El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó que deben rechazarse los pedidos de sobreseimiento por inexistencia de delito del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino, y de los demás imputados por una multimillonaria retención indebida de aportes.

“Si la AFA retuvo dinero que no le pertenece y no lo depositó en las fechas legales –que es lo que está bajo investigación–, entonces eso no ‘desaparece’ por obra de una mera tregua administrativa: no si la deuda es exigible, si el plazo venció y si, como consecuencia de ello, el dinero en cuestión no llegó al Estado en el tiempo exigido por ley“, advirtió.

La fiscalía sostuvo que la causa por la deuda impositiva iniciada por denuncia de ARCA debe seguir adelante y reclamó que se confirme la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante, quien se negó a dictar los sobreseimientos por inexistencia de delito.

“La consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”, agregó en relación a cuándo hay delito.

Pérez Barberá advirtió que “la exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos procesales de ejecución, sino de la existencia de un deber jurídico de cumplimiento cuyo vencimiento habilita al acreedor a reclamar su satisfacción”, afirmó.

La sala A del Tribunal de Apelaciones en lo Penal Económico integrada por la jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos había fijado una audiencia este miércoles para escuchar los argumentos, pero todos presentaron memoriales escritos. De todas maneras, no habrá una decisión antes del 25 de marzo, porque uno de los acusados pidió prórroga y le fue concedida.

Los cinco acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino fueron ya indagados por el juez Amarante. En todos los casos entregaron escritos, reclamaron ser sobreseídos y no respondieron preguntas. El magistrado ya está en condiciones de decidir si procesa, dicta falta de mérito o los desvincula.

Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones tiene pendiente esta resolución sobre el planteo de inexistencia de delito en el marco del cual la fiscalía reclamó ahora que la pesquisa siga adelante.

La discusión de fondo

La causa se originó por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la falta de depósito de sumas retenidas por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y aportes de la seguridad social entre 2024 y 2025, calculada en 19.000 millones de pesos.

La defensa intentó frenar el avance del caso con una excepción de falta de acción. Sostuvo que, como el Ministerio de Economía suspendió las ejecuciones fiscales contra ciertas entidades —entre ellas asociaciones civiles—, la deuda no podía considerarse vencida ni exigible.

El fiscal ante la Cámara rechazó lo planteado. “La argumentación de la defensa parte de una premisa incorrecta al equiparar la suspensión de la ejecución fiscal con la inexigibilidad de la obligación tributaria”.

En la misma línea, remarcó que “la defensa confunde la exigibilidad de la obligación tributaria con la ejecutabilidad de la deuda por vía de la ejecución fiscal”.

Sin prórroga, con deuda vigente

Uno de los ejes del dictamen es que nunca hubo una prórroga real de los vencimientos. “La normativa en cuestión no dispuso prórroga alguna de los plazos de ingreso” sino que “se limitó a regular el ejercicio de determinadas facultades administrativas del organismo recaudador”, explicó. “Los vencimientos de las obligaciones no sufrieron modificación alguna”, advirtió la fiscalía.

“Aceptar la interpretación propuesta” implicaría “desnaturalizar el régimen jurídico de las obligaciones tributarias”, concluyó.

Pérez Barberá también se detuvo en la cuestión penal. Recordó que los delitos tributarios investigados son omisivos: se configuran cuando no se paga lo retenido dentro del plazo legal. “La consumación se produce cuando, vencido el plazo el obligado omite efectuar su depósito”, sostuvo.

Y aclaró que las decisiones del Estado sobre cómo cobrar no cambian esa situación: “Las decisiones administrativas relativas al ejercicio de las acciones de ejecución no alteran la existencia del deber jurídico ni el incumplimiento”.

El dictamen puso énfasis en la naturaleza del dinero involucrado. “No se trata del pago de una obligación tributaria propia, sino de la transferencia al Estado de fondos retenidos a terceros”, explicó el fiscal. Por eso, advirtió que “el deber jurídico de ingreso de esas sumas reviste un carácter particularmente intenso”.

“Que el Estado suspenda temporalmente los procedimientos para cobrar deudas fiscales no significa que la obligación de pagar haya desaparecido”, concluyó.

Con estos argumentos, el Ministerio Público pidió que se confirme la resolución de primera instancia y que la investigación continúe.

Los dirigentes de AFA tienen prohibida la salida del país, una decisión que también está bajo revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

El secretario general de la AFA Cristian Malaspina y su antecesor en ese cargo, Víctor Blanco, reclamaron este lunes ser desvinculados de la causa penal por presunta multimillonaria retención indebida de aportes, porque por su función no tuvieron injerencia en este tipo de decisiones de pago.

Ambos se presentaron a declaración indagatoria en el juzgado en lo penal económico a cargo de Diego Amarante, entregaron escritos sin responder preguntas y reclamaron ser sobreseídos.

Se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85.

Por su parte, el juez en lo penal económico Diego Amarante, a cargo de la investigación, rechazó planteos de nulidad contra su decisión de citar a todos a declaración indagatoria. Para el miércoles está convocado el tesorero Pablo Toviggino y para el jueves el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia.

El planteo fue hecho por la defensa de Tapia, de la AFA y de otros dos imputados y luego se plegaron los restantes.

“Cargo protocolar”

Blanco, ex presidente de Racing, llegó a tribunales y estacionó su vehículo frente a la entrada principal de avenida De Los Inmigrantes 1950. Junto a su abogado Fernando Díaz Cantón respondieron preguntas de los periodistas de manera previa a ingresar al juzgado.

Fue el primero en llegar poco antes de las 1030. El dirigente futbolístico estuvo poco menos de una hora ante el juez Amarante y entregó un escrito donde negó “terminantemente” las acusaciones.

“No tuve a mi cargo ninguna de las funciones vinculadas a la gestión tributaria y previsional de la Asociación del Fútbol Argentino”, según el escrito al que tuvo acceso Infobae. También remarcó que como Secretario General de la Asociación del Fútbol Argentino no tuvo “injerencia alguna en la operatoria de la entidad que aquí se está investigando”.

Patrocinado por Díaz Cantón y por Marcelo Sgro, el dirigente aclaró que coincide con las explicaciones que se dieron desde la AFA en cuanto a que no hubo delito.

En base a ello, -a la hora de ejercer su defensa a nivel personal- remarcó que “aún si errada e injustamente se siguiera afirmando que tales delitos omisivos han ocurrido al menos probablemente, yo jamás podría ser tenido por sujeto penalmente responsable por ellos y, en consecuencia, incluso en tal caso deberé ser sobreseído luego de mi declaración”.

Gran parte de las omisiones pretendidas habrían tenido lugar cuando cesó en su función como Secretario General en diciembre de 2024, argumentó, ante lo cual “por obvias razones, jamás podría ser responsable por ellas”.

También remarcó que “no practicaba ni era informado por quienes las practicaban de ninguna retención de impuestos o aportes o contribuciones previsionales, ni calculaba ni era informado de los cálculos sobre montos retenidos o percibidos, ni acerca de cuándo y cómo debían depositarse en favor de la A.R.C.A”.

Tampoco impartió, según enfatizó, " ni tenía el poder de impartir instrucciones o dar órdenes referidas a esos asuntos impositivos y previsionales". Blanco no operaba clave fiscal y su cargo era “esencialmente institucional y protocolar”, se defendió.

Malaspina deslindó responsabilidades

Cristian Malaspina también entregó un escrito sin responder preguntas. En su caso, ingresó a tribunales por un acceso trasero y pudo evitar la foto en las escalinatas de avenida de los Inmigrantes 1950. Declaró acompañado por su abogado Lucio Simonetti.

Al igual que Blanco, el actual secretario general de AFA deslindó responsabilidades sin mencionar a nadie en particular y en base a que el estatuto de la AFA dispone que " las decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general”.

En su descargo recordó que está pendiente de resolución un planteo por inexistencia de delito ante la Cámara en lo Penal Económico y que asumió el 3 de abril del año pasado con lo cual no puede responsabilizarse por períodos anteriores a esa fecha.

“La falta de pago de todos esos períodos, al ser previa a mi asunción en el cargo, era una decisión de la asociación previa sobre la que el suscripto carecía de injerencia”, expresó en el escrito de defensa. Al igual que Blanco remarcó que el estatuto de AFA establece que las “decisiones y acciones relativas a la administración y pago de los impuestos no es una función que recaiga en el secretario general”.

“Mientras dentro de las funciones del presidente están las de celebrar acuerdos, convenios, convenciones, firmar títulos, documentos públicos y privados, contratos, actas, órdenes de pagos, balances, correspondencia y cualquier otro acto o documento de acuerdo con las prescripciones establecidas en este estatuto o reglamentos de la AFA, las funciones y responsabilidades del secretario general no incluyen esa responsabilidad", aclaró.

Además explicó que “en todos los casos, la sola firma del Presidente no será válida si la misma no es refrendada por el Secretario General; y en las órdenes de pago será indispensable la firma del Tesorero, tal como lo establece el artículo 45.3 del estatuto".

Planteo rechazado por el juez

Luego de asistir a las declaraciones indagatorias de Blanco y Malaspina, el juez Amarante rechazó por la tarde un planteo de nulidad presentado por las defensas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), de Tapia y los demás imputados para dejar sin efecto las citaciones a declaración indagatoria.

Se pretendía suspender las indagatorias hasta que la Cámara en lo Penal Económico resuelva un recurso pendiente sobre la existencia de delito y la validez de la causa penal. Pero Amarante no hizo lugar porque no existe impedimento legal para que la investigación continúe mientras se tramitan planteos, ya que el Código Procesal establece que esas cuestiones deben resolverse por separado.

“El artículo 340 del Código Procesal Penal de la Nación establece que las excepciones se sustanciarán y resolverán por incidente separado, ‘sin perjuicio de continuarse la instrucción’, previsión que evidencia la decisión legislativa de evitar que la articulación de planteos incidentales paralice el curso del proceso principal”, sostuvo en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Con esta decisión quedaron en pie las convocatorias a Tapia y Toviggino.

Las defensas argumentaron que el juez avanzó con las citaciones a indagatoria mientras la Cámara aún debe resolver un recurso contra el rechazo de una excepción de falta de acción por inexistencia de delito. Según los abogados, avanzar hacia la indagatoria en ese contexto “consolida una imputación formal mientras se encuentra cuestionada la habilitación jurídica misma del ejercicio de la acción penal”. También cuestionaron que el pedido de indagatoria hubiera sido impulsado por la querella de ARCA y no por el fiscal.

Amarante descartó esos argumentos y señaló que la indagatoria es un acto propio de la etapa de instrucción que no depende de que la discusión sobre la acción penal esté firme. “La interposición del recurso deducido no altera esa eficacia ni comporta, en el régimen vigente, una paralización automática del procedimiento”, afirmó.

“La citación a indagatoria no implica pronunciamiento de mérito ni consolidación definitiva de la persecución penal, sino la apertura de un espacio de contradicción y explicación por parte del encausado”, explicó.

También rechazó el argumento sobre el rol de la querella y recordó que la decisión de convocar a un imputado a indagatoria es una facultad del juez, que puede ejercerla cuando considera que existen elementos suficientes de sospecha.

El turno de Tapia y Toviggino

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA y Pablo Toviggino, el tesorero, declararán también esta semana.

Para el próximo miércoles a las 11 está citado el tesorero de AFA Toviggino y la ronda de indagatorias cerrará el jueves a las 12 con la presencia de Tapia.

El viernes pasado declaró Gustavo Lorenzo, director general de la Asociación del Fútbol Argentino(AFA), quien entregó un escrito pero no respondió preguntas.

Según fuentes del caso, Lorenzo negó cualquier vinculación con la falta de pago y detalló el organigrama de la AFA para argumentar que, por las competencias propias de su cargo, su rol es ajeno al área encargada de la liquidación o el depósito de impuestos y contribuciones.

En la causa se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La denuncia fue presentada por ARCA que es querellante en la causa.

El tesorero de la AFA Pablo Toviggino tendrá que ir en persona a prestar declaración indagatoria el próximo 11 de marzo, imputado por una supuesta multimillonaria retención indebida de aportes por parte del organismo. Lo ratificó la Cámara en lo Penal Económico al denegar este jueves una queja de su defensa, que buscaba evitar la visita al juzgado y cumplir el trámite por videoconferencia.

El Tribunal de Apelaciones intervino así para revisar esa decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante y ratificó lo resuelto por el magistrado.

Los camaristas de la sala A, Carolina Robiglio y Roberto Hornos advirtieron que si el juez que lleva adelante una investigación entiende que “la comparecencia de la persona convocada a prestar declaración indagatoria debe ser presencial en los estrados del tribunal a su cargo, el acto debe tener lugar de la manera establecida”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Esta decisión no puede verse como causa de “perjuicio alguno” al imputado, agregaron.

Además, se recordó que ya se ordenaron medidas para garantizar la seguridad de los convocados a declarar en la sede del juzgado en Avenida de los Inmigrantes 1950, entre ellos el titular de AFA Claudio “Chiqui” Tapia citado para el 12 de marzo.

Evitar una “innecesaria exposición”

Al pedir que el trámite se cumpla de manera remota por Zoom, la defensa apuntó a evitar una “innecesaria exposición” para Toviggino y advirtió que “debe tener tranquilidad al declarar, la que sin ninguna duda perderá de verse acosado al momento de concurrir al llamado del Señor Juez…”. Además argumentó que “la comparecencia personal en este caso representa un factor de riesgo, debiéndose preservar también su integridad física”.

Cuando rechazó el pedido, el juez Amarante evaluó que “las circunstancias invocadas no resultan atendibles para que este tribunal se aparte del criterio reiteradamente aplicado en orden a la necesaria presencialidad del imputado para dar cumplimiento al acto procesal establecido por el artículo 294 del código de forma”, es decir, la indagatoria.

Entre las medidas ordenadas por el juez para reforzar la seguridad para los días en que están citados Tapia y los demás dirigentes, se pidió a la Secretaría de Superintendencia de la Cámara del fuero que disponga los medios necesarios para “evitar el tránsito o la permanencia de personas en las adyacencias del ingreso” al juzgado, incluidos pasillos y escaleras, para “garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de los actos procesales dispuestos”.

La acusación: multimillonaria retención de aportes

En la causa se investiga la supuesta falta de ingreso de retenciones impositivas y de la seguridad social que debían pagarse a ARCA, querellante en el caso, por $19.353.546.843,85 y que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Tapia debía presentarse este jueves pero cambió de abogado defensor y el trámite se reprogramó para el 12 de marzo.

La Cámara del fuero tiene a estudio la apelación de la defensa de Tapia y de la AFA, que hasta ayer ejercían los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti, contra el rechazo al sobreseimiento y cierre de la denuncia por “excepción de falta de acción”, es decir, inexistencia de delito. Los defensores plantearon que las indagatorias debían suspenderse hasta que el Tribunal resuelva, pero el juez también denegó este reclamo.

También debe decidir apelaciones que buscan revocar la prohibición de salida del país impuesta por Amarante.

La causa penal se inició el 12 de diciembre de 2025, a partir de una denuncia de ARCA. Los abogados Matías Gentile Brezigar y Felicitas Achábal detectaron una omisión sistemática en el pago de tributos. La querella documentó que la entidad omitió retener y depositar aportes de la seguridad social, con un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 durante 19 meses.

Las maniobras ilícitas se habrían producido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 con retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.