La conservación de documentos históricos relacionados con el clima adquiere un papel relevante para comprender los cambios registrados a lo largo del tiempo y respaldar estudios científicos. En el Perú, diversos archivos especializados resguardan información recopilada durante décadas, con registros que permiten reconstruir episodios meteorológicos y analizar la evolución de distintas zonas del territorio nacional.

Entre esos acervos figura una colección elaborada en la primera mitad del siglo XX, cuyo contenido reúne observaciones efectuadas de forma continua en la costa norte del país. Ese material documenta condiciones atmosféricas registradas durante varios años y constituye una fuente para investigadores, especialistas y entidades vinculadas con la gestión de información climática.

En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) incorporó al Registro Peruano Memoria del Mundo las planillas meteorológicas de la estación Puerto Chicama correspondientes al periodo 1925-1944, un reconocimiento que resalta el valor documental y científico de este conjunto archivístico custodiado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Un reconocimiento para la memoria científica del país

El Senamhi, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), recibió el certificado oficial que acredita la incorporación de las Planillas Meteorológicas de la estación Puerto Chicama al Registro Peruano Memoria del Mundo de la Unesco. El reconocimiento comprende los documentos elaborados entre 1925 y 1944, considerados parte del patrimonio documental peruano por su aporte al conocimiento de la historia climática nacional.

La ceremonia reunió al presidente ejecutivo (e) del Senamhi, Edgar Anddy Sánchez de la Cruz; al presidente del Comité Peruano Memoria del Mundo de la Unesco, Juan Yangali Quintanilla; representantes del Ministerio de Cultura, del Archivo General de la Nación, de la Biblioteca Nacional del Perú y al alcalde del distrito de Jesús María, Jesús Alberto Gálvez Olivares.

Las entidades participantes resaltaron la importancia de proteger documentos históricos que permiten reconstruir información climática de distintas épocas y respaldan investigaciones relacionadas con la meteorología y la hidrología.

Información útil para la investigación y la prevención

Durante la ceremonia, Edgar Anddy Sánchez de la Cruz destacó el uso práctico de los registros conservados por el Senamhi. Según señaló, “La información que conserva el Senamhi es fundamental para la toma de decisiones. Toda esta información se convierte en estadísticas que nos permiten realizar acciones preventivas y, sobre todo, salvar vidas. Este reconocimiento nos impulsa a seguir preservando nuestro patrimonio documental y a poner ese conocimiento al servicio del país”.

El funcionario también reafirmó el compromiso institucional con la conservación, protección y difusión del patrimonio documental vinculado con la observación meteorológica e hidrológica.

Como parte de la actividad, la gerente general del Senamhi, Routh Katharine Castillo Escudero, presentó el video institucional “Del registro meteorológico al patrimonio documental”, material que expone la relevancia de este archivo para la memoria científica nacional y para las investigaciones relacionadas con el clima peruano.

El valor histórico de las planillas meteorológicas

La secretaria técnica del Comité Peruano del Programa Memoria del Mundo de la Unesco, María del Pilar Agapito Roca, explicó que las planillas meteorológicas de Puerto Chicama poseen un importante valor histórico, científico y documental. Según indicó, su incorporación al Registro Peruano Memoria del Mundo contribuye a garantizar su preservación y difusión para las futuras generaciones.

La entrega oficial del certificado también reconoce estos documentos como un testimonio del desarrollo de la observación meteorológica en el Perú. El conjunto documental refleja parte del proceso de construcción de información climática utilizada para ampliar el conocimiento sobre la variabilidad del clima en distintas etapas del siglo XX.

El Senamhi señaló que este reconocimiento fortalece las acciones orientadas a la generación, preservación y difusión de información científica disponible para investigadores, instituciones públicas y otros sectores vinculados con el estudio del clima.

Puerto Chicama y el origen de los registros

Las planillas reconocidas por la Unesco corresponden a la estación meteorológica ubicada en Puerto Chicama, conocido oficialmente como Malabrigo, localidad portuaria situada en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope, en la región La Libertad. El puerto se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Trujillo.

Su desarrollo histórico estuvo ligado a la actividad portuaria. Durante varios años recibió embarcaciones destinadas al transporte de azúcar procedente de las haciendas cercanas. El puerto fue construido en 1917 por el ingeniero alemán Helmuth Bolzmann, a solicitud de la familia Gildemeister.

Con el paso del tiempo, Puerto Chicama también ganó reconocimiento internacional por sus condiciones naturales para el surf. Sus playas albergan las denominadas “olas izquierdas perfectas más largas del mundo”, característica que atrae a deportistas especializados y visitantes nacionales y extranjeros.

Además del turismo vinculado al surf, la localidad conserva una oferta gastronómica basada en productos marinos. Entre los platos tradicionales figuran el reventado de cangrejo, el charqui de raya, el sudado de tramboyo, la fritanga, la causa en lapa, el sudado de pescado preparado a la leña y el ceviche, especialidades que forman parte de la identidad culinaria de esta zona del litoral liberteño.

El turista francés Poyer Boris, de 30 años, fue reportado como desaparecido en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope, en La Libertad, tras dejar su hospedaje en la playa Malabrigo el 10 de julio y no regresar.

La alerta se activó cuando se descubrió que todas sus pertenencias, incluido su teléfono móvil, permanecían en la habitación del hospedaje Santa Anita. Según fuentes policiales, Boris había mostrado interés en explorar una cueva cercana a La Punta, un punto conocido por su atractivo natural y condiciones particulares.

Testimonios recogidos en la zona indicaron que el visitante vio un video donde un operador turístico local recorría la cueva, lo que habría despertado su curiosidad. Allegados a Boris le recomendaron no aventurarse solo, pero surgió la sospecha de que intentó llegar hasta el lugar por su cuenta.

“Ingresamos con el apoyo de los vecinos hasta la parte más profunda, pero no encontramos rastro alguno”, señaló uno de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El operativo de búsqueda se extendió al borde costero y zonas aledañas, sin hallar indicios de accidente. Ante la falta de pistas, la alerta de desaparición fue difundida a hospitales, comisarías, morgues y a la Interpol.

La comunidad local, junto a unidades de Salvataje y Seguridad Ciudadana, colaboró en la inspección de la cueva y áreas cercanas. Mientras tanto, la ausencia de información sobre su paradero mantuvo la preocupación entre familiares y autoridades.

Encontrado en un hostal de Trujillo

Tras seis días de búsqueda, un trabajo coordinado entre el teniente PNP Kelwin Cruz Córdova, jefe de la comisaría rural de Rázuri, y el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la región policial La Libertad, permitió ubicar a Poyer Boris en una habitación de un hostal del Centro Histórico de Trujillo.

La información confidencial gestionada por la policía resultó clave para dar con el paradero del ciudadano francés, quien fue hallado “sano y salvo”, sin signos de peligro y en buen estado de salud.

El operativo, liderado por miembros de la PNP, fue registrado en video y difundido por medios locales. Las imágenes muestran el momento de la intervención, en la que se confirma que Boris se encontraba seguro y sin lesiones.

Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer los detalles de su desaparición y los motivos que llevaron al turista a alojarse en Trujillo sin informar a su entorno.

La noticia del hallazgo fue recibida con alivio por la comunidad, que había seguido de cerca el caso. El episodio refleja la capacidad de respuesta de los equipos policiales y el valor de la cooperación ciudadana en situaciones de alerta.

Turistas desaparecidos en Perú el 2026

No existe una cifra oficial consolidada del total de turistas extranjeros desaparecidos en el Perú en lo que va de 2026, ya que el Ministerio del Interior o el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) no desglosan de forma pública y constante a los viajeros del total de denuncias. Sin embargo, a nivel macro, las autoridades registran más de 9.000 denuncias de personas desaparecidas en general durante el primer semestre de este año.

En el ámbito del turismo, la gran mayoría de reportes de desapariciones de extranjeros en 2026 han estado vinculados a accidentes por avalanchas o extravíos durante turismo de alta montaña en Áncash y Cusco.

Casos de turistas extranjeros reportados en 2026:

• Turistas canadienses, mexicanos y brasileños: En junio, una avalancha en el nevado Tocllaraju (Áncash) sepultó a una turista canadiense y a un mexicano, cuyos cuerpos fueron recuperados. Asimismo, tras 24 días de búsqueda en el nevado Artesonraju, se rescató el cuerpo del montañista brasileño Edson Vandeira junto a dos guías peruanos.
• Andinistas españoles: Tres turistas españoles se extraviaron en julio a más de 6.000 metros en el nevado Huascarán, pero fueron rescatados con vida por la Policía de Alta Montaña.
• Turistas de EE. UU. y Canadá: Una canadiense que estuvo perdida en la Laguna Cococha (Madre de Dios) fue hallada a salvo a inicios de julio. En Cusco y Apurímac también se reportaron extravíos temporales de excursionistas estadounidenses que terminaron en rescates exitosos.

Los trabajadores del terminal declararon a América TV que la presencia de los pelícanos comenzó con un grupo reducido de ejemplares, pero aumentó progresivamente al encontrar una fuente constante de alimento. Una comerciante explicó que inicialmente arribaron alrededor de diez aves; sin embargo, con el paso de los días, la cantidad creció debido a que identificaron que podían recibir comida en el lugar.

Los comerciantes señalaron que la llegada masiva estaría relacionada con la disminución de peces disponibles en el océano. Una trabajadora del terminal indicó que el calentamiento de las aguas, asociado al fenómeno de El Niño, habría provocado que algunas especies migren o se desplacen hacia zonas más profundas, reduciendo la disponibilidad de alimento para los pelícanos.

La situación generó que las aves busquen refugio en espacios donde existe actividad pesquera. Actualmente, los comerciantes y usuarios del terminal les proporcionan restos de pescado para ayudarlas a alimentarse, debido a que los ejemplares llegaron en condiciones de debilidad y hambre.

El administrador del terminal pesquero de Víctor Larco informó que la presencia inusual de estas aves se registra desde hace aproximadamente dos semanas y media. Explicó que, en un inicio, se contabilizaron entre 650 y 700 pelícanos, pero la cifra disminuyó por el proceso migratorio hasta llegar a un promedio de 450 ejemplares.

Aunque los pelícanos permanecen cerca de los puestos donde se comercializan productos hidrobiológicos, el representante del establecimiento aseguró que no representan una amenaza directa para las personas. Según detalló, se trata de aves que no son agresivas ni invasivas, pues únicamente buscan alimento.

Asimismo, destacó que los comerciantes mantienen una actitud solidaria con los animales al brindarles comida, debido a que reconocen que se trata de una especie protegida. En ese sentido, sostuvo que tanto ciudadanos como instituciones tienen la responsabilidad de contribuir con su conservación.

Sin embargo, el apoyo que reciben actualmente también podría convertirse en un problema si se interrumpe la entrega de alimento. El administrador advirtió que, ante una eventual falta de comida, las aves podrían desplazarse hacia los puestos de venta para buscar restos, lo que representaría un riesgo de contaminación en las zonas donde se manipulan productos destinados al consumo humano.

Frente a esta situación, el responsable del terminal solicitó la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) para establecer medidas que permitan proteger a los pelícanos y encontrar una solución adecuada para su permanencia temporal en la zona.

El administrador también mencionó que la disminución de especies marinas y la disponibilidad de anchoveta, considerada uno de los principales alimentos de estas aves, forman parte del contexto que habría favorecido su llegada al terminal. Además, cuestionó la problemática ambiental relacionada con el calentamiento de la costa y la pesca indiscriminada de este recurso.

Durante la madrugada del 11 de julio, un nuevo episodio de este tipo ocurrió en la ciudad de Trujillo. El caso quedó registrado por cámaras de seguridad, material que forma parte de las diligencias iniciadas por la Policía Nacional para esclarecer lo sucedido y determinar si el atentado estuvo dirigido contra una obra que se ejecuta en el sector.

La detonación provocó daños materiales en inmuebles cercanos y generó alarma entre los residentes de la urbanización Santa María. El hecho también volvió a poner en debate la situación de la seguridad frente a los ataques con explosivos que afectan distintos puntos de la región.

Este incidente se produjo en un contexto marcado por la preocupación frente a los delitos de extorsión. Mientras las investigaciones avanzan sobre el atentado registrado en Trujillo, también persisten diferencias entre las cifras oficiales difundidas por distintas instituciones sobre la cantidad de denuncias relacionadas con este delito durante el primer semestre de 2026.

Cámaras registraron el ataque frente a una obra municipal

Las cámaras de vigilancia captaron a un sujeto con polera amarilla en los exteriores de un establecimiento ubicado en la cuadra 21 de la avenida América, en la urbanización Santa María, en Trujillo. Según las imágenes, el individuo llegó hasta la zona, colocó un artefacto explosivo y luego escapó del lugar pocos segundos antes de la detonación.

La explosión produjo daños materiales en un negocio situado frente a la obra municipal. Entre las afectaciones reportadas figura la rotura de lunas de la Fuente de Soda Adonay y de un hotel cercano, situación que despertó preocupación entre los vecinos del sector debido al fuerte estruendo registrado durante la madrugada.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado tendría como objetivo la obra de mejoramiento vial que se desarrolla en ese punto de la ciudad. Esa hipótesis forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

Policía y UDEX iniciaron las investigaciones

Después de la explosión, agentes de la Policía Nacional y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades revisan las grabaciones obtenidas por las cámaras de seguridad con el propósito de identificar al responsable del ataque y establecer el móvil del atentado. Ese material constituye uno de los principales elementos para las investigaciones.

El propietario del establecimiento afectado indicó que no recibió amenazas previas ni era víctima de extorsión. A partir de esa declaración, una de las hipótesis considera que el objetivo principal del atentado sería la empresa responsable de ejecutar la obra de mejoramiento de veredas y sardineles que se desarrolla en el sector.

Otro atentado también se registró durante la madrugada

Los reportes difundidos sobre los hechos ocurridos en Trujillo indican que no se trató del único ataque con explosivos registrado durante esa madrugada.

Según la información disponible, otro atentado ocurrió en una vivienda ubicada en la calle 22 de Febrero, en el distrito de La Esperanza. Ambos casos quedaron bajo investigación para determinar si existe alguna relación entre los responsables o si corresponden a hechos independientes.

Las diligencias continúan con la recopilación de evidencias y el análisis de los registros de videovigilancia disponibles en cada uno de los escenarios.

Diferencias entre los registros de denuncias por extorsión

El atentado ocurrió mientras persisten diferencias entre las cifras oficiales sobre las denuncias por extorsión registradas durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, existe un registro preliminar de 12.634 denuncias por extorsión entre enero y junio de este año. En contraste, el balance semestral presentado por la Policía Nacional reporta 6.659 denuncias durante el mismo período.

La diferencia entre ambos registros asciende a 5.975 casos. La información difundida sostiene que esta brecha respondería a la desconfianza de parte de la ciudadanía hacia las comisarías y a la ausencia de un sistema unificado para consolidar las denuncias.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones del atentado registrado en la avenida América, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad permanecen como una de las principales evidencias para identificar al responsable y establecer si el ataque estuvo dirigido contra la obra municipal que se ejecuta en la zona.

La Policía Nacional del Perú mantiene activa la búsqueda de tres adolescentes que escaparon del Hogar de la Niña de Trujillo el pasado domingo 5 de julio. Según informó RPP Noticias, las menores, de 12, 14 y 16 años, salieron sin autorización del centro de acogida residencial y hasta el momento no se conoce su paradero.

La situación motivó la activación de la Alerta Amber a nivel nacional para agilizar su localización.

¿Qué se sabe hasta ahora?

La desaparición de las menores ocurrió después de un fin de semana marcado por incidentes dentro de la institución ubicada en Trujillo. Un grupo de adolescentes protagonizó una protesta en el techo del centro, solicitando auxilio y denunciando presuntos maltratos. En respuesta, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para intervenir ante la emergencia. Sin embargo, no sería la primera vez que se conoce de un caso similar.

La Defensoría del Pueblo en La Libertad recomendó al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) que adopte medidas inmediatas debido a la reiteración de fugas y posibles situaciones de vulneración de derechos en el Centro de Acogida Residencial (CAR) La Niña de Trujillo.

Tras una visita realizada el 6 de julio, el organismo autónomo constató que las salidas no autorizadas tuvieron lugar los días 4 y 5 de julio, y que las menores involucradas en la fuga del domingo forzaron la puerta principal y agredieron a personal técnico del establecimiento.

La institución también recopiló información sobre la insuficiencia de personal de seguridad y mantenimiento en el centro, así como sobre las causas que habrían motivado la fuga. De esta manera, se relaciona la fuga de las adolescentes luego de denunciar situaciones de maltrato.

La Policía continúa con las labores de búsqueda y mantiene la alerta a nivel nacional hasta dar con el paradero de las tres adolescentes.

¿Qué es la alerta Amber?

La Alerta Amber es un protocolo de emergencia utilizado para la búsqueda inmediata de menores de edad desaparecidos en circunstancias que representan un riesgo para su integridad o vida.

Su activación implica la difusión masiva de información relevante sobre el caso, incluyendo datos de identificación de la persona desaparecida y detalles sobre la situación, a través de medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales de las autoridades.

Este mecanismo busca lograr la colaboración rápida de la ciudadanía y de diferentes instituciones para maximizar las posibilidades de localización en el menor tiempo posible.

En el Perú, la Alerta Amber es coordinada por la Policía Nacional del Perú y organismos relacionados a la protección de la niñez. Su puesta en marcha responde a criterios específicos, como la certeza de que la desaparición involucra a una persona menor de 18 años y la existencia de presunción de delito o peligro inminente.

• Policía Nacional del Perú (PNP): Se puede acudir a cualquier comisaría del país para presentar la denuncia de desaparición de un menor. La atención es inmediata y no se requiere esperar un plazo determinado.
• Línea 114: Es la línea gratuita implementada por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior para reportar desapariciones, recibir orientación y activar la búsqueda de manera urgente.
• Ministerio Público: Las fiscalías provinciales también reciben denuncias sobre personas desaparecidas y coordinan acciones con la Policía.

Respuesta del Centro de Acogida

La Administración del Centro de Acogida Residencial (CAR) “La Niña”, perteneciente al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), informó que las tres adolescentes que salieron sin autorización de la residencia ubicada en la ciudad de Trujillo “han sido debidamente ubicadas, como resultado de la activación inmediata de protocolos y acciones de búsqueda, y de la coordinación con las autoridades competentes”. Según el comunicado oficial, la localización se logró gracias a la rápida intervención de las entidades involucradas.

En el documento se detalla que “una de las adolescentes fue localizada por efectivos de la Policía Nacional del Perú en la provincia de Chepén, lo que permitió activar de inmediato los procedimientos de protección correspondientes”. Respecto a las otras dos menores, “el equipo técnico del CAR ‘La Niña’, a través de los profesionales de Trabajo Social, ejecutó acciones de seguimiento social y visitas in situ a los domicilios de familiares previamente identificados, logrando la ubicación de las otras dos adolescentes”.

Actualmente, la Unidad de Protección Especial (UPE) “gestiona la variación de las medidas de protección, a fin de evaluar y disponer, de ser procedente, la reintegración familiar de las adolescentes, conforme a la normativa vigente y en estricto respeto del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes”. Además, la administración reafirmó su compromiso con la protección integral de las menores y exhortó a los medios a “brindar un tratamiento responsable de la información, resguardando la identidad, privacidad e integridad de las adolescentes”.

La búsqueda de una de las personas condenadas por uno de los secuestros más violentos registrados en Trujillo llegó a su fin tras una intervención policial ejecutada la noche del miércoles 8 de julio. La detenida contaba con una sentencia de cadena perpetua y una orden de captura vigente por su participación en el caso del empresario Iván Díaz Garrido.

La intervención fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. La operación permitió ubicar a la condenada dentro de una vivienda donde permanecía oculta desde que se dictó la sentencia en su contra.

Operativo permitió la captura de Juanita Guibert

La Policía Nacional del Perú informó la captura de Juanita Alejandra Guibert Sandoval, de 35 años, quien permanecía prófuga después de recibir una condena de cadena perpetua por el secuestro del empresario trujillano Iván Díaz Garrido.

La intervención contó con la participación de unidades especializadas de la Tercera Macro Región Policial y de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. Según la información oficial, el operativo se ejecutó en cumplimiento de la Resolución N.° 01 del Expediente N.° 7759-2023-2, emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, además del mandato de captura vigente dispuesto por el Poder Judicial.

Las diligencias también formaron parte del Operativo Impacto, estrategia que reúne acciones de inteligencia de la División de Investigación Criminal (Divincri) Centro Trujillo y del Área de la Policía Judicial y Requisitorias para localizar personas requeridas por la justicia por delitos graves.

Vigilancia permitió confirmar su presencia en el inmueble

Las autoridades señalaron que la ubicación de la condenada fue posible tras un seguimiento permanente al inmueble donde permanecía escondida.

Durante la diligencia, el general Espinoza explicó el elemento que permitió confirmar su presencia dentro de la vivienda.

“En una vigilancia 24/7 se logró observar su rostro, porque todos los integrantes de esta vivienda salían, lo teníamos registrado; y la única que no salía era ella. Es más, sacaron al bebé en brazos y esa fue la forma de confirmar que la madre, ella ya sentenciada a cadena perpetua por participar en este secuestro, se encontraba en el interior”.

Luego de la intervención, Guibert fue puesta a disposición del Poder Judicial para las actuaciones correspondientes.

Investigación la identificó como autora intelectual del secuestro

La Corte Superior de Justicia de La Libertad dictó en mayo de 2026 una sentencia de cadena perpetua contra Juanita Guibert, José Raúl Córdova Arteaga, Jakelin Marina Rodríguez Vega y Edward Sebastián Amaya Bendezú.

De acuerdo con la investigación fiscal, Guibert proporcionó información determinante para la ejecución del secuestro de Iván Díaz Garrido, quien era su expareja. El Ministerio Público sostuvo que otros implicados participaron en la custodia del empresario durante el cautiverio, mientras parte del grupo recogió el dinero entregado como rescate.

La sentencia también dispuso el pago de una reparación civil de 500 mil dólares y 26 mil soles a favor de la víctima.

Once días de cautiverio y un rescate de 250 mil dólares

El secuestro ocurrió la mañana del 23 de octubre de 2023, cuando un grupo de delincuentes con prendas similares a las utilizadas por la Policía llegó al negocio de Iván Díaz Garrido, ubicado en la avenida Perú, en Trujillo.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el empresario fue retirado por la fuerza del establecimiento.

Según la investigación, la víctima permaneció privada de su libertad durante 11 días. En ese periodo sufrió diversas torturas mientras los secuestradores exigían 250 mil dólares para liberarlo. Entre los actos de violencia documentados por las autoridades figura el cercenamiento de varios dedos de una mano y parte de una oreja, hechos utilizados para presionar a sus familiares y allegados.

Tras recibir el dinero, los responsables abandonaron al empresario en una zona de cañaverales del distrito de Laredo, donde pudo recibir auxilio.

Caso mantiene vínculos con la organización criminal Los Pulpos

Las diligencias policiales también vinculan a Juanita Guibert con la organización criminal Los Pulpos, grupo investigado por diversos delitos en la región La Libertad.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, esta organización mantiene operaciones principalmente en Trujillo y figura en investigaciones por extorsión, sicariato, secuestro, tráfico ilícito de armas y actividades relacionadas con minería ilegal en la sierra liberteña.

La Policía indicó que la captura representa un avance dentro de las acciones dirigidas contra los niveles operativos y de planificación de esta organización criminal.

Después de recuperar su libertad, Iván Díaz Garrido ofreció declaraciones sobre la relación que mantuvo con Juanita Guibert.

El empresario señaló que un día antes del secuestro estuvo con ella en un sauna y sostuvo que la relación entre ambos continuaba. También afirmó que la convivencia estuvo marcada por episodios de violencia y relató daños contra su patrimonio.

“Me quemó una camioneta”, declaró el empresario tras recuperar la libertad.

La Policía Nacional de Honduras informó que los testimonios de seis sobrevivientes fueron fundamentales para avanzar en la investigación de la masacre registrada en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, donde 20 personas perdieron la vida.

El comisionado de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, explicó que los investigadores lograron recopilar información clave mediante entrevistas, análisis de evidencias y trabajos desarrollados en las diferentes escenas relacionadas con el ataque.

De acuerdo con el funcionario policial, durante las investigaciones se identificaron tres puntos vinculados al hecho violento, lo que permitió reconstruir parte de lo ocurrido el pasado 21 de mayo.

“Recuerden que en el sector de Rigores hubo tres escenas. La primaria, las secundarias y al final logramos descubrir que fueron seis los sobrevivientes a este ataque”, manifestó Ponce.

Testimonios permitieron identificar sospechosos

El comisionado confirmó que los sobrevivientes lograron identificar a las personas capturadas durante los recientes operativos ejecutados por las autoridades.

Según explicó, estos testimonios forman parte de los elementos que fortalecen el expediente investigativo contra los sospechosos.

Ponce señaló que la Policía utiliza diferentes metodologías para sustentar las investigaciones, incluyendo pruebas técnicas y declaraciones de testigos.

“Hay muchas metodologías de investigación, una que es la técnica y otra que es la presencial, como los testigos presenciales y referenciales que los incrimina”, indicó.

Las autoridades consideran que la información proporcionada por las víctimas sobrevivientes permitió orientar las acciones policiales realizadas en los últimos días.

La Policía informó recientemente sobre la captura de varios sospechosos vinculados a la estructura criminal investigada por la masacre.

Según las autoridades, estas acciones forman parte de los operativos destinados a esclarecer el crimen y capturar a todos los involucrados.

Ponce aseguró que los avances representan una respuesta para los familiares de las víctimas y buscan fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad.

“Estamos dando una respuesta, y los mismos familiares ya respiran un grado de confianza con nuestra Policía Nacional”, expresó.

El comisionado también aclaró que las intervenciones realizadas en la zona no corresponden a procesos de desalojo relacionados con disputas de tierra.

Según explicó, las operaciones tienen como objetivo encontrar evidencias relacionadas con la investigación, principalmente armas que podrían estar vinculadas al ataque.

“La Policía Nacional vuelve y repite, nosotros no andamos desalojando a nadie, nosotros andamos en busca de armas”, afirmó.

Las autoridades sostienen que las acciones responden a información recopilada dentro del expediente investigativo sobre la masacre.

Analizan armas decomisadas

Como parte del proceso, las armas incautadas durante los operativos serán sometidas a análisis por especialistas de los laboratorios criminalísticos.

Los estudios permitirán determinar si alguna de las evidencias decomisadas fue utilizada durante el ataque ocurrido en Rigores.

La Policía indicó que los resultados serán incorporados al expediente que será presentado ante las autoridades correspondientes.

Los equipos especializados mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar la participación de todos los involucrados.

Las autoridades reiteraron que continuarán realizando operativos y recopilando evidencias hasta esclarecer completamente el caso.

La masacre de Rigores continúa siendo uno de los hechos violentos más graves registrados recientemente en Honduras, por lo que las investigaciones permanecen activas bajo coordinación de diferentes unidades policiales.

La Policía Nacional de Honduras informó sobre la desarticulación de una célula de la estructura criminal conocida como “Los Canechos”, señalada por las autoridades como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón.

La operación se ejecutó mediante tres allanamientos con orden judicial realizados de manera simultánea en los departamentos de Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, como parte del Plan Operativo Fase II Rigores.

De acuerdo con las autoridades, la intervención dejó como resultado la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal, además del decomiso de armas de fuego, munición, equipo táctico e indumentaria militar.

Durante uno de los operativos realizados en la aldea Matarras, municipio de Esparta, Atlántida, se registró un enfrentamiento armado entre agentes policiales y miembros de la estructura.

En el intercambio de disparos murió Franklin Asael Bustillo Sevilla, de 27 años, señalado como presunto integrante del grupo investigado.

Operativos simultáneos en tres departamentos

Las autoridades detallaron que las acciones policiales se desarrollaron en tres puntos del país. El primer allanamiento se realizó en Utila, Islas de la Bahía, donde fue capturada una persona. Otra intervención tuvo lugar en el departamento de Colón, dejando un detenido adicional.

Mientras tanto, el operativo principal se desarrolló en Esparta, Atlántida, donde se reportaron cinco capturas y la muerte del sospechoso durante el enfrentamiento.

Los detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hacia San Pedro Sula, Cortés, para continuar con el proceso correspondiente ante el Ministerio Público.

Decomisan armas e indumentaria militar

Durante las inspecciones, los equipos policiales decomisaron un arsenal que será analizado como parte de las investigaciones.

Entre las evidencias encontradas se reportan dos escopetas, dos fusiles, cuatro pistolas, cargadores para armas de fuego, chalecos tácticos, teléfonos celulares, indumentaria militar y motocicletas.

Las autoridades indicaron que estos elementos serán incorporados al expediente investigativo para fortalecer las acusaciones contra los sospechosos.

Según la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los capturados estarían vinculados con la muerte violenta de 20 personas ocurrida el pasado 21 de mayo de 2026.

La masacre ocurrió en una finca de palma africana ubicada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón.

De acuerdo con las investigaciones, un grupo de hombres fuertemente armados llegó al lugar y atacó a las personas que se encontraban en la zona.

Disputa entre estructuras criminales

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el ataque habría ocurrido como resultado de una disputa y presunta venganza entre grupos criminales que operan en la región.

Los detenidos podrían enfrentar acusaciones por delitos relacionados con asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de uso prohibido, atentado y uso ilegal de indumentaria militar o policial.

Los equipos especializados continúan realizando inspecciones en las viviendas intervenidas con el objetivo de encontrar más indicios relacionados con el caso.

La Policía Nacional aseguró que las operaciones continuarán para identificar y capturar a otros posibles involucrados en la masacre.

Asimismo, las autoridades reiteraron que mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos ocurridos en Rigores.

El cuerpo del sospechoso fallecido fue trasladado a Medicina Forense para los procedimientos correspondientes, mientras los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Un operativo policial realizado en la aldea Matarras, municipio de Esparta, Atlántida, dejó como resultado un presunto integrante de estructuras criminales muerto y varias personas detenidas, informaron autoridades de la Secretaría de Seguridad.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, descartó versiones que señalaban una nueva masacre en el país y explicó que se trató de una intervención desarrollada por equipos policiales como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre registrada en Rigores, Trujillo, Colón.

Según las autoridades, el operativo estaba dirigido contra personas presuntamente vinculadas con el hecho violento ocurrido el pasado 21 de mayo, donde fueron asesinadas 20 personas.

Enfrentamiento durante allanamiento

De acuerdo con el informe policial, los agentes realizaban un allanamiento en una propiedad donde presuntamente permanecían personas que operaban al margen de la ley.

Durante la intervención, uno de los sospechosos habría atacado con arma de fuego a los funcionarios policiales, lo que generó un enfrentamiento.

Las autoridades indicaron que el hombre fue neutralizado en el lugar producto del intercambio de disparos.

El portavoz policial, Wilber Mayes, detalló que los equipos de seguridad realizaban diligencias de investigación cuando fueron recibidos por personas armadas.

Capturas y decomiso de armas

Como resultado de la operación, las autoridades confirmaron la detención de varias personas que fueron trasladadas hacia San Pedro Sula, Cortés, para continuar con el procedimiento correspondiente.

Los detenidos serán investigados para determinar su posible participación en actividades criminales y su relación con los hechos ocurridos en Rigores.

Además, la Policía informó sobre el decomiso de varias armas de fuego, entre ellas armamento de alto poder que será sometido a análisis como parte de las investigaciones.

Las evidencias serán utilizadas para elaborar los expedientes y posibles acusaciones contra los capturados.

Propiedad había sido asegurada a “El Negro” Lobo

Según información proporcionada por las autoridades, el operativo se realizó en una propiedad que anteriormente había sido asegurada al hondureño Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Las investigaciones indican que grupos irregulares habrían ocupado el inmueble, por lo que los equipos policiales ingresaron al sector en busca de indicios relacionados con estructuras criminales.

Las autoridades buscan determinar si desde esa zona se planificaban o ejecutaban actividades ilícitas.

Investigaciones por masacre en Colón

La operación forma parte de las acciones desarrolladas tras la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón.

Ese hecho dejó 20 personas fallecidas y provocó el despliegue de diferentes unidades de seguridad en la zona norte del país.

Las autoridades han señalado que continúan con las investigaciones para capturar a todos los involucrados en la planificación y ejecución del ataque.

La Secretaría de Seguridad informó que las acciones continuarán en diferentes sectores donde se presume la presencia de grupos criminales.

Las autoridades indicaron que el objetivo es desarticular estructuras vinculadas con delitos de alto impacto y recuperar el control en zonas afectadas por la criminalidad.

Mientras tanto, las personas detenidas durante el operativo permanecerán bajo investigación para establecer su grado de participación en los hechos señalados.

La mañana de este sábado, transportistas que transitaban por la carretera La Costanera, a la altura del kilómetro 13, dieron aviso a las autoridades tras descubrir los cuerpos sin vida de dos hombres abandonados sobre la arena de la playa El Silencio, en el distrito de Huanchaco, Trujillo. Según la información preliminar difundida por la Policía Nacional del Perú (PNP), las víctimas permanecen en calidad de no identificadas y se presume que serían de nacionalidad extranjera.

El hallazgo motivó un rápido despliegue policial en la zona. Efectivos de la PNP procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cadáveres y dispusieron su traslado a la morgue central de Trujillo.

Los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala en la cabeza y el rostro, y que los peritos encontraron varios casquillos de proyectil en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de un ataque directo.

No se conoce la identidad de las víctimas

Las víctimas serían jóvenes y, hasta el cierre de este reporte, no se había logrado establecer su identidad. Las diligencias forenses buscan no solo identificar a los fallecidos, sino también determinar la secuencia exacta de los hechos y su posible motivación.

La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios de la PNP y del despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Trujillo.

Otros asesinatos

El caso ha generado preocupación entre los pobladores de Huanchaco, habitual destino turístico de la provincia de Trujillo, que en los últimos meses ha visto un incremento en hechos de violencia asociados a disputas entre organizaciones criminales.

El distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo, fue escenario de un violento crimen la tarde del domingo del 23 de junio, cuando José Allemant Contreras fue asesinado frente a su familia después de participar en una reunión por el Día del Padre. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima, de 30 años, había acudido al domicilio de un tío para compartir un almuerzo familiar. El ataque ocurrió pocos minutos después de finalizada la celebración, cuando dos individuos armados llegaron en una motocicleta lineal y uno de ellos descendió para disparar en repetidas ocasiones.

Según testigos presenciales, el agresor abrió fuego de manera directa contra José Allemant Contreras, quien cayó al suelo sin oportunidad de reaccionar ni defenderse. Los disparos también alcanzaron al dueño de la vivienda, quien se encontraba descansando en otra habitación cuando escuchó la ráfaga de tiros.

La familia intentó protegerse mientras los atacantes huían del lugar, dejando la zona en estado de conmoción.

El hecho se registró luego de que los vecinos, alertados por el sonido de los disparos, notificaran a las autoridades. Las cámaras de seguridad captaron los rostros de los presuntos responsables, permitiendo identificar la motocicleta utilizada para escapar tras ejecutar los diez disparos. El material audiovisual fue entregado a los peritos policiales, quienes iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los implicados.

La despedida de Vaguito congregó a agentes, autoridades y ciudadanos, quienes reconocieron con profundo respeto la trayectoria de este perro héroe de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Su historia, marcada por la superación y el compromiso, se inició en los alrededores del mercado La Hermelinda, donde fue encontrado en condiciones críticas y rescatado por miembros de la PNP. Tras recibir atención veterinaria, Vaguito fue adoptado por los agentes y se integró a las filas de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y el Escuadrón Verde en Trujillo, capital de Lambayeque.

Durante la emotiva ceremonia de despedida, los presentes destacaron el papel fundamental que jugó Vaguito en la vida cotidiana de la institución. “Hoy despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable en la familia policial. Su nombre fue Vaguito, un can de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo”, expresó uno de los agentes, según el comunicado oficial difundido por la Policía Nacional del Perú.

La presencia del perro, que participó en patrullajes y operativos especiales, fortaleció la confianza y el ánimo de los efectivos, llegando a convertirse en un ejemplo de nobleza y entrega.

Así fue la despedida de Vaguito

La ceremonia incluyó aplausos, palabras de reconocimiento y la entonación de cánticos tradicionales. Los compañeros de Vaguito remarcaron que “su presencia brindó confianza, seguridad y esperanza a quienes compartieron el camino con él”.

Además, la institución preparó un álbum fotográfico y un momento musical para rememorar los años de servicio del can, mientras los asistentes rindieron honor con el ritual de los “tres ra”, un símbolo de unión y respeto en la cultura policial.

Su legado trascendió lo operativo y se convirtió en un símbolo del vínculo especial entre los animales y las personas. “Ha sido un fiel amigo que nos ha acompañado no solo a la USE, sino también al Escuadrón Verde en tantas operaciones”, recordó un oficial durante el homenaje.

El impacto de su partida se reflejó también en las redes sociales, donde la Región Policial La Libertad compartió un video del último adiós y recibió mensajes de gratitud de ciudadanos y colegas.

“Vaguito no fue solo un perro; fue un compañero de servicio, un guardián silencioso y un símbolo de fidelidad para la familia de la Región Policial La Libertad. Hasta siempre, amigo fiel. Gracias por cada patrullaje, por tu lealtad incondicional y por enseñarnos que el verdadero servicio también se entrega con el corazón”, escribió la institución en su despedida pública.

El fallecimiento de Vaguito ocurrió durante una jornada de patrullaje. Según información de la PNP, el can colapsó repentinamente y, pese a recibir atención veterinaria, no logró recuperarse debido a su avanzada edad. Esta situación generó conmoción y abrió un debate en la comunidad sobre las condiciones de trabajo y el bienestar de los animales de servicio.

La Policía Nacional del Perú concluyó su homenaje con un mensaje: “Su legado permanecerá vivo en cada recuerdo, en cada servicio y en cada integrante de la Policía Nacional del Perú que tuvo el honor de caminar a su lado”. El ejemplo de Vaguito seguirá presente en la memoria institucional y en la comunidad de Trujillo, donde su historia continuará inspirando a quienes valoran el compromiso y la nobleza.

La Policía Nacional del Perú despidió a uno de sus símbolos más queridos: Vaguito, el perro que acompañó durante años al Escuadrón Verde y la Unidad de Servicios Especiales en Trujillo. Su partida deja una huella imborrable en la memoria colectiva de la institución y de la comunidad.

El homenaje realizado por la PNP reunió a agentes y autoridades que reconocieron el valor y la entrega de Vaguito, considerado un verdadero compañero de servicio. En el acto, se resaltó el legado de este can entrenado para operaciones especiales, quien supo ganarse el respeto y el cariño de todos los efectivos que compartieron jornadas junto a él.

Según información difundida por la propia Policía, la despedida oficial incluyó palabras emotivas, aplausos y la entonación de cánticos tradicionales de la fuerza. “Hoy despedimos a un compañero que dejó una huella imborrable en la familia policial. Su nombre fue Vaguito, un can de la Unidad de Servicios Especiales y el Escuadrón Verde de Trujillo”, expresó uno de los agentes durante la ceremonia.

Un compañero de cuatro patas en la primera línea

La presencia de Vaguito junto a los equipos especiales de la PNP fue un factor que reforzó el compromiso y la confianza de los agentes en el terreno. La institución remarcó que este perro no solo participó en múltiples operativos, sino que también brindó alegría y apoyo emocional en momentos de tensión.

“Su presencia brindó confianza, seguridad y esperanza a quienes compartieron el camino con él”, señalaron desde la policía. Los testimonios recogidos destacan que la entrega y disciplina de Vaguito superó las expectativas habituales para un animal de servicio, pues su rol trascendió lo operativo y alcanzó una dimensión simbólica dentro de la institución.

A lo largo de su vida activa, Vaguito acompañó a sus guías en patrullajes y operaciones, consolidándose como un ejemplo de lealtad. Su participación resultó fundamental para el éxito de diversas tareas, consolidando su reputación dentro de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y el Escuadrón Verde.

Una despedida cargada de simbolismo

El acto de despedida tuvo un marcado tono emotivo. Los efectivos subrayaron la importancia de reconocer el aporte de los animales al trabajo policial. “Hoy asistimos en realidad con una profunda pena al darle el último adiós a nuestro querido amigo de cuatro patas, Vagu. Ha sido un fiel amigo que nos ha acompañado no solo a la USE, sino también al Escuadrón Verde en tantas operaciones”, manifestó un agente, según el testimonio recogido por la propia Policía Nacional del Perú.

Durante la ceremonia, los asistentes rindieron homenaje a Vaguito con un ritual tradicional, conocido como “los tres ra”, que simboliza el respeto y la unión entre los integrantes del cuerpo policial. “Algunos ángeles no tienen alas, tienen cuatro patas. Tienen una mirada profunda que ninguno de nosotros nos vamos a olvidar. Por nuestro amigo Vagu, vamos a dar los tres ‘ra’ característicos”, declaró uno de los oficiales antes de invocar el cántico.

La despedida incluyó también un momento musical y la exhibición de un álbum fotográfico que reflejó los años de servicio de Vaguito. Las imágenes, acompañadas por aplausos y ladridos simulados, buscaron transmitir el impacto positivo que dejó en los agentes y en la comunidad.

Historia de Vaguito

Vaguito fue un perro rescatado en condiciones críticas cerca del mercado La Hermelinda en Trujillo. Tras recibir atención veterinaria por parte de la Policía Nacional del Perú, fue adoptado por los agentes e integrado a sus actividades diarias en unidades como la USE y el Escuadrón Verde. Su presencia y nobleza lo convirtieron en un símbolo de fidelidad y en un rostro familiar para la comunidad.

La historia de Vaguito trascendió el rescate inicial, dejando una huella profunda en la familia policial y en los ciudadanos de Trujillo. Más que una mascota, fue un compañero que fortaleció el vínculo entre los agentes y sirvió como ejemplo de cómo la empatía y el cuidado pueden transformar vidas.

Lamento en redes sociales

La Región Policial La Libertad despidió con profundo pesar a Vaguito, un emblemático can que, sin llevar uniforme, se convirtió en un símbolo de lealtad, compañía y entrega junto a los agentes en sus jornadas de servicio. El emotivo anuncio de su fallecimiento generó una masiva respuesta en redes sociales, donde decenas de ciudadanos expresaron su dolor y rindieron homenaje a su memoria. Los usuarios inundaron la publicación con mensajes de gratitud, destacando su nobleza y calificándolo como un ser espiritual; palabras como las de Maria Almeda, quien lamentó su partida señalando que “son ángeles sin alas”, o Carlos Martens, quien expresó que “un ángel más retorna al cielo y paraíso de donde pertenecen éstos ángeles”, reflejan el profundo impacto emocional que dejó el can en la comunidad.

Más allá del duelo, la partida de Vaguito también encendió debates entre los usuarios respecto a las circunstancias de su deceso y las condiciones de labor de los animales de servicio. Algunos comentarios reflejaron preocupación y sospechas sobre un posible desgaste físico, como advirtió Yolanda Guerrero al cuestionar si “los excede en trabajo como esclavo y por eso ese final”, mientras que Francesca Cardenas hizo un llamado a la reflexión institucional: “Entendemos la emergencia pero respetemos su tiempo de descanso para su recuperación: recordemos un perrito de búsqueda y rescate (SAR) requiere al menos entre 24 y 48 horas de descanso completo”.

Asimismo, la incertidumbre sobre las causas de su muerte quedó en evidencia con la intervención de Linda Bustos Torres, quien manifestó: “No sé realmente qué ha sucedido, por qué moriste, o que te pasó, perrito, solamente la policía sabe lo que te sucedió, ojalá que hayas muerto por causas naturales”.

El legado de Vaguito en la Policía Nacional del Perú

La Policía Nacional del Perú enfatizó que el recuerdo de Vaguito persistirá en cada integrante de la institución. “Su legado permanecerá vivo en cada recuerdo, en cada servicio y en cada integrante de la Policía Nacional del Perú que tuvo el honor de caminar a su lado”, remarcaron en el comunicado oficial.

La institución sostuvo que el ejemplo de nobleza y entrega de Vaguito representa los valores que la policía busca transmitir a la sociedad. “Gracias, Vaguito, por tu nobleza, por tu valentía, por tu amor incondicional. Descansa en paz. Tu misión ha terminado, pero tu ejemplo de amor incondicional a nuestra policía vivirá para siempre en nuestros corazones. Nunca serás olvidado”, concluyó uno de los voceros durante el acto.

La repercusión de la noticia en redes sociales puso de manifiesto el aprecio de la comunidad por Vaguito, cuya figura se transformó en un símbolo de lealtad y sacrificio dentro de la Policía Nacional del Perú.

Reconocimiento institucional y memoria colectiva

El homenaje a Vaguito se suma a otros reconocimientos que la Policía Nacional del Perú ha realizado a los animales de servicio que participan activamente en la seguridad ciudadana. Estos actos buscan visibilizar el aporte fundamental de los perros en tareas de patrullaje, búsqueda y rescate, así como en operaciones de alto riesgo.

La PNP reiteró su agradecimiento por los años de servicio de Vaguito y subrayó la intención de mantener viva su memoria. “Hay huellas que nunca se borran. Su recuerdo permanecerá en cada efectivo que compartió camino a su lado y en cada lugar donde dejó una muestra de fidelidad, entrega y amor incondicional”, señalaron voceros institucionales.

Casos emblemáticos en Perú

La PNP ha tenido otros “héroes de cuatro patas” que empezaron en las calles:

• “Chato”: Un perro mestizo que fue rescatado de las calles de Lima y se convirtió en un especialista en la detección de explosivos, participando en operativos de alta seguridad.
• “Canchita”: Otra perrita rescatada que formó parte de la Unidad Canina, demostrando una habilidad superior para el rastro y convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el abandono animal dentro de la institución.

Cuando un perro rescatado pasa los exámenes, es bautizado oficialmente, se le asigna un guía (quien se convierte en su tutor y compañero de vida) y se integra a la escuela de entrenamiento con los mismos derechos, cuidados médicos y alimentación de alta calidad que un perro de raza pura.

Perros peruanos rescatistas en Venezuela

Kayra, una pastor belga malinois, integra el equipo USAR Perú como la única perra de búsqueda y rescate que acompaña a los 40 bomberos peruanos desplegados en Venezuela tras los terremotos. Bajo la guía del subteniente Daniel Herrera, Kayra logró ubicar a Belkys Barreto, una mujer que permaneció tres días atrapada bajo los restos de un edificio colapsado en la urbanización Los Corales, en el estado de La Guaira. Este rescate, que requirió más de diez horas de operación y complejas maniobras técnicas, se ha convertido en un símbolo de esperanza en medio de la emergencia humanitaria.

El programa canino del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cuenta actualmente con seis perros operativos y cinco en formación. Los canes, seleccionados desde cachorros, atraviesan un proceso de entrenamiento que incluye cuatro fases, desde el nivel básico hasta el operativo, y solo se acreditan tras superar rigurosas evaluaciones junto a sus guías. Para la misión en Venezuela, Kayra fue la única seleccionada, lo que resalta su alto nivel de preparación y el valor estratégico de su olfato en tareas de búsqueda de sobrevivientes donde resulta imposible acceder con equipos convencionales.

En paralelo, Coco, un cocker spaniel, representa la especialidad de búsqueda y localización de personas sepultadas con vida bajo el método Arcón. Certificado en 2021 en la Academia Nacional de Bomberos de Cali y recertificado en 2024 y 2025, Coco ha participado en dos intervenciones en Ventanilla, Perú, ante derrumbes de infraestructuras. El equipo que trabaja con Coco busca formar nuevos ejemplares bajo el mismo método, ampliando así la capacidad de respuesta ante desastres. Ambas historias evidencian el papel fundamental de los perros de rescate en operaciones de salvamento, tanto en el ámbito local como internacional.

Características de un perro policía

Para que un perro rescatado de la calle en el Perú pueda integrarse con éxito a las unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) —como la conocida Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) o la Dirección Antidrogas (DIRANDRO)—, debe cumplir con un perfil conductual y físico muy específico. No se busca una raza en particular, sino un conjunto de aptitudes que garanticen su adaptabilidad al entrenamiento y al servicio.

Los atributos principales indispensables son:

• Alto impulso de juego y caza: Es el requisito más importante. El perro debe mostrar una obsesión saludable por buscar y morder un juguete (como una pelota o un rodillo de tela). Este impulso es la base de todo su entrenamiento, ya que para el animal, detectar sustancias, explosivos o personas es un juego que siempre termina en una recompensa.
• Estabilidad emocional y social: Al haber vivido en la calle, el can no debe arrastrar traumas severos, miedos crónicos o agresividad injustificada. Debe ser un perro seguro de sí mismo, capaz de socializar con extraños y de mantener la calma ante ruidos fuertes, multitudes y tráfico urbano.
• Curiosidad y temperamento proactivo: Se valoran los ejemplares “exploradores”, aquellos que investigan su entorno de forma activa utilizando el olfato, sin inhibirse ante superficies extrañas (como rejillas, pisos resbaladizos o escaleras).
• Excelente salud física y resistencia: Aunque no sea de raza pura, el can debe pasar un riguroso control veterinario que descarte displasia de cadera, problemas cardíacos o secuelas graves de enfermedades previas (como el distemper o la parvovirosis). Se requiere una contextura fuerte y ágil para soportar las jornadas de trabajo.
• Edad idónea: Por lo general, se seleccionan ejemplares jóvenes, de entre 1 y 2 años. A esta edad, el perro ya definió su carácter maduro, pero conserva la plasticidad cerebral necesaria para aprender comandos complejos.

La tranquilidad de la exclusiva urbanización El Golf, en el distrito Víctor Larco Herrera de Trujillo, se vio interrumpida la noche del jueves 25 de junio por una potente explosión. Un artefacto detonó frente a un edificio residencial y causó daños materiales en vehículos, fachadas y ventanas, dejando el suelo cubierto de fragmentos de vidrio y restos de concreto.

El estruendo fue escuchado en distintos sectores de la ciudad, como Las Quintanas, Primavera y Santa Inés, provocando alarma entre los vecinos que salieron de sus viviendas para conocer lo ocurrido.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el explosivo fue colocado debajo de un automóvil estacionado en la cuadra 2 de la calle Las Bugambilias, frente al parque Guillermo Ganoza.

La detonación dañó al menos dos camionetas, una gris con parabrisas resquebrajado y capó levantado, y otra tipo station wagon afectada en su parte trasera. La onda expansiva destruyó ventanas y mamparas de varios departamentos, así como parte de la calzada y la fachada del edificio afectado.

“Esto es un atentado terrorista”, expresó un vecino ante cámaras de televisión local, reflejando la preocupación de los residentes ante el aumento de este tipo de hechos en la ciudad.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), no se reportaron personas heridas tras la explosión, aunque la evaluación de los daños materiales continúa en desarrollo debido a la magnitud de los destrozos.

Investigación policial y detenciones tras el atentado

La reacción de las autoridades fue inmediata. Efectivos de la Policía Nacional acordonaron la zona, revisaron cámaras de seguridad y desplegaron operativos en puntos estratégicos de Trujillo para ubicar a los responsables.

Las imágenes de videovigilancia permitieron identificar a una persona encapuchada que llegó al lugar, dejó el explosivo entre dos vehículos y huyó rápidamente antes de la detonación.

En las primeras horas tras el ataque, los agentes detuvieron a dos sospechosos: una adolescente de 16 años y un ciudadano venezolano identificado como Ignacio de Jesús Gómez Valecillos, de 26 años.

Ambos fueron trasladados a una dependencia policial para ser investigados por su presunta participación en la detonación. Durante el interrogatorio, la menor habría señalado haber colocado el artefacto explosivo. Las autoridades también investigan posibles vínculos con organizaciones dedicadas a la extorsión, una modalidad delictiva que ha registrado varios episodios similares en la región.

Este incidente representa el segundo ataque con explosivos en las últimas 48 horas en Trujillo. Días antes, una carga de dinamita fue utilizada contra una obra de construcción en el distrito de La Esperanza, reforzando las alertas sobre la seguridad en zonas urbanas y residenciales.

Daños, contexto y acciones en curso

El COER informó que la evaluación de daños sigue en marcha, especialmente en ventanas, fachadas y vehículos afectados por la explosión.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y de la División de Investigación Criminal permanece en el lugar recogiendo evidencias y tomando declaraciones a los vecinos, quienes relataron el impacto del estallido y su preocupación por la seguridad en la zona.

Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se han reportado víctimas personales, y que la prioridad es esclarecer el origen del explosivo y la identidad de todos los involucrados. Mientras tanto, la zona permanece acordonada y la investigación sigue abierta, con énfasis en el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

La aún esposa del futbolista reveló detalles que hasta ahora no habían salido a la luz y aseguró que la situación fue mucho más delicada de lo que muchos imaginaban. Según explicó, mientras ella se encontraba participando en el programa de convivencia, se produjo un cambio radical respecto a la propiedad donde permanecían sus pertenencias y las de sus hijos.

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que responsabilizó directamente a Luis Alberto Cueva, padre de Christian Cueva, de haber ejecutado las acciones que terminaron afectando a su familia.

Pamela López señala al padre de Christian Cueva como responsable del desalojo

Durante la conversación, Pamela López explicó que al regresar de Cusco, tras culminar su participación en el reality, se encontró con una situación completamente distinta a la que había dejado antes de partir.

Según contó, la vivienda ubicada en Trujillo había cambiado de propietario y las chapas ya no eran las mismas. Además, sostuvo que en el inmueble permanecían sus pertenencias y las de sus hijos.

La influencer afirmó que quien encabezó estas acciones habría sido su exsuegro, situación que la sorprendió profundamente debido al vínculo familiar que mantuvieron durante años.

“El padre de él, desafortunadamente, mi exsuegro llegó con unos policías en tiempo récord, pasó de ser el propietario el padre de mis hijos a ser el propietario una empresa y bueno, cambió la chapa y tengo entendido que él está ahí quedándose a dormir. Estaba mi hija mayor, están mis cosas, las cosas de mis hijos”, manifestó.

Fabiana habría sido la más afectada por la situación

Uno de los aspectos que más impacto causó fue el relato sobre la presencia de su hija mayor en la vivienda al momento de las acciones que derivaron en el cambio de chapas. De acuerdo con Pamela López, Fabiana residía en la propiedad y terminó siendo la persona más perjudicada por la medida.

La empresaria explicó que no solo estaban los objetos personales de su familia, sino también pertenencias acumuladas durante años, lo que incrementó la preocupación por el futuro de esos bienes.

El episodio tomó una dimensión aún más sensible debido a que involucra directamente a una de sus hijas, quien habría tenido que enfrentar la situación mientras su madre permanecía alejada por compromisos laborales relacionados con el programa de televisión.

La vivienda estaba a nombre de Christian Cueva, según Pamela López

Durante la entrevista, Pamela López también explicó el contexto legal de la propiedad. Según señaló, el inmueble no habría sido adquirido dentro del matrimonio, motivo por el cual no figuraba a su nombre. La vivienda estaba registrada a nombre de Christian Cueva, situación que, según ella, complicó aún más el escenario. Sin embargo, aseguró que posteriormente se produjo un cambio inesperado respecto a la titularidad del inmueble.

La influencer sostuvo que la propiedad pasó de estar vinculada al futbolista a figurar bajo el nombre de una empresa, lo que habría permitido la ejecución de las acciones denunciadas. Aunque no brindó mayores detalles sobre la operación, dejó entrever que el cambio de propietario ocurrió en un corto periodo de tiempo y terminó desencadenando la controversia.

Pamela López cree que existe una represalia por reclamar los derechos de sus hijos

Otro momento que llamó la atención fue cuando Pamela López intentó encontrar una explicación a lo ocurrido.

La figura mediática aseguró que detrás de estas acciones existiría un malestar relacionado con los reclamos que viene realizando en favor de sus hijos. “Le da cólera que esté peleando por los derechos de mis hijos”, afirmó.

La declaración evidenció que el conflicto familiar continúa escalando y que la disputa no solo involucra a Christian Cueva, sino también a otros integrantes de su entorno cercano. Asimismo, señaló que ya viene coordinando con su equipo legal para evaluar los pasos que seguirá en los próximos días. Según indicó, está esperando la llegada de su abogado a Lima para analizar la situación y definir las medidas correspondientes.

Christian Cueva ya había respondido sobre el caso

Las declaraciones de Pamela López volvieron a poner sobre la mesa las palabras que ofreció anteriormente Christian Cueva cuando fue consultado acerca de este tema.

En aquella oportunidad, el futbolista evitó referirse directamente a las acusaciones relacionadas con el supuesto desalojo y optó por enfocar su respuesta en la situación actual de sus hijos.

El jugador aseguró que los menores cuentan con una vivienda donde residir y que actualmente viven en Lima.

“Gracias a Dios mis hijos tienen su techo, muy tranquilo por eso, ellos viven en Lima. Tengo que hablar de las cosas de mis hijos. Ellos tienen un techo en Lima, viven en Lima, es de conocimiento público”, declaró.

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva suma un nuevo capítulo

Las recientes declaraciones de Pamela López muestran que la disputa familiar con Christian Cueva continúa lejos de resolverse. Lo que comenzó como una separación mediática ha evolucionado hacia una serie de enfrentamientos públicos que involucran aspectos económicos, patrimoniales y familiares.

La denuncia realizada por la influencer añade un nuevo capítulo a una historia que ha mantenido la atención de la opinión pública durante los últimos meses. Esta vez, el foco se centra en la vivienda de Trujillo, en las circunstancias que rodearon el cambio de propietario y en la participación que, según Pamela López, habría tenido el padre del futbolista.

Por ahora, la empresaria ha dejado claro que buscará asesoría legal para determinar las acciones que emprenderá. Mientras tanto, las declaraciones de ambas partes continúan generando debate entre los seguidores de una de las polémicas más comentadas del espectáculo peruano.

La detección de un presunto caso de comercialización de drogas dentro de una institución educativa volvió a colocar en el centro del debate la seguridad en los colegios de la región La Libertad. La intervención de un estudiante en el distrito de La Esperanza motivó la participación de la Policía Nacional, autoridades educativas y el Ministerio Público, además de nuevas acciones de prevención dirigidas a la comunidad escolar.

El episodio ocurrió en un contexto en el que las autoridades regionales mantienen vigilancia sobre el consumo y la venta de sustancias ilícitas en planteles educativos. Los antecedentes registrados durante los últimos meses reflejan una preocupación creciente por la presencia de este tipo de situaciones en espacios destinados a la formación de menores de edad.

La respuesta institucional incluyó la intervención inmediata de los organismos competentes y el pronunciamiento de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL), entidad que informó sobre las medidas preventivas que desarrolla junto con otras instituciones para reducir los factores de riesgo entre los estudiantes.

Intervención policial dentro del colegio

Un estudiante de 16 años del colegio Santa María, ubicado en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, fue intervenido dentro del plantel tras una alerta sobre la presunta comercialización de sustancias ilícitas entre escolares.

De acuerdo con la información difundida, agentes de la comisaría Jerusalén/Wichanzao acudieron a la institución educativa después de recibir una denuncia formulada por padres de familia, quienes advirtieron que un alumno distribuía droga entre sus compañeros.

Durante la intervención, los efectivos encontraron entre las pertenencias del adolescente dos bolsas transparentes con polvo rosado. Después de las primeras diligencias, las autoridades informaron que la sustancia correspondería a la droga conocida como Tusi, cuyo destino sería la venta dentro del centro educativo.

Investigación con participación de varias autoridades

Las diligencias contaron con la supervisión de la dirección del colegio, la Subprefectura de La Esperanza y la madre del estudiante intervenido. Tras el hallazgo de la presunta sustancia ilícita, el menor fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las investigaciones correspondientes.

El caso también fue comunicado a la Fiscalía de Familia, entidad responsable de desarrollar las actuaciones previstas por la ley debido a la condición de menor de edad del investigado.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias relacionadas con la presunta comercialización de droga dentro del plantel.

Tres casos registrados en instituciones educativas

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, confirmó que este constituye el tercer caso relacionado con drogas detectado en instituciones educativas de la región.

Según explicó, durante abril se registraron intervenciones en la institución educativa Zoila Hora de Robles, ubicada en Chepén, así como en la institución educativa Cartavio, en la provincia de Ascope, donde se detectó consumo de sustancias tóxicas entre estudiantes.

En referencia al nuevo episodio registrado en La Esperanza, el funcionario señaló: “Es lamentable que esto venga ocurriendo, porque ahora (en La Esperanza) ya no es consumo sino venta”.

Rodríguez también informó que las autoridades regionales establecieron equipos de respuesta para este tipo de situaciones mediante coordinación con la Policía Comunitaria, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de brindar apoyo a los escolares involucrados en estos casos.

Pronunciamiento de la Gerencia Regional de Educación

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad expresó su preocupación por el reciente hallazgo de presuntas sustancias prohibidas dentro de una institución educativa de La Esperanza. Mediante un pronunciamiento, la entidad indicó que el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, manifestó su rechazo frente a cualquier conducta que comprometa la seguridad de los estudiantes y señaló: “ratificamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de prevención y protección en las instituciones educativas de la región”.

La GRELL también informó que desarrolla el programa de intervención psicosocial y vivencial “Decido Mi Futuro”, iniciativa que ejecuta junto con la Policía Comunitaria de la Policía Nacional del Perú y especialistas de DEVIDA.

Según la entidad, este programa incluye talleres, jornadas de sensibilización, orientación y acompañamiento dirigidos a estudiantes, docentes y familias con el propósito de prevenir el consumo y la comercialización de drogas dentro de las instituciones educativas.

Dentro del mismo pronunciamiento, la Gerencia Regional de Educación exhortó a los padres y madres de familia a mantener una comunicación permanente con sus hijos e involucrarse en su proceso formativo.

La institución también pidió a la comunidad educativa reportar de manera oportuna cualquier situación que represente un riesgo para los estudiantes, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y mantener los centros educativos libres de drogas mientras continúan las investigaciones sobre el caso registrado en el colegio Santa María del distrito de La Esperanza.

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) desarrolló en el Mallplaza Trujillo la iniciativa UTP Café, que reunió durante cinco días a estudiantes y escolares con representantes de empresas globales, egresados y profesionales, en un espacio orientado al aprendizaje y el networking.

La actividad congregó a referentes internacionales como Silvana Roldón, Head of Agencies Perú & Chile de Google; Julia Reynolds-Cuéllar, Global Alliances Lead del MIT; y Liliana Senior, Brand Partnerships Manager en TikTok, quienes compartieron sus experiencias profesionales y perspectivas sobre las tendencias que influyen en el mercado laboral.

Espacio de conexión con el entorno profesional

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa tiene como propósito acercar a los jóvenes a dinámicas del entorno profesional, promoviendo la interacción directa con líderes empresariales y especialistas de distintas industrias.

Durante las jornadas, los asistentes participaron en charlas, conversaciones abiertas y espacios de preguntas, donde pudieron conocer de primera mano los desafíos, aprendizajes y trayectorias de los ponentes.

“UTP Café tiene un valor incalculable para los jóvenes. Creo que ese tipo de espacios acerca a los jóvenes de Trujillo con conversaciones globales, con marcas de talla global, como por ejemplo TikTok”, señaló Liliana Senior, quien destacó la importancia de que los estudiantes se aproximen al funcionamiento del mercado laboral desde etapas tempranas.

Networking y vínculo con el sector empresarial

El evento también incorporó espacios orientados al networking, facilitando el contacto entre estudiantes, ejecutivos y egresados en un mismo entorno.

“Iniciativas como UTP Café hacen un diferenciador tremendo. Muchas veces existe una brecha entre la universidad y la empresa, y eventos como este acortan esa distancia de manera significativa”, afirmó Iris Nuñonca, gerente de Excelencia Operacional en Supermercados Peruanos.

La ejecutiva añadió que este tipo de experiencias permite a los estudiantes acceder a una perspectiva práctica del mercado laboral, además de contribuir a la construcción de redes de contacto.

Participación de egresados y experiencias profesionales

La agenda incluyó la participación de egresados de la universidad que actualmente ocupan posiciones en el sector empresarial, como Nigel Montesinos, gerente adjunto de Estrategia Tecnológica e Innovación en BCP; Infri León, jefe de Logística en Oechsle; y Karina Elizabeth Zegarra Pérez, CEO & Founder en Peruvian Veef.

Durante sus intervenciones, compartieron sus experiencias profesionales y los retos enfrentados en su desarrollo laboral, en espacios que permitieron el intercambio directo con los asistentes.

La UTP indicó que esta iniciativa forma parte de sus acciones orientadas a vincular la formación académica con el entorno profesional, mediante actividades que integran aprendizaje, interacción y contacto con referentes del sector empresarial.

El alcalde de Trujillo (La Libertad), Mario Reyna, afirmó este viernes que no siente preocupación por la posibilidad de que el Papa León XIV incluya o no a su jurisdicción en la gira prevista para noviembre y mencionó que su atención está en “otros temas” prioritarios, como la seguridad ciudadana.

Reyna se pronunció ante la prensa luego de que el presidente interino, José María Balcázar, confirmara que el pontífice llegará al país en la primera quincena de noviembre, que su recorrido incluirá Chiclayo —diócesis donde fue obispo—, Lima, Piura y Pucallpa, y que la estadía se extenderá entre ocho y diez días.

“Con mucho respeto, soy católico y todo, pero estoy ocupado en otras cosas que preocuparme si viene o no viene el Papa. Entonces, respetuosamente, si viene, pueden hacer la gestión la Iglesia, y todo perfecto. Sería una movida económica bastante importante para la ciudad. Pero si no viene, pues cómo va a estar preocupado”, expresó.

“Estoy preocupado en la limpieza, en las pistas, en la seguridad (...) No pienso en esas cosas”, agregó en unas declaraciones que generaron polémica en redes sociales.

Balcázar informó además que el sumo pontífice visitará Cusco u agregó que, aunque el equipo del Vaticano elaborará el programa del viaje, Perú pondrá a disposición helicópteros porque León XIV desea llegar ”a la mayor cantidad de localidades del norte y la selva".

La posible exclusión de Trujillo del itinerario papal llevó a Ramiro Castillo, representante de la Orden de los Agustinos, a enviar una carta a la Conferencia Episcopal Peruana para solicitar que la ciudad sea incorporada en la gira.

“He pedido que se considere a Trujillo como una de las ciudades que visite el papa. Yo ya hice lo que puedo”, manifestó en diálogo con medios locales, y refirió que en los próximos días se celebrará una misa en la parroquia Nuestra Señora de Monserrate para invitar formalmente al Papa a la ciudad.

Castillo también instó a la gobernadora de La Libertad, Joana Cabrera, a sumarse a la solicitud ante la Conferencia Episcopal. “Yo creo que se puede hacer algo, porque todavía el itinerario del papa no está establecido. Considero que estamos a tiempo”, añadió.

Por su parte, el vicegobernador regional, Ever Cadenillas Coronel, señaló que recomendará a Cabrera reunirse con representantes del Arzobispado de Trujillo para pedir que se evalúe la incorporación de la ciudad.

“Dentro de las instituciones religiosas hay un protocolo para la llegada de León XIV. En ese sentido, creo que primero coordinaremos aquí en Trujillo con el Arzobispado y luego una comisión puede viajar a Lima”, indicó.

El Papa tiene una estrecha relación con Perú, donde vivió dos décadas y estuvo gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo. De hecho, Robert Prevost, nacido en Chicago (EE.UU.), obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

La confirmación de su viaje se produce cuando el país se encuentra a la espera del cierre de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en las que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) mantiene ventaja sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Trujillo fue sacudido por una tragedia doméstica que terminó en luto. Un incendio consumió una vivienda del sector Liberación Social, en el distrito de Víctor Larco Herrera, región La Libertad, y dejó como saldo la muerte de un padre que intentó rescatar a sus dos hijas.

La víctima fue Percy Junnior Zumarán Narváez, de 39 años, quien ingresó a la casa en medio del humo y las llamas para rescatar a las menores. La emergencia ocurrió la noche del 17 de junio y, tras ser trasladado a un hospital por la gravedad de sus lesiones, el hombre murió el 18 de junio.

Según los reportes, el fuego se habría iniciado por una vela encendida debido a un corte de energía eléctrica provocado por la explosión de un poste de alumbrado público. En pocos minutos, el incendio se extendió por la vivienda y atrapó a las niñas en el interior.

Padre arriesgó su vida por salvar a sus hijas de incendio

La secuencia comenzó con el apagón en Víctor Larco Herrera y la decisión de encender una vela para alumbrarse. El incendio, según la reconstrucción de los hechos, se desató por un descuido cuando la llama alcanzó un mueble de cuero sintético y el material inflamable aceleró la propagación del fuego, hasta convertir los ambientes de la casa en una trampa de humo denso y calor extremo.

En ese contexto, Percy Zumarán actuó sin pausa. Junto a su cuñado, se abrió paso hacia el interior de la vivienda para ubicar a sus hijas, que estaban atrapadas. El rescate, descrito como una carrera contra el tiempo, se definió por la urgencia de sacar a las niñas antes de que la humareda y las llamas cerraran las salidas.

RPP Noticias precisó que el hombre escaló y rompió un techo de calamina para auxiliar a las menores, de 9 y 10 años, y ponerlas a salvo. Tras conseguirlo, la situación cambió en cuestión de instantes: el fuego ya dominaba el inmueble y el padre quedó expuesto de forma directa al incendio.

Graves quemaduras cobraron la vida de Percy Zumarán

Tras el rescate, Percy quedó atrapado mientras su cuñado y las niñas lograban salir por el techo y alcanzar la calle. En medio de la desesperación, vecinos del barrio intentaron varias veces ingresar y, finalmente, consiguieron romper el cerco del fuego y sacarlo de la vivienda.

La emergencia movilizó a los servicios de atención y a la comunidad. Percy fue trasladado al Hospital Belén con lesiones de gravedad. Sus hijas, en tanto, fueron evacuadas al Hospital Regional Docente para ser atendidas por las heridas ocasionadas por el siniestro.

El estado del padre se agravó por las quemaduras y por un proceso de intoxicación por humo. Pese a los esfuerzos del personal médico, murió el 18 de junio, un día después del incendio. Las menores, según RPP Noticias, se encontraban estables tras recibir atención médica, mientras continuaban en proceso de recuperación.

Conmoción en Trujillo tras muerte de padre de familia en incendio

Percy Zumarán era conocido por su rutina de trabajo y por su presencia cotidiana en el barrio. De acuerdo con la información recopilada, se ganaba la vida como conductor de un bus de transporte público, y su historia quedó marcada por la decisión de priorizar la vida de sus hijas en el momento más crítico.

La noticia generó conmoción en Trujillo y, en particular, en el entorno inmediato de Liberación Social. La respuesta incluyó gestos de solidaridad para apoyar a la familia, afectada no solo por la muerte del padre, sino también por la pérdida de la vivienda y por los gastos derivados de la emergencia.

La Agencia Andina informó que la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Pedro Mercedes Ureña inició una colecta pública de urgencia para apoyar a una de las niñas, alumna de cuarto grado de primaria. Mientras las menores seguían hospitalizadas, el caso se instaló como un símbolo de duelo colectivo en Víctor Larco Herrera, donde vecinos y conocidos despidieron a quien, tras el incendio, pasó a ser recordado como un padre que dio la vida por salvar a sus hijas.

La destrucción de bienes arqueológicos vuelve a encender las alertas sobre la vulnerabilidad de algunos espacios protegidos del país. Esta vez, el foco se encuentra en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, región La Libertad, donde desapareció una de las representaciones más singulares del patrimonio prehispánico de la costa norte peruana.

El caso adquirió repercusión luego de que especialistas, autoridades culturales y representantes vinculados a la investigación del lugar confirmaran la pérdida de un geoglifo conocido como Triple Espiral. La figura, asociada a antiguas prácticas relacionadas con el agua, formaba parte de un conjunto arqueológico que conserva evidencias de distintas ocupaciones humanas a lo largo de miles de años.

La situación se produjo pocos días después de una intervención estatal orientada a recuperar sectores ocupados de manera irregular dentro del área intangible. A partir de ese contexto, diversas autoridades iniciaron acciones para determinar responsabilidades y establecer las medidas legales correspondientes.

Investigador denuncia ataque contra patrimonio arqueológico

José Carlos Orrillo, fotógrafo y director del proyecto Intangible, expresó su rechazo ante la destrucción del geoglifo y vinculó lo ocurrido con personas que habrían sido intervenidas durante un operativo realizado por el Ministerio de Cultura en la zona arqueológica.

Durante declaraciones difundidas por RPP, sostuvo que los hechos representan “un atentado contra toda la comunidad de Trujillo y contra todo el Perú”. Según explicó, el 9 de junio el Ministerio de Cultura ejecutó una intervención extrajudicial en Quebrada Santo Domingo, donde se identificó a varias personas instaladas cerca del geoglifo con estructuras prefabricadas y vehículos.

“Es como si hubieran destruido el colibrí de Nazca, ¿no? Como si hubieran entrado a Machu Picchu a demoler con una comba la Intihuatana. De ese nivel estamos hablando de destrucción”, agregó.

Orrillo señaló que, tras el retiro de esos ocupantes y el registro de sus datos, el geoglifo apareció destruido pocos días después. Además, indicó que las personas habrían retornado al lugar.

El investigador afirmó que la afectación no respondería a un accidente. “Ahora lo han hecho con sus propias manos, con palanas. Han entrado a la figura y la han excavado y han dejado todo tierra removida”, manifestó. También calificó el hecho como una acción intencional contra un bien cultural perteneciente a todos los peruanos.

Ministerio de Cultura confirma pérdida total del Triple Espiral

Horas después de informar sobre las labores de recuperación ejecutadas en la zona arqueológica, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado oficial para confirmar la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral.

A través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, la entidad precisó que el geoglifo poseía una antigüedad superior a mil años y constituía una evidencia importante para comprender las sociedades prehispánicas que ocuparon la costa norte del Perú.

Según la constatación efectuada por especialistas del sector Cultura y efectivos de la Policía Nacional, la figura fue eliminada mediante la remoción manual del terreno. El ministerio indicó que esta acción ocasionó la pérdida completa de la evidencia arqueológica relacionada con prácticas rituales y sistemas de manejo del agua desarrollados por antiguas poblaciones costeras.

La institución también recordó que el Triple Espiral formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación y constituía uno de los elementos más representativos del complejo arqueológico ubicado en Laredo.

Investigación apunta a posible represalia tras operativo estatal

El comunicado difundido por el Ministerio de Cultura establece que la secuencia de acontecimientos permite presumir que la destrucción del geoglifo podría estar relacionada con las acciones de recuperación efectuadas días antes en el área protegida.

La entidad informó que, durante la inspección posterior al hallazgo, se encontraron indicios que acreditarían la presencia en el lugar de personas retiradas durante el operativo de recuperación extrajudicial.

Estos elementos pasarán a formar parte de las investigaciones destinadas a identificar a los responsables. Asimismo, el ministerio anunció el impulso de acciones administrativas, civiles y penales para determinar responsabilidades por los daños ocasionados al patrimonio cultural.

La institución solicitó además que las diligencias avancen con rapidez para esclarecer lo ocurrido y establecer las sanciones previstas por la legislación vigente.

La subdirectora de Cultura, Sandra Barrantes, informó a RPP que ya se presentó una denuncia ante la comisaría de Laredo y que las autoridades continuarán las coordinaciones con la Policía Nacional.

Barrantes explicó que desde inicios de año existen esfuerzos orientados a restringir el acceso al área arqueológica y evitar nuevas afectaciones. Según indicó, el objetivo principal consiste en cerrar los puntos de ingreso utilizados por invasores para proteger el sitio.

Consultada sobre una eventual recuperación del geoglifo, recordó que en 2015 ocurrió una afectación parcial de la misma figura. En aquella oportunidad, especialistas vinculados a trabajos de restauración en las Líneas de Nazca participaron en una reconstrucción del geoglifo.

Sin embargo, advirtió que la situación actual presenta una magnitud mayor. “La afectación es mucho más que en ese momento y se va a solicitar la evaluación por parte de especialistas para que nos señalen si es posible la reconstrucción”, señaló.

La funcionaria también destacó las dificultades para resguardar permanentemente el área debido a su extensión. De acuerdo con sus declaraciones, la zona comprende aproximadamente 1.500 hectáreas, lo que exige coordinación entre distintas autoridades para restringir accesos y prevenir nuevas intervenciones ilegales.

Un sitio arqueológico con evidencias de más de 11 mil años

El Ministerio de Cultura recordó que la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo abarca más de 1.500 hectáreas inscritas a favor del Estado. El espacio conserva evidencias de ocupación humana desde aproximadamente 11.000 años atrás hasta el siglo XV después de Cristo.

Dentro de sus límites se registran petroglifos, caminos ceremoniales y diversas manifestaciones culturales asociadas a sociedades prehispánicas que ocuparon la costa norte peruana.

Entre los grupos vinculados al sitio figuran las culturas Cupisnique, Moche y Chimú. Los vestigios conservados en la quebrada permiten estudiar aspectos relacionados con la organización social, las prácticas ceremoniales y el uso de los recursos hídricos en distintos periodos de la historia prehispánica del país.

Alerta por otros sitios en peligro

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad encendió las alarmas tras denunciar la destrucción parcial del complejo arqueológico Triple Espiral, un importante sitio de la cultura Lambayeque ubicado en Guadalupe, Pacasmayo, el cual fue gravemente afectado por maquinaria pesada destinada a la habilitación urbana ilegal. Ante este atentado contra el patrimonio nacional, el Colegio de Arqueólogos de La Libertad y Lambayeque (Coarpe) advirtió que este hecho no es aislado, sino que forma parte de una red de tráfico de terrenos e invasiones ilegales que mantiene bajo constante amenaza a otros complejos prehispánicos de la región, tales como la ciudadela de Chan Chan, Pacatnamú y Farfán, evidenciando la falta de protección y la urgencia de acciones legales drásticas contra las mafias inmobiliarias en el norte del país.

Un geoglifo de más de mil años fue destruido de manera intencional en Laredo, provincia de Trujillo, en La Libertad. La figura, conocida como Triple Espiral, estaba en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, y medía más de 20 metros de longitud.

La remoción manual del terreno ocurrió pocos días después de un operativo estatal para desalojar a ocupantes informales. El Ministerio de Cultura presentó denuncias penales contra los presuntos responsables y vinculó el hecho con una represalia asociada al tráfico de tierras.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad manifestó su “enérgico rechazo y condena” por lo que describió como la pérdida absoluta de una evidencia arqueológica vinculada a rituales y tecnologías hidráulicas de sociedades que habitaron la zona hace más de un milenio.

La destrucción del geoglifo no afectó un elemento aislado. La Quebrada Santo Domingo abarca más de 1.500 hectáreas inscritas a favor del Estado peruano y conserva evidencias de ocupación humana continua desde hace aproximadamente 11.000 años hasta el siglo XV.

El Triple Espiral formaba parte de un sistema arqueológico que integraba prácticas productivas, rutas de circulación, rituales comunitarios y formas de apropiación simbólica del paisaje. Su eliminación también borró el contexto microespacial que permitía estudiar sus relaciones con cursos de agua, estructuras hidráulicas y otros marcadores rituales del entorno.

La zona está ubicada en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, región de La Libertad. Las autoridades culturales documentaron allí una alta densidad de evidencias arqueológicas acumuladas a lo largo de milenios.

El Ministerio de Cultura señaló que el geoglifo estaba asociado al culto y manejo del agua, lo que lo convertía en una evidencia para reconstruir la dimensión ritual y simbólica de la relación entre las sociedades prehispánicas y su entorno en la costa norte del Perú.

Cómo era el Triple Espiral

El Triple Espiral era una figura de más de mil años de antigüedad y uno de los elementos más singulares de la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo. Las fuentes coinciden en que tenía una longitud superior a los 20 metros y estaba compuesta por tres giros o brazos.

El Ministerio de Cultura indicó que fue realizada mediante remoción manual del terreno, una técnica que consiste en retirar la capa superficial del suelo para exponer una textura o color distinto en el sustrato inferior.

Las autoridades también subrayaron que se trataba de un bien arqueológico registrado formalmente. Su condición de Patrimonio Cultural de la Nación implicaba que su existencia y localización eran conocidas y que pesaban sobre las entidades competentes obligaciones de protección y gestión.

Su vínculo con el agua y la investigación arqueológica

Uno de los aspectos más mencionados en los reportes oficiales es su relación con el culto del agua y con prácticas rituales vinculadas al manejo de este recurso. El Ministerio de Cultura sostuvo que el geoglifo constituía un testimonio arqueológico para entender cómo las sociedades prehispánicas de la región incorporaron el agua a su cosmología y desarrollaron tecnologías de gestión hídrica.

La referencia al “culto y manejo del agua” en los comunicados oficiales sugiere que el geoglifo formaba parte de un conjunto de evidencias que incluyen canales, reservorios, terrazas y otros marcadores rituales en la Quebrada Santo Domingo.

El valor del geoglifo también radicaba en su condición de fuente de información irrepetible para la investigación arqueológica. El Ministerio de Cultura remarcó que representaba un “testimonio clave” sobre las sociedades prehispánicas de la costa norte y señaló que su destrucción provocó la “pérdida absoluta de la evidencia arqueológica vinculada al culto y manejo del agua”.

Al haber sido borrado mediante remoción manual del terreno, se eliminó no solo la figura visible, sino también posibles microestratigrafías, marcas, huellas y asociaciones materiales que podían aportar información sobre su construcción, sus herramientas y eventuales ofrendas.

Qué pasó antes de la destrucción

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Cultura, la destrucción del geoglifo ocurrió pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial en la Zona Arqueológica XI Quebrada Santo Domingo.

Ese operativo se realizó en coordinación con la Municipalidad Distrital de Laredo y la Policía Nacional del Perú. Su objetivo fue retirar construcciones ilegales y desalojar a ocupantes informales instalados en terrenos estatales de la zona arqueológica.

Durante la inspección posterior a la destrucción, especialistas y efectivos policiales hallaron indicios de la permanencia en el lugar de las mismas personas que habían sido retiradas días antes, según informó el Ministerio de Cultura. Esa secuencia reforzó la hipótesis de que se trató de un acto de represalia contra las acciones de defensa del patrimonio estatal.

Perú21 señaló que las investigaciones apuntan a presuntos invasores del área protegida como posibles responsables de la desaparición total del geoglifo. La Agencia Andina informó que se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la destrucción del Triple Espiral.

En otra publicación, la misma agencia mencionó la formalización de denuncias por la afectación de otro geoglifo, el pentagonal denominado “Cerro Mentira”, impactado por la apertura de una trocha carrozable.

El marco legal y la reacción pública

El geoglifo Triple Espiral era un bien reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y estaba sujeto a un régimen jurídico especial de protección. El Ministerio de Cultura remarcó ese estatus en sus comunicados y sostuvo que su destrucción constituye una infracción grave a las normas vigentes.

Las referencias a las denuncias penales ante el Ministerio Público muestran que las autoridades consideran que el caso encuadra dentro de los delitos contra el patrimonio cultural. La participación de la Policía Nacional del Perú en la constatación del daño reforzó esa línea de acción.

La reacción pública fue inmediata. En redes sociales se multiplicaron expresiones de indignación, tristeza y frustración. Entre los comentarios de usuarios aparecieron referencias a la espiral como un símbolo recurrente en antiguas civilizaciones americanas y reclamos de mayor protección para el patrimonio arqueológico.

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, volvió a generar atención pública tras solicitar apoyo económico a sus seguidores a través de redes sociales. El exburgomaestre pidió transferencias de dinero para reunir S/ 50 mil, monto que —según indicó— necesita para cumplir con el pago de una reparación civil impuesta en un proceso judicial.

La solicitud fue realizada durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, donde señaló que no contaría con alternativas de financiamiento bancario para cubrir la deuda. En ese contexto, apeló directamente a sus simpatizantes para recibir aportes mediante transferencias digitales.

Fernández sostuvo que el objetivo del pedido es cumplir con una obligación derivada de un proceso judicial en su contra, por lo que insistió en la necesidad de reunir el dinero en el plazo establecido. En su mensaje, incluso utilizó la frase “me pueden yapear” al referirse a los aportes que solicitaba.

Proceso judicial y condena por difamación

El pedido de apoyo económico está relacionado con una querella por difamación en la que Arturo Fernández fue sentenciado previamente. De acuerdo con sus propias declaraciones, el caso fue iniciado por Víctor Burgos Mariños, quien obtuvo una resolución favorable en el proceso judicial.

Según lo expuesto por el exalcalde durante su transmisión, el querellante ha solicitado la revocatoria de la pena suspendida que se le impuso, lo que podría implicar el cumplimiento de una pena más severa en caso de que el Poder Judicial lo determine.

Fernández indicó que fue citado a una audiencia programada para el 26 de junio a las 9:00 de la mañana, instancia en la que se evaluará el pedido presentado por la parte demandante.

Posible revocatoria de pena suspendida

El exburgomaestre advirtió que la audiencia judicial podría definir su situación legal, ya que el pedido de revocatoria estaría vinculado al presunto incumplimiento del pago de la reparación civil establecida en el proceso por difamación.

De acuerdo con sus declaraciones, el incumplimiento de dicha obligación económica sería uno de los argumentos que sustenta la solicitud para convertir la pena suspendida en una medida más estricta.

En este contexto, el caso será revisado por el Poder Judicial, que determinará si corresponde mantener las condiciones actuales de la sentencia o modificar la medida impuesta anteriormente.

No puede pedir préstamo

Durante su transmisión en redes sociales, Arturo Fernández aseguró que intentó acceder a un préstamo bancario para cubrir el monto de la reparación civil, pero afirmó que las entidades financieras rechazaron su solicitud.

Según indicó, la negativa estaría relacionada con una investigación por presunto lavado de activos. Sin embargo, durante la transmisión no presentó documentación que respalde dicha afirmación ni precisó qué entidad bancaria habría emitido la respuesta.

Ante esta situación, el exalcalde insistió en que la única alternativa que le quedaba era solicitar apoyo económico a sus seguidores mediante transferencias digitales.

Controversia por su mensaje en redes sociales

La solicitud de dinero generó reacciones en redes sociales, especialmente por el lenguaje utilizado durante sus transmisiones. Según informó el Diario Correo, en una de sus intervenciones, Fernández se refirió a parte de sus seguidores con el término “esclavos”, lo que provocó críticas y controversia.

Posteriormente, aclaró que la expresión estaba dirigida a simpatizantes de otras agrupaciones políticas que también siguen sus transmisiones, aunque el comentario continuó generando cuestionamientos en plataformas digitales.

El exalcalde de Trujillo ha protagonizado diversas controversias públicas en los últimos años debido a sus declaraciones y enfrentamientos con autoridades, situación que mantiene su figura en constante exposición mediática.

La destrucción del geoglifo Triple Espiral en la región La Libertad volvió a colocar en el centro del debate la situación de vulnerabilidad que enfrenta el patrimonio arqueológico peruano. El caso generó preocupación entre especialistas e instituciones vinculadas a la conservación cultural debido a la pérdida definitiva de una evidencia prehispánica asociada a antiguas prácticas relacionadas con el agua en la costa norte del país.

Sin embargo, el problema trasciende este episodio. Diversos complejos arqueológicos distribuidos en varias regiones afrontan amenazas constantes producto de invasiones, ocupaciones ilegales, tráfico de terrenos y expansión urbana. Frente a este escenario, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú (COARPE) emitió un pronunciamiento público en el que alertó sobre el deterioro progresivo de numerosos bienes culturales.

La organización sostuvo que la situación refleja una creciente fragilidad de los sitios arqueológicos y cuestionó la insuficiente capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de su resguardo. El gremio también recordó que la protección de estos espacios constituye una obligación establecida por la legislación peruana y una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.

Sitios arqueológicos del norte enfrentan amenazas permanentes

En su pronunciamiento, el COARPE señaló que la destrucción del geoglifo Triple Espiral representa uno de los hechos más visibles de una problemática que se extiende a otros monumentos arqueológicos del país. Según la institución, diversos sitios continúan expuestos a acciones que comprometen seriamente su conservación.

Entre los espacios mencionados figuran Farfán, Pacatnamú, Chan Chan, Huaca Yolanda, Huaca Colorada y Cerro de Dos Cabezas. De acuerdo con el colegio profesional, estos lugares registran afectaciones constantes relacionadas con invasiones y ocupaciones que ponen en riesgo vestigios de gran importancia histórica y científica.

El gremio advirtió que numerosos monumentos vinculados a las sociedades prehispánicas de la costa norte podrían sufrir daños irreversibles si las autoridades no aplican medidas inmediatas orientadas a garantizar su protección.

Una pérdida total para la investigación arqueológica

El Ministerio de Cultura confirmó la destrucción total del geoglifo Triple Espiral, ubicado dentro del complejo arqueológico de Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo.

A través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, la entidad informó que especialistas del sector y efectivos de la Policía Nacional verificaron que la evidencia arqueológica fue eliminada de manera intencional mediante la remoción manual del terreno.

Según el comunicado oficial, esta acción provocó la desaparición completa de un elemento patrimonial con más de mil años de antigüedad. El ministerio indicó que el geoglifo constituía una evidencia relevante para comprender aspectos relacionados con el culto y la gestión del agua en antiguas sociedades asentadas en la costa norte peruana.

La entidad expresó además su rechazo frente a lo ocurrido y recordó que el geoglifo formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

El Ministerio de Cultura informó que el hecho ocurrió pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial ejecutado en la zona intangible del complejo arqueológico.

Durante esa intervención, las autoridades retiraron construcciones ilegales y desalojaron a personas que ocupaban terrenos estatales administrados por el sector Cultura. A partir de la secuencia de acontecimientos, la entidad señaló que existe la presunción de que la destrucción del geoglifo podría responder a una represalia contra las acciones de recuperación y defensa del patrimonio impulsadas por el Estado.

Asimismo, el ministerio indicó que durante las inspecciones posteriores se hallaron evidencias que acreditarían la permanencia en el área de personas retiradas durante el operativo previo. Estos elementos pasarán a formar parte de las investigaciones destinadas a identificar a los responsables.

La institución anunció que promoverá acciones administrativas, civiles y penales con el objetivo de determinar responsabilidades por los daños ocasionados al patrimonio cultural.

COARPE exige acciones coordinadas para proteger el patrimonio

Frente a este escenario, el Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú denunció públicamente la creciente desprotección de numerosos sitios arqueológicos a nivel nacional y solicitó una respuesta coordinada de las autoridades competentes.

La institución exigió al Ministerio de Cultura fortalecer las labores de vigilancia, control y defensa de los monumentos arqueológicos. También pidió al Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y los gobiernos locales asumir plenamente sus responsabilidades en la prevención e investigación de los delitos que afectan el patrimonio cultural.

Además, el gremio demandó la implementación de estrategias interinstitucionales permanentes para enfrentar las invasiones y el tráfico ilegal de terrenos que afectan diversos sitios arqueológicos del país. Del mismo modo, exhortó al Congreso de la República a fortalecer el marco normativo destinado a garantizar una protección más efectiva de los bienes culturales y convocó a la ciudadanía, organizaciones sociales e instituciones académicas a participar activamente en la defensa de estos espacios históricos.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, aseguró que las autoridades mantienen controlado el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, luego de la masacre que cobró la vida de 20 personas y conmocionó al país.

El alto jefe militar indicó que desde el momento en que se registró el hecho violento, las Fuerzas Armadas activaron operaciones de apoyo a la Policía Nacional con personal, logística y despliegue territorial para garantizar la seguridad en la zona.

“Desde que ocurrió el hecho se movilizaron nuestras unidades y mantenemos el control en ese lugar”, manifestó Valerio al referirse a las acciones ejecutadas por la Fuerza de Tarea Xatruch y otros componentes de seguridad destacados en el departamento de Colón.

La masacre ocurrió en la comunidad de Rigores, en el Bajo Aguán, una región históricamente marcada por conflictos agrarios, presencia de grupos armados y actividades relacionadas con estructuras criminales. El hecho dejó un saldo de 20 personas fallecidas, entre ellas mujeres y menores de edad, convirtiéndose en una de las peores matanzas registradas en Honduras en los últimos años.

Tras la tragedia, el Gobierno ordenó el despliegue de equipos integrados por policías, militares, fiscales e investigadores con el objetivo de capturar a los responsables y evitar nuevos hechos de violencia en la zona.

Las investigaciones permitieron la captura de varios sospechosos vinculados al caso. Entre ellos figura Carlos Alexis Mencía, alias “Gato Negro”, señalado por las autoridades como uno de los principales implicados en la planificación de la matanza. Posteriormente también fue capturado un segundo sospechoso relacionado con el caso.

Valerio brindó estas declaraciones en el marco de la Conferencia de los Ejércitos Americanos (CEA), evento internacional que reúne a representantes militares de distintos países del continente para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa y seguridad.

Durante su participación, el jefe militar destacó que Honduras enfrenta amenazas comunes con otros países de la región, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y los delitos ambientales.

Según explicó, uno de los objetivos principales de la conferencia es intercambiar experiencias y fortalecer estrategias conjuntas para combatir fenómenos criminales que operan de manera transnacional y afectan la seguridad de los países americanos.

En otro tema, Valerio fue consultado sobre las relaciones diplomáticas y de seguridad con El Salvador, luego del incidente protagonizado por la ministra de Educación salvadoreña, Karla Trigueros, quien intentó ingresar al territorio hondureño en días recientes.

El jefe militar aseguró que las relaciones entre ambos países continúan desarrollándose con normalidad y calificó el episodio como un hecho aislado que no afecta los vínculos bilaterales.

Asimismo, confirmó que Honduras mantiene cooperación con agencias de seguridad de Estados Unidos en operaciones orientadas al combate del narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Valerio también destacó que existe interés por fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante la adquisición de radares, equipo tecnológico, sistemas de vigilancia y otros recursos destinados a reforzar la lucha contra las organizaciones criminales.

Las autoridades hondureñas han reiterado que los operativos en Colón continuarán mientras avanzan las investigaciones relacionadas con la masacre de Rigores y otros hechos violentos registrados en la región.

El Gobierno sostiene que la presencia permanente de fuerzas de seguridad busca garantizar la tranquilidad de los habitantes y evitar que estructuras criminales vuelvan a generar episodios de violencia en el Bajo Aguán.

La situación se produjo en un sector de alto valor histórico ubicado en el distrito de Laredo, donde especialistas registraron instalaciones recientes y evidencias de actividades incompatibles con la conservación del sitio. La intervención contó con apoyo de autoridades locales y agentes policiales para frenar el avance de ocupantes que ingresaron a un área declarada intangible.

El caso adquiere relevancia debido a que el lugar alberga manifestaciones arqueológicas de gran importancia para la historia prehispánica del norte peruano. Entre ellas destaca el geoglifo Triple Espiral, una representación ancestral que durante los últimos años sufrió afectaciones derivadas de acciones humanas dentro de la zona protegida.

Operativo permitió retirar instalaciones ilegales

El Ministerio de Cultura informó que la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad ejecutó un operativo de recuperación en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo. La acción se desarrolló con participación de la Municipalidad Distrital de Laredo y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Durante la diligencia, las autoridades intervinieron a dos personas que realizaban acciones de ocupación indebida dentro del área intangible. Como resultado, se retiraron estructuras precarias instaladas ilegalmente en las proximidades del geoglifo Triple Espiral.

El personal técnico desplazado al lugar verificó además la presencia de una camioneta dentro de la zona protegida. También identificó casetas improvisadas y cercos elaborados con palos, elementos que evidenciaban un intento de dividir y apropiarse de terrenos pertenecientes al Estado peruano. Dichos espacios se encuentran bajo administración del Ministerio de Cultura debido a su condición de Patrimonio Cultural de la Nación.

La intervención estuvo encabezada por Sandra Barrantes, subdirectora de la DDC La Libertad, quien supervisó las acciones en campo y constató nuevas afectaciones dentro del sitio arqueológico.

Según indicó la funcionaria, personas ingresan clandestinamente al área con el propósito de desarrollar actividades agrícolas sin autorización. Esta situación representa un riesgo para la conservación de los elementos patrimoniales presentes en el lugar.

Barrantes también señaló la necesidad de incorporar al Proyecto Especial Chavimochic en las labores de protección. De acuerdo con la evaluación realizada por las autoridades, los ocupantes utilizarían un puente que cruza el canal Chavimochic para acceder a la zona arqueológica.

Las inspecciones permitieron advertir además la presunta instalación de tuberías clandestinas destinadas a extraer agua del canal. Ese recurso sería utilizado para el riego de cultivos establecidos de manera ilegal dentro del área intangible.

El Triple Espiral vuelve al centro de las preocupaciones

Uno de los principales puntos de atención durante el operativo fue la situación del geoglifo Triple Espiral, considerado un símbolo representativo de la iconografía prehispánica.

El Ministerio de Cultura recordó que esta manifestación cultural posee más de mil años de antigüedad y sufrió daños parciales en años anteriores. A raíz de esos antecedentes, la entidad dispuso acciones de monitoreo permanente en el sector y reforzó las medidas orientadas a garantizar su conservación.

La cercanía de las instalaciones ilegales detectadas durante la reciente intervención volvió a encender las alertas sobre la vulnerabilidad del monumento arqueológico frente a invasiones y usos no autorizados del territorio.

Ministerio de Cultura denuncia destrucción total del geoglifo Triple Espiral

Horas después de informar sobre las acciones de recuperación ejecutadas en la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en el que confirmó la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, uno de los principales elementos patrimoniales del complejo arqueológico ubicado en el distrito de Laredo.

A través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, la entidad expresó su rechazo a lo ocurrido y señaló que este bien cultural, con una antigüedad superior a los mil años, formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación y constituía una evidencia relevante de las sociedades prehispánicas que habitaron la costa norte del Perú.

De acuerdo con la constatación realizada por especialistas del sector Cultura y efectivos de la Policía Nacional del Perú, el geoglifo fue eliminado de manera intencional mediante la remoción manual del terreno. El Ministerio indicó que esta acción provocó la pérdida total de la evidencia arqueológica vinculada al culto y manejo del agua en antiguas sociedades costeras.

La entidad precisó que el hecho ocurrió pocos días después del operativo de recuperación extrajudicial realizado en la zona intangible, intervención que permitió retirar construcciones ilegales y desalojar a personas que ocupaban terrenos estatales administrados por el sector Cultura.

Autoridades investigan posible represalia tras operativo de recuperación

Según el comunicado oficial, la secuencia de los acontecimientos permite presumir que la destrucción del geoglifo podría constituir una represalia frente a las acciones de recuperación y defensa del patrimonio cultural ejecutadas por el Estado.

El Ministerio de Cultura informó además que, durante la inspección realizada tras el hallazgo, se encontraron evidencias que acreditarían la permanencia en el lugar de personas retiradas durante el operativo efectuado días antes. Estos elementos serán incorporados a las investigaciones destinadas a identificar a los responsables y determinar las sanciones correspondientes.

La institución anunció que impulsará las acciones administrativas, civiles y penales que resulten necesarias para establecer responsabilidades por los daños ocasionados al patrimonio cultural de la Nación. Asimismo, solicitó que las investigaciones avancen con la mayor celeridad posible.

Quebrada Santo Domingo conserva evidencias de más de 11 mil años

En su pronunciamiento, el Ministerio de Cultura recordó que la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo comprende más de 1.500 hectáreas inscritas a favor del Estado. El área conserva evidencias de ocupación humana desde aproximadamente 11.000 años atrás hasta el siglo XV d. C., situación que la convierte en un espacio de relevancia para la investigación científica.

Este sitio arqueológico alberga petroglifos, caminos ceremoniales y otras manifestaciones culturales asociadas a distintas sociedades prehispánicas. Entre ellas figuran las culturas Cupisnique, Moche y Chimú, cuyos vestigios permiten conocer aspectos vinculados a la organización social, las prácticas rituales y la relación con los recursos hídricos en la costa norte del país.

La violencia volvió a ocupar la atención pública en Trujillo tras un ataque armado registrado en una de las zonas con mayor circulación de personas y vehículos de la ciudad. El hecho ocurrió durante la mañana y movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de salud y vecinos que presenciaron la escena.

Las primeras informaciones difundidas por medios locales mostraron una camioneta con múltiples impactos de bala en plena avenida España. La ubicación del ataque elevó la preocupación entre comerciantes y transeúntes debido a la proximidad con espacios comerciales y sectores de constante actividad urbana.

Según la información difundida por Sol TV, el ataque ocurrió alrededor de las 11:15 de la mañana en la cuadra 21 de la avenida España. El lugar se encuentra a pocos minutos de la Plaza de Armas de Trujillo y concentra tránsito vehicular, actividad comercial y presencia constante de peatones.

Las imágenes de cámaras de seguridad difundidas por el canal muestran que una camioneta se detuvo debido a la luz roja de un semáforo. En ese momento descendieron cuatro sujetos armados desde otro vehículo y dispararon contra la unidad atacada.

La Policía Nacional identificó 23 casquillos de bala durante las primeras inspecciones. Hasta ese momento, las autoridades no habían comunicado un móvil oficial para el atentado.

Cuatro ocupantes se encontraban dentro del vehículo

De acuerdo con los reportes difundidos durante la cobertura, dentro de la camioneta viajaban cuatro personas: el conductor, el copiloto, una mujer ubicada en la parte posterior y un menor de edad.

Tres de los ocupantes resultaron heridos. Además, las imágenes permitieron observar que uno de ellos descendió del vehículo tras el ataque y se alejó del lugar para escapar de los disparos.

Las víctimas recibieron atención médica y fueron trasladadas a centros de salud. Durante la transmisión se informó que los heridos permanecían estables mientras continuaban las evaluaciones médicas correspondientes.

Testigos relatan momentos de tensión tras los disparos

La magnitud del ataque provocó alarma entre las personas que se encontraban cerca de la zona. Comerciantes y vecinos buscaron refugio apenas escucharon las detonaciones.

Una vendedora describió lo sucedido desde su perspectiva. “Yo me corrí para allá, ya dije: bala perdida. Dios mío, yo me he entrado acá a la farmacia allá”, manifestó al recordar los instantes posteriores al inicio del ataque.

La misma testigo explicó que escuchó una secuencia continua de disparos. “Como si fuera trueno. Toc, toc, toc, toc, toc”, relató durante la entrevista realizada en las inmediaciones de la avenida España.

Su testimonio reflejó la preocupación de quienes desarrollan actividades comerciales en el sector y presenciaron el episodio a pocos metros de distancia.

Autoridades continúan con las investigaciones

La Policía Nacional acordonó el área para realizar peritajes y recopilar evidencias. Los agentes permanecieron en la zona mientras se efectuaban las diligencias iniciales.

Durante la cobertura periodística también se informó sobre la identificación de algunos de los ocupantes del vehículo. Según fuentes policiales entre los afectados figuran Elizabeth Consuelo Gutiérrez, José Luis Martínez y Luis Enrique de Paz Silva. Asimismo, se reportó la presencia de un bebé de seis meses dentro de la camioneta al momento del ataque.

Las autoridades todavía no habían confirmado públicamente las causas del atentado. No obstante, durante la transmisión se mencionó que existían versiones preliminares que vinculaban el hecho con disputas entre organizaciones criminales, una hipótesis que permanecía bajo evaluación policial mientras avanzaban las investigaciones y la recopilación de pruebas obtenidas en la escena.

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió en la institución educativa Juan Pablo II, en Trujillo, donde un ciudadano fue intervenido luego de presuntamente romper su cédula de sufragio y escribir en ella una frase alusiva al MRTA. De acuerdo con la información brindada, el hombre habría arrojado el documento por la ventana del aula con la intención de evitar ser descubierto, pero el hecho fue advertido y comunicando de inmediato a las autoridades, que procedieron a trasladarlo a la comisaría El Alambre por la presunta comisión de un delito electoral flagrante.

Fiscalía reportó cinco casos durante la jornada electoral en La Libertad

La Fiscalía de Prevención del Delito informó que, hasta el cierre del reporte, se habían registrado cinco casos de personas detenidas durante esta segunda vuelta electoral. Según el detalle expuesto, uno de ellos estaría relacionado con un presunto caso de suplantación en la localidad de Chepén, mientras que otro corresponde al ciudadano intervenido por la destrucción de material electoral en Trujillo.

El caso de la cédula de sufragio rota generó especial atención por tratarse de una acción que afecta directamente el normal desarrollo del proceso electoral. En ese sentido, el personal policial actuó tras conocerse lo ocurrido dentro del local de votación, donde se habría verificado la agresión al documento electoral. La intervención quedó registrada como parte de las acciones inmediatas adoptadas frente a conductas que pueden configurar infracciones o delitos vinculados a la elección.

Otras incidencias en la región

A estas incidencias se sumaron otras intervenciones ocurridas durante la tarde del sábado, cuando tres mujeres fueron detenidas por infringir la ley seca, medida que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral. De acuerdo con el reporte, en la misma zona existían varios locales que continuaban atendiendo, aunque solo dos de ellos pudieron ser intervenidos por las autoridades.

Las mujeres fueron sancionadas con las multas establecidas para este tipo de faltas y luego liberadas, luego de las diligencias correspondientes. La información indica que los establecimientos intervenidos se dedicaban exclusivamente a la venta de alcohol, por lo que su funcionamiento estaba prohibido en el marco del proceso electoral. La medida fue aplicada también en el distrito de La Esperanza, donde se detectó una situación similar.

En paralelo, en la provincia de Pataz se reportó que varias mesas de sufragio fueron instaladas con retraso debido a la ausencia de miembros de mesa. Este inconveniente generó demoras en el inicio de la votación en algunos locales, en una jornada marcada por incidentes que obligaron a reforzar la supervisión y el control en distintos puntos de La Libertad.

Oleajes anómalos provocan inundaciones, suspensión de actividades turísticas y pesqueras, y daños en viviendas a lo largo de la costa de Perú, especialmente en Paracas, Trujillo y otras zonas de Ica y Lima. Las autoridades mantienen la alerta ante la persistencia del fenómeno y coordinan acciones de respuesta y prevención.

La región de Ica enfrenta un escenario desafiante tras la llegada de oleajes anómalos que han obligado a suspender los viajes turísticos a las Islas Ballestas y restringir la pesca.

Según reportó la Marina de Guerra del Perú, la situación ha generado pérdidas económicas considerables para cientos de trabajadores vinculados al turismo y al sector marítimo. La alerta se extiende a buena parte del litoral, donde se mantienen advertencias por la intensidad del oleaje.

En las provincias de Pisco y Chincha, las restricciones afectan a familias que dependen de la pesca y el turismo, actividades principales en la región. Paracas, uno de los destinos turísticos más visitados del país, sufre una reducción importante en la llegada de visitantes tras la suspensión de los recorridos a las Islas Ballestas y otros circuitos marítimos. El impacto es notorio en hoteles, restaurantes, agencias de viaje y empresas de transporte, cuyos ingresos diarios disminuyeron durante una temporada clave para el sector.

La Capitanía de Puerto de Pisco dispuso el cierre parcial de nivel V para el puerto de Tambo de Mora, limitando la pesca artesanal e industrial debido a los riesgos por las condiciones oceánicas. Autoridades marítimas informaron que esta decisión se fundamenta en evaluaciones hidro-oceanográficas que advierten peligros para la navegación y las labores en el mar.

Además, el incremento de los vientos en la zona de Paracas agrava las dificultades para pescadores y operadores turísticos. Los monitoreos continúan de manera permanente, pendientes de que el mar ofrezca condiciones seguras para reiniciar las actividades económicas.

Lima cierra playas en Miraflores

El fenómeno no se limita al sur del país. En Lima, la Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de nueve playas ubicadas en la Costa Verde. Esta medida preventiva entró en vigor la noche del sábado 6 de junio y se extenderá hasta la mañana del lunes 8, aunque podría prolongarse si el mar sigue presentando riesgos para la población.

La decisión se tomó tras la advertencia de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, que alertó sobre olas de hasta tres metros de altura en algunos sectores expuestos.

Las autoridades exhortaron a bañistas, surfistas y visitantes a respetar las restricciones y evitar el ingreso al mar, además de mantenerse alejados de zonas de mayor riesgo como orillas, espigones y rompientes. El Aviso Especial de Oleaje N.° 22-26, vigente hasta el 11 de junio, prevé que el fenómeno continúe afectando gran parte del litoral, con intensidad variable.

De acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, las playas abiertas o semiabiertas orientadas hacia el suroeste presentan la mayor exposición al impacto de las olas. El monitoreo contempla factores atmosféricos y oceánicos que influyen en la generación del oleaje.

Según el Aviso Especial de Viento N.° 04-26, las ráfagas pueden alcanzar velocidades de hasta 22 nudos cerca de la costa y 25 nudos en mar abierto, especialmente entre Cerro Azul y Atico.

Inundaciones y daños

En el norte del país, el oleaje anómalo generó estragos en Trujillo, en la región de La Libertad. El mar avanzó sobre varias calles del distrito de Víctor Larco Herrera, afectando al menos diez viviendas y causando aniegos en vías urbanas. Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, el evento ocurrió alrededor de las 10:40 a.m. del lunes 8 de junio en los jirones Libertad, Pedro Ruiz y Jorge Chávez, zonas cercanas al borde costero.

Pese a la magnitud del fenómeno, no se reportaron personas heridas ni daños a la vida o la salud. Personal de Defensa Civil del distrito acudió al lugar para evaluar los daños y coordinar la respuesta inmediata. La municipalidad desplegó dos motobombas y una retroexcavadora para retirar el agua y limpiar los sectores afectados. Las autoridades mantienen el monitoreo y exhortan a la población cercana al litoral a estar atenta ante posibles nuevos incrementos del oleaje.

El evento en Trujillo se suma a las advertencias emitidas para toda la costa peruana por la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad, que impactan diversos puntos del litoral en los últimos días.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó el ingreso de la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna al penal de mujeres El Milagro, en Trujillo, donde cumplirá una condena de cuatro años, seis meses y veintiséis días de prisión efectiva por la muerte del vigilante Juan Martínez.

La medida fue ejecutada luego de que el Poder Judicial adelantara el fallo condenatorio en su contra por el delito de homicidio culposo. Los hechos ocurrieron la noche del 3 de mayo en el distrito de Víctor Larco, en la región La Libertad, cuando la empresaria atropelló al trabajador, quien posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Durante la audiencia judicial, Alfaro Cerna aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. La empresaria reconoció su responsabilidad en el accidente que terminó con la vida de Juan Martínez, lo que fue considerado durante el desarrollo del proceso penal.

Estado de ebriedad y licencia vencida

De acuerdo con la investigación fiscal, la empresaria manejaba su camioneta en estado de ebriedad al momento del atropello. Asimismo, se determinó que su licencia de conducir se encontraba vencida desde el año 2022.

Inicialmente, el Ministerio Público presentó una acusación por el delito de lesiones graves y solicitó la incoación de un proceso inmediato debido a que la conductora fue intervenida en flagrancia. Sin embargo, la situación cambió tras el fallecimiento del vigilante.

Ante la muerte de la víctima, la Fiscalía recalificó la acusación y pasó a imputar el delito de homicidio culposo. Como parte de su requerimiento, el fiscal solicitó una condena de cinco años y cuatro meses de prisión efectiva para la empresaria.

Beneficios procesales y fallo judicial

Durante la etapa intermedia del proceso, Maricsa Alfaro solicitó acogerse a la terminación anticipada, mecanismo que permite reducir la pena cuando el acusado acepta los cargos. No obstante, las partes no alcanzaron un acuerdo y el caso continuó hasta la fase de juicio.

Posteriormente, durante el desarrollo del proceso judicial, la empresaria volvió a acogerse a un mecanismo especial de conclusión anticipada. La Fiscalía planteó una reducción de la pena hasta cuatro años, seis meses y veintiséis días de prisión efectiva, mientras que la defensa buscaba que la condena fuera suspendida.

Finalmente, el juez Néstor Sánchez Pagador, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de La Libertad, dispuso una condena de cárcel efectiva y ordenó su ejecución provisional. Asimismo, informó que la lectura íntegra de la sentencia será realizada el próximo 5 de junio.

Reparación civil e inhabilitación

Durante la audiencia, la empresaria pidió perdón a los familiares de Juan Martínez y solicitó permanecer en libertad para continuar trabajando y reparar el daño ocasionado. Sin embargo, el magistrado determinó que la condena debía cumplirse de manera efectiva.

Además de la pena privativa de libertad, el juez fijó el pago de una reparación civil de S/ 329.280 a favor de los deudos de la víctima, como compensación por los daños ocasionados tras el fallecimiento del vigilante.

La sentencia también dispuso la inhabilitación permanente de Maricsa Alfaro Cerna para conducir cualquier tipo de vehículo. Con ello, la empresaria no podrá volver a obtener autorización para manejar, como parte de las medidas establecidas por el Poder Judicial tras el caso ocurrido en Trujillo.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) la ubicación y captura de Franco Angulo Espinoza, estudiante de noveno ciclo de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), quien es sindicado como presunto autor de tentativa de feminicidio en agravio de su expareja en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, región La Libertad.

A través de un pronunciamiento, el sector informó que viene brindando asistencia a la joven mediante el Programa Nacional Warmi Ñan, que ofrece orientación legal, acompañamiento y seguimiento durante las diligencias relacionadas con el caso. El pedido de captura se produce mientras continúan las investigaciones sobre los hechos denunciados por la víctima.

Según el relato de la joven, el ataque ocurrió cuando ambos se encontraban en el dormitorio que compartían. La agraviada sostuvo que fue sorprendida mientras dormía y que el presunto agresor se abalanzó sobre ella con un cuchillo, causándole heridas en distintas partes del cuerpo.

Víctima denunció ataque con cuchillo y golpes

En declaraciones recogidas por medios locales, la joven afirmó que logró defenderse y arrebatar el cuchillo a su atacante, lanzándolo debajo de la cama. Sin embargo, señaló que la agresión continuó con golpes y nuevas lesiones provocadas con un objeto de vidrio.

La víctima relató que recibió cortes en el brazo y el cuello, además de golpes en la cabeza tras ser impactada contra el suelo y la pared de la habitación. Asimismo, indicó que sufrió varias heridas adicionales durante el incidente.

Tras la agresión, la joven fue trasladada inicialmente al Hospital de Alta Complejidad de EsSalud. Posteriormente, fue derivada al Hospital Regional Docente de Trujillo, establecimiento del que fue dada de alta el martes 2 de junio.

Cuestionan atención médica y diligencias del caso

La agraviada manifestó su preocupación por el estado de salud en el que fue dada de alta. Según relató, no recibió algunos medicamentos ni se le practicó una tomografía pese a presentar una fractura en la clavícula y lesiones producto de los golpes recibidos durante el ataque.

La joven indicó además que mantiene molestias en uno de sus ojos y expresó preocupación por las consecuencias de los impactos sufridos en la cabeza. Sus declaraciones fueron difundidas luego de abandonar el centro médico donde permaneció internada.

Por su parte, la abogada de la víctima cuestionó las actuaciones realizadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público. La letrada sostuvo que no se habrían efectuado adecuadamente las diligencias para preservar la escena del delito y recabar evidencia relevante para la investigación.

Exigen captura del agresor

La defensa legal de la joven señaló que el arma utilizada durante el ataque no habría sido incautada ni puesta bajo custodia, pese a que existirían registros audiovisuales donde se observa el objeto presuntamente empleado en la agresión.

Asimismo, pidió a las autoridades competentes realizar las diligencias necesarias para determinar responsabilidades y lograr la captura de Franco Angulo Espinoza, quien, según la información difundida, permanece prófugo mientras avanzan las investigaciones.

En paralelo, la Universidad Nacional de Trujillo emitió un comunicado en el que expresó su rechazo y condena frente a todo acto de violencia contra la mujer y cualquier conducta que vulnere la integridad física, psicológica o emocional de las personas.

UNT condena el ataque

La casa superior de estudios informó que, tras conocerse los hechos denunciados, dispuso acciones de apoyo y acompañamiento a favor de la agraviada, quien tiene la condición de egresada de la universidad. Según precisó, personal de la Oficina de Asesoría Jurídica y de Bienestar Universitario acudió al establecimiento de salud donde recibía atención médica.

La UNT indicó además que brindó orientación legal inicial a la joven y a sus familiares, así como apoyo profesional mediante personal de salud y especialistas encargados de realizar el seguimiento de su recuperación física y emocional.

Finalmente, el Ministerio de la Mujer informó que, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, continúa proporcionando orientación legal, acompañamiento y asistencia durante las diligencias del caso. Tanto el sector como la universidad reiteraron su rechazo a toda forma de violencia y señalaron que continuarán colaborando dentro del ámbito de sus competencias mientras las autoridades desarrollan las investigaciones correspondientes.

Según informó TV Perú, las imágenes muestran a un sujeto que presuntamente sería el padre de la menor agrediendo físicamente a la adolescente en los exteriores de un establecimiento nocturno. Aunque las circunstancias previas al incidente aún son materia de investigación, el caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes para determinar responsabilidades.

La directora de la Dirección de Protección Especial del MIMP, Alexandra Granados Orihuela, señaló que la institución ya inició acciones en el marco de sus competencias. “Hemos activado en territorio el servicio de atención de urgencia. Venimos coordinando también con el serenazgo, con la comisaría local, la Policía Nacional del Perú, y hemos realizado la denuncia correspondiente para poder buscar a los responsables”, explicó al citado medio.

MIMP activa medidas de protección e investigación

La funcionaria explicó que, debido a que el caso involucra a una presunta menor de edad, las actuaciones se desarrollan bajo criterios de reserva para proteger a la víctima. No obstante, confirmó que el Estado viene evaluando las acciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Granados remarcó que ningún acto de violencia puede justificarse como una forma de disciplina o corrección. “Ninguna forma de violencia es un método de castigo y correctivo para un niño, niña o adolescente”, afirmó durante la entrevista, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a rechazar este tipo de conductas.

Asimismo, enfatizó que la legislación peruana reconoce el derecho de los menores a crecer en entornos libres de violencia. “La violencia no es un método correctivo en ninguna de sus formas, ni violencia física ni psicológica”, sostuvo la representante del MIMP para TV Perú.

Posibles sanciones y protección de la menor

La funcionaria recordó que los casos de violencia física contra menores pueden derivar en sanciones penales. Explicó que el Código Penal contempla penas privativas de libertad para quienes incurran en este tipo de conductas y que las circunstancias específicas del caso serán evaluadas por el Ministerio Público.

“Cuando nos enfrentamos a una situación de violencia física, podemos tener penas no menores de dos años y hasta tres años de cárcel, con agravantes, específicamente cuando son niños, niñas y adolescentes”, precisó. Agregó que la determinación de eventuales agravantes dependerá de las investigaciones que realicen las autoridades competentes.

Además de las sanciones penales, el Estado cuenta con mecanismos de protección para los menores afectados por situaciones de violencia. Según indicó la funcionaria, las Unidades de Protección Especial pueden evaluar el nivel de riesgo que enfrenta una víctima y adoptar medidas orientadas a resguardar su integridad.

Llamado a denunciar y fortalecer la crianza sin violencia

El MIMP también recordó que existe una ley que prohíbe expresamente el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. Esta norma establece la obligación de diversas instituciones públicas de actuar de manera articulada para prevenir y atender estos casos.

En ese contexto, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de maltrato infantil. La funcionaria señaló que las personas pueden acudir a los Centros Emergencia Mujer (CEM), a las Unidades de Protección Especial o comunicarse a la Línea 100 para recibir orientación y apoyo especializado.

Finalmente, el ministerio reiteró la necesidad de promover una crianza basada en el respeto y el acompañamiento. “Tenemos que garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo integral y sobre todo un desarrollo basado en el amor y la crianza positiva”, afirmó Granados para Tv Perú. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes y asegurar la protección de la menor involucrada en el caso.

El Poder Judicial condenó a Maricsa Polet Alfaro Cerna a cuatro años, seis meses y 26 días de cárcel efectiva por homicidio culposo, tras atropellar y causar la muerte de Juan Martínez Torres en Trujillo. Además, ordenó el pago de una reparación civil y le impuso restricciones relacionadas con su licencia de conducir.

El fallo se conoció tras el proceso seguido por el atropello ocurrido la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, ubicada en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo. Según la información fiscal y judicial, Alfaro Cerna conducía en estado de ebriedad y tenía la licencia vencida desde 2022.

Martínez Torres quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo. Permaneció internado cinco días y murió por las lesiones sufridas. A partir de ese desenlace, el caso se enfocó en la responsabilidad penal por un hecho de tránsito que terminó con la muerte de un trabajador de seguridad.

Fallo judicial impone cárcel efectiva y restricciones

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad condenó a Alfaro Cerna a cuatro años, seis meses y veintiséis días de cárcel efectiva por el delito de homicidio culposo cometido contra Juan Martínez Torres, vigilante en la urbanización El Golf. El hecho ocurrió en el distrito de Víctor Larco, en la provincia de Trujillo.

El Poder Judicial del Perú, a través de una publicación en su cuenta oficial, precisó que la sentencia se emitió luego de que la procesada se acogió a la conclusión anticipada y admitió su responsabilidad en el accidente de tránsito que causó la muerte del vigilante.

El juez Néstor Sánchez Pagador fijó una reparación civil de S/ 329.280 a favor de los deudos de la víctima. El juzgado también dispuso la inhabilitación para conseguir una licencia de conducir, como parte de las medidas accesorias impuestas en la sentencia.

Videos, dosaje etílico y licencia vencida: las pruebas clave del caso

El caso tomó un giro formal el 9 de mayo, cuando la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó que la investigación pase de lesiones culposas a homicidio culposo tras la muerte de Martínez Torres, ocurrida el 8 de mayo luego de cinco días de hospitalización.

El fiscal provincial Joan Balladares requirió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión para Alfaro Cerna, además del pago de S/ 329.280 como reparación civil para los herederos y la inhabilitación definitiva para conducir. La Fiscalía sustentó su pedido en la gravedad del hecho y en los elementos de convicción reunidos.

Entre los principales soportes de esa fundamentación, el Ministerio Público citó informes médicos, videos de seguridad y el resultado del dosaje etílico. También consideró como agravante que la conductora manejaba con la licencia vencida desde 2022, lo que, según su tesis, reforzaba la responsabilidad penal directa por conducir bajo los efectos del alcohol y sin permiso vigente.

La noche del atropello: cámaras registraron el impacto

La noche del 3 de mayo, cámaras de vigilancia registraron el momento en que una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna arrolló a Martínez Torres mientras cumplía labores de vigilancia en la urbanización El Golf. La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora estaba caduca y que la prueba de alcoholemia arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras el impacto, el vigilante fue llevado al Hospital Belén de Trujillo. Los reportes médicos señalaron que permaneció en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con lesiones graves y que el fallecimiento se produjo por las consecuencias del atropello.

El caso también quedó marcado por cuestionamientos a la actuación inicial de las autoridades. Familiares denunciaron que el primer registro policial consignó el hecho como una “caída de altura”, en contradicción con las imágenes captadas por las cámaras. La jefatura policial de La Libertad informó que los agentes responsables fueron separados y sometidos a una investigación interna.

La experiencia de Pamela López en el reality ‘La Granja VIP’ quedó marcada por la confesión del desalojo que sufrió en Trujillo. Según relató, su esposo, el futbolista Christian Cueva, habría cambiado la cerradura de la vivienda familiar mientras ella participaba en el programa. “Cambió las chapas, me quitó todo”, expresó López ante el grupo, generando conmoción entre los integrantes del ‘Team reales’.

La influencer indicó que la ausencia forzada, producto de su compromiso con el reality, permitió que el actual jugador de Juan Pablo II avanzara en las gestiones para que ni ella ni sus hijos pudieran regresar a la casa.

“Me iba a ir con mis pequeños y ahora esta hue* me tiene así. Ya me quitó la chapa, me quitó todo, todo”, afirmó, recibiendo el apoyo inmediato de sus compañeros, entre ellos Gabriela Herrera.

No es la primera vez que López expresa temor por su situación patrimonial. Semanas antes, advirtió sobre la posible transferencia del inmueble donde residen sus hijos a terceros. “No hay nada que me ampare a mí y a mis hijos”, señaló entonces, evidenciando la falta de garantías legales para proteger a su familia.

El relato de López incluyó la frustración por la imposibilidad de cumplir los planes familiares que había trazado para después de su salida del programa. “Lo pienso y no lo puedo creer”, lamentó, refiriéndose a la incertidumbre de no contar con un lugar estable para vivir junto a sus hijos en Trujillo.

Pamela López explota contra Christian Cueva tras pedido de tenencia

El clima de tensión escaló cuando Christian Cueva formalizó un pedido de tenencia de los hijos en común y solicitó revisar el monto de la pensión alimenticia. Aislada por la dinámica del reality, a López se le permitió una conversación privada con su hija mayor, quien manifestó inquietud por el futuro familiar y las implicancias legales del conflicto.

Minutos antes de retomar la transmisión en vivo, López alzó la voz frente a las cámaras y dirigió un mensaje contundente a Cueva: “Solamente te voy a decir a ti, sobre mi cadáver me vas a quitar a mis hijos. Primero muerta, para ti desgraciado, ni con mi madre ni con mis hijos. Ya voy a salir para que te metas conmigo, pero no con mi madre”, afirmó, mostrando el impacto emocional que atraviesa.

La empresaria reconoció que la presión la había superado. “Necesito salir. Necesito irme. Necesito solucionar mis temas”, expresó, aunque optó por continuar en el programa. Este episodio puso en evidencia la complejidad del enfrentamiento, donde confluyen disputas legales por la vivienda, demandas de tenencia y el bienestar de los menores.

El apoyo de sus compañeros fue inmediato y público, mientras en redes sociales surgieron debates sobre la protección de las mujeres y los derechos de los hijos ante situaciones de conflicto familiar. Hasta el momento, ni Christian Cueva ni representantes del club Juan Pablo II emitieron comentarios sobre la situación.

El caso permanece abierto y la resolución de los aspectos legales y familiares sigue pendiente, con la atención puesta en las decisiones que puedan definir el futuro de Pamela López y sus hijos.

La investigación sobre la masacre que dejó 20 personas asesinadas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, entrará en una nueva fase luego de que un juez autorizara la exhumación de los cuerpos para realizar nuevos análisis forenses que permitan fortalecer las pesquisas y esclarecer uno de los hechos criminales más impactantes ocurridos en Honduras durante los últimos años.

La decisión fue aprobada por el Juzgado de Letras Penal de Trujillo como parte de las diligencias impulsadas por el Ministerio Público, institución que busca obtener nuevos elementos científicos que contribuyan a reconstruir con mayor precisión las circunstancias en las que ocurrió la matanza.

De acuerdo con la planificación establecida por las autoridades, los trabajos forenses iniciarán el próximo lunes 1 de junio, cuando especialistas de Medicina Forense procedan a la exhumación de tres de los cuerpos considerados prioritarios para el avance de las investigaciones. Posteriormente, el proceso continuará de manera gradual con el resto de las víctimas.

Las autoridades explicaron que las autopsias serán practicadas en el mismo lugar donde se encuentran sepultados los fallecidos, siguiendo protocolos especializados de manejo de evidencia.

Una vez concluidas las evaluaciones iniciales, las muestras biológicas y demás indicios recolectados serán enviados a laboratorios criminalísticos para someterlos a estudios complementarios.

Los resultados obtenidos serán incorporados a un informe técnico que pasará a formar parte del expediente que actualmente desarrolla la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, encargada de coordinar las investigaciones relacionadas con este caso.

La exhumación de los cuerpos representa un paso clave dentro del proceso judicial, ya que permitirá a los especialistas revisar nuevamente evidencia física que podría aportar información relevante sobre las causas exactas de muerte, el tipo de armas utilizadas, la trayectoria de proyectiles y otros elementos que ayuden a establecer responsabilidades penales.

La masacre registrada en la finca ubicada en la comunidad de Rigores conmocionó al país por la magnitud del crimen y por el elevado número de víctimas.

Desde el momento en que fueron encontrados los cuerpos, las autoridades iniciaron una amplia investigación para determinar quiénes participaron en el hecho y cuáles fueron los motivos detrás del ataque.

Durante los últimos días, equipos de investigación han realizado inspecciones, entrevistas, levantamiento de evidencia y análisis de información que permita reconstruir lo ocurrido. Sin embargo, los fiscales consideran que los nuevos estudios forenses podrían aportar hallazgos determinantes para el avance del caso.

Expertos en criminalística señalan que la exhumación es una herramienta utilizada cuando existen aspectos pendientes de aclarar o cuando surge la necesidad de profundizar investigaciones mediante técnicas científicas más avanzadas.

En muchos casos, estos procedimientos permiten confirmar o descartar hipótesis planteadas inicialmente por los investigadores. La autorización judicial también refleja la importancia que las autoridades han otorgado a este expediente debido al impacto social generado por la masacre.

El caso ha provocado preocupación entre la población y ha despertado exigencias para que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

Mientras avanzan las diligencias, familiares de las víctimas continúan esperando respuestas sobre lo ocurrido. Muchos de ellos han solicitado que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que no quede ningún aspecto sin esclarecer.

El Ministerio Público aseguró que las exhumaciones serán realizadas bajo estrictos protocolos técnicos y legales para garantizar la validez de las pruebas obtenidas. Asimismo, reiteró que los análisis serán desarrollados por personal especializado con experiencia en investigaciones complejas.

Con esta nueva etapa investigativa, las autoridades esperan obtener evidencia científica que permita fortalecer el expediente y acercarse a la verdad sobre la masacre de Rigores.

Los resultados de las autopsias y estudios de laboratorio podrían convertirse en piezas fundamentales para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de uno de los crímenes más graves registrados recientemente en Honduras.

El juicio oral contra Maricsa Polet Alfaro Cerna, acusada de atropellar con su camioneta y provocar la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, inició en la sede de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, en la región La Libertad. El hecho ocurrió la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco.

La víctima permaneció hospitalizada durante cinco días tras el impacto, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas. El caso ha sido tipificado inicialmente como lesiones graves, aunque posteriormente el Ministerio Público solicitó su recalificación a homicidio culposo.

Fiscalía y defensa presentan sus pedidos

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva contra la acusada, al considerar la gravedad del hecho y sus consecuencias fatales. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal en el fallecimiento del vigilante.

Por su parte, la defensa de la parte agraviada también respaldó la acusación y pidió una sanción ejemplar, argumentando que la conductora habría estado en condiciones irregulares al momento del accidente, incluyendo presunta conducción en estado de ebriedad y licencia vencida.

Familia exige justicia

Los familiares de Juan Martínez Torres se presentaron en los exteriores de la sede judicial, donde realizaron un plantón para exigir una condena severa contra la acusada. También solicitaron el acceso a la audiencia, aunque este les fue restringido por la Policía.

Los deudos piden que el proceso avance con celeridad y que se imponga una reparación civil que ascienda a S/ 799.160 en favor de los familiares del vigilante de 54 años, acorde con la pérdida sufrida. Asimismo, solicitan una sanción penal que consideren proporcional a los hechos.

“Justicia para Juan”

Los familiares de la víctima, protagonizaron un incidente en los exteriores de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde se desarrolla la audiencia del proceso judicial contra la investigada. Según informó RPP, durante la jornada, los deudos increparon y empujaron a Luis Armas, pareja de la acusada, quien tuvo que ser resguardado y evacuado por efectivos de la Policía Nacional del Perú ante los reclamos y el ambiente de tensión registrado en el lugar.

Entre gritos de “Justicia para Juan” y otras frases de rechazo, los familiares exigieron una sanción ejemplar. “Irresponsable, inconsciente”, “Miserable” y “Que la justicia no sea vendida” fueron algunas de las expresiones escuchadas en los exteriores de la sede judicial, mientras se realizaba la audiencia del caso.

“Que el señor fiscal vea todas las pruebas, que analice bien y que piense todo lo que va a pedir, y que el juez, por favor, dé una sentencia a favor de nosotros, la familia, porque desde un primer momento hemos visto todas las irregularidades que ha habido por parte del fiscal, de los policías y hasta de los médicos. Ya hay una persona fallecida, ya hoy estamos hablando de otra pena y necesitamos que sea efectiva”, señaló Alessandra Lozada, sobrina de la víctima, en diálogo con el citado medio.

El dolor y el miedo se han apoderado de la aldea de Rigores, en el conflictivo departamento de Colón, luego de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado jueves, uno de los hechos violentos más sangrientos registrados recientemente en Honduras.

Entre las víctimas se encontraban Elmer Suchite, de 25 años, y Wilmer Suchite, de 23, hijos del campesino hondureño Armando Suchite, quien expresó sentirse aterrorizado por la violencia que afecta a la región del Bajo Aguán.

“Nosotros como comunidad nos sentimos aterrorizados porque la violencia que vive Colón ahora es muy peligrosa”, declaró Suchite a la agencia de noticias EFE mientras sepultaba a sus hijos en el cementerio de Rigores, donde también fueron enterradas simultáneamente la mayoría de las víctimas de la matanza.

La escena en el camposanto estuvo marcada por el llanto, la desesperación y el silencio de decenas de familias que acompañaban los entierros en medio de un fuerte ambiente de temor e incertidumbre.

Los dos jóvenes asesinados eran los hijos mayores de Armando Suchite y se dedicaban a labores agrícolas y a la recolección de fruta de palma africana, actividad económica que predomina en gran parte de la región del Bajo Aguán.

El campesino, padre de diez hijos, indicó que la comunidad espera que las autoridades hondureñas asuman con responsabilidad las investigaciones y castiguen a los responsables del crimen.

“Hay que confiar en Dios, porque Dios es el que tiene que protegernos, no podemos pensar en más que solo Dios con nosotros”, expresó el hombre visiblemente afectado tras despedir a sus hijos.

La masacre ha vuelto a poner en evidencia la compleja situación de violencia que afecta al departamento de Colón, particularmente en el Bajo Aguán, una de las regiones agrícolas más importantes del país y escenario histórico de conflictos relacionados con tierras y producción de palma africana.

Otro vecino de la comunidad, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias, aseguró que actualmente en la zona “se vive con mucho miedo y temor”.

“Esa palma pareciera estar maldita, nos ha traído muchas tragedias, hemos perdido a muchos amigos y familiares por el problema de la tierra”, manifestó.

El temor entre los pobladores se mantiene debido a la presencia de grupos armados, disputas territoriales y constantes enfrentamientos relacionados con reclamos de tierras en la región.

Por su parte, el comerciante Saúl Pineda, residente en el municipio de Tocoa, señaló que el conflicto en el Bajo Aguán está directamente relacionado con invasiones de tierras y plantaciones de palma africana.

“Aquí lo que se está peleando son productos de la palma africana”, afirmó Pineda, quien además recordó que en esa misma zona fue asesinado el ambientalista Juan López el 14 de septiembre de 2024.

El comerciante lamentó que la violencia continúe cobrando vidas y cuestionó la falta de resultados efectivos por parte de las autoridades hondureñas.

“Es un hecho muy lamentable, hay mujeres y niños que quedan huérfanos. Debemos ver estas cosas con más preocupación”, expresó.

Pineda también criticó que diferentes gobiernos han instalado mesas de diálogo y comisiones para atender la problemática agraria en el Bajo Aguán, pero aseguró que las soluciones prometidas nunca han dado resultados concretos.

“Las autoridades deben cambiar el sistema que se ha manejado anteriormente, han venido comisiones a reunirse con estas personas, pero al final no han dado frutos”, agregó.

En su opinión, el Gobierno encabezado por Nasry Asfura debe buscar apoyo de otros organismos nacionales e internacionales para enfrentar la crisis de violencia y conflictos agrarios que afectan la región.

El Bajo Aguán ha sido durante décadas escenario de enfrentamientos entre campesinos organizados, empresas dedicadas al cultivo de palma africana, guardias de seguridad privada y estructuras armadas vinculadas a diferentes intereses económicos.

Los reclamos de tierras realizados por organizaciones campesinas han derivado en múltiples episodios violentos que han dejado centenares de muertos desde finales del siglo pasado.

Uno de los intentos más recientes por resolver la problemática fue impulsado durante el gobierno de Xiomara Castro, quien creó una comisión especial para atender el conflicto agrario en la zona, aunque diversos sectores consideran que los resultados fueron insuficientes.

En algunos hechos violentos ocurridos en el Bajo Aguán se ha denunciado la participación de guardias de seguridad privada contratados por empresas productoras de palma africana.

El silencio que hoy habita en el asentamiento campesino de Rigores no es el de la paz del campo, sino el del desconsuelo absoluto. El día de ayer, 22 de mayo, más de diez ataúdes bajaron a la tierra, cobijados por los gritos desgarradores de madres, padres e hijos, la comunidad intenta asimilar una realidad que parece una pesadilla. Nunca, en sus muchas décadas de historia y lucha agraria, este pedazo de tierra hondureña había sido escenario de una crueldad tan desmedida.

Entre el humo del café amargo y el polvo de los caminos, la figura encorvada de Don Brígido García, de 76 años, se alza como el reflejo vivo de una tragedia que ha despedazado el tejido de su familia. Él es un roble cansado, un hombre de manos labriegas que ha visto transcurrir la vida entera en este asentamiento, pero cuya fortaleza hoy se quiebra al mirar el espacio vacío que dejaron sus seres queridos.

“Hasta hoy que estamos viendo esto... yo nunca lo había pensado que esto iba a haber”, murmura Don Brígido, con una voz que arrastra el peso de los años y de un luto imprevisto. La masacre cometida el día jueves 21 de mayo, le arrebató, de un solo golpe, a sus tres yernos y a un nieto. Hombres jóvenes, trabajadores, cuya única falta fue salir a la jornada diaria para ganarse el pan.

Entre las víctimas se encontraba Santos Trinidad, de apenas 44 años, un hombre en la plenitud de su vida laboral, y su nieto, un joven de tan solo 18 años que representaba el futuro y la esperanza del hogar.

La tragedia adquiere un matiz aún más desgarrador al mirar hacia abajo, hacia los rostros de los más pequeños. La violencia criminal ha dejado una estela de orfandad que asfixia el futuro de la comunidad. Esos niños, cuyos padres ya no volverán a cruzar la puerta después del trabajo, quedan ahora al cuidado de abuelos ancianos, personas de la tercera edad que, como Don Brígido, ya no cuentan con las fuerzas físicas para asumir la titánica tarea de la crianza y el sustento agrícola.

Un grito urgente de auxilio y justicia

Hoy, Don Brígido y las familias de Rigores se declaran en el desamparo más absoluto. La urgencia no es solo de carácter legal, sino profundamente humanitaria. El llamado de este anciano es un eco que debe sacudir las conciencias de las autoridades y de cualquier mano altruista que esté dispuesta a escuchar.

Las víctimas de esta barbarie no eran criminales ni personas en busca de conflictos; eran campesinos, hombres y jóvenes cuya rutina empezaba antes del amanecer con las manos en la tierra. Eran el motor económico de sus hogares y los protectores de una nueva generación que hoy se queda sin rumbo.

Tras los ataúdes, las sospechas de la comunidad apuntan a una realidad histórica y sangrienta en la región: fuertes indicios señalan que este ataque armado podría estar directamente vinculado a las disputas y conflictos por la tenencia de la tierra, un flagelo que por años ha convertido a los asentamientos campesinos en blancos de estructuras violentas que buscan despojarlos de sus parcelas.

Finalmente, la comunidad exige que las autoridades de investigación actúen de manera ardua, transparente y contundente, sin desestimar la hipótesis del conflicto agrario.

La comunidad de Rigores exige saber quiénes y por qué apagaron esas vidas, no por venganza, sino por la imperiosa necesidad de justicia que devuelva un ápice de dignidad a sus muertos y seguridad a los que sobrevivieron. Mientras tanto, Don Brígido camina despacio, llevando a cuestas el peso de un pueblo herido que se niega a morir de olvido.

La masacre registrada en la aldea Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, continúa estremeciendo a Honduras luego de que el Ministerio Público confirmara este miércoles que la cifra de víctimas mortales ascendió oficialmente a 20 personas.

Entre los fallecidos se encuentran tres mujeres, dos menores de edad y 15 hombres, según detallaron las autoridades mientras continúan los procesos de identificación y entrega de cuerpos a familiares.

El nuevo balance convierte esta tragedia en una de las masacres más violentas registradas recientemente en Honduras y profundiza la preocupación por la crisis de violencia que golpea especialmente la zona del Bajo Aguán.

Ministerio Público confirma hallazgo de 20 cuerpos

La actualización oficial fue brindada por el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien explicó que los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la aldea Rigores.

De acuerdo con las autoridades, 13 cadáveres fueron localizados en un sector y otros seis en otra zona cercana, mientras posteriormente se confirmó una nueva víctima, elevando la cifra total a 20 fallecidos.

El proceso de levantamiento e identificación continúa bajo coordinación de equipos forenses y agentes de investigación, mientras familiares permanecen en incertidumbre esperando información oficial sobre sus seres queridos.

Las escenas de dolor y desesperación se mantienen en la comunidad, donde pobladores describen el hecho como uno de los ataques más brutales registrados en la región en los últimos años.

Uno de los elementos que más impacto ha generado tras la masacre es que entre las víctimas figuran mujeres y menores de edad.

Las autoridades confirmaron preliminarmente la muerte de tres mujeres y dos menores, aunque todavía continúan verificando identidades y recopilando información sobre cada una de las personas asesinadas.

La inclusión de menores entre las víctimas elevó aún más la indignación nacional y provocó fuertes reacciones en distintos sectores sociales y defensores de derechos humanos.

Mientras tanto, familiares y vecinos han comenzado a reclamar mayor presencia estatal y acciones urgentes para frenar la violencia que golpea constantemente al departamento de Colón.

La tragedia ocurrió en una región históricamente marcada por conflictos agrarios, presencia de estructuras criminales y disputas relacionadas con narcotráfico y control territorial.

Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aseguró recientemente que detrás de estos hechos existiría una organización criminal operando en la zona y no únicamente conflictos de tierras.

Tras la masacre, el gobierno anunció el despliegue de equipos especiales integrados por policías, militares, fiscales, jueces y agentes de inteligencia para intervenir el Bajo Aguán y capturar a los responsables.

Las autoridades también mantienen operativos de seguridad en distintos puntos de Colón ante el temor de nuevos hechos violentos o posibles represalias entre estructuras criminales.

La nueva masacre en Trujillo ocurre en medio de una creciente preocupación nacional por el incremento de homicidios múltiples en Honduras.

En las últimas horas, el país también registró una violenta balacera en Corinto, Cortés, donde murieron agentes policiales y presuntos criminales durante un operativo antidrogas.

Especialistas en seguridad y organizaciones de derechos humanos han advertido que la violencia continúa deteriorando la percepción de seguridad en Honduras y generando alarma incluso a nivel internacional.

La reciente alerta emitida por la Embajada de Alemania a sus ciudadanos por la situación de violencia en Honduras reflejó precisamente esa creciente preocupación por la inseguridad en varias regiones del país.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de Rigores permanece sumida en el luto, el miedo y la incertidumbre tras una de las jornadas más sangrientas registradas en la historia reciente del Bajo Aguán.

La madrugada de este jueves 21 de mayo amaneció teñida de sangre y luto en el departamento de Colón. Lo que debía ser una jornada habitual de trabajo en las tierras del Bajo Aguán se transformó, en cuestión de minutos, en un escenario de horror insostenible.

Un ataque armado perpetrado en la finca Paso Aguán, ubicada en el municipio de Trujillo, cobró la vida de 14 personas, entre ellas tres hermanas originarias de la cercana comunidad de Rigores, dejando a una familia destruida y a toda una región sumida en el miedo y la consternación.

Las víctimas femeninas de esta nueva masacre que estremece a Honduras fueron identificadas preliminarmente como las hermanas María Linda Rodríguez (mencionada también por allegados como Lina), Mirza Rodríguez y Rosa Rodríguez.

Junto a ellas, la violencia también segó la vida de otros jóvenes trabajadores, entre los que se ha logrado identificar a Cristian Eduardo Núñez. Los reportes locales y medios hondureños que llegaron a la zona señalan, además, que entre los fallecidos se encuentra un menor de edad, cuyo nombre exacto e identidad aún se mantienen bajo estricta reserva por las autoridades correspondientes.

El sol apenas comenzaba a asomarse cuando el estruendo de las balas rompió la calma de la plantación de palma africana. El grupo de trabajadores, que se disponía a iniciar sus labores agrícolas diarias para ganarse el sustento, fue emboscado de manera sorpresiva. Sujetos armados, cuya identidad y paradero aún se desconocen, abrieron fuego de forma indiscriminada contra los jornaleros.

Los cuerpos de las tres hermanas Rodríguez, quienes eran muy conocidas y estimadas en la comunidad de Rigores por su dedicación al trabajo, quedaron tendidos entre la vegetación de la finca. La escena que encontraron los primeros testigos era desgarradora: herramientas de labranza tiradas y el silencio sepulcral que siempre sucede a la barbarie.

Consternación y clamor de justicia en Rigores

A medida que la noticia comenzó a difundirse, el dolor se apoderó de la comunidad de Rigores. Vecinos, amigos y familiares de las hermanas Rodríguez no daban crédito a lo sucedido. Las escenas en los alrededores de la finca y en las viviendas de las víctimas eran de una profunda desesperación. Gritos de dolor, lágrimas e impotencia marcaron las horas posteriores al ataque.

“Eran mujeres trabajadoras, de familias luchadoras que solo buscaban el pan de cada día en esas tierras. No es justo que les hayan arrebatado la vida de esta manera”, manifestaba entre sollozos un poblador de la zona, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

El Bajo Aguán ha sido históricamente una zona de alta conflictividad agraria en Honduras, un territorio donde la disputa por las plantaciones de palma africana ha dejado una larga estela de muertes a lo largo de los años. Aunque las causas específicas de este múltiple asesinato aún están por determinarse, el contexto de vulnerabilidad en el que laboran los campesinos y jornaleros de la región vuelve a ponerse en el centro del debate público.

Investigaciones en curso

Minutos después de la alerta, miembros de la Policía Nacional y peritos de Medicina Forense se trasladaron al sector de Paso Aguán para acordonar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cadáveres y recopilar los primeros indicios que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Hasta el momento, las autoridades policiales se han mostrado herméticas y no han brindado la totalidad de los nombres de las víctimas ni han señalado a posibles sospechosos. No obstante, afirmaron que equipos de investigación e inteligencia ya se encuentran desplegados en la zona de Trujillo para recabar testimonios y seguir el rastro de los homicidas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Richard Daniel Briceño Gamboa, alias ‘Crespo’, señalado como “el número tres” de la organización criminal Los Pulpos, quien enfrenta una orden de captura internacional en Chile y es investigado por delitos de extorsión, homicidios y atentados con explosivos.

La captura de Briceño Gamboa se produjo en la región norteña de La Libertad tras un operativo coordinado por la Policía Nacional. El detenido figura como presunto cabecilla de la estructura de Los Pulpos, organización criminal asociada a una serie de delitos graves que han sacudido a la ciudad de Trujillo.

De acuerdo con el general Ricardo Espinoza, jefe policial regional, la aprehensión de Crespo forma parte de una serie de nuevas estrategias policiales implementadas para combatir la alta incidencia delictiva en la zona.

El detenido es investigado por su presunta participación en extorsiones a empresarios y atentados contra establecimientos nocturnos, incluyendo el ataque a la discoteca Dali, donde la detonación de una granada dejó decenas personas heridas, según reportes oficiales.

Órdenes judiciales

La situación judicial de Briceño Gamboa trasciende fronteras. Las autoridades detallaron que el presunto cabecilla de Los Pulpos registra una orden de captura internacional en Chile vinculada a un doble asesinato. Además, en Perú enfrenta requerimientos judiciales por los mismos delitos.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de La Libertad dictó nueve meses de prisión preventiva para ‘Crespo’, medida que ya se cumple en el penal El Milagro.

De acuerdo con la información oficial, el Ministerio Público presentó cargos por tentativa de homicidio, tenencia ilegal de armas y homicidios cometidos tanto en territorio peruano como chileno.

La operación de captura fue ejecutada por agentes de la DIVINCRI y la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Región Policial La Libertad, quienes actuaron en coordinación para detener a uno de los sospechosos más buscados de la región.

Ataques y extorsiones

Las investigaciones policiales apuntan a ‘Crespo’ como responsable de liderar acciones extorsivas contra centros nocturnos y empresarios en Trujillo. El atentado contra la discoteca Dali figura entre los hechos más graves atribuidos a la organización, con más de un centenar de heridos tras la explosión de una granada en el local.

El general Espinoza subrayó que Trujillo acumuló siete días consecutivos sin reportar detonaciones de explosivos contra empresarios, situación que atribuyó al replanteamiento de las estrategias de seguridad en la ciudad.

La autoridad policial anunció además el fortalecimiento de los canales de denuncia ciudadana a través de la web trujillovencelaextorsion.com.pe, habilitada para recibir reportes sobre extorsión.

El “auto camaleón”

Recientemente, la PNP también desmanteló parte de la logística de Los Pulpos tras localizar un vehículo que cambiaba de color para evadir la detección policial. El operativo tuvo lugar en el distrito de El Porvenir, donde un taller mecánico era utilizado para modificar la apariencia del automóvil involucrado en múltiples homicidios en la provincia de Trujillo.

Durante la intervención, la policía detuvo a cinco presuntos integrantes de la organización, entre ellos Jorge Luis Valderrama Cruz, apodado “el pintor”, responsable de alterar el color del vehículo según el delito.

El automóvil fue pintado de rojo durante Semana Santa, color en el que fue visto tras el asesinato de un ingeniero en el parque El Arcoíris de La Esperanza; negro durante un ataque en Florencia de Mora con saldo de dos muertos y diez heridos; y plomo en el momento de la intervención policial.

Prevención de un asesinato

La inteligencia de la PNP confirmó que el vehículo se preparaba para participar en un nuevo atentado dirigido contra una empresaria local. El seguimiento policial permitió identificar a Óscar David Romero Cóndor, alias “Memo” o “Niño Viejo”, señalado como presunto sicario de la facción Los Terribles de Trujillo, brazo armado de Los Pulpos.

Según declaraciones recogidas por Exitosa, un alto mando policial explicó: “Hemos encontrado a un sicario, a la persona que pinta los vehículos para que no sean descubiertos y hemos encontrado que este sicario le estaba haciendo reglaje a una ciudadana para asesinarla el día de mañana. Le ha hecho seguimiento a su domicilio, le ha hecho seguimiento a su rutina deportiva y ya tenía todas las coordinaciones para asesinar a esta empresaria”.

El Poder Judicial, a través de su órgano jurisdiccional nacional, programó el juicio inmediato para el jueves 28 de mayo contra Maricsa Alfaro Cerna por el presunto delito de lesiones culposas, con un requerimiento de la Fiscalía para recalificar la imputación a homicidio culposo a raíz de la muerte de Juan Martínez Torres en Trujillo.

La audiencia, que se llevará a cabo en el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad, ha generado atención pública porque, hasta ahora, no existe una medida coercitiva contra la investigada, pese a los elementos incorporados por el Ministerio Público en su requerimiento.

El atropello ocurrió el 3 de mayo en la urbanización Las Palmas del Golf (El Golf), en el distrito de Víctor Larco. La víctima, de aproximadamente 54 años, fue trasladada al Hospital Belén de Trujillo y falleció el 8 de mayo tras permanecer cinco días en unidad de cuidados intensivos.

Detalles del proceso judicial contra Maricsa Alfaro Cerna

La citación al juicio está programada para las 10:00 y será dirigida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad. En dicha diligencia se debatirá la imputación legal y el pedido fiscal, un proceso que fue reactivado después de la muerte de la víctima días posteriores al accidente.

El expediente ha sido cuestionado por familiares y allegados de Martínez Torres, quienes han exigido respuestas judiciales acordes al impacto legal y social del caso, dado que no se dictó ninguna restricción de libertad mientras avanzan las diligencias.

"Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad programa para el jueves 28 de mayo, a las 10:00 horas, audiencia de juicio inmediato en flagrancia contra Maricsa Alfaro Cerna por lesiones culposas (con requerimiento fiscal de recalificación del tipo penal a homicidio culposo) en agravio del vigilante Juan Martínez Torres“, compartió el Poder Judicial en X.

La defensa legal que inicialmente representó a la investigada se retiró. El abogado Jorge Villavicencio renunció mediante carta, en la que además expresó condolencias a la familia de Juan Martínez Torres.

Piden 5 años y 4 meses de prisión contra conductora

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó cambiar la investigación de lesiones culposas a homicidio culposo contra Maricsa Polet Alfaro Cerna, luego de confirmarse el fallecimiento del vigilante atropellado en Víctor Larco.

El fiscal provincial Joan Balladares ha pedido una condena de 5 años y 4 meses de prisión y la inhabilitación definitiva para conducir. Además, se exige el pago de una reparación civil de S/ 329.280 (nuevos soles) para los herederos de la víctima.

De acuerdo con el Ministerio Público de Perú, el pedido fiscal se sustenta en informes médicos, grabaciones de cámaras de seguridad y el resultado del dosaje etílico realizado a la conductora. Asimismo, se consigna que Alfaro Cerna tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. El resultado de alcoholemia, 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, refuerza la responsabilidad penal de Alfaro Cerna al haber conducido en estado de ebriedad.

Vigilante atropellado en Trujillo falleció tras días en UCI

El 3 de mayo, cámaras de vigilancia en la urbanización Las Palmas del Golf (El Golf) captaron el momento en que una camioneta Mercedes-Benz, conducida por Maricsa Alfaro Cerna, arrolló a Juan Martínez Torres mientras cumplía labores de seguridad en la zona.

Testigos y vecinos afirmaron que los ocupantes del vehículo intentaron retirarse tras el impacto. La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora había vencido en 2022 y que el dosaje etílico arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

Martínez Torres fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo y permaneció cinco días en la unidad de cuidados intensivos, con múltiples fracturas. El 8 de mayo se certificó su fallecimiento, atribuido por el personal médico a las lesiones producidas durante el incidente.

La investigación abrió además un frente adicional por el registro inicial del suceso. Familiares y allegados de la víctima denunciaron que el primer parte policial consignó erróneamente el hecho como una “caída de altura”, lo que se contrapone con las grabaciones de seguridad. Ante esta situación, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, informó que los agentes implicados fueron separados y sometidos a investigación interna por falta de profesionalismo.

Perú reúne una de las geografías más diversas de Sudamérica. La presencia de desiertos costeros, cadenas montañosas y extensas áreas amazónicas genera contrastes climáticos que modifican la vida cotidiana, la producción agrícola y las actividades económicas en distintas regiones del país. Esa variedad también despertó el interés de investigadores y organismos especializados que estudiaron durante décadas el comportamiento atmosférico del territorio peruano.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, identificó en 2020 un total de 38 tipos de clima en el país, según la clasificación de Warren Thornthwaite. Esa condición convierte al territorio peruano en uno de los espacios con mayor complejidad climática de la región. La interacción entre la cordillera de los Andes, el océano Pacífico y la Amazonía influye de manera directa en la formación de microclimas.

Dentro de ese escenario destaca La Libertad, departamento ubicado en el norte peruano que concentra costa, sierra y selva dentro de un mismo territorio. Su posición geográfica permite registrar diferencias térmicas y ambientales entre provincias cercanas, además de paisajes que van desde playas y desiertos hasta zonas altoandinas y sectores amazónicos.

La región también mantiene relevancia histórica y cultural. En su territorio permanecen evidencias de antiguas civilizaciones prehispánicas y espacios reconocidos por la Unesco, mientras actividades vinculadas al turismo, la agroexportación y la minería sostienen parte importante de su economía.

Un territorio marcado por tres regiones naturales

La Libertad limita con departamentos como Áncash, Lambayeque, Huánuco, San Martín y Amazonas. Esa ubicación facilita la coexistencia de zonas costeras, áreas andinas y sectores de selva alta dentro de una misma jurisdicción.

El departamento alberga dos espacios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco. Uno corresponde al Parque Nacional del Río Abiseo, reconocido desde 1983. El otro corresponde a Chan Chan, incorporado en 1986. Ambos lugares forman parte de los principales circuitos culturales y turísticos del norte peruano.

La región también conserva vestigios de antiguas sociedades como los mochicas, los chimúes y grupos vinculados a la cultura Cajamarca. Posteriormente, el territorio pasó al dominio incaico y luego quedó bajo administración española tras la conquista.

Variaciones climáticas entre costa y sierra

Las condiciones climáticas cambian de manera considerable entre las provincias costeras y las zonas andinas de La Libertad. En la franja litoral, las temperaturas suelen oscilar entre 20 °C y 21 °C, aunque durante el verano de 2017 superaron los 30 °C.

Durante invierno y otoño aparecen garúas y neblinas frecuentes en sectores cercanos a Trujillo. Ese comportamiento climático guarda relación con la transición entre áreas desérticas y campos agrícolas impulsados por el proyecto Chavimochic.

En las provincias andinas predominan días secos y templados, mientras las noches registran temperaturas más bajas. Entre enero y marzo se desarrolla la temporada de lluvias, fenómeno que modifica el paisaje rural y favorece actividades agrícolas en distintas localidades de altura.

La “Ciudad de la eterna primavera”

Trujillo recibe el apelativo de “Ciudad de la eterna primavera” debido a la estabilidad de sus temperaturas durante gran parte del año. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, la ciudad presenta un clima templado, desértico y oceánico.

Las variaciones térmicas entre estaciones suelen ser moderadas. Esa característica favorece actividades turísticas, recorridos urbanos y visitas a balnearios cercanos. Las jornadas soleadas predominan durante buena parte del calendario anual.

Las playas de Huanchaco, Chicama y Pacasmayo forman parte de los principales destinos costeros de la región. Huanchaco conserva el uso de los tradicionales caballitos de totora, mientras Chicama mantiene reconocimiento internacional por la extensión de su ola izquierda. Pacasmayo concentra actividades vinculadas al windsurf durante gran parte del año.

Entre los atractivos naturales más visitados de la región aparecen las Dunas de Conache, ubicadas cerca de Trujillo. El lugar concentra actividades recreativas y deportivas vinculadas al desierto, además de recorridos turísticos que aprovechan las características del paisaje arenoso.

En las zonas altas también permanecen bosques de puyas de Raimondi y poblaciones de guanacos, especies que forman parte de la biodiversidad andina del departamento. Pequeños pueblos serranos conservan prácticas tradicionales y formas de vida relacionadas con la agricultura y la ganadería.

Su familia comenzó a recibir mensajes extorsivos a través de WhatsApp, donde los supuestos raptores aseguraban que el joven había sido captado por una falsa oferta de empleo y que ahora trabajaba forzadamente en la minería ilegal, de acuerdo con la información de RPP.

“Tu hijo mordió el anzuelo creyendo que ganaría 850 semanal. Nosotros nos dedicamos a reclutar personas para la minería ilegal. Tu hijo está bien, por ahora. Si no quieres que me lo lleve, deposita treinta mil soles ahora y no me salgas con la payasada de ir con los polis, porque ellos están con nosotros”, advertía uno de los mensajes recibidos por la madre de Frank Junior.

De acuerdo con la División de Investigación Criminal de Trujillo, la mamá de la supuesta víctima, presa del miedo, llegó a depositar mil soles en una cuenta bancaria, convencida de que la vida de su hijo corría peligro. La imagen enviada por el propio Reyes García como supuesta prueba de vida acentuó la angustia familiar y validó, por unas horas, la versión del secuestro.

Las autoridades nacionales confirmaron que el sujeto urdió el falso plagio para obtener dinero de sus parientes, valiéndose de su propio teléfono móvil para enviar las imágenes y los textos de amenaza.

El hombre, junto a un cómplice, fue interceptado durante un operativo policial en el peaje de Chicama, en las afueras de Trujillo. La intervención permitió recuperar los celulares utilizados, parte del dinero y el vehículo empleado para desplazarse.

Así se descubrió el engaño

El operativo policial se desencadenó tras el seguimiento de las comunicaciones y la denuncia presentada por la familia. Al ubicar la señal del teléfono desde el cual se enviaron los mensajes, los agentes encontraron a Reyes García viajando en una minivan, acompañado de otra persona. Durante el interrogatorio, confesó haber tomado él mismo la foto en la que simulaba estar amarrado.

Los agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo incautaron los dispositivos móviles y detuvieron a los dos implicados, quienes ahora enfrentan cargos por el presunto delito de falsedad genérica. La investigación policial estableció que no existía ninguna organización criminal detrás del caso, sino un montaje ideado por el propio Reyes García para extorsionar a su madre.

El impacto del falso secuestro en Trujillo

Este incidente generó alarma en la población local y puso en evidencia nuevas modalidades de fraude, donde los propios familiares pueden ser los autores de engaños para obtener recursos económicos. La Policía Nacional del Perú reiteró la importancia de verificar la autenticidad de amenazas y no ceder a presiones extorsivas sin consultar a las autoridades competentes.

La captura de Frank Junior Reyes García y su cómplice representa un caso paradigmático para la región, donde el aumento de denuncias por extorsión y secuestros simulados ha llevado a las fuerzas del orden a reforzar la vigilancia y los operativos de inteligencia.

El Ministerio de Cultura (Mincul), a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach), inició una nueva fase de trabajo en el conjunto amurallado Gran Chimú, también conocido como Utzh An.

Desde el 13 de abril, un equipo multidisciplinario conformado por cerca de 90 profesionales y auxiliares viene ejecutando excavaciones y labores de conservación en la zona monumental de Chan Chan, en La Libertad.

La intervención, que se prolongará hasta noviembre, cuenta con una inversión de un millón 941 mil soles y se enfoca en la reestructuración del muro perimetral de mayor extensión del complejo, colindante con la vía que conecta Trujillo y Huanchaco.

Uno de los objetivos principales es documentar y analizar las características arquitectónicas de la sociedad Chimú y ampliar el conocimiento sobre su organización social y ritual. El sector intervenido, que será registrado por primera vez, podría revelar información inédita sobre la vida y costumbres de la élite intermedia de esta cultura prehispánica.

Según el equipo de arqueólogos del Pecach, estas acciones permitirán identificar contextos sociales y arquitectónicos que aportarán datos clave para comprender las diferencias sociales y rituales del mundo Chimú.

La directora del Programa de Investigación, Sinthya Cueva García, resaltó la importancia de las excavaciones para enriquecer la narrativa histórica de la región. Por su parte, el jefe de la Unidad de Investigación, Henry Gayoso Rullier, subrayó que la experiencia y articulación del equipo garantizan el cumplimiento de los estándares técnicos en la conservación del patrimonio cultural.

Defensa del legado Chimú

El director del Pecach, Christian Arbaiza Mendoza, señaló que la reanudación de las investigaciones forma parte de una política sostenida de protección e investigación, alineada con el Plan Maestro de Chan Chan.

Explicó que, desde 2017, el Ministerio de Cultura ha mantenido intervenciones periódicas en el conjunto Gran Chimú, incluyendo la recuperación y conservación de muros perimetrales, donde se han hallado contextos funerarios múltiples y evidencias de reocupación durante el periodo tardío Chimú-Inca.

El conjunto amurallado Gran Chimú es el más extenso de Chan Chan, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

La ciudadela, fundada por la civilización Chimú en el siglo IX, se extiende sobre 20 kilómetros cuadrados y destaca por su arquitectura de adobe, plazas ceremoniales y relieves decorativos inspirados en la fauna marina y motivos geométricos. La protección de este enclave se ha convertido en una prioridad estatal ante amenazas como la invasión urbana, el cambio climático y la ocupación ilegal de terrenos.

En paralelo a la inversión en investigación, el Ministerio de Cultura, junto a la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y la Policía Nacional del Perú (PNP), ha recuperado terrenos ocupados de forma irregular y ha impulsado campañas de limpieza y sensibilización en sectores colindantes.

La participación activa de los vecinos ha fortalecido las acciones institucionales, reflejando una conciencia ciudadana que respalda la defensa del patrimonio.

La misión de preservar Chan Chan no solo responde a una obligación legal, sino que representa un esfuerzo orientado a garantizar la transmisión de este legado a las futuras generaciones.

Sin embargo, el documento oficial elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP) consignó el hecho como una simple "caída de altura“, omitiendo el violento impacto que sufrió la víctima.

Según se lee en el parte policial, el médico de turno Paulo Aguirre Sánchez diagnosticó a la víctima como “policontuso por caída de altura”, ignorando las huellas del choque en la parte frontal de la Mercedes Benz involucrada.

El caso trascendió cuando la familia y vecinos del trabajador notaron la discrepancia entre el parte policial y el video, lo que generó protestas y cuestionamientos sobre la actuación de los agentes.

Al respecto, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó en entrevista con Exitosa que los responsables de redactar la versión errónea enfrentarán investigación interna y posibles sanciones.

“Sí, lo atropellaron a la víctima, al agraviado, lo atropellaron. Eso se enmendó, inmediatamente”, afirmó Arriola, buscando marcar distancia respecto de las inconsistencias en el primer informe.

“Van a ser sancionados luego de una investigación exhaustiva y que les caiga todo el peso de la ley. Se investiga concienzudamente todo ello”, subrayó.

Investigación y repercusiones legales

Martínez Torres permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo durante cinco días y falleció el pasado 8 de mayo a consecuencia de un trauma torácico y shock hemorrágico.

La conductora identificada como Maricsa Alfaro Cerna, de 32 años, manejaba con una licencia vencida y presentaba 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, de acuerdo con la PNP. Testigos relataron que la mujer intentó huir, pero un repartidor de delivery impidió su fuga.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó que el delito pase de lesiones culposas a homicidio culposo y pidió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para la conductora.

Además, se solicitó el pago de 329,280 soles como reparación civil para los herederos de la víctima y la inhabilitación definitiva para conducir cualquier vehículo.

El abogado defensor de la conductora, Jorge Villavicencio, renunció al caso tras confirmarse la muerte del vigilante, señalando que su labor se desarrolló dentro del marco legal vigente y extendió sus condolencias a su familia.

Pedido de justicia

El fallecimiento de Juan Martínez Torres ha impulsado protestas en Trujillo, donde vecinos y familiares exigen justicia y celeridad en el proceso judicial.

El trabajador era el principal sostén de su padre de 92 años, lo que aumentó la presión social para esclarecer el caso y sancionar tanto a la conductora como a los agentes implicados en la elaboración errónea del parte policial.

Las autoridades de la PNP reiteraron que colaborarán con la Fiscalía para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias administrativas y penales que correspondan.

El caso sigue siendo seguido de cerca por la opinión pública y los medios nacionales, ante el precedente de un informe policial que buscó ocultar la verdad tras un accidente vial mortal.

El 3 de mayo, según informes y registros de cámaras de seguridad, una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna atropelló a un vigilante de 54 años en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco. La víctima fue internada cinco días en la unidad de cuidados intensivos, permaneciendo en estado de muerte cerebral hasta que falleció debido a múltiples fracturas y traumatismos.

El proceso dio un giro judicial el pasado 8 de mayo, cuando la víctima falleció producto de las lesiones producidas en el incidente y la Fiscalía de La Libertad recalificó los hechos de lesiones culposas objetivas por una imputación de homicidio culposo agravado, por lo que se solicitó 5 años y 4 meses de prisión efectiva y una reparación civil de S/ 329.280 para los herederos de Martínez Torres.

Desde el inicio, agentes consignaron el caso como una “caída de altura”, pese a que imágenes y testimonios confirmaban el atropello. El general Ricardo Espinoza, jefe policial regional, declaró que los policías involucrados fueron separados de sus cargos y afrontan una investigación interna por falta de profesionalismo, a cargo de la Policía Nacional del Perú.

Familiares piden cárcel para conductora

El dosaje etílico practicado a la conductora arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, resultado que supera el límite legal, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú, que también acreditó que la licencia de Alfaro Cerna llevaba vencida por cuatro años al momento del incidente.

Durante el velorio de Juan Martínez Torres, familiares expresaron indignación y exigieron que Maricsa Alfaro Cerna sea encarcelada preventivamente, cuestionando su libertad ante el proceso en curso.

“No es posible que nos maten a un familiar, a un tío, un hijo, porque se está yendo feliz en su casa una persona que comete un asesinato”, manifestó una de las familiares de Martínez Torres al programa periodístico Ocurre Ahora durante su velorio. La hermana del vigilante fallecido también exigió justicia y que la conductora sea encarcelada. “Que se vaya presa porque él mató a mi hermano injustamente. Todo el mundo ha visto los gritos de auxilio que ha pedido mi hermano”.

La penalista Romy Chang advirtió que, tras el fallecimiento del vigilante, la acusada enfrenta consecuencias penales más severas: “Luego de su fallecimiento, ella tiene que aparecer, tiene que responder frente a todos los llamados que la fiscalía y el poder judicial hagan”. Chang precisó que la libertad de Alfaro Cerna podría ser revocada si la autoridad determina riesgo de fuga, dada la gravedad del delito: “Habrá que valorar que, al parecer, según reportan los vecinos, ella se subió a su vehículo con la intención de escapar”. Además, la abogada subrayó la importancia de que la procesada demuestre mantener su rutina sin cambios para probar que no existe peligro de fuga.

Fiscalía pide más de 5 años de prisión

El Ministerio Público fundamentó su solicitud de una condena de cinco años y cuatro meses de prisión y la inhabilitación definitiva para conducir en la conducción en estado de ebriedad, la falta de permiso vigente y agravantes por reincidencia, ya que Alfaro Cerna ya protagonizó un accidente vial en 2019 tratando de eludir a un camión. El vehículo implicado, vinculado a Grupo Forestal del Perú S.A.C., continúa bajo custodia para peritajes forenses.

La investigación también explora responsabilidades policiales y administrativas por el acta original que distorsionó los hechos. La familia de la víctima y sectores ciudadanos han rechazado cualquier posibilidad de “arreglo” extrajudicial, emprendiendo marchas públicas para exigir justicia y máxima transparencia durante el proceso.

Tras el cambio en la acusación y el aumento de presión social, el abogado Jorge Villavicencio renunció a la defensa de Maricsa Polet Alfaro Cerna, decisión que comunicó públicamente: “Cumplo con informar que mi participación como defensa técnica de la señorita Maricsa Polet Alfaro Cerna ha culminado oficialmente”, señaló Villavicencio, transmitiendo sus condolencias a los deudos y fundamentando su salida en razones profesionales y de prudencia.

El operativo se centró en un automóvil rojo, conducido por Leider Alexander Leyder Gavidia Aquino, acusado de hurtar un teléfono móvil. Las imágenes aéreas registraron toda la secuencia: desde la localización del coche hasta la intervención final.

A lo largo del trayecto, la unidad Halcones coordinó el seguimiento desde tierra mientras los agentes recibían información en tiempo real proporcionada por el monitoreo aéreo, lo que permitió anticipar los movimientos del sospechoso y organizar el cerco policial, según se observa en el reporte de TVPerú.

La persecución concluyó cuando los efectivos lograron interceptar el auto. Gavidia Aquino, vestido con un polo blanco, descendió del vehículo y acató las instrucciones de los policías. Por orden de los agentes, abrió la maletera para facilitar la inspección.

La revisión permitió identificar elementos vinculados al delito: los investigadores incautaron el automóvil utilizado para la huida y recuperaron dos teléfonos celulares, piezas fundamentales para el desarrollo de las diligencias posteriores.

Uno de los aspectos más destacados de esta intervención radicó en la integración de tecnología avanzada al trabajo policial. La aeronave Rayo, equipada con cámaras de alta resolución y sistemas de transmisión directa, ofreció una perspectiva aérea que complementó la labor de campo y minimizó los riesgos durante la persecución.

Las autoridades señalaron que la utilización de estos equipos ha elevado la capacidad de respuesta ante situaciones criminales y ha reducido el margen de maniobra para quienes intentan evadir a la justicia.

Coordinación y resultados efectivos

La acción conjunta entre las unidades Halcones y el escuadrón de drones permitió que la operación se desarrollara en pocos minutos, evitando posibles fugas y asegurando la integridad de los implicados.

La Policía trasladó a Leider Gavidia Aquino a la comisaría El Alambre, donde quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. El procedimiento incluyó la elaboración de actas, la verificación de antecedentes y la conservación de los bienes recuperados como pruebas esenciales para el caso.

Tecnología para capturar a delincuentes

La incorporación de tecnología avanzada en las labores policiales transforma la lucha contra la delincuencia y refuerza la seguridad ciudadana. Dispositivos como drones, cámaras de alta resolución y sistemas de monitoreo en tiempo real permiten a las fuerzas del orden identificar, rastrear y capturar a sospechosos con mayor rapidez y precisión.

Estas herramientas no solo amplían el campo de visión de los agentes, sino que también reducen los riesgos durante las operaciones y facilitan la obtención de pruebas contundentes.

Al emplear tecnología de punta, la policía optimiza recursos, mejora la coordinación entre unidades y responde con mayor eficiencia ante situaciones delictivas, consolidando una estrategia moderna para enfrentar los retos de la criminalidad en entornos urbanos.

Martínez, de 54 años, fue embestido por un vehículo conducido por Alfaro Serna, quien manejaba con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmó el dosaje etílico practicado tras el accidente. Además, la mujer tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. Estos factores, según la familia y sus abogados, constituyen agravantes suficientes para solicitar la detención preventiva de la acusada, algo que no ocurrió en un primer momento.

Tras el fallecimiento de Martínez, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad recalificó la acusación de lesiones culposas a homicidio culposo. El Ministerio Público solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para Alfaro Serna, además de una reparación civil de 329.280 soles y la inhabilitación definitiva para conducir vehículos. Pese a la gravedad de los hechos y la existencia de pruebas contundentes, como el alto nivel de alcohol en sangre y la falta de licencia vigente, la acusada permaneció en su domicilio bajo comparecencia restringida.

El abogado de la familia y un exconsejero regional señalaron que, hasta la noche previa al sepelio, no existía una orden de vigilancia ni medidas de coerción para evitar una eventual fuga de la acusada.

Esperan prisión preventiva

La situación se agaravó luego de que el vigilante luche por su vida por varios días. La próxima audiencia, programada para el 28 de mayo, será clave para determinar si la acusada afrontará prisión preventiva, como exige la familia y buena parte de la comunidad.

El jefe de la Región Policial La Libertad calificó esta concentración de alcohol como altísima y recalcó el riesgo que representa para la seguridad vial. La defensa y los deudos destacan que ambos elementos, junto con otros indicios, debieron justificar medidas más estrictas desde el inicio de la investigación.

Mientras la familia de Juan Martínez atraviesa el duelo, el pedido de justicia se mantiene como un eje central. Reclaman que la muerte del vigilante no quede impune y que el proceso judicial avance con transparencia y rigor.

En otro momento, el abogado de la acusada anunció su renuncia tras la recalificación del delito y la solicitud de prisión, lo que añadió incertidumbre al desenlace del caso.

Como se recuera, el trabajador había dejado este oficio para dedicarse al área de seguridad con el fin de sostener a su familia y cuidar a su padre de 92 años, enfermo de Alzheimer. Testigos señalaron que la conductora, lejos de auxiliarlo, intentó abandonar la escena, pero fue impedida por un repartidor de delivery. El impacto le provocó graves fracturas y una hemorragia interna, por lo que permaneció cinco días en cuidados intensivos antes de fallecer.

Del arte manual a la vigilancia

Antes de incorporarse al equipo de seguridad del condominio, Juan Martínez Torres era conocido entre los vecinos por su trabajo como artesano. Fabricaba pulseras de chaquira y las vendía en la playa y en distintos puntos de la ciudad. La necesidad de solventar los gastos del hogar y cuidar a su padre, un hombre de 92 años con Alzheimer, lo llevó a buscar un empleo más estable. Según relataron sus familiares, Martínez era una persona puntual y solidaria con el vecindario.

“Era una persona muy alegre, trabajadora, humilde, sencilla, sin ninguna maldad. Él se dedicaba a hacer sus pulseritas”, recordó su sobrina a Domingo Al Día. Sus habilidades manuales y su disposición para ayudar hicieron que muchos lo recordaran como un hombre de manos nobles.

La noche del 3 de mayo, Juan Martínez Torres descansaba en una silla durante su turno de vigilancia. Un vehículo conducido por Maricsa Alfaro Serna, empresaria de 32 años, lo embistió a alta velocidad. El impacto fue violento. Testigos y familiares narraron que la conductora, bajo los efectos del alcohol, se acercó al cuerpo de la víctima y, lejos de auxiliarlo, intentó escapar del lugar.

“La señora ha venido, le ha atropellado, ha mirado a don Juan, le ha dicho: ‘¿Qué pasó?’, luego ha querido arrancar y justo venía un motorizado de Rappi y le ha cerrado el paso para que no se dé a la fuga”, relató la sobrina de la víctima.

El parte médico posterior confirmó que Martínez sufrió fracturas múltiples en costillas, pelvis y fémur, lo que provocó una hemorragia interna que desencadenó un shock hipovolémico. Permaneció cinco días internado en la unidad de cuidados intensivos, mientras su familia aguardaba una mejoría que nunca llegó.

“Claro, nosotros estábamos a la expectativa, hemos estado esperando a qué hora se despierta, porque él ha estado con aire artificial”, señaló su tío, quien explicó que la intervención quirúrgica no logró revertir el daño.

Familiares y comunidad exigen justicia

La muerte de Juan Martínez Torres generó indignación entre sus allegados y la comunidad de El Golf. La familia denunció irregularidades en la investigación inicial. El Primer Juzgado de Trujillo otorgó libertad con restricciones a Maricsa Alfaro Serna, quien manejaba con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre y una licencia vencida desde 2022.

“Esa mujer tiene que irse presa. No puede ser posible que lo haya ingresado al hospital diciendo que se ha caído un techo. Ahí hay muchas cosas incongruentes que se tienen que aclarar”, reclamó la hermana de la víctima.

La indignación aumentó cuando se supo que el parte policial describía el hecho como un “accidente de altura”, omitiendo el atropello y favoreciendo la situación legal de la conductora. El general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, declaró que “la conductora se encuentra en calidad de detenida” y señaló falta de profesionalismo en la actuación de los agentes responsables del informe.

Tras el fallecimiento de Martínez, la Segunda Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó recalificar el delito como homicidio culposo. El fiscal provincial Joan Valladares pidió una pena privativa de la libertad de cinco años y cuatro meses para Alfaro Serna, además de una reparación civil de 329.280 soles para los herederos y la incapacidad definitiva para conducir vehículos. El abogado de la acusada renunció al caso el mismo día en que se formalizó el pedido de prisión

El abogado Jorge Villavicencio renunció a la defensa legal de Maricsa Polet Alfaro Cerna, investigada por atropellar y causar la muerte de Juan Martínez Torres en Trujillo. La decisión fue comunicada formalmente tras consultas de diversos medios sobre el denominado “caso El Golf”, en el que Alfaro Cerna enfrenta cargos graves luego del fallecimiento del vigilante.

Villavicencio informó que su participación como defensa técnica culminó oficialmente y que, en adelante, será otro profesional quien asuma la representación legal de la investigada. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión para Maricsa Alfaro Cerna, además del pago de una significativa reparación civil y la inhabilitación definitiva para conducir. La acusación se fundamenta en la gravedad del hecho, respaldada por pruebas técnicas y testimonios, y ha generado una amplia repercusión en la comunidad trujillana.

Renuncia abogado de mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Jorge Villavicencio precisó que su renuncia responde a razones profesionales y al cierre de su etapa como defensa de Maricsa Polet Alfaro Cerna. “Cumplo con informar que mi participación como defensa técnica de la señorita Maricsa Polet Alfaro Cerna ha culminado oficialmente”, indicó el abogado, señalando el apego estricto al marco legal y a los derechos fundamentales durante su labor.

El letrado manifestó que cualquier circunstancia sobreviniente en la investigación será responsabilidad de la nueva defensa técnica, y no emitirá declaraciones adicionales sobre el proceso. “La labor profesional ejercida durante mi intervención se realizó estrictamente dentro del marco jurídico vigente, con observancia del debido proceso, el derecho de defensa y las garantías constitucionales que rigen todo proceso penal”, afirmó.

Villavicencio expresó sus condolencias a la familia de Juan Martínez Torres y reafirmó su decisión de no intervenir públicamente en el caso tras su renuncia: “Expreso mis condolencias a la familia del señor fallecido y, por prudencia profesional, no brindaré mayores declaraciones sobre el caso”.

La comunicación oficial del abogado se produjo tras la intensificación de las investigaciones y el cambio en la calificación del delito, que pasó de lesiones a homicidio culposo luego del fallecimiento de la víctima.

Conductora que atropelló a vigilante podría recibir 5 años y 4 meses de cárcel

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad, a cargo del fiscal provincial Joan Balladares, solicitó que el caso se recalifique como homicidio culposo agravado. La petición incluye una condena de 5 años y 4 meses de prisión para Alfaro Cerna, el pago de S/ 329.280 como reparación civil a los herederos del vigilante y la inhabilitación definitiva para conducir vehículos.

La Fiscalía fundamentó su solicitud en la gravedad de los hechos y en las pruebas recabadas: informes médicos, videos de las cámaras de seguridad y el resultado del dosaje etílico. El dosaje arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre en la conductora, una cifra superior al límite legal. Además, se consideró agravante que Alfaro Cerna manejaba con la licencia vencida desde 2022.

El incidente ocurrió el 3 de mayo en la urbanización El Golf, distrito de Víctor Larco, cuando una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna arrolló a Martínez Torres, quien realizaba labores de vigilancia. Testigos y vecinos informaron que los ocupantes del vehículo intentaron abandonar la escena tras el impacto.

La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora estaba caduca desde hacía cuatro años. El vigilante, de 54 años, fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos con múltiples fracturas y muerte cerebral, falleciendo el 8 de mayo a consecuencia de las lesiones sufridas.

Familiares y allegados de la víctima expresaron indignación por la actuación inicial de las autoridades, ya que el primer parte policial consignó el hecho como una “caída de altura”, contradiciendo las imágenes recabadas por las cámaras de seguridad. Esta irregularidad motivó la separación y apertura de investigación interna contra los agentes responsables, según informó el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad.

El vehículo involucrado, propiedad de Grupo Forestal del Perú S.A.C., permanece bajo custodia para peritajes. Asimismo, la Fiscalía investiga un accidente previo protagonizado por Alfaro Cerna en 2019, lo que podría configurar reincidencia. La comunidad de Trujillo y familiares de la víctima han convocado movilizaciones para exigir justicia y transparencia en el proceso, reclamando que el caso se investigue como homicidio culposo agravado dada la gravedad de los hechos.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó la recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo en la investigación contra Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien protagonizó un accidente que terminó con la muerte del vigilante Juan Martínez Torres.

El fiscal provincial Joan Balladares requirió una condena de 5 años y 4 meses de prisión para la acusada, el pago de S/ 329.280 como reparación civil para los herederos y la inhabilitación definitiva para conducir.

El Ministerio Público fundamentó su pedido en la gravedad de los hechos y el desenlace fatal, apoyándose en los informes médicos, videos de seguridad y el resultado del dosaje etílico. La solicitud menciona como agravante que la conductora manejaba con la licencia vencida desde 2022. De acuerdo con la Fiscalía, la sanción solicitada responde a la responsabilidad penal directa por la conducción bajo los efectos del alcohol y la carencia de permiso vigente.

El 3 de mayo, en la urbanización El Golf del distrito de Víctor Larco, las cámaras de vigilancia registraron el momento en que una camioneta Mercedes-Benz, conducida por Alfaro Cerna, arrolló a Martínez Torres mientras este cumplía labores de vigilancia.

La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora estaba caduca desde hace cuatro años y que la prueba de alcoholemia arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el máximo legal. Testigos y vecinos reportaron que los ocupantes del vehículo intentaron retirarse del lugar tras el impacto.

Martínez Torres, de 54 años, fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo. Permaneció cinco días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con múltiples fracturas, muerte cerebral y un paro cardíaco. Los médicos atribuyeron el fallecimiento, ocurrido el 8 de mayo, a las lesiones sufridas durante el incidente.

Familiares y allegados del vigilante han manifestado indignación por la actuación inicial de las autoridades, ya que el primer informe policial registró el hecho como una “caída de altura”, contradiciendo las imágenes de las cámaras de seguridad.

A pesar de estos hechos, el Poder Judicial ordenó la liberación de Maricsa Alfaro Cerna, mientras continúa la investigación, lo que ha generado indignación en la familia de la víctima y en la comunidad, que exige justicia ante la gravedad del caso.

Policía investigada por irregularidades en el acta inicial

La investigación tomó un nuevo rumbo después de confirmarse que la Policía Nacional consignó información falsa en el acta policial, justificando las lesiones del vigilante como una caída. El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, comunicó que los agentes responsables fueron separados y sometidos a una investigación interna por falta de profesionalismo.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en que se elaboró el acta y determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales de los policías implicados. Los familiares de la víctima rechazaron cualquier intento de “arreglo” extrajudicial, exigiendo que el proceso continúe por la vía legal.

Contexto y antecedentes de la acusada

El vehículo involucrado, propiedad de Grupo Forestal del Perú S.A.C., permanece bajo investigación. Según registros, Alfaro Cerna había protagonizado otro accidente en 2019, cuando perdió el control de su automóvil tras intentar esquivar un camión. La Fiscalía sostiene que hay elementos suficientes para acreditar una conducta reincidente y solicita que el Poder Judicial aplique la máxima rigurosidad en la sentencia.

La comunidad de Trujillo, junto a los allegados de Martínez Torres, ha convocado movilizaciones y manifestaciones para exigir justicia y transparencia en el proceso. Solicitan que el caso se investigue como homicidio culposo agravado, dadas las circunstancias y la gravedad de los hechos.

El fallecimiento de Juan Martínez modifica el curso del proceso penal y eleva la gravedad del caso. Según la denuncia, la Fiscalía permitió que la investigada continúe en libertad, pese a existir varios agravantes. La sociedad civil y la familia de la víctima han expresado su preocupación ante la posibilidad de fuga de la conductora, quien carece de impedimento de salida del país.

De acuerdo con Greco Quiroz, el fiscal solo imputó inicialmente lesiones culposas graves, omitiendo la conducción en estado de ebriedad y la tentativa de fuga, hechos confirmados por testigos. El representante denunciante afirmó que la Fiscalía debió considerar agravantes que elevan la pena y permiten solicitar prisión preventiva, como establece el artículo 124 del Código Penal. Para Quiroz, la omisión constituye una falta grave y refuerza el pedido de destitución del fiscal Balladares.

Señalan presuntas irregularidades en parte policial del caso de atropello en Trujillo

La denuncia sostiene que el fiscal Joan Balladares no consideró la concurrencia de delitos ni los agravantes que, según la parte denunciante, habrían justificado la prisión preventiva para la conductora. Greco Quiroz detalló que testigos presenciales aseguraron que Maritza Polet Alfaro Cerna intentó darse a la fuga tras el atropello, acción frustrada por ciudadanos. “La Corte Suprema ha determinado que, al sumarse agravantes como la conducción en estado de ebriedad y la tentativa de fuga, la pena puede superar los seis años, lo que habilita la prisión preventiva”, puntualizó Quiroz en diálogo con Exitosa Noticias.

El exfuncionario regional criticó la ausencia de impedimento de salida del país para la imputada, quien, según su DNI, reside en Huanchaco y es gerente de Grupo Forestal SAC, empresa propietaria del vehículo involucrado. “La señora puede abandonar el país en cualquier momento, lo que agrava la sensación de impunidad”, advirtió Quiroz.

Además, el documento presentado ante el Ministerio Público señala presuntas irregularidades en el parte policial, donde inicialmente se consignó que la víctima sufrió una “caída” y no un atropello. Quiroz calificó este hecho como falsedad ideológica y pidió también sanciones para los policías involucrados.

Fiscal explica por qué no solicitó prisión preventiva a conductora ebria

El fiscal Joan Balladares, representante de la Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad, defendió la decisión de no solicitar prisión preventiva, explicando que la legislación peruana exige una prognosis de pena superior a cinco años para requerir dicha medida. “El delito atribuido es culposo y la pena está entre cuatro y seis años”, explicó Valladares en entrevista con Canal N. Según señaló, al momento de la decisión, la tipificación no permitía superar el umbral legal requerido.

Balladares precisó que la investigación incluyó diligencias inmediatas como dosaje etílico y exámenes toxicológicos, además de la intervención de testigos que impidieron la fuga de la conductora. El caso fue derivado a un proceso inmediato, mecanismo que acelera la obtención de sentencia y mantiene restricciones sobre la imputada.

El fiscal añadió que la aceptación de responsabilidad por parte de la conductora y el encuadre del delito en lesiones culposas agravadas limitaron la solicitud de prisión preventiva. “Si el caso hubiera sido calificado como homicidio culposo, la pena oscilaría entre cuatro y ocho años, lo que sí habilitaría la medida”, puntualizó. Tras el fallecimiento de la víctima, el Ministerio Público deberá recalificar el delito y analizar la posibilidad de solicitar nuevas medidas restrictivas.

La Fiscalía informó que el cumplimiento de las restricciones será monitoreado mientras se programa la audiencia judicial definitiva. Balladares destacó que este proceso inmediato en libertad fue uno de los primeros tramitados en la unidad de flagrancia de La Libertad, pero el desenlace fatal obliga a revisar la calificación legal y las consecuencias procesales para la conductora.

Víctima de atropello en Trujillo fallece tras días en UCI

El vigilante Juan Martínez Torres, de 54 años, falleció tras permanecer varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, luego de ser atropellado por una camioneta en el distrito de Víctor Larco, región La Libertad. La Gerencia Regional de Salud confirmó el deceso del trabajador, quien había sufrido lesiones graves, incluyendo fracturas en la pelvis y daños internos severos, lo que complicó cualquier intervención médica.

El accidente ocurrió la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, cuando Maritza Polet Alfaro Cerna, quien conducía en estado de ebriedad y con la licencia vencida, embistió al vigilante que se encontraba en el exterior de una vivienda. La familia de la víctima exige justicia y cuestiona la liberación de la conductora, quien, pese a registrar 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, fue puesta en libertad por decisión del juez y el fiscal de turno. El caso avanza bajo proceso inmediato, mientras persiste la indignación por la decisión judicial.

Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, falleció luego de permanecer varios días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, tras haber sido atropellado por una camioneta en el distrito de Víctor Larco, en la región La Libertad. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó el deceso del trabajador, quien luchaba por sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones.

El accidente ocurrió la noche del domingo 3 de mayo en la urbanización El Golf, específicamente en la calle Las Capullanas. Según las primeras investigaciones, Martínez se encontraba sentado en el exterior de una vivienda cuando fue embestido por una camioneta conducida por Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años.

Víctima permaneció varios días en UCI

Tras el impacto, el vigilante quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital Belén de Trujillo, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones ocasionadas por el atropello terminaron provocando su fallecimiento.

Según explicó su hermana,Rossmery Martínez, el estado del trabajador era delicado y el diagnóstico permanecía reservado debido a la gravedad de las lesiones. Otra de sus hermanas, Elisa Martínez, detalló que el paciente presenta fractura de pelvis, lesiones en la cadera, testículos e intestino, además de daño en la caja torácica y un derrame en el corazón. La pérdida de sangre interna dificulta cualquier intervención quirúrgica inmediata y su pierna también se encuentraba destruida.

Conductora fue liberada

Además del fatídico accidente, la liberación de la conductora involucrada generó indignación entre los familiares de la víctima. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer se encontraba en estado de ebriedad al momento del atropello; sin embargo, fue puesta en libertad tras una decisión del juez y el fiscal de turno, quienes no dictaron prisión preventiva pese a los elementos presentados.

Según confirmó Rossmery Martínez, hermana del vigilante fallecido, Maricsa Polet Alfaro Cerna conducía con la licencia vencida desde 2022 y registraba 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente, cifra que cuadruplica el límite legal permitido. La noticia de la excarcelación generó una reacción inmediata de la familia, que exige una revisión del caso y cuestiona las decisiones adoptadas por las autoridades.

¿Por qué no pidieron prisión preventiva?

El fiscal provincial Joan Balladares detalló los fundamentos legales que llevaron a la Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de La Libertad a no solicitar prisión preventiva para Maricsa Polet Alfaro Cerna, acusada de atropellar a un vigilante en Trujillo mientras conducía en estado de ebriedad. Según Balladares, la investigación se abrió por el delito de lesiones culposas agravadas, cuya pena oscila entre cuatro y seis años de prisión. La legislación peruana exige que la prognosis de pena sea superior a cinco años para que se pueda pedir prisión preventiva, requisito que no se cumplió en este caso.

El fiscal indicó que la calificación jurídica del delito y las restricciones del Código Penal impidieron solicitar la medida privativa de libertad. Explicó que, además, la Fiscalía actuó dentro del proceso de flagrancia, tras recibir la notificación policial dos horas después del incidente. Se realizaron diligencias como el dosaje etílico y exámenes toxicológicos, confirmando el estado de ebriedad de la conductora, una circunstancia ya contemplada en el tipo penal aplicado.

El caso fue derivado a un proceso inmediato, mecanismo judicial que permite acelerar las investigaciones y la emisión de sentencia en un plazo de 15 a 30 días. Mientras tanto, la investigada permanece en libertad, sujeta a medidas restrictivas y reglas de conducta obligatorias. Balladares sostuvo que la decisión de no solicitar prisión preventiva responde estrictamente a los límites legales actuales y que el desarrollo del proceso será supervisado por las autoridades judiciales correspondientes.

Según explicó su hermana, Rossmery Martínez, el estado del trabajador es delicado y el diagnóstico permanece reservado debido a la gravedad de las lesiones. Otra de sus hermanas, Elisa Martínez, detalló que el paciente presenta fractura de pelvis, lesiones en la cadera, testículos e intestino, además de daño en la caja torácica y un derrame en el corazón. La pérdida de sangre interna dificulta cualquier intervención quirúrgica inmediata y su pierna también se encuentra destruida.

Controversia por la liberación de la conductora

La conductora identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna fue liberada tras una decisión del juez y el fiscal de turno, quienes no dictaron prisión preventiva pese a los elementos presentados. Según confirmó Rossmery Martínez, hermana del vigilante, la liberación se produjo a pesar de que Alfaro Cerna manejaba con la licencia de conducir vencida desde 2022 y registraba 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente, cifra que cuadruplica el límite legal permitido.

“Ha sido liberada, lamentablemente, por el juez Valladares, el fiscal Valladares”, afirmó la hermana, visiblemente afectada. La noticia de la excarcelación generó una reacción inmediata de la familia, que exige una revisión del caso y cuestiona las decisiones adoptadas por las autoridades. Consideran que la gravedad de las lesiones de Juan, sumada a la conducta de la mujer, justifican una medida de prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos.

Irregularidades en el acta

Desde el inicio, la familia de Juan Martínez detectó irregularidades en el proceso. Las primeras versiones policiales intentaron presentar el atropello como una “caída”, a pesar de las imágenes captadas por cámaras de seguridad y los testimonios que muestran con claridad que se trató de un atropello directo.

“Todo está manipulado, nunca se cayó de un techo, los videos están ahí claros”, denunció Elisa Martínez, otra hermana de la víctima.

Esta versión errónea en el acta policial fue señalada como una grave falta de profesionalismo y ha motivado el cambio e investigación de los policías involucrados, según confirmó el jefe de la Región Policial La Libertad en días recientes.

Frente a la situación, la familia rechaza cualquier posibilidad de acuerdo extrajudicial. “La vida de mi hermano no tiene precio. Si él se salva, no va a quedar bien ni podrá volver a trabajar”, expresó Martínez. Señalan que han recibido propuestas para llegar a un “arreglo”, pero insisten en que la única salida es que la justicia actúe con firmeza y transparencia.

Durante una manifestación en la Plaza de Armas de Trujillo, los familiares pidieron la intervención de autoridades superiores y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la exigencia de justicia. Además, solicitaron donaciones de sangre para Juan, quien sigue en estado crítico con diagnóstico reservado.

En entrevista con Canal N, el fiscal provincial Joan Balladares explicó que la medida responde a las limitaciones establecidas en el Código Penal para el delito imputado. Según indicó, la investigación fue abierta por lesiones culposas agravadas, ilícito que contempla una pena de entre cuatro y seis años de prisión.

¿Por qué no se solicitó prisión preventiva?

Durante la entrevista, Balladares precisó que la legislación peruana exige una prognosis de pena superior a cinco años para solicitar prisión preventiva. “El delito que se le ha atribuido a la señora es un delito culposo, previsto en el artículo 124 del Código Penal, y tiene una pena de cuatro a seis años”, señaló.

El fiscal agregó que el requisito mínimo para aplicar prisión preventiva no podía cumplirse en este caso. “Sería imposible solicitar una prisión preventiva”, afirmó al explicar los criterios legales que impidieron requerir dicha medida contra la investigada.

Asimismo, indicó que la Fiscalía actuó dentro del marco del proceso de flagrancia, luego de que la Policía comunicara el caso aproximadamente dos horas después del atropello. Tras ello, se realizaron diligencias como el dosaje etílico, exámenes toxicológicos y otras actuaciones propias de la investigación.

Proceso continúa

El representante del Ministerio Público informó que el caso fue derivado a un proceso inmediato, mecanismo judicial que permite acelerar las investigaciones y obtener una sentencia en menor tiempo que un proceso ordinario.

“Hemos decidido incoar proceso inmediato para darle una respuesta rápida a la ciudadanía”, declaró Balladares a Canal N. Explicó que este procedimiento permite que, en un plazo aproximado de 15 a 30 días, el Poder Judicial programe la audiencia correspondiente para emitir sentencia.

La Fiscalía también confirmó que la conductora aceptó su responsabilidad en el hecho. Mientras continúa el proceso judicial, permanecerá bajo medidas restrictivas y reglas de conducta obligatorias impuestas por las autoridades.

Confirman estado de ebriedad

Las diligencias fiscales confirmaron que Maricsa Polet Alfaro Cerna se encontraba en estado de ebriedad al momento del atropello. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que esta condición ya se encuentra contemplada dentro del tipo penal de lesiones culposas agravadas y no modifica el límite legal requerido para solicitar prisión preventiva.

Balladares explicó además que el caso habría tenido un tratamiento penal distinto si la víctima hubiera fallecido. “Si hubiera sido homicidio culposo, la pena se eleva de cuatro a ocho años”, sostuvo durante la entrevista con Canal N.

Según detalló, bajo la actual calificación jurídica, las facultades de la Fiscalía se encuentran limitadas por el marco legal vigente, motivo por el cual se optó por continuar el proceso bajo comparecencia con restricciones.

Conductora fue detenida por transeuntes

La Policía informó que la detención de la investigada fue posible gracias a la intervención de ciudadanos que presenciaron el hecho. Entre ellos, un repartidor de delivery y varios transeúntes bloquearon el paso de la camioneta utilizando una motocicleta para impedir que la conductora abandonara el lugar.

Para la Fiscalía, esta situación permitió asegurar la identificación y permanencia de la investigada durante las diligencias sin necesidad de una detención prolongada. Además, las autoridades señalaron que el cumplimiento de las restricciones impuestas será monitoreado constantemente.

Finalmente, Balladares indicó en Canal N que este caso representa uno de los primeros procesos inmediatos en libertad por lesiones culposas tramitados en la unidad de flagrancia de La Libertad. Añadió que la resolución final dependerá de la programación de la audiencia judicial correspondiente.

Durante la audiencia, Polet Alfaro expresó su postura ante el hecho y aseguró que colaborará con la investigación.

“Quiero que sepan que yo realmente me comprometo a cumplir lo que determine y no voy a descansar hasta que las personas agraviadas se encuentren totalmente bien”, afirmó ante el juez.

Subrayó su intención de asumir las consecuencias y reiteró que desde el primer momento se ha hecho responsable por el accidente. “Me considero una ciudadana trabajadora que lo he demostrado y quiero que les quede claro que desde el primer momento estoy haciéndome responsable y así me quiero mantener”, agregó.

Vigilante se encuentra en UCI

El hecho ocurrió la noche del 3 de mayo, cuando la camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro embistió a Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años, en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el trabajador fue impactado y aplastado contra una pared, quedando herido de gravedad. El diagnóstico médico actual indica que Martínez permanece en estado crítico, intubado y bajo atención en el Hospital Belén de Trujillo.

El caso está marcado por la controversia luego de que el primer informe policial consignara falsamente que la víctima sufrió una caída, versión desmentida por testigos y videos. Por este motivo, varios agentes han sido separados de sus cargos y están bajo investigación por falta de profesionalismo.

El peritaje oficial confirmó que Maricsa Alfaro Cerna conducía con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal. Detenida tras el accidente, participó en la reconstrucción y optó por guardar silencio. Su situación legal se definirá en una próxima audiencia. Además, en 2019 estuvo involucrada en otro accidente de tránsito al despistarse al esquivar un camión. Ahora es investigada por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Mientras la conductora declara su disposición a asumir las consecuencias legales y apoyar a la víctima, la familia de Juan Martínez Torres rechaza cualquier intento de acuerdo extrajudicial y pide justicia.

“Es crítico, lo van a pasar a UCI, está intubado, está inconsciente”, señaló un familiar de la víctima.

Canales de ayuda

• Policía Nacional del Perú (PNP): Llama al 105 para reportar accidentes de tránsito, solicitar presencia policial y recibir asistencia inmediata en el lugar de los hechos.
• Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU): Marca el 106 para solicitar atención médica de emergencia y el traslado de personas heridas a centros hospitalarios.
• Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: Comunícate al 116 para pedir auxilio en casos de rescate, incendios o asistencia técnica en accidentes graves.

El accidente ocurrió en la zona residencial de Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco, cuando Juan Martínez Torres, de 54 años, cumplía su turno nocturno como vigilante. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona muestran que el trabajador estaba sentado y apoyado en una pared cuando fue impactado directamente por una camioneta gris marca Mercedes-Benz.

El vehículo, a nombre de la empresa Grupo Forestal del Perú S.A.C., no detuvo la marcha al acercarse a la intersección de las calles y terminó embistiendo al hombre, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Algunos señalaron que los ocupantes del automóvil intentaron abandonar el lugar pese a los pedidos de auxilio de la víctima, quien permanecía inconsciente tras el impacto.

Liberan a la conductora

El Poder Judicial de Trujillo ordenó la liberación de la conductora que atropelló al vigilante. La víctima permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. La Fiscalía solicitó un proceso inmediato por lesiones culposas y pidió restricciones.

El esposo de la conductora también manifestó que se están haciendo cargo de los gastos económicos que necesita el trabajador. Aunque la familia denuncia que buscan “arreglar” para evitar que la denuncia continúe.

Estado de salud de la víctima

La familia de Martínez Torres confirmó que el trabajador permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), intubado y en estado inconsciente. Alesandra Martínez, sobrina del vigilante dio detalles de su avance.

“Es crítico, lo van a pasar a UCI, está intubado, está inconsciente”, señaló a Latina Noticias. El diagnóstico médico señala policontusiones y pronóstico reservado.

Además, los familiares manifestaron su indignación por el contenido del acta policial inicial, en la que se menciona que el trabajador habría sufrido una caída, cuando las grabaciones muestran con claridad la embestida.

“Justicia, por favor, que se aclaren las cosas, que desde un inicio no tendrían por qué haber puesto como caída. Las personas que hicieron esa acta, pedimos justicia. Justicia por mi tío, que se sancione con todo el peso de la ley”, expresó la sobrina de la víctima.

Sin brevete

La Policía Nacional del Perú informó que la conductora responsable fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien ya se encuentra detenida en la comisaría del sector. De acuerdo con la investigación policial, la licencia de Alfaro Cerna estaba vencida desde hace cuatro años. Las autoridades también confirmaron que la prueba de alcoholemia practicada a la conductora arrojó resultado positivo, pero no se ha precisado el grado del alcohol.

Además, en las imágenes se visualiza a la conductora que baja de manera lenta para auxiliar al vigilante. En la misma escena, aparece dos personas más que estaban al interior de la camioneta. De acuerdo con los vecinos, habrían querido irse del lugar.

El accidente ha desencadenado un debate sobre la fiscalización de licencias de conducir en la ciudad de Trujillo y la responsabilidad de los conductores que circulan con documentos vencidos. Vecinos y familiares de la víctima exigen una sanción ejemplar para la responsable. .

Canales de ayuda

• La Policía Nacional del Perú (PNP) responde a emergencias marcando el número 105.
• El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) brinda auxilio médico inmediato llamando al 106.
• El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con rescate, incendios y accidentes graves a través del número 116.

Por su parte, la Fiscalía solicitó el inicio de un proceso inmediato y la imposición de restricciones en contra de la conductora, esto debido a la gravedad de las lesiones de la víctima y su estado delicado de salud.

La Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia de La Libertad formalizó una solicitud de proceso inmediato por lesiones culposas. Además, pidió que se ratificara la incautación de pruebas y que se impusieran comparecencias con restricciones a la investigada, según informó Exitosa.

Detalles del accidente ocurrido en Trujillo

La noche del domingo 3 de mayo, en la intersección de Los Tallanes con Las Capullanas, distrito de Víctor Larco, un vigilante resultó gravemente herido tras ser atropellado por un automóvil de alta gama. Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto del impacto, mientras el trabajador realizaba sus labores.

La Policía Nacional del Perú identificó a la conductora como Maritza Polet Alfaro Serna, de 32 años, quien tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. El examen de alcoholemia resultó positivo. El vehículo involucrado está registrado como perteneciente a una empresa llamada Grupo Forestal del Perú S.A.C.

Sobre el estado de la víctima, esta sufrió policontusiones y lesiones de pronóstico reservado al ser empujado contra una pared. Vecinos auxiliaron al vigilante y lo trasladaron al Hospital Belén de Trujillo, donde permanece internado y sigue en estado crítico.

Víctima de atropello sigue en UCI

Juan Martínez Torres continúa en cuidados intensivos con diagnóstico de policontusiones y evolución clínica incierta. El parte médico señala un pronóstico reservado; permanece bajo estricta vigilancia médica, según Exitosa.

Familiares del vigilante expresaron su temor y exigieron que se determinen responsabilidades. “La situación de Juan es crítica y queremos justicia”, reclamaron públicamente.

La atención social sobre el caso en Trujillo se mantiene elevada, con creciente indignación por la decisión judicial y preocupación por la salud del lesionado.

En los próximos días se esperan nuevas definiciones de las autoridades respecto a la situación legal de la conductora. El proceso continúa y la expectativa pública se centra tanto en la evolución del caso como en la recuperación de la víctima.

¿Qué puedo hacer en caso de un accidente?

En situaciones de accidente de tránsito, sin importar si eres víctima o testigo, es primordial actuar con rapidez. Primero, la prioridad es contactar a los servicios de emergencia, utilizando los siguientes números:

• 110 para la Policía de Carreteras
• 116 para la Compañía de Bomberos
• 106 para el Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Las víctimas deben recibir atención médica sin importar si el vehículo tiene o no un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que existe un fondo de compensación asociado al SOAT que cubre los gastos médicos indispensables.

El accidente, ocurrido la noche del domingo 3 de mayo, quedó registrado en cámaras de seguridad que muestran cómo la conductora Maricsa Alfaro Cerna, a bordo de una camioneta Mercedes-Benz, arrolló violentamente a Juan Martínez Torres, de 54 años, quien cumplía funciones de vigilancia en la zona. Sin embargo, en el acta policial inicial, los agentes consignaron que el vigilante había sufrido los golpes producto de una caída desde las alturas, una versión desmentida por testigos y las imágenes obtenidas.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, expresó su indignación por el proceder de los policías involucrados y confirmó que los agentes han sido separados de sus funciones mientras dura la investigación.

“Los policías, desde mi punto de vista, han actuado con falta de profesionalismo, porque hemos verificado el diagnóstico real de la víctima y es prácticamente un accidente. Iniciarle una investigación ante el órgano de control y generar su cambio a otra unidad por falta de profesionalismo”, declaró Espinoza.

No obstante, esta información habría recibido de parte de los médicos que atendieron a la víctima, por lo que se espera sus descargos para conocer qué sucedió aquella noche.

Confirmación de alcohol en la conductora y antecedentes

El peritaje determinó que Maricsa Alfaro Cerna conducía bajo los efectos del alcohol, con 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal permitido. La conductora, quien ya se encuentra detenida, participó en la reconstrucción de los hechos y, según se informó, se acogió a su derecho a guardar silencio durante la diligencia. La audiencia para definir su situación legal se realizará en las próximas horas.

No es la primera vez que Alfaro Cerna se ve involucrada en un accidente de tránsito. En 2019, protagonizó un despiste tras intentar esquivar un camión que invadió su carril. Ahora, enfrenta una investigación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud.

Mientras tanto, Juan Martínez Torres continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, luchando por su vida. El esposo de la conductora aseguró que la familia está cubriendo todos los gastos médicos y brindando apoyo a la víctima.

“El señor en ningún momento está desamparado. Nosotros estamos brindando todo el apoyo necesario”, declaró.

No obstante, los familiares del vigilante sostienen que la intención de la familia de la conductora es “arreglar” el caso fuera del ámbito judicial, algo que rechazan de manera tajante. “Acá no hay arreglo. Mi tío va a quedar mal, mi tío está destrozado”, expresó la sobrina de la víctima.

La Policía Nacional ha iniciado un proceso disciplinario y las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades penales de todos los implicados. Asimismo, se conoció que la conductora fue liberada ayer, 5 de mayo, en horas de la noche.

Juan Martínez Torres, de 54 años, cumplía funciones de vigilancia sentado en la intersección de Los Tallanes con Las Capullanas, en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, cuando fue embestido por un automóvil de alta gama. El vehículo, que se desplazaba por la zona residencial, lo aplastó contra una de las paredes de las viviendas del lugar.

Juan Martínez Torresfue auxiliado por vecinos y trasladado de inmediato alHospital Belén de Trujillo, donde permanece internado con diagnóstico de policontusiones y pronóstico reservado. Los médicos señalaron que su estado es crítico y que lucha por sobrevivir tras las graves lesiones sufridas.

Imágenes registran el preciso momento

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran que el trabajador se encontraba sentado y, al percibir la inminencia del impacto, levantó la pierna derecha en un intento reflejo por protegerse. El golpe lo lanzó contra la estructura, dejándolo gravemente herido.

La Policía Nacional del Perú informó que la persona al volante fue identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años. Tras el accidente, agentes la detuvieron y trasladaron a la comisaría del sector. Según la información preliminar, la conductora tenía la licencia de conducir vencida desde 2022. El dosaje etílico practicado dio resultado positivo.

El automóvil involucrado pertenece a la empresa Grupo Forestal del Perú S.A.C. Hasta el momento, la conductora permanece bajo investigación por el presunto delito de lesiones graves.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las responsabilidades legales de la conductora.

Canales de ayuda ante accidentes de tránsito

La Policía Nacional del Perú (PNP) es la primera autoridad a la que se debe acudir ante un accidente de tránsito. Los agentes están capacitados para asegurar la zona, brindar apoyo inicial a las víctimas y coordinar la llegada de los servicios de emergencia. Además, se encargan de iniciar las investigaciones y registrar los hechos para determinar las responsabilidades legales.

El Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) responde a llamados de emergencia relacionados con accidentes de tránsito y otras situaciones críticas de salud. El personal especializado del SAMU proporciona atención médica en el lugar del incidente y realiza el traslado de los heridos a centros hospitalarios, garantizando una intervención rápida y profesional que puede ser decisiva para salvar vidas.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú interviene en accidentes de tránsito, especialmente cuando se requiere rescate de víctimas atrapadas o control de riesgos, como fugas de combustible. Los bomberos cuentan con equipos y herramientas para liberar personas, estabilizar vehículos y prevenir incendios, trabajando en coordinación con la PNP y el SAMU para ofrecer una respuesta integral ante emergencias.

Según informó Exitosa, la intervención permitió la captura de cinco presuntos miembros de la banda delictiva y evitó un asesinato que ya se encontraba en fase avanzada de preparación.

La investigación de la PNP condujo a un modesto taller mecánico, donde se alteraba la apariencia de un automóvil vinculado a múltiples homicidios en la provincia de Trujillo.

Las autoridades irrumpieron en el local y detuvieron a Jorge Luis Valderrama Cruz, de sesenta años, conocido como “el pintor” en el ámbito delictivo. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el trabajo de este individuo no buscaba embellecer los vehículos, sino borrar pruebas de crímenes.

En el lugar también fue aprehendido Óscar David Romero Cóndor, alias “Memo” o “Niño Viejo”, de diecinueve años. La policía lo señala como presunto sicario de la facción Los Terribles de Trujillo, brazo armado de Los Pulpos.

Exitosa detalló que el automóvil bajo custodia policial había sido pintado de distintos colores según el delito cometido: rojo durante Semana Santa, cuando fue visto en el asesinato de un ingeniero en el parque El Arcoíris de La Esperanza; negro durante el ataque del veinticinco de abril en Florencia de Mora, que dejó un saldo de dos muertos y diez heridos; y plomo, el color que el “pintor” aplicaba al momento de ser intervenido.

Un plan de asesinato

La inteligencia de la PNP confirmó que el vehículo se preparaba para un nuevo atentado. El objetivo era una empresaria que ya estaba bajo vigilancia de la organización criminal.

Según declaraciones recogidas por Exitosa, un alto mando policial explicó: “Hemos encontrado a un sicario, a la persona que pinta los vehículos para que no sean descubiertos y hemos encontrado que este sicario le estaba haciendo reglaje a una ciudadana para asesinarla el día de mañana. Le ha hecho seguimiento a su domicilio, le ha hecho seguimiento a su rutina deportiva y ya tenía todas las coordinaciones para asesinar a esta empresaria”.

El jefe policial añadió que las unidades de investigación habían identificado a los involucrados tras varios días de seguimiento y vigilancia. El mismo oficial precisó que se tomarían medidas inmediatas para advertir a la posible víctima y salvaguardar su integridad.

La cadena criminal

La captura de alias “Memo” activó una serie de intervenciones simultáneas en la parte alta del distrito de La Esperanza. Los agentes de la PNP lograron detener a otros tres presuntos integrantes de la red: Gilberto Riquelme Vázquez (“CJ”), Lady Rojas Huamán (“Chata”) y Xiomara Verónico Chaute (“Gringa”), esta última identificada como pareja sentimental del presunto sicario.

La policía incautó en la zona una mochila con armas, la cual se encontraba lista para ser utilizada en el atentado planeado contra la empresaria.

Aunque el guardián de las armas logró escapar, los agentes aseguraron el arsenal y desarticularon la logística delictiva. La intervención permitió la incautación de veintisiete municiones, cuatro teléfonos móviles con información relevante, placas de rodaje clonadas y motocicletas presuntamente robadas.

Impacto en la provincia

Exitosa subrayó que la operación produjo un efecto inmediato en la sensación de seguridad en Trujillo, ciudad donde la actividad de Los Pulpos había generado alarma en las últimas semanas. De acuerdo con la información difundida por el medio, los cinco detenidos enfrentarán cargos por sicariato y otros delitos conexos, mientras la policía continúa con las diligencias para desarticular completamente la organización.

La investigación reveló la sofisticación de las estrategias utilizadas por la banda para eludir a las autoridades, incluyendo el cambio sistemático de color de los vehículos empleados en sus crímenes y el uso de talleres clandestinos para encubrir sus rastros. La intervención de la PNP no solo frustró un asesinato inminente, sino que también permitió la recuperación de evidencia clave para el avance de las investigaciones.

La escena mostró una protesta simbólica de fuerte contenido político y deportivo: en las horas previas al duelo por la Liga 2, se difundieron imágenes de una ofrenda floral, un féretro y la fotografía del excandidato presidencial César Acuña con el lema “corrupto”, colocados en los exteriores del estadio del Club Deportivo Universidad César Vallejo, en Trujillo, región La Libertad.

Según reportes de medios locales como Sol TV, el perturbador hallazgo sorprendió a los vecinos del centro poblado El Milagro quienes han señalado que sujetos desconocidos abandonaron dichos objetos en el ingreso del recinto deportivo, en un claro acto de amedrentamiento.

El hecho ocurre justo antes del enfrentamiento ante su clásico rival, el Carlos A. Mannucci, en un partido clave por la Liga 2 del fútbol peruano. La impactante puesta en escena fue rápidamente viralizada en redes sociales, generando reacciones divididas entre hinchas y usuarios.

Hasta el momento, ni el club César Vallejo ni el entorno de César Acuña se han pronunciado sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado si se tomarán acciones para identificar a los responsables de esta intervención en los exteriores del estadio que lleva el nombre del excandidato presidencial.

Las polémicas de César Acuña y APP

En el ámbito político, la figura de César Acuña y Alianza para el Progreso (APP) han estado rodeadas en los últimos años por una cadena de cuestionamientos políticos y denuncias públicas que terminaron erosionando su imagen antes de las elecciones generales de 2026.

Uno de los episodios más comentados fue el caso EsSalud, donde sindicatos y reportajes periodísticos denunciaron la presencia de funcionarios vinculados a APP en puestos estratégicos dentro de la institución. Las críticas apuntaban a presuntos nombramientos direccionados y copamiento político en una entidad que administra un multimillonario presupuesto público. Incluso se pidió la salida del entonces presidente ejecutivo, Segundo Acho.

A ello se sumó otra controversia cuando investigaciones periodísticas revelaron que personas cercanas al entorno familiar de Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, habrían ocupado cargos en el Congreso y luego en EsSalud, además de aparecer vinculadas a contratos con el Estado. El caso volvió a poner bajo reflectores la influencia del entorno familiar del líder apepista.

Otro foco permanente de críticas fue la presunta cuota de poder de APP dentro del Ejecutivo. Diversos reportes señalaron la presencia de militantes, exafiliados o personas cercanas al partido en ministerios y entidades públicas durante el gobierno de Dina Boluarte, lo que alimentó cuestionamientos sobre acuerdos políticos y reparto de espacios de poder.

Sin embargo, uno de los temas más sensibles fue la criminalidad en La Libertad, región que César Acuña gobierna y principal bastión político de APP. Durante su gestión regional, Trujillo y otras provincias enfrentaron una fuerte ola de extorsiones, asesinatos y violencia ligada al crimen organizado. En medio de las críticas, Acuña fue cuestionado por deslindar responsabilidades y señalar reiteradamente que la lucha contra la delincuencia dependía principalmente del Ejecutivo, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, lo que para sus detractores evidenciaba falta de liderazgo frente a la crisis.

A ello se añadieron sus vacaciones, viajes y ausencias continuas en momentos especialmente delicados para la región. Cada salida del país o descanso reactivaba los cuestionamientos sobre sus prioridades como gobernador, sobre todo cuando coincidían con estados de emergencia o episodios de violencia en Trujillo.

Toda esa acumulación de polémicas terminó pasando factura en las urnas. En las elecciones generales de 2026, APP sufrió uno de los peores resultados de su historia reciente, mientras Acuña quedó relegado con una votación mínima incluso en su propia región. El desafío ahora será comprobar si ese desgaste también impacta a sus candidatos en los comicios de octubre.

La explosión ocurrió minutos antes de la 1:30 a.m. y provocó daños materiales en la infraestructura, incluyendo la destrucción de vidrios y daños en la reja metálica del local. Según la información recabada por Canal N y el diario Correo, la fuerte detonación generó pánico entre los habitantes de la zona, quienes reportaron haber escuchado el estallido desde varios distritos cercanos.

De acuerdo con el Gobierno Regional de La Libertad, en la institución educativa se ejecutan actualmente obras de mejoramiento con una inversión de S/ 21,3 millones, lo que ha convertido el centro en objetivo de extorsionadores que buscan intimidar a la empresa a cargo de la reconstrucción para exigir el pago de un cupo. Las autoridades consideran que el ataque responde a una escalada de amenazas contra instituciones ligadas a proyectos de infraestructura educativa.

Ataque con dinamita a instituto tecnológico en Trujillo

La detonación de la dinamita causó daños en la caseta de seguridad y en la reja perimetral de la escuela, además de afectar uno de los símbolos del local. Los vidrios de las ventanas quedaron completamente rotos y parte de la estructura metálica se vio comprometida, según imágenes difundidas por medios locales. El estallido generó un estado de alarma en los vecinos de la zona, quienes reportaron el incidente a las autoridades y manifestaron su preocupación por la recurrencia de estos hechos.

Al lugar acudieron rápidamente agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y efectivos del Escuadrón de Emergencia. Las diligencias de investigación quedaron a cargo del área de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri), que trabaja en el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Mientras tanto, personal de la empresa contratista y trabajadores presentes en la institución resultaron ilesos, aunque se mantienen bajo resguardo preventivo.

Las autoridades locales han reiterado la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en los centros educativos de Trujillo, ante la creciente ola de atentados similares en la ciudad. El gobierno regional, presidido hasta hace poco por César Acuña, enfrenta cuestionamientos por la falta de resultados efectivos en el combate a la inseguridad y la protección de las instituciones educativas.

Ataques a centros educativos en Trujillo

El atentado contra la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Indoamérica se inscribe en una serie de ataques perpetrados por bandas dedicadas a la extorsión en Trujillo. Según reportes de Canal N, en lo que va del año ya son seis instituciones educativas, entre cunas, jardines y colegios de secundaria, las que han sido blanco de hechos violentos con fines extorsivos. Los delincuentes buscan aprovechar la ejecución de obras de reconstrucción, financiadas con fondos públicos, para exigir pagos ilegales a las empresas contratistas bajo amenaza de nuevos atentados.

La ciudad de Trujillo enfrenta desde hace varios años un grave problema de inseguridad, con la presencia de organizaciones criminales que utilizan explosivos, atentados y amenazas directas para extorsionar a empresas y autoridades vinculadas a proyectos de infraestructura. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, estos ataques suelen intensificarse en periodos de ejecución de obras públicas, especialmente en el sector educativo, considerado estratégico para la región.

El reciente ataque ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones en Trujillo y la necesidad de implementar estrategias coordinadas de inteligencia y vigilancia. Las autoridades han anunciado la revisión de protocolos de seguridad y el refuerzo del patrullaje en zonas identificadas como de alto riesgo. Mientras tanto, la comunidad educativa y los vecinos exigen acciones concretas para detener el avance de las mafias de extorsionadores que operan en la región La Libertad.

Un ataque armado terminó este miércoles con la vida de Jorge Luis Alcalde, excandidato al Senado por el partido Progresemos en La Libertad y activista animalista, cuando intentaba ingresar a su vehículo.

De acuerdo con testimonios citados por Exitosa, sujetos armados lo interceptaron y realizaron al menos cinco disparos a plena luz del día. Alcalde, de 58 años, fue trasladado al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La familia no ha realizado declaraciones públicas sobre posibles amenazas previas, mientras que la Policía Nacional (PNP) mantiene acordonada la zona y revisa las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables.

La víctima, que fue excluido del proceso electoral por omitir una sentencia judicial, era reconocido por su labor social al presidir la fundación animalista “Tus patas en mis manos” y gestionar un albergue para perros y un hospital veterinario, iniciativas que le dieron reconocimiento en la comunidad local.

Testigos señalaron que, al momento del ataque, transportaba costales de comida para animales y llevaba a una de sus mascotas. Fuentes policiales consultadas por la emisora señalaron que una de las principales hipótesis vincula el crimen a posibles actos de extorsión o conflictos relacionados con sus actividades empresariales, ya que Alcalde era dueño de terrenos y negocios en la ciudad.

Se presume la existencia de un intento de extorsión, solicitud de dinero o algún litigio pendiente. El Ministerio Público y la PNP coordinan diligencias para recolectar pruebas y avanzar en la investigación, aunque hasta ahora no se han realizado detenciones ni se ha identificado a los responsables.

Trujillo ha sido una de las más afectadas por la ola de violencia del crimen organizado en los últimos años, razón por la cual permanece bajo estado de emergencia para que las fuerzas armadas apoyen a la PNP en el control interno y el combate contra las mafias de extorsión y sicariato en la zona.

Solo el mes pasado ocurrió la detonación de una granada en la discoteca Dalí, hecho que dejó 47 heridos, cinco en estado grave. El ataque se atribuyó a la organización criminal ‘Los Pulpos’, dirigida desde el extranjero por el prófugo Jhonsson Smit Cruz Torres.

Los detenidos coordinaron el atentado y mantuvieron comunicación con Cruz Torres, cabecilla de la red, quien cuenta con condena de cadena perpetua por homicidio y extorsión, y permanece prófugo desde 2022 tras huir al extranjero.

El entonces jefe policial de la región La Libertad, Franco Moreno, señaló que el proveedor de la granada es el mismo que fabricó los explosivos usados meses antes en la cadena de licorerías Tabaco y Ron, otro objetivo de extorsión en Trujillo.

La discoteca Dalí ya había sufrido otro atentado con bombas lacrimógenas en febrero pasado, durante la celebración de San Valentín.

La ciudad de Trujillo, La Libertad, se convirtió en el escenario de un importante golpe contra el crimen organizado. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a Óscar Romero Cóndor, un joven de 19 años, señalado como presunto sicario de la organización criminal “Los Pulpos”. Las autoridades lo consideran uno de los principales responsables de varios hechos de sangre ocurridos en las últimas semanas.

La detención se realizó tras un seguimiento que permitió ubicar al sospechoso cuando intentaba modificar el color de un vehículo implicado en los ataques. El operativo policial, ejecutado en coordinación con unidades de inteligencia, permitió incautar el automóvil y detener a otros cinco presuntos integrantes de la facción “Los Terribles de Trujillo”, grupo asociado a la estructura de “Los Pulpos”.

De acuerdo con fuentes policiales, el auto intervenido había sido utilizado en el asesinato del ingeniero Alcides Lavado de la Cruz en el paradero Arcoíris, crimen cometido el pasado 3 de abril frente a familiares de la víctima.

La Policía halló pruebas clave en el teléfono móvil de Óscar Romero Cóndor, quien habría realizado un marcaje a una empresaria minera de la zona para un nuevo ataque.

“Se ha encontrado videos del relaje de su domicilio, del seguimiento que le ha hecho y pensaban darle muerte en horas de la mañana cuando ella iba a hacer deporte”, detalló el general Franco Moreno Panta, jefe de la región policial La Libertad. El operativo frustró este intento y evitó una nueva tragedia.

Confesiones, conexiones y evidencias incautadas

Durante los interrogatorios iniciales, Óscar Romero Cóndor reconoció haber disparado durante los ataques en el paradero Arcoíris y en una fiesta celebrada en el distrito de Florencia de Mora, donde se registró una masacre con víctimas mortales y heridos.

“Ha admitido su participación. Él es el conductor de este vehículo de la muerte”, precisó el general Moreno Panta, según declaraciones para Buenos Días Perú, de Panamericana Televisión.

Las investigaciones revelaron vínculos directos entre los detenidos y figuras identificadas como Andy Cruz Torres, Johnson Cruz Torres y un recluso apodado “Toda”, quien actualmente cumple condena en el penal de Piedras Gordas.

Las autoridades señalaron que la coordinación de estos crímenes responde al objetivo de controlar espacios criminales en La Libertad, empleando amenazas, extorsión y asesinatos por encargo para sembrar temor en la población.

En el inmueble allanado durante el operativo, los agentes decomisaron 7.500 cartuchos de dinamita y 3.400 cartuchos adicionales, junto a fulminantes de alto poder, materiales asociados a las actividades ilícitas de la organización.

De acuerdo con la Policía Nacional, estas armas y explosivos serían utilizados tanto para ataques directos como para presionar a empresarios y ciudadanos mediante extorsión.

El general Moreno Panta aseguró que la institución mantiene la vigilancia y la acción continua en la región para impedir el avance de organizaciones criminales.

“Aquí en La Libertad, la policía de todas las épocas y de todas las generaciones nunca le van a dar un espacio a estos delincuentes. Siempre van a estar en alerta la Policía Nacional para combatirlos”, enfatizó.

Real Plaza anunció su intención de regresar a Trujillo con la construcción de un nuevo centro comercial, a poco más de un año del colapso del techo en el patio de comidas de su anterior local, que dejó seis víctimas fatales en febrero de 2025.

La empresa, parte del Grupo Intercorp, liderado por Carlos Rodríguez-Pastor Persivale, uno de los empresarios más destacados del Perú, difundió un comunicado sobre el proyecto, que prevé una inversión superior a 500 millones de soles y la creación de más de 12.000 empleos directos e indirectos en la región.

Según la versión oficial, el nuevo centro comercial será distinto al anterior. Incorporará un parque de acceso libre, una explanada multiuso para actividades culturales y un boulevard gastronómico con restaurantes y terrazas abiertas.

La propuesta busca reactivar la economía local y fomentar nuevas oportunidades laborales en Trujillo, tras el cierre del mall y el impacto en los negocios del entorno.

El anuncio de Real Plaza llega en un contexto donde la comunidad aún recuerda la tragedia que provocó el cierre del establecimiento.

En el comunicado, la empresa subraya su compromiso con el desarrollo de la ciudad y la promesa de altos estándares internacionales en el diseño y la construcción del nuevo centro comercial, aunque omite hacer referencia directa al accidente ocurrido en 2025.

Entre los detalles del proyecto, se prevé que el nuevo mall cuente con más de 83.000 metros cuadrados de área comercial, con un crecimiento del 57% respecto a su predecesor.

El plan incluye un segundo nivel, seis tiendas ancla, más de 115 marcas y 1.500 estacionamientos. Además, se contempla la instalación de una clínica con ingreso independiente y atención de emergencia 24 horas, aspectos que buscan reforzar la presencia de servicios en el nuevo espacio.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de la empresa, Hernán Malpartida, sostuvo que la iniciativa apunta a ofrecer a Trujillo el centro comercial más moderno del país, con espacios enfocados en la comunidad y la integración de emprendedores locales.

La compañía estima un plazo de dos años para la ejecución del proyecto, una vez que se completen las etapas de diseño y se obtengan los permisos municipales necesarios.

Permisos municipales

Aunque la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) ha recibido consultas de Real Plaza relacionadas con la demolición del antiguo establecimiento, la cadena todavía no cuenta con los permisos indispensables para iniciar la obra.

Así lo detalló César Sánchez Caipo, gerente general de la MPT, quien explicó que la empresa únicamente ha solicitado información sobre los procedimientos, pero no ha tramitado ninguna de las licencias requeridas.

El funcionario precisó que cualquier proyecto de construcción sobre un local preexistente debe cumplir con tres etapas administrativas: licencia de demolición, licencia de construcción y licencia de funcionamiento.

Cada una exige el cumplimiento de requisitos específicos, como la autorización de Defensa Civil y de la oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, especialmente en el caso de la licencia de funcionamiento.

Sánchez Caipo indicó que “como tal, Real Plaza no ha pedido ninguna de las tres licencias, lo que sí ha solicitado es información, que como cualquier administrado acude a la municipalidad”.

Actualmente, el local permanece cerrado desde febrero de 2025, a la espera de que la fiscalía concluya los peritajes y entregue formalmente el área donde ocurrió el derrumbe.

Durante la ceremonia en Trujillo —que contó con la presencia del ministro del Interior, José Zapata—, Arriola precisó que el movimiento responde a “necesidad del servicio”. El alto mando detalló que Moreno Panta pasará a desempeñar funciones en el Estado Mayor General de la Policía Nacional, considerado el segundo nivel en la estructura de mando.

La decisión se da en paralelo a anuncios de refuerzo policial y en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener el avance del crimen organizado en la región. La Libertad se ha consolidado como uno de los principales focos de violencia en el país, con redes dedicadas a la extorsión que emplean explosivos y estructuras logísticas complejas.

Reorganización policial y cifras de violencia en el país

El anuncio del relevo se dio en la ceremonio de presentación de 500 nuevos efectivos policiales que serán desplegados en puntos críticos de La Libertad. Según explicó Óscar Arriola, el objetivo central es reducir los delitos que más afectan a la población: extorsiones y homicidios.

En ese contexto, el comandante general sostuvo que, a nivel nacional, se ha registrado una disminución en los homicidios en comparación con el año anterior. Precisó que en lo que va del año se contabilizan 810 casos, lo que representa 178 menos que en el mismo periodo previo.

Sin embargo, la lectura de estas cifras contrasta con la situación específica de La Libertad, donde los delitos asociados al crimen organizado mantienen una alta incidencia. La reorganización del mando policial apunta, en ese sentido, a reforzar la estrategia en una región donde las economías ilegales han logrado consolidarse.

Operativo en Trujillo: incautación de explosivos y redes criminales

Antes de su relevo, el general Moreno Panta participó en un operativo clave en Trujillo que permitió identificar parte de la estructura logística de estas organizaciones. La intervención se realizó en el sector Pesquera, donde la Policía detectó domicilios utilizados para almacenar y distribuir explosivos.

A partir de interrogatorios a detenidos, las autoridades lograron ubicar los puntos de acopio. Moreno Panta explicó que los implicados señalaban esa zona como lugar de recepción de dinamita, utilizada luego en acciones de extorsión.

La operación derivó en el ingreso a una vivienda específica, donde se encontró a una persona que custodiaba el material. En el lugar se incautaron 1.700 cartuchos de dinamita y 15.000 detonadores, un volumen que evidencia la escala de las actividades ilícitas.

El general detalló que el material fue asegurado con apoyo de la unidad especializada en desactivación de explosivos, mientras se iniciaban las investigaciones para determinar su procedencia. Además, señaló que los detenidos tendrían vínculos con organizaciones como Los Pulpos y otras estructuras que operan bajo un esquema similar.

La Libertad bajo presión: minería ilegal y estado de emergencia en Pataz

El cambio en la jefatura policial ocurre en un contexto más amplio de crisis de seguridad en La Libertad. La región enfrenta no solo el avance de la extorsión urbana, sino también el crecimiento de la minería ilegal, especialmente en la provincia de Pataz.

A inicios de abirl, el gobierno decidió prorrogar por 60 días el estado de emergencia en esa zona, una medida que evidencia que las acciones implementadas desde diciembre de 2025 no han logrado contener el problema.

En Pataz, los enfrentamientos vinculados a la disputa por recursos mineros ilegales han dejado víctimas mortales, incluso bajo presencia de fuerzas del orden. Esto refleja la capacidad de estas redes para operar en escenarios de intervención estatal.

La minería ilegal, además, ha generado economías paralelas que sostienen la violencia. El uso de armas, explosivos y logística sofisticada muestra que se trata de estructuras con alto nivel de organización.

Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), al menos cuatro sujetos armados irrumpieron en el inmueble y desataron una balacera que generó pánico entre los asistentes. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Los disparos, que habrían superado las veinte detonaciones, alcanzaron a varias personas que se encontraban en el lugar, dejando escenas de desesperación y heridos tendidos en el suelo mientras los atacantes escapaban.

Ataque en Florencia de Mora quedó registrado en video y apunta a ajuste de cuentas

El violento episodio fue captado por una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes ya se encuentran en manos de las autoridades. En el registro se escucha claramente la ráfaga de disparos y se observa el ingreso de los atacantes al inmueble. Además, se evidencia que un quinto implicado permanecía al volante de un automóvil negro, esperando a los sicarios para facilitar la huida.

Tras perpetrar el ataque, los sujetos salieron rápidamente del lugar y abordaron el vehículo. Testigos indicaron que incluso realizaron disparos al aire antes de retirarse, incrementando el temor en la zona. Los seis heridos fueron trasladados de emergencia a centros de salud cercanos, donde algunos permanecen con pronóstico reservado.

Las primeras diligencias de la PNP incluyen el análisis de las grabaciones, la recolección de casquillos y la toma de declaraciones a testigos. De manera preliminar, las autoridades manejan la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

En paralelo, versiones extraoficiales señalan que el ataque podría estar vinculado a disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona. Incluso, en redes sociales, presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Pulpos” se habrían atribuido el atentado, lo que viene siendo verificado por los investigadores.

El atentado ocurre en un contexto marcado por el incremento de la inseguridad ciudadana en Trujillo, donde los enfrentamientos entre bandas y los ataques armados en espacios públicos y privados se han vuelto cada vez más frecuentes. La escena del crimen fue acordonada por peritos de criminalística, quienes continúan recogiendo evidencias clave para identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre.

PNP reestructura mando en La Libertad en medio de crisis por extorsión y violencia criminal

En medio del avance del crimen organizado en La Libertad, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso un cambio clave en su estructura de mando en la región. El general Franco Moreno Panta dejó la jefatura de la Macrorregión Policial y fue reasignado al Estado Mayor General, considerado el segundo nivel en la línea de comando institucional. En su reemplazo, asumió el general Ricardo Espinoza, quien hasta entonces se desempeñaba como jefe policial del Callao. La decisión fue anunciada por el comandante general Óscar Arriola durante una ceremonia oficial realizada en Trujillo.

El relevo se produce en un contexto marcado por el incremento de extorsiones, homicidios y actividades ilegales que afectan a la región. Durante el acto, también se informó sobre el despliegue de 500 nuevos efectivos policiales en zonas consideradas críticas, con el objetivo de reforzar la seguridad y contener los delitos de mayor impacto. A nivel nacional, la institución reportó 810 homicidios en lo que va del año, cifra que representa una reducción de 178 casos respecto al mismo periodo anterior, aunque este descenso no refleja la situación específica que atraviesa La Libertad.

Antes de su salida, Moreno Panta participó en un operativo en Trujillo que permitió identificar parte de la logística utilizada por redes criminales. La intervención, realizada en el sector Pesquera, derivó en la incautación de 1.700 cartuchos de dinamita y 15.000 detonadores, materiales presuntamente destinados a actividades de extorsión. Según las investigaciones preliminares, estos recursos estarían vinculados a organizaciones como Los Pulpos, en una región donde también persiste la presión de la minería ilegal, especialmente en zonas como Pataz, que continúa bajo estado de emergencia.

La intervención tuvo lugar después de un trabajo de seguimiento y vigilancia policial. El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad (REGPOL La Libertad), indicó que la vivienda había sido identificada como un punto de almacenamiento de materiales prohibidos. Durante la inspección, los agentes localizaron cajas y envoltorios con dinamita de alto poder destructivo y miles de detonadores mecánicos.

“Estamos encontrando emulsiones, fulminantes, detonadores de cien unidades”, detalló Moreno Panta en declaraciones a Panamericana Noticias. Además del material explosivo, se confiscó un teléfono celular que, según las primeras pesquisas, habría sido utilizado para coordinar posibles actividades ilícitas.

Pertenecerían a redes criminales

Las autoridades informaron que el material explosivo carecía de autorización legal. El general Moreno Panta señaló que parte de estos explosivos estarían destinados a organizaciones criminales como ‘Los Pulpos’, además de otras redes dedicadas a actividades delictivas en la región. El jefe policial explicó que existen grupos pequeños que funcionan como distribuidores y utilizan dinamita para distintos fines ilegales.

“Hay pequeñas organizaciones que trabajan como delivery que utilizan estas dinamitas para explosionar”, sostuvo. Esta modalidad permite que los grupos criminales tercericen el almacenamiento y la entrega de explosivos, dificultando la labor de las fuerzas del orden para rastrear el origen y destino de estos elementos.

María Jesús Chilon Tasilla, la mujer intervenida, mantenía una rutina diaria visible ante sus vecinos, lo que habría facilitado el camuflaje de las actividades ilícitas. “Era una persona que se ha podido conocer, que salía a barrer, salía a su trabajo, y esto era el perfecto camuflaje para que las organizaciones criminales no puedan llegar y poder sacar esta dinamita y llevarlas a hacer los atentados”, detalló el general.

Tras la intervención, tanto la detenida como el material incautado fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, donde se realizan las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan establecer el origen y el destino de los explosivos, además de identificar a otros posibles implicados en la operación.

El caso sigue en investigación para determinar la responsabilidad penal de la mujer intervenida y desarticular las redes que abastecen de explosivos a grupos delictivos en La Libertad.

Canales de ayuda

• La Línea 105 está disponible las 24 horas para recibir denuncias anónimas sobre actividades delictivas, presencia de explosivos o cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad ciudadana.
• El SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) brinda atención prehospitalaria ante cualquier emergencia médica, incluidos incidentes relacionados con explosivos o situaciones de riesgo. Mediante el número gratuito 106, los ciudadanos pueden solicitar asistencia médica rápida para víctimas de accidentes, lesiones o exposición a materiales peligrosos, garantizando así una respuesta oportuna y especializada en casos críticos.

Una operación de inteligencia en Trujillo terminó en la detención de María Jesús Chilon Tasilla, una mujer de 65 años identificada como presunta custodia de más de 1.700 cartuchos de dinamita y 15.500 detonadores que se encontraban almacenados en su vivienda.

El general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Macro Región Policial La Libertad, indicó a TVPerú Noticias que la carga explosiva estaba localizada en la avenida 5 de abril en la ciudad de Trujillo y tenía el potencial de provocar daños severos: según sus estimaciones, una detonación de esta carga habría podido arrasar con más de dos manzanas residenciales, con presencia de niños y personas embarazadas.

A diferencia de otras incautaciones recientes, esta acción policial involucró a operativos conjuntos entre la División de Investigación Criminal (Divincri), la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, inteligencia regional y el Grupo Terna, quienes en menos de 48 horas identificaron las viviendas sospechosas y ejecutaron la intervención sin contratiempos, de acuerdo con lo informado por el general Moreno Panta a TVPerú Noticias.

La captura alertó a la Policía Nacional, que ahora investigan posibles conexiones con bandas como Los Pulpos, históricamente vinculadas a la extorsión y la minería ilegal en La Libertad.

Redes criminales y uso de explosivos en Trujillo

La hipótesis inicial de la Policía Nacional apunta a que este arsenal sería destinado a intimidar víctimas mediante amenazas o atentados, prácticas comunes de las redes de extorsión en la región, que ya se ha visto afectada por este tipo de ataques desde hace un par de años.

Los cartuchos de dinamita y los detonadores, que permanecían almacenados en un entorno urbano poblado, aumentaban el riesgo de un siniestro de consecuencias incalculables. El general Franco Moreno Panta explicó a TVPerú Noticias: “Hace dos días se identificaron viviendas vinculadas al almacenamiento de dinamita, donde se halló a una mujer como presunta custodia del material”.

La intervención refuerza la escalada de operativos para frenar el acceso y circulación de explosivos industriales fuera de control oficial, eje central de las acciones desplegadas por la Policía Nacional del Perú en contextos de incremento de delitos extorsivos. Tras la incautación, tanto la detenida como el material fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo para el desarrollo de diligencias orientadas a establecer el origen y la red de destinatarios de los explosivos.

Capturan a presuntos secuestradores que usaban chalecos policiales para simular operativos

La captura de tres presuntos secuestradores en Trujillo vuelve a colocar en agenda el uso de indumentaria policial falsa como estrategia para ejecutar delitos. La intervención se produjo en un momento previo a la comisión del crimen, lo que permitió a las autoridades incautar armas, explosivos y material de inteligencia sobre la víctima. La acción se atribuye a un seguimiento previo realizado por la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri - PNP).

El caso revela una modalidad de suplantación de identidad policial. En esta ocasión, los implicados portaban chalecos con insignias de la Dirincri, lo que sugiere un intento de simular un operativo oficial. La rápida actuación de los agentes permitió evitar el secuestro de un empresario de la región La Libertad.

La intervención policial permitió detener a tres personas identificadas como Frank Paredes, Juan Carlos Rodríguez y Jonathan Ávila. Según información de la Dirincri, los sujetos integraban la banda denominada ‘Los Malditos de la Esperanza’. Al momento de la captura, se encontraban dentro de un vehículo que contenía chalecos falsos de la Policía, un arma de fuego, municiones y una granada.

Durante la inspección, uno de los intervenidos negó la propiedad de los objetos incautados. En el registro audiovisual del operativo se escucha: “Eso no es mío”. La frase se repite ante distintos elementos hallados dentro del vehículo, incluidos documentos vinculados al empresario que habría sido secuestrado.

Entre los objetos incautados figura un croquis de la vivienda de la víctima, fotografías personales y un esquema familiar. Esta información sugiere un nivel de planificación que incluía reconocimiento previo del entorno y posibles rutas de intervención.

El caso revela una modalidad que busca generar confianza o confusión en las víctimas mediante la suplantación de identidad policial. En esta ocasión, los implicados portaban chalecos con insignias de la Dirincri, lo que sugiere un intento de simular un operativo oficial. La rápida actuación de los agentes permitió evitar el secuestro de un empresario de la región La Libertad.

El operativo también expone la persistencia de estructuras criminales que operan bajo coordinación externa, incluso desde otros países. Las autoridades sostienen que la planificación del delito no se limitaba a la vigilancia de la víctima, sino que incluía información detallada sobre su entorno familiar.

Intento de secuestro frustrado en Trujillo

La intervención policial permitió detener a tres personas identificadas como Frank Paredes, Juan Carlos Rodríguez y Jonathan Ávila. Según información de la Dirincri, los sujetos integraban la banda denominada ‘Los Malditos de la Esperanza’. Al momento de la captura, se encontraban dentro de un vehículo que contenía chalecos falsos de la Policía, un arma de fuego, municiones y una granada.

Durante la inspección, uno de los intervenidos negó la propiedad de los objetos incautados. En el registro audiovisual del operativo se escucha: “Eso no es mío”. La frase se repite ante distintos elementos hallados dentro del vehículo, incluidos documentos vinculados al empresario que habría sido secuestrado.

Entre los objetos incautados figura un croquis de la vivienda de la víctima, fotografías personales y un esquema familiar. Esta información sugiere un nivel de planificación que incluía reconocimiento previo del entorno y posibles rutas de intervención.

Presunta conexión con organización criminal

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, señaló que la acción delictiva se vincula con la organización criminal ‘Los Pulpos’. Según la autoridad policial, el presunto cabecilla, Johnson Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, dirige operaciones desde Chile.

Revoredo explicó que la estructura del grupo responde a una lógica de segmentación. “Esa es su manera de actuar, pero él sectoriza criminalmente en pseudobandas, pero bajo la línea de acción criminal de los Cruz Arce, de Los Pulpos, en este caso de Johnson Cruz Torres”, declaró.

La Policía sostiene que esta modalidad permite a la organización operar en distintas zonas con células que ejecutan delitos específicos, sin perder conexión con una ղեկավար central. Esta estrategia complica la identificación de vínculos directos entre los distintos grupos intervenidos.

Los tres detenidos presentan antecedentes policiales, según información oficial. La Dirincri indicó que, con esta intervención, se alcanza un total de 503 bandas delictivas y nueve organizaciones criminales desarticuladas en lo que va del año.

Cuestionamientos por liberación de menor implicado

En paralelo, otro caso generó cuestionamientos dentro de la Policía. Se trata de alias Dominic, un menor de edad vinculado a la organización Los Injertos de Ventanilla. El joven fue intervenido con un arsenal de armas y es señalado por su participación en el robo de lingotes de oro en la Costa Verde.

Pese a que el menor confesó su participación, fue puesto en libertad. El general Revoredo expresó su sorpresa ante esta decisión. “Está en registros fílmicos transportando las armas de fuego de corto y largo alcance. Y una persona no lo va a soltar, pues así de fácil”, afirmó.

El Ministerio Público informó que solicitó prisión preventiva, mientras que el Poder Judicial indicó que no se presentó ninguna medida de coerción, por lo que se dictó comparecencia con restricciones. El menor fue citado a una audiencia programada para el 3 de julio.

Otro operativo reciente permitió desarticular a la organización Los Despiadados de Ancón dos. En esta intervención, quince personas fueron detenidas por delitos de extorsión en zonas como Puente Piedra y Huacho.

El caso llamó la atención debido a que el presunto cabecilla, identificado como Lucio Moreno, alias Pirata, coordinaba las actividades desde el penal de Juliaca. Según la Policía, se evalúa su traslado a otro centro penitenciario con mayores restricciones.

Revoredo indicó que se busca aislar al interno para evitar que mantenga contacto con redes criminales externas. “Y muy seguro se ha trasladado a otro penal con la finalidad de que esta persona esté aislada, aislada del mundo criminal”, señaló.

Las intervenciones recientes evidencian patrones comunes en la operación de estas organizaciones, como el uso de información detallada sobre víctimas, la suplantación de identidad y la dirección remota desde centros penitenciarios o el extranjero.

La respuesta judicial frente a los delitos de secuestro en el norte del país suma un nuevo episodio con la reciente sentencia dictada en Trujillo. El caso, que involucró a una estudiante universitaria, expone la forma de operar de organizaciones criminales en la región La Libertad y el nivel de planificación que alcanzan estas acciones delictivas.

El proceso judicial se desarrolló a partir de una investigación fiscal que reunió elementos suficientes para sustentar la acusación. La intervención de distintas instituciones permitió esclarecer los hechos ocurridos en julio de 2024, cuando la víctima fue interceptada en las inmediaciones de su vivienda. El caso generó atención debido a la violencia empleada y al monto exigido como rescate.

El fallo judicial establece responsabilidades concretas para los implicados, en un contexto marcado por el incremento de delitos vinculados a la extorsión y el secuestro. La resolución también pone en evidencia los mecanismos utilizados por las bandas criminales para ejecutar este tipo de acciones.

Sentencia contra integrantes de “Los Pulpos”

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo impuso 30 años de pena privativa de la libertad a Judith Katherine Cruz Arce, Brayan Ronald Rodríguez Vásquez y Rubén Junior Vega Castillo. En el mismo proceso, María de los Ángeles Abanto de la Cruz recibió una condena de 20 años de prisión.

Todos los sentenciados fueron considerados coautores del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado en agravio de Krisstell Denisse Cotrina Cruz. La resolución judicial se sustentó en los elementos presentados durante el juicio oral, que incluyeron testimonios, pericias e informes documentales.

El Ministerio Público detalló que la investigación permitió demostrar la participación directa de los acusados en la ejecución del delito. La acusación fiscal se centró en evidenciar la coordinación entre los implicados y la distribución de funciones durante el secuestro.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo diseñó la estrategia probatoria que sustentó la acusación. Durante el juicio se presentaron más de veinte testimonios, además de pericias técnicas e informes que permitieron reconstruir los hechos.

Según la información oficial, las pruebas expusieron una planificación detallada, así como el seguimiento previo a la víctima. Estos elementos resultaron determinantes para acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados más allá de toda duda razonable.

El Ministerio Público señaló en su pronunciamiento: “La Fiscalía planteó la estrategia probatoria que permitió acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de los sentenciados”. Esta declaración forma parte del reporte institucional difundido tras conocerse la sentencia.

Secuestro y rescate de la víctima

Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2024, cuando la víctima fue interceptada al salir de su domicilio en la urbanización Alto Mochica. De acuerdo con la investigación, los delincuentes utilizaron armas de fuego para ejecutar el secuestro.

La joven fue trasladada en vehículos con placas falsas hacia un inmueble ubicado en el distrito de Huanchaco, donde permaneció retenida. La operación incluyó acciones previas de reglaje y vigilancia, según lo expuesto durante el proceso judicial.

El rescate se produjo al día siguiente gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. La intervención permitió ubicar el lugar de cautiverio y liberar a la víctima con vida.

Tras el secuestro, los implicados abandonaron el vehículo utilizado para el traslado en la parte alta del distrito de La Esperanza. El automóvil fue incendiado, lo que motivó la alerta de vecinos de la zona, quienes informaron a la Policía Nacional.

El propietario del vehículo se presentó posteriormente y declaró que la unidad había sido robada semanas antes del incidente. Este elemento fue incorporado a la investigación como parte del análisis de los recursos logísticos empleados por la organización.

La Policía identificó a la víctima como una estudiante de Psicología de 19 años. Según información difundida por autoridades policiales, los responsables del secuestro establecieron contacto con los familiares para exigir un rescate de cinco millones de dólares. Este dato fue proporcionado por el coronel Víctor Revoredo, jefe policial contra la criminalidad en Trujillo.

Contexto de criminalidad en Trujillo

El caso se enmarca en una serie de delitos relacionados con extorsión y secuestro que se registran en la ciudad de Trujillo. Las autoridades han advertido sobre la presencia de organizaciones criminales que operan bajo esquemas similares.

En su pronunciamiento, el Ministerio Público indicó: “En una firme demostración de lucha contra el crimen organizado, el Ministerio Público (…) obtuvo una contundente sentencia condenatoria contra integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, responsables de un violento secuestro agravado”.

El mismo comunicado agrega que este resultado responde a la acción coordinada entre instituciones encargadas de la persecución del delito, en un escenario donde los casos de secuestro mantienen presencia en la región.

En el video difundido por el medio local Palmeras TV, que rápidamente se difundió en distintas plataformas, se observa cómo el abogado, identificado como Alex, se encontraba en su habitación y comenzó a cambiarse de ropa, quedando completamente expuesto ante los asistentes de la audiencia. La situación generó sorpresa inmediata entre los presentes, cuyas reacciones quedaron registradas en el audio de la transmisión.

Reacciones en plena audiencia

De acuerdo con el registro, algunos participantes no tardaron en notar lo que ocurría. Entre comentarios de desconcierto y risas nerviosas, una de las asistentes intervino para advertirle de la situación: “Abogado Alex, apague su cámara, por favor”, se escucha decir con urgencia.

Para ese momento, el incidente ya había sido presenciado por varios de los conectados. Tras la advertencia, el abogado reaccionó rápidamente, agachándose para salir del encuadre y procediendo a desactivar la cámara de su dispositivo.

El episodio ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios comentan tanto el descuido del profesional como los riesgos de las audiencias virtuales cuando no se toman las precauciones necesarias. Este tipo de situaciones, aunque involuntarias, evidencian la importancia de verificar el estado de cámaras y micrófonos antes y durante cualquier conexión en línea, especialmente en contextos formales.

Otro momento viral

En medio de las elecciones generales en Perú, un nuevo video viral ha captado la atención de los usuarios en redes sociales por lo inusual de la escena. Esta vez, no se trata de un incidente entre personas, sino de la sorpresiva aparición de un animal en pleno proceso electoral.

El hecho ocurrió cuando un cerdo ingresó inesperadamente a un centro de votación, causando desconcierto entre votantes y miembros de mesa que se encontraban cumpliendo con la jornada cívica. Lejos de generar alarma, la situación fue tomada con humor por los presentes.

En las imágenes difundidas, se observa al animal desplazándose con total tranquilidad por el local, caminando cerca de las urnas y mesas electorales mientras los ciudadanos ejercían su derecho al voto. Su presencia rompió momentáneamente la formalidad del ambiente.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Entre risas y comentarios, algunos asistentes le dirigieron frases en tono jocoso como: “Acá le toca votar”, “Ya votó, ahora vaya a su casa”, y “Porky ha venido a contabilizar sus votos”, en alusión al apodo del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Estas escenas quedaron registradas en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, reflejando el clima de humor y expectativa en torno al proceso electoral.

Tras unos minutos recorriendo el lugar y olfateando su entorno, el cerdo finalmente se retiró sin causar mayores incidentes, dejando como anécdota uno de los momentos más curiosos de la jornada electoral.

El procedimiento se desarrolló tras labores de contrainteligencia que permitieron identificar a los agentes como presuntos responsables de delitos graves. La intervención ocurrió cuando los implicados se desplazaban en un vehículo sin placa, lo que generó sospechas adicionales en el seguimiento previo realizado por unidades especiales.

La información difundida por medios locales y confirmada por fuentes policiales indica que los efectivos pertenecerían a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo. Su detención no solo involucra un caso puntual, sino que también pone bajo revisión el funcionamiento interno de áreas sensibles dentro de la institución.

Operativo en Chagual y captura de los suboficiales

La intervención se realizó en el anexo de Chagual, en la provincia de Pataz, durante un operativo conjunto que incluyó unidades especializadas. Según reportes difundidos por Exitosa, los agentes fueron capturados cuando intentaban huir a bordo de una camioneta Toyota Hilux sin placa de rodaje.

Los detenidos fueron identificados como Jonatan Martínez Santa Cruz, Julio Reyna Pereda, Jimmy Ruiz Mendoza y Ciro Vega Reyes. De acuerdo con la información emitida en el informe radial, “cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos en la provincia de Pataz, región La Libertad, en el marco de un operativo de contrainteligencia, tras ser acusados de presuntos delitos de secuestro y extorsión”.

Durante la intervención, las autoridades encontraron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo. Estos elementos quedaron incautados como parte de las diligencias en curso.

Presunta retención ilegal y exigencia de dinero

Las primeras investigaciones señalan que los suboficiales habrían retenido contra su voluntad a una mujer con el objetivo de exigir dinero a sus familiares. Según la versión recogida en el reporte radial, los agentes “habrían retenido ilegalmente a una mujer con el objetivo de exigir dinero a sus familiares”.

La denuncia también precisa que los efectivos lograron obtener una suma considerable como parte de la presunta extorsión. En ese sentido, se indicó que “los efectivos lograron obtener la suma de cuarenta mil soles a cambio de la liberación de la víctima”.

Este punto se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades, que buscan reconstruir la secuencia de hechos y determinar la participación individual de cada uno de los detenidos.

Evidencias incautadas y análisis en curso

Como parte del operativo, las autoridades incautaron dispositivos móviles que contendrían audios y mensajes vinculados a las actividades investigadas. Este material será sometido a peritaje especializado en Lima, con participación del Ministerio Público.

El informe difundido detalla que “se incautaron audios y mensajes que serán sometidos al peritaje como parte de las diligencias en curso”. Estos elementos resultan clave para sustentar las acusaciones y ampliar la investigación hacia posibles redes vinculadas.

Además del material digital, la presencia de armas de corto y largo alcance, junto con municiones y equipos policiales, refuerza las sospechas sobre la participación de los agentes en otras actividades ilícitas, entre ellas el tráfico de armamento y explosivos en zonas de minería ilegal.

Investigación fiscal y traslado a Trujillo

Tras la captura, los suboficiales fueron trasladados bajo custodia a la ciudad de Trujillo, donde continúan las diligencias a cargo del Ministerio Público. Las autoridades evalúan tanto las responsabilidades penales como posibles faltas administrativas dentro de la institución policial.

En paralelo, la Policía Nacional emitió un pronunciamiento en el que señaló que los implicados afrontarán procesos conforme a ley y que estos hechos no representan a la institución.

El caso permanece en etapa de investigación, con la revisión de pruebas materiales y testimoniales que permitan esclarecer los hechos ocurridos en Pataz y establecer las responsabilidades correspondientes.

La alerta se encendió tras la difusión de un reporte en redes sociales. La cuenta Noticias Trujillo informó sobre un incidente que ocurrió en la avenida La Pesqueda, donde un local identificado como Huaca Express fue escenario de una detonación que alarmó a los vecinos de la zona.

“#Trujillo evidencia crisis de seguridad: delincuencia sin control y explosión ocurren a pocas horas de iniciar elecciones presidenciales en el país”, se señaló en la publicación, que rápidamente generó reacciones entre usuarios preocupados por el contexto en el que se desarrollará la jornada electoral.

El hecho no solo se limita a un evento aislado. Según la misma fuente, la situación forma parte de un patrón de violencia que viene afectando a la ciudad en los últimos días. “Explosión en Huaca Express, en avenida La Pesqueda, genera temor previo a elecciones”, se agregó, subrayando el impacto emocional que estos episodios tienen en la población, especialmente cuando se producen en momentos de alta sensibilidad política.

El temor no surge únicamente por lo ocurrido en este local. La publicación también recordó un antecedente reciente que agrava la percepción de inseguridad. “Ayer detonaron otro explosivo en colegio”, se indicó enm el citado medio.

Este tipo de eventos ocurre en un momento particularmente delicado. A pocas horas de que los ciudadanos acudan a votar, la seguridad se convierte en un factor determinante para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. La posibilidad de que actos violentos se registren en la antesala de las elecciones no solo genera temor, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para asegurar condiciones adecuadas.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. En la misma publicación se expresó una crítica directa a la gestión de las autoridades. “Esto es el resultado del poco trabajo de nuestras autoridades”, se afirmó, reflejando un sentimiento que se repite en distintos sectores de la población frente al incremento de la delincuencia.

La ciudad de Trujillo, una de las más importantes del norte del país, se convierte así en un reflejo de los desafíos que enfrenta el Perú en materia de seguridad. La coincidencia entre estos hechos violentos y la proximidad de las elecciones genera un escenario complejo que requiere atención inmediata.

Mientras tanto, las autoridades tienen el reto de responder con rapidez y eficacia. La presencia policial, la investigación de los hechos y la implementación de medidas preventivas serán clave para evitar que situaciones similares se repitan en las próximas horas.

La madrugada en Trujillo volvió a ser interrumpida por la violencia. Un nuevo atentado con explosivo sacudió a la población cuando un artefacto fue detonado en la puerta principal del colegio Marista Siglo XXI, ubicado en la urbanización Los Portales de la Rinconada, en la región La Libertad. El hecho no solo dejó daños materiales, sino también una profunda sensación de alarma entre los vecinos, quienes aseguran que el estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda.

El ataque ocurrió en un punto especialmente sensible: a pocos metros de la Base Policial del Escuadrón Verde, situada en la avenida Salvador Lara. Esta cercanía ha intensificado la preocupación ciudadana, ya que evidencia la audacia con la que operan los responsables, capaces de perpetrar un atentado incluso en zonas donde existe presencia policial.

Trujillo: explosionan colegio Marista Siglo XXI cerca de base policial

De acuerdo con la información confirmada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el impacto afectó directamente la estructura del ingreso principal del colegio. “El estallido de un artefacto explosivo en la puerta principal del colegio Marista Siglo XXI alteró durante la madrugada la tranquilidad de la urbanización”, señala el reporte, que además recoge el testimonio de vecinos que vivieron momentos de tensión tras la detonación.

La onda expansiva no solo dañó la infraestructura, sino que también generó temor en toda la zona. “El estruendo se escuchó en varias urbanizaciones cercanas”, indicaron residentes, quienes despertaron abruptamente ante el sonido de la explosión, sin saber inicialmente qué había ocurrido.

Este nuevo episodio de violencia se suma a una preocupante cadena de ataques dirigidos contra instituciones educativas en la región. En un contexto marcado por el estado de emergencia debido al avance de la criminalidad organizada, estos atentados refuerzan la percepción de inseguridad que afecta a la ciudadanía.

Las autoridades no tardaron en reaccionar. Personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar para evaluar la situación. Su intervención tuvo como objetivo no solo verificar los daños ocasionados, sino también descartar la presencia de otros dispositivos que pudieran representar un riesgo adicional.

“Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar para verificar la magnitud del daño y descartar la presencia de otros dispositivos”, precisa el reporte oficial, que confirma la activación inmediata de los protocolos de seguridad. A pesar de la gravedad del hecho, las autoridades han señalado que no se registraron víctimas. “El hecho, según el reporte preliminar del COER La Libertad, solo produjo daños materiales”, se indicó.

El líder de Alianza para el Progreso (APP) llegó cerca del mediodía a la Institución Educativa 80820 Víctor Larco, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, en la región La Libertad. Sin embargo, lo que debía ser un acto protocolar dentro del proceso electoral terminó convirtiéndose en una escena de rechazo ciudadano que rápidamente se viralizó en redes sociales, marcando uno de los momentos más tensos de esta jornada electoral 2026.

Gritos, insultos y tensión: así fue la salida de César Acuña tras votar

Tras cumplir con su deber cívico, César Acuña se retiró del centro de votación escoltado por un contingente policial. A las afueras del colegio, un grupo de ciudadanos lo esperaba y, de manera sorpresiva, comenzaron a lanzarle gritos e insultos que reflejaban el descontento de un sector de la población.

“¡Fuera corrupto! ¡Sinvergüenza, ladrón!”, se escuchó entre la multitud, mientras otras voces se sumaban con frases como: “Trujillo no te quiere, Acuña” y “No te queremos más”. La situación escaló rápidamente con pedidos de arrojarle objetos como huevos, generando un ambiente de tensión que obligó al candidato a retirarse con rapidez del lugar.

Los gritos no solo se dirigieron al postulante presidencial, sino que también alcanzaron a los equipos de prensa que cubrían la actividad. En medio del caos, algunos ciudadanos cuestionaban el respaldo que el candidato recibe, especialmente entre los jóvenes, con frases como: “Solamente tienes a los jóvenes comprados. ¿Cuánto les pagas?”.

El incidente ocurrió ante la mirada de efectivos policiales que resguardaban la zona, quienes evitaron que la situación pase a mayores. No obstante, el episodio evidenció el clima polarizado que se vive en esta elección presidencial en Perú, donde las emociones y posturas están marcadas en distintos puntos del país.

El contexto detrás de los cuestionamientos: polémicas por pago a streamers

Las expresiones escuchadas durante este incidente no aparecen en el vacío. En las últimas semanas, la campaña de César Acuña ha estado rodeada de cuestionamientos, especialmente por su estrategia de acercamiento al electorado joven a través de plataformas digitales.

Un reportaje periodístico reveló que el candidato habría destinado hasta US$30.000 para trabajar con creadores de contenido en plataformas de streaming como Kick. Entre los nombres mencionados figuran streamers como Cristorata, Neutro y Sachauzumaki, quienes cuentan con miles —e incluso millones— de seguidores, principalmente jóvenes.

Esta estrategia busca conectar con votantes primerizos y ampliar el alcance de su candidatura en espacios digitales. Sin embargo, también ha generado críticas, ya que, según la normativa electoral, toda propaganda electoral destinada a influir en el voto debe ser declarada ante la ONPE, incluso si se presenta como contenido “orgánico”.

En ese contexto, las frases lanzadas por los ciudadanos durante la jornada —como la referencia a “jóvenes comprados”— hacen eco de estas denuncias y del debate público sobre el uso de influencers y streamers en campañas políticas.

Mientras tanto, la participación de César Acuña en las Elecciones 2026 se da junto a su fórmula presidencial, integrada por Jessica Tumi Rivas y Alejandro Soto Reyes, en un proceso que involucra a más de 27 millones de peruanos habilitados para votar. La jornada, iniciada a las 7:00 a. m. y programada hasta las 6:00 p. m., definirá no solo al próximo presidente, sino también a los integrantes del renovado Congreso bicameral y representantes del Parlamento Andino.

“Nosotros hemos trabajado casi seis meses pensando y convencidos que vamos a pasar a segunda vuelta”, señaló a los medios de comunicación.

Durante su intervención, el líder de Alianza Para el Progreso subrayó la complejidad de la contienda electoral, donde compiten treinta y cuatro candidatos. Frente a este panorama, expresó optimismo sobre la posibilidad de avanzar a la segunda vuelta y manifestó.

El exgobernador regional indicó que aguardará los resultados en Lima, adonde tiene previsto viajar tras la votación.

Al ser consultado sobre el desarrollo de la jornada, Acuña mencionó que percibió un ambiente similar en otras regiones del país. En relación a los cuestionamientos y posibles incidentes ocurridos en el colegio Víctor Larco, el candidato minimizó las denuncias de insultos y aseguró que no había escuchado comentarios negativos.

“En ese caso soy un poco sordo, no he escuchado eso”, declaró Acuña.

Criticó a la ONPE por retrasos de instalación

Durante su diálogo con la prensa, César Acuña expresó críticas hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales por demoras detectadas en la entrega de material electoral en varios centros de votación de Lima.

“Acabo de informarme que en Lima el material no ha llegado a tiempo. Ya son casi doce del día y hay centros de votación que no ha llegado a tiempo y eso significa falta de planificación”, afirmó.

Asimismo, indicó que esta situación pueden tener sobre la percepción ciudadana de la transparencia electoral. “Eso hace que la población ya esté dando un mensaje de posible fraude”, advirtió.

Acuña también mencionó que existen culpables de esta gestión y debería investigarse. A pesar de las inquietudes, Acuña manifestó confianza en la decisión del electorado.

La jornada electoral de este domingo transcurre con la participación de 35 aspirantes a la presidencia, en un contexto de alta competencia y fragmentación del voto, que mantiene la atención tanto de los candidatos como de la ciudadanía ante la inminencia de los resultados.

ONPE extiende el horario de votación

El Jurado Nacional de Elecciones extendió el horario de votación para las Elecciones Generales 2026 ante los retrasos detectados en la instalación de mesas en diferentes regiones. Según el comunicado oficial, los electores podrán acudir a votar hasta las 18:00 horas, mientras que la instalación de mesas se permitirá hasta las 14:00 horas.

La decisión responde a los inconvenientes logísticos reportados por la ONPE y busca asegurar la plena participación de la ciudadanía, evitando que los contratiempos impidan el ejercicio del derecho al voto.

La medida se aplica a nivel nacional y forma parte de las acciones adoptadas por las autoridades para garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral. El JNE pidió tranquilidad a los ciudadanos y aseguró que cada voto será contabilizado de manera adecuada.

El estallido de un artefacto explosivo en la puerta principal del colegio Marista Siglo XXI alteró durante la madrugada la tranquilidad de la urbanización Los Portales de la Rinconada, en Trujillo, región La Libertad. El ataque, ocurrido a escasos metros de la Base Policial del Escuadrón Verde sobre la avenida Salvador Lara, se suma a la serie de atentados que afectan a instituciones educativas en medio del estado de emergencia decretado por el incremento de la criminalidad organizada. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) confirmó impacto material en la puerta principal del colegio y la alarma generada entre los vecinos, quienes señalaron que el estruendo se escuchó en varias urbanizaciones cercanas.

La detonación, que ocurrió a pocas horas de las elecciones programadas para el 12 de abril, mantiene en alerta a las autoridades. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazó hasta el lugar para verificar la magnitud del daño y descartar la presencia de otros dispositivos. El hecho, según el reporte preliminar del COER La Libertad, solo produjo daños materiales, pero reforzó la percepción de inseguridad en la zona.

Testigos confirma el estallido

El incidente forma parte de una modalidad delictiva que se ha expandido en la región durante los últimos meses. La extorsión contra colegios, comercios y viviendas ha escalado, con bandas criminales que exigen el pago de sumas elevadas a cambio de no ejecutar atentados. Las primeras investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que este ataque estaría vinculado a dichos grupos, que actúan con violencia para intimidar a los propietarios y directivos de las instituciones.

Vecinos de Los Portales de la Rinconada relataron la experiencia vivida durante la madrugada de hoy 11 de abril. “Un ruido estruendoso nos despertó a mi esposo y a mí. Cuando salimos era al costado de nuestra casa, creíamos que era en la nuestra. Yo lo que pediría a las autoridades es que estén más vigilantes de nuestra zona, porque se escuchan muchos casos de extorsión, delincuencia y hasta intentos de ingreso a viviendas”, manifestó una residente de la urbanización, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.

El fenómeno de la extorsión escolar no es reciente, pero ha alcanzado niveles preocupantes en lo que va del año. Según cifras oficiales, al menos 35 instituciones educativas de La Libertad han denunciado ser víctimas de amenazas o intentos de extorsión, de las cuales 21 han sufrido ataques con explosivos. La frecuencia de estos atentados ha obligado a los directivos a reforzar medidas de seguridad y a solicitar un mayor resguardo policial, sin que hasta el momento se logre frenar la ola delictiva.

El ataque contra el colegio Marista Siglo XXI no es un caso aislado. Solo una semana antes, un explosivo fue dejado en la puerta del colegio San José, ubicado a pocas cuadras del colegio Marista. Otras instituciones, como el Reina de Los Ángeles, Pierre Simón Laplace, Isaac Newton, Orión Ben Carson y San José School, figuran en la lista de colegios afectados por actos similares. Algunas de ellas han contabilizado hasta cinco atentados en lo que va del año, de acuerdo con los reportes policiales.

La Policía Nacional mantiene abiertas varias líneas de investigación para identificar a los responsables del atentado en el colegio Marista Siglo XXI y sus posibles vínculos con otras bandas dedicadas al cobro de cupos en la región. Hasta el momento, no se han reportado detenidos, pero se han reforzado los patrullajes en las inmediaciones de las instituciones educativas que han sido objeto de amenazas o ataques recientes.

El contexto de inseguridad afecta el normal desarrollo de las actividades escolares en Trujillo y genera un clima de tensión entre estudiantes, padres y docentes. Las autoridades educativas recomendaron a la comunidad permanecer alerta y reportar cualquier situación sospechosa, mientras la investigación policial sigue en curso.

Otros colegios extorsionados

La institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, hace un mes aproximadamente suspendió sus clases presenciales tras recibir graves amenazas de presuntos extorsionadores. Ante el temor de un atentado, la dirección del plantel decidió que los alumnos migren a la modalidad virtual hasta nuevo aviso.

Vecinos de la zona indicaron que las intimidaciones habrían comenzado debido a un servicio de cochera que anteriormente funcionaba dentro de las instalaciones del colegio. La dirección emitió un breve comunicado informando a los padres de familia que la suspensión de la presencialidad se debe estrictamente a motivos de seguridad e integridad de personal directivo, docentes y estudiantes.

La protección de los espacios considerados patrimonio cultural enfrenta presiones constantes en diversas regiones del país. En el norte del Perú, las autoridades intensifican acciones para resguardar áreas declaradas intangibles frente a ocupaciones ilegales y actividades no autorizadas. Estas intervenciones buscan frenar el deterioro de zonas vinculadas a la memoria histórica y al legado arqueológico.

En este contexto, las acciones de control se concentran en puntos donde se detecta presencia de invasores o uso indebido del suelo. La coordinación entre entidades estatales y fuerzas del orden resulta clave para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La recuperación de terrenos ocupados sin autorización forma parte de una estrategia más amplia de protección.

El Complejo Arqueológico Chan Chan, ubicado en la región La Libertad, se mantiene bajo vigilancia permanente debido a su condición de patrimonio cultural. En sus alrededores, se identifican sectores vulnerables a ocupaciones informales. Las autoridades sostienen operativos con el objetivo de restituir el control sobre estas áreas.

Intervención policial permitió recuperar terreno ocupado

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, informó sobre la recuperación de un área invadida dentro de la zona intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan. La intervención se realizó con apoyo de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con la información oficial, el operativo permitió desalojar a personas que ocupaban de manera ilegal aproximadamente 5,000 metros cuadrados en el sector denominado Barrios Populares. Esta zona colinda con el Colegio Militar Ramón Castilla y forma parte del área protegida del sitio arqueológico.

Durante la acción, los agentes procedieron al retiro de diversos elementos instalados en el lugar. Entre ellos se encontraban colchones, tanques de agua, rollos de mangueras utilizados para riego tecnificado, un letrero que señalaba el uso del espacio como vivero y la presencia de animales domésticos. Estas estructuras evidenciaban un intento de ocupación sostenida del terreno.

Coordinación entre autoridades para ejecutar el operativo

El despliegue estuvo bajo la conducción del coronel Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Orden Público y Seguridad. En el operativo participaron cerca de 25 efectivos pertenecientes a distintas unidades policiales, entre ellas USE, SUAT, GRECCO, DIVINCRI y la comisaría de Huanchaco.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad también formó parte de la intervención. El director de esta entidad, Christian Arbaiza Mendoza, coordinó previamente con la Policía Nacional para asegurar el desarrollo de la acción en el área afectada.

Según lo señalado por Arbaiza Mendoza, la ocupación de espacios arqueológicos constituye un delito contra el patrimonio cultural. Esta conducta se encuentra sujeta a sanciones penales y a medidas administrativas, de acuerdo con la normativa vigente.

El operativo se desarrolló sin incidentes. Las autoridades indicaron que no se registraron hechos de violencia durante la intervención, lo que permitió ejecutar el desalojo conforme a los procedimientos establecidos.

Jornadas previas evidencian presión sobre el entorno de Chan Chan

Días antes de la intervención, ya se reportaban acciones en los alrededores del complejo arqueológico. A fines de marzo, más de veinte voluntarios participaron en una jornada de limpieza realizada durante los días 26 y 27 en zonas cercanas a Chan Chan.

La actividad se concentró en el tramo comprendido entre los distritos de Huanchaco y Víctor Larco. En ese sector se identificó acumulación de basura y desmonte, lo que generaba impacto negativo en el entorno del sitio arqueológico.

El área presentaba una acumulación progresiva de residuos sólidos. Esta situación alteraba el paisaje y representaba un riesgo para la conservación del complejo. La presencia de desechos también evidenciaba falta de control en zonas próximas al patrimonio cultural.

Los voluntarios se organizaron por sectores con el fin de abarcar una mayor extensión del terreno. Durante las jornadas, lograron liberar espacios que permanecían ocupados por residuos. El retiro de desechos permitió recuperar parte del entorno inmediato del complejo.

Estas acciones, sumadas al reciente operativo de desalojo, reflejan la atención constante que requiere la zona para evitar nuevas ocupaciones y garantizar la protección del patrimonio cultural en La Libertad.

La muerte de un paciente en una unidad de cuidados intensivos bajo circunstancias vinculadas a un intento de homicidio dentro de un hospital público vuelve a colocar en debate la seguridad en los centros de salud. El caso, registrado en el norte del país, expone una secuencia de hechos que involucra violencia criminal, presunta infiltración en áreas restringidas y fallas en los controles internos.

Durante las últimas semanas, el estado del paciente generó preocupación entre el personal médico debido a la gravedad de sus lesiones. Su ingreso al hospital se produjo tras un ataque armado, lo que marcó el inicio de un proceso clínico complejo y de alto riesgo. A ello se sumó un incidente posterior dentro del propio establecimiento de salud, que agravó la situación.

Las autoridades sanitarias y policiales mantienen investigaciones en curso para esclarecer tanto el origen del ataque inicial como el intento de homicidio ocurrido dentro del hospital. El caso permanece bajo seguimiento debido a la posible vinculación con organizaciones delictivas que operan en la zona.

Fallecimiento tras dos semanas en estado crítico

El paciente identificado como Jarwis Eduardo Castillo Castro murió el lunes 6 de abril en el Hospital Regional Docente de Trujillo, en la región La Libertad. La información fue confirmada por el gerente regional de Salud, Gerardo Florián, quien precisó que la víctima permanecía en estado crítico desde su ingreso.

Según explicó la autoridad, el paciente presentaba múltiples heridas por arma de fuego que comprometían zonas vitales. “Ha fallecido, era un paciente que estaba con un pronóstico muy reservado, que tenía múltiples complicaciones por el trauma tórax abdominal que había presentado por herida por bala. Él ha recibido varias intervenciones quirúrgicas dentro del hospital regional docente de Trujillo. Lamentablemente, no ha resistido a las complicaciones que ha presentado”, indicó a RPP.

El ingreso al hospital se produjo luego de una balacera ocurrida el 21 de marzo. Desde ese momento, el paciente quedó internado en la unidad de cuidados intensivos, donde recibió atención especializada durante dos semanas.

Intento de homicidio dentro de la UCI

Cinco días después de su hospitalización, se registró un intento de homicidio en el interior de la unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con información policial, un sujeto vestido como personal de salud logró ingresar a una zona restringida con una jeringa que contenía una sustancia aún no identificada.

El hecho fue detectado por personal de enfermería. El gerente regional de Salud informó a RPP que “fueron unas enfermeras quienes se percataron del movimiento sospechoso de personas extrañas en una zona restringida”, lo que permitió activar los protocolos de seguridad.

Tras la alerta, el personal de seguridad intervino a los sospechosos dentro del hospital. La situación fue comunicada de inmediato a las unidades de inteligencia de la Policía Nacional del Perú para proceder con las detenciones.

Detenciones y líneas de investigación

La Policía Nacional del Perú confirmó la detención de tres personas vinculadas con el intento de homicidio. Entre ellas se encuentran Nilsson David Chávez Castañeda, trabajador del área de Nutrición con más de una década de servicio, y Juan Carlos Sánchez Noriega, quien ingresó durante el horario de visitas simulando ser familiar del paciente.

Ambos sujetos portaban equipos de protección personal similares a los del personal médico. Durante la intervención, se les incautó una jeringa con una sustancia que será sometida a análisis para determinar su composición.

A este grupo se suma Hellen Antuanet Pirgo Villar, investigada por encubrimiento real. Según informó el general Franco Moreno, jefe de la Región Policial La Libertad, la mujer eliminó información relevante para el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades manejan como hipótesis una disputa entre bandas criminales por el control territorial en la ciudad de Trujillo. No obstante, el móvil exacto del ataque y del intento de homicidio permanece en investigación.

Refuerzo de seguridad en el hospital

Tras el incidente, la Policía dispuso vigilancia permanente en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Además, se implementaron medidas adicionales para el control de accesos, con especial énfasis en áreas críticas como la unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades sanitarias también evalúan restricciones en los horarios de visita y ajustes en los protocolos internos para evitar el ingreso de personas no autorizadas. Estas acciones buscan reducir riesgos en un entorno considerado sensible debido a la condición de los pacientes internados.

La situación de la criminalidad en la región de La Libertad ha causado que la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrente la necesidad de capturar a menores de edad involucrados en actos criminales en distintos puntos de una de las regiones más afectadas por el incremento del delito en todo el Perú.

Según registros oficiales de la PNP citados en Exitosa, agentes de la Policía han detenido en promedio a dos menores de edad cada día por presuntos vínculos con actividades criminales. Esto debido a que los delincuentes en la región ahora reclutan a jóvenes para cometer crímenes vinculados con casos de extorsión.

Solo en los 31 días de enero de este año, la PNP registró un total de 80 detenciones contra menores de edad en la región, lo que representa un promedio aproximado de 2 capturas diarias a raíz de operativos y patrullajes en los diferentes distritos de Trujillo y zonas aledañas, donde se identificó la participación de adolescentes en delitos de homicidio, extorsión, microcomercialización de drogas, robos y tenencia ilegal de armas de fuego.

Modus operandi de las bandas criminales

Según el medio radial, las bandas criminales priorizan el reclutamiento de menores de edad debido a que son conscientes de que la justicia penal le otorga ciertos beneficios a delincuentes juveniles. La mayoría de ellos son utilizados para actividades como amenazas extorsivas o el transporte de armas y, en caso de ser capturados, vuelven a las calles nuevamente luego de poco tiempo.

Sicarios adolescentes

Para junio del año 2025, la PNP ya registraba una alta cantidad de capturas protagonizadas por menores de edad vinculados a casos de sicariato. La cifra aproximada indicaba que al menos ocho de cada nueve personas detenidas por sicariato eran jóvenes de entre 16 y 17 años.

En su momento, Cristian Solano, ex director del Centro Juvenil Maranguita, advirtió que la Ley 32330 ha facilitado que las bandas recluten a menores de 15 años, lo que agrava la situación. Además, señaló que la falta de infraestructura adecuada en el sistema de justicia juvenil, junto con un entorno familiar y social conflictivo, contribuye al aumento del crimen juvenil y las fugas de menores.

Este cambio en la estrategia de las organizaciones criminales representa una amenaza aún mayor para la seguridad pública. Las bandas ahora entrenan y manipulan a estos jóvenes para cometer crímenes, una práctica que podría aumentar si no se toman medidas efectivas para prevenirlo.

Entornos hostiles contribuyen a que menores se vuelvan delincuentes

Además de las deficiencias en el sistema de justicia juvenil, los entornos hostiles juegan un papel fundamental en la radicalización de los menores hacia el crimen. Según Solano, en muchos casos, los menores delincuentes provienen de familias con antecedentes criminales o de zonas vulnerables donde la delincuencia se ha normalizado.

“Uno de cada tres menores privados de libertad tiene antecedentes criminales en su familia”, señaló Solano. Esto indica que el crimen se perpetúa de generación en generación, lo que dificulta la reinserción social de los menores.

El presunto sicario identificado como Juan Carlos Sánchez Noriega, conocido como ‘Sínico’, recibió nueve meses de prisión preventiva tras ser acusado de intentar asesinar a un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Trujillo. La decisión fue tomada por la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, quien investiga al imputado por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Sánchez Noriega, de 19 años, habría ingresado al área restringida del hospital disfrazado de enfermero. La investigación apunta a que un trabajador del nosocomio facilitó el acceso a la zona donde se encontraba la víctima, un hombre de 32 años.

El personal de salud detectó la presencia irregular del joven y dio aviso inmediato a seguridad. Durante la intervención, se halló una jeringa presuntamente cargada con una sustancia nociva, lo que llevó a la intervención de las autoridades, según reportó la Policía. Los hechos están siendo investigados como un caso de tentativa de homicidio.

Sánchez Noriega habría actuado con la colaboración de un cómplice, quien también es objeto de investigación. La víctima permanece bajo observación médica en la UCI del Hospital Regional Docente de Trujillo, mientras continúan los procedimientos judiciales y policiales.

La jueza responsable del caso dispuso que el acusado sea trasladado al penal El Milagro de la ciudad, donde cumplirá la medida de prisión preventiva durante el avance de las indagaciones. El proceso penal abierto busca esclarecer las circunstancias de la tentativa de homicidio y determinar las responsabilidades de los implicados.

Según las autoridades, el hospital ha reforzado sus controles de acceso a las áreas críticas tras el incidente.

¿Qué sucedió aquel día de la intervención?

El hecho se produjo el 27 de marzo, cuando agentes de la Policía Nacional del Perú frustraron el ataque y detuvieron a tres personas implicadas. Para las autoridades se trata de una banda criminal denominada 'Los inyectores del Centro’, quienes habrían

La víctima, Eduardo Castillo Castro, permanecía internado tras recibir varios disparos durante un ataque ocurrido en la vía pública del distrito de Florencia de Mora. El gerente regional de Salud, Gerardo Florián, detalló que el diagnóstico del paciente incluía traumatismo abdominal y torácico.

De acuerdo con la información policial, Juan Carlos Sánchez Noriega, alias ‘Sínico’, y Nilsson David Chávez Castañeda, conocido como ‘Loco Jeringa’, ingresaron al hospital disfrazado de personal médico. Además, Hellen Antuanet Pirgo Villar, identificada como ‘La China’, fue detenida por encubrimiento real, tras haber eliminado información clave vinculada a la investigación.

El general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial de La Libertad, explicó que el personal de inteligencia se encontraba atento a la posibilidad de un nuevo atentado, dada la gravedad del caso.

Durante la intervención policial, se incautaron equipos celulares, tarjetas de crédito, indumentaria utilizada para el disfraz y una jeringa con líquido nocivo.

Canales de ayuda

• Puedes denunciar cualquier atentando ante la Policía Nacional del Perú o comunicándote al 105.
• Bomberos: puedes comunicarte al 116 ante cualquier tipo de emergencias.

El mediodía de Trujillo, La Libertad, transcurría sin incidentes en el restaurante Don Segundo, sobre la avenida Federico Villarreal, cuando dos trabajadores de una empresa local ingresaron al establecimiento para almorzar.

Habían retirado 40 mil soles de una entidad bancaria, destinados al pago de salarios de su compañía, y llevaban el dinero en un morral discreto. Tras finalizar la comida, ambos se retiraron, dejando colgado el bolso en una de las sillas, sin advertir el olvido.

Poco después, una familia ocupó la misma mesa. Las cámaras de seguridad del restaurante captaron el instante en que una mujer, acompañada de sus familiares, halló el morral.

La grabación revela cómo abre el bolso y observa el contenido: fajos de billetes. En cuestión de segundos, comienza a pasar los billetes por debajo de la mesa, mientras sus acompañantes ayudan a ocultar la acción. Finalmente, todos abandonan el local con el dinero, sin comunicar el hallazgo al personal del restaurante.

Pedido de ayuda

Al percatarse del descuido, los trabajadores regresaron al restaurante y solicitaron visualizar las grabaciones de seguridad.

Las imágenes confirmaron sus sospechas sobre la desaparición del morral y la forma en que la familia se apoderó del efectivo. El hecho fue denunciado de inmediato ante la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, que ya analiza el material audiovisual para intentar identificar a las personas implicadas.

Esto generó preocupación entre los empleados y sus familias, quienes dependen del dinero para cubrir sus necesidades básicas. Una de los afectadas, que prefirió mantener su identidad en reserva, explicó que los fondos eran indispensables para cumplir con obligaciones laborales y que ellos solo eran responsables de la entrega de los pagos.

En paralelo, la empresa y los trabajadores afectados han hecho un llamado público a la familia que se llevó el morral, pidiendo que se restituya el dinero a los legítimos propietarios.

El caso ha cobrado notoriedad en la región y se han sumado voces desde distintos sectores para que el dinero sea devuelto y se evite un perjuicio mayor a quienes dependen de ese ingreso mensual.

Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan con las pesquisas y esperan que las imágenes obtenidas permitan avanzar en la identificación de los responsables.

Consejos

1. No revises el contenido a solas

Si abriste el morral y viste el dinero, evita seguir hurgando. Si decides entregarlo, lo ideal es que haya un testigo. Esto evita que, si falta algo después, el dueño legítimo piense que fuiste tú quien lo tomó.

2. Informa al personal del restaurante

Llama al encargado o gerente del lugar.

• No se lo entregues al primer mesero que pase: Busca a alguien con autoridad o responsabilidad en el local.
• Pide un “recibo” o registro: Si el monto es considerable, solicita que anoten en un papel lo que estás entregando, la hora y quién lo recibe. Esto es tu comprobante de que actuaste de buena fe.

3. Deja tus datos de contacto

Coméntales al gerente que, si el dueño aparece, puede contactarte para agradecerte o por si la policía necesita una declaración sobre dónde encontraste el bolso.

Cifras de Trujillo

Trujillo cerró el año 2025 con un escenario de seguridad ambivalente: mientras el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana reportó una reducción del 28 % en la incidencia delictiva general y descensos significativos en robos (-43 %) y extorsiones (-19 %), la violencia letal se mantuvo crítica con 278 homicidios registrados en la región La Libertad, apenas uno menos que el año anterior.

La persistencia de ataques con explosivos y el aumento de la percepción de inseguridad antes de las elecciones de 2026 llevaron al Gobierno del presidente José María Balcázar a declarar nuevamente el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú el pasado 26 de marzo por un periodo de 60 días. Esta medida busca frenar la criminalidad organizada que, pese a la inversión de más de S/ 100 millones en equipamiento policial y drones, continúa golpeando sectores clave como el comercio y el transporte mediante la intimidación directa

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Sánchez Noriega, un joven de 19 años, ingresó al hospital haciéndose pasar por familiar de un paciente. Según su propia confesión, su propósito era aplicar una ampolla con una sustancia letal al hombre internado, quien previamente había sobrevivido a un atentado perpetrado por sicarios en el distrito de La Esperanza, donde su acompañante perdió la vida.

El operativo policial permitió detener a Sánchez Noriega antes de que pudiera concretar el ataque. Junto a él, fue arrestado el enfermero Nilson David Chávez Castañeda, acusado de facilitar el ingreso ilegal al hospital. Una tercera persona, identificada como la pareja de Sánchez Noriega, también fue detenida bajo sospecha de haber coordinado el acceso y la logística del intento de homicidio a través de mensajes de WhatsApp con el trabajador hospitalario.

El paciente sobrevivió a un ataque previo

La víctima, cuyo nombre permanece bajo reserva por motivos de seguridad, fue internada tras sufrir un atentado el martes 25 de marzo en La Esperanza. En ese ataque, vinculado a la organización criminal Los Pulpos, sicarios dispararon contra el vehículo en el que se encontraba junto a un amigo. El acompañante falleció y la víctima resultó gravemente herida, lo que motivó su traslado al hospital regional.

Familiares de la víctima habían advertido previamente a las autoridades sobre amenazas contra su vida, lo que llevó a la Policía Nacional a mantener vigilancia en el centro de salud. La intervención oportuna permitió evitar una nueva tentativa de homicidio dentro de una de las instituciones médicas más importantes de la ciudad.

Investigación y pronunciamiento oficial

El gobierno regional de La Libertad emitió un comunicado tras los hechos, señalando que se ha iniciado una investigación interna para determinar la cadena de responsabilidades en la vulneración de los protocolos de ingreso y seguridad del hospital. La participación de personal sanitario en la facilitación del acceso a personas no autorizadas ha generado preocupación sobre la integridad de los pacientes y la posible existencia de vínculos con redes criminales.

De acuerdo con fuentes policiales, los tres detenidos permanecen bajo custodia y serán procesados por tentativa de homicidio y asociación ilícita. El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en los establecimientos de salud y la necesidad de reforzar los controles para prevenir nuevos incidentes.

Contexto: violencia criminal y riesgos en los hospitales

El distrito de La Esperanza, en Trujillo, ha sido escenario frecuente de enfrentamientos vinculados a organizaciones criminales como Los Pulpos, señaladas por la policía como responsables de múltiples atentados en la región. La tentativa de homicidio dentro del hospital regional evidencia la capacidad de estas redes para operar incluso en espacios considerados seguros, lo que ha puesto en alerta a las autoridades y a la opinión pública.

El ataque se registró por la noche, cuando delincuentes armados arribaron a media cuadra de la comisaría El Alambre, ubicada a solo diez minutos de la Plaza Mayor de Trujillo. De acuerdo con la información de Panamericana Noticias, los atacantes dispararon directamente contra un hombre en silla de ruedas, quien habría sido el objetivo principal y perdió la vida en el lugar.

La víctima recibió varios impactos de bala mientras se encontraba en la vía pública.

Varias personas heridas

Seis personas resultaron heridas durante la balacera, la mayoría de ellas se hallaba en las inmediaciones, quienes aparentemente estaban compartiendo bebidas. Asimismo, según la información preliminar, la persona fallecida estaría vinculada a organizaciones criminales que operan en la ciudad.

Las autoridades no descartan que el ataque responda a disputas entre bandas, ya que horas antes se había producido un intento de asesinato en el Hospital Regional de Trujillo, también relacionado con conflictos de este tipo.

Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en la zona que permitió la captura de dos presuntos implicados, quienes fueron trasladados a dependencias policiales para las investigaciones correspondientes. Los agentes buscan determinar la responsabilidad de los detenidos y esclarecer la motivación detrás del atentado.

La situación de violencia en Trujillo genera preocupación entre los habitantes y las autoridades, quienes lamentan que los hechos delictivos se extiendan incluso al centro histórico de la ciudad, una zona que hasta hace poco era considerada más segura.

La PNP continúa recabando información sobre los responsables y las circunstancias del ataque, mientras que los heridos reciben atención en centros médicos locales.

Canales de ayuda

• El SAMU brinda asistencia médica de emergencia y traslados especializados ante situaciones críticas de salud. Está disponible las 24 horas y puede ser solicitado llamando al 106 desde cualquier teléfono. El personal de SAMU responde rápidamente ante accidentes, descompensaciones y otros episodios que requieren atención prehospitalaria inmediata.
• El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates, fugas de gas y accidentes vehiculares. La línea de emergencias 116 está habilitada para recibir reportes de incidentes en todo el país. Los bomberos trabajan en coordinación con otras instituciones para salvaguardar vidas y bienes ante situaciones de riesgo.
• La Policía Nacional del Perú responde ante delitos, disturbios y situaciones que amenacen la seguridad ciudadana. La central de emergencias 105 opera de forma ininterrumpida y permite solicitar intervención policial, denunciar hechos delictivos o pedir apoyo en casos de peligro inminente. La PNP también canaliza denuncias presenciales en sus distintas comisarías.
• La línea 111 está habilitada para recibir denuncias específicas de extorsión en todo el país. Esta vía es gratuita y permite a las víctimas o testigos reportar casos de amenazas o cobros ilegales de manera anónima y segura.

Imágenes difundidas por medios locales muestran el momento en que Olivera se encontraba comiendo en el establecimiento y hablaba por teléfono, cuando fue sorprendido por Sandoval, exministro durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte (2021-2022).

“Farsante. Tú has sido el ministro corrupto de Toledo. Tú has sido el que, el agente de Odebrecht, de Graña y Montero. Coquero, ladrón”, le gritaba, mientras un equipo partidario que acompañaba a Olivera intentaba calmar la situación.

“Toledo debe estar en la cárcel contigo, delincuente”, siguió Sandoval, mientras era repelido por el entorno del candidato del Frente de la Esperanza y excanciller durante el mandato del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente encarcelado por dos condenas de corrupción.

Aunque no se registraron agresiones físicas, el cruce verbal atrajo la atención de otros comensales y fue documentado en videos difundidos en redes sociales. Horas antes del incidente, Olivera había informado en su cuenta de X sobre su llegada a Trujillo y Huanchaco, en la región La Libertad, donde fue gobernador César Acuña, líder de APP.

“Han convertido a Trujillo en la capital del crimen. Acabaremos con la criminalidad y la corrupción; volverá el turismo. Apoyamos a nuestros trabajadores artesanales, y todo aquel que trabaje honradamente tiene mi respaldo”, se lee en su última publicación en esta red social previo al enfrentamiento.

Olivera arribó a la región norteña dos días después de participar en el debate presidencial, donde calificó a APP como “organización criminal” y señaló que Acuña utiliza la Universidad César Vallejo (UCV), de la que es propietario y fundador, como mecanismo de “lavandería” de dinero, tras lo cual fue advertido de que sería querellado por difamación.

No obstante, el representante del Frente de la Esperanza reafirmó sus declaraciones, denunció haber sido objeto de seguimientos tras su intervención en el debate y responsabilizó al líder de APP si ocurre algún atentado en su contra.

“Esta gente es asesina, tiene sicarios. Ha cobrado víctimas de los que podían hablar para revelar qué pasa en este tipo de organizaciones criminales”, había manifestado recientemente en una entrevista con Willax.

También mencionó su experiencia como secretario de la Fiscalía de la Nación y recordó haber sido “el primero” en denunciar a Fernando Zevallos, exdueño de Aerocontinente, condenado a 27 años de cárcel por lavado de activos, suma que se añadió a otros 20 años de prisión que cumplía desde 2005 por narcotráfico. “Él también me querelló y el tiempo me ha ido dando la razón”, ironizó.

Sandoval, por su parte, apuntó en X que Olivera “construyó su carrera destruyendo reputaciones, pero cuando debía fiscalizar a su jefe y aliado, Alejandro Toledo, guardó silencio mientras se gestaba el soborno de $35 millones de Odebrecht”, el caos por el cual el exjefe de Estado fue condenado a 20 años y seis meses de prisión.

La celebración en el Palacio de la Conquista de Trujillo ha puesto en evidencia la vigencia del vínculo histórico y cultural forjado entre Extremadura y Perú hace cinco siglos, un lazo que se refleja en diversas áreas contemporáneas como la gastronomía, la lengua, las tradiciones y los intercambios institucionales. Este acto ha servido como marco para la conmemoración de los 500 años del segundo viaje de Francisco Pizarro a Perú, evento que autoridades y expertos consideran un punto de inflexión determinante en la consolidación de relaciones transatlánticas. Según informó la Junta de Extremadura, la iniciativa es parte de una serie de acciones que buscan promover el análisis y la difusión del mestizaje cultural surgido del encuentro entre ambos territorios.

Durante la inauguración del encuentro, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, enfatizó que la historia compartida constituye la base de una relación marcada por complejidad y matices. De acuerdo con la Junta de Extremadura, Bazaga destacó que “cinco siglos de hermanamiento, de vínculo y de historia compartida” son resultado de un proceso histórico que propició el contacto entre culturas diversas, consolidando un mestizaje que aún hoy define identidad y vida cotidiana a ambos lados del Atlántico. La consejera insistió en la necesidad de abordar la historia desde una visión rigurosa, que reconozca tanto los logros como las dificultades del pasado, sin obviar ninguna de las dimensiones que acompañaron estos episodios.

El medio consignó que el evento en Trujillo ha contado con la participación de destacados especialistas provenientes de distintas disciplinas, como la historia, la geografía, la antropología y la geopolítica. Los expertos y autoridades presentes han coincidido en resaltar que la relación entre Extremadura y América no solo pertenece al pasado, sino que mantiene vigencia gracias a iniciativas de cooperación cultural y académica, así como a un permanente diálogo institucional. Entre los asistentes se encontraron Estanislao Pérez de Herrasti Urquijo, vicepresidente de la Fundación Casa de Albayda y de la Conquista; Luis Martín Bogdanovich, director de Prolima; Fabiola Morales, teniente alcalde de la municipalidad de Lima; Arturo Chipoco, cónsul general de Perú en Madrid; Marco Alvarado, jefe de Cancillería de la Embajada de Perú en España; así como investigadores de la Universidad de Extremadura y la Sociedad Geográfica Española.

Según publicó la Junta de Extremadura, la conmemoración se ha encuadrado dentro de la estrategia Extremestiza, un programa impulsado por el gobierno regional liderado por María Guardiola. Esta propuesta tiene como fin investigar, divulgar y reivindicar las conexiones históricas de la región extremeña con América desde una perspectiva multidisciplinar. La jornada en Trujillo da continuidad al trabajo iniciado en noviembre de 2024, cuando se celebró el aniversario del primer viaje de Pizarro. Ahora, en el contexto de este segundo viaje, se profundiza en el impacto que tuvo la apertura de nuevas rutas de interacción entre ambos continentes y las consecuencias del mestizaje generado entonces.

La consejera Victoria Bazaga reiteró, según detalló la Junta, que el espacio donde se realizó el acto adquiere un papel simbólico como testimonio material del mestizaje y de la historia compartida. El Palacio de la Conquista se reconoció así como referencia del contacto y la colaboración entre dos regiones separadas geográficamente pero unidas por una historia común. Además, Bazaga subrayó que Extremadura mantiene su compromiso de participar de manera activa en el diálogo transatlántico, defendiendo el respeto, la comprensión mutua y la consideración del patrimonio común como factor de desarrollo tanto en la región española como en el continente americano.

El informe de la Junta de Extremadura añadió que el programa del encuentro integró ponencias de expertos internacionales y la interpretación de piezas de música mestiza originarias de los siglos XVI al XVIII. Estas intervenciones artísticas contribuyeron a ilustrar la pervivencia de la herencia cultural originada en el periodo de contacto y mestizaje, sumando un componente vivencial que complementó el debate académico.

La jornada, según relató la Junta de Extremadura, formó parte de un calendario de acciones orientadas a robustecer las relaciones institucionales y la cooperación científica y cultural entre Extremadura y los países americanos, especialmente Perú. Con este objetivo, tanto el contenido académico como las intervenciones de las autoridades reunidas en Trujillo apuntaron a subrayar la oportunidad que ofrece el patrimonio compartido para el desarrollo social, cultural y económico, así como el valor del intercambio académico y la colaboración institucional como ejes fundamentales del legado de aquel histórico segundo viaje de Pizarro.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:04 horas en la cuadra 8 del jirón Grau, cerca de la avenida España y frente a la sede de PROIND. De acuerdo con los primeros reportes, un artefacto explosivo fue detonado en la zona, generando un estruendo que se escuchó a varias cuadras a la redonda.

La onda expansiva despertó abruptamente a los residentes, quienes salieron de sus viviendas en medio del temor para verificar lo sucedido. Pese a la magnitud del estallido, no se reportaron víctimas mortales ni personas heridas.

No obstante, sí se registraron daños materiales en viviendas y negocios cercanos. Varias estructuras resultaron afectadas por la fuerza de la explosión, aunque las pérdidas aún no han sido cuantificadas.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar junto a especialistas en desactivación de explosivos. La zona fue acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y la recolección de evidencias.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del atentado e identificar a los responsables. Este nuevo hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en la ciudad en los últimos meses, en un contexto marcado por el incremento de extorsiones y ataques con explosivos.

Ola de explosiones y extorsiones en Trujillo

La reciente explosión en pleno centro de Trujillo se enmarca en un contexto de violencia creciente que ha llevado a calificar a la ciudad como “tierra de nadie”. En las últimas semanas, los ataques con dinamita y artefactos explosivos se han vuelto recurrentes, dirigidos principalmente contra negocios, viviendas y locales nocturnos como parte de esquemas de extorsión que buscan imponer el pago de cupos bajo amenazas.

Este patrón delictivo no es aislado. Diversos atentados recientes, incluyendo explosiones en discotecas, licorerías y viviendas, han dejado heridos y cuantiosos daños materiales, además de generar un clima constante de temor entre la población. Las detonaciones, muchas veces ejecutadas en horas de la madrugada o en zonas concurridas, evidencian una escalada en la violencia y una mayor audacia de las organizaciones criminales.

A pocos días de procesos clave como las elecciones de 2026, la situación ha incrementado la preocupación ciudadana debido a la sensación de impunidad y falta de control. La reiteración de estos ataques ha instalado el miedo en la vida cotidiana de los trujillanos, quienes enfrentan una realidad marcada por extorsiones, amenazas y atentados que parecen no tener freno.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

El evento contará con una conexión internacional al retransmitirse las ponencias en simultáneo entre el Teatro Manuel Ascencio Segura de Lima y el Palacio del Marquesado de la Conquista de Trujillo. Según informó la Fundación Extremeña de la Cultura, la jornada académica “Un viaje de ida y vuelta. V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro (1526-2026)” reunirá a especialistas de diversos países, quienes analizarán las implicaciones históricas, sociales y geopolíticas de la expedición realizada por el conquistador trujillano. Esta cita se celebrará el jueves 26 de marzo a las 16:30 horas en España y a las 10:30 horas en Perú, conforme detalló la fundación en el comunicado distribuido por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fundación Extremeña de la Cultura, la conmemoración se enmarca en el Área de Estudio e Investigación Histórica de la estrategia Extremestiza de la Junta de Extremadura, y aborda el impacto de la segunda expedición de Pizarro en ambos continentes. En el acto participarán autoridades diplomáticas de España, Colombia y Perú, junto con expertos internacionales y miembros de entidades académicas y culturales asociadas a la efeméride.

El medio organizador informó que el programa comenzará con la intervención de Bernard Lavallé, catedrático de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París y especialista en la biografía de Pizarro, quien expondrá el tema “El segundo viaje, nudo gordiano de la empresa de Pizarro”. Posteriormente, el decano de la Universidad Tecnológica de Perú, el jurista e investigador Luis José Diez Canseco, dará la conferencia titulada “Segundo Viaje de D. Francisco Pizarro: trascendencia histórica y geopolítica”, analizando sus efectos en la región andina y su proyección internacional.

Según publicó la Fundación Extremeña de la Cultura, la sesión continuará con la ponencia “La gesta de las exploraciones españolas del siglo XVI y los viajes espaciales”, a cargo del periodista y miembro de la Sociedad Geográfica Española, Pedro Páramo Lobeto, estableciendo un paralelismo entre los viajes históricos y los desafíos de la exploración contemporánea. A continuación, el explorador polar y miembro de la Sociedad Geográfica Española, José Antonio Trejo Picado, abordará los “Desafíos y Retos en el siglo XXI” relacionados con las exploraciones en el Pacífico.

La programación del evento incluye también la presentación de la catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura, Yolanda Fernández Muñoz, bajo el título “La construcción iconográfica de Francisco Pizarro: miradas, espacios y representaciones”, donde se analizarán los modos en que la figura de Pizarro se ha representado a lo largo del tiempo en distintas disciplinas artísticas y sociales.

El encuentro organizado por la Fundación Extremeña de la Cultura contempla una clausura musical con la participación de voces y músicos de la orquesta de cámara dirigida por el maestro Guillermo Galindo, que interpretarán piezas polifónicas mestizas de los siglos XVI al XVIII. El repertorio seleccionado refleja el mestizaje cultural derivado del proceso histórico iniciado con las expediciones de Pizarro y sus contemporáneos, según reportó la Fundación.

Este simposio cuenta con la colaboración de la Municipalidad de Lima, la Embajada de Perú, el Ayuntamiento de Trujillo, la Universidad de Extremadura y el museo Pedro de Osma, además de la Sociedad Geográfica Española. Mediante la presencia de representantes de instituciones académicas, museos y cuerpos diplomáticos, la organización busca resaltar la amplitud de perspectivas sobre los hechos históricos que se abordarán en la jornada.

La jornada en Trujillo integra en su desarrollo aspectos históricos, sociales, expedicionarios y culturales, con aportes de especialistas de ambas orillas del Atlántico. Según detalló la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, el propósito de la cita es promover el análisis crítico y multidisciplinar sobre la gesta de Francisco Pizarro en su segundo viaje al actual territorio peruano, mediante el intercambio de ideas entre expertos, estudiantes y entidades interesadas en la historia compartida entre España y América Latina.

La presencia de obras de artistas contemporáneos de Trujillo, en Perú, destaca en la exposición inaugurada en la Casa de la Provincia de Sevilla, donde creadores como Carlos David Chávez, Eduardo Urquiaga y Pío Ángel Muñoz ofrecen perspectivas que conectan el pasado precolombino y colonial con expresiones artísticas actuales. Según informó la Diputación a través de una nota de prensa, la muestra ‘Itinerancias’ reúne piezas que representan diversas etapas y estilos del arte iberoamericano actual, articulando un diálogo entre tradición y modernidad en dos formatos expositivos diferenciados.

Tal como publicó la Diputación, la exposición estará abierta al público hasta el 3 de mayo y se presenta como resultado de la colaboración entre la Fundación Obra Pía de los Pizarros, el Otoño Cultural Iberoamericano y la Fundación Caja Rural del Sur, con el respaldo de la Casa de la Provincia. En el acto inaugural participaron figuras como Cláudia Boesch, cónsul general de Portugal en Sevilla, la escultora Patricia Larrea, Hernando de Orellana y Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarros, y Jaime de Vicente, presidente del Otoño Cultural Iberoamericano, entre otros invitados.

La muestra se organiza en dos secciones principales. Por un lado, ‘Nexos’ expone fondos artísticos pertenecientes a la Fundación Obra Pía de los Pizarros, conformando la Colección FOPP de Arte Contemporáneo Iberoamericano. Según detalló la Diputación, esta colección incluye más de cien obras que abarcan pintura, escultura, dibujo, fotografía, instalaciones y videoarte. Las piezas exploran recursos desde la figuración hasta la abstracción, incorporando tendencias como el expresionismo, el surrealismo, los nuevos realismos, el informalismo y el arte conceptual.

La curaduría de ambas secciones ha estado a cargo de María del Socorro MoraC, quien ha seleccionado tanto creadores reconocidos como nuevos talentos, articulando la diversidad creativa como eje fundamental. Según consignó la organización, el leitmotiv de la colección es “La diversidad como identidad”, lo que se traduce en un recorrido entre artistas de diferentes generaciones y trayectorias. Entre los autores representados en la Casa de la Provincia figuran nombres como José Luis Fernández, Rosella Matamoros, Javier Gómez, Julio Ovejero, Luis Arias Vera, Manolo Oyonarte, Máximo Caminero, Guillermo Simón, Asmat Chirinos Zavala, Guadalupe Luceño, Andrés Puig, Orlando Arias, Francisco Mauricio, Patricia Larrea, Eduardo Sánchez Beato, Wilmer Lalupú, Pedro Sandoval, Felipe Alarcón, José Luis López Romeral, José Manuel García Sánchez (Jomi), Elena Blanch González, Carlos León y Gustavo Díaz Sosa.

El segundo formato expositivo, denominado ‘Entre el mar y el barro: Arte Trujillo Contemporáneo’, se articula como una ventana a la producción artística actual de Trujillo, Perú. La muestra explora la relación entre los legados de las culturas Moche y Chimú, asentadas en la región antes de la colonia, y las formas de expresión contemporáneas. Como reportó la Diputación, la selección de creadores reúne a artistas que buscan conectar pasado, presente y futuro mediante propuestas orientadas a la creatividad y el compromiso cultural.

Entre los participantes en la sección trujillana se encuentran, además de los ya mencionados, artistas como Héctor Suárez, Héctor Acevedo, William Pinillos, Guma Alvites, Francisco Castillo Rojas, María del Socorro MoraC, Carlos León, José Carlos Orrillo, Juan Carlos Alvarado, Juan Chávez, Óscar Alarcón, Rosa Benites, Jean Paul Zelada, Joselito Sabogal, Gonzalo Fernández, Paolo Vigo, Alejandra Delgado, Gerardo Salazar Malbasa, Susana Aguilar, Pablo Ramírez, Wendy Castro, Miguel Matute, Hernán Hernández Kcomt, Verónica Luján, Juan José Burga, Lucio Mora y Rubén Saavedra Cobeña.

De acuerdo con el comunicado de la Diputación, la presencia de estos creadores refleja el objetivo de ARTPEC Arte Trujillo Contemporáneo como plataforma para exhibir la interacción entre tiempo histórico y creatividad contemporánea. La fundación de Trujillo, en 1534 por Diego de Almagro y oficializada por Francisco Pizarro en 1535, y la herencia de las culturas originarias servirían así de contexto para el desarrollo de una producción artística que enfatiza la continuidad y la innovación desde una perspectiva iberoamericana.

La exposición ‘Itinerancias’, en suma, ofrece en Sevilla un panorama del arte iberoamericano actualizado mediante la confluencia de obras de distintas corrientes, generaciones y geografías. La colaboración institucional y la dirección curatorial de María del Socorro MoraC han posibilitado una muestra en la que el arte contemporáneo se manifiesta no solo como testimonio de diversidad, sino también como evidencia de evolución y diálogo intercultural, según describió la Diputación.

La decisión del Poder Judicial de dictar prisión preventiva de ocho meses a una mujer identificada como C. E. B. V. por su presunta participación en un caso de extorsión agravada usando la billetera digital Yape marca un precedente en la lucha contra la utilización de plataformas tecnológicas para actividades ilícitas.

Según informó LP Pasión por el derecho en sus reportes sobre el caso, la medida se adoptó tras la recolección de pruebas que vinculan a la detenida con una red de amenazas y exigencias económicas.

De acuerdo con la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, la denuncia que originó la investigación ocurrió el pasado 11 de marzo. Una ciudadana reportó haber recibido mensajes intimidatorios, en los que desconocidos le solicitaron cinco mil soles como condición para no atentar contra su vida ni la de su familia. El dinero debía ser transferido a un número proporcionado por los extorsionadores, que resultó estar asociado a la aplicación Yape.

La fiscal provincial Heldy Huaylinos Silva, a cargo del proceso, aseguró que mediante labores de inteligencia de la policía se logró identificar a la titular de la cuenta empleada para recibir el dinero.

Agentes intervinieron a C. E. B. V. en Trujillo, donde fue localizada con un teléfono móvil que tenía la aplicación instalada y registrada a su nombre. Los elementos tecnológicos fueron clave para sustentar la investigación que derivó en la medida cautelar.

Elementos probatorios

El expediente presentado por Huaylinos Silva incluyó el acta de denuncia verbal, registros de la visualización de la información almacenada en el celular intervenido, el acta de intervención policial por flagrancia delictiva y un reporte de geolocalización que permitió ubicar a la sospechosa. Estos elementos fueron considerados como “graves y fundados” al momento de sustentar la solicitud de prisión preventiva.

C. E. B. V. enfrentará el proceso como presunta coautora del delito de extorsión agravada, figura que contempla penas no menores a 15 años de cárcel. Según la información consignada por LP Pasión por el derecho, la detenida será trasladada al penal de mujeres de Sullana, donde permanecerá mientras se desarrollan las diligencias judiciales.

Investigación en curso

La Fiscalía Penal continúa las averiguaciones para determinar si la imputada actuó de manera independiente o formaba parte de una estructura criminal más compleja. Una de las hipótesis en revisión apunta a que las llamadas y la planificación del delito podrían haberse originado desde el interior de un penal, lo que abre la posibilidad de que exista una organización dedicada a captar cuentas de Yape para estos fines.

El caso, según LP Pasión por el derecho, evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades frente al uso de herramientas digitales en esquemas delictivos. El seguimiento de las transferencias electrónicas y la identificación de los titulares de cuentas se ha convertido en un aspecto central para las investigaciones de extorsión y delitos informáticos.

La intervención policial que permitió ubicar a la sospechosa en Trujillo se realizó tras un análisis de los movimientos digitales y el rastreo del dispositivo asociado a la billetera virtual. Los agentes constataron que el número utilizado en los mensajes extorsivos correspondía a la investigada, lo que fue corroborado mediante la aplicación instalada en su equipo móvil.

La Fiscalía Penal no descarta la participación de más personas en la cadena extorsiva, y que las diligencias buscan descartar la intervención de una banda criminal. La investigación incluye la revisión de datos de llamadas y transferencias, así como la posible relación con otros casos similares registrados en la región.

El capitán de la Marina del Puerto de Salaverry, Jorge Vázquez, confirmó que bandas criminales han comenzado a operar no solo en tierra, sino también en el ámbito marítimo, incrementando el riesgo para quienes dependen de la pesca.

Según informó Panamericana Noticias, Trujillo se ha convertido en el epicentro de la extorsión en Perú, con grupos delictivos que exigen pagos a trabajadores y empresarios de diversos sectores.

“Existe delincuencia armada dentro del medio acuático y la represión, como lo vengo ya mencionando, es parte de la autoridad marítima. La seguridad no termina en la línea de playa, sino que también se proyecta hacia el medio acuático”, señaló el capitán.

¿Cómo amenazan a los pescadores?

Las amenazas que enfrentan los pescadores en Trujillo replican las formas de extorsión que se observan en tierra. Según el capitán Jorge Vázquez, los delincuentes se acercan directamente a las embarcaciones mientras estas se encuentran en faena, utilizando la intimidación verbal como primer recurso. Los criminales exigen pagos a cambio de permitir que los pescadores continúen trabajando, dejando claro que la negativa puede tener consecuencias inmediatas.

El capitán Vázquez explicó que las solicitudes de dinero suelen ir acompañadas de advertencias explícitas sobre posibles daños a las embarcaciones o agresiones físicas si no se cumple con las exigencias.

Este clima de hostigamiento ha generado temor entre los trabajadores del mar, quienes muchas veces optan por no denunciar las extorsiones para evitar represalias de las bandas criminales.

Asimismo, la región es una de las más afectadas en torno a este delito. Las organizaciones criminales cada vez más toman poder de la zona para atentar contra los negocios pequeños y transportistas para que continúen operando.

Canales de ayuda para denunciar

Puedes comunicarte con estos medios y seguir las recomendaciones:

• La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la línea telefónica 105 para recibir denuncias de extorsión en todo el país. Al comunicarse con esta central de emergencias, la víctima puede reportar el caso y será derivada a la comisaría de su sector. Posteriormente, la División de Investigación Criminal (Divincri) se encargará de analizar las pruebas presentadas, como mensajes de texto, grabaciones de llamadas y números telefónicos vinculados al delito, con el objetivo de iniciar la investigación correspondiente.
• El Ministerio del Interior también ha habilitado la Central Única de Denuncias a través de la línea 1818, disponible las 24 horas del día. Esta plataforma permite presentar reportes de extorsión de manera confidencial y recibir orientación sobre los pasos a seguir.
• Además, existe la línea 111 de la Policía Nacional, especializada en atender casos de extorsión, así como canales digitales y presenciales en todas las comisarías y departamentos de investigación criminal a nivel nacional.

La música se detuvo de forma abrupta y el bullicio de la pista dio paso a una escena marcada por el desconcierto. En cuestión de segundos, una explosión dentro de una discoteca en la ciudad de Trujillo alteró la noche de decenas de jóvenes que acudieron al local con la intención de divertirse. El saldo dejó más de 30 personas heridas, según información de las autoridades.

En medio del avance de las investigaciones, un elemento clave cambió la dirección del caso. La detención de Steven Minchola Rosario, identificado como brazo operativo de la organización criminal ‘Los Pulpos’, permitió reconstruir parte de lo ocurrido dentro del establecimiento.

Las declaraciones recogidas por la policía revelan detalles sobre la participación de una mujer en el ataque. Su rol, hasta ese momento desconocido, se volvió central para entender la ejecución del atentado. Los agentes ahora concentran esfuerzos en ubicarla, mientras nuevas pistas surgen a partir de los testimonios obtenidos tras el operativo.

Confesión clave apunta a una mujer como autora del ataque

De acuerdo con el testimonio del detenido, la persona que lanzó la granada ingresó al local varias horas antes del estallido. “Llegó como a eso de las nueve por ahí”, se escucha en uno de los registros recopilados durante las diligencias. Según esa versión, la mujer no actuó sola, sino que se movía junto a otros integrantes del grupo.

Las investigaciones señalan que la sospechosa ingresó acompañada de un sujeto conocido como alias “Nico Nico”. Ambos lograron mezclarse entre los asistentes sin levantar sospechas. En medio de la música y las luces, la mujer habría llevado el artefacto explosivo dentro de su bolso hasta el momento del ataque.

“Ella es la que arroja la granada”, se precisa en otra de las declaraciones recogidas por los investigadores, lo que refuerza la hipótesis de que la acción fue directa y planificada.

Operativo policial permitió nuevas pistas

La captura de ‘El zurdo’ se produjo durante un operativo en distintos puntos de la ciudad. Según fuentes policiales, esta intervención resultó clave para vincular a los detenidos con el atentado. “Ha sido importante para sostener que las personas que fueron capturadas son los responsables directos a favor de la organización criminal ‘Los Pulpos’”, indicaron voceros de la investigación.

Durante la intervención, los agentes incautaron una motocicleta que el detenido utilizaba, la cual presentaba signos vinculados a la organización. Además, se obtuvieron referencias sobre vehículos y lugares que habrían servido para la logística del grupo.

En los audios analizados también se mencionan otros elementos. “Una minivan blanca, una combi chiquita. Acá la he guardado”, se escucha en una conversación, lo que sugiere la posible utilización de unidades para movilizarse o resguardar materiales.

Las pesquisas apuntan a que la operación contó con coordinación previa. Según la información policial, el encargado de dirigir las acciones sería un sujeto identificado como alias “Naja”, cuyo nombre corresponde a Alberto Loloy. Este individuo habría organizado el ataque desde horas de la noche.

De acuerdo con el testimonio recogido, la ejecución se realizó con rapidez. La mujer lanzó la granada y abandonó el lugar antes de que los asistentes reaccionaran. La escena quedó marcada por el pánico y la evacuación inmediata de los heridos.

Las autoridades también vinculan a Minchola con otros hechos violentos en la ciudad. “No solamente el atentado a Dalí, también es parte del atentado al que hubo en la Fiscalía. Y también es parte del atentado que hubo en el caso del monasterio”, señalaron fuentes policiales.

Búsqueda en curso y líneas abiertas de investigación

Mientras continúan las diligencias, la policía mantiene activa la búsqueda de la mujer señalada como autora material del ataque. Las unidades especializadas ya trabajan con su identificación y analizan registros para ubicar su paradero.

El caso permanece en desarrollo y se sustenta en testimonios, evidencias recogidas en los operativos y el análisis de comunicaciones entre los presuntos implicados. Las autoridades no descartan nuevas detenciones conforme se amplíe el alcance de la investigación.

A solo cuatro cuadras de la Plaza de Armas de Trujillo, sobre la avenida España y Jirón Bolívar, el estallido afectó la estructura metálica del portón del comercio. La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), dependiente de la Policía Nacional, llegó al sitio minutos después para iniciar las diligencias, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad en busca de identificar a los responsables.

La detonación se produjo mientras varios adolescentes aguardaban frente al minimarket para dirigirse a sus colegios. Las cámaras captaron el momento en que un individuo con gorra negra y roja colocó el artefacto, con dos estudiantes muy cerca del sitio de la explosión. La zona, densamente transitada durante las mañanas, alberga instituciones como el Colegio Municipal, el Liceo Trujillo, el Colegio Marcial Acharan y Smith, y el Colegio Modelo, todas en un radio de tres cuadras.

Adolescentes sobreviven a explosión en minimarket de Trujillo

Es miércoles, a las 6:30, un sujeto desconocido detonó un explosivo, presumiblemente dinamita, en un minimarket ubicado en la intersección de la avenida España y el Jirón Bolívar, pleno centro histórico de Trujillo. En el momento del ataque, las cámaras de seguridad registraron la presencia de al menos dos menores de edad en las inmediaciones, quienes lograron salir ilesos tras el estallido.

Las secuelas materiales incluyeron una esquina del portón metálico del comercio levantada por la onda expansiva. Este acto estaría vinculado con las crecientes amenazas extorsivas que sufre la ciudad e indicaron que la ocurrencia de estos hechos en horarios diurnos representa una práctica distinta de las bandas delictivas en la zona.

La respuesta inmediata de la policía incluyó la revisión de cámaras tanto del minimarket como de comercios aledaños, estrategia orientada a identificar al autor material, descrito como un varón joven con gorra negra y roja. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el atentado.

Atentado ocurrió en zona escolar altamente transitada de Trujillo

La ubicación del ataque, en uno de los sectores más concurridos de la ciudad y a escasa distancia de varias escuelas primarias y secundarias, incrementó la sensación de vulnerabilidad entre padres de familia y trabajadores del área. Informes de ambos medios detallan que centenares de estudiantes circulan diariamente por este corredor vial entre las 6:00 y las 8:00, lo que aumenta el riesgo de daño ante incidentes de este tipo.

La Policía Nacional desplegó agentes de la Dirincri para realizar peritajes, recopilar imágenes y recoger testimonios de testigos, como parte del protocolo inmediato ante eventos considerados de riesgo alto para población escolar. Autoridades municipales alertaron sobre la posibilidad de que los explosivos utilizados tengan origen en la minería ilegal, fenómeno que explicaría el acceso recurrente de bandas delictivas a dinamita.

Segundo atentado con explosivos en 72 horas evidencia patrón extorsivo en Trujillo

Este hecho constituye el segundo atentado similar en 72 horas en Trujillo, marcando un patrón de agresiones vinculadas a la extorsión comercial. La tendencia se pronuncia tras un atentado previo contra un restaurante en el barrio Santa María, también relacionado con amenazas a propietarios.

La ciudad se ha consolidado como epicentro de la modalidad extorsiva mediante detonaciones, fenómeno que ha irradiado hacia Lima y otras regiones en los últimos años. Señalan que el acceso a explosivos industriales, provenientes de actividades mineras, facilita la ejecución de estos delitos. El uso de dinamita en ataques diurnos y en zonas centrales pone en evidencia el aumento de la inseguridad para los habitantes de Trujillo y expone la urgencia de reforzar la vigilancia, especialmente en las proximidades de instituciones educativas.

El reciente ataque no provocó víctimas mortales, pero dejó secuelas materiales y desató protestas de comerciantes y familias que exigieron medidas inmediatas. La reiteración de atentados en intervalos breves incrementa la presión sobre las autoridades para desarticular las redes criminales responsables y evitar una expansión de la violencia hacia otros núcleos urbanos del norte peruano.

La escasez de gas licuado del petróleo (GLP) golpea de manera directa a miles de taxistas en todo el Perú. En Trujillo, largas filas y precios elevados en estaciones de servicio orillaron a varios a tomar medidas desesperadas y peligrosas.

Desde el lunes 2 de marzo, la falta de abastecimiento responde a una deflagración y fuga de gas natural en el gasoducto de Megantoni, Cusco, incidente que ha interrumpido el suministro y afectado a toda la sociedad.

En este contexto, la imagen de un taxista utilizando un balón de gas doméstico para poder circular por la ciudad se volvió viral, reflejando la magnitud del problema.

El conductor, entrevistado por Exitosa Noticias, explicó que, tras esperar dos horas en una cola sin obtener combustible, optó por adaptar el balón de gas de su hogar a su vehículo. La conexión artesanal se realizó en el asiento delantero. Según el conducto, esta maniobra lo dejó trabajar pese al riesgo involucrado.

“Le puse el balón de gas porque a las 2 de la madrugada, cuando iba a trabajar, se me acabó el GLP y en el grifo la cola no avanzaba por horas. Tuve que sacar el balón de gas en mi casa. Mi esposa me está llamando para que devuelva en balón a mi casa, para que cocine, me dice. Voy a trabajar para sacar mi día y luego lo regreso. Si no lo instalaba, no trabajo”, dijo el conductor.

Riesgo de incendios

El uso de un balón de gas doméstico como alternativa ante la escasez de GLP no solo constituye un desafío técnico, sino también genera preocupación por el riesgo que representa para conductores, pasajeros y transeúntes.

La situación en Trujillo evidencia cómo la falta de opciones lleva a los trabajadores a tomar decisiones límite para asegurar su fuente de ingresos.

En tanto, especialistas advierten sobre los graves riesgos de seguridad al utilizar gas licuado de petróleo en unidades diseñadas exclusivamente para gas natural vehicular (GNV), ya que ambos combustibles requieren sistemas técnicos diferentes.

En los últimos días se han reportado incidentes en Lima donde vehículos se incendiaron después de emplear GLP en sistemas no preparados para ese combustible.

La directora de Siniestros de Gallagher Perú, Claudia Figueroa, explica que la incompatibilidad puede provocar detonaciones, incendios y daños severos en el motor, poniendo en peligro tanto a conductores como a pasajeros y peatones.

Además, el uso incorrecto de combustibles puede causar daños en el sistema de inyección, contaminación interna, pérdida de potencia, problemas de arranque, e incluso la pérdida de la garantía del vehículo y limitaciones en la cobertura de seguros.

“El GLP y el GNV operan con configuraciones técnicas distintas. Cuando se introduce un combustible incompatible en el sistema, se pueden producir detonaciones, incendios o daños severos en el motor”, explicó Claudia Figueroa.

“Incluso puede implicar la pérdida de la garantía del vehículo y eventuales limitaciones en la cobertura de pólizas de seguro si se determina un uso indebido del sistema de combustible”, añadió.

Ante este panorama, se recomienda evitar soluciones improvisadas y esperar la normalización del suministro de GNV. Expertos sugieren no utilizar combustibles incompatibles, verificar que los sistemas alternativos estén operativos, realizar mantenimientos periódicos y abastecerse solo en estaciones autorizadas.

Para empresas con flotas, es clave reforzar el mantenimiento preventivo y el control del abastecimiento. Figueroa concluye que, aunque la búsqueda de soluciones rápidas es comprensible, la seguridad debe ser siempre la prioridad.

La explosión dentro de la discoteca Dalí, en la ciudad de Trujillo, dejó a tres jóvenes en estado crítico: uno de ellos enfrenta riesgo de cuadriplejía y otra persona sufrió la amputación parcial de un pie, según un informe difundido este jueves por Latina.

Se trata de Diego Jara Castillo (19), Maricielo Romero Rodríguez (23) y Lily Edith Calvana Culquichichón (21), quienes figuran entre los 47 heridos del atentado atribuido a una banda de extorsionadores y permanecen internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Docente de Trujillo.

Romero Rodríguez, animadora de fiestas infantiles y madre de un menor, viajó desde Lima a la ciudad norteña para celebrar el Día de la Mujer junto a amigas cuando ocurrió la detonación. Familiares describen su estado de salud como crítico; se encuentra inconsciente y requiere intervenciones continuas.

Su familia solicita ayuda económica y donaciones de sangre. “Tiene una herida en su cabeza y va a tener la tercera intervención, está inconsciente”, declaró su abuela a la televisora.

Jara Castillo, recién graduado como técnico de laboratorio clínico en un instituto de la ciudad, asistió a la discoteca acompañado de amigos para festejar un cumpleaños. “Puede quedar cuadripléjico o no podría ver, no se sabe”, relató su hermano, quien indicó que el pronóstico médico sigue siendo reservado.

La situación de Calvana Culquichichón también es grave. Su padre, quien viajó desde Cajamarca para acompañarla, detalló que la joven perdió más del 60% de su pie derecho y tiene fracturas en la tibia y el peroné. “Ella está afectada del pie del lado derecho, que lo ha perdido (parcialmente)”, explicó.

Las familias reiteran la urgencia de recibir apoyo solidario, especialmente insumos médicos y recursos económicos, para cubrir medicamentos y gestionar un traslado a Lima, donde podrían recibir atención especializada.

La discoteca Dalí, actualmente clausurada por disposición municipal, ya había sido blanco de un ataque con bombas lacrimógenas en febrero, durante el día de San Valentín, según informó la emisora RPP. Ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) trasladaron a los heridos al Hospital Belén y al Hospital Regional.

Trujillo figura entre las ciudades más golpeadas por la violencia del crimen organizado en los últimos años, motivo por el cual sigue bajo estado de emergencia y las fuerzas armadas apoyan a la Policía Nacional en el control interno y la lucha contra mafias de extorsión y sicariato.

Cifras

Según el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, en 2024 se registraron 3,997 casos de extorsión en La Libertad y en 2025 la cifra bajó a 3,256. Aunque la tendencia es descendente, Trujillo mantiene un promedio de entre 10 y 12 denuncias diarias por este delito.

La modalidad más violenta es el uso de dinamita, con 511 explosiones en 2024 y 289 en 2025, sumando 800 incidentes en dos años. Solo el 15,7% de las víctimas decide presentar una denuncia, lo que evidencia la falta de confianza en la Policía Nacional (PNP) y en el sistema judicial, una situación que impacta negativamente en la inversión, el comercio y el turismo.

El ataque ocurrió en medio de una cadena de atentados con explosivos que golpea a la ciudad durante las últimas semanas. Trujillo enfrenta un escenario de violencia ligado a extorsiones, amenazas y ataques contra viviendas, negocios y locales nocturnos. La detonación registrada en Vista Alegre se suma a una lista de hechos recientes que mantienen a la población en alerta.

Hasta el momento no existen reportes de personas heridas por la explosión. Sin embargo, el episodio refuerza la preocupación entre los residentes del distrito de Víctor Larco, donde varios incidentes vinculados con extorsión y violencia criminal salieron a la luz en los últimos días.

Explosivo detona en vivienda de Vista Alegre

El estallido se produjo en una vivienda situada en la cuadra 3 de la calle La Perricholi, en la urbanización Vista Alegre. Vecinos del sector escucharon la detonación y abandonaron sus casas para observar lo ocurrido.

El impacto del artefacto generó daños en la zona cercana al inmueble afectado y provocó temor entre los residentes. Varias personas permanecieron en la calle mientras se verificaba la situación tras la explosión.

Agentes policiales y autoridades llegaron al lugar pocos minutos después del estallido. El personal inició las diligencias para determinar el origen del ataque y reunir información que permita identificar a los responsables.

Las primeras acciones incluyeron la revisión del área afectada y la toma de testimonios de vecinos que presenciaron el momento de la detonación.

Atentado previo en discoteca Dalí dejó 40 heridos

La explosión en Vista Alegre ocurre dos días después de un ataque que dejó decenas de heridos en otro punto del distrito de Víctor Larco.

La madrugada del 7 de marzo, un explosivo detonó dentro de la discoteca Dalí, local nocturno ubicado en esa jurisdicción de la provincia de Trujillo. El atentado dejó 40 personas heridas y generó preocupación por la seguridad en establecimientos de entretenimiento.

Tras ese hecho, la Municipalidad Provincial de Trujillo dispuso una sanción administrativa contra el local. La medida ordenó la clausura temporal de la discoteca por un periodo de 30 días hábiles.

La intervención se realizó mediante personal de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización de la comuna provincial. El operativo contó con apoyo del grupo IRAM y efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Las inspecciones posteriores al atentado detectaron irregularidades en el funcionamiento del establecimiento. Entre los hallazgos figura la ausencia de un protocolo de seguridad y el ingreso de menores de edad al local.

Extorsiones superan las dos mil denuncias en el país

Los ataques con explosivos se relacionan con el aumento de denuncias por extorsión registradas durante los primeros meses del año.

Datos oficiales de la Policía Nacional del Perú indican que entre el 1 de enero y el 18 de febrero se registraron 2.099 denuncias por este delito en todo el país.

La información procede de un reporte elaborado con datos de DIVCOP - SICPIP y DIVEST a través del sistema SIDPOL. Las cifras reflejan la presión que enfrentan distintos sectores económicos ante amenazas y cobros ilegales.

Transportistas y comerciantes figuran entre los grupos más afectados por este delito. Las bandas utilizan intimidación, mensajes amenazantes y ataques con explosivos para exigir pagos a cambio de permitir el desarrollo de actividades.

Regiones con mayor número de denuncias

El informe policial indica que Lima Centro concentra la mayor cantidad de denuncias por extorsión durante el inicio de 2026. En esa zona se registraron 898 casos entre el 1 de enero y el 18 de febrero.

La Libertad aparece en segundo lugar con 399 denuncias. Piura ocupa el tercer puesto con 177 reportes en el mismo periodo.

Otras regiones también registran cifras importantes. Lambayeque acumula 80 denuncias, mientras que el Callao registra 89 e Ica reporta 36 casos.

La comparación con el año anterior muestra una reducción en algunos territorios. Lima Centro pasó de 1.454 denuncias en 2025 a 898 en 2026. La Libertad registró una disminución de 667 a 399 casos.

A pesar de esa variación, el total nacional supera las dos mil denuncias en menos de dos meses, una cifra que mantiene la preocupación entre ciudadanos y autoridades frente al avance de redes dedicadas a la extorsión.

Un atentado con explosivos en la discoteca Dali, en la ciudad de Trujillo, dejó a más de 30 personas heridas la madrugada del pasado 7 de marzo y luego de capturar al menos a tres de los criminales responsables -entre ellos a un menor de edad de 17 años- la Policía pudo conocer que el atentado fue ordenado por la organización criminal ‘Los Pulpos’.

Según uno de los detenidos, identificado con el alias ‘Ñaja Ñaja’, él llegó al local nocturno luego de que otro de los criminales, alias ‘Pato verde’ lo llamara para ofrecerle S/ 1.000 a cambio de detonar una granada en uno de los baños de la discoteca.

“Hay S/ 1000 me dijo si tú pones una granada. No me explicó bien, pero en el baño”, dijo ‘Ñaja Ñaja’ a los agentes de la PNP que lo interrogaron al interior de un vehículo policial. Según la versión del criminal, una mujer identificada como Nicol, de 22 años, también habría estado involucrada en el atentado, pero hasta el momento no ha sido capturada.

De acuerdo con la información policial confirmada por medios locales, las autoridades identificaron a Luis Fabiano Jacobo Flores, Rodrigo Nicolás Ávila Peláez —alias “Nico Nico”— y a un adolescente de 17 años, todos considerados presuntos implicados en el atentado.

Luego de su captura, agentes de la PNP pudieron conocer que el menor habría actuado por órdenes de Óscar Cruz Basilio y Andy Quispe Cruz, identificados por la policía como posibles miembros y familiares de ‘Jhonsson Pulpo’, el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Atentado en la discoteca Dalí: cronología y saldo

La explosión se produjo aproximadamente a las 3:30 a. m. durante una presentación musical en la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Panamericana del distrito Víctor Larco Herrera, según datos de SOLTV. Decenas de asistentes participaban del espectáculo del grupo Amor Rebelde cuando ocurrió el estallido, lo que generó una estampida y escenas de pánico dentro y fuera del local.

Imágenes difundidas por medios regionales como Prensa Total de Trujillo y Sol TV evidencian mesas volcadas, vidrios rotos y a heridos solicitando auxilio o intentando abandonar la zona entre gritos y confusión. El impacto fue tal que varias personas permanecieron tendidas en el suelo o deambulaban desorientadas en el exterior, lo que refleja la magnitud del incidente.

El primer informe oficial, emitido por Prensa Total de Trujillo y la Gerencia Regional de Salud (Geresa La Libertad), reportó que 33 personas resultaron heridas, incluidos menores de edad. De los afectados, 17 fueron trasladados al Hospital Belén de Trujillo y 16 al Hospital Regional Docente de Trujillo; uno fue atendido en la unidad de shock trauma. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas.

Diversos equipos participaron en la atención de la emergencia: dos ambulancias —una del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) Geresa—, cuatro profesionales de salud y dos conductores. La Compañía General de Bomberos Voluntarios envió una unidad, mientras que la PNP acudió con tres camionetas para asegurar la zona y facilitar la evacuación de los heridos.

Las investigaciones policiales buscan determinar el tipo de artefacto explosivo utilizado y la motivación del ataque. Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y confirmar los vínculos entre los detenidos y la organización criminal mencionada en los reportes.

La policía continúa el proceso para reconstruir los hechos, establecer responsabilidades y verificar el grado de implicación de los capturados en la explosión de la discoteca Dalí.

La discoteca Dalí, ubicada en la urbanización Santa Catalina de Trujillo, fue clausurada temporalmente por 30 días hábiles tras confirmarse el ingreso de menores de edad durante una intervención realizada luego de un atentado con explosivos. La medida fue adoptada por la Municipalidad Provincial de Trujillo, que contó con el apoyo del grupo IRAM y la Unidad de Servicios Especiales (USE), luego de la explosión que dejó 31 personas heridas, entre ellas tres adolescentes.

Durante la inspección efectuada en las primeras horas tras el incidente se constató el incumplimiento de las ordenanzas municipales N.° 019-2025 y 059-2025, las cuales prohíben el acceso de menores a discotecas donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas.

La autoridad edil impuso la sanción de cierre al identificar que el establecimiento habría permitido el ingreso de menores de edad, lo que representa un riesgo para la salud e integridad de este grupo.

El operativo incluyó el sellado de todos los accesos mediante soldadura, una medida adoptada por la municipalidad para garantizar el cumplimiento de la sanción y reforzar las acciones orientadas a la seguridad ciudadana en la zona. La municipalidad remarcó que estas acciones buscan contribuir a un entorno más seguro y ordenado para los habitantes de Trujillo.

¿Qué sucedió en la discoteca Dali?

El hecho que motivó la intervención fue la explosión registrada la madrugada del sábado en el interior de la discoteca Dalí, donde se encontraban decenas de personas. Según información de la Gerencia Regional de Salud, 31 personas resultaron heridas, entre ellas tres adolescentes de 16 y 17 años; cinco de los afectados presentaron lesiones de gravedad.

El Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y personal de salud trasladaron a los heridos al Hospital Belén y al Hospital Regional Docente de Trujillo.

La Policía Nacional del Perú investiga el hecho como un presunto ataque extorsivo vinculado al crimen organizado, de acuerdo con la Tercera Macro Región Policial de La Libertad. RPP informó que el local ya había sido blanco de otro ataque en febrero pasado, cuando sujetos lanzaron bombas lacrimógenas.

El caso ha sido cubierto por diversos medios de comunicación internacional evidenciando la crisis que vive el país en el tema de inseguridad ciudadana.

César Acuña se pronunció por atentando

César Acuña, exgobernador regional de La Libertad y actual candidato presidencial, expresó su rechazo al atentado ocurrido en la discoteca Dalí de Trujillo. En un comunicado, Acuña calificó el ataque como “cobarde” y manifestó su solidaridad con los afectados y sus familias.

“Oramos por la vida y recuperación de los jóvenes heridos y confiamos en las atenciones que reciban por parte de los médicos para su alta respectiva y retorno a sus hogares”, señaló.

El candidato exigió al Gobierno nacional “acciones inmediatas y contundentes” para restablecer la seguridad en Trujillo y en todo el país. Cabe precisar que Acuña estuvo liderando la el gobierno regional, pero decidió dar un paso al costado, a pesar de los atentados que ya se reportaban en la región, para buscar llegar a Palacio de Gobierno.

Tres hombres fueron capturados por la Policía Nacional del Perú (PNP) por su presunta vinculación con la explosión registrada en la discoteca Dalí, en la ciudad de Trujillo, la madrugada del 7 de marzo. Según la información policial, entre los capturados figura un menor de 17 años, quien sería el presunto autor material y supuesto ejecutor del ataque bajo órdenes de integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

De acuerdo con la información policial confirmada por medios locales, las autoridades identificaron a Luis Fabiano Jacobo Flores, Rodrigo Nicolás Ávila Peláez —alias “Nico Nico”— y a un adolescente de 17 años, todos considerados presuntos implicados en el atentado.

Luego de su captura, agentes de la PNP pudieron conocer que el menor habría actuado por órdenes de Óscar Cruz Basilio y Andy Quispe Cruz, identificados por la policía como posibles miembros y familiares de ‘Jhonsson Pulpo’, el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. La Policía ya inició el proceso de investigación de los hechos para determinar si el atentado tuvo a más involucrados.

La explosión ocurrida la madrugada del 7 de marzo de 2026 en la discoteca Dalí de Trujillo, por presuntamente estar involucradas en el atentado que dejó 33 personas heridas, según reportes oficiales.

Atentado en la discoteca Dalí: cronología y saldo

La explosión se produjo aproximadamente a las 3:30 a. m. durante una presentación musical en la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Panamericana del distrito Víctor Larco Herrera, según datos de SOLTV. Decenas de asistentes participaban del espectáculo del grupo Amor Rebelde cuando ocurrió el estallido, lo que generó una estampida y escenas de pánico dentro y fuera del local.

Imágenes difundidas por medios regionales como Prensa Total de Trujillo y Sol TV evidencian mesas volcadas, vidrios rotos y a heridos solicitando auxilio o intentando abandonar la zona entre gritos y confusión. El impacto fue tal que varias personas permanecieron tendidas en el suelo o deambulaban desorientadas en el exterior, lo que refleja la magnitud del incidente.

El primer informe oficial, emitido por Prensa Total de Trujillo y la Gerencia Regional de Salud (Geresa La Libertad), reportó que 33 personas resultaron heridas, incluidos menores de edad. De los afectados, 17 fueron trasladados al Hospital Belén de Trujillo y 16 al Hospital Regional Docente de Trujillo; uno fue atendido en la unidad de shock trauma. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas.

Diversos equipos participaron en la atención de la emergencia: dos ambulancias —una del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) Geresa—, cuatro profesionales de salud y dos conductores. La Compañía General de Bomberos Voluntarios envió una unidad, mientras que la PNP acudió con tres camionetas para asegurar la zona y facilitar la evacuación de los heridos.

Las investigaciones policiales buscan determinar el tipo de artefacto explosivo utilizado y la motivación del ataque. Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y confirmar los vínculos entre los detenidos y la organización criminal mencionada en los reportes.

La policía continúa el proceso para reconstruir los hechos, establecer responsabilidades y verificar el grado de implicación de los capturados en la explosión de la discoteca Dalí.

Testigos y registros de cámaras de seguridad muestran que la detonación generó un clima de pánico y caos. Hubo una estampida tanto dentro como fuera del recinto, con asistentes que corrían en todas direcciones intentando ponerse a salvo. Varias personas resultaron lesionadas por la onda expansiva y el tumulto, y se observaron mesas volcadas, vidrios rotos y manchas de sangre en la ropa de algunos de los presentes. Muchos de los afectados recibieron ayuda de otros asistentes antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Los servicios sanitarios trasladaron a los heridos a dos centros de salud de la ciudad: el Hospital Belén de Trujillo y el Hospital Regional Docente de Trujillo. De acuerdo con la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, 17 pacientes permanecen bajo observación en el Hospital Belén, mientras que otros 16 fueron atendidos en el Hospital Regional, uno de ellos en la unidad de shock trauma. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas desaparecidas, aunque las autoridades continúan evaluando la evolución de los hospitalizados.

El operativo de emergencia incluyó el despliegue de ambulancias, personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), bomberos voluntarios y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los rescatistas trabajaron para evacuar a los heridos y restablecer el orden en la zona, mientras la policía aseguraba el perímetro y facilitaba el traslado de las víctimas.

El comunicado de Amor Rebelde y el avance de las investigaciones

Horas después de la explosión, Amor Rebelde recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado y tranquilizar a sus seguidores. El mensaje comenzó con un gesto de pesar: “Como orquesta, lamentamos profundamente los lamentables hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos”.

El grupo también se refirió de manera directa al estado de sus integrantes: “Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien”.

La agrupación sumó un mensaje de solidaridad con las personas afectadas: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento”.

El comunicado concluyó con una reflexión y un pedido por la pronta recuperación de los heridos: “Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde consuelo, paz y fortaleza a todos los afectados”.

La publicación fue compartida y comentada por seguidores, familiares y colegas del ambiente musical, quienes expresaron mensajes de aliento y respaldo a la banda y a las víctimas. Amor Rebelde reiteró en distintos mensajes que todos sus músicos se encuentran fuera de peligro y agradeció el apoyo recibido.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar el origen del artefacto explosivo y la identidad de los responsables. La Policía Nacional y la Fiscalía analizan grabaciones de cámaras de seguridad, recogen testimonios de los presentes y recolectan evidencias en el lugar de los hechos. El objetivo es esclarecer las circunstancias del atentado y prevenir futuros episodios de violencia en locales nocturnos.