la organización. Según el material expuesto, entre los requisitos para acceder figuraban tener entre 17 y 30 años y contar con un arma de fuego.

Los perfiles también recibían mensajes de cientos de personas interesadas en pagar para que sus nombres aparecieran en videos asociados a Los Pulpos y La Jauría. En las grabaciones, según el reportaje, se muestran fotografías y nombres completos de mujeres, hombres y parejas que solicitan esos saludos.

Los saludos y los stickers

Los videos promocionales incluyen mensajes que ofrecen saludos para personas privadas de libertad y pedidos por interno. En uno de ellos se escucha: “Todo saludito al interno me escribes. Solo gente seria”.

El contenido no se limita a los videos personalizados. Las cuentas también comercializan stickers que llevan los símbolos de las bandas. El reportaje señaló que los paquetes se ofrecían a distintos precios: tres por 100 soles, ocho por 200 soles y 30 por 200 soles. Una unidad podía costar 50 soles.

Al contactar los números difundidos en redes, aparecía un catálogo de productos y opciones de pago. Las entregas se realizaban por delivery, con previo abono mediante Yape, de acuerdo con la investigación televisiva.

Estas calcomanías, conocidas como carpomanías, aparecen en vehículos, mototaxis, negocios y colegios de Trujillo. En el reportaje se explicó que su presencia puede tener una lectura distinta fuera de Internet: los mismos símbolos han sido empleados para identificar zonas, enviar amenazas o dejar constancia de que una persona paga cupos.

Un especialista consultado por Domingo al Día explicó que esos emblemas funcionan como la marca de una organización criminal. “Ya esa persona está pagando cupos”, afirmó al referirse a los stickers que se colocan como una señal de seguridad.

Especialistas advierten

La difusión de este contenido plantea interrogantes sobre una posible apología de la delincuencia. Voces consultadas en el reportaje señalaron que la exposición de dinero, amenazas, armas y símbolos de bandas puede responder a una búsqueda de estatus y pertenencia.

Una de las especialistas indicó que las redes sociales pueden transformar la identidad criminal en una marca atractiva para determinados usuarios. Según su análisis, existe un interés por el poder oculto y una percepción alterada del prestigio vinculada con la violencia y la intimidación.

Otro experto sostuvo que la compra de un video saludo representa una forma de identificación con ese entorno. “La compra de un insumo como un video saludo es una representación social. El atractivo de la violencia, el atractivo de ser parte de un mundo criminal”, señaló.

El reportaje también recogió una advertencia legal. Un especialista afirmó que estos hechos podrían estar ante un posible delito de apología y, además, podrían involucrar otros ilícitos, como lavado de activos. La fuente no precisó si existe una investigación fiscal o policial abierta sobre las cuentas expuestas.

Los nombres de las bandas

La presencia pública de Los Pulpos y La Jauría no se limita a las plataformas digitales. El informe recordó episodios en los que animadores y artistas mencionaron a integrantes o grupos vinculados con estas organizaciones durante conciertos de música chicha y sanjuanera.

En una presentación de la orquesta Son del Duque se escucharon saludos a personas identificadas como parte de Los Pulpos. En otro evento, un animador mencionó a La Jauría, Los Pulpos y Chimbule, lo que generó rechazo en una región afectada por extorsiones y amenazas.

Los símbolos de estas agrupaciones también fueron proyectados tiempo atrás en un concierto de Chacalón Junior, según el reportaje. Para uno de los especialistas entrevistados, este tipo de menciones puede contribuir a una “apología criminal indirecta” cuando incorpora referencias a bandas en espectáculos musicales.

La preocupación aumenta porque las redes sociales podrían cumplir una función adicional a la exhibición de contenido. En uno de los videos difundidos se ofrece el ingreso a un grupo de Los Pulpos por “30 luquitas”, junto con saludos, stickers y “cualquier vuelta”.

El mensaje concluye con la frase: “Atentamente, Los Pulpos y La Jauría”. Para los expertos consultados, publicaciones de ese tipo podrían servir como vitrina para captar a personas interesadas en ingresar al entorno criminal.

Mientras las cuentas ofrecen productos y contenidos con los nombres de estas organizaciones, las amenazas de extorsión continúan asociadas a los símbolos que circulan en las calles. En una de las grabaciones presentadas por el programa, una voz afirma: “Nosotros nos dedicamos a la extorsión, al cobro de cupos. Veinte mil soles cuesta la tranquilidad tuya y la de tu familia y la de tu negocio”.

Belaúnde afirmó en declaraciones recogidas por América TV que acudió a la ciudad por su condición de ministro y como titular del sector del que dependen las Fuerzas Armadas, que apoyan a la Policía en el estado de emergencia. “No he tenido ninguna participación en un interrogatorio ni mucho menos”, indicó en conversación con la prensa.

Ante las críticas por su presencia durante las actuaciones posteriores a las capturas, Belaúnde explicó que, al enterarse de las detenciones, quiso verificar “en qué situación estaban los detenidos, su salud, su estado”. Añadió que no participó “en ninguna diligencia, en ningún interrogatorio”.

La versión del titular del Mindef se difunde luego de la difusión de fotografías en las que se ve al ministro Belaúnde junto al comandante general de la PNP Óscar Arriola y otros mandos policiales y del Ejército en una sala conversando con uno de los detenidos.

Luego de la difusión de las imágener, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo que Belaúnde viajó porque el titular del Interior, César Astudillo, no pudo asistir “por un asunto personal”, y afirmó que las diligencias estuvieron a cargo de la Policía Nacional

Fujimori sostuvo que el titular de Defensa no participó directamente en las diligencias y atribuyósu ejecución a la PNP. “El ministro Belaúnde no ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía Nacional”, afirmó.

Fiscal de la Nación cuestionó participación del ministro de Defensa

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, planteó otra dimensión del problema en declaraciones a Exitosa: aun si no hubiera existido una declaración formal, una interacción de ese tipo “no es parte de las diligencias” y “puede entorpecer la investigación”. Según su explicación, cualquier manifestación en esas circunstancias carece de valor legal.

Gálvez señaló que, cuando se toma una declaración formal, debe intervenir un fiscal y dirigir el acto junto con el instructor policial. Por eso consideró que lo registrado en las imágenes pudo ser una conversación “informal”, pero remarcó que ya en ese momento debería contarse con presencia fiscal.

El fiscal de la Nación vinculó las dudas sobre el procedimiento con un problema de coordinación institucional. Dijo que, en este caso, la Policía Nacional “se resistió a coordinar con la Fiscalía”.

Según Gálvez, la fricción surgió por una ley que permite a la Policía iniciar investigaciones preliminares en casos de delitos, lo que, a su juicio, fue leído de manera equivocada. “Con una mala interpretación querían hacerlo ellos solos y hubo inconvenientes”, afirmó.

El titular del Ministerio Público añadió que la situación cambió cuando intervino “la fiscal más experimentada de allá de Trujillo, la doctora Cisterna”, y desde entonces se empezó a trabajar de manera más articulada. También precisó que en casos violentos como este la Policía lleva la investigación y la Fiscalía tramita medidas como la detención preliminar o la prisión preventiva.

Secuestro ocurrió junto a una sede policial

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía de Trujillo. En ese ataque, hombres con uniformes policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba y mataron a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con imágenes de videovigilancia, los responsables usaban prendas similares a las del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado.

Ricardo Espinoza, jefe policial de La Libertad, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial. También indicó que los acompañantes de Lara Tantaquilla se resistieron a que se lo llevaran y que eso provocó que los criminales abrieran fuego.

Belaúnde dijo que ya no se cuestiona “el móvil subyacente” y lo definió como “una guerra entre los Pulpos y la Jauría”, dos organizaciones criminales que dominan la . Agregó que la hipótesis central de la Policía se irá ratificando y que los responsables serán llevados ante la justicia.

El inmueble fue intervenido con una orden judicial, de acuerdo con el jefe policial. Al ser consultado sobre los hallazgos, Revoredo confirmó la existencia de un ambiente bajo tierra y sostuvo que los investigadores analizan información recogida durante la diligencia.

“Es un subterráneo muy bien acondicionado”, declaró el general, quien evitó brindar mayores detalles sobre la ubicación exacta de la casa o los elementos encontrados, debido a que las pesquisas siguen en curso.

Asimismo, Exitosa Noticias accedió a las primeras imágenes de este cuarto, el cual luce con diversas comodidades, por lo cual las autoridades no descartan que haya permanecido en cautiverio.

La investigación busca determinar vínculos con estructuras criminales

Revoredo indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, hay más de doce personas detenidas en el marco de las investigaciones. Asimismo, precisó que las capturas derivaron de labores de inteligencia y del análisis de vínculos telefónicos. Los atacantes, que usaban prendas similares a uniformes policiales, interceptaron el vehículo del empresario, asesinaron a sus cuatro acompañantes y lo secuestraron.

El oficial señaló que la Policía debe respetar el debido proceso señaló que existe coordinación con el Ministerio Público y otras autoridades para avanzar en la investigación.

El general no confirmó esos extremos, aunque afirmó que la captura de los investigados responde a un trabajo articulado entre instituciones.

Revoredo atribuyó avances al análisis de vínculos telefónicos

El oficial afirmó que parte de las diligencias surgió de datos sobre relaciones telefónicas y de información obtenida tras la detención de un supuesto cabecilla conocido como “Andy”, ocurrida meses atrás en Chiclayo.

De acuerdo con Revoredo, esa intervención permitió a los investigadores detectar posibles eventos criminales y una línea de comunicaciones cifradas. También aseguró que las acciones contaron con apoyo de unidades de inteligencia de la PNP, la Dirección Nacional de Inteligencia y autoridades de Estados Unidos.

El general aclaró que WhatsApp no puede ser intervenido, aunque afirmó que la Policía recibió información de inteligencia mediante recursos tecnológicos y coordinación internacional.

Detención de Jhonsson Cruz Torres

El también jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, sostuvo que las operaciones contra Los Pulpos deben mantenerse, aun después de la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, quien es señalado como una figura central de la organización criminal.

Además, consideró que el debilitamiento de una banda no implica el fin de la actividad delictiva en Trujillo. Ante una consulta sobre la posibilidad de que agrupaciones como La Jauría aprovechen una eventual pérdida de influencia de Los Pulpos.

Revoredo señaló que las organizaciones criminales pueden reconfigurarse tras las detenciones de sus integrantes y formar alianzas con otros grupos.

Diego Vela se encontraba de franco y, según contó su familia, había salido con algunos compañeros para celebrar su cumpleaños. Regresó aproximadamente a las 4 de la madrugada, pocas horas después de una jornada marcada por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en la ciudad. Cerca de dos horas después, el suboficial fue encontrado sin vida en la vía pública.

El nuevo material audiovisual permite reconstruir parte de esos momentos. En las imágenes, el agente aparece con dificultades para caminar, llega hasta la puerta de su vivienda y utiliza la luz de su celular mientras intenta abrirla. La grabación dentro del inmueble se corta en ese punto. Después, una cámara exterior registra su caída desde la parte alta del edificio. La secuencia vuelve a colocar bajo análisis la hipótesis de una caída accidental, aunque todavía persisten interrogantes sobre lo ocurrido.

Últimos movimientos de Diego Vela en Trujillo quedaron registrados por cámaras de seguridad

La primera parte de la secuencia ocurre dentro del inmueble. La cámara registra el momento en que Diego Vela ingresa a su vivienda y comienza a subir las escaleras para dirigirse hacia su departamento. Durante el trayecto, el suboficial llega a trastabillar, aunque continúa avanzando hasta alcanzar el nivel donde se encontraba su habitación.

Según la información difundida por Exitosa Noticias, los familiares del joven señalaron que había estado en una discoteca antes de regresar a casa y que aparentemente había consumido bebidas alcohólicas. Las imágenes muestran precisamente que tenía dificultades para mantener el equilibrio mientras subía por las escaleras.

Al llegar a la puerta de su departamento, Vela utiliza la luz de su celular para intentar abrir la chapa. Busca las llaves y realiza varios movimientos frente al acceso, pero aparentemente no consigue ingresar. En ese momento termina la grabación de la cámara instalada dentro del inmueble.

La siguiente escena aparece en una cámara ubicada en el exterior. Esta registra el instante en que el suboficial cae desde la parte alta de la vivienda hasta la vía pública. Su cuerpo quedó cerca de la motocicleta en la que había llegado minutos antes.

La versión de la familia sobre los últimos momentos de Diego Vela

La familia de Diego Vela sostiene que el joven tuvo problemas para abrir la puerta de su departamento. Manuel Vela, padre del suboficial, explicó a Exitosa que la chapa presentaba desperfectos y que su hijo no pudo ingresar por el acceso habitual.

Ante esa situación, según el relato de su padre, el agente habría decidido subir hasta la azotea para buscar otra forma de entrar a su vivienda. La familia considera que, mientras intentaba acceder desde esa zona, perdió el equilibrio y terminó cayendo desde el inmueble.

“Él sale a bailar porque era su cumpleaños. Salió con sus colegas y regresa a la casa a eso de las 4 de la mañana”, relató Manuel Vela al medio. El padre también señaló que las imágenes permiten observar el momento en que su hijo llega, revisa su celular y sube hacia su departamento.

La madre del policía respaldó esta versión y descartó que su hijo haya sido asesinado. La hipótesis familiar apunta a que el estado en el que regresó a casa, sumado a las dificultades para ingresar a su vivienda, pudo contribuir al accidente.

Las dudas que persisten sobre la muerte de Diego Vela tras las nuevas imágenes

Aunque las imágenes aportan nuevos elementos sobre la caída, la muerte de Diego Vela todavía genera preguntas debido a otros indicios incorporados a la investigación. Entre ellos figura un brazalete celeste que el suboficial llevaba entre sus pertenencias y que correspondería a la misma discoteca donde estuvieron las víctimas del secuestro y la masacre.

La coincidencia fue difundida por el programa Contracorriente, de Willax, y generó interrogantes debido a que el cuerpo del policía apareció pocas horas después y en una zona cercana a los otros hechos. La Fiscalía, sin embargo, señaló que la presencia del brazalete por sí sola no permite establecer una conexión entre el agente y el ataque.

A ello se suman discrepancias en documentos relacionados con las lesiones que sufrió el suboficial. Mientras un registro policial consignó una versión sobre la atención médica recibida, otro documento hizo referencia a un traumatismo craneoencefálico severo atribuido a múltiples impactos de bala. La diferencia llevó al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a plantear la necesidad de esclarecer el caso mediante una investigación especializada.

Incluso se evaluó la posibilidad de una exhumación para determinar con precisión si el cuerpo presenta lesiones ocasionadas por proyectiles. Paralelamente, el periodista Beto Ortiz difundió otra hipótesis: Vela habría estado en la discoteca siguiendo a Johan Lara, hermano de Jens, y podría haber confundido a ambos. Esta versión sostiene que el supuesto error pudo tener consecuencias posteriores, aunque hasta el momento permanece como una línea que deberá ser corroborada por las autoridades.

Las nuevas imágenes permiten conocer cómo fueron los últimos momentos de Diego Vela antes de su caída, pero todavía quedan aspectos por esclarecer. La investigación deberá determinar qué ocurrió después de que el suboficial intentó ingresar a su departamento y si su muerte tuvo alguna relación con el secuestro y el asesinato de cuatro personas registrados aquella misma madrugada en Trujillo.

Una inspección criminalística en una zona de sembríos de caña de azúcar, en el sector El Cortijo Bajo, en Trujillo, permitió encontrar prendas y accesorios tácticos que guardarían relación con el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. El hallazgo ocurrió después del violento ataque en el que cuatro personas que acompañaban al hombre de negocios fueron asesinadas.

De acuerdo con el Informe de Inspección Criminalística N.° 1299-2026, al que accedieron medios locales, los agentes encontraron siete muestras de indumentaria policial y elementos tácticos dispersos dentro de los sembríos. Entre los objetos figuran un pantalón de faena, correajes, un chaleco táctico, un camisaco con distintivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), un casco, borceguíes y guantes.

Las prendas adquieren relevancia debido a que los responsables del ataque utilizaron uniformes similares a los policiales para fingir una intervención y detener la camioneta donde se desplazaba Lara. Las evidencias fueron recogidas como parte de las diligencias para establecer quiénes participaron en el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes.

Hallan prendas policiales en sembríos de caña de El Cortijo

La inspección se realizó durante la mañana del 31 de agosto, en una zona de sembríos de caña de azúcar ubicada en el sector El Cortijo. Según el informe, los objetos estaban dispersos sobre una superficie terrosa y fueron registrados como siete muestras diferentes durante el procedimiento.

La primera muestra correspondió a un pantalón de faena negro, talla M, junto con un correaje táctico negro que contaba con funda para arma de fuego, porta grilletes y grilletes de seguridad. En el conjunto también se encontró un porta CIP con la inscripción “SUBOFICIAL 3RA.”.

El informe detalla además el hallazgo de un chaleco táctico negro que llevaba distintivos en la parte delantera con las inscripciones “F. Guerrero R. Suboficial 3era 2024” y “Policía”. En la parte posterior aparecía la leyenda “Policía Grecco”. La procedencia de estos distintivos forma parte de las pesquisas.

Otra de las evidencias correspondió a un camisaco táctico de faena, negro y de talla M. La prenda tenía en el pectoral izquierdo un logo de la PNP y, en los brazos, parches con las leyendas “O+ POS”, “Policía Nacional - Escuadrón de Emergencia”, además de la bandera peruana y “Policía Nacional - Pueblo Hecho Ley - Región Policial Lima”.

Violento ataque en Trujillo dejó cuatro muertos y un empresario secuestrado

El hallazgo se conoce después de la difusión de nuevas imágenes de la intervención contra el empresario durante la madrugada del 30 de agosto. En la grabación aparecen varios sujetos que descienden de una camioneta Toyota Hilux y rodean la Ford Bronco en la que se desplazaba Lara junto con sus acompañantes.

Los hombres aparentaban realizar un operativo policial y utilizaban prendas similares a las de agentes de la institución. Las imágenes muestran cómo se aproximan al vehículo y apuntan hacia su interior. Poco después, el empresario desciende de la Bronco y es conducido hacia la Hilux utilizada por los secuestradores.

Durante el ataque, cuatro personas que acompañaban a Lara fueron asesinadas dentro del vehículo. La grabación permite observar parte de la intervención, aunque todavía quedan aspectos por esclarecer, como el orden exacto de los disparos y las armas utilizadas por los atacantes.

La PNP investiga si la Toyota Hilux llevaba una placa clonada y busca determinar si las características físicas de los sujetos que aparecen en las cámaras coinciden con las de los cinco presuntos implicados bajo custodia. También se evalúa una comparación antropométrica para contrastar contextura, estatura y forma de caminar.

Lara recuperó su libertad el 1 de septiembre, cerca de las 3:30 p. m., en una vía hacia el balneario de Huanchaco. La Policía también informó sobre el allanamiento del inmueble donde habría permanecido durante varias horas. Las prendas encontradas en El Cortijo quedaron incorporadas a la investigación para ayudar a reconstruir el secuestro y determinar responsabilidades.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo, evitó precisar cuántos de los intervenidos habrían participado de forma directa en el ataque ocurrido el último domingo.

El caso comenzó la madrugada del domingo 30 de agosto con la interceptación del vehículo donde se trasladaba Lara Tantaquilla junto a cuatro acompañantes, quienes fueron asesinados.

Los atacantes usaron prendas similares a uniformes policiales y se llevaron al empresario, quien luego recuperó su libertad. La Policía investiga la posible intervención de integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

Revoredo señaló que los trabajos incluyeron la inspección de la escena del crimen, el perfil de las víctimas y la evaluación de las circunstancias, los medios usados y el posible móvil del ataque. “Un homicidio tiene que establecer tres cosas: forma y circunstancia, instrumento y los móviles”, sostuvo durante una entrevista a RPP.

El general afirmó que la investigación reunió a unidades de inteligencia de la PNP, la Dirección Nacional de Inteligencia y otras instituciones. También destacó la coordinación con el Ministerio Público para las diligencias posteriores.

Policía evita precisar la participación directa de los detenidos

Consultado sobre los cinco sujetos que habrían intervenido directamente en el cuádruple asesinato, Revoredo sostuvo que no adelantará conclusiones que puedan afectar el debido proceso.

“Ya van más de 12, ¿no? Pero de los que han participado directamente disparando y matando... por eso yo no quiero violar el debido proceso que ya se lleva”, declaró.

El jefe de la Dirincri cuestionó versiones que descartan la participación de algunos intervenidos y afirmó que las diligencias policiales tuvieron carácter urgente.

“Si no son, el director jurídico que es el responsable de la carga de la prueba, ¿por qué no pide la libertad de las diligencias urgentes e inaplazables realizadas por la policía?”, señaló.

Según Revoredo, parte de los avances surgieron a partir de vínculos telefónicos y datos de inteligencia obtenidos en una investigación previa. El general mencionó la captura de un sujeto conocido como “Andy”, a quien identificó como uno de los cabecillas de una banda criminal. A partir de esa intervención, la Policía ubicó información que permitió activar nuevas acciones en Trujillo.

“Cuando se interviene este sujeto sale la caja de Pandora y él, ante el cúmulo de indicios obtenidos, porque se investiga para detener, no se detiene para investigar, premisa de todo pesquisa”, afirmó.

Revoredo confirmó además el hallazgo de un inmueble donde habría permanecido secuestrado Lara Tantaquilla. Describió el lugar como “un subterráneo muy bien acondicionado en la misma ciudad de Trujillo”, aunque evitó revelar más detalles por tratarse de información reservada.

Fiscalía otorgó 15 días para reunir pruebas sobre el ataque

La investigación continuará bajo coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Revoredo indicó que el Ministerio Público otorgó 15 días para reunir y contrastar elementos de prueba sobre las personas involucradas.

“Ya en los 15 días será la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial en equipo, trabajando juntos”, expresó. El general añadió que la captura de Jhonsson Cruz Torres, alias ’Jhonsson Pulpo’, en Bolivia representa un golpe para la estructura criminal, aunque advirtió que la Policía debe mantener las acciones contra posibles remanentes del grupo.

Las declaraciones se producen mientras Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, permanece en los calabozos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), luego de ser trasladado desde Bolivia tras su captura. El cabecilla de Los Pulpos cumple una detención preliminar de 15 días, periodo en el que se realizarán diversas diligencias relacionadas con las investigaciones en su contra.

El general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, señaló a la prensa nacional que un equipo especializado de secuestros de Trujillo se trasladará a Lima para continuar con las diligencias. Jhonsson también fue llevado a las instalaciones del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), donde brindó su manifestación en presencia de sus abogados y representantes del Ministerio Público.

PNP: placa de camioneta utilizada en secuestro fue clonada

Uno de los puntos que generó cuestionamientos tras el secuestro de Lara fue la aparición de una camioneta con una placa aparentemente perteneciente a la Policía.

Al respecto, Lozada aseguró que el vehículo no pertenece a la institución policial y que la placa que llevaba habría sido clonada. Según explicó, la matrícula existe y corresponde a un vehículo policial que actualmente se encuentra en Puno, a miles de kilómetros de Trujillo.

“Son placas clonadas, falsas. Ese vehículo que sí existe con esas letras está en Puno. Entonces, no es un vehículo de la Policía”, afirmó el general Manuel Lozada.

La autoridad agregó que Los Pulpos ya han utilizado anteriormente prendas similares a las de la Policía para ejecutar sus delitos y que, en este caso, también habrían recurrido a la clonación de una placa para aparentar que se trataba de una unidad oficial.

La utilización de falsos policías fue uno de los elementos que llamó la atención en el secuestro del empresario, pues las cámaras de seguridad registraron a sujetos que aparentaban pertenecer a la institución durante la intervención.

Policía descarta, por ahora, vínculo de Diego Vela con el ataque

Otro de los puntos abordados por la Policía fue la muerte del suboficial Diego Vela, quien falleció la misma noche del ataque en Trujillo. El efectivo había estado horas antes en la discoteca Nosso, el mismo local donde se encontraban Jenss Lara y sus acompañantes antes del secuestro, y llevaba consigo un brazalete del establecimiento cuando murió. Este detalle generó interrogantes sobre una posible conexión con el caso, mientras que su familia rechazó cualquier vínculo del joven con el crimen.

Ante ello, el general Víctor Revoredo sostuvo que, hasta el momento, no existe relación entre la muerte del suboficial y el secuestro de Lara.

“Este hecho es violento, sospechoso, por supuesto que sí, pero por el momento no guarda relación con él. Se habría precipitado”, declaró Revoredo.

La autoridad policial también se refirió a la versión inicial que señalaba que el suboficial habría sufrido una herida producida por un arma de fuego. Según explicó, esta apreciación habría correspondido a una evaluación médica inicial que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

La familia de Vela, por su parte, sostiene que el joven murió tras caer desde el edificio donde residía y ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

Jhonsson permanecerá 15 días en la Dircote

Mientras tanto, Jhonsson Cruz Torres continuará en los calabozos de la Dircote durante los próximos 15 días, mientras se desarrollan las diligencias pendientes.

Durante su permanencia en Lima, la Policía prevé realizar interrogatorios y otras actuaciones vinculadas con las investigaciones que se siguen contra el cabecilla de Los Pulpos. Una de las diligencias ya realizadas fue su manifestación ante las autoridades, junto con Alexander Gabriel Mendocilla, quien también fue detenido en Bolivia.

Al término de este periodo, las autoridades penitenciarias deberán determinar el establecimiento donde Jhonsson cumplirá su condena, de acuerdo con la situación judicial que mantiene.

Una sonrisa y una respuesta evasiva de Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), motivaron un pedido de control político en el Senado.

Al ser consultado en Trujillo, La Libertad, por las diferencias entre los detenidos y los autores que aparecen en imágenes del secuestro de un empresario minero, el general respondió: “¡Que viva el Perú!”.

La escena ocurrió después de la liberación de Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien fue secuestrado la madrugada del domingo 31 de agosto tras una interceptación en la vía pública. En ese ataque, hombres con uniformes similares a los policiales asesinaron a cuatro acompañantes del empresario, entre ellos dos mujeres, según confirmó el jefe policial de La Libertad, Ricardo Espinoza.

Los periodistas preguntaron a Revoredo por la estatura y el aspecto físico de los cinco detenidos frente a quienes aparecen en las grabaciones del hecho. El mando no abordó el contenido de las consultas y se retiró del lugar. Antes de irse, insistió: “Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos”.

Una ciudadana que presenció el despliegue cuestionó la respuesta del general ante el avance de la criminalidad en la ciudad. “Ellos llevan bien su sueldo. ¿Y nosotros qué? Asustados, muertos de miedo y con tanto crimen acá en Trujillo”, declaró. La mujer calificó de “burla” la expresión y reclamó atención frente a la inseguridad.

Senador solicita informe preventivo y evaluaciones psicológicas y psiquiátricas

Tras este episodio, el senador Percy Osorio, de la bancada Juntos por el Perú (JP) remitió un oficio al Ministerio del Interior (Mininter) para solicitar información sobre las acciones preventivas de inteligencia antes del secuestro y la masacre. Además, pidió que la Comandancia General de la PNP disponga exámenes psicológicos y psiquiátricos para Revoredo a través de la Dirección de Sanidad Policial (Dirsapol).

En el documento, Osorio plantea que el pedido busca “salvaguardar la idoneidad” del funcionario, ante su conducta durante el contacto con la prensa. Además, el parlamentario solicitó “informe detallado sobre la efectividad de las acciones preventivas de inteligencia desplegadas en Trujillo antes del secuestro y la masacre”, según el texto.

El oficio cita el artículo 96 de la Constitución Política del Perú, que faculta a senadores y diputados a requerir informes por escrito a ministros e instituciones públicas. También invoca el artículo 8 del Reglamento del Senado, que establece la función de control político sobre los actos del Poder Ejecutivo y de la administración pública. La petición no implica una sanción ni una decisión administrativa.

El pedido llega mientras la investigación por el secuestro de Lara Tantaquilla y el asesinato de sus acompañantes continúa en curso. Según Espinoza, los atacantes simularon un operativo policial y las víctimas opusieron resistencia al intento de llevarse al empresario.

Las prendas similares a uniformes policiales aparecieron después en otro punto de Trujillo, junto con ropa de Lara Tantaquilla. En su oficio, Osorio solicita que el Mininter remita la información requerida dentro de los mecanismos de control previstos en la normativa vigente del actual Senado.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo hace unos días que cinco detenidos por el crimen en Trujillo, vinculado al secuestro de un empresario minero y al asesinato de cuatro personas, habrían confesado su participación.

La mandataria rechazó que hubiera recibido información errónea y señaló que existirían documentos firmados sobre esas declaraciones. Sus afirmaciones abrieron una diferencia pública con la Fiscalía, que mantiene diligencias en curso y no atribuye de modo definitivo responsabilidad penal a los intervenidos.

Fujimori afirmó ante la prensa que el caso todavía se investiga y evitó referirse a otros elementos que, según dijo, aparecen durante el proceso.

“También puedo señalar que esta investigación continúa, por lo tanto, no puedo pronunciarme por los otros hechos e informes que se están encontrando”, indicó. Añadió que aguardará los informes del titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, antes de fijar una posición sobre el resto de las actuaciones.

Las declaraciones ocurrieron después de que Astudillo vinculara a los arrestados con la organización criminal a la que se atribuye el hecho, aunque no los presentó como autores.

El ministro dijo que la Policía Nacional del Perú (PNP) busca todavía a los responsables materiales e intelectuales y a quienes habrían ordenado el delito. Esa precisión dejó abierta la identificación de los autores dentro de la investigación.

Fujimori también sostuvo que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no intervino en los interrogatorios. Remarcó que la PNP conduce las pesquisas y pidió esperar los resultados. La presidenta insistió en que no adelantaría opinión sobre los demás informes.

Fiscal Jorge Chávez Cotrina negó que existan confesiones válidas

El fiscal Jorge Chávez Cotrina sostuvo que, al quinto día de las diligencias por el asesinato, no hay pruebas científicas ni declaraciones tomadas bajo las condiciones legales que permitan imputar el hecho de forma definitiva a los cinco investigados.

“De ninguna manera puedo afirmarlo. Los fiscales hablamos con evidencia”. Para el representante del Ministerio Público, la investigación debe reunir elementos técnicos antes de establecer quiénes participaron y qué función habría tenido cada persona.

Chávez Cotrina rechazó la versión sobre confesiones ya formalizadas. “Lamento decir que no le hemos tomado declaración a ninguno de los detenidos hasta el momento. El único momento en que ellos podrían confesar es ante el fiscal y el instructor, con la presencia de sus abogados. Esa diligencia no se llevó a cabo”, afirmó.

Con ello, precisó que una eventual confesión requiere la participación fiscal, la intervención del instructor y la asistencia de la defensa para tener validez jurídica. El fiscal no descartó que las diligencias posteriores aporten información, pero indicó que ese acto no se había realizado.

El representante fiscal cuestionó además la presentación pública de los intervenidos. “Definitivamente eso está mal, porque la norma establece que a los detenidos no se los pueden presentar a la prensa, porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona investigada está investida de inocencia y, mientras no se demuestre judicialmente su responsabilidad, no tienen por qué estar exhibiéndolo”, enfatizó. La presunción de inocencia rige mientras un tribunal no determine responsabilidades.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), secuestrado en la ciudad de Trujillo y posteriormente liberado, romperá su silencio este domingo y ofrecerá sus primeras declaraciones sobre el caso, anunció este jueves su padre, Eleuterio Lara.

“Por el momento, nuestra familia ha decidido no dar ninguna entrevista, ninguna declaración a la prensa. Mi hijo lo va a hacer a partir del día domingo”, afirmó en diálogo con el programa Contracorriente de Willax.

El padre del empresario fue consultado sobre la versión de la familia de que no se habría pagado dinero para conseguir la liberación de su hijo, en medio de las informaciones que apuntan a que la organización criminal ‘Los Pulpos’ habría exigido un rescate de cinco millones de dólares.

Al respecto, el familiar del empresario mantuvo la prudencia debido a la gravedad de la situación y pidió a la prensa que realice sus propias investigaciones, sin referirse a las gestiones que permitieron que su hijo regresara a casa.

“En el lado de mi familia (está) bien difícil. Si una organización criminal viene por ti es porque tiene un propósito de hacer contigo. Entonces, imagínate nomás, (...) ya está dicho las cosas. Ahora, yo lo que quiero es que ustedes investiguen por su lado”, afirmó.

De acuerdo con la televisora, la familia de Lara habría negociado directamente con los secuestradores y logrado reducir de US$5 millones a US$2,5 millones el monto exigido inicialmente por la liberación del empresario.

El pago, siempre según esa versión, se habría realizado en efectivo y, para reunirlo, se habría recurrido a un socio, quien habría aportado la mayor parte del dinero solicitado por la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Se trata de Ynocente Matos Anticona, “vinculado con el delito de minería ilegal en condición de integrante de la organización criminal por encargarse de la extracción y explotación del material aurífero, blanquear el material ilegal y neutralizar acciones de control”, de acuerdo con información expuesta en el reportaje.

Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado en plena vía pública de Trujillo durante la madrugada del domingo, cuando fue interceptado por un grupo de atacantes vestidos con uniformes policiales que asesinaron en el acto a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió cuando el empresario y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se movilizaban en un vehículo de alta gama, propiedad de un tercero, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri), quienes llevaban uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), de acuerdo con testimonios recogidos tras el ataque.

El empresario había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

La liberación del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), secuestrado el fin de semana tras un ataque en Trujillo (La Libertad) que dejó cuatro personas asesinadas, habría estado precedida por el pago de 2,5 millones de dólares a los captores, según un informe difundido este jueves por el programa Contracorriente, de Willax.

De acuerdo con la información difundida por la televisora, que cita datos de la investigación, la familia de Lara habría negociado directamente con los secuestradores y conseguido reducir de 5 millones a 2,5 millones de dólares el monto exigido inicialmente por la liberación del empresario. El pago, siempre según el informe, se habría realizado en efectivo.

La investigación sostiene que un capitán de la Policía especializado en geolocalización habría servido de enlace para que la familia pudiera aproximarse a los secuestradores, aunque las gestiones se habrían desarrollado al margen de los canales oficiales.

El informe señala que la familia habría recurrido a uno de los socios del empresario para reunir el dinero exigido por la banda criminal ‘Los Pulpos’. Se trata de Ynocente Matos Anticona, “vinculado con el delito de minería ilegal en condición de integrante de la organización criminal por encargarse de la extracción y explotación del material aurífero, blanquear el material ilegal y neutralizar acciones de control”, de acuerdo con información expuesta en el reportaje.

De acuerdo con la información citada, este socio habría aportado la mayor parte de los 2,5 millones de dólares utilizados para concretar el rescate. La familia del empresario, por su parte, ha mantenido reserva sobre las circunstancias de su liberación y no ha confirmado públicamente el supuesto pago.

“Por el momento, nuestra familia ha decidido no dar ningunas, ninguna entrevista, ninguna declaración a la prensa. Mi hijo hablará el día domingo”, dijo su padre, Eleuterio Lara López.

“Si una organización criminal viene por ti, (...) es porque tiene un propósito (...) yo lo que quiero que ustedes investgien por su lado”, agregó.

Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado en plena vía pública de Trujillo durante la madrugada del domingo, cuando fue interceptado por un grupo de atacantes vestidos con uniformes policiales que asesinaron en el acto a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió cuando el empresario y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se movilizaban en un vehículo de alta gama, propiedad de un tercero, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri), quienes llevaban uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), de acuerdo con testimonios recogidos tras el ataque.

El empresario había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

“Lamento la opinión de Norma Yarrow”, afirmó en una entrevista con Canal N, en referencia a la diputada de su formación que había exigido que Arriola no permaneciera “ni un minuto más” en el cargo.

Alcorta defendió que el jefe policial permanezca los dos años previstos para su gestión, pues consideró que los cambios constantes en los altos mandos durante los últimos gobiernos afectaron la “institucionalidad y la moral” de la PNP.

La senadora recordó que durante los gobiernos de Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022) se produjeron sucesivos relevos de generales, una situación que, según afirmó, terminó generando inestabilidad dentro de la institución policial.

También reconoció que Arriola ha afrontado cuestionamientos durante su gestión, pero consideró que estos no justifican su salida inmediata. “Tiene una carrera, a luchado contra el terrorismo, ha tenido metidas de pata, pero (...) todos tenemos papelones por momentos, y eso no justifica que lo arranquen de la Policía y lo saquen de acá”, dijo.

La senadora explicó que el comunicado en el que se solicitó la salida de Arriola fue emitido por la bancada de diputados y aseguró que los senadores de la agrupación no compartieron esa posición. “En la bancada de senadores ninguno estaba de acuerdo”, afirmó.

Ante la consulta sobre si el comunicado de los diputados representaba la posición de todo el partido que dirige el exalcalde Rafael López Aliaga, Alcorta remarcó que ambas bancadas funcionan de manera separada pese a pertenecer al mismo partido.

“Podemos ser la misma bancada, pero tenemos caminos diferentes, estamos separados. (Lo de Yarrow) fue una metida de pata que ya fue, ya pasó”, concluyó.

La salida del comandante general es un reclamo que distintos sectores políticos han mantenido en las últimas semanas ante el aparente fracaso de las medidas para enfrentar el crimen organizado en el país, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, el epicentro de la minería ilegal en el país.

En los últimos días, congresistas de distintos partidos han reclamado al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori que lo retire del cargo, tras el cuádruple asesinato y secuestro de un empresario minero en la norteña ciudad de Trujillo, en uno de los episodios más recientes de la ola de criminalidad que golpea al país.

El empresario raptado el domingo ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, mientras que los cuatro asesinados en su vehículo eran sus acompañantes.

El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, reconoció este martes que no tuvo contacto directo con la familia del empresario minero secuestrado en Trujillo y atribuyó a la falta de “suerte” que la víctima no pudiera ser rescatada por la institución.

“Yo no he trabajado con la familia”, respondió el general durante una entrevista con la televisora local Sol TV, al ser consultado sobre las declaraciones del padre del empresario, quien cuestionó la actuación policial durante el secuestro.

Revoredo sostuvo que los familiares actuaron por su cuenta para intentar salvar a la víctima y que la Policía respetó sus decisiones. “La familia ha hecho sus procedimientos y nosotros respetamos”, afirmó.

Días atrás, el padre de Jenss Lara Tantaquilla (31) detalló que la organización criminal ‘Los Pulpos’ exigió cinco millones de dólares para liberar a su hijo. Sin embargo, al considerar que se trataba de una cifra “inalcanzable”, explicó que la liberación se consiguió mediante la intervención de un amigo que, según su versión, era “conocido” por la banda criminal.

El jefe policial aseguró que la PNP identificó al presunto cabecilla del secuestro mediante procedimientos especiales de investigación y una “trazabilidad” tecnológica que permitió ubicar un teléfono vinculado con Bolivia, pista que condujo hasta ese país, donde finalmente fue capturado el líder de esa banda, Johnson Cruz Torres, conocido como ‘Johnson Pulpo’.

Asimismo, indicó que, entre las cinco personas detenidas en Trujillo por su presunta vinculación con el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes del empresario, una habría mantenido comunicación con integrantes de ‘Los Pulpos’ y proporcionado información sobre los participantes del crimen.

Revoredo evitó, sin embargo, precisar qué función habría cumplido cada detenido y quiénes fueron exactamente los sujetos que, según los videos de seguridad, utilizaron prendas similares a las del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco) durante el ataque.

“Operativamente tenemos el indicio técnico razonable que ellos han participado”, manifestó, aunque señaló que corresponderá a los fiscales y peritos determinar los roles individuales durante los 15 días de investigación.

El general reiteró que la institución no logró rescatar al empresario “porque a veces no se da la suerte” y sostuvo que el éxito de una intervención no depende únicamente de la actuación policial. “A veces se da, a veces no se da”, señaló.

También afirmó que, hasta el momento, no ha identificado a ningún efectivo policial vinculado con el ataque armado ocurrido cuando Lara Tantaquilla y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se desplazaban en un vehículo de alta gama por el centro de Trujillo, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, explicó este jueves su insólita reacción cuando un grupo de periodistas le preguntó por las diferencias en el aspecto físico de los cinco detenidos tras la liberación de un empresario minero secuestrado en un ataque que acabó con la vida de sus cuatro acompañantes en Trujillo.

En diálogo con la prensa, el general señaló que ese día estaba contento por la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado ‘Jhonsson Pulpo’ y considerado actualmente el principal líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, por lo que se dirigió “a la catedral para agradecer a Dios”, aunque no le permitieron ingresar.

“Y si hay gente que le duele (por la reacción), que le duela. Yo lo he hecho con el corazón. Cuando al pueblo de Trujillo le disparaban, los capturé. Cuando secuestraban, los capturé. Jamás le he faltado el respeto al pueblo de Trujillo. ¡Jamás!”, dijo.

Ante la insistencia de los periodistas sobre las imágenes que provocaron críticas y burlas en redes sociales, Revoredo señaló que existe libertad para realizar ese tipo de contenidos y rechazó entrar en confrontación con quienes lo cuestionan.

“Existe el derecho. Yo no puedo enfrentarme a uno. Yo no he venido a defenderme. Yo he venido a trabajar y siempre lo he hecho. Jamás voy a bajar la cabeza, ¡jamás!”, agregó.

El último martes, el oficial salía de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad cuando la prensa le preguntó por las diferencias en el aspecto físico y la estatura de los capturados respecto de las personas que aparecen perpetrando el ataque, vestidas con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

“¡Que viva el Perú!”, respondió ante la insistencia de los periodistas, quienes le preguntaron si estaba tomando las interrogantes con ironía. Revoredo no respondió más al respecto y, según las imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe, corrió por una calle aledaña en busca de su automóvil, que no lograba ubicar.

“Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos”, dijo antes de retirarse, lo que provocó una ola de memes en redes sociales.

El oficial ahora evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos relacionados con los detenidos y señaló que corresponde a las autoridades determinar su responsabilidad.

“Es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, es la Policía Nacional del Perú, que cuando culminen los quince días van a informar y ahí ustedes sacarán sus conclusiones. Yo vine acá porque tras esto decían que estaban los Pulpos. Mi función fue intensificar las operaciones para calcular a Johnson y logré el objetivo”, dijo.

“Créame, las horas que se han dedicado a Trujillo han sido intensas, han sido intensas. Y se lo juro así, jamás le voy a bajar la cabeza a nadie. Lo que le informo, lo informo con el corazón”, agregó.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado la madrugada del domingo en plena vía pública de Trujillo, después de que hombres vestidos con uniformes policiales interceptaran el vehículo de alta gama en el que se desplazaba junto a otras cuatro personas, a quienes asesinaron en el acto.

El grupo, entre ellos dos mujeres, había salido de una discoteca y se dirigía por el centro de la ciudad cuando fue atacado.

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante el operativo ‘Los Topos del Frío’, desplegado contra la minería ilegal y que buscó desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella operación fueron detenidas 17 personas, incluidos dos ciudadanos de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente ilegal, valorados entonces en unos 10 millones de dólares.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, durante un supuesto interrogatorio a uno de los presuntos responsables por el secuestro del empresario minero Jenns Lara, podría entorpecer las investigaciones sobre el caso y que la reunión -que fue registrada en fotografías- “no es parte de las diligencias” que se realizan en hechos similares.

En conversación con Exitosa, el titular del Ministerio Público indicó que es posible que las imágenes en las que se ve al ministro Belaúnde junto al general Óscar Arriola y otros policías conversando con el detenido sería parte de una entrevista previa al registro de una declaración oficial por parte del criminal, pero que en ese momento ya se debería contar con la presencia de un fiscal.

“El fiscal está en la declaración formal que se le toma y dirige inclusive la declaración. Va a interrogar conjuntamente con el efectivo, el instructor policial”, indicó Gálvez. El fiscal consideró que la conversación con el ministro fue “informal” y que podría entorpecer las investigaciones del caso.

“Que sea buena, que corresponda, que sea pertinente, no lo es, definitivamente, porque como te digo, se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, afirmó Gálvez al medio radial. Consultado sobre si lo declarado en ese momento tiene valor legal, el fiscal indicó que “no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación”.

“La Policía se resistía a coordinar con la fiscalía”

Respecto a la participación de la Fiscalía y la Policía, el fiscal de la Nación sostuvo que en casos violentos como el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo, la investigación corre por parte de la PNP y la Fiscalía solo tiene que pedir una detención preliminar o prisión preventiva.

“Pero si la policía no adjunta las pruebas, los elementos de convicción suficientes, el juez te va a denegar la prisión preventiva conforme a ley, no porque sea mal juez ni nada por el estilo. Entonces, ciertamente hay detenciones, pero que conforme a ley se los va a dejar libres luego que se hacen las diligencias y en otros casos no hay pruebas suficientes”, sostuvo

Consultado sobre por qué este caso pareció haber fallado la interacción entre la Policía y el Minsiterio Público, Gálvez indicó a Exitosa que la PNP “se resistió a coordinar con la Fiscalía”.

“Al comienzo, la coordinación era crítica porque la Policía estaba haciendo las cosas por su propia cuenta y tenía su propia estrategia, cuando en realidad la norma dice que el inicio de investigación, donde se diseña prácticamente la estrategia de investigación, la estrategia jurídica y operativa, lo dispone el fiscal. Pero acá cada uno estaba con su propia estrategia por los policías que han ido de acá de Lima, los policías de allá, y la fiscalía estaba también con la estrategia correspondiente”.

Según dijo a Exitosa, el problema se ha generado a raíz de una ley que habilita que la Policía pueda iniciar las investigaciones preliminares en casos de delitos, ignorando que estas deberían iniciarse por disposición de un Fiscal.

“Con una mala interpretación querían hacerlo ellos solos y hubo inconvenientes. Felizmente, después intervino ya la fiscal más experimentada de allá de Trujillo, la doctora Cisterna, y entonces coordinaron debidamente y ahorita se está llevando un trabajo más articulado”, afirmó.

El documento, que hasta ahora no había trascendido públicamente, recoge la declaración de una persona que aseguró haber estado en la zona del ataque durante la madrugada del domingo 30 de agosto y que luego tuvo contacto con un hombre vestido con uniforme policial, a quien identificó como uno de los presuntos atacantes.

De acuerdo con el testimonio, el declarante acudió con su primo a la misma discoteca donde previamente habían estado el empresario Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, y sus acompañantes.

Luego fue a un restaurante y, al salir del lugar cerca de las 2:10 de la madrugada, aseguró haber escuchado disparos de bajo volumen que, bajo su percepción, provenían de un “arma con silenciador”.

El testigo relató que, al pasar por el lugar donde se habían producido los disparos, observó a un hombre con uniforme policial que revisaba un vehículo. Minutos después, afirmó que otro hombre vestido de policía detuvo el automóvil en el que viajaba y subió al asiento trasero.

Según la declaración, el supuesto agente permaneció en silencio durante buena parte del recorrido y utilizaba su teléfono móvil. El testigo indicó que posteriormente advirtió que el hombre tenía “acento venezolano”.

El relato señala que el hombre pidió detener el vehículo en un pasaje. Una vez allí, siempre según la declaración, sacó una pistola, apuntó hacia los ocupantes y les advirtió: “Ustedes no han visto nada, directito a su casa”.

El testigo describió al hombre como delgado, alto y de aproximadamente 1,73 metros, con pasamontañas, casco táctico, chaleco antibalas con un distintivo de la Policía y botines, aunque no pudo verle el rostro.

De acuerdo con la televisora, el documento lleva las firmas de funcionarios policiales y de una fiscal adjunta provincial, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad.

Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía pública de Trujillo, luego de que un grupo de hombres con uniformes policiales interceptara el vehículo en el que viajaba. Los atacantes asesinaron a sus cuatro acompañantes en el lugar.

El empresario se desplazaba por el centro de la ciudad junto a sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, después de salir de una discoteca cercana. Testigos señalaron que el vehículo de alta gama fue interceptado a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por hombres con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció este miércoles que la promesa del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori de combatir el crimen “desde el día uno” no ha impedido que se produzcan hechos sangrientos como los registrados recientemente en Trujillo, donde un empresario minero fue secuestrado durante un ataque armado ocurrido el fin de semana, que dejó cuatro de sus acompañantes asesinados.

“Nosotros, el gobierno de la presidenta Fujimori lo dijo, que desde el primer día vamos a trabajar contra esta lacra de la sociedad, estos delincuentes asesinos”, afirmó durante una rueda de prensa posterior a la llegada a Lima del capturado líder criminal de ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres.

Sin embargo, el primer ministro matizó que comenzar a trabajar contra la criminalidad desde el primer día no significa que puedan evitarse de inmediato situaciones violentas.

“Evidentemente, el primer día trabajar lamentablemente no quiere decir que no vamos a tener situaciones complicadas como las que hemos tenido y lamentamos el asesinato de estos cuatro jóvenes y de este señor que fue secuestrado, que felizmente está liberado”, señaló.

Galarreta sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es impedir que las organizaciones criminales continúen amenazando a la población y al Estado, y aseguró que las autoridades perseguirán a los responsables independientemente del país en el que se encuentren.

“Lo que quiere decir (la promesa que Fujimori reiteró en campaña) es que no vamos a permitir que estos delincuentes amenacen a la sociedad y al Estado en su conjunto”, manifestó.

El jefe del gabinete destacó además la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las operaciones vinculadas con el caso, así como la colaboración de las autoridades bolivianas.

“Nuestras Fuerzas Armadas han cumplido un rol fundamental con colaboración también de la policía boliviana. Nuestra policía peruana ha tenido una respuesta inmediata”, afirmó.

Aseguró que el Gobierno reforzará las capacidades de la Policía mediante mayor inteligencia, preparación y equipamiento, como parte de un plan que contempla la adquisición de nuevos instrumentos para enfrentar al crimen organizado.

“Lo que quiero resaltar aquí es que no importa en qué país estén, dónde estén, en qué momento sean, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes asesinos”, dijo.

“Y esperemos con mayor inteligencia, con mayor preparación, con más instrumentos, que es lo que tenemos en el plan para poder comprar y dotar a nuestra policía, tratar justamente en lo que viene el tiempo, evitar situaciones lamentables”, agregó.

Finalmente, volvió a defender la estrategia anunciada por el Gobierno y destacó la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad tras los hechos de Trujillo.

“Pero la respuesta es desde el día uno y desde el día uno dijimos que vamos a enfrentarlos y vamos a capturarlos. Eso es lo principal que quiero destacar hoy día”, concluyó.

A ‘Los Pulpos’ se le atribuye el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, ocurrido la madrugada del domingo en Trujillo. La víctima se desplazaba en un vehículo de alta gama junto a cuatro acompañantes, entre ellos dos mujeres, cuando fueron interceptados por sujetos con uniformes policiales.

El ataque ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Los atacantes vestían prendas similares a las que utiliza el Grupo Especial Contra la Lucha contra el Crimen Organizado (Grecco).

Óscar Cruz Basilio, primo del principal líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ (recientemente capturado en Bolivia), asumiría un papel protagónico dentro de la estructura delictiva tras la detención de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’.

El investigador de la criminalidad Milver Ávalos señaló este martes al medio local Macronorte.pe que Cruz Basilio sería actualmente el “rostro visible” de la organización, tras la captura de ‘Jhonsson Pulpo’, a quien las autoridades señalan como integrante de la tercera generación de un clan familiar con origen en Trujillo.

Al aparente nuevo líder de esta red criminal se le atribuye, además, haber ordenado desde la clandestinidad en Chile el secuestro del comerciante de oro Jens Lara Tantaquilla, en un ataque armado que el último fin de semana dejó otras cuatro personas asesinadas.

“Según un informe de inteligencia, (...) él ha estado coordinando, ha tenido línea directa esta vez tanto con los pisadores, como le llaman, como con el cabecilla, que en este caso sería Johnson”, dijo el investigador.

Agregó que Cruz Basilio tiene antecedentes vinculados con hechos violentos, como el atentado con explosivos contra la sede de la Fiscalía de Trujillo, ocurrido en enero de 2025, cuya ejecución habría ordenado.

“Óscar es el rostro visible ahorita de ‘Los Pulpos’ y quien también recordemos que también tiene un grado de violencia. El claro ejemplo fue el atentado que le hizo al Ministerio Público”, sostuvo.

Hijo de Miller Cruz Arce (uno de los hermanos fundadores de la banda), Cruz Basilio integra la denominada “trilogía de los primos”, junto con Jhonsson Cruz Torres y Andy Quispe Cruz. “Ante la (reciente) caída, automáticamente tomó el rol protagónico Óscar”, afirmó Ávalos.

Tras la captura de Andy Quispe Cruz, las autoridades lo incluyeron entre sus principales objetivos. Según Diario Correo, era uno de los pocos hombres con capacidad para mantener contacto directo con ‘Jhonsson Pulpo’, quien llegó a fingir su muerte y modificar su apariencia mediante cirugías estéticas para evitar su captura.

La Policía ya había pedido al Ministerio Público, en septiembre de 2024, tramitar una orden de captura internacional en su contra por planificar secuestros con tortura, extorsiones a empresarios y atentados con explosivos contra centros educativos.

Cruz Basilio también figura en las pesquisas por el atentado contra la discoteca Dalí, en Trujillo, que dejó decenas de heridos. La PNP sostiene que un adolescente participó en el ataque por orden suya y otro investigado.

El padre de ‘Jhonsson Pulpo’, Jhon Cruz Arce, fundó junto con sus hermanos la organización criminal ‘Los Pulpos’. En 2008 fue condenado a 25 años de prisión por homicidio y recuperó su libertad el año pasado mediante un recurso de hábeas corpus.

La captura de su padre llevó a ‘Jhonsson Pulpo’ a asumir el liderazgo de la banda, con apoyo de sus tíos, cuando tenía apenas 17 años. En 2014 tomó el control de la organización criminal y fue clave para su expansión, no solo dentro del Perú, sino también hacia otros países de la región.

La banda surgió en la década de los 90 en El Porvernir, un distrito popular de Trujillo, comenzando su actividad con delitos considerados menores. Sin embargo, con los años afianzó una estructura criminal y comenzó a cometer delitos de extorsión, secuestros y sicariato como forma de ganar poder e influencia. Además, se les vincula con actividades como tráfico de tierras y minería ilegal.

La organización criminal Los Pulpos, nacida en Trujillo, La Libertad, extendió desde hace años sus operaciones a Chile, donde autoridades y víctimas la vinculan con extorsiones, secuestros, amenazas, porte de armas e incendios contra negocios. En el centro de las investigaciones figura Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, quien ya se encuentra en territorio nacional custodiado por la justicia peruana.

El grupo habría instalado una red en comunas como Renca, Quinta Normal, Independencia, Recoleta y Huechuraba, en Santiago de Chile. De acuerdo con las pesquisas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Fiscalía, la banda exigía pagos mensuales a comerciantes a cambio de no atacar sus locales ni a sus familias.

“Paga las consecuencias, es tu mujer o si no tu hija, si no tu hermano. Dame una solución porque tu tiempo se está acabando”, se escucha en uno de los audios atribuidos a extorsionadores vinculados a Los Pulpos. Las víctimas denunciaron exigencias de entre cinco y veinte millones de pesos chilenos mensuales, aunque algunas reportaron pagos de hasta cuarenta millones.

La expansión del grupo en Chile también incluyó alianzas con otros delincuentes y la división territorial de sectores de Santiago.

“Ciertas personas que ejercen el liderazgo instruyen directamente. No tienen mandos medios. Pasan directamente a las personas que ejecutan los delitos y retribuyen después la parte económica”, explicó una fuente policial chilena sobre la estructura que atribuyen a la organización.

‘Jhonsson Pulpo’ en Perú

Cruz Torres ingresó al Perú bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de su captura en La Paz, Bolivia. El presunto integrante de la organización criminal Los Pulpos fue entregado el 1 de septiembre en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno, y trasladado posteriormente a Juliaca.

La intervención incluyó también a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años. Ambos fueron detenidos en territorio boliviano, donde ‘Jhonsson Pulpo’ se encontraba de forma irregular.

Tras los controles migratorios y la entrega formal, la PNP asumió la custodia de los investigados. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, anunció que conduciría el traslado de Cruz Torres a Lima para continuar con las diligencias judiciales pendientes.

Desde Piura, la presidenta Keiko Fujimori informó que el detenido será enviado a un establecimiento penitenciario peruano, aunque no detalló cuál será ni cuándo ocurrirá su internamiento.

“El ministro del Interior, el general Astudillo, se encuentra dirigiéndose a la región de Puno ya que el líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ va a ser trasladado a uno de los penales en nuestro país”, declaró.

La mandataria atribuyó la captura a un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana, la PNP y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. “Las organizaciones criminales no miran fronteras y por eso es tan importante la colaboración con otras instituciones de otros países”, sostuvo.

Cruz Torres afronta órdenes de captura por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, según las autoridades. También cuenta con una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú y una notificación roja de Interpol, de acuerdo con información de las autoridades bolivianas.

El senador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, respaldó la permanencia de Óscar Arriola al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y sostuvo que existe calma en Trujillo “según reportes” que maneja, en medio de una entrevista con Canal N.

Consultado de manera directa sobre si el comandante general debía continuar en el cargo, Aguinaga evitó pronunciarse sobre la gestión personal de Arriola y desplazó el eje de la discusión hacia la institucionalidad policial. “No es el problema de nombres, es el problema de institución. Y la institucionalidad no hay que quebrarla, no importa el nombre”, respondió el legislador, quien remarcó que el mandato del jefe policial se extiende por dos años.

Ante la insistencia del conductor sobre si el liderazgo de Arriola había sido el adecuado durante su gestión, el senador atribuyó los resultados operativos recientes a las directivas del presidente de la República, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Según Aguinaga, esas órdenes explicarían las capturas realizadas en los últimos días.

El intercambio se tensó cuando el periodista contrapuso la cifra de 72 choferes y cobradores asesinados en lo que va del año, pese a la operación conjunta que contó con el respaldo de la policía boliviana, el FBI y la DEA. El comunicador subrayó que el crimen no se ha detenido en el país y recordó que el ataque más reciente ocurrió en la madrugada del domingo, con un saldo de cuatro personas asesinadas y una quinta víctima secuestrada.

La afirmación sobre la calma en Trujillo generó un cruce directo en la entrevista

Frente a ese dato, Aguinaga sostuvo que los informes que maneja indican que existe tranquilidad en la región La Libertad, cuya capital es Trujillo, y expresó su expectativa de que esa situación se replique en el resto del territorio nacional. “En estos momentos, los informes que tenemos es en Trujillo hay mucha tranquilidad”, afirmó el legislador, en referencia a las recientes capturas vinculadas al crimen organizado en la ciudad.

El periodista repreguntó de inmediato para confirmar si el senador sostenía, en efecto, que había tranquilidad en Trujillo, ante lo cual Aguinaga insistió en que las detenciones “les da tranquilidad” a los habitantes y remarcó que ese efecto “no lo pueden negar”. La respuesta llevó al conductor a recordarle que, apenas días atrás, se había producido el asesinato de cuatro personas y el secuestro de una quinta en esa misma ciudad. “¿Cómo que tranquilidad?”, cuestionó el comunicador ante la insistencia del legislador.

El senador pidió evitar la especulación sobre la identidad de los detenidos

Ante el señalamiento de que aún no existe certeza sobre si los detenidos en el operativo binacional fueron efectivamente los responsables del crimen del domingo, Aguinaga llamó a no adelantar conclusiones. “Esperemos que no hagamos tanta especulación, porque lo que estamos es especulando, que fue, que no fue”, sostuvo, y pidió aguardar los resultados de las investigaciones antes de emitir un juicio definitivo sobre la autoría del ataque.

El periodista recordó entonces que el propio ministro Astudillo había reconocido, en esa misma jornada y en el estudio de Canal N, que no podía confirmar si las personas capturadas eran quienes perpetraron el ataque. Aguinaga respondió que, si bien el titular del sector no lo había confirmado, tampoco lo había descartado, en una réplica que evidenció la falta de certeza oficial sobre la identidad de los responsables del crimen que motivó el operativo internacional.

El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, respondió este miércoles a las declaraciones del padre del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien ha cuestionado públicamente la actuación policial en el secuestro de su hijo y aseguró que fue él quien gestionó su liberación.

“Lo que hable el papá nosotros respetamos, es un agraviado, es una víctima y nosotros respetamos lo que él indica. Nosotros no confrontamos a nadie”, afirmó el general al ser consultado por periodistas en Trujillo.

El oficial defendió, sin embargo, el trabajo desplegado por la PNP tras el secuestro y vinculó la investigación con la captura en Bolivia de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, a la que se le atribuyen el rapto y el cuádruple asesinato de los acompañantes del empresario.

“Nosotros respetamos a esa familia, esa querida familia. Nosotros respetamos lo que ellos indiquen (...) Acá se ha hecho toda la trazabilidad”, agregó al afirmar que, desde que la Policía tuvo conocimiento del secuestro, se desplegaron acciones de inteligencia para establecer la estructura detrás del delito, una versión que ha sido negada por el padre de Lara Tantaquilla.

Revoredo también fue consultado por la presencia de un patrullero en las inmediaciones de la zona por la que circulaban los secuestradores, detrás del vehículo en el que viajaban el empresario y sus allegados, pero respondió de forma escueta. “Todo lo que aparece en escena es parte de investigación”, afirmó.

Añadió que las autoridades esperan información procedente de los teléfonos incautados durante las operaciones realizadas en Bolivia, elementos que, según indicó, podrían aportar nuevos datos a la investigación.

“En estos momentos estamos a la espera de los celulares que ha incautado, que ha incautado la policía de Colombia, perdón, de Bolivia y ahí se verá”, dijo.

También señaló que la recreación de los hechos corresponde al Ministerio Público y que se dispuso la llegada de equipos especializados para realizar pericias dentro de los procedimientos establecidos. Ante una eventual participación de agentes policiales en el secuestro, afirmó que la institución detiene incluso a “cualquier operador que traicione”.

El padre del empresario, Eleuterio Lara, ha desmentido la versión oficial sobre la liberación de su hijo y aseguró que fue él quien realizó las gestiones para conseguirla, no la PNP, y refirió que recurrió a un “conocido” de ‘Los Pulpos’ para lograr la liberación, pese a que los secuestradores exigían 5 millones de dólares que, afirmó, no desembolsó.

“He corrido por mi lado a sacar la información de las cámaras. No he tenido apoyo policial. La Policía tenía que hacer el recorrido de cámaras; sin embargo, yo lo he hecho. Hasta el día de hoy, no han abierto los celulares (de las víctimas)”, dijo.

“Para vestirse de policías, de personal militar, es porque está coludida la Policía. (...) Quiero hacer llegar mi sentido pésame a todos los familiares, que yo no los he conocido, a uno, solamente a uno, solamente a uno he conocido. Me indigna este secuestro de mi hijo y me indigna que hasta ahora la policía no haya hecho nada”, señaló.

La presidenta Keiko Fujimori negó este miércoles que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, haya participado en los interrogatorios de los detenidos tras el secuestro de un empresario en Trujillo y el cuádruple crimen de sus acompañantes, pese a que fotografías oficiales lo muestran junto a los intervenidos y al jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola.

Fujimori explicó que Belaúnde acudió al lugar debido a que el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, no pudo asistir por un asunto personal.

“El ministro Belaúnde señaló que él sí podía asistir y, por lo tanto, tomé la decisión de que acuda él”, afirmó la mandataria al ser consultada por la prensa durante un viaje a la región norteña de Piura.

Sin embargo, Fujimori sostuvo que el titular de Defensa no participó directamente en las diligencias y atribuyó su ejecución a la PNP. “El ministro Belaúnde no ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía Nacional”, afirmó.

Añadió que el caso continúa bajo investigación, que los detenidos “han confesado” y que existen documentos que ellos mismos han firmado, aunque evitó pronunciarse sobre otros hechos o informes que, según indicó, están siendo incorporados a la pesquisa.

A través de su cuenta de Flickr, Defensa publicó más de una veintena de imágenes en las que aparecen Belaúnde y Arriola frente a los detenidos, cuyos familiares denunciaron en las últimas horas presuntas irregularidades durante las aprehensiones y cuestionaron que estén vinculados al ataque armado por las diferencias de talla y apariencia física con los atacantes captados por las cámaras de seguridad.

Belaúnde anunció la detención de cinco presuntos implicados, entre ellos los cuatro hombres que habrían ejecutado el rapto y asesinado a sus acompañantes, así como el supuesto operador que coordinó el secuestro con la organización criminal ‘Los Pulpos’ y proporcionó las armas y uniformes policiales utilizados.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía de Trujillo, cuando sujetos vestidos con uniformes policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba y asesinaron a sus cuatro acompañantes.

El ataque ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según imágenes de videovigilancia, los responsables llevaban uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado “Los topos del frío”, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

En declaraciones a periodistas, el jefe de la Policía en la región La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial y que los acompañantes del secuestrado opusieron resistencia a que se lo llevaran, lo que hizo que los criminales abrieran fuego para matarlos.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se convirtió este martes en el primer integrante del Gobierno de Keiko Fujimori en reclamar públicamente la salida de Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional (PNP), tras el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, en un nuevo episodio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

“Yo estoy dentro de aquellos que desde hace meses pide la salida de Arriola”, afirmó en una entrevista con el pódcast que transmite el diario El Comercio.

“No voy a retroceder en mi posición de hace meses, pues él era parte de un conjunto de oficiales que desde mi punto de vista estaban en medio de una serie de situaciones controversiales”, señaló, sin ofrecer mayores detalles.

Sheput consideró además que la continuidad de Arriola debe evaluarse no solo por la actuación institucional de la PNP, sino también por la percepción que genera ante la ciudadanía, un factor que, según dijo, también influye en la lucha contra la inseguridad.

“Creo yo que tenemos que entender en general que la lucha contra la inseguridad ciudadana también es un tema de percepción. Y en esa percepción, si algún individuo (...) ante la opinión pública no da la talla, pues simplemente hay que tomarlo en cuenta”, agregó.

Insistió en que su cuestionamiento a Arriola antecede a su incorporación al Ejecutivo y que no se trata de una posición adoptada tras asumir el cargo. “Es algo en que me ratifico”, señaló.

Las declaraciones de Sheput se producen después de que congresistas de distintas bancadas reclamaran a Fujimori la salida del jefe policial, en medio de los cuestionamientos a la respuesta del Gobierno frente al avance del crimen organizado, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, epicentro de la minería ilegal.

En las últimas horas, tanto la jefa de Estado como el ministro del Interior, César Astudillo, han evitado referirse a la salida de Arriola y han señalado que su continuidad se encuentra en evaluación.

Mientras Fujimori recordó que una ley establece un periodo fijo de dos años para el jefe policial, Astudillo remarcó que “todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial de la Policía”.

El titular del portafolio también sostuvo que Arriola está “técnicamente calificado”, aunque enfatizó que “esto no es un espaldarazo” y que “en algún momento se verá” su permanencia en el cargo.

El empresario secuestrado el fin de semana y liberado el lunes fue identificado como Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

Mientras las autoridades presentaron el caso como resultado de un operativo que permitió ubicarlo y detener a cinco presuntos implicados, familiares de Lara Tantaquilla sostuvieron que su liberación se gestionó mediante “contactos” personales con la banda criminal ‘Los Pulpos’, que exigieron hasta 5 millones de dólares por su rescate.

Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, llegó al Perú bajo custodia policial tras ser capturado en La Paz, Bolivia. El señalado cabecilla de Los Pulpos fue entregado a las autoridades peruanas el 1 de septiembre en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero.

Desde allí, continuó hacia Juliaca antes del traslado previsto a Lima. La captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia y su retorno al Perú activaron coordinaciones entre ambos países, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).

El detenido ingresó junto con Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años, quien fue intervenido en el mismo operativo. La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió la custodia después de los trámites migratorios.

Las autoridades bolivianas dispusieron su expulsión porque se encontraba de manera irregular en ese país. El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que conduciría el traslado a la capital para que Cruz Torres quede a disposición de la justicia peruana y cumpla las diligencias.

Keiko Fujimori dijo que el detenido será enviado a un penal del país

En una declaración desde Piura, Keiko Fujimori afirmó que Astudillo viajaba a Puno por el operativo. “El ministro del Interior, el general Astudillo, se encuentra dirigiéndose a la región de Puno ya que el líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ va a ser trasladado a uno de los penales en nuestro país”, refirió.

La mandataria no precisó el establecimiento penitenciario ni la fecha en que sería internado el detenido, cuya llegada a Lima fue anunciada para el 2 de septiembre.

Fujimori atribuyó la detención a una coordinación de la Policía Nacional del Perú, la policía boliviana y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

“Para lograr esto, quiero resaltar que ha sido un trabajo conjunto con la policía boliviana y agradesco al gobierno de Bolivia, que además con la colaboración del FBI y de nuestra Policia Nacional se ha logrado este gran objetivo. Las organizaciones criminales no miran fronteras y por eso es tan importante la colaboración con otras instituciones de otros países”, agregó.

Jhonsson Pulpo afronta órdenes de captura y una condena vigente

Sobre Cruz Torres pesan órdenes de captura por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, según autoridades.

Las autoridades lo señalan como uno de los dirigentes de Los Pulpos, organización vinculada por la PNP con extorsiones, secuestros, homicidios y sicariato en Trujillo y La Libertad. También cuenta con una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú y una notificación roja de Interpol, según autoridades bolivianas.

El Ministerio del Interior indicó que la organización reúne más de 100 personas con funciones diferenciadas. Astudillo explicó que algunos proveen armas, vehículos, uniformes o información sobre víctimas, mientras otros ejecutan ataques.

“Así como este sujeto no es el único. Tenemos todo un mosaico de jefes de bandas criminales que estamos detrás de ellos”, manifestó el ministro al describir la estructura de Los Pulpos.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó públicamente que los presuntos criminales detenidos por la Policía Nacional del Perú, supuestamente vinculados al secuestro del empresario minero Jenss Lara y al asesinato de cuatro personas la madrugada del domingo 30 de agosto, sí están vinculadas al delito y han confesado. Esto luego de que se difundieran dudas sobre la veracidad de la captura.

“Lo que puedo señalar es que estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados, ¿ok? También puedo señalar que esta investigación continúa. Por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre los otros hechos o informes que se están encontrando. Yo esperaré con prudencia a que el ministro Astudillo vaya informando conforme se lo permita la ley y no perturbe la investigación", afirmó la mandataria.

La versión de la presidenta se produce luego de que el padre del empresario secuestrado afirmara al medio independiente El Foco que su hijo no reconocía a ninguna de las personas presentadas por la Policía como autores de su secuestro.

Eleuterio Lara López relató que su hijo permaneció amarrado, con los ojos vendados y sin ropa en un cañaveral, adonde había sido trasladado por sus captores. Según él, luego de observar a los detenidos presentados por las autoridades, Jenss Lara descartó que esas fueran las personas que participaron en su secuestro y afirmó que no reconoce sus voces como las de quienes lo mantuvieron cautivo.

Explicó, no obstante, que su hijo no recuerda mayores detalles del ataque armado debido a que se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos.

Familiares de detenidos negaron que hayan participado en el secuestro

Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el secuestro.

Videos muestran criminales con “porte militar”

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina advirtió que no puede atribuirse de forma categórica a los cinco detenidos por la Policía Nacional el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el cuádruple asesinato, investigados en Trujillo, porque la Fiscalía aún no tiene prueba científica suficiente y las pesquisas recién transitan sus primeros días.

En conversación con RPP, el representante del Ministerio Público reveló que los cinco detenidos siguen bajo investigación, pero que la Fiscalía no tiene todavía base pericial para sostener que fueron los autores directos.

Un punto subrayado por el fiscal fue el análisis de las imágenes del ataque. Dijo que en los videos se observa a personas con “porte militar”, un rasgo que obliga a incorporar peritos especializados para establecer si coinciden o no con los detenidos.

En ese marco, pidió la participación de un antropólogo forense para comparar fisonomía, contextura y desplazamientos. “Que venga un perito antropólogo para determinar si estas personas que están detenidas son los mismos que están ahí en los videos, que se ve que tienen ‘porte militar’”, sostuvo.

La razón, según explicó, no es accesoria: de esa correspondencia depende la solidez de cualquier pedido fiscal ante el Poder Judicial. “Entonces, hay que hacer todo un estudio de esa naturaleza para poder ir ante el juez a pedir cualquier requerimiento con bases sólidas, con pruebas de calidad, porque si no el juez no nos lo va a dar”, dijo

La provincia de Trujillo tendría presencia de alrededor de 10 organizaciones criminales, según advirtió el criminólogo y exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Julio Corcuera, durante una entrevista con RPP Noticias. Sostuvo que en la ciudad operan grupos más allá de Los Pulpos y La Jauría, en un escenario marcado por secuestros, extorsiones y ataques armados.

La declaración se conoció después de la liberación del empresario Jens Lara, quien fue secuestrado el último domingo en Trujillo. El hecho dejó cuatro personas muertas, asesinadas por los delincuentes.

Los familiares del empresario cuestionaron la actuación de las autoridades. El padre de Lara afirmó que la liberación fue resultado de contactos propios y señaló: “Yo hice una llamada a un contacto, a un amigo y esta persona me ayudó con las diligencias. No fue necesario pagar, nosotros no hemos pagado”.

También remarcó que la Policía Nacional no debía atribuirse el desenlace del caso. “Finalmente liberaron a mi hijo. La policía no tiene que atribuirse esa liberación”, sostuvo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por RPP Noticias.

Visibles en Trujillo

Al ser consultado sobre la actividad de las bandas criminales en La Libertad, Corcuera afirmó que sus expresiones son visibles para quienes recorren la ciudad y otras zonas del norte peruano.

“Cualquier persona que va por Trujillo, por el norte y transita, puede ver además de los stickers, además de las presencias u organizaciones criminales, que no son solo Los Pulpos y La Jauría. Tranquilamente, en la provincia de Trujillo usted puede identificar diez organizaciones criminales”, declaró.

El criminólogo también mencionó la existencia de negocios que, a su criterio, pueden estar relacionados con operaciones de lavado de activos. “Son lugares en donde también hay un boyante lavado de activos. Usted ve con mucha claridad una serie de negocios prósperos que aparentemente no justifican y una serie de personas que de un momento a otro aparecen y surgen con riqueza”, afirmó.

Para Corcuera, el flujo económico constituye un componente central de las estructuras delictivas. Señaló que las organizaciones pueden sustituir a los detenidos, conseguir nuevas armas y contratar a otras personas para ejecutar acciones criminales.

“Atacar ese dinero, congelar ese dinero, congelar esos activos, resulta clave para poder romper la estructura de esta organización criminal”, indicó. En ese sentido, señaló que las empresas de fachada permitirían introducir dinero de origen ilícito en el sistema económico.

El secuestro de Jens Lara

El caso de Jens Lara generó dudas sobre la participación de la Policía Nacional en el operativo que derivó en la detención de cuatro jóvenes. Corcuera señaló que la versión oficial sobre esas capturas cambió en las últimas horas.

Según explicó, primero se informó que los detenidos participaron en el ataque y el secuestro. Después, el ministro del Interior sostuvo que habían intervenido en el secuestro, sin precisar que fueran las personas que se acercaron a la camioneta del empresario o lo capturaron.

El especialista consideró que pudieron cumplir otras funciones dentro de la operación, como tareas de logística, enlaces o recepción de llamadas. También dijo que las características físicas de los detenidos no parecían coincidir necesariamente con las de los hombres que aparecen en los registros audiovisuales del ataque.

“Podría ser también, y esto pasa en el crimen, que las organizaciones criminales subcontratan personas entrenadas para hacer tal o cual operativo”, manifestó.

Corcuera citó la cautela expresada por el fiscal superior de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien dijo que esperaría las pruebas científicas antes de pronunciarse. “Si el fiscal que está ahí toma esa cautela es porque no hay certeza hasta este momento”, expresó.

Los antecedentes

El exviceministro recordó que Trujillo ya había registrado hechos vinculados a la actividad de organizaciones criminales. Mencionó que en enero de 2025 un grupo arrojó explosivos contra la sede principal del Ministerio Público.

También recordó otros episodios en los que delincuentes se hicieron pasar por policías. En uno de ellos, según relató, sacaron a un empresario por la fuerza y se lo llevaron. En otro caso, un grupo ingresó a un restaurante y asesinó a una persona.

Corcuera dijo que estos hechos reflejan una situación en la que el crimen parece haber superado las capacidades del Estado en algunas zonas del país. Añadió que las informaciones cruzadas y la ausencia de algunas autoridades transmiten “una sensación de caos o de desorden cuando menos”.

El criminólogo comparó el escenario actual con México durante los años 2000, aunque señaló que antes se había resistido a ese tipo de paralelismos. “Me apena enormemente, pero esto me recuerda a la situación de México en los años 2000”, afirmó.

El video, difundido en las últimas horas, muestra que los atacantes detuvieron una camioneta Ford Bronco en la que se desplazaba Lara junto con otras personas. Los delincuentes descendieron de una camioneta Toyota Hilux, rodearon el vehículo y mantuvieron la escena bajo control durante pocos minutos.

Las imágenes dejan ver que varios autos circularon por la zona sin detenerse, pues el operativo aparentaba ser una intervención policial regular. Según la reconstrucción expuesta durante la difusión de las grabaciones, los criminales usaban prendas similares a las de agentes y armas largas.

Los atacantes habrían disparado dentro de la camioneta antes de llevarse a la víctima

En un momento de la secuencia, los hombres armados se aproximan a la Bronco y apuntan hacia el interior. Después, Jenss Lara baja del vehículo y es conducido hacia la Hilux utilizada por los secuestradores.

La grabación no permite establecer con precisión el orden en que ocurrieron los disparos, la muerte de los acompañantes y el traslado del empresario. Tampoco confirma qué tipo de arma utilizaron los atacantes.

De esta manera, la Policía señaló la posibilidad del uso de silenciadores o supresores, debido a que no se advierte una reacción de quienes transitaban por el lugar.

El ataque habría durado menos de dos minutos. Las cuatro personas que acompañaban al empresario fueron asesinadas dentro del vehículo, de acuerdo con la información policial difundida tras el caso.

PNP investiga caso

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si la Toyota Hilux usada en el secuestro portaba una placa clonada. También busca determinar la identidad de todos los hombres que aparecen en las cámaras y si sus características físicas coinciden con las de los detenidos.

Entre las diligencias que podrían realizarse figura una comparación antropométrica de los sospechosos con las imágenes de seguridad. Ese procedimiento permitiría contrastar aspectos como la contextura, la estatura y la forma de caminar de los implicados.

La PNP mantiene a cinco presuntos implicados bajo custodia. Según la versión policial, Julio Zavaleta Quesada, de 19 años y conocido como “Juliacho”, habría recibido desde un penal la orden de identificar al empresario y organizar el secuestro. La investigación también incluye a Junior Quesada Cruz, César García Rivera, Fabricio Bocanegra Linares y José Miguel Cherrepeda Ávila.

La Fiscalía espera que en el transcurso de los días la PNP reúna todas las pruebas de que los detenidos estuvieron involucrados en el secuestro.

Lara recuperó su libertad el lunes 1 de septiembre, cerca de las 15:30, en una vía hacia el balneario de Huanchaco. Su familia habría pagado USD 3 millones para lograr su liberación.

El empresario presentaba golpes tras el cautiverio y permanecía en su domicilio, afectado por lo ocurrido. La PNP sostiene que tenía información de inteligencia sobre la preparación de un secuestro de gran escala desde al menos tres meses antes del ataque.

El detenido fue identificado como Julio Zavaleta Quezada. Las autoridades indagan su presunta relación con alias Óscar, a quien vinculan con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Durante la detención, los agentes preguntaron al joven por una rosa tatuada en su brazo y por unas marcas en su cuerpo. También repararon en una lesión que presentaba en una rodilla.

Alias “Juliacho” indicó que sufrió el golpe tras un accidente. Según Panamericana Noticias, esa herida llamó la atención de los investigadores porque podría coincidir con los movimientos atribuidos a uno de los responsables del secuestro de Lara.

La posible relación entre esa lesión y el caso forma parte de las diligencias que aún están en curso.

Testimonio de uno de los involucrados

En otro fragmento de su declaración ante agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el joven mencionó a una persona a la que llamó alias Óscar. Según su versión, ese contacto le habría hablado de “un seco” y le pidió comunicarse con otros individuos.

El detenido señaló que se puso en contacto con personas a las que identificó con los alias de Bolacho, Futuro y Ñato. Las autoridades sostienen que alias Óscar tendría nexos con Johnson Pulpo, quien fue capturado. Esa hipótesis es materia de investigación fiscal y policial.

Fiscalía da 15 días a la PNP para investigar y presentar pruebas

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, informó que la Policía cuenta con 15 días para reunir elementos que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quiénes tuvieron participación directa o indirecta.

“La Policía tiene que, en estos quince días, acopiar evidencias sólidas, evidencias de calidad, para determinar cómo sucedieron los hechos y quiénes están directa o indirectamente involucrados”, declaró Chávez Cotrina.

El funcionario indicó que, por ahora, el Ministerio Público no puede atribuir responsabilidad a ninguna persona. Añadió que se coordinó la llegada de más peritos a Trujillo, incluidos especialistas procedentes de Lima, ante los cuestionamientos sobre la identificación de los detenidos y la apariencia física de los hombres que habrían usado indumentaria policial durante el secuestro.

Los investigados permanecen detenidos de manera preliminar por el presunto delito de organización criminal, mientras continúan las pericias y la recopilación de pruebas en torno al caso.

En las últimas horas también se ha conocido que Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, ingresó al Perú el 1 de septiembre, tras ser entregado por autoridades bolivianas en el CEBAF de Desaguadero. El presunto cabecilla de Los Pulpos quedó bajo custodia de la PNP y este 2 de septiembre será trasladado a Lima para las diligencias correspondientes.

Se le atribuyen investigaciones por homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros delitos.

La liberación del empresario minero Jens Lara Tantaquilla por parte de sus secuestradores, presuntamente vinculados a la organización criminal ‘Los Pulpos’, fue producto de una gestión familiar y no de la intervención de la Policía, como lo indicó el padre de la víctima, quien aseguró que el rescate inicialmente era de 5 millones de dólares.

Por su parte, el hermano de Lara Tantaquilla, criticó la labor de la Policía Nacional del Perú y aseguró que su familia hizo lo necesario para que el empresario volviera a casa sin participación de la PNP y sin dar detalles adicionales. Esto luego del pago de 3 millones de dólares, según se informó en diversos medios de comunicación.

“Hay cosas que simplemente no puedo decir y simple. Hay cosas que no se puede decir. Solo hicimos lo que teníamos que hacer porque la Policía no sabe hacer su trabajo. Simple, es eso. La Policía no sabe hacer su trabajo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y punto. Lo tengo a mi hermano acá y ya está, se acabó”, indicó a RPP.

Al ser consultado por cuáles fueron las “gestiones que hicieron”, el hermano de Jens Lara indicó que “a ustedes no les compete eso. A nadie les compete. Se queda entre nosotros y punto. No sé qué organización, no sé qué hizo. Suponemos una cosa, suponemos otra cosa. Ahora desconfiamos de todos”.

Empresario no reconoce a detenidos presentados como sus secuestradores

En una entrevista difundida este martes por el portal de investigación El Foco, el padre de Jens Lara Tantaquilla, Eleuterio Lara López, relató que su hijo permaneció amarrado, con los ojos vendados y sin ropa en un cañaveral, adonde había sido trasladado por sus captores.

Lara López aseguró que, tras observar a los detenidos presentados por las autoridades, su hijo descartó que fueran las personas que participaron en su secuestro y afirmó que no reconoce sus voces como las de quienes lo mantuvieron cautivo.

Explicó, no obstante, que su hijo no recuerda mayores detalles del ataque armado debido a que se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos.

En la víspera, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que los cuatro ocupantes de la camioneta utilizada en el rapto fueron detenidos y permanecen bajo custodia policial, incluido el tirador que ejecutó el cuádruple crimen.

Asimismo, Belaúnde indicó que la Policía Nacional (PNP) también detuvo al operador del secuestro, acusado de coordinar con la banda ‘Los Pulpos’ y de proporcionar las armas y los uniformes policiales que utilizaron los sospechosos.

Familiares de detenidos negaron que hayan participado en el secuestro

Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el secuestro.

La detención de Johnson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, señalado como cabecilla de Los Pulpos, representa un golpe para la organización criminal asentada en Trujillo, pero las propias autoridades han advertido que la captura no supone la derrota de las banda ni de las redes de corrupción en La Libertad.

Cruz Torres fue arrestado el 1 de septiembre a las 09:45 a. m. en La Paz, Bolivia, durante un operativo denominado “Pulpo Dos”. La Policía Boliviana informó que el detenido se encontraba de forma irregular en ese país y que su arresto tuvo fines de expulsión hacia Perú, donde pesa sobre él una sentencia de cadena perpetua y una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

A través de un comunicado, el Gobierno Regional de La Libertad saludó la caída de Jhonsson Pulpo y la calificó como un avance contra el crimen organizado. A la vez, puso límites a cualquier lectura que presente el operativo como el cierre definitivo de la organización. “La captura de un cabecilla es un gran paso. Desarticular las organizaciones criminales y devolverle la tranquilidad a Trujillo es la verdadera meta”, señaló en un pronunciamiento.

Siguen vigentes

El pronunciamiento regional sostuvo que el arresto de Cruz Torres constituye un “importante golpe contra el crimen organizado”, aunque remarcó que las organizaciones criminales y la corrupción no han sido derrotadas.

La posición expuesta por la administración regional se concentró en que la caída de un líder no resuelve por sí sola las condiciones que permiten la actuación de estas estructuras. El Gobierno Regional de La Libertad señaló que desde 2023 ha destinado más de S/100 millones de su presupuesto a fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP), con vehículos, tecnología, equipamiento e infraestructura.

Según la entidad, esa inversión se realizó pese a que la seguridad ciudadana corresponde de manera directa al Poder Ejecutivo. Por ello, exigió al Gobierno central una mayor respuesta en la región, con presencia sostenida de agentes de Inteligencia de la PNP y más recursos para enfrentar a las organizaciones criminales.

El Gobierno Regional también indicó que existe una falta de más de 4 mil policías en La Libertad. Además, pidió que se neutralicen de manera definitiva las comunicaciones desde los penales que, según el comunicado, son utilizadas para extorsionar y dirigir delitos.

La institución reiteró su pedido a la presidenta Keiko Fujimori para que viaje a Trujillo y encabece desde esa ciudad una nueva estrategia nacional contra la criminalidad. El planteamiento propone convertir a La Libertad en una región piloto para esa lucha.

Una investigación iniciada en enero

El comandante general de la Policía Boliviana indicó que el caso se trabajaba desde enero de este año mediante coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.

La información que permitió ubicar a Cruz Torres llegó la noche anterior a la detención, de acuerdo con el relato policial. Ese dato activó el despliegue de unidades especializadas de la Dirección Nacional de Inteligencia de Bolivia.

El arresto ocurrió en un edificio de departamentos comerciales de la avenida Isaac Tamayo, entre las calles Tumusla, en La Paz. El jefe policial afirmó que Jhonsson Pulpo intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, aunque fue capturado de inmediato.

Las autoridades bolivianas señalaron que Cruz Torres se sometió a intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia y evitar ser identificado. El comandante general detalló que se detectaron cambios en las orejas, los pómulos y las cejas.

Por sus antecedentes y su capacidad de desplazamiento en la región, la Policía Boliviana lo definió como “un blanco de alto valor regional”. La orden de expulsión se ejecutó el mismo día de la captura, por instrucción del ministro de Gobierno y mediante una resolución de la Dirección General de Migración.

Dinero, teléfonos y documentos

Durante la intervención, los agentes no hallaron armas en poder de Cruz Torres. Sí incautaron USD 10.000, 700 bolivianos y 10.000 pesos chilenos, además de equipos celulares y documentos personales.

El comandante general de la Policía Boliviana sostuvo que las distintas monedas encontradas dan cuenta de desplazamientos temporales entre Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Según el reporte, Cruz Torres utilizaba su propio documento de identidad para viajar por esos países pese a las cirugías que, de acuerdo con las autoridades, buscaban alterar sus rasgos.

Un coronel agregado de la Policía Nacional del Perú que participó en la conferencia de prensa explicó que Los Pulpos operan desde la década de 1990 en Trujillo, sobre todo en el sector El Porvenir. La agrupación se habría iniciado con robos y hurtos, antes de vincularse con extorsión, sicariato y secuestro.

Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el rapto.

Familiares cuestionaron forma de los arrestos

Las denuncias de los parientes también apuntaron al procedimiento de captura. Una de las mujeres que protestó relató que a su hijo “han ido y lo han sacado de adentro durmiendo” y añadió: “Me rompieron todo. Ahora yo pido justicia”.

Otra familiar fue más lejos y puso en duda la legalidad del ingreso a la vivienda. “Se han metido allá a la casa sin permiso de nada, sin un documento de un fiscal, una orden que puede entrar”, afirmó durante el plantón.

En ese mismo marco, la prima del joven de 19 sostuvo que el detenido estuvo en su casa junto a su enamorada la noche del ataque. “Mi primo ha estado con la enamorada en la casa. Han estado toda la noche ellos”, declaró, y agregó que cuenta con videos y fotografías que, según su versión, podrían respaldar esa coartada.

La mujer también dijo que la intervención se explicaría por antecedentes del joven cuando era menor de edad. “Solamente porque él tiene un antecedente cuando era menor de edad. Cometió errores, porque era joven y no sabía”, señaló. Según su relato, el detenido trabajaba como estibador para una marca de gaseosas y no integra a Los Pulpos, organización criminal vinculada con el crimen.

PNP no ofreció detalles sobre detenidos

La Policía Nacional presentó el martes a cinco personas como presuntos participantes en el secuestro y asesinato de cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla. El caso ocurrió en Trujillo, donde un grupo armado con indumentaria similar a la de la Policía Nacional del Perú interceptó al empresario, lo bajó de su vehículo y disparó contra quienes permanecían dentro de la camioneta.

El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que cuatro de los detenidos participaron el día del crimen, pero hasta el momento no se ofrecieron datos adicionales sobre los elementos que vincularían a los intervenidos con el secuestro y los asesinatos.

Tampoco se comunicaron, durante la presentación de los sospechosos, resultados de pruebas de absorción atómica ni el hallazgo de prendas policiales en poder de los arrestados. Esa ausencia de detalles fortaleció el reclamo de las familias, que piden que la acusación se contraste con prueba técnica.

El caso generó conmoción en Trujillo luego de que el empresario fuera secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto, en un violento ataque que dejó cuatro personas asesinadas. Posteriormente, la Policía confirmó la liberación del empresario y la captura de cinco presuntos implicados. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los detenidos y establecer quiénes estuvieron detrás de la planificación del crimen.

En medio de las diligencias, una de las principales interrogantes estaba relacionada con la manera en que se consiguió la liberación del empresario y si la familia había realizado algún pago a los secuestradores. Durante sus primeras declaraciones, las autoridades habían evitado brindar detalles debido a que la operación de inteligencia todavía estaba en desarrollo.

Sin embargo, en la entrevista concedida a Canal N, Rafael Belaúnde Llosa confirmó que sí hubo una entrega de dinero, aunque dejó claro que todavía existen aspectos de la operación que no pueden hacerse públicos.

Rafael Belaúnde Llosa confirma la entrega de dinero durante la operación

La periodista de Canal N llevó al ministro directamente al punto que había generado dudas durante la jornada: si efectivamente había ocurrido una entrega de dinero vinculada con el secuestro. “Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, planteó la periodista.

“Sí”, respondió Rafael Belaúnde Llosa. El ministro explicó que la operación continúa en desarrollo y que el hecho de que una persona haya acudido a recoger el dinero no significa necesariamente que se trate del máximo responsable de la organización.

“El que ha ido a recoger el dinero, pues no es el jefe de la operación”, señaló. La periodista insistió en precisar si el sujeto que acudió a recoger el dinero no era el cabecilla. “No es el jefe de la operación”, respondió el ministro.

Luego, Belaúnde explicó que la persona enviada a recoger el dinero habría cumplido solamente una función dentro de una estructura mayor. “Es un chico que han mandado”, manifestó. Ante la consulta sobre la importancia estratégica de este individuo, el titular de Defensa agregó: “Y no tiene ningún valor estratégico eso”.

La Policía monitoreó la entrega de dinero y el contacto con los secuestradores

Durante la entrevista, la periodista de Canal N preguntó si la entrega del dinero había sido monitoreada por la Policía Nacional del Perú, considerando que el objetivo de las autoridades era seguir los movimientos de los presuntos secuestradores sin poner en riesgo la vida de la víctima.

“O sea, el que ha ido a recoger el dinero no era el cabecilla, en base al seguimiento. Entonces, lo que podemos concluir es que esta entrega de dinero o este, digamos, conversación entre la familia y los delincuentes ha tenido que tener un monitoreo de la policía. ¿Esto es así?”, preguntó.

“Ha estado la policía”, confirmó Rafael Belaúnde Llosa. La periodista volvió a preguntar para precisar si la Policía había estado presente durante el proceso de seguimiento. “Ha estado la policía”, respondió nuevamente el ministro.

La intervención de las autoridades, según explicó, permitió avanzar en la identificación y captura de los presuntos integrantes de la organización. “Y así han logrado dar con ellos”, señaló la periodista. “Sí, sí”, respondió Belaúnde.

El ministro destacó que el operativo tenía como prioridad proteger la vida del empresario y conseguir la captura de quienes participaron en el secuestro. Según su explicación, las autoridades manejaban desde el inicio una hipótesis sobre el verdadero móvil del ataque.

Rafael Belaúnde Llosa: “El móvil de fondo no era el secuestro sino era el sicariato”

Uno de los aspectos más delicados de las declaraciones del ministro fue cuando explicó cuál habría sido el móvil que las autoridades identificaron detrás del ataque.

“Lo primero, como se sabía que esto, el móvil de fondo no era el secuestro sino era el sicariato, era lograr salvar la vida de la persona y capturar a los que han participado en el secuestro. Y eso es lo que se ha logrado”, afirmó Rafael Belaúnde Llosa.

La declaración plantea que, para las autoridades, el riesgo principal no se encontraba únicamente en que el empresario permaneciera privado de su libertad, sino en la posibilidad de que el secuestro estuviera relacionado con un eventual ataque de sicariato.

Por ello, el ministro sostuvo que la prioridad fue conseguir que el empresario permaneciera con vida mientras se desarrollaban las acciones de inteligencia. “Ahora, lo que hay que hacer es ahora, s-- y estamos haciendo, es siguiendo la ruta del dinero”, añadió.

Ministro evita revelar hacia dónde llevó la ruta del dinero

Aunque confirmó que hubo una entrega de dinero, Rafael Belaúnde Llosa evitó brindar información específica sobre el destino de los recursos o hasta dónde llegó el seguimiento realizado por las autoridades.

La periodista preguntó directamente si la Policía estaba siguiendo la ruta del dinero entregado. “Ahora, siguiendo la ruta del dinero entregado”, planteó. El ministro respondió que esa información debía ser confirmada por el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional.

“Bueno, eso lo tendría que confirmar el general Arriola. Esa parte yo a, yo no lo puedo-”, respondió. La periodista volvió a intervenir, pero el titular de Defensa mantuvo la reserva sobre ese punto. “Confirmar en estos momentos”, precisó.

La decisión de no revelar más detalles estaría relacionada con el carácter reservado de la investigación. Precisamente, durante la jornada las autoridades habían insistido en que se trataba de una operación de inteligencia compleja y en curso. El propio Belaúnde había señalado previamente que no podía proporcionar todos los detalles mientras las diligencias no hubieran concluido.

¿Yens Lara será interrogado por la investigación?

Durante la entrevista también se abordó la situación de Yens Lara, quien fue mencionado en la conversación por la periodista debido a sus antecedentes y a investigaciones fiscales relacionadas con la comercialización de oro en el extranjero.

La periodista preguntó si Lara sería interrogado y si su testimonio podría resultar relevante para esclarecer lo ocurrido, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes y las personas que habrían cumplido funciones de seguridad para él.

“Ahora, Yens Lara, este, este personaje que tiene antecedentes y que ha sido o es investigado por la fiscalía que comercializa oro en el extranjero, ¿también será interrogado? Porque claro, si él cambia, si él cambia de, de cuidadores y miren quiénes eran sus guardaespaldas, nada más y nada menos que primero los Pulpos y después la otra banda, ¿tendrá mucho que aportar el testimonio de Yens Lara?”, preguntó la periodista.

Ante la consulta, Rafael Belaúnde Llosa evitó adelantar qué ocurrirá con el testimonio del empresario y pidió permitir que las investigaciones continúen.

“Bueno, yo creo que primero es una persona que ha pasado por un proceso traumático. La familia debe estar aterrorizada. Lo que hay que dejar es que las investigaciones sigan su curso”, respondió.

Cinco detenidos tras el secuestro del empresario en Trujillo

La liberación del empresario se produjo en el marco de un operativo policial que terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de la organización criminal investigada. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, cuatro de ellos estarían vinculados directamente con el ataque y secuestro, mientras que un quinto detenido habría cumplido una función logística.

La Policía también ha señalado que el trabajo de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas fueron determinantes para ubicar a los sospechosos. La investigación incluye el análisis de comunicaciones y el seguimiento de personas vinculadas con la organización criminal Los Pulpos.

El caso continúa generando interrogantes, especialmente por la violencia empleada durante el ataque y por las circunstancias en las que se produjo la liberación del empresario. La Policía ha sostenido que la negociación forma parte de los procedimientos utilizados para preservar la vida de una víctima, aunque inicialmente evitó confirmar si hubo un pago específico.

El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, atribuyó este martes la captura del líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres, a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con las autoridades de Perú y Bolivia.

“¡Capturado! Gracias a la colaboración de nuestros equipos del FBI y la DEA con las autoridades peruanas y bolivianas, ‘Jhon Pulpos’ ya se encuentra bajo custodia en Perú”, escribió Navarro en su cuenta de X, en respuesta a una publicación de la Policía Nacional (PNP) sobre el operativo.

El embajador destacó la captura de “uno de los fugitivos más buscados de la región”, a quien las autoridades peruanas atribuyen diversos delitos, entre ellos el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro de sus acompañantes ocurrido el pasado domingo en Trujillo, al norte del país.

Navarro destacó además que su captura fue posible gracias al “largo brazo de nuestra cooperación”, en respuesta a un mensaje de la PNP, que informó que el operativo se realizó en La Paz junto con la Policía boliviana y organismos internacionales.

‘Jhonsson Pulpo’, hijo de Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’ y uno de los fundadores de la banda criminal, era uno de los delincuentes más buscados del país: se ofrecían 500.000 soles por información que permitiera su captura y las autoridades le atribuían, desde la clandestinidad, el manejo de las operaciones de la organización criminal.

En declaraciones a Canal N, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el líder criminal permanecía inicialmente en La Paz y explicó que, por razones de seguridad, se habían reservado los detalles de su traslado, con el objetivo de concretar su entrega a las autoridades peruanas con la mayor celeridad posible.

Por su parte, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez, informó que la captura fue resultado de un “operativo conjunto” coordinado desde enero, en el que también detuvieron a Gabriel Alexander Saúl M. G., de 23 años.

Tras ser expulsados de Bolivia y trasladados a territorio peruano, ambos quedaron bajo custodia policial. Según Astudillo, este miércoles se realizará el traslado de ‘Jhonsson Pulpo’ a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia.

El imputado tenía una orden de captura internacional por los presuntos delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

A ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagara parte del rescate, algo que las autoridades no quisieron confirmar.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, tras un ataque armado contra la camioneta en la que viajaba. Cuatro personas que lo acompañaban murieron por disparos y él fue llevado por la fuerza. Más de 30 horas después, la víctima recuperó su libertad y volvió con su familia.

El ataque ocurrió a las 2:47 de la madrugada, en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. De acuerdo con la investigación, los agresores llegaron en una camioneta blanca y usaron prendas similares a uniformes policiales para simular una intervención. Tras identificar a Lara, dispararon contra los ocupantes y lo retiraron del vehículo.

Las víctimas fueron los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, además de Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que cinco personas permanecen detenidas por su presunta participación en el secuestro y los homicidios. Las diligencias buscan establecer responsabilidades individuales e identificar a otros posibles implicados.

Entrega de dinero y liberación del empresario siguen bajo investigación

La liberación se conoció durante la tarde del lunes 31 de agosto. El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que el empresario estaba con vida y junto a sus familiares.

La Policía presentó el caso como resultado de un trabajo operativo, aunque el comandante general Óscar Arriola señaló después que se trató de una liberación y no de un rescate ejecutado mediante una irrupción.

Información difundida por Latina indicó que la familia habría entregado hasta USD 3 millones durante una negociación. El ministro Belaúnde confirmó que hubo una entrega de dinero, pero las autoridades no precisaron el monto, el recorrido de los recursos ni las circunstancias de la operación.

La PNP y la Fiscalía deberán determinar si ese pago se concretó, quién lo recibió y cómo se relacionó con la liberación de Lara.

Los investigados fueron intervenidos en Trujillo, El Porvenir y Chepén. Entre ellos figuran Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”; César García Rivera, alias “Bolacho”; Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepe Ávila, alias “Ares”. Los partes policiales los vinculan de forma preliminar con la logística, la coordinación y la ejecución del ataque.

Fiscalía analiza si los captores planeaban asesinar a Jenss Lara

Una declaración recogida durante los interrogatorios abrió otra línea en la investigación. Según la versión atribuida a uno de los detenidos, el encargo para secuestrar al empresario llegó desde un penal, por medio de un familiar del líder de Los Pulpos. Los investigadores también analizan si el grupo tenía previsto mantener cautiva a la víctima después de obtener dinero o si existió un plan para asesinarla.

Esa hipótesis aún no ha sido confirmada por la Fiscalía ni por la PNP. El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, pidió cautela y recordó que los agentes cuentan con 15 días para reunir elementos que permitan esclarecer el caso. Una pericia antropológica y la revisión de cámaras integran las actuaciones pendientes.

Las pesquisas también revisan la posible relación entre el secuestro y disputas por protección dentro de la cadena de comercialización de mineral en Pataz. Un audio difundido durante las diligencias alude a pagos previos a una organización y a un posterior vínculo con otra banda. Esa versión será contrastada con declaraciones, registros telefónicos y pruebas antes de atribuir responsabilidades.

La organización criminal ‘Los Pulpos’ exigió cinco millones de dólares para liberar al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado el último fin de semana en Trujillo (La Libertad), según confirmó este martes su padre, Eleuterio Lara López, quien aseguró que la familia no podía pagar esa cantidad y recurrió a un intermediario para conseguir su liberación.

En diálogo con RPP, el también empresario señaló que la cifra era “inalcanzable” para él y negó haber realizado directamente el pago exigido. Explicó que la liberación se consiguió mediante la intervención de un amigo que, de acuerdo con su versión, era “conocido” por la banda criminal.

“Por medio de mis amistades”, dijo, al tiempo que señaló que era urgente “buscar la solución” porque estaba “en juego la cabeza” de su hijo, aunque evitó proporcionar mayores detalles sobre las gestiones realizadas.

El empresario fue liberado este lunes por la tarde, después de permanecer retenido tras el ataque en el que fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban.

Posteriormente, un hermano del empresario contactó con la emisora, rechazó proporcionar detalles sobre la operación y pidió a los medios que no realizaran llamadas ni investigaciones que, según afirmó, pudieran perjudicar a otras personas. “Hay cosas que simplemente no puedo decir”, manifestó.

El familiar cuestionó además la actuación de la Policía Nacional (PNP) y aseguró que la familia decidió actuar por su cuenta ante la falta de resultados. “La policía no sabe hacer su trabajo”, afirmó, al insistir en que la familia hizo “lo que tenía que hacer”.

“A ustedes no les compete eso. A nadie les compete. Eso se queda entre nosotros y punto. No sé qué organización, no sé qué hizo. Suponemos unas cosas, ponemos otras cosas. Ahorita desconfiamos de todos. Así de simple”, señaló.

De igual modo, negó que el empresario hubiera recibido amenazas antes del secuestro y cuestionó las versiones de agentes policiales que, según dijo, sostenían que la familia conocía previamente lo que iba a ocurrir.

“¿Se da cuenta la estupidez que hablan los policías que nosotros ya sabíamos? en algún momento mi hermano va a salir a dar unas declaraciones. No es el momento ahora, simplemente. Esto es todo lo que tengo que decir", dijo.

Las declaraciones se produjeron tras la caída en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, líder de Los Pulpos e hijo de uno de sus fundadores, por el que se ofrecía una recompensa de 500.000 soles para quien ofreciera información que facilitara su captura.

El empresario fue secuestrado durante la madrugada del domingo en plena vía pública de Trujillo, luego de que un grupo de atacantes vestidos con uniformes similares a los de la PNP interceptara el vehículo en el que se desplazaba. Los agresores asesinaron en el lugar a sus cuatro acompañantes.

El grupo se movilizaba en un vehículo de alta gama que fue interceptado a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por sujetos que llevaban uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

La Policía Nacional del Perú (PNP) negó que una camioneta vinculada al secuestro de un empresario y al homicidio de cuatro personas en Trujillo pertenezca al Ministerio del Interior (Mininter) o forme parte de su parque automotor. La precisión fue difundida este 1 de setiembre mediante el Comunicado N.° 19-2026.

El pronunciamiento surgió luego de la difusión de imágenes y registros que relacionaban una Toyota Hilux con la matrícula EPF-176, registrada oficialmente a nombre del Estado. La PNP sostuvo que esa identificación fue utilizada de manera fraudulenta en el vehículo investigado.

Según la institución policial, las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento permitieron establecer diferencias entre la camioneta captada durante los hechos y la unidad oficial asociada a dicha matrícula. La placa EPF-176, precisó la PNP, fue clonada.

El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes utilizaron el vehículo, las prendas o los elementos similares a los policiales y cuál fue el origen de los bienes empleados durante el secuestro y el homicidio registrados en la región La Libertad.

PNP descarta que la camioneta pertenezca al Mininter

En su Comunicado N.° 19-2026, la PNP indicó que el vehículo investigado “no es una unidad del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional del Perú”. La institución señaló que las verificaciones realizadas sobre sus características físicas y registros vehiculares no coinciden con los de una camioneta oficial.

La aclaración responde a las versiones difundidas antes del pronunciamiento policial, que vinculaban al Estado con el vehículo utilizado en el crimen. La PNP rechazó que la sola presencia de una placa oficial permita identificar la camioneta como una unidad estatal.

El documento también precisa que “la placa policial exhibida EPF-176 por dicho vehículo fue clonada”. De acuerdo con la institución, la matrícula fue colocada de forma indebida y no corresponde al vehículo que aparece en las imágenes relacionadas con el caso.

La PNP informó que la unidad policial legítima asociada a la matrícula EPF-176 también fue verificada. Según el comunicado, el patrullero original permanece bajo control institucional y está asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras (DESDPC) San Gabán - Juliaca.

La institución detalló que dicha unidad cuenta con sus elementos de identificación y registros correspondientes. Además, figura en condición operativa desde el 28 de agosto de 2025.

Otra placa fue incorporada a las pesquisas

Como parte de las diligencias, la investigación permitió hallar la placa BNG-906. La PNP señaló que, de acuerdo con la consulta registral, esta matrícula corresponde a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular.

La institución indicó que BNG-906 sería la identificación original del vehículo investigado. Este elemento fue incorporado a las pesquisas técnico-científicas para establecer la procedencia de la camioneta y precisar su relación con los hechos.

La información policial modifica la versión difundida previamente sobre la supuesta titularidad estatal del vehículo, sustentada en la presencia visible de la placa EPF-176.

PNP niega indicios contra policías o unidades oficiales

El comunicado también aborda el uso de prendas, distintivos y equipamiento similares a los empleados por la Policía. La institución señaló que la utilización de estos elementos por parte de delincuentes no demuestra una relación con la PNP.

Según el documento, la simulación de una intervención policial puede ser utilizada por organizaciones criminales para sorprender y someter a sus víctimas. Esta circunstancia forma parte de las diligencias que buscan establecer cómo fueron utilizados los elementos similares a los policiales durante el delito.

La PNP sostuvo además que, hasta el momento, “no existen indicios que comprometan a personal policial ni a unidades móviles de la PNP”.

Las diligencias permanecen abiertas para determinar la identidad de los responsables del secuestro y del homicidio de las cuatro personas. La Policía también busca establecer el origen de los vehículos y bienes utilizados durante los hechos.

En un diálogo exclusivo con el portal de investigación El Foco, Lara aseguró que actuó por sus propios medios desde que conoció el secuestro de su hijo y la masacre de sus cuatro acompañantes, y sostuvo que no recibió apoyo de la Policía Nacional (PNP) para localizarlo ni para tranzar con los captores.

“He corrido por mi lado a sacar la información de las cámaras. No he tenido apoyo policial. La Policía tenía que hacer el recorrido de cámaras; sin embargo, yo lo he hecho. Hasta el día de hoy, no han abierto los celulares (de las víctimas)”, dijo.

De igual modo, cuestionó la actuación de la institución y sugirió que algunos efectivos podrían estar involucrados en el secuestro. No precisó cuánto pagó ni confirmó si el dinero llegó a la banda criminal ‘Los Pulpos’, a la que el Gobierno atribuye el ataque armado.

“Para vestirse de policías, de personal militar, es porque está coludida la Policía. (...) Quiero hacer llegar mi sentido pésame a todos los familiares, que yo no los he conocido, a uno, solamente a uno, solamente a uno he conocido. Me indigna este secuestro de mi hijo y me indigna que hasta ahora la policía no haya hecho nada”, señaló.

“Las organizaciones criminales están protegidas por la policía. (...) Yo he hecho mi gestión por mis propios medios para recuperar a mi hijo, porque es una vida. No he visto a la policía”, agregó.

También mencionó que su hijo, el empresario minero Jens Lara Tantaquilla, fue llevado a un cañaveral, donde permaneció retenido con los ojos vendados y sin ropa, y que fue liberado alrededor de las 14:00 horas del último lunes, después de que él realizara el pago para conseguir su liberación.

Según explicó, tuvo que regresar de la sierra de La Libertad, donde se encontraba trabajando, para gestionar el desembolso. Mencionó además que su hijo no reconoce a los detenidos presentados por el Gobierno como presuntos implicados en el secuestro, ya que los captores eran adultos y sus voces, distintas.

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

Sin embargo, su padre rechazó cualquier vínculo con la minería ilegal y defendió que las actividades de su familia se desarrollaban dentro del marco establecido. “No somos mineros ilegales, eso quiero aclarar. No sacamos oro ilegal”, afirmó, al explicar que su hijo cuenta con una concesión minera y que la familia se dedica a la comercialización de mineral aurífero.

Refirió, finalmente, haber sido víctima de extorsiones y otros hechos delictivos durante años, entre ellos millonarios robos perpetrados en su almacén, local y vivienda.