La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a seis antiguos integrantes del último Secretariado de las extintas Farc para que reconozcan públicamente su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños, además de las violencias registradas durante su permanencia en la guerrilla.

La diligencia se realizará los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Los convocados son Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”; Jaime Alberto Parra; Milton de Jesús Toncel; Pablo Catatumbo; Pastor Alape y Julián Gallo.

Los seis deberán comparecer ante las víctimas, la justicia y el país como presuntos máximos responsables de los crímenes imputados en el Caso 07, que investiga el reclutamiento de menores de edad y los hechos ocurridos dentro de las filas de esa organización armada.

“La JEP convoca a seis exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP a audiencia pública de reconocimiento de verdad por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños y por las violencias cometidas en su contra dentro de las filas. La diligencia será los días 7, 8 y 9 de abril de 2027″, indicó el tribunal.

La audiencia tratará el reclutamiento y los crímenes cometidos dentro de las filas

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP programó la audiencia tras evaluar las manifestaciones presentadas por los comparecientes y las observaciones formuladas por víctimas, representantes, pueblos étnicos acreditados y el Ministerio Público.

La Jurisdicción indicó que encontró elementos preliminares para llamar a los exdirigentes a esta etapa. “La Jurisdicción valoró preliminarmente el reconocimiento expresado por los comparecientes y encontró que reúne los elementos básicos” para convocarlos, señaló la entidad.

Durante las primeras sesiones se abordarán los patrones de reclutamiento y utilización de niñas y niños, así como los malos tratos, las torturas y los homicidios intrafilas atribuidos a estructuras de las antiguas Farc.

La JEP mantuvo la calificación de crimen de guerra para el reclutamiento, alistamiento y utilización de adolescentes de 15, 16 y 17 años desde el 25 de junio de 2005, pese a las objeciones de los comparecientes.

Las violencias reproductivas tendrán sesiones separadas

Las violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio serán tratadas en espacios diferenciados. La JEP explicó que esa decisión busca brindar acompañamiento especializado, condiciones de seguridad y medidas para evitar la revictimización.

“Las violencias reproductivas, sexuales y por prejuicio se abordarán en sesiones diferenciadas de la misma audiencia. La Sala resalta que los daños que sufrieron las víctimas exigen una preparación psicojurídica específica, aplicación reforzada del enfoque de género y garantías de reserva, seguridad y no confrontación”, indicó la JEP.

La Sala llamó además a nueve antiguos integrantes de las Farc a reconocer responsabilidad por malos tratos, torturas, ejecuciones y juicios sin garantías contra menores reclutados. Cinco de ellos también deberán responder por su presunto liderazgo regional en violencias reproductivas contra niñas.

La información recopilada identificó al menos 104 víctimas de tortura, 28 de tratos crueles y 208 personas sometidas a condenas o ejecuciones sin juicio previo o sin garantías indispensables. Al menos 62 niñas y niños fueron ejecutados por estructuras de las Farc.

La Sala documentó también 218 víctimas de violencias reproductivas y 356 hechos. De ese total, 313 ocurrieron cuando las víctimas eran niñas. Los casos incluyen anticoncepción y abortos forzados, malos tratos asociados a esos procedimientos, entrega forzosa de recién nacidos y dos asesinatos de bebés.

Al finalizar las sesiones, la Sala presentará una única resolución de conclusiones ante el Tribunal para la Paz, que deberá adoptar una sentencia y definir las sanciones propias que correspondan.

“Una vez concluida esta audiencia y las demás que se convoquen por los patrones imputados en el Caso 07, si el reconocimiento cumple los requisitos para continuar por la vía dialógica, la Sala presentará una única Resolución de Conclusiones sobre los cinco patrones. Al Tribunal para la Paz le corresponderá dictar sentencia e imponer las Sanciones Propias, si así lo determina”, aseveró la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 excomandantes de las extintas Farc-EP, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido como ‘Pastor Alape’, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el marco del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables atribuidos a la antigua guerrilla que no fueron examinados en otros procesos de la justicia transicional. La investigación estuvo a cargo del despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

Según la JEP, los imputados fueron máximos responsables de hechos cometidos por los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe, también denominado Bloque Martín Caballero, en regiones donde la presencia estatal era limitada o inexistente.

Los excomandantes vinculados a la imputación

Además de Londoño y Alape, la decisión cobija a tres antiguos mandos del Bloque Magdalena Medio: Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, conocido como ‘Alberto Cancharina’; y Jairo Reinaldo Cala Suárez, conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.

Por el Bloque Caribe fueron imputados Abelardo Caicedo Colorado, ‘Solís Almeida’; Osmany Landero Fajardo, ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo David, ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Antonio Oviedo Aldana, ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’; y Héctor Enrique Hernández López, ‘Fabio Borges’.

La JEP indicó que, antes de la firma del Acuerdo de Paz, Oviedo era el único de los excomandantes incluidos en esta providencia que había sido capturado por la justicia ordinaria.

Los delitos atribuidos por la Sala de Reconocimiento

La Sala atribuyó a los 11 comparecientes responsabilidad por crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, tortura, tratos crueles, violencia sexual, ataques contra la población civil y ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como escuelas, hospitales e iglesias.

También deberán responder por los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura, otros actos inhumanos, violación y violencia sexual. Estos delitos, por su gravedad, no pueden recibir amnistía.

La decisión establece que las conductas investigadas respondieron a dos patrones. El primero se relaciona con el control social y territorial impuesto en zonas rurales. El segundo abarca delitos cometidos durante acciones armadas, tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas y ataques con explosivos.

En cuanto al control territorial, la JEP identificó persecuciones contra personas consideradas colaboradoras de grupos paramilitares o de la fuerza pública, castigos por el incumplimiento de normas impuestas por la guerrilla y acciones contra autoridades locales para generar un “vacío de poder”.

La masacre de La Duquesa y la violencia contra civiles

Entre los hechos documentados está la masacre de la finca La Duquesa, en Río Chiquito, zona rural de Tibú, Norte de Santander. En 2004, integrantes del Frente 33 del Bloque Magdalena Medio asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos adolescentes de 15 y 17 años.

De acuerdo con la investigación, los guerrilleros ingresaron a la finca durante la madrugada, amarraron a los trabajadores y los asesinaron. La JEP señaló que el hecho se produjo en medio de la disputa territorial con estructuras paramilitares que tenían presencia en la zona.

La Sala también documentó amenazas, desplazamientos y homicidios contra líderes comunitarios, integrantes de organizaciones campesinas, docentes y referentes religiosos. Entre los casos mencionados están el asesinato del sacerdote José Antonio Beltrán Monsalve, en Landázuri, Santander, en 1991; la muerte del pastor Fredis Antonio Urueta Barreto, en Toluviejo, Sucre, en 2002; y el homicidio del docente Hedis Marcial Chamorro Torres, frente a sus estudiantes en El Carmen de Bolívar, en 1995.

La imputación incluye hechos de violencia sexual que, según la JEP, fueron empleados como formas de castigo, intimidación y control contra personas que desafiaban las reglas de las Farc o tenían vínculos con integrantes de la fuerza pública.

Tomas guerrilleras, atentados y ataques con explosivos

En el patrón relacionado con las hostilidades, la JEP incluyó la toma de Chalán, Sucre, ocurrida en 1996. Durante esa incursión, el Frente 35 activó un “burro bomba” con 50 kilogramos de explosivos. El ataque causó la muerte de 11 policías, destruyó parte del casco urbano y provocó la salida de numerosos habitantes del municipio.

La Sala examinó también el ataque contra la estación de Policía de San Calixto, Norte de Santander, ocurrido el 18 de marzo de 2011. La acción, atribuida al Frente 33, afectó una vivienda cercana y causó la muerte de tres integrantes de una familia, entre ellos una recién nacida.

Otro de los casos incluidos es el atentado con carro bomba contra Caracol Radio, en Bogotá, el 12 de agosto de 2010. Exintegrantes del Frente 33 reconocieron ante la JEP su participación en ese hecho, que dejó nueve personas heridas y daños materiales en varias edificaciones del sector.

La decisión también documentó el atentado contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez en Barranquilla, en 2002. La explosión de un vehículo cargado con cilindros de gas dejó cinco civiles muertos y varias personas heridas.

Las regiones donde operaron los bloques Caribe y Magdalena Medio

El Bloque Magdalena Medio tuvo presencia en Santander, Norte de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar, noroccidente de Boyacá, Nordeste antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño.

El Bloque Caribe actuó en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre, con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana.

Para adoptar la imputación, la JEP analizó los relatos y acreditaciones de 733 víctimas, 72 informes presentados por víctimas y organizaciones de derechos humanos, 15 versiones colectivas y nueve individuales de antiguos integrantes de las Farc. También revisó 1.859 denuncias de la Fiscalía, además de información del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad y otros casos de la jurisdicción.

Los plazos para reconocer o rechazar la imputación

Los 11 comparecientes tendrán hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer los hechos y su responsabilidad o para rechazarlos, con la posibilidad de presentar argumentos y elementos adicionales.

Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán formular observaciones hasta el 8 de febrero de 2027. La JEP también ordenó a los imputados aportar la información que tengan sobre personas desaparecidas a la jurisdicción y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

La investigación identificó a 54 personas cuyo paradero aún se desconoce. Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la JEP podrá convocar una audiencia pública de reconocimiento. Si rechazan los cargos, los expedientes pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar un juicio y penas de hasta 20 años de prisión.

La exsenadora y actual militante del Partido Republicano de Colombia María Fernanda Cabal intervino en la controversia política surgida entre la legisladora del Centro Democrático María Clara Posada y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La discusión comenzó luego de que la titular del organismo humanitario le solicitara a la congresista retractarse de varios señalamientos emitidos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A través de su cuenta en la red social X, María Fernanda Cabal respaldó la posición de la legisladora y dirigió duros cuestionamientos contra la dirección de la Defensoría del Pueblo; la excongresista vinculó la actuación de Marín Ortiz con decisiones administrativas previas y relaciones familiares de funcionarios en zonas de conflicto territorial.

“No olvidar la responsabilidad de la defensora -que solo defiende a sus amigos- con las actuaciones del defensor de Norte de Santander, primo de Silvana Guerrero (la sociópata jefe terrorista del ELN)”, publicó la líder que mantiene diferencias con el sector del uribismo en la red social.

La excongresista se refirió a Ever Jesús Pallares Baene, exdefensor regional del Pueblo en Ocaña, que renunció a su cargo tras las denuncias relacionadas con su parentesco con Luz Amanda Pallares, alias “Silvana Guerrero”, cabecilla del Ejército de Liberación Nacional.

En ese momento, la Fiscalía adelanta investigaciones para establecer si hubo filtración de información confidencial y posibles amenazas contra líderes sociales. Pallares negó cualquier vínculo ilegal y aseguró que sus encuentros con integrantes de la guerrilla se dieron en unas misiones humanitarias, al señalar su disposición a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

Pese a las controversias y a las aclaraciones realizadas en su momento, estos hechos fueron suficientes para que la excongresista retomara lo sucedido y cuestionara la actuación de la Defensoría del Pueblo.

Cabal se pronunció tras la defensa de María Clara Posada a la petición de rectificación sobre la JEP

El pronunciamiento de Cabal se produjo en respuesta a una carta pública enviada por la senadora María Clara Posada a la defensora Iris Marín. En la misiva, la integrante del Centro Democrático rechazó de manera formal la solicitud de rectificación y advirtió que la postura de la funcionaria vulnera sus garantías parlamentarias en el ejercicio de la oposición.

En el documento, Posada afirmó que el requerimiento de la entidad no tiene sustento jurídico y aseguró que este tipo de pronunciamientos institucionales terminan afectando su seguridad personal. La congresista defendió su derecho constitucional a la libertad de expresión y a las tareas de control político sobre los dineros del Estado.

“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, escribió María Clara Posada en su comunicación dirigida al despacho de la Defensoría.

La legisladora argumentó además que las autoridades no pueden exigirle rectificar opiniones ni interpretaciones sobre hechos de interés general.

Posada sostuvo que no ha difundido información falsa sobre la JEP y calificó la solicitud como un intento por limitar los juicios críticos que resultan incómodos para los funcionarios públicos: “La Constitución protege el disenso, no solo la coincidencia con las autoridades. Me ratifico en mi apreciación sobre las imágenes divulgadas”.

En su carta, Posada insistió en señalar asimetrías en las actuaciones de los magistrados de justicia transicional al momento de escuchar a los distintos comparecientes. La senadora sostuvo que exintegrantes de grupos insurgentes contaron con audiencias de carácter reservado, mientras que miembros de la fuerza pública fueron sometidos a diligencias abiertas, en referencia a las declaraciones de Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, en las que se reía y señalaba que no hubo malos tratos en los cautiverios de las extintas guerrillas de las Farc-EP.

“Considero impropio el trato observado hacia quien integró la dirección de una organización responsable de secuestros y crímenes atroces. Ninguna decisión judicial posterior borra esa historia ni impide contrastar dicho trato con el dispensado a una víctima”, declaró la legisladora del Centro Democrático.

La senadora incluyó en su balance reparos sobre el porcentaje de entrega de bienes por parte de las antiguas Farc y los modelos de contratación de la JEP mediante agencias internacionales. Asimismo, recordó el paso laboral de Iris Marín como magistrada auxiliar dentro de la jurisdicción especial antes de llegar a la Defensoría.

“Muchos informes y advertencias de la Defensoría me parecen sesgados, descontextualizados y próximos a una orientación ideológica reconocible. Jamás se me ocurriría exigirles que adopten mi punto de vista: sería irrespetuoso institucionalmente. Espero que quienes dirijan la entidad en el futuro examinen el panorama nacional con mayor contexto y objetividad. Mi desacuerdo no me autoriza a dictarles qué pensar”, puntualizó la congresista.

La senadora colombiana María Clara Posada Caicedo respondió a la Defensoría del Pueblo que no rectificará sus publicaciones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y defendió su derecho a cuestionar las actuaciones de ese tribunal, tras el pedido de la entidad por los videos difundidos sobre la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.

En una carta fechada el 24 de octubre de 2026 y dirigida a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y a la defensora encargada, Paula Cristina Aponte Urdaneta, Posada rechazó la solicitud de rectificación. La congresista sostuvo que sus opiniones están amparadas por los artículos 20, 114 y 133 de la Constitución, así como por la Ley 5 de 1992.

“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”, afirmó la senadora en el documento.

Posada defendió sus cuestionamientos por un video de Timochenko

La parlamentaria se refirió a imágenes difundidas de una diligencia judicial en la que aparece Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, exintegrante del Secretariado de las antiguas Farc-EP. Posada afirmó que considera inapropiado el trato hacia una persona que formó parte de la dirección de una organización responsable de secuestros y otros delitos.

También cuestionó lo que describió como diferencias entre las audiencias de exintegrantes de las extintas Farc y miembros de la fuerza pública. Según expuso, algunos comparecientes de la exguerrilla participaron en diligencias reservadas, mientras que militares afrontaron audiencias públicas transmitidas en vivo y con intervenciones de asistentes.

La senadora pidió explicaciones sobre las reglas aplicadas y las garantías para víctimas y comparecientes. “La independencia judicial merece respeto. La independencia del Congreso, también”, señaló al cierre de su carta.

La Defensoría pidió rectificar publicaciones sobre la magistrada Julieta Lemaitre

La respuesta de Posada se produjo después de que la Defensoría del Pueblo rechazara una campaña de desprestigio y desinformación contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, integrante de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El organismo incluyó en ese llamado a las publicaciones de Posada y del senador Germán Rodríguez. Según la entidad, ambos divulgaron fragmentos aislados de diligencias judiciales y plantearon insinuaciones sobre una supuesta relación entre Lemaitre y antiguos miembros de las Farc.

La Defensoría consideró que esas publicaciones presentaron información falsa como cierta y recurrieron a estereotipos sexistas. Además, advirtió que los ataques personales contra la magistrada pueden afectar su integridad, la autonomía judicial y la confianza pública en las instituciones.

El comunicado recordó que el despacho de Lemaitre emitió nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad. También indicó que sus investigaciones aportaron a las condenas contra antiguos integrantes del Secretariado por secuestros y otros hechos.

La carta incluyó críticas a la JEP, la Defensoría y la entrega de bienes

En su respuesta, Posada cuestionó la actuación de la Defensoría frente a la JEP y pidió información sobre el seguimiento a los bienes que las Farc-EP se comprometieron a entregar para la reparación de las víctimas.

La senadora sostuvo que, de acuerdo con las cifras que mencionó, estaría pendiente la entrega del 81,8% de los inmuebles y del 96,5% de los bienes muebles comprometidos. También pidió explicaciones sobre contrataciones de la JEP efectuadas por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

Posada afirmó que, según la información que ha denunciado, por esa vía se habrían ejecutado $201.467 millones. La parlamentaria cuestionó la publicidad de esos contratos, los mecanismos de control de recursos y las restricciones legales aplicables.

La congresista también aludió a la anterior vinculación profesional de Iris Marín con la JEP. Aclaró que ese antecedente no prueba por sí solo una falta de imparcialidad, aunque sostuvo que exige transparencia sobre los criterios institucionales empleados por la Defensoría.

La Defensoría defendió la crítica institucional sin ataques personales

En su comunicado, la Defensoría reconoció que las decisiones y el funcionamiento de la JEP pueden ser objeto de control político, reformas y críticas. No obstante, pidió que ese debate se base en información completa, verificable y libre de expresiones discriminatorias.

La entidad propuso discutir asuntos relacionados con la duración de los procesos, las sanciones restaurativas y la reparación a las víctimas, incluidas las indemnizaciones y el cumplimiento de planes colectivos.

La Defensoría solicitó a los congresistas que rectifiquen las afirmaciones cuestionadas y convocó al Congreso, al Gobierno, a la JEP, a las víctimas y a la sociedad a sostener una discusión técnica y respetuosa sobre la justicia transicional.

Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko cuando era guerrillero, volvió al centro del debate por una eventual extradición a Estados Unidos por conductas de narcotráfico que habrían ocurrido antes del Acuerdo Final de Paz de 2016. La fecha de los hechos definiría si puede aplicarse la garantía constitucional de no extradición prevista para antiguos integrantes de las Farc-EP sometidos al sistema de justicia transicional.

Por ahora, los documentos judiciales estadounidenses conocidos no incluyen una solicitud formal de extradición contra Londoño ni lo catalogan como acusado. Las preguntas surgieron por menciones SOBRE presuntos nexos entre antiguos jefes guerrilleros y actividades de narcotráfico vinculadas al entorno del exdictador de Venezuela Nicolás Maduro, según una investigación de El Tiempo.

La abogada María del Rosario Vargas Montero, coautora de La verdad de la comisión de la verdad, sostuvo en diálogo con La FM Fin de Semana que la protección depende principalmente del momento en que habrían ocurrido las conductas. Su análisis se apoya en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, que incorporó disposiciones para implementar el Acuerdo de Paz.

Cabe recordar que Maduro, que fue capturado por el gobierno de Donald Trump el 3 de enero de 2026, enfrenta los cargos de conspiración de narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

El 24 de noviembre de 2016 como límite temporal

La fecha determinante es el 24 de noviembre de 2016, día de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP. La norma contempla una garantía de no extradición para los integrantes de esa organización y para quienes sean acusados de pertenecer a ella, siempre que se sometan al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Vargas Montero afirmó que no sería procedente entregar a Estados Unidos a un antiguo jefe guerrillero por hechos previos a esa fecha: “No resulta posible”. Durante la conversación se planteó que las acusaciones incluidas en documentos estadounidenses podrían referirse a conductas de 2013.

La protección puede abarcar delitos amnistiables y no amnistiables que estén comprendidos en el marco transicional. Sin embargo, el límite temporal no basta por sí solo: también debe establecerse la condición de la persona, el vínculo de las conductas con el conflicto armado y la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las facultades de la Jurisdicción Especial para la Paz

La posible omisión de información ante la Jurisdicción Especial para la Paz no modifica, según la interpretación de Vargas Montero, la relevancia de la fecha de los hechos. La abogada sostuvo que “todo hecho previo al 24 de noviembre de 2016 no estaría sujeto a extradición”.

Esa garantía no implica una inmunidad frente a investigaciones o consecuencias judiciales. La JEP puede revisar las solicitudes relacionadas con antiguos integrantes de las Farc-EP y determinar cuándo ocurrieron las conductas atribuidas, además de establecer si encajan en el sistema transicional.

Cuando se alegan hechos posteriores a la firma del acuerdo, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz debe definir la fecha precisa de las conductas y el trámite aplicable. Si comenzaron después de la firma y no guardan una relación estrecha con la dejación de armas, el caso puede pasar a las autoridades judiciales competentes, incluida una eventual extradición.

El artículo 19 también prevé un procedimiento para pedidos de extradición contra familiares de antiguos integrantes de las Farc-EP hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. Para hechos anteriores al acuerdo, la Sección de Revisión debe evaluar los señalamientos sobre la pertenencia del familiar a la guerrilla antes de definir si corresponde aplicar la garantía.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el exdictador venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa Cilia Adela Flores de Maduro fueron acusados de conspirar para cometer tortura, en un nuevo escrito de cargos que también incluye narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez señaló que con estas revelaciones siempre tuvo la razón.

¿El motivo? Los nexos que el denunció durante sus mandatos y desde el Congreso, entre excomandantes de las extintas Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con el régimen venezolano.

El exmandatario y líder del Centro Democrático, señaló desde su cuenta de X: “20 años después una justicia extranjera, la de USA, da la razón a nuestra lucha, pero en paralelo con la impunidad a Farc nuestros compañeros, quienes cumplían con el deber de enfrentar al terrorismo Castro Chavista, han sufrido y siguen sufriendo, por ejemplo, María del Pilar y Andrés Peñate”.

Al final Uribe afirmó que siguen “en la lucha” y agregó un fragmento del escrito de acusación formal que reveló el Gobierno de Donald Trump, tras la captura de Maduro y Flores en medio de una operación militar (Resolución absoluta) llevada a cabo el 3 de enero de 2026.

En el documento se señala que “poco después de la muerte de Chávez, aproximadamente en 2013, Maduro Moros y la acusada Cilia Flores de Maduro asistieron a una reunión con la dirigencia de las Farc, incluidos Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como «Timochenko», Luciano Marín Arango, también conocido como «Iván Márquez», y Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como «Jesús Santrich», sobre el dinero que Maduro Moros debía a las Farc en relación con su asociación para el narcotráfico".

Seguido a lo anterior, el indictment menciona: “(...) Para pagar al menos parte de la deuda, Maduro Moros accedió a vender minas explosivas y otras armas a las FARC, lo que Maduro Moros reconoció que también aumentaría la capacidad de las FARC para librar una guerra contra Colombia. De hecho, las ventas de minas continuaron aproximadamente hasta 2015, y Maduro Moros facilitó la venta de minas fabricadas en Cuba a, entre otros, grupos terroristas.

Los detalles de la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en los Estados Unidos

La acusación sustitutiva, y que fue desclasificada, amplía el proceso judicial que enfrenta la pareja venezolana.

Según el comunicado oficial, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York atribuye a ambos una presunta participación, durante más de dos décadas, en una estructura que combinó corrupción, narcotráfico y represión contra opositores y personas detenidas, entre ellas ciudadanos estadounidenses.

El Departamento de Justicia sostuvo que Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, afrontan cinco cargos, con penas que van desde 20 años de prisión hasta cadena perpetua, según el delito y las circunstancias que eventualmente establezca la justicia.

La acusación incluye narcoterrorismo, cocaína y armas de guerra

La imputación sustitutiva señala a Maduro y Flores por participar en una conspiración de narcoterrorismo. Ese cargo contempla una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

El segundo cargo se refiere a la presunta conspiración para cometer tortura, que puede llevar a una pena de hasta 20 años de cárcel. El escrito también incluye una acusación por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delito que tiene una pena mínima de 10 años y una máxima de prisión perpetua.

Los cargos cuarto y quinto están relacionados con el supuesto uso, porte y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos en apoyo de las presuntas conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína.

De acuerdo con el comunicado, el cuarto cargo contempla una condena mínima obligatoria de 30 años y una máxima de cadena perpetua. El quinto tiene una pena máxima de prisión perpetua.

El Departamento de Justicia describió un supuesto sistema de torturas

La acusación sostiene que Maduro y Flores habrían usado organismos militares, policiales y judiciales venezolanos para consolidar un sistema de persecución contra personas consideradas opositoras al Gobierno.

Según el Departamento de Justicia, ese esquema habría recurrido a arrestos arbitrarios, violencia, amenazas y tortura física y psicológica. El documento menciona denuncias por descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y encierro en celdas de castigo.

La Fiscalía estadounidense aseguró que las presuntas torturas habrían incluido a ciudadanos de Estados Unidos detenidos en Venezuela, y que las autoridades habrían empleado esos métodos en momentos de inestabilidad política o cuando la continuidad de Maduro en el poder enfrentaba cuestionamientos.

El comunicado también alude a tres altos funcionarios venezolanos que aparecen identificados en la acusación como CC-1, CC-2 y CC-3. No divulgó sus nombres.

Según la Fiscalía, uno de ellos habría ordenado asesinatos de personas que se oponían al Gobierno, supervisado actos de tortura y amenazado con asesinar al hijo de un detenido. Otro habría diseñado métodos de tortura y presentado esas prácticas para aprobación de Maduro, de acuerdo con la versión de los investigadores.

El documento menciona el caso de un ciudadano estadounidense que presuntamente fue sometido a privación de comida y agua, simulación de ahogamiento, golpizas, descargas eléctricas en los genitales e inyecciones forzadas. Esos señalamientos forman parte de la acusación presentada por las autoridades federales.

La Fiscalía vinculó el caso con presuntas alianzas narcotraficantes: las Farc, el ELN y el Tren de Aragua

La acusación señala que Maduro, Flores y otros integrantes de su entorno habrían utilizado organismos estatales de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas y proteger a socios dedicados al narcotráfico.

El Departamento de Justicia detalló que las autoridades venezolanas bajo control de los acusados habrían participado en una red para enviar cocaína hacia Estados Unidos mediante puntos de tránsito ubicados en el Caribe y Centroamérica.

Entre los grupos mencionados en el comunicado figuran las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cartel de Sinaloa, Los Zetas —posteriormente conocidos como Cartel del Noreste— y el Tren de Aragua.

Este es el documento de acusación formal (indictment) del que el expresidente Uribe tomó la mención en su mensaje vía X:

La Fiscalía sostiene que los supuestos acuerdos con organizaciones criminales permitieron movilizar cargamentos de droga desde Venezuela, con protección de integrantes de las fuerzas militares, organismos de seguridad y entidades judiciales.

El escrito afirma que los investigados se habrían beneficiado de recursos provenientes del narcotráfico, la corrupción y el desvío de fondos públicos. Según la acusación, parte de ese dinero habría servido para sostener alianzas políticas y redes de lealtad dentro de las instituciones venezolanas.

El Gobierno estadounidense afirmó que la investigación continúa

El fiscal general Todd Blanche afirmó que los cargos adicionales responden a la investigación sobre presuntos delitos contra ciudadanos venezolanos y estadounidenses.

“Estas acusaciones adicionales contra los Maduro reflejan la dedicación de esta administración para llevar justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, dijo en el comunicado.

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, sostuvo que el caso incorpora denuncias de tortura a ciudadanos estadounidenses bajo custodia del Estado venezolano. El funcionario mencionó agresiones con drogas, descargas eléctricas y violencia sexual entre los métodos descritos en la acusación.

Por su parte, el fiscal federal Jamie McDonald, del Distrito Sur de Nueva York, afirmó que los procesados habrían abusado de posiciones de confianza pública para obtener beneficios mediante narcoterrorismo, tráfico de cocaína y otros actos de corrupción.

El debate sobre la memoria histórica, la reparación a las víctimas y la rigurosidad de la justicia transicional en Colombia volvió a encenderse con inusitada fuerza. La divulgación de un fragmento audiovisual en el que Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko” y máximo líder de las extintas Farc-EP, aseguraba ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en la guerrilla existían directrices para garantizar un presunto “buen trato” a los secuestrados, provocó una ola instantánea de rechazo e indignación en el país.

Las palabras de Londoño pretendían matizar uno de los capítulos más oscuros y cruentos del conflicto armado colombiano: la privación sistemática de la libertad de miles de personas.

Sin embargo, la brecha entre la versión entregada por el excomandante guerrillero y la crudeza que padecieron las víctimas en las profundidades de la selva no solo reabrió profundas heridas, sino que obligó a una contundente precisión por parte de las autoridades judiciales y puso en el centro del debate la vivencia de quienes sobrevivieron a años de encadenamientos, tratos inhumanos y aislamiento.

En la grabación revelada por la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, a la opinión pública, el exjefe del Secretariado de las Farc-EP –quien firmó el Acuerdo Final de Paz en 2016 junto al expresidente Juan Manuel Santos– intentó defender el comportamiento del grupo insurgente frente a los rehenes.

“Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida. Esas eran las líneas (…), la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”, dijo en su momento ante la JEP.

Esta postura, interpretada por amplios sectores de la sociedad como una justificación o minimización del dolor causado, contrasta radicalmente con los extensos expedientes judiciales y los desgarradores relatos de miles de secuestrados.

Durante décadas, exrehenes militares, policiales y civiles han documentado prácticas aberrantes: uso constante de cadenas al cuello y las manos, marchas forzadas en condiciones extremas de salud, ausencia de atención médica adecuada, amedrentamiento psicológico y castigos físicos.

“Una impunidad premeditada”: la contundente reacción del coronel (r) Raimundo Malagón

Uno de los testimonios más vehementes en rechazar esta versión es el del coronel (r) del Ejército Nacional Raimundo Malagón. Él vivió en carne propia el horror del cautiverio durante casi una década, desde su secuestro en 1998 hasta su histórica liberación el 2 de julio de 2008 en la emblemática Operación Jaque, casi 10 años en manos de las Farc-EP.

En una entrevista con Infobae Colombia, el oficial en retiro expresó su indignación no solo frente a las palabras de Rodrigo Londoño, sino ante la actitud mostrada por el exguerrillero durante la diligencia judicial: “Lo primero que hay que decir es que eso de extintas Farc es un término que acuñaron ahí producto de esa negociación, ¿sí? ¿Cuáles extintas? Eso siguió lo mismo. Se desmovilizaron ahí un grupito, ¿y el resto qué? Sí, volvieron otra vez”.

El coronel profundizó en su rechazo al impacto de las declaraciones de Londoño en la sociedad y la memoria colectiva: “Y respecto a lo que conoce la opinión pública, pues simplemente es una burla más a las víctimas. Y esas risas del tipo cuando sale a carcajadas, y la complicidad con la juez (...) pues hombre, uno lo que se da cuenta es que hay una impunidad total”.

Para Malagón, la tranquilidad con la que el exjefe guerrillero se expresó evidencia un pacto previo de tolerancia procesal: “Es una impunidad premeditada. Es decir, si él está tan fresco, tan relajado, ‘ja, ja, ja’, pues quiere decir que eso estaba pactado ya (...) ellos sabían. Entonces es muy duro, muy duro para las víctimas”.

Al abordar la brecha abismal entre la realidad del cautiverio y el discurso de “buen trato” e instrucciones de “buena comida”, el coronel Malagón rememoró vivencias que marcan la memoria de los sobrevivientes. Lejos de la atención o el respeto a la dignidad humana, evocó las condiciones extremas a las que eran sometidos cotidianamente.

“Ayer en otro medio de comunicación hablábamos justamente del trato cruel e inhumano, como fueron las alambradas de púas que todo el mundo le dio vuelta y que seguramente ustedes están pasando. Lo mismo las torturas que padecimos una vez”, contó a Infobae Colombia.

Para ilustrar la magnitud de los vejámenes padecidos en la selva, Malagón trajo a colación el caso del hoy mayor (r) John Frank Pinchao, quien protagonizó una de las fugas más heroicas registradas en la historia del conflicto colombiano.

“El doctor John Frank Pinchao, lo llamo yo, John Frank Pinchao, pues para quienes no sepan, es un gran héroe de la patria que tuvo el valor, después de casi ocho años, de buscar la libertad por su propio medio. Duró perdido diecisiete días en medio de la selva, soportando todo tipo de inclemencias”, contó para reforzar su postura.

El relato sobre las condiciones en las que emergió de la selva desmiente cualquier intento de suavizar el régimen disciplinario y punitivo que imponía la guerrilla: “Cuando él salió ya rescatado, gracias a Dios lo lograron los organismos del Estado recuperar, él salió con nuches por todo el cuerpo, deshidratado, en unas condiciones terribles, incluso con la cadena puesta, porque él se fugó (...), él logró romperla y salió con casi un metro de cadena y el candado. Eso está en los medios documentado”.

El testimonio del oficial desmiente categóricamente cualquier intención de brindar una alimentación digna a los secuestrados, revelando detalles sobre la degradación de las raciones que recibían en la selva: “En mi caso personal, utilizaban los alimentos con aceite de cerdo en estado de descomposición para preparar una pasta. Bueno, mejor dicho, no quiero recordar eso, pero ese es uno de los testimonios”.

“Un millón de amigos por Boyacá”: el proyecto de liderazgo, resiliencia y reconstrucción social

Pese a los 10 años de privación de la libertad y las secuelas físicas y psicológicas que deja un crimen de tal magnitud, el coronel Raimundo Malagón enfatiza que ha logrado reconstruir su vida a través de un proceso de superación personal, formación académica de alto nivel y vocación de servicio público.

Durante la charla con Infobae Colombia, Malagón detalló el perfil profesional que construyó tras ser liberado en la Operación Jaque, así como el proyecto social y político que actualmente lidera en el departamento de Boyacá: “Yo quiero decir que gracias a Dios he tenido una muy buena resiliencia, una superación personal y un liderazgo”.

El oficial repasó la trayectoria de estudios que emprendió para prepararse tras su retorno a la libertad: “En lo personal, ya gracias a Dios he superado (...) tanto así que tengo dos maestrías, una en Seguridad y Defensa Nacional y otra en Relaciones Internacionales. Fui a Francia, tengo una especialización en resolución de conflictos en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, una especialización también en estudios latinoamericanos. Luego regresé al país para hacer mis dos maestrías”.

Posteriormente, aplicó su preparación académica en el servicio exterior antes de dedicarse de lleno al trabajo con las comunidades: “Luego fui agregado militar y diplomático en Brasil y manejo inglés, francés y portugués. Eso es como para mostrar que sí hemos superado gracias a Dios y estamos listos para servir a la sociedad”.

Con este bagaje académico y experiencia internacional, Malagón encabeza hoy una iniciativa de articulación ciudadana y trabajo pedagógico territorial denominada ‘Un millón de amigos por Boyacá’. Esta propuesta busca recorrer de manera directa el departamento para dialogar con las comunidades y transmitir una lectura crítica sobre el pasado y el presente del país.

“Ahora mismo estamos en una campaña grande que se llama ‘Un millón de amigos por Boyacá’, en la cual estoy interactuando con cada uno de los ciudadanos boyacenses, visitando las diferentes provincias, los diferentes municipios. Son 13 provincias, 123 municipios”, contó durante la entrevista.

El coronel explicó la metodología de su recorrido y los objetivos que persigue en el territorio: “Estamos con un gran equipo de amigos recorriendo cada uno de los municipios con el propósito de interactuar y mostrarles la realidad, a los pobladores, de los malos manejos administrativos por parte de algunos sectores políticos”.

Un elemento central de la labor que adelanta en el territorio boyacense es el trabajo con las nuevas generaciones, a quienes busca concientizar sobre la realidad vivida durante las décadas del conflicto armado para evitar que las narrativas indulgentes distorsionen la historia: “Dentro de mi recorrido por Boyacá, haciendo ‘El millón de amigos’, estoy justamente contando esta historia para que nuestras nuevas generaciones comprendan lo que realmente pasó y no se dejen llevar de discursos románticos en los cuales buscan tapar todo”.

Asimismo, comparó la necesidad de documentar la memoria del secuestro con otros eventos históricos globales: “Pero gracias a Dios hay documentos. Hay documentos como en la Segunda Guerra Mundial, recuerdo de un señor general que la tenía clara sobre lo que iba a pasar en la historia y él documentaba todo allá en los campos de concentración y gracias a eso tenemos hoy día las evidencias”.

El coronel puntualizó que su compromiso con la región responde también a una deuda histórica con las miles de víctimas que el conflicto dejó en el departamento: “Aprovecho para decirle a toda la comunidad boyacense que estamos con ellos, que también, desafortunadamente, el departamento de Boyacá tuvo alrededor de cuatro mil novecientas víctimas, entre secuestrados, extorsionados, asesinados, de todo lo que usted quiera, durante mis 10 años de secuestro, desde 1998 al año 2008”.

“Durante esos 10 años, el departamento de Boyacá fue muy afectado también por temas del conflicto y de estos grupos al margen de la ley. Pero dentro de la gira que estamos haciendo con mi equipo por los diferentes municipios, es justamente eso, viendo en qué áreas tenemos que apuntarle a la seguridad del departamento”, explicó el coronel al hablar del proyecto que lidera.

La postura frente al Proceso de Paz y la institucionalidad de la JEP

La mirada del coronel Malagón sobre la negociación realizada en La Habana y la estructura de la justicia transicional es profundamente crítica. Para el oficial, el diseño de la JEP responde a una arquitectura institucional que, a su juicio, ha generado altos costos al erario público sin ofrecer una respuesta satisfactoria de justicia proporcional para las víctimas.

En sus declaraciones a Infobae Colombia, fundamentó sus impresiones citando análisis de altos mandos militares y cuestionando la efectividad del proceso: “Es comúnmente escuchar que la gente lo dice de alguna manera irónica: la ‘Justicia Especial para las Farc’ (...) Dentro de ese gobierno que empezó entregando el país, del presidente que hizo los acuerdos en La Habana, para no dar nombres, eso estaba pactado”.

Para argumentar su postura, el oficial trajo a colación análisis documentados por altos mandos del Ejército: “Acabo de terminar un libro que se llama ‘Los pecados de la paz’, del general Enrique Gómez Rangel (...) Ese proceso de paz fue una farsa completa. Estaba arrodillado el gobierno, lo que quisieran se hacía”.

“¿Cuántos billones de pesos le representaron a nuestro país durante esos diez años de esa farsa del proceso de paz? Con esos billones que desperdiciaron hubiésemos podido alimentar cantidad de niños, haber mejorado la infraestructura escolar, los puestos de salud. Eso sí es justicia social”, dijo el coronel.

En relación con el funcionamiento de la sede física y burocrática del tribunal de paz, el coronel sugirió que los recursos institucionales deberían reorientarse hacia entidades operativas del Estado: “Yo paso cada rato por ahí por la 67 con Séptima y veo ese edificio y digo: ‘Dios mío, mira, ahí fácilmente hubiese nacido el Ministerio de la Igualdad (...) O un ministerio se puede trasladar, incluso el mismo Ministerio de Defensa, que ahorita ni instalaciones tiene, un comando general, alguna vaina que sí le produzca al Estado, no una burocracia tener allá’”.

Al reflexionar sobre cómo debería estructurarse un proceso de negociación para ser considerado equitativo y legítimo, Malagón citó como referencia los marcos aplicados en otros momentos históricos del país donde existieron consecuencias penales directas ante el incumplimiento: “Hay unos acuerdos de paz que fueron un ejemplo (...) como los acuerdos con los paramilitares en el cual no exigió ni tanto tiempo, ni tantas dilaciones, ni tanta burocracia, sino eso fue rápido”.

Sostuvo además que el sometimiento judicial debe exigir firmeza frente al delito sobreviniente: “Prueba de ello es que siguieron delinquiendo algunos de los paramilitares dentro de la cárcel y el gobierno dijo: ‘Venga, usted incumplió, hermano, y se va a aprender inglés allá a Estados Unidos’. Eso es tener sensatez frente a una realidad”.

“Si algún día se llega a hacer un proceso de paz, que sea un proceso justo, de acuerdo a que haya un verdadero arrepentimiento y unos verdaderos deseos de salir a servir a la sociedad o a reparar a las víctimas”, dijo el coronel durante la entrevista.

La respuesta de la JEP: la justicia transicional le ‘hace frente’ a la polémica

Ante el malestar generado en la opinión pública y las duras críticas vertidas por los sobrevivientes respecto al video de 2019, la JEP precisó a Infobae Colombia el marco legal y metodológico bajo el cual se desarrollaron dichas diligencias.

La entidad judicial aclaró que la grabación divulgada corresponde a la primera versión voluntaria rendida por Rodrigo Londoño en 2019 dentro del Caso 01 (denominado Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP).

En esa etapa, la magistrada relatora Julieta Lemaitre aplicaba la metodología internacional conocida como Peace, una técnica de interrogatorio diseñada para generar un entorno de confianza que incentive al compareciente a aportar información y confesar los hechos sin adoptar posturas defensivas inmediatas.

La JEP enfatizó que las pretensiones iniciales de los comparecientes sobre el “buen trato” fueron categóricamente desestimadas a lo largo de la investigación mediante la contrastación rigurosa con los testimonios de las víctimas y las evidencias documentales.

“La JEP pone a las víctimas en el centro y les hemos dado voz durante todo el proceso. Las organizaciones de víctimas, entre ellas País Libre, presentaron informes desde 2018 a la Sala de Reconocimiento. En sus relatos incluyeron desde el momento en que fueron secuestradas hasta el momento de su liberación”, explicó para Infobae Colombia.

Explicó además cómo se amplió el espectro probatorio a través de audiencias y acervos de la justicia ordinaria: “Luego, las víctimas participaron por escrito y en audiencias públicas dando su testimonio de lo vivido. Además, la JEP tuvo acceso a las investigaciones de la justicia ordinaria (...) allí se contenían pruebas documentales, videos e incluso material de prensa”.

El tribunal transicional destacó que las declaraciones brindadas por el propio coronel Raimundo Malagón, así como por otros altos oficiales y miembros de la fuerza pública —entre ellos el general Luis Mendieta y el sargento César Augusto Aranguren—, constituyeron la base fundamental para desbaratar el relato defensivo de las Farc-EP.

“Sus declaraciones, los videos de su cautiverio y todo lo que aportó en el proceso fue usado para imputarle los crímenes de guerra de toma de rehenes y de tortura a las extintas Farc-EP. Esto quedó plasmado en el Auto No. 19 de 2021 y en la resolución de conclusiones de noviembre de 2022”, señaló la justicia transicinal.

Fruto de este proceso de contraste, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitió el Auto No. 19 de 2021, mediante el cual se imputó a los siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones a la libertad, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual.

Posteriormente, en abril de 2021 y de manera pública durante las audiencias de reconocimiento celebradas en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá en junio de 2022 —evento en el que participaron activamente el coronel Malagón, el sargento César Lasso y la señora Olga Esperanza Rojas—, los máximos jefes guerrilleros debieron aceptar explícitamente su responsabilidad jurídica y moral por estos crímenes.

El reconocimiento legal de la fuerza pública como víctimas directas

Un punto de constante debate jurídico y social ha sido la categorización de los integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional retenidos por la guerrilla, discutiéndose en su momento si debían ser considerados simplemente como “bajas o prisioneros de guerra” o como víctimas de violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario.

Frente a este interrogante planteado por Infobae Colombia, la JEP precisó que existen 634 víctimas acreditadas en el Macrocaso No. 01 por hechos sufridos por integrantes de la Fuerza Pública, divididas en 420 víctimas directas y 214 indirectas, asociadas a 232 hechos únicos: “La JEP no tiene criterios diferenciales para reconocer una víctima (directa e indirecta) si es miembro de la fuerza pública o civil”.

La jurisdicción resaltó que las acreditaciones se procesan en estricto apego al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, reconociendo el daño antijurídico, físico, emocional y fundamental infligido tanto al uniformado como a su entorno familiar, sin distinción de su condición militar.

El mensaje institucional frente al dolor de las víctimas

Frente a la desazón y el malestar reavivados en las víctimas tras escuchar las pretensiones defensivas expuestas por la excúpula insurgente en las fases iniciales del proceso, la JEP emitió un mensaje institucional en el que resalta el carácter inédito del juzgamiento a la guerrilla.

“Que por primera vez en la historia del conflicto armado, una guerrilla se sometió a la justicia y públicamente reconoció sus crímenes; no hubo amnistías como sucedió con el M-19, por ejemplo”, detallaron.

El tribunal recalcó la dimensión de los cargos aceptados por los procesados: “Se les atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, que son los peores crímenes que existen en el derecho, y los han reconocido ante las víctimas, la justicia y la sociedad. También han pedido perdón y han mostrado voluntad de reparar, lo cual ya han comenzado a hacer”.

“La JEP ha puesto en el centro lo dicho por las víctimas y les ha permitido participar. Su versión ha sido el eje central de nuestras investigaciones e imputaciones”, señaló la justicia transicional.

Memoria viva vs. discursos de justificación

El choque de visiones provocado por las palabras de Rodrigo Londoño evidencia que el camino hacia la verdad exhaustiva en Colombia exige un contraste permanente entre las versiones de los victimarios y la memoria viva de los sobrevivientes.

Mientras la institucionalidad judicial defiende las herramientas procesales que permitieron acorralar jurídicamente a la excúpula guerrillera y obligarla a reconocer crímenes de guerra y de lesa humanidad, desde las regiones y las organizaciones de sobrevivientes la exigencia de respeto pleno al dolor y a los padecimientos padecidos sigue vigente.

El coronel (r) Raimundo Malagón, desde las veredas y municipios de Boyacá, sintetiza el sentir de miles de colombianos que padecieron la sevicia de la guerra: la dignidad humana no se puede maquillar con discursos ideológicos ni con atenuantes defensivos.

Su labor al frente de “Un millón de amigos por Boyacá” busca garantizar que las futuras generaciones conozcan la historia sin mitos ni eufemismos, al asegurar que el testimonio de las víctimas permanezca como el faro ético inamovible de la memoria histórica de la nación.

Una presunta deuda derivada del narcotráfico habría puesto sobre la mesa una negociación entre Nicolás Maduro y los máximos dirigentes de las Farc para el suministro de explosivos provenientes de Venezuela. La operación, que habría involucrado a Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Luciano Marín Arango, conocido como “Iván Márquez”, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, aparece descrita en una acusación presentada ante la justicia federal estadounidense.

El documento forma parte del proceso judicial que enfrenta Maduro junto con su esposa, Cilia Flores, y expone presuntas conexiones entre integrantes del poder venezolano y organizaciones armadas colombianas. Según la Fiscalía de Estados Unidos, las relaciones no se habrían limitado al tráfico de estupefacientes, también habrían comprendido acuerdos para facilitar el acceso a armas y otros recursos militares.

La acusación, de 30 páginas, incluye un episodio ocurrido presuntamente después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013. Para ese momento, Maduro habría sostenido un encuentro con Flores y los tres antiguos comandantes de las Farc para abordar una obligación económica pendiente con la organización guerrillera.

La hipótesis de los investigadores es que Maduro habría recurrido a material militar venezolano como forma de pago de una deuda vinculada con actividades de narcotráfico. El expediente no establece cuánto dinero se debía ni identifica el lugar exacto de la reunión, pero sí describe el supuesto compromiso alcanzado entre los participantes.

El supuesto acuerdo para pagar una deuda con las Farc

En la reconstrucción presentada por los fiscales, el suministro de explosivos habría sido la fórmula acordada para cubrir, al menos parcialmente, los compromisos económicos que Maduro presuntamente mantenía con la antigua guerrilla colombiana.

El documento sostiene que el mandatario venezolano “acordó vender explosivos de las reservas militares venezolanas” a las Farc. Según la acusación, Maduro sabía que la entrega de esos elementos podía aumentar la capacidad de la organización para ejecutar ataques armados en territorio colombiano.

El señalamiento involucra a tres dirigentes que ocuparon posiciones centrales en la estructura de mando de las Farc. Rodrigo Londoño encabezó la organización durante su etapa final y posteriormente participó en el proceso de paz con el Estado colombiano. “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, por su parte, también fueron figuras destacadas de la antigua guerrilla y aparecen mencionados en otros apartados de las investigaciones estadounidenses sobre narcotráfico y armas.

La fecha atribuida a la reunión coincide con un periodo en el que las Farc adelantaban negociaciones de paz con el Gobierno colombiano. Sin embargo, la acusación no especifica si los explosivos fueron efectivamente entregados, cuántos habrían sido objeto del acuerdo ni cuáles habrían sido sus destinatarios finales.

El expediente sí amplía el señalamiento a otros años. Los fiscales indican que las presuntas operaciones de suministro de minas se habrían prolongado hasta aproximadamente 2015 e incluyen referencias a material fabricado en Cuba y a otras armas que habrían sido facilitadas a organizaciones armadas.

La información consignada no permite establecer qué operaciones militares se habrían realizado con esos elementos ni determinar su impacto concreto en el conflicto colombiano. Esos aspectos no aparecen precisados en los apartados conocidos de la acusación.

Militares venezolanos habrían transportado armas a cambio de cocaína

Los presuntos acuerdos con las Farc no serían el único mecanismo descrito por los investigadores estadounidenses. El documento también señala que integrantes de organismos militares y de inteligencia de Venezuela habrían intervenido en operaciones para movilizar armamento a cambio de cargamentos de cocaína.

Uno de los episodios habría ocurrido hacia 2017. Según la acusación, un funcionario identificado con el código ‘CC-3’ habría ordenado a integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) transportar armas relacionadas con intercambios que involucraban droga procedente de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para ejecutar esos traslados, los militares presuntamente utilizaron camiones destinados habitualmente al transporte de combustible. El material bélico habría sido llevado hasta un puerto venezolano para su posterior envío fuera del país.

En otro apartado, la Fiscalía menciona a un funcionario identificado como ‘CC-1’, a quien relaciona con cargamentos de cocaína obtenidos de las Farc y con operaciones de traslado de armas dirigidas a esa organización y al ELN. Los investigadores describen una presunta estructura en la que el tráfico de drogas habría estado conectado con la circulación de armamento y con la participación de funcionarios estatales.

No obstante, el documento no precisa la totalidad de las rutas utilizadas, el volumen de los cargamentos ni el destino final de todas las armas mencionadas. Los episodios forman parte de los hechos que la Fiscalía busca sustentar dentro del proceso judicial.

Los antecedentes de la investigación en Estados Unidos

Los señalamientos se suman a la acusación anunciada en marzo de 2020 por el Departamento de Justicia estadounidense contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, a quienes atribuyó presunta participación en una conspiración de narcoterrorismo relacionada con las Farc.

Otro antecedente es el del general Hugo Armando Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar venezolana. En junio de 2025, Carvajal se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcoterrorismo, tráfico de cocaína y armas. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el exmilitar habría colaborado con las Farc en actividades de narcotráfico y les habría proporcionado apoyo y armamento.

La acusación también recuerda que “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” fueron señalados en Estados Unidos hacia 2020 por delitos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y armas, en el marco de una acusación anterior.

Todo se generó a raíz de la divulgación de fragmentos de audiencias en las que el otrora líder de las Farc compareció ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El intercambio se produjo después de que Posada difundiera videos de diligencias en los que Londoño aparece riéndose junto con magistrados.

Por tal motivo, la congresista cuestionó el desarrollo de esas sesiones y sostuvo que las imágenes evidenciaban una actitud incompatible con la gravedad de los hechos examinados por el tribunal.

“La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, respondió Londoño a través de sus redes sociales. El exjefe guerrillero afirmó que la publicación de esos contenidos buscaba afectar las actuaciones judiciales y el modelo de sanciones restaurativas de la JEP.

Por este motivo, Gómez publicó un video con un mensaje desde su cuenta de X, y destacó de manera vehemente: “‘Timochenko’, lo que es con María Clara es conmigo”.

En la parte final de su mensaje, Gómez le declaró a Londoño: “No vamos a seguir permitiendo que se les lave la cara con el dinero de todos los colombianos.”

Posada cuestionó videos de las audiencias ante la JEP

La senadora publicó apartes de una audiencia en la que intervino Londoño y criticó la actitud de los participantes.

“Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”, escribió Posada desde su perfil en X.

Después, Posada afirmó que recibió el material de una fuente anónima, y cuestionó que las diligencias fueran manejadas bajo reserva y planteó críticas sobre los recursos destinados al funcionamiento de la jurisdicción.

La congresista agregó que, a su juicio, el desarrollo de las audiencias no refleja un sometimiento efectivo de los antiguos integrantes de las Farc ante una autoridad judicial.

Sus cuestionamientos se extendieron a fotografías divulgadas por la propia JEP sobre una actividad realizada por Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila. Las imágenes muestran al excomandante con un machete mientras limpia vegetación de bambú alrededor del camposanto.

La actividad formó parte del inicio del cumplimiento de una sanción propia impuesta por hechos cometidos durante el periodo en que Londoño dirigió las Farc.

Londoño habló de riesgos para la verdad judicial y los comparecientes

En su respuesta, “Timochenko” sostuvo que la divulgación de fragmentos reservados puede afectar “la verdad judicial, el proceso restaurativo y los derechos de las víctimas”.

Sumado a lo anterior, Londoño destacó que la publicación podría poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes ante la JEP incluidos integrantes de la fuerza pública que participan en los casos abiertos por el tribunal.

“Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes”, añadió Londoño.

El excomandante vinculó el intercambio con los pronunciamientos del expresidente Gustavo Petro sobre la continuidad de la JEP.

Petro destacó que el tribunal debe mantenerse mientras persista el conflicto armado en Colombia y recuperar facultades previstas en el Acuerdo Final de Paz de 2016.

Londoño respaldó esa postura y señaló que existen sectores políticos que, según él, buscan impedir que se conozca toda la verdad sobre las responsabilidades durante el conflicto.

La senadora mantiene críticas al modelo de sanciones restaurativas

El cruce de mensajes continuó y Posada respondió a Londoño. Además, le reiteró sus reparos sobre las audiencias y las actividades restaurativas.

La congresista cuestionó que una persona investigada por crímenes cometidos durante el conflicto armado cumpla parte de su sanción con labores en el cementerio de Pitalito.

“La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos”, destacó Posada.

Posada también ha planteado denuncias sobre posibles irregularidades en la contratación de sedes de la jurisdicción, incluidos cuestionamientos al edificio que ocupa la entidad en el norte de Bogotá y a un convenio con la Organización de las Naciones Unidas.

El Centro Democrático rechazó los señalamientos atribuidos a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, contra la senadora María Clara Posada y expresó su respaldo a la labor de control político que la congresista realiza sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Con contundencia y apegada a la verdad, la congresista ha cuestionado el alcance, el tono y las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz frente a las Farc”, afirmó el partido en un comunicado.

La colectividad sostuvo que la actuación de Posada “se enmarca en su labor de control político y en su respaldo incondicional a las víctimas, quienes aún esperan verdad plena, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

El Centro Democrático añadió que su bancada no aceptará intimidaciones. “Nuestra bancada no se dejará intimidar. Expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo a la senadora María Clara Posada”, concluyó.

Rodrigo Londoño acusó a la senadora María Clara Posada de violar la reserva de un proceso ante la JEP al divulgar fragmentos de sus audiencias. El excomandante sostuvo que la difusión buscaba afectar la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.

La congresista del Centro Democrático también ha denunciado posibles irregularidades en el contrato del edificio de la Justicia Especial para la Paz, ubicado en el norte de Bogotá. Sus cuestionamientos abarcan la contratación de una nueva sede y un convenio con la Organización de las Naciones Unidas.

El intercambio surgió tras la publicación de imágenes en las que Londoño aparece riendo junto a magistrados durante una diligencia pública. Posada afirmó en redes sociales: “Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”.

La reserva de las audiencias y la sanción en Pitalito

Posada dijo que recibió las imágenes de una fuente anónima y cuestionó que ese tipo de diligencias estuvieran sometidas a reserva. También relacionó el desarrollo de las audiencias con el costo de la JEP y consideró que las actuaciones observadas no reflejaban el sometimiento de los antiguos integrantes de las Farc ante una autoridad judicial.

Londoño respondió que la senadora había incurrido en una infracción al divulgar esos contenidos: “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”.

El exjefe guerrillero añadió que la divulgación apuntaba a “sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes - comenzando la de los militares”. Su posición vinculó la controversia con la oposición que, a su juicio, enfrenta el tribunal.

La discusión también se reactivó por una publicación del expresidente Gustavo Petro sobre el papel de la JEP frente al conflicto armado y al Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las Farc en 2016. Petro planteó que el tribunal debe mantenerse vigente mientras persista el conflicto y recuperar facultades previstas en ese acuerdo.

El expresidente sostuvo que la jurisdicción debería cumplir un papel central en el esclarecimiento de la verdad y en las investigaciones sobre terceros que participaron en el conflicto. Londoño respaldó esa idea y afirmó: “La JEP fue acordada en el acuerdo de paz como tribunal de cierre del conflicto, a pesar de la voluntad de sectores políticos poderosos, determinadores de graves crímenes en la guerra. Su temor es que se sepa toda la verdad judicial. Por ello mantienen su hostilidad hacia la JEP”.

Las críticas de Posada también alcanzaron las fotografías divulgadas por la propia JEP sobre una actividad de Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila. En las imágenes, el excomandante utiliza un machete para limpiar árboles de bambú alrededor del camposanto, como parte del inicio del cumplimiento de la pena impuesta por delitos cometidos mientras dirigía las Farc.

La senadora cuestionó la modalidad de esa sanción y escribió: “La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos. Vamos a ver cuándo le resulta el viaje a Varadero”.

La controversia quedó concentrada en dos asuntos: la divulgación de fragmentos de audiencias y el carácter reservado de esas diligencias, además de las objeciones de Posada sobre los procedimientos y las actividades vinculadas al cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP.

La exsenadora Ingrid Betancourt afirmó que los integrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) recibían mejor alimentación que los rehenes durante su cautiverio, desmintiendo una versión rendida en 2019 por Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerra como alias Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En esa declaración, que fue revelada por María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, el exjefe de las extintas Farc aseguró que “había criterios unitarios de buen trato”, y también sostuvo que debía garantizarse alimentación a las personas retenidas y que “tortura no, jamás”.

Ante ello, Betancourt, en una reciente entrevista con el programa Aquí y Ahora de La FM, rechazó las declaraciones de ‘Timochenko’ sobre las condiciones de los secuestrados y acusó a esa organización de mantener versiones falsas ante la justicia.

La excandidata presidencial, que permaneció retenida durante más de seis años por las Farc, describió una dieta limitada para los cautivos. “Los siete años fueron arroz y lentejas (sic)”, sostuvo al recordar la comida que recibían en los campamentos.

“Ellos han mentido y siguen mintiendo”, dijo. Aseguró que los guerrilleros disponían de alimentos que los rehenes no podían consumir, entre ellos frutas, gaseosas, dulces y huevos. También afirmó que los integrantes de la guerrilla tenían permiso para pescar, mientras que los cautivos no podían hacerlo.

Betancourt relató que la llegada de la comida marcaba la rutina de los cautivos

Durante la conversación radial, Betancourt evocó el efecto físico y emocional que tenía la espera de los alimentos en los secuestrados. Contó que podían identificar la llegada de una olla desde la zona donde preparaban las raciones por el sonido metálico que producía durante el traslado.

Según su relato, ese ruido generaba una reacción inmediata entre quienes permanecían retenidos. “Uno comenzaba a salivar, como los perros”, expresó. La exsenadora señaló que el hambre se convirtió en una de las experiencias permanentes de su cautiverio.

La dirigente sostuvo que la escasez de comida no era una circunstancia aislada, sino una condición que afectaba la vida cotidiana de los rehenes. Por ese motivo, cuestionó que antiguos miembros de las Farc presenten ahora una imagen de sacrificio o cuidado hacia las personas privadas de la libertad.

“Que nos vengan a decir que ellos se sacrificaban por nosotros” es, a su juicio, una afirmación que no corresponde con lo que vivieron los secuestrados. Betancourt vinculó esa crítica con los beneficios y decisiones judiciales que han recibido exintegrantes de la antigua guerrilla dentro de los mecanismos de justicia transicional.

También cuestionó la actitud de ex jefes guerrilleros ante las víctimas

Betancourt afirmó que la falta de reconocimiento de responsabilidades no se limita a las condiciones de alimentación durante los secuestros. En ese sentido, mencionó a Sandra Ramírez, antigua integrante de las Farc, y cuestionó sus pronunciamientos sobre denuncias de violencia sexual contra menores dentro de la organización.

La exsenadora aludió a una cifra de 18.000 niños y niñas que, según dijo, fueron víctimas de violaciones en el contexto de la guerrilla. También reprochó que Ramírez hubiera pedido pruebas audiovisuales para acreditar esos hechos.

“Es que son descarados pero que la justicia les sigue el juego, que los magistrados sean complacientes y los miren con respeto y con admiración”, manifestó al referirse a quienes, según ella, niegan o minimizan las denuncias presentadas por víctimas. Betancourt sostuvo que algunas menores tenían entre 8 y 10 años cuando ocurrieron los hechos a los que hizo referencia.

La exsenadora Ingrid Betancourt también cuestionó el trato que, a su entender, reciben los sobrevivientes en instancias judiciales. Dijo que los magistrados muestran respeto hacia los antiguos comandantes guerrilleros, mientras que las víctimas son vistas como una molestia dentro de los procesos.

“Ahora vienen estas víctimas”, resumió Betancourt al describir la percepción que atribuye a algunos funcionarios.

Las declaraciones de la exsenadora y excandidata presidencial se suman a los cuestionamientos que ha expresado en distintas ocasiones sobre la verdad aportada por exmiembros de las Farc y sobre la respuesta institucional frente a quienes padecieron secuestro y otras violencias durante el conflicto armado colombiano.

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada Caicedo — que ha emprendido una minuciosa evaluación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con sus movimientos financieros y audiencias—, le contestó a las críticas de Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, luego de que el excomandante de las extintas Farc la acusara de vulnerar la reserva de una diligencia de la JEP.

La congresista defendió la publicación de fragmentos de una audiencia de 2019 sobre secuestro y afirmó que tiene facultades para revisar el uso de recursos públicos en el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz.

“Como congresista tengo pleno derecho a ejercer control político sobre cada peso de recursos públicos que se gasta en esa institución que ustedes inventaron en La Habana”, escribió en su cuenta de X.

Londoño había sostenido que la senadora, según él, comentió una infracción a la ley al divulgar contenido de una actuación judicial. Sus palabras textuales fueron: “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”.

Posada rechazó esa acusación y aseguró que no estaba obligada a preservar la reserva procesal.

“En este caso, ‘señor’ Timochenko, no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información”, le dijo al exjefe guerrillero. Y añadió: “Se nota que usted ha aprendido derecho en el marco de la JEP”.

La funcionaria uribista publicó los videos para cuestionar el ambiente de la diligencia y el trato que, según su interpretación, recibieron los antiguos integrantes de las Farc ante la justicia transicional.

La congresista cuestionó la reparación a las víctimas

En su mensaje, Posada aludió a la situación de las víctimas de secuestro y criticó las sanciones impuestas a los exintegrantes del Secretariado de las Farc, en particular, porque en una de las escenas que ella divulgó, “Timochenko” le comentó a la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre que —con secuestrados y rehenes— “había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida (…) tortura no, jamás".

“Si de verdad les importaran las víctimas, las habrían reparado de verdad en lugar de tomarse fotos posando con un machete”, contestó Posada.

La congresista también respondió a Londoño, que le infligió estar en contra de “la verdad” por cuestionar las conversaciones en las audiencias de comparecencia.

El exjefe del extinto grupo guerrillero le dijo a la senadora: “Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes - comenzando la de los militares”.

Pero Posada escribió: “Usted y los de su calaña no me asustan ni me intimidarán jamás, como sí lo hicieron con los miles de secuestrados. Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”, concluyó Posada.

Los audios y videos atribuidos a Rodrigo Londoño corresponden a una versión voluntaria rendida ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 14 de febrero de 2019, dentro del Caso 01 sobre secuestros.

La congresista afirmó que recibió los registros de una fuente anónima y pidió que se levante la reserva de la diligencia.

En otro audio divulgado, según la publicación de Posada, Londoño se refirió a las consecuencias judiciales que se discutían durante las negociaciones de paz. “¿Cómo creen ustedes que nos van a plantear ir a prisión después de pactar?”, expresó, de acuerdo con los registros difundidos.

La legisladora interpretó esa frase como una muestra de que las antiguas Farc conocían que no cumplirían penas de cárcel. También compartió un fragmento en el que el exjefe guerrillero habría descrito a la JEP como “una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir”.

La jurisdicción respondió a las críticas y recordó que, dentro del Caso 01, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las extintas Farc, incluidos los miembros del antiguo Secretariado.

La jurisdicción precisó que sus investigaciones documentaron torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otros delitos contra los secuestrados, y señaló que las directrices internas sobre supuesto “buen trato” no se cumplieron en los hechos investigados.

Las víctimas de secuestro de las antiguas Farc-EP reaccionaron con indignación y rechazo frente a la revelación de una audiencia en la que Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, afirmaba que en la guerrilla existía una orden de “buen trato” hacia los cautivos, una narrativa que obligó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a aclarar de manera pública que jamás avaló tales argumentos.

Las respuestas más contundentes surgieron de oficiales de la Policía Nacional que padecieron la retención en la selva por cerca de doce años, entre ellos el mayor general Luis Herlindo Mendieta y el coronel Enrique Guillermo Blanco, ambos capturados por la guerrilla durante la Toma de Mitú en noviembre de 1998 y rescatados por las Fuerzas Militares en la Operación Camaleón en junio de 2010.

El mayor general Luis Herlindo Mendieta, quien sufrió aislamiento, llagas y severas enfermedades tropicales encadenado a los árboles de la selva durante su cautiverio, compartió su rechazo a las justificaciones expresadas por el antiguo líder guerrillero ante los magistrados del tribunal transicional.

“Mi dolor supera todo lo que he leído en estas redes sobre lo reciente revelado de la JEP. Solo Dios sabe que esto que fue revelado, es una cachetada a nuestro cautiverio (sic)”, escribió en la red social X.

Mendieta agregó en su mensaje: “Casi dos décadas de cadenas, de llagas, de enfermedad, de hambre, de tortura resumidas en una risa perversa”.

Por su parte, el coronel Enrique Guillermo Blanco cuestionó de forma sarcástica los comentarios de Londoño, al exponer la enorme brecha que existió entre los reglamentos en papel de la organización armada y los padecimientos reales que sufrieron miles de secuestrados en las zonas selváticas.

“Qué alivio para las víctimas. Debió ser maravilloso estar secuestrado en los campamentos de las FARC. Gracias por la aclaración, Timochenko. Resulta que Colombia había entendido mal el secuestro (sic)”, posteó el coronel.

A renglón seguido señaló: “Miles de personas arrancadas de sus familias, privadas de la libertad durante meses o años, pero hubo buen trato”.

¿Qué dijo Timochenko sobre el trato a los secuestrados?

“Timochenko”, uno de los principales firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 en el Teatro Colón junto al entonces presidente Juan Manuel Santos, se refirió a los secuestros cometidos por la guerrilla durante el conflicto armado, en declaraciones que fueron interpretadas como una defensa de las condiciones en las que permanecieron los cautivos.

Rodrigo Londoño afirmó ante la JEP que las Farc-EP tenían directrices internas para garantizar un supuesto “buen trato” a las personas secuestradas. Según su versión, estas instrucciones sobre las condiciones que enfrentaron durante años de cautiverio, pese a que los exsecuestrados han relatado encadenamientos, aislamiento, marchas forzadas, falta de atención médica y otros tratos crueles, supuestamente contemplaban garantizarles alimentación y prohibían las torturas, los golpes y otros actos de violencia.

“Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida. Esas eran las líneas (…) la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”, señaló el excomandante guerrillero en el video revelado por la congresista María Clara Posada.

La aclaración de la JEP sobre los crímenes probados en el Caso 01

Ante la ola de indignación de las víctimas y la difusión de la diligencia reservada de 2019 revelada en el Congreso por la senadora María Clara Posada, la JEP emitió una precisión oficial para recalcar que sus decisiones judiciales no respaldan la versión de buenas condiciones en los campamentos de reclusión.

El tribunal de justicia transicional explicó que dentro del Caso 01, relativo a la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, las investigaciones sí documentaron la existencia de un instructivo interno que mencionaba el trato humano a los prisioneros, pero confirmó que esa directriz nunca se cumplió en la práctica.

La judicatura sustentó que los custodios mantuvieron un margen de discrecionalidad absoluta sobre las personas privadas de la libertad, lo que derivó de forma sistemática en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, homicidios y desaparición forzada.

Por estas conductas probadas, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las Farc, incluyendo a los siete miembros del antiguo Secretariado, al concluir que la cúpula no dio órdenes claras para garantizar condiciones dignas de reclusión.

El organismo judicial enfatizó que sus hallazgos no se construyeron sobre los relatos de los excomandantes, sino sobre un exhaustivo acervo de pruebas periciales, testimonios directos de las víctimas y análisis de campo.

Con esta aclaración, la JEP ratificó que la existencia de un reglamento interno no atenúa las responsabilidades penales de los procesados ni constituye un reconocimiento judicial de “buen trato”, mientras las víctimas insisten en defender la memoria y la verdad sobre los padecimientos sufridos durante el conflicto armado.

Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko” durante su permanencia al frente de las Farc, protagonizó un nuevo cruce de mensajes con la senadora del Centro Democrático María Clara Posada, quien en las últimas semanas ha divulgado cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

La controversia se originó, entre otros hechos, por la publicación de fragmentos de audiencias públicas en las que participó Londoño. En las imágenes difundidas por Posada se observa al excomandante de las Farc riéndose junto con magistrados durante una diligencia.

La congresista utilizó el material para cuestionar el desarrollo de estos espacios judiciales y la manera en que se han abordado los hechos relacionados con el conflicto armado. “Parece que lo más difícil en las audiencias de las Farc en la JEP es contener la risa entre sus interlocutores”, señaló Posada en uno de sus mensajes publicados en redes sociales.

Posteriormente, la senadora afirmó que había conocido las imágenes a través de una fuente anónima y cuestionó que este tipo de diligencias fueran manejadas bajo reserva. En ese contexto, relacionó el desarrollo de las audiencias con el costo que ha tenido la JEP y sostuvo que, a su juicio, las actuaciones observadas no correspondían con el sometimiento de los antiguos integrantes de las Farc ante una autoridad judicial.

El intercambio más reciente entre Londoño y Posada también se produjo a partir de una publicación del expresidente Gustavo Petro sobre el papel que, según planteó, debe cumplir la JEP frente al conflicto armado y el proceso derivado del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado y las Farc en 2016. Petro sostuvo que, mientras continúe el conflicto armado en Colombia, la JEP debe permanecer vigente y recuperar facultades contempladas en el acuerdo de paz.

También señaló que ese tribunal debería tener un papel central en el esclarecimiento de la verdad y en las investigaciones relacionadas con terceros que participaron en el conflicto.

Respondiendo a esta publicación, Londoño afirmó que existen sectores interesados en que no se conozca toda la verdad judicial y relacionó esa posición con la oposición que, según dijo, ha enfrentado la JEP.

“La JEP fue acordada en el acuerdo de paz como tribunal de cierre del conflicto, a pesar de la voluntad de sectores políticos poderosos, determinadores de graves crímenes en la guerra. Su temor es que se sepa toda la verdad judicial. Por ello mantienen su hostilidad hacia la JEP”, agregó el excomandante de las Farc.

La senadora María Clara Posada respondió a Londoño y volvió a cuestionar el contenido de las audiencias. “La verdad hasta ahora es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos. Vamos a ver cuando le resulta el viaje a Varadero”, escribió la congresista.

Londoño decidió responder nuevamente a la senadora y centró su cuestionamiento en la divulgación de apartes de las diligencias judiciales. “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”, manifestó.

El exjefe de las Farc agregó que, desde su perspectiva, la publicación de los contenidos tenía como propósito afectar el proceso adelantado ante la JEP. “Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes - comenzando la de los militares”, sostuvo Londoño.

Los cuestionamientos de Posada también estuvieron relacionados con fotografías divulgadas por la propia JEP sobre una actividad realizada por Rodrigo Londoño en el cementerio de Pitalito, Huila. En las imágenes se observa a Londoño utilizando un machete para limpiar árboles de bambú ubicados alrededor del camposanto.

Esta actividad hizo parte del inicio del cumplimiento de la pena impuesta por hechos relacionados con los delitos cometidos durante el periodo en el que estuvo al frente de las Farc.

Posada hizo referencia a esas fotografías al cuestionar la manera en que se estaba cumpliendo la sanción. “La verdad, hasta ahora, es que las audiencias fueron una fiesta y que su condena por los crímenes más atroces es jugar con un machete a que está trabajando mientras le toman fotos”, sostuvo nuevamente la senadora.

La controversia se mantiene alrededor de dos asuntos diferentes: por un lado, la divulgación de fragmentos de las audiencias y la discusión sobre su carácter reservado; por otro, las críticas de Posada al desarrollo de los procedimientos y a las actividades relacionadas con el cumplimiento de las sanciones impuestas por la JEP.

La congresista también ha denunciado posibles irregularidades relacionadas con el contrato del edificio de la JEP ubicado en el norte de Bogotá y se ha referido a la contratación de una nueva sede y a un convenio con la Organización de las Naciones Unidas.

La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, divulgó en X fragmentos de una versión rendida en 2019 por Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La congresista afirmó que recibió los registros de una fuente anónima y cuestionó el carácter reservado de la diligencia relacionada con el Caso 01, que investiga secuestros cometidos por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La comparecencia ocurrió el 14 de febrero de 2019 y estuvo presidida por la magistrada Julieta Lemaitre. La existencia de esa versión voluntaria individual fue registrada por la JEP dentro de su etapa de investigación.

En una de sus publicaciones, Posada citó declaraciones atribuidas a Londoño sobre el trato a los secuestrados. “Había criterios unitarios de buen trato”, señaló el excomandante guerrillero en el fragmento difundido. También sostuvo que debía garantizarse alimentación a las personas retenidas y que “tortura no, jamás”.

La senadora del Centro Democrático rechazó esas afirmaciones y las calificó como una ofensa a las víctimas.

“Esta sería otra muestra del cinismo y la burla a las víctimas que propicia la JEP”, aseguró.

Posada cuestionó referencias a eventuales penas tras el acuerdo

En otro audio divulgado, Timochenko recordó conversaciones sobre las consecuencias judiciales de la firma del Acuerdo de Paz. “¿Cómo creen ustedes que nos van a plantear” ir a prisión después de pactar, expresó, de acuerdo con los apartes publicados por la congresista.

Posada sostuvo que esa frase evidencia que las Farc habrían tenido claridad sobre la imposibilidad de cumplir penas de cárcel. A partir de esa interpretación, afirmó que el proceso representó una “claudicación del Estado” frente a la guerrilla.

La senadora agregó que el número de integrantes de grupos armados pasó de 12.883 en 2018 a 27.121 en 2025.

La congresista también difundió una referencia a La Habana

En un tercer mensaje, Posada compartió un aparte en el que Londoño relató que se mencionó la posibilidad de establecer “penas más suaves” con base en la experiencia de los paramilitares. El exjefe de las Farc habría dicho que esas sanciones podrían cumplirse en La Habana y que el tiempo de permanencia allí podría contabilizarse.

La senadora vinculó ese fragmento con los compromisos de entrega de bienes asumidos por la antigua guerrilla. Según afirmó, las Farc dejaron de aportar el 81,8% de los inmuebles y el 96,5% de los bienes muebles incluidos en esos compromisos.

Posada afirmó que la JEP fue diseñada para las Farc

La congresista también citó una frase atribuida a Timochenko sobre la justicia transicional: “Una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir”. Londoño se refería a la JEP, según el contenido divulgado.

Para Posada, la expresión refuerza su crítica a la estructura creada tras el Acuerdo de Paz. La senadora aseguró que la jurisdicción fue diseñada “a la medida” de las Farc y cuestionó la ausencia de cárcel, la entrega de activos, las rutas del narcotráfico y la reparación a las víctimas.

En su última publicación, la legisladora pidió que esas diligencias no permanezcan bajo reserva. Describió la audiencia como una conversación “con risas, anécdotas y sin preguntas incómodas”.

Posada afirmó que la JEP ha costado $ 3,8 billones. La diligencia divulgada correspondió a una versión voluntaria, una etapa en la que la jurisdicción recaba información de los comparecientes para contrastarla con expedientes, testimonios e informes de otras entidades.

JEP respondió a críticas por declaraciones de Timochenko y recordó imputación contra 63 exintegrantes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a los cuestionamientos surgidos por fragmentos de una declaración atribuida a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y recordó que imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las extintas Farc dentro del Caso 01, que aborda secuestros.

La Sala de Reconocimiento de Verdad incluyó entre los procesados a los siete miembros del antiguo Secretariado de la guerrilla. La imputación se relaciona con toma de rehenes y graves privaciones de la libertad.

La jurisdicción precisó que también atribuyó conductas como tortura, trato cruel, inhumano y degradante, homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y violencia sexual. La entidad señaló que, aunque existía una directriz interna de “buen trato” para cautivos, esta no se aplicó en los hechos investigados.

María Clara Posada cuestionó el modelo de sanciones

Tras el pronunciamiento, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, publicó un mensaje en X en el que cuestionó la respuesta de la JEP y el sistema de penas definido por el Acuerdo de Paz de 2016.

“La JEP cumplió a cabalidad la exigencia de las Farc”, escribió la congresista. Posada afirmó que el acuerdo fue creado para evitar que los exintegrantes de la guerrilla cumplieran condenas en prisión.

La legisladora criticó las sanciones propias, previstas para quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la justicia transicional.

Según su postura, esa figura produjo “impunidad absoluta”. También cuestionó los recursos destinados a las medidas restaurativas. “Estamos pagando $ 30.000 millones”, afirmó Posada, sin precisar en su publicación el programa o la partida presupuestal a la que atribuye esa cifra.

La senadora concluyó que el modelo judicial favorece a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El funcionario explicó, el 29 de septiembre de 2026 durante un debate de control político, que el presidente del partido Comunes cuenta con 6 vehículos blindados y 16 hombres de protección. También confirmó que Londoño solicitó una ampliación de su esquema, aunque el estudio de riesgo realizado por la entidad concluyó que no procedía otorgarle más recursos.

No obstante, una fuente oficial de la UNP reveló a Infobae Colombia que el costo de ese dispositivo ascendería a $335.673.142 mensuales. La proyección anual llega a $4.028.077.704, sin incluir los gastos de armas, chalecos antibalas, sistemas de comunicación y otros elementos operativos.

Es de mencionar que durante la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se concentró en el presupuesto de la UNP, la disponibilidad de vehículos blindados y los esquemas de protección que continúan vigentes para exfuncionarios, excongresistas y firmantes del Acuerdo de Paz.

Los 16 escoltas concentran la mayor parte del gasto mensual

El mayor componente del costo estimado del esquema de “Timochenko” correspondería a los 16 hombres encargados de su seguridad. Cada uno tendría un costo mensual de $13.800.000, para un total de $220.800.000 al mes.

A ese rubro se añade el funcionamiento de los 6 vehículos blindados. Según la información conocida por este medio, cada camioneta representaría una erogación mensual de $17.903.857, por lo que el costo conjunto de los automotores alcanza $107.423.142.

El cálculo también incorpora $7.200.000 para combustible, con una proyección de $1.200.000 por cada vehículo, además de $250.000 destinados a peajes.

La suma de los cuatro componentes deja el siguiente resultado: $107.423.142 por las camionetas, $220.800.000 por los escoltas, $7.200.000 en combustible y $250.000 en peajes. En conjunto, el esquema tendría un costo de más de $335 millones cada mes.

La estimación anual supera los $4.028 millones. Esa cifra no contempla los costos de comunicaciones, armamento, chalecos de protección ni otros recursos que hacen parte de la operación de un dispositivo de seguridad.

Cabe destacar que estos valores son estimados y pueden variar debido a factores como el pago de horas extras, viáticos, combustible y otros gastos asociados. Por lo tanto, la cifra correspondería a una aproximación del costo del esquema de seguridad de Rodrigo Londoño.

La UNP negó la ampliación solicitada por el dirigente de Comunes

Durante el debate en la Cámara que se mencionó, Blanco detalló la composición del esquema que protege a Londoño y señaló que la UNP ya evaluó la solicitud para incrementar los recursos asignados.

“El señor ‘Timochenko’ tiene 6 blindadas y 16 hombres de protección. Pidió una extensión, se le hizo su estudio y el estudio arrojó que no se le podía implementar más”, afirmó el director de la entidad.

El funcionario sostuvo que los firmantes del proceso de paz tienen una condición particular dentro del sistema estatal de protección. También mencionó que varios de los antiguos integrantes de las extintas Farc-EP cuentan con medidas que están bajo observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

“Ellos tienen una condición particular como firmantes del proceso de paz, que además está muy vigilada por la Cidh y, pues, muchas veces tenemos que regirnos por esa convención internacional”, declaró Blanco ante los integrantes de la Comisión Segunda.

Rodrigo Londoño cumple una sanción propia de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de lesa humanidad y secuestros. La protección estatal se mantiene por la evaluación de riesgo y por las obligaciones relacionadas con la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.

Cabe agregar que, en la misma intervención, Blanco se refirió al esquema asignado a Juliana Guerrero, cuyo costo para el Estado habría alcanzado $739 millones.

Las cifras expuestas ante la Cámara abrieron una discusión sobre el uso de recursos de la UNP; en ese contexto, el esquema de Rodrigo Londoño quedó bajo atención por sus 6 camionetas blindadas, sus 16 escoltas y un costo anual que superaría los $4.000 millones.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) definió las pruebas que serán practicadas e incorporadas en el Juicio Adversarial Transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, dentro del proceso que constituye el primer juicio adelantado por la jurisdicción en relación con lo que se conoció como Farcpolítica, término utilizado para referirse a las alianzas políticas con las extintas Farc en el contexto del conflicto armado.

La decisión fue adoptada mediante un auto fechado el 1 de octubre, después de la audiencia preparatoria que comenzó los días 22 y 23 de julio y concluyó con la sesión realizada este jueves. En ella, la Sección resolvió las solicitudes probatorias presentadas por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la defensa de Almario Rojas, el Ministerio Público y los intervinientes especiales.

Entre los testimonios que llegarán al juicio se encuentran los de Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko”, Milton de Jesús Toncel Redondo y Fabián Ramírez Cabrera, además de otros antiguos integrantes de las extintas Farc.

La determinación sobre las pruebas no implica, en esta etapa, una decisión sobre la responsabilidad penal del excongresista. La Sección precisó que su decisión establece cuáles de los elementos solicitados podrán ser presentados, incorporados y debatidos durante el juicio, bajo las reglas del procedimiento adversarial.

En total son 17 testimonios solicitados por la JEP

La acusación presentada por la UIA comprende 30 hechos jurídicamente relevantes relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y privaciones de la libertad. Entre los hechos señalados se encuentran el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, ocurrido el 20 de junio de 1996, y la masacre de la familia Tubay Cote, registrada en diciembre de 2000.

Para sustentar su teoría del caso, la UIA solicitó diferentes elementos materiales probatorios, evidencia física, documentos e información obtenida legalmente. La Sección decretó 17 testimonios solicitados por el organismo investigador.

Además de Londoño Echeverri, Toncel Redondo y Ramírez Cabrera, deberán comparecer Rubén Darío Montoya, José Ezequiel Huegia Cruz, Omar Olaya Estupiñán, Eduardo Ocasiones Llanos, William Wilches Sánchez, Alberto Luna Ocasiones y Constanza Judith Alfonsina Turbay Cote, entre otros.

La Sección también ordenó que la UIA ponga a disposición de la Subsección encargada del juicio a las personas que hayan elaborado, coordinado o tengan conocimiento directo de los diferentes tomos del denominado “Informe Génesis” de la Fiscalía. Estos testigos deberán explicar aspectos relacionados con la metodología utilizada y los resultados de ese trabajo.

Dentro de las pruebas documentales admitidas como elementos de cargo figuran protocolos de necropsia, actas de inspección y levantamiento de cadáveres, registros civiles de defunción, informes fotográficos y dactiloscópicos, declaraciones rendidas ante autoridades judiciales y expedientes de investigaciones penales. También fueron incorporados documentos relacionados con las estructuras de las antiguas Farc, entre ellos información sobre el Secretariado, el Bloque Sur, el Comando Conjunto ‘Camilo Torres’ y la Columna Móvil ‘Teófilo Forero’.

A esto se suman documentos provenientes de actuaciones adelantadas anteriormente por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, conforme a las reglas de permanencia de la prueba del procedimiento adversarial.

Defensa de Luis Fernando Almario también llevará pruebas a juicio

La decisión de la JEP incluyó igualmente elementos solicitados por la defensa de Luis Fernando Almario Rojas. Estos están relacionados con los resultados y estadísticas electorales de Caquetá, el contexto político del departamento, actuaciones judiciales, informes de seguridad, amenazas y atentados contra el excongresista, así como declaraciones obtenidas durante procesos adelantados previamente por la justicia ordinaria.

La defensa podrá incorporar 44 documentos, entre ellos resultados electorales del Caquetá entre 1990 y 2007, informes de organismos de seguridad, intervenciones de Almario Rojas en el Senado y actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. También fueron admitidos, con fines exclusivos de contextualización del ambiente político y de la opinión pública y sin otorgarles valor de prueba plena, 30 documentos descubiertos por la defensa, entre ellos publicaciones de medios de comunicación.

El excongresista tendrá además la posibilidad de presentar 21 testimonios. En esta lista se encuentra el propio Luis Fernando Almario Rojas y algunos de los mismos antiguos integrantes de las Farc citados por la UIA, entre ellos Milton de Jesús Toncel, Rodrigo Londoño y Fabián Ramírez.

La Sección decretó igualmente dos pruebas periciales solicitadas por la defensa. Una estará relacionada con los resultados electorales correspondientes al Congreso, la Gobernación, las alcaldías y la Asamblea del Caquetá. La segunda abordará el patrón de violencia contra líderes y simpatizantes de partidos y movimientos políticos del departamento. Ambos peritajes deberán concentrarse en hechos ocurridos entre 1994 y 2007.

Almario Rojas ha mantenido su posición de no aceptar responsabilidad por los hechos que se le atribuyen. Durante las versiones voluntarias realizadas en 2021, negó su participación y sostuvo su inocencia.

El juicio deberá permitir el debate de las pruebas decretadas y el ejercicio de contradicción de las partes. La JEP señaló que en este procedimiento se garantizan las reglas de contradicción, el debido proceso y la presunción de inocencia de Luis Fernando Almario Rojas. Sin embargo, la determinación sobre su responsabilidad o inocencia corresponderá a la decisión que se adopte después de que las pruebas sean practicadas y debatidas dentro del proceso.

El alto funcionario reveló que Rodrigo Londoño, más conocido Timochenko, cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección pese a que cumple actualmente una sanción propia de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de lesa humanidad y secuestros.

A la par, mencionó que tanto”Timochenko” como otros líderes de las extintas Farc están amparados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que el país debe mantener la protección.

“El señor Timochenko tiene seis blindadas y dieciséis hombres de protección. Pidió una extensión, se le hizo su estudio y el estudio arrojó que no se le podía implementar más. Ellos tienen una condición particular como firmantes del proceso de paz, que además está muy vigilada por la CIDH y, pues, muchas veces tenemos que regirnos por esa convención internacional”.

Conforme a lo expuesto por Blanco durante un debate en la Cámara de Representantes, varios exministros y exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro no han devuelto los vehículos de sus esquemas de seguridad tras dejar sus cargos.

“Algunos exministros y exfuncionarios se llevaron los vehículos, no los han entregado. Eso tiene, de todas formas, un trámite donde tenemos que requerirlos, ellos recurren. Hay algunos que a pesar de que se fueron y ya no son congresistas, pueden tener situaciones personales de seguridad”, afirmó.

El funcionario indicó que la transición de los esquemas ha dificultado la asignación completa de protección a nuevos beneficiarios. “Hay que decirlo: la transición no fue fácil”, señaló al referirse a las demoras.

Los exintegrantes del Congreso de la República que no conservan su curul pueden solicitar protección por circunstancias personales, pero deben iniciar un procedimiento distinto ante la entidad. Mientras ese trámite avanza, dejan de pertenecer a la población protegida por su condición parlamentaria.

“Mientras inician ese nuevo trámite, ellos se quedan sin su esquema. Lo que pasa es que ya no entrarían en la población de Congreso, sino que tendrían que iniciar un nuevo trámite”, explicó el director de la UNP. Según añadió, algunos exfuncionarios buscan evitar quedarse “unos días sin su esquema”, una situación que ha impedido completar el proceso de relevo.

Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección, ofreció disculpas al Centro Democrático por fuerte trino en campaña

Durante su intervención, Blanco pidió disculpas al Centro Democrático el martes 29 de septiembre de 2026 y aseguró que sus mensajes de campaña no determinarán las medidas de seguridad de la entidad para opositores y dirigentes amenazados.

La controversia involucra a una entidad con un presupuesto anual de $2,6 billones y responsable de la seguridad de al menos 12.000 personas en Colombia, entre políticos, líderes sociales y defensores de derechos humanos. La UNP debe evaluar los riesgos sin criterios partidistas, sostuvo el funcionario.

El directivo afirmó que la misión institucional no puede depender de afinidades con el Gobierno nacional ni de la posición política de quienes solicitan un esquema de seguridad. “Nosotros protegemos vidas humanas. Tan valiosa es la vida del centro, de la derecha, de arriba, de abajo, porque tenemos clarísimo que la protección y el sistema de protección es para aquellas personas que se encuentran en una situación de riesgo”, dijo.

Blanco se dirigió específicamente a la colectividad orientada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Quiero pedir disculpas al Centro Democrático por las afirmaciones que hice estando en campaña, obedecieron a temas de campaña. No es mi postura personal, no es mi postura profesional ni siquiera ideológica”, expresó.

En efecto, añadió que comprende las obligaciones de su cargo al frente de la Unidad Nacional de Protección. “Tengo clarísimo el ser humano que soy y también la dignidad que represento en la Unidad de Protección. Pido mil disculpas, como lo hice con La Silla Vacía, a quien se hubiera podido sentir ofendido con los comentarios”, manifestó el funcionario, psicólogo y poligrafista de profesión.

Exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc comenzaron a cumplir las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en los miles de secuestros registrados durante el conflicto armado en Colombia.

Entre los sancionados se encuentra Rodrigo Londoño Echeverry, conocido en su etapa de guerra con el alias de Timochenko que, en sus redes sociales, difundió imágenes de sus labores restaurativas para las víctimas.

El excomandante del antiguo grupo armado llegó el 21 de septiembre al municipio de Pitalito, en el departamento del Huila, junto con otros seis exintegrantes, donde adelantaron varias obras de reparación. Allí, Londoño Echeverry se le observó cortando leña con machetes y hasta lideró la búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio local San Antonio de Padua.

“Nos llena de satisfacción iniciar el cumplimiento de la sanción impuesta por la JEP. Martí decía, la mejor forma de decir, es hacer (...) trabajamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cumpliéndole a Colombia y a las víctimas. La paz vencerá”, manifestó el exlíder guerrillero y hoy vocero del partido Comunes en su cuenta de X.

No obstante, la difusión de estas imágenes generaron una oleada de críticas en diferentes sectores del país, argumentando que estos actos estarían revictimizando a las victimas del conflicto.

Ese fue el caso de la exsenadora María Fernanda Cabal que cuestionó a la JEP por las sanciones impuestas a ‘Timochenko’ y señaló que estos actos no representan a las poblaciones afectadas por la desaparecida organización alzada en armas.

“¿Poner a Rodrigo Londoño a limpiar parques y cortar leña es la sanción por secuestrar y torturar? ¿Después de más de 21.000 secuestros, eso es lo que la JEP presenta como justicia?”, escribió la excongresista del Centro Democrático.

Así mismo, Cabal reiteró que la justicia transicional no brinda justicia para los colombianos y consideró que las labores de Londoño Echeverry no responden a la libertad que, en sus palabras, perdieron las víctimas durante los años de conflicto.

“Los victimarios cumplen horario y vuelven a casa. Las víctimas perdieron años de libertad que nadie les va a devolver. Por eso digo que la JEP es el tribunal de la impunidad”, advirtió.

Otras críticas

Además de la exsenadora del Centro Democrático, organizaciones de víctimas del conflicto armado también criticaron las labores ejercidas por Rodrigo Londoño.

La Corporación Rosa Blanca, una ONG integrada por mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género cometidos por las Farc, calificó la participación de Londoño como una puesta en escena.

“Esta foto insulta la memoria de las víctimas, pero, además, es solo propaganda criminal para pedir presupuesto, ya que los profesionales de la UBPD o del Gatef de la JEP son los que están autorizados para hacer trabajos prospectivos y de recuperación de cuerpos según los protocolos”, sostuvo la organización.

La corporación también cuestionó el uso de casco de constructor y afirmó: “@TimoComunes el casco de constructor no se utiliza para estas tareas, qué estupidez. Esta fotico le cuesta a los colombianos más de $500 millones”.

La entidad reclamó información sobre presuntas fosas comunes en cercanías de La Uribe, Meta: “Timochenko, no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicadas cerca de La Uribe, Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde”.

Según la organización, en esos lugares “fusilaron cerca de 100 personas, incluyendo niños y jóvenes universitarios que se iban engañados para las filas de las Farc”. También recordó que Londoño fue jefe de inteligencia y contrainteligencia de la guerrilla y señaló que los familiares aún esperan los cuerpos.

La Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia también rechazó las fotografías: “Esas fotos son una vergüenza más de lo que es la impunidad de las sanciones en la JEP”.

La federación cuestionó que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas permitiera esa participación: “Que la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, quien ejerce la labor técnica de la búsqueda y de los sitios de interés forense, permita eso es demasiado grave. ¿No hay quien oriente a ese señor en serio?”.

Hasta el momento, el exlíder guerrillero no ha respondido a los cuestionamientos de las organizaciones sociales y de la dirigente política.

La Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad emitió la decisión el 18 de septiembre de 2026, luego de que la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz confirmara de manera parcial, el 25 de junio de 2026, la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2025 contra los exintegrantes de la antigua cúpula guerrillera.

El documento ordenó cumplir lo resuelto en la sentencia TP-SA-SP 620, que revisó parcialmente el fallo TP-SeRVR-RC-ST 001, emitido dentro del Caso 01, relacionado con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros delitos concurrentes atribuidos a las Farc-EP.

Las sanciones alcanzan a Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante y coordinador del Bloque Magdalena Medio, quien deberá cumplir ocho años; Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental, condenado a siete años, 10 meses y dos días; Milton de Jesús Toncel Redondo, comandante del Bloque Sur, con una sanción de siete años, ocho meses y 25 días; y Pablo Catatumbo Torres Victoria, comandante del Bloque Occidental, con ocho años.

También fueron sancionados Pastor Lisandro Alape Lascarro, comandante del Bloque Magdalena Medio, con seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo Cubillos, comandante del Frente Urbano Antonio Nariño e integrante del Bloque Oriental, con seis años; y Rodrigo Granda Escobar, conocido como el “canciller” de las Farc, con cinco años.

La Organización No Gubernamental (ONG) Rosa Blanca, integrada por mujeres víctimas de reclutamiento infantil, abusos sexuales y violencia de género, le pidió alias Timochenko entregar información sobre dos fosas comunes ubicadas cerca de La Uribe, Meta, en el sitio conocido como El Pueblito, además de otras localizadas en los puntos Ucrania y Casa Verde.

“Timochenko no se le olvide entregar las dos fosas comunes ubicada cerca de la Uribe - Meta, en el sitio El Pueblito, una fosa en el punto Ucrania y otra en el punto Casa Verde”, escribió la organización en su cuenta de X.

La ONG afirmó que Rodrigo Londoño era entonces jefe de inteligencia y contrainteligencia de las Farc y que allí “fusilaron cerca de 100 personas, incluyendo niños y jóvenes universitarios que se iban engañados para las filas de las Farc”. Según el grupo, los familiares aún esperan recuperar sus cuerpos.

Abogado de las víctimas señaló que tienen pruebas de la participación de Sandra Ramírez en abusos

Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo ante la JEP, habló sobre la citación de la excongresista Sandra Ramírez a rendir versión libre por su presunta implicación en el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de las Farc.

El togado dijo, en entrevista con Blu Radio, que la investigación no apunta a que Ramírez hubiera ejecutado directamente los delitos, sino a su supuesto nivel de influencia y a su participación en decisiones de los altos mandos.

Conforme a las declaraciones de Alzate, la citación modifica la situación jurídica de la exguerrillera dentro de la jurisdicción. “A partir de hoy ya ella deja de ser una amnistiada y entra a ser una compareciente, porque logramos probar que ella sí tuvo incidencia en la creación de los centros de abortos que tuvieron todos los frentes guerrilleros y en todas las prácticas de anticoncepción forzada y abortos forzados que se lideraron por parte de Jaime Parra y de ella para todos los frentes a nivel nacional”, sostuvo.

En efecto, indicó que la excongresista trasladó su formación como enfermera a otros integrantes de la guerrilla que ejecutaban esas prácticas. También le atribuyó intervención en decisiones sobre homicidios y desapariciones de menores reclutados.

La declaración de Daisy Guanaro, una víctima reclutada cuando tenía 10 años, fue presentada por Alzate como la prueba que permitió cuestionar a la jurisprudencia que hasta entonces solo citaba a mandos militares. Según el jurista, Guanaro relató que Ramírez la obligó a desfilar en ropa interior “para que complaciera a depravados sexuales como Timochenko y a depredadores sexuales como Pablo Catatumbo y otros de esos bandidos”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a seis integrantes del último Secretariado de las Farc a rendir versión dentro del Caso 11, subcaso 03, por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género cometidos en la organización entre 1990 y 2015.

Con estas decisiones, la JEP suma 35 exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central y de los bloques Occidental, Noroccidental, Magdalena Medio y Caribe llamados a responder por 693 hechos documentados en informes de organizaciones sociales y víctimas directas, según informó El Tiempo.

El expediente del despacho de la magistrada Lily Rueda reúne 34 víctimas acreditadas: 30 directas y cuatro familiares indirectos, ubicadas en 12 departamentos, entre ellos Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima y Cundinamarca. La investigación busca establecer si la cúpula conocía las agresiones cometidas contra mujeres mayores de 18 años que pertenecieron a las Farc.

La lista de convocados incluye a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Pablo Catatumbo; Pastor Alape y Julián Gallo, “Carlos Antonio Lozada”.

Las pesquisas incluyen denuncias por violencia y esclavitud sexual, abortos forzados, uso obligatorio de anticonceptivos y órdenes del alto mando para entregar recién nacidos a terceros. En el caso de Londoño se documentaron abortos forzados, procedimientos practicados con malos tratos y la imposición de anticonceptivos. Las mujeres señalaron al antiguo Secretariado por ordenarles entregar a sus hijos nacidos dentro de las filas para que fueran criados por otras personas de la organización.

Otro grupo de conductas investigadas comprende violencias motivadas por prejuicios contra personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas. Los relatos incluyen malos tratos, ocultamiento forzoso de la orientación sexual o de la identidad de género, amenazas de consejos de guerra y fusilamiento, además de prácticas que las víctimas describieron como correctivas, reveló el diario.

El subcaso 03 del Caso 11 se ocupa de personas que sufrieron estos hechos cuando tenían más de 18 años. Su alcance incluye violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio vinculadas con razones de género y diversidad sexual.

La Sala de Reconocimiento de la JEP también citó a la exsenadora Sandra Ramírez Lobo a rendir versión en el Caso 07, que investiga el reclutamiento de niñas y niños por las Farc-EP, para establecer si su trayectoria guerrillera y su relación personal con Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”, le otorgaron una posición de poder dentro de la organización. La diligencia también busca determinar el alcance de su eventual conocimiento o intervención en violencias contra menores, incluidas las sexuales y reproductivas.

El proceso reúne a 11.277 víctimas acreditadas: 2.250 de manera individual y 9.027 en forma colectiva, tras el reconocimiento de cinco pueblos indígenas y un Consejo Comunitario Afrocolombiano. Además, 26 antiguos integrantes de las extintas Farc, tanto del nivel nacional como territorial, han sido convocados a reconocer su máxima responsabilidad en este macrocaso, de acuerdo con la JEP.

La declaración de Ramírez tendrá efectos sobre el régimen de condicionalidad, del que dependen los beneficios de la justicia transicional, entre ellos evitar la cárcel ordinaria. Para mantenerlos, los comparecientes deben aportar una verdad plena, detallada y exhaustiva.

Si la Sala concluye que la exsenadora omite, minimiza o contradice los relatos entregados por víctimas y exmandos guerrilleros, esa conducta podría perjudicarla más adelante, aunque actualmente no sea tratada como máxima responsable. La magistratura deberá establecer si su versión coincide con la información acumulada en el expediente.

Si fuera imputada y reconociera su responsabilidad con un aporte completo de verdad, podría acceder a una sanción propia, de carácter restaurativo y sin prisión. Si negara los hechos y estos fueran probados, el expediente pasaría a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad para un juicio contradictorio, con penas ordinarias de hasta 20 años de prisión.

Rodrigo Londoño reconoció en un foro en Bogotá que su pasaporte está casi completo debido a invitaciones a eventos internacionales relacionados con la paz.

“Ya tengo casi el pasaporte lleno. No sé por qué se escandalizaron porque fui a España”, afirmó el excomandante de las extintas Farc-EP. Según describió, su papel como firmante principal del Acuerdo de Paz de 2016 lo convirtió en figura recurrente en seminarios y congresos en distintas partes del mundo.

En el encuentro, organizado por la Contraloría General de la República, Londoño detalló que ha visitado ciudades como Moscú, donde asistió a un congreso antifascista, y París, acompañando al expresidente Juan Manuel Santos.

“He tenido el privilegio, por haber sido quien me tocó estampar la firma a nombre de todos ellos, pues soy al que invitan a distintos eventos internacionales”, sostuvo el exjefe guerrillero.

La reciente visita a España, autorizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desató una ola de críticas encabezada por el presidente electo Abelardo de La Espriella. En una alocución, el dirigente calificó a Londoño como “criminal de guerra” y cuestionó el papel de la JEP, que permitió el desplazamiento del exlíder.

Críticas del presidente electo y debate sobre la JEP

Abelardo de La Espriella manifestó su rechazo a la presencia internacional de Londoño. “Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz del tribunal de la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida”, declaró el mandatario entrante.

El presidente electo también señaló que “ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra, y contra la humanidad, de los jefes de las Farc siguen impunes”. Estas afirmaciones reavivaron el debate sobre la necesidad de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, órgano encargado de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado.

La controversia escaló en redes sociales, donde De La Espriella insistió en la gravedad de los crímenes cometidos por las Farc y la falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas. Su postura fue replicada por sectores que cuestionan los alcances y resultados del acuerdo firmado en 2016.

Llamado al diálogo y advertencia contra la polarización

Frente a las declaraciones del presidente electo, Rodrigo Londoño respondió con un llamado a mantener el diálogo y evitar la escalada de discursos de odio.

“No respondamos, incluso a los discursos incendiarios, con respuestas incendiarias. Eso agudiza más la polarización a la que nos quieren llevar y a la que no debemos dejarnos llevar”, expresó el exjefe de las Farc durante el Congreso Internacional 10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad, realizado en el Teatro Colón de Bogotá.

Londoño advirtió que la estigmatización de quienes promueven la paz puede derivar en riesgos para su seguridad. “La vida de todos los firmantes está en peligro en este momento con esos mensajes de odio. Tenemos que trabajar en función de eso”, afirmó.

También llamó a establecer un diálogo directo y respetuoso con el futuro gobierno, subrayando la importancia de discutir la implementación del Acuerdo de Paz, independientemente de las diferencias ideológicas o políticas. “Es muy importante que nos sentemos a conversar sobre el tema de cómo se va a hacer para la implementación del acuerdo en su gobierno”, propuso.

El Acuerdo de Paz, la Constitución y la expectativa ante el nuevo gobierno

En su intervención, Londoño recordó que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 forma parte de la Constitución y que cualquier intento de modificarlo debe respetar el marco legal vigente.

“Ahora se dicen muchas cosas, pero serán los hechos los que dirán cómo serán los próximos cuatro años”, indicó el excomandante, que insistió en que la decisión de los firmantes no debe ser la violencia.

El contexto actual recuerda episodios previos, como las advertencias del expresidente Iván Duque sobre la supuesta intención de desmontar el acuerdo. Londoño instó a mantenerse vigilantes ante los discursos que puedan poner en riesgo los avances logrados tras la firma en La Habana.

Finalmente, el exjefe de las Farc reiteró su disposición a trabajar con el nuevo gobierno y enfatizó que la prioridad debe ser la paz. “Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal”.

El exguerrillero de las Farc-EP y firmante del Acuerdo de Paz Pastor Lisandro Alape Lascarro se pronunció luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella arremetió contra la política de la Paz Total y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Según Alape, la antigua guerrilla mantendrá su respaldo a la institucionalidad surgida tras el Acuerdo Final de Paz, en respuesta a las recientes declaraciones de De la Espriella, que advirtió que no habrá “perdón ni olvido” para los exintegrantes del grupo armado.

Según el pronunciamiento del ahora miembro del partido Comunes, las afirmaciones del mandatario evocan episodios de confrontación y estigmatización vividos durante el conflicto armado, que, a juzgar por sus palabras, no modificarán el compromiso de los firmantes con la paz.

Durante un pronunciamiento ante los medios de comunicación, Pastor Alape, que es el coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz por parte de Comunes, instó a que cese la violencia contra los firmantes y exigió garantías para quienes han cumplido con los compromisos adquiridos.

“(...) Como cuando antiguamente se lanzaban voces de aniquilamiento a la insurgencia armada. Hoy la seguimos, convencidos de que esas expresiones no van doblegarnos en el sentido de salir huyéndole al compromiso que hicimos”, dijo.

Agregó que “aquí nos mantendremos hasta nuestro último respiro defendiendo la institucionalidad que aprobamos en 2016, a los que nos comprometimos. Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, que tenemos que asegurarles de que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país”.

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella reiteró su postura sobre la justicia transicional, y planteó posibles medidas restrictivas para los antiguos líderes de las Farc-EP, entre ellos Rodrigo Londoño y Julián Gallo.

Sin embargo, el dirigente de Comunes, alegó que la implementación de lo pactado constituye una obligación ética con las víctimas y las nuevas generaciones.

“Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, a quienes tenemos que asegurarles que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país”, expresó Alape.

Estas fueron las palabras de De la Espriella

Por su parte, las declaraciones del presidente electo se centraron en la crítica contra permiso otorgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, para viajar a España.

Por ende, el jefe de Estado electo comentó que “los principales responsables de los crímenes cometidos por esa organización guerrillera no han recibido las sanciones que corresponden”, de manera que, una vez asuma el cargo el 7 de agosto, tomará medidas drásticas respecto a este tipo de casos.

“Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la Farc siguen impunes”, dijo.

Con esa información, durante la tercera alocución pública como presidente electo, lanzó una serie de anuncios sobre la dirección de su futura administración en cuanto al enfoque que tomará con los procesos de paz.

De la Espriella expresó que no habrá “más procesos de falsa paz” durante su administración y que ya dio instrucciones para iniciar el desmonte de lo que calificó como “impunidad camuflada en los esfuerzos de paz”.

Entre las medidas anunciadas, De La Espriella informó que eliminará la figura del Comisionado de Paz y que los funcionarios designados en temas de seguridad, justicia e interior tienen la orden de actuar de inmediato para desmontar estructuras que, a su juicio, han brindado protección legal injustificada a responsables de crímenes graves.

“El Comisionado para la Seguridad, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior designados tienen la orden de desmontar, de manera inmediata, cumpliendo con la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”, declaró.

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que impulsará cambios contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y dijo que buscará que Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, vuelva a prisión cuando asuma el Gobierno el 7 de agosto de 2026, señalando que una de las prioridades de su administración será desmontar lo que considera un modelo de impunidad surgido del proceso de paz.

“Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó.

Frente a esto, el último secretariado de las extintas Farc le pidió a De la Espriella abrir un diálogo sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y, al mismo tiempo, fijó una línea política y jurídica. El pacto firmado con el Estado colombiano obliga al próximo gobierno porque, según los excomandantes, hace parte de la Constitución Política y está respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En la carta, los firmantes recordaron que el acuerdo está “próximo a cumplir 10 años” y ratificaron su compromiso con lo pactado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. El mensaje llegó después de que, según señalaron, escucharan durante la campaña y tras las elecciones opiniones críticas del mandatario electo sobre ese marco de paz.

Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo se presentaron como integrantes del último secretariado y como “Alta Parte Contratante” del Acuerdo Final. Desde esa doble condición, sostuvieron que participaron activamente en la campaña reciente “como actores políticos, en el marco de la Constitución y la ley”.

La tensión central del escrito está en ese cruce entre reconocimiento institucional y prevención política. Los exjefes de la antigua guerrilla admitieron que ocupan una “orilla ideológica y política distinta” a la del mandatario electo, pero usaron ese punto de partida para reclamar convivencia democrática y continuidad estatal frente a un acuerdo que, afirmaron, no depende de afinidades partidarias.

Los firmantes vincularon el acuerdo con obligaciones constitucionales e internacionales

En su mensaje a De la Espriella, los excomandantes señalaron que el Acuerdo de Paz “hace parte de la Constitución en virtud del bloque de constitucionalidad”, y añadieron que también está ligado a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Esa afirmación fue acompañada por una referencia directa al origen institucional de ese respaldo. Los firmantes atribuyeron ese alcance a la Declaración Unilateral de Estado que hizo en su momento el expresidente de la República, Juan Manuel Santos, y que, según escribieron, fue ratificada después por el actual presidente Gustavo Petro Urrego.

Desde esa lectura, el grupo sostuvo que el presidente electo conoce “perfectamente” las obligaciones constitucionales y legales del Estado frente a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales. Para reforzar ese punto, recordó que De la Espriella “ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”.

La carta ofreció diálogo, pero puso como piso el cumplimiento integral del pacto

Los exintegrantes del secretariado dijeron que están dispuestos a “dialogar para encontrar caminos” que permitan avanzar en la implementación integral del Acuerdo Final de Paz. La invitación no apareció como una propuesta abierta sobre el contenido del pacto, sino como un mecanismo para ejecutar lo ya firmado.

En la misma línea, subrayaron que ratifican “ante el país y el mundo” su “indeclinable compromiso de honrar la palabra” empeñada con la firma del acuerdo. La referencia a ese compromiso buscó presentar a los firmantes como parte que ya asumió una obligación y que ahora espera una respuesta equivalente del Estado.

El planteo incluyó una idea de reciprocidad explícita. “En reciprocidad esperamos que el Estado Colombiano responda al compromiso contraído con la misma honradez y transparencia que lo estamos haciendo los reincorporados a la vida civil”, escribieron.

Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, tenía plazo hasta este 14 de julio de 2026 para presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y certificar su regreso a Colombia tras un viaje autorizado a España, pero una declaración suya sobre la posibilidad de no volver abrió la hipótesis de que pudiera quedar en condición de prófugo si incumplía una salida que el mecanismo de justicia definió como improrrogable.

“PREVÉNGASE al compareciente que conforme a lo dispuesto por la SRVR debe asistir de manera virtual a la diligencia programada el 24 de junio de 2026, así como que deberá presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la SeRVR a más tardar el 14 de julio de 2026 y que la salida del país autorizada en esta providencia es improrrogable salvo fuerza”, puntualiza la autorización.

Ante las dudas sobre si el líder del Partido Comunes iba a regresar a Colombia, el exvicepresidente de la República Francisco Santos afirmó en sus redes sociales que la JEP debería ser clausurada, puesto que no actúa, en su criterio, como un órgano encargado de buscar la reconciliación, sino que ayuda a los criminales.

Incluso, señaló que la JEP no otorgó justicia a las víctimas del conflicto armado en Colombia, sino que fomentó los beneficios a los líderes de las extintas Farc.

“Hay que cerrar la JEP cómplice de estos criminales de guerra, que la verdad se salieron con la suya. Comenzar por desfinanciarla y acabar con esos cómodos salarios, como el de la esposa de Iván Cepeda Que vergüenza de proceso de paz que no trajo paz, no trajo justicia, no trajo reconciliación y si trajo impunidad. Juan Manuel Santos”, escribió en su cuenta de X.

A la par, sostuvo que la entidad liderada por el magistrado Alejandro Ramelli ha otorgado contratos a familiares de políticos cercanos a la izquierda, como Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial, Iván Cepeda, que se reintegró el 8 de julio de 2026 como asesora de Despacho de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Bajo la misma línea, el congresista electo por el Centro Democrático Daniel Briceño afirmó que “si el señor alias Timochenko se queda en Europa y no vuelve al país, la JEP será cómplice de que uno de los delincuentes más grande de la historia de Colombia se haya volado, así como el gobierno Petro es cómplice de la fuga Carlos Ramón González”, expuso en la misma plataforma.

La propuesta de De la Espriella y la llegada de ‘Timochenko’

La controversia coincidió con otro frente político: el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que buscará desmontar el esquema de justicia transicional surgido del Acuerdo de Paz 2016 y afirmó que intentará que el excomandante de las extintas Farc vuelva a prisión cuando asuma el Gobierno el 7 de agosto de 2026.

Cabe recordar que Londoño viajó a España invitado por Izquierda Unida y con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz. La orden le exigía regresar y presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la SeRVR a más tardar este 14 de julio de 2026, después de una agenda internacional prevista entre el 20 de junio y el 12 de julio.

La pregunta central que abrió el caso fue si el exjefe guerrillero volvería o no. Citado por Blu Radio, Londoño respondió sobre su situación actual: “Voy a ver si vuelvo”.

Esa frase elevó la tensión porque, de no presentarse dentro del término ordenado, el excomandante quedaría en incumplimiento frente a la jurisdicción que supervisa sus obligaciones como compareciente del sistema de justicia transicional.

Tras la controversia, circularon vía redes sociales videos y fotografias en redes sociales en los que Londoño apareció en instalaciones de la JEP para reportar su llegada al país y acreditar el cumplimiento de la orden judicial. El medio ya había informado que la comparecencia personal del 14 de julio de 2026 era un requisito que Timochenko había atendido en ocasiones anteriores.

Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como alias Timochenko, viajó a España invitado por Izquierda Unida y con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le ordenó volver a presentarse en Colombia el 14 de julio de 2026 para acreditar su regreso al país.

La invitación incluyó su participación en un seminario en Madrid sobre trabajo entre Europa y la Comunidad de países andinos, previsto entre el 20 y el 23 de junio de 2026, además de otros eventos en distintas ciudades españolas entre el 24 de junio y el 12 de julio de 2026, según una carta fechada el 21 de mayo de 2026.

Izquierda Unida formalizó la convocatoria al exjefe de las extintas Farc y actual presidente del partido Comunes. “Por medio de la presente carta es para nosotros un honor invitarle a participar en el Seminario sobre trabajo entre Europa y la Comunidad de países andinos que la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida organiza en Madrid entre los días 20 y 23 de junio de 2026”, señala el documento.

La carta añadió que la colectividad asumirá los gastos de alojamiento y logística por su participación en las actividades programadas. Según el permiso otorgado por la JEP, “Timochenko”, deberá presentarse de manera personal a más tardar el 14 de julio de 2026 para certificar su regreso a Colombia, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, informó Caracol Radio.

La autorización de la JEP fijó condiciones adicionales: “PREVÉNGASE al compareciente que conforme a lo dispuesto por la SRVR debe asistir de manera virtual a la diligencia programada el 24 de junio de 2026, así como que deberá presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la SeRVR a más tardar el 14 de julio de 2026 y que la salida del país autorizada en esta providencia es improrrogable salvo fuerza”.

Tras conocerse que el director del Partido Comunes debe volver al país, Blu Radio reveló una serie de conversaciones que tuvo el medio con Londoño, en las que preguntaron por su situación actual.

En la comunicación, el exlíder de las Farc afirmó que “voy a ver si vuelvo”, lo que lo haría un prófugo de la justicia.

Tras la polémica, Caracol Radio publicó videos en redes sociales en los que Londoño apareció en las instalaciones de la JEP para reportar su llegada al país y el cumplimiento del acuerdo.

De la Espriella cuestionó a la JEP y afirmó que trabajará para que ‘Timochenko’ “esté preso de por vida”

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que impulsará cambios contra la JEP y dijo que buscará que “Timochenko” vuelva a prisión cuando asuma el Gobierno el 7 de agosto de 2026, señalando que una de las prioridades de su administración será desmontar lo que considera un modelo de impunidad surgido del proceso de paz.

La definición fue expuesta durante su tercera alocución como mandatario electo, en medio de la transición presidencial. Allí afirmó que su equipo trabaja desde antes de la posesión en decretos y reformas para modificar la política de seguridad y justicia del país.

En el tramo más duro de su discurso, dirigió sus señalamientos contra Rodrigo Londoño Echeverri, o Timochenko, último máximo comandante de las extintas Farc. “Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó.

El líder del movimiento político Defensores de la Patria sostuvo que considera inadmisible que antiguos integrantes de la guerrilla participen en actividades internacionales mientras las víctimas, a su juicio, siguen esperando justicia. También cuestionó que excombatientes puedan desplazarse al exterior y definió esas salidas como una continuidad de la llamada “diplomacia guerrillera”.

De la Espriella planteó que las medidas que prepara su equipo incluirán cambios sobre el funcionamiento de la justicia transicional y la política de seguridad. En ese marco ubicó sus ataques a la JEP, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.

Su posición es que esa jurisdicción se convirtió en un escenario que favorece la impunidad y protege a responsables de delitos graves. “Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP”, dijo.

El punto central del anuncio es que el próximo gobierno buscará desmontar, conforme a su propia definición, el esquema institucional que surgió del acuerdo con las antiguas Farc en materia de juzgamiento. Esa intención fue presentada como una prioridad de su administración antes incluso de la toma de posesión del 7 de agosto de 2026.

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra el presidente electo, Abelardo De la Espriella, tras las declaraciones que emitió en su más reciente alocución sobre Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’ y actual presidente del partido Comunes.

La funcionaria aseguró que las afirmaciones del mandatario electo desconocen los compromisos derivados del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y advirtió que sus pronunciamientos podrían incentivar escenarios de confrontación contra los firmantes del proceso de paz.

Gloria Cuartas pidió a la Fiscalía investigar a Abelardo De la Espriella

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Gloria Cuartas cuestionó el tono de las declaraciones de De la Espriella y pidió que las autoridades determinen si estas constituyen algún delito.

“Pido a la Fiscalía iniciar investigación contra el señor Abelardo de la Espriella por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del Partido Comunes. El señor Rodrigo Londoño se acogió a una negociación y sus afirmaciones desconocen 10 años de un largo proceso”, escribió.

En su pronunciamiento, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz sostuvo que el presidente electo tiene la obligación de respetar lo pactado en el acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las antiguas FARC, al considerar que este hace parte del bloque de constitucionalidad.

Además, manifestó que el discurso del mandatario electo “no debe estimular campañas de odio” y afirmó que sus declaraciones “llaman a la confrontación y la muerte”.

“El señor electo está en la obligación de respetar lo acordado, no estimular campañas de odio y con su estilo desafiante llama a la confrontación y la muerte. La vida de firmantes de paz es obligación proteger”, agregó.

Cuartas también recordó que, según explicó, la Corte Constitucional ha solicitado activar todos los mecanismos de protección del Acuerdo de Paz y señaló que De la Espriella debería conocer el alcance jurídico del pacto.

“Parece que no recuerda los crímenes de Estado que hoy los militares narran a través de las audiencias. Señor Abelardo de la Espriella, pida a sus asesores le cuenten qué significa un Acuerdo de Paz que hace parte del bloque de constitucionalidad”, concluyó.

Las declaraciones de Abelardo De la Espriella sobre ‘Timochenko’

La reacción de Gloria Cuartas surgió luego de la tercera alocución del presidente electo, transmitida en sus redes sociales durante el proceso de transición hacia el Gobierno que iniciará el próximo 7 de agosto.

En su intervención, De la Espriella anunció una reestructuración de la Presidencia de la República, explicó parte de las reformas que impulsará desde el inicio de su mandato y reiteró su intención de desmontar lo que denominó la “impunidad total”.

Dentro de ese anuncio, informó que la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz desaparecería y que sus funciones serían trasladadas al futuro Comisionado Nacional de Seguridad.

Asimismo, aseguró que en su administración “se acaba el Comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz” y ordenará desmontar los mecanismos que, según dijo, han permitido escenarios de impunidad.

Fue en ese contexto cuando se refirió directamente a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y cuestionó que actualmente pueda viajar al exterior.

“Hoy vemos al criminal de guerra alias ‘Timochenko’ en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello”, afirmó el presidente electo durante su intervención.

Además, sostuvo que “ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes”, al tiempo que lanzó nuevas críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Durante su tercera alocución como mandatario electo, el abogado aseguró que su equipo trabaja desde antes de la posesión en la preparación de decretos y reformas para modificar la política de seguridad y justicia del país. En ese contexto, dedicó parte de su intervención a cuestionar la labor de la JEP y el tratamiento que, según él, han recibido los antiguos comandantes de las Farc.

De la Espriella dijo que trabajará para que Timochenko “esté preso de por vida”

Uno de los apartados más fuertes del discurso estuvo dirigido contra Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, último máximo comandante de las extintas Farc.

El presidente electo aseguró que, una vez asuma el cargo, impulsará acciones para que el exguerrillero vuelva a prisión. “Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida, voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes”, afirmó.

En su intervención, sostuvo que resulta inadmisible que antiguos integrantes de la guerrilla participen en actividades internacionales mientras, a su juicio, las víctimas siguen esperando justicia.

Además, cuestionó que los excombatientes puedan desplazarse al exterior y calificó esas salidas como una continuación de la denominada “diplomacia guerrillera”.

“Mientras Petro y Cepeda promueven una rebelión en contra de lo que dictaron las urnas, los criminales que asesinaron, violaron y llenaron de cocaína el mundo se mueven tranquilamente en giras internacionales (...) Eso es a todas luces intolerable”, expresó.

El mandatario electo cuestionó el papel de la JEP

Las críticas de De la Espriella no estuvieron dirigidas únicamente contra los exjefes de las Farc. También arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 para investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.

Según el mandatario electo, la jurisdicción se ha convertido en un escenario que favorece la impunidad y protege a quienes considera responsables de graves delitos.

En ese sentido, manifestó: “Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP”.

Asimismo, lanzó cuestionamientos adicionales contra el tribunal al asegurar que, según su interpretación, la entidad brinda protección a personas cercanas al presidente saliente, Gustavo Petro, en medio de las tensiones políticas surgidas tras las elecciones presidenciales.

Durante ese apartado del discurso afirmó: “La JEP le da cobijo al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil”.

Seguridad y justicia, entre las prioridades del nuevo Gobierno

Las críticas contra la JEP estuvieron acompañadas por un nuevo mensaje sobre la política criminal que pretende implementar desde el inicio de su mandato.

De acuerdo con De la Espriella, el Gobierno entrante priorizará la seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el endurecimiento de las acciones contra las organizaciones criminales.

En la misma alocución recordó que su equipo trabaja desde la transición en un paquete de decretos que, según explicó, buscará modificar el enfoque de seguridad nacional, recuperar la confianza institucional y combatir el crimen organizado.

Además, insistió en que su administración pondrá fin a lo que denomina “impunidad total”, una expresión que ya había utilizado en anteriores intervenciones públicas para referirse a las políticas del Gobierno saliente.

El exjefe guerrillero manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del presidente electo, que anunció su intención de desconocer el acuerdo, así como la posibilidad de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su reflexión pública en un video publicado en su cuenta de X, Londoño sostuvo: “Compañeras y compañeros firmantes, camaradas todos, cálido y fraterno saludo esperando que se encuentren bien. Estamos con una gran incertidumbre generada por lo planteado por el presidente electo frente al acuerdo de paz firmado en el 2016, que lo va a desconocer, estigmatiza a quienes lo firmamos y otras amenazas como acabar con la JEP, columna vertebral del acuerdo”.

El anterior líder subversivo, conocido en su momento como “Timochenko”, aseguró que “el acuerdo está incluido en la Constitución Política de Colombia. Todo funcionario público, incluido el presidente, están obligados a cumplir la Constitución”. De la misma manera, exaltó el carácter internacional del acuerdo, reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y depositado en Berna, Suiza.

“Lo más importante, está en los corazones de millones de colombianos convencidos que las diferencias de nuestra sociedad se deben dirimir a través del diálogo y la concertación, no con violencia. El reto es de mucha envergadura: defender el acuerdo y trabajar por la implementación en su letra y espíritu, como nos comprometimos ante Colombia y el mundo, y como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos diez años”, dijo.

Rodrigo Londoño solicitó en su mensaje defender la implementación integral del acuerdo y reiteró que “las diferencias de nuestra sociedad se deben dirimir a través del diálogo y la concertación, no con violencia”.

“No estamos solos”: Rodrigo Londoño

Además, llamó a consolidar la unidad entre los firmantes y las organizaciones comprometidas con la paz: “Debemos de poner las desavenencias y roces que se han presentado en estos diez años. La unidad es la clave de la victoria”.

Sugirió que los defensores del Acuerdo de Paz que le ameritó un premio Nobel de Paz al expresidente Juan Manuel Santos no están solos, representados por el respaldo electoral que recibió la candidatura de Iván Cepeda:

“Tenemos muchos aliados, no estamos solos. Hay que consolidar las organizaciones que trabajan por la defensa del acuerdo y su implementación, las que el mismo acuerdo nos dio, incluido el partido. Debemos de poner las desavenencias y roces que se han presentado en estos diez años. La unidad es la clave de la victoria”, indicó.

Londoño advirtió que retomar las armas sería un error político y personal, es decir, “mayor equivocación”: “Es un suicidio político e incluso personal. En estos momentos, en Colombia, esa vía no tiene futuro y lo hemos visto en estos diez años en quienes la han tomado. Organización y lucha debe ser nuestra consigna. Nada de aventuras”, continuó. Dijo también que se requiere “organización y lucha, que debe ser nuestra consigna. Nada de aventuras”.

Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que la eliminación de este tribunal no puede realizarse mediante un decreto presidencial ni por decisión exclusiva del Ejecutivo.

“La JEP tiene dos actos legislativos y dos sentencias de la Corte Constitucional que garantizan su estabilidad. No cualquier reforma constitucional es válida, ya que no se pueden sustituir elementos esenciales de la Constitución”, explicó y también resaltó que la creación y funcionamiento de la jurisdicción involucró a las tres ramas del poder público.

Ramelli aclaró que una eventual eliminación de la JEP tendría graves consecuencias para las víctimas, los comparecientes y la estabilidad del Acuerdo de Paz.

“Las más de 300.000 víctimas que participan ante la jurisdicción verían afectada su expectativa de obtener decisiones definitivas y habría una crisis de seguridad jurídica para quienes se acogieron al sistema”, afirmó el magistrado.

Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido como Timochenko y que fue uno de los principales firmantes del Acuerdo Final de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), de las que fue máximo cabecilla hasta noviembre de 2016, anunció el domingo 7 de junio de 2026 su decisión de apoyar al senador Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Una determinación que causó revuelo en redes.

La declaración de Londoño Echeverry, dirigida a integrantes del colectivo Defendamos la Paz (DLP), enfatizó que “no hay espacio para la incertidumbre frente a la decisión electoral”. El exlíder insurgente, que asumió el mando del partido Comunes tras su reincorporación a la vida civil, expresó en una misiva de dos páginas los motivos que lo llevaron a esta determinación; con miras a la contienda del domingo 21 de junio.

En su mensaje, el exguerillero relató cómo, durante un fin de semana junto a su hijo de casi siete años, el menor le preguntó por quién había votado, a lo que el director del partido Comunes respondió: “por Cepeda”, por lo que mencionó cómo este episodio lo llevó a reflexionar acerca del significado de las decisiones políticas en el presente, en el que está en juego, en su concepto, el respeto al acuerdo firmado con el Estado.

“Tenemos que estar a la altura del momento histórico, de la decisión que tomemos como pueblo va a depender el futuro de niñas y niños como JR que de manera ingenua comienza a asomarse al mundo de los adultos y sus decisiones”, escribió Londoño Echeverry, que si bien tuvo la posibilidad de ejercer como congresista de la República, declinó su aspiración para comandar las riendas de la colectividad de izquierda.

En esa misma línea, el exjefe de las extintas Farc reiteró la necesidad de evitar ambigüedades en la coyuntura actual. “Es imposible tener dudas en este momento de cuál es el camino a seguir y al que debemos trabajarle con entusiasmo y sin ambages para que otros y otras también lo asuman”, sostuvo Londoño, que instó a promover esta oposición, pues “dudar o hacer dudar en este momento nos pierde”.

Las críticas de ‘Timochenko’ al Gobierno de Gustavo Petro y sus elogios a Iván Cepeda

Aunque expresó su apoyo a Cepeda para la segunda vuelta, Londoño dedicó parte de su carta a cuestionar la gestión del presidente Gustavo Petro, pues según afirmó, los firmantes del Acuerdo de Paz han enfrentado dificultades por las decisiones y políticas de la actual administración. “Nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo en carne propia sus inconsistencias, su egocentrismo, sus improvisaciones”, expresó.

En su argumentación, recordó que, a pesar de la promesa del jefe de Estado de cumplir el acuerdo “a rajatabla”, una de las primeras decisiones de su administración fue no incluir un capítulo específico sobre el Acuerdo Final de Paz en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Así, denunció que los representantes de los firmantes ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) han encontrado obstáculos para ejercer sus funciones.

Con todo ello, pese a las críticas expuestas, el excabecilla del extinto grupo, que sí honró la palabra dada ante los colombianos, a diferencia de alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, reconoció ciertos avances bajo la administración actual. Según su visión de la gestión de Petro, “en ningún otro gobierno habíamos avanzado más en función de atacar las causas estructurales que han generado la violencia en Colombia”.

Por otra parte, en su misiva Rodrigo Londoño destacó la trayectoria de Cepeda en temas de paz y su rol durante los diálogos de La Habana. “Estoy seguro de que acá nadie duda de la vocación de paz de Iván Cepeda refrendada por la dedicación en su búsqueda a lo largo de su trayectoria”, expresó el excabecilla, que lleva nueve años de haber dejado las armas, como actor político en medio de duros señalamientos.

También reconoció que, en un principio, mantuvo reservas respecto a Cepeda, pero estas se disiparon tras los encuentros sostenidos durante las negociaciones en Cuba. “No puedo negar mis prevenciones las primeras veces que lo traté en La Habana en el marco de los diálogos, prevenciones que desaparecieron en los intercambios realizados y al ver los esfuerzos que hacía para que esos diálogos dieran sus frutos”, escribió.

Al concluir su mensaje, el director de Comunes apeló a la unidad e hizo referencia a la obra literaria Fuente Ovejuna, del dramaturgo español Lope de Vega. “Como en Fuente Ovejuna: ‘TODOS A UNA’”, concluyó Londoño Echeverry, en un llamado en el que se dirigió a los que comparten el espacio político y social de Defendamos la Paz, así como a los que influyen en la opinión pública en Colombia.

Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su etapa como máximo comandante de las antiguas Farc, rechazó públicamente la difusión de publicaciones en redes sociales sobre un presunto retorno a las armas, en caso de un posible resultado adverso en las elecciones presidenciales en Colombia.

En su cuenta de X, el hoy líder del partido Comunes, nacido del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y el extinto grupo armado, afirmó que dichas afirmaciones alimentan la polarización política y ponen en riesgo la integridad de aquellos que firmaron la paz y se reincorporaron a la vida civil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Desafortunadamente, la política del odio mantiene sus agresiones, estigmatización y desinformación acerca de mi persona y de los y las firmantes del Acuerdo de Paz”, escribió el dirigente político en sus redes sociales.

En la publicación, Londoño recopiló varios portales digitales en la que se mencionaba la siguiente frase: “Timochenko dice que si gana la derecha en Colombia está pensando seriamente volver al monte”.

Ante esta situación, “Timochenko” informó que ha presentado denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional de Colombia para que se indague al responsable de la difusión del mensaje considerado como calumnia. “Denuncio ante la @FiscaliaCol y @CaiVirtual la propagación de mentiras e injurias de distintos medios”, añadió.

Así mismo, Rodrigo Londoño insistió en el compromiso con el proceso de reconciliación y en el cumplimiento del acuerdo por parte del antiguo grupo guerrillero.

“La divulgación de noticias falsas y calumniosas atenta contra la integridad física y moral de los firmantes del Acuerdo de Paz y viola la Sentencia SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional de Colombia. Los firmantes del Acuerdo de Paz estamos firmes en la brega por la paz”, concluyó.

Revés electoral de Comunes

La tensión política se agrava tras la reciente pérdida de la personería jurídica de Comunes. En las elecciones al Congreos del 8 de marzo de 2026, la agrupación política encabezada por Londoño no solamente no pudo retener sus diez curules en el legislativo (5 en Senado y 5 en Cámara de Representantes), derechos garantizados específicamente por el Acuerdo de La Habana (Cuba), sino que dejara de contar con personería jurídica.

En ese contexto, Sandra Ramírez, histórica dirigente y viuda de Manuel Marulanda (alias Tirofijo), intentó postularse a través de la lista de Fuerza Ciudadana. Sin embargo, recibió apenas 10.505 votos (0,05%), cifra que, sumada a los 114.722 votos totales de Fuerza Ciudadana, no superó el umbral necesario para obtener representación en el Congreso.

En ese sentido, Rodrigo Londoño dirigió mensajes de serenidad a la militancia, la comunidad internacional y los observadores de procesos de paz tras no obtener los resultados requeridos para llegar al Congreso.

“A los amigos y amigas de la paz de Colombia, a la comunidad internacional y a la militancia, mi mensaje de sosiego en esta coyuntura. Comunes sufrió un revés electoral, pero no perdimos la convicción de seguir luchando en democracia por la paz con justicia social. Venceremos”, escribió Londoño en una publicación en la red social X.

Del mismo modo, Londoño recalcó que el resultado adverso no implica el abandono de la causa política ni de los compromisos suscritos en 2016.

“No hemos perdido la credencial de firmante del acuerdo de paz ni de alta parte contratante y como tal seguiremos trabajando sin descanso porque se implemente el acuerdo en su espíritu y en su letra”, declaró “Timochenko” en un video publicado en la misma red social.

Frente a los resultados de la contienda electoral, el líder de Comunes aseveró que la derrota en las urnas obedece a factores internos y externos, que, aseguró, merecen un análisis detenido.

“Sí, como Comunes tuvimos un revés electoral. Hay causas endógenas y exógenas que habrá que analizar con detenimiento, pero no hemos perdido la convicción de trabajar por la paz de Colombia”, indicó.

No obstante, señaló problemas crecientes vinculados a la seguridad de los excombatientes y a la gestión institucional por parte del Estado.

“Hay dificultades con el tema de la seguridad, lo que está sucediendo en la UNP. Hay dificultades que tienen a muchos muy angustiados, como lo del tema de la asignación mensual, pero ahí seguimos en la brega porque estas cosas logremos reversarlas”, destacó.

Por último, Rodrigo Londoño reiteró su llamado a mantener la moral y la esperanza. “Hacer la paz es revolucionario, ¡Estamos absolutamente llenos de moral!”, concluyó.

Los exlíderes de la antigua guerrilla de las Farc reconoció el reclutamiento forzado de más de 18.000 menores y admitió la comisión de abusos sexuales durante la época del conflicto armado colombiano.

Así lo reconocieron en una carta y un video dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), revelado por El Espectador, donde asumen su responsabilidad total y piden perdón público a las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La misiva fue firmada el 27 de enero de 2026 en la que los exintegrantes del grupo armado admiten el reclutamiento forzado de 18.677 niños, niñas y adolescentes entre 1996 y 2016, así como la comisión de delitos sexuales y de género sobre quienes estuvieron bajo su control.

Los firmantes son Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como ‘Timochenko’, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos (alias Carlos Antonio Losada), Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Rodrigo Granda Escobar y Jaime Alberto Parra Rodríguez.

Estos siete exjefes fueron señalados como máximos responsables dentro del caso 07 de la JEP, proceso liderado por la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán.

“Manifestamos que reconocemos de manera clara la ocurrencia de todos los hechos y conductas que se nos atribuyen”, se lee en el documento revelado por el diario mencionado.

Reclutamiento de menores y abusos sexuales reconocidos por las Farc

La JEP documentó que la antigua guerrilla ejecutó cinco patrones criminales: reclutamiento y utilización de menores, malos tratos y homicidios dentro de las filas, violencia reproductiva, violencia sexual y delitos motivados por prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género.

De los 18.677 menores reclutados, al menos el 28% se encuentran desaparecidos. Además, un 30% de las víctimas eran menores de 15 años al momento de su captura forzosa.

Así mismo, la entidad sostiene que el 24% de los sobrevivientes afirmó ser víctima de violencia de género y el 35% de las mujeres denunciaron abusos sexuales. Estas cifras muestran la magnitud de los crímenes reconocidos y el impacto en las víctimas.

El escrito deja sin efecto las observaciones previas de los exjefes, quienes en julio de 2025 habían puesto reparos sobre la tipificación de algunos delitos, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de género.

El documento establece expresamente que ya no existe ninguna restricción al reconocimiento de los hechos y que cualquier afirmación anterior queda sin validez.

Compromiso ante la justicia transicional

En la comunicación, los exdirigentes se presentan como “máximos responsables en nombre del conjunto de la antigua organización guerrillera” y subrayan que su reconocimiento es total, con el objetivo de aportar a la verdad, la justicia y la reparación.

Los firmantes manifiestan estar dispuestos a responder las preguntas de víctimas y representantes, y a dialogar con la sociedad y la justicia transicional acerca de los hechos reconocidos.

Expresan la voluntad de aclarar asuntos jurídicos pendientes, en particular respecto a la diferencia entre los patrones de violencia sexual y violencia basada en prejuicio, aunque insisten en que esto no condiciona su admisión de los actos cometidos.

“Ni desconocemos ni ponemos en duda la ocurrencia de hechos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado ni de reclutamiento de menores, por lo que no manifestamos ningún condicionamiento del reconocimiento ya expresado. Manifestamos respetuosamente una preocupación en relación con la diferenciación entre los patrones IV y V, en la medida en que ambos se refieren a violencia sexual”, propusieron.

El documento señala la apertura a ampliar detalles o ajustar declaraciones si la JEP o las víctimas lo consideran necesario, con lo que buscan contribuir de manera activa al esclarecimiento de la verdad.

Este reconocimiento, definido como histórico, marca un punto clave en el proceso de justicia y reconciliación en Colombia. Los exjefes afirman que mantendrán su participación y colaboración con las autoridades y las víctimas para avanzar en la reparación de los daños sufridos.

La carta concluye con el compromiso de los firmantes de adaptarse a los requerimientos de la justicia y la sociedad, mostrando voluntad de clarificar y ajustar su versión todas las veces que sea necesario dentro del proceso de paz.

“Reiteramos nuestro ánimo constructivo y nuestra disposición para realizar cuantas claridades y ajustes a nuestro reconocimiento resulten necesarias, siempre con la debida celeridad que reclama la sociedad colombiana”, concluyeron.

El senador y actual candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció que está siendo víctima de una supuesta persecución política por parte de sectores de oposición, entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y varios dirigentes del partido Centro Democrático, a quienes los acuso de presentar denuncias sin fundamento.

En su denuncia, el aspirante presidencial del progresismo colombiano reiteró que el exmandatario ha utilizado frases que aparentemente lo vincularían con grupos armados ilegales como la extinta guerrilla de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia de Cepeda ha generado diferentes reacciones en los diferentes sectores del país, entre quienes respaldan al candidato presidencial y aquellos que lo cuestionan.

Uno de ellos fue Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko durante su etapa como máximo comandante de las antiguas Farc, se solidarizó con el político colombiano, y manifestó su desconocimiento frente a una posible vinculación de Cepeda con el extinto grupo armado.

“Rechazo la persecución contra el Senador Iván Cepeda desarrollada por el uribismo y sus aparatos de propaganda. Cepeda nunca tuvo relación con las extintas FARC-EP y ha sido un luchador incansable por la paz de Colombia”, escribió el exlider guerrillero en su cuenta de X.

El pronunciamiento de Londoño también incluyó una crítica hacia sectores de derecha: “La ultraderecha hace aguas y desata campañas de odio”, añadió.

No obstante, las declaraciones del presidente del partido Comunes (movimiento derivado de la firma del Acuerdo de Paz de 2016) también generó críticas en los políticos del país.

Ese fue el caso de Paloma Valencia, senadora y también aspirante presidencial del Centro Democrático, en el que manifestó que la postura de ‘Timochenko’ reflejaría como una evidencia a las denuncias que enfrenta Iván Cepeda sobre sus vinculos con el extinto grupo armado.

La senadora escribió: “Esta defensa prueba la acusación”, citando una publicación anterior del exlíder guerrillero. A lo que hace referencia Valencia es a las menciones de Iván Cepeda en los computadores decomisados al exjefe guerrillero “Raúl Reyes”, abatido en 2008 en Ecuador.

Al respecto, Rodrigo Londoño instó a la candidata presidencial a no sumarse a las campañas de odio en el debate público y advirtió sobre los riesgos de repetir los episodios violentos que han marcado la historia de Colombia.

Incluso, hizo referencia a la situación que, según Londoño, el país atravesó bajo el mandato de Guillermo León Valencia, expresidente de Colombia y abuelo de la senadora del Centro Democrático.

“Senadora, por favor, no haga eco a las campañas de odio. No repita los errores que sembraron la violencia en el país y de los que su señor abuelo, Guillermo León, fue tristemente responsable. Colombia merece vivir en paz. Construyamos una cultura política para la no violencia”, concluyó.

Denuncia de Iván Cepeda

En una rueda de prensa realizada el martes 24 de febrero de 2026, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció que interpuso acciones penales contra Álvaro Uribe Vélez y otros integrantes del Centro Democrático, a quienes responsabilizó de calumnias y campañas para vincularlo con grupos armados ilegales.

Además, notificó la radicación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitando medidas urgentes de protección. La solicitud exige que “el Estado colombiano avance en la investigación con celeridad y garantice la integridad y participación política del candidato”.

“Esto obedece a una intensa campaña de carácter propagandístico y publicitario desatada desde la orilla de la extrema derecha, concretamente desde los sectores del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe que ha buscado presentarme ante la opinión pública como (cito la expresión) ‘el heredero de las Farc’”, indicó el candidato en declaraciones a los medios de comunicación.

Adicionalmente, señaló que miembros prominentes del uribismo gestionaron ante oficinas federales de Estados Unidos la apertura de investigaciones internacionales en su contra.

Destacó el caso de Daniel Palacios, otro candidato presidencial, quien —dijo— formalizó ante el Departamento de Justicia de ese país una petición para indagar en los archivos de computadoras decomisadas al exjefe guerrillero Raúl Reyes.

Ante ello, Cepeda contestó: “Hemos visto un desfile de personajes del uribismo por distintas oficinas federales en Estados Unidos, pidiendo que yo sea investigado, supuestamente, por tener vínculos o haber tenido vínculos con la guerrilla de las Farc. Para eso se ha utilizado toda clase de mentiras, entre ellas, fotografías en las que yo aparezco en las mesas de conversación y en relación con esos jefes guerrilleros cuando se estaba desarrollando el proceso de paz, fotografías e imágenes que han sido descontextualizadas”.

La confrontación entre Iván Cepeda y el sector uribista se desarrolla en el marco de la campaña electoral, y el alcance de los procesos judiciales e investigaciones internacionales solicitadas constituye uno de los ejes de la disputa política actual en Colombia.

En un nuevo capítulo del debate sobre justicia transicional en Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) recibió una demanda contra Rodrigo Londoño, conocido en la época del conflicto armado como alias Timochenko, que fue jefe de la secretaría de la antigua guerrilla de las Farc, por crímenes de guerra, lesa humanidad, tortura, esclavitud, esclavitud sexual, secuestros masivos y reclutamiento y uso de menores en el conflicto.

En el documento presentado por el jurista internacional Juan Carlos Portilla ante la Fiscalía de la CPI, se solicita que el tribunal emita una orden de captura contra Londoño por los delitos mencionados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la argumentación entregada ante el organismo internacional, Portilla resalta la asimetría existente entre el trato judicial a los comandantes del extinto grupo armado y a los integrantes de las fuerzas militares de Colombia.

“Timochenko y compañía no puede utilizar el acuerdo de La Habana (2016) como un mecanismo de excusa o defensa judicial para evadir la cárcel, porque es la única sanción que les corresponde a los máximos responsables de delitos atroces bajo el derecho internacional”, declaró el abogado en Noticias RCN.

Así mismo, Portilla señaló que la antigua secretaría de las Farc, bajo el mando de Londoño, “orquestó y dirigió de manera sistemática crímenes atroces contra civiles y fuerzas de seguridad, incluyendo tortura, secuestros masivos, esclavitud y esclavitud sexual, así como el reclutamiento de niños para la guerra”.

El litigante enfatizó su crítica a las sanciones aplicadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), diseñadas según los lineamientos del acuerdo de paz firmado en La Habana, ya que en su opinión están orientadas a evitar la privación efectiva de la libertad.

En ese sentido, pidió que la CPI asuma el capítulo de los crímenes cometidos por los líderes de las Farc y actué en consecuencia.

“Estas sanciones de servicios comunitarios que, de manera simbólica, han impuesto a Timochenko y compañía están creando un incentivo perverso para que las disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, alias Mordisco, alias Calarcá y todos los comandantes del ELN, máximos responsables de delitos responsables en Colombia, tengan ese incentivo perverso de cometer crímenes, porque saben que la JEP los va a perdonar y los va a amnistiar con sanciones restaurativas, con sanciones simbólicas y de servicio comunitario”, se lee en el documento.

Ante los cuestionamientos del jurista internacional, la magistrada de la JEP Catalina Díaz defendió la labor del tribunal, argumentando el carácter equilibrado de los procedimientos hacia exguerrilleros y exintegrantes de la Fuerza Pública.

“Hemos investigado en carriles paralelos todo el tiempo a las antiguas Farc, a los mandos de las antiguas Farc y a los antiguos miembros del Ejército Nacional. Les hemos imputado responsabilidad penal a las antiguas Farc por todo el catálogo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, aseguró la magistrada al mismo noticiero nacional.

Por el momento, Rodrigo Londoño no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional.

Petro denuncia a ‘Iván Mordisco’

La denuncia del abogado Juan Carlos Portilla contra ‘Timochenko’ se suma al oficio presentado por el presidente Gustavo Petro contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, ante el mismo organismo internacional.

En el documento entregado ante la CPI, el Gobierno colombiano identificó como principales víctimas a niños y adolescentes sometidos al reclutamiento forzado, así como a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, líderes sociales, excombatientes y defensores de la paz, todos ellos afectados por los delitos cometidos bajo el mando de Iván Mordisco.

Alejandro Carranza, representante legal del mandatario, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que esta querella no corresponde a hechos aislados, sino que refleja “un patrón prolongado de crímenes de lesa humanidad y de guerra, dirigido desde la cúspide de una organización armada”.

Además, enfatizó en que el Gobierno ha agotado los mecanismos legales internos y, ante la negativa de ‘Iván Mordisco’ a acogerse a procesos de paz, recurrieron a la justicia internacional.

“El señor ‘Iván Mordisco’ sigue desplazando, sigue secuestrando, sigue afectando estructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, sigue atacando a poblaciones completas para una sola cosa y es lucrarse con el narcotráfico y esto tiene que ser conocido desde otros espectros”, advirtió Carranza en diálogo con Caracol Radio.

Desde que se firmó la paz entre las Farc-EP y el Estado colombiano se han registrado varias críticas sobre el acuerdo, principalmente por la ausencia de justicia que han denunciado agrupaciones de víctimas del conflicto armado interno.

Además de la ausencia de verdad sobre hechos violentos que perpetró el grupo armado, han cuestionado que algunos firmantes han encabezado eventos en los que rinden homenaje a guerrilleros dados de baja, principalmente altos mandos de las Farc en su momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Precisamente, en la tarde del 4 de noviembre, Rodrigo Londoño, más conocido como “Timochenko”, último comandante que tuvo las Farc-EP antes de la firma del Acuerdo de Paz, se hizo viral por compartir un “homenaje” en su cuenta de X para “Alfonso Cano”.

En la publicación, Londoño, que estuvo en el Congreso de la República y actualmente es presidente del partido Comunes, conformado en su mayoría por firmantes del acuerdo, compartió una fotografía del guerrillero dado de baja por las Fuerzas Militares con el siguiente mensaje:

"Honro la memoria de Alfonso Cano, valiente luchador que inspiró a miles por la causa de la paz con justicia social para Colombia. Su ejemplo hoy nos guía en la brega por cesar definitivamente la violencia sin abandonar nuestras más profundas convicciones: patria libre y digna“.

Lejos de recibir comentarios positivos por la publicación, “Timochenko” fue blanco de críticas por recordar de esa forma a “Alfonso Cano”, haciendo que su publicación se hiciera viral.

“Su apología al terrorismo, al honrar la memoria de otro terrorista como Alfonso Cano de las Farc, indica su cinismo y falta de respeto a las víctimas qué causaron“, ”Inspiró la paz asesinando y violando a colombianos, como puede hablar de homenajes" o “Como puede hablar así de alguien que mató y asesinó, el nivel de cinismo es grande”, son algunos de los comentarios registrados en la publicación de Londoño.

¿Quién fue ‘Alfonso Cano’?

“Alfonso Cano”, cuyo nombre real era Guillermo León Sáenz Vargas, fue uno de los máximos líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). Nació en Bogotá el 22 de julio de 1948 y estudió antropología en la Universidad Nacional.

Se unió a las Farc en la década de los 70, inicialmente trabajando con temas políticos y urbanos, posteriormente ascendió en la estructura interna del grupo guerrillero.

Durante su trayectoria en la guerrilla, participó en el establecimiento de la línea ideológica marxista-leninista que caracterizó al grupo. Por su formación académica fue responsable del diseño de varias estrategias políticas y doctrinales. A lo largo de los años ochenta y noventa, Cano se consolidó como ideólogo de la organización y asumió tareas de dirección en el denominado Bloque Occidental de las Farc.

Tras la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, en 2008, Cano asumió la jefatura máxima del secretariado de las Farc, allí tomó la decisión de endurecer su posición frente a las negociaciones con el Estado colombiano y reforzó las acciones orientadas a la obtención de recursos económicos, al tiempo que mantuvieron acciones armadas en diversas zonas del país.

Murió el 4 de noviembre de 2011 durante una operación militar que fue denominada “Odiseo”, que tuvo lugar en una zona rural del municipio de Suárez, departamento del Cauca, en donde tropas del ejército hicieron un cerco sobre el campamento donde se encontraba.

Su lugar fue asumido por Rodrigo Londoño “Timochenko”, que fue el último comandante de las Farc-EP antes de que se consolidara el acuerdo de paz que firmó la guerrilla con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016.

Rodrigo Londoño —conocido como “Timochenko”—, presidente del partido Comunes y antiguo comandante de las Farc-EP, expresó una fuerte inconformidad tras la decisión de la Cancillería de no asistir a la sesión de seguimiento sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el 3 de octubre.

En una declaración pública difundida a través de su cuenta en la red social X, Londoño escribió: “La Canciller y el Vicecanciller no asistirán mañana a la sesión de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en el Consejo de Seguridad de la ONU. Clara demostración de lo poco que le importa al gobierno Gustavo Petro el Acuerdo. Paz no es solo discursos, demanda hechos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La afirmación provocó reacciones inmediatas en sectores políticos, sociales y diplomáticos, especialmente porque la sesión de la ONU tiene como propósito evaluar los avances y dificultades en la ejecución del Acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la exguerrilla.

La presunta ausencia de los representantes oficiales del Gobierno generó desconcierto dentro del mismo Consejo, así como entre los firmantes del proceso y la comunidad internacional que sigue de cerca el cumplimiento de los compromisos pactados.

Mientras se esperaba una explicación institucional, el presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X que estaría en el parque Murillo Toro, en Ibagué, durante la tarde, para sostener conversaciones con la ciudadanía sobre salud, campo y empleo.

Aunque no se refirió directamente a la sesión de la ONU ni a las críticas recibidas, su mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta al señalamiento.

Por otro lado, surgieron nuevas dudas tras conocerse que la canciller Rosa Villavicencio, en medio de la polémica internacional por los comentarios del presidente Petro sobre la política exterior estadounidense, había decidido renunciar voluntariamente a su visa para ingresar a ese país.

La decisión de Villavicencio se dio luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocara la visa diplomática del mandatario colombiano; esta medida respondió a un hecho que ocurrió durante una visita en territorio norteamericano, donde Petro, con un megáfono, pidió a los soldados estadounidenses desobedecer al presidente Donald Trump por su posición frente a Palestina frente al conflicto con Israel.

Leonor Zalabata asume la representación de Colombia ante la ONU

Como consecuencia de esa tensión diplomática, se confirmó que la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, asumiría la representación del país en la sesión del Consejo de Seguridad, puesto que Villavicencio renunció al documento diplomático.

Zalabata será la encargada de recibir y responder al informe preparado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, el cual será presentado por Miroslav Jenča, actual jefe de la misión en territorio colombiano.

A pesar de esta solución, Londoño insistió en que la ausencia de los altos funcionarios diplomáticos deja un mensaje preocupante sobre la seriedad del Estado frente a sus compromisos; hasta el momento, la Cancillería no ha entregado una declaración oficial que justifique la ausencia de sus principales figuras.

La embajadora Zalabata, aunque con experiencia y credibilidad ante el organismo internacional, no forma parte directa del equipo que lidera las relaciones bilaterales y multilaterales en el actual Gobierno, lo que añade incertidumbre al seguimiento técnico y político del proceso de paz.

Cabe destacar que, el Consejo de Seguridad de la ONU monitorea y respalda la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia mediante la Misión de Verificación, que evalúa temas clave como la reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad y la reforma rural.

A través de informes trimestrales presentados por el jefe de la misión, los 15 Estados miembros analizan el avance del proceso junto a representantes del Gobierno colombiano, la sociedad civil y víctimas del conflicto. Estas sesiones mantienen la atención internacional, fortalecen el respaldo político y ayudan a garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados.

El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes de las extintas Farc-EP desató una nueva ola de críticas; esta vez, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, publicó un extenso hilo en su cuenta oficial en la red social X, en la que compartió su rechazo frontal a la decisión de la Sección de Reconocimiento de Verdad del mecanismo de justicia transicional.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko; junto con José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Jorge Torres Victorias, alias Pablo Catatumbo; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada; Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez; fueron hallados responsables de graves delitos como el secuestro masivo de más de 21.000 personas, torturas, tratos crueles y actos de violencia sexual durante el conflicto armado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Todos reconocieron su participación y aceptaron su responsabilidad, lo que permitió la imposición de sanciones propias bajo los parámetros de la justicia transicional. Las penas consisten en restricciones de derechos y libertades por un periodo de cinco a ocho años, así como la ejecución de proyectos de contenido reparador en favor de las víctimas.

Pero, la lectura del fallo por parte de la JEP no dejó satisfecha a la congresista Valencia, que cuestionó abiertamente los alcances jurídicos y morales de la sentencia. A través de siete puntos, desglosó lo que considera graves fallas que dejan al país “sin garantías reales para las víctimas”.

“¿Ocho años de espera para esto?”, preguntó Valencia en el primer mensaje. “La JEP condena a siete exjefes de las FARC por 21.396 secuestros masivos, reconocidos como crímenes de guerra y lesa humanidad. Sentencia: sin cárcel, con plata de los colombianos y cero garantías reales para las víctimas (sic)”.

En el primer punto de su publicación, Valencia se refirió a la permanencia de los exjefes guerrilleros en la política. Según ella, “los criminales de lesa humanidad siguen en la política. Exjefes guerrilleros llegaron orondos y sonrientes al Congreso, pese a las condenas. Son una burla a los colombianos”.

Luego cuestionó el tiempo que tomó la JEP para emitir la sentencia. “Justicia tardía: Ocho años para el primer fallo es una vergüenza. ¿No habían prometido celeridad en el acuerdo de paz de 2016?”, escribió, al lanzar un señalamiento directo a los compromisos asumidos durante la negociación entre el Estado colombiano y las Farc, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Otro de los puntos más duros de su crítica apuntó al tipo de sanción que recibirán los responsables. Valencia rechazó que los sentenciados no vayan a prisión, y afirmó que las penas no guardan proporcionalidad con la magnitud de los delitos cometidos.

“Sanción sin cárcel: Ocho años de trabajos sociales no equivalen al daño de miles de víctimas. La sanción no es proporcional, y su cumplimiento es incierto, según informes de la misma JEP”, se lee en una de sus publicaciones.

Uno de los aspectos que más genera desconfianza entre los sectores que criticaron el funcionamiento del mecanismo de justicia transicional es la falta de resultados visibles en la búsqueda de desaparecidos. La senadora abordó este tema en el cuarto punto de su mensaje: “La JEP ha exhumado fosas de militares y paras, pero ¿y las de las Farc? Solo unos 200 cuerpos identificados hasta ahora, y la deuda central persiste sin información clara de los condenados”.

La ausencia de un plan detallado para la implementación de las sanciones también fue parte del señalamiento: “Sentencia sin plata ni plan: No hay cronograma detallado, y el presupuesto vendrá de impuestos públicos. ‘Implementación progresiva’ suena a dilación eterna para las familias afectadas”.

En otro mensaje, criticó lo que ella considera una improvisación por parte de la jurisdicción. “Proyectos que acaban antes del tiempo: Y nadie sabe qué sigue. Sin tareas sustitutas definidas, la sanción se diluye, dejando a víctimas sin reparación real”, señaló la precandidata presidencial.

Valencia apuntó a la ausencia de garantías efectivas para evitar la repetición de estos crímenes: “Hablan de no repetición, pero no hay garantías para desmantelar economías criminales: Sin afectar redes, rutas ni finanzas de las disidencias, el riesgo de reincidencia sigue vivo”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una sanción propia de 8 años a los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros.

El fallo, emitido en la mañana del 16 de septiembre del 2025, establece el máximo de pena permitido según lo acordado en el Acuerdo de Paz. Entre los condenados figuran:

• Rodrigo Londoño Echeverri (‘Timochenko’).
• Pablo Catatumbo Torres Victoria.
• Pastor Lisandro Alape Lascarro.
• Milton de Jesús Toncel Redondo (‘Joaquín Gómez’).
• Jaime Alberto Parra (‘El médico’).
• Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’),
• Rodrigo Granda Escobar (‘Ricardo Téllez’ o el ‘Canciller de las Farc’).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión de la JEP responde a la magnitud de los crímenes atribuidos a los exlíderes de la guerrilla, quienes deberán cumplir la pena bajo las condiciones establecidas por el tribunal transicional.

“En la JEP no dictamos sentencias para hundir a nadie en la sombra, sino para alumbrar nuevos caminos. Lo que hoy determine la sección de reconocimiento deberá convertirse en obras que reparen lo destruido por la guerra y que aporten a la reconciliación de un país que lo reclama”, afirmó magistrado Alejandro Ramelli sobre la sentencia.

Este mandato, contenido en un documento de 663 páginas, redefine el proceso de justicia transicional en el país.

Durante la presentación de la sentencia, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dirigió un mensaje a las 4.200 víctimas de secuestro reconocidas en el proceso, subrayando que ellas han sido el motor de la investigación.

Ramelli afirmó que “el día de hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz les está cumpliendo a las víctimas, a las organizaciones, a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional”, según sus declaraciones recogidas por el medio. El magistrado destacó que estas resoluciones abren una nueva etapa procesal, orientada a restaurar a las víctimas, las comunidades y sus territorios.

Al referirse al impacto del conflicto, Ramelli evocó las historias de quienes han sufrido la violencia, señalando que “donde sea que uno mire, hay una vida marcada por el conflicto”.

Añadió que la sentencia representa solo un paso más en el largo camino hacia la garantía de los derechos, y que “habla de las madres que buscan a sus hijos, de los pueblos que esperan justicia y de las voces silenciadas”.

Por su parte, el magistrado Camilo Andrés Suárez enfatizó que, aunque la sentencia no elimina el sufrimiento, constituye un acto de reconocimiento y una invitación a rechazar toda forma de violencia, al afirmar que “esta sentencia no borra el dolor, pero es un acto de reconocimiento, es una sentencia que abre una página nueva para la memoria, la paz y la justicia. Es una invitación a condenar sin titubeos toda forma de violencia”.

La investigación de la JEP determinó que las Farc emplearon el secuestro como una política criminal sostenida en tres patrones sistemáticos y generalizados en todo el territorio nacional.

Desde 1993, el secuestro se utilizó como mecanismo de financiación, aunque ya antes se practicaban secuestros extorsivos. A partir de 1998, la organización intensificó el secuestro de militares y civiles con el objetivo de forzar intercambios por guerrilleros presos. Además, el secuestro sirvió como “instrumento de control social y territorial”.

Según la JEP, en todos estos patrones se observó que el llamado buen trato a los cautivos se limitaba a mantenerlos con vida, mientras se les sometía a condiciones que vulneraban por completo su dignidad humana.

Las sanciones propias establecidas por la JEP para los máximos responsables de estos delitos contemplan penas de 5 a 8 años para los principales responsables y de 2 a 5 años para los partícipes no determinantes. Estas sanciones se cumplirán bajo la supervisión de la ONU y se materializarán en proyectos restaurativos concretos.

El 21 de agosto de 2025, un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado por un dron cargado con explosivos durante una operación contra grupos armados ilegales en el municipio de Amalfi, en el noreste de Antioquia. El ataque dejó a 13 uniformados muertos y cuatro heridos, cifras que evidencian la letalidad de la acción y la vulnerabilidad de las fuerzas estatales frente a nuevas tácticas de los grupos criminales.

El hecho atribuido a los grupos armados como Clan del Golfo, la estructura 36 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó preocupación por el aumento de la inseguridad en los últimos años.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En Cali, Valle del Cauca, se registraron dos explosiones en las cercanías de la base Marco Fidel Suárez, donde había transeúntes por el sector, un espacio comercial concurrido.

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el atentado dejó seis personas muertas, una de ellas un menor de nueve años, y más de 60 heridos. “Al momento se adelantan las labores de verificación de daños en instalaciones y personal, además de la investigación para establecer causas y autores de este acto terrorista, que atenta contra la población civil y la vida de los hombres y mujeres que sirven a los colombianos desde la FAC”, expresó la institución.

En este contexto, Rodrigo Lodoño, integrante del partido Comunes publicó un comunicado en el que expresó “su más enérgico rechazo a la oleada de hechos de violencia que han ocurrido en nuestro país en las últimas semanas. Hacemos un llamado urgente a cesar el accionar armado y brindar gestos claros de diálogo con el actual Gobierno, pero sobre todo a garantizar el derecho fundamental a la paz en los territorios y en comunidades y sus apuestas organizativas”.

A su vez, afirmó que los ataques terroristas afectan principalmente a la población y los acuerdos alcanzados con la extinta guerrilla de las Farc en 2016.

“La violencia no puede seguir siendo un instrumento para hacer política, mucho menos cuando las principales afectaciones recaen sobre miles de familias colombianas que sueñan con una paz estable y duradera, y que apoyan los procesos de implementación del Acuerdo Final de Paz. Dicho Acuerdo, a través de sus Programas, Planes y Proyectos contemplados en el Plan Marco de Implementación (PMI), constituye la hoja de ruta más seria y concreta para alcanzar la tan anhelada paz”.

En paralelo, aseguró que la solución a las problemáticas de inseguridad y el fortalecimiento de grupos armados en todo el territorio nacional es la implementación de una reforma agraria que permita cumplir con uno de los puntos más importantes del tratado de paz. De esa manera, según Londoño, se podría terminar el conflicto armado en el país.

“Reafirmamos que la Reforma Rural Integral, la Reforma Política y de Participación, el Fin del Conflicto Armado, la solución al problema de las drogas ilícitas, la reparación integral a las víctimas y la Implementación plena del Acuerdo de Paz siguen siendo el hecho histórico que invita a continuar con su ejemplo, porque representan el compromiso real de transformar las causas estructurales de la guerra en Colombia”.

Y agregó: “En ese sentido, hacemos un llamado a todas las organizaciones armadas persistentes a facilitar la solución política real al histórico conflicto social y armado de Colombia, evitando así nuevos derramamientos de sangre. Colombia entera clama por un cese al fuego y por alternativas diferentes a la violencia, que permitan avanzar hacia un gran Pacto Nacional y un ejercicio democrático de la política al servicio de las transformaciones sociales que requiere el país”.

Para finalizar, reiteró el compromiso con la construcción de paz, la defensa de la vida y la búsqueda de salidas políticas al conflicto. “Solo a través del diálogo, la implementación integral del Acuerdo de Paz y la voluntad de reconciliación podremos consolidar una sociedad justa, incluyente y en paz”, concluyó Londoño.

Entre los más destacados está el abogado Abelardo de la Espriella, que ha sido un opositor constante del Gobierno Petro y los planes de consolidar un acuerdo de paz con varios grupos armados del mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante la cantidad de nombres mencionados cuando se habla del reemplazante de Petro en el cargo más importante del país, en redes sociales algunos usuarios han optado por recordar aspectos que marcaron la vida de precandidatos y posibles candidatos.

En una publicación que ganó popularidad, la respuesta de un usuario al reconocido humorista Peter Albeiro provocó que se recordara que en el pasado de la Espriella estaba a favor de negociar con guerrilleros.

“Ese señor de derecha tiene lo que le conviene, alguien que haya sido cómplice de Santos en la entrega del país a la guerrilla, jamás será de fiar JAMÁS“, fue la publicación de Albeiro sobre German Vargas Lleras por la que un usuario le indicó que varios figuras de derecha estaban a favor del acuerdo de paz, compartiendo un video de una entrevista registrada antes de que se firmara la paz con Abelardo de la Espriella como protagonista.

En la grabación, el jurista indica estar a favor de lo que años más tarde se registró, la firma de un acuerdo de paz con las Farc-EP que ofreció amnistía de gran parte de los delitos cometidos por los cabecillas del grupo armado.

“Yo sería partícipe de que el señor “Timochenko” no pagará un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar pacificar este país, pues hay que hacerlo”, declaró el jurista a un medio de Cartagena en esa ocasión.

De la misma forma, de la Espriella afirmaba en ese momento que a él le gustaría ver a “Timochenko” en el congreso para que estuviera ocupando un lugar que antes tenía “esta bola de cobardes que hoy posan de padres de la patria”.

Otro aspecto por el que se ha cuestionado al jurista, que indica ser enemigo de los acuerdos de paz, es que en su momento Salvatore Mancuso indicó que el abogado era amigo y cercano del exfiscal Mario Iguarán cuando estaban en proceso los diálogos con las AUC en Santa Fe de Ralito.

“Estuvo con varias universidades del país, con varios estudiantes cuando se adelantaba ese proceso de negociación con el gobierno del presidente Uribe”, declaró Mancuso a WRadio.

El discurso ha cambiado

En la actualidad, de la Espriella buscará ser candidato a la presidencia, siendo su tajante postura en contra de los diálogos con grupos armados, una de las banderas de su campaña.

De la misma forma, el abogado ha afirmado estar en contra del acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“Las solicitudes de extradiciones del miserable de @TimoComunes y sus cómplices están vigentes en Estados Unidos: sueño con verlos presos, en uniforme naranja, muriendo de viejos en una celda gringa”, es una de las publicaciones del abogado contra los firmantes del acuerdo.

En sus redes sociales, Abelardo de la Espriella ha prometido a las personas que lo apoyan que en caso de llegar a la Casa de Nariño será un defensor de la patria.

“Durante más de 40 años he soñado con los pies en la tierra y el corazón en alto. Una Colombia distinta, una patria que tome el camino correcto sin atajos ni trampas. Me comprometo solemnemente a combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia”.

El fallo emitido el lunes 28 de julio por la jueza Sandra Liliana Heredia sobre Álvaro Uribe Vélez, exmandatario de Colombia y referente político regional, generó repercusiones en distintos países americanos.

La decisión judicial representa un hito para la justicia en Colombia y plantea nuevos cuestionamientos sobre el ejercicio del poder y la responsabilidad de los líderes ante la ley.

En ese sentido, tras conocerse la decisión judicial contra Álvaro Uribe Vélez, su hijo Jerónimo Uribe expresó en su cuenta de X que “hoy celebran: Farc y Timochenko, narcoterroristas impunes”. Con esta declaración, Jerónimo Uribe manifestó su postura sobre el fallo que involucra a su padre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la sentencia que involucra a su padre a través de un mensaje en su cuenta de X. En su publicación, señaló a diferentes actores políticos nacionales e internacionales, y cuestionó el proceder de la justicia y de quienes, según él, se beneficiaron del fallo.

El mensaje identifica a la extinta guerrilla de las Farc, dirigentes extranjeros y figuras políticas de Colombia, atribuyéndoles distintas responsabilidades y relaciones con el caso, y concluye con una referencia a la continuidad en la defensa de sus posturas.

“Hoy celebran: Farc y Timochenko, narcoterroristas impunes. Maduro y Diosdado, los jefes del cártel de los Soles. Gustavo Petro, el presidente que ha presionado a la justicia. Y, por supuesto, Juan Manuel Santos. Indultó a los primeros, fue socio de los segundos y se reeligió con la ayuda de y ayudó a elegir al tercero. Pero a seguirle dando”, comentó en su cuenta de X Jerónimo Uribe.

El mensaje de Jerónimo Uribe surgió como respuesta a la publicación de Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc, quien destacó el fallo judicial contra Álvaro Uribe Vélez como un acontecimiento decisivo para Colombia. Londoño llamó a respaldar la labor de la justicia y subrayó la importancia de la verdad y la reconciliación para el futuro del país.

“La sentencia condenatoria contra Uribe es un hito que marca un cambio de época en Colombia. El país no puede ser tierra sin ley para los poderosos. La nación debe rodear a la justicia para que la verdad histórica y judicial sean base para la no repetición y la reconciliación”, comentó el líder político del partido Comunes.

Por otro lado, días antes del fallo, Jerónimo Uribe se refirió al contexto político y judicial relacionado con su familia y señaló en su cuenta de X: “Independientemente del fallo, es indiscutible que Petro ha buscado condicionar a la justicia en contra de Santiago y Álvaro Uribe”.

Sobre el fallo, el equipo jurídico encabezado por Jaime Granados, representante legal del expresidente, difundió una declaración donde expone cuál será la estrategia legal posterior a la decisión tomada por el despacho de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá.

“La oficina del Dr. Jaime Granados se permite informar a la opinión pública que: Frente a la sentencia que se conocerá este viernes a las 2:00 p. m., el equipo de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez guardará un silencio prudente mientras se conoce y estudia el falloen su integridad. Solo una vez examinada en detalle la sentencia, se emitirán pronunciamientos de fondo al respecto”, se lee en el comunicado.

Manifestaron de forma puntual su desacuerdo con el veredicto, así como con la investigación y los resultados finales empleados para elaborar el extenso expediente del caso, el cual la jueza sintetizó antes de dar a conocer la decisión judicial.

“La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes”, dice el comunicado.

Ante esta situación, señalaron que presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá y, si resulta imprescindible, llevarán el caso hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo condenatorio contra Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal ha provocado múltiples reacciones en el país político y en el exterior.

Uno de los pronunciamientos que siguieron al fallo proclamado por la juez Sandra Heredia fue el de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex líder de las Farc-EP, desmovilizado en 2016 con el Acuerdo del Teatro Colón. El antiguo cabecilla del grupo terrorista, vía X, celebró la decisión judicial y sus implicaciones sociales.

“La sentencia condenatoria contra Uribe es un hito que marca un cambio de época en Colombia. El país no puede ser tierra sin ley para los poderosos. La nación debe rodear a la justicia para que la verdad histórica y judicial sean base para la no repetición y la reconciliación”, escribió Londoño.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La publicación de Londoño no estuvo exenta de ser criticada y cuestionada por usuarios que consideran que, dado su prontuario en el conflicto armado y sus responsabilidades en hechos de violencia, no debería estar hablando de justicia, máxime cuando fue indultado por el mencionado acuerdo.

“Vos deberías también estar condenado y pagando con cárcel. ¿Ya pagó a la víctimas? Ustedes son el mayor monumento a la impunidad de éste país, no venga a dar lecciones de moralidad que usted es un poderoso sin ley“, escribió uno de los detractores de Londoño.

“Este es el mundo al revés que un asesino tan asesino como usted esté sacando pecho, libre y orondo hablando de justicia. El descaro de ustedes es indignante hasta la médula”, se lee en otro cometario.

Sandra Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático y expresidente de Camacol, respondió a Londoño Echeverry, cuestionándolo por la realidad de violencia que las llamadas “disidencias” de las Farc han impuesto, a través de diferentes frentes, en varias regiones del país.

“Su cinismo y el de sus cómplices a los que les regalaron una curul, no tiene límites. Ustedes sembraron el terror en nuestro país, que solo el Presidente Álvaro Uribe se atrevió a enfrentar, ese sí fue un hito en la historia de Colombia. Usted no puede hablar de justicia, pues para ustedes brilló la impunidad. Usted no puede hablar de no repetición, porque sus cómplices narcoterroristas de las “disidencias’ están asesinando colombianos y siguen reclutando niños, como lo hacían ustedes. Usted y sus cómplices no pueden hablar de reconciliación porque nunca respondieron por las masacres y los delitos de lesa humanidad que cometieron”.

Piden protección para la jueza

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia manifestó este lunes su respaldo a la jueza Sandra Heredia, responsable de decidir la suerte judicial del expresidente Álvaro Uribe en un proceso por soborno, y solicitó a las autoridades mantener las medidas de protección necesarias, según El Tiempo.

El proceso que enfrenta Uribe se originó en 2012 y podría derivar en una condena de entre seis y doce años de prisión por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. De acuerdo con El Tiempo, este juicio representa la primera ocasión en que un expresidente de Colombia podría recibir una sentencia penal en primera instancia.

En un comunicado, la junta directiva de Corjusticia expresó que, en nombre de funcionarios judiciales de distintos distritos del país, transmiten su solidaridad y apoyo a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, quien actualmente ocupa el cargo de Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. El gremio subrayó la “importancia de la independencia y autonomía judicial” y llamó a las autoridades, medios de comunicación, partes involucradas y a la comunidad nacional e internacional a “respetar el ejercicio funcional” de Heredia, así como la decisión que emita en este caso.

La organización instó al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura a “continuar adoptando los mecanismos necesarios para garantizarle a todos los jueces (...) las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, incluyéndose las medidas de protección que se requieran conforme a cada caso”, según El Tiempo.

“Son intervenciones abiertas de criminales reconocidos que pretenden incidir en un proceso judicial soberano, afectando la percepción pública y poniendo en riesgo la independencia del juzgador. Emitidas días antes del fallo, dichas declaraciones buscan influir indebidamente en la administración de justicia”.

Con esta afirmación, Víctor Mosquera, abogado internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, alertó sobre la presión que ejercen declaraciones de figuras con antecedentes penales en la antesala del fallo judicial que se conocerá el 28 de julio de 2025. El jurista dirigió su advertencia a las más altas instancias internacionales, solicitando que se garantice la independencia del proceso penal contra el exmandatario colombiano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El abogado remitió su llamado a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El contexto se ha visto tensionado por pronunciamientos de figuras como Diosdado Cabello, ministro venezolano, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex máximo jefe de las Farc. En el caso de Timochenko, la comunicación destaca que celebró la posible condena de Uribe Vélez, que, como presidente, combatió con contundencia a las Farc, organización criminal de la que formó parte el exguerrillero.

“Colombia se aproxima a conocer la sentencia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal. Las víctimas y funcionarios honestos de la rama judicial han tenido que sortear la presión de poderes corruptos y mafiosos que exigen impunidad. El mérito es del senador Iván Cepeda, un hito en la historia republicana de Colombia”.

Por su parte, la declaración de Diosdado Cabello fue aún más agresiva. Según la denuncia presentada por Mosquera, Cabello afirmó: “El 28 de julio, por cierto, entiendo que es el día del veredicto (contra Uribe) (...) vamos a celebrar la condena del Matarife. Vamos a ver a la uribestia”.

Frente a este panorama, Mosquera solicitó a los organismos internacionales, a través de sus representantes, que “exhorten al Estado colombiano a garantizar que el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez se desarrolle sin interferencias externas, particularmente de actores criminales o sancionados internacionalmente”. Además, el abogado pidió que se genere una alerta temprana o un pronunciamiento preventivo para evitar que presiones externas, ajenas a la institucionalidad, afecten la decisión judicial prevista para el 28 de julio de 2025.

En la misiva, el togado sostuvo que las declaraciones de Cabello y Londoño deben ser vistas como un intento de desestabilizar el proceso judicial contra el expresidente Uribe Vélez y no como expresiones de opinión pública.

“Estos pronunciamientos no deben ser tratados como expresiones legítimas de opinión pública. Son intervenciones abiertas de criminales reconocidos que pretenden incidir en un proceso judicial soberano, afectando la percepción pública y poniendo en riesgo la independencia del juzgado. Emitidas días antes del fallo, dichas declaraciones buscan influir indebidamente en la administración de justicia, desnaturalizando su imparcialidad e integridad”.

Y agregó: “A la luz de los estándares internacionales, artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura, y el mandato para la Relatoría Especial sobre la independencia de jueces y abogados, prorrogada recientemente por la resolución del Consejo de Derechos Humanos 53/12; la justicia penal debe desarrollarse libre de presiones externas, especialmente cuando proviene de actores con antecedentes criminales de alta connotación internacional. Permitir que estas voces incidan directa o indirectamente sobre el curso de un proceso judicial de alto perfil, socava la integridad institucional y debilita la confianza en el Estado de derecho”.

Los mensajes de solidaridad y reconocimiento por parte de líderes colombianos no tardaron en difundirse a través de redes sociales, luego de conocerse el fallecimiento del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, ocurrido el martes 13 de mayo de 2025, en Montevideo. La noticia, que fue confirmada por allegados al exmandatario y ratificada por el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, generó diversas reacciones en el ámbito político colombiano, que lo identificaban como un referente ético, político y humanista en América Latina.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, publicó Orsi en un mensaje en X, acompañando la noticia con palabras de afecto y respeto hacia Mujica, quien fue diagnosticado con cáncer de esófago meses atrás y falleció a los 89 años.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Desde diferentes corrientes políticas en Colombia, las expresiones de respeto coincidieron en resaltar la trayectoria del exguerrillero tupamaro convertido en presidente, así como su papel como promotor del diálogo y la paz en América Latina.

Uno de los primeros en manifestarse fue el excomandante de las Farc y actual líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko.

A través de su cuenta en X, escribió: “Con profundo dolor recibo la noticia del fallecimiento del gran Pepe Mujica. Pepe, amigo incondicional de la paz de Colombia, inspiró a millones de personas de todas las latitudes a luchar por un mundo con justicia social. Honraremos su memoria siguiendo su ejemplo de lucha”.

Londoño, quien encabezó el proceso de transición de las Farc a la vida política tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, ha reiterado en varias ocasiones la influencia de Mujica en su visión sobre el posconflicto y la reconciliación.

Catherine Juvinao, representante del Partido Verde, también se pronunció con un mensaje que incluyó una crítica implícita a los métodos violentos en la política.

“Muere el ‘revolucionario tranquilo’. Ejemplo de autoridad para quienes creen que transformar a Colombia es una ‘guerra a muerte’ mientras siembran caos como método de supervivencia. Ojalá algún día nazcan aquí liderazgos de esta calidad y nobleza”, señaló la congresista.

Su mensaje pone de relieve una de las cualidades más destacadas de Mujica durante su mandato: el liderazgo basado en el diálogo, la sobriedad y la austeridad.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, hizo un reconocimiento al legado ético del líder uruguayo y su influencia en el pensamiento político latinoamericano.

“JOSÉ MUJICA La vida, el pensamiento y la acción política del expresidente José Mujica son un preciado referente ético para los pueblos latinoamericanos. Le rendimos un sentido homenaje desde Colombia, y reconocemos su valiosa contribución a nuestra búsqueda de la paz”, escribió Cepeda, que es uno de los voceros más visibles en los debates sobre memoria histórica, justicia transicional y reconciliación en el país.

El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, se sumó a las reacciones con un mensaje breve que resalta la dedicación de Mujica a los sectores más vulnerables.

“Hasta siempre Pepe! Una vida dedicada a los humildes, al progresismo y a la humanidad. Gracias por todo Pepe”, escribió.

Este tipo de mensaje se alinea con la percepción que tenía parte del espectro político colombiano sobre Mujica como un dirigente que hizo de la sencillez su bandera, y del compromiso con las mayorías populares, su causa principal.

El saliente embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, compartió una reflexión sobre el impacto del exmandatario uruguayo más allá de su gestión presidencial.

“Pepe Mujica creció con el tiempo. Más que un Presidente se convirtió en un viejo sabio y bondadoso. En un filósofo práctico de la vida. En un austero y honesto Maestro con mayúsculas que predicó con el ejemplo hasta el último día de su vida. Paz en su tumba. Somos lo que hacemos y él hizo mucho! Crecerá en la memoria de América Latina”, señaló el diplomático en un mensaje que destaca la figura de Mujica como una especie de guía moral para sectores progresistas y de izquierda en el continente.

También Laura Sarabia, ministra de Relaciones Exteriores, utilizó la misma red social para expresar su despedida al líder uruguayo. Aunque su partida marcó el fin de su presencia física, resaltó que dejó múltiples mensajes de reflexión sobre temas como la gobernanza y la paz, los cuales podrían ser una referencia para quienes asuman liderazgos en el futuro a nivel mundial.

“Que tu legado permanezca y vivamos la política desde el corazón. Caminaste sobre gigantes pero sin arrodillarse a ninguno y pusiste el bienestar de tu pueblo sobre todo. Mucho tenemos que aprenderte. ¡Buen viento y buena mar Pepe Mujica!“, escribió.

Asimismo, compartió una de las reflexiones de Mujica a modo de recordatorio.

Del mismo modo, el saliente director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, expresó que el principal legado que dejó el líder uruguayo fue su honestidad, la cual consideró un ejemplo a seguir.

Bolívar publicó en X: “Entrar pobre a gobernar una nación y terminar igual de pobre sus días, es el legado de absoluta honestidad que nos deja Pepe Mujica QEPD. El ejemplo es el mejor maestro. Grande Pepe. Serás eterno en nuestras memorias”.

A pesar de las diferencias ideológicas que existen entre los líderes colombianos que reaccionaron a la noticia, la mayoría coincidió en su valoración de Mujica como una figura que trasciende las disputas políticas y se instala en la memoria colectiva de América Latina como un símbolo de coherencia, honestidad y compromiso con las causas sociales.

Su papel en procesos de paz, sus discursos alejados de los protocolos tradicionales, su estilo de vida austero y sus intervenciones públicas cargadas de mensajes filosóficos, contribuyeron a moldear esa imagen que ahora es reconocida por figuras de distintas tendencias en Colombia.

La muerte de José Mujica marca el cierre de una etapa en la historia reciente del continente, y en Colombia, su legado seguirá siendo punto de referencia para quienes promueven la solución dialogada de los conflictos, el respeto por los derechos humanos y la lucha contra las desigualdades.

La muerte de Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, conmocionó al mundo. Fue el primer latinoamericano en representar a la iglesia católica a nivel global, que ha sido considerado como uno de los más inclusivos y también el más distinto a sus antecesores, por romper con varias tradiciones y normativas establecidas para los sumos pontífices. Entre las decisiones que tomó está el vivir en un hotel del Vaticano y no en el Palacio Pontificio, algo que hizo también cuando fue arzobispo de Buenos Aires (Argentina).

“Utilizaba el transporte público, ningún auto con chofer, ni cosas por el estilo, vivía de un modo extremadamente austero en el arzobispado de Buenos Aires. No utilizaba la residencia que estaba a las afueras (...). Cuando lo eligen papa, me encontré con el Jorge Bergoglio de siempre, con esa sencillez, con esa cercanía, con esa humanidad fantástica, no ha cambiado para nada”, contó en su momento el biógrafo del papa Francisco, Sergio Rubín, en conversación con Telemundo 47.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El fallecimiento del “vicario de Cristo”, como suelen ser llamados los papas en el mundo, también conmovió a Colombia. Pues, en 2017, visitó el país y dio varios discursos enfocados en la necesidad de trabajar por la paz y por la población más necesitada. Esto, en medio de un contexto de transición, teniendo en cuenta que apenas un año antes el Estado colombiano había firmado el Acuerdo de Final de Paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), el cual empezaba a implementarse.

Justamente, uno de los integrantes del antiguo grupo armado ilegal le escribió una carta, haciendo énfasis en el proceso de ejecución del acuerdo y los esfuerzos que aquellos que se desmovilizaron estaban poniendo en dar cumplimiento a lo pactado. Se trata de Rodrigo Londoño, excomandante en jefe de Estado Mayor de la organización guerrillera. Era conocido como alias Timoleón Jiménez o alias Timochenko, pero, tras su reincorporación a la vida civil, pasó a ser el presidente del Partido Comunes, integrado por excombatientes.

El exguerrillero lideró una agrupación armada sumamente violenta, responsable de crímenes de lesa humanidad y de guerra que atormentaron a la ciudadanía durante décadas. No obstante, tras la firma del acuerdo, más de 13.000 integrantes de las filas armadas se desmovilizaron, acogiéndose a las negociaciones de paz.

La carta de Rodrigo Londoño: “Hemos declinado cualquier manifestación de odio”

Así las cosas, en la misiva, Londoño informó al papa que estaba recién reincorporado a la vida institucional y que, como ciudadano, estuvo presto a escuchar sus palabras y a percatarse de sus acciones en Colombia, como sumo pontífice. Aseguró que sus diferentes discursos, que estuvieron dirigidos a los jóvenes, a las personas en condición de vulnerabilidad y a las víctimas del conflicto armado, fueron acertadas.

“He seguido con atención sus pasos y sus prédicas desde la llegada a mi país y puedo afirmar que esa afirmación es por completo cierta. Su palabra de luz llegó efectivamente a iluminar las tinieblas que por tanto tiempo han cubierto la vida de nuestra nación, Dios lo bendiga, Padre santo”, indicó.

Reconoció que ahora estaba dirigiendo un grupo que decidió dejar las armas y que estuvo más de medio siglo en guerra. En consecuencia, insistió en que los exguerrilleros no estaban interesados en continuar trabajando por la paz y, asimismo, en “perdonar” a quienes les hicieron daño y, asimismo, de pedir perdón por los crímenes que cometieron.

“Hemos declinado cualquier manifestación de odio y de violencia, nos anima el propósito de perdonar a quienes fueron nuestros enemigos y tanto daño hicieron a nuestro pueblo, cumplimos el acto de contrición indispensable para reconocer nuestros errores y pedir perdón a todos los hombres y mujeres que de algún modo fueron víctimas de nuestra acción”, añadió.

Asimismo, aprovechó para pedir pedrón a Dios, a la espera de que tanto él como el sumo pontífice pudieran comprender la postura que tuvo durante mucho tiempo con respecto al conflicto armado, el cual justificó con objetivos relacionados con la equidad y la justicia. Pues, aseguró que sus intenciones fueron velar por las personas excluidas y perseguidas, que también resultaron fuertemente afectadas por la guerra interna.

“Sus reiteradas exposiciones acerca de la misericordia infinita de Dios me mueven a suplicar su perdón por cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado al pueblo de Colombia o a uno de sus integrantes (…). Soñamos con que Usted y su Padre sabrán comprendernos”, expresó.

Con respecto al proceso de implementación de lo acordado, denunció haber identificado una “ausencia de compromiso” por parte de algunos funcionarios del Estado colombiano, algo que continuó afirmando durante los años posteriores, cuestionando, entre otras cosas, la falta de protección de los firmantes de paz, puesto que cientos de ellos han sido asesinados desde 2016. Asimismo, manifestó su inconformismo con problemáticas alrededor de la riqueza: despojo, invasiones y saqueos, que han perjudicado, sobre todo, a la población más pobre del país.

“Dios está con Usted, no hay duda. Rogamos porque en adelante esté siempre con Colombia. Porque su amor reporte la paz, la reconciliación y la justicia que tanto anhelan los hijos e hijas de esta patria. Desde su primer paso en mi país sentí que por fin algo cambiaría. Su devoto admirador, Rodrigo Londoño Echeverry (Timoleón Jiménez)”, concluyó.

Una nueva denuncia de amenazas en Colombia pone de nuevo en el centro del debate el papel de las víctimas del conflicto armado y el trato que reciben tras atreverse a relatar públicamente los hechos que vivieron en manos de grupos armados. La periodista Diana Saray Giraldo denunció que Deisy Dorelly, una mujer que declaró haber sido víctima de reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha recibido amenazas directas luego de hacer pública su historia.

La situación se presentó luego de que Dorelly, a través de sus redes sociales, respondiera a una publicación de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, excomandante de las Farc y actual líder del partido político Comunes. En la imagen compartida por el político, este aparece cruzando los dedos, lo cual fue interpretado por la víctima como un símbolo de amenaza, basándose en antecedentes relacionados con este tipo de gestos utilizados presuntamente por miembros de esa organización armada en el pasado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dorelly señaló que dicho símbolo le causa “horror” y que se asocia con intimidaciones sufridas previamente por otras víctimas del conflicto.

Ante esta situación, periodista Diana Saray Giraldo compartió públicamente su preocupación a través de su cuenta de X, en la que escribió: “URGENTE!! Ayer la noche Deisy, quien ha denunciado los abusos de los que fue víctima por parte de líderes de las FARC, algunos hoy en el Congreso, recibió esta amenaza directa de muerte. Esto ocurre después de que el Director de Comunes @TimoComunes publicó una foto con una señal de cruz en sus manos, que según víctimas de las Farc, era un símbolo de amenaza”.

Junto a su mensaje, Giraldo publicó capturas de pantalla que, según expuso, respaldan su denuncia. En estas se evidencia cómo la mujer recibió mensajes intimidantes por redes sociales, donde se le llama “sapa”, entre otros insultos. También compartió una imagen que muestra que la persona que la agredió en redes restringió el acceso a su perfil. “Quieren seguir silenciando a las víctimas de reclutamiento forzado y abuso sexual por las Farc. No podemos permitirlo”, añadió la comunicadora.

La periodista también solicitó a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto, por lo que en su publicación, hizo un llamado expreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que pidió que se exija a Rodrigo Londoño y a la senadora Sandra Ramírez —senadora y exintegrante de las Farc— “que se abstengan de tener cualquier tipo de manifestación que pueda considerarse intimidante, como la foto publicada ayer”. Asimismo, exhortó a la Fiscalía General de la Nación para que inicie una investigación urgente y brinde protección efectiva a la víctima.

Estas declaraciones surgen en un contexto de alta tensión, ya que el pasado 5 de abril de 2025, la JEP imputó a Londoño, al senador Julián Gallo, y a otros excomandantes de la extinta guerrilla, entre ellos “Pablo Catatumbo”, por su presunta responsabilidad máxima en crímenes relacionados con el reclutamiento e instrumentalización de menores durante el conflicto armado.

Deisy Dorelly aseguró haber sido una de esas niñas, de acuerdo con su testimonio, fue llevada a la fuerza a los 11 años, y posteriormente fue víctima de múltiples agresiones sexuales, en las que incluso señaló directamente a Catatumbo como uno de los responsables. En su relato, indicó además que la senadora Ramírez, también exmiembro de las Farc, organizaba a las niñas en filas para que los comandantes abusaran de ellas.

Uno de los episodios más impactantes descritos por la mujer fue cuando, en una de esas violaciones, le fracturaron la mandíbula y le quebraron los huesos de la mano. Su testimonio fue divulgado ampliamente en medios de comunicación y generó un debate público sobre la responsabilidad de los antiguos miembros de las Farc, hoy reincorporados a la vida política.

Frente a esta situación, la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al partido Centro Democrático, expresó a través de su cuenta de X su respaldo a la denuncia realizada por la periodista, manifestando su solidaridad y señalando su desconcierto ante el hecho de que, según sus palabras, el mundo pareciera estar actuando de manera contraria a la lógica.

“El mundo al revés. Toda nuestra solidaridad y respaldo a una mujer que siendo una niña, fue arrebatada de sus papás campesinos humildes, para ser abusada sexualmente por estos depredadores de las FARC. Como ella, miles”, escribió la congresista.

El 28 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizó su cuenta en X para rechazar cualquier acto de apología a grupos criminales, lo que fue interpretado por algunos como una crítica implícita a un contenido de Rtvc en el que se hablaba de Manuel Marulanda, conocido como alias Tirofijo.

Ante la controversia, Sánchez aclaró en otro mensaje en redes sociales que “jamás mencionó” que Rtvc o Señal Colombia estuvieran haciendo apología a alias Tirofijo, buscando despejar cualquier malentendido generado por su declaración anterior.

A pesar de esto, el líder político del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien fue comandante de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), contestó al primer mensaje del ministro diciendo “no pretenda socavar nuestros derechos políticos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Próximamente se cumplirán 23 años de la masacre de Bojayá, Chocó, y no podemos aceptar que se haga apología a quienes cometieron y/o dirigieron ese horror”, escribió el alto funcionario del Gobierno en una parte de su extenso mensaje el cual fue relacionado con la emisión de Rtvc.

En su mensaje, Sánchez también recordó la masacre del 2 de mayo de 2002 en la iglesia de Bellavista, donde cerca de 80 personas, incluyendo niños, mujeres y hombres, fueron asesinadas. El ataque fue atribuido a las órdenes de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, quien dirigía la guerrilla en ese entonces, y sigue siendo uno de los crímenes más emblemáticos de la violencia en Colombia.

En su respuesta, Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, recordó que los firmantes del acuerdo de paz ya han pedido perdón y asumido responsabilidad por los hechos ocurridos en Bojayá. Asimismo habló de la figura de Manuel Marulanda, a quien consideró un “campesino heroico y víctima del terrorismo de Estado”, aludiendo al bombardeo a Marquetalia.

“Ministro, hemos pedido perdón y asumido responsabilidad por los hechos atroces de Bojayá. No pretenda socavar nuestros derechos políticos, nuestra historia y la vida de Manuel Marulanda, campesino heroico y víctima del terrorismo de Estado que bombardeó con Napalm a Marquetalia”, escribió por medio de su cuenta de X Rodrigo Londoño.

Además de Londoño, otro miembro del partido Comunes, el senador Julián Gallo también contestó al primer mensaje del ministro de Defensa del Gobierno Petro. “Ministro @PedroSanchezCol, usted es parte de un gobierno que se ha comprometido públicamente a implementar de manera integral el Acuerdo de Paz que firmamos con el Estado, uno de cuyos puntos es la reincorporación política de los firmantes de paz y dentro de eso acabar con la estigmatización”, dijo.

Y agregó: “Entendemos perfectamente que usted, como hombre de armas, al igual que nosotros, participó directamente de las acciones de guerra, sin embargo, lo que no se entiende es que en su papel actual, se siga guiando por la mentalidad que pone el énfasis en la destrucción del enemigo. Nosotros ya no lo somos, como personas hacemos parte de la sociedad civil y cómo proyecto político nos movemos dentro la la institucionalidad. Por supuesto, es válido que usted tenga sus propias opiniones y las exprese, pero como funcionario del Gobierno Nacional es conveniente que tenga en cuenta que sus opiniones trascienden lo personal”.

Sin embargo, el jefe de la cartera de Defensa, Pedro Sánchez posteriormente, hizo una segunda publicación en la que aseguró que en su publicación no hizo referencia a que Rtvc o Señal Colombia hicieran apología a alias Tirofijo. “Jamás mencioné que @RTVCnoticias o @SenalColombia hicieran apología a Tirofijo por el aniversario de su muerte. Quien afirme lo contrario tergiversa lo dicho allí”, explicó el funcionario público.

Y concluyó su publicación diciendo lo siguiente: “Mi pronunciamiento de indignación fue por las celebraciones y apologías realizadas por grupos criminales y otras personas afines, especialmente en Cauca y Caquetá, donde incluso se perpetraron atentados terroristas para conmemorar el aniversario de un criminal con 150 órdenes de captura en Colombia y 21 a nivel internacional por terrorismo, extorsión, secuestro, reclutamiento forzado, desplazamiento y otras atrocidades que dejaron innumerables víctimas en el país”.

Bogotá, 29 dic (EFE).- Rodrigo Londoño, también conocido como 'Timochenko', el último comandante de las FARC, pidió este domingo al presidente colombiano, Gustavo Petro, tomar acciones "urgentes" para garantizar la paz y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

"La paz de Colombia pasa por horas difíciles y es necesario que usted tome correctivos urgentes. Usted es el jefe del Estado. Le corresponde actuar en favor de la paz de Colombia", escribió Londoño en su cuenta de X.

También le reprochó al Gobierno colombiano que "al día de hoy no ha sido entregada la renta básica de la que dependen miles de firmantes en procesos de reincorporación. Gentes humildes que siguen firmes con la paz a pesar de la adversidad".

"Exijo el desembolso inmediato de la renta básica", continuó, para mostrarse "sorprendido" por la propuesta que emitió la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, "acerca del modelo de sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la cual se emulan colonias penales" y le cuestionó: "¿Ese es el modelo de justicia para la paz de su gobierno?".

Londoño también lamentó el asesinato de cuatro firmantes de paz en el mes de diciembre, lo que supone que desde la firma del acuerdo han sido asesinados 443 excombatientes, según las cifras del exjefe de las FARC, quien pidió "garantías para los firmantes de paz".

"El pueblo lo eligió para consolidar la paz de Colombia. La piedra angular de su política de Paz Total era el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas FARC-EP. Pido que honre el Acuerdo y el mandato popular que lo eligió presidente", finalizó Londoño.

Petro llegó a la Presidencia de Colombia en 2022 con la promesa de lograr la paz en el país y de implementar el Acuerdo de Paz, sin embargo las negociaciones con los grupos armados no han logrado grandes avances y ha recibido múltiples críticas por la implementación parcial de ese trato. EFE

El Partido Comunes manifestó su respaldo a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para definir el futuro de las reformas sociales impulsadas por su gobierno.

A través de un comunicado, la Dirección Nacional de la colectividad destacó la importancia de esta herramienta de participación, argumentando que es el pueblo colombiano el que debe tener la última palabra en la configuración de políticas clave para el país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Desde la agrupación política, surgida tras la firma del Acuerdo de Paz, se enfatizó que esta consulta no solo responde a la necesidad de ampliar los espacios de decisión democrática, sino que también constituye una respuesta a lo que consideran una desconexión del Congreso con las necesidades de la ciudadanía.

Según el pronunciamiento de Comunes, el Legislativo ha mostrado una resistencia sistemática a las reformas planteadas por el Gobierno, obstaculizando cambios fundamentales en el ámbito social y político.

“Entre 2019 y 2021, durante el estallido social, el pueblo colombiano expresó su demanda de cambios en busca de mejorar las condiciones en vida de las grandes mayorías. Este clamor resultó en la elección del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo programa de gobierno hoy se ve bloqueado por los intereses de las minorías privilegiadas, que han convertido al Estado y la política en herramientas para proteger sus mezquinos intereses”, se lee en el texto.

En este contexto, la colectividad recordó que una de las principales barreras impuestas por el Congreso ha sido la falta de voluntad para tramitar la reforma política.

De acuerdo con su perspectiva, esto ha impedido avanzar en la implementación del Punto 2 del Acuerdo Final de Paz, el cual está orientado a modernizar y fortalecer la participación política, garantizando una representación más equitativa y democrática dentro del sistema electoral colombiano.

“Este mismo Congreso ha impedido el trámite de la reforma política y la implementación plena del Punto 2, sobre participación política y otras importantes transformaciones derivadas del Acuerdo Final de Paz, que contiene los elementos necesarios para ampliar, modernizar y la participación política del pueblo en la toma de decisiones con plenas garantías”, se expresa en el texto.

Para el Partido Comunes, la consulta popular surge como una alternativa legítima para contrarrestar estas dificultades y permitir que la ciudadanía exprese su voluntad frente a las transformaciones estructurales que el Gobierno propone en materia de salud, pensiones y trabajo.

La colectividad subraya que estos cambios han sido reclamados por amplios sectores de la población y que la negativa del Congreso a debatirlos de manera abierta y efectiva representa un obstáculo para la consolidación de una sociedad más justa.

Además del respaldo a la consulta, Comunes hizo un llamado a sus militantes y simpatizantes a sumarse a las movilizaciones programadas para el próximo 18 de marzo. Estas manifestaciones, convocadas por sectores afines al Gobierno, buscan expresar el apoyo ciudadano a las reformas sociales y presionar para que la consulta se materialice como un mecanismo de decisión popular.

“Hacemos un llamado a nuestra militancia, simpatizantes, amigas, amigos y a todas las fuerzas sociales y políticas que defienden los cambios, a unificarnos de manera masiva y creativa para salir a las calles el martes 18 de marzo en defensa de las reformas sociales y en preparación de la consulta popular”, señalan.

Con este pronunciamiento, el Partido Comunes reafirma su compromiso con la implementación de los acuerdos de paz y con el impulso de mecanismos que permitan ampliar la participación política y social en el país. La colectividad considera que este tipo de iniciativas refuerzan la democracia y otorgan mayor protagonismo a la ciudadanía en la definición del rumbo que debe tomar Colombia en los próximos años.

El pasado domingo 2 de marzo de 2025, el partido Comunes denunció los crímenes contra Danilo Benavides, Faber Alexander Torres y Víctor Julio Jiménez, tres firmantes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, quienes fueron asesinados en los departamentos de Casanare, Arauca y Meta, respectivamente.

Según la colectividad política, desde la firma del acuerdo hasta la fecha, más de cuatrocientos excombatientes han sido asesinados en Colombia, que se suma al desplazamiento de varias familias que residían en las Áreas de Reincorporación dispuestas en el territorio nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por estos hechos, Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, conocido en su época de guerrillero como “Timochenko”, lanzó fuertes cuestionamientos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al considerar que, desde su administración, no se han abordado la problemática de seguridad que enfrentan los firmantes en el país.

“Tres firmantes de paz asesinados, dos secuestradas y una extracción de una familiar con seis menores de edad en menos de 24 horas. En total, 458 muertes desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Presidente Gustavo Petro detenga esta barbarie y avance en la implementación del Acuerdo”, manifestó el dirigente político en su cuenta de X.

En su mensaje publicado en la red social, el exlíder del extinto grupo armado instó al mandatario nacional para que se avancen en la implementación del Acuerdo de Paz, asegurando que este punto no es tenido en cuenta por el actual gobierno colombiano.

“Es realmente preocupante la coyuntura que enfrentamos los firmantes de paz. Asesinatos, desplazamientos, secuestros, amenazas y un Presidente que no se pronuncia ante la grave situación. Al parecer en “su sancocho nacional” no es prioridad el Acuerdo de Paz”, escribió Londoño en las redes sociales.

El asesinato de los tres firmantes en la Orinoquía colombiana no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante tendencia que ha cobrado la vida de cientos de excombatientes en los últimos años. Las 458 víctimas en el país refleja los desafíos persistentes en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo que respecta a la seguridad de quienes dejaron las armas con la esperanza de reintegrarse a la sociedad.

Crímenes contra firmantes de Paz en el Llano colombiano

Por medio de un comunicado, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR-Comunes) denunció el ataque que acabó con la vida de tres firmantes de paz en el oriente de Colombia. Según la organización, los hechos ocurrieron el domingo 2 de marzo de 2025, en los departamentos de Casanare, Arauca y Meta.

El primer caso sucedió en la vereda las Galaxias, zona rural del municipio de Arauquita (Arauca, oriente de Colombia), donde el firmante Danilo Benavides, quien realizaba su proceso de reincorporación en la zona denominada Martín Villa, fue atacado por sujetos desconocidos, quienes le causaron la muerte de forma instantánea.

Posteriormente, el CNR- Comunes denunció que sobre las siete de la noche del mismo día, en el municipio de San Juan de Arama (Meta), Faber Alexander Torres sufrió varios impactos provocados con arma de fuego, mientras departía con un grupo de amigos en un establecimiento de comercio y juegos, y pese a ser trasladado de urgencia a un centro médico, se confirmó su trágico deceso.

Finalmente, la organización detalló que cerca a las diez de la noche del 2 de marzo, se conoció el crimen de Víctor Julio Jiménez, quien se encontraba por las calles de Yopal (Casanare). No obstante, se desconocen las causas del ataque contra el excombatiente.

De acuerdo con los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del año 2025, han sido asesinados 14 firmantes de paz, de los cuales, seis fueron en el departamento de Norte de Santander, quienes fueron ultimados por miembros del ELN.

Ante ello, Leonardo González, director de Indepaz, aseveró que el país está enfrentando un plan sistemático que pretende exterminar a los excombatientes de la extinta guerrilla.

“Con estas cifras, es hora de empezar a hablar de un plan sistemático de exterminio contra los firmantes del Acuerdo de Paz, ya que la situación cumple con todos los elementos, a la luz del Derecho Internacional Humanitario, de premeditación en la acción sistemática, planeada y ejecutada, de eliminación de un grupo de personas”, comentó.

La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha causado malestar en Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, excomandante de las antiguas Farc y actual líder del partido Comunes. Aunque esta jurisdicción fue creada a raíz del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y las Farc-EP, algunas resoluciones del tribunal no han sido bien recibidas por quienes en su momento respaldaron su creación.

El malestar de Londoño surgió luego de que la JEP concluyera que las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, no respondieron a una política estatal derivada de la estrategia de seguridad democrática impulsada por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las audiencias en las que se expuso esta determinación han estado lideradas por los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz. Fue precisamente Díaz quien detalló los patrones identificados en estos crímenes, señalando que se trató de una búsqueda de resultados operacionales, pero sin que esto respondiera directamente a una política gubernamental establecida.

Londoño expresó su inconformidad en redes sociales, acusando al tribunal de distorsionar los hechos: “Es lamentable que la JEP quiera tratar de falsear la historia y construir una narrativa para absolver de responsabilidad a Uribe y su política de seguridad democrática por la comisión de delitos de lesa humanidad concurrentes en los ‘falsos positivos’. La verdad vencerá”, escribió.

Este pronunciamiento provocó una fuerte ola de reacciones. Desde distintos sectores políticos, varios señalaron que Londoño está criticando un proceso judicial al que él mismo, junto con otros excomandantes, accedió al firmar el Acuerdo de Paz.

En el último año, varios líderes de las antiguas Farc han expresado su descontento con las decisiones de la JEP, especialmente cuando estas no se alinean con sus expectativas. Algunos incluso han impulsado propuestas para aplicar una ley de punto final que detenga nuevas investigaciones en su contra.

Desde el Centro Democrático, la decisión del tribunal fue bien recibida. El presidente del Concejo de Medellín, Sebastián López, aseguró que la posición de la JEP desmonta uno de los principales argumentos utilizados por la izquierda colombiana durante las últimas dos décadas. “Ya se cae todo el estandarte político de la izquierda en Colombia, que llevaba 20 años acusando al presidente Álvaro Uribe sobre el tema de los falsos positivos y la misma JEP. La justicia montada por ellos no tuvo otra alternativa, sino decir que no fueron política de Estado; no eran política de la seguridad democrática los falsos positivos, sino que lamentablemente fue el daño de algunos miembros de la fuerza pública que cometieron estas atrocidades”, afirmó.

La controversia generada por el pronunciamiento de Londoño refleja las tensiones que persisten en torno a la interpretación del conflicto armado y el alcance de la justicia transicional.

Durante la 67 edición de los premios Grammy, la cantante colombiana Shakira se alzó con el galardón a Mejor Álbum Pop Latino por su disco Las mujeres ya no lloran.

En su discurso como galardonada, la artista dedicó el premio a los inmigrantes, las trabajadoras mujeres y su familia, un gesto que no solo emocionó a sus seguidores, sino que también generó reacciones inesperadas, como la del político colombiano Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp

El líder del Partido Comunes calificó las palabras de la cantante como un acto de amor y humanidad. “Hoy aplaudo su solidaridad con los y las migrantes perseguidas. Un acto digno, de amor y humanidad, en contra del fascismo”, fue el mensaje publicado por Londoño a través de su cuenta de X.

En su intervención, Shakira destacó el valor de los inmigrantes que enfrentan grandes riesgos para buscar un futuro mejor en Estados Unidos, así como el impacto positivo de los latinos en la economía de ese país.

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país. Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes”, expresó la artista barranquillera.

Además, dirigió un mensaje especial a las mujeres trabajadoras, a quienes describieron como las “verdaderas lobas”, en referencia a su conocida canción Loba. Este emotivo discurso resonó en un contexto político marcado por tensiones migratorias y políticas de deportación en Estados Unidos.

Así mismo, Rodrigo Londoño reveló que siempre ha sido seguidor de la artista desde los inicios de su carrera, cuando lanzó su álbum Pies descalzos. Según detalló, durante su tiempo en la guerrilla, solía escuchar la música de Shakira en la radio, admirando su talento vocal.

“Soy seguidor de Shakira desde la época en que estrenó su famoso disco Pies descalzos. En la guerrilla la escuché en la radio, admirando su voz y su música”, escribió Londoño.

Este reconocimiento por parte de Londoño, que lideró uno de los movimientos insurgentes más importantes de América Latina, sorprendió a muchos, dado el contraste entre sus trayectorias y contextos.

La ceremonia de los Grammy no estuvo exenta de controversias. El presentador de la gala, Trevor Noah, generó indignación con un comentario que muchos consideraron ofensivo hacia los colombianos. Al presentar a Shakira, Noah afirmó: “Lo mejor que ha salido de Colombia, que no es un delito grave de clase A”.

Estas palabras provocaron molestia, especialmente en un momento en el que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia atraviesan tensiones debido a las redadas migratorias y las deportaciones masivas.

El comentario de Noah contrastó con el tono emotivo y reivindicativo del discurso de Shakira, que aprovechó su plataforma para visibilizar las dificultades que enfrentan los inmigrantes y destacar su contribución a la sociedad estadounidense. La cantante también dedicó palabras de agradecimiento a sus hijos, Milan y Sasha, que la acompañaron en la ceremonia y que describieron como su mayor orgullo.

El mensaje de Shakira se dio en un momento crítico para los inmigrantes en Estados Unidos. Las políticas migratorias implementadas tras la llegada al poder de Donald Trump generaron una ola de redadas y deportaciones que han sido ampliamente criticadas a nivel internacional.

Estas medidas intensificaron la incertidumbre y el temor entre las comunidades migrantes, muchas de las cuales enfrentan riesgos significativos al intentar cruzar la frontera en busca de mejores oportunidades.

La reacción de figuras como Rodrigo Londoño destaca el alcance del mensaje de Shakira, que trascendió el ámbito musical para convertirse en un acto de reivindicación social. Al dedicar su premio a los inmigrantes y las mujeres trabajadoras, la cantante no solo experimentó su éxito personal, sino que también utilizó su plataforma para dar voz a quienes enfrentan adversidades en su día a día.

El gesto de Shakira, sumado a las reacciones que generó, pone de manifiesto el poder de la música y el arte como herramientas para promover el cambio social y la reflexión. En un escenario global marcado por divisiones y tensiones, su mensaje resuena como un recordatorio de la importancia de la solidaridad y el respeto hacia quienes buscan construir una vida mejor, incluso en las circunstancias más difíciles.

Al inicio de esta semana, Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, uno de los máximos jefes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó una columna con la que justificó la cruenta guerra que mantienen contra el Frente 33, de las extintas Farc, en la ya convulsionada región del Catatumbo (Norte de Santander) que deja un trágico saldo de decenas de muertos y casi 40.000 desplazados.

En ella responsabilizó que parte de esa confrontación era consecuencia del acuerdo de paz con la desaparecida guerrilla, ya que los miembros que no se acogieron al mismo se aliaron con el Ejército Nacional para acabar con los miembros de su grupo armado organizado y que el detonante final fue la masacre del sepulturero de Tibú, Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de nueve meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, el jueves 23 de enero, esa organización dio a conocer un nuevo video con el que anunciaron que no cesarán las hostilidades armadas hasta dominar la paleada región nortesantandereana y reiteraron que las mismas eran consecuencia de ese proceso con el que las Farc renunció a la lucha armada.

“Facilitó el rearme de muchos excombatientes que hoy integran el denominado Frente 33 que al no poder recomponerse como proyecto insurgente, entraron en degradación y que hoy nos obliga a confrontarlos”, señalaron en un aparte de la grabación.

Ante ese amenazante señalamiento, el que fuera el máximo jefe del último secretariado de la otrora guerrilla, Rodrigo Londoño, también recordado por antiguo nombre de guerra ‘Timochenko’, cuestionó a ‘García’ y aseguró que si no los “acabó la ultraderecha” tampoco lo haría el ELN, esto en reproche por el asesinato que han perpetrado en el Catatumbo de firmantes del acuerdo de 2016.

A través de una misiva, el ahora presidente del Partido Comunes, criticó que el ELN hubiera respaldado inicialmente a ‘Richard’ y ‘John Mechas’, de las disidencias y que luego los confronten en el Catatumbo, para así justificar los crímenes en contra de los excombatientes.

“Se abrogan el derecho de matar a todos los que a su juicio colaboran con él. Como si los habitantes de los territorios no vivieran entre dos fuegos, obligados a servir a unos u otros. Los firmantes en el Catatumbo, asediados por el ELN, el EPL, las disidencias y las mafias son hoy campesinos, hombres de paz, que sufren las mismas presiones que todos allá”, afirmó.

Recordó, además, que ese tipo de violencia que están ejerciendo en la zona de frontera, fue la que llevó a la debacle a su antiguo grupo armado organizado, que perdió en ese momento el respaldo popular, la base de los grupos insurgentes, una reflexión en la que coincidieron con Nicolás Rodríguez Bautista alias Gabino, otro de los jefes ‘elenos’.

“La experiencia nos enseñó que matanzas como las que realiza hoy el ELN en el Catatumbo jamás producirán ninguna revolución. Una lucha armada de tantos años se degrada. Lo vivimos, lo reconocemos. Personalmente traté varias veces el tema con Gabino, sorprendidos los dos por la descomposición que hacía metástasis en las dos organizaciones”, reveló.

Finalmente señaló que la organización de ‘García’ ahora actuaba como lo hacían las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) emprendiéndola contra la población civil y esto tendrá la consecuencia de que en el futuro no se vuelva a elegir a una administración progresista.

“Cualquier colombiano o colombiana, en cualquier calle o vereda, condena hoy al ELN, lo iguala al paramilitarismo, cosa que la absurda obstinación de sus dirigentes se niega a ver. No sólo han hecho ruina de la política de paz, equivocada o no, del actual gobierno. Han contribuido a desprestigiar el proyecto transformador, le han abierto las puertas a la ultraderecha” sentenció.

El excomandante de las extintas Farc y actual presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, criticó en su cuenta de X lo que considera un incumplimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) frente a lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Londoño expresó que “la paz pasa por horas difíciles y solo la movilización popular puede evitar que el país caiga en una nueva y prolongada ola de violencias”.

El exguerrillero hizo un llamado a “la ciudadanía, los pueblos del mundo y la comunidad internacional para cerrar filas en favor de la paz de Colombia”, subrayando la necesidad de acción colectiva para prevenir una escalada de conflictos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En sus publicaciones, Londoño también se refirió a los recientes hechos violentos en el Catatumbo, calificándolos como “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

Según el líder político, los grupos armados han abandonado cualquier pretensión de ideología y se han convertido en “verdugos del pueblo que dijeron defender”, motivados principalmente por la “codicia económica”.

El excomandante de las Farc también cuestionó la capacidad del Gobierno para implementar la política de “paz total”, calificándola como “una oferta generosa y bien intencionada”, pero enfatizó que su éxito depende de “una voluntad real de la contraparte para desmontar su aparato de guerra”.

“La política gubernamental de ‘La Paz Total’ fue una oferta generosa y bien intencionada. Sin embargo, no hay política de paz del Gobierno que pueda ser exitosa si no hay voluntad real de la contraparte por desmontar su aparato de guerra”, indicó Londoño.

Asimismo, advirtió que la situación del Catatumbo refleja una problemática más amplia, ya que la violencia persiste en varias regiones del país.

“Desafortunadamente lo que sucede en el Catatumbo es reflejo de la violencia que persiste en varias regiones del país. Los grupos armados, desprovistos de cualquier ideario político, han hecho de su codicia económica el motor de su actividad militar”, indicó Rodrigo Londoño.

Londoño señaló que el incumplimiento del Estado en garantizar seguridad física y jurídica para los firmantes del Acuerdo de Paz ha exacerbado la crisis. Denunció que más de 450 firmantes han sido asesinados desde la firma del acuerdo, incluyendo al menos ocho en el Catatumbo.

Además, destacó que la JEP habría incumplido al “negarse a emitir una única resolución de conclusiones”, lo que, según él, profundiza la inseguridad jurídica.

“El incumplimiento del Estado agudiza la inseguridad física y jurídica de los firmantes. Más de 450 vidas de firmantes fueron arrebatas, al menos 8 en el Catatumbo. Al tiempo la JEP anuncia que incumplirá el Acuerdo negándose a emitir una única resolución de conclusiones”, aseveró el presidente de Comunes.

En su análisis, resaltó también los “rezagos del Estado colombiano” en la implementación del acuerdo, indicando que el informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU subraya estas fallas y debe ser atendido con urgencia por el gobierno.

“En esta coyuntura, se hacen especialmente graves los rezagos del Estado colombiano en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. El informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU lo ha señalado y debe ser atendido rigurosamente por el gobierno”, expresó Rodrigo Londoño.

Finalmente, Rodrigo Londoño reafirmó su compromiso con la paz, declarando que “no desfalleceremos ante la adversidad del proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Seguiremos firmes hasta el último de nuestros días”. A pesar de las dificultades, expresó su confianza en que “la paz vencerá” y exhortó al Estado a tomar acciones decididas para garantizar justicia, paz y no repetición.

“No desfalleceremos ante la adversidad del proceso de implementación del Acuerdo de Paz. Seguiremos firmes hasta el último de nuestros días. Pero se requiere acciones decididas de Estado por la paz, la justicia y la no repetición. Estoy seguro que la paz vencerá, aseveró Rodrigo Londoño.

La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, enfrenta una ola de violencia que dejó cinco excombatientes de las extintas Farc asesinados en las últimas horas. Según informó el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, estos crímenes se producen en un contexto de creciente inseguridad para quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Londoño calificó los hechos como un “genocidio en curso” y exigió al presidente Gustavo Petro garantías de protección para los firmantes del pacto.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Londoño expresó su preocupación por la falta de seguridad para los excombatientes y señaló que los asesinatos ocurrieron justo antes de una sesión de consejo de seguridad. “Presidente @petrogustavo, en las últimas horas han asesinado a cinco firmantes del Acuerdo Final de Paz en el Catatumbo, justo antes de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que hará seguimiento a la implementación de lo acordado. Exijo garantías. Es un genocidio en curso”, escribió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, representante de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia reprochó los hechos e instó a los grupos armados a cesar los actos violentos que afectan a la población civil. “Expreso mi más firme condena por asesinato de 5 firmantes de paz y líderes en Catatumbo. Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz”.

Una región atrapada en la violencia y el narcotráfico

El Catatumbo, una de las zonas más afectadas históricamente por el conflicto armado en Colombia, continúa siendo escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan el control territorial y las economías ilícitas, como el narcotráfico, lo que ha intensificado la violencia en la región. Esta situación no solo pone en riesgo a los excombatientes, también a las comunidades locales, que enfrentan desplazamientos masivos y una crisis humanitaria en aumento.

La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos en esta zona mediante la Alerta Temprana 025 de 2021 y la Alerta de Inminencia 026 de noviembre de 2024. Estas advertencias incluían recomendaciones específicas para las autoridades locales y nacionales con el fin de prevenir la escalada de violencia. Sin embargo, los recientes asesinatos evidencian la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad en el territorio.

Más de 400 excombatientes asesinados desde 2016

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de 400 exguerrilleros han sido asesinados, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este alarmante número refleja las dificultades que enfrenta el proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil, así como el incumplimiento de las garantías de seguridad prometidas en el pacto. La situación en el Catatumbo es un ejemplo extremo de esta problemática, donde los firmantes del acuerdo se encuentran en una posición especialmente vulnerable debido a la presencia de múltiples actores armados.

La falta de protección afecta a los excombatientes, asó como a líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes han sido blanco de ataques en diferentes regiones del país. Esta realidad pone en entredicho los avances logrados en la implementación del acuerdo y subraya la necesidad de acciones inmediatas por parte del Gobierno Nacional.

El papel del Consejo de Seguridad de la ONU

En medio de esta crisis, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto revisar en los próximos días el estado de implementación del Acuerdo de Paz. Este organismo internacional ha sido un actor clave en el seguimiento del proceso, y su evaluación llega en un momento crítico para Colombia. Organizaciones defensoras de derechos humanos y actores políticos reiteraron la urgencia de que el Gobierno refuerce las medidas de protección para los excombatientes y cumpla con los compromisos adquiridos en 2016.

La revisión por parte de la ONU podría influir en las políticas del Gobierno de Gustavo Petro, que ha manifestado su intención de avanzar en la Paz Total. Sin embargo, los recientes asesinatos en el Catatumbo representan un desafío significativo para esta agenda, ya que evidencian las dificultades para garantizar la seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto.

Bogotá, 13 nov (EFE).- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó este miércoles a seis exintegrantes del último Secretariado de la extinta guerrilla de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', como "máximos responsables" por el reclutamiento forzado de 18.677 niños para el conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que seis exintegrantes del secretariado de las FARC "son máximos responsables por estos graves crímenes", dijo en una rueda de prensa el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli.

Los imputados y llamados a reconocer responsabilidad, además de Londoño, son Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape, Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo, los dos últimos, senadores por el partido Comunes, en el que se transformaron las FARC para hacer política.

Según la JEP, entre 1971 y 2016, año en que se firmó el acuerdo de paz, las FARC "reclutaron a 18.677 niños y niñas. Estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, marco en el cual la Sala concentró su investigación" del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado.

Las imputaciones son también por "malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio".

En las filas de las FARC, "niños y niñas sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos", señala la imputación.

Estas violencias ocurrieron de "manera sistemática y frecuente" en diversas partes del país. "Al menos 135 víctimas reclutadas reportaron haberla padecido, esto equivale al 17 % de las víctimas reclutadas registradas. Igualmente, del total de mujeres reclutadas, el 35 % reportaron haberlas sufrido", desglosó la información.

La JEP recordó que en el Caso 07 participaron 9.854 víctimas. De ellas, 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas afectados y 951 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes directos y familias que continúan la búsqueda de niños reclutados desaparecidos.

En sus investigaciones la Sala determinó que cada uno de los seis comparecientes, con sus "acciones y omisiones" durante su vida activa en la guerrilla, son responsables de cinco patrones macrocriminales determinados.

En el caso de Rodrigo Granda, que hizo parte del último secretariado de las FARC como suplente, pero no fue imputado, la Sala encontró que "no participó en la definición ni en la implementación de políticas nacionales sobre la incorporación de personal ni en la regulación de la vida intrafilas".

La JEP explicó que se entiende como "máximo responsable" a una persona, que por su liderazgo, tiene una posición de jerarquía o autoridad que le permite influir en la organización y en la definición de las políticas y condiciones que dan lugar a la ejecución de patrones de macrocriminalidad.

La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que los seis comparecientes participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla.

"Como integrantes del último Secretariado tuvieron la tarea de guiar la implementación de esas políticas en toda la organización -en su capacidad como coordinadores y comandantes de los bloques- y conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los crímenes de guerra", explicó la JEP.

La Sala determinó que los niños reclutados sufrieron la pérdida de la esencia de la niñez y la anulación de la posibilidad de forjar su propia identidad.

"A ellos y ellas les fueron negadas herramientas emocionales, sociales y educativas que son cruciales para proyectar la vida en sociedad, y sus vivencias dentro de las filas les dejaron huellas físicas y emocionales profundas que hoy permanecen", explicó el alto tribunal.

La JEP concluyó que las "afectaciones más profundas derivan de la exposición permanente a la muerte y de la ansiedad y el sufrimiento generados por diferentes violencias sufridas dentro de las filas".

Por ejemplo, quienes padecieron violencia sexual y violencia reproductiva, sufrieron "graves lesiones corporales y emocionales relacionadas a su ser sexual, afectivo y maternal, que se extienden a su vida adulta". EFE

(foto)

Carlos Eduardo García, conocido con el alias de Andrey Avendaño, portavoz y jefe negociador del grupo Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, reveló que el excomandante de las extintas Farc-EP Rodrigo Londoño, alias Timochenko, no entregó todos los bienes de la guerrilla.

Según el integrante del EMC, los exjefes de las Farc siguen utilizando la riqueza obtenida de los múltiples delitos cometidos durante su operación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En entrevista con Salud Hernández-Mora para la revista Semana, alias Andrey Avendaño se refirió al oro que tendrían alias Timochenko y los demás exintegrantes del Secretariado de las Farc.

Avendaño aseguró que el oro si existió, pero una parte de ese oro ya fue invertido en maquinaria para el EMC. Además, explicó que otra parte del dinero recaudado fue entregado a alias Iván Mordisco y el resto se encuentra en la reserva de alias Calarcá.

“Iván Mordisco solo se llevó cinco kilos de oro. Posteriormente se tomó la decisión de vender la parte restante del oro para invertir en cosas que se necesitaban; sin embargo, ahora es una reserva”, indicó el jefe del frente 33 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Andrey Avendaño precisó que el oro fue declarado patrimonio de las Farc por alias Gentil Duarte, pero resalto que el comandante de las extintas Farc Rodrigo Londoño, así como otros exintegrantes del grupo guerrillero no entregaron todas las reservas.

La periodista colombo-española entregó detalles de lo que le dijo el jefe negociador del EMC de las disidencias de las Farc a La FM, de RCN Radio.

“Él admitió que ese oro lo tenía Gentil Duarte. Para que la gente recuerde, Gentil Duarte era un comandante destacado de las antiguas Farc que estuvo también en La Habana, en un momento dado, pero él decidió, después de estar en La Habana, no desmovilizarse y volver al Frente Primero, que tenía influencia en el Guaviare, que era uno de sus fuentes tradicionales. De ahí surgen las primeras disidencias, que luego van uniéndose con otros frentes”, explicó Salud Hernández-Mora al citado medio.

La reportera afirmó que “Gentil Duarte tenía ese oro. Él era el custodio: no es que se lo quedó o se lo robó a las Farc. Pero cuando se desmoviliza, se lo queda por un valor que inteligencia del Ejército presume que podrían ser 50.000 millones de pesos. Timochenko y los senadores de las Farc lo conocen. Después, obviamente, al ser disidencia, quedó en sus manos y lo utilizaron para la organización, para comprar armas”.

Salud Hernández-Mora en entrevista con La FM de RCN Radio reiteró que las Farc no entregaron todos los bienes en el proceso de paz con el Gobierno nacional, pese al compromiso que adquirieron cuando se firmó el Acuerdo de Paz en 2016.

“No entregaron otros bienes y ellos mismos están usufructuando, es decir, es evidente. Ellos tampoco entregaron rutas del narcotráfico (...) No han entregado restos de secuestrados muertos; no han desenterrado guerrilleros que ellos fusilaron y no los han entregado. Ellos han faltado absolutamente”, aseveró la periodista colombo-española.

Detalles de la entrevista a Andrey Avendaño

En la entrevista para la revista Semana, el portavoz y jefe negociador del grupo Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc alias Andrey Avendaño se refirió al futuro del Catatumbo, zona golpeada por el conflicto armado en Colombia.

“No necesariamente el atraso de la región es por la presencia nuestra. Puedo decirle con plena certeza que estamos acá no porque hubiésemos querido, sino por la solicitud de las comunidades. Después del proceso de paz, las comunidades nos exigieron nuevamente el retorno a esta región”, indicó Avendaño.

El jefe del frente 33 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc negó extorsiones a comerciantes y empresarios de la región, motivo por el cual invió a todos a que inviertan en la zona para su respectivo desarrollo.

“No es cierto que estemos extorsionando a comerciantes y empresarios. Queremos que vengan, inviertan, aporten al desarrollo. Lo que sí hemos pedido es que no se utilice al campesinado para amasar grandes fortunas de dinero y que el campesino viva en el atraso y el abandono”, aseveró alias Andrey Avendaño.

París, 12 nov (EFE).- Rodrigo Londoño, 'Timochenko', el último comandante de las FARC y firmante del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano del que ahora se cumplen ocho años, señaló este martes que el sistema tiene problemas porque desde el comienzo no se planificó su aplicación, pero insistió en que de ninguna manera lo van a abandonar.

"De ahí no vamos a salir", subrayó el exjefe guerrillero, que durante un coloquio organizado en el marco del Foro de París por la Paz, insistió en que pese a los problemas "no bajamos la bandera de la paz, por nada del mundo".

El embajador colombiano en Francia, Alfonso Prada, antiguo ministro de Interior y que fue secretario de la Presidencia al inicio de la puesta en marcha de los acuerdos de paz suscritos a finales de 2016, admitió por su parte que "son muchas las deficiencias del proceso" pero "la más dolorosa es la muerte de muchos exfirmantes" que han sido asesinados.

Prada hizo hincapié en que, como ministro del Interior entre agosto de 2022 y abril de 2023, al comienzo del mandato del actual presidente, Gustavo Petro, se pusieron en marcha "cerca de 90 medidas de choque", que sin embargo no han conseguido "derrotar a ese flagelo que persigue la vida de los excombatientes".

Unos asesinatos que atribuyó básicamente a bandas de narcotraficantes, una vez que los guerrilleros han abandonado esa actividad, y también a "la ultraderecha, que jamás ha aceptado la incorporación de personas que provienen de la guerrilla, por ejemplo a la política colombiana".

El embajador colombiano afirmó: "si me dijeran que tuviera una varita mágica para corregir algo" de la aplicación del acuerdo de paz "fortalecería mucho más la protección de la vida de los combatientes, porque es el dolor más grande que tenemos en Colombia después de la firma".

Para Londoño, que había ingresado con 17 años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que suscribió con 57 ese acuerdo con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por el que dejaron las armas cerca de 14.000 guerrilleros, lo que falló es que "arrancó mal porque no hubo planificación para la implementación".

"Nuestra gente -se quejó- llegó a los sitios donde se iba a concentrar y no había absolutamente nada. Después sobre la marcha se fue trabajando y había voluntad, pero no había planificación y no se amarraron las cosas de tal manera que el Gobierno siguiente se viera obligado a mantener su implementación".

Es decir, que cuando Iván Duque llegó a la presidencia en agosto de 2018 hubo una inflexión, aunque no pudo revertirlo "por la resistencia que hubo, no tanto de los firmantes como de la sociedad colombiana y en particular de la comunidad nacional", añadió.

Para el antiguo guerrillero, que se ha reconvertido en la política institucional, sus antiguos compañeros de lucha se enfrentan a "dificultades que se manifiestan en las condiciones de vida de la gente", algo a su parecer "preocupante porque hay grupos armados que están estimulando para que la gente regrese al monte".

Londoño dijo estar "emocionado" al ver el interés que suscita esta experiencia colombiana en la comunidad internacional, a la que se dirigió para decir que "no nos pueden dejar todavía solos".

Consideró que el proceso de paz "no fue fácil" y que "salió gracias a que el presidente Santos se la jugó".

Un elemento "determinante", a su juicio, fue que el Gobierno dejó que víctimas de la guerrilla fueran a hablar con ellos durante las negociaciones en La Habana, porque los dirigentes de las FARC llegaron a la conclusión de que "este conflicto no podía seguir más".

Este coloquio estuvo organizado por la Embajada de Colombia, junto con la Asociación de Juristas Franco-Colombianos y el Consejo Nacional de Colegios de Abogados de Francia, que puso su sede de París como escenario.

En él participaron, entre otros, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz Julieta Lemaitre, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, o Nicolle Mahecha Restrepo en representación de Revipas (Renacer para Vivir en Paz), una asociación que reúne a víctimas y exmiembros de la guerrilla en proyectos comunes. EFE

(foto) (vídeo)

En una reciente columna escrita por el expresidente Juan Manuel Santos, la cual publicó El Espectador, el Nobel compartió un relato profundo y personal sobre su reconciliación con Rodrigo Londoño, conocido en el pasado como “Timochenko”, Para Santos, este encuentro, que marcó un antes y un después en el proceso de paz colombiano, es un ejemplo elocuente de cómo incluso quienes han sido enemigos irreconciliables pueden encontrar un terreno común para trabajar juntos por un objetivo superior.

Santos detalla cómo el 23 de septiembre de 2015, en La Habana, Cuba, se dio el primer encuentro cara a cara entre ambos, como parte del anuncio del “Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”. Según cuenta, la reunión inició con un saludo frío y la presencia del entonces presidente cubano, Raúl Castro, que pronto se retiró, dejándolos solos. Este momento fue, en palabras del expresidente, un punto de no retorno hacia el fin del conflicto armado que por décadas desangró al país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En su texto, Santos reflexiona sobre cómo ambos dejaron de lado las heridas del pasado para comprometerse con un esfuerzo común: remar juntos hacia la paz, a pesar de los desafíos que enfrentarían en el camino. Destaca que Londoño, quien en el pasado lo había insultado y considerado un enemigo mortal, respondió con reciprocidad y disposición, marcando el inicio de una relación que, según Santos, ha sido respetuosa y productiva desde entonces.

El expresidente también subraya los enormes retos que han acompañado la implementación del Acuerdo de Paz. A pesar de los obstáculos y las adversidades, asegura que su compromiso con el proceso sigue intacto, al igual que el de Londoño. Ambos, según escribe Santos, continúan trabajando con convicción, conscientes de que la reconciliación y la paz son fundamentales para construir un país más justo y unido.

“Londoño –el mismo que menos de cuatro años antes había dicho que “alucinaban” quienes pensaban en “la claudicación y desmovilización de la guerrilla”, el mismo que me insultaba desde las montañas de Colombia y me había lanzado un feroz “todos tenemos que morirnos, Santos”–, se paró, me volvió a estrechar la mano y me dijo: “Cuente conmigo”. Charlamos un rato, me confesó que tenía dengue, y salimos juntos para el evento”, señaló.

Santos utiliza esta experiencia personal como un símbolo del poder transformador de la reconciliación. En su reflexión, recalca que su relación con Londoño, marcada inicialmente por décadas de confrontación, demuestra que es posible superar incluso los odios más profundos. Para el expresidente, este ejemplo no solo valida la importancia del proceso de paz, sino que también envía un mensaje poderoso a una sociedad que aún enfrenta divisiones y retos derivados de su conflictiva historia.

“El país y el mundo han visto los obstáculos para consolidar la paz e implementar el Acuerdo que firmamos. Sin embargo, seguiremos remando en la misma canoa y en la misma dirección, así sea contra viento y marea. Yo seguiré remando con total convicción. Rodrigo Londoño ha dicho lo mismo. Este es un ejemplo muy claro y elocuente de cómo dos personas que incluso querían matarse pueden reconciliarse y trabajar juntas”, escribió el expresidente, que pocos días después del plebiscito fue galardonado con el Nobel de Paz en Noruega.

A través de esta carta, Santos reafirma su creencia de que la construcción de la paz es un esfuerzo que trasciende diferencias y exige un compromiso inquebrantable. La historia que narra no solo es un testimonio de su experiencia personal, sino también un llamado a mantener viva la esperanza y la voluntad de reconciliarse como un acto necesario para sanar las heridas de Colombia.

Desde el pasado 2 de diciembre de 2024, Rodrigo Londoño Echeverri, más conocido por su alias de Timochenko cuando militó en la extinta guerrilla de las Farc, ha lanzado fuertes cuestionamientos a la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en especial con el presidente de ese tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli.

En declaraciones a los medios de comunicación, el togado había mencionado que, ante los tiempos limitados del acuerdo de paz, existe la posibilidad de que algunos de estos casos sean trasladados a la justicia ordinaria, un hecho que causó molestia en el exjefe del extinto grupo armado, al considerar que existe una desviación de los principios de la justicia transicional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además, el excomandante de las antiguas Farc-EP mencionó que las decisiones judiciales recientes, como la imputación a seis exmiembros del secretariado de dicho grupo armado por crímenes de guerra contra menores de edad, muestran un enfoque parcializado, en lugar de una verdadera búsqueda de justicia para las víctimas.

Esta polémica entre Londoño y la JEP ha generado varias reacciones en diferentes sectores del país, desde voceros de derechos humanos hasta negociadores de paz.

Es el caso de Carlos Eduardo García, conocido con el alias de Andrey Avendaño, portavoz y jefe negociador del grupo Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, quien mencionó que el exlíder de dicho grupo guerrillero no debería estar llamando la atención en un aspecto que, para el negociador de paz, fue aprobado en los acuerdos de Paz en 2016.

“La JEP fue un sistema que ellos mismos aprobaron; entonces yo no puedo aprobar algo para después decir que me está perjudicando, porque uno tiene que ser muy consecuente, si usted firmó algo es para cumplirlo y si no, pues no lo firme”, dijo Avendaño en declaraciones a W Radio.

Del mismo modo, el jefe negociador de las disidencias manifestó que el excomandante de las Farc debió haberse prevenido de lo firmado hace ocho años en La Habana, Cuba.

“Pienso que uno como persona debe de cuidarse, debe tomar sus propias decisiones antes. Si en algún momento ellos cometieron equivocaciones e hicieron lo que la JEP plantea, y que de hecho es un delito dentro de las FARC, entonces, pues uno dice que la justicia tarde que temprano es, pero llega”, aseguró.

A su vez, Andrey Avendaño precisó que, al interior de los estatutos del grupo armado, “se formó para ser violador (...) cosas como esa que hay que tener muy claras y que bueno que la JEP tenga la decisión o la oportunidad de tomar acción”.

Avendaño y sus críticas a la JEP

No obstante, el líder de las disidencias manifestó estar de acuerdo en las críticas de Rodrigo Londoño frente al aumento de asesinatos contra firmantes de paz en el país que, según cifras reportadas por las instituciones oficiales, van más de 439 muertos desde la firma del acuerdo hasta la fecha.

“Cuando se habla de los incumplimientos a lo de los excombatientes para lo que tiene que ver la reincorporación a la vida civil y su proyecto de vida personal, en eso coincido totalmente. La muerte de excombatientes se da por otros factores como persecuciones políticas o por otros hechos como un robo (...) pero no coincido en que (Rodrigo) Londoño venga a hablar de principios y moralidad”, explicó el líder del grupo armado en el citado medio de comunicación.

Finalmente, Avendaño agregó que uno de los puntos en cuestión frente a la labor de la JEP es el proceso de reincorporación a los excombatientes, e incluso recordó que han tenido que ayudar a las familias que residen en estos territorios por falta de presencia del Estado.

“En algunas partes nos ha correspondido a nosotros tomar la decisión de apoyarlos en algunos temas como el arreglo de una vía, o algún tema para un bazar para poder generar recursos y comprar un botiquín, en fin, cosas como esas que no ha correspondido a nosotros, y no es responsabilidad nuestra, sino responsabilidad del Estado”, concluyó.

Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exmiembros del antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra contra menores de edad, señalando que entre 1971 y 2016, un total de 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por este grupo armado. Uno de los exlíderes de las Farc mencionados en esta imputación es Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, que fue comandante de ese grupo guerrillero.

Este acto de imputación, que busca responsabilizar a los antiguos comandantes de las Farc por su implicación en la explotación y reclutamiento de menores, ha desatado una serie de reacciones alrededor de la gestión de la JEP. El presidente del tribunal de paz, Alejandro Ramelli, señaló que, debido a los tiempos limitados del acuerdo de paz, existe la posibilidad de que algunos de estos casos sean trasladados a la justicia ordinaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Timochenko cuestionó el papel de la JEP

A través de una carta pública, Rodrigo Londoño mostró su rechazo a lo que considera una desviación de los principios de la justicia transicional. En la misiva, respondió al magistrado Remelli: “Sus palabras, señor magistrado, confirman nuestros peores temores y validan cada una de nuestras críticas, las cuales hemos expresado en todos los escenarios posibles. Los comparecientes de las extintas Farc-EP no exageramos al decir que la magistratura de la JEP se ha descarrilado de la tarea encomendada”.

El excomandante de las Farc acusó a la JEP de alejarse del Acuerdo de Paz de 2016, y señaló que las decisiones judiciales recientes muestran un enfoque parcializado, en lugar de una verdadera búsqueda de justicia para las víctimas. Según él, este proceso refleja un “desacierto” que pone en peligro el proceso de paz mismo.

Sin embargo, no conforme con ese pronunciamiento, Londoño envió una carta el 7 de diciembre de 2024, dirigida a las Naciones Unidas y a los países garantes del acuerdo de paz, solicitando que la comunidad internacional supervise las actuaciones de la JEP. En su misiva, el exlíder de las Farc destacó que la implementación del acuerdo ha sido obstruida por numerosos obstáculos, los cuales, según él, han sido superados principalmente por el compromiso de los excombatientes, más que por la disposición del Estado colombiano.

La reacción de las víctimas y organizaciones de derechos humanos

Las víctimas de las Farc, así como varias organizaciones defensoras de derechos humanos, han reaccionado con firmeza ante las críticas de Londoño. Sofía Gaviria, fundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, expresó que las víctimas esperan una respuesta exhaustiva por parte de los responsables: “Que le cumpla a las víctimas y eso quiere decir, llegar a la verdad exhaustiva. Y si no se logra porque los beneficiarios de esa justicia no están contribuyendo, deben ir a la ordinaria”, declaró Gaviria.

La Corporación Rosa Blanca, que representa a las víctimas, también se mostró alarmada ante las declaraciones de Londoño. En su cuenta de X, publicaron: “¿A que le tiene miedo Timochenko y su combo de comandantes violadores sexuales de niñas reclutadas? Llevan más de 5 años sin reconocer en la JEP sus graves delitos y ahora quieren acabarla y ejercen presión indebida a Magistrados. La mora es suya Timo, vaya a la JEP y confiese”.

Presidente de la JEP respondió a ‘Timochenko’ y defendió la labor del tribunal

Tras la publicación de la carta de Londoño, la JEP emitió un pronunciamiento en defensa de su trabajo, reiterando que el tribunal tiene la misión de garantizar la seguridad jurídica a los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones, y de velar por el cierre de los procesos judiciales conforme al acuerdo de paz. En uno de los comunicados oficiales, se indicó: “La JEP garantiza la seguridad jurídica y el cierre de procesos judicial para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones y han contribuido a la verdad, la justicia y la restauración a las víctimas del conflicto armado en Colombia”.

Además, la JEP reafirmó su compromiso con los principios del acuerdo de paz, subrayando que los procesos jurídicos para los comparecientes que han colaborado con la verdad y la justicia seguirán su curso tal como fue pactado en el acuerdo de 2016. Esto, según la Jurisdicción, representa un paso crucial hacia la consolidación de la paz en Colombia, un objetivo que sigue siendo central para la construcción de un futuro sin violencia.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, defendió el papel de la JEP, asegurando que no puede obviar el sufrimiento de las víctimas y las demandas de verdad que exigen. Según él, hay sectores que intentan desviar el mandato de la JEP, pero el tribunal no permitirá que los intereses políticos interfieran en su labor.

Simón Trinidad, cuyo verdadero nombre es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, se encuentra en el centro de un debate internacional tras la solicitud del gobierno colombiano al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que le conceda un indulto.

Trinidad es un excomandante de las Farc que cumple una condena de 60 años en una prisión de Colorado. Esta petición se da en medio de los esfuerzos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro para avanzar en el proceso de paz en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde el inicio de su mandato, Petro priorizó la solicitud de clemencia para Trinidad, argumentando que su liberación podría contribuir a la verdad y la reconciliación en Colombia.

Según informó Noticias Caracol, el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, envió varias comunicaciones al gobierno estadounidense solicitando el indulto. Además, el canciller Luis Gilberto Murillo también había realizado gestiones similares durante su tiempo como embajador.

La solicitud de indulto se intensificó en el desarrollo de la conmemoración de los ocho años de la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Durante este evento, Rodrigo Londoño, exjefe guerrillero y actual líder del Partido Comunes, pidió la liberación y repatriación de Trinidad, calificando su extradición a Estados Unidos como arbitraria. Londoño destacó la importancia de que Trinidad pueda contribuir a la verdad y reparación de las víctimas del conflicto armado.

A pesar de que Trinidad firmó un acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), este tribunal aún no ha podido interrogarlo para iniciar su proceso. La JEP busca que Trinidad asuma su responsabilidad y aporte a la verdad sobre los delitos cometidos durante su tiempo en la guerrilla. El gobierno colombiano sostiene que el indulto no solo cumpliría con los requerimientos de la JEP, sino que también sería un gesto humanitario hacia las víctimas del conflicto.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, se encuentra en Estados Unidos para discutir esta y otras cuestiones bilaterales con funcionarios de la administración Biden. Rojas reafirmó la posición oficial del gobierno colombiano, subrayando que el grupo al que perteneció Trinidad ya firmó la paz y que su liberación es un asunto humanitario.

Sin embargo, la solicitud de indulto generó opiniones encontradas. Roberto Lacouture, que fue secuestrado por el frente guerrillero comandado por Trinidad en los años 90, expresó su indignación ante la posibilidad de un perdón presidencial. Por su parte, el senador del partido Comunes, Julián Gallo, defendió la idea de que Trinidad es un prisionero político y que su regreso a Colombia sería crucial para el proceso de paz.

El desenlace de esta solicitud de indulto está en manos del presidente Biden, quien deberá considerar los argumentos presentados por el gobierno colombiano y las implicaciones que tendría esta decisión en el contexto de las relaciones bilaterales y el proceso de paz en Colombia.

Simón Trinidad: el economista que se convirtió en líder de las Farc y que enfrenta cadena perpetua en EE. UU.

Simón Trinidad, un exjefe de las Farc actualmente cumple una condena de 60 años en una prisión de los Estados Unidos.

Trinidad, cuyo nombre real es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, fue un destacado miembro de las Farc. Nacido el 30 de julio de 1950 en Valledupar, Cesar, Trinidad tuvo una vida que inicialmente parecía alejada de la insurgencia. Estudió en el Colegio Helvetia de Bogotá y se graduó como economista en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Además, realizó estudios en administración financiera en la Universidad de Harvard. A su regreso a Colombia, trabajó como gerente del Banco de Comercio de Valledupar. Sin embargo, en 1987, decidió unirse a las Farc, donde rápidamente ascendió en la organización.

Antes de unirse a las Farc, Trinidad había formado un grupo marxista-leninista llamado Los Independientes en 1981, junto con Jaime Sierra Tomás Agudelo y Federico Palacios Romaña. En 1994, asumió el liderazgo del frente 19 José Prudencio Padilla, operando en la Sierra Nevada de Santa Marta. Un año después, fue promovido a sexto al mando del Bloque Caribe, encargándose de tareas de proselitismo y propaganda. En 1996, alcanzó el puesto de tercero al mando en el Estado Mayor de este bloque y, para 1997, lideraba el frente 41 y la comisión Susana Téllez.

En el año 2000, Trinidad fue vocero de las Farc durante las negociaciones en San Vicente del Caguán. En julio de ese año, anunció públicamente que las Farc atacarían aeronaves de fumigación en el sur del país. Entre los crímenes que se le atribuyen está su implicación en la masacre de Bojayá en 2002, en la que murieron 80 personas, incluidos 48 niños, y más de 5.000 personas fueron desplazadas. También se le acusa del secuestro y asesinato de la exministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, y del teniente de navío Álvaro Fernando Morris Piedrahíta.

Trinidad fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por su participación en una conspiración para secuestrar a tres ciudadanos estadounidenses en Colombia. El juicio, que duró cuatro semanas, presentó pruebas de que el 13 de febrero de 2003, tres contratistas estadounidenses fueron capturados por las Farc tras un aterrizaje de emergencia en el departamento de Caquetá. Dos de los ocupantes, el piloto estadounidense Thomas Janis y el colombiano Luis Alcides Cruz, fueron ejecutados, mientras que Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes fueron secuestrados durante cinco años, hasta su liberación en 2008 durante la Operación Jaque.

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, habló sobre el posible indulto a Simón Trinidad, solicitado por el Gobierno colombiano a Estados Unidos.

Cabello fue clara al señalar que, aunque el país norteamericano decida otorgar dicho beneficio, el exjefe guerrillero deberá regresar a Colombia para cumplir las condenas que aún tiene pendientes en el sistema judicial nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Se debe mirar a las víctimas, debe dar aportes a la verdad donde está (…) analicemos bien si se está pensando en ponerlo como gestor de paz”, afirmó Cabello, resaltando que cualquier decisión debe priorizar a quienes fueron afectados por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

Trinidad, cuyo nombre real es Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, fue extraditado a Estados Unidos en 2004 y condenado por el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos.

Según Cabello, esta condena es definitiva y no está sujeta a revisión judicial. Sin embargo, dejó claro que el cumplimiento de esta pena no exime al exguerrillero de sus responsabilidades legales en Colombia.

Al respecto, la procuradora indicó que cualquier decisión sobre el papel de Trinidad en los procesos de paz, como la posibilidad de ser nombrado gestor, debe tomarse con cuidado y transparencia. “No es que también hay que dejarlo pasar impune sin decir nada”, subrayó, insistiendo en que su eventual retorno al país debe incluir un compromiso con la verdad y la justicia, especialmente en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cabello reiteró que una vez cumplida su condena en territorio estadounidense, Trinidad debe enfrentar los procesos judiciales abiertos en Colombia. “Cumplida su condena en Estados Unidos, Simón Trinidad tiene que venir a cumplir con todos sus procesos y con todas sus condenas aquí en Colombia. Eso no está descartado”, enfatizó.

La procuradora hizo un llamado a manejar el caso con delicadeza y a escuchar las voces de las víctimas, señalando que cualquier decisión debe respetar el marco legal colombiano y el compromiso con la reparación y la verdad.

Timochenko señala que petición sobre alias Simón Trinidad “es un gesto de paz”

El Gobierno de Gustavo Petro presentó recientemente una solicitud a Estados Unidos para otorgar un indulto a Simón Trinidad, quien fuera líder del Bloque Caribe de las extintas Farc. Este gesto ha sido calificado por Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, como una acción que contribuye a la consolidación de la paz en el país.

“Solicitar el indulto, repatriación y reincorporación a la vida civil de Simón Trinidad es un deber del Estado colombiano en cumplimiento del acuerdo de Paz. Saludo la voluntad del Gobierno colombiano por materializar lo acordado, a pesar de las dificultades y los grandes retos”, expresó Londoño en sus declaraciones públicas.

Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, Alias Simón Trinidad, fue capturado en Ecuador en 2004 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Este caso ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016.

Londoño recordó que el presidente estadounidense Joe Biden, así como el expresidente Barack Obama, están al tanto del proceso de paz que permitió la desmovilización de las Farc-EP. Según Timochenko, ambos mandatarios conocen no solo los detalles de las negociaciones, sino también la importancia del respaldo internacional para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

“El señor presidente Joe Biden y el expresidente Barack Obama conocen en detalle el proceso de paz entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano. También conocen nuestra voluntad de paz y el apoyo que requiere de la comunidad internacional para el éxito de su implementación”, añadió Londoño.

El caso de Simón Trinidad sigue generando divisiones en la opinión pública. Para algunos, su libertad sería un símbolo de reconciliación nacional, mientras que para otros, representa una decisión controvertida en términos de justicia.

El Gobierno de Gustavo Petro presentó recientemente una solicitud a Estados Unidos para otorgar un indulto a Simón Trinidad, quien fuera líder del Bloque Caribe de las extintas Farc. Este gesto ha sido calificado por Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, como una acción que contribuye a la consolidación de la paz en el país.

“Solicitar el indulto, repatriación y reincorporación a la vida civil de Simón Trinidad es un deber del Estado colombiano en cumplimiento del acuerdo de Paz. Saludo la voluntad del Gobierno colombiano por materializar lo acordado, a pesar de las dificultades y los grandes retos”, expresó Londoño en sus declaraciones públicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, Alias Simón Trinidad, fue capturado en Ecuador en 2004 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 60 años por el secuestro de tres ciudadanos estadounidenses. Este caso ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016.

Londoño recordó que el presidente estadounidense Joe Biden, así como el expresidente Barack Obama, están al tanto del proceso de paz que permitió la desmovilización de las Farc-EP. Según Timochenko, ambos mandatarios conocen no solo los detalles de las negociaciones, sino también la importancia del respaldo internacional para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

“El señor presidente Joe Biden y el expresidente Barack Obama conocen en detalle el proceso de paz entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano. También conocen nuestra voluntad de paz y el apoyo que requiere de la comunidad internacional para el éxito de su implementación”, añadió Londoño.

El caso de Simón Trinidad sigue generando divisiones en la opinión pública. Para algunos, su libertad sería un símbolo de reconciliación nacional, mientras que para otros, representa una decisión controvertida en términos de justicia.

Margarita Cabello pide que ‘Simón Trinidad’ responda ante la justicia en Colombia

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, habló sobre el posible indulto a alias Simón Trinidad, solicitado por el Gobierno colombiano a Estados Unidos.

Cabello fue clara al señalar que, aunque el país norteamericano decida otorgar dicho beneficio, el exjefe guerrillero deberá regresar a Colombia para cumplir las condenas que aún tiene pendientes en el sistema judicial nacional.

“Se debe mirar a las víctimas, debe dar aportes a la verdad donde está (…) analicemos bien si se está pensando en ponerlo como gestor de paz”, afirmó Cabello, resaltando que cualquier decisión debe priorizar a quienes fueron afectados por los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

Al respecto, la procuradora indicó que cualquier decisión sobre el papel de Trinidad en los procesos de paz, como la posibilidad de ser nombrado gestor, debe tomarse con cuidado y transparencia. “

No es que también hay que dejarlo pasar impune sin decir nada”, subrayó, insistiendo en que su eventual retorno al país debe incluir un compromiso con la verdad y la justicia, especialmente en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Cabello reiteró que una vez cumplida su condena en territorio estadounidense, Trinidad debe enfrentar los procesos judiciales abiertos en Colombia. “Cumplida su condena en Estados Unidos, Simón Trinidad tiene que venir a cumplir con todos sus procesos y con todas sus condenas aquí en Colombia. Eso no está descartado”, enfatizó.

La procuradora hizo un llamado a manejar el caso con delicadeza y a escuchar las voces de las víctimas, señalando que cualquier decisión debe respetar el marco legal colombiano y el compromiso con la reparación y la verdad.

Finalmente, insistió en que esta discusión no puede centrarse únicamente en aspectos políticos o diplomáticos, sino que debe enfocarse en garantizar justicia y respeto para quienes sufrieron las consecuencias del conflicto armado.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo ha vuelto ser centro de polémica tras un video difundido en su cuenta de X, donde se le observa retirando una instalación artística y conmemorativa en la plaza Núñez del Congreso. Esta obra, realizada por el colectivo Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), consistía en botas colocadas como símbolo de denuncia de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, un capítulo oscuro del conflicto armado colombiano.

En el video, Polo Polo no solo retira las botas, sino que además cuestiona la legitimidad de la manifestación: “Yo le quiero preguntar quién le habrá pagado a esos presuntos campesinos que vinieron aquí al Congreso a ensuciar la Plaza Rafael Núñez para poner estas botas”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En un gesto que muchos calificaron de “irrespetuoso”, el congresista colocó las botas en una bolsa de basura, lo que desató una ola de reacciones de rechazo, entre las más recientes, la del exjefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, quele envió una contundente indirecta.

“La ignorancia no detendrá la lucha por la verdad”: Timochenko

A través de su cuenta en X, Londoño expresó su solidaridad con las víctimas de los falsos positivos y con Mafapo. “Mi solidaridad, admiración y respeto absoluto por las Madres Falsos Positivos de Colombia y todas las víctimas de los mal llamados falsos positivos”, escribió.

Además, lanzó una fuerte crítica al acto de Polo Polo: “La ignorancia y la descomposición moral de quienes niegan los crímenes del Estado, jamás podrán detener la justa lucha por la verdad, justicia y reparación”.

El gesto del congresista y su postura de escepticismo hacia las cifras de las víctimas de los falsos positivos, que ascienden a 6.402 según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha generado indignación entre familiares, organizaciones de derechos humanos y líderes políticos. Sin embargo, Polo Polo ha reiterado sus dudas sobre la veracidad de dicha cifra: “Ni la Fiscalía ni la JEP han dado esa información (...) si tienen 500 nombres, denlos a conocer; si tienen 300, revélenlos”, señaló en una entrevista para la revista Semana; declaraciones que fueron vistas como una forma de minimizar la magnitud de estos crímenes de Estado.

El rechazo de las víctimas

Las reacciones no se hicieron esperar. Jaqueline Castillo, una de las líderes de Mafapo y madre de una víctima, intervino en la plenaria de la Cámara de Representantes para condenar el acto de Polo Polo. “Llevamos 16 años de lucha cuando nuestros familiares fueron tirados en fosas comunes como basura. Hoy, el acto que usted hace, señor, de tirar estas botas en la basura, revive el desprecio con el que fueron tratados nuestros seres queridos”, expresó, exigiendo una sanción disciplinaria contra el congresista.

Por su parte, la JEP y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) emitieron un comunicado conjunto rechazando las acciones del representante, subrayando la importancia del respeto hacia las víctimas y sus procesos de búsqueda de justicia y verdad. “La JEP y el CNMH resaltan el respeto que debe existir por la dignidad de estas madres y de todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, quienes han luchado por el esclarecimiento de la verdad y la justicia por sus hijos desaparecidos, asesinados y presentados falsamente como bajas en combate”, manifestaron.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció al respecto, señalando que la extrema derecha ve a la izquierda no como un rival ideológico, sino como un “enemigo existencial”. Mientras tanto, el senador Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal y una queja disciplinaria contra Polo Polo por presuntos delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravada.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exlíderes del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado en Colombia.

Entre los señalados se encuentran alias Timochenko, alias El Médico, alias Joaquín Gómez, alias Pablo Catatumbo y alias Carlos Antonio Lozada. Según la JEP, entre 1996 y 2016, se produjo un aumento significativo en el reclutamiento de menores, con un total de 18.677 niños y niñas involucrados en el conflicto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Debido a esto, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, explicó en una entrevista con Mañanas Blu que, aunque las Farc tenían una normativa interna que prohibía el reclutamiento de menores de 15 años, en la práctica reclutaban a niños desde los 8 años.

Ramelli destacó que la apariencia física de los menores era más valorada que la verificación de su edad real, lo que facilitó la incorporación de niños al conflicto. Además, existía un sistema de cuotas que obligaba a los frentes guerrilleros a aumentar su personal, intensificando así el reclutamiento de menores.

“Era más importante la apariencia física que la verificación de la edad”, dijo el presidente de la JEP a Blu Radio.

Los menores reclutados por las Farc fueron sometidos a condiciones de vida extremadamente duras, según el informe de la JEP. Se documentaron casos de torturas, malos tratos y violencias sexuales, incluyendo agresiones específicas contra niñas y violencias reproductivas. También se registraron actos de violencia contra niños y niñas de la comunidad LGBTI. Estos hallazgos han sido fundamentales para la imputación de los exlíderes guerrilleros.

La JEP señaló que, si los excomandantes aceptan su responsabilidad, podrían enfrentar sanciones de cinco a ocho años. Estas sanciones no implicarían penas de cárcel, pero sí medidas restrictivas de sus derechos, como la realización de trabajos restaurativos. Esta decisión es parte del esfuerzo por buscar justicia transicional y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.

El reclutamiento forzado de menores por las Farc es considerado uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado en Colombia. La JEP ha centrado sus acciones en el periodo entre 1996 y 2016, cuando se observó un incremento significativo en estas prácticas. La imputación de los exlíderes guerrilleros busca avanzar en el proceso de justicia y reparación para las víctimas, en un contexto de búsqueda de paz y reconciliación en el país.

Impactante informe: las Farc y el reclutamiento infantil en Colombia

En un extenso documento de 759 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis miembros del último secretariado de las Farc por crímenes de guerra relacionados con el reclutamiento forzado de menores. Según el informe, estos líderes son responsables del reclutamiento de 18.677 niños y niñas, muchos de ellos bajo amenazas y uso de la fuerza. Esta es la primera vez que se imputan cargos a miembros de esta antigua guerrilla por tales crímenes, que incluyen desde malos tratos hasta esclavitud sexual y tortura.

La JEP identificó a Rodrigo Londoño (Timochenko), Jaime Alberto Parra (El Médico), Milton Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) como los principales responsables.

De estos, Gallo y Catatumbo actualmente son senadores del partido Comunes, surgido del Acuerdo de Paz de 2016. La imputación señala que, aunque las Farc formalmente prohibieron el reclutamiento de menores de 15 años, en la práctica muchos reclutas eran incluso más jóvenes, algo que los comandantes no previnieron ni detuvieron.

El documento de la JEP también reveló que estos líderes permitieron que se cometieran graves crímenes de guerra, como torturas y violaciones sexuales, al no tomar medidas para detener estas prácticas. La magistrada Lily Rueda, relatora del Caso 07 sobre reclutamiento de menores, destacó que había información disponible sobre violencias basadas en género dentro de las filas, pero no se actuó al respecto.

Los testimonios de las víctimas acreditadas, que suman 951, muestran que el 57% de los niños fueron reclutados bajo amenazas o coerción, y el 64% tenía 14 años o menos al momento de ser reclutados. Un testimonio recogido por la JEP relata cómo un niño de 14 años fue obligado a unirse a las Farc bajo la amenaza de que su familia tendría que huir si no lo hacía.

Además de las amenazas, las Farc también utilizaron el engaño para reclutar menores. Un caso documentado describe cómo un comandante prometió beneficios económicos a la familia de una niña de 15 años si se unía a las filas, promesas que nunca se cumplieron.

La vida de los niños en las filas de las Farc fue descrita como una tortura. Los menores eran sometidos a entrenamientos extremos y vivían bajo un régimen disciplinario brutal. Las niñas, en particular, sufrieron violencias adicionales debido a su género, incluyendo violaciones y abortos forzados. La JEP ha registrado al menos 10 casos de asesinatos de bebés recién nacidos.

El impacto del reclutamiento forzado también afectó a comunidades indígenas, como los pueblos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, que fueron colectivamente acreditados como víctimas. La vulnerabilidad de estas comunidades fue explotada por las Farc para imponer su autoridad y reclutar menores.

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes del secretariado de las Farc-EP como máximos responsables de graves crímenes de guerra, entre ellos el reclutamiento y la utilización de los niños dentro de sus filas.

Según el tribunal, estos crímenes habrían ocurrido en el contexto del conflicto armado interno de Colombia y comprenden una serie de delitos contra menores de edad que incluyen no solo el reclutamiento forzado, sino también malos tratos, tortura, homicidios, y diversas formas de violencia sexual, reproductiva y motivada por prejuicios.

Esta imputación de la JEP hace parte del macrocaso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado. En este caso, la JEP ha recogido testimonios, documentos y pruebas que evidencian la responsabilidad de altos mandos de la extinta guerrilla de las Farc en la vulneración de derechos fundamentales de menores, quienes fueron sometidos a condiciones que la justicia transicional considera actos de guerra.

El tribunal destaca que estos delitos habrían afectado profundamente a los menores, no solo al ser incorporados forzosamente en la organización armada, sino también al ser objeto de violencias dentro de la vida intrafilas, que incluían agresiones físicas y psicológicas, así como abusos sexuales.

Entre las formas de violencia denunciadas se encuentran los tratos degradantes, la tortura y asesinatos de aquellos menores considerados “desertores” o que no se sometían a las órdenes de sus superiores. Según la JEP, entre 1996 y 2006 fueron reclutados 18.677 niños y niñas.

Los imputados son Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. En cuanto a Rodrigo Granda, la magistratura indicó que él fue compareciente suplente del secretariado, es decir, que no habría participado en la definición de las políticas de reclutamiento.

“La JEP imputa a seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños y otros crímenes asociados. La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que seis exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP son máximos responsables por estos graves crímenes”, indicó la magistrada Lily Rueda.

El tribunal explicó que los seis exintegrantes del secretariado son los responsables de las conductas de macro criminalidad, debido a que participaron en los espacios en los que la extinta guerrilla tomaba las decisiones.

“La Sala encontró que los seis comparecientes cuya responsabilidad se individualiza en esta decisión tuvieron el liderazgo de las antiguas Farc-EP y participaron en las conferencias nacionales guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla”, afirmó la magistrada.

Y agregó: “Las experiencias de las víctimas incluyeron violencias basadas en género, tratos crueles, torturas, homicidios y múltiples sufrimientos y daños que permanecen en la actualidad y que se dieron durante el reclutamiento, en su experiencia en los campamentos, en los momentos preparatorios, y durante la tortuosa marcha hacia la región del Magdalena Medio, en medio de operaciones militares dirigidas por el Ejército Nacional”.

Reconocimiento del exsecretariado de las Farc

A través de un comunicado, los seis exintegrantes del secretariado de las Farc reconocieron los hechos cometidos contra los menores de edad.

“Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, se lee en el comunicado.

Todos los exguerrilleros afirmaron que siguiente de cerca el anuncio de la imputación de cargos por parte dela Jurisdicción Especial para la Paz.

Así las cosas, tendrán un tiempo de 30 días para comunicarle al tribunal si aceptan o rechazan su responsabilidad en este caso por omisión.

En el comunicado, los exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc reafirmaron su compromiso “ante las víctimas y la jurisdicción”, razón por la cual aseguraron que cuando sean notificados procesalmente, darán una pronta respuesta. El documento detalla que lo harán por vía del reconocimiento.

En caso de que alguno de los comparecientes nieguen su responsabilidad tienen derecho a un juicio adversarial, pero en caso de ser vencidos en ese juicio, podrán recibir 20 años de cárcel.