El hecho, registrado en video y divulgado por el medio local La voz del Catatumbo, ofrece un retrato de la persistente tensión y la frágil situación de orden público en la región fronteriza del Catatumbo. En las imágenes difundidas, alias Candelario se presenta ante la comunidad acompañado por un grupo de hombres con indumentaria militar y armas de largo alcance.

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El líder, que se identifica como “hijo de la región”, dirige un discurso a los habitantes de la zona rural, mientras es escoltado por sus hombres en plena luz del día. La escena, reportada por medios locales, ilustra la capacidad de movilización y control territorial que mantienen algunos grupos armados ilegales en esta zona del Norte de Santander.

Disputa territorial y mensajes a la comunidad

Durante la intervención, “Candelario” lanzó críticas directas contra voceros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización también presente en la región, y pone en evidencia la disputa territorial que persiste entre estructuras armadas ilegales.

“Estos carajos del ELN, esos voceros, qué sé yo, que pusieron, porque en ese tiempo yo no había escuchado a ”Silvana" ni al “viejo Ricardo”. O yo no los conocí. Bueno, digamos que son voceros o qué sé yo”, expresa en el video.

El líder armado recalcó su origen local y su compromiso con el territorio: “Si yo no ayudo a liberar el Catatumbo, ¿quién lo va a hacer?”, afirma ante los asistentes, remarcando su vínculo con la zona y buscando legitimidad entre los presentes. La intervención evidencia la estrategia de estos grupos para fortalecer su influencia sobre la población civil y consolidar posiciones frente a rivales armados.

Intimidación y presión sobre la población

Uno de los elementos que más preocupación generó tras la difusión del video es la admisión de “Candelario” sobre la realización de un “casa a casa” previo al encuentro, con el objetivo de identificar a quienes asistirían a la reunión.

Según sus palabras, “Aquí hay gente que no quiso venir hoy a la reunión. Uno entiende que es por miedo. Pero ¿qué miedo vamos a tener de gente que vive acá en la región? Porque yo que hice el casa a casa, me di de cuenta que hay gente que acá no está”.

La referencia a este tipo de acciones es interpretada por las autoridades como una medida de presión o intimidación sobre la comunidad, en un contexto en el que la presencia de actores armados condiciona la vida cotidiana y limita la autonomía de los habitantes rurales.

Contexto de seguridad en el Catatumbo

La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, se ha caracterizado en los últimos años por la presencia de distintos grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc y el ELN, que mantienen disputas por el control de rutas y actividades ilícitas.

Los constantes enfrentamientos y la presión sobre las comunidades han dificultado los procesos de desarrollo y acceso a servicios básicos, generando desplazamientos y vulneraciones de los derechos humanos.

La situación registrada en La Gabarra añade un nuevo capítulo a la crisis de orden público en el nororiente colombiano, donde el accionar de los grupos armados ilegales sigue marcando la agenda local y nacional. La reaparición de figuras como alias Candelario mantiene en alerta a las autoridades y a la población, en un escenario de permanente tensión y disputa territorial.

Este operativo, realizado en el municipio de Tibú, se dio en la activa ofensiva militar desarrollada para garantizar la seguridad de la zona y proteger a la población civil frente a las estructuras armadas ilegales.

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De acuerdo con información proporcionada por el Batallón de Ingenieros de Combate N°. 30 de la Fuerza de Tarea Vulcano, la acción tuvo lugar en una zona rural de la vereda Nazaret. Allí, las tropas reportaron un combate directo con individuos que, según los datos recopilados, se preparaban para ejecutar acciones ilegales en la infraestructura vial.

Como resultado de este enfrentamiento, fueron detenidos tres sujetos señalados de pertenecer a la autodenominada Compañía Roque González, una célula considerada residual del GAO-r 33. Entre los aspectos más relevantes del operativo, se destaca la recuperación de un menor que se hallaba en el lugar de los hechos bajo coacción.

Según la información oficial, el adolescente fue puesto de inmediato bajo protección militar y se iniciaron los protocolos establecidos para restablecer sus derechos, en línea con la garantía especial a los menores de edad dentro del conflicto colombiano.

De igual modo, las autoridades incautaron dos pistolas de 9 milímetros, un arma traumática y dos granadas de fragmentación, así como siete proveedores, un total de más de 103 cartuchos de distintos calibres, tres motocicletas, teléfonos celulares y una suma en efectivo que supera los $800.000. Los elementos recogidos estarían vinculados con la recaudación de dinero mediante extorsión y otras actividades criminales propias del grupo armado.

Las actividades de inteligencia militar permitieron determinar que los capturados se dedicaban a múltiples delitos en el sector, incluyendo el cobro de cuotas extorsivas, la compraventa y distribución de pasta base de coca, además de la instalación de retenes ilegales en varios puntos del eje vial local.

Estas acciones ejercían presión sobre la movilidad y la seguridad de los habitantes del Catatumbo. El coronel Carlos Alberto López Fierro, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, resaltó el trabajo coordinado con la Policía Nacional y el impacto directo de estos operativos.

“En el marco de la Operación Catatumbo, gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra Policía Nacional de los Colombianos, en las últimas horas, tropas del Batallón de Ingenieros de Combate número treinta de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantan operaciones militares ofensivas en zona rural de la vereda Nazaret, el municipio de Tibú, reportaron un combate de encuentro contra tres individuos que pretendían adelantar acciones ilegales sobre la vía”, detalló el oficial en un comunicado.

En esta misma línea, la institución castrense reiteró su compromiso sostenido con la seguridad del Catatumbo. El despliegue de operaciones ofensivas busca proteger la libre movilidad y la tranquilidad de la población frente a las amenazas de los grupos criminales en la región.

El material bélico incautado, entre el que se incluyen armas de fuego, munición y explosivos, evidencia el nivel de peligrosidad y la capacidad ofensiva de las estructuras desarticuladas. Las tres personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para responder por los delitos que se les imputan, en tanto que el menor fue acompañado por organismos de protección de infancia.

De forma complementaria, las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar activamente con información que permita prevenir nuevas acciones delictivas y fortalecer la respuesta estatal. A la ciudadanía se le invita a utilizar las líneas gratuitas 147 del Gaula Militar y 107 contra el terrorismo para aportar datos relevantes que contribuyan a la seguridad colectiva.

El corregimiento de Campo Dos, en la zona rural del municipio de Tibú, fue escenario de una intervención militar que impidió una posible tragedia para los trabajadores locales. Tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N°. 10, adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano, localizaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos con capacidad de causar graves daños.

La rápida reacción de los especialistas en explosivos no solo evitó lesiones entre los obreros que cuidan los cultivos de palma de aceite, sino que también protegió las viviendas cercanas al lugar donde fueron hallados los dispositivos.

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Ante este tipo de amenazas, el coronel, Carlos Alberto López Fierro, jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcanolas fuerzas militares como vocero de la institución castrense, reiteró su rechazo a los actos que vulneran los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Además, hicieron un llamado a los habitantes del Catatumbo para que utilicen la línea anti terrorismo 107 y denuncien cualquier situación sospechosa o elemento que ponga en riesgo la seguridad de sus familias.

La colaboración de la población civil se considera fundamental para mantener la tranquilidad en una región que enfrenta riesgos constantes.

Ejército destruyó artefactos explosivos y un mecanismo de lanzamiento en Anorí

La neutralización de seis artefactos explosivos improvisados y un mecanismo de lanzamiento en las rutas de acceso a Anorí provocó el cierre momentáneo de los corredores viales hacia Medellín y Campamento, según informó el Ejército Nacional.

Las autoridades destacaron que estos dispositivos, separados por unos diez metros y con activación por radiofrecuencia, representaban un peligro inminente para quienes transitaban habitualmente por la zona. El Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná fue el responsable de ubicar y destruir los explosivos, frustrando así lo que describieron como un plan del GAO-r Estructura 36, Bloque Magdalena Medio.

El teniente coronel Carlos Alonso Romero, comandante del batallón, subrayó la importancia de la operación: “Estos artefactos explosivos fueron presuntamente instalados por el grupo armado organizado residual, bloque Magdalena Medio, estructura 36. Cabe resaltar que el procedimiento fue realizado por nuestros hombres expertos en explosivos, utilizando todos los protocolos de seguridad pertinentes, enfocándonos muy especialmente a la protección de la población civil, evitando afectaciones a las propias tropas”.

La intervención del Equipo de Explosivos y Demoliciones EXDE requirió el cierre total de la vía para garantizar la seguridad tanto de los residentes como del personal militar.

El Ejército Nacional advirtió que la colocación de estos artefactos viola el derecho internacional humanitario y pone en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes del Nordeste antioqueño. Además, la institución instó a la población a reportar cualquier conducta sospechosa a través de la línea móvil 3113737144 o la Línea 107 Contra el Terrorismo, buscando reforzar la seguridad local y anticipar posibles amenazas.

Las recientes operaciones militares en los municipios de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, y Anorí, en Antioquia, evidencian el impacto de los artefactos explosivos en zonas rurales y la importancia de la intervención oportuna de las Fuerzas Armadas para proteger a la población civil.

Las autoridades insisten en la necesidad de la colaboración ciudadana mediante la denuncia de actividades sospechosas, como mecanismo clave para enfrentar este tipo de amenazas y fortalecer la seguridad en regiones afectadas por la violencia.

Por su parte, los entes territoriales y los organismos de control solicitan a las autoridades mayor vigilancia para contrarrestar estos ataques y evitar que más civiles sean víctimas de las acciones de estos grupos criminales al margen de la ley.

El Ejército Nacional de Colombia informó que las víctimas de un reciente ataque en el noreste del país fueron evacuadas en helicóptero a un hospital especializado en la ciudad de Cúcuta, tras verse afectados por un ataque con drones cargados de explosivos. Según consignó el medio, este ataque se produjo en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, durante la noche del viernes. El hecho dejó un soldado muerto y cuatro más heridos, quienes formaban parte del Batallón de Despliegue Rápido Nº 9, que se encontraba en operaciones militares en la zona. El fallecido ha sido identificado por las autoridades como Juan Esteban González Sánchez.

De acuerdo con lo reportado por las Fuerzas Armadas de Colombia, el ataque fue atribuido al Frente Juan Fernando Porras Martínez, perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El Ejército Nacional calificó este acto como un “ataque indiscriminado”, y lamentó las consecuencias sufridas por su personal, incluidos dos suboficiales y dos soldados rasos que resultaron heridos y debieron ser evacuados vía aérea para recibir atención médica en la capital departamental.

Las autoridades militares colombianas denunciaron que estas acciones representan un demostrado y repetido uso de prácticas que, afirman, violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, elevando los riesgos para las comunidades civiles en las áreas de conflicto. Según detalló el propio Ejército Nacional, catalogaron este tipo de operaciones por parte del ELN como “actos terroristas” y una amenaza constante para la estabilidad y la seguridad de la población en las zonas afectadas.

Tal como publicó el medio, este ataque sucede en medio de un incremento de enfrentamientos entre las fuerzas estatales y el ELN en las últimas semanas, lo que ha coincidido con una intensificación en las tensiones y dificultades presentes en las negociaciones de paz que se mantienen en curso entre el grupo armado y el gobierno.

A comienzos de la semana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió públicamente a una propuesta de la guerrilla sobre un Acuerdo Nacional que buscaba superar el conflicto armado, político y social. El mandatario no solo descartó la sugerencia de acuerdo, sino que también advirtió sobre la posibilidad de operaciones militares conjuntas con Venezuela si el ELN se rehúsa a abandonar sus acciones violentas y no se compromete con la paz ni retira su presencia de Venezuela. La postura oficial del presidente fue difundida ampliamente, y refleja el crecimiento de la tensión en el proceso de diálogo y la persistencia de incidentes como el ocurrido en Tibú.

Según informaron las Fuerzas Armadas de Colombia, la utilización de drones con explosivos ha cobrado mayor relevancia en la estrategia del ELN, complicando las operaciones no solo de las fuerzas militares, sino también la situación de los habitantes en regiones donde la organización armada tiene presencia. El Ejército Nacional reiteró su denuncia sobre el impacto de estos ataques en la seguridad y en la legalidad de los combates, recordando que la práctica constituye una infracción grave al Derecho Internacional Humanitario.

Un año después del aumento de la violencia en el Catatumbo, la región afronta afectaciones profundas sobre la vida civil a raíz de la persistencia del conflicto armado y el accionar de grupos ilegales.

Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió desde su cuenta de X la mañana del sábado 17 de enero de 2026 sobre las problemáticas que la población civil ha atravesado por cuenta de los atentados en contra de la fuerza pública, y que en su mayoría recaen sobre el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Este mismo grupo armado ilegal fue señalado como el responsable del ataque con drones en jurisdicción del municipio de Tibú que dejó un militar muerto y cuatro heridos durante operaciones del Ejército en el Catatumbo, subregión ubicada en el departamento de Norte de Santander.

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“Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca”, escribió Petro.

Asimismo, el jefe de Estado agregó: “Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz”.

Al final, el presidente Colombiano afirmó que “los destinos diferentes de la humanidad en cierta forma se anuncian en el Catatumbo”.

“La revolución es Vida y punto”, concluyó el mandatario colombiano.

Las posibilidades de que la situación mejore en el Catatumbo: esto explicó la Defensoría del Pueblo

A pesar de la multiplicidad de testimonios y el clamor de las comunidades recogidos en los dos informes de la Defensoría del Pueblo, la solución se vislumbra lejana mientras el territorio sigue sujeto a dinámicas de desplazamientos, reclutamiento de menores y economías ilícitas que alimentan la espiral de violencia.

El ente instó al Estado colombiano a aplicar medidas estructurales con enfoque integral y sostenido para la protección de la población en el Catatumbo, según el informe Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, presentado en Tibú.

La Defensoría en cabeza de Iris Marín recalcó la necesidad de que las estrategias vayan más allá de la gestión de crisis urgente, para abordar las causas del conflicto y garantizar derechos básicos como acceso a salud, educación y justicia, así como condiciones para la recuperación y la paz.

Al cierre de 2025, los impactos humanitarios del conflicto se reflejaron en cifras alarmantes

Según la Unidad para las Víctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre del año pasado, 105.203 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento forzado (101.587), amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y despojo de tierras (2.948).

En palabras de la defensora del Pueblo: “Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores. Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales”.

Los informes también detallan que, sólo en 2025, la comisión humanitaria facilitó la liberación de 121 personas secuestradas, aunque 59 permanecían en cautiverio al terminar el año.

El secuestro, según la Defensoría, afecta indistintamente a todas las capas sociales, cuyas familias viven en constante angustia.

Otro dato relevante revelado en los reportes: entre 1990 y el 31 de julio de 2025 se contabilizaron 12.610 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar en Colombia.

Norte de Santander sumó 978 víctimas, mientras que el año pasado, en municipios como Tibú, Hacarí, San Calixto y Lourdes, ocurrieron 20 eventos asociados a estos artefactos, con 22 víctimas, al menos una de ellas mortal.

La expansión de las economías ilegales, especialmente los cultivos ilícitos y las prácticas de extorsión y contrabando en Tibú, potencia el conflicto al dotar de recursos a los actores armados.

Comerciantes denunciaron la imposición de mecanismos como la carnetización obligatoria y la restricción de movimientos mediante chalecos identificativos, estrategias empleadas por los grupos para consolidar su control y financiar poblaciones a través de actividades ilegales, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

El reclutamiento forzado de menores de edad

Un fenómeno persistente es la utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos armados.

Entre enero y noviembre de 2025, el Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) reportó la desvinculación de 49 menores de estas estructuras.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica colaboraron en la recuperación de adolescentes reclutados por el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Los menores son reclutados mediante engaños, regalos y promesas de futuro; y trunca proyectos de vida, además de profundizar la crisis social en la zona.

La violencia basada en género también presentó cifras alarmantes.

Durante los primeros once meses de 2025 se documentaron 634 casos en Norte de Santander, incluidas situaciones de trata y violencia sexual. Mujeres y niñas enfrentan obstáculos en el acceso a la salud reproductiva y reportaron casos de explotación sexual.

El uso de drones y artefactos explosivos improvisados ha modificado el curso de la guerra

De esta forma se están transformando amplias zonas rurales en campos minados y restringiendo la movilidad y productividad de comunidades campesinas e indígenas, particularmente el pueblo Barí.

Las autoridades locales señalaron que la amenaza permanente de explosiones perpetúa el miedo entre la población y deteriora sus prácticas culturales y su bienestar emocional.

A su vez, en el ámbito político la persistencia del conflicto ha puesto en riesgo los procesos electorales de 2025 y 2026.

Tanto la Defensoría como la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que la disputa por el control territorial amenaza la seguridad de candidatos y la infraestructura electoral, en una región clave para los comicios nacionales y locales.

Las comunidades del Catatumbo exigen procesos de paz inclusivos, acceso real a derechos fundamentales y el fortalecimiento de una presencia estatal legítima e integral.

“Persisten respuestas fragmentadas, centradas en la atención básica, que dejan de lado la posibilidad real de construir soluciones duraderas desde el primer día de la crisis. Esta desconexión entre la fase de la acción humanitaria inmediata y la construcción de paz, el desarrollo, el retorno, la reubicación y las soluciones duraderas para los desplazados, pues es necesaria abordarla desde el principio para evitar que se perpetúen las causas estructurales de la vulnerabilidad”, explicó Marín.

El Ejército y su labor social en el Catatumbo en 2025

El Ejército Nacional de Colombia informó que, durante el último año, ha implementado una serie de actividades orientadas a la atención humanitaria y el fortalecimiento comunitario en la subregión del Catatumbo.

Las acciones, coordinadas por la Brigada de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 1 y su Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2, se enfocaron en respuesta a la crisis que forzó el desplazamiento de numerosas familias y elevó los niveles de vulnerabilidad en la zona.

Por todo lo anterior, y gracias al apoyo de entidades del Estado, se distribuyeron 227 toneladas de ayudas humanitarias en Cúcuta, Ocaña y Tibú.

Además, en coordinación con la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, se realizaron operaciones de perifoneo aéreo y el reparto de 108.000 volantes con mensajes dirigidos a pobladores civiles.

En el ámbito educativo, el Ejército junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregó 655 computadores portátiles a instituciones rurales de Tibú y Sardinata a través del programa Computadores para Educar.

Esta iniciativa fue presentada como una medida para apoyar el acceso a herramientas tecnológicas en zonas apartadas.

Durante la conmemoración del Día de la Madre, más de 300 mujeres alojadas en un centro temporal de Cúcuta participaron en una jornada de integración en la que actuó la Orquesta Segunda Dimensión del Ejército Nacional.

Asimismo, a través del proyecto XV Sueños con Amor, 19 jóvenes de Cúcuta, Bochalema y Catatumbo, incluyendo menores bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, festejaron su fiesta de quince años con apoyo de empresarios locales.

El programa de bilingüismo Eco Kids, desarrollado con la empresa Súper Giros, proporcionó enseñanza de inglés mediante material didáctico y programas radiales en La Gabarra, El Tarra, San Calixto y Sardinata, en colaboración con emisoras Colombia Estéreo.

En Sardinata, se construyó una ludoteca en la institución educativa rural San Roque, dotada de libros y material pedagógico, con la finalidad de incentivar la lectura y proteger a los menores ante riesgos de reclutamiento forzado.

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, donde integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaron con drones cargados con explosivos a tropas del Ejército Nacional que adelantaban operaciones militares en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió en la vereda Palmeras, zona rural de Tibú, mientras unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 se encontraban desplegadas en labores operacionales.

Durante la acción armada, murió el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo del municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

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Además del militar fallecido, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados profesionales, quienes sufrieron lesiones por esquirlas tras la detonación de los artefactos explosivos lanzados desde los drones. Los uniformados lesionados recibieron atención inicial en el área y posteriormente fueron evacuados vía aérea a un centro médico especializado en la ciudad de Cúcuta, según informó el Ejército.

En un comunicado oficial, la institución señaló que los uniformados “fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos, por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN”. Este frente hace presencia en varios sectores del Catatumbo y ha sido vinculado a acciones armadas recientes en la región.

El Catatumbo, subregión ubicada en el nororiente del país y limítrofe con Venezuela, continúa siendo escenario de confrontaciones armadas entre grupos ilegales y la Fuerza Pública. En este territorio convergen disputas por el control de economías ilícitas, especialmente relacionadas con el narcotráfico y las extorsiones, de acuerdo con informes oficiales citados por Semana.

Las comunidades que habitan en esta zona han enfrentado restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y amenazas, en medio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc. Las autoridades han advertido que los grupos armados ilegales imponen órdenes a la población civil, lo que incrementa los riesgos humanitarios en varios municipios de Norte de Santander.

Este ataque con drones se suma a una serie de acciones armadas que han sido registradas durante los últimos meses en Tibú y otros municipios del Catatumbo. Las Fuerzas Militares han señalado que el uso de drones adaptados con explosivos se ha convertido en una táctica recurrente por parte de algunos grupos armados ilegales para hostigar a las tropas sin exponerse directamente al combate.

En paralelo a este hecho, se conoció que la defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó una visita a Tibú, donde recorrió las inmediaciones de la Estación de Policía del municipio. La funcionaria explicó que el objetivo de su presencia fue “expresar solidaridad por los cinco policías privados de la libertad por parte del ELN, el pasado 6 de enero”, según información divulgada por Semana.

Tras ese recorrido, la Defensoría del Pueblo indicó que ha avanzado en gestiones humanitarias orientadas a facilitar la liberación de los cinco uniformados que permanecen en poder del ELN. Estos policías fueron retenidos en el marco de la escalada de violencia que se mantiene en la zona, de acuerdo con reportes oficiales.

Asimismo, la Defensoría dio a conocer un informe en el que se resalta la relevancia estratégica de la frontera entre Colombia y Venezuela, señalando que esta condición geográfica “permite el paso de lado y lado de asuntos ilegales”. Según el documento, esta dinámica facilita el tránsito de armas, drogas y otros elementos utilizados por los grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo.

Las autoridades han advertido que esta situación fronteriza ha fortalecido la capacidad operativa del ELN en la región, permitiéndole mantener influencia territorial y logística. En ese contexto, el grupo armado ha sido señalado como uno de los actores con mayor presencia en varios corredores estratégicos del Catatumbo.

El Ejército Nacional reiteró que mantiene el despliegue de sus unidades en la zona y continúa desarrollando operaciones para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales.

La región del Catatumbo atraviesa una nueva serie de homicidios que refuerzan el clima de temor en sus comunidades rurales, justo cuando se cumple un año de la última crisis humanitaria de gran alcance.

El jueves 15 enero de 2026, hacia las 9:00 p. m., se registró un asesinato con arma de fuego en el sector conocido como 15 Letras, perteneciente a la jurisdicción rural de Teorama.

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De acuerdo con reportes preliminares, la víctima fue identificada como Arturo, originario del corregimiento de Pacelli en Tibú (Norte de Santander).

Su cuerpo, hallado con múltiples impactos de bala, apareció en un territorio que históricamente sirve de corredor estratégico para grupos armados.

El repunte de la violencia ha sido motivo de alarma en las poblaciones locales. La persistencia de homicidios, aun con los anuncios oficiales sobre incremento de cooperación militar y despliegue de tecnología avanzada, ha generado preocupación sobre la efectividad de estas medidas.

Cuerpos abandonados en la carretera, el preocupante escenario en el Catatumbo

Sumado al caso recientemente reportado, en la mañana del domingo 11 de enero ocurrió otro hallazgo trágico.

Un cadáver apareció junto a la vía que conecta el casco urbano de Convención con la vereda Campo Alegre. La víctima, identificada posteriormente como Leiber Cañizares —apodado Estrellita—, vestía jean, camiseta negra y tenis del mismo color.

La comunidad notó un tatuaje con el nombre “Leiber”, lo que facilitó la identificación. La hermana de la víctima confirmó en el sitio la identidad, reconociendo también los tatuajes en el brazo, la pierna, el cuello y la estrella debajo de la oreja izquierda, rasgo que le valió el apodo.

A través de sus redes sociales, la joven expresó: “No quería levantarme nunca, sentía que se acababa mi vida”, relatando la experiencia de arrodillarse junto al cuerpo y recostarse sobre su pecho. El cuerpo fue recogido por una funeraria para su velación y posterior sepultura.

Horas más tarde, surgió una nueva alerta de violencia en la vereda La Muralla, también bajo jurisdicción de Teorama y a unos 10 kilómetros del lugar donde fue encontrado Estrellita.

En este caso, la víctima fue Camilo Anteliz, residente de San Calixto. Las autoridades confirmaron que el cuerpo presentaba varios impactos de bala, pero los detalles del crimen aún se desconocen.

El eje Teorama-Tibú continúa catalogado como una de las zonas más peligrosas para la movilidad civil, mientras habitantes y organizaciones sociales insisten en la urgencia de que las autoridades no se limiten al levantamiento de los cuerpos, sino que avancen en investigaciones reales que interrumpan la cadena de asesinatos que mantiene a las familias en duelo permanente.

Hasta el momento, no se conocen pistas sobre los autores ni existen hipótesis claras sobre los móviles de estos hechos, que se suman al recrudecimiento del conflicto en el Catatumbo.

El Ministerio de Educación alertó por el impacto del conflicto armado en comunidades educativas del Catatumbo

El Ministerio de Educación expresó su “profunda preocupación y rechazo” ante la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Según el ministerio, la continuidad de la violencia ha generado “graves afectaciones contra la población civil, campesina, y de manera especial contra niñas, niños, adolescentes y comunidades educativas del territorio”.

La cartera de Educación advirtió que las recientes alteraciones al orden público en municipios como Tibú y El Tarra, a pocas semanas de iniciar el calendario escolar de 2026, han provocado temor en la comunidad educativa. La entidad alertó que los constantes enfrentamientos armados podrían poner en riesgo el derecho a la educación y su normal desarrollo en la región.

En un comunicado, el ministerio recordó que “las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional y reforzada protección internacional”, y destacó que “los establecimientos educativos son bienes de carácter civil, y por tanto no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni instrumentalización alguna”.

Por ello, el ministerio hizo “un llamado urgente a todos los grupos armados que hacen presencia en el Catatumbo para que respeten de manera irrestricta la vida, la integridad y los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo a la comunidad educativa o afecte el derecho a la educación”. El ministerio enfatizó que “la escuela no puede ni debe ser escenario de la confrontación armada”.

Finalmente, reiteró que “afectar el derecho a la educación es afectar el presente y el futuro de los territorios, profundizando las brechas de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad que históricamente han marcado a esta región del país”. La entidad insistió en que la escuela debe seguir siendo “un espacio de protección, permanencia, esperanza y vida, incluso en los contextos más adversos”.

Las condiciones para la liberación de los cinco policías retenidos en Tibú estarán determinadas por la evolución de las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad, según informó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de un comunicado oficial difundido luego del secuestro. De acuerdo con información publicada por el medio que reportó el hecho, los policías permanecen en poder del grupo armado a la espera de que se definan los términos requeridos para ponerles en libertad, procesos que, según la guerrilla, dependerán directamente de la conducta de las autoridades colombianas en el transcurso de los próximos días.

Según publicó la fuente, el secuestro ocurrió el 6 de enero en el municipio de Tibú, ubicado en el departamento de Norte de Santander, una región considerada estratégica en el noreste de Colombia por la presencia de actores armados y las disputas en torno al control de rutas y territorios. El ELN, al atribuirse la autoría, informó que los agentes de policía fueron interceptados mientras se movilizaban en un vehículo del sistema de transporte público local, lo que permitió su retención sin un enfrentamiento armado, según lo consignado por el comunicado del propio grupo guerrillero.

De acuerdo con lo detallado en la declaración del ELN, la privación de libertad de los agentes constituye una respuesta a lo que el grupo denomina como “apoyo y protección” que la Policía local habría brindado al Frente 33, una facción conocida como disidencia de las FARC. Según el comunicado citado por el medio, dicho respaldo, que la guerrilla asocia a órdenes directas de instancias presidenciales, incluiría asistencia logística y operativa tanto del Ejército como de la Policía Nacional. “El apoyo logístico y operativo brindado por el Ejército y la Policía a la banda narcoparamilitar del Frente 33 en la región, los hace partícipes y cómplices de accionar criminal de los narcobandidos”, recoge el texto divulgado, argumentando que éste sería el motivo central que justifica la retención de los cinco uniformados.

El ELN informó a través del comunicado, según citó el medio de referencia, que los agentes secuestrados “se encuentran en buen estado de salud” y ha destacado que recibirán un “trato digno” dentro de las garantías de seguridad que el grupo asegura mantener con los retenidos. Esta afirmación pretende proyectar una imagen de respeto por la integridad de los policías, a la vez que descarta un posible maltrato en el corto plazo, contexto en el que el grupo armado anticipó que las condiciones para una eventual liberación se darán a conocer “en los próximos días”.

La captura de los policías ocurre en un territorio donde confluyen intereses de diversas organizaciones, escenario habitual de disputas entre grupos armados ilegales y fuerzas estatales. Tibú, y el departamento de Norte de Santander en general, ha sido históricamente escenario de conflictos por la presencia de cultivos ilícitos y rutas de narcotráfico, así como un enclave de importancia para la articulación de redes logísticas de los grupos armados, según han reportado medios nacionales e internacionales en incidentes anteriores. El secuestro de funcionarios públicos en este contexto reviste especial relevancia, dado el impacto que este tipo de acciones puede tener sobre los procesos de diálogo o negociación que regularmente se desarrollan entre el gobierno colombiano y diversos actores armados.

Respecto a la liberación, el ELN ha condicionado cualquier avance en este sentido a la ausencia de intervenciones militares o policiales dirigidas a rescatar a los retenidos. Según aseguró la organización en su declaración difundida por el medio, cualquier intento de operación por parte del Estado para recuperar a los policías sin negociación previa podría modificar los términos para su entrega, lo que sitúa la continuidad y la seguridad de los secuestrados en un escenario de incertidumbre ligado al comportamiento de las fuerzas de seguridad oficiales.

En el comunicado citado por la fuente, la guerrilla no especificó plazos concretos ni detalles adicionales sobre las condiciones requeridas para la liberación de los policías, reiterando en cambio que la próxima comunicación pública proveerá información puntual sobre los criterios y el calendario para la posible puesta en libertad. El ELN también reiteró que su decisión responde a intereses de carácter político y estratégico relacionados con la dinámica local en Tibú y la relación entre la fuerza pública y actores armados ilegales en la región, según lo expresado en el mismo mensaje.

De acuerdo con antecedentes recogidos por medios como la agencia fuente de la noticia, los secuestros cometidos por grupos armados en la zona suelen estar vinculados a presiones por parte de estos actores para forzar negociaciones o lograr concesiones en el ámbito militar o político. El hecho de que el ELN haya explicitado la exigencia de un trato específico a los retenidos y la dependencia de la liberación respecto a la actuación de la fuerza pública se inscribe en esta lógica de escalada y desescalada calculada, con impacto tanto local como nacional.

El grupo guerrillero aprovechó el comunicado para denunciar lo que califica como una connivencia sistemática entre autoridades estatales y actores calificados como “narcoparamilitares”, señalamiento recurrente en las argumentaciones públicas del ELN frente a sus acciones contra fuerzas armadas o policiales. Aludiendo explícitamente al Frente 33, el pronunciamiento reforzó la acusación de que la Policía de Tibú habría ofrecido protección y colaboración a dicho grupo en actividades ilícitas, hecho no confirmado oficialmente por autoridades del Estado.

La eventual publicación de los términos para la liberación de los policías se ha convertido en un asunto de interés público, dada la preocupación por la situación de seguridad regional y los procesos de diálogo entre el gobierno colombiano y los grupos armados presentes en el territorio. El desarrollo de las próximas jornadas estará marcado por la expectativa de pronunciamientos oficiales y, eventualmente, el anuncio de condiciones, tal como anticipó el ELN en sus declaraciones difundidas por la fuente informativa.

A tres días del secuestro de cinco policías en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, los familiares de los uniformados continúan a la espera de información sobre su paradero.

El caso, ocurrido el martes 6 de enero, se registró en medio de un retén ilegal atribuido a la guerrilla del ELN, según información oficial recopilada por las autoridades.

Los policías afectados fueron identificados como José Carrillo, Edwin Manosalva, Ramón Coronel, Daniel Granada y Carlos Barrera Ruiz.

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De acuerdo con los reportes conocidos, los patrulleros se desplazaban en un bus de transporte público, vestidos de civil, mientras regresaban de sus vacaciones de fin de año para reincorporarse a sus funciones institucionales.

Las versiones oficiales señalan que tres hombres armados, que se movilizaban en una motocicleta, instalaron el retén ilegal en la vía y detuvieron el vehículo.

Aunque los uniformados no portaban prendas que los identificaran como miembros de la fuerza pública, fueron retenidos y trasladados con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca información confirmada sobre su ubicación.

Desde el día del secuestro, las familias de los policías han realizado llamados públicos a través de diferentes medios de comunicación.

Uno de los testimonios fue entregado por Eudoro Barrera, padre del patrullero Carlos Barrera Ruiz, quien relató su experiencia ante cámaras de Noticias Caracol, citadas por Revista Semana.

En su declaración, Barrera pidió respeto por la vida de los uniformados y expresó: “No nos los traten mal, que los cuiden”. El padre del patrullero explicó que decidió trasladarse personalmente hasta Tibú luego de perder contacto con su hijo, al no recibir respuesta a mensajes ni llamadas telefónicas.

Barrera narró que, al notar la falta de comunicación, intentó obtener información en la empresa de transporte donde viajaba el bus. Según su relato, ante la ausencia de respuestas claras, optó por movilizarse por sus propios medios hacia el lugar donde se habría producido la retención. En su testimonio señaló: “Empecé a llamarlo, a escribirle, y nada, eran las 7:15, no me aguanté, fui a la empresa (de transporte), ninguna razón, agarré un pirata, por allá templé donde agarraron el bus”.

El padre del patrullero también aseguró que intentó contactar directamente a integrantes del ELN para solicitar la liberación de los policías. De acuerdo con su versión, la respuesta fue negativa, lo que lo llevó a enviarle un mensaje a su hijo con palabras de aliento y calma.

En medio de su declaración pública, Barrera expresó: “Que tomen conciencia de esos muchachos, están empezando la vida, que les respeten la vida, le pido a mi hijo que tenga paciencia, que se porte bien con esa gente también, que tenga tranquilidad, que la fuerza pública está en diálogo con ellos”. El testimonio fue difundido como parte de los llamados de los familiares para que se respete la integridad de los secuestrados.

Otra de las voces que se sumó a los pronunciamientos fue la de Emeriselda Contreras, madre del patrullero Edwin Manosalva. En declaraciones citadas por Semana, manifestó el impacto emocional que ha significado la situación. En sus palabras afirmó: “No, esto ha sido muy duro para mí, han sido tres días muy duros, que yo ya no siento fuerzas, ya estoy sin fuerzas para yo hablar todas esas palabras”.

Las autoridades confirmaron que los cinco policías permanecen en poder del ELN, mientras avanzan las labores de búsqueda y las acciones de inteligencia en la región del Catatumbo, una zona que ha registrado un aumento de la violencia armada en las últimas semanas. En ese contexto, se han desplegado operativos especiales para dar con los responsables del secuestro.

Como parte de las medidas adoptadas, se anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los autores materiales del plagio. El anuncio fue realizado por voceros oficiales como incentivo para obtener datos que faciliten la liberación de los uniformados.

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, se pronunció sobre el hecho y expresó: “Condenamos con absoluta firmeza el secuestro de cinco policías en Tibú, Norte de Santander, quienes regresaban de su permiso de fin de año para reincorporarse al servicio. Este repudiable hecho vulnera no solo la vida y la libertad de nuestros uniformados, sino también los principios más básicos de dignidad y humanidad, afectando profundamente la paz y la tranquilidad de toda la Nación”.

Hay consternación y rechazo tras conocerse que cinco jóvenes patrulleros de la Policía Nacional fueron secuestrados el 6 de enero de 2026 en una vía rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), cuando regresaban de un permiso con motivo de las fechas decembrinas.

Al respecto, la institución, encabezada por el general William Oswaldo Rincón, anunció la entrega de una recompensa de hasta $200 millones para las personas que brinden información que facilite la liberación de los uniformados, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren en el proceso.

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El anuncio se produjo en medio de una crisis de orden público en la región del Catatumbo, donde la presencia y enfrentamiento entre grupos armados ilegales ha incrementado los riesgos para la seguridad tanto de la fuerza pública como civiles.

Así se registró el secuestro de los uniformados

El plagio ocurrió en el sector conocido como La Llana, donde un vehículo de servicio público que transportaba a los patrulleros y otros pasajeros civiles fue interceptado por integrantes del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según información proporcionada por la Policía, los responsables del retén revisaron los celulares de todos los ocupantes y lograron identificar a los cinco policías, que vestían de civil y se encontraban desarmados. Los agentes fueron obligados a descender del vehículo y llevados por la fuerza hacia un destino desconocido.

Las víctimas, identificadas como José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabían Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel De Jesús Granda, estaban asignadas a las subestaciones de Petrolea y Tres Bocas. Se encontraban en tránsito hacia sus hogares tras cumplir labores especiales.

El general Rincón calificó el secuestro como un crimen que “atenta contra la dignidad humana y la paz del país”. Además, destacó que este “repudiable hecho vulnera no solo la vida y la libertad de nuestros uniformados, también los principios más básicos de dignidad y humanidad, afectando profundamente la paz y la tranquilidad de toda la Nación”.

Tras conocerse el secuestro, la Policía Nacional activó sus capacidades operativas junto a las Fuerzas Militares y autoridades judiciales, desplegando un dispositivo de búsqueda y verificación para ubicar a los patrulleros y asegurar su pronta liberación. Además, habilitó la línea 123 y el número 314 358 7212 para recibir denuncias confidenciales de la ciudadanía.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que los uniformados secuestrados se encontraban de permiso, vestidos de civil y sin armas al momento del retén.

Sánchez distinguió el caso bajo la modalidad conocida como “pesca milagrosa” por el número de víctimas, aunque reconoció similitudes en la forma de operar: los secuestradores, vestidos de civil y ocultando sus armas, revisaron los teléfonos celulares y procedieron a identificar a los policías.

Asimismo, el jefe de cartera recordó a través de sus redes sociales, el caso de nueve uniformados que permanecen en poder de grupos armados al margen de la ley.

“Nunca dejaremos a nuestros uniformados atrás. Aunque hoy estén secuestrados, no están olvidados. El secuestro es un crimen que niega cualquier principio de humanidad. Quienes los mantienen en cautiverio deben pensar en sus familias y liberarlos de inmediato. Colombia entera lo exige. A las familias de nuestros 9 uniformados: no están solas”, señaló.

Y agregó: “El Estado está con ustedes y seguimos avanzando, junto a organismos humanitarios, para que regresen pronto y sanos a casa. Brindaremos todas las garantías y acciones necesarias, dentro de la Constitución y la ley, para que recuperen su libertad. Invito a toda Colombia a unir su voz en este clamor por la libertad de quienes defienden la patria".

Las autoridades reiteraron el llamado urgente a los responsables para que respeten los derechos fundamentales de los secuestrados y permitan su regreso seguro. El dispositivo de búsqueda permanece activo en la región, mientras que la recompensa busca incentivar a la comunidad a suministrar información clave para resolver el caso.

El sector de transporte público que conecta Cúcuta con los municipios del Catatumbo experimenta una reducción del 80% en el número de pasajeros como consecuencia directa de la crisis de orden público en la zona.

De acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la falta de seguridad en las carreteras ha generado una situación crítica para los conductores y sus familias, quienes dependen de este servicio para su sustento.

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Según el medio informó que los transportadores advierten que la violencia y la presencia de grupos armados han provocado que los viajeros eviten desplazarse hacia localidades como Tibú, La Gabarra y El Tarra.

Germán Hernández, conductor de servicio público, afirmó al medio radial que la situación hace inviable la continuidad de su labor: “Este conflicto está muy complicado, porque ya no podemos ni viajar por la situación que se presenta de Tibú hacia abajo, en La Gabarra y El Tarra. No salen pasajeros, la gente tiene miedo y se desplaza desde los pueblos. A esta hora no he podido viajar porque no han salido pasajeros”, relató Hernández.

Según la información divulgada, diariamente salían cerca de diez vehículos desde la terminal de Cúcuta hacia el Catatumbo, pero en la actualidad algunos días no se reporta ninguna salida.

La paralización de los servicios afecta tanto a conductores como a ayudantes, que ven amenazada su fuente de ingreso.

El gremio del transporte público ha solicitado de manera urgente la intervención de las autoridades para que se adopten medidas que garanticen la seguridad en las vías y permitan restablecer el flujo normal de pasajeros.

Hasta el momento, según el reporte, las condiciones de riesgo persisten y la incertidumbre sigue marcando el día a día de quienes dependen del transporte intermunicipal en la región.

Las consecuencias económicas y sociales de esta crisis impactan no solo a los trabajadores del sector, sino a las comunidades que requieren movilizarse entre los municipios de Norte de Santander y el Catatumbo.

Secuestraron 5 policías en La Llana, en el Catatumbo

Cinco miembros de la Policía Nacional fueron secuestrados por presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vía que conecta Cúcuta con Tibú, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, según reportó Policía Nacional a través de un comunicado.

El hecho ocurrió el lunes 5 de enero de 2026, cuando los uniformados, que regresaban de su permiso de fin de año, viajaban en un bus de servicio público y fueron interceptados en un retén ilegal.

De acuerdo con información suministrada, los secuestradores detuvieron el vehículo, revisaron los teléfonos móviles de los pasajeros e identificaron a los policías, que vestían de civil.

Después de la verificación, los cinco uniformados fueron obligados a descender del bus y posteriormente trasladados por los captores hacia una zona desconocida.

Entre las víctimas se encuentran José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras y Ramón Alberto Coronel Medina, todos adscritos a la Subestación de Policía Petrolea, y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quien pertenece a la Subestación de Policía Tres Bocas, ambas en Tibú.

En el mismo vehículo, viajaba también el subintendente John Fredy Gómez Arias, subcomandante de la Subestación Tres Bocas, que logró evitar el secuestro y posteriormente reportó lo sucedido a las autoridades.

Este caso se suma a una cadena de hechos violentos registrados en el Catatumbo, donde la confrontación entre grupos armados ilegales, como el ELN y el frente 33 de las disidencias, ha derivado en una crisis humanitaria que afecta a miles de habitantes.

Según la información confirmada por la Policía, la Defensoría del Pueblo alertó que cerca de 300 personas han llegado en las últimas horas a Cúcuta en busca de refugio, desplazadas por la violencia que se recrudece en la zona limítrofe con Venezuela.

La hipótesis principal apunta a que el ELN sería responsable de este secuestro, práctica que esa organización ha reconocido públicamente en el pasado.

El episodio ocurre pocos días antes de que se cumpla un año de la escalada de violencia que mantiene al Catatumbo en emergencia social y de seguridad.

Un extenso mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en la red social X generó una nueva controversia política y reavivó el debate sobre prioridades gubernamentales en medio de una escalada violenta que afecta varias regiones del país.

El mandatario difundió un texto de tono histórico, ideológico y reflexivo, en el que evocó episodios de la Segunda Guerra Mundial, comparaciones imperiales, prohibiciones, mafias globales y referencias filosóficas para sustentar su visión sobre el poder, la guerra y la política internacional.

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En su publicación, Petro recordó a jóvenes soldados que derrotaron al nazismo y al imperio japonés, afirmando que se “arrodilla” ante sus tumbas. Mencionó experiencias personales vividas en Italia, aludiendo a la resistencia antifascista y a símbolos culturales como “Bella Chiao”.

El jefe de Estado también cuestionó políticas prohibicionistas impulsadas históricamente por Estados Unidos, señalando que estas habrían fortalecido estructuras criminales más poderosas que las mafias del siglo pasado y provocado cientos de miles de muertes en Colombia.

El mandatario vinculó esas políticas con el narcotráfico, la violencia rural y la desigualdad agraria, criticando lo que denominó un “anacronismo” legislativo y comparando procesos actuales con episodios de la conquista española.

En su reflexión, afirmó que antiguas potencias pasaron de ser libertadoras a “invasores”, y sostuvo que la codicia reemplazó ideales históricos, generando crisis sociales como el consumo de fentanilo en Estados Unidos.

Petro cerró su mensaje apelando a la dialéctica histórica y recordando figuras como Washington y Bolívar.

La publicación provocó una reacción inmediata desde la oposición. El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero cuestionó duramente al presidente por lo que consideró una desconexión con la realidad nacional.

En una de sus publicaciones en X, le exigió atender la situación de orden público tras el asesinato de dos policías en Caquetá y el secuestro de otros cinco en Norte de Santander. “Deje de escribir” y “gobierne”, expresó el congresista.

Forero insistió en que el mandatario mostró mayor indignación frente a la captura del dictador venezolano que ante los ataques contra miembros de la fuerza pública colombiana.

En otro mensaje calificó como “increíble” el contraste entre los pronunciamientos internacionales y el silencio frente a hechos violentos internos.

En un tercer trino, el legislador criticó la convocatoria a marchas por una supuesta invasión extranjera, afirmando que ese escenario “no ocurrirá”, mientras, según él, continúan las atrocidades perpetradas por grupos armados ilegales contra civiles y uniformados.

A su juicio, el discurso presidencial evade responsabilidades fundamentales en materia de seguridad.

David Luna también cuestionó a Petro por publicaciones de monumentos en plena crisis diplomática

Un nuevo pronunciamiento del candidato presidencial David Luna intensificó la controversia política alrededor del presidente Gustavo Petro, tras cuestionar duramente las prioridades del Gobierno en medio de un complejo panorama nacional.

A través de un mensaje publicado en X, el dirigente expresó preocupación por lo que calificó como una desconexión entre el discurso presidencial y la realidad del país.

Luna reaccionó a una publicación del mandatario y señaló que, mientras Colombia enfrenta una crisis diplomática y una supuesta emergencia económica, el jefe de Estado estaría concentrado en iniciativas simbólicas.

En su mensaje afirmó que el presidente piensa en “monumentos” y “vanidad”, en lugar de atender problemas estructurales que afectan a millones de ciudadanos.

El aspirante presidencial formuló una serie de preguntas directas sobre compromisos asumidos por Petro durante la campaña y el inicio de su mandato. Cuestionó el control territorial prometido, señalando que el 71% de los municipios continúa bajo amenaza armada.

También criticó los resultados de la llamada Paz Total, indicando que el desplazamiento forzado supera las 91.000 personas y que más de 101.000 permanecen confinadas.

Luna alertó sobre el aumento de homicidios durante 2025, el crecimiento de la extorsión digital y un déficit energético reportado por el operador nacional. A estos señalamientos sumó la crisis financiera del sistema de salud, las deudas del Fomag, el freno a programas de vivienda y el bajo cumplimiento de metas educativas.

En materia social, mencionó el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, la elevada informalidad laboral y la limitada conectividad rural. También cuestionó la deforestación anual, los retrasos en infraestructura vial y la reducción de beneficiarios del Icetex.

El pronunciamiento concluyó con un llamado directo al presidente para que “despierte” y aproveche el tiempo restante en la Casa de Nariño, dejando de lado, según Luna, discusiones alejadas de las urgencias nacionales.

Cinco policías fueron secuestrados cuando se dirigían al municipio de Tibú, en Norte de Santander, tras concluir su permiso de fin de año. Detalles que se encuentran en verificación apuntan a que los uniformados se movilizaban en un bus y se encontraban sin uniforme y sin armamento.

Los uniformados, que se desplazaban por una carretera de la región del Catatumbo, habrían sido interceptados en un retén presuntamente instalado por un grupo guerrillero, informó W Radio.

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Las autoridades adelantan operativos en la zona para dar con el paradero de los policías y esclarecer las circunstancias del hecho.

La Policía ratificó que los armados “los obligaron a descender del automotor y posteriormente los llevaron con rumbo desconocido, vulnerando de manera flagrante los derechos humanos y la dignidad de estos seres humanos”.

De acuerdo con los detalles conocidos, en los últimos días, la región del Catatumbo ha registrado una fuerte presencia de organizaciones armadas que disputan el control territorial.

Las primeras informaciones apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable del hecho, de acuerdo con fuentes consultadas por el medio radial.

También se indicó que una de las razones par la cual las autoridades manejan la hipótesis de que el ELN estaría detrás del secuestro, es porque que esta estructura ha admitido en ocasiones anteriores recurrir a esta práctica.

Este hecho ocurrió cerca del aniversario de la crisis humanitaria que vive el Catatumbo, donde convergen el frente 33 de las disidencias y el propio ELN, actores armados que mantienen enfrentamientos y ejercen control sobre distintas zonas.

La Policía Nacional ya emitió un comunicado en el que confirmó los hechos y aseguró que “desde el momento en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y autoridades judiciales, activó un dispositivo especial de búsqueda y verificación, con el fin de lograr la pronta ubicación y liberación de los uniformados, garantizando su integridad física”.

La institución envió una alerta a la ciudadanía que indica que las personas que puedan suministrar información que contribuya a su pronta liberación, pueden hacerlo a través de la línea 123 y línea contra el crimen 314 358 7212.

Defensoría del Pueblo alerta incremento de desplazamientos en el Catatumbo

De manera paralela, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta el 5 de enero de 2025 tras el desplazamiento de al menos 130 familias en la región del Catatumbo, debido a los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

De acuerdo con información difundida la defensora Iris Marín, las familias, compuestas por cerca de 300 personas, llegaron a Cúcuta durante la noche del 4 de enero, luego de huir de sectores rurales de Mineiro y Pacelli, en el municipio de Tibú, así como del área de Filogringo, en El Tarra.

El organismo defensor informó que mantiene acompañamiento permanente y seguimiento para garantizar la ruta de atención a las víctimas, en articulación con la Personería Municipal y la regional de Norte de Santander.

“A esta hora, 130 familias conformadas por cerca de 300 personas, son atendidas en Cúcuta por parte de nuestra regional de Norte de Santander y de la Personería de Cúcuta. Estos grupos familiares que han llegado a la ciudad en los últimos días, provienen de zonas rurales de Mineiro y Pacelli, en Tibú, así como de Filogringo, en El Tarra, donde persisten los enfrentamientos entre el ELN y el disidente frente 33. Desde la Defensoría del Pueblo los estamos acompañando y haciendo seguimiento para que se cumpla la ruta de atención a las víctimas”, escribió Marín.

Mientras tanto, las autoridades evalúan las necesidades humanitarias de los desplazados, mientras la situación de orden público en el Catatumbo sigue siendo crítica por la persistencia de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, según el mismo diario.

La escalada de violencia en la zona llevó a la fuerza pública a intensificar operaciones desde el 31 de diciembre de 2025, con el despliegue de más de 30.000 militares en la frontera con Venezuela y la activación de cinco Puestos de Mando Unificado (PMU), de acuerdo con la Defensoría.

Durante estos operativos, las autoridades incautaron más de 1.390 cartuchos, una pistola, 21 granadas y otros materiales de guerra.

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado urgente a los actores armados para que cesen las hostilidades y respeten a la población civil, que permanece bajo riesgo en medio de los combates. La entidad continuará con el monitoreo y la atención a las personas desplazadas, mientras se mantiene el despliegue de las fuerzas estatales en la región.

La situación de orden público en el municipio de Tibú, en Norte de Santander, llevó al Ministerio de Defensa a activar una serie de medidas de respuesta inmediata frente al incremento de la violencia asociada a la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales vinculadas al narcotráfico.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien explicó que las acciones buscan proteger a la población civil y preservar el control institucional del territorio.

De acuerdo con la información oficial, los enfrentamientos se registran entre organizaciones armadas pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias, estructura criminal asociada a alias Calarcá, que mantienen una confrontación por el dominio de economías ilegales en la región del Catatumbo. Este escenario ha generado afectaciones directas a las comunidades rurales y urbanas del municipio.

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Como parte de la respuesta del Gobierno nacional, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en articulación con la Gobernación de Norte de Santander, las alcaldías locales y el Ministerio Público. Desde este espacio se adelanta un monitoreo permanente de la situación humanitaria y de seguridad, así como la coordinación de acciones operativas y de atención a la población.

El ministro Sánchez indicó que el PMU permite centralizar la toma de decisiones y garantizar la reacción oportuna de las autoridades frente a los hechos que se registran en la zona. Además, señaló que desde este punto se realiza acompañamiento a la caravana humanitaria con destino al corregimiento de Filo Gringo, con el fin de facilitar el acceso de ayudas y verificar las condiciones de seguridad para las comunidades afectadas.

En materia operativa, el Ministerio de Defensa informó que la Policía Nacional reforzó el pie de fuerza en los cascos urbanos de Tibú, mientras que el Ejército Nacional mantiene presencia en las áreas rurales. Estas acciones se desarrollan de manera coordinada en el marco de la operación sostenida Esparta, con participación de la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano, unidades responsables de la seguridad en esta zona del país.

El funcionario explicó que el despliegue incluye unidades especializadas de investigación e inteligencia, orientadas a identificar a los responsables de los hechos violentos y a desarticular las estructuras criminales que operan en el territorio. Según el anuncio oficial, estas capacidades buscan fortalecer la anticipación frente a posibles ataques y mejorar la respuesta de las fuerzas del Estado.

De igual forma, el Ministerio de Defensa confirmó el ingreso de camionetas blindadas y motocicletas, destinadas a reforzar la movilidad y la seguridad de las tropas y de las autoridades en el municipio. A esto se suma el apoyo helicoportado, que facilita el traslado de personal militar y policial hacia zonas de difícil acceso, donde se han reportado confrontaciones armadas.

Desde el Gobierno nacional se señaló que estas medidas se adoptan en un contexto de alta complejidad, marcado por la presencia de grupos armados ilegales que buscan controlar rutas y economías ilícitas. En ese sentido, las autoridades reiteraron que la prioridad es la protección de los campesinos y habitantes del Catatumbo, quienes han sido impactados por los enfrentamientos.

El ministro Pedro Sánchez afirmó que “se están empleando todas las capacidades del Estado para proteger a los campesinos del Catatumbo”, e insistió en que la coordinación interinstitucional es clave para atender tanto los riesgos de seguridad como las necesidades humanitarias derivadas del conflicto armado en la región.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información de manera oportuna y segura a las autoridades, con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y facilitar las labores de control territorial. Según indicó, el aporte de la comunidad es fundamental para salvar vidas y cerrar las puertas a la ilegalidad.

La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una escalada de violencia que generó desplazamientos masivos, confinamientos y ataques con drones explosivos en los municipios de Tibú y El Tarra, según reportó la Oficina de la ONU Derechos Humanos Colombia a través de la red social X.

La organización expresó su profunda preocupación ante la confrontación armada entre dos Grupos Armados Organizados en el corregimiento de Filogringo, zona rural de El Tarra, así como en la parte norte de ese municipio, donde la población civil quedó expuesta a una crisis humanitaria de gran magnitud.

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De acuerdo con la ONU Colombia, hasta el momento no se ha confirmado el número de personas heridas o fallecidas producto de los enfrentamientos, pero las comunidades y autoridades locales solicitaron al Estado colombiano que incremente su presencia y despliegue acciones urgentes de prevención y protección para garantizar la seguridad de los habitantes.

La entidad hizo énfasis en la obligación de los grupos armados de respetar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario (DIH), así como de permitir la creación de corredores humanitarios para facilitar la salida de quienes permanecen confinados y asegurar la atención médica de los lesionados.

Personeros del Catatumbo también se pronunciaron

La situación en Filogringo encendió las alarmas de la comunidad y de la Asociación de Personeros del Catatumbo, que también manifestó su inquietud respecto al recrudecimiento del conflicto armado en la subregión.

“La población civil está nuevamente expuesta a riesgos inaceptables”, señala un comunicado de la asociación difundido tras los recientes hechos.

Los personeros recordaron que los civiles no forman parte del conflicto y no deben ser utilizados, instrumentalizados ni puestos en medio de disputas violentas que afectan derechos fundamentales.

En el documento, la Asociación de Personeros del Catatumbo dirigió un llamado directo a los grupos armados ilegales, entre los que se encuentran el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), instándolos a cesar todas las acciones que impacten a la población civil y a cumplir con el Derecho Internacional Humanitario.

La petición subraya la necesidad de reconciliación y respeto por la vida, en un contexto donde la violencia forzó a centenares de personas a abandonar sus hogares y buscar refugio ante el avance de los combates.

“Reiteramos que la población civil no es parte de la confrontación armada y no debe ser utilizada, instrumentalizada ni puesta en medio de disputas violentas que vulneran derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad y la dignidad humana”, afirma el comunicado de la asociación.

Además de solidarizarse con las comunidades afectadas de El Tarra y Tibú, los personeros solicitaron al Estado colombiano el fortalecimiento de las acciones de prevención y protección, junto con una presencia institucional efectiva que permita salvaguardar los derechos humanos de quienes residen en la zona.

Es preciso mencionar que la Delegación del Gobierno nacional en los diálogos de paz advirtió un riesgo inminente de escalada bélica entre el ELN y el Frente 33 en la región, tras recibir información sobre el aumento de tensiones entre ambos grupos armados.

Por lo anterior, la entidad urgió la activación de una Comisión Humanitaria para prevenir nuevas tragedias. Esta comisión estaría conformada por la Defensoría del Pueblo, las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, con el respaldo de la Gobernación de Norte de Santander.

La crisis en el Catatumbo pone de nuevo en evidencia la fragilidad de la situación humanitaria en áreas rurales de Norte de Santander, donde la presencia de grupos armados ilegales continúa generando desplazamientos, restricciones a la movilidad y amenazas directas a la vida de los habitantes

Continúan el temor y la zozobra en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, ante la ola de violencia que se registra en esta región de Colombia.

El más reciente hecho se registró en la mañana del domingo 28 de diciembre de 2025, cuando habitantes de la vereda Palmera Kilómetro 16 que comunica al municipio de Tibú, alertaron a las autoridades sobre un derrame de crudo que se presenta en la zona.

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Según información revelada por La FM de RCN Radio, tras labores de reparación de las perforaciones causadas por el ataque, un grupo de trabajadores fue interceptado por hombres armados que les exigieron abandonar sus vehículos en la zona.

El coronel retirado George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, relató al citado medio de comunicación que el personal logró evacuar la zona industrial sin ninguna gravedad.

“Una vez finalizados los trabajos, los funcionarios fueron abordados por hombres armados, quienes obligaron a dejar los vehículos en el sector. El personal logró salir del lugar en los otros dos vehículos hacia la zona industrial, llegando sin novedad”, indicó el funcionario.

Posteriormente, uniformados de la Fuerza Aeroespacial colombiana localizó los vehículos abandonados e incinerados, según reportó la cadena radial mencionada.

No obstante, la comunidad aledaña al sector ha reportado persistentes olores a crudo y el temor de transitar por la zona, alarmados por los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, de los que surgen recurrentes denuncias.

Además, denuncian que el derrame de petróleo impide la circulación de vehículos sobre la vía principal, agravando las condiciones de movilidad.

El campo petrolero ha recibido ataques en al menos siete ocasiones durante el año 2025, según datos de La FM de RCN Radio. Entre estos episodios, destaca el hurto de más de 1.327 barriles de crudo, cifra que refleja la vulnerabilidad de la operación y su impacto acumulativo sobre la viabilidad de Ecopetrol en la región.

Estos incidentes no solo amenazan la seguridad, sino que afectan contratos con empresarios locales y restringen el flujo de bienes y servicios esenciales para la zona.

Bloquean una ambulancia en el Catatumbo

Este hecho de violencia se suma a otros episodios que han dejado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública en el noreste de Colombia.

El alcalde de Tibú, Richard Claro, manifestó que una ambulancia que se desplazaba desde La Gabarra hacia el hospital local de su municipio fue bloqueado por las organizaciones ilegales, aseverando que esta situación ha profundizado la crisis de seguridad en la región del Catatumbo.

“No se le permitió el paso, lo cual coloca en riesgo aún más a la población”, expresó el mandatario local en diálogo con La FM de RCN Radio.

Igualmente, el alcalde nortesantandereano advirtió que las restricciones a la movilidad no solo impiden el acceso a asistencia humanitaria, sino que agravan el riesgo de la población atrapada en medio de la violencia, lo que refuerza la necesidad urgente de garantías de seguridad y de la presencia constante de la fuerza pública.

Frente a las acciones tomadas por la administración local, Claro precisó que actualmente se han identificado 187 personas de 64 núcleos familiares que requieren atención humanitaria inmediata tras los enfrentamientos ocurridos en la madrugada del 25 de diciembre entre las disidencias y el ELN.

Adicionalmente, precisó que la alcaldía de Tibú activó un protocolo de emergencia en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Gobernación del Norte de Santander, pese a la dificultad de movilizar tropas debido a condiciones climáticas que han impedido los sobrevuelos de seguridad. “Reclamamos garantías de seguridad para el bienestar de todos los ciudadanos de Tibú”, enfatizó.

Entre enero y diciembre de 2025, más de 90.000 personas fueron desplazadas o viviendo en medio del fuego cruzado entre el ELN y las disidencias de las Farc, según reportes de la Gobernación de Norte de Santander.

No obstante, en los días posteriores a la Navidad (25 de diciembre), el flujo de desplazados se incrementó: 250 personas arribaron a Cúcuta y 256 a Tibú tras huir de los enfrentamientos, lo que ha convertido a la región en un escenario de violencia de gran magnitud, pese a la incursión de las Fuerzas Militares en esta región del país.

En el contexto de la crisis humanitaria registrada en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, marcada por el desplazamiento forzado de familias campesinas, se conoció un pronunciamiento del Frente 33 de las disidencias de las Farc, grupo que se refirió a los señalamientos sobre presuntos bloqueos viales y restricciones a la labor humanitaria en la región del Catatumbo.

El pronunciamiento se produjo mientras persisten los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias, situación que ha generado alertas de autoridades civiles y organismos de derechos humanos por el impacto directo en la población civil. La información fue divulgada inicialmente por W Radio.

De acuerdo con el comunicado conocido públicamente, el Frente 33 aseguró que no está bloqueando la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra, uno de los corredores estratégicos de la zona.

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El grupo armado ilegal también negó estar interfiriendo con la misión médica que presta servicios en ese territorio, donde se han reportado dificultades de acceso para comunidades afectadas por el conflicto.

Andrey Avendaño, identificado como integrante del Frente 33 y delegado en la Mesa de Diálogo con el Gobierno nacional, afirmó que “no es política nuestra, en ningún escenario, perjudicar a la comunidad. Lamentamos que cosas como estas se presenten, pero nosotros nos estamos defendiendo de una agresión que nos impusieron, de una guerra que nos impusieron, una guerra que nunca quisimos, pero nos la impusieron”.

El vocero señaló que, según su versión, las acciones armadas responden a dinámicas de confrontación que no buscarían afectar directamente a la población civil.

En el mismo pronunciamiento, Avendaño se refirió de manera específica a las denuncias sobre presuntos obstáculos a la atención en salud. Indicó que “se está argumentando que nosotros estamos obstaculizando el paso de vehículos y las funciones de la misión médica hacia el corregimiento de La Gabarra. Manifestarles que esto no es cierto. He consultado con las unidades en terreno y lo que manifiestan es que no están, en este momento, sobre la vía”. Añadió que, desde su perspectiva, “no es responsabilidad nuestra si no hay tránsito de vehículos, en este caso, de la misión médica”.

Estas declaraciones se conocen mientras continúan los reportes de nuevos desplazamientos forzados en el Catatumbo. Organismos humanitarios han advertido que los recientes choques armados entre los grupos ilegales han obligado a comunidades enteras a abandonar sus viviendas ante el riesgo para su integridad.

Según información oficial, al menos 11 núcleos familiares, integrados por al menos 30 personas, salieron de la vereda Mineiro, en zona rural de Tibú, y se desplazaron hacia la ciudad de Cúcuta en busca de protección. Estos movimientos de población se suman a los ya registrados en semanas anteriores, en medio del deterioro de la seguridad en la región.

La Defensoría del Pueblo, a través de un mensaje publicado en la red social X, confirmó la llegada de estas familias a la capital de Norte de Santander. En el pronunciamiento se indicó: “El día de hoy han llegado a Cúcuta 11 familias desplazadas, compuestas por al menos 30 personas, procedentes de la vereda Mineiro de Tibú, Norte de Santander. El desplazamiento obedecería a enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las Farc. Solicitamos a la Alcaldía de Cúcuta ofrecer atención humanitaria inmediata a estas familias”.

La entidad también reiteró el llamado a los actores armados para reducir las confrontaciones en el territorio. En otro mensaje, la Defensoría señaló: “Nuevamente hacemos un llamado para que el ELN y las disidencias del Frente 33 desescalen las hostilidades en el Catatumbo, más aún en una época en la que las familias deberían tener algo de paz”.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a los anuncios de ceses de hostilidades realizados por los grupos armados durante la temporada navideña.

En su declaración afirmó: “Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN, así como por las disidencias del Frente 33, son muy insuficientes, pues no se extienden a las hostilidades que se desarrollan entre estos dos grupos”.

En el mismo pronunciamiento agregó que “un factor de riesgo serio y real para la población no son tanto las hostilidades entre la Fuerza Pública y estos grupos, sino las que se presentan entre los grupos ilegales”.

De acuerdo con el reporte más reciente del PMU Catatumbo, desde el 16 de enero de 2025 hasta la fecha, 87.438 personas han salido desplazadas de esta región del país, una cifra que refleja la magnitud del impacto humanitario asociado a la confrontación armada en Norte de Santander.

En el km 16 de la vía Tibú–La Gabarra, el fuego cruzado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc generó una situación crítica y obligó a los habitantes de la zona a buscar resguardo en una escuela. Las imágenes captadas documentan los instantes de angustia de la población mientras suplicaban entre gritos que cesara el ataque, advirtiendo la presencia de menores de edad.

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En la grabación se escucha como algunas personas pretenden salvaguardar la vida de los menores: “Aquí hay niños, aquí hay niños, por Dios”.

Durante el incidente, la ambulancia de La Gabarra fue interceptada y obligada a regresar por un retén controlado por uno de los grupos armados, impidiendo su trayecto hacia el Hospital de Tibú. Las bajas entre los dos bandos que se pudieron haber presentado siguen sin ser confirmadas.

Crisis en el Catatumbo obliga a Consejo de Seguridad

Más de 300 familias campesinas debieron abandonar sus hogares en Catatumbo como resultado de la agudización de los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley, hecho que obligó a las autoridades a convocar un Consejo de Seguridad extraordinario para la mañana del viernes 26 de diciembre en la región, según informó Semana.

En medio de la escalada del conflicto armado, las comunidades han visto comprometida su seguridad y permanencia en el territorio, lo que llevó a la vicepresidenta Francia Márquez a demandar con urgencia el restablecimiento de las condiciones necesarias para el retorno y el ejercicio pleno de sus derechos.

En el pronunciamiento que realizó en su cuenta de X, Márquez instó a brindar apoyo humanitario inmediato y exigir la intervención de la comunidad internacional ante el desplazamiento forzado, subrayando la gravedad de la situación.

La vicepresidenta escribió: “Hago un llamado a las autoridades competentes y a la comunidad internacional para que se brinde apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas por el desplazamiento que se ha presentado de nuevo en esta zona del país, a raíz de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, y para que se adopten medidas reales y efectivas para prevenir esta situación”.

Desde el finalizar de la tarde del jueves, tropas del Ejército Nacional ingresaron al área en conflicto para intentar contener las hostilidades, según confirmaron fuentes militares al medio de comunicación. Estas labores buscan restablecer el orden y facilitar la atención de las personas afectadas.

Alcalde de Tibú sobre la emergencia de orden público

El alcalde de Tibú, Richar Claro, entregó la vocería oficial de lo que han sido las últimas horas en la zona, debido a los enfrentamientos de los que sería el Frente 33 de las disidencias de kas Farc y el ELN que obligo a la población a migrar a las instalaciones de la alcaldía del municipio.

Claro advirtió que es probable que la cifra de desplazados continúe aumentando, ya que algunas familias permanecen atrapadas en la zona de enfrentamientos. “Nos preocupa que puedan continuar los combates. Estamos corroborando información con personas que aún siguen en el sector y con la Fuerza Pública”, relató el mandatario, resaltando el riesgo constante para los habitantes rurales mientras persiste la confrontación armada.

Los enfrentamientos, que se extendieron durante gran parte del día, colocaron a la población civil en medio del fuego cruzado. “Anoche empezaron a llegar algunas familias que lograron salir de ese enfrentamiento; quedaron en medio de los combates y las estuvimos atendiendo en la Alcaldía municipal, activando todos los protocolos de emergencia”, informó el alcalde Richar Claro, según información suministrada por Caracol Radio.

Las autoridades locales han declarado que la prioridad inmediata es brindar atención psicológica y garantizar alojamiento temporal a las víctimas, pese a las limitaciones estructurales y de recursos.

El alcalde fue categórico al señalar: “Ningún municipio del Catatumbo está preparado para recibir a tantas personas en condición de desplazamiento. Se requiere un esfuerzo grande y por eso se activa la subsidiariedad con la Gobernación y con la Unidad para las Víctimas”.

Aunque el municipio ha dispuesto un equipo de atención inicial, el dirigente reconoció la necesidad urgente de apoyo adicional para asegurar condiciones mínimas de dignidad y estabilidad emocional a las familias.

En la víspera de la Navidad, Richar Claro hizo un llamado a los actores armados para que excluyan a la población civil del conflicto. Destacó la profunda afectación emocional en los menores de edad: “Los más afectados son nuestros niños y niñas, que no han podido tener una Navidad tranquila ni segura. Toda salida a un conflicto debe ser a través de la reconciliación y el diálogo”, concluyó el mandatario.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó el cese inmediato de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 en el Catatumbo, región ubicada en el nororiente de Colombia, y reclamó el ingreso urgente de personal médico y misiones humanitarias para asistir a las personas heridas y a la población civil afectada por la escalada de violencia.

El llamado fue realizado el 25 de diciembre a través de los canales oficiales de la Defensoría del Pueblo, ante la intensificación de los combates en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

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Crisis humanitaria y confinamiento en La Gabarra

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante la jornada del 25 de diciembre se reportó un recrudecimiento de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33, lo que generó un escenario de alto riesgo para la población civil. La entidad confirmó que un grupo de habitantes permanece refugiado en una escuela rural para protegerse del fuego cruzado y los artefactos explosivos, en una situación que afecta a familias completas, incluidos menores de edad.

La Defensora, Iris Marín, expresó en sus redes sociales: “Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra - Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”. Según la información oficial, se han recibido reportes de personas heridas que requieren atención médica urgente, mientras la movilidad y el acceso a servicios básicos se encuentran severamente restringidos.

Desplazamientos masivos y respuesta de organizaciones humanitarias

El conflicto armado en el Catatumbo ha provocado el desplazamiento de cerca de 250 personas en las últimas 24 horas, según datos del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y autoridades locales. Las familias desplazadas provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y han llegado a ciudades como Cúcuta y Ocaña.

En Cúcuta se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas, mientras que en Ocaña arribaron 11 familias, aproximadamente 50 personas.

La situación es especialmente crítica en Tibú, donde comunidades han advertido sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, como consecuencia de la presencia y acciones de grupos armados organizados. El NRC activó su respuesta humanitaria de emergencia y solicitó al Estado colombiano garantizar atención inmediata a la población afectada, así como el respeto de la población civil por parte de los actores armados.

“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”, advirtió Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia, según Blu Radio.

Restricciones a la atención médica y bloqueos en vías rurales

Los enfrentamientos se concentran en el kilómetro 16 de la vía que conecta el casco urbano de Tibú con los corregimientos de La Gabarra, Orú y Versalles. En este corredor vial, según la Defensoría del Pueblo, se han instalado retenes armados que impiden la circulación de vehículos de emergencia y agravan el riesgo para quienes requieren atención médica. Una ambulancia que intentaba llegar al hospital de Tibú tuvo que regresar tras encontrar un control armado, lo que dificultó la evacuación de personas lesionadas.

La Defensoría del Pueblo informó que la situación ha sido analizada con otras instituciones estatales para activar medidas de protección y atención humanitaria. El llamado de la entidad incluye la solicitud de permitir el ingreso de misiones médicas y humanitarias, y de frenar el avance de la emergencia humanitaria en la región.

Impacto en la región y reacciones institucionales

Durante 2025, al menos 200.000 personas han resultado afectadas por el escalamiento del conflicto armado en varios municipios del Catatumbo, de acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Esta cifra representa el 53% de la población de la subregión, y evidencia la magnitud de la crisis humanitaria en uno de los territorios históricamente más golpeados por la violencia en Colombia.

La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se sumó al llamado de la defensora Marín, afirmando: “Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país”.

Desde el gobierno nacional, la vicepresidenta Francia Márquez pidió respeto por la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades, y solicitó garantías de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las familias en sus tierras, además de apoyo humanitario inmediato y atención integral por parte de las autoridades competentes.

Según videos publicados en redes sociales por testigos, la ambulancia de La Gabarra, que llevaba una remisión hacia el Hospital de Tibú, fue obligada a regresarse por uno de estos grupos armados que mantiene un retén en la vía.

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A su vez, explicaron que las disidencias advirtieron, en las plataformas digitales, que desde el 24 de diciembre de 2025 en horas de la noche emprendieron una ofensiva contra el ELN en este sector del Catatumbo con el fin de recuperar el control del territorio. Frente a las arremetidas de ambos grupos al margen de la ley, los habitantes afectados solicitaron al Gobierno nacional reforzar la seguridad en la región.

Los efectos del conflicto armado en el Catatumbo en Navidad

El acelerado deterioro de la situación de seguridad en el Catatumbo generó en las últimas 24 horas el desplazamiento de cerca de 250 personas, con una amenaza adicional de confinamiento para unas 6.000 personas más como consecuencia de los enfrentamientos armados entre el ELN las disisdencias de las Farc.

Según advirtió el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), la persistencia de las hostilidades, en particular en el municipio de Tibú, podría agravar de manera significativa la crisis humanitaria en la región, llevando a un número aún mayor de desplazados y personas en riesgo de confinamiento, si no se adoptan medidas eficaces de protección y asistencia por parte del Estado colombiano.

En las palabras de Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, la urgencia de la situación es palpable: “Personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan de asistencia humanitaria urgente: un techo seguro para albergarse, alimentos, agua segura y protección. En los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil”, declaró.

Las cifras recopiladas en las cabeceras de Cúcuta y Ocaña indican que los flujos de desplazados han tenido un marcado volumen en las últimas horas: en Cúcuta se registró la llegada de 54 núcleos familiares, unas 200 personas, mientras que en Ocaña se sumaron 11 núcleos familiares, equivalentes a cerca de 50 personas, según datos oficiales difundidos por el NRC. Los afectados provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y la situación más crítica quedó ubicada en el corregimiento de Pachelly, Tibú, donde comunidades locales alertaron sobre un potencial confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 habitantes.

El impacto acumulado de la violencia armada en la zona se refleja en los cálculos de organizaciones humanitarias, que estiman que al menos 200.000 personas habrían sido afectadas en 2025 por el escalamiento de las confrontaciones en municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Esta cifra alcanza a ser más de la mitad de la población de la subregión del Catatumbo, lo que dimensiona la severidad del fenómeno.

Rizzo, al insistir en la dimensión del drama humano, señaló: “No puede ser posible que la vida de personas en el nororiente del país, así como en otras regiones, se siga poniendo en riesgo por las confrontaciones armadas. La solidaridad de todos, incluida la comunidad internacional y las instituciones del Estado, es fundamental para acompañar a quienes están siendo obligados a pasar esta época del año golpeados por la violencia y lejos de sus hogares y familias”, según el NRC.

El Catatumbo enfrenta un incremento alarmante de la violencia contra la población civil, hecho evidenciado por dos ataques recientes que dejaron a mujeres gravemente heridas en menos de doce horas.

En el corregimiento de La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú en Norte de Santander, una mujer pisó una mina antipersonal en la vereda Caño Indio, cerca de viviendas y caminos utilizados a diario por campesinos.

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Las autoridades atribuyeron la colocación del explosivo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya práctica de instalar minas en entornos civiles ha encendido las alertas por el riesgo constante que enfrentan los habitantes, en un contexto de persistente conflicto armado y recurrentes anuncios de cese al fuego que no logran traducirse en seguridad real para la región.

El caso de la mina antipersonal activó un rápido despliegue de la Fuerza de Tarea Vulcano y la Policía Nacional, que enviaron tropas para asegurar la zona.

Personal del Ejército Nacional asistió a la mujer herida, proporcionándole los primeros auxilios para estabilizarla y evacuándola posteriormente a un centro médico en Cúcuta donde recibe atención especializada. Desde el Ejército Nacional reiteraron su rechazo absoluto a la utilización de minas antipersonal, señalando que se trata de actos que violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y afirmaron su determinación de mantener operaciones para proteger a las comunidades del Catatumbo.

Las autoridades locales responsabilizan al ELN de ubicar estos artefactos explosivos cerca de infraestructuras esenciales, como escuelas y caminos rurales, exponiendo a los residentes a constantes peligros.

La presencia de estos dispositivos y la ejecución de ataques con drones han recrudecido el temor entre los pobladores, quienes ven frustrados los esfuerzos de paz proclamados por el Gobierno nacional ante la persistencia de hechos violentos.

Voceros de las víctimas expresaron su preocupación ante el continuo asedio a la población civil, recordando que, a pesar de las iniciativas de paz y los acuerdos de cese al fuego, los ataques no han disminuido, ni siquiera en fechas simbólicas.

El Ejército Nacional subrayó: “Rechazamos categóricamente el empleo de minas antipersonal, práctica que vulnera los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

La rápida intervención militar y policial ha permitido brindar atención a las víctimas y activar los protocolos ante la amenaza de minas antipersonal; sin embargo, la inestabilidad persiste en el Catatumbo, donde los residentes, especialmente en zonas como Caño Indio y los corredores rurales de Tibú, continúan expuestos a la violencia armada y a la amenaza constante de explosivos instalados en su entorno cotidiano.

Horas antes de este incidente, se registró otro ataque en la misma área: una mujer resultó gravemente herida tras el lanzamiento de un dron cargado con explosivos, evento que ocurrió el 24 de diciembre en un corredor rural entre Tibú y El Tarra, según informó Olguín Mayorga, representante de las víctimas, a La FM.

Mayorga advirtió sobre la continuidad de las agresiones: “Con mucho dolor tenemos que denunciar que no paran las acciones violentas contra la población civil. Mientras muchas familias celebran la Navidad, hoy 24 de diciembre una mujer que se encontraba en su propia vivienda fue víctima del lanzamiento de un dron”.

Este hecho de violencia en el Norte de Santander profundiza aún más la crisis humanitaria en la zona, en la que los grupos armados ilegales mantienen bajo confinamiento a la población civil desde el 15 de diciembre.

La utilización de drones con explosivos en la región ha incrementado la alarma, al tiempo que las autoridades trabajan para precisar los detalles y responsables del incidente.

“Estos hechos evidencian la grave situación de seguridad en la zona y el impacto directo del conflicto sobre la población civil, incluso en fechas tradicionalmente asociadas a la paz y la reconciliación”, declaró Mayorga.

En medio de la persistencia de la violencia, los habitantes de estos corregimientos siguen bajo riesgo, mientras las fuerzas de seguridad recopilan información para esclarecer lo sucedido

Pese a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había anunciado un cese al fuego por las celebraciones de Navidad y Fin de año, se conoció que el grupo armado había secuestrado a dos mujeres y a un bebé de tan solo dos meses en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

Según información preliminar recopilada por el medio local Tibú Hoy, la retención de las tres personas se produjo en la tarde del sábado 20 de diciembre de 2025, en el corregimiento Pachelly, zona rural del municipio de Tibú.

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“En la tarde de este sábado, guerrilleros del ELN incursionaron en el corregimiento de Pachelly, municipio de Tibú, Norte de Santander. Fuentes de la comunidad informan que este grupo guerrillero secuestró a dos mujeres, una de ellas con una bebé de apenas dos meses. Las víctimas fueron trasladadas con rumbo desconocido", informó la comunidad al citado medio.

Además, se menciona que las mujeres y la menor de edad fueron increpados por integrantes del grupo armado, mientras que se encontraban en su vivienda, dirigiéndose con rumbo desconocido.

Hasta el momento, las autoridades y líderes sociales de la región no han recibido denuncias formales sobre este hecho, lo que evidencia el clima de temor y la dificultad para acceder a la justicia en la zona.

Adicional a ello, el medio local Noticias Catatumbo reveló que una de las mujeres que se encuentra secuestrada por el grupo guerrillero fue identificada como Nicol Carvajal. Incluso, familiares de la mujer pidieron ayuda al Gobierno nacional y a las entidades competentes para que gestione la liberación de las mujeres y la menor de edad.

De acuerdo con el último informe del Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el 16 de enero hasta la fecha se han contabilizado 86.079 personas desplazadas, 163 homicidios confirmados por las autoridades y más de 100 personas confinadas en distintos sectores de la región del Catatumbo.

Olguín Mayorga, representante de las víctimas de la violencia en Norte de Santander, expresó a La FM que la situación se ha agravado, pese a las acciones de la fuerza pública. “Lamentablemente, los secuestros y los ataques con drones entre ambos grupos armados y sus familias se han convertido en una constante”, señaló al citado medio de comunicación.

Ola de violencia en Tibú

El secuestro de las dos mujeres y la bebé de dos meses de edad se suman a los hechos de violencia que se han registrado en el corregimiento de Pachelly (Tibú, Norte de Santander) donde se reportan combates entre grupos armados ilegales.

En un comunicado publicado en medios locales, la comunidad permanece en estado de confinamiento desde el 15 de diciembre, ya que las organizaciones armadas han bloqueado las vías de acceso hacia los municipios de Tibú y Sardinata.

Esta situación, según denunciaron los líderes comunales en la misiva, amenaza con desencadenar una crisis humanitaria por la escasez de alimentos, medicamentos y la imposibilidad de libre circulación, afectando gravemente a la población civil y a los comerciantes y transportadores que dependen de la conexión con los municipios nortesantandereanos.

“Invitamos y hacemos un llamado a las organizaciones armadas presentes en el territorio para que respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos de los civiles del corregimiento de Pacelli, los cuales padecen el flagelo, el miedo y que no tienen nada que ver con esta guerra", expresaron los líderes comunales.

Así mismo, solicitaron la intervención urgente del alcalde de Tibú, Richard Claro, e insistieron en la necesidad de que la opinión pública conozca la realidad que enfrenta la comunidad y pidieron a los actores armados que respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.

Igualmente, los representantes de la comunidad expresaron su preocupación por el aumento de los desplazamientos forzados, señalando que “la preocupación y miedo es constante en el corregimiento, ya que por estos hechos se empiezan a presentar desplazamientos por parte de los habitantes del corregimiento hacia diferentes municipios y veredas, dejando a su paso la pérdida de hogares, vidas y familias enteras”.

Dos hombres identificados como Wilder Antonio Franco Alvernia y Fabián Carrascal, el primero integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, fueron liberados tras haber sido víctimas de un secuestro que duró un poco más de 24 horas. Por ahora, se desconoce su estado de salud y los motivos por los cuales estuvieron en cautiverio.

Los hechos se presentaron el 12 de diciembre de 2025 en el corregimiento de Campo Dos, municipio de Tibú, Norte de Santander. El secuestro ocurrió a las 2:30 p. m., aproximadamente, cuando las víctimas se movilizaban desde Cúcuta hacia su lugar de residencia, ubicado en Palmeras Mirador.

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De acuerdo con la organización, los sobrevivientes fueron interceptados por hombres armados y retenidos contra su voluntad. “En el momento de los hechos, Wilder Franco se encontraba acompañado de su esposa y sus dos hijas menores”, informó la organización en un comunicado.

Se cree que integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron los responsables del crimen. Sin embargo, el grupo armado no se ha pronunciado sobre los hechos. En consecuencia, en su momento, la Asociación Campesina del Catatumbo pidió que la integridad y la vida de los sobrevivientes fueran respetadas.

“Exigimos respeto por la vida e integridad de los señores Wilder Franco y Fabián Carrascal, y hacemos un llamado urgente para que se garantice su pronto y seguro retorno a sus hogares”, indicó.

La ONU para los Derechos Humanos en Colombia se pronunció sobre el secuestro de los dos ciudadanos, informando que Wilder Antonio Franco es un defensor de derechos humanos que cuenta con medidas de protección proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Condenamos la privación arbitrario de la libertad en el marco del conflicto de Wilder Antonio y Fabián en Campo Dos, #Tibú#NortedeSantander. Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar a la población civil”, indicó la ONU en X.

Liberación de Miguel Ayala, secuestrado por las disidencias delas Farc

Otros grupos armados distintos al ELN han estado perpetrando secuestros en buena parte del territorio nacional. Uno de los casos más sonados fue el de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, y su mánager, Nicolás García Pantoja. Ambos enfrentaron 15 días de secuestro en una zona de difícil acceso del departamento del Cauca, hasta que fueron liberados por el Gaula de la Policía Nacional.

La operación, ejecutada el martes 2 de diciembre de 2025, se produjo luego de que las autoridades hicieran seguimiento a una serie de comunicaciones de los captores, quienes exigieron 4.500 millones por la liberación y enviaron pruebas de supervivencia a la familia, incluyendo una fotografía en la que las víctimas aparecían encadenadas y un video en el que describían las condiciones del cautiverio como “horribles”.

Los uniformados lograron determinar la ubicación exacta de los secuestrados gracias al testimonio del conductor del vehículo, que relató a las autoridades los detalles del momento en que fueron interceptados por hombres armados en la Vía Panamericana, cuando se dirigían al aeropuerto de Palmira (Valle del Cauca). El conductor fue liberado posteriormente

La zona donde estuvieron cautivos Miguel Ayala y Nicolás García Pantoja fue descrita por los investigadores como de acceso extremadamente complejo, lo que representó un desafío adicional para las autoridades que trabajaron en su rescate.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comunicó con Giovanny Ayala vía telefónica para informar sobre la liberación. El padre del también cantante dejó ver su alegría al confirmar la noticia:

“Estoy muy feliz, muy feliz de escuchar esta noticia. Dios lo bendiga, ministro y a toda la fuerza pública”, dijo Ayala en la llamada con el jefe de la cartera.

La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, atraviesa un preocupante aumento de secuestros.

Desde el lunes festivo, 17 de noviembre, al menos ocho personas han sido privadas de su libertad en esta zona, tanto en áreas rurales como en el casco urbano del municipio de Tibú.

De ese grupo, al menos dos víctimas ya fueron asesinadas, lo que ha incrementado el temor y la zozobra entre los habitantes.

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El ambiente de inseguridad se ha intensificado en la comunidad local, que vive bajo la amenaza constante de los grupos armados ilegales. Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, expresó a Caracol Radio la angustia que atraviesan las familias: “Las familias están muy preocupada por estos hechos que se vienen presentando, teniendo en cuenta este número de retenciones y secuestros en Tibú y que por temor muchas veces a los grupos alzados en armas se abstienen de denunciar ante las autoridades“.

Mayorga también destacó que, pese al miedo, la población utiliza los canales de comunicación disponibles para solicitar a los actores armados que respeten la vida de los secuestrados y los liberen.

La situación se agrava con la noticia de que al menos dos de los secuestrados han sido hallados sin vida en zonas remotas, donde la presencia de las autoridades es prácticamente nula.

Según información recogida por el medio mencionado, la comunidad permanece a la espera de que las funerarias puedan acceder a estos lugares para realizar el levantamiento de los cuerpos, una tarea que recae en última instancia sobre estos servicios ante la imposibilidad de intervención oficial.

En medio de este panorama, el caso de Belisario Peñaranda ha cobrado especial relevancia. Este adulto mayor lleva un mes en cautiverio y recientemente se difundió una prueba de supervivencia en video, en la que solicita a su familia que atienda las demandas de sus captores para evitar un desenlace fatal.

Segundo sospechoso del caso Harold Aroca es detenido, confirman autoridades

La captura de Isaac Chará, señalado como segundo implicado en el homicidio de Harold Aroca, fue confirmada el 22 de noviembre de 2025 por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El detenido deberá responder ante la Justicia por homicidio agravado, secuestro y tortura.

La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna), sostiene que Anderson Santiago Pinzón Pedraza habría participado en la retención y traslado del menor a un lugar donde fue sometido a actos degradantes y posteriormente atacado con un arma de fuego.

El cuerpo de la víctima, un adolescente de 16 años, fue hallado cuatro días después en una zona boscosa cercana al barrio Los Laches, en el centro de Bogotá.

Con la detención de Chará, ya son dos personas capturadas en relación con el caso, lo que representa un avance en la respuesta institucional. Según información de El Tiempo, la aprehensión se realizó cerca de las 11:00 p. m. del 21 de noviembre en la localidad de Santa Fe, y el sospechoso fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el último registro audiovisual de Harold Aroca muestra cómo fue interceptado por cinco individuos. En la grabación, Chará puede identificarse por su estatura: “Es el más alto”.

El video documenta una confrontación verbal y el momento en que uno de los hombres toma a la víctima por la espalda, elemento clave para la investigación.

La hipótesis principal apunta a una represalia por los cuestionamientos que el joven realizó sobre las actividades ilegales de una organización delictiva con presencia en la zona.

Los indicios recabados respaldan el móvil de venganza por parte de los presuntos responsables. Durante la audiencia, Pinzón Pedraza no aceptó los cargos de homicidio y tortura agravados, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y secuestro simple. La jueza de control de garantías ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario para garantizar su comparecencia y la protección de la comunidad, especialmente de los menores residentes en Santa Fe.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, la presencia de los armados generó tensión y temor entre los habitantes, que buscaron refugio tras el inicio de disparos al aire durante un encuentro con tropas del Ejército Nacional, según informaron testigos en la zona.

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Durante los hechos, los integrantes del ELN realizaron disparos al aire mientras se retiraban por una de las vías principales del corregimiento, tal como se observa en varios videos que circularon por plataformas digitales.

Los registros muestran a decenas de personas corriendo para encontrar resguardo en viviendas y comercios, en medio del intercambio de fuego entre las fuerzas legítimas y los insurgentes. Las detonaciones crearon momentos críticos para la población civil.

Hasta el momento, no se han reportado heridos ni víctimas fatales tras los enfrentamientos, aunque persiste un ambiente de zozobra. El hostigamiento a integrantes del Ejército Nacional continúa en algunas zonas cercanas, mientras se mantienen operativos de control para restablecer la seguridad.

Entre tanto, las autoridades militares y civiles no han emitido comunicados oficiales sobre la magnitud del hostigamiento ni sobre posibles daños materiales o el número exacto de implicados en la patrulla del ELN.

Se espera que en las próximas horas, voceros del Ejército Nacional o funcionarios de la administración local de Tibú entreguen nuevos detalles sobre la evolución de la situación y las medidas para proteger a la población del corregimiento, ubicado en una de las regiones más afectadas por la presencia de actores armados en la frontera con Venezuela.

Combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

En paralelo, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional sostuvieron combates activos contra presuntos integrantes del grupo armado Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc, en el corregimiento de Brisas de Mary López, ubicado en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

Los enfrentamientos se originaron desde el mediodía del domingo 19 de octubre, en medio de las elecciones a los Consejos de Juventud que se desarrollan en la zona.

Con base en la información proporcionados por la Tercera División del Ejército Nacional, las operaciones buscan asegurar el control territorial y la protección de la población civil que ejerce su derecho al voto.

“A esta hora nuestros soldados continúan la ofensiva para preservar el control territorial y fortalecer la seguridad de la población que ejerce su derecho al voto, en coordinación permanente con las autoridades civiles”, comunicó la entidad en su cuenta oficial de X.

Asimismo, la autoridad militar afirmó que, la presencia institucional se mantiene en los accesos al corregimiento para intentar evitar interrupciones o nuevos ataques durante la jornada.

El Ejército Nacional confirmó que la ofensiva persiste en el corregimiento de Brisas de Mary López y que las autoridades militares y locales evalúan la situación minuciosamente para adoptar nuevas medidas según evolucione el panorama de seguridad.

Se espera que en las próximas horas se emitan nuevas actualizaciones sobre el balance de los enfrentamientos y los resultados de las operaciones militares en la región.

De igual modo, durante el sábado 18 de octubre, disidencias de las Farc lanzaron una oleada de ataques en distintos municipios caucanos. En total se documentaron al menos cuatro acciones violentas dirigidas contra la fuerza pública que incluyeron el uso de drones para arrojar artefactos explosivos sobre instalaciones policiales y militares.

El temor y la incertidumbre se apoderaron de Campo Dos, en el municipio de Tibú, tras los recientes enfrentamientos armados que provocaron el desplazamiento de numerosas familias campesinas y el confinamiento de personas vulnerables.

La persistencia de la violencia en la región del Catatumbo generó una crisis humanitaria que, según cifras oficiales, ha dejado 163 personas fallecidas, 82.180 desplazadas y 1.740 confinadas en los últimos nueve meses.

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Durante las últimas horas del martes 14 de octubre, habitantes de Campo Dos reportaron intensos combates entre la fuerza pública y presuntos integrantes del ELN, extendiéndose por varios sectores del corregimiento.

El Ejército Nacional confirmó que, tras una operación, fue abatido un guerrillero y por inteligencia militar se tiene conocimiento de más afectaciones a esta estructura que sería la responsable de actividades extorsivas, intimidación y otras acciones terroristas en la región.

Durante la operación, las tropas legítimas también incautaron material de guerra. El coronel Gabriel Alexander Ramos García, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, señaló que las maniobras ofensivas continúan en la región del Catatumbo.

Temor por ola de violencia en Norte de Santander

El pánico obligó a la comunidad a refugiarse en sus viviendas ante la intensidad de los disparos y detonaciones. De acuerdo con testimonios recogidos por Caracol Radio, varios guerrilleros habrían muerto en los enfrentamientos, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente esta información.

La situación de inseguridad se agrava por la presencia de múltiples actores armados ilegales. En el asentamiento humano María Paula, también en Campo Dos, se registraron nuevos choques entre el ELN y las disidencias de las Farc, lo que forzó a un número creciente de familias campesinas a abandonar sus hogares por temor a quedar atrapadas en el fuego cruzado.

Es de precisar que, la presencia militar en la zona se reforzó, pero la población permanece en alerta ante la continuidad de los combates. El impacto de la violencia no solo se refleja en las cifras de desplazados y fallecidos, también en el confinamiento de personas mayores y enfermas.

Lorena Carrascal, habitante de Tibú, expresó su preocupación en diálogo con La FM: “Estamos preocupados por lo que se viene presentando en estos momentos. Tenemos a nuestros abuelos, personas ancianas y enfermas, que se encuentran confinadas. Por eso hacemos un llamado a los grupos armados para que permitan la salida de estas familias de las distintas veredas”.

Las autoridades departamentales insistieron en la necesidad de establecer corredores humanitarios. El secretario de Seguridad de Norte de Santander, coronel (r) George Quintero, señaló a La FM que en repetidas ocasiones se solicitó a los grupos armados habilitar rutas seguras y aplicar mínimos humanitarios para permitir la evacuación de la población civil durante los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Quintero advirtió que, con base en el último informe del Puesto de Mando Unificado (PMU), la cifra de víctimas mortales podría ser aún mayor, ya que se tiene conocimiento de que un número indeterminado de personas fue sepultado por sus propias familias cerca de sus viviendas.

Entre las víctimas de esta escalada de violencia se encuentran líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz, policías, soldados, menores de edad y miembros de los grupos armados ilegales.

Los municipios más afectados por estos hechos son Tibú, Teorama, El Tarra, Hacarí, San Calixto y Convención, donde la frecuencia de los enfrentamientos y desplazamientos ha marcado el ritmo de la vida cotidiana en el Catatumbo.

Otros hechos en Tibú

El reciente secuestro de Ender Angarita y Yany Barrientos en una zona rural de Tibú intensificó la preocupación en la región del Catatumbo, donde en menos de una semana se registraron cuatro secuestros. La comunidad local manifestó alarma ante la frecuencia de estos hechos, que evidencian un repunte de la violencia en Norte de Santander.

El caso más reciente involucra a la pareja mencionada, que, según los reportes de la comunidad, fueron interceptados por hombres armados mientras se desplazaban en una camioneta hacia el casco urbano de Tibú. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables de este acto, lo que incrementa la incertidumbre y el temor entre los habitantes de la zona.

La serie de secuestros comenzó el miércoles 8 de octubre, cuando Belisario Peñaranda, de 80 años, fue privado de su libertad en la vereda La Esmeralda, ubicada en el área rural del municipio de Sardinata. Tres días después, el sábado 11 de octubre, Álvaro Antonio Páez Ortiz, de 43 años, fue secuestrado mientras transitaba en un vehículo particular por la vía nacional que conecta Cúcuta y Ocaña.

En el municipio de Tibú, en el Catatumbo (Norte de Santander), marcado por las consecuencias del conflicto armado, surge un proyecto que representa una visión renovada para la comunidad. La Fundación Pies Descalzos, creada por la cantante Shakira, finalizó la edificación de una nueva institución educativa destinada a apoyar a más de 1.200 niños y jóvenes de la región.

La inauguración de esta escuela provocó que la precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzara críticas contra el Gobierno nacional, lo que desencadenó un fuerte intercambio en redes sociales entre ella y el ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro, Daniel Rojas.

Durante la discusión digital, López afirmó: “Ella tuitea menos y trabaja más”.

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Claudia López inició la controversia con el siguiente mensaje: “Llegó primero el colegio de Shakira a Tibú/Catatumbo que las obras y universidad del gobierno. Gracias @shakira por poner la educación en primer lugar!”.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, respondió a las declaraciones de Claudia López enfatizando que la construcción del colegio en Tibú fue posible gracias a una alianza entre el Gobierno nacional y la Fundación Pies Descalzos. Destacó que la administración de Gustavo Petro facilitó este trabajo conjunto y aseguró que el Estado aportó la mayor parte de los recursos para la obra.

En su respuesta, el ministro también reprochó el cambio de postura de Claudia López, señalando que antes investigaba y ahora prioriza la confrontación política. Además, puntualizó que tanto el Gobierno como la fundación compartieron esfuerzos y financiamiento para sacar adelante la iniciativa.

“Al odio y la mentira de @ClaudiaLopez contestamos con datos y verdad. Llegó el gobierno del cambio a Tibú y trajo a la fundación pies descalzos que amablemente aceptó asociarse para construir este colegio. El gobierno pone el 54% y la fundación 46% La Claudia que investigaba debería darle las gracias también al presidente @petrogustavo pero la Claudia candidata ya no lee, no investiga, solo miente. Lástima”, contestó el ministro de Educación del Gobierno de Gustavo Petro.

Frente a las palabras de Daniel Rojas, Claudia López no se quedó callada y le contestó de regreso señalando que, a su juicio, los hechos hablan por sí solos. Expresó que la Fundación Pies Descalzos logró entregar el colegio en Tibú antes que el Ministerio de Educación la universidad prometida para la zona. Además, hizo una comparación directa sobre la gestión de la fundación frente a la del ministerio.

“La evidencia es contundente. Llegó primero el Colegio hecho por la Fundación de Shakira que la Universidad hecha por @Mineducacion. Quizá porque ella tuitea menos y trabaja más”, contestó.

La exalcaldesa en su mensaje también acusó al Gobierno de engañar a los jóvenes, al señalar que no cumplieron con la condonación de la deuda de Icetex ni con la promesa de crear quinientos mil cupos en educación superior. Criticó el aumento de la tasa de interés, el incremento en el endeudamiento y el incumplimiento en la entrega de nuevos cupos educativos, según sus palabras.

Finalmente, instó al ministro de Educación a tomar ejemplo de la gestión de Shakira y dejar de lamentarse.

“Ustedes usaron/engañaron a los jóvenes: ni les condonaron la deuda ICETEX ni les dieron 500mil cupos de educación superior. “El cambio” fue subirles la tasa de interés y endeudarlos más y no cumplirles ni con la mitad de los cupos nuevos y reales. Mejor aprenda de Shakira Ministro, no llore ni se victimice, trabaje y facture", aseveró por medio de su cuenta en la red social X la precandidata presidencial.

En cuanto al colegio inaugurado recientemente por la Fundación Pies Descalzos de Shakira en Tibú, la obra se realizó en un terreno de 30.000 metros cuadrados aportado por Ecopetrol.

Sobre este espacio se construyeron instalaciones que superan los 6.200 metros cuadrados. El plantel educativo dispone de 34 salones, laboratorios especializados en física y química, biblioteca, sala para el aprendizaje de idiomas, aula tecnológica, comedor de gran capacidad y salones dedicados a las artes y la música. Además, se incluyeron áreas multifuncionales destinadas a favorecer la integración y el encuentro de la comunidad.

En un video que circuló en en plataformas digitales se observa cómo el comandante se desplazaba en una camioneta Toyota Prado de alta gama cuando fue interceptado y atacado con siete disparos de fusil antes de que el vehículo fuera incendiado.

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A través de fuentes consultadas por El Tiempo, se pudo establecer la identidad de la víctima y detallar los hechos que profundizan la disputa armada por el control territorial en el Catatumbo.

El ataque se registró el 16 de septiembre en el sector conocido como Club de Leones, en la vía que une Tibú con el corregimiento Campo Dos, una zona marcada por la confrontación entre organizaciones armadas.

De acuerdo con el medio citado, varios informes locales sostenían que el comandante del ELN, sus escoltas y otras personas resultaron muertos o heridos durante el asalto. Aunque las autoridades no confirmaron de forma oficial el número exacto de víctimas, comunidades de la zona sostienen que los cuerpos fueron trasladados a territorio venezolano, lo quecomplicó la verificación oficial.

Alias Arbey, identificado también como Óscar Emiro Pérez, figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio de Defensa de Colombia, con una recompensa de $500 millones por su captura.

El subversivo había sido señalado como responsable de hechos violentos ocurridos en varios municipios del Catatumbo. Diversos medios locales y líderes de la región lo vincularon al asesinato de las primas Guillín y el esposo de una de ellas, ocurrido en abril, así como del homicidio de una joven de 16 años y de dos líderes campesinos del sector Llano Grande.

En todos estos casos, se denunció la existencia de puntos de control ilegales impulsados por ese mismo comando guerrillero. La camioneta Toyota Prado, usada por el cabecilla del ELN en el momento del ataque, generó dudas sobre el posible uso de traspasos irregulares de vehículos para actividades ilícitas.

Con base en una investigación de El Tiempo, el vehículo de placas FPW 320, de Bogotá, en realidad figuraba a nombre de Alex Alberto Loaiza Ramírez, un odontólogo de Valledupar. Loaiza Ramírez negó vínculo alguno con los hechos y aseguró al medio citado que su camioneta se encontraba en Valledupar, en otra región del país.

Añadió que, aunque la placa era originalmente de Bogotá, el traslado legalmente realizado en 2024 pudo haber sido aprovechado por estructuras ilegales para replicar la matrícula y cubrir las operaciones del grupo armado. El profesional aseguró que ya denunció la situación ante la Fiscalía General de la Nación.

Las pesquisas sobre el origen y posible maniobra tras el traspaso del vehículo refuerzan la preocupación sobre la forma en que los grupos armados estarían accediendo a información de la Secretaría de Movilidad y otras dependencias oficiales para facilitar la adquisición y camuflaje de automotores de alta gama con fines delictivos.

El enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las Farc representa otro capítulo de una ola de violencia que afecta la cotidianidad y seguridad de la población civil en Catatumbo.

La región vive una crisis humanitaria sostenida desde hace nueve meses, con más de 80.000 personas desplazadas, 25.000 confinadas y más de 120 muertos. Tal panorama se ha visto agravado por la presencia activa de grupos ilegales que se disputan rutas del narcotráfico y zonas de explotación minera.

Olguín Mayorga, representante nacional de víctimas, expresó a La FM que el hecho de que no haya pronunciamiento oficial por parte de la Policía o el Ejército agudiza el temor de las comunidades, que se sienten atrapadas en la confrontación y ven en cada hecho violento una amenaza directa a familias campesinas. “Estas acciones violentas ponen en riesgo la vida de los niños, mujeres, adultos mayores y hombres que no tienen nada que ver con la violencia”, afirmó.

Las primeras versiones señalaron que el ataque a la camioneta del ELN sucedió poco después de que ese grupo desmontara uno de los retenes ilegales que sostenían en la ruta donde ocurrió la emboscada. Autoridades militares, citadas por El Tiempo, aclararon que no hay registro oficial de instalación de retén ese día, aunque señalaron las confrontaciones armadas constantes.

Por medio de un comunicado de prensa divulgado la mañana del miércoles 10 de septiembre de 2025, el Ejército Nacional brindó detalles acerca del ataque armado en contra de la fuerza pública que se reportó la madrugada del mismo día en el sur de departamento de Bolívar (norte de Colombia - región Caribe) que dejó a dos soldados profesionales como víctimas mortales.

El ataque del cual se responsabilizó en la misiva a hombres del ELN (Ejército de Liberación Nacional) “tuvo lugar en la vereda San Isidro, en límites entre los municipios de Santa Rosa y Morales” el martes 9 de septiembre de 2024, y los uniformados fueron identificados como Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, oriundos de los municipios de Oporapa y Tello, ambos situados en el Huila.

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En un segundo hecho que ocurrió con pocas horas de diferencia, pero en jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander, Yamid Araque Cely (natural de Floresta, Boyacá), en medio de combates que se registraron entre las Fuerzas Militares y el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en la vereda Las Delicias.

Además de conocerse mayores detalles sobre la ofensiva del ELN en esta zona estratégica (sur de Bolívar), debido a su cercanía a la región de Santander (limita de forma directa) y Norte de Santander, zona de tránsito y punto clave porque se encuentra ubicado el Catatumbo —uno de los puntos claves en el país por que allí se disputan el territorio por el control de producción y envío de coca— el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, repudió ambos casos y aseguró que la muerte de los tres soldados profesionales “no será en vano”.

Así lo dio a conocer el alto oficial por medio del mensaje que publicó a través de su cuenta de X la mañana del mismo miércoles, y en el que le envió un mensaje de condolencias a las tres familias que hoy lloran la partida de sus integrantes, y que “luchan día a día por la protección de los colombianos”, agregó el general Cardozo.

“Nos duele el asesinato de nuestros soldados”, inicia el mensaje por parte del comandante del Ejército, en el que declara como responsable de ambos casos al “grupo narcoterrorista del ELN”, sigue la publicación.

“Como comandante del @COL_EJERCITO (Ejército Nacional de Colombia) rechazo estos actos terroristas de los grupos al margen de la ley”, continúa la misiva, en la que el alto oficial añadió que acompañan a las “familias en este dolor”, y de paso aclaró que “un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento (a cada uno de los tres allegados del los soldados Muñoz, Hernández y Araque) en este difícil momento”.

Detalle sobre las dos acciones terroristas del ELN en el sur de Bolívar y Norte de Santander

En el documento oficial, el Ejército precisó que la arremetida del ELN se dio “en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus”, y provocó que “tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 8 fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados, lanzados desde un sistema UAS (dron) por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN“, señaló el documento, en el caso del ataque en Santa Rosa, sur de Bolívar.

“En esta acción terrorista, y pese a los esfuerzos de los enfermeros de combate, lamentablemente fallecieron en el lugar dos de nuestros soldados profesionales”, menciona el reporte oficial, en el que también se destacó que “cuatro soldados profesionales más resultaron heridos por las esquirlas”.

Mientras que en el caso que se notificó desde Tibú, Norte de Santander, “soldados de la Fuerza de Tarea Vulcano, que adelantaban operaciones de control territorial para neutralizar las confrontaciones de los grupos armados organizados, sostuvieron combates de encuentro contra integrantes del GAO ELN, Frente Juan Fernando Porras Martínez, en la vereda Las Delicias”.

En ambos casos, el general Cardozo calificó los actos como “infames”, y que “atentan contra la vida e integridad de nuestras tropas y vulnera la tranquilidad y seguridad de la población civil”.

Asimismo, el alto oficial confirmó que “este tipo de acciones constituyen una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, y “serán recordados como hombres comprometidos con la defensa y seguridad de Colombia”, cerró el comandante del Ejército.

En ambos sucesos se concluyó que las acciones militares seguirán en campo con el fin de seguir impactando a este grupo armado ilegal.

El desenlace de un presunto secuestro en la vereda Oru 7 dejó a dos integrantes señalados del Frente 33 de las disidencias de las Farc tras las rejas, luego de que un operativo coordinado por la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitiera el rescate del conductor retenido contra su voluntad. Tras las audiencias correspondientes, la justicia determinó prisión intramural para los implicados.

De acuerdo con la información disponible, Alfonso García Villamizar, conocido con el alias de El Viejo, y Nelver Garay Balaguera, alias El Chily, enfrentan cargos por secuestro simple, receptación y porte ilegal de armas de fuego.

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La intervención se ejecutó como parte de los planes de control sobre la comisión de delitos en Tibú, Norte de Santander, luego de recibir datos de inteligencia sobre movimientos sospechosos de hombres armados en la zona. Las autoridades instalaron un punto de control, donde ordenaron detener la marcha de una camioneta reportada como hurtada.

Al revisar el vehículo, los uniformados hallaron que cuatro personas se movilizaban: dos de ellos, ahora capturados, tenían privado de la libertad al conductor, quien fue liberado ileso y ya se encuentra con su familia. Un cuarto pasajero, con lesiones a consecuencia de la explosión de una mina antipersonal, había sido recogido previamente en la carretera que une Tibú y La Gabarra.

Durante el registro, los investigadores incautaron dos pistolas, varios proveedores y cartuchos calibre 9mm, un proveedor extendido con 25 cartuchos, una caja con 40 cartuchos, un radio de comunicaciones Motorola, tres celulares y la camioneta en cuestión. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Los detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía 21 Local URI en Cúcuta, donde un juez de control de garantías les impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional reiteró la importancia de denunciar hechos que alteren la seguridad en la región, recordando a la ciudadanía que puede utilizar la línea de emergencias 123 y la línea contra el crimen 3143587212 para reportar cualquier situación sospechosa.

Capturados tres disidentes de las Farc implicados en atentado a CAI en Cali

La magnitud de la ofensiva armada que sacudió el Valle del Cauca y Cauca el 10 de junio de 2025 quedó reflejada en un solo dato: al menos 24 acciones terroristas en un día, con siete civiles y varios uniformados muertos, y unas 28 personas lesionadas.

La simultaneidad y el alcance de los ataques, atribuidos a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, obligaron al Gobierno nacional a convocar un consejo extraordinario de seguridad en Cali y a desplegar la cúpula militar y policial en la región.

En ese contexto, la reciente captura de tres presuntos responsables del atentado contra el CAI Manuela Beltrán representa un avance clave en la respuesta estatal frente a la reconfiguración del conflicto armado en el suroccidente colombiano.

La Policía Nacional informó que alias Neinyer, alias José y alias Darwin fueron detenidos en una operación conjunta del Bloque de Búsqueda en Cali y Jamundí. Según el comunicado oficial, los tres integraban la red urbana del frente Jaime Martínez de las disidencias, encargada de la logística y la planificación de ataques contra la fuerza pública.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía, detalló que los capturados enfrentan cargos por terrorismo, daño en bien ajeno y lesiones personales. En palabras del propio Triana Beltrán, Alias Neinyer, alias José y alias Darwin realizaron las labores de inteligencia criminal para perpetrar, a través de una motocicleta bomba, el atentado terrorista contra el CAI Manuela Beltrán de Cali, el pasado 10 de junio, que dejó a varias personas heridas, además de afectar viviendas y establecimientos comerciales”.

El hallazgo de un depósito ilegal perteneciente al ELN y la desactivación de un artefacto explosivo en la vereda El Porvenir hacen parte de los más recientes avances en la lucha contra grupos armados en Tibú, departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con información publicada por el Ejército Nacional en la mañana del domingo 13 de julio, estos resultados forman parte de las operaciones sostenidas en la región del Catatumbo, encaminadas a debilitar la capacidad logística y de maniobra de organizaciones armadas ilegales y a mejorar la seguridad de las comunidades locales.

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Según reportó el medio castrense, integrantes de la Fuerza de Tarea Vulcano localizaron en las últimas horas un depósito clandestino empleado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El arsenal incautado comprendía dos fusiles, dos miras de largo alcance, proveedores, municiones de diferentes calibres, elementos de comunicaciones y material de intendencia. Este decomiso representa un duro golpe a la operatividad y abastecimiento de la estructura armada, al interrumpir el flujo de recursos esenciales para sus actividades, añadió el Ejército Nacional.

En paralelo, detalló el comunicado oficial, tropas desplegadas en la vereda El Porvenir identificaron y neutralizaron una acción catalogada como terrorista mediante la localización de un artefacto explosivo improvisado.

El dispositivo, colocado en una vía terciaria cerca de viviendas y zonas frecuentadas por la comunidad, fue desactivado de manera oportuna por el grupo especializado Exde (Explosivos y Demoliciones). Esta intervención evitó potenciales daños a la integridad de la población civil, uno de los riesgos más recurrentes en áreas afectadas por el conflicto armado.

El Ejército Nacional afirmó que estas acciones demuestran el compromiso institucional de salvaguardar la vida y los derechos de los residentes de Catatumbo. Las operaciones militares de estabilidad buscan, según el Ejército, recuperar las condiciones de tranquilidad y estabilidad en el territorio, donde la presencia de actores armados ilegales ha generado eventos recurrentes de violencia e inseguridad.

“El Ejército Nacional mantiene su misión de proteger la vida y los derechos de los colombianos, reafirmando que cada operación está enfocada en salvaguardar a la población civil y devolverle al Catatumbo su tranquilidad y estabilidad”, señaló la institución.

En su mensaje, el Ejército Nacional insistió en la importancia de la colaboración de la ciudadanía y reafirmó que la ofensiva continuará con el objetivo de restablecer el entorno de paz y desarrollo para los municipios del Catatumbo.

Perro antiexplosivos perdió una pata por salvar a pelotón de ataque del ELN en Antioquia

“Esta acción salvó la vida de los 36 soldados, así como la de decenas de campesinos que transitan diariamente ese mismo sendero para movilizar su ganado”, relató el soldado Carlos Eduardo Beleño González al recordar el momento en que su compañero, el perro belga malinois Sansón, se interpuso entre la muerte y su pelotón.

La historia de este binomio canino, forjado durante más de 18 meses de servicio conjunto en el Ejército Nacional, se ha convertido en símbolo del heroísmo silencioso con el que los miembros de la Fuerza Pública enfrentan los riesgos del conflicto armado en Colombia.

La noticia principal gira en torno al sacrificio de Sansón, quien, al detectar un artefacto explosivo improvisado en un sendero de alto tránsito comunitario en la vereda La Raya, municipio de Yondó, departamento de Antioquia, evitó una tragedia de grandes proporciones.

La mañana del jueves 10 de julio, hacia las 10:00 a. m., una fuerte detonación sacudió la vereda La Raya. Un pelotón del Ejército Nacional realizaba operaciones de reconocimiento y control territorial cuando una nube negra cubrió el área.

El artefacto, instalado por integrantes del Frente Édgar Amílkar Grimaldo Barón del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN, se encontraba en un punto frecuentado tanto por militares como por campesinos, lo que multiplicaba el potencial de daño.

En medio del caos, el soldado Beleño González buscó desesperadamente a Sansón, su binomio canino y compañero inseparable en las labores de detección de explosivos. El perro, entrenado desde los tres años de vida por el propio Beleño González como parte del protocolo del grupo Exde, había activado el artefacto mientras cumplía con su misión.

Arrastrándose entre la maleza, con una de sus patas destrozada, Sansón respondió al llamado de su guía. Su acción, resultado de meses de entrenamiento y de un instinto protector inquebrantable, salvó la vida de los 36 soldados presentes, así como la de decenas de campesinos que transitan diariamente ese sendero.

2025 comenzó con una oleada de violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en donde se concentró el conflicto entre los diferentes grupos armados que tienen presencia en el país.

Desde entonces, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares aseguraron que uno de los objetivos a corto plazo era recuperar la región y garantizar la seguridad de los pobladores en todos los municipios de la zona.

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Uno de los logros expuestos por la cartera se consolidó el 18 de junio, cuando comenzó a operar, después de 10 años, una ruta aérea que conecta a Cúcuta con Tibú, que será administrada por la aerolínea Satena.

Sobre las 9:40 a. m. inició el primer recorrido de la ruta, evento al que asistió el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, que horas más tarde entregó un balance de lo que representa este hito para el país. Cabe mencionar que los vuelos entre la capital de Norte de Santander y el municipio señalado se registrarán dos veces al día los lunes, miércoles y viernes.

Desde Tibú, el ministro de Defensa publicó fotografías del evento registrado y compartió un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que se sentía orgulloso de cumplirle a los pobladores de la región.

“Esta no es solo una ruta aérea: es el Estado conectando las regiones más apartadas para que sus campesinos, estudiantes, emprendedores, indígenas y demás pobladores puedan llegar más rápido a los lugares que les permita desarrollar su actividad económica y social”.

En la publicación, Sánchez indicó que este cambio representa una oportunidad para que los empresarios vuelvan a invertir en el Catatumbo y ayudar a que la violencia se convierta en algo del pasado en la zona.

“Esta ruta abre también la puerta a quienes quieran conocer o invertir en el Catatumbo, una región donde el campesinado le está apostando a dejar los cultivos de coca y la minería ilegal, pues son actividades que exponen a sus hijos a la violencia, y lo único que les deja es dolor, daño al medio ambiente, muerte y terror”.

El general (R) Sánchez expuso que las tarifas por estos vuelos estará entre $180.000 y $240.000, pero que se implementará un precio social diferencial para ciudadanos que hagan parte de la categoría A, B y C del Sisbén.

“Esto permitirá que más familias se movilicen con seguridad y dignidad, accediendo a derechos, servicios y oportunidades en una región históricamente olvidada. Seguiremos aquí, de la mano con la comunidad. El Catatumbo es un paraíso lleno de valentía y sueños. Esta ruta es solo el comienzo. Vamos a seguir conectando a Colombia con dignidad, justicia y paz”, puntualizó el ministro.

Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta expresaron que la apertura de la ruta aérea será algo positivo para los comerciantes de la región.

“Para nosotros es una puesta muy importante, porque significa poner los ojos en el Catatumbo, en este caso en el municipio de Tibú. Significa en estos momentos una enorme oportunidad de reactivación, competitividad, conectividad regional y también la posibilidad que gente que se encuentra en Cúcuta o que ocasionalmente, se encuentre en esta conexión Cúcuta - Tibú, tengan una alternativa en tiempo y en modalidad” declaró Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

De la misma forma, Castillo resaltó que hay dos visiones sobre la importancia, pero el primordial es la generación de empleos directos e indirectos.

“Lo primero en materia de inversión de lo que se ha hecho: 3.400 millones de pesos de inversión, 800 millones de pesos para la ampliación del perímetro, también está permitiendo la generación de cerca de 57 empleos y a efectos nuestros, más de 1.500 empresas registradas y renovadas se encuentran en el municipio de Tibú, siendo nuestra jurisdicción”.

La determinación de la Corte aseguró que tras evaluar la solicitud de extradición y la documentación, califica "de manera favorable, a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en nuestro país contra Willinton Henao Gutiérrez".

Alias 'Mocho Olmedo' es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida por los presuntos delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.

Pese a que la Corte avaló la extradición del jefe guerrillero, es potestad del presidente colombiano, Gustavo Petro, firmar la orden que autorice su entrega a la Justicia de Estados Unidos.

En su decisión, la Corte Suprema de Justicia dijo que los delitos por los que es requerido Henao los cometió entre 2021 y 2022 y son de naturaleza común, no política.

La semana pasada Petro firmó una resolución por medio de la cual se crea una zona de ubicación temporal en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, para reagrupar al Frente 33 de las disidencias de las FARC, del que 'Mocho Olmedo' es uno de sus jefes y uno de los negociadores en el proceso de paz.

La medida, con vigencia de siete meses, permitirá la concentración del Frente 33, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), una de las mayores disidencias de las FARC, para "facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes".

La resolución incluye la suspensión de órdenes de captura para integrantes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y garantiza la presencia institucional en la zona sin retiro de la Fuerza Pública.

En enero pasado, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó en la región del Catatumbo (noreste) una ofensiva contra la disidencias del Frente 33 que dejó inicialmente más de 80 muertos y unas 70.000 personas desplazadas, que se vieron obligadas a buscar refugio en ciudades como Cúcuta, Ocaña y Tibú para ponerse a salvo de esos enfrentamientos. EFE

El anuncio fue hecho dos días después de que el Gobierno publicara la resolución con la que crea una zona de ubicación temporal en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, para reagrupar al Frente 33, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), otra disidencia de las FARC con la que dialoga en otro proceso de paz.

En ese sentido, tras el quinto ciclo de diálogos, el Gobierno y la CNEB acordaron poner en marcha "una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal que iniciará en el área rural del municipio de Roberto Payán, Nariño, y en áreas por definir en el departamento de Putumayo, y gradualmente en otras áreas de presencia de la CNEB".

"Allí se generarán áreas de transformación territorial, concurrirán, se capacitarán y ubicarán temporalmente 120 integrantes del grupo, 60 en Nariño y 60 en Putumayo", expresaron los negociadores en el acta de cierre del ciclo, celebrado en el resguardo indígena Inda Zabaleta del municipio de Tumaco, en Nariño.

El quinto ciclo de negociaciones se llevó a cabo en este caserío donde los cultivos de coca están a tan solo unos cientos de metros del coliseo en el que se firmó el acuerdo de hoy.

"Las matas (de coca) han estado ahí desde hace años y nadie dice nada", afirmó un lugareño a EFE.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano reúne a los Comandos de la Frontera y la llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico, grupos que siguieron los diálogos de paz con el Gobierno luego de escindirse de la Segunda Marquetalia el año pasado.

Justamente a los Comandos de Frontera se les atribuyó el pasado 9 de mayo un ataque que dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido en la Amazonía ecuatoriana, aunque ese grupo armado negó ser el autor de ese ataque.

A propósito de los Comandos de la Frontera, Andrés Rojas, alias Araña, uno de sus negociadores en el proceso de paz, fue arrestado en febrero pasado al finalizar un ciclo de conversaciones en Bogotá y hoy participó en la jornada virtualmente desde una cárcel en la capital colombiana.

Tanto la delegación del Gobierno como la de ese grupo armado coincidieron en que es necesaria la presencia de Rojas en la mesa.

Durante la reunión de este fin de semana, el Gobierno y la CNEB acordaron "realizar acciones de forma coordinada con la Fuerza Pública y las agencias del Estado pertinentes para esta actividad, para el desminado humanitario de minas antipersonal, Artefactos Explosivo Improvisado (AEI) y Municiones sin Explotar (MUSE)".

Ese grupo armado también se comprometió a realizar la "entrega supervisada y coordinada con la Fuerza Pública, agencias del Estado y comunidad internacional, con el adecuado monitoreo y verificación, del material de guerra que se defina en la subcomisión correspondiente", sin dar más detalles. EFE

(foto)(video)

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha firmado este viernes la resolución para la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región de Catatumbo, azotada por la violencia durante los últimos meses.

El documento recoge que la ZUT estará establecida durante un periodo de siete meses, a partir de que entre en vigor la resolución, en la zona rural del municipio de Tibú. Para el traslado de los integrantes y la adecuación de la zona, se cuenta con un plazo inicial de 45 días, según recoge el diario 'El Espectador'.

Dentro de la zona, tal y como recoge la Ley de Paz Total, "queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros del Frente 33". Este extremo se aplica al desplazamiento hacia la ZUT, siempre y cuando conste en un listado que tiene que ser entregado por los representantes y que debe ser aceptado por el Comisionado de Paz.

Esta zona de ubicación temporal tiene varios requisitos, que incluye la "disposición de las armas" y la ejecución de un plan de acción contra el reclutamiento forzado de menores de edad, así como el establecimiento de garantías de seguridad jurídica o la elaboración de un plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También deben contribuir en programas de desminado.

El Gobierno nacional emitió la resolución 161 de 2025 en la que establece por siete meses una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú (Norte de Santander), destinada al frente 33 de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá.

La medida se desarrolla en el proceso de tránsito a la “vida civil” del grupo armado, por lo que sus integrantes tendrán que trasladarse a esa zona en un plazo de 45 días.

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“(...) tendrá como objetivo facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes”, se indica en el documento. Y añade que la delimitación geográfica será de carácter reservado, sin especificar cuáles serán los mecanismos que se implementarán para verificar el cumplimiento del proceso.

El documento oficial precisó que durante el funcionamiento de la ZUT se suspenderán las órdenes de captura y extradición contra los miembros del frente 33, en particular el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, bajo el mando de alias John Mechas.

Esta suspensión también aplicará en el periodo de desplazamiento hacia la zona, siempre que los listados de los miembros hayan sido aceptados y acreditados por el Consejero Comisionado de Paz.

“Durante el término de funcionamiento de la ZUT, el Gobierno nacional adoptará las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad necesaria a los miembros del frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y a quienes se encuentren en la misma, así como garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de conformidad con su mandato constitucional”, añadió la resolución.

La intención es que esta experiencia piloto para el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte sirva para extender este modelo a otras estructuras del frente 33 y, eventualmente, a otras disidencias.

La resolución establece que se deben garantizar “las condiciones de seguridad y logística necesarias” para el traslado y la permanencia de los integrantes en la ZUT.

Para ello, se realizaron diversas reuniones entre la Oficina del Comisionado de Paz, representantes de la comunidad internacional y miembros de la fuerza pública, con el fin de preparar el terreno para la implementación de la zona.

El acuerdo para establecer la ZUT incluye condiciones y compromisos que deben cumplirse para facilitar el tránsito a la paz. Entre ellos está la disposición del material de guerra del frente 33 y el diseño de un plan de acción para la atención integral de niñas, niños y jóvenes, con garantías de no vinculación a actividades armadas.

Además, se buscará establecer garantías jurídicas para los miembros en tránsito hacia la ciudadanía plena, en el marco del Estado Social de Derecho. Sin embargo, el documento aclaró que “las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción”.

El plan también prevé implementar transformaciones territoriales para sustituir economías ilícitas por producción alimentaria y otros medios lícitos, junto con el desarrollo de un proceso de tránsito hacia la ciudadanía plena y el fortalecimiento de la soberanía.

Asimismo, la ZUT contemplará acciones de búsqueda de personas desaparecidas, satisfacción de los derechos de las víctimas y la contribución en programas de desminado humanitario o similares para proteger la vida de la población civil, la fuerza pública y los integrantes del frente 33.

Una restricción importante del decreto es que la ZUT no podrá ubicarse en áreas definidas como regiones de Paz, lo que limita su ubicación y posibles escenarios.

Cabe precisar que desde la expedición del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, que suspendió las acciones militares ofensivas contra este grupo, se estableció un plazo inicial de un mes para que la organización armada comenzara su traslado a la zona, pero la fecha límite para este traslado venció el 18 de mayo sin que se hubiera confirmado la llegada total de los integrantes a la ZUT, por ello, el Gobierno anunció el plazo establecido en la resolución.

Esta es la resolución 161 de 2025 completa:

Un nuevo hecho violento fue reportado en la región del Catatumbo, donde se registró el asesinato de un líder comunal en jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander.

Freddy Ballesteros, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda El Milagro, fue ultimado en un ataque armado ocurrido este lunes 19 de mayo. El crimen se produjo en una zona rural del municipio, escenario frecuente de enfrentamientos entre estructuras ilegales.

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De acuerdo con versiones recogidas por las autoridades, Ballesteros fue interceptado por hombres armados mientras se movilizaba en motocicleta por un camino entre los sectores conocidos como La Serena y El Serpentino.

El ataque ocurrió cuando los agresores, también a bordo de una motocicleta, lo abordaron y dispararon en repetidas ocasiones. El cuerpo del dirigente quedó a un costado de la vía, en el lugar de los hechos.

Este homicidio generó rechazo en distintos sectores sociales y comunitarios, especialmente entre las organizaciones de acción comunal de la región, quienes lamentaron el fallecimiento de Ballesteros. Luis Alberto García, fiscal encargado de Asojuntas en el municipio de El Zulia, expresó en su cuenta de X: “Toda mi solidaridad con el movimiento comunal de Tibú. Rechazamos este nuevo hecho de violencia que enluta a una comunidad que solo busca el progreso y la paz”.

Las primeras indagaciones apuntan a que los presuntos responsables serían integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Este grupo es uno de los actores armados que mantiene influencia en la zona, en medio de disputas territoriales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el control de rutas estratégicas para el tráfico de estupefacientes. La confrontación entre ambas estructuras ha intensificado el clima de inseguridad en esta subregión del departamento.

Organismos de seguridad del Estado acudieron al sitio donde ocurrió el crimen para implementar medidas que garanticen la tranquilidad en la zona. El Ejército Nacional realizó un desplazamiento a la vereda El Milagro, en coordinación con otras autoridades, con el objetivo de asegurar el área mientras se desarrollan las diligencias judiciales pertinentes.

Este asesinato se produjo días después de una jornada institucional liderada por la Alcaldía de Tibú, en la cual participaron entidades gubernamentales como la Policía, la Personería y el Ejército. En esa oportunidad, el alcalde Richar Claro señaló que la actividad tenía como fin promover estrategias integradas para mejorar las condiciones de seguridad en el municipio. “Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer el trabajo conjunto con la fuerza pública, implementando acciones que contribuyan a recuperar la tranquilidad, el orden y el bienestar de todos nuestros habitantes”, declaró el mandatario local.

El crimen de Ballesteros se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a líderes sociales en el Catatumbo durante los últimos meses. La región ha sido escenario constante de amenazas, desplazamientos forzados y homicidios selectivos, asociados en su mayoría a la confrontación entre grupos armados que buscan imponer su dominio sobre territorios rurales clave para sus actividades ilícitas.

En lo que va del año, organizaciones comunales han emitido alertas sobre la creciente exposición de sus integrantes a situaciones de riesgo. Estas advertencias también han sido recogidas por entidades defensoras de derechos humanos, que han instado a adoptar medidas urgentes para salvaguardar la vida de quienes representan a las comunidades en zonas de conflicto.

Por el momento, la Policía en Norte de Santander mantiene activa una investigación para esclarecer los móviles del homicidio y establecer las identidades de los autores materiales e intelectuales. En paralelo, la Fiscalía General de la Nación estaría adelantando acciones para recopilar pruebas que permitan judicializar a los responsables.

Mientras se desarrollan las investigaciones, líderes comunitarios del municipio han solicitado mayor acompañamiento por parte del Estado, insistiendo en la necesidad de reforzar la presencia institucional en áreas vulnerables. En varios pronunciamientos recientes, se ha pedido priorizar la protección a los representantes de juntas de acción comunal que, por su labor, pueden estar expuestos a represalias de actores ilegales.

La situación en el Catatumbo continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades locales y nacionales, ante la persistencia de hechos violentos en una región donde la presencia de grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc no ha disminuido.

Según informes de inteligencia, el control del narcotráfico, los corredores de movilidad y la extorsión serían algunos de los factores que alimentan la disputa entre estas estructuras.

El homicidio de Freddy Ballesteros se convierte en un nuevo caso que pone en evidencia los riesgos que enfrentan los líderes comunales en contextos de confrontación armada. Las organizaciones sociales han reiterado su llamado a garantizar el respeto por la vida de quienes trabajan por las comunidades en medio del conflicto.

"La información que tenemos en este momento es que el jueves 15 de mayo de 2025, en horas de la noche, integrantes del cartel narcotraficante del ELN asesinaron a un niño de 12 años y habrían dejado heridos a cuatro civiles en la vereda 20 de Julio, municipio de Tibú, Norte de Santander", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, en X.

Agregó: "Este cobarde ataque del ELN contra los civiles fue perpetrado con drones armados que arrojaron explosivos de forma indiscriminada sobre una comunidad que quiere dejar atrás los cultivos para uso ilícito, y avanzar hacia la paz, la legalidad y una vida digna".

Los hechos ocurrieron el jueves en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, en el noreste del país, cuando un dron cayó en una vivienda donde se encontraba el menor que falleció y su madre, que resultó herida, denunció la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) en X.

En esta región, que lleva cuatro décadas convulsionada por la presencia de las guerrillas y el narcotráfico, la crisis se agudizó a mediados de enero pasado cuando el ELN lanzó una sangrienta ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control de la zona, dejando la población civil rural bajo fuego cruzado.

En su publicación, la Asociación Campesina del Catatumbo rechazó lo ocurrido por "violar flagrantemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario".

"La utilización de drones en áreas civiles pone en riesgo la vida de personas inocentes, especialmente niños y niñas, causando daños irreparables a las comunidades afectadas", agregó la organización.

El pasado martes, en el mismo departamento colombiano, un soldado del Ejército nacional murió en otro ataque perpetrado con un dron cargado de explosivos atribuido al ELN.

El recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo deja ya 117 muertos y más de 64.000 personas desplazadas, según los últimos datos de la Defensoría del Pueblo colombiano, que ha calificado la situación de la "peor crisis de derechos humanos de los últimos años" en el país. EFE

Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco o Iván Lozada, asegura que hay una presunta colaboración entre las Fuerzas Militares de Colombia y grupos armados ilegales en el país, especialmente las organizaciones lideradas por Alexander Díaz, alias Calarcá.

En un comunicado conocido el domingo 18 de mayo de 2025 en redes sociales, el máximo comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc aseguró que esta alianza estaría facilitando operativos conjuntos y acciones que afectan a comunidades campesinas e indígenas, además de poner en riesgo los procesos de paz en curso.

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Inicialmente, alias Iván Mordisco cuestiona la actitud del Gobierno nacional, al mando del presidente Gustavo Petro, al recordar que en los primeros días de mayo, el mandatario anunció la creación de una zona temporal de ubicación para los integrantes del frente 33 de las disidencias, que operan en la región del Catatumbo (Norte de Santander); sin embargo, el líder disidente indicó que dicho espacio no tendrá a la mayoría de subversivos, por lo que considera como un fallo de su política de Paz Total.

“La realidad detrás de este hecho es que en la llamada zona de ubicación transitoria de Tibú, solo van a estar el 10% de las tropas paramilitares de Calarcá y Andréi, mientras el 90% van a seguir como hoy en día sin veeduría internacional en operativos conjuntos con las Fuerzas Militares contra las FARC EP”, expresó Vera Fernández en un comunicado con fecha del 16 de mayo de 2025.

Incluso, Iván Lozada, el segundo seudónimo que tiene el líder de las disidencias, aseveró que existe ‘fuego amigo’ entre el Gobierno nacional y la guerrilla de alias Calarcá, al comparar las declaraciones del señalado guerrillero y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre los operativos realizados entre ambos bandos, que dejó la muerte de militares a manos de los subversivos.

“Son claras y coincidentes las declaraciones del ministro Pedro Sánchez y de Calarcá sobre los militares muertos a manos de paramilitares del segundo, cuando dicen en entrevistas separadas que fue un error de fuego amigo. Asi lo declara el ministro cuando dice que se adelantaban operaciones contra el Bloque Amazonas de las FARC EP y los paramilitares de Calarcá suponen que los soldados eran guerrilleros y por eso los atacan”, detalló.

Estas operaciones, según el líder guerrillero, se realizan en conjunto con las Fuerzas Militares, lo que ha permitido la expansión de los paramilitares a nuevas áreas como la vereda de Guanapalo, en San José del Guaviare (sur de Colombia), donde, en palabras de Iván Mordisco, “nunca antes habían tenido presencia”.

Esta situación también se replica en municipios como Calamar, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Solano, en el departamento de Caquetá, así como en el Amazonas.

Ataques armados en Guaviare

Además, Iván Mordisco también acusó al Gobierno nacional y a las autoridades locales de guardar silencio frente a graves hechos de violencia registrados en la región, denunciando una masacre de cinco campesinos en la vereda Cumaré, zona rural de San José del Guaviare, así como el asesinato de un líder social en el caño Santo Domingo y la desaparición forzada de varias personas en el departamento.

“Son acciones coordinadas entre el Ejército Nacional y los paramilitares de Calarcá que hacen pasar como guerrilleros en procesos de paz. La realidad es que nunca ha cesado la coordinación entre FF.MM. y paramilitares de todos los pelambres a nivel nacional, tal como ocurre en el departamento del Cauca, donde se presentaron pruebas de video y audio de patrullajes entre militares y paramilitares”, aseguró Vera Fernández.

Presunta entrega de tierras a guerrilleros de alias Calarcá

Otro punto señalado por el líder de las disidencias es la presunta corrupción en la entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), manifestando que esta entidad estaría asignando tierras a familiares, amigos y miembros del grupo paramilitar de alias Calarcá, bajo el pretexto de crear zonas de reserva campesina.

“Funcionarios del Gobierno que trabajan para el grupo de los Márquez en la agencia y han sido enviados a buscar alianzas con Calarcá, reparten tierras a sus amigos y familiares para fortalecer dicha alianza, desvirtuando y poniendo en riesgo la figura de zonas de reserva campesina que tanto dolor y trabajo le ha costado a los campesinos en Colombia para convertirlas en otro foco de corrupción en la cual los criminales son favorecidos”, subrayó.

Por último, alias Iván Mordisco expresó que su grupo alzado en armas continuará su ofensiva contra las tropas militares que, según él, afectan el bienestar y la seguridad de los pobladores.

“Seguiremos defendiendo a las comunidades de toda alianza criminal y corrupta que atente contra los intereses colectivos, mantendremos nuestro accionar contra las FF.MM. y paramilitares que se presten a adelantar operativos contra nosotros, los líderes y lideresas indígenas y campesinos de nuestra región”, puntualizó.

Por el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre las denuncias hechas por el líder de las disidencias de las Farc, recordando que por este sujeto hay una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos por su ubicación.

Sin embargo, existen ciertas dudas sobre la posibilidad de suspender o mantener el cese al fuego bilateral con el frente 33 de las disidencias en el Catatumbo, recordando que la medida expira el 18 de mayo de 2025.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que, pese a respaldar las soluciones pacíficas con los grupos armados, hay interrogantes sobre la forma en la que se dispondrá dicha zona temporal de ubicación, así como la forma en la que se evitará una nueva ola de violencia en la región colombiana.

“Si la suspensión unilateral de operaciones que rige hasta hoy no se enmarca en un cese bilateral de hostilidades ni en compromisos del grupo armado de respeto a la población civil, a los liderazgos sociales -incluidos aquellos que estigmatiza-, ni a la naturaleza, ¿Cómo se verificará que el Frente 33 no utilice esta zona para (i) ganar control territorial y poblacional en la región y para (ii) continuar los ataques contra la población civil a la que señala de ser simpatizante del ELN o prestarles apoyo? (sic)”, escribió la funcionaria en sus redes sociales.

La guerra no ha dado tregua ni en el Pacífico ni en el nororiente del país, de acuerdo con un reclamo de la defensora del Pueblo, Iris Marín, que denunció un alarmante repunte de la violencia armada que ha sumido en el miedo y la desesperación a comunidades enteras en el Bajo Calima, en el distrito de Buenaventura, y en el Catatumbo, Norte de Santander.

Durante una visita de dos días a la zona, realizada junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y una representante de la Sala Especial de Seguimiento a Desplazados de la Corte Constitucional, Marín constató una crisis humanitaria en escalada.

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La causa, según su denuncia, la persistente disputa armada entre el ELN y el Clan del Golfo, que actúa en alianza con el Frente Jaime Martínez, disidencia al mando de Iván Mordisco.

Entre los más afectados están las comunidades del Consejo Comunitario del Bajo Calima y el pueblo indígena Guanán del Resguardo Santa Rosa de Guayana.

Muchas de estas personas habían retornado recientemente a sus territorios, tras largos periodos de desplazamiento en albergues de Buenaventura y Cali.

Sin embargo, la violencia volvió a alcanzarlos. En palabras de Marín, “la intensificación del conflicto armado durante lo ocurrido del 2025 ha provocado que las comunidades retornadas estén viviendo nuevamente la violencia”.

Los hechos documentados por la Defensoría estremecen: 40 confinamientos masivos, desplazamientos recientes como el de 46 familias de la comunidad de La Esperanza durante Semana Santa, homicidios selectivos, minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual. Todo ello, pese a las advertencias tempranas lanzadas por la Alerta 039 de 2023.

“Estas dos comunidades piden garantías para su retorno digno y seguro, no quieren volver a desplazarse”, enfatizó la defensora, que dejó en claro que una de las razones es el abandono institucional.

“Líderes y lideresas sociales que defienden los derechos humanos ejercen su labor en medio de amenazas, estigmatización y una escasa presencia institucional”, dijo.

Los hechos más recientes que señaló Marín

Mientras tanto, en el Catatumbo la violencia se ensaña sin tregua. En la vereda 20 de Julio del municipio de Tibú, la noche del jueves 15 de mayo fue escenario de una tragedia: un dron arrojó artefactos explosivos sobre una vivienda, matando a un niño de 12 años e hiriendo a su madre, a cinco niños más y a tres adultos.

Aunque el Frente 33 de las disidencias se pronunció lamentando el hecho, su justificación resultó indignante. “Pidieron a las comunidades no dejar de utilizar las casas como escudo seguro de ningún actor armado”, señaló Marín.

Para la defensora, esta lógica es perversa y representa una grave violación al derecho internacional humanitario. “Esto demuestra que el Frente 33, al igual que lo hace permanentemente el ELN, irrespeta sistemáticamente el derecho internacional humanitario, especialmente el principio de distinción entre combatientes y civiles. Justifican su accionar despiadado señalando a la población civil de ser cómplices o simpatizantes de uno u otro grupo armado”.

El cuestionamiento de fondo es punzante: “¿Está el Frente 33 en camino hacia la paz y el desarme o está escalando la guerra contra el ELN tomando represalias contra la población civil?”, se preguntó Marín. Y remató: “Esto es inaceptable y extremadamente doloroso”.

Madres del Catatumbo exigen justicia frente a violencia armada

Estos hechos han generado un fuerte rechazo por parte de la comunidad, especialmente de las madres de la región, quienes han alzado su voz para condenar la violencia que afecta a sus familias y comunidades.

En un comunicado público, las madres del Catatumbo expresaron su dolor y preocupación por las consecuencias de la violencia en la zona.

“Cada hijo perdido, cada madre herida, cada vida truncada por la violencia es una herida abierta en el corazón de nuestra comunidad”, señalaron en su declaración.

Además, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas efectivas que garanticen la seguridad de sus familias y se haga justicia frente a los ataques.

Este tipo de ataques, atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a las disidencias del frente 33 de las Farc, ha cobrado la vida de al menos ocho personas desde marzo, entre ellas tres militares, según medios regionales.

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El incidente más reciente ocurrió la noche del jueves 15 de mayo en la vereda 20 de Julio, ubicada en el municipio de Tibú, una zona rural de difícil acceso.

De acuerdo con testimonios recogidos por la comunidad, el menor falleció de manera violenta, mientras que una mujer resultó herida.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente los detalles del ataque, una fuente judicial consultada por La Opinión señaló que se está en contacto con los habitantes de la vereda para esclarecer lo sucedido.

Los relatos coinciden en que se trató de un hecho que afectó directamente a la población civil.

La mujer herida, cuya identidad no ha sido divulgada, está recibiendo atención médica en un centro asistencial.

No se han proporcionado detalles sobre su estado de salud, aunque versiones preliminares indican que su condición es delicada.

La falta de acceso a la zona ha dificultado la verificación oficial de los hechos, lo que ha generado preocupación entre los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

Líderes sociales de la región han denunciado el abandono institucional que enfrentan las comunidades del Catatumbo, donde los niños crecen en un entorno marcado por el miedo y la violencia.

Un líder social, que prefirió mantener el anonimato por razones de seguridad, expresó a La Opinión: “En muchas veredas de Tibú los niños crecen entre el miedo, el sonido lejano de disparos y la incertidumbre. Lo que habría pasado anoche es una dolorosa muestra del abandono institucional que vive esta región”.

Además de exigir la intervención de las autoridades, los líderes comunitarios han hecho un llamado a los grupos armados para que cesen el uso de estas tácticas de guerra, que afectan principalmente a la población civil. “La gente del pueblo es la que sufre y eso que dicen defendernos”, declaró otro líder de la zona.

Desde marzo, cuando se identificó por primera vez el uso de drones con explosivos en el Catatumbo, esta práctica ha generado alarma entre las comunidades locales y las organizaciones de derechos humanos.

Recientemente, se ha identificado a una de las víctimas fatales, como Yurgen Ballesteros, tras el ataque con drones explosivos.

Organización campesina se pronuncia tras este ataque a civiles

La Asociación Campesina del Catatumbo, agrupación civil dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales, así como del derecho internacional humanitario, en el Catatumbo y por y para el campesinado en Colombia, rechazó él ataqué y afirmó que estos ataques causan daños irreparables en la comunidad.

“Este hecho fue causado por la utilización de drones en medio de los enfrentamientos armados entre el frente 33 y el ELN. La Asociación Campesina del Catatumbo rechaza esta acción que viola flagrantemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, la utilización de drones en áreas civiles pone en riesgo la vida de personas inocentes, especialmente niños y niñas causando daños irreparables a las comunidades afectadas.”.

La Ascamcat compartió la lista de nombres de las personas heridas tras la explosión, con el fin de alertar a sus familiares.

1. Edgar Giovanny Contreras.
2. Flor María Contreras.
3. Leonardo estiven Garavito.
4. Jeiler Jhoan Contreras.
5. Maryury Raquel Ortega.
6. Deisy Girenis Contreras.
7. Roque Julio Ortega.
8. Jhoana Vargas.
9. Dainer Ortega.
10. Daira Julieth Ortega.
11. Dayly Giret Ortega.

La polémica por el comentario furioso del presidente Gustavo Petro con el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en un evento realizado en Tibú (Norte de Santander), sigue generando reacciones por parte de personalidades políticas y sociales del país.

Uno de ellos fue el exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, que publicó un mensaje de forma irónica en su cuenta de X, y que ha sido interpretado como un respaldo indirecto a las críticas hacia el funcionario, que estará en el cargo hasta el 16 de mayo de 2025, tras presentar su carta de renuncia al mandatario colombiano.

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“Poner límites saludables en las relaciones no quiere decir que se deje de amar”, escribió Reyes en sus redes sociales. Adicionalmente, el exdirector de la Dian compartió una imagen que incluía la frase “quiérete amiga”, una expresión popular en redes sociales que suele emplearse para señalar situaciones evidentes o problemáticas.

Este mensaje se suma a las publicaciones hechas por Bolívar en las redes sociales tras el inconveniente presentado con el presidente Petro en dicho evento.

En su momento, el exsenador hizo dos comentarios en referencia al episodio vivido en el municipio nortesantandereano: “El amor debe ser desinteresado o no es amor”, “Lo mejor es que nos demos un tiempo…”.

Polémica entre Bolívar y Petro

El episodio que marcó una fractura en las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, ocurrió el viernes 9 de mayo de 2025, durante un evento realizado en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Allí, el funcionario había tenido una intervención ante la población nortesantandereana, con relación a los retos que tendría el DPS en esta zona del país. Sin embargo, el mandatario, rompiendo el protocolo, expresó su molestia ante la presencia de Bolívar en dicho evento, al recordar que presentó su carta de renuncia al cargo en abril de 2025.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron; no se puede confundir eso, Angie (Lizeth Rodríguez-directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República). Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va (...) Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, indicó Petro.

Tras ese episodio, el exsenador del Pacto Histórico indicó que su presencia en Tibú no se puede considerar como una forma de participación en política, ya que se había fijado que su salida como director del DPS se efectuará el 16 de mayo del año en curso, por lo que consideró que hubo una confusión por parte del mandatario nacional.

“No había pedido hablar o ir a ese viaje. Yo acepté porque soy funcionario hasta el 16 (de mayo) y no vi que estuviera interfiriendo en política (...) fue un momento incómodo, inesperado e injusto”, comentó Bolívar en diálogo con W Radio.

Pese a que Bolívar no ha expresado oficialmente su intención para liderar las banderas del petrismo en las elecciones de 2026, el funcionario es uno de los políticos que lidera las encuestas nacionales, por lo que no se descarta que afiance su candidatura a la presidencia, a pesar de las constantes críticas al interior del movimiento político, en la que se incluye el propio presidente Petro.

“Seguramente hubo voces de que me estaban inflando, pero nunca he llamado a una encuestadora y siempre he manifestado que no soy candidato porque soy funcionario”, recalcó.

A pesar del impasse que tuvo con el presidente Gustavo Petro, el director del DPS reiteró su compromiso con el proyecto político, y recordó aquella frase del Consejo de Ministros donde le expresaba su amor al mandatario nacional.

“Yo amo este proyecto y a quién lo dirige. Si no fuera amor puro lo que me convoca, sobre todo por la gente, y por eso me voy contento del cargo (...) Yo lo sigo amando, no puedo ocultarlo. No sé si él me ama (risas). Pero si toca, asumo la tusa, pero acá sigo”, dijo.

Frente a las anteriores publicaciones, Bolívar aclaró: “El amor que yo siento por este proyecto político y por el jefe, por quien lo dirige, es genuino. Entonces yo no me voy a poner a esperar a que el presidente me corresponda, es posible que sea un amor hoy no correspondido, eso sí puede pasar”.

Gustavo Bolívar, que estará como director del Departamento de Prosperidad Social hasta el viernes 16 de mayo de 2025, se refirió al episodio en el que el presidente Gustavo Petro le hizo un fuerte reclamo al funcionario, al considerar que estaría realizando otras actividades diferentes a las de su cargo, lo que generó diferentes reacciones en el país.

El regaño del mandatario nacional ocurrió el viernes 9 de mayo, en un evento realizado en el municipio de Tibú (Norte de Santander), en el que señaló que dichos espacios del Gobierno no deberían ser utilizados para promover una futura candidatura presidencial, aun cuando hubo funcionarios que presentaron sus cartas de renuncia.

“El que renuncia, se va. Entra el reemplazo que es el que tiene que hablar”, dijo Petro en su intervención.

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Ante esta situación, el director del DPS le salió al paso de las críticas del mandatario, al considerar que su presencia en el municipio nortesantandereano no se puede catalogar como participación en política, ya que su salida del cargo será el viernes 16 de mayo.

Sin embargo, consideró como ‘inesperado’ las críticas del presidente en su contra, y enfatizó en que hubo una confusión por parte del mandatario, al creer que había salido del cargo el 30 de abril, fecha en la que fue aceptada su renuncia al DPS.

“No había pedido hablar o ir a ese viaje. Yo acepté porque soy funcionario hasta el 16 (de mayo) y no vi que estuviera interfiriendo en política (...) fue un momento incómodo, inesperado e injusto”, comentó Bolívar en diálogo con W Radio.

Además, el alto funcionario indicó que, para ese momento, “el presidente acababa de llegar y nosotros llevábamos un par de horas. Alguien nos dijo que habláramos nosotros, nos subieron a la tarima. Cuando llegó el presidente, no me borraron de la lista”.

Pese a que Bolívar no ha expresado oficialmente su intención para liderar las banderas del petrismo en las elecciones de 2026, el funcionario es uno de los políticos que lidera las encuestas nacionales.

Al respecto, Bolívar precisó: “En las últimas dos encuestas aparecí punteando y le dije al presidente que se sintiera orgulloso (…) Seguramente hubo voces de que me estaban inflando, pero nunca he llamado a una encuestadora y siempre he manifestado que no soy candidato porque soy funcionario”.

Bolívar sigue ‘amando’ a Petro

A pesar del impasse que tuvo con el presidente Gustavo Petro, el director del DPS reiteró su compromiso con el proyecto político, y recordó aquella frase del Consejo de Ministros donde le expresaba su amor al mandatario nacional.

“Yo amo este proyecto y a quién lo dirige. Si no fuera amor puro lo que me convoca, sobre todo por la gente, y por eso me voy contento del cargo (...) Yo lo sigo amando, no puedo ocultarlo. No sé si él me ama (risas). Pero si toca, asumo la tusa, pero acá sigo”, dijo.

Adicional a ello, Bolívar, en diálogo con Caracol Radio, se refirió a sus publicaciones en X, donde se especulaba un posible distanciamiento con el jefe de Estado. En respuesta a ello, el funcionario aseguró que sus escritos habían sido en burla a dichos comentarios sobre el aspecto mencionado.

“El amor que yo siento por este proyecto político y por el jefe, por quien lo dirige, es genuino. Entonces yo no me voy a poner a esperar a que el presidente me corresponda, es posible que sea un amor hoy no correspondido, eso sí puede pasar”, añadió.

Igualmente, enfatizo que no hay nada personal con el presidente Petro, al explicar el motivo de su presencia en las marchas del 1 de mayo en Cali con la vicepresidenta Francia Márquez.

“Todos los eventos de la Plaza de Bolívar son como que una disputa ahí; de una cantidad de congresistas y de ministros y de todo el mundo por estar al lado del presidente. Dije yo: pues yo me voy a una ciudad donde no hay nadie donde puedas caminar en la calle con la gente. A mí me gusta mucho juntarme de pueblo”, expresó.

Candidatura presidencial y consulta interna

Además, Gustavo Bolívar indicó que existe cierto temor en el presidente Petro de que no pueda convocar a varios sectores para ser elegido en 2026, tal como ocurrió en su campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2023, donde no obtuvo los votos necesarios para llegar al cargo.

“Él teme que si soy elegido en una consulta interna, me niegue a pactar con sectores tradicionales. Eso le preocupa (...) Es irónico que ahora me pase factura por ser de los más petristas. Yo nunca he traicionado al proyecto”, declaró el actual funcionario en entrevista con Blu Radio.

Incluso, el exsenador del Pacto Histórico se refirió a la posible consulta interpartidista que definirá al candidato único de la colectividad de izquierda, y que estará en las elecciones presidenciales del 2026.

Este proceso, según Bolívar, se definiría en dos fases. Una en octubre de 2025 donde se definirá al candidato del movimiento político, y otra en marzo de 2026, donde se definirá el candidato final de un frente amplio con varios partidos políticos que han respaldado el proyecto de Petro.

“El presidente sabe que solo con el Pacto Histórico no se gana. Está buscando alianzas que garanticen gobernabilidad. Pero yo también puedo convocar al centro”, mencionó al citado medio de comunicación.

Por último, Gustavo Bolívar no descartó respaldar al candidato que defina ese frente amplio. “Este proyecto es más grande que cualquier nombre. Si me toca cargar la maleta de otro, lo haré por el bien del progresismo”, puntualizó.

Militantes de Colombia Humana expresaron su descontento por el tensionante momento protagonizado por el presidente Gustavo Petro contra Gustavo Bolívar en Tibú, Norte de Santander, registrado el viernes 9 de mayo de 2025, en un evento público.

Durante el acto, el máximo líder del Pacto Histórico rompió el protocolo para lanzar críticas directas contra Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que presentó su renuncia al cargo con efecto a partir del 16 de mayo de 2025.

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Según informó la colectividad en una carta abierta, el comportamiento del presidente fue calificado como “algo personal y no apropiado”. En el documento, los militantes destacaron la trayectoria y compromiso de Bolívar con el proyecto político del máximo líder del Pacto Histórico, describiéndolo como “un hombre íntegro” que ha demostrado lealtad y respeto hacia el movimiento.

Además, en el texto se señala que el también escritor era la persona idónea para anunciar las medidas de apoyo económico destinadas a los adultos mayores, quienes tuvieron una participación significativa en el evento.

El incidente que generó la controversia se registró cuando Gustavo Petro interrumpió el orden del día para referirse a Bolívar y otros funcionarios que han renunciado a su administración. En su intervención, el presidente afirmó: “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron”.

El jefe de Estado añadió que aquellos que dejan sus cargos para perseguir aspiraciones políticas deben retirarse completamente, recalcando: “No se puede confundir... persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va y entra su reemplazo. ¿Qué tiene que venir a hablar? Eso es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”.

La reacción de Colombia Humana no se limitó a este episodio. En su misiva, el partido insistió en la importancia de fortalecer el liderazgo desde las bases municipales, argumentando que el empoderamiento territorial es esencial para garantizar un trabajo político eficiente y evitar un posible fracaso en las elecciones de 2026.

“Consideramos que el liderazgo debe ser reconocido y nacer en la base”, señalaron, enfatizando en la necesidad de que los municipios asuman un papel central en la toma de decisiones y acciones políticas.

El partido también aprovechó la ocasión para criticar el proceso de selección de candidatos en las elecciones al Congreso de la República, señalando que algunos de los elegidos llegaron “por dedocracia” y gracias al arrastre de votos de Gustavo Petro, sin ser verdaderos progresistas. Lo particular del caso es que estas palabras reflejarían un malestar interno dentro del movimiento, que, aunque apoya la consulta popular liderada por el presidente, muestra signos de inconformidad con ciertas actitudes y decisiones del mandatario.

Así las cosas, la renuncia de Gustavo Bolívar, que ha sido una figura clave en el proyecto político de Gustavo Petro, marcaría un punto de inflexión en la relación entre el presidente y algunos sectores de su partido.

De hecho, Bolívar, que ha anunciado su intención de aspirar a la presidencia de la República, ha sido reconocido por su compromiso con el cambio social y su trabajo en el DPS. Sin embargo, su salida del cargo y las tensiones generadas en torno a este hecho han puesto de manifiesto las divisiones internas en Colombia Humana y los desafíos que enfrenta el movimiento de cara al futuro político del país.

Es válido remarcar además que esta polémica se registra a pocos meses de que comience la carrera por la presidencia de cara a lo que serán las elecciones de 2026, contienda en la que Gustavo Petro no participaría directamente.

El proceso de creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en la región del Catatumbo, pactada entre el Gobierno Nacional y el Frente 33 de la disidencia denominada Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), continúa en desarrollo, aunque persisten incertidumbres sobre aspectos clave como la seguridad, la logística y el tratamiento de las armas.

Desde la expedición del Decreto 0448 el pasado 17 de abril, mediante el cual se suspendieron las acciones militares ofensivas contra ese grupo, se fijó un periodo de un mes para que la organización armada iniciara su traslado a la ZUT. Esa fecha límite está próxima a vencerse: el 18 de mayo.

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En el decreto también se establece que se deben brindar “las condiciones de seguridad y logística necesarias” para que el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, cuyo mando ejerce John Mechas y que hace parte del Frente 33, se ubique temporalmente en esta zona, y que posteriormente ese modelo se extienda al resto de estructuras del EMBF.

Durante los últimos días, se han desarrollado diversas reuniones entre representantes del Gobierno, asesores jurídicos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, integrantes de la comunidad internacional y miembros de la Fuerza Pública con el fin de preparar el terreno para la implementación de la ZUT.

Fruto de esos encuentros se conformó un equipo encargado de definir temas logísticos como el acceso a servicios básicos. Este grupo se encuentra ya trabajando en el área donde funcionará la zona. Según fuentes vinculadas al proceso, se evalúan dos ubicaciones: una es la vereda Vetas, cercana a Tibú; la otra, en inmediaciones del espacio territorial de Caño Indio, donde viven firmantes del Acuerdo de Paz.

La segunda opción ha despertado inquietudes entre antiguos integrantes de las FARC. Diego Tovar, miembro del Partido Comunes y del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), afirmó que “planteamos que de ser cierta esa información, es necesario blindar a la población, pero también a la comunidad firmante”.

Esta advertencia se enmarca en hechos recientes ocurridos en la región, donde al menos seis excombatientes han sido asesinados y otros diez permanecen desaparecidos, presuntamente tras ataques del ELN. La disputa territorial entre esa guerrilla y las disidencias añade un riesgo adicional a la ubicación de la ZUT.

Además, se instaló una comisión evaluadora que tiene previsto reunirse el 15 de mayo para revisar los avances del proceso. Esta comisión es liderada por Fabio Valencia y Gloria Quiceno, ambos integrantes del equipo negociador del Gobierno.

A nivel local, las autoridades se han pronunciado a favor de la iniciativa. El alcalde de Tibú, Richar Javier Claro, expresó: “Como alcalde reconozco profundamente la importancia de construir la paz desde el diálogo territorial... Nuestra comunidad y el municipio de Tibú reciben con esperanza cada anuncio desde el Gobierno Nacional para desescalar el conflicto”.

En la misma línea, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, manifestó: “Esperamos que la ZUT tenga la oportunidad de albergar a los guerrilleros y avanzar a la firma de un Acuerdo de Paz”.

Durante un evento reciente en Tibú, el presidente Gustavo Petro agradeció al Frente 33 por su decisión: “Tengo que agradecerle al Frente 33 que también tenía la oportunidad de coger el dinero traqueteando en otras regiones para vengarse del ELN, sino que acogió el consejo del presidente y decidió no irse a la venganza sino a una ZUT y mostrar un camino de paz”.

Sin embargo, temas fundamentales como la duración de la ZUT, los protocolos de seguridad y el manejo del armamento aún no han sido definidos públicamente. Aunque algunos portavoces han señalado que el funcionamiento ya empezó desde el anuncio, no hay una fecha oficial de inicio.

Un nuevo caso de secuestro a un joven generó alarma y preocupación en Tibú (Norte de Santander), en hechos reportados en la tarde de sábado 10 de mayo de 2025.

Según reportaron medios locales, un joven identificado como Kevin Vega fue llevado por la fuerza desde su vivienda, situada en el asentamiento irregular conocido como 11 de Septiembre, con rumbo desconocido.

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Testigos señalaron que hombres armados, presuntamente vinculados a la disidencia del Frente 33 de las Farc, irrumpieron en el lugar para perpetrar el hecho.

De acuerdo con las versiones preliminares obtenidas de manera extraoficial, el secuestro ocurrió en la residencia del joven, que fue sacado contra su voluntad por los individuos armados.

Familiares y allegados de Kevin Vega, citados por medios locales, hicieron un llamado urgente a los responsables del secuestro, pidiendo su liberación inmediata. Según sus declaraciones, el joven no tiene ningún tipo de problema que pudiera justificar este acto violento.

Infobae Colombia consultó sobre el caso con la división número dos del Ejército Nacional, que tiene injerencia en esa zona del país, que respondieron que están al tanto de la situación y, en conjunto con la Policía Nacional, están realizando las verificaciones correspondientes.

Este lamentable caso se reporta en menos de 24 horas de la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, a ese municipio nortesantandereano, donde lideró la entrega de tierras a familias campesinas. De hecho, fue durante ese evento protocolario, que el mandatario violó el orden del día e intervino para “regañar” a uno de sus grandes discípulos, Gustavo Bolívar.

En el evento, Petro cuestionó públicamente la intervención de Gustavo Bolívar, director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), durante el evento. Esto se debió a que Bolívar, a pesar de haber presentado su renuncia para postularse a la Presidencia, mantiene su cargo de manera activa, asistiendo en los eventos oficiales.

Jóvenes que habían sido secuestrados por miembros del ELN se fugaron

Cuatro jóvenes que habían sido secuestrados por el ELN lograron escapar en la zona rural de Tibú, específicamente en la vereda Guachimán, según informaron las autoridades.

Entre los liberados se encuentran Diana Karina Gracia, su hermana, una niña de dos años y otro joven identificado como Nixon Fabián Pérez, quienes habían sido retenidos el pasado miércoles 7 de mayo mientras se desplazaban hacia la mencionada vereda. La comunidad local jugó un papel crucial en su protección tras la fuga, asegurando su llegada a un refugio humanitario.

De acuerdo con la denuncia presentada por la comunidad ante una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, los cuatro fueron secuestrados por hombres armados vinculados al ELN.

Tras conocerse el hecho, se activaron mecanismos de alerta para exigir al grupo armado el respeto por la vida de los retenidos y su pronta liberación. Sin embargo, fue el jueves 8 de mayo cuando se confirmó que los jóvenes lograron escapar por sus propios medios. La ciudadanía local les brindó apoyo y los resguardó hasta que pudieron llegar al refugio humanitario donde actualmente se encuentran familias desplazadas.

El refugio humanitario, ubicado en la vereda Betranía, ha sido un lugar de acogida para personas que han huido de la violencia en la región. Según se informó, estas familias llegaron a mediados de abril tras haber permanecido previamente durante dos meses en albergues en Cúcuta. Las autoridades confirmaron que los jóvenes se encuentran sanos y salvos junto a sus familias. Además, se presume que el ELN les había restringido la movilidad en la zona rural de Tibú, lo que complicó aún más su situación.

En medio de la controversia que ha causado la más reciente decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, como parte de la política de Paz Total, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia expresó su preocupación frente al despeje de Tibú, Norte de Santander, para facilitar las negociaciones con el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf) de las disidencias de las Farc.

Según Valencia, en un video publicado en su perfil de X el lunes 5 de mayo de 2025, esta medida revive “fantasmas del pasado” cuando se recurrió a estrategias similares que, a su juicio, solo contribuyeron a empeorar la situación de seguridad en el país. Sobre todo, cuando esta estructura viene de atacar en el departamento del Guaviare a los miembros del Batallón Joaquín París, por intermedio del Bloque Jorge Briceño Suárez, en hecho que dejó siete muertos.

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Paloma Valencia arreció contra Gustavo Petro: “La lucha insurgente ya se acabó”

La congresista, que desde la bancada opositora ha sido una de las más fuertes críticas de la estrategia del Ejecutivo para poner fin a los conflictos armados en Colombia, expresó que lo dispuesto por Petro, que dio vía libre para la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), con el objetivo de permitir que los miembros del Frente 33 se agrupen allí como parte del proceso de paz, es un error a carta cabal. En su intervención, indicó su rechazo a esta decisión, al señalar que podría ser un error grave para la seguridad y el orden en la región.

“Es gravísimo lo que está haciendo el presidente diciendo que va a despejar Tibú para el frente 33 de las Farc”, dijo la senadora, que citó lo dicho por Petro, cuando afirmaba que eran guerrilleros “curtidos” en la lucha insurgente que se desviaban del camino ideológico. Así pues, para Valencia es claro que esa ”lucha insurgente" ya se acabó y que los ciudadanos están “frente a narcos y traquetos”.

“¿Qué ley le habilita a él despejarle el territorio colombiano a los traquetos? No existe ley que lo haga. Lo segundo, hay un miedo en la población que sienten que van a llegar estos ilegales armados. Apenas ayer (Cauca) hubo una masacre donde perdieron su vida cuatro personas. Yo creo que es momento de decirle al presidente: ‘no se pase por la faja la Constitución, cuando usted lo eligieron la Constitución siguió vigente’”, agregó la congresista, que no ocultó su enojo frente al particular.

Gustavo Petro justificó, a su modo, decisión de despejar Tibú para negociar con el Embf

Es válido precisar que Petro defendió la decisión de crear una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú como parte de su estrategia para avanzar en el proceso de paz con el frente 33 de las disidencias, al mando de alias Calarcá, y que en esa zona operan bajo la coordinación de alias Andrey Avendaño. En un mensaje reciente a través de su cuenta de X, Petro resaltó que este paso es necesario para avanzar en la desmovilización del grupo armado y permitir su transición hacia la vida civil.

“Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el Frente 33 del Estado Mayor y el Gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del frente 33. Comienza la paz del Catatumbo”, aseguró Petro, refiriéndose al acuerdo alcanzado con los representantes de dicha estructura, que tiene presencia en este territorio de Norte de Santander. Según el jefe de Estado, el objetivo de esta zona es reducir la violencia en el Catatumbo y promover la reintegración de los miembros de la disidencia.

Asimismo, el mandatario también señaló que las decisiones se toman como parte del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, que suspendió las operaciones militares ofensivas contra el frente 33 hasta el 18 de mayo de 2025. Esto abre el camino para el agrupamiento del Bloque Magdalena Medio en la región de Catatumbo, lo que, según el presidente de la República, sería un paso hacia una paz con justicia social y ambiental en una región golpeada por el accionar de los grupos armados ilegales.

El proceso de negociación entre el Gobierno y el frente 33 se formalizó tras una reunión en Cúcuta, en donde ambas partes acordaron la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el área rural de Tibú; en estricto cumplimiento de la Ley 2272 de 2022, que establece la creación de Zonas de Ubicación para grupos armados en procesos de paz. De esta forma, quedaron definidas las condiciones para que los combatientes del grupo se reagrupen en esta población, bajo un control estatal que garantice las condiciones de seguridad y de desarrollo en la región.

Bogotá, 3 may (EFE).- El Gobierno colombiano y el Frente 33 del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, acordaron este sábado la creación de una "zona de paz" en la localidad de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, para avanzar en un acuerdo con ese grupo guerrillero que opera en la región del Catatumbo.

"Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el frente 33 del estado mayor y el gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del frente 33. Comienza la paz del Catatumbo", anunció en su cuenta de X el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario publicó el texto del acuerdo firmado entre el Gobierno y el Frente 33, según el cual el proceso de paz entre las partes está "en una fase avanzada".

"Se acuerda zona de paz para la dejación de la violencia con el frente 33 del estado mayor y el gobierno nacional. Allí se congregarán los combatientes y armas del frente 33. Comienza la paz del Catatumbo", anunció en su cuenta de X el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario publicó el texto del acuerdo firmado entre el Gobierno y el Frente 33, según el cual el proceso de paz entre las partes está "en una fase avanzada". EFE

El Gobierno de Colombia y el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las Farc-EP alcanzaron un acuerdo para establecer una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, este acuerdo representa un paso significativo en los diálogos de paz con la estructura armada, pero está condicionado a que los combatientes se concentren en el lugar acordado en los próximos días o semanas. De no cumplirse este requisito, el proceso de negociación será suspendido.

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“La noticia que se dio el sábado es una excelente noticia porque la mesa de negociación llega al acuerdo que se va a concentrar este frente 33, en un sitio determinado escogido por la mesa de negociación. Es un avance importantísimo en la paz, de pronto el más importante”, expresó el funcionario.

El anuncio fue celebrado por el presidente Gustavo Petro, que lo calificó como el inicio de la “paz del Catatumbo”. Según lo definido en la Mesa de Diálogos de Paz, la ZUT permitirá la concentración de los integrantes del Frente 33 y sus armas, bajo condiciones previamente evaluadas y acordadas entre las partes.

En declaraciones ofrecidas desde la Casa de Nariño, Benedetti subrayó que el acuerdo es una excelente noticia, pero advirtió que el cumplimiento del plazo para la concentración es fundamental. “Si no se concentran, se acaba la mesa de negociación”, afirmó el ministro, dejando claro que el Gobierno no permitirá dilaciones en este proceso. Además, destacó que el punto geográfico para la concentración fue definido de manera conjunta entre las partes.

Uno de los aspectos aún por definir es si los miembros del frente 33 llegarán armados o desarmados a la zona de ubicación. Benedetti explicó que este tema será resuelto en los próximos días, pero aseguró que la fuerza pública estará presente alrededor de la ZUT. El funcionario del gabinete de Petro explicó que esta presencia no debe interpretarse como un esquema de protección para los combatientes, sino como una garantía para la implementación del acuerdo.

“Sobre que es armado o no es armado, ese es un tema que tiene que desarrollarse en estos días. Pero armado o no armado, que estén concentrados ya con un cordón de la fuerza pública, no es que los estén cuidando, sino que están garantizando los acuerdos de paz”, señaló públicamente.

El frente 33 es considerado una estructura clave dentro del Estado Mayor de las Farc, debido a su influencia sobre otros grupos armados. El ministro del Interior destacó que su participación activa en esta fase del proceso podría ser determinante para que otros frentes sigan el mismo camino. “El frente 33 tiene ascendencia sobre los otros, y se supone que ellos también lo harán”, afirmó Benedetti refiriéndose a la posibilidad de que otras estructuras armadas se sumen a este tipo de acuerdos.

Asimismo, el jefe de la cartera política mencionó que “existe una gran voluntad de paz” e insistió en que “la paz se hace cuando hay voluntad de paz y en eso estamos”, aseverando que con este acto significativo se demuestra que “la paz es mucho más importante de la guerra”.

Este avance en los diálogos de paz se da en medio de los esfuerzos del Gobierno colombiano por alcanzar una solución negociada al conflicto armado que ha afectado al país durante décadas. La implementación de la ZUT en Tibú, según Benedetti, representa un paso importante, pero su éxito dependerá del cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

Tres personas fueron asesinadas en la noche del sábado 4 de mayo en Tibú, Norte de Santander, en un nuevo hecho violento que tuvo lugar en el sector Divino Niño, ubicado en el barrio Barco, zona urbana de este municipio del Catatumbo.

Según reportes preliminares entregados por las autoridades locales, los responsables del ataque serían hombres armados que dispararon contra las víctimas sin mediar palabra.

Los tres fallecidos fueron identificados como José Luis Flórez, José Hipólito Vega y Melqui Antonio Vega.

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De acuerdo con los informes, todos murieron en el lugar donde se produjo el atentado. Hasta el momento no se ha revelado información oficial sobre las posibles causas del ataque ni sobre los autores materiales del hecho.

El crimen ocurre en un momento de especial atención sobre esta región del país, ya que se conoció recientemente el anuncio del presidente Gustavo Petro en el que se confirmó que Tibú será el sitio donde se habilitará un espacio de concentración para integrantes del frente 33 de las disidencias de las FARC. Según lo expresó el mandatario en su cuenta de X, “el Catatumbo será territorio de paz, con un punto de concentración rural para iniciar el tránsito de los combatientes del frente 33 hacia la vida civil”.

Esta declaración generó reacciones tanto a nivel local como nacional, especialmente por el contexto de seguridad que enfrenta esta zona fronteriza. En Tibú confluyen diversas estructuras armadas ilegales, entre ellas el ELN, grupos residuales de las FARC, bandas delincuenciales y organizaciones asociadas al narcotráfico. La complejidad del panorama ha hecho que la región se mantenga en constante alerta.

En relación con los asesinatos registrados en el barrio Barco, las autoridades desplegaron un equipo de investigación para esclarecer los hechos. Aunque todavía no se ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre las circunstancias que rodearon el ataque, voceros de la fuerza pública indicaron que se están revisando cámaras de seguridad y recolectando testimonios de la comunidad para avanzar en la identificación de los responsables.

Tibú ha sido catalogado por organismos locales y nacionales como uno de los municipios con mayores índices de homicidios en el noreste colombiano. En lo que va del año, esta población ha registrado múltiples hechos de violencia asociados a disputas territoriales entre actores armados por el control de rutas del narcotráfico, cultivos ilícitos y otras economías ilegales.

El anuncio del Gobierno sobre la implementación de un espacio de concentración para el frente 33 en esta jurisdicción forma parte de los lineamientos de la política de “paz total”. Según lo expresado por el presidente Petro, esta medida busca facilitar escenarios de diálogo y desescalamiento de las confrontaciones armadas en zonas de alta conflictividad.

Mientras se desarrollan los procedimientos forenses y judiciales para esclarecer lo ocurrido, la comunidad permanece a la expectativa de las decisiones que puedan tomarse en el marco de los nuevos compromisos asumidos por el Ejecutivo en materia de seguridad y negociación con los grupos armados presentes en la región del Catatumbo.

De hecho, el jueves 17 de abril, durante una operación militar en Tibú (Norte de Santander), tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano incautaron una camioneta Toyota Land Cruiser 4.5 Pick-Up modificada con láminas metálicas de más de cinco centímetros de grosor, diseñada para ofrecer protección balística parcial y camuflarse en la densa vegetación del Catatumbo.

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En el platón del vehículo, los guerrilleros instalaron una estructura improvisada con tubos, plástico y metal, usada como torre de observación para artilleros, lo que facilitaba identificar objetivos y ofrecía ventaja táctica en enfrentamientos. Del mismo modo, portaba una placa blanca que permitía circular sin restricciones y evadir controles de movilidad.

Este vehículo, conocido como “technical” o “monstruo”, es el primero de su tipo incautado en el país, además de ser un modelo comúnmente asociado con conflictos en países como Irán, Irak y México.

En su informe, el Ejército detalló que el vehículo fue adaptado para desplazarse por vías rurales y transportar personal armado de manera segura. Asimismo, contaba con un compartimento techado que podría facilitar el uso de armamento desde su interior.

Durante el operativo, también se incautaron municiones de distintos calibres, proveedores, un radio Scanner Icon, una camioneta de alta gama, dos motocicletas y una tanqueta artesanal, esta última también modificada con blindaje metálico. Las autoridades señalaron que estos vehículos pertenecían al frente 33 de las disidencias de las Farc, que opera en la región.

También se conoció que la tanqueta artesanal y los demás elementos incautados están relacionados con los enfrentamientos entre el frente 33 y el ELN por el control de aproximadamente 27.000 hectáreas de cultivos de coca en el Catatumbo. Este conflicto territorial ha intensificado la violencia en la zona, donde los grupos armados buscan consolidar su dominio sobre las rutas del narcotráfico.

Una de las revelaciones más alarmantes de la operación es la presunta conexión entre las disidencias del Frente 33 y las mafias mexicanas, específicamente el Cártel de Sinaloa.

Según fuentes de inteligencia militar citadas por El Tiempo, este grupo armado habría recibido asesoría de criminales mexicanos para la fabricación de vehículos blindados de manera artesanal, replicando las técnicas utilizadas por los cárteles en México.

“Nos llega la información de que el Gaor 33 ha ido recibiendo algún tipo de asesoría por parte de algunos ciudadanos mexicanos con respecto al blindaje de vehículos de manera artesanal, para asemejarse a lo que estos carteles han hecho allá en México, por lo que nos lanzamos la búsqueda de evidencias y encontramos una zona donde estaba uno de estos carros parqueados”, detalló una fuente al medio citado.

Investigadores señalaron que en varias ocasiones se ha observado a mexicanos manejando vehículos de alta gama en Tibú, una situación inusual dada la complejidad de la región.

La operación que permitió la incautación del vehículo blindado se llevó a cabo tras recibir información de que este había sido trasladado a las afueras de Tibú para su respectivo mantenimiento.

Con el apoyo de drones, las autoridades confirmaron la ubicación del vehículo y procedieron a su decomiso y captura de dos integrantes del frente 33, uno de los cuales confesó que al menos diez vehículos con características similares estarían circulando en las calles de Tibú.

“Para el caso puntual del vehículo, nos llega por medio de una fuente que lo tuvieron que llevar hasta un sitio en las afueras, la periferia de Tibú, para hacerle un mantenimiento. Llegamos hasta allá y con la ayuda de un dron nos dimos cuenta de que en efecto se trataba de uno de estos carros”, puntualizó el investigador citado por el medio.

En medio de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, dos mujeres menores de 20 años fueron víctimas de los ataques entre los grupos armados ilegales.

Según revelaron medios locales, los hechos ocurrieron el pasado sábado 26 de abril, en el que las dos mujeres, identificadas como Tatiana y Karen Guillín, oriundas del municipio de El Tarra (Norte de Santander), fueron interceptadas por sujetos armados mientras se desplazaban por el corregimiento Campo Tres, zona rural de Tibú (norte de Colombia).

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No obstante, información revelada por portales de noticias del Catatumbo mencionaron que en la escena del crimen también fue asesinado un hombre, que sería la pareja sentimental de una de las mujeres.

Mientras las autoridades investigan lo sucedido, el Frente de Guerra Nororiental del ELN asumió la responsabilidad del crimen ocurrido en Tibú, al considerar que, en el momento en que estas personas circulaban por la zona, el grupo guerrillero identificó al sujeto como integrantes de las disidencias de las Farc.

“Sin tregua alguna, iniciándose un combate donde se da de baja a alias Yorbey, integrante de la banda, y se captura herido a alias Elder, segundo al mando de dicha unidad. Esta banda tenía consigo mujeres y niños que usaban como escudo para avanzar en el ataque a posiciones nuestras. Es así como lamentablemente resultan muertas dos de estas mujeres que corresponden a los nombres de Tatiana y Karen Guillín, oriundas del municipio de El Tarra”, declaró alias Camilo Vive, vocero del ELN en un video publicado en redes sociales.

En cuanto a la situación de los menores que se encontraban acompañados por las tres personas asesinadas, el delegado del ELN indicó que fueron entregados a un líder comunitario de la región.

“La banda en la huida dejan abandonados dos niños, Liam y Thalía, de uno y tres años de edad, y los cuerpos sin vida de las dos mujeres y el integrante de la banda. Los niños son acogidos y auxiliados por nuestras unidades y luego se dejaron en manos del líder comunitario y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Victoria, el señor Ramón Camargo, quien hará entrega a sus respectivos familiares”, expresó el vocero del ELN.

Del mismo modo, alias Camilo Vive reportó que los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a una zona de campo para facilitar el levantamiento de las autoridades, y reportó la incautación de dos armas de fuego como un fusil tipo AK Norinco, una pistola tipo Prieto Beretta, entre otros elementos.

“Extendemos nuestras condolencias a los familiares, amigos y allegados de Tatiana y Karen Guillén. Al mismo tiempo que denunciamos el uso de mujeres y niños de la región como escudo por parte de esta banda (...) ratificamos nuestro compromiso por la defensa en la región del Catatumbo y enfrentar toda amenaza que atente contra la población”, puntualizó.

Esta declaración coincide con la versión que previamente había ofrecido el Gobierno colombiano sobre los hechos, aunque las circunstancias exactas de lo ocurrido siguen generando interrogantes en la región.

El Catatumbo, ubicado en la frontera entre Colombia y Venezuela, es una región estratégica para los grupos armados debido a su geografía y su importancia en actividades ilícitas como el narcotráfico. Tanto el ELN como las disidencias de las Farc mantienen una fuerte presencia en el área, lo que ha llevado a constantes enfrentamientos por el control territorial.

De hecho, los enfrentamientos entre ambas organizaciones armadas derivó en cerca de 65.000 desplazados y más de 100 muertos, lo que llevó a que el Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro declarara el Estado de Conmoción Interior por 90 días, desde el 24 de enero de 2025.

Sin embargo, el pasado 24 de abril, la administración nacional anunció el levantamiento de la medida, pero prorrogó la vigencia de 11 decretos legislativos emitidos durante este periodo de excepción hasta el mes de julio del año en curso, textos que abordan temas como la protección de tierras, la atención a los desplazados y las garantías de recursos para los habitantes del Catatumbo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha anunciado este sábado la entrega de 63 miembros de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

"En Guachimán, municipio de Tibú, Norte de Santander se ha logrado una de las mayores desmovilizaciones desde el 2016", ha destacado Petro en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Petro ha destacado que gracias a "una operación militar se logró el sometimiento a la justicia de 63 integrantes del Bloque Magdalena Medio o Frente 33" de las FARC. En la operación se han incautado 54 armas largas, dos ametralladoras, un fusil de francotirador, un arma corta, 80 granadas de mortero y 1.000 kilos de explosivos.

El mandatario colombiano ha emplazado a entregarse a los miembros del Frente 33 "que lo deseen"."Se les garantizan sus Derechos Humanos y su ubicación en la sociedad para construir una vida como constructores de vida y paz", ha planteado.

Como argumento, ha resaltado que "la ofensiva contra el ELN crece". "La población civil ha sido protegida por el ejército y es atendida por nuestras instituciones con prioridad en la niñez", ha puesto en valor.

Petro ha anunciado además un programa de pagos para la erradicación de coca en el Catatumbo para que los campesinos puedan acogerse, una medida que se suma al reciente anuncio de una recompensa de 3.000 millones de pesos (casi 700.000 euros) por varios dirigentes guerrilleros, como Israel Ramírez, alias 'Pablo Beltrán'; Nicolás Rodríguez, alias 'Gabino'; Eliécer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García' y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 'Pablito'.

Algunos de estos dirigentes del Comando Central del ELN han participado en las negociaciones de paz con el Gobierno en La Habana, ahora rotas debido a la ofensiva del ELN en la región del Catatumbo, en el norte de Colombia.

Por otra parte, Petro ha destacado la intercepción de una embarcación en aguas del Pacífico en la que viajaban 34 adultos y 7 menores de edad, incluidos 12 iraníes, 12 indios, 4 vietnamitas y 13 armenios y la detención de tres colombianos por tráfico de migrantes.

"La mafia de la nueva trata de migrantes es ya global y ha dejado de ser un problema latinoamericano en el continente americano", ha advertido Petro.

Bogotá, 25 ene (EFE).- Al menos 63 disidentes de las FARC se desmovilizaron en una zona rural del municipio de Tibú, en la convulsa región colombiana del Catatumbo, en medio de la violencia guerrillera que se ha cobrado la vida de entre 60 y 80 personas en una semana, confirmó este sábado el presidente Gustavo Petro.

"En Guachimán, municipio de Tibú, Norte de Santander, se ha logrado una de las mayores desmovilizaciones desde el 2016. En desarrollo de una operación militar se logró el sometimiento a la justicia de 63 integrantes del Bloque Magdalena Medio o Frente 33", escribió el mandatario en la red social.

Petro detalló que los disidentes entregaron 54 armas largas, dos ametralladoras, un fusil de francotirador, un arma corta, 80 granadas de mortero y 1.000 kilos de explosivos.

El presidente instó a los disidentes a desmovilizarse y dijo que, en caso de hacerlo, el Gobierno garantizará sus DD.HH. y "su ubicación en la sociedad para construir una vida como constructores de vida y paz".

Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría y la Gobernación de Norte de Santander, de los cuales solo se han podido recoger 41 cuerpos por la situación que siguen viviendo las zonas rurales alejadas del Catatumbo donde las autoridades aún no han podido acceder.

Además hay más de 41.000 desplazados, según las cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que alertó también de que 12.520 personas están confinadas por la violencia.

Igualmente, 573 personas cuya vida corría peligro, han sido "extraídas" (retiradas de la zona), según el último reporte del Gobierno, publicado este sábado.

Entre las víctimas mortales hay seis firmantes de paz, mientras que 12 excombatientes de las antiguas FARC están desaparecidos, advirtió el Ministerio de Defensa.

Mientras tanto, el ELN sigue justificando esta ofensiva en que las disidencias de las FARC son las que ponen en jaque a los ciudadanos del Catatumbo y denuncia que firmantes del acuerdo de paz de 2016 se han rearmado.

En ese sentido, Petro aseguró que "la ofensiva contra el ELN crece" y que la población civil es atendida por las autoridades. EFE

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha informado este viernes de que 41.236 personas han sido desplazadas en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, tras el último brote de crisis de violencia por grupos armados.

El organismo de la ONU ha enfatizado que los choques han afectado tanto a la población local como a los refugiados y migrantes venezolanos.

El desplazamiento ha sido especialmente grave en los municipios de Cúcuta, Tibú y Ocaña, donde se han refugiado miles de personas, mientras que al menos 12.520 personas están confinadas en otras localidades.

La violencia, que comenzó el 16 de enero, ha dejado al menos 80 muertos y 12 heridos, incluyendo a cinco firmantes del acuerdo de paz, según la OCHA, al añadir que la interrupción del calendario escolar ha afectado a más de 46.000 niños.

Asimismo, el impacto de la violencia se ha extendido a las comunidades indígenas, con al menos 23 comunidades del pueblo Barí confinadas, y también a miembros de los pueblos Yukpa y Wayúu, tanto en Colombia como en Venezuela.

La OCHA ha destacado las dificultades para acceder a las zonas afectadas debido a la presencia de minas antipersonal y grupos armados.

El pasado miércoles, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, condenó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la crisis de seguridad en Catatumbo y atribuyó la violencia desatada desde la semana pasada al "vacío de presencia estatal" en zonas del país latinoamericano "donde los grupos armados ilegales luchan por el control territorial y social".

Este jueves, la guerrilla colombiana ELN reafirmó que mantendrá el conflicto en la región del Catatumbo, una "guerra de liberación", según sus propios términos, que habría permitido la captura de "decenas" de integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en concreto del denominado Frente 33.

La escalada de violencia se produce en medio de la suspensión de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, que actualmente enfrenta a las disidencias de las FARC.

El presidente, Gustavo Petro, señaló que la disputa por el control del narcotráfico en la región del Catatumbo está alimentando el conflicto. La situación sigue siendo crítica, con miles de personas atrapadas entre los frentes de combate y con un acceso humanitario limitado.

El incremento cada vez mayor de las filas del Frente 33 ha provocado los enfrentamientos con el ELN, que históricamente ha controlado Catatumbo, una región que incluye una quincena de municipios y que hace frontera con Venezuela. Su riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca hace de ella una de las más disputadas por los grupos armados colombianos.

Tibú (Colombia), 22 ene (EFE).- Las calles de Tibú, un pueblo petrolero del departamento colombiano de Norte de Santander, han vuelto a ser escenario del éxodo de miles de personas que buscan refugiarse de la violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una de las disidencias de la FARC.

Este pueblo vivió escenas similares entre 1997 y 2004 cuando las masacres de guerrilleros y paramilitares forzaron al desplazamiento a más de 34.000 personas que tuvieron que huir para ponerse a salvo tras ser acusadas de colaborar con el otro bando.

Esta vez, de los 38.000 desplazados que ha dejado la guerra de guerrillas en el Catatumbo, unas 5.300 están en Tibú y el resto, mayoritariamente en Cúcuta, capital de Norte de Santander (15.086) y en Ocaña (11.503), la segunda ciudad del departamento, fronterizo con Venezuela.

En el casco urbano de Tibú hay cinco albergues temporales que acogen a adultos y niños y en los cuales la situación está a punto de tornarse crítica.

Uno de ellos es el Seminario Menor, convertido en hogar improvisado para aquellos que llegan con sus propios dramas.

En los diferentes espacios de este lugar hay camas provisionales y personas con relatos de noches sin dormir y la desesperación que acompaña a quienes huyen sin rumbo de las balas.

"Estuvimos dos días en silencio dentro de la casa. En las noches no prendíamos luz por miedo a que nos llegaran", relató a EFE una mujer que prefiere omitir su nombre y quien huyó con su esposo y sus dos hijos desde el sector La 25.

Otra mujer, llamada Luz Mary, procedente del caserío de Miramontes, contó que salió en motos junto con varios miembros de su familia.

"A nosotros nos dijeron que debíamos salir y dejamos nuestros animales abandonados. Es fuerte y más por nuestros niños", dijo a EFE, mientras al fondo se escuchaba a unos menores corear "Queremos la paz".

Don Jaime, un agricultor con profundas raíces en el caserío de La Serpentina, comparte su historia: "Mi familia ha vivido aquí por generaciones. La tierra es nuestro hogar, pero ahora nos vemos obligados a huir, pero volveré".

A medida que pasan los días, el éxodo sigue en el Catatumbo profundo. Algunos se quedan en Tibú, otros continúan su camino hacia Cúcuta, donde ya hay más de 15.000 desplazados, o hacia Ocaña, que ha recibido a más de 11.500 personas.

El catatumbero Jean Carlos vivió de cerca el inicio del conflicto y huyó con 11 familiares en moto en busca de refugio.

"Uno entra en pánico", dice, y asegura que piensa volver a su tierra apenas se calme todo porque "hemos luchado mucho por tenerla para dejarla botada".

El teniente coronel Miyer Fernando Moreno Gutiérrez, comandante del Batallón de Ingenieros Militares No. 30 del Ejército, precisó que están haciendo evacuaciones de civiles en condiciones de riesgo, la más reciente de ellas con 40 personas.

"Con el constante patrullaje aéreo se han rescatado 120 personas, entre líderes sociales, firmantes de paz y líderes comunales, quienes fueron protegidos y puestos en albergues", precisó el oficial, quien indicó que han tenido conocimiento de confrontaciones aisladas, pero no con la misma intensidad del primer día.

La respuesta humanitaria sigue llegando y por parte de la Gobernación del Norte de Santander se han activado protocolos para proporcionar asistencia básica a los afectados: alimentos, colchonetas y kits de higiene se distribuyen entre los albergues.

Las calles de Tibú son patrulladas por el Ejército y la Policía, que intentan llevar tranquilidad y orden, pero el miedo persiste y la inseguridad sigue siendo una sombra sobre la comunidad. EFE

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Las autoridades de Colombia han informado este martes de que la crisis de seguridad en la región de Catatumbo, en el noreste del país, ha provocado en apenas cinco días el desplazamiento forzado de alrededor de 32.000 personas.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha explicado que la mayoría de las personas desplazadas ha llegado a la ciudad de Cúcuta, donde se han registrado 15.086, y al municipio de Ocaña, con 11.503. Además, 5.300 personas han llegado a Tibú, mientras que grupos menores han llegado a otras localidades.

Marín ha confirmado que se mantiene el confinamiento en varias zonas del municipio, mientras que las fuerzas de seguridad continúan rescatando a personas que se encuentran en "riesgo extremo". Asimismo, ha confirmado la muerte de cinco firmantes de paz, la desaparición forzada de varios de ellos y "el secuestro de otro grupo".

"También continúa la operación de levantamiento de cuerpos cuando ha sido posible. De ellos, han sido entregados a medicina legal y se ha logrado exámenes médico-forenses de 35 cuerpos, de los cuales dos no han sido identificados y los restantes están siendo entregados a su familia", ha señalado.

Por otro lado, ha dado detalles sobre el desarrollo de varias actividades humanitarias, destacando que "es algo positivo" porque hacía días que no habían podido llevarlas a cabo. Tal y como ha indicado, se han llevado 15 camiones con ayuda humanitaria desde Cúcuta hasta Tibú; se ha liberado al exalcalde del municipio de San Cayetano; se ha rescatado a once personas, incluido un niño; y las autoridades han recibido a 20 personas que llevan secuestradas desde el viernes.

Por último, ha indicado que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha manifestado en una misión humanitaria que "era posible seguir acompañando y entrando en caravanas humanitarias, desarrollar más liberaciones y desescalar el control territorial que tiene sufriendo a la población ciudadana".

El incremento cada vez mayor de las filas del Frente 33 ha provocado los enfrentamientos con el ELN, que históricamente ha controlado Catatumbo, una región que incluye una quincena de municipios y que hace frontera con Venezuela. Su riqueza en recursos minerales y sus ideales condiciones climáticas para el cultivo de coca hace de ella una de las más disputadas por los grupos armados colombianos.

Bogotá, 21 ene (EFE).- El número de desplazados por la violencia guerrillera en la región colombiana del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), ascendió este martes a 32.000 tras seis días de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC.

Así lo manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín, quien dijo que 15.000 personas se vieron forzadas a buscar refugio en Cúcuta, capital de Norte de Santander; 11.000 llegaron a Ocaña, segunda ciudad de ese departamento, y 5.300 a Tibú, localidad ubicada en el Catatumbo.

Desde el pasado jueves, día en que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016. EFE

Bogotá, 20 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se está transformando en una organización "narcoarmada" y que ante la ofensiva que ha emprendido en el Catatumbo contra una disidencia de las FARC que ha dejado más de 80 muertos, "guerra tendrá".

"El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Nosotros, el Gobierno, estamos al lado del pueblo", dijo Petro en un mensaje en su cuenta de X donde añadió que "le corresponde al Ejército actual, el Ejército de la Constitución, salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino".

Los enfrentamientos en zonas rurales del Catatumbo que comenzaron el jueves pasado entre el ELN y una disidencia de las FARC han dejado 80 muertos, más de 20 heridos y más de 11.000 personas desplazadas, principalmente hacia las cabeceras urbanas de Cúcuta, Ocaña y Tibú, ciudades de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo. EFE

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Los enfrentamientos entre el Ejército Nacional de Liberación (ELN) y el Frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la conflictiva región del Catatumbo, en el norte del país, han dejado ya 80 muertos confirmados, según el último balance publicado por la gobernación de Norte de Santander. A ello hay que sumar más de 20 heridos y al menos 5.000 desplazados.

La gobernación de Norte de Santander ha dado estos datos y ha denunciado la "alarmante" situación de orden público en el Catatumbo después de tres días de enfrentamientos. La mayoría de las personas desplazadas están llegando a los municipios de Tibú, Ocaña y Cúcuta, en condiciones precarias, informa Caracol Radio.

En respuesta a esta crisis, desde la Gobernación se ha activado un plan de emergencia en coordinación con alcaldías, empresarios, organizaciones internacionales y el Gobierno.

Mientras, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se ha desplazado hasta Cúcuta para participar en un consejo de seguridad y analizar las medidas a tomar por el recrudecimiento del conflicto. También asiste la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Por el momento se han suspendido las clases en toda la región del Catatumbo para garantizar la seguridad de los menores y se han habilitado albergues temporales en colegios para acoger a los desplazados en coordinación con fundaciones como Pies Descalzos.

Además, el Instituto Departamental de Salud ha declarado la alerta naranja para atender a heridos y desplazados y se han enviado diez camiones cargados con alimentos, colchonetas, agua potable, material médico y otros elementos esenciales hacia Tibú y Ocaña. La Secretaría de Gestión del Riesgo lidera la distribución de estas ayudas y la organización de los albergues.

DESPLAZADOS EN VENEZUELA

Parte de los desplazados han cruzado la frontera hacia territorio de Venezuela, donde el Ministerio del Interior ha contabilizado ya 812 personas: 352 mujeres, 258, hombres y 202 niños, según recogen medios oficiales venezolanos.

Las diferentes instituciones gubernamentales venezolanas están prestando atención sanitaria, en alimentación y refugio "según lo establecido en la doctrina de la Diplomacia Bolivariana de Paz".

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, ha anunciado la instalación de un dispositivo de emergencia en el municipio Jesús María Semprún (Casigua-El Cubo), en la frontera entre el estado Zulia y el Catatumbo (Norte de Santander).

"Hemos recibido la instrucción directa del presidente Nicolás Maduro, a desplegar todos los medios necesarios disponibles para la atención humanitaria de esta crisis que se generó en Colombia. Venezuela siempre está presta a ayudar", ha explicado.

El despliegue se realiza en coordinación con el Gobierno colombiano. "Hemos contactado a su cancillería para ofrecerle todo el apoyo para que la población civil, que se vea en la necesidad de moverse, de salir de su casa, de su territorio; pueda encontrar en Venezuela ese refugio, esa atención a sus familiares", ha realtado Gil. "Venezuela se compromete a poner a disposición de Colombia todos sus recursos para mitigar esta crisis", ha destacado.

Geraldine García

Cúcuta (Colombia), 19 ene (EFE).- La ciudad de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, se ha convertido en un símbolo del sufrimiento humano causado por el conflicto armado en la región del Catatumbo y es el lugar donde en los últimos días han llegado centenares de personas huyendo de la violencia desatada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC.

Familias enteras, muchas de ellas con niños pequeños y mascotas, han llegado cansadas y desoladas a esta ciudad, capital del departamento de Norte de Santander, desde que comenzaron los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las FARC, que ha dejado más de 80 muertos y más de 20 heridos, según informó este domingo el gobernador de este departamento colombiano, William Villamizar.

El Estadio General Santander no acogerá los habituales partidos de fútbol dominicales, ya que se ha transformado en un punto de encuentro improvisado donde han llegado hoy mismo cerca de 2.000 desplazados en busca de protección, mientras la crisis humanitaria se agrava con cada día que pasa.

Doña María, quien no quiere dar por miedo su verdadero nombre, no pudo contener las lágrimas al expresar el dolor que siente al salir de La Gabarra con sus hijos y nietos.

"En Cúcuta no tenemos familia, y nos vinimos para que nos ayuden. La situación es muy crítica", dijo la mujer, quien además expresó que dejó en su finca 14 cerdos y gallinas, su sustento.

Lo que más le duele es que una hija no ha podido salir de La Gabarra por falta de seguridad y transporte. “Esta mañana hablé con ella y aún está allá”, relató.

A medida que pasan las horas, llegan más familias con rostros cansados; padres que cargan a sus pequeños en brazos y niños que, a pesar de la adversidad, intentan encontrar alegría en medio del caos.

Muchos han dejado atrás sus hogares y sus tierras, forzados por el conflicto armado que ha vuelto a revivir las cicatrices de los antepasados.

La Alcaldía de Cúcuta ha activado la ruta de atención a personas desplazadas desde este sábado, en la que atendieron a 2.790 personas en el Palacio Municipal, con el apoyo de la Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Consejo Noruego de Refugiados, Cruz Roja, Defensa Civil y organismos internacionales.

La jornada de atención continúa con una ruta integral de atención, diseñada para garantizar que las personas reciban la asistencia necesaria en este momento crítico con alimentos, ropa y atención médica.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, además inició una campaña de donación denominada ‘Unidos por el Catatumbo’, destinada a recolectar alimentos no perecederos, ropa, zapatos, útiles de aseo y colchonetas.

Así mismo, en respuesta a la magnitud de esta crisis, las autoridades de salud han decretado la alerta amarilla, priorizando la atención médica y humanitaria de los desplazados.

Una madre con sus tres hijos pequeños contó que salió como pudo de su vivienda en la vereda Castrillón y en el camino se encontró con más personas que emprendieron la huida hacia Tibú; sin embargo, ella prefirió seguir a Cúcuta para encontrar seguridad.

“No teníamos otra opción. El miedo era más grande que cualquier cosa que pudiéramos llevarnos; poca ropa trajimos”, afirmó. A su lado, un niño acaricia la cabeza de su perro, quien lo acompaña en este viaje incierto.

La guerra del ELN contra las disidencias de las FARC, que comenzó el pasado jueves, ha provocado además el éxodo de miles de campesinos hacia las cabeceras urbanas de Cúcuta, Ocaña y Tibú —ciudades del departamento Norte de Santander al que pertenece el Catatumbo— e incluso algunas han cruzado la frontera selvática hacia Venezuela.

A pesar del sufrimiento compartido, muchos encuentran consuelo al apoyarse. Un hombre mayor observa a su alrededor y dice: “Hemos dejado todo”.

Cúcuta sigue siendo un faro para aquellos que buscan escapar del horror del conflicto armado. EFE

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Bogotá, 17 ene (EFE).- Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la convulsa región colombiana del Catatumbo, que ha dejado más de 30 muertos y más de 20 heridos en dos días, llevó este viernes al Gobierno a poner en pausa su anhelo de paz.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció la suspensión de los diálogos con el ELN, al que acusó de cometer "crímenes de guerra" en el Catatumbo y del que dijo que no tiene "ninguna voluntad de paz".

La negociación está suspendida hasta que el ELN definitivamente decida "caminar hacia la paz" porque "este país no aguanta más estos vaivenes", explicó la jefa de la delegación del Gobierno en los diálogos, Vera Grabe.

Las partes habían planteado reunirse la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos, que el Gobierno de Petro retomó en noviembre de 2022 y está congelada desde mayo pasado por diversas desavenencias.

El Gobierno también lleva a cabo un proceso de paz con una facción del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que es a la que ELN está atacando.

La ofensiva emprendida en la mañana de este jueves en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo, que abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, por el ELN contra sus rivales de las disidencias de las FARC sorprendió a los habitantes de varios caseríos que tuvieron que correr a buscar refugio para protegerse de los tiroteos, todo documentado en videos subidos a las redes sociales.

En esas imágenes se ve como guerrilleros del ELN recorren las calles en busca de sus víctimas y se escuchan las ráfagas de fusil y de ametralladoras, enfrentamientos que dejan hasta el momento el saldo de más de 30 muertos, entre ellos cinco desmovilizados de las FARC que se habían acogido al acuerdo de paz de 2016.

La ola de violencia ha provocado además numerosos heridos y el desplazamiento de familias enteras para escapar de los enfrentamientos, mientras se busca a 22 personas, 10 de ellas mujeres, al parecer secuestradas en el caserío de El Aserrío, que hace parte del municipio de Teorama.

"De momento tenemos cifras de más de 30 muertos y más de 20 heridos. Tenemos también poblaciones confinadas que están esperando la posibilidad de un corredor humanitario para poder salir y desplazarse a Ocaña o a Cúcuta", aseguró a EFE el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

Por esa razón, Petro viajó este jueves a Tibú, uno de los municipios más afectados por la violencia en el Catatumbo, donde lideró un consejo de seguridad para buscar una solución a la crisis.

Carlos Velandia, quien fue guerrillero del ELN y cuando se desmovilizó se convirtió en gestor de paz, aseguró que esta violencia ha "llevado a la extenuación el proceso de paz y ha forzado al Gobierno a suspenderlo".

"El ataque desatado por fuerzas guerrilleras elenas (del ELN) simultáneamente contra las bases sociales del Frente 33 (de las disidencias) (...) no es solo el ataque contra el adversario en la guerra, es el ataque a una fuerza guerrillera comprometida en un proceso de paz, lo cual controvierte la voluntad de paz expresada por la dirigencia del ELN", expresó Velandia.

El senador Iván Cepeda, que hace parte del equipo negociador del Gobierno, escribió en la red social X: "La lección que ha dejado la historia es inequívoca: cuando las revoluciones y las insurgencias armadas se manchan de sangre, y sacrifican la conciencia por la sumisión violenta, son derrotadas en el plano moral, en su legitimidad y en su justeza histórica".

La zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es una región pobre y montañosa que limita con Venezuela y está formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

En ellos operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras bandas que se disputan el control de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico. EFE

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Bogotá, 17 ene (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, visitará este viernes la región del Catatumbo, escenario de una confrontación armada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC que ha dejado un número indeterminado de muertos.

Así lo anunció su despacho, que indicó que el mandatario se trasladará hoy a Tibú "para evaluar la situación de orden público del Catatumbo".

La zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, es una región pobre y montañosa que limita con Venezuela y está formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

En ellos operan el ELN, disidencias de las FARC, un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y otras bandas que se disputan el control de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico.

Justamente por esas disputas estallaron el jueves unos enfrentamientos en varios pueblos del Catatumbo entre el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de las antiguas FARC, en medio de los cuales fueron asesinados al menos cuatro firmantes del acuerdo de paz de 2016.

Los alcaldes del Catatumbo enviaron ayer una carta a Petro en la que afirman que esos enfrentamientos eran algo anunciado y le pidieron abrir "un corredor humanitario que permita a través de las aeronaves de la Fuerza Aérea la evacuación de heridos, la recuperación de cadáveres y el ingreso de la misión médica y humanitaria y alimentos". EFE

Bogotá, 16 ene (EFE).- Al menos cinco firmantes de paz y líderes sociales fueron asesinados este jueves en medio de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC en la convulsa región colombiana del Catatumbo (noreste), denunció la ONU.

"Expreso mi más firme condena por asesinato de 5 firmantes de paz y líderes en Catatumbo. Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz", expresó el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, en su cuenta de X.

Los combates, al parecer por disputas territoriales, tienen lugar en varias zonas rurales del departamento de Norte de Santander, entre ellas el caserío de El Aserrío, que hace parte del municipio de Teorama, y en Filo Gringo, situado en Tibú, dos de los municipios que hacen parte del Catatumbo, según distintas autoridades. EFE

Este caso se suma a otros episodios que reflejan cómo los animales también han sido víctimas colaterales de la violencia en esta zona del país.

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El incidente ocurrió mientras el animal pastoreaba en una finca de la región. La explosión dejó a ‘Simpática’ con una de sus extremidades completamente destrozada, y puso en duda su futuro, precisó La Opinión.

De acuerdo con el veterinario Brand Mogrovejo Riveros, que asumió el caso, las opciones eran limitadas: someterla a eutanasia o intentar un procedimiento quirúrgico que le permitiera continuar con vida. Mogrovejo, movido por su compromiso con los animales, optó por realizar la intervención, un acto que marcó la diferencia entre la vida y la muerte para la mula.

El impacto del conflicto armado en los animales del Catatumbo

El caso de ‘Simpática’ no es un hecho aislado en el Catatumbo, una región que ha sido escenario de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN desde el 16 de enero de 2025.

Los animales han sufrido las consecuencias de este conflicto de diversas maneras, agregó el mismo periódico. Un ejemplo destacado es el de Isabel Rincón, una mujer de La Gabarra que decidió permanecer en su vereda para cuidar a más de 50 animales de compañía, entre ellos 45 perros y 17 gatos, que fueron abandonados por sus dueños tras ser desplazados por la violencia.

Otro caso que conmocionó a la opinión pública fue el de un caballo que fue utilizado como medio de intimidación. El animal fue encontrado en una carretera con las orejas mutiladas y una inscripción del ELN grabada en su abdomen, un acto que refleja la crueldad a la que también son sometidos los animales en medio del conflicto.

Una prótesis inédita para ‘Simpática‘, una mula sobreviviente a una mina

La historia de ‘Simpática’ tomó un giro inesperado cuando llegó a redes sociales, donde se viralizó rápidamente. Fue entonces cuando una empresa en Bogotá, especializada en dispositivos ortopédicos para mascotas, decidió asumir el reto de fabricar una prótesis para la mula.

Según explicó la compañía en a través de plataformas digitales, y por medio de los videos que compartió el medio regional Tibú Linda, nunca antes habían diseñado un dispositivo para un animal de este tamaño. Esto representó un desafío técnico significativo. La prótesis debía ser ligera y cómoda, pero lo suficientemente resistente para soportar los 200 kilogramos (440 libras) de peso de ‘Simpática’ y las condiciones del entorno rural.

Tras realizar análisis biomecánicos detallados, los expertos lograron desarrollar una prótesis articulada que, según describieron, es una extensión natural de la extremidad perdida. El dispositivo, que cuenta con una garantía de dos años, fue donado a la mula, marcando un hito en la atención veterinaria en el país. Ahora, ‘Simpática’ puede caminar nuevamente sobre cuatro patas, aunque ya no pastorea en campo abierto por razones de seguridad.

Un nuevo propósito: terapia y esperanza en el Catatumbo

El veterinario Brand Mogrovejo, que ahora es el dueño de ‘Simpática’, anunció que la mula tendrá un nuevo propósito en su vida. Será utilizada en actividades terapéuticas con niños y jóvenes, una forma de devolver el amor y la empatía que ella misma recibió.

Mogrovejo destacó que la historia de ‘Simpática’ es un ejemplo de resiliencia, una palabra que quedó grabada en su prótesis biónica como símbolo de su lucha y supervivencia.

“Yo decidí de todo corazón ayudarla y realizar este procedimiento para darle una mejor calidad de vida”, explicó el veterinario y zootecnista.

Por su parte, Samir Contreras (activista por los derechos de los animales) subrayó que la historia de la mula no solo representa fortaleza, sino también esperanza en medio de un conflicto que ha dejado profundas cicatrices en la región. Contreras hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la vida de los animales y pidió al Gobierno nacional que implemente políticas que garanticen su protección en zonas afectadas por la violencia.

El llamado a la acción en defensa de los animales

El caso de ‘Simpática’ ha puesto en evidencia la necesidad de incluir a los animales en las discusiones sobre los efectos del conflicto armado. Activistas como Contreras han insistido en la importancia de desarrollar programas de atención médico-veterinaria y campañas de sensibilización que promuevan el respeto por la vida animal. Además, han solicitado que las comisiones de paz incluyan un enfoque que contemple la protección de los seres sintientes en regiones como el Catatumbo, donde la violencia ha afectado tanto a humanos como a animales.

La historia de ‘Simpática’ no solo refleja la crueldad del conflicto armado, sino también la capacidad de la sociedad para responder con empatía y solidaridad ante escenarios adversos, como en este caso, la ola de violencia que atraviesa la región del Catatumbo (y que incluye a Tibú).

Su transformación de víctima a símbolo de esperanza es un recordatorio de que, incluso en los contextos más adversos, es posible encontrar gestos de humanidad que marquen la diferencia.

La vereda Versalles, en Tibú (Norte de Santander), se encuentra sumida en el miedo y la tristeza tras el asesinato de Gumer Vargas, un líder social conocido por su carácter servicial y trabajador.

De acuerdo con los reportes preliminares del hecho, Vargas fue sacado a la fuerza de su vivienda por presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y, horas después, su cadáver al costado de una carretera.

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Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas, pero los testigos aseguran que los atacantes revisaron su celular antes de ejecutarlo, lo que despertó sospechas de que pudo haber sido acusado de colaborar con alguno de los grupos armados que disputan el control de la región.

El crimen encendió las alarmas entre los habitantes de Versalles, que viven en medio de una creciente violencia entre el Eln y las disidencias del frente 33 de las Farc en el Catatumbo.

La familia de Vargas, devastada por el asesinato, solicitó ayuda urgente a las autoridades para abandonar la zona, temiendo convertirse en las próximas víctimas de esta guerra territorial.

De hecho, la situación se intensificó cuando hombres armados de las disidencias de las Farc irrumpieron en el caserío, desplazaron al ELN, retiraron su simbología y comenzaron a imponer su dominio mediante secuestros y amenazas.

Por su parte, el ELN respondió con fuerza la madrugada del viernes 4 de abril, logrando retomar el control del territorio tras enfrentamientos armados que incluyeron ráfagas de fusil y el uso de drones cargados con explosivos.

En videos difundidos en redes sociales, se escucha a un guerrillero celebrar la recuperación de la zona, gritando: “Recuperamos Versalles de nuevo”. Durante los combates, los habitantes buscaron refugio en cocinas y baños, mientras el terror se apoderaba de la comunidad. En medio de este caos, Gumer Vargas fue secuestrado y posteriormente asesinado.

Asimismo, el ELN habría recuperado parte del armamento que las disidencias les habían arrebatado, incluyendo fusiles, municiones y equipos de comunicación.

La población civil, atrapada en el conflicto

La violencia en el Catatumbo ha dejado a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Al menos cuatro jóvenes han sido secuestrados por las disidencias de las Farc en las últimas semanas. Sus familias, temerosas de represalias, han optado por guardar silencio, mientras la incertidumbre y el dolor se apoderan de sus vidas.

Del mismo modo, víctimas critican la falta de respuesta del Gobierno frente a la crisis en el Catatumbo. “Esto demuestra que solo hay anuncios al aire por parte del gobierno. Los mecanismos que anunció el gobierno nacional no están ejecutados en el territorio y se siguen presentando muertes de nuestros líderes”, afirmó una de las personas amenazadas a Caracol Radio.

Otro líder social expresó su frustración por la inacción de las autoridades: “Llevamos casi dos meses reclamando atención, ayuda y todo se ha quedado en promesas de acciones que van a llegar, pero hasta el momento seguimos registrando ataques a nuestros líderes”.

Gumer Vargas: un líder querido por su comunidad

Según detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Vargas se dedicaba a la defensa de los derechos humanos de la población rural y campesina.

“(...) era un reconocido líder social, quien trabajaba en beneficio de su comunidad y participaba en distintas iniciativas locales. Dedicó su vida a la defensa de los derechos de las poblaciones rurales y campesinas y ya había sido amenazado por su labor”, informó la organización, que añadió que el hermano del asesinado se encuentra desaparecido.

Su muerte dejó un profundo vacío en la comunidad, que lo recuerda como un hombre trabajador, servicial y siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos.

Mientras los grupos armados ilegales continúan disputándose el control del territorio, los habitantes de lugares como Versalles viven atrapados entre el fuego cruzado, sin garantías de seguridad ni apoyo efectivo por parte del Estado.

En 2025 uno de los contextos más difíciles en términos de seguridad ha sido la crisis en el Catatumbo, en el Norte de Santander, en donde las disidencias de las Farc, y estructuras armadas como el Bloque 33 y el propio ELN se han entregado a la violencia, ante una fracturada serie de conversaciones con el Gobierno de Gustavo Petro.

Pero más allá de pronunciamientos políticos, y por encima de estrategias militares y opiniones de un lado y del otro, hay violencias no tan reportadas que han sufrido las víctimas civiles que han engrosado la cita de los desplazados a más de 50.000.

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Un reportaje que se publicó en Semana puso un enfoque especial en la cruel y silenciosa violencia que se ejerce sobre las mujeres como un plan de dominación y terror por parte de los actores armados ilegales. En esta región, según testimonios, el abuso sexual se ha convertido en una herramienta de sometimiento.

Y esa es parte de la estrategia, por ejemplo, del ELN. Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirma en el más reciente informe de la ONG que “nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”.

Diana Vargas, lideresa de la organización Tejedores de Paz en Norte de Santander, que dialogó con el medio afirmó que ha acompañado a numerosas víctimas en su camino hacia la recuperación, y en su testimonio dice que “a muchas les dicen: «O entregas a tu hijo para el grupo, o te entregas tú». Y así empieza todo”.

Violencia sexual en el Catatumbo

La violencia sexual en el Catatumbo no es nueva, pero ha tomado mayor fuerza en medio de la escalada entre el ELN y las disidencias de las Farc. Según reportaron al portal informativo, muchas mujeres son obligadas a pagar con su cuerpo para garantizar la supuesta “protección” de sus familias, mientras otras son marcadas como propiedad de comandantes para evitar que sean abusadas por otros combatientes.

El horror de estos crímenes se refleja en las palabras de una de las sobrevivientes: “Te tocan con el fusil, te apuntan, te desnudan, te penetran… y todo eso, con tus hijos ahí cerca, sin que puedas hacer nada. Después de eso ya no vuelves a ser la misma”.

De hecho, estos casos han comenzado a llegar a las puertas de las instituciones del Estado defensoras de los Derechos Humanos, así como a organismos no estatales. Human Rights Watch informó que “también revisó y verificó fotografías y videos para corroborar casos de abusos y analizó reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha), entre otros. Los investigadores enviaron solicitudes de información a las autoridades nacionales; a la fecha, solo habían recibido respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf)”.

Por tanto, mientras los grupos armados alegan tener códigos de conducta, la realidad desmiente cualquier vestigio de humanidad en sus acciones. “Ellos se escudan en que tienen códigos, políticas, supuestos límites éticos… pero la verdad es que no respetan nada. Usan a las mujeres como moneda de cambio, como botín de guerra”, denuncia una de las víctimas, citada por el medio.

La impunidad y el miedo

Las agresiones no terminan cuando las mujeres logran huir. Al llegar a ciudades como Cúcuta, muchas descubren que el peligro las sigue acechando. En algunos casos, han sido asesinadas incluso después de escapar de la guerra. “Ni en la ciudad se sienten seguras. La persecución sigue. Aquí también las reclutan, aquí también las prostituyen, aquí también las matan”, lamenta Diana Vargas.

La impunidad es el común denominador. Mientras las cifras oficiales se enfocan en muertos y desplazados, las agresiones sexuales permanecen en la sombra, sin denuncias ni justicia. Los responsables son múltiples: el ELN, las disidencias de las Farc y bandas criminales locales, todos utilizando el miedo y el cuerpo de las mujeres como armas de guerra.

A pesar del dolor y el miedo, muchas mujeres han encontrado apoyo en organizaciones que buscan justicia y reparación. A través de talleres, acompañamiento psicológico y asesoría legal, algunas han logrado alzar la voz y romper el silencio. “No fue nuestra culpa”, repiten, como un acto de resistencia. “La culpa es de los violentos, de quienes usan la guerra para justificarlo todo”.

De acuerdo con la información publicada, los hechos ocurrieron en un contexto de enfrentamientos previos entre ambos grupos armados, que han mantenido una pugna por el dominio de esta estratégica región fronteriza. En los videos que circulan en redes sociales, se observa a hombres vestidos con prendas camufladas, presuntamente integrantes de las disidencias, celebrando la quema de las banderas del ELN como un acto simbólico de desafío. Este gesto fue percibido como una respuesta directa a las acciones del ELN, que en enero lanzó una operación para expulsar a las disidencias de varias zonas del Catatumbo.

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El Catatumbo, una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales, ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN. La comunidad de Versalles vive con el temor constante de que esta escalada de violencia derive en una nueva oleada de ataques y represalias. Días atrás, se registraron enfrentamientos armados en este mismo sector, sobre la vía que conecta a Versalles con el municipio de El Tarra, lo que provocó el desplazamiento de varias familias.

Asimismo, las disidencias comenzaron a movilizarse hacia El Tarra y otras áreas de las que habían sido expulsadas por el ELN, lo que incrementa la preocupación entre los habitantes. Los mensajes difundidos en redes sociales reflejan el temor de la población civil ante la posibilidad de que los enfrentamientos se intensifiquen, afectando aún más a las comunidades locales.

La violencia en el Catatumbo no solo ha generado temor, también ha tenido un impacto devastador en la población civil. Con base en el más reciente informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), más de 91.000 personas han sido afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados en esta región. La Ocha denunció que estos conflictos provocaron desplazamientos masivos, dejando a miles de familias en condiciones de vulnerabilidad extrema.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional y las Fuerzas Militares por recuperar el control de la región, los grupos armados ilegales continúan ejerciendo una fuerte influencia en el Catatumbo. La disputa territorial entre las disidencias de las Farc y el ELN ha exacerbado la crisis humanitaria, dificultando aún más la implementación de soluciones efectivas para proteger a la población civil.

Organizaciones sociales exigen la liberación de líder comunitario secuestrado en Tibú

La comunidad del Catatumbo se encuentra en estado de alerta y preocupación tras el secuestro de Joaquín Villamizar, un reconocido líder social de la región. Según informó Caracol Radio, Villamizar fue sacado de su vivienda en la vereda Caño Raya, ubicada en el municipio de Tibú, en medio de un contexto de enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor, a través de uno de sus bloques.

De acuerdo con el medio, Holmer Pérez, presidente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, denunció que el secuestro ocurrió en el kilómetro 25 de Tibú, una zona que ha sido escenario de intensas confrontaciones armadas. Pérez destacó que Villamizar ha dedicado años a labores comunitarias en la región y expresó su rechazo a la implicación de líderes sociales en los conflictos armados.

“Él es una persona que ha venido adelantando labores comunitarias desde hace muchos años, y estamos haciendo un llamado desde que esto inició, que no involucren a la población civil, especialmente a los líderes sociales en la confrontación armada”, declaró Pérez al medio.

Bogotá, 22 dic (EFE).- Cuatro militares resultaron heridos este domingo después de que explotara un artefacto a su paso en una zona rural de Tibú, en el departamento colombiano de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Los militares, integrantes del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 5 del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, estaban realizando una patrulla rutinaria cuando se activó un artefacto explosivo improvisado al paso de los vehículos blindados en el sector La Florida.

De la patrulla, cuatro soldados resultaron heridos por aturdimiento y fueron atendidos en el lugar de los hechos por los enfermeros militares, que los estabilizaron y fueron trasladados a Cúcuta, capital de Norte de Santander, para recibir atención médica especializada.

El Ejército atribuye este ataque a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene mucha presencia en esta zona fronteriza.

El ELN anunció hoy que a partir de esta medianoche y hasta el 3 de enero realizará un cese al fuego unilateral "como gesto de paz" en las fechas navideñas.

Por ello, la dirección nacional ha instruido a todas sus estructuras para que no realicen operaciones militares ofensivas contra las fuerzas armadas.

El Gobierno y el ELN tuvieron hasta el 3 de agosto el cese al fuego bilateral más largo pactado con la guerrilla, que no lograron prorrogar por desentendimientos en una mesa de diálogos que actualmente se encuentra suspendida. EFE

En medio de las acciones para hacer frente la fuerte crisis de violencia que se despliega en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander, por parte de las Fuerzas Armadas del país en contra de grupos armados ilegales, y a través de la Operación Catatumbo, el Ejército Nacional logró la recuperación de dos menores de edad y la captura de un presunto integrante de un Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

De acuerdo con el comunicado oficial que compartieron voceros de las fuerzas del orden, con esta acción, ya son 26 los menores rescatados de estos grupos ilegales en la región del Catatumbo. El operativo, llevado a cabo por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 47, permitió localizar a dos niños reclutados ilegalmente, entre ellos uno de apenas 11 años de edad, en la vereda 20 de Julio, en Tibú.

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Durante la intervención, también se incautó una importante cantidad de material de guerra que incluye tres armas cortas, municiones de distintos calibres, proveedores, explosivos improvisados adaptados a drones, equipos de comunicación y un vehículo que fue inmovilizado.

Por medio del brigadier general Mario Contreras, comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional se conoció que los menores tenían en su poder armas que les habían sido asignadas en contra de su voluntad.

“Se pudo efectuar la operación, donde resultan capturadas tres personas. En el momento de verificar sus edades, nos damos cuenta de que, de los tres, hay dos que son menores de edad; pero lo que no se puede permitir, y que nos parece una atrocidad, es que una de estas personas era un niño de 11 años de edad. Los tres portaban armas cortas”, comentó el uniformado.

Los menores fueron puestos de inmediato bajo el cuidado de la Policía de Infancia y Adolescencia, así como del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes, entidades encargadas de garantizar su protección y restablecimiento de derechos. Por su parte, el capturado fue entregado a las autoridades judiciales competentes.

Este operativo evidencia la persistencia de los grupos armados en el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, una práctica que infringe el Derecho Internacional Humanitario y genera temor entre la población civil. Ante esta situación, el Ejército Nacional reafirmó su compromiso en la lucha contra este flagelo, a través de la puesta en marcha de estrategias de prevención para garantizar la seguridad de los menores y debilitar las acciones delictivas de estos grupos ilegales en el nororiente del país.

Grupos armados ilegales en Buenaventura acuerdan cesar el reclutamiento de menores

Los grupos armados ilegales de Buenaventura, Shottas y Espartanos firmaron un acuerdo el 13 de marzo de 2024 para poner fin al reclutamiento y uso de menores en sus actividades delictivas.

El compromiso fue alcanzado como parte del Espacio de Conversación Socio-Jurídico, un escenario de diálogo que busca mitigar los impactos del conflicto urbano en esta región del Pacífico colombiano.

El documento firmado por ambas estructuras criminales establece que los menores de edad no serán utilizados en tareas relacionadas con la violencia, como el transporte de armas, la recolección de información o el espionaje. Además, se prohíbe su participación en actividades que los expongan a riesgos, como ser usados como escudos humanos. Este acuerdo también incluye el respeto a los espacios físicos destinados a la infancia, un aspecto clave para garantizar la seguridad de los niños y niñas en una zona históricamente golpeada por la violencia.

El pacto firmado por los Shottas y los Espartanos se fundamentó en principios establecidos tanto en la Constitución de Colombia como en tratados internacionales. De hecho, el acuerdo reconoce la especial protección que debe garantizarse a los menores de edad, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y su Protocolo Facultativo de 2000. Estos instrumentos internacionales prohíben el reclutamiento y uso de niños en conflictos armados, así como su participación en cualquier forma de violencia organizada.

En medio de los enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo, un operativo del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) permitió la localización y destrucción de un depósito clandestino perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según informaron las autoridades, este almacén, ubicado en la vereda Km 28 del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, era utilizado por el grupo guerrillero para guardar explosivos y municiones de guerra. Este hallazgo representa un golpe significativo contra las actividades ilegales del frente Luis Enrique León Guerra, que opera en esta región.

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De acuerdo con las investigaciones, el depósito contenía un arsenal considerable, entre el que se encontraban ocho artefactos de lanzamiento parabólico para explosivos tipo tatuco, 64 granadas en PVC del mismo tipo, 20 detonadores eléctricos de fabricación casera y 25 tubos de taquero. Además, las autoridades incautaron 40 frascos y dos canecas plásticas de 15 galones (56,78 litros) con pólvora negra, cuatro rollos de cable dúplex, 4.895 cartuchos calibre 7.62 milímetros (mm) y dos radios de comunicación marca Icom. Este material, según las autoridades, estaba destinado a ser utilizado en ataques contra la población civil y las tropas desplegadas en la zona.

“El Ejército Nacional mantiene el desarrollo de la Operación Catatumbo en Norte de Santander, con el objetivo de neutralizar los factores de inestabilidad que generan violencia en esta zona del país”, señala un comunicado emitido por las autoridades. Este operativo forma parte de una estrategia más amplia para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales en el Catatumbo, una región que ha sido escenario de constantes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

El desmantelamiento del depósito de explosivos representa un avance en los esfuerzos por reducir la capacidad operativa del ELN en el Catatumbo. Según las autoridades, la incautación de este arsenal evita que los guerrilleros utilicen estos materiales en ataques que podrían causar graves daños a la población civil y a las fuerzas de seguridad. Además, este tipo de operativos envía un mensaje claro a los grupos armados sobre la determinación del Estado de recuperar el control de la región.

La presencia de múltiples actores armados, sumada a la falta de oportunidades económicas y sociales para las comunidades locales, crea un entorno propicio para la violencia y la ilegalidad. Las autoridades han señalado que, además de los operativos militares, es necesario implementar estrategias integrales que incluyan inversión social y desarrollo económico para abordar las causas estructurales del conflicto.

El Catatumbo, epicentro de una crisis de seguridad

El Catatumbo, una región estratégica en el noreste de Colombia, ha sido históricamente un territorio disputado por diversos grupos armados debido a su ubicación fronteriza con Venezuela y su importancia en el narcotráfico. En los últimos meses, la situación de seguridad en esta zona se ha deteriorado aún más, con enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, que buscan consolidar su control sobre el territorio.

El 11 de marzo de 2025, se conoció un video de inteligencia que muestra un ataque entre ambos grupos guerrilleros utilizando drones cargados con explosivos. Este enfrentamiento tuvo lugar entre los municipios de Tibú y El Tarra, por lo que evidencia el nivel de sofisticación y violencia que caracteriza los conflictos en esta región.

El frente Luis Enrique León Guerra y su rol en el conflicto

El frente Luis Enrique León Guerra, al que se atribuye el material incautado, es una de las estructuras del ELN que opera en el Catatumbo. Este grupo ha sido señalado por las autoridades como responsable de múltiples ataques contra la población civil y las fuerzas de seguridad en la región. Según los informes, su principal fuente de financiación proviene del narcotráfico, lo que explica su interés en controlar este territorio estratégico.

La destrucción del depósito de explosivos supone un golpe a la logística de este frente, pero no se espera que sea suficiente para desarticular su capacidad operativa. Las autoridades han enfatizado la necesidad de mantener la presión sobre los grupos armados mediante operativos continuos y coordinados, mientras se trabaja en soluciones de largo plazo para estabilizar la región.

El jueves 6 de marzo, en Tibú (Norte de Santander), está programada la firma del Pacto Catatumbo, una hoja de ruta elaborada por líderes sociales y comunidades campesinas para impulsar la transformación de la región.

Con la presencia del presidente Gustavo Petro, se llevará a cabo la firma del acuerdo que busca transformar un territorio marcado por el abandono estatal, el atraso socioeconómico y la violencia generada por grupos armados ligados al narcotráfico.

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El anuncio de la firma del Pacto Catatumbo fue realizado por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, en medio de la primera visita oficial del recién nombrado ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Durante el encuentro, Sánchez encabezó una reunión con autoridades, representantes del sector productivo y miembros del alto mando militar para evaluar la situación de seguridad y orden público, a cincuenta días del inicio de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Después de que Gustavo Petro anunciara el plan para la región del Catatumbo, que incluye la erradicación de 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, la implementación de programas de cultivos lícitos, la construcción de infraestructura vial y el desarrollo de un proceso de paz.

Según informó el mandatario, estas medidas se llevarán a cabo en el desarrollo de la Conmoción Interior, declarada por el Gobierno nacional.

El mandatario a través de su cuenta en X reiteró su postura, el decreto de conmoción interior es, en su opinión, la única herramienta viable para garantizar los recursos necesarios que permitan implementar el pacto social en esta zona del país.

Además, el jefe de Estado señaló que “el pacto social del Catatumbo es un pacto de paz y como tal es una democratización del territorio que debe dejar de estar dominado por las armas”.

En este contexto, Petro señaló directamente al ELN como el principal responsable de los actos de violencia que han desestabilizado la zona. “Quien agredió con las armas el territorio del Catatumbo se llama ELN, que abandona la lógica del interés nacional y se inscribe en los crímenes de guerra”, afirmó Petro.

Puntos principales del Pacto Catatumbo

De acuerdo con lo informado por el presidente Petro durante un Consejo de Ministros televisado, el Catatumbo enfrenta un problema de soberanía nacional y de derechos humanitarios.

En este sentido, el mandatario subrayó la importancia de recuperar las fronteras del país, destacando que la protección de estas es una función esencial del Ejército. Este plan, que busca transformar una de las zonas más conflictivas del país, contará con una inversión de 2,7 billones de pesos. “Una nación que no cuida sus fronteras no es nación”, afirmó Petro.

Uno de los ejes del Plan Catatumbo es la erradicación de cultivos de hoja de coca, que en la región abarcan aproximadamente 55.000 hectáreas. El presidente Gustavo Petro explicó que la meta es eliminar 25.000 hectáreas mediante un proceso voluntario, descartando el uso de la fumigación, al considerar que esta práctica es inconstitucional.

En su lugar, el Gobierno plantea un sistema de compensaciones económicas para los campesinos que eliminen completamente las plantas, incluidas sus raíces, con el fin de evitar su regeneración.

En este contexto, Petro anunció que, durante la Conmoción Interior, se avanzará en la pavimentación y adecuación de la vía entre La Mata, Convención y El Tarra, en el corazón del Catatumbo.

El proyecto contará con el respaldo de la ingeniería del Ejército y la participación de habitantes de la zona, quienes serán convocados para colaborar en la construcción de la carretera. Según el mandatario, esta infraestructura es clave para garantizar la viabilidad económica de los cultivos lícitos en la región.

Petro subrayó que el éxito de la iniciativa depende de la disposición de los campesinos para erradicar voluntariamente los cultivos ilícitos. “La paz de Colombia pasa por la decisión voluntaria del campesino cultivador de hoja de coca de erradicar el cultivo”, afirmó el jefe de Estado.

En la cuenta personal de X del presidente Gustavo Petro se presentó un hecho que llamó la atención de diferentes usuarios, y generó un gran número de comentarios en la plataforma digital.

El mandatario colombiano es conocido por sus publicaciones sobre temas coyunturales nacionales e internacionales, pero la constante interacción lo llevó a cometer un error, porque publicó un mensaje en respuesta a una publicación de un medio de comunicación sobre el juicio que afronta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

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El mensaje del presidente Petro hace referencia a la “soberanía nacional”, así como el Catatumbo y Tibú, Norte de Santander.

“Las instituciones públicas del Ejecutivo con capacidad territorial tendrán oficinas y personal de la región en Tibú, Norte de Santander, para atención de la ciudadanía del Catatumbo. Es cuestión de soberanía nacional”, indicó el presidente Petro en su publicación, citando la información del expresidente Uribe.

Por este hecho, varios usuarios de la red social X reaccionaron. Algunos aseguraron que el presidente Petro estaba “disociado”, mientras que otros preguntaron qué tenía que ver un tema con el otro.

“Por qué cambio la conversación. Qué tiene que ver una cosa con la otra. Todo disociado. Mucho café. Me reservo la respuesta. Se equivocó de cita, parece. Se paso de cafeína. Se le cruzaron los cables o qué”, son algunos de los comentarios de lo usuarios que respondieron a la pregunta del presidente Petro.

Así va el juicio de Álvaro Uribe

El lunes 3 de marzo de 2025 se dio continuidad al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los presuntos delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno a testigos.

Héctor Romero, representante en el pasado de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el proceso penal contra el exmandatario colombiano (2002-2010), es el cuarto testigo de la Fiscalía General de la Nación que declara en el juicio.

El testigo en su declaración contó que en 2018, Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, le solicitó que llevara un reloj al exparamilitar. La indicación, según el testigo, era ingresarlo al centro penitenciario.

En su declaración, Deyanira Gómez contó que el reloj tenía como propósito grabar la reunión entre Juan Guillermo Monsalve y el abogado Diego Cadena. En la declaración del martes 25 de febrero de 2025, calificaron el objeto como “reloj espía”.

“Ella me entregó un reloj suelto, me dijo que a Juan Guillermo se le había dañado el otro, yo me lo coloqué en el brazo. Es un reloj negro, normalito, se lo recibí y me fui para La Picota”, contó el abogado Romero.

Héctor Romero detalló que ingresó al pabellón de La Picota y le entregó el reloj a Monsalve. Posteriormente, según el testigo, llegó el abogado Cadena para conversar con el exparamilitar sobre un ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Héctor Romero contó que le comentó a Monsalve que “no tenía derecho entrar a la JEP por la clase de delitos que había sido condenado”; sin embargo, el abogado Cadena, supuestamente, aseguró que como el fallo era por paramilitarismo, si existía posibilidad.

De acuerdo con el abogado, Juan Guillermo Monsalve le comentó que Diego Cadena buscaba la firma de un documento para retractarse de haber vinculado Álvaro Uribe con grupos criminales.

“Necesitaba que Juan Guillermo le hiciera un documento sobre unas declaraciones que había dicho en un proceso que no conocí, ni sé qué habrá dicho”, indicó Romero.

Y agregó: “De acuerdo al análisis de lo que escuché, ellos querían como una retractación, se dice que si iban a manipular que eran verdad, Juan Guillermo iba a tener como 78 años de cárcel”.

Al ser preguntado por la fiscal Marlenne Orjuela, sobre un supuesto ofrecimiento a Juan Guillermo Monsalve para retractarse, Héctor Romero respondió con un “no”, explicando en su declaración que no fue testigo de que a Monsalve le hubieran hecho el ofrecimiento por parte de Diego Cadena, como lo preguntó la fiscal.

Desde Montevideo, Uruguay, donde se encontraba para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Yamandú Orsi, el presidente de la República, Gustavo Petro, mantuvo el domingo 2 de marzo de 2025 una reunión virtual con varios de sus ministros para evaluar la respuesta del Gobierno ante la crisis humanitaria que enfrenta la región del Catatumbo, en Norte de Santander. El mandatario, según el informe oficial, revisó los avances en la implementación de los decretos que respaldan la declaratoria de conmoción interior en esta zona afectada por el conflicto armado.

El jefe de Estado estuvo acompañado en la reunión por altos funcionarios de su gabinete, incluidos los ministros de Educación, Daniel Rojas Medellín; de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; de Agricultura, Martha Carvajalino; y el jefe de la cartera de Hacienda, Diego Guevara, entre otros. El encuentro buscó garantizar que los decretos emitidos hasta el momento estén actuando de manera eficaz en el alivio de la crisis y para determinar los próximos pasos, pese a que todavía no se terminan de publicar algunos decretos para atender la emergencia humanitaria en la región.

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En esta zona del territorio nacional, desde hace al menos un mes la situación es crítica. De acuerdo con organismos como la Defensoría del Pueblo, se han reportado graves incidentes de violencia que intensificaron la crisis de orden público, como en Tibú, cuando de acuerdo con El Espectador, tres hombres fueron encontrados muertos en una zona rural de difícil acceso. Los cuerpos portaban un brazalete del Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos armado ilegal que disputa el control del territorio con las disidencias de las Farc; con desplazamientos masivos de los habitantes.

Otras agresiones recientes han incrementado la inseguridad en Norte de Santander. Un soldado resultó herido luego de caer en un campo minado el domingo 2 de marzo, como parte de una serie de sucesos violentos registrado, en el que se cuentan, además, dos atentados con explosivos en Cúcuta. “La semana pasada también se registraron cinco incidentes similares, subrayando el alto nivel de peligro que enfrentan las comunidades locales”, especificaron las autoridades citadas en el informe.

Es válido destacar que Petro aprovechó su visita a suelo charrúa para sostener reuniones con otros jefes de Estado de la región, como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, Gabriel Boric de Chile, Luis Arce de Bolivia y Xiomara Castro de Honduras, con los que busca fortalecer la agenda progresista y el multilateralismo en América Latina.

Corte Constitucional analiza decretos de emergencia para atender crisis en el Catatumbo

Es válido destacar que la gestión del Gobierno ante esta emergencia se encuentra bajo estudio por parte de la Corte Constitucional. Algunas disposiciones extraordinarias han llamado la atención, entre ellas la planeación para construir más de 50 sedes educativas; ante lo cual, la magistrada del alto tribunal Cristina Pardo le pidió al Ministerio de Educación los estudios que soporten cómo estas sedes podrían contribuir a la solución de la crisis generada por la ola de violencia, teniendo en cuenta cómo se pretende vincular las políticas educativas con estrategas de desarrollo en la región.

El Catatumbo ha sido una de las zonas más golpeadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales durante las últimas tres administraciones; sin embargo, una crisis en materia de desplazados de esta naturaleza prendió las armas de los organismos defensores de derechos humanos y está obligando al Ejecutivo a tomar medidas de contingencia, pues los centros de atención y albergues habilitados hasta el momento han sido insuficientes para atender la crisis.

En la vereda Oru, municipio de Tibú, Norte de Santander, fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres hombres. Uno de ellos vestía un uniforme camuflado y portaba un brazalete del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los tres hombres llevaban armas de fuego en las pretinas de sus pantalones.

Las autoridades no han confirmado sus identidades ni han emitido un pronunciamiento oficial, pero indicaron que iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de los homicidios y posibles responsables.

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El hallazgo ha generado preocupación en la comunidad, que teme un aumento de la violencia en la región del Catatumbo, donde varios grupos armados disputan el control territorial y de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal.

Líderes comunitarios han solicitado mayor presencia de la Fuerza Pública para evitar represalias o nuevos enfrentamientos.

Cilindro con explosivos cerca de estación de policía

Habitantes de Tibú reportaron un cilindro sospechoso en el barrio Largo, a pocos kilómetros de una estación de policía. El artefacto, que aparentemente contenía explosivos, estaba conectado a un cable dirigido hacia una zona montañosa. La Policía Antiexplosivos llegó al sitio para evaluar la situación y definir un plan de desactivación.

Este incidente ha generado temor entre los residentes, especialmente porque la zona ha sido blanco de ataques previos contra la fuerza pública. Organismos de seguridad investigan si el hallazgo está relacionado con las tensiones entre grupos armados que operan en la región o si se trataba de una amenaza directa contra la estación policial.

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, continúa siendo escenario de una alarmante escalada de violencia.

Según informaron medios como El Colombiano, el jueves 27 de febrero, un ataque armado contra la estación de Policía de Teorama dejó como saldo la muerte de un uniformado y otro herido. La víctima fatal fue identificada como Geyder Giovanny Duque Medina, miembro del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 p. m. en el sector de la Plaza, mientras los uniformados realizaban actividades de prevención en la zona. De acuerdo con la información publicada, los agentes fueron sorprendidos por disparos de francotiradores y ráfagas de fusil, lo que desató un enfrentamiento armado. Este hecho no solo cobró la vida de uno de los policías, sino que dejó a la comunidad en un estado de incertidumbre debido a las consecuencias inmediatas del ataque.

Impacto en la comunidad y afectaciones en los servicios básicos

Tras el atentado, los habitantes de Teorama reportaron interrupciones en el servicio eléctrico y fallas en la telefonía celular, lo que incrementó el temor entre la población.

Estas afectaciones, según detalló el medio, agravaron la sensación de inseguridad en un municipio que ya enfrenta una compleja situación debido a la presencia de grupos armados ilegales.

El Catatumbo, una región históricamente golpeada por el conflicto armado, es actualmente un territorio disputado por organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Según fuentes oficiales citadas, el ELN ha intensificado sus ataques contra la fuerza pública desde el año pasado, utilizando tácticas como francotiradores y hostigamientos constantes.

Una región atrapada en la violencia y el desplazamiento forzado

El ataque en Teorama es solo uno de los múltiples episodios de violencia que han marcado la crisis de seguridad en el Catatumbo. Los enfrentamientos entre grupos armados y las fuerzas del Estado han generado desplazamientos forzados y un aumento en la inseguridad para los habitantes de la región.

Según lo reportado, esta situación ha convertido al Catatumbo en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia.

En este contexto, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir la violencia y garantizar la seguridad de la población. El pasado 25 de febrero, el presidente Gustavo Petro lideró un consejo de seguridad en la Casa de Nariño, donde participaron altos mandos militares y policiales, así como ministros del Gobierno. Durante esta reunión, se discutieron estrategias para fortalecer la presencia del Estado en las zonas más afectadas, incluyendo Norte de Santander.

La cantante barranquillera Shakira anunció el martes, 25 de febrero, que su fundación Pies Descalzos llevará a cabo la construcción de un colegio en Tibú, uno de los once municipios que conforman la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

En esta zona del país el Gobierno nacional decretó conmoción interior desde el pasado 24 de enero.

A dicho anuncio de Shakira reaccionó el representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo, que por medio de su cuenta de X destacó a la artista y aprovechó para arremeter en contra del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

“Ni un jardín infantil ha podido inaugurar” comentó el congresista contrario al Gobierno nacional.

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La cantante compartió la noticia en su cuenta de Instagram, donde detalló que la construcción del colegio será posible gracias a la colaboración de su Fundación Pies Descalzos, el filántropo estadounidense Howard G. Buffett y el Ministerio de Educación de Colombia.

“La educación cambia vidas, y por eso seguimos construyendo futuro. Ahora en Tibú, junto a Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación y más aliados, hacemos realidad un nuevo colegio para que más niños y niñas, en medio de su situación tan difícil y extrema en el Catatumbo, tengan acceso a una educación de calidad”, comentó la cantante Barranquillera en dicha publicación.

Debido a esta noticia, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo dirigió duras críticas al presidente Gustavo Petro por la situación en el Catatumbo, cuestionando su gestión frente a los problemas de la región.

En un mensaje a través de su cuenta de X, Polo Polo destacó el trabajo de la cantante Shakira, quien, mediante su Fundación Pies Descalzos, ha gestionado la construcción de un centro educativo de alto nivel en Tibú, a pesar de la situación de violencia que afecta a la región. El congresista aprovechó la ocasión para instar a Petro a “aprender” de este esfuerzo y cuestionó su eficiencia en la administración pública.

Además criticó que a pesar del presupuesto que maneja el Gobierno, según él, no haya podido realizar una institución educativa en esa zona del país.

“¿Señor @petrogustavo, que ha hecho por el Catatumbo? Usted está administrando un presupuesto de más de 500 Billones (que es plata de los colombianos) y es tan torpe e ineficiente que ni un jardín infantil ha podido inaugurar. Shakira con SU PLATA ya construyó un centro estudiantil de alto nivel para esa región que está bajo ataque de sus votantes del ELN. ¡Aprenda y renuncie, inepto!”, escribió el congresista perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de su cuenta de X.

Sin embargo, Polo Polo no fue el único que criticó a la administración pública del país tras conocerse esta noticia, pues varios usuarios en X hicieron lo mismo. Sin embargo, muchos otros salieron en defensa del Gobierno ya que Shakira en su publicación dijo que uno de los aliados será el Ministerio de Educación.

En ese sentido, la también representante a la Cámara María Fernanda Carrascal le contestó a un usuario de X diciendo: “¿El Ministerio de Educación de Narnia será? Con tal de hacerle oposición a Petro dicen cualquier cosa”.

A través de una publicación en Instagram, el Ministerio de Educación celebró el anuncio de la construcción del colegio en Tibú, destacando que este proyecto representa un avance en el fortalecimiento de la educación en la región. En su mensaje, la cartera subrayó que “la educación seguirá floreciendo en Tibú”. La Fundación Pies Descalzos colabora además con la cartera en una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de las aulas en la institución Marco Tulio Montiel Uriana, ubicada en Nortechon, en el municipio de Uribia, La Guajira.

Actualmente, Shakira se encuentra en Colombia como parte de su gira de conciertos y ya ofreció una presentación en su ciudad natal, Barranquilla. Ahora, la cantante se alista para subirse al escenario en Bogotá, donde dará dos conciertos, uno este miércoles y otro el jueves, dentro del marco de su tour ‘Las mujeres ya no lloran’.

La “Shakifiebre” de Shakira no ha cesado desde que inició su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour el 11 de febrero de 2025. A su paso ha dejado récords, premios y reconocimientos; asimismo, su espíritu altruista ha llegado a millones de niños a través de su Fundación Pies Descalzos, lo que también la ha destacado socialmente.

Ahora, luego de invitar a 4.000 niños y jóvenes de su fundación a uno de sus shows en Barranquilla y la donación de mobiliario para el colegio que construyó en Uribia (La Guajira), Shakira anunció la gran noticia para niños y jóvenes del Catatumbo sobre la construcción de un megacolegio.

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En una publicación en su cuenta oficial en Instagram, la artista enfatizó en que se trata de su apuesta por llevar a educación a los niños y jóvenes como una herramienta que cambia vidas.

"La educación cambia vidas, y por eso seguimos construyendo futuro. Ahora en Tibú, junto a Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación y más aliados, hacemos realidad un nuevo colegio para que más niños y niñas en medio de su situación tan difícil y extrema en el Catatumbo tengan acceso a una educación de calidad“, fue la publicación de la barranquillera.

El post estuvo acompañado de los planos de lo que será la megainstitución, dotada de amplias aulas, corredores y zona verdes, que se espera que en los próximos meses finalice su construcción y reciba a cientos de niños de Tibú (Norte de Santander).

En efecto, los comentarios de admiración y agradecimiento no se hicieron esperar, algunos destacando su labor artística y social, mientras que otros lanzaron críticas al Gobierno actual, a pesar de que la construcción de la institución es una alianza estratégica entre la Fundación Pies Descalzos, fundación Howard G. Buffett y el Ministerio de Educación.

“Un día cantando y bailando, el otro disfrutando tu guacherna y el otro aportando al cambio en tu Colombia y el mundo! Grande, Shakira Isabel!!!”; Por cosas como estas es que amo a Shakira, ella hace más por los niños que el mismo gobierno“; ”Ella si sabe cómo se hacen las cosas 🥹💙“; ”Eres grande Shaki, no tienes comparación, gracias por todo lo que haces por Colombia 🐺👑“; ”Shakira si entendió su rol como famosa ❤️“; ”Shaki haciendo más que Petro👏 (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Niña de comunidad indígena que asistió al concierto de Shakira contó en su lengua ancestral cómo se sintió

En la tarde del lunes 24 de febrero, Shakira compartió un emotivo momento a través de su cuenta oficial de Instagram, en una de sus historias. La publicación incluyó un video en el que una niña indígena de la comunidad wayuu relataba con orgullo y emoción a sus amigas, en su lengua ancestral, wayuunaiki, detalles y vivencias de lo que fue el concierto de la artista en Barranquilla.

La intérprete explicó que esta niña fue invitada por ser una estudiante de uno de los colegios que ella respalda en La Guajira, específicamente en Uribia, mediante su fundación. En el video, la menor describe escenas del concierto, mencionando especialmente la canción Monotonía y expresando asombro ante los cambios de vestuario que observó, incluso asociando momentos del espectáculo con la muñeca Barbie. “No sé cómo hacían los cambios”, comentó la niña en el clip.

Cabe señalar que, en otros momentos de su estadía en Barranquilla, Shakira sorprendió al integrarse de manera anónima en el Carnaval de Barranquilla. Disfrazada de marimonda junto con sus hijos, Milan y Sasha, recorrió las calles durante el evento La Guacherna, compartiendo con el público sin ser reconocida.

Un nuevo hecho de violencia sacudió la vía que conecta al municipio de Tibú, en Norte de Santander, luego de que un ataque sicarial dejara como saldo una persona muerta y otra cuyo estado aún es incierto.

El ataque ocurrió en el sector del puente Río Tibú, donde los ocupantes de una camioneta, identificada con placas LXW 207 de Pereira, fueron interceptados y atacados a tiros. Producto del ataque, uno de los ocupantes del vehículo murió de inmediato, su cuerpo quedó tendido a un costado de la carretera con múltiples impactos de bala.

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La Policía de Norte de Santander le confirmó a Infobae que el hombre asesinado se llamaba José Alcibíades González Mosquera.

“El día 23/02/2025 siendo las 11:15 horas, se tiene conocimiento que mediante Información de llamada telefónica a la estación de policía informan de un cuerpo sin vida con heridas por arma de fuego en la zona rural del municipio sector de La Aduana, puente sobre el río Tibú a 8 km del casco urbano en la vía que conduce a Cúcuta, se realiza coordinación con la funeria Montecristo para el levantamiento del cuerpo y el traslado a la SIJIN para la inspección técnica de cadáver”, se lee en el reporte oficial de la institución.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones para determinar los responsables y móviles del crimen. La región, afectada por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, ha sido escenario de múltiples hechos violentos en los últimos meses, lo que mantiene en alerta a la comunidad y a las fuerzas de seguridad.

Gobierno refuerza seguridad en Norte de Santander

Luego de los recientes episodios de violencia en Villa del Rosario, municipio del Área Metropolitana de Cúcuta, el Gobierno nacional anunció nuevas medidas con el fin de proteger a los habitantes de Norte de Santander.

Los ataques, ocurridos el miércoles 19 de febrero, motivaron una respuesta inmediata de las autoridades para contener la situación de orden público en la región fronteriza.

El exministro del Interior, Gustavo García, confirmó que se implementará un plan integral de seguridad con el respaldo de la Gobernación, la Policía Nacional, el Ejército y las autoridades locales. Este esfuerzo busca frenar la escalada de violencia que afecta a la población.

Como parte de las acciones iniciales, el ministro informó sobre el despliegue de 82 unidades especiales de la Policía Nacional, que incluirán efectivos de los grupos Copes y Goes, además de un escuadrón de carabineros. Estas fuerzas estarán encargadas de restablecer el control y garantizar la tranquilidad en el territorio.

“Entendemos que estamos en un momento en el cual las medidas ordinarias no son suficientes para cubrir esa oleada terrorista que se ha venido presentando en el mes de enero. Por eso, el Gobierno nacional no descansa y continúa su labor día a día para mejorar las condiciones de los ciudadanos”, afirmó García.

Adicionalmente, el plan contempla la asignación de 52 investigadores que colaborarán con la Fiscalía General de la Nación. Su labor consistirá en recolectar información clave y anticiparse a posibles actos violentos que puedan presentarse en la región.

Estas decisiones se adoptaron tras la realización de un consejo de seguridad en el que participaron el exministro del Interior, Gustavo García; el director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Triana; la viceministra de Defensa, Juliana Coronado; el subjefe del Estado de Operaciones Militares del Ejército Nacional, brigadier general Juan Carlos Correa; el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y otras autoridades regionales y locales del área metropolitana de Cúcuta.

Durante este encuentro se analizaron las recientes amenazas a la seguridad en la frontera con Venezuela y se definieron las estrategias para contener la ola de violencia que ha afectado a la región en las últimas semanas.

El exministro García también envió un mensaje directo a los habitantes de Norte de Santander y la región del Catatumbo, instándolos a mantenerse unidos frente a los desafíos actuales. “Solamente la unidad nos podrá hacer recordar lo que todos debemos tener en cuenta, que aquí los responsables son los violentos”, manifestó.

El alcalde de Tibú (Norte de Santander), Richard Claro, alertó el domingo 16 de febrero por los homicidios selectivos que se han estado perpetrando en su municipio uno de los más poblados en la convulsionada región del Catatumbo, en la zona de frontera con Venezuela y donde hay una cruenta confrontación entre el ELN y el Frente 33, una de las disidencias de las Farc, que a sangre y fuego buscan dominar la ruta del narcotráfico a través del hermano país.

Según el mandatario tibuyano, se trata de un ‘plan pistola’ dentro de las hostilidades de los dos grupos armados organizados y que se trasladó al casco urbano de esa población, por lo volvió a solicitar apoyo del Gobierno Nacional para que recupere el orden público en esa zona del nororiente de Colombia, donde tras un mes de confrontaciones hay casi 85.000 afectados, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

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“Necesitamos realmente la presencia de la institucionalidad en todas sus esferas. La guerra se ha trasladado y transformado, y en estos momentos hay como un plan pistola que han generado los grupos y lo cual ha sido difícil controlar, pese a que el pueblo está militarizado y tiene un control efectivo de Policía y Ejército”, afirmó Claro en la emisora Caracol Radio.

Aunque la violencia guerrillera se está padeciendo en las zonas rurales, que provocó que 13.000 personas que las habitan fueran víctimas de desplazamiento forzado, el mandatario municipal insistió en que se requiere que más entidades del Estado colombiano copen ese territorio.

“Hay militarización, se ha visto el trabajo de la Fuerza Pública en recuperar la seguridad del municipio, pero insistimos en que debe haber presencia institucional para garantizar el acceso a derechos a la población civil. Hay homicidios selectivos, y por más esfuerzos que hagan, este tipo de delitos podrían seguir ocurriendo por eso se requiere la presencia de la Fiscalía y de un juzgado que debe estar aquí en el territorio generando todas las investigaciones e indagaciones por estos crímenes", señaló en otra entrevista que concedió en el informativo de televisión Noticias Caracol.

Claro señaló también el narcotráfico sigue siendo el principal generador de violencia en esa región del país, lo que no se puede solucionar solo con intervenciones de la Fuerza Pública, sino que requiere de más acciones de todo el Estado en ese territorio.

“Hemos insistido, en el ejercicio del liderazgo por muchos años, en que el Estado debe tener presencia en esta zona desde todas sus esferas. Aquí no hay autoridad para llevar a cabo todas estas investigaciones de los diferentes delitos que se comenten. Necesitamos que haya un programa real de sustitución de cultivos ilícitos, donde se le cumpla a las familias y que además se destine la inversión que se requiere para quitarle fuerza a estos grupos criminales que han querido reemplazar por todo este tiempo al estado”, recogieron de sus declaraciones en el periódico regional El Heraldo.

Finalmente, el alcalde de Tibú le volvió a exigir a los grupos armados organizados que tienen injerencia en El Catatumbo que asuman un compromiso real para cesar la violencia y respeten a la población civil, en especial en las zona rurales, que son las más afectadas por la guerra entre el ELN y el Frente 33.

“Los grupos armados ilegales deben tener voluntad de paz , obviamente de poder parar esta situación y no arremeter contra la población civil, que es en fin la que se ve afectada de todo esto, hoy se está viendo golpeadas incluso las escuelas, muchos niños y jóvenes no tiene por el momento clases”, destacaron en el diario vallecaucano El País.

Las autoridades colombianas capturaron a dos presuntos responsables de la masacre ocurrida el 15 de enero en Tibú, Norte de Santander, donde fueron asesinados Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de nueve meses.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que los detenidos son Brandon Andrey Cárdenas Sanguino, conocido como alias Brandon o Grande, y Luis Felipe Taborda Delgado, alias Dayron Pérez, quienes serían integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc.

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¿Quiénes son los capturados y cuál fue su rol en el crimen?

Según las investigaciones, alias Brandon habría sido el principal coordinador del ataque, organizando la logística previa y seleccionando a los sicarios encargados de ejecutar la masacre. Se le atribuyen múltiples actividades delictivas en la región del Catatumbo, incluyendo extorsión, robo de vehículos, enfrentamientos con la fuerza pública y tráfico de drogas. Además, se sospecha que recibió la orden directa para llevar a cabo la acción criminal.

Por su parte, alias Dayron Pérez habría desempeñado un papel clave en la vigilancia y seguimiento de la familia antes del ataque. Su labor habría consistido en identificar el momento y lugar exacto en que debía perpetrarse el asesinato. Ambos detenidos enfrentan cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego, aunque no aceptaron los cargos imputados.

Las capturas se realizaron en diferentes operativos. Alias Brandon fue arrestado en una zona rural de Tibú, tras resultar herido en un enfrentamiento entre grupos armados. Mientras tanto, alias Dayron Pérez fue capturado en Medellín en una operación conjunta de la Dijín de la Policía Nacional.

El contexto de una región en conflicto

El asesinato de la familia López ha sido identificado como uno de los detonantes de los recientes enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo. Desde el 16 de enero, estos choques armados han dejado más de 80 muertos y han provocado el desplazamiento forzado de más de 50.000 personas, agravando la crisis humanitaria en la región.

Fuentes cercanas al caso han revelado que Miguel Ángel López era conocido por realizar levantamientos de cadáveres en zonas controladas por el frente 33 y acceder a territorios donde las autoridades tenían presencia limitada. Su actividad lo habría convertido en un blanco de las disidencias, lo que derivó en el brutal asesinato de su familia.

Las capturas de estos presuntos responsables representan un avance en la lucha contra los grupos armados ilegales en el Catatumbo, aunque el conflicto en la región continúa generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Una masacre que consternó al país

Miguel Ángel López, Zulay Durán Pacheco y su hijo de menos de un año, Miguel Herney López Durán, fueron asesinados el 15 de enero en el departamento de Norte de Santander. Este crimen marcó el recrudecimiento de la guerra en la región del Catatumbo a causa de los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta masacre atrajo la atención del país, ya que encendió las alarmas entre las comunidades, los entes territoriales y las autoridades ante la ola de violencia que se avecinaba.

Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Norte de Santander, conversó con Semana y entregó detalles sobre los avances de la investigación, señalando que cinco hombres han sido identificados como presuntos responsables del crimen:

“Esas personas llegaron en motocicleta, mostraron una actitud sospechosa. La Policía les hizo un alto en un momento. Ellos emprendieron la huida y dispararon contra los uniformados, quienes reaccionaron. Uno de los hombres quedó abatido en el lugar con una pistola, mientras que el otro logró evadir a las autoridades”, explicó Arévalo. Estos hechos ocurrieron en medio del fortalecimiento de los operativos en la región para esclarecer el caso.

En un esfuerzo por combatir las estructuras criminales que operan en el Catatumbo, Norte de Santander, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos presuntos integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc, que estarían implicados en el asesinato de una familia en esa región del territorio nacional.

Los hechos se registraron el 15 de enero de 2025 en la vereda La Llana, en el municipio de Tibú (Norte de Santander), y dejaron como víctimas a Miguel Ángel López, un trabajador de servicios funerarios, su esposa y uno de sus hijos menores de edad.

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De acuerdo con la investigación, los acusados, identificados como Brandon Andrey Cárdenas Sanguino, alias Brandon o “Grande”, y Luis Felipe Taborda Delgado, alias Dayron Pérez, enfrentan cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.

Durante las audiencias preliminares, ambos imputados negaron los cargos que se les atribuyeron, a pesar de las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía.

Según consignó la entidad judicial, alias Brandon habría sido el encargado de coordinar el ataque que resultó en el asesinato de Miguel Ángel López y su familia. Se le señala de haber recibido la orden de ejecutar el crimen, además de organizar las actividades logísticas necesarias, como la ubicación de los sicarios y la planificación de la vigilancia para garantizar el éxito del ataque. Por su parte, alias Dayron Pérez habría desempeñado un papel crucial en el seguimiento de la víctima, identificando el lugar y el momento exacto para llevar a cabo el homicidio.

El triple asesinato generó conmoción en la región del Catatumbo, una zona históricamente afectada por la violencia de grupos armados ilegales. Este crimen se suma a una serie de actividades delictivas atribuidas a las disidencias de las Farc, que incluyen extorsiones, robo de vehículos, tráfico de estupefacientes y ataques contra la fuerza pública, según detalló la Fiscalía.

Alias Brandon o “Grande” fue presentado ante las autoridades con heridas en varias partes del cuerpo, las cuales, según informó la entidad judicial, habrían sido resultado de un enfrentamiento armado entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona rural de Tibú. Este conflicto reflejó la constante pugna entre grupos armados ilegales por el control territorial en el Catatumbo, una región estratégica para actividades ilícitas como el narcotráfico, por su posición fronteriza con Venezuela.

Por otro lado, alias Dayron Pérez fue capturado en Medellín, Antioquia, en una operación conjunta entre la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General. Esta detención, llevada a cabo lejos del lugar de los hechos, evidenció el alcance de las operaciones de las disidencias de las Farc, que extienden su influencia más allá de las zonas rurales del noreste colombiano.

Durante la audiencia, el juez de control de garantías ordenó la prisión preventiva para ambos acusados en un centro carcelario mientras avanza la investigación.

Además del caso relacionado con el triple homicidio, alias Brandon o “Grande” enfrenta otro proceso judicial en la Unidad Especial de Investigación (UEI) por delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Estos cargos están vinculados al robo de volquetas y vehículos de carga en la región, una actividad que, según las autoridades, forma parte de las estrategias de financiamiento de las disidencias de las Farc.

Es importante añadir que, dicho crimen se registró tan solo unos días antes de que la situación de orden público en el Catatumbo recrudeciera a raíz de los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN.

En la noche del miércoles 5 de febrero, el Ejército Nacional confirmó que una base militar en Tibú, Norte de Santander, fue blanco de un ataque con explosivos por parte del ELN. Los proyectiles impactaron en el helipuerto de la unidad sin causar víctimas.

El atentado ocurrió en las instalaciones de la Fuerza de Tarea Vulcano y el Batallón de Ingenieros. Según información oficial, más de cuatro tatucos fueron lanzados por miembros del grupo armado ELN.

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Aunque la explosión generó alarma en la zona, las autoridades indicaron que no hubo heridos entre el personal militar.

Este hecho se produce en un contexto de intensificación de las operaciones militares en el Catatumbo, una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales y recientes enfrentamientos que han provocado desplazamientos masivos y múltiples víctimas.

“En la tarde de hoy, en combate sostenido en Lourdes, Norte de Santander, las @FuerzasMilCol con el apoyo de la @PoliciaColombia dieron de baja a un integrante del Frente Juan Fernando Porras del ELN y capturaron otros 2, incautando 2 armas largas y 6 cortas. #OperaciónCatatumbo”, escribió el ministro de Defensa en su cuenta de X.

Horas antes del ataque en Tibú, las Fuerzas Militares habían desarrollado una operación en el municipio de Lourdes, también en Norte de Santander. Durante los combates, un integrante del ELN perdió la vida y otros dos resultaron heridos, según el balance entregado por el Ministerio de Defensa.

Las acciones ofensivas del Ejército en la región buscan contrarrestar la escalada violenta que ha marcado el inicio del año. El gobierno ha reiterado su compromiso de mantener la presión sobre los grupos armados que operan en el territorio y continuar con estrategias de seguridad para proteger a la población.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del ELN sobre el ataque contra la base militar. Entretanto, las autoridades evalúan la situación y refuerzan la seguridad en la zona para evitar nuevos incidentes.

Enfrentamientos entre el Ejército y el ELN

De acuerdo con los reportes preliminares, estas confrontaciones se están llevando a cabo en la vereda Las Brisas, en Lourdes (Norte de Santander), desde las 10:00 a. m.

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“Los enfrentamientos están en desarrollo, todavía no tenemos reportes de la zona, solo sabemos que es la primera confrontación que se da en el territorio, tras el ingreso de las tropas”, relató una fuente a El Tiempo.

Entre tanto, en la red social X, la segunda división del Ejército enfatizó que se trata de una operación ofensiva para neutralizar el accionar criminal del grupo guerrillero en esa zona del país. La operación ha dejado hasta el momento la muerte de un presunto integrante del frente Juan Fernando Porras del ELN, así como dos capturados, a quienes se les incautaron dos armas largas y seis cortas.

Y es que, según un video publicado en redes sociales, se observa como a raíz de estos fuertes combates, un grupo de pequeños estudiantes se vieron obligados a resguardarse en el salón de clases junto con su profesora, mientras que de fondo se escuchaban las ráfagas de fusil.

Cabe señalar que, desde el 24 de enero de 2025, el Ejército colombiano puso en marcha un operativo estratégico destinado a combatir al ELN y a las disidencias de las Farc en la región de Catatumbo; esto, con el objetivo de estabilizar este territorio gravemente afectado por la violencia.

Estas acciones forman parte de la tercera fase de la llamada operación Catatumbo, desarrollada en once municipios de uno de los puntos más críticos de esa subregión en términos humanitarios y de seguridad.

Las operaciones, en las que participan más de 9.000 efectivos, ya han dado resultados significativos en las primeras dos semanas. Entre ellos, destacan la incautación de armas, explosivos y materiales logísticos pertenecientes a estos grupos armados. Además, se reportó la entrega voluntaria de varios integrantes de las disidencias de las Farc, lo que constituye un avance en la reducción de la influencia de estas estructuras ilegales en el área.

Un nuevo episodio de violencia sacudió al municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, donde dos hombres fueron asesinados a plena luz del día en las inmediaciones de la plaza de mercado. Según informó W Radio, las víctimas, que aún no han sido identificadas, eran disidentes del Frente 33 de las FARC. Este hecho ocurrió en un área concurrida, mientras la comunidad realizaba sus actividades habituales de mercado dominical.

De acuerdo con lo reportado por el medio citado, el ataque fue perpetrado por sicarios que se movilizaban en motocicleta. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra los dos hombres, que se encontraban en la zona comercial del casco urbano de Tibú. Este sector es frecuentado por habitantes de diversas veredas que acuden al mercado los fines de semana, lo que incrementa el flujo de personas en el lugar. Las autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos, mientras la comunidad permanece en estado de alerta por la creciente inseguridad.

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Cabe recordar que el Catatumbo vive un alarmante panorama de violencia. Los enfrentamientos entre grupos armados han generado una crisis humanitaria que afecta a miles de personas. Según informó un reciente reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU), más de 47.000 personas han abandonado la región en los últimos 12 días debido a los constantes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

El doble homicidio en Tibú se suma a una preocupante estadística que refleja la magnitud de la violencia en la región. Con base en cifras oficiales, en lo que va del año, 43 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, de las cuales 23 muertes ocurrieron en Tibú, convirtiéndolo en el municipio con mayor número de víctimas. Otros municipios también han registrado homicidios: Teorama contabiliza 14 asesinatos, mientras que El Tarra, Hacarí y San Calixto reportan 4, 1 y 1 casos, respectivamente.

Entre las víctimas de esta ola de violencia se encuentran firmantes del acuerdo de paz, líderes sociales y menores de edad, lo que evidencia el impacto indiscriminado del conflicto armado en la población civil. En total, se han registrado los asesinatos de 34 civiles particulares, 4 firmantes de paz, 3 menores de edad en la región y 2 líderes sociales.

Desplazamiento masivo y confinamiento

El recrudecimiento de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc provocó un desplazamiento masivo en el Catatumbo. De acuerdo con el más reciente informe del PMU, 47.084 personas abandonaron sus hogares en los últimos 12 días, buscando refugio en zonas más seguras. Además del desplazamiento, el conflicto llevó el confinamiento de 23.757 personas en diversas veredas de los municipios afectados. George Quintero, secretario de seguridad de Norte de Santander, confirmó esta cifra y destacó la difícil situación que enfrentan estas comunidades, que permanecen atrapadas en medio de los enfrentamientos sin acceso a servicios básicos ni posibilidades de movilización.

Ante la escalada de violencia, las autoridades reforzaron la presencia militar y policial en el Catatumbo. Asimismo, más de 9.000 efectivos de la Policía y el Ejército fueron enviados a la región con el objetivo de proteger a la población civil y combatir a los grupos armados ilegales. Sin embargo, la persistencia de los homicidios y los desplazamientos masivos pone en duda la efectividad de estas medidas.

El Catatumbo, una región que por años ha sido afectada por el conflicto armado, enfrenta una crisis que parece no tener fin. La presencia de múltiples actores armados convertido a esta zona en un escenario de violencia constante que afecta gravemente a sus habitantes. Mientras las autoridades intentan contener la situación, la población civil sigue siendo la principal víctima de un conflicto que no da tregua.

La Policía Nacional confirmó el jueves 23 de enero que 16 firmantes de paz fueron rescatados en Tibú. Estas personas se encontraban resguardadas en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en el municipio del departamento de Norte de Santander.

El general José Luis Ramírez, jefe de servicio de la Policía Nacional, informó que cientos de uniformados de la institución llegaron a la región del Catatumbo para reforzar la seguridad ante el grave panorama de violencia y los crímenes de guerra que han dejado los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde la segunda semana de enero del presente año.

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En medio de las ayudas humanitarias entregadas en el territorio, se realizó la evacuación de los exguerrilleros. “Estuvimos en el ETCR llevando alimentación y evacuamos a 16 firmantes de paz, quienes fueron trasladados a Cúcuta”, comentó el general Ramírez en declaraciones recogidas por El Espectador.

Asimismo, explicó que uno de los objetivos principales de las operaciones en la zona es garantizar la máxima seguridad para los firmantes de paz en Cúcuta, donde estarán protegidos tras su evacuación.

Esta operación se desarrolló considerando que las personas acogidas al proceso de reinserción a la sociedad civil, tras la firma del Acuerdo de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos —galardonado con el Premio Nobel de Paz por este logro—, han sido uno de los principales blancos de los grupos armados al margen de la ley.

De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en la última semana se confirmó el asesinato de al menos seis firmantes de paz, dentro de un saldo de casi ochenta víctimas del conflicto en la región.

El Ministerio de Defensa confirmó, por medio de sus redes sociales, el despliegue operativo de tropas del Ejército y la Policía en la región del Catatumbo, que involucra a varios municipios: “Nuestros soldados y policías están desplegados en la región del Catatumbo para proteger a las comunidades del accionar criminal del ELN y las disidencias de las FARC. Reforzamos la seguridad en Cúcuta, Tibú, El Tarra, Ocaña, entre otros, para brindar apoyo y bienestar a la población civil. ¡Su Fuerza Pública hace presencia en el territorio y aquí se va a quedar!”.

Según informó la Defensoría del Pueblo, este periodo de violencia ha dejado hasta el momento 42.000 desplazados. Solo en los municipios de Ocaña y Tibú, los albergues dispuestos de manera temporal están acogiendo a más de 13.000 personas, mientras se espera que regrese el orden a los territorios.

La entidad había solicitado en días pasados al ELN la apertura de corredores humanitarios para poder brindar atención a las comunidades atrapadas en medio del conflicto armado.

“Es fundamental la conformación de una comisión humanitaria con la que el ELN pueda hablar para acordar protocolos que faciliten continuar con las labores humanitarias y el restablecimiento de la vida social y comunitaria interrumpida por la confrontación en algunas zonas”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Ante esta solicitud, el Frente Nororiental del ELN accedió, lo que permitió la participación de la Unidad para las Víctimas y otras entidades internacionales.

El ELN justificó su arremetida contra las disidencias de las FARC, en particular contra integrantes del Frente 33, argumentando que estas acciones buscan demostrar que la forma en la que se alzaron en armas y han afectado a la población civil está fuera de los principios y reglamentos internos de estos grupos armados:

“La operación, que desde el pasado 16 de enero se adelanta contra unidades del Frente 33, fija como objetivo único de nuestras acciones a los integrantes de este grupo armado, sus milicias y su estructura económica. Por principios políticos y humanistas, y sobre la base de nuestra legislación interna, está prohibido realizar acciones que afecten a la población no combatiente”, explicó la estructura, refiriéndose especialmente a los hombres que no se acogieron a la firma de paz y se rearmaron.

En medio de las investigaciones, el ELN ha señalado al Frente 33 de las disidencias de las Farc como el grupo responsable de la masacre. A través de un video difundido por sus miembros, este grupo armado aseguró haber identificado al autor intelectual del ataque.

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Según el vocero del ELN, el responsable sería Leonardo Pérez, alias Lalo, quien lidera las milicias del Frente 33 en el corregimiento de Campo Duro. “Pedimos a la población brindar información que permita dar con el paradero de este sujeto”, expresó el vocero en el video.

El líder del ELN, alias Antonio García, también se pronunció sobre el caso, negando cualquier implicación de su organización en el triple homicidio. García afirmó que este crimen fue uno de los detonantes de la escalada de violencia en el Catatumbo, una situación que incluso llevó al presidente Gustavo Petro a anunciar la posibilidad de decretar una medida de conmoción interior en la región.

“Informamos que el ELN no tiene ninguna responsabilidad en los hechos. Denunciamos que la acción fue perpetrada por integrantes del Frente 33 de las extintas Farc”, declaró García.

Según información obtenida por el medio Semana, fuentes cercanas a la investigación sugieren que el ataque podría estar relacionado con las actividades de la funeraria que administraba Miguel Ángel López, una de las víctimas. Al parecer, el hombre habría realizado el levantamiento de cuerpos de personas asesinadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que habría desencadenado represalias.

El trágico hecho ocurrió el pasado 15 de enero, cuando Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán y su hijo de pocos meses de nacido fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego sin previo aviso. En el vehículo también viajaba un niño de diez años, quien milagrosamente resultó ileso.

Este crimen, que ha generado una profunda conmoción en la región del Catatumbo, se suma a la ola de violencia que azota esta zona del país, marcada por disputas territoriales entre grupos armados ilegales.

Por su parte, las disidencias del Frente 33 de las Farc han rechazado las acusaciones del ELN, lo que ha generado un cruce de señalamientos entre ambos grupos armados. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos detrás de este ataque y determinar quiénes son los responsables directos.

Según Semana, una de las líneas de investigación apunta a que Miguel Ángel López habría transportado elementos indebidos, lo que podría haberlo convertido en un objetivo para los grupos armados que operan en la región.

La Dirección del Frente de Guerra Nororiental del ELN felicitó a sus mandos y combatientes por el éxito del rescate e instó a “continuar las operaciones militares contra los integrantes del Frente 33″. En ese sentido, el comunicado refleja una postura de fortaleza y animosidad contra aquellas estructuras que consideran enemigos directos, no solo por sus acciones violentas, sino también por lo que consideran la falta de coherencia frente a su compromiso político.

Medios locales y nacionales han reseñado el importante suceso. La liberación de José Antonio Marín ha sido celebrada ampliamente por las comunidades de San Cayetano y el Catatumbo, quienes durante meses habían vivido “momentos de incertidumbre por el desenlace del secuestro”. Este hecho refuerza además los múltiples señalamientos de la región como un punto estratégico disputado férreamente por organizaciones ilegales.

Por su parte, la familia del político expresó su agradecimiento ante la recuperación exitosa del exalcalde, elogiando las gestiones de las autoridades y sectores humanitarios involucrados en la operación. Como destacó también Infobae, “las dinámicas de violencia en el nororiente colombiano parecen estar lejos de cesar, especialmente en zonas rurales donde comunidades enteras sufren las consecuencias del accionar armado”.

Llegar a Tibú, en la región del Catatumbo, es recorrer un paisaje de verdes montañas y extensos cultivos. La vista se tiñe con los colores de la palma de cera, el cacao y, en gran medida, los cultivos de coca, cuyo aumento ha sido constante durante los últimos tres años.

En la última medición, estas plantaciones alcanzaron un récord de 253.000 hectáreas, a pesar de los esfuerzos de erradicación impulsados por el gobierno nacional. En el casco urbano, cada rincón refleja el peso de un conflicto armado que ha marcado profundamente la vida de sus habitantes.

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De acuerdo con el diario La Opinión, de Cúcuta, entre el 15 y el 20 de enero de 2025, Tibú fue escenario de intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Los saldos de esta nueva ola de violencia son estremecedores: 27 personas asesinadas, dos heridas, tres desaparecidas y 26 retenidas ilegalmente. Sin embargo, el dato más alarmante es el desplazamiento de más de doce mil personas, en su mayoría campesinos de las zonas rurales, según cifras de la Alcaldía y la Personería de Tibú.

En Brisas del Catatumbo, uno de los barrios más conocidos del municipio, la masacre de Miguel Ángel López, su esposa y su bebé de 11 meses marcó el inicio de un sangriento episodio que no da señales de terminar.

El ambiente en el centro de Tibú es de tensión constante. Las calles, que solían ser bulliciosas, ahora están llenas de familias con maletas y bolsas, personas que han decidido huir de la violencia. Algunos optan por quedarse en el casco urbano, mientras que otros se resisten a abandonar sus hogares en las zonas rurales, pese al peligro.

Un municipio atrapado en el conflicto

Tibú, conocido como la puerta de entrada al Catatumbo, está custodiado por el Cantón Militar ubicado en la vereda La Cuatro.

Los soldados, jóvenes y en alerta constante, advierten que, aunque la carretera esté despejada, el peligro es permanente.

En el barrio Miraflores, donde se encuentra la Alcaldía, el silencio es predominante, interrumpido solo por el murmullo de quienes esperan transporte para abandonar el municipio. Las motos, el principal medio de transporte, llevan banderas blancas como símbolo de paz.

“Estamos en guerra, y una bandera es nuestra forma de decir que no queremos más violencia”, explica un mototaxista.

El comercio también ha sufrido un golpe devastador. Los vendedores reportan una drástica caída en las ventas, ya que muchos temen salir de sus casas.

Refugios y resistencia

Para atender a los desplazados, las autoridades locales han habilitado cinco albergues temporales en espacios como la institución educativa Francisco José de Caldas, el club La Mechita y la Casa de la Cultura.

Sin embargo, las condiciones son precarias. Carmen María, que huyó de la vereda Beltrania junto a su familia, relata su experiencia: “Llegamos al club La Mechita, pero no podemos quedarnos a dormir porque está colapsado. Tenemos que ir a casa de unos familiares por la noche”.

Leonardo Meneses, un joven líder de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), está trabajando para exigir un cese al fuego bilateral. “Nuestra prioridad es que los actores armados respeten los mínimos del Derecho Internacional Humanitario”, explica Meneses, quien, pese a los riesgos, está comprometido con la defensa de los derechos de las comunidades.

Aunque muchos han optado por abandonar el municipio, otros se niegan a dejar sus tierras. “Aquí nací, aquí crecieron mis hijos. Lo único que pido es que nos dejen trabajar en paz”, dice Evaristo, un campesino cuya determinación refleja la lucha cotidiana por la supervivencia.

El silencio también es una forma de resistencia. Muchos prefieren no hablar por temor a represalias, pero otros alzan la voz, como una lideresa que trabaja con mujeres víctimas de la violencia. “No se trata solo de sobrevivir, sino de resistir. Aunque el miedo está siempre presente, no podemos dejar que nos quiten la esperanza”, afirma con convicción.

El Catatumbo, una de las regiones más conflictivas de Colombia, sigue siendo escenario de violencia con el asesinato de Pedro María Ropero Delgado, un reconocido líder social y delegado de Asojuntas Campo Seis en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Según reportó Indepaz, el homicidio ocurrió el sábado 18 de enero de 2025, en medio de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la zona. Hasta el momento, debido a la grave situación de seguridad, no ha sido posible realizar el levantamiento del cuerpo, ya que ninguna funeraria ha acudido al lugar.

De acuerdo con Indepaz, Ropero Delgado formaba parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), una iniciativa que busca ofrecer alternativas a las comunidades que dependen de cultivos ilícitos. Su rol como líder social lo convirtió en un blanco en una región donde el control territorial y las disputas entre grupos armados como el ELN, el Frente 33 de las disidencias de las Farc y otros grupos locales han generado un clima de constante riesgo para quienes defienden los derechos humanos y promueven el desarrollo social.

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La violencia contra líderes sociales no cesa

El asesinato de Pedro María Ropero Delgado se suma a una preocupante lista de homicidios en el Catatumbo, donde ya se contabilizan seis líderes sociales asesinados en lo que va del año. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta un escenario de alto riesgo para defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En alertas tempranas como la AT 050/20 y la AT 019/23, la entidad advierte sobre las amenazas constantes que enfrentan estas personas debido a la imposición de normas y formas de control social por parte de los grupos armados.

La situación en Tibú, específicamente, refleja la complejidad del conflicto en el Catatumbo. La presencia de actores armados como el ELN, el Frente 33 Bloque Magdalena Medio-EMBF y otras bandas locales ha generado un ambiente de inseguridad que afecta tanto a los líderes sociales como a la población en general. Este contexto dificulta no solo el trabajo de los defensores de derechos humanos, sino también la respuesta de las autoridades frente a hechos como el asesinato de Ropero Delgado.

Operaciones militares en la región

En respuesta a la creciente violencia, el Ejército Nacional desplegó tropas especiales en el Catatumbo con el objetivo de proteger a las personas amenazadas por el conflicto. Según declaraciones del general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, se implementó una operación en fases para garantizar la seguridad de firmantes de paz, defensores de derechos humanos y sus familias. Estas personas han estado siendo trasladadas a bases militares y estaciones de policía, desde donde se les brinda protección y se gestiona su traslado a refugios establecidos por las autoridades locales.

El general Cardozo también destacó que se fortalecieron los corredores seguros para garantizar el abastecimiento de alimentos y otros recursos esenciales desde Cúcuta hacia Tibú. Además, se incrementaron las medidas de seguridad en los cascos urbanos y cabeceras municipales, donde se habilitaron albergues para las personas desplazadas por la violencia en las zonas rurales.

Un panorama alarmante para los derechos humanos

El asesinato de Pedro María Ropero Delgado pone de manifiesto la vulnerabilidad de los líderes sociales en Colombia, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde el conflicto armado sigue siendo una realidad cotidiana. Según Indepaz, la imposición de normas por parte de los grupos armados y el control que ejercen sobre las comunidades representan una amenaza constante para los derechos de la población.

La falta de garantías de seguridad no solo dificulta el trabajo de los líderes sociales, sino que también perpetúa un ciclo de violencia que afecta a las comunidades más vulnerables. En este contexto, el caso de Ropero Delgado no es un hecho aislado, sino un reflejo de la crisis humanitaria que enfrenta el país en su lucha por la paz y la justicia social.

Los enfrentamientos que se registraron, desde el 15 de enero de 2025, entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, dejaron un saldo de 58 muertos que estarían distribuidos en: Tarra (4), Teorama (22), Hacarí (3), San Calixto (1) Ábrego (3), Convención (5), Sardinata (1), Tibú (19).

Por la delicada situación de orden público, más de 1.000 personas quedaron sin hogar, afectados por la violencia, decidieron empacar sus maletas y buscar un nuevo lugar donde habitar hasta que finalice el fuego cruzado.

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Sin embargo, las personas que habitan en la región no fueron las únicas víctimas del conflicto armado entre los grupos guerrilleros, por el desplazamiento de miles de lugareños a otras ciudades del departamento, los animales del área rural quedaron a su suerte sin nadie que los cuide.

De hecho, campesinos encontraron un caballo, que según relataron, el animal presentaba rastros de maltrato, además de tener sus orejas mutiladas y marcado en su pelaje la sigla del grupo armado ELN. Se presume que integrantes de las disidencias de las Farc lo habrían atacado de manera salvaje.

Según el informe de las autoridades, las agresiones físicas al equino serían parte de un mensaje, para las personas que siguen en el territorio, de no ayudar a la guerrilla del ELN en caso de que sus integrantes busquen refugio o queden heridos cerca a sus viviendas.

Al caso del caballo encontrado en el Catatumbo se sumó la denuncia de la senadora animalista Andrea Padilla, que en sus redes sociales informó que, en la zona de conflicto del Catatumbo, está Isabel, una mujer que quedó atrapada con 45 perros y 18 gatos, incluyendo cachorros y animales discapacitados.

En otro video que se volvió viral en redes sociales, Isabel dijo que todos abandonaron el territorio, pero ella no tuvo corazón para dejar a los animales solos y sin alimento, por lo que pidió ayuda para seguir cuidándolos hasta que termine el conflicto entre el ELN y la facción de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

“Les pido una ayudita por acá (...) todos estos niños, tengo unos perros discapacitados, otros enfermos con anemia, otros desnutridos. Tengo 20 cachorros, tengo 20 adultos, tengo 17 gatos, entre adultos y cachorros. Por eso les agradezco la ayuda”.

Así las cosas, la congresista instó al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nacional brindar ayuda a la mujer. De igual manera, mencionó que cuenta con el contacto de Isabel para darle el apoyo necesario de inmediato.

“Ministro Juan Fernando Cristo, presiente Gustavo Petro de rodillas, le pido: Isabel está en la zona de conflicto en Catatumbo. No ha huido porque tiene a su cargo 45 perros y 18 gatos, incluyendo lactantes, bebés y discapacitados. Además, está intentando alimentar a otros (no solo gatos y perros) que han quedado abandonados. Se necesita alimento para ella y para los animales. Tenemos los contactos y la información para ayudarles. No los dejen morir”.

La denuncia de la legisladora Padilla generó muchas reacciones de los usuarios de las redes sociales, que rechazaron la ola de violencia en Norte de Santander; y solicitaron al Estado atender a la señora Isabel.

“Terrible 😔💔. Qué desgracia esa violencia en Colombia”; “Por favor Ejército de Colombia y Juan Fernando Cristo ayuda para ella y sus animales”; “Dios que dolor!!!! ¡Se siente uno amarrado de manos!”; “Ayuda urgente, por favor, que pesar tantos animalitos con hambre”, son algunos de los comentarios.

La región del Catatumbo, ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, se encuentra bajo una delicada situación de orden público luego de que se registraran múltiples hechos violentos originados por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

La reciente ola de violencia en el territorio dejó un saldo de más de 20 muertos, además de provocar la suspensión de los diálogos de paz y el cierre temporal de las actividades y desplazamientos en campo de los operadores de Ecopetrol debido a las amenazas del ELN. Este grupo armado también extendió sus amenazas a diversos sectores empresariales y de transporte.

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Debido a la grave crisis en el Catatumbo, el Gobierno nacional enfrenta fuertes críticas de varios sectores y personalidades en el país, entre esas la periodista y precandidata presidencial para 2026, Vicky Dávila.

En sus redes sociales, Dávila cuestionó la ausencia de presencia estatal en la región: “Desolador. Así están saliendo los ciudadanos del Catatumbo, desplazados por los terroristas del ELN y otros grupos criminales. ¿Dónde está el Estado para protegerlos? ¿Dónde está el Gobierno Petro?”.

Para la exdirectora de Semana, la delicada situación de orden público en la región es producto de la condescendencia del actual mandatario y la falta de medidas y acciones contundentes contra el grupo armado ELN.

“Todo esto es consecuencia de una política de permisividad con el crimen, llena de ventajas para los criminales, por parte de Petro, que para empezar amarró a la Fuerza Pública, volvió “gestores de paz a los peores criminales” para dejarlos libres y decidió regalarles un cese al fuego bilateral a cambio de nada”, indicó Dávila en su cuenta de X.

Desde su perspectiva, “el crimen se tiene que enfrentar con determinación y con la ley. El Estado no se puede arrodillar, no se puede entregar. Aquí están las consecuencias Petro”, agregó.

A propósito, Dávila señaló que el presidente Petro no entiende que el grupo armado ilegal no tiene entre sus prioridades desmovilizarse, sino que quiere mantener su dominio en el territorio nacional para continuar con sus negocios ilícitos y enriquecerse a costa de los colombianos.

“Petro, el ELN no tiene voluntad de paz, nunca la ha tenido. En cada proceso de paz que se ha iniciado, ese grupo criminal se ha burlado de los colombianos. Quiero pensar que usted tuvo buena intención cuando dijo que haría la paz con el ELN en 3 meses. Imposible, son terroristas y han llegado a un punto de degradación absoluto y están podridos todos en el narcotráfico y la minería ilegal”, aseveró.

A su juicio, la política de Paz Total de Petro es un total fracaso, puesto que para enfrentar el crimen y el terrorismo se debe de actuar con carácter y medidas claras, no cediendo ante cualquier pronunciamiento de los grupos armados. En ese sentido, Dávila sostuvo que el ELN se ha fortalecido a costa del cese al fuego instaurado por el Gobierno, puesto que los ayudó a ganar más poder.

“Usted fracasó con el ELN y con su proyecto de paz total con todos los grupos criminales, porque el crimen hay que enfrentarlo con determinación, sin vacilaciones. Nunca debió haber cese al fuego a cambio de nada. Fue un regalo envenenado. Usted, en cambio, debió permitir que la Fuerza Pública siguiera operando. Pero usted frenó a las autoridades y empoderó a los delincuentes como los del ELN”, destacó la precandidata presidencial.

Incluso, Dávila reaccionó a la suspensión de los diálogos de paz, que, según ella, es una medida tibia como muchas otras decisiones que tomó para mantener las negociaciones con el ELN. Además, instó a Petro encontrar la paz en el país sin comprometer el poder del Estado.

“Se tiene que buscar la paz sin arrodillar el Estado, sin entregarlo a los bandidos. A los criminales del ELN hay que aplicarles la ley, la Constitución y la fuerza legítima del Estado. A los criminales primero que todo se les combate. Los ciudadanos necesitan un Gobierno, un Estado que los cuide y les garantice la vida y la seguridad”.

La región del Catatumbo, ubicada en el noreste del departamento de Norte de Santander, se encuentra bajo una delicada situación de orden público, luego de que se registraran múltiples hechos violentos originados por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

La ola de violencia que se desató en las últimas 48 horas, que deja ya más de 20 muertes, según autoridades departamentales, derivó en la suspensión del proceso de paz liderado por el Gobierno nacional junto a un equipo negociador del ELN. Así lo anunció el presidente de la República, Gustavo Petro, que en sus redes sociales calificó las acciones de la guerrilla de crímenes de guerra.

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“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, escribió en su cuenta de X en la mañana de este viernes 17 de enero de 2025.

Al anuncio del jefe de Estado se sumó la medida preventiva de Ecopetrol que, luego de recibir varios panfletos amenazantes por parte del grupo armado, decidió suspender temporalmente las actividades y desplazamientos en campo de sus operadores en Tibú y la planta de gas Sardinata. Lo anterior con el fin de resguardar su seguridad y garantizar, en condiciones adecuadas, la continuidad de la operación.

“Ante las condiciones de orden público en el #Catatumbo, tomamos medidas preventivas como la de suspender temporalmente las actividades y desplazamientos de nuestros operarios en la zona, para resguardar su seguridad y poder garantizar la operación”, informó la empresa petrolera en sus redes sociales.

Ante la decisión de Ecopetrol, el Ejército de Liberación Nacional informó en la emisora Antorcha Estéreo, que hace parte de la guerrilla, que el comunicado en el que se amenazaban a varias empresas no había sido autorizado por los altos mandos del grupo.

Incluso, señaló que eran totalmente falsos los señalamientos a empresas como Ecopetrol, Disco y Cens, acusándolas de realizar negociaciones clandestinas con las disidencias de las Farc, así como las amenazas a comerciantes y mototaxistas de municipios como Tibú y El Tarra.

El presidente Petro se desplazó a la región de Catatumbo este viernes

El gobernante de los colombianos se desplazó al Catatumbo para afrontar la situación de violencia y alteración del orden público que afecta la región, tras la escalada terrorista del ELN. A su llegada liderará un consejo de seguridad y determinar la hoja de ruta para finalizar el conflicto entre grupos armados.

La presencia de Petro se habría acelerado ante la difícil situación en la zona, donde se han presentado más de 30 fallecidos, como lo aseguró el general de la Policía Nacional William René Salamanca a medios de comunicación, en enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, al parecer por la disputa del territorio.

La decisión del presidente de viajar al territorio y frenar los diálogos de paz, por segunda vez, con el ELN fue apoyada por varios miembros del equipo negociador. Vera Grabe y el senador Iván Cepeda, en rueda de prensa, aseguraron que “El Estado defenderá a la población y estamos con el presidente en esta decisión”.

A su vez, fueron enfáticos en rechazar los actos de guerra y expresaron su solidaridad con las víctimas: “Como lo dijo el presidente, esos son crímenes de guerra que están prohibidos por la Constitución y por leyes internacionales como el Estatuto de Roma (...) al ELN se le ha advertido en muchas oportunidades que enfrentarse a otros grupos armados no tiene por qué ser o implicar una agresión contra la población civil, por eso y ante la falta de voluntad del ELN se suspende este proceso”.

El 15 de enero de 2025 fueron asesinados Miguel Ángel López, junto a su esposa, Zulay Durán Pacheco, y su pequeño hijo de nueve meses, en la carretera que conduce del municipio de Tibú a Cúcuta.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se señala como presunto responsable al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Asimismo, las autoridades consideran que el ataque habría sido perpetrado por el frente Juan Fernando Porras Martínez, liderado por alias Manuel Guevara o Julián, que mantiene una fuerte presencia en la región del Catatumbo.

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“La sevicia con la que se perpetró el hecho da cuenta de la crueldad y el duro mensaje que quieren enviar los grupos ilegales que delinquen en la zona. El atentar contra un ciudadano reconocido ampliamente en la región, querido y apreciado, al grado de ser casi que una figura, denota cierto grado y afán por mostrarse poderosos y fuertes, frente y contra sus otros rivales”, indicó el informe de inteligencia militar proporcionado a Blu Radio.

Luego de dos días del fatídico suceso, el ELN emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que negó tener responsabilidad en la masacre en la que fueron asesinados tres miembros de una misma familia en Tibú, Norte de Santander.

“Como es de público conocimiento, el pasado 15 de enero fueron asesinados el señor Miguel Ángel López, junto a su esposa, Zulay Durán Pacheco y su pequeño hijo Miguel Hemey, hechos sucedidos sobre la vía que conduce del municipio de Tibú a la ciudad de Cúcuta. Informamos que el ELN no tiene ninguna responsabilidad en los hechos, al tiempo que expresamos nuestra solidaridad y sentimientos de consideración con la familia, amigos y en general con el pueblo Tibuyano”, expresó dicha guerrilla.

El grupo armado atribuyó el hecho al frente 33 de las disidencias de las Farc y se comprometió a encontrar a los responsables de la masacre. Sin embargo, sobre la suspensión de las negociaciones de paz con el Gobierno, hasta ahora, no se ha pronunciado.

“Denunciamos ante el pueblo de la región que la acción fue perpetrada por integrantes del denominado Frente 33 de las extintas Farc, al tiempo que nos comprometemos en dar con los responsables del crimen. ¡Colombia para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás! ¡Liberación o muerte!”, puntualizó la misiva.

Tras la escalada terrorista en la región del Catatumbo, el presidente de la República, Gustavo Petro, suspendió los diálogos de paz liderados por el Gobierno nacional junto a un equipo negociador del ELN. Según sus consideraciones, las acciones del grupo armado violan los estatutos de Roma y son crímenes de guerra.

“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, escribió en su cuenta de X en la mañana de este viernes 17 de enero de 2025.

Por otro lado, el jefe de Estado, llegó al Catatumbo para liderar un consejo de seguridad junto al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, revisar el panorama de seguridad y desarrollar medidas que permitan superar la situación de violencia y alteración del orden público por la que atraviesa este territorio.

Entre las primeras medidas, Petro anunció una recompensa de $100 millones para las personas que entreguen información valiosa sobre la masacre en Tibú o que entregue a los responsables para ser judicializados por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“Cualquier persona que tenga información del asesinato de la familia nortesantandereana acaecido entre Cúcuta y Tibú, puede recibir cien millones de pesos de recompensa por su información”, publicó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

La violencia en la región del Catatumbo, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia, ha generado una fuerte controversia que ocasionó la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El mandatario anunció esta medida a través de su cuenta en X, calificando las acciones del grupo armado como “crímenes de guerra”.

Este anuncio ha provocado una ola de reacciones, entre ellas, las duras críticas de la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien responsabilizó al presidente por la situación de violencia en la región.

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El presidente Petro justificó la suspensión de las negociaciones argumentando que el ELN no ha demostrado una verdadera voluntad de paz. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, expresó el mandatario en su mensaje.

Esta declaración se produce en un contexto de intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, que han dejado a la población civil en medio de una grave crisis humanitaria.

Claudia López acusa al Gobierno de permitir la impunidad en el Catatumbo

La exalcaldesa Claudia López, conocida últimamente por sus críticas al Gobierno de Petro, reaccionó de manera contundente a la decisión del presidente.

López afirmó que el ELN nunca ha mostrado intenciones reales de alcanzar la paz, pero que, a pesar de ello, el Gobierno permitió que este grupo armado actuara con impunidad durante los últimos dos años.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, López señaló: “Eso lo sabía desde el primer día y aún así les dio dos años de ceses al fuego, dejó que masacraran impunemente a la población civil, y atacaran la fuerza pública, y perdió control del territorio y protección a la población. Los únicos que han disfrutado la tal paz total son los criminales del ELN”.

La exmandataria también cuestionó la estrategia de paz total, una de las principales banderas del Gobierno de Petro, argumentando que esta política solo ha servido para que el ELN cometa crímenes sin enfrentar consecuencias.

Según López, la falta de control estatal en regiones como el Catatumbo ha permitido que los grupos armados ilegales amplíen su influencia y perpetúen la violencia contra las comunidades locales.

“El conflicto armado político se acabó en 2017 y por lo tanto la receta de la paz política negociada también. Lo que hay son diferentes tipos de crimen organizado y lo que procede son esquemas antimafia de confrontación, contención y sometimiento a la justicia. A todas las familias en duelo nuestro afecto y solidaridad”, finalizó López.

La estrategia de paz total ha sido uno de los pilares del Gobierno de Gustavo Petro desde su llegada al poder. Este enfoque busca negociar acuerdos con todos los actores armados del país, incluidos grupos guerrilleros, disidencias y organizaciones criminales. Sin embargo, la implementación de esta política ha enfrentado múltiples desafíos, especialmente en zonas como el Catatumbo, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue siendo dominante.

El anuncio de la suspensión de los diálogos con el ELN marca un giro significativo en la política de paz del Gobierno. Aunque Petro había defendido la necesidad de mantener las negociaciones incluso en medio de las tensiones, los recientes hechos de violencia en el Catatumbo parecen haber llevado al mandatario a reconsiderar su postura.

Reacciones políticas y el impacto en la población civil

La decisión de suspender los diálogos con el ELN ha generado un intenso debate en el ámbito político. Mientras algunos sectores respaldan la medida como una respuesta necesaria ante los actos de violencia, otros critican la falta de resultados concretos en la implementación de la paz total. Las críticas de Claudia López se suman a las de otros líderes políticos que han cuestionado la capacidad del Gobierno para garantizar la seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto.

En el Catatumbo, la situación sigue siendo crítica. Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc han dejado a las comunidades locales en una situación de extrema vulnerabilidad. La población civil ha sido víctima de desplazamientos forzados, masacres y violaciones a los derechos humanos, mientras que la presencia estatal en la región sigue siendo limitada.

La suspensión de los diálogos con el ELN plantea interrogantes sobre el futuro de la paz total y la capacidad del gobierno de Petro para avanzar en la resolución del conflicto armado en Colombia. Esta decisión podría tener implicaciones significativas para las negociaciones con otros grupos armados, así como para la percepción pública de la estrategia de paz del Gobierno.

El proceso de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue suspendido.

La decisión fue anunciada por el presidente colombiano a través de su cuenta en la red social “X” tras condenar los recientes actos de violencia ocurridos en la región del Catatumbo, al noreste del país. Según las declaraciones del mandatario, los hechos perpetrados por el ELN en esta zona constituyen “crímenes de guerra”.

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De acuerdo con lo publicado por el propio Petro, la suspensión de los diálogos responde a la falta de voluntad de paz por parte del grupo insurgente. En su mensaje, el mandatario expresó: “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo, el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”.

Estas palabras reflejan un giro drástico en las negociaciones que buscaban poner fin a décadas de conflicto armado en Colombia.

La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por la violencia en el país. Este territorio, estratégico por su ubicación fronteriza con Venezuela y su riqueza en recursos naturales, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluidos el ELN y otras organizaciones criminales.

El anuncio de la suspensión de los diálogos marca un momento crítico en la relación entre el Gobierno de Petro y el ELN. Desde el inicio de su mandato, el presidente había priorizado la búsqueda de la “paz total”, una estrategia que incluía negociaciones con diversos grupos armados en el país. Sin embargo, los acontecimientos recientes en el Catatumbo parecen haber minado la confianza en la disposición del ELN para avanzar en este proceso.

La mesa de diálogos respaldó al presidente

En medio de una rueda de prensa encabezada por Vera Grabe y el senador Iván Cepeda, los negociadores de paz del Gobierno secundaron la decisión del presidente de suspender el diálogo con el ELN. “El Estado defenderá a la población y estamos con el presidente en esta decisión”, aseguró Grabe.

Por su parte el senador Cepeda rechazó todos los actos criminales que se han cometido en contra de la población en Tibú y expresó su solidaridad con las víctimas. “(...) como lo dijo el presidente, esos son crimenes de guerra que están prohibidos por la Constitución y por leyes internacionales como el Estatuto de Roma (...) al ELN se le ha advertido en muchas oportunidades que enfrentarse a otros grupos armados no tiene porque ser o implicar una egresión contra la población civil, por eso y ante la falta de voluntad del ELN se suspende este proceso”.

Añadió que el Gobierno nacional si tiene voluntad de negociar pero “eso no significa que vayamos a tolerar los crímenes contra la población ni los crimenes de guerra”.

La grave situación en el Catatumbo

La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, enfrenta una grave crisis humanitaria tras los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Según informó la Defensoría del Pueblo, los combates han dejado un saldo de al menos 30 personas fallecidas y han obligado a numerosas familias a abandonar sus hogares en busca de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, la violencia ha generado un clima de zozobra en las comunidades locales, donde los habitantes enfrentan restricciones de movilidad y el cierre de comercios. La situación ha llevado a que muchas personas carezcan de acceso a recursos básicos, lo que agrava aún más las condiciones de vida en la zona.

El impacto de los enfrentamientos en el Catatumbo ha sido devastador para las comunidades locales. Según detalló la Defensoría del Pueblo, muchas familias han tenido que abandonar sus hogares debido al peligro constante que representan los combates. Estas personas se enfrentan ahora a condiciones precarias, sin acceso a alimentos, agua potable ni servicios básicos.

Las autoridades colombianas han desplegado esfuerzos para proteger a los habitantes del Catatumbo y buscar una solución pacífica a la crisis. Sin embargo, la complejidad del conflicto, que involucra a múltiples actores armados, dificulta la implementación de medidas efectivas en el corto plazo.

El Catatumbo, una región estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela y su riqueza en recursos naturales, ha sido históricamente escenario de disputas entre grupos armados ilegales. Tanto el ELN como las disidencias de las Farc buscan controlar el territorio, lo que ha llevado a constantes enfrentamientos y a un alto costo humano para las comunidades locales.

Un niño de 10 años sobrevivió al ataque armado que acabó con la vida de sus padres, Miguel Ángel López y Zulay Durán Pacheco, y su hermano de seis meses, Miguel Herney López, en Tibú, Norte de Santander.

El hecho ocurrió el 15 de enero de 2025, cuando la familia viajaba en un vehículo de la funeraria San Miguel, propiedad de Miguel Ángel López, un embalsamador de la región. El ataque se registró en la vía que conecta Tibú con Cúcuta, en el sector de la vereda La Valera.

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Durante el ataque, el niño logró escapar ileso y fue auxiliado por vecinos de la zona. Posteriormente, fue trasladado a un hospital y actualmente se encuentra bajo el cuidado de familiares y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

El crimen se enmarca en el contexto de violencia que afecta la región del Catatumbo, donde grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia disputan el control territorial. Las autoridades aún investigan las causas detrás del ataque, aunque la zona es conocida por los frecuentes enfrentamientos y la violencia.

Las primeras hipótesis de la masacre

Durante la mañana del 15 de enero, surgieron numerosas hipótesis sobre el ataque. En la red social X, un usuario afirmó que, por la noche, esa zona se vuelve intransitable para los ciudadanos. “Desde el cruce de la Y hasta Tibú, está prohibido transitar de noche, ya que todo vehículo será interceptado. Creo que ellos se confiaron, pensando que, al ser un coche fúnebre, no los iban a detener”.

El área donde ocurrió la masacre es conocida por su compleja situación de seguridad. Según detalló George Edinson Quintero, coronel en retiro y actual secretario de Seguridad de Norte de Santander, el sector de La Valera es un corredor vial estratégico que abarca más de 42.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que lo convierte en un territorio disputado por diversos grupos armados ilegales.

Entre ellos se encuentran el ELN, las disidencias de las Farc y bandas de delincuencia común, quienes han mantenido una presencia histórica en la región.

Aunque las autoridades aún no han identificado a los responsables del ataque, las primeras hipótesis apuntan a que podría estar relacionado con la instalación de retenes ilegales, una práctica recurrente en esta zona. “No tenemos información reciente de retenes en esa área, pero es algo que debemos investigar a fondo”, explicó Quintero, quien además calificó el hecho como un acto de barbarie.

López figuraba en un documental sobre su trabajo

Miguel Ángel López, la víctima principal, era un embalsamador que trabajaba en condiciones de riesgo, realizando su labor en zonas controladas por grupos armados para recoger los cuerpos de las víctimas de la violencia.

El documental, titulado “El Trabajo del Embalsamador de Guerra en Colombia”, fue realizado por el periodista Jhon Jácome y está disponible en el canal de YouTube “Realidades”.

En este material audiovisual, López describió las difíciles condiciones en las que desempeñaba su labor, que incluía recoger cuerpos en lugares remotos y peligrosos, muchas veces sin la presencia de las autoridades. Según detalló el medio, el vehículo fúnebre en el que López fue atacado aparece en el documental, lo que añade un sombrío contexto a los hechos.

En el documental, López explicó cómo era contactado para realizar su trabajo en una región donde el orden público está profundamente afectado por la violencia.

“Normalmente hay unos que me llaman y me dicen: ‘Bueno, Miguel, es que hay un cuerpo en el kilómetro 18 vía La Gabarra, necesitamos que vaya y lo recoja, le tome las coordenadas y nos lo traiga a la estación para hacerle el levantamiento’”, relató López en el video.

“Es más, hay ocasiones en las que me ha tocado solo recoger el cuerpo porque ni ningún vecino ni ningún mirón llega por lo menos a preguntarme”, explicó en el documental.

La noticia del asesinato y la supervivencia del niño ha generado reacciones a nivel local y nacional. El presidente Gustavo Petro expresó su pesar por el ataque y aseguró que se están tomando medidas para dar con los responsables. El alcalde de Tibú, Richard Claro, también expresó su solidaridad con la familia de las víctimas y destacó la necesidad de fortalecer las acciones de seguridad en la región.

El niño, quien quedó huérfano tras la pérdida de sus padres y su hermano, recibe apoyo del Icbf, que le ha proporcionado atención psicológica y protección. Los familiares cercanos al menor también han recibido asistencia por parte de las autoridades.

Bogotá, 1 oct (EFE).- Las autoridades colombianas denunciaron este martes que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró a un soldado en el departamento de Norte de Santander (noreste).

El Ejército detalló en un comunicado que el soldado Carlos Manuel Rodríguez Zapata, que hace parte del Batallón de Artillería de Campaña 5, desapareció el domingo cuando se encontraba de permiso en el municipio de Tibú, fronterizo con Venezuela.

"Según información proporcionada por un familiar, el soldado se encontraba en el municipio de Tibú, Norte de Santander, cuando fue interceptado al parecer por individuos del grupo armado organizado ELN, quienes lo llevaron con rumbo desconocido", agregó la información.

Ante esta situación, la Fiscalía y el Ejército realizan operaciones para "localizar al soldado" e investigan para "esclarecer los detalles de tiempo, modo y lugar de los hechos".

El ELN, cuyas negociaciones de paz con el Gobierno colombiano están suspendidas desde el mes pasado, ha incrementado sus ataques contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas y al Bicentenario desde que 3 de agosto terminó el cese al fuego bilateral que durante un año estuvo vigente en el país.

Tras la terminación del cese al fuego esa guerrilla ha lanzado numerosos ataques contra la fuerza pública y la infraestructura nacional, el más grave de los cuales fue perpetrado el pasado 17 de septiembre cuando atacó una base militar en Puerto Jordán (Arauca), lo que causó la muerte a tres militares y heridas a 26 más.

Como consecuencia de ese ataque el Gobierno dijo que el diálogo de paz con el ELN, iniciado en noviembre de 2022 en Caracas, "queda suspendido". EFE

El Ejército Nacional de Colombia rescató a una menor de 13 años de edad en el municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander. La menor y su madre fueron evacuadas en un operativo humanitario que buscó ponerlas a salvo frente a amenazas de reclutamiento forzado por disidencias de las Farc.

El coronel Leonardo Ferreira Lugo, del Ejército Nacional, comentó que la vida y la integridad de la menor estaban en riesgo debido a las amenazas y la persecución por parte de estos grupos armados.

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Según Ferreira, la menor de edad y su mamá fueron trasladadas a un lugar seguro y continúan los esfuerzos para garantizar la seguridad en la región y prevenir otros posibles incidentes similares. El caso se conoció gracias a la denuncia de la mujer, que alertó a las autoridades de las amenazas que estaba recibiendo su hija, de ser reclutada por parte de las disidencias de las Farc.

“De acuerdo con las denuncias, la vida y la integridad de la menor estaban en riesgo, debido a las amenazas y la persecución de reclutamiento forzado por parte de integrantes de grupos armados al margen de la ley que delinquen en esta zona del departamento”, indicó el coronel Leonardo Ferreira.

La madre de la menor denunció que otras jóvenes han desaparecido bajo circunstancias similares y no se ha vuelto a saber de su paradero. Sin embargo, muchas familias prefieren no denunciar por temor a represalias, ya que aún residen en el territorio afectado.

Profesora señalada de facilitar el reclutamiento de sus estudiantes fue capturada

Floralba Caballero Bolívar, alias la Profe, fue capturada en Cúcuta por su implicación en actividades criminales vinculadas con grupos armados ilegales. Según informó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en el desarrollo de la operación Themis, que se realizó en conjunto con la Fiscalía General y el Ejército Nacional de Colombia, se logró detener a esta persona, integrante de la red de apoyo del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33, que opera en el Catatumbo.

La captura de Caballero Bolívar, quien también ejercía como maestra en un establecimiento público, responde a denuncias de la comunidad de Cúcuta, Norte de Santander, sobre el creciente reclutamiento forzado de jóvenes, particularmente menores de edad, para integrar las filas de estos grupos armados ilegales.

Alias la Profe no solo utilizaba su posición como docente para atraer a menores a reuniones clandestinas, sino que también ofrecía sus propiedades para el almacenamiento de armamento y encuentros secretos de estos grupos delictivos. Este abordaje estratégico facilitaba a los líderes criminales influenciar y convencer a los jóvenes de unirse a sus actividades ilícitas, generando una red de participación delictiva que se extendía por la región.

El coronel Edwin Masleider Urrego Pedraza, director de investigación de la Interpol, comentó la importancia de esta operación en un comunicado: “La Policía Nacional, articulada con la Fiscalía General y en desarrollo de la operación Themis logró la captura de Floralba Caballero Bolívar, alias La Profe. Esta persona, integrante de la red de apoyo de la estructura 33 del estado mayor central de las Farc, también fungía como docente en un establecimiento público”.

La alarmante situación de Cúcuta y El Zulia ha llevado a las autoridades a intensificar esfuerzos para desarticular estas redes criminales. La comunidad, preocupada por la seguridad de sus jóvenes, ha sido fundamental en proporcionar información crucial para la captura de Caballero Bolívar, que según las autoridades, desempeñaba un papel clave en la infraestructura operativa de estos grupos.

La docente capturada ahora enfrenta cargos por su implicación en el reclutamiento y soporte logístico a grupos ilegales, un crimen que afecta profundamente la estabilidad y seguridad de las comunidades locales.

En medio de la polémica que ha generado la llegada del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso al país luego de cumplir con una condena de más de 15 años de prisión en los Estados Unidos, Colombia conmemora una fecha relacionada con uno de los episodios más oscuros de su historia, marcada precisamente por el grupo armado que fuera comandado por el cordobés.

Y es que el miércoles 21 de agosto de 2024 se cumplen 25 años de la masacre de La Gabarra, uno de los actos más violentos que protagonizaron las Autodefensas Unidas de Colombia cuando operaban en diferentes regiones del territorio nacional.

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Los hechos se remontan a la noche del 21 de agosto de 1999. En medio de una compleja situación de orden público en la región del Catatumbo, una de las más golpeadas por la violencia en la historia del país, cerca de 200 miembros del grupo armado se instalaron en el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

Su llegada al nororiente colombiano se debía, principalmente, a que Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, líderes de las AUC, tenían como uno de sus objetivos apoderarse de todo el territorio que comprendía Tibú. Esto, debido a que en esa zona del país, grupos subversivos como las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tenían múltiples cultivos de coca que potenciaban sus finanzas.

Así las cosas, en la mencionada fecha, los integrantes de la organización criminal llegaron hasta el corregimiento de La Gabarra, sembrando el terror en la ciudadanía. Y es que meses antes de que lograran instalarse en la zona, los miembros de las AUC habían librado múltiples combates con guerrilleros de las Farc, lo que mantenía alerta a los residentes de ese sector del país, así como a las autoridades.

De hecho, el presidente en aquel entonces, Andrés Pastrana, había encabezado un consejo de seguridad en Cúcuta el 19 de agosto de 1999 ante la compleja situación de orden público. No obstante, tan solo dos días después, un grupo de paramilitares, identificados como “Los Azules”, lograron evadir los puestos de control del Ejército Nacional en los alrededores de Tibú y llevaron a cabo múltiples asesinatos.

Los crímenes se perpetraron entre la noche del 21 y el amanecer del 22 de agosto. Los paramilitares habrían gestado un apagón en la zona y, con lista en mano, habrían ingresado por diferentes viviendas de la zona, asesinando a quienes estaban en ella.

Incluso, existen versiones que indican que desde la base del Ejército Nacional lanzaron una bengala al cielo en la madrugada del 22 de agosto como señal de que los paramilitares debían culminar con la masacre, es decir, habrían trabajado en conjunto.

En total, 35 personas fueron asesinadas en aquella fatídica noche y, al parecer, varios de los cadáveres fueron lanzados a los ríos que pasan por ese sector del país, lo que dificultó el conteo total de los mismos.

Quién es Salvatore Mancuso, uno de los exlíderes de las AUC

Salvatore Mancuso, ex líder paramilitar colombiano, fue una figura clave en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar responsable de numerosos actos de violencia durante el conflicto armado en Colombia.

Mancuso se unió a las AUC en los años 90 y rápidamente ascendió en sus filas, convirtiéndose en uno de sus comandantes más influyentes. Bajo su mando, el grupo criminal llevó a cabo operaciones contra grupos guerrilleros como las Farc y el ELN, pero también cometió masacres y actividades delictivas como el narcotráfico y la extorsión, afectando duramente a la población civil.

En 2004, Mancuso y otros líderes paramilitares comenzaron un proceso de desmovilización como parte de un acuerdo con el Gobierno colombiano. Fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde enfrentó cargos por narcotráfico y recibió una condena de 15 años.

En zona rural del municipio de Tibú (Norte de Santander), cuatro soldados del Ejército Nacional fueron retenidos. En zona rural del municipio del Catatumbo desde la mañana del sábado 27 de julio los integrantes de la Brigada Treinta fueron raptados.

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Un video que circula en redes sociales ha puesto en evidencia un tenso encuentro entre habitantes del Catatumbo y militares que acompañaban operativos de destrucción de cambuches utilizados para procesar hoja de coca.

En la grabación se observó a un vocero de la comunidad usando un megáfono, dirigiéndose a los soldados con la intención de establecer un diálogo y reclamar el respeto de sus derechos como campesinos.

Es así que los habitantes del sector solicitan la presencia de autoridades nacionales e internacionales, como el personero de Tibú, representantes de la mesa de diálogos de verificación del proceso de paz, la Iglesia Católica y la Cruz Roja Internacional.

“El objetivo es denunciar hechos de violencia por parte de las Fuerza Militares contra la población civil, es una violación constante contra las comunidades vulnerable, hay una marca contra los campesinos de estigmatización cuando reclamamos nuestros derechos y exigimos investigaciones por parte de la Fiscalía”, expresó el líder leyendo un comunicado.

Comunidades del municipio de Tibú mantienen retenidos a un grupo de militares que acompañaban operativos de destrucción de cambuches para procesar hoja de coca. Exigen la presencia de autoridades locales y garantías en las investigaciones por robos de animales y herramientas en varias veredas, hechos que atribuyen a los uniformados.

Los líderes comunales han dado plazo hasta el domingo 28 de julio para que los militares se retiren de la zona, instando a que se implementen estrategias para la “paz total” propuesta por el presidente Gustavo Petro.

“Si no se van el domingo vamos a tener problemas”, dijo un líder, pero “nosotros recibimos ordenes y se requiere de tiempo para salir de la zona”, señaló un uniformado.

Mientras tanto, comandantes del Ejército buscan establecer un diálogo con los líderes de las comunidades en el casco urbano de Tibú, con la participación de la Personería, Defensoría del Pueblo y la Alcaldía, para encontrar una solución a la situación.

Sicarios atentaron en contra de líder social en Tibú; la víctima narró cómo se salvó de ser asesinado

Carlos Alberto Salcedo, reconocido líder social de Tibú, Norte de Santander, escapó por poco de la muerte en un ataque armado mientras se dirigía a Cúcuta. En una entrevista concedida a Blu Radio, Salcedo relató los angustiosos momentos que vivió en el sector de El Tablazo.

Según su testimonio, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra su vehículo. Uno de sus escoltas recibió un impacto de bala en el pecho, pero el chaleco antibalas le salvó la vida. Salcedo, quien venía recibiendo amenazas por su labor social, logró escapar junto al escolta herido. Ambos se lanzaron por una pendiente y permanecieron ocultos entre la vegetación durante cinco horas.

El líder social sospecha que el ataque fue perpetrado por grupos guerrilleros que operan en la región, ya que durante su huida avistaron drones y perros que no pertenecían a las autoridades.

Salcedo anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía y organismos de Derechos Humanos para que se investigue el atentado y se garantice su seguridad. El incidente ha puesto en evidencia, una vez más, la grave situación de riesgo que enfrentan los líderes sociales en el Catatumbo, donde el ELN y las disidencias de las Farc mantienen una fuerte presencia.

Por otro lado, a inicios del mes de julio, Richard Claro, alcalde de Tibú, que se transportaba en un vehículo acompañado de su familia del municipio al corregimiento de La Gabarra, fue interceptado por hombres armados que hicieron una señal de pare. Esta fue omitida y abrieron fuego contra la camioneta.

Sorpresivamente, ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las autoridades ya están tras la pista de los responsables de este hecho.

“Se presentó una situación donde, al parecer, sujetos armados pretendían hacer parar el vehículo que transportaba al señor alcalde y que conducía él mismo. Lamentablemente tenemos que indicar que el vehículo fue impactado en una oportunidad”, declaró el coronel Néstor Arévalo, comandante del departamento de policía de Norte de Santander.

Carlos Alberto Salcedo, líder social en Tibú, describió -en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio - como un milagro haber sobrevivido a un ataque armado en el sector de El Tablazo mientras viajaba hacia Cúcuta.

De acuerdo con su testimonio, Salcedo iba a cumplir compromisos en la zona del Catatumbo (Norte de Santander) cuando hombres armados en motocicletas atacaron su vehículo. Uno de sus escoltas recibió un disparo en el pecho, pero su chaleco antibalas evitó una tragedia mayor.

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Salcedo contó a ese medio de comunicación que había estado siendo seguido y amenazado durante semanas debido a su labor social. Durante el ataque, se agachó y logró salir del carro junto a su escolta, bajando una pendiente por siete minutos.

Creían que otro escolta había sido asesinado mientras buscaban refugio. Más tarde, vieron drones y perros, que no pertenecían a las autoridades, sino a la guerrilla.

El ejército llegó y confirmó que no estaban usando drones, lo que aumentó el temor de Salcedo y su escolta. Sin embargo, su escolta herido logró enviar coordenadas para que los buscaran. Pensaron que podría ser una trampa, pero al salir, se encontraron con militares, sintiendo un gran alivio.

Salcedo y su escolta pasaron cinco horas escondidos en la vegetación, temiendo ser capturados. El escolta relató cómo, después de recibir el disparo, envió las coordenadas y rodó por la montaña para escapar.

Salcedo planea denunciar el ataque ante la fiscalía y entidades de derechos humanos para que se investigue y se garantice su seguridad. En la región operan el ELN y las disidencias de las Farc, lo que agrava la situación de riesgo para líderes sociales.

Líder social en Barracabermeja se salvó de ataque sicarial (Santander)

Recientemente, se conoció la denuncia de un ataque sicarial que sufrió un líder juvenil del Polo Democrático en Barrancabermeja (Santander) y que gracias a su mascota logró salvar su vida.

Se trata de Jaime Yesid Vera Carvajal que en la noche del sábado 18 de mayo se encontraba en la calle del barrio María Eugenía, leyendo un libro y fue atacado por dos hombres que se trasladaban una motocicleta y uno de ellos se abalanzó sobre él amenazándolo con un arma de fuego.

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El joven abogado estaba junto con su perro que ladró y lo alertó del suceso. De acuerdo con testigos del hecho, Vera Carvajal salió corriendo y el sicario lo persiguió por varias cuadras con su mascota detrás. Finalmente, logró salvar su vida por la presencia del canino, que no le dejó solo.

Todo el incidente fue captado por una cámara de seguridad de la zona, que registró el momento en que el delincuente descendió de una motocicleta conducida por un cómplice.

A través de sus redes sociales, el líder en su comunidad y presidente de una JAC expresó en sus redes sociales: “Denuncio ante la Fiscalía y el presidente Gustavo Petro que intentaron atentar contra mi vida. Gracias primero a Dios y a mi perro no me pasó nada”.

Entre líneas seguidas, Jaime Vera pidió a la Unidad de Protección (UNP) “o me cuidan la vida o la próxima si me matan”, concluyó el líder juvenil.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, “Cómo escribiste sr Jaime Yesid, gracias a Dios a tu perro estás con vida, bendito seas, fuerza bro”; “Son necesarias garantías en los territorios. Para realizar cambios y transformaciones es necesario desmontar el paramilitarismo como estrategia estatal”; “El paramilitarismo en acción buscando matar la juventud, este es choque entre el discurso y la realidad presidente”; “Un abrazo solidario, y a cuidarse mucho! Tienes un ángel!”: fueron algunos de los mensajes.