La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18 de La Plata, encabezada por Hugo Tesón, con intervención de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes oficiales de la investigación a Infobae, las tareas comenzaron el 9 de mayo de 2026, a partir de denuncias y hechos violentos registrados en distintos sectores de la zona sur de la ciudad.

La hipótesis de los investigadores sostiene que la organización mantenía una estructura de acopio, traslado, fraccionamiento y venta de estupefacientes entre el barrio El Palihue, en Villa Elvira, y la Mega Toma de Los Hornos.

En ese contexto, la Justicia procura establecer si las disputas por el control de esos puntos de comercialización estarían relacionadas con los homicidios y ataques armados ocurridos en ambos territorios. En El Palihue, la causa incorporó información sobre los asesinatos de Jorge Ariel Mujica y Mauro Núñez, cometidos en la vía pública.

Según la línea de investigación, ambos casos podrían estar relacionados con conflictos entre grupos dedicados a la venta de drogas. Sobre todo porque en ese sector también se registraron balaceras y denuncias sobre la presencia de puntos de expendio.

La pesquisa incluyó además antecedentes de violencia en la Mega Toma de Los Hornos. Entre ellos figura el homicidio de Maximiliano Escudero, quien fue hallado muerto junto a su camioneta incendiada en la zona de calles 79 y 149.

También se analizaron procedimientos previos en los que la Policía detuvo a personas armadas cerca de presuntos puntos de venta y otros episodios de ataques contra viviendas dentro del asentamiento. No obstante, la causa no atribuyó de manera definitiva esos crímenes a las personas detenidas durante el operativo.

Por esto, los investigadores buscan determinar si la organización investigada formó parte de las disputas territoriales que derivaron en ataques armados y homicidios en esos barrios. Según la investigación, el grupo tenía presencia en dos puntos con funciones diferenciadas.

Mientras que en El Palihue se concentraba el acopio y resguardo de los cargamentos, la Mega Toma de Los Hornos era utilizada para el fraccionamiento de la sustancia y su comercialización al menudeo. Asimismo, se cree que el control de una parte de El Palihue estaba a cargo de un grupo familiar de origen paraguayo, que habría organizado el traslado de la droga a Los Hornos.

El destino de las dosis fragmentadas era el asentamiento de más de 160 hectáreas ubicado en terrenos del ex Club de Planeadores. La extensión del predio, sus accesos limitados y la falta de un trazado urbano regular complicaron las tareas de observación de la fuerza. La investigación planteó que allí funcionaban puntos de venta camuflados como viviendas y construcciones.

Por este motivo, la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado desplegó puestos de observación, vigilancias estáticas y dinámicas, seguimientos y registros fílmicos en los dos barrios. Como parte de esas medidas, los agentes interceptaron a presuntos compradores en las inmediaciones de los lugares bajo observación.

Según la información oficial, en esos procedimientos se secuestraron envoltorios de cocaína que habrían sido adquiridos para consumo. Ese material se incorporó a la causa como parte de los elementos reunidos para acreditar el funcionamiento de las presuntas bocas de expendio.

De esta manera, se logró identificar a 14 personas que integrarían la estructura, con roles vinculados al acopio, el traslado, la custodia, el fraccionamiento y la venta de estupefacientes. Durante el operativo final fueron aprehendidas 19 personas: 12 hombres y siete mujeres.

Luego de que se libraran las órdenes de allanamiento, requisa y secuestro, los efectivos intervinieron 12 inmuebles en la Mega Toma de Los Hornos y otros 12 en El Palihue. La simultaneidad del despliegue buscó impedir que los sospechosos retiraran droga, dinero, armas u otros elementos de los lugares investigados.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró una pistola Beretta calibre 9 milímetros, dos pistolas Glock, dos escopetas y una carabina calibre .22. También incautó municiones de calibres .357, 9 milímetros, .38, .32 y .22, además de cartuchos calibre 16 y .20.

El secuestro de armas y municiones será analizado en el marco de la causa. Las pericias deberán establecer su aptitud para el disparo y determinar si alguna pudo haber sido utilizada en hechos violentos investigados en la zona.

También se incautaron 11 lotes de marihuana, con un peso total de 12,9 kilogramos, y un lote de cocaína de 1,1 kilogramos. A ese material se sumaron 376,7 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 980 envoltorios y 175,2 gramos de marihuana fraccionados en 58 dosis.

Además, se incautó un paquete de bicarbonato de sodio, cuatro balanzas de precisión, recortes de nylon, tijeras, anotaciones y una máquina para contar dinero. La Justicia analizará el posible uso de esos elementos dentro de la presunta operatoria de fraccionamiento y venta.

Por otro lado, en los inmuebles se hallaron $ 2.049.650 en efectivo, dos motocicletas, 11 teléfonos celulares, dos handies, un chaleco tipo funda para protección balística y cuadros de Pablo Escobar. La Justicia deberá determinar el origen del dinero y su eventual relación con la actividad bajo investigación.

Parte de las líneas de los teléfonos estaba intervenida por orden judicial, según indicaron fuentes del caso a este medio. No obstante, los dispositivos serán peritados para reconstruir comunicaciones, contactos, movimientos de dinero y posibles vínculos con otros eslabones de la cadena de suministro.

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tomaron el pabellón central de esa unidad académica durante la mañana de este miércoles. La medida se produjo en medio de una disputa por la designación del decano encargado y por cuestionamientos al procedimiento utilizado desde el rectorado para establecer a la autoridad que debe asumir esa función.

La protesta tiene como eje la interpretación de los artículos 22 y 74 del Estatuto de la universidad. De acuerdo con los alumnos, estas disposiciones reconocen la autonomía de gobierno de las facultades y establecen competencias para sus órganos internos. Los estudiantes sostienen que la decisión del rectorado desconoció un acuerdo previo del Consejo de Facultad.

El conflicto involucra al doctor Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez, cuya designación como decano encargado es cuestionada por los estudiantes, y al doctor Manuel Espinoza Altemirano, cuyo encargo fue aprobado por el Consejo de Facultad el 31 de julio, según el material difundido por los alumnos. La controversia también se relaciona con la situación del anterior decano, Grover Mejía, cuyo apartamiento está vinculado a un proceso disciplinario.

La toma ocurre mientras los estudiantes reclaman cambios en la conducción de la facultad y exponen problemas que, según su versión, afectan tanto al pregrado como al posgrado. Entre los puntos señalados figuran modificaciones de autoridades académicas, cambios en cargas horarias posteriores al periodo de matrícula, dificultades para el inicio de clases de posgrado y problemas de atención frente a fallas en la infraestructura.

Estudiantes cuestionan la designación del nuevo decano encargado

La principal demanda consiste en dejar sin efecto la resolución rectoral que encargó el Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas a Enrique Osvaldo Bedoya Sánchez. Los alumnos consideran que esa decisión contradice el Estatuto de la UNMSM y solicitan que se ratifique el acuerdo adoptado por el Consejo de Facultad el 31 de julio a favor de Manuel Espinoza Altemirano.

El cuestionamiento se relaciona con la autonomía de las facultades y con las atribuciones del Consejo de Facultad. Según el contenido difundido por los estudiantes, este órgano constituye la máxima instancia de gobierno dentro de cada facultad, por lo que la designación efectuada desde el rectorado es considerada incompatible con la decisión previa de esa instancia.

El material también señala que Enrique Bedoya permanece dentro de las instalaciones junto con el doctor Velázquez, pese a los pedidos de los estudiantes para que ambos abandonen el lugar. Los alumnos sostienen que recibieron advertencias sobre una eventual intervención policial bajo el argumento de un posible intento de secuestro.

Reclamos por problemas académicos y de infraestructura

La disputa por el decanato se desarrolla junto con otros reclamos internos. Los estudiantes señalan dificultades en distintas áreas de la facultad y cuestionan decisiones adoptadas durante el desarrollo del periodo académico.

Entre los problemas mencionados figura el retiro de docentes de determinados cursos y el cambio de directores de escuelas y departamentos académicos. También se cuestionan modificaciones en las cargas horarias después del periodo de matrícula, situación que, según los alumnos, generó dificultades para los estudiantes.

En el área de posgrado, los estudiantes denuncian problemas relacionados con el inicio de clases y modificaciones en la distribución de horas académicas. El material señala que algunos cursos pasaron de cuatro horas a dos clases, además de otros inconvenientes vinculados con actividades desarrolladas durante reuniones académicas.

A estos reclamos se suma una falla en el ascensor de la facultad. Según los estudiantes, la búsqueda de asistencia ante este problema derivó en nuevas dificultades para obtener una respuesta de las autoridades.

El proceso disciplinario contra Grover Mejía

Otro punto central del conflicto corresponde al proceso disciplinario que terminó con la separación temporal de Grover Mejía del cargo de decano. De acuerdo con el material difundido por San Marcos al Día, la denuncia se relacionó con su participación en una comisión de segunda instancia encargada de revisar apelaciones dentro de un proceso de promoción docente.

La acusación señalaba que Mejía no se habría abstenido pese a un supuesto conflicto de intereses. El caso estaba vinculado con Claudia Rivera, docente que presentó una apelación dentro del proceso y que, según la denuncia descrita en el material, había sido personera de Mejía durante su elección como decano.

La comisión de segunda instancia estaba integrada por seis personas: cuatro decanos y dos estudiantes. Mejía formaba parte de ese grupo, pero el expediente citado por los alumnos registra su abstención debido a su condición de decano de la facultad.

El material difundido por los estudiantes también revisa los documentos relacionados con la apelación presentada por Claudia Rivera. En la primera evaluación, Rivera obtuvo 84 puntos, mientras que Wilder Ramos alcanzó 83. El primer puesto correspondió a una persona con 87 puntos.

Rivera reclamó una nueva revisión de determinados componentes de su expediente. Uno de ellos correspondía a asesoría de tesis. Según la documentación descrita en el material, su expediente contenía diversos documentos vinculados con asesorías y participación como jurado informante, con una suma que superaba el máximo de ocho puntos previsto para ese rubro.

Otro reclamo correspondió al apartado de extensión universitaria. En este caso, el material identifica documentos relacionados con su participación como organizadora de ciclos de conferencias. Entre ellos figuran actividades como “Potencia tu empleabilidad para el mercado laboral” y “Potencia tu perfil profesional”, ambas vinculadas con el CERCEU de la Facultad de Ciencias Administrativas.

La revisión descrita en el material establece que esos documentos permitían alcanzar el máximo de cuatro puntos previsto para ese apartado. Tras la revisión, Rivera pasó de 84 a 88 puntos y quedó como ganadora del proceso.

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) afronta una jornada de protesta estudiantil marcada por la toma de sus instalaciones y la exigencia de un espacio de diálogo con las autoridades. La medida, impulsada por el Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas, responde a una serie de pedidos que, según los representantes del alumnado, permanecen sin atención.

La movilización produjo cambios en el funcionamiento de la facultad durante este jueves. Mientras los estudiantes mantienen la ocupación del local, la universidad dispuso que las clases de Derecho y Ciencias Políticas se desarrollen en modalidad virtual. En el resto de facultades, las actividades académicas continúan con normalidad.

La situación también abrió una nueva etapa de conversaciones entre las partes. Para las 5:00 p. m. se programó una mesa de diálogo entre representantes estudiantiles y autoridades de la facultad, encuentro del que dependerá la continuidad o el levantamiento de la protesta.

Estudiantes exigen atención a una serie de demandas

Los representantes del Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas señalaron que la principal exigencia consiste en la aprobación del reglamento de tacha docente, documento que, según indican, permanece pendiente desde hace varios años.

En declaraciones a RPP, una representante estudiantil explicó que el objetivo de la protesta no consiste únicamente en cuestionar a las autoridades de la facultad, sino en lograr la aprobación de una norma que consideran necesaria. “Nosotros somos estudiantes, no somos delincuentes. No es que nosotros queramos perder clases; creo que la mayoría trabajamos, estudiamos. Esta medida es básicamente como la última medida de fuerza, porque no nos hacen caso”, afirmó.

La misma representante precisó que los estudiantes no buscan la destitución del decano únicamente por la protesta, sino “que se apruebe algo que durante muchos años se debió aprobar”. Además, sostuvo que las vías de conversación previas ya fueron utilizadas sin obtener resultados y señaló que la toma finalizará cuando el decano acepte la mesa de diálogo solicitada.

Pedidos incluyen cambios administrativos y garantías para los participantes

Además del reglamento de tacha docente, los estudiantes mantienen otros reclamos relacionados con la administración de la facultad. Entre ellos figuran la destitución de dos autoridades, la revisión de las vacantes para la sede de Villa Rica, el retiro del CEPRE de la facultad y la garantía de que no se iniciarán procedimientos disciplinarios contra quienes participan en la medida de protesta.

Los representantes estudiantiles sostienen que estas solicitudes buscan cambios en la gestión de la facultad y consideran indispensable que las autoridades atiendan cada uno de los puntos mediante un proceso de diálogo formal.

Como consecuencia de la protesta, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó que las clases correspondientes a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se realizan de forma virtual durante la jornada.

La medida solo alcanza a esa facultad. Las demás unidades académicas mantienen sus actividades presenciales y el funcionamiento habitual de la universidad.

Según la información disponible, RPP buscó obtener una respuesta oficial de la universidad respecto a los reclamos planteados por los estudiantes; sin embargo, hasta ese momento no obtuvo una declaración de las autoridades.

Federación Universitaria respalda la medida estudiantil

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) expresó públicamente su respaldo al Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas mediante un pronunciamiento difundido durante la protesta.

En el documento, la organización estudiantil manifestó su “firme respaldo a los compañeros del Centro Federado de Derecho y Ciencia Política en su justa medida de lucha” y rechazó lo que calificó como una política “antiestudiantil y antidemocrática” del decano José Felix Palomino Manchego.

La federación también sostuvo que el decano “ha ordenado el ingreso de trabajadores y matones a la Facultad de Derecho, acompañados de su operador Renato Pérez”. Además, exigió “el retiro de todo tipo de agresiones y amenazas a los estudiantes” y pidió “la instalación urgente de una Mesa de Diálogo y Trabajo con carácter de urgencia para atender los reclamos de los estudiantes”.

En el mismo pronunciamiento, la FUSM indicó que las demandas del Centro Federado incluyen la aprobación del reglamento de tacha docente, el retiro de autoridades del CERSEU y de la Dirección de Escuela de Ciencia Política, el retiro del CEPRE, la reducción de vacantes para la sede de Villa Rica y el compromiso de no iniciar procedimientos disciplinarios contra dirigentes y estudiantes que participan en la protesta.

Un joven fue hallado muerto en una toma del barrio La Alameda de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, y una persona permanece detenida, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las circunstancias del hecho. Tenía una herida de arma blanca.

El episodio ocurrió después de las 18 horas, en inmediaciones del Pasaje 4 del barrio La Alameda, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre de 26 años.

Los detalles sobre cómo se produjo la muerte aún no fueron esclarecidos, pero los investigadores sostienen que la víctima habría perdido la vida tras recibir una agresión con un arma blanca. El lugar permaneció acordonado mientras se realizaban las primeras pericias y se tomaban testimonios clave para la causa.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión la causa del deceso y el tipo de heridas que presentaba el joven, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro.

En paralelo, una persona fue detenida por su presunta vinculación con el crimen y será presentada ante la justicia en la audiencia de formulación de cargos prevista para este viernes.

Según informó el medio anteriormente mencionado, en las próximas horas, las autoridades continuarán trabajando en la obtención de pruebas y en la recopilación de testimonios que permitan esclarecer la secuencia de los hechos y establecer posibles responsabilidades.

La investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, que mantiene bajo reserva los avances para no entorpecer la causa. Se esperan novedades tras la realización de la autopsia y la audiencia judicial.

Encontraron el cuerpo de una mujer en Choele Choel

Hace un mes, la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel confirmó el hallazgo del cuerpo del principal sospechoso de la muerte de Sofía González, la mujer de 35 años que había sido encontrada sin vida este sábado en su casa del barrio Villa Unión de esa ciudad de la provincia de Río Negro, en un caso que se investigaba como un femicidio.

El cadáver del principal sospechoso del crimen de Sofía fue localizado en una zona boscosa situada a unos cinco kilómetros de la ciudad de Choele Choel.

El operativo, que incluyó a canes de investigación y efectivos de la Brigada Rural, permitió dar con el cuerpo del hombre que era buscado por su presunta vinculación con la muerte de Sofía, según informaron fuentes policiales a Diario Río Negro.

El traslado del cuerpo de la víctima a la Morgue Judicial y los resultados preliminares de la autopsia aportarán datos para determinar la causa del fallecimiento, según el Ministerio Público Fiscal.

Medios locales como Radio Municipal de Luis Beltrán (96.5) indicaron que los investigadores se abocaron inicialmente a entrevistar a las últimas personas que tuvieron contacto con González y comenzaron la búsqueda de una persona cercana. Posteriormente, el portal 7enpunto señaló que la persona buscada era la ex pareja de la víctima, señalada como presunto autor del hecho, aunque esta hipótesis no fue confirmada de manera oficial.

No trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias de la muerte del sospechoso y se encuentran en curso las pericias correspondientes.

JUEVES, 20 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- El medicamento para la adicción a los opioides buprenorfina puede reducir drásticamente el riesgo de sobredosis entre adolescentes y adultos jóvenes, pero solo si se toma a largo plazo, según un nuevo estudio.

Quienes siguieron tomando buprenorfina según la prescripción durante al menos un año tenían muchas menos probabilidades de sufrir una sobredosis o necesitar hospitalización por uso de opioides, informan los investigadores el 18 de noviembre en la revista Pediatrics.

"En el tratamiento de adicciones juveniles se nos pregunta habitualmente cuánto tiempo debemos seguir con medicación y qué tan estrictamente debe tomarse para proporcionar protección", dijo en un comunicado el investigador principal , el Dr. Scott Hadland, jefe de medicina para adolescentes y jóvenes adultos en Mass General Brigham for Children en Boston.

"Nuestros hallazgos sugieren que mantener una alta adherencia durante al menos un año reduce sustancialmente el riesgo de sobredosis", dijo Hadland. "Es un mensaje claro para clínicos, familias y jóvenes de que un tratamiento más prolongado salva vidas."

La buprenorfina ayuda con la adicción al activar los mismos receptores cerebrales que los opioides como la heroína y el fentanilo, según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental. Esto disminuye los antojos producidos por la adicción a los opioides y disminuye el riesgo de sobredosis.

Para el estudio, los investigadores rastrearon a casi 12.000 jóvenes de entre 13 y 26 años que comenzaron a tomar buprenorfina en Massachusetts entre 2014 y 2020.

Los resultados mostraron que quienes dejaron la buprenorfina en un plazo de 3 a 9 meses tenían un 82% más de riesgo de sobredosis en comparación con quienes permanecieron con el medicamento durante un año.

Del mismo modo, quienes dejaron de hacerlo en menos de 3 meses tenían un 76% más de riesgo de sobredosis, según los investigadores.

También importaba si los pacientes tomaban la buprenorfina según las indicaciones.

Quienes siguieron con buprenorfina durante un año pero tuvieron una adherencia irregular tuvieron un 46% más de riesgo de sobredosis en comparación con quienes se mantuvieron en la dosis habitual prescrita.

Muchas familias y jóvenes optan por suspender el tratamiento con buprenorfina tras unas semanas o meses, una vez que observan mejoras, según los investigadores.

Estos resultados muestran que el uso constante durante todo un año proporciona la mayor protección contra la sobredosis, según los investigadores.

"El trastorno por consumo de opioides es una condición que puede ir y venir a lo largo de varios años", dijo Hadland. "Permanecer más tiempo en tratamiento -- incluso cuando las cosas mejoran -- puede prevenir una recaída y salvar la vida de un joven."

Los centros de tratamiento, médicos y aseguradoras pueden ayudar prescribiendo buprenorfina inyectable de acción prolongada y proporcionando más apoyo a jóvenes que padecen enfermedades mentales o inestabilidad habitacional junto con su trastorno por consumo de opioides, añadió Hadland.

"En plena era del fentanilo , un tratamiento a corto plazo simplemente no es suficiente", dijo Hadland. "Los clínicos, aseguradoras y sistemas de salud deberían hacer todo lo posible para ayudar a los jóvenes a continuar con la medicación durante al menos un año o más. Este es un paso clave para reducir las muertes por sobredosis en los jóvenes."

Más información

La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental tiene más información sobre la buprenorfina.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 18 de noviembre de 2025

JUEVES, 30 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Una taza de chocolate o té caliente, una manzana o un tazón lleno de bayas podrían ayudar a proteger la salud cardiaca de los adictos a la televisión o de los deportistas de escritorio, sugiere un estudio reciente.

Todos esos alimentos y bebidas son ricos en sustancias químicas vegetales llamadas flavonoides, y un experimento de laboratorio mostró que podrían prevenir los problemas de los vasos sanguíneos provocados por estar demasiado tiempo sentado, informaron los investigadores en la edición del 29 de octubre de la revista The Journal of Physiology.

"Consumir alimentos y bebidas ricos en flavanoles durante los periodos en los que se pasa sentado es una buena forma de reducir parte del impacto de la inactividad en el sistema vascular", señaló la investigadora principal, Catarina Rendeiro, profesora asistente de ciencias nutricionales de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido.

"Dado lo comunes que se han vuelto los estilos de vida sedentarios y el aumento en el riesgo que esto puede tener para la salud vascular, usar alimentos y bebidas ricos en flavonoides, sobre todo en combinación con la interrupción de los periodos de inactividad al dar un paseo corto o ponerse de pie, podría ser una buena forma de mejorar la salud a largo plazo, independientemente del nivel de forma física del individuo", dijo en un comunicado de prensa.

Estudios anteriores han vinculado las arterias endurecidas con un mayor riesgo de enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares y ataques cardiacos, señalaron los investigadores en las notas de respaldo. Se sabe que estar sentado durante mucho tiempo perjudica al menos temporalmente la flexibilidad de los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial.

"Ya sea que estemos sentados en escritorios, al volante de un automóvil, en un tren o en el sofá leyendo un libro o viendo televisión, todos pasamos mucho tiempo sentados", dijo Rendeiro. "Aunque no estamos moviendo nuestros cuerpos, todavía los estamos poniendo bajo estrés".

Los flavanoles se encuentran naturalmente en algunas frutas, té, nueces y granos de cacao, dijeron los investigadores, y se ha demostrado que protegen la salud de los vasos sanguíneos durante los períodos de estrés mental.

Para ver si los flavanoles podrían ayudar a proteger la salud de los vasos sanguíneos, los investigadores reclutaron a 40 hombres jóvenes sanos: 20 con un mayor nivel de condición física y 20 que estaban menos en forma.

Todos los hombres consumieron una taza de cacao con alto o bajo contenido de flavonol, y luego se quedaron quietos durante dos horas.

Todos los que bebieron el cacao bajo en flavonol experimentaron una reducción en la flexibilidad de las arterias de los brazos y las piernas, lo que sugiere que una mejor condición física no necesariamente protegerá a las personas de los efectos perjudiciales de la conducta sedentaria, dijeron los investigadores.

Sin embargo, todos los que bebieron el cacao con alto contenido de flavonol no experimentaron tales reducciones, independientemente de sus niveles de condición física, mostró el estudio.

"Es importante destacar que tras la bebida con alto contenido de flavonoides, tanto los participantes más aptos como los menos aptos mantuvieron su (elasticidad arterial) igual que antes de estar sentados durante dos horas", señaló en un comunicado de prensa el investigador Sam Lucas, profesor de fisiología cerebrovascular, del ejercicio y experimental de la Universidad de Birmingham.

Este es el primer estudio que muestra que los flavanoles podrían proteger contra los problemas de los vasos sanguíneos relacionados con estar sentado y que esta protección es independiente de la aptitud física de una persona, dijeron los investigadores.

"En realidad, es bastante fácil añadir alimentos ricos en flavanoles a la dieta", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, Alessio Daniele, estudiante de doctorado de la Universidad de Birmingham.

"Hay productos de cacao disponibles en supermercados y tiendas de salud que se procesan a través de métodos que preservan los niveles de flavonoides", dijo Daniele. "Si el cacao no es lo tuyo, las frutas como las manzanas, las ciruelas y las bayas, las nueces y el té negro y verde son alimentos básicos comunes en la cocina y están fácilmente disponibles".

Más información

La Escuela de Medicina de Harvard ofrece más información sobre los flavonoides.

FUENTE: Universidad de Birmingham, comunicado de prensa, 29 de octubre de 2025

En Facebook, Milton Fabiani se presenta como un activista social, ambientalista y “defensor de la vida”: además de esa “auto distinción”, Fabiani también cuenta con un canal de YouTube donde comparte videos en el que expone noticias, entrevistas y coberturas periodísticas de carácter alternativo.

Sin embargo, el también creador de contenido es conocido por protagonizar distintos choques verbales con periodistas y varias figuras políticas de la oposición, que han sido expuestos en redes sociales: entre ellos figura el cruce que tuvo con el congresista Miguel Polo Polo, al cual se refirió con términos como “mascota de los paramilitares” y “basura inmunda”, registrado en 2023.

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Las controversias de Fabiani no se reducen a esos episodios: Infobae Colombia conoció en exclusiva el testimonio de Juan Esteban Herrera –que se presenta como creador de contenido–, que escaló una denuncia contra el activista, y por la cual está siendo indagado por el delito de ecocidio agravado.

Herrera, que también cuenta con un canal de YouTube, aseguró que Fabiani se infiltró en las oficinas administrativas del humedal Tibabuyes el 19 de julio de 2021 para, presuntamente, sacar a los trabajadores. Fabiani –según él– había protagonizado dicha acción con un pretexto relacionado con una protesta (lo que argumentaría una acción legal) que hubo en el humedal en ese año, versión que su denunciante no consideró creíble.

“El tipo se puso una capucha, se metió a las instalaciones de la oficina del humedal Tibabuyes. Y él presume como que estaba bien, porque supuestamente estaba protestando, y él dice que nadie le ha puesto una denuncia. Resulta que yo le puse una denuncia porque eso es un acto de vandalismo; yo pregunté en las oficinas del humedal, radiqué el derecho de petición en el Acueducto y, en efecto, en el Acueducto le pusieron una querella policial. Yo le puse el denuncio, y ya el denuncio tiene noticia criminal (sic)”, detalló el creador de contenido en diálogo con este medio.

Herrera aseguró que él hizo presencia en las oficinas del humedal Tibabuyes, donde conversó con uno de los administradores de ese despacho y le aseguró que la acción de Fabiani era, en efecto, ilegal. El joven añadió a su relato que el creador contenido, durante esa presunta “toma”, también se fotografió con un ave silvestre, algo que se le reprochó al considerarlo ilegal.

“En una de sus fotos de perfil que tenía en Twitter (hoy X), (Fabiani) salía en esa oficina del Humedal con un ave silvestre, que creo que es un búho, que esas aves no se pueden tocar. Pero eso no es lo más grave: lo más grave es que, en el video, él se mete a la oficina del humedal, y se la toma a la fuerza, saca a los trabajadores, les dicen que no van a trabajar hoy. Y él dice que eso entra dentro de la conciliación de las protestas que hubo en el humedal de Tibabuyes en el año 2021, pero yo no me ‘comí ese cuento’”, aseguró Herrera a Infobae Colombia, al exponer las razones que lo motivaron a escalar la denuncia.

¿En qué va el caso contra Fabiani? Lo que dice el Acueducto de Bogotá

Infobae Colombia también tuvo acceso la respuesta de Acueducto al derecho de petición de Herrera, cuya denuncia –que este medio también conoció– actualmente reposa en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa): a la fecha, la investigación del caso está siendo indagada por parte de la Fiscalía, y se encuentra en etapa de noticia criminal.

“DECLARAR QUE SI EXISTEN ACTOS PERTURBATORIOS A LA POSESIÓN por parte de INDETERMINADOS OCUPANTES DEL PARQUE ECOLOGICO DISTRITAL DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO – HUMEDAL TIBABUYES, DE LA LOCALIDAD DE SUBA UNICADO EN EL TERCIO ALTO, BORDE NORTE DEL JUAN AMARILLO SOBRE LA AV. CIUDAD DE CALI ENTRE CALLES 95 Y 98, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, en consecuencia, se accede a las pretensiones de la parte Querellante, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP", se lee en la respuesta de Acueducto al derecho de petición de Herrera.

La Eaab también detalló, en la respuesta a la acción judicial de Juan Esteban Herrera, que el ingreso de Fabiani al predio representó “una ocupación ilegal”: “Como parte del proceso de querella adelantado la EAAB E.S.P. solicita a la autoridad de policía se proceda, conforme a la ley 1801 de 2016, toda vez que nunca se dio autorización para la ocupación del predio, por lo cual, el hecho de que se esté utilizando para campamento constituye una ocupación ilegal”, dice el documento.

En su diálogo con Infobae Colombia, Juan Esteban Herrera reconoció los motivos que lo llevaron a impulsar la denuncia contra Milton Fabiani, entre los cuales destacó las aspiraciones políticas del activista y, a su juicio, las contradicciones en las que habría incurrido Fabiani al considerarse defensor del medio ambiente.

“Primero, (Fabiani) es un tipo que se quiere lanzar al Senado. Segundo, el tipo jura que lo que él hizo estaba bien, que él no tiene ningún denuncio, que está muy bien tomarse la oficina del humedal, porque entre comillas estaba protestando. Ahora, con este denuncio que yo puse, pues realmente yo soy como el mediador, porque realmente quien debe tomar la decisión final es el Acueducto”, aclaró el creador de contenido.

El episodio comenzó cuando residentes de Los Hornos detectaron movimientos inusuales en el predio y, ante la sospecha de un intento de usurpación, solicitaron la intervención de la comisaría Tercera y el Comando de Patrullas de La Plata.

La respuesta policial fue inmediata: los efectivos identificaron a quienes se encontraban en el lugar y constataron que la ocupación estaba liderada por alrededor de 100 personas.

Según fuentes policiales citadas por 0221, la intervención derivó en cinco detenciones y el reconocimiento de 40 individuos.

A pesar del operativo, la tensión no disminuyó. Al caer la noche, aún permanecían personas en la zona, se observaron fogatas y se escucharon gritos, lo que generó escenas de corridas y mantuvo la preocupación entre los habitantes.

La memoria colectiva del barrio remite a la megatoma de 2020, un evento que marcó un antes y un después en la percepción de seguridad y convivencia en Los Hornos.

Desde aquel episodio, los vecinos mantuvieron una vigilancia constante ante cualquier indicio de ocupación irregular, temiendo que se repita un conflicto habitacional de gran escala.

La usurpación comenzó el domingo 16 de febrero de 2020, a poco de que estallara la pandemia de coronavirus, pero se desactivó ese mismo día. Sin embargo, a las 76 horas, las personas volvieron y ya nadie los pudo sacar.

Esta ocupación ilegal comenzó en el ex Club de Planeadores de La Plata, pero también se comió varios lotes privados y abarca una extensión de tierras aproximada de 160 hectáreas, entre las calles 76 a 85 y 143 a 152.

Se calcula que allí viven alrededor de 3.200 personas, unas 800 familias, en unas mil casillas que se instalaron en tierras fiscales que pertenecen a la Nación.

Desde el municipio destacan que detrás de las usurpaciones hay dos fenómenos: la necesidad de familias desesperadas y el accionar de grupos violentos de delincuentes, que se hacen fuertes en las tomas y a través de la coacción se adueñan de lotes que después se venden a través de las redes sociales.

Mató a puñaladas a un joven en la megatoma de Los Hornos y ya está libre

Mateo Adrián Yagame, de 18 años, fue asesinado a puñaladas en enero de este año luego de enfrentarse a golpes contra un grupo de al menos 10 jóvenes en la megatoma de Los Hornos, aparentemente por un conflicto de vieja data. Fue supuestamente apuñalado por un adolescente de 14 años. Tras agonizar por más de dos días, murió en un hospital platense. El menor de edad fue detenido. Por su edad, es inimputable y fue liberado a los pocos días.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el violento ataque ocurrió durante la tarde en la calle 135, entre 78 y 79. De acuerdo con las declaraciones recolectadas por el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 3º de la Policía Bonaerense, el conflicto no surgió del intento de robo de un celular, como se creyó inicialmente, sino de una pelea que involucró a Yagame y a sus dos hermanos por una vieja rencilla de barrio.

En medio de la pelea, Mateo recibió una puñalada y resultó gravemente herido. Un hombre relató a la Policía que trasladó él mismo a Mateo en su auto a la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a que la puñalada hirió una arteria, Yagame debió ser derivado al Hospital San Martín. Allí agonizó durante más de dos días, pero pese a las transfusiones de sangre y la asistencia de los médicos, falleció.

Otra vecina indicó a la Policía haber observado el momento en que el menor sospechoso abandonó la escena de la pelea junto a su padre, aunque se negó a brindar más detalles por temor a represalias en el barrio.

Dolores Etchevehere y el abogado porteño Facundo Taboada enfrentan desde el lunes las audiencias del juicio en su contra en el que se los acusa de usurpación.

Ambos encabezaron en octubre de 2020 la toma del campo “Casa Nueva”, en las cercanías de Santa Elena, localidad ubicada a unos 150 km al norte de Paraná.

Fiscalía pidió un año de prisión para cada uno. Por el monto, se trata de una pena de cumplimiento condicional, es decir que no irán a la cárcel en caso de ser encontrados culpables.

La hermana del exministro de Agroindustria de Mauricio Macri alegó tener derechos de propiedad sobre la estancia familiar. Uno de los fundamentos que utilizó fue haber sido estafada en la sucesión de su padre, Luis Etchevehere.

Presentó la toma como parte del Proyecto Artigas. Esta sería una iniciativa agroecológica para transformar el uso de la tierra como recurso económico. Detrás de la movida estaba un grupo que respondía a Juan Grabois, quien de forma abierta apoyó la toma.

Una vez consumada la acción, gran cantidad de productores agropecuarios de toda la zona se movilizaron a las puertas del establecimiento en respaldo al resto de la familia Etchevehere. Junto a Luis Miguel, se colocaron sus hermanos Sebastián y Juan Diego y su madre, Leonor Barbero Barbero Marcial. Con el paso de las horas, también se acercaron dirigentes del PRO, como la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La posición de los Etchevehere era que al momento de la toma del predio, propiedad de la firma familiar Las Margaritas SA, Dolores no era de las acciones de esa sociedad, pues dos años antes, en 2018, había cedido la totalidad de su tenencia accionaria (12,50%) a la empresa Mirus S.A., radicada en ciudad de Buenos Aires.

Durante varios días la tensión fue in crescendo en el lugar. Una primera decisión judicial tomada por el magistrado Raúl Flores avaló la permanencia de Dolores en la estancia. Pero luego de la apelación, la jueza Carolina Castagno revirtió la medida y ordenó el desalojo.

La acción directa en un campo de una familia tradicional, ligada a la Sociedad Rural, generó un momento incómodo y de tensión entre el gobierno provincial de Gustavo Bordet, que rechazó lo ocurrido, y la administración de Alberto Fernández, que tenía en Grabois a un aliado.

Según la reconstrucción de los hechos que hizo Fiscalía, al predio entraron unas 40 personas. El ingreso a Casa Nueva, la estancia ubicada en el paraje El Quebracho, se produjo a las 11 de la mañana del 15 de octubre.

De inmediato tomaron posesión del casco (la casona) del establecimiento y modificaron el uso de la tierra. Cuando el lugar fue recuperado, se encontró que habían hecho un almácigo de perejil. “Casa Nueva” es un campo dedicado a la producción ganadera, agrícola y es también un tambo.

La salida de los ocupantes no fue voluntaria. A las 15.30 del jueves 29 de octubre se los notificó de que debían retirarse. Ante reiteradas negativas, Dolores y los demás ocupantes fueron detenidos por la Policía de Entre Ríos a las 18:30. Al recuperar el control del lugar, los Etchevehere denunciaron que se habían producido destrozos en varios espacios.

En las audiencias del juicio han declarado hasta ahora Leonor Barbero Marcial; Luis Miguel y Juan Diego Etchevehere; el ex Jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario Gustavo Maslein y otros cuatro testigos. La nómina completa suma 21 testimonios que deberá escuchar el Juez del Tribunal de Juicio, Gervasio Labriola.

En su declaración, el ex Jefe de Policía relató los momentos de zozobra que se vivieron durante las dos semanas de la toma.

La querella que representa los intereses de la familia Etchevehere, evaluó que en lo que va del juicio se acreditó a través de pericias informáticas que existían videos y otros elementos vinculados a la usurpación por parte del Movimiento Proyecto Artigas, de donde se desprende fácilmente el nivel de organización del grupo que llevó adelante la toma.

Además, entendió que quedó demostrado que se trató de una maniobra planificada previamente. Según la estimación de la querella, se puso de manifiesto en varios de los testimonios rendidos el alto nivel logístico del grupo usurpador. La representación de los Etchevehere subrayó la moderna tecnología con la que contaban, como por ejemplo inhibidores de drones y equipos de comunicación y filmación.

Por el contrario, la defensa de Dolores postuló que del testimonio de la casera, Ramona Rodríguez, se pudo constatar que el ingreso no fue violento. Y que incluso mantuvieron un diálogo cordial. Eso, según la hipótesis defensiva, echaría por tierra la acusación de que hubo amenazas para hacerse con el control del establecimiento. De allí se desprendería que tampoco se produjo una usurpación.

El cierre del debate, con el alegato de las partes, se concretará este viernes 25 a las 9 de la mañana. El juicio se desarrolla en la ciudad de La Paz, cabecera del departamento entrerriano donde ocurrieron los hechos.

Días antes del inicio de las audiencias, Dolores publicó una carta abierta. “La que hoy enfrenta un juicio por sacarles la máscara y exponerlos, soy yo. Así funciona el poder en Entre Ríos. Ellos quieren ser los patrones de todos, de la Justicia, de la sociedad, del poder político de turno –antes con Macri, ahora con (Javier) Milei”, indicó. La referencia es que además del cargo que ocupó Luis Miguel, Sebastián fue candidato a gobernador por la Libertad Avanza en las últimas elecciones.

Y finalizó: “Que les quede claro que mis patrones no son. Ya somos cuatro las mujeres de mi familia estafadas por esta banda de delincuentes, y no nos vamos a callar”.