De un total de 3.168,632 ciudadanos panameños inscritos en el Registro Electoral, solo 1.542,218 se encuentran inscritos en partidos políticos, al corte del 29 de abril de 2026, según el último informe del Tribunal Electoral.

La cifra representa una leve baja respecto al corte anterior del 12 de marzo del año en curso, cuando 1.550,003 ciudadanos pertenecían a estos colectivos.

El documento del Tribunal Electoral de Panamá revela que el 48.67% de los panameños forma parte de alguna agrupación, ya sea legalmente constituida o en formación mientras que un 51.33% no mantiene ninguna afiliación partidista.

Al detallar el número de adherentes por colectivo, el informe de la entidad gubernamental indica que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) registra 560,690 inscritos, el partido Realizando Metas, tiene 283,601, Cambio Democrático, 260,405 y el Partido Panameñista, 218,506.

De igual manera, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) presenta 79,735 adherentes, el Frente Amplio por la Democracia 47,460, el Movimiento Otro Camino 39,318 inscritos, 25,547 el Partido Alianza, y 21,216 inscritos el Partido Popular.

En cuanto a las agrupaciones políticas en formación, los datos indican que Acción Ciudadana Independiente cuenta con 2,933 inscritos, mientras que el Partido Nacional Humanitario registra 2,430 y el movimiento RADIX mantiene 377 adherentes.

Al referirse a la participación de las mujeres en los partidos políticos, se tiene que, por ejemplo, en el PRD hay inscritas 286,277, en el Partido Popular 10,123, en el MOLIRENA 37,774, y 104,689 en el Partido Panameñista, mientras que en Realizando Metas suman 135,360.

Una reciente encuesta del diario La Estrella de Panamá revela que una gran cantidad de los panameños encuestados no sienten simpatía con los partidos y movimientos políticos.

El 68,5% de los encuestados no simpatiza con ninguna organización política. Esta cifra, de acuerdo con el diario, se ha mantenido por encima del 63% desde el inicio del gobierno de José Raúl Mulino.

Para incentivar el conocimiento de los ciudadanos en su rol como parte activa de una sociedad democrática, el Tribunal Electoral realizó la semana de la educación cívica electoral 2026.

En la misma se insistió en que la democracia no es un concepto estático ni una meta alcanzada de una vez y para siempre, pues es un organismo vivo que requiere cuidado constante.

“Es una forma de vida que se construye día a día con el compromiso de cada uno de nosotros”, aseguró el magistrado presidente del organismo electoral, Narciso Arellano Moreno.

Agregó que el conocimiento y la práctica de los valores no son accesorios del sistema; son su esencia, constituyen cualidades que se deben poner en práctica dentro de cada grupo social, en la esfera pública y en la privada, para establecer y mantener el orden, progreso y buena relación entre los individuos.

Arellano Moreno añadió que sin integridad, sin tolerancia y sin respeto, la estructura democrática se debilita, se desmorona y, eventualmente, puede desaparecer, por lo que las jornadas programas constituyen verdaderos ejercicios prácticos de convivencia democrática.

Este año la formación y actividades se extiende a los estudiantes integrantes del programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, que incluye centros penitenciarios, centros de custodia y cumplimiento, riesgo social, nocturnas, entre otros.

“Porque la democracia es inclusiva, o no es democracia. Reconocemos que el derecho a la educación cívica y la oportunidad de participar en la construcción de un país mejor pertenece a todos, sin distinción de horario o circunstancia de vida. Su participación hoy nos fortalece como sociedad”, manifestó el magistrado presidente del Tribunal Electoral.

Según consignó New York Post, Strand relató el impacto devastador que el crimen generó en la familia: “Tú no solo le arrebataste la vida a Athena, destruiste a nuestra familia”.

El testimonio recogido por el diario estadounidense incluyó recuerdos personales, como el apodo que le daba la menor y la sensación de vacío que dejó su ausencia. “Nos robaste la seguridad, la paz y la confianza en el mundo. Cambiaste para siempre lo que somos como familia”, expresó ante el juez y el acusado.

El caso: secuestro y asesinato de una niña de siete años

Athena Strand, de siete años, desapareció el 30 de noviembre de 2022 en la localidad de Paradise, Texas. Según la reconstrucción judicial, la niña fue interceptada por Tanner Horner mientras jugaba cerca de su casa.

El propio Horner admitió haberla secuestrado después de atropellarla con el camión de reparto. Posteriormente, la asfixió y abandonó el cuerpo en un arroyo, a unos 13 kilómetros de la vivienda de la víctima.

De acuerdo con New York Post, imágenes y grabaciones presentadas ante el jurado mostraron a la menor dentro del camión y documentaron los momentos previos al crimen.

Durante el juicio, la fiscalía expuso que Horner no solo mintió sobre las circunstancias del secuestro, sino que también intentó negociar con la policía la posibilidad de pasar la Navidad con su hijo a cambio de cooperar con la investigación. El hallazgo del cuerpo, así como pruebas forenses y registros digitales, fueron claves para sustentar la acusación.

El proceso judicial y las pruebas presentadas

La causa fue trasladada del condado de Wise al de Tarrant debido a la amplia cobertura mediática. En el juicio, la fiscalía presentó videos, audios y testimonios de especialistas sobre el estado en el que se encontró a la víctima, así como antecedentes de denuncias de abuso sexual contra el acusado por parte de otras personas.

Según la información recogida por New York Post, las pruebas incluyeron análisis de ADN que no descartaron la presencia de material genético de Horner en el cuerpo de Athena. La exposición de este material llevó a que algunos miembros del jurado y asistentes abandonaran la sala.

El fiscal James Stainton advirtió a los jurados sobre la crudeza del caso y señaló que las pruebas dejaban en evidencia la magnitud de la violencia ejercida. Horner, por su parte, alegó padecer trastornos mentales y que el cambio de ruta en su trabajo contribuyó al desenlace de los hechos.

La defensa propuso la cadena perpetua como alternativa, argumentando un diagnóstico previo de autismo y una infancia problemática, pero el jurado no consideró estos factores como atenuantes suficientes.

La sentencia a muerte y el impacto en la familia

El jurado deliberó durante tres horas antes de dictar la pena de muerte por inyección letal para Tanner Horner.

El acusado no mostró reacción alguna al escuchar el veredicto. El proceso de apelación quedó abierto de manera automática, como estipula la legislación texana para este tipo de condenas.

Según informó New York Post, la madre de Athena asistió a la audiencia con el cabello teñido de rosa, el color favorito de su hija, y permaneció acompañada de sus seres queridos durante la lectura de la sentencia.

En la sala, el testimonio de Elijah Strand concluyó con una afirmación dirigida a Horner: “Dices que has encontrado a Dios, pero lo que le hiciste a Athena se opone directamente a todo lo que ahora dices creer. En Mateo 18:6 está escrito: ‘Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en el mar’”. Así, subrayó la magnitud del castigo inflingido a alguien que dañara a un niño y advirtió: “Te enfrentarás a la ira de Dios. Pero quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Nadie te recordará después de esto”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina, que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) en el caso del empresario estadounidense John Ulrich, quien se encuentra detenido en un reclusorio de la capital mexicana.

Sheinbaum dijo, frente a medios de comunicación desde Palacio Nacional, que se preguntaría al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México la razón por la que Ulrich estaba detenido, pues su defensa denunciaba corrupción, pero no se podía tomar así sin que se comprobara y había que escuchar la versión del Tribunal para poder tener una opinión. Además, dijo que pediría al mismo Tribunal hacer pública su versión para poder emitir una opinión.

“Yo creo que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México porque la defensa, evidentemente, para defender a su cliente, a la persona, evidentemente está defendiendo a la persona, hay que escuchar la otra versión, entonces vamos a preguntar al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por qué esta persona está detenida, porque probablemente él denuncia que hay corrupción, bueno, pues tiene que demostrarse, no lo podemos tomar de antemano como que es así, hay que escuchar la otra versión para poder tomar una opinión, y pues le pedimos ahí al Tribunal Superior de Justica de la Ciudad de México, no sé si ya lo hizo público o no, pero que pueda hacer pública su versión en este caso, para poder tomar una opinión”, dijo la mandataria nacional.

Esto en relación al cuestionamiento que le hizo una periodista, quien señaló que en los últimos días había trascendido el caso del Ulrich, uno de los herederos de la empresa Baco, una de las más emblemáticas en cuanto a útiles escolares, y quien está preso desde hace ocho meses en el Reclusorio Sur bajo el delito de administración fraudulenta, denuncia que hizo su propio hermano, Edgar Ulrich, y que el propio delito, señaló la reportera, no ameritaba prisión poreventiva, sin embargo, continúa encarcelado.

Este caso, cuestionó la periodista, ha llamado la atención por varias razones, entre ellas, porque la defensa ha denunciado que el encarcelamiento se dio gracias a que dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Rafael Guerra, se venden combos penales, que incluyen orden de aprehensión y prisión preventiva justificada.

Además, John Ulrich es ciudadano estadounidense, y además, al tener la ciudadanía estadounidense, se acogió a la orden ejecutiva firmada el año pasado por este gobierno, que brinda apoyo a ciudadanos estadounidenses que son detenidos en alguna parte del mundo. Recordó que ya se había enviado una carta al propio Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el jueves pasado se dio a conocer que se le brindaba apoyo consular.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este 31 de marzo que un tribunal internacional le dio la razón a su gobierno en un arbitraje relacionado con la licitación de tabletas electrónicas para taxistas de la Ciudad de México, un caso que data de 2016 y que, según ella, estuvo rodeado de irregularidades.

El episodio tiene su origen durante la jefatura de gobierno de Miguel Mancera, cuando la Secretaría de Movilidad (Semovi) impulsó un programa para reemplazar los taxímetros tradicionales de los 140 mil taxis de la capital por tabletas electrónicas. La idea era modernizar el servicio al estilo de plataformas como Uber o Cabify, con una app gratuita para usuarios y dispositivos con botón de pánico y georeferenciador. El titular de Semovi en ese momento, Héctor Serrano, fue la cara del proyecto.

Sin embargo, cuando Sheinbaum llegó a la jefatura de gobierno en 2018, encontró un panorama distinto al que pintaba el discurso oficial. Los taxistas que la habían acompañado en campaña se quejaban de los montos que debían pagar por los dispositivos y cuestionaban cómo se había elegido al proveedor sin consultarlos. Al revisar el expediente, su administración detectó irregularidades en la asignación de la concesión y decidió cancelar el contrato.

Arbitraje internacional sacó a la luz las negociaciones y actores clave del caso

Fue entonces cuando comenzó el litigio. Los concesionarios, junto con exfuncionarios involucrados en la operación, presentaron un arbitraje internacional amparado en el tratado comercial con Estados Unidos, argumentando que había empresas estadounidenses vinculadas al negocio de las tabletas y que la cancelación violaba el acuerdo. El caso estuvo activo durante años, con audiencias públicas celebradas en Estados Unidos donde salieron a la luz detalles sobre quién gestionó el contrato, con quién se negoció y qué legisladores estuvieron involucrados.

Sheinbaum anuncia que revelará detalles del caso tras fallo internacional favorable a la CDMX

Sheinbaum adelantó que esa información no había podido hacerse pública antes porque durante un arbitraje internacional está prohibido divulgar cualquier tema relacionado con la controversia. Ahora que el tribunal resolvió a favor del gobierno capitalino, confirmando que la cancelación fue legal y que no hubo violación al tratado comercial, esa restricción desaparece.

“Cuando venga algún diputado, vamos a informar todo el entramado”, anticipó la presidenta, quien prometió revelar los detalles de cómo se armó el negocio original. El caso fue llevado a lo largo de los años con el apoyo de cuatro secretarios de Economía: Graciela Márquez, Tatiana Clouthier, Raquel Buenrostro y Marcelo Ebrard.

Sheinbaum anticipa revelación sobre adjudicación de taxímetros digitales

La presidenta pidió a Andrés Layús, exsecretario de Movilidad de la CDMX y quien llevó el seguimiento más cercano del caso, que próximamente venga a explicar el entramado completo. “Es muy interesante cómo se dio la asignación de esa tableta”, subrayó Sheinbaum, dejando abierta la puerta a lo que parece será una revelación más detallada en los próximos días.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, afirmó que existen personas vinculadas con sectores opositores radicales que han manifestado su intención de regresar a Venezuela y participar en actividades políticas amparados por la nueva legislación. Arreaza expuso en una entrevista con TeleSur que algunas de estas personas, desde el exterior, han reconocido sus errores, expresado críticas hacia el Gobierno y han anunciado su deseo de reincorporarse a la vida política bajo las normas constitucionales del país. Esta declaración se dio en el marco del proceso abierto por la Ley de Amnistía, que fue aprobada en febrero y permite que ciudadanos involucrados en delitos cometidos desde 1999 puedan solicitar la extinción de su causa, acceder a sus derechos y reintegrarse sin enfrentar detenciones al volver al territorio nacional.

Según detalló TeleSur, más de 100 venezolanos residentes fuera del país ya han iniciado los trámites necesarios para beneficiarse de esta ley. Los interesados cuentan con la posibilidad de realizar la solicitud a través de un apoderado, como se establece en el artículo 7 de la norma. El procedimiento implica la revisión de cada caso por parte de los jueces, quienes deben analizar y pronunciarse conforme a los criterios definidos por la legislación. Arreaza expresó que confía en que “la inmensa mayoría” de las respuestas judiciales frame los casos dentro de los márgenes legales y favorezcan el regreso de los solicitantes con plenas garantías de derechos.

Durante su intervención, el titular de la comisión explicó que las personas que formen parte del proceso recibirán protección frente a posibles detenciones. Al llegar a Venezuela, los solicitantes comparecerán ante el tribunal correspondiente y accederán a los beneficios previstos, en tanto sus casos no se encuentren entre las excepciones establecidas por la propia ley para delitos graves. El objetivo declarado, precisó Arreaza según difundió TeleSur, es crear condiciones para que quienes deseen hacer política lo hagan en paz y bajo las reglas democráticas.

Arreaza evitó dar detalles sobre identidades o casos concretos de los solicitantes, aunque señaló que algunos de ellos participaron activamente en la oposición más dura y confrontacional en años anteriores. De acuerdo con lo reportado por TeleSur, estas personas han optado por buscar caminos de reinserción social y política, en un contexto donde la normativa ofrece la posibilidad de extinguir el delito penal y limpiar los registros policiales y de antecedentes, salvo en los supuestos de delitos excluidos por la ley, considerados de mayor gravedad.

En cuanto al número general de solicitudes, el medio TeleSur informó que el balance entregado por Arreaza registra un total de 13.685 peticiones recibidas para acogerse a la Ley de Amnistía. Tras una revisión para eliminar casos duplicados, el total depurado quedó en 11.401 personas. De ese grupo, 8.073 han obtenido respuesta favorable, lo que ha incluido la excarcelación de 260 personas que se encontraban en prisión y ahora están en libertad plena, con los delitos completamente extinguidos según lo indicado por la comisión especial.

Por otra parte, 7.813 ciudadanos que desde los años 2013, 2014 o 2017 estaban sujetos a la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales, han quedado ahora exentos de esta medida y sus casos, salvo algunos que continúan en proceso de resolución, han sido cerrados y sus antecedentes eliminados. TeleSur recogió las palabras de Arreaza, quien defendió la interpretación de la ley como un mecanismo para terminar con ciclos de enfrentamiento político y dar paso a una convivencia institucional más estable.

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero, establece que quienes cumplan con los requisitos señalados y no sean excluidos por haber cometido delitos especialmente graves, podrán ver extintas sus causas penales. Este instrumento legal borra de los registros los antecedentes y otorga la posibilidad de iniciar una nueva etapa de participación política bajo el marco de la legalidad. Según la comisión especial, las aplicaciones desde el exterior siguen en aumento, consolidando la ley como una ventana de regreso para venezolanos que buscaron refugio fuera del país debido a procesos judiciales abiertos en los últimos años.

TeleSur concluyó que la política de amnistía adoptada por el Estado venezolano busca ofrecer una salida legal y pacífica a decenas de miles de ciudadanos, con el objetivo de restaurar derechos y minimizar la confrontación en el ámbito político nacional, siempre dentro de los límites y exclusiones que marca la propia legislación.

La inhabilitación para ejercer cualquier profesión vinculada a la docencia, el deporte o el tiempo libre durante más de cuatro años forma parte de las medidas judiciales impuestas a un vecino de Logroño por actos de humillación y discriminación contra dos personas pertenecientes al colectivo LGTBI. De acuerdo con la información publicada por la Audiencia Provincial y recogida por distintos medios, el acusado ha admitido tanto el envío de mensajes de odio como la autoría de los actos que motivaron la denuncia, así como su responsabilidad en la vulneración de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Según detalló el medio que consignó la sentencia, el acusado aceptó una condena de un año, siete meses y quince días de prisión tras sentarse en el banquillo este jueves por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. El delito está relacionado con la lesión de la dignidad de las personas por razones discriminatorias, específicamente en razón de la orientación sexual de las víctimas.

La sanción judicial incorpora una pena de multa de 1.890 euros, además de una indemnización individual de 1.000 euros para cada una de las dos personas afectadas en concepto de responsabilidad civil. El tribunal ha añadido la prohibición al acusado de aproximarse a menos de 200 metros de las víctimas o de comunicarse con ellas por cualquier medio durante tres años, respondiendo así a las medidas de protección solicitadas por la acusación, publicó la fuente.

El tribunal estableció que la ejecución de la condena de privación de libertad queda suspendida bajo la condición de que el acusado no reincida en delitos semejantes en un plazo de dos años y cumpla con el pago tanto de la multa como de la indemnización. La suspensión responde a lo permitido en supuestos en que el inculpado reconoce los hechos y muestra disposición a reparar el daño causado, matizó el medio.

El procedimiento penal se inició cuando, en 2024, las víctimas denunciaron la recepción de mensajes amenazantes y humillantes por parte del acusado a través de redes sociales. Los mensajes, enviados desde la cuenta de Instagram del ahora condenado, contenían una retórica violenta y referencias explícitas a agresiones físicas. Uno de los mensajes, recogido en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, señalaba: "El día que empiece a correr sangre en Europa por una rebelión, os garantizo que seréis los primeros en caer; algún día, más pronto que tarde, cuando la gente estalle y salga a la calle a cortar cabezas, acordaos que estaré en primera fila y a por los primeros que iré, seréis vosotros el día que Europa reviente, no seré yo el único que vaya arrancando cabezas, pero sí, me pido las vuestras... así seré yo lo último que veáis en vuestras miserables vidas; y ese día, cuando llegue, lo que te he dicho esta mañana, me encargaré yo mismo de arrancarte la cabeza, de momento me abstengo de hacer nada por las leyes pero pido que haya un día de purga, sólo uno...; el día que haya una purga o que haya una revuelta nacional, ahí estaré en primera fila, con la catana preparada y bien afilada".

La gravedad de los hechos y la naturaleza de las amenazas motivaron la intervención tanto del Ministerio Fiscal como del tribunal, que calificaron el episodio como una vulneración de derechos y un acto discriminatorio. El acusado, residente en Logroño, admitió los hechos y aceptó la responsabilidad, abriendo la vía a la conformidad penal y evitando así la celebración de un juicio con práctica de prueba, informó el medio que cubrió la sentencia.

La sentencia que impone prisión, multa, indemnización y alejamiento responde a un marco de protección de derechos fundamentales, según lo que recogió el tribunal. La condena también contempla la inhabilitación especial para trabajos relacionados con menores y jóvenes en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre, por un periodo que supera los cuatro años. De acuerdo con la información difundida, la medida busca evitar la reiteración de conductas discriminatorias en espacios de especial sensibilidad.

Durante el proceso, el tribunal reconoció la condición de los hechos como constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales, incidiendo en la trascendencia que poseen los actos discriminatorios y vejatorios cometidos a través de medios digitales. El caso resalta los mecanismos legales existentes en España para la protección de colectivos vulnerables, en particular de aquellas personas que sufren discriminación vinculada con la orientación sexual.

La denuncia presentada por las víctimas en 2024 permitió la apertura del proceso penal que culmina con esta sentencia, según hicieron público tanto el órgano judicial como el medio que detalló la audiencia. La protección y el resarcimiento económico fijados por el tribunal se orientan no solo a compensar el daño individual, sino también a establecer precedentes que desincentiven la proliferación de mensajes de odio en el contexto digital y a promover el respeto de los derechos constitucionales.

Todos los hechos, sanciones y medidas mencionados aparecen en la resolución de la Audiencia Provincial de Logroño, que consideró probada la autoría y responsabilidad del acusado al reconocer este la totalidad de los hechos y asumir el acuerdo de conformidad.

¿Me puedo retirar?, preguntó Cristina Kirchner al presidente del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, al final de un extenso monólogo de unos 40 minutos, con el que dio por cumplida su declaración indagatoria presencial en el juicio por los “Cuadernos de las coimas”. Acababa de anunciar como broche final que no respondería preguntas en medio de críticas hacia el Poder Judicial.

Pero el juez le pidió que permaneciera un minuto más sentada en el banquillo. “Doctora Fernández, yo quiero decir lo siguiente”, expresó Méndez Signori de cara a la acusada ex presidenta: “Con mis colegas, los jueces Germán Castelli y Fernando Canero, integramos un tribunal de justicia independiente, en una república democrática y estamos acá para garantizar un juicio justo para usted y para todas las partes que están imputadas”, remarcó.

Poco antes de la respuesta de los jueces, CFK se había referido a los dichos del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. “Anunció que voy a seguir presa. Me puedo morir presa en este Poder Judicial, pero esto en algún momento se va a terminar”, dijo sobre los dichos de Milei.

Cuando finalizó la breve exposición del juez, CFK carraspeó y volvió a preguntar si podía retirarse, se despidió con un “muchas gracias, buenos días”, se levantó y cruzó el pasillo. Pero antes de llegar a la puerta lateral por la que ingresó y debía salir, fue nuevamente interrumpida. Ahora el vocal del Tribunal Germán Castelli había expresado también su intención de hablar.

”No es el primer presidente que se refiere a la causa 9608 (Cuadernos), pero eso en nada conmueve la actitud y el compromiso de este Tribunal de Justicia en administrar justicia humana con fortaleza, prudencia y coraje, realizando un juicio justo a cada persona rica o pobre, débil o poderosa, sometida a proceso en el tribunal", enfatizó.

El juez resaltó que hizo un juramento al respecto por la Constitución Nacional y esas garantías son extensivas “a cada una de las personas imputadas en este juicio”.

Poco antes la ex presidenta se había dirigido de manera directa a Méndez Signori. “Me pregunta el sr. presidente, ¿usted es el presidente del Tribunal?”, dijo mirándolo. “Me pregunta cuándo iba a contestar preguntas. ¿Sabe cuándo voy a contestar?”, preguntó, antes de reponder: “El día que un fiscal lo llame a Stornelli a que declare sobre las barbaridades” que, según ella, hizo en el caso, o cuando avance la causa por los parques eólicos en el gobierno de Mauricio Macri, que está “dormida” en Comodoro Py, enumeró.

Cristina Kirchner fue la primera de los 86 acusados que deberán presentarse en las próximas semanas ante los jueces para prestar declaración indagatoria. En el proceso están imputados 22 exfuncionarios y 64 empresarios, acusados por la fiscal de juicio Fabiana León y por el querellante de la Unidad de Información Financiera, Mariano Galpern.

La ex jefa de Estado llega a esta instancia bajo arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio Constitución, donde cumple una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, ligada a un esquema de corrupción forjado en torno a la obra pública en Santa Cruz.

El órgano judicial analizó las interacciones entre el acusado y el menor, quienes concretaron varias citas después de haber conversado por teléfono tras conocerse en una plataforma digital de encuentros. De acuerdo con lo publicado por el TSXG, el tribunal examinó el contenido del perfil y las conversaciones mantenidas antes de los encuentros, destacando que el acusado basó su percepción en la información consignada en la cuenta del menor, en la que aparecía la mayoría de edad.

El fallo difundido por el TSXG señala que no existieron indicios suficientes que permitieran suponer que el acusado tuviera conocimiento o dudas razonables respecto a la edad real del menor. El tribunal subrayó que "no puede concluirse que el acusado conociera la edad exacta del menor ni que pudiera albergar dudas sobre la misma", precisando que en ningún momento se evidenció que el denunciado imaginase que la persona con la que mantuvo relaciones no había alcanzado la edad legal establecida de 16 años.

La resolución pone de manifiesto que la actuación del acusado se ajustó a la información facilitada por el denunciante en la red social, y subraya la ausencia de pruebas que demuestren que el acusado pudiera o debiera haber sospechado del verdadero rango de edad de su interlocutor. El medio TSXG recoge que, en coherencia con esa valoración, el tribunal determinó que procedía la exoneración de responsabilidad penal en este caso.

El TSXG explicó que la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo aún no es definitiva, pues se trata de una resolución provisional contra la que cabe recurso ante este mismo órgano judicial. La decisión se fundamenta en la interpretación del tipo penal aplicado y observa que el desconocimiento de la edad exacta del menor, frente a la apariencia de mayoría de edad, ha sido determinante para el fallo absolutorio.

Según detalló el TSXG, el tribunal revisó tanto el contenido de los perfiles digitales como las declaraciones y pruebas aportadas durante el proceso para verificar si existía algún elemento que permitiese inferir que el acusado pudiera haber cometido el delito intencionadamente o con conocimiento de la minoría de edad. El TSXG publicó que, ante la ausencia de tales elementos, la Audiencia Provincial optó por la absolución.

El caso pone bajo consideración judicial el papel de las aplicaciones de citas y la información que los usuarios facilitan en estos entornos digitales, aspecto que el tribunal incorpora de forma explícita en los fundamentos de su sentencia. El fallo describe cómo esa información fue determinante en la percepción del acusado sobre la edad del denunciante, según lo consignó el TSXG.

En declaraciones que se suman a la actual controversia política, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha reforzado la posición de que cualquier evaluación sobre un eventual indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu se efectuará de manera estrictamente autónoma, ajena a presiones extranjeras. La polémica surgió tras repetidos llamamientos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitando que se conceda el perdón presidencial a Netanyahu, quien enfrenta procesos judiciales por delitos como fraude y aceptación de sobornos. Según consignó el diario The Times of Israel, Herzog rechazó de forma rotunda las críticas de Trump, afirmando: “La dignidad, la independencia y la soberanía de Israel no están a la venta”.

Herzog respondió a las declaraciones de Trump, quien había insistido en que la negativa a ofrecer el indulto era motivo de vergüenza para el mandatario israelí. De acuerdo con The Times of Israel, el presidente dejó claro que su postura no busca preservar el honor personal sino el del Estado de Israel, destacando que corresponde a los tribunales resolver la situación legal de Netanyahu. El gobernante diferenció explícitamente entre disputas políticas y legales, que han marcado décadas de historia en el país, y los que calificó como ataques abiertos a los símbolos de la soberanía nacional.

El presidente de Israel añadió que la cuestión del perdón presidencial se tratará únicamente cuando sea oportuno, asegurando: “Voy a abordar el asunto del perdón presidencial cuando llegue el momento, de la forma más independiente y libre posibles, sin presiones externas y sin ningún tipo de ruido. Con la mente clara y las manos limpias”. Estas palabras, reportó The Times of Israel, enfatizan la intención de Herzog de mantener la integridad institucional del país ante influencias externas y conflictos partidistas.

The Times of Israel detalló que las peticiones de Trump se enmarcan en el contexto de los procesos judiciales que enfrenta Netanyahu, causas que han generado amplio debate público e internacional sobre la idoneidad de un posible indulto. Trump había reclamado que Herzog tomara una decisión a favor del primer ministro, hecho que el presidente israelí rechazó por considerar que la independencia judicial y la soberanía nacional deben preservarse frente a intervenciones foráneas.

A lo largo de su intervención, Herzog subrayó que las diferencias políticas y legales se han prolongado durante décadas en diversos temas internos, pero insistió en que estas no deben mezclarse con los procedimientos institucionales previstos para proteger la gobernanza y la independencia del Estado. Según el periódico israelí, el presidente reiteró que el estudio de un eventual indulto requerirá una valoración serena, responsable y guiada solo por los principios y procedimientos establecidos por la propia nación, sin dejarse influenciar por opiniones internacionales ni por presiones personales externas.

El eco de estas declaraciones ocurre en un contexto delicado, donde las instituciones israelíes enfrentan debates respecto a la separación de poderes y la defensa de su autonomía ante opiniones internacionales sobre cuestiones de índole interna. La discusión en torno al posible indulto a Netanyahu revela la complejidad de la política israelí y sus relaciones con figuras políticas internacionales, como el expresidente Trump, cuyas declaraciones han puesto de manifiesto las tensiones entre la soberanía nacional y las expectativas globales en torno al liderazgo político israelí y sus procedimientos judiciales.

Según reportó The Times of Israel, Herzog insistió en el valor de los símbolos estatales y en la necesidad de protegerlos de cualquier intento de debilitamiento por presiones externas. El presidente recalcó que cualquier decisión relacionada con el perdón presidencial se adoptará con la máxima independencia, en respeto a los principios que sustentan las instituciones de Israel.

Los cadáveres de los marineros iraníes permanecen en dos unidades frigoríficas móviles del Hospital Nacional Galle, en Sri Lanka, a la espera de que la Embajada de Irán decida su destino. Un juzgado de la nación isleña dictaminó la entrega formal de los restos a representantes diplomáticos iraníes, medida adoptada después de una solicitud cursada por la Policía del puerto de Galle. Según consignó el diario ceilandés ‘Daily News’, las autoridades aguardaban una reacción oficial desde Teherán tras el pronunciamiento judicial.

De acuerdo con lo publicado por ‘Daily News’, el tribunal dispuso que el hospital traspasara la custodia de los cuerpos a diplomáticos que actúan en nombre del Gobierno de Irán, como parte del proceso para su posible repatriación. El fallo judicial responde a la situación generada tras el ataque con torpedo perpetrado por un submarino de Estados Unidos contra la fragata iraní ‘Dena’, acontecido cerca de la costa sur de Sri Lanka. Como resultado del incidente fallecieron cerca de 85 marineros iraníes, mientras que el número de víctimas alcanza a alrededor de 90, y se contabilizan decenas de desaparecidos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, agradeció públicamente a las autoridades esrilanquesas por el rescate de marineros supervivientes de la fragata ‘Dena’. Según informó ‘Daily News’, su declaración de gratitud ocurrió días después del ataque, subrayando la colaboración entre los equipos de rescate locales e iraníes. El incidente se inscribe en una fase de escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, a raíz de una ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero, mientras delegaciones de Teherán y Washington mantenían conversaciones centradas en la posibilidad de un nuevo pacto sobre el programa nuclear iraní.

El Pentágono, según detalló el medio ceilandés, confirmó que el ataque provino de un submarino estadounidense que lanzó un torpedo contra la embarcación iraní mientras ésta transitaba en aguas internacionales del océano Índico. Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, señaló en palabras citadas por el diario que "se trata del primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

La decisión del tribunal de Sri Lanka implica un procedimiento formal en el que el director del Hospital Nacional Galle debe firmar la entrega de los restos a los representantes consulares iraníes. El proceso fue iniciado por una petición oficial de la Policía del puerto de Galle, con la finalidad de permitir un eventual traslado de los cuerpos a Irán si las autoridades de Teherán así lo solicitan.

‘Daily News’ puntualizó que todavía no se ha registrado una respuesta de las autoridades iraníes respecto al fallo judicial ni al destino de los restos de los marineros fallecidos. Mientras, el número exacto de muertos confirmados asciende a 84, según el órgano judicial, aunque los balances hablan de casi 90 víctimas fatales y la existencia de múltiples desaparecidos cuya localización permanece sin aclararse.

La ofensiva militar ejecutada por Estados Unidos y apoyada por Israel se produjo en el contexto de negociaciones bilaterales delicadas entre Irán y Estados Unidos. La coincidencia del ataque con los esfuerzos diplomáticos ha generado comentarios relativos a su impacto en el diálogo sobre el programa nuclear iraní. ‘Daily News’ reportó que el rescate de los marineros supervivientes, liderado en parte por autoridades de Sri Lanka, fue uno de los elementos destacados en la reacción inicial de Teherán y en la comunicación diplomática derivada de la crisis.

El incidente, según datos reiterados por ‘Daily News’, representa un suceso sin precedentes para la armada estadounidense desde la década de 1940. La operación con torpedo utilizada contra la fragata ‘Dena’ marca la primera acción letal de esa naturaleza desde la Segunda Guerra Mundial, hecho que el Pentágono ha destacado en los comunicados oficiales posteriores al ataque.

Los restos continúan bajo resguardo en el hospital esrilanqués hasta que la Embajada de Irán concrete el procedimiento necesario para su devolución o disponga de otra medida. Mientras tanto, el escenario diplomático permanece en espera de una decisión formal de Teherán luego de la intervención judicial que determina el traspaso de los cadáveres de los marineros a los funcionarios diplomáticos iraníes.

El 6 de marzo de 1981, en una fría y lluviosa mañana, la quietud de una sala del tribunal de distrito en la pintoresca ciudad de Lübeck, Alemania (Occidental por entonces), fue atravesada por detonaciones de arma de fuego. Marianne Bachmeier, una mujer de 30 años, caminó con calma hacia el estrado donde se encontraba sentado Klaus Grabowski, el hombre acusado de haber secuestrado, abusado y asesinado a su hija de siete años, Anna.

Grabowski se encontraba de espaldas a la entrada, a una corta distancia de aproximadamente tres metros y medio. Bachmeier extrajo de su bolso una pistola Beretta calibre .22, quitó el seguro y abrió fuego en una secuencia ininterrumpida.

Efectuó ocho disparos, de los cuales siete impactaron en la espalda del acusado. El hombre se desplomó sobre el escritorio frente a él y cayó al suelo de la sala, muriendo de forma casi instantánea antes de que un médico pudiera intervenir.

Tras arrojar el arma a un lado, la mujer se entregó a un oficial de la corte sin oponer ningún tipo de resistencia. En ese instante, pronunció las palabras: “Lo hice por ti, Anna”. Posteriormente, indicó que su intención original había sido dispararle en el rostro, expresando su esperanza de que el individuo estuviera muerto, e incluso profirió el término “cerdo” para referirse a él. Christian Berthold, expareja de Bachmeier y padre de la niña, presenció la escena y no salía de su asombro.

La vida de Marianne Bachmeier estuvo signada por la adversidad mucho antes de aquel suceso violento. Nació el 3 de junio de 1950 en Sarstedt, Baja Sajonia, en una familia de refugiados que habían huido de Prusia Oriental tras la Segunda Guerra Mundial. Su entorno familiar carecía de cualquier atisbo de estabilidad. Su padre, un ex soldado de la Waffen-SS, lidiaba con el alcoholismo y pasaba gran parte de su tiempo en un bar cercano, lo que exacerbaba su temperamento agresivo en un hogar de estrictas normas religiosas.

Sus padres se divorciaron y su madre contrajo un nuevo matrimonio. El vínculo con su padrastro resultó ser hostil y violento. Considerada una adolescente problemática, su madre terminó expulsándola de la vivienda familiar. A los 16 años, encontrándose en situación de calle, quedó embarazada. Ante la imposibilidad de asumir la crianza, entregó a esa primera hija en adopción.

Su único refugio durante los últimos años de la escuela secundaria fue un novio. A raíz de esa relación volvió a quedar embarazada a los 18 años. Poco tiempo antes de dar a luz, fue víctima de abuso sexual en una discoteca. Enfrentando la ruptura de su relación y el trauma del asalto, tomó la decisión de dar también a este segundo bebé en adopción.

En busca de sustento y alojamiento, comenzó a trabajar como camarera, adoptando un estilo de vida nocturno que se ajustaba a sus necesidades. En 1972, se encontraba trabajando en el bar y restaurante Tipasa, situado en el casco antiguo de Lübeck. Ese establecimiento funcionaba como un núcleo de reunión para estudiantes, personas ajenas al sistema, ocupantes ilegales y pensadores de izquierda que debatían sobre política, la Fracción del Ejército Rojo y la energía nuclear.

Allí inició una relación intermitente con el gerente del lugar, Christian Berthold. A los 22 años cursó su tercer embarazo y esa vez determinó que conservaría a la criatura.

Anna nació el 14 de noviembre de 1972. Tras el parto, Bachmeier decidió someterse a una esterilización quirúrgica, firme en su decisión de no tener más hijos. La crianza de la niña se desarrolló en el inusual ecosistema del bar. Como madre soltera y trabajadora nocturna, llevaba a su hija al Tipasa, donde los clientes habituales la conocían. Anna creció acostumbrada a dormirse en los bancos del local mientras la música y las conversaciones fluían a su alrededor. Su madre dormía durante el día, momento en el cual la niña jugaba en las calles empedradas de la ciudad, interactuando con los vecinos. A pesar del afecto existente entre ambas, el entorno generaba críticas por la falta de supervisión constante, al punto de que Bachmeier llegó a evaluar temporalmente la posibilidad de entregar a Anna a una pareja conocida en calidad de familia de acogida.

El asesino, Klaus Grabowski, era un carnicero de 35 años que vivía en el mismo vecindario que la familia Bachmeier. Poseía un extenso prontuario policial vinculado a delitos de índole sexual. A principios de la década de 1970, había atacado a una niña de seis años, sujetándola por el cuello hasta que los gritos de la víctima lo obligaron a huir, hecho por el cual recibió una condena condicional por intento de asesinato. En 1975, enfrentó cargos por el abuso de otras dos menores. Las evaluaciones psiquiátricas de la época determinaron que padecía un instinto sexual anormal de carácter adictivo. En 1976 fue sentenciado a internación en un centro de tratamiento psicológico, donde se le ofreció la castración química a cambio de su liberación. Grabowski aceptó el procedimiento, el cual disminuye los niveles de testosterona, y fue puesto en libertad sin recibir seguimiento psiquiátrico ni asistencia para su reintegración. Dos años más tarde, acudió a un urólogo, Volker vom Ende, solicitando un tratamiento hormonal para revertir los efectos de la castración, argumentando padecer efectos secundarios físicos y deseando formar una familia con su pareja.

Ocultando sus antecedentes penales y afirmando falsamente que su castración se debía a problemas de exhibicionismo, logró que el profesional le administrara inyecciones de Testoviron a principios de 1980, restaurando así sus niveles hormonales originales.

El 4 de mayo de 1980, madre e hija protagonizaron una discusión. Al día siguiente, la niña de siete años decidió faltar a la escuela. Bachmeier durmió gran parte de la jornada tras su turno laboral y luego asistió a una sesión fotográfica para un periódico local que se había interesado en su camioneta Volkswagen decorada con pinturas. Mientras tanto, Anna deambulaba por el vecindario tras descubrir que la amiga con la que tenía planeado jugar, no se encontraba en casa.

En ese trayecto, se cruzó con Grabowski. Como ya lo conocía previamente, le preguntó si podía jugar con su gato. El carnicero accedió y la condujo al interior de su departamento, aprovechando la ausencia de su pareja. Durante varias horas mantuvo a la menor retenida. Finalmente, utilizó unas medias pertenecientes a su mujer para estrangularla.

Según los informes forenses, ató el cuerpo de la niña, evidenciando que se tomó su tiempo para la maniobra, y lo ocultó dentro de una caja de cartón. Utilizó su bicicleta para trasladar los restos y los enterró en una fosa poco profunda a orillas de un canal cercano. Esa misma tarde, al regresar la pareja de Grabowski, él le confesó lo sucedido. La mujer abandonó el domicilio de inmediato y notificó a la policía. Las autoridades encontraron una nota del asesino pidiendo a su pareja que no lo abandonara y citándola en un bar local, donde los agentes lo arrestaron.

Al ser notificada esa misma noche, Bachmeier exhibió una reacción que desconcertó a las fuerzas de seguridad, negándose a dialogar con ellos o a acudir a la morgue para realizar la identificación del cadáver. Los meses posteriores estuvieron marcados por un dolor profundo y sentimientos de culpa abrumadores, alternando entre el aislamiento en su departamento y episodios de crisis en público.

Organizó un funeral alejado de las convenciones religiosas, durante el cual hizo reproducir a gran volumen una canción de la banda Pink Floyd. Por su parte, Grabowski admitió la autoría del homicidio, pero negó enfáticamente haber abusado de la menor. Construyó una insólita línea de defensa, asegurando que la niña lo había provocado y que intentó extorsionarlo exigiéndole cinco marcos.

Según su versión de los hechos, Anna amenazó con contarle a su madre que él la había tocado de forma inapropiada si no le entregaba el dinero. El acusado sostuvo que el pánico a perder a su pareja y a retornar a prisión lo impulsó a cometer el crimen durante un forcejeo, en el que la niña cayó de una silla antes de ser dominada.

El juicio contra Klaus Grabowski comenzó en marzo de 1981. Bachmeier se ubicó en la primera fila de la sala, interpelando en ocasiones al acusado. Los testimonios resultaron sumamente perturbadores; el propio carnicero detalló los últimos momentos de la niña, mencionando un sonido que provino de la nariz de la víctima mientras la estrangulaba.

El urólogo también testificó, revelando la falla en el protocolo al no haber investigado el historial delictivo de su paciente antes de administrarle el tratamiento hormonal. Durante la segunda jornada, un oficial de policía describió el modo en que el cuerpo de Anna había sido atado, lo que generó una fuerte conmoción entre los presentes.

Ese mismo día, Bachmeier malinterpretó un intercambio entre el juez y la defensa, creyendo que el acusado prestaría una nueva declaración en la jornada siguiente. Enfurecida ante la perspectiva de escuchar más falsedades sobre su hija, quien estaba siendo culpada de intentar un chantaje, Bachmeier tomó una decisión drástica. Llevaba consigo el arma de fuego que había adquirido tiempo atrás en su lugar de trabajo y que, según su declaración posterior, mantenía oculta en la tumba de Anna con fines de protección personal.

Tras matar al asesino en el tribunal, Bachmeier pasó a ser conocida internacionalmente como “La madre de la venganza”. Su accionar dividió a la sociedad alemana. Un sector de la población comprendió la reacción de una madre devastada y envió muestras de apoyo, incluyendo flores de desconocidos y donaciones que sumaron cien mil marcos alemanes para costear sus gastos legales. Otra facción advirtió sobre el peligro de avalar la justicia por mano propia. La fiscalía enfrentó una inmensa presión pública.

Tras ser detenida inicialmente y luego liberada, las autoridades ordenaron su arresto en agosto de 1981 al considerar que había riesgo de fuga. Durante los quince meses que permaneció en prisión preventiva, intentó quitarse la vida en cinco oportunidades. Se rehusó a colaborar con los psicólogos designados por el tribunal, quienes aplicaron metodologías para intentar doblegar su resistencia. Vendió los derechos de su historia a la revista alemana Stern por 250 mil marcos, fondos que destinó al pago de deudas y honorarios jurídicos.

El proceso judicial en su contra dio inicio el 2 de marzo de 1983 y se extendió a lo largo de 25 días. Se debatió exhaustivamente si el asesinato había sido premeditado. La fiscalía presentó declaraciones de clientes del bar que aseguraban haberla visto practicar tiro en el sótano del establecimiento. Además, argumentaron que el hecho de acudir al tribunal armada demostraba una planificación deliberada. La defensa, por su parte, sostuvo que los disparos fueron una reacción espontánea provocada por el estrés traumático de las audiencias previas y el temor a que la reputación de su hija siguiera siendo mancillada. El juez a cargo desestimó el cargo de asesinato en primer grado, considerando que el acto no fue planificado con antelación y que la visión de una carpeta con fotografías de la tumba de la niña en el estrado pudo actuar como un disparador inmediato.

En consecuencia, Bachmeier fue condenada por homicidio involuntario y tenencia ilícita de arma de fuego, recibiendo una pena de seis años de prisión. Diversas encuestas mostraron la fractura en la opinión pública: un 28 por ciento consideró la sentencia adecuada, un 27 por ciento la juzgó demasiado severa y un 25 por ciento opinó que fue excesivamente leve.

Durante la primera etapa de su condena, permaneció en una instalación psiquiátrica bajo estricta vigilancia por riesgo de suicidio. En junio de 1985, tras cumplir tres años tras las rejas, recuperó su libertad de forma anticipada. Intentó reconstruir su vida lejos del escrutinio público y contrajo matrimonio a finales de la década de 1980 con un profesor.

La pareja se trasladó a África, instalándose en un campamento en Lagos, Nigeria. La relación culminó en divorcio en 1990, tras lo cual ella decidió mudarse a Palermo, en la isla de Sicilia, Italia, donde encontró empleo como asistente en un centro de cuidados paliativos. Expresó en reiteradas oportunidades su negativa a regresar a Alemania, ya que allí su identidad se limitaba únicamente a ser la madre de la niña asesinada. No obstante, el diagnóstico de un cáncer de páncreas la forzó a retornar a Alemania para recibir tratamiento médico. Durante sus últimas semanas de vida, solicitó a un reportero llamado Lukas Maria Böhmer que documentara su deterioro físico. Su fallecimiento se produjo el 17 de septiembre de 1996, cuando tenía 46 años, en un hospital de Lübeck. A pesar de su deseo manifiesto de ser enterrada en Sicilia, sus restos fueron depositados en el cementerio de Burgtor, en la misma tumba donde descansaba su hija Anna.

Un tribunal federal resolvió este viernes negar el juicio de amparo presentado por Ismael Zambada Imperial, mejor conocido como “El Mayito Gordo”, con el cual buscaba que se actualizara y redujera su condena de ocho años de prisión impuesta en México.

Por unanimidad de votos, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que el recurso promovido por la defensa de Zambada Imperial no procedía porque no está contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto significa que los jueces consideraron correcto que, en 2020, no se admitiera la apelación que buscaba reanudar el cómputo de la pena una vez que el sentenciado fue extraditado a Estados Unidos.

El reclamo del condenado

“El Mayito Gordo” pretendía que se contara como tiempo cumplido en México el periodo que estuvo preso en este país y en territorio estadounidense. Zambada Imperial fue detenido en 2014, y en 2019 fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por delitos relacionados con narcotráfico y fue sentenciado a nueve años de prisión. Tras cumplir parte de esa sentencia, volvió a quedar en libertad, lo que motivó el litigio en México para ajustar su condena local.

Sin embargo, al considerar únicamente la fecha en que se suspendió el cómputo de pena en México —el 4 de febrero de 2020— los juzgadores concluyeron que aún le faltaban años por cumplir si fuera repatriado.

Detalles clave de la resolución

Los magistrados, encabezados por Óscar Espinosa Durán, subrayaron que la apelación originalmente planteada por la defensa no puede prosperar porque el tipo de recurso legal que intentó usarse no está previsto en la legislación vigente. A partir de ello, confirmaron la negativa a aceptar el amparo, dejando firme la postura de que el conteo de la condena debe continuar de acuerdo a la regulación actual.

Lo que viene para “El Mayito Gordo”

La decisión judicial no termina necesariamente con los recursos disponibles para Zambada Imperial. En caso de que sea repatriado a territorio mexicano, su defensa aún podría intentar litigar nuevamente contra la forma en que se suspendió el cómputo de su sentencia, aunque por ahora la ruta legal utilizada ha quedado descartada.

El tribunal indicó que la amenaza ejercida por el acusado contra la madre de la menor, junto con el sometimiento y apartamiento que sufrió la joven durante la relación, reflejaron una situación de control y miedo que reforzó el alcance de los delitos, según detalló la sentencia consultada por Europa Press. La Audiencia Provincial de Almería impuso al hombre una pena de 12 años y medio de prisión tras hallarlo responsable de un delito continuado de agresión sexual contra una menor de 16 años, así como de maltrato habitual en el contexto de la violencia de género y de amenazas. Además de la condena de cárcel, la Sección Tercera estableció veinte años de alejamiento de la víctima y la obligación de abonar 30.000 euros en concepto de daños morales, además de otras penas accesorias y restricción de comunicación.

Según publicó Europa Press, los hechos juzgados comenzaron cuando el acusado, de 26 años, entabló un vínculo con la menor, que tenía 13 años, y que, aunque presuntamente consensuado, fue calificado jurídicamente como constitutivo de ilícito penal por la reforma legislativa que elimina el consentimiento como eximente en relaciones sexuales con menores de esa edad. Ambos reconocieron en juicio los encuentros sexuales; sin embargo, el acusado alegó que creía que la adolescente tenía 15 años. El tribunal subrayó que “ese aspecto carece de relevancia alguna”, debido a la modificación de la ley del ‘solo sí es sí’, que considera punible toda relación sexual con menores de 16 años, consentida o no por la víctima.

A lo largo del proceso, la sala resaltó la veracidad y claridad del testimonio de la menor. Según consignó Europa Press, la víctima explicó ante el tribunal que el acusado, en reiteradas ocasiones, profirió amenazas contra la vida de su madre, situación que le generaba “gran miedo” por las malas relaciones existentes entre el acusado y la progenitora, reconocidos ambos durante el proceso judicial. El relato de la joven fue corroborado mediante peritajes psicológicos, los cuales identificaron signos compatibles con el daño emocional propio de víctimas de violencia de género, incluyendo baja autoestima y sintomatología ansioso-depresiva.

El tribunal también valoró las conclusiones de las psicólogas que analizaron el caso, quienes determinaron que, pese a que el acusado no agredió físicamente a la menor, ejercía contra ella insultos frecuentes, control de sus amistades y restricciones, prácticas que fueron consideradas nuevas pruebas de maltrato psicológico en el ámbito de la relación. Según reportó Europa Press, las pruebas documentaron la presencia de situaciones de sumisión, intimidación y aislamiento social de la adolescente, así como episodios de insultos, vejaciones y menosprecios.

Durante el periodo correspondiente al primer semestre de 2019, el acusado mantuvo múltiples relaciones sexuales con la menor, a pesar de ser plenamente consciente de su edad. Producto de esta relación, la adolescente resultó embarazada, hecho que fue recogido en la resolución consultada por Europa Press. El tribunal determinó que la joven se encontraba en “estado de sumisión y aislamiento” durante distintas fases del vínculo, lo que afectó significativamente su bienestar emocional. La resolución judicial señaló, además, que como resultado de las amenazas recibidas, la menor experimentó un episodio de intento autolítico.

En relación con los argumentos empleados en la defensa del procesado, la Audiencia rechazó las circunstancias atenuantes de confesión, al haber negado inicialmente los hechos el acusado en sus primeras declaraciones. Tampoco aceptó la alegación de “circunstancias sociales” relativas al hecho de ser de etnia gitana ni a prácticas de matrimonios prematuros, estableciendo la sentencia que “ese hecho no aporta ninguna relevancia a la hora de valorar la menor culpabilidad en el acusado”.

La sala tuvo en cuenta exclusivamente la atenuante de dilaciones indebidas por una paralización injustificada en el procedimiento judicial, circunstancia que moderó parcialmente la extensión de la condena, según explicó Europa Press. Los magistrados descartaron cualquier otra eximente o atenuante relevante.

El acusado ya había registrado antecedentes por delito de violencia de género antes de los hechos juzgados. A pesar de que la madre de la menor se oponía a la relación, no existió convivencia entre ambos, de acuerdo con la información consignada por Europa Press. La sentencia prevé que la condena puede ser recurrida en apelación por ambas partes.

El fallo de la Audiencia Provincial de Almería hace explícita la gravedad de las conductas constitutivas de delito, subrayando el impacto de la relación desigual basada en el control, las amenazas y el sometimiento psicológico. El daño derivado fue acreditado por peritos a través de indicios clínicos compatibles con secuelas propias de violencia de género.

Finalmente, la información revisada por Europa Press recuerda que las víctimas de violencia contra las mujeres y sus allegados pueden acceder al servicio de atención, asesoramiento jurídico y apoyo psicosocial a través del número 016, que opera de manera gratuita, sin dejar rastro en la factura telefónica y en múltiples idiomas, y por medios digitales como el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y mediante WhatsApp en el número 600000016.

El medio consignó además que, pese a esta absolución parcial, el tribunal impuso al procesado una condena de tres años y medio de prisión por delitos relacionados con el suministro ilícito de sustancias estupefacientes a menores de edad. La sentencia recoge que, según los hechos probados, el hombre vendía hachís a menores, con pleno conocimiento de la edad de los destinatarios de esa droga. En el proceso judicial, se presentaron diversas pruebas que permitieron acreditar la venta de hachís a adolescentes, cuestión que el tribunal consideró debidamente demostrada.

Tal como publicó la Audiencia Provincial, las pruebas presentadas durante el juicio confirmaron la implicación del acusado en el tráfico de estupefacientes dirigido específicamente a menores, lo que agravó su situación procesal. El tribunal precisó que la plena consciencia del acusado respecto a la edad de los jóvenes resultó determinante en el delito, subrayando la gravedad de este tipo de conductas dentro del entorno social y judicial.

Según detalló la Audiencia, el caso llegó a juicio con varias acusaciones. Por un lado, la Fiscalía y las partes acusadoras centraron parte de sus argumentos en supuestos episodios de agresión sexual y en la exhibición de material pornográfico ante menores por parte del procesado. Sin embargo, en lo tocante a estos delitos, la sala concluyó que no existían elementos objetivos que corroborasen el testimonio de la denunciante, apreciando la falta de pruebas adicionales.

El medio reportó que el análisis judicial puso de relieve la importancia de contar con testigos presenciales o documentación objetiva en casos de mayor gravedad penal, como los delitos de índole sexual. La sentencia considera que, ante la falta de corroboraciones de los hechos narrados por la supuesta víctima, prevalece la presunción de inocencia del procesado respecto de los cargos más graves.

En relación con el delito de tráfico de drogas, la Audiencia expuso que los elementos de prueba fueron suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado. Según especificó la resolución judicial, la actividad ilícita incluía la facilitación de hachís a menores en varias ocasiones, hecho que generó suficientes indicios para fundamentar la condena impuesta.

De acuerdo con los detalles proporcionados por el tribunal, la pena de tres años y medio de prisión responde a la gravedad del delito de suministro de estupefacientes a menores de edad, una conducta que la legislación penal sanciona con especial dureza cuando se comprueba la intencionalidad y el destino de la sustancia. Además, la resolución destaca la relevancia de los hechos en tanto constituyen una amenaza directa a la salud y el desarrollo de menores de edad, circunstancias por las cuales la sanción privativa de libertad adquiere carácter ejemplarizante.

Durante el relato de hechos, la Audiencia enfatizó que la condena quedó circunscrita únicamente al delito de tráfico de estupefacientes, desligando formalmente al acusado de los delitos sexuales y de exhibición de material prohibido al no existir más elementos que el testimonio de la parte denunciante. Según indicó el tribunal, la investigación policial permitió reunir suficiente material probatorio sobre la venta de droga, pero no arrojó datos concluyentes acerca de las otras acusaciones.

El medio precisó que este caso pone en evidencia la complejidad de la valoración probatoria en los procesos penales, especialmente cuando existen cargos de diversa naturaleza y gravedad. Para los jueces, el análisis de la credibilidad de los testimonios y la necesidad de corroboración independiente resultaron determinantes a la hora de dictar sentencia.

Por otra parte, la Audiencia explicó con detalle en su resolución que, en ausencia de pruebas objetivas sobre los supuestos delitos sexuales, la sentencia tiene que respetar la presunción de inocencia como principio esencial del derecho penal. Cada uno de los delitos imputados al acusado recibió una valoración propia acorde al nivel de evidencia disponible, y solo el correspondiente al tráfico de sustancias resultó probado en los términos requeridos por la ley.

En consecuencia, la condena a tres años y medio de prisión refleja exclusivamente el delito relacionado con la venta de hachís a menores de edad, mientras que la absolución de los otros cargos obedece a los estándares probatorios exigidos por la jurisdicción penal española. Según publicó el medio, este fallo sienta un precedente sobre la necesidad de pruebas contundentes para sostener acusaciones de especial gravedad, en contraste con la suficiencia de indicios y testimonios verificables para fundamentar determinados delitos.

La figura del administrador de la página de contactos se encuentra entre las más observadas en el proceso judicial abierto por delitos de abuso sexual en línea con menores de edad. Según consignó el medio, el Ministerio Público solicita para esta persona 60.000 euros en concepto de responsabilidad civil, al considerarle cooperador necesario en un delito continuado relacionado con el uso de la plataforma para concertar encuentros sexuales con un menor. Esta situación se da en el marco del juicio que inició hoy contra 35 acusados, la mayoría de los cuales reconoció haber interactuado con un menor a través del sitio web investigado y aceptó condenas reducidas.

De acuerdo con la información publicada, el proceso aborda delitos conocidos como grooming y sexting, todos vinculados a la interacción por medios digitales con una persona menor de edad con fines sexuales. El medio detalló que 31 de los imputados, acusados de haberse comunicado mediante la citada página de contactos, admitieron los hechos y alcanzaron un acuerdo de conformidad, lo cual derivó en sentencias de seis meses a un año de prisión. A estos se les han aplicado atenuantes, como la dilación indebida y la reparación del daño ocasionado, condiciones que han influido en la reducción de las penas.

Reportó la misma fuente que quienes aceptaron su responsabilidad deberán abonar 2.000 euros en concepto de responsabilidad civil, cumplir un año de libertad vigilada al finalizar la condena de prisión y afrontar la inhabilitación especial para desempeñar profesiones o cargos que impliquen contacto con menores durante el tiempo que corresponda a la condena impuesta. Además, se estableció que aquellos que no han satisfecho el pago compensatorio de 2.000 euros fueron sentenciados a un año de cárcel. El enfoque de las medidas busca evitar la reincidencia y proteger a posibles futuras víctimas, según se desprende de las resoluciones adoptadas por el tribunal.

Quedaron por ser juzgadas cuatro personas, incluyendo al mencionado administrador del sitio. Para estos imputados, la Fiscalía solicita tres años de prisión, cinco años de libertad vigilada posterior, y una sanción económica de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Igualmente, se solicita la inhabilitación especial para actividades profesionales o cargos que conlleven contacto con menores. El administrador, enfrenta la acusación de cooperador necesario en virtud de la gestión y funcionamiento del espacio digital en cuestión, y ante él recae la mayor exigencia económica y penal.

Según publicó la fuente, la investigación se ha centrado en una página web dedicada a facilitar anuncios y contactos de carácter sexual, actuando como intermediaria entre usuarios adultos y quienes respondían a los anuncios. La plataforma permitía el registro y la publicación de contenido sin mecanismos de control efectivos que impidieran la implicación de menores. Desde el sitio, los usuarios intercambiaban correos electrónicos y, posteriormente, podían continuar la comunicación por teléfono o a través de aplicaciones de mensajería instantánea tales como WhatsApp o Kik, facilitando así la transferencia al ámbito privado y dificultando el rastreo por parte de terceros o autoridades.

El relato del Ministerio Público recoge que un menor de edad, nacido en 2004, accedió y participó activamente en la página entre enero de 2018 y junio de 2019, publicando anuncios donde hacía explícita su edad, que oscilaba entre 13 y 15 años en ese período. El menor logró registrar cuentas, responder tanto a ofertas como a mensajes de adultos y concertar encuentros, sin encontrar obstáculos técnicos ni medidas de verificación de edad.

La ausencia de controles técnicos y protocolos de seguridad efectiva en la plataforma permitió que el menor interactuara con hasta 37 hombres adultos, según se recoge en el expediente judicial. La acusación sostiene que la inexistencia de mecanismos de verificación de edad hizo posible que adultos interesados en establecer contacto con menores accedieran y mantuvieran comunicaciones y acuerdos con plena libertad. Para la Fiscalía, esto supuso un grave fallo en el deber de prevención y protección frente a delitos sexuales que involucran a menores.

El medio informó que el juicio ha puesto sobre la mesa las deficiencias tecnológicas y la falta de responsabilidad de los intermediarios digitales en la protección de niños y adolescentes frente a riesgos de explotación y abuso en entornos virtuales. Los atenuantes aplicados, entre ellos la dilación indebida y la reparación inmediata del daño por parte de la mayoría de los acusados, evidencian además la complejidad y extensión de la instrucción del caso, que abarca hechos ocurridos a lo largo de año y medio de actividad en la plataforma.

Los detalles del proceso reflejan tanto la magnitud del caso, con decenas de personas implicadas y una investigación sobre la infraestructura digital utilizada, como los retos legales frente al uso de internet por menores y adultos para propósitos ilícitos. Según detalló la fuente, la combinación de sentencias mediante acuerdo y las peticiones de condenas más severas para quienes no han reparado el daño o no han reconocido su responsabilidad, marca la diferenciación entre las vías judiciales seguidas por los acusados.

La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, identificó la importancia de imponer tanto penas privativas de libertad como económicas, y destacó la inhabilitación profesional específica como reacción jurídica frente a los riesgos delictivos en contextos virtuales. Además, la actuación del administrador de la web está en el centro de la responsabilidad penal por la gestión de un espacio facilitador de contactos ilícitos entre adultos y un menor, según la acusación recogida por el medio.

Las medidas aplicadas, los acuerdos alcanzados y la composición del caso judicial constituyen uno de los mayores procedimientos recientes vinculados a delitos de índole sexual cometidos a través de nuevas tecnologías, según se desprende del desarrollo del juicio publicado por la fuente.

Achraf Hakimi, jugador internacional marroquí y lateral derecho del Paris Saint-Germain, enfrenta un proceso judicial tras haber sido denunciado en 2023 por una joven de 24 años, quien lo acusa de violación. Según publicó Europa Press, la joven presentó la denuncia luego de que ambos mantuvieran contacto en la red social Instagram. De acuerdo con el medio, Hakimi fue puesto bajo supervisión judicial mientras avanzaban las investigaciones, un procedimiento ordinario en el sistema legal francés para garantizar la protección de todas las partes involucradas y permitir el desarrollo de las pesquisas.

El futbolista confirmó en su perfil de la red social X que irá a juicio por estos hechos, al tiempo que manifestó su postura sobre la situación legal. “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”, escribió Hakimi en dicha plataforma. Esta declaración, recogida por Europa Press, expone su percepción sobre el proceso judicial y la repercusión social que generan acusaciones de este tipo incluso antes de que un tribunal dictamine responsabilidad o inocencia.

El caso se origina tras una denuncia formal realizada en el año 2023. Fuentes citadas por Europa Press señalan que la presunta víctima habría conocido al futbolista mediante solicitudes de mensajes a través de Instagram, facilitando así el primer contacto entre ambos. Posteriormente, las autoridades iniciaron una investigación en la que Hakimi debió cumplir con ciertas medidas cautelares, incluidas la restricción expresa de ciertos movimientos y comparecencias periódicas requeridas por el tribunal, mientras se determinaban los hechos.

Durante la instrucción de la causa, Hakimi negó categóricamente las imputaciones, manteniendo en todo momento que la acusación no se sustentaba en hechos comprobados. A pesar de su negativa, la jueza de instrucción consideró que existían indicios suficientes para elevar la causa a juicio y así garantizar que la investigación pudiera resolverse en sede judicial, permitiendo tanto la defensa del acusado como la presentación de pruebas por parte de la denunciante. Europa Press detalló que la decisión judicial responde a la normativa penal francesa, que prioriza la protección de posibles víctimas en estos casos, a la par que conserva el principio de presunción de inocencia.

El club Paris Saint-Germain no ha hecho comentarios públicos extensos sobre el procedimiento judicial, manteniendo un perfil institucional y evitando posicionamientos hasta conocer la resolución del tribunal, según informó Europa Press. Mientras tanto, la carrera deportiva de Hakimi se ha visto seguida de cerca por los medios, sin que hasta el momento se conocieran sanciones deportivas derivadas del proceso penal en curso.

La denuncia presentada por la joven de 24 años sitúa los hechos en un contexto de creciente atención pública sobre casos de agresión sexual que involucran a figuras del deporte y del espectáculo en Francia y otros países. Según reportó Europa Press, el proceso judicial continuará en los próximos meses, con la obligación para ambos implicados de presentar todas las pruebas y testimonios pertinentes ante el tribunal encargado del caso.

Europa Press ha difundido el enlace a imágenes y recursos audiovisuales relacionados con la comparecencia pública del futbolista, así como referencias para contacto con la redacción para obtener más información. El desarrollo del juicio será seguido de cerca tanto por medios de comunicación deportivos como generalistas, dada la notoriedad pública de Hakimi y el debate generado en torno a la gestión de denuncias por violencia sexual en contextos de alto perfil mediático.

Achraf Hakimi, lateral derecho del Paris Saint-Germain e internacional marroquí, se refirió públicamente al proceso judicial en su contra, manifestando su confianza en que la audiencia judicial permitirá que se esclarezcan los hechos y se conozca la verdad. De acuerdo con lo publicado por distintos medios y consignado por la prensa internacional, el futbolista enfrentará un juicio tras haber sido acusado de violación por una joven de 24 años, quien formalizó la denuncia en 2023.

Según la información difundida por medios de comunicación y retomada por la agencia Europa Press, Hakimi utilizó su perfil oficial en la red social X para mostrar su postura frente a la situación. En su mensaje, declaró: “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras. Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”. Esta declaración surgió tras la confirmación de que el deportista comparecerá ante el tribunal por los hechos denunciados.

El proceso judicial tiene su origen en una denuncia presentada por una mujer de 24 años durante el año 2023, quien acusó a Hakimi de haberla agredido sexualmente, según detalló Europa Press. El caso se ha visto rodeado de información sobre el primer contacto entre ambos, que habría ocurrido a través de la red social Instagram. La relación, según reportó la prensa francesa y europea, llevó a un encuentro tras el cual la denunciante acudió ante las autoridades para formalizar su acusación.

Europa Press resaltó que, tras la interposición de la denuncia, Hakimi fue puesto bajo supervisión judicial conforme avanzaba la investigación. Esta medida permitió a las autoridades recopilar elementos y avanzar en las pesquisas antes de tomar la decisión de llevar los hechos a juicio. El caso ha continuado su curso en el sistema judicial francés, donde se llevarán a cabo las sesiones procesales que determinarán la resolución definitiva sobre las imputaciones presentadas contra el jugador del PSG.

En su publicación reciente, Hakimi indicó su convicción de que la acusación no se basa en pruebas contundentes y reiteró su inocencia, al tiempo que expresó su inquietud respecto al impacto que tienen las denuncias de este tipo, tanto en la vida de quienes aseguran ser inocentes como en la credibilidad de las víctimas. Las declaraciones del defensa marroquí subrayan su deseo de enfrentar el proceso con serenidad en espera de que el tribunal esclarezca los hechos.

La situación ha tenido repercusiones dentro y fuera del ámbito deportivo, siendo objeto de atención tanto por la opinión pública como por organizaciones vinculadas a la defensa de derechos, la integridad en el deporte y la protección de las víctimas de delitos sexuales. Mientras se aproxima la fecha señalada para el juicio, el desarrollo judicial y las futuras decisiones del tribunal mantendrán en la agenda mediática el caso en el que el futbolista del PSG sostiene que demostrará su versión de los hechos y defenderá su postura de inocencia ante las instancias correspondientes.

La defensa del expresidente surcoreano Yoon Seok Yeol ha sostenido que la sentencia dictada contra su cliente contiene errores legales importantes y decisiones contradictorias relacionadas con las aportaciones de la Fiscalía y antecedentes políticos del caso. Según detalló la agencia Yonhap, los abogados presentaron este martes un recurso ante las autoridades judiciales con el objetivo de dejar constancia de las presuntas deficiencias no solo ante los tribunales, sino también para la historia. Esta acción legal responde a la condena a cadena perpetua impuesta al exmandatario el pasado jueves, tras declararse que lideró una insurrección en el contexto de la implementación de la ley marcial en Corea del Sur en diciembre de 2024.

El análisis del equipo jurídico de Yoon Seok Yeol, consignado por Yonhap, expone que el fallo de primera instancia incluyó una interpretación inadecuada tanto de los hechos como de la aplicación de la legislación vigente. En un comunicado, los abogados puntualizaron que su labor consiste en exponer públicamente los desaciertos judiciales y lo que calificaron como una acusación “excesivamente celosa” por parte del Ministerio Público. El recurso argumenta, además, que existe una contradicción en la decisión del tribunal, cuyo fallo se habría visto influido por los antecedentes políticos de Yoon, según la defensa.

Durante su primera declaración posterior a la sentencia, el expresidente manifestó que la declaración de la ley marcial buscó un beneficio para el país, aunque también reconoció la existencia de errores en su ejecución. Según documentó Yonhap, Yoon presentó disculpas y transmitió su pesar a la ciudadanía por las consecuencias originadas a raíz de aquellas decisiones tomadas en el contexto de la crisis de diciembre de 2024.

En la nota difundida un día después de su condena, Yoon expresó sus dudas respecto al sentido de disputar su caso a través de los procedimientos de apelación, indicando que no observa garantías de independencia judicial ni perspectivas de una resolución basada en parámetros legales y éticos independientes en las actuales circunstancias. Estas declaraciones, recogidas por la agencia de noticias surcoreana, apuntan a la falta de confianza del exmandatario en el sistema judicial de su país ante casos de alta carga política y social.

La condena a cadena perpetua fue emitida el día viernes por el tribunal correspondiente, el cual desestimó la solicitud de la Fiscalía que proponía la pena de muerte para Yoon Seok Yeol, acusado de encabezar actos de insurrección. Aunque el Código Penal surcoreano contempla la pena capital y la cadena perpetua (sin obligatoriedad de trabajos forzados) para tales delitos, el tribunal optó por esta última, según registró Yonhap.

El equipo legal de Yoon insistió, de acuerdo con la agencia Yonhap, en que su responsabilidad profesional y ética les motivó a emprender este recurso, cuyo objetivo es corregir lo que consideran una decisión injusta y política. El comunicado de la defensa cuestiona la congruencia del fallo y señala la presión supuestamente ejercida por la Fiscalía y la influencia de elementos políticos al momento de emitir la sentencia.

La situación de Yoon Seok Yeol, documentó Yonhap, surge tras la declaración de la ley marcial durante diciembre de 2024, un hecho que generó profunda polémica en Corea del Sur y desencadenó procedimientos judiciales que concluyeron en la sentencia de cadena perpetua. El caso ha suscitado debate sobre la interpretación de la legislación en materia de insurrección, el papel de las autoridades en situaciones de emergencia nacional y los límites de la actuación presidencial de acuerdo con la legislación surcoreana.

Yonhap reportó que la defensa continuará presentando sus argumentos ante instancias superiores, alegando errores en la valoración de los hechos, interpretación errónea de las leyes aplicadas y parcialidad en la sentencia inicial. Las próximas etapas del proceso judicial podrían definir el curso definitivo de la causa, cuyo desenlace es motivo de atención tanto en el ámbito político local como en el internacional.

El tribunal advirtió la ausencia de certezas en distintos testimonios y pruebas técnicas relacionadas con el caso, aduciendo que la imposibilidad de realizar un cotejo de ADN con el acusado representó una limitación adicional a la investigación. Esta falta de pruebas sustanciales constituyó uno de los elementos centrales que fundaron la decisión judicial, según detalló Europa Press, al absolver a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor en un ferri rumbo al puerto de Almería.

La Audiencia Provincial de Almería comunicó que el fallo deja vigente la presunción de inocencia del acusado, para quien la Fiscalía había solicitado una condena de 15 años de prisión. El proceso judicial se enfocó en los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2023, cuando el hombre, de 35 años y sin antecedentes penales, coincidió en un trayecto marítimo hacia Almería con una menor de 14 años y su familia. En ese contexto, de acuerdo a lo consignado por Europa Press, la menor se había acostado junto a una de sus hermanas en el suelo de uno de los pasillos del barco. No quedó probado que el acusado aprovechara esa circunstancia para acercarse a la menor con el objetivo de cometer una agresión sexual, tal como indicó la defensa, ejercida por el abogado Nabil El Meknassi.

La sentencia, de acuerdo a Europa Press, destacó que el testimonio de la menor, considerado la principal prueba de cargo, presentó contradicciones sobre el comportamiento atribuido al acusado. El tribunal subrayó que la declaración de la víctima no cumplía con las “exigencias mínimas para destruir la presunción de inocencia”, señalando incoherencias que ponían en duda la secuencia de lo relatado. Además, los informes periciales y médicos descartaron la existencia de penetración, un elemento al que también hizo referencia la resolución judicial.

En el análisis de los elementos científicos, la Audiencia remarcó que la falta de un examen de ADN que pudiera ser comparado con el del acusado dejó la causa “huérfana de importantes elementos de corroboración”. Este aspecto, unido a la ausencia de otras pruebas materiales o testimoniales que pudieran clarificar la escena, acentuó la dificultad para acreditar el supuesto delito. Uno de los empleados del ferri aportó ante el tribunal que la embarcación se encontraba saturada de pasajeros, con personas instaladas en los pasillos, factor que dificultaba la identificación o el seguimiento de la situación, según información de Europa Press.

El propio acusado, según recogió la sentencia, sostuvo que él “no hizo nada, que iba durmiendo en su asiento” y que despertó tras un golpe recibido, “al parecer por parte de algún familiar de la menor”. Para la sala, este relato se ajustaba a la circunstancia de que la identificación del sospechoso no se realizó de inmediato. La joven, tras salir a tomar aire, despertó a su hermana antes de buscar al presunto agresor, de acuerdo a lo expuesto en la vista. Este detalle, según los magistrados, tampoco facilitó una acreditación fehaciente de los hechos.

La resolución absolutoria, según el pronunciamiento divulgado por Europa Press, pone énfasis en la insuficiencia del testimonio de la menor en cuanto a persistencia, así como en la carencia de pruebas materiales que pudieran dotarlo de mayor credibilidad. El tribunal señaló expresamente: “Aparte de no ser del todo persistente el testimonio de la menor, el mismo no ha venido acompañado de ninguna evidencia que pueda servir para revestirlo de credibilidad”.

Como resultado de estas consideraciones, la Audiencia Provincial de Almería resolvió la absolución del acusado por falta de pruebas que permitieran acreditar la comisión del delito imputado. El fallo aún admite la posibilidad de recurso de apelación, y según el reporte de Europa Press, la causa queda a la espera de futuras acciones legales de alguna de las partes involucradas.

Francisco Cosenza admitió su culpabilidad en agosto de 2025 al reconocer su implicación en un esquema que desvió y blanqueó fondos de la Tasa de Seguridad en Estados Unidos, evidenciando la magnitud del desvío de recursos públicos originalmente destinados a la seguridad ciudadana.

El proceso judicial se vio marcado por la confesión de Cosenza, extraditado a Estados Unidos tras ser acusado de aceptar sobornos a cambio de conceder contratos públicos de manera ilícita. Documentos presentados ante la corte describen que la red operó durante años, permitiendo el desvío sistemático de dinero hondureño a cuentas y sociedades en territorio estadounidense.

El tribunal federal de Miami, principal escenario del juicio, recibió de la fiscalía un informe sobre el funcionamiento concreto del esquema. Los representantes del Ministerio Público detallaron que empresarios interesados en licitaciones relacionadas con la seguridad ofrecían sobornos, que luego se canalizaban mediante sofisticadas estructuras financieras.

De acuerdo con los fiscales, este mecanismo integró fondos provenientes de la corrupción al sistema financiero legal de Estados Unidos, justificando así la competencia federal en el caso.

Las exposiciones de la fiscalía incluyeron registros bancarios, documentos y testimonios que mostraron cómo se concertaban las reuniones, se pactaban las sumas y se repartían los beneficios ilegales. Las investigaciones señalan que el desvío comprometió a altos funcionarios de la administración en Honduras y a empresarios que colaboraron de forma activa.

La existencia del esquema perjudicó gravemente los objetivos del fondo hondureño, que debía financiar programas para combatir la criminalidad. La práctica de sobornos impedía que los contratistas idóneos fueran seleccionados, disminuyendo la efectividad y legitimidad del sistema.

El fiscalía estadounidense resaltó que el traslado de dinero se realizó mediante transferencias electrónicas y sociedades fantasma, mecanismos que dificultan su rastreo. Parte de esos fondos se destinó a inversiones y operaciones dentro de Estados Unidos, reforzando el carácter internacional de la investigación.

La defensa de Cosenza solicitó al tribunal que contemple como atenuantes la declaración voluntaria de culpabilidad, la colaboración con la investigación y la falta de antecedentes penales en Estados Unidos. Afirmaron que el exfuncionario asumió total responsabilidad por los hechos y cooperó activamente con la justicia, argumentos que la legislación federal prevé para dictar sentencia.

Entre las posibles consecuencias figuran penas de prisión, multas y medidas accesorias típicas en casos de lavado de activos y conspiración. En el sistema federal estadounidense, los jueces ponderan tanto las guías de sentencia como las posiciones de las partes al resolver cada proceso.

pameEl dictamen será seguido atentamente por autoridades y la opinión pública en Honduras y Estados Unidos. Se prevé que el desenlace impacte más allá de lo personal para Cosenza, al resaltar la colaboración bilateral en el combate a delitos de corrupción que afectan fondos dirigidos a la seguridad.

El uso intensivo de transferencias bancarias y sociedades en distintas jurisdicciones genera retos que exigen respuestas conjuntas y cooperación transfronteriza.

La audiencia fijada para el 18 de marzo será clave desde el punto de vista penal y como referencia para desalentar futuros desvíos en la administración de fondos públicos destinados a la seguridad. Hay quienes consideran que la resolución evidenciará las consecuencias legales del uso indebido de recursos y delimitará la responsabilidad individual de los funcionarios implicados en delitos de corrupción.

La posibilidad de que los afectados por la macroestafa inmobiliaria conocida como 'caso Cocoon' recuperen sus viviendas dependerá de una sentencia firme, momento en el que el tribunal remitirá la resolución al Registro de la Propiedad, lo que permitirá la anulación de escrituras fraudulentas. Según informó la Fiscalía y recogió el medio de comunicación, las víctimas aún deberán aguardar este paso procesal para restituir sus derechos o acceder a compensaciones.

El Ministerio Público anunció que en la fase civil del juicio, prevista para el lunes, solicitará que los encausados indemnicen a los perjudicados con el valor actualizado de mercado en los casos en que la vivienda no pueda devolverse porque un tercero la adquirió legítimamente. Además, la Fiscalía respaldará las pretensiones de las defensas y de las acusaciones particulares para que sean las compañías aseguradoras quienes asuman el pago de las indemnizaciones cuando corresponda, detalló el medio.

El proceso penal relativo al 'caso Cocoon' ha derivado en una sentencia de conformidad, alcanzada el lunes previo, lo que agilizará los trámites para la obtención de compensaciones económicas, aunque la recuperación física de los inmuebles requerirá más tiempo debido a los procedimientos en el Registro de la Propiedad, según consignó la agencia informativa.

Dentro de los catorce acusados, los dos principales responsables son un abogado y un notario. El abogado Francisco Comitre aceptó una pena de 4 años y 7 meses de prisión por estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, según publicó la fuente original. Por su parte, el notario Enrique Peña admitió una condena de 3 años y 2 meses de cárcel, además de la inhabilitación permanente para ejercer su profesión. De esa condena, 1 año y 9 meses corresponden a estafa agravada y 1 año y 5 meses a blanqueo de capitales.

Aunque la Fiscalía no considera que el notario formara parte del grupo criminal, sí entiende que incurrió en un grave incumplimiento de sus obligaciones, permitiendo así que las operaciones fraudulentas se formalizaran ante su fe pública. Según la Fiscalía, la responsabilidad penal atribuida al notario Peña se centra en que era consciente de que no examinaba adecuadamente las transacciones que legitimaba como fedatario, lo que facilitó la comisión continuada de los delitos.

El caso implica la sustracción fraudulenta de más de un centenar de propiedades a través de una trama organizada, lo que ha dejado a numerosos afectados sin sus viviendas, de acuerdo con lo detallado por la Fiscalía y reproducido por la prensa. Aunque la decisión penal ya está asentada tras la conformidad alcanzada por los principales encausados, el desenlace civil determinará cómo y cuándo las víctimas podrán ver restaurados sus derechos o percibir las indemnizaciones pertinentes.

Los pagos indemnizatorios avanzarán más rápido que la restitución de los bienes inmuebles, debido a la obligación de ejecutar los cambios registrales para revertir la titularidad de las viviendas, tal como lo informó la fuente. Ninguna víctima podrá disponer de su propiedad ni recibir dinero hasta que el fallo sea definitivo, y los trámites en el Registro de la Propiedad hayan concluido.

La dimensión del esquema defraudatorio y el número de procesados da cuenta de la complejidad del proceso judicial, que ha requerido la coordinación de acusaciones públicas y privadas con el objetivo de reparar el perjuicio causado, según lo expuesto por la Fiscalía y recogido en el informe periodístico.

El desarrollo del juicio en la fase civil, el pronunciamiento sobre la responsabilidad de las aseguradoras y la gestión de los trámites administrativos ante el Registro de la Propiedad constituyen los próximos pasos en el caso, mientras las víctimas permanecen a la espera de una resolución que les permita recobrar sus viviendas o recibir una indemnización equivalente al valor de mercado.

La Asamblea de Estudiantes de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia declaró un paro académico hasta el 24 de febrero de 2026, en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que ordena el retorno de José Ismael Peña al cargo de rector.

La medida se fundamenta en el rechazo a lo que los estudiantes califican como un atropello a la autonomía universitaria, así como en el temor de que la administración priorice intereses particulares por encima de la educación pública.

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Desde el sector estudiantil, se anunciaron acciones adicionales, entre ellas la suspensión del pago del segundo y tercer recibo de matrícula como forma de presión y protesta.

Al mismo tiempo, presentarán a la Corte Constitucional una solicitud de revisión de la sentencia del Tribunal Superior, alegando perjuicio para la educación universitaria y vulneración de derechos fundamentales.

La asamblea comunicó el cese de actividades académicas, a excepción de aquellas vinculadas a la investigación, experimentación, participación en eventos, gestión de becas y ejecución de contratos. El comunicado expresa: “Defendemos nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles, donde el conocimiento y el poder popular florezcan en libertad”.

Los estudiantes de posgrado de la UNal sostienen que la resolución judicial no solo contradice la voluntad de la comunidad universitaria, sino que constituye “un ataque frontal a la autonomía universitaria”, subordinando la institución a intereses económicos y mercantilistas de una minoría.

Aluden a una crisis ética dentro de la universidad, manifestada en designaciones “a dedo“, falta de financiación para proyectos de investigación y matrículas elevadas en los posgrados. Según el comunicado, “la universidad se ha olvidado de su carácter público, diverso, incluyente y territorial”.

Adicionalmente, en el texto se rechaza de manera categórica las recientes declaraciones del profesor Camilo Younes, que habría relacionado a directivas universitarias con grupos al margen de la ley a través de redes sociales, calificando esas afirmaciones como irresponsables y peligrosas para la integridad de la comunidad.

El pliego dado a conocer por la asamblea incluye la exigencia de renuncia inmediata de Ismael Peña, argumentando “carencia de legitimidad y respaldo de los estamentos universitarios”.

Además de la solicitud de revisión constitucional del fallo, piden la rectificación pública del profesor Younes y una investigación formal sobre el candidato Jorge Castillo, a quien acusan de perseguir y estigmatizar a miembros de la comunidad universitaria en la sede Bogotá.

En cuanto al aspecto financiero, los estudiantes reiteran: “No pagaremos el segundo y tercer recibo de matrícula como comunidad de Posgrados. Nuestros fondos no financiarán una idea de universidad movida por intereses particulares y empresariales”.

En contraste con la postura estudiantil, el Sindicato de Empleados Públicos Docentes Atenea exhortó al respeto del fallo judicial. Para este gremio, acatar las decisiones de los jueces es una condición básica para el funcionamiento de la institucionalidad democrática y la estabilidad de la universidad. Resaltaron que el Consejo Superior Universitario (CSU) debe garantizar la continuidad de las actividades misionales y facilitar la entrega del cargo a Peña.

El sindicato también hizo un llamado a los profesores para que continúen con sus labores académicas, recordando la obligación de formar ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes: “Tenemos deberes de formación en lo estrictamente curricular, pero también en la formación de ciudadanos respetuosos de la Constitución y las leyes”.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá reabre el conflicto en torno a la designación del rector para el período 2024-2027 en la Universidad Nacional de Colombia, iniciado en marzo de 2024 con la elección de Peña por parte del CSU. En septiembre de ese año, el Consejo de Estado había decidido no anular el nombramiento de Peña, aunque aclaró que ello no implicaba su retorno inmediato al cargo.

Posteriormente, en noviembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera Ruiz, quien dejó el puesto días más tarde. Peña, respaldado en la sentencia de septiembre, sostuvo que seguía vigente su derecho a ejercer la rectoría, motivo por el cual interpuso una tutela.

En primera instancia fue rechazada, pero ahora el Tribunal Superior falló a favor de Peña, amparando sus derechos al debido proceso, trabajo y acceso a cargos públicos, y ordenando al CSU concretar su posesión en menos de 48 horas.

El sector estudiantil denuncia que la reciente decisión judicial acentúa una tendencia en la que, según la asamblea, la justicia favorece intereses alejados del bienestar colectivo, relacionando el fallo con controversias previas, como la concerniente al salario mínimo vital.

Reiteran la necesidad de unidad y deliberación colectiva para enfrentar lo que consideran una crisis institucional que amenaza la continuidad y calidad de sus procesos de formación.

Los hechos se producen en un ambiente de alta tensión al interior de la universidad, con denuncias de presiones políticas, señalamientos de persecución interna y llamados urgentes a la defensa de la educación pública.

Europa Press informó que la agenda política del martes 17 de febrero incluye la convocatoria del Consejo de Ministros bajo la presidencia de Pedro Sánchez en el Complejo de la Moncloa desde las 09.00 horas. Tras la sesión, la portavoz gubernamental y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ofrecerán una rueda de prensa en Madrid pasadas las 10.30 horas para analizar y detallar los principales acuerdos adoptados.

Según publicó Europa Press, las primeras horas del día en el Congreso estarán marcadas por intervenciones públicas de distintas voces parlamentarias. La portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, comparecerá ante los medios a las 09.15 horas y a continuación lo harán los portavoces Alberto Ibáñez de Compromís, Aina Vidal de los Comuns e Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Además de estas comparecencias, destacan entrevistas a parlamentarios en distintos medios de comunicación: la diputada Candela López, coordinadora de Comuns, participará en ‘Els Matins’ de TV3, mientras Ignacio Garriga, secretario general de Vox, será entrevistado en ‘El Matí’ de Catalunya Ràdio. Aparte, Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, abordará cuestiones de actualidad en ‘En Boca de Todos’ de ‘Cuatro’.

La Cámara baja también celebrará otras actividades en el marco parlamentario. Según reportó Europa Press, la Mesa del Congreso se reunirá a las 09.30 horas en el Salón de Ministros y, media hora después, se desarrollarán sesiones de trabajo en la Subcomisión encargada de redactar el mandato-marco de la Corporación RTVE, con participación de representantes sindicales de UGT y del Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión. Paralelamente, la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana contará con comparecencias del presidente de Metropolitan House, Rafael Angulo Cordero, y del secretario responsable del área Socioeconómica y Derechos Humanos del Consejo de la Juventud de España, Javier Muñoz Rodríguez.

En el ámbito legislativo, la tarde estará dedicada a la Sesión Plenaria donde se debatirán proposiciones de ley, iniciativas no legislativas y mociones derivadas de interpelaciones urgentes. Fuera del hemiciclo, el diputado de Sumar Lander Martínez, junto a Jesús Plaza y Pedro Mellado, coordinadores de Castilla-La Mancha, darán declaraciones en la Puerta de los Leones del Congreso ya avanzada la tarde.

El Senado desarrollará una agenda paralela desde primera hora con la recepción del presidente Pedro Rollán al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa Garay, y dará inicio a lo largo del día a la Comisión de Pesca, la Comisión de Interior y a una sesión plenaria a las 16.00 horas, conforme referenció Europa Press.

Entre las actividades institucionales y de sociedad civil relacionadas con la memoria y los derechos humanos, la jornada del martes incluye la inauguración de la exposición 'Cincuenta años de plomo. 1975-2025, la senda sangrienta de los GRAPO', impulsada por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Víctimas del Terrorismo en el Ateneo de Madrid, con la asistencia de la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Según detalló Europa Press, en materia de relaciones internacionales, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantendrá un encuentro institucional con el embajador de los Estados Unidos de América, Benjamín León Jr., en la sede del Ministerio ubicada en el Palacio de Viana.

En el área de justicia y supervisión institucional, está previsto que una delegación del Parlamento Europeo evalúe en Madrid la independencia judicial y los esfuerzos anticorrupción en España, lo que generará una rueda de prensa en la oficina del organismo europeo a primeras horas de la tarde.

En cuanto a la actualidad autonómica, la agenda de Europa Press incluye el desayuno informativo del Fórum Europa en Madrid con el presidente del PP de Castilla y León y candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presentado por Alberto Núñez Feijóo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, verificará en la Base Aérea de Morón (Sevilla) el trabajo del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias de la UME. Además, en Valencia, Pilar Bernabé, titular de la secretaría de Igualdad, encabezará en la sede del PSPV-PSOE un acto en el marco del ‘Día para la Igualdad salarial’.

Cerrando la jornada, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, y Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, tomarán parte en el II Foro de Reflexiones desde la Justicia organizado por el diario ‘La Razón’ en su sede de Madrid, una de las citas jurídicas relevantes del día siguiendo el cronograma difundido por Europa Press.

Durante la deliberación del tribunal, los jueces argumentaron que los actos relacionados con la insurrección vulneran los principios fundamentales del sistema democrático y que el castigo severo resulta ineludible, independientemente de los logros obtenidos por los responsables. El tribunal de Seúl comunicó este razonamiento al sentenciar a Lee Sang Min, exministro del Interior de Corea del Sur, a siete años de prisión por su responsabilidad en la crisis surgida tras el intento de imponer la ley marcial en 2024, según consignó la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La resolución judicial emitida este jueves declaró a Lee culpable de haber desempeñado un papel esencial en la insurrección vinculada a la decisión del ex presidente Yoon Suk Yeol, quien afrontó un juicio político y posterior destitución debido al fallido intento de establecer un gobierno de excepción a finales de 2024. La transmisión en directo del veredicto permitió observar el momento en que se atribuyó al exministro la coordinación de acciones destinadas a facilitar la instauración de la ley marcial, incluido el suministro de órdenes para restringir servicios como electricidad y agua a oficinas de medios críticos y bloquear agencias principales, en un contexto de crisis institucional.

La Fiscalía, de acuerdo con lo expuesto por Yonhap, había solicitado una condena de 15 años de prisión para Lee, acusándole de pavimentar el camino para la declaración de la ley marcial y de ordenar medidas directas a la Policía y los Bomberos contra entidades consideradas opositoras al Ejecutivo. El tribunal acreditó además que Lee falseó datos durante su testimonio bajo juramento durante el proceso político contra el ex presidente Yoon celebrado en febrero de 2025, al negar haber emitido instrucciones sobre el corte de suministros o haberlas recibido del entonces mandatario.

En el proceso judicial, los jueces absolvieron al exministro de los cargos que le atribuían presión al jefe del cuerpo de Bomberos para que sobrepasara sus competencias, decisión que se reflejó explícitamente en el fallo difundido este jueves, detalló Yonhap. A pesar de esta absolución parcial, la corte subrayó la gravedad de los delitos de insurrección, delimitando la diferencia entre los hechos probados y aquellas conductas de las que no se halló responsabilidad penal en Lee.

El acusado, durante el juicio, rechazó haber formado parte de la planificación dirigida por Yoon para la emisión del controvertido decreto y sostuvo que la instauración de la ley marcial no obedecía a una insurrección, interpretación que no convenció al tribunal, según reportó Yonhap. La justificación de la corte enfatizó la necesidad de un castigo determinante para proteger los cimientos de la democracia surcoreana.

Con esta sentencia, Lee Sang Min se convierte en el segundo alto funcionario del gabinete de Yoon en recibir condena por hechos relacionados con el intento de instaurar la ley marcial. En enero, la justicia impuso al ex primer ministro Han Duck Soo una pena privativa de libertad de 23 años, evidenciando la firme respuesta institucional frente a la crisis política desencadenada en ese periodo, detalló el medio Yonhap.

El proceso judicial aún no concluye para las autoridades implicadas. La Fiscalía ha solicitado la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol y se prevé que el tribunal emita la sentencia correspondiente la próxima semana, indicó Yonhap. Estas acciones judiciales reflejan la postura de la justicia surcoreana ante los sucesos ocurridos a finales de 2024 y los intentos del entonces gobierno por restringir libertades y controlar servicios públicos, según el sumario presentado ante el tribunal de Seúl.

La condena impuesta a Lee y las investigaciones abiertas a otros antiguos miembros del Ejecutivo de Yoon ilustran el alcance de la crisis institucional desatada por la pretendida declaración de la ley marcial. Las decisiones del tribunal, reproducidas en medios surcoreanos, reiteran la importancia atribuida por el poder judicial a la preservación de los valores democráticos, al considerarse que toda acción de insurrección constituye una amenaza que amerita sanciones contundentes.

Durante el interrogatorio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial, el acusado declaró ante el tribunal que “esta denuncia es muy extraña. Juro por mi vida que ni me he acercado a ella”, refiriéndose a su hija de tres años. El hombre está siendo juzgado por presuntamente violar a la menor y aprovechar las visitas permitidas en la cárcel para agredirla sexualmente. La Fiscalía solicita una condena de dieciocho años de prisión por los delitos de abuso y agresión sexual, además de una indemnización de 30.000 euros por daños morales, según informó el medio de comunicación que cubre el proceso judicial.

El proceso judicial se desarrolla en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, donde el acusado ha rechazado todas las acusaciones, asegurando ante el tribunal que nunca tuvo ningún tipo de contacto con la menor durante las visitas en el centro penitenciario. Según publicó el medio de referencia, el Ministerio Público sostiene que los hechos se remontan al año 2018 e involucran situaciones ocurridas tanto en el domicilio familiar en Palma como en las instalaciones penitenciarias.

El escrito de acusación detalla que el hombre, con antecedentes previos por delitos de violencia machista y abuso sexual, habría realizado tocamientos a su hija durante las visitas a la prisión. Además, el Ministerio Fiscal afirma que el acusado violó a la menor en una ocasión dentro de su vivienda particular antes de su ingreso en prisión. Los hechos denunciados se consideran especialmente graves dada la edad de la víctima y el vínculo directo con el acusado.

Durante la sesión, el fiscal y el letrado de la acusación particular interrogaron al procesado sobre las circunstancias y dinámicas de las visitas dentro de la cárcel, en las que supuestamente se habrían producido los episodios de abuso sexual. El hombre reiteró en varias ocasiones su inocencia, negando rotundamente los cargos y reforzando su declaración con afirmaciones directas sobre la inexistencia de contacto con la menor. El medio que cubre el juicio detalló que la defensa insistió en la falta de pruebas directas y en las contradicciones detectadas en los testimonios.

El Ministerio Público, basándose en los informes recogidos y las declaraciones vertidas durante la instrucción, mantuvo la solicitud de dieciocho años de reclusión. Además, según consignó la cobertura judicial, reclama una reparación económica de 30.000 euros, destinada a compensar el daño moral causado a la víctima por la gravedad de los hechos imputados.

El medio informó que el acusado cuenta con antecedentes por delitos relacionados con violencia de género y abusos, lo que refuerza la postura de la Fiscalía respecto al riesgo de reincidencia y la exigencia de la pena solicitada. La acusación particular subrayó también el impacto psicológico sufrido por la menor y la especial vulnerabilidad de la víctima, dada su corta edad en el momento de los supuestos abusos.

A lo largo de la jornada, la Audiencia escuchó tanto los alegatos de la acusación como las declaraciones de la defensa, quien cuestionó la credibilidad de los testimonios incriminatorios y solicitó la absolución del acusado. Según detalló el medio, el tribunal tiene previsto analizar exhaustivamente las pruebas presentadas antes de emitir su veredicto. El caso se mantiene bajo la cobertura de estrictas medidas de protección dirigidas a la víctima, en cumplimiento de lo establecido para delitos de esta naturaleza.

De acuerdo con la información publicada, la previsión judicial apunta a que tras la comparecencia del acusado continuarán las intervenciones de testigos y peritos que puedan aportar mayores elementos de juicio sobre los hechos denunciados. El desarrollo del juicio continuará en próximas sesiones ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Según información difundida por medios israelíes, la Fiscalía ha solicitado que dos hermanos, detenidos cerca de Jerusalén, permanezcan en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra. Ambos enfrentan cargos por la transmisión de información confidencial, que supuestamente realizaron por indicación de agentes extranjeros asociados a Irán, según reportó la prensa local una vez que se levantó la orden de embargo que pesaba sobre el caso. Esta medida busca impedir cualquier intento de fuga o entorpecimiento de la investigación durante el juicio.

Tal como publicó la prensa israelí, los acusados residían en dos localidades diferentes en las inmediaciones de Jerusalén y fueron arrestados el mes pasado, luego de que la Policía recabara indicios de la colaboración entre ambos en actividades de espionaje. La noticia de su detención salió a la luz tras levantarse la restricción informativa, que originalmente impidió su difusión la semana pasada, según consignó la Policía tras remitir los datos a los medios de comunicación.

La Fiscalía sostiene que uno de los hermanos habría suministrado datos de inteligencia a agentes vinculados a Irán, presuntamente con el apoyo del otro hermano. Según detalló la acusación, ambos tenían pleno conocimiento de que sus acciones favorecían a "elementos hostiles", motivo por el cual se enfrentan a una larga lista de cargos. Entre las imputaciones destacan la colaboración con un agente extranjero, el contacto deliberado con representantes de un país considerado enemigo y la transmisión de información confidencial a su favor, según informó la prensa israelí. Las autoridades sostienen que estos actos se habrían realizado a cambio de una compensación económica, lo que agrava la gravedad de las acusaciones, según publicó la prensa local con base en filtraciones oficiales.

En sus declaraciones, la Fiscalía enfatizó ante el tribunal la necesidad de mantener a los dos sospechosos bajo custodia judicial sin posibilidad de fianza hasta la conclusión del juicio. Argumentan que la naturaleza de los delitos, la supuesta intención y la posible peligrosidad de los implicados justifican la prisión incondicional, informó la prensa israelí. La acusación también destaca que los dos hermanos actuaron de forma coordinada, lo que para las autoridades indica un conocimiento pleno de las posibles consecuencias de sus actos y de los intereses que estaban sirviendo, según las investigaciones previas al arresto.

El caso generó una significativa cobertura en los medios israelíes debido tanto a la gravedad de los delitos imputados como a las alegaciones de conexiones con Irán, un país con el que Israel mantiene una relación marcada por la hostilidad y la desconfianza. Según detalló la prensa local, la investigación continúa abierta y no se descarta la posibilidad de nuevas diligencias, en función del análisis de los materiales confiscados durante los arrestos.

Diversos analistas citados por la prensa israelí han subrayado el impacto de estos hechos en el clima de seguridad nacional, ya que los cargos de espionaje y colaboración con el enemigo suelen tratarse con máxima severidad por las autoridades judiciales y de inteligencia del país. Los nombres de los acusados y detalles específicos de las pruebas presentadas no fueron revelados al público, en cumplimiento de las normas legales vigentes y para proteger las pesquisas en curso, conforme reiteró la Policía a medios nacionales.

Los procedimientos judiciales avanzan ante un tribunal que decidirá si acepta la petición de mantener a los hermanos bajo custodia hasta la sentencia definitiva. Mientras tanto, la Fiscalía recaba nueva información y coordina sus pasos con los organismos de inteligencia, con la expectativa de aportar mayores pruebas que respalden la acusación de que los contactos mantenidos por los sospechosos respondían a una estrategia de infiltración por parte de servicios iraníes, según se desprende de los informes recogidos por medios israelíes tras la apertura pública del caso.

De acuerdo con el reporte, la novia del acusado, J.L.N., relató que la tarde posterior a los hechos, el joven le confesó que había “jodido la vida” al haber “matado a un chaval” y manifestó no desear que la muerte se hubiese producido. El testimonio de la novia subrayó que el acusado afirmó no recordar “absolutamente nada” de lo sucedido ni el motivo por el que golpeó a Sergio Delgado. La testigo describió al acusado como una persona que se encontraba “en estado de shock” tras los hechos y detalló que supo de la muerte de la víctima a través de la prensa y por un amigo que le instó a informarse sobre el suceso.

Tal como consignó la fuente, la relación sentimental entre el acusado y la joven era reciente: apenas llevaba tres semanas y el conocimiento entre ellos era muy limitado en el momento del altercado. La mujer detalló que, en el momento de los hechos, J.L.N. se encontraba en estado de embriaguez, lo que habría influido en su falta de conciencia sobre lo que ocurría. Según su testimonio, tras enterarse de lo sucedido, el acusado se mostró asustado y evitó volver a ver a la joven desde aquella tarde. La testigo sostuvo además que, durante el tiempo que lo había tratado, nunca había percibido actitudes violentas en J.L.N.

El medio detalló que la madre de J.L.N. coincidió en muchos puntos con lo expuesto por la novia del acusado, reiterando que su hijo no tenía recuerdos sobre el incidente y que desconocía por qué había golpeado a Sergio Delgado. Además, la madre acompañó a la Policía Nacional cuando acudieron a recoger la ropa del acusado a la casa del abuelo, que era el domicilio habitual de J.L.N. en el momento de los hechos.

Durante su comparecencia, la madre aportó información sobre el perfil personal y laboral de su hijo, describiéndolo como un joven deportista que practicaba ciclismo y escalada. Indicó también que el acusado se había inscrito en un gimnasio, aunque apenas acudía, y lo describió como un trabajador apreciado en su empresa, en la cual había sido contratado tras finalizar un período de prácticas. Como ejemplo de su carácter, la madre destacó la decisión de su hijo de mudarse a casa de su abuelo para cuidarlo en los últimos días de vida después de que quedara viudo, ejerciendo un papel de apoyo familiar tras el fallecimiento del padre de J.L.N.

El medio informó que el juicio continuará el jueves, día reservado para la declaración del educador de la prisión y la presentación de las pruebas periciales que el jurado deberá valorar. El proceso proseguirá después con una sesión el viernes, cuando tendrá lugar el interrogatorio al acusado por parte del Tribunal, la acusación particular, la Fiscalía y la defensa. Posteriormente se emitirán las conclusiones finales de cada parte y se dará paso al veredicto del jurado.

En los testimonios escuchados hasta el momento, tanto la novia como la madre del acusado han subrayado la ausencia de recuerdos sobre los momentos precisos en los que ocurrió el incidente mortal. Otras declaraciones prestadas por policías nacionales y testigos han reafirmado que la madre colaboró con las autoridades en la recogida de pruebas. El camarero del bar también compareció este miércoles, ofreciendo al tribunal más detalles sobre el ambiente y situaciones ocurridas durante la noche de los hechos, según publicó el medio.

La secuencia de comparecencias en el juicio busca esclarecer los hechos acontecidos y valorar los testimonios de todos los implicados, en un caso que conmueve a las comunidades de Valladolid y Burgos, donde tanto la víctima como el acusado tienen sus raíces y entornos familiares. El proceso judicial avanza mientras el jurado recibe nuevas pruebas y testimonios que se suman a la investigación del fallecimiento de Sergio Delgado en el entorno de ocio nocturno de Las Llanas.

Al reanudarse la sesión tras un receso, el magistrado a cargo del juicio por la muerte de Sergio Delgado expresó públicamente sus disculpas hacia los familiares del fallecido y al acusado, luego de haberlos reprendido antes por manifestar su dolor mediante el llanto en la sala del tribunal. Esta retractación surge en un contexto de fuerte tensión emotiva, según reportó el medio original.

De acuerdo con la información proporcionada, la intervención inicial del juez ocurrió antes de la pausa oficial, momento en el cual se dirigió a la madre de Sergio Delgado para pedirle que mantuviera la compostura y el respeto hacia la institución judicial, expresando que su llanto frecuente generaba un ambiente de constante tensión en la sala. Según consignó el medio, el magistrado llegó a sugerir a la madre que abandonara el tribunal si no podía contener su llanto, acción que finalmente tomó la hermana de la víctima, quien sí se retiró del recinto. El juez empleó términos similares para dirigirse al propio acusado, quien también lloró durante una buena parte de la sesión, tanto en esa jornada como en la anterior.

El medio reportó que, durante la reanudación de la vista, el mismo magistrado admitió que sus palabras anteriores fueron “a destiempo” y pidió perdón tanto a los familiares de Delgado como a la persona procesada. Afirmó comprender la situación de tensión que atravesaban tanto la familia de la víctima como el acusado, aunque enfatizó la importancia de mantener la corrección formal dentro de la sala: “comprendo el estado de tensión por el que pasa”, señaló, subrayando que ello “no es incompatible con guardar las formas”.

La jornada crítica del juicio se desarrolla tras el fallecimiento de Sergio Delgado en la madrugada del 24 de febrero de 2024, fecha en que recibió un golpe que resultó letal, según especificó la cobertura del caso. Desde el inicio del proceso, la presencia del dolor de ambos lados de la sala se hizo patente, reflejándose en la dificultad de familiares y acusado para contener sus emociones ante la dinámica judicial.

Tal como detalló la fuente original, el incidente marcó la dinámica de la audiencia y abrió un debate sobre el manejo del dolor tanto en el espacio privado como dentro de los protocolos de un tribunal. El juez, reconociendo la complejidad de la situación, remarcó que su prioridad era garantizar el clima necesario para la objetividad y el respeto institucional, aunque aceptó que su reprensión no había sido la respuesta más adecuada en ese momento de alta sensibilidad.

El episodio generó distintas reacciones en la sala, ya que el comentario del juez a la madre de la víctima se interpretó como una falta de empatía hacia su situación, mientras que la reacción hacia el acusado evidenció también la tensión psicológica que el proceso supone para todas las partes. El magistrado, intentando corregir su actitud, volvió a dirigirse tanto a la familia como al procesado, reiterando su comprensión ante la presión emocional y reiterando la necesidad de preservar las formas requeridas en una instancia judicial.

Durante el desarrollo de la vista, según publicó el medio, el dolor y las lágrimas formaron parte recurrente del ambiente, reflejando la trascendencia del caso para los asistentes directos y el efecto del proceso penal sobre los involucrados. La cobertura periodística subrayó la importancia de la postura adoptada por el juez al reconocer públicamente el alcance de sus palabras y el impacto en el ánimo de los presentes.

El incidente ha quedado registrado como un momento de particular tensión en el proceso, que busca esclarecer las circunstancias de la muerte de Sergio Delgado y determinar las responsabilidades legales correspondientes. A lo largo de la jornada, la presencia de la emoción y el dolor puso de manifiesto los retos que enfrentan tanto los operadores jurídicos como las personas afectadas por sucesos traumáticos ante la institucionalidad del sistema judicial.

De acuerdo con la información publicada por Bernama, el caso se centra en un presunto soborno recibido a cambio de facilitar la aprobación de un certificado vinculado a la adquisición de servicios de mantenimiento y apoyo destinados al Centro de Operaciones de Ciberdefensa malasio. Este delito podría conllevar una condena máxima de hasta 20 años de prisión para Mohd Razali. En total, el exjefe militar enfrenta tres cargos, dos de ellos relacionados con los mencionados viajes.

La formalización de cargos ante el tribunal precisó que los viajes cuya financiación se investiga no solo incluyeron destinos internacionales sino que también se considera su posible vínculo con favores otorgados debido a la posición jerárquica del acusado en el estamento militar. El medio Bernama indicó que tras la presentación de las acusaciones, Razali respondió al juez: “Entiendo los cargos, me declaro no culpable y pido ser juzgado”. Acto seguido, la jueza ordenó su puesta en libertad bajo fianza.

Tal como consignó Bernama, la cantidad fijada para la fianza ascendió a 50.000 ringit malasios, unos 10.600 euros. No obstante, la propuesta inicial impulsada por la fiscalía sugería un importe mucho mayor, de 200.000 ringit (más de 42.500 euros), motivada por la naturaleza del caso, la gravedad de los presuntos delitos y el relevante cargo alcanzado dentro de las Fuerzas Armadas. La jueza también determinó que durante la instrucción del proceso judicial, Razali deberá entregar su pasaporte, anulando su posibilidad de abandonar Malasia.

El inicio del juicio quedó programado para el 16 de marzo. Hasta entonces, el acusado tendrá que acogerse a las restricciones establecidas por el tribunal. Según publicó Bernama, las autoridades consideran que el caso presenta "seriedad, naturaleza y sensibilidad" notorias, circunstancias citadas por el fiscal adjunto al argumentar en favor de una fianza más elevada. Estos factores se atribuyen tanto a los hechos que se investigan como a la posición de influencia que Razali ostentaba en el aparato de Defensa malasio.

La investigación y posterior imputación a Datuk Mohd Razali constituye uno de los procesos más recientes en el contexto de señalamiento de prácticas de corrupción en la administración pública y el sector militar del país. Bernama también subrayó que la acusación se refiere a prácticas supuestamente llevadas a cabo a cambio de beneficios personales y familiares directos, a través de acuerdos y tratos relacionados con la gestión de recursos y servicios estratégicos para la defensa nacional.

El avance del proceso judicial mantiene a Mohd Razali sujeto a vigilancia y supervisión, de acuerdo con las disposiciones adoptadas por la magistrada en la última audiencia. La obligación de entregar el pasaporte y la determinación de una fecha de juicio buscan restringir cualquier intento de eludir la acción de la justicia, detalló Bernama en su reporte. La evolución del caso será seguida de cerca, dadas las implicancias tanto en términos legales como para los procedimientos internos de las Fuerzas Armadas de Malasia.

El fallo judicial puso en el centro la situación de los descendientes de coreanos que sufrieron durante décadas la exclusión de compensaciones por las consecuencias de la bomba atómica de 1945, obligados a convivir con secuelas de salud y tensión, según publicó la prensa de Hiroshima. El tribunal de la ciudad dictaminó que el Estado japonés debe contribuir económicamente a quienes son familiares de tres supervivientes coreanos del ataque nuclear estadounidense en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial. Según informó el medio de Hiroshima, la sentencia reconoció el derecho de 23 personas a recibir una suma de 3,3 millones de yenes (aproximadamente 18.000 euros), después de rechazar el argumento presentado por el gobierno japonés de que la reclamación estaba sujeta a una limitación temporal que impediría cualquier pago.

De acuerdo con el mismo medio, el tribunal reconoció que los afectados tenían residencia en Japón en el momento de la explosión y que, tras sobrevivir y volver a Corea del Sur —en ese momento bajo dominio japonés hasta 1945—, enfrentaron nietos e hijos una doble carga: las consecuencias físicas y emocionales de la catástrofe y la exclusión sistemática de los apoyos y ayudas estatales. En el fallo se criticó la existencia durante décadas de normativas que privaron de compensaciones a los ciudadanos de origen coreano, incluso cuando muchos de ellos habían formado parte de la comunidad japonesa hasta el fin del conflicto bélico.

Tal como detalló la prensa local, el Estado japonés sostuvo que la demanda llegó más de 20 años después de la abolición del reglamento que impedía el acceso a ayudas para quienes abandonaron Japón, por lo cual alegaba que el derecho a indemnización habría prescrito. No obstante, los jueces desestimaron ese punto, considerando injustificado negar una respuesta a quienes habían sido marginados por disposiciones administrativas vigentes hasta 2003. Durante ese periodo, el gobierno mantenía el criterio de que los coreanos residentes en Japón durante la explosión nuclear que emigrasen posteriormente perdían automáticamente su derecho a cualquier compensación estatal.

Según consignó el medio de Hiroshima, el número de víctimas mortales coreanas del ataque nuclear se estima en unas 70.000 personas, incluidas en un saldo superior a 600.000 muertes totales ocasionadas por el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Los supervivientes de estos ataques en Japón han recibido el nombre de ‘hibakusha’. La sentencia subrayó que descendientes y familiares de quienes tuvieron que salir de Japón se enfrentaron a un proceso de exclusión institucional durante décadas, el cual ahondó en sus dificultades psicofísicas y su vulnerabilidad económica.

El tribunal, reportó la prensa local, identificó una responsabilidad clara del Estado japonés en la reparación de los afectados, argumentando que las medidas discriminatorias generaron una cadena de perjuicios que se prolongaron sin ser atendidos durante un lapso considerable de tiempo. La indemnización, de 3,3 millones de yenes en total, representa el primer reconocimiento judicial formal por parte de una corte japonesa a favor de familiares de hibakusha coreanos que regresaron a Corea del Sur y que no recibían hasta entonces ayudas estatales.

Según los registros divulgados, la actual Corea del Sur —territorio bajo ocupación japonesa hasta 1945— fue epicentro de una migración forzada luego de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los antiguos residentes coreanos afectados por la bomba nuclear iniciaron su retorno, sólo para encontrarse con la imposibilidad de reclamar una compensación por no permanecer físicamente en suelo japonés. Las autoridades en Tokio justificaron esta medida amparándose en normativas internas vigentes hasta comienzos del siglo XXI.

El fallo de Hiroshima, al que hizo referencia la prensa, rechaza enfáticamente la prescripción esgrimida por el gobierno y legitima años de reclamos presentados por los descendientes y familiares de las víctimas originarias de Corea, señalando el impacto prolongado de la exclusión institucional. El tribunal consideró ilógico mantener la restricción derivada exclusivamente de la salida de Japón una vez abolido el reglamento correspondiente, enfatizando el derecho de reparación de quienes continuaron enfrentando secuelas del bombardeo y del trato desigual durante generaciones.

El equipo jurídico de Nicolas Sarkozy ha solicitado incorporar la condena por asociación ilícita —vinculada a la presunta financiación libia de su campaña— a la sentencia ya dictada por el caso de las escuchas telefónicas, con el objetivo de impedir la imposición de un nuevo brazalete electrónico tras su régimen de libertad condicional. De acuerdo con la cadena francesa BFMTV, esta petición busca que ambas penas se unan para evitar una segunda medida de control electrónico, después de la liberación condicional que recibió el expresidente en noviembre.

Según detalló BFMTV, los abogados de Sarkozy entregaron la solicitud de acumulación de penas este lunes ante las autoridades judiciales, esperando que el tribunal de París celebre la vista el 23 de febrero. El equipo legal considera este proceso como un mecanismo habitual en el sistema judicial francés y sostiene que la unificación de sentencias podría impedir que Sarkozy se vea obligado otra vez a portar el brazalete electrónico, un dispositivo que permite a las autoridades supervisar el cumplimiento de penas fuera de la cárcel.

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia entre 2007 y 2012, sostiene que es víctima de una persecución judicial motivada políticamente. El antiguo mandatario ingresó en prisión el 21 de octubre y, al hacerse pública la condena, expresó que la situación representa un “escándalo judicial” que ha supuesto una humillación para Francia, según informó BFMTV. Siempre ha manifestado su inocencia ante las acusaciones relacionadas tanto con la presunta financiación libia como con otras causas.

El antiguo dirigente conservador ha subrayado reiteradamente que no cometió irregularidades, postura que ha defendido desde que comenzaron los procesos judiciales en su contra. Esta denuncia de persecución política ha sido constante a lo largo de los procedimientos, según publicó la cadena francesa, que también señala la singularidad de su caso en la historia reciente de la política francesa.

Sarkozy fue el primer exjefe de Estado en comparecer de manera presencial ante el tribunal penal. En contraste, Jacques Chirac, quien lo precedió en la presidencia de la República, sí fue condenado por delitos cometidos durante su etapa como alcalde de París en 2011, aunque nunca llegó a presentarse físicamente ante la justicia debido a problemas de salud, recordó BFMTV. Esta diferencia marca una distinción relevante en el tratamiento judicial hacia ambos expresidentes.

En la actualidad, el caso más reciente relacionado con Sarkozy se centra en las acusaciones de que su campaña electoral recibió fondos del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi durante la contienda presidencial en Francia. Esta causa se sumó a la ya resuelta de las escuchas telefónicas, en la que el expresidente recibió una sentencia firme. Según BFMTV, la estrategia de la defensa gira en torno a agrupar estas penas para limitar las medidas restrictivas futuras, como el brazalete electrónico.

De acuerdo con la información publicada, el tribunal de París evaluará la solicitud presentada por los abogados el 23 de febrero. Dependiendo del resultado de esa vista, se aclarará si Nicolas Sarkozy enfrentará una nueva vigilancia electrónica o si la acumulación de penas será reconocida y, con ello, evitará dicha medida. Según el medio francés, la defensa insiste en que el trámite de acumulación es una práctica común que pretende ofrecer garantías procesales a los condenados que enfrentan distintas sentencias por causas independientes pero relacionadas.

El desenlace de este proceso judicial resulta relevante no solo para la situación personal de Sarkozy, sino también para las dinámicas entre justicia y política en Francia, ya que involucra acusaciones, estrategias legales y la reiterada denuncia por parte del exmandatario de sentirse perseguido por motivos ajenos a lo judicial, según argumentó en repetidas ocasiones ante los medios y el tribunal, según consignó el canal francés.

El fiscal Miguel Cardozo afirmó que Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente boliviano Luis Arce, carece de registro laboral o empresarial que justifique los recursos utilizados para adquirir propiedades y vehículos de alto valor. Según reportó la prensa boliviana y tal como consignó el medio Europa Press, un juez de Bolivia ordenó este jueves la detención de Arce Mosqueira luego de que no asistiera a una audiencia en la que se definían posibles medidas cautelares por una acusación de enriquecimiento ilícito vinculada a la compra de diversos inmuebles.

De acuerdo con Europa Press, el magistrado declaró en rebeldía al hijo del exmandatario tras su ausencia y autorizó el arresto a solicitud de la Fiscalía, que investiga la procedencia de grandes sumas de dinero manejadas por Arce Mosqueira. La Fiscalía señaló la inexistencia de documentos que justifiquen los fondos empleados en la adquisición de estos activos, además de cuestionar la legalidad de su eventual salida del país. “Si salió del país, debió ser de forma irregular”, puntualizó el fiscal Cardozo según difundió Europa Press.

La investigación apunta a que Arce Mosqueira habría realizado compras millonarias de bienes raíces y automóviles a pesar de no contar con ingresos salariales o empresariales identificables. Los fiscales exploran el posible uso de recursos de origen no declarado y contemplan la hipótesis de movimientos migratorios ilícitos en caso de que el acusado se encuentre fuera del territorio boliviano, según detalló la cobertura de Europa Press.

Europa Press precisó que este caso no es el único proceso judicial que afecta a la familia Arce. El segundo hijo del expresidente cumple prisión preventiva desde el pasado 12 de diciembre imputado por delitos de fraude. Paralelamente, Luis Arce permanece detenido bajo custodia desde el mismo día, enfrentando acusaciones por la gestión de fondos públicos destinados al Fondo Indígena entre 2010 y 2014, durante su mandato presidencial. Dicho fondo había sido creado para invertir el 5% de los impuestos recaudados por la explotación de hidrocarburos en proyectos de apoyo al desarrollo rural y a comunidades indígenas.

El contexto político en Bolivia también figura en el trasfondo de estos acontecimientos. Según recogió Europa Press, la detención preventiva del expresidente Arce y las acciones judiciales contra sus hijos tuvieron lugar poco tiempo después de que Rodrigo Paz asumiera la presidencia, poniendo fin a más de veinte años de administración del Movimiento al Socialismo (MAS). Tras los recientes comicios, el MAS resultó apartado del poder tras verse envuelto en controversias y acusaciones de irregularidades administrativas.

La Fiscalía, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, mantiene activas varias líneas de investigación para rastrear la procedencia de los fondos utilizados por Arce Mosqueira, así como la posible existencia de movimientos migratorios irregulares relacionados con su paradero. Las autoridades judiciales sostienen que cualquier intento del acusado por evitar la acción de la justicia agravaría la situación jurídica de la familia Arce.

Dos organizadores de la prolongada vigilia en Hong Kong para conmemorar la represión de la Plaza de Tiananmen en 1989 se declararon inocentes el jueves, mientras que un tercero se declaró culpable antes del juicio celebrado bajo una ley de seguridad nacional que ha borrado en gran medida la disidencia en la ciudad.

Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan y Albert Ho, exlíderes de la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Patrióticos Democráticos de China, fueron acusados ​​de incitación a la subversión en septiembre de 2021 en virtud de la ley de seguridad nacional impuesta por China. La fiscalía alega que “poner fin al régimen de partido único”, algo que el grupo venía reclamando desde hacía tiempo, contravenía la Constitución china.

Lee y Chow se declararon inocentes y se programó la reanudación de la audiencia para los alegatos de los testigos de la defensa el viernes. Se enfrentan a una pena máxima de 10 años de prisión. Ho se declaró culpable y fue declarado culpable por el juez Alex Lee, quien indicó que el tribunal examinará su solicitud de una sentencia más leve después del juicio, que se prevé que dure 75 días.

Los argumentos del juicio se centran en el llamado de la alianza

El fiscal Ned Lai dijo el jueves que el llamado de la alianza significaba poner fin al liderazgo del Partido Comunista Chino y que ese objetivo se oponía a la constitución.

Lai dijo que la alianza promovió ese llamado a través de diferentes canales, incluyendo la operación de un museo sobre la represión de 1989 y la organización de actividades.

El fiscal dijo que después de que la ley de seguridad de Hong Kong entró en vigor, Ho afirmó que seguiría adelante con los pedidos de “poner fin al régimen de partido único” y “una China democrática”.

El trío de acusados, que estaban en el centro del trabajo de la alianza, “personalmente o a través de la alianza, declararon que persistirían con el objetivo ilegal relevante de subvertir el poder estatal y sus acciones”, dijo Lai.

En una declaración de apertura publicada en línea, la fiscalía alegó que la alianza de Hong Kong había promovido su posición a través de la discusión del “incidente del 4 de junio”, en referencia a la represión de Tiananmen, y contenido negativo dirigido al país, aunque los acusados ​​podrían no haber mencionado planes o medios específicos para lograr su objetivo “ilegal”.

El ex concejal de distrito prodemocracia Chan Kim-kam, amigo de Chow que asistió a vigilias anteriores, fue una de las docenas de personas que esperaban para conseguir asientos en la galería pública del tribunal.

“Necesitamos ser testigos de esto, independientemente de los resultados”, dijo.

Tang Ngok-kwan, ex miembro principal de la alianza, había estado esperando desde el lunes por la tarde.

“Usan su libertad a cambio de una defensa digna”, dijo. “Se trata de rendir cuentas ante la historia”.

El juicio plantea inquietudes sobre la libertad de expresión y la sociedad civil

Urania Chiu, profesora de Derecho en la Universidad Oxford Brookes, dijo que el caso toca el corazón de la libertad de expresión.

“La acusación se basa en el argumento de que el llamado general de la Alianza a ‘poner fin al régimen de partido único’ constituye una subversión sin más, lo que equivale a criminalizar una idea, un ideal político que está muy lejos de realizarse”, dijo.

Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, afirmó que el caso buscaba “reescribir la historia y castigar a quienes se niegan a olvidar a las víctimas de la represión de Tiananmen”.

Durante décadas, Hong Kong fue sede de la única conmemoración pública a gran escala de la represión de 1989 en China. Decenas de miles de personas asistían al evento anualmente hasta que las autoridades lo prohibieron en 2020 debido a la COVID-19.

Tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19, el parque fue ocupado por un carnaval organizado por grupos pro-Beijing. Quienes intentaron conmemorar el evento cerca del lugar fueron detenidos.

Antes de que la alianza votara a favor de disolverse en septiembre de 2021, la policía había solicitado información sobre el grupo, alegando tener motivos razonables para creer que actuaba como agente extranjero. La alianza rechazó las acusaciones y se negó a cooperar.

Chow, Tang y otro miembro clave de la alianza fueron condenados en un caso separado en 2023 por no proporcionar información a las autoridades sobre el grupo y fueron condenados a cuatro meses y medio de prisión cada uno. Sin embargo, el tribunal superior de la ciudad revocó sus condenas en 2025.

Beijing dijo que la ley de seguridad de 2020 era necesaria para la estabilidad de la ciudad luego de las enormes protestas a favor de la democracia en 2019 que enviaron a cientos de miles de personas a las calles.

La misma ley ha condenado a decenas de otros destacados activistas prodemocracia, incluido el exmagnate de los medios Jimmy Lai en diciembre. Decenas de organizaciones de la sociedad civil han cerrado desde que entró en vigor la ley.

(con información de AP)

Luis David Moncada deberá enfrentar a la justicia federal en Estados Unidos tras el incidente en el que, según autoridades estadounidenses, habría intentado embestir con su vehículo a un agente federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante una intervención en Portland, Oregón. El Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra Moncada por agresión con arma mortífera o peligrosa a un funcionario federal y daños a propiedad federal por un monto que supera los 1.000 dólares —aproximadamente 856 euros—, informó el medio que publicó la noticia.

El ciudadano venezolano Moncada forma parte de los dos individuos que recibieron disparos el pasado jueves en Portland, después de que, según la versión oficial, agentes migratorios intentaran detener un automóvil durante un control de tráfico. De acuerdo con lo difundido por el Departamento de Justicia y citado por los medios de comunicación, Moncada, quien conducía, habría intentado atropellar a un agente del ICE, lo que desencadenó la respuesta armada policial.

El episodio concluyó con Moncada y su acompañante, Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, ambos de nacionalidad venezolana, hospitalizados y en estado estable, de acuerdo con las autoridades. Fuentes de la investigación citadas por el medio relacionan a ambos con el Tren de Aragua, agrupación criminal de origen venezolano considerada terrorista por organismos estadounidenses y latinoamericanos.

Moncada deberá pasar este mismo lunes por la tarde ante un tribunal federal, donde se le notificará el pliego de cargos y se fijarán los siguientes pasos del proceso judicial, detalló el medio basándose en información oficial. Entre los delitos imputados destaca el cargo de estragos en propiedad federal, debido a los daños materiales valorados en más de 1.000 dólares que se atribuyen al incidente automovilístico.

Las autoridades sostienen que el operativo en el que resultaron heridos Moncada y Zambrano-Contreras respondía a una revisión de tránsito de rutina, en la que la supuesta tentativa de atropello del conductor desencadenó el uso de la fuerza letal por parte del ICE. El medio añadió que tanto las circunstancias del tiroteo como las conexiones internacionales de los detenidos forman parte de investigaciones en curso por parte de autoridades federales.

Este hecho ocurre en el contexto de otro incidente reciente, reportado en Minneapolis, donde una ciudadana estadounidense identificada como Renee Nicole Good murió tras recibir disparos durante un operativo del ICE el miércoles anterior, detalló el medio en su cobertura. Estos casos han generado debate sobre las tácticas utilizadas por agentes federales de inmigración y sus consecuencias, según la cobertura de prensa.

El caso de Moncada ha sido vinculado por las autoridades a investigaciones más amplias sobre actividades de organizaciones señaladas como terroristas y las estrategias de control migratorio implementadas en diversas ciudades estadounidenses, de acuerdo con la información difundida. Las autoridades judiciales subrayaron que el proceso recién ha iniciado y que Moncada permanecerá bajo custodia mientras se desarrollan las siguientes fases judiciales.

La cobertura oficial concluye que ambos venezolanos, mientras permanecen en el hospital, están bajo vigilancia y a la espera de resoluciones judiciales adicionales según evolucionen los procedimientos legales y las pesquisas relacionadas con las acusaciones en su contra, siguiendo el protocolo establecido en casos federales de este tipo.

De acuerdo con la información publicada, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo resolvió absolver a un joven que enfrentaba acusaciones de agresión sexual contra dos menores en su domicilio particular. El proceso abordó hechos acontecidos el 8 de junio de 2021, cuando el acusado, que entonces tenía 18 años, se reunió en su vivienda de la ciudad con dos menores de 15 y 17 años. El tribunal recogió como hechos probados que en un momento los tres fueron a la habitación del joven, donde él les propuso mantener relaciones sexuales en grupo, propuesta que ambas menores rechazaron.

Según consignó el medio, los tres se acostaron juntos y el joven realizó tocamientos a ambas, luego mantuvo relaciones sexuales con una de ellas y solicitó a la otra que saliera de la habitación. La denuncia partió cuando una de las menores comunicó a una educadora que había tenido una relación sexual con el procesado sin su consentimiento. Posteriormente, la menor fue examinada en un hospital donde se verificó la existencia de un hematoma en el cuello, descrito como un “chupón”, y una lesión en la vulva, aunque el himen permanecía intacto.

El tribunal, según informó la fuente, consideró que los hechos respecto a los diversos tocamientos a una de las menores, por encima de la ropa y en el pecho, no constituyeron delito. En cuanto al testimonio de la menor que denunció la relación sexual no consentida, la Sala valoró que no puede afirmarse que su relato resulte falso, pero estimó que su versión carece de apoyos periféricos necesarios para fundamentar una condena. El fallo señala, según detalló la fuente, que “a falta de corroboraciones periféricas la versión resulta insuficiente para alcanzar un pronunciamiento condenatorio”.

El tribunal subrayó en su sentencia que “la condena presupone la certeza de la culpabilidad, la absolución no presupone la certeza de la inocencia”. La Sala enfatizó que el ordenamiento penal exige probar la culpa de manera concluyente para dictar una condena, responsabilidad que no alcanzó el grado exigido en este caso. Igualmente, recogió el tribunal que las lesiones localizadas en la denunciante, aunque puedan ser valoradas de modo diferente, cabe comprenderlas “dentro de una relación consentida”.

En el fallo, de acuerdo con lo informado, también se aprecian “inconsistencias” en la narración de los hechos por parte de la denunciante. Tales contradicciones, argumentó el tribunal, deben favorecer al acusado bajo el principio de presunción de inocencia y la exigencia de que cualquier condena penal esté sustentada en pruebas suficientes e inequívocas.

La resolución del caso ha puesto de manifiesto, según relató el medio, los límites procesales que enfrenta la justicia cuando las pruebas no permiten disipar todas las dudas razonables respecto a lo ocurrido. La decisión se fundamentó en la ausencia de elementos suficientes que permitan descartar otras interpretaciones posibles de los hechos o probar la culpabilidad más allá de lo exigido por la ley penal.

Entre los detenidos figuraba Sherifa Riahi, quien antes dirigía la representación tunecina de la organización France Terre d'Asile. Los seis integrantes de la ONG se encontraban privados de libertad desde hacía más de un año y medio, acusados de facilitar la entrada ilegal y el desplazamiento de migrantes en situación irregular en Túnez, que buscaban continuar hasta las costas europeas, según reportó el diario tunecino 'Business News'. Un tribunal tunecino dictaminó recientemente su liberación, aunque, según consignó el mismo medio, las autoridades del país norteafricano no han emitido respuestas formales al fallo judicial.

Tal como informó 'Business News', las detenciones se produjeron en mayo de 2024, durante una operación dirigida por las fuerzas de seguridad tunecinas. Esta acción formó parte de una estrategia enérgica contra organizaciones y grupos que prestan asistencia a migrantes y refugiados que atraviesan el territorio nacional. Los trabajadores de France Terre d'Asile, todos miembros de la filial local de la ONG francesa, enfrentaron investigaciones legales bajo acusaciones de ayudar a quienes intentaban emprender la peligrosa travesía por el mar Mediterráneo en dirección a Europa.

El proceso judicial implicó, además, a 17 funcionarios de Susa, una ciudad de la zona costera occidental de Túnez conocida como uno de los puntos de partida principales para embarcaciones utilizadas en rutas migratorias hacia el sur de Europa. La primera audiencia del caso se celebró el 15 de diciembre, en la que se revisó la detención y las imputaciones presentadas por las autoridades locales. Los trabajadores humanitarios y los funcionarios locales afrontaron cargos por blanqueo de dinero, enriquecimiento ilícito y actividades contrarias a la soberanía nacional, señalaron diversas fuentes jurídicas según 'Business News'.

En enero de 2025, el tribunal retiró los cargos relacionados con presuntos delitos económicos, entre ellos los de blanqueo y enriquecimiento ilícito. No obstante, pese a la eliminación de estas imputaciones, los acusados continuaron en prisión hasta el reciente dictamen que dispuso su excarcelación. Hasta el momento, las autoridades estatales tunecinas no han reaccionado públicamente ni han hecho declaraciones oficiales sobre la resolución judicial que permitió la liberación de los trabajadores de la ONG, reportó 'Business News'.

La situación legal de quienes colaboran con organizaciones internacionales que asisten a migrantes y refugiados se enmarca en el contexto de un aumento de los controles fronterizos y de las restricciones impuestas por gobiernos del norte de África. Según datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 1.750 personas murieron o se reportaron como desaparecidas en 2025 mientras intentaban cruzar el Mediterráneo hacia Europa, una cifra que refuerza la dimensión de la crisis migratoria en la región. Desde 2014, la OIM estima que el saldo de muertes y desapariciones en la ruta central del Mediterráneo, que conecta Túnez y Libia con Italia y otros países del sur europeo, asciende a 25.780 personas.

Las rutas migratorias entre África y Europa se han consolidado como algunas de las más peligrosas en el mundo, tanto por los riesgos asociados a la navegación en embarcaciones precarias como por las crecientes acciones estatales dirigidas a controlar estos flujos. Susa, al igual que otras ciudades costeras de Túnez, se encuentra en el centro de este fenómeno por su ubicación geográfica, lo que ha convertido a la región en un foco de actividad tanto para organizaciones humanitarias como para redes de tráfico de migrantes.

La labor de France Terre d’Asile se ha centrado en el acompañamiento y la asistencia a personas migrantes y refugiadas durante sus estadías en Túnez, un país que desde hace años se mantiene como uno de los principales puntos de tránsito hacia el continente europeo. Las detenciones y el proceso judicial contra sus trabajadores reflejan las dificultades y el aumento de la presión a la que se enfrentan las organizaciones humanitarias en el país, advirtió el medio ‘Business News’ en su cobertura del caso.

En el asunto estuvieron implicados no solo los trabajadores de la ONG, sino también funcionarios estatales, lo que incrementó la visibilidad y complejidad del proceso judicial. Tras la decisión más reciente que permitió la liberación de todos los detenidos, ningún representante gubernamental emitió declaraciones oficiales ni comentó sobre las repercusiones de la resolución.

Las estadísticas de la OIM subrayan la gravedad de los riesgos enfrentados por quienes intentan alcanzar las costas europeas a través del Mediterráneo. El número total de muertes y desapariciones en la ruta central, donde Túnez desempeña un papel central, ha venido aumentando en los últimos años, situando la cuestión migratoria en el centro del debate regional y europeo respecto a las políticas de asilo, rescate marítimo e intervención humanitaria.

Según ‘Business News’, el fallo del tribunal tunecino marca un punto de inflexión temporal en el caso de los trabajadores de la ONG y de los funcionarios involucrados, aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro de su labor y sobre las posibles reacciones oficiales por parte de Túnez ante la liberación. El desarrollo de los acontecimientos seguirá sujeto a las decisiones de las autoridades, a la evolución de la situación migratoria en la región y a la presión de organismos internacionales, que continúan monitoreando los procesos judiciales relacionados con el control y auxilio a la migración irregular.

Lo que comenzó como una multa terminó convirtiéndose en una larga batalla judicial. Una mujer de Australia Meridional logró que los tribunales anularan una sanción de apenas 58 euros, pero el proceso le costó cerca de 30.000 euros en honorarios legales y gastos extra. El caso, ocurrido en la ciudad de Adelaida, ha llamado la atención por el contraste entre la cuantía inicial de la infracción y el coste que supuso su defensa.

Según informó el medio francés Ouest-France, la protagonista, identificada como Mathie, decidió no pagar la multa y llevar el asunto a los tribunales al considerar que había sido sancionada de forma injusta.

El origen del conflicto se remonta a 2021. La mujer recibió una multa por estacionar en doble fila en la avenida Boucaut, una vía situada al norte de Adelaida, cerca de un colegio privado. La sanción, equivalente a unos 104 dólares australianos.

Recurrir la multa hasta el final

Lejos de aceptar la penalización, Mathie optó por recurrirla. Su argumento principal era que no estaba estacionada de forma voluntaria. Según su versión de los hechos, su vehículo se encontraba detenido debido a un atasco y no podía avanzar ni maniobrar sin incumplir otras normas de circulación. Consideraba, por tanto, que la multa no estaba justificada.

El recurso inicial dio paso a un proceso que se fue complicando con el paso del tiempo. El caso avanzó por distintas instancias judiciales y se prolongó durante casi cuatro años. Cada nueva fase implicó un incremento de los costes legales.

Finalmente, el tribunal falló a favor de la demandante y anuló la multa. Desde el punto de vista jurídico, Mathie logró su objetivo. La sanción de 58 euros quedó anulada. Sin embargo, el dinero que tuvo que pagar por ello - en trámites legales - superó su cuantía considerablemente. Para sostener el litigio tuvo que afrontar gastos en asesoría legal, tasas judiciales y otros costes administrativos que, en conjunto, ascendieron a unos 28.000 euros.

Un debate sobre los procedimientos legales

El caso ha generado debate sobre el acceso a la justicia y el coste real de impugnar sanciones administrativas. Aunque la mujer ganó el juicio, el precio que pagó por hacerlo fue desproporcionado en relación con la infracción original. El resultado fue una victoria legal acompañada de una pérdida económica considerable.

Esto refleja como, en muchos sistemas jurídicos existe la posibilidad de recurrir multas, pero los procedimientos pueden resultar muy caros, especialmente cuando el caso se extiende en el tiempo.

En consecuencia, este contexto plantea un dilema habitual para muchos ciudadanos. Pagar una multa que se considera injusta puede resultar frustrante, pero recurrirla implica asumir un riesgo económico que no siempre se puede abordar.

El caso de Mathie ilustra con claridad esa tensión. Aunque los jueces le dieron la razón, el recorrido judicial tuvo consecuencias financieras muy superiores al importe que trataba de evitar.

Las condiciones impuestas por el tribunal a la adolescente incluyen la obligación de presentarse ante las autoridades de forma regular, informar cualquier modificación en su domicilio, lugar de estudios o empleo, y solicitar autorización previa a las autoridades para salir del país. El fallo también estableció que deberá cumplir con todas las tareas pautadas por el agente asignado a su libertad condicional. Según informó la agencia Europa Press, la estudiante, de entre 16 y 17 años, quedó sujeta a estas pautas tras ser hallada responsable de transferir datos confidenciales sobre infraestructuras militares ucranianas a la inteligencia rusa a cambio de pagos.

De acuerdo con Europa Press, el tribunal de la provincia de Jmelnitski determinó que la joven proporcionó a un funcionario de inteligencia ruso diversa información acerca de instalaciones militares, tras mantener contacto mediante la plataforma de mensajería Telegram. Las acciones atribuidas a la estudiante se produjeron durante la invasión militar rusa que comenzó en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El tribunal calificó estos hechos como una violación del Código Penal de Ucrania y sentenció a la joven a cinco años de prisión. Sin embargo, a través de un acuerdo con la Fiscalía, la condena no implicará su ingreso en prisión, y la joven permanecerá en libertad condicional durante dos años.

La acusada, que no ha sido identificada por motivos legales y de protección, cursaba undécimo grado al momento de los hechos, según relató Europa Press. Durante el proceso judicial, se expuso que la estudiante fue contactada por un oficial de la inteligencia rusa utilizando canales cifrados en Telegram. A través de estos intercambios, el oficial le solicitó que realizara grabaciones de video donde se observara la sede de la Academia Nacional de la Guardia Fronteriza de Ucrania localizada en Jmelnitski, así como una instalación militar específica en la misma provincia y una estación de tren empleada para transportar material y mercancía militar.

Europa Press puntualizó que el intercambio de información incluía no solo grabaciones, sino también ubicación de edificios sensibles a la seguridad nacional de Ucrania. El objetivo de la inteligencia rusa, según la acusación, era obtener datos operativos de valor estratégico en el contexto del conflicto armado sostenido entre ambos países. A cambio de estos servicios, la adolescente habría recibido pagos por parte del funcionario ruso. La naturaleza y monto de las recompensas económicas no fueron detallados públicamente, aunque la justicia dejó constancia en la sentencia de que existieron transferencias de fondos como contraprestación por la información entregada.

El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa permitió a la menor evitar el cumplimiento efectivo de la condena en un centro penitenciario. Europa Press destacó que, durante los dos años de libertad condicional, la joven no podrá abandonar la provincia sin la autorización correspondiente, y estará obligada a informar su ubicación y cualquier variación en su situación educativa o laboral. El fallo también especifica que el cumplimiento de la condena estará sometido a un control judicial estricto y que cualquier incumplimiento podría determinar la revocación del beneficio y el cumplimiento efectivo de la pena original.

El proceso judicial ocurrió en medio de la guerra que enfrenta Ucrania desde el avance militar ordenado por el gobierno de Rusia en febrero de 2022. Europa Press subrayó que la colaboración con servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo en temas vinculados a la defensa nacional, ha sido objeto de atención creciente por parte de las autoridades ucranianas, con numerosas investigaciones abiertas durante el último año. El caso de la adolescente sentenciada se produjo en una región importante debido a su infraestructura militar y de transporte de pertrechos.

La sentencia contempla restricciones especialmente severas para evitar cualquier contacto o desplazamiento sin conocimiento de las autoridades judiciales. Europa Press consignó que la presencia de la adolescente ante las dependencias oficiales deberá ser periódica y que cualquier falta de cumplimiento en las obligaciones podría acarrear repercusiones legales más duras. Además, se establecieron condiciones para garantizar que no se repitan conductas asociadas a la transferencia de datos confidenciales.

El fallo del tribunal reafirma la postura de la justicia ucraniana frente a la colaboración con fuerzas extranjeras en el contexto del conflicto en curso. Según reiteró Europa Press, las investigaciones centradas en la filtración de información sensible a través de medios digitales continúan activas, y la colaboración con organismos internacionales de seguridad se ha intensificado, especialmente para identificar canales y métodos empleados por agentes de inteligencia rusos para reclutar nuevos colaboradores en territorio ucraniano.

El caso se inscribe dentro de un contexto más amplio de tensiones y operaciones de inteligencia tras el inicio de las hostilidades en 2022. La provincia de Jmelnitski, donde se localiza el tribunal que dictó la sentencia, posee instalaciones críticas para la defensa de Ucrania, lo que posiciona a la región como un objetivo de interés para maniobras de recolección de información. Europa Press reportó que la actuación coordinada entre investigadores judiciales locales y organismos nacionales de seguridad permitió documentar el vínculo entre la estudiante y el oficial ruso, así como registrar el flujo de datos y fondos implicados en la causa.

El tribunal insistió en la gravedad de los hechos y en la responsabilidad asumida por los involucrados en el suministro de información que pueda afectar la seguridad nacional. La aplicación de libertad condicional se fundamentó en el marco legal vigente y consideró la edad de la acusada, el grado de cooperación mostrado durante la investigación, y el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, según recalcó Europa Press.

De acuerdo con Anadolu, el caso involucra acusaciones de "procuración de drogas", "facilitación del consumo de drogas" y "consumo de drogas". La detención de Saran se produjo en Estambul después de que regresara de un viaje fuera del país. Según publicó el medio turco, la investigación judicial permanece activa desde principios de mes y se intensificó tras el regreso del directivo, quien se presentó ante la fiscalía el 20 de diciembre para rendir testimonio, pasando posteriormente a la realización de pruebas forenses.

La agencia de noticias Anadolu señaló que en una muestra de cabello presentada por Saran se detectaron rastros de narcóticos. Tras conocerse el informe forense, Saran expresó su desacuerdo con los resultados a través de publicaciones en sus redes sociales. El medio estatal detalló que el propio acusado negó el consumo o facilitación de drogas, respondiendo públicamente al contenido del informe técnico.

El club Fenerbahçe actuó ante la situación mediante un comunicado difundido en X, la red social antes conocida como Twitter, la noche del miércoles. En ese mensaje, la institución pidió mesura y cooperación en el proceso judicial, instando a mantener un clima de tranquilidad entre los seguidores y a respetar la actuación de las autoridades mientras progresa la investigación.

En simultáneo con la jornada de liberación bajo supervisión, un grupo numeroso de aficionados se congregó a las afueras del tribunal de alta seguridad en Estambul. Los seguidores del Fenerbahçe demostraron su respaldo a Saran proclamando frases de apoyo mientras aguardaban noticias sobre el desenlace judicial, según documentó Anadolu.

El procedimiento contra Saran se mantiene en desarrollo, centrado en los delitos vinculados al consumo y facilitación de sustancias prohibidas. De acuerdo con los criterios del tribunal y la fiscalía, el presidente del club estará obligado a acudir dos veces a la semana ante la policía para firmar, permaneciendo bajo control judicial y sin posibilidad de salir del país hasta nueva instrucción.

La causa judicial permanece abierta y la situación de Saran seguirá dependiendo de la evolución del proceso y de los análisis forenses. Actualmente, el tema ocupa un lugar destacado en la cobertura informativa de Turquía, tanto en el plano deportivo como jurídico, dada la relevancia institucional del investigado y el alcance social de sus seguidores.

El humorista británico Russell Brand, actualmente residente en Oxfordshire y conocido por haber adoptado el cristianismo recientemente como pilar en su vida, enfrenta nuevos procesos judiciales tras la imputación de dos cargos adicionales por presunta violación y agresión sexual. Según informó la Policía Metropolitana de Londres, estas nuevas acusaciones se suman a otros cargos presentados previamente en abril de 2025 relacionados con hechos que involucran a un total de seis mujeres, quienes han denunciado una conducta sexual inapropiada del actor entre los años 1999 y 2013.

El medio consignó que las autoridades comenzaron a investigar a Brand a partir de septiembre de 2023, después de que una investigación conjunta publicada por el Sunday Times, The Times y Dispatches del Canal 4 expusiera testimonios de cuatro mujeres que apuntaron a presuntas agresiones sexuales y violaciones cometidas por el humorista en un periodo comprendido entre 2006 y 2013. De acuerdo con la información detallada por la Policía Metropolitana, entre las denuncias que actualmente enfrenta el comediante figura una supuesta violación en el año 1999 en la ciudad de Bournemouth, así como una agresión sexual registrada en 2001 y otros dos hechos —uno de violación por vía oral y otro de agresión sexual— ocurridos en 2004. Las últimas denuncias, según el comunicado oficial citado por diversos medios británicos, señalan que tres de los ataques atribuidos a Brand tuvieron lugar en la zona de Westminster, en Londres, entre 2004 y 2005.

Tal como publicó la Policía Metropolitana, los dos nuevos cargos por los que ha sido imputado el actor británico amplían la lista de acusaciones formales: a los dos cargos por violación atribuidos en abril de 2025, se suman uno de "agresión indecente" y dos por agresión sexual. La institución policial ha puesto de relieve el acompañamiento que se brinda a las denunciantes, con apoyo específico por parte de agentes especializados, subrayando además que la investigación se mantiene abierta para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El inspector jefe detective Tariq Farooqui declaró que "las mujeres que han presentado denuncias, incluidas las relacionadas con los dos nuevos cargos, continúan recibiendo apoyo de agentes especialmente capacitados", según reprodujo la prensa británica.

Brand negó reiteradamente las acusaciones en su contra y rechazó la veracidad de los testimonios que lo involucran. Tras la imputación de los primeros cargos, difundió un vídeo a través de YouTube y X donde sostuvo su inocencia respecto de las "graves acusaciones penales" formuladas y argumentó que atravesó una época de promiscuidad, aunque defendió que todas las relaciones sexuales que mantuvo "siempre fueron total y absolutamente consentidas". Esta declaración se produjo en el contexto de la ampliación de la investigación y después de que las autoridades británicas formalizaran cargos en su contra por conductas que habrían tenido lugar en distintas etapas de su carrera profesional, algunas hasta veinte años atrás.

En relación con el proceso judicial, el medio detalló que Russell Brand se declaró no culpable de los cinco primeros cargos formulados en su contra durante una audiencia celebrada en mayo de este año. A raíz de los dos nuevos cargos incorporados por la Policía Metropolitana, se espera que el actor comparezca nuevamente ante un tribunal el próximo 20 de enero. Mientras tanto, la investigación derivada de las múltiples denuncias continúa su curso, centrada principalmente en el análisis de los testimonios y las pruebas presentadas por las seis mujeres que han impulsado las pesquisas hasta el momento.

El caso de Russell Brand ha suscitado una amplia cobertura mediática dentro y fuera del Reino Unido y se ha convertido en un referente reciente de denuncias por delitos sexuales presuntamente cometidos por figuras públicas en el ámbito del entretenimiento. Desde que se hicieran públicos los primeros reportes periodísticos sobre las acusaciones, la Policía Metropolitana intensificó las labores de investigación, colaborando con organismos y unidades especializadas para brindar acompañamiento legal y psicológico a las denunciantes. Además, medios como el Sunday Times, The Times y Canal 4 han seguido de cerca el desarrollo del caso, aportando nuevos elementos y testimonios a partir de investigaciones independientes que complementan el trabajo de las autoridades oficiales.

Las diligencias adoptadas hasta la fecha han dado lugar a una serie de cargos formales que abarcan presuntos delitos sobre una franja temporal extensa, comprendida entre finales de los noventa y la década de 2010. Las imputaciones incluyen tanto la comisión de violaciones como agresiones sexuales de diversa índole, en diferentes locaciones y momentos de la carrera pública del humorista británico. La Policía Metropolitana recuerda que la investigación permanece en desarrollo y que los canales oficiales siguen abiertos para recibir nuevas informaciones relacionadas con el caso o eventuales denuncias que pudieran surgir en el futuro.

La acumulación de antecedentes penales previos por delitos de violencia doméstica, violencia de género y hurto figura entre los factores que se consideran determinantes en el proceso, según indicó el medio. Mientras la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma examina la incidencia de estos antecedentes en la calificación legal de los hechos, la Fiscalía insiste en que el historial del acusado revela un patrón de reincidencia cuya valoración podría incrementar la gravedad de la responsabilidad penal en el caso.

De acuerdo con la información consignada por el medio, la investigación judicial se centra en un episodio reportado en junio de 2021, cuando la víctima, menor de edad y bajo protección en un centro institucional de Palma, recibió un permiso temporal. En esa ocasión, su padre la trasladó a su domicilio, donde, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre realizó tocamientos y besó a la joven en la boca sin su consentimiento. Este contexto, marcado por la situación de especial protección y vulnerabilidad de la menor, constituye uno de los principales argumentos de la acusación.

La Fiscalía fundamenta que la suma de condenas anteriores, dictadas en los años 2009 y 2013 por hechos relacionados con violencia, y una sentencia por hurto en 2018, refuerza su tesis sobre la necesidad de una resolución judicial que priorice la prevención y la protección de menores ante delitos graves cometidos en el ámbito familiar. Según reportó el medio, estos antecedentes permiten sostener que existe un riesgo elevado y consolidan la demanda de medidas ejemplares y disuasorias.

El ministerio público solicita en su escrito una pena de dos años de prisión para el acusado y el pago de 3.000 euros a modo de indemnización para la víctima. Esta cantidad busca resarcir a la menor por los daños sufridos y atender a su derecho a la reparación. El medio detalló que la audiencia, fijada a las 9:45 horas, incluye la declaración de la víctima como parte central del proceso, junto con otros testigos ofrecidos por ambas partes.

En la sala, el tribunal escucha los testimonios, examina la coherencia de los distintos relatos y estudia los documentos recabados durante la investigación, que incluyen informes sobre la tutela institucional de la joven y su entorno familiar. El análisis se extiende también a los registros penales del acusado, en busca de elementos que permitan confirmar la existencia de un patrón de reincidencia y valorar el grado de peligrosidad social atribuido en la acusación.

El medio informó que el tribunal dedica especial atención a la interpretación de las circunstancias del caso: desde la condición protegida de la menor, pasando por el procedimiento de tutela estatal, hasta la valoración precisa de los antecedentes del procesado. La fiscalía presenta el caso sobre la base de dos ejes: por un lado, recalca la especial protección de la víctima y, por otro, sustenta la relación entre la reiteración de delitos previos y la solicitud de una sanción orientada a hacer efectivo el principio de prevención general.

La defensa, según consignó el medio, tiene la oportunidad de rebatir la versión de los hechos presentada por la acusación, proponer pruebas que desvirtúen los testimonios o contradigan la descripción de la relación familiar y de la tutela. Así, el juicio se configura como un escenario en el que el tribunal debe ponderar, no solo la solidez de las pruebas materiales y las declaraciones, sino también el modo en que la reincidencia puede o no suponer una agravante decisiva en la resolución.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el caso se convierte en una referencia para el sistema judicial de Palma en materia de delitos sexuales dentro del núcleo familiar, especialmente cuando las víctimas se encuentran bajo resguardo institucional. La decisión del tribunal estará determinada por su criterio sobre si los actos imputados constituyen abuso sexual conforme al código penal y en qué medida la existencia de antecedentes influye en la responsabilidad penal y en la severidad de la pena solicitada.

La ausencia prolongada de los menores en registros escolares y sanitarios permitió, según consignó el medio original, que pasaran inadvertidos los abusos y las situaciones de maltrato dentro del núcleo familiar durante casi diez años. Esta invisibilidad institucional, sostenida por la falta de vínculos externos y controles médicos o escolares, fue diagnosticada por los especialistas forenses como un elemento central en la perpetuación y agravamiento de los daños físicos y psicológicos sufridos por los hijos del acusado. El caso, que involucra a un hombre procesado por abusar sexualmente de su hija durante una década, fue abordado en juicio a raíz de que una de las víctimas acudió a atención médica y el personal sanitario, al detectar lesiones consistentes con violencia física y sexual, notificó de inmediato a los servicios de protección de menores. Según informó el medio original, este aviso desencadenó la intervención de las autoridades e inició la investigación penal contra el sospechoso, para quien la Fiscalía pidió treinta y seis años de prisión.

Los testimonios de expertos presentados ante el tribunal profundizaron sobre las secuelas del aislamiento social y la falta de controles externos, señalando que los menores no solo experimentaron afectaciones graves en su desarrollo físico y cognitivo, sino que también presentaron autolesiones y alteraciones en su conducta emocional. De acuerdo con la cobertura brindada por el medio, los especialistas indicaron que la exclusión sistemática de la escuela y del sistema sanitario imposibilitó que educadores o médicos detectaran, reportaran o intervinieran ante signos de explotación o negligencia, lo que extendió la vulnerabilidad de las víctimas y permitió que el abuso continuara durante años.

Durante la audiencia judicial, los informes periciales expusieron que los hijos del acusado estuvieron desconectados de cualquier estructura institucional de protección infantil y escolarización a lo largo de casi una década. Según detalló el medio original, este aislamiento total evitó que los niños tuvieran interacción con adultos ajenos al entorno familiar, lo que anuló la oportunidad de que algún referente externo observara anomalías o síntomas de abuso.

La cobertura judicial del medio profundizó en que, según los informes de expertos, esta invisibilidad resultó esencial para que las conductas delictivas y el entorno violento permanecieran lejos del alcance de las instituciones estatales. El análisis forense presentado durante el proceso vinculó directamente la exclusión familiar con la presencia de daños severos, subrayando que la carencia absoluta de controles periódicos y la ausencia de figuras adultas de referencia fuera de la familia constituyeron condiciones propicias para el desarrollo y la perpetuación de los episodios de maltrato.

De acuerdo con el medio, los expertos convocados por el tribunal destacaron la necesidad de instaurar mecanismos de detección temprana de casos análogos, así como la urgencia de fortalecer la coordinación entre los sistemas educativo, sanitario y social. Sostuvieron ante el tribunal que la creación de bases de datos integradas facilitaría la identificación de menores cuya ausencia en los registros escolares o sanitarios pudiese indicar una condición de riesgo, permitiendo así activar alertas automáticas y promover investigaciones internas.

El medio consignó que durante el proceso judicial se evaluó la implementación de plataformas tecnológicas centralizadas que permitan hacer un seguimiento efectivo a los menores bajo tutela y detectar patrones de ausencia o anomalías. La actualización y el cruce constante de información, así como la formación continua del personal docente, sanitario y social, formaron parte de las recomendaciones formuladas, con el propósito de intensificar la capacidad de monitoreo y detección de señales de alerta.

En este contexto, los peritos y representantes institucionales presentaron ante el tribunal propuestas dirigidas a evitar la repetición de escenarios similares. Según destacó el medio en su crónica, los participantes defendieron la introducción de sistemas de gestión de datos avanzados sobre la infancia vulnerable y el desarrollo de protocolos de cooperación interinstitucional para anticipar la aparición de casos de exclusión y abuso infantil.

La Fiscalía, conforme reiteró la cobertura original, argumentó su solicitud de condena basándose en el extenso periodo durante el cual los menores permanecieron aislados y fueron objeto de reiterados abusos, utilizando los peritajes médicos y psicológicos presentados como evidencia principal del grave deterioro sufrido por las víctimas a causa de la ausencia de intervención estatal. Las dificultades que los niños enfrentaron en su proceso de readaptación social y emocional, tras tanto tiempo en condiciones de encierro y violencia, quedaron reflejadas en los informes analizados durante el juicio.

El medio original registró que, como parte de las recomendaciones institucionales discutidas en la sala, se planteó la prioridad de garantizar la coordinación entre las áreas educativa, sanitaria y social para construir redes de protección eficaces. Los especialistas y los responsables institucionales presentes coinciden en que la articulación y el intercambio inmediato de información entre estos sistemas permitiría detectar anticipadamente posibles situaciones de aislamiento o maltrato, y que la introducción de alertas automáticas facilitaría la intervención temprana.

En el cierre de la discusión, el medio consignó que tanto expertos como organismos oficiales insistieron en que la restructuración de los sistemas de supervisión y respuesta institucional representa una necesidad urgente para evitar que otros menores queden fuera del radar estatal y sean sometidos a vivencias tan prolongadas y dañinas como las descritas en los informes forenses del caso.

Durante los momentos más restrictivos del confinamiento decretado durante la pandemia de COVID-19, la menor que figura en el centro de un caso de abuso sexual en Mallorca experimentó un acceso severamente limitado tanto a servicios médicos como a atención psicológica, lo que intensificó su exposición al abuso y dificultó sus posibilidades de solicitar ayuda externa. Este dato, consignado por un medio especializado, forma parte de la documentación relevante analizada en el juicio que se desarrolla ante la Audiencia Provincial de Palma, donde un hombre se enfrenta a una acusación de abusar sexualmente de su hija durante más de una década, según la información compilada por el citado periódico.

De acuerdo con lo publicado por el medio especializado, durante la vista oral los peritos forenses presentaron diagnósticos que documentan graves daños psicológicos en la víctima, describiendo episodios autolesivos, intentos repetidos de suicidio y numerosas hospitalizaciones. Los informes forenses establecieron un vínculo directo entre el sufrimiento de la menor y la falta de respuestas coordinadas por parte de los organismos responsables de la protección infantil, afectando negativamente el proceso de detección e intervención ante el abuso.

Según detalló el medio especializado, la falta de protocolos claros y la deficiente coordinación interinstitucional se destacaron como factores que permitieron la prolongación de los episodios de maltrato y dificultaron la detección temprana del abuso. Las instituciones judiciales, pese a conocer antecedentes de violencia doméstica relacionados con la familia después de la separación producida en 2015, mantuvieron en un inicio un régimen de custodia compartida. Esta decisión, según la valoración de técnicos y especialistas que participaron en el proceso, limitó de manera significativa la capacidad para prever situaciones de riesgo y frenó la adopción de intervenciones preventivas prioritarias.

El acusado, según reportó el medio, ejercía un elevado nivel de control sobre la vida cotidiana de la menor, imponiéndole restricciones estrictas que anulaban sus oportunidades de contacto tanto con docentes como con personal sanitario o entornos sociales ajenos a su ámbito familiar. Técnicos que aportaron su perspectiva en el juicio ante la Audiencia Provincial señalaron cómo este aislamiento progresivo de la víctima complicó la identificación de señales de abuso y retrasó la activación de los servicios de protección adecuados.

Parte de la documentación judicial, reseñada por el medio citado, recoge cómo a lo largo de varios periodos críticos, incluyendo el aislamiento por la crisis sanitaria, la menor se vio privada de consultas médicas rutinarias y de atención profesional psicológica. Esta limitación incrementó la gravedad de su situación, extendió la duración de la exposición al abuso y redujo los canales de denuncia y protección posibles.

Algunos de los episodios denunciados habrían ocurrido en lugares apartados y difíciles de supervisar, como estacionamientos de casinos cerrados, lo cual, según subraya la cobertura del medio, añadió barreras adicionales a la identificación institucional de posibles alertas relacionadas con el maltrato. Expertos comparecientes subrayaron ante el tribunal la ausencia de sistemas automáticos de detección y de protocolos de alarma específicos, lo que, sumado a la inacción institucional, hizo que la víctima se encontrara sin mecanismos efectivos de protección.

El medio especializado recogió declaraciones en las que se sostiene que el acusado, además del control físico y social, utilizó amenazas e intimidaciones para impedir que la menor solicitara auxilio o comunicara lo sucedido a otras personas. Esta situación impidió que figuras adultas de referencia pudieran haber detectado señales o indicios de peligro.

Durante las declaraciones judiciales, múltiple especialistas insistieron en la urgencia de instaurar mecanismos que garanticen supervisión constante y activación automática de alertas en casos en los que existan antecedentes familiares de riesgo, como aquellos documentados tras la separación parental de 2015. Entre las propuestas presentadas para su consideración figuran la puesta en marcha de sistemas de vigilancia continua en situaciones de custodia compartida cuando existan sospechas o antecedentes de violencia, así como la mejora del flujo comunicativo entre servicios sociales, sector sanitario y justicia.

El debate en el tribunal ha girado en torno a la necesidad de revisar los modelos vigentes tanto en lo que respecta a la detección como a la intervención frente al abuso infantil, focalizándose en las complicaciones ocasionadas por la falta de herramientas automáticas y la escasa colaboración entre los organismos implicados en la protección de menores. Según la publicación del medio especializado, la fiscalía solicita una condena de treinta y seis años de cárcel para el acusado y el pago de una indemnización de quince mil euros a favor de la víctima. Esta petición se interpreta, en el contexto mediático, como una respuesta institucional ante las carencias observadas en la protección pública de menores expuestos a situaciones de alta vulnerabilidad familiar.

La cobertura del proceso judicial documenta que el caso está motivando una revisión exhaustiva de los actuales protocolos de prevención, control e intervención en contextos de violencia doméstica y abusos sexuales contra menores, incidiendo especialmente en las dinámicas de gestión de custodia y los mecanismos de seguimiento en familias con antecedentes de violencia. Dentro de las deliberaciones han sido introducidas medidas para potenciar la respuesta inmediata ante cualquier señal de peligro y para el establecimiento de nuevas directrices regionales y nacionales que favorezcan una detección y protección más eficaces.

Las intervenciones recogidas por el medio apuntan a la conveniencia de fortalecer la colaboración ágil y efectiva entre las distintas instancias judiciales, entidades sanitarias y entornos educativos, recogiendo el caso instruido en la Audiencia Provincial de Palma como una referencia central para la futura elaboración de protocolos y recomendaciones que permitan evitar situaciones similares y refuercen las capacidades preventivas y de asistencia en la atención a la infancia vulnerable.

De acuerdo con la información proporcionada por el medio digital, expertos en salud, derecho y trabajo social que intervinieron como peritos remarcaron de manera unánime el impacto de la ausencia de políticas públicas orientadas a la protección de personas en situaciones de vulnerabilidad múltiple. Estos especialistas indicaron que la descoordinación entre organismos estatales y la falta de protocolos claros afectan la capacidad de respuesta, generando vacíos en la prevención y asistencia ante escenarios de abuso o violencia. Los informes técnicos producidos fueron remitidos a dependencias estatales y funcionarios administrativos, buscando alertar sobre la urgencia de revisar y fortalecer la formación de los equipos que trabajan con estos grupos, detalló el medio digital.

Según señalaron los participantes de organizaciones civiles y expertos, aún existe un fuerte déficit de respaldo institucional para mujeres que presentan discapacidad, embarazo avanzado y ausencia de apoyo familiar o social. Estas condiciones, según las exposiciones recogidas por el medio digital, incrementan significativamente los riesgos y la desprotección, pues los recursos estatales resultan insuficientes y la respuesta de los servicios públicos carece de una perspectiva integral que contemple la complejidad de cada caso.

En las sesiones judiciales, especialistas propusieron la conformación de equipos multidisciplinarios en zonas prioritarias, junto a la creación de canales accesibles de denuncia que permitan una intervención rápida y acompañamiento constante a mujeres en contextos de alta vulnerabilidad. También recomendaron desarrollar dispositivos institucionales flexibles y ajustar permanentemente los planes de acción, para abordar los escenarios donde convergen diversos riesgos y barreras. Estas propuestas, reportó el medio digital, buscan establecer modelos de intervención adaptados a realidades sociales cambiantes y alejadas de los instrumentos habituales de la administración pública.

El análisis interdisciplinario presentado al tribunal permitió identificar que la combinación de discapacidad intelectual, embarazo y aislamiento social incrementó la exposición de la denunciante y dificultó su acceso a la asistencia estatal. De acuerdo con la cobertura periodística, los peritos subrayaron la falta de protocolos integrales que posibiliten una atención autónoma para personas en situaciones similares. En este sentido, la magnitud del riesgo detectado resultó directamente relacionada con falencias institucionales y la carencia de herramientas preventivas específicas.

A lo largo del juicio, la defensa del acusado basó su estrategia en cuestionar la firmeza de los peritajes y la capacidad de la denunciante para resistir o tomas decisiones autónomas. No obstante, los expertos que expusieron ante el tribunal ratificaron la relación entre el riesgo de la víctima y las limitaciones de la intervención estatal, reiterando la necesidad de fortalecer las redes de protección y la capacitación técnica de los equipos implicados, según publicó el medio digital.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó quince años de prisión para el acusado, así como veinte años de restricción de contacto con la víctima y un régimen de libertad vigilada durante diez años. En su fundamentación, el Ministerio señaló como agravantes la condición de embarazo, la discapacidad de la víctima y el contexto de aislamiento social, circunstancias que incrementaron la exposición y el daño. Esta perspectiva fue confirmada por la cobertura periodística, que asociaba la falta de recursos y la escasa presencia de equipos especializados al impacto de los hechos y los retrasos en la intervención de los recursos públicos.

Las entidades civiles intervinientes reclamaron, informó el medio digital, una actualización normativa y operativa que no solo aborde la sanción del abuso, sino que incorpore estrategias sostenidas de prevención y reparación, junto con mecanismos destinados a construir condiciones estructurales que permitan reducir la aparición de contextos de riesgo y garantizar el acceso efectivo a derechos para personas con discapacidad y en situación de dependencia.

Dentro de las recomendaciones finales surgidas del juicio, se planteó como meta prioritaria la creación de equipos multidisciplinarios permanentes, con formación especializada y autonomía de intervención, capaces de identificar y atender tempranamente situaciones de peligro en escenarios de complejidad social creciente. De acuerdo con lo reportado por el medio digital, estas sugerencias incluyeron la necesidad de establecer canales institucionales permeables y adaptables a nuevas formas de exclusión, así como la revisión y adecuación de los recursos presupuestarios, de modo de ampliar el alcance y la capacidad de respuesta de la protección social.

Los informes dirigidos a las autoridades estatales enfatizaron el objetivo de convertir la restitución de derechos y la protección integral en ejes rectores de la política pública, asignando recursos y formación específica a los agentes responsables de la intervención, añadió el medio digital. En paralelo al desarrollo del proceso judicial, la difusión mediática de la causa motivó la presentación de iniciativas legislativas orientadas a expandir los sistemas estatales de cuidado y modernizar los mecanismos de actuación frente a hechos de violencia sexual y otros tipos de agresión que afectan a la población en situación de vulnerabilidad múltiple.

Las propuestas delineadas al cierre del proceso judicial reflejaron como principales orientaciones el restablecimiento de derechos y la promoción de oportunidades equitativas para quienes dependen de la asistencia estatal bajo circunstancias persistentes de marginalidad o vulnerabilidad. El desarrollo de las audiencias, no solo puso en escena el caso puntual sino que sirvió como catalizador para instar a una revisión profunda de marcos normativos y protocolos institucionales, orientada a construir redes efectivas y asignar recursos adecuados para la prevención, acompañamiento y garantía de derechos en casos de discapacidad, embarazo y aislamiento social.

Actores civiles, especialistas y representantes del ámbito técnico insistieron en la importancia de adecuar con rapidez las herramientas estatales, para responder a contextos sociales en permanente transformación y cumplir con los compromisos legales que exigen protección y restitución de derechos. Según lo recogido por el medio digital, las principales demandas recaen sobre el desarrollo de estrategias coordinadas y ajustadas a la complejidad de los escenarios donde confluyen barreras sociales, falta de redes y contextos de exclusión estructural.

La Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata absolvió a un conductor que se había negado a realizar un test de alcoholemia porque su vehículo se encontraba estacionado, lo que, según los jueces, eximía al imputado de someterse a dicho control.

Esta decisión, adoptada por la Sala I integrada por los jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco, revocó parcialmente el fallo previo de la jueza Inés Hayde Olmedo, quien había declarado la nulidad parcial de la sanción y ordenado el reenvío del expediente a la sede administrativa.

En la resolución emitida esta semana, los magistrados confirmaron parcialmente la sanción por estacionar en contramano, estableciendo una multa de $254.496,16. Según la información publicada por el medio local 0223, la defensa del conductor argumentó que su cliente permanecía dentro del vehículo, pero con el motor apagado y el automóvil detenido, lo que, a su entender, hacía improcedente la imputación por negarse al control de alcoholemia.

Los jueces analizaron el caso y concluyeron que la cuestión no era de nulidad procesal, sino de valoración de la prueba.

“Lo que observo en el presente no es una cuestión de nulidad, como entendió la magistrada de origen, sino, antes bien, un asunto de valoración probatoria. Si la primera sentenciante, consideró que el plexo cargoso no alcanzaba el poder convictivo suficiente para condenar al encartado, debió haberlo absuelto, como bien apuntó el recurrente, más no declarar la nulidad parcial del pronunciamiento de faltas y ordenar el reenvío de las actuaciones para darle una segunda oportunidad a la administración de mejorar la acusación, como hizo finalmente”, señalaron en el fallo.

La causa se originó la noche del 1 de junio, cuando personal de Tránsito labró dos actas: una por negativa a realizar el control de alcoholemia y otra por estacionar en contramano.

La Justicia de Faltas había impuesto multas por ambas infracciones, pero la Cámara de Apelación y Garantías revocó la sanción vinculada al test de alcoholemia, al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar la acusación.

Iban de viaje de egresados, los choferes dieron positivo en alcoholemia y sus reemplazos tampoco pasaron el test

Un grupo de estudiantes del Instituto Sagrado Corazón de Oliva vio demorado su viaje de egresados a Bariloche luego de que cuatro choferes asignados por la empresa de transporte dieran positivo en controles de alcoholemia.

La incertidumbre creció cuando, tras el primer control realizado por personal de la Municipalidad de Oliva en la mañana del miércoles, los dos conductores iniciales, de 54 y 48 años, no superaron el test.

La llegada de dos reemplazos no resolvió la situación: ambos también arrojaron resultados positivo, lo que generó preocupación entre los padres y madres presentes. “A los dos choferes que nos mandaron les dio positivo también”, relató Orieta Pérez, madre de uno de los estudiantes, en diálogo con el medio local El Doce TV.

Para descartar posibles errores en los equipos, la Jueza de Faltas solicitó la intervención de la Policía Caminera, que realizó controles adicionales y utilizó instrumental diferente. Como parte de la verificación, el director del colegio —padre de uno de los alumnos y conocido por no consumir alcohol— se sometió a la prueba, obteniendo cero como resultado. “Evidentemente, los equipos funcionan”, afirmó Pérez, despejando dudas sobre fallas técnicas.

Tras varias horas de espera, los choferes de reemplazo volvieron a ser testeados y, en esta ocasión, el resultado fue negativo.

Los padres presentes indicaron que el primer resultado había sido “apenas por encima de 0”. Finalmente, los estudiantes pudieron iniciar el viaje, luego de un operativo preventivo que buscó garantizar la seguridad de los jóvenes.

El aplazamiento inicial del juicio, ocurrido en noviembre tras presentarse varias cuestiones procesales por parte de la defensa, llevó al tribunal a suspender la vista y revisar íntegramente la causa antes de fijar una nueva fecha, establecida para el 12 de junio. El abogado defensor, Jesús Escudero, informó que esta decisión respondía a la necesidad de analizar documentación relevante y resolver sobre la validez de las actuaciones practicadas, según consignó Europa Press. En su momento, Escudero argumentó que las garantías y formalismos en el procedimiento debían evaluarse antes de entrar al fondo del asunto, haciendo alusión al posible quebrantamiento del derecho al juez predeterminado por la ley y otras irregularidades en la instrucción.

La Fiscalía ha presentado un escrito al Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla solicitando continuar con el juicio contra la médico forense, afirmando que no existen elementos suficientes para declarar la nulidad del proceso ni para dictar sentencia absolutoria sin la realización de la vista oral, según detalló Europa Press y recogió también el Diario de Sevilla. El Ministerio Público sostiene que la acusada, especialista en medicina legal, incurrió en reiteradas valoraciones negativas sobre la conducta y el aspecto de presuntas víctimas de agresión sexual, lo que habría impactado gravemente en su bienestar psicológico.

De acuerdo con el informe fiscal, la forense emitía críticas sobre la forma de vestir o comportarse de las denunciantes, y llegaba a hacerles pensar que habían consentido de forma implícita el acto sexual. La acusación sostiene que esto hacía entender a las afectadas que su propio comportamiento podía haber provocado la agresión, lo cual reducía la credibilidad de sus testimonios y las hacía sentirse responsables tanto de los hechos denunciados como de las posibles repercusiones legales para los presuntos agresores y sus familias.

Según relató Europa Press, las víctimas manifestaron haber experimentado un profundo desasosiego y aumento de su malestar emocional durante las entrevistas, dada su situación de especial vulnerabilidad. En algunos casos, el impacto de estos comentarios, valorados por el Ministerio Público como juicios impropios, llevó a que algunas mujeres finalmente desistieran de formalizar la denuncia de los hechos por sentirse cuestionadas y menospreciadas por la forense, lo que, según la Fiscalía, contribuyó a su desprotección y falta de acceso a la justicia.

El Ministerio Público solicita para la acusada tres años de prisión, un año por cada uno de los tres delitos contra la integridad moral cometidos en el ejercicio de funciones públicas, así como tres años de inhabilitación para ocupar empleo o cargo público. De acuerdo con la acusación, la conducta de la forense vulneró los derechos de las víctimas al generar un ambiente hostil y desalentar el proceso de denuncia de posibles delitos sexuales, según se detalla en el escrito remitido al juzgado.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras el primer aplazamiento del juicio, la forense defendió su actuación y negó cualquier conducta lesiva. Afirmó: “No le he hecho nada malo nunca a nadie y he tratado a todo el mundo con delicadeza”. Además, expresó su confianza en que no existen motivos para condenarla y afirmó que siempre obró de manera correcta y con rigor científico en el trato a las víctimas. Según sus palabras, nunca pronunció los comentarios juiciosos que se le atribuyen y manifestó su convencimiento de haber actuado correctamente bajo los principios de su profesión.

El proceso continuará con la audiencia señalada para el 12 de junio, fecha en la que el tribunal, tras analizar toda la documentación y resolver las cuestiones procesales planteadas, deberá determinar la validez de las actuaciones previas y, en su caso, proceder al examen de fondo sobre las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

El proceso legal en torno al exdiputado Íñigo Errejón por la denuncia formulada por la actriz Elisa Mouliaá contempla la petición de medidas cautelares vinculadas a la responsabilidad civil. Según informó Europa Press, Mouliaá solicitó al juez que abra una pieza separada para asegurar el abono de posibles indemnizaciones, reclamando además el embargo de bienes del acusado si este no cumple con el pago de la fianza fijada. Este desarrollo se suma a la exigencia principal de la intérprete, quien busca que la justicia siente en el banquillo a Errejón y lo condene a una pena de tres años de prisión al considerar que incurrió en un delito continuado de abuso sexual.

Europa Press detalló en su reporte que, en el escrito de acusación presentado por la defensa de Mouliaá, la actriz exige al exparlamentario una compensación económica de 30.000 euros. La suma corresponde, según el documento, tanto a los daños morales como a los perjuicios sufridos presuntamente como consecuencia del abuso sexual que habría tenido lugar una noche de octubre de 2021. El texto señala también la posibilidad de que, si el tribunal no estima la cantidad reclamada, la misma se determine durante la fase de ejecución de sentencia.

La petición formal de juicio contra el que fuera diputado recoge hechos que habrían acontecido en 2021 y enmarca las acusaciones dentro de la figura de delito continuado, por lo que pide al tribunal abrir juicio oral y dictar condena acorde a los cargos presentados. Europa Press subraya que, además de las exigencias de encarcelamiento y resarcimiento económico, Mouliaá reclama el establecimiento de mecanismos judiciales para salvaguardar el cobro de la indemnización, requiriendo a las autoridades que indaguen sobre el patrimonio del acusado, en caso de que este no cubra la fianza estipulada.

Errejón, por su parte, ha negado en todo momento las acusaciones, manteniendo una versión contraria a lo sostenido por Mouliaá. Tal como publicó Europa Press, la defensa del exdiputado interpuso recurso contra el procesamiento por el presunto delito de agresión sexual al considerar que "no existen mínimos indicios" que acrediten la culpabilidad de su cliente. El letrado añadió, también de acuerdo con Europa Press, que todas las diligencias practicadas durante la instrucción judicial descartan la existencia de indicios que permitan sostener la imputación penal, y apuntó a la presunta falsedad del relato presentado por la denunciante.

En los documentos judiciales citados, la defensa de Errejón sostiene que las pruebas y testimonios recabados hasta el momento resultan insuficientes para fundamentar la apertura de juicio oral, insistiendo en que los hechos atribuidos carecen de sustento probatorio y que el relato de la actriz presenta inconsistencias, según reportó Europa Press. Por este motivo, el equipo legal del exparlamentario insiste en la necesidad de revisar el procesamiento y evitar la continuación del procedimiento judicial.

La acusación de abuso sexual que acompaña el proceso penal se fundamenta en la narración que Mouliaá incluyó en su denuncia, la cual figura en poder de los tribunales y cuya copia ha sido consultada por Europa Press. El escrito especifica que los daños referidos son tanto de orden moral como material, y solicita que la cuantía de la indemnización sea fijada por la autoridad judicial competente si la suma inicial propuesta no se aprueba en su totalidad durante el juicio.

La solicitud de apertura de una pieza separada de responsabilidad civil responde a la intención de la parte demandante de asegurar la viabilidad del pago de la indemnización en caso de sentencia condenatoria. Según informó Europa Press, esta medida permitiría practicar diligencias patrimoniales sobre el acusado, poniendo el acento en el resguardo de derechos económicos de la víctima durante la tramitación judicial.

En conclusión, la disputa legal involucra tanto la exigencia de una condena penal de tres años de prisión por un supuesto delito continuado de abuso sexual, como la reclamación de una indemnización de 30.000 euros y la puesta en marcha de medidas para garantizar su cumplimiento, según consigna Europa Press en su cobertura del caso. Por su parte, la defensa de Errejón insiste en que no existe fundamento suficiente que justifique la apertura de juicio oral ni el procesamiento del exparlamentario.

Zarbab Ali, de 28 años, fue declarado culpable por el tribunal del condado de Ventura, en California, del asesinato de su exesposa, Rachel Castillo.

El caso generó profunda conmoción en Estados Unidos por el nivel de violencia y la ausencia de remordimiento mostrada por Ali durante el proceso judicial. Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2022, cuando Ali ingresó ilegalmente al departamento de Castillo en Simi Valley, donde la atacó por sorpresa y la apuñaló en repetidas ocasiones.

“Abrí el cuchillo y la apuñalé. Ella intentó huir y defenderse, pero la alcancé”, declaró Ali ante el tribunal, según Paris Match y Ventura County Star.

Ali relató que planeó el crimen durante meses, impulsado por celos y el resentimiento tras la separación y el pago de la pensión alimenticia. La noche del asesinato dejó a sus dos hijas, de 2 y 5 años, al cuidado de sus padres, anticipando que no podría responsabilizarse de ellas después del crimen. “La quería muerta… Me enfurecía que no me dejara pasar página”, explicó en la audiencia.

Detalles del caso y confesión del acusado

Después de asesinar a Castillo, Ali envolvió el cuerpo en una manta e intentó limpiar el lugar antes de trasladarlo a una zona remota de Antelope Valley.

Allí, la enterró en una tumba poco profunda. Sin embargo, la violencia no terminó. Horas después, cerca de las dos de la madrugada, regresó al sitio, exhumó el cadáver y lo violó. En su confesión policial, que fue proyectada en la sala, afirmó: “Solo para confirmar que soy un monstruo, la violé. Si no hubiera asumido mi naturaleza monstruosa, ella habría muerto inútilmente”. Tras esa acción, volvió a enterrar el cuerpo.

La desaparición de Castillo fue reportada el 10 de noviembre, luego de que su hermana encontrara una gran cantidad de sangre en el apartamento y observara que tanto el teléfono, las llaves como el coche de Rachel seguían allí.

El 13 de noviembre, el cuerpo fue hallado en Antelope Valley por las autoridades. Ali fue arrestado el 14 de noviembre y, tras varias declaraciones, confesó de manera detallada sus actos. Los investigadores y la fiscalía presentaron pruebas contundentes que llevaron al veredicto de culpabilidad.

Impacto en la familia y próxima sentencia

El fiscal David Russell destacó el sufrimiento de los familiares de Rachel: “Nuestros pensamientos están con la familia de Rachel, que ha soportado un dolor inimaginable desde el día en que se la arrebataron”. Russell subrayó que esta condena “asegura que el acusado pase el resto de su vida en prisión y que la comunidad quede protegida de él para siempre”.

Tras el fallo, los familiares de Castillo, entre ellos su tía Renee Redding, expresaron alivio por el veredicto, a la vez que desmintieron los argumentos de Ali sobre una supuesta vida sexual promiscua de la víctima.

“Era una estudiante brillante de máster, no una adicta ni una ninfómana”, declaró Redding al Ventura County Star.

Castillo, madre de dos hijas pequeñas, cursaba un máster en psicología clínica en la Universidad Pepperdine y aspiraba a ser terapeuta.

Ali fue condenado por homicidio en primer grado, exhumación de cadáver y violación de restos humanos. La sentencia definitiva se dará a conocer el 12 de enero de 2026.

La crudeza de los hechos, la planificación y la total falta de arrepentimiento de Ali convirtieron este caso en uno de los más estremecedores del estado. El recuerdo de Rachel Castillo permanece vivo entre sus seres queridos, quienes destacan el vacío profundo que deja en la vida de sus hijas y familiares.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 11 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Rubén Omar Rivas, enfermero del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), por someter a pacientes en situación de extrema vulnerabilidad a abusos sexuales gravemente ultrajantes y vejámenes sistemáticos.

El Tribunal, con el voto principal del juez Alejandro Slokar, consideró probado que Rivas abusó sexualmente de una paciente internada tras un accidente cerebrovascular en agosto de 2021.

Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el enfermero aprovechó los movimientos involuntarios de la víctima para perpetrar actos de índole sexual, lo que fue calificado como “humillación y cosificación” y señalado por el tribunal como un acto con un “plus de perversión”.

Slokar subrayó que el acusado utilizó su posición jerárquica y el contexto de encierro para desplegar conductas incompatibles con su función sanitaria, empleando el cuerpo inerme de la paciente como un objeto.

La sentencia también confirmó la condena por las vejaciones cometidas en 2017 contra otros dos pacientes, identificados como G. D. y J. B., quienes se encontraban en una situación de dependencia absoluta.

El Tribunal estableció que Rivas mantenía un patrón sistemático de maltrato, que incluía insultos, agresiones físicas y baños de agua fría en invierno como castigo, prácticas que no tenían justificación terapéutica y que constituyeron violencia institucional.

Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa, que alegaban imprecisiones en las fechas de los hechos y falta de congruencia en la acusación.

El Tribunal consideró que la acusación fue clara y respaldada por pruebas múltiples y coherentes, entre ellas los testimonios del personal de salud.

De este modo, la condena a once años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer como enfermero quedó confirmada y sin posibilidad de revisión.

Un caso similar en Neuquén

En agosto, la Justicia de Neuquén condenó a 8 años de prisión efectiva a un enfermero identificado como A. E. A. B. por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda contra una paciente mayor de 70 años, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

El Tribunal, integrado por Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini, dispuso además que los datos del condenado sean incorporados al Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Según informó el medio local LM Neuquén, la sentencia se conoció luego de que el acusado admitiera su responsabilidad durante las audiencias previas, donde reconoció haber cometido el abuso el 2 de noviembre de 2024 entre las 8:20 y las 8:45, mientras la víctima se encontraba en estado de convalecencia e indefensión en su habitación.

La investigación se apoyó en testimonios directos, pericias médicas y registros fílmicos, siendo las grabaciones de las cámaras de seguridad determinantes para identificar al agresor y confirmar las circunstancias del hecho.

La fiscal Carolina Mauri había solicitado 11 años y medio de prisión, argumentando que el enfermero se aprovechó del delicado estado de salud de la paciente y que el caso generó un daño institucional al afectar la confianza en la relación médico-paciente.

El Tribunal rechazó considerar como agravante el daño psicológico alegado por la fiscalía, ya que no pudo ser comprobado, según la psicóloga interviniente. También determinó que el estado de indefensión de la víctima ya estaba contemplado en la calificación del delito.

La defensa de A. E. A. B. había solicitado la pena mínima legal de 8 años, petición que fue finalmente aceptada por los jueces.

Las sesiones de apelación por el caso de la supuesta financiación ilícita desde Libia a la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy tendrán lugar entre el 16 de marzo y el 3 de junio de 2026, de acuerdo con la información divulgada por la Corte de Apelaciones de París. El calendario fue comunicado pocos días después de que el exmandatario francés abandonara la prisión, tras aproximadamente tres semanas privado de libertad bajo custodia, y quedara sujeto a medidas de control judicial mientras se aguarda el proceso de apelación. El procedimiento está centrado en las acusaciones de asociación de malhechores relacionadas con la presunta recepción de fondos provenientes del gobierno libio de Muamar Gadafi durante la campaña electoral de Sarkozy en 2007.

Según publicó la Corte de Apelaciones de París, el expresidente enfrentará nuevamente el escrutinio judicial, luego de ser sentenciado a cinco años de prisión por el mencionado delito. El tribunal especificó en su comunicado que la denominada causa "de la financiación libia" será sometida a examen durante las fechas mencionadas, periodo en el cual se desarrollará el juicio de apelación. El medio detalló que la liberación de Sarkozy, ocurrida el lunes posterior a la aceptación por parte del tribunal de la petición presentada por la Fiscalía, permite que permanezca en libertad vigilada hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra su condena.

De acuerdo con la información ofrecida por la Corte de Apelaciones y citada por diversos medios, Sarkozy salió de la cárcel donde permanecía desde el 21 de octubre, luego de que el tribunal diera curso favorable a la solicitud de liberación presentada por el Ministerio Público. La excarcelación del exmandatario estuvo sujeta a medidas de control judicial, una situación que implica diversas restricciones mientras se define el curso de la causa en segunda instancia.

Durante la sesión en la que se resolvió su situación procesal, el exjefe de Estado francés insistió en su inocencia y rechazó haber solicitado o recibido fondos ilegales del antiguo gobierno libio. "Nunca admitiré haber reclamado financiación a Gadafi", declaró Sarkozy, en palabras recogidas y traducidas por la prensa, tras agregar que su permanencia en prisión resultó "una terrible experiencia". A esta afirmación se suma la postura asumida por el antiguo dirigente conservador desde el inicio del proceso en su contra, sosteniendo que es objeto de una persecución política y calificando su condena como parte de un "escándalo judicial" que, a su juicio, habría "humillado" a Francia.

El medio consignó además que Sarkozy se transformó en el primer expresidente en la historia reciente de Francia en ingresar a una prisión. Desde el primer momento, el líder conservador rehusó aceptar cualquier responsabilidad penal y mantuvo su defensa basada en la negación de las imputaciones y en la denuncia de presuntos abusos judiciales contra su persona. Su ingreso en la cárcel había sido interpretado tanto por sus allegados como por sus opositores como un hecho inédito en la política francesa, mientras que la investigación sobre la supuesta financiación irregular de su campaña constituye uno de los expedientes de corrupción más resonantes vinculados a la élite gobernante en las últimas décadas.

El proceso que involucra a Sarkozy tiene su origen en las investigaciones sobre la utilización de fondos provenientes de Libia en el contexto de la campaña electoral que lo llevó al poder en 2007. Según la información publicada por la Corte de Apelaciones de París y reproducida por diversos medios internacionales, el caso se centró en determinar la existencia de una red de pagos y transferencias supuestamente instrumentadas bajo la autoridad de Muamar Gadafi. Las investigaciones judiciales llevaron a la apertura del juicio y, finalmente, a la condena por asociación de malhechores, ante la que la defensa del exmandatario interpuso un recurso que ahora será revisado en las sesiones programadas para la primavera de 2026.

Los abogados de Sarkozy reiteraron su posición de que el exmandatario nunca tuvo conocimiento ni participación en ninguna maniobra de financiación irregular y enfatizaron que la sentencia condenatoria constituye, según su criterio, una vulneración a las garantías fundamentales del proceso. La Fiscalía, por su parte, sostuvo la validez de los elementos probatorios aportados durante la instrucción, que permitieron fundamentar la acusación por asociación de malhechores luego de años de indagatorias y recolección de evidencias.

El desarrollo de este caso ha influido en el debate público y político en Francia, pues pone a prueba no solo la imagen de uno de los principales actores de la política del país en las últimas décadas, sino también la eficacia y la independencia de las instituciones judiciales frente a casos de alta sensibilidad institucional. Según la información difundida por la Corte de Apelaciones de París, las audiencias de apelación del llamado "caso de la financiación libia" marcarán un nuevo capítulo en uno de los procesos penales de mayor relevancia vinculados a la figura de Sarkozy y su etapa al frente de la presidencia de Francia.

Tras la absolución de Gustavo García Viarengo por el beneficio de la duda en el juicio por el femicidio de su pareja, Nahir Nuri Klimasauskas, una mujer de 27 años que murió tras caer desde un cuarto piso en Salta, los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot presentaron un recurso de casación, para que se revoque la sentencia.

Durante el proceso, la Unidad Fiscal había solicitado la pena de prisión perpetua para García Viarengo, acusado de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Sin embargo, la mayoría del tribunal, integrado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos, optó por absolver al imputado, decisión que los fiscales consideraron carente de una adecuada perspectiva de género.

Según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, en el recurso presentado, los fiscales Carreras y Cabot analizaron en detalle los fundamentos del fallo absolutorio y argumentaron que la sentencia adolece de una interpretación arbitraria de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En su planteo, los fiscales sostienen que el razonamiento mayoritario del tribunal está plagado de sesgos, perceptibles en la lectura del resolutorio, y que la falta de perspectiva de género constituye una omisión hermenéutica obligatoria en este tipo de delitos.

A su vez, señalaron que la duda invocada por la mayoría del tribunal no es razonable, sino que se trata de una duda aparente, construida a partir de una valoración errónea o incompleta de la prueba. Además, subrayaron que en hechos que ocurren en la intimidad, como los femicidios, la ausencia de testigos no puede ser interpretada en detrimento de la víctima, ya que estos delitos rara vez suceden a la vista de terceros.

En el recurso presentado, también enfatizaron en la omisión del tribunal al no considerar la desigualdad estructural y la situación de vulnerabilidad de la víctima. Los fiscales remarcaron que la sentencia no valoró la asimetría en la relación de pareja ni el patrón de violencia en el que estaba inmersa la joven, elementos que consideran fundamentales para comprender el contexto en el que se produjeron los hechos.

En su presentación, advierten que una lectura rápida de la sentencia permite identificar en el lenguaje del voto mayoritario la presencia de prejuicios de género y conceptualizaciones estereotipadas, que tienden a justificar o atenuar indebidamente las conductas del imputado mediante eufemismos, y a cuestionar la personalidad o el comportamiento de la víctima.

Los detalles del crimen

En la mañana del 19 de febrero de 2023, el cuerpo de Klimasauskas apareció sin vida en el patio interno de la Torre Pizarro, un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad salteña, cerca de la esquina entre la calle homónima y Arenales. Un llamado había alertado a los policías y al Cuerpo de Investigadores Fiscales, quienes se trasladaron inmediatamente hacia la escena. La única persona que acompañaba a la mujer en ese momento era García Viarengo. Días después, quedó detenido.

En su versión de los hechos mencionó que, tras salir juntos a bailar y asistir a un after, ambos regresaron al departamento, donde se produjo una discusión en la que la joven le rompió el teléfono celular. Dado que solo podría hacer llamados, se contactó con su suegra para decirle que Nahir se encontraba agresiva, y le pidió que se acercara hasta allí.

Luego, continuó diciendo que se retiró de la habitación, pero al oír un fuerte ruido regresó y, al salir al balcón, observó el cuerpo de la Klimasauskas en el patio. Bajó de inmediato, contactó nuevamente a la madre de la joven y le informó lo que acababa de ocurrir. En ese momento, según sus declaraciones, tomó la decisión de irse del lugar para evitar inconvenientes.

En el testimonio de la madre de la víctima durante el juicio, recordó la relación de la pareja como conflictiva, marcada por episodios de celos, presuntos acosos y violencia. También contó que un vecino le indicó que eran reiterados los momentos de agresiones físicas y sostuvo que la conducta del ex novio era agresiva y controladora.

Uno de los elementos documentales de la causa fue un mensaje publicado desde el perfil de Facebook de Klimasauskas la mañana del crimen. En la red social escribió: “Me arruinaste la vida Gustavo”. Para la Fiscalía, ese mensaje constituye una clave para entender la dinámica de la relación y el contexto en que se produjo la muerte.

Una mujer de 51 años, de nacionalidad china, ha sido acusada en Lille (norte de Francia) de organizar actividades de prostitución en su salón de masajes, ubicado en la comuna de Marcq-en-Barœul, en la región de Nord. El caso, que ha despertado una gran atención mediática en la zona, comenzó a investigarse tras varias denuncias de esposas de clientes habituales del establecimiento.

Las denuncias iniciales se registraron en marzo de 2025. Una de las mujeres afectadas declaró ante la policía, según informó el medio francés La Dépêche: “Mi marido frecuenta el salón de masajes Naturôzen, donde gasta mucho dinero. Tiene relaciones sexuales con una mujer china llamada Lili. Paga 200 euros cada vez. Ahora no llego a fin de mes”.

A raíz de estas múltiples quejas, las autoridades iniciaron una investigación discreta y decidieron vigilar los movimientos del salón. En las semanas siguientes, interceptaron a varios clientes a la salida del establecimiento y les preguntaron sobre los servicios recibidos.

Uno de los hombres interrogados aseguró haber recibido un masaje convencional. Sin embargo, otro cliente confesó que la masajista le había ofrecido un “servicio adicional”: “Al final del masaje, se ofreció a masajearme el pene, a lo que respondí favorablemente”, relató durante su declaración.

Las grabaciones telefónicas obtenidas por los investigadores confirmaron aún más las sospechas. De acuerdo con el expediente, los clientes habituales solicitaban distintos tipos de servicios, entre ellos “masaje prostático”, “tántrico”, “naturista con final manual” o “real”. El pago, según el informe policial, se realizaba en dos partes: una mediante tarjeta para cubrir el masaje tradicional, y otra en efectivo para abonar la parte sexual del servicio.

La defensa lo niega todo

Ante el tribunal, la gerente del salón negó de manera tajante todas las acusaciones recibidas. Aseguró que no entendía con claridad el idioma francés y que desconocía el contenido de las conversaciones que la incriminaban. “No entiendo muy bien el francés, no sabía de qué hablaban”, dijo rotundamente durante la audiencia.

La fiscalía, sin embargo, considera que existían indicios claros de organización y reiteración de los hechos. Por ello, solicitó una pena de ocho meses de prisión condicional, además de la aplicación de una orden de expulsión del territorio francés (OQTF) que ya estaba vigente en su contra.

Sentencia pendiente

El tribunal de Lille decidió aplazar la sentencia hasta el próximo 6 de noviembre, mientras se revisan las pruebas complementarias y se determina el grado de responsabilidad penal de la acusada.

El caso ha reavivado en Francia el debate sobre los límites entre los servicios de bienestar y las prácticas sexuales encubiertas, especialmente en los locales de masajes y terapias alternativas. Se trata de un sector bajo la lupa de las autoridades por su creciente vinculación con casos de explotación y prostitución irregular.

En marzo de 2025, el Gobierno francés anunció el cierre de los falsos salones de masajes donde se ejerce la prostitución encubierta, una práctica que, según la ministra de Igualdad, Aurore Bergé, “se está extendiendo por toda Francia”, como informa La Voz de Galicia. La medida busca poner fin a un fenómeno en expansión y ofrecer mayores garantías de seguridad y transparencia en un ámbito cada vez más cuestionado.

La francesa Gisèle Pelicot, convertida en un ícono feminista tras el juicio en el que enfrentó a decenas de hombres por violarla, compareció ante un tribunal el miércoles y le dijo al único acusado que aún niega haberla agredido que “nunca” le dio su consentimiento.

El ex esposo de esta mujer de 72 años admitió haberla drogado con sedantes e invitar a desconocidos a abusar de ella durante casi una década, en un caso que conmocionó al mundo.

Un tribunal francés condenó el año pasado a su ex marido, Dominique Pelicot, también de 72 años, a la pena máxima de 20 años de cárcel. Él y otros 49 hombres sentenciados en el caso no apelaron sus sentencias.

Sin embargo, Husamettin Dogan, un ex obrero de 44 años, ha defendido su inocencia, lo que llevó de nuevo a la corte a la mujer, que desafió públicamente a sus agresores argumentando que son los autores de la violencia sexual, y no las víctimas, quienes deben avergonzarse.

Gisèle Pelicot, que ha sido recibida con aplausos cada vez que llega al tribunal desde que comenzó el juicio a principios de esta semana en la ciudad de Nimes, instó el miércoles a Dogan a “asumir la responsabilidad” de sus actos.

“¿En qué momento le di mi consentimiento? Nunca”, dijo. “Asuma la responsabilidad de sus actos y deje de esconderse detrás de su cobardía”.

“Llegar hasta el final”

Los investigadores encontraron un total de 107 fotos y 14 videos de la noche en que Dogan visitó la casa de la pareja en 2019 en un disco duro perteneciente a Dominique Pelicot.

Varias de esas grabaciones, que muestran al acusado penetrándola y forzando a una Gisèle Pelicot totalmente “inerte” a practicarle felaciones, se mostraron al tribunal el miércoles antes de que ella subiera al estrado.

En los videos, los dos hombres susurran para no despertarla.

A pesar de las pruebas, Dogan, que había sido condenado a nueve años de prisión por violación, reiteró su versión de los hechos el miércoles por la mañana, en la que culpó al ex marido de la mujer, diciendo que se sentía “atrapado”.

“Quería parar. En un momento dado, empecé a sospechar mucho. Continué porque él me tranquilizó”, dijo Dogan. “Él es el manipulador, no yo. Él fue quien me atrajo allí”.

Dominique Pelicot declaró ante el tribunal el martes que Dogan había participado voluntariamente en su plan. “Nunca obligué a nadie”, afirmó, y dijo que el hombre sabía que su esposa estaría “dormida” y que le hizo todo tipo de “cosas”.

Gisèle Pelicot hubiera preferido centrarse en su futuro, declaró a la AFP uno de sus abogados, Antoine Camus. Pero sigue “asombrada por la continua negación (del acusado), a pesar de las pruebas materiales”.

“Necesita llegar hasta el final”, añadió.

(AFP)

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el ser humano para conseguir dinero? ¿Estarías dispuesto a cruzar la línea moral para hacerte con casi 100.000 euros? Una pareja en Burdeos (Francia) contestó a estas preguntas ante el tribunal. Habían estado fingiendo que tenían leucemia durante cinco años y habían conseguido estafar a muchos usuarios en línea.

Entre 2019 y 2024, una maestra de 36 años y su exmarido se dedicaron a estafar a más de miles de personas que no dudaron en realizar sus transferencias. El objetivo era ayudar con el tratamiento que ambos describían como “caro e inaccesible”. El fraude se destapó hace apenas semanas y ambos ya han declarado su versión ante el tribunal.

Cómo empezó todo

La investigación es muy reciente y los detalles aún van se están revelando poco a poco. Lo que ya sabemos es que todo empezó en 2019, cuando la pareja de la profesora decidió mudarse a España. Se trasladó a la península para continuar con su formación académica, ella con miedo a que no quisiera regresar empezó a crear un plan que ahora le puede costar la cárcel. Creó un diagnóstico falso, se inventó una remisión de la enfermedad y posteriormente cuando fue madre informó de que su hijo también padecía un linfoma.

La trama se alargó por años, donde compartía en redes sus falsos diagnósticos, recaídas y enlaces para que pudieran realizar transferencias. El dinero supuestamente era para financiar células madre para su tratamiento. Todo el mundo se volcó en las donaciones consiguiendo una cifra final de 82.700 euros. La investigación ha revelado que el dinero se utilizó para comprar un teléfono inteligente, una caseta de jardín, viajes e incluso una camioneta, según informa Nice-Matin.

La sentencia final

Cuando la pareja de la maestra regresó de España y observó los beneficios de la estafa, no dudo en sumarse. Ambos compartían imágenes rapados y rápidamente la cifra empezó a subir. El actual exmarido confiesa haberse unido al fraude “con total confidencialidad”. Cada vez todo iba a más, empezaron las fotos en el hospital y la exhibición de documentos falsos a diario. Un plan que a pesar de parecer realista no tardó en destaparse.

El pasado jueves, ambos comparecieron ante el tribunal. Todas las pruebas se pusieron sobre la mesa, además de demostrar que tanto ellos como su hijo están totalmente sanos. Se demostró que se trataba de una cabeza afeitada y no de unas consecuencias a la quimioterapia. Ella, durante la audiencia, acurrucada en su silla, admitió “haberse enredado en mentiras y dijo que sentía enormemente por aquellos que realmente estaban luchando contra la enfermedad”.

La fiscalía ha pedido para la pareja 12 meses de prisión. La sentencia se ha aplazado hasta el 30 de octubre, cuando sabremos si finalmente acudirán a la cárcel. Mientras tanto, ya están sentenciados al castigo público y los usuarios no han dudado en reclamar su dinero y recordarles “lo malos padres que son”. Las redes arden ante este salto en la línea moral para conseguir dinero, bajo el lema de “no todo vale” se han creado varias campañas donde se cancela de manera rotunda a la pareja.

Según declaraciones recogidas por el medio Europa Press, la madre de Tyler Robinson lo identificó ante las autoridades utilizando fotografías divulgadas oficialmente. La madre comunicó a los investigadores que su hijo había acusado a Charlie Kirk de ser un difusor de odio. Este elemento resultó clave en la investigación, dentro del contexto del caso en el que Robinson, de 22 años, enfrenta cargos relacionados con la muerte del activista estadounidense Charlie Kirk.

Tal como señaló Europa Press, el Fiscal del Condado de Utah, Jeff Gray, anunció este martes que solicitará la pena de muerte para Robinson, imputado por el asesinato agravado de Kirk. La acusación formal incluye, según detalló Gray en rueda de prensa, delitos adicionales como dos cargos de obstrucción a la justicia, un cargo agravado por disparar un arma causando lesiones corporales graves, dos cargos de manipulación de testigos y otro cargo por cometer un acto violento en presencia de un menor.

En su intervención, Gray calificó el asesinato de Charlie Kirk como una tragedia para los Estados Unidos y precisó que la víctima fue asesinada en un contexto en el que ejercía el derecho al libre intercambio de ideas. El fiscal manifestó: “El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense (...) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz”, cita publicada por Europa Press.

El origen de los cargos por manipulación de testigos radica, según explicó Gray y como recogió Europa Press, en la supuesta orden de Robinson a su compañero de piso para que eliminara mensajes de texto y evitara prestar declaraciones sobre los hechos. Este intento de alterar o suprimir pruebas forma parte del expediente judicial que la fiscalía local ha presentado ante la corte.

La agenda judicial establecida indica que Robinson comparecerá por primera vez ante el tribunal este martes a las 17:00 horas (hora local), en una audiencia virtual. Al momento del reporte de Europa Press, el acusado se encontraba detenido sin posibilidad de fianza y no se había confirmado si contaba con representación legal.

El activista Charlie Kirk, identificado en medios estadounidenses por su ideología ultraconservadora, se convirtió en víctima de un incidente violento que, según la Fiscalía del Condado de Utah, ocurrió en presencia de un menor, lo que añade agravantes a la acusación. Europa Press reportó que Robinson enfrenta además un cargo grave por uso de arma de fuego, ya que el disparo causó lesiones corporales graves, un hecho que la fiscalía interpreta como motivo suficiente para la acumulación de los cargos más severos.

Según la reconstrucción oficial difundida por las autoridades y recogida por Europa Press, la identificación del sospechoso por parte de su madre surgió después de la publicación de imágenes del caso, lo que permitió acelerar la investigación y derivó en el arresto de Robinson.

La Fiscalía comunicó que la recopilación de pruebas, entre ellas los intentos de manipulación de testigos y la evidencia de violencia frente a un menor, sostiene la petición de máxima pena contra el imputado. Los argumentos de la fiscalía se centran en proteger el ejercicio del derecho a la libre expresión y sancionar conductas que atenten contra este principio.

Hasta el momento, las fuentes oficiales citadas por Europa Press no han precisado detalles sobre la defensa legal de Robinson ni se ha anunciado si la audiencia aportará novedades en este aspecto. La investigación continúa bajo la coordinación de las autoridades del Estado de Utah.

El número de contacto y la disponibilidad de imágenes y material audiovisual sobre el caso pueden consultarse en la sección de Internacional de Europa Press Televisión.

Jeff Gray, fiscal del condado de Utah, explicó que los cargos de manipulación de testigos en contra de Tyler Robinson se deben a que el acusado solicitó a su compañero de piso eliminar mensajes de texto y no hablar con las autoridades, según recogió el medio. La madre de Robinson identificó a su hijo a partir de las imágenes difundidas por las autoridades, y manifestó que Robinson responsabilizaba a Charlie Kirk de "propagar odio". De acuerdo con la información publicada por la fiscalía y citada por diversos medios, Robinson, de 22 años, se encuentra bajo custodia sin derecho a fianza y participará en su primera audiencia ante el tribunal a través de videoconferencia, programada para las 17:00 horas locales (23:00 en horario peninsular de España).

Tal como informó la Fiscalía de Utah, Robinson enfrenta un proceso judicial tras haber sido acusado formalmente de varios delitos graves, incluyendo asesinato agravado. El caso tiene como contexto el homicidio de Charlie Kirk, un destacado activista ultraconservador estadounidense, ocurrido durante un evento público donde participaba. El fiscal Gray declaró en rueda de prensa que la acusación principal deriva de la muerte de Kirk mientras ejercía lo que definió como uno de los derechos más protegidos en Estados Unidos: el libre intercambio de ideas. Para Gray, este crimen representa no solo una ofensa individual, sino también contra el Estado y el orden público.

El medio detalló que la solicitud de pena de muerte se produce después de una investigación que incluyó el análisis del comportamiento del sospechoso tras el hecho. Además del cargo de asesinato agravado, Robinson enfrenta dos cargos por obstrucción a la justicia, derivadas de acciones posteriores al incidente, y un delito grave por uso de arma de fuego resultando en lesiones corporales graves. A estos se suman dos acusaciones por manipulación de testigos y por la comisión de un acto violento en presencia de un menor, reveló el fiscal del condado en su comparecencia ante los medios.

Durante esa comparecencia, Gray aseguró: “El asesinato de Charlie Kirk es una tragedia estadounidense (…) Fue asesinado mientras ejercía uno de nuestros derechos estadounidenses más sagrados y preciados, la piedra angular de nuestra república democrática: el libre intercambio de ideas y la búsqueda de la verdad, la comprensión y una unión más perfecta. También es una ofensa contra el Estado y contra la paz”. Esta declaración, recogida por varios medios, contextualiza la relevancia pública del hecho y el motivo por el cual se solicitará la máxima condena contemplada por la ley.

Según consignó la prensa local, la información recabada por la fiscalía detalla que la madre de Robinson fue determinante en la identificación del sospechoso, alertando a las autoridades al reconocerlo en las imágenes difundidas. Adicionalmente, la fiscalía incorporó a la investigación el testimonio de la madre, quien habría señalado que su hijo tenía un conflicto personal con la figura pública de Kirk, a quien acusaba de difundir mensajes de odio.

La acusación formal contra Robinson menciona que tras el crimen, este contactó a su compañero de vivienda, solicitándole que borrara todo rastro de mensajes entre ambos y le instó a no colaborar con la investigación. De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio, tales acciones habrían motivado los cargos adicionales por manipulación de testigos y obstrucción a la justicia.

Robinson se encuentra actualmente en régimen de detención preventiva, sin acceso a fianza, y a la espera del desarrollo del proceso judicial. Hasta el momento, no se ha informado si dispone de representación legal. El fiscal Gray reafirmó que, en virtud de la gravedad de los hechos y la naturaleza de los cargos, el Estado de Utah solicitará que se aplique la pena máxima contra el acusado.

En Francia, un caso reciente ha vuelto a poner en primer plano la protección de los derechos laborales de los empleados públicos frente a decisiones unilaterales de las administraciones. Un tribunal ha resuelto un conflicto surgido cuando un trabajador municipal, afectado por problemas de espalda, fue apartado de su puesto y forzado a jubilarse.

Según indicó Le Parisien, el Tribunal Administrativo de Rouen dictó este viernes una sentencia a favor de un antiguo trabajador de los servicios de espacios verdes del Ayuntamiento de Gaillon (Eure), que había sido jubilado sin su consentimiento por “discapacidad” y apartado de la plantilla en enero de 2024, tras un proceso iniciado por decisión de la autoridad municipal local.

Obligado a jubilarse

La sentencia pone el foco sobre un conflicto laboral originado tras reconocerse al empleado una lesión de espalda diagnosticada como “lumbalgia con dolor radicular”. El afectado recurrió a la justicia administrativa tras constatar que la decisión tuvo “efectos retroactivos sobre su situación personal”.

El protagonista de esta historia es un hombre que fue contratado como empleado temporal en 2008 y pasó a ser fijo solo un año después. Desde entonces, trabajó en el servicio de espacios verdes del Ayuntamiento de Gaillon, hasta que la administración local decidió apartarlo de su puesto y forzarlo a jubilarse por motivos de salud. Esta decisión cambió su vida sin que se exploraran alternativas laborales.

Según la versión de su abogada, Lucile Matrand, la sentencia destaca que el ayuntamiento no valoró otras opciones antes de imponerle la jubilación. El tribunal consideró que debieron haberse propuesto cambios en sus condiciones laborales para permitirle realizar funciones adecuadas a su salud, en vez de optar directamente por separarlo de la plantilla.

Resolución judicial

La disputa también llegó a la Caja Nacional de Jubilaciones de los Empleados de las Administraciones Locales (CNRACL), responsable de calcular la pensión del trabajador. Esta entidad determinó que el empleado presentaba un “porcentaje de invalidez del 10%”. Esta cifra fue clave para fijar la cuantía de su pensión y que debía ser considerado a la hora del finiquito y la jubilación anticipada.

Según la abogada del trabajador, esta cifra no reflejaba su verdadera situación médica y resultaba injusta. Además, la CNRACL no tuvo en cuenta el último ascenso que recibió el empleado, aunque se había producido 25 días antes de que terminara su tiempo de servicio útil para la jubilación.

La propia caja de pensiones sospechó que este ascenso, autorizado por el ayuntamiento, tenía como objetivo aumentar la pensión futura del trabajador. Sin embargo, el tribunal consideró que ni el ascenso ni los informes médicos justificaban que el trabajador fuera expulsado sin antes intentar cambiarlo a otro puesto que se adaptara a sus condiciones.

La justicia ordenó al Ayuntamiento de Gaillon reincorporar al trabajador y pagarle los salarios y cotizaciones sociales acumulados desde septiembre de 2022. También deberá revisar si el empleado puede ocupar otro puesto antes de enero de 2026. Además, el ayuntamiento tendrá que pagar 1.500 euros al trabajador en concepto de honorarios legales.

¿Un policía de paisano cobra por uniforme? Un reciente fallo judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha avalado el derecho de un agente de la Policía Nacional destinado en la Región a percibir la indemnización de 498 euros anuales por vestuario pese a prestar servicio sin el uniforme.

El tribunal ha considerado que no se puede privar a los policías de esta compensación cuando, por las características de su puesto, desempeñan sus funciones fuera del uniforme reglamentario. Este caso podría sentar un precedente para otros integrantes de cuerpos policiales con situaciones similares.

Derecho a cobrar por uniforme

En la resolución, la Sala examina la reclamación del agente, quien desempeñaba tareas propias en unidades de investigación y denunció la supresión del cobro del plus de vestuario. El tribunal estudió las órdenes internas y las demandas del policía contra la retirada del pago de la cantidad asociada al mantenimiento del uniforme.

La sentencia argumenta que el hecho de no utilizar el uniforme no exime de la necesidad de mantener cierta imagen institucional y de incurrir en gastos vinculados a la labor policial. Por ello, establece que corresponde abonar la indemnización y reconoce el derecho del funcionario a percibir la cuantía de 498 euros anuales.

Según el fallo, la administración “no puede dejar de abonar la indemnización por vestuario mientras el agente ostente la condición de funcionario público y realice labores para el cuerpo, independientemente de si porta o no la uniformidad reglamentaria”. Además, el tribunal ha recordado que la normativa interna prevé compensaciones cuando el servicio conlleva condiciones complicadas, e interpreta el pago del plus de vestuario como una extensión de este principio.

El abogado del agente afectado aseguró que “la prestación de servicios de investigación y paisano debe ser reconocida en todos los aspectos retributivos”. Consiguió convencer al tribunal y cumplir con su cometido, logrando que su representado reciba la indemnización correspondiente.

Posibles efectos para otros agentes

La decisión puede tener impacto en otras reclamaciones de miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en similares condiciones. Según el contenido de la sentencia, la administración deberá abonar los atrasos generados y regularizar el pago del plus mientras se mantengan las circunstancias de trabajo de paisano.

Según la sentencia, la administración se ve obligada a modificar sus criterios internos para ajustarse a este dictamen, lo que implica un cambio relevante en la gestión de las dotaciones económicas por vestuario en unidades destinadas a labores no uniformadas. El fallo deja la puerta abierta a futuras reclamaciones administrativas por parte de otros agentes que, por su especialidad, también puedan quedar excluidos de este complemento.

Ya se estarían preparando nuevos recursos en diferentes comunidades autónomas para exigir la extensión de esta indemnización, al considerar que la sentencia crea un precedente de interpretación normativa a nivel nacional. Diversas asociaciones de afectados y plataformas ciudadanas han iniciado contactos con despachos jurídicos especializados para coordinar futuras acciones legales. Esto podría provocar una oleada de indemnizaciones en los próximos meses.

Desde que un jurado popular la declaró culpable y fue condenada a prisión perpetua, la defensa de la enfermera Brenda Agüero, principal responsable por la muerte de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho recién nacidos, busca obtener la nulidad del juicio. En este sentido, se conoció que la Cámara de Casación aceptó los planteos presentados por los abogados, los cuales deberá analizar y expedirse.

Los letrados Gustavo Daniel Nievas y Juan Manuel Rivero presentaron un extenso recurso ante los jueces José Daniel Cesano, Norma Patricia Soria y Laura Mercedes Huberman en donde dieron los motivos por los cuales consideran que el proceso presentó irregularidades. Argumentaron que no se respetaron los principios de la sana crítica ni el de razón suficiente, lo que, en su criterio, determinó que el proceso judicial fuera arbitrario y afectara derechos constitucionales como el principio de inocencia, el derecho a una sentencia fundada y la garantía del debido proceso.

De acuerdo con lo indicado por el portal Tiempo Judicial, los abogados hicieron mención de una valoración deficiente de la prueba, la falta de certeza sobre la participación directa de la profesional de la salud y cuestionaron la solidez científica de los peritajes utilizados en la causa. Agüero fue condenada en primera instancia por el delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso, reiterado en cinco hechos, y homicidio calificado en grado de tentativa, reiterado en ocho casos, todos en concurso material, en relación con las muertes ocurridas en el hospital durante 2022.

La acusación sostuvo que la enfermera administró intencionalmente sustancias letales a los recién nacidos, una afirmación cuestionada de manera enfática por su defensa.

Además, apuntaron nuevamente a supuestas irregularidades durante la selección del jurado popular. Denunciaron que Melina Abril Soria, una de las juradas seleccionadas que deliberó y votó por la culpabilidad o inocencia de los 11 acusados que tuvo el proceso, habría omitido información relevante para evitar ser excluida. La mujer reveló que había atendido su embarazo en el Hospital Neonatal de Córdoba, mientras ocurrían los crímenes, y que conocía a una imputada que resultó absuelta. “Cuando me enteré lo que estaba pasando dejé de hacerme los controles ahí. Mi bebé nació en octubre”, dijo la mujer tras finalizar el juicio.

Este planteo se había llevado a cabo un mes atrás por los dos abogados defensores, en donde acusaron graves faltas al principio de imparcialidad y un “ocultamiento deliberado” de información crucial. Sin embargo, este pedido había sido rechazado. Según pudo corroborar Infobae con fuentes oficiales del caso, Soria consignó en la declaración jurada que completó al ser citada por la Justicia que “se atendía en el sistema de Salud Pública”, pero no precisó que lo había hecho, al menos temporalmente, en el Neonatal.

Por otro lado, la presentación recurre a la falta de pruebas materiales que vinculen a la condenada con la administración de inyecciones letales. Nievas y Rivero argumentaron que “ninguna persona vio a la enfermera aplicar una sustancia a los bebés”. Junto a esto, el escrito destaca las supuestas inconsistencias metodológicas de la pericia psicológica, la parcialidad y las dudas en las pruebas toxicológicas y la solidez “débil” de los estudios forenses que sustentaron, entre otros elementos, la condena original. Para los abogados, las pruebas incorporadas durante el proceso son, en gran medida, circunstanciales y no permiten sostener una condena de la gravedad aplicada en primera instancia.

En paralelo, el tribunal también hizo lugar a los recursos interpuestos por los representantes legales de la ex directora Liliana Asís y de otros ex funcionarios y personal del hospital que habían sido condenados por delitos como encubrimiento o incumplimiento de deberes. Con este fallo se abre así la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés revise nuevamente el desarrollo del proceso judicial. A partir de entonces los magistrados deberán pronunciarse al respecto.

En los momentos posteriores a un despido, muchos trabajadores cometen el grave error de borrar las conversaciones que mantienen con sus superiores y compañeros de trabajo, según alerta el abogado laboralista Juanma Lorente. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@juanmalorentelaboralista), el letrado expone que este acto impulsivo, propiciado por el enfado y la decepción tras la ruptura laboral, puede perjudicar gravemente los derechos del trabajador en un eventual procedimiento judicial.

El valor probatorio de los mensajes ante un tribunal

“La mayoría de las pruebas que pueden hacerte ganar un juicio, ya sea por horas extras, ya sea por la razón real del despido, ya sea por cualquier cosa, se encuentran en las conversaciones con tu jefe, en los grupos de WhatsApp con tus compañeros o incluso en conversaciones privadas con ellos”, afirma Juanma Lorente en su intervención.

El abogado recalca que borrar estos mensajes elimina de forma irreversible evidencias que, en un futuro, podrían constituir un elemento clave para defender intereses laborales ante un tribunal. Lorente considera que este consejo suele pasarse por alto: “Estoy seguro que esto no te lo ha dicho ningún abogado aquí en redes sociales, pero hazme caso, no borres las conversaciones con tu jefe y te alegrarás el día de mañana”.

Comportamientos tras el despido: el riesgo de las decisiones impulsivas

Según detalla Lorente en el vídeo, la reacción inicial de muchos empleados tras ser despedidos suele estar marcada por la frustración: “Se pilla un enfado brutal cuando le despiden y se sale de todos los grupos, borra conversaciones con los compañeros, borra conversaciones con los jefes. Y eso es un gran error, amigo mío”, relata el abogado laboralista.

Asimismo, el letrado advierte de que este comportamiento impulsivo, motivado por “el enfado”, puede desembocar en la pérdida de derechos y dificultar el ejercicio de reclamaciones laborales futuras. Lorente remarca: “Si no borras esas conversaciones, partimos de un punto mucho mejor que si te enfadas y empiezas a borrar una conversación tras otra”, subraya.

Es importante ser previsor y precavido

Lorente subraya la importancia de la prevención en materia de relaciones laborales. Aunque la situación del empleado con la empresa sea aparentemente estable, el abogado llama a actuar con cautela y conservar todos los registros comunicativos: “Porque ahora que estás viendo este vídeo está la cosa bien con tu empresa, te encuentras bien, todo el mundo se entiende, pero cuando las cosas se tuercen, que es posible que se tuerzan, agradecerás tener esas conversaciones.”

Con ese mensaje, el abogado insta a sus seguidores a pensar seriamente las consecuencias que pueden acarrear ciertas decisiones tomadas en un momento de agitación emocional, como puede ser un despido. Además, recuerda que, aunque parezcan simples mensajes rutinarios, “en las conversaciones con tu jefe puede haber pruebas importantes que desaparecen si las borras”.

Es por por este motivo que Lorente insiste en la necesidad de conservar todas las pruebas posibles que puedan respaldar una futura demanda, siendo el contenido digital uno de los elementos más valiosos en la actualidad.

A pesar del rechazo impuesto por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mar del Plata, a los pedidos de libertad condicional de dos ex miembros de la Policía Bonaerense condenados por el crimen de Natalia Melmann, este martes se llevará a cabo una nueva audiencia para tratar este tema pero ante la Cámara Penal de Apelaciones N° 1 de la ciudad.

Los pedidos habían sido presentados por las defensas de Oscar Echenique y Ricardo Anselmini, quienes cumplen una pena de prisión perpetua por el asesinato de la adolescente ocurrido en la localidad de Miramar el 4 de febrero de 2001. Los fundamentos del rechazo emitidos por el tribunal hicieron hincapié en el comportamiento de los implicados.

La decisión se conoció el 12 de agosto y, de inmediato, la defensora oficial Patricia Perelló, a cargo de la representación legal de los acusados, presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones, el cual será tratado hoy, según consignó el portal Punto noticias.

Ante los medios, el padre de Natalia, Gustavo Melmann había declarado la semana pasada: “Quedamos conformes, aunque aún resta una instancia que suele favorecer a los responsables de este crimen”, en relación con lo que va a resolver en la jornada de este martes.

Oscar Echenique conserva actualmente el permiso de salidas transitorias concedido en diciembre pasado, lo que le autoriza a salir del penal los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20, cumpliendo con estrictos controles. Esta resolución fue rubricada por los jueces Pablo Poggetto y Gastón de Marco, quienes dispusieron que la medida se ejecute en una vivienda del barrio San Eduardo del Mar, bajo la custodia y responsabilidad exclusiva de su hermana.

En cuanto a Anselmini, la Justicia le había otorgado un régimen comparable, habilitándolo a dejar la prisión dos domingos al mes. Esa autorización fue cancelada en octubre tras un incidente registrado por vecinos, quienes lo vieron transitando por una plaza en dirección a un comercio, hecho que provocó preocupación y rechazo social.

En el expediente permanecen detenidas otras dos personas. Uno es el ex policía Ricardo Alfredo Suárez, sentenciado a prisión perpetua en septiembre de 2002 luego de ser hallado culpable de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por multiplicidad de autores y homicidio criminis causa”.

Mientras tanto, el otro es Ricardo Panadero, quien fue absuelto en dos juicios diferentes por falta de pruebas. No obstante, en 2019, la anulación de esas absoluciones por el Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó un nuevo proceso en su contra. Finalmente, en 2023, recibió una condena a perpetua por “privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de al menos dos personas y por haber sido cometido para garantizar la impunidad”.

A su vez, se espera que esta semana se ejecute finalmente la extracción de ADN a tres efectivos policiales que deberán someterse al análisis para poder comparar su perfil genético con el del quinto sospechoso del femicidio. Los agentes habían sido citados por la Justicia semanas atrás y, bajo distintos argumentos, no se presentaron a realizar la prueba.

Según comunicó La Capital de Mar del Plata, la extracción está programada para este jueves y la fecha fue confirmada por allegados a la familia de la víctima. Los policías involucrados son Ángel Custodio Sánchez, Osvaldo Alfredo Sissi y José Luis Morillo, quienes ya habían recibido una citación el 8 de julio junto a otros tres miembros de la fuerza. Tras negarse en esa primera oportunidad, la Justicia reiteró la convocatoria, exigiendo que concurran a la Sede de Asesoría Pericial de Mar del Plata para la toma de sangre correspondiente.

La finalidad de este procedimiento es intentar identificar al quinto agresor, cotejando los perfiles genéticos de los policías mencionados con el único ADN no identificado que fue hallado en el cuerpo de la víctima. El análisis permitirá determinar si existe compatibilidad con alguno de los condenados.

El Tribunal Supremo ha dejado claro un tema que afecta a muchas familias con custodia compartida en España. Según una reciente sentencia, un padre que comparte la custodia de sus hijos no puede incluirlos en la solicitud del Ingreso Mínimo Vital (IMV) si los menores están empadronados solo en el domicilio de la madre, aunque en la práctica vivan una parte del tiempo con cada uno.

Este caso empezó cuando un padre pidió la ayuda como familia junto a sus hijos, pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la solicitud porque los niños estaban oficialmente domiciliados con la madre. El tribunal explica que el padre hizo la solicitud en julio de 2020 porque tenía problemas económicos y vivía algunos días con sus dos hijos.

A pesar de ello, los menores figuraban empadronados solo con la madre, así que el INSS le negó la ayuda. El padre recurrió porque pensaba que la custodia compartida era suficiente para considerarlos parte de su familia, pero el Supremo no le ha dado la razón, de manera que no podrá recibir esta ayuda.

La importancia del domicilio

Durante el juicio, el Supremo recordó que la ley pide que todos los miembros de la familia vivan de forma oficial en la misma casa para poder sumar a los hijos en la solicitud del IMV. Según la sentencia, vivir en la misma vivienda es lo que marca que existe unidad familiar para esta ayuda, y añade que los hijos no pueden pertenecer a dos familias a la vez si no residen en casa del solicitante.

Aunque la custodia sea compartida, la norma —el Real Decreto-ley 20/2020 que regula el IMV— dice que, en estos casos, solo cuenta la unidad familiar donde los menores están empadronados de forma oficial. En el artículo 10.4 de esa ley se explica que, cuando hay custodia compartida, se tiene en cuenta solo el domicilio donde figuran inscritos los hijos, a la hora de calcular la ayuda.

Esto significa que ambos progenitores no pueden beneficiarse a la vez de la ayuda como si los hijos vivieran oficialmente con los dos. Solo uno, el que aparece en el padrón junto a los menores, podrá pedir cantidades de IMV por tener hijos a su cargo, independientemente de la custodia.

Problemas para las familias con custodia compartida

La sentencia admite que esta norma puede causar problemas, especialmente cuando un progenitor con custodia compartida pero sin empadronar a los hijos con él se encuentra en una mala situación económica. El fallo reconoce que puede pasar que quien tiene a los menores empadronados tenga dinero suficiente, mientras que el otro padre o madre carece de recursos para cuidar de los hijos.

El texto añade que la ley es clara y no deja opciones para compartir la ayuda ni para dividirla entre los dos padres. Según el Supremo, aplicar la ley tal cual impide otras interpretaciones más flexibles. Esta decisión marcará futuras solicitudes del IMV en casos parecidos, y aclara cómo deben proceder las familias con custodia compartida y el tema del empadronamiento de los menores.

La mujer fue detenida inicialmente en 2017 en Brasil, en su domicilio en el estado de Rio Grande do Norte, cuando se encontraba en posesión de 3.800 gramos de cannabis y se hacía pasar por otra persona, detallaron las autoridades en un comunicado este lunes.

En 2021 fue condenada a una pena de seis años de prisión, cuya sentencia se iba a ejecutar en 2024, momento en el que ya se encontraba en Portugal.

Tras comparecer ante un tribunal, se le prohibió salir del país, se le retiró el pasaporte y se le ordenó permanecer en su domicilio, con vigilancia electrónica. EFE

El juicio por el crimen de Nahir Nuri Klimasauskas, ocurrido en febrero de 2023, comenzó este jueves y tiene como único acusado a su ex pareja, Gustavo García Viarengo (30), quien se encontraba con ella el día en que su cuerpo fue hallado en el patio interno de un edificio en Orán. En las primeras declaraciones, aseguró que la mujer de 27 años se había arrojado del cuarto piso. Sin embargo, quedó detenido inmediatamente.

Ante el Tribunal integrado por los jueces Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, el acusado por homicidio agravado por la relación de pareja y en un contexto de violencia de género, se declaró inocente. En su relato dio detalles de la relación que mantenía con la víctima y aseguró que atravesaban diversas dificultades. Según indicó el portal El Tribuno, describió a la víctima como una persona que sufría depresión y seguía un tratamiento con medicación, alegando que él intentaba ayudarla.

En la mañana del 19 de febrero de 2023, el cuerpo de Klimasauskas apareció sin vida en el patio interno de la Torre Pizarro, un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad salteña, cerca de la esquina entre las calle homónima y Arenales. Un llamado había alertado a los policías y al Cuerpo de Investigadores Fiscales, quienes se trasladaron inmediatamente hacia la escena. La única persona que acompañaba a la mujer en ese momento era García Viarengo. Días después, el dueño de la distribuidora de alimentos quedó detenido.

En su versión de los hechos mencionó que, tras salir juntos a bailar y asistir a un after, ambos regresaron al departamento, donde se produjo una discusión en la que la joven le rompió el teléfono celular. Dado que solo podría hacer llamados, se contactó con su suegra para decirle que la mujer se encontraba agresiva, y le pidió que se acercara hasta allí.

Luego, continuó diciendo que se retiró de la habitación, pero al oír un fuerte ruido regresó y, al salir al balcón, observó el cuerpo de la Klimasauskas en el patio. Bajó de inmediato, contactó nuevamente a la madre de la joven y le informó lo que acababa de ocurrir. En ese momento, según sus declaraciones, tomó la decisión de irse del lugar para evitar inconvenientes.

La primera jornada también contó con el testimonio de la madre de la víctima. “Ay mamá, ya te llamo, ya voy”, fueron las palabras de la chica. Por detrás escuchó a García Viarengo decir que ya la llevaba con ella.

Esperó noticias, pero después de 15 minutos otro llamado le confirmaba la muerte de su hija y la decisión del acusado de retirarse del lugar. En su relato, recordó la relación de la pareja como conflictiva, marcada por episodios de celos, presuntos acosos y violencia. Contó que un vecino le indicó que eran reiterados los momentos de agresiones físicas y sostuvo que la conducta del ex novio era agresiva y controladora.

Uno de los elementos documentales de la causa fue un mensaje publicado desde el perfil de Facebook de Klimasauskas la mañana del crimen. En la res social escribió: “Me arruinaste la vida Gustavo”. Para la Fiscalía, ese mensaje constituye una clave para entender la dinámica de la relación y el contexto en que se produjo la muerte.

Al finalizar la etapa de testimonios, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio y reanudar la audiencia el lunes 11. El juicio continuará la próxima semana con la comparecencia de nuevos testigos, la presentación de pruebas forenses y los alegatos de las partes, en medio de una fuerte repercusión pública y seguimiento por parte de organizaciones que trabajan en la problemática de violencia de género en la provincia de Salta.

Virginia Huynh, cuyo testimonio aparecía bajo el nombre "Víctima 3" en la acusación de la Fiscalía, inculpó a Diddy de obligarla a participar en maratones sexuales o "freak offs" con prostitutos y de ser violento con ella durante su relación sentimental.

Su relato, junto al de la cantante Cassie Ventura y una mujer anónima que compareció ante el tribunal bajo el seudónimo genérico de Jane, sirvió para procesar a Combs, que desde el año pasado permanece detenido en una prisión de Nueva York.

"Nuestra relación, como muchas, no fue siempre perfecta; tuvimos altibajos y se cometieron errores, pero él estuvo dispuesto a reconocerlos y a tomar mejores decisiones en el futuro. A lo largo de los años siguientes, hizo esfuerzos visibles por ser mejor persona y reparar el daño causado", escribe Huynh en la misiva, presentada por los abogados de Combs al juez federal Arun Subramanian.

Huynh asegura que su ahora exnovio "no ha sido violento durante muchos años y ha estado comprometido ante todo con su rol de padre".

El pasado julio, tras un juicio de dos meses en Nueva York, Diddy fue declarado culpable de transporte para ejercer la prostitución, siendo absuelto de los cargos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado.

Tras el veredicto, su equipo legal pidió su libertad bajo una fianza de un millón de dólares, pero Subramanian rechazó la solicitud argumentando que Combs supone un peligro para sus exnovias, contra las que ejerció violencia física de manera frecuente.

La semana pasada, sus abogados volvieron a pedir su excarcelación hasta la lectura de la sentencia -fechada para el próximo 3 de octubre-, esta vez con una fianza de 50 millones de dólares, una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía.

En su carta, Huynh considera que Combs no representa un peligro para ella ni para la sociedad, y hace referencia a que, durante la investigación y el proceso judicial, "ha sido cooperativo y respetuoso".

"De ser liberado, confío en que Combs cumplirá todas las condiciones impuestas y no pondrá en riesgo su libertad ni el bienestar de su familia. Permitirle estar en casa también favorecerá el proceso de sanación para todos los involucrados", agrega.

Estaba previsto que Virginia Huynh testificara en el juicio del rapero, pero durante la selección del jurado la Fiscalía reconoció al juez que no había podido contactar con ella ni con su equipo legal, y finalmente no apareció en la corte.

Ventura y Jane, sin embargo, sí testificaron contra el rapero, acusándolo igualmente de forzarlas a participar en "freak offs" y de agredirlas sexual y físicamente. EFE

"Juzgaremos a todos los responsables, absolviendo a quienes no tengan pruebas en su contra, condenando a quienes las tengan, pero juzgando, ejerciendo nuestra función judicial y sin acobardarnos ante amenazas, vengan de aquí o de cualquier otro lugar", dijo el magistrado, en un discurso en el plenario de la corte, en Brasilia. EFE

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Granada desestimó el pasado mes de abril el recurso de apelación presentado por un padre que solicitaba extinguir o reducir la pensión alimenticia de su hija mayor de edad. La sentencia, dictada bajo la ponencia de la magistrada María Dolores Segura Gonzálvez, confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Motril, que ya había rechazado modificar la pensión establecida desde 2005.

El padre, identificado como Bartolomé, y cuya profesión es de arquitecto superior, pedía que se eliminara la pensión —o al menos se rebajara a 50 euros mensuales durante un año— argumentando una precaria situación económica y la inexistencia de relación con su hija. Sin embargo, el tribunal concluyó que “no queda acreditada una modificación de las circunstancias que aconseje ni la supresión, ni la reducción de la misma” y que, por tanto, no se justifica ningún cambio en la pensión fijada en 400 euros mensuales desde 2005.

En su recurso, el apelante alegaba un “error en la valoración de la prueba” y esgrimía la falta de relación con su hija como argumento para cesar la obligación alimenticia. Sin embargo, la Audiencia recuerda que la modificación de medidas requiere una alteración de circunstancias, como recoge el artículo 90 del Código Civil. La sentencia recoge que esta alteración debe ser “verdaderamente trascendente”, “no imputable a la voluntad del solicitante”, así como duradera o estable en el tiempo y no provocado por la propia persona que pide el cambio.

Si no mejoró su situación económica fue “por decisión y voluntad propia”

El texto deja claro que el padre “mantenía su actividad profesional” antes del inicio del proceso judicial en 2020, y que si no mejoró su situación económica fue “por decisión y voluntad propia”. “No puede entenderse que el actor haya sufrido desde el dictado de la sentencia del año 2005 la situación de precariedad económica que afirma”, se recoge. El tribunal señala que, incluso en los extractos bancarios, figuran ingresos relacionados con proyectos de obra, además del pago de cuotas al Colegio de Arquitectos. También consta que es titular de inmuebles y fincas, lo que evidencia “signos de contar con patrimonio”. “El actor cuenta con signos evidentes de contar con patrimonio y ello se desprende de la declaración de IRPF de 2021 en el que figura como titular de dos inmuebles de naturaleza urbana en Granada”, añaden.

En cuanto al vínculo afectivo, la Sala reconoce que la relación entre padre e hija es nula, pero enfatiza que “no se ha demostrado que la falta de relación sea imputable de modo principal y relevante a la hija”. Incluso se comprobó que fue la joven quien intentó un acercamiento por medio de mensajes, sin respuesta efectiva por parte del progenitor.

El tribunal recuerda que “para apreciar esa causa de extinción de la pensión ha de aparecer probado que la falta de relación manifiesta entre padre e hijos, sobre la que no existe duda, era, de modo principal y relevante, imputable a éstos”. Además, la hija aún no es económicamente independiente, ya que está finalizando sus estudios universitarios y solo ha trabajado 45 días, hecho que “no acredita independencia económica ni disminución de sus necesidades”.

Por todo ello, la Audiencia considera desproporcionado fijar una pensión de solo 50 euros, incluso “en supuestos de familias desestructuradas”, ya que “no podría considerarse un importe digno para atender las necesidades de los hijos”.

El régimen de Venezuela anunció la instalación de un “tribunal móvil” dirigido a la atención de la población del Esequibo, territorio de cerca de 160.000 kilómetros cuadrados que el país disputa con Guyana. Este territorio está administrado por Guyana, aunque ambos países reclaman su soberanía.

Por medio de Telegram, la Gobernación de Guayana Esequiba –entidad que Venezuela considera su estado número 24– informó que el tribunal ofrecerá servicios como trámites de divorcios, cédulas de identidad, rectificación de partidas de nacimiento y otros. No se especificó la ubicación exacta del tribunal.

La medida fue posible con el apoyo del gobernador Neil Villamizar, la Fundación de Acción Social Esequibo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El mes anterior, Villamizar había señalado que se realizarían jornadas de emisión de documentos para los habitantes del Esequibo y que se entregarían más de 5.000 mesas de estudio en escuelas de las poblaciones designadas provisionalmente por Venezuela como parte de la zona en disputa.

El 24 de junio, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF), brigadier Omar Khan, calificó el reclamo venezolano sobre el Esequibo como “más un teatro político que una amenaza militar”.

Khan subrayó: “La reclamación de Venezuela es política, debe permanecer ahí y debe seguirse el proceso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)“, en relación con el caso presentado por Guyana ante esa corte en 2018 para buscar una solución legal a la disputa. El régimen de Venezuela, por su parte, cuestiona la jurisdicción de la Corte.

El pasado 25 de mayo, la dictadura venezolana realizó elecciones regionales y legislativas en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó al chavismo 256 de los 285 escaños del Parlamento, así como 23 de las 24 gobernaciones, incluida la de Guayana Esequiba.

Las diferencias sobre los límites fronterizos por el Esequibo, una zona rica en minerales y petróleo, se originaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guayana Británica.

Posteriormente, Venezuela declaró nulo ese laudo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que estipuló la creación de una comisión para resolver la controversia, sin que hasta ahora se haya alcanzado una solución.

Más víctimas declararon en una nueva audiencia por el juicio que se desarrolla en la provincia de Salta contra el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien enfrenta cargos por 118 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita. De esta manera, dejaron al descubierto cómo ponían en práctica el sistema ponzi en la provincia.

El proceso judicial se lleva a cabo en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial de Salta, donde la figura central es Leonardo Cositorto, señalado como cabecilla de la organización Generación Zoe. Junto a él, también se encuentran imputados Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.

Durante la jornada, varios presuntos damnificados ofrecieron su testimonio ante el tribunal. Uno de ellos relató qué conoció la existencia de Generación Zoe a través de capacitaciones virtuales de coaching que ofrecía la empresa.

Según su declaración, estas sesiones lo convencieron de la solidez del proyecto, al punto de que decidió compartir la propuesta con familiares y amigos. El testigo explicó que, al recomendar la empresa, solía hablarles de la rentabilidad y de la llamada Universidad Zoe, el nombre de fantasía utilizado por la organización para captar inversores.

El mismo testigo detalló que realizó una inversión en 2021 en un producto denominado “robot”, del cual obtuvo intereses en un primer momento. Además, mencionó que recibía una comisión por cada nuevo inversor que sumaba a la red, lo que lo motivó a seguir promoviendo la propuesta.

Como parte de la dinámica de la organización, asistió a ceremonias organizadas en Salta, Carlos Paz y México, donde los participantes disfrutaban de espectáculos y actividades con todos los gastos cubiertos. Estas experiencias, según su relato, reforzaban la percepción de éxito y legitimidad de la empresa.

Sin embargo, la situación cambió cuando decidió invertir una suma mayor de dinero en la organización. A partir de ese momento, dejó de recibir ganancias y comenzó a experimentar una creciente frustración. El testigo confesó ante el tribunal que su decisión de denunciar a Cositorto estuvo motivada por el “enojo” y la “frustración” que sintió al ver que sus expectativas no se cumplían.

Otro de los testimonios relevantes de la jornada provino de un empleado del Servicio Penitenciario, quien relató que adquirió membresías y robots de inversión ofrecidos por Generación Zoe. Además, compró 5.000 Zoe Cash, la criptomoneda lanzada por la empresa, con la esperanza de obtener beneficios económicos.

“Cuando se difundieron las denuncias en varias provincias, no tenía más fondos en mi cuenta de la billetera virtual”, recordó, evidenciando el impacto económico que sufrieron los inversores.

La estructura de Generación Zoe se apoyaba en una estrategia de captación que combinaba la promesa de altos rendimientos con incentivos para quienes sumaban nuevos participantes.

Los testimonios recogidos en la audiencia describen un sistema en el que los inversores iniciales recibían intereses y comisiones, lo que generaba una sensación de prosperidad y motivaba a expandir la red.

Las ceremonias y eventos organizados en diferentes ciudades, incluyendo destinos internacionales como México, formaban parte de la estrategia para fortalecer el sentido de pertenencia y éxito entre los miembros.

El caso de la criptomoneda Zoe Cash ilustra otro de los mecanismos utilizados por la organización para atraer inversiones. La promesa de participar en un mercado innovador y en crecimiento convenció a muchos de destinar sus ahorros a la compra de estos activos digitales.

La causa judicial en Salta se suma a otros procesos abiertos contra Leonardo Cositorto en distintas jurisdicciones del país. El empresario ya fue condenado a 12 años en la provincia de Corrientes el pasado 25 de febrero, en un fallo que sentó un precedente para las investigaciones en curso.

La multiplicidad de causas y la cantidad de hechos imputados reflejan la extensión de las actividades de Generación Zoe y el alcance de su red de captación.

La sensación de haber sido engañados y la pérdida de los ahorros invertidos motivaron a muchos a presentarse ante la Justicia en busca de reparación. “Me sentí convencido y ofrecí la propuesta a familiares y amigos”, relató uno de los testigos, evidenciando el efecto multiplicador que tuvo la estrategia de captación de la organización.

A medida que avanza el juicio, los testimonios de las víctimas aportan elementos clave para reconstruir el funcionamiento interno de Generación Zoe y determinar las responsabilidades de sus líderes.

Durante la audiencia anterior, el principal acusado Leandro Cositorto prestó una nueva declaración ante la Justicia, en donde se quejó del bloqueo de fondos y la imposibilidad de continuar con los pagos a los inversores. “Nos frenaron la posibilidad de cumplir”, acusó.

El empresario sostuvo que, en varias oportunidades, Generación Zoe habría dispuesto de fondos suficientes para hacer frente a los reclamos económicos, pero señaló que estos recursos fueron incautados por decisión de la Justicia. Según detalló, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, “se podrían haber devuelto 170 mil dólares” y otros “250 mil dólares en Buenos Aires”.

“Todo esto es ridículo, porque la deuda es mínima comparada con el volumen total que manejaba la empresa”, expresó

En una nueva audiencia llevada a cabo este martes por la megacausa conocida como Generación Zoe en Salta, el principal acusado Leandro Cositorto prestó una nueva declaración ante la Justicia, en donde se quejó del bloqueo de fondos y la imposibilidad de continuar con los pagos a los inversores.

Durante su exposición, no solo negó las imputaciones en su contra, sino que responsabilizó a las autoridades judiciales por la imposibilidad de devolver el dinero a los afectados por el colapso de la organización. “Nos frenaron la posibilidad de cumplir”, acusó.

El empresario sostuvo que, en varias oportunidades, Generación Zoe habría dispuesto de fondos suficientes para hacer frente a los reclamos económicos, pero señaló que estos recursos fueron incautados por decisión de la Justicia. Según detalló, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, “se podrían haber devuelto 170 mil dólares” y otros “250 mil dólares en Buenos Aires”.

El proceso judicial comenzó el pasado 4 de junio en Salta y se espera que termine a fines de este mes, debido al número de expositores, entre los que se destacaban más de 160 testigos. Mientras tanto, Cositorto mantuvo su postura afirmando que siempre estuvo a disposición de las autoridades judiciales. “Puse la cara todos los días”, señaló durante la jornada minimizando los rumores sobre su posible huida.

Además, argumentó que la magnitud de los reclamos y la presión judicial llevaron al colapso del sistema, de acuerdo con lo descrito por el portal Hoy. “Todo esto es ridículo, porque la deuda es mínima comparada con el volumen total que manejaba la empresa”, expresó ante los magistrados, insistiendo en su voluntad de cumplir con los compromisos asumidos.

Entre los reclamos que el acusado viene haciendo, manifestó su descontento por la negativa de la Justicia a concederle el beneficio de la prisión domiciliaria, y los supuestos impedimentos para poder ver a su hijo. No siendo poco, al comienzo del proceso presentó un habeas corpus denunciando la falta de suministro de medicamentos psiquiátricos que está tomando, así como la ausencia de elementos básicos de higiene en su lugar de detención, según detalló El Tribuno.

En el mismo proceso judicial están siendo juzgados otros cuatro dirigentes de la organización. Los imputados son Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. La causa investiga una de las mayores estructuras de inversión ilegal detectadas en los últimos años en Argentina, con denuncias y demandas de ahorristas de distintas provincias y del exterior. Cositorto, por su parte, enfrenta cargos por 120 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita.

Previamente, el gurú financiero recibió una condena a 12 años de prisión en Corrientes. El Tribunal lo consideró jefe de la asociación ilícita y coautor por estafa. La sentencia fue dictada a fines de febrero por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte, quienes también dispusieron penas de 8 años de cárcel para Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray, todos señalados como coautores en la maniobra delictiva.

Durante la audiencia de lectura del fallo, el juez Carbajal destacó que la pena impuesta a Cositorto respondió a su rol fundamental dentro de la estructura. “Ideólogo, creador y fundador de este conglomerado delictivo”, definió el magistrado en referencia al colectivo empresarial que operó bajo la modalidad de esquema piramidal y captó fondos de los inversionistas prometiendo elevados retornos que nunca se concretaron a gran escala.

La causa reunió pruebas sobre el funcionamiento y la mecánica del fraude, detallando cómo los recursos aportados por las víctimas eran utilizados para remunerar a los inversores previos, hasta colapsar el sistema y dejar sin recuperar el dinero a los nuevos participantes. Luego de conocer las condenas, Cositorto fue retirado de la sala con chaleco antibalas y en medio de una fuerte custodia policial.

La justicia condenó a 52 años de cárcel a Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, a quien señalaron como uno de los cabecillas más peligrosos del crimen organizado en Santander.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga revocó su absolución anterior y le impuso la dura sentencia por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

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“Pichi” no podrá acceder a beneficios como prisión domiciliaria y deberá pagar una multa superior a los 4.200 salarios mínimos legales vigentes.

Las autoridades lo identificaron como el líder de “Los de San Rafa”, una estructura criminal que, según las investigaciones, llegó a tener entre 300 y 400 integrantes distribuidos en sectores clave del norte de Bucaramanga.

Bajo su mando, la banda manejó el microtráfico de cocaína, marihuana y bazuco, y poseía armamento de alto calibre.

La Fiscalía logró probar su responsabilidad en por lo menos cuatro homicidios, incluido el de alias Máscara, que fue brutalmente torturado y enterrado en cemento.

El fallo se sustentó en testimonios de exintegrantes de su red criminal, así como en interceptaciones de llamadas, mensajes de texto y seguimientos que confirmaron su rol como jefe de la organización.

Las autoridades lo describieron como un delincuente meticuloso que coordinaba sus actividades desde la madrugada hasta la noche. Incluso fue calificado como “el Pablo Escobar de Bucaramanga”.

Con esta sentencia, se asestó un golpe decisivo a una de las bandas más violentas de la capital santandereana.

La recaptura de “Pichi”

Óscar Camargo Ríos, alias Pichi fue recapturado en diciembre de 2024, y cumple actualmente su condena en la cárcel y penitenciaría de alta y mediana seguridad El Barne, en Cómbita, Boyacá.

Las autoridades lo trasladaron en helicóptero bajo estricta vigilancia, luego de que el Tribunal Superior de Bucaramanga revocara su absolución inicial y lo condenara.

Alias Pichi estuvo involucrado en al menos cuatro homicidios, entre ellos el de Jefferson Eduardo Delgado Rincón, alias Máscara; Sergio Silva Sánchez, alias El Alemán; Jeison Fabián Callejas Flórez, alias Peroles; y Marlon Yesid Rúgeles Martínez. Estas muertes, según la investigación, se ejecutaron bajo su orden directa.

El cabecilla llegó a fugarse cuando cumplía una pena de 90 meses en un apartamento del barrio El Poblado, en Medellín. Para evadir a las autoridades, cambiaba constantemente de apariencia.

Testigos aseguraron que Camargo mantenía un control férreo de su organización desde las primeras horas del día hasta altas horas de la noche.

“Estaba conectado permanentemente con la organización, desde temprano hasta las 11:30 de la noche, cuando recibía el último dinero de los taquilleros”, declaró uno de los exintegrantes de “Los de San Rafa”, citado por Semana.

Así fue la recaptura de “el Pablo Escobar de Bucaramanga”

En la madrugada del 9 de diciembre de 2024, las autoridades capturaron nuevamente a Óscar Camargo Ríos. El operativo se desarrolló a las 4:30 a. m. en la vereda El Noral, ubicada en el municipio de Copacabana, Antioquia.

El procedimiento estuvo a cargo de unidades especiales de la Policía y la Fiscalía, que ubicaron a “Pichi” tras su fuga en octubre de ese año, cuando se evadió de una prisión domiciliaria en Medellín.

Durante la operación también fueron detenidos sus dos escoltas: Jeison Roleywer Gonzales Saavedra y Luis Carlos Pacheco Pantoja.

Al momento del arresto, alias Pichi portaba una pistola marca Five Seven, calibre 9 mm, junto a cuatro proveedores y 99 cartuchos. Además, las autoridades incautaron ocho celulares, un dron y seis millones de pesos en efectivo. Según reportes, el capo se mantenía escondido y con estrictas medidas de seguridad personal.

El general William Salamanca, director de la Policía, afirmó: “Alias Pichi es un criminal que le ha hecho mucho daño a la sociedad colombiana”.

La fuga del capo bumangués dejó al descubierto serias fallas en el control penitenciario. La Procuraduría pidió explicaciones al Inpec sobre la custodia durante su arresto domiciliario.

“Se notificaron al juez tres infracciones antes de la fuga sin que se adoptaran acciones correctivas o de refuerzo en la vigilancia”, advirtió el Ministerio Público.

Las dos formaciones llevaban semanas negociando la respuesta legal a las sentencias de varios tribunales que en los últimos meses han invalidado oposiciones en algunas administraciones vascas al anular la exigencia del euskera para determinadas plazas.

Las conversaciones han terminado sin acuerdo, y el PNV ha optado por presentar en solitario una reforma legal para tratar de blindar el euskera en estos procesos y dotarlos así de seguridad jurídica, de manera que quede en manos de cada institución determinar las plazas que precisen el conocimiento de esta lengua cooficial.

Los socialistas vascos han considerado que esta decisión "incumple" parte del pacto de gobierno entre ambas formaciones, pero que no lo rompe, y que los nacionalistas la han adoptado para competir con EH Bidu.

A partir de ahora comienza un camino que el PNV cree que pueden servir para lograr consensos durante la tramitación de la reforma legal en el Parlamento Vasco, donde EH Bildu ha presentado su propia propuesta con el mismo objetivo. EFE

La Fiscalía de la capital pidió prisión preventiva de 18 meses contra el empresario Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario.

Los hermanos fueron apresados el 12 de junio y el lunes pasado se conoció una audiencia que se aplazó para hoy.

La Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce las acusaciones, formuladas tras una investigación que dio inicio pocas horas después de que colapsara el techo sobre centenares de personas que disfrutaban de una presentación del merenguero Rubby Pérez, uno de los fallecidos en la tragedia.

Desde entonces, familiares de los fallecidos y los sobrevivientes han solicitado una y otra vez que se imparta justicia en cuanto al suceso. Las autoridades han recibido decenas de querellas por daños y perjuicios.

El Ministerio Público ha concluido que la edificación presentaba daños estructurales y que fue sometida a remodelaciones irregulares, por lo que hace responsables de esto a los hermanos Espaillat.

Asimismo, que el techo de la discoteca presentaba una carga "excesiva" y que a Antonio Espaillat se le informó de los problemas que este presentaba un día antes de la tragedia, ante la caída de restos del techo.

El abogado Plutarco Jáquez, quien representa a varios de los querellantes, dijo a los medios estar de acuerdo en que se le imponga prisión preventiva a los dos hermanos.

"Los elementos de prueba del Ministerio Público llegan a la conclusión de que la acusación es por homicidio involuntario... no soy muy dado a la aplicación de esta medida pero, ante la cantidad de víctimas y el impacto social que esto ha causado, procede la prisión preventiva para los dos", dijo el togado.

Sin embargo, los abogados de los acusados rechazan la imposición de medidas como la prisión preventiva, al afirmar que sus representados no constituyen peligro de fuga dado el arraigo que tienen en el país.

Antonio Espaillat es propietario de decenas de emisoras de radio, algunas de ellas de las más populares.

Este miércoles, dos hijas del merenguero Rubby Pérez, que han presentado una querella contra los propietarios y responsables de la discoteca Jet Set, solicitan una indemnización millonaria que destinarían a un fondo a favor de la juventud dominicana.

Según un comunicado emitido conjuntamente por la familia y los consultores legales que les representan, piden una indemnización de 435.000.000 de pesos (unos 7,3 millones de dólares) que "no se concibe como una compensación económica, sino como un instrumento para facilitar la transformación social", unos recursos que se destinarán a "la creación de un fondo de impacto dirigido a la juventud dominicana".

Conforme a la investigación del Ministerio Público, "durante años" el Jet Set Club "operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados". EFE

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Se abren las puertas del tribunal. Abogados, fiscales, periodistas. El presunto culpable enfrenta las miradas de un jurado mientras en el aire flota la pregunta: ¿libertad o condena?

Esto no es un juicio real, pero su capacidad inmersiva hace que lo sintamos como si lo fuera. Se trata de la nueva propuesta cultural The Jury experience Madrid. Organizada en el Espacio Madriz, las personas podrán disfrutar de una experiencia ficcionada de juicio.

Como en su serie de crímenes favorita participarán de la dinámica de un juicio penal donde deberán responder a la pregunta: ¿Culpable o acusado?

Para ello deberán analizar testimonios, alegatos y pruebas con el objetivo de dictar sentencia, haciendo justicia.

Todo lo que necesitas saber sobre el juicio

Superando la barrera entre ficción y realidad, The Jury experience pretende someter tus habilidades deductivas a examen. Los actores ayudarán a crear ese ambiente de incertidumbre en donde el protagonismo lo tendrán los miembros del jurado.

Como un auténtico tribunal popular la última palabra será de los participantes que mediante el análisis de lo sucedido a través de las pruebas y testimonios deberán desentrañar la verdad.

Todo se encuentra interconectado: antecedentes, pruebas, testimonios. De ellos depende reinterpretar la escena del crimen mediante sus argumentos.

La temática del juicio irá en torno a la inteligencia artificial (IA) y los coches voladores sin conductor. La preguntas iniciales serán: ¿son realmente seguros? ¿quién respondería en caso de accidente? ¿la empresa? ¿tal vez el Gobierno que permitió su circulación? ¿los particulares?

Este es uno de esos casos que incitará al jurado a superarse fomentando su concentración y trabajo en equipo. Además, la atmosfera elegida: mobiliario, caracterización, protocolo, lenguaje jurídico ayudarán a los participantes a interpretar su papel.

¿Cómo participar?

Durante 75 minutos esta nueva experiencia inmersiva emula la atmósfera de un auténtico juicio penal. Solo se permitirá la participación a los mayores de 12 años. Para participar se puede comprar las entradas por distintos portales web como Fever, Tomaticket, Teatro Madrid y Taquilla.com. El precio es de 25 euros.

The Jury Experience ya ha cosechado fama y popularidad en diferentes partes del mundo. Con una valoración positiva de 4 estrellas sobre 5 ha sido un éxito de ventas en más de 40 ciudades. Algunas reseñas sobre el evento dicen: “¡Un plan de noche diferente! Muy entretenido" o “Muy buena experiencia. El tema era de actualidad. Los actores eran creíbles en sus papeles. Invita a reflexionar sobre el mundo actual”.

El evento se presenta como la oportunidad perfecta para pasar una tarde diferente, con amigos o familia. Se trata de una propuesto muy ecléctica que mezcla entretenimiento y una forma de pensar colectivamente los recientes asuntos del mundo. La IA es una de las grandes temáticas de la actualidad con enorme repercusión a nivel científico, tecnológico y cotidiano.

Madrid acoge este evento como parte de su oferta cultural de verano.

En diciembre del 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora sentenció a siete ex policías a 25 años de prisión por el asesinato a sangre fría de cuatro personas en un episodio que posteriormente se conoció como la “Masacre de Wilde”. Este jueves, la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó dichas condenas y ordenó las respectivas detenciones.

De esta manera, los jueces del máximo tribunal bonaerense ratificaron la culpabilidad por los delitos de homicidio simple reiterado y homicidio simple en grado de tentativa, de los ex comisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, el ex oficial Osvaldo Lorenzón, el ex subteniente Pablo Dudek, los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga, y el ex cabo Marcos Rodríguez.

Tras conocerse la decisión, los familiares y abogados de las víctimas —el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Gustavo Mendoza y Enrique Bielsa; y el vendedor de libros Edgardo Cicutín— difundieron un comunicado en el que reclamaron al tribunal oral que, en virtud del llamado “doble conforme”, disponga la inmediata detención de los ex policías involucrados.

El abogado defensor de una de las viudas y del único sobreviviente, dijo al momento de la sentencia: “Estamos muy satisfechos con el fallo a pesar de que habíamos pedido prisión perpetua al considerar que se trató de un cuádruple homicidio agravado por tres causales. De todas maneras, el Tribunal les aplicó la máxima pena prevista para el delito de homicidio simple y tentativa de homicidio simple por el que fueron condenados. Eso contempla entre 8 y 25 años. Al darles 25 años significa que consideró altamente reprochable la conducta de los ex policías”, indicó a Infobae en 2022, Ciro Annichiarico.

Por otro lado, fuentes judiciales consultadas por Diario Conurbano señalaron que todo apunta a que las defensas de los sentenciados intentarán presentar un recurso ante la Suprema Corte bonaerense para prolongar el proceso de apelaciones. Esta maniobra podría demorar la orden de detención que debe emitir el tribunal oral de Lomas contra los condenados.

Todo sucedió el 10 de enero de 1994 en diferentes vehículos, a causa de una balacera que recayó sobre ellos y que incluyó al menos 200 disparos. Los asesinos, que integraban la Brigada de Investigaciones de Lanús, justificaron el accionar asegurando que confundieron a las víctimas con delincuentes. El único sobreviviente fue Claudio Díaz, el conductor del Dodge 1500 en el que viajaba Cicutín.

Junto a los acusados que llegaron a juicio, en un principio también se había imputado al comisario César Córdoba, a Carlos Saladino y a Hugo Reyes, miembros de la misma brigada, quienes fallecieron antes de la instancia oral. Formaban parte del equipo liderado por el entonces comisario y hoy abogado Juan José Ribelli, quien fue procesado y más tarde absuelto en la causa del atentado contra la AMIA. Ribelli, además, no se encontraba en el país al momento del hecho. Por su parte, el ex subteniente Marciano González fue apartado del proceso judicial tras ser declarado inimputable debido a una incapacidad mental provocada por un accidente cerebrovascular.

A pesar de las apelaciones presentadas por los familiares de las víctimas, tanto en 2003 como en 2007, estas personas volvieron a ser sobreseídas bajo la misma resolución. Sin embargo, la investigación siguió avanzando hasta llegar a la Suprema Corte bonaerense, que en 2013 dispuso reabrir la causa y dejar sin efecto los sobreseimientos. El máximo tribunal provincial argumentó que, aunque no se trate de un crimen de lesa humanidad, el cuádruple homicidio claramente representó una violación grave de los derechos humanos.

Fue el 16 de septiembre de 2014 cuando el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, puso fin a la extensa instrucción y ordenó el juicio oral para nueve policías acusados. Pese a ello, las múltiples presentaciones realizadas por las defensas retrasaron el inicio del debate durante ocho.

Brand llegó minutos antes de las 10:00 hora local (09:00 GMT) al tribunal ante una fuerte expectación mediática, y no realizó declaraciones a su entrada.

El actor, de 49 años, fue puesto en libertad condicional en una breve audiencia preliminar ante el mismo tribunal el pasado 2 de mayo, donde se repasaron los cargos contra el intérprete en películas como 'Get him to the Greek' (2010) y exesposo de la cantante estadounidense Katy Perry.

Entre las condiciones impuestas, el equipo legal de Brand debe proporcionar las direcciones de este, tanto en Estados Unidos (donde reside parcialmente) y en el Reino Unido.

Una investigación conjunta de la televisión Channel 4 y el periódico Sunday Times reveló las acusaciones de violencia sexual que varias mujeres formularon contra el actor.

Los delitos por los que es juzgado tuvieron lugar supuestamente entre 1999 y 2005 y afectaron a cuatro mujeres.

Entre ellos, está la acusación por violar a una mujer en la habitación de un hotel durante el congreso anual del Partido Laborista o la de una empleada de una televisión, que denunció que le manoseó los pechos antes de arrastrarla a un baño para forzarle a sexo oral. EFE

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El jurado popular considerado culpable de asesinato a J.U.V.S., el hombre de origen colombiano juzgado por la muerte de Cristina Cabo Buján, una mujer muy conocida en el barrio de A Milagrosa de Lugo, que regentaba una tienda de productos ecológicos.

Para el jurado, integrado por seis hombres y tres mujeres, ha quedado probado durante estos tres días de proceso que hubo alevosía y ensañamiento en el ataque a la mujer, que murió desangrada después de que le infligiera 49 heridas con un cuchillo en la casa de la víctima, adonde habían acudido juntos para mantener relaciones sexuales después de conocerse en un pub del centro histórico de la ciudad.

Por otra parte, tampoco dieron por probado que la victima fuese la que cogió primero el cuchillo para atacarlo, uno de los puntos principales argumentos que esgrimía la abogada defensora, que pedía por ello la atenuante de legítima defensa.

Del mismo modo, han desechado también la otra atenuante que proponían, el trastorno mental transitorio, ya que no consideraron probado que el consumo de drogas y alcohol hubiese mermado su capacidad para comprender lo que estaba haciendo.

La defensa proponía además la atenuante de confesión, ya que después de ser detenido fue colaborador con la investigación, pero eso tampoco fue reconocido por el jurado popular, que comenzó su deliberación cerca de las 13,00 horas y que comunicó el acuerdo sobre las 19,00 horas de este jueves.

Junto al delito de asesinato, también el jurado consideró a J.U.V.S. culpable de otro de robo con fuerza, ya que cuando se marchó de la casa, después de la agresión y mientras estaba viva desangrándose, se llevó un ordenador y la bicicleta, que utilizó para volver a casa de su hermana, con la que convivía, así como para deshacerse de las ropas manchadas de sangre.

El veredicto ha motivado satisfacción entre los familiares de Cristina Cabo, que seguido los tres días de un proceso muy intenso, en el que ha habido momentos difíciles, sobre todo durante la declaración del acusado.

Con este veredicto, acusación particular y Fiscalía solicitan la pena máxima para ambos delitos, que es de 25 años por el asesinato y 5 por el robo con violencia, mientras que la defensa pidió 20 años por el primero y 2 por el segundo. A esto hay que añadir una responsabilidad civil para el padre de la víctima, ya fallecido, y los hermanos. De este modo, ahora será la magistrada la que decidirá en sentencia firme la pena que se le impondrá.

Fernanda López, abogada de la acusación particular, ha indicado que la familia solicitará también que cumpla la pena íntegra y que luego sea expulsado del país.

Sobre esta decisión cabe recurso de apelación, pero Pilar Baños aseguró que todavía no sabe la decisión que se tomará sobre esta medida.

"Consideramos que los motivos que determinaron la recusación de la doctora Makintach nos llevan a declarar la nulidad de este juicio oral", señaló el juez Maximiliano Savarino, que con esta decisión decretó el final del proceso, iniciado hace dos meses y medio y que finalizó este jueves en su audiencia número 21. EFE

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En una intervención en la Cámara Baja del Parlamento canadiense, Carney afirmó que su Gobierno está satisfecho con la decisión de la Corte de Comercio federal y añadió que el bloqueo judicial "es consistente con la posición de Canadá de que los aranceles fueron ilegales e injustificados".

Carney añadió que a pesar de la victoria que supone el bloqueo, las acciones de Trump han dañado de forma permanente la relación que Canadá mantenía desde hace más de medio siglo con su vecino y principal socio comercial.

"Reconocemos que nuestra relación comercial con Estados Unidos sigue amenazada de forma profunda y afectada por los aranceles, igualmente injustificados, contra el acero, el aluminio y el sector del automóvil", explicó.

"Por lo tanto, la principal prioridad del nuevo Ejecutivo canadiense sigue siendo establecer una nueva relación económica y de seguridad con Estados Unidos y fortalecer nuestra colaboración con socios y aliados fiables en todo el mundo", añadió.

Carney, que ganó las elecciones generales de Canadá el pasado 28 de abril, ha presentado un plan de Gobierno centrado en reducir la dependencia del país de EE.UU. a base de eliminar las barreras internas al comercio y reforzar su asociación en el sector de defensa con Europa. EFE

El fallo, dictado por el magistrado Ignacio Angulo González de Lara, presidente del tribunal del jurado, aplica la agravante de parentesco y también impone al condenado diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de cárcel.

El veredicto del jurado popular declaró probado que Miguel Ángel J.M. actuó con intención de acabar con la vida de su mujer, a la que golpeó repetidamente, especialmente en la cabeza, antes de estrangularla con las manos mientras se hallaba tumbada y relajada en la cama. El ataque se produjo tras haber pasado la tarde y la noche anterior con ella, incluso después de mantener relaciones sexuales consentidas.

El tribunal considera acreditado que el acusado aprovechó la intimidad del domicilio y la situación de indefensión de la víctima, a la que sorprendió en la cama.

El cadáver fue encontrado por el hijo menor de la pareja a las 16:15 horas del mismo día de los hechos. Según recoge la sentencia, el impacto emocional derivado de esta experiencia le ha provocado un trastorno de estrés postraumático, además de síntomas depresivos graves, afectación de la autoestima y alteraciones cognitivas.

El otro hijo de la víctima ha requerido tratamiento psicológico continuado durante más de año y medio por síntomas de depresión, ira, culpabilidad y trastorno de duelo complicado, según detalla el fallo, que también reconoce el daño sufrido por los padres y hermanos de la mujer.

Por estos motivos, el tribunal ha impuesto a Miguel Ángel J.M. una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con sus hijos durante 35 años, así como la obligación de indemnizar a los familiares de la víctima con cuantías que ascienden a más de 500.000 euros: 157.000 euros para el hijo menor, 148.000 para el hijo mayor, 71.000 euros para cada uno de los padres de la fallecida y 24.000 euros a cada uno de sus tres hermanos.

En cambio, el tribunal ha absuelto al acusado de los delitos de lesiones psíquicas respecto a sus hijos, de los que también venía siendo acusado. Tampoco ha quedado acreditado, según la resolución, que Miguel Ángel J.M. actuara movido por un sentimiento de superioridad por razón de género, ni que se entregara de forma inmediata tras cometer el crimen, ni que intentara reparar el daño causado.

La sentencia señala que en este caso la "forma sorpresiva en que se produce el ataque, el momento en que se realiza (después de mantener relaciones sexuales), la persona que lo ejecuta (su pareja), el lugar (la intimidad de su dormitorio), la hora (de madrugada) y el contexto en que se verifica (después de pasar todo el día juntos sin problemas), pone de manifiesto la concurrencia" de la alevosía en el crimen.

Recuerda además cómo la Guardia Civil insistió en que no existían "signos de lucha más que en la cama" y que los estudios genéticos no reflejan que hubiera ADN del acusado en las uñas de la victima, lo que descarta que pudiese defenderse y "pone de manifiesto que el ataque recibido fue absolutamente sorpresivo e inesperado". EFE

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Así se detalla en una resolución en la que se desestima el recurso presentado por el padre ante una decisión del juzgado de Betanzos, que estimó la oposición de la madre a ejecutar el régimen de visitas.

El apelante exigía que se instase a la madre a cumplir ese régimen de visitas, responsabilizándola de que la menor no acudiese a verle cuando le tocaba, y exponía, entre otros argumentos, que había una buena relación paternofilial, o que la voluntad de la niña no podía servir para suspender las relaciones con su padre y sus abuelos paternos.

La Audiencia ha desestimado todas las motivaciones del padre, al que ha recordado que la madre no está incumpliendo el régimen de visitas, antes al contrario, trata de alentarlas para que la niña no pierda la relación con su padre. Sin embargo, es la menor la que no quiere ver a su progenitor, y matiza que, aunque no se opone a ver a sus abuelos, sí teme que el padre pueda estar presente.

Al respecto, el tribunal recuerda que existe un informe del Servicio de Psicología del CHUAC en el que señala que la menor tiene problemas de malestar emocional y pesadillas, y que traslada su miedo a que su padre les haga daño a ella y a su madre, llegando a autolesionarse cuando estaba con él para conseguir que la llevaran de vuelta con su madre. Dada esa situación "de grave riesgo para su salud", los profesionales aconsejaron a la madre que solicitase la modificación de las medidas de custodia.

En el marco de este procedimiento, se llevó a cabo una exploración forense de la niña, que confirmó que había dejado de ir a ver a su padre, que "no le gustaba cómo la trataba, la insultaba y amenazaba", "siempre está de mal humor, se enfada por todo y le dice que la va a estampar contra la pared, hablándole mal de su madre".

La Audiencia considera que la madre no ha incumplido el régimen de visitas, "pero si una de las partes (padre o hija) no quiere relacionarse, no puede imponerse coactivamente". "No se puede forzar la voluntad e imponer una relación paternofilial que se deterioró", señala en su auto.

Asimismo, incide en que el interés de la menor está por encima del vínculo parental, y afea al padre que pretenda reanudar las visitas "poco menos que con coacción física" --sin tener en cuenta el bienestar emocional de la menor--, en lugar de "reflexionar" sobre sus posibles errores en su relación con su hija, solicitar ayuda profesional o tratar de retomar dicha relación "de otra forma y progresivamente".

El tribunal señala que no es relevante si existió un maltrato objetivo hacia la niña, sino que importa "cómo percibe" la menor el comportamiento de su padre, "y es evidente que se siente amenazada". "No puede imponerse coactivamente a una joven de 13 años que mantenga visitas con su padre si ella no quiere (...), la imposición frontal y violenta es improcedente", señala la Audiencia, que matiza que la menor "ya no es una niña pequeña ni puede tratársela como tal", sino que se niega a ver a su padre "porque se llegó al límite donde ella considera que debe protegerse" y "prefiere suspender la relación a seguir sufriendo ese trato".

La recusación de la jueza fue apoyada durante la audiencia de este martes por todas las defensas y las querellas, tras la revelación de pruebas sobre su participación en la realización de un documental sobre el caso

"El apartamiento de la doctora Makintach consta en el acta y se convoca a las partes para dentro de dos horas", anunció el presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, que deberá definir junto a las defensas y las querellas sobre la continuidad del juicio. EFE

A pocas horas de conocerse si se reanuda o se cae el juicio por la muerte de Diego Amando Maradona, tras la recusación de la jueza Julieta Makintach, la ex pareja del jugador Verónica Ojeda aseguró que está dispuesta a volver a declarar si fuese necesario. El proceso se mantiene suspendido desde el martes pasado a partir de la grave denuncia sobre la participación de la magistrada en una miniserie documental sobre la causa.

“Yo quiero que tengamos nuevos jueces, que empiece todo de cero. Si yo tengo que declarar de vuelta, voy a volver a declarar”, sostuvo Ojeda respecto a la postura adoptada frente a lo que podría llegar a pasar este jueves, luego de que el juez Maximiliano Savarino convocara a las partes y a los imputados para el mediodía. Se espera que les dé a conocer la decisión tomada por el tribunal después de la salida de Makintach.

“He hablado con parte de la familia, piensan lo mismo que yo, aunque sea doloroso”, aseguró la mamá de Diego Fernando —el hijo menor del astro del fútbol— quien además se mostró decepcionada por la actitud de Makintach. “Creía en la jueza. Creía en su fortaleza como jueza, cómo manejaba el juicio”, reconoció al relatar cómo se sintió el día en que comenzó a circular la posible existencia del documental y su actuación en el mismo. “El día que sucedió todo esto yo dije ‘quiero ver las pruebas’, hasta que no vea las pruebas yo no creo nada”, agregó.

Al aparecer las primeras imágenes, y luego de haberlo negado en reiteradas ocasiones, la magistrada tuvo que reconocer su participación en la grabación, el cual se iba a titular “Justicia Divina”. La trama iba a contar con seis capítulos de media hora cada uno. En el material que el 27 de mayo proyectó el Ministerio Público, se encontraba una supuesta sinopsis que dejaron en evidencia la implicancia de la magistrada en la producción audiovisual. También se difundió el guion de la miniserie.

El fiscal Patricio Ferrari fue categórico al pedir la designación de un nuevo tribunal completo. “Ha existido a espaldas de ustedes una contaminación horizontal que impide a nuestro modo de ver la continuidad”, les dijo a los jueces Savarino y Di Tommaso.

“No estamos de acuerdo en seguir de esta manera y la única responsable de esto es la jueza recusada. A veces hay que dar dos pasos para atrás para ir para adelante. Hoy los actos quedaron teñidos de sospecha”, sostuvo el funcionario.

Ojeda contó que su trato con la jueza era cordial, una contacto que se vio opacado por el escándalo. “Es muy doloroso para la familia [...] no le importó primero la muerte de Diego, hacer justicia, no le importó la familia”, compartió en una charla con TN. Incluso, comentó que personas de diversos países, como Emiratos Árabes, México, Italia y España, se contactaron con ella para entender la situación actual.

Por su parte, la defensa de la mamá del último hijo del ídolo y actual pareja, Mario Baudry, aseguró que para ellos comenzar de cero no representa un problema. “Cuando uno va con la verdad… cómo podés tapar los audios de Luque, los audios de Cosachov, de Díaz. Los WhatApp que le mandaban tratándolo de negro pata sucia, que no te quieren ni tus hijas”, arremetió el letrado.

Por último, Ojeda subrayó: “Yo sé que va a haber justicia y Diego va a poder descansar en paz”.

Todos los abogados que representan a las partes querellantes apoyaron la propuesta de Ferrari, sosteniendo que es la única manera de prevenir eventuales nulidades debido a las irregularidades que ya se han detectado.

Al mismo tiempo, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires comenzó una investigación sobre la magistrada, la cual podría tener repercusiones institucionales que trasciendan este juicio en particular. Makintach también está siendo examinada por tres fiscales en San Isidro.

Un tribunal francés emitirá su veredicto el miércoles en el juicio de un cirujano que admitió haber abusado sexualmente de cientos de pacientes durante más de dos décadas, en uno de los casos de abuso sexual infantil más grandes del país.

Joel Le Scouarnec, de 74 años, ya se encuentra en prisión tras ser condenado en 2020 a 15 años por violar y agredir sexualmente a cuatro menores, incluidas dos de sus sobrinas.

En este juicio, que comenzó en febrero, ha admitido haber agredido sexualmente o violado a 299 pacientes (256 de ellas menores de 15 años) en hospitales del oeste de Francia entre 1989 y 2014, muchas de ellas mientras estaban bajo anestesia o despertando tras operaciones.

Le Scouarnec está acusado de 111 violaciones y 189 agresiones sexuales y se perfila como uno de los depredadores sexuales convictos más prolíficos de la historia de Francia.

Las víctimas han sido representadas por unos 60 abogados. “Espero que el veredicto sea proporcional a los horrores que cometió”, declaró a la AFP Amélie Leveque, una de las víctimas.

“Pero no lo creo mucho”.

Las víctimas y los defensores de los derechos del niño afirman que el caso del cirujano pone de relieve las deficiencias sistémicas que permitieron a Le Scouarnec cometer reiteradamente delitos sexuales.

El fiscal Stéphane Kellenberger ha solicitado la pena máxima de 20 años para el cirujano jubilado y también ha solicitado, de forma inusual, que permanezca recluido en un centro para recibir tratamiento y supervisión, incluso después de su liberación, debido a su “peligrosidad”.

En Francia, las condenas no se suman, a diferencia de Estados Unidos, donde Le Scouarnec habría sido condenado a “2.000 años de prisión”, declaró el fiscal.

“Pervertido mayor”

“No pido clemencia al tribunal”, declaró Le Scouarnec en su declaración final en Vannes, en la región occidental de Bretaña, el lunes.

“Simplemente concédanme el derecho a ser una mejor persona”, sentenció. Se espera que el veredicto, que será dictado por la jueza Aude Buresi, se anuncie a partir de las 14:30 (12:30 GMT).

Uno de los abogados, Maxime Tessier, ha solicitado al tribunal que tenga en cuenta el carácter “excepcional” de la confesión de Le Scouarnec, quien admitió todos los cargos en su contra en marzo.

El cirujano jubilado también afirmó considerarse “responsable” de la muerte de dos de sus víctimas: Mathis Vinet, quien falleció tras una sobredosis en 2021 en lo que su familia afirma fue un suicidio, y otro hombre que fue encontrado muerto en 2020.

Le Scouarnec documentó sus crímenes, anotando los nombres, edades, direcciones y la naturaleza del abuso de sus víctimas.

En sus notas, el médico se describió a sí mismo como un “pervertido mayor” y un “pedófilo”.

“Y estoy muy contento por ello”, escribió.

‘Nunca más’

Si bien Le Scouarnec ha pedido perdón a sus víctimas, muchas de ellas han cuestionado la sinceridad de sus disculpas, que repitió casi mecánicamente durante las semanas del juicio, a veces palabra por palabra.

“Eres el peor pedófilo colectivo que jamás haya existido”, dijo uno de los abogados que representa a las víctimas, Thomas Delaby, describiendo a Le Scouarnec como una “bomba atómica de pedofilia”.

Las víctimas “nunca te perdonarán. Nunca”, le dijo Delaby al acusado.

“¿A quién intentas convencer de que has cambiado?”, preguntó otra abogada, Delphine Caro.

“Admitirlo todo es no admitir nada”, añadió un tercer abogado, Giovanni Bertho-Briand.

El cirujano ejerció durante décadas hasta su jubilación en 2017, a pesar de una condena en 2005 por poseer imágenes sexualmente abusivas de niños y colegas que plantearon sus preocupaciones.

Le Scouarnec podría ser juzgado de nuevo en el futuro, según el fiscal. La fiscalía abrió dos investigaciones, una de las cuales se refiere a víctimas no identificadas o recientemente reportadas de Le Scouarnec.

Algunos han expresado su frustración porque el juicio no ha tenido el impacto esperado en Francia.

El caso no ha recibido la misma atención que el de Dominique Pelicot, quien fue encarcelado el año pasado por reclutar a decenas de desconocidos para violar a su ahora exesposa Gisele.

Sin embargo, el ministro de Salud, Yannick Neuder, declaró el miércoles que colaborará con el ministro de Justicia, Gerald Darmanin, para garantizar que “nunca más nos encontremos en una situación en la que pacientes y niños vulnerables” estén expuestos a depredadores.

“Lo que queremos decir es que nunca más”, declaró a la emisora ​​France Info. “¿Cómo llegamos a esta situación?”.

Un colectivo de supervivientes se reunirá con Neuder en junio.

(con información de AFP)

En concreto, antes de la vista oral, en la Sección Tercera, y según la conformidad alcanzada entre las partes, se ha impuesto al procesado un año y medio de encarcelamiento por uno de los dos delitos continuados de abuso sexual a menor de trece años con abuso de superioridad, y cuatro años y medio en el otro, en el que hubo acceso carnal.

Previamente, el ministerio público pedía seis y doce años, respectivamente, así como 35.000 y 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados y secuelas psicológicas que padecen ambas, cuantía que ha sido abonada en su integridad por lo que se ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

Además, en la sentencia, sobre la que se ha decretado la firmeza, se recogen el resto de penas solicitadas por esta acusación antes del plenario: alejamiento y prohibición de comunicar con las denunciantes durante veinte años -siete respecto de la mayor y trece sobre la menor- así como diez años en cada caso de libertad vigilada tras salir de prisión, tal y como ha informado el tribunal a los medios al acabar la vista de conformidad, que se ha celebrado a puerta cerrada.

UN SECRETO

Según el relato de hechos que se llevará a la sentencia -que impone el pago de las costas judiciales al implicado pero que no recoge la posible suspensión de condena, sobre lo que se decidirá en fase de ejecución- el hombre aprovechaba que su sobrina, de siete años, iba a su casa y se quedaba de forma habitual a pasar los fines de semana con él y con su esposa para realizar los actos enjuiciados.

Así, "con claro ánimo libidinoso y de atentar contra la libertad sexual" de la menor, "aprovechando que su mujer se había ausentado del domicilio o dormía profundamente", entraba en el dormitorio donde dormía la niña y "le realizaba tocamientos por todo el cuerpo, por debajo de la ropa hasta llegar a sus genitales".

El acusado realizó estos hechos desde que la víctima tenía siete u ocho años y hasta que tuvo la menstruación, "sirviéndose de la relación de parentesco existente entre ellos y diciéndole que no lo contara porque era un secreto".

Fruto de estas acciones, la menor presentó un cuadro agudo reactivo de tipo ansioso-estresante y actualmente tiene rasgos de personalidad de evitación y rechazo a las relaciones interpersonales.

UN JUEGO

Cuando dejó de ir a casa del acusado, su hermana -cinco años más pequeña- empezó a la edad de siete a acudir a la vivienda de sus tíos, con los que también se quedaba a dormir de forma habitual.

El hombre procedió de forma similar, si bien en este caso obligaba a la niña a masturbarle y a hacerle felaciones, llegando incluso a introducirle dedos en la vagina.

Igualmente, realizó estos hechos de forma reiterada hasta que la menor tuvo la menstruación y que le decía "que no contara lo que ocurría porque nadie lo podía saber, dado que era un juego exclusivo de ellos dos".

A consecuencia de ello, la chica presentó un cuadro afectivo reactivo de componente ansioso y de evitación, acudiendo a urgencias en varias ocasiones por cuadros clínicos inespecíficos compatibles con episodios de somatización. Actualmente persiste un estado ansioso con somatizaciones cuando se expone a reuniones familiares.

Ambas presentaron denuncia cuando ya eran mayores de edad.

"Finalmente después de dos años, hoy se inicia el juicio", dice la magistrada Julieta Makintach en uno de los videos filtrados.

También se difundieron tomas grabadas en alta calidad de la magistrada caminando por los tribunales, fragmentos de una entrevista realizada en su despacho y otras escenas grabadas al interior de la sala durante el desarrollo del juicio. EFE

"No hay duda sobre la culpabilidad de los acusados", afirmó claramente la fiscal Anne Dominique Merville en su alegato final ante el tribunal que juzga a los diez procesados.

La fiscal definió como el líder del grupo y organizador del atraco a Aomar Aït Khedache, un atracador multirreincidente que fue uno de los que amenazaron a Kardashian para que entregara sus joyas.

Aït Khedache, ahora de 69 años, tiene serios problemas de salud, ya que está sordo y casi mudo, pidió perdón a Kardashian a través de una auxiliar durante el juicio.

A pesar de su situación y de que el riesgo de reincidencia es inexistente, la fiscal solicitó la pena porque "debe pagar por sus delitos".

El robo, que dio la vuelta al mundo por la condición de estrella de la telerrealidad y de las redes sociales de la víctima -que ahora tiene 356 millones de seguidores en Instagram-, ocurrió en la madrugada del 3 de octubre de 2016.

Esa noche, la banda asaltó un pequeño y discreto hotel de lujo en la zona de la Madeleine, en el centro de París, donde Kardashian se alojaba dentro de su asistencia a la Semana de la Moda.

Los asaltantes se llevaron joyas valoradas en unos 10 millones de dólares, entre ellas el anillo de bodas que el rapero Kanye West había regalado a Kim Kardashian, una pieza con un diamante de 19 quilates y valorada en unos cuatro millones de dólares.

Los acusados fueron detenidos en enero de 2017. Algunos han admitido su participación, ya que fueron identificados por restos de ADN, mientras que los demás han defendido su inocencia.

Los miembros de la banda fueron bautizados por la prensa francesa como los "yayoladrones" porque muchos de ellos superan o rondan los 70 años, con un largo historial delictivo y muchos años de prisión a sus espaldas.

Excepto un collar, perdido por los ladrones en su apresurada huida y recuperado por la policía, el resto de joyas no ha vuelto a aparecer, y se cree que fueron vendidas en Bélgica.

Kardashian declaró el pasado martes en el juicio, en una sesión en la que narró el trauma que sufrió porque, según dijo, temió que iba a ser violada y asesinada al ser amenazada con una pistola que apuntaba a su cabeza.

La famosa estadounidense fue atada con bridas y puesta en una bañera, y desde entonces necesita tener guardias de seguridad por la noche para poder dormir con serenidad, aseguró. EFE

La primera jornada del juicio por el brutal asesinato de una nena de 10 años en 2019, ocurrido en Longchamps, debería haber comenzado este martes; sin embargo, el Tribunal a cargo del proceso retrasó el inicio un mes y medio. La víctima fue Joselin Mamani y su madre es la única acusada.

Tal como pudo conocer el medio local Diairo Conurbano, el TOC N° 4 de Lomas de Zamora alegó que existen cuestiones administrativas detrás de la decisión. De esta manera, el procedimiento judicial contra la mujer de 43 años, imputada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” en perjuicio de su hija, se trasladará para el próximo 7 y 8 de julio.

Joselin fue hallada ensangrentada en su casa del barrio 14 de Febrero, por su madre, quien había regresado del banco. La menor yacía de costado en el suelo de la cocina, con su ropa, rostro y extremidades manchados. En la escena del crimen, los investigadores no encontraron signos de un robo violento: no había desorden ni faltaban objetos de valor, solo un juego de llaves que la mujer señaló haber dejado en la mesa para su hija y que ya no estaban. Personal de la Comisaría N° 4 de Almirante Brown llegó al lugar e identificó como sospechoso a Carlos Correa, ex pareja de Zaida. Incluso, la mujer intentó inculparlo.

Correa, de 45 años, albañil y trabajador industrial, con domicilios en Salta y en el sur del Conurbano bonaerense, había mantenido una larga relación con la acusada. Sin embargo, la investigación dio un giro y la Fiscalía planteó que la mujer apuñaló en reiteradas oportunidades a su hija tras salir y volver del banco.

A través de un peritaje realizado e incorporado recientemente al expediente, se confirmó que la progenitora oriunda de Bolivia es imputable y tiene la capacidad de comprender los hechos que se le atribuyen.

Postergaron el juicio por la muerte de Umma Aguilera

Este es el segundo caso, en menos de un mes, que el TOC cambia la fecha de un juicio por cuestiones ajenas a la causa. El 15 de mayo se esperaba que comiencen a ser juzgados los acusados por el crimen de la hija de un custodio de Patricia Bullrich. Pero, ante la falta de espacio adecuado, los jueces postergaron el inicio. Resultó ser que la Sala de Juicios Orales, donde se desarrollaría el proceso, continuaría ocupado durante un tiempo por cuestiones del proceso.

Por el homicidio de Umma Aguilera —ocurrido en enero de 2024—, están acusados Axel Emiliano Rojas, conocido como “Pelusa”, de 20 años; Miguel Pastor Romero Molinas, apodado “Patoto”, también de 20 años; y Ariel Acuña Vega, de 21 años, todos acusados de homicidio durante un robo. Por su parte, Guillermo Romero Molinas, alias “Paraguayo”, de 18 años, será juzgado por la Justicia de Menores, ya que tenía 17 años cuando ocurrió el hecho. Se le imputa el delito de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa.

La niña de 9 años falleció tras ser alcanzada por un disparo en la parte posterior de la cabeza durante un intento de robo del auto en el que estaba con su familia, en horas de la mañana. Su padre, Eduardo Aguilera, se encontraba en el asiento del conductor vestido de civil, mientras su madre trataba de cerrar el portón de la casa. En ese instante, fueron sorprendidos por cuatro individuos que llegaron en un Toyota Corolla negro. Dos de ellos descendieron del coche, armados y con la clara intención de robar el automóvil de la familia.

Ante esta situación, el padre de Uma intentó escapar acelerando el auto, lo que provocó una reacción violenta por parte de los delincuentes, que abrieron fuego contra el vehículo ya en movimiento. El Ford Ka avanzó solo unos metros antes de detenerse en la mitad de la cuadra. No obstante, un disparo alcanzó a la pequeña. Los asaltantes huyeron rápidamente en el mismo vehículo en el que habían llegado. La niña falleció poco después en el Hospital Churruca.

"El Tribunal del distrito de Zamoskvoretski accedió a las peticiones de la investigación de imponer una medida preventiva de arresto contra Vladímir Smerkis, detenido en relación con un caso de estafa a gran escala", informó una fuente a la agencia.

La página web del juzgado confirma que se inició una instancia para estudiar el caso de Smerkis, aunque no indican ninguna fecha.

Smerkis se encargó de dirigir las actividades de Binance, plataforma de venta de criptomonedas, en los países de la Comunidad de Estados Independientes desde principios de 2022 hasta septiembre de 2023, cuando se marchó de la empresa después de que Estados Unidos intensificara las presiones a aquellas empresas que ayudaban a Rusia a evadir las sanciones internacionales impuestas tras la guerra de Ucrania en 2022.

El mismo mes que se marchó Smerkis, Binance vendió su negocio en Rusia a una empresa registrada en Seychelles y poco después la justicia de EE.UU condenó al fundador de la plataforma, Changpeng Zhao a cuatro meses de prisión por lavado de dinero.

En 2024 Smerkis fundó la aplicación Blum, también relacionada con el mercado de las criptomonedas y que trabaja con Binance.

Ayer, la plataforma Blum informó desde su canal de Telegram de que Smerkis dejó la empresa y que "ya no está involucrado en el desarrollo del proyecto ni ninguna responsabilidad como co-fundador".

Por otro lado, la última publicación en el canal personal de Telegram del arrestado data del 15 de mayo.EFE

"Yo siempre venía que Johny y Maxi le atendían el teléfono y decían: 'El Diez está descansando'. No sé si quiénes eran los que llamaban, pero el Diego estaba quizás hablando con nosotros. Él preguntaba y nunca le decían quién era", dijo este jueves Bacchini, en referencia al asistente de Maradona, Maximiliano Pomargo, y su sobrino Jonathan Espósito.

El pasado martes, una de las hijas del astro, Gianinna Maradona contó ante el tribunal: "Una vez él me dijo: 'Te llamé ayer, quería ver a Benja (su hijo). 'No, a mí no me llamaste ayer. A ver, dame el teléfono. Mi papá tenía agendado como Gianinna un número que no era el mío".

Dalma Maradona, otra de las hijas, contó hace un mes ante el tribunal: “Él me llamaba y me decía 'No venís nunca, vení, traeme a la nena'. Pero fui y desde la puerta empiezo a llamar y me dicen que está dormido, me fui en el auto con una bebé y no me dejaron entrar.”

Consultada sobre quién no le permitía ver a su padre, Dalma contestó: "Yo nombro a Maxi Pomargo pero sé que él recibía órdenes de Matías Morla (el abogado de Maradona) y de hecho me lo ha manifestado: 'Yo no tengo problema en que vos entres a ver a tu papá, pero esto me va a traer problemas con Matías. Tengo órdenes de no dejarte entrar'" y luego agregó que tal situación se repitió "muchas, muchísimas veces".

En ese sentido, Bacchini contó que en una oportunidad había intentado comunicarse con Maradona "y ninguno de los dos teléfonos estaba con señal".

A su vez, el testigo dijo que "Maradona no dejaba ingresar a los enfermeros a la habitación" y que la medicación se la daban a través del sobrino o de la cocinera.

Bacchini declaró también que el servicio de acompañamiento terapéutico que le brindaba al astro fue discontinuado el viernes 13 de noviembre.

"Lo que me dijo mi jefe después fue que Diego había dicho que no quería tanta gente en la casa", expresó Bacchini que, no obstante, agregó que, durante los tres días que estuvo en la casa, el paciente "se dejaba ayudar" y "estaba bien".

"Maradona no manifestó ningún tipo de molestia con mi persona, al contrario, se sentía bien", dijo el testigo.

Para la audiencia de este martes estaba previsto el testimonio de uno de los imputados, el psicólogo Carlos Díaz, que fue pospuesto debido a un intento de recusación de la jueza Julieta Makintach, una de las tres integrantes del tribunal, que se cobró gran parte de la jornada.

El pedido de recusación fue hecho por la defensa del acusado Leopoldo Luque en base a un supuesto conflicto de intereses por la participación del hermano de la jueza en un documental sobre el juicio, pero fue rechazado por el tribunal.

Son juzgados en este proceso el médico de cabecera de Maradona Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermeros Mariano Perroni, acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión. EFE

"El tribunal sentencia al acusado, Pável Veshkin, a nueve años de prisión y le prohíbe ocupar cargos federales y municipales durante cinco años", comunicó el juez.

También se le impuso una multa de 800.000 rublos (casi 10.000 dólares).

A Veshkin, que se ocupaba de cuestiones de servicio militar por contrato, se le declaró culpable de recibir varios sobornos entre 2021 y 2023.

El acusado aceptó cerca de 35 millones de rublos (cerca de 434.000 dólares) por parte del director general de la farmacéutica moscovita, SL Farma, por el patrocinio y la contratación de suministro médico y tecnología por un valor aproximado de 700 millones de rublos (casi de 8,7 millones de dólares) para tratar brotes de coronavirus.

Veshkin, de 39 años, se citaba con el mensajero en un coche alquilado estacionado en el aparcamiento de un establecimiento de comida rápida.

El tribunal confiscó el dinero entregado como soborno y cerró el caso contra el empresario por, según afirman, mostrar su arrepentimiento. EFE

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, recoge que sobre las dos de la madrugada del 5 de agosto del año pasado zarpó desde la costa de Argelia una embarcación patroneada por los acusados, ambos originarios de ese país, y a bordo de la cual iban 29 compatriotas.

Todos ellos habían abonado unos 8.000 euros a colaboradores de los acusados, quienes se encargaban de dirigir la embarcación semirrígida, controlar el GPS que los guiaba y realizar las labores de repostaje.

El tribunal subraya en su fallo que la travesía se hizo sin elementos de salvamento ni equipos de navegación o comunicación, y con riesgo real de naufragio dada la sobrecarga, el tamaño insuficiente de la embarcación y el mal estado de la mar, con olas de hasta 1,25 metros.

Además, el trayecto discurrió por una ruta marítima en la que operaban simultáneamente más de 70 buques mercantes, lo que incrementó el peligro de colisión.

El fallo incide en las reducidas dimensiones de la patera para el número de personas que fueron trasladadas, la existencia de un puntal que restaba calado a la embarcación y que, junto a todo lo anterior, puso en riesgo a los inmigrantes, que fueron finalmente rescatados sobre las cinco y veinte de la tarde de dicho día a unas 24 millas náuticas de Carboneras (Almería).

El fallo resalta que no se ha podido probar que ambos acusados, patronearan otra embarcación que de forma previa, el 19 de julio, había sido localizada y perseguida por la Guardia Civil en las proximidades del Cabo de Gata (Almería).

En ese caso, los ocupantes de esta segunda patera desembarcaron en la Cala Príncipe, tras lo que los responsables de la embarcación se dieron a la fuga sin ser detenidos.

Aunque el Ministerio Fiscal solicitó inicialmente catorce años de prisión -siete por cada uno de los dos delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal con agravante de riesgo para la vida-, la Sala solo ha estimado probados los hechos del 5 de agosto, y no los del 19 de julio.

Por ello, ambos han sido condenados a una pena única de cinco años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. EFE

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La sección quinta del alto tribunal tomó la decisión al rechazar una demanda que pedía prohibir la transmisión de las reuniones de alto nivel por canales de televisión invocando una ley que establece el carácter reservado de dichas sesiones.

La sentencia argumentó que los consejos de ministros deben ser reservados únicamente cuando sean convocados por "cuerpo consultivo" y no deliberativo, es decir, para tomar decisiones de alto nivel durante la reunión.

Poco después de que se hiciera pública la determinación, Petro agradeció al Consejo de Estado, en su cuenta de X, por "restablecer la democracia cuando algunos de sus miembros de la Comisión Reguladora de Comunicaciones intentaron censurar al gobierno".

Petro comenzó a transmitir los consejos de ministros en televisión, lo que derivó en la salida de nueve de sus ministros, a inicios de febrero pasado y a partir de ese momento se comenzaron a emitir cada lunes a través de los canales privados, así como del Canal 1 y de los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta.

Por otra parte, la sección tercera del tribunal rechazó también este viernes un recurso presentado por Petro para tumbar una orden de mediados de abril que le prohibió la transmisión de los consejos de ministros por canales privados de televisión abierta.

A diferencia de lo argumentado por Petro en su solicitud de nulidad, el Tribunal concluyó que no se vulneró el derecho al debido proceso del mandatario y ratificó la anterior sentencia que le ordenaba limitarse a transmitir los consejos de ministros únicamente por canales públicos al encontrar que hacerlo en los privados constituye una violación al derecho a la información por limitar la oferta informativa plural.

El mandatario, sin embargo, no se pronunció sobre esta segunda decisión del alto tribunal. EFE

El tribunal desestimó, sin embargo, los cargos de tráfico de influencias y abuso de poder que había pedido la fiscalía por considerar insuficientes las pruebas presentadas, informaron medios locales.

El Ministerio Público había solicitado inicialmente una pena de diez años de prisión para Boy, incluyendo los cargos finalmente descartados.

La causa se originó tras una denuncia presentada el pasado enero por el empresario chadiano About Hachim Bouder, quien acusó a Boy de haberle extorsionado por una suma cercana a los 11.800 millones de francos CFA (aproximadamente 18 mil euros) a cambio de contratos estatales.

Durante el juicio, el exministro negó haber recibido dicha cantidad, aunque admitió haber "tomado prestado sólo mil millones (de francos)" de la empresa Tchad Service, propiedad de Bouder.

Siete testigos declararon ante el tribunal haber presenciado intercambios de dinero entre ambos, y el empresario presentó documentación como prueba.

Pese a su papel como denunciante, Bouder también fue condenado a cinco años de prisión y a una multa idéntica por corrupción activa.

El fiscal había pedido su condena por corrupción pasiva.

Los abogados de Boy anunciaron que apelarán la sentencia, calificándola de "excesiva" y denunciando presuntas "irregularidades" en el proceso judicial. EFE

Nueva York, 6 may (EFE).- La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York cargó este martes contra la defensa del rapero Sean Combs, conocido como Diddy, por colaborar el primer día de su juicio por tráfico sexual con un famoso abogado ajeno al caso que debatió sobre el mismo en su pódcast.

En un documento presentado hoy ante la corte, los fiscales señalan que el lunes, durante la selección del jurado, el equipo de la defensa llevó sin avisar a Mark Geragos, un abogado que tiene un pódcast con el director del medio de la farándula TMZ, Harvey Levin, llamado '2 Angry Men' ('Dos hombres enfadados').

La Fiscalía incide en que, hace solo tres días, Geragos, que cuenta con 55.000 seguidores en X, habló "extensamente" sobre el juicio en este pódcast, opinando sobre pruebas que podrán aportarse en el proceso e indagando en los argumentos que la defensa del rapero pretende esgrimir.

"Durante un juicio con jurado, ningún abogado asociado con la defensa puede hacer declaraciones extrajudiciales o entrevistas sobre el caso", apuntan los fiscales, que además se quejan de que Geragos, padre de uno de los miembros del equipo de Combs, no notificó formalmente su aparición en la corte.

El abogado también estaba presente hoy en el tribunal, donde el juez Arun Subramanian preguntó a más de una veintena de candidatos sobre su conocimiento del caso y experiencias más personales, como si han sido víctimas de abuso sexual o violencia doméstica.

El juez ha advertido estos días a los potenciales jurados que durante el juicio podrán proyectarse imágenes "gráficas" de violencia física y videos sexuales explícitos, ante lo que una de las candidatas dijo que sería incapaz de ver este material, por lo que fue excluida del proceso.

Además, ha preguntado a los asistentes sobre si conocen a una lista de celebridades, entre ellos Kanye West, Kid Cudi, Michael B. Jordan o Mike Myers.

Entre los candidatos descartados hoy se encontraban un hombre que reconoció que no fumar marihuana durante el juicio le resultaría "difícil", además de una veterana de guerra que dijo que, por esta experiencia "traumática", no podría ser parte del panel.

Combs, uno de los raperos estadounidenses más famosos del país, enfrenta cinco cargos de tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte para ejercer la prostitución, y si es declarado culpable de todos ellos enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

En un documento presentado hoy ante la corte, los fiscales señalan que ayer, durante la selección del jurado, el equipo de la defensa llevó sin avisar a Mark Geragos, un abogado que tiene un pódcast con el director del medio de la farándula TMZ, Harvey Levin, llamado '2 Angry Men' ('Dos hombres enfadados').

La Fiscalía incide en que, hace solo tres días, Geragos, que cuenta con 55.000 seguidores en X, habló "extensamente" sobre el juicio en este pódcast, opinando sobre pruebas que podrán aportarse en el proceso e indagando en los argumentos que la defensa del rapero pretende esgrimir.

"Durante un juicio con jurado, ningún abogado asociado con la defensa puede hacer declaraciones extrajudiciales o entrevistas sobre el caso", apuntan los fiscales, que además se quejan de que Geragos, padre de uno de los miembros del equipo de Combs, no notificó formalmente su aparición en la corte.

El abogado también estaba presente hoy en el tribunal, donde el juez Arun Subramanian preguntó a más de una veintena de candidatos sobre su conocimiento del caso y experiencias más personales, como si han sido víctimas de abuso sexual o violencia doméstica.

El juez ha advertido estos días a los potenciales jurados que durante el juicio podrán proyectarse imágenes "gráficas" de violencia física y vídeos sexuales explícitos, ante lo que una de las candidatas dijo que sería incapaz de ver este material, por lo que fue excluida del proceso.

Además, ha preguntado a los asistentes sobre si conocen a una lista de celebridades, entre ellos Kanye West, Kid Cudi, Michael B. Jordan o Mike Myers.

Entre los candidatos descartados hoy se encontraban un hombre que reconoció que no fumar marihuana durante el juicio le resultaría "difícil", además de una veterana de guerra que dijo que, por esta experiencia "traumática", no podría ser parte del panel.

Combs, uno de los raperos estadounidenses más famosos del país, enfrenta cinco cargos de tráfico sexual, conspiración con fines de extorsión y transporte para ejercer la prostitución, y si es declarado culpable de todos ellos enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. EFE

Una corte federal de Florida ha autorizado que avance una demanda colectiva contra Burger King, alegando que la cadena engañó a sus clientes al mostrar en sus anuncios hamburguesas Whopper de mayor tamaño que las que realmente se sirven. El juez federal Roy K. Altman falló el pasado 5 de mayo que la demanda puede proceder, rechazando una moción presentada por la empresa para desestimar el caso, según documentos judiciales revisados por TODAY y NBC News.

El juez consideró que es razonable suponer que “algunos consumidores razonables podrían ser engañados por los anuncios de BKC”, permitiendo así que las acusaciones pasen a una fase judicial más avanzada. Este caso reabre el debate sobre la veracidad en la publicidad de alimentos y las expectativas de los consumidores en cuanto al tamaño y apariencia de los productos ofrecidos por cadenas de comida rápida.

La demanda, que fue presentada inicialmente en 2022 por el abogado Anthony Russo, incluye a 19 demandantes provenientes de 15 estados distintos. Los demandantes alegan que desde septiembre de 2017, Burger King ha mostrado en sus anuncios versiones de la Whopper que son aproximadamente 35% más grandes que las hamburguesas que efectivamente reciben los consumidores.

Las acusaciones: diferencias significativas entre la publicidad y la realidad

Según TODAY, los demandantes respaldaron su acusación con imágenes comparativas que muestran una Whopper comprada en un establecimiento de Burger King y otro representado en la publicidad de la compañía. En esas fotografías se observa una diferencia visible entre el tamaño de la hamburguesa anunciada y la que realmente se sirvió.

El abogado Anthony Russo, quien representa a los demandantes, sostiene que los consumidores fueron inducidos a error y que esta práctica violó las expectativas legítimas de los clientes. Además, en declaraciones recogidas por NBC News, Russo manifestó su satisfacción con la decisión judicial que permite continuar con el proceso. “Estamos complacidos con el fallo”, señaló.

El argumento de Burger King: publicidad consistente con el producto real

En respuesta a las acusaciones, Burger King ha sostenido que las afirmaciones de los demandantes son “falsas”. La cadena afirmó en un comunicado a NBC News que “las hamburguesas de carne a la parrilla que aparecen en nuestra publicidad son las mismas que usamos en las millones de hamburguesas que servimos a los clientes en todo Estados Unidos”.

La empresa argumenta que la publicidad busca resaltar características del producto, como el tipo de carne y su preparación, pero que no implica una garantía contractual del tamaño exacto del producto final. No obstante, el juez Altman consideró que las alegaciones presentadas van “más allá de la mera exageración publicitaria o ‘puffery’”, lo que justifica que el caso sea evaluado en un tribunal.

Precedente judicial y comparaciones con otras cadenas de comida rápida

El caso contra Burger King no es el primero de este tipo en el sector de la comida rápida. En 2023, una demanda similar presentada contra McDonald’s y Wendy’s por supuesta publicidad engañosa fue desestimada por un juez federal en Nueva York. Este antecedente fue mencionado en la decisión del juez Altman del 5 de mayo, aunque el magistrado concluyó que las circunstancias en el caso de Burger King justifican un examen judicial más detallado.

El fallo no implica que Burger King sea culpable de las acusaciones, sino que reconoce que los demandantes han presentado una base suficiente para que sus reclamaciones sean evaluadas en el marco de un juicio. Si el tribunal finalmente determina que la cadena violó las leyes de protección al consumidor, la compañía podría enfrentar sanciones económicas o verse obligada a modificar sus prácticas publicitarias.

La demanda ha captado la atención del público y de analistas de marketing, quienes observan con interés cómo este tipo de casos podrían establecer nuevas normas sobre la publicidad en la industria de alimentos y bebidas.

Próximos pasos en el proceso judicial

Tras el fallo del juez Altman, el caso avanzará hacia una fase de recopilación de pruebas y posibles audiencias previas al juicio. No se ha fijado aún una fecha para el inicio del juicio propiamente dicho.

Mientras tanto, los representantes legales de Burger King deberán preparar su defensa frente a las acusaciones de incumplimiento de contrato y publicidad engañosa. Por su parte, los demandantes continuarán sosteniendo que fueron inducidos a comprar un producto basado en expectativas creadas por imágenes publicitarias que no reflejan con precisión el producto real.

El resultado de este caso podría tener repercusiones significativas no solo para Burger King, sino también para otras cadenas que emplean técnicas de marketing visual para atraer a los consumidores, según TODAY y NBC News.

El acusado, representado por el letrado Manuel Rincón, ha aceptado íntegramente los hechos descritos en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público. La sentencia ha sido dictada de viva voz en la propia sala, con el consentimiento de todas las partes y la renuncia expresa a interponer recurso, por lo que se ha declarado firme en el acto.

Según lo pactado, el acusado ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil con agravantes por representar escenas de violencia o trato degradante sobre menores.

Además, se le imponen tres penas de tres meses de prisión por otros tantos delitos contra la integridad moral, relacionados con la manipulación digital y difusión de imágenes de tres víctimas concretas, una de ellas menor de edad.

El tribunal también ha decretado la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante ocho años, así como la prohibición de aproximarse a las víctimas durante cinco años. Igualmente, el condenado deberá participar en un curso de sensibilización en materia de delitos sexuales.

El acuerdo se ha alcanzado después de que el acusado consignara antes de la vista los 30.000 euros solicitados por el fiscal en concepto de indemnización —10.000 euros por cada víctima—, lo que ha permitido la aplicación de una atenuante muy cualificada de reparación del daño.

“Él reconoce los hechos, reconoce que en un momento desafortunado de su vida comete los hechos (...) Tengamos en cuenta que muchas veces estamos solucionando temas con condenas de prisión cuando detrás lo que hay es un trasfondo médico o psicológico”, ha señalado el letrado Manuel Rincón.

El fiscal sostenía en su escrito que el acusado compartió, al menos desde febrero de 2023, miles de archivos de contenido pedófilo en grupos de mensajería instantánea como Telegram y WhatsApp, en algunos casos generados mediante inteligencia artificial.

Asimismo, difundió imágenes reales de su entorno familiar, como su excuñada y la hija menor de esta, con el propósito de que otros usuarios las manipularan digitalmente con fines sexuales.

También se le atribuía la grabación oculta de niñas en su comunidad de vecinos, aprovechando la presencia de su hijo menor para atraer a otras menores. Entre ellas, se encontraba una niña de siete años cuya familia se personó como acusación particular. EFE

mma/vg/aam

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un médico de familia que ejercía en el Centro de Salud de Canalejas de la capital grancanaria, dependiente del Servicio Canario de Salud (SCS), a una pena de 29 años y medio de cárcel por haber abusado sexualmente de 26 pacientes.

Así lo recoge la sentencia, en la que se declara probado que el facultativo, que ejercía como médico de cabecera en el citado centro de salud, entre el mes de noviembre de 2010 y enero de 2019, en el transcurso y, con ocasión de la prestación de sus servicios a mujeres, realizó de manera ininterrumpida a 26 de las pacientes abusos sexuales.

El médico de familia ha sido condenado por la comisión de 10 delitos continuados de abuso sexual y 16 delitos de abuso sexual por su participación "directa y voluntaria" en los hechos, que llevaba a cabo con la "intención de satisfacer sus más reprobables instintos sexuales".

Para ello, simulaba con hacerle un masaje a las pacientes y, en ocasiones, frotaba su pene con el cuerpo o con las manos de las víctimas, llegando en otras a tocar los pechos de las mujeres.

En cuanto al pago de las indemnizaciones, la sentencia recoge que es "excepcionalmente relevante el esfuerzo" reparador en atención a la cantidad consignada, sobrepasando ampliamente los 100.000 euros, ya que el pago total de las cantidades reclamadas se hizo por adelantado.

Sin embargo, el tribunal no ha apreciado la atenuante de alteraciones psíquicas, aún reconociendo que los informes psicológicos aportados, exponen una demencia fronto temporal y recoge que "la facultad de obrar, entender y querer ha estado menoscabada", si bien "no" se determina la afectación que esta demencia produjo en el tiempo que ocurrieron los hechos.