La situación generó desconcierto entre viajeros y conductores que estaban en el acceso a la terminal. Según información preliminar de la Policía Nacional entregada a CityTv, un testigo señaló que el hombre habría usado el arma para intimidar a otros tres conductores.

A la par, confirmó que la confrontación ocurrió cerca de la puerta 10 de la terminal aérea. Los protocolos de emergencia fueron activados, un vehículo sufrió daños en la parte delantera y las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

En sus declaraciones, aseguró que escuchó 13 disparos y que varios escoltas persiguieron al sospechoso mientras los presentes se agachaban para protegerse. Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas corriendo tras las detonaciones.

“Escuché 13 disparos. Llegaron unos escoltas y salieron detrás de él. Nosotros nos agachamos porque, de pronto, podía salir una bala perdida o algo” relató.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el presunto agresor habría intentado escapar y accionado el arma contra ellos. Uno de los policías utilizó su arma de dotación y, mediante un “plan candado”, las autoridades interceptaron al señalado en inmediaciones de un centro comercial de Teusaquillo; durante el procedimiento le incautaron el artefacto, dejando a disposición de la autoridad competente el vehículo y el elemento decomisado.

La respuesta de seguridad incluyó disparos efectuados por el esquema de protección de un general, que intervino tras las detonaciones iniciales. Los uniformados iniciaron luego una persecución para localizar al señalado responsable, informó el canal con base en fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El Aeropuerto Internacional El Dorado no había divulgado un balance oficial sobre lo sucedido ni precisado cuándo se normalizaría por completo la zona afectada.

Dos mujeres fueron capturadas con droga adherida a su cuerpo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

El 26 de agosto de 2026, la Policía capturó a dos mujeres en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando intentaban trasladar cerca de 10 kilos de droga a Cali, adherida a sus cuerpos en 18 paquetes. Una pasajera colombiana y otra extranjera quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Durante 2026, las autoridades han decomisado cerca de 15 kilos de cocaína en la principal terminal aérea de Colombia mediante inspecciones rutinarias y acciones de control. Los procedimientos expusieron métodos de ocultamiento en equipajes, envíos comerciales y prendas de vestir.

Las cámaras de seguridad detectaron movimientos inusuales de las dos pasajeras antes de que los uniformados las interceptaran. La inspección corporal permitió encontrar los paquetes sujetos a sus cuerpos.

El cargamento contenía 5.445 gramos de cocaína y 4.315 gramos de marihuana. La investigación busca establecer si las detenidas actuaban para una red dedicada al tráfico interno de drogas.

La vigilancia en El Dorado también derivó en la captura de Carlos Barbería Hernando, ciudadano español que pretendía abordar un vuelo a Barcelona con 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos al cuerpo.

Barbería se presentó como piloto de una aerolínea internacional, con un uniforme cuyas tallas y accesorios presentaban inconsistencias. La alerta surgió durante los controles al personal técnico de vuelo, cuando los agentes decidieron someterlo a un escaneo corporal.

El procedimiento detectó cinco paquetes y una faja de sujeción. Una inspección manual confirmó que transportaba la sustancia, cuyo destino eran centros de distribución en Europa.

La Justicia de Nuevo México acusó de homicidio a Ervin Joaquin Gutierrez, de 22 años, por la muerte de su primo Nathaniel Cavazos en Albuquerque, en un caso que tomó notoriedad por la secuencia reconstruida por los investigadores y por el origen de la disputa dentro de una reunión familiar.

Documentos judiciales citados por NBC News señalan que el episodio se desató durante una comida entre parientes, avanzó hacia un enfrentamiento físico y terminó con disparos en un complejo de departamentos la noche del 27 de agosto.

La acusación se apoya en la declaración de un testigo presencial, un mensaje enviado después del ataque y otros elementos incorporados al expediente.

Gutierrez quedó detenido y permanece bajo custodia con un cargo abierto de homicidio, tal y como reflejan los registros carcelarios.

Una cena familiar que terminó en un tiroteo

De acuerdo con el testimonio de un primo de ambos hombres, los tres pasaron parte de la tarde juntos. Compraron alimentos, regresaron al departamento y prepararon enchiladas verdes. Durante la reunión también consumieron alcohol, aseguró el testigo ante la Policía de Albuquerque.

La tensión apareció durante la comida. Gutierrez sostuvo varias veces que el chile de su plato estaba más picante que el que tenía Cavazos.

La víctima respondió que todos habían comido la misma preparación y que el nivel de picante debía ser igual, afirmó el familiar en declaraciones recogidas por NBC News.

La discusión avanzó después de que ese mismo primo propusiera salir a caminar con su perro para calmar el ambiente. La idea no surtió efecto. La disputa derivó en una pelea a golpes entre los dos hombres.

El relato del testigo y la acusación de homicidio

La declaración incorporada a la orden judicial indica que Cavazos golpeó a Gutierrez y le provocó una lesión que lo dejó sangrando. Después de ese episodio, Cavazos comenzó a alejarse del lugar. Ese punto ocupa un lugar central en la acusación.

El testigo aseguró que, en ese momento, Gutierrez sacó un arma de fuego y disparó entre tres y cuatro veces. También afirmó que la víctima estaba a unos tres metros de distancia cuando recibió los disparos. Los impactos alcanzaron a Cavazos por la espalda, tal y como figura en el expediente citado por NBC News.

Antes de abrir fuego, el acusado le habría dicho a su primo una frase que los investigadores incorporaron a la causa. “¡Somos familia! ¡Somos familia! ¿Cómo pudiste hacerme esto?”, le gritó, tal y como relató el testigo ante la Policía en una versión reproducida por NBC News.

Los agentes encontraron a Cavazos poco antes de las 23.00 sobre una pasarela entre edificios del complejo habitacional. Estaba inconsciente, tendido en un charco de sangre, y presentaba al menos una herida de bala. Murió por esas lesiones, indicó la orden de arresto.

Qué dijo el acusado y qué halló la policía

Tras el tiroteo, Gutierrez escapó del lugar, afirmó la investigación. Más tarde, la Policía revisó un mensaje de Snapchat que el sospechoso le habría enviado al testigo.

“¿De verdad está muerto? No quería matarlo, pero no quería que me matara a mí”, escribió el acusado, según el mensaje citado por NBC News.

Esa comunicación quedó incorporada como uno de los elementos de prueba evaluados por los investigadores.

La pesquisa también sumó otro dato relevante. Los agentes hallaron una pistola que pertenecía a Cavazos a unos 9 metros de su cuerpo.

El documento judicial no indica que la víctima la tuviera consigo al momento de recibir los disparos.

La detención de Ervin Joaquin Gutierrez ocurrió el viernes por la tarde. Después fue trasladado al Centro de Detención Metropolitana, donde quedó registrado poco después de la medianoche del sábado.

(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) Un testigo convocado por el Gran Jurado de Miami negocia un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de aportar información considerada clave para la investigación que busca determinar si autoridades de la AFA y socios comerciales cometieron actos de corrupción en ese país.

La declaración estaba prevista para las 9 de la mañana (hora del este), pero finalmente no se concretó debido a las negociaciones que mantiene el testigo con la Justicia de Estados Unidos para obtener inmunidad antes de brindar su testimonio.

La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El objetivo del Gran Jurado es determinar si existen elementos suficientes para avanzar en una acusación vinculada con presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.

La convocatoria a los testigos había quedado explicitada en una subpoena emitida a pedido de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia.

De manera textual, la citación obligatoria establecía:

—“Presente todos los registros relacionados con TourProdEnter, todas y cada una de las comunicaciones con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni”.

La orden rquería que los testigos entregasen toda la documentación que vincule a las principales autoridades de la AFA con TourProdEnter y con su propietario, Javier Faroni.

Los fiscales Michael Berger, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, y Patrick Gushue, en representación del Departamento de Justicia, buscan determinar si Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni incurrieron en presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario bajo la legislación estadounidense.

La investigación está centrada en TourProdEnter LLC, una sociedad constituida en Estados Unidos que pertenece a Faroni y a su esposa, Erica Gillette.

Según la pesquisa, desde 2021 esa empresa habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y de vínculos comerciales con compañías como Adidas y Warner. La Fiscalía y el Departamento de Justicia intentan reconstruir la ruta de esos fondos.

En ese contexto, la investigación preliminar sostiene que Faroni y Gillette operaron a través de cuentas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.

Por ese motivo, tampoco se descarta que responsables de esas entidades bancarias sean convocados por el Gran Jurado para aportar información sobre los movimientos financieros bajo análisis.

La estrategia de los investigadores consiste en reunir todas las pruebas relacionadas con la distribución de fondos vinculados a la AFA en Estados Unidos, incluyendo a personas que trabajan o trabajaron en bancos estadounidenses, en la Asociación del Fútbol Argentino o en empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la Selección.

La Fiscalía y el Departamento de Justicia también buscan determinar los montos involucrados, las cuentas utilizadas y los destinatarios finales de las operaciones investigadas.

La pesquisa incluye además una investigación preliminar sobre diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para mover cerca de 300 millones de dólares.

En ese marco, el régimen de colaboración e inmunidad previsto por la legislación estadounidense adquiere un papel central. La negociación que mantiene el testigo convocado por el Gran Jurado forma parte de ese proceso y, por ese motivo, la audiencia prevista para este jueves no llegó a concretarse.

El Gran Jurado delibera a puertas cerradas y no tiene un plazo determinado para resolver si existen elementos suficientes para avanzar con una acusación contra Tapia, Toviggino, Lucero y Faroni por los presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario.

“La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años”, comienza el documento que mostró Vecchio en su cuenta de X. En ese mismo escrito, la actriz subraya la relación afectuosa que une a su propio hijo con el jugador, y cómo se da la convivencia entre ambas familias. “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal.”

El documento revela una convivencia cotidiana en la que los niños de ambos compartieron juegos y actividades. “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables”, se lee en la presunta declaración. “Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan de forma divertida y bailan.” Durante la entrevista, la actriz exhibió videos y fotos desde su teléfono móvil para respaldar sus dichos: “Indicó que también existen videos en los que se los ve nadando en el mar y jugando con una pelota.”

En el mismo documento, la actriz describe el clima familiar que comparten en la actualidad. “La señora Eugenia manifestó que mantiene una buena relación con Mauro, que Mauro es un buen padre y un buen progenitor, que actualmente tienen un entorno familiar saludable, y que tienen planes positivos para el futuro, que han hecho buenos planes para todos los niños.”

El proceso de divorcio que atraviesan Mauro Icardi y Wanda Nara también impacta en la dinámica de los niños. La actriz detalla su rol de acompañamiento. “La señora Eugenia añadió que, durante el proceso de divorcio que están atravesando Mauro y los niños, ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los niños no se vean negativamente afectados por la situación, y que durante el tiempo que pasan juntos no hace distinciones entre ellos y sus propios hijos, tratando de ocuparse de ellos y apoyar a Mauro.”

La estrategia legal de Icardi se modificó después del rechazo de los tribunales de Milán al pedido de restitución en favor del delantero. Ahora, el futbolista volvió a presentar la solicitud por la tenencia de las menores, pero ante la justicia de Turquía, país donde reside y desarrolla su carrera profesional como futbolista. Sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, recomendaron formalizar la presentación en ese país para intentar acelerar los tiempos del proceso, ya que aún no existe una definición clara sobre la competencia y jurisdicción donde se resolverá la causa.

Por parte de Wanda Nara y su abogada Ana Rosenfeld, la respuesta no tardó en llegar. Ambas se presentaron en la embajada de Turquía en Argentina para denunciar a Icardi por presunto incumplimiento de la cuota alimentaria de sus dos hijas. La disputa judicial impacta en lo personal y lo emocional.

Asimismo, Flor de la V relató en su programa Los profesionales (El Nueve) un diálogo privado que mantuvo con Wanda tras la entrega de los premios Martín Fierro. “Me dice: ‘No’ y yo creí que venía por el lado de la crítica por ganar la terna a mejor conductora, pero no. Se largó a llorar y me dijo: ‘No soporto más lo que me hace este hijo de puta, Mauro. Acabo de venir de la Embajada de Turquía porque me quiere sacar a mis hijas’. Me decía esto. ‘Yo lo que hago es trabajar, no le juego la vida a nadie. Te podría gustar o no, no me meto con nadie, pero la verdad esto me parece un montón’”, compartió Flor de la V al aire.

La jornada judicial del martes estuvo marcada por la presencia de las hijas de Diego Maradona en el juicio que busca esclarecer las circunstancias de su muerte. El foco público recayó especialmente en el apoyo que Dalma expresó hacia su hermana Gianinna, quien declaró en calidad de testigo durante más de cinco horas en una audiencia cargada de tensión y emociones.

Las redes sociales se convirtieron en el canal elegido por Dalma para exteriorizar sus sentimientos tras la declaración de su hermana. En una serie de publicaciones en Instagram, compartió imágenes familiares y mensajes que evidencian no solo el vínculo entre ellas, sino también el compromiso que ambas mantienen en la búsqueda de justicia por la muerte de su padre. “Ya te lo dije a vos pero tengo ganas que todos sepan que hoy la rompiste y que estoy muy orgullosa de vos”, escribió Dalma junto a una fotografía en la que ambas aparecen de niñas junto a Diego. “Yo creo que él también está muy orgulloso”, añadió en el mismo posteo, enfatizando la sensación de respaldo tanto familiar como simbólico.

El acompañamiento de Dalma a Gianinna se manifestó también en un mensaje directo: “Te amo negra! Obvio que fue un día durísimo, pero los humillaste”, seguido de un compromiso inquebrantable: “Siempre de tu lado, siempre haciendo equipo”. Estas frases, difundidas en redes, permitieron dimensionar el impacto emocional que tuvo la audiencia para la familia y la manera en que el proceso judicial refuerza la unidad entre las hermanas.

La reacción de Dalma no se limitó al orgullo, sino que incluyó una declaración sobre la continuidad de la lucha. “Empezó el camino para que paguen lo que te hicieron. No vamos a parar”, publicó junto a una imagen en blanco y negro en la que las dos hijas besan a su padre. “Y lo mejor de todo es que no estamos solas. ¡Somos un montón!”, concluyó, haciendo alusión no solo al núcleo familiar sino al acompañamiento social que perciben en este proceso.

La declaración de Gianinna ante el tribunal se extendió por más de cinco horas y estuvo marcada por pasajes de notable carga emotiva. Antes de que comenzara su testimonio, uno de los defensores de los acusados intentó impedir su participación, pero los jueces desestimaron la objeción, permitiendo que expusiera su versión de los hechos.

Durante su testimonio, Gianinna recordó la relación cercana con su padre y describió el rol presente que mantuvo junto a él durante años. Relató las dificultades personales que atravesó tras la muerte de Maradona, que la llevaron a requerir tratamiento psiquiátrico, y compartió el dolor que vive diariamente desde ese momento. Su intervención estuvo atravesada por lágrimas en varios tramos, lo que evidenció el carácter movilizante de la jornada para ella y su entorno.

En relación con el día del fallecimiento de su padre, la joven narró el estado en el que encontró el cuerpo y criticó las condiciones de la vivienda donde se realizó la internación domiciliaria. Denunció que la casa no estaba preparada para una persona con sus necesidades y que el trato hacia él era prácticamente nulo. Además, afirmó que la familia halló el domicilio en condiciones deplorables después de la muerte.

La exposición de Gianinna incluyó un análisis de las condiciones en que se llevó adelante la internación domiciliaria de Diego. Señaló que el exfutbolista estaba medicado para el corazón desde el año 2000 y que continuó con esa medicación hasta la internación domiciliaria en 2020. Según su testimonio, durante ese período solo recibía las pastillas que le administraba la psiquiatra Agustina Cosachov, lo que implica un cambio en la modalidad de atención médica.

También hizo un repaso de los últimos veinte años de la vida de su padre. Recordó la crisis por sobredosis que atravesó en el año 2000, su posterior recuperación y los momentos felices compartidos en familia. Sin embargo, destacó que la salud de su padre se deterioró especialmente tras su paso por Dubai y México, y mencionó el uso creciente de medicación para dormir en los últimos años. La declaración apuntó a la falta de preparación y cuidado en el entorno médico durante el tramo final de su vida.

La audiencia del martes se inscribió en el marco del proceso judicial que intenta determinar responsabilidades penales por la muerte de Diego Maradona. La participación activa de sus hijas, tanto en el ámbito judicial como en el plano público, refuerza la idea de una búsqueda colectiva por justicia. Las publicaciones de Dalma en redes sociales reflejan la decisión de no abandonar el reclamo: “Empezó el camino para que paguen lo que te hicieron. No vamos a parar”.

La exposición familiar ante la opinión pública y la justicia no solo busca el esclarecimiento de los hechos, sino también manifestar la unidad de la familia Maradona y la voluntad de avanzar hasta las últimas consecuencias. La jornada concluyó con la certeza de que, para Gianinna y Dalma, el proceso recién comienza y que cuentan con un respaldo que trasciende el círculo íntimo.

La comparecencia de Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, ante la Comisión del Juicio Político del Congreso Nacional, expuso un entramado de presiones y denuncias internas surgidas tras las elecciones recientes.

López afirmó que la principal demanda del Partido Libertad y Refundación (Libre) fue imponer un Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) adecuado a sus intereses, y describió un clima sostenido de hostilidad y coacción institucional durante el proceso electoral. Según su testimonio, esto impactó de forma directa en el funcionamiento y la independencia del órgano electoral.

Entre los episodios destacados de su testimonio, López incluyó el del 22 de octubre, cuando el entonces consejero Marlon Ochoa intensificó las acusaciones de fraude y denunció públicamente supuestos problemas de conectividad y transporte que, de acuerdo con López, no llegaron a materializarse.

Asimismo, advirtió que la ausencia prolongada de Ochoa afectó acciones rutinarias del CNE, como la aprobación de recursos indispensables, incluido el combustible. La funcionaria señaló que esta falta de colaboración desordenó el cronograma electoral y aumentó la hostilidad en las sesiones posteriores a los comicios.

Cossette López expuso ante la comisión que Marlon Ochoa condicionó la aprobación del TREP utilizando amenazas de consecuencias penales, lo que identificó como la primera de varias conductas intimidatorias.

López relató que las presiones incluyeron un esquema de amedrentamiento que conllevó la presencia de militares, perros adiestrados y la toma de fotografías sin restricciones, extendiéndose incluso hacia su familia.

También mencionó la llegada de visitantes ligados a la Cancillería que, pese a no estar acreditados como observadores por el CNE, participaron en tareas de seguimiento en distintos centros de votación. La estadía de estos grupos en un hotel de alta categoría fue costeada con fondos públicos.

De acuerdo con la funcionaria electoral, estas acciones respondieron a un plan coordinado desde Libre que consideró fallido.

Durante las primarias, López indicó que equipos a su cargo y al de la consejera Hall recuperaron urnas extraviadas, destacando que mientras la jornada transcurría con aparente normalidad, la estrategia institucional respondía a decisiones predefinidas.

Según explicó la consejera, su defensa de la independencia del órgano electoral se mantuvo firme: “La convicción democrática no termina con que ya llegó un partido político al poder, y por eso estoy aquí”. Además, precisó ante la comisión: “los votos sí se contaron, lo que no se hizo fue la totalidad de un recuento, es decir volver a contar”.

La reacción ante las presiones también tuvo consecuencias personales. Tanto López como Hall denunciaron amenazas recientes, lo que motivó a Hall a buscar refugio en una embajada y a López a resguardarse en un lugar no especificado.

La consejera comunicó a la comisión las dificultades atravesadas: “Ahora relato con tranquilidad esto, pero hay momentos que quiero llorar”, y puntualizó que el hostigamiento llegó a afectar a su hija.

En respuesta a la sospecha de una posible detención, presentaron un Habeas Corpus con el acompañamiento del Procurador General de la República. López indicó que Libre insistió hasta el final en imponer criterios, incluso en la declaración de los resultados finales, ejecutando un plan “a sus necesidades de poder”.

La consejera abordó también la utilización de audios atribuidos a ella por el suspendido Ochoa, y aclaró: “Los audios son reales, si les doy ‘play’ suenan, pero de eso a que sea yo es otra cosa”. Negó su autenticidad y restó credibilidad a las pruebas llevadas al Ministerio Público.

Durante la etapa de preguntas, López reafirmó que los testimonios presentados ante la Comisión Especial del Congreso Nacional han sido verificados, y que las denuncias contra Ochoa cuentan con respaldo. Aseguró que continuará cumpliendo sus funciones con integridad, señalando como autoridad principal “la Constitución”.

Para López, el 9 de marzo de 2025 será recordado como una fecha relevante en el calendario electoral, aunque no exenta de irregularidades, y destacó que, pese a las adversidades, el pueblo hondureño “eligió libertad y democracia”. Sostuvo además: “Un 18 % de la población me adversa, pero al mismo tiempo me honra porque reconocen que no soy parte de un proyecto político”.

Un hombre con pedido de captura fue detenido durante la jornada del miércoles en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco, tras declarar como testigo en un juicio por jurados por abuso sexual en la Cámara Primera en lo Criminal.

La aprehensión se produjo luego de que la Policía identificara que el sujeto, buscado por diversos delitos, acudiría al Centro de Estudios Judiciales para prestar testimonio en una causa ajena.

Según informaron desde la Policía, la captura fue resultado de tareas investigativas previas que permitieron establecer con precisión la hora y el lugar donde el sospechoso se presentaría.

Ayer por la mañana, efectivos policiales desplegaron una vigilancia estratégica en las inmediaciones del edificio situado en calle Juan B. Justo 40. El operativo se mantuvo en reserva hasta que el hombre completó su declaración testimonial y salió a la vía pública.

El sujeto, cuya identidad no fue difundida por las autoridades, fue interceptado por los agentes tras abandonar el Centro de Estudios Judiciales.

De acuerdo con lo informado por Diario Chaco, los efectivos le informaron los motivos de la detención y procedieron a su aprehensión sin que se registraran situaciones de violencia o resistencia.

El hombre sobre quien pesaba la orden de captura estaba siendo buscado por una causa vinculada a la Ley de Drogas N.º 23.737. Además, el expediente judicial se encuentra agravado por la presunta comisión de delitos conexos, entre los que se incluyen amenazas con armas, agresión y resistencia contra la autoridad agravada por el uso de armas de fuego.

La detención se produjo en un contexto inusual, ya que el individuo acudió voluntariamente al edificio judicial, aunque en calidad de testigo en un proceso distinto al que motivaba su búsqueda. Las autoridades destacaron el carácter atípico de la situación, en la que una persona requerida por la Justicia resultó localizada gracias a su propia comparecencia ante los tribunales.

Una vez aprehendido, el hombre fue trasladado bajo custodia policial a las dependencias de la División Sanidad Policial, donde fue sometido a un examen médico de rutina. Posteriormente, fue derivado a la División Narcotráfico, donde permanece alojado mientras se completan las diligencias judiciales correspondientes.

Denunció que fue violada en grupo por delatar un búnker de droga

Una mujer de 35 años denunció que fue atacada sexualmente por varios hombres en la localidad correntina de San Luis del Palmar. Según la víctima, el ataque ocurrió a comienzos de marzo, después de que ella denunciara a un grupo de personas por la venta de drogas en el pueblo y hasta el momento solo hay un detenido por la causa, que sigue bajo investigación judicial.

La mujer habló con la prensa en las últimas horas y contó que la noche del 6 de marzo había quedado en salir con amigas y que uno de sus conocidos la pasó a buscar en auto. “Yo sabía que él consumía y que ‘Mandu’ (NdR: el detenido) era su proveedor”, relató al Diario Época.

Explicó que comenzaron a tomar vino y que, sin darse cuenta, su acompañante le habría puesto droga en la bebida. “Nunca me di cuenta de que él le estaba poniendo cocaína al vino que me estaba dando”, señaló.

Siguiendo el relato, dijo que, tras sentirse mal y perder la noción de lo que ocurría, se alejó del grupo y fue con su acompañante hasta una zona conocida como “El Cementerio”, un basural alejado del pueblo.

Según la denuncia, en ese lugar el acompañante se fue con la excusa de ir a comprar más bebidas. Minutos después, al sitio llegaron tres hombres en un auto. Dos de ellos la golpearon y la arrastraron hasta dentro del descampado, donde la agredieron sexualmente.

La identificación de una tercera persona como testigo resultó clave para la investigación del caso sucedido en el barrio bilbaíno de Santutxu, donde una mujer denunció tocamientos sin consentimiento durante la madrugada del pasado domingo en una vivienda de la calle Karmelo. Según informó la Policía Municipal de Bilbao, los hechos se desencadenaron después de que la víctima alertara a las autoridades y relatara haber sido víctima de una agresión sexual al acudir al citado domicilio junto a un conocido y otras dos mujeres.

El medio consignó que la denuncia se formalizó poco después de las 5.00 horas. La afectada declaró que subió a un piso acompañado de un conocido y dos mujeres. Una vez dentro del domicilio, afirmó que tanto un hombre de 76 años como una mujer de 38 años le realizaron tocamientos no consentidos, lo que la llevó a abandonar el lugar de manera inmediata y contactar con la Policía Municipal de Bilbao. Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron hasta el domicilio indicado y, una vez en el lugar, procedieron a la detención de los dos presuntos agresores.

El medio detalló que la tercera mujer presente en la vivienda fue considerada testigo directa de la situación y deberá prestar declaración ante las autoridades. Según publicó la fuente, las primeras diligencias buscan esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos e identificar con precisión la participación de cada persona implicada en el episodio.

El incidente, que tuvo lugar en un inmueble del barrio de Santutxu, ha generado la apertura de una investigación policial para recabar todos los elementos de prueba y avanzar en la toma de declaraciones, tanto de la denunciante como del resto de personas presentes en el domicilio. Conforme reportó la fuente, la intervención policial se efectuó de manera inmediata tras el aviso, permitiendo la detención de los dos sospechosos en el interior del piso.

De acuerdo con las informaciones recabadas por el medio, la voz de alarma de la víctima posibilitó una rápida actuación policial, que ahora centra sus esfuerzos en analizar las versiones y testimonios para determinar la responsabilidad de los detenidos. Mientras tanto, la mujer identificada como testigo deberá relatar lo ocurrido ante las autoridades correspondientes para contribuir a la reconstrucción de los hechos investigados en este caso de presunta agresión sexual.

En un país atravesado por la crisis de personas desaparecidas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que si un testigo es víctima de desaparición en un contexto delictivo, su testimonio no tiene por qué perderse dentro de un proceso penal.

Por unanimidad, el Máximo Tribunal determinó que la imposibilidad de comparecer a juicio por desaparición constituye una causa válida para incorporar al juicio oral la declaración rendida previamente.

SCJN avala lectura de declaraciones previas por desaparición

La decisión se dio al analizar la constitucionalidad del artículo 386, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual permite, como excepción, la lectura en juicio de declaraciones previas cuando el testigo “haya perdido la capacidad para declarar”.

El Pleno precisó que dicha “pérdida de capacidad” debe interpretarse como una imposibilidad física o psíquica real, objetiva y material que haga inviable la presencia del testigo en el juicio oral.

Esta condición debe ser contingente, inevitable, insuperable, comprobable y ajena a la voluntad de las partes. Bajo esa interpretación, la desaparición en un contexto delictivo sí actualiza el supuesto de excepción.

Seguridad jurídica y protección de pruebas en el sistema penal acusatorio

A la luz del principio de seguridad jurídica, la Corte sostuvo que la finalidad de la norma es evitar la pérdida irreparable de información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

En el sistema penal acusatorio, subrayó, existen mecanismos para preservar medios de prueba cuya práctica posterior pueda volverse imposible o extremadamente difícil.

El Tribunal también revocó un amparo que había sido concedido a una persona acusada de homicidio y tentativa de homicidio, para que no se valorara la declaración de una testigo sobreviviente incorporada al juicio mediante lectura, luego de que ésta desapareciera.

Con el nuevo criterio, la declaración puede ser considerada válida dentro del proceso.

Mecanismos legales para preservar el testimonio de una víctima desaparecida

La legislación mexicana contempla diversas herramientas para impedir que la desaparición de un testigo derive en impunidad. Entre los principales mecanismos se encuentran:

• Anticipo jurisdiccional de prueba: Permite que la declaración rendida ante un juez, con presencia de las partes, se conserve como prueba definitiva si posteriormente el testigo no puede comparecer.
• Lectura de declaraciones previas: Autoriza incorporar al juicio oral entrevistas o denuncias realizadas en la etapa de investigación, siempre que se hayan respetado las formalidades legales.
• Pruebas indiciarias: El juez puede valorar elementos como mensajes, dictámenes médicos, testimonios indirectos o peritajes psicológicos que respalden el relato original.
• Testimonio como objeto de investigación: En casos de desaparición forzada o delitos de lesa humanidad, la propia desaparición del testigo puede integrar el cuerpo probatorio.

La Corte enfatizó que la desaparición coloca a la persona en una situación de extrema vulnerabilidad y constituye una violación continua y pluriofensiva de derechos humanos, por lo que el sistema de justicia no puede permitir que su voz quede anulada.

Más de 131 mil personas desaparecidas: crisis de derechos humanos en México

La resolución se da en un contexto de profunda crisis humanitaria.

De acuerdo con cifras oficiales, México supera las 131 mil personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que mantiene una tendencia al alza y refleja uno de los mayores desafíos en materia de derechos humanos.

Crisis forense, impunidad y lucha de familias buscadoras

Además de las desapariciones activas, el país enfrenta una crisis forense con más de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios médicos y cementerios. La problemática está vinculada a la violencia del crimen organizado, la impunidad y las deficiencias institucionales en búsqueda e identificación.

Ante este panorama, familiares —principalmente colectivos de mujeres buscadoras— han asumido un papel central en la localización de sus seres queridos, muchas veces enfrentando riesgos y amenazas.

La decisión de la SCJN se inserta en este contexto estructural. Al reconocer que la desaparición de un testigo no cancela la validez de su declaración, el Tribunal envía un mensaje: la ausencia física no debe traducirse en silencio judicial ni en pérdida de verdad.

En un país marcado por el dolor de las desapariciones, la justicia busca mecanismos para que la voz de quienes faltan siga presente en los tribunales.

Después de dos horas, finalizada la declaración, la empresaria salió por la puerta principal y se encontró otra vez rodeada por periodistas de diferentes medios. En esta ocasión se mantuvo más distendida, aunque con la misma actitud de no hablar o de hacerlo de manera escueta. La primera pregunta de los cronistas fue directa: “¿Tenés miedo ante la magnitud judicial del caso?“. Wanda, sin detenerse, respondió de manera breve pero contundente: “No tengo miedo de nada”. Así, siguió abriéndose camino entre micrófonos y flashes hacia su vehículo, que conducía su novio. “Me voy a trabajar, permiso”, pidió.

Cuando llegó al automóvil, el asedio mediático no se detuvo. Manteniéndose en su postura, Wanda continuó dando respuestas breves mientras intentaba cerrar la puerta. “Estoy muy bien, disculpen que les cierro pero me tengo que ir a trabajar. Tengo dos programas hoy”, aclaró, haciendo hincapié en sus compromisos laborales y la necesidad de cumplir su agenda profesional habitual. Acto seguido le preguntaron por qué no quería hablar en esta ocasión cuando ella siempre se detiene ante la prensa. “Porque prefiero no agrandar más de lo que ya está. Nada, para lo que me necesiten siempre estoy disponible. No tengo nada que ver con esto, no tengo nada para contarles”, enfatizó, buscando cortar de raíz con cualquier interpretación o conjetura extra.

Cabe recordar que la llegada de Wanda se produjo apenas pasadas las 7:30, lista para presentarse ante el fiscal Cosme Iribarren, quien lleva adelante el expediente y busca esclarecer la eventual implicancia o perjuicio económico para la mediática. Vestida sobriamente con campera de cuero negra, una cartera al tono y el cabello suelto, la conductora entró al edificio judicial sin dar declaraciones públicas, a pesar del asedio de las cámaras de los medios presentes.

Al acercarse al lugar, se encontró con la fiscalía todavía cerrada, por lo que optó por esperar en la vereda. Allí estuvo algunos minutos junto a su abogado, a quien saludó a pocos metros de la entrada y con quien intercambió impresiones previas a la declaración. Poco después, se sumó a la espera su pareja, Martín Migueles, quien acompañó a Wanda durante toda la mañana, compartiendo mates y contención en un momento donde la expectativa era máxima.

A la llegada de la hora pactada, Wanda ingresó finalmente para cumplir con su rol de testigo en la causa judicial. La empresaria permaneció más de dos horas prestando declaración ante el fiscal Iribarren. El procedimiento tiene como eje determinar si Nara fue una de las damnificadas de las maniobras económicas bajo sospecha, si tuvo algún otro papel en la trama y si, según los rumores ya instalados en tribunales, Payarola le debe a la empresaria una suma cercana a los 300.000 dólares.

Por ahora, la incógnita sigue siendo si Wanda será una damnificada formal de la causa Payarola o si su declaración servirá solamente como referencia en la investigación. Y en medio de ese vorágine mediática, la empresaria vuelve a demostrar que sabe desenvolverse bajo la mirada del país entero, sin esquivar la tormenta pero sin dejarse arrastrar por ella.

Vestida para la ocasión con una campera de cuero negra, una cartera a juego y su característica cabellera suelta, Wanda arribó a las puertas del edificio judicial pasadas las 7:30 de la mañana. La llegada no pasó inadvertida para los medios: las cámaras de Desayuno Americano (América) captaron sus movimientos, aunque la empresaria evitó hacer cualquier tipo de declaración pública ante las insistentes preguntas de la cronista del ciclo.

La escena inicial fue tan inesperada como pintoresca: al llegar, Wanda se topó con la fiscalía aún cerrada, por lo que decidió quedarse en la vereda a esperar, se acercó a su abogado nuevo, Diego Palombo, con quien se saludó a pocos metros de la entrada. Minutos después, Martín Migueles, actual pareja de la empresaria, se sumó a la espera, compartiendo mates y contención en medio de la expectiva. Juntos conversaron y aguardaron a la apertura de la oficina para iniciar finalmente el procedimiento judicial.

Así, este lunes, la empresaria se presentó como testigo ante el fiscal Iribarren, quien busca establecer si la mediática fue una de las damnificadas de las maniobras o si tuvo algún otro rol en la trama, y determinar si el abogado hoy detenido le debe, al menos, 300.000 dólares, según rumores que ya circulan en tribunales.

El expediente suma nombres con peso propio en el deporte y la política. Entre las víctimas ya presentadas en la causa figuran Juan Marcelo Montiel, padre del campeón mundial Gonzalo “Cachete” Montiel, y Macarena Posse, abogada y concejal de San Isidro, hija del exintendente Gustavo Posse. A ellos, en los últimos días, se le sumaron dos nuevos damnificados: por un lado, el representante de influencers más joven del ambiente, de apenas 18 años, quien denunció que Payarola le hizo crear una empresa con la promesa de trabajar para Wanda y L-Gante, y terminó perdiendo 20.000 dólares. La otra víctima es la dueña de una clínica de estética, que denunció que el letrado le prometió una inversión en un fideicomiso y terminó sacándole 200.000 dólares.

Por otro lado, cabe destacar que la presencia de Martín Migueles en la vida de Wanda ya no es secreto para nadie. Si bien en un principio la empresaria y conductora optaba por resguardar los detalles de su nuevo romance, con el tiempo el hermetismo dio paso a una relación cada vez más sólida y pública. Primero fueron solo pequeños guiños en las redes, como escapadas románticas, reuniones familiares o postales de la rutina con algún brazo, tatuaje o silueta como señales mínimas. Ahora, Migueles aparece sin ocultamientos en cumpleaños, comuniones y es compañía establecida durante las largas jornadas de grabación que demanda el presente televisivo de Wanda.

El caso, que mantiene en vilo al círculo íntimo de Wanda Nara y al entorno mediático, pone el foco en la presunta acción fraudulenta de su exrepresentante legal y en las implicancias económicas que afectan a numerosas figuras del espectáculo y los negocios. Por ahora, la empresaria prefirió el silencio mediático y la calma, focalizando energías en responder ante la Justicia y dar, así, el siguiente paso en una causa de alto voltaje que promete tener nuevos capítulos en los próximos días.

La realidad de los tribunales laborales puede resultar a menudo frustrante. Así lo ha expuesto el abogado Miguel Benito Barrionuevo, conocido en TikTok como @empleado_informado, al confesar abiertamente: “He perdido un juicio en el que mi cliente tenía la razón”. Su testimonio ha llamado la atención en redes sociales por ir a contracorriente de la imagen habitual, donde solo se comparten éxitos y victorias.

La situación, según explicó el letrado en su vídeo, comenzó hace un año cuando un trabajador acudió a su despacho tras acumular muchas más horas laborales de las reflejadas en su contrato. “Nos contrató hace un año un cliente que en su empresa hacía más horas que un reloj y les estábamos reclamando las horas extra por un valor total de 6.000 euros”, detalló.

Durante la preparación del juicio, ninguna de las partes parecía dudar de la solidez del caso. De hecho, el abogado explicó que, incluso el mismo día del juicio, la empresa ofreció una solución amistosa favorable: “El abogado contrario nos ofreció el 95% de las cantidades que estábamos reclamando”. Sin embargo, el afectado quiso seguir adelante convencido de que la justicia le daría la razón de manera plena: “Quería, en propias palabras, el 100% y que se hiciese justicia”, relató Barrionuevo.

El abogado subrayó que, aunque insistió varias veces a su cliente que la oferta era muy buena y no merecía la pena arriesgarlo todo por un 5%, la decisión final era del trabajador: “Al final, quien manda en su caso es el cliente y los abogados solo podemos recomendar, por lo que entramos a juicio”.

El testimonio clave que lo cambió todo

A pesar de un inicio prometedor en la sala, con elementos como la ausencia de registro horario en la empresa -un hecho que suele jugar a favor del trabajador-, el resultado se vio alterado de manera radical durante la declaración de un testigo clave.

Según contó el abogado, “la sorpresa salta cuando llamamos a declarar al testigo. Este señor era un extrabajador de la empresa y nos había contado una versión en la que se hacían muchas horas extra. Sin embargo, en el juicio cambió totalmente su versión y, en palabras de nuestro cliente: ‘Mintió descaradamente’”.

Este giro inesperado llevó al juez a desestimar la demanda y fallar a favor de la empresa. “La sentencia da la razón a la empresa y entiende que no se han acreditado suficientemente estas horas extraordinarias”, afirmó Barrionuevo.

Consecuencias y lecciones que deja esta sentencia

El abogado ha anunciado que presentará recurso porque considera que existían otras pruebas, además de la ausencia de registro horario, que deberían bastar para probar el exceso de horas trabajadas. Además, según relató en su vídeo, “nuestro cliente nos ha contado que va a denunciar por la vía penal por un falso testimonio a este testigo que se la jugó en el juicio”.

Miguel Benito Barrionuevo ha querido, además, dejar una reflexión para quienes se enfrentan a procesos judiciales: “Para que tengas razón tienen que pasar tres cosas: que la tengas, que la puedas demostrar y que te la den. En este caso, que te la conceda un juez. Porque a veces lo que parece que vas a ganar, lo pierdes, y al revés”.

En palabras del propio letrado, aunque se logre revertir el fallo en una instancia superior, “va a llevar tiempo y dinero conseguirlo”. Por ello, llama a sus seguidores a no dar por hecho un triunfo judicial aunque el caso parezca evidente: “No deis por hecho nunca que vais a ganar un caso por muy bueno que sea vuestro abogado, por muy bien planteada que esté la demanda y por muy poca razón que tenga la parte contraria, porque quien decide es un juez y puede ver las cosas muy distintas a vosotros”.

El reciente hallazgo de un guacamayo rojo herido y su posterior muerte conmocionó a la comunidad ambientalista de Corrientes.

Este ejemplar formaba parte de un proyecto fundamental para la reintroducción de la especie en la región. La alarma se encendió gracias a la tecnología de geolocalización instalada sobre el ave, lo que permitió a los rescatistas advertir de inmediato una situación anómala y acudir rápidamente hasta el sitio donde fue localizada.

El hecho fue confirmado por la División Policial Rural e Islas y Ambiente Rural (Priar), que tomó intervención tras la notificación enviada por la Fundación Rewilding Argentina. Según informó El Litoral, el guacamayo pertenecía a un plan de conservación impulsado en los alrededores de la localidad de Concepción. La institución ambiental relató que perdió contacto con el ave al detectar, a través del GPS, que había dejado de moverse abruptamente durante esa jornada.

El fatal desenlace expone nuevamente la vulnerabilidad de las especies reinsertadas en ámbitos rurales, a la vez que moviliza a las autoridades policiales y judiciales a identificar a los responsables del presunto ataque que originó la fractura y muerte del animal. La situación agrega preocupación dentro del proyecto de rewilding encarado por la fundación.

En la jornada del hallazgo, integrantes de Rewilding Argentina rastrearon la ubicación señalada por el dispositivo del guacamayo rojo llamado “Charrua”, cuyos movimientos se monitoreaban en tiempo real. Al arribar al área rural en las afueras de Concepción, una vecina manifestó que su marido había divisado al ave caída junto al camino, cuando recorría el lugar montando a caballo en busca de su ganado.

La alerta permitió que el equipo veterinario llegara a tiempo para examinar al animal, aunque las heridas resultaron incompatibles con la vida. El parte médico emitido tras la necropsia explicó que el guacamayo presentaba una fractura carpometacarpiana derecha expuesta, causada por un traumatismo de alta energía. La evaluación descartó por completo la posibilidad de ataque de otro animal, lo que orientó la pesquisa hacia una causa violenta externa.

El informe científico confeccionado a raíz de la intervención veterinaria fue incorporado formalmente en la causa y resultó clave para delimitar la mecánica del hecho.

La División Priar encabezó desde ese momento las labores de investigación, realizando entrevistas con pobladores cercanos al área del incidente. Un testimonio surgido durante esta fase del proceso resultó decisivo para el caso. Una mujer del barrio refirió que su hija, en horas de la siesta del lunes 29 de septiembre, había observado a un grupo de seis jóvenes, de entre 13 y 17 años, recorriendo el sector en motocicleta.

La información más relevante para los investigadores es la naturaleza de los elementos portados por los adolescentes: se mencionó específicamente la presencia de gomeras y al menos un rifle de aire comprimido. Testimonios adicionales recogidos por otros habitantes del lugar coincidieron en la presencia de los menores y la exhibición de armas en el mismo horario y zona próxima al lugar del hallazgo.

Las diligencias realizadas por la policía permiten afirmar, de acuerdo a las fuentes, que la lesión sufrida por el guacamayo rojo sería compatible con el impacto de un proyectil disparado desde un aire comprimido, propulsado a suficiente velocidad como para provocar una fractura expuesta. Todo indica, según la reconstrucción preliminar, que el disparo ocurrió cuando el ave sobrevolaba el área rural.

El equipo de investigación policial trabaja ahora en la identificación de los presuntos responsables del ataque. Se prevé la recopilación de imágenes de cámaras, testimonios ampliados y la búsqueda de pruebas materiales. Las averiguaciones buscan determinar la individualización y grado de participación de los menores señalados.

Por su parte, desde la Fundación Rewilding Argentina solicitaron que se fortalezca la conciencia social acerca de la presencia y el valor de estos animales en la provincia.

La División Policial Rural, Islas y Ambiente Rural mantiene activa la pesquisa y no descarta futuras imputaciones una vez se determine con mayor precisión la autoría del disparo que derivó en la muerte del ave. El caso permanece bajo supervisión de la Justicia provincial, que podría evaluar, según el resultado del expediente, eventuales sanciones penales o administrativas para los implicados.

Durante la instrucción del llamado ‘caso Errejón’, uno de los testigos declaró haber buscado información a través de Íñigo Errejón, preguntándole detalles sobre el desarrollo judicial del proceso tras conocer la denuncia presentada por la actriz Elisa Mouliaá. De acuerdo con Europa Press, este testigo admitió que envió un correo electrónico al exdiputado porque consideraba injusta la acusación; en sus palabras, llegó a consultar a Errejón acerca del “plan con el juicio” y sobre la información de lo que ocurría desde una perspectiva práctica. Sobre este contexto, el juez Adolfo Carretero ha convocado este jueves a todas las partes para cotejar estas comunicaciones telefónicas, con la intención de esclarecer el contenido completo de esas conversaciones clave y verificar las circunstancias en torno a los hechos denunciados.

Europa Press informó que esta cita responde a insistentes demandas de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada. Esta organización solicitó que se analicen minuciosamente los mensajes e interacciones entre Errejón y el testigo, en busca de posibles elementos de presión o influencia orientados a condicionar o modificar alguna versión de lo sucedido la noche de la fiesta. La acusación pidió la declaración formal de Errejón en calidad de investigado bajo el argumento de que resulta indispensable verificar si existieron directrices, indicaciones o sugerencias relevantes en la reconstrucción de los hechos.

En la comparecencia de junio anterior, Borja —así identificado el testigo en cuestión y uno de los organizadores de la fiesta en la que ocurrieron los hechos bajo investigación— explicó ante el magistrado que no apreció ninguna conducta anómala durante el encuentro. Aseguró que, de haberse producido una agresión como la denunciada, “lo habría visto”, afirmando no haber presenciado que Errejón tomara a Mouliaá del brazo en el pasillo. Además, señaló que en la vivienda donde tuvo lugar el encuentro social no existían pestillos en las puertas, dato que consideró relevante para la valoración de lo ocurrido.

El medio Europa Press expuso que, aunque el instructor del caso descartó en una de sus resoluciones más recientes imputar a la actriz Elisa Mouliaá por supuestamente ejercer presión sobre Soraya —otra de las organizadoras de la fiesta—, tampoco aceptó instar acciones penales contra el exdiputado por su contacto con Borja, pareja de la propia Soraya. En un auto, el juez subrayó que “fue Borja el que se puso en contacto” con Íñigo Errejón, descartando en ese momento la existencia de pruebas sobre amenazas, intimidaciones o instrucciones sobre cómo debía declarar el testigo. Concretamente, Carretero estableció: “Por lo que declaró (Borja) a este instructor, no consta tampoco que Errejón le amenazase e intimidase ni le dijese expresamente lo que tenía que testificar”.

Pese a las afirmaciones del magistrado, la acusación popular, según consignó Europa Press, insiste en profundizar el análisis de las conversaciones previas entre ambos, requiriendo un peritaje independiente que determine no solo la autenticidad de las grabaciones o mensajes, sino también el tono y el contexto de las frases utilizadas en esos intercambios. Buscan así descartar cualquier atisbo de intento por influir o presionar a uno de los testigos centrales del caso, lo que, según sus argumentos, podría incidir directamente en el curso de la investigación judicial.

Por otra parte, la jornada de hoy representa una instancia crucial en el proceso, ya que podrá aportar mayor claridad al debate entre las distintas versiones de los hechos aportadas por los protagonistas y testigos de la fiesta. Según el propio testimonio de Borja, recogido por Europa Press, la actriz Mouliaá no habría mostrado signos de afectación esa noche y, a juicio del organizador, no observó situaciones fuera de lo habitual. Esta valoración ha formado parte del corpus probatorio, pero no ha impedido que la acusación remarcara la necesidad de verificar si hubo algún tipo de conversación destinada a condicionar el relato ofrecido ante el magistrado.

Este proceso judicial, conocido como el ‘caso Errejón’, se originó a raíz de la denuncia presentada por Elisa Mouliaá, quien señaló al exdiputado de haberla agredido sexualmente durante una celebración privada. Tal como recogió Europa Press, la controversia se ha centrado no solo en los hechos relatados, sino también en la manera en que los testigos han formulado sus declaraciones y sus posibles contactos con el principal investigado, lo que llevó a la intervención de la Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada con el objetivo de salvaguardar la integridad del proceso.

En esta nueva fase, los involucrados han sido citados por el juez instructor a una sesión destinada al examen comparativo y técnico de los registros telefónicos correspondientes, un procedimiento que, según indicó Europa Press, no descarta ulteriores actuaciones dependiendo de los resultados que aporte el análisis solicitado por la acusación popular y aprobado para esta jornada. La verificación detallada de estos elementos de comunicación puede influir en la valoración global del testimonio de los participantes del proceso y en la dirección futura de la causa.

Han pasado más de 20 días del intento de magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay en medio de un mitin que estaba realizando la tarde del 7 de junio de 2025 en un parque del sector de Modelia, localidad de Font ibón, en Bogotá.

Las investigaciones avanzan y todos los días se van revelando detalles del momento y de los presuntos implicados.

El canal de YouTube, La Red Viral, registró el testimonio de Paula Acuña, una trabajadora de un salón de belleza de esa zona de la ciudad al que entró el precandidato presidencial, momentos antes del ataque para saludar a las personas y continuar con sus actividades políticas.

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En principio afirmó que fue una presencia extraña, pues muy poco se ve que actores políticos visiten el lugar: “A mí me pareció muy extraño porque normalmente, en Modelia, uno no ve precandidatos presidenciales haciendo campaña”.

Según Paula, fue una de las últimas personas con las que Uribe Turbay tuvo contacto, pues en ese momento de acuerdo a su relato, alcanzó a cruzar un par de palabras con él, a decirle que estaba al tanto de sus debates, incluso, expresó que “Él coge mi celular, abre la cámara, me abraza y se toma una foto conmigo”.

Es unfragmento de la conversación en La Red Viral ella hace el recuento de la visita de Miguel a otro tipo de establecimientos antes de posicionarse en un punto en el centro de toda la comunidad que lo estaba esperando para responder algunas preguntas.

Relato que me interesa en escuchar la conversación del funcionario, lo que decidió llegar San Lucas luego de haber terminado sus actividades dentro del establecimiento donde trabaja.

Aseguró que entre las preguntas que le hicieron fue cuestionado sobre el sector salud la inseguridad en el país y su aprobación o desaprobación sobre el portal legal de armas para los colombianos, pero en ese momento El Recuerdo qué más quedó en su memoria fue cuando él estaba hablando se tocó la cabeza y de inmediato el sicario que se fundó el arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades: “Yo lo que hago es acurrucarme y empezar a correr (...) yo lo único que pensaba, una bala perdida, porque yo no sabía de donde venían los disparos (...) yo estaba a menos de un metro de Miguel”.

Varias personas se lanzaron a auxiliar a Miguel, el precandidato víctima de atentado, tras el caos que desató el ataque en el barrio. De acuerdo con lo mencionado en el episodio, algunos de los presentes intentaron cargarlo y subirlo a una camioneta para trasladarlo rápidamente a un centro asistencial, mientras el ambiente se llenaba de confusión y gritos de angustia, mientras La joven recordó con claridad el momento en el que se escuchó: “Yo solo oigo ‘mataron a Miguel’”.

Según publicó La Red Viral, el material audiovisual más difundido, captado por la mujer testigo de la escena, muestra a Miguel sostenido por varias personas en el capó de un vehículo blanco mientras intentaban socorrerlo, fue uno de los más difundidos por las redes sociales la tarde de los hechos.

La autora del video relató que decidió grabar porque no había nadie más documentando lo sucedido en ese instante, y nunca imaginó que ese registro visual resultaría fundamental para dar a conocer el hecho.

Este material, tal como indicó, inicialmente fue enviado a su grupo familiar y, ya en casa, compartió la vivencia con sus seres queridos antes de quebrarse en llanto por la gravedad del ataque. Más tarde, su hermana le indicó: “el video que usted grabó está en todos los medios de comunicación”.

Las imágenes divulgadas muestran el momento exacto en que hombres y mujeres colaboran intentando salvar la vida del precandidato, intentando improvisar la atención inmediata mientras llegaban los servicios de emergencia.

Finalmente, la testigo que grabó el impactante video expresó públicamente sus deseos de recuperación para Miguel, y manifestó la esperanza de que los procedimientos médicos sean exitosos, permitiendo que el atentado quede como una huella de la violencia, mientras que la figura de Miguel se consolide como un símbolo de resiliencia frente a la adversidad.

Debido a que el atentado a Miguel Uribe Turbay se registró en medio de un evento de campaña en Modelía, localidad de Fontibón, cientos de ciudadanos fueron testigos del momento en el que un menor de edad le propinó tres disparos al precandidato presidencial.

Entre ellos, los más cercanos eran el edil de Fontibón Víctor Mosquera y el concejal de Bogotá Andrés Barrios, también vecinos del sector que estaban en primera fila para escuchar las propuestas de Uribe Turbay.

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Uno de ellos fue Hernando, como se presentó en La Red Viral un adulto mayor que fue una de las personas que asistió al senador tras los disparos, puesto que, en su testimonio, afirmó que el precandidato le cayó en los pies tras ser impactado en tres ocasiones.

En primer lugar, Hernando indicó que llegó al parque El Golfito porque fue invitado por el edil Mosquera y porque tenía la intención de escuchar el discurso de Uribe Turbay tras el encuentro que había tenido con los comerciantes.

En su testimonio, el adulto mayor reconoció haber visto al adolescente que le disparó al precandidato minutos antes del atentado, lo que le generó desconfianza porque sabía que no era alguien del barrio.

“Estábamos en el recorrido del precandidato, me llaman y me dicen que hay un encuentro en el parque, a mí me llamó la atención (el sicario) por el corte de cabello y porque estaba caminando de lado a lado, como si estuviera nervioso. Él llegó a pie, se retiró y luego volvió a aparecer”.

Hernando relató los minutos antes del atentado, recordó la conversación que tuvo el menor con una mujer, residente de la zona, y cómo se acercó al precandidato sin que sus escoltas lo impidieran.

“Habló con una señora, ella dice que le preguntó quién era el candidato y se metió, nadie, nadie le dijo nada. Yo estaba al lado del árbol, el doctor Uribe estaba en una canastilla y el tipo estaba poniendo cuidado”

Hernando reafirmó que él observó en repetidas ocasiones al sicario, por lo que lamentó no haber pedido que los escoltas reaccionaran o algo por ese estilo.

“Yo lo miré, me llamaba la atención de que no estaba quieto, él se retiraba y volvía. En el momento menos pensado sacó la pistola y dispara. Yo podría haber evitado esto, no sé qué me paso. Cuando se mandó la mano sacó el arma, fue cuestión de segundos”.

Sobre los momentos posteriores a los disparos, remarcó lo que describió como un error por parte del esquema de seguridad, que habrían olvidado preservar la integridad del precandidato.

“El precandidato se giró y todo mundo fue al piso, yo me quede de pie, me bloquee. Los escoltas en ningún momento favorecieron al precandidato, yo no soy militar, pero tengo entendido que lo primero es proteger la vida y ellos no la protegieron, ellos se botaron al piso. El precandidato cayó en mis pies”.

Hernando afirmó tener presente la imagen del senador Uribe Turbay en todo momento, puesto que habría caído a pocos centimetros del adulto mayor.

“Se puso la mano izquierda en el pecho, lo volteo a mirar y torció sus ojos. Me alcanzo a ver a los ojos un poco, me duele en el alma. Había mucha sangre, yo pensé que estaba muerto, yo no puedo dormir, tengo la imagen en todo momento”

Por último, el ciudadano describió el instante en el que Uribe Turbay perdió el conocimiento: “La mirada que hizo, para mí, fue de sálveme, la mirada fue ayúdeme, esa fue la mirada. A mí eso me tiene mal, no he logrado borrar eso”, puntualizó.

En la mañana del 10 de junio, se llevó a cabo la primera audiencia en contra del menor de edad que le disparó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en la que el joven no aceptó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Horas más tarde, en rueda de prensa, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que el menor será incluido en el Programa de Protección de Testigos, que en algunos casos incluye reubicación de su familia y cambio de nombre de las personas que puedan estar en riesgo.

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“Tenemos un primer avance que tiene que ver con la inclusión de su familia en el Programa de Protección de Víctimas, Testigos e Intervinientes en las actuaciones penales por parte de la Fiscalía General de la Nación”, declaró la fiscal Camargo.

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Rogelio Roldán analizó los escenarios posibles que podrían registrarse luego de la audiencia y la rueda de prensa mencionada.

En primer lugar, explicó que la decisión de no aceptar cargos por parte del menor abre la puerta a algún tipo de preacuerdo, recordando que por ser menor de edad no se habla de pena, sino un proceso en el que luego será reingresado a la sociedad.

“Esto puede obedecer a dos cosas. La primera, que se trate de una estrategia, ya que la jurisprudencia colombiana no ha sido pacífica, en el momento se puede registrar un preacuerdo dependiendo la etapa procesal, no hay que perder de vista que la ley, en la que la sanción, porque no se habla de pena, oscila de dos a ocho años”.

Además, Roldán explicó que uno de los factores de la defensa debe estar enfocado en el fallo que tuvo el Estado con el menor de edad, que, se expuso, hizo parte del programa Jóvenes en Paz.

“Es bueno analizar desde el lado de la defensa, algo que se puede lograr para dosificar es, que entre más temprano se acerquen los cargos, la sanción puede ser menor. Se entiende que el Estado de alguna manera falló en la protección del menor y permitió que se desviara del camino de la sociedad y empezara a delinquir. Ahora, se debe restablecer ese estatus de normalidad que deberían tener todos los menores”.

Sobre las declaraciones de la fiscal Camargo, indicó que se trata de un “criterio de oportunidad” que continuará siempre y cuando la información suministrada por el menor provoque la captura de los autores intelectuales del crimen.

“En el caso tal que el menor opte por colaborar, se estaría hablando de un criterio de oportunidad, en el que la fiscalía puede renunciar, suspender o interrumpir la acción penal, es decir, que no se continuaría con el proceso hasta que se cumplan los requisitos y que la información sea verás y lleve a resultados”.

Por último, Roldán anticipó que, en caso de que el menor entregue información relevante para esclarecer el crimen, lo más probable es que termine con el castigo menor, que es de dos años.

“La fiscalía puede renunciar a la persecución penal del menor, esto se traduce en que de alguna manera la fiscalía no va a continuar con las audiencias y juzgar la responsabilidad del menor; sin embargo, no se debe perder de vista que se busca algo pedagógico, no se puede dejar de lado ese interés por los niños y adolescentes cuando se habla de resocialización, pero no será la máxima, se podría partir de la mínima, que son dos años”.

Después del anuncio de Luz Adriana Camargo, la Fiscalía General de la Nación impuso medida de internación preventiva al menor, que será trasladado al búnker de la fiscalía.

Un amigo de la víctima es Carnatge, el hombre que murió presuntamente asesinado en una chabola que luego fue incendiada en 2022, ha recordado este jueves los temores que le había transmitido la víctima a que le pasara algo.

"Un día vendrán aquí por la noche, me matarán y tirarán una cerilla", ha afirmado en relación a los temores que le habría transmitido el fallecido, aunque sin referirse a una persona en concreto. "No era porque fuera vidente, sino porque sabía que estaba abocado a este final", ha añadido.

Ha sido en la cuarta sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma.

En su declaración, el hombre ha añadido que la víctima "dormía con un ojo abierto" y que aseguraba el espacio en el que dormía con una cadena, "aunque no diera seguridad absoluta", porque "tenía amigos que no lo parecían tanto".

"Tenía enemigos que le sacaban cosas para comer o querían favores sexuales", ha indicado.

En relación al sospechoso, para quien la fiscal Adela Jiménez-Villarejo reclama 20 años de cárcel por asesinato, el testigo ha asegurado que tenía cambios de carácter y que llegó a protagonizar algunos episodios de violencia. "Le llegó a romper algún cristal, pero luego le perdonada. Perdonaba a mucha gente que le había hecho grandes ofensas", ha relatado.

Otro amigo ha recordado que a pesar de su carácter abierto y de que le contaba las relaciones que mantenía, la víctima apenas le contó nada sobre su relación con el acusado. "Tenía temor a hablar de él. Había secretismo sobre su relación. Me hablaba de otras personas y de éste, nada", ha señalado.

"En voz baja me decía 'es mi marido, lo conocí en la cárcel", ha añadido, insistiendo en que había protagonizado algunos episodios violentos.

El hombre ha recordado que días antes de los hechos, le prestó 50 euros para butano. "Cuando me dijeron que se había quemado, pensaba que era imposible porque no tenía butano", ha concluido.

Los hechos se remontan a la madrugada del 25 de enero de 2022, momento en que se tuvo conocimiento de la muerte de un hombre en el interior de una chabola incendiada en es Carnatge (Palma).

Aunque inicialmente la muerte parecía haberse producido de forma accidental por la mala combustión de una estufa, tras confirmarse la muerte violenta la investigación culminó con la detención, en febrero de 2023, de un hombre de 32 años y origen español y que permanece desde entonces en prisión y para quien la fiscal pide 20 años de prisión por asesinato.

González Amador ha declarado como testigo hoy en el Tribunal Supremo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ante el juez ha declarado que no dio su consentimiento a su abogado para enviar el correo del 2 de febrero de 2024 en el que este reconocía a la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales, por el que se investiga al fiscal general.

En declaraciones a los medios en una visita a las obras de un nuevo centro de salud en Pozuelo, Díaz Ayuso ha indicado que lo que le “sorprende” de este asunto es “que los máximos representantes de todos los poderes del Estado estén tan interesados en la inspección fiscal de un particular, sea novio de quien sea”. EFE

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Según la UCO, Montes "podría haber sido contratada irregularmente" en la empresa pública LogiRail por "la influencia" del exministro Ábalos y con "la relevante colaboración" de Koldo García.

Claudia Montes no se personó ayer en el Supremo para declarar en el denominado caso Koldo porque no recibió formalmente la citación judicial para declarar al haber sido desahuciada, según informaron fuentes jurídicas.

Tras esa ausencia el juez ha dictado un auto en el que explica que la Comisaría especial del Supremo ha informado de que contactó telefónicamente con Montes, comunicándole verbalmente la citación y pidiéndole que designara una dirección de correo electrónico a la que pudiera serle remitida, pero la interesada se negó a facilitar ningún dato personal y manifestó que deseaba ser citada personalmente en su domicilio, que no facilitó.

Los agentes solicitaron la colaboración de la Policía Nacional de Gijón, donde Montes tendría su último domicilio conocido, pero al acudir al mismo no la encontraron, según los vecinos porque la mujer había sido desahuciada.

El auto indica que como "no se tiene plenamente la certeza de que la citación hubiera llegado de forma cumplida al conocimiento de doña Claudia Montes Martínez, y siendo desconocido su actual paradero", ahora procede comprobar si en el punto neutro judicial puede obtenerse un domicilio operativo.

En caso negativo acuerda que se libren los correspondientes oficios a las direcciones generales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y a la Policía Local de Gijón para que informe sobre cuál fue su último domicilio y cuál es su DNI, "al solo efecto de que se averigüe el domicilio actual" y pueda ser citada.

En el auto el magistrado instructor también ordena al presidente del Consejo de Administración de la empresa LogiRail SME SA que, en un máximo de 15 días, remita determinada información y documentación sobre la contratación de Claudia Montes.

Así solicita que se detalle el modo en que fue publicada la vacante que finalmente fue cubierta por Claudia Montes; el número de concursantes que optaron a la adjudicación de dicha plaza, y que se detalle en qué consistió el proceso selectivo, precisando si hubo alguna entrevista con los candidatos, y en particular con Montes.

También pide que aporte el contrato de trabajo finalmente suscrito, precisando la fecha de incorporación y cese en la empresa de dicha trabajadora.

Y que explique en qué consistían las actividades profesionales encomendadas a Claudia Montes durante su relación laboral con LogiRail, identificando a la persona que le encargaba los trabajos que debía realizar y a la que rindiera cuentas, así como quiénes eran sus jefes inmediatos. EFE

La víctima de una supuesta violación por sumisión química en Mahón en octubre de 2022 ha recordado este jueves que en el momento de los hechos sintió que "se le cerraban los ojos, que no veía bien, que estaba como desorbitada y que se sintió muy débil".

Ha sido en el juicio que se celebra este jueves en la Audiencia Provincial contra el hombre acusado de agredir sexualmente a una menor por sumisión química y que será interrogado en último lugar tras pedirlo así su defensa.

La vista ha comenzado de este modo con la declaración por videoconferencia de la víctima, que en aquel momento tenía 17 años y que ha recordado que el día de los hechos estaba celebrando un cumpleaños con unas amigas en el momento en el que apareció el acusado, a quien ya conocía porque era amigo de su madre, y que en algunos momentos se llevaba el vaso del que ella estaba bebiendo.

"Recuerdo un par de veces ver como si quisiera beber del vaso", ha indicado, antes de añadir que fue entonces cuando en un momento dado sintió "que se le cerraban los ojos, que no veía bien, que estaba desorbitada y que se sentía muy débil".

Después, ha explicado que él se ofreció a acompañarla al centro de menores en el que vivía y que más tarde se encontró en la vivienda del procesado. "Recuerdo sentir impotencia enorme de no poder defenderme", ha relatado

A preguntas de la defensa, sin embargo, ha admitido que no recuerda nítidamente el momento de ser despojada de su ropa ni sentir haber sido penetrada, aunque llegó a esa conclusión por la situación en la que se encontró después, "agarrada por la cintura, mojada de cintura para abajo y sin ropa", relatado.

En varios momentos del interrogatorio de la defensa, la chica ha señalado que ha sufrido pérdidas de memoria y que los recuerdos de los hechos le llegan a través de 'flashbacks'. Sobre esto, ha añadido que no recordaba que en la supuesta agresión sexual hubiera participado una tercera persona e incluso la posibilidad de que hubiera sido grabada. La chica ha asegurado que terceras personas le dijeron que circulaba un vídeo de los hechos.

Un testigo, sin embargo, ha asegurado que hizo un trío con el acusado y la denunciante a propuesta de ella. A preguntas de la defensa del procesado, este hombre, de unos 20 años, ha asegurado que las relaciones sexuales entre el acusado y la chica fueron consentidas y que a él le practicó sexo oral porque no quería penetrarla.

El testigo ha dicho que no percibió en la chica efectos del consumo del alcohol y ha asegurado que sólo estuvieron fumando porros.

La mujer, que antes se había referido a dos episodios de comentarios sexuales del hombre hacia ella, ha explicado que primero le contó el episodio a una compañera del centro y que, un par de días después, se lo revela a su madre al encontrarse con ella una noche junto al presunto agresor. "Pegó un grito desolador y se fue tras él", ha recordado que fue la reacción de su progenitora.

En otro momento la vista, la coordinadora del centro menorquín en el que estuvo la víctima ha dicho que el acusado era conocido por ir siempre con menores que "su nombre salió" en una causa anterior con menores. También ha recordado que el registro del centro no refleja que la chica regresara al centro bajo los efectos de haber consumido alcohol o drogas.

DIEZ AÑOS DE PRISIÓN

La Fiscalía pide para el acusado diez años de cárcel por unos hechos que se remontan a octubre de 2022 cuando, según el escrito de acusación, el procesado estuvo con la víctima y le puso algún tipo de sustancia en la bebida sin su consentimiento.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicita imponer al acusado la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, así como una indemnización de 6.000 euros.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que comparece este miércoles como testigo en el Tribunal Supremo, "no dice la verdad ni obligado".

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la declaración como testigo de Rodríguez en la causa donde se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos sobre Alberto González, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Sería deseable que dijera la verdad. Tengo mis dudas, porque creo que este señor no dice la verdad ni obligado, pero hoy está obligado", ha indicado la portavoz del Ejecutivo.

Alegría ha señalado que "ojalá la verdad, tomando sus palabras, vaya 'pa'lante'", antes de añadir que, "conociendo un poco el historial" del asesor de Ayuso, "que a veces no es capaz de no decir ni la verdad obligado, vaya, declare y haga lo que tiene que hacer cualquier ciudadano" ante una llamada de la Justicia.

El 21 de febrero de 2025, la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de Víctor Alfonso Forero Cortes y Juan Carlos López Linares, que hicieron parte de la investigación por lavado de activos contra el hijo del presidente de la República Nicolás Petro, por presuntas injerencias para cambiar versiones de testigos del caso.

Los capturados están siendo procesados por delitos de falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y favorecimiento. Sus intenciones, al parecer, eran alterar las declaraciones que involucraran a Francisco Javier Martínez, alias Pacho malo, con algún tipo de actividad relacionada con narcotráfico.

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“Estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías para legalizar los procedimientos de captura, e imputarles los delitos de falsedad ideológica en documento público; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, y favorecimiento”, publicó la Fiscalía en un comunicado.

Luego de varias semanas de proceso legal, la defensa de los dos capturados presentó en la audiencia de medida de aseguramiento el testimonio de un testigo clave que podría desestimar el caso en su contra.

Según las declaraciones del Fiscal, Forero y López estaban actuando bajo sus órdenes y no por voluntad propia, tal y como lo había planteado la Fiscalía en un primer momento.

“Un programa metodológico, que era un caso de un investigador y del que los señores directivos del nivel central tomaron seguimiento, [por lo cual] se designan unos investigadores. Cuando son casos de connotación, casos relevantes, nosotros pedimos apoyo al nivel central y así fue que se designó a dos investigadores, Víctor Forero y el señor Juan Carlos López, a quienes les di órdenes de policía judicial”, señaló el fiscal que entrevistó la defensa.

El testigo estrella también explicó que los investigadores fueron contactados por él para realizar la identificación fotográfica de un sujeto que había participado en un secuestro.

“Se toma contacto con los dos investigadores para revisar el reconocimiento fotográfico respecto de ese otro sujeto que había participado en el secuestro, llamó al señor Víctor para ver si le daba las órdenes policía judicial a él y ellos me dijeron que no porque la actividad investigativa terminó y continuó con los investigadores del CTI que están asignados al Cauca”, dijo el fiscal y testigo.

Su testimonio va en contravía de la versión entregada por la Fiscalía en la que aseguró que los miembros del CTI aprovecharon su poder y puesto en la investigación para afectar la investigación que adelantaban en Buenaventura para beneficiar a los involucrados.

A lo largo de su intervención también presentó material probatorio con el que soportó que los investigadores no estaban realizando laborales propias, sino que estaban cumpliendo órdenes promulgadas por el mismo órgano de control, con el fin de ayudar a la investigación que el funcionario del CTI adelantaba sobre el narcotráfico en Buenaaventura.

En ese sentido, el abogado Juan Felipe Criollo, defensor de los investigadores, señaló que las acusaciones contra sus clientes son contrarias a la verdad, ya que solo estaban cumpliendo órdenes.

“Dio apoyo y es él quien da las órdenes al señor Juan Camilo López, no es que ellos, los investigadores, como se ha querido vender, son un todopoderoso en la Fiscalía, sino que fue a solicitud del fiscal, por orden del fiscal. Entonces, las inspecciones realizadas por Juan Camilo López no se hicieron por voluntad o por intromisión infundada por ellos”, dijo.

Incluso, señaló que con las declaraciones del testigo pueden evidenciar que los dos funcionarios no continuaron con sus tareas, luego de que se conociera que la comisión había terminado y, en ese sentido, no podían adelantar labores de investigación en ese proceso.

Asunción, 17 nov (EFE).- Un integrante de la Patrulla Caminera de Paraguay murió por un ataque a tiros por parte de desconocidos contra un puesto de control en la localidad de Hernandarias (sureste), en el departamento de Alto Paraná, informaron este domingo fuentes de la institución.

El agente, identificado como Darío Alberto Delgado, de 53 años, fue alcanzado en la noche del sábado por disparos procedentes de una motocicleta desde la cual abrieron fuego de forma indiscriminada contra la oficina local de la Policía Caminera.

Fue trasladado hasta un hospital local, donde se informó de su deceso. Versiones periodísticas indican que recibió disparos en el pecho y a un costado.

El inspector Hernán González, agente de la Patrulla Caminera y testigo del hecho, relató al canal Telefuturo que el ataque se produjo mientras ambos permanecían en la oficina "haciendo papeleos".

"Yo estaba en un escritorio y él en el otro lado y de repente nomás sonaron los disparos, varios disparos", refirió González, quien aseguró que, después de las detonaciones, escucharon a una motocicleta acelerar.

El uniformado indicó que su compañero, que había sido trasladado hace 22 días a ese lugar, no había advertido de alguna amenaza, por lo que consideró que se trató de un ataque intimidatorio. EFE

Madrid, 5 nov (EFE).- El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha citado a declarar el martes 12 de noviembre al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón como investigado por un supuesto delito de agresión sexual denunciado por la actriz Elisa Mouliaá.

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez ha citado a Mouliaá este jueves 7 de noviembre en calidad de testigo. EFE

Girona, 24 oct (EFE).- El jurado popular ha declarado culpable al transportista acusado de asesinar a un compañero y herir a otro el 16 de octubre de 2021 en el aparcamiento de una gasolinera de La Jonquera (Girona).

Los nueve miembros del tribunal popular, que se han encerrado a deliberar este mediodía tras recibir el objeto del veredicto, han necesitado pocas horas para considerar culpable por unanimidad de todos los delitos de los que estaba acusado el procesado Adrián C. B., de 31 años, de nacionalidad rumana

El jurado no ha apreciado ni la eximente incompleta de legítima defensa, ni la atenuante muy cualificada de embriaguez, como solicitaba su defensa, ejercida por el letrado Carles Monguilod.

Así, han considerado probado que días antes de los hechos, el procesado había acosado a través de las redes sociales a una transportista con la que también coincidió el 16 de octubre de 2021 en el aparcamiento de una gasolinera de La Jonquera, junto a las dos víctimas y otros transportistas.

El día de los hechos tuvo lugar un primer enfrentamiento con las víctimas y, posteriormente, el jurado considera probado que el acusado, a través de las redes sociales, lanzó mensajes amenazantes.

En un segundo encuentro, el transportista atacó de forma sorpresiva a las víctimas que no pudieron defenderse, por lo que el jurado aprecia la existencia de un delito de asesinato.

El tribunal popular ha dado también gran valor a la declaración de un testigo directo, que no tenía relación ni con el acusado ni con las víctimas, y que relató los hechos igual que el camionero que resultó herido.

En base al veredicto del jurado popular que ha recogido la tesis del Fiscal, éste ha mantenido la petición de 28 años y medio de prisión por un delito de asesinato, otro de intento de asesinato, con la atenuante de embriaguez, y un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol.

También solicita 5 años en libertad vigilada, que le prohíban conducir durante 2 años y 5 meses y, en materia de responsabilidad civil, pide que indemnice a la hija de la víctima con 200.000 euros, a la mujer con 120.000 y a la empresa para la que trabajaba con 7.066 euros.

Por su parte el letrado de la defensa, Carles Monguilod, que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, ha solicitado la pena mínima por el asesinato, 15 años, y la pena mínima por el intento de asesinato, 5 años.

El jurado no se ha mostrado favorable a que en caso de cumplirse los requisitos legales se suspenda la ejecución de la condena, ni que se conceda el indulto. EFE

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