Las necropsias de las cuatro personas asesinadas durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo (La Libertad), revelan que fueron ejecutadas con disparos dirigidos principalmente a la cabeza, lo que da cuenta de la precisión con la que actuaron los atacantes, según un informe publicado este domingo por el diario La República.

Los documentos forenses, a los que tuvo acceso el medio, señalan además que los homicidas utilizaron al menos dos armas de distinto calibre y que los proyectiles impactaron en diferentes zonas vitales del cuerpo, entre ellas la cabeza, el cuello y el tórax.

La Policía considera que los homicidas dispararon contra los ocupantes de la camioneta con el objetivo de impedir que alguno sobreviviera y pudiera identificar posteriormente a los responsables del secuestro.

El conductor de la camioneta, Christopher García Álvarez, de 33 años, fue quien recibió más impactos, con siete heridas de bala. Una de ellas ingresó por la región parietal izquierda y provocó una lesión craneoencefálica mortal.

Nadia Urtecho Rodríguez, de 28 años, recibió cuatro impactos, incluidos disparos en la cabeza y el tórax. Luis Rojas Ramos de Rosas, de 38 años, sufrió dos impactos, uno de ellos en la zona cervical posterior, con trayectoria hacia la cavidad craneana.

Andrea Monzón Lingán, de 20 años, recibió un único disparo en la región occipital que atravesó el encéfalo y fue necesariamente mortal, según el protocolo de necropsia.

La distribución y trayectoria de las heridas son analizadas por los investigadores para establecer la posición que ocupaban las víctimas y los atacantes durante el ataque.

Dos tipos de munición

Los peritos de la División de Criminalística de Trujillo recogieron nueve casquillos en la escena: ocho correspondientes a munición calibre 9x19 milímetros Luger y uno de calibre 5.7x28 milímetros.

La evidencia apunta al uso de al menos dos armas de distinto calibre. Los dos proyectiles de aproximadamente 9 milímetros recuperados y examinados fueron asociados a una misma arma de fuego, según los informes citados por el medio.

El calibre 9x19 milímetros es utilizado habitualmente en pistolas, mientras que el 5.7x28 milímetros es empleado por armas como el subfusil FN P90 y la pistola FN Five-seveN, fabricadas por la compañía belga FN Herstal.

Este último tipo de munición tiene características de penetración que le permiten atravesar determinados chalecos antibalas. Las investigaciones buscan establecer cuál de las víctimas fue alcanzada por ese proyectil, ya que el casquillo fue encontrado dentro de la camioneta.

Según las fuentes policiales citadas en el informe, armas capaces de emplear munición 5.7x28 milímetros son utilizadas por unidades de fuerzas especiales de las instituciones castrenses, aunque todavía no se ha establecido el origen del arma empleada en el crimen.

La investigación también incluyó pruebas de absorción atómica a cinco de los detenidos por el caso. Cuatro de ellos —Frank Quezada Cruz, Ángel Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada— dieron positivo para plomo, antimonio y bario.

Sin embargo, este resultado no permite concluir por sí solo que los detenidos hayan disparado las armas utilizadas en el ataque, debido a que la prueba debe ser valorada junto con el resto de evidencias recogidas por los investigadores.

La Policía sostiene como una de sus líneas de investigación que los asesinatos buscaban impedir que alguno de los ocupantes pudiera identificar posteriormente a los responsables del secuestro.

El cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo tras el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla suma nuevas evidencias dentro de la investigación policial. Los peritajes efectuados sobre un fusil R-15, prendas tácticas y objetos abandonados cerca de los sembríos de caña permiten establecer conexiones entre parte del material encontrado y el ataque contra los ocupantes de una camioneta.

La investigación también incorpora los resultados de los protocolos de necropsia de las cuatro víctimas. Los documentos examinados por La República detallan la cantidad y ubicación de las heridas de bala, mientras que los informes de criminalística aportan información sobre los calibres utilizados durante el ataque.

Entre los principales elementos bajo análisis figuran un fusil R-15 calibre 9 mm, un porta carné de identidad policial y el DNI del empresario. Los peritos también examinaron restos de material genético en distintas partes del arma, además de otros indicios recogidos en la zona donde los responsables abandonaron parte de su indumentaria.

El fusil R-15 fue vinculado con el ataque

Según información oficial a la que accedió La República, el 3 de septiembre, a las 6.30 p. m., agentes de la División Antisecuestros y de la División de Investigación contra la Criminalidad localizaron un fusil R-15, marca R-15, 9 mm Carbine calibre 9 mm, con número RP 42419 y color negro. El arma tenía una cacerina sin municiones.

El peritaje estableció que este fusil fue utilizado en el caso investigado. Los especialistas también examinaron el gatillo, la cacerina y la empuñadura, donde se detectaron restos de material genético. Estos resultados forman parte de las evidencias remitidas al Ministerio Público.

Junto con el arma aparecieron cascos, chalecos, borceguíes, mitones y otros implementos tácticos. El material estaba dentro de una bolsa negra, a unos 10 metros de las plantaciones de caña de azúcar situadas en la carretera hacia el fundo San Pedro.

Huellas fueron encontradas en un porta carné policial

Otro elemento de interés para los investigadores es un porta carné de identidad policial localizado dentro del bolsillo de un pantalón de faena. En el mismo lugar apareció el DNI perteneciente a Jenss Marty Lara Tantaquilla.

El medio peruano informó que los peritos detectaron huellas dactiloscópicas en el porta carné. Este tipo de evidencia será sometida a los procedimientos de identificación correspondientes para determinar si existe coincidencia con alguna de las personas bajo investigación.

En la zona también se recogieron un correaje táctico, un porta arma de fuego, un porta grilletes, grilletes de seguridad, un chaleco, un camisaco de faena, un casco, borceguíes y guantes tácticos sin dedos.

Uno de los chalecos llevaba marbetes con la referencia a un suboficial de tercera y las inscripciones “policía” y “policía Grecco”. La procedencia de estos elementos forma parte de las diligencias policiales.

Los peritajes balísticos identificaron dos calibres

Los informes de la División de Criminalística de Trujillo incorporaron nueve casquillos recuperados en el vehículo. Ocho correspondían a munición Águila calibre 9x19 mm Luger, mientras que uno correspondía al calibre 5.7x28 mm.

La diferencia entre ambos calibres constituye uno de los puntos centrales del análisis balístico. De acuerdo con las fuentes de La República, la evidencia resulta compatible con el empleo de al menos dos armas de fuego distintas.

Dos proyectiles de calibre aproximado 9 mm recuperados durante las diligencias fueron homologados entre sí con resultado positivo. El examen determinó que ambos fueron disparados por una misma arma de fuego.

Respecto del proyectil 5.7x28 mm, los peritos establecieron que el casquillo fue encontrado dentro de la camioneta. Sin embargo, todavía no se determinó cuál de las víctimas recibió un disparo correspondiente a ese calibre.

Las fuentes consultadas por La República precisaron: “En el cuerpo de Andrea Monzón se encontró una camisa de proyectil compatible con el calibre 9 mm, por lo que comienza a existir asociación entre determinadas lesiones y el armamento empleado”.

Las necropsias detallan las heridas de las cuatro víctimas

Los protocolos de necropsia examinados aportaron datos sobre las lesiones sufridas por los cuatro ocupantes de la camioneta. Christopher García Álvarez presentó siete heridas de bala; Nadia Urtecho Rodríguez recibió cuatro impactos; Luis Rojas Ramos De Rosas registró dos, y Andrea Monzón Lingán presentó uno.

Los cuatro cuerpos presentaron heridas de bala en la cabeza. Según la información consignada en los documentos, esta característica de las lesiones forma parte del análisis destinado a establecer la forma en que ocurrió el ataque.

La reconstrucción policial también considera las imágenes de las cámaras de vigilancia. Estas registraron la intervención de la camioneta, la extracción de Lara Tantaquilla y la posterior huida de los responsables en un automóvil negro y una camioneta Toyota Hilux blanca.

La investigación incluyó pruebas de absorción atómica aplicadas a cinco detenidos. Los resultados fueron positivos para plomo, antimonio y bario en Frank Quezada Cruz, Ángel Bocanegra Linares, César Iván García Rivera y Julio Zavaleta Quezada.

El resultado de esta prueba, por sí solo, no determina que las cuatro personas efectuaran disparos durante el ataque. Las fuentes vinculadas con la investigación indicaron que este elemento debe ser valorado junto con las demás evidencias.

“Esto no significa que los cuatro positivos necesariamente hayan disparado, porque la prueba debe valorarse con los demás elementos del caso. Pero sí constituye evidencia convergente que fortalece considerablemente la hipótesis de intervención de más de un sujeto armado”, precisaron las fuentes de la investigación policial.

En una entrevista con Domingo al Día, el padre de la víctima relató la desesperación que atravesó durante las 36 horas en las que su hijo permaneció privado de su libertad. “Las horas pasaban y eran muy tristes y crueles para mí. Cada minuto que pasaba, cada hora que pasaba, para mí era desastroso, era desesperante”, declaró.

Lara López aseguró que decidió entregar una suma de dinero ante el riesgo de que los secuestradores atentaran contra Jenss Lara. “¿Qué querían? ¿Que empiecen a cortarle un dedo a mi hijo? ¿Querían que lo dejen que lo corten dedo por dedo? ¿Querían que al final, si no lo pago, lo maten?”, expresó.

Niega vínculos con el crimen

El padre del empresario negó que su familia esté vinculada con organizaciones criminales como Los Pulpos o La Jauría. También rechazó las versiones que describieron su vivienda en Trujillo como un supuesto búnker o que se refirieron a los Lara como un clan.

“Acá es mi humilde casa. No es una zona exclusiva como lo dicen. Es una zona como cualquier zona de Trujillo”, señaló Lara López antes de permitir el ingreso del equipo periodístico a su vivienda.

El entrevistado dijo que vive allí junto a su familia y sostuvo que existen medidas de seguridad por la situación que enfrenta tras el secuestro de su hijo. Antes de la entrevista, el personal de seguridad revisó las pertenencias del reportero y le pidió su documento de identidad para autorizar el acceso.

Consultado sobre los señalamientos contra su entorno, Lara López respondió: “Con la frente bien en alto, les digo que nosotros no pertenecemos a ninguna organización criminal. Nunca hemos pagado cupos ni a Los Pulpos ni a La Jauría, como lo vienen diciendo. Jamás”.

No eran sus guardaespaldas

El caso tuvo como antecedente el ataque ocurrido el 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, donde fueron asesinadas cuatro personas y Jenss Lara fue secuestrado. De acuerdo con el reportaje, el empresario se encontraba acompañado por hombres que algunos medios identificaron como integrantes de su seguridad.

Eleuterio Lara negó esa versión. Afirmó que las personas que acompañaban a su hijo eran sus amigos y que no portaban armas. “No eran sus guardaespaldas. Ustedes creen que un guardaespalda va con las manos vacías. Ellos no tenían arma”, manifestó.

Según su declaración, su hijo acudió al lugar “con toda la confianza” porque la familia no había tenido problemas previos. También descartó que Jenss Lara haya pertenecido a La Jauría y lo definió como un profesional y trabajador.

El padre del empresario fue consultado por una investigación abierta por el Ministerio Público en 2020 contra Jenss Lara, por una presunta pertenencia a la organización criminal Los Topos del Frío. Lara López afirmó que la pesquisa no encontró indicios de organización criminal y que su hijo presentó documentación sobre la actividad minera.

“Han pasado siete años y mi hijo ha seguido su trámite legal presentando los documentos que acrediten que sí hacíamos minería”, sostuvo. Añadió que la actividad se encuentra paralizada mientras su hijo es investigado y que su expediente está “en sobreseguimiento”.

Las llamadas

Lara López indicó que recibió llamadas durante el secuestro, aunque sostuvo que no puede identificar a la persona que se comunicó con él. Al ser preguntado por una posible conversación con Johnson Smith Cruz Torres, conocido como “Johnson Pulpo”, respondió que no reconoce su voz.

“Me llamaron. Yo no puedo decir quién fue. No puedo decir, no lo conozco, ni conozco su voz. No sé si habrá sido Johnson Pulpo o quién habrá sido”, declaró.

El reporte de Domingo al Día difundió además imágenes que, según una fuente citada en la investigación, muestran recorridos previos realizados en Trujillo por una camioneta Hilux con placa BSJ 899 y un vehículo Swift negro. La fuente señaló que la Hilux habría sido utilizada para el secuestro.

De acuerdo con esa versión, el sábado 29 de agosto, pasadas las diez de la mañana, un sujeto descendió de la camioneta. Luego, dos mujeres habrían acudido a la discoteca a la que asistiría Jenss Lara 12 horas después, con el objetivo de seguir sus movimientos.

La Policía investiga

Una fuente del reportaje sostuvo que en el caso participaron más de 20 personas, distribuidas en distintos grupos y con tareas diferenciadas. “Un secuestro se caracteriza de ser injertado porque hay compartimentaje. Diferentes grupos van a cumplir diferentes tareas y entre ellos no se conocen”, indicó.

La misma fuente dijo que los involucrados realizaron un recorrido previo por calles de Trujillo y usaron sus placas reales. Según la investigación expuesta en el programa, los vehículos habrían tenido placas falsificadas e identidades clonadas durante la ejecución del crimen.

El reportaje identificó a Joyce Bereche Maco como la persona a la que pertenece la placa original BSJ 899. También señaló que, de acuerdo con la versión policial, esa persona alquiló mediante una empresa una vivienda que habría permanecido bajo control de los investigados durante cerca de 60 días.

En ese inmueble, según el reporte, se habría construido un lugar de cautiverio con una puerta tipo bóveda y se habrían realizado acondicionamientos para mantener retenido a Jenss Lara. El programa indicó que el empresario estuvo en un espacio reducido donde había balones de oxígeno.

La investigación también mencionó a Roy Peter Bocanegra Aguilar, de 42 años, conocido como “El Viejo”, como el conductor del vehículo Swift negro. Según la fuente consultada por el programa, habría conducido a la Policía hacia bases y caletas atribuidas a Los Pulpos.

Mientras persisten las denuncias sobre la participación de policías en ambas organizaciones criminales enemigas, un informe realizado por el programa Beto A Saber, de Willax, presentó detalles sobre Jolín Bazán Valderrama, señalado como líder de ‘La Jauría Nueva Generación’. De acuerdo con el reportaje, el hombre de 31 años habría iniciado su trayectoria criminal dentro de Los Pulpos hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de Jhonsson Smith.

Bazán fue intervenido por la Policía Nacional (PNP) en 2011, cuando tenía 16 años, portando una mini Uzi. Con el paso de los años habría adquirido mayor jerarquía dentro de ‘Los Pulpos’ y, a los 24, ya era considerado lugarteniente (hombre de confianza) de Jhonsson. Sin embargo, una disputa interna habría provocado su alejamiento de la organización y su posterior acercamiento a ‘La Jauría’.

¿Quién es Jolín Bazán, señalado como líder de ‘La Jauría’?

El especialista en seguridad Pedro Yaranga explicó en el reportaje que la división interna de ‘Los Pulpos’ permitió que otras facciones adquirieran mayor presencia en Trujillo. “La Jauría también es un grupo generado de los Pulpos”, sostuvo, al considerar que actualmente tendría una importante capacidad de control en la ciudad.

El informe periodístico ubicó parte de la historia de Bazán en Huanchaco, cerca del complejo arqueológico Chan Chan, donde se observaron calcomanías atribuidas a ‘La Jauría’ en algunas paredes. El reportaje describió además la presencia de terrenos baldíos y calles poco transitadas que, según el periodista que realizó la investigación, serían utilizados como vías de escape luego de la comisión de delitos.

Bazán también fue intervenido el 23 de abril de 2023 en Huanchaco, junto con un suboficial de la Policía Nacional. Ambos fueron trasladados a la Divincri. El reportaje difundió un video registrado en las instalaciones policiales en el que se escucha a agentes indicándole a Bazán qué versión debía brindar sobre un arma que le habían encontrado.

De acuerdo con el informe, el entonces investigado sostuvo que el arma había sido colocada entre sus pertenencias. Pese a aquella intervención, posteriormente recuperó su libertad.

Condenado a cadena perpetua y continúa como prófugo,

La situación judicial de Bazán cambió posteriormente. En 2026, fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, según el reportaje. La víctima habría sido secuestrada y sus captores exigieron un millón 800 mil soles a sus familiares.

El informe también lo relacionó con el secuestro de Nilda Rascue, ocurrido el 15 de noviembre de 2022, caso por el que se habría solicitado una condena de 31 años de prisión en su contra.

Pese a contar con una sentencia de cadena perpetua, Bazán continúa prófugo de la justicia. El reportaje cuestionó que, a pesar de la gravedad de los delitos por los que fue condenado y de ser señalado como líder de ‘La Jauría’, no figure en la lista de los más buscados ni registre una requisitoria en su contra. Según la periodista Karla Ramíres, este sujeto incluso sale y entra del Perú sin que la Policía Nacional lo capture.

La investigación también abordó un ataque contra un inmueble cuyo propietario, Sergio Bolaños, habría sido acusado por Bazán de estar involucrado en la muerte de su hermano. Según el informe, la vivienda fue atacada con explosivos. Meses después, en diciembre de 2025, Bolaños fue asesinado en el distrito limeño de Jesús María tras recibir 15 disparos.

Durante el programa, la periodista Karla Ramírez afirmó que existen efectivos policiales que habrían trabajado con integrantes de ‘La Jauría’ y otras organizaciones criminales. En ese contexto, señaló que, durante un operativo contra miembros de la banda, se encontraron armas cuyos códigos correspondían a la Policía Nacional del Perú.

¿Cómo responde la PNP a la criminalidad de Trujillo?

Otro de los puntos abordados en el reportaje fue la actuación de la Policía frente a las investigaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de La Libertad. Ramírez mostró documentos que, según explicó, corresponden a comunicaciones de los fiscales Alex Santa Cruz, Manuel Carlos Velázquez, Andrea Lavado Pérez y Jennifer Ludeña Meléndez dirigidas al fiscal coordinador nacional contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina.

Según la periodista, durante meses los fiscales solicitaron a unidades policiales de Trujillo diligencias y operaciones relacionadas con investigaciones contra organizaciones criminales. Sin embargo, las respuestas de la Policía señalaban limitaciones operativas, logísticas y de personal para ejecutar las acciones solicitadas. Ramírez indicó que algunas carpetas fueron devueltas y que los fiscales recibieron respuestas de distintas dependencias en las que se señalaba que determinadas diligencias no correspondían a su competencia.

La periodista sostuvo que en estas solicitudes estaban involucradas unidades de la Región Policial y de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). Durante el programa también se mencionó a los generales Espinoza y Víctor Revoredo en relación con las unidades y la cadena de mando.

Ramírez también se refirió al general Ríos Tiravanti, mencionado como posible sucesor de Óscar Arriola. Recordó que anteriormente estuvo al mando de la Policía en Trujillo y que uno de los integrantes de su equipo, el coronel Arturo Balta, fue relacionado con la organización criminal conocida como ‘La Gran Familia’ y actualmente se encuentra prófugo.

Según la versión expuesta por Ramírez, antes de un operativo contra esta organización uno de sus integrantes habría acudido a buscar a Tiravanti, quien posteriormente viajó a Lima. La periodista también afirmó que, después de estos hechos, el general denunció a policías que participaron en las investigaciones y cuestionó el trabajo de unidades como la Diviac y la Digimin, además de la labor de la fiscal Jennifer Ludeña.

La justicia peruana ya inició acciones para ubicarlo fuera del país. Un documento al que accedió el programa Ocurre Ahora revela que la Corte Superior de Justicia de La Libertad aprobó solicitar a Chile la detención preventiva de Cruz Basilio con fines de extradición. El requerimiento está relacionado con una investigación por extorsión agravada.

Óscar Cruz Basilio es buscado por extorsión a un colegio

De acuerdo con la investigación difundida en el reportaje, Óscar Cruz Basilio es requerido por un atentado contra un colegio de Trujillo ocurrido en mayo de 2024. El ataque se produjo durante el horario escolar, cuando un explosivo fue detonado en los exteriores de la institución.

La extorsión habría incluido una amenaza contra los estudiantes. Según el reportaje, la organización exigía 50 mil soles a la directora del colegio a cambio de no atentar contra los menores.

Las investigaciones permitieron identificar a un adolescente de 16 años como uno de los presuntos implicados. A partir de su captura, las autoridades habrían establecido que Cruz Basilio coordinaba el ataque desde Chile. El reportaje también sostiene que habría utilizado a dos de sus hermanos, uno de ellos de 11 años, para recoger el dinero exigido.

El general PNP Ricardo Espinoza confirmó que un equipo de inteligencia peruano se trasladó a Chile para intercambiar información y avanzar en la ubicación del nuevo objetivo policial.

“Hemos viajado al país de Chile un equipo de inteligencia para ahí intercambiar información y quede más claro la persecución y captura de este nuevo objetivo, Óscar Cruz Basilio”, declaró.

Los Pulpos también son investigados por sus actividades en Chile

La investigación periodística también recoge testimonios sobre la expansión de Los Pulpos hacia Chile. El periodista chileno Jorge Molina señaló que integrantes de esta organización se habrían asentado en el norte de Santiago, donde inicialmente sus principales víctimas habrían sido comerciantes peruanos.

Según Molina, esta actividad se habría extendido posteriormente a ciudadanos chilenos, aunque en menor proporción.

El periodista también mencionó casos en los que integrantes de organizaciones criminales habrían establecido vínculos con malos agentes policiales para facilitar el cobro de extorsiones. Estas afirmaciones corresponden a los testimonios recogidos en el reportaje y forman parte de las líneas de investigación sobre las actividades de estas organizaciones en territorio chileno.

Mientras tanto, Óscar Cruz Basilio no figura actualmente en la lista de recompensas de la Policía Nacional, de acuerdo con el reportaje. Espinoza indicó que la eventual inclusión de un objetivo en este mecanismo requiere una decisión del consejo correspondiente.

La Jauría y Jolín también están bajo la mira de la Policía

Otro de los nombres mencionados en la investigación es Jolín Bazán Derrama, alias “Jolín”, señalado como líder de La Jauría, otra organización criminal con presencia en Trujillo.

Según el reportaje, Bazán Derrama habría ampliado su influencia y estaría ofreciendo “servicios de seguridad” a mineros informales, una modalidad que estaría vinculada al cobro de cupos bajo amenazas. La Policía lo considera un objetivo criminal, aunque actualmente tampoco figura en la lista de recompensas.

El general Espinoza señaló que la institución trabaja para incluirlo en este mecanismo y precisó que la decisión sobre recompensas de 500 mil soles a más corresponde a un consejo.

Bazán Derrama fue condenado por el secuestro y asesinato del padre de un exalcalde, según la información difundida en el reportaje. Además, es señalado por su presunta vinculación con otros casos de extorsión y atentados registrados en Trujillo.

Con la caída de Jhonsson Cruz Torres, las autoridades buscan determinar quiénes asumieron el control de Los Pulpos y otras organizaciones criminales que mantienen actividad en la región. La ubicación de Óscar Cruz Basilio en Chile y de Jolín Bazán Derrama en Perú se ha convertido así en uno de los objetivos de las investigaciones policiales.

Los Pulpos, La Jauría, Los Injertos del Norte, Los Lobos y Nueva Generación Plata o Muerte son algunos de los nombres que aparecen entre las organizaciones identificadas en estas regiones. La situación ha llevado al Ejecutivo a evaluar nuevas herramientas para enfrentar a estas estructuras, entre ellas la creación de una figura penal denominada “terrorismo de lucro ilegítimo”, propuesta por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

El panorama coincide con una elevada cantidad de homicidios registrados en estas jurisdicciones durante 2026. De acuerdo con las cifras del Sinadef, las seis regiones acumulan 410 homicidios en lo que va del año, con La Libertad y Piura a la cabeza.

El mapa de las bandas criminales que operan en el norte del Perú

Un reporte difundido por Willax Noticias presentó un mapa en el que se distribuyen las organizaciones criminales identificadas en cada una de las seis regiones del norte del país. La relación incluye grupos con presencia señalada en distintos territorios y algunos nombres que aparecen vinculados a más de una región.

En Áncash fueron identificadas cuatro organizaciones: Los Terribles del Ajuste, Una Sola Idea, Los Gatilleros de Bellamar y Las Injertas de Los Pulpos.

En La Libertad, el reporte ubica a Los Pulpos y La Jauría, dos organizaciones vinculadas a una cadena delictiva que parte de la extorsión y puede escalar a secuestros y homicidios en la región.

En Cajamarca aparecen Los Engendros y Los Fuertes de Palomino, mientras que en Lambayeque figuran Los Fuertes de Palomino, Nueva Generación del Crimen, La Mafia Habanera y Los Pepes.

El mapa también incluye a Los Chuquis del Norte y Los Injertos del Norte en Piura, región que en las últimas semanas ha concentrado especial atención por la frecuencia de hechos violentos atribuidos a organizaciones criminales.

Finalmente, en Tumbes se señala la presencia de Los Finos de Zarumilla, Los Bolonos, Los Pollos, Los Lobos y Nueva Generación Plata o Muerte.

La Libertad y Piura concentran la mayor cantidad de homicidios

La presencia de organizaciones criminales se observa en un contexto de violencia letal que también afecta a las regiones incluidas en el mapa.

Según las cifras del Sinadef proporcionadas para este reporte, La Libertad registra 147 homicidios en lo que va de 2026, la cifra más alta entre las seis regiones mencionadas. Le sigue Piura, con 104 homicidios.

La lista continúa con Tumbes, que registra 69 homicidios; Áncash, con 34; Lambayeque, con 29; y Cajamarca, con 27. En conjunto, las seis regiones acumulan 410 muertes violentas registradas durante el año.

Acciones que se plantean desde el Gobierno

Frente al avance de organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, señaló en el citado medio que el Ejecutivo evalúa crear la figura de “terrorismo de lucro ilegítimo”, tomando como referencia la experiencia de Ecuador. La propuesta busca considerar como terrorismo aquellos actos violentos que generan miedo en la población, pero cuyo objetivo principal es obtener un beneficio económico.

El ministro sostuvo que esta figura permitiría fortalecer el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas, la DINI y el servicio de inteligencia de la PNP, con énfasis en identificar a los cabecillas y desarticular las estructuras criminales.

Álvarez también consideró necesaria una reforma integral del INPE para evitar que las organizaciones criminales continúen operando desde los penales. Como parte de la propuesta, señaló que ya se han identificado tres posibles lugares para construir un megapenal en el interior del país, cuya ubicación deberá ser evaluada por el INPE.

El ministro no descartó además recuperar el modelo de establecimientos penitenciarios alejados de las ciudades, como el antiguo CEPA, en la selva amazónica, donde los internos podrían realizar actividades agrícolas como parte de su rehabilitación.

Finalmente, precisó que estas medidas podrían avanzar con mayor rapidez si el Congreso otorga al Ejecutivo las facultades legislativas solicitadas en materia de seguridad y justicia.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la detención de otros dos jóvenes y la captura de Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias Viejo, en el marco de las diligencias posteriores al secuestro del empresario Jenss Lara y cuádruple asesinato ocurrido en la región La Libertad, un caso que las autoridades vinculan con la organización criminal Los Pulpos.

La presentación de los avances estuvo a cargo del general de la PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, quien explicó que las pesquisas permitieron identificar un vehículo que, según la hipótesis policial, habría intervenido en una etapa del desplazamiento de los involucrados.

De acuerdo con la información expuesta ante la prensa y recogida por TV Perú, los agentes ubicaron un Suzuki Swift negro con placa original. La identificación de ese registro condujo hasta la propietaria del automóvil, María Natividad Flores Rodríguez.

La placa del Suzuki

Espinoza Cuestas señaló que la propietaria del vehículo informó a los investigadores que había alquilado el automóvil a otra persona. A partir de ese dato, la Policía Nacional llegó a un domicilio donde encontró a dos jóvenes.

Según la versión policial, ambos tenían un teléfono celular que contenía un video relacionado con el caso. El material mostró, de acuerdo con el general, cómo fueron manipulados uniformes policiales dentro de una vivienda.

“Ese video muestra cómo se manipularon los uniformes de policía en esta vivienda”, declaró el jefe policial durante la presentación. La autoridad sostuvo que los dos jóvenes quedaron detenidos tras la intervención.

El general indicó que este tipo de operativos se ejecuta en Trujillo bajo el estado de emergencia vigente. No precisó la identidad de los dos detenidos ni informó si afrontan cargos específicos por el secuestro o los asesinatos.

Los detenidos

Durante las primeras diligencias, los jóvenes afirmaron ante los agentes que el teléfono celular había sido prestado a su padre, según el relato de Espinoza Cuestas. La Policía identificó a esa persona como Roy Peter Bocanegra Aguilar, conocido con el alias de Viejo.

Bocanegra Aguilar fue capturado en Retamas, en la provincia de Pataz, y luego fue trasladado para continuar con las investigaciones. El jefe de la Región Policial La Libertad aseguró que el detenido manifestó su intención de colaborar con las autoridades.

“Yo soy el delincuente, mis hijos no. Voy a colaborar, voy a revelar a la policía mi participación, el desplazamiento que he desarrollado con el vehículo”, fue la declaración atribuida por Espinoza Cuestas a Bocanegra Aguilar.

La Policía sostuvo que, tras esa manifestación, el hombre condujo a los agentes hacia un lugar que, de acuerdo con la exposición oficial, era denominado por los investigados como “Airbnb”. Las autoridades consideran que en ese inmueble se habría planificado el secuestro.

Otro vehículo

En el lugar señalado por Bocanegra Aguilar, los investigadores encontraron el vehículo negro que había sido identificado en las diligencias y una camioneta. La presencia del automóvil en ese inmueble forma parte de los elementos que la Policía incorporó a su línea de investigación.

El general Espinoza Cuestas afirmó que el vehículo negro pertenece a Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias Polo. Según la explicación de la autoridad, el hallazgo del automóvil en el inmueble donde presuntamente se planeó el secuestro respalda la teoría policial sobre la participación de esa persona.

Durante su exposición, el jefe policial mencionó a Julio Zavaleta y señaló que esa persona había indicado que participó en el secuestro y en el asesinato. También aludió a una marcha realizada en Trujillo, en la que, según dijo, se difundió el mensaje “Soy inocente”.

“¿Cómo es posible que Julio Zavaleta los indique, revele que él participa en el secuestro y en el asesinato, sale una marcha en Trujillo, ‘Soy inocente’, pero su vehículo está en el lugar en donde se planificó el secuestro?”, planteó Espinoza Cuestas.

La autoridad añadió que ese hallazgo permitió sostener la decisión de detener a las personas intervenidas. “Entonces, con eso sostenemos nuestra teoría, la detención”, afirmó.

La diligencia puso el foco en la comparación entre las características físicas de los 11 detenidos y las imágenes de los sujetos que, la madrugada del pasado domingo 30 de agosto, utilizaron uniformes similares a los de la unidad GRECCO durante el ataque.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de la calle Isabel de Bobadilla y la avenida Húsares de Junín, donde fue interceptada la camioneta Ford Bronco en la que se trasladaba Lara Tantaquilla. El empresario fue separado del grupo y secuestrado, mientras que los otros ocupantes del vehículo fueron asesinados.

La diligencia comenzó a las 3:15 de la madrugada de hoy 9 de septiembre y concluyó cerca de las 5:00 a. m.. Durante ese lapso, las autoridades cerraron dos cuadras alrededor de la zona para permitir el trabajo policial, fiscal y pericial. Según el reporte de Latina, la reconstrucción tuvo una duración aproximada de una hora y 45 minutos.

Sin chalecos ni cascos

Los 11 detenidos participaron encapuchados en la recreación de la secuencia investigada. Para la diligencia, la Policía Nacional les colocó uniformes de la unidad GRECCO, además de borceguíes y pasamontañas. No usaron chalecos tácticos, cascos ni armas largas, de acuerdo con la información difundida desde el lugar.

El uso de esa indumentaria buscó contrastar las imágenes de la reconstrucción con los registros de las cámaras de seguridad que captaron la emboscada. En esos videos se observa a los atacantes con prendas y equipos semejantes a los empleados por unidades policiales especiales.

La comparación física se convirtió en uno de los puntos de atención de la diligencia. En redes sociales, usuarios difundieron observaciones sobre diferencias entre la estatura y la contextura de los detenidos que acudieron a la recreación y las de los sujetos registrados por las cámaras durante el ataque del 30 de agosto.

Esas diferencias también forman parte de los cuestionamientos alrededor de la identificación de los presuntos implicados. Las imágenes de los sospechosos, que llevaban el rostro cubierto, serán contrastadas con otros elementos incorporados a la investigación, entre ellos las grabaciones de seguridad, testimonios y pericias especializadas.

Perito antropométrico

La reconstrucción contó con la presencia de un perito antropométrico de la Policía Nacional, enviado desde Lima, y de un antropólogo forense. Su intervención apunta a establecer correspondencias entre las imágenes de las cámaras y las características físicas de las personas detenidas.

La evaluación considera elementos como la estatura, la contextura corporal, la forma de caminar y otros rasgos visibles en los videos. El objetivo es determinar si alguno de los investigados puede ser identificado en los registros audiovisuales que documentaron parte de la emboscada.

Durante la primera etapa de la diligencia, seis detenidos recrearon el recorrido de uno de los atacantes que, según las imágenes de seguridad, se retiró caminando por la calle Isabel de Bobadilla después del crimen. Esa secuencia se repitió con cada uno de los participantes.

La segunda fase incluyó a las cinco personas intervenidas inicialmente un día después de la masacre. Se trata de Frank Quiñones Cruz, conocido como Ñato; Julio Zableta Quesada, alias Juliacho; César García Rivera, Bolacho; Ángel Bocanegra Linares, Polo; y José Cherrete Dávila, Ares, según el reporte televisivo.

La reconstrucción permitió ubicar a los detenidos en puntos específicos de la escena para contrastar sus eventuales posiciones y desplazamientos con las grabaciones disponibles. Las autoridades también evaluarán la secuencia en la que Lara Tantaquilla fue separado de la camioneta y los momentos posteriores al ataque contra sus acompañantes.

Cuatro asesinados

Las víctimas mortales fueron identificadas como Farhad Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Roja Ramos y Christopher García Álvarez. Los cuatro acompañaban al empresario minero cuando un grupo de sujetos interceptó el vehículo en la madrugada del 30 de agosto.

De acuerdo con la información recogida en el proceso, los atacantes habrían simulado una intervención oficial mediante uniformes, chalecos y cascos similares a los empleados por unidades especiales de la Policía. Lara Tantaquilla habría sido obligado a bajar del vehículo antes de su secuestro.

Familiares de los detenidos acudieron al lugar durante la diligencia, aunque la Policía les pidió que se retiraran para no interferir con el procedimiento. No se registraron incidentes durante la reconstrucción, que contó con la participación de agentes, fiscales y especialistas en criminalística.

Hasta el momento de la transmisión desde Trujillo, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público habían ofrecido declaraciones sobre los resultados de la diligencia. La investigación busca establecer el grado de participación individual de los detenidos y determinar si sus características físicas corresponden con las de los sujetos registrados en las cámaras de seguridad.

Las autoridades policiales atribuyen el crimen a una disputa territorial entre estructuras vinculadas a la minería ilegal en Pataz, la provincia liberteña conocida por la magnitud de su extracción aurífera informal.

Por la dinámica del ataque y el tipo de armamento empleado, los investigadores descartaron que el homicidio respondiera a un conflicto patrimonial o pasional. La hipótesis que gana fuerza apunta a un ajuste de cuentas, o una acción de reafirmación de hegemonía criminal entre bandas.

Armas Villalobos arrastraba tres expedientes fiscales por presuntos delitos de perturbación del funcionamiento de servicios públicos, usurpación agravada y hurto simple. Dos de esos casos se encontraban en investigación preliminar, mientras que el tercero tenía una impugnación ya resuelta por una fiscalía superior.

Disputa por la minería ilegal

Pataz concentra un negocio de extracción de oro que combina operaciones legales e ilegales y que, según las cifras policiales, mueve millones de soles diarios. La disputa por ese circuito económico ha convertido a la provincia en un escenario de violencia recurrente entre organizaciones que buscan el control territorial de los yacimientos y las rutas de comercialización del mineral.

Armas Villalobos contaba con protección de la organización criminal que lidera el sujeto conocido como alias Cuchillo, quien se encuentra recluido en Colombia y en proceso de extradición hacia el Perú. La policía lo señala como principal sospechoso del asesinato de trece trabajadores de seguridad ocurrido en un socavón de Pataz en abril del año pasado.

La policía maneja como hipótesis que el crimen fue ejecutado por estructuras rivales de la que lidera alias Cuchillo. Sin embargo, no descarta la presencia de otros sicarios o líderes que estaría en busca de su deceso.

Cámaras de seguridad graban minutos después del ataque

Las cámaras de seguridad del restaurante Fonseca, en la urbanización California de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, captaron los instantes posteriores al ataque contra Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde de Pataz. Las imágenes muestran a la víctima tendida en la vereda mientras un grupo de personas la auxilia, tras recibir al menos cuatro impactos de bala pese a que vecinos reportaron haber escuchado alrededor de seis detonaciones.

Los mismos transeúntes trasladaron a Armas Villalobos, de 35 años, en un automóvil particular hacia la clínica SANNA al advertir que aún presentaba signos vitales, pero murió horas después a causa de las heridas. Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al lugar para recoger casquillos de bala y revisar una camioneta roja estacionada cerca de la escena, además de las cámaras de videovigilancia del sector para reconstruir la ruta de fuga de los atacantes.

El abogado penalista Greco Quiroz denunció este martes que colocaron una bomba cerca de su vivienda, poco después de anunciar que participaría en el programa Beto a saber de Willax para hablar sobre sus investigaciones sobre minería ilegal y violencia en Pataz (La Libertad).

Quiroz mostró durante la transmisión en vivo los mensajes que, según explicó, había recibido de un vecino a través de WhatsApp para alertarlo sobre la intimidación. El aviso, especificó, le llegó mientras ingresaba al estudio de televisión.

El jurista, quien también lideró la Comisión de Energía y Minas de La Libertad, había cuestionado previamente al exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional, Aldo Carlos Mariños, a quien vinculó con el secuestro de un empresario minero en un ataque en el que fueron asesinados sus cuatro acompañantes.

Mariños ha negado que el testigo que trasladó a uno de los presuntos autores del ataque contra el empresario Jenss Lara trabajara como personal de seguridad suyo. Sin embargo, un nuevo testimonio volvió a vincularlo con la trama, según un documento difundido días atrás por Epicentro TV.

El nuevo declarante afirmó que desde hace aproximadamente un mes y medio prestaba “su servicio” al candidato a gobernador a cambio de un pago mensual de 300 soles, una contradicción que también fue objetivo de crítica por Quiroz.

“Yo tengo 26 años de abogado y tengo muchas fuentes (...) porque también he dirigido ese rubro, tenemos fuentes. Yo tengo fuente policial y tengo fuente fiscal. (...) Lo que digo lo tengo fundamentado”, señaló.

El abogado reconoció además que hablar públicamente sobre estos asuntos suponía un peligro. “Sé que estar aquí (...) y decir estas cosas es un riesgo, pero si no lo decimos, si nos quedamos callados y permitimos que ingrese la plata de la minería ilegal, que financia campañas millonarias”, señaló.

Añadió que, a su juicio, la presunta influencia de la minería ilegal en la política ya se refleja en las instituciones y las próximas elecciones. “Hoy tenemos diputados de la minería ilegal, tenemos senadores de la minería ilegal y vamos a tener ahora gobernadores de la minería ilegal”, sostuvo.

“Eso no lo podemos permitir. Tenemos que decir las cosas y que el pueblo, ojalá, reaccione, porque todo el mundo se muere de miedo. Todos”, agregó al referirse a la aspiración de Mariños de llegar al Gobierno Regional de La Libertad en las elecciones de octubre.

Pataz es un enclave marcado por la actividad minera informal y delictiva, declarado en emergencia por el Gobierno debido a la presencia de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, una zona donde ya se han registrado graves episodios de violencia, como la matanza de trece personas que presuntamente resguardaban una de las bocaminas, ocurrida en abril de 2025.

Lara y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se desplazaban el pasado domingo por el centro de Trujillo después de salir de una discoteca cercana, cuando fueron interceptados por un grupo de atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según testigos, los agresores vestían uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco). Entre las cuatro personas asesinadas se encontraba la pareja sentimental del empresario.

El funcionario perdió el equilibrio luego de subir a una de las estructuras del complejo, según el registro audiovisual difundido en redes sociales. Personal de seguridad acudió de inmediato para auxiliarlo tras el incidente ocurrido durante su recorrido.

Bomberos llegaron al lugar para brindar asistencia y participar en la evacuación. López Sánchez fue retirado en camilla y trasladado a un centro de salud local para recibir atención médica y pasar por una evaluación.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, informó que las primeras indicaciones situaban al viceministro en condición estable. También señaló que presentaba una lesión en el brazo derecho, mientras se esperaba información adicional sobre su estado.

Bomberos auxiliaron al viceministro tras la caída

El accidente ocurrió durante una actividad desarrollada en Chan Chan. De acuerdo con las imágenes difundidas, López Sánchez subió a una de las estructuras del complejo y, durante el recorrido, perdió el equilibrio.

Personal de seguridad intervino tras la caída. Poco después, llegaron efectivos del Cuerpo General de Bomberos para prestar asistencia al funcionario y apoyar su evacuación del recinto arqueológico.

López Sánchez fue colocado en una camilla y trasladado a un nosocomio local. El traslado tuvo como finalidad permitir una evaluación médica de la lesión registrada en el brazo derecho.

Alberto Beingolea, ministro de Cultura, declaró que el viceministro se encontraba estable según las primeras indicaciones. “Está estable según las primeras indicaciones”, señaló el titular del sector al referirse a la situación del funcionario.

López Sánchez asumió el cargo en agosto

Fernando López Sánchez ocupa el cargo de viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales desde el 9 de agosto de 2026. Su designación quedó oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 011-2026-MC, publicada en el diario oficial El Peruano.

El despacho que dirige comprende competencias relacionadas con la protección, administración, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. Dentro de sus funciones también se encuentran las acciones vinculadas con la declaración y protección de bienes considerados parte del patrimonio cultural peruano.

La visita a Chan Chan se produjo dentro de sus funciones como responsable del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. El accidente interrumpió su recorrido por una de las estructuras del complejo arqueológico.

Chan Chan y su importancia arqueológica

Chan Chan se ubica en la costa norte del Perú, en la región La Libertad, y fue construida por la cultura Chimú. El complejo está compuesto por nueve ciudadelas elaboradas en adobe, con corredores, almacenes, patios, espacios ceremoniales, residencias y plataformas funerarias.

La antigua ciudad ocupaba una extensión de aproximadamente veinte kilómetros cuadrados. Sus construcciones incluyen muros de adobe con decoraciones mediante frisos geométricos que representan mamíferos, aves, peces y figuras míticas.

Junto a las ciudadelas también existieron espacios destinados a sectores vinculados con la administración, actividades artesanales y viviendas. Investigaciones citadas en la información proporcionada señalan que la población del lugar pudo alcanzar unos 35.000 habitantes durante su periodo de mayor desarrollo.

La organización del complejo también incluyó plataformas funerarias asociadas con los gobernantes Chimú. Una de ellas corresponde a Nik An, conocida como “Casa del Centro”, donde se identificaron 44 espacios destinados al entierro de acompañantes junto a la tumba del gobernante.

La atención médica quedó a cargo de un centro de salud local

Luego del accidente, el traslado de López Sánchez permitió que recibiera atención médica fuera del complejo arqueológico. La información difundida tras el incidente señaló una lesión en el brazo derecho y una posible fractura en esa extremidad.

El ministro Alberto Beingolea indicó que el funcionario permanecía estable al momento de su evacuación. Las autoridades esperaban mayores detalles sobre el resultado de la evaluación médica realizada tras su ingreso al centro de salud.

La caída ocurrió durante una visita vinculada con las actividades desarrolladas en el complejo arqueológico Chan Chan, uno de los espacios patrimoniales bajo competencia del Ministerio de Cultura.

La reciente captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia volvió a colocar a El Porvenir en el centro de la atención. El hombre, señalado como uno de los principales cabecillas de la organización, representa la tercera generación de una familia vinculada al grupo criminal. Su historia permite reconstruir cómo una pandilla surgida en los años noventa terminó relacionada con extorsiones, secuestros y homicidios.

Sin embargo, el crecimiento de Los Pulpos ocurrió mientras El Porvenir también cambiaba. El distrito se expandió y desarrolló una intensa actividad económica, mientras distintas generaciones de vecinos aprendieron a convivir con la presencia de organizaciones criminales. El reportaje de ATV Noticias reconstruyó ese proceso y mostró cómo este territorio terminó convirtiéndose en un escenario clave para el crimen organizado.

Las condiciones que marcaron el nacimiento de Los Pulpos en El Porvenir

Cuando Los Pulpos comenzó a tomar forma, durante los años noventa, El Porvenir tenía una imagen muy distinta. Vecinos entrevistados recuerdan calles arenosas, viviendas dispersas y una infraestructura precaria. En algunos sectores incluso faltaba iluminación pública.

El cerro Cruz Blanca también tenía otra configuración. Durante aquellos años era una zona prácticamente deshabitada y de difícil acceso. Esa geografía terminó favoreciendo a quienes buscaban refugiarse de la Policía y dificultó los operativos en determinados sectores del distrito.

El historiador Jorge Nureña, investigador de Los Pulpos, explicó a ATV que la poca accesibilidad permitía que los integrantes de la organización se escondieran con mayor facilidad. En algunos casos, los agentes tuvieron que utilizar caballos porque las camionetas policiales no podían ingresar rápidamente.

En ese contexto surgió una pandilla relacionada inicialmente con hurtos y robos. Durante los años 2000, según Nureña, el grupo dio un salto hacia actividades más organizadas y planificadas. Así comenzó la transformación que convertiría a Los Pulpos en una estructura criminal de mayor alcance.

De Teófilo Cruz a Jhonsson Pulpo: una familia marcada por el crimen

La historia de Los Pulpos quedó marcada por una sucesión familiar. Teófilo Cruz Álvarez aparece como una de las primeras figuras del clan. Sus hijos Miller, John, Milton, Eddie y Katy también fueron vinculados a actividades delictivas y algunos pasaron largos periodos en prisión.

Una de las figuras centrales de la segunda generación fue Jhon Cruz Arce, alias ‘John Pulpo’. Tras su ingreso a prisión, una nueva generación comenzó a ganar espacio dentro de la organización. Su hijo, Jhonsson Smith Cruz Torres, asumiría posteriormente un papel central.

Conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, comenzó a involucrarse en la organización desde joven y llegó a ser señalado como uno de sus principales cabecillas. Bajo su liderazgo, las investigaciones atribuyeron a la banda delitos como extorsiones, secuestros, homicidios, sicariato y tráfico de terrenos.

Su fuga también alimentó la historia criminal del grupo. Jhonsson Pulpo fingió su muerte, utilizó identidades falsas y habría recurrido a cirugías para modificar su apariencia. Finalmente, fue ubicado y capturado en Bolivia tras permanecer prófugo durante años.

El crimen creció junto al distrito: extorsiones, secuestros y nuevas bandas

La historia de El Porvenir tampoco quedó limitada a Los Pulpos. Con el paso de los años aparecieron otras organizaciones, entre ellas Los Plataneros, Los Malditos del Triunfo y Los Malditos de Río Seco, vinculadas a distintos hechos delictivos en Trujillo.

Los Malditos de Río Seco incluso aparecen relacionados con familiares de ‘Gringasho’. En mayo, su medio hermano fue detenido después de la detonación de un explosivo en la fachada de un colegio. La Policía también investigaba su posible participación en otros casos de extorsión.

La extorsión se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para estas organizaciones. Comerciantes, empresarios y familias comenzaron a recibir amenazas y, en algunos casos, los delincuentes utilizaron explosivos para presionar a sus víctimas. La violencia también alcanzó a colegios de distintas zonas de Trujillo.

Mientras tanto, El Porvenir siguió creciendo. Sus habitantes construyeron viviendas, negocios y una economía local que transformó aquella zona periférica de los años noventa. El desarrollo del distrito, sin embargo, avanzó junto a la expansión de grupos criminales que encontraron allí espacios para consolidarse.

La captura de Jhonsson Pulpo permite volver sobre esa historia. El Porvenir cambió durante las últimas décadas, pero también lo hizo el crimen que se desarrolló en sus calles: de las primeras pandillas a estructuras dedicadas a la extorsión y el secuestro. Una transformación que convirtió al distrito en uno de los principales escenarios de la criminalidad organizada en Trujillo.

La cevichería D’Galas, ubicada en Trujillo, publicó un comunicado en el que ofreció disculpas públicas al estilista Carlos Cacho tras la polémica generada por la denuncia de una agresión contra un menor con autismo en su local. El pronunciamiento del restaurante se difundió a través de su cuenta oficial de Instagram, un día después de que el propio Cacho respondiera a las acusaciones y anunciara acciones legales contra quienes lo señalaron.

En el documento, titulado “Comunicado a la Opinión Pública”, el establecimiento explicó que revisó las grabaciones de sus cámaras de seguridad como parte de su respuesta a la controversia. “Hemos podido revisar las cámaras de nuestro local y no se observa un acto de agresión ni maltrato hacia un menor, que en este caso es mi nieto”, señaló el restaurante en su publicación.

El propietario del local reconoció el vínculo familiar con el menor

El comunicado de D’Galas confirmó un dato que el propio Cacho había mencionado en su descargo inicial, referido a la relación entre el dueño del establecimiento y el niño involucrado en el caso. El texto, firmado en primera persona por el propietario del negocio, precisó que el menor es su nieto, lo que respalda la versión del estilista sobre la existencia de una coordinación previa entre ambos para el almuerzo ofrecido en el local.

El restaurante lamentó que la situación haya derivado en una interpretación distinta a lo ocurrido. “Ante las reciente difusión de una publicación en redes sociales sobre un incidente en nuestro establecimiento, queremos manifestar que lamentamos profundamente que una situación puntual haya sido interpretada de manera distinta a lo ocurrido”, indicó el comunicado.

El local reafirmó su compromiso con la inclusión pese a las disculpas ofrecidas

Pese a exculpar a Carlos Cacho de la acusación de agresión, el establecimiento remarcó su compromiso con el trato respetuoso hacia todos sus clientes, incluidas las personas con alguna condición particular. “Reiteramos nuestro compromiso de buena atención a todos nuestros clientes, con el mismo respeto a la inclusión y el buen trato hacia todas las personas”, precisó el comunicado, que cerró con un agradecimiento por la comprensión del público.

El propio estilista compartió la publicación del restaurante en sus redes sociales y anunció que daría por concluida la polémica tras esta respuesta. “Subiré este comunicado que ha publicado hoy cevicheriadgalas por 24 horas y daré por terminado el tema, gracias por la difusión”, escribió Cacho al republicar el mensaje del establecimiento.

El caso se originó tras la denuncia pública de la madre del menor

La controversia se desató luego de que la madre del niño relatara ante el portal Trujillo Limpio que su hijo se acercó a Cacho para conversar con él y que, según su versión, recibió un empujón por parte del conductor de televisión. La denunciante también acusó al estilista de imitar la forma de hablar del menor y de mostrarse indiferente cuando ella le explicó la condición de autismo de su hijo.

En su respuesta inicial, difundida un día antes del comunicado del restaurante, Cacho había negado de manera categórica cualquier contacto físico con el menor. “Jamás empujé, agredí, toqué ni rocé al niño del restaurante. Es el niño el que se acerca a mi mesa y es él quien me toca todo el tiempo. Tengo cinco personas de testigos”, sostuvo el estilista en esa oportunidad, además de exigir que se presentaran pruebas de la presunta agresión antes de recurrir a la vía legal.

Los detenidos por el cuádruple crimen cometido durante un ataque armado en el que fue secuestrado un empresario minero en Trujillo (La Libertad) pasarán una prueba antropológica para comparar sus características físicas con las de los sujetos registrados en videos vinculados al caso, anunció este lunes el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

En declaraciones a la televora Willax, Gálvez señaló que la diligencia contará con la participación de especialistas de la Policía Nacional y del Ministerio Público, a raíz de las diferencias advertidas entre los detenidos y los hombres que aparecen en las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que se observa a sujetos de mayor contextura, vestidos con prendas similares a uniformes policiales y portando armas largas.

“Se va a realizar una prueba antropológica para hacer las comparaciones y todo eso”, explicó el fiscal, quien precisó que la Policía ya participa en el procedimiento con un antropólogo y que su institución ha designado a otro especialista para realizar la evaluación.

Ambos peritos deberán coordinar la diligencia y elaborar un informe conjunto con los resultados de las comparaciones. “Nosotros ya mandamos a otro antropólogo y ahí se van a poner de acuerdo y van a hacer el informe conjuntamente”, afirmó.

De acuerdo con un informe del diario El Comercio, dos de los cinco detenidos, Frank Junior Quezada Cruz, alias ‘Ñato’, y Julio Zavaleta Quesada, alias ‘Juliacho’, figuran con una estatura de 1,60 y 1,59 metros, respectivamente, y ambos son descritos como de contextura delgada.

A ello se suma el caso de Ángel Bocanegra Linares, cuyo padre difundió imágenes que, según su versión, lo muestran saliendo de su vivienda a las 5:57 de la mañana del domingo 30 de agosto, después del atentado.

El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las fiscalías especializadas contra la Criminalidad Organizada, también ha señalado que todavía no existe evidencia científica suficiente para atribuir de manera categórica el ataque a los capturados, por lo que las diligencias continúan para determinar su eventual participación en los hechos.

Críticas

En otro momento de la entrevista, Gálvez reiteró sus críticas a la conferencia de prensa en la que fueron presentados los implicados en el caso, vinculados a la banda criminal ‘Los Pulpos’, al considerar que “la norma procesal prohíbe ese tipo de actos”.

“¿Qué es lo que se tenía que hacer ahí? Indicar que hay cinco detenidos, que se está realizando la investigación y que, a medida que avance, se irá determinando qué grado de participación ha tenido cada uno de ellos, pero que la investigación está yendo por buen cauce. Eso es lo que se tenía que decir, no presentarlos como responsables (...) no había mucha razón para presentarlos como responsables", dijo.

En esa operación participaron el saliente jefe de la Policía, Óscar Arriola; el jefe de Investigación Criminal, Víctor Revoredo; y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, todos cuestionados en los últimos días por sus declaraciones y actuaciones tras el último episodio de criminalidad en el país, que ha puesto contra las cuerdas a la administración de la presidenta Keiko Fujimori.

Un conjunto funerario de la élite Chimú fue descubierto dentro de Utzh An, uno de los sectores del complejo arqueológico de Chan Chan. La investigación permitió identificar una plataforma con una cámara central y dos espacios laterales, donde permanecieron restos humanos, objetos ceremoniales y bienes asociados a personas de alto estatus durante casi seis siglos.

El hallazgo fue realizado por arqueólogos del Ministerio de Cultura como parte de las labores de investigación, conservación y puesta en valor del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH). La estructura funeraria conserva elementos en distintas condiciones de preservación, lo que permite analizar la relación entre los individuos sepultados y los objetos colocados junto a ellos.

En la cámara principal fueron localizados los restos de un individuo perteneciente a la nobleza Chimú, acompañado por piezas elaboradas en concha y metal. Las cámaras laterales presentaron un contenido diferente: una contenía armas y emblemas metálicos, mientras que la otra concentraba restos humanos. El registro realizado hasta el momento identifica 38 individuos en la plataforma funeraria.

El contexto recuperado también incluye 60 piezas cerámicas, entre botellas de asa estribo y vasijas, con influencia estilística inca. Este material aporta elementos para estudiar la interacción entre las sociedades Chimú e Inca durante las etapas finales de la ocupación del valle de Moche.

Una plataforma funeraria con tres cámaras

La estructura descubierta cuenta con una cámara central de 1,2 metros de ancho y 5 metros de fondo. El acceso incluye una entrada y una escalinata que desciende unos 2,5 metros desde el nivel de trabajo hasta el espacio funerario. En su interior también existe una hornacina.

Los arqueólogos encontraron allí los restos de un personaje acompañado por numerosas piezas de concha y metal. La disposición del espacio y los objetos asociados forman parte del registro que permitirá establecer las características del entierro y su relación con los sectores de mayor rango de la sociedad Chimú.

Las dos cámaras laterales presentan 1,5 metros de ancho, 8 metros de largo y 3,5 metros de profundidad respecto del nivel de superficie de trabajo. Una de ellas no presentó restos óseos, pero sí armas y emblemas elaborados en metal.

En la segunda cámara fueron registrados hasta el momento 20 individuos. A ellos se suman otros 18 cuerpos encontrados dentro de la misma plataforma, con un total de 38 personas sepultadas en este contexto.

Un entierro con una disposición diferente

Entre los individuos identificados existe un caso que se diferencia de la forma de enterramiento conocida para la sociedad Chimú. El cuerpo fue colocado completamente extendido en el fondo de una de las cámaras.

Jorge Meneses, arqueólogo responsable del proyecto de inversión del Complejo Arqueológico de Chan Chan, explicó que esta disposición resulta distinta de los entierros Chimú caracterizados por posiciones flexionadas o flexionadas sentadas.

Esta particularidad constituye uno de los aspectos que los investigadores deberán analizar dentro del contexto funerario. Entre las hipótesis planteadas por el equipo figura la posibilidad de un ritual de sacrificio o de una diferencia jerárquica extrema frente a los demás individuos depositados en el mismo espacio.

Ornamentos y bienes asociados a la élite

Los objetos recuperados junto a los restos humanos corresponden a distintos tipos de bienes ceremoniales y ornamentos. El registro incluye orejeras, collares y tocados de metal, además de cajas de madera tallada con aplicaciones metálicas.

También fueron identificados numerosos collares elaborados con concha marina y cuarzo. Algunos esqueletos presentan pigmentación roja sobre la cabeza, mientras que varias piezas cerámicas también muestran este elemento.

El material proporcionado por el Ministerio de Cultura identifica al cinabrio como un pigmento sagrado utilizado en entierros de alto rango dentro de sociedades andinas. Su presencia forma parte de los elementos que permiten estudiar el tratamiento otorgado a las personas sepultadas.

Fotogrametría para preservar el contexto arqueológico

La fragilidad de los restos óseos y de otros materiales orgánicos exige un procedimiento previo antes de retirar las evidencias. El protocolo aplicado establece un registro exhaustivo de cada elemento dentro de su ubicación original.

Para ello, los especialistas realizan fotogrametría de alta precisión. Un registrador especializado obtiene cientos de fotografías desde diferentes ángulos y luego procesa esas imágenes mediante programas informáticos para generar un modelo tridimensional con precisión milimétrica.

Solo después de completar este registro digital se procede al retiro manual de los restos y objetos. El procedimiento permite conservar información sobre la posición de cada evidencia y su relación con los demás elementos presentes en la cámara funeraria.

El hallazgo permite estudiar contextos que fueron saqueados

Jorge Meneses señaló que buena parte de la información previa sobre las tumbas de élite Chimú procede de plataformas afectadas por saqueos y destrucción. “Lo que conocíamos provenía de plataformas saqueadas. Hoy tenemos la oportunidad histórica de estudiar individuos y artefactos intactos después de 600 años”, declaró el responsable del Proyecto de Inversión del Complejo Arqueológico de Chan Chan.

El investigador también destacó que el contexto actual permite analizar los individuos y los objetos en el lugar donde fueron depositados. Esta condición diferencia el registro de aquellos casos en los que los materiales fueron extraídos de su ubicación original.

Las intervenciones en Utzh An registran un avance del 79 % a julio de 2026. Los estudios previstos permitirán analizar los patrones funerarios de la élite Chimú y la ocupación Inca posterior a la conquista del valle de Moche.

Entre los materiales identificados también figuran 60 piezas cerámicas, entre botellas de asa estribo y vasijas. Las piezas presentan una influencia estilística inca, un elemento que los investigadores relacionan con la interacción o anexión de este sector durante momentos tardíos de la cronología costeña.

Henry Gayoso Rullier, jefe de la Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor del PECACH, señaló que el equipo busca precisar la función y la historia ocupacional de Utzh An. También indicó que existe interés por determinar cuándo y de qué forma los incas ocuparon Chan Chan después de la invasión y conquista del valle de Moche.

Al finalizar el proyecto de inversión en este sector está prevista la publicación de un libro con los resultados interpretativos de la investigación arqueológica y los trabajos de conservación realizados. El documento permitirá difundir los conocimientos obtenidos a partir de las evidencias recuperadas en la plataforma funeraria.

Las acciones se desarrollan dentro del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de Chan Chan y de los compromisos asumidos por el Perú ante la Unesco.

Una disputa por el control de la seguridad vinculada a la extracción de oro en Pataz aparece como una de las hipótesis alrededor de los crímenes ocurridos en Trujillo, entre ellos el secuestro del minero Jenss Lara, el asesinato de sus cuatro acompañantes y el homicidio de Homero Baldemar Armas Villalobos.

De acuerdo con un reportaje de Contra Corriente, las investigaciones y los testimonios recogidos alrededor de estos hechos conducen a Pataz, localidad de La Libertad donde conviven actividades de minería formal, informal e ilegal. En ese escenario, las organizaciones criminales Los Pulpos y La Jauría se disputarían la protección de mineros y del oro que sale de la zona.

El caso de Jenss Lara cobró relevancia tras el secuestro ocurrido durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Según la Policía, el minero pagó dos millones y medio de dólares por su rescate. Sus cuatro acompañantes fueron asesinados en un operativo ejecutado por personas que se hicieron pasar por agentes policiales.

Para la Policía Nacional, Los Pulpos estarían detrás del secuestro. Una de las hipótesis apunta a que el ataque habría sido parte de una confrontación con La Jauría, agrupación que presuntamente brindaba protección a Lara y al oro procedente de Pataz.

El cambio de seguridad

El experto en temas de crimen organizado, Julio Corcuera, señaló a Contra Corriente que la principal línea de investigación se vincula con la rivalidad entre ambas organizaciones criminales.

“La hipótesis es esa, que al cambiar un empresario de seguridad han hecho un ajuste alrededor de estos por el secuestro”, afirmó Corcuera.

Consultado sobre si el empresario habría dejado la protección de Los Pulpos para pasar a La Jauría, el especialista respondió que esa era, aparentemente, la información que se conocía hasta ese momento. “Pero hay cosas todavía por revelar y encontrar ahí”, añadió.

Según el reportaje, el enfrentamiento entre ambos grupos tendría antecedentes. La Jauría existe desde 2010 y, entre 2014 y 2016, un trabajo policial permitió la desarticulación de tres organizaciones criminales. En ese período, La Jauría y Los Pulpos se integraron en una estructura denominada La Gran Alianza.

El crecimiento de la actividad minera y del valor del oro en la década de 2010 habría modificado ese escenario. Corcuera explicó que las organizaciones comenzaron a llegar a las zonas mineras como “chalecos” de los trabajadores, con funciones de protección.

Otra versión

El especialista en minería Iván Arenas planteó una hipótesis distinta sobre el secuestro. Según declaró a Contra Corriente, el caso podría estar relacionado con una deuda que Jenss Lara mantenía con Los Pulpos, organización liderada por Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson, quien fue capturado recientemente en Bolivia.

“Me parece que básicamente ha sido por un tema entre ellos, un saldo, una promesa. En fin, pero me parece que ha sido básicamente entre ellos dos”, sostuvo Arenas.

Jenss Lara figura con una inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo que permite desarrollar actividades de pequeña minería y minería artesanal en proceso de formalización. Según la información recogida en el reportaje, su registro estuvo activo hasta mayo y luego quedó suspendido.

Una fuente consultada por el programa precisó que esa condición no implica, por sí sola, que la actividad sea ilegal. “Según la ley no puede ser ilegal, pero sí tiene un registro suspendido. Probablemente está en un proceso de subsanación”, indicó.

El reportaje señaló que la minería ilegal mueve más de 12 mil millones de dólares al año en el país, una cifra que, según los entrevistados, supera a la del narcotráfico. La referencia corresponde a la producción de oro ilegal e informal.

El asesinato de Homero

La madrugada del pasado lunes, Homero Baldemar Armas Villalobos fue asesinado a balazos frente al restaurante Fonseca, en la urbanización California, distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo.

Armas realizaba actividades mineras en Pataz, según un documento mostrado por Contracorriente. Además, era hermano de Segundo Armas Villalobos, alcalde distrital de esa localidad.

El ataque ocurrió en plena vía pública. El crimen se produjo horas después de la renuncia del entonces comandante general de la Policía, el teniente general Óscar Arriola, en medio de cuestionamientos por la presentación de detenidos como presuntos autores materiales del secuestro y del cuádruple homicidio.

El informe también vinculó los casos con Parcoin, distrito cercano a Pataz donde, según los entrevistados, también se desarrolla minería ilegal.

Los testigos del caso

Otra conexión expuesta en el reportaje se relaciona con Gian Marco y Eliezer Medina, dos testigos que declararon ante la Fiscalía haber recogido a un falso policía durante la madrugada del ataque contra Gens Lara y sus acompañantes.

Según su declaración, el hombre sería venezolano y estaría entre los autores de los disparos contra las cuatro víctimas. Ambos testigos dijeron que trabajaban para Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y candidato de Somos Perú al Gobierno Regional de La Libertad.

“En caso, este, estos testigos habrían trabajado con el señor, eh, Mariños. Entonces, ahí la conexión hacia Pataz es mucho más evidente”, afirmó una de las fuentes entrevistadas por el programa.

Mariños negó conocer a los hermanos Medina. Ante la consulta sobre Eliezer Abdías Medina y Gian Marco Javier Medina Mija, respondió: “No les conozco”.

Cuando se le preguntó por qué los testigos aseguraron que trabajaban para él, el exalcalde sostuvo: “Esa respuesta tendrán que darlo ellos, por qué han dicho que trabajan para mí”.

Las imágenes y detalles mostrados en el reportaje de Cuarto Poder permiten conocer las características del inmueble que habría funcionado como una especie de centro de cautiverio de la organización criminal. El espacio estaba acondicionado para mantener a una persona encerrada y aislada, con elementos que dificultaban cualquier posibilidad de escape o de pedir auxilio.

El caso de Jens Lara comenzó aproximadamente a las 2:50 de la madrugada, cuando el empresario viajaba junto a cuatro acompañantes: Fara, Nadia, Luz Alberto y Christopher. Los hombres cumplían labores de seguridad, mientras que las mujeres eran amigas de Lara. Habían salido de una discoteca y se desplazaban por Trujillo cuando fueron interceptados.

En la intersección de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla, una camioneta Toyota Hilux blanca apareció detrás del vehículo en el que viajaban. La apariencia del vehículo habría contribuido a que los atacantes pudieran acercarse sin levantar sospechas, pues era similar a unidades utilizadas por diferentes dependencias policiales.

De la camioneta descendieron tres sujetos vestidos como policías y armados con fusiles. Pero no eran agentes. Lo que siguió fue una emboscada que terminó con cuatro personas asesinadas y el secuestro de Jens Lara.

Los atacantes rodearon el vehículo, sacaron a Lara y dispararon contra sus acompañantes. Fara, Nadia, Luz Alberto y Christopher fueron asesinados en el lugar. Uno de los delincuentes incluso intentó apartar al conductor para tomar el control de la camioneta, aunque finalmente no logró hacerlo y huyó por una de las calles.

Mientras la familia y las autoridades buscaban establecer el paradero del empresario, comenzaron las primeras intervenciones policiales. Lara fue liberado después de permanecer más de treinta horas secuestrado y, paralelamente, la Policía anunció la captura de los primeros sospechosos.

El cuarto de cautiverio tenía una puerta de metal y chapa electrónica

El elemento que más llamó la atención durante la investigación fue precisamente el lugar donde habría permanecido encerrada la víctima. Se trataba de una vivienda acondicionada con un semisótano, donde se encontraba un espacio especialmente preparado para mantener a los secuestrados.

El inmueble contaba con una puerta de metal maciza con chapa electrónica, una característica que habría permitido controlar el ingreso y salida del ambiente desde el exterior. El espacio también había sido acondicionado como un cubil insonoro, es decir, un ambiente diseñado para reducir la propagación de los sonidos.

Estas características resultan especialmente relevantes para los investigadores porque apuntan a que no se trataría de una habitación improvisada para un solo secuestro. Según la investigación policial, la casa de cautiverio habría albergado a varias víctimas de secuestro de Los Pulpos.

El acondicionamiento del ambiente muestra, de acuerdo con la investigación, que la organización criminal habría contado con una infraestructura destinada específicamente para retener personas contra su voluntad.

El objetivo era mantener a las víctimas aisladas y dificultar que alguien desde el exterior pudiera escuchar pedidos de auxilio. A ello se sumaban las condiciones de seguridad de la puerta, que no era una puerta convencional de vivienda, sino una estructura de metal con un sistema electrónico de cierre.

El reportaje también mostró la presencia de balones de oxígeno, utilizados para evitar que una persona pudiera sufrir dificultades respiratorias dentro del espacio cerrado. Este detalle refuerza la particularidad del ambiente, que habría sido preparado para mantener a una víctima encerrada durante periodos prolongados.

Jenss Lara habría sido llevado a este inmueble

La investigación sostiene que Jens Lara fue trasladado hasta este tipo de espacio después de ser interceptado por los delincuentes. Mientras sus cuatro acompañantes eran asesinados, él fue llevado por los secuestradores para continuar con la operación.

El caso permitió a la Policía reconstruir parte de la organización del secuestro. Las llamadas telefónicas, las coordinaciones realizadas antes y después del ataque, los movimientos de los involucrados y el seguimiento de la ruta del dinero fueron elementos que ayudaron a los investigadores a identificar a quienes habrían participado en el crimen.

Una de las piezas consideradas importantes en la investigación fue Keisy, pareja de Johonson Smith Cruz Torres. La Policía allanó su celda y, según el reportaje, encontró pistas que contribuyeron a avanzar en la investigación.

La información obtenida permitió establecer conexiones entre los diferentes participantes y llegar hasta Johonson Smith Cruz Torres, señalado por los investigadores como el presunto autor intelectual del secuestro.

El conductor de la camioneta confesó cuánto le pagaron

Entre los primeros detenidos figura César García Rivera, a quien la Policía habría identificado como el conductor de la camioneta utilizada durante la emboscada. Durante un interrogatorio, García Rivera reconoció que su participación consistió en “manejar la camioneta” y confirmó que la víctima era “un empresario”.

Además, reveló que recibió 12.000 soles por intervenir en la operación y, al ser consultado sobre quién le dio la orden, respondió: “Jenson”. Sus declaraciones forman parte de los elementos que manejan los investigadores para reconstruir cómo se planificó y ejecutó el secuestro de Jenss Lara.

Tres de los detenidos serían los sicarios

Las capturas continuaron después de la liberación de Jens Lara. Inicialmente fueron detenidos cinco sospechosos: Ángel Bocanegra Linares, Frank Quezada, Julio Zavaleta Quezada, Miguel Cherrepe Dávila y César García Rivera.

Posteriormente fueron intervenidos otros integrantes vinculados a los Bocanegra: Rey Peter, Gian Manuel y Roy Steven. Con ellos, el número de detenidos llegó a ocho en una primera etapa de la investigación. Todos afrontaban una investigación con quince días de detención preliminar.

La participación de los presuntos sicarios también fue materia de interrogatorio. Al ser consultado sobre cuántos de los detenidos habrían actuado como gatilleros, el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, respondió:—Tres, por lo menos.

Ante la precisión de que esas personas habrían sido quienes asesinaron a los cuatro acompañantes de Lara, Revoredo confirmó: —Estuvieron en escena como tiradores.

Una camioneta clonada fue utilizada en la emboscada

Otro elemento clave de la investigación fue la Toyota Hilux blanca utilizada para interceptar al empresario. El vehículo habría sido adquirido apenas cinco días antes del atentado y su valor superaría los 20.000 dólares.

Los investigadores determinaron además que la camioneta tenía una particularidad: su identificación habría sido clonada.

El general Víctor Revoredo explicó que la placa principal correspondía a otro vehículo que, según la pericia, se encontraba en Puno.

—“La patente principal pertenece a un vehículo cuya pericia lo arrojará así. Eso es lo que se nos ha indicado, que está en Puno. Por lo tanto, la nomenclatura física ha sido clonada. Y ese es su modus operandi de los Pulpos.”

La investigación apunta al supuesto autor intelectual

Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, quedó señalado como el presunto autor intelectual de la operación. Su ubicación fue posible gracias al seguimiento de diferentes elementos relacionados con el secuestro, entre ellos las comunicaciones, los desplazamientos y la ruta del dinero.

El hombre fue ubicado en Bolivia y posteriormente quedó detenido, según la información difundida en el reportaje.

Pero la investigación no terminó con su captura. Las autoridades todavía deben establecer con precisión el papel de cada uno de los integrantes de la organización que participaron en la operación.

Durante una entrevista con Mónica Delta en Punto Final, el teniente general defendió la actuación policial tras el secuestro de Jeans Lara y el cuádruple asesinato ocurrido en Trujillo, y aseguró que su institución continuará trabajando para recuperar la confianza de la población.

Uno de los momentos más importantes de la entrevista ocurrió cuando se le preguntó si, frente a la violencia que continúa registrándose en el país, la ciudadanía puede esperar sentirse más segura. El futuro jefe de la Policía reconoció que el problema de la criminalidad es complejo, pero aseguró que existe un trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para enfrentarlo.

“Yo lo que creo en realidad, que la Policía Nacional le va a dar esa tranquilidad en algún momento”, afirmó Fredy López.

El general agregó que esta tarea no depende únicamente de la Policía, sino también de otras instituciones vinculadas a la seguridad y la administración de justicia. “En algún momento, el Estado peruano, con sus autoridades, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, que son los que estamos combatiendo todos los días esta criminalidad, le va a dar la tranquilidad que todos deseamos”, sostuvo.

Fredy López defiende operativo tras masacre de Trujillo

El próximo comandante general de la PNP también respondió a los cuestionamientos sobre la actuación de la Policía luego del secuestro de Jens Lara y el posterior cuádruple asesinato registrado en Trujillo. Mónica Delta le preguntó si consideraba que había existido algún tipo de apresuramiento en las reacciones policiales, especialmente por la rapidez con la que fueron anunciadas las primeras capturas.

López Mendoza rechazó esa posibilidad y sostuvo que un caso de esa magnitud requería una respuesta rápida por parte de las autoridades.

“Cuando un hecho de esta magnitud, como la que hemos visto con el secuestro de este señor, Jens Lara, ocurre, las cosas que hace la Policía y el procedimiento que hace la Policía deben ser céleres, deben ser rápidas”, manifestó a Latina.

El general insistió en que no se podía interpretar esa rapidez como apresuramiento, pues, según su evaluación, los procedimientos se desarrollaron de manera adecuada y con participación del Ministerio Público. “El procedimiento que ha hecho la Policía, la parte operativa y conjuntamente con la Fiscalía en la parte jurídica, yo considero que ha sido la adecuada”, señaló.

Para sustentar su posición, López Mendoza destacó los resultados obtenidos por los agentes durante los días posteriores al crimen. “Por ese motivo es que ha habido estos resultados. O sea, los resultados de las capturas de las cuatro o de las cinco personas al día siguiente es un indicativo de que los procedimientos que ha realizado la Policía han sido los más acertados”, afirmó.

El oficial añadió que las detenciones no terminaron con las primeras intervenciones, sino que continuaron durante los días posteriores. “Y no solamente ellos, sino los días consecutivos, nosotros hemos sido testigos de que han habido más capturas. A la fecha hay doce detenidos”, indicó.

Nuevo comandante de la PNP destaca capturas de Los Pulpos

López Mendoza también puso énfasis en que los detenidos estaban vinculados con Los Pulpos, organización criminal señalada en diversas investigaciones por delitos violentos. Cuando Mónica Delta le preguntó si todos los detenidos estaban relacionados con este grupo, el general fue contundente: “Todos vinculados”.

El futuro comandante general destacó además que las investigaciones permitieron capturar a una persona que era buscada por la Policía desde hacía varios meses.

“Cómo este escenario, cómo este hecho ha permitido capturar a una persona que la Policía venía buscando hace varios meses y que una persona que tenía una requisitoria internacional por una sentencia de cadena perpetua”, explicó.

En ese sentido, consideró que el resultado tenía especial relevancia para la lucha contra la criminalidad organizada. “Este hecho ha conllevado a que capturemos a una persona que veníamos buscando hace mucho, mucho tiempo y que le venía haciendo mucho daño al país”, sostuvo.

“Aparecen nuevas bandas, aparecen nuevos hechos”

Uno de los principales problemas que enfrenta la Policía es que, incluso después de capturar a integrantes de una organización criminal, surgen nuevas bandas y nuevos hechos delictivos.

El próximo jefe de la PNP reconoció esta realidad y señaló que la institución debe mantener una persecución constante contra estos grupos. “La Policía Nacional diariamente captura diferentes tipos de bandas criminales”, manifestó.

Sin embargo, admitió que el fenómeno criminal es dinámico y que constantemente aparecen nuevas organizaciones. “Es cierto, es cierto, aparecen nuevas bandas, aparecen nuevos hechos, pero la Policía Nacional siempre está tratando de lo posible, de poder seguir capturando a estas bandas”, sostuvo.

Fredy López responde por las muertes violentas en el Perú

Durante la conversación también se abordó el número de muertes violentas que se registran en el país. Delta cuestionó que, pese a las capturas anunciadas por la Policía, los ciudadanos continúan observando asesinatos diariamente.

López Mendoza sostuvo que las cifras deben analizarse en comparación con el año anterior y aseguró que, desde esa perspectiva, las muertes violentas no han desbordado los niveles registrados previamente.

“Muertes violentas es un tema que lo hemos tratado ya en diferentes oportunidades. Hemos mostrado estadísticas también. No la vamos a mostrar ahora, por supuesto, pero sí, en términos concretos y reales, el tema de las muertes no nos ha rebasado con relación al comparativo del año pasado. O sea, eso sí tenemos que tenerlo claro”, afirmó.

El general también pidió tomar en cuenta que las cifras no corresponden exclusivamente a información producida por la Policía.

“Hay que ser objetivos en determinar que esa cantidad de fallecidos no responden solamente a una estadística que da la Policía, sino es una estadística en conjunto”, explicó.

El reto de recuperar la confianza de los ciudadanos

Más allá de las estadísticas y de las capturas, uno de los principales desafíos que tendrá Fredy López Mendoza será recuperar la confianza ciudadana en la Policía.

Durante la entrevista se planteó si el ciudadano peruano realmente se siente más tranquilo frente a la situación de inseguridad. El futuro comandante general respondió que esa tranquilidad llegará como resultado del trabajo conjunto de todas las instituciones encargadas de enfrentar el crimen.

Su promesa fue directa: “La Policía Nacional le va a dar esa tranquilidad en algún momento”. Para lograrlo, López Mendoza considera indispensable mantener la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público. Frente a las críticas por un supuesto deterioro de esa relación, el oficial defendió el trabajo conjunto que realizan los agentes y fiscales.

“Nosotros, a lo largo de toda nuestra carrera, siempre, siempre en la parte operativa hemos trabajado con los fiscales de la mano. Lo seguimos haciendo”, afirmó. El general aseguró que esta coordinación se mantiene tanto en Lima como en las diferentes regiones.

“La parte operativa, no solamente acá en Lima, sino en todo el Perú, descubren los casos e intervienen y hacen capturas de la mano con los fiscales y llevan el caso a los tribunales”, indicó. Por ello, consideró que la coordinación institucional continuará siendo indispensable para enfrentar a las organizaciones criminales.

“El tema de la coordinación nunca va a dejar de existir. Si no tuviéramos coordinación en absoluto, no organizaríamos”, sostuvo.

¿Qué piensa Fredy López sobre el papel de la Policía frente al poder político?

Otro de los asuntos que abordó el nuevo comandante general fue la relación de la Policía con el Poder Ejecutivo. López Mendoza reconoció que la institución pertenece estructuralmente al Ejecutivo, pero remarcó que tiene una función constitucional específica.

“La Policía Nacional es una institución que efectivamente pertenece al Poder Ejecutivo, pero realiza un trabajo muy, muy especial”, señaló. En ese sentido, recordó que la Constitución establece que la Policía tiene como funciones prevenir, investigar y combatir la delincuencia.

“El trabajo que la Constitución le da como función a la Policía Nacional, que es la de prevenir, investigar y combatir la delincuencia”, afirmó.

Fredy López asegura que su experiencia no es solo administrativa

El futuro jefe de la PNP también respondió a las versiones que señalaban que su trayectoria estaba más relacionada con el área administrativa que con la operativa. El general explicó que cuenta con una extensa trayectoria dentro de la institución y que ha pasado por diferentes unidades y direcciones.

“Yo tengo treinta y seis, voy a cumplir treinta y siete años de servicios y un oficial de larga carrera tiene su paso por las diferentes direcciones y por las diferentes unidades, tanto administrativas como operativas”, explicó. Por ello, rechazó que su experiencia pueda ser reducida exclusivamente al ámbito administrativo.

“No es tanto que yo venga solamente de la parte administrativa”, precisó. López Mendoza confirmó además que ya había conversado con Óscar Arriola sobre el relevo y que la decisión había sido comunicada previamente.

“Él nos ha mostrado su decisión personal”, indicó. El futuro comandante general explicó que ambos habían conversado durante los días anteriores y que finalmente Arriola decidió comunicar oficialmente su salida junto a él ante las autoridades.

“Él el día de hoy sí tomó ya la decisión de que lo acompañe para poder hacerle conocer a las autoridades”, manifestó. El cambio se concretará en los próximos días, una vez que culminen algunas operaciones que todavía están en marcha.

“En los próximos días. Es cuestión de cerrar unos temas de carácter operacional”, señaló. Consultado sobre esos asuntos, López Mendoza precisó que se trata de “algunas operaciones que están en giro” y que están “encaminadas”.

El nombre de Johnson Smith Cruz Torres volvió a aparecer en las investigaciones policiales sobre los secuestros registrados en Trujillo. El líder de la organización criminal Los Pulpos figura dentro de una línea de investigación que apunta a nuevos objetivos seleccionados por la banda antes de la captura del presunto cabecilla en Bolivia.

El caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla expuso el nivel de violencia utilizado por los delincuentes. El ataque ocurrió cuando un grupo simuló un operativo policial para interceptar el vehículo en el que viajaba el empresario junto con otras personas.

Cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla fueron asesinados a balazos durante la intervención. El empresario también murió en el ataque, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso. La modalidad utilizada permitió a los responsables detener el desplazamiento del grupo bajo una falsa intervención policial.

La investigación policial también vinculó a integrantes de la familia Cruz con una serie de secuestros ocurridos en Trujillo. Dentro de ese seguimiento, los agentes identificaron movimientos de Johnson Cruz Torres y otros miembros de su entorno, mientras reunían información sobre las personas relacionadas con los hechos.

Los Pulpos tenía otro objetivo bajo seguimiento

La información policial citada en el reportaje de Punto Final señala que la organización criminal no limitaba su actividad a los casos ya conocidos. El seguimiento de sus integrantes permitió identificar información relacionada con otros posibles objetivos de secuestro.

El trabajo de inteligencia tomó relevancia después de la salida de prisión de John Cruz Arce, señalado como patriarca de la familia Cruz. Según el reporte, recibió una condena de 25 años y salió del penal de Challapalca 18 años después de su ingreso.

Tras su excarcelación, agentes de la Policía Nacional continuaron con el seguimiento de la familia. Una de las diligencias permitió ubicar una casa de campo en las afueras de Trujillo, donde se produjo una reunión familiar el 3 de octubre de 2025.

Johnson Cruz Torres fue ubicado en Bolivia

La investigación también permitió establecer que Johnson Smith Cruz Torres acudió a aquella reunión familiar. Según la información difundida, el desplazamiento se realizó con vehículos blindados y bajo medidas destinadas a evitar que la Policía detectara su ubicación.

El seguimiento posterior permitió localizarlo en Bolivia. La captura contó con la participación de la Policía peruana y la Policía boliviana, además de la intervención del FBI y la DEA, de acuerdo con el reporte.

La investigación policial indicó que no existió un pago de recompensa ni participación de informantes para determinar su ubicación. El trabajo correspondió a equipos de inteligencia de la División de Secuestros de Trujillo y del Equipo Especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional.

La familia Cruz dentro de las pesquisas

La investigación identificó a Yoxiel Cruz Torres, Xiomara Cruz Segovia, Widman Torres Herquín, Briseth Cruz Torres y Walter Torres Herquín como integrantes de la familia vinculados a la organización criminal.

Los agentes relacionaron a varios de ellos con investigaciones derivadas de secuestros registrados en Trujillo. La información obtenida tras distintas detenciones permitió ampliar el seguimiento sobre la estructura atribuida a Los Pulpos.

El reporte policial también señala que los integrantes vinculados a los últimos secuestros permanecen capturados, dentro de las diligencias relacionadas con los casos investigados.

Una organización vinculada a secuestros y sicariato

Tras su captura, Johnson Smith Cruz Arce escuchó la notificación de los delitos por los cuales es investigado. Entre las imputaciones mencionadas figuran secuestro, sicariato, extorsión y organización criminal.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades peruanas luego de su expulsión desde Bolivia. La Policía también reconstruyó sus desplazamientos y las conexiones con otros integrantes de la familia Cruz.

En ese contexto, el caso del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla forma parte de la información que permitió exponer una modalidad de ataque basada en la simulación de un operativo policial. La investigación busca establecer la participación concreta de los involucrados y la relación entre los hechos atribuidos a la organización.

El ataque ocurrió cerca de las 2:30. De acuerdo con información preliminar, Armas Villalobos salió del local y se dirigía hacia su vehículo cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

La víctima recibió al menos cuatro impactos de bala. Vecinos de la zona señalaron que escucharon alrededor de seis detonaciones antes de que varias personas auxiliaran al hombre, quien quedó tendido en la vereda.

Personas que se encontraban en los alrededores trasladaron a Homero Armas Villalobos a la clínica SANNA, donde murió poco después a causa de las heridas provocadas por los disparos.

Cámaras de seguridad del distrito registraron los instantes posteriores al ataque. En las imágenes se observa a la víctima en el suelo, mientras un grupo de personas la auxilia antes de trasladarla en un automóvil hacia el centro de salud al visualizar que aún tenía signos vitales.

PNP investiga crimen

Agentes de la Policía Nacional del Perú y de la División de Investigación Criminal (Divincri) llegaron al restaurante Fonseca para realizar las primeras diligencias. El personal especializado recogió casquillos de bala y revisó una camioneta roja que permanecía estacionada cerca de la escena.

Los investigadores también revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para establecer la ruta de fuga de los atacantes e identificar a los responsables.

La víctima era hermano de Segundo Manuel Armas Villalobos, alcalde del distrito de Pataz, en la provincia del mismo nombre, en la región La Libertad.

Fuentes policiales señalaron de forma preliminar que Homero Armas Villalobos estaba vinculado a actividades mineras en Pataz. Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación, aunque las autoridades aún no establecieron el móvil del crimen ni determinaron si existe una relación entre esas actividades y el ataque.

Trujillo sigue siendo el centro de la criminalidad

Trujillo volvió a quedar en el centro de la violencia criminal tras el asesinato de Homero Valdemar Armas Villalobos. El crimen ocurrió una semana después del ataque contra el empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien fue secuestrado la madrugada del 30 de agosto luego de que un grupo armado interceptara la camioneta en la que viajaba.

Cuatro de sus acompañantes fueron asesinados durante la intervención. Lara recuperó su libertad al día siguiente, mientras la Policía Nacional del Perú investiga la presunta participación de una organización criminal y mantiene a varios sospechosos bajo investigación.

Canales de ayuda

• Policía Nacional del Perú (PNP): ante robos, agresiones, amenazas, delitos en curso o situaciones que requieran intervención policial inmediata, llama al 105. Indica la ubicación exacta, referencias cercanas y las características de los involucrados.
• Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): para heridos, accidentes, desmayos, dificultad respiratoria, convulsiones o pérdida de conocimiento, comunícate con el 106. La central evalúa la emergencia y coordina atención prehospitalaria o el envío de una ambulancia.
• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: en caso de incendios, fugas de gas, rescates, derrumbes, personas atrapadas o accidentes vehiculares, llama al 116. Precisa la dirección, el tipo de incidente y si existen víctimas.

Antes de iniciar el bloque de preguntas, la conductora le pidió al general un compromiso explícito: que la conversación se centrara en hechos verificables y no en discursos genéricos sobre el amor a la patria o a la institución policial. Revoredo aceptó la condición, aunque minutos después volvió sobre declaraciones previas que había realizado sobre la organización criminal Los Pulpos, en las que sostuvo que la Policía Nacional del Perú (PNP) no los considera enemigos, sino sujetos a resocializar.

El oficial insistió en que sus palabras habían sido sacadas de contexto y remarcó que su intención era referirse a los adolescentes captados por la organización, no a los cabecillas de la banda. “Los irrecuperables Pulpos nunca han sido ni serán mis amigos, ni míos ni del Perú”, afirmó ante la insistencia de la periodista, que le repreguntó por qué había dicho públicamente que el grupo no era su enemigo.

La entrevista se tensó cuando la conductora exigió precisiones sobre las facultades legislativas que la Policía reclama al Congreso para enfrentar a las organizaciones criminales. Revoredo argumentó que el actual modelo procesal penal, vigente desde hace más de 20 años, exige procedimientos que retrasan las detenciones, como la publicación previa en el diario oficial de los requerimientos contra sospechosos. Pidió comparar la situación actual con la legislación de excepción aplicada contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 1990.

Las cinco detenciones y la falta de resultados periciales

El tramo más tenso del diálogo giró en torno a la presentación pública de cinco detenidos vinculados al ataque del 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín de Trujillo, donde cuatro personas murieron y Jenss Lara Tantaquilla fue secuestrado. La periodista cuestionó cómo la Policía pudo exhibir a los sospechosos ante la prensa si los resultados de las pericias antropológicas, forenses y de telefonía celular aún estaban pendientes.

Revoredo respondió que la institución no había “circulado” a los detenidos, sino que informó a la ciudadanía sobre el avance de las diligencias. Explicó que los cinco intervenidos tenían antecedentes vinculados a la organización criminal Los Pulpos, lo que calificó como un “modus vivendi” que justificaba su indagación, aunque reconoció que las pruebas definitivas recién estarán disponibles al cumplirse el plazo legal de 15 días de investigación preliminar, validado por el Ministerio Público.

Ante la repregunta directa sobre si la Policía actuó únicamente sobre la base de una hipótesis, el general admitió que no existía todavía evidencia científica concluyente. “La investigación es técnica y es científica, pero también hay hipótesis policial”, respondió, en un intento de diferenciar entre los indicios manejados por los investigadores y las certezas que solo aportará el proceso judicial posterior.

La llamada que interrumpió la entrevista

En medio del interrogatorio sobre las pruebas antropológicas y forenses pendientes en el caso, Revoredo recibió una llamada en su teléfono celular. Tras atenderla, informó a la periodista que se había producido un secuestro el día anterior en Lima, que una de las víctimas ya había sido rescatada y que existían otras personas afectadas. Argumentó que, como director de la Dirincri, debía asumir personalmente la responsabilidad operativa del nuevo caso.

La conductora intentó retomar la pregunta original sobre las certezas científicas del caso Trujillo, pero el general reiteró la necesidad de retirarse. Minutos después, la producción del programa confirmó en el aire que Revoredo había abandonado las instalaciones del canal sin completar sus respuestas sobre el estado de las pericias que debían confirmar la presencia de los detenidos en la escena del crimen registrada en video.

El episodio se suma a una serie de apariciones públicas del general en distintos medios durante los últimos días, en las que ha defendido el trabajo de la Dirincri en el caso Trujillo. La investigación por el secuestro y el cuádruple homicidio continúa bajo reserva mientras se completan las pericias que el Ministerio Público deberá evaluar antes de definir la situación jurídica de los detenidos.

Carlos Cacho respondió a la denuncia pública que lo acusa de haber agredido y discriminado a un menor con autismo en un restaurante de Trujillo. El estilista negó haber tenido contacto físico con el niño y aseguró que cuenta con testigos de lo ocurrido.

El pronunciamiento fue publicado en su cuenta de Instagram, luego de que la madre del menor relatara su versión del episodio ante el portal Trujillo Limpio. La mujer sostuvo que su hijo se acercó al personaje de televisión para conversar y que recibió un empujón.

Cacho rechazó esa acusación y calificó de falsas las afirmaciones que circulan en redes sociales. En su mensaje, señaló que decidió hablar para responder a la polémica que se generó tras la denuncia.

“A la opinión pública. Incidente en restaurante de Trujillo. Ante las increíbles acusaciones de las que soy víctima, me veo en la obligación de aclarar todas estas series de mentiras”, escribió el estilista al inicio de su descargo.

La principal defensa de Carlos Cacho apunta a que nunca empujó ni tocó al menor. Según afirmó, el niño fue quien se acercó a la mesa donde él compartía el almuerzo con otras personas.

“Jamás empujé, agredí, toqué ni rocé al niño del restaurante. Es el niño el que se acerca a mi mesa y es él quien me toca todo el tiempo. Tengo cinco personas de testigos”, sostuvo.

El estilista indicó que las personas que lo acompañaban podrían corroborar su relato. En ese sentido, remarcó que no hubo un acto de violencia contra el niño durante su permanencia en el local.

Cacho también se refirió a la condición del menor. Dijo que no sabía que tenía autismo y cuestionó que se le atribuya responsabilidad por desconocer esa información antes del incidente.

“No tenía conocimiento y tampoco tengo por qué saberlo: de la condición de autismo del niño”, manifestó el conductor en la publicación que difundió en sus redes sociales.

Asimismo, explicó que conocía al propietario del restaurante y que existía una coordinación previa por el almuerzo. De acuerdo con su versión, el dueño del establecimiento es abuelo del niño y ambos habían acordado un canje.

El estilista exigió que quienes lo acusan presenten registros que permitan determinar qué ocurrió dentro del negocio de Trujillo. También advirtió que recurrirá a abogados si no se muestran pruebas de la presunta agresión.

“Exijo y exhorto a los que me acusan que muestren las imágenes en donde agredo al menor; de lo contrario, mis abogados procederán legalmente”, señaló Carlos Cacho.

¿Cuál fue la denuncia pública contra Carlos Cacho?

La denuncia contra Carlos Cacho fue publicada por el portal Trujillo Limpio, que difundió el testimonio de la madre del niño. Según su relato, el episodio sucedió en el restaurante de su familia, donde ella trabaja junto a su hijo.

La mujer contó que el menor se aproximó al estilista porque quería hablar con él. Sostuvo que el niño no tuvo una intención negativa y que buscó acercarse al personaje de televisión durante su visita al local.

Según la versión de la denunciante, Cacho habría respondido con un movimiento de la mano que hizo que el menor cayera. La madre afirmó que, después de ello, su hijo continuó buscando conversar con el estilista.

La acusación también incluye un presunto trato burlón. La mujer señaló que el conductor habría imitado la forma de hablar del niño, una situación que motivó su intervención ante la mesa donde se encontraba el estilista.

La madre afirmó que explicó que su hijo tiene autismo, pero que Cacho habría continuado conversando con sus acompañantes. De acuerdo con su versión, el personaje público no mostró interés ante lo que ella le manifestó.

La denunciante expresó indignación por el trato que, asegura, recibió su hijo. También cuestionó que el estilista se retirara del restaurante sin ofrecer disculpas después del incidente.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. La camioneta blanca, con lunas polarizadas, fue acompañada por otros vehículos que circularon por distintos puntos de la ciudad. El desplazamiento continuó hasta una zona alejada de los principales puntos de vigilancia.

Ruta del convoy del crimen

De acuerdo con Panorama, alrededor de las 03:00 a.m. de la madrugada, varias cámaras de seguridad captaron el paso de la camioneta blanca junto a otros vehículos. Al menos tres automóviles habrían circulado por la zona, entre ellos una unidad negra que habría cumplido funciones de escolta.

Los vehículos dieron varias vueltas por el sector antes de detenerse en un callejón alejado de las cámaras. Según el reportaje, en ese lugar se habría producido un “cambiazo”: los delincuentes se habrían quitado los uniformes policiales utilizados durante el ataque y trasladado al rehén a otro vehículo.

Minutos después, una camioneta roja polarizada ingresó a la zona y salió del alcance de las cámaras. Según Panorama, la unidad fue registrada posteriormente en otros puntos de Trujillo. En otra de las imágenes, uno de los presuntos participantes descendió de un automóvil blanco, caminó unos metros y luego corrió hacia el cañaveral.

PNP los buscó durante la madrugada

Luego del terrible crimen, la Policía desplegó un operativo durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Agentes de distintas unidades, entre ellas la SWAT y el Escuadrón de Emergencia, llegaron al sector para buscar a los responsables del asesinato y el secuestro.

Alrededor de las 05:00 a.m., más de una decena de policías se encontraban en la zona, mientras un dron sobrevolaba el lugar. Los agentes revisaron los alrededores y los techos de las viviendas, aunque la búsqueda no permitió encontrar a los responsables durante esa madrugada.

Hallazgos en cañaveral

De acuerdo con el informe de inspección criminalística citado por Panorama, en el sector de Cortijo Bajo fueron encontrados uniformes policiales, portaplacas, cascos, esposas y el DNI del empresario secuestrado. Los objetos fueron recogidos como parte de las evidencias del caso.

El lugar es una extensa zona de cañas que dificulta la visibilidad desde el exterior y permite ocultarse entre la vegetación. Además, cuenta con un camino estrecho por el que pueden circular vehículos y que conecta con otro sector de la ciudad, según lo mostrado durante el reportaje.

Búnker del secuestro

La ruta del secuestro habría continuado hasta el distrito de San Isidro, donde la Policía intervino una vivienda de tres pisos que habría sido utilizada como lugar de cautiverio del empresario y como guarida de Los Pulpos. El inmueble contaba con una escalera que conducía a un sótano, espacio que habría sido utilizado para mantener retenido al secuestrado.

La vivienda pertenecía a dos ingenieros jubilados que la habían alquilado. De acuerdo con el reportaje, los propietarios no habrían conocido la identidad de las personas que ocuparon el inmueble ni el uso que le daban.

Durante la inspección, la Policía encontró balones de oxígeno y otros elementos que habrían sido utilizados durante el internamiento del secuestrado. Además, vecinos señalaron que una camioneta negra polarizada era vista con frecuencia estacionada cerca de la vivienda.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, calificó este domingo de “desliz” y “torpeza” el selfi que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, publicó en sus redes sociales tras regresar de Trujillo (La Libertad), donde un empresario minero fue secuestrado en un ataque armado que dejó cuatro personas asesinadas.

En declaraciones al diario El Comercio, Galarreta intentó atenuar las críticas por la fotografía difundida por Belaúnde en X (antes Twitter) y rechazó que el episodio evidencie una falta de rumbo o coordinación en el Gobierno.

“Es un tema más personal para él. Yo creo que él entendió que es mejor no hacer ese tipo de cosas porque es un tema bastante complicado (...), pero eso no te dice que el Gobierno está desenfocado, no está organizado, no tiene un norte”, afirmó.

“Creo que hay errores ya de carácter individual, si quieres anecdótico o de torpeza, (...) pero de ahí a magnificar eso, como siento que algunos lo están haciendo para decir que el Gobierno no tiene rumbo, es un poco exagerado”, agregó.

Galarreta explicó que la presencia de Belaúnde en La Libertad respondió a la necesidad de evaluar, entre otras medidas, posibles operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas para enfrentar la criminalidad, así como asuntos relacionados con ciudadanos venezolanos en situación irregular, infraestructura militar y establecimientos penitenciarios.

“Se está trabajando y no hay descoordinación”, aseguró al defender que los ministros puedan expresar posiciones diferentes. “El gabinete es un colegiado político. No es un convento, no es un cuartel, todo el mundo puede opinar”, sostuvo.

Añadió que las declaraciones individuales de algunos integrantes del Ejecutivo que generaron controversia ya fueron “zanjadas” y que mantiene comunicación constante con todos, sin necesidad de exponerla en público.

El titular de Defensa se trasladó a Trujillo el pasado lunes y apareció junto al entonces comandante general de la Policía, Óscar Arriola, durante una diligencia con los detenidos por el caso, unas imágenes que generaron críticas por su aparente participación en un procedimiento policial.

Belaúnde negó, sin embargo, haber interrogado a los arrestados y aseguró que su presencia se limitó a verificar su estado físico. Los cuestionamientos también alcanzaron las versiones oficiales sobre la liberación del empresario Jenss Lara.

Mientras Arriola sostuvo inicialmente que había sido liberado y no rescatado, el ministro confirmó posteriormente que la familia había entregado dinero y que la Policía había participado en las gestiones para su liberación, lo que alimentó las críticas sobre la actuación del Gobierno y la gestión del caso.

Lara, de 31 años, fue secuestrado en plena vía pública de la ciudad de Trujillo durante la madrugada del domingo, al ser interceptado por atacantes con uniformes policiales que asesinaron en el acto a sus cuatro acompañantes.

El automóvil quedó detenido a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), de acuerdo con lo reportado por testigos.

La víctima, con antecedentes vinculados a la minería ilegal, creyó inicialmente que los hombres que cercaron su vehículo eran policías, pero lo llevaron a una cavidad subterránea, donde permaneció cautivo hasta el día siguiente.

“Estaba muy mareado, no sospeché que eran delincuentes”, dijo al reconstruir la emboscada, ocurrida después de que acudiera a una discoteca junto a su guardaespaldas Christopher García, quien conducía el vehículo; Farah Monzón, que ocupaba el asiento del copiloto; Nadia Urtecho, su pareja; y el agente de seguridad Luis Rojas.

“Después de ese momento ya no puedo recordar. Estaba muy mareado. Supongo que íbamos al (restaurante) Siete Sopas a tomar caldo o a comer. Yo en el trayecto me quedo dormido. Despierto cuando Nadia (su pareja) estaba gritando. Prácticamente los gritos eran: ‘Por favor, no me hagan daño’ o ‘Por favor, ¿por qué hacen eso?’”, relató.

Lara, de 32 años, explicó que despertó sobresaltado por los gritos de sus allegados y que, al observar a los hombres que habían intervenido el vehículo, creyó que se trataba de efectivos.

“Como estaba en el medio entre Luis (su seguridad personal) y Nadia, me desperté asustado (...) y vi a la Policía. Prácticamente, para mí era la Policía. Yo les digo: ‘Tranquilos, yo voy a bajar’, porque me decían: ‘Baja tú, baja tú’”, agregó.

Señaló que los atacantes llegaron incluso a esposarlo y que solo descubrió que no eran agentes policiales cuando fue trasladado a la fuerza. “Prácticamente me esposan todo como si fueran policías. Cuando me suben lo hacen de la peor manera. Entonces es ahí cuando digo: ‘Esto no es la Policía, es otra gente’”, afirmó.

Los falsos policías solicitaron los documentos de los ocupantes del vehículo, aparentemente con el objetivo de identificar a su blanco. Según información oficial citada por el dominical, los atacantes, vinculados a la organización criminal ‘Los Pulpos’, buscaban inicialmente a Johan Lara, hermano mayor de James.

El error de identificación, sin embargo, no detuvo el ataque. Uno de los delincuentes intentó poner en marcha el vehículo con la intención, según la reconstrucción difundida por el programa, de trasladarlo hasta un descampado y prenderle fuego con los cuerpos en su interior. Al no conseguirlo, abandonó el lugar y huyó.

La hipótesis principal que manejan los investigadores apunta a que el ataque estuvo dirigido contra la familia Lara y, en particular, contra su patriarca, Eleuterio Lara López, conocido como ‘El Viejo’. De acuerdo con esta línea de investigación, ellos habrían dejado de pagar las cuotas de extorsión exigidas por la banda criminal.

El empresario secuestrado, titular de una concesión de 200 hectáreas para la extracción de minerales en Pataz, fue investigado por la Fiscalía en 2020 por su presunta participación en la organización criminal ‘Los Topos del Frío’, vinculada a la extracción ilegal de oro.

De acuerdo con el reportaje, su padre también estuvo bajo investigación en 2017 por presunta minería ilegal, después del decomiso de unas cien toneladas de mineral sospechoso de proceder de actividades ilícitas.

El anuncio de la salida de Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP) ocurre en un escenario marcado por cuestionamientos a la respuesta estatal frente al avance de la delincuencia. El oficial dejará el puesto en los próximos días y, según su propia versión, Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la institución, asumirá la conducción de la PNP.

La decisión se produce después de una serie de episodios que colocaron a la institución policial bajo presión. Entre ellos figuran el ataque registrado en Trujillo, los atentados contra trabajadores y unidades de transporte público, el incremento de los homicidios y los reclamos formulados desde el Congreso por los resultados de la gestión policial.

A este escenario se sumaron cuestionamientos relacionados con la captura de personas buscadas por la justicia y las investigaciones fiscales que involucran al comandante general. En el caso de Vladimir Cerrón, la imposibilidad de concretar su captura también generó críticas hacia la capacidad operativa de la Policía.

Ataque en Trujillo incrementó los pedidos para relevar a Arriola

Uno de los episodios que intensificó los cuestionamientos contra Óscar Arriola ocurrió en Trujillo. Un grupo de delincuentes armados, con chalecos falsos de la Policía, atacó a varias personas, provocó la muerte de cuatro de ellas y secuestró a un empresario.

El hecho generó reclamos contra la respuesta de las autoridades encargadas de combatir el crimen organizado. La gravedad del ataque también trasladó la discusión hacia la conducción de la PNP y la capacidad de sus unidades para prevenir acciones de este tipo.

El 31 de agosto, la bancada de Renovación Popular exigió públicamente la salida de Arriola después del atentado. Dicha agrupación se sumó al pedido formulado por Juntos por el Perú.

Ese mismo día, Arriola llegó a Trujillo y evitó responder ante la prensa sobre la masacre y el secuestro. El episodio se incorporó a los cuestionamientos que ya recaían sobre su gestión.

Ataques contra transportistas elevaron la presión sobre la Policía

La inseguridad también se trasladó de forma directa al transporte público. Según información difundida por Cuarto Poder, 72 transportistas fueron asesinados durante 2026 hasta agosto. Los casos están vinculados principalmente con extorsiones, amenazas y cobros de cupos contra empresas y trabajadores.

La situación llevó a algunos conductores a señalar que comenzaron a portar armas de fuego durante sus jornadas laborales ante el temor de convertirse en víctimas de ataques. El dato refleja el nivel de preocupación existente entre quienes trabajan en las rutas de Lima y Callao.

El registro del Ministerio Público presenta otra medición sobre esta problemática. Un reporte del Observatorio de Criminalidad identificó 214 atentados contra el transporte público de Lima Metropolitana y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. Estos hechos dejaron 283 víctimas, entre ellas 152 fallecidos y 131 heridos.

Los cuestionamientos a la conducción de la PNP también estuvieron relacionados con las cifras de violencia. La información proporcionada sobre la coyuntura señala que el anuncio de la salida de Arriola coincidió con un registro de 169 homicidios durante el último mes.

A ello se sumó la falta de una reducción de los casos de extorsión durante el periodo de su gestión, según los cuestionamientos recogidos en torno a su permanencia en el cargo.

Investigaciones fiscales también alcanzaron al comandante general

Otro elemento que complicó la situación de Arriola corresponde a las investigaciones fiscales. De acuerdo con esa información, el jefe de la PNP figura como investigado o imputado en al menos diez carpetas fiscales correspondientes a Lima y Lima Norte.

Las pesquisas comprenden presuntos delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible, concusión, abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.

La fallida captura de Vladimir Cerrón sumó otro cuestionamiento

La permanencia de Vladimir Cerrón en la clandestinidad también generó críticas contra la PNP. Arriola declaró en mayo que la institución contaba con una “tecnología superior” para ubicar al prófugo.

En julio, tras otra operación fallida, el propio comandante general señaló que existían aspectos de la búsqueda que no eran conocidos públicamente.

La situación adquirió otra dimensión cuando Cerrón reapareció públicamente y afirmó que permaneció a corta distancia de efectivos policiales sin ser ubicado. Según la información proporcionada, el dirigente sostuvo que la PNP “no tenía ni idea” de su ubicación.

El caso también fue utilizado por congresistas para cuestionar la continuidad de Arriola. La imposibilidad de concretar la captura durante el periodo en que estuvo al frente de la institución se convirtió en otro punto de discusión sobre la capacidad operativa de la Policía.

Fredy López Mendoza asumiría la conducción de la PNP

Arriola comunicó que dejará la comandancia general durante los próximos días. De acuerdo con lo señalado por el propio oficial, Fredy López Mendoza, actual jefe del Estado Mayor de la PNP, será quien asuma la conducción de la institución.

El cambio se produce después de los cuestionamientos derivados del ataque en Trujillo, los atentados contra el transporte público, las cifras de homicidios, los pedidos de relevo desde el Congreso, las investigaciones fiscales y las críticas por operaciones de captura que no consiguieron ubicar a personas buscadas por la justicia.

El jefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, afirmó este sábado que la institución no considera “enemigos” a los integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, sino que busca llevarlos ante la justicia para que sean “corregidos” y “resocializados”, en medio de la ofensiva contra el crimen organizado.

“Nosotros no somos enemigos de ‘Los Pulpos’. Nosotros tratamos de llevarlos a una justicia para que los corrijan, para que los resocialicen”, declaró durante una entrevista con RPP, en la que defendió la actuación policial frente a esta banda criminal, a la que se atribuye el secuestro de un empresario minero en Trujillo (La Libertad) y el asesinato de cuatro de sus acompañantes.

El general aseguró que la PNP mantendrá su lucha contra el crimen organizado e invocó a los agentes a no amilanarse ante las dificultades ni las críticas que puedan surgir por sus actuaciones.

“Nosotros somos policías. Cuando los vientos de la vida soplan fuertes, ahí está un policía de la Policía Nacional, presto a servir, listo a morir por el Perú”, afirmó.

Revoredo, cuestionado en los últimos días por algunos de sus gestos y declaraciones tras el ataque armado en Trujillo, aseguró que la PNP continuará buscando a los responsables de los delitos atribuidos a ‘Los Pulpos’, incluidos quienes participaron o planificaron los crímenes.

“No sé cuánto la vida me permita seguir utilizando este querido uniforme (...), pero no me lo van a arrancar nunca. Yo jamás pensé encontrarme con ‘Los Pulpos’. Ellos se atrevieron a golpear a la sociedad y ahí sale la Policía”, señaló.

Reiteró además que en la captura en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’ y considerado uno de los principales líderes de la organización criminal, participaron agencias de Estados Unidos mediante el aporte de tecnología.

De igual modo, anticipó que las autoridades darán próximamente con el paradero de Miller Cruz Arce, uno de los fundadores de ‘Los Pulpos’ y tío de Cruz Torres.

“La misma suerte va a correr Miller. Así nos ataquen como nos ataquen, Miller va a correr la misma suerte. Igual que le dije a Jhonsson Cruz Torres: ‘Es mejor, Miller, que te pongas a derecho, porque te vamos a capturar’”, afirmó.

Cruz Torres, hijo de Jhon Cruz Arce (‘Jhon Pulpo’), otro de los fundadores de esta banda, figuraba entre los delincuentes más buscados del país y por información que facilitara su captura se ofrecía una recompensa de 500.000 soles.

Su captura fue resultado de un trabajo de inteligencia coordinado entre las policías de Bolivia y Perú, con participación de la delegación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en Lima y de la Administración de Control de Drogas (DEA).

A ‘Los Pulpos’ se les atribuye uno de los episodios más violentos del crimen organizado registrados este año en el país: el secuestro del empresario minero Jenss Lara, de 31 años, ocurrido la madrugada del pasado domingo en Trujillo, durante el cual fueron asesinados los cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo.

El premier Luis Galarreta negó este domingo que exista una crisis interna en el Gabinete y aseguró que la presidenta, Keiko Fujimori, no ha planteado la salida de ninguno de sus ministros, pese a los cuestionamientos surgidos tras la crisis de inseguridad registrada en la región de La Libertad.

“El Gabinete es un colegiado político, no es un convento ni un cuartel. Todo el mundo puede opinar”, afirmó Galarreta en una entrevista difundida por el diario El Comercio, en la que rechazó que las diferencias expresadas públicamente por algunos integrantes del Ejecutivo constituyan discrepancias internas.

Refirió que fueron “comentarios individuales” y que el asunto ya fue conversado y “quedó zanjado”, antes de descartar que esté prevista la salida de los ministros de Defensa o del Interior, cuestionados por su respuesta ante el secuestro de un empresario minero en Trujillo mediante un falso operativo policial, episodio en el que fueron asesinados sus cuatro acompañantes.

“Desde el primer ministro hasta el último funcionario del Gobierno estamos en evaluación permanente y la presidenta toma las decisiones. Por lo que hemos conversado con ella, en ningún momento ha habido ni siquiera la intención de evaluar un posible cambio”, añadió.

La continuidad del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, quedó bajo escrutinio tras su viaje a Trujillo en lugar de su homólogo del Interior, César Astudillo, y su participación en diligencias con los detenidos tras el ataque armado, una acción cuestionada por el fiscal de la Nación por su posible impacto en la investigación.

A ello se sumaron dudas sobre la identidad de los capturados, señalados como miembros de ‘Los Pulpos’, cuyos familiares niegan que sean quienes aparecen en las cámaras de seguridad por diferencias en su talla y apariencia física.

“La presidenta convocó, se reaccionó rápido y fue el ministro. Más allá del selfie, fue a cumplir una función y la cumplió bien porque él estuvo toda la madrugada, salió a patrullar incluso con las Fuerzas Armadas, de ahí se tienen los resultados que se tienen y tendrá que investigarse”, señaló Galarreta sobre Belaúnde.

Sus declaraciones se difundieron el mismo día en que Palacio de Gobierno convocó a una conferencia de prensa del Gabinete para el mediodía, tras una reunión de urgencia liderada por Fujimori, aunque finalmente fue cancelada y quedó a la espera de una nueva convocatoria durante la jornada.

El primer ministro defendió además que el Gobierno cuenta con una estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales, aunque evitó revelar detalles. “Yo no voy a contar la estrategia en los medios de televisión”, afirmó, al señalar que esta contempla medidas de contrainteligencia y la rotación de policías en zonas donde llevan demasiado tiempo destinados.

Reconoció que la institución policial ha sido afectada por la corrupción y la infiltración de organizaciones criminales, pero pidió no generalizar esas situaciones y sostuvo que seis meses bastan para empezar a medir avances concretos contra los homicidios y las extorsiones.

“Seis meses es más que suficiente para tener resultados y es un tiempo razonable. (...) Yo creo que deberíamos tener resultados; es más, hoy día tenemos resultados (...) El resultado concreto es que hay casi ocho miembros de la banda ‘Los Pulpos’ arrestados”, dijo.

Un reportaje de Domingo al Día mostró perfiles con miles de seguidores, publicaciones con fajos de dinero y ofertas dirigidas a usuarios que buscan asociar su nombre con el respaldo de una agrupación criminal. Entre los servicios anunciados figuran videos de saludo, prendas, souvenirs y calcomanías con imágenes de jaguares, lobos, cruces blancas y otros emblemas ligados a organizaciones del norte del país.

En una de las ofertas difundidas en redes, se indicaba que por 30 soles se podía ingresar a un grupo de WhatsApp donde estarían integrantes de la organización. Según el material expuesto, entre los requisitos para acceder figuraban tener entre 17 y 30 años y contar con un arma de fuego.

Los perfiles también recibían mensajes de cientos de personas interesadas en pagar para que sus nombres aparecieran en videos asociados a Los Pulpos y La Jauría. En las grabaciones, según el reportaje, se muestran fotografías y nombres completos de mujeres, hombres y parejas que solicitan esos saludos.

Los saludos y los stickers

Los videos promocionales incluyen mensajes que ofrecen saludos para personas privadas de libertad y pedidos por interno. En uno de ellos se escucha: “Todo saludito al interno me escribes. Solo gente seria”.

El contenido no se limita a los videos personalizados. Las cuentas también comercializan stickers que llevan los símbolos de las bandas. El reportaje señaló que los paquetes se ofrecían a distintos precios: tres por 100 soles, ocho por 200 soles y 30 por 200 soles. Una unidad podía costar 50 soles.

Al contactar los números difundidos en redes, aparecía un catálogo de productos y opciones de pago. Las entregas se realizaban por delivery, con previo abono mediante Yape, de acuerdo con la investigación televisiva.

Estas calcomanías, conocidas como carpomanías, aparecen en vehículos, mototaxis, negocios y colegios de Trujillo. En el reportaje se explicó que su presencia puede tener una lectura distinta fuera de Internet: los mismos símbolos han sido empleados para identificar zonas, enviar amenazas o dejar constancia de que una persona paga cupos.

Un especialista consultado por Domingo al Día explicó que esos emblemas funcionan como la marca de una organización criminal. “Ya esa persona está pagando cupos”, afirmó al referirse a los stickers que se colocan como una señal de seguridad.

Especialistas advierten

La difusión de este contenido plantea interrogantes sobre una posible apología de la delincuencia. Voces consultadas en el reportaje señalaron que la exposición de dinero, amenazas, armas y símbolos de bandas puede responder a una búsqueda de estatus y pertenencia.

Una de las especialistas indicó que las redes sociales pueden transformar la identidad criminal en una marca atractiva para determinados usuarios. Según su análisis, existe un interés por el poder oculto y una percepción alterada del prestigio vinculada con la violencia y la intimidación.

Otro experto sostuvo que la compra de un video saludo representa una forma de identificación con ese entorno. “La compra de un insumo como un video saludo es una representación social. El atractivo de la violencia, el atractivo de ser parte de un mundo criminal”, señaló.

El reportaje también recogió una advertencia legal. Un especialista afirmó que estos hechos podrían estar ante un posible delito de apología y, además, podrían involucrar otros ilícitos, como lavado de activos. La fuente no precisó si existe una investigación fiscal o policial abierta sobre las cuentas expuestas.

Los nombres de las bandas

La presencia pública de Los Pulpos y La Jauría no se limita a las plataformas digitales. El informe recordó episodios en los que animadores y artistas mencionaron a integrantes o grupos vinculados con estas organizaciones durante conciertos de música chicha y sanjuanera.

En una presentación de la orquesta Son del Duque se escucharon saludos a personas identificadas como parte de Los Pulpos. En otro evento, un animador mencionó a La Jauría, Los Pulpos y Chimbule, lo que generó rechazo en una región afectada por extorsiones y amenazas.

Los símbolos de estas agrupaciones también fueron proyectados tiempo atrás en un concierto de Chacalón Junior, según el reportaje. Para uno de los especialistas entrevistados, este tipo de menciones puede contribuir a una “apología criminal indirecta” cuando incorpora referencias a bandas en espectáculos musicales.

La preocupación aumenta porque las redes sociales podrían cumplir una función adicional a la exhibición de contenido. En uno de los videos difundidos se ofrece el ingreso a un grupo de Los Pulpos por “30 luquitas”, junto con saludos, stickers y “cualquier vuelta”.

El mensaje concluye con la frase: “Atentamente, Los Pulpos y La Jauría”. Para los expertos consultados, publicaciones de ese tipo podrían servir como vitrina para captar a personas interesadas en ingresar al entorno criminal.

Mientras las cuentas ofrecen productos y contenidos con los nombres de estas organizaciones, las amenazas de extorsión continúan asociadas a los símbolos que circulan en las calles. En una de las grabaciones presentadas por el programa, una voz afirma: “Nosotros nos dedicamos a la extorsión, al cobro de cupos. Veinte mil soles cuesta la tranquilidad tuya y la de tu familia y la de tu negocio”.

Belaúnde afirmó en declaraciones recogidas por América TV que acudió a la ciudad por su condición de ministro y como titular del sector del que dependen las Fuerzas Armadas, que apoyan a la Policía en el estado de emergencia. “No he tenido ninguna participación en un interrogatorio ni mucho menos”, indicó en conversación con la prensa.

Ante las críticas por su presencia durante las actuaciones posteriores a las capturas, Belaúnde explicó que, al enterarse de las detenciones, quiso verificar “en qué situación estaban los detenidos, su salud, su estado”. Añadió que no participó “en ninguna diligencia, en ningún interrogatorio”.

La versión del titular del Mindef se difunde luego de la difusión de fotografías en las que se ve al ministro Belaúnde junto al comandante general de la PNP Óscar Arriola y otros mandos policiales y del Ejército en una sala conversando con uno de los detenidos.

Luego de la difusión de las imágener, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo que Belaúnde viajó porque el titular del Interior, César Astudillo, no pudo asistir “por un asunto personal”, y afirmó que las diligencias estuvieron a cargo de la Policía Nacional

Fujimori sostuvo que el titular de Defensa no participó directamente en las diligencias y atribuyósu ejecución a la PNP. “El ministro Belaúnde no ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía Nacional”, afirmó.

Fiscal de la Nación cuestionó participación del ministro de Defensa

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, planteó otra dimensión del problema en declaraciones a Exitosa: aun si no hubiera existido una declaración formal, una interacción de ese tipo “no es parte de las diligencias” y “puede entorpecer la investigación”. Según su explicación, cualquier manifestación en esas circunstancias carece de valor legal.

Gálvez señaló que, cuando se toma una declaración formal, debe intervenir un fiscal y dirigir el acto junto con el instructor policial. Por eso consideró que lo registrado en las imágenes pudo ser una conversación “informal”, pero remarcó que ya en ese momento debería contarse con presencia fiscal.

El fiscal de la Nación vinculó las dudas sobre el procedimiento con un problema de coordinación institucional. Dijo que, en este caso, la Policía Nacional “se resistió a coordinar con la Fiscalía”.

Según Gálvez, la fricción surgió por una ley que permite a la Policía iniciar investigaciones preliminares en casos de delitos, lo que, a su juicio, fue leído de manera equivocada. “Con una mala interpretación querían hacerlo ellos solos y hubo inconvenientes”, afirmó.

El titular del Ministerio Público añadió que la situación cambió cuando intervino “la fiscal más experimentada de allá de Trujillo, la doctora Cisterna”, y desde entonces se empezó a trabajar de manera más articulada. También precisó que en casos violentos como este la Policía lleva la investigación y la Fiscalía tramita medidas como la detención preliminar o la prisión preventiva.

Secuestro ocurrió junto a una sede policial

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía de Trujillo. En ese ataque, hombres con uniformes policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba y mataron a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con imágenes de videovigilancia, los responsables usaban prendas similares a las del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado.

Ricardo Espinoza, jefe policial de La Libertad, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial. También indicó que los acompañantes de Lara Tantaquilla se resistieron a que se lo llevaran y que eso provocó que los criminales abrieran fuego.

Belaúnde dijo que ya no se cuestiona “el móvil subyacente” y lo definió como “una guerra entre los Pulpos y la Jauría”, dos organizaciones criminales que dominan la . Agregó que la hipótesis central de la Policía se irá ratificando y que los responsables serán llevados ante la justicia.

El inmueble fue intervenido con una orden judicial, de acuerdo con el jefe policial. Al ser consultado sobre los hallazgos, Revoredo confirmó la existencia de un ambiente bajo tierra y sostuvo que los investigadores analizan información recogida durante la diligencia.

“Es un subterráneo muy bien acondicionado”, declaró el general, quien evitó brindar mayores detalles sobre la ubicación exacta de la casa o los elementos encontrados, debido a que las pesquisas siguen en curso.

Asimismo, Exitosa Noticias accedió a las primeras imágenes de este cuarto, el cual luce con diversas comodidades, por lo cual las autoridades no descartan que haya permanecido en cautiverio.

La investigación busca determinar vínculos con estructuras criminales

Revoredo indicó que, hasta el momento de sus declaraciones, hay más de doce personas detenidas en el marco de las investigaciones. Asimismo, precisó que las capturas derivaron de labores de inteligencia y del análisis de vínculos telefónicos. Los atacantes, que usaban prendas similares a uniformes policiales, interceptaron el vehículo del empresario, asesinaron a sus cuatro acompañantes y lo secuestraron.

El oficial señaló que la Policía debe respetar el debido proceso señaló que existe coordinación con el Ministerio Público y otras autoridades para avanzar en la investigación.

El general no confirmó esos extremos, aunque afirmó que la captura de los investigados responde a un trabajo articulado entre instituciones.

Revoredo atribuyó avances al análisis de vínculos telefónicos

El oficial afirmó que parte de las diligencias surgió de datos sobre relaciones telefónicas y de información obtenida tras la detención de un supuesto cabecilla conocido como “Andy”, ocurrida meses atrás en Chiclayo.

De acuerdo con Revoredo, esa intervención permitió a los investigadores detectar posibles eventos criminales y una línea de comunicaciones cifradas. También aseguró que las acciones contaron con apoyo de unidades de inteligencia de la PNP, la Dirección Nacional de Inteligencia y autoridades de Estados Unidos.

El general aclaró que WhatsApp no puede ser intervenido, aunque afirmó que la Policía recibió información de inteligencia mediante recursos tecnológicos y coordinación internacional.

Detención de Jhonsson Cruz Torres

El también jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, sostuvo que las operaciones contra Los Pulpos deben mantenerse, aun después de la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, quien es señalado como una figura central de la organización criminal.

Además, consideró que el debilitamiento de una banda no implica el fin de la actividad delictiva en Trujillo. Ante una consulta sobre la posibilidad de que agrupaciones como La Jauría aprovechen una eventual pérdida de influencia de Los Pulpos.

Revoredo señaló que las organizaciones criminales pueden reconfigurarse tras las detenciones de sus integrantes y formar alianzas con otros grupos.

Diego Vela se encontraba de franco y, según contó su familia, había salido con algunos compañeros para celebrar su cumpleaños. Regresó aproximadamente a las 4 de la madrugada, pocas horas después de una jornada marcada por el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el asesinato de cuatro personas en la ciudad. Cerca de dos horas después, el suboficial fue encontrado sin vida en la vía pública.

El nuevo material audiovisual permite reconstruir parte de esos momentos. En las imágenes, el agente aparece con dificultades para caminar, llega hasta la puerta de su vivienda y utiliza la luz de su celular mientras intenta abrirla. La grabación dentro del inmueble se corta en ese punto. Después, una cámara exterior registra su caída desde la parte alta del edificio. La secuencia vuelve a colocar bajo análisis la hipótesis de una caída accidental, aunque todavía persisten interrogantes sobre lo ocurrido.

Últimos movimientos de Diego Vela en Trujillo quedaron registrados por cámaras de seguridad

La primera parte de la secuencia ocurre dentro del inmueble. La cámara registra el momento en que Diego Vela ingresa a su vivienda y comienza a subir las escaleras para dirigirse hacia su departamento. Durante el trayecto, el suboficial llega a trastabillar, aunque continúa avanzando hasta alcanzar el nivel donde se encontraba su habitación.

Según la información difundida por Exitosa Noticias, los familiares del joven señalaron que había estado en una discoteca antes de regresar a casa y que aparentemente había consumido bebidas alcohólicas. Las imágenes muestran precisamente que tenía dificultades para mantener el equilibrio mientras subía por las escaleras.

Al llegar a la puerta de su departamento, Vela utiliza la luz de su celular para intentar abrir la chapa. Busca las llaves y realiza varios movimientos frente al acceso, pero aparentemente no consigue ingresar. En ese momento termina la grabación de la cámara instalada dentro del inmueble.

La siguiente escena aparece en una cámara ubicada en el exterior. Esta registra el instante en que el suboficial cae desde la parte alta de la vivienda hasta la vía pública. Su cuerpo quedó cerca de la motocicleta en la que había llegado minutos antes.

La versión de la familia sobre los últimos momentos de Diego Vela

La familia de Diego Vela sostiene que el joven tuvo problemas para abrir la puerta de su departamento. Manuel Vela, padre del suboficial, explicó a Exitosa que la chapa presentaba desperfectos y que su hijo no pudo ingresar por el acceso habitual.

Ante esa situación, según el relato de su padre, el agente habría decidido subir hasta la azotea para buscar otra forma de entrar a su vivienda. La familia considera que, mientras intentaba acceder desde esa zona, perdió el equilibrio y terminó cayendo desde el inmueble.

“Él sale a bailar porque era su cumpleaños. Salió con sus colegas y regresa a la casa a eso de las 4 de la mañana”, relató Manuel Vela al medio. El padre también señaló que las imágenes permiten observar el momento en que su hijo llega, revisa su celular y sube hacia su departamento.

La madre del policía respaldó esta versión y descartó que su hijo haya sido asesinado. La hipótesis familiar apunta a que el estado en el que regresó a casa, sumado a las dificultades para ingresar a su vivienda, pudo contribuir al accidente.

Las dudas que persisten sobre la muerte de Diego Vela tras las nuevas imágenes

Aunque las imágenes aportan nuevos elementos sobre la caída, la muerte de Diego Vela todavía genera preguntas debido a otros indicios incorporados a la investigación. Entre ellos figura un brazalete celeste que el suboficial llevaba entre sus pertenencias y que correspondería a la misma discoteca donde estuvieron las víctimas del secuestro y la masacre.

La coincidencia fue difundida por el programa Contracorriente, de Willax, y generó interrogantes debido a que el cuerpo del policía apareció pocas horas después y en una zona cercana a los otros hechos. La Fiscalía, sin embargo, señaló que la presencia del brazalete por sí sola no permite establecer una conexión entre el agente y el ataque.

A ello se suman discrepancias en documentos relacionados con las lesiones que sufrió el suboficial. Mientras un registro policial consignó una versión sobre la atención médica recibida, otro documento hizo referencia a un traumatismo craneoencefálico severo atribuido a múltiples impactos de bala. La diferencia llevó al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a plantear la necesidad de esclarecer el caso mediante una investigación especializada.

Incluso se evaluó la posibilidad de una exhumación para determinar con precisión si el cuerpo presenta lesiones ocasionadas por proyectiles. Paralelamente, el periodista Beto Ortiz difundió otra hipótesis: Vela habría estado en la discoteca siguiendo a Johan Lara, hermano de Jens, y podría haber confundido a ambos. Esta versión sostiene que el supuesto error pudo tener consecuencias posteriores, aunque hasta el momento permanece como una línea que deberá ser corroborada por las autoridades.

Las nuevas imágenes permiten conocer cómo fueron los últimos momentos de Diego Vela antes de su caída, pero todavía quedan aspectos por esclarecer. La investigación deberá determinar qué ocurrió después de que el suboficial intentó ingresar a su departamento y si su muerte tuvo alguna relación con el secuestro y el asesinato de cuatro personas registrados aquella misma madrugada en Trujillo.

Una inspección criminalística en una zona de sembríos de caña de azúcar, en el sector El Cortijo Bajo, en Trujillo, permitió encontrar prendas y accesorios tácticos que guardarían relación con el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. El hallazgo ocurrió después del violento ataque en el que cuatro personas que acompañaban al hombre de negocios fueron asesinadas.

De acuerdo con el Informe de Inspección Criminalística N.° 1299-2026, al que accedieron medios locales, los agentes encontraron siete muestras de indumentaria policial y elementos tácticos dispersos dentro de los sembríos. Entre los objetos figuran un pantalón de faena, correajes, un chaleco táctico, un camisaco con distintivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), un casco, borceguíes y guantes.

Las prendas adquieren relevancia debido a que los responsables del ataque utilizaron uniformes similares a los policiales para fingir una intervención y detener la camioneta donde se desplazaba Lara. Las evidencias fueron recogidas como parte de las diligencias para establecer quiénes participaron en el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes.

Hallan prendas policiales en sembríos de caña de El Cortijo

La inspección se realizó durante la mañana del 31 de agosto, en una zona de sembríos de caña de azúcar ubicada en el sector El Cortijo. Según el informe, los objetos estaban dispersos sobre una superficie terrosa y fueron registrados como siete muestras diferentes durante el procedimiento.

La primera muestra correspondió a un pantalón de faena negro, talla M, junto con un correaje táctico negro que contaba con funda para arma de fuego, porta grilletes y grilletes de seguridad. En el conjunto también se encontró un porta CIP con la inscripción “SUBOFICIAL 3RA.”.

El informe detalla además el hallazgo de un chaleco táctico negro que llevaba distintivos en la parte delantera con las inscripciones “F. Guerrero R. Suboficial 3era 2024” y “Policía”. En la parte posterior aparecía la leyenda “Policía Grecco”. La procedencia de estos distintivos forma parte de las pesquisas.

Otra de las evidencias correspondió a un camisaco táctico de faena, negro y de talla M. La prenda tenía en el pectoral izquierdo un logo de la PNP y, en los brazos, parches con las leyendas “O+ POS”, “Policía Nacional - Escuadrón de Emergencia”, además de la bandera peruana y “Policía Nacional - Pueblo Hecho Ley - Región Policial Lima”.

Violento ataque en Trujillo dejó cuatro muertos y un empresario secuestrado

El hallazgo se conoce después de la difusión de nuevas imágenes de la intervención contra el empresario durante la madrugada del 30 de agosto. En la grabación aparecen varios sujetos que descienden de una camioneta Toyota Hilux y rodean la Ford Bronco en la que se desplazaba Lara junto con sus acompañantes.

Los hombres aparentaban realizar un operativo policial y utilizaban prendas similares a las de agentes de la institución. Las imágenes muestran cómo se aproximan al vehículo y apuntan hacia su interior. Poco después, el empresario desciende de la Bronco y es conducido hacia la Hilux utilizada por los secuestradores.

Durante el ataque, cuatro personas que acompañaban a Lara fueron asesinadas dentro del vehículo. La grabación permite observar parte de la intervención, aunque todavía quedan aspectos por esclarecer, como el orden exacto de los disparos y las armas utilizadas por los atacantes.

La PNP investiga si la Toyota Hilux llevaba una placa clonada y busca determinar si las características físicas de los sujetos que aparecen en las cámaras coinciden con las de los cinco presuntos implicados bajo custodia. También se evalúa una comparación antropométrica para contrastar contextura, estatura y forma de caminar.

Lara recuperó su libertad el 1 de septiembre, cerca de las 3:30 p. m., en una vía hacia el balneario de Huanchaco. La Policía también informó sobre el allanamiento del inmueble donde habría permanecido durante varias horas. Las prendas encontradas en El Cortijo quedaron incorporadas a la investigación para ayudar a reconstruir el secuestro y determinar responsabilidades.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general Víctor Revoredo, evitó precisar cuántos de los intervenidos habrían participado de forma directa en el ataque ocurrido el último domingo.

El caso comenzó la madrugada del domingo 30 de agosto con la interceptación del vehículo donde se trasladaba Lara Tantaquilla junto a cuatro acompañantes, quienes fueron asesinados.

Los atacantes usaron prendas similares a uniformes policiales y se llevaron al empresario, quien luego recuperó su libertad. La Policía investiga la posible intervención de integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

Revoredo señaló que los trabajos incluyeron la inspección de la escena del crimen, el perfil de las víctimas y la evaluación de las circunstancias, los medios usados y el posible móvil del ataque. “Un homicidio tiene que establecer tres cosas: forma y circunstancia, instrumento y los móviles”, sostuvo durante una entrevista a RPP.

El general afirmó que la investigación reunió a unidades de inteligencia de la PNP, la Dirección Nacional de Inteligencia y otras instituciones. También destacó la coordinación con el Ministerio Público para las diligencias posteriores.

Policía evita precisar la participación directa de los detenidos

Consultado sobre los cinco sujetos que habrían intervenido directamente en el cuádruple asesinato, Revoredo sostuvo que no adelantará conclusiones que puedan afectar el debido proceso.

“Ya van más de 12, ¿no? Pero de los que han participado directamente disparando y matando... por eso yo no quiero violar el debido proceso que ya se lleva”, declaró.

El jefe de la Dirincri cuestionó versiones que descartan la participación de algunos intervenidos y afirmó que las diligencias policiales tuvieron carácter urgente.

“Si no son, el director jurídico que es el responsable de la carga de la prueba, ¿por qué no pide la libertad de las diligencias urgentes e inaplazables realizadas por la policía?”, señaló.

Según Revoredo, parte de los avances surgieron a partir de vínculos telefónicos y datos de inteligencia obtenidos en una investigación previa. El general mencionó la captura de un sujeto conocido como “Andy”, a quien identificó como uno de los cabecillas de una banda criminal. A partir de esa intervención, la Policía ubicó información que permitió activar nuevas acciones en Trujillo.

“Cuando se interviene este sujeto sale la caja de Pandora y él, ante el cúmulo de indicios obtenidos, porque se investiga para detener, no se detiene para investigar, premisa de todo pesquisa”, afirmó.

Revoredo confirmó además el hallazgo de un inmueble donde habría permanecido secuestrado Lara Tantaquilla. Describió el lugar como “un subterráneo muy bien acondicionado en la misma ciudad de Trujillo”, aunque evitó revelar más detalles por tratarse de información reservada.

Fiscalía otorgó 15 días para reunir pruebas sobre el ataque

La investigación continuará bajo coordinación entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Revoredo indicó que el Ministerio Público otorgó 15 días para reunir y contrastar elementos de prueba sobre las personas involucradas.

“Ya en los 15 días será la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial en equipo, trabajando juntos”, expresó. El general añadió que la captura de Jhonsson Cruz Torres, alias ’Jhonsson Pulpo’, en Bolivia representa un golpe para la estructura criminal, aunque advirtió que la Policía debe mantener las acciones contra posibles remanentes del grupo.

Las declaraciones se producen mientras Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, permanece en los calabozos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), luego de ser trasladado desde Bolivia tras su captura. El cabecilla de Los Pulpos cumple una detención preliminar de 15 días, periodo en el que se realizarán diversas diligencias relacionadas con las investigaciones en su contra.

El general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, señaló a la prensa nacional que un equipo especializado de secuestros de Trujillo se trasladará a Lima para continuar con las diligencias. Jhonsson también fue llevado a las instalaciones del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), donde brindó su manifestación en presencia de sus abogados y representantes del Ministerio Público.

PNP: placa de camioneta utilizada en secuestro fue clonada

Uno de los puntos que generó cuestionamientos tras el secuestro de Lara fue la aparición de una camioneta con una placa aparentemente perteneciente a la Policía.

Al respecto, Lozada aseguró que el vehículo no pertenece a la institución policial y que la placa que llevaba habría sido clonada. Según explicó, la matrícula existe y corresponde a un vehículo policial que actualmente se encuentra en Puno, a miles de kilómetros de Trujillo.

“Son placas clonadas, falsas. Ese vehículo que sí existe con esas letras está en Puno. Entonces, no es un vehículo de la Policía”, afirmó el general Manuel Lozada.

La autoridad agregó que Los Pulpos ya han utilizado anteriormente prendas similares a las de la Policía para ejecutar sus delitos y que, en este caso, también habrían recurrido a la clonación de una placa para aparentar que se trataba de una unidad oficial.

La utilización de falsos policías fue uno de los elementos que llamó la atención en el secuestro del empresario, pues las cámaras de seguridad registraron a sujetos que aparentaban pertenecer a la institución durante la intervención.

Policía descarta, por ahora, vínculo de Diego Vela con el ataque

Otro de los puntos abordados por la Policía fue la muerte del suboficial Diego Vela, quien falleció la misma noche del ataque en Trujillo. El efectivo había estado horas antes en la discoteca Nosso, el mismo local donde se encontraban Jenss Lara y sus acompañantes antes del secuestro, y llevaba consigo un brazalete del establecimiento cuando murió. Este detalle generó interrogantes sobre una posible conexión con el caso, mientras que su familia rechazó cualquier vínculo del joven con el crimen.

Ante ello, el general Víctor Revoredo sostuvo que, hasta el momento, no existe relación entre la muerte del suboficial y el secuestro de Lara.

“Este hecho es violento, sospechoso, por supuesto que sí, pero por el momento no guarda relación con él. Se habría precipitado”, declaró Revoredo.

La autoridad policial también se refirió a la versión inicial que señalaba que el suboficial habría sufrido una herida producida por un arma de fuego. Según explicó, esta apreciación habría correspondido a una evaluación médica inicial que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

La familia de Vela, por su parte, sostiene que el joven murió tras caer desde el edificio donde residía y ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

Jhonsson permanecerá 15 días en la Dircote

Mientras tanto, Jhonsson Cruz Torres continuará en los calabozos de la Dircote durante los próximos 15 días, mientras se desarrollan las diligencias pendientes.

Durante su permanencia en Lima, la Policía prevé realizar interrogatorios y otras actuaciones vinculadas con las investigaciones que se siguen contra el cabecilla de Los Pulpos. Una de las diligencias ya realizadas fue su manifestación ante las autoridades, junto con Alexander Gabriel Mendocilla, quien también fue detenido en Bolivia.

Al término de este periodo, las autoridades penitenciarias deberán determinar el establecimiento donde Jhonsson cumplirá su condena, de acuerdo con la situación judicial que mantiene.

Una sonrisa y una respuesta evasiva de Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), motivaron un pedido de control político en el Senado.

Al ser consultado en Trujillo, La Libertad, por las diferencias entre los detenidos y los autores que aparecen en imágenes del secuestro de un empresario minero, el general respondió: “¡Que viva el Perú!”.

La escena ocurrió después de la liberación de Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien fue secuestrado la madrugada del domingo 31 de agosto tras una interceptación en la vía pública. En ese ataque, hombres con uniformes similares a los policiales asesinaron a cuatro acompañantes del empresario, entre ellos dos mujeres, según confirmó el jefe policial de La Libertad, Ricardo Espinoza.

Los periodistas preguntaron a Revoredo por la estatura y el aspecto físico de los cinco detenidos frente a quienes aparecen en las grabaciones del hecho. El mando no abordó el contenido de las consultas y se retiró del lugar. Antes de irse, insistió: “Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos”.

Una ciudadana que presenció el despliegue cuestionó la respuesta del general ante el avance de la criminalidad en la ciudad. “Ellos llevan bien su sueldo. ¿Y nosotros qué? Asustados, muertos de miedo y con tanto crimen acá en Trujillo”, declaró. La mujer calificó de “burla” la expresión y reclamó atención frente a la inseguridad.

Senador solicita informe preventivo y evaluaciones psicológicas y psiquiátricas

Tras este episodio, el senador Percy Osorio, de la bancada Juntos por el Perú (JP) remitió un oficio al Ministerio del Interior (Mininter) para solicitar información sobre las acciones preventivas de inteligencia antes del secuestro y la masacre. Además, pidió que la Comandancia General de la PNP disponga exámenes psicológicos y psiquiátricos para Revoredo a través de la Dirección de Sanidad Policial (Dirsapol).

En el documento, Osorio plantea que el pedido busca “salvaguardar la idoneidad” del funcionario, ante su conducta durante el contacto con la prensa. Además, el parlamentario solicitó “informe detallado sobre la efectividad de las acciones preventivas de inteligencia desplegadas en Trujillo antes del secuestro y la masacre”, según el texto.

El oficio cita el artículo 96 de la Constitución Política del Perú, que faculta a senadores y diputados a requerir informes por escrito a ministros e instituciones públicas. También invoca el artículo 8 del Reglamento del Senado, que establece la función de control político sobre los actos del Poder Ejecutivo y de la administración pública. La petición no implica una sanción ni una decisión administrativa.

El pedido llega mientras la investigación por el secuestro de Lara Tantaquilla y el asesinato de sus acompañantes continúa en curso. Según Espinoza, los atacantes simularon un operativo policial y las víctimas opusieron resistencia al intento de llevarse al empresario.

Las prendas similares a uniformes policiales aparecieron después en otro punto de Trujillo, junto con ropa de Lara Tantaquilla. En su oficio, Osorio solicita que el Mininter remita la información requerida dentro de los mecanismos de control previstos en la normativa vigente del actual Senado.

La presidenta Keiko Fujimori sostuvo hace unos días que cinco detenidos por el crimen en Trujillo, vinculado al secuestro de un empresario minero y al asesinato de cuatro personas, habrían confesado su participación.

La mandataria rechazó que hubiera recibido información errónea y señaló que existirían documentos firmados sobre esas declaraciones. Sus afirmaciones abrieron una diferencia pública con la Fiscalía, que mantiene diligencias en curso y no atribuye de modo definitivo responsabilidad penal a los intervenidos.

Fujimori afirmó ante la prensa que el caso todavía se investiga y evitó referirse a otros elementos que, según dijo, aparecen durante el proceso.

“También puedo señalar que esta investigación continúa, por lo tanto, no puedo pronunciarme por los otros hechos e informes que se están encontrando”, indicó. Añadió que aguardará los informes del titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, antes de fijar una posición sobre el resto de las actuaciones.

Las declaraciones ocurrieron después de que Astudillo vinculara a los arrestados con la organización criminal a la que se atribuye el hecho, aunque no los presentó como autores.

El ministro dijo que la Policía Nacional del Perú (PNP) busca todavía a los responsables materiales e intelectuales y a quienes habrían ordenado el delito. Esa precisión dejó abierta la identificación de los autores dentro de la investigación.

Fujimori también sostuvo que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no intervino en los interrogatorios. Remarcó que la PNP conduce las pesquisas y pidió esperar los resultados. La presidenta insistió en que no adelantaría opinión sobre los demás informes.

Fiscal Jorge Chávez Cotrina negó que existan confesiones válidas

El fiscal Jorge Chávez Cotrina sostuvo que, al quinto día de las diligencias por el asesinato, no hay pruebas científicas ni declaraciones tomadas bajo las condiciones legales que permitan imputar el hecho de forma definitiva a los cinco investigados.

“De ninguna manera puedo afirmarlo. Los fiscales hablamos con evidencia”. Para el representante del Ministerio Público, la investigación debe reunir elementos técnicos antes de establecer quiénes participaron y qué función habría tenido cada persona.

Chávez Cotrina rechazó la versión sobre confesiones ya formalizadas. “Lamento decir que no le hemos tomado declaración a ninguno de los detenidos hasta el momento. El único momento en que ellos podrían confesar es ante el fiscal y el instructor, con la presencia de sus abogados. Esa diligencia no se llevó a cabo”, afirmó.

Con ello, precisó que una eventual confesión requiere la participación fiscal, la intervención del instructor y la asistencia de la defensa para tener validez jurídica. El fiscal no descartó que las diligencias posteriores aporten información, pero indicó que ese acto no se había realizado.

El representante fiscal cuestionó además la presentación pública de los intervenidos. “Definitivamente eso está mal, porque la norma establece que a los detenidos no se los pueden presentar a la prensa, porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona investigada está investida de inocencia y, mientras no se demuestre judicialmente su responsabilidad, no tienen por qué estar exhibiéndolo”, enfatizó. La presunción de inocencia rige mientras un tribunal no determine responsabilidades.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), secuestrado en la ciudad de Trujillo y posteriormente liberado, romperá su silencio este domingo y ofrecerá sus primeras declaraciones sobre el caso, anunció este jueves su padre, Eleuterio Lara.

“Por el momento, nuestra familia ha decidido no dar ninguna entrevista, ninguna declaración a la prensa. Mi hijo lo va a hacer a partir del día domingo”, afirmó en diálogo con el programa Contracorriente de Willax.

El padre del empresario fue consultado sobre la versión de la familia de que no se habría pagado dinero para conseguir la liberación de su hijo, en medio de las informaciones que apuntan a que la organización criminal ‘Los Pulpos’ habría exigido un rescate de cinco millones de dólares.

Al respecto, el familiar del empresario mantuvo la prudencia debido a la gravedad de la situación y pidió a la prensa que realice sus propias investigaciones, sin referirse a las gestiones que permitieron que su hijo regresara a casa.

“En el lado de mi familia (está) bien difícil. Si una organización criminal viene por ti es porque tiene un propósito de hacer contigo. Entonces, imagínate nomás, (...) ya está dicho las cosas. Ahora, yo lo que quiero es que ustedes investiguen por su lado”, afirmó.

De acuerdo con la televisora, la familia de Lara habría negociado directamente con los secuestradores y logrado reducir de US$5 millones a US$2,5 millones el monto exigido inicialmente por la liberación del empresario.

El pago, siempre según esa versión, se habría realizado en efectivo y, para reunirlo, se habría recurrido a un socio, quien habría aportado la mayor parte del dinero solicitado por la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Se trata de Ynocente Matos Anticona, “vinculado con el delito de minería ilegal en condición de integrante de la organización criminal por encargarse de la extracción y explotación del material aurífero, blanquear el material ilegal y neutralizar acciones de control”, de acuerdo con información expuesta en el reportaje.

Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado en plena vía pública de Trujillo durante la madrugada del domingo, cuando fue interceptado por un grupo de atacantes vestidos con uniformes policiales que asesinaron en el acto a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió cuando el empresario y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se movilizaban en un vehículo de alta gama, propiedad de un tercero, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri), quienes llevaban uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), de acuerdo con testimonios recogidos tras el ataque.

El empresario había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

La liberación del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla (31), secuestrado el fin de semana tras un ataque en Trujillo (La Libertad) que dejó cuatro personas asesinadas, habría estado precedida por el pago de 2,5 millones de dólares a los captores, según un informe difundido este jueves por el programa Contracorriente, de Willax.

De acuerdo con la información difundida por la televisora, que cita datos de la investigación, la familia de Lara habría negociado directamente con los secuestradores y conseguido reducir de 5 millones a 2,5 millones de dólares el monto exigido inicialmente por la liberación del empresario. El pago, siempre según el informe, se habría realizado en efectivo.

La investigación sostiene que un capitán de la Policía especializado en geolocalización habría servido de enlace para que la familia pudiera aproximarse a los secuestradores, aunque las gestiones se habrían desarrollado al margen de los canales oficiales.

El informe señala que la familia habría recurrido a uno de los socios del empresario para reunir el dinero exigido por la banda criminal ‘Los Pulpos’. Se trata de Ynocente Matos Anticona, “vinculado con el delito de minería ilegal en condición de integrante de la organización criminal por encargarse de la extracción y explotación del material aurífero, blanquear el material ilegal y neutralizar acciones de control”, de acuerdo con información expuesta en el reportaje.

De acuerdo con la información citada, este socio habría aportado la mayor parte de los 2,5 millones de dólares utilizados para concretar el rescate. La familia del empresario, por su parte, ha mantenido reserva sobre las circunstancias de su liberación y no ha confirmado públicamente el supuesto pago.

“Por el momento, nuestra familia ha decidido no dar ningunas, ninguna entrevista, ninguna declaración a la prensa. Mi hijo hablará el día domingo”, dijo su padre, Eleuterio Lara López.

“Si una organización criminal viene por ti, (...) es porque tiene un propósito (...) yo lo que quiero que ustedes investgien por su lado”, agregó.

Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado en plena vía pública de Trujillo durante la madrugada del domingo, cuando fue interceptado por un grupo de atacantes vestidos con uniformes policiales que asesinaron en el acto a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió cuando el empresario y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se movilizaban en un vehículo de alta gama, propiedad de un tercero, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri), quienes llevaban uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), de acuerdo con testimonios recogidos tras el ataque.

El empresario había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

“Lamento la opinión de Norma Yarrow”, afirmó en una entrevista con Canal N, en referencia a la diputada de su formación que había exigido que Arriola no permaneciera “ni un minuto más” en el cargo.

Alcorta defendió que el jefe policial permanezca los dos años previstos para su gestión, pues consideró que los cambios constantes en los altos mandos durante los últimos gobiernos afectaron la “institucionalidad y la moral” de la PNP.

La senadora recordó que durante los gobiernos de Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022) se produjeron sucesivos relevos de generales, una situación que, según afirmó, terminó generando inestabilidad dentro de la institución policial.

También reconoció que Arriola ha afrontado cuestionamientos durante su gestión, pero consideró que estos no justifican su salida inmediata. “Tiene una carrera, a luchado contra el terrorismo, ha tenido metidas de pata, pero (...) todos tenemos papelones por momentos, y eso no justifica que lo arranquen de la Policía y lo saquen de acá”, dijo.

La senadora explicó que el comunicado en el que se solicitó la salida de Arriola fue emitido por la bancada de diputados y aseguró que los senadores de la agrupación no compartieron esa posición. “En la bancada de senadores ninguno estaba de acuerdo”, afirmó.

Ante la consulta sobre si el comunicado de los diputados representaba la posición de todo el partido que dirige el exalcalde Rafael López Aliaga, Alcorta remarcó que ambas bancadas funcionan de manera separada pese a pertenecer al mismo partido.

“Podemos ser la misma bancada, pero tenemos caminos diferentes, estamos separados. (Lo de Yarrow) fue una metida de pata que ya fue, ya pasó”, concluyó.

La salida del comandante general es un reclamo que distintos sectores políticos han mantenido en las últimas semanas ante el aparente fracaso de las medidas para enfrentar el crimen organizado en el país, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, el epicentro de la minería ilegal en el país.

En los últimos días, congresistas de distintos partidos han reclamado al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori que lo retire del cargo, tras el cuádruple asesinato y secuestro de un empresario minero en la norteña ciudad de Trujillo, en uno de los episodios más recientes de la ola de criminalidad que golpea al país.

El empresario raptado el domingo ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, mientras que los cuatro asesinados en su vehículo eran sus acompañantes.

El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, reconoció este martes que no tuvo contacto directo con la familia del empresario minero secuestrado en Trujillo y atribuyó a la falta de “suerte” que la víctima no pudiera ser rescatada por la institución.

“Yo no he trabajado con la familia”, respondió el general durante una entrevista con la televisora local Sol TV, al ser consultado sobre las declaraciones del padre del empresario, quien cuestionó la actuación policial durante el secuestro.

Revoredo sostuvo que los familiares actuaron por su cuenta para intentar salvar a la víctima y que la Policía respetó sus decisiones. “La familia ha hecho sus procedimientos y nosotros respetamos”, afirmó.

Días atrás, el padre de Jenss Lara Tantaquilla (31) detalló que la organización criminal ‘Los Pulpos’ exigió cinco millones de dólares para liberar a su hijo. Sin embargo, al considerar que se trataba de una cifra “inalcanzable”, explicó que la liberación se consiguió mediante la intervención de un amigo que, según su versión, era “conocido” por la banda criminal.

El jefe policial aseguró que la PNP identificó al presunto cabecilla del secuestro mediante procedimientos especiales de investigación y una “trazabilidad” tecnológica que permitió ubicar un teléfono vinculado con Bolivia, pista que condujo hasta ese país, donde finalmente fue capturado el líder de esa banda, Johnson Cruz Torres, conocido como ‘Johnson Pulpo’.

Asimismo, indicó que, entre las cinco personas detenidas en Trujillo por su presunta vinculación con el secuestro y el asesinato de los cuatro acompañantes del empresario, una habría mantenido comunicación con integrantes de ‘Los Pulpos’ y proporcionado información sobre los participantes del crimen.

Revoredo evitó, sin embargo, precisar qué función habría cumplido cada detenido y quiénes fueron exactamente los sujetos que, según los videos de seguridad, utilizaron prendas similares a las del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco) durante el ataque.

“Operativamente tenemos el indicio técnico razonable que ellos han participado”, manifestó, aunque señaló que corresponderá a los fiscales y peritos determinar los roles individuales durante los 15 días de investigación.

El general reiteró que la institución no logró rescatar al empresario “porque a veces no se da la suerte” y sostuvo que el éxito de una intervención no depende únicamente de la actuación policial. “A veces se da, a veces no se da”, señaló.

También afirmó que, hasta el momento, no ha identificado a ningún efectivo policial vinculado con el ataque armado ocurrido cuando Lara Tantaquilla y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se desplazaban en un vehículo de alta gama por el centro de Trujillo, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado por los atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, explicó este jueves su insólita reacción cuando un grupo de periodistas le preguntó por las diferencias en el aspecto físico de los cinco detenidos tras la liberación de un empresario minero secuestrado en un ataque que acabó con la vida de sus cuatro acompañantes en Trujillo.

En diálogo con la prensa, el general señaló que ese día estaba contento por la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, apodado ‘Jhonsson Pulpo’ y considerado actualmente el principal líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, por lo que se dirigió “a la catedral para agradecer a Dios”, aunque no le permitieron ingresar.

“Y si hay gente que le duele (por la reacción), que le duela. Yo lo he hecho con el corazón. Cuando al pueblo de Trujillo le disparaban, los capturé. Cuando secuestraban, los capturé. Jamás le he faltado el respeto al pueblo de Trujillo. ¡Jamás!”, dijo.

Ante la insistencia de los periodistas sobre las imágenes que provocaron críticas y burlas en redes sociales, Revoredo señaló que existe libertad para realizar ese tipo de contenidos y rechazó entrar en confrontación con quienes lo cuestionan.

“Existe el derecho. Yo no puedo enfrentarme a uno. Yo no he venido a defenderme. Yo he venido a trabajar y siempre lo he hecho. Jamás voy a bajar la cabeza, ¡jamás!”, agregó.

El último martes, el oficial salía de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad cuando la prensa le preguntó por las diferencias en el aspecto físico y la estatura de los capturados respecto de las personas que aparecen perpetrando el ataque, vestidas con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

“¡Que viva el Perú!”, respondió ante la insistencia de los periodistas, quienes le preguntaron si estaba tomando las interrogantes con ironía. Revoredo no respondió más al respecto y, según las imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe, corrió por una calle aledaña en busca de su automóvil, que no lograba ubicar.

“Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos”, dijo antes de retirarse, lo que provocó una ola de memes en redes sociales.

El oficial ahora evitó pronunciarse sobre los cuestionamientos relacionados con los detenidos y señaló que corresponde a las autoridades determinar su responsabilidad.

“Es el Ministerio Público, es el Poder Judicial, es la Policía Nacional del Perú, que cuando culminen los quince días van a informar y ahí ustedes sacarán sus conclusiones. Yo vine acá porque tras esto decían que estaban los Pulpos. Mi función fue intensificar las operaciones para calcular a Johnson y logré el objetivo”, dijo.

“Créame, las horas que se han dedicado a Trujillo han sido intensas, han sido intensas. Y se lo juro así, jamás le voy a bajar la cabeza a nadie. Lo que le informo, lo informo con el corazón”, agregó.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado la madrugada del domingo en plena vía pública de Trujillo, después de que hombres vestidos con uniformes policiales interceptaran el vehículo de alta gama en el que se desplazaba junto a otras cuatro personas, a quienes asesinaron en el acto.

El grupo, entre ellos dos mujeres, había salido de una discoteca y se dirigía por el centro de la ciudad cuando fue atacado.

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante el operativo ‘Los Topos del Frío’, desplegado contra la minería ilegal y que buscó desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella operación fueron detenidas 17 personas, incluidos dos ciudadanos de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente ilegal, valorados entonces en unos 10 millones de dólares.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que la presencia del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, durante un supuesto interrogatorio a uno de los presuntos responsables por el secuestro del empresario minero Jenns Lara, podría entorpecer las investigaciones sobre el caso y que la reunión -que fue registrada en fotografías- “no es parte de las diligencias” que se realizan en hechos similares.

En conversación con Exitosa, el titular del Ministerio Público indicó que es posible que las imágenes en las que se ve al ministro Belaúnde junto al general Óscar Arriola y otros policías conversando con el detenido sería parte de una entrevista previa al registro de una declaración oficial por parte del criminal, pero que en ese momento ya se debería contar con la presencia de un fiscal.

“El fiscal está en la declaración formal que se le toma y dirige inclusive la declaración. Va a interrogar conjuntamente con el efectivo, el instructor policial”, indicó Gálvez. El fiscal consideró que la conversación con el ministro fue “informal” y que podría entorpecer las investigaciones del caso.

“Que sea buena, que corresponda, que sea pertinente, no lo es, definitivamente, porque como te digo, se puede entorpecer la propia secuela de la investigación”, afirmó Gálvez al medio radial. Consultado sobre si lo declarado en ese momento tiene valor legal, el fiscal indicó que “no tiene ningún valor y además puede perturbar la propia secuela de la investigación”.

“La Policía se resistía a coordinar con la fiscalía”

Respecto a la participación de la Fiscalía y la Policía, el fiscal de la Nación sostuvo que en casos violentos como el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo, la investigación corre por parte de la PNP y la Fiscalía solo tiene que pedir una detención preliminar o prisión preventiva.

“Pero si la policía no adjunta las pruebas, los elementos de convicción suficientes, el juez te va a denegar la prisión preventiva conforme a ley, no porque sea mal juez ni nada por el estilo. Entonces, ciertamente hay detenciones, pero que conforme a ley se los va a dejar libres luego que se hacen las diligencias y en otros casos no hay pruebas suficientes”, sostuvo

Consultado sobre por qué este caso pareció haber fallado la interacción entre la Policía y el Minsiterio Público, Gálvez indicó a Exitosa que la PNP “se resistió a coordinar con la Fiscalía”.

“Al comienzo, la coordinación era crítica porque la Policía estaba haciendo las cosas por su propia cuenta y tenía su propia estrategia, cuando en realidad la norma dice que el inicio de investigación, donde se diseña prácticamente la estrategia de investigación, la estrategia jurídica y operativa, lo dispone el fiscal. Pero acá cada uno estaba con su propia estrategia por los policías que han ido de acá de Lima, los policías de allá, y la fiscalía estaba también con la estrategia correspondiente”.

Según dijo a Exitosa, el problema se ha generado a raíz de una ley que habilita que la Policía pueda iniciar las investigaciones preliminares en casos de delitos, ignorando que estas deberían iniciarse por disposición de un Fiscal.

“Con una mala interpretación querían hacerlo ellos solos y hubo inconvenientes. Felizmente, después intervino ya la fiscal más experimentada de allá de Trujillo, la doctora Cisterna, y entonces coordinaron debidamente y ahorita se está llevando un trabajo más articulado”, afirmó.

El documento, que hasta ahora no había trascendido públicamente, recoge la declaración de una persona que aseguró haber estado en la zona del ataque durante la madrugada del domingo 30 de agosto y que luego tuvo contacto con un hombre vestido con uniforme policial, a quien identificó como uno de los presuntos atacantes.

De acuerdo con el testimonio, el declarante acudió con su primo a la misma discoteca donde previamente habían estado el empresario Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, y sus acompañantes.

Luego fue a un restaurante y, al salir del lugar cerca de las 2:10 de la madrugada, aseguró haber escuchado disparos de bajo volumen que, bajo su percepción, provenían de un “arma con silenciador”.

El testigo relató que, al pasar por el lugar donde se habían producido los disparos, observó a un hombre con uniforme policial que revisaba un vehículo. Minutos después, afirmó que otro hombre vestido de policía detuvo el automóvil en el que viajaba y subió al asiento trasero.

Según la declaración, el supuesto agente permaneció en silencio durante buena parte del recorrido y utilizaba su teléfono móvil. El testigo indicó que posteriormente advirtió que el hombre tenía “acento venezolano”.

El relato señala que el hombre pidió detener el vehículo en un pasaje. Una vez allí, siempre según la declaración, sacó una pistola, apuntó hacia los ocupantes y les advirtió: “Ustedes no han visto nada, directito a su casa”.

El testigo describió al hombre como delgado, alto y de aproximadamente 1,73 metros, con pasamontañas, casco táctico, chaleco antibalas con un distintivo de la Policía y botines, aunque no pudo verle el rostro.

De acuerdo con la televisora, el documento lleva las firmas de funcionarios policiales y de una fiscal adjunta provincial, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad.

Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía pública de Trujillo, luego de que un grupo de hombres con uniformes policiales interceptara el vehículo en el que viajaba. Los atacantes asesinaron a sus cuatro acompañantes en el lugar.

El empresario se desplazaba por el centro de la ciudad junto a sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, después de salir de una discoteca cercana. Testigos señalaron que el vehículo de alta gama fue interceptado a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por hombres con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reconoció este miércoles que la promesa del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori de combatir el crimen “desde el día uno” no ha impedido que se produzcan hechos sangrientos como los registrados recientemente en Trujillo, donde un empresario minero fue secuestrado durante un ataque armado ocurrido el fin de semana, que dejó cuatro de sus acompañantes asesinados.

“Nosotros, el gobierno de la presidenta Fujimori lo dijo, que desde el primer día vamos a trabajar contra esta lacra de la sociedad, estos delincuentes asesinos”, afirmó durante una rueda de prensa posterior a la llegada a Lima del capturado líder criminal de ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres.

Sin embargo, el primer ministro matizó que comenzar a trabajar contra la criminalidad desde el primer día no significa que puedan evitarse de inmediato situaciones violentas.

“Evidentemente, el primer día trabajar lamentablemente no quiere decir que no vamos a tener situaciones complicadas como las que hemos tenido y lamentamos el asesinato de estos cuatro jóvenes y de este señor que fue secuestrado, que felizmente está liberado”, señaló.

Galarreta sostuvo que el objetivo del Ejecutivo es impedir que las organizaciones criminales continúen amenazando a la población y al Estado, y aseguró que las autoridades perseguirán a los responsables independientemente del país en el que se encuentren.

“Lo que quiere decir (la promesa que Fujimori reiteró en campaña) es que no vamos a permitir que estos delincuentes amenacen a la sociedad y al Estado en su conjunto”, manifestó.

El jefe del gabinete destacó además la intervención de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las operaciones vinculadas con el caso, así como la colaboración de las autoridades bolivianas.

“Nuestras Fuerzas Armadas han cumplido un rol fundamental con colaboración también de la policía boliviana. Nuestra policía peruana ha tenido una respuesta inmediata”, afirmó.

Aseguró que el Gobierno reforzará las capacidades de la Policía mediante mayor inteligencia, preparación y equipamiento, como parte de un plan que contempla la adquisición de nuevos instrumentos para enfrentar al crimen organizado.

“Lo que quiero resaltar aquí es que no importa en qué país estén, dónde estén, en qué momento sean, nosotros vamos a ir tras estos delincuentes asesinos”, dijo.

“Y esperemos con mayor inteligencia, con mayor preparación, con más instrumentos, que es lo que tenemos en el plan para poder comprar y dotar a nuestra policía, tratar justamente en lo que viene el tiempo, evitar situaciones lamentables”, agregó.

Finalmente, volvió a defender la estrategia anunciada por el Gobierno y destacó la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad tras los hechos de Trujillo.

“Pero la respuesta es desde el día uno y desde el día uno dijimos que vamos a enfrentarlos y vamos a capturarlos. Eso es lo principal que quiero destacar hoy día”, concluyó.

A ‘Los Pulpos’ se le atribuye el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, ocurrido la madrugada del domingo en Trujillo. La víctima se desplazaba en un vehículo de alta gama junto a cuatro acompañantes, entre ellos dos mujeres, cuando fueron interceptados por sujetos con uniformes policiales.

El ataque ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Los atacantes vestían prendas similares a las que utiliza el Grupo Especial Contra la Lucha contra el Crimen Organizado (Grecco).

Óscar Cruz Basilio, primo del principal líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ (recientemente capturado en Bolivia), asumiría un papel protagónico dentro de la estructura delictiva tras la detención de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’.

El investigador de la criminalidad Milver Ávalos señaló este martes al medio local Macronorte.pe que Cruz Basilio sería actualmente el “rostro visible” de la organización, tras la captura de ‘Jhonsson Pulpo’, a quien las autoridades señalan como integrante de la tercera generación de un clan familiar con origen en Trujillo.

Al aparente nuevo líder de esta red criminal se le atribuye, además, haber ordenado desde la clandestinidad en Chile el secuestro del comerciante de oro Jens Lara Tantaquilla, en un ataque armado que el último fin de semana dejó otras cuatro personas asesinadas.

“Según un informe de inteligencia, (...) él ha estado coordinando, ha tenido línea directa esta vez tanto con los pisadores, como le llaman, como con el cabecilla, que en este caso sería Johnson”, dijo el investigador.

Agregó que Cruz Basilio tiene antecedentes vinculados con hechos violentos, como el atentado con explosivos contra la sede de la Fiscalía de Trujillo, ocurrido en enero de 2025, cuya ejecución habría ordenado.

“Óscar es el rostro visible ahorita de ‘Los Pulpos’ y quien también recordemos que también tiene un grado de violencia. El claro ejemplo fue el atentado que le hizo al Ministerio Público”, sostuvo.

Hijo de Miller Cruz Arce (uno de los hermanos fundadores de la banda), Cruz Basilio integra la denominada “trilogía de los primos”, junto con Jhonsson Cruz Torres y Andy Quispe Cruz. “Ante la (reciente) caída, automáticamente tomó el rol protagónico Óscar”, afirmó Ávalos.

Tras la captura de Andy Quispe Cruz, las autoridades lo incluyeron entre sus principales objetivos. Según Diario Correo, era uno de los pocos hombres con capacidad para mantener contacto directo con ‘Jhonsson Pulpo’, quien llegó a fingir su muerte y modificar su apariencia mediante cirugías estéticas para evitar su captura.

La Policía ya había pedido al Ministerio Público, en septiembre de 2024, tramitar una orden de captura internacional en su contra por planificar secuestros con tortura, extorsiones a empresarios y atentados con explosivos contra centros educativos.

Cruz Basilio también figura en las pesquisas por el atentado contra la discoteca Dalí, en Trujillo, que dejó decenas de heridos. La PNP sostiene que un adolescente participó en el ataque por orden suya y otro investigado.

El padre de ‘Jhonsson Pulpo’, Jhon Cruz Arce, fundó junto con sus hermanos la organización criminal ‘Los Pulpos’. En 2008 fue condenado a 25 años de prisión por homicidio y recuperó su libertad el año pasado mediante un recurso de hábeas corpus.

La captura de su padre llevó a ‘Jhonsson Pulpo’ a asumir el liderazgo de la banda, con apoyo de sus tíos, cuando tenía apenas 17 años. En 2014 tomó el control de la organización criminal y fue clave para su expansión, no solo dentro del Perú, sino también hacia otros países de la región.

La banda surgió en la década de los 90 en El Porvernir, un distrito popular de Trujillo, comenzando su actividad con delitos considerados menores. Sin embargo, con los años afianzó una estructura criminal y comenzó a cometer delitos de extorsión, secuestros y sicariato como forma de ganar poder e influencia. Además, se les vincula con actividades como tráfico de tierras y minería ilegal.

La organización criminal Los Pulpos, nacida en Trujillo, La Libertad, extendió desde hace años sus operaciones a Chile, donde autoridades y víctimas la vinculan con extorsiones, secuestros, amenazas, porte de armas e incendios contra negocios. En el centro de las investigaciones figura Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, quien ya se encuentra en territorio nacional custodiado por la justicia peruana.

El grupo habría instalado una red en comunas como Renca, Quinta Normal, Independencia, Recoleta y Huechuraba, en Santiago de Chile. De acuerdo con las pesquisas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Fiscalía, la banda exigía pagos mensuales a comerciantes a cambio de no atacar sus locales ni a sus familias.

“Paga las consecuencias, es tu mujer o si no tu hija, si no tu hermano. Dame una solución porque tu tiempo se está acabando”, se escucha en uno de los audios atribuidos a extorsionadores vinculados a Los Pulpos. Las víctimas denunciaron exigencias de entre cinco y veinte millones de pesos chilenos mensuales, aunque algunas reportaron pagos de hasta cuarenta millones.

La expansión del grupo en Chile también incluyó alianzas con otros delincuentes y la división territorial de sectores de Santiago.

“Ciertas personas que ejercen el liderazgo instruyen directamente. No tienen mandos medios. Pasan directamente a las personas que ejecutan los delitos y retribuyen después la parte económica”, explicó una fuente policial chilena sobre la estructura que atribuyen a la organización.

‘Jhonsson Pulpo’ en Perú

Cruz Torres ingresó al Perú bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de su captura en La Paz, Bolivia. El presunto integrante de la organización criminal Los Pulpos fue entregado el 1 de septiembre en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, en Puno, y trasladado posteriormente a Juliaca.

La intervención incluyó también a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años. Ambos fueron detenidos en territorio boliviano, donde ‘Jhonsson Pulpo’ se encontraba de forma irregular.

Tras los controles migratorios y la entrega formal, la PNP asumió la custodia de los investigados. El titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, anunció que conduciría el traslado de Cruz Torres a Lima para continuar con las diligencias judiciales pendientes.

Desde Piura, la presidenta Keiko Fujimori informó que el detenido será enviado a un establecimiento penitenciario peruano, aunque no detalló cuál será ni cuándo ocurrirá su internamiento.

“El ministro del Interior, el general Astudillo, se encuentra dirigiéndose a la región de Puno ya que el líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ va a ser trasladado a uno de los penales en nuestro país”, declaró.

La mandataria atribuyó la captura a un trabajo coordinado entre la Policía Boliviana, la PNP y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. “Las organizaciones criminales no miran fronteras y por eso es tan importante la colaboración con otras instituciones de otros países”, sostuvo.

Cruz Torres afronta órdenes de captura por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, según las autoridades. También cuenta con una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú y una notificación roja de Interpol, de acuerdo con información de las autoridades bolivianas.

El senador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, respaldó la permanencia de Óscar Arriola al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú y sostuvo que existe calma en Trujillo “según reportes” que maneja, en medio de una entrevista con Canal N.

Consultado de manera directa sobre si el comandante general debía continuar en el cargo, Aguinaga evitó pronunciarse sobre la gestión personal de Arriola y desplazó el eje de la discusión hacia la institucionalidad policial. “No es el problema de nombres, es el problema de institución. Y la institucionalidad no hay que quebrarla, no importa el nombre”, respondió el legislador, quien remarcó que el mandato del jefe policial se extiende por dos años.

Ante la insistencia del conductor sobre si el liderazgo de Arriola había sido el adecuado durante su gestión, el senador atribuyó los resultados operativos recientes a las directivas del presidente de la República, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Según Aguinaga, esas órdenes explicarían las capturas realizadas en los últimos días.

El intercambio se tensó cuando el periodista contrapuso la cifra de 72 choferes y cobradores asesinados en lo que va del año, pese a la operación conjunta que contó con el respaldo de la policía boliviana, el FBI y la DEA. El comunicador subrayó que el crimen no se ha detenido en el país y recordó que el ataque más reciente ocurrió en la madrugada del domingo, con un saldo de cuatro personas asesinadas y una quinta víctima secuestrada.

La afirmación sobre la calma en Trujillo generó un cruce directo en la entrevista

Frente a ese dato, Aguinaga sostuvo que los informes que maneja indican que existe tranquilidad en la región La Libertad, cuya capital es Trujillo, y expresó su expectativa de que esa situación se replique en el resto del territorio nacional. “En estos momentos, los informes que tenemos es en Trujillo hay mucha tranquilidad”, afirmó el legislador, en referencia a las recientes capturas vinculadas al crimen organizado en la ciudad.

El periodista repreguntó de inmediato para confirmar si el senador sostenía, en efecto, que había tranquilidad en Trujillo, ante lo cual Aguinaga insistió en que las detenciones “les da tranquilidad” a los habitantes y remarcó que ese efecto “no lo pueden negar”. La respuesta llevó al conductor a recordarle que, apenas días atrás, se había producido el asesinato de cuatro personas y el secuestro de una quinta en esa misma ciudad. “¿Cómo que tranquilidad?”, cuestionó el comunicador ante la insistencia del legislador.

El senador pidió evitar la especulación sobre la identidad de los detenidos

Ante el señalamiento de que aún no existe certeza sobre si los detenidos en el operativo binacional fueron efectivamente los responsables del crimen del domingo, Aguinaga llamó a no adelantar conclusiones. “Esperemos que no hagamos tanta especulación, porque lo que estamos es especulando, que fue, que no fue”, sostuvo, y pidió aguardar los resultados de las investigaciones antes de emitir un juicio definitivo sobre la autoría del ataque.

El periodista recordó entonces que el propio ministro Astudillo había reconocido, en esa misma jornada y en el estudio de Canal N, que no podía confirmar si las personas capturadas eran quienes perpetraron el ataque. Aguinaga respondió que, si bien el titular del sector no lo había confirmado, tampoco lo había descartado, en una réplica que evidenció la falta de certeza oficial sobre la identidad de los responsables del crimen que motivó el operativo internacional.

El director de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), Víctor Revoredo, respondió este miércoles a las declaraciones del padre del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, quien ha cuestionado públicamente la actuación policial en el secuestro de su hijo y aseguró que fue él quien gestionó su liberación.

“Lo que hable el papá nosotros respetamos, es un agraviado, es una víctima y nosotros respetamos lo que él indica. Nosotros no confrontamos a nadie”, afirmó el general al ser consultado por periodistas en Trujillo.

El oficial defendió, sin embargo, el trabajo desplegado por la PNP tras el secuestro y vinculó la investigación con la captura en Bolivia de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, a la que se le atribuyen el rapto y el cuádruple asesinato de los acompañantes del empresario.

“Nosotros respetamos a esa familia, esa querida familia. Nosotros respetamos lo que ellos indiquen (...) Acá se ha hecho toda la trazabilidad”, agregó al afirmar que, desde que la Policía tuvo conocimiento del secuestro, se desplegaron acciones de inteligencia para establecer la estructura detrás del delito, una versión que ha sido negada por el padre de Lara Tantaquilla.

Revoredo también fue consultado por la presencia de un patrullero en las inmediaciones de la zona por la que circulaban los secuestradores, detrás del vehículo en el que viajaban el empresario y sus allegados, pero respondió de forma escueta. “Todo lo que aparece en escena es parte de investigación”, afirmó.

Añadió que las autoridades esperan información procedente de los teléfonos incautados durante las operaciones realizadas en Bolivia, elementos que, según indicó, podrían aportar nuevos datos a la investigación.

“En estos momentos estamos a la espera de los celulares que ha incautado, que ha incautado la policía de Colombia, perdón, de Bolivia y ahí se verá”, dijo.

También señaló que la recreación de los hechos corresponde al Ministerio Público y que se dispuso la llegada de equipos especializados para realizar pericias dentro de los procedimientos establecidos. Ante una eventual participación de agentes policiales en el secuestro, afirmó que la institución detiene incluso a “cualquier operador que traicione”.

El padre del empresario, Eleuterio Lara, ha desmentido la versión oficial sobre la liberación de su hijo y aseguró que fue él quien realizó las gestiones para conseguirla, no la PNP, y refirió que recurrió a un “conocido” de ‘Los Pulpos’ para lograr la liberación, pese a que los secuestradores exigían 5 millones de dólares que, afirmó, no desembolsó.

“He corrido por mi lado a sacar la información de las cámaras. No he tenido apoyo policial. La Policía tenía que hacer el recorrido de cámaras; sin embargo, yo lo he hecho. Hasta el día de hoy, no han abierto los celulares (de las víctimas)”, dijo.

“Para vestirse de policías, de personal militar, es porque está coludida la Policía. (...) Quiero hacer llegar mi sentido pésame a todos los familiares, que yo no los he conocido, a uno, solamente a uno, solamente a uno he conocido. Me indigna este secuestro de mi hijo y me indigna que hasta ahora la policía no haya hecho nada”, señaló.

La presidenta Keiko Fujimori negó este miércoles que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, haya participado en los interrogatorios de los detenidos tras el secuestro de un empresario en Trujillo y el cuádruple crimen de sus acompañantes, pese a que fotografías oficiales lo muestran junto a los intervenidos y al jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola.

Fujimori explicó que Belaúnde acudió al lugar debido a que el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, no pudo asistir por un asunto personal.

“El ministro Belaúnde señaló que él sí podía asistir y, por lo tanto, tomé la decisión de que acuda él”, afirmó la mandataria al ser consultada por la prensa durante un viaje a la región norteña de Piura.

Sin embargo, Fujimori sostuvo que el titular de Defensa no participó directamente en las diligencias y atribuyó su ejecución a la PNP. “El ministro Belaúnde no ha participado de ningún interrogatorio. Los interrogatorios los han llevado a cabo la Policía Nacional”, afirmó.

Añadió que el caso continúa bajo investigación, que los detenidos “han confesado” y que existen documentos que ellos mismos han firmado, aunque evitó pronunciarse sobre otros hechos o informes que, según indicó, están siendo incorporados a la pesquisa.

A través de su cuenta de Flickr, Defensa publicó más de una veintena de imágenes en las que aparecen Belaúnde y Arriola frente a los detenidos, cuyos familiares denunciaron en las últimas horas presuntas irregularidades durante las aprehensiones y cuestionaron que estén vinculados al ataque armado por las diferencias de talla y apariencia física con los atacantes captados por las cámaras de seguridad.

Belaúnde anunció la detención de cinco presuntos implicados, entre ellos los cuatro hombres que habrían ejecutado el rapto y asesinado a sus acompañantes, así como el supuesto operador que coordinó el secuestro con la organización criminal ‘Los Pulpos’ y proporcionó las armas y uniformes policiales utilizados.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en una vía de Trujillo, cuando sujetos vestidos con uniformes policiales interceptaron el vehículo en el que viajaba y asesinaron a sus cuatro acompañantes.

El ataque ocurrió a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según imágenes de videovigilancia, los responsables llevaban uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado “Los topos del frío”, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

En declaraciones a periodistas, el jefe de la Policía en la región La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial y que los acompañantes del secuestrado opusieron resistencia a que se lo llevaran, lo que hizo que los criminales abrieran fuego para matarlos.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se convirtió este martes en el primer integrante del Gobierno de Keiko Fujimori en reclamar públicamente la salida de Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional (PNP), tras el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, en un nuevo episodio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.

“Yo estoy dentro de aquellos que desde hace meses pide la salida de Arriola”, afirmó en una entrevista con el pódcast que transmite el diario El Comercio.

“No voy a retroceder en mi posición de hace meses, pues él era parte de un conjunto de oficiales que desde mi punto de vista estaban en medio de una serie de situaciones controversiales”, señaló, sin ofrecer mayores detalles.

Sheput consideró además que la continuidad de Arriola debe evaluarse no solo por la actuación institucional de la PNP, sino también por la percepción que genera ante la ciudadanía, un factor que, según dijo, también influye en la lucha contra la inseguridad.

“Creo yo que tenemos que entender en general que la lucha contra la inseguridad ciudadana también es un tema de percepción. Y en esa percepción, si algún individuo (...) ante la opinión pública no da la talla, pues simplemente hay que tomarlo en cuenta”, agregó.

Insistió en que su cuestionamiento a Arriola antecede a su incorporación al Ejecutivo y que no se trata de una posición adoptada tras asumir el cargo. “Es algo en que me ratifico”, señaló.

Las declaraciones de Sheput se producen después de que congresistas de distintas bancadas reclamaran a Fujimori la salida del jefe policial, en medio de los cuestionamientos a la respuesta del Gobierno frente al avance del crimen organizado, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, epicentro de la minería ilegal.

En las últimas horas, tanto la jefa de Estado como el ministro del Interior, César Astudillo, han evitado referirse a la salida de Arriola y han señalado que su continuidad se encuentra en evaluación.

Mientras Fujimori recordó que una ley establece un periodo fijo de dos años para el jefe policial, Astudillo remarcó que “todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial de la Policía”.

El titular del portafolio también sostuvo que Arriola está “técnicamente calificado”, aunque enfatizó que “esto no es un espaldarazo” y que “en algún momento se verá” su permanencia en el cargo.

El empresario secuestrado el fin de semana y liberado el lunes fue identificado como Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

Mientras las autoridades presentaron el caso como resultado de un operativo que permitió ubicarlo y detener a cinco presuntos implicados, familiares de Lara Tantaquilla sostuvieron que su liberación se gestionó mediante “contactos” personales con la banda criminal ‘Los Pulpos’, que exigieron hasta 5 millones de dólares por su rescate.

Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, llegó al Perú bajo custodia policial tras ser capturado en La Paz, Bolivia. El señalado cabecilla de Los Pulpos fue entregado a las autoridades peruanas el 1 de septiembre en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero.

Desde allí, continuó hacia Juliaca antes del traslado previsto a Lima. La captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia y su retorno al Perú activaron coordinaciones entre ambos países, según informó el Ministerio del Interior (Mininter).

El detenido ingresó junto con Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años, quien fue intervenido en el mismo operativo. La Policía Nacional del Perú (PNP) asumió la custodia después de los trámites migratorios.

Las autoridades bolivianas dispusieron su expulsión porque se encontraba de manera irregular en ese país. El ministro del Interior, César Astudillo, anunció que conduciría el traslado a la capital para que Cruz Torres quede a disposición de la justicia peruana y cumpla las diligencias.

Keiko Fujimori dijo que el detenido será enviado a un penal del país

En una declaración desde Piura, Keiko Fujimori afirmó que Astudillo viajaba a Puno por el operativo. “El ministro del Interior, el general Astudillo, se encuentra dirigiéndose a la región de Puno ya que el líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ va a ser trasladado a uno de los penales en nuestro país”, refirió.

La mandataria no precisó el establecimiento penitenciario ni la fecha en que sería internado el detenido, cuya llegada a Lima fue anunciada para el 2 de septiembre.

Fujimori atribuyó la detención a una coordinación de la Policía Nacional del Perú, la policía boliviana y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

“Para lograr esto, quiero resaltar que ha sido un trabajo conjunto con la policía boliviana y agradesco al gobierno de Bolivia, que además con la colaboración del FBI y de nuestra Policia Nacional se ha logrado este gran objetivo. Las organizaciones criminales no miran fronteras y por eso es tan importante la colaboración con otras instituciones de otros países”, agregó.

Jhonsson Pulpo afronta órdenes de captura y una condena vigente

Sobre Cruz Torres pesan órdenes de captura por robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, según autoridades.

Las autoridades lo señalan como uno de los dirigentes de Los Pulpos, organización vinculada por la PNP con extorsiones, secuestros, homicidios y sicariato en Trujillo y La Libertad. También cuenta con una sentencia de cadena perpetua vigente en Perú y una notificación roja de Interpol, según autoridades bolivianas.

El Ministerio del Interior indicó que la organización reúne más de 100 personas con funciones diferenciadas. Astudillo explicó que algunos proveen armas, vehículos, uniformes o información sobre víctimas, mientras otros ejecutan ataques.

“Así como este sujeto no es el único. Tenemos todo un mosaico de jefes de bandas criminales que estamos detrás de ellos”, manifestó el ministro al describir la estructura de Los Pulpos.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó públicamente que los presuntos criminales detenidos por la Policía Nacional del Perú, supuestamente vinculados al secuestro del empresario minero Jenss Lara y al asesinato de cuatro personas la madrugada del domingo 30 de agosto, sí están vinculadas al delito y han confesado. Esto luego de que se difundieran dudas sobre la veracidad de la captura.

“Lo que puedo señalar es que estas personas que fueron detenidas han confesado y hay documentos firmados, ¿ok? También puedo señalar que esta investigación continúa. Por lo tanto, no puedo pronunciarme sobre los otros hechos o informes que se están encontrando. Yo esperaré con prudencia a que el ministro Astudillo vaya informando conforme se lo permita la ley y no perturbe la investigación", afirmó la mandataria.

La versión de la presidenta se produce luego de que el padre del empresario secuestrado afirmara al medio independiente El Foco que su hijo no reconocía a ninguna de las personas presentadas por la Policía como autores de su secuestro.

Eleuterio Lara López relató que su hijo permaneció amarrado, con los ojos vendados y sin ropa en un cañaveral, adonde había sido trasladado por sus captores. Según él, luego de observar a los detenidos presentados por las autoridades, Jenss Lara descartó que esas fueran las personas que participaron en su secuestro y afirmó que no reconoce sus voces como las de quienes lo mantuvieron cautivo.

Explicó, no obstante, que su hijo no recuerda mayores detalles del ataque armado debido a que se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos.

Familiares de detenidos negaron que hayan participado en el secuestro

Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el secuestro.

Videos muestran criminales con “porte militar”

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina advirtió que no puede atribuirse de forma categórica a los cinco detenidos por la Policía Nacional el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el cuádruple asesinato, investigados en Trujillo, porque la Fiscalía aún no tiene prueba científica suficiente y las pesquisas recién transitan sus primeros días.

En conversación con RPP, el representante del Ministerio Público reveló que los cinco detenidos siguen bajo investigación, pero que la Fiscalía no tiene todavía base pericial para sostener que fueron los autores directos.

Un punto subrayado por el fiscal fue el análisis de las imágenes del ataque. Dijo que en los videos se observa a personas con “porte militar”, un rasgo que obliga a incorporar peritos especializados para establecer si coinciden o no con los detenidos.

En ese marco, pidió la participación de un antropólogo forense para comparar fisonomía, contextura y desplazamientos. “Que venga un perito antropólogo para determinar si estas personas que están detenidas son los mismos que están ahí en los videos, que se ve que tienen ‘porte militar’”, sostuvo.

La razón, según explicó, no es accesoria: de esa correspondencia depende la solidez de cualquier pedido fiscal ante el Poder Judicial. “Entonces, hay que hacer todo un estudio de esa naturaleza para poder ir ante el juez a pedir cualquier requerimiento con bases sólidas, con pruebas de calidad, porque si no el juez no nos lo va a dar”, dijo

La provincia de Trujillo tendría presencia de alrededor de 10 organizaciones criminales, según advirtió el criminólogo y exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Julio Corcuera, durante una entrevista con RPP Noticias. Sostuvo que en la ciudad operan grupos más allá de Los Pulpos y La Jauría, en un escenario marcado por secuestros, extorsiones y ataques armados.

La declaración se conoció después de la liberación del empresario Jens Lara, quien fue secuestrado el último domingo en Trujillo. El hecho dejó cuatro personas muertas, asesinadas por los delincuentes.

Los familiares del empresario cuestionaron la actuación de las autoridades. El padre de Lara afirmó que la liberación fue resultado de contactos propios y señaló: “Yo hice una llamada a un contacto, a un amigo y esta persona me ayudó con las diligencias. No fue necesario pagar, nosotros no hemos pagado”.

También remarcó que la Policía Nacional no debía atribuirse el desenlace del caso. “Finalmente liberaron a mi hijo. La policía no tiene que atribuirse esa liberación”, sostuvo, de acuerdo con las declaraciones recogidas por RPP Noticias.

Visibles en Trujillo

Al ser consultado sobre la actividad de las bandas criminales en La Libertad, Corcuera afirmó que sus expresiones son visibles para quienes recorren la ciudad y otras zonas del norte peruano.

“Cualquier persona que va por Trujillo, por el norte y transita, puede ver además de los stickers, además de las presencias u organizaciones criminales, que no son solo Los Pulpos y La Jauría. Tranquilamente, en la provincia de Trujillo usted puede identificar diez organizaciones criminales”, declaró.

El criminólogo también mencionó la existencia de negocios que, a su criterio, pueden estar relacionados con operaciones de lavado de activos. “Son lugares en donde también hay un boyante lavado de activos. Usted ve con mucha claridad una serie de negocios prósperos que aparentemente no justifican y una serie de personas que de un momento a otro aparecen y surgen con riqueza”, afirmó.

Para Corcuera, el flujo económico constituye un componente central de las estructuras delictivas. Señaló que las organizaciones pueden sustituir a los detenidos, conseguir nuevas armas y contratar a otras personas para ejecutar acciones criminales.

“Atacar ese dinero, congelar ese dinero, congelar esos activos, resulta clave para poder romper la estructura de esta organización criminal”, indicó. En ese sentido, señaló que las empresas de fachada permitirían introducir dinero de origen ilícito en el sistema económico.

El secuestro de Jens Lara

El caso de Jens Lara generó dudas sobre la participación de la Policía Nacional en el operativo que derivó en la detención de cuatro jóvenes. Corcuera señaló que la versión oficial sobre esas capturas cambió en las últimas horas.

Según explicó, primero se informó que los detenidos participaron en el ataque y el secuestro. Después, el ministro del Interior sostuvo que habían intervenido en el secuestro, sin precisar que fueran las personas que se acercaron a la camioneta del empresario o lo capturaron.

El especialista consideró que pudieron cumplir otras funciones dentro de la operación, como tareas de logística, enlaces o recepción de llamadas. También dijo que las características físicas de los detenidos no parecían coincidir necesariamente con las de los hombres que aparecen en los registros audiovisuales del ataque.

“Podría ser también, y esto pasa en el crimen, que las organizaciones criminales subcontratan personas entrenadas para hacer tal o cual operativo”, manifestó.

Corcuera citó la cautela expresada por el fiscal superior de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien dijo que esperaría las pruebas científicas antes de pronunciarse. “Si el fiscal que está ahí toma esa cautela es porque no hay certeza hasta este momento”, expresó.

Los antecedentes

El exviceministro recordó que Trujillo ya había registrado hechos vinculados a la actividad de organizaciones criminales. Mencionó que en enero de 2025 un grupo arrojó explosivos contra la sede principal del Ministerio Público.

También recordó otros episodios en los que delincuentes se hicieron pasar por policías. En uno de ellos, según relató, sacaron a un empresario por la fuerza y se lo llevaron. En otro caso, un grupo ingresó a un restaurante y asesinó a una persona.

Corcuera dijo que estos hechos reflejan una situación en la que el crimen parece haber superado las capacidades del Estado en algunas zonas del país. Añadió que las informaciones cruzadas y la ausencia de algunas autoridades transmiten “una sensación de caos o de desorden cuando menos”.

El criminólogo comparó el escenario actual con México durante los años 2000, aunque señaló que antes se había resistido a ese tipo de paralelismos. “Me apena enormemente, pero esto me recuerda a la situación de México en los años 2000”, afirmó.

El video, difundido en las últimas horas, muestra que los atacantes detuvieron una camioneta Ford Bronco en la que se desplazaba Lara junto con otras personas. Los delincuentes descendieron de una camioneta Toyota Hilux, rodearon el vehículo y mantuvieron la escena bajo control durante pocos minutos.

Las imágenes dejan ver que varios autos circularon por la zona sin detenerse, pues el operativo aparentaba ser una intervención policial regular. Según la reconstrucción expuesta durante la difusión de las grabaciones, los criminales usaban prendas similares a las de agentes y armas largas.

Los atacantes habrían disparado dentro de la camioneta antes de llevarse a la víctima

En un momento de la secuencia, los hombres armados se aproximan a la Bronco y apuntan hacia el interior. Después, Jenss Lara baja del vehículo y es conducido hacia la Hilux utilizada por los secuestradores.

La grabación no permite establecer con precisión el orden en que ocurrieron los disparos, la muerte de los acompañantes y el traslado del empresario. Tampoco confirma qué tipo de arma utilizaron los atacantes.

De esta manera, la Policía señaló la posibilidad del uso de silenciadores o supresores, debido a que no se advierte una reacción de quienes transitaban por el lugar.

El ataque habría durado menos de dos minutos. Las cuatro personas que acompañaban al empresario fueron asesinadas dentro del vehículo, de acuerdo con la información policial difundida tras el caso.

PNP investiga caso

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si la Toyota Hilux usada en el secuestro portaba una placa clonada. También busca determinar la identidad de todos los hombres que aparecen en las cámaras y si sus características físicas coinciden con las de los detenidos.

Entre las diligencias que podrían realizarse figura una comparación antropométrica de los sospechosos con las imágenes de seguridad. Ese procedimiento permitiría contrastar aspectos como la contextura, la estatura y la forma de caminar de los implicados.

La PNP mantiene a cinco presuntos implicados bajo custodia. Según la versión policial, Julio Zavaleta Quesada, de 19 años y conocido como “Juliacho”, habría recibido desde un penal la orden de identificar al empresario y organizar el secuestro. La investigación también incluye a Junior Quesada Cruz, César García Rivera, Fabricio Bocanegra Linares y José Miguel Cherrepeda Ávila.

La Fiscalía espera que en el transcurso de los días la PNP reúna todas las pruebas de que los detenidos estuvieron involucrados en el secuestro.

Lara recuperó su libertad el lunes 1 de septiembre, cerca de las 15:30, en una vía hacia el balneario de Huanchaco. Su familia habría pagado USD 3 millones para lograr su liberación.

El empresario presentaba golpes tras el cautiverio y permanecía en su domicilio, afectado por lo ocurrido. La PNP sostiene que tenía información de inteligencia sobre la preparación de un secuestro de gran escala desde al menos tres meses antes del ataque.

El detenido fue identificado como Julio Zavaleta Quezada. Las autoridades indagan su presunta relación con alias Óscar, a quien vinculan con la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Durante la detención, los agentes preguntaron al joven por una rosa tatuada en su brazo y por unas marcas en su cuerpo. También repararon en una lesión que presentaba en una rodilla.

Alias “Juliacho” indicó que sufrió el golpe tras un accidente. Según Panamericana Noticias, esa herida llamó la atención de los investigadores porque podría coincidir con los movimientos atribuidos a uno de los responsables del secuestro de Lara.

La posible relación entre esa lesión y el caso forma parte de las diligencias que aún están en curso.

Testimonio de uno de los involucrados

En otro fragmento de su declaración ante agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el joven mencionó a una persona a la que llamó alias Óscar. Según su versión, ese contacto le habría hablado de “un seco” y le pidió comunicarse con otros individuos.

El detenido señaló que se puso en contacto con personas a las que identificó con los alias de Bolacho, Futuro y Ñato. Las autoridades sostienen que alias Óscar tendría nexos con Johnson Pulpo, quien fue capturado. Esa hipótesis es materia de investigación fiscal y policial.

Fiscalía da 15 días a la PNP para investigar y presentar pruebas

El coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, informó que la Policía cuenta con 15 días para reunir elementos que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar quiénes tuvieron participación directa o indirecta.

“La Policía tiene que, en estos quince días, acopiar evidencias sólidas, evidencias de calidad, para determinar cómo sucedieron los hechos y quiénes están directa o indirectamente involucrados”, declaró Chávez Cotrina.

El funcionario indicó que, por ahora, el Ministerio Público no puede atribuir responsabilidad a ninguna persona. Añadió que se coordinó la llegada de más peritos a Trujillo, incluidos especialistas procedentes de Lima, ante los cuestionamientos sobre la identificación de los detenidos y la apariencia física de los hombres que habrían usado indumentaria policial durante el secuestro.

Los investigados permanecen detenidos de manera preliminar por el presunto delito de organización criminal, mientras continúan las pericias y la recopilación de pruebas en torno al caso.

En las últimas horas también se ha conocido que Jhonsson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, ingresó al Perú el 1 de septiembre, tras ser entregado por autoridades bolivianas en el CEBAF de Desaguadero. El presunto cabecilla de Los Pulpos quedó bajo custodia de la PNP y este 2 de septiembre será trasladado a Lima para las diligencias correspondientes.

Se le atribuyen investigaciones por homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros delitos.

La liberación del empresario minero Jens Lara Tantaquilla por parte de sus secuestradores, presuntamente vinculados a la organización criminal ‘Los Pulpos’, fue producto de una gestión familiar y no de la intervención de la Policía, como lo indicó el padre de la víctima, quien aseguró que el rescate inicialmente era de 5 millones de dólares.

Por su parte, el hermano de Lara Tantaquilla, criticó la labor de la Policía Nacional del Perú y aseguró que su familia hizo lo necesario para que el empresario volviera a casa sin participación de la PNP y sin dar detalles adicionales. Esto luego del pago de 3 millones de dólares, según se informó en diversos medios de comunicación.

“Hay cosas que simplemente no puedo decir y simple. Hay cosas que no se puede decir. Solo hicimos lo que teníamos que hacer porque la Policía no sabe hacer su trabajo. Simple, es eso. La Policía no sabe hacer su trabajo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y punto. Lo tengo a mi hermano acá y ya está, se acabó”, indicó a RPP.

Al ser consultado por cuáles fueron las “gestiones que hicieron”, el hermano de Jens Lara indicó que “a ustedes no les compete eso. A nadie les compete. Se queda entre nosotros y punto. No sé qué organización, no sé qué hizo. Suponemos una cosa, suponemos otra cosa. Ahora desconfiamos de todos”.

Empresario no reconoce a detenidos presentados como sus secuestradores

En una entrevista difundida este martes por el portal de investigación El Foco, el padre de Jens Lara Tantaquilla, Eleuterio Lara López, relató que su hijo permaneció amarrado, con los ojos vendados y sin ropa en un cañaveral, adonde había sido trasladado por sus captores.

Lara López aseguró que, tras observar a los detenidos presentados por las autoridades, su hijo descartó que fueran las personas que participaron en su secuestro y afirmó que no reconoce sus voces como las de quienes lo mantuvieron cautivo.

Explicó, no obstante, que su hijo no recuerda mayores detalles del ataque armado debido a que se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrieron los hechos.

En la víspera, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó que los cuatro ocupantes de la camioneta utilizada en el rapto fueron detenidos y permanecen bajo custodia policial, incluido el tirador que ejecutó el cuádruple crimen.

Asimismo, Belaúnde indicó que la Policía Nacional (PNP) también detuvo al operador del secuestro, acusado de coordinar con la banda ‘Los Pulpos’ y de proporcionar las armas y los uniformes policiales que utilizaron los sospechosos.

Familiares de detenidos negaron que hayan participado en el secuestro

Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el secuestro.

La detención de Johnson Smith Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, señalado como cabecilla de Los Pulpos, representa un golpe para la organización criminal asentada en Trujillo, pero las propias autoridades han advertido que la captura no supone la derrota de las banda ni de las redes de corrupción en La Libertad.

Cruz Torres fue arrestado el 1 de septiembre a las 09:45 a. m. en La Paz, Bolivia, durante un operativo denominado “Pulpo Dos”. La Policía Boliviana informó que el detenido se encontraba de forma irregular en ese país y que su arresto tuvo fines de expulsión hacia Perú, donde pesa sobre él una sentencia de cadena perpetua y una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

A través de un comunicado, el Gobierno Regional de La Libertad saludó la caída de Jhonsson Pulpo y la calificó como un avance contra el crimen organizado. A la vez, puso límites a cualquier lectura que presente el operativo como el cierre definitivo de la organización. “La captura de un cabecilla es un gran paso. Desarticular las organizaciones criminales y devolverle la tranquilidad a Trujillo es la verdadera meta”, señaló en un pronunciamiento.

Siguen vigentes

El pronunciamiento regional sostuvo que el arresto de Cruz Torres constituye un “importante golpe contra el crimen organizado”, aunque remarcó que las organizaciones criminales y la corrupción no han sido derrotadas.

La posición expuesta por la administración regional se concentró en que la caída de un líder no resuelve por sí sola las condiciones que permiten la actuación de estas estructuras. El Gobierno Regional de La Libertad señaló que desde 2023 ha destinado más de S/100 millones de su presupuesto a fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP), con vehículos, tecnología, equipamiento e infraestructura.

Según la entidad, esa inversión se realizó pese a que la seguridad ciudadana corresponde de manera directa al Poder Ejecutivo. Por ello, exigió al Gobierno central una mayor respuesta en la región, con presencia sostenida de agentes de Inteligencia de la PNP y más recursos para enfrentar a las organizaciones criminales.

El Gobierno Regional también indicó que existe una falta de más de 4 mil policías en La Libertad. Además, pidió que se neutralicen de manera definitiva las comunicaciones desde los penales que, según el comunicado, son utilizadas para extorsionar y dirigir delitos.

La institución reiteró su pedido a la presidenta Keiko Fujimori para que viaje a Trujillo y encabece desde esa ciudad una nueva estrategia nacional contra la criminalidad. El planteamiento propone convertir a La Libertad en una región piloto para esa lucha.

Una investigación iniciada en enero

El comandante general de la Policía Boliviana indicó que el caso se trabajaba desde enero de este año mediante coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile.

La información que permitió ubicar a Cruz Torres llegó la noche anterior a la detención, de acuerdo con el relato policial. Ese dato activó el despliegue de unidades especializadas de la Dirección Nacional de Inteligencia de Bolivia.

El arresto ocurrió en un edificio de departamentos comerciales de la avenida Isaac Tamayo, entre las calles Tumusla, en La Paz. El jefe policial afirmó que Jhonsson Pulpo intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, aunque fue capturado de inmediato.

Las autoridades bolivianas señalaron que Cruz Torres se sometió a intervenciones quirúrgicas para modificar su apariencia y evitar ser identificado. El comandante general detalló que se detectaron cambios en las orejas, los pómulos y las cejas.

Por sus antecedentes y su capacidad de desplazamiento en la región, la Policía Boliviana lo definió como “un blanco de alto valor regional”. La orden de expulsión se ejecutó el mismo día de la captura, por instrucción del ministro de Gobierno y mediante una resolución de la Dirección General de Migración.

Dinero, teléfonos y documentos

Durante la intervención, los agentes no hallaron armas en poder de Cruz Torres. Sí incautaron USD 10.000, 700 bolivianos y 10.000 pesos chilenos, además de equipos celulares y documentos personales.

El comandante general de la Policía Boliviana sostuvo que las distintas monedas encontradas dan cuenta de desplazamientos temporales entre Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Según el reporte, Cruz Torres utilizaba su propio documento de identidad para viajar por esos países pese a las cirugías que, de acuerdo con las autoridades, buscaban alterar sus rasgos.

Un coronel agregado de la Policía Nacional del Perú que participó en la conferencia de prensa explicó que Los Pulpos operan desde la década de 1990 en Trujillo, sobre todo en el sector El Porvenir. La agrupación se habría iniciado con robos y hurtos, antes de vincularse con extorsión, sicariato y secuestro.

Los familiares de los cinco hombres detenidos por su presunta participación en el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo cuestionan la investigación policial porque sostienen que la contextura y la estatura de los arrestados no coinciden con los videos del ataque y denuncian una captura sin pruebas visibles ni procedimiento claro.

La prima de uno de los detenidos, de 19 años, indicó a Panamericana que su familiar mide 1.50 y que en las grabaciones del secuestro se observa que los secuestradores incluyen a una persona “grande”, de “más de un 1.70”, una diferencia que la familia considera incompatible con la identificación policial.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de 1.70. Mi primo no llega ni al 1.50, es más pequeño que yo, incluso”, afirmó la prima de uno de los detenidos en el informe televisivo.

El grupo de familiares organizó una protesta en los exteriores de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), donde madres, hermanos y otros parientes exigieron la liberación de los arrestados con gritos de “¡Justicia para nuestros familiares!“. Según su versión, los sujetos fueron detenidos sin haber intervenido en la matanza y el rapto.

Familiares cuestionaron forma de los arrestos

Las denuncias de los parientes también apuntaron al procedimiento de captura. Una de las mujeres que protestó relató que a su hijo “han ido y lo han sacado de adentro durmiendo” y añadió: “Me rompieron todo. Ahora yo pido justicia”.

Otra familiar fue más lejos y puso en duda la legalidad del ingreso a la vivienda. “Se han metido allá a la casa sin permiso de nada, sin un documento de un fiscal, una orden que puede entrar”, afirmó durante el plantón.

En ese mismo marco, la prima del joven de 19 sostuvo que el detenido estuvo en su casa junto a su enamorada la noche del ataque. “Mi primo ha estado con la enamorada en la casa. Han estado toda la noche ellos”, declaró, y agregó que cuenta con videos y fotografías que, según su versión, podrían respaldar esa coartada.

La mujer también dijo que la intervención se explicaría por antecedentes del joven cuando era menor de edad. “Solamente porque él tiene un antecedente cuando era menor de edad. Cometió errores, porque era joven y no sabía”, señaló. Según su relato, el detenido trabajaba como estibador para una marca de gaseosas y no integra a Los Pulpos, organización criminal vinculada con el crimen.

PNP no ofreció detalles sobre detenidos

La Policía Nacional presentó el martes a cinco personas como presuntos participantes en el secuestro y asesinato de cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla. El caso ocurrió en Trujillo, donde un grupo armado con indumentaria similar a la de la Policía Nacional del Perú interceptó al empresario, lo bajó de su vehículo y disparó contra quienes permanecían dentro de la camioneta.

El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que cuatro de los detenidos participaron el día del crimen, pero hasta el momento no se ofrecieron datos adicionales sobre los elementos que vincularían a los intervenidos con el secuestro y los asesinatos.

Tampoco se comunicaron, durante la presentación de los sospechosos, resultados de pruebas de absorción atómica ni el hallazgo de prendas policiales en poder de los arrestados. Esa ausencia de detalles fortaleció el reclamo de las familias, que piden que la acusación se contraste con prueba técnica.

El caso generó conmoción en Trujillo luego de que el empresario fuera secuestrado durante la madrugada del domingo 30 de agosto, en un violento ataque que dejó cuatro personas asesinadas. Posteriormente, la Policía confirmó la liberación del empresario y la captura de cinco presuntos implicados. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar el nivel de responsabilidad de cada uno de los detenidos y establecer quiénes estuvieron detrás de la planificación del crimen.

En medio de las diligencias, una de las principales interrogantes estaba relacionada con la manera en que se consiguió la liberación del empresario y si la familia había realizado algún pago a los secuestradores. Durante sus primeras declaraciones, las autoridades habían evitado brindar detalles debido a que la operación de inteligencia todavía estaba en desarrollo.

Sin embargo, en la entrevista concedida a Canal N, Rafael Belaúnde Llosa confirmó que sí hubo una entrega de dinero, aunque dejó claro que todavía existen aspectos de la operación que no pueden hacerse públicos.

Rafael Belaúnde Llosa confirma la entrega de dinero durante la operación

La periodista de Canal N llevó al ministro directamente al punto que había generado dudas durante la jornada: si efectivamente había ocurrido una entrega de dinero vinculada con el secuestro. “Estamos confirmando que ha habido una entrega de dinero”, planteó la periodista.

“Sí”, respondió Rafael Belaúnde Llosa. El ministro explicó que la operación continúa en desarrollo y que el hecho de que una persona haya acudido a recoger el dinero no significa necesariamente que se trate del máximo responsable de la organización.

“El que ha ido a recoger el dinero, pues no es el jefe de la operación”, señaló. La periodista insistió en precisar si el sujeto que acudió a recoger el dinero no era el cabecilla. “No es el jefe de la operación”, respondió el ministro.

Luego, Belaúnde explicó que la persona enviada a recoger el dinero habría cumplido solamente una función dentro de una estructura mayor. “Es un chico que han mandado”, manifestó. Ante la consulta sobre la importancia estratégica de este individuo, el titular de Defensa agregó: “Y no tiene ningún valor estratégico eso”.

La Policía monitoreó la entrega de dinero y el contacto con los secuestradores

Durante la entrevista, la periodista de Canal N preguntó si la entrega del dinero había sido monitoreada por la Policía Nacional del Perú, considerando que el objetivo de las autoridades era seguir los movimientos de los presuntos secuestradores sin poner en riesgo la vida de la víctima.

“O sea, el que ha ido a recoger el dinero no era el cabecilla, en base al seguimiento. Entonces, lo que podemos concluir es que esta entrega de dinero o este, digamos, conversación entre la familia y los delincuentes ha tenido que tener un monitoreo de la policía. ¿Esto es así?”, preguntó.

“Ha estado la policía”, confirmó Rafael Belaúnde Llosa. La periodista volvió a preguntar para precisar si la Policía había estado presente durante el proceso de seguimiento. “Ha estado la policía”, respondió nuevamente el ministro.

La intervención de las autoridades, según explicó, permitió avanzar en la identificación y captura de los presuntos integrantes de la organización. “Y así han logrado dar con ellos”, señaló la periodista. “Sí, sí”, respondió Belaúnde.

El ministro destacó que el operativo tenía como prioridad proteger la vida del empresario y conseguir la captura de quienes participaron en el secuestro. Según su explicación, las autoridades manejaban desde el inicio una hipótesis sobre el verdadero móvil del ataque.

Rafael Belaúnde Llosa: “El móvil de fondo no era el secuestro sino era el sicariato”

Uno de los aspectos más delicados de las declaraciones del ministro fue cuando explicó cuál habría sido el móvil que las autoridades identificaron detrás del ataque.

“Lo primero, como se sabía que esto, el móvil de fondo no era el secuestro sino era el sicariato, era lograr salvar la vida de la persona y capturar a los que han participado en el secuestro. Y eso es lo que se ha logrado”, afirmó Rafael Belaúnde Llosa.

La declaración plantea que, para las autoridades, el riesgo principal no se encontraba únicamente en que el empresario permaneciera privado de su libertad, sino en la posibilidad de que el secuestro estuviera relacionado con un eventual ataque de sicariato.

Por ello, el ministro sostuvo que la prioridad fue conseguir que el empresario permaneciera con vida mientras se desarrollaban las acciones de inteligencia. “Ahora, lo que hay que hacer es ahora, s-- y estamos haciendo, es siguiendo la ruta del dinero”, añadió.

Ministro evita revelar hacia dónde llevó la ruta del dinero

Aunque confirmó que hubo una entrega de dinero, Rafael Belaúnde Llosa evitó brindar información específica sobre el destino de los recursos o hasta dónde llegó el seguimiento realizado por las autoridades.

La periodista preguntó directamente si la Policía estaba siguiendo la ruta del dinero entregado. “Ahora, siguiendo la ruta del dinero entregado”, planteó. El ministro respondió que esa información debía ser confirmada por el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional.

“Bueno, eso lo tendría que confirmar el general Arriola. Esa parte yo a, yo no lo puedo-”, respondió. La periodista volvió a intervenir, pero el titular de Defensa mantuvo la reserva sobre ese punto. “Confirmar en estos momentos”, precisó.

La decisión de no revelar más detalles estaría relacionada con el carácter reservado de la investigación. Precisamente, durante la jornada las autoridades habían insistido en que se trataba de una operación de inteligencia compleja y en curso. El propio Belaúnde había señalado previamente que no podía proporcionar todos los detalles mientras las diligencias no hubieran concluido.

¿Yens Lara será interrogado por la investigación?

Durante la entrevista también se abordó la situación de Yens Lara, quien fue mencionado en la conversación por la periodista debido a sus antecedentes y a investigaciones fiscales relacionadas con la comercialización de oro en el extranjero.

La periodista preguntó si Lara sería interrogado y si su testimonio podría resultar relevante para esclarecer lo ocurrido, especialmente teniendo en cuenta los antecedentes y las personas que habrían cumplido funciones de seguridad para él.

“Ahora, Yens Lara, este, este personaje que tiene antecedentes y que ha sido o es investigado por la fiscalía que comercializa oro en el extranjero, ¿también será interrogado? Porque claro, si él cambia, si él cambia de, de cuidadores y miren quiénes eran sus guardaespaldas, nada más y nada menos que primero los Pulpos y después la otra banda, ¿tendrá mucho que aportar el testimonio de Yens Lara?”, preguntó la periodista.

Ante la consulta, Rafael Belaúnde Llosa evitó adelantar qué ocurrirá con el testimonio del empresario y pidió permitir que las investigaciones continúen.

“Bueno, yo creo que primero es una persona que ha pasado por un proceso traumático. La familia debe estar aterrorizada. Lo que hay que dejar es que las investigaciones sigan su curso”, respondió.

Cinco detenidos tras el secuestro del empresario en Trujillo

La liberación del empresario se produjo en el marco de un operativo policial que terminó con la captura de cinco presuntos integrantes de la organización criminal investigada. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, cuatro de ellos estarían vinculados directamente con el ataque y secuestro, mientras que un quinto detenido habría cumplido una función logística.

La Policía también ha señalado que el trabajo de inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas fueron determinantes para ubicar a los sospechosos. La investigación incluye el análisis de comunicaciones y el seguimiento de personas vinculadas con la organización criminal Los Pulpos.

El caso continúa generando interrogantes, especialmente por la violencia empleada durante el ataque y por las circunstancias en las que se produjo la liberación del empresario. La Policía ha sostenido que la negociación forma parte de los procedimientos utilizados para preservar la vida de una víctima, aunque inicialmente evitó confirmar si hubo un pago específico.

El embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, atribuyó este martes la captura del líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’, Jhonsson Smit Cruz Torres, a la cooperación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con las autoridades de Perú y Bolivia.

“¡Capturado! Gracias a la colaboración de nuestros equipos del FBI y la DEA con las autoridades peruanas y bolivianas, ‘Jhon Pulpos’ ya se encuentra bajo custodia en Perú”, escribió Navarro en su cuenta de X, en respuesta a una publicación de la Policía Nacional (PNP) sobre el operativo.

El embajador destacó la captura de “uno de los fugitivos más buscados de la región”, a quien las autoridades peruanas atribuyen diversos delitos, entre ellos el secuestro de un empresario y el asesinato de cuatro de sus acompañantes ocurrido el pasado domingo en Trujillo, al norte del país.

Navarro destacó además que su captura fue posible gracias al “largo brazo de nuestra cooperación”, en respuesta a un mensaje de la PNP, que informó que el operativo se realizó en La Paz junto con la Policía boliviana y organismos internacionales.

‘Jhonsson Pulpo’, hijo de Jhon Cruz Arce, alias ‘Jhon Pulpo’ y uno de los fundadores de la banda criminal, era uno de los delincuentes más buscados del país: se ofrecían 500.000 soles por información que permitiera su captura y las autoridades le atribuían, desde la clandestinidad, el manejo de las operaciones de la organización criminal.

En declaraciones a Canal N, el ministro del Interior, César Astudillo, señaló que el líder criminal permanecía inicialmente en La Paz y explicó que, por razones de seguridad, se habían reservado los detalles de su traslado, con el objetivo de concretar su entrega a las autoridades peruanas con la mayor celeridad posible.

Por su parte, el comandante nacional de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez, informó que la captura fue resultado de un “operativo conjunto” coordinado desde enero, en el que también detuvieron a Gabriel Alexander Saúl M. G., de 23 años.

Tras ser expulsados de Bolivia y trasladados a territorio peruano, ambos quedaron bajo custodia policial. Según Astudillo, este miércoles se realizará el traslado de ‘Jhonsson Pulpo’ a Lima para las diligencias correspondientes y su puesta a disposición de la justicia.

El imputado tenía una orden de captura internacional por los presuntos delitos de robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

A ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la Policía peruana contra el crimen organizado, y el hombre raptado fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente la familia del empresario pagara parte del rescate, algo que las autoridades no quisieron confirmar.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del domingo 30 de agosto en Trujillo, tras un ataque armado contra la camioneta en la que viajaba. Cuatro personas que lo acompañaban murieron por disparos y él fue llevado por la fuerza. Más de 30 horas después, la víctima recuperó su libertad y volvió con su familia.

El ataque ocurrió a las 2:47 de la madrugada, en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. De acuerdo con la investigación, los agresores llegaron en una camioneta blanca y usaron prendas similares a uniformes policiales para simular una intervención. Tras identificar a Lara, dispararon contra los ocupantes y lo retiraron del vehículo.

Las víctimas fueron los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, además de Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que cinco personas permanecen detenidas por su presunta participación en el secuestro y los homicidios. Las diligencias buscan establecer responsabilidades individuales e identificar a otros posibles implicados.

Entrega de dinero y liberación del empresario siguen bajo investigación

La liberación se conoció durante la tarde del lunes 31 de agosto. El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde Llosa, confirmó que el empresario estaba con vida y junto a sus familiares.

La Policía presentó el caso como resultado de un trabajo operativo, aunque el comandante general Óscar Arriola señaló después que se trató de una liberación y no de un rescate ejecutado mediante una irrupción.

Información difundida por Latina indicó que la familia habría entregado hasta USD 3 millones durante una negociación. El ministro Belaúnde confirmó que hubo una entrega de dinero, pero las autoridades no precisaron el monto, el recorrido de los recursos ni las circunstancias de la operación.

La PNP y la Fiscalía deberán determinar si ese pago se concretó, quién lo recibió y cómo se relacionó con la liberación de Lara.

Los investigados fueron intervenidos en Trujillo, El Porvenir y Chepén. Entre ellos figuran Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”; César García Rivera, alias “Bolacho”; Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepe Ávila, alias “Ares”. Los partes policiales los vinculan de forma preliminar con la logística, la coordinación y la ejecución del ataque.

Fiscalía analiza si los captores planeaban asesinar a Jenss Lara

Una declaración recogida durante los interrogatorios abrió otra línea en la investigación. Según la versión atribuida a uno de los detenidos, el encargo para secuestrar al empresario llegó desde un penal, por medio de un familiar del líder de Los Pulpos. Los investigadores también analizan si el grupo tenía previsto mantener cautiva a la víctima después de obtener dinero o si existió un plan para asesinarla.

Esa hipótesis aún no ha sido confirmada por la Fiscalía ni por la PNP. El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, pidió cautela y recordó que los agentes cuentan con 15 días para reunir elementos que permitan esclarecer el caso. Una pericia antropológica y la revisión de cámaras integran las actuaciones pendientes.

Las pesquisas también revisan la posible relación entre el secuestro y disputas por protección dentro de la cadena de comercialización de mineral en Pataz. Un audio difundido durante las diligencias alude a pagos previos a una organización y a un posterior vínculo con otra banda. Esa versión será contrastada con declaraciones, registros telefónicos y pruebas antes de atribuir responsabilidades.

La organización criminal ‘Los Pulpos’ exigió cinco millones de dólares para liberar al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado el último fin de semana en Trujillo (La Libertad), según confirmó este martes su padre, Eleuterio Lara López, quien aseguró que la familia no podía pagar esa cantidad y recurrió a un intermediario para conseguir su liberación.

En diálogo con RPP, el también empresario señaló que la cifra era “inalcanzable” para él y negó haber realizado directamente el pago exigido. Explicó que la liberación se consiguió mediante la intervención de un amigo que, de acuerdo con su versión, era “conocido” por la banda criminal.

“Por medio de mis amistades”, dijo, al tiempo que señaló que era urgente “buscar la solución” porque estaba “en juego la cabeza” de su hijo, aunque evitó proporcionar mayores detalles sobre las gestiones realizadas.

El empresario fue liberado este lunes por la tarde, después de permanecer retenido tras el ataque en el que fueron asesinadas cuatro personas que lo acompañaban.

Posteriormente, un hermano del empresario contactó con la emisora, rechazó proporcionar detalles sobre la operación y pidió a los medios que no realizaran llamadas ni investigaciones que, según afirmó, pudieran perjudicar a otras personas. “Hay cosas que simplemente no puedo decir”, manifestó.

El familiar cuestionó además la actuación de la Policía Nacional (PNP) y aseguró que la familia decidió actuar por su cuenta ante la falta de resultados. “La policía no sabe hacer su trabajo”, afirmó, al insistir en que la familia hizo “lo que tenía que hacer”.

“A ustedes no les compete eso. A nadie les compete. Eso se queda entre nosotros y punto. No sé qué organización, no sé qué hizo. Suponemos unas cosas, ponemos otras cosas. Ahorita desconfiamos de todos. Así de simple”, señaló.

De igual modo, negó que el empresario hubiera recibido amenazas antes del secuestro y cuestionó las versiones de agentes policiales que, según dijo, sostenían que la familia conocía previamente lo que iba a ocurrir.

“¿Se da cuenta la estupidez que hablan los policías que nosotros ya sabíamos? en algún momento mi hermano va a salir a dar unas declaraciones. No es el momento ahora, simplemente. Esto es todo lo que tengo que decir", dijo.

Las declaraciones se produjeron tras la caída en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, líder de Los Pulpos e hijo de uno de sus fundadores, por el que se ofrecía una recompensa de 500.000 soles para quien ofreciera información que facilitara su captura.

El empresario fue secuestrado durante la madrugada del domingo en plena vía pública de Trujillo, luego de que un grupo de atacantes vestidos con uniformes similares a los de la PNP interceptara el vehículo en el que se desplazaba. Los agresores asesinaron en el lugar a sus cuatro acompañantes.

El grupo se movilizaba en un vehículo de alta gama que fue interceptado a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) por sujetos que llevaban uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

La Policía Nacional del Perú (PNP) negó que una camioneta vinculada al secuestro de un empresario y al homicidio de cuatro personas en Trujillo pertenezca al Ministerio del Interior (Mininter) o forme parte de su parque automotor. La precisión fue difundida este 1 de setiembre mediante el Comunicado N.° 19-2026.

El pronunciamiento surgió luego de la difusión de imágenes y registros que relacionaban una Toyota Hilux con la matrícula EPF-176, registrada oficialmente a nombre del Estado. La PNP sostuvo que esa identificación fue utilizada de manera fraudulenta en el vehículo investigado.

Según la institución policial, las verificaciones técnico-policiales realizadas hasta el momento permitieron establecer diferencias entre la camioneta captada durante los hechos y la unidad oficial asociada a dicha matrícula. La placa EPF-176, precisó la PNP, fue clonada.

El caso permanece bajo investigación para determinar quiénes utilizaron el vehículo, las prendas o los elementos similares a los policiales y cuál fue el origen de los bienes empleados durante el secuestro y el homicidio registrados en la región La Libertad.

PNP descarta que la camioneta pertenezca al Mininter

En su Comunicado N.° 19-2026, la PNP indicó que el vehículo investigado “no es una unidad del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional del Perú”. La institución señaló que las verificaciones realizadas sobre sus características físicas y registros vehiculares no coinciden con los de una camioneta oficial.

La aclaración responde a las versiones difundidas antes del pronunciamiento policial, que vinculaban al Estado con el vehículo utilizado en el crimen. La PNP rechazó que la sola presencia de una placa oficial permita identificar la camioneta como una unidad estatal.

El documento también precisa que “la placa policial exhibida EPF-176 por dicho vehículo fue clonada”. De acuerdo con la institución, la matrícula fue colocada de forma indebida y no corresponde al vehículo que aparece en las imágenes relacionadas con el caso.

La PNP informó que la unidad policial legítima asociada a la matrícula EPF-176 también fue verificada. Según el comunicado, el patrullero original permanece bajo control institucional y está asignado al Departamento de Seguridad de Protección de Carreteras (DESDPC) San Gabán - Juliaca.

La institución detalló que dicha unidad cuenta con sus elementos de identificación y registros correspondientes. Además, figura en condición operativa desde el 28 de agosto de 2025.

Otra placa fue incorporada a las pesquisas

Como parte de las diligencias, la investigación permitió hallar la placa BNG-906. La PNP señaló que, de acuerdo con la consulta registral, esta matrícula corresponde a una camioneta Toyota Hilux de propiedad particular.

La institución indicó que BNG-906 sería la identificación original del vehículo investigado. Este elemento fue incorporado a las pesquisas técnico-científicas para establecer la procedencia de la camioneta y precisar su relación con los hechos.

La información policial modifica la versión difundida previamente sobre la supuesta titularidad estatal del vehículo, sustentada en la presencia visible de la placa EPF-176.

PNP niega indicios contra policías o unidades oficiales

El comunicado también aborda el uso de prendas, distintivos y equipamiento similares a los empleados por la Policía. La institución señaló que la utilización de estos elementos por parte de delincuentes no demuestra una relación con la PNP.

Según el documento, la simulación de una intervención policial puede ser utilizada por organizaciones criminales para sorprender y someter a sus víctimas. Esta circunstancia forma parte de las diligencias que buscan establecer cómo fueron utilizados los elementos similares a los policiales durante el delito.

La PNP sostuvo además que, hasta el momento, “no existen indicios que comprometan a personal policial ni a unidades móviles de la PNP”.

Las diligencias permanecen abiertas para determinar la identidad de los responsables del secuestro y del homicidio de las cuatro personas. La Policía también busca establecer el origen de los vehículos y bienes utilizados durante los hechos.

En un diálogo exclusivo con el portal de investigación El Foco, Lara aseguró que actuó por sus propios medios desde que conoció el secuestro de su hijo y la masacre de sus cuatro acompañantes, y sostuvo que no recibió apoyo de la Policía Nacional (PNP) para localizarlo ni para tranzar con los captores.

“He corrido por mi lado a sacar la información de las cámaras. No he tenido apoyo policial. La Policía tenía que hacer el recorrido de cámaras; sin embargo, yo lo he hecho. Hasta el día de hoy, no han abierto los celulares (de las víctimas)”, dijo.

De igual modo, cuestionó la actuación de la institución y sugirió que algunos efectivos podrían estar involucrados en el secuestro. No precisó cuánto pagó ni confirmó si el dinero llegó a la banda criminal ‘Los Pulpos’, a la que el Gobierno atribuye el ataque armado.

“Para vestirse de policías, de personal militar, es porque está coludida la Policía. (...) Quiero hacer llegar mi sentido pésame a todos los familiares, que yo no los he conocido, a uno, solamente a uno, solamente a uno he conocido. Me indigna este secuestro de mi hijo y me indigna que hasta ahora la policía no haya hecho nada”, señaló.

“Las organizaciones criminales están protegidas por la policía. (...) Yo he hecho mi gestión por mis propios medios para recuperar a mi hijo, porque es una vida. No he visto a la policía”, agregó.

También mencionó que su hijo, el empresario minero Jens Lara Tantaquilla, fue llevado a un cañaveral, donde permaneció retenido con los ojos vendados y sin ropa, y que fue liberado alrededor de las 14:00 horas del último lunes, después de que él realizara el pago para conseguir su liberación.

Según explicó, tuvo que regresar de la sierra de La Libertad, donde se encontraba trabajando, para gestionar el desembolso. Mencionó además que su hijo no reconoce a los detenidos presentados por el Gobierno como presuntos implicados en el secuestro, ya que los captores eran adultos y sus voces, distintas.

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

Sin embargo, su padre rechazó cualquier vínculo con la minería ilegal y defendió que las actividades de su familia se desarrollaban dentro del marco establecido. “No somos mineros ilegales, eso quiero aclarar. No sacamos oro ilegal”, afirmó, al explicar que su hijo cuenta con una concesión minera y que la familia se dedica a la comercialización de mineral aurífero.

Refirió, finalmente, haber sido víctima de extorsiones y otros hechos delictivos durante años, entre ellos millonarios robos perpetrados en su almacén, local y vivienda.

Revoredo salía de la sede central del Gobierno Regional de La Libertad cuando la prensa le consultó por las diferencias en el aspecto físico y la estatura de los capturados respecto de las personas que aparecen perpetrando el hecho de sangre, vestidas con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

“¡Que viva el Perú!”, respondió ante la insistencia de los periodistas, quienes le replicaron si estaba tomando las interrogantes con ironía.

Revoredo no respondió más al respecto y, según las imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe, corrió por una calle aledaña en busca de su automóvil, que no lograba ubicar. “Por favor, que viva el Perú. La Policía ama Trujillo y ama el Perú. ¡Que viva el Perú nomás les digo. Esperen unos minutos", dijo antes de retirarse.

Una ciudadana que presenció el despliegue expresó su indignación por la inseguridad que atraviesa la ciudad y cuestionó la respuesta de las autoridades ante el aumento de los delitos.

“Ellos llevan bien su sueldo. ¿Y nosotros qué? Asustados, muertos de miedo y con tanto crimen acá en Trujillo, que ha sido siempre esta ciudad tranquila. (...) Hipócrita y falso, negativo lo que dice el general. ¡Que viva el Perú! ¿Qué es eso Es una burla“, dijo.

“Lo siento, es la verdad. Y me duele como trujillana y como persona. Falso, hipócrita”, agregó.

El empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, fue secuestrado la madrugada del domingo en plena vía pública de Trujillo, después de que hombres vestidos con uniformes policiales interceptaran el vehículo de alta gama en el que se desplazaba junto a otras cuatro personas, a quienes asesinaron en el acto.

El grupo, entre ellos dos mujeres, había salido de una discoteca y se dirigía por el centro de la ciudad cuando fue atacado.

Lara Tantaquilla había sido detenido en 2020 durante el operativo ‘Los Topos del Frío’, desplegado contra la minería ilegal y que buscó desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella operación fueron detenidas 17 personas, incluidos dos ciudadanos de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente ilegal, valorados entonces en unos 10 millones de dólares.

En declaraciones a periodistas, el jefe de la Policía en la región La Libertad, Ricardo Espinoza, confirmó que los atacantes simularon un operativo policial y que los acompañantes del secuestrado opusieron resistencia a que se lo llevaran, lo que hizo que los criminales abrieran fuego para matarlos.

Espinoza detalló que las prendas policiales usadas en el secuestro fueron arrojadas en otro punto de la ciudad junto a la ropa del secuestrado, que también fue hallada en el mismo lugar.

“¿Por qué a las pocas horas van y matan a un policía? ¿Se arrepintió el policía de lo que hicieron? ¿Han sido policías los que han secuestrado? ¿Por qué van y matan a ese policía?”, cuestionó el exconsejero en diálogo con el portal de investigación Territorio Tomado.

Calificó de “salvaje” la muerte del suboficial Diego Vela Rodríguez, de 21 años, quien prestaba servicio en la Unidad de Emergencia de Trujillo y, según medios locales, fue encontrado con múltiples heridas de bala y un traumatismo encéfalo craneano severo.

Quiroz también cuestionó el nivel de preparación de los autores del secuestro del empresario minero Jenss Lara, de 31 años, y del cuádruple crimen de sus acompañantes, quienes viajaban en una camioneta de alta gama, y mencionó que, a su juicio, no se trataría de delincuentes comunes.

“Si tú has visto la forma cómo se realizó, no era cualquier delincuente. Tenían posicionamientos y movimientos militares. Una precisión única”, sostuvo.

Los atacantes, vestidos con prendas similares a las del Grupo Especial contra la Lucha contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional, interceptaron el vehículo en el que viajaba Lara y lo trasladaron a otra unidad.

Su pareja, Farhad Andrea Monzón Lingán; su amiga, Nadia Edith Urtecho Rodríguez; y sus guardaespaldas, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez, fueron asesinados.

Más de treinta horas después, la Policía anunció la liberación del empresario y la captura de cuatro presuntos implicados en el secuestro. Las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a la organización criminal ‘Los Pulpos’, dedicada a actividades como extorsión, secuestro y sicariato.

Lara es un empresario minero inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con actividades en las zonas de Retamas y Yacuabamba, en La Libertad. Según información fiscal citada en el reporte, actualmente afronta una investigación por el presunto delito de minería ilegal.

Nexos

Otro exfuncionario que se ha referido al reciente hecho sangriento es el exalcalde de Trujillo Arturo Fernández, quien difundió información que apunta a que la camioneta Toyota Hilux utilizada por los autores sería de propiedad del Ministerio del Interior (Mininter).

Fernández, suspendido en 2023 tras una sentencia condenatoria por difamación confirmada en segunda instancia, compartió una consulta vehicular del 31 de agosto, según la cual la camioneta, modelo 2017, figura registrada a nombre del Mininter y se encuentra en circulación.

En una transmisión en vivo desde el lugar de los hechos, el exalcalde había dicho anteriormente que los responsables del ataque no habrían actuado por cuenta propia. “Para mí, los que han ocasionado esta desgracia (...) tienen conexiones con la misma Policía, tienen conexiones con la misma Fiscalía y con el mismo Poder Judicial”, manifestó.

“Si han sido los que han intervenido en ese atentado policías o expolicías, es muy probable, pero también es muy probable, o estoy casi seguro, de que ellos no han actuado solos. Han actuado de la mano con los policías, porque nadie se va a atrever a hacer ese crimen en pleno centro de Trujillo, a dos cuadras de la DIPINCRI, al frente del Poder Judicial y de la policía”, agregó.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional (PNP), Manuel Lozada, confirmó este martes que el FBI de Estados Unidos podría brindar apoyo tecnológico en la investigación del secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes, ocurridos en Trujillo (La Libertad).

En diálogo con la radio Exitosa, el teniente general señaló que no sería “raro” recurrir a la agencia estadounidense para contribuir al esclarecimiento de hechos delictivos, especialmente cuando los investigadores requieran herramientas tecnológicas especializadas.

“Sí, por supuesto, sí”, respondió al ser consultado sobre una eventual intervención de EEUU, que durante el Gobierno de transición de José María Balcázar suscribió un convenio con Perú para fortalecer la lucha contra la criminalidad transnacional.

El alto mando policial explicó que la PNP suele solicitar asistencia tecnológica a agencias especializadas cuando esta puede contribuir a obtener información relevante para una investigación criminal.

Entre las herramientas que podrían requerirse mencionó sistemas de georreferenciación, ubicación y otras tecnologías destinadas a recopilar o analizar información, incluidos datos y registros de video.

“De acuerdo al requerimiento que se tenga (...) de nuestros detectives que están investigando, si quieren un apoyo de georreferenciación, de ubicación, lo que fuere, de alguna tecnología que nos permita obtener alguna información de datos, videos, entonces lo van a solicitar”, explicó.

Consultado de forma directa sobre si el FBI podría intervenir en el caso de Trujillo, Lozada respondió: “por supuesto que sí”.

Washington ha descrito que el acuerdo con Lima incluye el aporte de tecnología, logística, entrenamiento especializado y asistencia profesional de alto nivel, “consolidando una alianza basada en valores compartidos y resultados tangibles para la seguridad de ciudadanos peruanos y estadounidenses”.

“¡Atentos criminales! Hoy (...) dimos la bienvenida a los nuevos integrantes del equipo FBI-PNP. Juntos vamos a seguir desmantelando organizaciones criminales y protegiendo a nuestras familias. Denlo por hecho", dijo semanas atrás el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro.

Un día después de que Keiko Fujimori asumiera la jefatura del Estado, EEUU anunció una ampliación de su cooperación con Perú, en una nueva señal de acercamiento de la Administración de Donald Trump a Gobiernos de derecha en América Latina, con énfasis en seguridad, combate al crimen organizado y defensa de intereses comunes en la región.

El empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado durante la madrugada del domingo en Trujillo, tras ser interceptado por sujetos con uniformes policiales que asesinaron a sus cuatro acompañantes.

Él y las víctimas viajaban en un vehículo de alta gama tras salir de una discoteca. El automóvil fue interceptado cerca de la sede de la Dirincri, por atacantes con uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco), según testigos.

Lara había sido detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado “Los topos del frío”, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

En aquella ocasión se realizaron un total de 17 detenciones, incluidos dos extranjeros de origen chino, y se decomisaron hasta 220 kilos de oro presuntamente de origen ilegal, valorados en ese momento en unos US$ 10 millones.

La camioneta Toyota Hilux que emplearon los autores de la masacre y el secuestro de un empresario minero en Trujillo (La Libertad) sería de propiedad del Ministerio del Interior (Mininter), según imágenes y datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) difundidos este martes por el exalcalde Arturo Fernández.

El exburgomaestre, que en las últimas horas ha intensificado sus críticas a los altos mandos de la Policía Nacional (PNP), compartió en su cuenta de Facebook una captura de pantalla en la que se aprecia el vehículo blanco con placa EPF176.

Fernández, suspendido en 2023 tras una sentencia condenatoria por difamación confirmada en segunda instancia, también difundió una consulta vehicular del 31 de agosto, según la cual la camioneta, modelo 2017, figura a nombre del Mininter y está en circulación.

En una transmisión en vivo desde el lugar de los hechos, el exalcalde había dicho anteriormente que los responsables del ataque no habrían actuado por cuenta propia. “Para mí, los que han ocasionado esta desgracia (...) tienen conexiones con la misma Policía, tienen conexiones con la misma Fiscalía y con el mismo Poder Judicial”, manifestó.

Fernández, obstetra y ginecólogo de profesión, sustentó sus afirmaciones en un episodio que, según relató, ocurrió en 2013, cuando sufrió el robo de equipos médicos de su consultorio.

“Quien dio el aviso para que robaran mis aparatos fueron una capitana de la DIPINCRI (Departamento de Investigación Criminal) y su marido, un excomandante. (...) Yo, con mis propios medios, pude localizar al que me robó los aparatos. (...) Los aparatos aparecieron en la DIPINCRI de San Andrés”, dijo.

“Si han sido los que han intervenido en ese atentado policías o expolicías, es muy probable, pero también es muy probable, o estoy casi seguro, de que ellos no han actuado solos. Han actuado de la mano con los policías, porque nadie se va a atrever a hacer ese crimen en pleno centro de Trujillo, a dos cuadras de la DIPINCRI, al frente del Poder Judicial y de la policía”, agregó.

Sin exponer pruebas, apuntó a continuación que “alcaldes y gobernadores se han metido en tráfico de terrenos y han solventado a las bandas criminales”, y que “pagan fiscales” para evitar la prisión porque “han roto la institucionalidad”.

De igual modo, criticó la actuación del jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, quien confirmó en la víspera que el empresario Jenss Lara, de 31 años, fue liberado después de negociaciones y adelantó que no apañará la participación de policías en el caso si esta es detectada.

“Señor Revoredo, si usted ha dicho que son los Pulpos, demuéstralo. No vamos a aceptar que usted (...) se venga a burlar y a mirarnos la cara. (...) Tú tienes que demostrar, comprobar lo que has dicho, porque para mí los que apañan la delincuencia son los mismos comandantes, coroneles y generales”, avanzó.

A la banda criminal ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando Lara fue secuestrado en la madrugada del domingo en Trujillo, mientras sus cuatro acompañantes, que viajaban con él en su vehículo, fueron asesinados.

Los secuestradores simularon un operativo policial de la división de la PNP contra el crimen organizado. El empresario fue liberado al día siguiente, después de que aparentemente su familia pagara parte del rescate, algo que las autoridades no quisieron confirmar.

Según informó el comandante general de la Policía Boliviana, el operativo denominado ‘Pulpo Dos’ permitió la detención, este 1 de septiembre a las 09:45, de Cruz Torres, de 30 años, y de Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, de 23 años, en un edificio de departamentos comerciales de la avenida Isaac Tamayo, en La Paz. Ambos permanecían de manera irregular en territorio boliviano y fueron arrestados con fines de expulsión hacia Perú, país donde el líder de ‘Los Pulpos’ ya cuenta con una sentencia a cadena perpetua y una notificación roja vigente de la Interpol.

El comandante general explicó que el caso se trabajó desde enero de este año, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y con la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile. El dato que permitió ubicar a Cruz Torres, señaló, se recibió la noche anterior, lo que derivó en el despliegue inmediato de unidades especializadas de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Así fue la captura de Johnson Smith Cruz Torres en La Paz

De acuerdo con el relato oficial, Cruz Torres fue ubicado en primera instancia en el inmueble de la avenida Isaac Tamayo, entre las calles Tumusla. “Ha pretendido darse a la fuga, advirtiendo la presencia de la policía boliviana, pero ha sido inmediatamente capturado”, detalló el comandante general durante la conferencia.

Las autoridades precisaron además que el detenido se había sometido a diversas cirugías plásticas para modificar su fisonomía y evitar ser reconocido. “Se ha realizado diversas cirugías plásticas para poder cambiar su identidad, su fisonomía. Entre ellos se ha detectado, por ejemplo, cirugías plásticas de las orejas, de los pómulos, de las cejas, entre otros”, indicó el jefe policial.

Por su trayectoria delictiva y su alcance regional, el comandante general lo calificó como “un blanco de alto valor regional”. Por instrucción del ministro de Gobierno, y mediante una resolución de la Dirección General de Migración, el arresto se ejecutó con fines de expulsión el mismo día, para poner a Cruz Torres a disposición de la Policía Nacional del Perú.

Los Pulpos de Trujillo: extorsión, sicariato y secuestro

Un coronel agregado de la Policía Nacional del Perú, presente en la conferencia, explicó el origen de la organización. Según señaló, la banda criminal ‘Los Pulpos’ opera desde la década de 1990 en Trujillo, particularmente en el sector El Porvenir, donde comenzó dedicándose al robo y al hurto antes de especializarse en extorsión, sicariato y secuestro.

Cruz Torres, agregó el oficial peruano, ya cuenta con una condena a cadena perpetua en Perú por los delitos cometidos en ese país. Pese a las cirugías realizadas, viajaba entre Argentina, Chile y Bolivia utilizando su propio documento de identidad, en lo que las autoridades describieron como un patrón de desplazamiento regional para sostener las operaciones de la banda.

El representante peruano indicó también que se presume una vinculación entre el detenido y un ataque ocurrido el domingo a las 02:40 en Trujillo, cuando un grupo simuló ser efectivos policiales del denominado grupo Greco para atacar un vehículo, con el objetivo de asesinar a cuatro personas y secuestrar a un empresario minero. “Presumimos que está relacionado con el hecho suscitado el día domingo”, afirmó el oficial.

Objetos incautados y coordinación con Perú y Chile

En el momento de la intervención, la Policía Boliviana no encontró armas en poder de ‘Jhonsson Pulpo’, pero sí incautó dinero en distintas monedas: USD 10.000, 700 bolivianos y 10.000 pesos chilenos, además de varios equipos celulares y documentación personal. Según el comandante general, esta diversidad de divisas confirma que el detenido se movía de manera temporal entre Perú, Chile, Argentina y Bolivia según las necesidades operativas de la organización.

El jefe policial boliviano remarcó que, esa misma mañana, se había concluido una reunión con los altos mandos de la PDI y Carabineros de Chile, en el marco de la cooperación binacional que —según dijo— permitió obtener resultados concretos como el arresto de Cruz Torres.

La expulsión se ejecutó horas después de la conferencia, mediante la resolución emitida por la Dirección General de Migración por instrucción del ministro de Gobierno, y Cruz Torres quedó bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, país donde deberá cumplir la sentencia de cadena perpetua dictada en su contra.

“Aquí lo que necesitamos es que empiece a decir quiénes malos funcionarios han estado dándole soporte, no solamente logístico, no solamente a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial, para que estas organizaciones criminales que tienen más de tres décadas azotando al norte del país y sobre todo a nuestra querida ciudad de Trujillo, tiene que esclarecerse estos hechos”, afirmó el burgomaestre.

En conversación con Latina, Reyna vinculó la captura de un presunto integrante de una organización criminal que opera en el norte de Perú con una posible red de apoyos dentro de la Policía Nacional del Perú y del Poder Judicial, y pidió que el detenido llegue al Ministerio Público para declarar.

Ministro del Interior confirmó la captura de Jhonsson Pulpo

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó la detención en Bolivia de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado como cabecilla principal de Los Pulpos, una organización criminal vinculada a delitos como extorsión y sicariato cometidos en Trujillo, región La Libertad.

El titular del Ministerio del Interior dijo que la comunicación llegó a través del comandante general de la Policía Nacional del Perú y de los equipos de inteligencia que realizaban el seguimiento a la red. “Este cabecilla principal ha caído finalmente”, sostuvo Astudillo.

Hasta el momento del anuncio, el ministro no precisó en qué ciudad boliviana se realizó la intervención, qué autoridad ejecutó la captura ni cuál es la situación migratoria o judicial del detenido en ese país.

Astudillo respondió de forma afirmativa cuando fue consultado sobre si la detención puede debilitar a la organización, aunque evitó adelantar si el golpe implica su desarticulación definitiva.

Según lo expuesto por el ministro, Jhonsson Smit Cruz Torres tendría una posición central en el grupo y su influencia se concentraría en Trujillo, donde la organización fue asociada a extorsiones, secuestros y otros hechos de violencia. También indicó que el detenido será trasladado al Perú para responder por las investigaciones en su contra.

Pareja de “Jhonsson Pulpo” fue capturada en enero

En enero de 2026, autoridades de Perú, Bolivia y Chile participaron en la captura en territorio boliviano de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de Cruz Torres, quien tenía una orden de captura por secuestro.

La captura de Salvatierra permitió a la Policía Nacional reconstruir la ruta que utilizó para eludir la justicia durante años. Según información de inteligencia, la mujer habría abandonado el Perú inicialmente junto al cabecilla de la organización, alias “Jhonsson Pulpo”, con destino a Chile. Sin embargo, su estancia en el país sureño fue solo una parada. Posteriormente, la pareja se desplazó hacia La Paz, Bolivia, ciudad donde finalmente fue ubicada y detenida por las autoridades locales en coordinación con la PNP.

El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina advirtió que no puede atribuirse de forma categórica a los cinco detenidos por la Policía Nacional el secuestro del empresario minero Jenss Lara y el cuádruple asesinato, investigados en Trujillo, porque la Fiscalía aún no tiene prueba científica suficiente y las pesquisas recién transitan sus primeros días.

En conversación con RPP, el representante del Ministerio Público reveló que los cinco detenidos siguen bajo investigación, pero que la Fiscalía no tiene todavía base pericial para sostener que fueron los autores directos.

“Entre tanto y en cuanto no tengamos una evidencia sólida, de calidad científica, que demuestre ello, obviamente no podemos hacer esa aseveración. Tenemos que ser cautos, estamos ante una investigación muy complicada, muy compleja, tenemos recién el segundo día de detención, tenemos todavía 13 días para continuar investigando”, afirmó.

Esa línea también ordena el cronograma de diligencias. Según detalló, la Fiscalía prioriza el acopio de evidencia antes que los interrogatorios, y por eso descartó que las versiones de los detenidos vayan a recogerse de inmediato.

“Recién se les va a tomar su declaración. O sea, hay que tomarles declaración en presencia de su abogado, para que obviamente la declaración sea válida, sea dentro del debido proceso, respetando sus derechos, porque si le tomamos una declaración sin abogado, obviamente, violentamos la defensa”, indicó Chávez Cotrina al medio radial.

Más adelante precisó que, en este tipo de casos, la secuencia habitual no empieza por el interrogatorio. “No se les ha tomado su declaración. Yo supongo que en el transcurso de los días se les va a tomar su declaración. En este tipo de investigaciones, lo primero que se hace no es tomar la declaración, sino es acopiar evidencias para que, en base a esta evidencia, se les tome su declaración. Yo pienso que la declaración será de aquí a cinco o seis días todavía”, puntualizó.

Videos muestran criminales con “porte militar”

Otro punto subrayado por el fiscal fue el análisis de las imágenes del ataque. Dijo que en los videos se observa a personas con “porte militar”, un rasgo que obliga a incorporar peritos especializados para establecer si coinciden o no con los detenidos.

En ese marco, pidió la participación de un antropólogo forense para comparar fisonomía, contextura y desplazamientos. “Que venga un perito antropólogo para determinar si estas personas que están detenidas son los mismos que están ahí en los videos, que se ve que tienen ‘porte militar’”, sostuvo.

La razón, según explicó, no es accesoria: de esa correspondencia depende la solidez de cualquier pedido fiscal ante el Poder Judicial. “Entonces, hay que hacer todo un estudio de esa naturaleza para poder ir ante el juez a pedir cualquier requerimiento con bases sólidas, con pruebas de calidad, porque si no el juez no nos lo va a dar”, dijo.

El deslacrado de celulares marca el inicio de las diligencias

Chávez Cotrina situó el arranque de la investigación en el trabajo forense sobre los equipos incautados. Indicó que hasta el día anterior la Policía había concentrado su tarea en lacrar y asegurar los aparatos para preservar la cadena de custodia.

“[Hasta ayer] la Policía estaba lacrando, poniendo a buen recaudo los tres teléfonos que se han incautado, así como los tres teléfonos de las víctimas que han sido rescatados en el lugar de los hechos”, afirmó.

A partir de ese punto, señaló, comenzarían las actuaciones centrales del caso. “A partir de hoy día, realmente se va a empezar con las diligencias. A partir de hoy día, los fiscales con la Policía […] deben estar en este momento trabajando ya para el deslacrado y la lectura de los celulares, obviamente para ver qué información se tiene. También se va a establecer a hacer un estudio de todos los videos del recorrido por las calles donde se llevó a cabo el secuestro”, agregó.

Astudillo evita confirmar pago por rescate de empresario minero

Lara Tantaquilla fue liberado el lunes 31 de agosto, cerca de la carretera Huanchaco, al norte de Trujillo, tras permanecer más de 36 horas en cautiverio. El ministro Astudillo fue preciso sobre la distinción entre los términos: “El rescatado es cuando interviene un equipo policial o militar y lo rescata con violencia. Liberado es cuando la familia negocia con el secuestrador y lo liberan”. Sobre si medió un pago de dinero, el ministro no confirmó ni desmintió: “Yo no lo puedo decir todavía”. El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, había señalado antes que en todo secuestro hay una negociación, pero aclaró que la investigación determinará si hubo desembolso.

El móvil: disputa entre bandas o venganza

Astudillo señaló en Canal N que la investigación maneja dos hipótesis. La primera apunta a una disputa por el control de la seguridad de organizaciones mineras: el empresario habría cambiado de organización protectora, lo que habría desencadenado el ataque. La segunda es una venganza. “No, todavía no es nada certero”, admitió el ministro, y pidió a la población no apresurarse.

“Con esto es muy difícil apresurarnos a decir cosas de las que no estamos seguros. Cuando la policía termine su investigación y tenga elementos de juicio razonables para hacerlos conocer, la población tiene que enterarse inmediatamente”.

Sobre la autoría, César Astudillo fue contundente pese a la cautela: “Todo indica que son ellos. Las investigaciones, los expertos de DIRIN dicen: ‘Han sido Los Pulpos’”. La banda, con raíces en el distrito de El Porvenir y más de tres décadas de actividad criminal en La Libertad, opera con más de 100 integrantes dedicados a extorsiones, sicariato, secuestros y actividades vinculadas a la minería ilegal.

La posible conexión entre delincuentes y efectivos de la PNP

Uno de los flancos más sensibles de la investigación es el origen de los uniformes tácticos usados en el ataque. Astudillo reconoció que existe un mercado informal donde se venden sin ningún tipo de control: “Hay sitios donde lo venden sin ninguna garantía, sin ninguna presentación”. Sobre la posibilidad de que un efectivo policial haya facilitado las prendas, el ministro no descartó la hipótesis: “Eso lo estamos viendo. No podemos investigar todo a la vez”.

El ministro también confirmó que existen imágenes de un patrullero policial en las inmediaciones durante el ataque, dato que abre la hipótesis de una conexión entre efectivos de la Policía de Trujillo y la banda. Astudillo precisó que viaja a la ciudad precisamente para recibir información de primera mano de los equipos de investigación y que, de confirmarse vínculos, tomará “acciones drásticas”.

No se ha pedido la renuncia de Óscar Arriola

Astudillo anunció que permanecerá en Trujillo “los días que sean necesarios” hasta tener garantías de que los cambios implementados sean suficientes para que la ciudad “merezca vivir en paz, que hace años de años requiere esa tranquilidad”. El ministro también señaló que el Ministerio del Interior requiere tecnología para acelerar las investigaciones: geolocalización, interceptación de comunicaciones y laboratorios de criminalística. “Solamente hay uno en Lima y otro en Piura, y quisiéramos tener en varios sitios para que esto sea mucho más rápido”, indicó.

Astudillo fue consultado sobre los pedidos de remoción del comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Descartó que su postura implique un respaldo: “Todos estamos en evaluación, desde el ministro hasta el último suboficial”. Reconoció que aún no se le ha pedido a Arriola un paso al costado —“todavía”, respondió cuando se lo preguntaron directamente— pero garantizó que la evaluación derivará en decisiones: “En algún momento se verá y, como les garantizo, se verá”.

El plan y las órdenes para el secuestro del empresario Jenss Lara salieron desde un penal de Trujillo, según las primeras hipótesis de la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el caso que mantuvo a la víctima privada de su libertad por más de 24 horas.

La investigación apunta a integrantes de Los Pulpos, organización atribuida a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, quien fue capturado este 1 de septiembre en Bolivia, de acuerdo con lo informado por el ministro del Interior, César Astudillo.

Lara pasó la noche en su vivienda junto a su familia tras su liberación. Cinco personas quedaron detenidas durante las diligencias posteriores al secuestro, aunque la Policía Nacional considera que aún hay involucrados por identificar y capturar.

La información recopilada por los agentes plantea que el hecho tuvo una planificación previa, con conexiones entre Chile, Trujillo y establecimientos penitenciarios de distintas regiones del país. El penal El Milagro, ubicado en Trujillo, aparece como uno de los lugares desde donde se habrían mantenido comunicaciones para coordinar el delito.

Alias ‘Crespo’

Según Perú21, el secuestro de Jenss Lara formaba parte de un plan que se concibió ya hace un tiempo en Chile y que tenía como objetivo enviar un mensaje a comerciantes vinculados al traslado de oro ilegal.

La publicación señaló que Jhonsson Pulpo habría encargado a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias Crespo, organizar el secuestro de Lara y otras acciones contra La Jauría.

Briceño había llegado desde Chile al Perú antes de su captura, ocurrida el 18 de mayo. El medio indicó que fue detenido por su presunta implicación en el atentado contra la discoteca Dalí y luego internado en El Milagro, al norte de Trujillo.

Desde ese penal, siempre según la información policial citada por Perú21, alias Crespo habría retomado las coordinaciones para ejecutar el secuestro. La PNP sostiene que las condiciones del establecimiento penitenciario le permitieron mantener contacto con lugartenientes que operaban en la zona de El Porvenir.

La investigación también determinó que integrantes de Los Pulpos habrían contado con un informante dentro del equipo de seguridad de Lara. Esa persona habría proporcionado datos sobre sus desplazamientos, mientras que las publicaciones en redes sociales de la víctima y de personas de su entorno habrían permitido conocer lugares que frecuentaba en Trujillo.

La disputa

El secuestro es investigado en el contexto de la disputa entre Los Pulpos y La Jauría, grupo relacionado con Jolín Bazán, alias Jolín. De acuerdo con las versiones recogidas por los medios, ambas organizaciones trabajaron juntas hasta inicios de 2025 en actividades relacionadas con la protección y seguridad de mineros ilegales.

Los grupos integraron una estructura denominada La Gran Alianza, que se encargaba del resguardo del traslado de oro desde Pataz hacia plantas de procesamiento de mineral situadas en la costa de La Libertad. El pacto se rompió y Los Pulpos conservaron gran parte de ese mercado, mientras La Jauría mantuvo operaciones de resguardo con algunos comerciantes de Pataz.

Perú21 informó que el inicio de la división se remonta a enero de 2025, tras el atentado con dinamita contra la sede del Ministerio Público en Trujillo. Los Pulpos atribuyeron a Jolín Bazán Valderrama la responsabilidad por las bajas que sufrió la organización durante 2024.

Para 2026, La Jauría había incrementado su presencia en el mercado del traslado de oro ilegal. Según la información policial difundida por el diario, Jhonsson Pulpo conocía a los clientes de esa organización y buscaba transmitirles el siguiente mensaje: “La Jauría no da protección, solo Los Pulpos”.

La Policía indicó que las operaciones mineras de Jenss Lara estaban bajo custodia de la red de Jolín. La versión citada por el medio sostiene que Jhonsson Pulpo había advertido a Lara antes del secuestro, pero la situación se mantuvo sin cambios.

Las órdenes

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), había anunciado el domingo el desplazamiento de equipos especializados hacia diversas regiones para realizar diligencias contra los presuntos autores intelectuales del secuestro.

“Hay un equipo que está yendo a Puno, hay otro equipo que está yendo a Chiclayo para, para hacer las diligencias contra los irrecuperables intelectuales de este secuestro en desarrollo, Los Pulpos”, declaró Revoredo.

Tras las primeras capturas, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, confirmó intervenciones en distintos establecimientos penitenciarios. “En una respuesta inmediata del Gobierno a través de sus instituciones, como lo es el Ministerio de Justicia, Defensa, Interior, se intervinieron los establecimientos penales del Milagro, aquí en Trujillo”, afirmó.

Además de El Milagro, las autoridades intervinieron el penal de Yanamayo, en Puno; el penal de Pixie, en Chiclayo; y el anexo de máxima seguridad de Chorrillos. En Pixie se encuentra recluido Andy Quispe Cruz, quien fue capturado en julio después de un seguimiento tecnológico mediante drones tácticos. En Chorrillos permanece Keisy Salvatierra, pareja de Jhonsson Pulpo, hoy capturado.

Según reportó Latina, el empresario fue liberado por sus secuestradores aproximadamente a las 3:30 p.m. del lunes en un punto de la carretera en camino al balneario de Huanchaco, cerca a la ciudad de Trujillo, después de que su familia habría pagado un rescate por Lara y no producto de una intervención policial.

El medio informó que la víctima presenta golpes producto de su cautiverio y actualmente se encuentra en su domicilio, muy conmocionada, sin intención de declarar a medios de comunicación.

La investigación sumó un quinto detenido en Chepén

A pesar de que en un primer momento se presentó a cuatro presuntos criminales vinculados con el secuestro del empresario y el asesinato de sus cuatro acompañantes, la PNP habría logrado la captura de un quinto sospechoso que también estaría vinculado con el secuestro.

De acuerdo con la versión policial, uno de los detenidos confesó que recibió el encargo de secuestrar al empresario de parte de un recluso, primo del líder de la organización criminal Los Pulpos. La instrucción, según ese relato, fue directa: identificar a la víctima y organizar toda la operación.

La Policía sostiene que uno de los capturados, Julio Zabaleta Quesada, de 19 años, alias “Juliacho”, cumplió el papel de enlace y fue quien recibió la orden desde el penal para montar el secuestro. También le atribuye la coordinación del operativo y la búsqueda de los sicarios.

Los otros detenidos fueron identificados como Junior Quesada Cruz, de 23 años, alias “Ñato”; César García Rivera, de 20, alias “Bolacho”; Fabricio Bocanegra Linares, de 19, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepeda Ávila, de 18, alias “Ares”. La edad del grupo, entre 18 y 23 años, contrasta con la magnitud del operativo que se les atribuye.

¿Por qué secuestraron al empresario minero? Las hipótesis de la PNP

La teoría principal sobre el secuestro de Lara sostiene que el empresario minero fue preparado durante meses para exigir dinero a cambio de su liberación. Esto coincide con la versión brindada por el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, que afirmó que la PNP tenía información de inteligencia sobre la preparación de un secuestro de gran escala desde hacía al menos tres meses.

El general PNP también advirtió que los agentes alertaron a empresarios y comerciantes que podían convertirse en blancos de este tipo de ataque para que “tomen precauciones”, aunque el hecho se consumó de todas formas.

“Por acciones de inteligencia sabíamos desde hace tres meses que se iba a producir un secuestro. Advertimos a los posibles blancos, empresarios y comerciantes, para que tomen precauciones, pero tal vez hubo un exceso de confianza por parte de algunos de ellos”, sostuvo.

La segunda hipótesis indaga sus antecedentes empresariales y los posibles vínculos o conflictos que pudo mantener dentro de la cadena de transporte y comercialización de mineral en zonas como Pataz, territorio en disputa por organizaciones ligadas a la extracción ilegal de oro.

“Mi primo es pequeño. El que sale en el video se ve que es una persona grande, medirá más de un metro setenta. Mi primo no llega ni al cincuenta, es más pequeño que yo, incluso”, declaró la familiar en un informe de Buenos días Perú.

La Policía Nacional presentó el martes a cinco personas como presuntos participantes en el secuestro y asesinato de cuatro acompañantes de Lara Tantaquilla. El caso ocurrió en Trujillo, donde un grupo armado vestido con indumentaria de la PNP interceptó al empresario, lo sacó de su vehículo y disparó contra las personas que permanecían dentro de la camioneta.

Estaba con su pareja

La prima del detenido afirmó que el joven no participó en los hechos y aseguró que estuvo en su vivienda junto a su enamorada durante la noche del ataque. Según su relato, ella cuenta con videos y fotografías que podrían acreditar esa versión.

“Mi primo ha estado con la enamorada en la casa. Han estado toda la noche ellos”, afirmó. La familiar agregó que la intervención se habría producido por antecedentes que el joven tuvo cuando era menor de edad.

“Solamente porque él tiene un antecedente cuando era menor de edad. Cometió errores, porque era joven y no sabía”, sostuvo. También señaló que el detenido trabajaba como estibador para una conocida marca de gasesosas y negó que forme parte de la organización criminal Los Pulpos.

“No, mi primo no pertenece ni siquiera a Los Pulpos. Cuando él era menor de edad es que lo han agarrado por algo menor. No tienen ellos pruebas donde dicen que hay llamadas, mensajes, no hay nada. Solamente lo han agarrado a él porque sí”, declaró la mujer.

Los videos y la contextura

La versión de los familiares se apoya en las imágenes difundidas sobre el ataque. El informe de Buenos días Perú indicó que en los videos se observa a los responsables con una estatura que parece corresponder al tamaño de la camioneta usada en el hecho, un vehículo de cerca de dos metros de altura.

Los atacantes se habrían hecho pasar por efectivos policiales. El grupo utilizó prendas similares a las de la PNP durante la intervención al vehículo donde se trasladaba Lara Tantaquilla junto a su equipo de seguridad y otras acompañantes.

El cuestionamiento de la familia se centra en que los cinco detenidos tendrían una talla baja, lo que, a su criterio, no coincide con las personas registradas en las grabaciones. Esta diferencia deberá ser evaluada dentro de las diligencias que siguen a cargo de la Policía y el Ministerio Público.

Durante el programa, expertos plantearon que los investigadores pueden aplicar mecanismos técnicos de identificación, como el análisis de la forma de caminar y la geolocalización de teléfonos celulares, con el objetivo de contrastar a los detenidos con los registros audiovisuales y establecer dónde se encontraban en el momento del ataque.

Cuatro detenidos participaron

La posición policial, expuesta en el reporte televisivo, difiere de la versión de los familiares. El general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, indicó que cuatro de los detenidos participaron el día del crimen.

El informe señaló que la Policía no ofreció mayores precisiones públicas sobre los elementos que vincularían a los intervenidos con el secuestro y los asesinatos. Tampoco se comunicaron, durante la presentación de los sospechosos, resultados de pruebas de absorción atómica ni el hallazgo de prendas policiales en poder de los detenidos.

Los familiares reclaman que esas diligencias permitan esclarecer las dudas sobre la identificación de los presuntos implicados. La prima del joven de 19 años insiste en que las imágenes no corresponden físicamente a su pariente y pide que se verifiquen las pruebas disponibles antes de establecer responsabilidades.

El reciente secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo, ocurrido tras el asesinato de cuatro de sus acompañantes, volvió a situar el delito de secuestro en el centro de la preocupación pública.

En ese escenario, cifras oficiales difundidas por el Ministerio Público dan cuenta de 2.999 denuncias por secuestro entre enero y julio de 2026, de acuerdo con la información recogida por el noticiero 24 Horas.

La cifra forma parte de un registro que muestra un aumento anual de 13,1 % en las denuncias por este delito. El Observatorio del Ministerio Público estima que, si la tendencia se mantiene, el año podría cerrar con un promedio de 5.300 casos, una cantidad superior a la registrada durante el periodo anterior.

La gerenta general del Observatorio del Ministerio Público, Brenda Belleza, señaló que el número de denuncias equivale a cerca de 428 casos al mes, 14 al día y aproximadamente uno por hora.

“Podríamos hablar de 428 delitos de secuestro denunciados al mes. Estaríamos hablando de 14 al día y uno cada hora”, declaró en el informe televisivo.

El caso de Trujillo

La difusión de los datos coincide con la investigación por el secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla, empresario minero interceptado durante la madrugada del 30 de agosto en Trujillo, región La Libertad. El ataque dejó cuatro víctimas mortales entre las personas que lo acompañaban.

Según la información disponible, un grupo de delincuentes armados y vestidos con uniformes similares a los de la Policía Nacional del Perú (PNP) interceptó la camioneta en la que se trasladaba el empresario. Los agresores usaron fusiles de largo alcance, chalecos y cascos durante la intervención vehicular.

Las autoridades vincularon el hecho con la organización criminal Los Pulpos. La Policía informó que los delincuentes obligaron al empresario a bajar del vehículo y luego dispararon contra las demás personas que permanecían en la unidad.

El caso ocurrió en la intersección de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla, en Trujillo. Tras el ataque, las fuerzas del orden reforzaron los controles en las salidas terrestres de la ciudad ante la posibilidad de que el empresario fuera trasladado a zonas rurales.

Siete distritos fiscales

El reporte del Ministerio Público también identifica los lugares donde se acumula la mayor cantidad de denuncias. Según Brenda Belleza, siete distritos fiscales reúnen el 51,4 % de los casos de secuestro registrados a escala nacional.

Los distritos fiscales mencionados son Junín, Lima Este, La Libertad, Arequipa, Lima Norte, Lambayeque y Lima Sur. En la clasificación por departamentos, Lima encabeza la lista, seguida de Arequipa, Junín, La Libertad y Callao.

La Libertad figura en ambos grupos. La región afronta una serie de hechos violentos que incluye secuestros, homicidios y extorsiones. El secuestro de Lara Tantaquilla ocurrió durante las celebraciones oficiales por el Día de la Policía Nacional del Perú.

Las autoridades desplegaron acciones de inteligencia en distintos puntos de La Libertad luego del ataque. La PNP también confirmó la detención de varios sospechosos a los que atribuyen una presunta participación en la logística del secuestro y de los asesinatos.

La investigación continúa

Los detenidos permanecen bajo interrogatorio, según informó América TV, tras conocerse que el empresario ya había sido rescatado y puesto a salvo con su familia. La Policía y el Ministerio Público mantienen las diligencias para reconstruir la ruta de huida y determinar la participación de los integrantes del comando armado.

Peritos de Criminalística recogieron evidencias balísticas en el lugar del ataque. Los investigadores también revisan cámaras de seguridad de comercios ubicados en los alrededores de las avenidas Húsares de Junín e Isabel de Bobadilla.

El informe de 24 Horas sitúa las cifras nacionales en un momento de debate sobre la respuesta estatal frente al aumento de secuestros. El registro de casi 3.000 denuncias durante los primeros siete meses de 2026 incluye casos reportados ante el Ministerio Público en diversas zonas del país, con mayor concentración en Lima, Arequipa, Junín, La Libertad y Callao.

La investigación policial apunta a la presunta participación de integrantes de ‘Los Pulpos’, una organización criminal que tiene sus raíces en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, y cuya actividad se remonta a la década de 1990.

El último caso llamó especialmente la atención por la forma en que fue ejecutado. Los atacantes habrían utilizado indumentaria similar a la de agentes policiales para interceptar a sus víctimas, una modalidad que ya había sido utilizada en anteriores secuestros atribuidos a grupos criminales de la zona.

Para el especialista en seguridad integral Pedro Yaranga, las imágenes de la intervención permiten advertir que detrás del ataque habría existido una estructura con diferentes funciones y un nivel importante de planificación.

“Se cree que incluso a más de los que aparecen en las imágenes había otras”, señaló en Panamericana. Según explicó, algunos de los participantes cumplirían labores de contención y contarían con preparación no solo para utilizar armas, sino también para ejecutar una intervención planificada. Entre los elementos que llamó su atención mencionó el empleo de silenciadores.

Los orígenes de Los Pulpos

Para encontrar los primeros antecedentes de Los Pulpos hay que retroceder hasta los años 90, cuando Trujillo comenzaba a experimentar el crecimiento de distintas expresiones de delincuencia organizada.

Entre 1996 y los últimos años de esa década, los integrantes de la organización comenzaron a cobrar cupos a vehículos de transporte público que circulaban por las zonas donde tenían presencia.

Así lo explica Jorge Nureña, historiador y autor del libro Esta bala tiene nombre.

“De los años 96, 97, 98 y fines de los años 90 empezaron a cometer algunos actos correspondientes al cobro de cupo de peaje a las unidades de transporte público que circulaban por sus zonas”.

En aquel momento, la actividad criminal estaba vinculada principalmente al control territorial y al cobro de dinero a transportistas. Sin embargo, con el paso de los años, la organización fue ampliando sus actividades y acumulando otros delitos.

El cambio fue progresivo: de los cupos a las extorsiones y, posteriormente, al sicariato y los secuestros.

Una organización marcada por generaciones

La historia de Los Pulpos también está marcada por la sucesión de diferentes generaciones de integrantes y cabecillas.

Uno de los primeros nombres asociados a la organización es Teófilo, conocido como “The Father”, considerado el patriarca del clan. Posteriormente aparecieron sus hijos Miller y Jhon Cruz Arce, quienes asumieron protagonismo dentro de la estructura criminal.

Con los años surgió una nueva generación. Entre sus principales nombres aparece Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”, señalado por las autoridades como uno de los principales líderes de la organización.

Las capturas de distintos integrantes no significaron necesariamente el fin de Los Pulpos. La estructura criminal mostró capacidad para reorganizarse y continuar operando a través de nuevas generaciones y facciones.

Este proceso también estuvo acompañado por una transformación en sus métodos.

Del cobro de cupos al secuestro

La extorsión se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos para las organizaciones criminales de Trujillo. Transportistas, comerciantes y empresarios comenzaron a convertirse en objetivos de amenazas y cobros ilegales.

Pero el repertorio criminal fue ampliándose.

El sicariato y el secuestro adquirieron un papel cada vez más relevante, mientras que el uso de explosivos se convirtió en otra de las expresiones de la violencia empleada para intimidar a víctimas y presionar por pagos.

En 2022, el ataque contra alias “Pepito”, uno de los antiguos referentes vinculados a Los Pulpos, volvió a exponer las disputas entre organizaciones criminales que operan en Trujillo.

Un año después, otro caso permitió conocer una modalidad particularmente peligrosa: los falsos operativos policiales.

El antecedente de los falsos policías

En 2023, el secuestro y posterior tortura de Iván Díaz Garrido mostró cómo los delincuentes podían recurrir a la apariencia de una intervención policial para acercarse a sus víctimas.

La estrategia consistía en generar la impresión de que se trataba de un procedimiento oficial. Una vez controlada la situación, los delincuentes podían trasladar a la víctima y exigir dinero a sus familiares.

El método volvió a aparecer en el caso que actualmente investiga la Policía.

Un nuevo salto en la violencia

El reciente secuestro del empresario minero representa uno de los episodios que más preocupación ha generado en Trujillo por la violencia utilizada y la planificación del ataque.

El empresario fue interceptado junto con sus acompañantes. Cuatro de ellos fueron asesinados, mientras que él fue llevado por la fuerza y permaneció secuestrado hasta recuperar su libertad.

La Policía detuvo posteriormente a varios sospechosos y mantiene abierta la investigación para determinar quiénes participaron directamente en el ataque y qué papel cumplió cada uno.

El caso ha vuelto a colocar a Los Pulpos en el centro de la discusión sobre el crimen organizado en el norte de Perú.

Una amenaza que sobrevivió a sus líderes

La trayectoria de Los Pulpos permite entender por qué las autoridades enfrentan una estructura difícil de desarticular. Sus principales nombres han cambiado, algunos de sus integrantes han sido capturados y las disputas internas han fragmentado la organización, pero determinadas actividades criminales han continuado.

La evolución también muestra un cambio en la naturaleza de sus operaciones. Lo que comenzó en los años 90 con cobros de cupos al transporte público se transformó con el tiempo en un esquema que incorporó extorsión, sicariato, secuestro y ataques con explosivos.

Ahora, los investigadores también analizan una capacidad logística que incluye disfraces o indumentaria policial, armas sofisticadas y planificación de las operaciones.

La historia de Los Pulpos es, en ese sentido, también parte de la transformación del crimen organizado en Trujillo: una estructura que aprendió a adaptarse a los golpes de las autoridades y a convertir la violencia en una fuente de ingresos.

Y mientras las investigaciones por el último secuestro continúan, la pregunta que vuelve a resonar en esta ciudad del norte peruano es cómo una organización con antecedentes de casi tres décadas logró mantenerse vigente y reinventar sus métodos para seguir operando.

La gravedad del hecho generó una rápida reacción del Ejecutivo. El primer ministro Luis Galarreta defendió la necesidad de que el Congreso otorgue al Gobierno facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, mientras que desde el Ejecutivo también se planteó fortalecer las capacidades de inteligencia y evaluar nuevas herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales.

El caso de Trujillo es considerado por integrantes del Gobierno como uno de los episodios de mayor gravedad registrados durante el primer mes de gestión de la presidenta Keiko Fujimori. El uso de armas de largo alcance, vehículos y prendas similares a las empleadas por efectivos policiales son algunos de los elementos que han despertado preocupación por el nivel de organización y capacidad operativa de los responsables.

Gobierno plantea categoría de “grupos hostiles”

Durante las últimas horas, la expresión “grupos hostiles” comenzó a ocupar un lugar central en el debate sobre la estrategia de seguridad del Ejecutivo. La propuesta busca identificar a determinadas organizaciones criminales que, por su nivel de organización y capacidad de fuego, representen una amenaza grave para el Estado.

Según lo explicado por integrantes del Gobierno, una eventual clasificación permitiría que las Fuerzas Armadas intervengan frente a estas organizaciones bajo un marco jurídico específico, además de fortalecer las labores de inteligencia destinadas a identificar y ubicar a sus integrantes.

La propuesta no se limitaría a una cuestión de nomenclatura. Su aplicación implicaría determinar qué organizaciones cumplen con los criterios establecidos por la legislación y establecer mecanismos para su reconocimiento oficial.

En ese escenario, el Ejecutivo ha mencionado a organizaciones criminales que tienen presencia en actividades como la extorsión, el secuestro y otras economías ilegales como posibles objetivos de esta estrategia.

¿Qué implicaría declarar a una organización como “grupo hostil”?

El concepto está relacionado con el marco establecido por el Decreto Legislativo N.° 1095 y su reglamentación, que contempla la actuación de las Fuerzas Armadas frente a determinados escenarios de violencia interna y grupos hostiles, bajo las reglas correspondientes del derecho internacional humanitario.

La propuesta que ahora se discute consiste en evaluar cómo utilizar este marco frente a organizaciones criminales con una elevada capacidad de fuego y una estructura que permita considerarlas una amenaza de mayor escala.

De concretarse, la medida podría ampliar el papel de las Fuerzas Armadas frente a determinados grupos, aunque su actuación seguiría estando sujeta a reglas sobre el uso de la fuerza y al marco jurídico vigente.

Por ello, la clasificación de una organización como “grupo hostil” no significaría que sus integrantes puedan ser atacados indiscriminadamente. Las operaciones militares continuarían sujetas a las normas que regulan la actuación de las fuerzas del Estado y al respeto de los derechos fundamentales.

El Gobierno también busca fortalecer a la DINI

Otra de las medidas planteadas por el Ejecutivo está relacionada con el fortalecimiento de la inteligencia estatal.

El Gobierno sostiene que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) necesita mayores capacidades operativas para anticiparse a las acciones de las organizaciones criminales y obtener información que permita identificar sus estructuras, integrantes y movimientos.

La intención es que la inteligencia no actúe únicamente después de que se produzca un delito, sino que permita detectar previamente las actividades de las organizaciones criminales y contribuir a su desarticulación.

En esa misma línea, el Ejecutivo insiste en la necesidad de obtener facultades legislativas para realizar modificaciones vinculadas con la seguridad ciudadana.

Cuestionamientos a la respuesta policial

Mientras el Gobierno evalúa nuevas medidas, la actuación de la Policía Nacional también quedó bajo cuestionamiento tras el ataque ocurrido en Trujillo.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, llegó a la ciudad para coordinar las acciones junto con las autoridades policiales de La Libertad. Su permanencia en el cargo comenzó a ser cuestionada por distintos sectores luego del violento episodio.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, también fue criticado por sus declaraciones durante el desarrollo de las investigaciones. Ante la prensa, pidió algunas horas para informar sobre los avances y aseguró que el caso estaba avanzando y que ya se habían producido capturas.

Sus expresiones generaron cuestionamientos debido a que, en ese momento, todavía se investigaba el paradero de la persona secuestrada y el asesinato de cuatro personas.

Congreso también reacciona

La crisis de seguridad provocada por el caso de Trujillo llegó al Congreso. Parlamentarios presentaron una moción de orden del día para convocar al presidente del Consejo de Ministros y a integrantes del Gabinete con el objetivo de que informen sobre las acciones adoptadas frente al secuestro y los asesinatos.

La situación también reavivó el debate sobre la permanencia del comandante general de la Policía y sobre las normas que regulan el periodo de gestión de este alto mando.

Mientras algunos sectores plantean exigir responsabilidades políticas, otros sostienen que el Congreso debería concentrarse en modificar las normas que considere necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales.

Una respuesta que busca ir más allá de las capturas

El debate abierto por el Ejecutivo no se limita a la intervención de las fuerzas del orden. Uno de los principales desafíos señalados durante las últimas horas es golpear las estructuras económicas que permiten operar a las organizaciones criminales.

Las redes de extorsión, secuestro y otras actividades ilegales requieren recursos para adquirir armas, vehículos, logística y mantener sus operaciones. Por ello, una estrategia integral también tendría que apuntar a identificar y bloquear sus fuentes de financiamiento.

La propuesta de utilizar la categoría de “grupos hostiles” todavía forma parte del debate sobre la estrategia de seguridad del Ejecutivo. Su eventual aplicación deberá definir con precisión qué organizaciones podrían ser incluidas, bajo qué criterios y cuáles serían los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas.

Las cámaras de seguridad ubican el inicio del ataque a las 2:47 de la madrugada, en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, una zona de discotecas en el centro de Trujillo. Lara Tantaquilla y sus acompañantes acababan de salir de un local de entretenimiento cuando una Toyota Hilux blanca con lunas polarizadas se detuvo detrás de su vehículo. Tres sujetos descendieron armados con fusiles de asalto, portando chalecos tácticos y cascos. Solicitaron documentos como parte de una intervención simulada. Cuando confirmaron que el empresario se encontraba dentro, abrieron fuego.

/peru/2026/08/31/rafael-belaunde-sobre-oscar-arriola-no-soy-quien-para-juzgar-el-trabajo-del-general-pero-respalda-su-mandato-legal-de-dos-anos/

/peru/2026/09/01/el-ministro-rafael-belaunde-justifica-la-ausencia-de-cesar-astudillo-titular-del-mininter-en-el-operativo-de-trujillo/

/peru/2026/08/31/quienes-son-los-cinco-detenidos-por-el-secuestro-de-jenss-lara-y-el-asesinato-de-cuatro-personas-en-trujillo-esto-se-sabe-de-ellos/

/peru/2026/08/31/mi-reconocimiento-a-nuestra-policia-por-su-rapida-y-firme-respuesta-keiko-fujimori-tras-liberacion-de-empresario-en-trujillo/

/peru/2026/08/31/pnp-sugiere-pago-a-los-pulpos-por-liberacion-de-empresario-jenss-lara-son-procedimientos-especiales/

/peru/2026/08/31/mi-reconocimiento-a-nuestra-policia-por-su-rapida-y-firme-respuesta-keiko-fujimori-tras-liberacion-de-empresario-en-trujillo/

Ministro de Defensa, Rafael, Belaunde, informó que empresario secuestrado fue liberado en Trujillo

/peru/2026/08/31/empresario-minero-jenss-lara-fue-liberado-por-la-pnp-tras-mas-de-36-horas-secuestrado-y-ya-estaria-en-su-vivienda-en-trujillo/

/peru/2026/08/31/el-resurgir-de-los-pulpos-asi-funciona-la-banda-criminal-que-nacio-en-el-norte-de-peru-y-llego-a-chile-y-argentina/

/peru/2026/08/31/quienes-son-las-cuatro-victimas-asesinadas-en-el-secuestro-de-empresario-en-trujillo/

/peru/2026/08/31/los-pulpos-la-banda-detras-del-secuestro-y-asesinato-multiple-en-trujillo-que-simula-ser-la-policia-para-atacar-empresarios/

/peru/2026/08/31/videos-del-atentado-en-trujillo-imagenes-impactantes-revelan-como-secuestraron-a-un-empresario-y-asesinaron-a-sus-cuatro-acompanantes/

/peru/2026/08/31/atentado-en-trujillo-acelera-la-presion-de-keiko-fujimori-sobre-el-congreso-para-aprobar-sus-facultades-en-seguridad/

Velan restos de Farhad Monzón, estudiante de medicina de 20 años

Familiares y amigos se reunieron en el velatorio de Farhad Andrea Monzón Lingán, de 20 años, una de las cuatro víctimas del ataque perpetrado en la avenida Húsares de Junín durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla. Sus allegados la recuerdan como una joven “alegre, activa y cariñosa” que cursaba el séptimo ciclo de la carrera de Medicina y vivía junto a su madre, Maritza. Era hija única por parte de ambos padres. “Un sueño por delante, una vida maravillosa. No es justo que le arrebaten la vida así”, expresó una tía de la víctima, quien viajó desde la ciudad de Chepén para acompañar a la familia.

Los familiares de la joven, a quien sus seres queridos llamaban cariñosamente “Fara”, exigieron justicia y reclamaron a las autoridades que “pongan mano dura” contra los responsables y que “caiga todo el peso de la ley”. La familia precisó que Monzón Lingán no trabajaba y que no cuentan con información detallada sobre las circunstancias exactas en que se encontraba en el vehículo al momento del ataque. El pedido de justicia se extendió también a las otras tres víctimas mortales del violento operativo.

PNP confirma capturas por el cuádruple crimen y secuestro de Trujillo

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, confirmó que ya se realizaron capturas en el marco de la investigación por el cuádruple asesinato y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla. El oficial aseguró que el caso “está bien avanzado” y que “los hechos se están esclareciendo”, aunque declinó ofrecer cifras sobre el número de detenidos ante la insistencia de los periodistas presentes.

Espinoza solicitó un plazo de dos horas antes de brindar una conferencia de prensa formal dirigida “a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía”. El general precisó que resta completar “una pequeña diligencia” antes de informar con detalle sobre los avances del operativo. La Policía Nacional del Perú no respondió a las preguntas sobre el monto del rescate —trascendidos apuntan una cifra de 50 millones de soles— ni precisó cuántas personas fueron detenidas hasta el momento.

/peru/2026/08/31/jenss-lara-tantaquilla-empresario-minero-secuestrado-en-trujillo-aparece-en-investigacion-que-salpico-a-andres-hurtado-chibolin/

Las cuatro víctimas

Los cuatro ocupantes que permanecieron en el vehículo murieron en el acto. Fueron identificados como Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, quienes se desempeñaban como guardaespaldas del empresario; Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja sentimental de Lara Tantaquilla; y Nadia Edith Urtecho Rodríguez, quien se encontraba circunstancialmente en el vehículo porque iba a ser llevada hasta su vivienda. Según información preliminar, Urtecho Rodríguez era bachiller en Administración. La Policía aún no ha confirmado oficialmente la relación exacta de cada víctima con el empresario secuestrado. Familiares de los fallecidos exigieron justicia.

Los atacantes usaron armas con silenciadores, razón por la cual los disparos no generaron un sonido perceptible en las grabaciones. En el lugar se hallaron al menos siete casquillos de bala. Uno de los delincuentes permaneció algunos minutos en la escena e ingresó nuevamente al vehículo donde estaban los cuerpos; la Policía investiga si buscaba algún objeto, intentaba borrar evidencia o pretendía llevarse la camioneta. El intento no resultó efectivo: el sujeto abandonó el vehículo, escapó por la calle Isabel de Bobadilla, recorrió unas tres cuadras y fue recogido por otro automóvil.

Una operación de diez personas y tres vehículos

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que aunque las cámaras muestran directamente a tres hombres interviniendo en el ataque, la estimación policial apunta a la participación de unas diez personas y al menos tres vehículos. “Estos hechos graves son planificados”, afirmó el oficial, quien explicó que este tipo de organizaciones primero identifican a la víctima, luego realizan seguimiento y finalmente ejecutan el secuestro.

Espinoza Cuestas reveló además que la División de Secuestros de la PNP contaba con alertas previas sobre la preparación de un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. La institución notificó a personas consideradas posibles blancos para que adoptaran medidas de precaución, pero en ese momento no se conocía la identidad del objetivo. “Esto ya venía de hace tres meses”, señaló el jefe policial ante los medios.

Durante las diligencias, los investigadores localizaron prendas de vestir de Lara Tantaquilla abandonadas en la ruta de escape. Espinoza Cuestas explicó que los secuestradores suelen retirar la ropa de las personas capturadas ante la posibilidad de que porten dispositivos de rastreo. “Ya se encuentra también la ropa, las prendas de vestir de la víctima”, declaró el oficial, quien precisó que recibía fotografías de los hallazgos conforme avanzaban las acciones de búsqueda.

Un equipo especial de la División de Secuestros llegó a Trujillo para asumir las diligencias del caso y el contacto con los familiares del empresario.

Los Pulpos, en la mira

La hipótesis técnica de la Policía apunta a Los Pulpos como responsables del ataque. El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que esa línea de investigación toma en cuenta la modalidad del ataque —la simulación de operativos policiales—, las características de la víctima y los medios utilizados. Espinoza Cuestas también mencionó a La Jauría como otra organización bajo análisis, aunque aclaró que la autoría todavía no ha sido determinada y que las investigaciones continúan.

Revoredo señaló además que integrantes vinculados a estas organizaciones permanecen recluidos en establecimientos penitenciarios de Tacna, Chiclayo y Trujillo, y que la posibilidad de una planificación desde los penales forma parte de la investigación en curso.

Los Pulpos es una de las organizaciones criminales con mayor trayectoria en La Libertad. La PNP y el Ministerio del Interior han vinculado a sus integrantes con extorsión, secuestro, sicariato y atentados con explosivos. Uno de sus principales cabecillas identificados es Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, requisitoriado por robo agravado. En septiembre de 2024, el Gobierno elevó de S/75.000 a S/500.000 la recompensa por información que permita su captura. En febrero de 2026, el Ministerio del Interior informó la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda cuando, según la versión policial, pretendían atacar una discoteca de Trujillo con un artefacto explosivo.

El antecedente: el caso Iván Díaz Garrido

El modus operandi del ataque en Húsares de Junín replica un patrón ya documentado en Trujillo. El 23 de octubre de 2023, el empresario Iván Díaz Garrido fue secuestrado por un grupo que se hizo pasar por efectivos policiales, ingresó a su negocio y lo raptó con violencia. Permaneció once días cautivo y fue hallado con signos de tortura: le habían cercenado dos dedos y parte de las orejas.

Los responsables —José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert, esta última señalada como autora intelectual — recibieron condenas de cadena perpetua. En el proceso judicial, la declaración de la propia víctima, el material fílmico, las intervenciones telefónicas y el hallazgo de documentos personales en vehículos usados por los implicados resultaron fundamentales. El abogado de Díaz Garrido, Víctor Peralta, destacó la logística y el uso sistemático de uniformes policiales falsos como prueba de la existencia de una red con múltiples participantes y roles definidos.

Quién es el empresario secuestrado

Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, es natural de Chillia, en la provincia de Pataz. El vehículo en el que ocurrió el atentado, una Ford Bronco Raptor, está registrado a nombre de la empresa Millenium J&J S.A.C., dedicada al transporte de carga por carretera.

Lara Tantaquilla figura vinculado a compañías mineras con registros suspendidos ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y tiene antecedentes de detención por presunta pertenencia a una organización criminal de lavado de oro ilegal. Según el medio regional Conexión Norte, su nombre aparece asociado a la empresa Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., con domicilio oficial en Tarma, Junín, que inició actividades el 1 de abril de 2013 y registró su baja definitiva el 29 de abril de 2024.

También figura como propietario de la empresa minera Matwork, fundada en 2013 e investigada por la PNP por lavado de oro. La indagación culminó con su detención: era acusado de ceder su registro en el Reinfo para transportar mineral aurífero extraído por mineros ilegales con destino al puerto del Callao y, desde allí, a mercados de Europa y Asia.

Trujillo, tierra dominado por ‘Los Pulpos’

Sandro Espinoza, especialista en gestión de riesgo criminal, advirtió en declaraciones al canal 24 Horas que el fenómeno delictivo en Trujillo ha evolucionado hasta permitir que bandas como Los Pulpos actúen con niveles de violencia y coordinación alarmantes. Explicó que estos grupos logran operar bajo apariencia de legalidad porque acceden con facilidad a uniformes y accesorios policiales que se comercializan en sectores informales, y porque existe una relación entre elementos corruptos de las fuerzas del orden y las organizaciones criminales. “El problema es que ya los delincuentes actúan de manera coordinada con altos mandos de la policía. Es una realidad que nadie quiere aceptar y nadie quiere ver”, afirmó.

Agregó que la respuesta estatal resulta insuficiente, ya que las capturas suelen limitarse a los integrantes de menor jerarquía sin afectar la estructura central de las bandas.

Exigen la renuncia de Arriola

El atentado generó una reacción inmediata en el Congreso. La bancada de Renovación Popular emitió un comunicado de “firme condena” al ataque y solicitó la renuncia del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, argumentando “falta de resultados” en la lucha contra la delincuencia. “Exigimos la renuncia de su comandante general, Óscar Arriola, y acciones inmediatas del Gobierno para recuperar el orden y garantizar la seguridad de los peruanos”, se lee en el documento difundido el 30 de agosto.

El pedido de Renovación Popular coincide con una iniciativa presentada dos días antes por el bloque de Juntos por el Perú, que propuso habilitar mecanismos para que la presidenta o el Congreso puedan separar al comandante general de la PNP. La convergencia entre bancadas de derecha e izquierda en el reclamo de la salida de Arriola marca un giro inédito en la política de seguridad y añade presión sobre el Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte, quien hasta el momento ha evitado pronunciarse directamente sobre el futuro del jefe policial.

La respuesta de la Defensoría y del sistema educativo

La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Poder Ejecutivo de convocar una reunión de urgencia con integrantes del Gabinete Ministerial y destacó que el ministro del Interior, el ministro de Defensa y otras autoridades viajaron a Trujillo para atender la situación de manera directa. El organismo reiteró la urgencia de desarticular de manera efectiva las organizaciones criminales que operan en la ciudad y exigió que se garantice la pronta ubicación y liberación del empresario secuestrado.

En el ámbito educativo, la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) dispuso que las actividades académicas de la institución educativa Virgen del Carmen, ubicada en el distrito de Alto Trujillo, se desarrollen de manera virtual hasta el viernes 5 de septiembre, como medida preventiva para proteger la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores. Las autoridades educativas coordinaron además el despliegue de efectivos de la PNP y personal de Serenazgo en los alrededores del plantel, y solicitaron ante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) que se refuerce la vigilancia en todas las instituciones educativas de la región.

Las investigaciones continúan. La Policía mantiene como prioridad la ubicación de Jens Marty Lara Tantaquilla y la captura de los responsables del ataque más letal registrado en Trujillo en lo que va del año.

Luego de la conferencia de prensa en la sede de la Divincri, adonde Belaúnde viajó para anunciar el rescate de Lara y la detención de cinco presuntos integrantes de la organización criminal Los Pulpos, respondió sobre por qué el ministro del Interior no había acompañado el operativo, tratándose de una acción liderada por la Policía Nacional del Perú (PNP), institución que depende justamente de esa cartera.

Belaúnde respondió que Astudillo “ha estado directamente involucrado en otros aspectos de la operación” y remarcó que en las últimas horas se sostuvieron reuniones con la presidenta de la República y el premier para “organizar un sistema de respuesta multisectorial y multidisciplinario” que incluye el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia del Estado. Según explicó, su presencia en Trujillo tuvo como objetivo “garantizar el respaldo político” y evitar cualquier obstrucción durante la ejecución del operativo.

Ante la insistencia sobre a qué tipo de obstrucciones se refería, el ministro citó de manera puntual la geolocalización de llamadas realizadas a través de WhatsApp, un procedimiento que, según dijo, involucra a distintos operadores de telecomunicaciones y requiere que no se produzcan interferencias en el proceso. “Es importante no que se produzcan interferencias ahí”, afirmó, al tiempo que subrayó que el componente de inteligencia resulta “extremadamente relevante” para anticipar movimientos y triangular comunicaciones con rapidez.

El ministro defiende la continuidad del rol de Astudillo en la crisis

Belaúnde insistió en que la ausencia de Astudillo no implicó una exclusión del ministro del Interior de la respuesta estatal frente al secuestro. “No es que él haya estado excluido de la operación ni mucho menos”, sostuvo, y atribuyó la distribución de funciones a una decisión previa dentro del Ejecutivo que asignó distintas responsabilidades a cada cartera involucrada en la crisis de seguridad.

El funcionario también respondió a una pregunta directa sobre si los efectivos policiales sienten el respaldo del titular del Interior pese a su ausencia en Trujillo. “Por supuesto que sí lo sienten”, respondió, y agregó que Astudillo “ha estado al tanto” del desarrollo de las investigaciones, aunque sin precisar en qué consistieron sus tareas específicas durante las horas en que el empresario permaneció cautivo.

La geolocalización de llamadas, eje del respaldo político reclamado

Durante el intercambio con la prensa, Belaúnde volvió en varias oportunidades sobre la importancia de la tecnología aplicada a la investigación criminal. Explicó que la posibilidad de geolocalizar y triangular llamadas resulta determinante para anticipar los movimientos de los captores y actuar con la celeridad que exigen este tipo de casos, en los que la vida de la víctima depende de la rapidez de la respuesta policial.

El ministro remarcó que ese tipo de gestiones, vinculadas a distintos operadores de telecomunicaciones, requieren de un respaldo político que permita destrabar eventuales trabas administrativas. “Se producen problemas insospechados que requieren el aval y la determinación política para poder avanzar”, señaló, en referencia a las coordinaciones necesarias para que la investigación no se viera interrumpida en momentos críticos del operativo.

Belaúnde se apoyó en las Fuerzas Armadas y no participó de la operación policial

Consultado sobre si acudirá a Trujillo en futuras ocasiones vinculadas a la crisis de seguridad, Belaúnde respondió que su presencia obedeció a una instrucción directa de la presidenta de la República, quien según explicó “lidera y comanda la lucha contra la criminalidad”. El ministro precisó que, desde su llegada a la ciudad, operó en coordinación con el general Mao Córdoba, a cargo de las Fuerzas Armadas en la zona, y no con mandos policiales.

“Yo no participo de las operaciones policiales”, aclaró Belaúnde, en un intento por delimitar su rol dentro del dispositivo desplegado tras el secuestro de Lara, ocurrido la madrugada del domingo en la avenida Húsares de Junín, donde además murieron cuatro personas que lo acompañaban en el vehículo interceptado por los atacantes. El empresario, vinculado a la comercialización de oro en la provincia de Pataz, permaneció retenido más de 36 horas antes de ser hallado con vida por agentes de la PNP en un sector cercano a Huanchaco.

Durante las diligencias, la Policía identificó a cuatro de los intervenidos con los alias de “Ñato”, “Juliacho”, “Bolacho” y “Polo”. A ellos se sumó José Miguel Cherrepe Dávila, quien fue capturado este lunes 31 de agosto en Chepén, luego de acciones reservadas vinculadas al uso de tecnología, según lo informado durante la conferencia.

La Policía atribuyó a los detenidos diferentes funciones dentro del ataque. Entre los elementos expuestos figuran registros de intervenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, tenencia ilegal de armas, receptación y extorsión. Estos antecedentes forman parte de las diligencias y deberán ser evaluados dentro del proceso de investigación.

¿Quiénes son los detenidos por el secuestro?

Erank Junior Quezada Cruz, de 23 años, alias “Ñato”, figura entre los primeros intervenidos. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, registra una denuncia por lesiones y otros antecedentes de intervenciones policiales. Durante la conferencia, se señaló que esta persona habría proporcionado una versión sobre la forma en que fue reclutado para participar en el hecho.

La Policía también mencionó a Julio Zavaleta Quezada, de 19 años, alias “Juliacho”. Según los registros expuestos, en 2024, cuando todavía era menor de edad, fue intervenido por presunta tenencia ilegal de armas de fuego. Además, el 14 de octubre de ese mismo año fue capturado por una requisitoria procedente de Chimbote y trasladado a Lima.

Otro de los detenidos es César Iván García Rivera, de 20 años, alias “Bolacho”. La Policía le atribuye la conducción de la camioneta utilizada por los sujetos que llegaron al lugar del ataque. Entre sus antecedentes figuran una intervención por presunta receptación de vehículo y otra por presunta tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Ángel Fabricio Bocanegra Linares, de 19 años, alias “Polo”, también fue presentado por la Policía. Según la información expuesta en la conferencia, habría ocupado la parte posterior derecha de la camioneta utilizada durante el ataque. Sus registros incluyen intervenciones por presunta receptación, hurto y una denuncia por presunta extorsión.

José Miguel Cherrepe fue capturado en Chepén

El quinto intervenido identificado por la Policía es José Miguel Cherrepe Dávila. Su captura ocurrió este lunes a las 14:00 horas en Chepén, luego de diligencias de carácter reservado. Durante la conferencia se indicó que las acciones estuvieron relacionadas con el uso de tecnología para ubicarlo.

Cherrepe Dávila registra una intervención del 26 de marzo de 2023 por delitos contra el patrimonio, robo agravado, receptación y un delito contra la seguridad pública relacionado con armas de fuego. También figura un registro del 24 de abril de 2025 como agraviado por una agresión física, cuando se encontraba en un centro juvenil.

La Policía precisó que la captura de Cherrepe ocurrió después de que este sujeto lograra ponerse a buen recaudo. Su ubicación en Chepén permitió concretar la intervención dentro de las diligencias vinculadas con el caso.

Investigación continúa tras la liberación del empresario

Jenss Marty Lara Tantaquilla fue ubicado con vida después de permanecer más de 36 horas secuestrado. Reportes difundidos durante la tarde del lunes señalaron que posteriormente fue trasladado hasta su vivienda en Trujillo.

Las circunstancias exactas de su liberación todavía son materia de investigación. La Policía continúa con las diligencias para establecer la participación individual de los detenidos y determinar si existen otras personas involucradas en el cuádruple asesinato y el secuestro.

La DIVINCRI mantiene entre sus hipótesis la presunta participación de la organización criminal Los Pulpos. La Policía considera que el ataque requirió planificación debido al empleo de varios vehículos y prendas similares a las utilizadas por unidades policiales especializadas.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes 31 de agosto sobre el secuestro y posterior liberación del empresario minero Jenss Lara en Trujillo, un caso que dejó cuatro personas asesinadas durante un ataque armado ocurrido en la madrugada del domingo.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del crimen ocurrido en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, y se refirió a las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Expreso mis más sentidas condolencias y solidaridad con las familias de las cuatro víctimas, quienes perdieron la vida ayer en la ciudad de Trujillo”, escribió Keiko Fujimori.

La presidenta destacó que la intervención policial permitió liberar al empresario, quien había permanecido más de 36 horas en cautiverio, y detener a cuatro presuntos involucrados en el ataque. “Mi reconocimiento a nuestra Policía Perú por su rápida y firme respuesta en este caso”, señaló.

Fujimori sostuvo que el Ejecutivo adoptará medidas frente a los hechos de inseguridad registrados en la ciudad. “No vamos a dar tregua a la delincuencia. El Gobierno responderá con firmeza”, afirmó en su publicación.

Jenss Lara fue liberado y volvió con sus familiares

El empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue liberado durante la tarde del lunes, luego de que agentes de la PNP lo ubicaran tras varias horas de búsqueda. Según la información difundida por las autoridades, el comerciante se encontraba con vida y volvió con sus familiares luego del operativo.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, confirmó que la víctima ya estaba fuera del poder de sus captores. También indicó que los cuatro presuntos autores materiales del secuestro permanecen detenidos, incluido el hombre al que las autoridades atribuyen los disparos contra las personas que acompañaban al empresario.

Las diligencias permitieron la captura de un quinto sospechoso, señalado como presunto responsable de la logística del ataque. De acuerdo con el titular de Defensa, este investigado habría coordinado con integrantes de la organización criminal Los Pulpos que se encuentran fuera del Perú.

La Policía investiga si ese detenido facilitó los uniformes, armas y otros elementos empleados por los atacantes. Las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para establecer el grado de participación de cada uno de los intervenidos e identificar a otros posibles responsables.

El ataque en Trujillo dejó cuatro víctimas mortales

El secuestro ocurrió cerca de las 2:47 del domingo 30 de agosto, cuando un grupo de delincuentes interceptó una camioneta en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín. Los atacantes habrían llegado en una camioneta blanca y usado prendas similares a las de unidades especializadas de la Policía para aparentar una intervención oficial.

Durante el ataque fueron asesinados los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes brindaban protección a Lara. También murieron Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez, quienes se encontraban dentro del vehículo.

Tras los disparos, los agresores retiraron por la fuerza al empresario y lo trasladaron en otra unidad. La investigación policial estima que cerca de 10 personas participaron en la operación y que los responsables utilizaron al menos tres vehículos para ejecutar el secuestro.

Las cámaras de seguridad de la zona forman parte de las pruebas revisadas por los investigadores. La PNP busca reconstruir el desplazamiento de los sospechosos y determinar si otros integrantes de Los Pulpos intervinieron en el asesinato de las cuatro personas y en el secuestro de Jenss Lara.

El caso se inició después de un ataque contra una camioneta en la que viajaban Lara y otras cuatro personas. Los agresores interceptaron el vehículo y utilizaron armas de fuego contra sus ocupantes. Cuatro personas murieron en el lugar, mientras que Lara fue retirado del vehículo y llevado por la fuerza en otra unidad.

La información sobre el rescate fue difundida durante la tarde del lunes 31 de agosto. TVPerú también reportó que agentes de la Policía Nacional participaron en la liberación del comerciante.

El Ministerio de Defensa y el comandante general de la Policía tenían prevista una conferencia de prensa en la sede de la Divincri de Trujillo para brindar detalles sobre el operativo, el estado del comerciante y las detenciones relacionadas con el ataque.

Rescate de Jenss Lara se produce tras más de 36 horas de cautiverio

Lara Tantaquilla permaneció retenido desde las primeras horas del domingo hasta la tarde del lunes. Según la información difundida, los agentes policiales lograron ubicar al comerciante después de varias horas de búsqueda.

Los primeros reportes sobre su liberación circularon de forma extraoficial antes de la comunicación prevista por las autoridades. En ese momento, la información disponible señalaba que Lara permanecía con vida y que ya podía encontrarse fuera del poder de sus captores.

La posterior confirmación sobre el rescate permitió establecer que el comerciante pudo regresar con sus familiares. También se informó que se encontraba en su domicilio de la urbanización El Bosque.

Ministro de Defensa confirma la liberación del comerciante

Durante la conferencia de prensa, el ministro de Defensa confirmó que Lara fue ubicado con vida y permanece junto a sus familiares. El funcionario atribuyó el resultado a la actuación de la Policía Nacional.

“Desde la mañana de ayer a este momento, tengo que informar que gracias a la actuación diligente y decidida y profesional de la Policía Nacional del Perú, que la víctima del secuestro se encuentra en este momento liberada y en compañía de sus familias, de sus seres queridos”, declaró.

El ministro también informó sobre la detención de los cuatro presuntos autores materiales del secuestro. Según su declaración, entre ellos se encuentra el sujeto que habría disparado contra las cuatro personas que estaban junto a Lara al momento del ataque.

“Los cuatro ocupantes de esa camioneta se encuentran en custodia policial, detenidos, incluyendo al gatillero al que disparó contra las cuatro personas que en esa camioneta estaban en compañía de la víctima secuestrada”, señaló.

La investigación también permitió detener a un quinto sospechoso, señalado por el ministro de Defensa como el presunto operador logístico del secuestro.

Según explicó el funcionario, este individuo habría coordinado con integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” que se encuentran fuera del Perú. Además, habría proporcionado los uniformes, las armas y otros elementos utilizados durante la ejecución del ataque.

El ministro precisó que este presunto coordinador también permanece detenido mientras continúan las diligencias policiales.

Ataque ocurrió durante la madrugada del domingo

El secuestro ocurrió aproximadamente a las 2:47 de la madrugada del domingo 30 de agosto, en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín.

De acuerdo con la información proporcionada, los delincuentes llegaron en una camioneta blanca y utilizaron prendas similares a los uniformes de unidades especializadas de la Policía Nacional. Los sujetos simularon una intervención policial para interceptar el vehículo donde se encontraba Lara.

Los atacantes utilizaron armas de fuego contra los ocupantes. Cuatro personas murieron dentro de la camioneta: los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes prestaban servicio de protección al comerciante, además de Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

Policía investiga participación de “Los Pulpos”

La investigación policial también contempla una posible participación de la organización criminal “Los Pulpos”. El ministro de Defensa sostuvo que el presunto operador logístico detenido habría mantenido coordinación con integrantes de esta organización ubicados fuera del país.

Las diligencias buscan determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos y establecer la intervención de otras personas en el secuestro y el asesinato de las cuatro víctimas.

Las cámaras de seguridad forman parte de las pesquisas. Según la información proporcionada, las imágenes permitieron observar a algunos de los agresores y reconstruir parte de los desplazamientos efectuados durante el ataque.

La Policía estima que cerca de diez personas podrían haber participado en la operación y que se utilizaron varios vehículos. Las investigaciones continúan para identificar a los demás involucrados.

Reyna cuestionó la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, después del último episodio sangriento registrado en esta región norteña y sostuvo que, aunque el sector Defensa puede contribuir con equipos logísticos, la respuesta frente a la criminalidad debe estar encabezada por Interior y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El burgomaestre señaló que la situación de Trujillo no constituye un episodio aislado, sino una sucesión de ataques que, a su juicio, requiere una respuesta directa del Gobierno desde la ciudad.

“De todos modos, está el comandante general de la policía, pero si puede venir y darse una vuelta la presidenta de la República (sería ideal), porque esto no es un hecho aislado, es varias veces que nos viene golpeando la criminalidad organizada y tiene que haber desde Trujillo un claro mensaje del Estado peruano”, añadió.

Al ser consultado sobre qué le diría a la jefa de Estado, Reyna sostuvo que las organizaciones criminales no pueden desafiar al Estado como en este caso, donde los atacantes vestían uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

“Lo que no puede pasar es que un grupo de delincuentes organizados, vestidos de policía, con camioneta que parece de la policía, con uniforme y chaleco táctico de la policía y con armamento de la policía, pueda o quiera pretender derrotar al Estado peruano”, afirmó.

“Aquí tiene que haber un mensaje contundente de la presidenta, no solamente estar el ministro de Defensa, tendrían que estar aquí comandos, comando de la policía, comando del ejército y aniquilar a estas ratas sin vergüenza”, agregó.

El alcalde insistió en que la visita de la mandataria serviría para demostrar que el Estado mantiene el control frente a las organizaciones criminales en una región donde ya se han producido anteriormente graves episodios, como la matanza de trece personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

“A la presidenta Keiko Fujimori, es la oportunidad que tiene de demostrar que el Estado peruano nunca, nunca jamás se va a poner de rodillas ante una gavilla de delincuentes. Ni siquiera el Estado colombiano, ante el gran mafioso que fue Pablo Escobar, se rindió. Menos, nos vamos a rendir nosotros, los peruanos, frente a una gavilla de delincuentes”, agregó.

Finalmente, Reyna consideró que la gobernante tiene una “oportunidad de oro” para “dar un claro mensaje a todo el mundo de que el Estado no se arrodilla ante la criminalidad”.

El empresario raptado el domingo ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

Las cuatro personas que viajaban en su vehículo y fueron ejecutadas eran sus acompañantes, con quienes había salido de una discoteca.

Arriola, cuya salida del cargo ha sido solicitada por algunos legisladores, abandonó el recinto en silencio, mientras hacía un ademán de atender una llamada telefónica, y acompañado por el general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, quien se limitó a señalar que los implicados en la matanza “caen porque caen”.

Los altos mandos participaron en una reunión con la gobernadora regional, Johana Cabrera, y el alcalde de Trujillo (capital), Mario Reyna, para abordar el secuestro del empresario minero Jens Clara Antequilla y el cuádruple crimen a manos de un falso comando policial.

En imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe se observa al jefe policial cuando intentaba dirigirse hacia su vehículo oficial y fue abordado por un grupo de periodistas que le formularon preguntas.

Arriola optó por retornar al interior de la sede regional, mientras que Revoredo sí salió del recinto y respondió brevemente a los medios. Finalmente, el comandante abandonó el lugar después de que los periodistas se dispersaran.

El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza, informó horas antes que la Policía ya había detenido a presuntos implicados en el caso y adelantó que las autoridades ofrecerían mayores detalles en las siguientes horas.

La salida de Arriola es un reclamo que distintos sectores políticos han mantenido en las últimas semanas ante el aparente fracaso de las medidas para enfrentar el crimen organizado en el país, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, el epicentro de la minería ilegal en Perú.

El coronel de la Policía Harvey Colchado, jefe de operativos contra la corrupción en las altas esferas del poder y ahora diputado de Ahora Nación, afirmó en sus redes sociales que el Ejecutivo vuelve a ser “cómplice” de la permanencia del oficial, a quien le dijo que “tenga el decoro y la responsabilidad de dar un paso al costado” y que solicite su pase al retiro.

Colchado, que fue sacado de la PNP tras polémica suscitada por un allanamiento a la vivienda de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), criticó que el gobierno responda a la matanza y secuestro con un pedido al Congreso de facultades legislativas para enfrentar la inseguridad.

A pesar de que el Ejecutivo prometió revisar la norma que impide la remoción del jefe de la Policía, por un periodo de dos años, Colchado señaló que en las facultades legislativas solicitadas no hay “ni una sola línea” que modifique la ley que impide remover al general Arriola, una norma que fue votada en mayoría por el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, en el Congreso anterior.

“Entonces, no trasladen al Congreso una responsabilidad que ni siquiera intentaron resolver”, anotó. A este llamado se sumaron la diputada Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno; Diego Bazán, de Renovación Popular; y Catherin Palomino, de Juntos por el Perú.

El empresario raptado el domingo ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

Según información preliminar de las autoridades policiales, el escenario también permitió considerar la posibilidad de un secuestro. Testigos señalaron que una quinta persona fue retirada por la fuerza del vehículo por un grupo de sujetos que llegó al lugar en una camioneta blanca.

De acuerdo con las versiones recogidas, los atacantes portaban armas de fuego, tenían el rostro cubierto con pasamontañas y descendieron de la unidad antes de aproximarse al vehículo. Las primeras diligencias policiales buscaron establecer la identidad de las víctimas y las circunstancias exactas del ataque.

Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas posteriormente por Latina Noticias permitieron conocer nuevos detalles sobre la operación. En el registro se observa que los sujetos utilizaron prendas similares a las de agentes policiales y ejecutaron una intervención simulada antes de disparar contra los ocupantes y retirar con vida al empresario.

Así ocurrió el ataque registrado por cámaras

Según el reporte del noticiero, el ataque ocurrió cerca de las tres de la madrugada. La grabación muestra cómo la camioneta blanca se detiene detrás del automóvil donde viajaban las cinco personas.

Tres individuos bajaron de la unidad y rodearon parcialmente el vehículo. Uno de ellos se ubicó cerca del conductor, mientras otro ocupó una posición en el lado opuesto. El tercer sujeto quedó parcialmente registrado por la cámara.

Los atacantes solicitaron documentos como parte de una intervención simulada. De acuerdo con la información difundida por el medio, las imágenes y los testimonios recogidos permitieron establecer que los sujetos utilizaron armas con silenciadores, por lo que los disparos no generaron un sonido perceptible en el registro.

Después del ataque, cuatro personas quedaron sin vida dentro del automóvil. El empresario fue sacado del vehículo y llevado hacia la camioneta de los secuestradores.

Las imágenes difundidas muestran otro momento de la operación. Luego del traslado de la víctima, uno de los sujetos volvió al automóvil donde permanecían los cuerpos.

El individuo ingresó al vehículo durante algunos segundos y después salió. Según el reporte, una de las hipótesis consideradas por la Policía apunta a que pudo intentar utilizar ese automóvil para abandonar el lugar y retirar la unidad de la escena.

El intento no habría resultado efectivo. El sujeto salió del vehículo y escapó por la calle Isabel de Bobadilla. Según la información policial citada por Latina Noticias, después recorrió unas tres cuadras y otro vehículo lo recogió.

Este desplazamiento constituye uno de los elementos que sostiene la hipótesis policial sobre la participación de más personas en la operación.

La estimación policial apunta a la posible participación de unas diez personas y tres vehículos. Esta hipótesis se sustenta en el traslado de los atacantes y en la posterior salida del lugar por diferentes medios.

El número exacto de participantes permanece sujeto a las diligencias de investigación. Las imágenes de seguridad forman parte de los elementos utilizados para establecer la ruta seguida por los responsables y determinar la intervención de otros vehículos.

Víctor Revoredo vincula el caso con Los Pulpos

El coronel PNP Víctor Revoredo declaró que la Policía considera como hipótesis técnica la participación de integrantes de la organización criminal Los Pulpos. Según explicó, esa línea de investigación toma en cuenta la modalidad del ataque, las características de la víctima y los medios utilizados durante el secuestro.

Revoredo también señaló que integrantes vinculados con esta organización permanecen recluidos en distintos establecimientos penitenciarios. Entre los nombres mencionados durante la entrevista figuran personas recluidas en Tacna, Chiclayo y Trujillo.

El oficial precisó que la posibilidad de una planificación desde centros penitenciarios todavía forma parte de una investigación en desarrollo. La Policía evalúa la existencia de una articulación entre personas recluidas y otros integrantes que permanecen fuera de los penales.

Revoredo informó que fuerzas especiales de la Policía Nacional del Perú fueron destinadas a Trujillo para reforzar las investigaciones. También mencionó la participación de la División de Investigación de Secuestros.

La Policía mantiene como prioridad la ubicación de los responsables y la recuperación del empresario secuestrado. Revoredo también señaló que las diligencias buscan establecer la participación concreta de cada integrante dentro de la estructura investigada.

Identifican a las cuatro víctimas

Las cuatro personas asesinadas dentro de la camioneta fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja del empresario secuestrado; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas; y Christopher Eduardo García Álvarez. Según información difundida por Panorama, una de las jóvenes era pareja del empresario minero, mientras que los dos hombres eran sus guardaespaldas.

Las cuatro víctimas permanecieron dentro del vehículo tras el ataque, mientras el empresario fue retirado por los sujetos que ejecutaron la intervención y trasladado en la camioneta blanca utilizada por los captores.

La identificación de las personas asesinadas forma parte de las primeras diligencias realizadas tras el hallazgo del vehículo en la avenida Húsares de Junín. Las autoridades también buscan establecer la relación entre las víctimas y determinar las circunstancias que precedieron al ataque.

El reciente secuestro y asesinato múltiple que sacudió Trujillo expuso nuevamente el “sello criminal” de Los Pulpos, una organización delictiva que simula ser la Policía Nacional del Perú (PNP) para ejecutar secuestros y asesinatos de empresarios mineros.

Según el general PNP Víctor Revoredo, la hipótesis técnica de la Policía Nacional apunta a esta banda criminal como responsable del violento ataque en el corazón de la ciudad, donde el empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado y cuatro de sus acompañantes ultimados a sangre fría.

De acuerdo con los videos del momento exacto del ataque difundidos en redes sociales, la madrugada del domingo 30 de agosto, Lara Tantaquilla, empresario vinculado a la extracción de oro en la provincia de Pataz, se encontraba a bordo de su Ford Bronco Raptor junto a su pareja, una amiga y dos guardaespaldas en la avenida Húsares de Junín, en pleno centro de Trujillo.

Aproximadamente a las tres de la mañana, una Toyota Hilux blanca, vehículo muy similar a los usados en operaciones policiales, apareció detrás del auto del empresario. De este vehículo descendieron cuatro sujetos armados con fusiles de asalto y portando chalecos del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), simulando un operativo oficial.

Los atacantes apuntaron a Lara Tantaquilla, lo bajaron de su camioneta, le colocaron esposas y lo subieron a la Hilux. Uno de los criminales se quedó con los ocupantes del Bronco Raptor, subió al vehículo y disparó contra las cuatro personas que permanecían dentro, asesinándolas en el acto. Uno de los atacantes intentó huir en la camioneta, pero la abandonó a pocas cuadras de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo.

Un modus operandi

La PNP atribuye el crimen a Los Pulpos por el modus operandi: la simulación de operativos policiales para secuestrar y eliminar a sus objetivos. Este patrón ya se había observado en casos anteriores.

Un antecedente de alto impacto fue el secuestro de Iván Díaz Garrido, ocurrido el 23 de octubre de 2023. El también empresario fue secuestrado por un grupo que se hizo pasar por efectivos policiales, ingresó a su negocio y lo raptó con violencia. Permaneció once días cautivo y fue hallado posteriormente con signos de tortura, tras haberle cercenado dos dedos y parte de las orejas.

Los responsables de ese secuestro —José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert, esta última señalada como autora intelectual y aún prófuga— recibieron condenas de cadena perpetua.

En el proceso judicial, la declaración del propio Díaz Garrido, el material fílmico, las intervenciones telefónicas y el hallazgo de documentos personales en vehículos usados por los implicados resultaron fundamentales. El abogado de la víctima, Víctor Peralta, destacó la logística y el uso sistemático de uniformes policiales falsos como prueba de la existencia de una red con varios participantes y roles bien definidos.

La minería ilegal

En el actual caso de Trujillo, la investigación policial no descarta la vinculación del secuestro con la disputa territorial por el control del oro en la zona. El general Ricardo Espinoza declaró públicamente que bandas como Los Pulpos y La Jauría se disputan el dominio de la minería ilegal en el norte del país.

La violencia en la región ha escalado y los métodos se han sofisticado, incluyendo el uso de indumentaria policial, lo que dificulta la identificación de los verdaderos autores hasta por parte de los ciudadanos y las propias autoridades.

Expertos en gestión de riesgo criminal advierten sobre la facilidad con la que los delincuentes acceden a uniformes y accesorios policiales en el mercado informal. Además, señalan la existencia de estructuras criminales que superan la capacidad de respuesta del Estado, lo que permite a bandas como Los Pulpos operar con altos niveles de impunidad y violencia.

Sandro Espinoza, especialista en gestión de riesgo criminal, advirtió en diálogo con 24 Horas que el fenómeno delictivo en Trujillo y otras ciudades del país ha evolucionado, permitiendo que bandas como Los Pulpos actúen con niveles de violencia y coordinación alarmantes.

Espinoza explicó que estos grupos criminales logran operar bajo la apariencia de legalidad debido a la facilidad con la que acceden a uniformes y accesorios policiales, los cuales se comercializan libremente en sectores informales, y porque existe una preocupante relación entre elementos corruptos de las fuerzas del orden y las organizaciones criminales.

Agregó que la respuesta estatal frente a esta modalidad criminal resulta insuficiente, ya que las capturas suelen limitarse a los integrantes de menor jerarquía dentro de las bandas, sin afectar su estructura central. “El problema es que ya los delincuentes actúan de manera coordinada con altos mandos de la policía. Es una realidad que nadie quiere aceptar y nadie quiere ver”, afirmó. seguridad nacional y no solo como un problema de seguridad ciudadana.

Investigación en curso

Tras el ataque, el general Ricardo Espinoza reveló que la División de Secuestros de la Policía Nacional ya tenía alertas de un posible secuestro de gran magnitud en Trujillo y había recomendado a los potenciales objetivos que tomaran precauciones.Hasta el momento, el paradero de Jens Marty Lara Tantaquilla permanece desconocido y las diligencias continúan.

El caso pone en evidencia la sofisticación del crimen organizado en el norte del Perú y el riesgo que enfrentan empresarios vinculados a la minería. La reiteración del mismo patrón en casos de alto perfil, como el de Iván Díaz Garrido y el más reciente de Lara Tantaquilla, confirma la consolidación de un modus operandi que utiliza la apariencia policial para ejecutar secuestros y asesinatos, sembrando temor entre la población y dificultando la acción de la justicia.

De acuerdo con las grabaciones de seguridad difundidas por Panorama, una camioneta blanca interceptó un vehículo moderno en el que se desplazaba el joven empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, junto a cuatro personas más.

Del primer vehículo descendieron tres sujetos vestidos como efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), portando cascos, uniformes tácticos y armas largas tipo R15. Cada uno actuó con precisión, simulando una intervención policial.

Los asaltantes rodearon el vehículo y ubicaron a su objetivo en el asiento posterior, por lo que fue retirado por la fuerza, inmovilizado y esposado, antes de ser trasladado al vehículo de los secuestradores, mientras el plan continuaba.

El general Ricardo Espinoza Cuestas subrayó: “Ningún delincuente le ha ganado al Estado. En las próximas horas, vamos a capturarlos y abatirlos”, declaró.

Las autoridades atribuyen el ataque a la necesidad de recursos de Los Pulpos tras recientes golpes policiales. Las investigaciones continúan, y la prioridad es ubicar al empresario secuestrado y dar con los responsables del crimen.

La masacre ha generado alarma en Trujillo, ciudad que enfrenta una ola de inseguridad vinculada a organizaciones criminales transnacionales como Los Pulpos. El caso permanece abierto mientras la policía intensifica los operativos en la región.

Junto al empresario viajaban quien sería su novia, Andrea Monzón, una amiga identificada como Nadia Urtecho y dos guardaespaldas de confianza. Según la reconstrucción de los hechos, los cinco salieron minutos antes de una conocida discoteca trujillana. Sin mediar palabra, los secuestradores abrieron fuego con sus armas automáticas, asesinando a las cuatro personas que acompañaban al empresario.

¿Quién es el empresario minero secuestrado?

Jenss Lara Tantaquilla, empresario minero de 31 años y natural de Chillia, Pataz, permanece secuestrado tras el ataque. El incidente puso el foco sobre los antecedentes de Lara Tantaquilla, quien figura en el Registro Integral de Formalización Minera y fue investigado en 2020 por presunto lavado de oro ilegal.

Las empresas vinculadas al empresario, como Consorcio Minero JyJ E.I.R.L. y Matwork de Jenns Lara, han estado sujetas a procesos de formalización y a indagaciones policiales.

El ataque ocurrió cuando el grupo salía de una discoteca en una camioneta asociada a otra compañía, Millenium J&J S.A.C. La policía considera que el objetivo principal fue el secuestro, y atribuye el crimen a bandas como Los Pulpos o La Jauría, debido a que son redes ya establecidas en el norte con más poder. Se desplegó una unidad especializada para ubicar al empresario y esclarecer el caso.

La Policía Nacional informó que la investigación ha progresado en las últimas horas y ya se ha identificado con mayor precisión a los presuntos responsables del asesinato, así como el modus operandi utilizado en el ataque.

El nombre de Los Pulpos volvió a acaparar la atención pública tras el recinte asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo, al norte del territorio peruano.

Este hecho, atribuido a la organización criminal por fuentes policiales, expone la dimensión de un grupo delictivo que ha evolucionado de una banda local a una red criminal transnacional con presencia en varios países de Sudamérica.

De acuerdo a reportes de InSight Crime, la historia de Los Pulpos se remonta a la década de 1990, cuando los hermanos Miller, Nilton, Eddy y Jhon Cruz Arce fundaron la banda en el distrito de El Porvenir, una de las zonas más desfavorecidas de Trujillo.

En sus inicios, el grupo se dedicó al robo a pequeña escala bajo el liderazgo de Miller Cruz Arce, quien fue arrestado por agresión en 1995 y, posteriormente, por homicidio y hurto agravado. Con su hermano Jhon al mando, la organización adoptó el cobro de “vacunas” —extorsiones periódicas bajo amenaza— y el sicariato como sello distintivo.

A partir de 2014, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, hijo de Jhon, asumió el liderazgo de la banda a los 17 años, impulsando una etapa de expansión caracterizada por extorsiones y secuestros especialmente violentos. El grupo diversificó sus objetivos y extendió sus operaciones hacia otros distritos de la provincia de La Libertad, atacando a comerciantes, empresarios y hasta instituciones educativas.

Salto internacional

En la última década, Los Pulpos se consolidaron como uno de los principales actores criminales en el norte del Perú. Su capacidad de adaptación y violencia permitió que la banda resistiera los golpes policiales y mantuviera el control sobre negocios ilícitos como la extorsión, el secuestro y la minería ilegal.

De acuerdo a InSight Crime, la presión policial en Perú, sumada a los beneficios de una economía criminal en expansión, motivó a la organización a internacionalizar sus actividades.

La migración de miembros clave, como Eddy Cruz Arce a Chile en 2010, marcó el inicio de su expansión regional. En 2021, las autoridades chilenas recibieron las primeras denuncias de extorsión por parte de Los Pulpos en la Región Metropolitana de Santiago. El grupo se enfocó en la comunidad peruana, exigiendo pagos mensuales de entre 312 y 2.120 dólares a cambio de protección, bajo la amenaza de ataques con explosivos, secuestros y asesinatos.

Redes en Chile y Argentina

Las investigaciones de inteligencia policial y reportes oficiales revelan que Los Pulpos trasladaron fondos ilícitos desde Trujillo a Santiago mediante una red de mujeres que simulaban viajes turísticos.

El flujo de dinero ilícito sirvió para consolidar la presencia de la banda en comunas del norte de Santiago y en ciudades como Arica, Iquique y Antofagasta. La policía estima que los ingresos anuales por extorsión y secuestro superan los 10 millones de dólares, aunque la ONG CHS Alternativo calcula que el total recaudado por extorsiones en Perú puede alcanzar los 381 millones de dólares, de los cuales una parte considerable termina en manos de Los Pulpos.

En septiembre de 2025, la Policía Nacional de Ecuador arrestó a 18 miembros de la organización en la provincia de Zamora Chinchipe, relacionados con el cobro de “vacunas” y homicidios vinculados a la banda ecuatoriana Los Choneros.

En Argentina, algunos medios asociaron a Los Pulpos con un triple feminicidio ocurrido en Buenos Aires, y otras operaciones. En Ecuador también se empezó a hablar no hace mucho de este grupo criminal de origen peruano.

Fugas y disputas

El liderazgo actual de Los Pulpos recae en Jhonsson Pulpo, considerado uno de los fugitivos más buscados de la región. Ha sido condenado a cadena perpetua por homicidio y se le atribuyen más de 100 crímenes. Su habilidad para evadir la justicia ha incluido el uso de identidades falsas, cirugías estéticas y la falsificación de su propio certificado de defunción.

La cooperación internacional ha intensificado el cerco sobre él, especialmente tras la captura de su pareja en Bolivia y el aumento de la recompensa por su detención, que supera los 140.000 dólares.

El grupo ha sufrido divisiones, como la escisión de Los Pulpos Nueva Generación en Chile, liderada por Luis Daza Lozano, alias “El Pacolo”, actualmente preso. Estas fracturas no han impedido que la estructura original mantenga operaciones, respaldada por una red de protección y la complicidad de algunos elementos corruptos dentro de las fuerzas de seguridad, según informes de InSight Crime.

Sello de violencia

El sello criminal de Los Pulpos se refleja en el uso sistemático de la intimidación, el cobro de extorsiones, el secuestro y el sicariato para mantener el control de territorios y asegurar el flujo de recursos. Frases como “¡Plata o plomo!” resumen la lógica violenta impuesta sobre comerciantes y empresarios, tanto en Perú como en el extranjero.

Las acciones más recientes, como el asesinato múltiple y el secuestro de Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo, confirman la vigencia y peligrosidad de la banda. La cooperación policial entre Perú y Chile se ha intensificado, implementando operativos conjuntos, intercambio de información y estrategias de extradición para enfrentar a una de las organizaciones criminales más adaptables y persistentes de Sudamérica.

Trujillo registró un nuevo episodio de violencia tras el accionar de un grupo de delincuentes que simuló un operativo policial para secuestrar al empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla. Al momento de la interceptación, Lara Tantaquilla viajaba acompañado, pero ninguno de sus acompañantes logró sobrevivir: los cuatro fueron asesinados a balazos durante el ataque.

El ataque, perpetrado por sujetos que simularon ser policías, ha acentuado el clima de inseguridad en la ciudad. Ministros y altos mandos policiales han acudido a la ciudad ante el secuestro del empresario.

Todas las víctimas fueron identificadas por las autoridades y con trayectorias personales.

¿Quiénes eran las víctimas?

En total, fueron cuatro víctimas, quienes fueron asesinados de varios disparos.

Entre los fallecidos se encuentra Christopher Eduardo García Álvarez, de 32 años, gerente de una empresa de seguridad. García Álvarez formaba parte del equipo de confianza del empresario y poseía amplia experiencia en protección ejecutiva.

Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, de 35 años, era profesor de artes marciales y jiu-jitsu. Su conocimiento en técnicas de defensa personal lo había vinculado directamente con funciones de resguardo y seguridad privada.

Farhad Andrea Monzón Lingán, quien sería pareja de Lara Tantaquilla, era estudiante de Medicina y la única hija de su familia.

Nadia Edith Urtecho Rodríguez, bachiller en Administración, quien había finalizado estudios universitarios y mantenía una estrecha relación con la pareja, tanto en actividades sociales como profesionales.

Mientras que Jenss Marty Lara Tantaquilla, empresario minero de 31 años, es natural de Chillia, en Pataz. Figura en registros de formalización minera y fue investigado en 2020 por un presunto caso de lavado de oro ilegal.

“Mi sobrina es una mujer activa y alegre, no es justo que la arrebaten la vida así. Queremos justicia. [...] La familia está muy triste. La recordamos muy alegre y activa”, manifestó la tía de Andrea Monzón.

A este pedido, se suma el pedido de los otros familiares, quienes solicitan que las investigaciones sean céleres.

La Policía Nacional del Perú mantiene abiertas las investigaciones para determinar la autoría del crimen y dar con el paradero del empresario.

PNP avanza en la investigación

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, informó que la investigación por el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla ya derivó en detenciones. El oficial afirmó que las pesquisas presentan avances y que la policía ha logrado reconstruir parte de lo ocurrido, aunque evitó revelar cuántos sospechosos permanecen bajo custodia.

Espinoza anunció que ofrecerá una conferencia de prensa en un plazo de dos horas, una vez que concluya una diligencia pendiente. La Policía Nacional tampoco confirmó la versión sobre un eventual pedido de rescate de 50 millones de soles ni ofreció detalles sobre la identidad de los detenidos o las medidas que se ejecutan para localizar al empresario.

Además, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, sostuvo una reunión con altos mandos de la Policía Nacional, entre ellos el comandante general Óscar Arriola, para evaluar las acciones tras el crimen y secuestro en Trujillo.

Según informaron preliminarmente las autoridades policiales, el escenario del crimen también dejó abierta la posibilidad de un secuestro, ya que testigos aseguraron que una quinta persona fue llevada por la fuerza por los atacantes.

El suceso tuvo lugar en la cuadra 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín, una zona transitada de Trujillo. De acuerdo con versiones recogidas, varios sujetos descendieron de una camioneta blanca portando armas de fuego y con los rostros cubiertos con pasamontañas.

Los testigos afirmaron que los atacantes vestían chalecos y prendas similares a las empleadas por integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que habría generado confusión entre los presentes.

La intervención se produjo alrededor de las 3:00 a. m. cuando los ocupantes del vehículo fueron sorprendidos. Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en que los responsables se aproximaron al vehículo haciéndose pasar por agentes policiales, lo que facilitó su acceso sin levantar sospechas inmediatas.

Víctimas e hipótesis iniciales

Dentro de la camioneta Ford, las autoridades encontraron los cuerpos de dos hombres y dos mujeres. Las primeras informaciones mencionan que las víctimas serían Farhad Andrea Monzón Lingán, presunta pareja sentimental del propietario del vehículo; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Sin embargo, la identidad de las víctimas aún se encuentra en proceso de verificación oficial.

El propietario de la unidad, identificado preliminarmente como Jens Marty Lara Tantaquilla, dedicado a la compra y venta de minerales y con actividades en el sector minero, habría sido forzado a descender del vehículo y posteriormente sustraído por la fuerza. Una de las versiones iniciales sostiene que la persona presuntamente secuestrada estaría vinculada a un empresario minero, aunque este dato todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Modalidad de los atacantes

Uno de los elementos más llamativos del caso es el uso de indumentaria similar a los uniformes oficiales de la PNP. Se informó que los atacantes portaban prendas con características propias de unidades especializadas de la policía, aunque hasta el momento no existen indicios que confirmen su pertenencia a alguna institución policial formal.

El uso de estos elementos habría contribuido a que los agresores se acercaran sin levantar sospechas inmediatas, estrategia que, según los testimonios, facilitó la ejecución del ataque y el presunto secuestro. La confusión generada por la apariencia de los atacantes es ahora uno de los puntos de investigación prioritarios para las autoridades.

En el lugar de los hechos, reportaron que se encontraron al menos siete casquillos de bala como parte de las primeras diligencias. La policía acordonó la zona y los peritos recolectaron evidencias que permitan reconstruir la dinámica del ataque e identificar a los responsables. Además, se busca esclarecer la ruta seguida por los agresores tras perpetrar el crimen.

Las autoridades analizan las grabaciones de cámaras de seguridad y continúan entrevistando a testigos para precisar cómo se produjo el ataque, identificar a los autores y determinar si existía un objetivo específico entre los ocupantes del vehículo.

Investigación en curso y declaraciones oficiales pendientes

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público no han emitido un pronunciamiento oficial con la confirmación de las identidades de las víctimas, las circunstancias exactas del crimen o el paradero de la persona presuntamente secuestrada. La hipótesis de un ataque dirigido y la posible implicación de un empresario minero figuran entre las líneas de investigación más relevantes, aunque aún no se descartan otras motivaciones.

La comunidad de Trujillo permanece expectante ante la evolución del caso, mientras los investigadores buscan esclarecer los hechos y dar con el paradero del propietario de la camioneta. Diario Correo y La República seguirán informando sobre los avances en las pesquisas y el desarrollo de esta investigación, que ha generado consternación en la región.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, anunció este domingo que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimétrico de algunos establecimientos penitenciarios del país, aunque reconoció que todavía no puede precisar cuándo comenzará esta intervención.

En diálogo con Cuarto Poder, el titular del portafolio explicó que el Gobierno prepara un decreto supremo para establecer las condiciones de la participación militar en los penales, una medida que, según dijo, busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y frenar las operaciones de las organizaciones criminales que se coordinan desde las cárceles.

“Los penales son la última trinchera del delito, son los centros de operaciones del crimen organizado”, afirmó al señalar que el secuestro de un empresario minero en Trujillo y el asesinato de sus cuatro acompañantes fueron planificados desde tres establecimientos penitenciarios bajo el control de la organización criminal ‘Los Pulpos.’

En ese sentido, planteó la instalación de retenes militares y sistemas de escáneres corporales para controlar a las personas, vehículos y proveedores que ingresen a los establecimientos.

Consultado sobre el inicio de la intervención, el titular de Defensa evitó precisar una fecha y dijo que espera la firma del decreto supremo. “Ya tengo todo el equipamiento para un primer penal”, afirmó al mencionar que entre los establecimientos considerados figuran El Milagro, en Trujillo, Challapalca y los penales de Ancón.

Explicó que la implementación dependerá de la aprobación de la norma y la disponibilidad de equipos, aunque aseguró que ya dispone de algunos escáneres corporales utilizados durante el proceso electoral y que gestiona otros con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el apoyo de Estados Unidos.

La intervención anunciada se limitaría al control de los perímetros de los penales, mientras que el objetivo de combatir directamente a las organizaciones criminales requeriría que estas sean declaradas “grupos hostiles”, una condición que permitiría a las Fuerzas Armadas realizar operaciones militares contra ellas.

Belaúnde mencionó que organizaciones como el ‘Tren de Aragua’, ‘Los Pulpos’, ‘Los Choneros’ de Ecuador y el ‘Comando Vermelho’ de Brasil, estas dos últimas presentes en el país, deberían recibir esa calificación.

También reconoció que las Fuerzas Armadas no cuentan con efectivos suficientes para desplegar militares en cada línea de transporte, una de las actividades más afectadas por las extorsiones y asesinatos.

Ante las críticas por la respuesta del Estado frente a la inseguridad, el funcionario pidió tiempo al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y afirmó que se está reconstruyendo el sistema de seguridad y penitenciario. “Yo entiendo que la población, y con derecho, esté indignada, pero necesitamos también que nos dejen gobernar”, afirmó.

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En 2020, fue detenido durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en esa provincia.

El secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas en Trujillo abrieron una nueva línea de investigación sobre el empresario minero de 31 años, cuyo nombre figura en registros vinculados con actividades de formalización minera y en una investigación policial por presunto lavado de oro ilegal.

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando Lara Tantaquilla y sus acompañantes salían de una conocida discoteca de la ciudad. Dos sujetos con uniformes similares a los de la Policía Nacional simularon una intervención y consiguieron detener el vehículo en el que viajaba el grupo.

Cuatro personas murieron dentro de la camioneta. Las víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja del empresario; Nadia Edith Urtecho Rodríguez; Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas; y Christopher Eduardo García Álvarez. Lara Tantaquilla fue retenido por los delincuentes y permanece como víctima de secuestro.

El caso también puso bajo revisión los antecedentes empresariales del hombre natural de Chillia, en la provincia de Pataz. Según información recogida por Conexión Norte, su nombre aparece relacionado con compañías mineras inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), además de una investigación policial desarrollada en 2020 por presuntos vínculos con una organización dedicada al lavado de oro ilegal.

El vínculo de Lara Tantaquilla con empresas mineras

Una de las empresas relacionadas con el empresario es Consorcio Minero JyJ E.I.R.L., cuya dirección oficial figura en Tarma, Junín. La compañía inició actividades el 1 de abril de 2013 y permaneció dentro del proceso de formalización minera durante más de una década, hasta su baja definitiva el 29 de abril de 2024. según Conexión Norte.

Lara Tantaquilla también aparece como propietario de la empresa minera Matwork de Jenns Lara, constituida en 2013. Esta compañía adquirió relevancia dentro de una investigación desarrollada por la Policía Nacional del Perú en 2020.

El caso se relacionó con el uso de registros del Reinfo para facilitar el traslado de mineral aurífero procedente de actividades atribuidas a mineros ilegales. La investigación policial incluyó la intervención y detención del empresario.

Investigación policial por presunto lavado de oro

Según información publicada por El Comercio el 25 de febrero de 2020, la Policía investigó a Lara Tantaquilla bajo la sospecha de que habría cedido su registro dentro del Reinfo para permitir el transporte de 200 kilos de oro, valorizados en US$10 millones, y fueron capturadas 18 personas, entre ellas dos extranjeros, presuntamente vinculadas a la organización criminal Los Topos del Frío.

De acuerdo con esa investigación, el mineral era trasladado hasta el puerto de El Callao y desde ese punto tenía como destino mercados de Europa y Asia. La intervención formó parte de un megaoperativo contra una organización vinculada con el denominado lavado de oro ilegal.

El antecedente policial adquiere relevancia dentro de la investigación actual debido a la actividad económica de la víctima y a su relación previa con el sector minero de Pataz. No obstante, estos antecedentes corresponden a una investigación de 2020 y no establecen por sí mismos una relación entre aquel caso y el ataque ocurrido este domingo.

La camioneta utilizada en el ataque

El vehículo en el que viajaban las cinco personas era una Ford Bronco. De acuerdo con información de Sunat, la unidad figura a nombre de Millenium J&J S.A.C., empresa dedicada al transporte de carga por carretera.

El registro empresarial consultado señala que Luis Miguel Ruiz Cherres ocupa la gerencia general de Millenium J&J S.A.C. desde abril de 2023. El nombre de Lara Tantaquilla aparece, en cambio, asociado a Consorcio Minero JyJ dentro de los registros de formalización minera.

La diferencia entre la titularidad del vehículo y las empresas relacionadas con el empresario forma parte de los elementos que deben ser revisados dentro de las diligencias sobre el ataque.

El jefe de la Macroregión Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó que los responsables utilizaron prendas similares a las de la Policía Nacional para interceptar el vehículo.

“En horas de la madrugada una camioneta salía de una conocida discoteca acá en Trujillo y a bordo se encontraba Jenss Lara Tantaquilla, quien es natural de Pataz y tiene algunas actividades relacionadas a la minería y, efectivamente, ha sido objeto de secuestro. Utilizaron camionetas tipo policía Hilux porque estas personas simularon una intervención policial”, declaró el oficial.

Espinoza señaló además que los ocupantes del vehículo opusieron resistencia durante la intervención ejecutada por los delincuentes. El jefe policial no precisó el origen de los uniformes utilizados durante el ataque.

Investigación apunta al secuestro como objetivo principal

La información difundida por Panorama señala que la investigación policial considera como principal objetivo del ataque el secuestro de Lara Tantaquilla. El reporte también vinculó de forma preliminar a la organización criminal Los Pulpos con el hecho.

Según ese medio, un familiar cercano del empresario habría sido secuestrado semanas antes del ataque. El hecho no se hizo público en ese momento y, de acuerdo con la información difundida, los familiares habrían negociado con los responsables el pago de aproximadamente cuatro millones de soles.

El reporte situó ese antecedente dentro de la investigación sobre un posible segundo secuestro dirigido contra Lara Tantaquilla. También mencionó a La Jauría como otro grupo criminal considerado por la Policía dentro de las hipótesis sobre el caso.

Policía envía unidad especializada a Trujillo

Tras el secuestro, la Policía Nacional dispuso el desplazamiento de un equipo especializado de la unidad de secuestros hacia Trujillo. La intervención busca establecer el paradero de Lara Tantaquilla e identificar a los responsables del ataque.

El crimen ocurrió a pocas cuadras del centro de Trujillo y cerca de una dependencia policial, de acuerdo con la información difundida tras el hecho. La cercanía con instalaciones policiales forma parte de los elementos considerados dentro de las primeras diligencias.

La investigación policial continúa con la revisión de los antecedentes del empresario, las circunstancias de la interceptación, la identidad de los autores materiales y el paradero de Jenss Marty Lara Tantaquilla.

La presidenta Keiko Fujimori convocó este domingo una reunión de emergencia con los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaúnde, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario minero ocurrido durante la madrugada en Trujillo, en la región de La Libertad.

Infobae confirmó que la reunión se desarrolló desde las 18:00 horas en Palacio de Gobierno, tras el retorno de la mandataria de un acto oficial en Puno, por lo que no realizó su habitual transmisión en vivo de los domingos a través de sus redes sociales.

En una imagen difundida por la Presidencia en X (antes Twitter) se observa también la presencia del jefe del Gabinete, Luis Galarreta. La cita extraordinaria se produjo mientras el Gobierno Regional de La Libertad exige la presencia de Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para disponer acciones contra las organizaciones criminales.

La administración regional también ha reclamado mayores resultados en la lucha contra la delincuencia y ha señalado que, pese a la inversión de más de 100 millones de soles destinada a fortalecer a la PNP, persisten los hechos de violencia.

“Las estadísticas pueden mostrar avances. Pero mientras sigan asesinando, extorsionando y secuestrando liberteños, ningún resultado será suficiente y se requiere mayor apoyo del gobierno nacional”, se lee en el comunicado.

El vehículo fue interceptado cerca de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la PNP por atacantes que, según testigos, vestían uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En esta zona ya se han producido anteriormente graves episodios como la matanza de trece personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

Entre los cuatro asesinados se encuentran la pareja del empresario, Andrea Monzón Lingan, así como Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Lara Tantaquilla fue detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

El jefe del Gabinete, Luis Galarreta, informó en una rueda de prensa que el Gobierno ha desplegado un contingente policial desde Lima hacia La Libertad, y que Belaúnde también viajará a la zona para coordinar acciones con las Fuerzas Armadas.

“Vamos a esperar los reportes de la Policía y del ministro de Defensa y mañana veremos quiénes han sido identificados como cabecillas de esta lamentable situación”, señaló.

Defendió además la necesidad de que el Ejecutivo obtenga facultades legislativas en materia de seguridad para fortalecer las operaciones de inteligencia contra las bandas criminales y permitir que estos grupos sean considerados “grupos terroristas”, lo que habilitaría la intervención de las FFAA.

“Creo que la delegación de facultades tiene varios aspectos, sobre todo el de seguridad ciudadana, que nos puede dar las herramientas para tomar posesión en perímetros, para tomar también el perímetro de penales (...) pero también para que nuestra policía tenga información clasificada de nuestro servicio de inteligencia”, dijo.

“Nosotros como estado no vamos a parar de enfrentarlos, simplemente estamos esperando delegación de facultades y en el camino ya hemos ido estudiando varias acciones que seguro vamos a poner en marcha pronto”, concluyó.

El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, señaló que la institución recibió alertas previas sobre la preparación de un secuestro, aunque en ese momento no se conocía quién sería el objetivo. Por esa razón, la Policía notificó a personas consideradas posibles blancos para que adoptaran medidas de precaución.

El ataque ocurrió en la cuadra 2 y 3 de la avenida Húsares de Junín. Una camioneta Ford quedó en el lugar con cuatro ocupantes muertos, mientras un grupo de sujetos retiró por la fuerza a un quinto pasajero, identificado por la Policía como James Lara Antaquilca.

Las primeras diligencias establecieron que los autores utilizaron una camioneta blanca tipo Hilux y prendas similares a las de agentes policiales para simular una intervención. Las cámaras de seguridad y otros elementos recogidos en la escena forman parte de las investigaciones para determinar la ruta de los responsables y la cantidad exacta de personas involucradas.

Policía recibió alertas sobre un posible secuestro

Ricardo Espinoza Cuestas explicó que las labores de inteligencia ya advertían sobre la preparación de un secuestro desde meses atrás. Según el jefe policial, la institución conocía que un grupo delictivo buscaba seleccionar a una persona con capacidad económica, pero no contaba con información precisa sobre la identidad del objetivo.

“Estos hechos graves son planificados”, afirmó Espinoza Cuestas al explicar la secuencia que, según la Policía, suelen seguir este tipo de organizaciones. El jefe REGPOL indicó que primero se identifica a la víctima y luego se realizan acciones de seguimiento antes del secuestro.

El oficial también precisó que la División de Secuestros permaneció durante un periodo en la jurisdicción y notificó a posibles víctimas. “Esto ya venía de hace tres meses”, señaló durante sus declaraciones ante los medios.

Consultado sobre la identidad de los secuestradores, Espinoza Cuestas mencionó a La Jauría y Los Pulpos como las organizaciones que son objeto de análisis policial. El jefe REGPOL aclaró que las autoridades revisan las cámaras y la secuencia de desplazamiento para determinar quiénes participaron en el operativo.

El oficial también vinculó las investigaciones con el impacto que tuvo la captura de Andy Quispe Cruz sobre la estructura económica de Los Pulpos. Según su versión, esa situación podría estar relacionada con una búsqueda de nuevos recursos por parte de integrantes de la organización.

La Policía todavía no atribuye de forma definitiva el secuestro a una de estas bandas. Las diligencias continúan con el análisis de imágenes, vehículos y desplazamientos registrados después del ataque.

Atacantes simularon una intervención policial

Las imágenes difundidas muestran que el grupo utilizó una camioneta blanca para aproximarse al vehículo donde viajaban las cinco personas. El registro corresponde a un momento cercano a las tres de la madrugada.

Tres sujetos descendieron de la unidad y rodearon parcialmente la camioneta Ford. Uno se colocó cerca del conductor y otro tomó posición en el lado contrario. Los individuos utilizaron prendas similares a uniformes policiales y solicitaron documentos como parte de una intervención simulada.

Los atacantes utilizaron armas con silenciadores. El registro audiovisual permitió observar el ataque sin que los disparos generaran un sonido perceptible en la grabación.

Tras la agresión, cuatro ocupantes quedaron muertos dentro del vehículo. El quinto pasajero fue retirado del automóvil y trasladado hacia la camioneta utilizada por los secuestradores.

Prendas de la víctima fueron encontradas durante la operación

Espinoza Cuestas informó que durante las diligencias fueron localizadas prendas vinculadas con la víctima, Jenns Marty Lara Tantaquilla, empresario minero. El jefe policial indicó que los secuestradores suelen retirar la ropa de las personas capturadas ante la posibilidad de que porten dispositivos de seguridad.

“Ya se encuentra también la ropa, las prendas de vestir de la víctima”, declaró el oficial. Debido a que el operativo policial permanecía en curso, precisó que recibía fotografías de los hallazgos conforme avanzaban las acciones de búsqueda.

El jefe REGPOL también informó que un equipo especial de la División de Secuestros llegó a Trujillo para asumir las acciones correspondientes al caso. La unidad especializada quedó a cargo de las diligencias relacionadas con la víctima y el contacto con sus familiares.

Investigación apunta a una operación con varios vehículos

La cantidad de personas que participaron en el ataque todavía no está determinada. Espinoza Cuestas señaló que, en las primeras observaciones, se identificó a cuatro sujetos en el desarrollo directo de la operación, aunque estimó que el despliegue completo podría involucrar a más de diez personas.

Luego de retirar al empresario, uno de los sujetos regresó al vehículo donde permanecían los cuerpos. Ingresó durante algunos segundos y después abandonó la unidad.

De acuerdo con el reporte, el individuo escapó por la calle Isabel de Bobadilla, recorrió unas tres cuadras y fue recogido por otro vehículo. Este desplazamiento forma parte de los elementos que la Policía analiza para establecer si existieron más integrantes y unidades de apoyo.

La hipótesis preliminar contempla la posible participación de unas diez personas y tres vehículos. La cifra permanece sujeta a las diligencias policiales y al análisis de las cámaras de seguridad.

El Gobierno Regional de La Libertad exigió este domingo la presencia inmediata de la presidenta Keiko Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en Trujillo tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un empresario registrado durante la madrugada en la ciudad.

A través de un comunicado, la administración regional expresó su “profunda indignación” por el ataque y reclamó al Ejecutivo mayores acciones contra las organizaciones criminales que operan en la región.

“Esto es intolerable. La Libertad exige seguridad para sus ciudadanos”, señaló la institución al mencionar que ha cumplido con su responsabilidad en materia de seguridad mediante una inversión superior a los 100 millones de soles para fortalecer a la Policía Nacional (PNP).

Según detalló, esos recursos han sido destinados a patrulleros, tecnología, inteligencia, videovigilancia y equipamiento especializado, y aseguró que continuará destinando fondos a la lucha contra la delincuencia.

Sin embargo, consideró que el equipamiento policial no es suficiente y reclamó resultados concretos frente al avance del crimen organizado. “Pero equipar a la Policía no basta. Necesitamos resultados. Necesitamos capturas realmente trascendentes. Necesitamos recuperar el control de nuestras calles”, afirmó.

En ese sentido, solicitó la presencia de Fujimori, en su condición de jefa suprema de la PNP, y de Gálvez para que dispongan acciones contra las organizaciones criminales responsables de los hechos de violencia.

“Las estadísticas pueden mostrar avances. Pero mientras sigan asesinando, extorsionando y secuestrando liberteños, ningún resultado será suficiente y se requiere mayor apoyo del gobierno nacional”, sostuvo.

El Gobierno Regional también reclamó mayor apoyo en inteligencia operativa, persecución criminal y aplicación de la ley para enfrentar a las organizaciones delictivas que actúan en la región.

El pronunciamiento fue emitido horas después de que un empresario minero fuera secuestrado en el centro de Trujillo junto con sus acompañantes, luego de salir de una discoteca.

El vehículo fue interceptado cerca de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la PNP por atacantes que, según testigos, vestían uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

En esta zona ya se han producido anteriormente graves episodios como la matanza de trece personas que supuestamente se dedicaban a resguardar una de las bocaminas, en abril de 2025.

Entre los cuatro asesinados se encuentran la pareja del empresario, Andrea Monzón Lingan, así como Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Lara Tantaquilla fue detenido en 2020 durante un gran operativo contra la minería ilegal llamado ‘Los topos del frío’, en el que se trató de desarticular a cuatro clanes familiares dedicados a la extracción y comercialización ilícita de oro en la provincia de Pataz.

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, planteó este domingo que los delincuentes dedicados al sicariato y la extorsión sean considerados “objetivos militares”, de modo que los efectivos policiales puedan abatirlos “de frente”.

El exalcalde capitalino hizo estas declaraciones durante un acto partidario en Carabayllo, donde se refirió al asesinato de Betsy Mallma, lideresa de ollas comunes, a quien presentó como una “heroína” por haberse resistido al pago de extorsiones.

“En Estados Unidos un terruco urbano es objetivo militar. ¿Qué significa eso? Que si lo encuentran, se lo bajan en una. Aquí también. Delegación de funciones, sí, pero aquí terruco (...) va a ser objetivo militar. Que la Policía lo vea y le pueda meter un balazo de frente. Hay que irlos mandando a la otra vida”, agregó.

El líder de Renovación Popular vinculó esta propuesta con la delegación de facultades en materia de seguridad que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha solicitado al Legislativo. “En la delegación de funciones vamos a añadirle más temas para erradicar ese terrorismo urbano”, señaló.

Subrayó que la seguridad ciudadana debe ser atendida como una prioridad inmediata y cuestionó el llamado de Fujimori a esperar hasta el próximo año para mostrar resultados, también en este ámbito.

“Cada día tenemos seis muertos en todo el Perú. No aguanta para el próximo año”, dijo al precisar que no le preocupa recibir críticas por su inciativa y exhortar nuevamente a la presidenta a retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Otra de sus propuestas incluye crear una oficina municipal de seguridad e inteligencia, con personal de las Fuerzas Armadas y la PNP, para recibir denuncias de extorsión, proteger a las víctimas, geolocalizar llamadas y elaborar expedientes sobre los presuntos delincuentes para entregarlos a las autoridades.

También propuso recurrir a la cooperación internacional, especialmente mediante acuerdos con Estados Unidos, e informó que presentará ante el Concejo Metropolitano de Lima una propuesta para que la avenida Camino Real de San Juan de Miraflores pase a llamarse Betsy Mallma, además de la iniciativa de erigir un monumento en su honor.

“Eso no se queda así”, afirmó antes de pedir un minuto de silencio por la dirigenta asesinada.

El llamado a considerar a los sicarios como “objetivo militar” coincidió con el secuestro de un empresario minero en una vía pública de Trujillo, luego de que un grupo de atacantes con uniformes policiales interceptara su vehículo y asesinara a sus cuatro acompañantes.

El hecho ocurrió cuando el empresario y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, circulaban en un vehículo de alta gama por la capital de la región de La Libertad, después de salir de una discoteca cercana.

El automóvil fue interceptado a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la PNP por individuos que, según testigos, llevaban uniformes similares a los del Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco).

El empresario raptado ha sido identificado como Jenss Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.

Entre los cuatro asesinados se encuentran la pareja del empresario, Andrea Monzón Lingan, así como Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.

Un apagón masivo afectó la noche del sábado y la madrugada de este domingo a varios estados del oeste de Venezuela, y dejó sin servicio eléctrico a amplias zonas de Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Barinas. La interrupción del suministro se produjo alrededor de las 8:30 p. m., luego de reportes ciudadanos sobre fluctuaciones en el sistema y la posterior suspensión total del servicio.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció una falla eléctrica que sufrieron varios estados en el oeste de Venezuela, incluyendo la región petrolera de Zulia, fronteriza con Colombia.

“Usuarios en Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Lara y Zulia han reportado fallas eléctricas”, indicó la formación en un comunicado difundido en X, donde exigió “respuestas inmediatas” ante una situación que, subrayó, se repite de manera constante en zonas alejadas de Caracas. “Basta de negligencia de quienes durante 27 años han destruido nuestro país”, añadió PJ.

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no informó oficialmente sobre las causas de la falla ni precisó el tiempo estimado para el restablecimiento pleno en las entidades afectadas.

El ex alcalde de Maracaibo (capital de Zulia), Rafael Ramírez Colina, denunció en la misma red social que hubo “racionamiento” eléctrico durante toda la tarde y que posteriormente se registró un apagón masivo en ese estado. “Ningún convenio petrolero será suficiente para mejorar nuestra calidad de vida mientras gobiernen los mismos incapaces que acabaron con el sistema eléctrico”, afirmó.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa informó a través de X que usuarios reportan un apagón general en varios estados de Venezuela. “A esta hora usuarios reportan un apagón general en varios estados del país. Maracaibo, capital petrolera de Venezuela, está completamente a oscuras”, señaló.

Guanipa sostuvo que para que los planes de inversión en la industria petrolera puedan avanzar, es indispensable contar con un servicio eléctrico confiable. “Para que funcionen los planes de inversión que existen para nuestra industria petrolera, necesitamos un servicio eléctrico confiable. Y eso solo será posible cuando saquemos del poder a Delcy Rodríguez y su combo”, afirmó.

La dirigente opositora Nora Bracho reportó el sábado el apagón general en Maracaibo y San Francisco a través de X. “Hoy sábado 29 de agosto 8:36 pm se registra un nuevo apagón general en Maracaibo y San Francisco, aún no sabemos si otras partes del estado Zulia o Venezuela se encuentran en la misma situación”, indicó.

Bracho calificó la situación como “insostenible” y exigió que se rindan cuentas por la gestión en el sector eléctrico. “Es hora de que rindan cuentas por su incompetencia, el pueblo NO AGUANTA MÁS!”, manifestó, e instó a los ciudadanos a reportar la falta de electricidad y su ubicación.

El incidente ocurre en un contexto de frecuentes interrupciones y racionamientos eléctricos registrados en distintas regiones del país. Según información reciente, la demanda nacional de electricidad habría superado los 15.700 megavatios, mientras que la generación disponible se encuentra apenas por encima de los 13.000 megavatios. La falla del sábado volvió a impactar a diversas localidades del oeste venezolano y mantiene a las autoridades a la espera de aclarar las causas y el alcance de la interrupción.

Según informó TV Perú Noticias, cuando los agentes llegaron al lugar para intervenir, la situación se volvió más tensa. La mujer comenzó a discutir con los policías y lanzó insultos durante el procedimiento, mientras insistía en que llamaría a su hija, a quien señaló como trabajadora de la Fiscalía.

La intervenida fue identificada como Erika Jacqueline Ruiz Loyola. El altercado terminó con una presunta agresión física contra uno de los efectivos policiales, por lo que la mujer fue detenida e investigada por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad y agresión. El caso quedó en manos del Ministerio Público.

El viaje en taxi terminó en una discusión por el pago

Todo comenzó cuando Erika Jacqueline Ruiz Loyola abordó un taxi en el distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo. El recorrido llegó a su fin y, al momento de pagar por el servicio, se habría negado a cancelar el monto correspondiente.

La situación generó una discusión con el conductor, quien le habría pedido que cumpliera con el pago y descendiera del vehículo una vez terminado el servicio. Sin embargo, la mujer tampoco habría querido bajar del taxi.

Ante la negativa, el conductor decidió solicitar la presencia de la Policía Nacional. El pedido de auxilio llevó a los agentes hasta el lugar para intervenir en la disputa y controlar el incidente.

La presencia policial, lejos de poner fin al altercado de inmediato, dio paso a una nueva discusión. La mujer comenzó a enfrentarse verbalmente con los efectivos que acudieron para atender el llamado del taxista.

La intervención policial elevó la tensión

Durante la intervención, Erika Jacqueline Ruiz Loyola continuó discutiendo con los policías. En medio del intercambio, aseguró que llamaría a su hija porque, según afirmó, trabajaba en la Fiscalía.

“Yo voy a llamar a mi hija, porque mi hija trabaja en la Fiscalía”, se escucha decir a la mujer en las imágenes difundidas sobre el incidente.

Uno de los agentes respondió que podía realizar la llamada y, al mismo tiempo, pidió que se grabara todo lo que estaba ocurriendo. La mujer insistió en que se comunicaría con la Fiscalía mientras los policías continuaban con el procedimiento.

El intercambio se mantuvo durante varios momentos y los insultos continuaron. Los efectivos intentaban avanzar con la intervención mientras la mujer reclamaba y hacía referencia nuevamente a su hija.

La situación terminó escalando, ya que, de acuerdo con las autoridades, la mujer habría pasado de los insultos a una agresión física contra uno de los policías. Los agentes procedieron entonces a detenerla.

Mujer quedó detenida y el caso pasó al Ministerio Público

Tras la intervención, Erika Jacqueline Ruiz Loyola quedó detenida y pasó a ser investigada por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad y agresión.

El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público, que deberá continuar con las diligencias para esclarecer lo ocurrido durante la intervención y determinar las responsabilidades que correspondan.

Las imágenes difundidas permiten observar parte del momento en que la mujer discute con los efectivos policiales y afirma que se comunicará con su hija. El registro forma parte de los elementos que podrían ser considerados durante las diligencias.

Por ahora, la investigación se centra en las circunstancias que rodearon el incidente, desde la disputa por el pago del taxi hasta la presunta agresión contra el efectivo policial. Las autoridades deberán determinar la responsabilidad de la intervenida por los hechos registrados en Florencia de Mora, Trujillo.