Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su etapa como máximo comandante de las antiguas Farc, rechazó públicamente la difusión de publicaciones en redes sociales sobre un presunto retorno a las armas, en caso de un posible resultado adverso en las elecciones presidenciales en Colombia.

En su cuenta de X, el hoy líder del partido Comunes, nacido del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y el extinto grupo armado, afirmó que dichas afirmaciones alimentan la polarización política y ponen en riesgo la integridad de aquellos que firmaron la paz y se reincorporaron a la vida civil.

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“Desafortunadamente, la política del odio mantiene sus agresiones, estigmatización y desinformación acerca de mi persona y de los y las firmantes del Acuerdo de Paz”, escribió el dirigente político en sus redes sociales.

En la publicación, Londoño recopiló varios portales digitales en la que se mencionaba la siguiente frase: “Timochenko dice que si gana la derecha en Colombia está pensando seriamente volver al monte”.

Ante esta situación, “Timochenko” informó que ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia para que se indague al responsable de la difusión del mensaje considerado como calumnia. “Denuncio ante la @FiscaliaCol y @CaiVirtual la propagación de mentiras e injurias de distintos medios”, añadió.

Así mismo, Rodrigo Londoño insistió en el compromiso con el proceso de reconciliación y en el cumplimiento del acuerdo por parte del antiguo grupo guerrillero.

“La divulgación de noticias falsas y calumniosas atenta contra la integridad física y moral de los firmantes del Acuerdo de Paz y viola la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia. Los firmantes del Acuerdo de Paz estamos firmes en la brega por la paz”, concluyó.

Revés electoral de Comunes

La tensión política se agrava tras la reciente pérdida de la personería jurídica de Comunes. En las elecciones al Congreos del 8 de marzo de 2026, la agrupación política encabezada por Londoño no solamente no pudo retener sus diez curules en el legislativo (5 en Senado y 5 en Cámara de Representantes), derechos garantizados específicamente por el Acuerdo de La Habana (Cuba), sino que dejara de contar con personería jurídica.

En ese contexto, Sandra Ramírez, histórica dirigente y viuda de Manuel Marulanda (alias Tirofijo), intentó postularse a través de la lista de Fuerza Ciudadana. Sin embargo, recibió apenas 10.505 votos (0,05%), cifra que, sumada a los 114.722 votos totales de Fuerza Ciudadana, no superó el umbral necesario para obtener representación en el Congreso.

En ese sentido, Rodrigo Londoño dirigió mensajes de serenidad a la militancia, la comunidad internacional y los observadores de procesos de paz tras no obtener los resultados requeridos para llegar al Congreso.

“A los amigos y amigas de la paz de Colombia, a la comunidad internacional y a la militancia, mi mensaje de sosiego en esta coyuntura. Comunes sufrió un revés electoral, pero no perdimos la convicción de seguir luchando en democracia por la paz con justicia social. Venceremos”, escribió Londoño en una publicación en la red social X.

Del mismo modo, Londoño recalcó que el resultado adverso no implica el abandono de la causa política ni de los compromisos suscritos en 2016.

“No hemos perdido la credencial de firmante del acuerdo de paz ni de alta parte contratante y como tal seguiremos trabajando sin descanso porque se implemente el acuerdo en su espíritu y en su letra”, declaró “Timochenko” en un video publicado en la misma red social.

Frente a los resultados de la contienda electoral, el líder de Comunes aseveró que la derrota en las urnas obedece a factores internos y externos, que, aseguró, merecen un análisis detenido.

“Sí, como Comunes tuvimos un revés electoral. Hay causas endógenas y exógenas que habrá que analizar con detenimiento, pero no hemos perdido la convicción de trabajar por la paz de Colombia”, indicó.

No obstante, señaló problemas crecientes vinculados a la seguridad de los excombatientes y a la gestión institucional por parte del Estado.

“Hay dificultades con el tema de la seguridad, lo que está sucediendo en la UNP. Hay dificultades que tienen a muchos muy angustiados, como lo del tema de la asignación mensual, pero ahí seguimos en la brega porque estas cosas logremos reversarlas”, destacó.

Por último, Rodrigo Londoño reiteró su llamado a mantener la moral y la esperanza. “Hacer la paz es revolucionario, ¡Estamos absolutamente llenos de moral!”, concluyó.

Los exlíderes de la antigua guerrilla de las Farc reconoció el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores y admitió la comisión de abusos sexuales durante la época del conflicto armado colombiano.

Así lo reconocieron en una carta y un video dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelado por El Espectador, donde asumen su responsabilidad total y piden perdón público a las víctimas.

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La misiva fue firmada el 27 de enero de 2026 en la que los exintegrantes del grupo armado admiten el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016, así como la comisión de delitos sexuales y de género sobre quienes estuvieron bajo su control.

Los firmantes son Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Losada), Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez.

Estos siete exjefes fueron señalados como máximos responsables dentro del caso 07 de la JEP, proceso liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

“Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen”, se lee en el documento revelado por el diario mencionado.

Reclutamiento de menores y abusos sexuales reconocidos por las Farc

La JEP documentó que la antigua guerrilla ejecutó cinco patrones criminales: reclutamiento y utilización de menores, malos tratos y homicidios dentro de las filas, violencia reproductiva, violencia sexual y delitos motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género.

De los 18.677 menores reclutados, al menos el 28% se encuentran desaparecidos. Además, un 30% de las víctimas eran menores de 15 años al momento de su captura forzosa.

Así mismo, la entidad sostiene que el 24% de los sobrevivientes afirmó ser víctima de violencia de género y el 35% de las mujeres denunciaron abusos sexuales. Estas cifras muestran la magnitud de los crímenes reconocidos y el impacto en las víctimas.

El escrito deja sin efecto las observaciones previas de los exjefes, quienes en julio de 2025 habían puesto reparos sobre la tipificación de algunos delitos, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de género.

El documento establece expresamente que ya no existe ninguna restricción al reconocimiento de los hechos y que cualquier afirmación anterior queda sin validez.

Compromiso ante la justicia transicional

En la comunicación, los exdirigentes se presentan como “máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera” y subrayan que su reconocimiento es total, con el objetivo de aportar a la verdad, la justicia y la reparación.

Los firmantes manifiestan estar dispuestos a responder las preguntas de víctimas y representantes, y a dialogar con la sociedad y la justicia transicional acerca de los hechos reconocidos.

Expresan la voluntad de aclarar asuntos jurídicos pendientes, en particular respecto a la diferencia entre los patrones de violencia sexual y violencia basada en prejuicio, aunque insisten en que esto no condiciona su admisión de los actos cometidos.

“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado. Manifestamos respetuosamente una preocupación en relación con la diferenciación entre los patrones IV y V, en la medida en que ambos se refieren a violencia sexual”, propusieron.

El documento señala la apertura a ampliar detalles o ajustar declaraciones si la JEP o las víctimas lo consideran necesario, con lo que buscan contribuir de manera activa al esclarecimiento de la verdad.

Este reconocimiento, definido como histórico, marca un punto clave en el proceso de justicia y reconciliación en Colombia. Los exjefes afirman que mantendrán su participación y colaboración con las autoridades y las víctimas para avanzar en la reparación de los daños sufridos.

La carta concluye con el compromiso de los firmantes de adaptarse a los requerimientos de la justicia y la sociedad, mostrando voluntad de clarificar y ajustar su versión todas las veces que sea necesario dentro del proceso de paz.

“Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias, siempre con la debida celeridad que reclama la sociedad colombiana”, concluyeron.

El senador y actual candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció que está siendo víctima de una supuesta persecución política por parte de sectores de oposición, entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y varios dirigentes del partido Centro Democrático, a quienes los acuso de presentar denuncias sin fundamento.

En su denuncia, el aspirante presidencial del progresismo colombiano reiteró que el exmandatario ha utilizado frases que aparentemente lo vincularían con grupos armados ilegales como la extinta guerrilla de las Farc.

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La denuncia de Cepeda ha generado diferentes reacciones en los diferentes sectores del país, entre quienes respaldan al candidato presidencial y aquellos que lo cuestionan.

Uno de ellos fue Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su etapa como máximo comandante de las antiguas Farc, se solidarizó con el político colombiano, y manifestó su desconocimiento frente a una posible vinculación de Cepeda con el extinto grupo armado.

“Rechazo la persecución contra el Senador Iván Cepeda desarrollada por el uribismo y sus aparatos de propaganda. Cepeda nunca tuvo relación con las extintas FARC-EP y ha sido un luchador incansable por la paz de Colombia”, escribió el exlider guerrillero en su cuenta de X.

El pronunciamiento de Londoño también incluyó una crítica hacia sectores de derecha: “La ultraderecha hace aguas y desata campañas de odio”, añadió.

No obstante, las declaraciones del presidente del partido Comunes (movimiento derivado de la firma del Acuerdo de Paz de 2016) también generó críticas en los políticos del país.

Ese fue el caso de Paloma Valencia, senadora y también aspirante presidencial del Centro Democrático, en el que manifestó que la postura de ‘Timochenko’ reflejaría como una evidencia a las denuncias que enfrenta Iván Cepeda sobre sus vinculos con el extinto grupo armado.

La senadora escribió: “Esta defensa prueba la acusación”, citando una publicación anterior del exlíder guerrillero. A lo que hace referencia Valencia es a las menciones de Iván Cepeda en los computadores decomisados al exjefe guerrillero “Raúl Reyes”, abatido en 2008 en Ecuador.

Al respecto, Rodrigo Londoño instó a la candidata presidencial a no sumarse a las campañas de odio en el debate público y advirtió sobre los riesgos de repetir los episodios violentos que han marcado la historia de Colombia.

Incluso, hizo referencia a la situación que, según Londoño, el país atravesó bajo el mandato de Guillermo León Valencia, expresidente de Colombia y abuelo de la senadora del Centro Democrático.

“Senadora, por favor, no haga eco a las campañas de odio. No repita los errores que sembraron la violencia en el país y de los que su señor abuelo, Guillermo León, fue tristemente responsable. Colombia merece vivir en paz. Construyamos una cultura política para la no violencia”, concluyó.

Denuncia de Iván Cepeda

En una rueda de prensa realizada el martes 24 de febrero de 2026, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció que interpuso acciones penales contra Álvaro Uribe Vélez y otros integrantes del Centro Democrático, a quienes responsabilizó de calumnias y campañas para vincularlo con grupos armados ilegales.

Además, notificó la radicación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitando medidas urgentes de protección. La solicitud exige que “el Estado colombiano avance en la investigación con celeridad y garantice la integridad y participación política del candidato”.

“Esto obedece a una intensa campaña de carácter propagandístico y publicitario desatada desde la orilla de la extrema derecha, concretamente desde los sectores del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe que ha buscado presentarme ante la opinión pública como (cito la expresión) ‘el heredero de las Farc’”, indicó el candidato en declaraciones a los medios de comunicación.

Adicionalmente, señaló que miembros prominentes del uribismo gestionaron ante oficinas federales de Estados Unidos la apertura de investigaciones internacionales en su contra.

Destacó el caso de Daniel Palacios, otro candidato presidencial, quien —dijo— formalizó ante el Departamento de Justicia de ese país una petición para indagar en los archivos de computadoras decomisadas al exjefe guerrillero Raúl Reyes.

Ante ello, Cepeda contestó: “Hemos visto un desfile de personajes del uribismo por distintas oficinas federales en Estados Unidos, pidiendo que yo sea investigado, supuestamente, por tener vínculos o haber tenido vínculos con la guerrilla de las Farc. Para eso se ha utilizado toda clase de mentiras, entre ellas, fotografías en las que yo aparezco en las mesas de conversación y en relación con esos jefes guerrilleros cuando se estaba desarrollando el proceso de paz, fotografías e imágenes que han sido descontextualizadas”.

La confrontación entre Iván Cepeda y el sector uribista se desarrolla en el marco de la campaña electoral, y el alcance de los procesos judiciales e investigaciones internacionales solicitadas constituye uno de los ejes de la disputa política actual en Colombia.

En un nuevo capítulo del debate sobre justicia transicional en Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) recibió una demanda contra Rodrigo Londoño, conocido en la época del conflicto armado como alias Timochenko, que fue jefe de la secretaría de la antigua guerrilla de las Farc, por crímenes de guerra, lesa humanidad, tortura, esclavitud, esclavitud sexual, secuestros masivos y reclutamiento y uso de menores en el conflicto.

En el documento presentado por el jurista internacional Juan Carlos Portilla ante la Fiscalía de la CPI, se solicita que el tribunal emita una orden de captura contra Londoño por los delitos mencionados.

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En la argumentación entregada ante el organismo internacional, Portilla resalta la asimetría existente entre el trato judicial a los comandantes del extinto grupo armado y a los integrantes de las fuerzas militares de Colombia.

“Timochenko y compañía no puede utilizar el acuerdo de La Habana (2016) como un mecanismo de excusa o defensa judicial para evadir la cárcel, porque es la única sanción que les corresponde a los máximos responsables de delitos atroces bajo el derecho internacional”, declaró el abogado en Noticias RCN.

Así mismo, Portilla señaló que la antigua secretaría de las Farc, bajo el mando de Londoño, “orquestó y dirigió de manera sistemática crímenes atroces contra civiles y fuerzas de seguridad, incluyendo tortura, secuestros masivos, esclavitud y esclavitud sexual, así como el reclutamiento de niños para la guerra”.

El litigante enfatizó su crítica a las sanciones aplicadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), diseñadas según los lineamientos del acuerdo de paz firmado en La Habana, ya que en su opinión están orientadas a evitar la privación efectiva de la libertad.

En ese sentido, pidió que la CPI asuma el capítulo de los crímenes cometidos por los líderes de las Farc y actué en consecuencia.

“Estas sanciones de servicios comunitarios que, de manera simbólica, han impuesto a Timochenko y compañía están creando un incentivo perverso para que las disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, alias Mordisco, alias Calarcá y todos los comandantes del ELN, máximos responsables de delitos responsables en Colombia, tengan ese incentivo perverso de cometer crímenes, porque saben que la JEP los va a perdonar y los va a amnistiar con sanciones restaurativas, con sanciones simbólicas y de servicio comunitario”, se lee en el documento.

Ante los cuestionamientos del jurista internacional, la magistrada de la JEP Catalina Díaz defendió la labor del tribunal, argumentando el carácter equilibrado de los procedimientos hacia exguerrilleros y exintegrantes de la Fuerza Pública.

“Hemos investigado en carriles paralelos todo el tiempo a las antiguas Farc, a los mandos de las antiguas Farc y a los antiguos miembros del Ejército Nacional. Les hemos imputado responsabilidad penal a las antiguas Farc por todo el catálogo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, aseguró la magistrada al mismo noticiero nacional.

Por el momento, Rodrigo Londoño no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional.

Petro denuncia a ‘Iván Mordisco’

La denuncia del abogado Juan Carlos Portilla contra ‘Timochenko’ se suma al oficio presentado por el presidente Gustavo Petro contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, ante el mismo organismo internacional.

En el documento entregado ante la CPI, el Gobierno colombiano identificó como principales víctimas a niños y adolescentes sometidos al reclutamiento forzado, así como a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, líderes sociales, excombatientes y defensores de la paz, todos ellos afectados por los delitos cometidos bajo el mando de Iván Mordisco.

Alejandro Carranza, representante legal del mandatario, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que esta querella no corresponde a hechos aislados, sino que refleja “un patrón prolongado de crímenes de lesa humanidad y de guerra, dirigido desde la cúspide de una organización armada”.

Además, enfatizó en que el Gobierno ha agotado los mecanismos legales internos y, ante la negativa de ‘Iván Mordisco’ a acogerse a procesos de paz, recurrieron a la justicia internacional.

“El señor ‘Iván Mordisco’ sigue desplazando, sigue secuestrando, sigue afectando estructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, sigue atacando a poblaciones completas para una sola cosa y es lucrarse con el narcotráfico y esto tiene que ser conocido desde otros espectros”, advirtió Carranza en diálogo con Caracol Radio.

Desde que se firmó la paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano se han registrado varias críticas sobre el acuerdo, principalmente por la ausencia de justicia que han denunciado agrupaciones de víctimas del conflicto armado interno.

Además de la ausencia de verdad sobre hechos violentos que perpetró el grupo armado, han cuestionado que algunos firmantes han encabezado eventos en los que rinden homenaje a guerrilleros dados de baja, principalmente altos mandos de las Farc en su momento.

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Precisamente, en la tarde del 4 de noviembre, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, último comandante que tuvo las Farc-EP antes de la firma del Acuerdo de Paz, se hizo viral por compartir un “homenaje” en su cuenta de X para “Alfonso Cano”.

En la publicación, Londoño, que estuvo en el Congreso de la República y actualmente es presidente del partido Comunes, conformado en su mayoría por firmantes del acuerdo, compartió una fotografía del guerrillero dado de baja por las Fuerzas Militares con el siguiente mensaje:

"Honro la memoria de Alfonso Cano, valiente luchador que inspiró a miles por la causa de la paz con justicia social para Colombia. Su ejemplo hoy nos guía en la brega por cesar definitivamente la violencia sin abandonar nuestras más profundas convicciones: patria libre y digna“.

Lejos de recibir comentarios positivos por la publicación, “Timochenko” fue blanco de críticas por recordar de esa forma a “Alfonso Cano”, haciendo que su publicación se hiciera viral.

“Su apología al terrorismo, al honrar la memoria de otro terrorista como Alfonso Cano de las Farc, indica su cinismo y falta de respeto a las víctimas qué causaron“, ”Inspiró la paz asesinando y violando a colombianos, como puede hablar de homenajes" o “Como puede hablar así de alguien que mató y asesinó, el nivel de cinismo es grande”, son algunos de los comentarios registrados en la publicación de Londoño.

¿Quién fue ‘Alfonso Cano’?

“Alfonso Cano”, cuyo nombre real era Guillermo León Sáenz Vargas, fue uno de los máximos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). Nació en Bogotá el 22 de julio de 1948 y estudió antropología en la Universidad Nacional.

Se unió a las Farc en la década de los 70, inicialmente trabajando con temas políticos y urbanos, posteriormente ascendió en la estructura interna del grupo guerrillero.

Durante su trayectoria en la guerrilla, participó en el establecimiento de la línea ideológica marxista-leninista que caracterizó al grupo. Por su formación académica fue responsable del diseño de varias estrategias políticas y doctrinales. A lo largo de los años ochenta y noventa, Cano se consolidó como ideólogo de la organización y asumió tareas de dirección en el denominado Bloque Occidental de las Farc.

Tras la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, en 2008, Cano asumió la jefatura máxima del secretariado de las Farc, allí tomó la decisión de endurecer su posición frente a las negociaciones con el Estado colombiano y reforzó las acciones orientadas a la obtención de recursos económicos, al tiempo que mantuvieron acciones armadas en diversas zonas del país.

Murió el 4 de noviembre de 2011 durante una operación militar que fue denominada “Odiseo”, que tuvo lugar en una zona rural del municipio de Suárez, departamento del Cauca, en donde tropas del ejército hicieron un cerco sobre el campamento donde se encontraba.

Su lugar fue asumido por Rodrigo Londoño “Timochenko”, que fue el último comandante de las Farc-EP antes de que se consolidara el acuerdo de paz que firmó la guerrilla con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

Rodrigo Londoño —conocido como “Timochenko”—, presidente del partido Comunes y antiguo comandante de las Farc-EP, expresó una fuerte inconformidad tras la decisión de la Cancillería de no asistir a la sesión de seguimiento sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el 3 de octubre.

En una declaración pública difundida a través de su cuenta en la red social X, Londoño escribió: “La Canciller y el Vicecanciller no asistirán mañana a la sesión de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en el Consejo de Seguridad de la ONU. Clara demostración de lo poco que le importa al gobierno Gustavo Petro el Acuerdo. Paz no es solo discursos, demanda hechos”.

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La afirmación provocó reacciones inmediatas en sectores políticos, sociales y diplomáticos, especialmente porque la sesión de la ONU tiene como propósito evaluar los avances y dificultades en la ejecución del Acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la exguerrilla.

La presunta ausencia de los representantes oficiales del Gobierno generó desconcierto dentro del mismo Consejo, así como entre los firmantes del proceso y la comunidad internacional que sigue de cerca el cumplimiento de los compromisos pactados.

Mientras se esperaba una explicación institucional, el presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X que estaría en el parque Murillo Toro, en Ibagué, durante la tarde, para sostener conversaciones con la ciudadanía sobre salud, campo y empleo.

Aunque no se refirió directamente a la sesión de la ONU ni a las críticas recibidas, su mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta al señalamiento.

Por otro lado, surgieron nuevas dudas tras conocerse que la canciller Rosa Villavicencio, en medio de la polémica internacional por los comentarios del presidente Petro sobre la política exterior estadounidense, había decidido renunciar voluntariamente a su visa para ingresar a ese país.

La decisión de Villavicencio se dio luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara la visa diplomática del mandatario colombiano; esta medida respondió a un hecho que ocurrió durante una visita en territorio norteamericano, donde Petro, con un megáfono, pidió a los soldados estadounidenses desobedecer al presidente Donald Trump por su posición frente a Palestina frente al conflicto con Israel.

Leonor Zalabata asume la representación de Colombia ante la ONU

Como consecuencia de esa tensión diplomática, se confirmó que la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, asumiría la representación del país en la sesión del Consejo de Seguridad, puesto que Villavicencio renunció al documento diplomático.

Zalabata será la encargada de recibir y responder al informe preparado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el cual será presentado por Miroslav Jenča, actual jefe de la misión en territorio colombiano.

A pesar de esta solución, Londoño insistió en que la ausencia de los altos funcionarios diplomáticos deja un mensaje preocupante sobre la seriedad del Estado frente a sus compromisos; hasta el momento, la Cancillería no ha entregado una declaración oficial que justifique la ausencia de sus principales figuras.

La embajadora Zalabata, aunque con experiencia y credibilidad ante el organismo internacional, no forma parte directa del equipo que lidera las relaciones bilaterales y multilaterales en el actual Gobierno, lo que añade incertidumbre al seguimiento técnico y político del proceso de paz.

Cabe destacar que, el Consejo de Seguridad de la ONU monitorea y respalda la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia mediante la Misión de Verificación, que evalúa temas clave como la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la reforma rural.

A través de informes trimestrales presentados por el jefe de la misión, los 15 Estados miembros analizan el avance del proceso junto a representantes del Gobierno colombiano, la sociedad civil y víctimas del conflicto. Estas sesiones mantienen la atención internacional, fortalecen el respaldo político y ayudan a garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados.

El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes de las extintas Farc-EP desató una nueva ola de críticas; esta vez, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, publicó un extenso hilo en su cuenta oficial en la red social X, en la que compartió su rechazo frontal a la decisión de la Sección de Reconocimiento de Verdad del mecanismo de justicia transicional.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko; junto con José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Jorge Torres Victorias, alias Pablo Catatumbo; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada; Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez; fueron hallados responsables de graves delitos como el secuestro masivo de más de 21.000 personas, torturas, tratos crueles y actos de violencia sexual durante el conflicto armado.

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Todos reconocieron su participación y aceptaron su responsabilidad, lo que permitió la imposición de sanciones propias bajo los parámetros de la justicia transicional. Las penas consisten en restricciones de derechos y libertades por un periodo de cinco a ocho años, así como la ejecución de proyectos de contenido reparador en favor de las víctimas.

Pero, la lectura del fallo por parte de la JEP no dejó satisfecha a la congresista Valencia, que cuestionó abiertamente los alcances jurídicos y morales de la sentencia. A través de siete puntos, desglosó lo que considera graves fallas que dejan al país “sin garantías reales para las víctimas”.

“¿Ocho años de espera para esto?”, preguntó Valencia en el primer mensaje. “La JEP condena a siete exjefes de las FARC por 21.396 secuestros masivos, reconocidos como crímenes de guerra y lesa humanidad. Sentencia: sin cárcel, con plata de los colombianos y cero garantías reales para las víctimas (sic)”.

En el primer punto de su publicación, Valencia se refirió a la permanencia de los exjefes guerrilleros en la política. Según ella, “los criminales de lesa humanidad siguen en la política. Exjefes guerrilleros llegaron orondos y sonrientes al Congreso, pese a las condenas. Son una burla a los colombianos”.

Luego cuestionó el tiempo que tomó la JEP para emitir la sentencia. “Justicia tardía: Ocho años para el primer fallo es una vergüenza. ¿No habían prometido celeridad en el acuerdo de paz de 2016?”, escribió, al lanzar un señalamiento directo a los compromisos asumidos durante la negociación entre el Estado colombiano y las Farc, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Otro de los puntos más duros de su crítica apuntó al tipo de sanción que recibirán los responsables. Valencia rechazó que los sentenciados no vayan a prisión, y afirmó que las penas no guardan proporcionalidad con la magnitud de los delitos cometidos.

“Sanción sin cárcel: Ocho años de trabajos sociales no equivalen al daño de miles de víctimas. La sanción no es proporcional, y su cumplimiento es incierto, según informes de la misma JEP”, se lee en una de sus publicaciones.

Uno de los aspectos que más genera desconfianza entre los sectores que criticaron el funcionamiento del mecanismo de justicia transicional es la falta de resultados visibles en la búsqueda de desaparecidos. La senadora abordó este tema en el cuarto punto de su mensaje: “La JEP ha exhumado fosas de militares y paras, pero ¿y las de las Farc? Solo unos 200 cuerpos identificados hasta ahora, y la deuda central persiste sin información clara de los condenados”.

La ausencia de un plan detallado para la implementación de las sanciones también fue parte del señalamiento: “Sentencia sin plata ni plan: No hay cronograma detallado, y el presupuesto vendrá de impuestos públicos. ‘Implementación progresiva’ suena a dilación eterna para las familias afectadas”.

En otro mensaje, criticó lo que ella considera una improvisación por parte de la jurisdicción. “Proyectos que acaban antes del tiempo: Y nadie sabe qué sigue. Sin tareas sustitutas definidas, la sanción se diluye, dejando a víctimas sin reparación real”, señaló la precandidata presidencial.

Valencia apuntó a la ausencia de garantías efectivas para evitar la repetición de estos crímenes: “Hablan de no repetición, pero no hay garantías para desmantelar economías criminales: Sin afectar redes, rutas ni finanzas de las disidencias, el riesgo de reincidencia sigue vivo”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una sanción propia de 8 años a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros.

El fallo, emitido en la mañana del 16 de septiembre del 2025, establece el máximo de pena permitido según lo acordado en el Acuerdo de Paz. Entre los condenados figuran:

• Rodrigo Londoño Echeverri (‘Timochenko’).
• Pablo Catatumbo Torres Victoria.
• Pastor Lisandro Alape Lascarro.
• Milton de Jesús Toncel Redondo (‘Joaquín Gómez’).
• Jaime Alberto Parra (‘El médico’).
• Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’),
• Rodrigo Granda Escobar (‘Ricardo Téllez’ o el ‘Canciller de las Farc’).

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La decisión de la JEP responde a la magnitud de los crímenes atribuidos a los exlíderes de la guerrilla, quienes deberán cumplir la pena bajo las condiciones establecidas por el tribunal transicional.

“En la JEP no dictamos sentencias para hundir a nadie en la sombra, sino para alumbrar nuevos caminos. Lo que hoy determine la sección de reconocimiento deberá convertirse en obras que reparen lo destruido por la guerra y que aporten a la reconciliación de un país que lo reclama”, afirmó magistrado Alejandro Ramelli sobre la sentencia.

Este mandato, contenido en un documento de 663 páginas, redefine el proceso de justicia transicional en el país.

Durante la presentación de la sentencia, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dirigió un mensaje a las 4.200 víctimas de secuestro reconocidas en el proceso, subrayando que ellas han sido el motor de la investigación.

Ramelli afirmó que “el día de hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz les está cumpliendo a las víctimas, a las organizaciones, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional”, según sus declaraciones recogidas por el medio. El magistrado destacó que estas resoluciones abren una nueva etapa procesal, orientada a restaurar a las víctimas, las comunidades y sus territorios.

Al referirse al impacto del conflicto, Ramelli evocó las historias de quienes han sufrido la violencia, señalando que “donde sea que uno mire, hay una vida marcada por el conflicto”.

Añadió que la sentencia representa solo un paso más en el largo camino hacia la garantía de los derechos, y que “habla de las madres que buscan a sus hijos, de los pueblos que esperan justicia y de las voces silenciadas”.

Por su parte, el magistrado Camilo Andrés Suárez enfatizó que, aunque la sentencia no elimina el sufrimiento, constituye un acto de reconocimiento y una invitación a rechazar toda forma de violencia, al afirmar que “esta sentencia no borra el dolor, pero es un acto de reconocimiento, es una sentencia que abre una página nueva para la memoria, la paz y la justicia. Es una invitación a condenar sin titubeos toda forma de violencia”.

La investigación de la JEP determinó que las Farc emplearon el secuestro como una política criminal sostenida en tres patrones sistemáticos y generalizados en todo el territorio nacional.

Desde 1993, el secuestro se utilizó como mecanismo de financiación, aunque ya antes se practicaban secuestros extorsivos. A partir de 1998, la organización intensificó el secuestro de militares y civiles con el objetivo de forzar intercambios por guerrilleros presos. Además, el secuestro sirvió como “instrumento de control social y territorial”.

Según la JEP, en todos estos patrones se observó que el llamado buen trato a los cautivos se limitaba a mantenerlos con vida, mientras se les sometía a condiciones que vulneraban por completo su dignidad humana.

Las sanciones propias establecidas por la JEP para los máximos responsables de estos delitos contemplan penas de 5 a 8 años para los principales responsables y de 2 a 5 años para los partícipes no determinantes. Estas sanciones se cumplirán bajo la supervisión de la ONU y se materializarán en proyectos restaurativos concretos.

El 21 de agosto de 2025, un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado por un dron cargado con explosivos durante una operación contra grupos armados ilegales en el municipio de Amalfi, en el noreste de Antioquia. El ataque dejó a 13 uniformados muertos y cuatro heridos, cifras que evidencian la letalidad de la acción y la vulnerabilidad de las fuerzas estatales frente a nuevas tácticas de los grupos criminales.

El hecho atribuido a los grupos armados como Clan del Golfo, la estructura 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó preocupación por el aumento de la inseguridad en los últimos años.

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En Cali, Valle del Cauca, se registraron dos explosiones en las cercanías de la base Marco Fidel Suárez, donde había transeúntes por el sector, un espacio comercial concurrido.

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el atentado dejó seis personas muertas, una de ellas un menor de nueve años, y más de 60 heridos. “Al momento se adelantan las labores de verificación de daños en instalaciones y personal, además de la investigación para establecer causas y autores de este acto terrorista, que atenta contra la población civil y la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde la FAC”, expresó la institución.

En este contexto, Rodrigo Lodoño, integrante del partido Comunes publicó un comunicado en el que expresó “su más enérgico rechazo a la oleada de hechos de violencia que han ocurrido en nuestro país en las últimas semanas. Hacemos un llamado urgente a cesar el accionar armado y brindar gestos claros de diálogo con el actual Gobierno, pero sobre todo a garantizar el derecho fundamental a la paz en los territorios y en comunidades y sus apuestas organizativas”.

A su vez, afirmó que los ataques terroristas afectan principalmente a la población y los acuerdos alcanzados con la extinta guerrilla de las Farc en 2016.

“La violencia no puede seguir siendo un instrumento para hacer política, mucho menos cuando las principales afectaciones recaen sobre miles de familias colombianas que sueñan con una paz estable y duradera, y que apoyan los procesos de implementación del Acuerdo Final de Paz. Dicho Acuerdo, a través de sus Programas, Planes y Proyectos contemplados en el Plan Marco de Implementación (PMI), constituye la hoja de ruta más seria y concreta para alcanzar la tan anhelada paz”.

En paralelo, aseguró que la solución a las problemáticas de inseguridad y el fortalecimiento de grupos armados en todo el territorio nacional es la implementación de una reforma agraria que permita cumplir con uno de los puntos más importantes del tratado de paz. De esa manera, según Londoño, se podría terminar el conflicto armado en el país.

“Reafirmamos que la Reforma Rural Integral, la Reforma Política y de Participación, el Fin del Conflicto Armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación integral a las víctimas y la Implementación plena del Acuerdo de Paz siguen siendo el hecho histórico que invita a continuar con su ejemplo, porque representan el compromiso real de transformar las causas estructurales de la guerra en Colombia”.

Y agregó: “En ese sentido, hacemos un llamado a todas las organizaciones armadas persistentes a facilitar la solución política real al histórico conflicto social y armado de Colombia, evitando así nuevos derramamientos de sangre. Colombia entera clama por un cese al fuego y por alternativas diferentes a la violencia, que permitan avanzar hacia un gran Pacto Nacional y un ejercicio democrático de la política al servicio de las transformaciones sociales que requiere el país”.

Para finalizar, reiteró el compromiso con la construcción de paz, la defensa de la vida y la búsqueda de salidas políticas al conflicto. “Solo a través del diálogo, la implementación integral del Acuerdo de Paz y la voluntad de reconciliación podremos consolidar una sociedad justa, incluyente y en paz”, concluyó Londoño.

Entre los más destacados está el abogado Abelardo de la Espriella, que ha sido un opositor constante del Gobierno Petro y los planes de consolidar un acuerdo de paz con varios grupos armados del mandatario.

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Ante la cantidad de nombres mencionados cuando se habla del reemplazante de Petro en el cargo más importante del país, en redes sociales algunos usuarios han optado por recordar aspectos que marcaron la vida de precandidatos y posibles candidatos.

En una publicación que ganó popularidad, la respuesta de un usuario al reconocido humorista Peter Albeiro provocó que se recordara que en el pasado de la Espriella estaba a favor de negociar con guerrilleros.

“Ese señor de derecha tiene lo que le conviene, alguien que haya sido cómplice de Santos en la entrega del país a la guerrilla, jamás será de fiar JAMÁS“, fue la publicación de Albeiro sobre German Vargas Lleras por la que un usuario le indicó que varios figuras de derecha estaban a favor del acuerdo de paz, compartiendo un video de una entrevista registrada antes de que se firmara la paz con Abelardo de la Espriella como protagonista.

En la grabación, el jurista indica estar a favor de lo que años más tarde se registró, la firma de un acuerdo de paz con las Farc-EP que ofreció amnistía de gran parte de los delitos cometidos por los cabecillas del grupo armado.

“Yo sería partícipe de que el señor “Timochenko” no pagará un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar pacificar este país, pues hay que hacerlo”, declaró el jurista a un medio de Cartagena en esa ocasión.

De la misma forma, de la Espriella afirmaba en ese momento que a él le gustaría ver a “Timochenko” en el congreso para que estuviera ocupando un lugar que antes tenía “esta bola de cobardes que hoy posan de padres de la patria”.

Otro aspecto por el que se ha cuestionado al jurista, que indica ser enemigo de los acuerdos de paz, es que en su momento Salvatore Mancuso indicó que el abogado era amigo y cercano del exfiscal Mario Iguarán cuando estaban en proceso los diálogos con las AUC en Santa Fe de Ralito.

“Estuvo con varias universidades del país, con varios estudiantes cuando se adelantaba ese proceso de negociación con el gobierno del presidente Uribe”, declaró Mancuso a WRadio.

El discurso ha cambiado

En la actualidad, de la Espriella buscará ser candidato a la presidencia, siendo su tajante postura en contra de los diálogos con grupos armados, una de las banderas de su campaña.

De la misma forma, el abogado ha afirmado estar en contra del acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Las solicitudes de extradiciones del miserable de @TimoComunes y sus cómplices están vigentes en Estados Unidos: sueño con verlos presos, en uniforme naranja, muriendo de viejos en una celda gringa”, es una de las publicaciones del abogado contra los firmantes del acuerdo.

En sus redes sociales, Abelardo de la Espriella ha prometido a las personas que lo apoyan que en caso de llegar a la Casa de Nariño será un defensor de la patria.

“Durante más de 40 años he soñado con los pies en la tierra y el corazón en alto. Una Colombia distinta, una patria que tome el camino correcto sin atajos ni trampas. Me comprometo solemnemente a combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia”.

El fallo emitido el lunes 28 de julio por la jueza Sandra Liliana Heredia sobre Álvaro Uribe Vélez, exmandatario de Colombia y referente político regional, generó repercusiones en distintos países americanos.

La decisión judicial representa un hito para la justicia en Colombia y plantea nuevos cuestionamientos sobre el ejercicio del poder y la responsabilidad de los líderes ante la ley.

En ese sentido, tras conocerse la decisión judicial contra Álvaro Uribe Vélez, su hijo Jerónimo Uribe expresó en su cuenta de X que “hoy celebran: Farc y Timochenko, narcoterroristas impunes”. Con esta declaración, Jerónimo Uribe manifestó su postura sobre el fallo que involucra a su padre.

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Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la sentencia que involucra a su padre a través de un mensaje en su cuenta de X. En su publicación, señaló a diferentes actores políticos nacionales e internacionales, y cuestionó el proceder de la justicia y de quienes, según él, se beneficiaron del fallo.

El mensaje identifica a la extinta guerrilla de las Farc, dirigentes extranjeros y figuras políticas de Colombia, atribuyéndoles distintas responsabilidades y relaciones con el caso, y concluye con una referencia a la continuidad en la defensa de sus posturas.

“Hoy celebran: Farc y Timochenko, narcoterroristas impunes. Maduro y Diosdado, los jefes del cártel de los Soles. Gustavo Petro, el presidente que ha presionado a la justicia. Y, por supuesto, Juan Manuel Santos. Indultó a los primeros, fue socio de los segundos y se reeligió con la ayuda de y ayudó a elegir al tercero. Pero a seguirle dando”, comentó en su cuenta de X Jerónimo Uribe.

El mensaje de Jerónimo Uribe surgió como respuesta a la publicación de Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, quien destacó el fallo judicial contra Álvaro Uribe Vélez como un acontecimiento decisivo para Colombia. Londoño llamó a respaldar la labor de la justicia y subrayó la importancia de la verdad y la reconciliación para el futuro del país.

“La sentencia condenatoria contra Uribe es un hito que marca un cambio de época en Colombia. El país no puede ser tierra sin ley para los poderosos. La nación debe rodear a la justicia para que la verdad histórica y judicial sean base para la no repetición y la reconciliación”, comentó el líder político del partido Comunes.

Por otro lado, días antes del fallo, Jerónimo Uribe se refirió al contexto político y judicial relacionado con su familia y señaló en su cuenta de X: “Independientemente del fallo, es indiscutible que Petro ha buscado condicionar a la justicia en contra de Santiago y Álvaro Uribe”.

Sobre el fallo, el equipo jurídico encabezado por Jaime Granados, representante legal del expresidente, difundió una declaración donde expone cuál será la estrategia legal posterior a la decisión tomada por el despacho de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá.

“La oficina del Dr. Jaime Granados se permite informar a la opinión pública que: Frente a la sentencia que se conocerá este viernes a las 2:00 p. m., el equipo de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez guardará un silencio prudente mientras se conoce y estudia el falloen su integridad. Solo una vez examinada en detalle la sentencia, se emitirán pronunciamientos de fondo al respecto”, se lee en el comunicado.

Manifestaron de forma puntual su desacuerdo con el veredicto, así como con la investigación y los resultados finales empleados para elaborar el extenso expediente del caso, el cual la jueza sintetizó antes de dar a conocer la decisión judicial.

“La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes”, dice el comunicado.

Ante esta situación, señalaron que presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y, si resulta imprescindible, llevarán el caso hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo condenatorio contra Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal ha provocado múltiples reacciones en el país político y en el exterior.

Uno de los pronunciamientos que siguieron al fallo proclamado por la juez Sandra Heredia fue el de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex líder de las Farc-EP, desmovilizado en 2016 con el Acuerdo del Teatro Colón. El antiguo cabecilla del grupo terrorista, vía X, celebró la decisión judicial y sus implicaciones sociales.

“La sentencia condenatoria contra Uribe es un hito que marca un cambio de época en Colombia. El país no puede ser tierra sin ley para los poderosos. La nación debe rodear a la justicia para que la verdad histórica y judicial sean base para la no repetición y la reconciliación”, escribió Londoño.

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La publicación de Londoño no estuvo exenta de ser criticada y cuestionada por usuarios que consideran que, dado su prontuario en el conflicto armado y sus responsabilidades en hechos de violencia, no debería estar hablando de justicia, máxime cuando fue indultado por el mencionado acuerdo.

“Vos deberías también estar condenado y pagando con cárcel. ¿Ya pagó a la víctimas? Ustedes son el mayor monumento a la impunidad de éste país, no venga a dar lecciones de moralidad que usted es un poderoso sin ley“, escribió uno de los detractores de Londoño.

“Este es el mundo al revés que un asesino tan asesino como usted esté sacando pecho, libre y orondo hablando de justicia. El descaro de ustedes es indignante hasta la médula”, se lee en otro cometario.

Sandra Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático y expresidente de Camacol, respondió a Londoño Echeverry, cuestionándolo por la realidad de violencia que las llamadas “disidencias” de las Farc han impuesto, a través de diferentes frentes, en varias regiones del país.

“Su cinismo y el de sus cómplices a los que les regalaron una curul, no tiene límites. Ustedes sembraron el terror en nuestro país, que solo el Presidente Álvaro Uribe se atrevió a enfrentar, ese sí fue un hito en la historia de Colombia. Usted no puede hablar de justicia, pues para ustedes brilló la impunidad. Usted no puede hablar de no repetición, porque sus cómplices narcoterroristas de las “disidencias’ están asesinando colombianos y siguen reclutando niños, como lo hacían ustedes. Usted y sus cómplices no pueden hablar de reconciliación porque nunca respondieron por las masacres y los delitos de lesa humanidad que cometieron”.

Piden protección para la jueza

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia manifestó este lunes su respaldo a la jueza Sandra Heredia, responsable de decidir la suerte judicial del expresidente Álvaro Uribe en un proceso por soborno, y solicitó a las autoridades mantener las medidas de protección necesarias, según El Tiempo.

El proceso que enfrenta Uribe se originó en 2012 y podría derivar en una condena de entre seis y doce años de prisión por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. De acuerdo con El Tiempo, este juicio representa la primera ocasión en que un expresidente de Colombia podría recibir una sentencia penal en primera instancia.

En un comunicado, la junta directiva de Corjusticia expresó que, en nombre de funcionarios judiciales de distintos distritos del país, transmiten su solidaridad y apoyo a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien actualmente ocupa el cargo de Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. El gremio subrayó la “importancia de la independencia y autonomía judicial” y llamó a las autoridades, medios de comunicación, partes involucradas y a la comunidad nacional e internacional a “respetar el ejercicio funcional” de Heredia, así como la decisión que emita en este caso.

La organización instó al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura a “continuar adoptando los mecanismos necesarios para garantizarle a todos los jueces (...) las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, incluyéndose las medidas de protección que se requieran conforme a cada caso”, según El Tiempo.

“Son intervenciones abiertas de criminales reconocidos que pretenden incidir en un proceso judicial soberano, afectando la percepción pública y poniendo en riesgo la independencia del juzgador. Emitidas días antes del fallo, dichas declaraciones buscan influir indebidamente en la administración de justicia”.

Con esta afirmación, Víctor Mosquera, abogado internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, alertó sobre la presión que ejercen declaraciones de figuras con antecedentes penales en la antesala del fallo judicial que se conocerá el 28 de julio de 2025. El jurista dirigió su advertencia a las más altas instancias internacionales, solicitando que se garantice la independencia del proceso penal contra el exmandatario colombiano.

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El abogado remitió su llamado a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El contexto se ha visto tensionado por pronunciamientos de figuras como Diosdado Cabello, ministro venezolano, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex máximo jefe de las Farc. En el caso de Timochenko, la comunicación destaca que celebró la posible condena de Uribe Vélez, que, como presidente, combatió con contundencia a las Farc, organización criminal de la que formó parte el exguerrillero.

“Colombia se aproxima a conocer la sentencia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Las víctimas y funcionarios honestos de la rama judicial han tenido que sortear la presión de poderes corruptos y mafiosos que exigen impunidad. El mérito es del senador Iván Cepeda, un hito en la historia republicana de Colombia”.

Por su parte, la declaración de Diosdado Cabello fue aún más agresiva. Según la denuncia presentada por Mosquera, Cabello afirmó: “El 28 de julio, por cierto, entiendo que es el día del veredicto (contra Uribe) (...) vamos a celebrar la condena del Matarife. Vamos a ver a la uribestia”.

Frente a este panorama, Mosquera solicitó a los organismos internacionales, a través de sus representantes, que “exhorten al Estado colombiano a garantizar que el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se desarrolle sin interferencias externas, particularmente de actores criminales o sancionados internacionalmente”. Además, el abogado pidió que se genere una alerta temprana o un pronunciamiento preventivo para evitar que presiones externas, ajenas a la institucionalidad, afecten la decisión judicial prevista para el 28 de julio de 2025.

En la misiva, el togado sostuvo que las declaraciones de Cabello y Londoño deben ser vistas como un intento de desestabilizar el proceso judicial contra el expresidente Uribe Vélez y no como expresiones de opinión pública.

“Estos pronunciamientos no deben ser tratados como expresiones legítimas de opinión pública. Son intervenciones abiertas de criminales reconocidos que pretenden incidir en un proceso judicial soberano, afectando la percepción pública y poniendo en riesgo la independencia del juzgado. Emitidas días antes del fallo, dichas declaraciones buscan influir indebidamente en la administración de justicia, desnaturalizando su imparcialidad e integridad”.

Y agregó: “A la luz de los estándares internacionales, artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura, y el mandato para la Relatoría Especial sobre la independencia de jueces y abogados, prorrogada recientemente por la resolución del Consejo de Derechos Humanos 53/12; la justicia penal debe desarrollarse libre de presiones externas, especialmente cuando proviene de actores con antecedentes criminales de alta connotación internacional. Permitir que estas voces incidan directa o indirectamente sobre el curso de un proceso judicial de alto perfil, socava la integridad institucional y debilita la confianza en el Estado de derecho”.

Los mensajes de solidaridad y reconocimiento por parte de líderes colombianos no tardaron en difundirse a través de redes sociales, luego de conocerse el fallecimiento del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, ocurrido el martes 13 de mayo de 2025, en Montevideo. La noticia, que fue confirmada por allegados al exmandatario y ratificada por el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, generó diversas reacciones en el ámbito político colombiano, que lo identificaban como un referente ético, político y humanista en América Latina.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, publicó Orsi en un mensaje en X, acompañando la noticia con palabras de afecto y respeto hacia Mujica, quien fue diagnosticado con cáncer de esófago meses atrás y falleció a los 89 años.

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Desde diferentes corrientes políticas en Colombia, las expresiones de respeto coincidieron en resaltar la trayectoria del exguerrillero tupamaro convertido en presidente, así como su papel como promotor del diálogo y la paz en América Latina.

Uno de los primeros en manifestarse fue el excomandante de las Farc y actual líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

A través de su cuenta en X, escribió: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento del gran Pepe Mujica. Pepe, amigo incondicional de la paz de Colombia, inspiró a millones de personas de todas las latitudes a luchar por un mundo con justicia social. Honraremos su memoria siguiendo su ejemplo de lucha”.

Londoño, quien encabezó el proceso de transición de las Farc a la vida política tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ha reiterado en varias ocasiones la influencia de Mujica en su visión sobre el posconflicto y la reconciliación.

Catherine Juvinao, representante del Partido Verde, también se pronunció con un mensaje que incluyó una crítica implícita a los métodos violentos en la política.

“Muere el ‘revolucionario tranquilo’. Ejemplo de autoridad para quienes creen que transformar a Colombia es una ‘guerra a muerte’ mientras siembran caos como método de supervivencia. Ojalá algún día nazcan aquí liderazgos de esta calidad y nobleza”, señaló la congresista.

Su mensaje pone de relieve una de las cualidades más destacadas de Mujica durante su mandato: el liderazgo basado en el diálogo, la sobriedad y la austeridad.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, hizo un reconocimiento al legado ético del líder uruguayo y su influencia en el pensamiento político latinoamericano.

“JOSÉ MUJICA La vida, el pensamiento y la acción política del expresidente José Mujica son un preciado referente ético para los pueblos latinoamericanos. Le rendimos un sentido homenaje desde Colombia, y reconocemos su valiosa contribución a nuestra búsqueda de la paz”, escribió Cepeda, que es uno de los voceros más visibles en los debates sobre memoria histórica, justicia transicional y reconciliación en el país.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se sumó a las reacciones con un mensaje breve que resalta la dedicación de Mujica a los sectores más vulnerables.

“Hasta siempre Pepe! Una vida dedicada a los humildes, al progresismo y a la humanidad. Gracias por todo Pepe”, escribió.

Este tipo de mensaje se alinea con la percepción que tenía parte del espectro político colombiano sobre Mujica como un dirigente que hizo de la sencillez su bandera, y del compromiso con las mayorías populares, su causa principal.

El saliente embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, compartió una reflexión sobre el impacto del exmandatario uruguayo más allá de su gestión presidencial.

“Pepe Mujica creció con el tiempo. Más que un Presidente se convirtió en un viejo sabio y bondadoso. En un filósofo práctico de la vida. En un austero y honesto Maestro con mayúsculas que predicó con el ejemplo hasta el último día de su vida. Paz en su tumba. Somos lo que hacemos y él hizo mucho! Crecerá en la memoria de América Latina”, señaló el diplomático en un mensaje que destaca la figura de Mujica como una especie de guía moral para sectores progresistas y de izquierda en el continente.

También Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, utilizó la misma red social para expresar su despedida al líder uruguayo. Aunque su partida marcó el fin de su presencia física, resaltó que dejó múltiples mensajes de reflexión sobre temas como la gobernanza y la paz, los cuales podrían ser una referencia para quienes asuman liderazgos en el futuro a nivel mundial.

“Que tu legado permanezca y vivamos la política desde el corazón. Caminaste sobre gigantes pero sin arrodillarse a ninguno y pusiste el bienestar de tu pueblo sobre todo. Mucho tenemos que aprenderte. ¡Buen viento y buena mar Pepe Mujica!“, escribió.

Asimismo, compartió una de las reflexiones de Mujica a modo de recordatorio.

Del mismo modo, el saliente director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, expresó que el principal legado que dejó el líder uruguayo fue su honestidad, la cual consideró un ejemplo a seguir.

Bolívar publicó en X: “Entrar pobre a gobernar una nación y terminar igual de pobre sus días, es el legado de absoluta honestidad que nos deja Pepe Mujica QEPD. El ejemplo es el mejor maestro. Grande Pepe. Serás eterno en nuestras memorias”.

A pesar de las diferencias ideológicas que existen entre los líderes colombianos que reaccionaron a la noticia, la mayoría coincidió en su valoración de Mujica como una figura que trasciende las disputas políticas y se instala en la memoria colectiva de América Latina como un símbolo de coherencia, honestidad y compromiso con las causas sociales.

Su papel en procesos de paz, sus discursos alejados de los protocolos tradicionales, su estilo de vida austero y sus intervenciones públicas cargadas de mensajes filosóficos, contribuyeron a moldear esa imagen que ahora es reconocida por figuras de distintas tendencias en Colombia.

La muerte de José Mujica marca el cierre de una etapa en la historia reciente del continente, y en Colombia, su legado seguirá siendo punto de referencia para quienes promueven la solución dialogada de los conflictos, el respeto por los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades.

La muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, conmocionó al mundo. Fue el primer latinoamericano en representar a la iglesia católica a nivel global, que ha sido considerado como uno de los más inclusivos y también el más distinto a sus antecesores, por romper con varias tradiciones y normativas establecidas para los sumos pontífices. Entre las decisiones que tomó está el vivir en un hotel del Vaticano y no en el Palacio Pontificio, algo que hizo también cuando fue arzobispo de Buenos Aires (Argentina).

“Utilizaba el transporte público, ningún auto con chofer, ni cosas por el estilo, vivía de un modo extremadamente austero en el arzobispado de Buenos Aires. No utilizaba la residencia que estaba a las afueras (...). Cuando lo eligen papa, me encontré con el Jorge Bergoglio de siempre, con esa sencillez, con esa cercanía, con esa humanidad fantástica, no ha cambiado para nada”, contó en su momento el biógrafo del papa Francisco, Sergio Rubín, en conversación con Telemundo 47.

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El fallecimiento del “vicario de Cristo”, como suelen ser llamados los papas en el mundo, también conmovió a Colombia. Pues, en 2017, visitó el país y dio varios discursos enfocados en la necesidad de trabajar por la paz y por la población más necesitada. Esto, en medio de un contexto de transición, teniendo en cuenta que apenas un año antes el Estado colombiano había firmado el Acuerdo de Final de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), el cual empezaba a implementarse.

Justamente, uno de los integrantes del antiguo grupo armado ilegal le escribió una carta, haciendo énfasis en el proceso de ejecución del acuerdo y los esfuerzos que aquellos que se desmovilizaron estaban poniendo en dar cumplimiento a lo pactado. Se trata de Rodrigo Londoño, excomandante en jefe de Estado Mayor de la organización guerrillera. Era conocido como alias Timoleón Jiménez o alias Timochenko, pero, tras su reincorporación a la vida civil, pasó a ser el presidente del Partido Comunes, integrado por excombatientes.

El exguerrillero lideró una agrupación armada sumamente violenta, responsable de crímenes de lesa humanidad y de guerra que atormentaron a la ciudadanía durante décadas. No obstante, tras la firma del acuerdo, más de 13.000 integrantes de las filas armadas se desmovilizaron, acogiéndose a las negociaciones de paz.

La carta de Rodrigo Londoño: “Hemos declinado cualquier manifestación de odio”

Así las cosas, en la misiva, Londoño informó al papa que estaba recién reincorporado a la vida institucional y que, como ciudadano, estuvo presto a escuchar sus palabras y a percatarse de sus acciones en Colombia, como sumo pontífice. Aseguró que sus diferentes discursos, que estuvieron dirigidos a los jóvenes, a las personas en condición de vulnerabilidad y a las víctimas del conflicto armado, fueron acertadas.

“He seguido con atención sus pasos y sus prédicas desde la llegada a mi país y puedo afirmar que esa afirmación es por completo cierta. Su palabra de luz llegó efectivamente a iluminar las tinieblas que por tanto tiempo han cubierto la vida de nuestra nación, Dios lo bendiga, Padre santo”, indicó.

Reconoció que ahora estaba dirigiendo un grupo que decidió dejar las armas y que estuvo más de medio siglo en guerra. En consecuencia, insistió en que los exguerrilleros no estaban interesados en continuar trabajando por la paz y, asimismo, en “perdonar” a quienes les hicieron daño y, asimismo, de pedir perdón por los crímenes que cometieron.

“Hemos declinado cualquier manifestación de odio y de violencia, nos anima el propósito de perdonar a quienes fueron nuestros enemigos y tanto daño hicieron a nuestro pueblo, cumplimos el acto de contrición indispensable para reconocer nuestros errores y pedir perdón a todos los hombres y mujeres que de algún modo fueron víctimas de nuestra acción”, añadió.

Asimismo, aprovechó para pedir pedrón a Dios, a la espera de que tanto él como el sumo pontífice pudieran comprender la postura que tuvo durante mucho tiempo con respecto al conflicto armado, el cual justificó con objetivos relacionados con la equidad y la justicia. Pues, aseguró que sus intenciones fueron velar por las personas excluidas y perseguidas, que también resultaron fuertemente afectadas por la guerra interna.

“Sus reiteradas exposiciones acerca de la misericordia infinita de Dios me mueven a suplicar su perdón por cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado al pueblo de Colombia o a uno de sus integrantes (…). Soñamos con que Usted y su Padre sabrán comprendernos”, expresó.

Con respecto al proceso de implementación de lo acordado, denunció haber identificado una “ausencia de compromiso” por parte de algunos funcionarios del Estado colombiano, algo que continuó afirmando durante los años posteriores, cuestionando, entre otras cosas, la falta de protección de los firmantes de paz, puesto que cientos de ellos han sido asesinados desde 2016. Asimismo, manifestó su inconformismo con problemáticas alrededor de la riqueza: despojo, invasiones y saqueos, que han perjudicado, sobre todo, a la población más pobre del país.

“Dios está con Usted, no hay duda. Rogamos porque en adelante esté siempre con Colombia. Porque su amor reporte la paz, la reconciliación y la justicia que tanto anhelan los hijos e hijas de esta patria. Desde su primer paso en mi país sentí que por fin algo cambiaría. Su devoto admirador, Rodrigo Londoño Echeverry (Timoleón Jiménez)”, concluyó.

Una nueva denuncia de amenazas en Colombia pone de nuevo en el centro del debate el papel de las víctimas del conflicto armado y el trato que reciben tras atreverse a relatar públicamente los hechos que vivieron en manos de grupos armados. La periodista Diana Saray Giraldo denunció que Deisy Dorelly, una mujer que declaró haber sido víctima de reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha recibido amenazas directas luego de hacer pública su historia.

La situación se presentó luego de que Dorelly, a través de sus redes sociales, respondiera a una publicación de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, excomandante de las Farc y actual líder del partido político Comunes. En la imagen compartida por el político, este aparece cruzando los dedos, lo cual fue interpretado por la víctima como un símbolo de amenaza, basándose en antecedentes relacionados con este tipo de gestos utilizados presuntamente por miembros de esa organización armada en el pasado.

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Dorelly señaló que dicho símbolo le causa “horror” y que se asocia con intimidaciones sufridas previamente por otras víctimas del conflicto.

Ante esta situación, periodista Diana Saray Giraldo compartió públicamente su preocupación a través de su cuenta de X, en la que escribió: “URGENTE!! Ayer la noche Deisy, quien ha denunciado los abusos de los que fue víctima por parte de líderes de las FARC, algunos hoy en el Congreso, recibió esta amenaza directa de muerte. Esto ocurre después de que el Director de Comunes @TimoComunes publicó una foto con una señal de cruz en sus manos, que según víctimas de las Farc, era un símbolo de amenaza”.

Junto a su mensaje, Giraldo publicó capturas de pantalla que, según expuso, respaldan su denuncia. En estas se evidencia cómo la mujer recibió mensajes intimidantes por redes sociales, donde se le llama “sapa”, entre otros insultos. También compartió una imagen que muestra que la persona que la agredió en redes restringió el acceso a su perfil. “Quieren seguir silenciando a las víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual por las Farc. No podemos permitirlo”, añadió la comunicadora.

La periodista también solicitó a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto, por lo que en su publicación, hizo un llamado expreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que pidió que se exija a Rodrigo Londoño y a la senadora Sandra Ramírez —senadora y exintegrante de las Farc— “que se abstengan de tener cualquier tipo de manifestación que pueda considerarse intimidante, como la foto publicada ayer”. Asimismo, exhortó a la Fiscalía General de la Nación para que inicie una investigación urgente y brinde protección efectiva a la víctima.

Estas declaraciones surgen en un contexto de alta tensión, ya que el pasado 5 de abril de 2025, la JEP imputó a Londoño, al senador Julián Gallo, y a otros excomandantes de la extinta guerrilla, entre ellos “Pablo Catatumbo”, por su presunta responsabilidad máxima en crímenes relacionados con el reclutamiento e instrumentalización de menores durante el conflicto armado.

Deisy Dorelly aseguró haber sido una de esas niñas, de acuerdo con su testimonio, fue llevada a la fuerza a los 11 años, y posteriormente fue víctima de múltiples agresiones sexuales, en las que incluso señaló directamente a Catatumbo como uno de los responsables. En su relato, indicó además que la senadora Ramírez, también exmiembro de las Farc, organizaba a las niñas en filas para que los comandantes abusaran de ellas.

Uno de los episodios más impactantes descritos por la mujer fue cuando, en una de esas violaciones, le fracturaron la mandíbula y le quebraron los huesos de la mano. Su testimonio fue divulgado ampliamente en medios de comunicación y generó un debate público sobre la responsabilidad de los antiguos miembros de las Farc, hoy reincorporados a la vida política.

Frente a esta situación, la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al partido Centro Democrático, expresó a través de su cuenta de X su respaldo a la denuncia realizada por la periodista, manifestando su solidaridad y señalando su desconcierto ante el hecho de que, según sus palabras, el mundo pareciera estar actuando de manera contraria a la lógica.

“El mundo al revés. Toda nuestra solidaridad y respaldo a una mujer que siendo una niña, fue arrebatada de sus papás campesinos humildes, para ser abusada sexualmente por estos depredadores de las FARC. Como ella, miles”, escribió la congresista.

El 28 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizó su cuenta en X para rechazar cualquier acto de apología a grupos criminales, lo que fue interpretado por algunos como una crítica implícita a un contenido de Rtvc en el que se hablaba de Manuel Marulanda, conocido como alias Tirofijo.

Ante la controversia, Sánchez aclaró en otro mensaje en redes sociales que “jamás mencionó” que Rtvc o Señal Colombia estuvieran haciendo apología a alias Tirofijo, buscando despejar cualquier malentendido generado por su declaración anterior.

A pesar de esto, el líder político del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien fue comandante de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), contestó al primer mensaje del ministro diciendo “no pretenda socavar nuestros derechos políticos”.

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“Próximamente se cumplirán 23 años de la masacre de Bojayá, Chocó, y no podemos aceptar que se haga apología a quienes cometieron y/o dirigieron ese horror”, escribió el alto funcionario del Gobierno en una parte de su extenso mensaje el cual fue relacionado con la emisión de Rtvc.

En su mensaje, Sánchez también recordó la masacre del 2 de mayo de 2002 en la iglesia de Bellavista, donde cerca de 80 personas, incluyendo niños, mujeres y hombres, fueron asesinadas. El ataque fue atribuido a las órdenes de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, quien dirigía la guerrilla en ese entonces, y sigue siendo uno de los crímenes más emblemáticos de la violencia en Colombia.

En su respuesta, Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, recordó que los firmantes del acuerdo de paz ya han pedido perdón y asumido responsabilidad por los hechos ocurridos en Bojayá. Asimismo habló de la figura de Manuel Marulanda, a quien consideró un “campesino heroico y víctima del terrorismo de Estado”, aludiendo al bombardeo a Marquetalia.

“Ministro, hemos pedido perdón y asumido responsabilidad por los hechos atroces de Bojayá. No pretenda socavar nuestros derechos políticos, nuestra historia y la vida de Manuel Marulanda, campesino heroico y víctima del terrorismo de Estado que bombardeó con Napalm a Marquetalia”, escribió por medio de su cuenta de X Rodrigo Londoño.

Además de Londoño, otro miembro del partido Comunes, el senador Julián Gallo también contestó al primer mensaje del ministro de Defensa del Gobierno Petro. “Ministro @PedroSanchezCol, usted es parte de un gobierno que se ha comprometido públicamente a implementar de manera integral el Acuerdo de Paz que firmamos con el Estado, uno de cuyos puntos es la reincorporación política de los firmantes de paz y dentro de eso acabar con la estigmatización”, dijo.

Y agregó: “Entendemos perfectamente que usted, como hombre de armas, al igual que nosotros, participó directamente de las acciones de guerra, sin embargo, lo que no se entiende es que en su papel actual, se siga guiando por la mentalidad que pone el énfasis en la destrucción del enemigo. Nosotros ya no lo somos, como personas hacemos parte de la sociedad civil y cómo proyecto político nos movemos dentro la la institucionalidad. Por supuesto, es válido que usted tenga sus propias opiniones y las exprese, pero como funcionario del Gobierno Nacional es conveniente que tenga en cuenta que sus opiniones trascienden lo personal”.

Sin embargo, el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez posteriormente, hizo una segunda publicación en la que aseguró que en su publicación no hizo referencia a que Rtvc o Señal Colombia hicieran apología a alias Tirofijo. “Jamás mencioné que @RTVCnoticias o @SenalColombia hicieran apología a Tirofijo por el aniversario de su muerte. Quien afirme lo contrario tergiversa lo dicho allí”, explicó el funcionario público.

Y concluyó su publicación diciendo lo siguiente: “Mi pronunciamiento de indignación fue por las celebraciones y apologías realizadas por grupos criminales y otras personas afines, especialmente en Cauca y Caquetá, donde incluso se perpetraron atentados terroristas para conmemorar el aniversario de un criminal con 150 órdenes de captura en Colombia y 21 a nivel internacional por terrorismo, extorsión, secuestro, reclutamiento forzado, desplazamiento y otras atrocidades que dejaron innumerables víctimas en el país”.

Bogotá, 29 dic (EFE).- Rodrigo Londoño, también conocido como 'Timochenko', el último comandante de las FARC, pidió este domingo al presidente colombiano, Gustavo Petro, tomar acciones "urgentes" para garantizar la paz y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

"La paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", escribió Londoño en su cuenta de X.

También le reprochó al Gobierno colombiano que "al día de hoy no ha sido entregada la renta básica de la que dependen miles de firmantes en procesos de reincorporación. Gentes humildes que siguen firmes con la paz a pesar de la adversidad".

"Exijo el desembolso inmediato de la renta básica", continuó, para mostrarse "sorprendido" por la propuesta que emitió la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, "acerca del modelo de sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la cual se emulan colonias penales" y le cuestionó: "¿Ese es el modelo de justicia para la paz de su gobierno?".

Londoño también lamentó el asesinato de cuatro firmantes de paz en el mes de diciembre, lo que supone que desde la firma del acuerdo han sido asesinados 443 excombatientes, según las cifras del exjefe de las FARC, quien pidió "garantías para los firmantes de paz".

"El pueblo lo eligió para consolidar la paz de Colombia. La piedra angular de su política de Paz Total era el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas FARC-EP. Pido que honre el Acuerdo y el mandato popular que lo eligió presidente", finalizó Londoño.

Petro llegó a la Presidencia de Colombia en 2022 con la promesa de lograr la paz en el país y de implementar el Acuerdo de Paz, sin embargo las negociaciones con los grupos armados no han logrado grandes avances y ha recibido múltiples críticas por la implementación parcial de ese trato. EFE

El Partido Comunes manifestó su respaldo a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para definir el futuro de las reformas sociales impulsadas por su gobierno.

A través de un comunicado, la Dirección Nacional de la colectividad destacó la importancia de esta herramienta de participación, argumentando que es el pueblo colombiano el que debe tener la última palabra en la configuración de políticas clave para el país.

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Desde la agrupación política, surgida tras la firma del Acuerdo de Paz, se enfatizó que esta consulta no solo responde a la necesidad de ampliar los espacios de decisión democrática, sino que también constituye una respuesta a lo que consideran una desconexión del Congreso con las necesidades de la ciudadanía.

Según el pronunciamiento de Comunes, el Legislativo ha mostrado una resistencia sistemática a las reformas planteadas por el Gobierno, obstaculizando cambios fundamentales en el ámbito social y político.

“Entre 2019 y 2021, durante el estallido social, el pueblo colombiano expresó su demanda de cambios en busca de mejorar las condiciones en vida de las grandes mayorías. Este clamor resultó en la elección del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo programa de gobierno hoy se ve bloqueado por los intereses de las minorías privilegiadas, que han convertido al Estado y la política en herramientas para proteger sus mezquinos intereses”, se lee en el texto.

En este contexto, la colectividad recordó que una de las principales barreras impuestas por el Congreso ha sido la falta de voluntad para tramitar la reforma política.

De acuerdo con su perspectiva, esto ha impedido avanzar en la implementación del Punto 2 del Acuerdo Final de Paz, el cual está orientado a modernizar y fortalecer la participación política, garantizando una representación más equitativa y democrática dentro del sistema electoral colombiano.

“Este mismo Congreso ha impedido el trámite de la reforma política y la implementación plena del Punto 2, sobre participación política y otras importantes transformaciones derivadas del Acuerdo Final de Paz, que contiene los elementos necesarios para ampliar, modernizar y la participación política del pueblo en la toma de decisiones con plenas garantías”, se expresa en el texto.

Para el Partido Comunes, la consulta popular surge como una alternativa legítima para contrarrestar estas dificultades y permitir que la ciudadanía exprese su voluntad frente a las transformaciones estructurales que el Gobierno propone en materia de salud, pensiones y trabajo.

La colectividad subraya que estos cambios han sido reclamados por amplios sectores de la población y que la negativa del Congreso a debatirlos de manera abierta y efectiva representa un obstáculo para la consolidación de una sociedad más justa.

Además del respaldo a la consulta, Comunes hizo un llamado a sus militantes y simpatizantes a sumarse a las movilizaciones programadas para el próximo 18 de marzo. Estas manifestaciones, convocadas por sectores afines al Gobierno, buscan expresar el apoyo ciudadano a las reformas sociales y presionar para que la consulta se materialice como un mecanismo de decisión popular.

“Hacemos un llamado a nuestra militancia, simpatizantes, amigas, amigos y a todas las fuerzas sociales y políticas que defienden los cambios, a unificarnos de manera masiva y creativa para salir a las calles el martes 18 de marzo en defensa de las reformas sociales y en preparación de la consulta popular”, señalan.

Con este pronunciamiento, el Partido Comunes reafirma su compromiso con la implementación de los acuerdos de paz y con el impulso de mecanismos que permitan ampliar la participación política y social en el país. La colectividad considera que este tipo de iniciativas refuerzan la democracia y otorgan mayor protagonismo a la ciudadanía en la definición del rumbo que debe tomar Colombia en los próximos años.

El pasado domingo 2 de marzo de 2025, el partido Comunes denunció los crímenes contra Danilo Benavides, Faber Alexander Torres y Víctor Julio Jiménez, tres firmantes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, quienes fueron asesinados en los departamentos de Casanare, Arauca y Meta, respectivamente.

Según la colectividad política, desde la firma del acuerdo hasta la fecha, más de cuatrocientos excombatientes han sido asesinados en Colombia, que se suma al desplazamiento de varias familias que residían en las Áreas de Reincorporación dispuestas en el territorio nacional.

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Por estos hechos, Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, conocido en su época de guerrillero como “Timochenko”, lanzó fuertes cuestionamientos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al considerar que, desde su administración, no se han abordado la problemática de seguridad que enfrentan los firmantes en el país.

“Tres firmantes de paz asesinados, dos secuestradas y una extracción de una familiar con seis menores de edad en menos de 24 horas. En total, 458 muertes desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Presidente Gustavo Petro detenga esta barbarie y avance en la implementación del Acuerdo”, manifestó el dirigente político en su cuenta de X.

En su mensaje publicado en la red social, el exlíder del extinto grupo armado instó al mandatario nacional para que se avancen en la implementación del Acuerdo de Paz, asegurando que este punto no es tenido en cuenta por el actual gobierno colombiano.

“Es realmente preocupante la coyuntura que enfrentamos los firmantes de paz. Asesinatos, desplazamientos, secuestros, amenazas y un Presidente que no se pronuncia ante la grave situación. Al parecer en “su sancocho nacional” no es prioridad el Acuerdo de Paz”, escribió Londoño en las redes sociales.

El asesinato de los tres firmantes en la Orinoquía colombiana no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante tendencia que ha cobrado la vida de cientos de excombatientes en los últimos años. Las 458 víctimas en el país refleja los desafíos persistentes en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo que respecta a la seguridad de quienes dejaron las armas con la esperanza de reintegrarse a la sociedad.

Crímenes contra firmantes de Paz en el Llano colombiano

Por medio de un comunicado, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR-Comunes) denunció el ataque que acabó con la vida de tres firmantes de paz en el oriente de Colombia. Según la organización, los hechos ocurrieron el domingo 2 de marzo de 2025, en los departamentos de Casanare, Arauca y Meta.

El primer caso sucedió en la vereda las Galaxias, zona rural del municipio de Arauquita (Arauca, oriente de Colombia), donde el firmante Danilo Benavides, quien realizaba su proceso de reincorporación en la zona denominada Martín Villa, fue atacado por sujetos desconocidos, quienes le causaron la muerte de forma instantánea.

Posteriormente, el CNR- Comunes denunció que sobre las siete de la noche del mismo día, en el municipio de San Juan de Arama (Meta), Faber Alexander Torres sufrió varios impactos provocados con arma de fuego, mientras departía con un grupo de amigos en un establecimiento de comercio y juegos, y pese a ser trasladado de urgencia a un centro médico, se confirmó su trágico deceso.

Finalmente, la organización detalló que cerca a las diez de la noche del 2 de marzo, se conoció el crimen de Víctor Julio Jiménez, quien se encontraba por las calles de Yopal (Casanare). No obstante, se desconocen las causas del ataque contra el excombatiente.

De acuerdo con los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del año 2025, han sido asesinados 14 firmantes de paz, de los cuales, seis fueron en el departamento de Norte de Santander, quienes fueron ultimados por miembros del ELN.

Ante ello, Leonardo González, director de Indepaz, aseveró que el país está enfrentando un plan sistemático que pretende exterminar a los excombatientes de la extinta guerrilla.

“Con estas cifras, es hora de empezar a hablar de un plan sistemático de exterminio contra los firmantes del Acuerdo de Paz, ya que la situación cumple con todos los elementos, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, de premeditación en la acción sistemática, planeada y ejecutada, de eliminación de un grupo de personas”, comentó.

La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha causado malestar en Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, excomandante de las antiguas Farc y actual líder del partido Comunes. Aunque esta jurisdicción fue creada a raíz del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y las Farc-EP, algunas resoluciones del tribunal no han sido bien recibidas por quienes en su momento respaldaron su creación.

El malestar de Londoño surgió luego de que la JEP concluyera que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, no respondieron a una política estatal derivada de la estrategia de seguridad democrática impulsada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

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Las audiencias en las que se expuso esta determinación han estado lideradas por los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz. Fue precisamente Díaz quien detalló los patrones identificados en estos crímenes, señalando que se trató de una búsqueda de resultados operacionales, pero sin que esto respondiera directamente a una política gubernamental establecida.

Londoño expresó su inconformidad en redes sociales, acusando al tribunal de distorsionar los hechos: “Es lamentable que la JEP quiera tratar de falsear la historia y construir una narrativa para absolver de responsabilidad a Uribe y su política de seguridad democrática por la comisión de delitos de lesa humanidad concurrentes en los ‘falsos positivos’. La verdad vencerá”, escribió.

Este pronunciamiento provocó una fuerte ola de reacciones. Desde distintos sectores políticos, varios señalaron que Londoño está criticando un proceso judicial al que él mismo, junto con otros excomandantes, accedió al firmar el Acuerdo de Paz.

En el último año, varios líderes de las antiguas Farc han expresado su descontento con las decisiones de la JEP, especialmente cuando estas no se alinean con sus expectativas. Algunos incluso han impulsado propuestas para aplicar una ley de punto final que detenga nuevas investigaciones en su contra.

Desde el Centro Democrático, la decisión del tribunal fue bien recibida. El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, aseguró que la posición de la JEP desmonta uno de los principales argumentos utilizados por la izquierda colombiana durante las últimas dos décadas. “Ya se cae todo el estandarte político de la izquierda en Colombia, que llevaba 20 años acusando al presidente Álvaro Uribe sobre el tema de los falsos positivos y la misma JEP. La justicia montada por ellos no tuvo otra alternativa, sino decir que no fueron política de Estado; no eran política de la seguridad democrática los falsos positivos, sino que lamentablemente fue el daño de algunos miembros de la fuerza pública que cometieron estas atrocidades”, afirmó.

La controversia generada por el pronunciamiento de Londoño refleja las tensiones que persisten en torno a la interpretación del conflicto armado y el alcance de la justicia transicional.

Durante la 67 edición de los premios Grammy, la cantante colombiana Shakira se alzó con el galardón a Mejor Álbum Pop Latino por su disco Las mujeres ya no lloran.

En su discurso como galardonada, la artista dedicó el premio a los inmigrantes, las trabajadoras mujeres y su familia, un gesto que no solo emocionó a sus seguidores, sino que también generó reacciones inesperadas, como la del político colombiano Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

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El líder del Partido Comunes calificó las palabras de la cantante como un acto de amor y humanidad. “Hoy aplaudo su solidaridad con los y las migrantes perseguidas. Un acto digno, de amor y humanidad, en contra del fascismo”, fue el mensaje publicado por Londoño a través de su cuenta de X.

En su intervención, Shakira destacó el valor de los inmigrantes que enfrentan grandes riesgos para buscar un futuro mejor en Estados Unidos, así como el impacto positivo de los latinos en la economía de ese país.

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes”, expresó la artista barranquillera.

Además, dirigió un mensaje especial a las mujeres trabajadoras, a quienes describieron como las “verdaderas lobas”, en referencia a su conocida canción Loba. Este emotivo discurso resonó en un contexto político marcado por tensiones migratorias y políticas de deportación en Estados Unidos.

Así mismo, Rodrigo Londoño reveló que siempre ha sido seguidor de la artista desde los inicios de su carrera, cuando lanzó su álbum Pies descalzos. Según detalló, durante su tiempo en la guerrilla, solía escuchar la música de Shakira en la radio, admirando su talento vocal.

“Soy seguidor de Shakira desde la época en que estrenó su famoso disco Pies descalzos. En la guerrilla la escuché en la radio, admirando su voz y su música”, escribió Londoño.

Este reconocimiento por parte de Londoño, que lideró uno de los movimientos insurgentes más importantes de América Latina, sorprendió a muchos, dado el contraste entre sus trayectorias y contextos.

La ceremonia de los Grammy no estuvo exenta de controversias. El presentador de la gala, Trevor Noah, generó indignación con un comentario que muchos consideraron ofensivo hacia los colombianos. Al presentar a Shakira, Noah afirmó: “Lo mejor que ha salido de Colombia, que no es un delito grave de clase A”.

Estas palabras provocaron molestia, especialmente en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia atraviesan tensiones debido a las redadas migratorias y las deportaciones masivas.

El comentario de Noah contrastó con el tono emotivo y reivindicativo del discurso de Shakira, que aprovechó su plataforma para visibilizar las dificultades que enfrentan los inmigrantes y destacar su contribución a la sociedad estadounidense. La cantante también dedicó palabras de agradecimiento a sus hijos, Milan y Sasha, que la acompañaron en la ceremonia y que describieron como su mayor orgullo.

El mensaje de Shakira se dio en un momento crítico para los inmigrantes en Estados Unidos. Las políticas migratorias implementadas tras la llegada al poder de Donald Trump generaron una ola de redadas y deportaciones que han sido ampliamente criticadas a nivel internacional.

Estas medidas intensificaron la incertidumbre y el temor entre las comunidades migrantes, muchas de las cuales enfrentan riesgos significativos al intentar cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades.

La reacción de figuras como Rodrigo Londoño destaca el alcance del mensaje de Shakira, que trascendió el ámbito musical para convertirse en un acto de reivindicación social. Al dedicar su premio a los inmigrantes y las mujeres trabajadoras, la cantante no solo experimentó su éxito personal, sino que también utilizó su plataforma para dar voz a quienes enfrentan adversidades en su día a día.

El gesto de Shakira, sumado a las reacciones que generó, pone de manifiesto el poder de la música y el arte como herramientas para promover el cambio social y la reflexión. En un escenario global marcado por divisiones y tensiones, su mensaje resuena como un recordatorio de la importancia de la solidaridad y el respeto hacia quienes buscan construir una vida mejor, incluso en las circunstancias más difíciles.

Al inicio de esta semana, Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, uno de los máximos jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó una columna con la que justificó la cruenta guerra que mantienen contra el Frente 33, de las extintas Farc, en la ya convulsionada región del Catatumbo (Norte de Santander) que deja un trágico saldo de decenas de muertos y casi 40.000 desplazados.

En ella responsabilizó que parte de esa confrontación era consecuencia del acuerdo de paz con la desaparecida guerrilla, ya que los miembros que no se acogieron al mismo se aliaron con el Ejército Nacional para acabar con los miembros de su grupo armado organizado y que el detonante final fue la masacre del sepulturero de Tibú, Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de nueve meses.

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De hecho, el jueves 23 de enero, esa organización dio a conocer un nuevo video con el que anunciaron que no cesarán las hostilidades armadas hasta dominar la paleada región nortesantandereana y reiteraron que las mismas eran consecuencia de ese proceso con el que las Farc renunció a la lucha armada.

“Facilitó el rearme de muchos excombatientes que hoy integran el denominado Frente 33 que al no poder recomponerse como proyecto insurgente, entraron en degradación y que hoy nos obliga a confrontarlos”, señalaron en un aparte de la grabación.

Ante ese amenazante señalamiento, el que fuera el máximo jefe del último secretariado de la otrora guerrilla, Rodrigo Londoño, también recordado por antiguo nombre de guerra ‘Timochenko’, cuestionó a ‘García’ y aseguró que si no los “acabó la ultraderecha” tampoco lo haría el ELN, esto en reproche por el asesinato que han perpetrado en el Catatumbo de firmantes del acuerdo de 2016.

A través de una misiva, el ahora presidente del Partido Comunes, criticó que el ELN hubiera respaldado inicialmente a ‘Richard’ y ‘John Mechas’, de las disidencias y que luego los confronten en el Catatumbo, para así justificar los crímenes en contra de los excombatientes.

“Se abrogan el derecho de matar a todos los que a su juicio colaboran con él. Como si los habitantes de los territorios no vivieran entre dos fuegos, obligados a servir a unos u otros. Los firmantes en el Catatumbo, asediados por el ELN, el EPL, las disidencias y las mafias son hoy campesinos, hombres de paz, que sufren las mismas presiones que todos allá”, afirmó.

Recordó, además, que ese tipo de violencia que están ejerciendo en la zona de frontera, fue la que llevó a la debacle a su antiguo grupo armado organizado, que perdió en ese momento el respaldo popular, la base de los grupos insurgentes, una reflexión en la que coincidieron con Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino, otro de los jefes ‘elenos’.

“La experiencia nos enseñó que matanzas como las que realiza hoy el ELN en el Catatumbo jamás producirán ninguna revolución. Una lucha armada de tantos años se degrada. Lo vivimos, lo reconocemos. Personalmente traté varias veces el tema con Gabino, sorprendidos los dos por la descomposición que hacía metástasis en las dos organizaciones”, reveló.

Finalmente señaló que la organización de ‘García’ ahora actuaba como lo hacían las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emprendiéndola contra la población civil y esto tendrá la consecuencia de que en el futuro no se vuelva a elegir a una administración progresista.

“Cualquier colombiano o colombiana, en cualquier calle o vereda, condena hoy al ELN, lo iguala al paramilitarismo, cosa que la absurda obstinación de sus dirigentes se niega a ver. No sólo han hecho ruina de la política de paz, equivocada o no, del actual gobierno. Han contribuido a desprestigiar el proyecto transformador, le han abierto las puertas a la ultraderecha” sentenció.

El excomandante de las extintas Farc y actual presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, criticó en su cuenta de X lo que considera un incumplimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Londoño expresó que “la paz pasa por horas difíciles y solo la movilización popular puede evitar que el país caiga en una nueva y prolongada ola de violencias”.

El exguerrillero hizo un llamado a “la ciudadanía, los pueblos del mundo y la comunidad internacional para cerrar filas en favor de la paz de Colombia”, subrayando la necesidad de acción colectiva para prevenir una escalada de conflictos.

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En sus publicaciones, Londoño también se refirió a los recientes hechos violentos en el Catatumbo, calificándolos como “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Según el líder político, los grupos armados han abandonado cualquier pretensión de ideología y se han convertido en “verdugos del pueblo que dijeron defender”, motivados principalmente por la “codicia económica”.

El excomandante de las Farc también cuestionó la capacidad del Gobierno para implementar la política de “paz total”, calificándola como “una oferta generosa y bien intencionada”, pero enfatizó que su éxito depende de “una voluntad real de la contraparte para desmontar su aparato de guerra”.

“La política gubernamental de ‘La Paz Total’ fue una oferta generosa y bien intencionada. Sin embargo, no hay política de paz del Gobierno que pueda ser exitosa si no hay voluntad real de la contraparte por desmontar su aparato de guerra”, indicó Londoño.

Asimismo, advirtió que la situación del Catatumbo refleja una problemática más amplia, ya que la violencia persiste en varias regiones del país.

“Desafortunadamente lo que sucede en el Catatumbo es reflejo de la violencia que persiste en varias regiones del país. Los grupos armados, desprovistos de cualquier ideario político, han hecho de su codicia económica el motor de su actividad militar”, indicó Rodrigo Londoño.

Londoño señaló que el incumplimiento del Estado en garantizar seguridad física y jurídica para los firmantes del Acuerdo de Paz ha exacerbado la crisis. Denunció que más de 450 firmantes han sido asesinados desde la firma del acuerdo, incluyendo al menos ocho en el Catatumbo.

Además, destacó que la JEP habría incumplido al “negarse a emitir una única resolución de conclusiones”, lo que, según él, profundiza la inseguridad jurídica.

“El incumplimiento del Estado agudiza la inseguridad física y jurídica de los firmantes. Más de 450 vidas de firmantes fueron arrebatas, al menos 8 en el Catatumbo. Al tiempo la JEP anuncia que incumplirá el Acuerdo negándose a emitir una única resolución de conclusiones”, aseveró el presidente de Comunes.

En su análisis, resaltó también los “rezagos del Estado colombiano” en la implementación del acuerdo, indicando que el informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU subraya estas fallas y debe ser atendido con urgencia por el gobierno.

“En esta coyuntura, se hacen especialmente graves los rezagos del Estado colombiano en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. El informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU lo ha señalado y debe ser atendido rigurosamente por el gobierno”, expresó Rodrigo Londoño.

Finalmente, Rodrigo Londoño reafirmó su compromiso con la paz, declarando que “no desfalleceremos ante la adversidad del proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Seguiremos firmes hasta el último de nuestros días”. A pesar de las dificultades, expresó su confianza en que “la paz vencerá” y exhortó al Estado a tomar acciones decididas para garantizar justicia, paz y no repetición.

“No desfalleceremos ante la adversidad del proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Seguiremos firmes hasta el último de nuestros días. Pero se requiere acciones decididas de Estado por la paz, la justicia y la no repetición. Estoy seguro que la paz vencerá, aseveró Rodrigo Londoño.

La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, enfrenta una ola de violencia que dejó cinco excombatientes de las extintas Farc asesinados en las últimas horas. Según informó el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, estos crímenes se producen en un contexto de creciente inseguridad para quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Londoño calificó los hechos como un “genocidio en curso” y exigió al presidente Gustavo Petro garantías de protección para los firmantes del pacto.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Londoño expresó su preocupación por la falta de seguridad para los excombatientes y señaló que los asesinatos ocurrieron justo antes de una sesión de consejo de seguridad. “Presidente @petrogustavo, en las últimas horas han asesinado a cinco firmantes del Acuerdo Final de Paz en el Catatumbo, justo antes de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que hará seguimiento a la implementación de lo acordado. Exijo garantías. Es un genocidio en curso”, escribió.

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Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, representante de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia reprochó los hechos e instó a los grupos armados a cesar los actos violentos que afectan a la población civil. “Expreso mi más firme condena por asesinato de 5 firmantes de paz y líderes en Catatumbo. Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz”.

Una región atrapada en la violencia y el narcotráfico

El Catatumbo, una de las zonas más afectadas históricamente por el conflicto armado en Colombia, continúa siendo escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan el control territorial y las economías ilícitas, como el narcotráfico, lo que ha intensificado la violencia en la región. Esta situación no solo pone en riesgo a los excombatientes, también a las comunidades locales, que enfrentan desplazamientos masivos y una crisis humanitaria en aumento.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos en esta zona mediante la Alerta Temprana 025 de 2021 y la Alerta de Inminencia 026 de noviembre de 2024. Estas advertencias incluían recomendaciones específicas para las autoridades locales y nacionales con el fin de prevenir la escalada de violencia. Sin embargo, los recientes asesinatos evidencian la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad en el territorio.

Más de 400 excombatientes asesinados desde 2016

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de 400 exguerrilleros han sido asesinados, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este alarmante número refleja las dificultades que enfrenta el proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil, así como el incumplimiento de las garantías de seguridad prometidas en el pacto. La situación en el Catatumbo es un ejemplo extremo de esta problemática, donde los firmantes del acuerdo se encuentran en una posición especialmente vulnerable debido a la presencia de múltiples actores armados.

La falta de protección afecta a los excombatientes, asó como a líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes han sido blanco de ataques en diferentes regiones del país. Esta realidad pone en entredicho los avances logrados en la implementación del acuerdo y subraya la necesidad de acciones inmediatas por parte del Gobierno Nacional.

El papel del Consejo de Seguridad de la ONU

En medio de esta crisis, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto revisar en los próximos días el estado de implementación del Acuerdo de Paz. Este organismo internacional ha sido un actor clave en el seguimiento del proceso, y su evaluación llega en un momento crítico para Colombia. Organizaciones defensoras de derechos humanos y actores políticos reiteraron la urgencia de que el Gobierno refuerce las medidas de protección para los excombatientes y cumpla con los compromisos adquiridos en 2016.

La revisión por parte de la ONU podría influir en las políticas del Gobierno de Gustavo Petro, que ha manifestado su intención de avanzar en la Paz Total. Sin embargo, los recientes asesinatos en el Catatumbo representan un desafío significativo para esta agenda, ya que evidencian las dificultades para garantizar la seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto.

Bogotá, 13 nov (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este miércoles a seis exintegrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', como "máximos responsables" por el reclutamiento forzado de 18.677 niños para el conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que seis exintegrantes del secretariado de las FARC "son máximos responsables por estos graves crímenes", dijo en una rueda de prensa el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli.

Los imputados y llamados a reconocer responsabilidad, además de Londoño, son Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape, Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo, los dos últimos, senadores por el partido Comunes, en el que se transformaron las FARC para hacer política.

Según la JEP, entre 1971 y 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz, las FARC "reclutaron a 18.677 niños y niñas. Estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, marco en el cual la Sala concentró su investigación" del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado.

Las imputaciones son también por "malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio".

En las filas de las FARC, "niños y niñas sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos", señala la imputación.

Estas violencias ocurrieron de "manera sistemática y frecuente" en diversas partes del país. "Al menos 135 víctimas reclutadas reportaron haberla padecido, esto equivale al 17 % de las víctimas reclutadas registradas. Igualmente, del total de mujeres reclutadas, el 35 % reportaron haberlas sufrido", desglosó la información.

La JEP recordó que en el Caso 07 participaron 9.854 víctimas. De ellas, 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas afectados y 951 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes directos y familias que continúan la búsqueda de niños reclutados desaparecidos.

En sus investigaciones la Sala determinó que cada uno de los seis comparecientes, con sus "acciones y omisiones" durante su vida activa en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados.

En el caso de Rodrigo Granda, que hizo parte del último secretariado de las FARC como suplente, pero no fue imputado, la Sala encontró que "no participó en la definición ni en la implementación de políticas nacionales sobre la incorporación de personal ni en la regulación de la vida intrafilas".

La JEP explicó que se entiende como "máximo responsable" a una persona, que por su liderazgo, tiene una posición de jerarquía o autoridad que le permite influir en la organización y en la definición de las políticas y condiciones que dan lugar a la ejecución de patrones de macrocriminalidad.

La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que los seis comparecientes participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla.

"Como integrantes del último Secretariado tuvieron la tarea de guiar la implementación de esas políticas en toda la organización -en su capacidad como coordinadores y comandantes de los bloques- y conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los crímenes de guerra", explicó la JEP.

La Sala determinó que los niños reclutados sufrieron la pérdida de la esencia de la niñez y la anulación de la posibilidad de forjar su propia identidad.

"A ellos y ellas les fueron negadas herramientas emocionales, sociales y educativas que son cruciales para proyectar la vida en sociedad, y sus vivencias dentro de las filas les dejaron huellas físicas y emocionales profundas que hoy permanecen", explicó el alto tribunal.

La JEP concluyó que las "afectaciones más profundas derivan de la exposición permanente a la muerte y de la ansiedad y el sufrimiento generados por diferentes violencias sufridas dentro de las filas".

Por ejemplo, quienes padecieron violencia sexual y violencia reproductiva, sufrieron "graves lesiones corporales y emocionales relacionadas a su ser sexual, afectivo y maternal, que se extienden a su vida adulta". EFE

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Carlos Eduardo García, conocido con el alias de Andrey Avendaño, portavoz y jefe negociador del grupo Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, reveló que el excomandante de las extintas Farc-EP Rodrigo Londoño, alias Timochenko, no entregó todos los bienes de la guerrilla.

Según el integrante del EMC, los exjefes de las Farc siguen utilizando la riqueza obtenida de los múltiples delitos cometidos durante su operación.

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En entrevista con Salud Hernández-Mora para la revista Semana, alias Andrey Avendaño se refirió al oro que tendrían alias Timochenko y los demás exintegrantes del Secretariado de las Farc.

Avendaño aseguró que el oro si existió, pero una parte de ese oro ya fue invertido en maquinaria para el EMC. Además, explicó que otra parte del dinero recaudado fue entregado a alias Iván Mordisco y el resto se encuentra en la reserva de alias Calarcá.

“Iván Mordisco solo se llevó cinco kilos de oro. Posteriormente se tomó la decisión de vender la parte restante del oro para invertir en cosas que se necesitaban; sin embargo, ahora es una reserva”, indicó el jefe del frente 33 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Andrey Avendaño precisó que el oro fue declarado patrimonio de las Farc por alias Gentil Duarte, pero resalto que el comandante de las extintas Farc Rodrigo Londoño, así como otros exintegrantes del grupo guerrillero no entregaron todas las reservas.

La periodista colombo-española entregó detalles de lo que le dijo el jefe negociador del EMC de las disidencias de las Farc a La FM, de RCN Radio.

“Él admitió que ese oro lo tenía Gentil Duarte. Para que la gente recuerde, Gentil Duarte era un comandante destacado de las antiguas Farc que estuvo también en La Habana, en un momento dado, pero él decidió, después de estar en La Habana, no desmovilizarse y volver al Frente Primero, que tenía influencia en el Guaviare, que era uno de sus fuentes tradicionales. De ahí surgen las primeras disidencias, que luego van uniéndose con otros frentes”, explicó Salud Hernández-Mora al citado medio.

La reportera afirmó que “Gentil Duarte tenía ese oro. Él era el custodio: no es que se lo quedó o se lo robó a las Farc. Pero cuando se desmoviliza, se lo queda por un valor que inteligencia del Ejército presume que podrían ser 50.000 millones de pesos. Timochenko y los senadores de las Farc lo conocen. Después, obviamente, al ser disidencia, quedó en sus manos y lo utilizaron para la organización, para comprar armas”.

Salud Hernández-Mora en entrevista con La FM de RCN Radio reiteró que las Farc no entregaron todos los bienes en el proceso de paz con el Gobierno nacional, pese al compromiso que adquirieron cuando se firmó el Acuerdo de Paz en 2016.

“No entregaron otros bienes y ellos mismos están usufructuando, es decir, es evidente. Ellos tampoco entregaron rutas del narcotráfico (...) No han entregado restos de secuestrados muertos; no han desenterrado guerrilleros que ellos fusilaron y no los han entregado. Ellos han faltado absolutamente”, aseveró la periodista colombo-española.

Detalles de la entrevista a Andrey Avendaño

En la entrevista para la revista Semana, el portavoz y jefe negociador del grupo Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc alias Andrey Avendaño se refirió al futuro del Catatumbo, zona golpeada por el conflicto armado en Colombia.

“No necesariamente el atraso de la región es por la presencia nuestra. Puedo decirle con plena certeza que estamos acá no porque hubiésemos querido, sino por la solicitud de las comunidades. Después del proceso de paz, las comunidades nos exigieron nuevamente el retorno a esta región”, indicó Avendaño.

El jefe del frente 33 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc negó extorsiones a comerciantes y empresarios de la región, motivo por el cual invió a todos a que inviertan en la zona para su respectivo desarrollo.

“No es cierto que estemos extorsionando a comerciantes y empresarios. Queremos que vengan, inviertan, aporten al desarrollo. Lo que sí hemos pedido es que no se utilice al campesinado para amasar grandes fortunas de dinero y que el campesino viva en el atraso y el abandono”, aseveró alias Andrey Avendaño.

París, 12 nov (EFE).- Rodrigo Londoño, 'Timochenko', el último comandante de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano del que ahora se cumplen ocho años, señaló este martes que el sistema tiene problemas porque desde el comienzo no se planificó su aplicación, pero insistió en que de ninguna manera lo van a abandonar.

"De ahí no vamos a salir", subrayó el exjefe guerrillero, que durante un coloquio organizado en el marco del Foro de París por la Paz, insistió en que pese a los problemas "no bajamos la bandera de la paz, por nada del mundo".

El embajador colombiano en Francia, Alfonso Prada, antiguo ministro de Interior y que fue secretario de la Presidencia al inicio de la puesta en marcha de los acuerdos de paz suscritos a finales de 2016, admitió por su parte que "son muchas las deficiencias del proceso" pero "la más dolorosa es la muerte de muchos exfirmantes" que han sido asesinados.

Prada hizo hincapié en que, como ministro del Interior entre agosto de 2022 y abril de 2023, al comienzo del mandato del actual presidente, Gustavo Petro, se pusieron en marcha "cerca de 90 medidas de choque", que sin embargo no han conseguido "derrotar a ese flagelo que persigue la vida de los excombatientes".

Unos asesinatos que atribuyó básicamente a bandas de narcotraficantes, una vez que los guerrilleros han abandonado esa actividad, y también a "la ultraderecha, que jamás ha aceptado la incorporación de personas que provienen de la guerrilla, por ejemplo a la política colombiana".

El embajador colombiano afirmó: "si me dijeran que tuviera una varita mágica para corregir algo" de la aplicación del acuerdo de paz "fortalecería mucho más la protección de la vida de los combatientes, porque es el dolor más grande que tenemos en Colombia después de la firma".

Para Londoño, que había ingresado con 17 años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que suscribió con 57 ese acuerdo con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por el que dejaron las armas cerca de 14.000 guerrilleros, lo que falló es que "arrancó mal porque no hubo planificación para la implementación".

"Nuestra gente -se quejó- llegó a los sitios donde se iba a concentrar y no había absolutamente nada. Después sobre la marcha se fue trabajando y había voluntad, pero no había planificación y no se amarraron las cosas de tal manera que el Gobierno siguiente se viera obligado a mantener su implementación".

Es decir, que cuando Iván Duque llegó a la presidencia en agosto de 2018 hubo una inflexión, aunque no pudo revertirlo "por la resistencia que hubo, no tanto de los firmantes como de la sociedad colombiana y en particular de la comunidad nacional", añadió.

Para el antiguo guerrillero, que se ha reconvertido en la política institucional, sus antiguos compañeros de lucha se enfrentan a "dificultades que se manifiestan en las condiciones de vida de la gente", algo a su parecer "preocupante porque hay grupos armados que están estimulando para que la gente regrese al monte".

Londoño dijo estar "emocionado" al ver el interés que suscita esta experiencia colombiana en la comunidad internacional, a la que se dirigió para decir que "no nos pueden dejar todavía solos".

Consideró que el proceso de paz "no fue fácil" y que "salió gracias a que el presidente Santos se la jugó".

Un elemento "determinante", a su juicio, fue que el Gobierno dejó que víctimas de la guerrilla fueran a hablar con ellos durante las negociaciones en La Habana, porque los dirigentes de las FARC llegaron a la conclusión de que "este conflicto no podía seguir más".

Este coloquio estuvo organizado por la Embajada de Colombia, junto con la Asociación de Juristas Franco-Colombianos y el Consejo Nacional de Colegios de Abogados de Francia, que puso su sede de París como escenario.

En él participaron, entre otros, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz Julieta Lemaitre, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, o Nicolle Mahecha Restrepo en representación de Revipas (Renacer para Vivir en Paz), una asociación que reúne a víctimas y exmiembros de la guerrilla en proyectos comunes. EFE

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En una reciente columna escrita por el expresidente Juan Manuel Santos, la cual publicó El Espectador, el Nobel compartió un relato profundo y personal sobre su reconciliación con Rodrigo Londoño, conocido en el pasado como “Timochenko”, Para Santos, este encuentro, que marcó un antes y un después en el proceso de paz colombiano, es un ejemplo elocuente de cómo incluso quienes han sido enemigos irreconciliables pueden encontrar un terreno común para trabajar juntos por un objetivo superior.

Santos detalla cómo el 23 de septiembre de 2015, en La Habana, Cuba, se dio el primer encuentro cara a cara entre ambos, como parte del anuncio del “Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”. Según cuenta, la reunión inició con un saludo frío y la presencia del entonces presidente cubano, Raúl Castro, que pronto se retiró, dejándolos solos. Este momento fue, en palabras del expresidente, un punto de no retorno hacia el fin del conflicto armado que por décadas desangró al país.

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En su texto, Santos reflexiona sobre cómo ambos dejaron de lado las heridas del pasado para comprometerse con un esfuerzo común: remar juntos hacia la paz, a pesar de los desafíos que enfrentarían en el camino. Destaca que Londoño, quien en el pasado lo había insultado y considerado un enemigo mortal, respondió con reciprocidad y disposición, marcando el inicio de una relación que, según Santos, ha sido respetuosa y productiva desde entonces.

El expresidente también subraya los enormes retos que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz. A pesar de los obstáculos y las adversidades, asegura que su compromiso con el proceso sigue intacto, al igual que el de Londoño. Ambos, según escribe Santos, continúan trabajando con convicción, conscientes de que la reconciliación y la paz son fundamentales para construir un país más justo y unido.

“Londoño –el mismo que menos de cuatro años antes había dicho que “alucinaban” quienes pensaban en “la claudicación y desmovilización de la guerrilla”, el mismo que me insultaba desde las montañas de Colombia y me había lanzado un feroz “todos tenemos que morirnos, Santos”–, se paró, me volvió a estrechar la mano y me dijo: “Cuente conmigo”. Charlamos un rato, me confesó que tenía dengue, y salimos juntos para el evento”, señaló.

Santos utiliza esta experiencia personal como un símbolo del poder transformador de la reconciliación. En su reflexión, recalca que su relación con Londoño, marcada inicialmente por décadas de confrontación, demuestra que es posible superar incluso los odios más profundos. Para el expresidente, este ejemplo no solo valida la importancia del proceso de paz, sino que también envía un mensaje poderoso a una sociedad que aún enfrenta divisiones y retos derivados de su conflictiva historia.

“El país y el mundo han visto los obstáculos para consolidar la paz e implementar el Acuerdo que firmamos. Sin embargo, seguiremos remando en la misma canoa y en la misma dirección, así sea contra viento y marea. Yo seguiré remando con total convicción. Rodrigo Londoño ha dicho lo mismo. Este es un ejemplo muy claro y elocuente de cómo dos personas que incluso querían matarse pueden reconciliarse y trabajar juntas”, escribió el expresidente, que pocos días después del plebiscito fue galardonado con el Nobel de Paz en Noruega.

A través de esta carta, Santos reafirma su creencia de que la construcción de la paz es un esfuerzo que trasciende diferencias y exige un compromiso inquebrantable. La historia que narra no solo es un testimonio de su experiencia personal, sino también un llamado a mantener viva la esperanza y la voluntad de reconciliarse como un acto necesario para sanar las heridas de Colombia.

Desde el pasado 2 de diciembre de 2024, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido por su alias de Timochenko cuando militó en la extinta guerrilla de las Farc, ha lanzado fuertes cuestionamientos a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en especial con el presidente de ese tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli.

En declaraciones a los medios de comunicación, el togado había mencionado que, ante los tiempos limitados del acuerdo de paz, existe la posibilidad de que algunos de estos casos sean trasladados a la justicia ordinaria, un hecho que causó molestia en el exjefe del extinto grupo armado, al considerar que existe una desviación de los principios de la justicia transicional.

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Además, el excomandante de las antiguas Farc-EP mencionó que las decisiones judiciales recientes, como la imputación a seis exmiembros del secretariado de dicho grupo armado por crímenes de guerra contra menores de edad, muestran un enfoque parcializado, en lugar de una verdadera búsqueda de justicia para las víctimas.

Esta polémica entre Londoño y la JEP ha generado varias reacciones en diferentes sectores del país, desde voceros de derechos humanos hasta negociadores de paz.

Es el caso de Carlos Eduardo García, conocido con el alias de Andrey Avendaño, portavoz y jefe negociador del grupo Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, quien mencionó que el exlíder de dicho grupo guerrillero no debería estar llamando la atención en un aspecto que, para el negociador de paz, fue aprobado en los acuerdos de Paz en 2016.

“La JEP fue un sistema que ellos mismos aprobaron; entonces yo no puedo aprobar algo para después decir que me está perjudicando, porque uno tiene que ser muy consecuente, si usted firmó algo es para cumplirlo y si no, pues no lo firme”, dijo Avendaño en declaraciones a W Radio.

Del mismo modo, el jefe negociador de las disidencias manifestó que el excomandante de las Farc debió haberse prevenido de lo firmado hace ocho años en La Habana, Cuba.

“Pienso que uno como persona debe de cuidarse, debe tomar sus propias decisiones antes. Si en algún momento ellos cometieron equivocaciones e hicieron lo que la JEP plantea, y que de hecho es un delito dentro de las FARC, entonces, pues uno dice que la justicia tarde que temprano es, pero llega”, aseguró.

A su vez, Andrey Avendaño precisó que, al interior de los estatutos del grupo armado, “se formó para ser violador (...) cosas como esa que hay que tener muy claras y que bueno que la JEP tenga la decisión o la oportunidad de tomar acción”.

Avendaño y sus críticas a la JEP

No obstante, el líder de las disidencias manifestó estar de acuerdo en las críticas de Rodrigo Londoño frente al aumento de asesinatos contra firmantes de paz en el país que, según cifras reportadas por las instituciones oficiales, van más de 439 muertos desde la firma del acuerdo hasta la fecha.

“Cuando se habla de los incumplimientos a lo de los excombatientes para lo que tiene que ver la reincorporación a la vida civil y su proyecto de vida personal, en eso coincido totalmente. La muerte de excombatientes se da por otros factores como persecuciones políticas o por otros hechos como un robo (...) pero no coincido en que (Rodrigo) Londoño venga a hablar de principios y moralidad”, explicó el líder del grupo armado en el citado medio de comunicación.

Finalmente, Avendaño agregó que uno de los puntos en cuestión frente a la labor de la JEP es el proceso de reincorporación a los excombatientes, e incluso recordó que han tenido que ayudar a las familias que residen en estos territorios por falta de presencia del Estado.

“En algunas partes nos ha correspondido a nosotros tomar la decisión de apoyarlos en algunos temas como el arreglo de una vía, o algún tema para un bazar para poder generar recursos y comprar un botiquín, en fin, cosas como esas que no ha correspondido a nosotros, y no es responsabilidad nuestra, sino responsabilidad del Estado”, concluyó.

Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exmiembros del antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra contra menores de edad, señalando que entre 1971 y 2016, un total de 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por este grupo armado. Uno de los exlíderes de las Farc mencionados en esta imputación es Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, que fue comandante de ese grupo guerrillero.

Este acto de imputación, que busca responsabilizar a los antiguos comandantes de las Farc por su implicación en la explotación y reclutamiento de menores, ha desatado una serie de reacciones alrededor de la gestión de la JEP. El presidente del tribunal de paz, Alejandro Ramelli, señaló que, debido a los tiempos limitados del acuerdo de paz, existe la posibilidad de que algunos de estos casos sean trasladados a la justicia ordinaria.

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Timochenko cuestionó el papel de la JEP

A través de una carta pública, Rodrigo Londoño mostró su rechazo a lo que considera una desviación de los principios de la justicia transicional. En la misiva, respondió al magistrado Remelli: “Sus palabras, señor magistrado, confirman nuestros peores temores y validan cada una de nuestras críticas, las cuales hemos expresado en todos los escenarios posibles. Los comparecientes de las extintas Farc-EP no exageramos al decir que la magistratura de la JEP se ha descarrilado de la tarea encomendada”.

El excomandante de las Farc acusó a la JEP de alejarse del Acuerdo de Paz de 2016, y señaló que las decisiones judiciales recientes muestran un enfoque parcializado, en lugar de una verdadera búsqueda de justicia para las víctimas. Según él, este proceso refleja un “desacierto” que pone en peligro el proceso de paz mismo.

Sin embargo, no conforme con ese pronunciamiento, Londoño envió una carta el 7 de diciembre de 2024, dirigida a las Naciones Unidas y a los países garantes del acuerdo de paz, solicitando que la comunidad internacional supervise las actuaciones de la JEP. En su misiva, el exlíder de las Farc destacó que la implementación del acuerdo ha sido obstruida por numerosos obstáculos, los cuales, según él, han sido superados principalmente por el compromiso de los excombatientes, más que por la disposición del Estado colombiano.

La reacción de las víctimas y organizaciones de derechos humanos

Las víctimas de las Farc, así como varias organizaciones defensoras de derechos humanos, han reaccionado con firmeza ante las críticas de Londoño. Sofía Gaviria, fundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, expresó que las víctimas esperan una respuesta exhaustiva por parte de los responsables: “Que le cumpla a las víctimas y eso quiere decir, llegar a la verdad exhaustiva. Y si no se logra porque los beneficiarios de esa justicia no están contribuyendo, deben ir a la ordinaria”, declaró Gaviria.

La Corporación Rosa Blanca, que representa a las víctimas, también se mostró alarmada ante las declaraciones de Londoño. En su cuenta de X, publicaron: “¿A que le tiene miedo Timochenko y su combo de comandantes violadores sexuales de niñas reclutadas? Llevan más de 5 años sin reconocer en la JEP sus graves delitos y ahora quieren acabarla y ejercen presión indebida a Magistrados. La mora es suya Timo, vaya a la JEP y confiese”.

Presidente de la JEP respondió a ‘Timochenko’ y defendió la labor del tribunal

Tras la publicación de la carta de Londoño, la JEP emitió un pronunciamiento en defensa de su trabajo, reiterando que el tribunal tiene la misión de garantizar la seguridad jurídica a los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones, y de velar por el cierre de los procesos judiciales conforme al acuerdo de paz. En uno de los comunicados oficiales, se indicó: “La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de procesos judicial para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia”.

Además, la JEP reafirmó su compromiso con los principios del acuerdo de paz, subrayando que los procesos jurídicos para los comparecientes que han colaborado con la verdad y la justicia seguirán su curso tal como fue pactado en el acuerdo de 2016. Esto, según la Jurisdicción, representa un paso crucial hacia la consolidación de la paz en Colombia, un objetivo que sigue siendo central para la construcción de un futuro sin violencia.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, defendió el papel de la JEP, asegurando que no puede obviar el sufrimiento de las víctimas y las demandas de verdad que exigen. Según él, hay sectores que intentan desviar el mandato de la JEP, pero el tribunal no permitirá que los intereses políticos interfieran en su labor.

Simón Trinidad, cuyo verdadero nombre es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, se encuentra en el centro de un debate internacional tras la solicitud del gobierno colombiano al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que le conceda un indulto.

Trinidad es un excomandante de las Farc que cumple una condena de 60 años en una prisión de Colorado. Esta petición se da en medio de los esfuerzos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en el proceso de paz en Colombia.

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Desde el inicio de su mandato, Petro priorizó la solicitud de clemencia para Trinidad, argumentando que su liberación podría contribuir a la verdad y la reconciliación en Colombia.

Según informó Noticias Caracol, el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, envió varias comunicaciones al gobierno estadounidense solicitando el indulto. Además, el canciller Luis Gilberto Murillo también había realizado gestiones similares durante su tiempo como embajador.

La solicitud de indulto se intensificó en el desarrollo de la conmemoración de los ocho años de la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Durante este evento, Rodrigo Londoño, exjefe guerrillero y actual líder del Partido Comunes, pidió la liberación y repatriación de Trinidad, calificando su extradición a Estados Unidos como arbitraria. Londoño destacó la importancia de que Trinidad pueda contribuir a la verdad y reparación de las víctimas del conflicto armado.

A pesar de que Trinidad firmó un acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este tribunal aún no ha podido interrogarlo para iniciar su proceso. La JEP busca que Trinidad asuma su responsabilidad y aporte a la verdad sobre los delitos cometidos durante su tiempo en la guerrilla. El gobierno colombiano sostiene que el indulto no solo cumpliría con los requerimientos de la JEP, sino que también sería un gesto humanitario hacia las víctimas del conflicto.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, se encuentra en Estados Unidos para discutir esta y otras cuestiones bilaterales con funcionarios de la administración Biden. Rojas reafirmó la posición oficial del gobierno colombiano, subrayando que el grupo al que perteneció Trinidad ya firmó la paz y que su liberación es un asunto humanitario.

Sin embargo, la solicitud de indulto generó opiniones encontradas. Roberto Lacouture, que fue secuestrado por el frente guerrillero comandado por Trinidad en los años 90, expresó su indignación ante la posibilidad de un perdón presidencial. Por su parte, el senador del partido Comunes, Julián Gallo, defendió la idea de que Trinidad es un prisionero político y que su regreso a Colombia sería crucial para el proceso de paz.

El desenlace de esta solicitud de indulto está en manos del presidente Biden, quien deberá considerar los argumentos presentados por el gobierno colombiano y las implicaciones que tendría esta decisión en el contexto de las relaciones bilaterales y el proceso de paz en Colombia.

Simón Trinidad: el economista que se convirtió en líder de las Farc y que enfrenta cadena perpetua en EE. UU.

Simón Trinidad, un exjefe de las Farc actualmente cumple una condena de 60 años en una prisión de los Estados Unidos.

Trinidad, cuyo nombre real es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, fue un destacado miembro de las Farc. Nacido el 30 de julio de 1950 en Valledupar, Cesar, Trinidad tuvo una vida que inicialmente parecía alejada de la insurgencia. Estudió en el Colegio Helvetia de Bogotá y se graduó como economista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Además, realizó estudios en administración financiera en la Universidad de Harvard. A su regreso a Colombia, trabajó como gerente del Banco de Comercio de Valledupar. Sin embargo, en 1987, decidió unirse a las Farc, donde rápidamente ascendió en la organización.

Antes de unirse a las Farc, Trinidad había formado un grupo marxista-leninista llamado Los Independientes en 1981, junto con Jaime Sierra Tomás Agudelo y Federico Palacios Romaña. En 1994, asumió el liderazgo del frente 19 José Prudencio Padilla, operando en la Sierra Nevada de Santa Marta. Un año después, fue promovido a sexto al mando del Bloque Caribe, encargándose de tareas de proselitismo y propaganda. En 1996, alcanzó el puesto de tercero al mando en el Estado Mayor de este bloque y, para 1997, lideraba el frente 41 y la comisión Susana Téllez.

En el año 2000, Trinidad fue vocero de las Farc durante las negociaciones en San Vicente del Caguán. En julio de ese año, anunció públicamente que las Farc atacarían aeronaves de fumigación en el sur del país. Entre los crímenes que se le atribuyen está su implicación en la masacre de Bojayá en 2002, en la que murieron 80 personas, incluidos 48 niños, y más de 5.000 personas fueron desplazadas. También se le acusa del secuestro y asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, y del teniente de navío Álvaro Fernando Morris Piedrahíta.

Trinidad fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por su participación en una conspiración para secuestrar a tres ciudadanos estadounidenses en Colombia. El juicio, que duró cuatro semanas, presentó pruebas de que el 13 de febrero de 2003, tres contratistas estadounidenses fueron capturados por las Farc tras un aterrizaje de emergencia en el departamento de Caquetá. Dos de los ocupantes, el piloto estadounidense Thomas Janis y el colombiano Luis Alcides Cruz, fueron ejecutados, mientras que Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes fueron secuestrados durante cinco años, hasta su liberación en 2008 durante la Operación Jaque.

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, habló sobre el posible indulto a Simón Trinidad, solicitado por el Gobierno colombiano a Estados Unidos.

Cabello fue clara al señalar que, aunque el país norteamericano decida otorgar dicho beneficio, el exjefe guerrillero deberá regresar a Colombia para cumplir las condenas que aún tiene pendientes en el sistema judicial nacional.

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“Se debe mirar a las víctimas, debe dar aportes a la verdad donde está (…) analicemos bien si se está pensando en ponerlo como gestor de paz”, afirmó Cabello, resaltando que cualquier decisión debe priorizar a quienes fueron afectados por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

Trinidad, cuyo nombre real es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, fue extraditado a Estados Unidos en 2004 y condenado por el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos.

Según Cabello, esta condena es definitiva y no está sujeta a revisión judicial. Sin embargo, dejó claro que el cumplimiento de esta pena no exime al exguerrillero de sus responsabilidades legales en Colombia.

Al respecto, la procuradora indicó que cualquier decisión sobre el papel de Trinidad en los procesos de paz, como la posibilidad de ser nombrado gestor, debe tomarse con cuidado y transparencia. “No es que también hay que dejarlo pasar impune sin decir nada”, subrayó, insistiendo en que su eventual retorno al país debe incluir un compromiso con la verdad y la justicia, especialmente en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cabello reiteró que una vez cumplida su condena en territorio estadounidense, Trinidad debe enfrentar los procesos judiciales abiertos en Colombia. “Cumplida su condena en Estados Unidos, Simón Trinidad tiene que venir a cumplir con todos sus procesos y con todas sus condenas aquí en Colombia. Eso no está descartado”, enfatizó.

La procuradora hizo un llamado a manejar el caso con delicadeza y a escuchar las voces de las víctimas, señalando que cualquier decisión debe respetar el marco legal colombiano y el compromiso con la reparación y la verdad.

Timochenko señala que petición sobre alias Simón Trinidad “es un gesto de paz”

El Gobierno de Gustavo Petro presentó recientemente una solicitud a Estados Unidos para otorgar un indulto a Simón Trinidad, quien fuera líder del Bloque Caribe de las extintas Farc. Este gesto ha sido calificado por Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, como una acción que contribuye a la consolidación de la paz en el país.

“Solicitar el indulto, repatriación y reincorporación a la vida civil de Simón Trinidad es un deber del Estado colombiano en cumplimiento del acuerdo de Paz. Saludo la voluntad del Gobierno colombiano por materializar lo acordado, a pesar de las dificultades y los grandes retos”, expresó Londoño en sus declaraciones públicas.

Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, Alias Simón Trinidad, fue capturado en Ecuador en 2004 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Este caso ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016.

Londoño recordó que el presidente estadounidense Joe Biden, así como el expresidente Barack Obama, están al tanto del proceso de paz que permitió la desmovilización de las Farc-EP. Según Timochenko, ambos mandatarios conocen no solo los detalles de las negociaciones, sino también la importancia del respaldo internacional para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

“El señor presidente Joe Biden y el expresidente Barack Obama conocen en detalle el proceso de paz entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano. También conocen nuestra voluntad de paz y el apoyo que requiere de la comunidad internacional para el éxito de su implementación”, añadió Londoño.

El caso de Simón Trinidad sigue generando divisiones en la opinión pública. Para algunos, su libertad sería un símbolo de reconciliación nacional, mientras que para otros, representa una decisión controvertida en términos de justicia.

El Gobierno de Gustavo Petro presentó recientemente una solicitud a Estados Unidos para otorgar un indulto a Simón Trinidad, quien fuera líder del Bloque Caribe de las extintas Farc. Este gesto ha sido calificado por Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, como una acción que contribuye a la consolidación de la paz en el país.

“Solicitar el indulto, repatriación y reincorporación a la vida civil de Simón Trinidad es un deber del Estado colombiano en cumplimiento del acuerdo de Paz. Saludo la voluntad del Gobierno colombiano por materializar lo acordado, a pesar de las dificultades y los grandes retos”, expresó Londoño en sus declaraciones públicas.

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Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, Alias Simón Trinidad, fue capturado en Ecuador en 2004 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Este caso ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016.

Londoño recordó que el presidente estadounidense Joe Biden, así como el expresidente Barack Obama, están al tanto del proceso de paz que permitió la desmovilización de las Farc-EP. Según Timochenko, ambos mandatarios conocen no solo los detalles de las negociaciones, sino también la importancia del respaldo internacional para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

“El señor presidente Joe Biden y el expresidente Barack Obama conocen en detalle el proceso de paz entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano. También conocen nuestra voluntad de paz y el apoyo que requiere de la comunidad internacional para el éxito de su implementación”, añadió Londoño.

El caso de Simón Trinidad sigue generando divisiones en la opinión pública. Para algunos, su libertad sería un símbolo de reconciliación nacional, mientras que para otros, representa una decisión controvertida en términos de justicia.

Margarita Cabello pide que ‘Simón Trinidad’ responda ante la justicia en Colombia

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, habló sobre el posible indulto a alias Simón Trinidad, solicitado por el Gobierno colombiano a Estados Unidos.

Cabello fue clara al señalar que, aunque el país norteamericano decida otorgar dicho beneficio, el exjefe guerrillero deberá regresar a Colombia para cumplir las condenas que aún tiene pendientes en el sistema judicial nacional.

“Se debe mirar a las víctimas, debe dar aportes a la verdad donde está (…) analicemos bien si se está pensando en ponerlo como gestor de paz”, afirmó Cabello, resaltando que cualquier decisión debe priorizar a quienes fueron afectados por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

Al respecto, la procuradora indicó que cualquier decisión sobre el papel de Trinidad en los procesos de paz, como la posibilidad de ser nombrado gestor, debe tomarse con cuidado y transparencia. “

No es que también hay que dejarlo pasar impune sin decir nada”, subrayó, insistiendo en que su eventual retorno al país debe incluir un compromiso con la verdad y la justicia, especialmente en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cabello reiteró que una vez cumplida su condena en territorio estadounidense, Trinidad debe enfrentar los procesos judiciales abiertos en Colombia. “Cumplida su condena en Estados Unidos, Simón Trinidad tiene que venir a cumplir con todos sus procesos y con todas sus condenas aquí en Colombia. Eso no está descartado”, enfatizó.

La procuradora hizo un llamado a manejar el caso con delicadeza y a escuchar las voces de las víctimas, señalando que cualquier decisión debe respetar el marco legal colombiano y el compromiso con la reparación y la verdad.

Finalmente, insistió en que esta discusión no puede centrarse únicamente en aspectos políticos o diplomáticos, sino que debe enfocarse en garantizar justicia y respeto para quienes sufrieron las consecuencias del conflicto armado.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo ha vuelto ser centro de polémica tras un video difundido en su cuenta de X, donde se le observa retirando una instalación artística y conmemorativa en la plaza Núñez del Congreso. Esta obra, realizada por el colectivo Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), consistía en botas colocadas como símbolo de denuncia de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, un capítulo oscuro del conflicto armado colombiano.

En el video, Polo Polo no solo retira las botas, sino que además cuestiona la legitimidad de la manifestación: “Yo le quiero preguntar quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas”.

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En un gesto que muchos calificaron de “irrespetuoso”, el congresista colocó las botas en una bolsa de basura, lo que desató una ola de reacciones de rechazo, entre las más recientes, la del exjefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, quele envió una contundente indirecta.

“La ignorancia no detendrá la lucha por la verdad”: Timochenko

A través de su cuenta en X, Londoño expresó su solidaridad con las víctimas de los falsos positivos y con Mafapo. “Mi solidaridad, admiración y respeto absoluto por las Madres Falsos Positivos de Colombia y todas las víctimas de los mal llamados falsos positivos”, escribió.

Además, lanzó una fuerte crítica al acto de Polo Polo: “La ignorancia y la descomposición moral de quienes niegan los crímenes del Estado, jamás podrán detener la justa lucha por la verdad, justicia y reparación”.

El gesto del congresista y su postura de escepticismo hacia las cifras de las víctimas de los falsos positivos, que ascienden a 6.402 según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha generado indignación entre familiares, organizaciones de derechos humanos y líderes políticos. Sin embargo, Polo Polo ha reiterado sus dudas sobre la veracidad de dicha cifra: “Ni la Fiscalía ni la JEP han dado esa información (...) si tienen 500 nombres, denlos a conocer; si tienen 300, revélenlos”, señaló en una entrevista para la revista Semana; declaraciones que fueron vistas como una forma de minimizar la magnitud de estos crímenes de Estado.

El rechazo de las víctimas

Las reacciones no se hicieron esperar. Jaqueline Castillo, una de las líderes de Mafapo y madre de una víctima, intervino en la plenaria de la Cámara de Representantes para condenar el acto de Polo Polo. “Llevamos 16 años de lucha cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes como basura. Hoy, el acto que usted hace, señor, de tirar estas botas en la basura, revive el desprecio con el que fueron tratados nuestros seres queridos”, expresó, exigiendo una sanción disciplinaria contra el congresista.

Por su parte, la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) emitieron un comunicado conjunto rechazando las acciones del representante, subrayando la importancia del respeto hacia las víctimas y sus procesos de búsqueda de justicia y verdad. “La JEP y el CNMH resaltan el respeto que debe existir por la dignidad de estas madres y de todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes han luchado por el esclarecimiento de la verdad y la justicia por sus hijos desaparecidos, asesinados y presentados falsamente como bajas en combate”, manifestaron.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto, señalando que la extrema derecha ve a la izquierda no como un rival ideológico, sino como un “enemigo existencial”. Mientras tanto, el senador Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal y una queja disciplinaria contra Polo Polo por presuntos delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravada.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exlíderes del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado en Colombia.

Entre los señalados se encuentran alias Timochenko, alias El Médico, alias Joaquín Gómez, alias Pablo Catatumbo y alias Carlos Antonio Lozada. Según la JEP, entre 1996 y 2016, se produjo un aumento significativo en el reclutamiento de menores, con un total de 18.677 niños y niñas involucrados en el conflicto.

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Debido a esto, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó en una entrevista con Mañanas Blu que, aunque las Farc tenían una normativa interna que prohibía el reclutamiento de menores de 15 años, en la práctica reclutaban a niños desde los 8 años.

Ramelli destacó que la apariencia física de los menores era más valorada que la verificación de su edad real, lo que facilitó la incorporación de niños al conflicto. Además, existía un sistema de cuotas que obligaba a los frentes guerrilleros a aumentar su personal, intensificando así el reclutamiento de menores.

“Era más importante la apariencia física que la verificación de la edad”, dijo el presidente de la JEP a Blu Radio.

Los menores reclutados por las Farc fueron sometidos a condiciones de vida extremadamente duras, según el informe de la JEP. Se documentaron casos de torturas, malos tratos y violencias sexuales, incluyendo agresiones específicas contra niñas y violencias reproductivas. También se registraron actos de violencia contra niños y niñas de la comunidad LGBTI. Estos hallazgos han sido fundamentales para la imputación de los exlíderes guerrilleros.

La JEP señaló que, si los excomandantes aceptan su responsabilidad, podrían enfrentar sanciones de cinco a ocho años. Estas sanciones no implicarían penas de cárcel, pero sí medidas restrictivas de sus derechos, como la realización de trabajos restaurativos. Esta decisión es parte del esfuerzo por buscar justicia transicional y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.

El reclutamiento forzado de menores por las Farc es considerado uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia. La JEP ha centrado sus acciones en el periodo entre 1996 y 2016, cuando se observó un incremento significativo en estas prácticas. La imputación de los exlíderes guerrilleros busca avanzar en el proceso de justicia y reparación para las víctimas, en un contexto de búsqueda de paz y reconciliación en el país.

Impactante informe: las Farc y el reclutamiento infantil en Colombia

En un extenso documento de 759 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis miembros del último secretariado de las Farc por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento forzado de menores. Según el informe, estos líderes son responsables del reclutamiento de 18.677 niños y niñas, muchos de ellos bajo amenazas y uso de la fuerza. Esta es la primera vez que se imputan cargos a miembros de esta antigua guerrilla por tales crímenes, que incluyen desde malos tratos hasta esclavitud sexual y tortura.

La JEP identificó a Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) como los principales responsables.

De estos, Gallo y Catatumbo actualmente son senadores del partido Comunes, surgido del Acuerdo de Paz de 2016. La imputación señala que, aunque las Farc formalmente prohibieron el reclutamiento de menores de 15 años, en la práctica muchos reclutas eran incluso más jóvenes, algo que los comandantes no previnieron ni detuvieron.

El documento de la JEP también reveló que estos líderes permitieron que se cometieran graves crímenes de guerra, como torturas y violaciones sexuales, al no tomar medidas para detener estas prácticas. La magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07 sobre reclutamiento de menores, destacó que había información disponible sobre violencias basadas en género dentro de las filas, pero no se actuó al respecto.

Los testimonios de las víctimas acreditadas, que suman 951, muestran que el 57% de los niños fueron reclutados bajo amenazas o coerción, y el 64% tenía 14 años o menos al momento de ser reclutados. Un testimonio recogido por la JEP relata cómo un niño de 14 años fue obligado a unirse a las Farc bajo la amenaza de que su familia tendría que huir si no lo hacía.

Además de las amenazas, las Farc también utilizaron el engaño para reclutar menores. Un caso documentado describe cómo un comandante prometió beneficios económicos a la familia de una niña de 15 años si se unía a las filas, promesas que nunca se cumplieron.

La vida de los niños en las filas de las Farc fue descrita como una tortura. Los menores eran sometidos a entrenamientos extremos y vivían bajo un régimen disciplinario brutal. Las niñas, en particular, sufrieron violencias adicionales debido a su género, incluyendo violaciones y abortos forzados. La JEP ha registrado al menos 10 casos de asesinatos de bebés recién nacidos.

El impacto del reclutamiento forzado también afectó a comunidades indígenas, como los pueblos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, que fueron colectivamente acreditados como víctimas. La vulnerabilidad de estas comunidades fue explotada por las Farc para imponer su autoridad y reclutar menores.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del secretariado de las Farc-EP como máximos responsables de graves crímenes de guerra, entre ellos el reclutamiento y la utilización de los niños dentro de sus filas.

Según el tribunal, estos crímenes habrían ocurrido en el contexto del conflicto armado interno de Colombia y comprenden una serie de delitos contra menores de edad que incluyen no solo el reclutamiento forzado, sino también malos tratos, tortura, homicidios, y diversas formas de violencia sexual, reproductiva y motivada por prejuicios.

Esta imputación de la JEP hace parte del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado. En este caso, la JEP ha recogido testimonios, documentos y pruebas que evidencian la responsabilidad de altos mandos de la extinta guerrilla de las Farc en la vulneración de derechos fundamentales de menores, quienes fueron sometidos a condiciones que la justicia transicional considera actos de guerra.

El tribunal destaca que estos delitos habrían afectado profundamente a los menores, no solo al ser incorporados forzosamente en la organización armada, sino también al ser objeto de violencias dentro de la vida intrafilas, que incluían agresiones físicas y psicológicas, así como abusos sexuales.

Entre las formas de violencia denunciadas se encuentran los tratos degradantes, la tortura y asesinatos de aquellos menores considerados “desertores” o que no se sometían a las órdenes de sus superiores. Según la JEP, entre 1996 y 2006 fueron reclutados 18.677 niños y niñas.

Los imputados son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. En cuanto a Rodrigo Granda, la magistratura indicó que él fue compareciente suplente del secretariado, es decir, que no habría participado en la definición de las políticas de reclutamiento.

“La JEP imputa a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP son máximos responsables por estos graves crímenes”, indicó la magistrada Lily Rueda.

El tribunal explicó que los seis exintegrantes del secretariado son los responsables de las conductas de macro criminalidad, debido a que participaron en los espacios en los que la extinta guerrilla tomaba las decisiones.

“La Sala encontró que los seis comparecientes cuya responsabilidad se individualiza en esta decisión tuvieron el liderazgo de las antiguas Farc-EP y participaron en las conferencias nacionales guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla”, afirmó la magistrada.

Y agregó: “Las experiencias de las víctimas incluyeron violencias basadas en género, tratos crueles, torturas, homicidios y múltiples sufrimientos y daños que permanecen en la actualidad y que se dieron durante el reclutamiento, en su experiencia en los campamentos, en los momentos preparatorios, y durante la tortuosa marcha hacia la región del Magdalena Medio, en medio de operaciones militares dirigidas por el Ejército Nacional”.

Reconocimiento del exsecretariado de las Farc

A través de un comunicado, los seis exintegrantes del secretariado de las Farc reconocieron los hechos cometidos contra los menores de edad.

“Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, se lee en el comunicado.

Todos los exguerrilleros afirmaron que siguiente de cerca el anuncio de la imputación de cargos por parte dela Jurisdicción Especial para la Paz.

Así las cosas, tendrán un tiempo de 30 días para comunicarle al tribunal si aceptan o rechazan su responsabilidad en este caso por omisión.

En el comunicado, los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc reafirmaron su compromiso “ante las víctimas y la jurisdicción”, razón por la cual aseguraron que cuando sean notificados procesalmente, darán una pronta respuesta. El documento detalla que lo harán por vía del reconocimiento.

En caso de que alguno de los comparecientes nieguen su responsabilidad tienen derecho a un juicio adversarial, pero en caso de ser vencidos en ese juicio, podrán recibir 20 años de cárcel.

Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, excomandante de las desmovilizadas Farc, lanzó duras críticas hacia la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que su funcionamiento se ha vuelto “lento y engorroso”, y que ha perdido el rumbo establecido en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de creciente debate sobre el futuro del tribunal de justicia transicional, avivado por propuestas recientes para acotar su mandato e incluso considerar su cierre.

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A través de su cuenta de X, Londoño expresó su frustración con el funcionamiento actual de la JEP, tribunal encargado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. “La JEP lleva 6 años muy bien presupuestados con relación al resto de los puntos del Acuerdo, alejándose del espíritu y de la letra de lo pactado, y volviéndose una justicia lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista”, señaló en su publicación.

El excomandante de las Farc también criticó la decisión del tribunal de distanciarse de su principal tarea: contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. “Como signatario del Acuerdo de Paz he expresado que la JEP decidió, por voluntad de sus magistrados, tomar distancia de la única y principal tarea que se les encomendó”, afirmó Londoño, añadiendo que el tribunal corre el riesgo de repetir los errores cometidos por el proceso de Justicia y Paz, diseñado para desmovilizar a los paramilitares.

Londoño fue contundente en su advertencia sobre el futuro del tribunal: “Es su decisión si contribuyen a la paz o a la reproducción de nuevas violencias”.

Controversia por las declaraciones de Otty Patiño

Las críticas de ‘Timochenko’ coinciden con la reciente controversia generada por las declaraciones del comisionado para la paz, Otty Patiño, quien también ha planteado la necesidad de revisar el funcionamiento de la JEP. En una entrevista con El Espectador, Patiño manifestó su preocupación por la prolongación de los procesos de justicia transicional: “Es que todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria”.

Patiño puso como ejemplo el macrocaso 01 de la JEP, que investiga los secuestros cometidos por las Farc. Aunque el antiguo secretariado de la guerrilla asumió la responsabilidad por estos crímenes, el comisionado señaló que el tribunal ha extendido sus investigaciones a niveles más bajos de la organización, generando, según él, una “inseguridad jurídica” entre los firmantes del acuerdo de paz.

La respuesta de la JEP

Frente a estos cuestionamientos, Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, respondió rechazando las propuestas para cerrar o acotar el tribunal. Durante el XIX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional organizado por la Corte Constitucional en Manizales, Vidal advirtió que un cierre prematuro de la JEP tendría graves consecuencias para el país y los actores del conflicto que están compareciendo ante el tribunal.

“Cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc-EP y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”, explicó Vidal, resaltando que la JEP ha sido fundamental para que la Corte Penal Internacional (CPI) haya levantado el examen preliminar sobre Colombia en relación con la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Vidal también hizo un llamado al respeto de la separación de poderes, recordando que la JEP es una institución independiente que debe cumplir su misión sin interferencias externas. “El Gobierno debe garantizar que la JEP pueda operar sin restricciones en la investigación de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado”, subrayó.

El llamado del expresidente Santos

El expresidente Juan Manuel Santos también intervino en el debate, pidiendo a la JEP que resuelva cuanto antes una demanda interpuesta por el exministro de Justicia, Yesid Reyes, contra una sentencia interpretativa del tribunal. Esta sentencia ha permitido que la JEP amplíe su jurisdicción a otros actores del conflicto, más allá de los máximos responsables.

Santos advirtió que esta ampliación podría comprometer la capacidad de la JEP para cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo de paz. “La JEP, que fue creada por el acuerdo de paz, necesita que le den instrucciones para que no continúe con una actitud maximalista”, señaló Santos, reiterando la importancia de que el tribunal se concentre en los máximos responsables del conflicto armado.

En medio de la conversación con la periodista española, el líder del partido Comunes se refirió a una supuesta reunión que habría concretado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que causó escozor en las filas del Centro Democrático.

“Que ‘Timochenko’ diga cómo, cuándo y dónde Uribe le propuso reunirse de manera clandestina. El expresidente Álvaro Uribe jamás se reúne de manera clandestina. El país ha sido testigo que durante toda su vida política y gestión de gobierno su agenda ha sido siempre pública, con testigos y de cara a la ciudadana”, indicó la colectividad en su cuenta de X.

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Ante esto, en un fragmento de la conversación con la comunicadora española, Timochenko se refirió a temas de interés público que corresponden a las violaciones que ocurrieron dentro de la organización criminal Farc, así como los abortos y los ataques a la fuerza pública. Según mencionó Londoño, los secuestros siempre fueron una política de la extinta guerrilla y aseguró que, en la actualidad, piensan que debió haberse suspendido “cuando en su momento lo planteamos”.

Del mismo modo, recordó cuando otro de los líderes de las Farc, Jacobo Arenas, mencionó que “esto es antipolítico e inhumano, es una barbaridad lo que estamos haciendo, suspendamos”. Con esto, Londoño reconoció que existe un arrepentimiento de parte de algunos integrantes de la colectividad por todo lo que ocurrió en materia de secuestros.

Otro de los puntos que llamó la atención dentro de la conversación, tuvo que ver con las constantes denuncias sobre violaciones al interior de la extinta guerrilla, al asegurar que “eso no era política de la organización”. También mencionó que cuando se presentaban estos actos de barbarie en contra de las mujeres al interior de las Farc “se castigaban muy fuertemente”.

En este mismo espacio, Eva Rey aprovechó para preguntarle en su programa, Desnúdate con Eva, sobre si era verdad de que se obligaba a las mujeres a abortar. Al respecto, el excombatiente puntualizó que cuando una combatiente ingresaba a sus filas “se le explicaba la situación de ser madre aquí, porque es que es la guerra y usted qué hace con un niño de brazos”.

Adicionalmente, expresó que se hacía todo un trabajo orientado a la práctica de planificación; sin embargo, cuando se registraba un embarazo “en cada caso se definía, se trataba de convencer a la mujer de que la mejor salida era abortar”.

¿Hubo o no reclutamientos de menores de edad?

Al final de esta charla, Rodrigo Londoño habló sobre los reclutamientos de menores de edad, y también por las denuncias de que en las filas de la extinta guerrilla se encontraron a niños menores de 15 años: que era la edad en la que estipulaban podían ingresar al grupo criminal. “Hubo gente menor de edad que ingresó, claro … En determinados momentos ingresó gente menor de 14, de 15 años”, agregó.

Frente a los combates que se presentan en las zonas rurales del país en los que la fuerza pública se enfrentó a las Farc, señaló que en medio de los enfrentamientos “usted no sabe si dispara o no dispara, si acertó o no acertó … Pensar que tú eres una persona al frente y toque matarla, eso no me tocó”.

En entrevista con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva, el excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, confesó que ha tenido la intención de conversar con el expresidente Álvaro Uribe, por lo que le ha enviado varias comunicaciones con el fin de encontrarse con él. Sin embargo, según detalló, no hubo una respuesta afirmativa en ningún momento.

No obstante, destacó que en cierta ocasión, de la cual no entregó detalles, el exmandatario quiso reunirse con él, pero que llegaría “como clandestino”. Sin embargo, estas condiciones de encuentro no cayeron bien en Londoño: “Eso es indigno”.

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“Con Uribe, en el proceso, intenté varias veces conversar con él. Le mandé cartas privadas, públicas y nunca aceptó. Una vez dijo que iba a ir, que si lo atendía, pero que iba a ir como clandestino, que iba a ir como de turista, entonces, que cuadráramos cómo encontrarnos”, relató el dirigente de Comunes en la entrevista.

Sus declaraciones en el programa llevaron al Partido Centro Democrático a defender al ex jefe de Estado, asegurando que nunca ha mantenido reuniones clandestinas, lejos del conocimiento público y sin testigos de lo que allí se dialoga. Asimismo, instó al excombatiente, conocido como alias Timochenko durante su tiempo activo en las filas armadas, a presentar pruebas de que, en efecto, el exmandatario le formuló la idea encontrarse con esas condiciones.

“Que “Timochenko” diga cómo, cuándo y dónde Uribe le propuso reunirse de manera clandestina. El expresidente Álvaro Uribe jamás se reúne de manera clandestina. El país ha sido testigo que durante toda su vida política y gestión de gobierno su agenda ha sido siempre pública, con testigos y de cara a la ciudadana”, indicó la colectividad en su cuenta de X.

De igual manera, aseguró que el “criminal de lesa humanidad Timochenko” está buscando captar la atención de la opinión pública con información relacionada con Álvaro Uribe, a pesar de que fue un presidente que, mediante su política de seguridad democrática, se centró en atacar a las extintas Farc-EP.

Álvaro Uribe y los “falsos positivos” cometidos durante su mandato

Londoño aclaró que, aunque sus intentos por acercarse al ex jefe de Estado fracasaron, no se cierra a la idea de conocer en algún momento a Álvaro Uribe, puesto que es una persona que integra la “vida política” colombiana. Incluso, confesó que no ve ningún problema en reunirse y dialogar alguna vez con el exmandatario, “independientemente de lo que haya hecho”.

Pues, Uribe ha sido cuestionado por la manera en que se ejecutó su política de seguridad democrática, teniendo en cuenta que durante su mandato (2002-2010) se registraron ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos, cometidos por militares de diferentes partes del país. Miles de civiles fueron asesinados por los uniformados para presentarlos como guerrilleros que fueron doblegados en combate, y así demostrar que estaban dando resultados. De hecho, la justicia argentina informó en julio de 2024 que iniciaría una investigación en su contra por estos hechos.

No obstante, el expresidente ha asegurado en múltiples ocasiones que estos crímenes cometidos por soldados y coordinados por altos mandos de las Fuerzas Militares, que incluso se presentaron años antes de que él llegara al poder, generaron una mancha en su política de seguridad.

“Los cometidos durante mi Gbno mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”, escribió el exmandatario en X.

El presidente del partido Comunes y excomandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, ha mostrado en varias oportunidades su postura en contra del expresidente Álvaro Uribe y su gestión, que ha sido puesta en duda debido a violaciones a los derechos humanos que se cometieron en contra de la población civil, conocidas como ejecuciones extrajudiciales. La relación entre ambos personajes de la política colombiana ha sido tensa, aunque eso no impidió que Londoño buscara ponerse en contacto con el exmandatario.

En conversación con Eva Rey, en el programa Desnudate con Eva, el presidente de Comunes se sinceró, asegurando que ha enviado varias cartas a Uribe, con la esperanza de que respondiera alguna, estableciendo una fecha para agendar una reunión. Sin embargo, según explicó, ninguna de ellas ha tenido una contestación afirmativa.

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“Con Uribe, en el proceso, intenté varias veces conversar con él. Le mandé cartas privadas, públicas y nunca aceptó. Una vez dijo que iba a ir, que si lo atendía, pero que iba a ir como clandestino, que iba a ir como de turista, entonces, que cuadráramos cómo encontrarnos”, contó el excomandante de las antiguas Farc en la entrevista.

Londoño no aceptó las condiciones establecidas por el exmandatario, de encontrarse sin que nadie más lo supiera. “No, eso es indigno”, aseveró.

A pesar de eso, reconoció que no tiene ningún problema en conocer al expresidente de la República y tener una conversación con él. “Me encantaría conocerlo, es un personaje de la vida política de este país, independientemente de lo que haya hecho”, precisó.

El ex jefe de Estado enfrenta un juicio por tres delitos: soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Además, la justicia de Argentina confirmó en julio de 2024 que los investigará por las ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como falsos positivos, que se registraron durante su mandato.

“Un matón santurrón”

Los presuntos vínculos del expresidente Uribe con el paramilitarismo también han sido un motivo de debate en el que Londoño participó, sobre todo, después de que el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso afirmara que alguna vez visitó la finca del exmandatario en el Ubérrimo. Frente a estas declaraciones, el exguerrillero instó a Uribe a someterse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Sugiero al doctor Uribe que, tras las declaraciones de Salvatore Mancuso y el monumental material probatorio por su presunta responsabilidad en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, se someta a la JEP”, escribió Londoño en su momento.

En respuesta, Álvaro Uribe tildó de sin sinvergüenza a Mancuso, y lo señaló de haber asegurado que cuando él y los demás paramilitares pasaban por el Ubérrimo, no miraban, porque sabían que el expresidente no iba a colaborar con ellos. “Tendrá que probarme que pasó de la calle, que conversó conmigo, cuando siempre dijo lo contrario”, añadió.

Asimismo, en otra publicación, arremetió contra Londoño, que era conocido como alias Timochenko dentro de las filas de las Farc. “De Timochenko lo único que hay que decir es que es un matón santurrón”, afirmó.

La relación con Juan Manuel Santos

Contrario a la situación con el expresidente, Rodrigo Londoño aseguró que su relación con el exmandatario Juan Manuel Santos, responsable de la firma de Acuerdo de Paz con las extintas Farc en 2016, es buena. De hecho, afirmó que valora el hecho de que el ex jefe de Estado no haya desaparecido después de lograr la paz con la antigua guerrilla, sino que ha estado pendiente de cómo avanza la ejecución de lo pactado.

“Hace poco hablamos. Estuvimos hablando sobre situaciones complejas que tenemos con la JEP. Mejor dicho, yo le valoro a él, pensaba que no lo iba a hacer. Yo dije: ‘Santos firma y hasta luego’. No, él firmó, salió de su gobierno y ha seguido pendiente de la implementación del acuerdo y en todo lo que ha podido ayudar, ha ayudado”, indicó el excombatiente en el programa.

A través de su cuenta de X, Uribe señaló que Borja fue retirado del Ejército Nacional en 2008 debido a denuncias por parte de la comunidad y posteriormente condenado a 40 años de prisión. Actualmente, el exuniformado se encuentra en libertad por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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En un mensaje difundido en su cuenta de X, el expresidente compartió un video en el que se observa a alias Timochenko junto con Borja y varios jóvenes que confrontan al exguerrillero por su arrepentimiento tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Uribe escribió en su publicación: “Rodrigo Londoño en Cali, con el coronel Borja, quien fue retirado de nuestro Gobierno en 2008 por graves denuncias de la comunidad. Condenado a 40 años, hoy libre por la JEP”.

Antes, Uribe había explicado las razones por las que Borja fue apartado del Ejército y argumentó que este último ahora busca ocultar sus delitos, alegando presiones. En una publicación del 11 de septiembre, Uribe afirmó: “Sobre en Coronel Borja: Me informa el General Padilla que el Coronel Borja fue retirado del Ejército en 2008 por quejas de la comunidad y un proceso en la Fiscalía. Recibió una larga condena carcelaria. Está libre por la JEP”.

El expresidente añadió: “Al hablar de presiones para justificar sus crímenes acusó al Ministro de Defensa de haberle exigido resultados para continuar en el puesto. Nadie le exigió delinquir. Ahora, en la compañía de Rodrigo Londoño, Farc, quiere esconder sus delitos en supuestas presiones. Debe recordarse que en nuestro Gobierno las Fuerzas Armadas protegieron a todos los colombianos”.

Los comentarios del exmandatario se centran en que, durante su gobierno, las Fuerzas Armadas actuaron bajo estrictas normas para salvar la seguridad de todos los ciudadanos, independientemente de su rol en la sociedad. El coronel Borja, que confesó 57 casos de falsos positivos, según Uribe, intenta justificar sus acciones mencionando presiones indebidas. Además, el expresidente defendió que, durante su mandato, la Seguridad Democrática avanzó significativamente en regiones como Sucre y los Montes de María.

“Me informa el General Padilla que el Coronel Borja fue retirado del Ejército en 2008 por quejas de la comunidad y un proceso en la Fiscalía. Recibió una larga condena carcelaria. Está libre por la JEP. Al hablar de presiones para justificar sus crímenes, acusó al Ministro de Defensa de haberle exigido resultados para continuar en el puesto. Nadie le exigió delinquir. Ahora, en la compañía de Rodrigo Londoño, Farc, quiere esconder sus delitos en supuestas presiones. Debe recordarse que en nuestro Gobierno las Fuerzas Armadas protegieron a todos los colombianos, gobernantes, opositores, empresarios, trabajadores, líderes sindicales, etc. El coronel, que confesó 57 falsos positivos”, indicó en otra publicación el ex jefe de Estado.

Uribe cerró su mensaje mencionando un video de 2013 en el que se comprometía al coronel Borja pidiendo dinero a sus compañeros para no involucrarlos en falsos positivos. Este video se utilizó para mostrar la falta de integridad del exmilitar y cómo ahora busca refugiarse en justificaciones de presiones externas para evadir sus responsabilidades.

“En 2013 se publicó este video, que comprometía al Coronel Borja pidiendo dinero a sus compañeros para no involucrarlos en falsos positivos”, expresó Uribe.

Así mismo, desde el Centro Democrático también se refirieron al tema por medio de las redes sociales, publicando el siguiente mensaje: “El Cnel. (r) Luis Fernando Borja que había sido condenado a 40 años de prisión por cerca de 57 denominados falsos positivos, ahora está en libertad y goza de privilegios gracias a la JEP”.

“En el Gobierno de Álvaro Uribe se pedían resultados con transparencia y apego a la ley en todos los frentes. La culpa nunca es de quien exige resultados, sino del incapaz criminal que, para fingir resultados, produce crímenes. Una de las justificaciones de Borja para delinquir es que, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le exigió resultados. Durante el Gobierno de Álvaro Uribe, en el 2008, el General Padilla lo retiró del Ejército”, agregaron.

Se conoció un video de Rodrigo Londoño, antes conocido con el alias de Timochenko, criticando el proyecto de paz del presidente Gustavo Petro. Si bien reconoce que hay voluntad y buenas intenciones, los puntos de referencia del Gobierno y su delegación de paz se están quedando cortos.

“Debemos exigir a un Gobierno que está convencido de su voluntad de paz que elabore una estrategia escuchando a la sociedad colombiana y a las víctimas. Si hay una falencia de que la que nosotros nos quejamos es que este Gobierno no tomó como punto de referencia nuestro Acuerdo. Hasta ahora lo está haciendo, después de dos años”, expuso.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) continúa examinando los hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Este miércoles, la Sala de Amnistía o Indulto entrevistó a Rodrigo Londoño, conocido durante su tiempo como líder de la extinta guerrilla de las Farc bajo el alias de ‘Timochenko’, de acuerdo con información obtenida por la emisora colombiana W Radio.

La sesión se centró en evaluar la posibilidad de concederle amnistía a Londoño por el delito de terrorismo, en relación con las amenazas lanzadas por las Farc contra funcionarios públicos en los departamentos de Santander y Norte de Santander en junio de 2002.

El proceso analizado en la entrevista se refiere a una serie de intimidaciones emitidas por la guerrilla, bajo la dirección de Manuel Marulanda, que exigían la renuncia inmediata de alcaldes, inspectores, jueces, fiscales y otros funcionarios en un plazo de 72 horas.

De no cumplir con la demanda, serían considerados “objetivos militares” por la organización guerrillera. Esta estrategia tenía como objetivo principal desestabilizar la gobernabilidad en la región, según lo explicó Londoño durante su comparecencia ante la JEP.

La magistrada Marcela Giraldo Muñoz, quien lideró la entrevista, detalló que estas amenazas resultaron en el desplazamiento forzado del alcalde de El Tarra, así como en la renuncia masiva de concejales en municipios como Ragonvalia, Gramalote, Lourdes, Alborada y Cucutilla, entre otros. La situación generó un clima de ingobernabilidad en Santander y Norte de Santander, acorde con los objetivos trazados por el secretariado de las Farc.

Durante la audiencia, Londoño confirmó que estas directrices provenían directamente de Manuel Marulanda, conocido como ‘Tirofijo’, líder máximo de las Farc. No obstante, negó que estas decisiones fueran tomadas en reuniones plenarias del secretariado, argumentando que los altos mandos del grupo no se reunían desde el año 2000. Este detalle es crucial para la JEP, ya que influye en la determinación de la responsabilidad colectiva o individual en los actos de violencia cometidos por la guerrilla.

La comparecencia de Londoño forma parte de la recopilación de información por parte de la JEP, que se encuentra en la fase de evaluación para decidir si procede concederle la amnistía por los hechos en cuestión o si, en su defecto, el caso debe encaminarse hacia otro proceso dentro de la misma Jurisdicción.

Esto podría incluir el macrocaso 10, el cual se centra en los crímenes no amnistiables cometidos por las Farc, con el objetivo de juzgar aquellos actos que no pueden ser perdonados bajo la ley de amnistía.

JEP analizará las medidas de orden público del Gobierno Petro en dos departamentos

Frente a la oleada de violencia que se presenta en el suroccidente colombiano, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) convocó al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y a las Gobernaciones de Cauca y Valle del Cauca, para que adelanten una audiencia pública que brinde medidas suficientes para garantizar la seguridad de las poblaciones de ambos departamentos.

“La situación de inseguridad que afecta al norte del Cauca y sur del Valle del Cauca exige acciones contundentes que permitan reducir, o en su defecto, minimizar el riesgo al que se enfrentan constantemente tanto el pueblo indígena como el pueblo negro y afrocolombiano”, explicó la JEP en un comunicado.

Según el tribunal, los hechos de violencia afectarían a personas involucradas en el macrocaso 05, que se refiere a la investigación que adelanta la jurisdicción frente a los crímenes cometidos en esta parte del país durante la época del conflicto armado.

“Este contexto prende las alarmas sobre las afectaciones en los territorios priorizados en la investigación del caso 05, exponiendo a los colectivos étnicos y sus representantes judiciales a un riesgo extraordinario que pone en peligro la vida, la integridad, la libertad y la autonomía de cientos de miles de indígenas y afrocolombianos”, sostuvo la JEP.

Las entidades citadas para esta audiencia fueron los ministerios del Interior, Defensa, Ambiente, Salud y Agricultura, así como la Unidad Nacional de Protección (UNP), Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Icbf, Defensoría del Pueblo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y las gobernaciones del Cauca y del Valle del Cauca, respectivamente.

Este encuentro se realizará los días 10 y 11 de septiembre del 2024 en la ciudad de Popayán, Cauca.

Integrantes del Secretariado de las Farc fueron citados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para responder por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, incluidas infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Según el tribunal, entre los llamados a rendir cuentas se encuentran Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko; el senador Julián Gallo; y el excomandante del Bloque Sur de las Farc, Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como Joaquín Gómez.

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De acuerdo con la JEP, los delitos que se les imputan incluyen homicidios, masacres, violencia sexual, desplazamientos forzados y desapariciones, así como el uso de medios y métodos ilícitos de guerra. Estos cargos son de tal gravedad que, según el tribunal, no son amnistiables y, por lo tanto, no pueden recibir el perdón judicial.

Asimismo, fueron convocados otros excomandantes de las Farc para declarar sobre su participación en estos crímenes. Entre ellos se encuentran Fabián Ramírez Cabrera, alias Fabián Ramírez, excomandante del Frente 14 y del Estado Mayor del Bloque Sur; Floresmiro Burbano, alias Martín Corena, excomandante del Frente 3 y del Estado Mayor del Bloque Sur; Jaime Tapiro García, alias Rubén Polanco, excomandante del Frente 14 y exintegrante del Estado Mayor de la Columna Móvil Teófilo Forero; y Omaira Rojas Cabrera, conocida como Sonia, quien fue comandante del Frente 14.

Según la JEP, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos determinó que estos bloques del Secretariado de las Farc operaban en las regiones del Quindío, Tolima, Huila, Meta, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá. Dichas operaciones estaban dirigidas a consolidar el poder de la guerrilla, utilizando la capital como centro estratégico.

Los informes indican que bajo órdenes directas del Secretariado, se llevaron a cabo diversas acciones que violaron las normas del DIH, atacando a la población civil y a comunidades vulnerables de manera recurrente. Estos actos, señala la JEP, no sólo buscaban consolidar el control territorial y político, sino que además infligieron sufrimiento y destrucción entre las comunidades afectadas.

La JEP ha recabado suficiente información y testimonios para concluir que los crímenes perpetrados no sólo violaron derechos fundamentales, sino que se realizaron de manera sistemática en el contexto del conflicto. Estas conclusiones refuerzan la necesidad de que los responsables comparezcan ante la justicia y enfrenten las consecuencias de sus actos.

La Sala de Reconocimiento destaca que los delitos cometidos por estos excomandantes forman parte de un patrón de comportamiento que buscaba perpetuar la violencia y el control de la guerrilla a través del miedo y la represión. El uso de la violencia sexual, los desplazamientos forzados y las desapariciones forzadas son ejemplos claros de las tácticas empleadas para este fin.

Los comparecientes deberán aportar su versión de los hechos y asumir responsabilidades ante la JEP, en un proceso que busca esclarecer la verdad y contribuir a la reconciliación nacional.

Los delitos que perdona la JEP

La JEP se enfrenta a un delicado equilibrio entre la justicia y la reconciliación en el país tras décadas de conflicto armado. Esta entidad, creada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y Farc, tiene la autoridad de otorgar amnistías y otros beneficios judiciales a excombatientes por ciertos delitos cometidos durante el conflicto. Sin embargo, la JEP distingue claramente entre los delitos que pueden ser perdonados y aquellos que no.

Delitos perdonables y delitos no perdonables se definen con precisión en su mandato. Por un lado, entre los delitos que sí pueden recibir amnistías se encuentran aquellos considerados como delitos políticos y conexos. Esto incluye rebelión, sedición, asonada, y otros delitos directamente relacionados con la participación en el conflicto armado, según informó el medio que no se menciona.

Por otro lado, la JEP no concede amnistías a los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y graves violaciones a los derechos humanos. Esta categoría incluye una amplia gama de atrocidades como homicidios, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, ataques contra la población civil, el uso de minas antipersonal, el reclutamiento de menores y desplazamientos forzados. Estos delitos deben ser investigados, juzgados y sancionados por la JEP.

Los responsables de estos graves delitos no amnistiables deben colaborar activamente en la búsqueda de la verdad, la reparación y asegurar la no repetición de estos actos para poder acceder a cualquier tipo de beneficio judicial. Esta colaboración incluye el reconocimiento de los hechos, la entrega de información veraz sobre el paradero de víctimas desaparecidas y la contribución a proyectos de reparación para las víctimas y la sociedad en general.

Desde la creación de la JEP, su trabajo ha sido observado intensamente tanto a nivel nacional como internacional. Las expectativas sobre su efectividad en la transición de Colombia hacia una paz duradera son altas, y su labor es un componente crucial en el proceso de reconciliación que busca cerrar una de las etapas más violentas de la historia reciente del país.

La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizar una investigación a los miembros del último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, por ocultar información relevante sobre el conflicto armado.

Según la organización que representa los intereses de los afectados por este grupo armado, Rodrigo Londoño y los senadores Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, no reportaron ciertos bienes que tenían las Farc avaluados en un valor cercano a los 100.000 millones de pesos.

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En ese sentido, Fevcol señaló que en el inventario de los bienes del grupo armado ilegal que hizo entrega a la Misión de Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación y al Gobierno nacional estaban “contemplados 722 bienes inmuebles, $12.000 millones en efectivo, USD 450.000, alrededor de 440.000 gramos de oro y 24.000 semovientes o cabezas de ganado”.

El documento radicado por las víctimas ante la JEP indica que la cúpula de las Farc entregó 50.000 elementos correspondientes a muebles y enseres, al igual que vehículos y joyas que obtuvo la guerrilla durante los 50 años de conflicto armado contra el Estado colombiano. El valor total estimado de los bienes entregados rondaría el billón de pesos.

“Sin embargo, el Gobierno ha dicho que de eso solo es monetizable efectivamente medio billón de pesos ($500.000 millones), pues entre lo incluido por las Farc hay cosas que no se pueden comercializar”.

El escrito puntualiza que existe un auto de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la jurisdicción sobre los bienes de las Farc, en el que se presentaron incongruencias entre las versiones, el testimonio de Rodrigo Londoño y, en particular, el de Pastor Alape, líder del Partido Comunes, que no corresponden a la versión dada por los otros firmantes del Acuerdo de Paz.

Por otro lado, la organización explicó que la Fiscalía General de la Nación avanza en una investigación frente a las irregularidades en la entrega del patrimonio de las Farc, señalando inconsistencias en el Valle del Cauca.

“El secretariado de las FARC-EP omitió dar información respecto a estos bienes, que la investigación penal, con las pruebas practicadas, ha determinado que son bienes de las Farc en cabeza de testaferros suyos”, indicó Fevcol en el documento.

Además, aseguró que “el secretariado de las FARC-EP, a través de Pablo Catatumbo, ha sido la verdadera dueña y determinadora del uso, goce y disposición de los bienes identificados en el expediente de la referencia radicado 13688, cuyo valor ha sido estimado en más de $100.000.000.000″.

En ese sentido, la organización señaló que uno de los fiscales que investiga la denuncia recibe amenazas de manera constante desde 2022. Por eso, solicitó a la entidad encargada de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, considerar sanciones a los implicados.

Igualmente, advirtió que, “si esto estuviera sucediendo, el antiguo secretariado de las Farc habría incumplido el compromiso de aportar verdad plena, algo que podría llevarlos, incluso, a una expulsión”.

Ante el presunto ocultamiento de bienes por parte del secretariado de las Farc, Fevcol señaló que “la omisión de información respecto a los bienes de las FARC-EP que están identificados en el expediente con radicado 13688 de 2015, que actualmente se encuentra a cargo del Fiscal 72 Especializado, doctor Simón Joaquín Rodríguez Wilches, avaluados en más de $100.000.000.000, constituye un evidente incumplimiento al deber de aporte a la verdad, al régimen de condicionalidad y transgrede el principio transversal de la centralidad de las víctimas del sistema penal transicional de la JEP”.

El 27 de junio, varios excombatientes del acuerdo de paz de 2016 en el departamento del Caquetá denunciaron amenazas de las disidencias del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc.

Estas amenazas obligarán a los firmantes a abandonar el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Miravalle, en San Vicente del Caguán.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y líder del Partido Comunes, expresó su preocupación en un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

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Londoño detalló que 14 mujeres, 44 hombres, 7 niñas y 17 niños son las víctimas de este desplazamiento forzado.

El expresidente Juan Manuel Santos también se manifestó contra las amenazas a los firmantes, pidiendo al Gobierno Nacional implementar las medidas de seguridad acordadas en el tratado de paz.

“Lo que está sucediendo en Miravalle con el EMC es totalmente inaceptable. El Gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz, recuperar el control del territorio, y proteger la vida de los firmantes y de las comunidades comprometidas con la construcción de paz”, afirmó Santos.

Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en las negociaciones con el ‘Estado Mayor Central’, anunció el envío de una comisión especial para verificar la situación en la zona.

Amenazas a firmantes de paz en Caquetá

por medio de un comunicado, el 23 de junio, el EMC de las disidencias de las Farc solicitaron a los firmantes de paz que se resocializan en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Miravalle (Caquetá), salir del lugar debido a la presencia de la Segunda Marquetalia en esa zona.

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De acuerdo con lo conocido por Semana, el EMC dio un plazo de 40 días para que desocupen sus hogares, tras citarlos a reuniones forzadas en Puerto Amor. También se conoció un comunicado del otro grupo en disputa, la Segunda Marquetalia, alertando sobre provocaciones de alias Urías y la disposición de minas antipersonal, poniendo en peligro a las comunidades locales.

“Queremos expresar nuestra preocupación y condena por los hechos que están ocurriendo en la zona de Reserva Campesina del Pato Balsillas, con responsabilidad del grupo que se hace llamar Estado Mayor Central al mando de Calarcá, quienes actualmente están en diálogos con el Gobierno nacional, aprovechando el cese al fuego y las manos atadas que tienen las Fuerzas Militares para realizar operaciones contra ellos. La situación es crítica y merece la atención inmediata de las autoridades y organismos defensores de derechos humanos”, fue parte de la misiva con fecha del 23 de junio, reseñada por el medio citado.

De otro lado, en el comunicado del EMC detallan la situación que estarían viviendo los exguerrilleros que decidieron acogerse a los acuerdos y regresar a la vida civil. “La injusticia social que continúa galopante en Colombia hace que, tanto los comprometidos con el Acuerdo de 2016 como los que seguimos en la lucha revolucionaria, tengamos intereses en común, al de la misma clase trabajadora”, indicó la misiva.

Enfatizaron en que la implementación del Acuerdo de Paz no ha funcionado, al resaltar que en lo que se refiere a la “Reforma Rural Integral” y sus avances, han sido mínimos o nulos. “Los dineros se los embolsillaron unos traidores de clase que decían ser revolucionarios y daban órdenes”, complementaron.

Además, señalaron a algunos exguerrilleros vinculados al Etcr de Miravalle de apoyar a sus contrincantes: “Es el caso lamentable del Etcr de Miravalle, claro... no por todos, sino por algunos residentes de ese espacio, que ha sido asaltado en su buena fe por grupos armados contrarrevolucionarios como la Segunda Marquetalia, que instrumentaliza a los excombatientes para ejecutar sus fechorías”.

Y agregan: “Acuden a ustedes, por cuenta de que sus necesidades con el Acuerdo de Paz no han sido solucionadas y el pan para sus hijos no da espera, entonces se rinden a los pies de esos delincuentes y sin calcular los efectos han hecho de Miravalle un foco de inseguridad”.

El Tribunal para la Paz, Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SeRVR), emitió un auto respondiendo a solicitudes de nulidad y sustentación de recurso de reposición en el caso que involucra a Rodrigo Londoño Echeverri y otros líderes del antiguo Secretariado de las Farc-Ep.

En una decisión detallada, el tribunal abordó múltiples puntos planteados por los abogados defensores Camilo Fagua Castellanos, Ana María Toncel Jaramillo, Álvaro Benítez Rondón, Laura Juliana Castellanos, Ernesto Gordillo Moreno y Orlando Bernal. Los abogados argumentaron que se habían quebrantado gravemente el debido proceso y la competencia material del tribunal.

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Uno de los puntos clave de la decisión fue la declaratoria de nulidad del Auto debido a defectos orgánicos y procedimentales absolutos y violaciones al debido proceso. En este sentido, el tribunal decidió suspender la actuación hasta que no se resuelvan de fondo las cuestiones sobre la nulidad.

El defensor de Rodrigo Granda Escobar presentó una solicitud de impedimento y recusación contra el magistrado Camilo Andrés Suárez Aldana alegando que la SeRVR no había resuelto la recusación antes de emitir el Auto. El tribunal concluyó que la violación de la suspensión en la actuación procesal constituía un defecto procedimental absoluto.

Este caso se enmarca en el Macrocaso 01, relacionado con las graves privaciones de libertad cometidas por las Farc-Ep, incluyendo secuestros y otros actos de violencia. El tribunal se enfrentó a la difícil tarea de determinar la correspondencia entre las conductas reconocidas, los patrones macrocriminales y las sanciones impuestas.

Evaluación de Daños y Contribución a la Reparación

El tribunal criticó la SRVR por no hacer una caracterización robusta ni una evaluación detallada del daño sufrido por las víctimas. Según la SeRVR, la Sala de Reconocimiento fue deficiente en identificar y categorizar adecuadamente el daño emocional, físico y psicológico de las víctimas, así como en determinar las necesidades exactas de reparación. La SeRVR señaló la falta de detalles sobre cómo se manifestaron estos daños y la insuficiente categorización de los trastornos psicológicos de las víctimas.

Sobre el Crimen de Lesa Humanidad de Esclavitud

Uno de los puntos controvertidos fue la imputación del crimen de lesa humanidad (CLH) de esclavitud. La defensa argumentó que los trabajos forzados impuestos por las FARC-EP no alcanzaban a configurar el delito de esclavitud porque no había evidencia de un ejercicio de dominio o propiedad sobre las víctimas. El Tribunal señala que es necesario llevar a cabo un análisis fáctico riguroso y respetar los principios.

El tribunal también abordó la naturaleza de la Policía Nacional en el conflicto armado. Se destacó que los miembros de la Policía, por su participación en operaciones militares conjuntas con las Fuerzas Militares, podrían ser considerados combatientes, no civiles protegidos. La defensa solicitó que se reconozca que no todas las retenciones de policías constituyen crímenes de guerra.

Finalmente, la defensa presentó un extenso recurso de reposición pidiendo la revocatoria parcial del Auto TP-SeRVR-AI-No.003-2024, argumentando la necesidad de emitir una única resolución de conclusiones, considerando todos los hechos y conductas imputados a los comparecientes.

El tribunal señaló la importancia de la justicia restaurativa y subrayó la necesidad de garantizar la transparencia y la participación efectiva de las víctimas. El auto de 2024 también enfrentó críticas por supuestamente discriminar contra comparecientes bajo un manto de “procedimientos flexibles”.

El Tribunal para la Paz de la JEP sigue avanzando en la compleja tarea de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, abordando cuestiones fundamentales de derecho procesal, contribución a la reparación y justicia transicional. La decisión reciente subraya la importancia de respetar el marco de legalidad y los derechos de todas las partes implicadas.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, insiste en la propuesta de llamar una asamblea nacional constituyente, para sacar adelante las reformas que propone su Gobierno y que han tenido un trámite difícil en el Congreso.

Sin embargo, dicha iniciativa ha sido criticada por diferentes sectores políticos del país. Incluso, el ex comandante de las Farc Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, se opuso a esa idea porque sería “una aventura peligrosa e innecesaria”.

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En su mensaje Timochenko dijo que convocar una asamblea constituyente es una aventura peligrosa e innecesaria y que el Estado incumplió el Acuerdo de Paz. Hizo un llamado a los señores Petro, Santos y Uribe para que reflexionen sobre el futuro del país, subrayando que Colombia merece vivir en paz y que es fundamental buscar caminos para un gran acuerdo nacional.

“Dos verdades irrefutables: Convocar una Asamblea Constituyente es una aventura peligrosa e innecesaria - El Estado incumplió el Acuerdo de Paz Sres. Petro, Santos y Uribe, pensemos en el futuro del país. Colombia merece vivir en paz. Busquemos caminos para el gran acuerdo nacional”, dijo Londoño por medio de su cuenta de X.

Pero este no fue el único comentario que hizo el líder político del partido Comunes con respecto a una hipotética constituyente. Timochenko afirmó que el proceso de paz de Colombia desató un verdadero poder constituyente, manifestado en masivas movilizaciones en respaldo a los Acuerdos de La Habana y la refrendación parlamentaria del Acuerdo de Paz. Según él, implementar el Acuerdo de Paz es poder constituyente en acción transformadora.

“El proceso de paz de Colombia desató un verdadero poder constituyente, expresado en masivas movilizaciones en respaldo a los Acuerdos de La Habana y la refrendación parlamentaria del Acuerdo de Paz. Implementar el Acuerdo de Paz es poder constituyente en acción transformadora”, comentó.

No obstante, además de dichas mensajes recientes por parte de Londoño ya que el 31 de mayo reafirmó el respaldo de su partido al Gobierno de Petro, subrayando que encarna el deseo de la mayoría de los colombianos por transformaciones significativas en la sociedad. Sin embargo, expresó su inquietud acerca de las consecuencias de convocar una Asamblea Constituyente en el escenario actual.

“Como constructores de paz, los firmantes del acuerdo de La Habana, hoy organizados en Comunes, seguimos con atención los polinomios de la realidad colombiana”, dijo en un vídeo que subió en su cuenta de X con respecto al tema.

En ese sentido, admitió las dificultades del país, resultado de un pasado conflictivo, y resaltó la importancia de fomentar una convivencia democrática y la tolerancia política para progresar hacia un gran consenso nacional.

También comentó que: “Una Asamblea Constituyente solo puede ser producto de un clamor generalizado en los campos y ciudades del país”. En ese sentido, a pesar de admitir que el Gobierno de Petro podría impulsar este anhelo, subrayó que no es algo que dependa únicamente de una única voluntad.

De igual manera dijo en el contenido audiovisual que: “Nuestro apoyo respecto al actual gobierno no excluye nuestro sentido crítico, de ahí que expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que pueden derivarse de la reciente del granjero del presidente en el sentido que no se puede cumplir el acuerdo de paz de 2016 si no se hace una Asamblea Constituyente creemos, por el contrario, que cumplir ese acuerdo puede sacar las más ondas transformaciones en Colombia”.

El dirigente político adicionalmente destacó que implementar los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016 podría ser más eficaz que convocar a una constituyente para alcanzar cambios importantes en Colombia.

En cuanto al presidente Gustavo Petro, la última vez que hizo referencia a convocar una constituyente dijo lo siguiente: “Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz. En esos intríngulis estamos”.

Rodrdgo Londoño, conocido como Timochenko, líder del partido político Comunes, expresó su desacuerdo con la propuesta del presidente Gustavo Petro y su Gobierno de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, con la excusa de que es para que los colombianos tengan participación en la toma de decisiones. A través de un video compartido en la cuenta oficial de su partido en X (antes Twitter), el firmante de paz dejó en claro su postura con relación a esta iniciativa.

Durante varios meses, el presidente Petro ha reiterado en sus discursos gubernamentales y en sus redes sociales la intención de convocar una constituyente con el objetivo de ampliar la participación ciudadana; sin embargo, esta propuesta provocó controversia, con líderes que argumentan que podría ser una estrategia para buscar la reelección y consolidar el poder en manos del gobierno actual.

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El mandatario advirtió el 15 de marzo de 2024, durante su discurso en Cali, la posibilidad de una constituyente en caso de que la institucionalidad del país no permita la aplicación de la Constitución de 1991: “Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”.

Ante esta propuesta, Timochenko reiteró el compromiso de su partido con el Gobierno de Petro, al destacar que representa la voluntad de la mayoría de los colombianos en busca de cambios profundos en la sociedad. Sin embargo, manifestó su preocupación por las repercusiones de convocar una Asamblea Constituyente en el contexto actual.

“Como constructores de paz, los firmantes del acuerdo de La Habana, hoy organizados en Comunes, seguimos con atención los polinomios de la realidad colombiana”, expresó Londoño. Reconoció las complejidades del país, heredadas de un pasado violento, y la necesidad de una convivencia democrática y tolerancia política para avanzar hacia un gran acuerdo nacional.

En cuanto a la propuesta de Petro, Timochenko señaló la importancia de la movilización organizada del pueblo colombiano para legitimar la constituyente. “Una Asamblea Constituyente solo puede ser producto de un clamor generalizado en los campos y ciudades del país”, afirmó. Aunque reconoció la posibilidad de que el Gobierno Petro pueda avivar este clamor, destacó que no depende únicamente de una sola voluntad.

El líder político expresó que el apoyo a Petro no excluye el sentido crítico de su partido. En este sentido, manifestó su preocupación por las consecuencias de la declaración del presidente, quien afirmó que no se puede cumplir el acuerdo de paz de 2016 sin constituyente. Timochenko argumentó que, por el contrario, cumplir ese acuerdo podría desencadenar transformaciones en el territorio colombiano.

“Nuestro apoyo respecto al actual gobierno no excluye nuestro sentido crítico, de ahí que expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que pueden derivarse de la reciente del granjero del presidente en el sentido que no se puede cumplir el acuerdo de paz de 2016 si no se hace una Asamblea Constituyente creemos, por el contrario, que cumplir ese acuerdo puede sacar las más ondas transformaciones en Colombia”, destacó Londoño.

El líder político resaltó que cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016 puede ser más efectivo que convocar una constituyente para lograr transformaciones significativas en Colombia.

La declaración de Timochenko también puso de manifiesto las divisiones y debates en torno a la propuesta de Petro, por lo que evidenció la diversidad de opiniones dentro del espectro político colombiano. Mientras algunos sectores respaldan la iniciativa como una oportunidad para impulsar cambios estructurales, otros expresan reservas sobre sus implicaciones y el proceso de legitimación necesario para llevarla a cabo.

Todavía siguen los coletazos ante la sorpresiva insinuación que hizo el fin de semana el excanciller Álvaro Leyva acerca de que con el pretexto de garantizar el cumplimiento del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc se pueda habilitar una constituyente en Colombia, y que el mismo presidente de la República, Gustavo Pero, respaldó en su cuenta oficial de la red social X.

El ruido que generaron estas declaraciones, tuvieron mayor repercusión el martes, luego de que la senadora del Pacto Histórica señalara que buscaría que el mandatario pueda ser reelegido, en medio de una entrevista que concedió en el noticiero Cablenoticias.

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“Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el Gobierno para lograr algo de cambio”, afirmó.

Aunque aclaró que no se trata de una iniciativa del jefe de Estado, sino que era un deseo de ella y de los seguidores del presidente.

En ese ambiente crispado, el propio Petro le salió al paso a la controversial declaración y en la tarde del martes 28 de mayo negó nuevamente que le interese que su periodo se extienda más allá a lo que establece la Constitución.

“A mi personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que si se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de estado. La razón es una: Incumplieron. No sabían lo que firmaron (sic)”, señaló.

En el mismo trino, explicó que por tratados internacionales Colombia tenía que garantizar ese pacto, con el que las extintas Farc renunciaron a la lucha armada.

“La declaración unilateral de Estado según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan tres tareas:. Leer la convención de Viena, leer el acuerdo de Paz y cumplir (sic)”, añadió.

Ante esa nueva afirmación de Petro, el otrora máximo jefe insurgente de la desaparecida guerrilla, Rodrigo Londoño, también recordado por su antiguo nombre de guerra ‘Timochenko’, reaccionó con una tímida afirmación en la que en principio no tomó partido, ni a favor ni en contra de una posible constituyente o para que Petro pueda ser reelegido.

“El Acuerdo Final de Paz es de obligatorio cumplimiento para las partes. Las extintas FARC-EP, alta parte contratante del Acuerdo, hemos cumplido a cabalidad lo pactado (sic)”, se limitó a decir.

Finalmente señaló que el destino del país y del conflicto armado interno que padece desde hace 70 años, solo recaerá en las instituciones colombianas.

“El futuro de paz o violencia, vida o muerte, en el país, depende de que el Estado cumpla lo pactado (sic)”, concluyó.

Se debe recordar que el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, el domingo, hizo la polémica insinuación de buscar una constituyente, desde el acuerdo de paz con las Farc.

Sin embargo, uno de los primeros en reaccionar en esa posibilidad que dejó entrever el exfuncionario, fue precisamente el expresidente y Premio Nobel de Paz en 2016, Juan Manuel Santos.

“Usar el acuerdo de paz con las Farc para convocar una constituyente es un absurdo”, reprochó en otra grabación.

El presidente Gustavo Petro denunciará en la ONU el incumplimiento del acuerdo de paz, especialmente en los puntos de reforma agraria, transformación del territorio y verdad judicial, que se firmó durante el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Esta información fue apoyada públicamente por el senador Julián Gallo, conocido durante el conflicto armado como Carlos Antonio Lozada, en Blu Radio.

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En su intervención, Gallo destacó la importancia de que Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko y actual presidente del partido Comunes, acompañe a Petro en su presentación en la ONU. “Es fundamental que se escuche también la voz de las antiguas Farc, como alta parte contratante del acuerdo, que hoy en día es un documento oficial de las Naciones Unidas”, afirmó el senador.

Petro expresó que se está incumpliendo lo pactado en términos de reforma agraria, transformación del territorio y verdad judicial. Pretende llevar estas preocupaciones a la ONU para que sean abordadas y reconocidas internacionalmente.

El senador Gallo también mencionó que las modificaciones hechas al acuerdo durante su tramitación en el Congreso y las decisiones posteriores de la Corte Constitucional han distorsionado el contenido original del mismo y perjudicado su implementación.

“Es necesario que el presidente Petro no solo denuncie estos cambios, sino que también lleve al texto inicial y no a lo que se modificó,” dijo Carlos Antonio Lozada. Este punto es crucial para los signatarios originales del acuerdo, que consideran que la implementación de las modificaciones ha tenido un impacto negativo en el progreso de la paz.

El senador Gallo proporcionó detalles sobre los puntos clave en los que se han observado fallos significativos. La falta de avance en la reforma política, que es crucial para ajustar los topes y fuentes de financiamiento en las campañas electorales, aún es un problema. Además, se mencionó que “aún no se ha avanzado suficientemente en la distribución y titulación de tierras”, un aspecto fundamental para la reforma agraria pactada.

Gallo resaltó la necesidad de que la voz de las antiguas Farc sea tomada en cuenta en este proceso. Citó que la denuncia sobre el incumplimiento del acuerdo de paz debe incluir las perspectivas y experiencias de las Farc, que fueron parte esencial del acuerdo. Este documento es reconocido oficialmente por la ONU, y por lo tanto, cualquier incumplimiento pone en riesgo el progreso y estabilidad que se ha logrado hasta ahora.

El presidente Petro y sus aliados buscan no solo evidenciar los incumplimientos, sino abogar por un retorno al texto inicial del acuerdo. Argumentan que las enmiendas realizadas no reflejan el espíritu original del pacto y que la implementación ha sido deficiente en varios frentes, especialmente aquellos que debían beneficiar a las comunidades rurales y excombatientes.

La propuesta de llevar a Timochenko ante la ONU tiene como fin, de acuerdo con el partido, resaltar la perspectiva de los excombatientes y garantizar que sus preocupaciones y experiencias sean consideradas al tratar de resolver los problemas relacionados con el acuerdo de paz.

La gravedad de la situación expuesta por el senador Gallo se centra en que los cambios legislativos y judiciales han impactado negativamente la implementación de un acuerdo que busca transformar el panorama rural y político de Colombia, facilitando el retorno de tierras y estableciendo verdades judiciales reconciliadoras.

Gallo concluyó su intervención subrayando que el apoyo del presidente Petro a esta causa es crucial para avanzar en los objetivos de paz. “Es fundamental que la comunidad internacional sepa que el acuerdo de paz está siendo manipulado y que se necesita una intervención para rectificar y volver al camino trazado inicialmente,” expresó el senador.

La decisión de Gustavo Petro de llevar estos asuntos ante la ONU, respaldada por líderes de las Farc como Carlos Antonio Lozada y Timochenko, busca no solo denunciar, sino también rectificar las desviaciones que han surgido en el proceso de implementación de los acuerdos de paz firmados hace varios años. Este acto pretende asegurar que los compromisos adquiridos en el acuerdo original se respeten y que la voz de todas las partes implicadas sea escuchada en la comunidad internacional.