La opción de adquirir entradas en formato abono para tres jornadas, con descuentos del 50% destinados a público júnior y sénior sobre la tarifa base de 475 euros más gastos de gestión, figura entre las novedades que acompañan la creación de una grada dedicada exclusivamente a seguidores de la escudería Ferrari. De acuerdo con el comunicado del Circuit de Barcelona-Catalunya, esta nueva tribuna estará disponible en el próximo Gran Premio de Fórmula 1, programado del 12 al 14 de junio como la séptima prueba del Campeonato del Mundo.

Según detalló el Circuit, este espacio ha sido denominado Tribuna Scuderia Ferrari HP y contará con una serie de características orientadas a maximizar la experiencia de los llamados 'tifosi'. El medio organizador indicó que la ubicación seleccionada corresponde a la curva 5, específicamente en la Tribuna M, un punto estratégico del trazado mundialista que habilita a los espectadores a presenciar algunos de los momentos clave de la competencia y seguir el desarrollo de la carrera a poca distancia de la pista. A lo anterior se suma el hecho de tratarse de una grada cubierta, característica destacada por los organizadores para resaltar el confort del público durante todo el fin de semana de actividad.

Tal como publicó el Circuit de Barcelona-Catalunya, la puesta a la venta de estas localidades se anunció este lunes. Cada entrada incluye en el paquete oficial de acceso una bandera de la Scuderia Ferrari, permitiendo que los aficionados animen al equipo ondeando estos emblemas durante las tres jornadas del Gran Premio. La organización subrayó que este gesto contribuye a generar un ambiente claramente orientado a los seguidores de la escudería italiana, quienes podrán disfrutar el evento en compañía de otros simpatizantes del mismo equipo.

El comunicado del Circuit recalcó que la Tribuna Scuderia Ferrari HP debuta como un espacio exclusivo pensado para quienes apoyan a Ferrari, y forma parte de una estrategia orientada a ofrecer propuestas cada vez más personalizadas para el público. Según consignó el propio equipo de prensa, se busca que los asistentes vivan el Gran Premio rodeados de una atmósfera caracterizada por la presencia de otros seguidores del conjunto italiano.

El Circuit de Barcelona-Catalunya remarcó que esta iniciativa representa un esfuerzo por mejorar la experiencia de los aficionados, así como por diversificar la oferta de servicios y productos vinculados a cada escudería participante en la Fórmula 1. Tanto la ubicación privilegiada de la tribuna como las ventajas asociadas al abono pretenden posicionar esta nueva grada como uno de los puntos de mayor atractivo para las personas seguidoras del equipo de Maranello, especialmente en una cita que constituye una de las pruebas emblemáticas del calendario automovilístico internacional.

En la nota de prensa, los organizadores enfatizaron la apuesta del trazado catalán por iniciativas de este tipo, las cuales procuran fortalecer el vínculo entre el público y sus equipos favoritos ofreciendo servicios diferenciales. Así lo expresó el Circuit al concluir que la Tribuna Scuderia Ferrari HP se integra a su oferta como un proyecto dirigido a aquellos aficionados que desean vivir el ambiente del campeonato mundial desde una perspectiva exclusiva y junto a la comunidad internacional de seguidores de Ferrari.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche de mantener las restricciones impuestas al ejercicio periodístico del periódico Tribuna y periodista ha generado una nueva controversia en torno a la libertad de expresión en México.

En la audiencia celebrada el 29 de agosto de 2025, el tribunal ratificó que el periodista Jorge González Valdez deberá someter sus publicaciones a la revisión de un censor.

Mientras que el medio digital Tribuna tendrá la obligación de notificar al tribunal cada vez que publique información relacionada con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Durante la revisión de la medida cautelar, que involucró tanto a la Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V. como a González Valdez, el tribunal determinó que la supervisión sobre el periodista será permanente y estará a cargo de la Unidad de Medidas Cautelares de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Supervisión es para evitar que expresiones ‘ofensivas’

El objetivo de esta vigilancia es asegurar que el comunicador no emita expresiones consideradas ofensivas hacia Layda Sansores. En la práctica, esta disposición equivale a una prohibición de referirse a la mandataria, bajo la amenaza de sanciones.

En cuanto a la Organización Editorial del Sureste, el tribunal resolvió que el nombre del responsable de redes sociales no será revelado. No obstante, la empresa editorial deberá remitir de manera simultánea a la publicación todas las notas que mencionen a Sansores San Román. Este material será evaluado por el área de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, que decidirá si corresponde aplicar alguna sanción, a pesar de que este órgano no cuenta con criterios periodísticos para dicha revisión.

El periódico Tribuna calificó la resolución como un acto de censura, argumentando que vulnera los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, los cuales garantizan la libertad de expresión y prohíben la censura previa.

Además, el medio señaló que la medida contraviene el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe las restricciones indirectas al ejercicio de la prensa. En su página digital, el medio advirtió que “con estas medidas, se fortalece el control sobre la información y se restringe el derecho de la sociedad a conocer críticas y opiniones sobre el actuar de la gobernadora de Campeche”.

La resolución del tribunal implica que cualquier contenido que haga referencia a la gobernadora será objeto de revisión previa por parte de una autoridad judicial, lo que, según Tribuna, representa una limitación directa al acceso de la sociedad a información crítica sobre la gestión pública.

El Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Campeche resolvió este miércoles declarar improcedente el recurso de revocación promovido por la defensa legal del medio informativo Tribuna. Esta decisión implica que el responsable de las redes sociales del medio deberá ser sometido a un censor judicial, en una medida que ha sido ampliamente cuestionada por vulnerar la libertad de expresión.

Según lo dispuesto por la jueza Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, la empresa tiene un plazo de 48 horas para entregar los datos del responsable digital, quien quedará bajo supervisión previa por parte de una autoridad judicial. La medida forma parte de un paquete de acciones cautelares relacionadas con la “verificación de publicaciones” sobre la gobernadora Layda Sansores San Román, justo en la antesala de su Cuarto Informe de Gobierno, previsto para este viernes 1 de agosto.

Jorge González Valdez, periodista y exdirector de Tribuna durante más de tres décadas, denunció que esta decisión es una estrategia directa para manipular la información pública y frenar las críticas hacia la gestión de Sansores, acusada por diversos sectores de falta de resultados y prácticas autoritarias.

“Esta medida inédita busca controlar el contenido informativo en redes sociales y restringir el trabajo periodístico independiente en Campeche”, sostuvo el comunicador.

El pasado 16 de julio, la gobernadora Layda Sansores utilizó su programa oficial “Martes del Jaguar” para exigir que González Valdez fuera “muy cuidadoso” en lo que publica y dice. La jueza de control Ana Maribel de Atocha Huitz May ya había dictado entonces medidas cautelares contra el periodista, ordenándole abstenerse de hablar sobre la mandataria, y someter todos sus comentarios, opiniones y publicaciones a supervisión judicial.

Por su parte, Juan Pedro Alcudia Vásquez, titular de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, defendió la resolución argumentando que las publicaciones de Tribuna supuestamente incitan al odio, promueven la misoginia y constituyen violencia digital contra la gobernadora.

“Estas medidas no buscan censurar la crítica legítima, sino frenar un discurso que, según el gobierno, ha cruzado la línea de la incitación a la violencia”, dijo Alcudia, quien responsabilizó al medio de no contar con controles adecuados para evitar agresiones en redes sociales.

Sin embargo, González Valdez replicó que se trata de un ataque institucional a la libertad de expresión y al periodismo crítico, pues la supuesta incitación al odio se atribuye a los comentarios que los ciudadanos publican en redes tras leer las notas de Tribuna, y no al contenido del medio en sí.

“La jueza cree que cuando la gente lee lo que publicamos y reacciona con críticas o insultos, eso ya es un delito. Es absurdo. No es la prensa quien incita, sino el descontento social el que se manifiesta”, sostuvo.

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y prensa libre, que advierten sobre un precedente grave de censura previa y judicialización del ejercicio periodístico en México, particularmente cuando se trata de cuestionar al poder político desde plataformas independientes.

Este viernes 13 de junio fue vinculado a proceso el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, luego de que la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada tomara esta decisión por incurrir en los delitos de presunta incitación al odio y a la violencia en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Lo anterior fue confirmado por el mismo medio, del que González Valdez se jubiló en 2017. De acuerdo con la información, la decisión se tomó en una audiencia que se prolongó por más de 9 horas, en la que también se vinculó a proceso al representante de Organización Editorial del Sureste, empresa editora de Tribuna.

Información de La Jornada detalla que a pesar de los argumentos de la defensa del periodista en los que se aprobó su jubilación y que no cumple con funciones directivas en el medio de comunicación, la jueza lo encontró culpable de haber ordenado la publicación de “supuestas ofensas contra la gobernadora”.

Además de encontrarlo culpable de los delitos de presunta incitación al odio y a la violencia, la jueza le prohibió ejercer su labor como periodista durante dos años.

Estos hechos se dan debido a que la gobernadora de Campeche denunció que el periodista realizó publicaciones que, a su juicio, incitaban al odio.

De acuerdo con los reportes, el periodista seguirá su proceso en libertad, aunque deberá cumplir con medidas cautelares como firma periódica ante la autoridad judicial. Además, también fue sentenciado a pagar una indemnización de dos millones de pesos al director estatal de Comunicación Social, Whalter Patrón Bacab, por presunto daño moral.

González Valdez fue detenido el pasado 9 de abril cuando intervino en la retención de un conductor, lo que derivó en el uso de la fuerza por parte de agentes estatales, lo que provocó que fuera trasladado a un hospital para atender sus heridas.

Desde ese día, el medio Quadratín reportó que el periodista ya tenía prohibido emitir opiniones negativas en contra de la gobernadora Layda Sansores, así como de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, debido a una orden de la Fiscalía de Campeche que le advertía que en caso de incurrir sería acreedor a una sanción económica y arresto de hasta 36 horas.

Este martes 20 de junio, la gobernadora de Campeche se pronunció sobre el periodista durante su conferencia de “Martes del Jaguar”, en la que retomó el caso del periodista Rafael Barrera, autor de Expediente, a quien acusó de realizar contenido “con saña” en su contra.

Además, aseguró que ese tipo de información continuó generándose por parte de Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna, por hacer notas que la dejan “en la indefensión”.