El estado de Acre, al oeste de Brasil en la frontera con Perú, se encuentra totalmente revolucionado y conmocionado por un ataque armado protagonizado por una estudiante de 13 años. La escuela pública Instituto Sao Jose en Rio Branco, capital del distrito, perdió la tranquilidad luego de que el tiroteo dejara un saldo de dos empleadas muertas, que perdieron la vida en el lugar.

Asimismo, confirmaron que hay otras dos heridas: una trabajadora y una nena de 11 años, quien recibió el impacto de bala en una de sus piernas. El hecho ocurrió el martes 5 y la agresora fue detenida luego de admitir su responsabilidad en los hechos.

La joven, que era alumna de la institución, irrumpió en el pasillo que conduce al despacho del director y allí realizó varios disparos. Tras la tragedia, la menor optó por entregarse voluntariamente a la policía, indicó Associated Press. El arma utilizada, una pistola calibre .380, pertenecía a su tutor legal. Medios locales reportaron que se trataba del padrastro de la adolescente, quien fue arrestado junto a su hijastra. Según el teniente coronel Felipe Russo, de la policía militar de Acre, se ha identificado a otros estudiantes que podrían haber colaborado con la atacante.

La escena resultó caótica tanto dentro como fuera del centro escolar. Testigos describieron escenas de pánico, con estudiantes intentando saltar un muro de seis metros para huir y otros refugiándose en un hotel contiguo, mientras afuera se vivían momentos de dolor entre familiares y personal educativo. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a una mujer mientras era evacuada en camilla y personas abrazándose entre lágrimas.

La respuesta de las autoridades de Brasil

Los oficiales actuaron con rapidez tras el tiroteo en el Instituto Sao Jose. El gobierno de Acre confirmó mediante un comunicado que la estudiante de 13 años fue detenida poco después de los disparos, luego de que admitiera su responsabilidad en el ataque. La policía informó que el arma empleada pertenecía al tutor legal de la menor.

El gobierno estatal expresó públicamente su solidaridad con las familias afectadas, la comunidad escolar y los profesionales de la educación impactados por lo sucedido. La gobernadora de Acre, Mailza Assis, manifestó: “El estado expresa su profunda solidaridad con las familias de las víctimas, la comunidad escolar del Instituto Sao Jose y todos los profesionales de la educación afectados por este incidente”, recogió NBC News.

Como medida inmediata, las clases fueron suspendidas durante tres días en todas las escuelas del estado. Además, se movilizaron equipos de apoyo psicológico para asistir a estudiantes y docentes, informó Associated Press. Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas ni de la atacante, en resguardo de los involucrados y sus familiares.

Los ataques escolares en aumento en Brasil

En los últimos años, el país vecino ha registrado un notable incremento en los ataques armados dentro de instituciones educativas. Las autoridades y especialistas han advertido sobre una tendencia preocupante, que ha expuesto la vulnerabilidad de niños, adolescentes y personal escolar en diferentes regiones del país.

Entre los episodios más recientes, se destaca el tiroteo ocurrido en septiembre de 2025, donde dos adolescentes murieron y otros tres resultaron heridos en una escuela del estado de Ceará. En octubre de 2023, otro ataque en una escuela de São Paulo dejó un estudiante de 17 años muerto y tres más heridos. También en 2023, un adolescente hirió con arma blanca a cuatro compañeros en Minas Gerais, y en abril de ese año, un hombre de 25 años ingresó a una guardería en Santa Catarina y mató a cuatro niños de entre 3 y 7 años con un hacha, recogió France 24.

En 2022, la violencia volvió a golpear cuando un exalumno armado con una pistola semiautomática y un revólver mató a cuatro personas e hirió a 12 en dos escuelas del país. Según la policía, el responsable llevaba una esvástica en su chaleco y planificó los ataques durante dos años, indicó CBS News.

La seguidilla de hechos violentos ha impulsado la adopción de protocolos de seguridad y la intervención de equipos especializados en apoyo psicológico. Los organismos estatales han resaltado la importancia de fortalecer la prevención y la contención ante situaciones de riesgo en el ámbito escolar.

Ante la consulta de Infobae, fuentes policiales precisaron que los asaltantes fueron detectados por personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 2ª de Morón, en el marco de un operativo de prevención de entraderas, cuando patrullaban por el cruce de Flora y Dalmacio Vélez Sarsfield.

En ese lugar, los uniformados visualizaron un Peugeot 308 color negro con cuatro ocupantes a bordo, quienes al advertir la presencia policial emprendieron la fuga a toda velocidad.

La Policía Bonaerense dispuso un operativo cerrojo de urgencia para detener a los sospechosos, que fueron detenidos al cabo de una intensa persecución que se extendió por casi un kilómetro y medio.

Los asaltantes chocaron contra un poste de luz ubicado en la intersección de avenida Don Bosco y Camino de Cintura, en Villa Luzuriaga, pero lograron descender del vehículo de inmediato. En ese contexto, uno de ellos extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y apuntó contra el personal policial, lo cual derivó en un violento enfrentamiento entre los ladrones y la Policía.

El video que encabeza esta nota muestra cómo se desarrolló el tiroteo entre la Policía y los delincuentes a la vera del Camino de Cintura, donde los delincuentes intentaron escapar a pie. Sin embargo, los efectivos repelieron el ataque con sus armas reglamentarias y lograron reducir a los cuatro asaltantes. Fueron identificados como L.N. (23); R.L. (34); F.G. (21) y J.C. (23).

Como consecuencia del tiroteo, uno de los delincuentes sufrió heridas de arma de fuego en la zona abdominal y dorsal, por lo cual debió ser sometido a una intervención quirúrgica, mientras que dos de sus cómplices presentaron una lesión leve en el cuero cabelludo y otra en los miembros inferiores, respectivamente. Todos ellos fueron trasladados al hospital local.

El cuarto detenido, en tanto, resultó ileso, al igual que el personal policial que intervino en el hecho.

En el lugar de la detención, los agentes secuestraron un revólver calibre .22 largo cargado, y herramientas como llaves y un criquet, comúnmente utilizadas para realizar escruches.

Al repasar los registros, la Policía corroboró que el Peugeot 308 en el que se movía la banda tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado el 25 de abril pasado por la Comisaría 1ª de Morón.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky, quien imputó a los detenidos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y encubrimiento agravado (copia automotor).

Un hombre armado fue herido por agentes del Servicio Secreto tras abrir fuego cerca del Monumento a Washington en la tarde del lunes. El incidente, que también dejó un adolescente de 15 años resultó herido por un disparo, provocó una breve evacuación del área perimetral de la Casa Blanca.

La acción de los agentes se produjo en medio de fuertes medidas de seguridad en la capital de Estados Unidos, reforzadas tras recientes ataques vinculados a eventos oficiales, según informó Reuters.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 15:30, cuando oficiales que patrullaban el exterior del complejo presidencial observaron a un individuo sospechoso que parecía portar un arma de fuego, según afirmó el subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, durante una rueda de prensa citada por CNN.

Al ser abordado, el sospechoso huyó a pie y disparó contra los oficiales, quienes respondieron de inmediato, hiriéndolo y deteniéndolo en las inmediaciones de la intersección entre la calle 15 y la avenida Independence, precisa la agencia estadounidense AP News.

Durante el intercambio, un adolescente de 15 años resultó herido por una bala atribuida al sospechoso, de acuerdo con la evaluación inicial de los investigadores recogida por The New York Times.

Tanto el menor como el agresor fueron trasladados a hospitales locales: el joven fue diagnosticado con una herida leve y su estado es en condición estable, detalló un portavoz de la policía de Washington a CNN, mientras que el presunto agresor, identificado preliminarmente como un hombre blanco de 45 años con residencias previas en Maryland y Texas, permanece bajo custodia hospitalaria en condición estable, según fuentes policiales citadas por CNN.

Gracias a la rápida intervención de los agentes, el incidente no se extendió al recinto de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump se encontraba en un acto institucional en el Salón Este durante el tiroteo. Quinn indicó a CNN que el presidente Trump no estuvo en peligro y no existe, por ahora, indicio alguno de conexión entre el ataque y la Casa Blanca.

Momentos antes del tiroteo, la caravana del vicepresidente JD Vance transitó la zona del suceso, una arteria frecuentada por oficiales y turistas próximos al Monumento a Washington.

Reuters recogió las declaraciones de Quinn asegurando que tampoco hay evidencia de que el presunto atacante intentara acercarse al dispositivo de Vance, aunque su equipo de seguridad alteró la ruta original por precaución.

Impacto en la Casa Blanca y refuerzo del operativo policial en Washington

El episodio obligó a declarar un confinamiento preventivo en la Casa Blanca. Miembros del equipo de comunicación presidencial y periodistas que cubrían los eventos oficiales desde el Jardín Norte fueron evacuados hacia la sala de prensa durante cinco minutos, hasta que se restableció el perímetro, indica The New York Times.

Las fuerzas policiales, incluidos equipos forenses y una unidad significativa de la Guardia Nacional, bloquearon la circulación en varias calles del centro de Washington mientras agentes del Departamento de Policía Metropolitana y el Servicio Secreto investigaban y recolectaban pruebas, como confirmó AP News.

Antecedentes recientes y dudas sobre el móvil del ataque

La secuencia reconstruida no es un hecho aislado: este tiroteo se registra menos de dos semanas después de que un hombre armado intentara irrumpir en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

En aquella oportunidad, un agente del Servicio Secreto resultó herido y el sospechoso, Cole Tomas Allen, enfrenta cargos por intento de asesinato contra funcionarios del gobierno, según The New York Times.

Las autoridades aún no determinaron el motivo detrás del suceso del lunes ni si el presunto agresor intentó acceder a algún punto de entrada de la Casa Blanca más temprano ese día. “No sabemos aún si el ataque estaba dirigido al presidente, pero lo averiguaremos”, subrayó Quinn en su comparecencia recogida por ABC News.

Resultados inmediatos tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca

El operativo desplegado tras el tiroteo reflejó la coordinación entre distintas agencias de seguridad en Washington, respaldada por la presencia permanente de la Guardia Nacional en la ciudad.

Esta medida, impulsada por la administración Trump, responde a una estrategia preventiva ante el aumento de incidentes violentos en eventos oficiales recientes, según reportó The New York Times.

Un agente de la Policía Bonaerense protagonizó un enfrentamiento armado contra dos adolescentes que habrían intentado robarle la moto en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Como resultado del tiroteo, el joven de 16 años murió en la escena, mientras que su cómplice recibió un impacto de bala y tuvo que recibir atención médica.

El hecho se registró el miércoles por la noche, alrededor de las 22:00 horas, en la intersección de avenida San Martín y calle 894. En ese momento, el efectivo policial fue interceptado por dos jóvenes armados bajo la modalidad conocida como “motochorros”. Según trascendió, se encontraba de franco de servicio, por lo que habría estado vestido como civil.

Acto seguido al ser abordado por los menores de edad, se produjo un intercambio de disparos. Como resultado, uno de los delincuentes, identificado como Cristian V., de 16 años, murió en el lugar. Aparentemente, portaba una réplica casera metálica de arma de fuego de acuerdo con las primeras pericias que se realizaron en el área.

Según la información obtenida por Hecho en Quilmes, el segundo sospechoso se trataba de un adolescente identificado como Jeremías D. L., de 15 años, quien fue herido de bala en el muslo derecho. Por este motivo, tuvieron que trasladarlo a un centro de salud, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

La causa fue calificada como “robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes, que no dispuso medidas contra el policía involucrado. Asimismo, indicaron que las actuaciones posteriores quedaron en manos de la Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 ordenó la aprehensión del menor herido y su traslado a un centro de admisión tras completar su atención sanitaria. Según el parte oficial, el adolescente ya fue puesto a disposición de la Justicia de Menores.

Un policía de la Ciudad mató de diez tiros a una mujer que creyó que iba a robarle en La Matanza y terminó detenido

Un policía de la Ciudad de Buenos Aires fue detenido en la madrugada de este miércoles por efectivos de la Policía Bonaerense, acusado de haber matado a una supuesta ladrona durante un intento de robo en González Catán, en el partido de La Matanza.

El hecho ocurrió cuando el agente, identificado como Héctor Camejo, inspector de la fuerza porteña, se encontraba en la zona y fue interceptado por dos personas. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, cuyos videos muestran el momento en que la presunta ladrona cae al suelo tras los disparos y a su cómplice pidiendo auxilio mientras exclama: “Ayuda, por favor, amiga, la mató”.

Según la reconstrucción inicial, la víctima, aún no identificada, fue trasladada al Hospital Favaloro, donde murió por una herida de bala entre las costillas. Hasta el momento, su acompañante tampoco fue identificado por las autoridades.

El hecho fue descubierto cuando la Policía Bonaerense acudió a la esquina de Da Vinci y Montgolfier, alertada por vecinos que reportaron disparos en la vía pública. En el lugar, los agentes hallaron una motocicleta abandonada junto a varias vainas servidas.

No obstante, Camejo se presentó horas después en una comisaría de la zona, vestido de civil, donde relató que fue abordado por la pareja y que, ante un supuesto intento de robo, extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. También añadió que uno de los delincuentes habría hecho un gesto con un arma de plástico, que fue secuestrada en el lugar.

Según consta en el expediente, Camejo disparó 10 tiros y se retiró del sitio, hecho que motivó su detención por parte del personal de la Departamental de Seguridad de La Matanza. Así, la causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, cuyo titular es el fiscal Adrián Arribas.

Desde la fiscalía se investiga si la reacción del policía fue desmedida, ya que se hallaron diez vainas servidas y existen sospechas de que continuó disparando aun cuando los presuntos ladrones habrían dejado de actuar. Por este motivo, el investigador dispuso la búsqueda de más filmaciones en la zona para establecer con precisión la secuencia de los hechos y la ruta de escape del cómplice que logró huir.

El intento de asesinato contra Donald Trump durante la White House Correspondents’ Association en Washington reactivó la preocupación sobre la seguridad en el sistema ferroviario de Estados Unidos.

Según la fiscalía federal y AP News, el acusado, Cole Tomas Allen, fue arrestado en la capital tras llegar armado en un tren de Amtrak procedente de California.

Las autoridades confirmaron que Allen transportó una escopeta y una pistola semiautomática en su equipaje, armas que había comprado previamente en la zona de South Bay, en Los Ángeles.

La situación expuso las limitaciones de los controles de seguridad en el sistema ferroviario estadounidense, en contraste con los protocolos que rigen el transporte aéreo.

Organizaciones sindicales y de usuarios llevan años advirtiendo sobre la facilidad con la que los pasajeros pueden acceder a los trenes portando armas, y las dificultades de implementar controles exhaustivos en una red de cerca de 500 estaciones.

En 2022, un tiroteo fatal en un tren de Amtrak cerca de Lee’s Summit, Missouri, derivó en que un jurado federal responsabilizara a la empresa por no aplicar medidas de seguridad razonables, obligándola a pagar el 90% de un resarcimiento millonario a la familia de la víctima, según consignó AP News.

Aunque la normativa indica que las armas deben ser declaradas, descargadas y transportadas únicamente en equipaje facturado, la ausencia de controles sistemáticos facilita que pasajeros accedan a los trenes con armas sin ser detectados, tanto en terminales sin personal como en estaciones urbanas concurridas.

Transporte de armas en Amtrak: el protocolo oficial

Amtrak exige reglas estrictas para quienes desean transportar armas de fuego en sus trenes. El protocolo, citado por AP News y disponible en la documentación oficial de la compañía, establece que las armas solo pueden ser transportadas en trenes que cuenten con servicio de equipaje facturado y deben ser declaradas con al menos 24 horas de anticipación.

El pasajero debe presentarse en la estación con suficiente antelación para entregar el arma descargada y embalada en un estuche rígido y cerrado, respetando las dimensiones máximas permitidas. La munición debe ir aparte, en su empaque original, y no superar los 5 kilos por pasajero.

El equipaje con armas viaja en vagones exclusivos para equipaje, accesibles únicamente para empleados ferroviarios. En las rutas donde no existe este servicio, Amtrak prohíbe el transporte de armas. Si el tren no tiene vagón de equipaje, el protocolo indica que las maleta sean precintadas y etiquetadas, aunque extrabajadores citados por AP News advierten que este control resulta insuficiente para prevenir incidentes.

No existe excepción para portar armas en el área de pasajeros, aunque se disponga de permisos estatales de portación oculta. Además, el pasajero debe cumplir todas las leyes federales, estatales y locales aplicables en cada tramo del trayecto.

La respuesta de sindicatos y autoridades

El caso de Washington reactivó las demandas de los sindicatos ferroviarios, que insisten en reforzar la seguridad y endurecer las penas por agresiones y obstrucción a trabajadores del sector, proponiendo equiparar las sanciones a las vigentes en la industria aérea.

Jared Cassity, director nacional de seguridad y política legislativa del sindicato SMART-TD, manifestó que las agresiones a operadores y la presencia de armas en trenes son preocupaciones centrales para los trabajadores.

Las organizaciones de usuarios y trabajadores sostienen que la falta de controles permite que personas armadas accedan a los trenes, una vulnerabilidad que, según Sean Jeans-Gail, vicepresidente de la Rail Passengers Association, se arrastra desde que en 2010 el Congreso federal obligó a aceptar armas en equipaje facturado, pero sin crear inspecciones equivalentes a las de los aeropuertos.

Jeans-Gail remarcó que, por la diversidad de estaciones —desde grandes terminales como Union Station hasta paradas rurales sin personal—, resulta inviable replicar el modelo de seguridad aeroportuaria.

El viaje de Allen y las grietas en el control

Las autoridades no precisaron si Allen declaró las armas al abordar el tren, como exige el reglamento. La compañía ferroviaria tampoco confirmó si el acusado cumplió con el proceso de notificación y entrega en el equipaje facturado.

Un portavoz de Amtrak, consultado por AP News, evitó dar detalles sobre si Allen siguió el protocolo y se limitó a informar que la empresa colabora con la investigación federal.

Voceros sindicales y especialistas en seguridad citados por la agencia advirtieron que la ausencia de controles sistemáticos facilita que pasajeros transporten armas sin ser detectados, dejando expuestas las debilidades del sistema.

Limitaciones estructurales y desafíos logísticos

La policía de Amtrak enfrenta dificultades operativas para cubrir toda la red ferroviaria. Según testimonios recogidos por AP News, un solo agente puede tener a cargo tramos de cientos de kilómetros, lo que imposibilita una vigilancia efectiva en todas las estaciones.

El consultor de seguridad Michael Callanan, ex empleado de la empresa, señaló que los recursos destinados a controles resultan insuficientes para enfrentar los riesgos actuales.

El intento de asesinato a Donald Trump y la confirmación de la fiscalía sobre el trayecto ferroviario de Allen desde California pusieron en primer plano la discusión sobre la seguridad en los trenes. Para sindicatos y asociaciones de usuarios, el caso demuestra la urgencia de buscar soluciones diferenciadas para un sistema ferroviario diverso y con desafíos de seguridad aún sin resolver.

El Gobierno de Mendoza oficializó dos guías de intervención ante incidentes de seguridad que fijan cómo deben ser las respuestas de la Policía, así como del cuerpo educativo, frente a situaciones de alta complejidad en colegios, escuelas y demás. Se aplicaría para casos como agresores armados, situaciones con explosivos y más riesgos extremos.

Las resoluciones 170 y 255 del Ministerio de Seguridad y Justicia habían sido sancionadas en enero, y su publicación formal las convierte ahora en herramientas operativas de cumplimiento obligatorio.

La medida llegó luego de las amenazas de tiroteos escolares registradas en Mendoza y en otros puntos del país, un escenario que aceleró la actualización de protocolos que databan de 2018. Los nuevos documentos no solo reformulan los procedimientos vigentes, sino que amplían el abanico de situaciones contempladas e incorporan criterios de actuación para los primeros minutos de una crisis, cuando la cadena de decisiones puede marcar la diferencia entre evitar víctimas o no.

El primero de los documentos establece el Procedimiento Integral de Actuación en Crisis con intervención de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). Su eje es la regulación de la respuesta policial en escenarios de alta complejidad: agresores armados, incidentes con explosivos, conflictos sociales y situaciones de riesgo extremo.

Uno de los puntos que distingue a este protocolo es que contempla expresamente los casos en que el primer efectivo en llegar al lugar no pertenece a las fuerzas especiales. Ante ese escenario, la norma fija cómo asegurar el perímetro, contener la situación y sostener la intervención hasta el arribo de los equipos especializados. También define los mecanismos de aislamiento y contención ante situaciones con personas retenidas contra su voluntad y habilita la intervención inmediata de las FOE cuando exista peligro inminente para la vida.

Junto a ese procedimiento policial, el Gobierno provincial publicó una segunda guía orientada al sistema educativo. El documento establece cómo deben actuar directivos, docentes y personal no docente ante cuatro escenarios concretos que hoy forman parte del mapa de riesgos en escuelas: amenazas de explosivos, conflictos en el entorno escolar, presencia de agresores armados y crisis de salud mental en curso. La guía incorpora, además, pautas de contención emocional y asistencia profesional inmediata para abordar episodios de crisis suicidas.

El foco de esta segunda guía está puesto en ordenar la toma de decisiones dentro de la institución hasta la llegada de la Policía o de los equipos especializados. La autoridad presente en el establecimiento —director, docente o cualquier miembro del personal— cumple un papel central en ese intervalo.

La normativa instruye al Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales a coordinar con la Dirección General de Escuelas (DGE) la realización de simulacros obligatorios, capacitaciones y jornadas de sensibilización para que estos protocolos no queden solo en papel. El personal policial y especialistas en seguridad tendrán a su cargo la instrucción de directivos, docentes y estudiantes sobre prevención de riesgos, rutas de evacuación y zonas seguras dentro de los establecimientos.

La implementación práctica ya se realiza. Las escuelas recibieron además un documento que los padres deben firmar, en el que asumen la responsabilidad por lo que los estudiantes llevan a los establecimientos y por sus conductas dentro del ámbito educativo.

Gonzalo Peña, director del Colegio Dr. José Vicente Zapata, señaló a Mdz que las reuniones con familias ya comenzaron y que la respuesta viene siendo positiva. “Los padres han concurrido, hemos tenido muy buena aceptación y no ha habido ningún problema”, afirmó. Aun así, advirtió una dificultad concreta: en una escuela con más de mil estudiantes, completar todas las firmas antes de la fecha límite representa un desafío operativo.

Ese texto incluye el llamado “deber de garantía” sobre pertenencias y comportamientos, y establece que, ante falsas amenazas que obliguen a desplegar operativos policiales o de bomberos, el Estado podrá reclamar a las familias los costos generados. La normativa también fija que la presencia de los padres es obligatoria cuando sean convocados por la institución, y que la negativa a asistir o a firmar puede derivar en intervención de organismos de protección.

Desde el Colegio San Luis Gonzaga, su rector Julio Navarro coincidió en la buena predisposición de las familias. “Hay una muy buena respuesta y comprensión, y colaboración para acompañar en esto”, sostuvo en declaraciones al mismo medio.

Algunas instituciones avanzaron también con instancias de reflexión con estudiantes. En el Colegio Dr. José Vicente Zapata se realizaron jornadas bajo el nombre “El eco de una amenaza”, con participación de equipos de orientación escolar, directivos y docentes, indicó el medio mendocino. El objetivo fue generar espacios donde los alumnos pudieran entender el impacto de las amenazas y reflexionar sobre sus consecuencias, desde lo pedagógico y no solo desde lo sancionatorio.

Todo empezó cerca de las 10.30, cuando los asaltantes entraron al comercio ubicado en la peatonal Pedro Luro al 5900. De acuerdo a la información confirmada a Infobae por fuentes judiciales, los ladrones se abalanzaron sobre el custodio privado, le quitaron el arma y le pegaron en la cabeza, provocándole un corte.

En medio del forcejeo, los atacantes dejaron caer una pistola. El custodio la tomó y disparó para intentar frenar el robo. Dos de los delincuentes recibieron disparos: uno en el abdomen y otro en la espalda. Aún así trataron de escapar junto a sus cómplices.

Mientras tanto, un policía que hacía custodia en un banco cercano escuchó los tiros y se sumó al operativo. Dos de los ladrones fueron aprehendidos en la vía pública y otro fue abandonado herido por sus cómplices en la puerta del hospital Equiza de González Catán. El cuarto detenido fue capturado cuando trataba de huir a pie.

Durante la balacera, además, un jubilado de 86 años que caminaba por el lugar fue alcanzado por un disparo en la pierna izquierda. Recibió atención médica y no está en riesgo. La policía secuestró una moto Honda GLH negra y roja utilizada por uno de los delincuentes. También un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Los cuatro detenidos quedaron así a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada N°1 de Laferrere, a cargo del fiscal Fernando Garate, quien los indagará en las próximas horas.

Dos de ellos siguen internados por heridas de bala, aunque ninguno presenta lesiones de gravedad.

En tanto, los otros dos integrantes de la banda continúan prófugos y los investigadores revisan las cámaras de seguridad para dar con ellos.

En septiembre del año pasado, otra joyería ubicada a solo una cuadra del hecho de este martes también fue blanco de un golpe comando en la localidad matancera.

En esa oportunidad, una banda armada irrumpió en el local de Avenida Luro y López May y, en cuestión de segundos, escapó con parte de la mercadería y otros objetos de valor.

Según denunció el dueño del comercio, los asaltantes ingresaron armados, redujeron a las empleadas que estaban en el mostrador y lo atacaron a culatazos cuando intentaron acceder a la parte trasera del local.

El comerciante relató que los ladrones le exigieron la caja fuerte, pero desistieron de su objetivo al escuchar los gritos de auxilio de una vecina.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y el propietario detalló que los delincuentes se llevaron lo que pudieron alcanzar antes de huir.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que desde junio desde hace casi un año se detectó la presencia de un tirador en las inmediaciones de la explanada de la alcaldía, un hombre que en al menos cinco ocasiones disparó en contra de automóvilistas, patrullas y peatones, aparenteme de forma aleatoria.

En un video publicado en sus redes sociales, la alcaldesa precisó que la investigación comenzó luego de que se detectó un patrón en automovilistas que reportaron haber recibido un balazo, cuando transitaban por la calle Mina.

“Hace mucho quería contarles esta historia, porque no es cualquier cosa, pero cuando lo escuchen van a entender por qué me tomó tanto tiempo y por qué no podíamos soltarla así como así.

“Todo empezó con algo que no hacía sentido. El equipo de seguridad empezó a ver detalles sueltos, cosas que no cuadraban y poco a poco se fueron conectando. Ya no era coincidencia, era un patrón. Era alguien actuando y nadie lo estaba viendo”, dijo la alcaldesa.

Precisó que el primer caso se detectó el 22 de junio del 2025, cuando una bala atravesó el vidrio trasero de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que iba llegando a la alcaldía, “sin explicación”.

Posteriormente, se registraron tres casos más en fechas distintas: el 8 de agosto, el 23 del mismo mes y el 6 de septiembre, que ocurrieron de la misma forma que con la patrulla.

Sin embargo, resaltó que los afectados prefirieron no denunciar, presuntamente por temor.

“Después vinieron más: 8 de agosto, 23 de agosto, 6 de septiembre. Balas en los vehículos. Mismo lugar, calle Mina, misma forma, mismo silencio. Autos con impactos de bala y gente que prefería no denunciar.

“Porque sí, en esta ciudad hay quien aprende a vivir con miedo. Y cuando nadie habla, el miedo manda. Pero esto fue creciendo”, agregó.

Aseguró que en su momento, ella atendió personalemtne el tema, “revisando cámaras, tratando de entender qué estaba pasando y de dónde venían los disparos”, por lo cual confirmó que ya no se trataban de casos aislados.

Rojo de la Vega mencionó que en uno de los casos posteriores una de las balas alcanzó a una persona que iba a abodro de un auto en movimiento, lo que le provocó la muerte y derivó en una investigación por homicidio.

Durante las indagatorias se determinó que los disparon “no venían de la calle”, sino de un edificio cercano.

“Porque algo estaba claro: esto no era al azar. Hasta que pasó lo peor. Un disparo alcanzó a un coche en movimiento y esta vez no fue un susto, fue un homicidio. Un hombre perdió la vida.

“Ahí, obviamente ya no había dudas. Los disparos no venían de la calle, venían de arriba, de un edificio, de una ventana, de alguien que se sentía intocable”, puntualizó.

Poco después, un habitante de dicho edificio acusó que el posible tirador era un vecino suyo, que tenía antecedentes de haber herido a una persona, usando el mismo modus operandi en 2022 y que aún así, fue liberado.

“Y entonces alguien rompió el silencio. Un vecino habló y señaló a un hombre, un hombre con antecedentes, un hombre que ya había disparado antes, que en 2022 hirió a una persona y aun así fue liberado. Sí, así mismo, liberado”, condenó.

Mencionó que tras el homicidio en 2025 pasaron meses antes de que se registrara un nuevo caso, y fue hasta abril del 2026 que el tirador volció a actuar y le disparó a ambulancias, autos e incluso peatones.

No obstante, remarcó que en esta ocasión hubo denuncias, pruebas y se le dio seguimiento, por lo que “hoy ya hay un detenido”.

“Disparó contra ambulancias, contra coches, contra la gente. Pero esta vez fue distinto. Esta vez hubo denuncias, esta vez hubo pruebas, esta vez hubo seguimiento. Y hoy ya hay un detenido. No por todo lo que hizo todavía, pero ya no está escondido.

“La historia ya no está incompleta. Imagínense, todo esto sucedía en la puerta de la alcaldía Cuauhtémoc”, añadió.

Finalmente, hizo un llamado a que las autoridades correspondientes hagan lo que por años no se hizo, aclaren el caso y que el tirador paguen las consecuencias.

Asimismo, envió un mensaje a las víctimas, pidiiendo que se acerquen a denunciar el ataque.

“Ahora le toca a la autoridad hacer lo que por años no se hizo: cerrar este caso y que pague las consecuencias. Y a quienes vivieron esto les digo muy claro: denuncien, porque el silencio protege a los agresores.

“Aquí no se trata de suerte, se trata de justicia. Y en la Cuauhtémoc lo decimos sin rodeos, el que dispara desde la sombra también responde ante la ley. Aquí el miedo no manda, aquí manda la ley”, concluyó.

El reto viral “tiroteo mañana”, que circula en redes sociales con el anuncio de un posible tiroteo en escuelas, generó alarma entre padres de familia, estudiantes y autoridades educativas de todo el país.

El video, difundido masivamente en distintas plataformas digitales, pone en alerta a la comunidad escolar mexicana ante una amenaza que, aunque no ha sido confirmada, las autoridades se niegan a ignorar.

Ante la magnitud de la difusión, el subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Ricardo Villanueva, tomó la palabra desde su cuenta oficial en X y publicó un lineamiento mínimo de atención para que directores, docentes y personal escolar sepan cómo actuar frente a esta tendencia.

Este es el protocolo mínimo de atención a la tendencia en redes sociales de amenazas en las escuelas

La SEP ha establecido un procedimiento “mínimo” para atender amenazas en redes sociales dirigidas a escuelas, enfocado en la prevención, intervención y restauración del ambiente escolar, el cual consiste en:

• Reportar y levantar evidencia

- Alertar a directores y directoras sobre cualquier tendencia o amenaza.

- Registrar incidencias directamente.

- Escalar de inmediato los casos graves.

• No minimizar los casos. Atenderlos y evaluarlos directamente

- Valorar el riesgo con personal de confianza.

- Definir medidas inmediatas de protección.

- Dar seguimiento puntual a cada caso.

• Alertar a las instancias de seguridad locales

- Avisar a las autoridades de seguridad locales ante cualquier amenaza.

• Acciones de identificación y restauración

- Identificar responsables de pintas o amenazas.

- Involucrar a las familias.

- Aplicar medidas disciplinarias, formativas y de apoyo psicológico.

- Impulsar acciones de restauración del tejido social.

• Realizar intervención en la escuela para restaurar la tranquilidad de la comunidad escolar

- Informar a madres, padres y tutores.

- Reflexionar con estudiantes sobre el daño de estas conductas.

- Fortalecer comités de paz y actividades de integración.

• Promover mensajes y campañas positivas que rechacen las tendencias violentas en redes sociales

- Difundir mensajes de paz y buena convivencia.

- Involucrar activamente a la comunidad estudiantil.

- Reforzar una respuesta institucional basada en comunidad.

Este protocolo busca garantizar una atención integral y oportuna ante amenazas en redes sociales, priorizando la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

De acuerdo con el subsecretario, la SEP “está actuando, porque no puede normalizar lo que pone en riesgo a la comunidad”; subrayó que el cuidar el bienestar de los estudiantes es una responsabilidad compartida.

“Escuchar, tomar en serio cada señal y acompañar a tiempo puede hacer la diferencia. Porque la educación también es construir espacios donde nuestras y nuestros jóvenes se sientan seguros, en paz y acompañados”, afirmó Villanueva.

El tiroteo ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un estudiante de 15 años mató a otro de 13, desencadenó una ola de amenazas que se extendió por escuelas de todo el país y también alcanzó a Uruguay.

La multiplicación de estos episodios encendió la alarma en la comunidad educativa y en las familias, que buscan respuestas frente al miedo y la incertidumbre, mientras intentan comprender qué es lo que lleva a los chicos a caer en este tipo de actitudes.

Frente a este escenario, pediatras, psicólogos y especialistas en educacuón y cultura digital subrayan la importancia de comprender el contexto en el que se expresan los adolescentes y proponen acompañarlos con escucha activa, vínculos sólidos y una mayor presencia adulta, en lugar de limitarse a respuestas punitivas o a la simple minimización del problema.

¿Qué está pasando con las adolescencias?

Un documento titulado “Abrazar la adolescencia”, firmado por la médica pediatra Carla Orsini, la especialista en educación digital Lucía Fainboim, la pediatra Carina Facchini, la psicóloga perinatal Carolina Mora, la filósofa y docente Florencia Sichel y el sociólogo Santiago Morales, plantea una serie de preguntas sobre el vínculo entre adultos y jóvenes y advierte que los adolescentes son portavoces del malestar social y muestran los síntomas de una sociedad que barre bajo la alfombra sus fisuras.

Los firmantes subrayan la existencia de una “fragilidad social”, marcada por la soledad, la ausencia de espacios de diálogo y una profunda crisis de salud mental, y llaman a “hacer de la ternura nuestra bandera” ante la violencia y la soledad que atraviesan hoy a los adolescentes.

Consultada al respecto por Infobae, la médica pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) Carla Orsini (MN 131.323), consideró que las amenazas en las escuelas reflejan “una violencia constante, un abandono de las instituciones, de la familia y del Estado”. Orsini sostuvo que los adolescentes “se sienten muy solos, están muy solos y desprotegidos. Nos dicen acá estamos y tenemos mucho para decir”.

El rol de las amenazas: ¿son sólo un llamado de atención?

La interpretación de las amenazas como un simple “perro que ladra no muerde” resulta errónea, coinciden los especialistas. El pediatra especialista en Adolescencia y prosecretario del Comité de Adolescencia de la SAP, Juan Pablo Bria (MN 108.604) señaló a este medio que “toda amenaza es una forma de comunicación”. Afirmó que, para muchos adolescentes, “cuando los recursos no alcanzan para poner en palabras lo que les pasa, pueden aparecer formas más impulsivas o provocadoras de expresión, como una forma de denunciar algo que no está bien”.

Su colega, la pediatra especialista en Adolescencia y secretaria del Comité de Adolescencia de la SAP Julieta Nachajon (MN 115.695), enfatizó que estos hechos deben ser tomados en serio, aunque aclaró que “muchas veces tienen un componente de imitación y amplificación: un hecho de alto impacto emocional y mediático puede generar réplicas en distintos lugares”. Nachajon remarcó la necesidad de no minimizar ni sobredimensionar, sino de intervenir con criterio y escucha.

Salud mental adolescente: señales de alerta

La serie de amenazas dejó al descubierto la fragilidad en el manejo de las emociones y la carencia de referentes de confianza. De acuerdo con Orsini, estos episodios revelan “soledad, desamparo, confusión, escasos o nulos límites, ausencia de contención y referentes de confianza”. La pediatra sostuvo que “la salud mental no fue nunca prioridad y menos en infancias y adolescencias”, y reclama políticas públicas que promuevan los derechos de los adolescentes.

Según Bria, no se puede generalizar sobre el estado de salud mental de toda una generación, pero estos hechos “son indicadores de que hay adolescentes que pueden estar transitando dificultades para gestionar emociones intensas como la bronca, la angustia o la sensación de exclusión”. En ese sentido, el especialista advirtió sobre la tendencia a manifestar el malestar de formas más extremas y visibles, subrayando la necesidad de reforzar los espacios de escucha y acompañamiento.

En este punto, la especialista en educación y cultura digital y directora de la consultora Bienestar Digital Lucía Fainboim consideró que “los adolescentes están siendo un síntoma de un malestar que como sociedad no estamos observando profundamente”. “Estamos viviendo una situación de mucho estrés, soledad, aislamiento, exceso de productividad y sobreinformación, todo atravesado por las redes sociales y exigencias inalcanzables”, enfatizó.

Y agregó: “Hay un mundo adulto muy desconectado del adolescente actual, tanto por el acelere de la vida contemporánea como por el uso de pantallas, el pluriempleo y la exigencia constante. Nos faltan espacios concretos de conectar con ellos, de escucharlos más que opinar, de entenderlos con ganas. Si no escuchamos estos síntomas, estos llamados de atención se van a volver cada vez más intensos”.

Redes sociales y retos virales: amplificadores del malestar

El impacto de los entornos digitales es central en la multiplicación de estas conductas. Para Orsini, “los entornos digitales no son un mundo aparte, es el mundo que habitamos. Es el lugar donde los adolescentes están más solos, sin cuidados sensibles y amorosos, sin límites claros”. La médica advirtió que “en los entornos digitales se plasma la violencia del mundo ‘real’ amplificada por la viralización y el anonimato, de rapidísima difusión y la necesidad de validación y pertenencia”.

Nachajon sostuvo que la viralización en redes sociales cumple un rol principal: “Funcionan como amplificadores. No necesariamente crean el problema, pero sí lo expanden y lo validan rápidamente. Los llamados ‘retos’ o tendencias pueden banalizar conductas riesgosas y generar un efecto contagio”.

Por su parte, Fainboim, sumó: “No podemos acercarnos a los chicos solamente mediante retos, sermones, ninguneo y menosprecio. Esto no nos está resultando y es un gran error porque los estamos alejando”. La especialista propuso que las familias se involucren en la vida digital de los adolescentes y promuevan una conversación cotidiana sobre lo que ocurre en Internet.

El mensaje a las familias: cómo acompañar sin asustar

El acompañamiento de la familia, para los especialistas, debe basarse en la construcción de entornos seguros, confiables y afectuosos. Orsini recomendó “informar sin paralizar, siempre con la verdad, no subestimando su capacidad de entendimiento y decisión”. E insistió en la importancia de comunicar límites claros y promover la escucha activa, además de “preguntar ¿cómo te fue en internet hoy?” y acompañar en los entornos digitales.

Bria resaltó la necesidad de “habilitar la conversación. Preguntar qué escucharon, qué piensan, si les preocupa algo. Es clave transmitir calma: evitar mensajes alarmistas o catastróficos, pero sin negar lo que está pasando”. El pediatra aconsejó validar las emociones y reforzar que los adultos están atentos y ocupándose.

El desafío para las escuelas: espacios seguros y diálogo

Las escuelas quedaron, sin dudas, en el centro de la escena. Según Orsini, las instituciones deben seguir siendo “lugares seguros que promueven vínculos saludables y pensamiento crítico”, y articular con familias y el sistema de salud. Planteó la necesidad de “generar espacios de diálogo entre alumnos, docentes, directivos, familias y profesionales de la salud”, así como la implementación de protocolos de seguridad y acompañamiento en salud mental.

Con ella coincidió Nachajon, para quien las escuelas “tienen un rol central. Necesitan abordar el tema de forma institucional, no como hechos aislados”, y favorecer la comunicación entre adolescentes y adultos como medida de prevención. La pediatra advirtió que la respuesta no puede limitarse a lo punitivo, ya que “sancionar sin comprender lo que está sucediendo no resuelve el problema de fondo”.

Un llamado colectivo: abrazar la adolescencia

El documento “Abrazar la adolescencia” concluye con un pedido de más escucha, empatía, contención y políticas públicas de acompañamiento. “Necesitamos más espacios recreativos y sociales, más articulación entre familia, escuela, club y centro de salud. Más Estado presente”, sostiene el texto. Los especialistas coinciden en que “sin salud mental no hay salud” y exhortan a construir “cimientos de una utopía de futuro donde los adolescentes se sientan agentes de ese cambio”.

Un hombre armado abrió fuego en una oficina de seguridad social y en un tribunal en el centro de Atenas el martes e hirió a varias personas, informaron las autoridades griegas. Había un operativo policial en marcha para localizar al atacante, a quien medios griegos identificaron como un hombre de 89 años.

La policía indicó que un sospechoso armado con una escopeta inicialmente abrió fuego en una oficina de seguridad social en el centro de la capital griega, donde hirió a un empleado. Los policías que llegaron al lugar atendieron al hombre, pero el agresor huyó de la escena.

La policía señaló que se sospechaba que el mismo hombre posteriormente abrió fuego en la planta baja de un edificio judicial en otra parte del centro de Atenas, donde varias personas resultaron heridas, y añadió que las autoridades habían encontrado la escopeta.

Las autoridades griegas han informado de la puesta en marcha de una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo, que tendría 89 años y ha abandonado las dos zonas en las que ha abierto fuego.

El incidente ha provocado que ambos edificios sean evacuados y acordonados. Además, las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un gran despliegue policial en el centro de la ciudad a medida que realizan las operaciones de búsqueda.

Imágenes de la radiotelevisión estatal ERT News mostraron a equipos de ambulancias trasladando al menos a tres personas desde el tribunal hasta ambulancias que esperaban.

El motivo del tiroteo no estaba claro. ERT informó que, al parecer, el atacante había arrojado sobres con documentos al suelo después del tiroteo en el tribunal, diciendo que esos eran los motivos de sus acciones.

Alexandros Varveris, jefe del Fondo Nacional de Seguridad Social conocido por su acrónimo griego EFKA, dijo que el atacante había ido al cuarto piso de las oficinas del fondo de seguridad social en la zona de Kerameikos, en el centro de Atenas, y abrió fuego después de decirle a un empleado que “se agachara”. Su disparo alcanzó a otro empleado, que resultó herido en la pierna, dijo Varveris, y añadió que el atacante llevaba una gabardina bajo la cual había ocultado la escopeta.

“Entró, subió al cuarto piso, levantó su escopeta, le dijo a un empleado que se agachara y alcanzó a otro”, dijo Varveris a la radio de ERT. Señaló que no parecía que el atacante hubiera apuntado específicamente al empleado al que alcanzó.

El empleado herido fue trasladado a un hospital, después de que la policía le aplicara un torniquete en la pierna en el lugar.

La violencia armada es relativamente rara en Grecia, donde la posesión de armas de fuego está permitida pero estrictamente regulada.

(con información de AP y EP)

Según informaron desde el gobierno santafesino, se trata de la primera notificación que entregaron las autoridades en el marco de la identificación de 73 responsables por las amenazas que se realizaron en instituciones de la provincia. En ese sentido, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que el monto total de la intimación fue de 6.024.944 pesos.

En un video que compartió el gobernador Maximiliano Pullaro se escuchó la reacción del papá del menor una vez que conoció el valor de la intimación, que fue equivalente al dinero que se gastó en el operativo por la falsa amenaza: "Cara la jodita“.

Todo esto surgió en el marco de la creciente preocupación por los mensajes intimidatorios en escuelas, tras el trágico hecho que se registró en una escuela de San Cristobal. Así, el gobierno provincial avanzó con una política de acción patrimonial y administrativa para recuperar los gastos generados por los operativos policiales. La medida busca que los adultos responsables de los menores identificados respondan económicamente por las intervenciones desencadenadas a raíz de las amenazas.

La notificación, entregada en la ciudad de Santa Fe, fue dirigida a ambos progenitores y detalla el monto de la deuda, los medios de pago y el plazo para abonar, que es de cinco días. Finalizado ese lapso, los antecedentes serán girados a la Fiscalía de Estado para continuar el procedimiento de cobro.

La decisión de intimar a los adultos responsables responde a la magnitud de los recursos estatales afectados en cada operativo. El ministro explicó que el monto exigido corresponde al costo exacto del despliegue policial, incluyendo combustible, utilización de vehículos, intervención de brigadas especializadas como las de explosivos y horas de servicio del personal involucrado. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, sostuvo Cococcioni durante la conferencia de prensa.

Las autoridades de Santa Fe informaron que hasta el momento se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica más de setenta personas involucradas, ya que, en algunos casos, existen varios autores o varios adultos responsables por cada amenaza. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, detalló el funcionario.

El procedimiento no solo involucra a quienes realizaron los mensajes, sino también a los adultos responsables, quienes deberán abonar la suma reclamada como responsables solidarios. El gobierno provincial aclaró que esta medida se encuadra dentro de una indemnización civil para resarcir el daño ocasionado por la movilización de recursos públicos. No se trata de una multa ni de una sanción penal, sino de una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Esta modalidad habilita, en caso de incumplimiento, embargos sobre sueldos o la inhibición de bienes a los intimados.

El caso de la primera notificación se convirtió en referencia para el resto de los procedimientos, ya que durante la jornada se prevé el despacho de nuevas intimaciones similares a otros adultos identificados. El monto total de los reclamos podría superar los 250 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones oficiales, cifra que irá en aumento a medida que la Fiscalía continúe validando identidades y sumando nuevos hechos.

Santa Fe se encuentra entre las provincias con mayor cantidad de amenazas en instituciones educativas durante las últimas semanas. La decisión de trasladar las consecuencias económicas a los adultos responsables busca sentar un precedente y desalentar este tipo de conductas, según indican fuentes oficiales. Las autoridades remarcaron que el objetivo es que los responsables asuman voluntariamente las consecuencias de los actos cometidos por sus hijos y eviten así el avance hacia instancias judiciales más complejas.

La identificación de los autores de los mensajes intimidatorios se realizó tras una investigación coordinada entre la Policía provincial y la Fiscalía, que obtuvo registros y testimonios en cada caso reportado en las escuelas. De acuerdo con los datos oficiales, en la mayoría de las situaciones los menores actuaron en solitario, aunque se detectaron casos con participación de varios estudiantes.

Cole Thomas Allen, detenido por abrir fuego en el hotel donde el presidente Trump asistía a la Cena de Corresponsales, compareció por primera vez este mediodía ante el juez Matthew Sharbaugh en Washington y fue acusado de tres cargos penales.

El sábado por la noche, Allen intentó irrumpir con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en la Cena de los Corresponsales celebrada en el Washington Hilton, donde se encontraban más de 2.500 asistentes.

El Servicio Secreto detuvo a Allen en un puesto de control, tras lo cual el presidente Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados del recinto.

Un agente del Servicio Secreto recibió un disparo en el chaleco antibalas y fue dado de alta poco después. No se registraron heridos graves entre los asistentes, gracias a la rápida intervención policial, según reportó la cadena CBS News.

El fiscal federal interino, Todd Blanche, informó que Allen fue acusado formalmente de uso de arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa.

Además, la fiscal federal Jeanine Pirro indicó en conferencia de prensa que se esperan nuevas imputaciones en el transcurso de la semana.

“Todo apunta a que el acusado planeó causar el mayor daño posible, pero el dispositivo de seguridad evitó una tragedia”, subrayó Pirro, citada por CBS News.

El FBI y el Servicio Secreto mantienen abiertas varias líneas de investigación. Analizan antecedentes, dispositivos electrónicos y escritos del sospechoso, así como testimonios de familiares y conocidos, según The Washington Times.

De acuerdo con la pesquisa, Allen habría actuado solo y no tenía antecedentes penales ni estaba bajo vigilancia previa.

Paso a paso de la audiencia de formalización

Cole Thomas Allen compareció este lunes ante el juez magistrado Matthew J. Sharbaugh, acompañado por sus abogados Eugene Ohm y Tezira Abe.

Vestido con un mono azul neón, Allen fue identificado, declaró su edad y confirmó su grado académico: una maestría en informática. Durante la audiencia, repasó sus derechos legales junto al magistrado.

El juez Sharbaugh notificó a Allen que enfrenta tres cargos federales: dos relacionados con armas de fuego y uno por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos. Si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

La fiscal federal Jocelyn Valentine detalló ante el tribunal que Allen llegó a Washington portando una escopeta de corredera, una pistola y tres cuchillos, con la presunta intención de perpetrar un asesinato político.

Tras la exposición de cargos, el magistrado fijó una audiencia para la mañana del jueves, en la que se determinará si Allen permanecerá bajo detención preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Allen no presentó ninguna declaración de culpabilidad o inocencia durante la audiencia, decisión acordada con su abogada Tezira Abe.

La defensa subrayó que el acusado no posee antecedentes penales. Tras la comparecencia, Allen fue escoltado fuera del recinto y deberá regresar en tres días para abordar la posibilidad de su liberación condicional.

El perfil del acusado y su motivación

Allen nació en Torrance, California, y es ingeniero mecánico graduado en el California Institute of Technology (Caltech), con una maestría en ciencias de la computación por la California State University, Dominguez Hills (2025).

Trabajaba como desarrollador independiente de videojuegos y docente en C2 Education, donde fue distinguido como “profesor del mes” en 2024, según News3LV.

No se registran antecedentes criminales ni alertas previas ante autoridades federales, precisa CBS News.

El acusado viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington D.C., donde se hospedó en el hotel que albergaba el evento.

Transportó las armas en su equipaje sin levantar sospechas. Familiares consultados por TIME declararon que Allen había manifestado conductas erráticas y declaraciones extremas en los últimos meses, llegando a anticipar que haría “algo importante”.

Las autoridades hallaron en sus redes sociales y dispositivos mensajes críticos hacia la administración Trump y publicaciones con contenido político y religioso.

Allen, sin afiliación partidaria registrada, realizó una donación de USD 25 a la campaña de Kamala Harris en 2024 y participó en protestas de movimientos progresistas como The Wide Awakes, según News3LV.

El manifiesto y la reacción oficial

El FBI incautó un manifiesto de más de 1.000 palabras enviado por Allen a sus familiares antes del ataque. El documento expresa una visión de justicia personal y una motivación religiosa, señalando que “no actuar sería complicidad”.

Allen justificó su intención de atacar a funcionarios de alto rango del gobierno, según The Washington Times.

El presidente Trump confirmó la existencia del manifiesto y lamentó públicamente que la familia del acusado no alertara previamente a las autoridades.

En entrevistas televisivas, Trump rechazó las acusaciones contenidas en el documento y atribuyó el ataque a la radicalización política, como recogió TIME.

El operativo policial incluyó allanamientos en la casa familiar de Allen en Torrance y en su habitación del Hilton, donde se incautaron dispositivos electrónicos y documentos.

La policía entrevistó a la hermana del acusado en Rockville, Maryland, quien declaró desconocer que Allen almacenaba armas en la vivienda de sus padres.

Seguridad en eventos y repercusiones políticas

La Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca es un evento central del calendario político estadounidense, con la presencia de funcionarios, periodistas y celebridades.

El incidente reavivó el debate sobre la seguridad en actos públicos y el acceso a armas de fuego. El caso ha motivado nuevos llamados a reforzar la protección en eventos de alto perfil y a reflexionar sobre la radicalización motivada por razones ideológicas, según analizó la revista TIME.

Allen permanece bajo custodia federal a la espera de la ampliación de cargos y próximas audiencias. El FBI y la Fiscalía federal continúan con la investigación, mientras el caso genera repercusiones en el ámbito político y mediático de Estados Unidos.

Durante esta semana, se ha viralizado un reto denominado “tiroteo mañana” en redes sociales, donde circula la amenaza de que en centros educativos pueda existir la posibilidad de vivir una tragedia.

La tendencia ha encendido las alertas de las autoridades en distintas regiones del país como Ciudad de México, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, entre otros; han activado protocolos de seguridad para prevenir ataque armado.

Ante esta situación, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, solicitó el apoyo de la ciudadanía desde su cuenta oficial en ‘X’, para que cuidar a los adolescentes en el ámbito digital:

“Ayuden a cuidar lo que están posteando nuestros hijos; como ustedes saben, hay varios retos a nivel nacional que pueden ser amenazantes o pueden poner nerviosas a muchas familias”.

Kuri González también se dirigió a los jóvenes: “Cuiden mucho lo que están posteando, porque es una gran responsabilidad y es muy delicado lo que se está posteando”. El gobernador estatal subrayó que la sociedad queretana se ha caracterizado por sus valores.

Empatía para combatir las amenazas de tiroteo

En contraste, circula en redes sociales un video que busca concientizar a los jóvenes y a la sociedad de la situación; comienza igual que el de las amenazas, “tiroteo mañana”, y continúa mostrando los titulares de medios de comunicación para posteriormente mostrar en pantalla mensajes como:

“Qué estudiar sea seguro”; “La conciencia empieza en casa”, “Cuidarnos es tarea de todos”, “Tu palabra tiene poder, úsala para construir”.

Dicho material audiovisual invita a los usuarios de internet a “cortar la cadena” y evitar seguir difundiendo terror. El video concluye con un mensaje contundente: “La escuela no es el origen de la violencia, es el lugar donde se hace visible”.

¿En dónde inició el reto?

Tras la difusión del video, la fiscalía estatal inició una investigación para conocer el origen del material audiovisual. Sin embargo, el desafío se ha presentado en otros países latinos, como son Argentina y Chile, en donde las autoridades han activado las alertas de seguridad para los adolescentes.

El trend en México, surge en un contexto marcado por el reciente tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, orquestado el pasado 27 de abril y que dejó un saldo de dos personas sin vida.

De acuerdo con expertos, el comportamiento violento en los jóvenes está relacionado con problemas emocionales y estructurales. Derivado del tiroteo en la pirámide del Sol, teotihuacana, ocasionado por un joven de 27 años, quien presuntamente padecería una psicopatía que lo llevó a copiar una masacre realizada en la década de los 90 en Estados Unidos.

Ante esto, el gobierno de México presentó la campaña nacional de salud mental denominada El ABC de las emociones, la cual busca brindar herramientas y acercar personal capacitado a estudiantes y jóvenes mexicanos para que comprendan, expresen y gestionen sus emociones.

En los últimos días se han viralizado preocupantes amenazas sobre posibles tiroteos en escuelas de distintas entidades del país. Ante estos hechos, las autoridades académicas han emitido alertas y puesto en marcha protocolos de seguridad para salvaguardar a los alumnos que podrían encontrarse en riesgo.

Puebla, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, son algunas de las entidades donde han circulado estas amenazas que, aparentemente, forman parte de un reto viral en redes sociales denominado “Tiroteo mañana”, en el que distintos niños y adolescentes presuntamente han participado.

Resulta alarmante sobre todo en un contexto en el que sí se han registrado tiroteos en escuelas y más recientemente en la zona arqueológica de Teotihuacán. En todos los casos, han resultado personas fallecidas.

Ante esta situación que podría comenzar a considerarse como una emergencia de seguridad, el gobierno de Tamaulipas, que también ha enfrentado amenazas, emitió una serie de recomendaciones.}

¿Qué hacer ante una posible amenaza de tiroteo?

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas emitió una advertencia sobre el reto viral que circula entre estudiantes y que consiste en escribir o difundir mensajes falsos con amenazas de tiroteo, como “mañana habrá un ataque”, en entornos escolares.

La institución aclaró que no es ninguna broma ni una situación que deba tomarse a la ligera, pues la simple existencia de la amenaza genera alertas y temor en la comunidad estudiantil.

Además, es una situación que obliga a tomar precauciones para los alumnos, profesores y padres de familia. Por ello, es necesario contemplar un plan de acción que permita actuar de manera efectiva en estas situaciones.

Esto es lo que debes conocer sobre estas amenazas de tiroteo en escuelas de México, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas:

• No es una broma:
• • Genera pánico genuino entre estudiantes, maestros y padres de familia.
  • Provoca la activación de operativos de seguridad, evacuaciones y suspensión de clases.
  • Implica un uso innecesario de recursos de emergencia.
• Consecuencias legales graves:
• • Se considera una amenaza contra una institución educativa.
  • Puede derivar en detención, procesos penales y antecedentes legales, incluso para menores de edad.
• Recomendaciones para la comunidad:
• • No compartas ni difundas este tipo de mensajes.
  • Reporta de inmediato cualquier situación a las autoridades escolares.
  • En redes sociales, denuncia este contenido como peligroso.
  • Conversa con tus hijos o amigos para explicarles que este comportamiento es un delito y no un juego.
  • La mejor decisión es no participar en este tipo de retos.

En caso de radicar en Tamaulipas, la Guardia Estatal Cibernética está disponible para orientación y apoyo. Para cualquier duda o denuncia, comunícate al teléfono 834 318 6232 extensión 16099.

La celebración del “Little 500″ en Bloomington, Indiana, uno de los eventos estudiantiles más multitudinarios de Estados Unidos, quedó trágicamente marcada después de que una pelea derivara en un tiroteo la madrugada del domingo 26 de abril en Kirkwood Avenue.

Según informó el medio IndyStar, el incidente dejó 5 mujeres heridas por disparos, ninguna de ellas estudiante de la Universidad de Indiana, y provocó lesiones adicionales mientras la multitud huía del lugar en pánico. La rápida proliferación de armas en la escena y la falta de detenciones refuerzan la preocupación por la seguridad en grandes eventos en la ciudad.

Las autoridades de Bloomington aclararon el domingo por la tarde que, aunque inicialmente se creyó que 9 personas habían resultado heridas por armas de fuego, en realidad 5 sufrieron heridas de bala.

Las otras presentaban lesiones menores producidas al escapar, como cortes y golpes por caídas, según la Policía de Bloomington en declaraciones recogidas por NBC WTHR. Todas las víctimas del tiroteo tienen entre 17 y 22 años y proceden de Indianápolis, South Bend y Plainfield.

Noche de la tragedia en Kirkwood Avenue: desarrollo y reacción policial

La violencia estalló alrededor de las 00:25 horas, cuando, en medio de la densa concentración de personas celebrando el fin de la competencia, los agentes apostados en la cuadra 400 de Kirkwood Avenue escucharon varias detonaciones y observaron cómo la multitud se dispersaba repentinamente.

El jefe de policía Mike Diekhoff explicó en IndyStar que el origen del tiroteo fue una pelea entre 2 mujeres frente al restaurante Five Guys. Las imágenes de teléfonos y cámaras de comercios confirmaron que “varias personas desenfundaron armas de fuego”, y dos hombres abrieron fuego, alcanzando a varias mujeres ajenas al enfrentamiento.

El artículo responde a la pregunta fundamental del caso: durante la madrugada del 26 de abril, una pelea entre dos mujeres desencadenó un tiroteo en Kirkwood Avenue, Bloomington, dejando 5 mujeres heridas por balas y varias personas lastimadas al escapar.

De las víctimas baleadas, una mujer de 20 años originaria de Plainfield sufrió una herida de bala en el torso y lesiones por proyectiles en el costado. Otras cuatro presentaron fragmentos de bala incrustados, detalló la Policía de Bloomington el domingo por la tarde. Solo una persona permanece hospitalizada en situación estable, mientras las demás han sido dadas de alta.

Las investigaciones continúan sin que hasta el momento se haya identificado al responsable ni recuperado ninguna de las armas utilizadas. Aunque en un principio se consideró que un hombre hallado herido en una gasolinera cercana podría haber estado vinculado con el tiroteo, las autoridades posteriormente descartaron esa hipótesis, como comunicó USA Today.

Consecuencias para la seguridad y debate sobre armas en la ciudad

El incidente ha puesto en cuestión la eficacia de los operativos de seguridad en eventos de alta concurrencia en Bloomington. La alcaldesa Kerry Thomson se mostró consternada en una transmisión en vivo, donde afirmó: “Me siento profundamente entristecida de que esto haya ocurrido en nuestra ciudad esta noche y que varias personas hayan resultado heridas”.

Thomson reiteró que “no hay lugar para la violencia armada en nuestra ciudad”, según y adelantó que solicitaría una revisión de los controles de seguridad en futuros encuentros.

Sin embargo, advirtió sobre la dificultad de reforzar restricciones debido a las leyes estatales que permiten el porte abierto de armas: “Si las leyes de armas se mantienen como están, cualquiera puede llevar armas a la vista”.

La Universidad de Indiana, a través de su portavoz Mark Bode, condenó los hechos y agradeció la rápida respuesta de los distintos organismos de seguridad, incluidos el Departamento de Policía de Bloomington, la Policía Universitaria de Indiana, la Oficina del Sheriff del condado de Monroe y la Policía Estatal de Indiana.

La universidad enfatizó que “su prioridad es la seguridad” y ratificó el compromiso de mantener una estrecha coordinación con las autoridades, según declaraciones replicadas por medios locales como NBC WTHR y IndyStar.

El Little 500, reconocido como la carrera ciclista universitaria de mayor envergadura del país, había concluido oficialmente horas antes del tiroteo. Kirkwood Avenue, sede del incidente, es conocida como uno de los epicentros de vida nocturna de la ciudad, con bares y restaurantes frecuentados tras eventos deportivos.

Testigos entrevistados por NBC WTHR relataron el momento en que el caos se apoderó del lugar. “Vi a una chica que alcanzó la pierna de su pantalón y empezó a disparar. En ese momento, ya estaba corriendo en sentido opuesto”, narró uno de los presentes.

El caso sigue abierto y la Policía de Bloomington solicita la colaboración ciudadana a quienes puedan aportar videos o datos sobre lo ocurrido, contactándose con Chris Scott, el detective designado.

Sonora se suma a los estados que presentan amenazas por tiroteos en escuelas. El CBTIS 40 de Guaymas implementó protocolos de seguridad ante una presunta amenaza para el lunes 27 de abril.

El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 40 “Plutarco Elías Calles” avisó a su comunidad estudiantil sobre la existencia de una presunta amenaza hacia su comunidad escolar, por lo que informó que si bien no se cancelarán clases. el plantel contará con el respaldo y la presencia de las autoridades de seguridad pública para garantizar orden y vigilancia.

“Si bien los indicios sugieren que podría tratarse de una falsa alarma o broma, esta institución no minimiza ningún aviso que ponga en duda la integridad de nuestros estudiantes y personal”, se lee en el comunicado de las autoridades escolares.

Ante esta situación, la administración del plantel activó el Protocolo de Seguridad Escolar en coordinación con la Oficina Estatal de la DGETI.

Como parte de las medidas preventivas, se cuenta con el respaldo y la presencia de autoridades de seguridad pública. Actualmente, la situación en la escuela se reporta en calma y bajo supervisión constante.

La administración escolar reiteró que la seguridad de los alumnos es su prioridad absoluta y mantendrá abiertos los canales de comunicación oficial para informar de manera oportuna cualquier novedad relevante.

Además, hizo un llamado a los padres de familia y a la comunidad a mantener la calma y evitar la difusión de rumores que puedan alterar la paz social.

Con esta nueva alerta, Sonora se suma a la lista de estados donde se han registrado alertas o amenazas de este tipo en centros educativos. Este caso refleja una tendencia nacional en la que diversas entidades han tenido que reforzar protocolos y aumentar la coordinación con las autoridades de seguridad ante amenazas de violencia en espacios escolares.

Alertas por reto viral en otros estados

La semana pasada surgieron las primeras alertas en las escuelas del país, las cuales seguían el mismo patrón: advertencias con la leyenda “tiroteo mañana”.

Se trata de un nuevo reto viral difundido en redes sociales que ha llegado a estados como Puebla, Michoacán, Nuevo León e incluso la Ciudad de México, en donde varias autoridades educativas han advertido a sus comunidades para tomar las precauciones de seguridad necesarias.

El llamado reto consiste en difundir las amenazas entre los alumnos y dentro de las instalaciones, y en México se da en medio de un contexto en el que han ocurrido recientemente tiroteos efectuados por jóvenes que han dejado varios fallecidos.

No obstante, el reto también se ha presentado en otros países de Latinoamérica como Argentina y Chile, en donde también se han activado las alertas de seguridad para los adolescentes.

Especialistas piden regular acceso a redes sociales

Estas amenazas en México surgen en un contexto en el que se han registrado al menos dos tiroteos en lo que va del año, los cuales han dejado víctimas mortales y han sido perpetuados por jóvenes.

El más reciente sucedió el 20 de abril cuando un hombre de 27 años disparó contra turistas extranjeros que se encontraban en la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde una mujer canadiense falleció.

Al respecto, especialistas de la IBERO han advertido sobre el uso de las redes sociales y el impacto que puede tener en los jóvenes mexicanos, quienes pueden verse influenciados por hechos y retos peligrosos, como el caso de estos tiroteos.

Un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo sacudió el campus de Arkansas State University en Jonesboro, dejando cuatro personas heridas, de las cuales tres son estudiantes de la institución. El incidente se produjo durante una fiesta en Unity Park, un espacio tradicionalmente utilizado para reuniones estudiantiles.

Según los reportes de Arkansas Democrat-Gazette, la situación se desencadenó poco después de la medianoche, cuando una llamada al 911 advirtió sobre la presencia de disparos en medio de la multitud.

La Policía Estatal de Arkansas y la policía universitaria respondieron rápidamente a la emergencia. De acuerdo con la vocera Cindy Murphy, una de las víctimas, estudiante de la universidad, fue atendida en el lugar, mientras que los otros tres heridos —incluidos dos estudiantes y una persona más— fueron trasladados a hospitales cercanos, todos en condición estable.

Entre las lesiones reportadas, una mujer sufrió una herida de bala en la pierna; los demás presentaron raspones y contusiones, resultado del pánico y la estampida generada cuando la multitud intentó escapar precipitadamente del sitio de los hechos.

Unity Park: fiesta registrada y testimonios del caos

Unity Park es reconocido como un espacio central para eventos masivos y celebraciones organizadas por estudiantes. Según declaraciones oficiales y reportes de KARK-TV, la reunión figuraba como un evento registrado ante la universidad, lo cual indica que contaba con autorización institucional.

Este matiz fue destacado por Jonesboro Right Now, que confirmó que la fiesta había sido registrada previamente por la administración universitaria, aunque la institución continuará revisando la naturaleza formal del evento.

Los testimonios de los estudiantes presentes en el lugar reflejan el desconcierto reinante. Christian Royal, alumno de primer año, relató que al principio pensó que se trataba de una pelea, algo que suele ocurrir en este tipo de reuniones, pero al percatarse de los disparos, su principal preocupación fue localizar a sus amigos: “Yo estaba allí con cinco amigos, así que necesitaba asegurarme de que estaban bien”, contó Royal a KARK-TV.

Otro estudiante, Douglas Foote, afirmó que recibió la notificación oficial en su teléfono y de inmediato comenzó a comunicarse con sus compañeros para confirmar que no estuvieran en peligro.

Las grabaciones de radio policial difundidas por KARK-TV revelan la confusión de los primeros instantes. Un despachador describió cómo la multitud se dispersó en múltiples direcciones, y señaló: “Tengo a otra joven herida, le rozaron la pierna”. Estas escenas muestran la rapidez con la que los equipos de emergencia debieron actuar para asistir a los afectados y asegurar la zona.

Las autoridades universitarias, encabezadas por Todd Clark, responsable de comunicaciones, enviaron correos electrónicos y comunicados a la comunidad para informar que no existía una amenaza activa tras el incidente y recomendaron mantener la calma.

Asimismo, el Centro de Consejería Universitaria fue puesto a disposición de los estudiantes para brindar asistencia psicológica a quienes lo requirieran.

Investigación en curso y medidas de seguridad

La Policía Estatal de Arkansas asumió la investigación, considerando su competencia sobre incidentes graves con armas de fuego en instituciones públicas. Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni avances en la identificación de los responsables, y la investigación permanece abierta.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona con información relevante que se comunique con la policía estatal al número 870-935-7303, como reiteraron KAIT-TV y KARK-TV.

La universidad expresó su agradecimiento porque no hubo víctimas fatales y reiteró la importancia de la colaboración y el apoyo entre los miembros de la comunidad. Los directivos programaron una reunión para revisar los protocolos de seguridad y analizar los procedimientos en la organización de eventos estudiantiles tras lo ocurrido.

Jonesboro Right Now confirma que hasta este momento no se produjeron arrestos ni se esclareció el motivo del tiroteo. El campus sigue atento a nuevas actualizaciones, mientras la situación de los heridos evoluciona de manera favorable.

Un policía de Chicago murió y otro resultó en estado crítico tras un tiroteo en el hospital Endeavor Health Swedish, ubicado en el barrio Ravenswood. Según NBC News, el incidente ocurrió poco antes de las 11:00h del sábado, cuando ambos agentes trasladaban a un sospechoso bajo custodia para una evaluación médica.

Según informó el Departamento de Policía de Chicago, el sospechoso había sido arrestado en relación con un presunto robo y fue llevado al hospital para una revisión rutinaria.

De acuerdo con ABC7 Chicago, el hospital activó sus protocolos de seguridad: el sospechoso fue examinado con un detector de metales portátil a las 9:00h y permanecía escoltado por agentes. Sin embargo, el individuo logró hacerse con un arma de fuego y disparó contra los dos oficiales.

Uno de los agentes, John Bartholomew, de 38 años y con una década de servicio, recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto. El segundo policía, de 57 años y con 21 años de experiencia, permanece internado en estado crítico en el Illinois Masonic Hospital.

El tiroteo movilizó a unidades tácticas y equipos SWAT, que aseguraron el hospital y establecieron un perímetro de seguridad.

El hospital quedó cerrado y bajo confinamiento hasta las 14:00h, cuando se levantó la restricción tras confirmar que no existía una amenaza activa para pacientes o personal. El sospechoso intentó huir tras el ataque y fue detenido fuera del hospital. Se recuperó un arma en la escena.

Investigación policial y operativo tras el ataque

La investigación sigue en curso y las autoridades no divulgaron el motivo exacto por el cual el sospechoso pudo acceder a un arma dentro del hospital. Algunas fuentes, como NBC News y ABC7 Chicago, mencionan la posibilidad de que el detenido haya desarmado a uno de los oficiales, aunque la policía no lo confirmó oficialmente.

Tampoco se precisó por qué el detenido fue trasladado para observación médica, aunque el superintendente Larry Snelling explicó que es común llevar a personas bajo custodia a una evaluación si presentan señales de enfermedad.

Fuentes oficiales indicaron que el hospital está colaborando plenamente con la investigación. El centro reiteró que ningún paciente ni miembro del personal resultó herido. Además, se recuperó un arma de fuego en la escena y el sospechoso permanece bajo custodia policial.

La zona de Ravenswood estuvo bajo fuerte presencia policial durante varias horas. Residentes describieron escenas de pánico por la movilización de patrullas y ambulancias.

Reacciones oficiales y estado actual del caso

El oficial fallecido fue identificado por la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook, que determinó la causa de muerte como herida de bala en la cabeza y catalogó el hecho como homicidio. La autopsia se realizó el domingo. El oficial herido continúa en estado crítico y recibe atención especializada.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, describió el episodio como “una tragedia” para la ciudad y expresó su apoyo a las familias de los oficiales.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también transmitió sus condolencias y destacó el sacrificio de las fuerzas de seguridad: “Illinois está de luto por la muerte del oficial. Que su memoria sea una bendición”, publicó en sus redes.

Hasta el momento, la policía no emitió información adicional sobre la identidad del sospechoso ni sobre los cargos que enfrentará.

La investigación continúa y no se reportaron actualizaciones relevantes en las últimas horas, según los principales medios estadounidenses de la zona como NBC News, ABC7 Chicago y KHOU.

El hospital Endeavor Health Swedish fue reabierto al público tras el levantamiento del confinamiento, y las autoridades aseguraron que no existen amenazas adicionales para la comunidad.

El incidente, ocurrido en el Washington Hilton la noche del sábado, llevó a la evacuación inmediata de Trump y de varios altos funcionarios, lo que obligó a la cancelación abrupta del evento y obligó a revisar los protocolos de protección para las principales figuras del gobierno. Según el medio Reuters, el atacante fue detenido pocos minutos después de disparar contra un agente del Servicio Secreto que resguardaba la entrada del hotel.

En la última parte de la jornada, las autoridades identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, un residente de California de aproximadamente 31 años. Conforme reportó el jefe interino de la policía de Washington, Jeffery Carroll, Allen habría ingresado como huésped al propio hotel y logró introducir al menos una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Las redes sociales sugerían que Allen ejercía como docente en Torrance, cerca de Los Ángeles, aunque las motivaciones detrás del ataque no han sido establecidas. Carroll precisó que por ahora se cree que actuó en solitario.

El presidente Trump declaró ante la prensa que cree haber sido el objetivo central del atentado. Sostuvo que el agente del Servicio Secreto sobrevivió gracias al chaleco antibalas y se encuentra “en buen estado”. Anthony Guglielmi, vocero del Servicio Secreto, confirmó a Reuters que el agente fue dado de alta tras recibir atención en el hospital.

Los primeros hallazgos y la investigación sobre las motivaciones del atacante

El fiscal general interino, Todd Blanche, sostuvo que la investigación inicial sugiere que el atacante pretendía causar el mayor daño posible y que entre los objetivos figuraban miembros del gobierno de Trump, posiblemente el propio presidente.

Según Blanche, el detenido no colaboró con los investigadores y permanece bajo custodia, mientras agentes federales analizan escritos incautados y rastrean sus movimientos previos al atentado.

Las autoridades determinaron que Allen reservó una habitación en el hotel con semanas de antelación y llegó armado con varias armas, incluidas al menos una escopeta y una pistola adquiridas “en los últimos años”. El FBI y el Servicio Secreto registraron una vivienda en Torrance, California, vinculada al sospechoso, en busca de más evidencias sobre sus motivaciones y preparativos.

Blanche remarcó que la información sobre el objetivo presidencial es “preliminar” y que aún se investigan los motivos del ataque, sin que hasta ahora se haya detectado un trasfondo internacional o antecedentes penales relevantes en Washington para Allen. Se prevé que el sospechoso comparezca ante la justicia federal en Washington el lunes, donde podría enfrentar nuevos cargos conforme avance la investigación.

Blanche aseguró que este atentado “no detendrá” al presidente Trump ni a su equipo en sus funciones públicas. Según el fiscal, “si uno de los objetivos del atacante era generar temor, no lo logró”, y tanto el mandatario como el vicepresidente, el gabinete y los periodistas continuarán con sus actividades habituales.

Blanche reiteró que la administración mantendrá su agenda y que “este tipo de actos no cambiarán la disposición del presidente de presentarse ante la ciudadanía”.

Seguridad presidencial enfrenta cuestionamientos tras el incidente en el Hilton

El suceso ocurrió cerca de las 20:35 horas locales, cuando la irrupción de disparos en uno de los controles desencadenó el pánico en la sala de baile del Washington Hilton, donde se congregaban 2.600 invitados, entre ellos miembros del gabinete y figuras destacadas de la administración.

De acuerdo con imágenes divulgadas por el propio Trump en Truth Social, Allen logró atravesar dos puestos de seguridad y corrió una distancia aproximada de 50 yardas (45 metros) antes de ser reducido, sin que se efectuaran disparos contra él.

Testimonios recogidos por Reuters relatan que el miedo fue inmediato: los asistentes, vestidos de gala, se protegieron bajo las mesas mientras los agentes formaban cordones de seguridad y evacuaban a funcionarios clave, incluidos la primera dama Melania Trump y el vicepresidente JD Vance. Algunos invitados comenzaron a corear “USA, USA!” mientras la situación seguía bajo control.

Este fue el primer año en el que Trump asistió a la gala como presidente, tras evitarla durante toda su administración previa. El propio recinto ya había sido escenario de un atentado en 1981, cuando John Hinckley Jr. hirió de gravedad al entonces presidente Ronald Reagan a la salida del hotel.

En una conferencia de prensa extraordinaria esa misma noche, Trump insistió en que el agresor actuó como “lobo solitario”. El fiscal Blanche, citado por Reuters, subrayó que la investigación evaluará las circunstancias que permitieron el ingreso de armas de grueso calibre al evento, pese a los controles implementados por el Servicio Secreto y las autoridades locales.

Los intentos de asesinato contra Trump no han sido aislados desde 2024. En julio de ese año, el mandatario resultó herido en la oreja durante un ataque en Butler, Pensilvania, donde el autor de 20 años fue abatido por la seguridad. Dos meses después, un hombre armado fue arrestado en las inmediaciones del Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, episodio también calificado como intento de magnicidio y resuelto con una condena a cadena perpetua —según detalles aportados por Reuters.

Reacciones internacionales y desafío a la democracia

El reciente atentado provocó una ola de condenas internacionales y mensajes de solidaridad con Estados Unidos. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, describió el hecho como “un ataque a nuestras sociedades libres y abiertas”, e hizo un llamado a rechazar toda forma de violencia en los sistemas democráticos.

La respuesta rápida permitió evitar una tragedia mayor, pero el caso incrementó la presión institucional para revisar los estándares de protección en actos públicos masivos. Funcionarios estadounidenses, en declaraciones recogidas por Reuters, coincidieron en que la investigación se enfocará en cómo se vulneraron los controles para evitar que un individuo armado lograra llegar tan cerca de la dirigencia nacional reunida en el Hilton.

Este episodio, que se suma a una serie de ataques y amenazas recientes, marca un punto de inflexión en la vigilancia y en el debate sobre la seguridad presidencial en un país polarizado que enfrenta la fragilidad de sus propios mecanismos de resguardo al máximo nivel.

El intento de ataque durante la cena anual de corresponsales en el Washington Hilton llevó a la activación de protocolos de emergencia del Servicio Secreto de Estados Unidos, cuya prioridad fue garantizar la seguridad del presidente Donald Trump, el vicepresidente Vance y figuras clave del gabinete.

Según consignó Axios, el incidente involucró a un sospechoso armado que intentó atravesar un control de seguridad y fue neutralizado por agentes.

Anillos de seguridad y controles en el acceso

La noche del evento, el Servicio Secreto desplegó un operativo de protección que incluyó varios anillos de seguridad. De acuerdo con la información recogida por Military.com, el hotel fue cerrado al público desde las 14 horas, limitando el acceso a huéspedes, invitados con credenciales y personal autorizado.

En la entrada al evento, los 2.300 asistentes pasaron controles adicionales que incluyeron verificación de boletos y el paso por magnetómetros, operados en conjunto por el Servicio Secreto y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Neutralización del sospechoso y evacuación de autoridades

Una vez que el presidente tomó asiento en el salón principal, el acceso al área quedó completamente restringido y los equipos comenzaron a desmontar los detectores de metales, momento en el que el atacante intentó avanzar.

El director del Servicio Secreto, Sean Curran, afirmó que el sistema de protección “funcionó como estaba previsto”, declaración recogida por Boston Globe.

El jefe de la policía metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, explicó que el sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Allen logró superar la primera barrera de seguridad por ser huésped del hotel, pero fue interceptado antes de entrar al salón.

El protocolo interno incluyó la evacuación inmediata de Trump, Vance y la primera dama Melania Trump, junto a miembros del gabinete.

Armados, los agentes ocuparon posiciones estratégicas dentro del salón, incluyendo la zona del escenario, y establecieron un perímetro físico alrededor de la mesa presidencial, donde incluso había placas blindadas ocultas bajo el mantel, según información de Military.com y KSAT.

Coordinación, evaluación y mejoras continuas

Las medidas de seguridad del Servicio Secreto abarcan coordinación con escoltas de otras agencias, revisiones de antecedentes para todos los asistentes y un plan de contingencia basado en experiencias previas, como el atentado contra Ronald Reagan en 1981.

El entrevistado por Fox News, el ex agente Bobby McDonald, detalló que cada evento de este tipo se evalúa posteriormente para introducir mejoras y ajustes según los desafíos detectados.

Explicó que la coordinación en este tipo de operativos es compleja, ya que no solo el Servicio Secreto está involucrado: cada miembro del gabinete cuenta con su propio equipo de protección, lo que exige una articulación constante entre distintas agencias para cubrir a todos los líderes presentes.

McDonald subrayó la importancia de ubicar al personal en los lugares adecuados y de mantener rutas de evacuación despejadas para proteger a los funcionarios y asistentes ante situaciones de caos. Enfatizó que “nada sucede exactamente según el guion cuando estalla el caos”, por lo que la capacidad de adaptación y reacción rápida resulta fundamental para minimizar daños.

Además, remarcó que el éxito del operativo se refleja en la evacuación sin víctimas de gravedad, resultado de una respuesta efectiva ante un entorno con numerosas figuras de alto perfil.

Infraestructura y antecedentes en el Washington Hilton

El incidente también puso de manifiesto la dificultad de anticipar todos los escenarios posibles. La actuación del Servicio Secreto y sus aliados federales y locales fue reconocida por evitar daños mayores y asegurar la integridad de los principales líderes políticos del país.

De acuerdo con Military.com, tras el intento de asesinato de Reagan, el hotel realizó modificaciones, como la construcción de un garaje seguro para el ingreso del presidente, un elevador y una suite exclusiva con acceso restringido. Estas instalaciones forman parte del protocolo recurrente en cada edición de la cena de corresponsales.

Continuidad de la investigación y revisión de protocolos

El evento fue cancelado tras el incidente, a pedido de las autoridades, y la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca anunció que buscará reprogramarlo en los próximos 30 días.

Las investigaciones y la revisión de los protocolos de seguridad continúan, con especial atención a la coordinación entre agencias y la gestión de accesos en eventos de alta concentración de figuras públicas.

Según informó el Washington Post, el incidente llevó a la evacuación de Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del gabinete, luego de que un individuo armado superara un control del Servicio Secreto en el Washington Hilton, sede habitual del evento.

Argumentos de Trump y aliados a favor del nuevo salón

Trump defendió la iniciativa de un nuevo salón de baile al afirmar que “necesitamos el salón”, destacando sus características de seguridad como vidrios blindados, techos resistentes a drones y un búnker subterráneo.

De acuerdo con el Washington Post, el mandatario señaló que el Washington Hilton “no es un edificio particularmente seguro” y que un espacio propio dentro del complejo presidencial permitiría un mayor control y protección para autoridades y asistentes.

El proyecto, según Trump, contempla una estructura de 8.300 metros cuadrados, capacidad para 999 personas y financiamiento completamente privado.

Litigios legales y controversias patrimoniales

El medio estadounidense detalló que la propuesta ha sido objeto de intensos litigios legales. La National Trust for Historic Preservation (NTHP) demandó a la administración Trump en diciembre, alegando que la demolición acelerada del East Wing y el avance de las obras se realizaron sin la autorización previa del Congreso ni la revisión de las comisiones federales requeridas.

Según el Washington Post, Trump sostiene desde hace meses en tribunales que las avanzadas medidas de seguridad previstas justifican la continuación del proyecto, a pesar de la controversia.

El juez federal Richard Leon resolvió en marzo que Trump debía detener la construcción sobre la superficie, permitiendo solo “acciones estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de la Casa Blanca”. El equipo legal del presidente interpretó esta excepción como una vía para proseguir, pero el magistrado rechazó que el argumento de seguridad habilite la obra integral.

El Washington Post puntualizó que una corte de apelaciones permitió que las obras sigan hasta una audiencia prevista para junio, mientras persiste el conflicto judicial.

Reacciones de funcionarios y figuras conservadoras

Entre las voces que respaldan la construcción figuran el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien afirmó en la red social X que la evacuación de las autoridades durante el tiroteo “es una razón más para que el salón de Trump sea construido”.

La congresista Randy Fine, de Florida, expresó: “No deberíamos volver a escuchar quejas sobre el salón de baile de la Casa Blanca”.

Otros defensores, como Meghan McCain, Tom Fitton y Nick Adams, reiteraron la necesidad de un espacio seguro para eventos institucionales, mientras que la activista Chaya Raichik, responsable de la cuenta Libs of TikTok, escribió: “ESTO ES POR LO QUE NECESITAMOS EL SALÓN DE TRUMP”, según recopiló el Washington Post.

Críticas patrimoniales y opiniones de exfuncionarios

La publicación estadounidense también recogió el escepticismo de la NTHP, cuyos abogados manifestaron en documentos judiciales: “Es difícil creer que ni siquiera los demandados realmente piensen que la ausencia de un salón de baile masivo pone en peligro la seguridad nacional”.

Además, el Washington Post indicó que algunos exfuncionarios de administraciones anteriores, tanto demócratas como republicanas, reconocen la falta de un espacio adecuado para grandes eventos en la residencia presidencial, aunque no necesariamente apoyan la propuesta de Trump.

Inspiración arquitectónica y dimensión del proyecto

Entre los detalles arquitectónicos, Trump describió el futuro salón como “un gran proyecto legado”, inspirado en palacios como Versailles y en su residencia privada Mar-a-Lago, una referencia que el Washington Post atribuye directamente al mandatario.

Las dimensiones del salón, resalta el periódico, serían casi equivalentes al total del complejo de la Casa Blanca, lo que generó críticas de sectores preocupados por el impacto sobre un símbolo histórico nacional.

Naturaleza privada del evento y argumentos de seguridad

El Washington Post subrayó que la cena de corresponsales es un evento privado, no una función gubernamental, y que el Washington Hilton permanece abierto a huéspedes habituales durante su desarrollo.

Esta circunstancia fue utilizada por Trump y sus aliados como argumento adicional para impulsar el proyecto, al considerar que la seguridad de altos funcionarios debería quedar bajo jurisdicción y resguardo directos de la sede presidencial.

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca se consolidó durante más de un siglo como uno de los eventos más emblemáticos del periodismo político en Estados Unidos.

La edición de 2026 quedó marcada por un hecho inédito: Donald Trump asistió por primera vez como presidente, tras años de ausencia, en una gala que terminó abruptamente por un intento de ataque armado en el hotel Washington Hilton de Washington D.C.

La combinación de contexto histórico, tensiones políticas y un incidente de seguridad sin precedentes puso el foco mundial sobre el significado y la función de esta cita anual.

Un siglo de tradición periodística y poder

Desde 1921, la White House Correspondents’ Association (WHCA) organiza la gala con el objetivo de celebrar la libertad de prensa y la importancia de la cobertura presidencial independiente.

La cena reúne a periodistas, funcionarios, figuras públicas y celebridades en una noche donde se entregan becas y premios a la excelencia periodística. Según la propia organización, la cena “celebra la Primera Enmienda y apoya nuestro trabajo, incluyendo premios y becas para la próxima generación de reporteros”, explicó la WHCA en su comunicado oficial de 2026.

La gala se convirtió en un símbolo del vínculo —a veces tenso y otras veces cordial— entre el poder político y los medios. Tradicionalmente, el presidente en funciones participa en el evento y ofrece un discurso, en ocasiones informal o humorístico, dirigido tanto a la prensa como al propio gobierno.

La velada suele incluir invitados especiales del mundo del espectáculo y actuaciones que buscan distender la relación habitual entre periodistas y autoridades.

La primera vez de Trump: un giro histórico

El carácter excepcional de la edición 2026 radicó en la presencia de Donald Trump. El mandatario nunca había acudido durante sus anteriores mandatos, justificando su ausencia por el tratamiento “extraordinariamente malo” y la difusión de “noticias falsas” por parte de la prensa nacional.

“Espero estar con todos este año. Ojalá sea algo muy especial”, anticipó el propio Trump semanas antes del encuentro, en declaraciones recogidas por Politico. Su decisión de asistir fue interpretada como un gesto de apertura tras años de confrontación con los medios.

La presidenta de la WHCA, Weijia Jiang, celebró la aceptación de la invitación. “Estamos felices de que el presidente haya aceptado nuestra invitación y esperamos recibirlo”, declaró a Axios.

La última vez que Trump había participado en la gala fue en 2011, cuando aún no ocupaba cargos públicos. La relación entre la administración Trump y la prensa estuvo marcada por restricciones a la cobertura, revocación de credenciales y fuertes críticas públicas.

El evento de este año también contó con la presencia de la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, la secretaria de prensa Karoline Leavitt y representantes del gabinete y del Congreso. Asistieron cerca de 2.600 invitados, según cifras oficiales difundidas por CBS News.

Un ataque armado altera la celebración

La velada fue interrumpida abruptamente cuando un hombre armado con dos pistolas y cuchillos atravesó un control del Servicio Secreto en el acceso al hotel.

CBS News informó que el individuo fue interceptado antes de llegar al salón principal donde se desarrollaba la cena. Uno de los agentes recibió un impacto de bala, pero fue protegido por su chaleco antibalas, lo que evitó lesiones mayores.

“El agente resultó herido durante el operativo, pero su vida no estuvo en riesgo gracias al equipo de protección”, detalló el informe de CBS News.

Los asistentes, incluidos altos funcionarios y representantes del Congreso, se refugiaron bajo las mesas mientras los equipos de seguridad desplegaban un operativo de evacuación.

El presidente Trump y la primera dama fueron escoltados fuera del escenario por agentes del Servicio Secreto 20 segundos después del inicio de los disparos, mientras que el vicepresidente Vance fue evacuado aún más rápido.

Jiang, anunció minutos después la cancelación oficial de la gala y la intención de reprogramarla en menos de un mes. La presidenta de WHCA recordó ante el auditorio: “El periodismo es un servicio público porque, cuando hay una emergencia, corremos hacia la crisis y no en sentido contrario”.

El trasfondo político y social de la gala

La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca trasciende el glamour y la notoriedad mediática. El evento representa un espacio único de contacto entre el gobierno de Estados Unidos y los medios, en un contexto donde la defensa de la Primera Enmienda se vuelve central.

La recaudación obtenida financia becas para estudiantes de periodismo y sostiene programas de formación para jóvenes reporteros, como subrayó la organización en su sitio oficial.

The Washington Post y The New York Times señalaron que la cena, más allá de los discursos y las anécdotas, funciona como un termómetro de las libertades cívicas y la transparencia informativa.

La edición de 2026 ratificó ese papel, al ocurrir en un momento de máxima tensión y con una inédita respuesta de seguridad.

Consecuencias y próximos pasos

Tras el incidente armado, las autoridades federales abrieron una investigación y la WHCA anunció que el evento será reprogramado en los próximos 30 días, con la expectativa de implementar protocolos de seguridad reforzados.

La edición quedará asociada a la doble condición de ser la primera con Trump como presidente y la más afectada por un incidente de seguridad en su historia reciente.

A través de sus diferentes redes sociales, la también reportera informó en un video publicado tras su regreso a casa: “Gracias a Dios el presidente está bien. Gracias al Servicio Secreto y la policía de Washington, no hay nadie herido”, relató Salazar, que también remarcó su cercanía con la puerta donde ocurrieron los hechos.

El evento convocó a la representante republicana como invitada de la cadena NBC y recordó que todos los integrantes de la cadena televisiva que la acompañaban en su mesa debieron refugiarse debajo de esta para evitar ser alcanzados por una de las balas.

De acuerdo con el documento de investigación, el atacante disparó al menos seis veces en la zona de magnetómetros de seguridad a las 8:40 p. m.

El operativo forzó la evacuación de figuras centrales, incluidos el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y miembros del Gabinete, que fueron protegidos por el Servicio Secreto y salieron del hotel después de las 9:45 p. m.

Salazar destacó su experiencia como comunicadora expuesta a escenarios de conflicto: “Como yo cubrí la guerra, yo sé cómo los tiros suenan. Dije: ‘Esto es un tiroteo’”, explicó, haciendo referencia a su reacción inmediata de buscar protección.

Ya segura en su domicilio, la congresista celebró el desenlace: “Ha habido un final feliz y el presidente dice que dentro de los próximos treinta días la fiesta va a continuar”, aunque reconoció que el momento fue especialmente difícil.

Ese mismo sábado, el presidente Trump anunció en su red social que el atacante había sido detenido e informó sobre la realización de una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Salazar, al recapitular el episodio, reivindicó la importancia de un periodismo que defienda la verdad basada en hechos, tras más de 35 años en la profesión antes de llegar al Congreso.

En redes sociales, el periodista de Noticias Caracol también reportó la situación que se vivió al interior del auditorio en el que los asistentes estaban bastante consternados, pues según su relato, una persona habría intentado ingresar al evento y disparó lo que alarmó a las autoridades presentes en el lugar.

En uno de los videos difundidos en su cuenta de Instagram durante una transmisión en vivo, se logra apreciar cómo integrantes del Servicio Secreto buscan a uno de los funcionarios para evacuarlo del salón en el que se encontraba.

“Fueron momentos aterradores y de bastante tensión... Estábamos en medio de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca cuando escuchamos disparos fuera del auditorio, muy cerca y el presidente de los Estados Unidos fue evacuado inmediatamente”, indicó el comunicador a Noticias Caracol.

Las primeras imágenes proporcionadas por el corresponsal de Infobae en Washington, Román Lejtman, dan cuenta del hombre tendido en el suelo con la cara y el torso descubiertos. En otro video, se lo ve rodeado de agentes intentando tapar al hombre de los periodistas que se acercaban para fotografiarlo.

Unos 30 minutos después del incidente, Trump ya había publicado en Truth Social: “Toda una velada en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que el show continúe, pero me guiaré por lo que decidan las fuerzas del orden”.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera evacuado de la cena que compartía con los corresponsales de la Casa Blanca por el tiroteo ocurrido en el Hotel Washington Hilton, el Gobierno de Javier Milei condenó los hechos que habrían tenido como blanco al jefe de Estado norteamericano.

“La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el Presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca”, manifestaron a través de un comunicado oficial compartido en la red social X.

Poco después de que se confirmara que el mandatario norteamericano se encontraba fuera de riesgo, las autoridades señalaron: “Celebramos que tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos”.

De la misma manera, reconocieron el rápido accionar de las fuerzas estadounidenses para capturar al presunto autor del atentado. Por esto, elogiaron que “el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien”.

A modo de cierre, el presidente Javier Milei reiteró de manera explícita su rechazo a la violencia política y a los discursos que la incentivan internacionalmente. “El Presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques”, aseguró la declaración difundida por la Oficina del Presidente.

Así fue el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca de la que fue evacuado Donald Trump

Pese al incidente de seguridad acontecido durante la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado por la noche en el Washington Hilton, el presidente Trump resultó ileso. El evento, que reunió a periodistas, funcionarios y figuras públicas, se vio interrumpido por una amenaza no especificada que obligó a evacuar a varios altos cargos del gobierno estadounidense.

Según reportes preliminares, un agente de las fuerzas del orden confirmó que un tirador abrió fuego en las inmediaciones. Por este motivo, el Servicio Secreto y otras autoridades ingresaron rápidamente al salón de banquetes mientras cientos de invitados se resguardaban bajo las mesas.

Varios testigos relataron que los asistentes, vestidos con ropa de gala, se agacharon al escuchar los gritos de seguridad, mientras los camareros se preparaban para servir el siguiente plato del menú. El presidente Trump permaneció a salvo durante el incidente, debido a que fue evacuado junto a su esposa del salón por los agentes federales.

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que “el espectáculo continúe”, pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla. Presidente DONALD J. TRUMP“, publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Luego de que brindara una conferencia de prensa sobre lo acontecido, Trump pidió que “el espectáculo continúe”, una mirada que iba en contra de las indicaciones que las fuerzas del orden pudieran brindar al respecto. “Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla”, afirmó.

Respecto al hombre que fue detenido por los agentes federales, el jefe de Estado norteamericano lo calificó como un “aspirante a asesino” y un “enfermo”. Asimismo, hizo un repaso de la cantidad de ataques que sufrió desde la campaña electoral que lo llevó a su segundo mandato.

“Esta no es la primera vez en los últimos años que nuestra república fue atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, recordó Trump, en referencia a los intentos de asesinato en Butler, Pennsylvania, y en Palm Beach, Florida.

Por otro lado, confirmó que un agente resultó baleado, pero que no sufrió lesiones gracias a su chaleco antibalas. “Le dispararon desde muy corta distancia con un arma muy poderosa, y el chaleco hizo su trabajo”, señaló el presidente de EE.UU, quien agregó que habló personalmente con el oficial: “Está en muy buena forma, con el ánimo muy alto”.

La Fiscalía General del Estado de Puebla activó protocolos de prevención ante la difusión de un reto viral falso que alertó a la comunidad escolar sobre un supuesto tiroteo en planteles educativos.

La medida se tomó después de que circularan mensajes en redes sociales con amenazas que generaron preocupación entre madres, padres, personal docente y directivos escolares, según informó la propia institución en un comunicado.

El desafío, considerado falso por las autoridades, ha sido llamado “Tiroteo Mañana”.

La dependencia ministerial sostuvo que mantiene coordinación directa con la Secretaría de Educación Pública del estado.

El reto viral consiste en que presuntos estudiantes realizan pintas en los muros y baños de la escuela o escriben amenazas en libretas, posteriormente comparten imágenes de estos mensajes en redes sociales para advertir sobre un supuesto ataque armado en el plantel.

Esta dinámica ha generado preocupación entre la comunidad escolar, sobre todo luego de los recientes hechos de violencia ocurridos en Teotihuacán, Estado de México, donde se registró un ataque en la zona arqueológica que dejó como saldo dos personas muertas -entre ellas el tirador- y diversos heridos por disparos o caídas.

Las alertas sobre el reto no son exclusivas de Puebla, han estado presentes en diversos estados de la república como CDMX, Michoacán y Nuevo León.

Reunión para coordinar acciones

La SEP estatal y la FGE Puebla mantuvieron una reunión para tratar la situación.

En el encuentro interinstitucional, las autoridades coincidieron en la necesidad de actuar de manera oportuna frente a cualquier publicación, pinta o leyenda que pueda interpretarse como delito.

El objetivo es evitar la propagación de rumores y atender con rapidez los casos que puedan generar alarma social.

La Fiscalía de Puebla hizo un llamado a directivos, docentes y personal administrativo para que reporten de inmediato cualquier situación sospechosa o mensajes con apariencia de delito.

La dependencia reiteró la importancia de que los reportes sean canalizados de forma institucional para activar los protocolos de atención e investigación correspondientes.

El Ministerio Público es la instancia responsable de determinar las acciones legales y, si el caso lo amerita, solicitar la intervención de especialistas en seguridad escolar.

La Fiscalía subrayó que la confidencialidad de los datos personales y el respeto a los derechos de las y los estudiantes están garantizados en cada intervención.

Llamado a evitar difusión de rumores

Además, la Fiscalía General del Estado de Puebla exhortó a la ciudadanía a no difundir información no confirmada ni contribuir a la generación de alarma social.

El comunicado enfatizó que la colaboración entre autoridades educativas y ministeriales es fundamental para salvaguardar la seguridad en las escuelas y garantizar que cualquier situación de riesgo sea atendida con prontitud.

La dependencia pidió a madres, padres y tutores mantener comunicación directa con las autoridades ante cualquier emergencia y evitar compartir mensajes o publicaciones que no cuenten con confirmación oficial.

La Fiscalía del estado precisó que su intervención inicia únicamente después de recibir un reporte formal.

El protocolo establece que, una vez notificada la autoridad, el Ministerio Público determina las acciones legales a seguir y, de ser necesario, ordena la intervención de personal especializado en el caso.

El ingreso del personal ministerial o pericial a planteles, así como la solicitud de información adicional, se realizará bajo procedimientos legales y con respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, según la FGE Puebla.

La propagación de amenazas en escuelas no es una broma juvenil ni fenómeno aislado, sino una patología digital frente a la cual el verdadero reto no está en viralizarla sino en la decisión de cada persona de cortar la cadena de transmisión y transformar el clic impulsivo en un filtro de responsabilidad colectiva.

Esa elección se ha vuelto un acto de conciencia en un entorno digital donde la velocidad de propagación es, a menudo, proporcional a la irracionalidad del contenido.

En la actualidad, una publicación puede convertirse en tendencia global en minutos.

El trend #Mañanatiroteo en plataformas como TikTok es ejemplo de cómo una amenaza falsa, diseñada para el consumo rápido, puede movilizar fuerzas de seguridad y suspender clases. El origen se registró en escuelas de Buenos Aires, pero la naturaleza fronteriza de las redes sociales ha llevado a mensajes similares en baños escolares de Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Hidalgo, Veracruz y Baja California.

Sin embargo, el mismo ecosistema ofrece herramientas para frenarlo. TikTok ha comenzado a implementar políticas de moderación más estrictas, eliminando contenidos incitadores de la violencia bajo etiquetas de retos.

La tecnología es insuficiente sin el factor humano. Resulta reveladora la iniciativa de estudiantes de lanzar contracampañas con lemas como “no seas cómplice”, “no es un juego”, “no a las amenazas” o “acabemos con esto”.

Respuesta orgánica de la Generación Z representativa de un cambio de paradigma: la transición del espectador pasivo al ciudadano digital activo. Al cuestionar la veracidad de la amenaza antes de compartirla, se construye una narrativa de responsabilidad y cuidado colectivo.

Para profundizar en esta defensa, las escuelas tienen la oportunidad de enseñar a las y los jóvenes a identificar una noticia falsa y las repercusiones; en la familia, el control parental puede evolucionar hacia un diálogo crítico sobre el poder que cada joven tiene en sus manos.

En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha impulsado el fortalecimiento de las líneas de atención del C5, con la intención de consolidar un sistema de respuesta tanto para emergencias como para la denuncia ciudadana.

Reportar a través del 9-1-1 o del 089 ayuda a preservar la tranquilidad escolar.

Viralizar la conciencia y asumir el reto de no compartir contenidos falsos o violentos es una forma de cuidado a toda la comunidad.

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Un reto viral internacional encendió alertas entre las autoridades mexicanas en medio de una creciente preocupación por los recientes tiroteos en el país, como el que ocurrió en una preparatoria de Michoacán, en marzo pasado, y el de esta semana en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó dos personas fallecidas, entre ellas el agresor.

Fiscalía de Puebla alerta sobre reto viral

En Puebla, la Fiscalía General del Estado informó que inició investigaciones tras la difusión del reto viral denominado “tiroteo mañana”.

En un comunicado, la dependencia indicó que ya aplicó protocolos especializados en la protección de niñas, niños y adolescentes, y mantuvo coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para reforzar acciones preventivas.

Sin embargo, la Fiscalía exhortó a madres, padres, docentes y estudiantes a no difundir información no verificada y a reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades.

Asimismo, reiteró que cualquier conducta que genere alarma o implique la comisión de un delito será investigada y sancionada conforme a la ley.

Reportan 17 denuncias de amenzas de tiroteo en Nuevo León

En Nuevo León, las autoridades locales atendieron 17 reportes de amenazas de tiroteo en escuelas de distintos municipios del estado durante la última semana, tras el reciente atentado en Teotihuacán.

Detallaron que los municipios donde se reportaron estos incidentes incluyen Monterrey, Juárez, San Nicolás de los Garza, García, Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina y Linares.

Advirtieron que las amenazas, realizadas mediante mensajes escritos en paredes de planteles educativos, han generado preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes.

En respuesta, la Agencia Estatal de Investigaciones, junto con Unidades de Despliegue Estratégico y binomios caninos, desplegó operativos de seguridad y realizó inspecciones en las escuelas señaladas.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado artefactos peligrosos ni han detectado la presencia de personas sospechosas o con objetos ilícitos en los planteles afectados.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado reiteró su compromiso de mantener la vigilancia y atender con seriedad cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad escolar, recordando sucesos recientes como el ataque en Michoacán y la tragedia del Colegio Americano del Noreste en Monterrey en 2017.

Por ello, las autoridades estatales aseguraron que mantienen la coordinación con las escuelas y refuerzan los protocolos preventivos para salvaguardar la integridad de estudiantes y personal.

Alertan a maestros en CDMX

En la Ciudad de México, directivos de una escuela que se mantendrá anónima, por cuestiones de seguridad, se difundió esta semana un comunicado para advertir sobre amenazas similares detectadas en sanitarios de algunas escuelas, donde alumnos pintaron fechas y horarios de supuestos tiroteos.

Las autoridades escolares recomendaron activar protocolos inmediatos, solicitar apoyo policial y realizar revisiones de útiles escolares en coordinación con padres de familia.

El martes pasado, tras el tiroteo en Teotihuacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y se reforzará la seguridad para turistas.

En su conferencia mañanera, la mandataria señaló que el análisis oficial también incluirá la posible influencia de incidentes ocurridos en Estados Unidos sobre la sociedad mexicana y la seguridad local.

Experto advierte sobre impacto negativo de redes sociales en jóvenes tras tiroteo en Teotihuacán

Expertos advirtieron que los recientes ataques armados en la zona arqueológica de Teotihuacán y en escuelas de México evidencian el impacto negativo de las redes sociales en jóvenes.

Señalan que la difusión de retos virales y la exposición a contenidos violentos pueden influir en conductas de imitación.

Especialistas de la Universidad Iberoamericana subrayaron que la búsqueda de notoriedad y pertenencia, sumada a la falta de regulación y supervisión en plataformas digitales, incrementa la vulnerabilidad de adolescentes.

Recomendaron fortalecer la prevención, la educación digital y el acompañamiento familiar para reducir riesgos asociados a la violencia en línea y su posible réplica en la vida real.

Un adolescente de 17 años identificado como Trashawn Foster falleció la noche del viernes tras un tiroteo en el suroeste del condado de Miami-Dade, cerca de Homestead. La policía detuvo a dos adultos e incautó un arma de fuego, mientras los agentes buscan esclarecer qué motivó el violento suceso y la posible participación de los detenidos, informaron la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, autoridad policial del condado, y el canal local de noticias Local10.com.

El joven murió en el hospital después de que equipos de emergencia lo trasladaran en helicóptero desde la 282nd Street y la 125th Avenue, donde los oficiales encontraron a Foster con una herida de bala, reportó también la cadena estadounidense en español Telemundo 51.

En el lugar la policía localizó varias vainas de proyectil y recuperó un arma. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre acusaciones formales ni esclarecieron el grado de implicación de los adultos bajo custodia.

La policía investiga el motivo y pide colaboración ciudadana

Aunque los investigadores lograron avanzar en la identificación de los protagonistas y en la recolección de pruebas materiales, el motivo detrás del tiroteo sigue sin conocerse. Un portavoz de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, autoridad policial del condado, explicó al canal local de noticias Local10.com: “No sabemos qué originó el hecho”.

Las autoridades agregaron que había un parque cercano y que se analizarán todas las posibles hipótesis.

El tiroteo ocurrió en las inmediaciones de un parque, un punto habitualmente concurrido por personas menores de 18 años del vecindario. La policía recogió varias vainas de bala y un arma de fuego en la escena del crimen. La investigación continúa abierta para determinar la circunstancia exacta y el papel de los involucrados. Hasta el momento, no se han presentado cargos contra los dos adultos detenidos.

Las fuerzas de seguridad han solicitado la colaboración de testigos que puedan aportar información. Los agentes detuvieron a dos adultos bajo custodia tras interceptar un vehículo relacionado con el hecho. Según la versión policial, la participación de estos individuos todavía no está clara.

El portavoz del sheriff, citado por Local10.com, señaló: “Los dos bajo custodia son adultos. Por el momento, no sabemos su grado de implicación”.

Testimonios y cronología del hecho

Erik, un residente que paseaba a su perro en el momento de la agresión, relató que escuchó al menos ocho detonaciones y presenció a niños huyendo del lugar, según informó Telemundo 51. “Vi a muchos chicos corriendo, y observé al joven que recibió el disparo. Tenía 17 años. Corrió hacia la casa donde ahora está la policía, esa era su casa”, expresó Erik al canal local de noticias Local10.com. Según el testigo, la conmoción fue inmediata: “Me quedé en shock, como frizado”.

Vecinos señalaron a la cadena estadounidense en español Telemundo 51 que incidentes similares no son aislados en el barrio.

El tiroteo se desató pasadas las 18:00, cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia por un herido de bala. A la llegada de los uniformados, Foster seguía con vida y fue trasladado en helicóptero. Horas después, murió pese a los esfuerzos médicos.

Respuesta institucional y contexto local

Las autoridades han incrementado la vigilancia en el área tras el hecho, aunque aún no han difundido información sobre el trasfondo del conflicto. Los detectives recolectaron pruebas balísticas en el lugar y continúan con entrevistas a residentes y análisis de cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con la información de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, autoridad policial del condado citada por Local10.com, la investigación se centra en reconstruir los minutos previos al enfrentamiento y las relaciones entre Foster y los adultos detenidos. “Hubo un intercambio de disparos entre Foster y uno de los adultos bajo custodia”, precisó la institución, aunque aclarando que todos los escenarios permanecen abiertos.

La policía ha reiterado el llamado a cualquier persona con datos sobre el suceso a comunicarse con las autoridades para aportar información relevante.

La visita de Ericka Sotomayor a la imponente pirámide de Teotihuacán, en el Estado de México, terminó en pánico y confusión tras un tiroteo que dejó dos muertos y numerosos heridos.

La ciudadana peruana grababa videos para sus redes sociales cuando, a plena luz del día, un hombre armado irrumpió entre los turistas y abrió fuego.

De acuerdo a la narración que Sotomayor brindó para Buenos Días Perú, matutino de Panamericana Televisión, el atacante gritaba insultos y amenazas mientras disparaba a quemarropa, provocando una estampida y obligando a decenas a lanzarse al suelo para intentar salvarse.

“Me siento agradecida, bendecida, amada por la vida porque estoy aquí”, expresó la mujer, quien detalló que el agresor, identificado después por las autoridades como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, llevaba una bolsa con municiones y objetos extraños, incluyendo una cruz, un cuchillo y unas tijeras.

Según la Fiscalía del Estado de México, el ataque fue premeditado y el hombre había planeado todo con una anticipación de, aparentemente, tres años

“En esos dos balazos creo que han matado a dos personas y después la gente comenzó a salir, a bajar. La pirámide es supe empinada y ya no he podido bajar, nos hemos tirado al suelo porque el hombre seguía disparando”, relató la turista.

El caos se apoderó del lugar mientras el atacante avanzaba por las plataformas y lanzaba frases como “Los voy a matar a todos, ¿a qué vienen extranjeros a mi país?”.

Balacera planificada y fallas en la seguridad

El episodio, que duró cerca de 25 minutos, dejó al menos trece heridos. Entre las víctimas se contó una mujer canadiense, mientras que otros turistas de nacionalidades como Brasil, Colombia, Estados Unidos y Rusia resultaron afectados por impactos de bala o lesiones al intentar ponerse a salvo.

Un niño recibió un disparo en la pierna y, según el testimonio de Sotomayor, el atacante se acercó para amenazarlo de muerte antes de continuar con los disparos. “Y el niño decía: ‘¿Por qué me quiere matar a mí?’”, recordó la peruana.

Las autoridades mexicanas informaron que el agresor se suicidó en el sitio luego de ser acorralado por la Guardia Nacional, que le disparó en una pierna para intentar detenerlo. En su mochila, los peritos hallaron cartuchos y documentos sobre el atentado de Columbine, ocurrido en Estados Unidos en 1999.

La seguridad en el acceso a la zona arqueológica de Teotihuacán quedó en entredicho tras el ataque. Sotomayor señaló que aquel día no hubo revisión de bolsos ni presencia visible de policías o ambulancias dentro del recinto. “Me pareció superextraño que no nos revisaran. Normalmente revisan, pero ese día no nos revisaron”, sostuvo la turista.

El Gobierno de México anunció el cierre temporal del complejo y la presidenta Claudia Sheinbaum prometió reforzar la seguridad en todos los destinos turísticos y zonas arqueológicas del país.

Según cifras oficiales, más de 1,6 millones de personas visitaron Teotihuacán en 2025, cifra que lo posiciona como uno de los sitios turísticos más importantes del país y de América Latina.

El hecho, que reveló el portal local 0223, ocurrió en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, ubicada en Gascón al 4800, en el barrio Don Bosco. Todo comenzó con un tradicional llamado anónimo, que advirtió sobre un supuesto artefacto explosivo en el establecimiento.

Después del mensaje, se desencadenó lo previsto. Evacuaron inmediatamente a los alumnos, docentes y directivos, con el despliegue de protocolo de las fuerzas de seguridad. El operativo concluyó, afortunadamente, sin hallazgos. La amenaza era falsa.

Luego de la interrupción escolar, la fiscal Florencia Salas quedó a cargo de la investigación y logró rastrear el número de teléfono desde el que se realizó la llamada. Con ese dato, dispuso el allanamiento del domicilio del estudiante, lo que permitió identificarlo como autor de la amenaza.

Las autoridades de la escuela coordinaron con la Justicia de Menores las particularidades del caso. Finalmente, se fijó como sanción económica una cifra equivalente al costo total del operativo policial desplegado, y la pérdida del beneficio social que el grupo familiar tenía asignado.

La directora de la escuela secundaria, Verónica Castro, habló sobre la amenaza de bomba. “Este equipo de conducción tomó como decisión no dejar pasar esta situación como una broma simple de un estudiante, sino abordarlo con la complejidad que tiene en un contexto social ya complejo”, indicó a La Nación+.

Castro explicó que, al recibir la advertencia, la escuela activó de inmediato el protocolo correspondiente. Según relató, la amenaza no ingresó al establecimiento sino que fue realizada directamente al 911, y tampoco fue necesario llevar a cabo un allanamiento. “Esta familia llamó a la comisaría y dijo que se hacía responsable porque era un miembro de su familia. Con el adulto responsable aún no me entrevisté”, explicó.

La directora contó que, desde la dependencia policial, informaron que existen sanciones económicas a los involucrados en estos episodios, y que el proceso de identificación “se hace en un plazo menor a 5 horas”. Y agregó que “si percibía un beneficio social, se le restaba un beneficio, y que la familia se tenía que hacer responsable del procedimiento, que oscila en torno a los 3 millones de pesos”.

“Hay chicos que tienen dificultades y situaciones complejas que acompañamos. Es un chico que tuvo conductas disruptivas, pero está dentro del rango adolescente se puede prever. No habíamos tenido amenazas a compañeros”, puntualizó Castro, sobre el caso señalado.

Tras el episodio, la dirección de la Escuela Astor Piazzolla dispuso que los estudiantes ingresen sin mochilas ni teléfonos celulares. Solo pueden llevar su carpeta, el cuaderno de comunicaciones y una cartuchera pequeña, todo dentro de una bolsa transparente que permita ver el contenido.

La medida se aplica en otros establecimientos educativos de distintas provincias ante situaciones similares. Este jueves se realizó en la escuela una jornada de convivencia de asistencia obligatoria, orientada a “sostener a la escuela como un territorio de paz”.

En los últimos días, tres estudiantes de sexto año de la Escuela Nuestra Señora del Camino, de entre 16 y 17 años, fueron imputados por intimidación pública después de amenazar con un tiroteo el lunes 20 de abril, según informó la Departamental DDI de Mar del Plata. El mensaje fue el clásico mensaje viral de las últimas semanas, en la puerta del baño de varones el jueves previo.

En otro episodio, la semana pasada, la Escuela Secundaria Técnica N° 2, situada en San Luis al 1445, en el centro de la ciudad, también fue evacuada tras una pintada hallada en un baño. A diferencia del caso de la Astor Piazzolla, en este episodio no se pudo identificar al responsable.

La amenaza motivó la intervención de la Brigada de Explosivos, que inspeccionó el edificio y confirmó que no había ningún artefacto peligroso en el lugar.

El gobierno bonaerense envió la semana pasada un documento a las escuelas de la provincia, con pautas de intervención frente a la ola de amenazas de tiroteos o detección de armas de fuego. Este procedimiento establece que el personal debe actuar con celeridad para priorizar la integridad de la comunidad y fija una cadena de comunicación inmediata entre directivos, inspectores y autoridades regionales.

El instructivo indica que, ante la aparición de mensajes amenazantes, la dirección de cada escuela debe radicar la denuncia ante la fiscalía para iniciar la investigación penal. Y si se exhibe un arma, los adultos deben tratar el objeto como si estuviera cargado y dialogar con el estudiante para mantener la calma, hasta que llegue la policía.

“Las inspectoras e inspectores nos están acompañando. En el territorio, en el día a día, son los docentes con el equipo de conducción los que tenemos que tomar minuto a minuto”, aclaró Castro.

Tres estudiantes de sexto año de la Escuela Nuestra Señora del Camino, de entre 16 y 17 años, fueron imputados por intimidación pública después de amenazar con un tiroteo el lunes 20 de abril, según informó la Departamental DDI de Mar del Plata. La investigación señala que los adolescentes escribieron la frase “Lunes 20/4 tiroteo, los voy a matar a todos” en la puerta del baño de varones el jueves previo, lo que desencadenó la denuncia de la representante legal de la institución.

A través de las cámaras de seguridad lograron confirmar la secuencia y reconocer a los tres alumnos involucrados. Sin embargo, al ser convocados por las autridades educativas, negaron su participación. Más tarde, se presentó uno de los adolescentes y confesó el hecho. Finalmente, los imputados se arrepintieron y, en la tarde de este jueves, entregaron de manera voluntaria sus celulares —dos iPhone 13 y un iPhone XR— en la sede de la DDI junto a sus padres, tras ser notificados formalmente del inicio de la causa penal.

El fiscal Walter Martínez Soto, a cargo de la causa, instruyó al gabinete de menores de la Delegación Departamental de Investigaciones a citar a los estudiantes e informarles sobre la formación del expediente penal. Uno de los adolescentes solicitó expresamente que no se asignara responsabilidad a sus padres por los hechos, según consta en la acusación presentada.

Las autoridades escolares detallaron que, en situaciones recientes, se registraron amenazas similares en la Secundaria N° 18 Astor Piazzolla y en el Instituto Esquiú, reforzando los protocolos internos en zonas educativas del barrio Bernardino Rivadavia.

En estas semanas de creciente violencia escolar, los especialistas advierten sobre la expansión de patrones peligrosos y la urgente necesidad de estrategias de prevención. Las investigaciones han incorporado dos hipótesis principales sobre el origen y la propagación de las amenazas contra escuelas argentinas. Por un lado, la hipótesis del “efecto imitativo” sostiene que hechos violentos recientes generan réplicas o intentos de imitación entre adolescentes de otras provincias.

Por otro lado, la Justicia y las fuerzas de seguridad investigan el impacto de los desafíos virales en redes sociales. Esta línea, se centra en la participación de menores en comunidades virtuales centradas en el “True Crime”, donde se publicita la violencia y se ponderan hechos como la masacre de Columbine, ocurrida en Estados Unidos en 1999.

Imputaron a 4 alumnos por amenazas de tiroteos en Salta

La Justicia de Salta imputó a cuatro adolescentes acusados de intimidación pública tras una serie de amenazas de tiroteo y mensajes en dos escuelas de la capital provincial. El último operativo culminó con la imputación de dos jóvenes de 18 y 19 años y un menor de 17, quienes enfrentan cargos tras descubrirse amenazas violentas en el baño de varones del Colegio Walter Adet.

Estos mensajes intimidatorios encendieron alarmas en la comunidad educativa, y de inmediato la Fiscalía Penal N° 3 del Distrito Centro, bajo cargo de Horacio Córdoba Mazuranic, dispuso investigaciones y allanamientos en los barrios Santa Ana I y Miguel Aráoz, con la autorización del juez de garantías Pablo Zerdán.

En una audiencia aparte, la fiscal Carolina Hernández imputó a un adolescente de 16 años por un hecho violento ocurrido en el Colegio Secundario Técnico República de la India. El joven admitió su participación y manifestó arrepentimiento durante la declaración, acompañado por su madre y el defensor oficial. Como resultado, se dispuso un allanamiento en su domicilio para buscar pruebas de relevancia, medida autorizada tanto por la Justicia como por la progenitora.

La Policía de Salta advirtió en un comunicado que tanto los mensajes intimidatorios escritos en escuelas como los enviados por redes sociales constituyen delitos que pueden ser investigados. Indicó, además, que los padres o tutores legales pueden ser responsabilizados por los daños y perjuicios ocasionados por los menores bajo su tutela.

La última conversación que María Guadalupe Ramírez Valencia tuvo con su hijo fue sobre un viaje a Rusia. Julio César Jasso Ramírez le dijo que un taxi pasaría por él para llevarlo al aeropuerto y que la llamaría al llegar. Nunca marcó. Horas después, su nombre apareció en todos los noticieros: era el hombre que había abierto fuego en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, matado a una turista canadiense y herido a 13 personas más.

Una llamada que la mujer hizo al Hotel Villa Meztli la tarde del 20 de abril, alrededor de las 18:00 horas, confirmó que Jasso Ramírez se había hospedado ahí durante 12 días previos al ataque.

En la comunicación, de aproximadamente cuatro minutos, la mujer preguntó por el paradero de su hijo y solicitó información sobre el taxi que, según le había dicho él, pasaría a recogerlo. Días antes, el agresor le había dado un número de celular nuevo porque, según le explicó, había tenido problemas con su equipo anterior.

Madre buscaba a su hijo como desaparecido mientras ocurría el ataque

“Me dijo que ya había ido un taxi a recogerlo, que iba al aeropuerto. Me dijo: ‘Ya que llegue al aeropuerto te marco’, y ya no me marcó. Le llamé y su número no me contesta”, relató María Guadalupe Ramírez Valencia durante la llamada al hotel, según información revelada por Telediario.

Desde el estado de Puebla y sin conocer el paradero de su hijo, la mujer solicitó información sobre el vehículo que lo habría recogido. “Quería ver si se pudiera saber qué taxi fue para por medio de ahí ver. Ya me preocupa que no me contesta”, dijo en la misma comunicación.

Durante la llamada, la madre también proporcionó el número telefónico con el que mantenía contacto reciente con Jasso Ramírez. Explicó que días antes él le había informado que cambiaría de número por problemas con su celular.

Fue hasta la noche del 20 de abril cuando la familia se enteró, a través de medios de comunicación, de que Julio César Jasso Ramírez había sido identificado como el responsable del ataque armado en Teotihuacán.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el 14 de abril, seis días antes del ataque, Jasso Ramírez adquirió un teléfono análogo. Con este movimiento, el agresor habría buscado evitar ser rastreado.

De acuerdo con la investigación oficial, Jasso Ramírez actuó solo y preparó el atentado con al menos dos meses de anticipación, desde que el 17 de febrero de 2026 contactó al Hotel Villa Meztli para reservar una habitación del 8 al 20 de abril.

En esa reservación, el agresor preguntó específicamente por la distancia y el tiempo de traslado hacia la zona arqueológica, a la que se refirió como la “Ciudad Sagrada”. El 19 de febrero realizó un depósito del 50% del costo total desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, Guerrero, y el 1 de abril envió un mensaje al hotel para confirmar su llegada. “En una semana llego. Aviso para notificar que sigo vivo”, escribió.

Según la información de chats con el hotel, Jasso Ramírez ocupó la habitación número 18, en el primer piso, a un costo de 600 pesos por noche, con un precio especial de 7 mil 800 pesos por la estancia completa de 13 días.

Así fue el ataque

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, describió a Jasso Ramírez como un individuo con perfil psicopático y tendencia a imitar crímenes cometidos en otros países.

“La evidencia recolectada arroja un perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, señaló en conferencia de prensa.

El lunes, Jasso Ramírez llegó a la zona arqueológica vestido con una camisa similar a la que portaba uno de los atacantes de Columbine y una mochila táctica. Entre sus pertenencias se encontró una imagen generada con inteligencia artificial que, según reportes periodísticos, lo mostraba junto a los responsables de la masacre de Columbine. También se hallaron materiales con alusiones a Adolf Hitler, nacido igualmente un 20 de abril, y referencias a grupos extremistas.

Durante el ataque, que duró 14 minutos, Jasso Ramírez tomó rehenes en la Pirámide de la Luna y les advirtió que el sitio era “un lugar para sacrificios, no para sus fotitos”.

La turista estadounidense Jacqueline Gutiérrez, quien estuvo retenida junto a sus padres y su novio, relató que el agresor disparó directamente contra la turista canadiense que murió y gritó: “Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí”. La misma testigo señaló que el agresor les dijo que llevaba tres años preparando el ataque.

Sobre las motivaciones, el fiscal Cervantes fue contundente: “Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad”.

Reabren Teotihuacán

La zona arqueológica de Teotihuacán reabrió el miércoles 22 de abril con un protocolo de seguridad reforzado. Elementos de las fuerzas federales revisaron tanto a personas como vehículos, con apoyo de espejos para observar la parte inferior de los automóviles.

Turistas que regresaron al sitio mostraron confianza en las medidas adoptadas. “Vimos que fue un incidente aislado, así que decidimos que valía la pena venir. No sentimos que sea inseguro”, dijo Edouard Barbier a AFP, un turista belga de 35 años que visitó el sitio con su familia.

Los comerciantes de la zona también recibieron con alivio la reapertura. “Es nuestro sustento para nuestras familias, sin ningún temor, sin ningún miedo, porque tenemos mucha vigilancia”, comentó Agustín Sánchez, vendedor de artesanías de 54 años, al mismo medio.

Por otro lado, la madrugada del jueves, una carroza ingresó al anfiteatro de la Fiscalía Regional de Texcoco para recoger los restos de Jasso Ramírez. El cuerpo fue entregado a su madre y a una hermana, quienes partieron con rumbo desconocido.

La jornada escolar en el colegio Santa Rosa de Sullana, en la región Piura, se vio abruptamente alterada tras el hallazgo de un mensaje amenazante en uno de los baños del plantel.

La comunidad educativa vivió momentos de incertidumbre luego de que la pintada advirtiera sobre un posible tiroteo. Ante la aparición del texto y la presencia de un animal muerto junto al mensaje, las autoridades activaron los protocolos de seguridad para proteger a los estudiantes y al personal.

El temor se extendió entre los alumnos, los docentes y el personal administrativo, quienes alertaron de inmediato a la dirección. Desde la administración, se envió un comunicado a los padres y tutores para informar sobre las medidas tomadas y garantizar la integridad de los menores.

El colegio solicitó la presencia de una patrulla de serenazgo y requirió apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público, instituciones que acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y reforzar la vigilancia en la zona.

Un grupo importante de padres decidió acudir al colegio para retirar a sus hijos, mientras otros esperaban información oficial sobre el desarrollo de la situación. 

Investigación en marcha

Las autoridades de Piura y del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables de la amenaza. Se revisaron las cámaras de seguridad y se tomaron declaraciones a estudiantes y personal, buscando esclarecer si el hecho está relacionado con un reto viral o si se trata de una acción aislada.

El contexto nacional muestra que la problemática no es exclusiva de Sullana. En los últimos años, instituciones educativas de Lima y otras regiones han reportado casos similares, con hallazgos de armas o mensajes intimidantes dentro de los colegios.

Según información recogida por RPP Noticias, incidentes en colegios de Chorrillos, Breña, Surquillo, San Juan de Lurigancho, Callao y Ate han puesto en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad y la supervisión en los planteles.

Las autoridades educativas y policiales reiteran el llamado a la comunidad para actuar con responsabilidad y evitar la difusión de información no confirmada. El colegio Santa Rosa entregó todas las pruebas disponibles a los investigadores y mantiene un monitoreo constante para prevenir nuevos incidentes.

Medidas y reacción de la comunidad

Mientras avanzan las investigaciones, la dirección escolar insistió en la importancia de contar con planes de seguridad activos y comunicación fluida con los padres.

Desde la PNP se recomendó a los colegios de la región revisar sus protocolos y fortalecer los canales de denuncia. La comunidad educativa de Sullana se mantiene alerta y acompaña el proceso, buscando respuestas que permitan asegurar la tranquilidad en las aulas.

Amenazas en Chorrillos

El pasado 22 de abril, el presunto hallazgo de un arma de fuego y municiones en el baño de varones del colegio Trilce, en la avenida Los Horizontes de Chorrillos, también generó preocupación entre las familias y la comunidad educativa.

Padres de familia relataron que, tras el hallazgo, surgió un mensaje en la puerta del baño que advertía un posible tiroteo el viernes 24, lo que aumentó el temor y la incertidumbre.

“Hay un mensaje que les han puesto en la puerta del baño de los niños, amenazante, que el día viernes habría un tiroteo, que no venga nadie”, explicó una madre durante declaraciones al referido medio.

Tras el tiroteo registrado el pasado 20 de abril en Teotihuacán, donde una persona resultó muerta y 13 más heridas, la hermana de Julio César Jasso, el agresor que también murió en la escena, rompió el silencio sobre lo que se dice en redes y lo ocurrido con su familia.

Diana Laura Jasso difundió un mensaje público en redes sociales donde afirmó que “el 90% de la información que se ha compartido es mentira”. Señaló que la cobertura del ataque generó datos falsos sobre su hermano y su familia.

Pidió suspender el hostigamiento digital en su contra y aclaró que no tenía relación con los hechos. En su publicación, Jasso precisó que colabora con el Gabinete de Seguridad para esclarecer detalles del crimen.

Pidió respeto a la familia y aseguró que ella no había hecho nada malo. Además anunció que pronto, junto a su madre, hablarán para los medios de comunicación:

“Todo mundo busca un minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano, que fueron a la escuela con él, etcétera, etcétera.

“En su momento, su familia —que somos mi madre y yo— aclararemos toda la situación en los medios correspondientes. Pero aún no es el momento adecuado. También aclaro que yo no tengo por qué disculparme de absolutamente nada. Yo no he cometido ningún delito. Soy una mujer muy trabajadora, nadie me ha regalado nada. Inicié desde abajo y gracias a mis clientas tan fieles durante tantos años es que he obtenido lo que tengo. Yo no tengo por qué responsabilizarme de acciones que no cometí“.

Los detalles tras el tiroteo en Teotihuacán

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, las autoridades informaron que el perfil del atacante coincidía con el fenómeno conocido como “copycat”: personas que replican actos violentos o masacres ocurridas en otros países. Las primeras investigaciones señalaron que, después de disparar con un revólver calibre .38 a las 11:30 horas, Julio César habría intentado huir de la zona. Un disparo en la pierna lo detuvo, pero después logró escalar hacia un costado de la pirámide y en ese sitio decidió privarse de la vida.

El saldo de la balacera fue de dos personas fallecidas: la turista extranjera y el propio agresor. Entre los 13 lesionados, dos eran menores de 6 y 13 años. Testigos afirmaron que la escena provocó pánico entre los cientos de visitantes que se encontraban en la zona arqueológica. Después de varias horas y la conclusión de los peritajes, la zona reabrió ese día con una vigilancia reforzada y protocolo especial para proteger tanto a turistas como a personal del INAH.

La madre del adolescente que llevó una réplica de arma de fuego a una escuela del Gran Mendoza recuperó la libertad en la noche del martes, luego de estar horas detenida preventivamente por orden del fiscal Juan Manuel Sánchez.

La decisión judicial se conoció tras que la mujer, imputada por intimidación pública agravada por la participación de un menor, presentara un pedido formal para obtener el beneficio.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que la progenitora y responsable legal del menor había sido trasladada a la Penitenciaría Provincial, tras analizarse la gravedad del episodio y el impacto social causado en la comunidad educativa.

La liberación se produjo en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, Contra el Maltrato Animal y No Especializados, en relación a las pintadas amenazantes que aparecieron en distintas escuelas de la provincia.

El proceso judicial comenzó cuando el adolescente, de 17 años, ingresó al establecimiento educativo portando una réplica de arma de fuego.

De acuerdo con la investigación, el joven actuó siguiendo una sugerencia directa de su madre, quien le habría recomendado portar el objeto para “amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco”. Tanto la identidad del menor como el nombre del colegio permanecen bajo reserva por disposición de las autoridades.

En primera instancia, la mujer fue acusada como instigadora en el expediente y el adolescente quedó imputado como autor del delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal. La calificación legal se agravó debido a la participación de un menor, conforme al artículo 41 quater. La escala penal para este tipo de delitos va de 3 a 8 años de prisión.

Sin embargo, ahora el encuadre de la causa por la que habían detenido de forma preventiva a la mujer es intimidación pública agravada por la participación de un menor.

El contexto en el que se produjo el hecho estuvo atravesado por una creciente alarma social, a raíz de la aparición de amenazas y mensajes intimidatorios en varias instituciones educativas de Mendoza. El temor entre las familias y la comunidad educativa se intensificó, lo que derivó en una menor concurrencia de estudiantes a las aulas y en la intervención de fuerzas policiales y equipos especializados en los colegios afectados.

En ese marco, el fiscal Sánchez había dispuesto la detención preventiva de la madre, considerando la gravedad de los hechos y la influencia directa que tuvo sobre su hijo. “Ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El proceso judicial seguirá su curso mientras la mujer, ahora en libertad, permanece imputada. El expediente continúa bajo investigación y la sociedad mendocina se mantiene expectante ante los próximos pasos de la Justicia.

El fenómeno de las amenazas en escuelas no se limita a Mendoza. Las autoridades investigan si el surgimiento de mensajes intimidatorios está relacionado con retos virales que circulan en redes sociales, ya que episodios similares se detectaron en otras provincias. Esta situación generó preocupación en la sociedad y derivó en la intervención de organismos de protección de menores y la policía en los establecimientos afectados.

Autoridades culturales anunciaron nuevas medidas de seguridad en la zona arqueológica de Chichén Itzá, donde desde ayer quedó prohibido el acceso con mochilas para todos los visitantes.

La decisión se da en un contexto de mayor vigilancia en sitios turísticos del país, luego del tiroteo en Teotihuacán, que dejó víctimas y generó preocupación por la seguridad en zonas arqueológicas.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida aplica para todo tipo de mochilas (backpacks), sin excepción, por lo que los visitantes deberán evitar ingresar con este tipo de objetos al sitio.

El anuncio fue emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato de las unidades de servicios culturales y turísticos del Estado de Yucatán, quienes señalaron que la disposición busca reforzar la seguridad, mejorar la experiencia de visita y contribuir a la conservación del patrimonio cultural.

Recomendaciones para visitantes

Ante esta nueva normativa, autoridades recomendaron a los turistas:

• Llevar únicamente artículos personales indispensables
• Optar por bolsos pequeños o alternativas permitidas
• Planificar su visita con anticipación para evitar contratiempos

Estas acciones buscan agilizar el acceso y reducir riesgos dentro de una de las zonas más visitadas de México.

Refuerzan seguridad en zonas arqueológicas tras ataque en Teotihuacán

Aunque el comunicado no menciona directamente el incidente, la restricción ocurre tras el reciente ataque armado en Teotihuacán, donde un agresor disparó contra visitantes en la Pirámide de la Luna, generando momentos de pánico.

El hecho encendió alertas sobre la seguridad en sitios turísticos y provocó una revisión de protocolos en distintos puntos del país.

¿Está abierto Teotihuacán hoy?

Tras el tiroteo en Teotihuacán, la zona arqueológica permaneció cerrada temporalmente mientras se realizaban investigaciones por parte de las autoridades.

Sin embargo, reportes recientes indican que el sitio reabrió al público este miércoles 22 de abril, es decir, dos días después del ataque, aunque con restricciones en algunas áreas, como la Pirámide de la Luna, que permanece cerrada por peritajes.

En condiciones normales, el horario de acceso a Teotihuacán es de 8:00 a 17:00 horas, aunque tras los hechos se prevé la implementación de mayores medidas de seguridad para visitantes.

Autoridades han señalado que la reapertura se realiza de forma gradual, con el objetivo de garantizar la seguridad de turistas nacionales y extranjeros tras uno de los incidentes más graves registrados en este sitio histórico.

Julio César Jasso Ramírez habría iniciado la planeación del ataque en Teotihuacán desde febrero de 2026, cuando realizó la reservación del hotel en el que se hospedó los días previos a la agresión.

Según la información, el agresor concretó su estancia en Hotel Villa Meztli con semanas de anticipación, lo que permitió a las autoridades reconstruir parte de la logística y el nivel de premeditación detrás de los hechos que dejaron una turista canadiense muerta y 13 personas lesionadas.

El hospedaje y la logística previa al ataque

De acuerdo con mensajes revelados por Telediario, la reservación en el Hotel Villa Meztli se formalizó mediante mensajes de WhatsApp enviados por Jasso Ramírez el 17 de febrero de 2026.

En la comunicación, el agresor preguntó si había habitaciones disponibles para una persona durante cerca de doce días en abril. El hotel confirmó la disponibilidad de una habitación individual y detalló que el costo sería de 600 pesos por noche, con un precio especial de 7,800 pesos por la estancia completa.

El 19 de febrero, Jasso Ramírez realizó un depósito del 50% del costo total desde una sucursal bancaria en Chilpancingo, Guerrero. La reservación quedó a nombre de Julio César Ramírez, con la instrucción de liquidar el resto al ingresar.

Durante el intercambio, el agresor solicitó detalles sobre la ubicación del hotel, la distancia exacta a la “Ciudad Sagrada” y el tiempo de traslado hacia la zona arqueológica de Teotihuacán.

El 1 de abril, Jasso Ramírez confirmó vía mensaje que llegaría en una semana y que terminaría de pagar el resto de la reservación al ingresar. Finalmente, el 8 de abril, se presentó en el hotel y ocupó la habitación número 18, ubicada en el primer piso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Jasso Ramírez realizó visitas previas a la zona arqueológica para conocer el terreno. El secretario de Seguridad estatal señaló que el agresor llegó a la zona en un vehículo solicitado a través de una plataforma digital y que el vehículo fue asegurado por la autoridad ministerial.

El gasto en hospedaje y logística formó parte de una inversión mayor: las autoridades estimaron que Jasso Ramírez erogó más de 41 mil pesos en armamento, incluido un revólver calibre .38 y una navaja, además de otros 10 mil pesos en municiones.

El día del ataque

La mañana del 20 de abril, Jasso Ramírez salió del hotel y recorrió aproximadamente cinco kilómetros rumbo a la zona arqueológica de Teotihuacán. El trayecto, estimado en 15 minutos, culminó cuando ingresó al sitio turístico y abrió fuego contra los visitantes.

El saldo fue de una turista canadiense fallecida, 13 personas lesionadas y el propio agresor muerto en el lugar, según el reporte oficial. Para la noche del martes, cinco personas continuaban hospitalizadas.

Tras los hechos, la habitación utilizada fue asegurada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que colocó sellos en puertas y ventanas para preservar los indicios. Peritos continúan realizando diligencias para reconstruir con mayor precisión la planeación y ejecución del ataque.

Julio César Jasso Ramírez, señalado por autoridades como el responsable del ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán el 20 de abril, habría publicado varios libros bajo el seudónimo Vilhjálmur M. Marsson antes del atentado que dejó una turista canadiense fallecida y 13 heridos.

Si bien las autoridades no han confirmado oficialmente la autoría de estos textos, post en sus redes sociales afirman que al menos uno de éstos le pertenecía. A ello se suma que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) halló entre sus pertenencias libros, manuscritos y material gráfico relacionado con el ataque.

¿Qué se sabe de sus libros?

Al día siguiente del ataque, el periodista Carlos Jiménez difundió en redes sociales imágenes donde Jasso Ramírez aparece posando con varios libros. Los ejemplares llevan el nombre de autor Vilhjálmur M. Marsson, seudónimo con el que, de acuerdo con Jiménez, el propio Jasso Ramírez se habría atribuido la autoría.

A este mismo nombre se tienen registrados otros títulos que estaban a la venta en Amazon, entre los títulos identificados se encuentran “La empresa de Marte”, “Mars Ultor: Marte Vengador”, “Passio Venerea: Suplicio de Venus”, “Mons Albus: el Monte Blanco” e “Incensum Deorum: Perfume de los Dioses”.

Estas publicaciones abordan temas de mitología grecorromana, relatos épicos, la llegada del cristianismo, sociedades secretas y tienen referencias a la masonería.

Las portadas y descripciones de los libros mencionan a la editorial Sígild Bókasafn Mars, presentada como una institución germanoislandesa con sede en Rusia. Varios textos señalan que originalmente su circulación fue restringida a miembros de la masonería, aunque posteriormente se liberaron para el público en general.

“El autor recomienda su lectura únicamente para miembros de la Masonería, sin embargo, hemos puesto a libre circulación de la población en general esta obra en específico y las demás que derivan del mismo trabajo de su original en islandés…”, se lee.

En Amazon recomendaban explícitamente adquirir los libros en el sitio oficial de la editorial (sbmars.de) para garantizar mejor calidad y beneficios, y advertían que las versiones de Amazon podían tener calidad inferior.

El sitio web vinculado a la editorial dejó de estar disponible tras el ataque, pero su contenido permanece en el archivo digital Wayback Machine. Ahí se ofrecían audiolibros gratuitos, ensayos sobre antigüedad clásica y cultura popular, así como apartados polémicos sobre religión, historia y sociedad.

Llamaba la atención la presencia de apartados de divulgación polémica, donde se encontraban títulos como “Desmintiendo a Cristo y la Biblia”, “La torre de Babel nunca existió”, “Las familias de un solo hijo viven mejor” y “La felicidad es NO tener hijos”. También se incluían secciones enfocadas en historia y mitología europea, por ejemplo “Europa va a morir”, “La cuestión Atlante” y “El día que los soviéticos descubrieron la Atlántida”.

El portal disponía, además, de apartados para preguntas frecuentes, contacto y, aparentemente, una tienda en línea para la adquisición directa de las obras. Todo el sitio mostraba un enfoque en la exclusividad y la crítica a tradiciones religiosas y culturales occidentales.

Qué se sabe de Julio César Jasso Ramírez

Julio César Jasso Ramírez tenía 27 años y era originario de Morelos. Vivió en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y su último domicilio registrado estaba en la colonia La Purísima, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. Una credencial del INE con esa dirección fue hallada entre sus pertenencias, aunque versiones señalan que ya no residía ahí.

El agresor se trasladó desde Guerrero hacia el Valle de México días antes del ataque, utilizando servicios de transporte por aplicación para llegar a Teotihuacán. Se hospedó en hoteles cercanos durante al menos tres semanas previas al atentado. En la habitación de hotel, la Fiscalía estatal encontró dos cajas de balas marca Águila, una mochila táctica, libros, manuscritos y otros objetos personales.

El fiscal José Luis Cervantes informó que, según las investigaciones, Jasso Ramírez actuó solo en la planeación y ejecución del ataque, sin que existan indicios de colaboración externa. Las autoridades señalaron que presentaba un trastorno de personalidad y que tenía tendencia a imitar actos cometidos por otros en diferentes países, fenómeno conocido como “copycat”, en especial con la masacre de Columbine en Estados Unidos.

El ataque en Teotihuacán

La agresión tuvo lugar la mañana del lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México. Según la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad, Jasso Ramírez planeó el atentado durante al menos tres semanas, realizando visitas previas y hospedándose en hoteles cercanos. El día del hecho, ingresó a la Pirámide de la Luna armado con una pistola revólver calibre .38 especial.

Aproximadamente a las 11:30 horas, abrió fuego contra los visitantes, privando de la vida a una mujer canadiense y lesionando a 13 personas, entre ellas ocho mujeres, tres hombres, un adolescente de trece años y un niño de seis años. Ocho personas ya fueron dadas de alta y cinco permanecen hospitalizadas, bajo seguimiento médico y con apoyo consular de sus respectivos países.

La Guardia Nacional logró herir al agresor en una pierna durante el operativo. Testigos y autoridades refieren que, tras verse acorralado, Jasso Ramírez se habría quitado la vida de un disparo. El arma, una pistola revólver calibre .38 especial con matrícula C90673, fue asegurada en el lugar.

Entre los objetos asegurados al agresor se encontraron una mochila táctica, un cuchillo, 52 cartuchos útiles calibre .38, literatura y manuscritos relacionados con hechos violentos, así como documentación personal y boletos de autobús.

Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que el cuerpo de la turista canadiense asesinada durante el ataque en la Zona Arqueológica de Teotihuacán ya fue entregado a sus familiares, quienes acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) en Texcoco para realizar los trámites correspondientes.

Las autoridades no revelaron la identidad ni el parentesco de las personas que recibieron los restos, pero confirmaron que se trata de allegados a la víctima.

Los restos serán trasladados a su país de origen con el respaldo de autoridades consulares de Canadá.

En paralelo, la familia de Julio César Jasso Ramírez, identificado como el agresor, se presentó en la Fiscalía Regional de Texcoco para reconocer y reclamar su cuerpo, iniciando el proceso formal de entrega. El atacante portaba una identificación con domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, aunque ya no residía en ese lugar.

Ambos cuerpos fueron trasladados previamente al Semefo, donde se les practicaron las necropsias de ley. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría sido planeado y ejecutado por el agresor en solitario.

Ataque planeado

El ataque fue perpetrado el lunes 20 de abril al mediodía, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Columbine. El agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y originario de Oaxaca, llegó el domingo a Teotihuacán proveniente de Guerrero.

Según las indagatorias, el atacante viajó a la Ciudad de México y se trasladó por aplicación al sitio arqueológico, donde se hospedó en hoteles aledaños.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el ataque no fue espontáneo. El fiscal José Luis Cervantes explicó en conferencia de prensa conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum que el agresor visitó en varias ocasiones la zona arqueológica.

El agresor gastó más de 41 mil pesos en pertrechos, transportes y hospedaje para planear el ataque. Durante el ataque, que duró 14 minutos, tomó como rehenes a varios turistas y disparó directamente contra la víctima canadiense, mientras gritaba:

“Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí”. Entre los 13 heridos hubo turistas de Colombia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y un niño de seis años. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que brindó asistencia consular a los estadounidenses lesionados.

Jasso Ramírez vestía una camisa de cuadros gris, playera del mismo color, pantalón táctico negro y botas tipo policial. Perdió una mano durante los hechos y fue herido en una pierna por la Guardia Nacional antes de suicidarse. Cuando fue inmovilizado, tomó su arma y se disparó en la cabeza.

Entre sus pertenencias se localizó una pistola de fabricación estadounidense, un cuchillo, 52 cartuchos útiles calibre .38, así como materiales alusivos a agresiones y figuras vinculadas a hechos violentos internacionales. Se encontró literatura, imágenes y manuscritos relacionados con la masacre de Columbine, además de una imagen generada por inteligencia artificial en la que se observaba al atacante junto a los responsables de ese ataque. Medios mexicanos publicaron imágenes atribuidas al agresor en redes sociales, con alusiones a Adolfo Hitler, nacido también un 20 de abril, y a grupos extremistas.

¿Qué se sabe del agresor?

Las autoridades atribuyeron a Jasso Ramírez un perfil “copycat” o imitador de crímenes. El fiscal señaló que presentó una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes.

El agresor habría mencionado a los turistas que llevaba tres años preparando el ataque y que “este era un lugar para sacrificios, no para sus fotitos”, según relató la testigo Jacqueline Gutiérrez en entrevista con Milenio.

La joven narró que no pudieron escapar durante esos minutos: “No nos podíamos mover sino caíamos abajo de la pirámide (...) si él quisiera matarnos a todos, lo hubiera hecho”.

El agresor vivió hasta hace ocho años en un barrio popular de Ciudad de México, donde era descrito como “muy tranquilo” por personas que le rentaron una vivienda. Las autoridades descartaron la participación de cómplices, señalando que actuó solo y sin colaboradores externos en la planeación o ejecución.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que es la primera vez que ocurre una agresión de este tipo en un sitio arqueológico de México y pidió reforzar los controles para evitar el ingreso de armas de fuego. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la reapertura del recinto este miércoles 22 de abril, con un protocolo de seguridad reforzado.

Cinco víctimas continúan hospitalizadas

La noche del martes la Secretaría de Gobernación informó que, de las 13 personas inicialmente reportadas como lesionadas en el ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, 8 ya fueron dadas de alta por médicos especialistas, mientras que 5 permanecen hospitalizadas bajo atención médica.

Personal encabezado por el subsecretario Arturo Medina se mantiene al tanto de las necesidades de los lesionados y sus familiares, en coordinación con el IMSS Bienestar, dirigido por Alejandro Svarch, y la Secretaría de Cultura federal.

El Gobierno de México estableció comunicación directa con las familias de las víctimas dentro y fuera del país, así como con las embajadas y servicios consulares para el seguimiento de cada caso.

El pasado lunes 20 de abril, un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, subió a la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y tomó como rehenes a varios visitantes de la zona arqueológica. El sujeto asesinó a una turista canadiense e hirió a 13 personas. Ante la presencia de la Guardia Nacional, el asesino se quitó la vida con su propia arma.

Un análisis preliminar de narraciones de testigos, mensajes y pertenencias del agresor que atacó la zona arqueológica permitió a la Fiscalía del Estado de México identificar patrones que podrían indicar que el atacante tenía un desorden psicológico.

El asesino obedecía a “una entidad”

En la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum, el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, dio algunos detalles del perfil psicológico del atacante de la zona arqueológica.

Según el fiscal, el sujeto tenía un serio desorden psicológico. Si bien no hubo oportunidad de que profesionales y las autoridades interactuaran con él, los testimonios de las víctimas y los videos que forman parte de la investigación los llevó a concluir, de forma preliminar, que su salud mental estaba seriamente afectada.

José Luis Cervantes Martínez explicó que el asesino “hacía alusiones a que recibía órdenes de una entidad que no es de esta tierra y sin especificar cuál, entonces, dicho esto, pues esa motivación sale de lo normal y se podría considerar un sujeto con alguna perturbación, pero, insisto, es sujeto de dictámenes profesionales que sería un poco apresurado darlos en este momento, sería más responsable que los peritajes y los expertos en psicología, en impresión psicodiagnóstica, emitan sus comentarios”.

Aunque el funcionario insistió en que los diagnósticos oficiales deben esperar a peritajes de especialistas, uno de los trastornos que se caracterizan por sujetos que escuchan voces que van más allá del orden natural es la esquizofrenia.

Del mismo modo, el fiscal confirmó que, aparentemente, el sujeto estaba influenciado por la masacre de Columbine, el tiroteo que marcó a Estados Unidos en 1999.

El arma con el que el asesino quiso emular la masacre de Columbine

Entre los hallazgos en la zona del crimen, Cervantes Martínez confirmó el decomiso de 52 cartuchos útiles calibre .38 especial, un arma de fuego tipo revólver de fabricación nacional —modelo 1968 con seis cartuchos— y un arma punzocortante.

Los cartuchos están reservados legalmente a las Fuerzas Armadas y la policía civil, aunque el fiscal advirtió que todavía no hay pruebas de que el agresor tuviera nexos con cuerpos policiales. Sobre el origen del armamento, Cervantes reconoce que la fuente de adquisición pudiera ser diversa desde un mercado informal o a través de un policía.

El fenómeno de las masacres, que durante décadas pareció una tragedia ajena y exclusiva de los Estados Unidos, ha comenzado a proyectar una sombra persistente y alarmante sobre México. No se trata solo de la violencia sistémica derivada del crimen organizado, sino de un patrón psicológico y cultural perturbador: la “Columbinización”.

Este término refiere a la admiración y mímica de los perpetradores de la masacre de la Escuela Secundaria de Columbine en 1999. El caso más reciente, ocurrido en las inmediaciones de las Pirámides de Teotihuacán, ha encendido las alarmas nacionales, no solo por la brutalidad del acto, sino por la simbología que el atacante dejó tras de sí, vinculándolo directamente con el mito de Eric Harris y Dylan Klebold.

Casos en México: Del Colegio Cervantes a la persistencia del patrón

La historia de estas tragedias en territorio mexicano tiene puntos de inflexión desgarradores. El caso más emblemático y directo fue el del Colegio Cervantes de Torreón en 2020. En este suceso, un menor de 11 años abrió fuego contra su maestra y compañeros antes de quitarse la vida. Lo más escalofriante fue la vestimenta del niño: una playera blanca con la leyenda “Natural Selection”, exactamente igual a la que vestía Eric Harris el día de la matanza en Colorado. Este evento rompió la burbuja de seguridad en la que se encontraba el sistema educativo mexicano respecto a este tipo de crímenes “imitadores”.

Otro antecedente relevante fue el tiroteo en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey (2017). Aunque las motivaciones iniciales se ligaron a grupos de internet como “Legión Holk”, el análisis posterior de los perfiles digitales de los involucrados mostró una clara obsesión con la estética y el desarrollo táctico de las masacres estadounidenses.

En México, estos jóvenes suelen encontrar en Columbine una estructura de “reconocimiento” ante la alienación social, replicando uniformes, manifiestos y la decisión final del suicidio como un acto de autorreivindicación nihilista. La facilidad de acceso a armas, sumada a la desatención de la salud mental, ha creado un terreno fértil para que el “efecto imitación” se consolide.

El incidente en Teotihuacán, donde un joven arremetió contra un grupo de turistas y estudiantes en un punto de gran carga simbólica para el país, reveló tras las investigaciones preliminares que el agresor consumía contenido en foros de internet dedicados a glorificar a los “natural born killers”.

La elección del escenario, aunque alejada de un aula tradicional, sigue la lógica del impacto mediático y el sacrificio simbólico que caracteriza a estos eventos, demostrando que la fascinación por Columbine ha mutado y se ha adaptado al contexto mexicano, cruzando la frontera de lo escolar hacia lo público.

El “Efecto Contagio” fuera de nuestras fronteras

La influencia de Columbine no se limita a Norteamérica; es una epidemia global que ha tocado diversos continentes, donde los perpetradores ven en Harris y Klebold a figuras casi mesiánicas de la rebelión violenta.

1. Masacre de Kerch (Crimea, 2018): Vladislav Roslyakov asesinó a 20 personas vistiendo una camiseta de “Odio” (en ruso), imitando la estética de Harris.
2. Masacre de Suzano (Brasil, 2019): Dos atacantes en una escuela cerca de São Paulo utilizaron máscaras y armas similares a las de Columbine, citando explícitamente el evento en foros.
3. Escuela Secundaria de Jokela (Finlandia, 2007): Pekka-Eric Auvinen se autodenominó un “selector natural” en su manifiesto antes de matar a ocho personas.
4. Masacre de Kauhajoki (Finlandia, 2008): Matti Saari, amigo digital de Auvinen, replicó el patrón apenas un año después, demostrando la cadena de inspiración.
5. Masacre de Kazán (Rusia, 2021): Ilnaz Galyaviev afirmó ser “un dios” y buscó superar el impacto mediático de sus “predecesores” estadounidenses.

Detuvieron preventivamente a la madre que le facilitó una réplica de arma de fuego a su hijo en Mendoza por el miedo ante las pintadas amenazantes en escuelas. La medida fue dispuesta por el fiscal Juan Manuel Sánchez, quien ordenó su traslado a la Penitenciaría Provincial luego de evaluar la gravedad del episodio y el impacto social que generó en la comunidad educativa.

La decisión judicial responde a la acusación de intimidación pública agravada por la participación de un menor, en el marco de un expediente que ya tenía a la mujer imputada desde el viernes pasado.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio Público Fiscal mendocino, la imputada es la madre de un adolescente de 17 años que llevó una réplica de arma de fuego a la escuela, cumpliendo una sugerencia directa de su progenitora.

Según indicaron desde el MPF, la detención obedece a la naturaleza y el contexto del hecho, así como a la particularidad de que la mujer, además de ser madre, instigó a su propio hijo a portar la réplica para “amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco”. El episodio se produjo en un establecimiento del Gran Mendoza, cuyo nombre las autoridades decidieron mantener en reserva.

La fiscalía sostiene que el caso se enmarca dentro de los delitos previstos en el artículo 211 del Código Penal, que sanciona la intimidación pública, agravado en este caso por la intervención de un menor según el artículo 41 quater.

La escala penal para este tipo de conducta va de 3 a 8 años de prisión, lo que implica una expectativa de cumplimiento efectivo en caso de condena.

El temor y la alarma crecieron de manera sostenida en la sociedad mendocina tras la aparición de amenazas y pintadas en varias escuelas. Este contexto de alerta, según indica el comunicado, fue valorado al definir la detención: “Ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y el alerta que se venía generando”.

La causa se inició cuando se detectó que el adolescente, de 17 años, había llevado al colegio una réplica de arma de fuego por recomendación de su madre. Las fuentes judiciales confirmaron que el menor es imputable por su edad y fue acusado como autor de intimidación pública, mientras que la mujer quedó imputada como instigadora.

En la investigación, el fiscal Sánchez consideró la gravedad de la conducta atribuida y la singularidad de la relación entre los imputados. El hecho de que la progenitora haya instigado a su propio hijo, sumado al contexto de preocupación general y la severidad de la escala penal, reforzó la decisión de ordenar su detención preventiva.

La causa seguirá bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, Contra el Maltrato Animal y No Especializados. El proceso continuará con las diligencias correspondientes mientras la sociedad permanece atenta a la evolución del expediente.

Más allá de este caso, el problema de amenazas y mensajes intimidatorios es reiterativo en varias escuelas del país. Las autoridades investigan si se trata de un reto viral surgido en redes sociales, ya que el fenómeno se repite en otras provincias. La situación provocó temor en las familias, redujo la asistencia escolar y motivó la intervención de la policía, organismos de protección de menores y equipos especializados en los colegios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre el contacto de emergencia para la atención de víctimas y testigos del atentado ocurrido el pasado 20 de abril en Teotihuacán.

Durante la mañanera de este 21 de abril en Palacio Nacional, la mandataria mexicana presentó el número 55 1000 2000 con extensión 57508, para las personas que se encontraban en la zona de los hechos y quieran brindar información o para los familiares de los afectados en la zona arqueológica.

¿Quién es el autor de la agresión de Teotihuacán?

El tiroteo dejó al descubierto detalles sobre el presunto responsable, identificado como Julio César “N”. El ataque se registró el día de ayer, cuando el agresor abrió fuego desde una zona elevada cercana a la Pirámide de la Luna, provocando pánico entre los visitantes y una estampida en el sitio.

De acuerdo con la información disponible, el sujeto disparó contra turistas que se encontraban en el lugar, lo que derivó en la muerte de una persona y varios lesionados de distintas nacionalidades. Tras el tiroteo, el propio agresor se quitó la vida.

Las autoridades identificaron al responsable como un hombre de nacionalidad mexicana, mientras continúan las investigaciones para esclarecee los hechos. También se reportó que al menos 13 personas resultaron heridas, algunas por impactos de bala y otras durante la huida.

El caso generó conmoción por tratarse de uno de los sitios turísticos más visitados del país.

Atacante habría sido influenciado por hechos violentos internacionales

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina señaló que el ataque estuvo relacionado con factores individuales del agresor y no con grupos delictivos. De acuerdo con sus declaraciones, el responsable presentaba problemas psicológicos y habría actuado influenciado por hechos violentos ocurridos en el extranjero.

Explicó que este tipo de episodios evidencian la necesidad de fortalecer políticas de atención a la salud mental, por lo que anunció que se prevé presentar un programa en esta materia. Además, pidió evitar especulaciones mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

El hecho ha llevado a reforzar el debate sobre la seguridad en espacios públicos y turísticos, así como sobre la atención preventiva en temas de salud mental para evitar situaciones similares en el futuro.

El agresor que atacó a turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán el 20 de abril destinó más de 41 mil pesos para adquirir un revólver, cartuchos y equipo táctico, según informó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad del Estado de México, durante la conferencia matutina de este martes. Las autoridades confirmaron que el atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez, preparó su acción con antelación y actuó solo.

La Fiscalía de Edomex detalló que el arma empleada fue un revólver calibre .38 especial, por el que el agresor pagó cuarenta mil pesos.

Los cartuchos útiles, de fabricación nacional y marca Águila, costaron diez mil pesos y eran de uso policial, pero accesibles en el mercado informal. En total, el atacante portaba más de cincuenta cartuchos sin percutir, además de un cuchillo y diversos objetos personales.

Municiones de uso policial y rutas de adquisición

El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, explicó que los cartuchos adquiridos por el agresor eran de venta restringida, pero se comercializan en canales informales.

“Son cartuchos de fabricación nacional, de uso policial civil, pero con alguna connotación también de fuerzas civiles de seguridad, rayan en la línea de los reservados para uso exclusivo de las fuerzas armadas. Son más accesibles que los calibres de mayor poder (...) Entonces bajo este contexto, especulando, la fuente de adquisición pudiera ser desde un mercado informal o un mal elemento que se las facilitó, puntualizó Cervantes.

El agresor percutió al menos catorce cartuchos durante el ataque, según la reconstrucción de los hechos presentada en la conferencia. El resto de la munición se mantenía en la bolsa plástica que portó todo el tiempo.

El perfil del atacante y sus movimientos previos

De acuerdo con las declaraciones, Jasso Ramírez llegó a la zona tras hospedarse en un hotel cercano. Utilizó un vehículo de una plataforma para trasladarse hasta San Juan Teotihuacán.

En su mochila se hallaron manuscritos y literatura vinculada a hechos violentos ocurridos en Estados Unidos en 1999, lo que llevó a las autoridades a explorar la hipótesis de una imitación o copycat.

La investigación ministerial señaló que no existen indicios de colaboración externa: “Esta persona actuó sola, no se detectaron indicios que permitieran suponer la participación de alguien más”, dijo Castañeda Camarillo durante la conferencia. Además, los peritajes confirmaron que todos los indicios balísticos hallados corresponden al calibre .38.

Resguardo y seguimiento

Tras el ataque, la zona arqueológica fue desalojada y asegurada por más de trescientos elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Las autoridades reiteraron que la investigación continúa para determinar los canales exactos de adquisición del armamento y las motivaciones del atacante, quien resultó herido por la Guardia Nacional y posteriormente se quitó la vida.

Luego del tiroteo que dejó un total de siete personas heridas por arma de fuego y seis por caídas, así como una mujer canadiense muerta en la zona Arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, las autoridades brindaron mayores detalles acerca del ataque.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, José Luis Cervantes Martínez, fiscal general del Estado de México, informó que las investigaciones permitieron determinar que la agresión se planeó con anticipación por parte de Julio César Jasso Rodríguez.

En las diligencias, las autoridades localizaron entre sus pertenencias indicios relacionados con la masacre de Columbine, Estados Unidos, de 1999, el cual se cometió en una escuela secundaria que dejó a 13 personas muertas y 24 heridas.

Las primeras investigaciones refieren que la agresión armada no fue espontánea, sino que se planeó con días de anticipación debido a que Julio César Jasso visitó en varias ocasiones la zona arqueológica y se hospedó en hoteles aledaños para identificar el sitio donde cometería el ataque.

“Este acto no fue espontáneo, esta persona visitó de manera preliminar, sabemos, en varias ocasiones la zona arqueológica. Se hospedó en hoteles aledaños de manera previa y desde ahí planeó y llevó a cabo las labores de acercamiento con los lugares que iba a utilizar para cometer su acción violenta”, detalló el fiscal del estado.

Además, las labores permitieron identificar que Julio César Jasso cometió la agresión de manera solitaria, sin colaboración de ninguna persona.

Llevaba imágenes de los responsables de la masacre y hasta manuscritos

El sujeto, de 27 años de edad, llevaba una mochila tipo táctica y una bolsa de plástico con 52 cartuchos útiles que sostuvo mientras detonaba el arma de fuego en contra de los turistas extranjeros. El ataque lo cometió con un revolver marca Smith & Wesson calibre .38 con matrícula C90673, el cual era de mayor antigüedad a los registros de la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos de 1968.

“Se tiene y se presume que por la forma en que los indicios fueron encontrados tuvo la oportunidad de recargar el arma al menos en dos ocasiones para accionarlo en contra de sus víctimas”, comentó el fiscal del Edomex.

Las autoridades localizaron entre sus pertenencias una credencial del INE, un teléfono celular análogo, boletos de autobús, literatura, imágenes y manuscritos que harían referencia a la masacre de Columbine de 1999.

Durante el ataque, el sujeto sometió a un grupo de turistas en lo alto de la Pirámide de la Luna, a quienes los amenazó de muerte en varias ocasiones con el arma de fuego que portaba.

Como resultado del tiroteo, una mujer canadiense falleció y 13 turistas quedaron con lesiones: siete por arma de fuego y seis por caídas. Del total solo siete permanecen recibiendo atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.

Julio César Jasso se suicidó luego de cometer el tiroteo y verse cercado por elementos de la Guardia Nacional (GN). Cervantes Martínez informó que los agentes fueron agredidos por el sujeto, lo que provocó que lo acorralaran y decidiera quitarse la vida.

En cuanto a los elementos que dispararon en contra del agresor, el fiscal detalló que al tratarse de una justificación por cumplimiento del deber, no se les fincarán responsabilidades.

El gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición para colaborar con México en las investigaciones por el ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre disparó contra turistas, causando la muerte de una visitante canadiense y dejando al menos 13 personas heridas.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, informó que entre los lesionados se encuentran varios ciudadanos de su país. A través de un mensaje en su cuenta de X, indicó que su gobierno sigue el caso con preocupación y expresó su disposición para brindar apoyo en lo que sea necesario mientras avanzan las indagatorias.

El diplomático también transmitió condolencias a las víctimas y sus familias, al tiempo que reiteró que las autoridades estadounidenses mantienen atención sobre el desarrollo de los hechos y la situación de sus connacionales afectados.

Así fue el ataque

El ataque ocurrió el lunes cuando un hombre abrió fuego desde la zona de la Pirámide de la Luna contra personas que se encontraban en el sitio arqueológico. Tras el tiroteo, el agresor se quitó la vida en el mismo lugar, de acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México.

El incidente dejó como saldo una turista canadiense fallecida y trece personas lesionadas. Entre los heridos se encuentran visitantes extranjeros, lo que generó reacciones de autoridades fuera del país y amplificó el alcance del caso a nivel internacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias tras lo ocurrido. El gobierno federal informó que se mantiene en curso la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

El caso ha puesto atención sobre la seguridad en sitios turísticos de alta concurrencia. Teotihuacán recibe diariamente a miles de visitantes nacionales y extranjeros, lo que convierte cualquier incidente en un hecho de alto impacto tanto a nivel local como internacional.

Alerta consular de EU tras el tiroteo

La Embajada de Estados Unidos en México informó que mantiene comunicación con autoridades mexicanas tras el tiroteo registrado en la zona arqueológica. Señaló que el sitio fue asegurado por fuerzas de seguridad y que las personas heridas, entre ellas ciudadanos estadounidenses, reciben atención en hospitales cercanos.

Asimismo, la embajada recomendó a sus ciudadanos mantener contacto con familiares para informar su situación, atender indicaciones oficiales y evitar la difusión de información no confirmada. También indicó que, en caso de emergencia, pueden recurrir a los canales consulares para recibir apoyo y orientación.

El fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que el ataque armado en Teotihuacán no fue espontáneo y que el agresor actuó sin la participación de otras personas.

Detalló que el responsable portaba una mochila con un arma calibre .38 especial, 52 cartuchos útiles, documentos personales, boletos de autobús, un teléfono y material escrito relacionado con hechos violentos ocurridos en la masacre de 1999 en Columbine, Estados Unidos.

De acuerdo con el fiscal, estos elementos apuntan a un patrón de imitación de ataques previos. Entre los objetos asegurados se encontraron manuscritos y literatura alusiva a ese caso, lo que forma parte de las líneas de investigación sobre el perfil del agresor y sus motivaciones.

Durante “La Mañanera” de este martes, el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, explicó que el arma utilizada, una Smith & Wesson .38 Special, no pudo ser rastreada debido a su antigüedad, al tratarse de un modelo fabricado antes de finales de la década de 1960, lo que impide ubicar su origen en los registros disponibles.

En ese mismo sentido, informó que se solicitó apoyo a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos para intentar establecer su procedencia. Sin embargo, la revisión no arrojó resultados, ya que el sistema de registro vigente inicia en 1968, lo que deja fuera este tipo de armamento y limita las líneas de investigación sobre su circulación.

“Como indicios relevantes y del material asegurado al perpetrador, además del arma y otra arma punzocortante, hay una mochila con 52 cartuchos útiles de calibre 38 especial en una bolsa de plástico", dijo.

“Entre sus pertenencias también destaco una credencial del INE, un celular análogo, boletos de autobús, una mochila tipo táctica, literatura, imágenes y manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que pudieron haber sucedido en Estados Unidos en abril de 1999”, detalló el fiscal.

Cervantes Martínez agregó que las características del arma y la cantidad de municiones utilizadas sugieren que el agresor tuvo la posibilidad de recargar, al menos, en dos ocasiones durante el ataque. Este elemento, de acuerdo con la investigación, refuerza la hipótesis de que el tirador mantuvo capacidad operativa para prolongar la agresión, lo que forma parte del análisis sobre la forma en que se desarrollaron los hechos y el nivel de preparación previo.

Desarrollo del ataque

Según la información oficial, el agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, subió a la Pirámide de la Luna alrededor del mediodía con un arma de fuego, un cuchillo y cartuchos útiles.

Testimonios recabados señalaron que el sujeto intimidó a un grupo de turistas antes de iniciar los disparos desde la parte alta del sitio. Tras la agresión, el individuo se quitó la vida en el lugar.

En cuanto a la intervención de seguridad, se informó que elementos de la Guardia Nacional lograron herir al agresor en una pierna durante el operativo. Sin embargo, al momento de ser inmovilizado, el sujeto accionó el arma contra sí mismo a corta distancia.

El hecho ocurrió hacia el mediodía, cuando visitantes recorrían la Pirámide de la Luna y testigos relataron que escucharon cerca de 20 detonaciones, luego las autoridades confirmaron que el agresor disparó desde lo alto de la estructura y estando en el lugar, se quitó la vida.

Esta es la identidad de los colombianos heridos durante el ataque en las pirámides

Entre los afectados figura un menor de seis años, identificado como Gerónimo González Castro. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el niño recibió dos impactos de bala en la tibia y el peroné del lado derecho.

Su atención inicial ocurrió en el Hospital General de Axapusco y luego pasó a centros de mayor complejidad para estabilización. La información oficial confirmó su parentesco directo con otra de las personas lesionadas.

La madre del menor, Dayana Paola Castro, de 37 años, también resultó herida durante el ataque. El reporte médico indicó lesiones por arma de fuego en la rótula izquierda y el glúteo derecho; su atención inició en Axapusco y continuó en hospitales especializados de Ixtapaluca y San Martín de las Pirámides, donde el personal médico mantuvo vigilancia sobre su evolución.

La tercera ciudadana colombiana identificada, Luisa Fernanda Puentes Altzate, de 22 años, sufrió lesiones de tipo musculoesquelético. Su ingreso al Hospital General de Axapusco permitió valoración inmediata y no exigió traslado a otro centro asistencial, según el informe entregado por las autoridades sanitarias.

Cabe destacar que la Cancillería de Colombia informó que las mujeres heridas se encuentran estables y que el consulado de Colombia en México se traslada al centro médico para ofrecer acompañamiento y asistencia consular.

El caso de los tres colombianos se suma a un listado de trece personas heridas durante el ataque armado ocurrido en el complejo arqueológico. La mezcla de nacionalidades entre los lesionados reflejó la magnitud del impacto dentro del recinto turístico, que registró escenas de pánico tras las detonaciones registradas en la zona de la Pirámide de la Luna.

Múltiples nacionalidades entre los heridos

Entre las personas lesionadas figuran una ciudadana canadiense, una mujer de nacionalidad rusa, dos mujeres procedentes de Brasil, además de cuatro mujeres y dos hombres de Estados Unidos. Todos permanecen bajo observación médica tras los hechos registrados en la zona arqueológica.

Las autoridades precisaron que no todas las lesiones responden a impactos de arma de fuego, pues también se reportan afectaciones derivadas de caídas durante el intento de evacuación del sitio en medio del pánico generado por el ataque.

El Gabinete de Seguridad mexicano confirmó que el ataque dejó además una víctima mortal de nacionalidad canadiense. Las autoridades precisaron que el agresor murió en el mismo sitio tras el uso de un arma corta, lo que cerró el episodio con un saldo de dos fallecidos.

Identifican el arma del agresor en escena del crimen en Teotihuacán

Las autoridades del Estado de México señalaron que personal pericial de la Fiscalía asumió las labores en el sitio para adelantar la recolección de elementos materiales y la verificación de lo ocurrido dentro del recinto histórico.

Ese procedimiento permitió revisar los indicios hallados en el lugar, entre ellos el arma de fuego utilizada durante el ataque contra los turistas, varios cartuchos y un arma blanca, la cual se conoció a través de una fotografía.

Luego, en el área se desplegó personal de seguridad estatal y federal para asegurar el perímetro y apoyar el traslado de los heridos. Equipos médicos y de protección civil coordinaron la evacuación hacia hospitales cercanos, mientras se mantuvo la vigilancia en los accesos del sitio arqueológico.

La provincia de Neuquén enfrenta una creciente preocupación por la reiteración de amenazas de tiroteo en su sistema educativo. En los últimos días, la aparición de nuevos episodios en escuelas de Centenario reavivó el debate sobre la seguridad escolar y la necesidad de respuestas coordinadas que protejan tanto a estudiantes como a docentes.

El fenómeno, que se replica en distintas zonas del país, motivó la activación de protocolos y la intervención de equipos interdisciplinarios para prevenir situaciones de riesgo.

La alarma se encendió especialmente en el CPEM N°31, donde el equipo directivo decidió suspender las clases en los tres turnos tras detectar un mensaje que advertía sobre una posible amenaza. La medida fue adoptada para toda la jornada del lunes y estuvo acompañada por la convocatoria a una reunión informativa con familias, en la que se analizaron los pasos a seguir y las estrategias para reforzar la prevención y la seguridad en la institución.

De acuerdo con lo informado por el portal LM Neuquén, en paralelo, el CPEM N°71 también se vio obligado a activar un protocolo de intervención. En ese caso, la aparición de carteles anónimos con amenazas dirigidas a directivos dentro del establecimiento derivó en la intervención de la Supervisión de Nivel Medio, equipos interdisciplinarios y la comisaría 52, que realizó un relevamiento en el edificio y notificó a la fiscalía. Como medida adicional, la presencia policial se incrementó en los horarios de ingreso y egreso, y se dispusieron rondines y puntos fijos en el entorno escolar, mientras que dentro de la institución se promovieron jornadas de reflexión bajo la consigna de “escuelas libres de violencia”.

Estos episodios recientes se suman a una serie de amenazas que ya habían motivado la intervención de los Equipos de Apoyo Interdisciplinario (EAOPIE) y supervisores del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Desde el área de Educación provincial, explicaron que cada situación es abordada con máxima seriedad y de manera inmediata, priorizando la contención de estudiantes, la comunicación con las familias y el trabajo conjunto con organismos como Salud, Defensoría y fuerzas de seguridad.

Aunque la sucesión de amenazas generó inquietud en la comunidad, las autoridades educativas descartan el avance hacia medidas de control estrictas —como detectores de metales o requisas— dentro de las escuelas. En cambio, la estrategia se orienta a un enfoque preventivo, centrado en el fortalecimiento de los vínculos y la convivencia escolar.

Las autoridades insisten en que la activación de protocolos busca garantizar que cualquier situación sea contenida y resuelta con rapidez, evitando la propagación del miedo y preservando el ambiente de aprendizaje. Cada amenaza es tratada como un hecho potencialmente grave, independientemente de su origen o verosimilitud. El sistema educativo neuquino sostiene que la prevención y el acompañamiento resultan más efectivos que el endurecimiento de controles físicos, una estrategia respaldada por docentes y equipos de orientación.

Uno de los aspectos más destacados por especialistas y autoridades es el impacto que tienen las redes sociales en la circulación de amenazas.

Desde el ámbito educativo subrayaron la necesidad de involucrar a las familias en el abordaje del problema. Gran parte de las interacciones de los adolescentes ocurre en entornos digitales, por lo que el acompañamiento familiar debe extenderse más allá del ámbito escolar.

El fenómeno de las amenazas en escuelas de Neuquén no es aislado, sino parte de una problemática que se replica a nivel nacional. Mientras persisten episodios similares en otras provincias, el sistema educativo neuquino prioriza sostener la calma, reforzar los protocolos y garantizar la seguridad mediante un abordaje articulado y preventivo.

Lo mismo sucedió en otras provincias del país, como Salta, Tucumán y Córdoba. De hecho, en esta última, se registraron alrededor de 100 denuncias por amenazas en escuela en tan solo una semana.

Todo esto comenzó a tener trascendencia pública tras el tiroteo en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, en el que un adolescente mató a un compañero de otro curso de un tiro. Luego, se conoció que existía una red, autodenomicada True Crime Community, un fenómeno digital que reúne a personas interesadas en el análisis, la discusión y, en algunos casos extremos, la admiración o emulación de crímenes reales, especialmente aquellos que involucran ataques violentos y homicidios masivos. En este contexto, se gestó el ataque a la escuela santafesina y la situación no tardó en replicarse en otras provincias.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima al 911, donde un vecino alertó sobre mensajes publicados en redes sociales que hacían referencia a la posibilidad de una masacre en el Colegio Juana Manzo.

En los posteos, el joven exhibía una pistola y anunciaba: “Nos vemos mañana”.

Las autoridades analizaron capturas de pantalla y rastrearon los perfiles de Instagram y un canal de WhatsApp vinculados al caso. Tras cotejar las imágenes con el Consejo Escolar de San Miguel, confirmaron que se trataba de un alumno de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”, también ubicada en ese distrito.

El juez Marcelo Kohan, del Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial de San Martín, autorizó el allanamiento en el domicilio del menor. El operativo fue llevado a cabo por la DDI San Martín y la SubDDI San Miguel.

Durante la inspección, la policía encontró una pistola de gas comprimido similar a una 9 milímetros, una munición percutada, siete teléfonos celulares y una notebook. Todo el material fue secuestrado para ser peritado en el marco de la causa por intimidación pública.

En el caso interviene el fiscal de Menores Fernando Sirni. Por el momento, no se adoptó ninguna medida restrictiva sobre el adolescente ni sobre su familia.

La seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas generó alarma y respuestas judiciales en varias provincias argentinas, con mensajes intimidatorios que aparecieron en baños, paredes y redes sociales de colegios, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y llevó a la intervención de la policía, la justicia y organismos de protección de menores.

En Mendoza, la situación derivó en más de 50 denuncias en pocos días, en su mayoría por pintadas y mensajes en redes sociales. En ese contexto, un chico de 17 años y su madre fueron imputados luego de que el joven llevara una réplica de arma a la escuela por sugerencia de la mujer.

Además, se abrieron causas por otros episodios similares y se reforzaron los controles en los colegios afectados.

Otro menor de 16 años fue detenido en Santa Fe, más precisamente en el departamento Rosario, por nuevas amenazas, mientras que en Córdoba ya son ocho los adolescentes imputados por amenazas agravadas por anonimato, en un contexto donde se investigan más de 100 episodios en la capital y el interior provincial.

Tucumán, Santiago del Estero, La Plata y otras jurisdicciones también reportaron casos recientes. En todos los distritos, las autoridades insisten en que estas amenazas no son bromas sino delitos, y que ante cualquier hecho de este tipo se debe dar aviso inmediato para proteger a la comunidad educativa y garantizar la continuidad del ciclo escolar.

En este contexto, además, en Mar del Plata y ciudades aledañas la Justicia dispuso que los padres de alumnos que realicen amenazas deberán pagar los costos de operativos policiales.

La Justicia de Mar del Plata decidió que los padres de estudiantes identificados como autores de amenazas en escuelas deberán hacerse cargo de los costos de los operativos policiales y los daños causados en cada caso.

La disposición fue adoptada por el fiscal general Fabián Fernández Garello y ya fue instruida a los fiscales del Departamento Judicial de Mar del Plata, que abarca los partidos de General Pueyrredón, Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita.

La decisión llegó tras una serie de amenazas de tiroteos que se repitieron durante la última semana en distintos establecimientos educativos de la región, siguiendo la tendencia nacional.

Según fuentes judiciales, hasta el momento hubo al menos 10 episodios registrados y ya fue imputado un adolescente de 17 años por el delito de intimidación pública. Los investigadores analizan ahora el teléfono del menor para determinar si existe algún vínculo con retos virales o fenómenos similares.

Fernández Garello explicó a Infobae que la medida se sustenta en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que establece la responsabilidad objetiva y solidaria de los padres por los daños provocados por sus hijos menores de edad que conviven con ellos.

Según el texto legal, “los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos”.

El fiscal general remarcó que el objetivo de la decisión es convocar a la sensibilidad de las familias y promover el diálogo en los hogares. “Estas cuestiones hay que arrancar conversándolas en la casa”, señaló a este medio.

En esa línea, agregó que se pretende que aquellos padres que no tienen mucha comunicación con sus hijos reflexionen, tomen conciencia y hablen con los chicos, sobre todo durante el fin de semana, para evitar que el ciclo escolar continúe afectado por estos episodios. “Queremos empezar el lunes de otra forma”, dijo.

Además, recordó que este esquema de responsabilidad civil ya se aplicó hace algunos años ante una ola de amenazas de bomba y que en ese momento la problemática se cortó rápidamente.

De acuerdo al Diario La Capital de Mar del Plata, la preocupación por la seguidilla de amenazas llevó a que se realizaran reuniones entre autoridades judiciales, representantes de colegios municipales y el Obispado, ante casos registrados en escuelas como el Instituto Fray Mamerto Esquiú, Colegio Nuestra Señora del Camino, EMES 206, Colegio Huailen, Instituto Educativo Punta Mogotes, Instituto Nueva Pompeya, Instituto Santa Cecilia y Primaria Nº27 “Eduardo Peralta Ramos”.

Hasta el momento, los casos siguen en trámite y la Justicia local no descarta nuevas imputaciones en las próximas horas.

Un problema educativo federal

Las amenazas de tiroteos en escuelas se extendieron a lo largo de todo el país y obligaron a las autoridades de distintas jurisdicciones a activar protocolos de emergencia, con operativos policiales, suspensiones de clases e investigaciones judiciales abiertas en varias provincias.

En Mendoza, más de 50 denuncias fueron presentadas desde el miércoles. Las autoridades imputaron a un adolescente de 17 años y a su madre, luego de que el menor llevara una réplica de arma a la escuela por recomendación de la mujer.

En Santa Fe, la policía detuvo este jueves a un adolescente de 16 años en el departamento Rosario. Las autoridades provinciales recordaron que estos hechos no son bromas, sino delitos, y pusieron en marcha un protocolo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Educación.

En Córdoba, ya fueron imputados ocho adolescentes por amenazas agravadas por anonimato. Las fiscalías trabajan sobre más de 100 episodios registrados en la ciudad capital y otras localidades del interior. Las intimidaciones se repiten con mensajes en baños, redes sociales y hojas dejadas en los colegios.

Tucumán también enfrenta una ola de amenazas. El jefe de policía local confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos para reforzar el control en los establecimientos educativos, en medio de una caída marcada en la asistencia escolar.

En La Plata, la gravedad de la situación quedó expuesta tras varios allanamientos en el colegio Emanuel, donde dos menores fueron señalados como autores de mensajes intimidatorios. Durante los operativos se incautaron armas de aire comprimido, municiones y chalecos antibala.

Las amenazas también llegaron a Santiago del Estero, donde este viernes apareció una pintada con frases intimidatorias en los baños de la Escuela Normal “Manuel Belgrano”. A su vez, en la ciudad de Suncho Corral se halló un papel con advertencias de un supuesto ataque, generando alarma en toda la comunidad educativa.

Un adolescente de 17 años fue imputado junto a su madre en la provincia de Mendoza luego de que el menor llevara una réplica de arma de fuego a la escuela por sugerencia de la mujer, en medio de la preocupación generada por las recientes amenazas en instituciones educativas.

La causa está caratulada como intimidación pública y se encuentra bajo investigación, según informaron el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y fuentes judiciales a Infobae.

De acuerdo con la información oficial, la madre recomendó a su hijo que llevara la réplica “para amedrentar a los compañeros en caso que alguno se vea loco”. El hecho se produjo en una escuela del Gran Mendoza, aunque las autoridades evitaron precisar el nombre del establecimiento.

La fiscalía imputó a la mujer por el delito de instigación a la intimidación pública y a su hijo como autor, en el marco del artículo 211 del Código Penal. Además, se aclaró que el adolescente es imputable por tener 17 años.

En paralelo, otro menor de 16 años fue imputado por haber publicado en redes sociales una fotografía de una réplica de arma con un mensaje intimidante.

Las fuentes señalaron que en las últimas horas también se tomó declaración informativa a tres menores no imputables (por ser menores de 16 años) en el marco de hechos similares anteriores y que un menor de 15 años fue notificado por llevar una réplica a la escuela, aunque no puede ser imputado penalmente.

Según el MPF mendocino, desde el miércoles se recibieron más de 50 denuncias por amenazas y mensajes intimidatorios en escuelas de la provincia cuyana. La mayoría de los casos involucra pintadas en baños o mensajes en redes sociales que advierten sobre posibles tiroteos.

Como se vio a lo largo de estos días, el fenómeno se repite en otras provincias del país y las autoridades investigan si se trata de un reto viral surgido en redes sociales.

La situación generó temor entre las familias y afectó la asistencia escolar, además de disparar la intervención de la policía, organismos de protección de menores y personal especializado en los colegios.

Un alumno detenido en Santa Fe

A casi tres semanas del ataque ocurrido en la Escuela Nº40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde el agresor fue detenido y un menor falleció, en la provincia de Santa Fe también se registraron amenazas de tiroteos en distintas escuelas, lo que generó aún más preocupación en la comunidad educativa y entre las autoridades.

Según informó el gobierno provincial, este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un adolescente de 16 años en una localidad del departamento Rosario, tras una serie de amenazas. Durante el operativo, se realizó un allanamiento y se secuestró material vinculado a la causa.

Al referirse a estos casos que se repiten en distintos puntos del país, la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, remarcó que realizar este tipo de amenazas “no es una broma, es un delito de intimidación” y advirtió que “tiene consecuencias”.

La funcionaria subrayó que la provincia trabaja con un protocolo conjunto entre los ministerios de Seguridad y Educación. En ese sentido, destacó la rápida respuesta del 911, con tiempos de llegada “de entre 5 y 6 minutos a los establecimientos”, sumado al trabajo investigativo posterior.

Un problema educativo federal

En La Plata, hubo un caso que adquirió mayor gravedad. Se realizaron allanamientos en el colegio Emanuel, ubicado en 200 entre 40 y 41, en la localidad de Lisandro Olmos. Dos menores fueron señalados como autores de los mensajes y, durante los operativos, se les incautó armas de aire comprimido, municiones y chalecos antibala.

La alerta se encendió porque circuló una foto del niño en redes sociales, empuñando las réplicas junto a las frases “Mis armas” y “Los espero mañana”. La investigación quedó a cargo de la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Carmen Ibarra, y de la jueza de garantías, María José Lescano.

En Tucumán, el jefe de Policía local, Joaquín Girvau, confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos por las amenazas de tiroteo que se registraron en diferentes colegios y escuelas. “Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio. Hay que ser contundentes a la hora de actuar”, dijo el jefe de la fuerza ante la prensa local.

En Córdoba, ya son ocho los adolescentes imputados por actos intimidatorios en escuelas. La Fiscalía Penal Juvenil del 4 turno de Córdoba los imputó por el delito de “amenaza agravada por anonimato”.

Las autoridades informaron que “se trabaja sobre más de 100 hechos en la ciudad de Córdoba. Además hay actuaciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. En todas las jurisdicciones se están tomando medidas procesales a fin de esclarecer los casos”.

Este viernes apareció una pintada en la Escuela Normal “Manuel Belgrano” de la ciudad de Santiago del Estero. “20/04 tiroteo, nadie se salva. Van a morir todos, policías y todo”, se lee en el escrito en uno de los baños del establecimiento.

En la misma provincia, pero en la ciudad de Suncho Corral, se registró otro caso más. En el baño de mujeres de la Escuela Secundaria N°5 se encontró un papel con amenazas explícitas que advertían sobre un supuesto ataque previsto para el próximo 22 de abril. El contenido, redactado en forma de diálogo, hacía referencia a la intención de “matar a todos”.

Los alumnos de la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal regresarán hoy a las aulas tras el tiroteo ocurrido a principios de mes. Debido al ataque, un estudiante de 13 falleció, otros ocho resultaron heridos y el autor de los disparos -un adolescente de 15- quedó imputado.

En principio, el retorno iba a ser este miércoles, pero debido a un fuerte temporal de lluvia, donde cayeron mas 200 mm en varias provincias del país, especialmente en Santa Fe, debieron postergarlo.

Según informó Rosario3, el establecimiento abrirá nuevamente sus puertas para el reencuentro presencial de los alumnos, luego de que las autoridades escolares mantuvieran reuniones informativas con padres y madres durante la jornada.

El cronograma de reinicio contempla un regreso progresivo por etapas, con un acompañamiento especial para los estudiantes y el personal docente. De acuerdo con el reporte de El Tres, la comunidad educativa busca restablecer la rutina escolar bajo estrictas medidas de seguridad, después del 30 de marzo donde Ian Cabrera perdió la vida.

Durante las últimas dos semanas, el edificio permaneció bajo vigilancia policial mientras se completaban las tareas de investigación. Las autoridades escolares y el equipo directivo coordinaron trabajos de limpieza y reacondicionamiento para habilitar nuevamente el uso cotidiano del colegio, que estuvo preservado como escena del crimen.En los días previos, se entregaron las pertenencias que habían quedado dentro del inmueble tras el hecho.

La delegada regional de Amsafé, Patricia Vallejos, describió el estado emocional del cuerpo docente en declaraciones a El Tres: “Las palabras que usan muchos docentes es que estamos rotos, estamos desarmados, tristes y con miedo. Así está el docente hoy en San Cristóbal”. Vallejos subrayó que, más allá de la recuperación edilicia, el principal desafío será restaurar la confianza y la seguridad en la escuela. “A veces el docente se da cuenta de que a un alumno le pasa algo, pero no tenemos las herramientas ni la facultad para intervenir solos. El equipo socioeducativo de la regional no da abasto para todo el departamento”, indicó.

En tanto, el equipo directivo de la escuela Mariano Moreno comunicó a las familias que el proceso de reintegración será paulatino y con horario reducido durante la próxima semana.

Respecto al episodio ocurrió el 30 de marzo, a las 7.30 de la mañana, la Justicia de Santa Fe imputó también a un chico de 16 años, identificado como N. C. Está acusado de ser partícipe secundario en el homicidio agravado de Ian Cabrera y en la tentativa de homicidio de otros ocho alumnos durante el tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal. La acusación, formalizada ante la jueza Laura Lencina, contó con la intervención de la fiscal de Menores Carina Gerbaldo.

El adolescente había sido detenido inicialmente acusado de encubrimiento tras el tiroteo. Sin embargo, las pruebas modificaron la hipótesis principal. Según la Policía Federal Argentina, el joven cumplió un “rol activo” en el ataque, lo que motivó a la Fiscalía a recalificar la acusación y avanzar con cargos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y “doble tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, en concurso real, lo que implica la atribución de varios delitos en simultáneo.

Durante la audiencia, fuentes judiciales indicaron que N. C. tenía conocimiento directo del plan del agresor para perpetrar el ataque dentro del establecimiento educativo. El avance de la investigación permitió reconstruir cómo se organizó el tiroteo y la relación entre el principal agresor y su cómplice. Las autoridades confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital inspirada en la masacre de Columbine, lo que aportó elementos para identificar a otros involucrados.

Durante el operativo, N.C. fue detenido en la vía pública mientras salía de su casa acompañado por sus padres. En el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos y elementos vinculados a la temática del caso.

Las amenazas de violencia en colegios de Ciudad de Buenos Aires generaron una fuerte preocupación, con un despliegue de dispositivos de seguridad y medidas preventivas en las últimas horas. El colegio Carlos Pellegrini y el del club Vélez Sársfield recibieron mensajes intimidatorios que alertaron a toda la comunidad escolar. Los incidentes se difundieron velozmente y motivaron la activación de protocolos oficiales para resguardar la integridad de los estudiantes y el personal docente.

El hallazgo de un grafiti en el colegio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, encendió las alarmas. La imagen de la inscripción, que decía: “Viernes 16 (sic). Los vamos a matar. Tiroteo. CECAP. En serio”, circuló rápidamente entre padres y alumnos. Frente a la situación, las autoridades de la institución emitieron un comunicado oficial en el que expresaron un “absoluto y categórico rechazo” a las expresiones de violencia, odio y discriminación.

“Estas manifestaciones no sólo infringen nuestros reglamentos, sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución”, señaló el equipo de conducción, de acuerdo con el documento difundido por el propio colegio.

El comunicado agregó que la escuela continuaría “profundizando su trabajo con el compromiso que la caracteriza en torno a una construcción de una sociedad desde el diálogo y la escucha, fomentando el respeto entre todos los miembros de la sociedad”. Además, la conducción informó que los mensajes fueron documentados y removidos, al tiempo que se reforzaron los talleres y espacios de escucha activa para trabajar sobre la convivencia escolar y la prevención del bullying.

“Nuestros equipos docentes se encuentran a disposición para responder a sus inquietudes y trabajar juntos en la construcción de un espacio escolar seguro y respetuoso”, amplió el mensaje del Carlos Pellegrini.

En paralelo, otro mensaje similar se encontró en el baño del Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, ubicado en el barrio de Liniers. Allí, la amenaza describía un supuesto tiroteo planeado para el jueves 16 de abril, acompañada por la frase: “Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue”.

Los estudiantes alertaron a los directivos, quienes de inmediato dieron aviso a la policía y formalizaron la denuncia. La puerta del baño con la inscripción fue retirada para ser peritada, y se solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Las fuerzas de seguridad, junto con personal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, realizaron una evaluación integral del edificio escolar. Durante ese proceso, las clases quedaron suspendidas hasta que se determinó que la situación estaba bajo control. Posteriormente, la actividad académica se reanudó bajo la supervisión de equipos técnicos y la presencia de agentes policiales en el predio.

El club que alberga el colegio también colaboró con su personal de seguridad privada, integrándose al operativo junto a las fuerzas públicas.

Desde el inicio de la investigación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una batería de medidas para reforzar la seguridad y el acompañamiento en todas las escuelas. Fuentes oficiales reportaron a Infobae que, ante la aparición de amenazas en otros establecimientos, el Ministerio de Educación activó los protocolos previstos para proteger a los estudiantes y asegurar la continuidad pedagógica en entornos seguros.

Entre las acciones adoptadas, se intensificó la supervisión interna en los colegios y se organizaron actividades junto a los alumnos para reflexionar sobre la convivencia escolar y la responsabilidad en el uso de la palabra. “Las familias están informadas sobre la situación y se les solicitó que puedan conversar con sus hijos e hijas sobre la importancia de comunicar de manera inmediata a los adultos en casa y/o en el colegio cualquier situación, información o comentario que pudiera vincularse”, detallaron.

La situación se replicó en distintos colegios de varias provincias en el país. Ante la ola, se investiga si no se trata de un reto viral de TikTok, más allá de los posibles casos de bullying.

En Tucumán, la situación se hizo pública después de que el vicerrector del Colegio Guillermina presentara una denuncia al encontrar una pintada en los baños donde se anunciaba un posible ataque para el 15 de abril. Al poco tiempo, la misma advertencia surgió en otro colegio, el San Francisco.

En la Escuela N°26 de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires, apareció un mensaje escrito con corrector blanco sobre una pared que decía: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.

Fuentes de la Policía de Córdoba informaron a Infobae sobre la aparición de inscripciones similares en escuelas tanto de la capital como del interior provincial. Según señalaron, existe la sospecha de que estas amenazas guarden relación con un desafío viral de TikTok, aunque las investigaciones continúan en estricta reserva debido a la participación de menores.

En la provincia de Mendoza, la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, también fue escenario de una amenaza. Un mensaje intimidatorio, escrito en las cerámicas del baño y con fecha precisa, provocó la intervención de la Policía Científica y la puesta en marcha de protocolos de seguridad.

Las paredes de los baños en distintas instituciones educativas de al menos cinco provincias amanecieron con mensajes que encendieron la alerta entre directivos, padres y autoridades. La frase que se repitió en distintas ciudades fue inequívoca: “Mañana tiroteo”. La aparición de estas amenazas provocó un despliegue de seguridad y la intervención de fuerzas policiales, mientras la Justicia investiga si el fenómeno responde a un reto viral en redes, en particular en TikTok.

En Tucumán, la situación tomó estado público luego de que el vicerrector del Colegio Guillermina formalizara una denuncia tras hallar una pintada en los baños que anunciaba un supuesto ataque para el 15 de abril. Poco después, la misma advertencia apareció en otro establecimiento, el colegio San Francisco.

El jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau, confirmó en diálogo con LG Play que se dispuso presencia policial en ambas escuelas y se notificó a la fiscalía. “Tenemos una comunicación oficial de otro establecimiento donde aparecieron pintadas. A raíz de eso ya se le dio intervención a la fiscalía, ya tenemos personal policial y ya se hizo contacto con cada uno de los directivos. Más que nada, llevar tranquilidad. El ingreso se está llevando a cabo con absoluta normalidad”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que las clases no se suspendieron y que el objetivo es acompañar a la comunidad educativa mientras avanza la investigación.

El modus operandi no se limitó a una sola provincia. En la Escuela N°26 de Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, un mensaje escrito con corrector blanco en una pared advertía: “Mañana 15/04 tiroteo, el que arriesga que venga”.

Fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas describieron cómo la amenaza, difundida por una imagen, llevó a una reunión urgente de autoridades escolares y motivó pedidos de explicaciones por parte de padres y docentes. El autor del mensaje no ha sido identificado y la preocupación se extendió rápidamente entre los estudiantes.

La situación cobró una dimensión nacional cuando fuentes de la Policía de Córdoba confirmaron a Infobae la aparición de leyendas similares en escuelas de la capital y del interior provincial. Según expresaron, se sospecha que las amenazas podrían estar relacionadas con un reto viral surgido en TikTok, aunque las investigaciones continúan bajo estricta reserva por tratarse de menores de edad.

Por su parte, en la provincia de Mendoza, la Escuela 4-143 El Algarrobal, en Las Heras, también fue escenario de una advertencia. Un mensaje amenazante escrito en las cerámicas del baño, que hacía referencia a un tiroteo escolar y llevaba fecha precisa, motivó la intervención de la Policía Científica y la activación de protocolos de seguridad.

Según publicó el medio Los Andes, tras notificarse el hallazgo, padres optaron por no enviar a sus hijos a clases o retirarlos antes del horario habitual, mientras peritos iniciaron un análisis caligráfico para identificar a los responsables. En el lugar, una madre relató a Radio Aconcagua: “Como voy a traer a mi hija, la amenaza dice que el 16 del 4 habrá un tiroteo escolar”.

Las autoridades educativas de Mendoza admitieron la ausencia de protocolos específicos para estos casos y confirmaron que se reforzó la seguridad y se ofrecieron charlas preventivas a los alumnos. Carina Gannam, directora de Acompañamiento Escolar de la provincia, indicó que “se encontró un cartel que no debería haber estado en la institución y ahora se está trabajando para identificar a los responsables”.

Gannam agregó que les “interesa trabajar con estos estudiantes y evaluar la situación con profesionales”, y reconoció que la problemática de amenazas por tiroteo dentro de escuelas es reciente y está siendo incorporada a los protocolos institucionales.

En todos los casos, las advertencias no se materializaron en hechos violentos, pero las fuerzas policiales y las autoridades judiciales mantienen la vigilancia y refuerzan el contacto con las comunidades escolares. El jefe de Policía de Tucumán insistió en que la policía no revisará a los alumnos al ingresar a los establecimientos y que cualquier requisa quedará a criterio de los directivos: “Ya está desplegado el protocolo policial, ya estamos en contacto con cada una de las áreas, con la fiscalía y vamos a hacer todo lo necesario para esclarecer esto. No puede ser que por unos sinvergüenzas que hayan escrito esto toda la comunidad educativa se vea afectada”.

En el trasfondo de estos episodios, la intervención de la justicia busca determinar si existe un patrón coordinado detrás de las amenazas. Desde la Policía de Córdoba sugirieron que podría tratarse de un reto viral, aunque aún no se confirmó esa hipótesis.

Las autoridades reiteraron la necesidad de que tanto docentes como padres y estudiantes colaboren y aporten información relevante a través de canales oficiales, como el 911 o las dependencias policiales.

En Tucumán, Joaquín Girvau recordó que situaciones similares, como las amenazas de bomba registradas en 2023, derivaron en la identificación de los responsables y la aplicación de sanciones. “Vamos a llegar a fondo con intervención de la fiscalía y del juzgado”, subrayó.

Mientras la investigación continúa, los protocolos se actualizan y la comunidad educativa permanece expectante ante la posibilidad de nuevos episodios.

El balance provisional eleva a cuatro los fallecidos y a una veintena los heridos, varios de ellos en estado crítico. El propio atacante figura también entre los muertos, aunque las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido aclaradas. El gobernador provincial, Mükerrem Ünlüer, ha confirmado las víctimas y ha señalado que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, por orden del ministro de Justicia, Akin Gürlek.

El suceso ha provocado escenas de gran confusión en el exterior del centro educativo, donde decenas de familias se concentraron para averiguar si sus hijos estaban bien mientras la policía desplegaba un amplio dispositivo de seguridad y los equipos sanitarios evacuaban a los heridos. Imágenes difundidas por medios locales muestran ambulancias trasladando a víctimas y cuerpos cubiertos en el interior del recinto.

Dos ataques en centros educativos en 48 horas

El tiroteo de Kahramanmaras se produce un día después de otro ataque armado en un centro de secundaria de la provincia de Sanliurfa, en el sureste del país, que dejó al menos 16 heridos. En ese caso, el autor fue un exalumno del centro, un joven nacido en 2007, que irrumpió en el edificio y comenzó a disparar de forma indiscriminada.

Entre los heridos se encuentran diez estudiantes, cuatro profesores, un policía y un trabajador del comedor, según el Ministerio del Interior. El atacante se atrincheró en el interior del colegio mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona y evacuaban a los alumnos. De acuerdo con el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, el joven se negó a rendirse y terminó suicidándose con el arma que portaba.

Testigos presenciales relataron que el agresor accedió al centro por la puerta principal y abrió fuego de inmediato. “Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, explicó uno de ellos. Todos los heridos fueron trasladados a hospitales, y uno de los profesores permanece en estado crítico. Las autoridades han iniciado una investigación, sin que por el momento se conozcan los motivos del ataque.

Un tiroteo previo junto al consulado israelí

El 7 de abril, un tercer episodio con armas de fuego tuvo lugar en Estambul, aunque en un contexto distinto. Tres hombres armados, presuntamente vinculados a la organización yihadista Estado Islámico, protagonizaron un tiroteo con la policía junto al Consulado General de Israel, en el distrito de Besiktas.

Los atacantes, vestidos con ropa de camuflaje y armados con fusiles de repetición, descendieron de un vehículo y abrieron fuego contra los agentes que custodiaban el complejo de oficinas donde se encuentra la legación diplomática. El intercambio de disparos se prolongó entre diez y veinte minutos, según testigos.

Uno de los agresores murió abatido y los otros dos resultaron heridos y fueron detenidos. Dos policías sufrieron heridas leves. Las autoridades turcas señalaron que el fallecido mantenía vínculos con organizaciones extremistas y confirmaron posteriormente su relación con el Estado Islámico. El presidente, Recep Tayyip Erdogan, condenó el ataque y calificó la acción de “provocación”.

El consulado israelí no contaba con personal diplomático en ese momento, tras su retirada en 2023 al inicio de la ofensiva en Gaza. La policía abrió una investigación que incluyó varias redadas y la detención de presuntos colaboradores de los atacantes.

A pesar de la cercanía temporal entre los episodios con armas de fuego registrados en la última semana, las autoridades turcas han señalado que no existe relación entre los tres casos. Turquía no suele sufrir ataques armados en colegios, aunque distintas estimaciones apuntan a la existencia de millones de armas de fuego en circulación, muchas de ellas controlar.

Un joven de 23 años perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas durante un tiroteo en Miami, un hecho que ha sacudido a la comunidad local y movilizado a las autoridades en la búsqueda del responsable. El incidente, que ocurrió en un contexto ajeno a los eventos festivos programados en la ciudad, dejó consternados tanto a los organizadores como a los asistentes que presenciaron momentos de pánico y confusión. Cyrille Kitchner, de 23 años, fue identificado como la víctima mortal, mientras que los heridos permanecen bajo observación médica, según reportes oficiales.

La tragedia se desató en una zona concurrida de Miami, interrumpiendo la tranquilidad de la jornada y generando una rápida respuesta de los servicios de emergencia. Los primeros informes señalan que dos personas más resultaron lesionadas en el tiroteo y que actualmente se encuentran en condición estable en el Centro de Traumatología Ryder, donde reciben atención especializada. La identificación temprana de Kitchner permitió a las autoridades informar a sus familiares y avanzar en los procedimientos pertinentes.

El impacto del episodio alcanzó de inmediato a los residentes y asistentes del área, provocando temor y una sensación de incertidumbre ante la violencia inesperada. Los testigos, aunque consternados, colaboraron con los primeros auxilios mientras llegaban los equipos médicos. La policía acordonó la zona y comenzó a recopilar pruebas para esclarecer lo sucedido. Los heridos, cuyos nombres no han sido divulgados, evolucionan de manera favorable y su pronóstico es reservado, pero se descarta, por el momento, riesgo vital.

El jefe de policía de Miami, Manny Morales, fue uno de los primeros en referirse públicamente a la investigación en curso y a las acciones emprendidas tras el tiroteo. Morales confirmó que los investigadores están enfocados en la búsqueda de un solo tirador, descartando la participación de múltiples agresores en el incidente. Este dato ha permitido orientar los esfuerzos policiales hacia la identificación precisa de un sospechoso, lo que reduce el margen de incertidumbre para la comunidad.

Las autoridades se encuentran revisando minuciosamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del lugar de los hechos. Estas imágenes resultan cruciales para reconstruir el recorrido y las acciones del presunto atacante. Morales informó que ya se ha identificado a una persona de interés en relación con el caso, aunque, subrayó, todavía no se ha determinado el móvil exacto del crimen. Esta cautela en la comunicación oficial responde a la necesidad de proteger la integridad de la investigación y evitar especulaciones prematuras.

El avance en la recopilación de pruebas, sumado a los testimonios de quienes presenciaron el tiroteo, configura el principal eje de la investigación en marcha. Morales indicó que cualquier pista, por mínima que parezca, puede convertirse en un elemento decisivo para esclarecer el caso. La policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta nuevas diligencias en los próximos días. La colaboración de la ciudadanía es considerada vital en este proceso, especialmente en contextos urbanos donde la multiplicidad de testigos puede aportar información clave.

En su declaración ante los medios, Morales emitió un llamamiento público para que cualquier persona que haya presenciado el incidente o cuente con información relevante se comunique con el Departamento de Policía de Miami. El jefe policial destacó la importancia de la participación ciudadana y reiteró que incluso el detalle más pequeño puede ser fundamental para avanzar en el esclarecimiento del crimen. “Sé que mucha gente estaba allí, y si vieron algo, por favor, comuníquense con el Departamento de Policía de Miami”, expresó Morales, instando a los posibles testigos a no dudar en aportar datos.

El jefe policial mencionó que ya se han obtenido algunas pruebas y que existe una persona de interés, aunque declinó revelar detalles adicionales para no entorpecer el avance de las pesquisas. Morales insistió en que la vida es valiosa y en la convicción del cuerpo policial de proteger la seguridad y tranquilidad de los habitantes. “La vida es preciosa y creemos firmemente en su santidad”, agregó, remarcando el compromiso de la institución con la resolución del caso.

Las autoridades han puesto a disposición de la comunidad el número de Miami-Dade Crime Stoppers: (305) 471-TIPS (8477), canal a través del cual se pueden hacer denuncias de manera anónima. Esta herramienta busca facilitar la colaboración ciudadana y sumar nuevos elementos a la investigación. Morales enfatizó que cualquier aporte puede marcar la diferencia y pidió a la población no subestimar el valor de su testimonio.

En paralelo a la actuación policial, la reacción de la comisionada de la ciudad de Miami, Christine King, no se hizo esperar. King, quien figura entre las organizadoras del evento que se desarrollaba en la zona, manifestó su profundo pesar por lo ocurrido y remarcó que la violencia no tiene relación alguna con la actividad programada. “Fue un evento maravilloso. No tuvo nada que ver con este suceso”, afirmó King, dejando claro que el acontecimiento trágico ocurrió de manera independiente a la celebración.

La comisionada se declaró “desconsolada” ante la violencia y expresó su apoyo a las víctimas y sus familias. Subrayó la relevancia del evento como espacio de encuentro y celebración de la cultura y la unidad de la comunidad, valores que, según sus palabras, no deben verse opacados por hechos aislados de violencia. King reiteró el compromiso de los organizadores y autoridades para garantizar la seguridad en futuras actividades y fortalecer los lazos sociales en la ciudad.

La conmoción generada por el tiroteo ha puesto en primer plano la preocupación por la seguridad urbana y la necesidad de reforzar la colaboración entre ciudadanía y fuerzas de seguridad. Mientras avanza la investigación, la comunidad de Miami permanece atenta a nuevas actualizaciones sobre la búsqueda del responsable y el estado de los heridos.

Un sargento segundo de la Policía Nacional de Panamá murió el domingo en horas de la noche impactado por disparos propinados por delincuentes, mientras formaba parte de un operativo policial en el corregimiento de El Chorrillo, en la ciudad capital.

El agente, de nombre Albis Espinoza, recibió disparos en la cara y el pecho, según informó una fuente policial, mientras que una femenina perteneciente a la institución resultó herida.

Catalogado por las autoridades como zona roja, de alta peligrosidad, El Chorrillo es un barrio popular donde residían los obreros afroantillanos que trabajaban en la construcción del Canal de Panamá en 1914.

Posteriormente, era conocido por panameños y extranjeros por ser un sitio de venta de pescado frito y refrescos, además de las visitas que regularmente antes hacían figuras destacadas de la música salsa, entre ellos Ismael Rivera.

Durante la intervención de Estados Unidos a Panamá en 1989, El Chorrillo fue uno de los barrios más afectados, y hoy día es un sector donde operan al menos nueve pandillas que mantienen la zozobra entre los residentes.

Albis Espinoza, quien se desempeñaba en el servicio regular, fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada, aunque pese a los esfuerzos de los galenos se confirmó su deceso, señaló la Policía en un comunicado.

La institución expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del miembro fallecido, resaltando su valentía, entrega y compromiso con la seguridad ciudadana.

En el comunicado, la entidad policial indicó que ha intensificado las operaciones operativas para dar con los responsables de este hecho, que calificó de “cobarde y criminal, reiterando que no habrá impunidad”.

Se conoció que un sujeto conocido con el alias de “Yamir” fue aprehendido y es señalado como presunto responsable del homicidio de Espinosa.

En diciembre de 2025 otro miembro de la Policía cayó a manos de la delincuencia, cuando en Calzada Larga, Caimitillo, sector de Chilibre, fue abatido el teniente José Izasa Melo, capitán post mortem, además de un trabajador comunitario.

Los reportes de ese momento indican que el hecho se originó después de que las unidades policiales recibieran una alerta sobre dos sujetos en moto que realizaban detonaciones en el área de Calzada Larga.

En un momento dado, haciendo caso omiso a la voz de alto dada por Izasa Melo, quien trató de interceptarlos, los agresores lo impactaron con armas de fuego, al igual que al trabajador de la Junta Comunal, causándoles a ambos la muerte.

En las últimas semanas la violencia ha rebrotado en la capital panameña, y en lo que va del año ha dejado 77 homicidios, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, generando cuestionamientos de la comunidad hacia los estamentos de seguridad.

Los hechos policiales de este fin de semana también registran que mediante un operativo policial en El Hueco, sector 5 de Samaria, Sinaí, en el distrito de San Miguelito, dio como saldo una persona abatida y dos aprehendidas.

La situación se produjo luego de que la Policía atendieran una alerta ciudadana que daba cuenta de supuestas detonaciones de arma de fuego en la zona.

Al llegar al sitio los policías ubicaron a tres sujetos que presuntamente portaban armas de fuego, procediendo de inmediato a su intercepción, lo que provocó un intercambio de disparos.

Producto de este hecho uno de los sospechosos falleció en el lugar, mientras que en la escena fue recuperada un arma de fuego tipo pistola calibre 45.

Las dos personas aprehendidas fueron trasladadas ante las autoridades correspondientes para los trámites pertinentes, se informó desde la Policía Nacional.

El ministerio de Educación de Santa Fe dispuso que, tras el tiroteo registrado el 30 de marzo en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno de la ciudad de San Cristóbal, las actividades escolares comenzarán a restablecerse a partir del lunes 13 de abril. Las puertas del colegio reabriran en un proceso progresivo que prioriza tanto la seguridad física como el acompañamiento emocional de alumnos y docentes.

La orden judicial decretó que el establecimiento escolar ya podía volver a ser utilizado. Por su parte, el Ministerio de Educación definió un cronograma de limpieza, reorganización y de reencuentro académico y comunitario, que se ejecutarán el lunes 13 y martes 14 de abril, según informó el medio Rosario3.

El ministro de Educación santafesino, José Goity, enfatizó la necesidad de atender la integridad de la comunidad educativa durante el retorno. En sus palabras: “Nuestra intención es recuperar una relativa normalidad, pero no vamos a ser iguales”. El esquema prevé una diferenciación por niveles y fechas, con especial atención a la contención emocional e interacción gradual entre equipos docentes, familias y estudiantes en las instalaciones que fueron el centro de la tragedia.

En el Nivel Inicial, el martes 14 se organizarán reuniones entre equipos docentes y familias fuera del establecimiento, específicamente en la sede de la Delegación Regional de Educación. El miércoles 15 y el jueves 16 tendrán lugar actividades lúdicas en la escuela, enfocadas en la recuperación del clima áulico. El viernes 17 está previsto un encuentro global en el edificio del Jardín de Infantes, donde se planificarán propuestas pedagógicas para la etapa inmediata.

Por su parte, el Nivel Primario contempla una instancia de diálogo y acompañamiento: los días miércoles 15 y jueves 16 de abril, entre las 13:30 y las 17:30, se realizarán reuniones divididas por grados, destinadas a facilitar la expresión de necesidades y preocupaciones de las familias y el cuerpo docente. El acceso físico de los estudiantes al edificio del colegio se reanudará el viernes 17 de abril, con actividades debidamente organizadas y acompañadas por los equipos profesionales del Ministerio.

El tiroteo en el colegio de San Cristóbal

El 30 de mazo, un estudiante de 15 años ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40, en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. El ataque ocurrió cerca de las 7:15, mientras los estudiantes esperaban en el patio interno el inicio de la jornada escolar. El agresor sacó una escopeta de su mochila, disparó entre cuatro y cinco veces y mató a un compañero de 13 años, identificado como Ian Cabrera. Además, otros ocho estudiantes resultaron heridos.

El tirador fue reducido por un asistente escolar, quien logró quitarle el arma. La policía detuvo al agresor y evacuó la escuela. La mayoría de los heridos recibió atención médica por lesiones leves y dos de los adolescentes requirieron traslado a hospitales de mayor complejidad.

El agresor, por su edad, es inimputable y permanece alojado en un instituto especializado bajo supervisión de su madre. Por otro lado, la Justicia imputó como partícipe del homicidio a otro adolescente de 16 años. Según las fuentes policiales, el alumno tuvo un “rol activo” ya que tenía conocimiento previo del ataque sucedido en San Cristóbal.

True Crime Community

En este marco, las autoridades detallaron sobre la hipótesis de que el ataque fue planeado y que el tirador habría actuado con influencias externas, especialmente de comunidades virtuales. Se realizaron peritajes sobre los dispositivos electrónicos del atacante para determinar las causas.

Los organismos especializados confirmaron que el tirador formaba parte de la denominada “True Crime Community” (TCC), una subcultura digital surgida tras la masacre de Columbine. Allí, usuarios comparten información sobre distintos hechos criminales, discuten detalles de los ataques, intercambian memes y hasta rinden culto a los responsables de masacres emblemáticas. En estos espacios, los asesinos suelen ser tratados como figuras a emular y se publican guías, manifiestos y tutoriales sobre cómo planificar ataques similares.

Esta comunidad está principalmente integrada por jóvenes que son incentivados a perpetrar actos violetos. El menor responsable del ataque participaba activamente en foros y grupos virtuales vinculados a la TCC. Los investigadores señalaron que la pertenencia del tirador a estos espacios virtuales fue un factor clave en la planificación y ejecución del ataque.

El tiroteo escolar en San Cristóbal, Santa Fe, expuso las redes de la True Crime Community en Argentina. Se trata de una subcultura digital creada tras la masacre de Columbine que venera los delitos violentos y está integrada mayormente por jóvenes que buscan emular a los autores de ataques fatales.

Su expansión en el país fue alertado en un informe reciente elaborado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), de la Procuración General de la Nación, el cual cobró especial relevancia luego de que se confirmara que el tirador de la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” formaba parte tanto de la “TCC” como del movimiento Incels.

El documento detalla que en estos espacios virtuales -de los que participaba el adolescente que mató a un compañero e hirió a otros ocho con la escopeta de su abuelo- se producen narrativas que reconstruyen la figura del agresor como un héroe “trágico, icónico o incomprendido”.

En el análisis, los expertos detectaron que el fenómeno se desarrolla en distintas etapas: arranca con el consumo pasivo de documentales y foros, y escalan hacia espacios digitales cerrados donde se comparte material cada vez más extremo, como manifiestos, videos de ataques y memes violentos.

En el caso de San Cristóbal, la fiscalía busca determinar cuáles fueron los contactos del tirador con estos círculos y en qué medida lo incentivaron a perpetrar el ataque. Entre las tareas para esclarecerlo, peritaron su celular y hallaron a un presunto cómplice: otro joven, quien fue detenido e imputado por partícipe secundario del atentado escolar.

Los indicadores tempranos de alerta, según la Justicia

La SAIT elaboró una lista de señales de alerta —de observación indispensable para familias, docentes y operadores judiciales— que permiten identificar un proceso temprano de inmersión en la TCC y su posible escalada hacia conductas de riesgo.

Estos indicadores que surgen del informe judicial al que accedió Infobae son, más que ideológicos, de orden conductual:

• Consumo intensivo y obsesivo de contenido “True Crime” centrado específicamente en los perpetradores de crímenes, no solo en los casos policiales.
• Seguimiento y recopilación sistemática de información sobre tiroteos escolares u homicidas seriales, incluyendo documentales, archivos, reconstrucciones cronológicas y material gráfico sobre ataques previos.
• Participación en hashtags vinculados a tiradores, así como la interacción en foros, canales de mensajería o redes temáticas.
• Interés especial en detalles de la planificación y ejecución de ataques, superando el mero análisis forense y entrando en la admiración o la emulación.
• Referencias positivas y de admiración hacia los autores de hechos violentos, empleando apodos, frases o avatares inspirados en ellos, y compartiendo “tributos” que estetizan los ataques.
• Circulación de memes, imágenes icónicas, y lenguaje interno propio de la subcultura
• Expresión de fantasías violentas, interés en armas o tácticas, redacción de manifiestos o listas de objetivos, junto a mensajes de despedida o “testamentos digitales”.

Las autoridades remarcan que la detección temprana de estos comportamientos —que suelen observarse en adolescentes y adultos muy jóvenes con antecedentes de aislamiento social, bullying o baja autoestima— es clave para prevenir hechos de mayor gravedad.

El efecto “copycat” y las cuatro etapas de la “TCC”

Entre los mayores peligros señalados por el informe está el llamado “efecto copycat”: cada nuevo ataque analizado y glorificado en estos espacios se convierte en un hito que busca ser superado por otros posibles agresores. Así, la notoriedad mediática y digital de los autores alimenta un ciclo de imitación, radicalización y escalada de la violencia.

De acuerdo al informe, la pertenencia a la TCC suele atravesar cuatro etapas de involucramiento:

1. Consumo de contenido: en este primer nivel, las personas se limitan a consumir material relacionado con crímenes reales, como documentales, series o podcasts. El interés es mayormente por curiosidad o entretenimiento, sin evidencias de riesgo.
2. Admiración e identificación con los perpetradores: en el segundo nivel, los participantes empiezan a mostrar admiración hacia los agresores, imitan su estética, difunden sus manifiestos y comparten material sobre los ataques. Acá aparecen señales de riesgo, ya que esta etapa implica una vinculación psicológica más profunda.
3. Radicalización y celebración de la violencia: esta etapa ya corresponde a subcomunidades radicalizadas, donde los ataques son abiertamente celebrados, se comparte material extremadamente violento y se alienta a que otros miembros pasen a la acción. Las interacciones suelen ocurrir en espacios privados o poco moderados, como chats cifrados.
4. Planificación y ejecución de ataques: es el último estadio, alcanzado por una pequeña minoría que pasa a la acción directa. En este nivel se planifican atentados, se elaboran manifiestos justificando las motivaciones y se busca dejar una huella dentro de la comunidad, en un intento de ser admirados o recordados como sus predecesores.

A este punto llegó el tirador de San Cristóbal, que está alojado en un instituto de menores mientras la Justicia evalúa su caso. Además de él también detuvieron a otro adolescente, sindicado como partícipe secundario del hecho. Las autoridades llegaron a él tras un análisis al celular del atacante escolar, donde determinaron su conexión con la TCC y otros miembros.

Los posteos del tirador de San Cristóbal

A poco más de una semana del ataque armado en una escuela de San Cristóbal, donde un menor de 15 años abrió fuego contra sus compañeros y dejó un saldo de un muerto y ocho heridos, el último adolescente que permanecía internado recibió el alta médica.

La noticia fue confirmada esta semana por autoridades del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, en donde el menor de 13 años -identificado como Felipe- permanecía internado tras haber recibido disparos por parte del tirador.

Según indicaron medios locales, el paciente ya regresó con su familia. Si bien en un principio había sido atendido en el Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela, luego fue ingresado en el centro de salud de la ciudad capital para monitoreo y control clínico.

El pasado 31 de marzo, en tanto, fue dado de alta otro de los internados del hospital de Rafaela: un adolescente de 15 años que había sufrido lesiones superficiales. Los otros seis menores heridos durante el ataque recibieron el alta el mismo día por lesiones leves.

El caso y los avances en la investigación

En el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, una de las primeras víctimas que se cruzó con el tirador. Fue en uno de los baños de la planta baja del establecimiento, el lugar elegido por el atacante para preparar la escopeta que le robó a su abuelo.

El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero.

El tirador fue entregado a las autoridades esa misma mañana y desde entonces está alojado en un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo supervisión de su madre. Por su edad, es inimputable: el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado recientemente que permitiría juzgarlo aún no está vigente.

Si bien la causa se encuentra bajo secreto de sumario, este medio logró corroborar que los investigadores ya pudieron reconstruir parcialmente lo sucedido antes y después del tiroteo, y trabajan sobre la hipótesis de que el hecho contó con cierto grado de preparación. Ahora se enfrentan a la incógnita de si fue un plan solitario o si contó con influencias externas. Para responderla, se centran principalmente en el rol de los vínculos virtuales que tenía el adolescente y su actividad en diferentes redes sociales.

Los funcionarios encontraron una dificultad: detectaron que el tirador formaba parte de comunidades “muy cerradas” donde la forma de comunicarse entre usuarios es “mucho más compleja” de lo que acostumbran, según definieron. Además, contarían con mecanismos de ocultamiento de identidades que le ponen trabas a la tarea de identificar a otros posibles involucrados o instigadores.

Por eso, uno de los principales objetivos en el expediente es rastrear estos contactos del adolescente, revisar mensajes y determinar si existieron más actores con responsabilidad directa o indirecta en la preparación del ataque.

Entre los elementos de interés que tiene la causa, las autoridades cuentan con la escopeta utilizada para el hecho, las municiones, y el kit para atentados que encontraron en la casa del tirador en un allanamiento realizado por la PFA. En la vivienda, secuestraron un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH” o “ira”, en inglés, vinculada a los autores de la masacre escolar de Columbine, Colorado, perpetrada en 1999, que terminó con doce estudiantes muertos.

Con respecto a qué temperamento adoptar con el tirador, los fiscales remarcan que su situación legal está condicionada por su edad. Por esta razón, la causa se centra más en esclarecer el contexto y las motivaciones del hecho que en la búsqueda de una sanción penal. “No tenemos ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”, dijo el viernes en una conferencia de prensa el fiscal Luis Schiappa Pietra.

La mujer es una integrante de la Policía Federal que estaba de civil. La investigación, a cargo de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la auxiliar fiscal Catalina Neme, determinó que la agente, que es cabo de División Custodias Estratégicas y madre de tres hijos, efectuó al menos cinco disparos con su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, indicaron fuentes del caso a Infobae.

El conductor del auto de aplicación recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en la zona posterior del hemitórax derecho, lesiones que, según los informes médicos citados, pusieron en riesgo su vida.

El mismo diagnóstico se aplicó a una pasajera ubicada en el asiento trasero, que fue alcanzada por un disparo en el abdomen y otro en el brazo izquierdo, con fractura expuesta de húmero.

Por su parte, el hombre que viajaba como acompañante delantero sufrió una herida de arma de fuego en la fosa ilíaca (en la zona de la cadera) izquierda, aunque los profesionales que lo atendieron determinaron que su vida no corrió peligro.

El otro pasajero, ubicado en el asiento trasero, presentó una herida de bala en el muslo izquierdo; el proyectil fue extraído en el hospital y recibió el alta médica, mientras que los heridos graves permanecen internados en el Hospital Ramos Mejía con pronóstico reservado.

La oficial fue arrestada por la Policía de la Ciudad y este martes, a pedido de la fiscal, la jueza Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, dispuso que siga detenida, en principio, por el delito de tentativa de homicidio y lesiones, agravadas por el uso de arma.

Pero, ¿cómo empezó todo?

El grupo de pasajeros y la agente habían abordado el vehículo a las 7:30 cerca de la estación de trenes de Liniers, con destino a la estación Once. Todos se dirigían hacia la misma zona y la agente de la PFA se sumó al viaje para compartir gastos. El trayecto incluyó avenidas como Perito Moreno y Avenida Directorio. El incidente se desató cuando el automóvil se detuvo sobre la calle Maza.

En ese momento, la agente extrajo su arma reglamentaria y comenzó a disparar contra los ocupantes. La secuencia de violencia finalizó cuando uno de los pasajeros logró desarmarla mediante un forcejeo. La imputada, entonces, descendió del vehículo.

La oficial de la PFA se defendió en su indagatoria y reveló por qué decidió disparar su arma. Dijo que estaba buscando un auto de aplicación para llegar al trabajo, al igual que otras personas cerca de la estación de Liniers, y que un hombre la invitó a viajar con él y otras dos personas.

Ella aceptó y le resultaron sospechosas varias cuestiones: que el Chevrolet llegó enseguida, que la chica que viajaba con ella no quiso sentarse del lado del acompañante, que al chofer no le funcionaba el GPS y que se comenzaron a sacar selfies.

“Siento complicidad entre ellos. Empiezo a sospechar que algo iba a pasar, me sentía entregada”, aseguró. Todo empeoró cuando intentó abrir la ventanilla y no pudo hacerlo.

Según su versión, le dijo a la chica: “Me siento mal” y escuchó “es ahora, es ahora”. Sintió que la empujaron y la apretaron contra un costado. Le sacaron el celular y vio hacer un ademán al pasajero, “como que quiere extraer algo de su bolso”. Fue ahí donde disparó. “Sentí que me iban a matar”, confesó.

“Estaba muy aturdida. Salí corriendo y pedí ayuda. En shock, desesperada. Estaba muy asustada, fue terrible”, cerró su defensa.

A poco más de una semana del tiroteo fatal en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal -a donde un adolescente llevó una escopeta, mató a un estudiante e hirió a otros ocho- se conocieron detalles impactantes sobre cómo fue planificado el ataque. En este contexto, confirmaron que el tirador formaba parte de una cultura digital creada tras la masacre de Columbine e investigan su vínculo con el movimiento Incels.

El trasfondo de la investigación se conoció en el marco de una conferencia de prensa encabezada este miércoles por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Quiero decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente y que no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación”, aclaró el mandatario provincial al tomar la palabra.

Y subrayó: “Sí se pudo detectar que este joven de la localidad de San Cristóbal participaba de una red internacional, de una subcultura digital, que se denomina TCC, y desde ese lugar, parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos".

Los detalles de la planificación del tiroteo los brindó el jefe del departamento de investigación antiterrorista de la Policía Federal Argentina, a cargo de las tareas, quien explicó cómo confirmaron la participación del atacante en estas redes. La clave fue el peritaje a su celular, a partir del que también se identificó a otro menor que habría participado del plan.

“De ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor. En este caso, identificamos, en principio, determinados usuarios, que respondían a estas características que teníamos del tirador, y puntualmente a otro menor", especificó el comisario.

Tras identificar a este segundo involucrado, se realizó un trabajo coordinado con la fiscalía y con la policía investigaciones de la policía de Santa Fe, que derivó en un allanamiento en su domicilio.

“Durante esta tarea, el menor egresa de la casa junto a sus padres. En forma inmediata, la policía de investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo", dijo.

“Posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata”, continuó en su explicación el comisario.

El vínculo del tirador con la subcultura digital “TCC”

Según explicó el jefe policial, en este caso se comprobó que el tirador tenía un acceso puntual a armas y formaba parte de la subcultura digital TCC. “Esto es algo transnacional, no es un un hecho aislado de la República Argentina. Es transnacional, es multifacético, descentralizado”, detalló.

En este sentido, dijo que se trata de una comunidad digital que cumple diferentes facetas y cuyo rango etario va entre los 13 y los 19 años.

“En principio, estas personas, lo que hacen es una investigación sobre crímenes verdaderos, fascinados por diferentes tiradores seriales. Se origina en el año 1999, a fines del año de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine en Colorado, donde 2 tiradores activos matan a otros 12 menores estudiantes, 2 profesores, para luego suicidarse”, comenzó enumerando.

“La segunda faceta que que ellos cumplen, y sobre la cual nosotros tenemos que estar preparados para ir detectando estos indicadores, es que empiezan a compartir este material y a glorificarlo a través de diferentes plataformas digitales, como pueden ser foros o páginas de Internet”, siguió.

Y sumó: “Posteriormente, en una tercera etapa, pasan a grupos cerrados, como pueden ser discos Discord o Telegram. Dentro de esa esas plataformas, empiezan, no solamente a compartir material, sino a a glorificar a estos perpetradores. Empiezan a imitarlos".

Existe una cuarta etapa que es a la que se llegó en este caso: “La principal preocupación es la emulación hasta una cuarta etapa, donde empiezan a planificar ataques, porque ellos quieren imitarlos. Estos chicos pasan a ser héroes. Esa es la la gran preocupación y lo que nosotros tenemos que detectar en forma temprana”.

Investigan si también formaba parte del movimiento Incels

El comisario dijo en la conferencia de prensa que en este caso, los dos menores involucrados también responden a otra subcultura digital, que son el movimiento incels. “Tal cual se vio en la serie Adolescencia, en este caso, se dan todos los indicadores. Como se sabe, el movimiento incel es célibres célibes involuntarios, en la cual estos estos chicos, posiblemente heterosexuales, odian a las mujeres, considerándola de determinada forma, y odian también a los varones que obtienen relaciones románticas felices”, contextualizó.

Y continuó: “En este caso, llegan a tal odio que cometen masacres contra esa persona, puntualmente. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron detectar estos indicadores”.

“Este caso no es un hecho aislado, sino también más allá de los trabajados en los últimos 2 años, donde se detectaron 15 casos similares, tenemos 4 investigaciones en trámites bajo las mismas características”, contó el agente.

Así lo resolvió este martes la jueza Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, durante la audiencia en la que se trató la situación de la acusada.

Según comunicaron fuentes judiciales a Infobae, la agente está imputada por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma, en el marco de una causa tramitada ante la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la auxiliar fiscal Catalina Neme.

Durante la jornada, además, jueza Correa fijó la próxima audiencia para el 5 de mayo.

El episodio ocurrió durante la mañana del jueves pasado. La acusada pertenece a la División Custodias Estratégicas de la fuerza federal y al momento del hecho se dirigía a tomar su servicio. Era uno de los cuatro pasajeros, ya que el viaje se había organizado bajo la modalidad de “viaje compartido” de una aplicación de transporte.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los investigadores, la policía había subido al vehículo en Liniers. A bordo ya iban dos hombres y una mujer, que venían desde la localidad bonaerense de Moreno, además del conductor.

El viaje transcurrió con normalidad hasta llegar a la zona del cruce de las calles Venezuela y Maza, donde la oficial empezó a sentirse mal. Una versión inicial indicaba que ella sospechó que se encontraba ante un posible intento de robo y, al no obtener respuesta del conductor para detenerse, sacó su arma reglamentaria y abrió fuego en el interior del vehículo. Pero no está claro aún cómo fue la secuencia posterior o, al menos, no se difundió oficialmente.

Lo cierto es que, como resultado, el chofer, de 50 años, recibió impactos en el pecho y la espalda. Otro pasajero, de 33 años, fue herido en el costado del tórax. Un tercer hombre, también de 50 años, sufrió una herida en la pierna izquierda, y la otra pasajera, de 30, recibió lesiones en un brazo, una pierna y el abdomen. Todos debieron ser trasladados por el SAME a hospitales porteños.

La situación ocurrió cerca de las 8.10, un horario donde el barrio suele registrar poco movimiento, mucho más en un día no laborable.

Vecinos del lugar se despertaron por los gritos y los disparos. Una mujer contó a la prensa que, en medio del caos, escuchó la voz de una mujer repitiendo: “¿Qué hice? ¿Qué hice?”. Según relató, era la oficial, a quien vio correr por la calle Maza, visiblemente alterada, hacia la esquina de Venezuela, donde un hombre intentó asistirla.

“Llamá a mi marido”, fue lo único que pidió la agente, todavía en shock. La testigo agregó que, entredormida, llegó a escuchar tres o cuatro tiros seguidos de gritos, que al principio no se entendían, pero luego notó que la mujer pedía ayuda, sin saber en ese momento que se trataba de una efectivo policial. “Estaba nerviosa”, acotó.

La vecina explicó: “Me asomé y vi que corría por Maza hacia la esquina”. También observó la llegada rápida de varios patrulleros. “No vi si tenía un arma, ni vi a los heridos. Me metí enseguida para adentro”, agregó.

La policía quedó detenida en el lugar. Personal de la Policía de la Ciudad y de la división Científica trabajó en la escena durante varias horas. El vehículo, un Chevrolet Corsa, fue retirado por las autoridades luego de los peritajes.

La ciudad de San Cristóbal permanecerá dos días más sin clases en todos sus establecimientos educativos por decisión del Gobierno provincial, tras el tiroteo ocurrido hace una semana en una escuela local que terminó con la vida del estudiante Ian Cabrera.

La medida, anunciada oficialmente este domingo por el Gobierno provincial responde a la necesidad de desplegar un operativo integral de contención social y psicológica para la comunidad educativa, en tanto la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno, escenario del hecho, quedó cerrada por tiempo indeterminado bajo orden judicial hasta la finalización de las pericias.

La suspensión de actividades académicas alcanza a todas las instituciones públicas y privadas de la ciudad, así como a los diferentes niveles educativos, según confirmaron fuentes oficiales. El Ministerio de Educación de la provincia detalló que el retorno a las aulas será progresivo y flexible, con acciones orientadas a acompañar a alumnos, familias, docentes y asistentes escolares. El día del ataque, el titular de la cartera José Goity hizo mención a este punto, al señalar que “el agresor atravesaba una situación del ámbito intrafamiliar muy compleja”.

“Como parte de las medidas adoptadas, y en respuesta a pedidos de la comunidad local y de organizaciones civiles, este lunes 6 y martes 7 de abril no habrá clases en todas las escuelas oficiales y privadas de todos los niveles y modalidades de la ciudad”, escribieron en un comunicado desde el sitio web del Gobierno provincial.

La estrategia incluye la organización de espacios de acompañamiento emocional, mesas de diálogo y propuestas pedagógicas para sostener el vínculo educativo desde los hogares. Una vez avanzado el trabajo en este punto “el esquema de retorno se comunicará institucionalmente conforme a lo que disponga la Justicia”.

El hecho que llevó a tomar esta decisión ocurrió el lunes 30 de marzo, pasadas las 7 de la mañana, cuando los alumnos de la institución educativa aguardaban para izar la bandera. La muerte de Cabrera se produjo en medio de una balacera provocada por un adolescente de 15 que ingresó al colegio con un arma -que pertenecía a su abuelo- escondida en un estuche de guitarra.

“El agresor sacó una escopeta de su mochila, hirió a varios compañeros y mató a otro de 13 años”, confirmó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, que junto al resto de las autoridades de gobierno se abocaron a trabajar en lo que había ocurrido. La tragedia dejó también ocho personas heridas.

Durante el período sin clases, los equipos interdisciplinarios de los ministerios de Educación, Salud, Igualdad y Desarrollo Humano y Justicia y Seguridad trabajarán de forma conjunta. “Se intensificará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente, con el objetivo de asistir al personal educativo. También se prevén encuentros específicos con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles para coordinar el proceso de acompañamiento institucional”, explicaron respecto al plan.

“Por su parte, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa", ampliaron. Desde las áreas de salud también afirmaron la participación mediante “equipos de salud mental de las regiones Rafaela y Ceres, junto con efectores locales como el Hospital Samco “Julio César Villanueva” y los centros de salud de la ciudad".

La decisión del Gobierno provincial también se da luego de que denunciaran la existencia de amenazas a otras instituciones de Santa Fe. “La semana que viene vamos a tirotear las secundarias técnicas y brotécnicas de Rafaela haci que preparen en secundarias (SIC)”, decía uno de los mensajes difundido por un usuario de Instagram.

La situación procesal del autor del tiroteo

El joven de 15 años acusado de disparar fue puesto bajo custodia de las autoridades el mismo día de los hechos y permanece alojado en un centro especializado para menores. Dado que la normativa que permitiría juzgar penalmente a menores de su edad todavía no se implementó, el adolescente resulta inimputable en esta etapa.

La investigación está a cargo de los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra, quienes trabajan bajo secreto de sumario. El viernes pasado se realizó la audiencia de formulación de cargos en los Tribunales de San Cristóbal, donde el juez dispuso mantener la reserva total sobre los debates y resoluciones adoptadas en la causa.

Pese a la estricta confidencialidad, trascendieron algunos detalles del avance del expediente. La fiscalía concentra sus esfuerzos en determinar el nivel de premeditación del ataque, y sostiene que existen elementos para afirmar que no se trató de un hecho improvisado. Los investigadores lograron reconstruir parte de los movimientos previos y posteriores al tiroteo y analizan si existió algún tipo de influencia externa o si el plan fue ideado únicamente por el menor.

Un tiroteo registrado poco después de la medianoche del 5 de abril en las inmediaciones de Lafayette Square, a escasos metros de la Casa Blanca, llevó al Servicio Secreto a reforzar las medidas de seguridad en el área mientras continúa la investigación para localizar a un sospechoso y un vehículo relacionados con el incidente.

Según comunicó Anthony Guglielmi, las actividades programadas en la residencia presidencial no se vieron afectadas, aunque ciertas calles cercanas permanecen cerradas por precaución, de acuerdo con la información divulgada por el medio Europa Press.

Las autoridades federales precisaron que, tras el aviso de disparos, múltiples agentes del Servicio Secreto realizaron una “búsqueda exhaustiva” tanto en el histórico parque como en sus alrededores, sin lograr encontrar al presunto autor de los disparos.

En el centro del operativo, organizaciones policiales como el Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C. y la Policía de Parques de Estados Unidos colaboran estrechamente con el Servicio Secreto en la localización activa de una “persona de interés” vinculada a un vehículo en fuga, según el medio N+.

La investigación policial continúa abierta y, hasta el momento, no se reportaron heridos ni se determinó el motivo detrás del tiroteo.

Las fuerzas de seguridad mantienen el llamado a la colaboración ciudadana: “Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la policía de DC al 202-727-9099 o enviar un mensaje de texto al 50411″, señaló Guglielmi en una petición clara para recabar pistas que permitan avanzar en el caso.

Durante la noche del incidente, el presidente Donald Trump permanecía en la Casa Blanca, según consta en la agenda pública, dato confirmado por el Servicio Secreto a Europa Press.

El área de Lafayette Square fue desalojada tras el tiroteo

Lafayette Square, situada justo al norte de la Casa Blanca y separada únicamente por Pennsylvania Avenue, constituye tradicionalmente un punto de encuentro para protestas y reuniones públicas.

El día del tiroteo, la plaza albergaba la vigilia por la paz, protesta continua que encabeza desde hace 44 años Philipos Melaku-Bello, según reporta la agencia Reuters. Ante el incidente, las autoridades desalojaron el lugar; según el mismo medio, el presidente Trump ordenó que la manifestación fuese retirada de la zona el domingo.

El refuerzo de la seguridad en el entorno presidencial se mantendrá mientras las investigaciones avanzan y no se haya identificado ni detenido al responsable.

El Servicio Secreto, cuyo mandato principal es la protección del presidente y la integridad de los recintos oficiales, declaró que “las operaciones en la Casa Blanca continúan con normalidad, aunque se ha elevado el nivel de seguridad. Aún hay cortes de calles en la zona”, en palabras de Guglielmi recogidas por Europa Press.

Las autoridades confirmaron que “no se han reportado heridos” a raíz del tiroteo. Tal como remarca el comunicado oficial citado por N+, “la investigación sigue activa”, lo que implica que no se descartan nuevas medidas preventivas. Hasta la mañana del lunes, no se había anunciado avance en la búsqueda del sospechoso ni en la identificación de un posible móvil del ataque.

La Plaza Lafayette Square, por su proximidad a la Casa Blanca —a poco más de 50 metros— y su uso frecuente como escenario de manifestaciones, fue objeto de estrictos protocolos de seguridad en diversas ocasiones. La administración del presidente Trump, de acuerdo con Europa Press, mantuvo la vigilancia elevada tras el episodio, reiterando la coordinación interinstitucional entre cuerpos federales y locales.

El Servicio Secreto insistió en que cualquier avance relevante será comunicado públicamente y que la normalidad en la sede gubernamental persiste a pesar del refuerzo de medidas y los desvíos de tránsito implementados desde la madrugada posterior al tiroteo.

En el ataque murió Ian Cabrera, de 13 años, una de las primeras víctimas que se cruzó con el tirador. Fue en el baño, a donde el acusado había ido a preparar el arma que le robó a su abuelo.

El tiroteo luego siguió en el patio interno del colegio. Allí, el adolescente disparó cuantas veces pudo hasta que lo redujo el portero. En total, ocho chicos resultaron heridos durante el episodio.

El estudiante de 15 años fue entregado a las autoridades esa misma mañana y desde entonces está alojado en un centro especializado para menores en conflicto con la ley, bajo supervisión de su madre. Por su edad, es inimputable: el nuevo Régimen Penal Juvenil sancionado recientemente que permitiría juzgarlo aún no está vigente.

De todas formas, hay una compleja investigación en curso, encabezada por los fiscales Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra. Pero la información oficial es limitada porque la causa está bajo secreto de sumario. El último viernes, por ejemplo, se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra el joven agresor en los Tribunales de San Cristóbal y el juez pidió explícitamente la reserva absoluta de todo lo debatido y resuelto.

No obstante, Infobae conoció detalles sobre cómo avanza el expediente, que gira en torno a varios ejes complejos. Uno de ellos, considerado central por la fiscalía, es el análisis de la planificación del ataque: para los fiscales hay pruebas para sostener que no fue un evento espontáneo.

Según indicaron fuentes de la causa, los investigadores ya pudieron reconstruir parcialmente lo sucedido antes y después del tiroteo, y trabajan sobre la hipótesis de que el hecho contó con cierto grado de preparación. Ahora se enfrentan a la incógnita de si fue un plan solitario o si contó con influencias externas. Para responderla, se centran principalmente en el rol de los vínculos virtuales que tenía el adolescente y su actividad en diferentes redes sociales.

Los funcionarios encontraron una dificultad: detectaron que el tirador formaba parte de comunidades “muy cerradas” donde la forma de comunicarse entre usuarios es “mucho más compleja” de lo que acostumbran, según definieron. Además, contarían con mecanismos de ocultamiento de identidades que le ponen trabas a la tarea de identificar a otros posibles involucrados o instigadores.

Por eso, uno de los principales objetivos en el expediente es rastrear estos contactos del adolescente, revisar mensajes y determinar si existieron más actores con responsabilidad directa o indirecta en la preparación del ataque.

Entre los elementos de interés que tiene la causa, las autoridades cuentan con la escopeta utilizada para el hecho, las municiones, y el kit para atentados que encontraron en la casa del tirador en un allanamiento realizado por la PFA. En la vivienda, secuestraron un pasamontañas y una remera con la leyenda “WRATH” o “ira”, en inglés, vinculada a los autores de la masacre escolar de Columbine, Colorado, perpetrada en 1999, que terminó con doce estudiantes muertos.

Con respecto a qué temperamento adoptar con el tirador, los fiscales remarcan que su situación legal está condicionada por su edad. Por esta razón, la causa se centra más en esclarecer el contexto y las motivaciones del hecho que en la búsqueda de una sanción penal. “No tenemos ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”, dijo el viernes en una conferencia de prensa el fiscal Luis Schiappa Pietra.

En relación al establecimiento educativo, la escuela permanecerá cerrada unos días más bajo custodia judicial. La decisión radica en que es un lugar clave para la investigación penal por ser la escena primaria del crimen.

En este contexto, hasta tanto no se culminen todas las diligencias necesarias y el Ministerio Público de la Acusación considere que no quedan peritajes o pruebas por recolectar, la institución no será habilitada para retomar la actividad normal.

Según indicaron las autoridades, la fiscalía está en contacto con el Ministerio de Educación provincial para coordinar una eventual reapertura según las indicaciones que establezcan los peritos y autoridades judiciales.

“Nosotros, en ese sentido, a los fines investigativos, estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación, quien decidirá desde el punto de vista justamente educativo y el dictado de clases, cómo tendrá que resolver, cómo va a canalizar esto. Hoy por hoy prima la investigación penal en relación, reitero, a este terrible hecho que ocurrió en esta localidad de San Cristóbal”, aclaró Schiappa Pietra en una conferencia.

La audiencia imputativa

El viernes se realizó la audiencia de formulación de cargos contra el acusado, quien no asistió a la audiencia a pesar de que los fiscales le solicitaron al juez que estuviera.

En la jornada estuvo el fiscal Schiappa Pietra, junto a Carlos Vottero, fiscal Regional de la Quinta Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, y sus colegas Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza.

Al finalizar el encuentro, Vottero lamentó públicamente el episodio ocurrido en la ciudad, hizo una mención a los padres tanto de la víctima fatal como de los heridos, y expresó su malestar por la ausencia del adolescente de 15 años en la sala.

“Lamento mucho como fiscal regional y representante del Ministerio Público de la Acusación, la no presencia en la sala del autor, menor no punible de 15 años, del hecho”, declaró ante la prensa.

Y agregó: “Lamentamos tremendamente lo sucedido, porque estamos hablando ante un hecho extremadamente grave, un hecho trágico, donde realmente se merecen la primera mención los padres de Ian, quienes no quisieron concurrir a la audiencia, y los padres de los otros dos menores de trece y quince años, víctimas también de este terrible hecho de arma de fuego”.

Este viernes se realizó en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, la audiencia de formulación de cargos contra el joven de 15 años que mató a Ian Cabrera (13) y le provocó lesiones a otros ocho estudiantes en un tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.

Una vez finalizada, los fiscales del caso, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron algunos detalles de la investigación. En ellos, indicaron que “no tienen ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”.

“Hay muchas aristas de esta investigación. Nosotros hoy dimos cuenta y explicamos al momento de imputar, de hacer saber los hechos, que este es un evento que había tenido una cierta planificación y que esa planificación además, estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales”, aseguró el fiscal Luis Schiappa Pietra luego de la audiencia realizada esta mañana.

En ese sentido, el funcionario judicial explicó que el foco de la investigación ahora se centrará en los perfiles de internet que utilizaba el adolescente que disparó.

“Nosotros ya tenemos hoy información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas, estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas. Obviamente no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarla, justamente porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y demás. En sí, en comunidades de redes muy cerradas también”, explicó el fiscal.

Al ser consultado si pudo haber existido la participación de otras personas en el hecho, el fiscal aseguró que “se está investigando” y que “por el momento no tiene información concreta para transmitir respecto de ese punto”.

“Esta es una investigación muy compleja, en muy pocos días. Desde el Ministerio Público pudimos reconstruir parte importante de lo que fueron los momentos, algunos momentos previos y luego posteriores a estos hechos. Creemos que esta es una investigación que va a continuar. Claramente respecto de él, nosotros no tenemos ninguna pretensión punitiva porque es no punible”, resaltó.

Respecto a la escuela, el fiscal adelantó que todavía permanecerá cerrada con el objetivo de poder avanzar en la investigación. “Hoy constituye lo que es desde el punto de vista de la investigación penal, la escena del crimen, la escena del hecho; va a permanecer un tiempo más resguardada”, dijo el fiscal.

Y añadió: “Nosotros en ese sentido, a los fines investigativos, estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación, quien decidirá desde el punto de vista justamente educativo y el dictado de clases, cómo tendrá que resolver, cómo va a canalizar esto. Hoy por hoy prima la investigación penal en relación, reitero, a este terrible hecho que ocurrió en esta localidad de San Cristóbal”.

Schiappa Pietra, en la conferencia de prensa, estuvo acompañado por Carlos Vottero, fiscal Regional de la Quinta Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y de sus colegas Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza.

A su turno Vottero reveló que en el audiencia no estuvo presente el chico de 15 acusado ni la familia de Ian, pese a que se lo pidió al juez. “Quiero mencionar que lamento mucho como fiscal regional y representante del Ministerio Público de la Acusación, la no presencia en la sala del autor, menor no punible de 15 años, del hecho”, dijo el fiscal Regional, quien remarcó que por decisión del magistrado, la causa sigue bajo secreto de sumario.

Vecinos del lugar se despertaron por los gritos y los disparos. Una mujer contó a la prensa que, en medio del caos, escuchó la voz de una mujer repitiendo: “¿Qué hice? ¿Qué hice?”. Según relató, era la oficial, a quien vio correr por la calle Maza, visiblemente alterada, hacia la esquina de Venezuela, donde un hombre intentó asistirla.

“Llamá a mi marido”, fue lo único que pidió la agente, todavía en shock. La testigo agregó que, entredormida, llegó a escuchar tres o cuatro tiros seguidos de gritos, que al principio no se entendían, pero luego notó que la mujer pedía ayuda, sin saber en ese momento que se trataba de una efectivo policial. “Estaba nerviosa”, acotó.

“Me asomé y vi que corría por Maza hacia la esquina”, explicó la vecina, que también observó la llegada rápida de varios patrulleros. “No vi si tenía un arma, ni vi a los heridos. Me metí enseguida para adentro”, agregó.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los investigadores, la policía había subido al vehículo en Liniers para compartir un viaje con otras cuatro personas: el conductor, dos hombres y una mujer, que venían desde la localidad bonaerense de Moreno.

Durante el trayecto, la oficial de la PFA empezó a sentirse mal y, al pedirle al chofer que frene sin conseguir respuesta, creyó que podía estar ante una situación de robo. En ese momento, sacó su arma reglamentaria y disparó dentro del vehículo.

Las balas alcanzaron al conductor, un hombre de 50 años, que recibió disparos en el pecho y la espalda. Otro pasajero, de 33 años, fue herido en el costado izquierdo del tórax. En el asiento trasero, un tercer hombre, también de 50 años, sufrió un impacto en la pierna izquierda, mientras que la otra pasajera, de 30, recibió heridas en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen. Todos los heridos fueron trasladados por personal del SAME a hospitales porteños.

Fuentes consultadas por Infobae explicaron que el viaje se había organizado bajo la modalidad de “viaje compartido” de una aplicación de transporte. El hecho ocurrió cerca de las 8.10 de la mañana, en un horario donde el barrio suele registrar poco movimiento.

La agente que disparó no sufrió lesiones y quedó detenida en el lugar. Efectivos de la Policía de la Ciudad y Científica trabajaron durante varias horas en la escena para recolectar pruebas y reconstruir lo sucedido. Durante la tarde, las autoridades retiraron el Chevrolet Corsa tras finalizar las tareas técnicas en la zona.

Por el momento, las circunstancias que derivaron en el tiroteo permanecen bajo investigación.

De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, todo ocurrió alrededor de las 08:10 en la zona de la avenida Belgrano y la calle Maza. Según los primeros datos de la investigación, la oficial compartía un viaje en un auto Chevrolet Corsa de una aplicación de viajes, junto a cuatro personas: el conductor, otros dos hombres y una mujer.

La agente, al parecer, había abordado el vehículo en el barrio de Liniers, mientras que los otros pasajeros provenían de la localidad bonaerense de Moreno.

Durante el trayecto, la oficial comenzó a sentirse descompuesta y solicitó al chofer que detuviera la marcha. Ante la negativa del conductor y al sospechar que podría estar siendo víctima de un robo, la agente decidió efectuar disparos dentro del vehículo y los hirió a las cuatro personas con las que viajaba.

Los heridos son un hombre de 50 años, quien manejaba el Corsa y que recibió disparos en el pecho y la espalda. Otro es un hombre de 33 años que viajaba en el asiento del acompañante y fue herido del lado izquierdo del tórax.

De igual manera, en el asiento trasero, un tercer hombre -de 50 años- recibió un tiro en la pierna izquierda, mientras que una mujer de 30 años, que se encontraba en el medio, fue baleada en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen. Todos fueron derivados por el SAME a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Personal de Policía Científica trabaja en el lugar.

Policía Federal a los tiros en Villa Crespo

En enero, un cabo de la PFA, que se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de sustancias, fue detenido esta madrugada en el barrio porteño de Villa Crespo, después de descender de su vehículo y realizar disparos con un arma de fuego.

El hecho dejó como saldo a un transeúnte herido en una pierna, quien fue trasladado al Hospital Durand y permanece fuera de peligro, según confirmaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió cerca de las 5:50 en la intersección de Fitz Roy y Muñecas. Personal de la fuerza acudió al lugar tras recibir una alerta por disparos y redujo al agresor.

Al llegar los oficiales, hallaron un hombre armado, que intentó escapar por Fitz Roy, descartando el arma. No obstante, fue reducido a los pocos metros y quedó detenido por el personal policial.

El sospechoso, cabo de la Policía Federal Argentina, habría bajado del auto y disparado su arma, ya que había 14 vainas servidas en la vía pública, según indicaron fuentes policiales.

La víctima, un hombre mayor y empleado de una empresa distribuidora de comida, resultó herido de bala en la pierna izquierda y fue trasladado por el SAME al Hospital Durand y sin riesgo de vida.

De acuerdo a los testimonios, el policía descendió de su auto particular y comenzó a disparar en la vía pública antes de ser reducido y puesto a disposición de la Justicia. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encargó del traslado del herido al hospital, donde recibió atención médica y su estado fue calificado como sin riesgo de vida.

La sentencia recoge que la intervención policial derivó en secuelas psicológicas graves tanto para el conductor como para la pasajera del vehículo, quienes permanecieron bajo tratamiento médico durante períodos prolongados como resultado del suceso. Según publicó Europa Press, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias condenó a uno de los agentes de la Policía Local de Oviedo a dos años de prisión por su actuación durante el tiroteo ocurrido en el barrio de La Florida en junio de 2022, declarando absuelto al otro agente implicado.

Europa Press detalló que la resolución judicial consideró probados los hechos ocurridos el 24 de junio de 2022, cuando ambos agentes llegaron, sin uniforme y en un coche sin distintivos policiales, a la zona del Pozo de San Lázaro de Paniceres. Allí, dos jóvenes permanecían dentro de un vehículo en las inmediaciones. El agente que resultó posteriormente condenado se aproximó al coche y solicitó al conductor que bajara la ventanilla para proceder a su identificación, momento en el que el joven, dudando de la autenticidad policial y temiendo por su seguridad y la de su acompañante, decidió arrancar el motor e intentar escapar.

El medio Europa Press reportó que cuando el automóvil de los jóvenes ya se encontraba en movimiento, el agente efectuó tres disparos con su arma de servicio contra el lateral izquierdo del vehículo, con el propósito de detenerlo. Dos de los proyectiles impactaron en la puerta trasera y uno más en la puerta delantera, provocando la rotura de la ventanilla del conductor. Tras estos hechos, ambos ocupantes prosiguieron la huida mientras la pasajera alertaba al servicio de emergencias 112 en busca de ayuda.

Posteriormente, los policías localizaron el coche y lograron interceptarlo en la calle Luis José de Ávila. Fue en ese punto donde el segundo agente, finalmente absuelto durante el proceso judicial, realizó la detención del conductor aplicando la fuerza mínima indispensable, lo que derivó en lesiones leves para el joven. Europa Press consignó que, conforme a los informes médicos obrantes en el proceso, el conductor desarrolló un subsíndrome de estrés postraumático por el que requirió tratamiento farmacológico y psicológico durante un periodo de 60 días. Por su parte, la pasajera presentó un síndrome de estrés postraumático sumado al agravamiento de una depresión previa, debiendo recibir atención médica durante 210 días.

En la argumentación de la sentencia, que fue recogida por Europa Press, el tribunal concluyó que la actuación del agente que disparó resultó "totalmente innecesaria" y "desvinculada de toda finalidad defensiva", en tanto no se acreditó una situación objetiva de peligro ni una percepción razonablemente fundada de amenaza para la integridad física de los policías. Por esa razón, los magistrados desestimaron la eximente de responsabilidad alegada en el escrito de defensa del agente.

Se incorporó un voto particular en la resolución judicial, donde una de las magistradas justificó que los dos funcionarios de la Policía Local implicados deberían haber recibido la absolución. Sostuvo que no había dolo en la conducta del agente que disparó, considerando que su objetivo era impedir la fuga del vehículo y no causar daño a los ocupantes. Según subrayó la magistrada en su voto, el agente reaccionó bajo la impresión de que su compañero podía estar en riesgo de atropello, ya que instantes antes el otro policía había sufrido una lesión al ser alcanzado en el pie por el vehículo en movimiento.

Europa Press recordó que únicamente existió acusación por parte de la acusación particular, dado que el Ministerio Fiscal había solicitado la absolución de los agentes. La magistrada, en su voto particular, también criticó la calificación jurídica de la acusación particular, señalando "graves inconcreciones" en su planteamiento.

El fallo, de acuerdo con la información de Europa Press, abordó los hechos desde la perspectiva de la proporcionalidad en el ejercicio de la fuerza policial. El tribunal consideró que la respuesta del agente resultó excesiva atendiendo al contexto, ya que ni el comportamiento del conductor ni las circunstancias objetivas generaron un riesgo tangible que justificara el uso del arma reglamentaria.

La resolución judicial llevó a la condena del agente por la conducta desplegada en estas circunstancias, mientras que el otro implicado fue eximido de toda responsabilidad penal. La sentencia también hace hincapié en el impacto psicológico considerable sufrido por las víctimas, tal como reflejan los informes médicos incorporados al expediente judicial.

El hecho comenzó cerca de las 14 en una vivienda de la calle Hortiguera al 1900. Según informaron fuentes policiales a Infobae, un grupo de ladrones irrumpió en la propiedad donde se encontraba Ponte Perro junto a su pareja. Ambos fueron atados y reducidos por los asaltantes, que buscaban robar pertenencias.

Un vecino notó movimientos extraños y llamó al 911, lo que activó un operativo de urgencia. Los asaltantes escaparon en una Renault Kardian gris con pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la huida, chocaron contra otro auto en la esquina de Alberti y Ecuador y se enfrentaron con la Policía a los tiros.

Como consecuencia, uno de los delincuentes fue baleado y murió en el lugar. Estaba armado con una pistola con un kit Ronin, un accesorio para convertir el arma en una especie de subfusil. Hasta el cierre de esta nota, no había sido identificado oficialmente.

En tanto, los otros dos delincuentes intentaron escapar a pie. Uno de ellos, identificado como Roberto Oscar Sánchez, de 35 años, entró a una casa de Alberti al 2800 y tomó de rehén a una mujer de 50 años.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del interior de la vivienda. En las imágenes se observa a Sánchez junto a la víctima dentro del garage mientras rompe su celular contra la pared y tira las partes, aparentemente para eliminar pruebas.

Los policías rodearon la casa. “Levantá las manos”, le ordenó una agente. La rehén, en medio de la situación, intentó tranquilizar al delincuente y a los oficiales: “Ahí va, ya salimos”, decía, a la vez que un policía le aseguraba a Sánchez: “Haceme caso, no te va a pasar nada, nosotros somos profesionales”.

El asaltante aceptó entregarse y pidió dos minutos. “Ya está”, repitió varias veces. Finalmente salió con la rehén delante, ambos atravesando el portón. La Policía lo redujo de inmediato en el piso y lo detuvo.

Por su parte, el segundo detenido, llamado Gonzalo Nahir Petruchelli, de 24 años, fue atrapado a dos cuadras, en Alberti al 2500, con una pistola Pietro Beretta 9mm y dos cargadores.

De acuerdo al reporte policial, Petruchelli había salido de la cárcel en abril del año pasado, tras cumplir condena en la Unidad Carcelaria N°1 de Olmos. Su historial de causas penales incluye procesamientos por robo agravado y resistencia a la autoridad, con las primeras causas iniciadas en 2020.

Sánchez, por su parte, tiene antecedentes desde fines de 2008 (el primer expediente fue por robo armado en la jurisdicción de San Martín) y un pedido de detención vigente por homicidio agravado criminis causa (asesinato cometido para ocultar otro delito o asegurar la impunidad), con intervención de la UFI N°1 de Moreno.

Al momento de tomar como rehén a la vecina, llevaba una pistola Bersa Mini Thunder con cargador extensible.

Los involucrados quedaron a disposición del fiscal Lucio Rivero, de la UFI Descentralizada N°2 de Ituzaingó, quien caratuló el caso como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

En las próximas horas serán indagados.

La noche del sábado en Daytona Beach se convirtió en escenario de confusión y pánico para cientos de jóvenes que celebraban las vacaciones de primavera, con multitudes corriendo en desbandada tras un ruido repentino. La estampida dejó imágenes virales de jóvenes huyendo en el balneario ante lo que creyeron era un tiroteo.

Sin embargo, las autoridades aclararon que la alarma fue producto del estruendo generado por botellas de agua aplastadas entre la multitud. El sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, desmintió las versiones sobre disparos y recalcó que no hubo heridos por arma de fuego en el área turística.

“Hubo cero disparos en la playa”. El funcionario precisó que el operativo incluyó la presencia de 50 agentes y culminó con más de 80 detenciones, según informaron el canal local FOX 35 Orlando y el medio Observer Local News.

El origen del pánico en Daytona Beach

La viralización de mensajes en plataformas digitales acrecentó el temor entre los presentes, que huyeron en masa tras escuchar lo que describieron como “explosiones”. De acuerdo con el sheriff Chitwood, la causa fue tan simple como personas aplastando botellas de agua, provocando el estruendo que desató el caos.

El pánico se expandió por rumores de disparos difundidos rápidamente en redes sociales y grupos de mensajería, lo que dificultó la labor de los agentes para recuperar el control, según reportó FOX 35 Orlando.

En plena confusión, circularon videos que mostraban a decenas de jóvenes corriendo descalzos, abandonando pertenencias y buscando refugio en comercios cercanos. Las imágenes pusieron bajo la lupa la seguridad de los destinos turísticos más concurridos de Florida durante las vacaciones universitarias.

Operativo policial y balance de arrestos

El despliegue de las fuerzas de seguridad fue intenso: cincuenta agentes patrullaron la playa y sus alrededores desde el comienzo del fin de semana. El sheriff Chitwood remarcó que la mayoría de los arrestos —más de 80 en total— no se relacionaron con violencia armada, sino con infracciones menores como consumo de alcohol en la vía pública y posesión de identificaciones falsas.

Se incautaron armas en 6 casos, aunque ninguna de esas detenciones por tenencia ilegal ocurrió en la arena. “Todos pueden portar un arma en Florida”, precisó Chitwood. Añadió que quienes fueron arrestados con armas no estaban en la playa al momento del episodio, según Observer Local News.

Entre los detenidos se encuentra un adulto y un menor por portar armas de manera ilegal, así como siete personas identificadas como migrantes en situación irregular.

Contexto de violencia y cambios en el turismo de spring break

La ciudad de Daytona Beach figura entre los destinos preferidos por estudiantes universitarios que buscan festejar el las vacaciones de primavera lejos de las restricciones implementadas en otras localidades de Florida como Miami y Fort Lauderdale, donde los gobiernos locales han decretado toques de queda para controlar disturbios. Esta tendencia ha impulsado el flujo de visitantes hacia el norte del estado, según publicó el medio británico GB News.

Algunos grupos llegan equipados con maletas repletas de bebidas alcohólicas e identificaciones falsas, otros intentan pasar inadvertidos utilizando envases camuflados, como los “BORGs” —galones de bebida alcohólica preparada— o latas de hard seltzer. A este fenómeno se suma la presencia de fraternidades y sororidades, principalmente respaldadas desde el plano económico por familias adineradas.

La violencia en destinos internacionales, especialmente en el estado mexicano de Jalisco, motivó que muchos jóvenes eligieran Florida como alternativa, evitando áreas catalogadas de alto riesgo. Autoridades locales expresaron su preocupación ante el desafío de mantener el orden en ciudades no preparadas para semejante avalancha de visitantes.

Reacciones y evaluación de las autoridades

Las fuerzas de seguridad mantienen que la respuesta policial resultó acorde y que la mayoría de los detenidos colaboró sin incidentes. “Todos los jóvenes entendieron las razones de su arresto y se comportaron de forma educada”, indicó el sheriff Chitwood, según el medio ClickOrlando. No obstante, la circulación de videos en redes y la cobertura mediática han abierto el debate sobre la capacidad de las autoridades locales para gestionar eventos multitudinarios bajo presión social.

La ciudad reportó cuatro tiroteos desde el viernes, ninguno de ellos relacionado con la estampida ni registrado en la playa. Estos hechos, señalaron las fuentes policiales, ilustran la complejidad de mantener la seguridad en los períodos de mayor concurrencia y exposición pública.

El medio detalló que el hecho sucedió alrededor de las 3.45 de la madrugada. Las primeras pesquisas apuntan a que el agresor actuó solo, irrumpiendo en el local antes de abrir fuego de manera directa contra ambas víctimas. La investigación policial se centró desde el primer momento en identificar al responsable y determinar los motivos detrás del ataque, aunque, en las primeras horas posteriores, no trascendieron detalles sobre la identidad del atacante o las características de las víctimas.

Tras la huida del agresor, las autoridades pusieron en marcha un amplio operativo de búsqueda e intervención en la zona, según consignó la Policía alemana. El área circundante al restaurante quedó acordonada mientras peritos y agentes recababan pruebas y entrevistaban a posibles testigos que pudieran aportar información relevante para la localización del sospechoso y el esclarecimiento de los hechos. La presencia policial se mantuvo visible tanto en los accesos inmediatos al local como en otras salidas y puntos estratégicos de Raunheim.

De acuerdo con el informe policial citado por la prensa, los equipos de emergencia acudieron al lugar minutos después del aviso. Las dos víctimas fueron declaradas muertas en el mismo establecimiento, al tiempo que personal médico y forense se hizo cargo de realizar las primeras diligencias y levantar los cuerpos, parte fundamental en el proceso de investigación abierto para determinar con precisión la secuencia de los acontecimientos y el tipo de arma utilizada.

El suceso generó alarma en la comunidad local, que suele recibir a numerosos visitantes por su proximidad con el aeropuerto de Fráncfort, uno de los de mayor tráfico en Alemania y Europa. Mediante boletines y comunicados a la opinión pública, la Policía pidió colaboración ciudadana para obtener cualquier dato que facilite la identificación y captura del responsable, al tiempo que confirmó que mantiene diversas líneas de investigación abiertas.

En el transcurso de las siguientes horas, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad, revisaron antecedentes en el entorno del local atacado y contactaron con personas vinculadas a las víctimas, según informaron fuentes policiales a medios locales e internacionales. El despliegue incluyó patrullas adicionales y refuerzos en los accesos a Raunheim y sus inmediaciones, como parte del protocolo habitual en episodios de este tipo en la región.

El medio reportó que, conforme avanzaban las indagaciones, no se descartó ninguna hipótesis en torno a la motivación del crimen. Las autoridades alemanas reiteraron que la seguridad de la población y la prioridad por arrestar al autor continuarán guiando la investigación abierta, que permanece bajo coordinación directa de las unidades especializadas en delitos violentos de la Policía regional.

Un nuevo ataque sicarial se presentó en la capital del país, preocupando a los transeúntes y residentes del barrio Salitre, ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El hecho se registró sobre las 2:00 p. m. del lunes 16 de marzo de 2026 dejó una persona muerta.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, el acto de violencia fue cometido por dos sujetos armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Al divisar el paradero de su víctima, no dudaron en abordarla mientras hablaba por teléfono.

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Vecinos de la zona reportaron al diario El Tiempo que la persona atacada habría residido en Salitre por cerca de 20 años, aunque esta información no ha sido confirmada o descartada por las autoridades que se desplazaron hasta el lugar de los hechos para adelantar las primeras pesquisas.

Entre tanto, también se confirmó que el individuo llegó al lugar aproximadamente 10 minutos antes del ataque, por lo que se estima que los criminales lo estarían siguiendo. Por ahora, las autoridades investigan los hechos para esclarecer los motivos y dar con los responsables, con el fin de llevarlos ante la justicia.

El ataque a bala se presentó a pocas cuadras del Terminal del Salitre, específicamente en la calle 22D con carrera 69B, en el momento en el que los criminales dispararon en contra del ciudadano, de aproximadamente 35 años, cuando se encontraba en un paradero de buses del sector.

El pánico se apoderó de los presentes que se acercaron a la víctima en cuanto los criminales huyeron del lugar, percatándose de que murió por la gravedad de los impactos de bala.

Tras lo ocurrido, uniformados de la Policía se movilizaron hasta el sector en compañía de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que se encargaron de acordonar la escena del crimen y adelantar las primeras verificaciones en el lugar, así como entrevistar a los transeúntes y residentes y empezar con la revisión de las cámaras de seguridad.

Llamado a acciones de la alcaldía ante la inseguridad en Bogotá

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Delincuencial Siedco, durante 2025 se registraron 40 casos de secuestro. Además, se contabilizaron 1.173 homicidios en la ciudad ese mismo año.

Ante el panorama de inseguridad de 2025 y los primeros meses de 2026, la cabildante Diana Diago cuestionó abiertamente la respuesta de las autoridades distritales: “El alcalde se dedica a hacer videos, solidarizándose, lamentando las situaciones, pero no hay acción clara, compromiso, pero sobre todo no hay un plan de choque contra la delincuencia”, afirmó Diana Diago.

Del mismo modo agregó lo siguiente: “El secretario de Seguridad lleva ya dos años y Bogotá no camina segura”, enfatizó, refiriéndose al secretario César Restrepo y a la necesidad de medidas contundentes frente a la delincuencia organizada.

El Concejo de Bogotá exigió a las autoridades judiciales una investigación rigurosa sobre los diferentes casos que se han presentado en la ciudad para que así se logre sancionar a los responsables. Entre tanto, el llamado a la Alcaldía Mayor de Bogotá es adoptar medidas “urgentes y efectivas” para garantizar la seguridad en los barrios afectados.

Los datos expuestos por la concejala Diago, incluidos los reportes de desapariciones, secuestros y homicidios, demuestran un escenario en el que la confianza ciudadana en las instituciones disminuye notablemente en contraste con el aumento de los delitos, mientras que la presión social por resultados concretos sigue incrementando.

Para la vocera del Concejo: “La sensación de inseguridad es cada vez más fuerte y los resultados en materia de prevención y reacción siguen siendo insuficientes”.

El saldo incluyó un policía herido y un sospechoso en estado crítico, lo que desencadenó un amplio operativo y sembró el pánico entre los miles de turistas que visitaban Daytona Beach.

Las autoridades del condado de Volusia confirmaron al canal local WFTV que los incidentes se concentraron entre el viernes y el domingo, con dos tiroteos en la franja costera el sábado y una persecución que terminó en enfrentamiento armado el domingo. California Post destaca que Daytona Beach vivió un fin de semana caótico, tras la llegada de miles de jóvenes atraídos por las vacaciones.

Sucesión de incidentes y escalada de violencia en Daytona Beach

El primer episodio documentado ocurrió el viernes frente al bar Joint Bar, tras una pelea que culminó con un disparo, aunque no hubo lesionados, precisó la policía de Daytona Beach al Daily Mail.

Alrededor de una hora después, otra persona resultó herida de bala frente al gimnasio Crunch Fitness. El sábado ocurrieron dos nuevos incidentes armados en la zona costera, detalló la Oficina del Sheriff de Volusia a WFTV.

La situación alcanzó su punto más crítico el domingo, cuando el oficial Jake Fessenden, del Departamento de Policía de South Daytona Beach, fue alcanzado por los disparos y el sospechoso Todd Anthony Martin, de 31 años, terminó hospitalizado en estado grave, según el Departamento de Policía de Port Orange al Daily Mail.

La persecución se originó tras una llamada por disparos en Country Lane. Martin huyó en un vehículo y, luego de chocar en la Interstate 95, abrió fuego y baleó a Fessenden. Otro agente respondió a los disparos e hirió a Martin, quien trató de escapar a pie e ingresó de manera electrónica a un patrullero, lo que provocó un incendio en el vehículo.

Ambos, Fessenden y Martin, debieron ser hospitalizados. Según Tim Morgan, subjefe de policía de South Daytona Beach, citado por Click Orlando: “Está en condición estable y de buen ánimo”, aunque sufrió heridas graves. “Dios estuvo de su lado hoy. Sabemos que le dieron dos tiros, en dos áreas críticas, pero nos informan que está estable y estará bien”, aclaró Morgan.

Martin recibió atención en el Halifax Medical Center por heridas de bala y quemaduras, agregó Spectrum News 13 al Daily Mail. El parte policial recogido por el California Post reportó que ninguno de los disparos iniciales dejó heridos hasta la escalada del domingo.

Las consecuencias del pánico y el colapso del orden público

El pánico y la huida desordenada quedaron registrados en grabaciones difundidas en redes sociales y describieron los propios turistas. Los videos muestran a miles de personas corriendo por la arena de Daytona Beach, mientras las sirenas policiales se escuchaban, documentó el California Post.

Kissy Derito, visitante junto a su familia, entrevistada por WFTV, relató que el caos alcanzó también a las calles: “twerking, bailes, bloqueos de tráfico, insultos y gritos. No se podía avanzar ni retroceder, nada”. Derito narró la incertidumbre y el desconcierto de muchos turistas, como un hombre que preguntó en un ascensor: “¿Debemos hacer las maletas e irnos?”.

Las fuerzas de seguridad trabajan para determinar si existe relación directa entre la sucesión de disparos y el Spring Break. Autoridades intentan controlar la situación y restaurar la calma en uno de los destinos más frecuentados de Florida, cuya imagen resultó impactada por los hechos. Los testimonios recabados por WFTV hacen hincapié en el sentimiento de inseguridad generado por la dimensión de los incidentes.

Un resort turístico bajo escrutinio y víctimas en recuperación

Los cinco tiroteos ocurridos entre el viernes y el domingo en Daytona Beach dejaron, según la policía al Daily Mail, “a todos los heridos fuera de peligro”.

El personal médico de emergencia estabilizó tanto al oficial Fessenden como al sospechoso Martin, mientras las investigaciones se mantienen abiertas por parte del Departamento de Policía local y la Oficina del Sheriff de Volusia.

Las imágenes captadas durante el fin de semana reflejan una escena inédita, con fuerzas policiales de distintas jurisdicciones desplegadas a lo largo de la playa para intentar contener la sucesión de incidentes y la respuesta multitudinaria.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, expresó que la comunidad judía del estado debe poder ejercer su fe de manera segura, al referirse a un incidente ocurrido en la sinagoga Temple Israel ubicada en West Bloomfield. Según detalló la agencia Europa Press, Whitmer condenó en un comunicado el episodio y sostuvo que “el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el director del FBI, Kash Patel, comunicó que un individuo embistió un vehículo contra la entrada del centro de culto durante la jornada del jueves. Posteriormente, se registró un tiroteo en las inmediaciones del recinto, lo que motivó un extenso despliegue de seguridad.

El FBI destinó patrullas y personal especializado a la zona con el objetivo de neutralizar lo que denominaron “un tirador activo”, sostuvo Europa Press. Las autoridades no difundieron datos adicionales sobre la identidad del presunto atacante ni detalles sobre víctimas o el estado de salud de los involucrados hasta el momento.

La Policía del estado de Michigan informó a través de canales oficiales que tenía conocimiento del tiroteo y que ya se implementaron medidas para resguardar la seguridad en Temple Israel y en el área circundante. Además, agentes estatales ampliaron su presencia en otros centros religiosos dentro del distrito para reforzar la protección ante eventuales situaciones similares, reportó Europa Press.

El incidente produjo una rápida reacción entre los responsables de la seguridad local y federal. Europa Press consignó que la policía instó a la población a evitar acercarse tanto a la sinagoga como a la zona donde se produjo el tiroteo, a fin de facilitar tanto la respuesta de las fuerzas de seguridad como el proceso de investigación en curso.

El mensaje de Whitmer buscó subrayar la importancia de la convivencia y la práctica pacífica de la religión en Michigan. La gobernadora remarcó que rechaza cualquier manifestación de antisemitismo, subrayando su preocupación ante que hechos de esta naturaleza puedan tener lugar en el estado.

El director del FBI, Kash Patel, utilizó sus perfiles en redes sociales para dar cuenta de la situación y confirmar el despliegue de equipos especializados en el sitio. Europa Press informó que las autoridades continuaban evaluando posibles riesgos en el área y buscaban contener la amenaza presentada por el presunto tirador.

La cobertura mediática y las comunicaciones oficiales enfatizaron la incertidumbre inicial sobre la magnitud del suceso, así como la ausencia de datos verificables respecto a posibles heridos, fallecidos o la naturaleza exacta de los hechos ocurridos a continuación de la embestida con el vehículo.

El contexto del ataque generó preocupación tanto en la comunidad judía local como en sectores políticos y sociales del estado, según publicó Europa Press. Líderes comunitarios y organismos de derechos civiles manifestaron su inquietud y reclamaron medidas preventivas para evitar la reiteración de episodios similares en otros lugares de culto.

Las patrullas tanto del FBI como de la Policía estatal permanecieron activas en la zona de West Bloomfield tras el suceso, y las autoridades reiteraron la advertencia a los residentes y a quienes transitaban la localidad, pidiendo evitar desplazamientos hacia Temple Israel y sus alrededores con el fin de garantizar el desarrollo seguro de las labores policiales e investigativas, reportó Europa Press.

Un hombre acusado de vender ilegalmente el arma utilizada en el reciente tiroteo en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, quedó detenido por autoridades federales y compareció ante un tribunal el viernes. El ataque ocurrió el jueves por la mañana: un instructor murió y dos estudiantes resultaron heridos en una clase.

La investigación está a cargo del FBI, que considera el incidente un posible acto de terrorismo, según la cadena estadounidense ABC News.

Kenya Chapman enfrenta cargos por declaraciones falsas y venta ilegal de armas de fuego porque, según la acusación, facilitó una Glock 44 calibre .22 a Mohamed Jalloh, exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército.

Jalloh no podía comprar ni poseer armas por una condena federal anterior. En 2017, fue sentenciado a 11 años de prisión tras declararse culpable en 2016 de intentar apoyar materialmente a ISIS, lo que le prohibió de forma permanente adquirir armas legales.

De acuerdo con un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, Jalloh obtuvo libertad anticipada en diciembre de 2024 tras su participación en un programa de tratamiento de abuso de sustancias. La libertad anticipada en estos casos suele ser supervisada y es común en internos que cumplen con requisitos de rehabilitación establecidos por el sistema penitenciario, reportó la cadena estadounidense.

El jueves del ataque, las cámaras de videovigilancia captaron que Jalloh llegó en automóvil al campus aproximadamente a las 9:40 y luego entró al aula del programa militar universitario. Los registros judiciales indican que gritó “Allah Akbar”.

Este dato es especialmente relevante para la investigación porque podría vincular la motivación del ataque a causas extremistas, elemento central en la hipótesis terrorista. Según relató la agente especial del FBI Dominique Evans, de la oficina de Norfolk, en conferencia de prensa, el ataque continuó con la reacción de varios estudiantes.

Estos lograron someter al agresor dentro del aula. Poco después, fuentes cercanas a la investigación informaron que uno de los estudiantes apuñaló fatalmente a Jalloh.

Los antecedentes de Jalloh y la investigación por terrorismo

Mohamed Jalloh, en libertad condicional durante el ataque, cursaba materias en línea en la Universidad Old Dominion y, como notificó su oficial de libertad condicional, vivía en Sterling, Virginia, junto a su hermana. Su último contacto registrado con este oficial fue el 17 de noviembre del año pasado, según la denuncia penal difundida por las autoridades.

Jalloh ya había sido arrestado y sentenciado por intentar colaborar con ISIS. En 2016, admitió ante el tribunal haber mantenido comunicaciones con un miembro de ISIS en el extranjero, quien lo conectó con una persona dentro de Estados Unidos que acabó siendo informante confidencial del FBI.

En esa instancia, reconoció que conversaron sobre los detalles y el calendario de un posible ataque, incluyendo la sugerencia de realizarlo durante el mes de Ramadán. Los fiscales pidieron una condena de 20 años, pero el tribunal dictó 11 años de prisión, informó la cadena estadounidense ABC News.

Detalles del ataque y reacciones en el campus universitario

La mañana del jueves, los estudiantes fueron sorprendidos por los disparos de Jalloh dentro del edificio Constant Hall. Chris Lathon, estudiante sénior de la Universidad Old Dominion, relató a la cadena estadounidense ABC News que varias personas buscaron refugio en aulas, en el estacionamiento y bajo vehículos al escuchar el tiroteo.

Bryce Patterson, alumno de tercer año, expresó: “Nunca imaginé que algo así pudiera pasar en el campus al que asisto. Estoy en shock, no tengo palabras”.

El FBI, con la dirección de Evans, encabeza la investigación con la línea de terrorismo, dada la historia delictiva, la motivación declarada y los antecedentes del autor con organizaciones extremistas.

Kenya Chapman permanece detenido. Está previsto que vuelva a comparecer en el tribunal el 17 de marzo. Hasta ahora, no ha presentado declaración de culpabilidad y su abogada de oficio rechazó hacer declaraciones.

Declararon culpables a ocho personas el viernes en un tribunal federal de Texas por terrorismo tras un tiroteo frente a un centro de detención de inmigrantes, un caso que, según NBC News, la Fiscalía Federal asoció al movimiento antifa, una corriente de activismo que se opone a ideologías consideradas fascistas o de extrema derecha.

El juicio, seguido de cerca más allá del tribunal de Fort Worth, plantea interrogantes sobre los límites de las estrategias del gobierno para penalizar la protesta, y anuncia posibles consecuencias para futuras manifestaciones en Estados Unidos.

Los condenados enfrentan una pena de hasta 15 años de prisión por el cargo de apoyo material al terrorismo, según el informe de NBC News, con la audiencia de condena programada para junio.

Este proceso judicial es el primero en que, de acuerdo con declaraciones del director del FBI, Kash Patel, se imputa dicho cargo a personas acusadas de pertenecer al movimiento antifa, lo cual no exige filiación formal a ninguna organización.

Un tiroteo frente a un centro de detención y su repercusión en el derecho a protesta

El incidente ocurrió el 4 de julio ante el Prairieland Detention Center en Alvarado, Texas, donde, según la cadena de noticias estadounidense, los manifestantes organizaron lo que definieron como una “manifestación ruidosa” para apoyar a inmigrantes detenidos por las políticas de deportación de la administración Trump.

La protesta se tornó violenta cuando, según la acusación, el ex reservista del Cuerpo de Marines, Benjamin Song, gritó “váyanse a los rifles” y disparó, hiriendo a Thomas Gross, teniente de la policía de Alvarado, quien recibió un disparo que atravesó su cuello.

La Fiscalía Federal de Texas argumentó que las acciones del grupo –como portar armas, chalecos antibalas y botiquines de primeros auxilios– demostraban una intención violenta y una preparación similar a tácticas atribuidas al movimiento antifa. El fiscal Shawn Smith sostuvo ante el jurado: “Esto no fue una protesta pacífica, fue una acción directa”.

De los nueve acusados inicialmente en el proceso, el jurado declaró culpables a ocho por apoyo material al terrorismo. Varios enfrentan además cargos de intento de asesinato de agente policial y de uso indebido de armas de fuego, ya que la fiscalía sostuvo que, debido a la planificación del grupo, la posibilidad de un tiroteo era previsible.

Por parte de la defensa, los abogados negaron cualquier vinculación orgánica con antifa y aseguraron que no existía plan para la violencia. Sostuvieron que quienes portaron armas lo hicieron por motivos de protección y que la mayoría había comenzado a retirarse cuando personal del centro apareció fuera, previo a los disparos.

Blake Burns, abogado de varios acusados, advirtió al jurado: “El gobierno está intentando caracterizar a los manifestantes como terroristas para encerrarlos”.

La disputa principal se centra en definir cuándo una protesta pasa a ser un acto criminal que pueda tipificarse como terrorismo doméstico. Al no existir una lista oficial en Estados Unidos de organizaciones terroristas nacionales, la legislación se basa en la naturaleza de las acciones y no en la pertenencia formal a un grupo, de acuerdo con NBC News.

Reacciones y consecuencias en el ámbito jurídico y social

El caso ha suscitado preocupación entre juristas y grupos defensores de derechos civiles en Estados Unidos. La presidenta interina del National Lawyers Guild, Suzanne Adely, advirtió en declaraciones a NBC News que el fallo podría provocar un efecto disuasorio sobre el derecho a manifestarse: “Esta es una forma de que el gobierno mida hasta dónde puede criminalizar manifestaciones constitucionalmente protegidas y aumente el temor, esperando que personas en otras ciudades se lo piensen dos veces antes de protestar”.

Varios de los acusados colaboraron con la fiscalía tras declararse culpables antes del juicio y testificaron para la acusación, con detalles sobre las razones de su presencia en el centro de detención. Seth Sikes afirmó: “Sentí que estaba haciendo lo correcto”.

La defensa de Song sostuvo que el tiro que hirió al agente Gross fue “fuego de supresión” y que la lesión fue consecuencia de un disparo desviado. El testimonio de Gross indica que, al llegar a la escena, observó a una persona vestida de negro, con el rostro cubierto y portando un rifle. En ese momento, el disparo le atravesó el cuello.

La controversia en torno a la imputación por “apoyo material al terrorismo” continúa, ya que tal cargo no exige probar vínculos con un grupo específico y desafía los límites de la Primera Enmienda, que protege los derechos de asociación y expresión en el territorio estadounidense.

El desenlace del juicio se conocerá en junio, cuando los ocho inculpados recibirán sentencia tras haber sido hallados culpables por el jurado.

Después de permanecer casi tres años y medio prófugo de la Justicia, este viernes detuvieron a un hombre acusado de haber asesinado a su vecino y herido a otro hombre a disparos. La captura se concretó en la localidad bonaerense de Quilmes, luego de que descubrieran la zona en donde se ocultaba.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la detención fue producto de una investigación coordinada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Florencio Varela junto al Ministerio Público Fiscal (MPF). Así, pudieron determinar que el fugitivo, identificado como A. G. (60), se movía entre Quilmes y El Palomar.

El caso se remonta a la noche del 23 de octubre de 2022, cuando el acusado y otros dos sujetos tuvieron una pelea vecinal con la víctima fatal, Juan Nicolás Gómez, y H. A. U., el hombre que terminaría herido post balacera.

Aunque no se determinó el motivo detrás del altercado, las autoridades constataron que, minutos después de la pelea, A. G. y sus cómplices interceptaron a las víctimas en las inmediaciones de las calles La Haya y Costa Rica, en Florencio Varela.

De acuerdo con el expediente, los tres hombres portaban armas de fuego, mientras que los damnificados habrían estado desarmados. Producto del tiroteo, H. A. U. resultó herido en el abdomen y el brazo derecho, mientras que Gómez recibió dos impactos que provocaron lesiones internas graves.

A raíz de la gravedad de las heridas, la víctima tuvo que ser trasladado de urgencia hacia el Hospital Mi Pueblo. No obstante, al día siguiente, el personal médico confirmó la muerte producto de la gravedad de las heridas.

Desde ese momento, el caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Florencio Varela. Aunque intentaron detener al acusado, confirmaron que había abandonado su domicilio y se mantuvo escondido hasta ahora.

Por este motivo, se ordenó que se realizara una investigación destinada a localizar al prófugo. Fue así que, tras una serie de tareas investigativas, estableció que A. G. alternaba su estadía entre una vivienda en El Palomar y otra en la zona de Quilmes.

A partir de esta limitación, la policía implementó dispositivos de vigilancia encubierta sobre ambos domicilios y, finalmente, logró arrestar al sospechoso en la intersección de las calles Larrea y Entre Ríos, en Quilmes. Luego de que fuera trasladado hacia la dependencia policial, se espera que sea imputado en las próximas horas.

Capturaron a un hombre que mató a su vecino después de haber discutido con su pareja

Durante diez años, la tranquilidad habitual de Villa Tranquila se vio alterada por la ausencia de Enrique Marcelo Paz, conocido localmente como “Porky”. Su paradero era un enigma para las autoridades desde el día en que fue acusado del homicidio de su vecino, Miguel César Molina, en Dock Sud.

La reciente aparición de Paz en el barrio marcó el desenlace de una larga búsqueda, debido a que un familiar de la víctima lo identificó mientras realizaba trámites en la zona. Luego de que diera aviso a la policía, lograron detenerlo tras un operativo de vigilancia encubierta. El acusado no opuso resistencia.

La investigación había permanecido activa a pesar del paso de los años y de los cambios administrativos en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 de Avellaneda-Lanús. El expediente nunca fue archivado, ya que las autoridades reunieron pruebas y testimonios que señalaban a Paz como el presunto autor del hecho, pero su fuga mantenía el caso estancado.

El episodio que desencadenó la acusación ocurrió el 9 de mayo de 2015. Ese día, tras una discusión con su pareja, Paz salió de su hogar en estado de alteración y, armado, se dirigió hacia la esquina de Estanislao del Campo y General Levalle. Allí se cruzó con Molina, de 31 años, con quien no tenía antecedentes de conflictos. Según la reconstrucción policial, tras un breve intercambio Paz disparó contra el abdomen de Molina, quien murió poco después en el hospital Pedro Fiorito.

Durante el tiempo que permaneció prófugo, Paz no dejó rastros en el sistema laboral ni bancario. El único registro oficial vinculado a su nombre fue el cobro de dos planes sociales, lo que dificultó la tarea de los investigadores para rastrearlo.

Luego de que fuera detenido, lo trasladaron a la Fiscalía, donde se negó a declarar. Sin embargo, en esa instancia, recibió la notificación de imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La causa se encuentra ahora en etapa de prisión preventiva y se espera que avance hacia el juicio oral.

El caso comenzó una noche de mayo del año pasado, cuando un profesional de la salud de 35 años fue sorprendido por un grupo armado que le robó su Toyota Yaris frente a un local de comidas.

Lo que parecía un caso más de inseguridad fue el puntapié para descubrir y desarmar a una organización delictiva que se movía por el sur del conurbano y que usaba autos robados para distintos golpes.

El hecho inicial ocurrió cerca de las 22, cuando la víctima y un amigo se detuvieron frente a un negocio sobre la calle Miguel García Fernández de Monte Grande.

Mientras el conductor permanecía a bordo de su Toyota Yaris, su acompañante descendió del vehículo. En ese momento, un Volkswagen Golf, conducido por Brian Javier Leiva (23), se detuvo al lado. De allí bajaron tres ladrones armados, que sorprendieron e intimidaron al profesional de la salud con amenazas.

Los asaltantes lo obligaron a entregar el coche. Segundos después, dos de ellos escaparon en el auto robado, mientras que Leiva y el cuarto integrante huyeron en el Volkswagen en dirección a la localidad de 9 de Abril.

Ese Volkswagen, se supo luego, tenía colocada una patente trucha, pero en sus autopartes y luneta figuraba un dominio con pedido de secuestro activo por un robo ocurrido siete días antes, a solicitud de la subcomisaría Aldo Bonzi.

Persecución y tiroteo

Alertada del robo por el llamado al 911, la Policía Bonaerense montó un operativo y localizó el Volkswagen en la zona de Juan Díaz de Solís y Moreno. Los patrulleros iniciaron una persecución.

Durante la huida, los delincuentes dispararon contra los móviles policiales y luego buscaron refugio en un domicilio de la calle General José María Paz. Allí, el cómplice de Leiva logró ingresar y escapar a pie, disparando nuevamente contra los efectivos, mientras que Leiva quedó en el auto y fue detenido en el lugar.

A Leiva se le secuestró un celular, clave para avanzar en la investigación. El análisis de ese teléfono abrió una nueva línea en la causa: los mensajes, fotos y contactos que aparecieron en el dispositivo sirvieron para reconstruir la estructura de un grupo dedicado al robo y adulteración de autos, la venta ilegal y el uso de vehículos para cometer entraderas en distintos partidos del sur del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de esos datos, la DDI de Lomas de Zamora fue identificando nombres y roles. Según los investigadores, la banda tenía un líder que ya estaba preso, Darío Ezequiel Crivelli, de 46 años, condenado por dos homicidios y que seguía manejando las operaciones desde la cárcel.

El grupo estaba dividido en tareas: ladrones armados que robaban autos, proveedores de armas y documentación, especialistas en adulterar rodados, choferes y encargados de mover el dinero de los delitos. El expediente fue sumando pruebas y, según fuentes judiciales, se estableció la participación de al menos 20 personas en la organización, aunque la lista podría ampliarse.

El enfrentamiento en la pool party

El lunes de esta semana, la investigación pegó un salto. Un dato aportado por los detectives ubicó a dos sospechosos en una fiesta en una quinta de 9 de Abril. Según pudo saber este medio, uno de los acusados había subido a redes sociales una foto en una pileta, mostrando un arma.

Con esa información, el fiscal Andrés Devoto, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, ordenó un allanamiento de urgencia.

El Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar y fue recibido a tiros. Desde una habitación en la planta alta, Diego Ezequiel López, de 23 años, disparó contra los efectivos y trató de escapar saltando por una ventana. Murió tras recibir dos balazos, uno en la cabeza y otro en el pecho.

Otros dos jóvenes, Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), fueron arrestados en el lugar y puestos a disposición del fiscal.

En la quinta, los peritos de Gendarmería Nacional levantaron 17 vainas servidas y dos proyectiles. Como parte de las tareas realizadas, los agentes de la fuerza federal también le practicaron un dermotest al fallecido en el hospital zonal Santa Marina.

Nuevos operativos

En las horas siguientes, la Policía realizó 33 allanamientos más en la zona sur del conurbano y en varias cárceles. Ocho sospechosos fueron arrestados o notificados de la causa: Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34), Fernando Fabián Tripichio y el mencionado Crivelli. Salvo los dos primeros, los demás ya estaban presos.

En los operativos, además, fueron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes (72) por tenencia ilegal de armas, Lautaro Joaquín Torres (22) por falsificación de numeración de objetos registrados y Eros Emanuel Benítez (19) por infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

También se secuestraron seis armas, celulares, drogas, documentación falsa, una moto Honda Wave denunciada como robada, una camioneta Ford F-100 y una moto Honda 125 con numeraciones adulteradas, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos.

En los días siguientes, la fiscalía avanzó con las indagatorias, que avanzaron a paso lento por problemas de traslados del Servicio Penitenciario. El primer grupo de seis acusados que fue trasladado para declarar ante el fiscal se negó a hacerlo.

La imputación es por asociación ilícita. A la banda se le adjudica al menos 15 hechos de robo de autos y entraderas, cometidos desde el 29 de noviembre de 2024 en adelante. Operaban en Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora y CABA.

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue detenido por el presunto homicidio agravado de un joven y lesiones a otro durante un enfrentamiento a tiros ocurrido en la localidad de San Alberto, partido de Ituzaingó.

Este viernes por la tarde, el agente porteño fue indagado por la fiscal del caso y se negó a declarar. El juez de garantías ordenó que quede preso. Mientras tanto, se espera para este sábado el resultado de la autopsia al fallecido que se hará en la morgue judicial de Lomas de Zamora.

Todo ocurrió en la madrugada del jueves en la intersección de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, donde se produjo el tiroteo. El agente dijo que fue ante un supuesto intento de robo, mientras que el sobreviviente afirmó que solo estaban yendo a un partido de fútbol.

El policía fue identificado como Lucas Adrián Gómez, de 36 años, quien prestaba servicios en la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información oficial, circulaba en una motocicleta Honda XR blanca junto a su pareja cuando notó que los dos sospechosos lo seguían. En consecuencia, frenó bruscamente y descendió del rodado.

En ese momento, según la denuncia, se identificó como Policía y efectuó dos disparos con su arma reglamentaria Thunder Pro 9 mm, impactando a ambos jóvenes. Uno de los heridos fue identificado como Daniel Enrique Kuhne, de 20 años, y el otro, Juan Cruz Leal, también de 20 años, ambos de Ituzaingó.

Leal fue quien recibió un disparo en la ingle: fue mortal. Fue trasladado al Hospital Bicentenario de la zona pero, pese a los intentos de reanimación, falleció a las 5AM. Su compañero, por su parte, sufrió una herida de arma de fuego en la zona axilar y fue trasladado al Hospital Posadas, donde no se reportó riesgo de vida.

El oficial Gómez relató ante las autoridades que los dos jóvenes, que se movilizaban en una Honda Twister negra sin impedimento legal, intentaron interceptarlo con fines ilícitos. Según su versión, al advertir la maniobra, se identificó como policía y disparó en defensa propia.

Tras el hecho, intervino la Policía Bonaerense, cuyos agentes llegaron a la escena y se secuestraron dos vainas servidas calibre 9 mm, el arma reglamentaria con 14 proyectiles intactos y uno en recámara, pero no se hallaron elementos vinculados a un posible robo de los jóvenes.

Tras recibir el alta médica, Kuhne, el acompañante del fallecido, declaró que ambos se dirigían a un partido de fútbol y que la motocicleta de Gómez se detuvo bruscamente metros antes de la esquina, tras lo cual el conductor disparó sin mediar palabra. Su relato fue incorporado a la causa.

El caso quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó, a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, quien dispuso la aprehensión de Lucas Adrián Gómez bajo la acusación de homicidio agravado.

La fiscal lo indagó este viernes, pero el policía se negó a declarar y luego la justicia de garantías ordenó su detención formal.

Un hombre armado embistió con su vehículo la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield, un suburbio de Detroit, Míchigan, durante la mañana del jueves, en un incidente que terminó con el atacante abatido por personal de seguridad de la propia institución, informó el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard. El ataque no dejó otras víctimas mortales ni heridos entre los niños o el personal del centro educativo infantil que funciona en el complejo, según confirmó Bouchard a la prensa local.

El agresor, cuya identidad no había sido revelada por las autoridades hasta el cierre de esta edición, impactó su vehículo contra la entrada principal de la sinagoga y portaba un rifle. Tras irrumpir en el edificio y recorrer parte de su interior con el automóvil, intercambió disparos con miembros del equipo de seguridad. Fue abatido dentro del propio vehículo, de acuerdo con la información proporcionada por el sheriff. Solo un agente de seguridad resultó herido, tras ser atropellado, pero su estado no representa riesgo vital y está siendo tratado en un hospital, señalaron las fuentes policiales.

Tras el ataque, se observaron columnas de humo saliendo del techo del edificio, ya que el vehículo del agresor se incendió luego de la colisión. En respuesta, una fuerte presencia policial y de bomberos se desplegó en la zona. Las fuerzas del orden evacuaron el área, mientras perros especializados revisaban el automóvil para descartar la presencia de explosivos. La policía estatal de Míchigan y el FBI confirmaron que estaban respondiendo a la emergencia junto a agencias locales.

Las autoridades evacuaron a los niños del centro educativo del Temple Israel, algunos de los cuales buscaron refugio en casas cercanas. Los menores fueron finalmente trasladados en autobuses para reunirse con sus padres. El distrito escolar de West Bloomfield decretó el confinamiento preventivo de sus instalaciones mientras duró el operativo policial, informaron medios locales.

El incidente se produjo en un contexto de alerta elevada en instituciones judías de Estados Unidos, tras el inicio de la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Desde entonces, el FBI había reforzado la seguridad en centros religiosos y advertido sobre posibles represalias. El director del FBI, Kash Patel, anunció que personal de la agencia se encontraba en el lugar para responder a la situación.

El Temple Israel, fundado en 1941, es la mayor sinagoga reformista del país, con alrededor de 12.000 miembros y una intensa actividad educativa y comunitaria, según su página web. La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque y expresó que “la comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz”. Por su parte, la congresista Rashida Tlaib calificó el hecho como “espantoso”.

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump fue notificado sobre lo ocurrido, según su portavoz Karoline Leavitt. La Federación Judía de Detroit pidió a todas las organizaciones judías de la zona activar protocolos de cierre preventivo e instó a la población a evitar acercarse al área.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido un vínculo directo entre el ataque y el conflicto en Oriente Medio. La investigación sobre la identidad y los motivos del agresor continuaba en curso, de acuerdo con el sheriff Bouchard, quien reiteró que todas las instalaciones judías del área permanecerán bajo vigilancia reforzada.

(Con información de AFP, EFE, AP, Europa Press y Reuters)

En ese operativo, las autoridades arrestaron a dos sospechosos luego del enfrentamiento que terminó con un muerto, y después de ese hecho se realizaron más de 30 allanamientos en los que otros ocho hombres quedaron detenidos por el caso, relacionado con el robo de autos y asaltos a viviendas.

Según contaron fuentes de la investigación a Infobae, cinco de los detenidos fueron indagados este miércoles por el fiscal a cargo del expediente, Andrés Devoto, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría.

Todos optaron por negarse a declarar.

Para este jueves se espera que se presenten otros seis acusados ante la fiscalía.

La investigación del caso lleva ya un largo tiempo: arrancó en mayo del año pasado, cuando la Policía Bonaerense se tiroteó con una banda que había robado un Toyota Yaris. A partir del secuestro de un celular durante ese operativo, los investigadores detectaron el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de vehículos, venta ilegal y uso de autos para cometer entraderas en la zona sur del Gran Buenos Aires.

En el marco de la causa, el lunes se llevó a cabo un operativo de urgencia en una quinta de 9 de Abril, donde se realizaba una fiesta. Los investigadores llegaron hasta allí luego de que uno de los acusados subiera a su cuenta de Instagram una foto en la que se lo veía posando en la pileta y con una pistola calibre 9 milímetros.

Tras la autorización de la Justicia, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar. Los delincuentes los recibieron a los tiros.

Diego Ezequiel López, de 23 años, murió tras enfrentarse con los agentes y tratar de escapar saltando por una ventana. Otros dos jóvenes, Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), fueron arrestados en el lugar y puestos a disposición del fiscal.

Con los datos obtenidos, la DDI de Lomas de Zamora identificó a los distintos miembros de la banda, que tenía como líder a Darío Ezequiel Crivelli (46), actualmente alojado en la Unidad Penal 14 de General Alvear.

Oriundo de Esteban Echeverría, Crivelli supo ser propietario de un lavadero de autos y actualmente cumple una condena a 30 años de prisión por dos homicidios. Durante su carrera delictiva registra fugas de dos sedes policiales.

Pese a estar bajo arresto, Crivelli, de acuerdo a las fuentes consultadas, era el cabecilla que dirigía a los otros sospechosos identificados en la investigación y detenidos en los 33 allanamientos realizados tras el tiroteo: Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio. Todos están acusados de conformar una asociación ilícita.

Salvo los dos primeros, los demás ya estaban presos en distintas unidades penitenciarias.

En los operativos, además, fueron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes por tenencia ilegal de armas, Lautaro Joaquín Torres por falsificación de numeración de objetos registrados y Eros Emanuel Benítez por infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos figuran seis armas de fuego, 111 municiones, celulares, documentos falsos, vehículos adulterados y una máquina para contar billetes.

El primer operativo ocurrió este lunes y fue de urgencia después de que los investigadores detectaron, por publicaciones en redes sociales, que dos sospechosos buscados por una causa de robo de autos estaban en una fiesta en una quinta de la localidad de 9 de Abril.

Uno de los acusados había subido a su cuenta de Instagram una foto en la que se lo veía posando en la pileta y con una pistola calibre 9 milímetros.

Tras la autorización de la Justicia, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar. Los delincuentes los recibieron a los tiros.

Durante el enfrentamiento, desde una habitación en la planta alta, Diego Ezequiel López (23) apuntó a los efectivos con una pistola Bersa calibre 9 mm, que había sido denunciada como robada en septiembre pasado en Almirante Brown. Al verse acorralado, intentó escapar saltando por una ventana hacia un terreno lindero. Lo mismo había hecho segundos antes uno de sus cómplices.

La secuencia concluyó con López muerto tras ser baleado la cabeza y el tórax, y con Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22) arrestados, ambos señalados como miembros de la organización delictiva.

La investigación había comenzado en mayo del año pasado, después de un enfrentamiento en el que una banda robó un Toyota Yaris. Uno de los detenidos en ese momento tenía un celular donde se encontraron pruebas que, según los investigadores, permitieron identificar a los integrantes del grupo y sus roles: ladrones, proveedores de armas y documentación, adulteradores de vehículos, choferes y quienes manejaban el dinero.

Entre la madrugada y la mañana de este martes, la Policía y la DDI de Lomas de Zamora llevaron a cabo 33 nuevos allanamientos en los que arrestaron y/o notificaron de la causa en su contra a Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio.

Salvo Torres y Montenegro, los demás ya estaban presos en las unidades penitenciarias de La Plata, Magdalena y General Alvear.

En los procedimientos, además, resultaron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes (72) por el delito de tenencia ilegal de armas; Lautaro Joaquín Torres (22), por infracción al artículo 289 del Código Penal, que refiere a la falsificación de marcas/contraseñas oficiales, billetes de transporte público, o la alteración/supresión de la numeración de objetos registrados legalmente; y Eros Emanuel Benítez (19), por infracción a la Ley de drogas 23.737 y tenencia ilegal de armas.

Entre los elementos secuestrados figuran seis armas de fuego: un revólver calibre .32 sin marca visible, un revólver calibre .32 largo marca Italo Gra, una pistola 9 mm FM Hi Power con numeración suprimida, una pistola Glock .17 sin numeración, una pistola calibre .22 con cargador y una pistola Tala calibre 22.

También se incautaron 111 municiones de distintos calibres, 67 envoltorios con una sustancia compatible con cocaína, 11 celulares, una moto Honda Wave denunciada como robada, una camioneta Ford F-100 y una moto Honda 125 con numeraciones adulteradas, dos chapas patente, una carpeta con documentación automotor falsa, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos.

Según contaron fuentes policiales, la banda actuaba en la zona sur del Gran Buenos Aires y se le adjudican al menos 15 hechos de robo de autos y entraderas.

El jefe del grupo era uno de los que ya estaba detenido antes de los procedimientos y coordinaba todo desde la cárcel. Así encabezaba una asociación ilícita, de acuerdo a lo determinado por los investigadores.

Todos los acusados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Andrés Devoto.

Según pudo saber Infobae, el fallecido fue identificado por los investigadores. Se trata de Diego Ezequiel López. Tenía 23 años y domicilio en la localidad de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, sin empleos en blanco registrados.

López, además, tenía antecedentes penales y una orden de captura emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora desde el 30 de septiembre de 2022. La medida fue registrada a nombre de la jueza Marta Pascual.

En su prontuario figuran detenciones previas. En agosto de 2021 fue acusado en una causa por infracción a la Ley de drogas 23.737, que penaliza la tenencia, tráfico, comercialización y producción de estupefacientes.

López también enfrentó una acusación por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, en concurso con tenencia ilegal de arma.

La vida delictiva lo llevó a estar preso en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, destinada a internos con padecimientos mentales y jóvenes adultos. Recuperó la libertad en agosto de 2023.

Sin embargo, casi un año después volvió a ser arrestado. En julio de 2024, cayó durante una serie de allanamientos en Malvinas Argentinas y Adrogué, cuando la Policía buscaba a los autores de un violento ataque a un cardiólogo en Glew. En ese caso, que capturó la atención de los medios, la víctima fue baleada y herida de gravedad por motochorros, logrando recuperarse.

Durante esos operativos, agentes de la Bonaerense interceptaron un Peugeot 208 gris en el que López estaba junto a otros jóvenes. En el procedimiento detuvieron a los dos principales sospechosos del ataque al médico, mientras que López quedó detenido porque tenía un pedido de captura vigente por otra causa.

Los caminos de López y la Policía volvieron a cruzarse este lunes en la quinta de Esteban Echeverría. Agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron el lugar en busca de integrantes de una banda dedicada a robar autos y realizar entraderas, con al menos 15 hechos cometidos. Habían obtenido el dato de que al menos dos sospechosos se encontraban allí, en medio de una pool party.

Cuando los efectivos irrumpieron en la quinta, López se encontraba en una habitación de la planta alta de la casa, acompañado de al menos dos jóvenes. Tenía un arma que, se supo luego, en los registros figuraba como robada.

Imágenes tomadas desde el interior de la casa -y que encabezan esta nota- muestran el momento en que López, vestido con zapatillas blancas, musculosa y bermuda turquesa y gorra negra, se sube a una cama y dispara a través de una ventana hacia los efectivos.

En medio del enfrentamiento, trató de escapar saltando por la ventana hacia el terreno lindero. Otro sospechoso, que vestía ropa oscura, hizo lo mismo previamente.

Durante el intercambio de disparos, López resultó herido de bala en la cabeza y el pecho. Murió poco después.

En el operativo, además, fueron detenidos dos sospechosos, a los cuales se sumaron otros ocho tras nuevos allanamientos realizados este martes.

Todos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo de Andrés Devoto, quien ordenó la intervención de Gendarmería Nacional para las pericias en la vivienda.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la causa que derivó en el allanamiento empezó en mayo del año pasado, cuando agentes policiales se tirotearon con un grupo que había robado un Toyota Yaris.

En ese operativo, uno de los delincuentes quedó detenido y le secuestraron un celular que, al ser revisado luego, expuso el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de autos, venta ilegal y uso para cometer entraderas.

A partir de ese teléfono y otras pruebas, la DDI de Lomas de Zamora identificó a los distintos miembros de la banda y su relación con un jefe que ya estaba preso en una cárcel bonaerense.

Los investigadores también definieron los roles de cada integrante: en el reporte policial se detalló que había “encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas/documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los rodados, choferes y responsables de la administración de los fondos producto de ilícito”.

En la investigación se comprobaron al menos 15 hechos, lo que llevó a la Justicia a dictar 33 órdenes de allanamiento.

Respecto del operativo de la pool party, se activó porque, en medio de la investigación, los detectives obtuvieron el dato de que en la quinta de 9 de Abril estaban dos de los sospechosos buscados. Así también se dispuso el allanamiento de urgencia al lugar.

Fueron agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) los que entraron al predio. Allí fueron recibidos por un delincuente armado que apareció en la planta alta de la casa, apuntando a los policías. Los efectivos dispararon y el sospechoso, que saltó al vacío y cayó herido con balazos en la cabeza y el pecho, murió.

El procedimiento fue filmado por los efectivos. En las imágenes se observa a un primer hombre saltar desde una ventana hacia el patio del terreno lindero, apenas ingresaron los policías.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el fallecido tenía antecedentes, una orden de captura vigente y que el arma que llevaba también figuraba como robada. De 23 años, fue identificado como Diego Ezequiel López.

Como se ve en el video, en la vivienda había muchas personas, todas identificadas. Dos de ellos terminaron bajo arresto y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría Lomas de Zamora, a cargo de Andrés Devoto, quien solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para realizar las pericias en la vivienda.

Este martes se realizaron nuevos allanamientos en los que cayeron otros ocho sospechosos.

La reapertura de Buford’s Backyard Beer Garden este viernes, apenas cinco días después de la masacre que dejó cuatro muertos —tres víctimas y el propio agresor— en West Sixth Street, marca el inicio de un operativo de seguridad reforzado para el fin de semana en el principal corredor nocturno de Austin.

El ataque, que conmocionó a la ciudad la madrugada del domingo 1 de marzo de 2026, provocó que el Departamento de Policía de Austin anunciara un despliegue ampliado de agentes policiales y recursos de emergencia para evitar nuevos actos de violencia, según informa el diario Austin American-Statesman.

La tragedia ocurrió en el área de la cervecería al aire libre de Buford’s, donde perdieron la vida Ryder Harrington, de 19 años; Savitha Shan, de 21 años; y Jorge Pederson, de 30 años. El atacante, identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, también murió en la escena tras ser abatido por la policía. Las autoridades federales mantienen abierta una investigación para determinar si el hecho constituye un acto de terrorismo.

El memorial frente al local, compuesto por flores, velas y fotografías, Austin American-Statesman destaca que crece con el paso de vecinos, clientes habituales y voluntarios, entre ellos Sylvia Alkis y Susan Crum de la organización religiosa de ayuda humanitaria Lutheran Church Charities, quienes rinden homenaje a las víctimas colocando cruces de madera en su memoria.

Empresarios reabren negocios y la comunidad responde con muestras de solidaridad

Según Austin American-Statesman, luego del tiroteo, bares y restaurantes del distrito de entretenimiento de West Sixth Street reiniciaron actividades de manera gradual el viernes.

El equipo directivo de Buford’s comunicó su reapertura a través de una publicación en Instagram, tras numerosas consultas con su personal, y definió el local como “un hogar para muchos en nuestra comunidad”, destacando que recuperar la rutina y el encuentro es un paso en el proceso de recuperación.

La seguridad fue eje central de la reapertura. Buford’s informó que coordinó con fuerzas policiales y líderes municipales distintos protocolos para que la reapertura se produzca “de la forma más segura posible”. Entre las medidas implementadas, sobresale la instalación de vidrios de protección en el sector del “beer garden”.

La red de bares vecinos manifestó su apoyo explícito. Parlor & Yard informó que destinará un porcentaje de sus ventas del fin de semana a colaborar con los afectados por el ataque, bajo el lema “West Sixth Strong”.

Por su parte, Star Bar agradeció el respaldo recibido por parte del público y valoró el sentido comunitario tras el hecho. Empresarios de la zona evalúan realizar un evento benéfico para apoyar a Buford’s y las víctimas, una vez concluya el tradicional South by Southwest Conference and Festival que se celebra cada marzo en la ciudad.

Refuerzo de seguridad y salud: operativo conjunto y cierre parcial de calles

Las autoridades municipales determinaron que este fin de semana habrá presencia intensificada de la policía en la intersección de Sixth Street y Rio Grande Street.

Además, el tramo de Rio Grande desde Sixth Street hasta el callejón estuvo cerrado al tráfico de 22:00 a 4:00 tanto viernes como sábado, para mayor seguridad de los peatones y del público nocturno.

La capitana del servicio de emergencias médicas del condado Austin-Travis, Christa Stedman, explicó que la coordinación entre bomberos, policía y el propio servicio de emergencias médicas permite actuar en tiempos mínimos ante hechos de alto riesgo.

“La razón por la cual llegamos y comenzamos a brindar atención en apenas 57 segundos el pasado fin de semana es porque ese programa funciona exactamente para eso", dijo Stedman a Austin American-Statesman. Este sistema de patrullajes conjuntos está en vigor todos los fines de semana.

Desde la dirección policial, la jefa Lisa Davis comunicó en rueda de prensa que la unidad CAST, entrenada para intervenir en tiroteos activos y situaciones de violencia extrema, se encuentra asignada cada fin de semana al distrito de entretenimiento del centro.

“Ellos están de guardia, viernes, sábado y domingo por la noche, para responder rápidamente ante cualquier amenaza en nuestras zonas de ocio”, puntualizó Davis.

El programa ‘Safer Sixth Street’: luz, vigilancia y prevención tras una década de episodios violentos

El actual operativo forma parte de la estrategia integral Safer Sixth Street, desplegada en respuesta a la masacre ocurrida en junio de 2021 en plena East Sixth Street, cuando un atacante abrió fuego y causó un muerto y 13 heridos. Desde entonces, el Ayuntamiento de Austin fortaleció la iluminación pública, elevó los controles de venta de alcohol a menores y estableció presencia sistemática del Emergency Medical Services (EMS) en la zona los fines de semana.

En octubre de 2024, Austin American-Statesman afirma que se inauguró el Downtown Area Command, un dispositivo que posiciona en el centro paramédicos y vehículos de auxilio para actuaciones rápidas durante las noches de mayor afluencia y grandes eventos, como medida frente a incidentes mortales recurrentes, incluido un conjunto de ahogamientos denunciados en Lady Bird Lake.

El alcalde Kirk Watson precisó que la reapertura parcial de la circulación vehicular en Sixth Street durante los fines de semana —una medida implementada hace poco más de un año, revirtiendo el cierre para peatones dispuesto durante años— respondió a la recomendación expresa de profesionales del servicio de emergencias médicas, con el objetivo de reforzar la preparación ante emergencias eventuales.

Watson enfatizó el efecto de estas acciones integradas para prevenir nuevos hechos mortales y subrayó especialmente el rol de las unidades CAST. “Creemos que eso también tuvo un peso significativo”, manifestó el alcalde al medio Austin American-Statesman.

Una década de violencia y nuevas estrategias para la protección del ocio nocturno

El diseño del actual protocolo —que incluye iluminación reforzada, patrullajes especializados y presencia médica fija— se implementó tras una serie de ataques armados y otros incidentes ocurridos en la zona desde 2016.

La reapertura de Buford’s bajo nuevas medidas y la rápida reacción ciudadana y empresarial ilustran la tensión permanente entre la actividad nocturna de Austin y los retos que plantea la seguridad en zonas de alta concentración recreativa.

Roberto Álvarez Ávila, quien se encontraba herido tras el tiroteo ocurrido entre fuerzas de seguridad cubanas y los tripulantes de una embarcación estadounidense, falleció el 4 de marzo debido a las lesiones sufridas en el suceso. Con esta muerte, el número de víctimas mortales se eleva a cinco, según informó el Ministerio del Interior de Cuba en una comunicación difundida por la cadena estatal Canal Caribe. La investigación sobre el caso se desarrolla con colaboración entre autoridades de La Habana y Washington, mientras los hechos continúan bajo seguimiento.

El enfrentamiento sucedió el 25 de febrero, cuando guardias fronterizos cubanos interceptaron una lancha con matrícula de Florida en aguas territoriales de la isla. De acuerdo con lo publicado por el medio Canal Caribe y confirmado por el Ministerio del Interior, había diez tripulantes a bordo, todos de nacionalidad cubana y residentes en Estados Unidos. Tras el intercambio armado, cinco de ellos resultaron muertos y los otros cinco permanecen detenidos.

La Fiscalía cubana comunicó esta semana que los sobrevivientes han sido imputados por delitos vinculados a “terrorismo”. Según la información oficial citada por Canal Caribe, la acusación se basa en el hallazgo de una serie de armas y aparatos explosivos en la lancha, entre ellos fusiles de asalto, pistolas, cócteles molotov de fabricación casera y otros instrumentos considerados aptos para el combate.

De acuerdo con los datos presentados por las autoridades en los informativos estatales, el grupo habría intentado ingresar al país con objetivos violentos. El Ministerio del Interior sostuvo que los diez implicados poseen antecedentes de actividades delictivas y violentas, así como un perfil ligado al respaldo o financiamiento de “actos de terrorismo”. La investigación, añadió la institución, continúa en curso con intercambio de información entre La Habana y Washington.

Según consignó el medio cubano, el gobierno de la isla atribuye la acción a un “intento de infiltración con fines terroristas”. Esta interpretación se encuentra respaldada, señalaron las autoridades, tanto en el material incautado durante la operación como en los historiales previos de los acusados. Las investigaciones buscan determinar la total dimensión de la operación, su posible conexión con otras estructuras y la eventual implicación de individuos u organizaciones radicadas en el exterior.

En cuanto al manejo de los detenidos, el Ministerio del Interior y la Fiscalía insisten en que se les procesa de acuerdo con la legislación vigente en materia de terrorismo y seguridad del Estado. Voceros oficiales reiteraron la importancia de la colaboración entre las autoridades estadounidenses y cubanas para identificar y desarticular acciones consideradas ilícitas que involucren a personas de origen cubano residentes en el extranjero.

Detalló Canal Caribe que los resultados de las primeras pesquisas han sido comunicados a Washington por cauces oficiales, como parte de un esfuerzo bilateral dirigido a frenar actos de violencia transfronterizos. Hasta el momento, la identidad de los otros cuatro fallecidos no fue revelada de manera pública, mientras los heridos continúan bajo custodia del Estado cubano, sujetos al proceso penal abierto por los hechos ocurridos.

La nota oficial de las autoridades subraya que el incidente refuerza la presión de La Habana sobre la vigilancia de sus fronteras marítimas y el seguimiento de eventuales actividades consideradas hostiles o conspirativas provenientes del exterior. Expusieron que la cooperación entre Cuba y Estados Unidos en casos de seguridad fronteriza ha permitido establecer canales de intercambio de información y acciones conjuntas, en función de evitar nuevas incursiones de naturaleza similar.

La Fiscalía señaló recientemente que los procesos judiciales a los detenidos avanzan con base en los elementos probatorios recogidos, tanto armas como explosivos, así como la documentación incautada. Los cargos contemplan sanciones severas bajo las leyes cubanas, relacionadas al terrorismo y al intento de ejecución de actos violentos en territorio nacional.

Hasta este momento, las autoridades no han emitido valoraciones sobre el posible desenlace del proceso judicial. Reportó Canal Caribe que las pesquisas seguirán abiertas para delimitar responsabilidades y esclarecer la logística detrás del fallido intento de ingreso a la isla. Según las autoridades, el suceso confirma la vigilancia estricta sobre actividades catalogadas como amenazas a la seguridad nacional.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que el sospechoso fue arrestado anoche en Laferrere, tras un operativo de la policía local y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), de la Policía de la Provincia. El hombre fue indagado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

El episodio, registrado por una cámara de seguridad, ocurrió hace dos semanas en la localidad bonaerense de Laferrere, partido de La Matanza, en la esquina de Luis Vernet y Soberanía Nacional.

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, M.F.Z., de 30 años y quien además se desempeña como agente de Seguridad Ciudadana de Ituzaingó, se detuvo con su auto Fiat Mobi y fue interceptado por un auto negro desde el que descendió uno de los asaltantes.

Segundos después, el ladrón intentó abrir la puerta del conductor para robar al chofer, sin sospechar que el hombre dentro del Fiat estaba armado por su función de agente de seguridad urbana. Fue entonces que se produjo el intercambio de disparos. La peor parte la llevó el delincuente, al ser herido en uno de sus brazos.

En el vehículo viajaban dos pasajeras, quienes se agacharon para protegerse y no sufrieron heridas. Tampoco el conductor resultó lesionado durante el tiroteo.

El delincuente recibió al menos un disparo y escapó a pie, mientras que su cómplice huyó en el auto en que habían llegado. Se desplegó un operativo policial en la zona y, horas más tarde, hasta que un hombre con una herida de arma de fuego ingresó al Hospital Simplemente Evita.

El individuo declaró que había sido víctima de un robo, pero las contradicciones en su relato y la información cruzada con los datos del hecho permitieron vincularlo con el intento de asalto al chofer de DiDi. No se equivocaron: se trataba del mismo delincuente, un hombre de 34 años que hace menos de un año había salido de la cárcel, luego de cumplir una condena por robo automotor y tentativa de homicidio.

Posteriormente se allanó el lugar donde se ocultaba y se secuestró el vehículo presuntamente utilizado en el hecho, además de la ropa que llevaba durante el tiroteo, la cual presentaba orificios de bala y manchas de sangre.

El detenido quedó imputado por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, en una causa que tramita en la Fiscalía Descentralizada N°2 de Laferrere.

Otro robo violento en La Matanza

Una familia fue víctima de un violento asalto en una concesionaria de González Catán, partido bonaerense de La Matanza, donde al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en el local, golpearon y patearon a una mujer y amenazaron con dispararle a su hija de tres años.

Una cámara de seguridad registró el ingreso de los agresores, que entraron a la oficina y apuntaron a una mujer y su esposo frente a su hija menor. En las imágenes se puede observar cómo uno de los asaltantes ordenó a la madre que se arrojara al suelo, mientras el padre ya se encontraba reducido y boca abajo. Luego, pese a que la mujer no le opuso resistencia, comenzó a golpearla.

En el medio, los delincuentes le exigieron dinero a las víctimas de manera intimidatoria. Uno de los asaltantes afirmó: “No me importa, quiero la plata”, mientras la víctima permanecía en el suelo suplicando y llorando para que no les hicieran daño. En ese momento, uno de los agresores la pateó y continuó con las amenazas.

“Dame la plata que te vuelo la cabeza”, le dijo uno de los asaltantes al padre de la niña, mientras este intentaba explicar que el dinero estaba en uno de los vehículos del playón.

Sin embargo, los ladrones hicieron caso omiso y continuaron con la búsqueda de dinero dentro de la oficina donde tenían reducidas a las víctimas. En el medio se ve también cómo la menor, sentada en el sillón observa a los delincuentes mientras actúan con total impunidad.

Una escena de terror se vivió en el inicio de clases de una escuela técnica de Posadas, en la provincia de Misiones, donde un adolescente de 17 años llevó un arma al colegio y se disparó en el pecho frente a sus compañeros y profesores en medio de un recreo.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO. El incidente generó caos entre la comunidad educativa y provocó la rápida intervención de las autoridades y personal sanitario, que asistieron al joven inmediatamente. Producto del disparo, permanece internado con pronóstico reservado.

De acuerdo con el reporte policial, el alumno manipulaba un revólver calibre 22, propiedad de su abuela, cuando gatilló. El arma, que tenía ocho proyectiles en su interior, fue hallada en el patio del establecimiento.

Testimonios recogidos entre los estudiantes indican que la secuencia se desarrolló de manera abrupta durante el descanso entre clases. Inicialmente se especuló con la posibilidad de un disparo de aire comprimido, pero la investigación confirmó el calibre y la procedencia real del arma.

Tras el disparo, las autoridades escolares solicitaron de inmediato la asistencia del Centro Integral de Operaciones y una ambulancia. El adolescente fue atendido en el suelo y presentaba una herida de arma de fuego en el pecho. Personal sanitario lo trasladó en estado crítico al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, donde ingresó con un cuadro de shock hipovolémico provocado por una considerable pérdida de sangre.

El último parte médico, según información recabada por La Gaceta, señala que el estudiante presenta neumotórax y su estado general sigue siendo grave, aunque estable. La investigación policial avanza para determinar si el disparo fue un acto intencional o accidental, tomando como base los relatos de los testigos directos.

Fuentes policiales confirmaron que la Dirección de Prevención del Suicidio de Misiones intervino de inmediato. Además, la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio activó protocolos de asistencia psicológica y contención, brindando apoyo tanto al estudiante y su familia como al conjunto de la comunidad educativa.

La conducción de la escuela informó que las clases permanecerán suspendidas este martes. El Ministerio de Educación y el Gabinete Psicopedagógico anunciaron la realización de talleres de contención emocional destinados a los alumnos y docentes que presenciaron el episodio, con el objetivo de ofrecer un espacio de escucha y acompañamiento.

Además, equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y del Consejo General de Educación, trabajan en la institución para brindar apoyo integral ante un hecho que conmociona a la comunidad escolar de Posadas.

Detuvieron a un celador acusado de abusar de la alumna que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza

El caso de la adolescente de 14 años que se atrincheró en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, tuvo un giro inesperado: la Justicia ordenó la detención de un celador del colegio, acusado de abusar sexualmente de la menor.

La detención se produjo luego de que la menor, durante entrevistas con profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tras un episodio de crisis, relatara que el empleado había cometido el abuso dentro del ámbito escolar.

Con esa información, se radicó una denuncia que terminó con la detención del celador, ordenada por la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto. De acuerdo con el diario Los Andes de Mendoza, la adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico desde que se atrincheró en su colegio en septiembre del año pasado, en el que cuenta con seguimiento de dos profesionales que la contienen ante un cuadro de bloqueo emocional.

Las autoridades de Austin han iniciado una investigación para esclarecer las causas que llevaron a un individuo armado a ingresar en un bar y efectuar múltiples disparos durante la madrugada, en un incidente que resultó en tres personas fallecidas y catorce heridas. Según recogió la cadena ABC, el alcalde Kirk Watson confirmó en rueda de prensa que el responsable de los disparos murió tras enfrentarse a la policía, la cual intervino de inmediato para neutralizar la amenaza. El hecho ocurrió cerca de las 02:00, hora local, cuando un hombre irrumpió armado en el establecimiento nocturno y comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas presentes, según informó la policía de Austin.

Tal como detalló el medio ABC, la rápida respuesta de un grupo de tres agentes permitió controlar la situación, ya que abrieron fuego contra el atacante, acabando con su vida y evitando que el saldo de víctimas fuese aún mayor. Según reportó ABC, la policía local ha señalado que tanto los agentes como los servicios de emergencia llegaron a la escena poco después de la alarma y atendieron a los heridos, varios de ellos con lesiones de diversa gravedad.

De acuerdo con las declaraciones oficiales transmitidas por ABC, la identidad del atacante aún no se ha revelado, y hasta el momento las fuerzas de seguridad mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar los motivos que originaron el ataque. El alcalde Kirk Watson expresó en la conferencia que la prioridad del Ayuntamiento es atender a las víctimas y sus familias, así como restablecer la normalidad en la zona afectada, mientras se recaba más información sobre el incidente.

Según consignó ABC, las características del tiroteo señalan que el individuo actuó solo y sin un objetivo determinado, lo que incrementa el número de víctimas. El incidente ha generado alarma en la ciudad de Austin y suscita preocupación sobre la seguridad en espacios públicos y de ocio nocturno. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que pueda ayudar al esclarecimiento de los hechos, informó ABC.

Además del operativo policial desplegado en el lugar, se activaron los servicios médicos para trasladar a los heridos a diferentes hospitales. Según la policía, los heridos presentan pronósticos variados, y las autoridades sanitarias permanecen en alerta ante posibles complicaciones clínicas derivadas del ataque, detalló ABC.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el atacante no contaba con antecedentes policiales visibles en los registros iniciales, aunque la policía de Austin continúa verificando datos para descartar que existan nexos con otros incidentes o personas relacionadas, según dio a conocer ABC. Los agentes implicados en la intervención han sido puestos a disposición de las instancias correspondientes para un protocolo de revisión, como parte de los procedimientos regulares tras un uso de la fuerza con resultado letal.

El suceso que tuvo lugar en la madrugada ha motivado el despliegue de recursos adicionales y el refuerzo del patrullaje en la zona, mientras la policía recopila grabaciones y testimonios de testigos presenciales para reconstruir la secuencia de los hechos, reportó la cadena ABC. El bar donde ocurrió el tiroteo permanece cerrado a la espera de que concluyan los trabajos periciales.

La situación ha activado el protocolo de atención a víctimas en la ciudad, con apoyo psicológico y asistencia jurídica dispuestos para los afectados y sus familias, según precisó ABC. El alcalde de Austin reiteró el compromiso de la administración local de colaborar plenamente con las fuerzas de seguridad y expresó el apoyo institucional a quienes resultaron impactados por esta agresión.

Las autoridades prevén ofrecer actualizaciones conforme avance la investigación y solicitan paciencia a la población, asegurando que todos los recursos municipales están enfocados en esclarecer el caso y garantizar la seguridad ciudadana, informó ABC.

En el estado de Florida, el fiscal general James Uthmeier instruyó a su equipo a coordinar labores con entidades federales y policiales para iniciar una investigación sobre lo sucedido frente a la costa de Cuba, tras el enfrentamiento entre una embarcación con matrícula estadounidense y tropas cubanas. Uthmeier expresó su rechazo a la información presentada por el gobierno de la isla y manifestó públicamente que, “no se puede confiar” en la versión oficial, según reportó la prensa. Las acciones del fiscal general ocurren después del incidente que dejó varias víctimas en aguas próximas a la provincia cubana de Villa Clara.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Ministerio del Interior de Cuba y reportado por medios internacionales, una embarcación registrada en Florida se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, sector correspondiente a Cayo Falcones, dentro del municipio Corralillo, cuando fue interceptada por una patrulla de las Tropas Guardafronteras compuesta por cinco integrantes. Según detalló el ministerio cubano, el personal a bordo de la patrulla solicitó una identificación a los ocupantes de la lancha estadounidense, momento en el que desde la embarcación presuntamente se disparó contra las fuerzas de seguridad cubanas.

El intercambio de disparos provocó heridas al comandante encargado de la unidad guardafronteras, refirió el comunicado recogido por la prensa. Como resultado del tiroteo, cuatro de los tripulantes de la lancha estadounidense perdieron la vida y otras seis personas, también a bordo de la misma embarcación, resultaron heridas y recibieron atención médica posterior. Las autoridades cubanas indicaron que se están investigando las circunstancias exactas de lo acontecido, con el objetivo de determinar las responsabilidades y el desarrollo de los hechos.

El medio informativo mencionó que la reacción oficial cubana subrayó la defensa de sus límites marítimos como principio fundamental en su política de protección nacional. "Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región", comunicó el Ministerio del Interior en su declaración.

Paralelamente, el fiscal general de Florida se pronunció señalando la falta de credibilidad en la narración ofrecida por el gobierno de La Habana. “He ordenado a la oficina del fiscal estatal que trabaje con nuestros socios federales, estatales y policiales para iniciar una investigación”, anunció Uthmeier a través de sus redes sociales, según consignó la prensa. Añadió, además, la intención de ejercer la máxima presión institucional para que las autoridades identificadas como responsables por la muerte de ciudadanos estadounidenses respondan ante la justicia.

El suceso ha generado tensión entre representantes oficiales de ambos países y diferentes sectores en Florida, donde se ha insistido en una revisión independiente de lo ocurrido. Las autoridades cubanas, mientras tanto, insisten en el cumplimiento de los protocolos de defensa y vigilancia en sus aguas jurisdiccionales mientras continúan las pesquisas para esclarecer todos los aspectos del incidente, según publicó el Ministerio del Interior. La investigación permanece abierta y las versiones sobre la dinámica de los hechos se mantienen sujetas a una revisión exhaustiva, tanto desde organismos de la isla como de las agencias estadounidenses, detalló el medio.

Las autoridades cubanas han divulgado que dos de los detenidos tras los recientes incidentes cerca de Cayo Falcones, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, figuran en la lista Nacional de personas y entidades investigadas bajo la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y bajo el marco de investigaciones penales cubanas, por presunta implicación en hechos catalogados como terrorismo. De acuerdo con lo que publicó el Gobierno de Cuba, este hecho se originó después de un enfrentamiento en aguas próximas a la isla, en el que una lancha rápida de matrícula estadounidense fue interceptada y cuatro de sus ocupantes murieron en un intercambio armado con Tropas Guardafronteras.

Según detalló el Ministerio del Interior de Cuba en un comunicado citado por la Presidencia, el operativo comenzó cuando una embarcación con matrícula de Florida, identificada como 'FL7726SH', se aproximó a aproximadamente una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en la zona de Cayo Falcones, perteneciente al municipio Corralillo. Las fuerzas cubanas abordaron la embarcación e identificaron a diez tripulantes armados. Tras solicitar la identificación de los ocupantes, los integrantes de la lancha abrieron fuego contra los agentes cubanos, causando heridas al comandante de la unidad cubana. El enfrentamiento terminó con la muerte de cuatro de los tripulantes y heridas en el resto, quienes recibieron atención médica tras su detención.

El Gobierno cubano, según publicó en sus canales oficiales, sostiene que los supervivientes conforman una tripulación que tenía la intención de realizar una “infiltración con fines terroristas” en la isla. Esta afirmación se basa en declaraciones preliminares de los propios detenidos. El operativo de las autoridades resultó en la incautación de varios tipos de armamento y material militar, entre ellos fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje, según reportó el medio oficial cubano.

La identidad de seis de los arrestados fue divulgada por el Ministerio del Interior: Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra. Las fuerzas del orden identificaron hasta el momento a una de las personas fallecidas, Michel Ortega Casanova. La investigación oficial asegura que los diez tripulantes de la embarcación son cubanos residentes en los Estados Unidos, la mayoría con antecedentes penales relacionados con actividades delictivas y violentas.

Según informó el Ministerio del Interior, entre los detenidos sobresalen Sánchez González y Cruz Gómez, buscados por las autoridades cubanas y bajo investigaciones internacionales por su supuesta participación en la planificación, organización, financiamiento y ejecución de actos, en el territorio nacional y fuera de él, que podrían enmarcarse en la tipificación de terrorismo según la legislación internacional y cubana.

A raíz de la investigación, reportó el Gobierno de Cuba, se confirmó además la detención de Duniel Hernández Santos. Se sostiene que Hernández Santos había sido enviado desde Estados Unidos, con el encargo de garantizar la recepción de la supuesta infiltración armada. Las autoridades cubanas informaron que el detenido admitió su implicación en los hechos tras los interrogatorios.

El comunicado oficial relata que la unidad de Tropas Guardafronteras implicada en la interceptación estaba compuesta por cinco agentes. Tras la inspección, según detalló el medio estatal, los tripulantes de la lancha abrieron fuego contra ellos, resultando herido el comandante de la unidad cubana. Tras la respuesta de las fuerzas de seguridad, cuatro ocupantes de la embarcación murieron en el lugar y otros seis resultaron heridos, recibiendo atención médica bajo custodia.

El Ministerio del Interior, citado por la Presidencia, consideró la operación como frustración de un intento de infiltración con finalidad terrorista, y describió el episodio como una “agresión armada contra una unidad de las Tropas Guardafronteras”.

La cartera de Interior cubana señaló igualmente que la investigación continúa para esclarecer todos los hechos y responsabilidades, y subrayó la importancia de la coordinación internacional para el seguimiento de personas investigadas por actividades que se ajustan a la tipificación internacional de terrorismo. Además, la nota oficial remarcó que el material incautado y los antecedentes de varios de los detenidos refuerzan la hipótesis de una operación planificada.

Las autoridades han difundido los nombres de los principales protagonistas del incidente y han ofrecido información sobre el origen y la residencia de los diez tripulantes, apuntando a conexiones internacionales y adjudicando a la mayoría de ellos un pasado marcado por delitos previos, según informó la prensa oficial cubana.

A lo largo de su comunicado y sus publicaciones en redes sociales, el Ejecutivo cubano reiteró que la operación no solo neutralizó un intento de infiltración, sino que permitió la incautación de material considerado de alto riesgo para la seguridad de la isla y la detención de individuos previamente identificados como sospechosos en investigaciones penales y listas internacionales sobre terrorismo.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se refirió a la inusualidad de los tiroteos en mar abierto entre Estados Unidos y Cuba, señalando que un hecho de estas características "no ocurre todos los días" y que el evento reciente en aguas cercanas a la provincia cubana de Villa Clara representa una situación poco común en la relación bilateral. A partir de estas declaraciones, el gobierno de Estados Unidos anunció que se encuentra investigando de manera autónoma las circunstancias en torno al tiroteo que costó la vida a cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense cerca de la costa cubana, y anticipó que tomará acciones una vez concluido el proceso de verificación y tras obtener información directa de los sobrevivientes. Según consignó el medio de comunicación, Marco Rubio afirmó: "Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia".

De acuerdo con lo publicado, Rubio detalló que las autoridades estadounidenses han iniciado su propia averiguación porque, hasta el momento, la mayoría de los datos disponibles provienen de fuentes oficiales cubanas. “Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas”, sostuvo Rubio durante su estadía en Saint Kitts y Nevis, donde asistió a una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El secretario de Estado subrayó que varios organismos estadounidenses están involucrados en la indagatoria, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera, junto con otros entes federales. Rubio remarcó que el análisis independiente es esencial antes de adoptar cualquier medida y señaló que esa es la razón por la cual la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha solicitado acceso directo a los seis sobrevivientes del suceso. Según informó la fuente, el objetivo de estas entrevistas es recoger los relatos de primera mano y evitar interpretaciones basadas únicamente en la versión cubana.

El medio detalló que Rubio desestimó la posibilidad de que miembros del gobierno estadounidense formaran parte de la tripulación y negó que la operación tuviese vínculos con la Casa Blanca. No obstante, evitó referirse a las razones por las que la embarcación se encontraba en aguas próximas a Cuba y rechazó especular sobre los motivos de su presencia y de las acciones previas al tiroteo, aduciendo que no resulta prudente sacar conclusiones sin contar con los elementos necesarios.

Rubio explicó, según reportó el medio, que aunque existen antecedentes de ciudadanos estadounidenses que ingresaron a Cuba para transportar personas, esa práctica constituye una infracción de la ley federal, pero rara vez desemboca en enfrentamientos armados. Explicó que las autoridades han detectado anteriormente intentos ilegales de trasladar personas entre Cuba y Estados Unidos, pero que en la mayoría de los casos no se han producido incidentes con este nivel de violencia.

Por otro lado, el Ministerio del Interior de Cuba atribuyó el hecho a un supuesto intento “de infiltración con fines terroristas” y comunicó que, tras el incidente, las fuerzas de seguridad detuvieron a los seis supervivientes y los sometieron a interrogatorios. El comunicado oficial cubano sostiene que la lancha con matrícula del estado de Florida se aproximó a aproximadamente una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo. Una patrulla de las Tropas Guardafronteras cubanas, integrada por cinco efectivos, interceptó la embarcación e indicó que solicitó la identificación de las personas a bordo.

De acuerdo con las autoridades de la isla y como publicó el medio, desde la lancha estadounidense se realizaron disparos contra los guardafronteras, situación que dejó herido al comandante de la embarcación cubana. La respuesta al fuego, informaron las autoridades cubanas, resultó en la muerte de cuatro de los ocupantes de la lancha estadounidense.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana, según resaltó el medio, persiste en su pedido de acceso a los sobrevivientes, mientras que el gobierno norteamericano enfatiza que todavía se encuentran recopilando detalles sobre el incidente y que aguardarán los resultados completos de la investigación antes de adoptar una postura definitiva respecto a los hechos.

A lo largo de sus declaraciones, Rubio remarcó que prefiere evitar interpretaciones adelantadas sobre las circunstancias, la finalidad del viaje o las intenciones de los ocupantes de la embarcación fallecidos, señalando que cualquier juicio previo puede resultar inapropiado sin el conocimiento cabal de los hechos. El funcionario insistió en la necesidad de esperar la finalización de la pesquisa por parte de las agencias federales estadounidenses y del testimonio de los sobrevivientes detenidos en Cuba, tarea para la cual -según consignó el medio- las autoridades estadounidenses están solicitando colaboración.

La situación ha provocado reacciones diversas, ya que la versión estadounidense se concentra en esclarecer los hechos antes de tomar cualquier acción, mientras que el gobierno cubano sostiene que la incursión estuvo motivada por propósitos ilegales y de carácter terrorista. Ambos países mantienen, así, una postura firme respecto al manejo de la investigación, y las autoridades estadounidenses insisten en la recolección independiente de información como paso fundamental previo a cualquier respuesta formal.

En la mañana del 27 de febrero de 2012, TJ Lane irrumpió en la cafetería de la escuela secundaria Chardon en Ohio y desató un tiroteo que sacudió para siempre a la comunidad.

El ataque dejó tres estudiantes muertos, otros tres heridos y expuso una serie de factores personales y familiares que rodeaban al joven agresor. El joven, que apenas tenía 17 años, no pudo ser condenado a la pena de muerte debido a que aún no contaba con la mayoría de edad, de acuerdo con la legislación del estado de Estados Unidos.

El entorno familiar y social en la personalidad de TJ Lane

El entorno en el que creció Thomas Michael Lane III estuvo marcado por la inestabilidad y la violencia. Su papá, Thomas Lane Jr, pasó gran parte de su vida entrando y saliendo de prisión por delitos violentos contra mujeres, incluida la mamá de su hijo, quien también enfrentó arrestos por violencia doméstica. Como resultado, ambos perdieron la custodia y el joven fue enviado a vivir con sus abuelos.

Dentro de la comunidad escolar, el chico era visto como un muchacho reservado, sin muchos amigos ni participación en actividades, según testimonios recogidos por CNN. Algunos compañeros, como Haley Kovacik, lo describieron como un adolescente “normal” con una mirada triste, mientras que otros, como Teresa Hunt, destacaron su actitud amable y la disposición a interactuar cuando otros no lo hacían.

Sin embargo, su historial escolar reflejaba dificultades de integración. Considerado un alumno reticente, fue transferido a la Lake Academy, una escuela alternativa de la ciudad vecina Willoughby, al final de su primer año. Dos meses antes del ataque, Lane publicó en Facebook un mensaje perturbador en el que se identificaba como “la Muerte” y expresaba deseos de destrucción, lo que, aunque inquietante, no activó alertas suficientes en su entorno para evitar la tragedia.

Cómo fue el tiroteo en la escuela

El ataque se produjo en la mañana del 27 de febrero de 2012. Apenas pasadas las 7:30 de la mañana, la rutina habitual del establecimiento educativo se vio interrumpido por el ataque de TJ Lane. Armado con una pistola calibre 22 y un cuchillo, disparó sin piedad y al azar contra un grupo de estudiantes que se reunían justo antes de entrar a una de las clases.

De acuerdo con información revelada por The Washington Post, el joven disparó un total de diez veces, alcanzando a seis estudiantes, entre ellos cinco hombres y una mujer. Tras gatillar, TJ abandonó rápidamente la zona y fue interceptado por dos profesores: Joseph Rizzi y Frank Hall, quienes lograron reducirlo antes de que pueda escapar o herir a más colegas.

Finalmente, autoridades confirmaron que el ataque dejó un saldo de tres muertos. Russell King Jr, Demetrius Hewlin y Danny Parmertor murieron a causa de las heridas. En tanto, otros dos jóvenes resultaron gravemente heridos y el sexto logró identificar a Lane como el autor del devastador tiroteo.

El proceso judicial se desarrolló con rapidez debido a la contundencia de las pruebas y la identificación del responsable. El tribunal lo sentenció a tres cadenas perpetuas, una por cada estudiante asesinado, ya que por ser menor de edad al momento del ataque, no podía recibir la pena de muerte. El fiscal del caso calificó el crimen como un asesinato “premeditado, frío y calculado”, recogió CNN.

Sin embargo, el comportamiento del propio Lane fue el que generó aún más controversia. El día de la audiencia, el asesino llegó al juzgado con una remera blanca con la leyenda “Killer”, que se traduce como “Asesino”.

Tras ser condenado, se dirigió a las familias de las víctimas utilizando lenguaje ofensivo y haciendo gestos obscenos. La BBC recogió una de las frases que soltó mientras se iba esposado: “La mano que apretó el gatillo que mató a los hijos de ustedes ahora se masturba en su memoria”.

La fuga y el presente en prisión

Tras recibir condena, TJ Lane fue trasladado a la Institución Correccional Allen en Lima, Ohio. Sin embargo, su comportamiento problemático persistió: registros institucionales citados por Cleveland.com documentan al menos siete sanciones por conductas como orinar en las paredes, automutilarse y negarse a cumplir con tareas dentro de la cárcel.

El 11 de septiembre de 2014, protagonizó un nuevo episodio que sorprendió a la opinión pública. Junto a otros dos reclusos, logró escapar de la prisión. La noticia generó alarma inmediata, llevando a que la Chardon High School fuera clausurada temporalmente como medida de precaución ante la posibilidad de que Lane regresara al lugar del ataque.

La fuga, sin embargo, duró menos de 24 horas. El preso fue recapturado sin resistencia significativa y devuelto bajo custodia. Desde entonces, cumple el resto de sus múltiples cadenas perpetuas en la Institución Correccional Warren de Youngstown, Ohio, una prisión de máxima seguridad. Su régimen actual es considerablemente más restrictivo, con menos privilegios y una vigilancia mayor en comparación con su anterior ubicación.

En tanto, el tiroteo también marcó la vida de los estudiantes y profesores del colegio. Los sobrevivientes y familiares de los asesinados han dedicado sus esfuerzos a promover cambios en la legislación sobre armas y a exigir penas más severas para los autores de tiroteos escolares. Frank Hall, el entrenador que enfrentó a TJ Lane en el ataque, fundó la Fundación Coach Hall, una organización que permite a los sobrevivientes viajar a escuelas secundarias de todo el país para compartir sus experiencias. El objetivo es sensibilizar y prevenir que tragedias semejantes se repitan en otros centros educativos.

El ataque ocurrió poco después de las 16:30 h del miércoles 18 de febrero, cuando la víctima y un amigo de 16 años caminaban por Southwest 80th Street y 152nd Avenue. Un vehículo les bloqueó el paso y, tras una discusión, uno de los ocupantes disparó, hiriendo a la joven en el hombro derecho y el tobillo izquierdo.

El acompañante de la víctima logró ponerla a salvo y llamó al 911. Personal policial y de Miami-Dade Fire Rescue asistió a la joven en el lugar antes de trasladarla en condición estable a el hospital HCA Florida Kendall. Las primeras pesquisas resultaron complicadas, ya que ni la víctima ni los testigos pudieron ofrecer descripciones del auto o de los sospechosos.

Investigación y detención de los implicados

La investigación avanzó cuando los detectives obtuvieron imágenes de una cámara a bordo de otro vehículo, que registró el tiroteo. Esa grabación llevó a identificar un Honda Civic negro, registrado a nombre de una adolescente de 14 años. La joven declaró que había prestado el coche a su novio, un adolescente de 17 años, el mismo día del hecho.

Durante el interrogatorio, el joven de 17 años confesó que conducía durante el ataque y admitió que no se detuvo a auxiliar a la víctima. Fue arrestado la noche del miércoles.

Los detectives determinaron que un tercer joven, de 15 años, estaba en el asiento trasero del Honda Civic en el momento del tiroteo y lo entrevistaron en la escuela secundaria Felix Varela Senior High School, donde identificó al adolescente de 16 años como el autor de los disparos. Además, relató que pidió bajarse del coche tras el incidente porque no quería verse involucrado.

Testimonios y cargos contra los sospechosos

Consultada por los investigadores, la víctima manifestó que conocía al presunto tirador de 16 años, aunque no pudo aclarar el motivo de la discusión que precedió al ataque. El joven de 16 años fue arrestado el jueves por la mañana, negó participación en los hechos y afirmó que se encontraba en su casa al momento del tiroteo.

No obstante, los testimonios y las evidencias lo señalan como principal sospechoso.

El adolescente de 16 años enfrenta tres cargos principales: intento de homicidio en segundo grado, disparo de arma de fuego desde un vehículo, agresión con agravantes con arma de fuego y exhibición indebida de arma de fuego. El joven de 17 años fue imputado por intento de homicidio en segundo grado y agresión con agravantes con arma de fuego. Las autoridades no han informado si ambos permanecen bajo custodia en el Centro de Evaluación Juvenil de Miami-Dade.

Audiencia inicial y reacciones de las autoridades

Durante la audiencia inicial, la jueza destacó la gravedad de los cargos y ordenó que el presunto autor del disparo permanezca detenido al menos hasta la próxima audiencia. También dispuso una evaluación psicológica, mientras la fiscalía analiza si corresponde imputarlo como adulto, dada la severidad del delito.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz reconoció la labor de los equipos policiales por la rapidez con que se identificó y capturó a los sospechosos, y advirtió sobre la violencia armada entre menores. El caso ha generado preocupación entre la comunidad educativa y los residentes de West Kendall, lo que llevó a reforzar la presencia policial en la zona y en la escuela secundaria Felix Varela.

Estado de salud y líneas de investigación

La joven herida permanece estable y continúa bajo atención médica especializada. La policía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si existían antecedentes entre los implicados.

Las autoridades solicitan colaboración a la comunidad y a cualquier testigo que pueda aportar datos relevantes, recomendando comunicarse con la línea anónima de denuncias Miami-Dade Crime Stoppers.

Según confirmó el portavoz policial de la provincia de Gauteng, coronel Dimakatso Nevhuhulwi, dos hombres de 28 y 33 años fueron arrestados para ser interrogados, entre ellos Chatunga Mugabe. La víctima, identificada como un jardinero que trabajaba en la propiedad, recibió un disparo tras un desacuerdo con los detenidos y fue trasladada al hospital en estado crítico, reportó el medio 'Mail & Guardian'. El suceso tuvo lugar en un entorno residencial de alto nivel asociado a la familia del exmandatario Robert Mugabe, agregando notoriedad al hecho.

El medio SABC detalló que, en las horas posteriores al tiroteo, la policía formalizó la acusación de intento de asesinato contra los dos sospechosos. Paralelamente, al domicilio de la familia Mugabe acudieron varios agentes, entre perros de la unidad canina y equipos de detectives y forenses, enfocados en la recolección de pruebas y en el esclarecimiento de las circunstancias exactas del episodio violento.

La intervención se mantuvo activa durante varias horas tras el tiroteo, informaron 'Mail & Guardian' y SABC, quienes también describieron cómo el operativo policial se centró en recabar evidencias dentro y en los alrededores de la vivienda. La búsqueda del arma en cuestión incluyó la participación de buzos policiales, una medida destinada a asegurar todos los elementos relevantes para la investigación. Los detalles sobre el desarrollo del desacuerdo previo al disparo no se hicieron públicos, aunque el hecho de que la víctima fuera un empleado de la residencia refuerza la atención sobre el ambiente laboral dentro de la propiedad.

Mientras se desarrollaban los operativos, las autoridades se abstuvieron en un primer momento de aportar información sobre posibles cargos contra los implicados. Sin embargo, la actualización posterior de SABC confirmó las acusaciones formales de intento de asesinato contra los dos arrestados, incluido Mugabe. Respecto al estado de la víctima, tanto 'Mail & Guardian' como SABC coincidieron en señalar que la persona herida permanecía hospitalizada y enfrentaba una situación crítica derivada del disparo recibido.

La atención mediática se focalizó no solo en la conexión de los hechos con la familia del exlíder zimbabuense, sino también en el despliegue de recursos policiales de alto nivel, señal de la gravedad del incidente. La presencia policial y la movilización de unidades especializadas destacaron la relevancia social y judicial del tiroteo, según describieron los medios locales y las fuentes oficiales consultadas.

De acuerdo con lo publicado por la cadena NBC, este incidente tuvo lugar durante un encuentro deportivo de menores en Rhode Island, Estados Unidos. El tiroteo dejó como saldo dos fallecidos y tres personas hospitalizadas, mientras la principal sospechosa fue identificada como Roberta Esposito, de 56 años. Las víctimas mortales son Rhonda Dorgan, exesposa de Esposito, quien murió en el sitio del atentado, y Aidan Dorgan, hija de ambas y quien perdió la vida camino al hospital. La Policía afirmó que en el evento deportivo también jugaba otro hijo de la familia.

Según relató el medio NBC citando a la Policía local, tras perpetrar el ataque, Esposito fue confrontada por, al menos, tres asistentes que procuraron detenerla; sin embargo, la atacante consiguió acceder a una segunda pistola, con la que se disparó fatalmente. Tanto la jefa Gonçalves como la información oficial señalaron que los padres de Rhonda Dorgan y un amigo de la familia resultaron heridos de bala y permanecen en cuidados intensivos.

El medio NBC y la Policía de Pawtucket señalaron que la relación previa entre la agresora y las víctimas directas incluía el historial de pareja entre Esposito y Dorgan, antes de que Esposito transicionara de género. Esta vinculación ha llevado a los investigadores a examinar el trasfondo familiar y las circunstancias personales que rodeaban el evento, aunque la jefa de Policía aclaró que los motivos precisos detrás del tiroteo aún no se encuentran establecidos.

Durante la comparecencia ante los medios, Tina Gonçalves concluyó sus declaraciones mostrando solidaridad con todas las familias afectadas, especialmente con los menores que participaban en la actividad deportiva. La responsable policial subrayó que se esperaba que el partido fuese una celebración para los niños y sus allegados. Mientras tanto, la investigación sobre el caso sigue vigente a fin de esclarecer los hechos y motivos del suceso, informó la cadena NBC tomando como fuente el reporte oficial de la Policía de Pawtucket.

El ataque, el suicidio de la agresora y sus consecuencias inmediatas han generado atención sobre la seguridad en actividades deportivas juveniles y el impacto de los conflictos personales en espacios públicos. La Policía local reiteró su compromiso de ofrecer apoyo a las víctimas y a la comunidad asociada al hockey infantil, según consignó la cadena NBC en sus actualizaciones sobre el caso.