Luego de que en Colombia se anunció el inicio de la práctica de eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio, se ha generado un debate sobre las opciones que habría para salvar la vida de la especia invasora que fue traída al país por Pablo Escobar.

Una de las que ha tomado más popularidad fue la realizada por el empresario indio Anant Ambani, que propuso trasladar los 80 hipopótamos a un centro de conservación en Gujarat, India.

Hasta el momento, el Ministerio de Ambiente ha ratificado la decisión de sacrificar parte de la población para controlar su crecimiento, ante la dificultad y los altos costos de otras opciones como la reubicación o la esterilización.

¿Es posible traslada 80 hipopótamos a la India?

En diálogo con Infobae Colombia, el docente de gestión ambiental de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Jorge Torres, explicó que la translocación de hipopótamos desde Colombia hacia la India es posible, aunque requiere superar exigencias legales y logísticas complejas.

El especialista subrayó que los hipopótamos, clasificados en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), no están considerados en peligro de extinción inminente, pero su traslado internacional obliga a cumplir con estrictos protocolos de exportación y aceptación por parte del país receptor.

“La especie de hipopótamo anfibio está en el Apéndice II del Cites, lo que implica que, si bien no se considera en peligro crítico de extinción, el país exportador debe solicitar la autorización correspondiente y el país receptor debe aceptar formalmente la llegada de estos individuos”, mencionó el docente, que advirtió que los permisos para importar especies exóticas en la India son particularmente rigurosos, ya que se trata de una especie exótica invasora en ese territorio.

Respecto a la población de hipopótamos en Colombia, el experto recordó que inicialmente eran cuatro individuos y ahora hay cerca de 200, lo que ha generado una alta tasa de endogamia, lo que provoca que las enfermedades genéticas se manifiesten y muchos ejemplares ya presenten algún tipo de malformación.

“La exportación de estos individuos a la India no supondría un riesgo para otras especies, ya que el hipopótamo no es nativo de ese país”, aunque insistió en que los trámites regulatorios y los desafíos logísticos siguen sin resolverse.

En el plano operativo, Torres describió que capturar y trasladar entre 60 y 80 hipopótamos implica riesgos y costos elevados, tanto para Colombia como para la persona o empresa que asuma la operación. “El proceso exige reunir a todos los individuos, lo que no es sencillo porque no están confinados, sino dispersos en una cuenca. Los animales deben viajar en avión y es necesario mantenerlos tranquilos durante el trayecto, lo que representa un reto técnico relevante”.

El docente resaltó que el transporte aéreo de hipopótamos requiere decidir cuántos pueden ir por vuelo, teniendo en cuenta que son animales territoriales y pueden generar conflictos si se trasladan juntos. También mencionó que la captura y localización de los ejemplares resulta especialmente difícil, ya que no se encuentran en espacios cerrados.

Torres precisó que, si el empresario indio asume todos los costos y obtiene los permisos necesarios, el proceso sería más viable desde el punto de vista económico; sin embargo, recordó que no hay un comunicado oficial del Gobierno de la India sobre la recepción de los ejemplares, sino únicamente una propuesta de un empresario.

El especialista recordó que “el traslado de hipopótamos forma parte de un paquete de medidas implementadas por las autoridades colombianas” y que las estrategias de translocación ya se han intentado anteriormente. “La pregunta sigue siendo cuándo se concretará el traslado y si el país receptor aceptará formalmente a los animales, o si debemos seguir esperando mientras ellos siguen multiplicándose”, concluyó.

El caso de Toti, conocido como “el chimpancé de mirada triste”, marca un hito en la historia de los derechos de los animales y la protección de los grandes simios en Argentina.

Después de años de lucha judicial, movilización social y trabajo interdisciplinario, una sentencia del fuero de Familia de General Roca ordenó su traslado desde el zoológico de la Fundación Bubalcó, en Río Negro, al Monkey World Ape Rescue Centre, un centro especializado en Inglaterra.

Toti es uno de los dos chimpancés que quedaban en cautiverio en el país y, tras la reciente muerte de Tomy en el zoológico de La Plata, se convirtió en el último ejemplar de su especie bajo estas condiciones.

La historia de Toti es, en muchos sentidos, un reflejo de las contradicciones y deudas pendientes en la relación entre humanos y otros homínidos. Nacido en cautiverio a comienzos de los años 90, en el zoológico de Jorge Cutini en Ezeiza, pasó por diversas instituciones hasta quedar alojado en Bubalcó, propiedad del exministro Julio Rajneri. Allí vive desde hace 13 años en aislamiento, con escaso contacto social y condiciones que distan de las necesidades de su especie.

“Los chimpancés son seres extremadamente sociales. Para Toti, estar solo, sin nadie a quien acicalar o simplemente pasar el rato, es una forma de tortura. Ningún chimpancé debe estar confinado solo. Toti debe ser enviado a un centro especializado para la rehabilitación de grandes simios, donde pueda integrarse gradualmente a un grupo. Me preocupa mucho que continúe aislado, en un entorno tan árido. Espero que al menos se le proporcione mucho enriquecimiento”, había dicho la primatóloga Jane Goodall, referente mundial en la defensa de los simios, antes de su muerte en 2025.

El proceso judicial y técnico detrás del traslado

El traslado de Toti no sólo es el resultado de un fallo judicial, sino de un proceso complejo que articuló la intervención de la justicia, la ciencia y las organizaciones no gubernamentales.

El Ministerio Público de la Defensa de Río Negro jugó un rol central desde el inicio, promoviendo un habeas corpus reparador junto a la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada) para reclamar el cese de la privación ilegítima de la libertad y solicitar su traslado a un santuario. La demanda incluyó inspecciones oculares, informes técnicos y evaluaciones sobre las condiciones de alojamiento, alimentación y salud del animal.

En febrero de 2023, la sentencia de primera instancia dispuso el traslado de Toti a un centro para grandes primates. El fallo fue confirmado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La sentencia que ordena el traslado adquirió definitividad”, informaron las autoridades.

Esta instancia habilitó la etapa de ejecución, en la que se realizaron pericias, análisis clínicos y consultas con especialistas para determinar el estado psicofísico de Toti y la viabilidad del traslado internacional.

Durante más de un año, equipos técnicos de la Fundación Franz Weber y del Instituto Jane Goodall Argentina lideraron la evaluación y preparación del chimpancé. Sus informes concluyeron que el animal se encuentra en condiciones de afrontar un traslado internacional planificado, bajo “riesgos controlables y bajo supervisión especializada”. La resolución judicial establece que ambas organizaciones continuarán a cargo de la planificación técnica, sanitaria y logística del proceso, asumiendo los costos y coordinando la articulación con Bubalcó, que deberá colaborar facilitando la documentación y las tareas preparatorias.

La acción judicial reconoce a Toti como “sujeto de derecho no humano en condición de vulnerabilidad”, un aspecto central en la jurisprudencia reciente sobre los derechos animales. La Defensa Pública aseguró la representación del chimpancé durante todas las etapas del proceso, controló la producción de prueba y el cumplimiento de la sentencia, y participó en la coordinación internacional necesaria para garantizar el bienestar del animal.

El desafío de preservar a los grandes simios y el rol de los santuarios

La elección del Monkey World Ape Rescue Centre como destino de Toti se fundamenta en antecedentes exitosos y en la opinión de Jane Goodall, quien tuvo una intervención decisiva en el caso. Allí ya conviven Sasha y Kangoo, dos chimpancés trasladados en 2022 desde el Ecoparque porteño, completamente adaptados a la vida en grupo y fuera del aislamiento.

El centro funciona como un santuario, es decir, un espacio natural especialmente diseñado para animales que jamás podrán volver a vivir en libertad plena, pero donde pueden disfrutar de compañía, enriquecimiento ambiental y condiciones compatibles con su biología y necesidades psicofisiológicas.

“Si no hacemos un cambio significativo en nuestra conducta con respecto a la naturaleza y los animales, en diez años habrán desaparecido las poblaciones de grandes simios, como sucedió con otros homínidos semejantes, y sigue sucediendo en la actualidad con miles animales, en una extinción sin precedentes en la historia de la Tierra”, advirtió la fundación Goodall.

La deforestación masiva de las selvas tropicales figura entre las principales causas de esta desaparición, agravada por el tráfico ilegal y la pérdida de hábitat.

Desde el punto de vista sanitario, los estudios clínicos y de laboratorio recientes determinaron que Toti está apto para un traslado aéreo internacional, bajo planificación y supervisión estricta. No se detectaron patologías activas, aunque los especialistas reconocen que todo traslado de esta naturaleza implica riesgos asociados al estrés, la variación de presión y el ruido ambiental.

A pesar de estos factores, la decisión de intentar que Toti viva el resto de su vida en condiciones más compatibles con su especie prevalece sobre el statu quo del aislamiento.

La resolución judicial y su ejecución implican la coordinación de controles veterinarios, entrenamiento y colaboración internacional para garantizar que Toti pueda integrarse gradualmente a un grupo de congéneres. El objetivo final es que experimente una rehabilitación integral y conviva en un entorno donde su conducta natural y sus necesidades psicofisiológicas sean respetadas.

El caso de Toti pone en primer plano la importancia de revisar el modelo de exhibición y cautiverio de grandes simios en zoológicos y la necesidad de priorizar alternativas que aseguren el bienestar animal.

La articulación entre justicia, ciencia y sociedad civil permitió que, después de décadas en jaulas, Toti tenga la oportunidad de vivir en un entorno más digno y acorde a su especie. Su historia se convierte en un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad humana y el futuro de los grandes simios en el planeta.

Debido a la denuncia que realizó la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla sobre una fiesta realizada en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, por parte de los gestores de la Paz Urbana en el Valle de Aburrá, los diálogos entre el Estado colombiano y los líderes de las estructuras criminales en la región han sido suspendidos.

Entre los detalles que reveló la cabildante se destaca que la celebración se llevó a cabo en la mañana del 8 de abril; habrían participado los artistas Nelson Velásquez y Luis Alberto Posada; y que los reclusos se habrían gastado hasta 500 millones, lo que incluyó un bufet y el ingreso de un grupo de mujeres al centro de reclusión.

Este hecho ha sido comparado con lo registrado entre 1991 y 1992 en la cárcel La Catedral, en donde estuvo recluido durante poco más de un año Pablo Escobar tras haberse entregado a las autoridades durante la administración de César Gaviria.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo que ha sembrado nuevas dudas en su política de Paz Total.

Piden traslado de los cabecillas de estructuras criminales en Antioquia

En la tarde del 10 de abril, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, confirmó que radicó una solicitud en la que le pide al Gobierno Nacional y al Inpec que los gestores de paz que participaron en la fiesta de la cárcel de máxima seguridad sean trasladados.

El cabildante indicó que no es razonable mantener a criminales condenados que no están cumpliendo con el reglamento del centro carcelario.

“Acabo de radicar una solicitud formal de carácter urgente ante el Gobierno nacional, los Centros Administrativos de Juzgados de Ejecución de Penas, el Inpec y la Procuraduría, exigiendo la revocatoria inmediata de los beneficios a los cabecillas de la ‘Mesa de Itagüí’. Es inaceptable que sujetos de alta peligrosidad sigan agrupados en una cárcel que no corresponde a su perfil de seguridad, evadiendo el aislamiento que sus condenas exigen”.

De Bedout argumentó que la decisión del Gobierno nacional de suspender las negociaciones con las estructuras criminales es una muestra de que no tiene control de las acciones de los recluidos en Itagüí.

“La paciencia de Medellín se agotó. Tras los graves hechos del 8 de abril, donde se denunció el ingreso irregular de un artista a la cárcel, el Gobierno suspendió la interlocución, confirmando que este espacio ha sido instrumentalizado para fines ajenos a la paz. Mantener privilegios para quienes ya no son interlocutores válidos es una burla a la ley y una vía de hecho administrativa”.

El antioqueño reafirmó que buscará que los gestores que participaron de la fiesta en la que se presentó Nelson Velásquez sean trasladados de prisión y cuestionó la forma con la que estos cabecillas asumieron la oportunidad de negociar la paz.

“He solicitado el traslado inmediato de estos delincuentes a sus centros de reclusión de origen o a pabellones de máxima seguridad. La “paz total” no puede ser una patente de corso para que los victimarios burlen la justicia mientras la ciudad sufre las consecuencias".

En medio de la polémica, el Inpec realizó una inspección sorpresa en la cárcel de La Paz, en la que encontraron 80 latas de cerveza, botellas de whisky, aguardiente y tequila, además de otros elementos prohibidos, como módems de internet, cargadores de celular y elementos personales de algunos reclusos.

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia adelanta una investigación que tiene como objetivo identificar a los funcionarios que permitieron que se llevara a cabo la celebración dentro de la prisión mencionada.

La Nueva EPS atraviesa un periodo de incertidumbre administrativa y financiera que ha generado preocupación tanto en usuarios como en expertos del sector salud.

Con el paso de cinco interventores en menos de dos años y deudas que, según la Contraloría, superan los 21 billones de pesos, la entidad enfrenta retos que afectan la confianza de sus afiliados.

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A esto se suma una fuga de usuarios: solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, 228.000 personas salieron de la aseguradora, una cifra inusual en el sistema colombiano.

En este contexto, muchos afiliados buscan cómo retirarse de la Nueva EPS, ya sea por insatisfacción, traslado a otra entidad o cambios en su situación personal. El proceso, aunque completamente digitalizado, exige seguir pasos claros y conservar los comprobantes de cada gestión.

Pasos para desafiliarse de la Nueva EPS en 2026

El retiro de la Nueva EPS se realiza mediante una “novedad de afiliación”, que modifica formalmente el estado del usuario en el sistema de salud. Esta gestión puede responder a la cancelación del subsidio, el traslado a otra EPS, o el retiro total del sistema por motivos específicos.

La forma más rápida es a través del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), disponible en miseguridadsocial.gov.co. Allí, el usuario debe iniciar sesión con sus datos, dirigirse a “Afiliaciones / Registro de novedades” y seleccionar la opción de retiro o traslado.

Es fundamental contar con el número de documento y el motivo del trámite. Al finalizar, el portal entrega un comprobante digital o número de radicación que debe conservarse como respaldo.

Para quienes se desafilian por motivos laborales, el portal propio de la EPS (portal.nuevaeps.com.co) permite registrar la novedad bajo la sección “servicios en línea”. El usuario elige “afiliaciones”, luego “reingresos y retiros laborales”, completa el formulario y recibe su constancia al concluir el proceso.

Alternativas si no puede hacerlo por Internet

Si no es posible acceder a los canales digitales, existen opciones presenciales y telefónicas. Puede llamar al número gratuito nacional 01 8000 952000, acudir a las oficinas de atención de la Nueva EPS o pedir apoyo al Promotor Integral de Salud de su municipio. En todos los casos, tras registrar la novedad, es importante verificar el estado actualizado ingresando de nuevo al SAT o consultando directamente a la EPS.

Consideraciones antes de finalizar el trámite

El retiro puede significar la cancelación del subsidio en salud si el usuario deja de cumplir los requisitos para seguir en el régimen subsidiado. En caso de fallecimiento o ingreso a otro régimen, la desafiliación también debe quedar registrada. Cada caso requiere un análisis de la situación personal y, en ocasiones, documentación adicional.

La digitalización de estos trámites responde a la necesidad de ofrecer mayor eficiencia y transparencia en el sistema de salud colombiano. El usuario que retire su afiliación debe conservar el comprobante digital, ya que este es la principal prueba del trámite ante cualquier reclamación.

El proceso de desafiliación, aunque es directo, exige rigor en el registro de datos y en la verificación del estado posterior. La existencia de canales paralelos: digitales, telefónicos y presenciales busca garantizar que ningún afiliado quede sin atención por falta de acceso tecnológico o información.

Y es que al desafiliarse de una EPS en Colombia, se interrumpe el acceso a consultas, tratamientos y suministro de medicamentos, conservando únicamente la atención por urgencias vitales.

Además, se pierden pagos asociados a incapacidades y licencias por maternidad o paternidad. Cuando la desafiliación ocurre estando al día en los pagos, persiste una protección laboral que extiende la cobertura de salud entre uno y tres meses. Si la causa es mora, la readmisión exige el pago total de las deudas y sus intereses.

En aproximadamente 12 meses, el Canal de Panamá proyecta iniciar los primeros traslados de familias que serán reubicadas como parte del desarrollo del embalse en la cuenca del río Indio, un proyecto que busca garantizar el almacenamiento de agua para los próximos 50 años y reforzar la sostenibilidad operativa de la vía interoceánica.

La iniciativa se perfila como una de las respuestas más relevantes frente a la presión hídrica que ha enfrentado el país en los últimos años.

Las primeras reubicaciones se concentrarían en comunidades como El Nancito, en la provincia de Colón, una de las zonas directamente impactadas por la futura construcción de la represa.

En esta etapa inicial, se contempla el traslado de unas 50 familias ubicadas en el área donde se desarrollará la obra, mientras que el alcance total del proyecto abarca a alrededor de 500 familias, equivalentes a unas 2,000 personas, distribuidas en distintos puntos de la cuenca del río Indio.

Por el momento, la ACP ha identificado tres áreas en distintos puntos de la cuenca de río Indio donde proyecta trasladar al mayor número de personas, aunque existe la posibilidad de reubicaciones en otros sitios si las familias así lo solicitan. En esos casos, tendrían que realizarse evaluaciones adicionales para determinar si esas zonas cumplen con los parámetros de seguridad.

De acuerdo con la planificación presentada, se han identificado tres zonas de reasentamiento a lo largo de la cuenca, donde serán reubicadas las familias. Un aspecto clave es que estos nuevos asentamientos estarán ubicados a una distancia de entre 1 y 7 kilómetros de sus comunidades actuales, con el objetivo de mantener el arraigo territorial, las dinámicas sociales y el acceso a sus actividades productivas, principalmente agrícolas.

En la provincia de Coclé se han identificado 102 predios, 256 en la provincia de Panamá Oeste y 121 en la provincia de Colón. En esta última se construirá la represa y el túnel que permitirá llevar por gravedad agua al Lago Gatún.

Presupuesto millonario

El proyecto tiene un costo estimado de 1,500 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 500 millones de dólares se destinarán al componente socioambiental, incluyendo el traslado de las familias, compensaciones económicas, construcción de viviendas, infraestructura básica y programas de acompañamiento. Este componente ha sido uno de los ejes centrales del diseño del proyecto, dada la magnitud del impacto social.

Según explicó Karina Vergara, gerente socioambiental del proyecto, el proceso no se limita a la entrega de casas, sino que incorpora un enfoque integral que incluye acceso a agua potable, capacitación en matemáticas, formación en construcción, mejoras en prácticas agrícolas y programas de desarrollo comunitario. La funcionaria detalló que estos programas ya han comenzado a implementarse como parte del proceso preparatorio.

En esa misma línea, John Langman, vicepresidente de Proyectos Hídricos del Canal de Panamá, destacó que el acompañamiento a las comunidades será sostenido en el tiempo.

El proceso de reasentamiento está previsto para desarrollarse en un periodo de entre tres y cinco años, seguido de una presencia permanente del Canal en la cuenca, replicando modelos de gestión aplicados previamente en otras áreas como la cuenca del río Chagres.

Uno de los elementos más relevantes del proceso ha sido el avance en las consultas comunitarias. Las autoridades indicaron que el 66% de las familias ha participado en los procesos de consulta, mientras que, a través de visitas casa por casa, se ha logrado recopilar información de hasta el 85% de la población impactada. Este dato ha sido clave para avanzar en la estructuración de los esquemas de compensación.

Sin embargo, ambos funcionarios fueron claros en precisar que este 85% de participación no implica una aprobación del proyecto, sino que refleja un nivel de interacción y disposición a dialogar con la Autoridad del Canal de Panamá.

Aun así, señalaron que en los últimos meses se ha observado una mayor apertura de las comunidades a participar en estos procesos, lo que calificaron como un avance positivo dentro de un tema que reconocen como sensible.

El proyecto también contempla incentivos condicionados a la participación activa de las familias en los programas de formación. Según se explicó, algunos beneficios estarán vinculados a la asistencia a capacitaciones y actividades productivas, con el objetivo de evitar el abandono de los nuevos asentamientos y promover mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población.

En cuanto al cronograma técnico, se prevé iniciar en mayo próximo la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría III, el nivel más alto dentro de la normativa panameña.

Este estudio permitirá evaluar los efectos del proyecto sobre el entorno y las comunidades, y se espera que sea presentado al Ministerio de Ambiente hacia finales de este año para su evaluación.

Paralelamente, el Canal avanza en la preparación del pliego de cargos para la licitación del diseño y construcción del proyecto, documento que también se espera esté listo antes de finalizar el año. El modelo contemplado es un contrato de diseño y construcción, con un proceso de precalificación riguroso para garantizar la participación de empresas con experiencia comprobada en este tipo de infraestructuras.

Desde el punto de vista técnico, el embalse del río Indio permitirá generar una capacidad adicional de agua equivalente a entre 11 y 15 tránsitos diarios de buques tipo Panamax, lo que representa un aumento significativo en la disponibilidad hídrica del Canal. Este volumen es clave para enfrentar escenarios de sequía y asegurar la continuidad de operaciones en una de las rutas más importantes del comercio global.

A diferencia de proyectos anteriores, como la ampliación del Canal, esta iniciativa incorpora un componente social mucho más complejo. En este caso, la intervención se realiza en territorios habitados, lo que obliga a desarrollar un modelo más robusto de compensación, participación y acompañamiento comunitario.

El desarrollo del embalse del río Indio se consolida así como un proyecto estratégico no solo para la operación del Canal, sino también para la gestión del recurso hídrico en Panamá. Su ejecución implicará un equilibrio delicado entre infraestructura, sostenibilidad y bienestar social, en un contexto donde el acceso al agua se ha convertido en uno de los principales desafíos del país.

Los voceros de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reconocieron que existe un grupo de moradores que mantiene su oposición al proyecto del nuevo embalse, los cuales se encuentran distribuidos en distintos puntos de la cuenca del río Indio. Indicaron que, si bien se ha avanzado en los procesos de acercamiento, no todos los residentes comparten la visión del proyecto, especialmente por las implicaciones que tendría en sus comunidades y modos de vida.

En ese contexto, las autoridades señalaron que el proceso de consulta continúa activo con moradores y propietarios de tierras, con el objetivo de atender inquietudes, aclarar dudas y explicar los alcances reales de la obra. Subrayaron que el enfoque se basa en el diálogo directo y en la recopilación de información que permita estructurar adecuadamente los esquemas de compensación y traslado, en un proceso que han descrito como progresivo y aún en desarrollo.

Cabe recordar que durante 2025 se registraron cierres de calles y enfrentamientos en rechazo al proyecto, lo que evidenció el nivel de tensión existente en algunas comunidades. No obstante, desde la ACP se ha insistido en que en los últimos meses se ha observado una mayor disposición de parte de algunos residentes a participar en los espacios de consulta, lo que consideran una señal positiva dentro de un proceso complejo que aún enfrenta retos sociales importantes.

El traslado de Jorge Javier Grasso a la provincia de Córdoba marcó un nuevo capítulo en la investigación por el presunto femicidio de Milagros Micaela Basto.

El operativo, realizado siete días después de su captura en Salta, fue ejecutado por la Unidad de Homicidios y el Equipo Táctico Eter de la Policía de Córdoba, quienes viajaron especialmente hasta la Jefatura de Región X de la provincia para concretar el procedimiento. Grasso quedó alojado en la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, bajo disposición del Poder Judicial.

La detención de Grasso se produjo en la ciudad de Tartagal, Salta, donde permaneció prófugo durante ocho meses. Su captura responde a una orden judicial vinculada a la causa que investiga la muerte de Milagros Basto, cuyo cuerpo fue hallado en un departamento de la capital cordobesa, en la calle Buenos Aires al 300. El hallazgo ocurrió en el inmueble donde cumplía prisión domiciliaria Horacio Antonio Grasso, ex policía y hermano del sospechoso.

La investigación sostiene que la joven fue víctima de femicidio, y que Jorge Javier Grasso habría estado vinculado directamente con el crimen. El cuerpo de la joven fue encontrado dentro de un ropero, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad locales.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Voz, durante el operativo de captura en Salta, Grasso intentó evitar su identificación presentando un pasaporte con género femenino, una práctica que, según los investigadores, ya había utilizado en situaciones anteriores. Las autoridades confirmaron que esta maniobra buscaba confundir a la Policía y aplazar su detención. La documentación fue analizada por los agentes de la Unidad de Homicidios, quienes finalmente confirmaron la identidad del detenido.

Una vez en Córdoba, el sospechoso fue remitido directamente a la Unidad Carcelaria N°1 de Bouwer, en las afueras de la ciudad. El Poder Judicial dispuso su detención inmediata mientras avanza la investigación.

En el expediente judicial constan antecedentes penales y denuncias previas contra Grasso, tanto por episodios de acoso como por otros delitos. En 2024, fue detenido en Ciudad del Este, Paraguay, tras ser acusado del robo de un bolso con 12 mil dólares en un centro comercial. En esa oportunidad, Grasso también presentó documentación que lo identificaba como mujer y solicitó ser trasladado bajo esa condición, en línea con la estrategia utilizada durante su reciente captura en Salta.

El caso sigue bajo investigación del Poder Judicial de Córdoba y la Fiscalía de Homicidios, que ahora centra sus esfuerzos en reunir pruebas y testimonios para determinar el grado de responsabilidad penal del acusado.

El hallazgo del cuerpo y una investigación abierta

La aparición del cuerpo de Milagros se produjo cerca del mediodía del 7 de julio, cuando dos albañiles sintieron un olor persistente mientras limpiaban el departamento alquilado por Horacio, quien cumplía de forma domiciliaria una condena por el crimen del niño Facundo Novillo Cancinos.

Al ingresar, descubrieron un ropero casero sellado con madera y cemento. Dentro, un cuerpo envuelto en frazadas y atado con cables, en avanzado estado de descomposición. El grado de deterioro no permitía identificar ni el género de la víctima, por lo que el proceso de confirmación definitiva se extendió hasta el 14 de agosto, cuando los resultados genéticos permitieron identificar a Milagros Micaela Basto.

Durante el tiempo de la desaparición, Grasso había sido beneficiado con prisión domiciliaria, pero esa condición cambió al violar la medida y ser trasladado al penal de Bouwer.

La investigación, bajo la dirección de la Fiscalía de Distrito I Turno VI, apunta a esclarecer el contexto del crimen y la posible relación entre la joven, Grasso y su hermano Javier, propietario del departamento y contratante de los albañiles.

Ambos fueron detenidos como principales sospechosos de femicidio, mientras la causa avanza en busca de pruebas y respuestas a un posible femicidio.

Villar, responsable del atropello y muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano, salió enmarrocado de la dependencia policial a las 09:37, con un rostro desencajado, ropa oscura y bajo un numeroso resguardo, abordó un patrullero policial que lo condujo primero al área de Medicina Legal en La Victoria. A pocos metros del vehículo policial se encontraba una unidad en la que viajaban sus padres, Rubén Villar y Marcela Chirinos.

¿A qué penal irá Adrián Villar?

El acusado deberá ser evaluado por la junta del Instituto Nacional Penitenciario, que analizará su perfil para decidir en qué establecimiento penitenciario de la capital cumplirá la medida restrictiva ordenada por el Poder Judicial.

Durante el proceso, que suele durar entre 24 y 72 horas, un equipo multidisciplinario del INPE —integrado por psicólogos, abogados y asistentes sociales— evaluará el perfil del investigado. Este análisis incluye exámenes psicológicos y la revisión de diversos factores como el tipo de delito, si se trata de un interno primario, su comportamiento inicial y la posible peligrosidad que represente.

Con base en esta evaluación, las autoridades penitenciarias determinan si el interno será enviado a un penal de mínima, media o máxima seguridad. En caso de clasificarse como un interno de menor peligrosidad podría ser trasladado a centros como Lurigancho o Virgen de la Merced, mientras que perfiles considerados de mayor riesgo suelen ser derivados a establecimientos de mayor seguridad, como Ancón I u otros penales del sistema.

El exjefe del INPE Leandro Caparrós estimó previamente en ATV que , por las características de Villar (ser primario, tener arraigo y no registrar antecedentes de violencia), “debería poder aspirar a estar en Piedras Gordas II, o sea, Ancón II, o quizás en Castro Castro”, penales que cuentan con alas para internos primarios.

Detalles de la prisión preventiva

El traslado de Villar responde a la medida de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el juez Adolfo Farfán, quien consideró que se cumplen los requisitos legales: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena superior a cinco años y peligro procesal, de acuerdo con el fallo judicial.

Adrián Villar cumpliría con la medida establecida por el Poder Judicial mientras continúan las investigaciones en su contra por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. Tras la disposición, la defensa de Villar indicó que interpondrá un recurso de apelación.

El traslado de Villar Chirinos se realiza 16 días después del fatal accidente en San Isidro. Durante ese periodo, la familia de la deportista Lizeth Marzano impulsó las investigaciones que permitieron identificar a Adrián como responsable de su atropello y muerte.

Después de que esta semana confirmaran que Bastián Jérez, el nene de 8 años que permanece internado tras sufrir heridas graves en un choque en Pinamar, había despertado del coma farmacológico, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires anunció que se evalúa trasladarlo hacia una clínica privada para que pueda estar más cerca de su familia.

Según comunicaron las autoridades, el plan de derivación será articulado junto a la obra social IOMA, con la intención de que el menor de edad pueda seguir con su tratamiento y rehabilitación motora en un centro privado con los recursos adecuados.

Luego de que el parte médico oficial asegurara que el nene pasó varios días estable, anticiparon que el eventual traslado se realizará en vuelo sanitario. Sin embargo, remarcaron que se efectuará una vez que “sus condiciones de salud lo permitan, como así también las condiciones meteorológicas”.

Actualmente, el paciente sigue internado en el Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata y, según la información publicada por el medio marplatense 0223, en los últimos días presentó una evolución clínica sostenida sin necesidad de nuevas intervenciones de alta complejidad.

A casi un mes de que el nene resultara gravemente herido tras el accidente entre un UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera en Pinamar, el martes por la noche mostró una evolución positiva al despertar del coma y reconocer a su familia, un avance que llega tras siete cirugías y semanas de cuidados intensivos.

La noticia fue anunciada por su madre, Macarena Collantes, a través de una publicación en Instagram: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”. El evento se dio apenas un día después de que afrontara su séptima intervención, en la que reemplazaron una válvula clave para regular la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo.

El parte médico, divulgado tras la operación, detalló que reemplazaron la válvula de derivación externa por una ventrículo-pleural. Asimismo, los voceros de la cartera de salud bonaerense indicaron que esta acción fue orientada a optimizar el manejo del drenaje y mejorar la evolución neurológica de Bastián.

De la misma manera, destacaron que el procedimiento se completó sin complicaciones y desde hace diez días el paciente se encuentra estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, aunque permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.

En paralelo, la magnitud del proceso médico y judicial que rodea el caso involucra no solo a la familia, sino también a las autoridades sanitarias y judiciales de la Provincia de Buenos Aires, que mantienen bajo investigación a los tres adultos implicados por “lesiones culposas” y aguardan los resultados de una pericia accidentológica que será determinante para el curso de la causa.

Los detalles del accidente en Pinamar

La colisión tuvo lugar alrededor de las 19:50 en una zona de difícil acceso, solo transitable en vehículos 4x4, cuando el UTV en el que viajaban cinco personas —tres de ellas menores— impactó con una camioneta Amarok. Autoridades informaron que Noemí Quirós conducía el UTV y en el momento del choque el nene viajaba en brazos de su padre, Maximiliano Jérez, sin cinturón de seguridad. El conductor de la camioneta era Manuel Molinari, quien iba acompañado por su novia Brisa Soledad Martín.

El impacto dejó consecuencias inmediatas: Bastián fue el más afectado y debió ser trasladado inicialmente a un hospital en Pinamar. Tres días más tarde, una vez estabilizado, fue derivado en helicóptero a Mar del Plata dada la gravedad de las lesiones.

El mismo día del siniestro, se recolectaron muestras de sangre de los conductores y del padre del menor para análisis toxicológicos. De acuerdo a los resultados revisados hace una semana, tanto Molinari como Quirós presentaron alcoholemia positiva, motivo por el que el Ministerio de Transporte provincial dispuso la inhabilitación de ambos para conducir.

Aunque el padre de Bastián dio negativo en alcohol y estupefacientes, sigue imputado junto a los otros adultos por el fiscal Sergio García dentro de la causa por lesiones culposas. Por esto, la pesquisa se centra ahora en la pericia accidentológica, que será decisiva para futuras indagatorias.

De manera paralela, Sebastián Riglos, abogado defensor de Molinari, pidió a la fiscalía un análisis urgente de ADN sobre las muestras de sangre, al alegar supuestas irregularidades en los recipientes utilizados para el resguardo de las pruebas.

Un total de 14 personas, quienes ya fueron condenadas por actividades criminales, fueron enviadas de Estados Unidos a México, anunció la Oficina de Asuntos Públicos (GPA, por sus siglas en inglés).

En un informe compartido el 9 de diciembre detalla que la transferencia de los 14 individuos de origen mexicano fue realizada el pasado viernes 5 de diciembre y destacó que cada una de las personas cumplía condenas por distribución de drogas, posesión ilegal de armas o ambos delitos.

Con las acciones recientes, los 14 sujetos cumplirán su condena en territorio mexicano luego de que los propios reclusos solicitaron su traslado y que las acciones fueron autorizadas tanto por las autoridades de México como por las estadounidenses.

Los 14 reclusos solicitaron el envió a su país de origen. Tras la aprobación de ambos gobiernos, fueron trasladados el 5 de diciembre y cumplirán el resto de sus condenas en México, según lo estipulado en el tratado.

El reporte de la institución detalla que en el traslado de los 14 individuos partició la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y el traslado forma parte del Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros entre las dos naciones.

Las personas que están bajo custodia estatal y federal en EEUU pueden formar parte del programa de envío a su país de origen si cumplen con determinadas condiciones.

“Estados Unidos mantiene actualmente otros diez acuerdos bilaterales de traslado y dos convenciones multilaterales de traslado, lo que facilita la colaboración con más de 85 países”, es parte de lo expuesto en el informe.

Sin embargo, no fueron revelados los nombres de los sujetos enviados desde EEUU a México o las acciones específicas por las que fueron condenados. Aunque las autoridades estadounidenses sí detallaron que las penas que deberán cumplir van desde los 22 meses a los cuatro años y medio de prisión.

Criminales enviados de México a EEUU

Asimismo, las autoridades mexicanas han enviado criminales de alto perfil a territorio estadounidense. El pasado mes de febrero las autoridades mexicanas informaron el envío de 29 individuos ligados con actividades de narcotráfico.

Entre los sujeto enviados a EEUU estaban:

• José Ángel Canobbio Inzunza, alias El Güerito o El 90, vinculado a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
• José Bibiano Cabrera Cabrera, alias El Durango, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Altar, Sonora.
• Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de El Mencho y uno de los principales operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
• Erick Valencia Salazar, alias El 85, uno de los cofundadores del CJNG.

Mientras que, meses después, en agosto pasado otras 26 personas fueron enviadas a EEUU. Abigael González Valencia, alias Cuini y Juan Carlos Félix Gastelum, alias El Chavo Félix fueron algunos de los sujetos llevados al país vecino del norte.

Durante 2025, el gobierno mexicano llevó a cabo una operación de máxima seguridad para trasladar a 55 líderes y altos mandos del narcotráfico hacia prisiones de Estados Unidos. El movimiento, dividido en dos grandes fases ejecutadas entre febrero y agosto del año, implicó reconfigurar el control interno de diversas cárceles, reforzar mecanismos de vigilancia y diseñar una logística de traslado inédita en el país.

El proceso fue tan delicado que requirió tomar el control de más de una docena de centros penitenciarios, sustituir a directores, rotar custodios y bloquear cualquier posible filtración. Las autoridades también implementaron sistemas de monitoreo avanzados, aislaron a presos clave y modificaron proveedores internos para neutralizar riesgos. Todo ello, con semanas de anticipación.

Fue hasta después de la ejecución de la operación que se conocieron sus pormenores. Ahora, y de acuerdo con una nueva investigación del diario estadounidense The Wall Street Journal, que reveló cómo México modificó su protocolo penitenciario para evitar fugas, sabotajes, envenenamientos o filtración de información desde dentro de los penales.

Cambio de custodios, blindaje y sustitución de la empresa de alimentos para evitar envenenamientos de capos

Uno de los detalles más significativos que reveló la nueva información apunta al reemplazo masivo de custodios y directivos dentro de las prisiones donde se encontraban los reos destinados al traslado. La decisión se tomó para impedir cualquier intento de soborno o fuga, así como para cortar de manera total la comunicación entre los líderes criminales y sus organizaciones.

Un punto especialmente sensible fue el cambio de la empresa encargada de los alimentos. Según fuentes consultadas por el diario norteamericano, existía preocupación real de que los grupos criminales buscaran envenenar a los internos para impedir su envío a Estados Unidos y así evitar que estos revelaran información operativa o nombres de colaboradores. El riesgo obligó a sustituir servicios, proveedores y rutinas completas dentro de los penales.

Paralelamente, se renovaron cámaras de vigilancia para evitar cualquier vulnerabilidad tecnológica. Esto al tomar en cuenta las fallas previas como la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015. Los reclusos más peligrosos, aquellos que mantenían capacidad de comunicación con sus redes criminales, fueron aislados y sometidos a un monitoreo constante.

“La Tuta”: vigilancia a detalle, monitoreo de su familia y blindaje económico

Uno de los casos más vigilados fue el de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán.

De acuerdo con la información publicada, las autoridades mexicanas intervinieron comunicaciones, revisaron movimientos bancarios y supervisaron cada contacto de su entorno familiar para evitar que sus redes intentaran organizar una fuga, un soborno o un sabotaje.

Su traslado ocurrió el 12 de agosto junto con otros altos mandos criminales; entre ellos, Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”. Todos fueron movilizados bajo estrictas medidas de seguridad y sin conocer su destino hasta que ya estaban en tránsito.

El “búnker secreto” en Ciudad de México

Para coordinar la operación, la capital del país fue habilitada como un centro de mando secreto. El WSJ lo describió como un “búnker” con una pared llena de pantallas desde donde se monitorearon simultáneamente rutas, movimientos internos de los penales, convoyes y vuelos.

La logística incluyó la llegada de aeronaves militares al Penal del Altiplano semanas antes de los traslados y la creación de alojamientos temporales por si alguna fase debía retrasarse por motivos climáticos o de seguridad.

Traslados en convoyes blindados y vuelos militares: “Welcome to America”

El día del operativo, los reclusos fueron sacados en vehículos blindados, escoltados por fuerzas especiales y trasladados a pistas de despegue previamente evaluadas.

Según el reportaje, muchos de los internos creían que serían liberados tras supuestos sobornos; sin embargo, al arribar al aeródromo fueron llevados directamente a aviones militares con destino final a prisiones de alta seguridad en Estados Unidos.

Efectos y próximos movimientos: ¿habrá una tercera entrega de capos a EEUU desde México?

El traslado de estos 55 líderes criminales a territorio estadounidense representa uno de los golpes más duros contra los grupos delictivos en los últimos años.

En tanto, según se establece, Washington y Ciudad de México ya se encuentran en negociaciones para una tercera entrega de narcotraficantes de alto perfil, lo que sugiere que el modelo se repetirá y podría convertirse en un mecanismo permanente de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Un estudio de la consultora Quantum comparó la evolución de los índices de precios y del precio del dólar desde noviembre de 2023, en la previa de la asunción presidencial de Javier Milei, y destacó tres períodos:

Entre noviembre de 2023 y octubre de-2025, mientras que el tipo de cambio oficial promedio mensual aumentó 304% (hasta el miércoles 22 de este mes), los precios minoristas y mayoristas aumentaron mucho menos; 241% y 215%, respectivamente. Aunque, a su vez, el tipo de cambio de Contado con Liquidación (CCL) aumentó 70 por ciento.

En los últimos doce meses los precios minoristas aumentaron 31% y los mayoristas 25% y en el mismo período el precio del dólar oficial aumentó 45% y el CCL 28 por ciento.

En lo que va de 2025 los precios mayoristas se incrementaron 22% y los minoristas 25%, muy a la zaga de lo que aumentaron los precios del dólar. El tipo de cambio oficial aumentó en ese período 39,6% y el CCL 35 por ciento.

Según el infome, el bajo “pass through” o traslado a precios minoristas (los que mide el índice de Precios al Consumidor, IPC, cuya variación determina la inflación general), “se asocia a diversos factores, entre ellos la política monetaria fuertemente contractiva, que se tradujo en altas tasas reales de interés, impactando en la desaceleración de la actividad económica y reduciendo la capacidad de las empresas de ajustar sus precios en diversos sectores”.

Como factor adicional del relativamente bajo impacto de la devaluación del peso sobre la inflación Quantum también destaca “cierta acumulación de inventarios y determinados precios locales que habían incorporado lecturas de menor competencia externa y costos de cobertura cambiaria”.

Al respecto, precisa que entre mayo y septiembre de este año la inflación minorista promedio mensual fue 1,8% (9,3% acumulado), la mayorista 2,2% (11,3% acumulado) y el tipo de cambio oficial aumentó 4,5% promedio mensual (25% acumulado).

Además, al comparar la evolución de precios mayoristas y minoristas, la consultora destacó el menor ajuste de estos últimos, constreñidos por la demanda final.

Las dinámicas observadas se acentuaron en los meses recientes. Concretamente, desde julio los precios mayoristas ajustan mucho más que los minoristas, a diferencia que una primera etapa entre diciembre de 2023 y junio pasado.

En la primera etapa y hasta junio pasado, tras la fuerte devaluación inicial que aplicó el gobierno de Milei (y que fue en buena medida un reconocimiento de una brecha entre tipo de cambio oficial y “blue” que sobre el final del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y la gestión económica de Sergio Massa había llegado al 190%, la inflación minorista fue muy superior a la mayorista, 150 contra 82 por ciento. “Este comportamiento diferencial se dio en un contexto de tipo de cambio oficial estable -e inclusive en algunos momentos se apreció en términos nominales”, dice el informe, que atribuye ese fenómeno a la fuerte correlación entre tipo de cambio oficial y precios mayoristas, que está dada –dice- “por la alta participación en la composición del índice de bienes comercializables con el exterior, incluyendo los importados -en este caso ponderando 7,3% en el índice”.

En la segunda etapa, de julio a la actualidad, se observa en cambio “una-recomposición parcial de los precios mayoristas sobre los minoristas”.

Sólo en septiembre, nota el informe, los precios mayoristas aumentaron 3,7% mensual contra 2,1% que lo hicieron los minoristas, en un contexto donde el tipo de cambio oficial aumentó en el mes 5,5% promedio (y el CCL +8,8%).

Como puede observarse en un cuadro del informe, en los cinco meses que abarcan de junio a septiembre el tipo de cambio oficial aumentó más (en algunos casos, bastante más) que la inflación y en los últimos tres la inflación mayorista aumentó más que la minorista, fenómeno que según proyecta la consultora se habría detenido en octubre, para la que estima una inflación minorista del 2,4%, una mayorista de 2% y aumentos del dólar oficial y CCL de 1,8 y 4,8% respectivamente.

De este modo, concluye el informe la relación entre precios minoristas y mayoristas pasó de un diferencial máximo a favor de los minoristas de 12% a uno estimado de 8% en octubre respecto de noviembre de noviembre de 2023, en vísperas de la inauguración del actual gobierno.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que en horas de la mañana del 7 de octubre de 2025, Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, involucrada en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, fue trasladada desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, de Bogotá.

La entidad explicó que ya se le realizaron las reseñas primarias para poder hacer la reseña correspondiente y, posterior a ello, se le asignará el patio donde permanecerá recluida.

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El 15 de junio, ocho días después del atentado contra el precandidato presidencial, la mujer fue presentada ante un juez por la Fiscalía. La institución detalló que: " La mujer fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Los cargos no fueron aceptados“.

Testimonio de alias Gabriela

Las confesiones ante la Fiscalía General de la Nación de implicados clave en la trama apuntan directamente a la figura de Elder José Arteaga, alias El Costeño, a quien los testigos señalan como el principal autor intelectual.

Entre las confesiones más relevantes, Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias Gabriela, explicó ante el ente investigador los mecanismos para el transporte de armas dentro de la organización dirigida por El Costeño.

Según detalló, su rol consistía en servir de enlace logístico en la entrega de armamento, cumpliendo instrucciones explícitas de Arteaga para llevar las armas al lugar donde se perpetraría el ataque: “A través de esta persona (el Costeño), ella supo que tenía que llevar el arma al lugar de los hechos, que tuvo reuniones previas con él. Le entrega el arma a él (el Costeño), y él se la entrega al menor”, describió la fiscal sobre la confesión de alias Gabriela.

Otro participante esencial en la operación fue Carlos Eduardo Mora González, identificado como conductor del vehículo Spark gris utilizado en el atentado. Durante un procedimiento de reconocimiento fotográfico, Mora González señaló a El Costeño como líder de la planificación. Su testimonio aportó detalles sobre la preparación previa al ataque y la composición del grupo ejecutor: “El señor Carlos señala que momentos previos de llegar al lugar, recogieron a otra persona que presuntamente iba a cometer el atentado, una persona de 21 años, esa persona fue con ellos al lugar e hicieron el reconocimiento del lugar y luego volvió a dejar en su vivienda a la persona que él conoce como ‘Chipi’ o ‘El Costeño’”, relató la fiscal.

Las autoridades lograron determinar, a través de estas declaraciones, que la estructura criminal optó por reclutar a un menor de entre 14 y 15 años para ejecutar el ataque.

En palabras de la fiscal, la confesión de alias Gabriela esclarece el motivo: “Catherine refiere que el señor Elder (El Costeño) le había indicado que si tenía un menor, que si conocía un menor, que pudiera cometer un hecho que estaba planeando, pero que tenía que ser un menor de preferencia entre 14 y 15 años de edad, porque así no iba a ir a juicio, sino que iba a ser tratado en la jurisdicción de menores”. De esta manera, el grupo intentó aprovechar las diferencias del sistema judicial para menores y adultos.

La sociabilidad de alias Gabriela con la organización se extendía más allá del atentado, pues según sus declaraciones, participó en el transporte de armas para otros delitos y recibía pagos por cada labor. Además, la confesión expuso las acciones tomadas tras el atentado para borrar pruebas: “Proceden a desarmar el teléfono que tenía Elder, le quitan la Sim, después se vende el teléfono para que no sea rastreado”, se sostuvo en la audiencia.

Igualmente, el fallo en la eliminación de evidencias quedó patente en los objetos dejados por el menor que ejecutó el disparo y que fueron tirados en el río, mientras se ordenaba ocultar el vehículo utilizado: “Carlos (el conductor del carro), menciona que después de los hechos, como que el menor había dejado elementos dentro del carro, pues Carlos arroja esos alimentos dentro del río y por indicaciones de Elder, le dijo que tenía que ocultar el carro para que no fueran rastreados”, recogió la fiscal ante los presentes.

El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, en La Guajira, ordenó que Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tulá” y actualmente condenado y solicitado en extradición por Estados Unidos, sea trasladado en un plazo máximo de 48 horas al Pabellón de Extraditables de la cárcel La Picota en Bogotá.

La orden judicial, entregada como respuesta parcial a una acción de tutela, instruye que tanto el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como el comandante de la Policía Nacional asuman la responsabilidad del traslado, mientras permanece pendiente la resolución formal de extradición.

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Esta decisión busca resguardar de manera transitoria los derechos fundamentales del detenido —vida, seguridad y debido proceso— considerando que “Pipe Tulá” permanece en condiciones consideradas inadecuadas por la autoridad judicial.

El tribunal expuso que mantenerlo en la actual ubicación representa un riesgo para su integridad, por lo que resulta necesario el cambio inmediato de centro de reclusión.

El abogado Deiby Alexander Osorio Galíndez, defensor de Marín Silva, interpuso la tutela después de que el procesado hubiera sido enviado el pasado 4 de junio a la Estación de Policía Los Mártires en Bogotá.

Según advirtió el letrado ante el juzgado, esta estación “no cuenta con las condiciones que exige un centro penitenciario para extraditables”, por lo que exigió medidas urgentes de protección. Con base en estos argumentos, la autoridad judicial concedió la medida, ordenando el traslado y garantizando que este se lleve a cabo dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.

Mientras se define su extradición, Marín Silva deberá permanecer en La Picota, en circunstancias que, según el fallo, aseguren su derecho a la vida y eviten vulneraciones al debido proceso en el marco de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos.

Avanza proceso de extradición

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia continúa con el trámite de extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como “Pipe Tuluá”, quien lidera la banda criminal La Inmaculada en el Valle del Cauca. En el avance más reciente, el magistrado Gerson Chaverra decretó la práctica de diversas pruebas relacionadas con el caso, mientras que se desestimaron varias peticiones de la defensa que buscaban detener el proceso.

Entre los argumentos rechazados, la defensa de Marín Silva solicitó que se examinara una posible relación entre su defendido y las Farc-EP mediante una revisión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, la Corte Suprema señaló que no se logró sustentar ese nexo y calificó la solicitud de abstracta, advirtiendo que “la argumentación que hizo la defensa, consistente en que se debe privilegiar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las eventuales víctimas del accionar de los grupos armados al margen de la ley es abstracta y carente de las exigencias antes señaladas”, según consta en la comunicación del alto tribunal.

Otra pretensión de la defensa alegaba la existencia de un caso de “homonimia”, es decir, la posibilidad de estar solicitando en extradición a una persona incorrecta. Ante esto, el magistrado Chaverra informó que los registros oficiales confirman plenamente la identidad de Marín Silva.

El fallo detalla que se practicó una confrontación dactiloscópica, lo que permitió concluir y verificar la identidad de la persona con el Número de Documento (NUIP) 1.116.260.187, dato igualmente respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la respectiva tarjeta decadactilar.

Dentro de las peticiones aceptadas, la Sala de Casación autorizó a la Fiscalía General de la Nación a realizar una revisión en sus bases de datos con el fin de identificar posibles procesos penales vigentes contra Marín Silva. Este trámite se suma a la solicitud formal de extradición elevada por la Corte para el Distrito Este de Texas, que requiere a “Pipe Tuluá” por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.

Mientras tanto, el proceso de extradición permanece activo en la Corte Suprema de Justicia, que evalúa no solo los elementos de prueba sino el cumplimiento de las garantías procesales, en un caso que ha generado amplia atención por la presunta relevancia de la estructura criminal liderada por Marín Silva en el suroccidente colombiano.

Durante la investigación por el asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, la mayoría de capturados habían permanecido en Bogotá. Sin embargo, en la tarde del 18 de septiembre se confirmó que Elder José Arteaga, “el Costeño”, y William Fernando González Cruz, “el Viejo”, fueron traslados a las cárceles de El Girón y La Dorada, respectivamente.

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Infobae Colombia tuvo acceso a las primeras imágenes de los reclusos en las instalaciones de las prisiones mencionadas, en las cuales deberán afrontar los respectivos juicios por el crimen del senador bogotano.

Sin que exista una aclaración oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación o el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se conoció que el traslado de “el Costeño” se llevó a cabo el 16 de septiembre, mientras que una jornada más tarde se ejecutó el del “Viejo”.

El objetivo principal de los traslados es que los reclusos puedan estar en centros de máxima seguridad, evitando cualquier tipo de intento de fugarse. Sobre los criminales mencionados, cabe recordar que, William Fernando González Cruz fue el cuarto capturado tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

“El Viejo”, que no aparece en los videos expuestos de las cámaras de seguridad de la zona, es señalado de ser la persona que recogió a “El Costeño” (cabeza del atentado) y Katerine Andrea Martínez minutos después de que se registró el crimen.

En segundo lugar, Elder José Arteaga Hernández fue detenido varias jornadas después que “el Viejo”, y es mencionado por la Fiscalía General de la Nación como la persona que organizó el crimen contra Uribe Turbay.

Antes de la detención, se informó que se trataba de un criminal que se movía principalmente en Caquetá, en donde era conocido como “el Negro”. En su contra tiene al menos 24 antecedentes por procesos judiciales. En uno de ellos, registrado en febrero de 2024, fue detenido en un vehículo con varias armas, pero en medio del operativo se lanzó al río y escapó del lugar.

En los últimos años, Arteaga paso de hacer actividades ligadas al microtráfico, para consolidarse como un jefe de sicarios que habría participado en al menos 40 crímenes de esa índole.

De la misma forma, El Tiempo indicó que sostenía vínculos con disidencias de las Farc por compra de sustancias estupefacientes que eran distribuidas en la localidad Engativá, además de que sin ningún cuidado exponía supuestas relaciones con cabecillas de este grupo armado.

Las prisiones en las que permanecerán los imputados

“El Costeño” estará en la cárcel de Girón, que es un centro de media y máxima seguridad con 752 cupos, equipado con tecnología avanzada en sanidad y vigilancia, programas de resocialización con talleres de oficios y un centro de justicia con salas virtuales.

Fue inaugurado en 2021 y está diseñado para cumplir con los criterios de tratamiento penitenciario y mejorar la calidad de vida de los reclusos.

Por su parte, “el Viejo” permanecerá en la cárcel de La Dorada, cuyo nombre oficial es Centro Penitenciario y Carcelario Doña Juana y está ubicado en La Dorada, Caldas.

Este centro ha participado en programas nacionales como el plan desarme, donde los internos entregaron armas y recibieron kits de aseo. Su funcionamiento incluye patios destinados a internos de ambos regímenes de seguridad.

A pesar de que son destacados por el Inpec como centros de reclusión fiables, estos lugares han sido noticia por aspectos negativos, incluyendo denuncias por un presunto entramado de corrupción en el que varios presos pagaron para que se les permitiera ser trasladados de patios a su voluntad.

En horas de la tarde del 6 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional confirmó el traslado del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, al Hospital Militar Central, hombre que resultó gravemente herido en una asonada por parte de la comunidad en el departamento de Putumayo.

Los hechos se produjeron el 3 de septiembre en medio de una operación en contra del narcotráfico en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón. Allí, la comunidad se percató de la presencia de los uniformados, iniciaron una ofensiva contra los miembros de las Fuerzas Militares y atacaron a tres de los hombres que hacían presencia en el lugar, rociándoles gasolina para luego prenderles fuego.

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“De acuerdo con los protocolos establecidos, #AEstaHora nuestro subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien resultó con graves quemaduras en hechos ocurridos en el departamento del #Putumayo, es trasladado desde un centro asistencial en Florencia, #Caquetá, hacia el Hospital Militar Central en #Bogotá”, así lo informó la institución castrense por medio de su cuenta de X.

La Fuerza Aérea Colombiana puso a su disposición sus dispositivos para poder realizar un desplazamiento con todo lo necesario para cubrir las demandas de salud del oficial: “Con este procedimiento, que se realiza gracias al apoyo de @FuerzaAereaCol, disponemos de todas las capacidades médicas y de infraestructura para brindar la atención especializada y oportuna que requiere nuestro oficial”.

En un video se ve la llegada de dos vehículos motorizados y la ambulancia en la que se trasladó al soldado, a su llegada a las instalaciones del Hospital Militar Central de Bogotá, donde permanecerá internado Mejía Gutiérrez bajo supervisión del personal médico debido a la complejidad en su estado de salud, que lo tiene en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

Dos de los tres soldados heridos presentaron quemaduras en un 30% de su cuerpo, mientras que Miguel, tiene afectaciones en el 75% de los tejidos del cuerpo.

Luego de haber ingresado al Hospital Militar, este emitió un comunicado en el que detalla la condición del Subteniente: “El Hospital Militar Central se permite informar a la opinión pública que el día de hoy 5 de septiembre a las 16:15, ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado”, dice el documento.

Los otros dos hombres también fueron remitidos al Hospital Militar, pero un día antes: “Informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”.

En el mismo comunicado, se precisó que el próximo boletín a la opinión pública será entregado en la jornada del domingo 7 de septiembre: “El Hospital Militar Central, en su condición de Reserva Estratégica de la Nación, continúa brindando atención de alta complejidad, disponiendo de todas sus capacidades técnicas, científicas y de infraestructura al servicio de nuestros Usuarios. Esta entidad hospitalaria estará informando sobre la evolución de los pacientes en un nuevo comunicado, que será emitido en las próximas 48 horas”.

Este lugar, que se encuentra en la capital del país, está adscrito al Ministerio de Defensa, que presta servicios de salud principalmente a los hombres que hacen parte de las Fuerzas Militares y sus núcleos familiares.

El mayor aumento del precio de los alimentos en agosto, en alguna medida impulsado por la suba del dólar, no tendría un traslado a la inflación general (pass through) tan fuerte como en otras etapas de la economía argentina: las consultoras económicas estiman que la inflación del mes estaría cerca del 2 por ciento.

Sería el tercer mes consecutivo de aumento de la tasa de inflación, que del 1,5% en mayo pasado, el registro mensual más bajo de los últimos cinco años, pasó a 1,6% en junio y a 1,9 en julio, pero el número se ubicaría bien por debajo del 3%: la mayoría de las consultoras prevén un guarismo de entre 2 y 2,2 por ciento.

Todo esto, en el contexto en que, según la consultora LCG los alimentos en agosto aumentaron el 3%; sucede a la vez que el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM), de la consultora Eco Go arrojó en la última semana una “marcada desaceleración”, por lo que el número del mes para el rubro alimenticio cerraría en 2,5% incorporando las subas de precios en el ítem “alimentos consumidos fuera del hogar”.

Servicios y bienes

En la cuarta semana del mes, los aumentos más notables se dieron en el sector servicios. Por caso, los “servicios telefónicos” aumentaron 2,7 por ciento. Pero en alimentos la dinámica fue más suave. Las carnes se mantuvieron “relativamente estables” y subieron 0,3%; el pollo aumentó 2,3%, los fiambres cayeron 0,8%), y los valores de la carne vacuna y el cerdo no tuvieron.

En frutas y verduras, el aumento osciló entre 1,2% y 1,3%. La mayor suba en frutas se dio en manzanas (2,4%) y en “Otras verduras frescas y congeladas” el alza fue del 1,8 por ciento.

“En promedio, los precios de alimentos acumulan un incremento del 2% mensual. Este dato incorpora el bajo arrastre de julio (0,3%)”, dijeron fuentes consultadas por la agencia NA, según las cuales la inflación minorista) de agosto estaría en torno al 2,1%, aunque -aclararon “todavía no está del todo cerrado, ya que falta la última semana del mes; entendemos que va a terminar en 2%, aproximadamente”.

Optimistas

La consultora Libertad y Progreso está entre las optimistas y espera una inflación cercana al 1,9 por ciento. Más optimista aún es la consultora Analytica, que proyecta una inflación minorista del 1,7%, inferior al 1,9% de julio.

Por su parte, la consultora NM pronosticó una inflación algo más alta, debido a una menor confianza en el peso y una mayor incertidumbre. Cada vez que sube, “el dólar es una señal para el resto de la economía”, dijo la economista Natalia Motyl.

Según los pronósticos, el Gobierno habría logrado evitar un fuerte traslado a precios tanto del aumento de los alimentos como del dólar, en parte por su decisión de “secar” la economía de pesos para no convalidar aumentos en las góndolas.

La ecuación dólar, alimentos e inflación

Un informe de la consultora Economía y Energía analizó la relación entre alimentos, tipo de cambio e inflación y destacó que en lo que va del gobierno de Javier Milei los precios de bienes y servicios siguieron trayectorias distintas. Hasta julio de este año los precios de los bienes acumulan un 123% de aumento, menos de la mitad de lo que aumentaron los servicios, que en igual lapso se encarecieron un 262%.

Según el informe, eso se debió a los aumentos tarifarios y la combinación de apertura comercial y atraso cambiario que, al igual que durante el plan de convertibilidad, generó un “abaratamiento relativo” de los bienes transables y, en especial, de los alimentos. De hecho, precisa, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 130%, 25 puntos menos que la inflación general (155%).

La consultora cree que esa disímil evolución de precios relativos explica en parte por qué el ingreso real de los sectores de menores recursos no fue tan afectado como el de los sectores medios (en cuya canasta de consumo pesan más los servicios). De hecho, precisa el informe, la canasta básica alimentaria que se utiliza para medir la línea de indigencia se mantuvo 41 puntos por debajo del índice general.

De todos modos, las expectativas de devaluación previas a la firma del nuevo acuerdo con el FMI y la suba del tipo de cambio registrado en abril tras el abandono del crawling peg y la adopción del esquema de bandas de flotación obligan a reevaluar la dinámica.

“El tipo de cambio sigue teniendo impacto directo en los precios de los bienes transables y, especialmente, en rubros sensibles como alimentos y bebidas (que determinan indicadores como pobreza e indigencia)”, dice el informe.

“De todos modos -concluye- parece haber un menor margen de traslado a precios que en otras ocasiones dado el aumento de las importaciones, el estancamiento en el nivel de actividad económica y la baja demanda de bienes de consumo masivo”.

CON INFORMACIÓN DE NA

El traslado de la ‘influencer’ Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, desde la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de la Policía, se produjo después de que el presidente Gustavo Petro presentara una solicitud formal ante Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia.

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre una modificación en la sentencia, la medida ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios han manifestado opiniones divididas. Mientras algunos celebran la posibilidad de que la joven abandone el centro penitenciario, otros insisten en la necesidad de que cumpla la totalidad de su condena.

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En enero, la justicia declaró culpable a Barrera Rojas por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación al servicio público. La sentencia impuesta fue de cinco años y dos meses de prisión, una decisión que, según la familia de la acusada, resultó desproporcionada.

Martha Rojas, madre de Daneidy, ha sostenido en repetidas ocasiones, tanto en redes sociales como en visitas a la cárcel, que la condena de su hija carece de justicia. Además, ha subrayado la importancia de la presencia de Epa Colombia en el núcleo familiar, no solo como madre de su nieta, sino también como sostén económico de toda la familia.

La publicación de Martha Rojas en apoyo a su hija, Epa Colombia

El traslado a la Estación de Carabineros de la Policía ha sido interpretado por algunos como un posible paso hacia una medida menos restrictiva, aunque oficialmente no se ha anunciado ningún cambio en el régimen de reclusión. En este contexto, la madre de la también empresaria reiteró su apoyo incondicional: “Seguimos adelante con la bendición de Dios. Te amo, mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”.

“Gracias Dios por sus promesas cumplidas, no hay Dios tan poderoso como tú, te amo”, escribió la madre de la influenciadora en un post publicado en su cuenta de Instagram.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar. Los seguidores de Epa Colombia utilizaron la sección de comentarios para exigir justicia y expresar su respaldo. Entre los mensajes más destacados se encuentran: “Suelten a esa mujer”, “Ella ha hecho de todo por enmendar ese error, pero se ensañaron con ella, deberían darle casa por cárcel, al menos para que pueda cuidar a su hija, que todavía es una bebé” y “Qué triste, que gente que ha hecho cosas peores, esté libre”.

La controversia en torno al caso de Epa Colombia pone de manifiesto la polarización social frente a las decisiones judiciales y la influencia de la opinión pública en procesos de alto perfil.

Los detalles del traslado de la influenciadora desde El Buen Pastor

Francisco Bernate, representante legal de Epa Colombia, detalló que es que la decisión de traslado ya fue ejecutada en la mañana del miércoles 20 de agosto. Desde ese momento, Daneidy Barrera se encuentra en un espacio distinto al de la cárcel tradicional, lo que implica un cambio sustancial en la forma en que cumplirá su condena.

El traslado de Barrera a una guarnición militar, en lugar de un centro penitenciario del Inpec, representa una modificación relevante en el régimen de cumplimiento de la sentencia. Según la información publicada por El Tiempo, este movimiento no fue producto de una decisión repentina, sino el resultado de un proceso prolongado.

Meses de conversaciones entre la defensa de la condenada y altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al ministro de Justicia y al secretario jurídico de Presidencia, incluida la intervención directa de Gustavo Petro, precedieron la resolución final.

Los reiterados llamados del mandatario para que Barrera fuera retirada de la cárcel evidencian el interés del Ejecutivo en el destino de la influencer. Este interés se tradujo en la obtención del aval necesario por parte del Inpec y de los ministerios de Justicia y Defensa, permitiendo que la condenada permanezca en un establecimiento de la Policía y no en una prisión convencional.

La iglesia de más de 600 toneladas y 113 años de antigüedad, que fue levantada desde sus cimientos y colocada sobre un remolque construido especialmente, continuó su camino por el sinuoso camino que se había ensanchado especialmente para este viaje.

En el interior de la iglesia se inspeccionarán y restaurarán, según sea necesario, el retablo y el órgano, que fueron trasladados junto con el edificio.

El objetivo es que la iglesia vuelva a estar en uso a finales de 2026 o principios de 2027.

Después de una parada nocturna, la iglesia pintada de rojo (una de las estructuras de madera más grandes de Suecia, a menudo votada como la más hermosa) continuó su viaje hasta el nuevo centro de la ciudad.

El edificio avanzó a un ritmo de medio kilómetro por hora, apoyado sobre un sistema de vigas y remolques especialmente diseñados.

Kjell Olovsson, gerente de proyectos de la empresa constructora Veidekke que participó en la mudanza, dijo que el progreso fue más lento que el martes debido a que había algunos “puntos difíciles” que sortear.

El campanario, al estar separado de la estructura principal, será trasladado recién el 26 de agosto.

El monumental traslado forma parte de un plan urbano inédito: la reubicación completa de la ciudad ártica de Kiruna, que enfrenta el hundimiento de su suelo por la actividad minera de la empresa estatal LKAB.

Según explicó The Guardian, la operación demandó ocho años de preparación, un presupuesto de 500 millones de coronas —equivalente a casi 53 millones de dólares— y hasta la bendición especial de la propia iglesia antes de iniciar el movimiento.

El operativo generó una fuerte expectativa: se estima que más de 10.000 personas, entre ellas el propio rey Carlos XVI Gustavo, se apostaron a lo largo del recorrido para presenciar lo que la televisión sueca transmite como un espectáculo nacional. La cadena pública SVT incluso instaló decenas de cámaras para emitir “Den stora kyrkflytten” —“El gran movimiento de la iglesia”—, una suerte de “televisión lenta” que atrajo miradas no solo en Suecia sino en varios países.

Kiruna Kyrka es una de las construcciones religiosas más emblemáticas del país. Diseñada por el arquitecto Gustaf Wickman, su estilo busca asemejarse a un lávvu, las tradicionales cabañas sami. No solo se trata de un patrimonio histórico: en su interior resguarda un retablo pintado por el príncipe Eugen, miembro de la familia real sueca, y un imponente órgano con más de 2.000 tubos, ambos embalados con extremo cuidado para el traslado.

Aunque la iglesia volverá a abrir sus puertas en su nueva ubicación recién a fines de 2026, el proyecto de traslado urbano se extenderá mucho más: según LKAB, la reubicación completa de la ciudad no culminará antes de 2035.

En total, son 23 los edificios culturales que deben mudarse, en lo que la empresa describió como “un evento único en la historia mundial”.

Mientras tanto, en la antigua ubicación, el terreno ya fue excavado para colocar las vigas que soportan el peso del templo. Un gesto que, más allá de lo técnico, confirma que en Kiruna la fe también viaja sobre ruedas.

Con una mochila al hombro y el horizonte verde de la costa norte de España frente a sus ojos, la Dra. Colleen Crowley, originaria de Colorado, recorre tramos del Camino de Santiago en compañía de su marido y sus tres hijos, una rutina que define el giro radical de vida que ha experimentado junto a su familia. La mudanza a la península desde el otro lado del Atlántico ha supuesto una transformación diaria, marcada por actividades al aire libre y un entorno cultural diferente al que conocían.

No obstante, para muchos puede llegar a ser sorprendente, ya que el desplazamiento ha implicado dejar atrás una vida en Montecito, un enclave californiano conocido por su exclusividad y figuras públicas, para buscar un entorno menos protegido y más diverso para sus hijos. “Creo que todos son mucho más felices aquí”, ha relatado Crowley para la CNN tras tres años en España.

La familia llegó acompañada de la madre de Colleen, que tenía entonces 80 años, y de Mo, el perro familiar. Además, la integración en la vida local ha cambiado su cotidianidad. Sin embargo, tanto los adultos, como los tres hijos, que tenían 16, 13 y 8 años en el momento de la mudanza, han asegurado que: “Ojalá lo hubiéramos hecho antes”, algo que ha causado un verdadero asombro en su madre. Y es que, tanto su marido como ella concuerdan en que ha sido una decisión “fundamental”, porque “vivir en culturas y comunidades diferentes y residir en un solo lugar nos parecía un poco antitético a quienes somos”.

“Después de dos días, supimos que habíamos encontrado el lugar perfecto”

La originaria de Colorado, que pasó una década en Montecito antes de mudarse, ha asegurado que “era un lugar maravilloso para criar una familia”, indicó. “Pero, sinceramente, quizá demasiado maravilloso. Está muy cuidado y es muy limitado”, ha detallado. Al ver las restricciones que planteaba este lugar, el matrimonio decidió dar un giro: “Queríamos que las perspectivas de nuestros hijos fueran de una manera que permanecer en un entorno tan protegido no permitiría”.

El cambio se concretó tras la llegada de la pandemia de COVID-19, cuando la transición al teletrabajo abrió la posibilidad de trasladarse. Además, con la graduación de la hija mayor de la preparatoria, llegó el momento oportuno. “Entonces, entre nuestras carreras y el estado de desarrollo de nuestros hijos, pensamos: ‘Creo que es hora de irnos’”, ha expresado la estadounidense. Pero, ¿por qué elegir España? Según ha manifestado, el interés de Crowley responde a un atractivo antiguo, alimentado tanto por la literatura de Ernest Hemingway, quien comparte raíces españolas. Así, aunque valoraron vivir en Chile, preferían “vivir en un lugar donde pudiéramos disfrutar de nuestra pasión por la naturaleza: surfear, esquiar y hacer senderismo”, ha afirmado.

De este modo, la familia vendió su casa y buena parte de sus pertenencias, y convenció a la abuela para sumarse a la aventura: El trayecto comenzó en julio de 2022, desde Los Ángeles hasta Barcelona, y continuó en ferry rumbo a Mallorca, que se convirtió en su primera parada. Según Crowley, el carácter cosmopolita de la isla facilitó la adaptación inicial, pero “realmente queríamos familia, naturaleza y una experiencia española”. No obstante, después de seis meses, la familia optó por mudarse al norte, a San Sebastián, y “después de dos días, supimos que habíamos encontrado el lugar perfecto”.

“Una filosofía completamente distinta y una mejora significativa en la calidad de vida”

Los primeros momentos en la ciudad vasca incluyeron días de búsqueda de casa, rutina de deportes para los niños y establecimiento de nuevos círculos sociales. “Es un proceso”, reconoció. Aun así, el apoyo social surgió: “Nunca estaremos en una cuadrilla. Pero se forjan relaciones especiales y eso te sostiene”. Ahora, el día a día de los Crowley transcurre al aire libre. Practican surf en la cercana Francia, caminan por los Pirineos, y raramente usan el coche familiar. Algo bastante diferente de lo que conocían en el continente americano: “En Estados Unidos, tienes dos coches. Siempre estás conduciendo, y es horrible. Así que ha sido increíble”, ha relatado. Por otro lado, la doctora ha resaltado “una filosofía completamente distinta y una mejora significativa en la calidad de vida”.

Además, uno de los cambios logísticos más valorados fue conseguir una casa con vistas al mar y al pueblo, un bien escaso en una urbe de apartamentos. Su madre reside cerca, con vistas al Golfo de Vizcaya. A pesar de lo que pueda parecer al vivir en una de las provincias más caras del país, la familia ha destacado cómo ha descendido su coste de vida: “Vivimos con aproximadamente la mitad de lo que gastábamos en Montecito”, ha explicado. Del mismo modo, la sanidad pública española ha dejado una impresión positiva, especialmente tras la atención recibida por su madre: “El nivel de atención... la capacidad de respuesta... ha sido increíble”.

Entre otros aspectos culturales, la mayoría de la familia domina ya el español; aunque Crowley admite que aún progresa y define el euskera como “un idioma muy difícil de aprender”. El ritmo español de los comercios y la vida diaria también les ha encantado: “La siesta siempre me atrapa”. Pero sin duda, la mayor recompensa, según Crowley, proviene de la evolución y autonomía de sus hijos, quienes ahora cuentan con amigos y referencias en distintos países. “Hay una diversificación y una visión del mundo que ha sido monumental”, ha afirmado. Tal y como recuerda de las palabras de su hija:“A veces siento que mi vida no empezó hasta que me mudé al extranjero...”.

El polémico productor de contenido para adultos, Alex Marín, ha sido trasladado de reclusorio en el penal de Puente Grande, Jalisco, debido a faltas disciplinarias. La noticia fue confirmada por las autoridades estatales, quienes sin embargo no ofrecieron detalles específicos sobre la naturaleza de las acciones que motivaron la reubicación.

Este cambio se produce en medio de un proceso legal en su contra por graves delitos, incluyendo trata de personas y explotación sexual.

​Alex Marín, cuyo nombre real es Alejandro “N”, fue detenido en Puerto Vallarta y es acusado por la Fiscalía de Jalisco de presuntamente iniciar una relación con una adolescente de 16 años, ganarse su confianza y posteriormente ofrecerla a otras personas a cambio de recibir dinero.

Además, se le imputa grabar estos encuentros para difundirlos en plataformas de contenido para adultos. La detención se llevó a cabo tras una denuncia interpuesta por los familiares de la víctima. Como parte de la investigación, la Fiscalía realizó cateos en tres domicilios en Zapopan, recabando pruebas como mensajes, transacciones bancarias y material audiovisual.

​El 2 de junio de 2025, Alex Marín fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa en el penal de Puente Grande. Sin embargo, su situación legal se complicó aún más con una segunda denuncia, completamente distinta, por presunto abuso sexual infantil agravado. Una audiencia programada para el 10 de julio de 2025 fue aplazada a petición de su defensa, que solicitó revocar su representación legal.

​El traslado de Alex Marín fue confirmado por Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de Seguridad estatal, quien se limitó a señalar que la medida fue tomada como consecuencia de las faltas disciplinarias cometidas por el productor al interior del penal. Esta falta de información detallada ha dado lugar a especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido.

​Alex Marín, nacido el 27 de abril de 1986, ha ganado notoriedad en el mundo del entretenimiento para adultos no solo por su trabajo de producción, sino también por su controvertido estilo de vida poliamoroso. Ha sido objeto de críticas y debates en redes sociales por llamar a las actrices con las que colabora “novias” o “esposas”.

Estas controversias se han intensificado tras su detención, con declaraciones de personas cercanas que supuestamente desmienten su estilo de vida y lo acusan de maltrato. El caso continúa su curso, y el traslado de reclusorio añade un nuevo capítulo a este mediático proceso legal.

"Podemos confirmar, Ghislaine Maxwell está bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP) en el Federal Prison Camp (FPC) Bryan en Bryan, Texas", indicó el organismo en un correo electrónico a EFE.

El traslado, del que no hay más detalles, ocurrió una semana después de dos días de reuniones, el jueves y viernes pasados, entre Maxwell y Todd Blanche, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, en medio de la renovada polémica del caso durante la Administración de Donald Trump.

El abogado de Maxwell, David Oscar Markus, también confirmó a EFE el traslado pero tampoco quiso ofrecer más detalles al respecto. EFE

ppc/ims

Luego de que rechazarán su pedido de excarcelación, Eva Carina Alejandra Mieri, acusada de integrar el grupo que tiró estiércol a la puerta del diputado libertario José Luis Espert, fue trasladada este sábado a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de San Isidro.

La medida judicial fue dictada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Secretaría N.º 2, a cargo del Dr. Juan Cruz Schillizzi. De esta manera, cerca de la medianoche, se concretó el traslado de la concejala de Quilmes desde la sede de la DUOF de San Isidro hasta la alcaidía de los Tribunales de Talcahuano.

La detenida quedó bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), tras la ejecución de la orden judicial. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que existiría la posibilidad que fuera trasladada nuevamente, con altas probabilidades de que el nuevo destino sea a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.

Después de que se abriera una causa por los ataques sufridos por el diputado nacional, Arroyo Salgado acusó a la concejala quilmeña de los delitos de atentado contra el orden público en concurso real con amenazas coactivas agravadas e incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas. Estas últimas en concurso ideal con los delitos de malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley.

Concretamente, la magistrada responsabilizó de malversación a Mieri por la sospecha de presuntamente haber ido hasta Beccar con una camioneta Chevrolet S10 del Municipio que conduce la camporista Mayra Mendoza.

En medio de las averiguaciones, se constató que el vehículo sería propiedad de una empresa constructora, que la cedió en 2022 para el uso comunal en una obra vial. Asimismo, la funcionaria también fue acusada de “alteración” por supuestamente haber tapado parte de la chapa patente para que no sea identificada.

Según Arroyo Salgado, para la comisión del hecho, Eva Mieri “habría tomado parte cuanto menos en forma transitoria de una agrupación de personas” que tendría como objetivo “alarmar y/o amedrentar” a Espert, con el fin de “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor, a la par de condicionar la actuación funcional y actividad política del mentado Diputado Nacional, alentando o incitando con ello a su persecución u odio a causa de sus ideas políticas”.

Previo a esto, la jueza rechazó el pedido de Domingo Rodríguez Basalo, uno de los abogados que defiende a Mieri, quien había reclamado su excarcelación por poseer inmunidad de arresto dada su condición de concejala y por no tener procesos penales ni haber sido condenada jamás por la comisión de un delito. Además, remarcó que su libertad no implicaba ningún riesgo para la investigación del caso; ni fuga ni entorpecimiento.

“Ni la pena en expectativa (que aún se desconoce) ni la solidez de la imputación constituyen argumentos suficientes para fundar la existencia de riesgos procesales”, planteó el abogado.

Pero Arroyo Salgado aclaró que los concejales pueden ser detenidos si existe una orden de un magistrado, como es el caso. Y justificó que siga en prisión porque la pena en expectativa para el delito que se le imputa a Mieri “oscila entre un mínimo de 3 años a un máximo de 14 años de prisión”.

Si bien por el mínimo correspondería una pena de ejecución condicional, para la jueza, la calidad de funcionaria pública de Eva Mieri, la “convencen” de que ante una hipotética condena la pena sería de cumplimiento efectivo.

“En caso de recuperar la libertad, la imputada podría eludir la acción de la justicia y entorpecer la investigación”, consideró la magistrada federal de San Isidro e, incluso, ponderó la chance de que pueda fugarse y colaborar con las otras personas aún no identificadas que habrían participado del hecho.

Además, Arroyo Salgado llamó la atención de que el celular que portaba Mieri el día de los hechos no registraba actividad anterior. “Es como si el celular hubiera nacido ese día”, escribió en su fallo. De hecho, los investigadores revisaron el teléfono y encontraron conversaciones con Alesia Abaigar en las que Mieri le pide que le compre algo para comer antes de llevar a cabo el escrache en el frente de la casa de Espert.

“Existen sobrados elementos objetivos a partir de los que es dable presumir la concurrencia de riesgos procesales de elusión y entorpecimiento de la investigación, los que -de momento- no podrían ser eficazmente neutralizados por una medida coercitiva de menor intensidad que la detención”, concluyó al rechazar el pedido de excarcelación.

Antes de que Arroyo Salgado resolviera la liberación de tres de los detenidos (Candelaria Montes Caté, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi), la ex mandataria exigió la liberación de los militantes peronistas detenidos por el ataque a la vivienda del diputado libertario José Luis Espert.

“¡Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!”, escribió en la red social X (Twitter), donde también cuestionó la coherencia del presidente al comparar su apoyo a manifestaciones en Francia con la criminalización de protestas en el país.

El ataque a la casa de Espert

El hecho ocurrió el 17 de junio, cerca de las 19. Ese día, cinco personas encapuchadas llegaron hasta la casa del legislador, ubicada en San Isidro, a bordo de dos vehículos: el Clio gris y la Chevrolet S10. Las cámaras de seguridad municipales registraron toda la secuencia.

La operación comenzó a las 18.30 en la intersección de Avenida Centenario y Tomkinson, donde ambos vehículos fueron vistos circulando en tándem. En la caja de la camioneta, según el material visual analizado por los investigadores, se observaban bolsas con estiércol animal, que más tarde serían arrojadas sobre el ingreso al domicilio del diputado.

El grupo dejó además un pasacalle con amenazas que decía: “Acá vive la mier... de Espert”. Posteriormente, los vehículos continuaron su recorrido por Centenario y Florencio Varela, cruzaron por el túnel de la zona y fueron nuevamente captados en Libertador y 33 Orientales.

Las imágenes en la esquina de Primera Junta y 25 de Mayo permitieron identificar la patente de la camioneta, mientras que otra cámara mostró al Clio estacionado junto a una moto en Tomkinson y Avenida Rolón. En ambas escenas se logró visualizar a personas dentro de los rodados señalados.

Los detenidos por el hecho

Las primeras detenciones se llevaron a cabo el pasado 26 de junio y allí se arrestó a Eva, de 69 años; Alberto, de 33; y Alexia Abaigar, de 36.

Alexia Abaigar es funcionaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y militante activa del kirchnerismo. Primero fue trasladada al penal federal de mujeres de Ezeiza, luego se le otorgó prisión domiciliaria.

Según informaron fuentes del caso, uno de los vehículos involucrados, el Renault Clio, habría estado a su nombre, información que surgió tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad que captaron su presencia en las inmediaciones del domicilio de Espert, minutos antes del ataque.

Este martes, en tanto, se produjeron otras cuatro detenciones en operativos realizados en Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz.

Entre los nuevos detenidos figuraba Eva Carina Alejandra Mieri junto a Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes, los tres liberados este sábado.

En las primeras horas del pasado 10 de mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) de San Luis Potosí regresó al Centro de Reinserción Social número 1 La Pila, a 19 madres privadas de la libertad, quienes habían estado en el penal de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz de la Huasteca Potosina, a más de 300 kilómetros de sus familias.

El motivo de su traslado fue porque el pasado 22 de abril, fue aceptado el amparo 610/2025-VII por el Juzgado Sexto de Distrito del estado. Dicho amparo fue promovido por 27 niñas, niños y adolescentes quienes son hijas e hijos de las mujeres en cuestión.

Desde el momento del traslado de las madres, las hijas e hijos han sufrido afectaciones psicológicas - como lo es depresión, estrés y conductas disruptivas- así como la violación de sus derechos ante la distancia y en su momento el no saber del traslado.

Resistencia por parte de la SSPC del estado de San Luis Potosí ante ordenamiento de jueza

En 2023, la SSPC emitió un acuerdo donde se realizó la reubicación de mujeres privadas de la libertad al penal de Xolol, el cual es conocido por ser un lugar lejano en medio de la selva huasteca, sin servicios básicos, trabajo ni atención médica y climas extremos.

La doctora Roxana Villaseñor, especialista en los derechos de las infancias y adolescencias, consideró al acuerdo ilegal e inconstitucional. “La Secretaría no tiene atribuciones relacionadas con la ejecución penal, por lo tanto, no puede emitir estas disposiciones que afectan a la generalidad de mujeres privadas de libertad en San Luis Potosí y de sus hijas e hijos” recalca la especialista.

Si bien se había aceptado el amparo emitido por las y los hijos de las madres privadas de su libertad, el traslado se retrasó por varios días. La SSPC, afirmó que el traslado sería imposible debido a las condiciones violentas internas originadas en el área varonil del Penal La Pila.

Para el 29 de abril, la jueza aprobó la suspensión definitiva, pues es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de las mujeres privadas de la libertad y sus familias.

Desgaste emocional en el traslado al penal de Xolol

De acuerdo con el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, el centro de reinserción para mujeres de Xolol cuenta con condiciones dignas para la atención de las mujeres privadas de libertad, además de contar con el apoyo del DIF para el transporte gratuito de las familias visitantes.

De acuerdo con el reportaje realizado por Animal Político, desde el 2023, año en el que se realizó el traslado de las madres privadas de su libertad, el Estado únicamente gestionó cinco viajes a Xolol. En cada viaje, proporcionó dos camiones, los cuales de acuerdo con los familiares son insuficientes para la cantidad de visitantes.

En el momento de su realización, 10 menores de edad no lograron visitar a sus madres desde el momento de su traslado. Diez horas era la duración del trayecto de ida y vuelta, durante la visita de los familiares al centro de Xolol. Entre 2 y 3 horas de espera, para poder ver, platicar y acompañar a sus mamás por solo 3 horas.

En marzo de 2025 se conoció a nivel nacional el caso de Fernanda Rico Roa, una joven de 20 años, que junto con sus padres dejó Yopal, Casanare, para buscar un mejor futuro en Estados Unidos, en donde sufrió un accidente automovilístico que la dejó en coma.

En estos momentos, Fernanda Rico tiene un trauma craneoencefálico y varias lesiones para las que se requiere un proceso de recuperación de varios meses, al que no tiene derecho por no tener documentación legal en ese país, por lo que sus seres queridos buscan que sea trasladada a Colombia.

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“Una vez salió de peligro la remitieron a un geriátrico, ya que el seguro que tiene no le cubre ningún tipo de rehabilitación y el diagnóstico que dieron los médicos no le dan opción de recuperación en ese país. El seguro médico solo era de emergencia y no le pueden hacer la rehabilitación”, indicó Lina Chaves, hermana de Fernanda, a Infobae Colombia.

Sin posibilidad de ser atendida en Estados Unidos, la única opción que tiene Fernanda Rico para seguir viviendo es volver a Colombia y ser tratada en su país; sin embargo, debido a su condición, en la que el traslado se debe hacer en un avión con médicos y con ella conectada a múltiples aparatos, el costo es demasiado elevado para sus familiares.

“Cuesta 400 millones, el consulado indicó que no tiene los recursos para realizar el traslado, que para hacer posible esto tienen que trabajar mancomunadamente la cancillería, presidencia y apoyo de terceros, porque sin esto no va a ser posible trasladarla.

Tres meses después del accidente, los familiares de Fernanda siguen sin recibir respuesta del Gobierno nacional y ella permanece en un geriátrico, mientras tanto, en Estados Unidos sigue sin recibir el tratamiento que requiere.

“Sigue en las mismas condiciones, sin atención especializada para realizar su rehabilitación. Un médico colombiano que atendió a mi hermana virtualmente indica e insiste que debe recibir terapia física neuronal cognitiva, entre otras, para su recuperación; sin embargo, en este país no está dispuesto a invertir dinero en una colombiana”, indicó Lina Chaves.

Al hablar de la comunicación con voceros o representantes del Gobierno nacional, Chaves indicó que solamente han tenido contacto con el consulado en San Francisco, en donde le insisten que no tienen autoridad para aprobar el traslado de la colombiana.

“El consulado de San Francisco se ha estado contactando con mis padres, dándole apoyo moral, psicológico y con algunos recursos de los mismos funcionarios para el sostenimiento de ellos, pero manifiestan que no tiene las facultades de toma de decisión para realizar el traslado de mi hermana. Lo que hacen ellos es trasladar el caso a una dependencia que ellos saben que no puede darnos una solución favorable”.

“Está dejando morir a mi hermana”, indicó Chaves al hablar del Gobierno nacional, puesto que expuso la indignación que le genera saber que el Estado realiza inversiones en otros aspectos y no en salvar la vida de una connacional, por lo que también arremetió contra el presidente Gustavo Petro por declarar a favor de los migrantes, pero no hacer nada por la vida de su familiar

“Es muy frustrante saber que están comprando aviones de guerra, invirtiendo en conferencias sobre los derechos humanos, los derechos de los migrantes en diferentes países, gastan millones en favorecer a criminales disfrazados de una paz total. Para que elaborar esos discursos de palabras tan conmovedoras de los derechos humanos, si hay una chica en Estados Unidos de 20 años que su familia clama por una oportunidad de vida aquí en su país y dicen no tener los recursos necesarios”, puntualizó.

En horas de la madrugada del miércoles 23 de abril de 2025 se confirmó que Jaime Saade, sentenciado por el crimen de Nancy Mestre en la década de los años 90, fue trasladado a la cárcel La Tramacúa de Valledupar.

Esta decisión se habría tomado luego de que se presentaran irregularidades en el acompañamiento por parte de miembros del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), pues en una diligencia médica que se llevó a cabo en la capital del Atlántico, solo estuvo custodiado por un guardia y sin esposas, tal como lo confirmó el Inpec. Su traslado obedece a un riesgo de fuga y a la negligencia que quedo en evidencia.

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En vista de los hechos, a continuación encontrará las dos resoluciones principales de la institución sobre el nuevo escándalo que envuelve a Saade: “Ante una denuncia de posibles fallas en un protocolo de seguridad durante una remisión médica. En la cual desde la Dirección General del Inpec se toman dos decisiones. La primera trasladar de manera inmediata y contundente al PPL a Valledupar y dos abrir investigación al funcionario que adelantaba la remisión médica”, información que le fue suministrada a Infobae Colombia por parte del Inpec.

De igual manera, rechazaron este tipo de conductas de sus funcionarios que ponen en tela de juicio el accionar de la entidad: “Desde el Inpec no se permitirán acciones de este tipo que en el pasado afectaron la imagen institucional. Las políticas de esta administración son de cumplimiento total de las normas y protocolos y cuando esto no se dé se tomarán acciones contundentes como las que se acaban de tomar”.

De acuerdo con la periodista Andrea Maestre de la W Radio, ella fue testigo del momento en que Saade se encontraba sin custodia en la Unidad de Odontología Alkarawi, al norte de Barranquilla. El acompañamiento llegó tiempo después de que el personal de salud del lugar lo cuestionara sobre la plena libertad que estaba manejando el recluso en ese momento, teniendo en cuenta que está cumpliendo una condena de 40 años de prisión, y comunicará a la institución penitenciaria.

Captura de Jaime Saade en Brasil tras ser fugitivo de las autoridades colombianas por varias décadas

El 11 de abril de 2024, el colombiano aterrizó en la ciudad de Bogotá en un vuelo procedente de Belo Horizonte, Brasil, luego de ser extraditado tras su captura por ser el responsable del feminicidio de Nancy Mestre. Agentes de la Interpol realizaron todo el acompañamiento hasta entregarlo a las autoridades colombianas.

“Está siendo trasladado hacia territorio colombiano para ser puesto en manos de un juez de la República en la ciudad de Barranquilla y, como consecuencia de ello, pague su condena en un centro penitenciario colombiano”, señaló para ese entonces el embajador en Brasil.

Los hechos ocurrieron en el año 1994, pero todo se remonta a la noche del 31 de diciembre de 1993, cuando la joven salió a encontrarse con Saade en su vivienda, al conocerse. A pesar de que su padre le había concedido el permiso, la madrugada del día siguiente no regresó, por lo que Martín fue a buscarla y se encontró con la madre de este hombre limpiando charcos de sangre, mientras que su hija se encontraba en un centro hospitalario con un balazo en la cabeza, luego de haber sido abusada sexualmente. Desde ese momento, se perdió el rastro de Jaime Saade.

Desde entonces, el padre de la víctima, Martín Mestre, se dedicó incansablemente a seguir su rastro hasta que lo ubicaron en el país suramericano. Ya había sido reseñado por las autoridades de ese país por otros delitos, pero fue dejado en libertad, hasta que se concedió el momento de hacer justicia.

“Estamos en una nueva etapa fundacional que remueve los factores que han provocado el desencuentro y la frustración y que dará frutos que serán aprovechados plenamente por los argentinos que hoy son todavía jóvenes. Se trata entonces, no solo de localizar una nueva capital, crear una nueva provincia, reformar la administración pública, perfeccionar la administración de justicia o adoptar un nuevo sistema político. Se trata de crear condiciones para una nueva República, que ofrezca nuevas fronteras mentales a los argentinos. Muchas gracias”, terminó de decir Raúl Alfonsín frente a las cámaras la noche del martes 15 de abril de 1986.

Con rostro serio, enfundado en un traje oscuro con corbata al tono y sentado a la cabecera de una larga mesa alrededor de la cual se distribuían los notables que integraban el Consejo para la Consolidación de la Democracia, el presidente cerraba así un discurso de casi 35 minutos transmitido en directo desde la Casa Rosada por cadena nacional. Lejos del tono encendido del orador brillante que había seducido a la mayoría de los argentinos durante la campaña, Alfonsín había leído con una soltura no exenta de solemnidad un texto donde se prefiguraba el futuro que quería diseñar para el país. Cuando terminó, quedó claro para todos que ese discurso no había sido el de un político que disputaba o buscaba preservar su poder buscando diferenciarse de sus adversarios: había hablado un estadista.

La recuperada democracia argentina no tenía todavía dos años y medio y avanzaba frágil pero esperanzada. El país parecía resurgir después de haber sufrido la dictadura cívico-militar más sangrienta y económicamente devastadora de su historia y los argentinos no vivían exentos de temores. El fantasma de las botas seguía enrareciendo el clima cotidiano y cada tanto en los medios se publicaban rumores de “inquietud en los cuarteles”, sobre todo por la decisión del gobierno de juzgar a los militares responsables de crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo – y esa era una fortaleza casi inédita de esa naciente democracia – la mayoría del arco político, sin dejar de lado sus diferencias, cerraba filas para defenderla y se mostraba más predispuesto al diálogo que a las peleas sin cuartel.

Ese era el contexto la noche de ese martes cuando Alfonsín presentó el anteproyecto de ley para el traslado de la capital argentina – es decir, la sede del gobierno nacional – al sur del país, donde se crearía un nuevo distrito federal en Viedma y Carmen de Patagones, con terrenos cedidos a la Nación por las provincias de Río Negro y de Buenos Aires. Con ese traslado, el gobierno apuntaba a objetivos realmente ambiciosos: descentralizar y desburocratizar el poder político y separarlo del poder económico del país, ambos excesivamente concentrados en el Gran Buenos Aires; solucionar el problema demográfico argentino; desarrollar inversiones económicas en el interior del país y revalorizar al Estado Federal.

Pero el proyecto no se limitaba a cambiar la ubicación geográfica de la capital, también proponía crear una nueva provincia – la del Río de la Plata – que uniría a la Ciudad de Buenos Aires con parte del Conurbano bonaerense y una reforma constitucional que permitiera la reelección presidencial y la instalación de un sistema parlamentario como el de muchos países europeos. Se trataba, como había dicho el presidente en su discurso, de refundar la República o de fundar una nueva, más democrática y moderna, acorde a los tiempos que corrían. Por eso, al hablarle al país, lo presentó como el “Plan para la Fundación de la Segunda República Argentina”.

Un anuncio obligado

Desde hacía meses, un equipo cuyos miembros Alfonsín había elegido personalmente venía trabajando en secreto sobre el asunto y su viabilidad. Incluso, el presidente había viajado varias veces – también en secreto – a Río Negro para hablar del tema con el gobernador rionegrino, su correligionario Osvaldo Álvarez Guerrero y también se había reunido en la Casa Rosada más de una vez con el mandatario bonaerense, el también radical Alejandro Armendáriz. Ellos y unos pocos más sabían del proyecto, que el presidente esperaba presentar cuando llegara el momento más adecuado. Sin embargo, una filtración imprevista lo obligó a cambiar los planes.

Todo cambió la mañana del domingo 13, cuando Raúl Alfonsín desayunaba y le alcanzaron los diarios de ese día. El presidente casi se atragantó con el café al ver el titular más destacado de la tapa de Clarín: “Analizan trasladar la Capital a Río Negro”, decía. El secreto tan cuidadosamente guardado había quedado a la vista de todos. Alguien lo había filtrado.

La nebulosa historia de esa filtración forma parte hoy del anecdotario de la política argentina, ese que reúne los pequeños hechos que tienen fuertes – y a veces graves - consecuencias. La primicia la había conseguido el corresponsal de Clarín en la Patagonia, Omar Livigni, de boca de un funcionario provincial cercano al gobernador Álvarez Guerrero. Se dice que el hombre cuyo nombre nunca fue revelado - como corresponde para preservar la fuente – se lo contó al periodista una noche que tenía la lengua algo suelta por obra y gracia del alcohol.

Político de reflejos rápidos como pocos en la historia del país, apenas salió de la sorpresa y aún ganado por el enojo, Alfonsín decidió subirse a la cresta de la ola para no terminar arrastrado por ella. Y dio de inmediato los pasos necesarios. El primero fue viajar el martes 15 a La Plata para presentar, acompañado por el gobernador Armendáriz, el proyecto ante la legislatura provincial, una cuestión administrativa ineludible porque el traslado de la capital y la creación de la nueva provincia – la que uniría la ciudad de Buenos Aires con parte del Conurbano – demandaba territorios provinciales.

Hecho esto, por la nota pronunció el discurso por la cadena nacional, al que buscó prestigiar con la presencia de los integrantes del Consejo para la Consolidación de la Democracia, un grupo asesor coordinado por uno de sus hombres de confianza, el jurista Carlos Nino, e integrado por notables entre quienes se contaban María Elena Walsh, René Favaloro, Daniel Sabsay y representantes de los partidos de casi todo el arco político. Por último, el miércoles 16 viajó a Viedma, donde fue recibido por el gobernador Álvarez Guerrero y pronunció un discurso ante unas quince mil personas donde explicó su proyecto y pronunció una frase que quedó para la historia: “Hay que crecer hacia el sur, hacia el mar, hacia el frío”.

El Proyecto Patagonia

Conseguidas las leyes provinciales que autorizaban el uso de sus territorios, el siguiente paso fue lograr que el Proyecto Patagonia, como se lo llamó, fuera aprobado por el Congreso Nacional. La iniciativa fue presentada primero ante el Senado, por entonces con mayoría del Partido Justicialista. Ingresó por la mesa de entradas de la cámara el 30 de julio de 1986 y, después de varios debates en sucesivas sesiones convocadas durante marzo de 1987, fue aprobada el 25 de ese mes. Era el principal escollo por superar, porque el predominio opositor en las bancas podía convertir al ambicioso proyecto en simple letra muerta. Dos meses más tarde, el 27 de mayo, la Cámara de Diputados, donde la mayoría era radical, lo sancionó como la Ley 23.512. El radicalismo en pleno y la mayoría de los peronistas dieron sus votos positivos, mientras que la oposición más fuerte estuvo a cargo de la Unión del Centro Democrático, el partido liderado por Álvaro Alsogaray, cuyos legisladores argumentaron que las arcas del país no estaban en condiciones de enfrentar el desembolso de 2.300 millones de dólares que se estimaba costaría trasladar la capital.

En su artículo primero decía: “Declárase capital de la República, una vez cumplido lo dispuesto por el art. 5º, a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en el área de las actuales ciudades de Carmen de Patagones (provincia de Buenos Aires) y Viedma y Guardia Mitre (provincia de Río Negro) con el territorio comprendido en las cesiones dispuestas por las leyes 10.454 de fecha 17 de octubre de 1986 de la provincia de Buenos Aires y número 2.086 de fecha 10 de julio de 1986 de la provincia de Río Negro, que en conjunto constituyen el área de la nueva Capital Federal”.

De acuerdo con la ley aprobada, el nuevo distrito federal abarcaría un área de unas 490 mil hectáreas, de las cuales 180 mil serían cedidas por la provincia de Buenos Aires, y 310 mil por la provincia de Río Negro, e incluía, además de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones, a la localidad de Guardia Mitre y los pueblos de Cardenal Cagliero, San Javier y Balneario El Cóndor.

Para llevar a la práctica el traslado, el 21 de julio de 1986 Alfonsín firmó el decreto 1156 que creaba el Ente para la Construcción de la Nueva Capital - Empresa del Estado (ENTECAP), un organismo cuyas funciones eran las de expropiar tierras, proyectar el nuevo trazado urbano y desarrollar las diversas obras de infraestructura para cumplir con el proyecto, entre otras funciones. Era una copia argentina del NOVACAP, el organismo brasileño que en los años cincuenta del siglo XX erigió la ciudad de Brasilia y su nuevo Distrito Federal.

La capital que nunca fue

Materializar la letra de la ley más ambiciosa de la democracia recuperada en 1983 pasó de ser un sueño a una misión imposible. La inestabilidad política provocada fundamentalmente por los levantamientos carapintadas y las sucesivas crisis económicas que sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín fueron escollos imposibles de superar. Cuando Carlos Menem llegó a la presidencia en 1989, a pesar de haber nombrado a una nueva comisión en el ENTECAP, terminó por disolver el organismo, lo que en la práctica fue firmar el certificado de defunción del proyecto de traslado al sur de la capital. Aún así, la iniciativa le dejó a Viedma como herencia el mejoramiento de los servicios de agua potable y cloacas y diversos barrios, entre ellos el de las 1016 viviendas, donde iban a vivir los obreros que debían construir la nueva Capital Federal.

Desde entonces y hasta hoy hubo nuevos intentos de localizar la sede del gobierno nacional en otros lugares del territorio argentino, pero nunca pasaron de ser declaraciones con buenas intenciones. En una entrevista del año 2000, el historiador Félix Luna retomó el tema y valoró la iniciativa, aunque con críticas a Alfonsín. “La mudanza de la Capital a Viedma era una necesidad. Pero creo también que Alfonsín presentó muy mal la idea: se apresuró, la presentó demasiado sorpresivamente y entonces no prendió en la sociedad, ni siquiera en la UCR. Sin embargo, sigo creyendo que es necesario sacar la Capital de Buenos Aires. Se necesita un lugar donde se haga política y administración y nada más, donde los dirigentes del interior no queden atrapados por las atracciones de la gran ciudad, como sucede en Buenos Aires. Es indudable que a algún lado hay que llevarla, no sé si a la Patagonia o algún otro sitio, pero desde aquí no se puede seguir gobernando”, le dijo a un periodista del diario Río Negro.

Para Raúl Alfonsín el fracaso que debió anunciar a las apuradas la noche del 15 de abril de 1986 fue una herida que lo acompañó el resto de su vida. Muchos años después de haber dejado la presidencia contó que la entonces vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, la arquitecta Elva Roulet, le había reprochado su falta de decisión política y le había aconsejado que debía construir edificios sencillos y mudarse a Viedma cuanto antes para luego ir trasladando de a poco las distintas dependencias del gobierno nacional. En una entrevista el ex presidente dijo que lamentaba no haberla escuchado. “Me tendría que haber mudado aunque sea en carpa a Viedma. Eso hubiera cambiado todo”, confesó.

El traslado de Pedro Castillo

El día miércoles 9 de abril, alrededor de las 4 de la tarde, una ambulancia salió del penal de Barbadillo para trasladar a Castillo al hospital de Ate. En un video grabado por el abogado Adrianzén, se observa cómo la ambulancia deja el penal bajo un fuerte resguardo policial. Durante el traslado, el expresidente saludó a algunos de sus simpatizantes, quienes se encontraban presentes en el lugar. En el video, también se escucha a su abogado pedirle que no tome ningún tipo de medicamento, por “temor a que le den veneno”.

El motivo principal de este nuevo traslado es el control médico de su lumbalgia crónica. Según las declaraciones de Adrianzén, Castillo sigue sufriendo de dolor debido a esta condición médica. “Está con problemas todavía de la lumbalgia, está yendo a su control médico. Es una lumbalgia que se da en medio de su prisión, pues está sentado sin hacer nada, aburrido, y le genera ese malestar. Si estuviera ocupado haciendo algo sería diferente”, explicó el abogado.

Un diagnóstico pendiente

El abogado de Castillo también expresó que están a la espera de un tratamiento específico para la lumbalgia que sufre el expresidente. La atención médica será proporcionada por los médicos del hospital de Ate y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el objetivo de obtener un diagnóstico más detallado sobre su estado de salud. Adrianzén indicó que, aunque el dolor no es constante, el tratamiento dependerá de los informes médicos que se recibirán en los próximos días.

“Los médicos le darán su tratamiento. Él está acudiendo porque el dolor no es las 24 horas. Todo depende también del informe médico que tendrán que hacer el hospital de Ate y los médicos del INPE. El día viernes llegarán los informes, incluso tal vez mañana lo llevarán al hospital”, afirmó el abogado.

Suspensión del juicio oral

Mientras Pedro Castillo era trasladado al hospital, también se presentó un cambio importante en su agenda judicial. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema notificó que la audiencia del juicio oral programada para el jueves 10 de abril sería suspendida debido al paro de transportistas organizado por los gremios de la sociedad civil. Este paro tiene como objetivo manifestar su rechazo a la creciente ola de extorsiones y asesinatos en el país.

El documento judicial que emitió la corte establece que la audiencia se realizará el viernes 11 de abril, tal como ya se había previsto, dejando sin efecto la continuación del juicio originalmente planificada para el jueves. Este cambio en la fecha de la audiencia se debe a la imposibilidad de los involucrados de trasladarse debido a la paralización del servicio de transporte.

El estado de salud de Pedro Castillo

La lumbalgia crónica que padece Pedro Castillo ha sido un problema recurrente durante su tiempo en prisión. Esta condición, que afecta su columna vertebral, se ha visto agravada por la vida sedentaria que lleva dentro del penal, donde permanece en una celda sin actividad física que pueda aliviar sus molestias. Según su abogado, la falta de ocupación y la monotonía en su rutina diaria contribuyen al empeoramiento de sus dolores.

El traslado al hospital de Ate es una de varias visitas médicas que ha tenido el expresidente en los últimos meses debido a esta afección. La preocupación por su salud es constante, ya que la lumbalgia crónica puede limitar significativamente su movilidad y calidad de vida. Sin embargo, los médicos que lo atienden están trabajando en un plan de tratamiento que podría mejorar su condición si se cumplen las indicaciones médicas.

¿Qué sigue para Pedro Castillo?

Mientras tanto, el futuro judicial de Pedro Castillo sigue siendo incierto. El juicio oral que se suspendió por el paro de transportistas es solo uno de los muchos procesos legales que enfrenta el expresidente. En este caso, se trata de su vinculación con los delitos que se le imputan tras su destitución en 2022 y su arresto posterior. Aunque la suspensión del juicio representa un retraso en el avance del proceso judicial, no detiene los trámites legales en su contra.

Por ahora, lo principal sigue siendo la atención médica de Pedro Castillo, quien enfrenta problemas de salud en medio de un entorno de prisión que no le permite llevar una vida normal. El seguimiento a su lumbalgia y las decisiones médicas que se tomen en los próximos días serán clave para determinar su bienestar a corto plazo.

Debido a la falta de oportunidades, miles de colombianos toman la decisión de dejar el país para radicarse en el exterior, siendo Estados Unidos uno de los destinos más recurrentes en este aspecto. De hecho, de acuerdo con Pew Research Center, se estima que hay más de 1,4 millones de colombianos actualmente en esta nación de Norteamérica.

Uno de estos casos es el de Fernanda Rico Roa, de 20 años, que junto a sus padres dejó Yopal, Casanare, para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Se instaló desde hace varios meses en Stockton, California, en donde estaba esperando respuesta a una solicitud de asilo político cuando fue víctima de un accidente automovilístico.

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Rico contaba con un seguro para emergencias, por lo que fue atendida de manera inmediata, pero producto del golpe que sufrió, terminó en coma, con un trauma craneoencefálico y varios lesiones para las que se requiere un proceso de recuperación de varios meses, al que no tiene derecho por no tener documentación legal en ese país.

En diálogo con Infobae Colombia, Lina Chaves, hermana mayor de Fernanda Rico, indicó que la intención de su familia es traer de vuelta a la yopaleña, pero no cuenta con los recursos para hacerlo, por lo que han buscado, sin éxito, recibir ayuda del Gobierno nacional.

En primer lugar, Chaves explicó que el accidente se registró el 24 de octubre de 2024, que su hermana estuvo dos meses en el hospital de San Joaquín, pero luego de que se confirmó que estaba fuera de peligro, la retiraron del centro médico.

“Una vez salió de peligro la remitieron a un geriátrico, ya que el seguro que tiene no le cubre ningún tipo de rehabilitación y el diagnóstico que dieron los médicos no le dan opción de recuperación en ese país. El seguro médico solo era de emergencia y no le pueden hacer la rehabilitación”, indicó.

Sin posibilidad de ser atendida en Estados Unidos, la única opción que tiene Fernanda Rico para seguir viviendo es volver a Colombia y ser tratada en su país; sin embargo, debido a su condición, en la que el traslado se debe hacer en un avión con médicos y con ella conectada a múltiples aparatos, el costo es demasiado elevado para sus familiares.

“Cuesta 400 millones, el consulado indicó que no tiene los recursos para realizar el traslado, que para hacer posible esto tienen que trabajar mancomunadamente la cancillería, presidencia y apoyo de terceros, porque sin esto no va a ser posible trasladarla. Nosotros estamos buscando la posibilidad de traerla a Colombia, pero es muy costoso. El Gobierno nacional dice que no cuenta con los recursos. Seguimos sin poder hacer la gestión para trasladarla”.

Lina Chaves se ha comunicado con varias personas al interior del Gobierno nacional, pero la respuesta ha sido la misma, por lo que pide ayuda para que su hermana pueda volver a Colombia, de lo contrario “su vida se va a apagar poco a poco en ese país”.

Mientras que el tiempo de Fernanda Rico se agota, sus familiares siguen sin rendirse, por lo que piden que las personas interesadas en ayudar a la joven de 20 años, pueden realizar sus aportes a la cuenta de ahorros de Bancolombia 62974154574, o comunicarse con ellos al 3233962013 y comprobar que su historia es real.

Desde que la joven sufrió el accidente, sus padres han tenido que dejar de trabajar para dedicarse por completo al cuidado de la colombiana, que según sus familiares, está siendo olvidada por el Estado.

“No se ha recibido apoyo económico de ninguna entidad del Gobierno, mis padres se han sostenido por la misericordia de la comunidad”, puntualizó Lina Chaves.

Valladolid, 17 dic (EFE).- El legado del novelista y académico Miguel Delibes (1920-2010) ha iniciado a primera hora de este martes su traslado al Palacio del Licenciado Butrón, un edificio del siglo XVI situado en el centro histórico de Valladolid, donde próximamente abrirá su casa-museo en un plazo aún por determinar.

Una empresa especializada en el transporte de fondos artísticos y documentales ha trasladado 165 cajas con unos 15.000 documentos en forma de manuscritos, correspondencia, fotografías, reseñas y copias mecanografiadas, entre otros fondos que desde 2012 se custodiaban en la sede provisional de la Fundación Miguel Delibes.

"No es una mudanza íntegra sino el primer paso con la parte archivística, a la que sucesivamente seguirá el traslado de enseres como mobiliario, cuadros, obras de arte y la biblioteca personal", ha explicado a EFE el director-gerente de la Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola, quien ha coordinado y supervisado la operación.

El legado "es mucho más amplio que el archivo", ha insistido Zamácola en referencia a otros bienes muebles que viajarán hasta la sede definitiva desde el último domicilio del escritor en Valladolid (en la calle Dos de Mayo) y también desde Sedano (Burgos), lugar de vacaciones donde escribió y concibió buena parte de su obra además.

No hay todavía una fecha para la apertura de la casa museo de Miguel Delibes del Palacio del Licenciado Butrón, sede del Archivo General de Castilla y León, donde la Consejería de Cultura ha cedido varios espacios para sede de la Fundación Miguel Delibes y del legado completo, donde figuran una oficina, sala de exposiciones y de actos, centro de reuniones, de consulta y estudio.

"Todavía es pronto para definir un calendario, no hay ninguno preestablecido" porque falta el proyecto museístico por parte de la Consejería de Cultura, pero esta mudanza "es la primera señal de que todo va en serio y se mueven cosas", ha precisado el director-gerente.

El traslado ha durado aproximadamente una hora y media, periodo durante el cual las cajas han sido sacadas desde la Casa de Torrecilla, sede provisional de la Fundación Miguel Delibes desde 2012, un año después de la creación de esta entidad cultural para salvaguardar el legado y promover los valores de su obra literaria.

Se produce un año después de la firma, el 22 de noviembre de 2023, de un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y los siete hijos del escritor en calidad de herederos para la cesión a la administración autonómica, en régimen de comodato y durante 20 años, para su custodia y difusión desde el Palacio del Licenciado Butrón. EFE

Un total de 62 reclusos fueron trasladados ayer miércoles desde la Comisaría 2ª de la Unidad Regional II de la ciudad santafesina, al Complejo Penitenciario Rosario, dependiente del Servicio Penitenciario provincial. La medida forma parte de una estrategia para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa de la Policía en la región.

El procedimiento estuvo encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien supervisó las tareas junto a la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Según explicó el funcionario, el traslado responde a la necesidad de reducir la cantidad de reclusos en comisarías y mejorar la operatividad policial.

“Es mejor que los detenidos estén en las unidades penitenciarias, ya que el preso en comisaría genera como efecto de arrastre un montón de otros problemas. El patrullero tiene que estar dando seguridad, patrullando la ciudad, no siendo el remís del preso para llevarlo al hospital u otras diligencias”, afirmó Cococcioni.

El traslado de reclusos también se extendió a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, donde se movilizaron 34 internos.

El ministro de Justicia y Seguridad detalló que al asumir la gestión, la Unidad Regional II contaba con 600 detenidos en comisarías. Tras los operativos recientes, la cifra se redujo a 302 internos, el número más bajo desde el inicio de la administración.

“Teniendo en cuenta que la población penal no para de aumentar como consecuencia de algo que es positivo, que es la proactividad policial en calle y la mejora de las investigaciones criminales, durante todo el 2024 la población penal en total creció a un ritmo un 50 % superior a años anteriores. Es decir, mientras sacamos presos de la comisaría, la Policía sigue deteniendo delincuentes”, sostuvo el ministro.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, destacó la magnitud de los traslados realizados en los últimos días: “Hoy estamos trasladando 100 personas y el viernes trasladamos casi 60, con esto podemos decir que en los últimos 10 días se trasladaron 182 personas que estaban en dependencia de la URII y que fueron al Servicio Penitenciario”.

La sobrepoblación carcelaria y el traslado de presos de comisarías a cárceles es un foco de conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que se desató ante la fuga de detenidos de distintas dependencias debido al hacinamiento en las dependencias porteñas.

Días atrás, y tras un habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia ordenó que los presos condenados que se encuentren alojados en comisarías y alcaldías porteñas sean trasladados a cárceles federales.

El fallo fue emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23, a cargo del juez Norberto Circo, el cual resolvió el cambio de alojamiento para aquellos detenidos que se estén en dependencias policiales de CABA y que cumplan con los requisitos de ingreso al servicio penitenciario federal.

Se trata de 411 presos, según se especificó en la resolución, de los cuales 347 están a disposición de la justicia nacional, mientras que el resto se dividen entre la justicia porteña (57), federal (5) y bonaerense (2). De este total, 181 tienen sentencia firme. Los demás, en primera instancia.

En el documento, las autoridades judiciales argumentan que la decisión fue tomada ante la problemática de la sobrepoblación que existe en las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente hay 2.455 personas detenidas. Un escenario que, según alegaron, vulnera su dignidad.

A fines de enero de este año, la Ciudad de Buenos Aires difundió estadísticas sobre el estado de los presos en las comisarías, alcaidías y celdas modulares porteñas. Los datos marcan aún más en claro la problemática de la superpoblación que se arrastra desde 2020, cuando el gobierno nacional de turno cerró el grifo de traslados a penales federales de los detenidos, incluso con condena firme, y pasaron de 60 apresados a más de 2.200 que hay en la actualidad.

Aunque el Servicio Penitenciario Federal se lleva unos 90 reos por semana, la situación continúa siendo alarmante.

Nueva York, 10 dic (EFE).- El presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Luigi Mangione, gritó este martes a la entrada de un tribunal del condado de Blair (Pensilvania, EE.UU.) que su detención y acusación representan "un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense".

"Esto está extremadamente fuera de lugar y es un insulto a la inteligencia del pueblo estadounidense y a nuestras experiencias", exclamó el sospechoso, de 26 años, vestido con el uniforme naranja de los presidiarios, mientras forcejeaba y era escoltado por varios agentes hasta acceder a la corte donde se ha desarrollado una audiencia para estudiar su traslado a Nueva York.

Mangione fue detenido en un McDonald's de Altoona (Pensilvania) ayer, seis días después del crimen contra el ejecutivo Brian Thompson en el corazón de Manhattan y al que le siguió una fuga interestatal.

Su arresto fue producto de la llamada de una empleada de la cadena de hamburgueserías, que lo reconoció por las fotos divulgadas en los medios y llamó a los agentes.

Además, en la audiencia de hoy la defensa de Mangione dio a entender que impugnará un posible traslado a una cárcel de Nueva York -según medios estadounidenses- por tratarse de un estado donde se le acusa de asesinato, a diferencia de los cargos que enfrenta en el estado de Pensilvania.

Además de acusarlo de asesinato, la Fiscalía de Manhattan ya ha obtenido una orden de arresto, un paso que podría ayudar a acelerar su traslado desde Pensilvania.

Sin embargo, por el momento, Mangione se encuentra detenido sin derecho a fianza en Pensilvania por cargos de posesión de un arma de fuego sin licencia, falsificación y por proporcionar una identificación falsa a las autoridades.

Mangione compareció hoy ante el tribunal durante unos 45 minutos en total, esposado y vistiendo un mono naranja de preso, según pudo verse en imágenes aparecidas en redes sociales.

El abogado de Mangione también le pidió al juez que fijara una fianza, a lo que el juez se negó.

El juez dijo que Mangione tiene 14 días para solicitar un recurso de 'habeas corpus' y dio a los fiscales de Nueva York 30 días para que la gobernadora de dicho estado, Kathy Hochul, remita una orden judicial a su homólogo en Pensilvania, Josh Shapiro, pidiendo formalmente el traslado. EFE

(foto)(vídeo)

Luego de que fuera difundido un video en el que se observa a varios custodios del Penal de Barrientos golpear al influencer Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, este viernes 31 de enero fue trasladado al Penal de Texcoco con el objetivo de garantizar su seguridad.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que esta medida preventiva se llevó a cabo de manera inmediata al observar las agresiones a las que fue sometido el influencer a su ingreso al Penal de Barrientos.

“La Secretaría de Seguridad del Estado de México, no va a tolerar este tipo de acciones que atentan contra los derechos humanos de los internos”, detalló.

Además, la secretaría detalló que ya se realizan los procesos administrativos y legales correspondientes. Esto luego de que fuera informada la destitución de la directora del centro penitenciario y de los custodios responsables de la agresión.

Ante los hechos, Márquez llegó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Texcoco cerca de las 18:00 horas de este viernes.

Así fue la llegada del influencer al Penal de Texcoco

A través de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió el arribo de Fofo Márquez al Penal de Texcoco, quien se observa con un pants azul rey de líneas blancas laterales, playera del mismo color y una chamarra azul turquesa.

Además, Márquez llegó esposado de pies y manos a bordo de una camioneta perteneciente a la Secretaría de Seguridad del Edomex.

Al llegar, dos custodios abrieron las puertas de la camioneta para que el influencer descendiera de la unidad. Después lo colocaron frente a la puerta del Penal de Texcoco.

Difunden video de custodios golpeando a Rodolfo Márquez

Este 31 de enero fue compartido en redes sociales un video en el que se observa a tres custodios del Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, mientras golpean a Rodolfo Márquez.

En el material se escucha al influencer pedir que los custodios detengan sus agresiones.

-“¡Señor, ya, por favor!”, dice el creador de contenido mientras dos custodios le brindan varios puñetazos en el cuerpo y golpes en la cabeza.

Uno de los elementos hace alusión a la agresión que Márquez realizó en contra de una mujer, identificada como Edith “N”, hechos por los que fue sentenciado el pasado 29 de enero a cumplir 17 años y 6 meses en prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa y el pago de una multa de 67 mil 313.40 pesos, así como 277 mil 440 pesos como reparación de los daños.

La Policía Bonaerense se encuentra trabajando en un intenso operativo para poder encontrar a Thiago Daniel Aguirre, un joven acusado de homicidio que se escapó mientras estaba siendo trasladado desde La Plata hacia el interior de la provincia.

El episodio ocurrió el lunes, en una estación de servicio ubicada en la intersección de Ituzaingó y Ruta 215, en la localidad de Coronel Brandsen, cuando los agentes a cargo del operativo hicieron una parada técnica. En ese momento, el adolescente de 16 años pidió ir al baño. Según detallaron en el portal 0221, el recluso escapó tras haber atacado al guardia que lo custodiaba.

Inmediatamente, las fuerzas policiales iniciaron una intensa búsqueda, aunque hasta el momento no han logrado localizarlo. El joven estaba siendo trasladado desde La Plata hacia la localidad de Azul, en el interior de la provincia, un recorrido de casi 300 kilómetros.

Aguirre es considerado un delincuente peligroso debido al cargo de homicidio que enfrenta. Por tal razón, las fuerzas de Seguridad desplegaron numerosos patrullajes y controles vehiculares en el centro de Brandsen y en áreas circundantes, con el objetivo de localizarlo antes de que pueda abandonar la región.

También se reforzaron los rastrillajes en rutas y otros accesos a la ciudad, con el objetivo de cerrar posibles vías de escape. Se espera que en las próximas horas se sumen más efectivos a la búsqueda para intensificar los esfuerzos.

Según informó el portal DLN, la Policía solicitó la colaboración de los vecinos para reportar cualquier información relevante llamando al 911, y recomendó extremar las precauciones ante la peligrosidad del fugitivo.

En este último tiempo, la Ciudad de Buenos Aires ha estado en el foco de los interrogantes debido a reiteradas fugas de presos e intentos frustrados, en al menos tres alcaidías.

El jueves pasado fue el turno de la Comisaría 8 Bis, ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano. Los agentes del lugar detectaron dos agujeros en una de las paredes de una celda durante una inspección de rutina. Este descubrimiento, que evidenció un boquete en proceso, llevó a las autoridades a colocar bajo estricta vigilancia a los ocho reclusos que ocupaban el pabellón investigado.

La alerta inicial surgió luego de que los celadores percibieran ruidos extraños y movimientos sospechosos mientras realizaban su rutina de vigilancia. Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo de seguridad y se convocó a la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (DUTIA) para llevar a cabo la revisión detallada del lugar.

En el procedimiento, los agentes incautaron una punta de hierro de ocho pulgadas, un elemento que habrían utilizado para realizar el hueco en la pared; además de drogas como marihuana y cocaína, en posesión de los internos.

Por protocolo, se realizó una verificación exhaustiva de todos los espacios circundantes, incluyendo techos, puertas, rejas, incluso las paredes, con el objetivo de descartar otras posibles irregularidades o planes similares.

A fines de diciembre, 17 detenidos lograron escapar de la Alcaidía 9 ubicada en Gana al 400, en Liniers. Según trascendió, los internos utilizaron un agujero de 30 centímetros de diámetro en una pared de ladrillo hueco situada en un patio interno para evadirse.

El escape fue descubierto en la madrugada del 25, lo que activó un operativo cerrojo de manera inmediata que terminó con la captura de dos de ellos.

Anteriormente, 11 detenidos —la mayoría provenientes de la Villa Zavaleta— se habían fugado por los techos de la Alcaidía 4 Bis, ubicada en el barrio de Barracas. Para alcanzar el objetivo, los presos aprovecharon la oscuridad provocada por un corte de energía en la zona para trepar al techo desde un pasillo y escapar.

Álvaro, de 11 meses, estaba atravesando un complicado shock séptico en diciembre último y su vida corría peligro. Se encontraba en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, donde vive junto a su familia.

Trasladado a Mar del Plata, los médicos que lo atendieron notaron que no podían brindarle el tratamiento necesario y se imponía un traslado urgente a un centro más especializado en la Ciudad de Buenos Aires.

En pocos minutos, mientras el tiempo conspiraba contra su salud, se decidió el traslado por avión al Hospital Italiano de Buenos Aires en un operativo complejo, ya que el viaje debía hacerlo conectado a un sistema de soporte de corazón y pulmón artificial, conocido como ECMO Móvil.

Inmediatamente, Álvaro fue estabilizado por un equipo multidisciplinario compuesto por médicos terapistas pediátricos, cirujanos cardiovasculares, enfermeros y perfusionistas. Este grupo no solo asistió al niño durante el vuelo hacia Buenos Aires, sino que también coordinó una logística precisa desde la ambulancia hasta el avión y, finalmente, al Hospital.

“El desafío no solo fue técnico, sino también logístico y humano. El ECMO (oxigenador extracorpóreo de membrana) es una tecnología que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones, ofreciendo una oportunidad vital para pacientes en estado crítico”, explicó a Infobae el médico Jorge Barretta, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica.

“Este hito demuestra que es posible brindar atención de alta complejidad en cualquier rincón del país”, sostuvo el experto, que señaló que el Hospital Italiano utiliza esta tecnología en traslados desde 2016.

Sin embargo, hasta ahora siempre se hizo por vía terrestre en pacientes pediátricos. En este caso, se superó el desafío de la distancia entre Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires: un recorrido de aproximadamente 5 horas se redujo a 40 minutos a través de la utilización de un avión sanitario.

El subjefe del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica, Mateo Ferrero, destacó a Infobae que “para haber podido lograr este traslado, fue y es fundamental contar con una vasta experiencia con este tipo de tecnología, que se logra con un número mínimo de pacientes anuales y permiten mantener a todo el equipo entrenado”.

“Por este motivo, solo centros especializados que brindan cuidados de pacientes críticos pueden proporcionar este soporte. Nosotros tenemos un programa ya formado de ECMO móvil que comienza con el contacto de un hospital, un particular, o de la red que tenemos de terapistas que trabajan en diferentes lugares de la Argentina. Lo que hacemos es activar este protocolo para un traslado de ECMO móvil de acuerdo a las características que uno va charlando con el terapista del otro lugar”, comentó Ferraro sobre cómo es el trabajo complejo con esta tecnología nueva para sostén de la vida de un paciente.

Y agregó: ”Se empieza a hacer toda una coordinación muy minuciosa de lo que va a necesitar en particular cada paciente. A diferencia de los adultos, que en general todos los procedimientos están más estandarizados y los equipamientos son más fáciles para pacientes grandes, tanto a nivel pediátrico o de adolescentes hay varias cosas que adaptar y organizar muy bien, como el tema cánulas, oxigenadores y otros materiales que se va a utilizar en particular para cada paciente. En conjunto con la terapia que nos derivan, se define qué tipo de ECMO vamos a generar, poniendo más énfasis si es una cuestión respiratoria, cardiovascular, etc. Así que una vez que recibimos el llamado, empiezan las comunicaciones internas en el equipo de traslado de urgencia”.

En este sentido, el doctor Juan Manuel Osuna, médico del servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Italiano, aseveró: “Es fundamental una comunicación temprana del equipo médico tratante con nuestro equipo de ECMO Móvil Pediátrico, como fue en el caso de Álvaro, dado que ello permite organizar el operativo de traslado optimizando los tiempos y mejorando las chances de supervivencia de estos pacientes tan complejos”.

Y Ferraro completó: “El traslado aéreo tiene sus dificultades, como el tamaño, el avión, cómo entrar con el paciente, cómo salir con el paciente y demás. Y si hay aire, por ejemplo, en la pleura o en algún otro lugar, que hay que ser muy cuidadoso por la presurización del avión y lo que pasa con lo que se llama la ley de difusión de gases. Por eso vamos armando previamente todos los detalles del operativo, ya sea el aspecto de terapia intensiva, aspecto respiratorio, cardiovascular, y toda la instrumentación quirúrgica si es necesaria de aplicar. Y una vez que tenemos todo eso, se realiza un checklist para que no nos falte nada en el lugar que vamos y nos disponemos a hacer el traslado”.

“Para los traslados aéreos, en particular, —agregó— se reduce mucho el número de gente que puede ir arriba del avión. Sí o sí, siempre va un terapista pediátrico, un cirujano cardiovascular, un perfusionista y una enfermera o instrumentadora, dependiendo un poco de qué necesita el paciente”.

La condición crítica de Álvaro

“Lo que sucedió con Álvaro es que hizo una infección muy grave que termina cuando tiene mucho impacto en la hemodinamia, en lo cardiovascular. Se llama shock séptico, que necesitaba una dosis de diferentes drogas para mantener la presión muy elevada y eso en el tiempo en general es nocivo”, detalló Ferraro.

Y agregó: “Uno de los tratamientos que se le podría ofrecer era hacer lo que se llama plasmaféresis, que implica remover de la sangre el plasma, o tratar de mejorar esa respuesta inflamatoria, cambiando el plasma del paciente por plasma fresco, congelado. Esa terapéutica en Mar del Plata no la podían hacer y en la condición en la que estaba el paciente, llevaba mucho riesgo. Así que decidimos colocarlo en ECMO para ayudar a bajar el nivel de drogas que tenía. Poder mantener una buena presión arterial que circule adecuadamente la sangre en todos los órganos, realizar la plasmaféresis para ver si con eso podíamos ir descendiendo las drogas. Y la verdad que fue un éxito”.

El profesional sostuvo que “se pudo poner en ECMO. Mantuvimos la presión arterial, empezamos rápidamente las sesiones de plasmaféresis y las drogas las fuimos sacando hasta retirarlas rápidamente. Luego pudimos sacarlo de ECMO sin problema. Y al día siguiente lo sacamos de respirador. Estuvo unos días con nosotros en terapia intensiva, después en sala de pediatría y finalmente se fue de alta sin ningún inconveniente”.

“En el mundo entero se han hecho traslados en ECMO. Hoy hay un montón de centros que están haciendo en el mundo. Se han hecho hasta traslados en ECMO transoceánicos. Hoy hasta podríamos buscar pacientes de países limítrofes en Argentina”, sostuvo Ferraro.

En este sentido, vale destacar que esta tecnología de rescate se puede implementar en pacientes con falla respiratoria (hipoxémica, fuga de aire, asma agudo) cardiovascular y shock séptico, como fue el caso de Álvaro, cuando los tratamientos convencionales no brindan los resultados esperados.

“Esta innovación permite brindar asistencia a pacientes de diferentes edades con enfermedades complejas que no pueden ser tratadas en su lugar de origen, abriendo una nueva posibilidad para que niños con cardiopatías congénitas gravemente enfermos puedan ser trasladados y operados en el Hospital Italiano”, resaltó la doctora Alejandra Villa, jefa del servicio de Cardiología Pediátrica.

El cuidado de Álvaro hoy

“Alvi se encuentra superbién con varios controles. Lo que más estamos atentos es el control de la parte inmunológica, porque la bacteria que contrajo es una bacteria bastante normal que generalmente no ocasiona lo que le ocasionó, que fue sepsis. Viene todo superbién”, explicó a Infobae Sofía Sosa, la mamá del pequeño Álvaro.

Sobre su viaje de urgencia, con resultado feliz, detalló: “Fue increíble. Todo fue muy rápido y cuando nos enteramos de la posibilidad del traslado al Hospital Italiano, en Buenos Aires, se me iluminó todo. Sabemos que es el mejor del país. Y ver en todo momento el trato de los médicos, de las enfermeras, de todos, ver cómo lo cuidaron a Alvi. Sin ellos y sin el ECMO no hubiera podido. Fue de película”.

En horas de la mañana de este 24 de octubre fue trasladado Brayan Snaither Campo Pillimue por guardias del Inpec a la cárcel de Valledupar, más conocida como La Tramacúa.

El asesino y violador confeso pisó suelo del aeropuerto Alfonso López Pumarejo, de la capital de Cesar a las 10:40 a. m., y fue dirigido a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, donde será recluido en uno de los patios de máxima seguridad del lugar.

De acuerdo con la información suministrada por W Radio, este hombre de 32 años, que aceptó ser el asesino de Sofia Delgado, menor de 12 años en el municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca, compartiría con Rafael Uribe Noguera, asesino de Yuliana Samboní y con Jhonier Leal, señalado de asesinar a su madre y su hermano en Bogotá.

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En medio de la audiencia el pasado 18 de octubre un juez de control de garantías envió a este hombre a la cárcel tras evaluar el material probatorio que fue entregado por la Fiscalía General de la Nación, luego del proceso investigativo realizado por las autoridades.

Dentro de los cargos que le fueron imputados están: feminicidio agravado, secuestro simple agravado, secuestro simple tentado agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio.

La menor alcanzó a estar desaparecida casi 20 días, su regreso ocurrió el 19 de septiembre mientras se dirigía a comprar un Champú para su mascota, y fue hasta el 17 de octubre que las autoridades encontraron los restos de la menor en un cañaduzal, en la vía Candelaria - Florida.

Tras un arduo proceso investigativo, en el momento de proceder con la captura fueron dos las personas detenidas, una de ellas Campo, y la otra su esposa, que en un principio era acusada de complicidad en el crimen de la menor. Sin embargo, el criminal aseguró en su declaración que Evelyn Julieth Rodas no tenia culpabilidad en los hechos, razón por la que un juez le otorgo la libertad.

Varios fueron los detalles que han causado consternación entre los ciudadanos con respecto a este crimen. Uno de ellos es que el hombre ya había tenido un proceso judicial por un caso de abuso sexual, también con menor de edad: “Este hombre de 32 años había sido señalado anteriormente de haber intentado raptar a una menor de edad en este sector. Cuando hacemos un cotejo de los antecedentes, hallamos que esta persona desde 2018 tiene un proceso abierto por violación con menor de 14 años”, afirmó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Tras los constantes señalamientos, la esposa de Brayan habló por primeras vez con los medios de comunicación y explicó que ella no tenia conocimiento del crimen, ratifico su inocencia, y comentó que durante el tiempo que duro el proceso de investigación el hombre aseguraba que el no era responsable de lo que lo acusaban.

“Yo no me había enterado ni siquiera el día de la captura. Fue hasta las audiencias cuando lo dijo. No me cabía en la cabeza cómo podía estar involucrada. Cuando comenzaron a investigar, le pregunté si él sabía algo o tenía algo que ver con esto. Él siempre, mirándome a los ojos, me lo negaba”, expresó Evelyn Rodas.

Y explicó como reacciono a la confesión del hombre con el que compartía una vida: “Cuando estábamos detenidos, le pregunté una vez más y esta vez ya no me miró a los ojos. Le dije: ‘Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña’. Y simplemente miró al suelo y hacia un lado. Me puse a llorar y le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear”, narró.

Se espera a que el proceso continúe y se dicte sentencia condenatoria contra este hombre que es señalado de cometer actos violentos en contra de varias menores de edad.

A cuatro meses de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la investigación sigue su curso para esclarecer qué fue lo que sucedió con el menor. En este contexto, la jueza federal de Goya aprobó el traslado de Laudelina Peña, tía del niño desaparecido, al penal de Luján de Cuyo por cuestiones de “seguridad”.

La mujer es una de las principales sospechosas por la desaparición de Loan el pasado 13 de junio en el paraje Algarrobal, departamento de 9 de Julio. Actualmente, se encuentra detenida en el penal de Ezeiza, pero será trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario Federal Nº 6 Lujan de Cuyo.

Tal como pudo saber Infobae, la jueza Cristina Pozzer Penzo aprobó esta medida tras la solicitud del director General de Régimen Correccional, quien fundamentó su petición en “razones de seguridad, riesgos y necesidades”, dado el perfil criminal de la imputada. “Luego de un exhaustivo análisis en materia de contexto de encierro y las consideraciones vertidas anteriormente, esta instancia considera acertado que la misma sea trasladada hacia otro Establecimiento penitenciario de esta repartición, acorde a los estándares de seguridad pertinentes y que puedan atenderse sus necesidades en cuanto a bienestar y alojamiento”, sostiene el escrito presentado.

Estaba previsto que Laudelina amplíe su indagatoria este jueves vía Zoom desde el penal de Ezeiza, pero, una vez que se confirmó su traslado, la acusada dio marcha atrás y solicitó no volver a declarar.

Días atrás, la jueza había aprobado el pedido de la abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, de ampliar la indagatoria de la detenida. Según pudo saber este medio, el pedido de ampliar por tercera vez la indagatoria de Laudelina estaba relacionado con aclarar algunas cosas que dijo en la primera oportunidad que estuvo ante la jueza Pozzer Penzo, cuando su abogado era José Codazzi y sostenía la denuncia del supuesto accidente que había hecho ante la Justicia provincial. Sin embargo, declinó sus intenciones.

Laudelina se había presentado el 29 de junio pasado ante el fiscal de la Justicia provincial correntina. En esa oportunidad, aseguró que Loan había sido atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, dos de los principales sospechosos.

Luego, cambió la versión del accidente y argumentó que había sido coaccionada por Codazzi. “Perdón, por mentir en la primera declaración, no fue mi intención, fue del abogado Codazzi”, expresó. Y continuó: “Para mí lo llevaron, no sé quién, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi, eran las tres personas mayores con las que estaba... yo me fui hasta el alambrado, por eso estoy segura de que estaba con ellos”.

Mientras tanto, la investigación por la desaparición del menor continúa, con más implicados y poca información sobre lo que sucedió con Loan. En este contexto, la jueza aceleró una de las causas conexas a la principal y procesó con prisión preventiva a los 10 supuestos “asesores” que se presentaban como miembros de la Fundación Lucio Dupuy, acusados, entre varios delitos, de entorpecer la investigación.

Se trata del psicólogo Federico Colombo, Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda; Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad.

Todos fueron imputados como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad de tres menores, fraude a la administración pública como especie del delito de estafa calificada y encubrimiento agravado.

Además, a Soria se le endilga los delitos de atentado a la autoridad, suministro de estupefacientes y usurpación de título, mientras que Colombo también está acusado de violación de secreto profesional, falso testimonio y usurpación de título. En tanto, a Cañete, Núñez, López, Machuca Juni se los imputó por usurpación de título.

Santa Cruz de Tenerife, 10 oct (EFE).- Efectivos de Salvamento Marítimo han trasladado durante las últimas horas a 106 inmigrantes a las islas canarias de La Gomera y El Hierro, han informado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno canario.

Las dos embarcaciones estaban próximas a las islas y en el caso de la que llegó a las 23:45 horas del miércoles al puerto de San Sebastián de La Gomera estaba ocupada por 47 personas.

En cuanto a la del puerto herreño de La Restinga, la embarcación estaba ocupada por 59 personas y llegó a la 01.43 horas de este jueves.

Todas estas personas estaban en aparente buen estado de salud y no se han realizado traslados a centros sanitarios, han indicado fuentes de Cruz Roja. EFE

El traslado de Lucy, la última tigresa de bengala en Mendoza, hacia un santuario en Minnesota, Estados Unidos, marca un hito en los esfuerzos por mejorar el bienestar de los animales en cautiverio. Este operativo, coordinado por el Gobierno de Mendoza, la Fundación Franz Weber y Enfoque Animal, busca ofrecer a Lucy un entorno más natural y adecuado para su especie, según informaron las autoridades involucradas.

Lucy, que llegó a la provincia cuyana en 2011 tras haber vivido en el ex zoológico de Batán en Buenos Aires, fue el centro de un esfuerzo multidisciplinario desde 2018 para mejorar las condiciones de vida de los tigres en el Ecoparque de Mendoza. Este trabajo se realizó bajo los lineamientos de la Ley Provincial N° 8.945, que promueve el bienestar animal.

La muerte de Violeta, otra tigresa que compartía espacio con Lucy, aceleró los planes para trasladarla a un santuario que le ofreciera mejores condiciones de vida.

Según informó el portal MDZ, el destino de Lucy es The WildCat Sanctuary, un refugio de 161.874 metros cuadrados especializado en el cuidado de felinos. Este santuario, que no está abierto al público ni permite la reproducción o comercialización de animales, ha recibido anteriormente a otros animales del ex zoológico de Mendoza, como los leones Chupino y Salteña.

En su página oficial, desde el nuevo hogar de Lucy señalaron que “tendrá mejores condiciones de vida, satisfaciendo sus necesidades y requerimientos para esta etapa de su vida”.

Sobre la nueva vida que experimentará el animal desde su arribo, explicaron que estará en contacto con otros individuos de la misma especie, creando relaciones y vínculos que “enriquecerán sus últimos años de vida”.

Y según informaron, les garantizan a los animales una mejor calidad de vida, comparada a la que suelen experimentar habitualmente.

Es de destacar que el espacio ubicado en Minnesota tiene amplia experiencia en cuidado de felinos y es reconocida internacionalmente por instituciones como “Global Federation of Animal Sanctuaries”, “American Sanctuary Association” y “Big Cat Alliance”.

Ante lo sucedido, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó la importancia de ofrecer a estos animales un entorno que se asemeje lo más posible a su hábitat natural, aunque Lucy no pueda ser reinsertada en la naturaleza debido a su vida en cautiverio.

El viaje de Lucy comenzó el lunes 7 de octubre y será monitoreado constantemente por veterinarios y cuidadores. El traslado incluye un recorrido terrestre hasta el aeropuerto de Ezeiza, seguido de un vuelo a Nueva York y, finalmente, su llegada a Minnesota.

También existió el caso de Tamy y Kenya, dos elefantes del antiguo zoológico de Mendoza, que fueron trasladados al Santuario de Elefantes de Brasil, donde ya viven las elefantas asiáticas Mara, proveniente del Ecoparque porteño, y Guillermina, también originaria de Mendoza. Este santuario, ubicado en el corazón del Mato Grosso, ofrece un ambiente adecuado para la especie, con recintos naturales que varían entre 40 y 400 hectáreas, compuestos por matorrales y áreas abiertas cubiertas de vegetación.

El traslado de Kenya se concretó luego de la aceptación de los trámites de exportación por parte de Brasil, que habían enfrentado demoras. Además, la elefanta se adaptó a la caja transportadora necesaria para su viaje. Tamy, por su parte, había comenzado en agosto del año anterior un entrenamiento para confiar en las personas, lo cual facilitó los controles médicos y la aprobación de los trámites para su ingreso a Brasil.

El santuario está dividido en sectores según la especie: uno para elefantas asiáticas, otro para elefantas africanas y un tercero para elefantes asiáticos. Cada sector tiene subsectores que permiten realizar adaptaciones seguras para los nuevos integrantes. Además, los elefantes reciben dietas especiales y atención veterinaria de alta calidad durante toda su vida.

Columbus, en Ohio, ha sido reconocida por tener los mejores tiempos de traslado para los trabajadores, de acuerdo con un reciente informe de Lyft, divulgado por FOX Business. Según la compañía de transporte, los habitantes de Columbus disfrutan de viajes hacia y desde el trabajo que duran en promedio 22 minutos, lo cual los posiciona en el primer lugar de la clasificación general.

Lyft evaluó diversas ciudades en los Estados Unidos utilizando cuatro categorías cruciales para determinar su listado: velocidad, costo, limpieza y ofertas de actividades post-trabajo. Además, la empresa encuestó a más de 1,400 usuarios para obtener una visión integral de las condiciones de transporte en estos lugares.

La investigación identificó las 10 ciudades de los Estados Unidos con los mejores traslados, destacándose urbes de Ohio, Texas y Arizona entre las más favorecidas.

En segundo lugar, se encuentra El Paso, en Texas, caracterizada por una de las velocidades de traslado más rápidas. La ciudad se sitúa cerca de la frontera con México y ha sido señalada por tener tiempos de viaje eficientes. Por su parte, Las Vegas también destacó debido a la escasa congestión, permitiendo a los residentes moverse un 6.3% más rápido durante las horas punta en comparación con otros momentos del día.

Memphis, en Tennessee, no sólo alcanzó el tercer lugar en términos de velocidad con un promedio de 22 minutos de viaje a 43 kilómetros por hora, sino también fue señalada por ofrecer los traslados más económicos, conforme a la evaluación de Lyft. Albuquerque, en Nuevo México, ocupó el quinto puesto general y recibió reconocimiento por sus bajos costos relacionados con el traslado laboral.

Baltimore obtuvo el sexto lugar, respaldada por su destacada infraestructura portuaria y atractivos turísticos, como el Inner Harbor y el histórico Fort McHenry. Phoenix, capital de Arizona, también figura en la lista, hogar de equipos deportivos como los Arizona Diamondbacks y Phoenix Suns, y con una población que supera los 1.6 millones de personas.

Tucson, otra ciudad de Arizona, se situó en el octavo lugar. La encuesta de Lyft la reconoció por tener el octavo costo de traslado más bajo, con una media de 24 minutos de recorrido. Detroit en Michigan, por su parte, ocupa la novena posición gracias a un tiempo medio de traslado de 23.9 minutos según los datos de Lyft.

Por último, Dallas en Texas, cerró la lista en el décimo puesto, destacando particularmente por sus bajos costos de estacionamiento y combustible, los cuales se estiman en 40 y 35.90 dólares mensuales, respectivamente, conforme a la clasificación de Lyft.

Moscú, 13 sep (EFE).- El ejército ruso sigue ganando terreno en la región fronteriza de Kursk, de donde estaría expulsando gradualmente a las tropas ucranianas, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

La agrupación militar Séver (Norte) asestó duros reveses a las unidades mecanizadas y a las brigadas aerotransportadas ucranianas en las localidades de Liubímovka, Darino, Nikoláyevo-Darino, Pokrovski y Borki.

Según el parte de guerra, los soldados rusos también repelieron contraataques ucranianos en dirección a Obujovka y otras dos intentonas en Kamishevka y Borki.

Como resultado, precisa, los ucranianos perdieron una veintena de hombres, uno de los cuales fue hecho prisionero, y un par de vehículos militares.

Con la ayuda de la artillería y de la aviación, Moscú también rechazó tres intentos enemigos de cruzar la frontera en Kursk, operaciones en la que las fuerzas de Kiev sufrieron medio centenar de bajas, además de cinco tanques.

Según Defensa, desde que los ucranianos penetraron en Kursk el pasado 6 de agosto han sufrido 12.795 bajas, además de 108 tanques, cientos de blindados, vehículos militares y piezas de artillería, y 26 lanzaderas de misiles.

Rusia anunció el jueves que ha recuperado el control sobre diez localidades, entre las que figura Snagost, convertida por las fuerzas ucranianas en un puesto fortificado.

Los blogueros rusos estimaron en más de 150 kilómetros cuadrados la superficie recuperada en Kursk, donde los ucranianos llegaron a controlar 1.300 kilómetros cuadrados.

En cambio, el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) rebaja en su informe de hoy a 58 los kilómetros cuadrados recuperados por Rusia, que además considera que se trata de 'zonas grises' que Kiev no controlaba en su totalidad.

Aunque admite que las tropas rusas siguen avanzando, también advierte que éstas tendrán muchas más dificultades cuando se enfrenten a las unidades ucranianas mejor preparadas que controlan el bastión de Sudzha.

Según expertos como Ruslán Levíev, director del equipo Conflict Intelligence Team, el ejército ruso quiere liberar Kursk antes de las elecciones presidenciales estadounidenses.

El objetivo es que Kiev no llegue al 5 de noviembre con esa baza en la mano, lo que le permitiría utilizar las zonas bajo su control en Kursk como moneda de cambio en unas futuras negociaciones de paz.

En la mañana del martes 27 de agosto, se conoció que Jhonier Rodolfo Leal Hernández, condenado a 55 años de prisión por el asesinato de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, será trasladado a un centro de reclusión de máxima seguridad.

Este movimiento se da en respuesta a una solicitud realizada por la Fiscalía General de la Nación, que expresó su preocupación por las condiciones de reclusión actuales de Leal.

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La petición de la Fiscalía se fundamenta en la sospecha de que Leal tendría acceso a comunicaciones telefónicas a través de celulares dentro de La Picota, la prisión de Bogotá donde se encontraba recluido hasta ahora.

“Se peticiona a la institución, se estudie la viabilidad de realizar un traslado de centro carcelario de máxima seguridad, para garantizar que el señor Jhonier Leal no tenga acceso a dichos beneficios, los cuales, como se ha venido indicando, no son permitidos por nuestro ordenamiento jurídico”, detalló la Fiscalía en su solicitud formal.

En respuesta a esta petición, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) emitió la Resolución 7833 del 23 de agosto de 2024, en la que se ordena el traslado de Leal a una prisión de máxima seguridad. El traslado de Leal podría llevarlo a uno de los centros penitenciarios más rigurosos del país, como La Tramacúa, en Valledupar, o la prisión de Cómbita, en Boyacá, ambos conocidos por sus estrictas medidas de seguridad. La decisión sobre el lugar específico de reclusión aún está en proceso de evaluación, según informó el Inpec.

Ante esta determinación, la abogada defensora de Jhonier Leal, Ana Julieth Velásquez, ha solicitado al Inpec que tome todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de su cliente durante el proceso de traslado y su posterior estancia en la nueva prisión.

En un comunicado formal dirigido al complejo carcelario de Bogotá, Velásquez expresó: “Teniendo en cuenta la resolución 7833 del 23 de agosto de 2024 emitida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), solicito de manera formal y urgente que se implementen por parte del Inpec todas las medidas de seguridad necesarias y adecuadas para garantizar la vida e integridad de mi prohijado Yhonier Rodolfo Leal Hernández durante el proceso de traslado a un nuevo centro carcelario de máxima seguridad, así como durante su permanencia en dicho establecimiento”.

Velásquez subrayó la importancia de que también se adopten todas las medidas administrativas necesarias para prevenir cualquier riesgo que pudiera comprometer la seguridad física y psicológica de Leal. “Es fundamental que se adopten las precauciones pertinentes para asegurar su integridad física y psicológica en todas las etapas, dado el contexto y las circunstancias que rodean su situación”, insistió la abogada.

Este caso ha sido uno de los más mediáticos en Colombia en los últimos años, no solo por la notoriedad de las víctimas, sino por la confesión de Jhonier Leal, que inicialmente negó su participación en los crímenes, pero más tarde admitió su culpabilidad. Sin embargo, el caso volvió a saltar a las portadas de los principales medios de comunicación debido a la revelación de nueva evidencia que ha dejado nuevos interrogantes sobre lo ocurrido.

Dentro de las pruebas recientemente reconocidas, se encuentran dos videos que muestran a Mauricio Leal en sus últimos momentos con vida. Dicho material probatorio fue descubierto y presentado por el fiscal Mario Burgos Patiño, pero llama la atención el porqué este material no se utilizó en el juicio contra Jhonier Leal.

El ente acusador informó que el contenido del teléfono de Mauricio Leal fue extraído el 15 de diciembre de 2021 por el grupo de delitos informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la seccional Bogotá. Este procedimiento resultó en un extenso informe de 1.015.805 páginas. Además, aseguró que el contenido del dispositivo móvil estuvo disponible para todas las partes involucradas en el proceso penal.

Madrid, 9 jun (EFE).- Hoy se celebra el Día Internacional de los Archivos, que además de un patrimonio único e irreemplazable, custodian decisiones, actuaciones y la memoria que se transmite de generación en generación.

Entre los reclusos que fueron trasladados se encuentra Pedro Nel Caro Triana, mejor conocido con el alias de Pedro Pluma, señalado como el presunto responsable del asesinato del director de La Modelo, coronel (r) Élmer Fernández, ocurrido en la noche del jueves 16 de mayo.

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Hacia las 2:00 p.m. del viernes, un esquema de seguridad de la Policía Nacional y el Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (Cores) del Inpec, ingresaron a La Modelo para custodiar el traslado de los reclusos. En ese momento, se dispuso que este grupo de presos sería trasladado en dos autobuses con rumbo a distintos centros penitenciarios en los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Sobre las 3:00 p. m., las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la cárcel La Modelo, donde se adelantaron todos los procedimientos para el traslado de los 15 presos. Posteriormente, hacia las 4:40 p. m., salió el primer bus con varios internos, en el que estaba alias Pedro Pluma.

Finalmente, en horas de la noche del viernes, el Inpec confirmó que Pedro Pluma fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá. Allí, estará recluido en los calabozos de máxima seguridad, donde permanecerá aislado y bajo estricta vigilancia.

Los otros detenidos estarán recluidos en la cárcel de Ibagué (Tolima).

Días antes de su asesinato, el 9 de mayo, el coronel (r) Élmer Fernández fue objeto de una amenaza en su contra. El preso identificado como Pedro Pluma distribuyó panfletos y lanzó tres disparos al aire en el patio 4, advirtiendo sobre las consecuencias de futuras inspecciones en esa área.

En uno de los panfletos se lee: “De parte de ‘Pedro Pluma’, del patio 4. Para el director, que si vuelve a meter requisa para el patio le mato la familia (sic)”.

Según el mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, el coronel Fernández solicitó protección inmediata al Inpec, que debía ser gestionada a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“El coronel Élmer Fernández había recibido una amenaza en un panfleto que circuló el jueves de la semana pasada, él había puesto la denuncia ante la Fiscalía el viernes y el martes introdujo el procedimiento de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, dijo el jefe de cartera en rueda de prensa.

Por su parte, en entrevista con W Radio, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, explicó que alias Pedro Pluma ha sido condenado por múltiples delitos, incluyendo hurto, fuga de presos, y fabricación y tráfico de armas de fuego. Además, señaló que este individuo cuenta con un historial de 16 entradas a la cárcel: “Este hombre no es ajeno al sistema penitenciario. Sus acciones recientes solo confirman su peligrosidad”.

El coronel Gutiérrez destacó la gravedad de estas amenazas en el contexto penitenciario, señalando que acciones similares por parte de internos han sido recurrentes, pero la falta de respuesta inmediata a la solicitud de protección es un asunto crítico que debe ser abordado: “Cada solicitud de protección es vital para la seguridad de nuestro personal y debe ser atendida sin demora”, afirmó el funcionario al medio citado.

Las autoridades penitenciarias y otros organismos de seguridad ya están trabajando para reforzar las medidas dentro del penal. De hecho, en la noche del jueves se realizó un consejo de seguridad en el cual participaron la Policía, el Ministerio de Justicia y el Inpec, para discutir los detalles del asesinato del coronel (r) Fernández. Las autoridades coincidieron en la necesidad de tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad dentro del centro penitenciario y salvaguardar la vida e integridad de los funcionarios de la institución.

Por su parte, el Inpec decretó emergencia carcelaria en Colombia, debido al aumento de amenazas y ataques contra sus funcionarios, pues según confirmó, van más de 550 amenazas de muerte contra personal de la institución.

El estado de emergencia carcelaria se decretó con el objetivo de “articular las capacidades de otras instituciones”. El coronel Gutiérrez aseguró que, “en el Inpec no tenemos todas las capacidades para poder salvaguardar la vida de todos nuestros servidores penitenciarios”.