Texas registró en 2025 un ingreso mediano de USD 82.625, una mejora respecto al año anterior que no alcanzó para amortiguar la presión sostenida de los costos de vivienda, según datos publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. La cifra queda por debajo de la mediana nacional de USD 84.780, informó The Texas Tribune.

Ingresos al alza en Houston y San Antonio, a la baja en Dallas y McAllen

Las ganancias no se distribuyeron de manera uniforme a lo largo del territorio texano. En las áreas metropolitanas de Houston y San Antonio, el ingreso mediano de los hogares registró aumentos, mientras que en las regiones de McAllen y Dallas-Fort Worth ese mismo indicador anotó caídas.

En el plano étnico, los hogares hispanos y afroamericanos fueron los que registraron los mayores crecimientos. El ingreso mediano de los hogares hispanos alcanzó los USD 70.348, mientras que el de los hogares afroamericanos llegó a USD 64.664.

A pesar de esos aumentos, ambos grupos se mantienen muy por debajo del ingreso mediano de los hogares blancos, que se ubicó en USD 92.479. Además, la brecha entre los hogares blancos y los hispanos es más pronunciada en Texas que la que muestra el promedio nacional. Los hogares de origen asiático registraron la mayor caída proporcional: su ingreso mediano fue 2,3% menor y quedó en USD 122.370.

Baja en la pobreza general, pero sube entre adultos mayores y familias

El informe también registró una reducción en la tasa de pobreza del estado y una caída en la cantidad de niños en esa situación. Sin embargo, la cantidad de texanos mayores y de familias bajo la línea de pobreza aumentó. En cuanto a la desigualdad de ingresos, Texas sigue con niveles elevados, aunque inferiores al promedio nacional.

Más de la mitad de los inquilinos texanos, con carga habitacional excesiva

La situación más difícil es la de los inquilinos. De los 4,3 millones de arrendatarios que hay en Texas, más de la mitad queda calificada como población “con carga habitacional excesiva” (cost-burdened). Esto significa que esas personas destinan al menos el 30% de sus ingresos a cubrir el alquiler. Los alquileres mensuales, mientras tanto, se mantuvieron estables.

La situación de los propietarios de viviendas también se volvió más tensa. La proporción de dueños con hipoteca que destinan una parte excesiva de sus ingresos a los costos de vivienda creció levemente y llegó al 32% en 2025.

Para los propietarios que ya terminaron de pagar su hipoteca, hubo alivio: la factura mediana del impuesto predial bajó un 4,2% frente a la de 2024. Esa caída fue resultado de los miles de millones de dólares que la legislatura de Texas destinó desde 2020 a contener la carga impositiva sobre las propiedades. A nivel nacional, ese gravamen aumentó, aunque todavía se mantiene por debajo del promedio de Texas.

Texas mantiene la tasa más alta del país de personas sin seguro médico

La Oficina del Censo cambió este año las preguntas que formula sobre el seguro de salud, aunque los datos preliminares confirman que Texas conserva el primer lugar en desprotección médica. El estado ocupa esa posición desde hace más de una década. La agencia también sumó nuevas preguntas sobre paneles solares y vehículos eléctricos.

Los hogares del condado de Travis, donde se encuentra la Gigafábrica de Tesla, tienen una tasa de posesión de autos eléctricos que duplica la proporción estatal, según The Texas Tribune. En energía solar, los hogares urbanos encabezan la adopción, aunque más de 80.000 hogares rurales, sobre un total de 2,3 millones, informaron que cuentan con paneles. Texas se mantiene, de todos modos, por debajo de la tasa nacional del 5,2% de viviendas con paneles solares instalados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo campaña este martes en Texas con un doble objetivo: impulsar la candidatura al Senado del republicano Ken Paxton y exhibir el primer petrolero con crudo venezolano llegado en virtud de un acuerdo que su gobierno firmó con Venezuela. La jornada incluyó también el anuncio de una flexibilización de las normas sobre metano para la industria petrolera y gasífera.

Con los altos precios del combustible como telón de fondo —un factor que pesa sobre las aspiraciones republicanas en las legislativas del 3 de noviembre—, Trump programó dos paradas en extremos opuestos del mayor estado productor de petróleo del país. En Corpus Christi, frente a un buque tanque amarrado en el golfo de México, señaló la embarcación ante sus seguidores. En Lubbock, al oeste del estado, reveló medidas para abaratar los costos de producción energética.

Trump celebró “la mayor victoria petrolera de la historia” frente al buque tanque

El mitin de Corpus Christi tuvo como escenografía el petrolero que, según el mandatario, transportaba el primer cargamento recibido de Venezuela bajo el acuerdo que Washington alcanzó tras la caída de Nicolás Maduro. “Estamos celebrando la mayor victoria petrolera de la historia. Al vencedor le corresponde el botín, ¿no?”, dijo Trump ante sus seguidores.

El presidente anunció en agosto un pacto que otorga a Estados Unidos acceso a una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas. La Casa Blanca anticipó en septiembre que el petróleo derivado de ese acuerdo llegaría a las reservas estadounidenses en noviembre. Un alto cargo del gobierno confirmó a la agencia Reuters que el crudo será procesado en refinerías de ExxonMobil y Citgo.

Texas ha sido durante décadas uno de los principales centros de refinado del crudo venezolano, un tipo de petróleo pesado cuyo procesamiento requiere infraestructura especializada que varias plantas texanas ya poseen.

En Lubbock, Trump anunció la derogación de las regulaciones de metano de la era Biden

Durante su parada en Lubbock, el presidente comunicó una propuesta de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) para revocar las normas que la administración de Joe Biden había impuesto a la industria. Esas regulaciones obligaban a las empresas a reparar equipos con fugas y a inspeccionar periódicamente los pozos en busca de emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero.

“Esta noche voy a derogar oficialmente las costosas e innecesarias regulaciones de Biden sobre el metano para ahorrar a los consumidores y a los productores de energía USD 45.000 millones en costos, liberar grandes cantidades de gas natural de Texas y producir 210 millones de barriles de petróleo”, declaró Trump.

Según un portavoz de la Casa Blanca, el plan aliviará la carga sobre los pozos pequeños y de baja producción y pondrá fin a un programa que permitía a grupos externos denunciar grandes fugas de metano. También suavizará las normas que apuntaban a eliminar de forma progresiva la quema rutinaria de gas en los pozos petrolíferos.

Paxton enfrenta una contienda reñida

La visita a Texas fue también un acto de campaña. Trump buscó movilizar el voto a favor de Ken Paxton, el candidato republicano al Senado que se encuentra en una carrera ajustada contra el demócrata James Talarico. Una derrota en Texas el 3 de noviembre complicaría el camino del Partido Republicano para conservar su estrecha mayoría en la Cámara Alta.

Paxton fue imputado por delitos de fraude bursátil en 2015 y sometido a un proceso de destitución por la Cámara de Representantes de Texas en 2023. El caso penal fue desestimado en 2024 tras un acuerdo con la fiscalía, y el Senado estatal lo absolvió en el juicio político. A pesar de esos antecedentes, Trump lo respaldó, aunque lo ha calificado públicamente de “un grano en el culo a veces”.

El multimillonario tecnológico Elon Musk y otros donantes están invirtiendo cientos de millones de dólares en un esfuerzo de última hora para rescatar la campaña del candidato republicano.

Trump apodó al candidato demócrata “Talafreako”, y este lo convirtió en merchandising

El presidente dirigió ataques duros contra Talarico, a quien acusó de oponerse a los valores de Texas en temas como la producción de petróleo, la inmigración y los derechos de las personas transgénero. “Nuestra política siempre ha sido: ‘perfora, nena, perfora’. Y ahora estamos perforando. Pero si Texas elige al comunista James ‘Talafreako’, esa riqueza desaparecerá rápidamente”, afirmó.

Talarico ha capitalizado el apodo como herramienta de recaudación: su campaña vende camisetas con el lema “Soy un Talafreako”. El candidato demócrata respondió a los ataques con un mensaje conciso: “Somos una amenaza para su sistema corrupto”.

La región de Deep East Texas, en el este de Texas, busca revertir una brecha que hasta hace poco dejaba sin banda ancha adecuada al 50 % de su territorio.

El Consejo de Gobiernos del Este Profundo de Texas (DETCOG, por sus siglas en inglés) puso en marcha la Coalición Pineywoods de Banda Ancha para acompañar la ampliación de la red, capacitar a la población y preparar trabajadores para los empleos asociados a la conectividad.

La iniciativa se presenta mientras cerca de USD 1.000 millones en fondos federales se destinan a mejorar el acceso a internet de alta velocidad en la zona.

El proyecto local se encuadra en la política estatal de expansión de la banda ancha promovida durante la gestión del gobernador Greg Abbott.

Según la Oficina del Gobernador de Texas, Abbott impulsó leyes para establecer una planificación estatal de conectividad y ampliar el servicio en áreas rurales y desatendidas.

La coalición reúne a referentes de los 11 condados que integran el área de DETCOG y pretende que la llegada de infraestructura se traduzca en acceso efectivo a telemedicina, educación en línea y trabajo remoto, según informó The Texas Tribune.

La red regional comenzó por el condado de Newton y llegará a seis condados

El despliegue físico ya comenzó en el condado de Newton, donde se desarrolla la primera etapa de una red que, una vez completada, abarcará partes de seis condados del este texano.

Esa fase, cuyo cierre está previsto para finales de noviembre, forma parte de un plan de conectividad más amplio que DETCOG empezó a diseñar a partir de un estudio regional realizado en 2019.

El director ejecutivo de DETCOG, Lonnie Hunt, señaló que más de la mitad de los beneficiarios del primer proyecto pertenecerán a hogares de ingresos bajos o moderados.

La prioridad apunta a localidades rurales donde una conexión insuficiente limita tareas que en otras comunidades ya son habituales, como las videollamadas o la transmisión de contenidos.

La primera etapa cuesta aproximadamente USD 9 millones. Los recursos proceden de una subvención de USD 51 millones otorgada por la Oficina General de Tierras de Texas y de un aporte equivalente de la Fundación T.L.L. Temple, dedicada a proyectos en el este del estado.

Los USD 42 millones restantes de la subvención no se liberarán hasta que se liciten las dos fases siguientes, explicó el director de banda ancha de DETCOG, Connor Sadro, a The Texas Tribune.

La coalición capacitará a quienes no habían tenido una computadora propia

La red por sí sola no resuelve la desigualdad digital. Por eso, la primera línea de trabajo de la Coalición Pineywoods será la navegación y adopción digital.

El programa ofrecerá formación a residentes que nunca tuvieron una computadora portátil propia, con contenidos que abarcan desde cargar y encender el equipo hasta resolver problemas básicos de uso.

También habrá orientación para realizar consultas de telemedicina, participar en videollamadas y utilizar la conexión con seguridad.

Sadro sostuvo que el propósito es que los habitantes que estaban fuera de línea puedan desenvolverse con confianza a medida que se amplíe la cobertura: “Antes de que empezáramos este trabajo, el 50 % de nuestra región estaba desatendida o no tenía acceso a banda ancha de alta velocidad. Estamos empezando a ver que esa situación cambia”.

La fibra exige coordinar obras para no dañar redes de agua y gas

La segunda línea de acción coordinará las obras y el financiamiento necesarios para extender la banda ancha.

Las subvenciones de la región contemplan alternativas como fibra óptica e internet satelital, incluido el servicio de Starlink.

Mientras las conexiones satelitales requieren una intervención menor sobre el terreno, el tendido de fibra obliga a excavar para instalar cables.

Esa tarea ya ocasionó daños en tuberías de agua y gas de la zona, muchas instaladas en la década de 1970 y sin renovaciones posteriores.

La coalición buscará reunir a autoridades y especialistas para elaborar mapas de las redes de servicios existentes y reducir las interrupciones durante la construcción, de acuerdo con The Texas Tribune.

DETCOG calcula que la expansión puede habilitar 10.000 puestos de trabajo

La tercera área se concentrará en desarrollo económico y formación laboral. La expansión de la conectividad puede crear oportunidades para técnicos que empalman fibra óptica y para residentes que accedan a certificaciones en línea, además de facilitar el empleo remoto en comunidades rurales.

Sadro estimó que hasta 10.000 puestos de trabajo podrían quedar al alcance de habitantes de la región si se cubre la brecha de acceso.

En la etapa inicial, el consejo no prevé gastos adicionales para la coalición porque dispone de recursos y voluntarios; si los proyectos posteriores requieren financiación, sus responsables buscarán subvenciones locales, estatales y federales.

La junta directiva de DETCOG aprobó la propuesta durante una reunión de octubre. El organismo está integrado por líderes comunitarios, entre ellos concejales municipales y jueces de condado, y deberá definir quiénes conducirán las iniciativas de capacitación, coordinación de infraestructura y desarrollo laboral.

La reacción fue inmediata. La congresista federal Veronica Escobar (demócrata por El Paso) publicó un comunicado el domingo 25 de octubre en el que calificó las imágenes como “profundamente perturbadoras e inaceptables”.

Un día después, Carl B. Dwyer Jr., presidente de la rama local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), encabezó una conferencia de prensa frente al tribunal del condado de El Paso junto a unos 25 líderes cívicos, pastores, los representantes municipales Chris Canales y Josh Acevedo, y la presidenta de la junta escolar del distrito independiente, Leah Hanany.

Qué dijo la NAACP de El Paso sobre las túnicas del KKK

Dwyer, veterano del Ejército de Estados Unidos con 31 años de servicio, no pudo contener las lágrimas durante su intervención. “Serví a este país como soldado, y todavía en 2026 hay personas que creen que está bien ponerse sábanas blancas, túnicas blancas y sombreros blancos, emblemas de la época más racista de este país”, declaró, según recogió El Paso Times.

El dirigente comunitario dijo que no había podido dormir la noche anterior. “Me emociono porque duele. Seguí pensando en lo que atravesaron nuestros antepasados con los linchamientos y las quemas de cruces”, agregó. A pesar del dolor, Dwyer abogó por la educación antes que por el castigo: pidió hablar con quienes usaron las túnicas para entender por qué consideraron aceptable vestir “un símbolo de odio”, de acuerdo con el reporte de NBC News.

La vicepresidenta de la NAACP en El Paso, Diane Williams, anunció que la organización planea un foro comunitario (townhall) para discutir la discriminación, incluidos incidentes en escuelas. La fecha se dará a conocer a través de las redes sociales de la rama local.

La policía de El Paso investiga si el grupo violó alguna ley

El jefe de policía de El Paso, Peter Pacillas, informó que el departamento analiza si el grupo —“que, según los informes, incluye a jóvenes”— infringió alguna norma, como la de conducta desordenada u otras disposiciones aplicables. “Los símbolos y el lenguaje asociados al Ku Klux Klan representan una historia de terror, violencia y odio racial. No tienen lugar en nuestra comunidad”, advirtió Pacillas en un comunicado citado por CBS4/KFOX14.

El funcionario invitó a quienes tengan información sobre el incidente a comunicarse con las autoridades y recordó que “la libertad de expresión tiene límites cuando cruza hacia una conducta que amenaza el orden público o la seguridad de otros”.

Líderes comunitarios vinculan el incidente con el tiroteo del Walmart de 2019

La conferencia de prensa reunió voces de distintos sectores de la comunidad afroamericana y latina de la ciudad fronteriza. El pastor Christopher White, de la Greater Faith Church, resumió el sentimiento general: “Cuando el odio se convierte en disfraz, el silencio se convierte en complicidad”.

April Frowner, presidenta del capítulo local de The Links, Incorporated, dijo que nunca había visto algo así en su ciudad natal y trazó un paralelo directo entre el simbolismo del KKK y la masacre del Walmart de El Paso del 3 de agosto de 2019, cuando un atacante motivado por el supremacismo blanco asesinó a 23 personas en un tiroteo dirigido contra hispanos. “No podemos proclamar que somos ‘El Paso Strong’ mientras guardamos silencio ante el racismo y la intolerancia”, afirmó Frowner.

Ron Stallworth, autor de BlacKkKlansman, pide a las familias que actúen

Ron Stallworth, residente de El Paso y autor del libro BlacKkKlansman —basado en su experiencia como detective encubierto que se infiltró en el KKK en los años 70 y adaptado por Spike Lee en una película ganadora del Óscar—, no escondió su enojo. “Estaba furioso”, dijo a CBS4/KFOX14.

“Las familias necesitan entender las ramificaciones de que sus hijos caminen así, predicar esas cosas. Necesitan involucrarse y dar un correctivo a sus hijos cuando hacen algo como esto. No debería tolerarse, punto”, declaró Stallworth.

El KKK tuvo presencia activa en El Paso hace más de un siglo

El incidente reavivó la memoria de un capítulo poco conocido de la historia local. El Ku Klux Klan tuvo presencia abierta en El Paso hace más de 100 años: en 1923, la organización presentó candidatos a la alcaldía y a otros cargos municipales, aunque perdió en las elecciones de ese año, según los archivos de El Paso Times.

La NAACP de El Paso, por su parte, fue fundada en 1914 como la primera rama de la organización en todo Texas, lo que subraya la larga historia de la lucha por los derechos civiles en la región fronteriza.

El senador estatal Cesar Blanco emitió un comunicado en el que calificó el comportamiento como inaceptable y aclaró que las acciones de unos pocos no representan a la comunidad fronteriza. La Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) también condenó el hecho y recordó que “la lucha contra el racismo comienza en casa”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) mantiene controles sobre las mercancías que ingresan al país para detectar productos que infringen derechos de propiedad intelectual. La falsificación de artículos de lujo es uno de los problemas que enfrenta la agencia, tanto por las pérdidas que puede ocasionar a las empresas como por los riesgos asociados al comercio ilegal.

Estos controles abarcan distintos tipos de mercancías, desde prendas de vestir y accesorios hasta relojes y aparatos electrónicos. Para determinar si un producto infringe una marca registrada, la dependencia cuenta con especialistas que examinan los artículos y evalúan sus características.

Un operativo en Texas puso bajo revisión un envío de productos que imitaban relojes de alta gama. El caso también reavivó las advertencias de las autoridades sobre la comercialización de artículos falsificados y las precauciones que deben tomar los consumidores al comprar en línea.

Once relojes falsos de Richard Mille valuados en USD 2,6 millones

La agencia informó que incautó 11 relojes falsificados de Richard Mille en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas. Según el comunicado difundido el 23 de octubre, el lote habría alcanzado un precio minorista sugerido de USD 2,6 millones si las piezas hubieran sido auténticas.

La identificación de las piezas estuvo a cargo de los Centros de Excelencia y Especialización de la agencia, áreas técnicas que examinan mercancías y operaciones de comercio exterior. Según CBP, los relojes imitaban una marca registrada y protegida ante las autoridades aduaneras.

Richard Mille es una marca suiza especializada en relojes de lujo. El comunicado no especificó los modelos que imitaban las piezas incautadas ni detalló si los productos incluían otros elementos falsificados.

Los paquetes llegaron desde China y estaban dirigidos al sureste de Estados Unidos

Los envíos procedían de China y tenían como destino distintas localidades del sureste estadounidense. CBP no identificó las ciudades involucradas, a los destinatarios ni a las empresas responsables de transportar los paquetes.

Jayson Ahern, director de la oficina de CBP en el área de Dallas, advirtió sobre la relación que puede existir entre el comercio de productos apócrifos y otras actividades delictivas. Según el funcionario, la venta de mercancías falsificadas puede generar ingresos para organizaciones involucradas en el lavado de dinero, el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos.

Sin embargo, la dependencia no presentó pruebas que relacionen los 11 relojes incautados con una organización criminal ni afirmó que los destinatarios estuvieran involucrados en delitos de ese tipo. La declaración de Ahern se refiere al impacto general de la falsificación, no a una conexión demostrada en este caso.

Qué señales pueden ayudar a reconocer un producto falsificado

CBP advirtió que los artículos apócrifos pueden comercializarse en plataformas de venta en línea y ferias comerciales. Aunque las señales varían según el producto, las diferencias en la terminación, el embalaje y la presentación pueden alertar a los compradores.

Entre los indicios que recomienda observar figuran:

• Etiquetas e impresiones: textos poco nítidos, errores de escritura o etiquetas que se desprenden con facilidad.
• Terminaciones y materiales: costuras desparejas, acabados deficientes o características que no coinciden con las del producto original.
• Embalaje: presentación distinta de la utilizada habitualmente por el fabricante.
• Modelos y diseños: artículos que la marca no comercializa o versiones que no coinciden con sus catálogos oficiales.
• Precio: ofertas muy inferiores al valor habitual del producto, especialmente cuando el vendedor no puede justificar su procedencia.

En los aparatos electrónicos, las imitaciones también pueden presentar fallas de funcionamiento, poca duración de la batería o sobrecalentamiento. Estas advertencias forman parte de la información general difundida por la agencia y no indican que los relojes incautados en Texas presentaran esos problemas.

CBP señaló además que algunos productos falsificados se fabrican en entornos no regulados y bajo condiciones laborales potencialmente abusivas. La agencia advierte que los ingresos de este mercado pueden beneficiar a redes delictivas, aunque esos riesgos deben distinguirse de los hechos documentados en cada operativo.

Cómo recomienda CBP comprar productos de forma segura

La agencia aconseja adquirir artículos directamente de los titulares de las marcas o de distribuidores autorizados. Antes de completar una compra por internet, también recomienda revisar las opiniones de otros clientes y comprobar que el vendedor proporcione un número de teléfono y una dirección en Estados Unidos para facilitar el contacto.

Otra medida preventiva consiste en desconfiar de las ofertas cuyo precio se encuentre muy por debajo del habitual. Un descuento elevado no demuestra por sí solo que un producto sea falso, pero puede justificar una revisión más cuidadosa de la reputación del vendedor y de la procedencia de la mercancía.

CBP también promueve la campaña “The Truth Behind Counterfeits”, destinada a informar sobre las consecuencias de comprar productos apócrifos y las acciones de control que realiza la institución.

Los consumidores que sospechen de una falsificación pueden presentar información mediante el portal e-Allegations de la agencia o comunicarse al 1-800-BE-ALERT. Estas vías permiten informar sobre posibles infracciones relacionadas con las mercancías importadas.

Las autoridades de Estados Unidos detectaron una red de robo de vehículos que luego eran enviados a México para ser utilizados por miembros del crimen organizado. Su ingreso al país se ubicó principalmente a través del acceso en El Paso, Texas, pero también implicaría otros puertos de entrada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que por estos hechos 13 personas enfrentan cargos federales por transportar vehículos robados desde Estados Unidos hacia cárteles mexicanos.

La investigación fue bautizada Operación Southbound Takedown, la cual documentó a la de trasladado de autos sustraídos hasta la frontera para entregarlos a organizaciones criminales transnacionales, y que permitió la recuperación de 29 vehículos, valuados en aproximadamente 1 millón 137 mil dólares.

Cómo operaba la red de robo y traslado de vehículos

La operación comenzó en la primavera de 2026, cuando agentes federales y fiscales detectaron una tendencia recurrente: vehículos privados y autos de alquiler robados eran transportados hacia individuos vinculados con distintas organizaciones criminales en México.

Según la fiscalía, los vehículos eran sustraídos a propietarios particulares o a compañías de alquiler de automóviles en el suroeste de Estados Unidos, conducidos hasta El Paso y entregados del otro lado de la frontera.

Vance Belew, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en El Paso, detalló el mecanismo durante la rueda de prensa: “Vehículos de propiedad privada y autos de alquiler estaban siendo robados en todo Estados Unidos y trasladados hacia la frontera”.

Según explicó, esos vehículos “eran luego transportados a través de El Paso por cómplices que los conducían a través de los puertos internacionales de entrada desde Estados Unidos hacia México, para entregarlos a individuos vinculados con importantes cárteles y organizaciones criminales, a fin de impulsar aún más sus actividades ilícitas”.

Belew remarcó que no se trata de hechos aislados: “Estos no son delitos aislados contra la propiedad. Los vehículos robados relacionados con esta operación se utilizan para apoyar las operaciones diarias de peligrosas organizaciones criminales en todo Estados Unidos y en México”.

Quiénes son los 13 acusados

Entre los imputados hay nueve ciudadanos estadounidenses y dos ciudadanos mexicanos, además de otros dos acusados. La ciudadana estadounidense Kimberly Aguilar fue imputada el 25 de marzo y permanece bajo custodia estatal, al igual que el también estadounidense Marty Gerardo Jr., imputado el 22 de julio.

Los otros once acusados fueron imputados a nivel federal y arrestados entre el 22 de julio y el 19 de octubre. De ellos, nueve son ciudadanos estadounidenses: David Monarrez, César David Díaz, Sinuhe Baltizar López, Christopher Rene Reyes, Ángel Antonio Flores, Aaron Fernando Luna-Evans, Amy Foote, James Dewey Garrett y Hilario Abraham Morales.

Los dos restantes son ciudadanos mexicanos: Pablo Frías, titular de una tarjeta de residente permanente legal, y Pilar Bernabeth Méndez Rivas, titular de una tarjeta de cruce fronterizo. Cada caso quedó registrado con un número de expediente propio ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Texas.

Los trece acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados. De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta diez años de prisión federal, una pena que será determinada por un juez de distrito tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El fiscal federal, Justin R. Simmons, advirtió directamente a quienes participan en este tipo de esquemas: “A cualquiera que esté considerando transportar vehículos robados a México: no lo hagan”.

Agregó que “estas organizaciones que solicitan su ayuda se aprovechan de su afán por obtener dinero fácil para expandir sus operaciones criminales, que incluyen tráfico de personas, extorsión, narcotráfico e incluso asesinato”.

Finalmente, dijo que: “Si brindan apoyo a estos cárteles, muchos de los cuales han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras, transportando vehículos robados fuera de este país hacia México, los encontraremos y los procesaremos con todo el peso de la ley”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que los decomisos de narcóticos en los cruces entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, aumentaron entre dos y tres veces en algunas categorías durante el año fiscal 2026, mientras que las incautaciones realizadas por su División Aérea crecieron más de 700%. La corporación atribuyó los resultados a inspecciones reforzadas, tecnología de revisión y operativos dirigidos contra organizaciones criminales transnacionales.

Los datos fueron expuestos durante una conferencia en el Puente de las Américas, también conocido como Puente Libre, donde directivos de la CBP presentaron el saldo de las acciones de seguridad fronteriza al cierre del ejercicio fiscal. Las autoridades también informaron sobre aseguramientos de armas, municiones, dinero en efectivo y vehículos presuntamente vinculados con actividades criminales.

El director de la Oficina de Campo de la CBP en El Paso, Ray Provencio, señaló que los oficiales detectaron cantidades mayores de droga durante las inspecciones a personas y vehículos que ingresaron a Estados Unidos por los puertos internacionales de la región. Según explicó, algunas categorías de narcóticos registraron decomisos dos o tres veces superiores a los del año fiscal anterior.

“Nuetros oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estuvieron incautando entre dos y tres veces más narcóticos en algunas categorías durante las inspecciones de este año fiscal en comparación con el año pasado”, declaró Provencio. El funcionario relacionó el aumento con la experiencia del personal, los sistemas de inspección no intrusiva, los portales de baja energía y el trabajo de equipos caninos entrenados para localizar sustancias ilícitas.

Las revisiones hacia México buscaron interceptar dinero, armas y municiones

La CBP también reforzó las revisiones de automóviles que circulaban desde Estados Unidos hacia México. El objetivo de estas inspecciones fue interceptar divisas ilícitas procedentes de la venta de drogas, además de armas de fuego y municiones que tendrían como destino a organizaciones criminales mexicanas.

Provencio afirmó que las acciones en dirección sur buscaron afectar las fuentes de ingresos y abastecimiento de los cárteles que operaban en la zona fronteriza. “Nuestros oficiales de la CBP también estuvieron realizando inspecciones en dirección sur para interceptar divisas ilícitas provenientes de la venta de narcóticos, armas de fuego y municiones, con el fin de privar a los cárteles mexicanos de armas e ingresos”, manifestó.

El director advirtió que las organizaciones criminales mexicanas que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras enfrentaron disposiciones federales más estrictas. Bajo ese marco, las personas que colaboraran con ellas podrían ser procesadas por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas.

El director de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP en El Paso, Efrén González, indicó que la División Aérea incrementó sus incautaciones totales de narcóticos en más de 700% durante el año fiscal 2026. El área trabajó con corporaciones federales, estatales, locales e internacionales para localizar redes de narcotráfico, identificar sus rutas y asegurar drogas, recursos económicos, armas y vehículos.

La Patrulla Fronteriza registró menos de 20 mil detenciones de migrantes

Las operaciones aéreas de El Paso derivaron en más de 2 mil detenciones, además de 10 arrestos y nueve rescates humanitarios durante el mismo periodo. La corporación no precisó la cantidad de narcóticos, armas, dinero en efectivo o vehículos asegurados en esas intervenciones.

Mientras los decomisos de droga aumentaron, la Patrulla Fronteriza registró una reducción superior a 95% en las detenciones de migrantes que cruzaron de manera irregular por el Sector El Paso. El jefe de la corporación en esa región, Jesse Muñoz, informó que en el año fiscal 2023 hubo más de 420 mil detenciones, cifra que bajó a menos de 20 mil durante 2026.

Muñoz también indicó que los encuentros diarios con migrantes descendieron de un promedio de 2,700 en 2023 a menos de 50. El funcionario atribuyó esa reducción al reforzamiento de la vigilancia, la instalación de nuevas barreras y el despliegue de personal federal y militar en la frontera.

La estrategia de seguridad fronteriza de la administración del presidente Donald Trump incluyó inspecciones en ambos sentidos de la frontera y operaciones coordinadas entre agencias estadounidenses para combatir el narcotráfico y a las organizaciones criminales transnacionales.

Ramón Ayala Jr. se entrega a autoridades de Texas y enfrenta un cargo de presunto abuso sexual, según informó el abogado Tony Buzbee, representante de una persona identificada en documentos judiciales como John Doe.

El caso se suma a demandas civiles presentadas contra el músico, su padre y la agrupación Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte.

De acuerdo con ValleyCentral, Ayala Jr. fue fichado en el condado de Hidalgo y acusado de asalto sexual, un delito grave de segundo grado en Texas. El medio reporta que quedó en libertad tras pagar una fianza de 2 mil dólares.

El abogado Tony Buzbee afirma que Ayala Jr. se entregó

La información fue divulgada por Buzbee en una publicación de Instagram, cuya captura comenzó a circular este sábado 24 de octubre. El abogado afirmó que Ayala Jr. se entregó y compareció ante las autoridades por una denuncia promovida por uno de sus clientes.

“Puedo informar que Ramón Ayala Jr. se entregó y fue procesado hoy por un cargo de asalto sexual contra mi cliente, John Doe”, escribió Buzbee en el mensaje compartido en redes sociales.

La acusación penal surge meses después de que el despacho The Buzbee Law Firm promovió demandas civiles contra Ramón Ayala Jr., Ramón Ayala y la agrupación Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte. Los recursos fueron presentados en representación de tres exintegrantes de la banda.

Buzbee sostuvo que continuará con la estrategia legal en la vía civil, mientras avanza el proceso penal contra el hijo del llamado “Rey del Acordeón”.

“Que las autoridades penales hayan actuado es un paso positivo. Cooperaremos según corresponda para asegurar que se haga justicia”, señaló el abogado en su publicación.

Tony Buzbee es un abogado con sede en Houston, Texas, conocido por asumir casos civiles de alto perfil relacionados con presuntas agresiones sexuales. En 2024, su firma representaba a decenas de personas que presentaron denuncias civiles contra el productor Sean “Diddy” Combs, según CNN en Español.

El litigante también ha sido objeto de cuestionamientos públicos por parte de algunos señalados en sus procesos. En el caso vinculado con Ramón Ayala Jr., Buzbee aseguró que los abogados relacionados con la agrupación descalificaron las reclamaciones civiles y las describieron como un supuesto intento de obtener dinero.

“Cuando se presentó el caso, los abogados de la banda atacaron públicamente a nuestros clientes y me atacaron personalmente, al llamar a los casos civiles un ‘intento de sacar dinero’”, escribió.

El abogado no difundió en su publicación documentos judiciales de la audiencia ni precisó la fecha de una próxima comparecencia penal.

ValleyCentral reporta que los registros de la cárcel del condado de Hidalgo identifican a Ayala Jr. como detenido y posteriormente liberado bajo fianza.

Hasta el momento, no se ha localizado un pronunciamiento público de Ramón Ayala Jr. sobre el reporte de su entrega ante las autoridades. La acusación deberá ser acreditada ante un tribunal y el imputado mantiene la presunción de inocencia.

Las demandas civiles señalan hechos ocurridos durante una gira

En febrero de 2026, Ramón Ayala y su hijo enfrentaban una demanda civil en el condado de Hidalgo, Texas, promovida por un extrabajador de Liram L.C.C., empresa relacionada con la operación de la agrupación.

La demanda identifica al denunciante bajo el seudónimo John Doe, un recurso habitual en procesos judiciales de carácter sensible para proteger la identidad de una de las partes. El hombre sostiene que trabajó como fotógrafo y videasta durante una gira de la banda por Estados Unidos entre 2024 y 2025.

El demandante atribuye a Ramón Ayala Jr. una serie de presuntos abusos sexuales y episodios de humillación. La acción civil también contempla señalamientos de negligencia y falta de supervisión contra Ramón Ayala, la empresa y el grupo musical.

La abogada Crystal de Toro, quien representa a la presunta víctima, declaró a Al Rojo Vivo que la compensación solicitada superaba los 25,000,000 de dólares.

“Este caso no se trata solamente de música, ni de trayectoria artística. Se trata de responsabilidad, supervisión y de proteger la dignidad humana”, dijo De Toro al programa, de acuerdo con el mismo medio.

Ramón Ayala reconoció en un comunicado que enfrentaba un proceso legal. El músico dijo que, por recomendación de sus abogados, no daría entrevistas sobre el expediente. También cuestionó a quienes, afirmó, buscan afectar la imagen de su familia.

Buzbee señaló que su despacho mantendrá las reclamaciones civiles mientras acompaña el desarrollo de la acusación penal. “Mientras tanto, continuaremos persiguiendo agresivamente las demandas civiles”, afirmó.

El gobierno de Estados Unidos defendió sus planes para construir un muro y otras barreras en la región de Big Bend, Texas, pese a la oposición de residentes, empresarios y ambientalistas, así como a una orden judicial que suspendió temporalmente las obras. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, aseguró que fortificar la frontera es un objetivo “no negociable” de la administración de Donald Trump.

En una entrevista exclusiva con The Associated Press (AP), Scott justificó el proyecto, cuyo costo asciende a 46 mil millones de dólares, al argumentar que las autoridades necesitan identificar quién y qué ingresa al país. El funcionario advirtió que, si Big Bend queda sin barreras mientras otras zonas fronterizas son reforzadas, la región podría verse “completamente desbordada y destruida”.

La iniciativa ha generado una disputa sobre los alcances de la política fronteriza de Trump, quien designó a Scott, exagente de la Patrulla Fronteriza, para completar su emblemático proyecto de infraestructura.

La CBP ejecuta un plan financiado por los republicanos del Congreso que contempla reforzar los aproximadamente 3 mil 200 kilómetros de frontera con México mediante vallas de acero de nueve metros de altura, barreras vehiculares, carreteras y tecnología de vigilancia.

Scott aseguró que el gobierno construye alrededor de 19 kilómetros de infraestructura fronteriza por semana y que el muro principal, que en algunas zonas contará con una segunda barrera, estará terminado a finales de diciembre de 2027. Según el comisionado, los trabajos avanzan incluso por delante del calendario previsto y concluirán antes de que termine el segundo mandato de Trump.

Big Bend, el foco de la disputa por el muro

La región se convirtió en uno de los principales puntos de resistencia al proyecto. A principios de octubre, un juez ordenó detener temporalmente las obras al considerar que existía una alta probabilidad de que los demandantes sufrieran daños graves e irreparables sin una medida judicial. El gobierno estadounidense solicitó a la Corte Suprema que levante la suspensión.

La orden abarca trabajos en el Parque Nacional Big Bend, donde la presencia de maquinaria pesada y las labores de remoción de terreno provocaron protestas desde distintos sectores políticos, incluidos algunos legisladores republicanos.

Scott afirmó que, tras observar maquinaria en el parque durante agosto, ordenó suspender las actividades relacionadas con la construcción en esa zona mientras su equipo dialogaba con los residentes. También señaló que la agencia busca alternativas para desarrollar infraestructura sin dañar el área natural.

Aunque evitó detallar los planes específicos debido a los litigios en curso, sostuvo que el proyecto no contempla instalar muros altos de acero dentro del parque. Sin embargo, insistió en que las barreras naturales de la región no impedirían que las personas ingresaran ilegalmente por otros puntos y expresó su preocupación por la posibilidad de que los cárteles mexicanos aprovecharan las zonas sin fortificaciones.

Hillary Pierce, directora de comunicaciones de la coalición No Big Bend Wall, cuestionó esa postura y afirmó que las propias cifras del gobierno muestran que no existe una emergencia fronteriza en la región.

La CBP también enfrenta críticas por operativos migratorios

Scott encabeza una agencia de aproximadamente 67 mil empleados encargada de supervisar los cruces fronterizos oficiales y combatir la migración irregular y el contrabando. La CBP recibió fuertes críticas el año pasado, cuando sus agentes fueron desplegados en ciudades del interior de Estados Unidos para apoyar la ofensiva migratoria de Trump junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En Minneapolis, las protestas contra esos operativos se intensificaron después de que un agente de la Patrulla Fronteriza y otro de la CBP dispararan durante un enfrentamiento en el que murió el ciudadano estadounidense Alex Pretti. El caso contribuyó a que el gobierno redujera algunas operaciones en ciudades del país.

Scott evitó comentar sobre la investigación, que permanece a cargo del FBI. También señaló que la participación de la CBP en operativos migratorios lejos de la frontera ha disminuido conforme el ICE incorpora más agentes.

Durante la entrevista, realizada cerca de la frontera con Canadá, el comisionado también abordó las amenazas relacionadas con el contrabando marítimo y el uso de drones por parte de organizaciones criminales mexicanas. Afirmó que los cárteles emplean estos dispositivos para trasladar mercancías ilícitas y vigilar a los agentes estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció recientemente restricciones temporales de vuelo para combatir la actividad no autorizada de drones en una franja de aproximadamente 1.6 kilómetros al norte de la frontera con México.

“Queremos asegurarnos de que esa amenaza no entre en Estados Unidos”, afirmó Scott.

Un hombre que pasó más de 25 años en prisión por un asesinato que no cometió fue exonerado, mientras que el responsable identificado por nuevas pruebas genéticas recibió una condena. Michael Nevarez fue sentenciado a 21 años de prisión por el homicidio de Damond Wittman, ocurrido en 1997 en Deep Ellum, un distrito de Dallas, Texas, informó CBS News Texas.

Nevarez, de 45 años, se declaró culpable esta semana del asesinato de Wittman, de 21 años. El crimen ocurrió el 14 de julio de 1997 frente a un club nocturno de Deep Ellum y derivó, un año más tarde, en la condena a prisión perpetua de Martin Santillan, quien sostuvo durante toda su encarcelación que era inocente.

El ataque ocurrió tras una discusión por un cigarrillo

Las autoridades relataron a CBS News Texas que Nevarez tenía 16 años cuando se acercó a Wittman y a sus amigos para pedirles un cigarrillo. Después de recibirlo, habría sacado un arma y exigido dinero al grupo.

Wittman se resistió durante el asalto y recibió varios disparos. El joven fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Baylor, donde murió a causa de las heridas, de acuerdo con la reconstrucción difundida por el medio estadounidense.

El proceso judicial contra Nevarez tardó casi tres décadas en llegar a una condena. La investigación se reactivó a partir de pruebas de ADN obtenidas de una camiseta de los Dallas Stars encontrada cerca del escenario del crimen. Esos análisis permitieron vincular al ahora condenado con el homicidio y, al mismo tiempo, desmontaron el caso que había enviado a Santillan a prisión.

Tras la identificación genética, Nevarez fue localizado y detenido en Colorado, precisó el informe. La fiscalía logró su declaración de culpabilidad y un jurado estableció una pena de 21 años de cárcel.

El ADN descartó al hombre condenado en 1998

Santillan tenía 24 años cuando fue condenado por asesinato capital en 1998. La sentencia fue de prisión perpetua y permaneció recluido hasta diciembre de 2022, cuando recuperó la libertad tras la revisión del caso.

La organización Centurion Ministries, dedicada a revisar condenas de personas que sostienen haber sido encarceladas injustamente, había presentado el expediente ante la Unidad de Integridad de Condenas de la Fiscalía del Condado de Dallas en 2008. Sin embargo, las primeras pruebas genéticas no ofrecieron resultados concluyentes.

En 2021, los investigadores reabrieron el caso y dispusieron nuevos análisis sobre la camiseta recuperada en las inmediaciones. El resultado fue determinante: el ADN de Santillan no estaba en la prenda que, de acuerdo con la fiscalía, llevaba el autor del crimen.

En marzo de 2023, un juez del Condado de Dallas desestimó formalmente el cargo de asesinato contra Santillan. La medida cerró el proceso judicial que lo había mantenido privado de su libertad durante más de un cuarto de siglo.

La fiscalía reconoció el daño de la condena errónea

El fiscal penal del Condado de Dallas, John Creuzot, afirmó que la sentencia contra Nevarez constituye un avance para la familia de Wittman, que había esperado décadas por una resolución. “El resultado de hoy es un paso importante hacia la rendición de cuentas por el asesinato de Damond Wittman y para su familia”, declaró el funcionario, en palabras recogidas por CBS News Texas.

Creuzot también se refirió a las consecuencias del error judicial sobre Santillan. “Es también un recordatorio de las profundas consecuencias de una condena errónea. Martin Santillan perdió más de 25 años de su vida por un delito que no cometió”, aseguró.

Paul Casteleiro, abogado de Centurion Ministries, sostuvo ante el medio que la acusación original se apoyaba principalmente en un solo testigo presencial. La defensa había cuestionado durante años la investigación policial y la fiabilidad de aquella identificación.

Cuando quedó exonerado en 2023, Santillan celebró su libertad junto a familiares y amigos frente al tribunal. “Aunque llevo fuera unos días, ahora es real; ahora terminó”, expresó entonces. Durante ese encuentro, llevaba una camiseta con una frase que resumía su postura desde el inicio del caso: “Yo no lo hice”.

Texas registró en septiembre la cifra más baja de beneficiarios de cupones de alimentos en 17 años. Apenas 2,8 millones de personas figuraban inscritas en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), un beneficio federal que ayuda a familias de bajos ingresos a comprar comida. La caída fue de un 20,8% en un solo año, la más pronunciada en dos décadas, según datos de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC), informó The Texas Tribune.

El desplome no se debe a que la gente viva mejor. “Al mismo tiempo que se observa esta inscripción en mínimos históricos, la necesidad en nuestras comunidades alcanza niveles récord”, afirmó Celia Cole, directora ejecutiva de Feeding Texas, una red estatal de bancos de alimentos, en declaraciones a The Texas Tribune.

La nueva ley federal amplió los requisitos de trabajo

La causa principal es la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aprobada por el Congreso en 2025. La ley amplió los requisitos de empleo que deben cumplir los beneficiarios para conservar la ayuda. Antes, solo los adultos sin hijos menores de 54 años debían demostrar un mínimo de horas de trabajo al mes. Ahora esa exigencia también aplica a padres con hijos de 14 años o más y a personas de hasta 64 años.

La norma, además, eliminó la elegibilidad para refugiados y para numerosos migrantes con estatus legal. Las personas indocumentadas ya estaban excluidas del programa.

Para calificar, una familia de cuatro integrantes debe percibir un ingreso mensual igual o inferior a USD 4.421.

Los menores concentran más de la mitad de las pérdidas

La mitad de los beneficiarios en Texas son menores de edad, y los niños representan más de la mitad de las pérdidas desde septiembre de 2025. La cifra de inscritos menores de cinco años es la más baja en más de 20 años.

Sin el cupón, los menores dejan de calificar para almuerzos escolares gratuitos y pierden prioridad en la lista de espera para guarderías subsidiadas.

Solo el 64% de las solicitudes se resuelve dentro del plazo legal

A la restricción legislativa se suma un cuello de botella burocrático. En septiembre, la HHSC procesó apenas el 64% de las solicitudes dentro del plazo legal de 30 días, frente al 91% del mismo mes de 2025. El gobierno federal exige un mínimo del 95% para no recortar financiamiento al estado.

Familias relataron a The Texas Tribune que esperaron meses para recibir una respuesta, y en muchos casos esa respuesta fue un rechazo. La agencia atribuyó las demoras a los nuevos mandatos federales: “Los nuevos requisitos de SNAP exigen una revisión exhaustiva de cada caso para garantizar la integridad del programa”, indicó Guillermo Zenizo Lindsey, vocero de la HHSC.

Texas podría asumir hasta USD 2.000 millones en costos adicionales por errores de pago

La OBBBA también estableció un esquema de costos compartidos. Si Texas no baja su tasa de error en pagos —hoy cercana al 9%— por debajo del 6%, deberá asumir hasta USD 2.000 millones adicionales en el ciclo presupuestario 2028-2029. La comisionada ejecutiva de la HHSC, Stephanie Muth, declaró ante la Legislatura estatal que reducir esa tasa es su prioridad máxima.

Organizaciones civiles advierten que ese esfuerzo de precisión generó un atasco que alcanza también a Medicaid, cuyas solicitudes revisa el mismo personal. “No queremos que niños o adultos mayores se vayan a dormir con hambre porque los trabajadores estatales no logran avanzar con la pila de solicitudes”, señaló Diana Forester, de Texans Care for Children, al medio texano.

Los bancos de alimentos restringen visitas y productos ante la mayor demanda

En las zonas rurales de Texas, donde la dependencia de SNAP es mayor, el golpe es directo. Brookshire Brothers, cadena de supermercados que en varias localidades del este del estado es la única fuente de alimentos, registró una baja en las compras con cupones. Varios bancos de alimentos asociados a Feeding Texas comenzaron a restringir la frecuencia de visitas y la cantidad de productos que entregan.

Cómo consultar el estado de una solicitud atrasada

La HHSC recomienda consultar el estado del trámite a través de su portal YourTexasBenefits.com o llamar al 2-1-1, la línea de asistencia social del estado. Organizaciones como Feeding Texas y Texans Care for Children ofrecen orientación gratuita sobre los requisitos actualizados y los plazos de respuesta.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, por presuntamente engañar a los usuarios de ChatGPT sobre los riesgos del chatbot y causarles daños, según un comunicado oficial de su oficina difundido este viernes.

La demanda invoca la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, la principal norma de protección al consumidor del estado, y sostiene que OpenAI se presentó como una herramienta segura y confiable sin advertir sobre los peligros reales de su tecnología.

El comunicado enumera los daños atribuidos a la compañía: tiradores que recibieron ayuda del chatbot para cometer ataques, personas vulnerables alentadas al suicidio, profesionales humillados públicamente, usuarios que perdieron capacidad de pensamiento crítico y menores que se volvieron adictos a una herramienta que simula afecto humano para recolectar sus datos sin supervisión parental.

“Con el rápido avance de la tecnología de IA, OpenAI tiene la responsabilidad de proteger a los usuarios y advertirles sobre los numerosos peligros de su plataforma”, afirmó Paxton en el comunicado. “Voy a luchar para proteger a los tejanos de los daños de la IA y asegurarme de que las poderosas empresas tecnológicas no estén por encima de la ley”.

Texas se suma a una ola de demandas contra OpenAI

La acción de Texas no es aislada. Florida fue el primer estado en demandar a OpenAI, en junio, por comercializar ChatGPT como un producto seguro pese a conocer sus riesgos para los usuarios.

En octubre, otros ocho estados —Iowa, Kansas, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Arizona, Idaho y Montana— presentaron demandas coordinadas con reclamos similares: ocultar que ChatGPT brindó consejos médicos peligrosos, alentó a usuarios a lastimar a otros y guió a personas hacia el suicidio mientras se presentaba como un amigo confiable. Con la acción de Paxton, ya son al menos diez los estados que llevaron a la empresa a los tribunales.

OpenAI respondió a las demandas de octubre asegurando que incorporó “protecciones específicas por edad que muchos otros productos de IA no tienen”, según declaraciones de un vocero de la compañía a medios estadounidenses. La empresa no había emitido una respuesta pública dirigida específicamente a la demanda de Texas al momento de esta publicación.

El historial de Paxton contra las grandes tecnológicas

Paxton, actual candidato republicano al Senado de Estados Unidos, construyó en los últimos años una de las oficinas de fiscalía más activas del país contra Silicon Valley. En 2024 obtuvo un acuerdo de USD 1.400 millones con Meta por el uso no autorizado de datos biométricos de usuarios de Texas, descrito como el mayor pago logrado por un solo estado en un litigio de este tipo. En octubre de 2025 repitió la cifra con un acuerdo similar contra Google por rastrear datos de usuarios sin su permiso.

Antes de la demanda contra OpenAI, Paxton ya había investigado a Meta y Character.AI por presentar chatbots como herramientas de salud mental, y había alcanzado un acuerdo pionero con la empresa de inteligencia artificial para la salud Pieces Technologies.

Texas también cuenta desde enero con una ley propia, la Ley de Gobernanza Responsable de la Inteligencia Artificial, que fija reglas para proteger a los habitantes del estado de usos dañinos o engañosos de la IA y exige avisos claros cuando una persona interactúa con un sistema automatizado en ciertas situaciones.

Una empresa bajo presión legal antes de su salida a bolsa

La nueva demanda llega en un momento sensible para OpenAI, que avanza en los preparativos para una eventual salida a bolsa y que ya enfrenta decenas de juicios de particulares que responsabilizan a ChatGPT por casos de suicidio y violencia, incluido un tiroteo masivo investigado en Canadá.

Los estados demandantes piden en conjunto medidas que van desde sanciones económicas hasta cambios obligatorios en el diseño del producto: controles parentales más estrictos, verificación de edad y restricciones a conversaciones de tipo afectivo con menores.

Con la incorporación de Texas, el mayor estado en sumarse a la ofensiva legal, la cantidad de demandas estatales contra OpenAI asciende a diez, un número que previsiblemente seguirá creciendo mientras la compañía enfrenta en paralelo la revisión de su estructura societaria rumbo al mercado bursátil.

La detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo, conocido también como “gusano come carne”, en animales silvestres representa un nuevo desafío para las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Se trata de una mosca parasitaria cuyas larvas se alimentan de tejido vivo y pueden provocar heridas graves en animales domésticos y silvestres.

El insecto puede afectar a mamíferos de distintas especies y generar pérdidas económicas para la actividad ganadera. Su control depende de la identificación temprana de las infestaciones, el tratamiento de los animales afectados y la aplicación de medidas para evitar que el parásito llegue a otras zonas.

Las autoridades federales y estatales mantienen operativos de seguimiento mientras avanzan las investigaciones sobre nuevas detecciones en el suroeste del país. La situación también coincide con la reanudación gradual de algunas operaciones de importación de animales desde México, sujetas a protocolos sanitarios.

Primera detección en fauna silvestre en Texas

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés) confirmó el 21 de octubre que las pruebas de laboratorio identificaron larvas de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un alce hembra cazado en un rancho del condado de Pecos, al oeste de Texas.

Según la agencia federal, el ejemplar fue comunicado a las autoridades después de que un cazador lo encontrara durante la temporada cinegética. El análisis confirmó que se trataba de la primera detección de este parásito en fauna silvestre dentro de Estados Unidos.

Tras el hallazgo, la Comisión de Salud Animal de Texas anunció que modificaría una zona infestada que ya estaba delimitada. Por su parte, el Departamento de Agricultura y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas ampliaron las tareas de vigilancia sobre animales silvestres en las inmediaciones del lugar.

Las autoridades instaron a cazadores, propietarios de terrenos y trabajadores rurales a informar sobre lesiones sospechosas o heridas con larvas. Los animales silvestres requieren especial atención porque no están sujetos a las mismas revisiones periódicas que el ganado doméstico.

Qué es el gusano barrenador y qué daños causa

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es la fase larvaria de una mosca parasitaria que deposita sus huevos en heridas abiertas o en determinadas aberturas corporales de animales de sangre caliente. Cuando las larvas eclosionan, se alimentan de tejido vivo y pueden profundizar las lesiones.

A diferencia de otras larvas que consumen materia orgánica en descomposición, las de este parásito invaden los tejidos vivos. Sin tratamiento, la infestación puede agravarse, provocar infecciones y debilitar al animal hasta causarle la muerte.

Entre los signos de alerta figuran las heridas que no cicatrizan, la presencia visible de larvas, las secreciones, el mal olor, la falta de apetito y el comportamiento asociado con dolor o irritación. También pueden observarse debilidad y aislamiento.

El parásito puede afectar al ganado bovino, caballos, ovejas, cabras, mascotas y fauna silvestre. Los seres humanos también pueden sufrir infestaciones, aunque son poco frecuentes.

Las autoridades sanitarias de Texas recomendaron prestar atención a las lesiones alrededor de los ojos, las orejas, la nariz, la boca y los genitales de los animales cazados. Si se encuentran larvas o secreciones anormales, la indicación es comunicar el hallazgo a los organismos competentes.

Infestación confirmada en una vaca de Nuevo México

El 21 de octubre, las autoridades de Nuevo México confirmaron otro caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo, esta vez en una vaca de carne del condado de Otero. El Departamento de Agricultura estatal informó sobre la detección, que también fue informada por Reuters.

Como parte de la respuesta sanitaria, los organismos estatales y federales establecieron una zona infestada con un radio mínimo de 20 kilómetros alrededor del lugar donde se encontraba el animal afectado. También ampliaron la vigilancia y la instalación de trampas para moscas.

Dentro del perímetro delimitado, el ganado debe someterse a inspecciones y, cuando corresponda, recibir tratamiento antes de ser trasladado dentro o fuera de la zona, de acuerdo con las medidas establecidas por las autoridades.

La detección en Nuevo México no demuestra que exista una conexión epidemiológica con el caso del alce en Texas. Aunque ambos estados se encuentran en el suroeste estadounidense, las infestaciones se identificaron en condados distintos y en especies diferentes.

El brote actual, desde la primera detección en junio

El 3 de junio, APHIS confirmó un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas en el condado de Zavala, al sur de Texas. Las larvas fueron encontradas en una lesión del ombligo del animal.

La detección marcó el regreso del parásito a Estados Unidos durante el brote actual, después de décadas sin casos locales. El país había conseguido erradicar la plaga mediante programas de control que incluyeron la liberación de moscas estériles para reducir la reproducción del insecto.

Desde entonces, las medidas de respuesta han incluido restricciones al movimiento de animales, vigilancia sanitaria y acciones de control en las áreas afectadas. La detección en fauna silvestre incorpora una dificultad adicional, ya que los animales pueden desplazarse entre territorios sin pasar por los controles aplicados al ganado.

Reapertura de un paso fronterizo para importar ganado desde México

El 20 de octubre, APHIS anunció que el puerto de entrada de Columbus, en Nuevo México, reabrirá el 26 de octubre para las importaciones de ganado procedente de México. La medida forma parte de un proceso gradual de reanudación de las operaciones comerciales bajo condiciones sanitarias.

La agencia también informó que el 26 de octubre se reanudaría el ingreso de caballos y otros équidos desde México a través del puerto de Santa Teresa, también en Nuevo México.

En el caso de estos animales, el procedimiento contempla inspecciones y tratamientos antes de la exportación, además de una cuarentena de siete días en una instalación autorizada dentro de Estados Unidos.

Mientras continúan las operaciones de vigilancia en el suroeste del país, los avisos de cazadores, ganaderos y propietarios de animales siguen siendo una herramienta importante para identificar posibles infestaciones y facilitar la intervención de los organismos sanitarios.

Un jurado de Houston, Texas, Estados Unidos, declaró culpable a Yolanda Saldívar del asesinato en primer grado de Selena Quintanilla el 23 de octubre de 1995. La decisión llegó después de un juicio que se extendió por dos semanas y resolvió el crimen que, seis meses antes, había sacudido a los seguidores de la música Tex-Mex o tejana.

La jueza le impuso la sentencia máxima prevista por la ley de Texas para ese delito: cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional recién después de 30 años de cárcel. El jurado, de hecho, tardó menos de tres horas en decidir el veredicto después de escuchar dos semanas de testimonios sobre un crimen que había ocurrido en un motel de Corpus Christi, Texas.

Selena había nacido el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Empezó a cantar en el restaurante de su padre, Abraham Quintanilla, quien formó la banda familiar Selena y Los Dinos inspirado en su antigua agrupación. Su hermano A. B. Quintanilla tocaba el bajo y su hermana Suzette, la batería.

La familia se mudó después a Corpus Christi, donde la banda empezó a tocar en bodas y eventos locales. A los 15 años, Selena fue reconocida como artista femenina del año en los Premios de la Música Tex-Mex, lo que le permitió firmar su primer contrato discográfico. Con el tiempo se casó con el guitarrista de su banda, Chris Pérez.

En 1994 se convirtió en la primera mujer de la música tejana en ganar un Grammy. Pocos meses antes de morir, el 26 de febrero de 1995, cantó ante más de 60.000 personas en el Astrodome de Houston y ese concierto se convirtió en la mayor convocatoria del rodeo ganadero de la ciudad ese año.

El 1 de marzo de ese año asistió a la entrega de los Grammy en Los Ángeles, donde compitió sin éxito por Amor Prohibido en la categoría de mejor interpretación mexicano-americana. Por entonces trabajaba en un disco en inglés con el que buscaba llegar al público general y había viajado a Tennessee para grabar junto al productor Keith Thomas el tema “I Could Fall in Love”.

Selena y Chris Pérez habían comprado además un terreno de cuatro hectáreas en Corpus Christi para construir una casa propia. Hasta ese momento vivían al lado de los padres de la cantante y a una casa de distancia de su hermano.

En 1994 Selena había abierto boutiques de ropa en San Antonio y en Corpus Christi, que hacia 1995 atravesaban dificultades financieras. Aun así, proyectaba abrir una fábrica de indumentaria en Monterrey, México.

Selena Quintanilla murió baleada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, tras una discusión en un motel de Corpus Christi por el manejo de las finanzas de sus boutiques. El ataque ocurrió el 31 de marzo de 1995 y derivó en el juicio que terminó con la condena a cadena perpetua de la acusada.

Saldívar había trabajado como enfermera antes de convertirse en fanática de la cantante. Asistió a uno de sus recitales y después contactó a Abraham Quintanilla para proponerle formar un club de admiradores.

Se conocieron en junio de 1991, cuando ella pasó a presidir esa organización en San Antonio y quedó a cargo de las membresías y de la recaudación de fondos. La confianza que generó le valió un ascenso: terminó a cargo de la administración de las boutiques de la cantante.

El 2 de marzo de 1995 Selena y su familia la acusaron de quedarse con dinero de los negocios durante una reunión, tras la cual Saldívar fue despedida y compró un revólver calibre .38. Otra versión sobre lo sucedido señala que miembros del club de fans se habían quejado ante Abraham Quintanilla por no recibir mercadería ya pagada y algunas empleadas de la boutique de San Antonio sospechaban que Saldívar tomaba dinero de la caja.

El 9 de marzo, Selena, su padre y su hermana confrontaron a Saldívar, que no pudo explicar las irregularidades halladas en las cuentas. La cantante ya no quería trabajar con ella, pero tampoco cortó el vínculo del todo: necesitaba que le devolviera registros financieros que faltaban.

Chris Pérez contó en su libro de 2012 To Selena, with Love que su esposa se reunió con Saldívar alrededor del 15 de marzo dentro de su auto para reclamarle esa documentación. Saldívar entregó algunos papeles, pero no todos, y en un momento le mostró que llevaba un arma en la cartera.

Selena le pidió que la devolviera. Saldívar, que había comprado el revólver calibre .38 el 11 de marzo y lo había retirado dos días después tras pasar un control de antecedentes, lo llevó de regreso a la armería. El 26 de marzo, sin embargo, volvió a comprar la misma arma.

El 30 de marzo, un jueves, Saldívar llamó a Selena para avisarle que tenía el resto de los documentos. Le pidió que fuera sola, pero Pérez la acompañó hasta el motel Days Inn de Corpus Christi donde la mujer se hospedaba. Selena no recibió todos los papeles esa noche y volvió a su casa sin incidentes.

A la mañana siguiente, el 31 de marzo, Selena se reunió otra vez con Saldívar, que aseguraba haber sido violada durante un viaje a Monterrey. La cantante la llevó a un hospital, pero el centro no le realizó el examen completo porque la mujer no residía en Corpus Christi ni el presunto ataque había ocurrido en esa jurisdicción. Ambas volvieron entonces al motel.

Dentro de la habitación, Saldívar le disparó por la espalda, cerca del omóplato derecho, mientras Selena intentaba retirarse tras una nueva discusión por los documentos faltantes. La bala, de punta hueca, dañó el hombro, las venas del pulmón y una arteria mayor de la clavícula.

El reporte de la autopsia precisó que el disparo atravesó las costillas y salió por la parte superior del pecho tras perforar la arteria subclavia, un vaso sanguíneo central para el brazo, el cuello y la cabeza. El forense Lloyd White escribió que la muerte fue resultado de “una hemorragia interna y externa exanguinante” por una herida de bala perforante en el tórax.

El cirujano cardíaco Louis Elkins, que estaba alistado para operarla, dijo que las lesiones provocaron “una pérdida de sangre masiva y continua”.

Pese a la herida, Selena logró correr hasta la recepción del motel con Saldívar detrás de ella, todavía con el arma en la mano. Llegó al mostrador poco antes del mediodía, pidió ayuda a los gritos y se desplomó en el piso mientras el personal llamaba a una ambulancia e intentaba contener la hemorragia. Saldívar, mientras tanto, volvió a su habitación.

Según testigos la cantante llegó a identificar a su atacante y el número de la habitación antes de perder el conocimiento. El llamado al 911 se hizo a las 11:50. En el hospital le hicieron transfusiones de sangre, algo contrario a su fe como testigo de Jehová, pero la arteria ya estaba seccionada y no pudieron salvarla: murió a las 13:05.

Saldívar protagonizó después un enfrentamiento de diez horas con la policía: se encerró en su auto, en el estacionamiento del motel, y amenazó con quitarse la vida antes de ser detenida.

Más de 50.000 personas se acercaron a despedir a Selena en su funeral. La convocatoria reflejó el impacto inmediato que tuvo su muerte entre el público que la seguía en Texas y en el resto del país.

Cuando empezaron a circular rumores de que la cantante seguía con vida, su familia decidió abrir el cajón para demostrar que había fallecido. El gesto buscó frenar las versiones que se multiplicaban mientras el caso todavía estaba fresco y la investigación policial avanzaba hacia el juicio.

El juicio comenzó en octubre hace 31 años en Houston. La fiscalía argumentó que Saldívar disparó de manera intencional después de ser confrontada por el manejo irregular de las boutiques.

La defensa, en cambio, sostuvo que el disparo había sido accidental y que la acusada solo pretendía quitarse la vida en ese momento. La prueba forense, sin embargo, mostró que el arma se había accionado con intención de causar daño.

Con esos elementos, el jurado llegó al veredicto de culpabilidad que selló la suerte de Saldívar y motivó la sentencia de cadena perpetua con la que la condenó la jueza, la pena más alta que contemplaba la legislación de Texas para ese delito.

Saldívar quedó alojada en la Patrick L. O’Daniel Unit, una cárcel de máxima seguridad para mujeres en Gatesville, Texas, donde continúa detenida. En diciembre de 2024 solicitó la libertad condicional y en marzo de 2025 se la negaron; su caso podrá revisarse recién en 2030.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó el beneficio el 27 de marzo de 2025 y explicó que la decisión se basó en las características del delito que cometió Saldívar.

“No hay arrepentimiento que pueda devolvernos a Selena”, dijo Abraham Quintanilla en aquel entonces. La familia de la cantante y sus seguidores habían manifestado con anterioridad su rechazo a cualquier posibilidad de que Saldívar recuperara la libertad, con campañas en redes sociales para que las autoridades rechazaran el pedido.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) desactivó el 21 de octubre su plataforma electrónica STEERS después de que grupos de vigilancia detectaran autorizaciones automáticas para obras de centros de datos durante la pausa de permisos ordenada por el gobernador Greg Abbott.

La suspensión alcanza el mecanismo digital que permitía una aprobación inicial sin revisión individual previa y obliga, por ahora, a presentar las solicitudes en papel.

La decisión llegó después de que Public Citizen y FracTracker Alliance identificaran permisos de aguas pluviales vinculados con grandes proyectos de construcción de centros de datos que, según las organizaciones, avanzaron pese a la instrucción de Abbott.

La TCEQ informó que también suspendió los permisos específicos señalados esta semana, de acuerdo con The Texas Tribune.

STEERS permitía una autorización inicial automática para algunas solicitudes

El Sistema de Reportes Electrónicos Ambientales del Estado de Texas, conocido como STEERS, se emplea para tramitar solicitudes relacionadas con contaminación del aire y del agua, además de declaraciones operativas de empresas. Entre sus funciones, el portal permitía que determinados trámites obtuvieran una autorización inicial automática.

Ese diseño quedó bajo revisión porque las notificaciones de intención para permisos de aguas pluviales podían recibir esa validación a través de la plataforma.

Estos permisos regulan los posibles efectos de la escorrentía en una obra: el agua que circula por un terreno en construcción puede arrastrar contaminantes y afectar la calidad de cursos de agua.

El portavoz de la TCEQ, Ryan Vise, explicó que la interrupción busca asegurar una revisión de cada expediente por parte de funcionarios de la agencia antes de determinar si está asociado a un centro de datos. “Las solicitudes deben presentarse físicamente a la TCEQ”, señaló en una declaración recogida por The Texas Tribune.

El portal de STEERS permanecía inaccesible el miércoles 21 de octubre. La paralización no se limitó a los permisos de centros de datos: la agencia apagó temporalmente el sistema empleado para autorizaciones automáticas con el fin de impedir que proyectos alcanzados por la pausa siguieran ese circuito.

La pausa de Abbott alcanzaba todos los permisos ligados a centros de datos

Un mes antes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, había indicado a la TCEQ que dejara de emitir “todos los permisos relacionados con proyectos de centros de datos”.

La orden debía regir mientras otras agencias estatales y el operador de la red eléctrica reunían y comprobaban información sobre el consumo proyectado de agua y electricidad de esas instalaciones.

La controversia se centró en autorizaciones para obras de construcción. Public Citizen había informado de más de una docena de expedientes vinculados a centros de datos que continuaban avanzando en el proceso de permisos y, entre ellos, al menos seis nuevos permisos de aguas pluviales aprobados después de la directiva del gobernador, según la cobertura previa de The Texas Tribune.

La TCEQ afirmó que suspendió los permisos identificados por los grupos. Sin embargo, las organizaciones sostuvieron que también hallaron otros tipos de autorizaciones que la agencia seguía tramitando, lo que cuestionó el alcance efectivo de la pausa administrativa.

Los grupos de vigilancia reclaman una moratoria respaldada por ley

Sam Law, responsable de investigación y comunicaciones de FracTracker Alliance, afirmó que el cierre de STEERS evidenció, a su juicio, que la pausa no se aplicó de forma efectiva hasta que el proceso recibió escrutinio público.

“Si nuestro propio regulador ambiental no puede determinar qué permisos pertenecen a centros de datos o tiene que desactivar todo su sistema por ellos, es una señal de que necesitamos una moratoria real respaldada por legislación”, escribió, según The Texas Tribune.

Por su parte, Kathryn Guerra, directora de la campaña de vigilancia de la TCEQ en Public Citizen, cuestionó el funcionamiento de las aprobaciones automáticas.

“El sello automático de la agencia funcionó tan bien que incluso la propia agencia tuvo dificultades para detenerlo”, afirmó en una declaración citada por The Texas Tribune.

La medida deja los nuevos trámites sujetos a una revisión manual mientras la TCEQ verifica su relación con centros de datos y mantiene suspendidos los permisos de aguas pluviales que fueron objeto de los reclamos.

Los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial, la nube y el procesamiento en tiempo real consumen cantidades enormes de energía. Toda esa electricidad se convierte en calor residual que debe eliminarse para evitar que los equipos se sobrecalienten, y el método más extendido para lograrlo recurre a un insumo cada vez más escaso: agua dulce. Solo en Estados Unidos, la demanda hídrica de estas instalaciones podría multiplicarse hasta cuatro veces hacia 2028, hasta alcanzar entre 150.000 y 270.000 millones de litros anuales, según las estimaciones recogidas en el estudio.

La presión sobre los recursos locales ya disparó alarmas regulatorias. Por ejemplo, en septiembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó una pausa en los permisos para nuevos centros de datos, y la fiscalía general del estado abrió una investigación sobre el consumo hídrico de las instalaciones existentes.

Frente a ese panorama, un grupo de ingenieros y geocientíficos planteó una pregunta directa: ¿puede el agua salada o contaminada, que hoy se descarta como residuo industrial, servir para refrigerar esas instalaciones y aliviar así la competencia por el agua potable? La respuesta, según sus hallazgos, es que la tecnología necesaria ya existe y que incluso las opciones más demandantes en energía representan apenas una fracción menor del consumo eléctrico total de un centro de datos.

Esas conclusiones surgen de un estudio publicado en la revista Water Research, liderado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin. El trabajo evaluó distintas tecnologías de desalinización, es decir, procesos que separan las sales del agua para volverla apta para uso industrial, y analizó su viabilidad técnica, económica y ambiental en la refrigeración de centros de datos.

“No estamos esperando una tecnología futurista que venga a resolver este problema por nosotros”, afirmó Vaibhav Bahadur, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería Cockrell, según el comunicado de prensa de la universidad. “Podemos resolver partes de este problema con la tecnología que ya tenemos; simplemente hay un costo asociado”, agregó.

Dos métodos complementarios para distintos niveles de salinidad

El estudio analizó dos grandes familias tecnológicas. La ósmosis inversa filtra el agua a presión mediante membranas que retienen las sales disueltas: resulta eficiente y económica, pero no logra tratar líquidos con concentraciones superiores a las del océano. La compresión mecánica de vapor, en cambio, evapora el agua y la condensa para obtenerla limpia, lo que la vuelve apta para fluidos hipersalinos, aunque a costa de un consumo energético mucho mayor.

Los investigadores probaron ambos métodos, junto con configuraciones híbridas, en tres tipos de agua: salobre, con una concentración moderada de unas 5.000 partes por millón de sales disueltas; de mar, con unas 35.000; y de producción petrolera, un subproducto de la extracción de hidrocarburos que supera las 50.000. En todos los casos, la meta fue obtener agua con menos de 500 partes por millón, el umbral que exigen los sistemas de refrigeración.

Según se detalla en el estudio, un sistema híbrido aplicado a agua de mar con gestión de mínima descarga líquida, una estrategia que concentra la salmuera residual al máximo para reducir el volumen desechado, recuperó 736 litros de agua dulce por cada 1.000 kilogramos de agua alimentada, con un costo de 3,2 dólares por metro cúbico.

Para el agua de producción petrolera, la recuperación fue similar, pero el consumo energético se cuadruplicó y el costo se triplicó. El trabajo concluye que pasar de una disposición convencional a esquemas de mínima o nula descarga elevó la recuperación entre el 4% y el 220%, aunque con incrementos superiores al 12% en energía.

Un nuevo indicador mide el impacto sobre el estrés hídrico local

Más allá de la evaluación tecnológica, el equipo desarrolló una métrica original denominada Intensidad de Utilización de Agua Salina, que cuantifica cómo las distintas estrategias de desalinización adoptadas por un centro de datos afectan la disponibilidad de agua en su entorno.

El trabajo concluye que, “entre 2023 y 2030, los valores de este indicador aumentaron en los escenarios representativos, abarcando desde impactos leves hasta sustanciales sobre el estrés hídrico”. No obstante, las estrategias de mayor recuperación redujeron ese índice un 40 % en zonas con escasez elevada.

De los tres escenarios estudiados, un proyecto hipotético en Longview, en el este de Texas, obtuvo los niveles más bajos de presión sobre las fuentes hídricas locales. Ese caso contemplaba el uso de agua salobre subterránea tratada mediante ósmosis inversa en dos etapas, lo que permitía una alta recuperación a bajo costo y con un gasto energético moderado, según el comunicado de prensa.

El agua residual de la industria petrolera, un recurso desaprovechado

En Texas, la industria del petróleo y el gas produce volúmenes enormes de agua residual que hoy se transporta a grandes distancias y se inyecta bajo tierra. Bahadur puso la cifra en perspectiva: “La cuenca del Pérmico genera 1.200 piscinas olímpicas por día, y actualmente ese líquido se traslada a largas distancias y se inyecta en el subsuelo. Esto es problemático de muchas maneras, incluido el riesgo de actividad sísmica”, advirtió según el comunicado de prensa.

“También nos estamos quedando sin espacio para enterrar esa agua, posiblemente hacia 2030. Necesitamos encontrar una forma de usarla, y limpiarla para centros de datos es una excelente manera de hacerlo”, añadió.

Este enfoque forma parte del consorcio COMPASS, radicado en la Escuela de Geociencias Jackson de la universidad. Bahadur y su colega Ning Lin, economista jefe de la Oficina de Geología Económica, declararon recientemente ante el Comité de Agua, Agricultura y Asuntos Rurales del Senado de Texas. “Cuando toman decisiones importantes sobre centros de datos, los funcionarios locales a menudo carecen de análisis objetivo sobre el uso de agua, energía y otros factores relevantes”, afirmó Lin, según el comunicado de prensa.

Texas lanzó este año un programa de cuentas de ahorro educativo que permite a las familias usar fondos públicos para pagar escuelas privadas. Se llama Texas Education Freedom Accounts (TEFA) y dispone de un presupuesto de USD 1.000 millones. Más de 274.000 familias presentaron solicitudes, pero casi 95.000 estudiantes quedaron en lista de espera y otros 25.500 fueron declarados inelegibles, informó Associated Press.

Más de 116.000 alumnos participan activamente de la iniciativa, según el testimonio del subdirector de TEFA, Travis Pillow, ante el Comité de Educación del Senado estatal el 7 de octubre. El programa otorga hasta USD 10.474 anuales por alumno inscripto en una escuela privada acreditada, hasta USD 30.000 para estudiantes con discapacidades y hasta USD 2.000 para quienes opten por la educación en el hogar.

La ley firmada en 2025 tras años de bloqueo legislativo

La creación del programa fue autorizada por la Senate Bill 2 (SB 2), que el gobernador Greg Abbott firmó en 2025. Durante años, demócratas y republicanos de zonas rurales habían frenado iniciativas similares por temor a su impacto en las escuelas públicas de comunidades pequeñas.

“Estaban preocupados, creo que con razón, por lo que esto haría con las escuelas públicas en áreas rurales”, señaló Douglas Harris, economista de la Universidad de Tulane especializado en políticas de elección escolar, en declaraciones recogidas por NBC DFW.

Requisitos de elegibilidad y condiciones de acceso

Para ser elegible, el menor debe ser ciudadano estadounidense o residente legal, vivir en Texas y cumplir las condiciones para asistir a una escuela pública o charter del estado. Los alumnos de 3.° a 12.° grado inscriptos en una escuela privada deben rendir un examen estandarizado cada año. Los estudiantes con necesidades especiales pueden quedar exentos de esa evaluación, según las guías del programa.

La ventana de solicitudes para el ciclo 2026-2027 se abrió el 4 de febrero y cerró el 31 de marzo. Un sorteo determinó la asignación de las cuentas según un sistema de prioridades establecido por ley.

Los fondos no se entregan en efectivo: se canalizan a través de Odyssey, un mercado digital administrado por la Contraloría de Texas donde las familias adquieren servicios aprobados como matrícula, tutorías, materiales didácticos, tecnología, transporte y almuerzo escolar.

Familias de bajos ingresos y niños con discapacidades tienen prioridad

El sistema contempla cuatro niveles. El primero incluye a niños con discapacidades cuyas familias perciben ingresos de hasta el 500% del umbral federal de pobreza —unos USD 165.000 anuales para un hogar de cuatro integrantes—.

El segundo abarca hogares con ingresos de hasta el 200% de ese umbral, equivalente a unos USD 66.000. El tercer nivel cubre el tramo intermedio, y el cuarto agrupa a las familias de mayores ingresos, con un tope: ese segmento no puede absorber más del 20% del presupuesto total.

El 62% de los participantes proviene de hogares que ganan menos de USD 66.000 al año y casi el 20% tiene alguna discapacidad calificada, indicó Pillow ante el Senado.

Escuelas habilitadas y las que rechazaron sumarse

Las escuelas privadas que quieran recibir fondos TEFA deben estar acreditadas, haber operado al menos dos años y tener una sede física en el estado. Pueden postularse de forma continua. Si un alumno beneficiario aparece en un registro de matriculación pública, es dado de baja y los fondos se devuelven.

No todas las instituciones aceptaron sumarse. Cypress Christian School, en Houston, organizó en 2023 una manifestación a favor de los vouchers educativos de Abbott, pero luego rechazó TEFA por considerarlo una forma de “injerencia gubernamental” incompatible con sus principios religiosos, según informó el Houston Chronicle. Otras instituciones, como Second Baptist School y Episcopal High School, tampoco se incorporaron.

Causas de las 25.500 solicitudes rechazadas

Las razones más frecuentes de rechazo, de acuerdo con la Contraloría, fueron la imposibilidad de confirmar la ciudadanía o presencia legal del menor en Estados Unidos, la falta de verificación de residencia en Texas y el incumplimiento de los requisitos específicos para preescolar, más restrictivos que los del resto de la educación obligatoria.

Quienes no pudieron acreditar su estatus legal mediante la licencia de conducir del padre o el número de seguro social del niño debieron presentar documentación adicional, como certificados de nacimiento, de ciudadanía o de naturalización. La condición excluye a familias indocumentadas.

Para preescolar, los criterios son más estrictos: el estudiante debe cumplir tres años antes del 1 de septiembre de 2026 y pertenecer a alguna categoría específica, como ser económicamente desfavorecido, no dominar el inglés, estar en situación de calle o ser hijo de un miembro activo de las fuerzas armadas.

Escuelas islámicas denunciaron exclusión ante la Justicia federal

En marzo de 2026, dos demandas federales alegaron que instituciones islámicas habían sido excluidas del sistema. El juez Alfred Bennett calificó de “preocupante” que ninguna escuela musulmana hubiera sido aprobada y ordenó a la Contraloría extender los plazos y enviar solicitudes a los establecimientos que no las habían recibido, según The Texan. Tras la intervención judicial, varias de esas escuelas fueron incorporadas al buscador oficial de TEFA.

El 70% de los beneficiarios ya asistía a escuelas privadas

Una crítica frecuente apunta a que el dinero público no traslada alumnos del sistema estatal al privado, sino que subsidia a quienes ya pagaban educación particular. Según datos oficiales al 10 de agosto, el 70% de los estudiantes que reciben fondos TEFA ya asistía a una escuela privada o era educado en el hogar. Solo el 30% provenía del sistema público.

“Los recursos están fluyendo de regreso a personas que ya asisten a escuelas privadas”, afirmó el representante estatal Venton Jones, demócrata de Dallas, quien abogó por eliminar TEFA, de acuerdo con The Texan.

Por otra parte, defensores de la separación entre Iglesia y Estado cuestionaron que los fondos se destinen a instituciones religiosas. Rachel Laser, directora de Americans United for Separation of Church and State, organización estadounidense de defensa de la laicidad, lo calificó como “una violación flagrante de la libertad religiosa al obligar a un contribuyente a financiar una escuela que discrimina contra su fe”, según Associated Press.

Las escuelas cristianas clásicas, entre los principales beneficiarios

Entre quienes más aprovechan TEFA se encuentran las escuelas cristianas clásicas. La Asociación de Escuelas Cristianas Clásicas (ACCS), la red más antigua del movimiento con unos 500 establecimientos, sumó casi 200 desde 2019 y formó una coalición con Turning Point Education y la Heritage Foundation, think tank conservador estadounidense, para crear 5.000 nuevas escuelas en la próxima década.

En Coram Deo Academy, en los suburbios de Dallas-Fort Worth, más de 360 de sus 2.000 alumnos reciben fondos del programa: unos USD 3,5 millones que equivalen al 17% del presupuesto de la institución, según su director financiero, Scott Head.

“Esto transforma completamente la posibilidad de ampliar el acceso a la educación cristiana”, declaró a AP Keith Castello, administrador que inauguró tres escuelas bajo la marca Kyrie Christian Academy. En una de ellas, 22 de los 25 alumnos inscriptos usan fondos públicos de TEFA.

El futuro de TEFA, atado a los comicios de noviembre

El destino de las cuentas de ahorro educativo depende de los comicios de noviembre en Texas. Pillow informó al Senado que 65.000 familias ya se anotaron en la lista de interesados para el ciclo 2027-2028, cuya fecha de solicitud aún no fue anunciada. La 90.ª sesión legislativa estatal comienza el 12 de enero de 2027, y la discusión sobre si ampliar, reformar o derogar TEFA promete ser uno de sus ejes centrales.

Texas pidió este martes a un juez federal que ponga fin a 15 años de supervisión judicial sobre su sistema de acogida infantil, conocido como foster care. La audiencia se desarrolló en Houston ante el juez Randy Crane, quien escuchará argumentos durante varios días antes de decidir si levanta la vigilancia o establece un nuevo cronograma.

El sistema, valorado en USD 4.900 millones, tiene bajo su responsabilidad a unos 6.800 menores. Las comisionadas Audrey O’Neill (del Departamento de Servicios de Familia y Protección de Texas, DFPS) y Stephanie Muth (de la Comisión de Salud y Servicios Humanos, HHSC) testificaron para defender que la vigilancia federal ya cumplió su propósito, según informó The Texas Tribune.

El Estado gastó más de USD 320 millones en reformas desde 2019

El argumento central se apoya en las cifras: desde 2019, ambas agencias destinaron más de USD 320 millones a mejoras ordenadas por la corte. De ese monto, USD 66 millones se destinaron a los monitores federales que supervisan indicadores como la velocidad con que los investigadores contactan a las víctimas. Los USD 254 millones restantes fueron a capacitación, reclutamiento, retención y aumento de personal.

“Creo que las órdenes correctivas dieron una dirección importante. Considero que estas reformas son sustanciales y permanentes”, declaró O’Neill ante el tribunal.

La privatización expuso fallas graves y muertes de menores

Los abogados de los niños utilizaron los testimonios de las propias funcionarias para exponer fallas persistentes. El caso más visible es el de EMPOWER, el mayor contratista privado de foster care del estado, que gestionaba unos 3.000 menores en Dallas y ocho condados aledaños.

EMPOWER, filial de Texas Family Initiative, recibió su contrato en septiembre de 2023 como parte de una reforma de 2017 que impulsó la privatización del sistema. Desde el inicio tuvo problemas de retención: los trabajadores sociales estatales transferidos abandonaron sus puestos en poco tiempo. En marzo de 2026, tras la muerte de un segundo menor bajo custodia de EMPOWER en dos años, el DFPS solicitó la intervención judicial del contratista.

Según la petición, la organización representaba un “peligro inminente” para los niños: sus fallas derivaron en dos muertes y en la hospitalización de un menor por una crisis de lupus causada por negligencia médica. En julio, O’Neill rescindió el contrato de manera definitiva. Actualmente, el 61% de los menores en acogida está bajo el cuidado de empresas privadas.

Texas admite incumplimientos, pero alega que el progreso es suficiente

Documentos desclasificados esta semana revelan que Texas admite no haber alcanzado el cumplimiento total de las órdenes de la corte. Las investigaciones prioritarias de abuso que deben iniciarse en 24 horas se cumplen solo en el 79% de los casos. Las de segunda prioridad, con plazo de 72 horas, alcanzan el 85%. El contacto del trabajador social con la víctima llega al 79%, y la obligación de informar a los menores sobre cómo denunciar abuso se cumple en el 83%.

Los informes más recientes de los monitores también expresaron “preocupaciones significativas” por la colocación de niños en hogares con antecedentes de abuso o negligencia. Entre los casos documentados figuran un hogar donde un padre sustituto apuntó con un arma a menores como disciplina y otro cerrado solo después de que un niño murió por sobredosis de fentanilo.

Pese a estos números, el equipo legal del estado, liderado por Allyson Ho del bufete Gibson Dunn, insiste en que el progreso basta. “Es hora de devolver el sistema de foster care de Texas a Texas”, argumentó Ho. Su equipo también sostuvo que la rescisión de EMPOWER prueba que los controles funcionan: “El estado detectó las fallas, tomó el control en dos días y verificó la situación de casi todos los niños en seis semanas”, indicaron en un escrito judicial.

Su estrategia se apoya en una decisión de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito, que determinó un “cumplimiento sustancial” y revocó sanciones por desacato. Ese mismo fallo apartó a la jueza Janis Jack, que supervisaba el caso desde 2011, por una “actitud antagónica” hacia los funcionarios. Crane fue designado como reemplazo.

Los abogados de los menores piden que la supervisión continúe

Paul Yetter, abogado de los menores en la demanda original de 2011, se opone. “Hemos visto mejoras, pero las reformas ordenadas por la corte están en progreso, no terminadas. Es una locura que el Estado intente poner fin a las medidas ahora. Los niños sufrirán”, declaró en un comunicado citado por The Texas Tribune.

Los abogados argumentan que el estándar legal exige “cumplimiento total” antes de levantar la supervisión, y que la corte debe retener jurisdicción por tres años adicionales tras alcanzarlo. “El sistema está en un período de cambio, mientras avanza hacia la privatización completa, y las mejoras son demasiado recientes para concluir que son duraderas”, sostuvieron en un escrito ante la corte.

Menos niños en el sistema, pero con necesidades más complejas

Entre los datos positivos figura una reducción de menores bajo custodia: de 12.000 en 2011 a 6.800 en 2025. Las fatalidades investigadas descendieron de 997 en 2022 a 581 en 2025. Muth destacó que los niños que ingresan hoy presentan necesidades de salud mental más complejas, y señaló la apertura del Centro Terrell para la Juventud, un hospital psiquiátrico de USD 35 millones para menores con traumas graves.

La audiencia continuará durante el resto de la semana. Al concluir, el juez Crane decidirá si libera al estado de la supervisión federal o establece un cronograma modificado.

Un incendio que se desató en la madrugada de este miércoles en una vivienda del condado de Van Zandt, en el este de Texas, mató a tres menores que quedaron atrapados en el interior de la estructura.

Un cuarto niño y un adulto fueron trasladados de urgencia a un hospital del área de Dallas, donde permanecían en estado crítico al momento de la última actualización oficial, informó CBS News.

Inicio del fuego pasada la medianoche: cuatro niños atrapados

De acuerdo con el comunicado difundido por la Oficina del Jefe de Bomberos del condado de Van Zandt, las llamas se originaron alrededor de las 12:30 a.m. en una propiedad ubicada en el 482 County Road 4127, cerca del cruce con County Road 4128, una zona rural próxima a Canton, a unos 95 kilómetros al este de Dallas, según detalló KLTV. Cuando los equipos de emergencia llegaron, tres personas ya habían logrado salir del inmueble, pero cuatro niños permanecían atrapados en el interior.

Las condiciones del fuego impidieron un ingreso convencional, por lo que los bomberos derribaron una pared exterior para acceder a la estructura. Al alcanzar a los menores, tres de ellos ya habían fallecido, precisó el jefe de bomberos del condado, Kevin Palmer.

Las tres víctimas fatales: 8, 5 y 3 años

Las autoridades confirmaron que los niños que perdieron la vida eran un varón de 8 años, un varón de 5 años y una niña de 3 años. No se revelaron sus identidades.

El cuarto menor, un niño de 10 años, fue hallado con vida en condición crítica. Según detalló CBS19, fue trasladado primero a una sala de emergencias en Canton y luego evacuado en helicóptero sanitario hasta el Hospital Parkland, en el área metropolitana de Dallas.

Un adulto, cuya relación con los menores no fue especificada, fue llevado por vía aérea directamente desde la escena hacia el mismo centro médico, según precisó KETK. Ambos permanecían internados a las 8 de la mañana del miércoles sin actualizaciones sobre su evolución.

Al menos siete personas dentro de la vivienda

Según los datos recopilados por las distintas fuentes, al menos siete personas ocupaban la vivienda al momento del incendio: tres lograron salir por sus propios medios y cuatro quedaron atrapadas.

De quienes escaparon, dos fueron conducidos al hospital como medida de precaución, aunque Palmer no ofreció detalles sobre su condición ni aclaró si se trataba de adultos o menores, según consignó The Dallas Morning News.

El comunicado oficial tampoco precisó qué relación existía entre los ocupantes de la propiedad ni si la estructura era una vivienda convencional o una casa móvil, según indicó Univision.

Cuatro dotaciones de bomberos combatieron las llamas

Brigadas de los departamentos de bomberos de Canton, South Van Zandt, Ben Wheeler y Wills Point acudieron al lugar, según informó CBS19. FOX 4 Dallas-Fort Worth precisó que los equipos localizaron a los cuatro menores tras ingresar a la vivienda.

La investigación destinada a determinar el origen y las causas del incendio se encuentra en sus primeras etapas. La Oficina del Jefe de Bomberos anticipó que dará a conocer más detalles a medida que avance.

Texas registra decenas de muertes de menores en incendios este año

El caso del condado de Van Zandt se suma a una serie de tragedias similares en Texas durante 2026. Según los registros de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), al menos una docena de menores de 14 años murieron en incendios residenciales en el estado entre enero y junio de este año.

Entre los casos más recientes, tres niños de 10, 7 y 5 años fallecieron en abril en un incendio en un departamento de Dallas, y en Colleyville un adulto y un menor perdieron la vida en otro siniestro doméstico ese mismo mes. Las autoridades federales no publicaron aún las cifras del segundo semestre.

Autoridades federales de Estados Unidos acusaron a David Sartin Jr., un hombre de 40 años residente de St. Petersburg, Florida, de robar dos bancos en ese estado mientras cumplía libertad supervisada. Según la denuncia federal, el sospechoso utilizó en ambos hechos una máscara protésica que simulaba la cara de un anciano, el mismo método por el que recibió una condena de más de 10 años tras asaltar cinco entidades financieras en Texas.

El fiscal federal Gregory W. Kehoe, titular de la fiscalía del Distrito Medio de Florida, anunció los cargos el 16 de octubre de 2026. Si Sartin recibe una condena, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los dos robos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La investigación, a cargo del FBI, el Departamento de Policía de Largo y el de St. Petersburg, vinculó ambos asaltos a través de imágenes de vigilancia, un vehículo relacionado con crímenes previos del acusado y materiales hallados en un depósito, de acuerdo con Fox News.

El primer robo ocurrió en una sucursal de Valley Bank en Largo

Según documentos judiciales, el sospechoso llegó a una gasolinera cercana a una sucursal de Valley Bank en Largo, Florida, minutos antes del asalto del 24 de agosto de 2026. Tras recorrer el área en su vehículo, estacionó, tomó una bicicleta e ingresó al banco con sombrero de paja, saco deportivo, guantes y una máscara protésica que le cubría la cara.

Una vez adentro, se dirigió a una cajera, exigió dinero y advirtió que no incluyera dispositivos de tinta entre los billetes. Mientras la empleada reunía el efectivo y activaba una alarma silenciosa, el sospechoso la instó en varias ocasiones a apurarse, según el relato de un gerente de la sucursal a los investigadores. El asaltante escapó con USD 2.900 tras trabar las puertas de salida con un cartel de piso mojado y se dirigió hacia una iglesia cercana.

Las cámaras de seguridad captaron al sospechoso mientras tomaba la bicicleta, se adentraba en una reserva natural y abandonaba la zona a bordo de un Toyota FJ Cruiser. Los investigadores rastrearon los movimientos del vehículo mediante grabaciones de comercios aledaños, camiones municipales, una patrulla policial y un autobús escolar.

Un Toyota FJ Cruiser vinculó los asaltos en Florida con robos previos en Texas

Las autoridades determinaron que el Toyota FJ Cruiser identificado tras el robo en Largo era el mismo vehículo que Sartin utilizó en varios de sus atracos anteriores en Texas, según el expediente. Ese dato resultó clave para que los investigadores conectaran ambas series de delitos y centraran su atención en el acusado.

Sartin había recibido en 2018 una condena de 10 años y un mes de prisión federal por una serie de cinco robos a bancos en territorio texano, durante los cuales también empleó disfraces con máscaras. Su libertad supervisada comenzó en mayo de 2025, apenas un año antes de los hechos que ahora se le imputan en Florida.

El segundo asalto se produjo en Truist Bank bajo vigilancia del FBI

El 15 de septiembre de 2026, un sujeto con gorra plana, anteojos, saco deportivo y una máscara de anciano con bigote y patillas grises ingresó a una sucursal de Truist Bank en St. Petersburg. Entregó una nota a la cajera en la que exigía efectivo sin dispositivos de tinta y huyó con aproximadamente USD 2.554, de acuerdo con la denuncia.

La cajera sospechó que el hombre llevaba una máscara y declaró a los investigadores que “no se movía como lo haría un hombre mayor”, según consignó un agente especial del FBI en la declaración jurada.

Para ese momento, la agencia federal ya había instalado una cámara de vigilancia frente al domicilio de Sartin. Las imágenes captaron al Toyota FJ Cruiser salir antes del segundo robo y regresar después, cuando un hombre con apariencia similar a la del acusado descargó una bicicleta del vehículo. La noche siguiente, los investigadores observaron a Sartin pintar con aerosol el techo del automóvil, que pasó de blanco a negro, según la declaración jurada.

La detención de Sartin y las pruebas halladas en su domicilio y un depósito

Las autoridades arrestaron a Sartin el 19 de septiembre de 2026 en virtud de una orden por presunta violación de los términos de su libertad supervisada. En registros posteriores, encontraron en su domicilio una bicicleta, un traje azul y un bolso negro similares a los que aparecían en las grabaciones del primer robo, además de un traje negro compatible con el segundo asalto.

Los agentes también incautaron materiales cubiertos de pintura negra en aerosol y un recibo de ropa comprada el día previo al segundo atraco, según los documentos judiciales.

En un depósito vinculado al acusado, agentes federales hallaron dentro de una mochila y un bolso de laptop una máscara de anciano con barba gris, anteojos de marco oscuro y guantes de trabajo manchados con pintura negra. También recuperaron una pistola falsa y prendas compatibles con el disfraz del segundo robo: una camisa blanca con tachas negras, un saco a rayas, una gorra plana azul oscuro y zapatos negros de vestir, según el comunicado del Departamento de Justicia.

En otra residencia donde Sartin se alojaba de forma ocasional, los agentes descubrieron una máscara protésica diferente y un diario fechado el 1 de enero de 2021 que lo identificaba como su autor.

La portada llevaba el título “God’s Best friend is a Bank Robber!” (“¡El mejor amigo de Dios es un ladrón de bancos!”) y en una de sus páginas aparecía el dibujo de un personaje que sostenía una máscara, acompañado de la frase manuscrita “My face holding up uncle Henry, looking at it, Face to Face” (“Mi cara sosteniendo al tío Henry, mirándola, cara a cara”), de acuerdo con la denuncia.

Antecedentes penales que se remontan a 2008

Los antecedentes de Sartin en delitos bancarios abarcan casi dos décadas. En 2008, un tribunal federal lo declaró culpable de intento de robo a un banco en Misisipi, un hecho en el que utilizó máscaras de Halloween como parte de su disfraz junto a un cómplice.

Una década más tarde, en 2018, recibió la condena federal en Texas que lo mantuvo en prisión hasta que inició su período de libertad supervisada en mayo de 2025. De recibir una condena por los dos nuevos cargos de robo bancario en Florida, Sartin enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno.

El caso queda en manos de la fiscal federal adjunta Belkis H. Callaos, según la fiscalía del Distrito Medio de ese estado.

El Gobierno de México exigirá a las autoridades de Estados Unidos una investigación a fondo por la muerte de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ocurrida en un centro de procesamiento migratorio de Laredo, Texas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el mexicano, identificado por medios estadounidenses como Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, fue detenido en junio y padecía diabetes e hipertensión. De acuerdo con lo señalado por sus familiares, posiblemente no recibió todos los medicamentos que necesitaba durante su permanencia bajo custodia.

“Este compatriota fue detenido en junio y la familia, lo que nos dijo, es que él sufría de diabetes e hipertensión y, probablemente, no tenía todos los medicamentos”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina del pasado lunes.

Andrade Covarrubias murió el sábado 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, una instalación operada por GEO Group para el ICE. La causa del fallecimiento todavía no ha sido determinada y permanece pendiente de la autopsia correspondiente.

México prepara denuncia y exige esclarecer el caso

Tras conocer el fallecimiento, Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México actuará para defender los derechos humanos de los connacionales detenidos en Estados Unidos y rechazó cualquier forma de racismo.

La presidenta informó que el canciller Roberto Velasco mantuvo comunicación con los familiares del fallecido y anunció que México emprenderá acciones legales y diplomáticas para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar si existieron responsabilidades.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado General de México en Laredo fue notificado por la oficina local del ICE y activó el protocolo de protección consular. La representación diplomática estableció contacto con los familiares y comenzó a brindarles asistencia.

Además, México presentará una denuncia ante la fiscalía del condado de Webb, donde se encuentra Laredo, y solicitará que se investiguen los hechos. También realizará gestiones ante el Departamento de Estado y buscará que la familia tenga acceso a representación legal.

El canciller Roberto Velasco señaló que el Gobierno mexicano solicitará una reunión con el ICE y llevará el caso ante los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El embajador de México en ese país, Roberto Lazzeri, también pidió reunirse con funcionarios de la agencia migratoria, previsiblemente durante esta semana.

“Nosotros lo que estamos solicitando es que haya una investigación a fondo”, afirmó Velasco ante medios.

Familia denuncia falta de medicamentos; ICE sostiene que recibió atención

Según información difundida por medios estadounidenses, Andrade Covarrubias fue encontrado inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 horas del sábado, durante una revisión de seguridad. El personal del centro intentó reanimarlo y solicitó servicios de emergencia, pero no logró salvarle la vida.

La oficina del médico forense del condado de Webb mantiene las investigaciones para establecer la causa del fallecimiento.

El ICE, por su parte, sostuvo que el mexicano recibió atención médica adecuada durante su detención. Sin embargo, la familia afirmó que no le suministraron los medicamentos que necesitaba y que el personal ignoró sus solicitudes de ayuda.

Velasco agregó que habló con la viuda del connacional, quien le informó que Andrade Covarrubias contaba con residencia legal en Estados Unidos y que había sido detenido por un asunto legal ocurrido años atrás.

La Embajada de México también solicitará garantías para que los cónsules puedan ingresar a los centros de detención migratoria y dar seguimiento a las condiciones de los mexicanos recluidos, particularmente cuando requieran atención médica.

El caso se suma al de Félix Alcorta-Rodríguez, de 63 años, quien murió el 19 de junio mientras permanecía bajo custodia migratoria en Laredo. Fue encontrado inconsciente y posteriormente trasladado a un hospital, donde falleció.

Con Andrade Covarrubias, el Gobierno mexicano contabiliza 18 mexicanos fallecidos en situaciones relacionadas con ICE desde enero de 2025. La Cancillería ya había informado en julio sobre 20 denuncias ante fiscalías estatales y de condado relacionadas con 17 muertes, además de una solicitud de investigación al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En agosto, Velasco señaló que México únicamente había recibido respuesta en cuatro de esos casos.

Mientras continúan las investigaciones forenses, las autoridades mexicanas buscan determinar si existieron omisiones en la atención médica proporcionada a Andrade Covarrubias y esclarecer las circunstancias que llevaron a su muerte bajo custodia migratoria.

Cuando los servicios de emergencia abrieron las puertas del camión abandonado en una carretera remota de San Antonio, Texas, el 27 de junio de 2022, encontraron 48 cuerpos sin vida y marcas de uñas en las paredes interiores del compartimento de carga, tal como reconstruyó NBC News. Otras cinco personas murieron en hospitales. Entre las víctimas había seis menores de edad y al menos una mujer embarazada.

La escena marcó el capítulo más letal en la historia del tráfico de personas en la frontera sur de Estados Unidos.

Más de cuatro años después, el juez de distrito Orlando Garcia dictó el martes 20 de octubre de 2026 la sentencia contra Rigoberto Román Miranda-Orozco, el hombre de 39 años que reclutó y organizó el viaje de al menos tres de esas víctimas desde Guatemala.

Dos de ellas murieron en el tráiler; la tercera sobrevivió con lesiones graves tras una prolongada internación.

Las últimas horas dentro del tráiler

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) detalló que Miranda-Orozco conspiró con otros traficantes para facilitar el traslado de migrantes desde Guatemala, a través de México, hasta territorio estadounidense.

El camión fue cargado con 64 personas y recorrió unos 250 kilómetros (156 millas) entre Laredo y San Antonio con temperaturas que superaban los 32 ℃ (90 ℉). El sistema de aire acondicionado del remolque no funcionaba.

De acuerdo con documentos judiciales citados por USA Today, las condiciones dentro del tráiler se volvieron “insoportables y caóticas”. Algunos pasajeros perdieron el conocimiento. Otros se quitaron la ropa en un intento desesperado por soportar el calor.

Veintiuno de los 53 fallecidos eran ciudadanos guatemaltecos, tal como precisó el fiscal federal Justin Simmons durante una conferencia de prensa posterior a la sentencia.

“Fue claro que sufrieron enormemente en sus últimas horas sobre esta tierra”, afirmó Simmons en declaraciones recogidas por NBC News.

El rol del acusado en la red de tráfico

El rol de Miranda-Orozco no se limitó a un único viaje. Los fiscales federales lo describieron como alguien que estuvo “al principio y al final” de la operación fatal: reclutó a las víctimas, organizó su transporte y alojamiento a lo largo de toda la ruta y cobró hasta USD 15.000 por persona —USD 10.000 antes de la travesía y USD 5.000 al llegar a destino—.

Pero el dato que más pesó en la decisión del juez Garcia fue otro. Tal como reveló San Antonio Express-News, los fiscales presentaron pruebas de que Miranda-Orozco continuó con actividades de reclutamiento incluso después de que la tragedia acaparara titulares en todo el mundo. En el momento del incidente, tenía en proceso a otras 20 personas que no viajaban en ese tráiler.

“¿Me está diciendo que el acusado continuó con esta conducta después de la tragedia?”, preguntó el juez al fiscal José Luis Acosta. “Sí, señor”, respondió el abogado.

Esa revelación llevó a la fiscalía a solicitar una pena de hasta 365 meses, por encima del rango previsto en las directrices federales. Garcia optó por una condena de 360 meses —30 años—, cercana al máximo permitido.

Miranda-Orozco fue arrestado en Guatemala en agosto de 2024 durante un operativo a gran escala con múltiples allanamientos y órdenes de captura. Fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2025.

En julio de ese mismo año, se declaró culpable de tres cargos: conspiración para introducir a un migrante con resultado de muerte, colaboración en el ingreso ilegal con resultado de muerte y colaboración en el ingreso ilegal con resultado de lesiones graves.

Una vez que cumpla su condena, enfrentará deportación inmediata y cinco años de libertad supervisada en Guatemala.

El avance judicial del caso más letal en la frontera sur

La investigación del caso derivó en la condena de casi 20 personas tanto en Estados Unidos como en Guatemala.

El fiscal Simmons destacó la cooperación del fiscal general guatemalteco, Gabriel García Luna, quien estuvo presente en el acto posterior a la sentencia en Texas.

En junio de 2025, Felipe Orduña-Torres, identificado como el líder de la red de tráfico dentro de territorio estadounidense, recibió cadena perpetua.

Su principal colaborador, Armando Gonzales-Ortega, fue condenado a 83 años de prisión. Ambos recibieron multas de USD 250.000.

“Miranda-Orozco y sus cómplices trataron vidas humanas como carga, y colocaron a personas vulnerables en condiciones letales para beneficio de su empresa criminal”, sostuvo John A. Condon, director ejecutivo interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El caso, sin embargo, no está cerrado. Homero Zamorano, el conductor del camión, tiene audiencia de sentencia prevista para diciembre.

También esperan condena Christian Martínez, Juan Francisco D’Luna-Bilbao, Luis Alberto “Cowboy” Rivera-Leal y Riley Covarrubias-Ponce.

La tragedia de San Antonio se sumó a un historial de episodios similares en la región. En 2017, 10 migrantes murieron encerrados en un camión estacionado en un Walmart de esa misma ciudad. En 2003, los cuerpos de 19 personas fueron hallados en un vehículo al sureste de San Antonio.

Unas fotografías de una criatura de aspecto inusual reavivaron las especulaciones sobre la posible aparición del llamado “chupacabras” en la frontera entre Estados Unidos y México. El investigador de fenómenos ovni Jaime Maussan y su equipo aseguran que las imágenes registran a un animal que merodea por el Valle de Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, y al que atribuyen ataques contra gallinas, gallos, conejos y otros animales domésticos.

El equipo difundió en los últimos días fotografías y videos que, según sus integrantes, muestran a un ser de extremidades largas y cola extendida mientras trepa por una pared o desciende por un árbol, según reprodujo el diario británico Daily Mail y otros medios mexicanos. Los investigadores sostienen que sus características no coinciden con las de animales habituales de la región, aunque no presentaron una identificación científica concluyente que permita establecer a qué especie pertenece.

La controversia cobró impulso después de que Maussan viajara a Ciudad Juárez para seguir el caso que, dijo, “impactará a todo el mundo”.

Qué dicen los investigadores sobre la criatura

De acuerdo con las declaraciones recogidas, los investigadores compararon la apariencia del animal con la de mapaches, zarigüeyas y ratas, pero aseguraron que no encontraron coincidencias suficientes para atribuirlo a alguna de esas especies.

Durante una rueda de prensa, cuatro asistentes de investigación que trabajan con Maussan estimaron que la criatura mide cerca de 1,80 metros desde la cabeza hasta la punta de la cola, de aproximadamente 90 centímetros. Según el Daily Mail, calcularon las dimensiones al comparar al animal con una pared de ladrillos por la que, aseguran, trepó.

Maussan describió a la criatura como un depredador ágil e inteligente. En declaraciones reproducidas por medios locales, sostuvo que no necesariamente se trataría de un ser extraterrestre, sino que planteó la posibilidad de que tuviera “un origen interdimensional”. Esas hipótesis, sin embargo, no están respaldadas por pruebas científicas presentadas públicamente.

El investigador también afirmó que comenzó a interesarse por el caso después de que un niño —cuya identidad no fue difundida— supuestamente viera al animal llevarse una gallina por la cabeza y trepar a un árbol. Según Daily Mail, Maussan aseguró que algunos residentes habían abandonado sus hogares por temor a la criatura.

Qué dicen las autoridades

Las declaraciones de Maussan y su equipo contrastan con la información proporcionada por las autoridades. Según el Daily Mail, la Dirección de Protección Civil de Ciudad Juárez afirmó que no había recibido reportes sobre la presencia de una criatura mortal en la zona ni sobre ataques contra animales de granja relacionados con el caso.

El diario británico también informó que la policía del lado estadounidense de la frontera, en Texas, dijo al El Paso Times que no tenía registros de encuentros extraños ni de muertes de animales de granja vinculados con las afirmaciones de Maussan desde que comenzó a hablar en forma pública del asunto, el 5 de octubre.

Por el momento, tampoco se difundieron pruebas biológicas, como restos del supuesto animal, que permitan analizar sus características e identificarlo. Las fotografías y los videos, por sí solos, no demuestran que se trate del “chupacabras”, una criatura del folclore popular asociada con ataques a animales, ni de una especie desconocida para la ciencia.

Quién es Jaime Maussan

Nació en Ciudad de México en 1953 y estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Comenzó su carrera en medios con coberturas deportivas y taurinas, y luego pasó a la televisión y a los reportajes de interés social. Durante esa etapa recibió reconocimientos periodísticos, entre ellos un premio Ondas.

Su trayectoria tomó otro rumbo cuando empezó a investigar el fenómeno ovni, después de interesarse por el caso de Billy Meier, un suizo que afirmaba tener pruebas de contactos con seres extraterrestres. Aunque el material que presentó Meier fue desacreditado, Maussan profundizó en ese campo y se convirtió en uno de los principales divulgadores mexicanos de teorías sobre objetos voladores no identificados y vida extraterrestre.

Su nombre también quedó asociado con episodios controvertidos. En septiembre de 2023 presentó ante el Congreso mexicano dos cuerpos momificados que describió como seres no humanos y sostuvo que constituían una posible prueba de vida extraterrestre. La exhibición generó cuestionamientos de científicos y especialistas. Investigadores de la UNAM se desvincularon de las interpretaciones atribuidas a sus análisis y expertos que examinaron piezas de características similares concluyeron que habían sido ensambladas con restos humanos, animales y otros materiales.

También había vinculado con un posible origen extraterrestre al llamado Ser de Metepec, una criatura que, según las investigaciones posteriores, resultó ser un mono ardilla modificado por un taxidermista.

Un barbero de Lewisville, Texas, entregó a la Policía USD 128.514 en efectivo y 19 cheques que había hallado sobre un cajero automático, sin retirar ni un dólar del dinero. El caso fue informado por Good News Network, que citó declaraciones de las autoridades locales y de CBS Texas.

El hombre, cuya identidad no fue difundida, se detuvo junto a una mujer en el cajero y advirtió que había una bolsa sobre la máquina. Al revisar el contenido, comprobó que estaba repleta de billetes. En lugar de irse del lugar, contactó de inmediato al Departamento de Policía de Lewisville.

El dinero estaba en una bolsa abandonada sobre el cajero

Antes de la llegada de un agente, el hombre observó que una inscripción en una de las bolsas podía relacionarla con un local de Chick-fil-A ubicado junto al cajero. Por ese motivo, llevó el paquete al comercio y consultó a un supervisor si pertenecía al establecimiento.

El responsable del local le indicó que el efectivo no era de la empresa. Tampoco identificó como propios una bolsa más pequeña y los 19 cheques que estaban dentro del paquete principal. Poco después, un policía llegó al lugar y el barbero entregó todos los elementos que había encontrado.

La investigación posterior estableció que el dinero y los cheques eran propiedad de Bank of America. De acuerdo con la información recogida por Good News Network, un técnico de la empresa de transporte de valores Brinks había recibido la instrucción de retirar el efectivo tras realizar una reparación en el cajero automático.

La bolsa habría quedado olvidada sobre la máquina una vez terminada esa tarea. En su interior había un comprobante con el monto exacto: USD 128.514.

La Policía confirmó que faltaba cero dinero

El efectivo fue trasladado a la comisaría de Lewisville, donde los agentes aplicaron el protocolo habitual para este tipo de hallazgos. La jefa de Policía, Brook Rollins, pidió apoyo para contar el dinero manualmente y luego verificarlo con una máquina de conteo electrónico.

Tras ambos procedimientos, las autoridades confirmaron que había exactamente USD 128.514, la misma cifra consignada en el recibo. No faltaba ningún billete.

La detective Gina Miller explicó a CBS Texas que había intervenido antes en casos de personas que devolvían objetos perdidos, como carteras o documentos de identidad. Sin embargo, remarcó que no había registrado un antecedente similar por una suma de esa magnitud.

“He tenido casos de buenas personas que entregaron bienes que encontraron, carteras, identificaciones y cosas así. Pero, en el caso de USD 128.000, nunca había visto que alguien devolviera esa cantidad de dinero”, afirmó Miller al medio estadounidense.

La investigadora también indicó que no existían indicios de un delito en el lugar. “La bolsa estaba simplemente allí. No había señales de que estuviera ocurriendo un crimen. Parecía que había sido dejada por accidente”, aseguró.

Bank of America recuperó el efectivo y los cheques

Una vez determinada la procedencia del dinero, Bank of America recuperó el efectivo y los cheques. Las autoridades no informaron si la empresa de transporte de valores adoptó medidas internas tras el olvido de la bolsa en el cajero.

La Policía de Lewisville expresó su intención de reconocer públicamente al barbero por su actuación. El hombre aceptó recibir el homenaje, aunque solicitó que la ceremonia se realizara de manera privada, tal como señaló el medio.

Rollins sostuvo que el hallazgo podría haber tenido otro desenlace, dadas las dimensiones de la suma encontrada. La jefa policial afirmó que el ciudadano “sabía cuál era la decisión correcta y actuó sin dudar”.

Miller, por su parte, recordó que quedarse con dinero hallado no queda justificado por la idea de que quien encuentra un objeto puede conservarlo. Esa expresión popular, dijo, no constituye una defensa legal si una persona es identificada después de apropiarse de bienes ajenos.

Semana crucial para Emanuel Navarrete en su objetivo de obtener la tercera faja de su carrera en las 130 libras del boxeo profesional. El orgullo del Estado de México ya se sitúa en San Antonio, Texas para disputar los títulos unificados superpluma contra O’Shaquie Foster.

El Vaquero Navarrete, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), se dejó ver en el juego de los San Antonio Spurs, de la NBA, para dejar un recadito a O’Shaquie Foster en sus redes sociales.

“Esto será una locura el día de la pelea amigos, viva México vamos por todo”, publicó el pugilista después del frente a frente con O’Shaquie Foster y dejar en claro que si visita a los Estados Unidos es para conquistar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Si Emanuel Navarrete se afianza el campeonato de O’Shaquie Foster, abrirá la compuerta de un cuarto título de las 130 libras y la posibilidad de emular una hazaña que sólo Saúl Canelo Álvarez tuvo éxito al unificar los cetros de los cuatro organismos: CMB, AMB, OMB y FIB en los supermedianos.

“Ya encarrerados con esta parte de las unificaciones sería más fácil y viable tener acceso al cuarto título, pero es un proceso medio cmplicado. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas con (O’Shaquie) Foster y posteriormente analizaremos bien si se puede o no ir por el título”, mencionó en entrevista con ESPN.

El Vaquero recibe a O’Shaquie Foster con música de mariachi

Este martes 20 de octubre, Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster estuvieron frente a frente por primera vez en la semana de la pelea de unificación de los títulos de peso superpluma, en las 130 libras. Rodeados de seguidores y medios de comunicación, ambos boxeadores participaron en un acto promocional previo a su combate, que contó con música de mariachi,

La ciudad de San Antonio Tiene una fuerte identidad latina y mexicana por su historia, su cercanía con el país y la presencia mayoritaria de población hispana. Por tanto, no hay duda la mayor parte de los espectadores apoye al Vaquero Navarrete en el Frost Bank Center.

¿Cómo llegan ambos peleadores a esta contienda por los títulos de las 130 libras?

Emanuel Navarrete aterrizó en San Antonio, Texas tras derrotar al mexicano, Eduardo Sugar Núñez, en febrero de este año por nocaut técnico. En cambio, O’Shaquie Foster aparecerá en calidad de invicto: venció a Robson Conceição, Stephen Fulton y Raymond Ford en sus últimas tres confrontaciones.

El Vaquero tratará de aumentar su marca de victorias aunado a los cinturones de la división superpluma. Antes de enfrentar a Foster lleva una foja de 40 triunfos (33 por nocaut y 7 por decisión), un empate, dos derrotas y un combate sin resultado en 44 compromisos dentro del boxeo profesional.

Por otro lado, O’Shaquie Foster cuenta 28 peleas oficiales en el box profesional, de los cuales 25 veces salió victorioso (12 por la vía rápida) y terminó siendo derrotado en tres ocasiones. ante Samuel Teah, Rolando Chinea y Robson Conceição.

¿Qué estará en juego en la pelea de Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster?

El combate de Emanuel Navarrete y O’Shaquie Foster está pactado a 12 asaltos, ya que estarán en juego los títulos mundiales de peso superpluma: el Vaquero apostará los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

A su vez, el estadounidense, O’Shaquie Foster, pondrá sobre la mesa el fajín del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El ganador se retirará del Frost Bank Center con tres de los cuatro cetros correspondientes a las 130 libras este sábado 24 de octubre. La pelea se transmitirá por canal 7.

La expansión de los centros de datos en Texas podría borrar dos décadas de avances en la calidad del aire del estado antes de que termine la década, si las instalaciones se alimentan con gas natural. La advertencia proviene de un informe que el Houston Advanced Research Center (HARC) publicó este martes. Al menos 288 proyectos de centros de datos están planificados en el estado, según un análisis de The Texas Tribune.

El estudio modeló cuatro escenarios de suministro eléctrico para las instalaciones proyectadas. En el peor de los casos —centros de datos con plantas de gas natural propias—, las emisiones de óxidos de nitrógeno podrían aumentar casi un 400 % para 2031.

Incluso bajo un escenario más limpio, con conexión a la red eléctrica y generación solar y eólica en el sitio, esas emisiones subirían un 35 %, según datos de agencias federales y estatales que sirvieron de base para la modelación.

Retroceso posible a niveles de contaminación de principios de siglo

Entre 2002 y 2024, Texas recortó sus principales contaminantes atmosféricos a pesar de que su población creció en millones de habitantes y su economía se duplicó. La transición del carbón a fuentes renovables, el crecimiento de la energía eólica y solar, y los controles de contaminación en la generación eléctrica, la industria y el transporte impulsaron esa mejora, según Carlos Gamarra, vicepresidente de energía, aire y tecnología de HARC.

En un escenario intermedio —donde el gas natural es la fuente predominante pero no la única—, los niveles de óxidos de nitrógeno subirían un 136 % y se aproximarían a los registrados en 2004. Esos contaminantes pueden dañar el sistema respiratorio y provocar enfermedad pulmonar crónica con la exposición prolongada. Los compuestos orgánicos volátiles superarían en un 32 % los niveles de 2002.

El material particulado, partículas microscópicas que pueden penetrar los pulmones y llegar al torrente sanguíneo, alcanzaría concentraciones que no se registran desde 2006. Algunos científicos consideran al material particulado la forma más letal de contaminación del aire, porque puede desencadenar ataques de asma, arritmias cardíacas y enfermedades respiratorias.

“Lo que estamos mostrando es que hay un aumento significativo en las emisiones de distintos contaminantes que debe abordarse, porque de lo contrario podría tener fuertes consecuencias para la población y el medio ambiente”, afirmó Gamarra en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.

Motores en el sitio, cuatro veces más emisiones que la red eléctrica

Los motores de gas natural instalados en el propio centro de datos emiten aproximadamente cuatro veces más óxidos de nitrógeno que la electricidad proveniente de la red para una misma instalación, de acuerdo con el análisis de HARC. Si toda la nueva demanda se cubriera con combustión en lugar de conexión a la red combinada con solar y eólica, esas emisiones serían entre dos y 10 veces mayores, según la proyección de demanda utilizada.

Al menos 32 plantas de generación eléctrica con gas natural están planificadas en Texas, más que en cualquier otro estado, según el Environmental Integrity Project, organización ambiental estadounidense. Grandes áreas metropolitanas como Houston, Dallas-Fort Worth, San Antonio y Austin ya tienen dificultades para cumplir con los estándares federales de contaminación atmosférica, en gran parte por el tráfico intenso y las altas temperaturas del verano.

“Necesitamos tratar a los centros de datos como las instalaciones industriales que son, para que rindan cuentas bajo los mismos estándares de emisiones industriales y de generación eléctrica que produjeron el progreso de Texas”, sostuvo Gamarra.

Demanda proyectada equivalente a un tercio de la generación eléctrica de Estados Unidos

La escala del auge es difícil de dimensionar. Los proyectos propuestos van desde cinco hasta 11.000 megavatios de capacidad planificada, y la demanda estimada que los más grandes requerirían de la red suma 439 gigavatios, una cifra equivalente a aproximadamente un tercio de toda la generación eléctrica de Estados Unidos.

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT), operador de la red estatal, recibió en los dos últimos años más de 500 solicitudes de conexión de grandes consumidores de electricidad —muchos de ellos centros de datos—, frente a apenas dos docenas de pedidos similares en el año previo. Esa congestión empuja a muchos desarrolladores hacia alternativas más rápidas pero más contaminantes.

“El desafío ahora es que, cuando estos centros de datos intentan conectarse a la red, tienen plazos largos de tres a cinco años y no pueden esperar”, explicó Gamarra a The Texas Tribune. “Entonces empiezan a desplegar sus propios sistemas de energía en el sitio, y no siempre eligen la versión más limpia de generación propia por cuestión de plazos”, agregó.

La pausa de Abbott en los permisos no frenó los trámites

El gobernador Greg Abbott suspendió temporalmente las nuevas conexiones de centros de datos a la red eléctrica estatal, a la espera de una auditoría que examine la demanda energética, el uso de agua, la refrigeración y los impactos comunitarios de cada instalación. El 21 de septiembre sumó una directiva a la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) para que detuviera todos los permisos relacionados con centros de datos.

Un análisis de registros públicos realizado por la organización Public Citizen y el grupo de monitoreo FracTracker Alliance reveló que la agencia ambiental siguió avanzando con al menos 35 acciones de permisos después de la orden.

Al día siguiente de la directiva, la TCEQ envió avisos de decisión preliminar para tres permisos de emisiones de fuentes mayores: VoltaGrid en Abilene, NRG Prairie Energy en Grandview y Nexus Hubbard Power en Hubbard. Juntas, esas instalaciones tendrían el potencial de emitir 38 millones de toneladas de contaminantes al año, según Public Citizen.

“Los datos propios de la TCEQ indican que para los centros de datos todo sigue como si nada”, declaró Kathryn Guerra, directora de la campaña de vigilancia de la TCEQ en Public Citizen. “A las comunidades afectadas se les prometió una congelación. En lugar de eso, están recibiendo otra razón para desconfiar de la TCEQ”, añadió.

La agencia niega aprobaciones, pero los trámites avanzaron

Además de los tres permisos de fuentes mayores, la investigación identificó al menos siete permisos de construcción por escorrentía pluvial emitidos para centros de datos, siete certificaciones de límites de emisiones concedidas y cuatro permisos menores de calidad del aire que avanzaron en su revisión técnica. También se aprobó un permiso de aguas residuales industriales en el sitio del centro de datos de Bitdeer en Rockdale, condado de Milam.

La oficina del gobernador defendió las acciones de la agencia. “Ningún permiso ha sido aprobado”, afirmó Andrew Mahaleris, portavoz de Abbott, según The Texas Tribune. “En línea con la directiva del gobernador, la TCEQ no ha tomado ni tomará acciones proactivas relacionadas con la aprobación de permisos de centros de datos”, agregó. El martes, un vocero de la TCEQ informó que los permisos de escorrentía pluvial habían sido suspendidos.

Public Citizen insistió en que, sin salvaguardas impuestas por la Legislatura de Texas y convertidas en ley, la industria seguirá avanzando. El informe de HARC señala que aún hay tiempo para cambiar el rumbo y recomienda que los operadores divulguen su consumo eléctrico, sus fuentes de energía y la contaminación resultante, para que las comunidades puedan evaluar los efectos antes de que se tomen decisiones de desarrollo.

Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas emitió una acusación sustitutiva de 13 cargos contra cinco personas señaladas de traficar armas de fuego hacia el Cártel de Sinaloa. El fiscal federal Ryan Raybould anunció el lunes que la imputación, presentada el 24 de septiembre, suma un quinto acusado a la causa original.

El caso se originó el 25 de junio, cuando Loyd Walter Hall, también conocido como “Jamie Hall” y “James William”, junto con Jesús Quezada Meza, Omar Velásquez y Catlynn Ann Townsend, fueron acusados formalmente de conspirar para proveer armas al cártel. La versión ampliada del documento incorpora ahora a Johnnie Wayne Corbett, de 42 años y residente de Amarillo, arrestado por agentes federales el 17 de octubre.

Los seis delitos que componen la acusación

El gran jurado federal acusó formalmente a cinco personas de trece cargos vinculados a un esquema de tráfico de armas hacia el Cártel de Sinaloa, entre ellos apoyo material a una organización terrorista, narcotráfico internacional y compra ilegal de armas mediante testaferros. La investigación fue conducida por la División de Campo de Dallas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

El primer cargo corresponde a conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Según la acusación, Hall coordinó el suministro de armas, municiones y equipo relacionado al Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista extranjera por el Secretario de Estado de Estados Unidos.

El documento también describe una conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación hacia Estados Unidos, que involucra fentanilo, heroína y cocaína. La red, según los fiscales, se coordinaba con actores vinculados a cárteles para fabricar y transportar esas sustancias a través de fronteras internacionales.

A estos cargos se suman el uso y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico, la conspiración para traficar armas de fuego a través de fronteras estatales e internacionales, y la conspiración para la compra ilegal de armas mediante prestanombres que ocultaban la identidad de los verdaderos destinatarios.

El último cargo señala declaraciones falsas a vendedores de armas con licencia federal. La acusación sostiene que los imputados presentaron formularios ATF 4473 fraudulentos para falsear la identidad de los compradores reales y ocultar el destino final de las armas.

Situación judicial y penas que enfrentan los acusados

Hall, Quezada Meza y Velásquez permanecen bajo custodia federal. Townsend, en cambio, recibió una citación judicial para comparecer ante la Justicia. Corbett también se encuentra detenido y este lunes realizó su primera comparecencia ante un juez magistrado estadounidense.

Las penas que arriesgan los acusados varían según los cargos imputados. Hall enfrenta una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal de resultar condenado. Quezada Meza y Velásquez afrontan cada uno hasta 15 años de prisión federal, mientras que Townsend y Corbett podrían recibir hasta cinco años cada uno.

El documento judicial aclara que una acusación formal constituye únicamente una alegación de conducta delictiva. Los cinco acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.

Declaraciones de los fiscales y la ATF

“Los acusados suministraron rifles de gran potencia y municiones al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo”, declaró Raybould. Agregó que, al presentar cargos por apoyo material al terrorismo, la fiscalía busca dejar en claro que armar a los cárteles representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Raybould sostuvo además que, bajo el liderazgo de la fiscal general Blanche, la administración Trump implementó una estrategia integral para desmantelar estas redes. Afirmó que su oficina “utilizará todos los recursos federales disponibles para desmantelar los cárteles”.

Por su parte, Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la ATF de Dallas, señaló que “quienes arman a los cárteles violentos contribuyen a alimentar un ciclo de derramamiento de sangre”. Garner precisó que, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la agencia apunta contra estas redes “cortando su acceso a las armas”.

Agencias que participaron de la investigación

El proceso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159. Se trata de una alianza intergubernamental dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

La investigación estuvo a cargo de la División de Campo de Dallas de la ATF, con la colaboración de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Dallas, socios locales de las fuerzas del orden y miembros de los grupos de trabajo de la Zona de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA). Las fiscales federales adjuntas Colleen Bloss y Marbel Muñoz, de la sección de Narcóticos/HSTF/Confiscación de Bienes, están a cargo del caso.

Según el comunicado, el HSTF pone especial énfasis en investigar delitos que involucran a menores y utiliza todas las herramientas disponibles para enjuiciar y expulsar de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más violentos.

El HSTF de Dallas está integrado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la ATF, el HSI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio de Inspección Postal y el Servicio Secreto. También participan el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina del Sheriff del condado de Dallas.

Los propietarios que usan una vivienda como residencia principal en Texas pueden obtener una exención para vivienda principal que rebaja en USD 140.000 el valor sobre el que se calculan los impuestos escolares.

El trámite no tiene costo y se presenta ante el distrito de tasación del condado, pero exige cumplir condiciones de propiedad, ocupación y documentación.

La medida reduce impuestos a la propiedad para distritos escolares. Quien reúna los requisitos y tenga una casa tasada en USD 200.000 tributará como si valiera USD 60.000. No equivale a un pago de USD 140.000 ni elimina todos los gravámenes locales.

The Texas Tribune informó que la exención puede aliviar una parte relevante de la factura fiscal de los hogares, aunque algunos propietarios no la solicitan por falta de información o problemas con los documentos requeridos.

La exención escolar obligatoria es de USD 140.000 y puede sumarse a descuentos locales

La legislación estatal obliga a los distritos escolares a aplicar USD 140.000 de exención sobre el valor tasado de una residencia principal que califique.

Las ciudades, los condados y otros entes que cobran impuesto predial pueden adoptar sus propias exenciones locales, de hasta el 20 % del valor de la vivienda y por un mínimo de USD 5.000 cuando se trate de esa opción general. Su disponibilidad depende de cada jurisdicción.

Quienes tienen 65 años o más, o una discapacidad que cumpla la definición estatal, disponen de una exención escolar adicional de USD 60.000.

Una persona que reúna ambas condiciones no puede recibir dos exenciones adicionales del mismo tipo de entidad sobre la misma propiedad, aunque puede tener derecho a beneficios de distintas unidades tributarias.

Para los propietarios de 65 años o más, el impuesto escolar queda sujeto a un límite de congelamiento a partir del año en que cumplen esa edad; existen excepciones, entre ellas mejoras realizadas en la vivienda.

La condición de residencia principal también activa el límite del 10 % anual al aumento del valor tasado para fines fiscales, una vez que la vivienda calificó.

El tope no impide que suba el valor de mercado estimado por el distrito de tasación, pero restringe el incremento anual del valor imponible.

Debe ser propietario y vivir en la vivienda que declara como residencia principal

Para acceder a la exención general, la persona debe tener algún interés de propiedad en el inmueble y utilizarlo como residencia principal.

La solicitud incluye una declaración de que el propietario no reclama otra exención de vivienda principal en Texas ni en otro estado. No se puede recibir el beneficio para más de un hogar.

La regla contempla a quienes poseían y ocupaban la vivienda el 1 de enero fiscal. Quien la compre y habite después puede recibir una exención proporcional el resto del año si el dueño anterior no la tenía; si la utilizó, deberá esperar al siguiente año.

Los herederos también pueden solicitarla aun cuando su nombre no aparezca en la escritura. Deben entregar una declaración jurada que acredite su participación en la propiedad y documentos de respaldo, como el certificado de defunción, comprobantes de residencia y los instrumentos legales vinculados con la herencia, de acuerdo con The Texas Tribune.

La solicitud se entrega sin costo al distrito de tasación del condado

El procedimiento comienza ante el distrito de tasación del condado donde se ubica la vivienda. La Contraloría de Cuentas Públicas de Texas pone a disposición el formulario 50-114, denominado Application for Residence Homestead Exemption, que los distritos deben aceptar.

Cada oficina local determina si habilita una presentación electrónica; en los demás casos, la documentación debe enviarse por correo o entregarse en persona.

La mayoría de los solicitantes debe adjuntar una copia legible de una licencia de conducir de Texas o de una identificación estatal vigente. La dirección de esa identificación debe coincidir con la de la propiedad.

Hay excepciones para miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y residentes de hogares de ancianos o centros de asistencia, cuyas direcciones pueden no coincidir.

Además, las exenciones especiales requieren pruebas adicionales. Entre ellas figuran las destinadas a personas con discapacidad, veteranos con discapacidad y determinados cónyuges sobrevivientes.

En la práctica, los inmigrantes indocumentados no pueden cumplir el requisito de identificación estatal exigido para este trámite, ya que la ley de Texas no les permite obtener una licencia de conducir estatal, señaló The Texas Tribune.

El plazo ordinario vence el 30 de abril, aunque aún puede haber reclamos retroactivos

La fecha límite general para presentar la solicitud es el 30 de abril. Los compradores pueden iniciar el trámite desde que son propietarios y ocupan el inmueble como residencia principal, sin esperar hasta el año siguiente cuando se cumplan las condiciones para una exención proporcional.

Quien pierda el plazo todavía puede reclamar la exención de forma retroactiva, por regla general hasta dos años después de la fecha límite de presentación.

El ajuste puede derivar en la devolución de lo pagado de más. Para ciertas exenciones de veteranos con discapacidad, el plazo puede extenderse a cinco años.

El distrito de tasación dispone de hasta 90 días para resolver la solicitud. Si la aprueba, normalmente no es necesario volver a presentarla, salvo que cambie la elegibilidad o que el tasador principal requiera una verificación.

La decisión puede comprobarse en el registro del inmueble en el sitio web del distrito, por teléfono, en el aviso de valor tasado que suele enviarse en abril o en la factura fiscal distribuida en octubre.

El efectivo realizaba un descenso con cuerda desde la estructura superior del recinto hacia el campo cuando se produjo la precipitación ante la mirada del público. De acuerdo con The Guardian, los equipos de emergencia asistieron al especialista sobre el césped durante varios minutos antes de su traslado a un hospital local, donde se confirmó su deceso.

La exhibición formaba parte del programa anual de homenaje a las fuerzas armadas y veteranos de guerra.

Quién era Ian Patterson y cuál fue su trayectoria en la Fuerza Aérea

Ian Patterson contaba con 15 años de servicio activo en las fuerzas armadas y era oriundo de Fort Stewart, Georgia.

Se desempeñaba como instructor del equipo Tactical Air Control Party en el Escuadrón de Entrenamiento de Combate Número 6, Destacamento 2. En el año 2022 recibió el reconocimiento como instructor del año en la categoría de guerra especial al nivel de la sede central de la aviación militar.

A lo largo de su carrera militar acumuló diversas condecoraciones, entre las cuales figuran la Medalla de Elogio del Aire y del Espacio con tres hojas de roble, la Medalla de Elogio del Ejército, la Medalla de Logros del Aire y del Espacio y la Medalla de Logros del Ejército.

Sus funciones profesionales consistían en integrar equipos terrestres capacitados para guiar ataques aéreos y de artillería desde ubicaciones avanzadas en combate.

Cuál era el propósito de la maniobra y el estado de la investigación

Las maniobras de descenso rápido con cuerda forman parte del entrenamiento regular de estos especialistas, quienes practican inserciones tácticas desde helicópteros a alturas de 30 metros (100 pies) o más.

Aunque este tipo de demostraciones resulta habitual en eventos deportivos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene un proceso de investigación abierto para determinar las causas exactas del accidente, sin confirmar fallos técnicos o humanos.

Las autoridades expresaron sus condolencias a los allegados tras la confirmación del hecho. “Esta tragedia se siente profundamente”, declaró el brigadier general Scott C. Mills, comandante de la Ala 57. Por su parte, el entrenador de UTSA, Jeff Traylor, señaló que “la energía simplemente había desaparecido” al momento de ingresar al campo.

Las instituciones militares y académicas concentran sus acciones en el acompañamiento a los familiares del sargento e instaron a respetar la privacidad de los allegados.

Qué se sabe sobre la caída durante la exhibición de rápel en San Antonio

El accidente ocurrió ante la presencia de más de 23 mil espectadores en las tribunas, además de la banda de música y el grupo de animadoras situados en el terreno de juego. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron que el instructor vestía uniforme de combate y descendió a gran velocidad en posición vertical hasta el impacto. La atención médica inmediata en el césped obligó a suspender la programación previa.

La emergencia provocó un retraso de 10 minutos en el comienzo del juego. La American Athletic Conference evaluó la suspensión de las actividades junto a las autoridades locales y la administración del recinto.

No obstante, la organización decidió disputar el choque, que finalizó con triunfo de UTSA por 38-34, con el objetivo de respetar los protocolos militares de notificación a los allegados y evitar especulaciones previas a la confirmación oficial.

Charles Brownlee pidió la anulación de su condena por cinco robos a mano armada y de la pena de 60 años de prisión. Su defensa sostiene que la policía de Texas reconstruyó sus desplazamientos con la red de cámaras de Flock, sin una orden judicial, y que ese procedimiento vulneró la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El planteo fue expuesto el 5 de octubre ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans. Los jueces deben decidir si los datos de lectores automáticos de matrículas podían utilizarse contra Brownlee y si corresponde dejar sin efecto el veredicto. El tribunal no tiene un plazo para dictar una resolución.

El caso se suma a un debate judicial y político sobre la capacidad de estas redes para reconstruir trayectos pasados.

El 1 de octubre, una jueza federal de Oklahoma excluyó pruebas obtenidas con el mismo sistema en una causa por drogas, al concluir que la búsqueda fue inconstitucional.

La policía vinculó a Brownlee con cinco robos mediante sus trayectos por Dallas-Fort Worth

La investigación situó a Brownlee en cinco robos a mano armada ocurridos en 2024 en suburbios de Dallas-Fort Worth.

Según informó The Texas Tribune, los agentes elaboraron un registro de sus rutinas y recorridos por las carreteras del norte de Texas a partir de las imágenes de los lectores de matrículas.

El software de Flock Safety registra el paso de vehículos ante unas 13.000 cámaras instaladas en el estado. Los lectores de patentes existen desde hace décadas, pero la plataforma permite a los agentes consultar registros de distintos departamentos y generar mapas con los desplazamientos de un automóvil.

Antes del juicio, la defensa pidió impedir que la fiscalía usara esa información. Argumentó que el vehículo había sido rastreado sin autorización judicial.

El juez federal de distrito Terry Means rechazó la solicitud, Brownlee fue condenado y sus abogados apelaron ante el Quinto Circuito para solicitar la anulación del fallo.

La Cuarta Enmienda prohíbe los registros y las incautaciones irrazonables. En numerosos supuestos, exige causa probable y una orden emitida por un juez. No existe hoy una exigencia equivalente para que las autoridades accedan a los registros de Flock.

La defensa afirma que la red permite reconstruir la ubicación de casi cualquier conductor

Matthew Wright, abogado de Charles Brownlee, sostuvo que la recopilación masiva de imágenes crea un archivo de localización capaz de identificar a conductores y pasajeros y de reconstruir sus movimientos.

“Ningún ser humano mortal ha tenido jamás esa capacidad de reconstruir sin esfuerzo e inmediatamente los movimientos de cualquier persona”, afirmó durante los alegatos orales, recogidos por The Texas Tribune.

Wright diferenció el expediente de un antecedente resuelto por el Quinto Circuito en marzo, cuando el tribunal avaló el uso de una sola cámara Flock en Misisipi.

En aquella causa, el dispositivo alertó a un agente sobre un vehículo; tras detenerlo, el policía encontró un arma modificada ilegalmente.

El fallo de marzo consideró que una cámara aislada no puede registrar la totalidad de los movimientos físicos de una persona durante un período prolongado.

Aun así, reconoció que los sistemas ubicados en las carreteras pueden conservar datos históricos que permitan a la policía reconstruir retrospectivamente el paradero de una persona sin haber decidido seguirla de antemano.

Para la defensa, la escala de la búsqueda contra Brownlee es el elemento decisivo. “En el espacio de dos horas y media, pueden encontrar literalmente una aguja en un pajar, pero ni siquiera sabían qué aguja buscaban cuando empezaron a buscar”, dijo Wright.

Los abogados también plantearon que conducir resulta prácticamente inevitable para gran parte de la población de Texas, en especial en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

Con ese argumento, sostuvieron que estas cámaras son más difíciles de evitar que el rastreo de teléfonos celulares, cuya información de ubicación cuenta con protección de la Cuarta Enmienda según la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Gobierno sostiene que las fotografías son capturas aisladas en espacios públicos

Michael Weisbuch, abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, respondió que los datos de Flock son “episódicos” porque derivan de fotografías tomadas por dispositivos individuales.

En su interpretación, el sistema no sigue vehículos en tiempo real, sino que reúne imágenes de vías públicas, donde los conductores carecen de una expectativa legal de privacidad.

La jueza presidenta Jennifer Walker Elrod preguntó cuántas cámaras serían necesarias para que las capturas aisladas se convirtieran en vigilancia constante, sobre todo si los dispositivos terminaran en “cada esquina”. “Tratamos de determinar si ya estamos en ese punto en el caso Brownlee y cuándo se alcanza el punto de inflexión”, señaló.

Weisbuch respondió que establecer ese límite corresponde a los legisladores. Sostuvo que el proceso político ofrece un control más adecuado que ampliar de forma errónea el alcance de la Cuarta Enmienda.

La fiscalía federal añadió que las cámaras de Flock no son la herramienta omnipresente que describe la defensa.

De acuerdo con sus escritos, cámaras de vigilancia convencionales y datos de teléfonos celulares también ayudaron a ubicar a Brownlee, y la red de Dallas-Fort Worth no somete a las personas a observación durante cada instante.

El representante del Gobierno cuestionó además que Brownlee pudiera impugnar el registro: no era propietario ni conductor del automóvil rastreado, sino pasajero.

El vehículo pertenecía a su hermana y, antes de consultar la base de datos, la policía no tenía motivos para suponer que él estuviera en su interior.

Una jueza de Oklahoma excluyó la droga hallada tras una consulta a Flock

La discusión tiene un antecedente reciente en Oklahoma. La jueza federal de distrito Sara Hill resolvió el 1 de octubre que la consulta a Flock vulneró la Cuarta Enmienda en la causa contra Melisa Kyle, una decisión que el medio texano señaló como aparentemente inédita.

Un agente de la oficina del sheriff del condado de Tulsa siguió en el sistema el viaje de Kyle entre Misuri y California. La jueza escribió que el agente comenzó a revisar el vehículo “sin ninguna razón aparente” más allá de que tenía una matrícula de California.

Luego de consultar el recorrido interestatal, la policía detuvo el automóvil y encontró 41 kg de metanfetamina (91 libras). Hill excluyó la droga como prueba porque procedía de un registro inconstitucional. La decisión no había sido apelada.

Mientras se aguarda el fallo sobre la condena de 60 años de Brownlee, varios legisladores de Texas anticiparon iniciativas para restringir o prohibir el uso de Flock y de otros lectores automáticos de matrículas en la sesión legislativa de 2027.

Entre ellos figuran la senadora republicana de Brenham, Lois Kolkhorst, y el representante republicano de McKinney, Keith Self, quien propuso exigir órdenes judiciales antes de que agencias federales accedan a esos datos.

Tesla prepara una pista de pruebas con loopings al estilo Hot Wheels en su sede de Texas, donde los propietarios del nuevo Roadster podrán experimentar las acrobacias más extremas del vehículo. El anuncio lo hizo Elon Musk a través de su cuenta de X, donde también adelantó que el deportivo eléctrico podrá ejecutar esas maniobras de forma autónoma, sin intervención del conductor al volante.

La novedad surgió el 17 de octubre, durante un intercambio en la red social con el divulgador tecnológico Robert Scoble, quien había señalado el protagonismo de los ordenadores en el funcionamiento del Roadster. Musk aprovechó el comentario para revelar dos planes que, hasta el momento, no tenían fecha ni detalles concretos.

Pista con loopings en Texas: así será la prueba estilo Hot Wheels

El primer anuncio de Musk apunta a la construcción de un circuito con loopings en la sede de Tesla en Texas, pensado para que los clientes pongan a prueba las capacidades del Roadster. El propio Musk estableció la comparación con las pistas de juguete más conocidas del mercado.

“Tendremos una pista de looping salvaje (más loca incluso que Hot Wheels) en nuestra sede de Texas donde podrás probar tu Roadster”, escribió Musk en X.

Por el momento, se trata de un proyecto solo anunciado. No existe fecha de apertura, tampoco se conoce el trazado que tendrá el circuito ni las condiciones de acceso para los propietarios. El magnate no precisó si los clientes recibirán algún tipo de acompañamiento durante las pruebas o qué maniobras concretas podrán realizar en la instalación.

La construcción de este espacio tendría una relevancia particular para la versión Rocket del Roadster. Tesla especifica que esta configuración, la más extrema de todas las disponibles, no está aprobada para circular por vías públicas, lo que convertiría a la futura pista en uno de los pocos entornos habilitados para explotar todo su potencial.

El Roadster podrá ejecutar maniobras sin intervención del conductor

El segundo anuncio de Musk se refiere a la posibilidad de que el Roadster reproduzca de forma autónoma las acrobacias exhibidas durante su presentación. Según explicó, bastaría con que el propietario se lo pidiera al vehículo para que este ejecutara la maniobra sin necesidad de coordinar manualmente cada movimiento.

Un Tesla Roadster que ejecute acrobacias de forma autónoma significa que el vehículo podrá reproducir maniobras complejas (como las mostradas en su presentación) sin que el conductor controle manualmente la dirección, la frenada y la aceleración durante esos instantes, delegando esa coordinación en los sistemas electrónicos del propio coche.

“Podrás pedirle al Roadster que realice cualquiera de los trucos mostrados de forma autónoma, ya que será sensible”, afirmó Musk en la misma conversación con Scoble.

La base técnica para esta función existe en la arquitectura electrónica del vehículo, que ya permite gestionar de manera conjunta los mandos, los ventiladores y los propulsores. Sin embargo, Musk no detalló qué software ejecutaría estas funciones, de qué manera se activarían ni qué tipo de supervisión requerirían por parte del conductor.

Conviene precisar los límites de este anuncio: se circunscribe a maniobras concretas y no implica que el Roadster incorpore capacidades de conducción autónoma general en carretera. Tampoco está confirmado que todas las versiones del vehículo vayan a contar con estas mismas funciones.

Finalmente, este par de anuncios se enmarca en una idea que Musk viene defendiendo: el Roadster podría convertirse en el último modelo de Tesla concebido principalmente para la conducción manual. Bajo ese planteamiento, el disfrute al volante y la automatización de determinadas maniobras no resultarían experiencias contrapuestas, sino complementarias.

Lo que dijo Sheinbaum sobre el caso

La presidenta afirmó que su gobierno está en contra de cualquier forma de racismo y señaló que falleció otro connacional en un centro de detención. Indicó que el canciller Roberto Velasco estuvo en contacto con los familiares y emitió un comunicado, y que se presentará una denuncia en Estados Unidos porque debe garantizarse la protección de los derechos humanos.

Los datos que dio Sheinbaum sobre el connacional:

• Fue detenido en junio, según la presidenta.
• Según la familia, sufría diabetes e hipertensión.
• Los familiares señalaron que probablemente no tenía todos sus medicamentos.

La mandataria añadió que se reforzará la labor de los consulados para que, en el marco de sus atribuciones, garanticen la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, en particular de quienes son detenidos. Cerró con un mensaje de solidaridad a los paisanos, a quienes se refirió como “héroes y heroínas”.

El origen del anuncio: una pregunta sobre Los Tigres del Norte

El anuncio llegó al responder una pregunta sobre el cierre del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde Los Tigres del Norte cerraron un evento organizado por una radio pública. La mandataria se refirió primero a la agrupación y sostuvo que representa un símbolo de identidad cultural para los mexicanos en el exterior.

Sheinbaum recordó que la banda estuvo en Palacio Nacional, donde, dijo, fue la primera vez que un presidente los invita, y que una reunión prevista de 15 minutos se extendió dos horas. Añadió que el próximo año cumplen 50 años de trayectoria y que habrá reconocimientos en México.

Qué informó la SRE sobre la muerte en Laredo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante el comunicado 207/2026 difundido el 18 de octubre, exigió a Estados Unidos una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” por la muerte de un mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Sheinbaum no identificó al fallecido ni el centro de detención durante su intervención.

De acuerdo con la dependencia, el Consulado General de México en Laredo fue notificado del deceso por la oficina local del ICE, activó el protocolo de protección, contactó a los familiares y les brinda asistencia. La SRE no divulgó la identidad, aunque medios estadounidenses lo habrían identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años.

El congresista estadounidense Henry Cuellar confirmó el fallecimiento al Texas Tribune y señaló que el hombre fue hallado inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 horas del sábado 17 de octubre. Según NX Noticias, la instalación es privada y la opera GEO Group para el ICE; el personal no logró reanimarlo.

La causa de la muerte no ha sido determinada. De acuerdo con los reportes consultados, su hija relató que tenía problemas de salud y secuelas de covid-19 desde 2021, y que en los días previos presentaba tos y malestar.

Acciones jurídicas y diplomáticas

La Cancillería detalló que ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, entre ellas:

• Notas diplomáticas al Departamento de Estado.
• Denuncias ante las autoridades competentes.
• Gestiones para que las familias accedan a representación legal.
• Reforzamiento de la protección consular y del seguimiento a las condiciones de detención.

Además, anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb, jurisdicción de Laredo, para pedir que se esclarezca el caso y se determinen responsabilidades. A través de la Embajada de México en Estados Unidos, también solicitará que se garantice el acceso de los cónsules a los centros de detención para poder exigir atención a la salud de los mexicanos recluidos.

Una cifra que va en aumento

Con este caso suman 18 los connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025, según el recuento más reciente. Según el Texas Tribune, Andrade-Covarrubias sería la séptima persona que muere bajo custodia del ICE en Texas este año y la segunda en una instalación de ese tipo en Laredo.

El Gobierno de México expresó su “profunda preocupación” por la recurrencia de estos casos y pidió una respuesta efectiva para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes.

El antecedente más cercano en la misma ciudad es el de Félix Alcorta-Rodríguez, de 63 años, quien murió el 19 de junio en el Centro de Detención del condado de Webb, en Laredo, tras ser encontrado inconsciente. En julio, Sheinbaum anunció que la SRE presentaría denuncias penales ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales.

En Texas, una pelea, el uso de un vaporizador con cannabis o una amenaza pronunciada en la escuela llevaron a que más de 47.000 niños de 10 a 13 años fueran derivados al sistema de justicia juvenil desde 2014.

En numerosos casos, la intervención comenzó con esposas y custodia policial por conductas que antes quedaban bajo la órbita de docentes y directivos.

La cifra surge de una investigación de The New York Times y San Antonio Express-News, difundida por The Texas Tribune, que revisó registros del Departamento de Justicia Juvenil de Texas correspondientes a los ciclos lectivos desde 2014-2015.

El análisis muestra que, durante 2024-2025, unos 4.800 alumnos de esa franja etaria fueron derivados para una posible acusación penal, cerca de un tercio más que una década antes.

La edad mínima para ingresar al sistema juvenil texano es de 10 años. A partir de los 17, los estudiantes pueden ser tratados como adultos.

Una derivación no implica necesariamente una condena: puede terminar en una advertencia, terapia, servicios comunitarios o supervisión judicial. Sin embargo, suele iniciarse cuando un agente pone al menor bajo custodia.

Las derivaciones crecieron más rápido que la matrícula escolar

El incremento entre los niños de 10 a 13 años superó tanto la suba de casos entre alumnos mayores como el crecimiento de la matrícula.

Los estudiantes negros fueron derivados aproximadamente al doble de la tasa de los alumnos blancos e hispanos, aunque los expedientes aumentaron entre menores de todos los grupos raciales.

Después del retorno a la presencialidad tras la pandemia de COVID-19, las escuelas registraron más peleas. Pero el alza de las derivaciones de los chicos más pequeños fue mucho más acelerada.

Unos 60 distritos, que concentran cerca de una cuarta parte del alumnado estatal, explicaron buena parte de la tendencia tras ampliar la presencia policial en primarias y secundarias o endurecer los criterios de intervención.

La expansión coincidió con las medidas de seguridad impulsadas luego del tiroteo de 2022 en la escuela Robb de Uvalde. En 2023, Texas aprobó una ley que exige que cada escuela pública cuente con un agente.

El representante estatal demócrata por El Paso, Joe Moody, copatrocinador de la norma, calificó de alarmante el aumento de derivaciones de niños pequeños.

“Nadie debería querer eso como resultado de lo que hicimos”, declaró Moody a los medios que realizaron la investigación. El legislador adelantó que buscará imponer límites más claros a la actuación policial en los campus cuando la Legislatura se reúna en enero.

Peleas, vapeo y amenazas explican la mayoría de los expedientes

La mayor parte de los menores fue acusada por amenazas, uso de vaporizadores con cannabis o agresiones contra compañeros y personal escolar. Pocos casos incluyeron lesiones físicas graves.

Entre los expedientes examinados figuran el de un niño de 11 años que chocó contra una consejera cerca de Austin y el de otro de 10 que dijo falsamente haber visto a una persona armada en un campus de Victoria.

También fue derivado un alumno de 10 años de El Paso que pateó a una subdirectora después de que le retiraran el teléfono celular.

El caso se desestimó dos meses más tarde, pero su madre, Grace Lee-Vazquez, pagó miles de dólares en gastos legales. Según contó, el niño —con trastorno por déficit de atención e hiperactividad— desarrolló ansiedad frente a la escuela y bajó sus calificaciones.

El distrito no respondió preguntas sobre ese episodio y sostuvo que mantiene su compromiso con ambientes de aprendizaje seguros e inclusivos.

Lee-Vazquez describió el impacto en su familia como devastador y afirmó que se mudaron fuera del estado en junio para comenzar de nuevo.

Hay situaciones que involucran hechos de mayor gravedad. En 2025, un alumno de 11 años de la escuela Harris Middle, en San Antonio, fue acusado de portar un arma en un lugar prohibido después de que las autoridades encontraran una pistola en su mochila.

Sin embargo, el juez juvenil William Shaw consideró que numerosos expedientes podrían haberse resuelto dentro de la escuela. “Los chicos a veces no se llevan bien. Pueden terminar empujándose, tal vez incluso peleando. No es necesario arrestarlos”, señaló.

Una estudiante de 12 años fue esposada tras negarse a esperar en el vestíbulo

El caso de una alumna de 12 años de Central Middle, en Galveston, muestra cómo una sanción escolar puede terminar en una acusación penal.

La menor, cuya identidad se mantiene en reserva, tenía un diagnóstico de trastorno de conducta y fue enviada a la oficina de la directora durante su primera semana de clases, en agosto de 2024, por ser considerada disruptiva.

La escuela la suspendió y le indicó que esperara a su madre en el vestíbulo. Al negarse, intervino el agente escolar Vincent Ramirez.

Según las imágenes de su cámara corporal, una administradora sostuvo que la madre había autorizado el uso de esposas y otro empleado advirtió a la niña que podía ser arrestada si no obedecía.

“Tenés cuatro segundos para caminar hasta allí. De lo contrario, voy a ponerte esposas y vamos a darte un paseo”, le dijo Ramirez. Un minuto y medio después, el agente le quitó la mochila rosa y le esposó las muñecas detrás de la espalda, de acuerdo con la grabación.

La estudiante fue trasladada a la sede de la policía escolar de otro campus. Allí rechazó colocar la mano en el lector de huellas; las imágenes muestran que dos agentes le llevaron el brazo hacia atrás hasta que gritó y accedió. La jefa de policía del distrito, Josette Rivas, levantó luego un celular mientras la niña lloraba e insultaba; dijo que grababa para Facebook.

Ramirez y Rivas no hicieron comentarios. El superintendente de Galveston, Matthew Neighbors, afirmó que los agentes actuaron con calma y respeto y negó que el video de la menor se hubiera difundido en internet.

La niña fue acusada de ingreso indebido, se declaró culpable y recibió un año de libertad condicional. Dos exjefes de policía escolar consultados por los diarios consideraron innecesarios tanto el arresto como la derivación judicial.

Su madre, Laquital Thompson, explicó que aceptó las esposas porque en ese momento no quiso cuestionar a la administradora.

Luego se preguntó por qué se llamó a la Policía para una situación que, a su juicio, podía resolverse si su hija esperaba en silencio en un pasillo. Tras el episodio, dijo, la estudiante tuvo más problemas para concentrarse en clase. “Simplemente se rindió”.

La legislación estatal ordena a los policías escolares mantenerse al margen de la disciplina estudiantil rutinaria, aunque no define qué conductas integran esa categoría ni prevé castigos por infringirla.

Para Phillip Lyons, decano de la Facultad de Justicia Penal de la Universidad Estatal Sam Houston y exdetective especializado en casos juveniles, la presencia de agentes puede transformar faltas menores en asuntos penales. “Si no hay tiradores, los policías harán lo que hacen los policías, y eso es arrestar”, afirmó.

Las acusaciones por amenazas se triplicaron en una década

Las acusaciones por “amenaza terrorista” contra alumnos de 10 a 13 años se triplicaron en diez años y superaron las 600 anuales en el estado.

Algunas investigaciones permitieron evitar posibles ataques, como la de un adolescente de 13 años acusado de planear un atentado en una secundaria de San Antonio en 2025. Otras derivaron de bromas, discusiones o reacciones de ira.

En febrero de 2025, un alumno de 12 años con discapacidad intelectual y autismo tuvo una crisis en una secundaria de Lubbock después de que una asistente desconectara un teléfono del aula que quería utilizar.

“Respetame o estás muerto”, le dijo a la trabajadora. Registros policiales señalan que dos agentes lo derribaron sujetándolo de la sudadera y lo esposaron.

Su madre, Colette James, relató que el niño quedó aterrorizado por la Policía, dejó de ir a la iglesia porque había agentes contratados como refuerzo de seguridad y, durante un período, durmió en la cama de sus padres.

En Corpus Christi, un chico de 13 años pasó casi dos semanas en un centro juvenil tras gritar “te voy a matar” a compañeros que, según su madre, lo habían golpeado.

El juez juvenil Timothy J. McCoy explicó que a veces dispone la retención de menores que hacen amenazas para facilitar el acceso a terapia y comprobar que no las lleven a la práctica.

El adolescente de Corpus Christi dijo desde su celda que había hablado por enojo y que no debió hacerlo. Ese día, cerca de la mitad de los jóvenes alojados en el centro levantó la mano cuando un periodista preguntó cuántos estaban detenidos por incidentes escolares.

Wichita Falls redujo los casos al reemplazar arrestos por apoyo escolar

Algunos distritos defienden las derivaciones como una oportunidad para que los alumnos aprendan de sus errores. En Corpus Christi, el jefe del departamento de seguridad escolar y presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Distritos Escolares de Texas, Kirby Warnke, sostuvo ese enfoque.

Allí, las derivaciones de niños pequeños se duplicaron durante la década y marcaron un récord de 171 en 2022-2023, una cifra superior a la de Houston y Dallas, pese a que esos distritos tienen más de cuatro veces la matrícula.

El distrito de Forney, al este de Dallas, creó su propio cuerpo policial en 2020 y endureció su respuesta ante amenazas y actos violentos.

En el ciclo siguiente, sus agentes derivaron a 42 alumnos de 10 a 13 años, más que el total acumulado en los seis años anteriores. Joseph Sanders, entonces jefe policial del distrito, resumió la política con la frase: “Simplemente fijamos el tono y lo fijamos temprano”.

Wichita Falls tomó la dirección opuesta. Al asumir en 2022, el superintendente Donny Lee dijo que los agentes escolares “arrestaban primero a los chicos y preguntaban después”. Contrató a un nuevo jefe de Policía, reemplazó a la mayoría de los agentes y estableció revisiones periódicas de los datos de intervención.

Las derivaciones disminuyeron entre estudiantes de todas las edades y, entre los menores de 13 años o menos, bajaron de cerca de 100 a 44 casos.

En vez de recurrir de inmediato a la justicia juvenil, el distrito aplicó suspensiones dentro de la escuela, tareas comunitarias y orientación psicológica. “No estamos en el negocio del delito y el castigo”, dijo Lee. “Estamos en el negocio de la educación”.

Las compañías también establecieron otra marca mundial al completar 71.207 lanzamientos de drones durante una misma semana. El resultado se alcanzó mediante siete presentaciones en las que los dispositivos aterrizaban, recargaban sus baterías y volvían a despegar.

Los dos reconocimientos fueron confirmados por Guinness World Records el 6 de octubre. Las exhibiciones incluyeron figuras tridimensionales de animales, personajes mitológicos y escenas espaciales, creadas mediante miles de luces que se desplazaban de manera sincronizada.

Un dragón de más de 10.000 drones estableció un récord mundial

Uno de los momentos destacados ocurrió el 28 de septiembre, cuando 10.183 drones formaron la imagen de un enorme dragón que parecía expulsar fuego. La figura permitió conseguir el reconocimiento Guinness a la mayor representación aérea de una criatura mitológica creada con drones.

La marca anterior pertenecía a una exhibición realizada en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, el 31 de diciembre de 2025, con 2.247 dispositivos. La nueva formación multiplicó por más de cuatro aquella cantidad.

El otro reconocimiento correspondió al mayor número de lanzamientos de drones durante una semana. Las empresas superaron el registro anterior de 55.939, establecido también en Estados Unidos.

Según informó Sky Elements, las presentaciones incluyeron seis espectáculos con aproximadamente 10.000 dispositivos y uno con 11.000. Esta última cifra fue presentada por la compañía como la mayor cantidad utilizada en una exhibición individual de este tipo en Estados Unidos, aunque no constituyó un tercer título Guinness.

Además del dragón, las imágenes representaron un águila, un león, un caballo alado, engranajes y escenas del espacio exterior. También aparecieron recreaciones del Arca de Noé, un agujero negro y objetos voladores no identificados.

Cómo lograron coordinar miles de dispositivos en el aire

La organización requirió un sistema de lanzamiento y recuperación capaz de operar repetidamente con miles de aeronaves pequeñas.

A diferencia de otros espectáculos, donde cada dispositivo se coloca manualmente sobre el terreno, la tecnología de Damoda utiliza bandejas especiales que permiten almacenar, distribuir y cargar los drones.

Cada aparato despega desde su ubicación asignada y regresa a ella después de completar la secuencia. Este mecanismo facilita la preparación de nuevas funciones y reduce parte del trabajo necesario entre presentaciones.

Las funciones tuvieron lugar en una granja situada en una zona poco poblada. Allí estuvo presente Michael Empric, adjudicador de Guinness World Records, encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

El clima añadió dificultades. Después de la primera presentación, realizada el 27 de septiembre, una fuerte tormenta amenazó con alterar el programa.

Empric describió el intento como uno de los más exigentes que le tocó supervisar por las condiciones meteorológicas y la necesidad de coordinar miles de aparatos en vuelos sucesivos.

Una competencia tecnológica que continúa creciendo

Para Sky Elements, los nuevos resultados representaron sus récords Guinness número 18 y 19, de acuerdo con la información difundida por la empresa. Entre sus antecedentes figuran exhibiciones que recrearon un pueblo de jengibre, personajes ficticios y un sombrero de vaquero, además de una animación aérea que se prolongó durante 30 minutos.

Rick Boss, director ejecutivo de Sky Elements, destacó que espectáculos de semejante magnitud habían estado asociados principalmente con producciones realizadas en Asia y Medio Oriente.

El empresario consideró que las presentaciones de Texas demostraron la capacidad de organizar funciones de gran escala en Estados Unidos y repetirlas durante varias jornadas.

El resultado también refleja la evolución de una industria que combina programación informática, coordinación aérea, iluminación y sistemas automatizados de recarga.

Más allá del impacto visual, los dos títulos oficiales reconocen aspectos diferentes: la cantidad acumulada de lanzamientos y el número de dispositivos utilizados para crear una figura específica.

El desafío consistió no solamente en mantener miles de luces sincronizadas, sino también en recuperar los equipos y prepararlos para volver a despegar.

La explicación no remite a tecnología antigravitatoria ni a alas ocultas. El prototipo reúne principios de aerodinámica, fricción, termodinámica y propulsión que existen desde hace décadas, aunque rara vez convivieron dentro de un vehículo de calle.

El planteo técnico se divide en dos sistemas. El primero permite que el vehículo aumente el agarre aun detenido, mediante ventiladores que extraen aire desde la zona inferior. El segundo expulsa aire comprimido por caños de escape o tubos para aportar empuje, elevar el chasis, corregir su posición y amortiguar el descenso. Cada recurso resuelve un problema físico distinto: uno multiplica la fuerza que presiona las ruedas contra el suelo; el otro aplica la tercera ley de Newton.

Tesla mostró el auto en un centro de ensayos de SpaceX y prometió comenzar su producción en 2028. La empresa prepara tres variantes: Performance, Thrust y Rocket.

Las dos primeras tendrán dos plazas; la última, reservada para invitados, tendrá un asiento y propulsores distribuidos alrededor de la carrocería. Tesla aclaró que Rocket no cuenta con autorización para circular en la vía pública, una limitación central ante cualquier expectativa sobre un automóvil capaz de despegar.

Los secretos del nuevo auto de Elon Musk

La clave para que un auto avance por una pared o permanezca boca abajo está en la diferencia de presión. La atmósfera ejerce una fuerza cercana a 10 toneladas por metro cuadrado sobre cualquier superficie expuesta.

Si los ventiladores reducen la presión debajo del chasis, el aire exterior empuja el vehículo hacia la pista. No existe una fuerza que “chupe” el auto: la presión superior lo aplasta contra el plano sobre el cual circula.

Tesla informó una carga de hasta 4.700 kilogramos y una fuerza de succión equivalente a dos veces la gravedad, o 2 G. Para alcanzar ese efecto no hace falta vaciar por completo el espacio inferior. Una caída de presión cercana al 4 % puede resultar suficiente, según las estimaciones técnicas que circularon tras el evento. El dato depende del área sellada bajo la carrocería y de la eficiencia de los ventiladores, dos cifras que la compañía no detalló.

La diferencia entre peso y carga aerodinámica resulta decisiva. El peso tira del coche hacia abajo por acción de la gravedad. La succión añade una fuerza dirigida hacia la superficie de apoyo, pero no aumenta la inercia del vehículo en la misma proporción.

Así, los neumáticos reciben más presión y disponen de mayor adherencia para acelerar, frenar o doblar. Un alerón tradicional genera una carga comparable solo a velocidades muy altas; los ventiladores la producen desde velocidad cero.

La adherencia depende del coeficiente de fricción entre goma y pavimento, multiplicado por la fuerza normal que aprieta la rueda contra el suelo. Tesla señaló un valor de 1,26 G para sus neumáticos. Con ese límite, un auto convencional no podría pasar de cero a 97 km/h en 0,81 segundos, incluso con potencia eléctrica ilimitada. El sistema de succión modifica la ecuación porque añade carga sobre los neumáticos y permite transmitir más fuerza sin patinar.

El concepto cuenta con precedentes conocidos. El Chaparral 2J, un vehículo de competición de 1970, usó ventiladores para crear vacío parcial bajo su carrocería. La categoría prohibió aquel diseño después de una breve aparición.

En 1978, el Brabham BT46B de Fórmula 1 ganó su única carrera con un ventilador trasero que aumentaba la carga aerodinámica. Más cerca en el tiempo, el McMurtry Spéirling completó una conducción invertida en 2025 mediante un sistema de extracción de aire.

En el Roadster, los ventiladores explicarían el tramo boca abajo de la exhibición. Si la succión alcanza 2 G y la gravedad resta 1 G, queda una fuerza neta equivalente a 1 G que presiona los neumáticos contra el techo.

Sobre una pared, esa carga permite que la fricción sostenga el auto y lo impulse hacia arriba. El sistema también favorece curvas rápidas, aunque la adherencia no crece de forma perfectamente proporcional: cada kilo extra de carga produce un beneficio menor sobre el neumático.

Tesla denomina a este dispositivo sistema de succión multimodo. La versión Performance lo incorpora sin propulsores; Thrust añade boquillas traseras para reforzar la aceleración.

La arquitectura exige un piso con sellado eficaz, ventiladores de alta capacidad y un control electrónico que ajuste la presión sin comprometer la estabilidad. Cualquier pérdida brusca de succión reduciría el agarre disponible, por lo cual sensores y programas de respuesta rápida adquieren una función tan importante como los componentes mecánicos.

Diez toberas convierten aire comprimido en un salto controlado

El salto y el giro requieren otro mecanismo. Tesla ubicó dos tanques de fibra de carbono con un volumen conjunto de 600 litros y cerca de 250 kilogramos de aire comprimido.

La presión mencionada durante la exhibición llegó a 380 bares, aunque cálculos basados en la masa y el volumen sugieren niveles cercanos a 450 bares cuando los depósitos están llenos. A esa densidad, el aire se aparta del comportamiento ideal que describen las fórmulas escolares.

Las diez boquillas funcionan como toberas de Laval, un diseño habitual en motores cohete y turbinas. El conducto se estrecha hasta una garganta donde el flujo alcanza Mach 1, la velocidad del sonido. Luego se ensancha y acelera el gas por encima de ese umbral. Las bandas visibles en el chorro durante la demostración, conocidas como diamantes de Mach, surgen de ondas de choque y expansiones sucesivas cuando el escape sale con una presión superior a la atmosférica.

Cada eyección aplica una reacción sobre el vehículo. El aire sale hacia atrás o hacia abajo; el Roadster recibe una fuerza en sentido contrario. Tesla mostró una cifra superior a 80 kilonewtons de empuje. Para acelerar de cero a 97 km/h en 0,81 segundos, un coche de alrededor de 1.800 kilogramos necesita cerca de 68 kilonewtons, equivalente a 3,4 G.

La magnitud anunciada permitiría alcanzar la promesa, siempre que neumáticos, succión, masa real y distribución de fuerza acompañen el cálculo.

“Básicamente puede volar como un cohete”, dijo Musk ante el público. “Puede hacer giros, hacer gimnasia de locos, lo que uno quiera, en realidad”. La frase describe una capacidad breve, no un vuelo sostenido. El aire almacenado ofrece un impulso limitado: con un consumo cercano a 120 kilogramos por segundo para mantener 80 kilonewtons, el tanque perdería gran parte de su reserva en menos de dos segundos durante una aceleración máxima.

La ecuación del cohete permite estimar el límite. Con una velocidad de salida ideal cercana a 670 metros por segundo, los 250 kilogramos de aire aportarían un cambio de velocidad de unos 87 metros por segundo. Ese presupuesto no convierte al auto en aeronave.

Mantenerse suspendido exige compensar la gravedad cada segundo, y la reserva podría sostener una flotación teórica inferior a nueve segundos. En condiciones reales, la expansión enfría el aire y reduce el rendimiento, por lo que el margen sería menor.

El vehículo tampoco depende de combustión. El humo blanco que apareció cerca del suelo responde a la expansión rápida del aire comprimido, que baja la temperatura y condensa humedad ambiental. El gas puede alcanzar temperaturas cercanas a -80 °C durante el escape. Tesla sostiene que los tanques admiten recarga sin combustible químico especial, una diferencia frente a los cohetes que combinan oxidantes y propelentes para obtener mucha más energía y autonomía.

El giro acrobático, bautizado kick flip por Lars Moravy, requiere que las toberas trabajen por pares. Unas generan torque sobre el eje longitudinal del vehículo; otras frenan la rotación para evitar que el chasis supere el ángulo previsto.

Una vuelta completa en 1,4 segundos deja poco margen para la reacción humana. Por ese motivo, el control debe recaer sobre una computadora capaz de medir orientación, velocidad angular, distancia al suelo y presión disponible en fracciones de segundo.

“Debo decir que este no es necesariamente un auto optimizado para la seguridad. Pero lleva el medidor de diversión a once sobre diez”, advirtió Musk. La declaración resume la distancia entre una exhibición controlada y la homologación de un producto para uso cotidiano.

Tesla no informó fechas para pruebas con conductores ni detalles sobre la regulación de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ante maniobras que separen el vehículo del suelo.

La empresa abrió reservas con depósitos de USD 50.000 para Performance y de USD 250.000 para Thrust. La versión Rocket queda fuera de la circulación pública y solo llegará por invitación.

Antes de las entregas previstas para 2028, Tesla deberá demostrar que sus cifras de empuje, aceleración y control se repiten fuera del espectáculo de McGregor, con sistemas capaces de operar bajo los requisitos de seguridad que exige un automóvil.

Texas tiene 19 millones de votantes registrados para los comicios de medio término. Pero las reglas para participar no son sencillas: los legisladores republicanos endurecieron los requisitos de identificación, el acceso al voto por correo y las condiciones para votar en persona, informó The Texas Tribune.

La votación anticipada se extiende del 19 al 30 de octubre y la jornada electoral está fijada para el 3 de noviembre. El padrón creció un 2% desde las primarias de marzo, cuando apenas uno de cada cuatro inscritos acudió a las urnas. En la elección general de 2024, la participación en el estado fue del 57%, siete puntos por debajo del promedio nacional del 64%, según datos de Ballotpedia, sitio de seguimiento electoral estadounidense.

Identificación requerida para votar en persona

La legislación texana exige presentar una identificación oficial con fotografía en la casilla. La norma nació en 2011, cuando el entonces gobernador Rick Perry firmó la ley que imponía ese requisito, pero tribunales federales bloquearon su aplicación al determinar que afectaba de manera desproporcionada a electores de comunidades de color con menor acceso a documentos oficiales.

En 2017, la Legislatura amplió la lista de credenciales aceptadas. Un tribunal de apelaciones revirtió al año siguiente la sentencia que había anulado la ley, al considerar que la versión ampliada ya no arrastraba la intención discriminatoria del texto original. Hoy, Texas es uno de los 24 estados que exigen identificación con fotografía, dentro de un grupo más amplio de los 36 estados que piden algún tipo de documento.

Las siete identificaciones válidas son: licencia de conducir de Texas, credencial de identificación electoral emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DPS), credencial de identificación personal del DPS, licencia para portar armas, pasaporte estadounidense, certificado de ciudadanía con foto y credencial militar con foto.

Quienes no cuenten con ninguna de esas credenciales pueden presentar otro comprobante —un recibo de servicios, un estado de cuenta bancario, un talón de nómina o cualquier documento gubernamental con nombre y dirección— junto con una declaración de impedimento razonable. Entre los motivos válidos figuran la falta de transporte, una discapacidad, la imposibilidad de obtener un certificado de nacimiento, compromisos laborales o familiares y el extravío del documento.

Si un elector olvida su identificación, puede emitir un voto provisional, que se contabiliza únicamente si acude a la oficina del registrador de votantes de su condado dentro de los seis días naturales posteriores a la jornada electoral.

Restricciones al voto por correo desde 2021

Texas limita el sufragio postal a personas mayores de 65 años, quienes padecen una enfermedad o discapacidad, quienes esperan dar a luz dentro de las tres semanas previas o posteriores a la elección, los ausentes del condado durante el período de votación, las personas bajo internamiento civil involuntario y los reclusos que no hayan perdido su derecho al voto por una condena firme por delito grave. La fecha límite para solicitar una boleta por correo para los comicios de noviembre es el 23 de octubre.

La ley de integridad electoral aprobada por los republicanos en 2021 endureció las condiciones: los solicitantes deben incluir un número de identificación —licencia de conducir o los últimos dígitos del Seguro Social— tanto en la solicitud como en la boleta, y ese dato tiene que coincidir con el registrado al momento de inscribirse, aunque esa inscripción se haya realizado años o décadas atrás.

En las primarias de marzo de 2022, más de 18.000 boletas postales fueron rechazadas, en su mayoría porque el número proporcionado no coincidía con los registros. “La gente no estaba familiarizada con el proceso. Eso supone una carga administrativa adicional en la que algunas personas quedan atrapadas”, señaló Daniel Griffith, director sénior de políticas de la Fundación Secure Democracy, en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.

Griffith indicó que los rechazos disminuyeron en los ciclos posteriores, aunque las cifras siguen por encima de los niveles previos a la reforma.

La misma legislación prohibió a los funcionarios electorales enviar solicitudes de boleta postal sin que el votante las requiera, eliminó los buzones de depósito previos al día de los comicios y restringió a cada condado a un único punto de entrega ubicado en la oficina electoral.

La eliminación del voto directo de partido y las urnas de 24 horas

Desde 2020, los texanos ya no pueden marcar una sola casilla para votar por todos los candidatos de un mismo partido. El cambio, según sus impulsores, fomentaría una decisión más informada por contienda. Los demócratas señalaron que apuntaba contra sus votantes, quienes utilizaban esa modalidad con mayor frecuencia: el voto directo de partido representó el 64% de los sufragios emitidos en los diez condados más poblados del estado en 2016. Solo seis estados del país conservan esa opción.

La reforma de 2021 también eliminó las urnas de 24 horas y el voto desde el automóvil, dos modalidades implementadas sobre todo en el condado de Harris —que incluye a Houston— durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

El estado más poblado sin inscripción de votantes por internet

Texas es el estado más poblado entre los siete que no ofrecen inscripción de votantes por internet. Un octavo estado, Dakota del Norte, directamente no requiere registro. En 2025, los legisladores celebraron la primera audiencia en una década sobre un proyecto para habilitar la inscripción digital, pero la propuesta no superó los plazos reglamentarios de comisión y no llegó a votarse en el pleno.

La única vía digital disponible es a través del DPS, exclusivamente para quienes renuevan su licencia de conducir o actualizan su dirección en línea, una opción habilitada en 2021 tras una demanda de votantes y organizaciones de derechos electorales.

Ese mecanismo, sin embargo, mostró fallas: se descubrió que el sistema del DPS no transfirió hasta 500.000 registros a los funcionarios electorales de los condados, que debieron procesar ese pendiente de forma urgente. Tanto la oficina del secretario de Estado como la Asociación de Funcionarios Electorales de los Condados de Texas informaron esta semana que ningún condado tiene solicitudes pendientes de ese lote.

Cómo localizar casillas y verificar la inscripción

Los 103 condados que participan en el Programa de Casillas a Nivel de Condado, creado en 2005, permiten a los votantes acudir a cualquier centro de votación dentro de su jurisdicción tanto durante el período anticipado como el día de la elección. En los 151 condados restantes, los electores solo podrán votar en la casilla asignada a su precinto el 3 de noviembre.

Los votantes con discapacidad o que no sepan leer o escribir pueden recibir asistencia de una persona de su elección, siempre que no esté vinculada a un empleador o sindicato. Las casillas también deben ofrecer votación desde la acera para personas con movilidad reducida.

El portal de la Secretaría de Estado de Texas permite verificar la inscripción, consultar las contiendas en la boleta y localizar los centros de votación.

El Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés) informó sobre el aseguramiento de alrededor de 1.54 toneladas de metanfetamina en el puerto de entrada de Laredo, Texas, en la frontera con México.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, el cargamento tendría un valor superior a 30 millones de dólares, lo que representa un importante golpe económico para la organización criminal que presuntamente intentaba introducir la droga a territorio estadounidense.

El aseguramiento fue realizado mediante un operativo en coordinación con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), luego de que las autoridades inspeccionaran un camión con remolque que transportaba el cargamento.

Según la información difundida por HSI a través de su cuenta oficial en X, los agentes localizaron 76 bolsas que contenían 3 mil 395.91 libras de presunta metanfetamina, equivalentes a aproximadamente 1.54 toneladas.

Las imágenes compartidas por la institución muestran que las bolsas utilizadas para ocultar la droga aparentaban ser costales de sal, algunos de ellos identificados como procedentes del estado mexicano de Colima.

La droga estaba oculta entre costales que aparentaban contener sal

El método utilizado para ocultar el cargamento permitió que la metanfetamina permaneciera dentro de un vehículo de transporte hasta que fue sometido a una inspección en el puerto fronterizo de Laredo.

HSI señaló que sus agentes trabajaron junto con personal de CBP para investigar el camión con remolque, donde finalmente fueron encontradas las 76 bolsas.

La dependencia estadounidense difundió fotografías del aseguramiento en las que se observan decenas de costales blancos acomodados en la zona de inspección, varios de ellos con referencias a sal de Colima.

El hallazgo representa uno de los decomisos recientes de droga registrados en este punto fronterizo, uno de los principales cruces entre México y Estados Unidos.

La autoridad no proporcionó en la información difundida detalles sobre la identidad de alguna persona detenida específicamente por este cargamento de metanfetamina ni precisó a qué organización criminal estaría relacionado.

Tampoco se dieron a conocer mayores detalles sobre el conductor del vehículo o sobre la ruta que habría seguido el tráiler antes de llegar al puerto de entrada de Laredo.

Antecedente: mexicana intentó ingresar con 21 kilos de cocaína

El aseguramiento de la metanfetamina se suma a otro caso registrado recientemente en el mismo puerto fronterizo, relacionado con el tráfico de cocaína desde México hacia Estados Unidos.

El pasado 7 de octubre, una mujer mexicana de 35 años fue arrestada después de que las autoridades estadounidenses localizaran 18 paquetes de cocaína con un valor estimado de 628 mil 400 dólares.

De acuerdo con el reporte, la droga tenía un peso aproximado de 21 kilogramos y estaba distribuida en paquetes conocidos como ladrillos, envueltos en plástico de color negro y blanco.

La mujer viajaba en un Nissan Rogue 2017 junto con un ciudadano estadounidense cuando el vehículo fue detenido para una inspección antes de cruzar hacia territorio estadounidense.

Durante la revisión, las autoridades localizaron los paquetes con la sustancia ilícita, por lo que la mujer fue arrestada.

Las autoridades estadounidenses han reforzado las inspecciones en los cruces fronterizos con México como parte de las acciones destinadas a detectar cargamentos de drogas que intentan ingresar a Estados Unidos.

El caso de la metanfetamina en Laredo destaca por el volumen del cargamento, pues las 3 mil 395.91 libras aseguradas equivalen a alrededor de 1.54 toneladas, mientras que HSI estimó su valor en más de 30 millones de dólares.

El decomiso se realizó en un punto estratégico de la frontera sur estadounidense, donde las autoridades mantienen revisiones de vehículos de carga y particulares que buscan ingresar al país.

Hasta el momento, la información difundida por HSI se concentra en el aseguramiento de la droga y en la coordinación con CBP para realizar la inspección del camión.

La dependencia no ha informado públicamente si existen personas detenidas por este decomiso, ni ha identificado a la organización criminal que estaría detrás del traslado de la metanfetamina.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Querétaro a Erick Eduardo Ríos Estrada, alias “El Trébol” o “Chilangolandia”, señalado como integrante de una célula criminal transnacional dedicada al trasiego de cocaína y metanfetamina desde México hacia Texas, Estados Unidos.

La captura se ejecutó mediante una orden de detención con fines de extradición, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) e Interpol México. El requerimiento proviene del Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas, que solicitó la entrega del detenido por su presunta participación en el tráfico binacional de narcóticos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República ejecutaron la orden en Querétaro

La SSPC y la FGR actuaron de manera coordinada en territorio queretano para cumplir la orden de detención. Ambas instituciones operaron a través de la AIC e Interpol México, instancia encargada de los procesos de cooperación policial internacional.

El intercambio de información con agencias de Estados Unidos permitió a los agentes mexicanos ubicar a Ríos Estrada en la capital del estado. A partir de ese dato, el equipo de investigación desplegó tareas de vigilancia en la zona.

Durante esas labores, los agentes identificaron los vehículos en los que se desplazaba el hombre conocido como “El Trébol”. Esa información resultó determinante para definir el punto exacto del operativo final.

Con los datos reunidos, las corporaciones desplegaron un operativo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro. En ese lugar, los agentes ubicaron al sujeto y cumplimentaron la orden de detención en su contra.

Al momento de la captura, a Ríos Estrada le fueron leídos sus derechos conforme a la ley mexicana. Posteriormente, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

El representante del Ministerio Público será la autoridad encargada de determinar la situación jurídica del detenido. Ese proceso definirá los pasos siguientes dentro del procedimiento de extradición solicitado por Estados Unidos.

El Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas reclama a Erick Eduardo Ríos Estrada por narcotráfico

El requerimiento judicial contra el detenido proviene de manera específica del Tribunal Federal de Distrito Sur de Texas. Esa instancia es la que solicitó formalmente la orden de detención con fines de extradición en su contra.

De acuerdo con la información oficial, Ríos Estrada forma parte de una célula criminal transnacional dedicada al trasiego de drogas. La estructura opera de manera específica con cocaína y metanfetamina entre territorio mexicano y el estado de Texas.

Los alias “El Trébol” y “Chilangolandia” aparecen vinculados al detenido dentro del reporte de las autoridades mexicanas. El comunicado no precisó cuál de los dos apodos utiliza con mayor frecuencia dentro de la organización.

El documento oficial tampoco detalló el número de integrantes que conforman la célula señalada. Se desconoce además el tiempo que Ríos Estrada habría permanecido activo dentro de esa estructura delictiva.

La solicitud de extradición se enmarca en los mecanismos legales previstos entre México y Estados Unidos para perseguir delitos transnacionales. Ese tipo de procedimientos requiere la validación de un juez mexicano antes de concretarse cualquier entrega.

Mientras avanza el proceso judicial, Ríos Estrada permanece bajo la jurisdicción de las autoridades mexicanas. Será un juez quien resuelva, en etapas posteriores, si procede su entrega al tribunal texano.

La cooperación entre México y Estados Unidos debilita una célula dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina

La detención se originó a partir del intercambio de información entre agencias mexicanas y autoridades estadounidenses. Ese intercambio permitió ubicar la zona de movimiento de Ríos Estrada antes de concretar el operativo.

Según el reporte oficial, con esta acción las instituciones del Gabinete de Seguridad debilitan las estructuras operativas de una organización criminal transnacional. El documento destaca además el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional contra el crimen organizado.

La captura se suma a la estrategia de colaboración binacional orientada a enfrentar el tráfico de cocaína y metanfetamina entre México y Estados Unidos. Ese esquema involucra de manera directa a instituciones como la SSPC, la FGR y las autoridades estadounidenses.

La AIC e Interpol México funcionan como los canales operativos para este tipo de requerimientos internacionales. Ambas instancias participan de forma habitual en la ejecución de órdenes de detención con fines de extradición.

El caso de Erick Eduardo Ríos Estrada ilustra el tipo de operativos que derivan del intercambio constante de información entre agencias de seguridad de ambos países. Ese flujo de datos resulta determinante para la localización de personas requeridas por tribunales estadounidenses.

Las autoridades mexicanas no informaron si existen otros integrantes de la célula bajo investigación en este momento. Tampoco se dieron a conocer detalles adicionales sobre el estado procesal más allá de la puesta a disposición del Ministerio Público.

El uso de dos alias por parte del detenido, “El Trébol” y “Chilangolandia”, sugiere una trayectoria previa dentro de la organización señalada. Ese tipo de apodos suele emplearse en estructuras delictivas para dificultar la identificación de sus integrantes.

La detención de Ríos Estrada representa un avance puntual dentro de las investigaciones binacionales sobre el trasiego de drogas hacia territorio texano. El caso continúa su curso dentro del sistema de justicia mexicano, a la espera de las determinaciones que correspondan.

La resolución final sobre la extradición dependerá de las siguientes etapas del proceso legal mexicano. Hasta el momento, no se ha informado una fecha para la siguiente audiencia relacionada con el caso.

Dorian y Tiffany Ojemen pasaron casi dos semanas sin poder cargar a sus gemelos. Los veían a través del acrílico, les acariciaban las manos por las aberturas de la incubadora y escuchaban el pitido constante de los monitores en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Hasta que el equipo médico les presentó una incubadora portátil llamada Skincubator, un dispositivo que les permitió sostener a los recién nacidos piel con piel sin desconectarlos de los equipos de soporte vital.

Silas y Simone nacieron el 7 de agosto a las 26 semanas de gestación, cuando el embarazo de Tiffany apenas superaba los seis meses. El Children’s Memorial Hermann Hospital de Houston fue el centro que incorporó el Skincubator a sus protocolos y Dorian se convirtió en el primer padre en Texas en utilizar el dispositivo.

La experiencia de la familia Ojemen puso a prueba una tecnología diseñada para resolver uno de los obstáculos más frecuentes en las unidades neonatales: el temor de los padres a manipular a recién nacidos rodeados de tubos, vías y cables.

Cómo funciona el Skincubator y qué lo diferencia de las incubadoras tradicionales

El Skincubator es un arnés que se coloca sobre el pecho del padre o la madre y sostiene al bebé en posición vertical, con su cuerpo en contacto directo con la piel del adulto. Su diseño fija las conexiones médicas —tubo de respiración, vías de medicación y monitores cardíacos— dentro de la estructura del dispositivo, de modo que nada se desplace mientras el recién nacido permanece sobre el pecho de su progenitor.

Esa característica marca la diferencia con el procedimiento habitual en las unidades neonatales. Sin el dispositivo, cada sesión de contacto piel con piel exige que el personal de enfermería traslade al bebé con sus conexiones y las organice manualmente sobre el cuerpo del adulto, un proceso que genera ansiedad en las familias. El Skincubator elimina esa complejidad: los padres pueden concentrarse en el vínculo con sus hijos sin preocuparse por el equipo médico.

Según un estudio publicado en el American Journal of Perinatology, el dispositivo mantiene una temperatura y una humedad estables mediante mecanismos de reflexión y conducción térmica que aprovechan el calor corporal del bebé y del cuidador. El ensayo, realizado con 19 recién nacidos prematuros de entre 24 y 33 semanas de gestación, comparó 54 sesiones pareadas de Skincubator y contacto piel con piel tradicional: la caída de temperatura tras la transferencia al dispositivo fue de 0,2 °C, frente a 0,4 °C en el método convencional.

Además, ningún bebé presentó hipotermia moderada durante el uso del Skincubator, mientras que ocho la experimentaron con el contacto piel con piel habitual.

La primera semana de vida es crítica para el contacto piel con piel

La Dra. Jaclyn Ruggiero, integrante del equipo médico del Children’s Memorial Hermann Hospital, explicó, en declaraciones recogidas por un informe de Telemundo, que los primeros siete días de vida son determinantes para que los recién nacidos prematuros estén en contacto con el cuerpo de sus padres.

“Es esa primera semana, como los primeros siete días de vida, la que es absolutamente crítica para que estén sobre sus padres, con sus padres, en contacto piel con piel”, señaló la profesional.

Según la especialista, la ansiedad que sienten las familias al cargar a un bebé que aún depende de un tubo de respiración o de múltiples vías para medicación y líquidos constituye una barrera frecuente. La profesional describió que, al ofrecer el dispositivo y explicar que todas las conexiones quedan aseguradas, la respuesta de los padres fue inmediata: “La mayoría de las personas han dicho: ‘Suena genial. Quiero probarlo’”.

El contacto directo con el cuerpo del progenitor ayuda a estabilizar las funciones vitales del bebé

Tiffany Ojemen, obstetra y ginecóloga, explicó, según el mismo medio, que sostener a los bebés piel con piel ayuda a regular su ritmo cardíaco, favorece su relajación y refuerza el lazo afectivo entre padres e hijos. Esa práctica, conocida como cuidado canguro, busca estabilizar la temperatura, la respiración y la frecuencia cardíaca de los recién nacidos prematuros mediante el contacto con la piel del adulto.

“Siento que realmente me ha ayudado a sentirme muy conectada con los bebés, porque puedo sostenerlos durante períodos prolongados, mientras que antes no lo hacía durante tanto tiempo”, compartió la madre.

Dorian Ojemen reconoció que al principio sentía temor. “Estaba muy nervioso porque son muy pequeños y tenía miedo de hacer piel con piel porque no sabía lo vulnerables que serían”, expresó el padre en declaraciones a FOX 26 Houston. Sin embargo, cuando le informaron que existía una forma segura de tenerlos cerca, dijo haberse sentido entusiasmado con la oportunidad. “Creo que hace que la parte poco natural de esto vuelva a sentirse natural”, afirmó.

Un dispositivo israelí con reconocimiento de la FDA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ocho horas diarias de contacto piel con piel para los recién nacidos, pero según Skincubator Neocare, la mayoría de los bebés en unidades neonatales del mundo reciben apenas 30 minutos o menos.

La empresa fue fundada en 2022 en Jerusalén, Israel, a partir de la investigación del neonatólogo Itamar Nitzan sobre la función cardíaca de prematuros. En enero de 2026, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) le otorgó la designación de dispositivo innovador, un programa que agiliza la revisión de tecnologías destinadas a tratar afecciones potencialmente mortales o que causan discapacidad irreversible.

Con esa designación, el Skincubator avanza hacia el objetivo que su equipo definió desde el inicio: que la distancia entre una incubadora y el pecho de un padre deje de ser un obstáculo clínico para los recién nacidos que más necesitan ese contacto.

Cinco colegios comunitarios de Texas recibieron la aprobación del Departamento de Educación de Estados Unidos para ofrecer las nuevas becas Workforce Pell. El programa federal permite por primera vez que estudiantes de bajos ingresos usen becas para capacitaciones laborales cortas en oficios de alta demanda. Los beneficiarios pueden recibir un promedio de USD 1.700 que no deben devolver.

Los cursos aprobados abarcan áreas como salud, manufactura, energía y construcción, y pueden durar tan solo ocho semanas. Texas se convirtió en uno de los primeros cuatro estados —junto con Iowa, Indiana y Nebraska— donde funcionan estos programas con financiamiento federal, según informó The Texas Tribune.

Nueve programas en cinco instituciones ya aceptan la ayuda federal

Las instituciones habilitadas y sus programas son:

• Kilgore College (este de Texas): técnico de líneas eléctricas, técnico de flebotomía y técnico de farmacia.
• Weatherford College (norte de Texas): climatización (HVAC), maquinado básico y maquinado avanzado (CNC).
• Central Texas College: técnico de farmacia.
• Texas Southmost College: soldadura estructural (SMAW).
• San Jacinto College: técnico de flebotomía.

“Esto fue un verdadero cambio de paradigma en la educación superior”, afirmó Tod Allen Farmer, presidente del Weatherford College, en declaraciones recogidas por The Texas Tribune. “Va a permitir que un grupo completamente nuevo de ciudadanos acceda a la educación superior, personas que nunca antes habían podido pagarla”, agregó.

El programa nació de la ley presupuestaria firmada por Trump en 2025

La Workforce Pell surgió de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act (Working Families Tax Cuts Act), firmada por el presidente Donald Trump el año pasado. La norma amplió la elegibilidad de las tradicionales becas Pell Grant —reservadas durante décadas a programas de grado universitario— para cubrir también capacitaciones laborales de corta duración.

El Departamento de Educación publicó la regulación final el 19 de mayo de 2026 y el programa entró en vigor el 1 de julio. Desde entonces, las autoridades federales aprueban instituciones de forma continua a medida que estas demuestran cumplir los requisitos.

Los programas deben graduar y emplear al menos al 70% de sus alumnos

Para obtener la certificación federal, cada programa debe operar en un campo de alta demanda laboral y salarios competitivos. Además, necesita acreditar que al menos el 70% de sus estudiantes completa la formación y que otro 70% consigue empleo dentro de los seis meses posteriores a la graduación.

En Texas, la Junta Coordinadora de Educación Superior (THECB, por sus siglas en inglés) actúa como filtro estatal: evalúa las solicitudes, verifica el cumplimiento de los criterios y eleva las candidaturas al gobierno federal para la aprobación definitiva. David Troutman, subcomisionado de la agencia, indicó ante legisladores estatales en agosto que el organismo postuló al menos 12 programas ante las autoridades federales.

Las becas Pell sostienen a uno de cada tres universitarios en Texas

Las becas Pell no requieren reembolso y suelen beneficiar a familias con ingresos anuales inferiores a USD 50.000. En Texas, al menos uno de cada tres estudiantes universitarios dependió de esta ayuda durante más de una década, según datos del Tribune. Hasta ahora, la beca solo cubría carreras de dos o cuatro años.

A diferencia del esquema tradicional, la modalidad Workforce Pell también podría alcanzar a personas que ya cuentan con un título de grado, según indicó el Weatherford College en su sitio web institucional.

Cómo solicitar la Workforce Pell en Texas

Los interesados deben completar el formulario federal de ayuda financiera estudiantil (FAFSA) y estar inscritos en uno de los programas aprobados. Si cumplen los requisitos de elegibilidad, recibirán la beca, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Educación.

El gobernador Greg Abbott también anunció que un consorcio de colegios comunitarios liderado por el Alamo Colleges District recibió una subvención de USD 10,4 millones del Departamento de Trabajo federal para fortalecer los programas elegibles durante los próximos cuatro años. Se espera que la iniciativa beneficie a 22.000 estudiantes.

Casi la mitad de los hospitales sin fines de lucro de Texas puede enviar una factura antes de comprobar si el paciente tiene derecho a atención gratuita o con descuento.

La práctica persiste pese a que casi todos cuentan con herramientas para hacer esa verificación de forma automática y, en la mayoría de los casos, tampoco garantiza la devolución íntegra de lo que el paciente pagó antes de recibir la ayuda.

Un análisis de Tradeoffs sobre las políticas de asistencia financiera de los 166 hospitales generales y pediátricos sin fines de lucro del estado encontró que el 44% puede facturar antes de evaluar la ayuda económica.

El problema no es la falta de mecanismos: casi todas esas instituciones pueden identificar de manera proactiva a pacientes elegibles y reducir o eliminar sus saldos.

Ese contraste explica el debate. Los hospitales ofrecen atención de caridad, pero suelen activarla tras facturar, iniciar un plan de pagos o acercarse al cobro. Para quienes la desconocen, el orden puede generar una deuda evitable.

La detección automática existe, pero no siempre se aplica antes de facturar

La elegibilidad presunta infiere, con datos de ingresos o participación en programas públicos, que una persona cumple requisitos para atención gratuita o rebajada sin solicitud extensa ni documentos financieros. Cada hospital decide en gran medida su alcance y uso.

El relevamiento determinó que el 44% de los hospitales puede enviar facturas antes de evaluar si el paciente reúne los requisitos para atención de caridad o descuentos.

Memorial Hermann es el único sistema con una política escrita que ordena revisar y reducir o cancelar el saldo antes de facturar.

Otro 41% prevé la evaluación antes de derivar una cuenta impaga a cobranzas o de adoptar acciones extraordinarias, como embargar salarios, imponer gravámenes sobre bienes o negar atención futura por falta de pago. Esto deja margen para que una factura sea enviada mucho antes de que se determine si el paciente podía recibir ayuda.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida por sus siglas en inglés como ACA, incorporó límites a las prácticas agresivas de cobro de los hospitales sin fines de lucro.

Estas instituciones deben realizar esfuerzos razonables para establecer si un paciente reúne las condiciones para recibir asistencia financiera antes de ciertas medidas de cobro.

La elegibilidad presunta es una de las vías que pueden usar para cumplir con esa obligación, aunque la norma no fija un momento uniforme para aplicarla.

A escala nacional, alrededor del 90% de los hospitales sin fines de lucro informó en 2022 que podía identificar automáticamente a pacientes elegibles, frente al 72% registrado seis años antes, de acuerdo con un análisis de datos federales de RTI International para Tradeoffs.

En Texas, Covenant Health, que opera cinco hospitales en Lubbock, fue el único sistema que dijo no usar esa opción, aunque su propia política la contempla. Su portavoz, Ainsley Nelson, atribuyó esa decisión a requisitos regulatorios y complejidades administrativas.

Los requisitos de una solicitud convencional pueden explicar por qué el mecanismo automático importa. Los pacientes pueden tener que entregar extractos bancarios, recibos de sueldo, información sobre préstamos de vehículos, cuentas de jubilación e incluso documentos de divorcio.

El economista de la Universidad de Stanford Neale Mahoney, especializado en deuda médica, comparó el proceso con una auditoría fiscal y sostuvo que el sistema actual está roto.

Facturar primero puede empujar a los pacientes a pagar una deuda que no debían

Aimee Carlock tuvo que reunir USD 5.500 antes de que Texas Health Resources programara una cirugía para tratar dolor intenso y sangrado uterino, en agosto de 2025.

La trabajadora independiente de limpieza doméstica, que entonces tenía 35 años, pidió dinero a una amiga y a sus padres porque no disponía de esa suma.

Después de la intervención descubrió que reunía los requisitos para recibir asistencia financiera y que la atención debía ser gratuita.

El sistema eliminó el saldo restante de su cuenta, pero no le devolvió los USD 5.500 pagados por adelantado. La política de Texas Health Resources contempla reintegros solo por importes que superen lo que el hospital suele cobrar a una persona con seguro, el mínimo exigido por las normas federales en determinados casos.

El caso ilustra la consecuencia de conceder el alivio cuando el pago ya se produjo. Carlock estuvo sin trabajar gran parte de 2026 por sus problemas de salud, solicitó préstamos para alimentos y servicios públicos y pidió asistencia alimentaria. “Solo estoy tratando de volver a ponerme de pie”, dijo a Tradeoffs. “Pero es muy difícil”.

Pagar antes de recibir ayuda: sin garantía de reintegro

La política de reembolsos no es una excepción aislada. Solo 10 de los 166 hospitales analizados garantizan un reintegro completo a quienes pagaron antes de que se les reconociera la asistencia financiera.

Cerca de dos tercios de las instituciones indican que no devolverán la totalidad del dinero en esas circunstancias. La obligación federal de reembolsar importes por encima de los cargos habituales para pacientes asegurados no cubre necesariamente a quienes reciben ayuda mediante elegibilidad presunta.

La investigación también detectó fallas en la comunicación. Alrededor del 40% de las políticas prevé que el paciente no sea informado cuando su deuda se elimina automáticamente; solo el 8% exige notificarlo y las restantes no precisan qué debe hacerse.

Las normas de CommonSpirit Health para sus hospitales del sudeste texano señalan que los pacientes no recibirán comunicación sobre esa decisión. La organización rechazó una entrevista.

Para Erin Fuse Brown, profesora de la Universidad Brown que estudia la deuda médica, la falta de aviso priva a las personas de saber que ya no tienen que reservar dinero para una cuenta pendiente.

Estudios citados por Tradeoffs señalan, además, que las personas con deudas médicas tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de posponer atención física y de salud mental.

Consecuencias sanitarias y financieras de la demora en otorgar ayuda

La demora también afecta las finanzas. Una investigación citada por Tradeoffs concluyó que recibir asistencia en las semanas posteriores a la atención aumentó las probabilidades de diagnóstico y tratamiento de depresión y diabetes, y de asistir a controles posteriores. Otro estudio sobre deudas canceladas meses o años después no halló esos beneficios.

Ray Kluender, profesor asociado de la Universidad de Harvard y participante en ambas investigaciones, resumió la diferencia: “El momento en que un hospital proporciona asistencia financiera es extraordinariamente importante”.

Algunos sistemas sostienen que sus prácticas superan lo que está escrito. Portavoces de AdventHealth y Houston Methodist dijeron que evalúan a algunos pacientes antes de facturarles, aunque sus políticas no imponen ese requisito.

En cambio, Memorial Hermann afirma en sus normas que sus hospitales deben revisar la asistencia financiera antes de enviar una factura.

La experiencia de Becca Wahl muestra el efecto de conocer el programa. La instructora de yoga, sin seguro médico, recibió una cuenta de USD 38.000 tras ser atendida por una conmoción cerebral en el Memorial Hermann Katy Hospital, luego de desmayarse en un Walmart.

El hospital ajustó el monto a USD 11.000 y le ofreció un plan de pagos de USD 1.000 mensuales. Tras solicitar ayuda con apoyo de la organización Dollar For, el sistema eliminó la deuda una semana después.

Texas debate nuevas reglas mientras otros estados adelantan la evaluación

La deuda médica alcanza a unos 100 millones de adultos en Estados Unidos, según KFF Health News. Incluye deudas con hospitales y médicos, préstamos familiares, tarjetas y bancos para costear atención. Puede llevar a posponer la jubilación, aceptar empleos adicionales o reducir gastos en alimentos y atención médica.

Los hospitales sin fines de lucro reciben exenciones fiscales a cambio de beneficios comunitarios, como asistencia financiera.

Texas exige desde hace décadas que cumplan una de varias metas, entre ellas destinar al menos 4 % de sus ingresos anuales por pacientes a atención de caridad.

Estudios sobre ese sistema arrojaron resultados dispares: algunos hospitales ampliaron la ayuda; otros redujeron ese gasto u otros servicios comunitarios.

La Asociación de Hospitales de Texas defiende las evaluaciones automáticas, aunque advierte que pueden ser imprecisas.

Su vicepresidenta de políticas, Anna Stelter, dijo que los centros deben comprobar si el paciente puede acceder a Medicaid o subvenciones que cubran los gastos.

Añadió que otorgar ayuda antes de facturar puede trasladar a los hospitales parte del costo de los deducibles.

Para julio de 2027, California, Delaware, Illinois, Maryland, Carolina del Norte y Oregón exigirán elegibilidad presunta para determinados pacientes.

Oregón exigió desde julio de 2024 evaluaciones previas para personas sin seguro, inscritas en Medicaid o con deudas superiores a USD 500; en 2026, elevó el umbral a USD 1.500 por dudas sobre la precisión de las herramientas y su efecto financiero.

En el primer año completo de la norma, los hospitales de Oregón más que duplicaron en promedio la atención de caridad, según un análisis de datos de Medicare de cerca de dos tercios de los centros.

En OHSU Hospital de Portland, los pacientes con ayuda financiera pasaron de 12 % antes de la ley a 64 %.

El representante estatal Tom Oliverson, médico republicano, propuso en 2025 que los hospitales sin fines de lucro de Texas identificaran a pacientes elegibles y les otorgaran ayuda antes de facturar, bajo sanciones.

El proyecto no avanzó. Oliverson dijo que lo presentará otra vez en 2027, con una exención para hospitales que ya atienden a una mayor proporción de pacientes de bajos ingresos.

Una agente penitenciaria de 18 años en el condado de Bexar, Texas, fue despedida tras publicar en redes sociales una serie de fotografías en las que posó en uniforme junto a reclusas dentro del centro de detención, mientras realizaba gestos obscenos frente a la cámara.

El caso generó críticas por la conducta de la entonces empleada y por las dudas sobre los controles dentro de una instalación destinada a mantener bajo custodia a personas detenidas, según detallaron medios locales como KSAT.

Karla Beltran había ingresado a la Oficina del Sheriff del condado de Bexar (BCSO) el 1 de julio y llevaba poco más de 100 días en funciones cuando fue cesada el lunes 12 de octubre bajo la figura de “despido probatorio”.

Su salida se produjo mientras aún se encontraba en la etapa inicial de su vínculo laboral con la dependencia, período en el que los nuevos integrantes deben demostrar que cumplen con las normas y responsabilidades del puesto.

Las imágenes, que se viralizaron en plataformas digitales, la muestran sentada frente a una ventana que da a un área de detención de mujeres, sonriendo y haciendo señas junto a las internas que se observaban del otro lado del vidrio.

La difusión de las fotografías llamó la atención de usuarios y le llegó a las autoridades de la oficina del sheriff, que posteriormente confirmaron la desvinculación de la agente.

En una de las fotografías, la efectiva apareció haciendo una mueca con los labios y levantando ambas manos con el signo de la paz, mientras dos reclusas detrás del cristal replicaron la pose.

En otra imagen, Beltran sacó la lengua y levantó ambos dedos medios hacia la cámara, gesto que una de las internas también imita desde el interior del módulo. Las escenas fueron cuestionadas por mostrar una interacción informal e inapropiada entre una funcionaria penitenciaria uniformada y personas que se encuentran bajo custodia.

Las fotos fueron tomadas mientras Beltran vestía su uniforme oficial

Lo que convirtió las imágenes en un escándalo interno fue el hecho de que la agente llevaba puesto su uniforme reglamentario de la BCSO al momento de posar con las detenidas bajo su custodia.

La oficina del sheriff confirmó el despido al medio local News 4 San Antonio, aunque no especificó quién tomó las fotografías ni cómo fue posible capturarlas dentro de las instalaciones del centro de detención. Tampoco se conocieron públicamente detalles sobre el dispositivo utilizado para registrar las imágenes o sobre las normas internas que podrían haber sido vulneradas.

El sheriff calificó la conducta como una “horrible decisión”, según informó CBS 6. La dependencia indicó que se encuentra en curso una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron las tomas y si alguna otra persona estuvo involucrada.

Dicha revisión busca establecer si hubo fallas en los protocolos de supervisión, si existió participación de otros empleados o si las internas tuvieron acceso a medios no autorizados para intervenir en la realización de las fotografías.

Beltran no contaba con licencia de agente de paz

La BCSO precisó que Beltran no poseía una licencia de oficial de paz al momento del despido. Como cadete recién contratada, la ayudante fue evaluada durante meses respecto a su conducta, disciplina, adaptación a las normas de seguridad y capacidad para desempeñar las funciones asignadas.

Bajo las reglas de la Comisión de Servicio Civil del condado de Bexar, los empleados en período de prueba pueden ser cesados de forma inmediata si no cumplen con los estándares de conducta o las expectativas del cargo, sin derecho a apelar la decisión.

Esta condición permitió que la oficina del sheriff avanzara con el despido bajo el régimen probatorio, sin que se informaran instancias adicionales de revisión administrativa vinculadas con el caso.

No se presentaron cargos penales contra la exagente

Hasta la tarde del miércoles, la oficina del sheriff confirmó que no existían cargos penales pendientes contra Beltran en relación con el incidente.

No obstante, la investigación interna continúa abierta para esclarecer los detalles operativos que permitieron la toma de las fotografías dentro de una instalación de seguridad y para determinar si corresponde adoptar medidas adicionales contra otras personas que pudieran haber participado o facilitado la situación.

Emanuel Vaquero Navarrete volará a San Antonio, Texas para enfrentar al estadounidense, O’Shaquie Foster, por la unificación de los campeonatos superpluma en el boxeo profesional desde el Frost Bank Center (o Alamodome), el sábado 24 de octubre.

El boxeador mexicano expondrá los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que su rival, O’Shaquie Foster, apostará la foja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría con límite de 130 libras.

Vaquero Navarrete admite que esta confrontación es una de las más importantes de su carrera, pero en una grabación publicada en sus redes sociales, advirtió a O’Shaquie Foster que hará el viaje a Estados Unidos con el propósito de unificar los títulos mundiales del peso superpluma.

“Nos vemos este 24 de octubre ya básicamente está completada la pelea, en San Antonio, Texas estaremos unificando los títulos mundiales de la OMB, FIB y CMB que ostenta ahora O’Shaquie Foster, muchas gracias por el apoyo”, compartió Emanuel Navarrete.

Además de los cinturones previamente mencionados, el título The Ring también quedará a merced del pugilista que resulte ganador de la pelea en San Antonio, Texas en virtud de ser los dos mejores peleadores de la clasificación: El Vaquero está en la cima del la clasificatoria del peso superpluma.

Para el orgullo del Estado de México tener tres cinturones de las 130 libras le abre paso a la búsqueda de convertirse en campeón unificado, pero reconoce que, primeramente, necesita derrotar a O’Shaquie Foster y luego pensar en esa posibilidad histórica.

“Ya encarrerados con esta parte de las unificaciones sería más fácil y viable tener acceso al cuarto título, pero es un proceso medio cmplicado. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas con (O’Shaquie) Foster y posteriormente analizaremos bien si se puede o no ir por el título”, dijo en entrevista con ESPN.

Despojar a Foster del campeonato CMB, podría consagrar a Emanuel Navarrete en la división superpluma a sus 31 años de edad, tras coronarse campeón en tres categorías:

El Vaquero Navarrete tocó la gloria en el peso supergallo al conseguir el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cual defendió entre 2018 y 2020.

Luego, el púgil mexicano se adjudicó la foja del peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la mantuvo mediante defensas exitosas entre 2020 y 2023.

Posteriormente, Navarrete incursionó en los superpluma y obtuvo el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en 2023 y sumó el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) este año al derrotar al mexicano, Eduardo Sugar Núñez, el 28 de febrero por nocaut técnico.

O’Shaquie Foster caliente la pelea contra Emanuel Navarrete

El Vaquero es dueño de dos de los tres campeonato que pertenecen al peso superpluma. Su misión es arrebatar el cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a O’Shaquie Foster, quien afirmó que el mexicano no se ha enfrentado a nadie que esté a su “nivel o calibre”.

“He peleado contra muchos mexicanos: altos, bajos, peleadores que presionan... pero él (Vaquero Navarrete), en toda su carrera, no se ha enfrentado a nadie de mi nivel o calibre, punto”, dijo el portador del título superpluma de la CMB en entrevista con Fight Hub TV.

“O sea, no pueden señalarme ni una sola vez en la que se haya enfrentado a un boxeador de élite que sepa hacer de todo, ¿sabes? Un peleador moreno, ¿entiendes a lo que me refiero? Ha evitado a ese tipo de rivales y creo que los han evitado por una razón: porque, como dijiste, esos uppercuts largos y ciertas cosas que él hace en el ring, simplemente no funcionan contra ciertos oponentes", agregó O’Shaquie Foster.

Vaquero anticipa una pelea complicada y promete imponer el ritmo desde el primer asalto

Emanuel Navarrete acepta que será difícil combatir contra un rival que busque la mayoría de puntos en las tarjetas de los jueces y evite el intercambio de golpes. El mexicano asegura que saldrá al frente desde que suene la campana, dispuesto a soportar el castigo necesario para obligar a O’Shaquie Foster a pelear e imponer su propio ritmo.

“Es difícil pegarle a alguien que no quiere pelear. Es difícil de repente pelear solamente uno mismo, pues la pelea siempre depende de dos peleadores. Voy a intentar ir adelante, voy a intentar soportar todo el castigo que tenga que soportar”, declaró en conferencia de prensa.

“Admito que va a ser complicado, ¿no? De repente, si él (Foster) no viene a combatir, si él trata de ganar por puntos, de una pelea fácil, una pelea sin complicársela tanto, vamos a tratar de obligarlo a pelear, vamos a ir a, a poner la cara en frente para que nos golpee y también intentar golpearlo".

“Va a ser una pelea un poco complicada, va a ser muy difícil, pero sin embargo, estoy con la mentalidad de venir a proponer combate desde el primer episodio, a intentar conectar mis, mis golpes e imponer el ritmo de la pelea”, agregó Emanuel Vaquero Navarrete.

Récord del Vaquero Navarrete en el box profesional

El mexicano, Emanuel Navarrete, cuenta con una marca de 40 victorias (33 por la vía rápida y 7 por decisión), un empate, dos derrotas y un combate sin resultado contra Charly Suárez por un corte sobre la ceja izquierda del Vaquero que lo dejó fuera de combate y en su momento él ganó la pelea al depender de las tarjetas.

Sin embargo, la Comisión Atlética de California cambió el fallo inicial a sin decisión. Surgieron videos que mostraron que el corte habría sido provocado por un golpe legal de Charly Suárez y si esa determinación se hubiera dado durante la pelea, el filipino habría ganado por nocaut técnico,

Ante el error en la decisión original, la Comisión anuló el triunfo del Vaquero Navarrete y ordenó que la confrontación no contara para ninguno de los dos récords. La OMB también pidió una revancha inmediata, misma que aún no se realiza.

Su siguiente pelea será contra el estadounidenose, O’Shaquie Foster, por la unificación de los títulos superpluma en San Antonio, Texas. La pelea en Aladome se desarrollará el sábado 24 de octubre alrededor de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

Dos meses después del incendio de una casa rodante en el condado de Liberty, Texas, que costó la vida a dos niños pequeños, sus padres fueron arrestados y enfrentan dos cargos de homicidio doloso cada uno, según informó la Oficina del Mariscal de Incendios del condado, citada por ABC13 News.

Padres arrestados dos meses después del incendio

Matthew Allen Chambers, de 39 años, y Meaghan Michelle Herrod, de 30, fueron detenidos el viernes 9 de octubre sin incidentes y trasladados a la cárcel del condado de Liberty. La tragedia ocurrió el 11 de agosto, cuando bomberos del Departamento de Bomberos de Cleveland respondieron a una llamada de emergencia cerca de County Road 3819 y la Autopista 59 Sur. Al llegar, encontraron la casa rodante completamente en llamas.

Tras sofocar el incendio, los rescatistas hallaron dentro del vehículo los cuerpos de una niña de 3 años y un niño de 4 años. El abuelo de los pequeños confirmó a ABC13 que eran hermanos. La propiedad albergaba varias casas rodantes y viviendas móviles donde residían familiares y amigos de la familia.

La llamada de emergencia que activó el operativo advirtió que había personas posiblemente atrapadas dentro del vehículo. Al arribar, los bomberos hallaron la estructura completamente envuelta en llamas y con signos de colapso inminente, pero aún así ingresaron. Los cuerpos de los niños fueron trasladados a la Oficina del Médico Forense del condado de Jefferson, donde se realizaron autopsias para determinar las causas de muerte.

En el momento del siniestro, los equipos de emergencia no encontraron a los padres en el lugar. Las autoridades trabajaron durante semanas para determinar su paradero exacto y su responsabilidad en los hechos. El jefe de bomberos de Cleveland, Sean Anderson, declaró que ambos “estaban en el área del incendio en ese momento”, aunque precisó que esa circunstancia formaba parte de la investigación.

Antecedentes penales de Chambers por poner en peligro a un menor

La investigación conjunta de la Oficina del Mariscal de Incendios, la Oficina del Sheriff y la Fiscalía del Distrito del condado de Liberty derivó en los cargos de homicidio doloso. “Durante el curso de la investigación en la escena y las entrevistas posteriores, la información recabada llevó a que los padres fueran imputados por homicidio doloso, dos cargos cada uno”, indicó la Oficina del Mariscal de Incendios en un comunicado citado por ABC13.

El historial de Chambers con la justicia agrega peso al caso. Registros judiciales dan cuenta de que, en 2016, se declaró culpable de un cargo de poner en peligro a un menor: según los documentos, mientras viajaba en un vehículo en movimiento con un niño menor de 15 años, fumó marihuana sintética en un auto cerrado hasta perder el conocimiento.

Historial de ambos padres con el Servicio de Protección de Menores

El Departamento de Servicios para Familias y Protección de Texas (DFPS) confirmó que Chambers y Herrod tienen historia previa con la agencia. “La señora Herrod y el señor Chambers tienen antecedentes con el Servicio de Protección de Menores”, señaló un vocero del DFPS a ABC13, y agregó que los detalles adicionales quedarán disponibles una vez que la investigación interna concluya en un informe de fatalidad infantil.

Familiares que hablaron de forma anónima con medios locales indicaron que Chambers y Herrod habían salido a visitar otra vivienda de la propiedad en el momento en que el fuego se desató, dejando a los niños solos en la casa rodante.

Las autoridades no precisaron oficialmente la causa del incendio, que aún está bajo investigación. Los niños fallecidos fueron identificados como Skylar Jane, de 3 años, y Maverick, de 4. Tampoco se informó cuándo la pareja deberá comparecer nuevamente ante la justicia.

Chambers y Herrod permanecen detenidos con una fianza de USD 1 millón cada uno, equivalentes a USD 500.000 por cada cargo de homicidio.

Los megaproyectos de centros de datos previstos en la frontera entre Texas y Nuevo México podrían añadir emisiones comparables a las de más de dos millones de automóviles al año.

La equivalencia surge de las proyecciones disponibles para las instalaciones de Oracle y Meta, que juntas podrían liberar hasta 10,1 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero.

Un tercer complejo, proyectado en Fort Bliss, requeriría aún más electricidad, pero no cuenta con una estimación pública de emisiones que permita sumarlo al cálculo.

La advertencia figura en una investigación de Texas Tribune y El Paso Matters sobre tres desarrollos concentrados en una región metropolitana de 1,2 millones de habitantes que incluye El Paso y el sur de Nuevo México.

Los proyectos incorporan o prevén generación eléctrica propia, una decisión que plantea interrogantes sobre las metas climáticas de ambos estados, la calidad del aire y el impacto sobre los recursos hídricos.

Oracle y Meta: hasta 10,1 millones de toneladas anuales de emisiones

El mayor volumen estimado corresponde a Project Jupiter, el centro de datos que Oracle construye en el condado de Doña Ana, Nuevo México.

La empresa solicitó un permiso que autorizaría hasta 8,8 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero para una planta de celdas de combustible de Bloom Energy con capacidad de hasta 2,45 gigavatios.

A unos 32 kilómetros (20 millas), Meta desarrolla otro centro de datos en El Paso. La central eléctrica asociada podría emitir hasta 1,3 millones de toneladas anuales, según un cálculo de El Paso Matters elaborado a partir de documentos regulatorios de El Paso Electric y factores de emisión de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

La asesora principal de Regulatory Assistance Project, Nancy Seidman, respaldó esa estimación ante El Paso Matters.

La suma de ambos máximos, 10,1 millones de toneladas por año, equivale aproximadamente a las emisiones anuales de más de dos millones de vehículos particulares.

El tercer proyecto está previsto en la base militar de Fort Bliss, a menos de media hora del predio de Meta. Funcionarios del Departamento de Defensa informaron en abril que el complejo requeriría tres gigavatios de electricidad y que esa demanda probablemente sería cubierta con turbinas de gas natural.

Sin embargo, el Ejército difundió pocos detalles por sus negociaciones con el desarrollador, Carlyle Group, y no hay una proyección pública de sus emisiones. Por esa razón, no corresponde atribuirle una cifra dentro de la equivalencia con los automóviles.

“Esto incrementa nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de una manera masiva”, afirmó Gunnar Schade, profesor asociado de ciencias atmosféricas de la Universidad Texas A&M, en declaraciones recogidas por El Paso Matters. “Es una fuente enorme”.

Las centrales propias complican las metas climáticas de Nuevo México y Texas

Nuevo México presentó en diciembre de 2025 una hoja de ruta para recortar drásticamente sus emisiones hacia mediados de siglo.

El Paso aprobó meses después una estrategia climática con una meta similar. Los documentos, que demandaron inversiones millonarias, no contemplaban la instalación de grandes centros de datos con generación eléctrica propia.

La planta de Project Jupiter tendría una potencia suficiente para abastecer a cerca de 1,5 millones de hogares. Esa capacidad supera el máximo suministro simultáneo que El Paso Electric entregó a sus 465.000 clientes residenciales y comerciales.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, destacó que Oracle eligiera celdas de combustible en lugar de turbinas de gas, una opción que habría usado más agua y producido más contaminación atmosférica, aunque el permiso solicitado contempla el citado límite de emisiones.

El impacto potencial tampoco se limita al dióxido de carbono y otros gases que agravan el calentamiento global. Las centrales podrían liberar partículas y óxidos de nitrógeno, contaminantes asociados con problemas de calidad del aire.

Los documentos regulatorios prevén niveles menores para Meta y Project Jupiter, pero incluso aumentos acotados pueden afectar a poblaciones cercanas o situadas a sotavento.

“Las consecuencias para la salud pueden ser importantes para las comunidades locales”, sostuvo Shaolei Ren, profesor de ingeniería eléctrica e informática de la Universidad de California en Riverside, según la investigación de Texas Tribune y El Paso Matters.

Ari Peskoe, director de la Iniciativa de Derecho de la Electricidad de la Facultad de Derecho de Harvard, comparó el consumo de los campus de inteligencia artificial con el de una ciudad.

“La velocidad y la escala de esto no tienen un paralelo real, al menos durante 50, 60 o 70 años, y probablemente nunca en la industria eléctrica de Estados Unidos”, dijo al medio.

Marcos regulatorios distintos para proyectos que comparten aire y acuífero

Los tres desarrollos están muy próximos entre sí, pero quedan bajo marcos regulatorios distintos.

Nuevo México incorporó por ley objetivos para reducir emisiones, mientras que Texas no tiene metas estatales equivalentes.

Además, Texas exige a los desarrolladores que informen contaminantes con efectos en la calidad del aire local, pero no los gases de efecto invernadero.

Cuando El Paso Electric solicitó en el otoño de 2025 un permiso estándar para la central vinculada al proyecto de Meta, no tuvo que presentar una estimación de esas emisiones.

La autorización ambiental de la central no quedó aprobada en ese plazo. La Comisión de Calidad Ambiental de Texas suspendió la emisión de permisos ambientales para proyectos de centros de datos y la planta propuesta por El Paso Electric continúa bajo revisión de la Comisión de Servicios Públicos de Texas, con intervenciones ciudadanas en el proceso.

En Nuevo México, las plantas que piden permisos de aire deben declarar los contaminantes y los gases de efecto invernadero que prevén emitir. El Departamento de Medio Ambiente estatal analiza desde abril la solicitud de Project Jupiter.

La legisladora demócrata Sarah Silva, cuyo distrito incluye Chaparral, advirtió que su estado no puede imponer condiciones a una obra situada del lado texano aunque se encuentre a pocos cientos de metros. “Las emisiones no permanecen en el estado donde se originan”, declaró a El Paso Matters.

La situación se repite para los residentes del oeste de El Paso respecto de Project Jupiter. Ambas comunidades comparten un acuífero que atraviesa la frontera estatal, pero no tienen capacidad de decisión sobre los proyectos situados del otro lado. Silva sostuvo que se requiere una regulación federal para abordar los impactos regionales.

Permisos, agua e incentivos fiscales bajo revisión

El crecimiento de la demanda eléctrica coincide con condiciones climáticas más cálidas y secas. Desde 1970, El Paso elevó su temperatura a un ritmo superior al de casi todas las ciudades estadounidenses, de acuerdo con Climate Central.

“Si empezamos a hacer este tipo de cosas, con grandes centros de datos y turbinas a gas natural, es como recuperar muchas de las plantas retiradas que eran más contaminantes, como las de carbón”, dijo Dave DuBois, climatólogo estatal de Nuevo México, en declaraciones citadas por Texas Tribune y El Paso Matters.

El coordinador climático de El Paso, Fernando Berjano, evitó evaluar los proyectos en particular, pero reconoció que las centrales asociadas dificultarán el cumplimiento de las metas municipales y añadirán contaminación atmosférica.

Los condados de El Paso y Doña Ana aprobaron incentivos fiscales para Meta y Project Jupiter a cambio de inversión y empleo.

Texas mantiene desde hace más de una década una exención del impuesto sobre las ventas para equipos de centros de datos que, según Texas Tribune, podría reducir la recaudación estatal en USD 3.200 millones durante los próximos dos años.

Nuevo México rechazó en 2021 un incentivo impositivo semejante. La legislación estatal establece que las empresas eléctricas deben obtener el 50 % de la energía que venden de fuentes limpias para 2030.

En sesiones legislativas recientes se propuso la Ley de Supervisión de Microrredes, una iniciativa destinada a cerrar vacíos regulatorios y exigir requisitos de energía limpia a las microrredes privadas. La propuesta no implica una exención de 20 años para instalaciones de gas natural.

Oracle afirmó que las emisiones efectivas de Project Jupiter serán menores que las máximas solicitadas. La meta corporativa de la empresa es alcanzar emisiones netas cero en 2050 y reducir a la mitad sus emisiones para 2030, frente a los niveles de 2020.

La compañía informó que el proyecto emplearía a 750 personas a tiempo completo y que cerca de 3.700 trabajadores participaron en la construcción hasta comienzos de septiembre de 2026.

La audiencia pública sobre el permiso de aire de Project Jupiter debía comenzar el 14 de septiembre, pero la Corte Suprema de Nuevo México la suspendió a raíz de demandas sobre el proceso de aprobación y el uso de agua subterránea.

El tribunal levantó la medida el mes siguiente y el estado designó a un examinador para dirigir la audiencia, mientras continúan otros litigios.

En Texas, El Paso Electric aguarda la autorización de la Comisión de Servicios Públicos para construir la central junto al predio de Meta; la decisión podría conocerse antes de que termine 2026.

Un residente de Austin, Texas, descubrió esta semana granadas activas de la Segunda Guerra Mundial dentro de una caja que había comprado en una subasta de bienes, lo que derivó en la intervención del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Austin (APD) y en la evacuación del perímetro inmediato. El hecho ocurrió el lunes, cuando el hombre revisaba el contenido de las cajas adquiridas y encontró los artefactos entre los objetos.

La Asociación de Policía de Austin confirmó que los agentes acudieron al lugar tras recibir el llamado e informó que el escuadrón de Dispositivos Explosivos (EOD, por sus siglas en inglés) verificó que las granadas estaban activas, es decir, que contenían material explosivo con potencial de detonación.

Según un portavoz del APD, se recuperaron en total seis granadas, todas con apariencia de datar de la Segunda Guerra Mundial y en buen estado para su antigüedad.

Granadas Mk 2 de más de 80 años halladas en una subasta de bienes en Austin

Una foto difundida por las autoridades muestra al menos tres granadas de fragmentación estadounidenses Mk 2 dentro de la caja, conocidas popularmente como “piñas” por su forma y su cuerpo de hierro fundido con ranuras.

Según el New York Post, la Mk 2 fue la granada estándar del ejército de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La caja también contenía tubos de transporte y recipientes, incluido uno identificado para una granada de práctica M21.

El EOD sometió los artefactos a un examen de rayos X antes de confirmar su estado. “Basándose en la interpretación de las imágenes, las granadas parecían estar activas y fueron tratadas en consecuencia”, indicó el portavoz del APD. El escuadrón aplicó luego procedimientos para neutralizar cualquier riesgo potencial y retiró los dispositivos del lugar sin que se registraran heridos.

El escuadrón antibombas aseguró el perímetro y retiró los artefactos sin heridos

Los agentes de patrulla que llegaron primero al lugar aseguraron la escena, establecieron un perímetro y mantuvieron a los vecinos a distancia mientras esperaban al EOD, según la Asociación de Policía de Austin. “Manipular explosivos de 80 años con una estabilidad desconocida es un trabajo peligroso y preciso, y lo realizan con el profesionalismo que esta ciudad necesita”, destacó la asociación en un comunicado publicado en redes sociales.

El APD señaló que no se presentaron cargos penales, ya que el comprador desconocía el contenido de la caja. No obstante, la legislación de Texas prohíbe la posesión de granadas y otros explosivos clasificados como armas prohibidas: la tenencia ilícita de un arma explosiva constituye un delito de tercer grado que conlleva entre 2 y 10 años de prisión y una multa de hasta USD 10.000, según el Código Penal de Texas, sección 46.05.

Qué hacer si se encuentran municiones antiguas

El caso motivó al departamento a recordar al público las medidas que corresponde tomar ante el hallazgo de municiones u otros artefactos militares. “Si alguna vez encuentras material bélico antiguo —granadas, proyectiles, morteros—, aunque creas que está inactivo, no lo toques, no lo muevas y llama al 911”, comunicó el APD. La indicación es dejar que los especialistas actúen.

Según el FBI, hallazgos de este tipo no son inusuales entre las pertenencias de veteranos de guerra. Familias de excombatientes han encontrado en el pasado “recuerdos” de conflictos que van desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra del Golfo.

En 2025, empleados de una tienda Goodwill en Maine descubrieron granadas y morteros militares ocultos en una caja de donaciones; el edificio fue evacuado y el Escuadrón Antibombas de la Policía Estatal de Maine determinó que los artefactos estaban inactivos.

El fallecimiento de Mitte reavivó la atención sobre una entrevista que había concedido a la BBC, en la que habló con franqueza sobre cómo llegó a la actuación casi por casualidad, qué significó Breaking Bad en su trayectoria y por qué la industria audiovisual tiene una deuda pendiente con las personas con discapacidad.

Cómo RJ Mitte llegó a la actuación antes de Breaking Bad

En esa conversación con la BBC, Mitte fue directo. “Este trabajo, de alguna manera, me eligió a mí. Yo realmente no lo elegí”, afirmó. Contó que se mudó a Los Ángeles a los 12 o 13 años por su hermana menor y que, en una ciudad donde las opciones para relacionarse con jóvenes de su edad eran escasas, la actuación fue la salida natural. “Si te mudás a Los Ángeles y no vas a la escuela, no te unís a una pandilla y no actuás, realmente no vas a conocer a gente de tu edad”, explicó.

Unos siete meses después de dar sus primeros pasos en la industria, audicionó para Breaking Bad y obtuvo el papel. Tenía 14 años cuando comenzó el rodaje del piloto, en 2007, según confirmó Bryan Cranston en su homenaje póstumo. Ese papel, dijo Mitte: “Me dio la oportunidad de arrojar luz sobre discapacidades que necesitan ser escuchadas”.

RJ Mitte y la competencia en Hollywood

Mitte describió a la BBC la industria audiovisual como un espacio “duramente competitivo”, independientemente de si el actor tiene o no una discapacidad. “Es difícil conseguir un papel en esta industria, pase lo que pase. No importa quién seas, no importa dónde estés: siempre hay alguien más atractivo. Siempre hay alguien con una mejor discapacidad”, dijo, con una mezcla de lucidez y humor que era característica de su forma de hablar sobre el tema.

Mitte apuntó a una dificultad interna que afecta especialmente a las personas con discapacidad: la falta de confianza. “Cuando tenés a alguien con una discapacidad, la gente normalmente no tiene mucha confianza. Yo no tengo mucha confianza. No, no siento que la tenga, y no creo que la tenga”, admitió ante la BBC.

Explicó que esa confianza se erosiona cuando alguien trabaja con esfuerzo por algo, lo logra y luego debe avanzar al siguiente desafío. “Creo que eso desgasta esa confianza”, sostuvo, y remató: “La gente necesita estar más segura de quién es”.

Para Mitte, la solución era estructural: “Con discapacidad o sin discapacidad, creo que todos tienen una oportunidad y a todos se les debería dar esa oportunidad de hacer una audición para un papel, sin importar quién sean”.

“Hollywood no siempre representa a los actores con discapacidad”

Este fue el segundo eje de sus declaraciones a la BBC y quizás el más directo. “Hollywood no representa realmente, no siempre representa a los actores con discapacidad. No siempre representa la verdad detrás de sus historias”, afirmó Mitte.

Habló desde su propia experiencia: fue diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años. Con fisioterapia, terapia ocupacional, deportes y ejercicio, según relató, pudo superar limitaciones que en otro contexto habrían sido permanentes. Su trayectoria en la industria comenzó con papeles pequeños, principalmente como extra. “Lo cual estaba más allá de lo que podía creer, que realmente estuviera en un set de verdad”, recordó.

Para Mitte, la ficción tiene la capacidad de mostrar realidades que atraviesan a personas de todo el espectro de la discapacidad. “Al estar en esta industria, creamos cosas que definen y muestran la verdad que hay en todos nosotros”, señaló ante la BBC.

“Es increíble ver el efecto que tiene el que nos conmueva alguien con cualquier tipo de discapacidad, en todo el espectro. Nos afecta. Afecta quiénes somos”.

Fue embajador de United Cerebral Palsy (UCP) y de Shriners Children’s, y presidió la Fundación Mitte, dedicada a iniciativas filantrópicas y comunitarias. En 2013 recibió el premio Harold Russell de SAG-AFTRA, distinción que lleva el nombre del veterano de guerra y actor Harold Russell, la primera persona con discapacidad en ganar un Óscar, por The Best Years of Our Lives en 1947.

El origen de Walter White Jr. y el legado de Breaking Bad

Mitte también reveló ante la BBC el origen del personaje que lo hizo conocido en todo el mundo. El creador de la serie, Vince Gilligan, concibió a Walter White Jr. a partir del recuerdo de un compañero de universidad que tenía parálisis cerebral y había muerto. “Fue su manera de rendir homenaje a su camarada fallecido”, contó el actor.

Que Mitte también tuviera parálisis cerebral aportó una autenticidad que la crítica y el público reconocieron. Su personaje, que caminaba con muletas y hablaba con dificultad, comenzó como un adolescente que admiraba a su padre y fue ganando profundidad a medida que la serie avanzaba hacia su desenlace. Como parte del elenco de Breaking Bad, Mitte obtuvo en 2014 el premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de drama.

La serie, emitida entre 2008 y 2013, acumuló 16 premios Emmy, incluidos dos por mejor drama. Está considerada entre las mejores producciones televisivas de todos los tiempos.

El trabajo de RJ Mitte fuera de Breaking Bad

Tras el final de Breaking Bad, Mitte continuó su carrera en distintas producciones. Interpretó a un comediante de pie con parálisis cerebral en la comedia romántica Standing Up for Sunny (2019) y a un luchador de preparatoria con la misma condición en el filme de formación Triumph (2021). Sus créditos incluyen también The Recall y The Oak Room. En los días previos a su muerte, participó como invitado en podcasts para promocionar su más reciente proyecto, Talking to Strangers, según informó Variety.

Su activismo fue igualmente activo fuera de los sets. Fue vocero de SAG-AFTRA para intérpretes con discapacidad y apoyó iniciativas como Can Do Canines, que provee perros de servicio en Wisconsin y Minnesota. “Soy muy afortunado con mi discapacidad de haber trabajado muy duro para tener la movilidad que tengo hoy, pero veo en la vida de muchas personas que no tienen las mismas oportunidades”, declaró en ese marco, según CBS News.

Cranston describió a Mitte en Instagram como un actor que “nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada” durante la producción de la serie. “Usó su experiencia en la serie para convertirse en un defensor vocal de los intérpretes con discapacidad”, escribió.

En Estados Unidos, las personas que atraviesan una crisis emocional o tienen pensamientos suicidas pueden llamar o enviar un mensaje al 988, la línea de apoyo disponible las 24 horas.

Texas apeló la orden federal que le exige instalar aire acondicionado en la totalidad de sus prisiones estatales antes del 31 de diciembre de 2029 y solicitó que quede suspendida mientras se resuelve el caso.

El gobierno estatal sostiene que el plazo puede alterar operaciones penitenciarias y comprometer recursos, aunque el juez concluyó que las condiciones de calor extremo en las unidades sin refrigeración vulneran la Constitución.

La apelación fue presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos. En paralelo, los abogados del estado pidieron al juez federal Robert Pitman que frene temporalmente su decisión.

La orden abarca los 104 establecimientos del Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ), el mayor sistema penitenciario estatal del país.

El TDCJ afirma que pretende climatizar todas sus unidades, pero no estableció una fecha propia para completar las obras. La agencia calcula que la inversión necesaria ronda los USD 1.500 millones.

Según informó The Texas Tribune, al 1 de octubre poco más de un tercio de las prisiones contaba con climatización integral y cerca de 90.000 personas permanecían alojadas sin aire acondicionado.

Texas pidió suspender el fallo mientras se tramita la apelación

La resolución de Pitman, emitida el 22 de septiembre, ordenó que la agencia elabore y ponga en marcha de inmediato un plan para refrigerar todas las prisiones. El límite fijado por el tribunal es el 31 de diciembre de 2029, no el inicio de ese año.

En su escrito del 8 de octubre, el estado argumentó que ejecutar el cronograma antes de una decisión del Quinto Circuito generaría “caos y confusión” en los planes del TDCJ.

También señaló que una suspensión evitaría interferencias en operaciones que considera críticas mientras continúa la instalación de equipos y la aplicación de otras medidas para mitigar el calor.

La defensa estatal afirmó que tiene posibilidades de revertir la sentencia porque probar la “indiferencia deliberada” de una autoridad, el estándar jurídico aplicado en este tipo de demandas, exige un umbral elevado.

Reconoció que muchas cárceles solo disponen de aire acondicionado parcial, pero indicó que varias fueron construidas antes de que esa tecnología estuviera disponible.

Para el estado, las fallas o demoras de su programa de infraestructura no bastan por sí mismas para demostrar una vulneración constitucional.

La administración también alegó que el plazo judicial podría reducir los fondos para detección de contrabando, atención sanitaria de los detenidos y ampliación de la capacidad penitenciaria.

El juez consideró inconstitucional el calor en las cárceles sin refrigeración

Pitman dio la razón a personas detenidas y organizaciones que impulsaron la demanda. Determinó que la respuesta del Departamento de Justicia Penal de Texas frente a las temperaturas extremas era insuficiente y que las condiciones de las cárceles sin refrigeración violaban la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

La causa comenzó en 2023, cuando el recluso Bernie Tiede denunció haber sufrido una emergencia médica atribuida al calor extremo dentro de una prisión.

En 2024 se incorporaron Lioness Justice Impacted Women’s Alliance, Texas Prison Community Advocates y Texas Citizens United for Rehabilitation of Errants. El proceso pasó a representar a las personas alojadas en cárceles estatales sin aire acondicionado.

En 2025, Pitman había estimado probable que el calor extremo constituyera un castigo inconstitucional. En vez de imponer entonces una solución temporal, convocó a un juicio de dos semanas que se realizó en Austin a comienzos de 2026.

Su fallo definitivo, de 150 páginas, concluyó que existían pruebas creíbles de que al menos nueve personas murieron entre 2023 y 2025 por el calor extremo en prisiones texanas.

El magistrado señaló que, aun cuando las altas temperaturas no derivaran en muerte o lesión, imponían “condiciones degradantes e inhumanas” y un sufrimiento grave.

Cuestionó, además, al director del TDCJ, Bobby Lumpkin, por no adoptar un programa con el calendario que la propia agencia había considerado factible.

“Ante pruebas claras de riesgo, incluidas lesiones, muertes y sufrimiento continuos cada verano, la falta del director Lumpkin de adoptar un plan serio y comprometido para instalar aire acondicionado constituye indiferencia deliberada”, escribió Pitman en la resolución citada por The Texas Tribune.

El plan estatal prevé 90.000 camas refrigeradas en 2028

El TDCJ prevé alcanzar 90.000 camas con aire acondicionado en 2028, pero sus proyecciones indican que la población bajo custodia superará las 150.000 personas para ese momento. Bajo esa estimación, unas 60.000 continuarían sin refrigeración, una brecha que fue central en el razonamiento del juez.

El estado también rechazó que las nueve muertes puedan atribuirse únicamente al calor. Sostuvo que en esos fallecimientos intervinieron otros factores, entre ellos sobredosis de drogas y enfermedades preexistentes.

La apelación plantea que la agencia ya aplica estrategias de mitigación y que una suspensión de la orden no perjudicaría de forma sustancial a la población detenida porque las obras continuarían.

Erica Grossman, abogada de los demandantes, anticipó que responderán al pedido de suspensión.

“Es decepcionante que gasten los recursos del estado en combatir este caso en lugar de simplemente instalar aire acondicionado”, dijo al diario texano.

La disputa presupuestaria expone la distancia entre el mandato y los fondos solicitados

La discusión judicial coincide con la preparación del presupuesto penitenciario para el bienio 2028-2029.

Durante el proceso, el TDCJ presentó un plan en dos fases: planteó comprometer USD 774,3 millones en el ciclo presupuestario actual y pedir otros USD 730,7 millones para el período 2030-2031.

Sin embargo, en agosto solicitó USD 298 millones de forma específica para instalar control climático y USD 591,8 millones para construir dormitorios de ampliación refrigerados. La agencia calcula que ambas iniciativas añadirían más de 21.000 camas con aire acondicionado.

Los demandantes objetaron que construir instalaciones nuevas no sustituye la climatización de las prisiones ya existentes.

Pitman consideró que la diferencia entre el plan presentado al tribunal y el pedido presupuestario era una señal concreta de que la agencia no intentaba ejecutar su propia propuesta.

El 28 de septiembre, cuando los responsables del TDCJ comparecieron ante la Junta Legislativa de Presupuesto, mantuvieron la solicitud menor y no mencionaron el fallo emitido días antes.

La agencia pidió asimismo revertir un recorte obligatorio del 3 % dispuesto por dirigentes republicanos estatales para financiar otras prioridades, incluidas rebajas del impuesto a la propiedad.

Lumpkin afirmó que el ajuste reduciría en USD 287 millones los recursos de la agencia y podría obligarla a eliminar más de 1.300 puestos de trabajo, cerca de la mitad correspondientes a agentes penitenciarios.

“Una reducción de la dotación de agentes penitenciarios sería perjudicial para nuestra misión de seguridad pública y para la forma en que llevamos adelante nuestras operaciones cotidianas”, declaró.

La próxima sesión legislativa de Texas comenzará en enero de 2027. Mientras el Quinto Circuito estudia la apelación, la orden de Pitman prevé que el TDCJ presente informes de avance cada seis meses; el primero deberá entregarse el 22 de marzo de 2027.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a 15 sujetos presuntamente vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), una red que abarca carreras de caballos cuarto de milla, constructoras, empresas de transporte y negocios de gas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La medida bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de cuatro personas y 11 empresas, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los señalados.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en sus listas a personas y compañías que, según su investigación, sostienen las actividades financieras y operativas del grupo criminal. Las designaciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada, que permiten sancionar a organizaciones ligadas al tráfico internacional de drogas y al terrorismo.

La UIF también informó que su análisis financiero, fiscal y corporativo detectó movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. También ubicó operaciones que no correspondían con los perfiles transaccionales declarados, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica identificable.

La dependencia mexicana precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida administrativa preventiva y no representa una resolución definitiva sobre responsabilidad penal. Las autoridades señalaron que las personas señaladas conservan los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

La red señalada opera desde carreras de caballos hasta contratos públicos

El Tesoro estadounidense ubicó el bastión del CDN frente a Laredo, Texas, uno de los cruces comerciales más transitados de la frontera sur de Estados Unidos, por donde circula casi 40% del intercambio comercial entre ambos países. La autoridad sostuvo que el grupo habría logrado presencia en sectores transfronterizos y capacidad para infiltrarse en gobiernos locales, influir en contratos públicos y manipular elecciones regionales.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que la acción expuso el uso del sector hípico para lavar dinero y financiar actividades del cártel. “La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones”, declaró.

Bessent sostuvo que se trató de la mayor acción del Departamento del Tesoro contra la infraestructura financiera del CDN hasta esa fecha. La OFAC informó que, desde principios de 2025, realizó cerca de 40 acciones contra más de 500 personas y entidades relacionadas con cárteles y otros grupos criminales.

La investigación se desarrolló con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y contó con el apoyo de la DEA, FBI, ICE, CBP, IRS, ATF, Oficina Federal de Prisiones y Servicio de Alguaciles. La OFAC también coordinó las acciones con la UIF de México, que intervino en medidas previas contra negocios atribuidos al cártel.

La Molienda y los negocios atribuidos a Gamaliel Garza García

El CDN, antes conocido como Los Zetas, fue fundado por Miguel Ángel Treviño Morales alias el “Z 40″ y Óscar Omar “Z-42” Treviño Morales. El grupo ha sido vinculado con el tráfico de fentanilo, metanfetamina cristalina, heroína, marihuana y cocaína, además de una historia de violencia que incluye el incendio del Casino Royale en Monterrey, perpetrado el 25 de agosto de 2011, con 52 personas asesinadas y decenas de heridos.

Z-40 y Z-42 fueron detenidos por autoridades mexicanas en 2013 y 2015, respectivamente. Ambos fueron trasladados de México en febrero de 2025 y enfrentan en el Tribunal de Distrito de Columbia cargos por narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas y lavado de dinero, con una posible pena de cadena perpetua.

El 15 de diciembre de 2021, la OFAC designó al CDN bajo la Orden Ejecutiva 14059. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo clasificó el 20 de febrero de 2025 como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado; antes, Los Zetas habían sido incluidos como narcotraficantes especialmente designados en 2009 y organización criminal transnacional en 2011.

Las sanciones abarcaron al Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el establecimiento era controlado por el CDN y generaba ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y asistentes durante las carreras de caballos.

Los dirigentes y miembros del grupo compraban caballos, varios procedentes de Estados Unidos, para competir en La Molienda. Aunque el Z-40 controlaba el hipódromo, la supervisión recaía en dirigentes y asociados de la organización mientras él permanecía encarcelado en Estados Unidos.

La investigación recordó que Los Zetas utilizaron anteriormente las carreras de caballos cuarto de milla para mover recursos ilícitos. Entre 2008 y 2012, los hermanos Treviño habrían comprado, vendido, entrenado y competido caballos con dinero del narcotráfico; en un lapso de 30 meses, testaferros y empresas fantasma gastaron USD 16 millones en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, y habrían lavado más de USD 22 millones.

En junio de 2012, el gobierno estadounidense decomisó 455 caballos en una granja, hipódromos y centros de entrenamiento de Oklahoma. La OFAC señaló que La Molienda mantuvo una alianza de apuestas con el Casino Centenario hasta que una acción coordinada entre México y Estados Unidos suspendió las operaciones de este último en abril de 2026.

Constructoras, empresas de gas y transporte bajo sanción

Entre los designados aparece Gamaliel Garza García, empresario mexicano aficionado a las carreras de caballos y señalado como socio del CDN. Garza García participaba en competencias en México y Estados Unidos, incluidos hipódromos de California y Nuevo México, y sus caballos competían de manera frecuente en La Molienda.

La OFAC indicó que Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV, conocida como CEGESA, fue utilizada para canalizar recursos hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel. La misma empresa habría obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta y posteriormente habría subcontratado trabajos a personas vinculadas con el grupo criminal.

CEGESA figuraba entre las beneficiarias de contratos de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y de Tamaulipas. Garza García también creó Concretos y Productos Asfálticos del Norte SA de CV, COPASA, con el propósito de suministrar materiales para las obras que CEGESA realizaba o subcontrataba.

A principios de 2026, CEGESA y COPASA se encontraban entre las pocas empresas constructoras autorizadas por el CDN para trabajar en Nuevo Laredo, según la designación estadounidense. Garza García además controlaba la Cuadra San Dibanh, un establo de caballos cuarto de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León, que participaba en La Molienda y otros hipódromos del país.

La red empresarial atribuida a Garza García incluyó a Construaceros del Fuerte SA de CV e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios SA de CV, ambas constructoras. También fueron sancionadas Distribuidora de Gas Económico SA de CV, Gas Energía Confiable SA de CV, Grupo Comercial Propano SA de CV y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo SA de CV.

Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, fue designado por su participación en las operaciones cotidianas de CEGESA. Según la OFAC, Garza Elías entregó dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos políticos preferidos por el CDN.

La lista incluyó a Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia”, identificado como jefe de plaza del cártel en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios. Guajardo fue detenido en 2020 por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro funcionarios públicos, cometido el 4 de enero de 2017, aunque posteriormente fue liberado.

También fueron sancionados Tamex Leasing o Tamex Logistics, empresa de transporte terrestre de Nuevo Laredo, y su despachador Francisco Javier Inzunza Partida. La OFAC señaló que el depósito de Tamex fue el punto de origen de al menos dos cargamentos de cocaína enviados a Estados Unidos, con un total de 52 kilogramos ocultos en compartimentos de tambores de freno de remolques.

Las sanciones bloquearon los bienes e intereses patrimoniales de los designados que se encontraran en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. La prohibición también alcanzó a las entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, en 50% o más a una o varias personas bloqueadas.

Las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los señalados, salvo que exista autorización de la OFAC. Instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas para las personas designadas pueden enfrentar sanciones secundarias, incluidas restricciones para abrir o mantener cuentas corresponsales en Estados Unidos.

California registró en 2024 la mayor pérdida neta interestatal de adultos de la generación Z en Estados Unidos, con 58.109 residentes menos, según un análisis de LendingTree basado en datos de la Oficina del Censo.

La salida bruta fue mucho mayor: 186.827 jóvenes adultos dejaron el estado y 128.718 llegaron desde otros estados o desde el Distrito de Columbia.

Texas fue el destino más elegido por quienes se mudaron desde California: 19.287 adultos de la generación Z realizaron ese trayecto.

Sin embargo, esa cifra describe el flujo entre ambos estados y no equivale por sí sola al saldo migratorio de Texas ni explica íntegramente la pérdida neta californiana.

En el sentido contrario, 13.362 jóvenes se trasladaron de Texas a California, por lo que el intercambio dejó una ganancia neta de 5.925 personas para Texas.

El estudio examina las mudanzas entre estados y hacia o desde el Distrito de Columbia durante 2024, el último año disponible.

Para el análisis, LendingTree definió como generación Z a los residentes de 18 años o más incluidos en la información de la Oficina del Censo.

Casi uno de cada cuatro adultos de la generación Z cambió de estado

Unos 10,7 millones de los 44,6 millones de adultos de la generación Z, el 23,9 %, se mudaron a otro estado o al Distrito de Columbia en 2024. La proporción superó a la de los milénials, con 14 %, la generación X, con 7,2 %, y los baby boomers, con 5,2 %.

La comparación muestra una movilidad especialmente alta entre los adultos jóvenes, una etapa que suele coincidir con el inicio de estudios universitarios, el ingreso al mercado laboral o la búsqueda de una vivienda independiente.

Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor de LendingTree, señaló a Fox Business que la generación Z cuenta con más margen para trasladarse que cohortes de mayor edad.

Carolina del Sur obtuvo la mayor ganancia neta, mientras California lideró las pérdidas

Carolina del Sur encabezó los saldos positivos: recibió a 60.223 adultos de la generación Z procedentes de otros estados y perdió a 37.380, una ganancia neta de 22.843 residentes. Le siguió Misuri, con 14.063.

El Distrito de Columbia, Tennessee, Arizona, Washington y Texas también registraron aumentos netos de al menos 10.000 personas de esa generación.

Texas sumó un saldo neto total de 10.720 adultos de la generación Z al considerar todos sus intercambios interestatales, no solo los realizados con California.

El estado recibió 190.395 jóvenes de otros puntos del país y perdió 179.675, de acuerdo con las estimaciones del informe.

Del otro lado, California quedó primera entre las pérdidas netas, por delante de Nueva Jersey, con 37.556 residentes menos, e Illinois, con 20.031.

Aun así, California fue el segundo estado que más adultos de la generación Z recibió en términos brutos, detrás de Texas; la diferencia fue que sus salidas superaron ampliamente sus llegadas.

La asequibilidad se combina con empleo, vínculos y condiciones locales

El costo de vida puede incidir en estas decisiones, en especial en la búsqueda de vivienda y empleo, aunque los datos no muestran una explicación única.

Schulz sostuvo que la asequibilidad influyó en parte de los traslados, pero advirtió que cada cambio de residencia también depende de la cercanía de la familia, las redes de apoyo, los impuestos, las oportunidades laborales, la oferta cultural y el clima.

El analista citó como ejemplos los intercambios en torno a Charlotte, entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, y los movimientos entre Nueva York y Nueva Jersey.

Esos corredores, conectados por mercados laborales y áreas metropolitanas compartidas, concentran parte de los cambios de domicilio sin que necesariamente impliquen un traslado a una región distante.

Antes de una mudanza interestatal, Schulz recomendó comparar los costos de vivienda, la carga tributaria, el mercado de trabajo y las condiciones de vida del destino.

El informe de LendingTree se basa en las estimaciones más recientes de movilidad geográfica de la Oficina del Censo para 2024.

Una casa ubicada en Mission, Texas, propiedad de Carlos Fabián Martínez Pérez, alias El Cuate, yerno del exlíder del Cártel del Golfo Osiel Cárdenas Guillén, salió a subasta pública en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ordenó el remate veinte meses después de que Martínez se declarara culpable de liderar una red de extorsión contra empresas transmigrantes, delito por el cual el Departamento de Justicia buscó decomisar sus bienes.

La vivienda quedó documentada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se ubica en la zona residencial de Sharyland Plantation. Las fotografías difundidas por las autoridades muestran una residencia con alberca, cancha de baloncesto y gimnasio propio.

La residencia de Sharyland Plantation en Mission, Texas

La propiedad fue construida a la medida en el año 2002. Su superficie habitable alcanza los 678 metros cuadrados dentro de un terreno de más de 10 mil metros cuadrados.

La casa cuenta con una alberca instalada a nivel del suelo y una sala de cine privada. También dispone de un gimnasio independiente con sauna.

El inmueble incluye una cancha de baloncesto dentro del mismo terreno. Tiene además cinco recámaras, entre ellas una suite principal con salida directa al jardín.

Una fuente decora el acceso principal de la residencia. Los baños y las salas presentan acabados de lujo, según los registros del Departamento del Tesoro.

La vivienda suma tres habitaciones para visitantes, cada una con baño privado. Esa distribución permite recibir huéspedes sin compartir los espacios de la familia propietaria.

El inmueble ofrece un garaje techado para tres automóviles. A eso se agregan dos cocheras cubiertas adicionales con capacidad para cinco vehículos más.

La plataforma inmobiliaria Zillow calculó el valor de la casa en aproximadamente un millón 656 mil dólares. Esa cifra equivale a casi 30 millones y medio de pesos mexicanos.

Las autoridades fijaron una puja inicial de USD 750.000 para el remate. El precio de salida representó menos de la mitad del valor estimado por Zillow.

El portal de bienes decomisados del gobierno estadounidense registró un total de 100 ofertas para la subasta. Hasta la tarde del 9 de octubre no se conocía el monto final por el cual se vendió la propiedad.

El Departamento del Tesoro confirmó que la residencia cuenta con servicios de agua, electricidad y alcantarillado. El monto por impuestos no pagados durante 2025 ascendía a más de USD 46.700.

La propiedad además está sujeta a una cuota trimestral de USD 539 para cubrir gastos comunes de la zona residencial. Documentos judiciales señalan que Martínez habría adquirido la casa mediante triangulaciones de fondos provenientes de México, realizadas entre febrero y julio de 2019.

La condena de Carlos Fabián Martínez por extorsión a transmigrantes

El Cuate lideró un esquema dedicado a monopolizar la industria de los servicios transmigrantes. Ese negocio consiste en las gestiones aduanales que permiten el traslado de mercancías entre ambos lados de la frontera para su venta posterior.

El grupo operaba bajo el nombre interno de “The Pool”. Infobae informó que sus integrantes se repartían las ganancias de las agencias de transporte transmigrante sometidas a su control.

En febrero de 2025 Martínez se declaró culpable de conspiración para fijar precios, monopolizar el mercado e interferir el comercio mediante extorsión y lavado de dinero. La publicación detalló que la causa se tramitó ante una corte federal en Texas.

El 11 de junio de 2025, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia anunció la sentencia contra Martínez. El juez le impuso 11 años de prisión y una multa de USD 2 millones.

Las autoridades lo responsabilizaron de haber cobrado al menos USD 9,5 millones en pagos de extorsión. Ese dinero se lavó a través de cuentas bancarias vinculadas a él y a su familia, según el diario.

Al anunciar la condena, el Departamento de Justicia advirtió que buscaría decomisar varias posesiones de Martínez. Entre ellas mencionó relojes de alta gama, vehículos de lujo, un barco y al menos una vivienda.

La casa de Sharyland Plantation formó parte de ese proceso de decomiso. Su subasta se concretó más de un año después del anuncio original del Departamento de Justicia.

Osiel Cárdenas Guillén, el suegro extraditado y hoy recluido en el Altiplano

El Cuate es yerno de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo. Cárdenas Guillén nació en Heroica Matamoros, Tamaulipas, el 18 de mayo de 1967.

Cárdenas Guillén asumió el liderazgo del Cártel del Golfo en 1998, tras asesinar a su amigo y colíder Salvador Gómez Herrera. Ese hecho le valió el apodo de “El Mata Amigos” entre organizaciones de seguridad.

Durante esa misma década, Cárdenas Guillén reclutó a desertores del Ejército Mexicano para que operaran como su brazo armado. Ese grupo se convirtió con el tiempo en la organización conocida como Los Zetas.

Fuerzas del Ejército Mexicano y de la entonces PGR capturaron a Cárdenas Guillén el 14 de marzo de 2003 en Matamoros, Tamaulipas. El operativo ocurrió tras un enfrentamiento armado entre ambos bandos.

El gobierno mexicano extraditó a Cárdenas Guillén a Estados Unidos el 19 de enero de 2007. El capo enfrentó sus cargos ante una corte federal en Houston, Texas.

En 2010, Cárdenas Guillén se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión a agentes federales estadounidenses. El tribunal le impuso una condena de 25 años de prisión y una multa de USD 50 millones.

Cárdenas Guillén salió de prisión en Estados Unidos el 30 de agosto de 2024. Tras su liberación, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país.

Las autoridades estadounidenses deportaron a Cárdenas Guillén a México el 16 de diciembre de 2024. Desde entonces permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En ese penal, Cárdenas Guillén enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su regreso a prisión en territorio mexicano coincidió con el avance del proceso judicial que terminó por sacar a subasta la casa de su yerno en Texas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, el ex mayor del Ejército condenado por matar a 13 personas en la base de Fort Hood en 2009, podrá ser presenciada por el público y transmitida en vivo. La medida marcaría un hito sin precedentes en la historia reciente del país.

“Va a tener un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser”, afirmó Hegseth en una entrevista con la cadena Real America’s Voice. “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente tiene que entender que este tipo de actos acarrean graves consecuencias”, agregó el funcionario.

Horas más tarde, el titular del Pentágono aseguró que era correcta la información del medio CBS News respecto a la posible transmisión en vivo del fusilamiento.

El Departamento del Ejército fijó la fecha de la ejecución para el 3 de diciembre en las instalaciones de Fort Hood, Texas, a la una de la tarde, hora local. El horario y la fecha fueron elegidos deliberadamente para coincidir con el momento exacto en que ocurrió el tiroteo hace 17 años, según precisó Hegseth.

El ataque de 2009 en Fort Hood

El 5 de noviembre de 2009, Hasan, entonces psiquiatra del Ejército, abrió fuego contra soldados desarmados en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, que en ese momento era la mayor base militar del país. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos, antes de que el agresor fuera reducido.

Doce de los fallecidos y 30 de los heridos eran militares. Hasan gritó “Allahu Akbar” durante el tiroteo, de acuerdo con lo informado sobre el episodio. El ataque se produjo en el momento de mayor intensidad de las guerras en Irak y Afganistán, y Hasan, de religión musulmana, se había radicalizado en contra del papel de Estados Unidos en esos conflictos.

El exmilitar estaba previsto que fuera desplegado en Afganistán ese mismo mes. Fue reducido por un agente de policía civil que respondió al ataque, disparo que lo dejó parapléjico.

Una ejecución sin precedentes en décadas

Que la ejecución se realice por fusilamiento y a la vista del público constituiría un hecho inédito en la historia moderna de Estados Unidos. La última ejecución militar en el país se remonta a 1961, es decir, hace 65 años, mientras que la última ejecución por fusilamiento data de 1945, cuando un soldado del Ejército fue fusilado en Francia por deserción durante la Segunda Guerra Mundial.

La última ejecución pública en Estados Unidos ocurrió en 1936, nueve años antes que el último fusilamiento militar, cuando un hombre condenado por violación fue ahorcado en Kentucky frente a miles de espectadores. Desde entonces, ninguna ejecución había sido anunciada con carácter público en el país.

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución de Hasan la semana pasada, a recomendación de Hegseth, quien calificó la decisión como “obvia”. Según explicó el secretario de Defensa, un pelotón integrado por soldados armados con fusiles será el encargado de llevar a cabo el procedimiento.

Consultado sobre una eventual última petición del condenado o sobre algún contacto con Trump, Hegseth respondió de forma tajante: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.

Dudas sobre el alcance de la transmisión pública

Pese al anuncio de Hegseth, el Pentágono no ha precisado qué implicará en la práctica que la ejecución sea pública. Consultado por la agencia AFP para que aclarara el alcance de la palabra “público” usada por Hegseth, un portavoz del Pentágono remitió la consulta al Ejército de Estados Unidos, que a su vez devolvió la pregunta al propio Pentágono.

No está claro, por tanto, si habrá espectadores presentes en la base, algún tipo de retransmisión o un mecanismo distinto de acceso. Hegseth tampoco detalló cuántos soldados integrarán el pelotón de fusilamiento ni de qué manera serán seleccionados.

Las declaraciones del secretario fueron realizadas a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln, en una entrevista con el influenciador de derecha Jack Posobiec que fue difundida por cuentas oficiales del Pentágono en la red social X.

Según datos de la organización Amnistía Internacional, al menos 17 ejecuciones públicas fueron registradas el año pasado en el mundo: seis en Afganistán y 11 en Irán.

El proceso judicial contra Hasan

Hasan fue declarado culpable en 2013 por un jurado militar de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato. El tribunal que lo condenó determinó que el exmilitar se oponía a las ocupaciones estadounidenses de Irak y Afganistán.

Durante el proceso se estableció además que Hasan había mantenido comunicación en línea con el clérigo radical Anwar al-Awlaki, una figura vinculada a Al-Qaeda y ciudadano estadounidense que fue asesinado posteriormente en un ataque con dron de Estados Unidos en Yemen. El ataque de Fort Hood fue descrito como inspirado por Al-Qaeda.

La ejecución de Hasan, de concretarse el 3 de diciembre, será la primera realizada por las fuerzas militares estadounidenses desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.

El condenado es Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército, quien el 5 de noviembre de 2009 abrió fuego contra soldados desarmados dentro de esa misma base texana. Mató a 13 personas e hirió a otras 32.

Recibió la pena capital en 2013 y lleva años en el corredor de la muerte del sistema militar, a la espera de que el presidente de turno aprobara la sentencia, tal como exige la legislación castrense.

Quién era Hasan antes del ataque

Hasan nació en Estados Unidos, hijo de padres de origen palestino, y creció en Virginia. Estudió medicina dentro del Ejército y se especializó en psiquiatría, una rama dedicada a tratar la salud mental de los soldados. Al momento del ataque tenía 39 años y prestaba servicios en Fort Hood, una de las bases militares más grandes del país, ubicada en el centro de Texas.

Su trayectoria era la de un profesional formado y sostenido por la institución militar. Sin embargo, en los años previos al tiroteo había manifestado posiciones que generaron inquietud entre algunos colegas. En el juicio, el propio Hasan declaró que se oponía a la guerra en Afganistán y que creyó tener el deber de proteger a los musulmanes de los soldados estadounidenses que serían enviados allí.

Los fiscales argumentaron que su motivación combinó esa convicción personal con su resistencia a ser desplegado al frente. Una fuerza conjunta antiterrorista determinó, no obstante, que Hasan no había participado en actividades ni en planificación terrorista, y las autoridades establecieron que actuó solo.

Qué ocurrió el 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood

Aquel día, el edificio médico de Fort Hood estaba lleno de soldados que esperaban turno para realizarse controles de salud y recibir vacunas obligatorias antes de partir en misión al exterior. Era un trámite de rutina, en un lugar donde nadie esperaba un ataque. Hasan entró al lugar y comenzó a disparar.

Mató a 13 personas e hirió a otras 32. Según consignó NBC News con base en declaraciones del Pentágono, disparó mientras gritaba “Allahu akbar”. Cuando los soldados intentaron escapar hacia el exterior, los siguió. Allí lo interceptaron dos agentes —la sargento senior Mark Todd y la sargento Kim Munley— que lograron reducirlo tras un intercambio de disparos. Uno de esos tiros lo alcanzó en la columna y lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo. Desde entonces utiliza silla de ruedas.

La investigación posterior reveló que llevaba 177 cartuchos sin disparar, distribuidos en cargadores de 20 y 30 balas. Además, contaba con dos miras láser para aumentar su precisión: una roja para condiciones de baja luz y una verde para exteriores.

El fiscal militar, coronel Steve Henricks, describió ante el jurado que Hasan había convertido ese espacio en una “zona de muerte personal”. Según informó la BBC, fue el ataque más mortífero ocurrido en una base militar estadounidense fuera de un contexto de combate.

Fue condenado en 2013 y actuó como su propio abogado

El 23 de agosto de 2013, un panel de 13 oficiales del Ejército declaró a Hasan culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. Cinco días después, el 28 de agosto, el mismo panel recomendó por unanimidad la pena de muerte. En el sistema militar estadounidense, esa sentencia no puede ejecutarse de forma automática: la ley exige que el presidente de la nación la apruebe expresamente, lo que hasta ahora no había ocurrido.

Durante el proceso, Hasan tomó una decisión inusual: rechazó la asistencia de un abogado y se representó a sí mismo. Admitió ante el tribunal ser el autor de los disparos y pidió disculpas por “cualquier error”. Sus afirmaciones sobre sus motivaciones fueron parte de su estrategia de defensa, no una confesión de pertenencia a ninguna organización terrorista.

Trump aprobó la ejecución tras la recomendación de Hegseth

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, confirmó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó el método de ejecución por fusilamiento y que Trump lo aprobó el viernes previo al anuncio público. “Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan”, escribió Parnell en X.

El secretario interino del Ejército, Adam R. Telle, anunció luego que la ejecución se realizará en Fort Hood el 3 de diciembre a las 13:00 hora local, bajo la supervisión del comandante de la prisión militar. Según un artículo de mayo de 2026 de la revista especializada Army Lawyer, una vez que el presidente da su aprobación, le corresponde al secretario del Ejército definir la fecha, el lugar y los detalles operativos, con la condición de que la ejecución se lleve a cabo entre 60 y 150 días después de esa autorización.

Por qué el fusilamiento no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial

Para dimensionar el alcance histórico del caso, hace falta retroceder más de 80 años. El último militar estadounidense ejecutado por fusilamiento fue el soldado Eddie Slovik, el 31 de enero de 1945, en Francia, durante los meses finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Slovik había sido condenado por deserción y el entonces comandante supremo aliado, el general Dwight D. Eisenhower, aprobó su ejecución como advertencia durante la Batalla de las Ardenas. Fue el único de los aproximadamente 50.000 desertores estadounidenses de esa guerra en recibir esa condena.

La última ejecución militar de cualquier tipo —no solo por fusilamiento— tuvo lugar en 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas, tras ser condenado por violación e intento de homicidio. Desde entonces, ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había sido ejecutado.

Hasan es hoy uno de los cuatro reclusos que permanecen en el corredor de la muerte del sistema militar.

La defensa aún puede apelar y frenar la ejecución

La fecha del 3 de diciembre no es definitiva. Los condenados en el sistema militar tienen la posibilidad de presentar una petición de habeas corpus, un recurso jurídico que cuestiona la legalidad de la condena o de la propia ejecución. Si un tribunal acepta ese planteo, puede ordenar una suspensión mientras la apelación avanza por el sistema judicial. Esa vía sigue abierta para Hasan.

Trump restableció la pena de muerte federal el primer día de su administración, en enero de 2025, mediante una orden ejecutiva, tras la moratoria impuesta por su predecesor, el expresidente Joe Biden. Ese documento define la pena capital como “una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”, según informó la BBC.

Desde 1916, el sistema militar ejecutó a 135 miembros de sus propias fuerzas, de acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Las personas habilitadas para emitir su voto por correo en Texas tendrán hasta el viernes 23 de octubre de 2026 para hacer llegar su solicitud a la autoridad electoral de su condado. El plazo forma parte del calendario de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y alcanza únicamente a quienes cumplan con las condiciones específicas que establece el estado.

La normativa texana no habilita el voto postal para todos los electores registrados. CBS Texas informó que el mecanismo está restringido a determinadas situaciones personales, por lo que los votantes deben comprobar su elegibilidad antes de iniciar el trámite. La oficina del secretario de Estado de Texas también indicó que la solicitud debe ser recibida, y no solo enviada, antes de la fecha límite.

Texas limita el voto por correo a seis situaciones específicas

La legislación electoral de Texas permite pedir una boleta por correo a quienes tengan 65 años o más el día de la elección. También pueden solicitarla las personas que atraviesen una enfermedad o discapacidad que les impida votar presencialmente sin asistencia o sin riesgo para su salud.

El procedimiento abarca, además, a las votantes que prevean dar a luz dentro de las tres semanas previas o posteriores a la jornada electoral. La lista incluye a quienes estarán fuera de su condado durante todo el período de votación anticipada y el día de los comicios, así como a personas recluidas en una cárcel que mantengan su derecho al sufragio.

Por otra parte, la información difundida por CBS Texas señala que pueden acogerse a esta modalidad quienes estén sujetos a internación civil bajo el Capítulo 841 del Código de Salud y Seguridad estatal. Las autoridades electorales recomiendan revisar las condiciones antes de completar el formulario, ya que la solicitud no sustituye el requisito de estar registrado para votar.

La solicitud debe llegar al condado antes del 23 de octubre

La Solicitud de Boleta por Correo, conocida en inglés como Application for Ballot by Mail, debe enviarse al secretario de votación anticipada del condado donde la persona está registrada. El formulario puede descargarse desde el portal electoral estatal o pedirse a la oficina del secretario de Estado o a la autoridad electoral local, detalló la Secretaría de Estado de Texas.

El organismo precisó que la documentación debe ser recibida antes del cierre habitual de atención de la oficina correspondiente o antes del mediodía, según cuál de los dos horarios sea posterior. Para la elección del 3 de noviembre, esa fecha es el 23 de octubre.

Las personas electoras pueden enviar la solicitud por correo, entregarla personalmente o remitirla por fax o correo electrónico. Sin embargo, la Secretaría de Estado advirtió que quienes opten por las dos últimas alternativas deberán enviar también el documento original firmado. Ese original tiene que ser recibido por el secretario de votación anticipada a más tardar el cuarto día hábil posterior al envío electrónico o por fax.

La identificación debe coincidir con el registro electoral

Cada solicitud exige un número de identificación emitido por el estado. La oficina electoral indicó que se puede consignar el número de la licencia de conducir de Texas, la tarjeta de identificación personal estatal o el certificado de identificación electoral expedido por el Departamento de Seguridad Pública.

Si el votante no recibió ninguno de esos documentos, puede utilizar los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. La información debe coincidir con los registros electorales, porque una diferencia o la omisión del dato puede generar una observación en el trámite.

El estado cuenta con un sistema de seguimiento de boletas por correo dentro del portal para votantes. Allí, los solicitantes pueden verificar la recepción de su formulario y, en algunos casos, corregir problemas vinculados con el número de identificación. CBS Texas aseguró que otros errores requieren la presentación de una nueva solicitud.

Las boletas deben enviarse antes del cierre de la jornada electoral

Las boletas completadas sin matasellos deben llegar a la autoridad electoral antes de las 19.00 del 3 de noviembre. En cambio, las que lleven matasellos pueden recibirse hasta las 17.00 del día siguiente, siempre que el sello postal demuestre que fueron enviadas antes de las 19.00 de la jornada electoral.

Para las boletas remitidas desde el exterior, el límite se extiende hasta el quinto día posterior a la elección, con el mismo requisito sobre el matasellos. La Secretaría de Estado aconsejó no esperar hasta último momento y solicitar un matasellos manual en la oficina postal para dejar constancia de la fecha de envío.

Si la autoridad detecta un inconveniente en el sobre de devolución, debe notificarlo al votante. Los errores relacionados con identificaciones ausentes o que no coinciden pueden subsanarse mediante el rastreador estatal. Para otras observaciones, el elector debe completar el formulario de acción correctiva y entregarlo por correo o de manera presencial antes del sexto día posterior a la elección. Quienes ya hayan pedido una boleta postal también podrán anularla y votar en persona, indicaron las autoridades.

La ciudad de North Richland Hills, en Texas, cotizó en USD 2,3 millones la entrega de registros públicos sobre el uso policial de cámaras de Flock Safety.

La estimación, calculada sobre más de 14 años de trabajo de revisión documental, respondió a una solicitud de comunicaciones sobre el funcionamiento, los errores y los posibles usos indebidos de esos dispositivos con inteligencia artificial.

El solicitante, Phil Mynona —portavoz que utiliza un seudónimo de la Texas Privacy Coalition— pidió a fines de agosto aproximadamente un terabyte de archivos. La municipalidad estableció una tarifa de USD 15 por hora y exigió el pago anticipado, según informó The Texas Tribune.

La cifra se explica por el volumen de información que la ciudad considera que debe examinar antes de divulgarla, no por el valor de una multa ni por una compra de equipos.

El pedido incluye comunicaciones internas sobre la eficacia de la red, eventuales fallas y denuncias de uso irregular, materiales que pueden contener datos protegidos y requieren revisión conforme a la legislación de acceso a la información de Texas.

North Richland Hills estima un monto menor tras el recorte del pedido

Tras conocer la cotización, Mynona redujo el alcance de su requerimiento. North Richland Hills no confirmó si ya recalculó el precio, aunque su departamento de Policía señaló en redes sociales que el nuevo monto debería ser “significativamente menor”.

La institución reconoció que la estimación inicial de USD 2,3 millones podía resultar “impactante”, pero sostuvo que reflejaba la revisión obligatoria del volumen de comunicaciones solicitado.

Un portavoz de la ciudad confirmó la factura a The Texas Tribune y remitió las consultas sobre el programa a una página municipal.

El jefe de Policía, Jeff Garner, defendió el uso de los lectores de matrículas al afirmar que responde a las expectativas de la comunidad y al compromiso de atender a las víctimas de delitos. El medio mantiene, además, una solicitud de registros similar pendiente ante la administración local.

Mynona presentó pedidos casi idénticos ante cerca de 200 organismos policiales para determinar cómo emplean estas herramientas. Otras jurisdicciones entregaron documentación sin cargo o aplicaron costos mucho menores.

Sealy, al oeste de Houston, le facilitó gratuitamente más de 400.000 páginas; hasta el caso de North Richland Hills, la cifra más alta que había recibido era de USD 5.000, cobrada por Victoria.

“Este es un caso extremo y absurdo”, declaró Mynona a The Texas Tribune. El activista explicó que no revela su identidad legal porque teme consecuencias laborales en la industria tecnológica por su campaña contra las tecnologías de vigilancia.

Las cámaras identifican vehículos y conectan búsquedas entre agencias

Los dispositivos de Flock Safety, empresa con sede en Atlanta, registran patentes y otras características de los vehículos, como marca, modelo, calcomanías o daños visibles.

La plataforma permite que un agente consulte en una sola búsqueda imágenes y datos generados por miles de cámaras operadas por cientos de organismos policiales.

La compañía divulga información limitada sobre el funcionamiento de su tecnología. La decisión de publicar ubicaciones, plazos de retención de datos y registros de consultas recae en los gobiernos estatales y locales.

Por eso, en gran parte de las ciudades de Texas no se conoce cuántas cámaras hay, dónde se encuentran ni con qué frecuencia los agentes buscan vehículos, salvo que las propias autoridades lo informen o respondan solicitudes de acceso.

Los grupos que cuestionan la vigilancia automatizada sostienen que esos registros permitieron detectar irregularidades, abrir investigaciones y modificar políticas internas.

En Lufkin, un policía fue condenado a 5 años de prisión después de declararse culpable de 100 delitos graves por abuso de información oficial.

La investigación comenzó a partir de una solicitud de documentos presentada por USA Today y derivó en una auditoría del departamento local.

La revisión detectó también a un segundo agente por un posible uso indebido de la red, de acuerdo con registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El gobernador Greg Abbott aludió al caso al anunciar en agosto y septiembre restricciones a la financiación estatal y la suspensión de determinadas instalaciones de cámaras Flock.

Los precios y la apertura de los registros varían según la jurisdicción

La cotización de North Richland Hills no es el único obstáculo para acceder a esta información. La cadena KPRC informó que recibió un presupuesto de USD 121.000 por registros de Flock, pese a que antes había obtenido sin costo miles de páginas de departamentos policiales más pequeños.

Por su parte, el sitio Current Revolt indicó que Irving cobra USD 70.000 por documentos que la ciudad de Carrollton entregó gratuitamente.

También cambió la respuesta de las agencias estatales. En julio, el Departamento de Seguridad Pública de Texas entregó a The Texas Tribune una lista de sus consultas y de miles de organismos que utilizaban su red Flock, con los números de agentes y las patentes ocultos.

En agosto, ante una solicitud idéntica para semanas posteriores, el organismo informó solo sus propias búsquedas y excluyó las efectuadas por entidades externas. Más tarde retuvo por completo los archivos y pidió autorización a la Fiscalía General de Texas para no divulgarlos.

La dependencia no respondió las consultas del medio sobre ese cambio. Opera más de 900 cámaras, de las aproximadamente 13.000 activas en el estado, instaladas en rutas estatales y zonas próximas a la frontera.

Además, redujo recientemente la cantidad de organismos con acceso a su red después de determinar en una revisión que unas 2.800 agencias —la mayoría fuera de Texas— hacían consultas cada cuatro segundos sin contar con los acuerdos requeridos.

El Departamento de Transporte de Texas, responsable de autorizar permisos para instalar lectores de matrículas en carreteras estatales, también se negó a divulgar cuántas autorizaciones concedió y dónde se ubican esos equipos.

Ante la Fiscalía General, alegó motivos de seguridad pública. El Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia Penal estatal formularon objeciones similares ante pedidos que buscaban identificar todas las ubicaciones de cámaras.

Solo 60 de los cientos de organismos texanos publican datos de sus programas

Algunas ciudades optaron por publicar más información. Live Oak, al noreste de San Antonio, dispone de un mapa interactivo con la ubicación de sus cámaras. Corinth, en el norte del estado, difunde las calles en las que instaló sus dispositivos.

Flock ofrece a los organismos la posibilidad de crear portales de transparencia con políticas de uso, reglas de acceso y datos de actividad.

La plataforma también permite exportar las auditorías de búsquedas. “Los portales ofrecen a las agencias una forma de publicar información sobre sus programas de lectores de matrículas”, afirmó el portavoz de la empresa, Andrew Smith, en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.

De los cientos de organismos texanos que emplean esta tecnología, solo 60 utilizan esos portales. En conjunto, concentran más de 2.600 de las cerca de 13.000 cámaras activas en el estado, y apenas 16 de esas agencias ponen a disposición del público sus registros de búsquedas.

La ejecución de Jamaal Howard, programada para este miércoles en el Centro en la Unidad Huntsville de Texas, llega en un momento de máxima tensión sobre el método de inyección letal, según repasó Associated Press.

El 30 de septiembre, Tennessee intentó ejecutar a Christa Pike con la misma droga y fracasó, ya que la mujer recibió dos dosis de pentobarbital y no murió. Sus abogados confirmaron este martes que la condenada se encuentra consciente y en tratamiento hospitalario.

Fue el segundo procedimiento fallido en Tennessee en cuatro meses. Debido a que, en mayo, para el caso de Tony Carruthers, los ejecutores no lograron establecer una segunda vía intravenosa requerida por el protocolo estatal y debieron otorgarle un indulto temporal hasta el próximo año.

Por qué fue condenado Jamaal Howard

Poco antes del mediodía del 12 de mayo de 2000, Howard entró a una estación de servicio Chevron en Silsbee, Texas, le apuntó con su revólver calibre 32 a la empleada Vickie Swartout y jaló el gatillo.

El arma falló y la mujer gritó. Howard preparó el arma y disparó de nuevo, esta vez en el pecho. Mientras la mujer agonizaba en el piso, él le preguntó si había dinero en la caja registradora. Luego tomó un cartón de cigarrillos, un total de USD 114 en efectivo y huyó.

Esa secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del local y fue presentada como prueba central en el juicio que lo condenó a muerte. Después de 26 años, el Estado de Texas planea ejecutarlo mediante la polémica inyección letal de pentobarbital, en lo que sería la ejecución número 30 en Estados Unidos durante 2026.

Los abogados de Howard piden una demora de 30 días por dudas sobre el pentobarbital

Texas utiliza pentobarbital elaborado en farmacias compuestas, dado que los fabricantes farmacéuticos se niegan a vender el medicamento para ejecuciones.

Ante la escasez resultante, el estado analiza sus viales y extiende su fecha de vencimiento si determina que seguirán siendo efectivos, una práctica que sus críticos calificaron de insegura, aseguró The Texas Tribune.

Los abogados de Howard enviaron una carta al gobernador Greg Abbott solicitando una demora de 30 días en la ejecución para obtener registros sobre cuándo fue adquirido el pentobarbital, cómo fue almacenado y qué pruebas se realizaron sobre el fármaco. “Texas no debería esperar a que una ejecución falle para hacer las mismas preguntas”, le escribieron al funcionario.

También le señalaron que Howard “no debería ser ejecutado con un medicamento cuyo historial el Estado se ha negado a mostrarle a sus abogados, pocos días después de que ese mismo fármaco fallara en otro estado”, recogió el medio texano.

El antecedente más próximo dentro del propio estado es el caso de Robert Fratta: en 2023, una jueza del condado de Travis bloqueó temporalmente el uso del fármaco por las mismas preocupaciones sobre el proceso de extensión de vencimientos, pero la ejecución se llevó a cabo después de que el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas anuló esa resolución.

El argumento de discapacidad intelectual

El otro eje de los recursos legales de Howard gira en torno a su estado cognitivo. Sus abogados argumentan que padece una discapacidad intelectual, con un coeficiente intelectual de hasta 70, y que ejecutarlo violaría la Octava Enmienda de la Constitución.

La Corte Suprema de Estados Unidos estableció en 2002 que ejecutar a personas con discapacidad intelectual es inconstitucional, aunque les otorgó a los estados cierto margen para definir los criterios de elegibilidad.

“Ningún tribunal determinó jamás si Howard tiene discapacidad intelectual según los estándares clínicos vigentes hoy”, argumentaron sus abogados ante la Corte Suprema el 6 de octubre, según informó USA Today. Y agregaron: “Las pruebas de Howard sobre un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio no son razonablemente disputables”.

El estado respondió que Howard no presentó pruebas suficientes para acreditar que cumple con los requisitos legales para ese tipo de exención. El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas rechazó el lunes el último recurso ordinario presentado por la defensa. Ese recurso y la solicitud de suspensión de la ejecución aguardaban el martes una respuesta de la Corte Suprema federal.

La controversia sobre su competencia mental tiene raíces en el propio proceso judicial original: antes del juicio, el tribunal celebró dos audiencias para evaluar la aptitud mental de Howard a pedido del estado. El jurado no llegó a un veredicto la primera vez; en la segunda, determinó que Howard era apto para ser juzgado, en parte porque su propio abogado defensor no llamó a su perito de parte.

La condena y los hechos del crimen

La defensa del acusado en el juicio no discutió la autoría del crimen. Su abogado, Tyrone Moncriffe, reconoció que su cliente mató a Swartout y sostuvo que padecía una enfermedad mental.

Mientras que el fiscal Perry Thomas contrarrestó ese argumento señalando la conducta metódica de Howard durante y después del hecho: “Jaló el gatillo apuntando a Vickie, y cuando el arma no disparó, amartilló el percutor y volvió a jalar el gatillo”.

Durante el juicio, Thomas también reconstruyó: “Corrió a casa. Se sacó la gorra y la camisa. Se escondió en un clóset de una casa abandonada cercana. Sabe exactamente lo que hizo”.

El ranger de Texas L.C. Wilson declaró en el juicio que cuando el asesino fue encontrado escondido en ese clóset —en la casa contigua a la de sus abuelos— “sonreía de oreja a oreja”, según un archivo del Beaumont Enterprise.

Los jurados lo declararon culpable de homicidio capital tras menos de tres horas de deliberaciones y rechazaron la opción de encontrarlo no culpable por razón de insanía.

Contexto estadounidense: Florida lidera las ejecuciones en 2026

Si la ejecución de Howard se concreta, será el séptimo hombre ejecutado en Texas en lo que va del año. Otros dos están programados para antes del cierre de 2026: el siguiente en la lista es John Rubio, condenado por el asesinato de sus tres hijos en 2003, quien también impugnó judicialmente el uso del pentobarbital por parte del estado.

Florida encabeza el ranking nacional con 16 ejecuciones en 2026. La inyección letal sigue siendo el método principal en la mayoría de los estados que contemplan la pena capital.

El Ejército de Estados Unidos programó para el 3 de diciembre la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el ex mayor y psiquiatra militar condenado a muerte por el asesinato de 13 personas y las heridas a otras 32 en la base de Fort Hood, Texas, en 2009.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, fijó la ejecución para las 13.00 (hora local), en las instalaciones de Fort Hood, el mismo lugar donde ocurrió el ataque. La orden establece que un pelotón de fusilamiento, bajo mando del comandante del Cuartel Disciplinario de Estados Unidos, cumplirá la sentencia.

La decisión se conoció después de que el presidente Donald Trump autorizara la ejecución a pedido del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la aprobación presidencial se comunicó el lunes 5 de octubre de 2026. La medida aún podría quedar suspendida si Hasan presenta un recurso de hábeas corpus ante la Justicia federal civil.

Hasan, de ascendencia palestina, atacó el 5 de noviembre de 2009 a soldados desarmados en un edificio médico de la entonces mayor base militar del país. Durante el tiroteo gritó “Allahu Akbar”, expresión árabe que significa “Dios es grande”. El ex militar recibió disparos de las fuerzas de seguridad cuando fue reducido, lesiones que le causaron paraplejia. El Gobierno estadounidense lo identifica como “terrorista” y “yihadista” en sus comunicaciones sobre el caso.

La ejecución sería la primera pena capital aplicada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde 1961.

El militar recibió la pena de muerte en 2013 por el asesinato, una condena que un tribunal militar aprobó por unanimidad. La sentencia lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado. Hasan optó por ejercer su propia defensa, no convocó a testigos, no declaró ante el tribunal y tampoco negó los hechos.

Los abogados que el tribunal le asignó expresaron preocupación porque entendían que el acusado buscaba su propia ejecución. Hasan, que entonces tenía el rango de mayor, abrió fuego contra soldados dentro del edificio.

La investigación concluyó que rechazaba las operaciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Además, estableció que mantuvo contactos por internet con Anwar al Awlaki, clérigo radical vinculado a Al Qaeda en la Península Arábiga. Awlaki, ciudadano estadounidense, murió después en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen. El condenado estaba armado con una pistola FN Herstal, que había comprado legalmente en una tienda en Killeen, Texas, por más de 1.100 dólares.

Hasan permanece detenido en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas, a la espera de la ejecución por fusilamiento que el Ejército estadounidense programó para el 3 de diciembre. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, fue quien había recomendado a Trump “la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado”, según declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

(Con información de Associated Press y Europa Press)

Luis Manuel Abarca-Torres, alias el “Güero Menso”, fue sentenciado a 480 meses de prisión federal por conspirar para traficar casi cuatro kilogramos de metanfetamina de alta pureza en el norte de Texas. La condena, dictada el 30 de septiembre por el juez federal Brantley Starr, se enmarca en una investigación de varios años que ya suma trece acusados y vínculos documentados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El caso fue impulsado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Dallas, con apoyo del Servicio de Impuestos Internos (IRS), y forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) contra organizaciones de narcotráfico que operan en Estados Unidos.

La condena y el origen del caso

Abarca-Torres se declaró culpable el 29 de julio de 2025 de conspirar para poseer con intención de distribuir y distribuir 50 gramos o más de metanfetamina. La pena de 40 años responde a un operativo encubierto realizado entre el 21 y el 30 de junio de 2022, cuando acordó suministrar a un agente encubierto cuatro kilogramos de la droga a cambio de 10 mil dólares.

Torres fue sentenciado por conspirar para distribuir metanfetamina con una pureza del 97%, en un operativo encubierto iniciado en 2022. La causa, investigada por la DEA de Dallas, estableció que las ganancias del tráfico estaban vinculadas al CJNG, organización designada como terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según documentos judiciales, durante esa transacción Torres informó al agente encubierto que un distribuidor con sede en Dallas se pondría en contacto con él identificándose como “Guero”, en representación suya. La entrega física de la droga quedó a cargo de la coacusada Adriana Meléndez Calvillo, quien se reunió con el agente en un McDonald’s ubicado en 7305 Airport Freeway, en Richland Hills, Texas.

Calvillo entregó 3 mil 953 kilogramos de metanfetamina con una pureza del 97%. Por este hecho, y por cargos de lavado de dinero, fue sentenciada el pasado 20 de noviembre de 2024 a 480 meses de prisión por narcotráfico y 240 meses adicionales por lavado de instrumentos monetarios.

El fiscal federal Ryan Raybould declaró que “cuatro kilogramos de metanfetamina casi pura listos para su distribución no son solo una transacción de drogas, sino una amenaza directa para todas las familias del norte de Texas”. Según Raybould, el trabajo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional permitió desmantelar la red de distribución vinculada a Torres.

Decomisos, laboratorio clandestino y nexo con el CJNG

Joseph B. Tucker, agente especial a cargo de la división de campo de la DEA en Dallas, sostuvo que la sentencia busca que Torres “rinda cuentas por el veneno que llegó a nuestros vecindarios por su culpa”. Tucker agregó que ninguna cantidad de droga es aceptable y que la agencia continuará sus esfuerzos para erradicarlas de las calles del norte de Texas.

La investigación documentó además un allanamiento realizado el 25 de octubre de 2022 en una dirección de Reno, Texas, donde los agentes encontraron más de 24 kilogramos de metanfetamina cristalizada con una pureza del 99%. En el lugar se identificó además un laboratorio de conversión de metanfetamina, con cantidades de la droga en forma líquida y cristalizada.

Ese operativo derivó en la condena de Ignacio Manzo Cárdenas, sentenciado el 29 de octubre de 2025 a 440 meses de prisión por narcotráfico y 240 meses adicionales por lavado de instrumentos monetarios. Documentos judiciales del caso incluyeron fotografías de bloques de metanfetamina en proceso de secado y recristalización, además de paquetes vacíos usados para su transporte.

El registro también permitió incautar varios libros de contabilidad vinculados al narcotráfico, que mostraban la recepción y distribución de cientos de kilogramos de metanfetamina desde ese mismo lugar, junto con pruebas de entregas de dinero.

El testimonio presentado en la audiencia de sentencia de Meléndez confirmó que los envíos de droga y las ganancias de esta causa están vinculados al CJNG. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a esa organización como grupo terrorista extranjero, al señalar que mantiene contactos en América, Australia, China y el sudeste asiático. El organismo también atribuyó al CJNG ataques con armamento militar y drones cargados de explosivos contra fuerzas de seguridad mexicanas, además de asesinatos e intentos de asesinato de funcionarios en México.

Trece acusados y una condena pendiente

Abarca-Torres es el duodécimo acusado sentenciado en esta investigación, que involucró a un total de trece personas en dos causas judiciales distintas. En conjunto, fue considerado responsable de 396.769 kilogramos, calculados como peso total de droga, por tráfico de metanfetamina y heroína. Un acusado permanece prófugo.

En el expediente principal ya habían sido condenados Omar Gilliam, a 270 meses de prisión; David García, a 121 meses; Fátima García, a 108 meses por narcotráfico y lavado de dinero; Juan Pablo Guerra, a 62 meses por conspirar para distribuir 100 gramos o más de heroína; Gerardo Campos García, a 27 meses por lavado de instrumentos monetarios, y Hilario Zamago, a un año de libertad condicional por usar un medio de comunicación para facilitar un delito grave relacionado con drogas.

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad de Torres, el Gobierno aceptó desestimar los cargos en una causa paralela, identificada como el caso número 3:23-CR-177-N. En ese expediente ya se habían dictado sentencias contra Oscar Alonso Domínguez Rodríguez, de 240 meses por posesión de metanfetamina con intención de distribuirla; Guadalupe Ramírez, de 97 meses por lavado de dinero, y Franklin José Cruiz Arguijo, de 70 meses por conspirar para distribuir metanfetamina.

El rol del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional

El proceso judicial se enmarca en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creada a partir de la Orden Ejecutiva 14159. Según el comunicado, el HSTF es una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales, bandas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

El organismo reúne a agentes y oficiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (DSI), el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS), el IRS, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Servicio Secreto, en colaboración con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas.

El caso contra Abarca-Torres fue investigado por la división de Dallas de la DEA con asistencia de la oficina de campo de Texas de la división de investigación criminal del IRS. Los fiscales federales adjuntos George Leal, Joseph T. Lo Galbo y Abby Policastro estuvieron a cargo del procesamiento judicial.

Las casas nuevas ya cuestan menos por metro cuadrado que las usadas en varios de los principales mercados de Estados Unidos, después de que el aumento de la oferta llevó a los constructores a reducir precios y a ampliar los incentivos.

Un análisis de plataforma de información inmobiliaria Zillow indicó que, en julio de 2026, el precio mediano por superficie de las viviendas recién construidas quedó por debajo del de las propiedades existentes a escala nacional. La comparación se basa en las operaciones relevadas por la plataforma y no en propiedades idénticas.

La diferencia modifica una relación que había prevalecido durante los últimos años. Entre 2018 y 2024, las viviendas nuevas fueron más caras por metro cuadrado en 77 de los 84 meses analizados.

En cambio, durante 17 de los 19 meses previos a julio, se vendieron por debajo de las usadas en distintos mercados.

Austin, con la mayor brecha: 19,3 % de descuento en vivienda nueva

Austin, en Texas, encabezó las áreas metropolitanas con mayor diferencia a favor de la obra nueva.

Allí, el precio mediano de una casa nueva fue de USD 1.981 por metro cuadrado, mientras que el de una existente alcanzó USD 2.454. La distancia fue de 19,3 %, la más amplia del relevamiento de Zillow.

El mercado de Austin acumuló una elevada actividad constructora desde el auge inmobiliario posterior al inicio de la pandemia.

La mayor cantidad de unidades disponibles incrementó la competencia entre desarrolladores y presionó los valores de las propiedades nuevas.

Raleigh, Carolina del Norte, se ubicó entre los mercados con mayores descuentos para las viviendas recién construidas: su precio por superficie fue 14,4 % inferior al de las propiedades usadas, de acuerdo con el análisis de Zillow.

En San Diego, California, la obra nueva también se situó entre los mercados donde el precio por superficie quedó por debajo del de las viviendas existentes, según el mismo relevamiento.

En Tampa, Florida, las construcciones nuevas costaron 12,4 % menos por superficie. El análisis de Zillow atribuyó parte de esa diferencia a la competencia entre constructoras, que impulsó unidades de menor precio y mejores condiciones para concretar operaciones.

Oferta de vivienda nueva en 9,6 meses de ventas

El inventario de viviendas nuevas equivalió a 9,6 meses de ventas en julio, frente a los 7,6 meses de dos años antes.

El registro también quedó por encima de los cerca de seis meses observados en julio de 2018 y de 2019.

Con más unidades pendientes de venta, los constructores recurrieron a rebajas directas y a incentivos financieros, entre ellos tasas hipotecarias reducidas.

“Durante años, los compradores supusieron que la construcción nueva estaba fuera de su alcance”, afirmó Kara Ng, economista sénior de Zillow, en declaraciones a Fox Business, canal de noticias financieras estadounidense.

Ng señaló que esa percepción tuvo sustento durante buena parte de la última década y recomendó revisar las alternativas disponibles.

En los mercados donde los constructores fueron más activos, las empresas necesitan vender el inventario acumulado y pueden ofrecer condiciones de financiación que los propietarios particulares difícilmente igualan.

“Los compradores están encontrando las mejores oportunidades en los lugares donde los constructores fueron más activos”, dijo Ng a Fox Business.

Los descuentos se concentran así en varios mercados del Cinturón del Sol, donde la disponibilidad de viviendas es más amplia.

Inventario de casas usadas todavía 17,1 % por debajo del nivel prepandemia

La situación del mercado de reventa es distinta. La oferta de viviendas existentes permanecía 17,1 % por debajo del nivel anterior a la pandemia, de acuerdo con la investigación de Zillow.

Muchos propietarios obtuvieron sus hipotecas cuando las tasas rondaban el 3 %, por lo que conservan cuotas mensuales más bajas.

Además, la apreciación de sus inmuebles elevó el patrimonio acumulado, dos factores que reducen la presión para aceptar una rebaja al vender o que incluso permiten optar por alquilar la propiedad.

La escasez relativa de viviendas usadas ayuda a sostener sus precios por superficie. Las nuevas unidades suelen ser más pequeñas y ocupar lotes de menor tamaño, pero la necesidad de los constructores de reducir existencias tuvo mayor peso en los mercados con abundante oferta.

El análisis de Zillow advirtió que la desaceleración en los permisos de construcción podría limitar la cantidad de proyectos a futuro.

El déficit habitacional estimado en el país asciende a 4,7 millones de viviendas; para Ng, las reformas de zonificación y la aceleración de los permisos locales son medidas centrales para sostener la construcción.

San Antonio, con 37,1 % de las operaciones en vivienda nueva

Las casas recién construidas representaron 12,6 % de todas las compraventas en los 12 meses cerrados en julio de 2026, la misma proporción de 2019 y por debajo del 16,7 % alcanzado en 2023.

San Antonio, Texas, registró la mayor participación de obra nueva, con 37,1 % de las operaciones. Raleigh quedó segunda con 33,6 %, mientras que Hartford, Connecticut, ocupó el extremo opuesto, con apenas 2 % de ventas correspondientes a viviendas nuevas.

Las áreas metropolitanas texanas ganaron peso frente a 2019. San Antonio avanzó 12,9 puntos porcentuales, Dallas sumó siete puntos y Houston, 6,8.

En sentido contrario, Nueva Orleans sufrió una caída de 17,7 puntos porcentuales, y Baltimore y Atlanta también perdieron participación.

Nueva York mantiene precios más altos para las viviendas nuevas

La relación se invierte en las zonas con menor desarrollo. En el área metropolitana de Nueva York, las viviendas recién construidas conservaron un precio por superficie superior al de las propiedades existentes, según el análisis de Zillow.

Cleveland, Milwaukee y Detroit también estuvieron entre los mercados donde las unidades nuevas conservaron precios superiores. La oferta acotada y las dificultades para desarrollar proyectos favorecen allí a segmentos de mayor valor.

La metodología de Zillow compara las medianas del precio por metro cuadrado de casas unifamiliares y condominios nuevos y existentes.

No enfrenta propiedades idénticas, sino el conjunto de operaciones realizadas en cada segmento, por lo que las diferencias reflejan tanto los valores como la composición de las ventas.

Un juez federal suspendió por tiempo limitado la orden de eutanasia sobre Major, un pastor belga malinois que lleva más de 545 días encerrado en un refugio de animales de Austin, Texas, y le otorgó a su dueño, Shane Lilly, apenas diez días para presentar argumentos que justifiquen la liberación del perro. El juez sénior del Distrito Federal David Alan Ezra emitió la suspensión el 29 de septiembre y anunció que fallará antes del 9 de octubre, según informó el New York Post.

La decisión abre una última ventana legal en una disputa que se extiende desde marzo de 2025. El propietario enfrenta una carrera contra el tiempo para evitar que el mandato de sacrificio, emitido por un tribunal municipal de la capital texana, se ejecute de forma definitiva sobre el ejemplar al que describe como su compañero de servicio.

Major mordió a una mujer que intentó ayudarlo tras ser atropellado

El origen del caso se remonta al 31 de marzo de 2025, cuando Major fue golpeado por una camioneta blanca mientras caminaba con Lilly por la avenida Felix, en Austin. El propietario regresó a su domicilio a buscar el teléfono celular y, en su ausencia, una transeúnte intentó subir al malinois herido a un vehículo. El can la mordió en ese instante, de acuerdo con lo informado por el New York Post.

Las autoridades trasladaron al perro a un refugio de animales para observación por posible rabia y obtuvieron luego una resolución municipal que autorizó su sacrificio, al considerar que el animal representaba un riesgo para la comunidad. Desde entonces, Major permanece aislado, sin contacto con personas ni con otros ejemplares.

El can pesa alrededor de 29 kilogramos y fue entrenado específicamente como animal de asistencia para Lilly, quien padece una lesión cerebral traumática y epilepsia. Major está adiestrado para alertarlo sobre crisis convulsivas inminentes, asistirlo durante los episodios y ayudarlo a caminar, mantener el equilibrio y subir escaleras. Su dueño afirma que el mordisco fue una reacción al dolor provocado por el impacto del vehículo y no una conducta agresiva premeditada.

Lilly perdió en todas las instancias estatales antes de llegar a la justicia federal

El demandante apeló la condena y perdió en febrero de 2026. Llevó el caso al Tribunal Supremo de Texas en agosto de ese año, pero la máxima instancia estatal rechazó reactivar la causa, dejando la resolución vigente. Ante ese panorama, el dueño recurrió a la justicia federal con una demanda en la que acusa a la ciudad de Austin y a tres empleados del refugio de ignorar el rol de Major como perro de servicio y las alternativas disponibles para preservar su vida.

En ese escrito judicial, Lilly solicita que una evaluación independiente de un tercero determine si el malinois puede ser rehabilitado y reentrenado para convivir de forma segura. El reclamo se enmarca en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), bajo la cual Lilly argumenta que la ciudad debía realizar una evaluación individualizada del rol del animal antes de ordenar su sacrificio, algo que según la demanda nunca ocurrió. La causa amplía el alcance jurídico más allá de la normativa local sobre animales considerados peligrosos.

Más de 54.000 personas firmaron para salvar al perro

El caso movilizó a decenas de miles de ciudadanos. Al cierre de la última jornada registrada, 54.983 personas suscribieron una petición en Change.org para exigir que el animal sea perdonado. Grupos de activistas se manifestaron frente al albergue y en las inmediaciones del juzgado con carteles que decían “¡Liberen a Major!”.

“Mi querido animal de servicio, Major, enfrenta una sentencia de muerte injusta que ningún animal merece”, escribió Lilly en el documento, recogido por el New York Post. “Major fue un compañero leal y un ser apacible que reaccionó de manera instintiva cuando estaba sufriendo. No merece ser separado de su familia ni sacrificado sin causa justificada”, agregó.

El fallo del juez Ezra determinará si Major abandona el centro donde lleva más de año y medio retenido o si la orden de sacrificio se vuelve irreversible. Lilly instó a sus seguidores a difundir el caso: “Los urjo a estar con nosotros y exigir justicia para Major”, expresó en la misma petición.

El 60% de los propietarios texanos mayores de 65 años no paga impuestos escolares sobre la propiedad, la partida más pesada en las facturas fiscales del estado, según informó The Texas Tribune con base en un análisis de la oficina del senador estatal Paul Bettencourt. El dato revela que Texas construyó un sistema de recortes fiscales que beneficia de manera en mayor proporción a ese grupo etario.

Casi 2,4 millones de texanos quedaron eximidos de ese tributo. El mecanismo central es la exención homestead, el tramo del valor de la residencia principal que no puede gravarse para financiar las escuelas públicas, que el Legislativo elevó el año pasado a USD 140.000 para todos los propietarios.

Para los mayores de 65 años y para quienes tienen discapacidades calificadas, ese monto se combina con la exención para adultos mayores y alcanza los USD 200.000 descontados del valor imponible.

Según la oficina del senador Bettencourt, el impuesto escolar promedio estatal para las viviendas unifamiliares disminuyó un 13,6%, situándose en USD 896 dólares el año pasado. Para las personas mayores, la caída fue de aproximadamente un 33%, hasta los USD 380. Sus estimaciones indican que alrededor del 40% de los propietarios de viviendas del estado ya no pagan impuestos sobre la propiedad.

“La gente pagó impuestos toda su vida”, dijo Bettencourt, autor de muchos de los recortes, en una audiencia del comité del Senado a comienzos de mes. “Cuando finalmente pagan cero y se dan cuenta de que no es un error, es un gran día para ellos”, afirmó en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.

Recortes financiados con impuestos que pagan todos

Para financiar esos recortes, los legisladores destinaron USD 51.000 millones el año pasado, cifra que se comprometieron a repetir cada dos años, provenientes de superávits del erario estatal, que se nutren de impuestos como el impuesto a las ventas, pagado por la población en general.

Expertos en política fiscal de distintas orientaciones coinciden en calificar ese mecanismo como una transferencia de riqueza de las generaciones más jóvenes hacia las más mayores.

“Hay muchas personas jóvenes que quizá necesitan el alivio más que quienes están jubilados y tienen muchos ahorros”, señaló Janelle Fritts, analista del Centro de Política Fiscal Estatal de Tax Foundation.

Ese malestar llega también desde las propias filas del conservadurismo. “Parece fundamentalmente injusta”, afirmó Derrick Wilson, presidente de la Federación de Jóvenes Republicanos de Texas, sobre una situación en la que los propietarios de mayor edad obtienen alivio fiscal, mientras que las generaciones jóvenes continúan pagando los bonos que aquellos aprobaron con su voto.

Más de la mitad de los adultos mayores no llega a cubrir gastos básicos

El debate sobre la equidad de los recortes se complica ante la realidad económica de buena parte de los adultos mayores en Texas, apunta The Texas Tribune. Más de la mitad vive por debajo del Elder Index, un indicador del Instituto de Gerontología que mide el ingreso necesario para cubrir gastos básicos.

De ese grupo, el 28% vive por debajo de la línea federal de pobreza, según Caitlin Covey, directora del Centro de Investigación Social y Demográfica sobre el Envejecimiento de la Universidad de Massachusetts Boston. El resto no califica para asistencia pública, pero tampoco llega a cubrir sus necesidades.

En las principales áreas urbanas del estado, propietarios mayores destinan más del 30% de sus ingresos a mantener un techo; al menos el 30% de los mayores de 65 años enfrenta esa situación, independientemente de si son propietarios o inquilinos, según el Centro Conjunto de Estudios de Vivienda, de la Universidad de Harvard.

Jane Lindsley, contadora jubilada de 72 años residente en el condado de Hays, ilustra esa tensión. Su factura de impuestos escolares cayó a cero el año pasado, lo que redujo su factura total en más del 40%. Pero el costo de seguros, combustible, alimentos y salud no paró de crecer. Con ingresos de USD 4.400 mensuales entre la Seguridad Social y una anualidad, Lindsley logra sostenerse, aunque sin holgura.

“Era lo único en mi vida que estaba bajando. Podía pagarlo de verdad”, afirmó en declaraciones a The Texas Tribune. Aun sin impuestos escolares, pagó más de USD 1.000 en otros gravámenes sobre su vivienda valuada en USD 546.000.

Menos viviendas en venta y precios más altos para los compradores jóvenes

Los recortes fiscales también inciden en el mercado inmobiliario. Las investigaciones indican que cuanto mayor es el beneficio fiscal que recibe un propietario, menos probable es que ponga su vivienda en venta. Eso restringe la oferta y presiona los precios al alza, lo que dificulta el acceso a la vivienda para los compradores más jóvenes.

Expertos y organizaciones de defensa de adultos mayores sostienen que parte de la solución pasa por ampliar la oferta de tipologías habitacionales, unidades de vivienda accesoria, dúplex y edificios pequeños de apartamentos, para que los adultos mayores puedan reducir el tamaño de su vivienda sin abandonar su comunidad.

“Hay mucha gente que estaría feliz de mudarse a algo más pequeño, pero no quiere irse de su comunidad”, dijo Jessica Lemann, encargada de cabildeo de AARP Texas, al medio.

Propuestas para reformar el sistema

El gobernador Greg Abbott propone eliminar por completo los impuestos escolares sobre la propiedad para todos los propietarios de vivienda, aunque los dueños de otros bienes inmuebles locales comerciales, fábricas, depósitos, seguirían pagando.

Sus detractores advierten que esa medida implicaría un costo muy elevado y probablemente requeriría aumentar la tasa del impuesto a las ventas. El vicegobernador Dan Patrick propuso, por su parte, extender la exención para adultos mayores a personas de 55 años en adelante y elevar la exención general para todos los propietarios.

Una alternativa que mencionan especialistas de distintas orientaciones es el “circuit breaker”: un mecanismo que limita el monto del impuesto cuando supera cierto porcentaje del ingreso del contribuyente, sin distinción entre propietarios e inquilinos.

“Si realmente quieres concentrarte en quienes más necesitan el alivio fiscal, creo que utilizar el ingreso como criterio es una forma muy adecuada de hacerlo”, afirmó Shannon Halbrook, experta en política fiscal del centro de estudios progresista Every Texan, a The Texas Tribune.

La población de adultos mayores en Texas podría casi duplicarse en las próximas décadas: de unos 3,9 millones en 2020 a 7,5 millones en 2050, según proyecciones del Centro Weldon Cooper para el Servicio Público de la Universidad de Virginia. A medida que el estado envejezca, el costo de los beneficios fiscales para ese grupo crecerá a un ritmo mayor que el de las exenciones generales, indicó la oficina del contralor de Texas.

La Secretaría de Marina confirmó este sábado un despliegue de 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones en la franja fronteriza de Tamaulipas. El operativo responde al envío de aproximadamente 500 elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos al Valle del Río Grande, Texas.

De acuerdo con con los primeros reportes, la Armada de México ejecutó la acción a través del Sector Naval de Matamoros, en el marco de la Operación Sable.

El anuncio ocurrió mediante un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este 3 de octubre. Ambas dependencias buscan aclarar la información difundida en días previos por diversos medios sobre la movilización estadounidense.

El objetivo declarado consiste en reforzar la seguridad fronteriza y mejorar las capacidades de detección. Este mecanismo implica que cada nación despliega capacidades similares en su respectivo lado de la frontera.

Un día antes de la publicación del comunicado se conoció la noticia de la movilización estadounidense a través de reportes periodísticos. Medios locales reportaron que el despliegue de Estados Unidos surgió tras un tiroteo contra la Guardia Costera estadounidense.

El incidente armado ocurrió el fin de semana previo en la localidad de Garceno, Texas. Presuntos integrantes del crimen organizado dispararon desde el lado mexicano, en la zona de Miguel Alemán, Tamaulipas.

Operación Sable despliega 159 elementos en el Sector Naval de Matamoros

La Armada de México ejecuta la Operación Sable a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas. El operativo cuenta con 159 elementos navales distribuidos en la franja fronteriza bajo jurisdicción mexicana.

El despliegue incluye además 11 vehículos terrestres asignados a tareas de patrullaje y vigilancia. Dos drones complementan las capacidades de monitoreo aéreo en la zona.

La respuesta oficial indica que el refuerzo responde a las operaciones espejo acordadas con Estados Unidos, sin que exista una alerta de riesgo inminente adicional a la vigilancia rutinaria que ambos países mantienen en el Valle del Río Grande.

La Secretaría de Marina precisó que mantendrá sus operaciones de vigilancia y seguridad en toda la frontera norte. La dependencia no estableció una fecha de conclusión para el operativo actual.

El Comando Norte de Estados Unidos confirma la Operación Vanguardia Ardiente

El Comando Norte de Estados Unidos difundió a través de sus cuentas oficiales el despliegue de sus fuerzas armadas. La cifra reportada por esa instancia asciende a aproximadamente 500 elementos militares.

La acción estadounidense se enmarca en la operación que las autoridades castrenses denominaron Vanguardia Ardiente. En inglés, el nombre original de la operación corresponde a Ardent Vanguard, según documentó el medio The Texan.

Un portavoz del Comando Norte declaró a ese periódico que los efectivos se ubican en el Valle del Río Grande. El funcionario describió la acción como “un esfuerzo continuo para reforzar rápidamente a las fuerzas estadounidenses y a los socios federales que operan en la zona”.

La Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur participó en la ejecución del operativo. Esa unidad trabaja en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Seguridad Interior, de acuerdo con la información castrense estadounidense.

El despliegue incluyó el envío de helicópteros tipo Chinook hacia islas ubicadas en la frontera entre Texas y Tamaulipas. Esa zona corresponde geográficamente al Valle del Río Grande.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, se refirió al tiroteo que originó la movilización. El mandatario estatal no confirmó directamente la vinculación con el crimen organizado, pero declaró: “eso es lo que he oído”.

Ningún efectivo de la Guardia Costera estadounidense resultó herido durante el tiroteo ocurrido en Garceno. Tampoco se reportaron daños al equipo utilizado por esa corporación, según informó un portavoz de la Guardia Costera al rotativo The Texan.

Los cuatro ejes de la política binacional mexicana en materia de seguridad

El comunicado conjunto de Semar y SRE estableció los principios que rigen la relación entre ambos países en este rubro. Esos principios son el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la cooperación sin subordinación.

La Secretaría de Marina subrayó que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla por conductos institucionales establecidos. La dependencia enfatizó que este proceso ocurre con pleno respeto a la soberanía, las atribuciones y la jurisdicción de cada país.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, describieron su estrategia como “un enfoque integrado y por capas” para la frontera. El objetivo declarado busca “controlar, asegurar y defender” esa línea fronteriza, según el comunicado castrense.

El Comando Norte afirmó que la operación busca “aumentar la capacidad de patrullaje” y “reforzar áreas clave”. La dependencia también mencionó el propósito de “proporcionar capacidades adicionales de monitoreo y detección” en territorio texano.

Las fuerzas estadounidenses señalaron que su actuación busca “contrarrestar la actividad ilícita” en la zona fronteriza. El comunicado agregó el objetivo de “salvaguardar a nuestro personal y a las comunidades a las que servimos”.

El comunicado conjunto mexicano cerró con la leyenda institucional de la Armada de México. El texto incluyó las palabras “Honor, Deber, Lealtad, Patriotismo” como cierre formal del documento.

La coincidencia temporal entre ambos despliegues (el mexicano con 159 elementos navales y el estadounidense con 500 efectivos) refleja la dinámica de las operaciones espejo que las dos naciones mantienen en su frontera común. Ninguna de las dos dependencias mexicanas proporcionó una fecha límite para el operativo en curso.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston declararon muerta a la pequeña Vivian en el lugar de los hechos, el martes 29 de septiembre. Cibelle murió al día siguiente sin haber sido imputada formalmente por ningún delito.

El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) investiga el caso como un aparente homicidio-suicidio.

La muerte de la madre de Vivian Savella y cómo avanza la investigación en Houston

Agentes del HPD llegaron a la vivienda ubicada en el 322 de Terra Reserve Place, en el oeste de la ciudad, tras recibir un reporte de disparos a las 5:46 p.m. del martes 29 de septiembre. En el tercer piso encontraron a Vivian con una herida de bala en la cara y a su madre, de 35 años, con una herida que, según la policía, parecía haberse causado ella misma.

La mujer fue trasladada a un centro médico cercano en estado crítico. El 30 de septiembre se confirmó su muerte. La División de Homicidios del HPD lleva adelante las pesquisas, que permanecían abiertas; las autoridades no habían hecho públicos más detalles sobre las circunstancias exactas del hecho ni descartado o confirmado ninguna hipótesis de manera definitiva.

La audiencia de custodia que precedió al hecho

De acuerdo con información preliminar del HPD citada por Univision, Cibelle y Vivian llegaron a la vivienda luego de una audiencia de custodia celebrada esa misma mañana. La audiencia, presidida por una jueza del condado de Harris, tuvo lugar el martes a las 9:30 a.m. y concluyó con la decisión de otorgar la custodia primaria de Vivian a su padre, Aaron Savella, de 37 años, abogado de capital privado, según documentos judiciales.

La resolución también le otorgó a Aaron autoridad exclusiva sobre las decisiones relativas a la educación, atención médica y salud mental de la niña.

Cibelle, de nacionalidad brasileña, quedó con derecho a ver a su hija únicamente bajo supervisión continua de la organización Guardians of Hope, con sede en Houston, que presta servicios de visita supervisada en casos de disputas de custodia de alta conflictividad.

La jueza le prohibió hablar con Vivian en portugués salvo ante una supervisora que dominara el idioma, asistir a actividades escolares de la niña y le ordenó pagar manutención a Aaron y el 50% de gastos médicos no cubiertos por seguro, según el expediente. Los documentos no explicaban las razones específicas.

Según el abogado del padre, consultado por ABC13, la orden no especificó cómo debía realizarse el traspaso de la niña. El letrado también aclaró que, dado que la resolución acababa de dictarse, la agencia encargada de supervisar las visitas ni siquiera tenía conocimiento del caso cuando ocurrieron los disparos. Fuentes cercanas a la familia, citadas por la filial de ABC en Houston, KTRK, señalaron que Vivian debía ser entregada a su padre esa misma noche.

La familia difundió un comunicado a través de sus representantes legales el 30 de septiembre. En él, Aaron fue reconocido por haber recurrido a los tribunales para proteger a su hija y haber cumplido cada orden judicial. “Nuestra familia está devastada. No hay palabras para describir lo que nos han arrebatado”, expresó la familia. Sobre el desenlace de esa noche, la familia fue escueta: “Nunca llegó”.

Quiénes estaban en la vivienda cuando ocurrieron los disparos

El padrastro de la niña y una niñera también se encontraban en el domicilio en el momento de los disparos. Investigadores de la División de Homicidios tomaron declaración a ambos, de acuerdo con ABC7.

Otros testigos presentes en la vivienda escucharon los disparos, forzaron la entrada a la habitación de la menor y alertaron a las autoridades.

El pedido de la familia de Vivian Savella

Los allegados de Vivian aprovecharon el comunicado para pedir mayor atención pública hacia los padres que, como Aaron, recurren a la justicia para proteger a sus hijos. La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó privacidad durante el duelo.

Quienes cuenten con información útil para los investigadores pueden comunicarse con la División de Homicidios del HPD al 713-308-3600 o con Crime Stoppers al 713-222-TIPS.

Pike, de 50 años, llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte tras ser condenada en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer. El miércoles estaba previsto que se convirtiera en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

La ejecución fracasó tras dos intentos con inyección letal. Las imágenes del procedimiento relatadas por periodistas que lo presenciaron derivaron en una crisis política y judicial en el estado.

Trump dice que la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee es una situación “muy interesante”

Durante una conferencia de prensa en Texas, el presidente respondió una pregunta sobre si el caso lo impulsaba a revisar la política de pena de muerte a nivel federal. “Esa fue una situación interesante”, dijo Trump, antes de aclarar que el asunto corresponde al estado de Tennessee. “Fue una ejecución en la que la medicación no funcionó exactamente”, agregó. Y remató: “No debería ser muy difícil”.

El mandatario no anunció medidas adicionales ni se pronunció sobre el protocolo empleado. Indicó que habría que hablar con Tennessee al respecto y dejó en manos del estado cualquier decisión sobre la continuidad del proceso.

Los abogados de Pike denuncian que el procedimiento fue “cruel y tortuoso”

Los defensores de Pike, Randy Spivey y Stephen Ferrell, informaron a la prensa que su clienta permanece internada pero que no han podido visitarla. “No tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud, sí sabemos que está viva”, declaró Spivey.

El abogado, que presenció el intento de ejecución, describió el uso de al menos siete agujas en el transcurso de una hora, una de las cuales parecía doblada al momento de ser extraída del brazo de Pike. “Lo de anoche no fue solo ineficiente; fue cruel y tortuoso”, afirmó. Spivey explicó que Pike tenía antecedentes de dificultades con las extracciones de sangre, lo que hacía aún más problemático el acceso venoso.

Pike había pedido morir ante un pelotón de fusilamiento compuesto solo por mujeres

Antes de la ejecución, la defensa había solicitado que el procedimiento se realizara mediante un pelotón de fusilamiento integrado exclusivamente por mujeres, una opción que Tennessee no contempla para su caso. Según Spivey, el rechazo de Pike a la inyección letal no era una negativa a cumplir su condena. “No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, señaló el abogado.

Una periodista que presenció el procedimiento, Tori Gessner, de la estación de televisión WKRN, afiliada a ABC en Nashville, relató que Pike se quejó en voz alta durante la ejecución: “Siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?”, dijo la condenada, según el testimonio de Gessner. La periodista, que presenció otras cinco ejecuciones en el estado, afirmó: “Nada de lo ocurrido fue normal, en absoluto”. Otros medios presentes coincidieron con esa descripción y señalaron que Pike pateaba y emitía sonidos durante el procedimiento.

La madre de Colleen Slemmer cuestionó el resultado de la ejecución fallida

May Martínez, madre de la joven asesinada por Pike en 1995, cuando ambas tenían 18 y 19 años, lamentó lo ocurrido en declaraciones a NBC. “Fue un desastre”, afirmó.

Martínez indicó que nadie les informó sobre el fracaso del procedimiento mientras estaban en el lugar: “No dijeron nada y de repente nos pidieron que nos fuéramos, y nos fuimos. No supimos nada hasta que llegamos a la oficina y vimos al comisionado de Corrección y él nos dijo que no había funcionado”.

También señaló que Pike “no mostró ningún remordimiento por lo que le pasó a Colleen”.

Las autoridades penitenciarias de Tennessee sostienen que se cumplió el protocolo

La autoridad de prisiones del estado de Tennessee sostuvo que el procedimiento siguió el protocolo establecido por la ley y que no se permiten intervenciones adicionales más allá de las dos tandas de inyección letal de pentobarbital previstas.

La posición de las autoridades contrasta con el relato de la defensa y de los periodistas presentes.

El gobernador Bill Lee suspende las ejecuciones de 2026 y ordena una investigación

Tras lo ocurrido, el gobernador republicano Bill Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones previstas para el año 2026 y ordenó una investigación sobre el procedimiento aplicado en el caso de Pike.

Según medios locales, la de Pike sería la segunda ejecución del año en Tennessee. La investigación no tiene plazos definidos ni se han dado a conocer los términos de su alcance.

El Capitolio del estado de Texas, en Austin, estuvo en el centro de una alerta de seguridad este miércoles luego de que las autoridades frustraran un plan de ataque armado programado.

El caso pone de relieve la capacidad de respuesta del sistema de inteligencia estatal y federal ante amenazas de este tipo: desde que llegó la denuncia hasta la detención del sospechoso no pasaron más de unas pocas horas.

Benny Caldera Jr., de 40 años y vecino de Converse, una localidad en las afueras de San Antonio, es el hombre señalado como autor del plan.

La denuncia que desencadenó el operativo

Según documentos judiciales obtenidos por NBC 5 DFW, Caldera le había anticipado sus intenciones a un conocido con una frase directa: “Voy al Capitolio y le voy a disparar”.

Antes de colgar, le advirtió: “Te quiero. Si no me volvés a ver...”. Ese conocido fue quien alertó a los investigadores.

Los documentos también revelan que Caldera había expresado animadversión hacia el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) y había usado expresiones violentas al referirse a ese grupo.

El arresto y los cargos contra el sospechoso

A las 3 de la mañana del miércoles, una unidad SWAT del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) irrumpió en la vivienda de Caldera en su domicilio, y lo detuvo.

Fue trasladado al Centro de Detención del condado Bexar, donde quedó imputado por el delito grave de amenaza terrorista contra un funcionario público, una infracción de tercer grado según la legislación de Texas.

El registro judicial consignó una fianza de USD 75.000. Sin embargo, Caldera no salió de la cárcel: el FBI lo arrestó allí mismo el miércoles por la noche para trasladarlo a custodia federal.

El cambio se efectuó a las 19:41, de acuerdo con los registros del condado Bexar citados por UPI. Los cargos federales adicionales no fueron precisados, y el DPS derivó las consultas al FBI.

La reacción de las autoridades estatales y federales

El director del FBI, Kash Patel, escribió en su cuenta de X sobre la velocidad de la respuesta: “En pocas horas desde la denuncia, el DPS ya tenía al principal sospechoso detenido, con el FBI de San Antonio y las fuerzas locales asistiendo”.

Patel añadió: “Amenazá a los estadounidenses o a sus instituciones, y las fuerzas del orden actuarán rápido”.

El gobernador Greg Abbott también publicó en X su respaldo al operativo. “El DPS de Texas y el FBI detuvieron un ataque planeado contra el Capitolio de Texas. Texas NO tolerará amenazas de violencia contra nuestro Capitolio”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la secretaria del Senado estatal, Patsy Spaw, notificó a los legisladores sobre la amenaza y el arresto en las primeras horas del miércoles, tal como confirmó el DPS.

Un correo enviado por Spaw al personal del Capitolio, citado por The Texas Tribune, se refirió a Caldera como principal sospechoso y mencionó posibles cómplices. El DPS no divulgó identidades ni comunicó otros arrestos.

El DPS precisó, tras la detención, que no existían indicios de una amenaza activa contra el Capitolio, los legisladores ni el personal.

La investigación continúa abierta y el organismo instó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante cualquier comportamiento sospechoso.

Entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, un frente lento y una masa de humedad tropical elevarán el riesgo de lluvias intensas e inundaciones repentinas en sectores del sur de Estados Unidos. Los pronósticos oficiales sitúan la mayor amenaza inicial en Texas y Oklahoma, aunque las lluvias y tormentas también podrían extenderse hacia partes del valle bajo del Mississippi y Georgia durante el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

El sistema puede afectar la circulación por carretera, zonas urbanas con drenaje limitado y áreas cercanas a ríos y arroyos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió vigilancias por inundaciones para partes de Texas hasta el viernes 2 de octubre y advirtió que algunas tormentas podrían descargar grandes cantidades de agua en períodos breves.

La previsión publicada por Fox News el 30 de septiembre anticipó un evento más amplio para la costa del Golfo de México y el sureste, con acumulados importantes en Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia. La información oficial revisada confirma el riesgo de precipitaciones fuertes en partes de esa región, aunque no permite validar todas las cifras ni todas las alertas específicas citadas por el medio.

¿Qué zonas de Estados Unidos tendrán lluvias e inundaciones del 2 al 4 de octubre?

Los pronósticos federales ubican a Texas y Oklahoma como las áreas con mayor riesgo de inundaciones repentinas durante la primera parte del período. El Servicio Meteorológico Nacional informó que un frente de desplazamiento lento, combinado con humedad tropical, mantendría condiciones favorables para lluvias persistentes y tormentas hasta el viernes 2 de octubre.

El organismo indicó que el fenómeno puede causar inundaciones en áreas urbanas y crecidas rápidas en cursos de agua pequeños. Estos episodios ocurren cuando la lluvia cae a un ritmo superior a la capacidad de absorción del suelo o al drenaje disponible en calles, autopistas y zonas pobladas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El área bajo observación puede variar según la evolución del frente y de las bandas de lluvia. Las actualizaciones oficiales disponibles para el 1 de octubre señalaban que la amenaza principal estaba concentrada en las llanuras del sur, mientras que para el fin de semana se esperaban condiciones inestables también en partes del sureste, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La previsión de lluvias se extiende desde el jueves 1 de octubre en sectores de Texas y podría alcanzar otras zonas entre el viernes y el domingo. Las autoridades meteorológicas emiten pronósticos por condado y mantienen sistemas de vigilancia diferenciados, por lo que un riesgo regional no supone necesariamente que todos los municipios tengan la misma exposición, según el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Por qué hay riesgo de inundaciones repentinas en Texas y Oklahoma?

El riesgo está asociado a la combinación de un frente atmosférico lento y humedad tropical. Cuando un frente avanza con poca velocidad, las tormentas pueden repetirse durante varias horas sobre áreas cercanas. Esa persistencia aumenta el volumen de lluvia acumulada y eleva la posibilidad de desbordes localizados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para zonas del centro de Texas, los partes oficiales incluyeron vigilancias por inundaciones entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. En Austin, el pronóstico contempló lluvias y tormentas, con posibilidad de precipitaciones intensas. El organismo estimó acumulados de entre 25 y 51 milímetros en algunos sectores durante los períodos de mayor actividad, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En el área de Arlington, cerca de Dallas, la previsión incluyó una vigilancia por inundaciones hasta las 07:00 del viernes 2 de octubre. El parte meteorológico indicó una probabilidad del 90% de precipitaciones y anticipó que algunas tormentas podían producir lluvias fuertes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Otros pronósticos del centro y oeste de Texas previeron entre 25 y 76 milímetros de lluvia en distintos intervalos del evento. Las cantidades finales dependen de la ubicación de las bandas de tormentas y del tiempo que permanezcan sobre una misma área, de acuerdo con los boletines locales del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo lloverá en Georgia y qué se prevé para Atlanta?

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta informó que Georgia mantendría condiciones secas hasta el final de la semana, antes del regreso de nubes, lluvias y tormentas durante el fin de semana. El organismo previó que la actividad podría comenzar tarde el viernes 2 de octubre.

El mayor riesgo de chaparrones y tormentas en gran parte de Georgia se concentraría el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. Esa previsión coincide con el tramo temporal señalado por Fox News, que situó el período de lluvias más relevantes durante esos dos días, según el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

La actualización oficial consultada no incluía vigilancias, avisos ni advertencias activas para el área de cobertura de Atlanta. Esa situación puede cambiar si los modelos meteorológicos muestran una mayor concentración de lluvias sobre sectores urbanos o cuencas con antecedentes de anegamientos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

Fox News mencionó a Atlanta entre las ciudades que podrían registrar entre 76 y 127 milímetros de precipitación. Sin embargo, los materiales oficiales revisados sólo confirman una previsión de lluvias y tormentas para el fin de semana, sin una estimación regional que permita sostener ese rango de forma específica para la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

¿Qué se sabe sobre las lluvias en Mississippi, Luisiana y Alabama?

Un análisis meteorológico para la región del Mid-South anticipó lluvias y tormentas desde el viernes hasta comienzos del domingo en zonas del valle bajo del Mississippi. El documento previó acumulados generales de entre 38 y 76 milímetros, con cantidades superiores en áreas puntuales, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

El mismo informe proyectó valores cercanos a 89 milímetros de lluvia en Aberdeen, Mississippi, una ciudad del noreste del estado. Ese dato respalda la posibilidad de precipitaciones relevantes en partes de Mississippi, aunque no representa una estimación uniforme para toda la región ni para las ciudades mencionadas en la información de Fox News.

La nota de Fox News planteó que el sur de Luisiana y Mississippi podrían recibir entre 76 y 127 milímetros, y que Nueva Orleans y Atlanta figuraban entre los puntos con mayores acumulados. Las fuentes oficiales revisadas no confirmaron una previsión generalizada de esa magnitud para Nueva Orleans, Alabama o el conjunto de Georgia.

Tampoco fue posible verificar con un producto oficial disponible la clasificación de riesgo de nivel 2 sobre 4 por inundaciones repentinas para Luisiana, Mississippi y Alabama durante el sábado y el domingo. Esa categoría corresponde al Centro de Predicción Meteorológica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, pero los documentos consultados no permitieron confirmar esa delimitación para esas fechas.

¿El aviso de inundación costera en Annapolis sigue vigente?

La información de Fox News también mencionó un aviso de inundación costera en Annapolis, Maryland. El registro del Servicio Meteorológico Nacional para el condado de Anne Arundel muestra que ese aviso estuvo vigente entre las 18:00 y las 23:00 del 29 de septiembre.

Esa advertencia fue emitida antes de la publicación de la nota, fechada el 30 de septiembre, y no hay confirmación oficial revisada que la vincule con el período de lluvias previsto entre el 2 y el 4 de octubre. Por ese motivo, el aviso costero de Annapolis debe diferenciarse del sistema que afecta a las llanuras del sur, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El Centro Nacional de Huracanes mantenía el 30 de septiembre información sobre el ciclón postropical Hanna. No obstante, el documento disponible no establece una relación directa entre ese sistema y el episodio de lluvias previsto para Texas, Oklahoma, Mississippi o Georgia.

Qué deben seguir los residentes y viajeros durante el fin de semana

Las personas que residan o viajen por las áreas afectadas deberán consultar los pronósticos por ciudad y condado, ya que las alertas pueden cambiar durante el desarrollo del sistema. Una vigilancia por inundaciones indica que existen condiciones favorables para que ocurra el fenómeno, mientras que una advertencia señala un riesgo más inmediato, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La evolución del frente determinará si las lluvias más intensas permanecen sobre Texas y Oklahoma o si se organizan sobre sectores del sureste. Los avisos oficiales, los pronósticos locales y las alertas de emergencia permitirán identificar las zonas con mayor posibilidad de crecidas repentinas, cortes de rutas o anegamientos entre el 2 y el 4 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mantiene vigente el retiro voluntario del aderezo Jalapeño Avocado Dressing de Salata por una posible contaminación con Salmonella. La medida abarca botellas comercializadas en supermercados HEB de Texas entre el 13 de julio y el 5 de agosto de 2026. Hasta la publicación de la alerta oficial, no se habían informado casos de enfermedad asociados de forma directa con ese producto, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El fabricante, Salata Dressings, LLC, con sede en Houston, anunció el retiro el 11 de agosto de 2026, mientras que la autoridad sanitaria federal publicó la comunicación tres días después. La empresa tomó la medida luego de que un proveedor advirtiera que los jalapeños cortados utilizados en la elaboración del aderezo podían estar contaminados y podrían estar vinculados con un brote multiestatal, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

El retiro se inserta en una investigación más amplia sobre jalapeños frescos procedentes de Sinaloa, México, distribuidos por Coast Citrus Distributors. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades identificaron 431 casos de Salmonella Javiana en 32 estados, con 57 hospitalizaciones y ninguna muerte, en su actualización del 19 de agosto. La agencia señaló que varias compañías retiraron alimentos elaborados con los jalapeños bajo investigación, entre ellas Salata, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Qué aderezo Salata fue retirado del mercado por posible Salmonella?

El producto incluido en la alerta es Salata Jalapeño Avocado Dressing, un aderezo de jalapeño y aguacate vendido en botellas de plástico de 12 onzas, equivalentes a cerca de 355 mililitros. Los envases identificados por la autoridad sanitaria tienen tapa negra y fueron comercializados en locales HEB de Texas durante un período de poco más de tres semanas, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

La comunicación pública no incluye otros formatos de presentación, clientes de servicios de alimentación ni comercios fuera de HEB. Tampoco menciona distribución en otros estados. La información oficial publicada hasta el 30 de septiembre se concentra en el producto de 12 onzas vendido en Texas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los consumidores deben revisar la inscripción “Best By”, que indica la fecha de consumo preferente y aparece en la parte superior de la etiqueta. El retiro comprende los envases con las siguientes fechas:

• 5 de noviembre de 2026
• 13 de noviembre de 2026
• 18 de noviembre de 2026
• 25 de noviembre de 2026

La autoridad también indicó que el ingrediente cuestionado ingresó en cuatro lotes y que el producto final se elaboró entre el 8 y el 29 de julio de 2026, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

¿Por qué Salata retiró el Jalapeño Avocado Dressing?

La empresa informó que un proveedor le comunicó un posible riesgo de contaminación en los jalapeños picados que integraban la receta. El aviso derivó en el retiro preventivo del aderezo antes de que se registraran enfermedades vinculadas con el producto. La autoridad federal no informó que la contaminación hubiera sido confirmada en los envases retirados; la medida se tomó por la posibilidad de presencia de la bacteria en el ingrediente utilizado, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

En la comunicación difundida por la FDA, Salata afirmó que identificó los productos terminados afectados, suspendió nuevas entregas, puso la mercadería en cuarentena y destruyó el producto. También indicó que notificó a HEB por teléfono y mediante un resumen posterior. La FDA aclara que reproduce los anuncios de empresas como servicio público y que esa publicación no implica respaldo oficial para la compañía ni para sus productos, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

La investigación federal se centra en jalapeños cultivados en Sinaloa, México, e importados por Coast Citrus Distributors. La FDA informó que esa empresa inició un retiro limitado el 22 de julio y, el 5 de agosto, extendió la medida a los jalapeños restantes que podían estar involucrados en el brote. Salata figura en el registro oficial de compañías que retiraron productos elaborados con esos pimientos, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

¿Qué relación tiene el aderezo Salata con el brote de jalapeños?

Los CDC investigan un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Javiana asociado con jalapeños suministrados por Coast Citrus Distributors. La autoridad sanitaria afirmó que la información epidemiológica y de trazabilidad apuntó a esos productos como fuente probable de los contagios. Los casos comenzaron entre el 19 de junio y el 2 de agosto de 2026, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El último recuento oficial citado por los CDC registró 431 personas enfermas en 32 estados, 57 hospitalizaciones y ninguna muerte. La agencia advirtió que la cantidad real podría superar las cifras notificadas, ya que algunas personas no buscan atención médica y otras no reciben pruebas que permitan identificar la infección. Los casos más recientes pueden tardar entre tres y cuatro semanas en incorporarse a una investigación de brote, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los CDC identificaron además 28 agrupamientos de enfermos en restaurantes de las cadenas Chipotle Mexican Grill y Qdoba, ubicados en ocho estados. Ambas empresas dejaron de servir los jalapeños señalados después de la notificación. La agencia sostuvo que, tras esas medidas, no considera que esos locales impliquen un riesgo actual para los clientes en relación con este brote, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La investigación sigue abierta y la FDA mantiene una lista de productos retirados que contienen jalapeños asociados con el caso. Esa nómina incluye salsas, guacamole, alimentos preparados y otros productos elaborados por distintas empresas. El listado puede modificarse si la investigación identifica nuevos alimentos o canales de distribución, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

¿Cuáles son los síntomas de Salmonella y quiénes tienen mayor riesgo?

La infección por Salmonella suele causar diarrea, fiebre y cólicos abdominales. La FDA indica que los síntomas aparecen, por lo general, entre 12 y 72 horas después de ingerir alimentos contaminados y pueden durar entre cuatro y siete días. Algunas personas también presentan náuseas, vómitos o sangre en las heces, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

La mayoría de los pacientes se recupera sin un tratamiento específico. Sin embargo, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo en casos poco frecuentes y provocar complicaciones como infecciones arteriales, inflamación del revestimiento interno del corazón o artritis. La alerta de Salata menciona esos riesgos, que afectan con mayor probabilidad a personas vulnerables, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los niños menores de cinco años, los adultos de 65 años o más y quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados pueden desarrollar cuadros de mayor gravedad. Los CDC aconsejan buscar atención médica ante diarrea acompañada por fiebre superior a 38,9 °C, diarrea persistente por más de dos días, heces con sangre, vómitos que impidan retener líquidos o signos de deshidratación, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

¿Qué deben hacer los consumidores que compraron el aderezo Salata?

Las personas que compraron Salata Jalapeño Avocado Dressing en HEB deben comprobar si la botella coincide con el formato y las fechas identificadas en el retiro. Si el envase tiene tapa negra, contiene 12 onzas y exhibe una de las cuatro fechas de consumo preferente mencionadas, la recomendación oficial es no ingerirlo, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Salata indicó que los clientes pueden devolver el producto al lugar donde lo compraron para obtener un reembolso. La FDA no pidió conservar el aderezo para realizar análisis domésticos ni informó sobre un mecanismo adicional de devolución. La autoridad recomienda seguir las instrucciones de la empresa y del comercio donde se adquirió el producto, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los CDC aconsejan lavar con agua caliente y jabón las superficies, utensilios, recipientes y sectores del refrigerador que podrían haber estado en contacto con productos retirados. La medida busca reducir la posibilidad de contaminación cruzada con otros alimentos. Los consumidores que desarrollen síntomas después de ingerir productos incluidos en el retiro deben comunicarse con un profesional de salud, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La FDA continúa la investigación sobre los jalapeños asociados con el brote y puede publicar nuevas alertas o ampliar la nómina de productos afectados. Hasta ahora, la información oficial disponible mantiene que no hubo enfermedades atribuidas directamente al aderezo de Salata y que el retiro se limita a las botellas identificadas en la alerta federal, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

La exfundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, encarcelada por el fraude más resonante de Silicon Valley, rompió el silencio con un mensaje en redes sociales. Su traslado a una casa de transición está previsto para 2027, aunque su liberación definitiva no se espera antes del 22 de febrero de 2030.

Desde la prisión federal donde cumple su condena, la exmagnate publicó un mensaje en su cuenta de X: “Fui silenciada durante mucho tiempo. Y luego encarcelada. Estoy luchando para probar mi inocencia y volver a casa con mis bebés y el amor de mi vida”, escribió Holmes. “Llevo 1.216 días y noches interminables encarcelada”, agregó. “Billy (su pareja) es una de las personas que lleva esa responsabilidad por mí. Lucha ferozmente por mí y por nuestra familia. Lo amo más allá del espacio y el tiempo.”

Holmes, condenada en 2022 por fraude a inversores, cumple su pena en el Federal Prison Camp Bryan, un establecimiento de mínima seguridad para mujeres ubicado en Texas.

La publicación también incluye una aclaración sobre el manejo de su cuenta en redes sociales. Holmes señala que, durante los días que lleva detenida, allegados suyos se encargaron de administrar el perfil. A partir de ahora, dice, identificará sus propias publicaciones con las iniciales “EAH”.

“Las publicaciones sin esa firma son del equipo que gestiona esta cuenta”, aclaró. La exfundadora de Theranos afirma que busca “exponer la verdad y desafiar percepciones profundamente arraigadas”, aunque sus declaraciones de inocencia no tienen respaldo judicial.

Holmes cerró su mensaje con una cita del Evangelio: “La verdad os hará libres” (Juan 8:32).

Qué fue Theranos y por qué Holmes fue condenada por fraude

Holmes dejó la Universidad de Stanford a los 19 años para fundar Theranos con una promesa que sacudió el mundo de la salud: realizar hasta 240 análisis clínicos con una sola gota de sangre, a menor costo y con resultados más rápidos que los métodos convencionales. La propuesta atrajo cerca de USD 945 millones en financiación y llevó a la empresa a una valuación de USD 9.000 millones. Holmes llegó a ser comparada con Steve Jobs y su figura encabezó portadas de revistas de negocios en todo el mundo.

El edificio se derrumbó en 2015, cuando una investigación de The Wall Street Journal reveló que Theranos solo realizaba con su tecnología propia una fracción de los cientos de análisis que ofrecía. El resto se procesaba con equipos convencionales de terceras empresas, y las muestras de sangre se diluían —lo que afectaba la precisión de los resultados—.

La compañía se disolvió en septiembre de 2018. Ese año, Holmes y el expresidente de la empresa, Ramesh “Sunny” Balwani, fueron imputados por fraude electrónico y conspiración. Ambos se declararon no culpables.

La condena de Holmes: 11 años de prisión reducidos a 10 años y tres meses

Tras un juicio de casi cuatro meses, un jurado declaró culpable a Holmes el 3 de enero de 2022 de un cargo de conspiración para defraudar a inversores y tres cargos de fraude electrónico sobre inversores individuales, por transferencias que sumaron más de USD 140 millones. El jurado la absolvió de los cargos relacionados con pacientes.

El 18 de noviembre de ese año, el juez federal Edward Davila fijó una pena de 11 años y tres meses de prisión, según consta en el comunicado oficial de la Fiscalía federal del Distrito Norte de California. Holmes ingresó al Federal Prison Camp Bryan en mayo de 2023.

“Durante casi una década, Elizabeth Holmes fabricó y difundió elaboradas falsedades para atraer a una legión de inversores y su engaño causó la pérdida de cientos de millones de dólares”, declaró en ese momento la fiscal federal Stephanie M. Hinds. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó tres años de supervisión posterior a su liberación y una restitución de USD 452 millones a las víctimas del fraude.

A comienzos de 2026, el juez federal Edward Davila redujo la condena a 10 años y tres meses —de 135 a 123 meses— como resultado de un cambio retroactivo en las pautas federales de sentencia y de créditos de tiempo obtenidos bajo la First Step Act, una ley federal de reforma penitenciaria que permite reducir condenas mediante programas de rehabilitación y buena conducta.

“Esta reducción no disminuye la enormidad de los crímenes de Holmes”, escribió Davila en la resolución, según informó ABC News. La fecha de liberación definitiva permanece fijada para el 22 de febrero de 2030, momento en que Holmes residirá en Austin, Texas, bajo supervisión de la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos.

El traslado a una casa de transición previsto para agosto de 2027

Antes de su liberación definitiva, Holmes tiene aprobado su traslado al Austin Transitional Center, en Del Valle, Texas, para el 23 de agosto de 2027. La Oficina Federal de Prisiones (BOP) notificó el traslado a las víctimas de su condena mediante cartas a las que tuvo acceso The New York Times.

Los centros de reinserción residencial —también llamados casas de transición o halfway houses— son establecimientos con supervisión estatal destinados a personas próximas a recuperar la libertad. Según la BOP, pueden ofrecer asistencia para la búsqueda de empleo y orientación financiera. El traslado no implica una liberación anticipada ni modifica la fecha oficial de excarcelación.

El documental de Nathan Fielder sobre los días previos al ingreso de Holmes en prisión

El mensaje de Holmes llega días antes del estreno de You Can See Everything, un documental producido por Nathan Fielder que registra los 34 días que la exempresaria pasó en libertad antes de ingresar a prisión. Fielder convivió con Holmes y su familia durante ese período y mantuvo contacto con ella durante los tres años posteriores. El filme, de tres horas de duración, tiene previsto su estreno comercial en octubre.

El próximo paso conocido en la situación penitenciaria de Holmes es su traslado al Austin Transitional Center, programado para agosto de 2027.

Dos mexicanos fueron acusados ante un tribunal federal de Texas de participar en una organización dedicada al tráfico de niños migrantes no acompañados, a quienes presuntamente trasladaban desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, durante al menos uno de los traslados algunos menores recibieron gomitas con THC, un compuesto psicoactivo derivado de la marihuana, con la finalidad de sedarlos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Susana Guadian, de 51 años, y Daniel Guadian, también de 51, ambos residentes de Ciudad Juárez, fueron acusados por un gran jurado federal de conspiración para transportar e introducir ilegalmente a extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro.

Según los documentos judiciales citados por las autoridades estadounidenses, los acusados habrían formado parte de una organización que introdujo ilegalmente a menores de edad no acompañados en territorio estadounidense entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024.

Los niños tenían entre 5 y 13 años y viajaban sin la compañía de un familiar o adulto responsable.

Reclutaban conductores para trasladar a los menores

La denuncia señala que Susana y Daniel Guadian se encargaban de reclutar conductores para transportar a los menores en automóvil desde México hasta un puerto de entrada en la frontera entre ambos países.

Una vez que llegaban al punto de ingreso, los conductores y otros integrantes de la organización presuntamente presentaban documentos estadounidenses ante los agentes de inspección.

De acuerdo con la acusación, los involucrados afirmaban falsamente que los documentos correspondían a los menores y que ellos eran sus padres, con el objetivo de facilitar su entrada a Estados Unidos.

Después de cruzar la frontera, los niños eran trasladados hasta El Paso, donde otras personas presuntamente los recogían y realizaban pagos a los conductores.

La investigación de las autoridades estadounidenses señala que la organización operaba bajo un esquema en el que distintas personas cumplían funciones específicas para facilitar el traslado de los menores desde México.

Una víctima terminó hospitalizada por intoxicación

Uno de los elementos más graves incluidos en la denuncia corresponde al presunto uso de gomitas que contenían marihuana para sedar a los niños durante al menos uno de los traslados.

Las autoridades estadounidenses sostienen que los menores recibieron dulces con THC, sustancia responsable de los principales efectos psicoactivos de la marihuana.

Uno de los niños tuvo que ser llevado posteriormente a un hospital local, donde fue diagnosticado con intoxicación por marihuana, según los documentos del caso.

El Departamento de Justicia señaló que la protección de los menores constituye una prioridad en las investigaciones relacionadas con redes de tráfico de personas.

Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que proteger a los niños de los traficantes continuará siendo una de las principales prioridades de esa dependencia.

Los señalamientos forman parte de una acusación federal y deberán ser acreditados durante el proceso judicial. Los acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Otros tres involucrados ya enfrentaron procesos

Las autoridades estadounidenses señalaron que Susana y Daniel Guadian fueron detenidos en México durante el año pasado y posteriormente extraditados a Estados Unidos a petición de las autoridades de ese país.

El caso también involucra a otras dos personas que ya enfrentaron procesos judiciales por su presunta participación en la misma estructura de tráfico de menores.

Manuel Valenzuela fue condenado el 1 de julio a cinco años de prisión por su participación en la trama de tráfico de niños, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Por su parte, Dianne Guadian se declaró culpable el 28 de julio por su participación en los hechos.

La acusación contra Susana y Daniel Guadian amplía así la investigación sobre una red que, según los fiscales estadounidenses, utilizaba vehículos particulares, documentos falsos y conductores reclutados para facilitar el ingreso de menores mexicanos a Estados Unidos.

El caso también expone uno de los riesgos que enfrentan los menores migrantes que cruzan la frontera sin acompañamiento de familiares, particularmente cuando quedan bajo el control de redes dedicadas al tráfico de personas.

Las autoridades estadounidenses continuarán con el proceso judicial para determinar el grado de responsabilidad de los dos acusados y esclarecer cuántos menores fueron trasladados mediante el esquema descrito en los documentos judiciales.

Texas permanece este miércoles bajo amenaza de lluvias intensas e inundaciones repentinas debido a la humedad tropical asociada con los remanentes del huracán Polo y a una baja presión en altura sobre el suroeste de Estados Unidos. Las vigilancias alcanzan sectores del oeste, centro y norte del estado, mientras el sistema proyecta lluvias hacia Oklahoma, Kansas, Nebraska e Iowa, según el Centro de Predicción Meteorológica de Estados Unidos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene vigilancias por inundaciones en varias regiones texanas, con plazos que se extienden hasta el viernes 2 de octubre. Los pronósticos contemplan anegamientos urbanos, crecidas en ríos y arroyos, cortes en caminos rurales y problemas de circulación en pasos bajos, de acuerdo con las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional.

La amenaza se produce después de las inundaciones registradas el martes 29 de septiembre en Nuevo México, donde las lluvias asociadas al sistema provocaron evacuaciones en comunidades del condado de Doña Ana y alertas por la situación del dique McLeod. El Servicio Meteorológico Nacional de El Paso/Santa Teresa advirtió entonces que las tormentas podían generar crecidas rápidas en arroyos y zonas de drenaje deficiente.

¿Por qué Texas está bajo amenaza de inundaciones por los remanentes del huracán Polo?

Los remanentes de Polo aportan humedad tropical desde el Pacífico hacia Arizona, Nuevo México y Texas. El Centro de Predicción Meteorológica explica que esa humedad interactúa con una baja presión en altura, una configuración que favorece tormentas de lento desplazamiento y precipitaciones repetidas sobre las mismas áreas.

El riesgo aumenta porque varias zonas de Texas occidental y Nuevo México ya recibieron lluvias durante los días previos. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Midland/Odessa, el suelo húmedo absorbe menos agua, lo que acelera la escorrentía hacia arroyos, ríos, caminos y sistemas de drenaje urbano.

La agencia federal mantiene especial atención sobre cauces temporarios, carreteras con pasos bajos, áreas urbanas con drenaje limitado y terrenos afectados por incendios forestales. El Centro de Predicción Meteorológica advierte que las zonas quemadas pueden registrar escorrentías rápidas debido a la pérdida de vegetación y a los cambios en la capacidad de absorción del terreno.

En este contexto, una tormenta concentrada durante pocas horas puede producir inundaciones repentinas aunque el promedio de lluvia previsto para una región sea menor. El Servicio Meteorológico Nacional distingue este tipo de episodios de las crecidas graduales de los grandes ríos, ya que los arroyos y canales pueden aumentar su caudal en cuestión de minutos.

¿Qué partes de Texas están bajo vigilancia por inundaciones este miércoles?

Las alertas cubren una franja extensa de Texas. En el centro-sur, la oficina del Servicio Meteorológico Nacional de Austin/San Antonio mantiene una vigilancia desde la tarde y la noche del 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre para sectores del Hill Country, áreas próximas a la Interestatal 35 y zonas de las llanuras del Río Grande.

La vigilancia abarca partes de una región donde se ubican ciudades como Austin, San Antonio y comunidades rurales del centro-sur del estado. El organismo señala que las tormentas pueden causar inundaciones repentinas en algún punto del área bajo alerta, sobre todo entre la noche del miércoles y el viernes.

En el centro-oeste texano, el Servicio Meteorológico Nacional de San Angelo mantiene una vigilancia hasta la madrugada del 2 de octubre. El pronóstico contempla tormentas durante la noche y la madrugada, con posibilidad de acumulaciones rápidas de agua tanto en áreas rurales como en zonas urbanas.

La amenaza también alcanza el norte de Texas. Para Dallas, Fort Worth y localidades cercanas, el Servicio Meteorológico Nacional de Fort Worth prevé lluvias y tormentas desde el miércoles por la noche y mantiene una vigilancia por inundaciones hasta la mañana del viernes.

En el Panhandle, el Servicio Meteorológico Nacional de Amarillo emitió durante la madrugada advertencias por inundaciones repentinas para sectores de los condados de Deaf Smith, Oldham y Potter. Los radares detectaron tormentas que ya habían dejado entre 25 y 102 milímetros de lluvia en esas áreas, con nuevos acumulados posibles antes de que las células se desplazaran.

¿Cuánta lluvia se espera en Texas y dónde podría llover más?

El Servicio Meteorológico Nacional de Austin/San Antonio prevé acumulados generales de entre 50 y 100 milímetros de lluvia en partes del centro-sur de Texas. Las cifras equivalen a entre dos y cuatro pulgadas y representan el volumen esperado durante el período de mayor actividad previsto entre el miércoles por la noche y el viernes.

En sectores aislados del Hill Country y del corredor de la Interestatal 35, el organismo contempla registros de hasta 203 milímetros, equivalentes a ocho pulgadas. Estos valores no se proyectan para toda la región, sino para lugares donde las tormentas permanezcan estacionarias o donde varias células descarguen de forma sucesiva.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de San Angelo incluyen acumulados de entre 25 y 50 milímetros en lapsos breves para áreas del centro-oeste. Las tormentas más persistentes pueden superar esos registros, en especial si se forman bandas de lluvia sobre los mismos condados.

Las agencias meteorológicas oficiales expresan las precipitaciones previstas en milímetros o pulgadas, no en galones. Esta medición permite identificar los acumulados por zona y evaluar el posible impacto sobre ríos, arroyos, embalses, carreteras y redes de drenaje.

¿Cuál es la diferencia entre una vigilancia y una advertencia por inundaciones?

Una vigilancia por inundaciones indica que la atmósfera y las condiciones del terreno pueden favorecer anegamientos o crecidas. El Servicio Meteorológico Nacional aclara que una vigilancia no implica que la inundación ya esté en curso, aunque requiere atención a las actualizaciones oficiales.

Una advertencia por inundación repentina se emite cuando el fenómeno ocurre o resulta inminente. Estas advertencias se basan en datos de radar, mediciones de lluvia, niveles de ríos, informes de emergencia y observaciones de autoridades locales, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En el oeste de Texas, el Servicio Meteorológico Nacional de Midland/Odessa advierte que la escorrentía puede afectar ríos, arroyos, sectores urbanos, caminos secundarios y cruces de baja altura. Las autoridades recomiendan evitar rutas cubiertas por agua, ya que la profundidad y la velocidad de la corriente pueden cambiar sin aviso.

La diferencia entre ambos avisos resulta relevante para los residentes y conductores. Una vigilancia requiere seguir la evolución del pronóstico; una advertencia implica que el riesgo ya tiene efectos observados o que puede materializarse de forma inmediata en el área indicada.

¿Qué ocurrió en Nuevo México antes del avance de las lluvias hacia Texas?

Las lluvias vinculadas con los remanentes de Polo dejaron inundaciones en Nuevo México el martes 29 de septiembre. El Servicio Meteorológico Nacional de El Paso/Santa Teresa informó que las tormentas en el valle de Hatch y Rincon podían alcanzar tasas de precipitación de hasta 76 milímetros por hora.

Las autoridades del condado de Doña Ana dispusieron evacuaciones en Salem, Garfield, Hatch, Placitas y Rincon por las inundaciones y por la preocupación sobre el dique McLeod. Durante la noche del martes, el condado levantó las órdenes para Salem, Hatch, Garfield y Placitas, mientras Rincon permaneció evacuada por la acumulación de agua y otros riesgos locales.

El Centro de Predicción Meteorológica señaló que los modelos de corto plazo proyectaban acumulados de entre 76 y más de 102 milímetros en partes de Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas. El organismo ubicó entre las áreas expuestas a los arroyos, cañones estrechos, zonas urbanas y sectores afectados por incendios forestales.

¿Cómo avanza el riesgo de lluvias hacia Oklahoma, Kansas, Nebraska e Iowa?

El sistema se desplazará hacia las Llanuras y el Medio Oeste entre este miércoles y el jueves. El Centro de Predicción Meteorológica ubica un riesgo moderado de lluvias excesivas, nivel 3 de una escala de cuatro, en una franja que incluye Oklahoma central y sectores de Texas.

Otra zona de riesgo moderado se extiende desde el sureste de Nebraska hasta el oeste de Iowa. El Servicio Meteorológico Nacional de Wichita mantiene una vigilancia por inundaciones para los condados de Lincoln y Russell, en Kansas, donde las lluvias y tormentas pueden continuar hasta el jueves.

En Iowa central, el Servicio Meteorológico Nacional de Des Moines prevé acumulados de entre 50 y 100 milímetros, con registros superiores en puntos aislados. La oficina advierte que las precipitaciones caerán sobre suelos húmedos y pueden provocar aumentos en el nivel de ríos y arroyos.

El Centro de Predicción Meteorológica prevé que la amenaza se desplace gradualmente hacia el este al final de la semana. Las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional actualizarán las vigilancias y advertencias según la evolución de los radares, las lluvias registradas y el comportamiento de los ríos.

Los remanentes del huracán Polo mantendrán entre el martes 29 de septiembre y el viernes 2 de octubre una amenaza de lluvias intensas e inundaciones repentinas en partes del Suroeste, las Llanuras del Sur y Texas. El riesgo inicial abarca Arizona, Nuevo México, Colorado, Kansas y los Panhandles de Texas y Oklahoma, mientras que el área de Dallas-Fort Worth quedará bajo vigilancia por inundación desde la tarde del miércoles 30 de septiembre.

El fenómeno responde a la interacción entre la humedad tropical de Polo y una baja aislada en altura que se profundiza sobre la región de Four Corners. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), esa combinación favorecerá tormentas con lluvias intensas, posibles crecidas repentinas y ráfagas de viento en el Suroeste y las Llanuras del Sur hasta comienzos del miércoles 30 de septiembre.

Polo tocó tierra cerca de Las Barrancas, en Baja California Sur, hacia las 06:00 UTC del martes 29 de septiembre, luego de haber impactado la zona durante las últimas horas del lunes 28 de septiembre en horario local. El ciclón comenzó a debilitarse sobre México, aunque su circulación remanente conserva humedad suficiente para afectar a sectores de Estados Unidos durante la semana.

¿Qué estados tendrán riesgo de inundaciones por los remanentes del huracán Polo?

Las precipitaciones más persistentes se esperan el martes 29 de septiembre en partes de Arizona, Nuevo México, Colorado, Kansas y el oeste de Texas. También existe riesgo en los Panhandles de Texas y Oklahoma, donde la humedad tropical puede coincidir con tormentas asociadas a una perturbación atmosférica en altura. De acuerdo con The Weather Channel, el alcance de la humedad podría extenderse hacia Minnesota, aunque el mayor peligro de inundaciones repentinas se concentrará inicialmente en el Suroeste y las Llanuras del Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, conocido como NWS, mantiene vigilancias por inundación en sectores del sudeste de Nuevo México y el oeste de Texas hasta la mañana del miércoles 30 de septiembre. Las áreas incluidas comprenden partes de los condados de Eddy y Lea, en Nuevo México, así como zonas montañosas y desérticas del oeste texano.

La vigilancia contempla la posibilidad de que se produzcan inundaciones en cauces menores, arroyos, sectores bajos, zonas urbanas con drenaje limitado y rutas expuestas a acumulaciones de agua. El NWS precisó que las lluvias de la semana anterior dejaron suelos saturados en partes de la región, una condición que puede aumentar la escorrentía cuando las tormentas descargan grandes volúmenes de agua en poco tiempo.

En la zona de Carlsbad, al sudeste de Nuevo México, el pronóstico oficial contempla lluvias y tormentas durante el martes 29 de septiembre, con una probabilidad de precipitación del 80%. La oficina local del NWS también prevé ráfagas de hasta 48 km/h durante la noche, cuando la influencia de la humedad tropical se combine con el sistema en altura que cruza el área.

¿Cuándo lloverá en Texas y Dallas-Fort Worth?

El riesgo de lluvias fuertes se desplazará hacia Texas entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre. El área metropolitana de Dallas-Fort Worth tiene una vigilancia por inundación programada desde las 16:00 del miércoles hasta las 13:00 del jueves 1 de octubre, de acuerdo con el pronóstico difundido por el NWS para el norte del estado.

El pronóstico oficial prevé tormentas desde la noche del miércoles, seguidas por lluvias y tormentas durante el jueves. La probabilidad de precipitaciones para esa jornada llega al 100% en sectores cercanos a Dallas. Para el viernes 2 de octubre, el pronóstico mantiene una probabilidad del 80% de lluvias y tormentas, aunque la distribución de los acumulados dependerá de la ubicación y la persistencia de cada núcleo de tormenta.

The Weather Channel anticipa que la amenaza se extenderá desde Texas hacia partes de las Llanuras, el Medio Oeste y los Grandes Lagos durante la segunda mitad de la semana. El medio sitúa el riesgo más alto para el área de Dallas y el centro de Texas entre el miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre, antes de un desplazamiento hacia el noreste.

El NWS de Midland/Odessa señaló que el oeste de Texas y el sudeste de Nuevo México podrían recibir entre 25 y 50 milímetros de lluvia en algunos sectores, con cantidades mayores de forma aislada. La oficina meteorológica indicó que las mayores probabilidades de precipitaciones intensas se concentran en las llanuras del sudeste de Nuevo México y en la cuenca del Pérmico, una zona petrolera del oeste texano.

¿Por qué los remanentes de Polo pueden provocar inundaciones repentinas?

El NHC informó que la circulación remanente de Polo podría interactuar entre el martes y el miércoles con una baja aislada sobre Four Corners. Esa interacción favorece el transporte de humedad desde el Pacífico hacia el interior de Estados Unidos y puede sostener varias rondas de lluvias y tormentas sobre una misma zona.

Las inundaciones repentinas pueden producirse incluso en lugares donde el acumulado total de lluvia no parece excepcional, si la precipitación cae con intensidad sobre terrenos secos, compactados o ya saturados. En zonas áridas del Suroeste, el agua puede escurrir con rapidez por cauces, caminos y áreas urbanas. En regiones que recibieron lluvias recientes, el suelo pierde capacidad para absorber nuevos aportes.

El NWS explicó que una vigilancia por inundación indica que las condiciones son favorables para que se produzcan anegamientos o crecidas, pero no significa que el fenómeno ya esté ocurriendo. Una alerta de inundación repentina, en cambio, se emite cuando las autoridades detectan que el evento está en curso o que resulta inminente a partir de los registros de radar, las tasas de lluvia y las observaciones sobre el terreno.

¿Rachel afectará a Texas y al Medio Oeste de Estados Unidos?

La tormenta tropical Rachel se encontraba el martes 29 de septiembre frente a la costa sudoeste de México, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h. El NHC prevé que el ciclón se fortalezca hasta alcanzar la categoría de huracán durante los próximos días, aunque su centro permanecería mar adentro y avanzaría en paralelo a la costa mexicana.

Los efectos directos confirmados de Rachel se concentran en Guerrero, Michoacán y Colima. El NHC prevé entre 76 y 152 milímetros de lluvia en áreas costeras de esos estados, con acumulados aislados de hasta 203 milímetros. El organismo alertó sobre posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas montañosas o de pendiente.

Los pronósticos oficiales consultados no atribuyen a Rachel un aporte directo a la amenaza de lluvias prevista para Texas, las Llanuras o el Medio Oeste. La situación en Estados Unidos está vinculada, según el NHC y el NWS, con los remanentes de Polo y la evolución de la baja atmosférica sobre el Suroeste.

Qué deben seguir los residentes hasta el viernes 2 de octubre

Las autoridades meteorológicas recomiendan que los residentes de las zonas bajo vigilancia consulten los avisos locales, en especial quienes viven cerca de arroyos, cauces secos, áreas bajas y caminos que suelen anegarse. El NWS advierte que una alerta de inundación repentina requiere medidas inmediatas, como evitar los desplazamientos por rutas cubiertas de agua y buscar zonas más elevadas si existe riesgo de crecida.

Entre el martes 29 de septiembre y el viernes 2 de octubre, los mapas de vigilancia podrían cambiar según la ubicación final de las tormentas, la velocidad de avance del sistema y los acumulados que se registren en cada región. Las actualizaciones del NWS y del NHC permitirán precisar qué áreas continúan bajo riesgo y cuáles podrían recibir nuevas alertas durante el avance de la semana.

Una urgencia al baño derivó en una detención policial en Rosenberg, Texas. James Mansell Lancaster Jr., de 60 años y residente de Natchez, Misisipi, aceleró su Chevrolet HHR 2006 de forma deliberada contra la entrada de la farmacia de un supermercado Kroger, causó daños por USD 50.000 y fue arrestado en el lugar.

El episodio ocurrió a las 4:28 de la madrugada del domingo 27 de septiembre, cuando el local permanecía fuera de horario comercial.

En ese momento, empleados de la tienda reponían mercadería en otras secciones del establecimiento. Ninguno resultó herido.

Lancaster admitió ante los oficiales que irrumpió con el auto porque necesitaba usar el baño y estaba molesto con las puertas cerradas, de acuerdo con CBS Newspath.

Además, Univisión recopiló información en una comunicación directa con el teniente Sebastian Muñoz. El conductor permaneció en el lugar tras el impacto, donde los agentes lo detuvieron.

El choque dejó daños por USD 50.000 en el supermercado

El impacto generó daños extensos en el edificio. Las imágenes difundidas por la policía mostraron el automóvil en el interior del local, rodeado de vidrios rotos tanto dentro como fuera de las puertas. Los marcos metálicos de la entrada también presentaron deterioro significativo.

El departamento de Policía de Rosenberg difundió el hecho a través de su cuenta de Facebook, donde describió la situación con ironía.

“Supongo que cuando hay que ir, hay que ir, pero recomendamos encontrar un local abierto... para hacer sus necesidades”, publicó la institución.

“Todo lo que dijo fue que las puertas estaban cerradas y que tenía que usar el baño”, afirmó el teniente Muñoz, portavoz de la Policía de Rosenberg, en declaraciones al New York Times.

Lancaster enfrenta un cargo grave de tercer grado por los daños causados

Fox News confirmó, junto a la cadena local FOX 26, que los cargos presentados contra Lancaster son de daño criminal (criminal mischief).

La cifra de USD 50.000 en daños, confirmada por la policía al New York Times, ubica el caso en la franja más grave del delito según el Código Penal de Texas §28.03: un delito grave de tercer grado (third-degree felony), penado con entre 2 y 10 años de prisión y una multa de hasta USD 10.000.

Los registros de la cárcel del condado de Fort Bend confirmaron el arresto y detallaron el cargo de daño criminal por daños de entre USD 30.000 y USD 150.000, según informó Univisión.

Hasta el lunes 28 de septiembre, Lancaster permanecía detenido en ese establecimiento. Las autoridades no informaron si contaba con representación legal.

Kroger no difundirá las grabaciones y remitió las consultas a la policía

El Kroger afectado está ubicado en 24401 Brazos Town Crossing, en Rosenberg, condado de Fort Bend, a unos 48 kilómetros (30 millas) al suroeste de Houston, tal como confirmó el teniente Muñoz a Univisión.

La cadena opera 201 supermercados distribuidos en 83 ciudades del estado, de acuerdo con la información publicada en su propio sitio web.

Un representante de la empresa confirmó al New York Times que Kroger no difundirá las grabaciones de las cámaras de seguridad del incidente y que la compañía trabaja en estrecha colaboración con las autoridades.

“La seguridad de nuestros empleados y clientes es uno de nuestros valores fundamentales”, declaró el vocero, quien derivó el resto de las consultas a la policía.

Un camión completó un recorrido de 480 kilómetros entre Dallas y San Antonio, en Texas, Estados Unidos, sin haber practicado antes ese tramo, sin mapas de alta resolución y sin ningún tipo de reentrenamiento previo. El vehículo cubrió la distancia en aproximadamente cuatro horas y media, a una velocidad promedio de 97 km/h, y aunque viajó con un conductor de seguridad al volante, no requirió ninguna intervención humana.

Lo que distingue al experimento del funcionamiento habitual de estos sistemas es que, por lo general, los vehículos de conducción autónoma se preparan con simulaciones, cartografía detallada e información recopilada con anticipación para reducir al mínimo las situaciones desconocidas.

Según informó la revista Forbes, en esta ocasión el rodado se enfrentó a una carretera que nunca antes recorrió y tomó decisiones en tiempo real a partir de lo que encontraba en el camino, de manera similar a como lo haría un conductor humano ante un itinerario nuevo. Ese esquema de adaptación inmediata es, precisamente, el núcleo de la apuesta tecnológica detrás del experimento: demostrar que un sistema puede operar en condiciones reales sin depender de una preparación exhaustiva del entorno.

El sistema navegó sin registros previos del recorrido y sin ingeniería adicional

La prueba fue desarrollada por Waabi, compañía canadiense de tecnología autónoma fundada en 2021. “Pudo conducir a la perfección, con confianza y seguridad, sin ninguna intervención durante todo el viaje, sin haber visto nunca ese carril antes. Sin datos, sin ingeniería, sin reentrenamiento, sin nada, de forma instantánea”, afirmó Raquel Urtasun, fundadora y directora ejecutiva de la empresa, en declaraciones recogidas por Forbes.

El recorrido comenzó de madrugada y se extendió hasta la mañana. Para la ejecutiva, la capacidad de adaptarse a nuevas carreteras de forma inmediata es clave para que la tecnología pueda crecer a mayor escala. “Si analizamos el transporte de mercancías hoy en día, vemos que se mueve de forma muy dinámica. Los lugares de entrega cambian constantemente”, señaló.

Otros actores del sector requieren semanas de preparación para operar en nuevas zonas

El contraste con el resto de la industria es notable. Algunas empresas del sector operan sus unidades únicamente en recorridos conocidos y establecidos de antemano. Otras dedican semanas o meses a mapear y simular nuevas ciudades antes de comenzar a trabajar, apoyándose en cartografía de alta definición y grandes volúmenes de información recopilada con anticipación.

Incluso quienes afirman prescindir de esos mapas detallados suelen depender, en mayor o menor medida, de supervisión humana remota para resolver situaciones imprevistas.

La diferencia de enfoque tiene implicaciones directas sobre la escalabilidad del servicio y sobre los costos operativos de cada modelo. “Si pensamos en lo que esto significa en términos de satisfacer las necesidades de los operadores, supone un avance enorme en la conducción autónoma para lograr una verdadera escalabilidad”, indicó Urtasun. En el mismo sentido agregó que “el camión debe ir donde los usuarios quieran. No se trata de que ellos tengan que adaptarse a donde la autonomía les indique”.

La operación comercial sin acompañante de seguridad apunta al primer trimestre de 2027

El siguiente paso para llevar esta tecnología a la operación comercial implica eliminar al acompañante de seguridad del rodado. Con ese objetivo, la compañía trabaja junto a un fabricante automotriz en el desarrollo de unidades diseñadas específicamente para la conducción totalmente autónoma. Las primeras comenzarían a producirse en el primer trimestre de 2027.

Para financiar esa expansión, la empresa recaudó este año hasta USD 1.000 millones con el respaldo de inversores del sector tecnológico y automotriz. El experimento en Texas marca, por ahora, el punto más avanzado demostrado públicamente en materia de conducción sin intervención humana de largo recorrido sin preparación previa.

TRICARE es el seguro médico que cubre a más de nueve millones de militares en servicio activo, veteranos y sus familias en Estados Unidos.

Es, también, el programa que Kevin D. Curry usó como fuente de ingresos durante más de tres años: facturó tratamientos que sus pacientes nunca recibieron, sobornó a beneficiarios para que aceptaran terapias para las que no calificaban y se hizo pasar por médico ante quienes acudían a sus clínicas. El jueves 24 de septiembre, un jurado federal de Fort Worth lo declaró culpable.

Curry, de 64 años y residente de Frisco, Texas, es en realidad un consejero profesional licenciado, sin título médico.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), operaba tres clínicas bajo nombres corporativos y utilizó credenciales de médicos habilitados —sin su conocimiento ni consentimiento— para presentar reclamos ante TRICARE y mantener el esquema en funcionamiento.

El esquema defraudó más de USD 26 millones al programa de salud de las Fuerzas Armadas

Los fiscales federales sostienen que la modalidad central del fraude consistía en facturar tratamientos de estimulación magnética transcraneal (TMS) que eran innecesarios desde el punto de vista médico o que, en muchos casos, jamás se administraron.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, la operación habría funcionado entre septiembre de 2022 y finales de 2025.

Curry operaba tres clínicas de salud mental bajo las razones sociales Acuity TMS of Plano LLC y Acuity TMS of Fort Worth LLC, en Texas, y Emerald Coast TMS of Fort Walton Beach LLC, en Florida, según consigna el comunicado oficial del DOJ.

En conjunto, las tres clínicas pagaron más de USD 5,5 millones en sobornos ilegales para persuadir a militares activos, veteranos y familiares de que aceptaran tratamientos de TMS para los que no calificaban.

Curry instruyó a sus empleados para fabricar historias clínicas y justificar los cobros

El organismo federal detalló que, además de usurpar credenciales médicas ajenas, Curry ordenó a su personal fabricar registros clínicos para respaldar las facturaciones fraudulentas ante TRICARE.

TRICARE llegó a desembolsar aproximadamente USD 17 millones antes de que el esquema fuera desarticulado.

El acusado blanqueó parte del dinero en fiestas temáticas y una camioneta chapada en oro

Con parte de esos fondos, Curry realizó una serie de gastos ostentosos.

Según el mismo expediente, entre ellos se cuentan alojamientos en hoteles cinco estrellas, la compra de muebles de alto costo, la organización de una fiesta temática de casino para empleados y beneficiarios de TRICARE, y la adquisición de una Tesla Cybertruck chapada en oro valuada en más de USD 100.000, que terminó siendo presentada como prueba material durante el proceso judicial.

Las autoridades incautaron activos por un valor aproximado de USD 200.000, entre ellos USD 136.022 en efectivo y el propio vehículo, según el comunicado de imputación del DOJ del Distrito Norte de Texas.

“Este acusado explotó un programa de salud crítico destinado a militares en servicio activo y sus familias, desviando fondos de los contribuyentes para financiar lujos personales”, señaló el subsecretario de Justicia Colin M. McDonald, de la División Nacional de Enforcement contra el Fraude, en el comunicado oficial del DOJ.

Por su parte, el fiscal federal Ryan Raybould acusó a Curry de “aprovecharse sin escrúpulos de la confianza de militares, veteranos y sus familias”.

Curry enfrenta un máximo de 90 años de prisión, con sentencia pendiente

La sentencia será determinada por un juez federal en una audiencia aún sin fecha pública confirmada.

Cada uno de los nueve cargos contempla una pena máxima de 10 años de prisión, lo que representa un techo conjunto de 90 años, aunque el juez tomará en cuenta las Pautas de Sentencias Federales y otros factores establecidos por ley al momento de resolver, según el organismo federal.

La máxima corte penal de Texas revocó el veredicto de inocencia emitido por un juez de primera instancia a favor de Melissa Lucio, condenada a muerte por la muerte de su hija de 2 años en 2007.

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas resolvió, por cinco votos contra cuatro, que el expediente no justifica conceder el recurso de hábeas corpus solicitado por Lucio.

La decisión mantiene a la mujer de ascendencia mexicana en el corredor de la muerte. De ser exonerada, se convertiría en la primera mujer declarada inocente en el corredor de la muerte de Texas, donde 18 hombres han sido exonerados desde que la pena capital fue restablecida en 1976.

Si su sentencia se ejecuta, Lucio sería la primera latina ejecutada por el estado desde 1863 y la primera mujer desde 2014.

El tribunal desestimó el fallo que suspendía el veredicto de culpabilidad

Lucio, de 58 años, fue condenada a muerte en 2008 por el fallecimiento de Mariah Alvarez, su hija, quien murió tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave. En ese momento, la acusada estaba embarazada de gemelos y tenía 12 hijos, precisó The New York Times.

La fiscalía planteó que la menor fue víctima de maltrato y señaló que su cuerpo presentaba moretones. Sin embargo, los abogados de la condenada afirman desde hace años que las lesiones fueron consecuencia de una caída accidental por una escalera, ocurrida dos días antes de su muerte, según Associated Press.

El caso volvió a revisarse cuando Lucio estaba a dos días de recibir una inyección letal, en abril de 2022. Entonces, el Tribunal de Apelaciones Penales suspendió la ejecución y ordenó una revisión del caso a cargo del juez Arturo Nelson, quien había presidido el proceso.

En abril de 2024, el fiscal de distrito del condado de Cameron, Luis Saenz, reconoció que su antecesor había retenido material que habría favorecido a la defensa.

Posteriormente, ese mismo año, en una resolución de 62 páginas, Nelson concluyó que Lucio era “en realidad inocente” del asesinato capital.

A su vez, sostuvo que durante el juicio se presentó testimonio falso, se ocultó información y que nuevas pruebas científicas ponían en duda o contradecían parte de las evidencias expuestas por el Estado, reportó Associated Press.

En el reciente fallo, la mayoría del tribunal de apelaciones consideró que las conclusiones de Nelson se apoyaban en exceso en la interpretación de los hechos planteada por Lucio y no en la versión de la acusación.

“Tras un examen minucioso, concluimos que las pruebas presentadas ante nosotros no justifican la concesión de un recurso de hábeas corpus en relación con ninguna de las alegaciones remitidas del solicitante”, indicó el tribunal en su resolución sin firmar, recogida por The New York Times.

Por separado, la jueza Lee Finley, una de las disidentes, aseveró que el magistrado Nelson estaba “en mejor posición que este tribunal para determinar si la admisión de error por parte del estado es creíble”.

De acuerdo con The New York Times, la abogada de Lucio, Vanessa Potkin, adelantó que recurrirán a los tribunales federales: “Entre las detalladas conclusiones de inocencia del juez Nelson y el reconocimiento del error por parte del fiscal de distrito Saenz, confiamos en que los tribunales absolverán a Melissa Lucio y le permitirán regresar a casa con sus hijos y nietos. Se hará justicia”.

En otra declaración recogida por Associated Press, la letrada aseguró: “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que Melissa, una madre inocente que ha sufrido de forma inimaginable, no sea ejecutada por un crimen que nunca ocurrió”.

El caso movilizó a legisladores y figuras públicas

La posible ejecución de Lucio despertó el apoyo de legisladores estatales, grupos religiosos, organizaciones civiles y celebridades.

Entre las personalidades que se pronunciaron a su favor se encuentra Kim Kardashian, defensora de la reforma de la justicia penal, informó Associated Press.

Tras la resolución de 2022, la estrella televisiva escribió en X junto a una carta firmada por los hijos de la acusada: “Es desgarrador leer esta carta de los hijos de Melissa Lucio suplicando al Estado que no mate a su madre. Hay tantas preguntas sin respuesta en torno a este caso y a las pruebas que se utilizaron para condenarla”.

Luego agregó: “Esta es una de las muchas razones por las que estoy en contra de la pena de muerte y por las que rezo para que se cumpla el deseo de sus hijos y se salve la vida de su madre”.

Un exsoldado del Ejército de Estados Unidos condenado a casi seis años de prisión por liderar una red de hackeo y extorsión que comprometió los sistemas de al menos diez empresas de telecomunicaciones, robó registros telefónicos de funcionarios del gobierno y amenazó con filtrar esa información a cambio de rescates millonarios. Se trata de Cameron John Wagenius, de 22 años, quien operaba bajo el alias “kiberphant0m” mientras prestaba servicio activo en una base militar en Texas.

La condena, dictada por un tribunal federal del Distrito Oeste de Washington, incluyó 70 meses de prisión y una orden de restitución de USD 294.978. Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la trama se extendió entre abril de 2023 y el 18 de diciembre de 2024, período durante el cual Wagenius y sus cómplices intentaron extorsionar a sus víctimas por al menos USD 1 millón.

Cómo operaba la red de hackeo y extorsión contra empresas de telecomunicaciones

La operación tuvo una estructura organizada desde el inicio. Wagenius colaboró en el desarrollo de una herramienta de intrusión conocida como SSH Brute, con la que él y sus cómplices obtenían credenciales de acceso a redes protegidas de empresas de telecomunicaciones. Una vez dentro de los sistemas, extraían bases de datos con información sensible de usuarios y clientes.

La coordinación entre los miembros de la red se llevó a cabo principalmente a través de grupos privados en Telegram, donde intercambiaban credenciales robadas y planificaban los ingresos no autorizados a las redes corporativas. De acuerdo con los documentos judiciales citados por el DOJ, la actividad delictiva se desarrolló mientras Wagenius cumplía funciones como soldado en servicio activo, lo que supone una violación directa de la confianza depositada en él por las instituciones militares.

La filtración de registros telefónicos de funcionarios y las amenazas de extorsión pública

En noviembre de 2024, Wagenius publicó en foros de ciberdelincuencia información que identificaba como registros de llamadas confidenciales de un funcionario del gobierno y de familiares de otro exfuncionario. Las publicaciones incluían amenazas explícitas: si las víctimas no pagaban un rescate, los datos serían difundidos masivamente.

BreachForums y XSS.is, dos plataformas de comunidades de hackers, fueron elegidas para esas amenazas. Integrantes de la red también ofrecieron en venta los datos robados en esos foros. Los registros sirvieron para otros fraudes, como ataques de intercambio fraudulento de SIM: delincuentes transfieren el número de la víctima a una SIM bajo su control para acceder a cuentas bancarias y servicios digitales.

El texto de al menos una de esas publicaciones sugería que parte de la motivación de Wagenius era retaliación por el arresto reciente de otro ciberdelincuente, según consta en el expediente judicial.

La investigación del FBI, el Departamento de Defensa y la Justicia federal

La detección y el arresto de Wagenius fueron resultado de una investigación conjunta entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa. También participaron la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas.

Según declaró el director adjunto del FBI Brett Leatherman, jefe de la División Cibernética del organismo, las agencias lograron identificar, localizar y arrestar a Wagenius en cuestión de semanas desde que realizó sus amenazas públicas de extorsión. El FBI y sus socios actuaron con rapidez ante las primeras señales de actividad extorsiva, lo que permitió cerrar el caso antes de que la red pudiera ampliar su alcance.

La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del DOJ estuvo a cargo de la persecución penal, con el apoyo de la Sección Nacional de Ciberseguridad.

Los cargos, la declaración de culpabilidad y las consecuencias judiciales

Wagenius enfrentó dos procesos penales simultáneos en el Distrito Oeste de Washington. El 5 de marzo de 2025, se declaró culpable de dos cargos por transferencia ilegal de registros telefónicos confidenciales en el marco de esta conspiración. Meses después, el 15 de julio de 2025, reconoció su responsabilidad en los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, extorsión vinculada a delitos informáticos y robo agravado de identidad.

La condena definitiva de 70 meses unificó ambas causas. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó la restitución de USD 294.978 a las víctimas. La Sección CCIPS, que desde 2020 acumula más de 180 condenas por delitos cibernéticos y órdenes de restitución por más de USD 350 millones, coordinó la acusación junto con la Fiscalía del Distrito Oeste de Washington.

El traslado no implica una liberación anticipada definitiva. La fecha oficial de excarcelación de Holmes sigue fijada para el 22 de febrero de 2030.

La pena, que comenzó en mayo de 2023, fue reducida de 135 meses a 123 meses —equivalentes a 10 años y tres meses— como resultado de un cambio retroactivo en las pautas federales de condena y de créditos de tiempo obtenidos bajo la First Step Act —ley federal de reforma penitenciaria aprobada en 2018 que permite a los reclusos reducir su condena mediante programas de rehabilitación y buena conducta—.

Elizabeth Holmes y Theranos: de Silicon Valley al banquillo de los acusados

Holmes, hoy de 42 años, fundó Theranos siendo estudiante universitaria y construyó a su alrededor uno de los relatos más celebrados de Silicon Valley. La empresa aseguraba que su tecnología permitía realizar cientos de análisis médicos —para detectar enfermedades como el cáncer o la diabetes— con apenas unas pocas gotas de sangre, a menor costo y con resultados más rápidos que los métodos convencionales.

La promesa atrajo una financiación de cerca de USD 945 millones y llevó a la compañía a una valuación de USD 9.000 millones. Su directorio incorporó figuras de alto perfil político y empresarial, y la empresa firmó acuerdos con grandes cadenas minoristas de salud en Estados Unidos.

El fraude que desmoronó la empresa de análisis de sangre

El edificio comenzó a derrumbarse en 2015, cuando una investigación del Wall Street Journal reveló que Theranos solo realizaba con su tecnología propia alrededor de una docena de los cientos de análisis que ofrecía. El resto dependía, en parte, de equipos convencionales fabricados por terceras empresas. Las afirmaciones sobre la capacidad y la precisión de su sistema eran falsas.

La compañía se disolvió en septiembre de 2018. Ese mismo año, Holmes y el entonces presidente de la empresa, Ramesh “Sunny” Balwani, fueron imputados por fraude electrónico y conspiración para cometer ese mismo delito. Ambos se declararon no culpables.

Condena por fraude electrónico y años de proceso judicial

En 2022, un jurado declaró culpable a Holmes de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico. El tribunal fijó una pena inicial de 11 años y tres meses de prisión. Holmes ingresó al Federal Prison Camp Bryan, un establecimiento de mínima seguridad para mujeres ubicado a unos 145 kilómetros (90 millas) al noroeste de Houston, en mayo de 2023.

Balwani también fue condenado por cargos similares. En 2025, un tribunal federal de apelaciones ratificó las condenas de ambos y confirmó la orden de restitución de USD 452 millones que Holmes y Balwani deben pagar a las víctimas del fraude. Los dos habían argumentado errores procesales y violaciones constitucionales durante sus juicios por separado; el panel de tres jueces rechazó esos planteos.

Qué es una casa de transición y cómo funciona el Austin Transitional Center

Los centros de reinserción residencial —también llamados casas de transición o halfway houses— son establecimientos con supervisión estatal destinados a personas próximas a recuperar la libertad. Según la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), estos centros pueden ofrecer asistencia para la búsqueda de empleo y orientación financiera, entre otros servicios.

El Austin Transitional Center, ubicado en Del Valle, es un centro comunitario de correcciones con capacidad para 460 personas, administrado por una empresa privada de gestión penitenciaria. Es uno de ocho centros de reinserción residencial en Texas.

La reducción de pena y su vinculación con la First Step Act

A comienzos de 2026, el juez federal Edward Davila aceptó una moción para reducir la condena de Holmes de 135 a 123 meses, con base en un cambio retroactivo a las pautas federales de sentencia para condenados sin antecedentes penales que cumplen ciertos requisitos. La reducción también incorporó créditos de tiempo ganados bajo la First Step Act.

“Esta reducción no disminuye la enormidad de los crímenes de Holmes”, escribió Davila en la resolución de marzo, según informó ABC News. “Los cientos de millones de dólares en pérdidas causadas por el fraude hablan por sí solos”, agregó el magistrado, quien subrayó que la nueva pena sigue siendo un castigo justo y un mensaje hacia quienes intenten replicar conductas similares.

La defensa de Holmes había argumentado que su defendida mantuvo un historial impecable dentro del penal, sin infracciones disciplinarias, y que dedicó su tiempo a asistir a otras reclusas. El gobierno, por su parte, se opuso a la reducción y sostuvo que Holmes causó un perjuicio económico sustancial a las víctimas y no había asumido responsabilidad por sus actos.

La Oficina Federal de Prisiones no reveló condiciones individuales del traslado

La BOP no confirmó detalles sobre las condiciones específicas del traslado de Holmes. Ante la consulta de medios, el organismo indicó que “no comenta las condiciones de reclusión de ningún individuo, incluidos los planes de egreso”, según recogió ABC News. Tampoco precisó cuánto tiempo permanecerá la exdirectora en el centro antes de su liberación definitiva.

La agencia aclaró que la asignación a instalaciones depende de factores como el nivel de seguridad y supervisión requeridos, las necesidades médicas o programáticas, la seguridad del individuo y la proximidad al lugar de residencia tras la liberación.

La decisión de traslado al Austin Transitional Center no modifica la condena de Holmes ni adelanta la fecha de liberación programada, a menos que exista una resolución judicial posterior que así lo establezca.

Un jurado federal en Del Río, Texas, declaró culpable a Juanita Elizabeth Medina por dos cargos relacionados con el transporte de inmigrantes indocumentados desde Eagle Pass hasta San Antonio. El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, anunció el veredicto tras un juicio que comenzó el 22 de septiembre.

Medina, de 57 años y originaria de Coahuila, México, enfrentaba un cargo de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y otro de transporte de inmigrantes indocumentados. Ambos cargos derivaron de un operativo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizado en enero en un puesto de control migratorio.

El veredicto y el desarrollo del juicio

El jurado encontró a Medina culpable de los dos cargos que pesaban en su contra. El juicio se desarrolló bajo la presidencia del juez federal Ernest Gonzalez y comenzó el 22 de septiembre, según se informó.

La fiscalía presentó documentos judiciales y pruebas durante el proceso que sustentaron ambos cargos. El resultado se dio a conocer como parte del comunicado oficial de la fiscalía del Distrito Oeste de Texas, que detalló tanto el desenlace del juicio como los antecedentes del caso.

Medina había sido arrestada en enero junto con su coacusado, identificado como Roque Manuel De Hoyos. Ambos fueron formalmente acusados de los mismos dos cargos federales tras el operativo fronterizo.

Circunstancias del arresto en Eagle Pass

De acuerdo con los documentos judiciales, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Medina en enero en el puesto de control migratorio ubicado en la carretera 57, en Eagle Pass. En ese momento, Medina y De Hoyos se dirigían hacia San Antonio.

En el vehículo viajaban, además de los dos acusados, dos inmigrantes indocumentados. Durante la inspección migratoria correspondiente, Medina proporcionó a los agentes numerosas declaraciones contradictorias sobre su relación con esas dos personas.

El registro del vehículo permitió a los agentes hallar 2,75 gramos de metanfetamina, junto con una pipa que contenía residuos de la sustancia. También se encontraron tres teléfonos celulares, de los cuales Medina dijo desconocer el origen de dos de ellos.

Estos hallazgos, sumados a las inconsistencias en el relato de Medina, formaron parte del cuerpo de pruebas que la fiscalía presentó posteriormente ante el jurado durante el juicio realizado en septiembre.

La situación de su coacusado

El caso de Roque Manuel De Hoyos tuvo un desenlace distinto al de Medina. De Hoyos se declaró culpable de ambos cargos, el de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y el de transporte de inmigrantes indocumentados, en mayo.

Esa declaración de culpabilidad ocurrió meses antes de que comenzara el juicio con jurado que involucró exclusivamente a Medina.

Investigación y equipo a cargo del caso

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos investigó el caso, según se informó.

En la parte judicial, el fiscal adjunto Michael Perez y el fiscal adjunto especial Steven Shilling estuvieron a cargo del caso. Bertha Meza y Marisol Rangel brindaron apoyo legal durante la preparación y el desarrollo del juicio, según se detalló en el comunicado oficial.

El marco de la Operación Recuperar Estados Unidos

El caso contra Medina se enmarca dentro de la Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa a nivel nacional impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según se informó, esta operación moviliza los recursos de esa cartera con tres objetivos centrales: repeler lo que las autoridades describen como una invasión de inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y de las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos.

El comunicado no precisó la fecha en que se dictará la sentencia contra Medina ni la pena máxima que podría enfrentar por los dos cargos federales de los que resultó culpable.

La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Elena Kagan rechazó intervenir en la disputa por la custodia de un bebé nacido mediante gestación subrogada, por lo que continúa vigente una orden de California que reconoce como padres legales a la pareja integrada por Nausheen Gilkar y Omar Ahmed.

La solicitud había sido presentada por McKenna West, una enfermera de Alaska que llevó adelante el embarazo y se negó a abortar luego de que al feto se le diagnosticara una cardiopatía congénita. West viajó a Texas, donde dio a luz el 12 de agosto.

Kagan, encargada de las apelaciones de emergencia provenientes de California, resolvió el pedido sin remitirlo al pleno del tribunal ni fundamentar públicamente su decisión, una práctica habitual en este tipo de recursos, según The New York Times.

El diagnóstico fetal desencadenó el conflicto entre la pareja y la subrogante

La controversia comenzó en abril, cuando una ecografía realizada cerca de la semana 20 reveló que el feto padecía síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo, una malformación que dificulta el flujo normal de sangre a través del corazón, reportó Associated Press.

Gilkar y Ahmed, quienes aportaron el embrión, solicitaron la interrupción del embarazo al amparo de una cláusula contractual que les otorgaba la decisión sobre un aborto, según documentos judiciales citados por CBS News.

En consecuencia, la subrogante se negó y se trasladó a Texas, un estado que prohíbe la mayoría de los abortos después de aproximadamente seis semanas de gestación.

En junio, una corte de California reconoció legalmente a la pareja como padres del niño. En paralelo, un magistrado de Texas prorrogó una medida temporal que impedía a McKenna West identificarse como su madre, informó The New York Times.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, intervino inicialmente ante un tribunal estatal para obtener una orden que obligara al hospital a proporcionar atención vital al bebé, aunque posteriormente se retiró del caso.

Más adelante, un juez texano ordenó al hospital de Dallas mantener los tratamientos indispensables para el bebé y prohibió cualquier traslado fuera del estado. El 2 de septiembre, el tribunal apartó a West de ese proceso.

El recién nacido fue sometido a una operación poco después del parto y permanece en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de un hospital de Dallas.

La intervención, conocida como procedimiento de Norwood, suele ser la primera de tres cirugías que requieren los pacientes con esta cardiopatía durante los primeros años de vida, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recogidos por CBS News.

Sin tratamiento, los niños con este defecto cardíaco pueden morir en cuestión de días o semanas. Las operaciones no necesariamente representan una cura y, en algunos casos, se requieren procedimientos adicionales o un trasplante de corazón, precisó Associated Press.

West y la pareja discrepan sobre quién debe decidir la atención médica del bebé

Los abogados de West sostuvieron ante la Corte Suprema que, bajo la ley de Texas, West probablemente sería considerada la madre legal del niño porque fue quien dio a luz en ese estado, indicó CBS News.

En su escrito citado por The New York Times, afirmaron que se le había negado el “control sobre el niño médicamente frágil” y que, sin una intervención judicial, no recibiría más información sobre el bebé “que llevó durante 37 semanas y por cuya vida luchó”.

Según West, la pareja no brindará atención médica que salve la vida del niño. A su juicio, la solicitud de aborto es una prueba de ello.

Los abogados de Gilkar y Ahmed respondieron que ambos permanecen junto a su hijo en el hospital y se aseguran de que “reciba la atención médica que necesita para salvar su vida y están comprometidos a seguir haciéndolo durante el resto de su vida”.

En una presentación judicial, argumentaron que una orden de la Corte Suprema que permitiera la participación de West “solo serviría para causar caos y confusión” en la toma de decisiones clínicas.

Tras la decisión de la jueza, Adam Wolf, abogado de la pareja, declaró que están “verdaderamente agradecidos de que Rumi pueda seguir recibiendo el tratamiento que necesita para sobrevivir y de que no se le prive de lo que los médicos han descrito como la excelente atención de sus padres”, recogió CBS News.

Por su parte, West está representada por la Alliance Defending Freedom, una organización jurídica cristiana conservadora. Su abogado, Lincoln Davis Wilson, dijo citado por The New York Times que su clienta “estaba decepcionada”, pero que encontraba alivio en que los padres contratantes hubieran expresado su compromiso de proporcionar al bebé la atención necesaria.

Dos personas señaladas por autoridades como vinculadas al Cártel de Sinaloa fueron detenidas en operaciones distintas realizadas en Estados Unidos y México.

En Chicago, Illinois, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) reportó la captura de Rogelio Castro, identificado por la agencia como un fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa y buscado en el Distrito Oeste de Texas por una orden federal relacionada con la distribución de grandes cantidades de cocaína.

Mientras tanto, en Mazatlán, Sinaloa, autoridades mexicanas detuvieron a Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, a quien el Gabinete de Seguridad identifica como presunto generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, integrante de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Junto con él fueron detenidas otras tres personas.

Rogelio Castro era buscado en Texas por cocaína

La detención de Rogelio Castro fue informada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que señaló que el fugitivo fue localizado en Chicago por elementos de la División de Seguridad Nacional de la Fuerza de Tarea de Chicago y de la Great Lakes Regional Fugitive Task Force.

De acuerdo con la agencia federal, Castro era buscado en el Distrito Oeste de Texas, donde existía una orden federal de detención en su contra por la presunta distribución de grandes cantidades de cocaína.

El USMS identificó públicamente a Castro como un fugitivo asociado con el Cártel de Sinaloa, aunque la información difundida sobre su captura no detalló cuál habría sido su función específica dentro de la organización ni precisó la cantidad de droga que se le atribuye haber distribuido.

La captura se produjo en Chicago, ciudad en la que operan fuerzas de tarea especializadas en la localización de personas buscadas por autoridades judiciales.

La orden federal que originó la búsqueda corresponde al Distrito Oeste de Texas, por lo que el detenido deberá enfrentar el procedimiento judicial correspondiente en Estados Unidos.

En Mazatlán cae “El Peli”, presunto operador de Los Chapitos

El mismo 22 de septiembre, pero en México, fuerzas federales realizaron un operativo coordinado en Mazatlán, Sinaloa, que terminó con la detención de cuatro personas, entre ellas Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”.

La captura fue informada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló que “El Peli” era identificado por las autoridades como un presunto generador de violencia y operador relevante de Genaro Aarón “N”, de la facción Los Chapitos.

Según la información proporcionada por el funcionario, el detenido presuntamente coordinaba la logística, el abastecimiento y los recursos económicos de la organización provenientes de la venta de droga.

También se le atribuye, de acuerdo con las autoridades, participación en la privación de la libertad de personas.

La detención fue resultado de una acción coordinada en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Dos operaciones contra estructuras del Cártel de Sinaloa

Las capturas ocurrieron el mismo día, pero corresponden a operativos independientes y en jurisdicciones diferentes.

En Estados Unidos, Rogelio Castro fue detenido a partir de una orden federal relacionada con la presunta distribución de cocaína y señalado por el USMS como fugitivo asociado al Cártel de Sinaloa.

En México, “El Peli” fue detenido dentro de un operativo de seguridad desplegado en Mazatlán y señalado por autoridades federales como presunto operador de Los Chapitos.

La captura de “El Peli” se produjo además en un contexto de reforzamiento de la presencia de fuerzas federales en Mazatlán, donde las autoridades han realizado distintos operativos contra integrantes de facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el caso, las investigaciones continuarán para determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer las responsabilidades que correspondan conforme a los procesos judiciales de cada país.

Un juez federal ordenó a Texas instalar aire acondicionado en todas sus prisiones antes del 31 de diciembre de 2029 al considerar que mantener reclusos sin refrigeración es “un castigo cruel e inusual” prohibido por la Constitución de Estados Unidos. El fallo de 150 páginas, dictado este martes por el juez Robert Pitman, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, se dirige al Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), que opera el mayor sistema penitenciario del país.

La orden exige que el TDCJ elabore de inmediato un plan de instalación y presente informes de avance al tribunal cada seis meses. El costo estimado asciende a USD 1.500 millones, según cifras reconocidas por la propia agencia estatal.

El TDCJ anunció que apelará el fallo y sostuvo que ya cuenta con medidas para mitigar el calor en sus instalaciones.

Por qué un juez ordenó instalar aire acondicionado en las prisiones de Texas

Texas alberga cerca de 143.000 personas en sus cárceles, de las cuales aproximadamente dos tercios viven en sectores sin refrigeración, según datos del TDCJ citados por The New York Times. En ese contexto, Pitman concluyó que la falta de aire acondicionado viola la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

En el texto del fallo, el juez describió las condiciones denunciadas durante el juicio: “Los testigos que estuvieron recluidos en prisiones del TDCJ sin aire acondicionado describieron que ellos y sus compañeros se enfermaban, perdían el conocimiento y llegaban a tal nivel de desesperación para refrescarse que era ‘común’ mojarse con agua del inodoro. Estas no son condiciones humanas”.

El estado recibió casi 15.000 quejas vinculadas al calor durante los últimos tres veranos, según registros judiciales citados por el mismo medio.

Las muertes por calor y los antecedentes del caso

El sistema penitenciario reconoció 23 muertes por causas relacionadas con el calor entre 1998 y 2012, y tres más en 2023. Pitman señaló además que los demandantes presentaron pruebas creíbles de fallecimientos adicionales entre 2023 y 2025 atribuibles, al menos en parte, a las altas temperaturas.

La demanda se inició en 2023, cuando Bernie Tiede —un exembalsamador que cumple cadena perpetua y cuyo caso inspiró la película Bernie— presentó una acción legal tras afirmar que sufrió un derrame cerebral en una celda sin refrigeración. Varias organizaciones de derechos de los reclusos solicitaron sumarse al litigio y ampliaron su alcance.

En 2025, Pitman ya había declarado que el calor extremo en las prisiones de Texas era “claramente inconstitucional”, aunque entonces no ordenó una instalación inmediata. El caso llegó a juicio a principios de este año.

El plazo de 2029, el plan de avance y el costo previsto

La resolución fija el 31 de diciembre de 2029 como fecha límite para completar la instalación en todo el sistema. El primer informe de avance vence el 22 de marzo de 2027 y deberá detallar el plan de instalación y el financiamiento que la agencia solicitará a la Legislatura estatal.

Pitman fue explícito respecto de los argumentos económicos: las “consideraciones financieras” no constituirán una razón válida para incumplir la orden. El costo total estimado en USD 1.500 millones supera con creces los USD 298 millones que el TDCJ tenía previsto solicitar para el próximo ciclo presupuestario, que arranca en septiembre próximo, y también el USD 1.000 millones que sus propios funcionarios habían señalado como necesario.

El juez advirtió además que el ritmo de instalación previo era “demasiado lento”, en particular ante la proyección de que la población penitenciaria crecerá en casi 10.000 personas hacia agosto de 2027.

Qué respondió el Departamento de Justicia Criminal de Texas

La portavoz del TDCJ, Amanda Hernández, indicó que la agencia “respetuosamente no está de acuerdo con el fallo” y confirmó la apelación. Señaló que el número de camas en sectores climatizados aumentó de 35.000 en 2018 a 53.676 al 1 de septiembre de este año, con proyección de llegar a 60.000 para fines de 2026 y a 90.000 en 2028, según informó la Associated Press.

La funcionaria también subrayó que el organismo cuenta con “sólidas medidas de mitigación del calor”, entre ellas el acceso a zonas de descanso climatizadas y controles de bienestar durante los meses más calurosos.

Desde el lado de los demandantes, Amite Dominick, fundadora y presidenta de Texas Prisons Community Advocates, sostuvo que el fallo “dejó en claro que el estado no puede seguir tratando las vidas humanas como una partida presupuestaria”. “Vamos a monitorear cada plazo de esta orden”, afirmó en declaraciones recogidas por la Associated Press.

La abogada de los demandantes, Erica Grossman, agregó que la resolución “salvará innumerables vidas” y podría sentar precedente para casos similares que se tramitan en Florida y Misuri.

Esta revisión penal evalúa cargos de homicidio culposo, homicidio por negligencia criminal y abandono de menores en relación con la muerte de 27 personas durante las inundaciones del 4 de julio de 2025 en el condado de Kerr, Texas. Hasta la fecha, ningún integrante de la dirección del campamento fue imputado formalmente.

El investigador Brant Johnston, de los Texas Rangers, solicitó las órdenes ante un juez de distrito estatal del condado de Kerr, quien las aprobó el jueves pasado.

Los documentos, obtenidos por varios medios, autorizaron el acceso a datos electrónicos (mensajes de texto, correos, historial de ubicación, fotos y archivos eliminados) de dispositivos pertenecientes a integrantes de la familia Eastland y varios consejeros y empleados. El período de tiempo bajo análisis abarca del 3 de julio al 17 de octubre de 2025.

El campamento carecía de planes de evacuación actualizados

Camp Mystic, ubicado sobre las márgenes del río Guadalupe, no contaba con un plan de seguridad que contemplara la evacuación de las cabañas ubicadas en el sector ribereño que resultó anegado.

Según Johnston, en su declaración jurada, el protocolo vigente se limitaba a indicar que los ocupantes debían permanecer en sus lugares y no había sido revisado desde 1976, según lo declarado por Tweety Eastland, esposa del entonces director ejecutivo, Dick Eastland.

En contraste, existía un plan de evacuación operativo para el área conocida como Camp Mystic Cypress Lake, ubicada más alejada del río y que no sufrió inundaciones el año pasado.

Para Johnston, esa disparidad demuestra que “Camp Mystic LLC reconoció la inundación como un peligro capaz de obligar a los campistas a abandonar sus cabañas”, lo que refuerza el argumento de que la dirección era consciente del riesgo pero no lo extendió al sector más vulnerable.

Camp Mystic no tenía planes de emergencia escritos ni realizaba simulacros

La investigación también determinó que el campamento no disponía de planes de emergencia escritos exigidos por la normativa estatal, no realizaba simulacros de evacuación ni capacitaba al personal para ese tipo de situaciones. Además, en algunas cabañas la cantidad de consejeros adultos era insuficiente en relación con el número de menores a cargo.

“Los jóvenes campistas no pueden ser razonablemente esperados a reconocer de forma independiente un peligro de rápida evolución que amenaza sus vidas, ni a organizar y ejecutar una evacuación en ausencia de dirección de un número adecuado de supervisores adultos”, escribió Johnston en su declaración jurada, según documentos citados por The New York Times.

El investigador concluyó que “Camp Mystic LLC tenía conocimiento y de manera consciente ignoró un riesgo sustancial e injustificable de muerte para los campistas bajo su cuidado”.

La familia Eastland y varios empleados se negaron a declarar ante los investigadores

Johnston indicó que realizó varias visitas al predio y que él y otros investigadores condujeron entrevistas con testigos, sobrevivientes y personas vinculadas al campamento. Sin embargo, varios integrantes clave de la familia Eastland y funcionarios del campamento rechazaron colaborar con los investigadores.

Entre quienes declinaron ser entrevistados figuran Edward Eastland, director presente en el predio la noche de la tragedia; su esposa, Mary Liz Eastland; su hermano, Richard Eastland Jr.; y el guardia de seguridad nocturno, Glenn Juenke.

No obstante, la familia Eastland sí prestó testimonio en audiencias judiciales y ante la comisión legislativa estatal creada para investigar el evento. En esa instancia, Edward Eastland ofreció una disculpa pública entre lágrimas.

El informe final de dicha comisión concluyó que Camp Mystic no contaba con planes de emergencia escritos requeridos por el estado ni con planes de evacuación adecuados, y ese documento es citado de manera recurrente en las declaraciones juradas presentadas ante el tribunal.

Abogados de las familias sostienen que los allanamientos no deberían haber sido necesarios

Representantes legales de varias de las familias afectadas recibieron con cautela la noticia de los allanamientos. Christina Yarnell y Brad Beckworth, abogados de la familia de la víctima Cile Steward, cuyo cuerpo aún no fue recuperado, emitieron un comunicado en el que señalaron que las familias “lucharon, suplicaron y rogaron” durante más de un año para obtener respuestas.

“En cambio, los Eastland retuvieron la información y las respuestas que se deben a los padres que merecen, más que nadie, conocer los detalles de los últimos momentos de sus hijas”, dijeron, según Associated Press.

Más de una docena de familias también presentaron demandas civiles contra el campamento y sus responsables por conducta negligente antes y durante la inundación. El campamento, que no reabrió sus puertas este año, tramita además un proceso de reorganización por quiebra ante los tribunales.

La inundación del 4 de julio de 2025 mató a 25 campistas, dos consejeros adolescentes y a Dick Eastland, director ejecutivo del campamento. A su vez, se cobró en total al menos 139 vidas a lo largo de varios kilómetros del río Guadalupe, con la mayoría de las muertes concentradas en el condado de Kerr.

Ker’Sean Ramey y LeJames Norman irrumpieron el 24 de agosto de 2005 en una vivienda de Edna, Texas —una pequeña localidad ubicada a unos 160 kilómetros al suroeste de Houston—, convencidos de que un vecino guardaba 100 kilogramos de cocaína.

Más allá de que redujeron a los ocupantes del lugar y no encontraron nada de droga, finalmente asesinaron a Celso López, de 38 años; Tiffani Peacock, de 18; y Samuel Roberts, de 24, según reconstruyó The Texas Tribune.

Ramey, quien ahora tiene 41 años, será ejecutado el miércoles 23 de septiembre por la tarde en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas, tras pasar casi dos décadas en el corredor de la muerte por esos crímenes.

Su ejecución es la sexta prevista en el estado durante 2026 y se producirá exactamente una semana después de que Texas ajusticiara a Norman, su cómplice en el robo frustrado.

Tres asesinados a tiros durante el robo

López, que vivía en la vivienda frente a la casa de Norman, recibió cuatro disparos, tres de ellos en la nuca. Peacock y Roberts no se encontraban en el domicilio en el momento del ingreso; llegaron después y también fueron ejecutados. Roberts recibió cinco disparos en el pecho, el cuello y la cabeza; Peacock, dos en la cabeza.

Ramey fue condenado en enero de 2007 tras un juicio en el que varios testigos, incluyendo su entonces novia, declararon que él había confesado su participación. Esa mujer también ayudó a la policía a recuperar las dos armas utilizadas en los crímenes y según su testimonio, Ramey le pidió que lo llevara hasta una represa, donde la vio arrojarlas al agua.

Los investigadores las recuperaron posteriormente. Sin embargo, según un fallo de una corte federal de apelaciones, ninguna huella dactilar, ADN, sangre ni evidencia capilar vinculó a Ramey directamente con la escena del crimen o con las armas.

Norman testificó contra su cómplice antes de ser condenado a muerte

Norman cooperó con las autoridades desde el principio. Testificó en el juicio de Ramey y declaró que ambos habían disparado contra las víctimas. Aproximadamente un año después de ese testimonio, Norman fue sometido a su propio juicio, se declaró culpable de homicidio capital y un jurado lo sentenció a muerte.

Fue ejecutado el 16 de septiembre de 2026, también en Huntsville, sin pronunciar últimas palabras. Su hermana, dos de sus hijos y un amigo presenciaron la ejecución; ningún familiar o allegado de las víctimas estuvo presente.

Durante el proceso contra Ramey, su defensa intentó responsabilizar a Norman por los disparos. En respuesta, la acusación presentó a Norman como testigo clave, y el fiscal describió la escena del crimen como “una ejecución”.

La defensa alegó jurado racialmente sesgado y abogado sin experiencia

En los años posteriores a la condena, los abogados de Ramey presentaron recursos ante tribunales estatales y federales, todos sin éxito. Sus apelaciones incluyeron dos rechazos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una nueva apelación presentada el 10 de septiembre ante el Tribunal de Apelaciones en Materia Penal de Texas (CCA) fue rechazada el lunes previo a la ejecución.

Los argumentos centrales de la defensa apuntaron a dos irregularidades: que el jurado que condenó a Ramey era casi exclusivamente blanco y estaba “contaminado por sesgo racial”, y que su abogado de primera instancia —odontólogo de tiempo completo sin experiencia en juicios capitales— no investigó el caso de manera adecuada.

Ningún jurado afroamericano integró el tribunal que lo sentenció a muerte. El CCA había desestimado ya en 2009 los cuestionamientos sobre discriminación en la selección del jurado, al considerar que los fiscales habían ofrecido justificaciones no raciales para sus decisiones.

La defensa también argumentó que los fiscales modificaron la presentación de los hechos entre el juicio de Ramey y el de Norman para hacer aparecer a este último como el principal responsable. Un tribunal federal de apelaciones rechazó esa alegación junto con los planteos sobre la actuación del abogado defensor, indicó el informe de Texas Tribune.

La Junta de Indultos rechazó la clemencia el lunes y dejó firme la fecha

La petición de clemencia presentada por el abogado de Ronald McIntire ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas fue denegada el lunes. La junta votó en contra tanto de conmutar la pena de muerte como de otorgar una prórroga de 90 días.

Si se concretan las tres ejecuciones restantes programadas para lo que queda del año, Texas alcanzará un total de nueve ajusticiamientos en 2026, la cifra más alta en el estado desde 2019.

Reagan Michelle Simmons-Hancock se estaba cambiando para ir a trabajar a Flying Burger, un local de venta de hamburguesas de New Boston, Texas, que la empleaba desde hacía un tiempo. Tenía 21 años y cursaba la semana 35 de su segundo embarazo. Faltaban apenas tres días para que empezara su licencia por maternidad.

Esperaba una hija mujer y ya tenía a Kynlee Grace, de tres años, a quien estaba convenciendo de que se sacara el pijama para llevarla a la guardería. Homer Hancock, su marido, ya se había ido a trabajar. Era 9 de octubre de 2020 y nada parecía alterar la calma de ese pequeño pueblo en el sureste de los Estados Unidos.

El timbre sonó unos minutos antes de las 9 de la mañana. Era Taylor Parker, la fotógrafa que Reagan había contratado para que retratara su boda con Homer y que se le había acercado cada vez más, insistiendo con que la intimidad de esa amistad crecía exponencialmente. Parker tenía 27 años y vivía en un pueblo cercano junto a Wade Griffin, el hombre que había conocido 15 meses antes cuando él participaba de un rodeo y del que se había enamorado.

El 9 de octubre de 2020, cuando tocó el timbre de la casa de Reagan, Taylor cursaba un embarazo que ya había llegado a término e incluso seguía avanzando. O al menos eso decía ella.

Parker le había insistido a Reagan con pasar por su casa para visitarla y llevarle un regalo. Pero esa visita iba a terminar en una masacre que llevaría a Taylor a una condena a la pena capital: ahora mismo espera en el llamado “corredor de la muerte” a que la ejecuten.

Ecografías falsas y panzas de siliconas

Taylor Parker había fingido un embarazo. Falseó ecografías y estudios genéticos, compró panzas falsas de distintos tamaños para simular tamaños cada vez más grandes e instó a su entorno, con los estudios genéticos falsos, a que le organizaran una ceremonia de revelación de género. Según el análisis que había falsificado, estaba esperando una nena.

El primero al que le mintió sobre su embarazo fue a Wade. También a la madre de Wade, a los mejores amigos de su pareja, a algunos vecinos de la casa de él -a la que ella se había mudado-, y a Reagan. No había mucha más gente en su entorno, y los pocos que quedaban sabían que era imposible que Parker cursara un embarazo.

Taylor había nacido en 1992 y había tenido su primera hija a los 17 años. Después, con otra pareja, tuvo a su hijo varón. Unos meses después de ese segundo parto, ya en 2014, decidió ligarse las trompas de Falopio, y al poco tiempo debieron operarla para extirparle quistes en un ovario. Durante la cirugía, los médicos detectaron que Parker tenía endometriosis y atravesaba un embarazo ectópico: su escenario era grave.

Mientras Taylor estaba en el quirófano, el equipo médico le pidió autorización a su entonces pareja para avanzar con una histerectomía total, es decir, la remoción del útero y su cuello uterino. No había ninguna posibilidad biológica de que Parker pudiera quedar embarazada después de esa cirugía.

La joven se divorció en 2017 y volvió a casarse en 2018. Durante esos años se agudizaron algunas actitudes que, según reflejaron distintos testimonios a lo largo del juicio contra Parker, definían su conducta cotidiana. Taylor mentía sobre distintos padecimientos de salud, que iban desde cáncer, esclerosis múltiple, y un derrame cerebral, y de esa manera lograba la atención de su entorno.

Agrandaba sus mentiras continuamente y se obsesionaba con los embarazos de las amigas que se iban alternando en su vida: a una de ellas le insistió hasta el cansancio para que le diera acceso a su app de seguimiento de gestación. Fue uno de los motivos por las que esas amigas momentáneas duraban poco y huían despavoridas.

La herencia prometida

Taylor conoció a Wade en julio de 2019, en un rodeo de los que son muy frecuentes en Texas. Ella lo abordó y el noviazgo se aceleró rápidamente. Le contó que era una de las herederas de una enorme fortuna vinculada a la industria del jarabe, un endulzante muy usado en Estados Unidos. También aseguró que tenía varios millones de dólares invertidos en la industria del petróleo.

Con todo ese supuesto patrimonio detrás, Taylor le aseguró a Wade que vivirían en una mansión en medio de un terreno de más de 4 millones de dólares. Además, se convirtió en la administradora de la economía del hogar e impulsó la compra de maquinaria para el trabajo rural de Wade e incluso de un auto para la mamá de él: su novio confió en su versión y se endeudó, seguro de que su patrimonio estaba a punto de multiplicarse.

Los testimonios de distintos gestores inmobiliarios y de familia y amigos de Wade, muchos de los cuales están recogidos en el documental Instinto Maternal que puede verse en Netflix, dan cuenta de que, en realidad, Taylor no tenía cómo responder por las altísimas compras que hacía o por la oferta millonaria que hizo por la enorme mansión.

Para ganar tiempo, inventaba intermediarios, desde agentes financieros hasta familiares, y ella misma manejaba las cuentas de correo electrónico y redes sociales de esas supuestas personas. Para excusar cualquier demora en el acceso al dinero, culpaba a su madre: juraba que ella quería desheredarla de esa enorme fortuna.

Un parto que nunca llegaba

Taylor estaba segura de que en algún momento Wade iba a abandonarla. Y creía que “compraba tiempo” con las mentiras sobre una futura enorme fortuna. Pero no llegaba ninguna señal de todo ese patrimonio, así que decidió “asegurar” su pareja con otra mentira: le anunció que estaba embarazada. E incluso dijo que esperaba gemelos.

Poco tiempo después, le dijo a Griffin que un golpe mientras llevaba a cabo algunas tareas en el campo había causado la interrupción de la evolución de uno de los fetos, y que sólo prosperaría el otro.

A medida que los meses pasaban, Parker hacía todo lo que creía necesario para sostener su engaño: compraba ropa de bebé, pegaba ecografías falsas en la heladera y le decía a Wade que la acomplejaban mucho los cambios de su cuerpo y que por eso no quería que le tocara la panza. Lo cierto es que era una panza de silicona.

Además, como el supuesto embarazo transcurrió durante 2020, la pandemia de coronavirus le sirvió para argumentar que, por protocolos muy estrictos, Wade no podía ir a las consultas. Muchas mañanas del primer trimestre, Taylor se encerraba en el baño y fingía náuseas.

El entorno de Wade, sobre todo su mamá y sus mejores amigos, empezaron a sospechar de Taylor. Encontraban incongruencias cada vez más notorias en su discurso, pero Griffin no quería escucharlos.

En septiembre de 2020, cerca de la supuesta fecha de parto, Wade recibió un mensaje desde un teléfono que no tenía agendado. Era uno de los ex maridos de Taylor y le decía: “Te contacto porque siento que es un deber ético. En 2015, Taylor se sometió a una histerectomía. Ella no puede estar embarazada. Es una artista de la mentira y te está engañando para retenerte”.

Taylor negó todo y volvió a responsabilizar a su madre. Dijo que, para perjudicarla, la madre estaba dispuesta a falsificar identidades y a decir mentiras continuamente. Griffin todavía guardaba alguna esperanza de convertirse en el marido de una millonaria, así que eligió creer.

La fecha prevista para el nacimiento ya estaba encima. El día señalado, 19 de septiembre de 2020, el centro médico en el que iba a producirse el nacimiento tuvo que ser evacuado porque recibió una amenaza de bomba. Taylor reprogramó la fecha para el 5 de octubre y después, para el 9 de octubre. Esos cambios implicaban también modificar el lugar en el que supuestamente iba a nacer su bebé. El 9 de octubre, Parker ya no tenía ningún margen para volver a “estirar” su embarazo: su mentira dependía de que consiguiera un bebé.

La amiga embarazada

Taylor Parker decidió que iría por la bebé que esperaba Reagan Simmons-Hancock, a quien había conocido en septiembre de 2019. La relación entre ellas creció a través de mensajes y comentarios en Facebook, y también a través de videollamadas. Reagan confió en Taylor y le abrió las puertas de su casa: ese fue el principio del fin.

A medida que se acercaba la fecha del nacimiento de Braxlynn Sage, la hija de Reagan y Homer, Taylor se acercaba cada vez más a su supuesta amiga. A la par, llevaba semanas investigando a través de búsquedas en Google y videos en YouTube cuál era el protocolo para revisar a un recién nacido de 35 semanas. También miraba tutoriales sobre cómo llevar a cabo una cesárea de emergencia y cómo atender a un bebé prematuro en sus primeros instantes de vida.

Parker visitó a Reagan el 8 de octubre. En las primeras horas del 9, el día del crimen, repasó por última vez un video sobre cómo revisar a un recién nacido prematuro. Guardó un botiquín con material quirúrgico en su auto y manejó hasta la casa de Reagan, a quien llamó en el camino para insistirle con visitarla nuevamente.

La masacre de Texas

Reagan abrió la puerta de su casa y Taylor desplegó inmediatamente un ataque feroz. La casa se manchó de sangre a medida que las agresiones iban cambiando de lugar. Los forenses determinarían después, por lo que encontraron en la escena del crimen, que Reagan intentó defenderse desesperadamente. Pero cuando Parker la golpeó con un martillo, al menos cinco veces en la nuca y la frente, el cráneo de Reagan sufrió severas fracturas y ya no pudo oponer ninguna resistencia.

Intentó cortarle el abdomen con un cuchillo de cocina pero no lo logró. Así que usó el bisturí que había llevado en su auto. Le hizo una incisión que había aprendido en los tutoriales. Reagan, que todavía no había perdido la conciencia, gritaba en el suelo.

Parker abrió el útero de su víctima y arrancó a la bebé nonata. Reagan le rogaba que parara. Taylor decidió ultimar a su víctima: le dio más de cien puñaladas, sobre todo en la cabeza y en el cuello. Le dejó la hoja del bisturí clavada en la garganta: con esa hoja había mutilado su cuerpo para robarle a su hija. Kynlee Grace, la hija de tres años de Reagan, se escondió bajo las frazadas de su cama y se quedó inmóvil.

Taylor huyó con la bebé ensangrentada y la apoyó sobre su regazo. Encendió el auto y escapó de la escena del crimen. La Policía la instó a detener su auto en la banquina porque manejaba con exceso de velocidad.

Cuando el agente se acercó a la ventanilla, encontró a Parker con el torso manchado de sangre seca y el cordón umbilical de la bebé asomando por su pantalón: la victimaria quería simular un parto que se había desencadenado inesperadamente. Taylor juró que acababa de parir a un costado del camino, mientras se dirigía al hospital, y que su bebé no respiraba.

La Policía pidió una ambulancia inmediatamente, y Taylor y la bebé fueron trasladadas a un hospital en Oklahoma. Los médicos intentaron reanimar a Braxlynn Sage pero no lo consiguieron: la bebé fue declarada muerta. La mentira de Parker empezó a derrumbarse enseguida. Se negó a que la examinara un ginecólogo para verificar que el supuesto parto estuviera completo y ella no estuviera en peligro.

Además, le hicieron análisis de sangre para detectar marcadores hormonales vinculados al embarazo y el parto que dieron negativo. Por último, una ecografía reveló que Taylor no tenía útero. Los médicos confirmaron que era insostenible la versión de los hechos que ella contaba e hicieron intervenir a las fuerzas de seguridad. Sabían que algo peligroso estaba pasando.

A 74 kilómetros del hospital, Jessica Brooks, la madre de Reagan, fue a la casa de su hija, que no le respondía las llamadas y que no había llevado a su nieta a la guardería. Vio que el picaporte de la entrada estaba manchado de sangre y se desesperó.

Cuando entró, encontró un infierno: su hija estaba muerta, con el abdomen abierto, y todo era una marea roja de sangre. Uno de los forenses que asistió a la casa diría después que fue la escena más sangrienta de toda su carrera como investigador. Su nieta seguía escondida, aterrorizada.

La Policía de Texas emitió un alerta y Taylor Parker fue inmediatamente arrestada en el hospital de Oklahoma. Confesó que había mantenido “una discusión física” con Reagan antes de robarle a su bebé.

En el corredor de la muerte

La investigación determinó que el delito de Taylor fue una abducción fetal por evisceración materna. Sólo había 15 antecedentes de casos así entre 1987 y 2011 en Estados Unidos. El juicio oral se llevó a cabo en 2022, casi dos años después del doble homicidio de Reagan y Braxlynn Sage.

Declararon más de cien testigos que acreditaron el montaje de mentiras por parte de Taylor a lo largo de los años. Se presentó un gran volumen de pruebas digitales y forenses que sirvieron para que la fiscalía acreditara su acusación contra Parker.

La fiscalía logró demostrar que Taylor había actuado con total premeditación y que su motivación había sido retener a su pareja, sin importar cómo. Además, se dieron a conocer llamados entre Taylor y la madre, ya durante su tiempo encarcelada, en los que no exhibía ningún remordimiento por el crimen, ni tampoco empatía por los familiares de las víctimas.

La defensa de Taylor no negó la autoría de los hechos pero apostó a evitar la pena de muerte. Un neurólogo declaró que Parker padecía “síndrome del lóbulo frontal”, y que eso le causaba alteraciones emocionales y cognitivas severas.

Los abogados intentaron desestimar que Taylor había secuestrado a la bebé, asegurando que había nacido sin vida y que “no se puede secuestrar a una persona no nacida”. Los peritos médicos y paramédicos anularon este argumento, porque confirmaron que la bebé había estado viva en el instante en el que la asesina cortó el abdomen de Reagan.

El 3 de octubre de 2022 el tribunal declaró a Parker culpable de asesinato con agravantes y secuestro. El 9 de noviembre de ese mismo año, ese mismo jurado recomendó de forma unánime la pena capital, y sentenció a muerte por inyección letal a Taylor.

Ahora mismo, Parker es una de las siete mujeres que transitan “el corredor de la muerte” en Texas. Todas las apelaciones presentadas por los defensores de Taylor fueron rechazadas sistemáticamente. La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó revisar el caso en mayo de este año. Taylor tiene 33 años y permanece recluida. Pasa 22 de las 24 horas del día aislada, a la espera de que se determine la fecha exacta de su ejecución.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, suspendió todos los permisos ambientales para centros de datos en el estado hasta que los organismos reguladores completen una auditoría integral de los proyectos que aguardan conexión a la red eléctrica.

La directiva, emitida el lunes 21 de septiembre, amplía una moratoria que Abbott había decretado en agosto y que ahora se extiende también a las aprobaciones de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), informó Reuters.

Desde que comenzó el auge de la inteligencia artificial, hace aproximadamente tres años, Texas se convirtió en uno de los centros de datos de mayor crecimiento en el mundo. Para fines de esta década, el estado estaba en camino de superar a Virginia como el mayor mercado de centros de datos del mundo, según un informe de febrero de la firma JLL. La suspensión anunciada este lunes frena ese avance.

La directiva amplía una moratoria que solo cubría conexiones a la red eléctrica

La orden original, emitida el 3 de agosto, instruía al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) a detener las aprobaciones de nuevas conexiones a la red para centros de datos que demandaran al menos 75 megavatios de potencia —suficiente para abastecer a casi 19.000 hogares—.

Sin embargo, ese alcance dejaba afuera a instalaciones más pequeñas, a proyectos con generación propia de electricidad y a zonas del estado —como el este de Texas, el Panhandle y El Paso— que no operan bajo la red administrada por ERCOT.

La directiva del lunes cierra esos vacíos: ordena a todos los organismos estatales abstenerse de avanzar con aprobaciones regulatorias vinculadas al desarrollo de centros de datos hasta que la auditoría concluya.

Esto incluye permisos de TCEQ para uso de agua de ríos locales o para la construcción de plantas de generación propias, según precisó el diario Texas Tribune. “Simplemente, los texanos deben ir primero”, escribió Abbott en la carta dirigida a la directora ejecutiva de TCEQ, Kelly Keel.

Además señaló: “Los centros de datos deben pagar sus propios costos, proteger nuestra red y nuestra agua, y completar las auditorías de ERCOT y TWDB. Hasta que lo hagan, TCEQ no emitirá ningún permiso”.

ERCOT y la Junta de Desarrollo Hídrico auditan energía, agua e incentivos fiscales

ERCOT y la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas (TWDB) están realizando un relevamiento de más de 400 centros de datos para obtener información sobre su consumo eléctrico, uso de agua, operaciones de enfriamiento, impacto en comunidades locales, titularidad de las instalaciones y aprovechamiento de exenciones fiscales.

Las preguntas del cuestionario se hicieron públicas el viernes pasado, aunque las respuestas individuales de las empresas permanecerán bajo reserva. ERCOT estima completar la auditoría en diciembre.

Al momento del decreto de agosto, había más de 470 gigavatios en proyectos de centros de datos y otros grandes consumidores energéticos en fila para conectarse a la red —más de cinco veces la demanda máxima del estado—.

Analistas de BloombergNEF calcularon que cerca del 20% del total de 253 gigavatios del pipeline de centros de datos de Estados Unidos estaba en riesgo con la pausa de Texas, lo que equivale a casi 50 gigavatios de capacidad propuesta. Esa cifra podría traducirse en pérdidas de ingresos superiores a USD 8.000 millones para el primer trimestre de 2027.

Abbott revierte su postura sobre los centros de datos como motor económico

La escalada regulatoria representa un viraje respecto de las posiciones que Abbott sostuvo en los meses previos. En noviembre pasado, el gobernador afirmó que Texas sería el “epicentro del desarrollo de la inteligencia artificial”, apoyado en proyectos de alto perfil como Stargate, de OpenAI, y en exenciones impositivas para centros de datos calificados.

Ahora, el comunicado oficial de la moratoria anticipa que Abbott trabajará con la legislatura para “eliminar todos los incentivos financieros para los centros de datos” en la próxima sesión legislativa.

Ed Hirs, investigador en energía de la Universidad de Houston, señaló según Reuters que, Abbott estaba retractándose de “sus declaraciones anteriores sobre que los centros de datos conducirían a precios de electricidad más bajos”.

La controversia política presiona al gobernador en su campaña de reelección

El tema de los centros de datos se convirtió en un punto de fricción en las elecciones de medio término de 2026. Una encuesta reciente de NBC News halló que el 64% de los estadounidenses sería menos propenso a votar por un candidato que “apoya la construcción de centros de datos locales”.

Abbott enfrenta una reñida disputa por su cuarto mandato contra la legisladora estatal Gina Hinojosa.

El impacto de la resistencia social trasciende a Texas: un informe del grupo de presión Data Center Watch calculó que USD 68.000 millones en nuevos desarrollos fueron retrasados o cancelados en el último trimestre por oposición local, con efectos que ya se filtran a los mercados financieros.

La inminente oferta pública inicial de Anthropic incluirá la opinión pública negativa hacia la inteligencia artificial y los centros de datos como factor de riesgo en su prospecto.

Por su parte, TCEQ deberá informar al despacho del gobernador sobre el cumplimiento de la directiva antes del 19 de octubre.

Durante años, algunos de los hospitales más importantes de Estados Unidos ofrecieron tratamientos de afirmación de género a menores: bloqueadores de pubertad, hormonas y cirugías. Con la llegada de la administración de Donald Trump, estas prácticas quedaron en el centro de una serie de medidas legales y administrativas destinadas a limitar su disponibilidad.

El resultado, hasta ahora, son seis acuerdos con el Departamento de Justicia (DOJ) que marcan un antes y un después en la política sanitaria del país. Los dos más recientes se firmaron la semana pasada, según informó AP News.

El NYU Langone Health pagará USD 8,5 millones al gobierno federal y el University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) abonará USD 950.000.

Ambas instituciones —dos de las más reconocidas de Nueva York y Pensilvania respectivamente— se comprometieron a no ofrecer estos procedimientos, que la administración denomina oficialmente “procedimientos de rechazo de sexo”, a pacientes menores de 19 años. Ninguna admitió haber actuado de forma indebida.

Los acuerdos ponen fin a investigaciones federales y protegen registros de pacientes

El DOJ venía investigando a estos centros médicos por presuntas irregularidades en la facturación de tratamientos de atención de género a menores. Según lo establecido en los acuerdos, las investigaciones quedan cerradas.

Además, los hospitales evitan una consecuencia que consideraban especialmente sensible: la entrega obligatoria de historiales clínicos de sus pacientes al gobierno federal.

Los acuerdos son parte de una campaña más amplia del gobierno de Trump, que desde mayo de 2026 logró compromisos similares con otras cuatro instituciones: la Cleveland Clinic, el Connecticut Children’s Hospital, el Mount Sinai Health System de Nueva York y el Texas Children’s Hospital, tal como informó AP News.

Mount Sinai destinará USD 2 millones a la “detransición” de pacientes

El acuerdo con Mount Sinai presenta diferencias respecto de los más recientes. Además de una penalidad económica no divulgada, el hospital se comprometió a destinar USD 2 millones a la atención gratuita de quienes recibieron tratamientos de género durante su minoría de edad y ahora buscan revertirlos.

El DOJ catalogó este compromiso como una “contribución multimillonaria a la atención de detransición”.

El acuerdo con NYU Langone, en cambio, no incluyó esa cláusula. Steve Ritea, vocero del hospital, fue explícito al respecto: “NYU Langone no se comprometió a financiar servicios relacionados con la detransición”, afirmó en declaraciones recogidas por The New York Times.

El fiscal general Todd Blanche defiende los acuerdos como una protección a la infancia

Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, fue quien encabezó las declaraciones oficiales del DOJ. “El Departamento de Justicia lucha por proteger a los niños de esta nación y trabaja sin descanso para llegar a acuerdos con los hospitales y poner fin a la llamada ‘atención de afirmación de género’ para menores”, aseguró en un comunicado difundido la semana pasada.

Blanche también advirtió sobre las consecuencias para las instituciones que no acaten la política federal. “Las resoluciones de hoy envían un mensaje claro: los hospitales que apuntan a niños con estas prácticas y luego obtienen pagos de manera fraudulenta serán responsabilizados”, agregó, según la misma declaración.

La administración Trump formalizó su postura con una norma publicada el mes pasado que prohíbe a los dos principales programas federales de salud financiar este tipo de tratamientos.

La mayoría de los hospitales ya había suspendido los tratamientos antes de firmar

Un dato relevante es que la mayor parte de las instituciones involucradas en estos acuerdos ya había discontinuado los tratamientos antes de la firma.

NYU Langone, por ejemplo, cerró su Programa de Salud para Jóvenes Transgénero en febrero de 2026, meses antes del acuerdo, alegando el “entorno regulatorio actual”.

Los convenios estipulan también que los programas de salud mental pediátrica de los hospitales podrán continuar operando con normalidad.

Según precisaron las instituciones en sus comunicados, la atención de género para pacientes mayores de 18 años tampoco se ve afectada.

En paralelo al avance de los acuerdos extrajudiciales, un tribunal federal de apelaciones respaldó la postura del gobierno.

La Novena Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en San Francisco, resolvió —en una decisión dividida de 2 a 1— que el objetivo de la administración de poner fin a estos procedimientos en menores no constituye una finalidad administrativa impropia y no puede ser invocado como fundamento legal para bloquear las citaciones del DOJ, según precisó AP News.

La exparticipante de la cuarta temporada de La Más Draga confirmó que estuvo detenida 19 horas y negó haber usado sustancias y sostiene que el caso se relaciona con el consumo de alcohol.

La artista recuperó su libertad y aseguró que se encuentra a salvo. También pidió a sus seguidores no sacar conclusiones sobre los cargos, pues hasta ahora no se conocen resoluciones judiciales ni detalles adicionales sobre el proceso que enfrenta en Estados Unidos.

La fotografía de Brian Escamilla durante su detención se difundió en redes sociales y generó mensajes de preocupación entre integrantes de la comunidad queer y seguidores del programa de drag queens. Vera Cruz reaccionó primero con publicaciones en X y después compartió videos, fotografías y memes sobre el episodio en sus historias de Instagram.

Vera Cruz confirma que pasó 19 horas detenida en Texas

Vera Cruz habló sobre su arresto mediante una serie de historias de Instagram. La drag queen agradeció los mensajes que recibió después de que se conoció el incidente y afirmó que la detención no escaló a una emergencia mayor.

“También quería tomar el tiempo de agradecerle a la gente que me escribió un mensaje para asegurarse que estaba bien. Fue más el susto, fue una cosa de nada más el fin de semana, solo perdí el sábado 19 horas, todo tranquilo”, dijo.

La exintegrante de La Más Draga señaló que ya ofreció disculpas por lo ocurrido. También sostuvo que las versiones que circularon en internet presentan el caso como un hecho más grave de lo que, desde su perspectiva, ocurrió.

“Ya me disculpé y no fue una situación tan exagerada ni tan seria como lo puede parecer. Los cargos igual son los mismos, pero para que se despreocupen, todo está bien, yo estoy a salvo”, expresó Escamilla.

El arresto ocurre en el condado de Hidalgo, una zona ubicada al sur de Texas y cercana a la frontera con México. Los reportes iniciales atribuidos a publicaciones en redes sociales señalaron que la artista habría sido interceptada tras un incidente vial y que habría tenido desacuerdos con los agentes que la abordaron.

Brian Escamilla niega consumo de sustancias

El caso provocó especulaciones sobre una presunta conducción bajo los efectos de sustancias. Vera Cruz rechazó esa versión y explicó que el hecho estaría relacionado con el alcohol, aunque afirmó que no se encontraba ebria ni puso en riesgo a otras personas.

La drag queen también aclaró que no busca justificar lo sucedido. “También quiero aclarar que no condono ni apruebo la situación y circunstancias que sucedieron, ¿verdad? Pero obviamente todos cometemos errores y podemos entender que a veces las cosas pasan, nos equivocamos, aprendemos y seguimos adelante”, dijo.

Escamilla añadió una frase que se volvió parte de la conversación entre sus seguidores: “Y que un vaso es un vaso de más”. Con ello, señaló que una cantidad reducida de alcohol puede derivar en una detención si una persona supera los límites permitidos por la ley local.

“Ya sea que lleves 15, 20, 30 o solamente uno, igual te pueden llevar. Y así como yo llevaba poco, me llevaron”, afirmó Vera Cruz en el mismo mensaje difundido en Instagram.

La artista sostuvo que no se disculpará por acusaciones que, según dijo, no corresponden a lo ocurrido. “No me voy a sentir culpable ni me voy a disculpar por algo que no hice ni por situaciones hipotéticas que no pasaron”, declaró.

La exparticipante de La Más Draga habla de los cargos

Vera Cruz formó parte de la cuarta temporada de La Más Draga, producción conducida por Roberto Carlo. Su participación en el reality le dio proyección entre el público mexicano y la comunidad LGBTQ+, por lo que su detención generó una rápida reacción en plataformas digitales.

En sus publicaciones posteriores, la artista utilizó el humor para referirse al arresto. Incluso aprovechó la circulación de su fotografía para promocionar productos de su tienda en línea y pidió apoyo a sus seguidores.

“Y si quieren comprar una playera con mi cara pueden ir a la tienda en línea. Fabulosamente increíble”, dijo entre risas. La frase fue acompañada por videos y memes que compartió después de recuperar su libertad.

A pesar del tono con el que abordó el tema, Vera Cruz reconoció que el episodio deriva de una conducta que no aprueba. La artista recomendó actuar con mayor precaución antes de manejar después de beber alcohol.

“No puse en peligro a nadie porque no iba ebrio. Entonces, relájese, Ubergo. Aquí la ley se aplica y entonces aunque vayas cero punto uno arriba de lo que sea el límite, te van a llevar”, sostuvo.

El proceso jurídico en el condado de Hidalgo sigue sin detalles públicos

Hasta el momento, no se han difundido mayores detalles sobre la condición jurídica actual de Brian Escamilla ni sobre una próxima audiencia en el condado de Hidalgo. Los señalamientos conocidos corresponden a reportes iniciales y no equivalen a una condena.

La falta de información pública impide establecer si la artista enfrenta cargos formales, alguna medida cautelar o una fecha definida ante una autoridad judicial. Vera Cruz únicamente ha confirmado que estuvo bajo custodia durante 19 horas y que posteriormente fue puesta en libertad.

Así lo reveló una encuesta de la Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research y el Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago, realizada entre el 6 y el 24 de julio de 2026 entre 3.424 adultos estadounidenses, con un margen de error de más o menos 2,2 puntos porcentuales.

En Estados Unidos hay más de 3.000 centros de datos en operación y se planifican cientos más, sobre todo en Texas y Virginia. La inteligencia artificial es el principal motor de este crecimiento, ya que exige una capacidad de procesamiento muy superior a la de los usos tradicionales de computación en la nube.

El debate sobre sus consecuencias —en el consumo de energía, el uso del agua y la calidad de vida de las comunidades donde se instalan— atraviesa hoy todas las capas del sistema político.

Qué son los centros de datos y por qué la inteligencia artificial elevó su demanda

Un centro de datos es, en términos simples, un gran depósito de servidores informáticos que funciona las 24 horas del día. Estos edificios sin ventanas almacenan y procesan la información que circula cada vez que alguien hace una búsqueda en internet, sube una foto o interactúa con un chatbot.

Lo que cambió en los últimos años no es la existencia de estas instalaciones, sino lo que se les pide: la inteligencia artificial amplió esas demandas de forma drástica, porque predecir textos, traducir idiomas, generar imágenes y ejecutar modelos de lenguaje requiere órdenes de magnitud más de cómputo que una simple transferencia de archivos. Esa diferencia se traduce directamente en mayor consumo de electricidad y agua.

El consumo de energía de los centros de datos en Estados Unidos

La escala del consumo de energía que implica este crecimiento es uno de los puntos que más alarma a investigadores y comunidades. Según Goldman Sachs Research, citado por CBS News, la demanda eléctrica de los centros de datos en Estados Unidos tiene previsto pasar de 31 gigavatios en 2025 a 66 gigavatios en 2027, cifra equivalente a la electricidad que consumen decenas de millones de hogares. Un informe del Lawrence Berkeley National Laboratory proyecta que esas instalaciones podrían representar el 11,8% del consumo eléctrico total del país para 2030, según consigna PBS NewsHour.

“Estamos hablando de construir infraestructura eléctrica a una escala comparable a la de ciudades enteras, o en algunos casos, de estados enteros, solo para abastecer un centro de datos”, dijo Erik Nordman, director del Institute of Public Utilities de la Universidad Estatal de Míchigan, en declaraciones a PBS NewsHour.

Para satisfacer esa demanda, el Environmental Integrity Project identificó al menos 74 plantas de gas natural en proyecto en todo el país con destino específico a centros de datos, 32 de ellas en Texas. Si se construyeran y operaran a plena capacidad, podrían emitir más de 287 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año —el equivalente a sumar 61 millones de vehículos a gasolina a las carreteras—, aunque la propia fuente aclara que no todas las plantas propuestas se construirán ni funcionarán siempre a máxima capacidad.

Uso de agua y preocupación de las comunidades locales

El uso de agua es otra variable central del debate. Los centros de datos requieren grandes volúmenes para refrigerar los servidores y los chips de inteligencia artificial. Un análisis de 2026 del Houston Advanced Research Center, citado por CBS News, estima que los centros de datos en Texas podrían consumir entre 110.000 millones y 609.000 millones de litros de agua al año para 2030 (entre 29.000 millones y 161.000 millones de galones), según la tecnología de refrigeración y la fuente de energía que se utilice.

A escala nacional, los investigadores calculan que ya son responsables de unos 863.000 millones de litros de agua anuales (228.000 millones de galones) cuando se suman el enfriamiento in situ y el agua usada para generar su electricidad.

Fengqi You, ingeniero de sistemas energéticos de la Universidad de Cornell, dijo a PBS NewsHour que el consumo de agua en centros de datos “es modesto a nivel nacional, pero puede ser decisivo a nivel local”: una instalación grande puede afectar el suministro de un municipio pequeño. En el Condado de Hood, Texas, vecinos rechazan varios proyectos.

“Las decisiones se toman pensando en la empresa, no en la comunidad donde se van a construir”, afirmó Nancy Antunes, demócrata jubilada de Waltham, Massachusetts, a PBS NewsHour. Una encuesta de Gallup en mayo de 2026, citada por CBS News, halló que siete de cada 10 estadounidenses rechazan la construcción de centros de datos de inteligencia artificial cerca de sus comunidades.

Demócratas y republicanos coinciden en limitar nuevos proyectos

El rechazo a la expansión sin restricciones de los centros de datos es uno de los pocos temas que genera consenso entre partidarios de los dos grandes partidos en Estados Unidos. Cerca de seis de cada 10 —incluidas mayorías de demócratas y republicanos— apoya establecer límites al número de nuevos centros que se puedan construir, y alrededor de dos tercios respalda exigir que utilicen energías limpias, como la eólica o la solar: ocho de cada 10 demócratas y el 56% de los republicanos, de acuerdo con PBS NewsHour.

La preocupación ambiental también creció: aproximadamente dos tercios de los demócratas declaró niveles altos de inquietud por el impacto de la IA en el medio ambiente, frente a la mitad que lo hacía en 2025, mientras que entre los independientes esa cifra ronda la mitad y entre los republicanos alcanza a cerca de cuatro de cada 10.

La posición ciudadana no es, sin embargo, de rechazo absoluto: alrededor de un cuarto de los adultos considera que los centros de datos generan beneficios para el avance tecnológico, y aproximadamente dos de cada 10 los valora por su aporte a la creación de empleo.

Texas, Virginia y el debate sobre el futuro de la infraestructura digital

Texas y Virginia concentran la mayor cantidad de centros de datos activos en el país. Mientras Virginia lidia con la presión de esa densidad sobre su infraestructura, Texas enfrenta un dilema adicional: la tormenta invernal de 2021 ya había puesto en duda la resistencia de su red eléctrica, y la nueva oleada de centros de datos reaviva esas preguntas. Algunos analistas, según CBS News, señalan que el estado podría estar mejor preparado que otros gracias a nueva capacidad de generación prevista, aunque parte de ella provendrá de plantas a gas.

La ubicación de los nuevos proyectos también genera tensión. Si bien el 87% de los centros de datos existentes se ubica en áreas urbanas, la mayoría de los nuevos apunta a zonas rurales, donde el suelo es más barato y las restricciones de zonificación son menores, según un análisis del Pew Research Center citado por PBS NewsHour.

“Hay mucho uso de agua por parte de los centros de datos de IA que se les quita a cosas como la agricultura y los agricultores”, dijo Gedeon Kebede, estudiante de ciencias de la computación de 21 años de Cincinnati, Ohio, en declaraciones a PBS NewsHour.

Para las familias que viven cerca de estas instalaciones, el debate no transcurre en términos abstractos: involucra el agua de sus arroyos y la que necesitan para su ganado.

El embajador Ronald Johnson destacó los cargos por terrorismo que Estados Unidos presentó contra José Flores Flores, integrante del Cártel del Golfo (CDG) señalado de realizar labores de vigilancia contra las fuerzas de seguridad mexicanas, secuestrar personas para la organización criminal y desmembrar al menos a dos víctimas.

El funcionario calificó el caso como parte de los primeros procesos judiciales en utilizar las leyes federales reforzadas contra el terrorismo para procesar a un integrante de un cártel.

En su mensaje, el embajador de EEUU en México sostuvo que un solo integrante de un cártel puede causar un daño enorme y sembrar terror, pero subrayó que Flores era apenas un elemento de una red criminal más amplia que recurre a la violencia y el terror para intimidar comunidades y controlar territorios.

El diplomático vinculó el proceso con la designación que el presidente Donald Trump hizo contra el Cártel del Golfo y otros cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, decisión que, según planteó, brindó nuevas herramientas legales para perseguir a sus integrantes.

El teléfono de Flores reveló videos y fotografías de desmembramientos

El fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, expuso en conferencia de prensa el pasado 16 de septiembre los hallazgos hechos en el celular del Flores. Según datos oficiales, los investigadores encontraron un video en el que el hombre aparecía desmembrando un cadáver, además de imágenes de pilas de partes de cuerpos cortadas y un tambo de quema con restos humanos envueltos en llamas.

El material también incluía fotografías de Flores sosteniendo radios y armas de estilo militar. Durante el interrogatorio, Flores admitió ser sicario y haber trabajado para el Cártel del Golfo durante el último año. Reconoció además que era él quien aparecía en las imágenes y videos recuperados de su celular.

Según relató el fiscal Reitz, Flores describió su función dentro del cártel como la de un sicario: manejaba en busca de blancos, monitoreaba las comunicaciones de las autoridades mexicanas y de cárteles rivales, y era la persona a la que llamaban cuando había que descuartizar un cuerpo.

Con base en esa evidencia, la fiscalía obtuvo una acusación formal bajo el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2339B, por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Así fue detenido José Flores en EEUU

El jefe del Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, Jared Ashby, explicó en la misma conferencia que el 10 de julio de 2026 agentes detuvieron a tres personas que ingresaron ilegalmente al país cerca de Mission, Texas. Durante el procesamiento, un agente notó inconsistencias en la edad que Flores había declarado: el propio acusado se identificó inicialmente como menor de edad, lo que llevó a los agentes a revisar su expediente y confirmar que era adulto.

El trabajo de seguimiento permitió descubrir los presuntos vínculos de Flores con la facción Los Metros del Cártel del Golfo y su actividad violenta en México. La información obtenida, y posteriormente revelada en la conferencia, ayudó a identificar sitios de disposición de cuerpos en territorio mexicano. La revisión de evidencia digital reveló un sitio con tres conjuntos de restos humanos, de acuerdo con lo que Ashby precisó en la ronda de preguntas.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Antonio, Daniel Faith, indicó que el caso se investigó bajo el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado desde la Casa Blanca para reforzar recursos e identificar y procesar a los infractores más graves. Faith atribuyó a estos grupos de trabajo una caída histórica en el crimen violento en la región.

El Cártel del Golfo tiene presencia significativa en Tamaulipas, Nuevo León y hasta en la Ciudad de México

Luego de la acusación contra Flores, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elaboró un mapa, en colaboración con la Patrulla Fronteriza y el FBI, con las zonas de presencia del CDG.

El material marcó en rojo la zona de presencia significativa del Cártel del Golfo, la cual correspondería a Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México y Veracruz.

El documento, catalogado como material sensible para las fuerzas del orden, destacó con un contorno verde claro el sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, frente a las costas de Tamaulipas, la misma zona donde agentes detuvieron a José Flores el 10 de julio.

Además, se clasificó en naranja, como zonas de presencia del cártel, a Nayarit, Jalisco y Tabasco. El resto del territorio nacional apareció en tono oliva, bajo la categoría de presencia limitada o sin presencia del Cártel del Golfo.

La designación como organización terrorista extranjera abrió nuevas vías legales

Reitz precisó en la conferencia de prensa del 16 de septiembre que esta acusación representó la tercera bajo las disposiciones de apoyo material a una organización terrorista extranjera presentada en el Distrito Sur de Texas desde la orden ejecutiva que Trump firmó el primer día de su mandato, y la primera relacionada específicamente con el Cártel del Golfo en ese distrito. Señaló que existían otras dos acusaciones bajo esas mismas disposiciones legales, aún sin resolución.

El fiscal explicó que, sin la designación de organización terrorista extranjera, Flores únicamente habría enfrentado un cargo menor por reingreso ilegal, similar al que ya había recibido tras su primera detención en enero de 2025.

Con la designación vigente, la fiscalía pudo presentar tres cargos: apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para proporcionar ese apoyo, y reingreso ilegal.

Reitz detalló que los dos cargos de apoyo material conllevaban una pena máxima de 20 años cada uno, con posibilidad de acumularse, mientras que el cargo de reingreso ilegal, catalogado como delito menor, contemplaba entre uno y dos años de prisión. No descartó que se sumaran cargos adicionales conforme avanzara la investigación.

Una investigación de la Coalición de Construcción del Transporte (TCC, por sus siglas en inglés) planteó que la futura Interestatal 14 podría conectar Georgia con Texas, mejorar el transporte de carga y aliviar la congestión vial en varios estados del sureste de Estados Unidos. El proyecto, aún sujeto a planificación y financiación federal, atravesaría Luisiana, Misisipi, Alabama y Georgia.

La vía propuesta superaría los 2.090 kilómetros y fue designada por el Congreso estadounidense como una ruta de “alta prioridad” en 2021, dentro de la Ley de Transporte Terrestre. La denominación oficial del corredor es “Ruta de Fuertes a Puertos”, debido a que enlazaría instalaciones militares, áreas industriales, puertos y comunidades con limitadas conexiones de este a oeste.

La información fue difundida el 16 de septiembre por CBS Atlanta, que recogió las conclusiones del estudio elaborado por la TCC. Una sección de la Interestatal 14 ya está operativa en Texas: se extiende a lo largo de unos 40 kilómetros entre Fort Cavazos —antes conocido como Fort Hood— y la Interestatal 35.

El trazado incorporaría a Columbus, Macon y Augusta a una ruta interestatal

El plan contempla que la Interestatal 14 conecte las ciudades georgianas de Columbus, Macon y Augusta, además de establecer una conexión directa con Montgomery, en Alabama. Para Georgia, el proyecto tendría un peso particular: el estado no construye una autopista interestatal nueva desde la década de 1960, indicó CBS Atlanta.

La Coalición de Construcción del Transporte sostuvo que el corredor podría facilitar la llegada de industrias a comunidades alejadas de las principales rutas de carga. Entre los territorios mencionados figura el condado de Talbot, en el centro-oeste de Georgia, que registra una tasa de pobreza del 22 % y trayectos promedio al trabajo de 43 minutos.

De acuerdo con la entidad, una nueva infraestructura vial podría ampliar las alternativas de traslado de personas y mercancías en ese condado y en otras zonas del estado. El análisis no especificó qué empresas o sectores podrían instalarse allí ni presentó estimaciones sobre la cantidad de empleos que generaría la obra.

La ruta fue concebida para responder a la falta de conexiones transversales en el sureste estadounidense. El objetivo es unir instalaciones militares, corredores logísticos y comunidades que hoy no cuentan con un acceso directo o sencillo de este a oeste, explicó el medio al resumir el alcance previsto para el proyecto.

Más de la mitad de las vías cercanas al proyecto tiene solo dos carriles

El estudio también vinculó la eventual construcción de la I-14 con una reducción de la congestión en carreteras existentes. La TCC señaló que el 54 % de los tramos principales ubicados alrededor del corredor propuesto son caminos de dos carriles, una condición que puede limitar la circulación de vehículos de carga y el tránsito cotidiano.

Además, menos de un tercio de esas carreteras dispone de banquinas con un ancho adecuado, según los datos citados por CBS Atlanta. La ampliación de la red interestatal, afirmó la organización, permitiría distribuir una parte del movimiento vehicular que actualmente se concentra en esas vías.

El proyecto tendría además una dimensión logística para Georgia, ya que el trazado ofrecería una conexión continua hacia el oeste, hasta Texas, y pasaría por cuatro estados intermedios. La nueva carretera podría reforzar el traslado de mercancías entre zonas productivas y los puertos del golfo de México, aunque el informe no detalló un cronograma de ejecución ni el costo total de las obras.

El Congreso debe aprobar fondos antes del vencimiento de la ley actual

La construcción de la I-14 depende de una autorización presupuestaria del Congreso. La TCC advirtió que los estados necesitan garantías federales de largo plazo para asumir compromisos de planificación, coordinación e inversión en corredores de esta magnitud.

“Los corredores como este requieren años de planificación, coordinación e inversión, y los estados no pueden asumir esos compromisos sin certeza federal a largo plazo”, aseguró la coalición en el estudio citado por el medio estadounidense.

La actual ley federal de transporte terrestre vence en diciembre de 2026. Por ello, el Congreso deberá aprobar una nueva autorización de largo plazo si pretende que los estados avancen con la expansión futura de la red interestatal, informó CBS Atlanta.

La agencia estatal señaló que sus equipos tomaron muestras de agua y evaluaron la presencia de peces muertos desde Crystal Beach, en la península de Bolívar, hasta el espigón norte de Bolivar Roads. La supervisión también alcanzó cerca de 12 kilómetros del extremo sur de Galveston Island, incluidas zonas próximas a Stewart Beach y Pleasure Pier. De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, los análisis detectaron concentraciones moderadas a altas de células asociadas con la marea roja.

La marea roja es una proliferación de microalgas que puede alterar el agua marina, afectar a animales y generar riesgos sanitarios para quienes estén expuestos a sus toxinas. En el Golfo de México, este tipo de episodio está vinculado con la especie Karenia brevis, que produce brevetoxinas. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, esos compuestos pueden afectar el sistema nervioso de los peces, irritar las vías respiratorias y contaminar moluscos destinados al consumo.

¿Dónde se detectó la marea roja en la costa de Galveston?

El área bajo vigilancia oficial comprendía Crystal Beach y distintos sectores de la península de Bolívar, además del tramo meridional de Galveston Island. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas precisó que su equipo especializado en mortandad de fauna y eventos ambientales seguía la evolución de la floración en esas zonas, con muestreos de agua y observaciones en las playas. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, las autoridades todavía no habían difundido una fecha prevista para el final del episodio.

Los reportes iniciales llegaron el 8 de septiembre desde la costa de Galveston. El organismo estatal indicó que la vigilancia se concentró en los sitios donde había señales compatibles con una floración, como peces muertos y síntomas respiratorios entre visitantes. De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, la distribución de este tipo de fenómeno puede variar entre distintas playas y no implica necesariamente que toda la línea costera presente las mismas condiciones.

La agencia identificó como principales especies afectadas a la lacha del Golfo y la lisa rayada. También se observaron otros peces comunes en menor cantidad. El comunicado oficial no incluyó un número total de animales muertos ni precisó si había afectación sobre aves, mamíferos u otras especies. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, el equipo de monitoreo continuaba evaluando tanto la extensión como la composición de la mortandad.

Qué es la marea roja y por qué provoca mortandad de peces

La marea roja describe una concentración elevada de microalgas en el agua. En las costas de Texas, el fenómeno suele estar asociado con Karenia brevis, un dinoflagelado marino que puede producir brevetoxinas. El agua puede adoptar tonalidades rojizas, verdes o marrones cuando la proliferación alcanza grandes concentraciones, aunque el cambio de color no siempre es visible. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, la ausencia de agua decolorada no descarta la presencia de toxinas.

Las brevetoxinas pueden afectar a los peces porque interfieren en su sistema nervioso. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas explica que esos compuestos pueden paralizar las branquias, lo que impide el intercambio de oxígeno y deriva en muertes de fauna marina. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas incluye los peces muertos entre los signos habituales que pueden alertar sobre un evento de marea roja. De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, otros indicios son la decoloración del agua y las molestias respiratorias cerca de la costa.

El comunicado del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas utilizó la denominación “Kerenia brevis” para referirse a la microalga. Sin embargo, el nombre científico aceptado por las autoridades sanitarias estatales y federales es Karenia brevis. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las floraciones de esta especie son una de las formas más conocidas de proliferación de algas nocivas en el Golfo de México.

Cuáles son los síntomas por exposición a brevetoxinas en las playas

Las personas que permanecen cerca del agua durante una floración pueden inhalar brevetoxinas presentes en el aerosol generado por el oleaje. Los síntomas asociados con esta exposición incluyen tos, estornudos, irritación de garganta, molestias oculares, falta de aire y erupciones cutáneas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, las personas con asma pueden sufrir crisis o un agravamiento de sus problemas respiratorios.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas señala que la acción del viento y las olas puede romper las células de la microalga y formar un aerosol que se desplaza a corta distancia desde la costa. Quienes nadan o permanecen en aguas afectadas también pueden sufrir irritación en los ojos y la piel, con enrojecimiento o picazón. De acuerdo con el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, los síntomas derivados de exposiciones breves suelen disminuir cuando la persona deja el área inmediata.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas informó que hubo reportes de irritación respiratoria de leve a grave entre personas que visitaron las zonas alcanzadas por el episodio. La agencia no difundió la cantidad de casos ni información clínica sobre los afectados. Según el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, las consultas sobre salud humana deben dirigirse a las autoridades sanitarias del estado.

Qué mariscos no se deben consumir durante una floración de marea roja

La intoxicación neurotóxica por mariscos puede ocurrir después de consumir moluscos que acumularon brevetoxinas. El riesgo alcanza a ostras, almejas, mejillones y vieiras recolectados en aguas afectadas. Estos animales filtran el agua para alimentarse y pueden retener toxinas aun si presentan un aspecto normal. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, la concentración de toxinas puede persistir en los moluscos después de que desaparezcan los signos visibles de la floración.

Los síntomas suelen comenzar dentro de las tres horas posteriores al consumo, aunque el intervalo registrado por las autoridades sanitarias puede ir de 15 minutos a 18 horas. Las manifestaciones iniciales incluyen dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. También pueden presentarse hormigueo o entumecimiento alrededor de la boca y la garganta, mareos y alteraciones en la percepción de frío y calor. De acuerdo con el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, la intoxicación se diagnostica a partir de la evaluación clínica y los antecedentes de exposición.

La cocción no elimina las brevetoxinas presentes en los moluscos. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas advierte que preparar ostras, almejas o mejillones a altas temperaturas no convierte en seguro un producto contaminado. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, las áreas de recolección pueden cerrarse cuando hay presencia de Karenia brevis y deben consultarse las actualizaciones antes de cualquier extracción recreativa o comercial.

Qué alimentos siguen bajo control sanitario en Texas

Los moluscos que se comercializan legalmente en mercados y restaurantes deben proceder de áreas habilitadas y monitoreadas por el estado. El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas informa que la clasificación de las zonas de extracción puede modificarse en cualquier momento por razones sanitarias, ambientales o regulatorias. De acuerdo con el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, todas las aguas que no estén identificadas como aprobadas o condicionalmente aprobadas se consideran prohibidas para la recolección de moluscos.

El DSHS considera que los peces capturados vivos y con comportamiento normal pueden consumirse. La misma orientación incluye a los camarones y cangrejos, que no acumulan brevetoxinas de la misma forma que los moluscos filtradores. Según el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, no deben comerse peces ni mariscos que hayan sido hallados muertos, enfermos, varados o flotando boca arriba.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas mantiene el monitoreo en las zonas donde se detectó la floración, mientras el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas actualiza el estado de las áreas aptas para la extracción de moluscos. Las personas que tengan síntomas tras permanecer cerca del agua, nadar en zonas afectadas o consumir mariscos deben consultar a un profesional de salud o al sistema local de toxicología. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, informar posibles casos ayuda a las autoridades sanitarias a identificar exposiciones vinculadas con algas nocivas.

El 24 de agosto de 2005, LeJames Norman y su cómplice Ker’Sean Ramey irrumpieron en una vivienda del pequeño municipio de Edna, Texas, en busca de cocaína. Salieron sin drogas, pero dejaron tres personas muertas, repasó The Texas Tribune.

Dos décadas después, Norman —hoy de 40 años— está programado para morir por inyección letal el miércoles 16 de septiembre en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Norman y Ramey, que entonces tenían 19 y 20 años respectivamente, creían que su vecino Celso López, de 38 años, guardaba cocaína en su hogar. Entraron a la fuerza, lo redujeron a punta de pistola y comenzaron a buscar la droga. A pesar de que no encontraron nada, López recibió cuatro disparos, tres de ellos en la nuca.

Cuando los compañeros de cuarto de López, la joven Tiffani Peacock de 18 años y Sam Roberts, de 24, regresaron al domicilio y descubrieron la escena, Norman ejecutó a Peacock de rodillas con un tiro en la cabeza. Roberts intentó huir y ambos hombres le dispararon; Ramey remató a los tres para asegurarse de que estuvieran muertos.

Norman huyó a México y fue capturado por la Patrulla Fronteriza al reingresar a Estados Unidos

Tras los crímenes, Norman cruzó la frontera hacia México. Cinco meses después, la Patrulla Fronteriza lo detuvo cuando intentaba regresar al país. A diferencia de Ramey, Norman cooperó con las autoridades desde el principio: confesó su participación y testificó en el juicio contra su cómplice.

Según relató durante el proceso, la víctima Peacock se le apareció en un sueño poco después de los hechos. “Me disculpé y ella me miró. Desperté y empecé a intentar confesar”, declaró Norman.

Su juicio se desarrolló en 2008. Dado que ya había admitido su culpabilidad, la única cuestión a resolver era la condena. El jurado optó por la pena de muerte. En el juicio de Ramey, celebrado un año antes, el fiscal Eli Garza describió la escena del crimen ante el tribunal como “una ejecución”.

Los fiscales lo calificaron de “podrido hasta la médula” pese a su remordimiento y cooperación

La defensa de Norman presentó ante el jurado un perfil de infancia marcado por la violencia. De acuerdo con los registros judiciales, creció expuesto a un nivel extraordinario de agresiones: su padre lo golpeaba con regularidad, ambos progenitores traficaban con drogas y participaban en actividades de pandillas.

Cuando Norman era adolescente, un agente policial mató a su padre a tiros, experiencia que le provocó pesadillas crónicas. A los 10 años ya había cometido dos robos a mano armada.

A pesar de estas circunstancias y de su colaboración con la justicia, los fiscales lo describieron en sus alegatos finales como “podrido hasta la médula” y “el peor de los peores”.

El investigador penitenciario A.P. Merillat —figura habitual en juicios capitales de Texas— declaró ante el tribunal que Norman representaría un peligro permanente incluso cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional.

La madre de Sam Roberts le dijo en el juicio que lo perdonaba

El impacto de los asesinatos se extendió más allá de las víctimas directas. Los padres de Roberts, Linda y Steve Coker, fueron quienes encontraron los cuerpos.

En el juicio de 2008, Linda Coker se dirigió directamente a Norman: “LeJames, lo que hiciste no solo lastimó a mi familia, también destruyó la tuya”. Según el diario Victoria Advocate, añadió que lo perdonaba.

La hermana de Peacock, Tabatha Munnerlyn Hastings, declaró en USA Today que su hermana “era mucho más que la tragedia que terminó con su vida”. “Tenía sueños, esperanzas y planes, y aún nos queda un lugar en la familia que nunca se pudo llenar”, expresó.

Los abogados de Norman agotaron todas las instancias judiciales sin lograr revertir la condena

En los años transcurridos desde la sentencia, los abogados de Norman presentaron recursos ante tribunales estatales y federales. En 2017, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar una apelación que cuestionaba la competencia de sus abogados de primera instancia.

En su petición más reciente, presentada al Supremo el lunes previo a la ejecución, Norman sostuvo que los fiscales alteraron la presentación de los hechos entre su juicio y el de Ramey para hacerlo aparecer como el principal responsable de los crímenes.

El Tribunal de Apelaciones en Materia Penal de Texas (CCA, por sus siglas en inglés) rechazó el lunes la solicitud de suspensión presentada por sus defensores. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó en contra de conmutar su pena o conceder una prórroga de 90 días.

Norman también impugnó el uso del pentobarbital, el sedante utilizado para las ejecuciones

En agosto, Norman y otro condenado a muerte, John Rubio, demandaron al estado ante un juez del condado de Travis para bloquear el uso del pentobarbital, el fármaco empleado en las inyecciones letales de Texas.

La demanda argumentaba que el suministro estatal estaba vencido o había sido producido mediante métodos poco fiables en instalaciones de terceros.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) analiza periódicamente la potencia de su reserva del fármaco y extiende la fecha de uso si considera que seguirá siendo eficaz, una práctica que los críticos califican de poco segura.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, solicitó al CCA que impidiera a ese juez frenar las ejecuciones, argumentando que el tribunal carecía de jurisdicción para bloquear procesos penales mediante una demanda civil. El CCA hizo lugar al pedido.

Si la ejecución se lleva a cabo, Norman será el quinto hombre ejecutado por Texas en 2026 y el primero desde que el estado superó las 600 ejecuciones desde la restauración de la pena de muerte en la era moderna.

La ejecución del cómplice Ramey está prevista para el 23 de septiembre, una semana después. De los cinco hombres en espera de ejecución en Texas en lo que resta del año, tres son afroamericanos —entre ellos Norman y Ramey— y dos son hispanos.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos rescataron a tres migrantes que estaban encerrados en un vagón ferroviario de carga cerca de Knippa, en Texas, después de que un perro de la unidad canina detectara su presencia en un tren detenido, según datos de Univisión.

El operativo ocurrió durante la tarde del 7 de septiembre, cuando agentes de la estación de Uvalde, perteneciente al Sector Del Río, inspeccionaban una formación ferroviaria ubicada en una vía auxiliar.

Los tres hombres, originarios de Nicaragua, Honduras y México no tenían medios para salir del vagón por sus propios medios.

De acuerdo con Univisión, el can alertó a los agentes sobre un vagón de dos niveles destinado al traslado de automóviles. Tras revisar el interior, los oficiales encontraron a los migrantes escondidos en las cajas de camionetas tipo pickup que eran transportadas en ese vehículo ferroviario cerrado.

La Patrulla Fronteriza trasladó a los tres migrantes a su estación en Uvalde, donde quedaron bajo custodia para iniciar el proceso migratorio correspondiente. Univision informó que las personas habían sido ubicadas en un espacio cerrado del que no podían escapar sin ayuda externa.

El caso volvió a poner el foco sobre las redes de tráfico de personas que utilizan trenes de carga para desplazar a migrantes desde la frontera hacia otras zonas de Estados Unidos. Los vagones sellados pueden exponer a quienes viajan ocultos a falta de aire, deshidratación, temperaturas elevadas y la imposibilidad de pedir auxilio.

Anthony “Scott” Good, jefe del Sector Del Río, afirmó que se trató de la segunda intervención de este tipo en menos de dos semanas en ese mismo punto ferroviario. “Esta es la segunda vez en dos semanas que nuestros agentes rescatan a personas víctimas de tráfico humano encerradas en un vagón en este lugar”, señaló el funcionario.

Ocho personas habían sido rescatadas en la misma vía auxiliar

El antecedente inmediato ocurrió el 30 de agosto, cuando agentes de la estación de Uvalde encontraron a ocho migrantes encerrados en otro vagón para transporte de vehículos en la misma vía auxiliar cercana a Knippa. Con los tres rescatados el 7 de septiembre, la cifra ascendió a 11 personas localizadas en esas condiciones en menos de dos semanas.

Good advirtió que los intentos de ingresar al país por medio de trenes han tenido consecuencias mortales. La agencia pidió a quienes evalúen recurrir a estas rutas que consideren los riesgos de quedar atrapados en compartimentos sin ventilación, agua o una salida accesible.

La modalidad permite a los traficantes evitar algunos controles en carreteras, pero deja a los migrantes bajo condiciones que escapan a su control. En este caso, los hombres estaban ocultos entre vehículos dentro de un vagón cerrado y dependían por completo de que otra persona abriera las puertas para poder salir.

En mayo de 2026, un caso en la ruta ferroviaria entre Del Río y Laredo terminó con la muerte de siete migrantes dentro de un contenedor de carga.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuatro eran mexicanos y tres hondureños, incluido un menor de 14 años. La acusación federal sostiene que los traficantes los introdujeron en el contenedor tras cortar el candado de la puerta y lo cerraron desde afuera.

Un trabajador ferroviario encontró seis cuerpos al día siguiente en Laredo; el séptimo migrante fue localizado más tarde junto a las vías en San Antonio. Once personas enfrentan cargos por su presunta participación en esa red.

El gobernador de Texas Greg Abbott ordenó el lunes a la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas (TWDB) que aplique sanciones civiles y penales a los centros de datos que incumplieron los requisitos de información sobre uso del agua. Hasta el momento, menos de un tercio de las empresas encuestadas habían respondido a un relevamiento de consumo hídrico.

La directiva convierte en obligatorio lo que hasta ahora era voluntario y añade consecuencias concretas a quienes omitieron responder la encuesta anual del organismo, con plazo vencido en marzo de 2026, según informó Reuters.

Texas acumula al menos 335 centros de datos en operación y otros 248 en etapa de proyección, lo que lo posiciona como el segundo mercado más grande del país para esa infraestructura, detrás de Virginia.

Ese crecimiento acelerado derivó en una presión inédita sobre el sistema eléctrico y sobre las reservas hídricas del estado, y motivó una serie de medidas regulatorias que se fueron endureciendo a lo largo del año.

El Código de Agua de Texas permite multas y cargos penales por incumplimiento

Cualquier entidad que no complete y devuelva a tiempo la encuesta de la TWDB comete una infracción calificada como delito menor clase C, sancionable con una multa.

Además, esas mismas empresas quedan inhabilitadas para obtener permisos, enmiendas o renovaciones ante la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ), según establece el Capítulo 11 del Código de Agua estatal.

“Los centros de datos deben compartir el deber de proteger el agua de Texas”, dijo Abbott en el texto de la directiva.

Además agregó: “El Código de Agua de Texas exige una encuesta de uso del agua completa y precisa. Dirijo a la Junta de Desarrollo Hídrico de Texas a usar su autoridad de control para penalizar los incumplimientos pasados e imponer consecuencias legales ante cualquier falta futura”.

La TWDB también deberá derivar los casos de incumplimiento al fiscal del condado o distrito que corresponda e informar a la TCEQ para la posible descalificación de permisos.

La TWDB no puede planificar el agua del estado sin los datos que las empresas retienen

La junta tiene por mandato elaborar un plan estatal de agua que garantice el abastecimiento a largo plazo para toda la población de Texas. Para eso requiere información detallada sobre el consumo actual y proyectado de cada gran usuario.

Según la oficina del gobernador, los centros de datos “parecen haber cometido violaciones civiles y penales” al no proporcionar esa información al organismo regulador.

El déficit de datos es cuantificable: en una audiencia legislativa celebrada en junio, funcionarios estatales informaron que menos de un tercio de las compañías encuestadas por la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) habían respondido a un relevamiento sobre uso del agua. Las respuestas a la encuesta anual de la TWDB correspondiente al año calendario 2025 vencieron en marzo de ese mismo año.

Abbott ordena coordinar la auditoría hídrica y actualizar resultados en octubre

La nueva directiva se articula con la orden emitida el 3 de agosto de 2026, cuando el gobernador instruyó al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) y a la PUCT a realizar una auditoría integral de todos los centros de datos que avancen en el proceso de interconexión a la red eléctrica estatal.

Esa auditoría exige información sobre consumo de agua, fuentes de suministro hídrico y tecnologías de eficiencia implementadas. Todo proyecto que no complete el proceso debe ser rechazado para la interconexión.

La TWDB deberá ahora coordinarse con la PUCT y asociarse con ERCOT para auditar esas mismas variables. Si una empresa no responde a ese requerimiento, la junta activará su autoridad de control independiente.

La TWDB tiene plazo hasta el 14 de octubre de 2026 para presentar al gobernador un informe sobre el avance de sus acciones de control, con actualizaciones posteriores hasta completar la auditoría.

La moratoria expuso que el 90% de las nuevas solicitudes de energía provienen de datacenters

El contexto detrás de estas medidas es el de una red eléctrica bajo presión extrema. La lista de espera de interconexión de ERCOT incluía, al momento de la moratoria de agosto, más de 1.800 proyectos con una demanda potencial acumulada de 474 gigavatios, cifra que supera en más de cinco veces el récord histórico de consumo máximo del estado.

Alrededor del 90% de esas solicitudes provienen de infraestructuras tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

La medida del lunes llegó después de que la auditoría dispuesta en agosto recibiera críticas por su carácter voluntario.

Clayton Tucker, candidato demócrata a Comisionado de Agricultura de Texas, señaló el sábado que más del 70% de los centros de datos no respondió al relevamiento voluntario de agua y energía. “No se puede regular lo que no se mide”, remarcó Tucker, según consignó Fox 44.

La presión política sobre el sector también creció desde otras posiciones del gobierno estatal. El comisionado de Agricultura Sid Miller pidió en mayo una moratoria temporal a nuevos desarrollos, mientras que el vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Cámara Dustin Burrows encomendaron a los legisladores estudiar la demanda de agua y energía de los centros de datos antes de la próxima sesión legislativa.

La red de camiones de Édgar Valdez Villarreal movió toneladas de cocaína colombiana entre México y Estados Unidos durante más de una década, con una empresa legal como fachada. El empresario Carlos Montemayor —futuro suegro de La Barbie— puso a disposición del narcotráfico su compañía de transporte, CMG Trucking, para cruzar la droga desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacia bodegas clandestinas en Atlanta, Memphis y Dallas.

La alianza comenzó en 2002 y la desarticuló la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos tras años de vigilancia.

Édgar Valdez Villarreal construyó su red desde Nuevo Laredo con cargamentos de 20 kilos

La DEA identificó a Édgar Valdez Villarreal en 1997 como un exjugador de fútbol americano colegial de Laredo, Texas, que había huido a México para evitar una condena por distribución de marihuana. El hombre tenía entonces 24 años y su conocimiento del corredor entre Laredo y Nuevo Laredo le permitió iniciar un pequeño negocio de tráfico de cocaína con cargamentos de entre 20 y 30 kilos.

Esos primeros envíos tenían como destino Nueva Orleans, Luisiana, y Memphis, Tennessee. La Barbie negociaba precios, fechas y lugares de entrega directamente con compradores estadounidenses a quienes invitaba a sus propiedades en Nuevo Laredo, según reveló un testigo protegido de la DEA citado por el medio.

Uno de esos clientes fue Craig Petties, quien recibía entre 50 y 60 kilos de cocaína cada tres o cuatro semanas en Memphis. La droga viajaba oculta en cajas de tráileres y las ganancias regresaban a México por la misma vía.

Valdez vivía de forma ostentosa y se desplazaba con hombres armados que portaban uniformes de la extinta Policía Federal y de la policía local de Nuevo Laredo. El propio capo usaba esos uniformes y viajaba en una Suburban negra con sirenas, según el mismo testigo protegido.

CMG Trucking: la empresa de Carlos Montemayor que se convirtió en el brazo logístico del cartel

En 2002, Valdez identificó la necesidad de contar con su propia operación de traslado en suelo estadounidense y se alió con Carlos Montemayor, un empresario tamaulipeco con residencia en Estados Unidos. Montemayor había fundado CMG Trucking en Texas en 1992 y acumulado entre USD 4 y USD 5 millones de forma legal.

La alianza entre ambos fue definida por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos como una “relación simbiótica”. Montemayor aportaba su flotilla de camiones, sus centros de distribución y su experiencia logística; Valdez aportaba la cocaína colombiana que le garantizaba su socio Harold Mauricio Poveda, alias El Conejo.

La droga cruzaba desde Nuevo Laredo hasta bodegas clandestinas en Atlanta y Memphis. Los mismos camiones regresaban a Tamaulipas cargados con al menos un millón de dólares en efectivo, según el DOJ citado por Univision.

Valdez selló la alianza de forma definitiva en 2004 al casarse con Priscila Montemayor, hija de Carlos. El matrimonio convirtió un pacto comercial en un vínculo familiar.

Roberto López, alias Shrek, dirigió la logística de camiones en territorio estadounidense

Con la expansión de la red, los envíos pasaron de 20 kilos mensuales a hasta 180 kilos por despacho hacia Memphis. Montemayor abrió después un segundo centro de distribución en Atlanta al que llegaban cargamentos semanales de entre 100 y 300 kilos.

Para gestionar esa operación en suelo estadounidense, Montemayor contrató a Roberto Omar López, alias Shrek, un hombre nacido en San Antonio, Texas, con experiencia en el mundo del transporte. López dirigió la logística de los camiones cargados con cocaína y también obtenía armas en Estados Unidos para enviarlas a México durante la guerra contra Los Zetas.

La fiscalía federal estadounidense describió la red de Montemayor como “particularmente disciplinada y eficiente”, con un control estricto sobre los trabajadores y todos los aspectos del tráfico de drogas. La DEA inició la investigación en junio de 2005 tras interceptar conversaciones telefónicas de trabajadores en el centro de distribución de Atlanta, según Milenio.

Esas escuchas revelaron el movimiento de cientos —y después miles— de kilos de cocaína colombiana con destino a Dallas, Memphis y Atlanta. El DOJ decidió montar una operación para identificar y procesar a los seis individuos que coordinaban el esquema.

Cerca de 2005, Montemayor y Valdez formalizaron su alianza con Arturo Beltrán Leyva, un traficante que operaba desde la Ciudad de México con el respaldo del Cártel de Sinaloa. La conexión con Beltrán Leyva se estableció a través de una afición compartida: los caballos.

La red mantuvo operaciones en Misisipi, Georgia, Nueva York y Washington, además de los centros ya establecidos. Valdez enviaba unos 600 kilos de cocaína cada tres meses a Memphis, Dallas y San Diego, de acuerdo con datos de la DEA.

Montemayor llegó incluso a invertir en cargamentos propios, que transportaba junto a los de su yerno. La DEA asegura que esos cargamentos propios superaron en volumen a los de Valdez.

La brigada antidrogas de Atlanta decomisó cientos de kilos de cocaína y varios millones de dólares en efectivo durante la investigación. Las autoridades identificaron a Montemayor en la cúpula de la red tras seguir las comunicaciones de sus operadores en los centros de distribución, según Univision.

Valdez fue detenido en agosto de 2010 en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde se acogió a un programa de testigos protegidos. Desde 2004 había mantenido contacto con el gobierno estadounidense para convertirse en infiltrado y negociar una reducción de condena, según Milenio; un juez lo sentenció a casi 50 años de prisión.

Carlos Montemayor fue arrestado en noviembre de 2010 y extraditado cinco años después. Se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para importar y distribuir cocaína, y recibió una condena de 34 años y tres meses, además de una multa de USD 192 millones.

Roberto López, Shrek, fue el último en ser sentenciado: recibió poco más de 18 años de prisión y cerró un caso que la DEA había abierto más de dos décadas antes. Rubén Hernández, alias Secre, contador y coordinador logístico de Valdez, y Jesús Héctor Flores, quien custodiaba los almacenes de cocaína, también fueron procesados y condenados.

El centro-sur de Estados Unidos atravesó una nueva semana de temperaturas elevadas debido a un patrón de alta presión sobre Texas, Oklahoma y Arkansas, que llevó las máximas cerca o por encima de 38 °C (100 °F) a pocos días del comienzo del otoño boreal, previsto para el 22 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, National Weather Service (NWS), emitió alertas por calor en sectores de Texas y Oklahoma. En Arkansas, la oficina de Little Rock situó el riesgo térmico entre las categorías mayor y extrema en buena parte del territorio, con máximas y mínimas muy por encima de los valores habituales de mediados de septiembre.

El episodio se sumó a un verano de registros excepcionales. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), julio de 2026 fue el mes más cálido desde 1895 en los 48 estados contiguos, mientras agosto alcanzó marcas récord en los balances globales de NOAA y del Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

¿Qué es una cúpula de calor y por qué afecta al centro-sur de Estados Unidos?

Una cúpula de calor es un término utilizado para describir una zona persistente de alta presión que favorece la acumulación de aire caliente cerca de la superficie. En este episodio, el NWS describió específicamente una dorsal de alta presión en niveles medios que mantenía condiciones secas y calurosas.

La oficina del NWS en Fort Worth informó que una dorsal de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantenía condiciones secas y calurosas en el norte y centro de Texas. El parte del 14 de septiembre anticipó máximas de entre 32 °C y 39 °C (90 °F y 103 °F), con poca probabilidad de precipitaciones.

La agencia previó que la humedad elevara la sensación térmica en parte de Texas hasta valores de entre 38 °C y 41 °C (100 °F y 106 °F). En sectores del sur-central y sudeste del estado, las advertencias indicaron índices de calor de hasta 43 °C y 44 °C (110 °F y 111 °F).

El sistema también dejó noches cálidas. El NWS anticipó mínimas en torno de 27 °C (80 °F) en el área de Dallas-Fort Worth, una situación que reduce el alivio térmico después del atardecer y prolonga la exposición al calor.

¿Qué estados de Estados Unidos están afectados por la ola de calor de septiembre de 2026?

Texas concentró algunas de las temperaturas más altas previstas durante el episodio. El NWS activó alertas por calor en partes del norte, centro, sur-central y sudeste del estado, donde recomendó evitar actividades exigentes durante las horas de mayor temperatura, mantener la hidratación y buscar ambientes refrigerados.

En el área de Austin, la oficina del NWS que cubre Austin y San Antonio emitió una alerta por calor para sectores de la ciudad y las llanuras costeras. El organismo pronosticó máximas de hasta 39 °C (103 °F) y una sensación térmica de hasta 44 °C (111 °F).

En Oklahoma, la oficina del NWS en Norman explicó que el estado y el norte de Texas permanecían en el borde occidental de una dorsal subtropical ubicada sobre el sudeste del país. Esa configuración atmosférica mantuvo condiciones cálidas y húmedas, aunque también abrió una posibilidad limitada de tormentas en el norte y oeste del estado.

En Arkansas, la oficina del NWS en Little Rock informó que las temperaturas máximas y mínimas se ubicaban entre 5,6 °C y 8,3 °C por encima de los valores normales para la época. El organismo previó máximas desde 35 °C hasta cerca de 38 °C en distintas zonas y mantuvo el riesgo por calor en niveles mayor o extremo en una amplia porción estatal.

Las condiciones secas agregaron otra preocupación en Arkansas. De acuerdo con el NWS, 67 de los 75 condados tenían prohibiciones de quemas vigentes, ante el riesgo de que el fuego se propagara con facilidad.

¿Qué temperaturas se registraron en Dallas, Austin y Oklahoma City?

El NWS pronosticó para Dallas una máxima de 39 °C (102 °F) el 14 de septiembre y otra de 38 °C (101 °F) para el día siguiente. El área de Dallas-Fort Worth también debía atravesar noches con mínimas cercanas a 27 °C, una temperatura alta para ese momento de septiembre.

El reporte climatológico oficial de Dallas-Fort Worth registró 39 °C el 12 de septiembre. La máxima estuvo 6,7 °C por encima de la normal diaria de 32 °C para esa fecha, según los datos del NWS.

En Austin, los informes oficiales registraron máximas de 38 °C (100 °F) el 13 y el 14 de septiembre. La previsión mantuvo valores próximos a 39 °C en jornadas posteriores, con sensación térmica superior a la temperatura del aire por la presencia de humedad.

El registro diario de Oklahoma City consignó una máxima de 38 °C (101 °F) el 13 de septiembre. El valor quedó 8,9 °C por encima de la normal de 29 °C (85 °F) para esa jornada. La oficina de Norman mantuvo en sus previsiones máximas de entre 38 °C y 39 °C durante los días siguientes.

¿Cuántos días de más de 38 °C acumuló Texas, según Newsweek?

La revista Newsweek afirmó que Dallas acumulaba 49 días con temperaturas de al menos 38 °C (100 °F) en lo que iba de 2026. Según el medio, esa cifra casi duplicaba el promedio de los últimos 20 años para la ciudad.

La publicación indicó que Austin había registrado 43 días con máximas de al menos 38 °C y que El Paso acumulaba 52. También señaló que Oklahoma City había superado en más de tres veces su cantidad habitual de jornadas con temperaturas de 38 °C o más.

De acuerdo con Newsweek, septiembre había dejado 12 días de 38 °C o más en Dallas y 10 en Oklahoma City. Los informes diarios del NWS confirman varias jornadas de esa magnitud en ambas ciudades durante el mes.

Sin embargo, los documentos oficiales consultados no reúnen en una única publicación los conteos anuales y mensuales citados por la revista. Tampoco detallan el método utilizado para establecer los promedios de 20 años. Por eso, esos datos deben atribuirse a Newsweek y no presentarse como cifras verificadas de manera independiente mediante los partes oficiales revisados.

La revista también señaló que millones de personas enfrentaban otra semana de calor peligroso. Las alertas del NWS acreditan el riesgo de enfermedades asociadas a altas temperaturas, pero no cuantifican la población bajo advertencia en los reportes analizados.

¿El Niño tiene relación con la cúpula de calor en Texas y Oklahoma?

Newsweek citó al meteorólogo de AccuWeather Alan Reppert, quien sostuvo que el patrón respondía a una combinación de El Niño, temperaturas oceánicas elevadas y otras teleconexiones del Pacífico.

El Centro de Predicción Climática de NOAA informó el 10 de septiembre que El Niño se fortalecía en el Pacífico ecuatorial. Las anomalías de temperatura de la superficie del mar superaban los 3 °C en sectores del Pacífico oriental, según el organismo.

La agencia mantuvo una advertencia por El Niño y estimó una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcanzara una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno boreales de 2026-2027. También calculó un 75% de probabilidad de que el evento alcanzara una magnitud histórica entre octubre y diciembre.

El diagnóstico oficial no estableció una relación directa entre El Niño y esta cúpula de calor específica sobre Texas, Oklahoma y Arkansas. Esa vinculación corresponde a la evaluación del especialista citada por Newsweek.

¿Por qué julio y agosto de 2026 marcaron récords de temperatura?

La nueva ola de calor se produjo después de un verano con marcas inéditas en Estados Unidos. El Centro Nacional de Información Ambiental de NOAA informó que julio de 2026 tuvo una temperatura media de 24,9 °C (76,9 °F) en los 48 estados contiguos.

El registro convirtió a julio en el mes más cálido de la serie nacional, iniciada en 1895. La media quedó 1,8 °C por encima del promedio del siglo XX y superó entre 0,1 °F y 0,2 °F los valores de julio de 1936 y julio de 2012.

NOAA informó después que agosto fue el agosto más cálido de su registro global, que comienza en 1850. La temperatura media combinada de la superficie terrestre y oceánica se ubicó 1,32 °C por encima del promedio del siglo XX.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus calculó una temperatura media global de 16,96 °C en agosto de 2026. Según su base de datos ERA5, ese mes igualó a julio de 2023 como el más cálido de toda la serie.

Copernicus añadió que la temperatura media de los océanos extratropicales alcanzó 21,07 °C, un récord para agosto. La medición diaria llegó a 21,11 °C los días 24 y 25.

¿Cuándo bajarán las temperaturas en Texas, Oklahoma y Arkansas?

El NWS preveía que las temperaturas altas persistieran en Texas durante buena parte de la semana, con máximas cercanas a 38 °C en Dallas-Fort Worth y escasas probabilidades de lluvias.

La oficina de Fort Worth contemplaba un descenso gradual hacia el fin de semana por el avance de una vaguada desde el oeste de Estados Unidos. Hasta entonces, el pronóstico mantenía valores superiores a los habituales para mediados de septiembre.

En Oklahoma, el NWS anticipó calor y humedad al menos hasta mitad de semana. Las mayores posibilidades de tormentas aisladas se concentraban en el norte y oeste del estado, cerca del borde de la dorsal que dominaba el centro-sur del país.

Estados Unidos inicia este lunes en Houston, Texas, una serie de reuniones del G20 con foco en la abundancia energética, en un contexto marcado por el impacto de la guerra del presidente Donald Trump contra Irán sobre los mercados mundiales de combustible.

Las conversaciones se extenderán hasta el miércoles en el estado estadounidense, uno de los principales centros petroleros del país, y reunirán a delegaciones de las mayores economías del mundo, entre ellas China, India, Japón y Alemania, además de importantes productores de petróleo como Canadá y Arabia Saudita. Diplomáticos rusos indicaron el sábado que Moscú también enviará funcionarios.

La presencia de Rusia vuelve a generar tensiones entre los aliados europeos de Ucrania, después de que la participación del ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, en una reunión anterior del G20 provocara críticas. Los aliados europeos de Kiev expresaron su decepción por la decisión de Washington de invitar a Moscú, en contra de los esfuerzos para excluir a Rusia debido a la guerra contra su vecino.

Las reuniones de Houston se desarrollan mientras los precios del petróleo y el gas aumentan por la guerra en Medio Oriente y Europa enfrenta dificultades para completar sus reservas de gas antes del invierno.

Una de las prioridades declaradas por Washington durante su presidencia del G20 es ampliar el acceso a una energía asequible, fiable y segura, aunque el suministro sufrió un fuerte impacto desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero.

En Estados Unidos, el precio del combustible también registra fuertes aumentos. El diésel alcanzó un máximo histórico y ronda un promedio de 6,20 dólares por galón (3,78 litros), según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), mientras que la gasolina regular cuesta un 44% más que antes de la guerra.

El impacto económico del conflicto también afecta el escenario político interno de Estados Unidos. La guerra y sus consecuencias generaron preocupación dentro del Partido Republicano ante una posible derrota en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Trump acusó a Irán de prolongar el conflicto para perjudicarlo políticamente y afirmó que la guerra podría terminar después de las elecciones de medio término. “El país está en auge, el país está en auge. Irán va a terminar justo después de las elecciones de medio término, tal vez antes, pero terminará justo después”, dijo el presidente estadounidense el sábado.

“El precio de la nafta va a caer en picada, tal como pasó justo antes de que yo llegara. Yo sabía lo que estaba haciendo, tenía que hacerlo. Irán no puede tener un arma nuclear, y no la va a tener”, agregó.

El mandatario también responsabilizó al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, por una escasez de diésel a raíz de las huelgas contra refinerías rusas. “Tiene que dejar de sacar de combate el combustible diésel en Rusia. Hablamos con el señor Zelensky al respecto... No ataquen el combustible diésel porque eso está perjudicando al mundo”, declaró.

A las reuniones de Houston se espera que asistan el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, una figura clave en las negociaciones energéticas de Washington con Venezuela, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

(Con información de AFP)

OnlyFans dejó de ser un fenómeno marginal para convertirse en uno de los mercados de contenido digital más grandes del mundo, y Nueva York figura entre sus principales plazas de consumo.

Un informe de OnlyGuider —un directorio especializado en la plataforma— publicado en septiembre de 2026 revela que el estado acumula USD 850,8 millones en gasto desde 2023, con una proyección de USD 341,9 millones solo para este año.

Lo que distingue al caso neoyorquino no es únicamente el volumen, sino el perfil del gasto: cada suscriptor activo gasta más que antes, aunque haya menos usuarios.

OnlyGuider analizó el comportamiento en los 50 estados durante tres años y proyectó los valores de 2026 con inteligencia artificial, mediante el modelo de series temporales TimesFM 3.0, de Google.

Nueva York Ciudad concentra la mayor parte del gasto del estado

Dentro de Nueva York, es la ciudad la que lidera el consumo: los neoyorquinos gastan USD 164,3 millones en 2026, la mayor cifra entre todas las urbes del estado.

De ese total, USD 115 millones corresponden a mensajes directos y pedidos de contenido personalizado, lo que da cuenta de un uso de la plataforma centrado en la interacción directa con creadores.

Sam Pierce, director ejecutivo de OnlyGuider, afirmó al New York Post que el gasto en la ciudad creció un 11,2% respecto de los USD 147,8 millones del año anterior.

El dato va acompañado de una tendencia que el propio Pierce destacó: “Menos personas, gastando más”. Es decir, la base de suscriptores se reduce, pero quienes permanecen en la plataforma incrementan su desembolso individual.

California lidera el gasto nacional, pero Nueva York crece más rápido

En el plano nacional, California ocupa el primer lugar con USD 675 millones proyectados para 2026, seguida de Texas con USD 497,5 millones.

Entre los tres estados que lideran el ranking se concentra más de la mitad del gasto total de Estados Unidos, que OnlyGuider estima en USD 2.630 millones para este año.

El país representa aproximadamente el 36,5% del volumen global de la plataforma. A nivel mundial, OnlyFans procesó USD 7.200 millones en pagos durante 2025, un 9,4% más que los USD 6.600 millones del año anterior, según consigna el informe anual OnlyGuider Wrapped 2025.

El gasto en mensajes directos supera al de las suscripciones

Uno de los datos estructurales que arroja el estudio refiere a cómo se distribuye el dinero dentro de la plataforma.

El análisis transaccional de OnlyGuider, que abarcó 1.003.855 suscriptores y 58,9 millones de transacciones, determinó que las suscripciones no son la fuente de ingreso dominante. Los mensajes privados y el contenido a pedido generan significativamente más dinero que las cuotas mensuales de acceso.

El mismo estudio reveló que el 95,8% de los suscriptores masculinos nunca realiza un gasto adicional tras la primera suscripción. Solo el 4,2% efectúa compras posteriores, con un gasto promedio de vida de USD 48,52 entre quienes sí lo hacen.

La distribución de ingresos entre creadores es extremadamente desigual

En Estados Unidos hay 1.297.804 creadores verificados en OnlyFans, con ingresos combinados de USD 1.687 millones anuales. El promedio es de USD 1.300 por año, pero esa cifra no refleja la realidad de la mayoría.

El 0,1% superior de los creadores concentra el 76% de todos los ingresos, con ganancias promedio de USD 146.881, mientras que el 0,01% más alto registra ingresos de siete cifras.

California lidera también en este indicador con 169.505 creadores. Sin embargo, Nevada es el estado con mayor densidad: 1.648 creadores por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces el promedio nacional, tal como detalla el Censo de Creadores de OnlyFans en Estados Unidos 2026 elaborado por OnlyGuider.

La plataforma tiene alcance global: 377,5 millones de usuarios registrados en 188 países, con las regiones de Medio Oriente y África como las de crecimiento más acelerado —32,4% y 28,1% interanual, respectivamente—, mientras que las Américas crecieron al ritmo más lento del planeta, con un 4,8%.

El primer caso equino confirmado de mosca barrenadora del Nuevo Mundo en Estados Unidos durante el actual brote fue detectado en el condado de Presidio, en el sur de Texas, cerca de la frontera con México. La infestación fue hallada en la extremidad trasera de un caballo de trabajo de un rancho, según informó la Federación Ecuestre de Estados Unidos.

La Comisión de Salud Animal de Texas restringió el traslado de animales de sangre caliente fuera de una zona declarada como “infestada” en partes de los condados de Presidio y Jeff Davis.

Los propietarios que necesiten mover animales fuera de ese perímetro deben obtener autorización estatal y cumplir con las inspecciones, los tratamientos y la documentación requerida por las autoridades sanitarias.

El caballo fue el caso número 49 registrado en Estados Unidos durante el año, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La mayoría de las detecciones se concentró en Texas, mientras que Nuevo México informó un caso en un perro. El brote actual comenzó en junio, cuando las autoridades confirmaron la presencia del parásito en un ternero del condado texano de Zavala.

Cómo actúa la mosca barrenadora en los animales

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo, cuyo nombre científico es Cochliomyia hominivorax, es un insecto parásito cuyas larvas se alimentan de tejido vivo.

Las hembras depositan huevos en heridas abiertas o en cavidades naturales de animales de sangre caliente, entre ellas la nariz, las orejas, los ojos, la boca y el ombligo de los ejemplares recién nacidos.

Tras la eclosión, las larvas penetran en las lesiones y consumen tejido sano. Esta infestación, denominada miasis, puede agrandar las heridas, generar infecciones secundarias y causar la muerte del animal si no recibe atención. A diferencia de otros tipos de larvas que se desarrollan sobre materia orgánica en descomposición, las de esta especie invaden carne viva.

La Federación Ecuestre de Estados Unidos recomendó que los dueños revisen a sus caballos con frecuencia, especialmente después de una lesión, un procedimiento veterinario o cualquier situación que deje una herida expuesta.

Entre los signos de alerta figuran lesiones que no cicatrizan o empeoran, inflamación, sangrado, secreciones espesas, mal olor, irritación, falta de apetito, aislamiento y presencia de larvas.

La organización también aconsejó mantener limpias y cubiertas las heridas según la indicación de un veterinario, usar productos para controlar las moscas y limitar el acceso de estos insectos mediante máscaras, mantas y prácticas de higiene en los establos. Las autoridades pidieron informar de inmediato los casos sospechosos para facilitar la respuesta sanitaria.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que la plaga representa una amenaza para el ganado, las mascotas y la fauna silvestre, aunque no es un riesgo para la seguridad de los alimentos. El insecto afecta a los animales vivos y no a la carne, las frutas o las verduras destinadas al consumo.

Las medidas de Texas para frenar la expansión

La detección en Presidio ocurrió después de meses de vigilancia, cuarentenas y controles en distintas áreas de Texas. En junio, el gobernador Greg Abbott emitió una declaración de desastre para movilizar recursos públicos, ampliar las tareas de seguimiento y acelerar la respuesta ante nuevos hallazgos en animales.

La principal herramienta para combatir la plaga es la liberación de moscas estériles. El procedimiento consiste en criar y dispersar machos que no pueden reproducirse.

Como las hembras de esta especie suelen aparearse una sola vez, los huevos producidos después del cruce con un macho estéril no son viables, lo que reduce la población con el tiempo.

Estados Unidos utilizó este método durante la campaña que declaró erradicada la plaga en 1966. Texas obtuvo esa condición en 1982. El sistema se basa en la producción masiva de pupas, que son esterilizadas mediante radiación antes de liberar a los insectos en las áreas donde se busca interrumpir el ciclo reproductivo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos construye una instalación para producir moscas estériles en Edinburg, en el sur de Texas. La estrategia apunta a contener la expansión del parásito en una región con intensa actividad ganadera, presencia de fauna silvestre y movimiento frecuente de animales.

Expertos estiman que una propagación generalizada podría costarle a la economía de Texas hasta USD 1.800 millones. La proyección incluye pérdidas por muerte o menor productividad del ganado, gastos veterinarios, tratamientos, inspecciones, mano de obra adicional y un mayor uso de medicamentos e insecticidas.

La cantidad asegurada equivalió a más de 2 mil libras de la sustancia. Los agentes localizaron los paquetes entre productos agrícolas que aparentaban ser piezas de col destinadas a ingresar al mercado estadounidense.

La Administración para el Control de Drogas informó que el cargamento fue revisado después de entrar a territorio estadounidense desde México. La dependencia difundió imágenes del procedimiento, en las que se observó a los agentes retirar capas exteriores de una col hasta descubrir un paquete envuelto en plástico.

Las fotografías también mostraron cajas con verduras que ocultaban la droga. El método buscaba evitar que la metanfetamina fuera detectada durante el traslado mediante una carga comercial de productos agrícolas.

Seis agencias de Estados Unidos participaron en la investigación

El decomiso formó parte de una indagatoria de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, un grupo que reunió a corporaciones encargadas de investigar asuntos de seguridad nacional y narcotráfico. La DEA indicó que la investigación permaneció abierta.

En el operativo participaron la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Buró Federal de Investigaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Cada una de esas dependencias tuvo funciones vinculadas con el combate al narcotráfico, la investigación de delitos federales y la supervisión del ingreso de personas y mercancías a Estados Unidos. La DEA destacó la coordinación entre las agencias, aunque no identificó a una organización criminal relacionada con el envío.

Las autoridades tampoco revelaron el punto exacto del Valle del Río Grande donde ocurrió la revisión. La única ubicación proporcionada fue el área de McAllen, una zona del sur de Texas próxima a la frontera con México.

No se informó sobre detenidos, empresa responsable ni valor de la droga

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no dieron a conocer el nombre de la empresa responsable del cargamento ni la identidad de las personas que transportaban la mercancía. Tampoco precisaron si hubo detenidos durante el aseguramiento.

La DEA no informó qué cargos podrían enfrentar las personas involucradas en caso de que fueran identificadas. La dependencia tampoco reveló el destino final que habría tenido la metanfetamina, debido a que la investigación seguía en curso.

El valor estimado de la droga tampoco fue dado a conocer. Las autoridades se limitaron a confirmar que los paquetes fueron encontrados dentro de un envío que aparentaba contener únicamente col.

La agencia no informó si autoridades mexicanas participaron en las pesquisas ni si existían investigaciones abiertas en México por el traslado de la carga. El caso permaneció bajo indagatoria en Estados Unidos, sin que se anunciaran arrestos derivados del decomiso.