La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y la Cámara de la Construcción de Venezuela (CVC) proponen que el proceso de reconstrucción tras los devastadores terremotos del 24 de junio, se apoye principalmente en los insumos producidos por los empresarios nacionales.

Industriales y constructores locales plantean “producir primero en Venezuela”, partiendo del principio de que son quienes “cuentan con la capacidad operativa, experiencia en el negocio, canales de distribución y calidad de servicio” para avanzar con la recuperación de las zonas afectadas por el doblete sísmico.

Los representantes de Conindustria y la CVC expusieron esta idea en una reunión con la coordinadora de Finanzas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Tomiris Useche. “Los recursos que se utilicen en esta fase deben basarse en una lógica irrenunciable: darle preponderancia y preferencia a la producción nacional, que es de donde debe salir la mayoría de lo necesario para reconstruir nuestro país”, enfatizó Lawrence Dow, segundo vicepresidente del gremio de los constructores.

El Banco Mundial (BM) calcula que el cataclismo dejó daños materiales por el orden de los 19 mil 600 millones de dólares.

“Con los niveles actuales de inversión pública y privada, la reconstrucción requeriría, en gran medida, redirigir recursos de otros proyectos de inversión. En este escenario, la reconstrucción permanecería incompleta durante un horizonte de diez años, con efectos negativos duraderos sobre la actividad económica. En contraste, un esfuerzo de reconstrucción más acelerado, respaldado por una mayor inversión pública y privada, mitigaría el impacto económico y social de los terremotos”, subraya el análisis del BM.

Rápido

Conindustria y CVC afirman que en el país existen “más de 200 leyes restrictivas” que obstaculizan el flujo de inversiones para la reconstrucción. “Ante la inviabilidad de reformar individualmente” cada uno de esos textos, sugieren aprobar “una normativa transitoria que sea un ‘puente’ entre la legislación existente y la deseada”.

Ese “puente” serviría para “destrabar la economía, con estímulos fiscales y parafiscales, simplificando trámites administrativos, flexibilizando el acceso al crédito de las empresas y que también facilite a los ciudadanos adquirir o alquilar viviendas en corto plazo y con condiciones favorables para las partes”.

Los empresarios advierten que “sin un marco legal ajustado a las dimensiones de la tragedia, la recuperación no logrará materializarse oportunamente”, al tiempo que también destacaron la necesidad de alcanzar la “reinstitucionalización del país” con el fin de “superar los múltiples obstáculos que hoy continúan frenando el crecimiento sostenido del sector industrial”.

Las cifras oficiales de Venezuela sitúan en más de 6.000 los muertos por los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio, pero el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez mantiene un silencio calculado sobre cuántas personas continúan desaparecidas. Mes y medio después de la catástrofe, nadie en el país sabe con certeza cuántos venezolanos siguen sepultados bajo los escombros.

El último informe gubernamental, difundido el lunes, contabilizó 6.125 fallecidos y 60.992 personas atendidas por servicios médicos desde el desastre. El documento añadió que 43.679 hogares resultaron afectados y que se retiraron 346.755 toneladas de escombros en las zonas más golpeadas, principalmente el estado La Guaira. En ningún momento el texto oficial mencionó una cifra de desaparecidos.

En Caraballeda, en la costa de La Guaira, decenas de voluntarios continúan cavando manualmente entre los edificios colapsados. Víctor Morales, carpintero de 50 años, busca desde el primer día a su nieto de 11 años, después de haber recuperado ya el cuerpo de su nieta de 13. “Vamos a seguir. Es mi nieto”, dijo entre lágrimas a la agencia France-Presse. “Llevamos aquí desde el primer día, cavando hasta la planta baja. Hasta que no lo encuentre, no voy a parar.”

Las estimaciones sobre el número de desaparecidos varían de forma extrema según la fuente. El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, calculó en los días posteriores al sismo que más de 50.000 personas seguían sin localizarse, una cifra que calificó de “terroríficamente plausible” y que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) llegó a respaldar junto con el Comité Internacional de Rescate. Una fuente diplomática consultada por AFP relativizó ese número y situó la cifra real “en torno a 10.000 o más”, aunque reconoció que “es imposible saberlo con exactitud”.

A esa incertidumbre contribuye la falta de un censo poblacional actualizado en Venezuela, cuyo último recuento data de 2011. Las sucesivas crisis económicas y políticas del país impidieron levantar uno nuevo, lo que se suma a la reticencia habitual del Gobierno a difundir estadísticas demográficas o económicas, que solo publica en momentos que considera oportunos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, ofreció el 30 de junio una reconstrucción parcial: dijo que 30.000 personas se encontraban en la zona del desastre cuando ocurrieron los sismos, de las cuales 19.000 habían sido evacuadas o rescatadas, mientras la cifra de muertos rondaba entonces los 2.000. La resta deja unas 9.000 personas sin explicación oficial. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, ofreció el 3 de agosto un dato muy distinto, basado en un registro vecinal: 1.579 desaparecidos.

Ante el vacío informativo oficial, ciudadanos venezolanos crearon plataformas digitales para intentar localizar a las víctimas, aunque sus resultados también son dispares. El sitio Venezuela Te Busca reportó inicialmente 44.274 personas desaparecidas, de las que 17.790 seguían sin aparecer. La plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela elevó la cifra a 44.418 personas, con 29.518 catalogadas como “incontactables”. Venezuelareports.org, por su parte, contabilizó 41.311 desaparecidos. La fuente diplomática citada por AFP resumió el problema: “No hay cifras fiables”.

El terremoto, el más potente registrado en Venezuela en más de un siglo, revive el fantasma de la tragedia de Vargas de 1999, cuando un alud de lodo provocado por lluvias torrenciales dejó unos 15.000 muertos o desaparecidos en la misma región costera y el Gobierno de entonces nunca ofreció un balance oficial. Investigadores de la Universidad Central de Venezuela documentaron pérdidas superiores a los 3.500 millones de dólares y la destrucción de más de 15.000 viviendas en aquel desastre.

Esteban Chala, voluntario argentino de rescate con años de experiencia en catástrofes, explicó a AFP que la situación no es inédita: “En desastres de esta magnitud, siempre ocurre que algunas personas no se encuentran y permanecen desaparecidas”. Fernando Bencomo, policía de 50 años, encendió un cigarrillo mientras un equipo especializado retiraba de las ruinas el cuerpo irreconocible de su hijo Fernando Antonio, estudiante de 21 años, junto con el de su perro. Localizarlo tomó 40 días. “Tenía toda la vida por delante”, dijo a AFP. “Desde el primer día he estado aquí buscando. No quería parar hasta que pudiera descansar en paz.”

Con cada cuerpo recuperado, la lista de desaparecidos se reduce en una persona, pero el balance de muertos sigue creciendo. Mientras el Gobierno venezolano evite publicar una cifra oficial de personas sin localizar, la magnitud real de la tragedia de junio permanecerá, como sus víctimas, bajo los escombros.

Propietarios de edificios afectados por el doblete sísmico en el estado La Guaira, declarado zona de desastre, solicitan al gobierno interino de Delcy Rodríguez la aprobación de un marco regulatorio especial para los condominios, con el fin de suspender inmediatamente los cobros ordinarios y ejecuciones en los urbanismos que presentan daños severos.

“La anarquía de las juntas de condominio agrava la tragedia de los damnificados”, señala el vocero de un grupo de vecinos que prefiere resguardar su identidad. Destaca que sobrevivientes de los terremotos que el 24 de junio golpearon la región centro-norte de Venezuela, no solo deben enfrentar el duelo por la pérdida parcial o total de su patrimonio, sino que también tienen que lidiar con el “acoso sistemático” de algunas juntas de condominio.

“Lejos de mostrar empatía o solidaridad ante una catástrofe natural, varias juntas han desatado una campaña de presión agresiva para exigir pagos de cuotas ordinarias, gastos comunes y presuntas deudas acumuladas previas y posteriores” al cataclismo que destruyó decenas de torres residenciales en el litoral central venezolano.

Sin razón

La fuente cuestiona que “exigen pagos de mantenimiento para áreas comunes que ya no existen, no pueden usarse o pertenecen a edificios condenados a la demolición”. Además, rechaza que “pretendan obligar a los copropietarios a financiar estudios técnicos e inspecciones privadas por cuenta propia, sin consenso en asambleas válidas ni regulación”.

Destaca el comportamiento de las “juntas de condominio éticas, que decidieron congelar cuentas y cuotas a la espera de un marco regulatorio oficial”, en contraste con aquellas que actúan “con absoluta arbitrariedad”.

“Resulta insólito e inhumano que a una persona que no puede entrar a su casa porque el edificio se va a caer, o que vio su apartamento colapsar, se le pretenda cobrar como si viviera en un condominio plenamente funcional”, observa.

El denunciante sostiene que las juntas de condominio que proceden de esta manera están violando las leyes venezolanas y recuerda: “La cuota de condominio existe para sufragar la conservación de bienes compartidos. Si el bien no es habitable ni requiere mantenimiento ordinario, el cobro carece de causa legal”.

Después de un terremoto de gran magnitud, una de las principales dificultades para las autoridades es conocer con rapidez cuáles son las zonas más afectadas y dónde se requiere una intervención inmediata. La interrupción de las comunicaciones, los daños en las vías de acceso y la falta de reportes directos pueden retrasar la distribución de equipos, maquinaria y ayuda humanitaria.

Ante este escenario, el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) desarrolló SEIDAS, un sistema experto capaz de estimar los daños ocasionados por terremotos y tsunamis, generando información científica para apoyar la toma de decisiones durante una emergencia.

Según informó Andina Noticias, la plataforma permite identificar las zonas con mayor probabilidad de afectación, calcular posibles daños en edificaciones e infraestructura y representar áreas que podrían quedar expuestas a inundaciones por tsunami. Su objetivo es ofrecer una primera evaluación del impacto mientras se esperan los informes recopilados directamente en el territorio.

SEIDAS analiza infraestructura y zonas vulnerables

El funcionamiento de SEIDAS se basa en el procesamiento de registros sísmicos, información proveniente de sensores, bases de datos urbanas, características del territorio y modelos de simulación. Con estos elementos, el sistema genera estimaciones sobre la distribución probable de los daños después de un evento sísmico.

La herramienta puede evaluar posibles afectaciones en viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas, puentes, carreteras, reservorios, redes de agua y desagüe, entre otros componentes de la infraestructura urbana.

Además, permite simular las zonas que podrían verse afectadas por un tsunami, información que puede ser utilizada por las instituciones encargadas de la gestión del riesgo de desastres para establecer prioridades y dirigir recursos hacia los sectores más comprometidos.

Sistema brinda información inicial para la respuesta

El CISMID-UNI precisó que los resultados de SEIDAS no reemplazan las evaluaciones realizadas por especialistas en campo ni representan cifras definitivas de daños. La plataforma funciona como una estimación inicial basada en información científica que permite acelerar la planificación durante las primeras horas de una emergencia.

El ingeniero Christian Choque, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), destacó el potencial de esta tecnología para mejorar la respuesta ante eventos de gran magnitud.

“Buscamos tener información de primera mano sustentada en información científica para una adecuada toma de decisiones. Hemos visto la potencialidad del sistema y esperamos que se extienda a otras zonas vulnerables del país”, señaló, según declaraciones recogidas por Andina Noticias.

Primera aplicación se realizó en Lima Sur

La versión actual de SEIDAS fue implementada en una zona de estudio de Lima Sur, un sector considerado vulnerable ante un terremoto de gran magnitud y, en sus áreas cercanas al litoral, ante un eventual tsunami.

El área analizada comprende principalmente el distrito de Chorrillos, además de sectores de Villa El Salvador, Barranco, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Para desarrollar el sistema fue necesario recopilar información detallada sobre suelos, edificaciones, infraestructura, redes de servicios y zonas expuestas a inundación.

Uno de los principales ensayos de la plataforma ocurrió durante el Simulacro Nacional Multipeligro del 29 de mayo de 2026, cuando SEIDAS fue utilizado en el puesto de comando del Indeci instalado en Chorrillos ante un escenario simulado de terremoto de magnitud 8.8 seguido de tsunami.

Proyecto Perú-Japón busca ampliar la tecnología

SEIDAS forma parte del proyecto SATREPS 2021-2026, una iniciativa de cooperación científica entre Perú y Japón desarrollada por el CISMID de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI y universidades japonesas, bajo el liderazgo de la Universidad de Tokio.

Durante cinco años, investigadores de ambos países trabajaron en monitoreo sísmico, análisis del comportamiento del suelo, vulnerabilidad de edificaciones, simulación de tsunamis y desarrollo de herramientas tecnológicas para la gestión del riesgo de desastres.

La continuidad del sistema dependerá de la actualización permanente de sus bases de datos, la coordinación entre instituciones públicas y académicas, y la incorporación progresiva de nuevas zonas de estudio. La experiencia desarrollada en Lima Sur representa una primera etapa para ampliar el uso de información científica en la preparación y respuesta ante futuros terremotos y tsunamis en el país.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) exigió al gobierno interino de Delcy Rodríguez que publique “información detallada y suficiente, útil para la planificación, la cooperación público-privada, la colaboración nacional e internacional, la transparencia y la mutua rendición de cuentas”, con el fin de avanzar en el proceso de reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio.

“Actualmente, información necesaria para fomentar oportunidades de producción, financiamiento, inversión y consumo y para orientar, organizar y evaluar políticas públicas en distintas regiones del país no está disponible”, cuestiona a través de un comunicado.

Recuerda que desde 2014, el régimen chavista interrumpió la difusión “completa y detallada de las cuentas nacionales, la balanza de pagos, la posición de inversión internacional, las cuentas fiscales, los censos de población, vivienda e industria, las encuestas de hogares, los boletines epidemiológicos y las estadísticas de órganos y entes públicos que aportaban información sobre sus actividades y resultados”.

La institución subraya que “el mejor diseño de Estrategias de Recuperación tras los terremotos del 24 de junio requiere de información suficiente para movilizar recursos de modo eficiente y transparente”.

El manejo de los fondos públicos es un misterio que solo se agrava. Se sabe que dinero proveniente de la venta de crudo venezolano está siendo depositado en una cuenta que maneja el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, nadie ha precisado la cantidad ingresada ni la administrada por el régimen chavista.

Como una medida para revertir la opacidad instalada desde hace décadas, Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento de una página llamada Transparencia Soberana, donde supuestamente se mostraría el manejo de los fondos de Protección Social y de Infraestructura Nacional.

El sitio solo tiene un registro de 300 millones de dólares que se publicó el 13 de marzo, sin ofrecer mayores detalles sobre el destino de ese monto.

Deuda

En Venezuela, “los presupuestos nacionales, sus exposiciones de motivos, sus implicaciones estadales y municipales, los planes plurianuales y las leyes de endeudamiento dejaron de publicarse a partir de 2016”, subraya la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB.

“Las Estrategias de Recuperación Post-Desastre no deben depender exclusivamente de fondos constituidos por donaciones y liquidación de activos, porque el origen y duración de sus recursos no bastarán para asegurar ni visión de conjunto ni continuidad en la atención de múltiples implicaciones futuras de los terremotos, en un país que ya sufría severos problemas económicos, políticos y sociales”, enfatiza.

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCAB apunta que “disponer de información oportuna, desagregada y consolidada contribuirá a crear condiciones para el desarrollo de diversas iniciativas sustentables, que ofrezcan asistencia inmediata y seguridad a las víctimas al mismo tiempo que promuevan nuevas posibilidades de recuperación en democracia”.

Una secuencia sísmica activada en el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa mantiene enalerta a Guatemala, donde se han registrado cientos de movimientos telúricos en las últimas semanas, según datos oficiales del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

El jefe del departamento sísmico del Insivumeh, Diego Castro, detalló en conferencia de prensa que la secuencia sísmica permanece activa en el Océano Pacífico, Sacatepéquez y Jutiapa, regiones donde se han sentido la mayor parte de los movimientos recientes.

Sostuvo que desde el 17 de julio hasta el 25 de julio, se acumularon 478 sismos en la región activa del Pacífico, con magnitudes entre 7.4 (el principal) y 2.5. En total, 34 de estos eventos fueron sensibles para los residentes.

Mientras que la secretaria Ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes Cruz, explicó que Guatemala experimenta actividad sísmica constante por su ubicación en una zona de subducción entre las placas de Cocos y del Caribe.

Zonas más afectadas y cifras recientes

De acuerdo con un informes del Insivumeh, Guatemala reportó 173 sismos en solo 24 horas tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el 17 de julio de 2026.

De ese total, 35 movimientos fueron percibidos por la población. Desde entonces, la Fosa Mesoamericana y las costas del Pacífico han registrado numerosos eventos, algunos de ellos sensibles para los habitantes de Escuintla, Mixco y Amatitlán.

A lo largo de 2026, los registros oficiales indican 4,763 sismos en el territorio guatemalteco, de los cuales 38 han sido sensibles en el Océano Pacífico, 61 en Sacatepéquez y 106 en Jutiapa.

El balance anual, confirma la persistencia de la actividad sísmica en distintas zonas y la vigilancia constante de las autoridades.

Motivos de la actividad sísmica

Durante la rueda de prensa, Ogaldes Cruz subrayó que “los sismos son parte de la realidad de Guatemala” debido a su localización geográfica.

Castro señaló que, tras el sismo del 17 de julio, la secuencia de réplicas y nuevos eventos se ha concentrado en los mismos sectores por la interacción de las placas tectónicas.

La Fosa Mesoamericana fue identificada como uno de los sectores más activos del continente, y los movimientos han tenido epicentro principalmente en el Pacífico, cerca de la frontera con México.

Seguirá temblando

Ogaldes Cruz recomendó contar con un Plan Familiar de Respuesta, que incluya una mochila de 72 horas y rutas de evacuación.

“Los sismos van a seguir ocurriendo”, afirmó, y aseguró que la institución está preparada para coordinar la respuesta ante cualquier emergencia. No obstante, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales tras los eventos principales ni durante las réplicas.

El monitoreo y la prevención continúan siendo la prioridad, mientras la secuencia sísmica sigue activa en varias regiones de Guatemala.

Para prevenir desastres durante un temblor, las autoridades guatemaltecas recomiendan:

• Mantener la calma
• Identificar zonas seguras
• Tener lista la Mochila de las 72 horas
• Conocer las rutas de evacuación
• Participación en simulacros
• Alejarse de las ventanas y objetos que puedan caer
• Agacharse y cubrirse en un espacio seguro como una mesa
• Prepararse ante posibles réplicas

La psicóloga clínica María Elisa Castillo tiene muchas historias que contar por estos días. Pero admite que hay una que le inquietó hondamente. “Fue una conversación muy dura con un adulto mayor”, recuerda.

El hombre había perdido a su esposa y sus seis hijos por los terremotos en el estado La Guaira y mientras trataba de encontrar los restos del último de la prole, espetó: “Una vez lo consiga, ya no tendré más razones para vivir”.

“Nos preocupa mucho el tema de la ideación suicida que tenemos en algunos sobrevivientes”, admite Castillo, directora del Centro de Desarrollo y Asesoramiento Humano (CADH) de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas (UCAB).

Tras el doblete sísmico que el miércoles 24 de junio golpeó la región centro-norte de Venezuela y que hasta la fecha ha dejado un saldo oficial de 5.546 muertos, el equipo de la UCAB se desplegó para brindar atención psicológica a personas tanto fuera como dentro del campus.

Aunque tienen previsto profundizar en las investigaciones durante el mes de septiembre, ya saltan algunos datos que obligan a encender las alarmas. “En este momento identificamos una ideación suicida en el 36% de los sobrevivientes que nos han consultado”, apunta Castillo, quien precisa que el porcentaje cae a alrededor de 16% cuando se toma en cuenta a los que presentan el riesgo más alto. Sobre un universo de 8 mil, representa unas 1.280 personas.

Para atender a los afectados, la profesora explica que buscan fortalecer la atención, prevención y los “factores protectores”, procurando espacios para la expresión y regulación. Igualmente, resalta la importancia de apuntalar el entramado social que sirve de apoyo y que los sobrevivientes tengan la posibilidad de llevar adelante los rituales mortuorios de sus parientes, así no hallen los cuerpos de sus seres queridos.

Despertando

Castillo indica que pasado un mes del doblete sísmico, “empiezan a emerger los duelos”.

Relata que tres semanas después de la catástrofe, visitaron una plaza en La Guaira, declarada zona de desastre, donde se habían instalado 81 familias. Cuando le preguntaron a la señora que lideraba el campamento qué insumos requerían, la señora respondió: “Ahora es que me estoy dando cuenta de que no tengo casa y no sé cómo voy a reconstruir mi vida”.

La experta señala que en esta etapa aflora “una mayor conciencia de la pérdida”, situación que irá en aumento en los próximos días, sumado a la angustia ante la incertidumbre que lleva a pensar cómo podrán levantarse de esta tragedia.

Cada quien carga con su pena. Una muchacha que quedó sin madre, sin hogar y sin piernas recibe un acompañamiento especial en estas horas. Los estudiantes que quieren continuar con sus carreras para honrar el sacrificio de sus familias, pero no tiene la capacidad de concentrarse en sus tareas.

Los voluntarios que a pesar de lidiar con sus propios dolores, sienten que tienen la obligación de continuar apoyando. Y “la culpa del sobreviviente”, al que constantemente le asalta una interrogante: “¿Por qué yo sigo vivo y otros no?“.

También ha habido alguna luz en medio de la oscuridad. Castillo reconoce la labor de la Diócesis de La Guaira para conectar con afectados por los terremotos. “Llegamos a comunidades que se organizaron de manera increíble para distribuir responsabilidades”, destaca.

El tiempo impone el retorno a la rutina. Mas ya nada será igual. La profesora subraya como objetivo el fortalecimiento de las redes comunitarias y promover un “bien” tan necesario como escaso en la sociedad venezolana: La confianza entre los mismos ciudadanos y con respecto a las instituciones.

La casa de Hirosuke Shimada salió prácticamente ilesa del terremoto de esta semana en el suroeste de Japón, pero el violento temblor dejó a él, a su esposa y a sus tres hijas demasiado asustados para dormir dentro, lo que los obligó a vivir en una tienda de campaña en el patio delantero.

Al otro lado de la ciudad, el carpintero Makoto Sawatari observaba el yeso desmoronado, las tejas rotas y las ventanas agrietadas, preguntándose cuánto costaría reconstruir su casa en la ciudad costera de Yatsushiro, una década después de que otro gran terremoto la dañara.

El terremoto de magnitud 7,1 del martes se cobró al menos 25 vidas, pero para miles de supervivientes, especialmente para aquellos que viven cerca del epicentro en lugares como Yatsushiro, las secuelas psicológicas y económicas perdurarán mucho después del desastre inicial.

“Era una sensación de ‘otra vez no’”, dijo Sawatari, de 52 años, mientras evaluaba el costo de las reparaciones bajo el sofocante calor del verano, mientras su esposa y otros miembros de la familia limpiaban el interior. “Pasamos unos 10 años dejando todo como queríamos”.

Calcula que la factura podría superar los 10 millones de yenes (61.000 dólares), más del doble de lo que gastó tras el terremoto de Kumamoto de 2016, que causó la muerte de más de 260 personas y dañó o destruyó decenas de miles de viviendas.

Una década después, su animada e histórica ciudad está plagada de casas derrumbadas. La mayoría carecen de agua corriente y algunas no tienen electricidad, lo cual es muy preocupante, ya que las temperaturas alcanzaron los 35 grados Celsius (95 grados Fahrenheit) el jueves. Las autoridades no han dado un calendario claro para reparar la maltrecha infraestructura de la ciudad.

Demasiado aterrorizado para regresar

Fuera de su tienda de campaña, Shimada, de 46 años, comentó que su casa también sobrevivió intacta a los terremotos de 2016, lo cual atribuye a sus gruesas vigas y sólidos cimientos. Aun así, su familia, incluyendo a sus tres hijas, la menor de 3 años, quedó tan afectada que prefiere el refugio de lona, ​​sofocante por el calor, a las habitaciones con aire acondicionado del interior.

“La casa está bien, pero sigo teniendo demasiado miedo de quedarme dentro”, dijo su esposa Yuka, que descansaba dentro de la tienda de campaña. Treinta minutos antes, había salido corriendo cuando una réplica sacudió la casa mientras preparaba el almuerzo.

Cuando el primer terremoto sacudió la zona el martes por la tarde, Yuka se había escondido debajo de un escritorio en la guardería donde trabajaba antes de ayudar a evacuar a los niños al patio de recreo. Dijo que la había aterrorizado.

A pesar de que su casa no resistió dos fuertes temblores, Sawatari, el carpintero, dijo que no pensaba abandonar la propiedad.

“Este es el único lugar donde puedo vivir, así que no hay nada que hacer”, dijo después de pasar gran parte del día tratando de rescatar objetos de su casa, con sus pisos irregulares y paredes agrietadas.

Pero puede que pase algún tiempo antes de que pueda regresar. Sawatari espera pasar los próximos meses reparando casas ajenas antes de poder ocuparse de la suya. “Probablemente mi casa sea la última”, dijo con expresión resignada.

(REUTERS)

La firma Ecoanalítica estima que los daños provocados por el doblete sísmico en Venezuela alcanzan los 17 mil millones de dólares, lo que implica un coste de reconstrucción que superaría los 25.600 millones de dólares.

La consultora venezolana calcula que el acervo de capital en edificaciones del país asciende a 676,7 mil millones de dólares, distribuidos en un total de 7,3 millones de bienes inmuebles. Los dos terremotos afectaron el 1,8% del conjunto nacional y el 41,8% del total del estado La Guaira, que representan 11 mil 972 millones y 4 mil 430 millones de dólares, respectivamente.

En cuanto a las características estructurales, Ecoanalítica concluye que “solo un 27,2% de las edificaciones en Venezuela están compuestas de los tres materiales más resistentes (mampostería confinada, acero o concreto reforzado”.

De acuerdo con este estudio, “la mampostería sin reforzar (55,3%) es el común denominador de las edificaciones venezolanas, y es apenas un poco más resistente que las edificaciones de madera”.

El balance del gobierno interino de Delcy Rodríguez habla de 856 edificios afectados y 190 colapsados por el cataclismo. El parte oficial está muy por debajo de los cálculos independientes, que en el caso de la NASA llegan hasta casi 59 mil inmuebles dañados.

Con respecto a la vialidad, la firma consultora considera que las pérdidas se ubican en 874,9 millones de dólares, casi todo concentrado en las vías que conectan Caracas y La Guaira. Otros 262,9 millones de dólares corresponden a la destrucción de acueductos, y plantas de aguas servidas y agua potable.

En un país que lleva más de una década sufriendo apagones, advierten que la peor parte se la llevó el sistema eléctrico con daños por el orden de los 3 mil 800 millones de dólares, focalizándose lor problemas principalmente “en las vías de transmisión de La Guaira y las centrales de Termocarabobo y Planta Centro”.

Independiente

“La ayuda internacional recibida ha sido ínfima respecto a las necesidades para la recuperación, condicionada a la confianza en la gestión de los fondos de ayuda”, sostiene Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica. Según sus registros, la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos, ha comprometido hasta la fecha unos 720 millones de dólares para auxiliar a Venezuela.

Grisanti sostiene que el proyecto de reconstrucción de La Guaira debe ser asumido por una especie de organización no gubernamental, “que logre acumular los esfuerzos en torno a un agente que genere la confianza necesaria”.

El economista observa que el Estado venezolano, que se mantiene en cesación de pagos y está embarcado en un proceso de reestructuración de la deuda externa, no atrae a los donantes e inversionistas y enfrenta limitaciones para acceder a las fuentes de financiamiento. Igualmente, recuerda que sobre las instituciones nacionales siguen pesando las sanciones de Estados Unidos, si bien en los últimos meses las mismas se han flexibilizado.

“También hay un tema de capital humano”, apunta Grisanti, en alusión a la costumbre que tiene el chavismo de nombrar a una misma persona en diferentes puestos, verbigracia Calixto Ortega Sánchez, vicepresidente sectorial de Economía, presidente del Banco de Venezuela y hasta hace semanas jefe del Centro Internacional de Inversión Productiva.

El portavoz de Ecoanalítica cree que si se opta por el camino de constituir una ONG, la reconstrucción puede tomar unos seis años. En cambio, advierte que si el gobierno acapara esta función, podrían necesitarse entre 15 y 30 años.

The Pokémon Company y Sony anunciaron el 30 de julio de 2026 donaciones que superan en conjunto los 150 millones de yenes —aproximadamente 918.000 dólares— para apoyar las labores de rescate y reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,1 que golpeó la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, el 28 de julio.

El sismo dejó al menos 34 muertos y 86 heridos, de los cuales cinco se encuentran en estado grave, según informaron las autoridades de la prefectura de Kumamoto.

Más de 10.000 personas permanecen en centros de evacuación, de acuerdo con la agencia de noticias Kyodo.

Entre los daños más graves, el centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima colapsó y registró una explosión tras el temblor; doce personas fueron rescatadas con vida entre sus escombros.

En una fábrica de papel de Yatsushiro, donde varias chimeneas sufrieron daños de consideración, ocho personas murieron y una decena fue rescatada.

The Pokémon Company precisó en un comunicado oficial difundido el 30 de julio que destinará 100 millones de yenes —alrededor de 612.000 dólares— a la prefectura de Kumamoto, a la Cruz Roja Japonesa y a otras organizaciones de apoyo.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todos los afectados por el terremoto de Kumamoto ocurrido el 28 de julio de 2026”, señala el texto. “The Pokémon Company ha decidido donar un total de 100 millones de yenes para contribuir con los esfuerzos de socorro de emergencia y la recuperación de las zonas afectadas”.

Por su parte, Sony anunció una aportación inicial de al menos 50 millones de yenes —cerca de 306.000 dólares— y activó un programa de donaciones voluntarias entre sus empleados, con el compromiso de duplicar cada aporte recibido.

Los fondos se destinarán a la Cruz Roja Japonesa y al Fondo de Ayuda de Emergencia y Recuperación para la Infancia, operado conjuntamente por Save the Children y Sony.

Hiroki Totoki, presidente de Sony Group, señaló en su declaración el vínculo histórico de la compañía con la región.

“Todo el equipo de Sony Group está profundamente consternado por la pérdida de vidas, los heridos y la destrucción causada por este devastador terremoto”, sostuvo. “Kumamoto es un centro neurálgico para el negocio de semiconductores de Sony y una base de apoyo para las operaciones del grupo”.

Totoki añadió que, desde la apertura del Centro Tecnológico de Kumamoto en 2001, la empresa ha “crecido junto a la comunidad local durante muchos años”.

A nivel gubernamental, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se comprometió públicamente con el proceso de indemnizaciones a las víctimas y describió la estrategia de su Ejecutivo como “ayuda proactiva”: el envío preventivo de asistencia a las zonas afectadas antes de que las comunidades la soliciten.

El Gobierno concentra sus esfuerzos en el suministro de alimentos, agua, papel higiénico y vehículos eléctricos a las localidades golpeadas por el temblor, según detalló la mandataria.

El compromiso de The Pokémon Company con las comunidades afectadas por desastres en Japón tiene antecedentes directos en la región.

La iniciativa POKEMON with YOU, lanzada tras el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, extendió su alcance para incluir acciones de apoyo tras el terremoto de Kumamoto de 2016. La compañía retoma ahora ese historial ante la nueva emergencia.

Mientras los equipos de rescate continúan con la búsqueda de supervivientes entre edificios derrumbados, algunos episodios ofrecen un contrapunto a la magnitud de la tragedia.

Una estatua de bronce de Luffy —personaje del manga One Piece— ubicada frente a la sede del gobierno prefectural de Kumamoto resultó ilesa pese a las réplicas registradas desde el sismo principal.

Por otro lado, una cafetería de gatos ubicada dentro del centro comercial Aeon Mall confirmó que los 25 felinos que albergaba fueron rescatados con vida.

Al menos 34 personas murieron a causa del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el suroeste de Japón el martes, según el último balance de víctimas revelado por la Oficina de Gestión de Desastres de Kumamoto. El temblor, que golpeó la isla de Kyushu, provocó daños generalizados, destruyó viviendas, desató incendios y dejó a decenas de habitantes sin suministro de electricidad ni acceso al agua potable, de acuerdo con el reporte oficial.

Equipos de rescatistas continuaron con las tareas de rescate el miércoles, removiendo los escombros de un centro comercial colapsado mientras buscaban posibles sobrevivientes atrapados bajo la estructura. La situación en la zona sigue siendo delicada por la magnitud de los daños y la cantidad de afectados por el evento sísmico.

Estas labores fueron retrasadas por el último terremoto de magnitud 5,8 que sacudió la prefectura de Kumamoto la noche del miércoles. El evento se produjo apenas un día después de que un sismo de 7,1.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) precisó que el temblor del miércoles ocurrió a las 22:19 hora local (01:19 GMT), con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la ciudad de Kumamoto. El sismo alcanzó el nivel 5 en la escala japonesa, que mide la agitación en superficie y el potencial destructivo. La capital de la prefectura sintió el impacto del movimiento telúrico.

Las autoridades informaron que el fenómeno del martes generó cientos de réplicas en la región, incluyendo 48 sismos de magnitud 3 o superior. Las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de un temblor mayor en los próximos días.

Entre los daños más graves, el colapso de un centro comercial de la cadena Aeon en la localidad de Kashima dejó al menos tres fallecidos, tras una explosión atribuida a una posible fuga de gas posterior al sismo. Tres personas continúan desaparecidas en el lugar, según la empresa.

Además, los equipos de rescate buscan sobrevivientes en la fábrica papelera Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde el derrumbe de una gran chimenea provocó la muerte de al menos cinco personas, según cifras suministradas por el Gobierno local.

Las autoridades de Japón advirtieron a los residentes de las zonas más afectadas que permanezcan atentos ante la posibilidad de nuevos sismos fuertes durante aproximadamente una semana y frente al riesgo de deslizamientos de tierra. El sismo del martes alcanzó el nivel 7, el más alto de la escala de intensidad sísmica nipona.

Según los informes oficiales, más de 36.000 hogares permanecen sin electricidad, mientras que otros tantos continúan sin acceso al agua. Las autoridades subrayaron el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, ya que el miércoles las temperaturas llegaron a los 34 °C (93 °F).

La red sanitaria enfrenta dificultades adicionales. Un hospital de la ciudad de Uki debió funcionar como hospital de campaña tras un corte de energía, según explicó el jefe del departamento administrativo a NHK. Otro hospital de la ciudad suspendió los ingresos después de recibir a 86 heridos por el terremoto, tres de ellos con lesiones graves, al no poder atender más casos de emergencia.

El impacto alcanzó también a los servicios de transporte. Diversos operadores ferroviarios informaron que varios pasajeros de trenes de alta velocidad sufrieron heridas y que los servicios se suspendieron de inmediato tras el temblor.

En el sector industrial, empresas como Renesas Electronics, Sony, Tokyo Electron y Honda suspendieron operaciones en sus plantas de la región afectada. Toyota Motor anunció la interrupción de actividades en tres fábricas fuera de Kumamoto hasta el viernes, como medida relacionada con la situación de los proveedores. Por su parte, TSMC, el mayor fabricante mundial de chips por contrato, evacuó su planta local por precaución y comenzó a reanudar operaciones a última hora del martes.

Japón está situado en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, donde se origina cerca del 20 % de los terremotos mundiales de magnitud 6,0 o superior. Hace una década, un fuerte terremoto en Kumamoto provocó 275 muertes y dejó 2.739 heridos, además de severos daños en miles de edificios, entre ellos las murallas del castillo de la ciudad, uno de sus principales atractivos turísticos.

El histórico castillo de Kumamoto figura otra vez entre los edificios afectados por los recientes terremotos, junto con santuarios cuyos techos de teja colapsaron parcialmente y una casa de té del siglo XVII.

(Con información de AFP y Reuters)

Ha pasado más de un mes desde los devastadores terremotos de Venezuela, y el sonido constante de la maquinaria pesada todavía resuena en los vecindarios más golpeados de La Guaira, en la costa norte.

El polvo de los edificios derrumbados queda suspendido en el aire húmedo. La basura se ha acumulado. Familias acampan fuera de viviendas consideradas demasiado peligrosas para entrar. Camiones cisterna se abren paso por calles dañadas.

“Hay algunas áreas en las que el olor a cadáver es muy fuerte”, declaró Carolina de Jesús, directora del proyecto en Venezuela de la organización humanitaria Project HOPE, quien ha pasado casi todos los días en la región desde los sismos.

Expertos en salud pública y medio ambiente dijeron a The Associated Press que las próximas semanas son cruciales para prevenir crisis secundarias causadas por contaminantes de los escombros y por la reconstrucción.

Cifras del gobierno indican que los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron más de 5.000 muertos, casi 17.000 heridos y a casi 18.000 personas sin hogar. Las autoridades no han dicho cuántas siguen desaparecidas, aunque estimaciones sitúan la cifra en decenas de miles. El Banco Mundial calcula que los terremotos causaron 19.600 millones de dólares en daños físicos directos.

Los sobrevivientes ahora están viviendo los costos ambientales en una región donde el sistema de salud ya estaba debilitado por años de crisis económica.

“Hay un ambiente de esperanza, pero también una enorme presión con relación a qué pasará mañana, cómo será la reconstrucción, qué pasará con las personas si se van a reubicar en nuevos campamentos o no”, indicó De Jesús.

Los residentes enfrentan polvo y otros peligros ambientales

Entre quienes aún buscan a sus seres queridos está Mary Cruz Andueza. La torre donde vivía su madre se derrumbó.

“No sé si está viva, no sé si está muerta, no sé si está en un hospital, no sé dónde está, no sé si está allí, debajo de los escombros”, señaló Andueza, de 35 años.

“A los dos días de estar aquí, el polvo me provocó un malestar grave en el cuerpo”, dijo, añadiendo que ”mi papá sufre de los pulmones y hemos estado con tos, alergias... porque hay mucho polvo. Estamos muy cerca del edificio”.

Gestionar un estimado de 1,2 millones de toneladas de escombros causados por los terremotos es un gran desafío ambiental. Gran parte de los restos podría estar contaminada con combustibles, aceite de motor, pinturas, solventes, plásticos y otros materiales peligrosos liberados cuando los edificios cayeron.

Eso ha generado preocupación de que los contaminantes puedan propagarse si los escombros no se clasifican y eliminan adecuadamente. En La Guaira, montañas empinadas se elevan detrás de comunidades densamente pobladas, lo que deja poco espacio.

Las autoridades están separando los escombros contaminados del material reutilizable. El concreto y otros desechos reciclables se usarán en la reconstrucción, mientras que el material contaminado —como asbesto, químicos, residuos de combustible y otros desechos peligrosos— deberá desecharse en instalaciones especializadas, según Joaquín Benítez, director de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas.

Benítez señaló que había visto reportes de que algunos escombros pudieron haber sido arrojados a lo largo de la costa o al mar durante la respuesta inicial de emergencia, mientras las autoridades se apresuraban a despejar carreteras bloqueadas. Periodistas locales dijeron que la práctica se detuvo después de los primeros días.

Si los escombros que contienen combustibles u otros materiales peligrosos llegan a las aguas costeras, los contaminantes podrían afectar la calidad del agua y los ecosistemas marinos. Grandes volúmenes de sedimentos y desechos de construcción podrían modificar las líneas de costa y dañar hábitats costeros.

Diego Díaz Martín, presidente de la organización ambiental Vitalis, advirtió que las lluvias estacionales podrían desencadenar deslizamientos de tierra en laderas debilitadas por los terremotos. También alertó que el daño a ecosistemas sensibles podría permanecer sin detectarse porque muchas zonas afectadas aún no han sido evaluadas.

Martín sostuvo que el esfuerzo de recuperación debería incluir trabajos para reducir riesgos ambientales futuros, y pidió a las autoridades reconstruir fuera de áreas propensas a deslizamientos.

El gobierno venezolano no respondió a preguntas sobre su respuesta a los impactos ambientales y de salud pública del terremoto.

Preocupación por agua potable y enfermedades

El acceso a agua potable se ha convertido en uno de los mayores desafíos. Incluso donde camiones cisterna están abasteciendo a las comunidades, eso no significa necesariamente que el agua haya sido tratada adecuadamente, afirmó de Jesús.

El agua sucia y el saneamiento insuficiente están contribuyendo a enfermedades diarreicas, infecciones urinarias, infecciones de la piel y condiciones que permiten la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, explicó.

“El terremoto no provoca brotes por sí solo sino que el riesgo proviene de las condiciones posteriores al desastre”, apuntó el doctor Mauricio Cerpa, epidemiólogo del Centro de Operaciones de Emergencia de la Organización Panamericana de la Salud.

Refugios hacinados y la falta de sistemas de agua, saneamiento, atención médica y cobertura de vacunación crean las condiciones para que las enfermedades se propaguen, indicó.

Cerpa dijo que las autoridades han identificado 18 enfermedades prioritarias y problemas de salud pública que requieren notificación inmediata, entre ellos enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, dengue, malaria y sarampión. La cobertura de vacunación de Venezuela ya había caído por debajo de los niveles recomendados antes de los terremotos, lo que aumenta la preocupación por las condiciones de hacinamiento.

Funcionarios de salud señalaron que la detección de enfermedades en refugios temporales se ha convertido en una prioridad inmediata. La OPS indicó que equipos de salud están apoyando campañas de vacunación y mejorando las condiciones de agua y saneamiento.

Cerpa advirtió que miles de personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión podrían enfrentar riesgos crecientes si los servicios de salud siguen interrumpidos.

Voluntarios desarrollan enfermedades respiratorias

Miles de voluntarios y trabajadores humanitarios se han sumado a las labores de ayuda en medio de críticas por la velocidad y la coordinación de la respuesta oficial.

De Jesús dijo que algunos han desarrollado enfermedades respiratorias tras semanas de respirar polvo de sílice y cemento liberado mientras se retiran los edificios colapsados. Otros han sufrido deshidratación y enfermedades diarreicas durante largas jornadas bajo el calor.

“Uno de los principales desafíos es cómo recuperar toda la atención esencial”, aseguró Cerpa, notando que los hospitales deben reanudar el tratamiento de personas con enfermedades crónicas mientras atienden la creciente demanda de vigilancia de enfermedades, servicios de salud mental y atención materna.

Alycia Clark, vicepresidenta y directora farmacéutica de Direct Relief, dijo que los terremotos agravaron la escasez de larga data de medicamentos, personal sanitario e infraestructura médica, dejando a muchos pacientes en riesgo de perder su atención rutinaria.

Expertos en salud pública y medio ambiente indicaron que la siguiente fase de la recuperación se centrará en restablecer agua y saneamiento seguros, reconstruir servicios de salud esenciales y gestionar los peligros ambientales antes de que creen nuevas emergencias.

Clark afirmó que la respuesta inmediata al trauma daría paso a un desafío de salud pública mucho más prolongado.

“Las necesidades solo van a aumentar a partir de ahora”, aseveró.

(Con información de AP)

Una mochila de emergencia es un kit con suministros básicos para sobrevivir entre 48 y 72 horas sin acceso a agua potable, electricidad o atención médica, también, sirve para poder movilizarte con dinero en efectivo y documentación en caso de siniestros .

Su propósito es permitir que una persona o familia pueda evacuar o refugiarse de forma autónoma durante los primeros días de un desastre, cuando los servicios de rescate pueden estar saturados o ser inaccesibles.

En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomiendan que todos los hogares del país tengan una lista, dado que el territorio mexicano está expuesto a sismos, huracanes, inundaciones y deslaves.

La mochila debe ser impermeable, resistente y estar ubicada cerca de la salida principal de la vivienda, en un lugar conocido por todos los integrantes de la familia.

Qué debe llevar según Protección Civil

El agua potable es la prioridad. El Cenapred indica un mínimo de dos litros por persona al día para cubrir tres días. Para la alimentación, recomienda opciones de fácil apertura y sin necesidad de refrigeración: atún o sardinas en lata, barras energéticas, galletas, frutos secos y alimentos en porciones individuales.

El botiquín debe incluir gasas, vendas, antiséptico, curitas, analgésicos, guantes desechables y tijeras. Si algún integrante del hogar toma medicamentos de forma permanente, la reserva debe ser suficiente para varios días.

Documentos: una prioridad que suele olvidarse

Los documentos personales pueden ser difíciles o imposibles de recuperar tras un desastre. La CNPC recomienda guardar copias de identificaciones oficiales, actas de nacimiento, CURP, pasaportes, cartillas médicas, pólizas de seguro y escrituras dentro de bolsas herméticas.

También sugiere incluir una memoria USB con versiones digitalizadas de todos esos archivos. Además, conviene guardar una copia de las llaves de la vivienda: en el apuro de una evacuación es frecuente salir sin ellas.

El efectivo en billetes y monedas de baja denominación es igualmente indispensable, ya que los cajeros automáticos y las terminales bancarias pueden quedar fuera de servicio por cortes eléctricos.

Herramientas de comunicación y señalización

Una linterna con pilas de repuesto, una radio portátil de baterías o de manivela y un silbato son los tres elementos de comunicación que tanto el Cenapred como la CNPC consideran innegociables.

La radio cobra especial relevancia en México, donde los cortes de señal telefónica e internet son frecuentes tras sismos e inundaciones severas.

El Cenapred añade a esta lista una navaja multiusos y encendedor o cerillos protegidos contra la humedad, útiles en situaciones donde no hay luz ni gas disponible.

Ropa, higiene y necesidades específicas por familia

La mochila debe incluir un cambio de ropa, calcetines, impermeable, chamarra ligera y una cobija o manta térmica.

En materia de higiene: papel higiénico, toallas húmedas, gel antibacterial, cepillo y pasta dental, jabón y toallas sanitarias según se requiera.

Las necesidades varían según la composición del hogar. Los hogares con bebés deben agregar pañales, fórmula, biberones y papillas. Para adultos mayores o personas con discapacidad, es necesario incluir medicamentos, lentes, bastón o cualquier dispositivo de apoyo que usen a diario. Si hay mascotas, el kit debe contemplar alimento, agua, correa, transportadora y copia de la cartilla de vacunación.

Dónde guardarla y con qué frecuencia revisarla

El Cenapred aconseja colocar la mochila en un sitio visible, cercano a la salida de la vivienda y accesible para todos.

No debe guardarse en lugares altos, profundos o de difícil acceso, ya que la rapidez es determinante en una emergencia.

El organismo recomienda revisar su contenido al menos dos veces al año para sustituir alimentos, agua, medicamentos y pilas caducados, y actualizar los documentos si hubo cambios en la familia, como el nacimiento de un hijo o nuevas necesidades médicas.

“La red sismológica de Venezuela inoperante. ¿Culpa del bloqueo? ¿Quién se cree eso? Cuando los ministros (Jorge) Giordani y (Héctor) Navarro estimaron que en el chavismo-madurismo se extrajeron (¿o extraviaron?) 300 mil millones de dólares?”.

Como dardos, las preguntas son lanzadas por Carlos Genatios, exministro de Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Hugo Chávez. Ingeniero civil experto en riesgo sísmico, ha vuelto a la palestra porque en 2000 recibió la responsabilidad de reconstruir el estado La Guaira, en aquel momento víctima de un deslave que dejó miles de muertos.

La Guaira vuelve a estar en ruinas, ahora por el doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio, y el antiguo funcionario se ha dado a la tarea de desmontar las versiones que ofrece el régimen chavista para justificar las fallas del Estado al momento de atender la emergencia.

“La red sismológica de Venezuela destruida, no se pudo registrar el evento, y los pocos acelerogramas disponibles contienen errores. Pero el que fue responsable de Funvisis -Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas- en 2009 (con el petróleo a 100 dólares por barril) dice que la red se destruyó por el ‘bloqueo’”, fustiga Genatios.

Cuando habla del “bloqueo”, enfrenta uno de los argumentos preferidos del oficialismo: culpar de todos los males del país a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, si bien los datos demuestran que la crisis económica comenzó mucho antes a consecuencia de las políticas aplicadas por el régimen.

Igualmente, la alusión a los 300 mil millones de dólares “extraviados”, se refiere al monto que funcionarios del chavismo admitieron fue dilapidado por las corruptelas que proliferaron con el control de cambio en el país.

“En 2000 el petróleo estaba a 9 dólares el barril y construimos la red sismológica mas avanzada de América Latina, que costó 5 millones de dólares. En 2008-2009, el petróleo estaba a más de 100 dólares el barril, pero la red comenzó a ser desatendida y destruida”, enfatiza Genatios, poniendo el acento en el precio del crudo, principal fuente de ingresos de la economía venezolana.

Destartalada

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó un informe dando cuenta de la “fragilidad institucional y opacidad estatal” en el marco del doblete sísmico que hasta la fecha ha dejado un saldo oficial de 5.546 fallecidos.

“El desmantelamiento de Funvisis por falta de inversión y por politización, constituye no solo una vulneración del derecho a la ciencia, sino que ha impedido el oportuno registro sísmico para estudios indispensables sobre el evento más catastrófico de nuestra historia reciente”, cuestionó el ODH-ULA.

La organización defensora de DDHH apuntó que “expertos de la Universidad de Los Andes señalaron que, de las 300 estaciones sismológicas que operaban en el país, solo quedan entre tres y cinco en funcionamiento. Esta desinversión, sumada a la fuga de científicos por la asfixia contra los universitarios, ha dejado al país sin posibilidad de estudiar el fenómeno”.

Ocurrida la tragedia, el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente informó que trata de recuperar su red de estaciones, golpeada por la delincuencia. “Se llevaron la torre con la que hacíamos la transmisión y algunos componentes básicos electrónicos”, declaró la directora de la institución, Janette Castillo, en una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría.

En un foro realizado por Ecoanalítica este martes 28 de julio sobre el proceso de reconstrucción que debe seguir a los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace un mes, el director de la firma consultora, Alejandro Grisanti, analizó la importancia de la cooperación extranjera.

“Si bien el apoyo internacional ha sido espectacular en términos asistencialistas y de rescatistas, en términos de ayuda financiera ha sido muy pobre”, señaló el economista, que dijo tener “mapeados” unos 720 millones de dólares hasta la fecha y se refirió luego en particular a los aportes de un viejo socio de la revolución chavista.

“China está ofreciendo algo menos de 15 millones de dólares para ayudar en la tragedia, de los cuales 10 millones son asistencialistas”, comentó Grisanti, quien recordó que en su momento el llamado Fondo Chino-Venezolano “llegó a manejar más de 40 mil millones de dólares” y agregó: “Venezuela aún le debe a China alrededor de 18 mil millones de dólares”.

El Fondo Chino es un mecanismo de cooperación bilateral que firmaron en 2007 los presidentes Hugo Chávez y Hu Jintao, donde Caracas se comprometía a pagar con petróleo el financiamiento otorgado por Beijing para desarrollar distintos proyectos. Desde un principio fue cuestionado por su opacidad, así como por hipotecar la producción de crudo venezolano y por asignar montos exorbitantes a obras que en algunos casos jamás se ejecutaron.

Hace dos décadas, la revolución chavista estrechaba los lazos con su “hermana mayor” china y se convertía en la punta de lanza del gigante asiático en Sudamérica.

Hoy las cosas han cambiado drásticamente y eso también se ve reflejado en la lista de donantes para atender la emergencia de los terremotos, que es encabezada por Estados Unidos con más de 300 millones de dólares.

En todo caso, Grisanti insiste en que “la ayuda internacional recibida ha sido ínfima respecto a las necesidades para la recuperación, condicionada a la confianza en la gestión de los fondos de ayuda”.

Frío

Este martes 28 de julio la Cancillería de Venezuela informó algo que hubiera sido impensable hasta la madrugada del 3 de enero de este año, cuando tropas norteamericanas capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó “una nota de protesta” al embajador de Irán “por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela”.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez le exige a Teherán “el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de la República Bolivariana de Venezuela”.

La reacción de Caracas obedece a una declaración del canciller Abbas Araghchi, quien en medio de su conflicto con Estados Unidos espetó: “Esto no es Venezuela, donde toman a una persona y todos los demás se asustan y retroceden”.

La embajada iraní afirmó posteriormente que las expresiones de Araghchi habían sido tergiversadas por los medios. “Las palabras del Canciller en ningún modo conllevan una falta de respeto o un juicio negativo hacia el digno e ilustre pueblo de Venezuela, sus autoridades, sus instituciones legítimas o su soberanía nacional”, aclararon.

Aunque no figura en la lista de contribuyentes financieros presentada por Econalítica, Irán sí envió 160 toneladas de ayuda humanitaria, incluidas 40 toneladas de alimentos para los afectados por el doblete sísmico.

Si la relación con China e Irán no atraviesa por su mejor momento, los vínculos con Washington se siguen estrechando. La presidenta encargada Rodríguez anunció este miércoles 29 de julio que sostuvo una “reunión de trabajo con una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos, donde conversamos sobre el balance de respuesta ante el doble terremoto, la cooperación energética binacional, inversiones y seguridad”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el martes que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas a las personas que perdieron sus hogares por los terremotos del pasado 24 de junio. Las viviendas de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio estatal del 80%, mientras que el 20% restante será financiado a 25 años mediante un crédito para los afectados.

A su vez, detalló que para los inmuebles valorados entre 70.000 y 100.000 dólares, el Estado subsidiará el 50% y el resto también se pagará en cuotas a 25 años.

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez en un video difundido en sus redes sociales. “Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, advirtió la funcionaria.

Rodríguez aseguró que quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre el terreno y contarán con apoyo estatal para la reconstrucción. “He solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, precisó.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría limitar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Delcy Rodríguez había anunciado que el Gobierno chavista entregará 4.000 viviendas antes de diciembre a familias afectadas por los terremotos y que el plan de reconstrucción permitirá superar las 10.000 viviendas en 2027. Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, la presidenta encargada confirmó que las adjudicaciones se realizarán de manera mensual hasta fin de año. “De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, afirmó.

La funcionaria explicó que el programa contempla tanto nuevas construcciones como la recuperación de edificios inconclusos. “Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, sostuvo.

El objetivo para el próximo año prevé superar las entregas de 2026. “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, indicó la presidenta encargada. Detalló que la meta anual incluye la recuperación de edificios que no habían sido culminados.

Las primeras viviendas entregadas forman parte de dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC en el complejo militar Fuerte Tiuna. Según Rodríguez, más de 240 familias recibieron apartamentos “completamente equipados”, aunque no precisó el número exacto de unidades adjudicadas.

El doble sismo dejó al menos 5.546 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el balance oficial publicado el 24 de julio. Las cifras no han sido actualizadas desde entonces. Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según datos oficiales.

(Con información de EFE)

La Cancillería guatemalteca informó que, tras el terremoto de magnitud 7.1 registrado este martes en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, no se reportan ciudadanos guatemaltecos afectados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) indicó que la Embajada de Guatemala en Japón mantiene una vigilancia permanente sobre la situación de los guatemaltecos residentes.

Según datos oficiales, el Minex tiene registrados a 253 guatemaltecos en territorio japonés y ninguno resultó afectado de manera directa.

La misión diplomática comunicó que se encuentra en contacto constante con la comunidad de connacionales, brindando orientación y asistencia. Además, reiteró la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse atentos a comunicados oficiales ante la posibilidad de nuevas réplicas.

Recomendaciones y canales de asistencia

En el contexto del sismo, la Embajada de Guatemala en Japón recordó que los guatemaltecos que requieran apoyo pueden comunicarse con la Sección Consular al teléfono +81 3-5797-7502 durante el horario de oficina, o al número de emergencia +81 80-1477-6517 fuera de ese horario. También se habilitó el correo electrónico embjapon@minex.gob.gt para consultas.

La embajada reiteró: “Exhortamos a los connacionales a atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados por medios oficiales”, según consignó el Minex en su comunicado.

Mientras que las autoridades japonesas han recomendado a la población mantener precaución ante posibles réplicas y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales.

Impacto del terremoto en Japón

Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes 28 de julio la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu (al suroeste de Japón).

El movimiento telúrico se registró a las 16:27 hora local, con una profundidad de 10 kilómetros, alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala sísmica japonesa en localidades como Uki e Hikawa, informaron medios locales.

Balance humanitario y desaparecidos

Por ahora, se ha reportado al menos dos personas fallecidas, más de 380 heridos en distintas municipalidades y unas 10 personas más desaparecidas. Asimismo, los organismos de emergencia emitieron órdenes de evacuación para más de 260.000 residentes.

Entre los incidentes más graves se encuentra un colapso parcial seguido de una explosión en el centro comercial Aeon Mall de Kashima, donde equipos de rescate buscan a decenas de personas atrapadas entre los escombros.

En la ciudad de Yatsushiro, la caída de una chimenea en una fábrica papelera dejó al menos dos víctimas sin signos vitales y varios trabajadores atrapados.

• Cortes de servicios: Más de 48.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico y unos 140.000 sufrieron la interrupción del servicio de agua potable.
• Transporte paralizado: Se suspendió la circulación de trenes de alta velocidad (Shinkansen) y se registraron descarrilamientos menores. Las pistas del Aeropuerto Aso Kumamoto cerraron temporalmente.
• Daños estructurales: Se reportaron grietas en la autopista de Kyushu y el desprendimiento de muros de piedra en el histórico Castillo de Kumamoto.

Las autoridades levantaron las alertas iniciales de tsunami emitidas para los mares de Ariake y Yatsushiro, pero advirtieron a la población sobre posibles réplicas de gran intensidad durante los próximos días

Gabriel Montiel, figura mexicana que se consagró como uno de los pioneros del entretenimiento digital, en virtud del éxito por su canal de Youtube, Werevetumorro, informó en sus redes sociales que tomaría unas lujosas vacaciones en Japón, donde recién se registró un terremoto con magnitud de 7.1.

De inmediato, los fans de Werever comenzaron a preguntar por él para saber si se encontraba bien tras el fenomeno ocurrido en el País del Sol Naciente. Afortunadamente, Gabriel Montiel se pronunció en su cuenta de X para confirmar que se encuentra bien.

“Todo bien, es muy lejos de Tokio donde pasó“, confirmó el youtuber que, además, compartió una imagen de la distancia que existe entre la prefectura de Kumamoto, donde fue el epicentro de este terremoto, con su ubicación actual en el país de Asia.

El pasado 23 de julio, Werevertumorro hizo saber que tomaría un vuelo rumbo a Japón y quiso saber de sus propios followers que tipo de contenido les gustaría ver para no repetir el mismo contenido que ya anteriormente grabaron otros youtubers de México.

“Me voy a Japón y obvio iré a las cosas típicas, pero me gustaría ir a otro tipo de lugares atípicos. Ya hay 15 videos de los 7eleven o de las tarjetas Pokemon... se me ocurrió ir al béisbol, ir a los casinos de allá... cosas así. ¿Alguna cosa “rara” que les gustaría ver?”, publicó Gaborever.

Terremoto de magnitud 7.1 sacude el sur de Japón

El terremoto que se registró este 28 de julio en Japón tuvo epicentro en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, con una magnitud de 7.1. Las autoridades reportaron al menos una persona fallecida, más de 100 heridos y decenas de desaparecidos, principalmente por el colapso de un centro comercial en la localidad de Kashima.

Varias personas quedaron atrapadas tras el derrumbe del segundo piso y un incendio posterior. Se estima que hasta 30 empleados del centro comercial no han podido ser localizados hasta el momento.

El terremoto en Japón ocasionó cortes de electricidad que afectaron a más de 45,000 hogares y establecimientos, daños en carreteras y puentes, la suspensión del transporte ferroviario y aéreo en la región. Incluso, más de 150,000 residentes recibieron la orden de evacuar hacia refugios habilitados por las autoridades.

Inicialmente, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta preventiva de tsunami, que fue retirada poco después al no detectarse actividad anormal en el mar. La autoridad nuclear japonesa confirmó que no se registraron anomalías en las plantas nucleares cercanas.

La primera ministra, Sanae Takaichi, informó que los trabajos de rescate persisten a marchas forzadas y que el gobierno labora para restablecer los servicios afectados, y atender a las víctimas por este fenómeno natural con magnitud de 7.1 sucedido este martes 28 de julio.

México expresa solidaridad con Japón tras terremoto

El gobierno de México, a través de las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó los desastres en Japón provocados por el terremoto en Kumamoto, que sacudió la isla de Kyushu hoy.

“La SRE lamenta los desastres ocasionados por el sismo de este martes en Kumamoto, isla de Kyushu, al sur de Japón, y le expresa a su pueblo la solidaridad de México en estos momentos difíciles", dice el mensaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

De igual manera la SRE informó que no hay reporte de connacionales afectados por el sismo en el país del Sol Naciente. “La Embajada de México en Japón permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento".

Asimismo, la Cancillería recomienda a los mexicanos que radican en Japón que se mantengan informados por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades japonesas mientras habilitan un número de emergencia disponible las 24 horas de la semana para brindar asistencia o protección consular.

El nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Rafael Rey Rey, vuelve al Ejecutivo con el reto de liderar uno de los sectores más importantes ante los desafíos de infraestructura y prevención frente al fenómeno El Niño. Sin embargo, su trayectoria política también está marcada por episodios controversiales, como el polémico “Pisco 7.9”, lanzada en 2007 cuando estaba al frente del Ministerio de la Producción.

La propuesta surgió semanas después del terremoto de Pisco de 2007, uno de los desastres naturales más graves de las últimas décadas en el país, que dejó más de 500 personas fallecidas y miles de familias damnificadas. El proyecto buscaba rendir homenaje a la solidaridad internacional recibida tras el sismo, pero el nombre elegido para la edición especial del licor generó serias críticas.

Qué fue el “Pisco 7.9” y por qué desató críticas en el Perú y el extranjero

La iniciativa del “Pisco 7.9” nació durante la gestión de Rafael Rey como ministro de la Producción en el segundo gobierno de Alan García. La propuesta consistía en elaborar una edición limitada de botellas de pisco que serían entregadas como reconocimiento a los países y organizaciones que brindaron ayuda al Perú después del terremoto ocurrido el 15 de agosto de 2007.

El nombre hacía referencia a los 7.9 grados de magnitud registrados por el terremoto en la escala de Richter, ocurrido en la zona sur del país y que tuvo como epicentro la región de Ica. La ciudad de Pisco, además de ser una de las más afectadas por el desastre, es reconocida internacionalmente por ser la cuna de la bebida bandera peruana.

La presentación del producto provocó una reacción negativa de diversos sectores que consideraron que relacionar una bebida alcohólica con la magnitud de una tragedia podía resultar inapropiado para las víctimas del desastre.

Medios nacionales calificaron la denominación como una decisión desafortunada. Algunos cuestionamientos señalaban que el nombre podía interpretarse como una referencia insensible hacia las personas que habían perdido familiares, viviendas y bienes durante el terremoto.

La controversia incluso llegó a medios internacionales. La agencia EFE informó que Rafael Rey decidió cambiar el nombre del producto debido a la mala recepción que tuvo en el país. El debate también fue recogido por medios extranjeros como El País, que publicó una nota titulada “Pisco 7.9: un licor de mal gusto”, donde recogía las críticas generadas por el nombre de la edición especial.

Ante la polémica, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, acompañó a Rey en una conferencia de prensa para explicar la iniciativa. También se precisó que la producción del pisco había sido impulsada como una acción de reconocimiento y no como una actividad oficial destinada a aprovechar la tragedia.

La defensa de Rafael Rey y sus explicaciones sobre la polémica bebida

Tras recibir cuestionamientos, Rafael Rey defendió públicamente la creación del “Pisco 7.9” y negó que existiera intención de burlarse de las víctimas del terremoto de Ica.

El entonces ministro afirmó que el objetivo era resaltar la solidaridad recibida desde otros países y reforzar la identidad del pisco como producto peruano. Según sus declaraciones, el número incluido en la etiqueta no buscaba recordar únicamente la magnitud del sismo, sino representar una idea vinculada a la gratitud por la ayuda recibida.

“La intención que tenemos es recordarle al mundo que pisco hay uno, y está en el Perú”, señaló Rey durante una entrevista televisiva en ese momento. También sostuvo que la propuesta buscaba transmitir el mensaje de que la ciudad de Pisco podía recuperarse después de la tragedia.

La edición especial contemplaba una producción limitada de aproximadamente mil botellas, destinadas principalmente a representantes de gobiernos e instituciones extranjeras que participaron en las labores de ayuda tras el terremoto.

El episodio se convirtió en uno de los momentos más recordados de su paso por el Ministerio de la Producción, cartera que dirigió entre 2006 y 2008 antes de asumir posteriormente el Ministerio de Defensa durante el gobierno aprista.

Ahora, con su regreso al Ejecutivo como responsable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey enfrenta un escenario distinto, pero nuevamente relacionado con la capacidad del Estado para responder ante desastres naturales que pueden afectar infraestructura y servicios públicos, como los asociados al fenómeno de El Niño.

El Gobierno del Perú expresó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de Japón luego del fuerte terremoto registrado en la zona suroeste del país asiático y transmitió sus deseos de pronta recuperación para todas las personas afectadas por el movimiento telúrico.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo peruano manifestó su respaldo al Gobierno japonés tras el evento sísmico que generó preocupación entre la población de la isla de Kyushu, una de las zonas con mayor actividad sísmica del territorio nipón.

La Cancillería informó que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos peruanos afectados por el terremoto. Sin embargo, señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que el Consulado General del Perú en Nagoya permanece atento ante cualquier solicitud de asistencia que puedan presentar los connacionales residentes en la zona o aquellos que se encuentren de visita en Japón.

“En caso de emergencia, los connacionales pueden comunicarse con el Consulado General del Perú en Nagoya”, indicó la institución diplomática, que habilitó sus canales oficiales de atención para responder ante cualquier eventualidad.

Los ciudadanos peruanos que necesiten apoyo pueden comunicarse mediante los siguientes medios:

• Teléfono de emergencia: +81 90 8964 0664
• Correo electrónico: info@conpernagoya.org

Fuerte terremoto sacudió el suroeste de Japón

El pronunciamiento del Gobierno peruano ocurre luego del terremoto registrado en la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu, al suroeste de Japón.

El movimiento alcanzó una magnitud de 7,1, según los reportes de las autoridades japonesas, y provocó la activación de protocolos de emergencia debido a la intensidad del sismo.

El terremoto generó momentos de alarma entre los habitantes de las zonas cercanas al epicentro, donde se reportaron daños en infraestructura, afectaciones en viviendas y cortes temporales de algunos servicios. Equipos de emergencia japoneses iniciaron labores de evaluación para determinar el impacto del movimiento y atender a las personas que resultaron afectadas.

Debido a las características del terremoto y su ubicación cercana al océano Pacífico, las autoridades japonesas emitieron inicialmente alertas preventivas ante la posibilidad de un tsunami en algunas zonas costeras. Posteriormente, estas advertencias fueron levantadas luego de que los organismos especializados descartaran un escenario de mayor riesgo.

Japón es uno de los países más preparados del mundo frente a terremotos debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen varias placas tectónicas y que concentra una gran parte de la actividad sísmica mundial.

Marina de Guerra del Perú descartó tsunami en territorio nacional

Tras conocerse el terremoto ocurrido en Japón, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú realizó la evaluación correspondiente para determinar si existía alguna posibilidad de afectación para el litoral peruano.

La institución informó que, debido a las características del evento sísmico, no se generará un tsunami que pueda afectar las costas del Perú.

La Marina recordó que mantiene vigilancia permanente de los movimientos sísmicos ocurridos en el océano Pacífico, debido a que algunos terremotos submarinos pueden generar alteraciones en el nivel del mar y representar un riesgo para las zonas costeras.

En esta oportunidad, el análisis técnico permitió descartar una amenaza para el país y brindar tranquilidad a la población peruana.

Perú y Japón comparten riesgo sísmico

El seguimiento realizado por las autoridades peruanas ocurre en un contexto en el que ambos países comparten una característica geológica: se encuentran ubicados dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una región marcada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica.

El Perú también mantiene sistemas de monitoreo sísmico y protocolos de alerta ante posibles emergencias, especialmente frente a eventos que puedan generar tsunamis en su extensa costa.

Mientras continúan las evaluaciones en Japón, el Gobierno peruano reiteró su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que sus oficinas consulares permanecerán vigilantes para atender cualquier necesidad de los ciudadanos nacionales que se encuentren en el país asiático.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México lamentó este martes los daños ocasionados por un sismo de magnitud 7.1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur de Japón, y expresó al pueblo japonés la solidaridad del gobierno mexicano “en estos momentos difíciles”.

No hay reportes de mexicanos afectados, según la SRE

De acuerdo con el comunicado publicado por la cuenta oficial de la dependencia, @SRE_mx, hasta el momento no existen reportes de connacionales heridos o afectados por el movimiento telúrico. La Embajada de México en Japón (@EmbamexJP) informó que permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento.

La representación diplomática puso a disposición de la comunidad mexicana en Japón su línea de emergencias, disponible las 24 horas, para quienes requieran asistencia o protección consular:

• Teléfono: (+81) 80-9980-8022

Así fue el sismo en Kumamoto

Según reportes de medios japoneses e internacionales, el sismo se registró la tarde de este martes 28 de julio, con un epicentro ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad en la prefectura de Kumamoto. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) mantuvo la magnitud preliminar en 7.1, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos ajustó posteriormente su estimación a 6.8.

De acuerdo con la cadena pública NHK, el movimiento alcanzó el nivel 7 de la escala Shindo, el grado máximo de intensidad del sistema japonés. Tras el sismo, la JMA emitió una alerta de tsunami para las costas de Ariake y Yatsushiro, en las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Fukuoka y Saga, la cual fue levantada aproximadamente dos horas después al no registrarse actividad anómala en el nivel del mar.

Daños, heridos y personas atrapadas

Según informó NHK, al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo, y la policía de la prefectura trabaja para localizar a un número de personas cuyo paradero se desconoce.

Uno de los puntos con mayores afectaciones fue un centro comercial en la localidad de Kashima, donde, de acuerdo con reportes locales, se registró una explosión que provocó el colapso parcial de una sección del inmueble. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente el número de personas atrapadas ni si hubo víctimas mortales en ese sitio; la cadena TV Asahi, citada por CNN, reportó que fuentes policiales hablaron de fallecidos, información que continúa sin confirmación oficial.

Entre los daños reportados por Kyodo también se encuentran:

• El descarrilamiento de un tren en la estación de Yatsushiro.
• Afectaciones en los muros de piedra del histórico Castillo de Kumamoto.
• Cortes de electricidad en miles de hogares.
• Al menos siete incendios registrados en la prefectura.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó daños en carreteras, puentes y edificios, y advirtió a la población sobre la posibilidad de nuevos sismos de magnitud similar en los próximos días. La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón, por su parte, indicó que no se detectaron anomalías en las plantas nucleares cercanas a la zona.

Las autoridades japonesas continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras las cifras de heridos y daños se mantienen como provisionales.

Sin ofrecer ninguna explicación a los venezolanos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez acumula cuatro días sin publicar el balance oficial sobre las consecuencias del doblete sísmico ocurrido el miércoles 24 de junio.

El último parte se difundió al cumplirse un mes del cataclismo. Allí reportaron 5.546 fallecidos. La cifra no se ha actualizado, pese a que continúan recuperando cuerpos entre los escombros de los edificios en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon la región centro-norte de la República.

Ese resumen del 24 de julio indicaba que 23.811 personas estaban siendo atendidas en los 107 campamentos transitorios instalados por las autoridades. Dos días después, el 26 de julio, la Vicepresidencia Social expuso en sus redes que el número ascendía a 24.477 personas en los 107 campamentos.

Dado el comportamiento histórico del régimen chavista, que por años ha mantenido en la oscuridad los datos de la economía y hasta los boletines epidemiológicos del país, distintas organizaciones de la sociedad han exigido la mayor transparencia en la publicación de todas las estadísticas sobre el terremoto.

Vacíos

El gobierno ha evitado dar un número de desaparecidos, bajo el argumento de que no puede caer en especulaciones y que por esa razón solo debe atenerse a la cifra de defunciones certificadas. La ONG Cecodap subraya en su informe que el Ejecutivo “mantiene la deuda de un parte desagregado por edades e información detallada sobre la situación actual, las necesidades y las respuestas para la población infantil y adolescente afectada”.

También existen dudas con respecto a la cantidad de edificaciones impactadas por los movimientos telúricos. El régimen habla de 856 edificios afectados y otros 190 colapsados. Sin embargo, todas las estimaciones independientes son muy superiores, con la NASA llegando a estimar casi 59 mil edificios dañados.

Diversas ONG han encendido las alarmas con respecto al manejo de la ayuda que recibirá el país. En una carta remitida al secretario de Estado, Marco Rubio, le solicitaban “su intermediación” ante el gobierno de Delcy Rodríguez para garantizar “plena transparencia y rendición de cuentas públicas” sobre el manejo del dinero para atender la emergencia.

En la misiva remitida a Rubio subrayan la necesidad de que el régimen chavista acceda a la “publicación periódica de lo que se recibe, su origen y propósito, sus beneficiarios previstos y los responsables de su recepción, asignación y distribución, junto con una verificación independiente de que llega a quienes está destinada”.

Al menos una persona ha muerto, unas 80 han resultado heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas en el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 7,1 golpeara la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón.

Una persona fue hallada en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro y fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo citando a la Policía de Kumamoto.

El sismo ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible en ese sistema de medición, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La JMA advirtió que el terremoto podría generar un tsunami de hasta un metro de altura, con llegada prevista para alrededor de las 17:00 hora local (08:00 GMT). La cadena pública NHK informó que olas de hasta ese nivel podrían haber llegado a algunos sectores de la costa poco después de la emisión de la alerta.

El Gobierno japonés emitió alertas sísmicas de emergencia para las prefecturas de Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki, todas ubicadas en la isla de Kyushu.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre víctimas ni daños materiales de consideración.

La empresa Kyushu Electric Power informó que alrededor de 40.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico como consecuencia del terremoto. Por su parte, la compañía ferroviaria JR Kyushu suspendió sus servicios, incluidos los trenes bala de alta velocidad.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón indicó que no se reportaron irregularidades en las centrales nucleares ubicadas en la zona afectada.

El terremoto también tuvo impacto sobre el sector industrial. Sony y TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, cuentan con plantas en el área afectada. Un portavoz de Sony informó que la empresa evaluaba la situación, mientras que TSMC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Japón registró otro fuerte movimiento sísmico el 25 de junio, cuando un terremoto de magnitud 7,2 afectó el norte del país sin causar muertos ni daños de consideración.

El país figura entre las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a su ubicación sobre cuatro grandes placas tectónicas, en el extremo occidental del Anillo de Fuego del Pacífico. Japón concentra alrededor del 20% de los terremotos de magnitud 6,0 o superior registrados en el mundo y experimenta un temblor, en promedio, cada cinco minutos.

El archipiélago, con una población cercana a 125 millones de habitantes, registra cada año cientos de terremotos. La magnitud de sus efectos depende de la ubicación del epicentro y de la profundidad del movimiento.

La población japonesa conserva el recuerdo del terremoto submarino de magnitud 9,0 de 2011, que provocó un tsunami con un saldo de alrededor de 18.500 muertos y desaparecidos y causó el accidente en la central nuclear de Fukushima.

Más recientemente, el 20 de abril de este año, un terremoto de magnitud 7,7 afectó el norte de Japón, dejó al menos 10 heridos y sacudió edificios de gran altura en Tokio. Tras ese episodio, las autoridades emitieron una advertencia especial por un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8,0 o superior, que permaneció vigente durante una semana.

La prefectura de Kumamoto también sufrió un devastador terremoto hace diez años. Según el recuento oficial, aquel desastre dejó 275 muertos y 2.739 heridos.

(Con información de REUTERS y AFP)

Las paredes de los edificios de Playa Grande gritan. En los muros derruidos se leen números telefónicos escritos con aerosol y tres palabras que se repiten: “Propiedad privada”. “Activos”. Señales desesperadas de una comunidad que en medio de la muerte y el caos, levanta la voz para confirmar que sigue viva.

¿Qué quieren decir esos mensajes? Y, sobre todo, ¿a quiénes van dirigidos? “Tenemos mucha incertidumbre y es una manera de mostrar presencia en la zona. Mucha gente se retiró y no regresa, salvo que aún esté buscando el cuerpo de un familiar entre las ruinas”, explica Francys Martínez, una abogada de 29 años que tomó la iniciativa de convocar a sus vecinos para juntos llamar la atención de las autoridades.

Al final, 84 torres se han unido para defender sus intereses en Playa Grande, uno de los sectores del estado La Guaira más golpeados por el doblete sísmico del 24 de junio, que hasta la fecha ha dejado un saldo de 5.546 fallecidos.

De acuerdo con el registro adelantado por Martínez, son 6.005 personas afectadas, incluidos 830 niños de 0 a 10 años, otros 922 con edades comprendidas entre los 11 y 17 años, y 713 adultos mayores.

Todos expresión de la muy disminuida clase media venezolana, que vieron cómo en cuestión de segundos sus ahorros quedaban reducidos a escombros y hoy están refugiados en casas de familiares y amigos en Caracas y otras regiones de Venezuela.

Los edificios se dividen entre los que se cayeron y aquellos que a duras penas se mantienen en pie, pero no son habitables. “La gente siente el temor de que será desplazada y el tema de la propiedad es muy delicado”, comenta la joven abogada.

En este punto remarca la diferencia que existe entre las personas que residían en los urbanismos construidos y adjudicados por el gobierno, y los propietarios de estos apartamentos de Playa Grande, desarrollados por el sector privado y que en su momento fueron comprados por sus dueños “con su esfuerzo, sin ningún tipo de ayuda oficial”.

En el aire

Martínez confiesa que “existe el temor de que nos quiten la propiedad del terreno, nos envíen a otra zona del país” y no les reconozcan sus derechos. “La idea no es entorpecer la labor del gobierno sino ser escuchados. ¿Cómo pueden tomar una decisión si no escuchan a la gente, si no conocen nuestros sentimientos y necesidades?”, se pregunta.

Los vecinos de Playa Grande entienden que la prioridad se concentre en aquellos que hoy están durmiendo en carpas o en los campamentos transitorios -unas 24.477 personas, según el último parte oficial-, pero aclaran que ellos también merecen ser oídos. “Poco se habla del duelo que sufre quien pierde todo su patrimonio”, lamenta.

La petición de estos damnificados de Playa Grande es muy sencilla: “Que nos den información”. Reclaman la falta de transparencia de las autoridades. Cuentan que hubo personas que este fin de semana hicieron más de tres horas de cola bajo el sofocante sol de La Guaira para participar en un censo realizado por el gobierno, aunque ni siquiera sabían qué podían lograr con eso.

El 98% de esta comunidad rechaza ser ubicado en un urbanismo de la Misión Vivienda. “Esa no es una solución viable”, observan. En contraste, la mayoría se inclina por la promesa hecha por la presidenta encargada Delcy Rodríguez de acceder a un crédito hipotecario subsidiado por el gobierno. Sin embargo, ningún vocero oficial ha brindado detalles sobre ese plan. “Nos causa mucha desesperación no saber nada”, expresa Martínez.

En pie de lucha

La abogada relata que “la mayoría de los edificios fueron saqueados”. Detalla que en algunos casos las torres ni siquiera han sido inspeccionadas y que en otros, revisan el inmueble y le pegan una etiqueta que califica su estado, pero no ofrecen explicaciones a los dueños. “¿Por qué van a derribar tu propiedad sin darte una razón?”, interpela.

Narra que los propios vecinos tuvieron que enfrentar a las autoridades que se disponían a demoler un edificio donde, además, aún se hallaban cuerpos que los familiares buscaban. “La gente quiere que se cumplan los protocolos”, resume.

Los propietarios de Playa Grande también comparten el temor de que invadan los restos de sus apartamentos. “Algunos edificios se han organizado con el fin de pagar vigilancia privada para evitar que se metan en los edificios que están deshabitados. Esa es otra preocupación más, que se agarren las ruinas”, indica Martínez.

Expertos aseguran que Lima sufrirá ante ausencia de sismos

El escenario que describen los especialistas incluye no solo miles de viviendas destruidas y vías de comunicación inservibles, sino también un maremoto de gran intensidad en las regiones más próximas al epicentro. El temor a un gran terremoto se fundamenta en la extensa duración del silencio sísmico que afecta a Lima y sus alrededores, una condición que eleva el riesgo de una liberación súbita de energía acumulada en la zona.

De acuerdo con el reporte de un experto del IGP, la capital peruana y las regiones costeras presentan una vulnerabilidad significativa ante un sismo de gran magnitud. La falta de actividad sísmica relevante durante casi tres siglos ha incrementado la inquietud sobre la posibilidad de un evento de impacto masivo.

Un país marcado por la interacción de placas

La explicación geológica detrás de este fenómeno es clara. Perú, por su ubicación sobre el límite de la placa de Nazca y la placa continental sudamericana, experimenta ciclos sísmicos recurrentes. La interacción entre ambas placas genera fricción y acumula tensión frente a la costa central, un proceso que, según el IGP, podría culminar en un movimiento telúrico de gran magnitud.

El especialista consultado señaló que la fricción constante en esa zona provoca que la energía se concentre hasta que, inevitablemente, se libera en forma de terremoto. Cuando ocurre, las regiones cercanas al epicentro reciben los mayores niveles de sacudimiento del suelo, lo que incrementa los daños materiales y humanos.

En el caso de un sismo estimado en 8,8 grados de magnitud, el epicentro se ubicaría frente a la costa central peruana. Las zonas más afectadas serían Áncash, Lima e Ica, además de áreas del interior donde las ondas sísmicas lleguen con intensidad suficiente para causar destrucción.

El riesgo de un maremoto y la falta de predicción

Un terremoto de esas características tendría consecuencias devastadoras para la infraestructura y la población. Según advirtió el especialista del Instituto Geofísico del Perú, el impacto sería masivo y podría estar acompañado de un tsunami con olas de hasta 15 metros, afectando principalmente las zonas costeras próximas al epicentro.

La advertencia incluye la proyección de decenas de miles de fallecidos y la destrucción de servicios básicos y vías de comunicación. “Las víctimas mortales serían incontables”, puntualizó el experto, añadiendo que los daños materiales superarían la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades.

Pese a la gravedad de la hipótesis, el experto subrayó que no existe actualmente una manera de predecir con exactitud el momento en que ocurrirá un gran sismo. La dificultad para anticipar estos eventos mantiene a la población en estado de alerta permanente, sobre todo en áreas densamente pobladas como Lima.

Preparación ante un evento incierto

La única opción frente al riesgo sísmico es la preparación. Lima y la costa central peruana deben considerar planes de evacuación, refuerzo de infraestructuras y campañas de educación ciudadana que permitan reducir la vulnerabilidad ante un eventual terremoto.

El escenario planteado por el Instituto Geofísico del Perú combina tres factores principales: el prolongado silencio sísmico, la acumulación de tensión tectónica y la exposición de áreas urbanas a un movimiento de gran magnitud. Esta combinación obliga a las autoridades y a la población a mantenerse en alerta y fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres.

El especialista concluyó recordando que la historia sísmica de Perú demuestra que los ciclos de grandes terremotos tienden a repetirse. La acumulación de energía en la costa central mantiene vigente la posibilidad de un evento de gran magnitud, cuyo impacto podría alcanzar dimensiones catastróficas en una de las regiones más pobladas del país.

Al cumplirse este 24 de julio un mes del doblete sísmico que sacudió la región centro-norte de Venezuela, dejando hasta la fecha un saldo oficial de 5.398 fallecidos, organizaciones de la sociedad civil proponen la creación de una comisión supranacional técnico-científica que “analice objetivamente las consecuencias de los terremotos y determine imparcialmente las responsabilidades”.

“La tragedia ocurrida el pasado 24 de junio tiene que servir para analizar consecuencias y determinar responsabilidades, sin ocultamientos ni amiguismo, así como para actualizar las normas que correspondan, con criterios alejados de lo político y de lo circunstancial”, plantean en una misiva pública.

El cataclismo ha abierto un debate sobre la calidad de las edificaciones construidas, especialmente las relacionadas con el programa gubernamental Misión Vivienda, en el estado La Guaira, declarado zona de desastre.

Medios locales han recordado que en 2021, el exministro Farruco Sesto, responsable de la Misión Vivienda, declaró en un foro en Madrid que “no hacíamos estudios de suelo. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas”. Ante los cuestionamientos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez se ha limitado a responder que la mayoría de las torres que se derrumbaron fueron levantadas por el sector privado.

“La reconstrucción de las zonas fuertemente afectadas requiere, previamente, conocer con precisión las causas explicativas de severos daños causados en la infraestructura, viviendas, vías, hospitales, aeropuerto y otras edificaciones, que provocaron una tan elevada cantidad, aún en proceso de cálculo, de fallecidos, heridos, desaparecidos y familias sin hogar”, sostienen Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo y Grupo La Colina, entre otros.

El parte oficial del gobierno da cuenta de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Sin embargo, todas las estimaciones independientes son muy superiores, entre ellas las de la NASA que habla de casi 59 mil edificaciones dañadas.

Sin partidos

Las organizaciones de la sociedad civil sostienen que esta comisión de expertos debe “realizar ingeniería forense de las edificaciones afectadas, para precisar las causas específicas que determinaron su colapso total o parcial”, tras recordar que “no todas sufrieron de igual modo, pese a estar en la misma zona, por lo cual deben evaluarse las diversas razones”.

Creen necesario establecer si se presentó “incumplimiento en proyectos de normas antisísmicas y de otras regulaciones urbanísticas, por parte de organismos públicos y constructores privados, materiales de insuficiente calidad y fallas de inspección técnica durante la construcción”.

También abogan por “determinar las razones que impidieron o retrasaron la acción oportuna de las instancias a cargo de la gestión de riesgos y desastres naturales”. El gobierno de Delcy Rodríguez señala que las severas críticas a la atención de la emergencia obedecen a “matrices” que buscan desestabilizar al régimen chavista.

Los promotores de esta iniciativa resaltan que es fundamental evitar la partidización de las averiguaciones. “Estamos convencidos de que no podemos delegar la investigación en organismos que pudieran tener culpabilidad en lo acontecido”, subrayan.

El sismo de magnitud 5.1 que remeció la región Junín el sábado 18 de julio dejó un saldo de cinco fallecidos, decenas de heridos y numerosos damnificados en varios distritos, con epicentro en la provincia de Chupaca.

El movimiento telúrico causó daños estructurales en viviendas, establecimientos de salud, redes eléctricas e infraestructura clave, dejando a muchas familias sin refugio y en condiciones precarias.

En el barrio Huayna Cápac, distrito de Chongos Bajo, decenas de damnificados improvisaron carpas con maderas y plásticos para pasar la noche ante el temor de nuevos derrumbes. “Ya estamos en el tercer día después del sismo y no tenemos apoyo de ninguna autoridad. Estamos solo en una carpa y eso es muy peligroso”, relató Karina, una de las afectadas.

Las bajas temperaturas agravan la situación, especialmente para niños y adultos mayores. “Con el frío, nuestros niños se están enfermando. Necesitamos calaminas, casitas prefabricadas, frazadas”, agregó la vecina.

La emergencia también ha golpeado la economía familiar. Agricultores como Lucía, damnificada de Chongos Bajo, perdieron viviendas y fuentes de ingreso.

“Estoy cocinando con leñita. No hay nada para comer. Mis hijitos están asustados. Sus cuadernos están aplastados y ahora no sé de dónde voy a sacar para ellos”, contó. Los pobladores denunciaron la entrega de alimentos y medicinas vencidas, así como la falta de maquinaria para retirar escombros y recuperar pertenencias.

Gobierno declara estado de emergencia

Frente a la magnitud de los daños, el Gobierno declaró el estado de emergencia en los distritos de Ahuac (Chupaca) y Huayucachi (Huancayo) mediante el Decreto Supremo N° 111-2026-PCM, sumando estos territorios a los ya declarados en emergencia tras el sismo. La medida responde a la necesidad de ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación durante 60 días.

El decreto autoriza la donación de bienes de primera necesidad y asistencia humanitaria bajo la Ley N° 30498. Entre los insumos priorizados figuran alimentos, agua, medicinas, carpas, ropa de abrigo y útiles de aseo.

Los servicios gratuitos incluyen catering, atención médica, transporte, logística y almacenamiento, así como la provisión de insumos médicos, vacunas y equipos necesarios para la emergencia.

Según el documento oficial, el Gobierno Regional de Junín, los gobiernos locales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) liderarán la ejecución de medidas de excepción, en coordinación con diferentes ministerios e instituciones públicas y privadas.

“Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando”, señala la norma.

El Ejecutivo destacó que la atención a la población afectada será prioritaria y que se proveerán refugios temporales, servicios médicos y apoyo logístico en los distritos declarados en emergencia.

Además, las autoridades indicaron que la presidenta electa, Keiko Fujimori, visitará Junín en los próximos días para reunirse con los damnificados y supervisar la entrega de ayuda.

Las viviendas con columnas expuestas, fachadas sin revestimiento y ampliaciones pendientes forman parte del paisaje urbano en numerosos distritos del Perú. Esta imagen, presente tanto en Lima como en otras ciudades del país, vuelve al centro del debate debido a las dudas sobre la resistencia de miles de inmuebles frente a un eventual sismo de gran magnitud.

El fenómeno no responde a una única causa. Especialistas consultados por BBC News Mundo coinciden en que intervienen factores económicos, el crecimiento de las familias, la expansión de la autoconstrucción y la falta de políticas públicas capaces de responder al déficit de vivienda. El resultado se observa en barrios donde las obras avanzan por etapas, según la capacidad económica de cada hogar.

Las cifras también muestran la dimensión del problema. Según el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), cerca de siete de cada diez viviendas del país son producto de la autoconstrucción. A su vez, el Observatorio Nacional de Prospectiva indicó que, en 2023, el 44,6 % de la población residía en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas.

Expertos en urbanismo, geografía y vivienda sostienen que este modelo de crecimiento urbano influye tanto en la apariencia de las ciudades como en la seguridad de millones de personas. El análisis incorpora aspectos históricos, sociales y económicos que explican por qué muchas edificaciones permanecen incompletas durante décadas.

La autoconstrucción marcó el crecimiento de las ciudades

El urbanista Wiley Ludeña, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC News Mundo que el incremento de este tipo de viviendas tomó fuerza desde la década de 1960, cuando el proceso de industrialización impulsó una fuerte migración del campo hacia las ciudades. Según el especialista, el déficit habitacional motivó una respuesta basada en la autoconstrucción.

Ludeña señaló que las autoridades promovieron este mecanismo sin ofrecer suficientes recursos económicos para las familias. En ese contexto, numerosos asentamientos comenzaron su desarrollo con viviendas de adobe que, con el paso de los años, incorporaron concreto y nuevos niveles conforme mejoraba la capacidad económica de sus propietarios.

El especialista resumió este proceso con una frase que refleja la situación del país: “Perú es un país que nunca termina de construirse”. También afirmó que Lima funciona “como una ciudad informal gigante, como si fuese toda una barriada en obra permanente”.

La economía familiar define el ritmo de las obras

La falta de recursos aparece como uno de los principales factores detrás de las construcciones incompletas. De acuerdo con BBC News Mundo, muchas familias destinan primero sus ingresos a otras necesidades antes que a culminar sus viviendas.

Said Sevilla, estudiante de Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó que las columnas visibles sobre los techos suelen responder al proyecto de añadir nuevos pisos cuando exista dinero suficiente. También indicó que los laterales de muchas viviendas permanecen sin pintar debido a la posibilidad de futuras ampliaciones en los predios vecinos.

La profesora Tania Herrera, doctora en Geografía por la Université Paris Cité, señaló que “es difícil encontrar viviendas autoconstruidas finalizadas porque la autoconstrucción misma hace que la casa sea susceptible a modificaciones constantes para adecuarla a las necesidades de la familia”. Además, indicó que la demanda de habitaciones para alquiler incrementa las modificaciones permanentes dentro de estos inmuebles.

Las políticas públicas continúan como un desafío

Julio Calderón Cockburn, profesor especializado en realidad social urbana del Instituto Lincoln, explicó que los gobiernos suelen enfrentar el déficit de vivienda mediante dos estrategias: una preventiva, basada en vivienda social antes del crecimiento informal, y otra correctiva, centrada en la formalización posterior mediante títulos de propiedad y servicios.

El especialista sostuvo que en Perú predominan programas de bonos, créditos y subsidios dirigidos a la demanda, aunque muchas familias de menores ingresos quedan fuera debido a la informalidad laboral y a las dificultades para acceder al sistema financiero.

Herrera también advirtió sobre el impacto de decisiones políticas en la expansión urbana. Según la experta, “En todo el país, gobiernos locales promueven barriadas y prometen títulos y formalizaciones a cambio de estabilidad y estatus quo”.

Especialistas alertan sobre los riesgos frente a un terremoto

El debate sobre las viviendas inacabadas tomó fuerza tras los recientes terremotos registrados en Venezuela, situación que reavivó las preguntas sobre la capacidad de respuesta del parque habitacional peruano frente a un evento similar.

Herrera recordó que las ciudades de la costa peruana, entre ellas Lima, presentan alta exposición a los sismos. La investigadora citó estimaciones de 2014 que proyectaban el colapso de más de un millón de viviendas en Lima Metropolitana ante un terremoto superior a magnitud 7.

La especialista también explicó que gran parte de las viviendas construidas desde la década de 1970 no recibió asistencia técnica durante su ejecución. Esa realidad dificulta conocer las condiciones estructurales internas de numerosos inmuebles.

Por su parte, Erick Lau, especialista en derecho inmobiliario y urbanístico, descartó que el supuesto ahorro del impuesto predial explique de forma generalizada la permanencia de viviendas sin terminar. Según declaró a BBC News Mundo, “Es también un tema cultural que ya se volvió leyenda urbana”. El especialista añadió que las limitaciones económicas y otros factores sociales ofrecen una explicación más consistente para comprender este fenómeno presente en gran parte del territorio peruano.

La ONG Provea se hizo eco de las denuncias de un grupo de familiares que acusan al Ministerio de Obras Públicas de llevar a cabo labores de demolición en un urbanismo de La Guaira, “mientras decenas de voluntarios de la comunidad permanecen en túneles improvisados buscando restos de familiares sepultados bajo los escombros”.

“Para ellos es más fácil demoler que ayudar y sacar los cuerpos”, señaló Gabriela Pérez, quien aún busca a su hija entre los escombros de unos edificios que formaban parte del proyecto gubernamental Misión Vivienda.

Pérez indicó que la maquinaria del ministerio “lo que hace es remover los escombros y sacar a la gente por partes, para ellos (el gobierno) no valemos”.

Al cumplirse un mes del doblete sísmico que ha costado la vida de 5.398 personas, Pérez mantiene la fe en que podrá conseguir a su hija viva. “El gobierno debería poner las herramientas para ayudar, no para desestabilizarnos aún más después de esta tragedia”, expone en un video compartido en las redes de Provea.

“Necesitamos ayuda, no que vengan a mentir diciendo que están desde el día uno cuando no es así”, afirma la mujer, quien subraya que “somos nosotros -los familiares- los que estamos rescatando, no tenemos ayuda de nadie”.

Provea recuerda a las autoridades que deben realizar su trabajo, “respetando la dignidad de las familias afectadas”.

Sin ayuda

El reclamo de Pérez se repite en distintas zonas del estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los dos terremotos del 24 de junio. Los vecinos cuestionan la falta de apoyo oficial y destacan que son los propios familiares los que tratan de rescatar los cuerpos de sus seres queridos.

Los ciudadanos también se han organizado para alquilar maquinaria privada con el fin de avanzar en las labores de remoción de escombros. Testimonios hablan de tarifas que superan los 2 mil dólares para contratar estos equipos.

El último balance oficial publicado por el gobierno de Venezuela contabiliza 17.907 damnificados, 856 edificios afectados y otros 190 colapsados. Además, 23.335 personas se encuentran en los campamentos transitorios desplegados por el Ejecutivo nacional.

“Ante todo, un saludo bolivariano, revolucionario y profundamente chavista”. Así comienza la comunicación que recibió este 17 de julio Alexis Veroes, representante legal del Fondo Social de Ayuda al Anciano.

Completada la introducción, el texto firmado por la alcaldía de Sucre, municipio que conforma el área metropolitana de Caracas, le solicita a Veroes “la entrega voluntaria del inmueble denominado ‘Casa de los Abuelos’”, ubicado en el casco histórico de Petare, uno de los barrios populares más grandes de América Latina.

Fundamentan la petición en el decreto de emergencia firmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras el doblete sísmico del 24 de junio.

Las autoridades locales indican en la carta que utilizarán esos espacios para “albergar transitoriamente a ocho adultos mayores en situación de vulnerabilidad, una cifra que se prevé incrementar progresivamente en los próximos días”.

Pero para solucionar un problema, los funcionarios han creado otro. Los adultos mayores que regularmente usan la “Casa de los Abuelos” en Petare para desarrollar distintas actividades, rechazan la intervención y exigen al alcalde chavista Diógenes Lara que respete sus derechos, en un conflicto que deja en evidencia los peligros del decreto de emergencia suscrito por Rodríguez.

Alerta

Veroes señala que su fundación sin fines de lucro está activa desde 1994 y que en 2008 recibieron la casa en donación por parte de la alcaldía de Sucre. Sin embargo, desde octubre de 2025 las autoridades locales desplegaron una serie de medidas para tratar de tomar el inmueble.

Los abuelos resistieron y la presión cedió, hasta que ocurrieron los terremotos. El artículo 6 del decreto de emergencia apunta que el Ministerio de Interior podrá dictar y ejecutar “la ocupación temporal de instituciones y establecimientos públicos y privados, lotes de terreno o áreas que se requieran para la atención de la población y sectores afectados. Asimismo, podrá ejecutar, o hacer ejecutar, las requisiciones de bienes y servicios indispensables para la satisfacción de las necesidades de la población afectada”.

La ONG Acceso a la Justicia ha advertido que un acto administrativo “no tiene la jerarquía jurídica para restringir Derechos Humanos como el derecho a la propiedad”. Los activistas sociales apuntan que “lamentablemente, el decreto transformó una medida de protección civil en un acto que vulnera garantías ciudadanas”.

Los afectados han decidido asumir ellos mismos la defensa de sus instalaciones. “La lucha la van a encabezar los abuelos”, cuenta Veroes. Papeles en manos, los adultos mayores dicen que su casa es un bien privado y que nadie se las puede arrebatar por la fuerza.

En una asamblea en la que participaron unos 70 abuelos que exponían sus argumentos para continuar en el inmueble, una señora exhortó a sus compañeros: “¡Agárrense duro y no se muevan!”.

“A partir de las 6 de la tarde esto es tierra de nadie”, describe el propietario de un apartamento en la parroquia Urimare, una de las zonas del estado La Guaira más afectadas por el doblete sísmico que ocurrió el 24 de junio y que hasta la fecha ha arrojado un saldo oficial de 5.398 fallecidos.

De profesión abogado, para los efectos de la nota pide que se le identifique como Carlos. El vecino relata que al caer la tarde, desaparecen los pocos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana desplegados en el sector. En ese momento, en medio de la oscuridad y sin señal telefónica, comienza lo que define como “la destrucción sobre la destrucción”.

“Es una situación tenebrosa y de total inseguridad, sin electricidad y ante la ausencia de policías y militares se desatan los saqueos”, refiere Carlos, a quien le robaron todo lo que guardaba en su maletero.

“Hay gente que arriesgando la vida, entra en lugares que están a punto de derrumbarse. En el caso de un amigo, vio que podía sacar la lavadora de su apartamento, pero cuando regresó a la mañana siguiente ya se la habían llevado. Saqueadores cargan con ropas, medicinas, computadoras y demás enseres. Todo se va perdiendo día tras día”, comparte su experiencia.

En circunstancias como esta, suele decirse que lo material se puede recuperar. Sin embargo, debe recordarse que Venezuela ya padecía una emergencia humanitaria producto de una crisis económica marcada por la hiperinflación y la pulverización de la moneda local.

“En un país donde no existe ni la capacidad de ahorro ni el crédito, la gente ha hecho grandes esfuerzos para adquirir lo más básico. ¡En esas ruinas está el ahorro de muchas personas! La reposición de todas estas cosas tiene un costo muy importante para las familias”, advierte.

Vacío

En sus recorridos por Urimare, Carlos observa cada vez menos máquinas operando. Cree que no existe una política del gobierno de Delcy Rodríguez para rehabilitar las viviendas rescatables.

“Solo hacen inspecciones visuales y lo que nos dicen es que debemos esperar a la comisión presidencial. Aquí se requieren inspecciones profundas para determinar el estado de las edificaciones y los pasos a seguir. Las familias necesitan una hoja de ruta y conocer las propuestas del Estado”, subraya.

Reconoce que las autoridades no podían evitar la devastación provocada por los sismos, “pero sí pueden frenar la destrucción posterior por el vacío que deja el Estado”.

“Proteger lo poco que puedas salvar en medio de la tragedia es de mucha importancia”, insiste, mientras solicita al gobierno que se concentre en restablecer el servicio eléctrico y la conectividad, aumentar el pie de fuerza y avanzar con demoliciones controladas, para eliminar posibles escondites de los malhechores.

Carlos aclara que no quiere represión, sino el “auxilio del Estado” para impedir desmanes. “Nosotros en lugar de ver un aliento, una señal, vemos como la tragedia se profundiza por la desidia”, lamenta.

La tragedia que dejaron los terremotos de Venezuela en junio sigue teniendo consecuencias para cientos de animales, que hoy buscan reencontrarse con sus familias o encontrar un nuevo hogar. Gatos, perros, tortugas y hasta una cabra quedaron sin refugio tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, que azotaron el estado de La Guaira y causaron pérdidas humanas y materiales de enorme gravedad.

En el epicentro de la emergencia, los números revelan el alcance del desastre: más de 5.000 personas murieron, 23.000 perdieron sus viviendas y más de 17.000 resultaron heridas. Este impacto humano se reflejó también en la suerte de las mascotas, muchas de las cuales deambulan por los escombros o esperan en refugios improvisados.

Las familias afectadas comenzaron una silenciosa búsqueda para recuperar a sus mascotas. En la ciudad costera de La Guaira, los refugios de animales se multiplicaron, convirtiéndose en último recurso para quienes perdieron todo. El relato de Raquel Ramos sobre su gata es un ejemplo: “Cuando ocurrió el terremoto, salimos corriendo y ella se quedó atrás. No pude encontrarla desde ese día”.

El terremoto dejó a miles de personas y animales sin vivienda en La Guaira. Los afectados acudieron a refugios en busca de sus mascotas, mientras decenas de voluntarios atienden a perros, gatos y otras especies rescatadas entre los escombros. Muchos animales esperan reunirse con sus dueños, mientras otros aguardan una oportunidad de ser adoptados por nuevas familias.

Las escenas de reencuentro son frecuentes en estos centros. Amanda González, estudiante de veterinaria, describe la emoción de quienes logran dar con sus mascotas: “Los reencuentros son muy emotivos. Todos terminan llorando”. González resaltó la sorpresa de ver animales que se creían perdidos: “Estos son animales que quizás creían extintos, y cuando ven que están aquí, se alegran, y nosotros también”.

En uno de los refugios estatales, el ambiente es de esperanza y solidaridad. Allí, los perros juegan en espacios abiertos y los gatos descansan en jaulas, mientras voluntarios y veterinarios se ocupan de su alimentación y salud. Hasta el momento, 326 mascotas llegaron a este centro, de las cuales unas 50 encontraron ya una familia adoptiva.

La historia de Astrid Ugas, de 17 años, ilustra el compromiso de los más jóvenes: “Quiero ayudar a todos los que lo necesiten”, afirmó tras decidir adoptar no uno, sino cuatro gatitos, después de perder a su propio felino durante los temblores.

El rescate de animales continúa incluso semanas después del desastre. Un equipo local logró sacar con vida a un gato negro de entre los restos de un edificio derrumbado, casi un mes después de los terremotos. El hallazgo renovó la esperanza de quienes esperan noticias de sus mascotas.

La atención veterinaria es una prioridad en los refugios temporales. Un local de McDonald’s, ahora convertido en centro de acogida, funciona también como espacio de consulta. “Hemos atendido a 50 animales al día, incluyendo perros, gatos, tortugas e incluso alguien trajo una cabra”, explicó Yanier Veliz, estudiante de veterinaria y voluntaria.

Algunas gatas incluso dieron a luz en estos refugios, ampliando la familia animal mientras esperan una solución definitiva. Los voluntarios destacan el papel emocional que cumplen las mascotas para quienes perdieron todo, y la importancia de los reencuentros en medio de la adversidad.

Muchos de los damnificados continúan recorriendo los refugios, aferrados a la esperanza de encontrar a sus animales o de brindar refugio a los que esperan una segunda oportunidad. La catástrofe en La Guaira dejó cicatrices profundas tanto en las personas como en sus compañeros de cuatro patas, pero también colocó de relieve la solidaridad y la capacidad de resiliencia de una comunidad que no olvida a ningún miembro, humano o animal.

(Con información de AFP)

El balance oficial de víctimas por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este miércoles a 5.398 fallecidos, después de que las autoridades incorporaran 52 nuevas muertes respecto al reporte anterior. El Gobierno mantuvo en 16.740 la cifra de heridos y actualizó los datos sobre personas desplazadas, refugios temporales y daños materiales, mientras el país entra en una etapa enfocada en la asistencia humanitaria y la reconstrucción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difundió el nuevo balance a través de su canal de Telegram. El informe oficial también señala que 23.335 personas permanecen alojadas en 107 campamentos transitorios, lo que representa 213 más que en el reporte del martes. El funcionario informó además que 128.324 familias recibieron asistencia por parte de las autoridades desde el inicio de la emergencia.

En relación con la situación habitacional, el balance presenta diferencias respecto a reportes anteriores. El informe de este miércoles indica que 17.907 personas perdieron sus viviendas, después de que el martes la cifra oficial descendiera a 17.265. Las autoridades no ofrecieron una explicación sobre ese cambio.

El reporte también actualizó el impacto del desastre sobre la infraestructura. Según los datos oficiales, los terremotos dejaron 856 edificios afectados y 190 colapsados en distintas zonas del país, con especial impacto en Caracas y el estado La Guaira, donde se registraron los mayores daños.

Desde el doble sismo del 24 de junio, las autoridades contabilizaron 1.463 réplicas, es decir, 58 más que en el balance previo. Entre ellas figura un movimiento de magnitud 3,9, registrado el 10 de julio, con epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira.

Las tareas de rescate permitieron extraer con vida a 6.462 personas atrapadas entre los escombros desde el inicio de la emergencia. Con el paso de las semanas, las operaciones de búsqueda dieron lugar a una fase centrada en la remoción de escombros, la asistencia a los damnificados y los trabajos de reconstrucción.

En el plano financiero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó para Venezuela 346 millones de dólares, recursos que forman parte de las reservas del país en el organismo multilateral y que servirán para apoyar las labores posteriores al desastre.

Como parte del plan de recuperación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 viviendas a los afectados antes de finalizar este año y otras 10.000 durante 2027.

La Asamblea Nacional aprobó además reformas legales destinadas a acelerar la construcción de nuevos urbanismos y facilitar la compra de viviendas en el mercado secundario. Paralelamente, el Ejecutivo puso en marcha un censo biométrico para determinar el déficit habitacional provocado por los terremotos.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno para personas afectadas por el desastre. El acto se realizó en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, con la participación de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.

Las autoridades continúan sin publicar un registro oficial de personas desaparecidas. Sin embargo, la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, creada para reportar casos de personas cuyo paradero aún se desconoce, registra más de 29.000 personas que no pudieron ser localizadas tras los sismos.

Además, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) durante junio, el número de desaparecidos podría alcanzar las 50.000 personas.

(Con información de EFE y AFP)

Días después de que España se coronara campeona del Mundial 2026 con un gol de Ferrán Torres en el tiempo extra ante Argentina, el cantante peruano Ezio Oliva tuvo que salir a responder una ola de críticas que recibió por haber apoyado públicamente a la selección española.

Oliva, radicado en Madrid junto a su esposa Karen Schwarz y sus dos hijas desde inicios de este año, publicó un video en sus redes y un mensaje para fijar su postura y redirigir la conversación hacia una emergencia que, según él, merece mucha más atención que un partido de fútbol.

“Los últimos días he recibido muchísimos mensajes, sobre todo de Perú, que por qué apoyo a España, si yo soy latinoamericano, arañándose, bla bla bla”, dijo Oliva al inicio de su video, con tono directo.

Luego fue al punto: “En realidad, cada uno apoya a quien quiere, a quien le provoca. Voy a ser muy crudo con lo que les voy a decir. Para mí es solo un partido de fútbol y les prometo de verdad que hoy, que ya pasó el Mundial, tu vida va a ser igual. Tu vida no ha cambiado en nada y la mía tampoco”, señaló.

El llamado a ayudar a Junín y el mensaje en redes

El video no se limitó a responder las críticas. Oliva aprovechó la atención que generó la polémica para hablar del sismo registrado en Junín, que dejó personas heridas y fallecidas en la zona de Chupaca.

“El sismo lamentable que ha habido en Junín, donde hay muertos, donde hay peruanos que nos necesitan. Quiero mostrarles cuáles son las formas y los canales para ayudar. Poner mis redes a disposición para poder ayudar en lo que se pueda, pues es momento de, en vez de estar pensando a quién apoyaste en el Mundial y esas tonterías, qué les parece si nos ponemos a ayudar a nuestros hermanos de Junín”, afirmó.

El mensaje escrito que acompañó la publicación fue en la misma línea: “Mientras seguimos discutiendo por fútbol en redes sociales, hay familias peruanas que lo perdieron todo. Y, lo más doloroso, hay personas fallecidas tras el sismo en Junín. Quizá es momento de dejar por un rato las peleas que no cambian nada y empezar a hablar de lo que realmente importa. Hoy, más que nunca, toca unirnos”, escribió junto a la bandera peruana.

Las reacciones a ese video fueron mayoritariamente favorables. “Bien dicho Ezio, es solo un partido y uno apoya a quien quiere; más amor, menos odio”, escribió un seguidor. Otro añadió: “Es lógico que él apoye a España, ¿cómo no hacerlo si lo aman tanto allá? Pero ya pasó el Mundial y ¿ya ayudaste a nuestros hermanos de Junín?”.

También hubo quienes compartieron su propia experiencia como peruanos en el exterior: “Yo vivo más de 35 años aquí, tengo una hija española, mis sobrinos son españoles, y aun así mil veces saco cara por mi querido Perú. España es mi segundo país y hogar”, comentó una usuaria.

La celebración que desató la polémica y su nueva etapa en España

La controversia comenzó cuando Oliva publicó un video junto a sus hijas celebrando el triunfo español con el mensaje: “Por España que nos ha recibido con tanto cariño y por todos mis amigos. ¡Campeones del mundo!”. Los comentarios no tardaron: “Antes que España, somos latinos”, “Qué pena Ezio, antes de todo eres sudamericano”, “Celebrando por ese país”.

Ante esa primera reacción, el cantante ya había respondido con humor: “No se arañen, es solo un partido de fútbol y cada quien apoya al equipo que le provoque. Les prometo que mañana cuando este Mundial haya terminado, su vida y la mía no habrá cambiado en nada”.

Oliva se mudó a España a inicios de 2026 con Schwarz y sus dos hijas, en una decisión que la pareja comunicó públicamente y que implicó reorganizar su vida familiar y profesional. Desde Madrid, el músico también ha retomado su actividad artística: relanzó ‘Cómo le hago’, uno de sus temas más conocidos, en una nueva versión junto a la orquesta canaria Nueva Línea.

La familia también contó en una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’ como es su nueva rutina es España. “Decidí como mamá que el primer mes aquí en España mis hijas disfruten. Para ellas es importante que en su cabecita se esté acondicionando que esto va a ser su hogar”, explicó Schwarz en ese espacio.

Han pasado cuatro días desde que un sismo de magnitud 5.1 estremeció la provincia de Chupaca y otras zonas de la región Junín. El movimiento telúrico, registrado la noche del sábado 18 de julio, dejó al menos cinco personas fallecidas y más de 60 heridas.

Las consecuencias aún se sienten en el distrito de Chongos Bajo, barrio Huayna Cápac y áreas aledañas, donde decenas de familias permanecen en condiciones precarias.

En el barrio Huayna Cápac, los pobladores denunciaron que la ayuda no ha sido suficiente. Con viviendas colapsadas y temor a nuevas réplicas, improvisaron carpas con madera, plástico y toldos para pasar la noche.

“Ya estamos en el tercer día después del sismo y no tenemos apoyo de ninguna autoridad. Estamos solo en una carpa y eso es muy peligroso”, relató Karina, una de las damnificadas, según recogió Latina Noticias.

Las imágenes difundidas mostraron a niños y adultos mayores durmiendo en refugios armados con materiales prestados por vecinos. Las bajas temperaturas durante la madrugada afectan especialmente a los menores de edad.

“Con el frío, nuestros niños se están enfermando. Necesitamos calaminas, casitas prefabricadas, frazadas”, pidió Karina. Los vecinos alertaron sobre la inseguridad de las estructuras, armadas con madera deteriorada y materiales recogidos de la zona agrícola.

Además de la falta de abrigo, los damnificados denunciaron la entrega de medicinas y alimentos vencidos. “Nos han entregado medicinas vencidas y también aguas y alimentos vencidos. No deben aprovecharse de la situación”, reclamó Karina.

Reniec despliega campaña gratuita de DNI para damnificados

Frente a este panorama, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) activó una campaña gratuita para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de los afectados por el sismo. La primera jornada se realizó el lunes 20 de julio en Chongos Bajo, donde se gestionaron 60 trámites, 45 para adultos y 15 para menores de edad.

Esta acción permite que los ciudadanos recuperen su DNI y accedan a los servicios y beneficios estatales mientras dure la situación de emergencia. Según informó el Reniec, la próxima jornada se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio en los distritos de Chongos Bajo y Chupuro. La atención se realizará en la plaza principal para facilitar el acceso de la población.

La campaña prioriza a ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, quienes necesitan el documento de identidad vigente para recibir ayuda humanitaria, ingresar a programas sociales y acceder a servicios públicos.

“Estas medidas adoptadas por el Reniec, mediante la campaña gratuita de emisión de DNI, benefician a las personas que han quedado damnificadas por la afectación de sus viviendas tras el sismo”, informó la entidad.

Ayuda en curso para Junín

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) detalló que la emergencia movilizó a personal de rescate y salud, como el SAMU y la Dirección Regional de Salud, para atender a los heridos y monitorear las zonas afectadas.

El corte eléctrico afectó a varios distritos, incluyendo Sapallanga, Chilca y Cullhuas, aunque la Red Vial Nacional y los servicios de telecomunicaciones permanecen operativos, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

De acuerdo con Luis Vásquez, titular del Indeci, cinco personas murieron y cientos de familias aún permanecen en refugios temporales.

“Hay damnificados que se encuentran en la Plaza de Armas, en el centro poblado de Pumpunya. Son más o menos 300 personas que también en un área común a los cuales se les está asistiendo porque están en tiempo de helada ahorita ahí en Huancayo”, precisó Vásquez para América.

Los afectados aseguran que muchas viviendas quedaron inhabitables tras el movimiento telúrico y que, por temor a nuevos derrumbes debido a las réplicas registradas en la zona, decidieron alejarse de sus casas destruidas.

“Ya estamos en el tercer día después del sismo y no tenemos apoyo de ninguna autoridad. Estamos solo en una carpa y eso es muy peligroso”, relató Karina, una de las damnificadas del barrio Huayna Cápac, a Latina Noticias.

Las imágenes mostraron a familias enteras, incluidos niños y adultos mayores, durmiendo en estructuras improvisadas armadas con palos y materiales prestados por vecinos. Los pobladores alertaron que estas instalaciones no brindan seguridad ni protección frente a las bajas temperaturas que se registran durante la madrugada.

Niños y adultos mayores enfrentan noches de frío

Uno de los principales reclamos de los damnificados es la falta de abrigo. Según señalaron, durante la noche la temperatura puede acercarse a los cero grados, situación que afecta principalmente a los menores de edad.

“Con el frío, nuestros niños se están enfermando. Necesitamos calaminas, casitas prefabricadas, frazadas”, pidió Karina.

La mujer explicó que las carpas fueron armadas con madera encontrada en la zona agrícola y con apoyo de otros vecinos, pero advirtió que los materiales no son seguros.

“Estas maderas están podridas. Hemos tenido que juntar de las chacras y prestarnos de los vecinos para poder armar algo. Esto no es seguro para nuestros hijos”, señaló.

Denuncian entrega de medicinas y alimentos vencidos

Además de la falta de refugio, los damnificados denunciaron presuntas irregularidades en la ayuda recibida. Karina aseguró que algunos productos entregados a los pobladores se encontraban vencidos.

“Nos han entregado medicinas vencidas y también aguas y alimentos vencidos. No deben aprovecharse de la situación. Queríamos darle a un niño que está con gripe, pero ¿qué podemos hacer si está vencido?”, cuestionó.

Los pobladores también solicitaron maquinaria pesada para poder retirar los escombros de sus viviendas y recuperar algunas de sus pertenencias.

“Necesitamos una máquina, una grúa para sacar nuestras cosas porque todo está tumbado encima de las casas y no podemos ingresar”, agregó.

Familias perdieron viviendas y fuentes de ingreso

La emergencia también golpeó la economía de las familias afectadas. Muchos pobladores de Chongos Bajo se dedican a la agricultura y aseguran que, tras el sismo, no pueden regresar a sus labores.

Lucía, otra damnificada, contó que su vivienda quedó completamente destruida y que ahora no tiene cómo sostener a sus hijos.

“Estoy cocinando con leñita. No hay nada para comer. Mis hijitos están asustados. Sus cuadernos están aplastados y ahora no sé de dónde voy a sacar para ellos”, relató.

La mujer explicó que su familia depende del trabajo en la chacra, pero que las condiciones actuales le impiden salir a trabajar.

Los pobladores señalaron que al menos 21 familias permanecen en la zona improvisando refugios temporales. En algunas carpas se han visto obligados a acomodar hasta ocho o diez personas para protegerse del frío.

“En cada carpa somos seis, algunos ocho o diez personas. Tenemos que acomodarnos como sea, con nuestros hijos”, contó una de las vecinas.

A la falta de vivienda se suma el temor por la seguridad, pues los damnificados aseguran que no pueden dejar sus casas destruidas por miedo a que sus pertenencias sean robadas.

“Lo poquito que tenemos está aplastado. No podemos salir a trabajar porque también vienen delincuentes a asaltar”, denunció otra pobladora.

Piden carpas, módulos temporales y ayuda urgente

Ante esta situación, las familias afectadas hicieron un llamado a las autoridades para acelerar la entrega de ayuda humanitaria y módulos temporales de vivienda.

Entre los pedidos principales se encuentran:

• carpas seguras;
• calaminas;
• frazadas y abrigo;
• alimentos para niños;
• medicamentos en buen estado;
• módulos o viviendas prefabricadas.

“Les suplicamos que nos den esas casitas prefabricadas. Con eso vamos a estar un poco más tranquilos”, pidió Karina.

Mientras esperan la llegada de ayuda, las familias continúan pasando las noches fuera de sus viviendas destruidas, enfrentando el frío, la incertidumbre y el temor de nuevas réplicas tras el sismo que golpeó la región Junín.

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela hace casi un mes ascendió a 5.346, tras la suma de 68 decesos reportados el martes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantiene en 16.740 y se contabilizan 17.907 personas sin vivienda, de acuerdo con el balance difundido por el titular del Parlamento.

Actualmente, 23.122 personas permanecen en 107 campamentos transitorios y 128.324 familias recibieron atención por parte de las autoridades. El desastre dejó 856 edificios afectados y 190 colapsados. Desde el doble sismo del 24 de junio, se registraron 1.405 réplicas.

El lunes, el Gobierno entregó las primeras viviendas a más de 240 familias afectadas, en un acto encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Además, las autoridades convocaron el martes a familiares de víctimas a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos, especialmente en morgues de La Guaira y Bello Monte, Caracas, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio de Interior.

El Gobierno chavista remarcó que el objetivo es “lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias”. Las personas deberán acudir a la sede del Senamecf en Bello Monte, Caracas, entre lunes y sábado, de 8.30 a 18.00 hora local, para la realización de las pruebas de ADN, según informaron el Senamecf y el Ministerio de Interior.

Las autoridades no ofrecieron cifras oficiales de desaparecidos. La iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’ registra 29.500 personas en paradero desconocido tras los terremotos. Cifras no confirmadas recibidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas estiman que el número de desaparecidos podría alcanzar los 50.000.

En La Guaira, identificada como la zona cero del doble sismo, rescatistas y voluntarios mantienen las labores de búsqueda para localizar los cuerpos de las personas fallecidas que aún permanecen bajo los escombros de los edificios derrumbados. El Ministerio de Salud venezolano anunció también el martes un intenso despliegue de fumigación y control sanitario en varias parroquias de La Guaira. Las acciones incluyeron fumigación, rociamiento, desinfección y desratización para frenar la proliferación de mosquitos y otros vectores tras las recientes contingencias ambientales.

El operativo contó con cuadrillas de fumigadores e inspectores de salud, organizados para cubrir estratégicamente los sectores abordados y mitigar los riesgos epidemiológicos en la zona, según informó la cartera en un comunicado. La jornada se concentró especialmente en las parroquias Caraballeda, La Guaira y Macuto.

En paralelo, Delcy Rodríguez agradeció el martes a la delegación de auxilio y asistencia humanitaria de Israel por las operaciones de apoyo realizadas en el país tras el doble terremoto del 24 de junio. Según una nota de Prensa Presidencial, Rodríguez sostuvo una reunión con la delegación israelí, que concluyó sus labores en territorio venezolano.

El equipo de Israel, con respaldo de la comunidad judía venezolana, incluyó ingenieros civiles cuya labor se centró en la evaluación de estructuras colapsadas, el diagnóstico de vulnerabilidad en edificaciones y el diseño de planes de contingencia urgentes para la gestión de la emergencia.

Rodríguez ya se había reunido con este grupo hace dos semanas, en un encuentro donde también participaron otras delegaciones internacionales para coordinar la remoción de escombros. En esa ocasión estuvo presente Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien brindó asesoramiento sobre el manejo de residuos.

(Con información de EFE)

La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) propuso al gobierno interino de Delcy Rodríguez realizar “un censo inmediato de todas las edificaciones estatales” inconclusas, así como la conformación de una comisión técnica para auditar y evaluar estructuralmente los urbanismos del programa gubernamental Misión Vivienda que fueron afectados por el doblete sísmico que sacudió a Venezuela el miércoles 24 de junio.

La CVC “plantea un esquema de alianzas público-privadas (APP) para que los constructores privados asuman la ingeniería, el reforzamiento y la culminación” de las estructuras que comenzó el gobierno chavista y que aún permanecen sin terminar.

Producto de los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, que hasta la fecha han dejado 5.278 fallecidos, 17.907 personas quedaron sin viviendas y unas 23.587 se encuentran en campamentos transitorios.

La presidenta encargada entregó este lunes 240 apartamentos a familias afectadas por el cataclismo. Esas unidades habitacionales pertenecían a diputados chavistas y están ubicadas en un urbanismo desarrollado en Fuerte Tiuna, el complejo militar más importante del país donde funciona el Ministerio de Defensa.

Revisión

En cuanto a la comisión técnica, el gremio de los constructores estima que debe incorporar a expertos de la academia y de las instituciones para “auditar y evaluar estructuralmente los urbanismos y edificios tanto de la Gran Misión Vivienda Venezuela como todos aquellos que fueron impactados y no impactados por los sismos, a fin de acometer los correctivos necesarios”.

“Con el propósito de canalizar y movilizar recursos económicos provenientes de fondos nacionales, financiamiento multilateral, asistencia internacional o activos recuperados, y de fortalecer los mecanismos de integridad, control y rendición de cuentas en la ejecución de obras públicas, proponemos la creación de un comité autónomo de contraloría financiera”, exponen.

La CVC considera que esa instancia debe asumir la responsabilidad de “supervisar la asignación de las obras mediante procesos ágiles, competitivos y sustentados en criterios técnicos, a empresas nacionales idóneas y profesionales, bajo la modalidad de alianzas público-privadas”.

Sin IVA

Con el fin de atender la emergencia, el sector de la construcción solicita a Delcy Rodríguez “de forma temporal y por un período de 18 meses, la exoneración total del IVA para la adquisición de insumos críticos de construcción producidos en el país -cemento, cabillas, bloques, agregados, yeso y tuberías- destinados a los proyectos de reconstrucción”.

“Resulta indispensable decretar arancel cero (0%) para la importación de maquinaria pesada, equipos de transporte, maquinarias y equipos para edificaciones, componentes estructurales avanzados y demás equipos requeridos”, exhorta la CVC, que también defiende una “tregua fiscal municipal” que exonere de impuestos a las obras civiles orientadas a mitigar la crisis habitacional provocada por los terremotos.

Visto el récord histórico del régimen chavista en cuanto al respeto a la libertad de expresión, debe reconocerse que sin duda ha habido una apertura tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Este “nuevo momento político” -así definido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez- ha coincidido con el doblete sísmico del 24 de junio, cataclismo que ha concitado el interés mundial, con medios de todas partes aterrizando en Venezuela para cubrir la tragedia.

El gobierno ha permitido el ingreso de corresponsales que en los tiempos de Maduro estaban absolutamente vetados. Y no ha puesto demasiadas trabas a la labor periodística en el terreno. Sin embargo, la tolerancia chavista se agota rápidamente.

Fiel a su costumbre, el oficialismo arrecia su ofensiva contra la prensa independiente y atribuye todas las críticas a su gestión del desastre a “matrices de opinión” que buscarían socavar su estabilidad.

“La primera decisión ese día fue militarizar el estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate”, apuntó Delcy Rodríguez en una rueda de prensa.

Los ataques y limitaciones al trabajo de los reporteros encienden las alarmas del gremio periodístico venezolano y de organizaciones de la sociedad civil, que rechazan los insultos y exigen eliminar la censura que aún afecta a las plataformas digitales.

Límites

“Lo peor del palangrismo mundial quiso hacer en Venezuela una fiesta de sangre, de muerte”, disparó el ministro de Interior, Diosdado Cabello, afirmando que los medios internacionales “vinieron con un guion preparado, buscando alebrestar a los venezolanos”. Palangre es el término que se utiliza en Venezuela para referirse al pago ilícito que recibiría un periodista por publicar una información a favor o en contra de cierta persona.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó las palabras de Cabello, “que descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación”.

“Este tipo de señalamientos desde altas autoridades alimenta un clima de hostilidad contra la prensa y puede incrementar los riesgos para quienes ejercen labores informativas en el terreno”, manifestó el SNTP.

Luego trascendió que el gobernador chavista del estado Monagas, Ernesto Luna, solicitó a los comunicadores no entrevistar a los sobrevivientes del terremoto que se están trasladando a esa entidad del oriente venezolano, advirtiendo que quien desafíe esta prohibición se expone a acciones judiciales.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) respondió a Luna que “el intento de prohibir o restringir las entrevistas a los ciudadanos damnificados por los recientes terremotos es una violación flagrante al derecho humano y constitucional de informar y estar informado, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y emergencia donde la visibilidad de los afectados es clave para la ayuda humanitaria y la contraloría social”.

Los voceros gremiales han denunciado amenazas contra periodistas venezolanos y extranjeros por parte de cuerpos de seguridad en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras el doblete sísmico, y hasta la detención por dos horas de una reportera que hablaba con vecinos afectados por la paralización de los ascensores en las torres residenciales más altas del país.

Bloqueo

La ONG Provea recordó a Delcy Rodríguez que “tiene la obligación de ordenar el desbloqueo de los más de 90 medios digitales independientes que siguen censurados en Venezuela”. Entre los afectados está Infobae.

“Necesitamos transparencia y acceso a información ante emergencias nacionales. Las personas en zonas afectadas necesitan información verificada sobre réplicas, rutas de evacuación y servicios activos. El acceso a la información está reconocido en el artículo 58 de la Constitución. Los bloqueos informativos deben cesar”, demandó Provea.

La mandataria encargada instaló el 23 de enero el Programa para la Convivencia y la Paz, instancia que abrió un proceso de diálogo con el gremio periodístico para abordar, entre otros temas, el caso de los medios bloqueados. Hasta la fecha, ese asunto sigue sin resolverse.

En ese escenario, uno de los factores que más preocupa no es únicamente la magnitud que pueda alcanzar un eventual terremoto, sino la vulnerabilidad de las edificaciones, especialmente en Lima, donde vive cerca de un tercio de la población del país.

El ingeniero civil Darwin La Torre, docente de la Universidad de Lima, advirtió en ATV Noticias que la capital presenta una alta proporción de viviendas construidas mediante autoconstrucción, muchas de ellas sin supervisión profesional ni cumplimiento de las normas técnicas.

“Se estima que aproximadamente entre el 70 % y 80 % son viviendas de albañilería, pero no necesariamente construidas de acuerdo con las normativas. Son viviendas que no están reforzadas y presentan diversos problemas estructurales”, explicó.

Según detalló, aunque Lima no está conformada mayoritariamente por casas de adobe como ocurre en varias zonas rurales, ello no significa que sus edificaciones sean más seguras. El problema radica en que muchas viviendas fueron levantadas progresivamente por sus propios propietarios, sin asesoría de ingenieros o arquitectos.

Entre las principales deficiencias mencionó la ausencia de columnas y vigas de confinamiento en los muros, así como el uso de ladrillos pandereta como elementos estructurales, pese a que estos materiales fueron diseñados únicamente para divisiones interiores y no para soportar cargas sísmicas.

Un escenario preocupante

La Torre recordó que incluso sismos moderados registrados recientemente en Lima ocasionaron daños en diversas viviendas y dejaron víctimas fatales. Sin embargo, señaló que un terremoto de gran magnitud tendría consecuencias mucho más severas.

“La preocupación más importante es si ocurre un terremoto. Ahí sí el escenario no es nada prometedor”, afirmó durante una entrevista.

Consultado sobre si la destrucción registrada tras recientes terremotos en otros países podría repetirse en la capital peruana, el especialista sostuvo que la realidad de Lima podría ser incluso más compleja debido al elevado número de edificaciones vulnerables.

“No me gusta ser alarmista, pero viendo la realidad, yo creo que incluso el panorama puede ser peor”, manifestó.

Viviendas de adobe también requieren reforzamiento

El especialista explicó que, en las zonas donde predominan las viviendas de adobe como Junín, existen alternativas que permiten reducir considerablemente el riesgo de colapso durante un terremoto.

Una de ellas consiste en instalar geomallas, mallas de cuerdas o mallas electrosoldadas tanto en la parte exterior como interior de los muros. Estos sistemas ayudan a mantener unidas las paredes cuando el adobe comienza a fracturarse.

“La malla retiene los bloques y mantiene la integridad estructural. Aunque el muro se parta, no colapsa inmediatamente, lo que puede dar tiempo para que las personas evacúen”, explicó.

Para el docente universitario, el Perú necesita implementar políticas permanentes de prevención que incluyan programas de capacitación sobre construcción segura y difusión de técnicas de reforzamiento estructural, especialmente en las zonas donde predominan viviendas construidas sin asistencia técnica.

Primero Justicia, uno de los principales partidos opositores de Venezuela, presentó este lunes un plan para la reconstrucción del estado costero de La Guaira basado en la experiencia japonesa en gestión de desastres sísmicos. La propuesta, firmada por María Gabriela Hernández, secretaria nacional de Ambiente y Sostenibilidad del partido, llega cuando el doble terremoto del 24 de junio acumula 5.208 muertos y 16.740 heridos según el balance oficial difundido el domingo por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y cuando la zona costera más afectada acumula, según estimaciones conjuntas del Gobierno venezolano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más de 2,1 millones de toneladas de escombros.

El plan parte de una premisa política explícita: que el Estado venezolano “carece de capacidad técnica y voluntad política requeridas para atender de manera integral a las comunidades afectadas”, según declaró Hernández en un comunicado. El documento opone a esa supuesta incapacidad un conjunto de medidas concretas inspiradas en Japón, uno de los países con mayor experiencia acumulada en respuesta a catástrofes sísmicas. La primera apunta a la gestión de escombros mediante parcelamiento, clasificación, trituración e incineración móvil para reabrir vías bloqueadas, junto a la prohibición de arrojar basura y materiales tóxicos al mar.

La segunda medida consiste en retomar el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) tras la Tragedia de Vargas de diciembre de 1999. Aquel desastre devastó el entonces estado Vargas —rebautizado La Guaira en 2019— mediante deslaves e inundaciones de magnitud excepcional. La cifra de víctimas nunca pudo establecerse con precisión: las estimaciones oscilaron entre cientos y hasta 30.000 muertos según distintas fuentes. El estudio de la cooperación japonesa quedó sin implementar en sus aspectos centrales.

La tercera línea del plan propone ejecutar las recomendaciones de la Universidad Central de Venezuela para modernizar las canalizaciones de los cauces de concreto armado, e incorpora la exigencia de estudios de microzonificación sísmica antes de autorizar cualquier construcción o reconstrucción en el área costera.

Según datos oficiales, el doble sismo dejó al menos 190 edificios colapsados, otros 856 con daños estructurales y 17.907 personas sin vivienda. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con segundos de diferencia el 24 de junio y superaron en intensidad cualquier evento sísmico registrado en el país en más de un siglo, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS). La catástrofe encontró a Venezuela con una infraestructura debilitada por más de una década de contracción económica: hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua arrastraban déficits de mantenimiento que los sismos pusieron en evidencia.

“La reconstrucción no es viable bajo los mismos esquemas de quienes fallaron en el pasado”, sostuvo Hernández. La frase sintetiza la lógica de la propuesta: trasladar al terreno técnico una crítica con una dimensión institucional clara. El partido no especificó de qué manera pretende impulsar el plan en un contexto en el que la dictadura de Nicolás Maduro —desplazado del poder ejecutivo tras las elecciones de 2024 y reemplazado por una presidencia interina encabezada por Delcy Rodríguez— controla los mecanismos de aprobación y ejecución de cualquier proyecto de reconstrucción a escala nacional.

La referencia japonesa tiene respaldo técnico independiente. El ingeniero estructural Hideki Kit Miyamoto, fundador de Miyamoto International, se encuentra en La Guaira desde mediados de julio evaluando daños junto a equipos venezolanos, mexicanos y estadounidenses. Miyamoto calificó el escenario como uno de los más devastadores de su carrera y exploró con autoridades venezolanas estrategias inspiradas en el modelo aplicado tras el terremoto de Kobe de 1995. La propuesta de Primero Justicia se inscribe en ese marco, aunque su viabilidad dependerá de la disposición del aparato gubernamental para incorporar criterios técnicos externos en la reconstrucción más compleja que enfrenta Venezuela en décadas.

Las condiciones estructurales de estos inmuebles forman parte de un problema que también alcanza al Centro Histórico de Lima. La antigüedad de las edificaciones, sumada a las restricciones propias de su condición patrimonial, dificulta la ejecución de obras destinadas a reforzar su seguridad y preservar la integridad de quienes las ocupan.

La magnitud del problema involucra tanto a las familias que residen en estas construcciones como a las personas que transitan diariamente por calles rodeadas de balcones, muros y techos con signos evidentes de deterioro. Diversas entidades especializadas sostienen que parte de estas estructuras presenta un elevado riesgo de colapso si ocurre un movimiento sísmico intenso.

Frente a este panorama, autoridades locales solicitan medidas excepcionales para obtener recursos que permitan intervenir en los inmuebles patrimoniales sin afectar su valor histórico. El pedido también busca acelerar acciones preventivas antes de que ocurra una emergencia de mayores dimensiones.

Miles de viviendas presentan deterioro crítico en el Rímac

Durante un recorrido realizado por Exitosa en el Centro Histórico del Rímac, se informó que cerca de 20 mil casonas existen dentro del distrito. De ese total, alrededor de 4,700 casonas y quintas se encuentran en estado crítico o fueron declaradas inhabitables, una condición que representa un riesgo permanente para la población.

Según la información difundida por el medio, más de 30 mil personas continúan viviendo en estos inmuebles pese al deterioro de sus estructuras. Muchas edificaciones fueron construidas con materiales como adobe, quincha y carrizo, elementos característicos de la arquitectura tradicional, pero cuya resistencia disminuye con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

En el jirón Chiclayo, ubicado a pocos minutos de Palacio de Gobierno y de la Municipalidad del Rímac, varias casonas muestran balcones sostenidos por apuntalamientos de madera y paredes con visibles daños estructurales. La preocupación alcanza también a quienes utilizan diariamente esa vía para dirigirse a sus centros de trabajo o abordar el transporte público.

Uno de los vecinos consultados describió las características de estas viviendas y manifestó su preocupación por un eventual terremoto. “Es pura quincha. Son las columnas, son tronco. ¿Eso desde qué año serán esas casas construidas? Y cualquier, con un sismo como va a ser como en allá, en... último que había ahí, se viene abajo todo. Paredes son tejedas con carrizo”, señaló.

Riesgo también alcanza al Centro Histórico de Lima

La información presentada por Exitosa precisa que la situación no solo afecta al Rímac. En el Centro Histórico de Lima existen 1,678 inmuebles considerados en estado ruinoso, con deterioro severo y posibilidad de colapso frente a un sismo de gran magnitud.

Asimismo, 936 edificaciones fueron declaradas inhabitables. De acuerdo con la advertencia del Colegio de Arquitectos del Perú, 1,379 unidades estructurales del Centro Histórico presentan riesgo de colapso total ante un terremoto de gran intensidad, mientras cerca del 60 % sufriría daños graves.

Estas construcciones integran el patrimonio histórico de Lima, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial desde 1991. Esa condición obliga a cumplir procedimientos específicos para cualquier intervención, lo que limita la ejecución de obras inmediatas en numerosos inmuebles.

Municipalidad solicita recursos para intervenir inmuebles patrimoniales

El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, explicó que la municipalidad no puede ordenar la demolición de estas casonas debido a su condición patrimonial. “Soy crítico de este régimen. No podemos intervenir directamente aunque existan riesgos para la vida de las familias. Hemos pedido al Ejecutivo y al Congreso que se tomen medidas urgentes”, expresó.

El burgomaestre informó que la comuna impulsa la incorporación del distrito a la Ley 31.980, norma que establece un régimen especial de financiamiento para el Centro Histórico de Lima mediante la asignación del 3 % del IGV recaudado en el distrito para la recuperación de zonas patrimoniales.

“El Cercado de Lima ya recibió 120 millones de soles gracias a esta ley. Lo que buscamos es que el Rímac también sea incorporado y cuente por primera vez con recursos propios para salvar sus casonas y proteger a sus vecinos. Ya hemos logrado que las comisiones del Congreso lo aprueben por amplia mayoría, solo falta que el Pleno lo ratifique”, indicó De la Rosa.

El alcalde también alertó sobre las consecuencias que tendría un desastre natural en el distrito. “Si ocurriera un terremoto de gran magnitud, el Rímac sería el epicentro de la tragedia. Estamos hablando de miles de vidas en peligro. No podemos esperar más derrumbes para actuar”, advirtió.

Mientras la propuesta legislativa continúa su trámite, la municipalidad informó que mantiene coordinación con ProLima para ejecutar apuntalamientos en algunas viviendas. Sin embargo, la disponibilidad de recursos económicos restringe el alcance de estas intervenciones, pese al elevado número de inmuebles que requieren atención urgente.

Mientras su madre y su hermano siguen frente a los restos de lo que fue el edificio Punta Brisas, en Macuto, estado La Guaira, Franyelis Castrejón y otros familiares recorren a diario hospitales y morgues.

Todos buscan desesperadamente a Zuleida Josefina Lárez Rancel, quien según el testimonio de vecinos pudo ser rescatada y trasladada inconsciente la madrugada del 25 de junio a un hospital de La Guaira, estado declarado zona de desastre tras los dos terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio.

Zuleida Josefina, de 64 años y conocida como “Fina”, estaba en su apartamento del piso 12 del edificio Punta Brisas cuando se registró el doblete sísmico que hasta la fecha ha dejado 5.208 fallecidos.

“El edificio se derrumbó, pero los vecinos nos indicaron que entre la 1 y las 3 de la madrugada pudieron sacar a varias personas, entre ellas a mi tía, que estaba inconsciente pero con signos vitales”, relata Franyelis, de 29 años.

Testigos contaron a la familia que a Fina la subieron a una camilla y la retiraron del lugar. “No tenemos más información de ese momento, todo estaba muy oscuro y hay detalles que los vecinos olvidan”, apunta la joven.

Con esas escuetas referencias, la familia de Fina desarrolla su propia investigación tocando puerta por puerta, ante la ausencia de datos y mecanismos oficiales para hallar a los ciudadanos dados como desaparecidos.

Opacidad

El gobierno interino de Delcy Rodríguez no publica cifras de desaparecidos. “Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando, si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron (...). No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, declaró el 11 de julio Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada.

Tampoco existe una institución que centralice la información disponible para facilitar las búsquedas independientes. “En todos los hospitales hay listas de pacientes, pero me consta que no están completas. Cuando voy a hospitales, me piden que revise la lista, pero al explicarles la situación, me dicen que pase a ver a los pacientes uno a uno”, detalla Franyelis.

En sus visitas a los centros de salud se ha encontrado con “pacientes inconscientes, que están intubados, solos, sin sus familiares, que no han podido identificarse. Hay listas escritas a mano y los pacientes están siendo trasladados a otros lugares, razón por la cual es muy difícil llevarles el rastro”, observa.

Cuando ocurrió el cataclismo, Fina estaba con su pareja y su hijo. El primero murió y pudo ser identificado por sus parientes en un hospital de La Guaira. En cambio, sobre el muchacho no hay certezas.

“Conseguimos a un joven con características similares a las de mi primo e intentamos identificarlo, pero era muy difícil. Eso fue en los primeros días, cuando no tomaban huellas y los familiares identificaban como podían. Después ese cuerpo fue trasladado a otro lugar y no supimos si era mi primo. Todavía estamos tratando de ver si esa persona era mi primo”, expresa Franyelis.

La duda

Franyelis habla con mucho aplomo, pero inevitablemente se quiebra cuando describe lo que se ha convertido en su rutina. “Ir todos los días a los lugares, ver a los pacientes, a las personas fallecidas, estar allí”, comenta entre lágrimas.

Fina no aparece en ningún listado y a sus parientes les genera mucho ruido que no haya un registro de ingreso a algún hospital. “Hemos ido muchas veces y siempre nos responden que no”, manifiesta.

Entretanto, el hermano de Franyelis permanece entre las ruinas del edificio de Macuto, removiendo escombros junto a los vecinos que intentan a pulso recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

“Gracias a unos amigos de mi primo fue que ahora pudimos conseguir unas maquinarias. Aquí la propia familia se tiene que subir a los escombros para buscar, no hay funcionarios ni apoyo oficial”, lamenta.

El número de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio ascendió este domingo a 5.208, según el balance difundido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. La actualización incorpora 89 nuevos fallecidos respecto al recuento anterior y confirma que, a casi un mes del desastre, la cifra de víctimas mortales sigue en movimiento. Los heridos registrados se mantienen en 16.740, cifra estabilizada en los últimos días según los informes oficiales. Las autoridades venezolanas informaron además que hasta el momento han sido atendidas 86.794 familias por los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

Los dos sismos ocurrieron el 24 de junio de 2026 con apenas 39 segundos de diferencia: el primero, de magnitud 7,2, tuvo epicentro a 23 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy; el segundo, de magnitud 7,5, se originó 28 kilómetros al sureste de Yumare, a solo 10 kilómetros de profundidad. La escasa profundidad del segundo evento amplificó su capacidad destructiva sobre la superficie, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que emitió alerta roja para ambos movimientos y activó una alerta de tsunami que fue cancelada horas después.

Las zonas más afectadas fueron La Guaira, Caracas y el Distrito Capital, con daños extendidos a los estados Miranda, Carabobo, Yaracuy y Aragua. La Guaira concentró las pérdidas más graves: decenas de edificios colapsaron en Macuto, Caraballeda y Naiguatá, localidades con alta densidad de construcción de mampostería sin refuerzo estructural. Las autoridades contabilizaron 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo, según datos oficiales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó daños físicos directos por 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del PIB venezolano, mediante análisis satelital realizado en las primeras 72 horas. El organismo advirtió que esa cifra cubre únicamente pérdidas directas en viviendas y activos económicos, y que el impacto total suele multiplicarse entre 1,5 y 3 veces al incorporar costos de reconstrucción y disrupción económica acumulada.

Sobre el terreno operaban, según datos oficiales de mediados de julio, más de 30.000 efectivos militares y cerca de 30.000 voluntarios. Las autoridades reportaron la distribución de 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua entre la población damnificada. Más de 21.200 personas permanecen en 107 refugios temporales. El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que el sistema multilateral requiere 296 millones de dólares adicionales para sostener la asistencia durante seis meses, luego de que la respuesta inicial recibiera 300 millones. Más de 30 países participaron en el operativo con equipos de rescate, suministros y brigadas caninas especializadas.

La catástrofe encontró a Venezuela con una infraestructura debilitada por más de una década de contracción económica. Hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua arrastraban déficits de mantenimiento que los sismos pusieron en evidencia. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6,8 millones de personas podrían necesitar asistencia humanitaria, mientras UNICEF calculó que unos 680.000 niños se encuentran entre los afectados. Un doblete de magnitudes 6,2 y 6,3 registrado en septiembre de 2025 había dejado una víctima y más de 110 heridos en la misma región; los sismos del 24 de junio superaron en intensidad cualquier evento registrado en el país en más de un siglo, según el USGS.

A casi cuatro semanas del desastre, las familias que aún buscan cuerpos entre los escombros de La Guaira ilustran la distancia que separa el cierre de la emergencia de su inicio. La reconstrucción de viviendas, hospitales y redes de servicios básicos exigirá recursos y plazos que desafían la capacidad de un Estado que antes del 24 de junio ya operaba al límite de sus posibilidades estructurales.

El temblor ocurrió a las 08:48 horas del centro de la República, con epicentro en la costa chiapaneca, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, de acuerdo con los datos atribuidos al Servicio Sismológico Nacional en el texto fuente. La sacudida se sintió en distintos municipios del estado y obligó a miles de personas a detener por unos momentos sus labores.

En el caso de Gordillo, el sismo lo alcanzó mientras daba mantenimiento habitual a unos equipos instalados sobre una torre ubicada en el Libramiento Sur de la capital chiapaneca. Por la altura y el movimiento de la estructura, no pudo bajar de inmediato y tuvo que esperar a que pasara la parte más intensa del temblor para evitar una caída.

Alex Gordillo quedó expuesto al movimiento en la parte más alta de la estructura

Un video difundido en redes sociales mostró al trabajador todavía sobre la torre, con casco blanco, chaleco reflejante y un arnés amarillo como parte de su equipo de seguridad. Desde ahí relató el miedo que sintió durante el movimiento telúrico y la dificultad para mantener la calma mientras la estructura se sacudía.

Su testimonio quedó registrado en una frase breve y directa: “No paro de temblar. Estoy aquí en la torre. Se sacudió bien sabroso. Estuvo potente el temblor, potente potente. 35 metros nada más”. La declaración describió tanto el efecto físico del sismo como la tensión emocional del momento.

El trabajador era un especialista en mantenimiento de torres de telecomunicaciones y realizaba esa labor de manera regular. Según el texto fuente, llevaba tres años en ese oficio y nunca había enfrentado una experiencia similar.

Gordillo explicó que, si el sismo se sintió fuerte a nivel de piso, en la punta de la estructura el bamboleo resultó todavía más intenso. La descripción coincidió con la percepción de riesgo que generó la grabación, donde se observó que permanecía sujeto a gran altura mientras esperaba condiciones más seguras para descender.

El trabajador pudo bajar por su propio pie después del temblor

El dato central del episodio fue que Alex Gordillo no cayó ni resultó lesionado pese a quedar atrapado temporalmente en lo alto de la torre durante el sismo. El equipo de seguridad que portaba y la resistencia de la estructura evitaron que el hecho pasara de un susto extremo a un accidente grave.

Tras el movimiento, pudo bajar por su propio pie, sano y salvo. El episodio quedó como una de las escenas más llamativas asociadas al temblor de ese viernes, no por daños materiales reportados en el texto, sino por la condición en la que lo sorprendió el fenómeno natural.

La torre se localizaba en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, una de las zonas mencionadas en el relato sobre la jornada sísmica en Chiapas. Ahí, el trabajador atendía tareas de mantenimiento cuando comenzó la sacudida que detuvo brevemente la rutina de los habitantes del sur del país.

El texto también subrayó que el joven describió lo ocurrido como “algo fuera de serie”. Esa valoración partió de su experiencia acumulada en un trabajo de altura donde el riesgo es parte cotidiana de la jornada, pero donde no había vivido antes un terremoto de esa magnitud en la parte más alta de una estructura.

La escena permitió dimensionar el efecto del sismo más allá de la cifra de magnitud. Mientras muchas personas buscaron una zona segura en casas, oficinas o en la calle, Gordillo quedó sujeto a una torre de telecomunicaciones, expuesto al vaivén de la estructura en un punto donde cualquier error podía tener consecuencias mayores.

El terremoto de 7.4 dejó así una imagen precisa de la vulnerabilidad de ciertos oficios frente a los fenómenos naturales. En este caso, la combinación de experiencia, equipo de protección y resistencia de la torre permitió que el trabajador superara el episodio sin lesiones.

• El sismo de 7.4 ocurrió a las 08:48 horas del 17 de julio y tuvo epicentro en la costa de Chiapas, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
• Alex Gordillo fue sorprendido por el temblor mientras trabajaba en una torre de telecomunicaciones a 35 metros de altura en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.
• El trabajador llevaba tres años en ese oficio, nunca había vivido una situación similar y logró descender sano y salvo después del movimiento.

Irregular enjambre sísmico en México: se registran seis movimientos telúricos en Chiapas perceptibles en varios estados

Diversos sismos ocurrieron en tres estados de la república mexicana, los más fuertes en Chiapas sucedieron la mañana de este viernes, la fuerza y periodicidad tan corta con la que ocurrieron causó conmoción en la población.

El Sismologico Nacional reportó que el más fuerte fue de magnitud 7.4, localizado a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo Chiapas, exactamente a las 08:48:38 con latitud 14.162 y longitud -93.287 con una profundidad de 10.0 km.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la mañana de este viernes 17 de julio en el sur de México, con epicentro frente a las costas de Chiapas, y sus efectos se extendieron hasta Guatemala y otros países centroamericanos. Según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México, el sismo ocurrió a las 08:48 hora local, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala.

Las autoridades mexicanas reportaron evacuaciones preventivas de viviendas, oficinas y comercios en la zona afectada, así como la activación de protocolos de emergencia, aunque hasta el momento no se han registrado víctimas mortales ni daños de consideración.

El movimiento telúrico también provocó alarma en Guatemala, sobre todo en el occidente del país, donde se reportaron daños materiales, derrumbes y bloqueos en vías de comunicación. Como medida de precaución, el gobierno guatemalteco dispuso la suspensión de clases escolares en varias regiones.

De acuerdo con reportes oficiales, no se confirmaron fallecidos por el sismo. Este tipo de eventos requieren vigilancia constante, ya que la región forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que, tras el fuerte sismo en México, se activaron protocolos de monitoreo para descartar un posible riesgo de tsunami en el litoral peruano.

Según el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), el evento se registró a 86 kilómetros al oeste de Suchiate, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. Las autoridades peruanas mantuvieron vigilancia hasta confirmar que el movimiento no representaba amenaza para las costas nacionales.

“No tenemos reportes de ningún ciudadano peruano fallecido o herido”

La comunidad peruana en Guatemala recibió información directa sobre la situación tras el sismo a través de la embajada. Guido Toro, embajador del Perú en Guatemala, aseguró que “no existen reportes de ningún ciudadano peruano fallecido o herido” por el terremoto que se sintió con fuerza en el país centroamericano.

El diplomático explicó que la capital guatemalteca experimentó una menor intensidad del movimiento, y que la mayoría de los aproximadamente 800 peruanos residentes en Guatemala vive en esa ciudad.

Toro detalló que el sismo afectó principalmente al occidente del país, donde se registraron daños materiales y bloqueos en carreteras. Las redes sociales de la embajada de Perú en Guatemala están abiertas para cualquier conciudadano que haya tenido algún inconveniente y se contacte con nosotros.

También a través del teléfono celular de emergencia de la sección consular: (502) 5554-7548 y del número fijo (502) 2339-4301. El canal de comunicación permanece disponible para atender solicitudes y brindar información a los peruanos en Guatemala.

La embajada permanece en contacto con las autoridades locales y con la comunidad peruana para garantizar la atención rápida ante cualquier eventualidad. Hasta el momento, la capital no ha reportado heridos ni fallecidos, y los connacionales pueden comunicarse en caso de requerir asistencia urgente.

Cabe destacar que Perú mantiene monitoreo permanente de los terremotos ocurridos tanto en territorio nacional como en la región, ya que algunos pueden tener impacto indirecto en las costas debido a la ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico. La Marina comunicará cualquier cambio relevante a través de sus canales oficiales y continuará informando sobre la evolución del evento.

La destrucción material se extendió por todo el país. Más de 186.000 edificaciones quedaron inhabitables y, en Chimbote, entre el 80 % y el 90 % de las viviendas colapsaron. El uso predominante de adobe en las construcciones, material poco resistente a los movimientos sísmicos, agravó el impacto.

Un domingo que cambió la historia del país

El sismo ocurrió a las 15:23, un domingo, cuando muchas familias se encontraban en sus casas o asistían a misa. El epicentro, ubicado en el océano Pacífico, generó un movimiento telúrico que se sintió desde Lima hasta zonas de Ecuador y Brasil, aunque el mayor daño se concentró en Áncash, Huánuco, La Libertad y el norte de Lima.

En el Callejón de Huaylas, la tragedia adquirió dimensiones aún más letales. Una masa de lodo, piedras y hielo descendió del Huascarán a 320 km/h, la cual arrastró unos 7,6 millones de metros cúbicos de material y sepultó por completo a Yungay y Ranrahirca en cuestión de minutos.

Yungay y Ranrahirca, bajo el alud

Yungay quedó casi aniquilado. Su población pasó de 25.000 habitantes a menos de 400. Solo permanecieron en pie una estatua de Cristo en el cementerio y cuatro palmeras, que hoy son símbolo del recuerdo. La mayoría de los sobrevivientes se encontraba en zonas altas, como el cementerio o el estadio. Entre ellos figuraban 300 niños que asistían a una función de circo y que lograron ponerse a salvo gracias a la advertencia de un artista conocido como Cucharita, quien les indicó que subieran a un lugar seguro.

Ranrahirca vivió un patrón similar. De sus cerca de 20.000 habitantes, solo unos cientos lograron sobrevivir. La amenaza no era desconocida para la región; en 1962, ocho años antes del terremoto, otro alud provocado por un sismo ya había sepultado parte de Ranrahirca y causó 2.000 muertes.

Investigaciones y advertencias previas

Ese episodio de 1962 impulsó nuevas investigaciones de científicos extranjeros sobre el nevado. Al estudiar el macizo, detectaron una formación rocosa inestable sostenida apenas por un glaciar y advirtieron que una nueva ruptura podía destruir Yungay. Ni siquiera la cresta que separaba al pueblo de la montaña fue suficiente: la magnitud del derrumbe superó esa barrera natural y arrasó el asentamiento.

La emergencia se agravó por el colapso de la infraestructura. La Carretera Panamericana se fracturó en varios tramos, las vías férreas quedaron inutilizadas, se destruyeron puentes y cayeron postes, mientras las fallas eléctricas aislaron a numerosas localidades. Muchas víctimas quedaron atrapadas durante días sin asistencia.

Respuesta internacional y cifras del desastre

La ayuda internacional llegó por vía aérea. Más de 60 países enviaron ayuda humanitaria y Estados Unidos mandó alimentos, medicamentos y personal de rescate. Los problemas logísticos, sin embargo, dificultaron que los suministros llegaran con rapidez y regularidad a todos los damnificados.

Las pérdidas económicas se estimaron en más de 500 millones de dólares de la época. La devastación humana quedó reflejada en el testimonio de un sobreviviente: “Todo lo que conocíamos desapareció en un instante”.

Cambios en la institucionalidad y la memoria

La respuesta estatal se consolidó dos años después del desastre. En 1972 se creó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) para preparar a la población ante emergencias y diseñar protocolos de prevención y reacción. Además, el 31 de mayo fue declarado Día de la Educación y la Reflexión sobre Desastres Naturales.

El antiguo Yungay fue clausurado por el gobierno y declarado cementerio nacional, con prohibición de realizar excavaciones. Las ruinas de la catedral, las palmeras sobrevivientes y los restos del cementerio permanecen como sitio de memoria.

La reconstrucción y el futuro

Los sobrevivientes no aceptaron alejarse del lugar. Se instalaron a un kilómetro del antiguo asentamiento, fundaron Yungay Norte y más tarde recuperaron el nombre original; hoy viven allí más de 10.000 personas.

Según estimaciones recientes, un deslizamiento como el de 1970 es improbable en los próximos años. Sin embargo, la comunidad mantiene la vigilancia sobre una tragedia que permanece activa en la memoria peruana cada vez que la tierra tiembla.

Guía básica de supervivencia sísmica en el Perú

Estar preparados ante un sismo de gran magnitud es una prioridad en nuestro país debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. La primera medida fundamental es elaborar un plan familiar de emergencia y preparar una mochila para emergencias que contenga agua, alimentos no perecederos, abrigo y un botiquín. Identificar previamente las zonas seguras internas de la vivienda o centro de trabajo disminuirá drásticamente el tiempo de reacción al iniciar el movimiento telúrico.

Durante el sismo, la consigna principal es mantener la calma y proceder a la evacuación hacia los puntos de reunión establecidos, utilizando siempre las escaleras y evitando los ascensores. Si la salida inmediata no es viable, es necesario ubicarse en las zonas seguras internas, como las uniones de columnas y vigas, lejos de ventanas o armarios que puedan colapsar. La serenidad en este momento es crucial para evitar accidentes provocados por el pánico colectivo.

Una vez que el movimiento haya cesado, se debe verificar el estado de las instalaciones de gas, luz y agua para prevenir fugas e incendios estructurales. Para comunicarse con familiares, es indispensable priorizar el uso de mensajes de texto o utilizar la línea 119 de mensajería de voz, evitando saturar las redes telefónicas tradicionales. Mantenerse informado mediante una radio a pilas permitirá seguir las instrucciones oficiales de las autoridades de Defensa Civil.

El riesgo sísmico figura entre los principales desafíos para el Perú debido a su ubicación geográfica y a la frecuencia de los movimientos telúricos que se registran cada año. Aunque numerosos sismos pasan sin consecuencias de gran magnitud, especialistas advierten que la preparación continúa como un factor determinante para reducir pérdidas humanas y económicas ante un evento de mayor intensidad.

Durante 2026 se registraron cerca de 400 sismos en el territorio nacional, según los datos expuestos por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). Ese escenario mantiene vigente el debate sobre las condiciones de las viviendas, la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y el nivel de preparación de la población frente a un terremoto de gran magnitud.

Viviendas informales incrementan la exposición al riesgo

La economista de Redes Paola del Carpio explicó a Latina Noticias que la cantidad de sismos registrada durante el año demuestra la actividad permanente del territorio peruano. La especialista precisó que 14 movimientos telúricos superaron la magnitud 5 en la escala de Richter durante 2026, una cifra que refleja la necesidad de fortalecer las medidas de prevención.

La experta indicó que el principal problema aparece en la superficie debido a las condiciones de la infraestructura urbana. Según señaló, tres de cada cinco viviendas del país corresponden a construcciones informales, muchas levantadas mediante autoconstrucción y sin criterios antisísmicos.

Del Carpio también sostuvo que la expansión urbana sin una adecuada planificación incrementa la vulnerabilidad, sobre todo en ciudades como Lima y Callao. Además, recordó que el Servicio Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que alrededor de 14 millones de personas afrontan un riesgo muy alto frente a un sismo debido a las características de sus viviendas o al tipo de terreno donde se ubican.

El terremoto de Pisco refleja el impacto económico y social

La especialista recordó las consecuencias del terremoto ocurrido en Pisco el 15 de agosto de 2007 como referencia para dimensionar los efectos que podría provocar un evento similar.

De acuerdo con la información presentada por REDES, las pérdidas económicas alcanzaron aproximadamente 2.700 millones de dólares. Entre los sectores con mayores daños figuró el sistema de salud, debido al colapso y destrucción de hospitales que resultaban indispensables para atender a los heridos y damnificados durante la emergencia.

El sistema educativo también sufrió consecuencias importantes. Varias instituciones educativas quedaron destruidas, situación que impidió la continuidad de las clases para numerosos estudiantes. Del Carpio explicó que muchos escolares dejaron de asistir debido a los daños en sus colegios o porque destinaron su tiempo al apoyo económico de sus familias.

Como resultado de ese escenario, la probabilidad de culminar la educación secundaria disminuyó cerca de 7 %, según las cifras compartidas por la especialista. Además, las pérdidas económicas ocasionaron la desaparición de aproximadamente 14.800 empleos en Pisco, un efecto que trascendió la etapa inmediata posterior al desastre.

Preparación institucional todavía presenta importantes limitaciones

Durante la entrevista, Del Carpio afirmó que la inversión en prevención representa un ahorro considerable frente a los costos posteriores de reconstrucción. En ese sentido, indicó: “por cada dólar que invertimos en prevenir nos ahorramos quince en reconstruirlo todo”.

La especialista añadió que el beneficio económico no constituye el único aspecto relevante, puesto que la prevención también permite reducir la pérdida de vidas humanas durante una emergencia.

Entre las cifras expuestas por REDES también aparecen limitaciones dentro de las instituciones públicas. Solo el 30 % dispone de planes de gestión del riesgo de desastres, mientras un porcentaje similar realiza estudios de suelo antes del otorgamiento de autorizaciones para actuaciones urbanas.

Del mismo modo, alrededor del 20 % cuenta con protocolos destinados a mantener la continuidad de sus operaciones si una sede resulta afectada por un terremoto. Del Carpio advirtió que esa situación podría comprometer el funcionamiento de hospitales, comisarías y otras entidades esenciales justamente durante los momentos de mayor necesidad.

La especialista también señaló que parte del presupuesto destinado a la gestión del riesgo de desastres permanece sin ejecución, especialmente en gobiernos municipales. Cuando esos recursos sí reciben destino, la mayor proporción financia acciones vinculadas con lluvias e inundaciones, mientras la prevención frente a sismos ocupa un lugar menos prioritario.

La preparación dentro de los hogares todavía resulta limitada

Otro aspecto abordado durante la entrevista corresponde a la participación ciudadana en las medidas preventivas. Según las estadísticas mencionadas por Del Carpio, tres de cada cuatro personas participan en simulacros; sin embargo, explicó que ese indicador incorpora actividades obligatorias desarrolladas en centros laborales e instituciones educativas.

La representante de REDES sostuvo que la preparación familiar ofrece una evaluación más precisa del nivel de respuesta de la población. En ese contexto, indicó que apenas el 12 % de los hogares dispone de una mochila de emergencia correctamente equipada.

Para la especialista, esos datos evidencian la necesidad de fortalecer las acciones preventivas tanto desde las instituciones públicas como dentro de cada vivienda, especialmente en un país que mantiene una actividad sísmica constante durante todo el año.

Guía básica de supervivencia sísmica en el Perú

La prevención ante desastres naturales es la mejor herramienta para mitigar los efectos de un fuerte sismo en territorio peruano. Resulta vital diseñar un protocolo de seguridad que asigne tareas específicas a cada miembro del hogar y asegurar la disponibilidad de la mochila de salvamento. Ubicar los puntos estructurales más firmes del entorno habitual es una tarea que debe realizarse con anticipación.

En el momento del desastre, el control de las emociones es clave para desplazarse con cuidado hacia los exteriores transitables. Si la evacuación rápida se complica, hay que resguardarse bajo umbrales seguros o junto a columnas resistentes mediante la técnica de autoprotección. Es imperativo no utilizar elevadores bajo ninguna circunstancia, ya que los cortes de energía son comunes durante estas contingencias.

Al finalizar la sacudida, se aconseja revisar visualmente la edificación antes de reingresar y cortar los suministros principales de energía y combustible. Para coordinar el contacto con los seres queridos sin congestionar las líneas, se debe optar por mensajes SMS o la plataforma de emergencia 119. Estar atentos a los reportes de los equipos de primera respuesta garantizará un retorno seguro a las actividades.

El doble terremoto que sacudió La Guaira, en Venezuela, el pasado 24 de junio dejó miles de víctimas entre fallecidos, heridos y damnificados. A este se le sumó este viernes 17 de julio un sismo de 7.4 grados en Chiapas, México. La tragedia volvió a poner sobre la mesa una pregunta recurrente en los países ubicados sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico: ¿estamos realmente preparados para enfrentar un sismo de gran magnitud?

En el caso peruano, las imágenes despertaron un inevitable recuerdo del terremoto de Pisco de 2007, que alcanzó una magnitud de 8.0 MW y una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli. A casi dos décadas del desastre, aún persisten viviendas sin reforzar y brechas en prevención, infraestructura y planificación.

La preocupación no es menor. El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, reiteró que los estudios científicos advierten desde hace años sobre la posibilidad de un terremoto de hasta 8.8 MW frente a la costa central, similar al sismo que destruyó Lima y Callao en 1746. Para los especialistas, la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo.

Frente a este escenario, el ingeniero estructural Christian Asmat Garaycochea, perito adscrito al Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó a Infobae Perú cuáles son las principales lecciones que el país debería extraer de experiencias como las de Japón, Chile o México.

Lo que el Perú aún tiene pendiente frente a un gran terremoto

Los terremotos cambian de país, de magnitud y de contexto, pero sus consecuencias suelen seguir patrones similares. Más allá de las diferencias geográficas o económicas, los mayores desastres comparten problemas que se repiten: edificaciones vulnerables, servicios básicos interrumpidos y una respuesta que muchas veces resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.

Asmat recordó que el Perú no es una excepción dentro de los países con alta actividad sísmica. “En México, Chile, Japón y Perú, entre 2010 y 2026, han ocurrido en promedio siete sismos de más de 7 grados de magnitud de momento en cada país”, sostuvo. También explicó que los sismos superiores a 6.5 grados corresponden a magnitud de momento y no a la escala Richter, debido a su gran intensidad.

El especialista advirtió, sin embargo, un punto que vuelve la amenaza particularmente sensible en el caso peruano: “nunca ninguno de esos siete ha ocurrido frente a Lima”, en una capital donde, además, existe un sistema de gobierno “muy centralizado”. En ese escenario, consideró, si la ciudad no “siente” la gravedad de un gran terremoto, el riesgo puede no convertirse en una política pública sostenida.

Infraestructura crítica y continuidad de servicios

Asmat indicó que un terremoto no solo destruye edificios, también puede paralizar servicios esenciales como agua, desagüe, electricidad, transporte y comunicaciones. Recordó que situaciones similares ya se vieron en eventos asociados a fenómenos climáticos en el Perú, como el fenómeno El Niño de 2017, cuando la interrupción de servicios básicos generó crisis prolongadas en distintas zonas urbanas.

“También están los daños funcionales, como la pérdida de carreteras y la interrupción del transporte, las comunicaciones y el abastecimiento: con los servicios pasa algo similar; hace unos años tuvimos un problema con el fenómeno del Niño(...), en ese entonces, atravesamos una situación muy complicada porque no teníamos agua ni desagüe”, afirmó a este medio.

El ingeniero añadió que un patrón común en los terremotos destructivos es la ausencia de preparación previa en infraestructura crítica y la falta de continuidad en políticas de prevención. Señaló que muchos países solo corrigen sus normas después de sufrir grandes desastres, lo que genera un ciclo repetitivo de aprendizaje tardío.

Por qué actualizar las normas de construcción puede salvar vidas

Uno de los factores que más influye en el nivel de daño durante un terremoto es la calidad de las normas de construcción y su actualización. Asmat explicó que los reglamentos sismorresistentes no pueden mantenerse estáticos, ya que cada gran evento aporta nueva información sobre el comportamiento de las estructuras.

Mencionó el caso de Ecuador, donde el terremoto de 2016 evidenció que gran parte de las edificaciones había sido diseñada con normas desactualizadas durante más de una década. Algo similar, señaló, ocurrió en Venezuela, donde el reglamento vigente tenía más de 20 años sin modificaciones significativas.

En el caso del Perú, recordó que tras el terremoto de Pisco de 2007 se utilizaban normas que no incorporaban lecciones recientes de eventos internacionales. Posteriormente, el país actualizó su reglamento en 2018 y nuevamente en 2026, lo que reflejó un proceso de mejora, aunque todavía insuficiente frente a la velocidad con la que evoluciona el conocimiento técnico.

El especialista sostuvo que las normas sismorresistentes deben actualizarse con mayor frecuencia, en especial en países ubicados en zonas de subducción activa como el Perú. Indicó que, después del terremoto de Chile de 2010, la ingeniería sísmica avanzó de manera sustantiva en la comprensión del comportamiento estructural.

Advirtió, de todos modos, que la existencia de normas modernas no garantiza seguridad si no se aplican correctamente en el proceso de construcción y supervisión.

La informalidad y la autoconstrucción, los mayores riesgos ante un gran terremoto

Para el especialista, el principal problema estructural del Perú continúa siendo la autoconstrucción y la informalidad. “con estos números se espera pues un 70 o 60% de las viviendas que puedan estar colapsadas y eso puede generar realmente un desastre”, afirmó durante la entrevista.

Aunque reconoció que también existen deficiencias de supervisión dentro de la construcción formal, consideró que el riesgo es mayor en las edificaciones levantadas sin participación de profesionales.

"Nuestras construcciones informales, vale decir, las construidas por maestros de obra u operarios, están pensadas siempre para la carga de gravedad, para la carga del peso, pero no para acciones sísmicas“, precisó.

A esa informalidad se suma otro factor que también alcanza a obras formales: la supervisión deficiente. Asmat sostuvo que el país no se caracteriza por un control de calidad constante y que, en viviendas, pocas empresas recurren a una supervisión para un control exhaustivo. En su planteo, el diseño con norma vigente y procesos estrictos pueden ayudar, pero dependen, entre otros puntos, de revisiones que puedan darse en municipalidades. Sin ese filtro, incluso la construcción formal puede quedar expuesta.

En ese terreno, introdujo además un componente que, sostuvo, aparece en distintos distritos: la corrupción. También señaló que, en el caso venezolano, parte de lo ocurrido estaría relacionado con deficiencias de diseño y supervisión en viviendas residenciales, algo que fue expuesto por una firma de consultores de gestión de riesgos sísmicos. Para Asmat, esas fallas elevan la vulnerabilidad de viviendas y edificaciones en general.

Como alternativa para combatir la autoconstrucción, mencionó experiencias en Chile, Ecuador y Singapur orientadas a enfrentar la informalidad. Y planteó una posibilidad para el Perú: aprovechar programas y concursos que generan proyectos de vivienda social de bajo costo, evaluados por profesionales, y evitar que queden sin ejecutarse mediante campañas o programas que permitan aplicarlos.

El reto no termina cuando deja de temblar

Más allá del colapso de viviendas, uno de los mayores desafíos para el Perú ante un gran terremoto es la continuidad de los servicios esenciales. Asmat enumeró escenarios posibles: techos colapsados en mercados, interrupción de accesos, caída de torres de comunicaciones, problemas de agua, desagüe y electricidad, además de un frente de seguridad que puede agravarse si las personas quedan expuestas en la vía pública.

El desafío, sostuvo, también alcanza a los rescatistas: “necesitan equipos, necesitan luz, necesitan accesos” y, en algunos casos, maquinaria. Recordó que, en el terremoto de Pisco de 2007, la empresa privada aportó equipamiento, pero subrayó que todo eso requiere organización.

Ante ese panorama, planteó una pregunta que, según su evaluación, sigue abierta: quién se encarga de esa responsabilidad por servicios o daños funcionales. Y apuntó a Indeci: consideró que se debe evaluar si está preparado, reconocer fortalezas y debilidades, y poner “mucho ojo y énfasis” en su función.

La cultura sísmica que el Perú todavía necesita fortalecer

Asmat sostuvo que la educación preventiva debe cambiar la forma en que se entiende un simulacro. Para él, no basta con evacuar, ya que un sismo de gran magnitud no permite caminar con normalidad. En videos de terremotos —mencionó el caso venezolano— se observa a personas que intentan salir; cuando llega la onda “que genera más remezón”, se caen y se accidentan en escaleras. Por eso insistió en una idea que, dijo, los países con cultura sismorresistente ya manejan: durante el terremoto, evacuar puede ser inviable.

En esa línea, puso ejemplos de Japón: personas que abrazan columnas porque, de lo contrario, el movimiento las desplaza. Y planteó la necesidad de reconocer, al llegar a un establecimiento, dónde ubicarse para protegerse. Mencionó el triángulo de la vida como un concepto poco conocido y sugirió incorporarlo como información complementaria en la cobertura.

Aterrizó esa discusión en una guía práctica para identificar espacios más seguros, sobre todo en pisos altos. “Los muros de concreto armado son los elementos que realmente afrontan la parte sísmica”, señaló, y precisó que suelen encontrarse en zonas de escaleras y ascensores. Colocarse al costado de esos núcleos, sostuvo, puede implicar menos movimiento y mayor seguridad.

Mencionó también un espacio que suele ser ignorado en la conversación pública: los baños pequeños y compactos. En su experiencia, afirmó, allí se ha encontrado a más personas con vida porque son espacios confinados donde el techo “no suele caerse” y se genera una “caja” más segura.

Guía básica de supervivencia sísmica en el Perú

La alta frecuencia de movimientos telúricos en la región nos obliga a adoptar una cultura de prevención constante y efectiva. Es indispensable estructurar una respuesta coordinada con la comunidad y mantener actualizada la mochila de primeros auxilios y provisiones. Mapear con claridad las rutas de evacuación y las zonas libres de peligros arquitectónicos marca la diferencia en situaciones críticas.

Cuando se produce el sismo, el objetivo principal es ponerse a salvo en los espacios exteriores previamente determinados como seguros. Si el desalojo del inmueble es imposible debido a la altura, la prioridad se traslada a ubicarse en los puntos de apoyo estructural, cubriéndose la cabeza ante posibles caídas de objetos. La movilización debe ser rápida pero sin generar tumultos que pongan en riesgo a los demás.

Superada la crisis inicial, se debe proceder a la inspección de posibles daños estructurales severos en la propiedad. Ante la caída de los servicios de telefonía móvil, la alternativa recomendada es la comunicación digital por texto y el uso del sistema 119 de voz de emergencia. La disciplina colectiva y el seguimiento de las pautas de las entidades gubernamentales son esenciales para afrontar la etapa post-sismo.

Los movimientos en la Tierra suelen generar dudas sobre la forma correcta de llamarlos. Tras los recientes eventos sísmicos registrados en México, es común encontrar en medios de comunicación y redes sociales palabras como sismo, terremoto y temblor, pero muchas personas se preguntan si significan lo mismo o si existe alguna diferencia entre ellas.

Aunque en el lenguaje cotidiano suelen utilizarse para referirse a un mismo fenómeno, estos términos tienen algunos matices dependiendo del contexto en el que sean empleados.

Los movimientos de la corteza terrestre son fenómenos naturales que ocurren por la liberación repentina de energía acumulada en el interior del planeta. Debido a que no pueden predecirse con exactitud y, en algunos casos, pueden provocar daños importantes, cada evento sísmico genera atención tanto en las zonas afectadas como a nivel internacional.

¿Qué dicen los expertos sobre la diferencia entre sismo, terremoto y temblor?

De acuerdo con un articulo de National Geographic, desde el punto de vista científico y del lenguaje formal, sismo, terremoto y temblor pueden considerarse sinónimos.

La Real Academia Española (RAE) define el terremoto como un “movimiento brusco de la corteza terrestre”, concepto que coincide con la definición de sismo. En tanto, el término temblor también hace referencia a una sacudida de la Tierra.

Por esta razón, especialistas y autoridades pueden utilizar cualquiera de las tres palabras para describir un movimiento sísmico, sin que esto implique una diferencia técnica relacionada con su intensidad o sus consecuencias.

Sin embargo, en algunas regiones donde estos fenómenos ocurren con frecuencia, especialmente en América Latina, la población suele establecer diferencias basadas en la magnitud percibida y los daños ocasionados.

¿Por qué algunas personas diferencian entre temblor y terremoto?

Aunque no existe una diferencia científica oficial entre ambos conceptos, en el lenguaje común muchas personas utilizan “temblor” para referirse a movimientos de menor intensidad y “terremoto” para aquellos sismos más fuertes que generan daños visibles.

Esta distinción coloquial también es utilizada por algunos organismos especializados. Por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú señala que, dentro del uso cotidiano, un temblor suele asociarse con un movimiento leve, mientras que un terremoto se relaciona con un evento de mayor fuerza capaz de afectar construcciones, infraestructura y poner en riesgo a la población.

Otro elemento que suele tomarse en cuenta es la duración. Popularmente, los temblores suelen relacionarse con movimientos de pocos segundos, mientras que los terremotos pueden prolongarse durante más tiempo y tener mayores efectos.

Entonces, ¿cuál es la forma correcta de decirlo?

La respuesta es que las tres palabras son correctas y pueden utilizarse para hablar de un movimiento de la corteza terrestre.

El término sismo es el más utilizado en ámbitos científicos y técnicos, ya que engloba cualquier movimiento de la Tierra sin importar su intensidad o los daños que pueda provocar.

Por otro lado, temblor y terremoto forman parte del lenguaje cotidiano y suelen emplearse según la percepción de la población: un temblor para eventos considerados menores y un terremoto para aquellos movimientos de mayor impacto.

En conclusión, aunque existen diferencias en la manera en que las personas usan estos conceptos, desde el punto de vista científico no hay una separación estricta entre ellos: todos describen el mismo fenómeno natural, un movimiento sísmico producido por la liberación de energía en la corteza terrestre.

La mañana de este viernes 17 de julio de 2026, la tierra volvió a recordar a los habitantes del sur de México el enorme poder geológico que yace bajo sus pies. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un fuerte sismo de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Huixtla, Chiapas.

El sismo, registrado a las 08:48 horas, se percibió en varias regiones aledañas e incluso activó protocolos en el oriente de la Ciudad de México, sin embargo no sonó la alerta sísmica, lo que generó desconcierto entre la población.

Sin embargo, más allá del gran susto y del monitoreo por la alerta de tsunami emitida para el Pacífico, este evento ha encendido el interés público y científico sobre un fenómeno recurrente en la región: los enjambres sísmicos. Pero, ¿qué significa exactamente este término y por qué Chiapas es una zona tan propensa a experimentarlos?

¿Qué es un enjambre sísmico?

En la sismología tradicional, un terremoto fuerte suele seguir un patrón claro: un evento principal de gran magnitud (el sismo principal) seguido de una serie de movimientos menores que van decreciendo en intensidad con el tiempo (las famosas réplicas).

Un enjambre sísmico, por el contrario, rompe este molde. Se define como la ocurrencia de una gran cantidad de eventos sísmicos dentro de un área geográfica delimitada y en un periodo de tiempo relativamente corto, sin que exista un único sismo principal claramente identificable que domine al resto por su magnitud.

En un enjambre, decenas o cientos de temblores de magnitudes similares (usualmente bajas o moderadas) se suceden de forma constante. La actividad puede durar días, semanas e incluso meses antes de disiparse.

¿Un enjambre sísmico puede adelantar un terremoto mayor?

Esta es la pregunta que más preocupa a la población civil. Históricamente, la gran mayoría de los enjambres sísmicos terminan liberando tensión de manera gradual a través de eventos menores y medianos, extinguiéndose sin mayores consecuencias estructurales.

No obstante, los científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del SSN mantienen una vigilancia constante. En casos muy específicos, un enjambre de sismos puede actuar como eventos “premonitores” (o foreshocks), debilitando la fricción de una falla mayor antes de que se suscite un terremoto de gran escala. Dado que la ciencia actual no puede predecir los sismos, la prevención y el monitoreo en tiempo real siguen siendo las mejores herramientas de protección civil.

Tras el fuerte movimiento de esta mañana, la Coordinación Nacional de Protección Civil y las autoridades del estado han desplegado protocolos de evaluación física y estructural en los municipios chiapanecos para garantizar el bienestar de la población ante cualquier evolución de la actividad en el subsuelo.

¿Por qué Chiapas vive bajo la constante amenaza de sismos?

La respuesta corta es la tectónica de placas. El estado de Chiapas se localiza en una de las regiones geológicamente más complejas y activas del planeta. En este punto del territorio mexicano interactúan de forma directa tres placas tectónicas principales:

1. La Placa de Cocos
2. La Placa de Norteamérica
3. La Placa del Caribe

El proceso predominante aquí es la subducción, donde la Placa de Cocos se desliza activamente por debajo de la Placa de Norteamérica. Este roce constante acumula cantidades masivas de energía. Cuando las rocas subterráneas rompen su límite de resistencia, esa energía acumulada se libera bruscamente en forma de ondas sísmicas.

Además del potente evento de 7.4 registrado hoy al suroeste de Huixtla, la región suele registrar microsismos y eventos de profundidad intermedia todos los días —como el movimiento de magnitud 3.8 en Cintalapa ocurrido en las primeras horas de este mismo viernes—. Cuando estas fallas locales se activan simultáneamente bajo ciertas condiciones de presión de fluidos en el subsuelo, se detonan los temidos enjambres.

Como viene pasando con todas las reformas legales que comenzaron en Venezuela después del 3 de enero, fecha de la caída de Nicolás Maduro, los cambios a la ley de alquileres en Venezuela representan un avance, aunque no superan por completo las fallas de una norma que el mismo chavismo ahora califica de “regresiva”.

El tanque de pensamiento liberal Cedice reconoce que las modificaciones promovidas por el oficialismo significan “un avance respecto del régimen de 2011”, sin embargo, advierte que al mantener la vigencia de la ley de 2011 y el decreto presidencial contra los desalojos sobre los contratos que ya existen, provoca “una dualidad jurídica que condena al congelamiento y la informalidad al stock de viviendas actual”.

“La reforma debe derogar de inmediato el régimen anterior y unificar el mercado bajo reglas claras de juego”, sostiene la ONG en un informe donde analiza la propuesta sobre la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que la Asamblea Nacional aborda con urgencia tras los dos terremotos del 24 de junio que, según cifras oficiales, han dejado a 17.907 personas sin hogar.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, admitió la necesidad de cambiar esa norma, firmada por Hugo Chávez en 2011 y que tachó de “regresiva”, para buscar soluciones habitacionales frente a la emergencia.

El diputado y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, estimó que hay unas 200 mil viviendas que podrían salir al mercado de alquileres, pero que sus dueños prefieren resguardar por temor a perderlas por un marco regulatorio que favorece a los inquilinos.

Cara y cruz

En cuanto a los aspectos positivos, señalan que el texto que se debate en la Asamblea Nacional “reconoce la autonomía de la voluntad, permite pactar el canon inicial, admite garantías y elimina, para los contratos nuevos, el procedimiento administrativo previo como condición general de acceso a la justicia”.

No obstante, observan que “la libertad contractual anunciada es parcial y contradictoria”, pues en la práctica “el canon queda congelado durante toda la vigencia, el ajuste solo opera al renovar y tiene como techo el IPC (siendo una especie de control de precios), el pago en moneda extranjera puede sustituirse unilateralmente por bolívares, las garantías están cerradas a dos modalidades, y la preferencia de compra se impone después de dos años”.

Cedice apunta que “la propuesta no contiene un verdadero procedimiento de recuperación del inmueble”, y recuerda al legislador que “la reforma debe separar política social y contrato privado”.

“La atención a hogares vulnerables o damnificados debe instrumentarse mediante subsidios directos y coyunturales, garantías públicas temporales y programas presupuestarios, no mediante la imposición indefinida de cargas habitacionales a un propietario particular”, subrayan.

El fondo

El gobierno de Delcy Rodríguez trabaja contra reloj para atender a los damnificados. El balance oficial indica que tienen a 21.210 personas en campamentos, la mayoría ubicados en escuelas y liceos. El nuevo curso escolar dará inicio en septiembre, razón por la cual se han comprometido a despejar esos espacios para garantizar el regreso a clases.

El aporte del Poder Legislativo se concentra en la revisión de las normas que regulan los alquileres, pero Cedice afirma que no basta con modificar las leyes para superar una crisis inmobiliaria que responde a desviaciones estructurales.

“El factor determinante y ausente es el crédito bancario, el cual ha sido pulverizado por la política monetaria de encaje legal marginal, que al absorber la liquidez del sistema financiero impide a los bancos cumplir con su función de intermediación”, identifican entre las condiciones que limitan al sector construcción.

Cedice sostiene que “el país no necesita una ley de emergencia aislada que mantenga un mercado dual e ineficiente. La verdadera reactivación inmobiliaria requiere desmantelar los controles que han destruido la confianza y el financiamiento en Venezuela”.

La cifra de muertos por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4.930, según el más reciente balance oficial difundido este miércoles por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La actualización representa 101 muertes más que las reportadas el día anterior y confirma que la emergencia humanitaria continúa tres semanas después de los sismos que devastaron principalmente el estado costero de La Guaira.

Rodríguez informó a través de su cuenta de Telegram que el número de personas lesionadas se mantiene en 16.740, mientras que 17.907 habitantes continúan sin vivienda como consecuencia de la destrucción provocada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas un minuto de diferencia.

Las tareas de búsqueda siguen activas en las zonas más afectadas. Equipos de rescate, junto con familiares de personas desaparecidas, continúan removiendo escombros de edificios colapsados en La Guaira con la esperanza de encontrar víctimas que permanecen atrapadas desde el día del desastre.

El nuevo reporte oficial también señala que 20.857 personas permanecen alojadas en 106 campamentos transitorios habilitados para atender a la población desplazada. La cifra de refugios disminuyó en uno respecto al balance anterior, aunque la cantidad de personas albergadas continúa siendo elevada.

Desde que ocurrió el doble terremoto, se han registrado 1.308 réplicas, una secuencia sísmica que mantiene la preocupación entre los habitantes de la región. La última réplica percibida tuvo una magnitud de 3,9 y se produjo el viernes pasado cerca de Naiguatá, en el estado La Guaira.

El impacto sobre la infraestructura también sigue siendo considerable. El balance oficial reporta 856 edificios con daños y 190 inmuebles completamente colapsados.

Ante la pérdida masiva de viviendas, el régimen chavista inició un censo biométrico para determinar cuántas casas deberán construirse para reubicar a las familias afectadas. Estiman que podrían requerirse alrededor de 25.000 viviendas para atender la demanda generada por la catástrofe.

Jorge Rodríguez anunció además que la designada del chavismo, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas destinadas a damnificados durante esta semana, como parte del plan oficial de reconstrucción.

En paralelo a las tareas de recuperación, el régimen y un sector de la oposición encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, acordaron desarrollar un plan de trabajo conjunto que comenzará el 1 de agosto. De acuerdo con las autoridades, esa iniciativa buscará el “fortalecimiento de la democracia” y la coordinación de acciones para enfrentar las consecuencias del doble terremoto.

Mientras continúan las labores de asistencia, Venezuela recibió el miércoles 42 toneladas de ayuda humanitaria procedentes de Madrid para apoyar a las familias afectadas por la emergencia.

El Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior informó que el cargamento arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que permanece cerrado para vuelos comerciales debido a los trabajos de reparación por los daños ocasionados por los sismos.

Según el organismo, la ayuda incluye plantas eléctricas, hidrolimpiadoras, kits sanitarios, carpas estructurales, módulos sanitarios portátiles y estaciones colectivas para el lavado de manos, materiales destinados a reforzar la atención en los refugios temporales.

Los insumos serán trasladados a uno de los campamentos administrados por la Cruz Roja en el estadio Jorge Luis García Carneiro, en La Guaira, donde permanecen alojadas parte de las familias que perdieron sus viviendas.

De acuerdo con la distribución oficial de los refugios, La Guaira concentra 28 campamentos con 10.497 personas, mientras que Caracas alberga 40 centros temporales con 7.978 damnificados.

Los estados Miranda y Aragua cuentan con 28 y 10 campamentos, respectivamente, que en conjunto reciben a más de 2.300 personas desplazadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en Venezuela en las últimas décadas.

(Con información de Europa Press)

A Jhorny Sojo cada palabra le pesa. “Por momentos estamos bien, pero cierras los ojos y es volver a la pesadilla de lo que fue aquel día”, cuenta el director de la escuela de béisbol Criollitos de Venezuela en La Guaira, estado declarado zona de desastre tras los terremotos del 24 de junio.

El 28 de junio, a través de su cuenta en Instagram, la organización compartió un mensaje en el que informaba sobre “la lamentable pérdida de más de 100 niños peloteros de La Guaira”, región del país cuna de figuras destacadas del béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos.

“Lo más duro es volver a creer, estamos como desorientados, como confundidos de no saber por qué pasó esto”, reconoce Sojo, de 44 años de edad. En medio del dolor, la Federación Venezolana de Béisbol y la organización Criollitos de Venezuela han volcado toda su solidaridad hacia los afectados por los sismos.

Mientras reparten medicamentos y alimentos entre los vecinos de La Guaira y buscan atender a sus miembros, tratan de levantarse y piensan desde ya en la elaboración de una hoja de ruta para el “renacer del béisbol menor guaireño”.

“En Playa Grande era como si la tierra nos iba a tragar vivos. Y, al final, no solo se tragó vidas, también se tragó nuestros sueños, nuestro esfuerzo y esa noche se llevó hasta nuestra fe”, narra Sojo con su voz apagada.

Un viejo axioma del béisbol señala que “el juego no se termina hasta que se termina”. Con su pena a cuestas, Sojo afirma que continuarán bregando en el terreno y expresa que en esta hora lo fundamental es “tener más confianza espiritual” para salir adelante.

Medicina

El cirujano general Simón Nacad abandonó estas últimas semanas su ejercicio privado para concentrar su atención en un enfermo de gravedad.

“Tengo un paciente que quiero mucho, que había entrado para ser hospitalizado en terapia intensiva porque había sufrido unas heridas muy severas y profundas, e iba a requerir muchísimo tiempo de hospitalización. Ese paciente es mi amada Venezuela”, describe el médico de 63 años de edad que encabeza un grupo de voluntarios que presta auxilio a los afectados por los dos terremotos.

Nacad dice que es uno de tantos en medio de esta enorme ola de fraternidad que impulsan los ciudadanos para socorrer a las víctimas. Tomando como referencia la dolorosa experiencia de los deslaves que también se produjeron en La Guaira en 1999, el galeno comenzó a pensar en el día después.

Partiendo de esa premisa, se dedicó a distribuir concentradores de oxígeno, nebulizadores y equipos de laparotomía en hospitales públicos del área metropolitana de Caracas.

Entretanto, su esposa se encargó de ordenar kits materno-infantiles con leche, pañales, toallas húmedas y jabones, y también llevó crayones, marcadores, plastilina y burbujeros a niños que sobrevivieron al doblete sísmico, que hasta la fecha ha dejado 4.829 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin viviendas.

En esta labor ha contado con el apoyo de los padres y representantes de la Academia Washington, ubicado en el este de Caracas, quienes instalaron un centro de acopio para recibir insumos. También se han manifestado venezolanos que residen en Filadelfia, Estados Unidos, y muchas personas más. “El que está dando más es el que no tiene de sobra”, afirma.

“Nos va a costar recuperarnos, sí. Falta mucho tiempo, sí. Pero Venezuela va a salir adelante, este país grande y más grande es su pueblo”, sostiene Nacad, aferrado a la esperanza.

Un informe de Transparencia Venezuela concluye que el despliegue ordenado por el gobierno de Delcy Rodríguez para responder a la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio fue lento, al compararlo con la reacción ante catástrofes similares por parte de las autoridades de Chile, Türkiye-Siria, Japón, China y Haití.

“Venezuela alcanzó el 12,6% de su pico de despliegue nacional a las 24 horas, el 34,6% a las 48 horas y 59,7% al octavo día; su máximo declarado de funcionarios desplegados (31.837) no se reportó hasta el día 12 de julio, dieciocho días después del doble terremoto y quince días después del umbral de 72 horas en el que suele concentrarse el rescate con vida”, señala el análisis de esta ONG.

Tomando como referencia las mismas ventanas relativas, resaltan que Chile en 2010 y Japón en 2011 llegaron a 71% y 46% de sus picos de búsqueda y rescate a las 48 horas, respectivamente.

“La brecha de velocidad es la primera y más nítida: el escalamiento venezolano fue lento frente a los comparadores con curvas verificables. Incluso Haití, aunque dependía de USAR (siglas de Búsqueda y Rescate Urbano en inglés) internacional y no de una fuerza nacional comparable, ya operaba aproximadamente entre 82% de su pico de rescatistas hacia el día 5, mientras Venezuela no alcanzaba aún el 60% para la fecha”, observan.

China en 2008 completó el 100% a las 72 horas, mientras que al quinto día Türkiye en 2023 activó al 72,2% de su fuerza.

El estudio advierte que “el Estado venezolano no tuvo la participación necesaria esperada en la fase inicial de rescate”, y resalta las contradicciones en el discurso de la mandataria interina, que el 2 de julio informó “de un despliegue de 14.000 personas, pero también habló de 11.000 funcionarios”.

El parte oficial publicado este miércoles 15 de julio muestra 4.829 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 rescatados y 17.907 personas sin viviendas.

La gente

Al revisar el desglose oficial, Transparencia Venezuela encontró que de las 19.861 personas que sobrevivieron a la tragedia hasta el 2 de julio, entre 13.400 y 13.500 se “autoevacuaron” y 6.462 fueron rescatadas por equipos.

“El patrón es inequívoco: cerca del 83% de los rescates con vida por equipos ocurrió en los dos primeros días, cuando el USAR internacional aún no estaba operativo y el componente nacional especializado era mínimo”, indican.

Según la información oficial, los primeros rescatistas internacionales de El Salvador, República Dominicana y México arribaron al país el segundo día (26 de junio), y para el 28 de junio ya se encontraban en el terreno 28 delegaciones extranjeras con más de 2.300 efectivos y 189 perros.

“Aun así, para entonces los rescates con vida en La Guaira ya se habían agotado en su mayoría (unas 350 más, frente a 5.380 en los dos días iniciales), hecho que reconoció el gobernador de La Guaira -declarada zona de desastre- en una entrevista. El salvamento dependió, pues, de la autoevacuación y del rescate local temprano, no de una capacidad USAR nacional desplegada a tiempo”, puntualizan.

Desaparecidos

Transparencia Venezuela detalla la diferencia que existe entre el reporte oficial que habla de 856 edificios afectados y otros 190 colapsados, y las mediciones independientes que van desde 1.054 edificios cartografiados por Copernicus (Unión Europea) y 10.510 de los modelos de IA de Microsoft, hasta 58.870 del proxy de radar de la NASA.

El informe recuerda que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró el 30 de junio que unas 30 mil personas estaban en Caraballeda y Catia La Mar, en el estado La Guaira, cuando se registraron los dos sismos de intensidad 7,2 y 7,5. Apuntó que casi 20 mil salvaron sus vidas, mas no precisó qué ocurrió con el resto y hasta la fecha no hay una cifra oficial de desaparecidos.

La solidaridad de la música latina tendrá un marcado sello colombiano en una de las iniciativas benéficas más importantes del año. Feid, Silvestre Dangond y Piso 21 figuran entre los primeros artistas confirmados para “Unidos por Venezuela”, un concierto que buscará recaudar fondos para las miles de personas afectadas por los terremotos que sacudieron al país vecino el pasado 24 de junio.

Los tres artistas colombianos compartirán escenario con figuras como Marc Anthony, Ricardo Montaner, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos. La organización confirmó que en las próximas semanas se anunciarán más invitados, entre ellos músicos, actores, deportistas y personalidades del entretenimiento latino. El evento se realizará el próximo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami y tendrá una transmisión internacional con el propósito de ampliar la recolección de recursos. Más allá del espectáculo musical, la jornada pretende movilizar a millones de personas para respaldar la reconstrucción de las zonas más afectadas por la emergencia.

La presencia de Feid vuelve a poner a un artista colombiano al frente de una causa humanitaria de alcance internacional. El cantante antioqueño será una de las principales figuras del cartel y representará a Colombia junto a Silvestre Dangond, uno de los máximos exponentes del vallenato, y Piso 21, agrupación que consolidó una amplia trayectoria en el pop urbano latino.

La participación de estos artistas refleja el protagonismo que continúa ganando la música colombiana en escenarios internacionales, incluso cuando se trata de iniciativas solidarias. En esta ocasión, sus presentaciones tendrán un propósito diferente: convertir la visibilidad de sus carreras en apoyo para miles de familias que hoy enfrentan una de las mayores tragedias recientes de Venezuela.

La emergencia comenzó tras el doble terremoto registrado el 24 de junio. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron principalmente a Caracas y al estado de La Guaira, donde continúan las labores de recuperación y búsqueda entre estructuras colapsadas. De acuerdo con el balance del miércoles 15 de julio divulgado por las autoridades venezolanas, la cifra de fallecidos supera las 4.800 personas, mientras que los heridos ascienden a 16.740. Además, más de 20.800 habitantes permanecen en campamentos temporales tras perder sus viviendas. La Organización de las Naciones Unidas también advirtió que el número de desaparecidos podría acercarse a las 50.000 personas, lo que evidencia la dimensión de la emergencia.

La situación humanitaria sigue siendo crítica. En varias de las zonas habilitadas para albergar a los damnificados persisten dificultades para acceder a agua potable, servicios sanitarios y atención médica permanente, mientras continúan las tareas de remoción de escombros y asistencia a las comunidades afectadas. Frente a ese panorama nació la iniciativa “Unidos por Venezuela”, impulsada por organizaciones vinculadas a la industria del entretenimiento. El objetivo es reunir recursos que permitan atender la emergencia inmediata y apoyar los procesos de recuperación y reconstrucción de las comunidades golpeadas por los sismos.

Además del concierto, la organización desarrollará un teletón internacional que llegará a millones de hogares en Estados Unidos, América Latina y otras plataformas digitales. Durante toda la transmisión, los espectadores podrán realizar aportes mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, donaciones corporativas y programas de aportación equivalente promovidos por empresas participantes.

Los recursos que se obtengan serán administrados por organizaciones humanitarias internacionales, encargadas de distribuir la ayuda de acuerdo con las necesidades que surjan durante las distintas etapas de recuperación, desde la atención inmediata hasta la reconstrucción de infraestructura y el acompañamiento a las familias que perdieron sus hogares y sus medios de vida.

La organización espera que la combinación entre música, testimonios de sobrevivientes y reportajes sobre las labores de rescate motive una respuesta masiva de la comunidad internacional. La transmisión también mostrará historias de resiliencia y el trabajo que adelantan diferentes organizaciones en las zonas afectadas.

El gobierno de Delcy Rodríguez diariamente publica un parte oficial sobre los terremotos del 24 de junio. El balance incluye 16 ítems, desde los fallecidos hasta las réplicas que han ocurrido hasta la fecha, pero omite un concepto que ha ido tomando fuerza con el pasar de los días: el número de desaparecidos.

“Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando, si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron, personas que tenemos la certificación de que en efecto lamentablemente perdieron la vida durante los dos terremotos. No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, expresó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa ofrecida el sábado 11 de julio.

El jefe del Poder Legislativo y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, precisó que hasta el viernes 10 de julio no habían podido identificar al 7% del total de fallecidos para ese momento, unas 315 personas. Sin embargo, aseguró que las autoridades habían tomado todas las muestras necesarias para eventualmente poder determinar la identidad de estas víctimas.

Rodríguez indicó que el gobierno estaba cruzando todas las bases de datos de hospitales, fallecidos y reportados por familiares para precisar la cantidad de afectados, mientras cuestionó los bulos que corren por las redes.

“¿Usted sabe cuánto tiempo invertimos nosotros buscando el tema de los niños desaparecidos, el tema de la trata de personas, el tema de la necrofilia, la fosa común? ¿Cómo se siente una persona que perdió un ser querido allí?”, señaló en referencia a rumores que han generado preocupación en la opinión pública.

Vacío

En las afueras de hospitales y refugios, familiares cuelgan carteles con las imágenes y nombres de sus seres queridos desaparecidos. Lo mismo ocurre en las redes sociales, donde la búsqueda se amplifica.

“Es un problema no tener información oficial, que ciertamente es difícil de construir en las condiciones actuales por nuestra institucionalidad fragmentada y por la magnitud del daño, que es muy grande”, explica sobre el tema de los desaparecidos Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización que promueve y defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El investigador de la Universidad Católica Andrés Bello comenta que ha revisado muchas bases de datos elaboradas por iniciativas particulares, donde ha encontrado errores o duplicidad de nombres. “Es un esfuerzo ciudadano valioso, pero necesariamente tienes que cruzarlo con una data oficial” que, por el momento, no existe.

Trapani subraya la necesidad de construir una base de datos que se alimente con los registros detallados del sistema público de salud y también del sector privado. “Esa información no se tiene”, enfatiza el abogado, que advierte que puede haber un número importante de desaparecidos que estén fallecidos. “Es muy difícil saldar la deuda con las familias que necesitan información”, admite el portavoz de Cecodap.

La devastación provocada por los terremotos del 24 de junio, que hasta la fecha han dejado un saldo oficial de 4.743 muertos, ha abierto un debate en Venezuela sobre la calidad de las construcciones, especialmente las realizadas por la Misión Vivienda, programa gubernamental lanzado por el difunto Hugo Chávez en 2011.

En medio de la polémica, instituciones académicas y empresariales publicaron un comunicado en el que subrayan que “los edificios afectados constituyen evidencia técnica irrepetible”, razón por la cual sostienen que antes de demolerlos o remover escombros, “deben realizarse inspecciones de ingeniería patológica, documentación de los daños e investigar las causas de las fallas”.

Los firmantes del texto son la Cámara Venezolana de la Construcción, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, el Colegio de Arquitectos de Venezuela y la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Hábitat de la patronal Fedecámaras.

“La preservación de estas estructuras constituye una condición indispensable para garantizar investigaciones objetivas, determinar las causas de los colapsos y generar las lecciones técnicas que orienten la reconstrucción del país, la actualización de las normas y la prevención de futuras tragedias”, enfatizan las organizaciones.

Revisión

El parte oficial del gobierno de Delcy Rodríguez habla de 856 edificios afectados y otros 190 colapsados. Sin embargo, estudios independientes como los llevados a cabo por la NASA estiman que la destrucción alcanzó a 58.870 edificaciones.

Los expertos plantean que “ninguna edificación colapsada o gravemente afectada sea demolida, removida total o parcialmente, sin la previa evaluación y autorización de la comisión técnica competente, salvo cuando exista un riesgo inminente para las labores de búsqueda y rescate o para la seguridad pública debidamente sustentado”.

Recomiendan la creación de una comisión nacional independiente que se encargue de “emitir informes públicos y formular recomendaciones para fortalecer la normativa sismorresistente y las políticas de reconstrucción”.

“La reconstrucción del país debe sustentarse en el conocimiento científico, la transparencia y transformando esta tragedia en una oportunidad para construir ciudades más seguras, resilientes y preparadas para el futuro”, exhortan académicos y empresarios.

La comunidad venezolana en Honduras, junto con ciudadanos hondureños, impulsó una jornada para recolectar ayuda para los afectados por los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio. La campaña reúne alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad y otros suministros, mientras el Gobierno hondureño coordina el traslado de las donaciones.

La campaña busca reunir productos esenciales para las familias afectadas, con alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad y otros insumos.

Desde el Gobierno de Honduras se informó que distintas instituciones estatales fueron instruidas para facilitar la coordinación necesaria y permitir el traslado de las donaciones hacia Venezuela bajo los procedimientos establecidos.

Coordinación para el traslado de donaciones

Para hacer más eficiente el envío de la ayuda, varias dependencias trabajan de manera conjunta en la organización logística, en especial en los puntos de salida donde se realizan las verificaciones correspondientes antes del despacho de los productos.

Las tareas de coordinación apuntan a que la asistencia sea movilizada de forma ordenada y segura, con menos tiempos administrativos, para que los insumos lleguen a las comunidades afectadas.

La iniciativa reúne a instituciones, organizaciones y ciudadanos que decidieron participar en una acción humanitaria para asistir a quienes enfrentan las consecuencias de los recientes eventos naturales.

Las autoridades hondureñas reconocieron el aporte de quienes se sumaron a esta causa y señalaron que estas acciones fortalecen los lazos de cooperación entre Honduras y Venezuela.

Ayudas continuarán

La entrega de la ayuda expresa acompañamiento a las familias venezolanas afectadas por los desastres naturales.

Actualmente, las familias afectadas en Venezuela continúan enfrentando los efectos derivados de los terremotos, mientras las autoridades y organismos de atención mantienen acciones orientadas a evaluar daños y responder a las necesidades más inmediatas de las comunidades impactadas.

La prioridad se centra en garantizar el acceso a alimentos, agua, asistencia médica y otros recursos básicos para las personas que resultaron afectadas por los movimientos telúricos.

La emergencia también ha puesto en evidencia la importancia de la cooperación ciudadana y del respaldo internacional para complementar los esfuerzos de respuesta.

Organizaciones sociales, comunidades de migrantes y diferentes sectores han impulsado iniciativas de apoyo con el propósito de canalizar recursos hacia las zonas que requieren mayor atención, fortaleciendo las redes de ayuda ante una situación que demanda esfuerzos coordinados.

En este contexto, la solidaridad proveniente de Honduras representa un aporte significativo para las familias venezolanas que atraviesan momentos complejos.

El envío de donaciones y la participación de ciudadanos de ambos países reflejan la importancia de la colaboración entre pueblos frente a las adversidades, demostrando que la asistencia humanitaria puede convertirse en un puente de unión y acompañamiento en medio de una emergencia.

En ese sentido, la participación de distintos sectores de la sociedad adquiere relevancia, no solo por la entrega de recursos materiales, sino también por el acompañamiento humano que permite a las personas afectadas sentirse respaldadas durante el proceso de recuperación.

La coordinación entre instituciones, organizaciones y ciudadanos se convierte en un elemento fundamental para que la asistencia llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan.

Alessandra Izaguirre tiene 18 años y lleva dos semanas preparando comida para voluntarios en Doral, Florida. La casa de su abuela en Caracas sobrevivió por poco a los terremotos del 24 de junio de 2026, y eso fue suficiente para que cruzara la puerta del almacén de Global Empowerment Mission y no se fuera.

“Ver a mi abuela y a toda esa gente afectada me hizo sentir que tenía que hacer algo, aunque fuera desde Estados Unidos”, dijo Izaguirre a AP. Su historia es la de miles.

Desde el día del desastre, una cadena de voluntarios, donantes y organizaciones se movilizó desde Florida hacia Venezuela con una velocidad y una escala que, según quienes la vivieron, no tiene precedentes.

Un almacén en Doral convertido en centro de operaciones

Doral no fue elegida al azar. Aproximadamente la mitad de su población es de origen venezolano, y eso convirtió a esta ciudad del área de Miami en el epicentro natural de la respuesta.

Cada día, cientos de voluntarios llegan a los tres almacenes de GEM para clasificar suministros, armar paquetes individuales y prepararlos para los vuelos diarios a Caracas. Hasta ahora, casi un millón de libras —unas 454.000 toneladas— de insumos partieron desde allí hacia los almacenes que la organización arrendó recientemente en la capital venezolana.

Michael Capponi, fundador y presidente de GEM, no es nuevo en esto. Durante años intentó llevar ayuda humanitaria a Venezuela y se encontró con puertas cerradas. Ahora la dinámica es otra.

“Aterrizamos un avión privado, lo descargan soldados estadounidenses, va en un camión que nosotros pagamos y a un almacén que controlamos por completo. No pasa por las manos del gobierno venezolano”, precisó Capponi a AP.

Lo que dejaron los terremotos

Los dos sismos golpearon con 39 segundos de diferencia. Según cifras de las autoridades venezolanas reportadas por AP:

• Magnitudes de 7.2 y 7.5, el 24 de junio de 2026.
• Al menos 4.500 muertos, con miles de desaparecidos.
• 190 edificios destruidos y más de 850 dañados.
• 17.000 personas desplazadas.
• Infraestructura de agua potable, electricidad y saneamiento severamente afectada.

La destrucción fue tan extensa que algunos donantes dudaron al principio de que la ayuda pudiera llegar sin ser robada o desviada. Cuando GEM completó su primera distribución exitosa, esas dudas cedieron y el movimiento creció más de lo que Capponi había visto en décadas de trabajo humanitario.

La ayuda llega de todas partes

El esfuerzo desbordó las fronteras de Florida. Dos hermanos manejaron un camión U-Haul desde Canadá. Un grupo llegó desde México. Camiones con suministros rodaron desde Nevada, Texas y California.

Empresas como Goya, Walmart y Amazon aportaron insumos; equipos deportivos profesionales donaron fondos. Pero Capponi insiste en que el grueso de la ayuda sigue siendo obra de personas comunes.

“Van al Walmart con su tarjeta de crédito, compran 15 latas de comida y las traen en una bolsa de supermercado”, dijo. “No suena a mucho, pero cuando son 2.000 personas… es una cantidad enorme de ayuda.”

Las filas para entregar donaciones en GEM llegaron a ser tan largas que la policía tuvo que controlar el tráfico. Billy Richardson, director de logística en Estados Unidos, contó a AP que muchos voluntarios tomaron vacaciones del trabajo para cumplir turnos en los almacenes. “Casi tenemos que echarlos al final del día”, dijo.

Mariela Vila, puertorriqueña de 25 años, llegó porque recuerda lo que sintió cuando el huracán María azotó su isla en 2017. “La comunidad latina se unió para ayudar a Puerto Rico, y eso me hizo sentir muy bien”, indicó a la agencia de noticias. “Así que sentí la necesidad de ayudar a Venezuela”, sostuvo.

El papel de Estados Unidos y las preguntas sin respuesta

Es el Departamento de Estado el que facilita los envíos con el gobierno venezolano y hace posible que GEM opere en el país. El sábado anterior, Marines estadounidenses desembarcaron en una playa venezolana con una embarcación anfibia y entregaron paquetes de GEM a 2.000 personas en fila.

Un portavoz del Departamento de Estado indicó a AP que la alianza con GEM aprovecha “la diáspora venezolano-americana y los socios privados que quieren donar”. El gobierno de Estados Unidos aportó más de USD 386 millones en respuesta al terremoto, al margen de los ingresos petroleros venezolanos que Washington controla.

Esos fondos petroleros son, precisamente, el punto de tensión. Laura Cristina Dib, directora del programa Venezuela en el Washington Office on Latin America, planteó la pregunta que muchos se hacen: “Hay muchas preguntas de transparencia que persisten sobre el uso de ese fondo, en un momento en que los venezolanos realmente necesitan que ese dinero se use para su protección”.

John M. Barrett, encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, respondió la semana pasada que el gobierno interino ha sido “completamente cumplidor en cuanto a nuestras solicitudes para avanzar en esta masiva respuesta humanitaria” y que los ingresos del petróleo venezolano, bajo control del Departamento del Tesoro, están disponibles para los esfuerzos de recuperación.

Los paquetes que viajan 1.300 millas

En Maiquetía, ciudad costera de Venezuela, Yoniel Reyes abrió la semana pasada un paquete sellado en Doral. Adentro encontró comidas instantáneas, botellas de agua, conservas, polvo de hidratación y un kit de higiene.

“Nunca imaginé que recibiría ayuda de Estados Unidos”, comentó Reyes a AP desde su carpa. “Los venezolanos estamos agradecidos, muy agradecidos.”

A 2.100 kilómetros de distancia, en un almacén de Doral, Alessandra Izaguirre seguía preparando el próximo envío.

Quince organizaciones de la sociedad civil solicitan al gobierno de Estados Unidos que “utilice su intermediación ante las autoridades venezolanas” para garantizar “plena transparencia y rendición de cuentas pública sobre toda la ayuda humanitaria” que está llegando a Venezuela, tras los terremotos del 24 de junio que hasta la fecha han dejado 4.561 fallecidos y 16.740 heridos.

En una carta enviada al Departamento de Estado para abordar el tratamiento que debe darse a la cooperación internacional, las ONG plantean la necesidad de que se asegure “la publicación periódica de lo que se recibe, su origen y propósito, sus beneficiarios previstos y los responsables de su recepción, asignación y distribución, junto con una verificación independiente de que llega a quienes está destinada”.

Los defensores de Derechos Humanos consideran fundamental “que la ayuda se distribuya únicamente sobre la base de la necesidad y sin discriminación, de conformidad con los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, con la plena contribución de la sociedad civil y de las organizaciones independientes”.

Entre los firmantes del texto destacan la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Provea, Cedice, Acceso a la Justicia, Cecodap, Civilis, Laboratoria de Paz y Transparencia Venezuela.

Civiles

Las ONG requieren a la Casa Blanca que interceda para lograr “una respuesta adecuada de las autoridades, liderada por civiles y no por los militares”. La presidenta encargada Delcy Rodríguez nombró al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, autoridad única para la emergencia provocada por los terremotos.

“La Guardia Nacional Bolivariana forma parte de las Fuerzas Armadas y es un cuerpo que ha cometido graves violaciones de Derechos Humanos”, recuerdan en su misiva, donde también cuestionan que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria interina, haya asumido la vocería de los balances sobre el número de víctimas del cataclismo. “El jefe del Poder Legislativo no es la autoridad competente para hacerlo”, señalan.

Abrir

Estas organizaciones de la sociedad civil esperan que la administración de Donald Trump abogue por “la exención temporal de la ayuda humanitaria de todos los impuestos, aranceles y derechos aduaneros, y la exoneración de las tasas portuarias y aeroportuarias sobre los envíos de socorro”.

Igualmente, subrayan que debe existir “un único organismo de coordinación humanitaria para las autorizaciones y permisos, con procesamiento prioritario de la carga humanitaria”, y demandan “la autorización plena para que los equipos internacionales profesionales de respuesta a desastres ingresen y operen en todo el territorio afectado”.

En el texto remitido al despacho de Marco Rubio, las ONG vuelven sobre dos temas que reclaman permanentemente: La derogación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y sin Fines de Lucro, conocida como “Ley Anti-ONG”, y “el levantamiento de todos los bloqueos a las redes sociales, los medios de comunicación y las VPN”.

Los defensores de DDHH proponen a la oficina de Rubio que trabaje con las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil que operan en el terreno, para “garantizar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan”.

Hugo Chávez vuelve a ser noticia por estos días. No ya por parte de la propaganda oficial, que desde su muerte en marzo de 2013 diariamente evoca al difunto comandante. Sino porque con el nombre del líder socialista se bautizó un complejo urbanístico construido por una empresa turca que resultó arrasado por el doblete sísmico del 24 de junio.

Inaugurado siete meses después de su defunción, el urbanismo Hugo Chávez se levantó en Playa Grande, estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los dos terremotos que hasta la fecha han dejado 4.561 fallecidos. Constaba de 196 torres de 16 apartamentos cada uno y su edificación estuvo a cargo del Grupo Summa de Turquía.

Como tantos otros que cayeron por los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, la también llamada Ciudad Chávez es producto de la Misión Vivienda Venezuela, proyecto lanzado por el extinto presidente en abril de 2011 con el fin de “construir viviendas de forma masiva para el pueblo venezolano, rompiendo con la lógica capitalista que mercantilizaba el hogar”, define el Ministerio de Hábitat y Vivienda.

Desde su origen, la Misión Vivienda recibió críticas por supuestas fallas en su planificación y ejecución. El programa gubernamental, en el que intervinieron socios tradicionales del chavismo como Cuba, Irán y Bielorrusia, también fue cuestionado por la opacidad en el manejo de recursos, uso de materiales y asignación de contratos.

La destrucción de un número importante de torres de la Misión Vivienda ha reavivado el debate sobre la calidad de estas edificaciones. Sin embargo, el gobierno de Delcy Rodríguez se defiende esgrimiendo que la mayoría de los urbanismos que se desplomaron habían sido erigidos por el sector privado.

Balance

“Hay miles de edificios afectados, hay algunos cientos, tal vez 200 edificios, que se desplomaron. De esos 200 edificios, algunos de los que se cayeron fueron construidos dentro del marco de la Misión Vivienda, (pero) hay otros cientos de edificios que pertenecen a desarrollos privados”, argumentó en una entrevista el comisionado presidencial de Habitabilidad y ministro de Transporte, Francisco Garcés.

El balance oficial hasta el 13 de julio registra 856 edificios afectados y otros 190 colapsados.

Garcés indicó que “politizar o hacer un señalamientos acerca de un grupo de edificios no solo no es favorable sino que carece de rigor científico y profesional”. Recordó que “en Caracas se cayeron diez edificios, ninguno de la Misión Vivienda”, e insistió en que en La Guaira “se cayeron muchos más del ejercicio privado”.

El antiguo decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gustavo Izaguirre, estima que en el país existen 8 millones de viviendas, de las cuales un tercio han sido realizadas por el Estado venezolano en todas las épocas.

El profesor de la UCV coincide en que el doblete sísmico arrasó con todo a su paso y en que no se debe politizar la discusión, al tiempo que plantea algunos elementos a evaluar para identificar los factores humanos que pudieron agravar la tragedia causada por la naturaleza.

Responsables

En los casos de los desarrollos “cuya tecnología se trajo de afuera”, verbigracia Ciudad Chávez, Izaguirre se pregunta si ingenieros y arquitectos venezolanos debidamente colegiados validaron esos sistemas constructivos, tomando en cuenta el alto riesgo sísmico que presenta Venezuela.

“En todas las obras debe haber un profesional inscrito con licencia para proyectar y construir en Venezuela, que se ajuste a la normativa local. Si se hizo algo diferente, los involucrados sean públicos o privados tienen que responder”, observa el académico.

Izaguirre sostiene que más que el tipo de vivienda, aquí lo que debe analizarse es la condición del suelo. Recuerda que el plan de ordenamiento territorial de La Guaira de 2006 recomendaba hacer un mapa de microsectores sísmicos en toda la costa del litoral, donde se levantaron posteriormente varios complejos de la Misión Vivienda.

“Justamente por el tipo de suelo, que es muy blando, arenoso o de formación muy reciente, al haber una aceleración muy fuerte iba a pasar esto”, sostiene el experto, quien pregunta: “¿Se hizo ese mapa? ¿Las edificaciones no tenían un sistema de fundación adecuado porque no teníamos la información?”.

A ojo

La Misión Vivienda fue una de las principales banderas empuñadas por Chávez para alcanzar la reelección en 2012. Tras su muerte, el régimen continuó con el programa y afirma que hasta la fecha ha entregado 5,58 millones de unidades habitacionales.

Marco Negrón, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UCV y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, siempre expresó sus reservas sobre el programa gubernamental y tacha de falsas las estadísticas divulgadas por el chavismo.

“Aunque había muchos indicios preocupantes en relación a la cuestión estructural y constructiva, era imposible verificarlo: cero información, un enorme número de empresas extranjeras involucradas, pues la industria venezolana de la construcción ya había sido liquidada, pero además no permitían el acceso a los edificios y no hubo inspección”, apunta.

Negrón es tajante: “No había planificación ni urbanismo. Desde un helicóptero, con ‘ojo experto’, Chávez elegía los terrenos disponibles. Mucha improvisación y cero asesoría de expertos”.

Miguel Báez se infiltra por un estrecho túnel entre las ruinas de los terremotos en Venezuela. Lo mueve la desesperación por encontrar los restos de los suyos, y, en el trayecto, arrastra el trauma de ver cadáveres, cuerpos desmembrados... y hasta temer su propia muerte.

“Yo quiero estar acá hasta lo último” por “la incertidumbre de que no sé si vivieron o no están, o por lo menos conseguir(los) para darles una sepultura como se merecen”, dice este hombre delgado, de piel morena y mirada apagada.

Usa casco azul y camiseta negra sucia del polvo que levanta una retroexcavadora a pocos metros. Camina ágil sobre ladeadas placas de hormigón hasta un agujero de donde voluntarios como él sacan baldes llenos de escombros.

Este comerciante de 32 años asumió un imprevisto papel de rescatista sin formación alguna desde que el doble sismo del 24 de junio golpeó el costero estado La Guaira. Es uno de los miles de voluntarios que se activaron en la tragedia ante una respuesta oficial lenta e insuficiente.

Báez cree que su madre Solangel, su hermano Héctor y su sobrina Susej quedaron atrapados en un complejo de viviendas públicas de 12 plantas, en el sector de Caraballeda. El voluntario también difundió sin éxito mensajes con las imágenes de sus rostros, la palabra “desaparecidos” y números de contacto.

Perros buscadores olfatearon el área, socorristas de Brasil, Estados Unidos, México, Honduras y otros países entraron con sensores... Sin señales vitales, Báez perdió al décimo día la esperanza de encontrar a sus familiares vivos.

Ha visto “personas con vida, gente ayudando”, así como “varios cuerpos en descomposición”. “Estás tratando de luchar, exponerte, rescatar, y en eso te encuentras con personas fallecidas”, cuenta.

Cuando se separa del desastre, la muerte lo persigue en su imaginación: “El cansancio, el estrés te lleva a eso”.

“Viene siendo como un trauma, es psicológico”, reconoce.

“Derrumbado”

Una imagen de Jesucristo recibe a los socorristas en la entrada hecha añicos de dos torres conocidas como OPP 33. Los edificios son ahora un milhojas de techos y suelos con hedor a putrefacción.

Báez rescató de su apartamento 101 un retazo de cuadro. Recuperó la guitarra de Héctor, de 28 años, y la viola de Susej, de 10. Ambos eran músicos.

Todavía no dan con sus cuerpos casi tres semanas después de la tragedia que deja unos 4.500 muertos.

Hace tres noches, rescatistas hallaron los restos de una menor. “Obviamente nos paramos (levantamos) desesperados corriendo” porque podía ser su sobrina, hija de su hermana Jesurimar. “La infante estaba de las rodillas hacia arriba, estaba aplastada, se le veía lo que era el tronco. Se vio cómo estaba vestida... No era”, dice.

El mayor de cinco hermanos evita que lo vean “derrumbado”. Se aleja un poco del perímetro para “tratar de desahogarse” y no usa redes sociales.

Desde el primer día del desastre, su rutina consiste en dormir algunas horas y despertar “pensando en qué sucedió, quién trabajó anoche, qué cuerpo encontraron”.

Báez avanza por la parte trasera de las ruinas, sube al sexto piso y llega hasta un boquete de menos de un metro de diámetro, abierto a fuerza de mandarrias y esmeriles prestados.

Él mismo grabó un video con su celular en las entrañas del edificio, adonde ha bajado varias veces: hombres serpentean entre placas sostenidas con delgados pedazos de escombros. El espacio es tan estrecho que solo pueden avanzar boca abajo.

Allí lo agarró una de los más de mil movimientos telúricos posteriores que sacuden Venezuela. “Se dio una réplica y estábamos en el piso 2, dirigiéndonos hacia el piso 1” cuando “cedió” la estructura, rememora. “Tuvimos que salir porque si no, bueno...”, comenta sin terminar la frase.

“Dios nos guardó”, asegura.

“Sin nada”

Báez viajaba en autobús por la cercana Maiquetía, donde está el aeropuerto internacional parcialmente cerrado, cuando sintió los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5.

Llegó de noche hasta los restos de lo que fue su hogar durante 13 años. Recuerda “gente corriendo, gritando en desespero” entre una nube de polvo.

Desde entonces, “quedamos sin nada, no tenemos rumbo”, lamenta. Pernocta en carpas donadas junto a otros familiares.

Maquinaria pesada remueve escombros, así como olores y moscas. Sabe que está expuesto a enfermedades: “Cuando comes hay infecciones, moscas que se paran en la comida, se paran en el cadáver”.

Un cielo gris acecha La Guaira y Báez se resguarda en su campamento. La lluvia frena las labores de búsqueda.

En su celular revisa fotos de momentos con su madre Solangel, de 48 años: día de las madres, salidas familiares. Se le aguan los ojos.

“Ya no nos quedan prácticamente lágrimas para poder expresar y sentir lo que sentimos”, explica.

AFP

Ante la escasez de maquinaria y la falta de apoyo oficial, familiares de las víctimas de los dos terremotos en La Guaira tienen que cargar con el peso económico de los trabajos de remoción de escombros y búsqueda de los cuerpos de sus seres queridos.

“Esto es horrible. En medio del dolor de la pérdida, tener que enfrentar toda la logística que conlleva tener que pagar a los obreros, y darles la comida e hidratación”, narra su calvario una venezolana que aún trata de recuperar el cadáver de su madre bajo los escombros de las residencias Bahía Mar en La Guaira.

Ella reside en Estados Unidos y sus otros dos hermanos están en Chile y España. A la distancia, coordina las labores junto con los vecinos que están en el terreno. Relata que todos se han tenido que unir para cubrir el costo de la maquinaria que requieren.

“Las grúas del gobierno están destrozando la estructura del edificio y desmembrando los cuerpos. Tuvimos que alquilar una maquinaria telescópica por 11.500 dólares, sin incluir el oxicorte y el gasoil”, expone la mujer, que prefiere resguardar su identidad.

Se vio obligada a abrir una cuenta en la plataforma de donaciones GoFundMe para seguir adelante. “Hasta las bolsas negras para los cadáveres las hemos tenido que comprar. Todo es un desastre, una tragedia natural, pero una calamidad inhumana por parte de los entes del gobierno”, señala.

Solidario

Tan pronto pudieron, los esposos partieron de Bogotá, donde están residenciados, y se trasladaron hasta Playa Grande, en La Guaira. Dos escalas aéreas y 13 horas de carretera para llegar al estado declarado zona de desastre por el gobierno de Delcy Rodríguez.

“Sabíamos que para el momento de los terremotos mis suegros se encontraban en el apartamento porque ellos estaban viendo el juego de Brasil”, comenta la señora que pide preservar su nombre. “En ese piso fallecieron seis personas, pero no los podían sacar porque había que romper el muro para entrar”.

Aunque la desesperación los empujó a tratar de avanzar por su cuenta, “entendimos que el objetivo principal era buscar máquinas”. Con eso en mente recorrieron el sector y así pudieron constatar la magnitud del cataclismo. “Todo el mundo estaba buscando máquinas, hablamos con operarios, algunos cobraban, otros no, pero tenían como prioridad salvar a personas vivas”.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó el sábado 11 de julio que en La Guaira hay 1 millón 280 mil toneladas de escombros. El balance oficial publicado el 12 de julio reporta 4.490 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y otros 190 colapsados.

“Le escribimos al dueño de una máquina y nos ofreció vendernos una. Nos dijo: ‘El nuevo precio debido a la situación es de 78 mil dólares’”, describe y muestra la captura de pantalla de aquel intercambio. Los precios de alquiler por hora iban desde 1.800 dólares por una telescópica y 2 mil por una jumbo.

Gracias a un amigo de México, consiguieron prestada una pequeña retroexcavadora para continuar con las labores y con el apoyo de rescatistas extranjeros y locales, pudieron recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

“Las máquinas las pudimos conseguir mi esposo y yo a punta de contactos, sin pagar nada, solo 100 dólares a una ‘intermediaria’ que nos acosaba día y noche hasta que le pagamos”, describe.

Venezuela tuvo que sufrir dos terremotos para que el oficialismo reconociera que la ley de alquileres promulgada por Hugo Chávez es “regresiva” y que, en la práctica, liquidó el mercado de arrendamiento residencial en el país.

“Tenemos que trabajar en la Asamblea Nacional para hacer una reforma de las leyes, al menos de la ley de alquileres (...) porque en efecto es muy regresiva la ley con la que contamos”, admitió en rueda de prensa el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Desde que Chávez la firmó en 2011, voceros de la Cámara Inmobiliaria y expertos en la materia advirtieron que la norma tendría efectos negativos sobre la renta de viviendas, limitando una de las opciones para mitigar el déficit habitacional.

El chavismo siempre lo negó. Hasta este sábado 11 de julio, 15 años después. “Hay un número de hasta 200 mil viviendas que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda”, manifestó Rodríguez, subrayando la necesidad de modificar el texto “para que las personas no sientan ningún tipo de temor de alquilar”.

La destrucción provocada por el doblete sísmico, que a la fecha a dejado 4.490 muertos, obliga al gobierno de Delcy Rodríguez a tomar medidas extraordinarias. El diputado señaló que “más de 17 mil personas se encuentran sin vivienda y esa cifra seguramente va a aumentar”.

Socialismo

Chávez celebró la aprobación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. El régimen socialista congeló precios, fijó los límites a los cánones de arrendamiento, dificultó el procedimiento de desalojo y aunque prometía “estabilidad jurídica”, en los hechos inclinó la balanza a favor de los inquilinos en detrimento de los derechos de los propietarios.

Todo esto en un país marcado por una política de expropiaciones que ponía en entredicho el respeto a la propiedad privada.

Antes de darle el ejecútese a la norma, el difunto comandante había publicado un decreto “contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas”, que afirmaba que “en la mayoría de los casos” los valores de los alquileres respondían “a la especulación inmobiliaria y los intereses capitalistas de los propietarios y arrendadores”.

En su momento, la Cámara Inmobiliaria cuestionó la iniciativa del gobierno chavista, denunciando que la excesiva intervención del Estado incluso atentaría contra la construcción de nuevas viviendas. Sus reclamos fueron totalmente desestimados.

Antes del cataclismo, el oficialismo ya había mostrado su disposición a revisar la regulación de los alquileres como parte del “nuevo momento político” anunciado por Delcy Rodríguez, luego de que el 3 de enero fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron en Caracas a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En su declaración, Jorge Rodríguez dijo que en el gobierno “no tenemos cabeza” para continuar con los procesos de renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, temas álgidos en la agenda de la transición democrática, pero sí abrió sus puertas a conversar sobre los arrendamientos.

“Si te quieres reunir conmigo para reformar la ley de alquileres (...), pues bien, bienvenido sea”, aseveró el presidente del Parlamento.

Annery Fehr no sale de su apartamento desde el miércoles 24 de junio, día en que Venezuela sufrió el impacto de dos terremotos que hasta la fecha han dejado 4.490 muertos. “Nosotros, los de la tercera edad, no podemos bajar y nos encontramos confinados desde ese día”, cuenta esta jubilada de 75 años.

La señora Fher vive en Parque Central, icónico complejo urbanístico que se levanta en el centro de Caracas. Compuesto por edificios residenciales que alcanzan los 44 pisos, ostentó el récord de tener los dos rascacielos más altos de América Latina con 255 metros desde 1979 hasta 2003, cuando se inauguró la Torre Mayor de México.

El doblete sísmico obligó a las autoridades a suspender el uso de ascensores en todas las zonas afectadas hasta someterlos a una revisión para verificar su funcionamiento. Varios no han pasado la prueba, incluidos los de Parque Central, situación que representa una amenaza para la salud de miles de personas.

“Los enfermos no pueden salir a hacerse sus tratamientos, así como los que andan en silla de ruedas, los enfermos de pulmón con EPID y los que cargan marcapasos o son operados del corazón”, comenta la señora Fher, quien necesita un bastón para desplazarse.

En medio de la emergencia, los vecinos más jóvenes se ofrecen para comprarle a los mayores sus alimentos y medicinas, y algunos comercios prestan el servicio de delivery, pero solo hasta el décimo piso.

“No tener ascensor nos perjudica psicológicamente, porque estamos en constante estrés, pero también nos afecta económicamente, pues tendremos que pagar la reparación y nosotros apenas podemos vivir con las pensiones y el ‘bono de guerra’”, se lamenta la médica jubilada.

En Venezuela la pensión equivale a menos de 30 centavos de dólar, que el gobierno de Delcy Rodríguez completa con un bono de 80 dólares al mes.

Crueldad

La situación de los ascensores ha venido a echarle más leña a los grupos de Whatsapp de los condominios, siempre en permanente estado de ebullición.

“Vivo en un edificio de 16 pisos y en los más altos están personas mayores, otros que requieren diálisis y quienes simplemente aducían que tienen que ir a trabajar, así que desde el 26 de junio -dos días después del doblete sísmico- comenzó la discusión con gente preguntando por el chat cuándo iban a activar los ascensores”, refiere Josefina Torres, una publicista de 45 años afincada en Los Ruices, este de Caracas.

Sin pasar por la evaluación previa que exigen las autoridades, un grupo resolvió poner en marcha los elevadores. “Les dije que asumieran su responsabilidad, yo no me monté porque no me quiero morir en el ascensor”, expresa Torres.

Los alcaldes del área metropolitana han debido intervenir para llamar a la calma. Al regidor del municipio Baruta, Darwin González, le plantearon públicamente el caso de una señora de 90 años en silla de ruedas que hace dos meses estuvo en terapia intensiva y que necesitaba ir al médico, pero la junta de condominio se negaba a reactivar el ascensor.

González respondió que los vecinos debían ceñirse a las pautas impuestas por los Bomberos de Caracas sin agregar ningún requisito adicional. “¡Es un problema de salud pública y podría considerarse crueldad!”, exclamó el funcionario.

El número de fallecidos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio ascendió a 4.490, según el balance actualizado que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicó el domingo en su canal de Telegram. La cifra no ha dejado de crecer desde que los dos sismos golpearon el norte del país con menos de un minuto de diferencia, y convierte a esta catástrofe en el terremoto más mortífero de la historia moderna de Venezuela.

El parte oficial mantiene en 16.740 el número de heridos. La cifra de rescatados con vida se sitúa en 6.462, y 17.907 personas permanecen sin vivienda, desplazadas en su mayoría hacia los 89 campamentos transitorios habilitados por las autoridades. La progresión de los muertos ha sido imparable: de los 188 confirmados en las primeras horas del 25 de junio a los 920 al cierre del día 26, los 1.719 del 28, los 3.535 del 5 de julio y los 4.118 del 10 de julio.

Los dos sismos —de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de momento— se produjeron a las 18:04 hora local, separados apenas 39 segundos. Ambos tuvieron su epicentro en las proximidades de Yumare, en el estado Yaracuy, y sus ondas se sintieron a lo largo de una franja densamente poblada que incluye Caracas y el estado costero de La Guaira. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió desde el primer momento una alerta roja —la categoría de máxima gravedad de su sistema de estimación de víctimas y daños— y advirtió que los modelos apuntaban a miles de muertos.

El estado La Guaira concentró la mayor parte de la devastación. Según datos aportados por Rodríguez, 158 de los 190 edificios con colapso total registrados en el país se encontraban en ese territorio: ocho de cada diez estructuras completamente derrumbadas. Un análisis de imágenes del satélite europeo Sentinel-1 procesadas por la NASA estimó que más de la mitad de los edificios en localidades como Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia la Mar presentaban una probabilidad de daño superior al 75%. La Universidad Estatal de Ohio elevó a alrededor de 59.000 el número total de estructuras dañadas en Venezuela.

La región ya había sufrido la catástrofe más grave de la historia contemporánea del país: la Tragedia de Vargas de diciembre de 1999, cuando aludes de lodo y rocas causaron entre 10.000 y 30.000 muertos. El geofísico Michael Schmitz explicó al diario El Nacional que la destrucción de 2026 no se explica solo por la magnitud de los sismos, sino por la confluencia del desplazamiento de dos fallas geológicas, la amplificación de ondas por las características del suelo y un parque edificatorio deteriorado. “Como los grandes terremotos no ocurren con la frecuencia de Chile o Japón, la consideración sísmica fue quedando en un segundo o tercer plano”, señaló.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó los daños materiales en aproximadamente 6.700 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 6% del Producto Interior Bruto venezolano. El Programa Mundial de Alimentos lanzó un llamamiento de 50 millones de dólares para alimentar durante tres meses a medio millón de personas. La respuesta internacional incluyó el despliegue de más de 3.000 rescatistas extranjeros. En Catia la Mar se abrieron zanjas en el cementerio local para enterrar a 150 víctimas sin identificar.

El coordinador humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, había advertido a finales de junio que la cifra de muertos superaría con certeza los recuentos disponibles en ese momento, dada la cantidad de edificios derrumbados y la dificultad de acceso a algunas zonas. La evolución posterior de los datos le ha dado la razón: el balance ha seguido aumentando incluso cuando las labores de rescate cedieron paso a la extracción de cuerpos.

Con más de 1.100 réplicas registradas desde el 24 de junio y miles de familias en campamentos provisionales, Venezuela afronta la reconstrucción de una región castigada dos veces en menos de treinta años.

Con más de 40 años de experiencia buscando sobrevivientes entre los escombros, el rescatista mexicano Héctor Méndez, conocido como el “Topo Mayor”, compartió una serie de recomendaciones clave para sobrevivir en caso de que un edificio colapse. El fundador de Topos Azteca difundió estas claves poco después de liderar labores de búsqueda tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

Las claves de supervivencia del Topo Mayor

Según explicó Méndez, la posición del cuerpo y la ubicación dentro del inmueble son determinantes para sobrevivir a un derrumbe:

• Pisos superiores: si el edificio comienza a ceder, lo más recomendable es subir a la azotea, ya que al quedar en la parte más alta de los escombros aumentan las probabilidades de sobrevivir.
• Postura clave: acostarse boca abajo, en lo que describió como “posición de estrella de mar”, para evitar rodar durante la caída.
• El riesgo de quedar boca arriba: la flexibilidad de los brazos puede provocar que la persona ruede y caiga desde gran altura, o quede expuesta si el edificio se derrumba encima.
• Pisos intermedios: buscar los llamados “espacios vitales” o “triángulo de la vida”, zonas donde, por la disposición de la estructura, es más probable que quede un hueco libre tras el colapso.

Un rescatista con 40 años de trayectoria

Méndez, de 80 años, fundó Topos Azteca tras el terremoto de 1985 en Ciudad de México, cuando llegó a Tlatelolco en busca de su hermano y terminó por dedicar su vida al rescate voluntario. Desde entonces, su brigada ha participado en labores de auxilio en más de 22 países.

Su más reciente misión lo llevó a Caracas y La Guaira, donde los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron más de mil 400 personas fallecidas y miles de heridos, además del colapso total de al menos tres edificios en el municipio de Chacao. Ahí, el “Topo Mayor” trabajó en la remoción de escombros del edificio Petunia, enfocado en la recuperación de cuerpos para entregarlos con dignidad a sus familias.

La polémica que lo hizo viral

Durante su estadía en Venezuela, Méndez también se volvió tendencia luego de confrontar a una reportera local que, según relató, intentó que agradeciera públicamente a las presidentas de México y Venezuela durante una entrevista. “Yo no soy político, soy rescatista”, fue la frase con la que respondió, negándose a que su labor humanitaria fuera utilizada con fines políticos.

El episodio generó un amplio debate en redes sociales y llevó a la organización Topos Tlatelolco a deslindarse públicamente de Méndez, aclarando que se trata de una agrupación distinta e independiente.

Ciudades y pueblos de distintos continentes han logrado reinventarse tras grandes tragedias, transformando la destrucción en oportunidades para el desarrollo turístico y la recuperación cultural.

Estos casos, ampliamente documentados en reportes turísticos internacionales, ilustran cómo la resiliencia colectiva y la planificación han convertido antiguos escenarios de desastre en polos de atracción mundial.

A lo largo del siglo XX y XXI, fenómenos como guerras, terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones han devastado urbes y localidades enteras.

Sin embargo, la capacidad de adaptación y la apuesta por la reconstrucción han dado lugar a ciudades y pueblos que hoy reciben millones de visitantes cada año.

A continuación, un ranking de Travel and Leisure con ejemplos emblemáticos, en los que la adversidad marcó el inicio de una nueva etapa para la identidad local.

Rotterdam, Países Bajos: arquitectura que desafía la memoria

Rotterdam quedó prácticamente destruida en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a los bombardeos alemanes. Tras la catástrofe, las autoridades y la población apostaron por un modelo urbano innovador, centrado en la arquitectura moderna y el diseño vanguardista.

Hoy, lugares como el Markthal, el puente Erasmus y las casas cubo son íconos de la ciudad. Rotterdam se ha consolidado como uno de los puertos más grandes del mundo y un destino para quienes buscan arte contemporáneo, museos y una vida urbana vibrante.

Varsovia, Polonia: reconstrucción y patrimonio mundial

La capital de Polonia experimentó la destrucción sistemática de su infraestructura durante la ocupación nazi, perdiendo más del 80% de sus edificios. El proceso de reconstrucción incluyó la restauración meticulosa de su casco antiguo, que fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Varsovia recibe actualmente a millones de turistas atraídos por su historia, su arquitectura y su capacidad de renacer sin olvidar su pasado.

Hiroshima, Japón: memoria y paz tras la devastación

Hiroshima fue escenario de uno de los acontecimientos más trágicos del siglo XX, cuando el 6 de agosto de 1945 una bomba atómica arrasó la ciudad.

El Parque Memorial de la Paz y el museo asociado constituyen hoy un punto de encuentro para quienes buscan comprender el impacto de la guerra y la importancia de la reconciliación. Hiroshima se ha transformado en símbolo de paz y resiliencia, integrando su legado en la vida cotidiana y en la experiencia de los visitantes.

San Francisco, Estados Unidos: reconstrucción tras terremoto e incendio

El terremoto de 1906 y el incendio posterior destruyeron más del 70% de San Francisco. La ciudad fue reconstruida con rapidez, apostando por nuevas tecnologías y materiales resistentes.

En la actualidad, San Francisco destaca como capital cultural y tecnológica, con barrios emblemáticos como Chinatown, Mission y Castro, además de atractivos como el Golden Gate y la isla de Alcatraz. La recuperación urbana no solo permitió restaurar su economía, sino también posicionarla como referente internacional.

Lisboa, Portugal: resurgimiento de una ciudad atlántica

El gran terremoto de 1755, seguido de un tsunami e incendios, devastó la ciudad de Lisboa. El proceso de reconstrucción incluyó el diseño de barrios enteros, como la Baixa Pombalina, que marcaron un nuevo enfoque urbanístico y arquitectónico en Europa.

Actualmente, Lisboa es uno de los destinos turísticos más relevantes del continente, famosa por su fusión entre tradición y modernidad, su gastronomía y sus monumentos históricos.

Ciudad de México: persistencia ante los sismos

La Ciudad de México ha enfrentado repetidos episodios sísmicos, siendo los más destructivos los de 1985 y 2017. A pesar de las pérdidas humanas y materiales, la capital mexicana ha logrado recuperar su dinamismo, manteniéndose como uno de los principales centros culturales, gastronómicos y turísticos de América Latina.

El impacto de los terremotos se refleja en una arquitectura cada vez más resiliente y en una sociedad activa en la memoria y la prevención.

Guatapé y El Peñol, Colombia: el turismo tras la inundación

En Colombia, la construcción de la represa de Guatapé en la década de 1970 provocó la inundación del antiguo municipio de El Peñol y parte de la zona rural de Guatapé. Según los reportes turísticos consultados, los habitantes fueron forzados a trasladar sus pertenencias y exhumar más de mil cien cadáveres para reubicarlos en nuevas tierras, en medio de protestas y huelgas. El único vestigio visible del antiguo pueblo es la cruz de su iglesia, sobresaliendo en el embalse.

Actualmente, Guatapé recibe cerca de 3,7 millones de turistas al año, de acuerdo con datos oficiales. El turismo, surgido como consecuencia indirecta de la represa, constituye hoy la principal actividad económica local.

Las actividades acuáticas, los recorridos por calles coloridas y la subida a la Piedra del Peñol, que ofrece vistas panorámicas, forman parte de la oferta. El hotel The Brown, con 106 habitaciones y una arquitectura integrada al entorno natural, se ha posicionado como uno de los alojamientos más destacados de la región.

Pompeya, Italia: arqueología y turismo masivo

La erupción del Vesubio en el año 79 d.C. sepultó la ciudad de Pompeya bajo cenizas y lava. Redescubierta siglos después, Pompeya es hoy uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo, con millones de turistas interesados en explorar sus calles, templos y casas preservados por la catástrofe.

El sitio ofrece una mirada única al pasado romano y a la capacidad humana de reconstruir y aprender de la tragedia.

El Gobierno de El Salvador ha instalado un hospital humanitario en la avenida principal de Playa Grande, en el estado de La Guaira, para atender la emergencia provocada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio. Esta acción responde a una instrucción directa del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene un monitoreo permanente de la situación y coordina el envío de ayuda para socorrer a la población venezolana, según reportó el gobierno salvadoreño, en un comunicado de prensa.

El hospital temporal busca aliviar el colapso del sistema de salud local en una de las zonas más afectadas por la actividad sísmica, según informó el gobierno. El contingente salvadoreño, conformado por médicos, paramédicos y un equipo de veterinarios, ofrece atención las 24 horas del día para la población, y en horario de 8:00 a 18:00 para mascotas y animales domésticos.

Entre los servicios que presta la infraestructura sanitaria destacan el registro y triaje, la atención médica general y especializada, la estabilización de pacientes en estado crítico, el apoyo psicológico a sobrevivientes y familiares, y la consulta veterinaria para animales lesionados o desprotegidos. El Salvador implementó este operativo como parte de una estrategia integral, que incluye la distribución masiva de alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad.

Desde el inicio de la emergencia, las brigadas salvadoreñas participaron en la búsqueda y rescate de personas atrapadas, así como en la remoción de escombros en vías principales y estructuras colapsadas, con el objetivo de restablecer la movilidad y la seguridad en la zona, detalló el comunicado. El Gobierno de El Salvador ha destacado que estas acciones buscan contener brotes epidemiológicos y asegurar la continuidad de tratamientos médicos entre la población afectada.

El presidente de El Salvador reafirmó el compromiso de su país con la solidaridad internacional y la asistencia humanitaria, aportando recursos técnicos, humanos y logísticos para mitigar las consecuencias de la catástrofe en Venezuela. Las autoridades venezolanas han agradecido públicamente el apoyo recibido y señalaron que el hospital de campaña representa un refuerzo sustancial para la atención de los damnificados.

Entre las informaciones de interés, el hospital humanitario ofrece atención integral las 24 horas, mientras que la consulta veterinaria funciona de 8:00 a 18:00. Además, el operativo de El Salvador contempla la entrega de medicamentos esenciales para prevenir brotes y asegurar tratamientos en curso.

De acuerdo con el comunicado, el despliegue salvadoreño continuará en la zona hasta que se restablezcan condiciones mínimas de normalidad en los servicios de salud y asistencia social de La Guaira.

Aumentan a 4.333 los muertos por el doble terremoto en Venezuela tras el hallazgo de 215 nuevos cuerpos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4.333 tras el hallazgo de 215 nuevos cuerpos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Durante una rueda de prensa, Rodríguez señaló que los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más afectadas, donde aún persisten labores de búsqueda entre los escombros.

El doble sismo, que provocó la destrucción de numerosas viviendas e infraestructura en varios estados, ha dejado miles de personas desplazadas y comunidades enteras en situación de emergencia. Las autoridades mantienen desplegados operativos de asistencia humanitaria, mientras que hospitales y centros de atención médica permanecen en alerta ante el elevado número de heridos.

Investido en su rol de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri anunció este sábado que la organización deportiva realizará una donación de USD 1 millón para asistir a las víctimas y personas afectadas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.

“La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia. Vamos a destinar 1 millón de dólares de nuestro fondo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos y colaborar con las organizaciones que ya están trabajando en el terreno para brindar ayuda de emergencia”, publicó el expresidente en su cuenta de X.

En su posteo, Macri envió un mensaje en el que destacó el apoyo de la FIFA y de su presidente, Gianni Infantino, a la población venezolana que continúa sufriendo las secuelas del movimiento sísmico.

“Sé que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, especialmente cuando más se necesita. Esa fuerza debe ponerse al servicio de quienes hoy atraviesan esta tragedia”, remarcó Macri. “Mis pensamientos y todo mi cariño están con las familias afectadas, como el de Gianni y todos los que formamos parte de la FIFA. Seguiremos acompañando los esfuerzos para que la ayuda llegue lo antes posible”, completó el fundador del PRO.

Este sábado, se dieron a conocer los últimos datos oficiales por el terremoto, en el que se consignaron 4.333 víctimas fatales, tras el hallazgo de otros 215 cuerpos durante los operativos de rescate, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La tragedia por el doble sismo en Venezuela se produjo en medio del desarrollo del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, la principal celebración de la FIFA. En ese marco, en varios partidos se les dedicó unos minutos de silencio y de homenaje a todas las víctimas del temblor.

En uno de ellos, antes de disputarse el martes 30 de junio México y Ecuador por 16avos de final, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, todo el estadio y el presidente Infantino corearon “No están solos”.

Desde este viernes se conocía que la Fundación FIFA iba a donar 1 millón de dólares para las tareas de reconstrucción. En sintonía con el mensaje de Macri, que se conoció este tarde, Infantino expresó: “El pueblo de Venezuela cuenta con la plena solidaridad de la familia del fútbol mundial durante este momento tan difícil. El fútbol tiene una capacidad única para unir e inspirar esperanza, especialmente en momentos de crisis”.

Por su lado, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) participa en la provisión de ayuda a través de la comunidad futbolística local, según el comunicado oficial, que subrayó el rol del deporte en la respuesta y recuperación ante desastres.

Desde su establecimiento, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA distribuyó millones de dólares y kits de emergencia en distintas crisis a nivel mundial, con la red del fútbol para movilizar recursos y solidaridad.

Las autoridades informaron que se anunciarán más detalles sobre la implementación de la financiación y los proyectos apoyados a medida que avancen las evaluaciones y se cierren los acuerdos operativos.

Este fin de semana, en Venezuela continuaban las tareas de búsqueda y remoción de escombros se concentran en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas, donde aún hay personas desaparecidas.

En total, el número de heridos asciende a 16.740, mientras que el sistema sanitario venezolano atendió a 31.193 personas desde el inicio de la emergencia.

Según el balance oficial, más del 90% de los pacientes recibió el alta médica. Las autoridades mantienen desplegados equipos de rescate, maquinaria pesada y personal especializado para continuar la búsqueda de víctimas entre los edificios derrumbados.

Un sismo nocturno en Perú puede sorprender con la vivienda a oscuras, muebles desplazados y cortes de energía. En ese escenario, cada segundo cuenta: no para correr sin rumbo, sino para protegerse, ubicarse y disponer de lo indispensable mientras termina el movimiento. Un kit básico, listo y en un punto fijo —cerca de la cama o junto a la puerta del dormitorio— reduce la improvisación y mejora la seguridad de toda la familia.

En ese escenario, la mochila de emergencia concentra artículos esenciales en un solo lugar. Debe ser liviana, resistente y fácil de tomar con una mano, con compartimentos para separar objetos frágiles de insumos pesados. El contenido debe ajustarse al número de personas del hogar, con atención a niñas, adultos mayores o alguien con medicación permanente. Conviene revisarla con frecuencia para reemplazar productos vencidos y asegurar que todo siga en condiciones.

1) Linterna

Una linterna resulta clave si falla la iluminación. Permite desplazarse sin tropiezos, identificar obstáculos y evitar el uso de velas, que elevan el riesgo de incendio. Lo ideal es elegir un modelo de haz potente, con pilas nuevas o batería recargable, y ubicarlo en la mesa de noche. Una segunda unidad cerca de la salida también ayuda si el primer punto queda bloqueado.

2) Zapatillas

Un par de zapatillas cerradas protege los pies de vidrios rotos, cerámica astillada o clavos. De noche, el piso puede quedar cubierto de restos difíciles de ver, incluso en un cuarto pequeño. Dejar el calzado al lado de la cama evita buscar a tientas y permite moverse con firmeza hacia un lugar seguro dentro del hogar.

3) Casaca

Una casaca abriga si el movimiento obliga a salir al patio o a un punto de reunión. También ofrece bolsillos para llaves, documentos y el teléfono. Elige una prenda que tolere polvo y roce, con cierre firme. Si hay niños, suma una manta compacta o una prenda extra, porque la espera puede extenderse.

4) Correa de tus perritos

La correa de tus perritos evita que las mascotas se escapen por miedo. Un animal asustado puede correr hacia la calle o esconderse en zonas peligrosas. Deja la sujeción junto a la mochila y añade, si se puede, una placa de identificación con un número de contacto. Incluye además una bolsita con alimento y otra para recoger desechos.

5) Cargador portátil

Un cargador portátil mantiene el celular con batería para llamadas, mensajes y alertas. En un evento de gran magnitud, la comunicación puede saturarse, por lo que conviene priorizar textos breves y contactos clave. Mantén el power bank con carga completa y un cable compatible. Si el hogar tiene más de un teléfono, considera una batería externa adicional.

6) Alcohol en gel

El alcohol en gel ayuda a la higiene cuando falta agua o el acceso al baño se complica. Sirve antes de comer, tras limpiar escombros pequeños o luego de asistir a otra persona. Incluye también mascarillas y pañuelos, porque el polvo puede irritar nariz y garganta, sobre todo en espacios cerrados.

7) Agua

El agua es prioritaria para hidratación y preparación de alimentos simples. Guarda botellas selladas y rota el stock para mantenerlo en buen estado. Calcula una reserva que cubra a todos los integrantes del hogar, y contempla a las mascotas. Una taza plegable puede facilitar el reparto si hay varias personas.

8) Alimentos no perecibles

Los alimentos no perecibles aportan energía sin necesidad de cocina. Elige opciones que se abran fácil, con porciones individuales, como barras, galletas o conservas. Suma un abrelatas manual si el kit incluye latas. Evita productos que requieran refrigeración o preparación compleja.

9) Botiquín y documentos

Un botiquín debe incluir gasas, vendas, suero fisiológico, cinta adhesiva, tijera pequeña y analgésicos de uso habitual. Añade, si corresponde, medicación personal con dosis indicadas. Junto a eso, guarda copias de documentos importantes en una bolsa hermética, además de efectivo en baja denominación y un silbato para pedir ayuda si quedas aislado. El objetivo es claro: contar con recursos básicos hasta recibir asistencia.

Al noveno día llegaron las palabras que Francisco Bastardo temía desde que los terremotos derrumbaron la casa de su hijo Fabio, de 9 años.

Sin señales de vida.

Durante horas, rescatistas de Portugal y España realizaron pruebas con sonar y radar de penetración terrestre en los escombros del edificio de 13 pisos donde el niño vivía con su madre.

Nada.

Fabio, a quien los rescatistas creían que había sobrevivido a los dos terremotos que sacudieron este país sudamericano el mes pasado, parecía haber fallecido.

Pero al undécimo día llegó un equipo de rescate venezolano con una conclusión diferente. Dentro de lo que quedaba del apartamento del sexto piso, ahora bajo escombros, los rescatistas creyeron oír golpes y rasguños.

El resultado, respaldado por pruebas posteriores, ha dado a esta nación afligida una esperanza casi inverosímil.

“Hay indicios que nos dicen que el niño podría seguir con vida”, declaró Miguel García, comandante del equipo mexicano de búsqueda y rescate urbano Topos Aztecas, al Washington Post el jueves.

Si hay una emoción que ha marcado las labores de rescate en esta devastada ciudad costera, además del dolor indescriptible, es la incertidumbre.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, que ocurrieron con 39 segundos de diferencia el 24 de junio, destruyeron cientos de edificios, causaron la muerte de más de 4.000 personas y dejaron a miles de desaparecidos. Desde entonces, Venezuela ha recibido equipos de rescate de todo el mundo, pero sus interacciones a menudo se han visto complicadas por la confusión. Los voluntarios internacionales rara vez hablan el mismo idioma. Los métodos de detección difieren. Cada prueba parece arrojar un resultado distinto.

En ocasiones, según afirman los venezolanos, los rescatistas internacionales han encontrado sobrevivientes, pero han decidido no rescatarlos para evitar poner en riesgo a sus propios equipos.

“Son pragmáticos”, dijo Luis Moreno, miembro de la Guardia Nacional de Venezuela que ha estado dirigiendo a los voluntarios en el edificio de Fabio. “Si encuentran a alguien con vida, pero es difícil llegar hasta él, o la estructura es demasiado peligrosa para entrar, se marchan”.

“Los venezolanos se quedan y siguen excavando para encontrar a su gente”.

Las diferencias entre los métodos de detección han generado, en ocasiones, esperanzas poco realistas y, en última instancia, dolorosas. Se creyó que un niño, Lucas Gámez, de 8 años, seguía con vida durante más de una semana. El miércoles, los rescatistas encontraron su cuerpo.

En otras ocasiones, se ha dado por muertas a personas, que luego han sido rescatadas con vida por sus familiares.

Ese es el desenlace que la gente de toda Venezuela espera y por el que reza para Fabio, un niño con gafas apasionado por la astronomía. El operativo de rescate de 24 horas, uno de los últimos en el país más de dos semanas después de los terremotos, se ha vuelto viral.

“Lo presiento”, dijo Bastardo el jueves por la noche. “Cada vez siento más que estoy cerca, y creo que vamos a llegar”.

El marinero mercante de 42 años se encontraba al otro lado del mundo, cerca del estrecho de Ormuz, preocupado por su propia seguridad, cuando se enteró de los terremotos y la destrucción de La Guaira.

Al principio, pensó que la noticia era falsa. Luego vio un video en las redes sociales: el edificio donde su hijo vivía con su exesposa, derrumbado.

“Empecé a llamar a mi familia, y a llamarlos y llamarlos, y nada, nada, nada”.

Corrió a casa. Tres días después del desastre, el edificio de Tahití no era más que un montón de cristales rotos, acero retorcido y escombros de hormigón.

Parecía imposible que alguien pudiera estar vivo debajo. Pero en el silencio de la noche, después de que los equipos de rescate de toda la ciudad se hubieran retirado, escuchó la voz de Fabio.

Pensó que podrían ser simplemente las fantasías desesperadas de un padre afligido. Pero otros dijeron que también la habían oído.

“Le dije: ‘¡Hijo, estamos aquí para rescatarte!’ ¡Cálmate!, dijo Bastardo. “Y lo oí llorar con un gemido”. La diferencia entre encontrar a un superviviente y rescatarlo, sin embargo, pronto se hizo evidente. En toda la ciudad, la escena se repetía: una persona era descubierta con vida, pero los equipos de rescate no podían llegar hasta ella, a menudo por falta del equipo adecuado, y las señales de vida acababan desapareciendo.

Pero los rescatistas concluyeron que Fabio estaba atrapado en una bolsa de aire, un pequeño espacio dentro de un edificio derrumbado con suficiente oxígeno para mantener la vida. Creían que su madre, Kiriaki Navarro, había fallecido.

Calcularon que no les separaban más de seis metros del niño. Pero sin maquinaria pesada —grúas o retroexcavadoras— la única forma de abrirse paso sería a mano.

Con martillos, picos y palas, los rescatistas y otros voluntarios excavaron durante días. Llegaron a los escombros de lo que había sido el sexto piso. Luego, más abajo, al apartamento de Fabio.

El 3 de julio, día 9, los equipos de rescate portugueses y españoles llegaron a una terrible conclusión: era demasiado tarde. Ya no había señales de vida.

Bastardo, incrédulo, permaneció en el lugar, aunque solo fuera por... otra razón que obligar a otros a ayudar a recuperar el cuerpo de su hijo.

Esa noche, cuando todo estaba en silencio, volvió a oírlo: Fabio. Cada vez que Bastardo gritaba, un rasguño respondía a los golpes.

“Lo oí”, dijo.

El equipo mexicano de rescate Topos Azteca llegó el miércoles por la mañana. Realizaron una prueba sónica, según García, que lo confirmó: aún había señales de vida. Alguien golpeaba desde dentro de los escombros.

“Hemos estado interactuando con él”, dijo García. “Sabemos que son respuestas conscientes”.

Los rescatistas llegaron a la cocina: nada. Han rastreado lo que queda de la habitación de Fabio: nada. Pero aún no han llegado a la habitación de su madre. Permanece tras una barricada de escombros.

Los rescatistas brasileños introdujeron una pequeña cámara telescópica por una grieta. Dentro, dijeron, vieron un rostro en la oscuridad, y ojos parpadeantes.

¿Fabio?

Nadie estaba seguro.

El viernes fue el día 16. Las fuertes lluvias de la noche anterior habían derrumbado los túneles que los rescatistas habían abierto hasta el apartamento de Fabio.

Topos Azteca realizó una prueba térmica. Todavía había vida.

Comenzaron la excavación de nuevo.

© 2026, The Washington Post.

El Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), del que se integró la brigada de Ayuda Humanitaria “Yumare” para realizar labores de búsqueda en Venezuela tras los recientes terremotos, fue la misma que rescató a cuatro trabajadores de la mina Santa Fe de Sinaloa hace poco más de tres meses.

Fue el coronel Marco Antonio Vázquez Tejeda Burgos, comandante de esa unidad, quien confirmó que los militares forman parte del mismo batallón, el cual se enfrentó a su primera misión internacional en Venezuela tras los terremotos de 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio que dejaron más de 4 mil fallecidos y 16 mil heridos.

Luego de la ceremonia de recepción de los 18 binomios caninos y 264 militares que conformaron el agrupamiento, y que fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coronel detalló que ante su reciente creación, las labores en las que se desempeñaban no eran de la magnitud de la catástrofe que encontraron en Venezuela.

Y es que el Batallón de Atención a Emergencias acaba de cumplir tres años de haberse fundado, tiempo en el que se había enfrentado a incendios y, con apenas pocos meses de diferencia respecto al despliegue venezolano, protagonizó el rescate de cuatro mineros en Sinaloa. “Rescatamos a dos mineros en Sinaloa, dos cuerpos sin vida y dos mineros”, recordó el coronel Vázquez Tejeda Burgos.

Los trabajadores quedaron atrapados el 25 de marzo cuando una presa de jales se rompió dentro de la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario. Las labores de búsqueda fueron intensas debido a la presencia de lodo, sitios con altos niveles de agua y la oscuridad, lo que provocó que dos de ellos fueran localizados sin vida, mientras que dos más lograron sobrevivir.

Esa experiencia, junto con un adiestramiento intensivo previo en estructuras colapsadas, fue la preparación más cercana a lo que enfrentarían en Venezuela. Aun así, el comandante fue directo al valorar la escala del nuevo reto: “Prácticamente esta es la primera experiencia que tiene la unidad al respecto”, afirmó.

Cabe señalar que aunque pertenecen al mismo batallón, cada uno de los militares que participaron en las acciones de Sinaloa y Venezuela son diferentes, ya que los primeros se especializaban en buceo y los segundos en rescate en estructuras colapsadas.

El coronel también explicó que los edificios siniestrados en Venezuela presentaban una dificultad particular de acuerdo con el propio militar, ya que “la mayoría eran edificios de entre diez y quince pisos, con una característica de colapso total”. Condición que, agregó, “dificultó más el rescate.”

El rescate del niño de 9 años: gas, oscuridad y 12 horas de trabajo por parte del Ejército Mexicano

El episodio más complejo de la misión tuvo lugar el domingo 27 de junio en el municipio de Vargas, estado de La Guaira. Un niño de 9 años permanecía atrapado en el interior de un edificio de 12 pisos totalmente derrumbado. El día anterior, el sábado 26, los elementos del batallón ya habían extraído con vida a su madre, una mujer de aproximadamente 35 años, del mismo inmueble. Ambas operaciones demandaron entre nueve y doce horas de trabajo continuo de penetración de concreto.

El coronel describió los obstáculos que el equipo encontró piso a piso: “Lo más difícil fue accesar hasta donde se encontraba el niño, porque eran varios pisos que había que abrir el concreto y durante la penetración se van encontrando con vigas.” En el caso del menor, el peligro se multiplicó: “Nos encontramos con un aire acondicionado y el aire acondicionado trabaja con gas. Entonces, es un peligro, puede explotar ahí adentro y colapsar lo que queda ahí de espacio.”

Por esa razón, cada avance se realizó con extrema cautela. “Por eso tarda tanto, tantas horas en llevarse a cabo, porque es paso a paso, sin tomar riesgos innecesarios”, explicó. La oscuridad sumó otro factor de presión: “Ahí también nos agarró la noche, ahí cuando el niño estaba siendo rescatado alrededor de las 22:30 horas de un domingo.”

El video en el que se captó el rescate del menor fue ampliamente compartido en redes sociales debido a las labores de que los militares realizaron para mantener al pequeño despierto y tranquilo.

Al salir, se observaba en un evidente estado delicado debido a que luchaba para no cerrar los ojos; sin embargo, al preguntarle esta casa editorial por la salud del niño, el coronel señaló que solo presentaba secuelas menores.

“(Evolucionó) Muy bien. La verdad es que para el tiempo que ya llevaba ahí, pues obviamente tenía un cierto grado de deshidratación, pero muy fuerte el niño, la verdad. De ahí en fuera no tuvo nada, nada mal”, señaló el comandante.

El binomio canino que participó en ese rescate, “Cabrio”, así como su entrenador, el soldado Luis Eduardo Pacheco Bonifaz, y el sargento Julio César Salinas Santamaría, fueron condecorados con el Mérito Militar durante la ceremonia realizada este viernes 10 de julio en la 1ra Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.

Más de 90 cuerpos recuperador, dos canes y dos personas con vida rescatadas: los resultados de 15 días en Venezuela

El balance total de la misión incluyó 2 personas rescatadas con vida, 92 cuerpos recuperados, 2 canes rescatados, 2 mil 59 consultas médicas, una intervención quirúrgica y dos traslados.

México fue la segunda delegación más grande entre todos los países presentes y la que mayor número de cuerpos recuperó. El coronel aclaró que la recuperación de cuerpos sin vida respondió a una decisión de empatía con las familias: “Los familiares nos pedían el rescate de sus familiares, como estuviera el cuerpo. Prácticamente pues estaban sin vida. Entonces llegamos a los 92 cuerpos en prácticamente trece días de trabajo.”

El agrupamiento “Yumare” se estructuró en dos escalones bajo las órdenes del General Brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas. El coronel Vázquez Tejeda Burgos explicó que sus labores se dividían con la implementación de un cuerpo médico para facilitar la atención a las víctimas

“Nos organizamos en dos escalones, el escalón avanzado y el escalón de retaguardia. El escalón de retaguardia estaba el puesto de mando de mi general junto con el grueso del cuerpo de sanidad, que lo integraron camilleros, enfermeros y médicos militares. Y en el otro escalón me encontraba yo en el área siniestrada con el grueso del batallón, precisamente por la cercanía de los edificios colapsados para atender lo más pronto las emergencias”, detalló.

Las jornadas se realizaron en turnos de 6 horas, donde tomaban descansos para alimentarse y dormir mientras eran relevados por otros militares, pero sus labores fueron ininterrumpidas durante los 15 días que permanecieron en territorio Venezolano, principalmente en La Guaira.

Además de las labores de búsqueda, México envió a Venezuela más de 70 toneladas de despensas, insumos y herramientas. Se distribuyeron más de 13 toneladas de medicamentos y se realizó una cirugía a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano, así como la entrega de 8 plantas de luz.

Luego de 15 días de labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 4 mil personas muertas y 16 mil heridas, regresó a México la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) al concluir sus labores en ese país.

Con un total de 2 personas rescatadas con vida, 2 perros y la recuperación de 92 cuerpos, el agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” fue recibido en el país con una ceremonia encabeza por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de la Defensa, Ricardo Treviño Trejo, y el secretario de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales.

Durante el evento, realizado este viernes en la 1ra Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, el agrupamiento fue condecorado por su valor heroico, mérito militar, distinción militar y por su desempeño en las labores realizadas ante la emergencia que provocaron los terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter del 24 de junio en ese país.

Brigada logró rescatar a un niño de 9 años atrapado en un edificio: la presidenta los reconoció

La brigada estaba compuesta por un total de 18 binomios caninos y 264 elementos que arribaron a Venezuela el pasado 26 de junio para apoyar junto a otros 25 países en las labores de búsqueda y rescate; sin embargo, también se realizaron otras acciones como:

• El envío de más de 70 toneladas de despensas, insumos y herramientas a través de 8 vuelos y con 2 buques de la Marina
• Se distribuyeron más de 13 toneladas de medicamentos
• Se realizaron 2 mil 59 consultas médicas
• Entrega de 8 plantas de luz industriales
• Realización de una cirugía de emergencia a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano

Con jornadas de 6 horas de búsqueda ininterrumpida, los binomios caninos y rescatistas realizaron las labores, principalmente, en La Guaira, donde luego eran relevados para poder descansar y tomar alimentos.

“Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista, un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca porque esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás”, dijo la presidenta en reconocimiento de los militares y binomios caninos que trabajaron exhaustivamente para rescatar a las víctimas de los terremotos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, envió la presea “Héroe de Venezuela de primera clase” que es el máximo reconocimiento que ese país brinda a la entrega y ayuda humanitaria en su territorio.

Además, en una ceremonia realizada este miércoles, el gobierno de Venezuela entregó a México a la perrita “Laika”, una pastor belga de 6 meses de edad, para sumarse a las filas del Ejército Mexicano en un acto que emuló la donación de “Arkadas” tras la muerte de “Proteo” en los trabajos de búsqueda en Turquía de 2023.

Sobre el próximo entrenamiento de “Laika”, el coronel Marco Antonio Vázquez Tejeda Burgos detalló en entrevista que será en aproximadamente mes y medio que la pequeña podrá estar capacitada para apoyar en labores de rescate, pero dijo que permanecerá los siguientes 15 días en aislamiento para que se defina su estado de salud y se pueda integrar con el resto de los binomios caninos.

Brigada “Yumare” concluye sus labores y queda desactivada

El titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, reconoció las labores realizadas por la brigada de rescate en Venezuela y reiteró que dos binomios caninos de Protección Civil de ese país serán entrenados por el Ejército Mexicano en búsqueda de personas.

Además, recordó que desde 1996 el Ejército ha llevado ayuda humanitaria en 98 ocasiones a 30 países. Esta última ocasión es la tercera en la que México proporciona ayuda a Venezuela, ya que las primeras dos ocurrieron en 1999 y 2010 debido a las emergencias provocadas por fuertes lluvias.

“Me siento muy honrado de tener el privilegio de dirigir a tropas como ustedes. Tropas comprometidas, profesionales, disciplinadas, con amplia vocación de servicio, pero sobre todo, tropas con gran sentido humanista (…) Siéntanse sumamente satisfechos por el extraordinario trabajo que realizaron, porque allá en donde la tragedia sembró incertidumbre, ustedes llevaron la esperanza. Donde el dolor dejó profundas heridas, ustedes fueron el rostro solidario de nuestra nación”, afirmó.

Finalmente, explicó que el regreso de la brigada marca el fin del agrupamiento “Yumare” al concluir sus labores en Venezuela, luego de que fue denominada de esta manera debido a que fue la ciudad donde se registró el epicentro del sismo de mayor magnitud.

Alexander David Lafont Chirinos tuvo que esperar hasta las 5 de la mañana del jueves 25 de junio para salir desde Catia La Mar hasta Tanaguarena. Ya a esa hora las vías se encontraban intransitables, a consecuencia del doble terremoto que el día anterior había destruido buena parte del estado La Guaira, declarado zona de desastre.

“Cuando llegué, todo estaba derrumbado”, recuerda este funcionario policial de 49 años que, sorteando toda clase de obstáculos se dirigió a Tanaguarena con la esperanza de encontrar con vida a su hijo Aaron Lafont Mohamed, de 12 años, y su ex pareja Aminta Mayelis Mohamed, quienes residían en el sexto piso de un edificio del programa gubernamental Misión Vivienda.

En el sector, uno de los más golpeados por los sismos que ya dejaron 3.889 fallecidos y 16.740 heridos, Lafont Chirinos se topó con una amiga de su hijo que, llorando, le contó que todos sus hermanos habían muerto. Pero le dijo que Aaron no estaba con ellos porque su mamá lo había llamado media hora antes de la tragedia.

Toda la familia se unió al rastreo, incluida una hermana de Aminta que desde Chile contactó a una vecina tratando de conseguir datos sobre el paradero del niño. Nadie ofrecía información precisa sobre la ubicación de Aaron al momento del cataclismo.

Podía estar junto con su madre en el apartamento, hoy reducido a escombros. “¿No hay una posibilidad de que se haya quedado jugando afuera del edificio?”, indagaba el padre.

Solos

Al cuarto día, Lafont Chirinos recibió un mensaje, una foto tomada de una computadora donde se leía el nombre completo de su hijo señalando que se encontraba en el refugio de Ipostel, en el oeste de la capital. “Cuando me mandan eso, me fui embalado para Caracas, llego al lugar, pregunto por el niño y me responden que no está”, relata.

“Aquí no recibimos niños solos”, indicó la coordinadora del albergue. Al insistir y pedir una explicación, le contestaron que quizá se trató de una equivocación. “Desde allí empezamos la búsqueda por los refugios y nada, siempre me dicen que solo hay familias, no niños solos. Estoy buscando una aguja en un pajar”, expresa.

Lafont Chirinos amaneció este viernes 10 de julio frente a las ruinas de la torre H en Tanaguarena. “Se ha hecho difícil llegar hasta el piso 6”, comenta.

La falta de apoyo de las autoridades dificulta las labores. “Aquí todo lo tiene que hacer uno. Los mismos familiares tienen que hacerlo todo, yo pedí prestada una planta eléctrica y un martillo eléctrico, y hoy supuestamente vienen efectivos de Protección Civil”, detalla el funcionario policial.

Aminta, la madre de Aaron, sigue desaparecida. Una señora que estaba en un campamento improvisado que se instaló en un campo de golf en La Guaira, aseguró haberla visto con vida. Sin embargo, han recorrido hospitales y refugios sin suerte.

Lafont Chirinos presentó el caso de su hijo ante una unidad de víctimas especiales que ubicó la policía científica en Tanaguarena. “A ellos también todo les parece raro, yo no entiendo cómo llegó el nombre de mi hijo a esa lista”, comparte la duda que lo atormenta.

Preocupación

En medio de la desgracia, los peligros que enfrentan niños, niñas y adolescentes han encendido las alarmas. En las redes sociales corren mensajes que hablan de infantes abandonados sin ningún tipo de protección, e incluso se viralizó una denuncia que afirmaba que centenares se hallaban recluidos en el Parque del Oeste, en Caracas.

“La información que circula en redes sociales y medios de comunicación, que señala la existencia de grandes cantidades de niños, niñas y adolescentes en situación de abandono en estos espacios carece de fundamento”, recoge un informe de Cecodap, ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Cecodap apunta que han podido constatar “que el número de niños, niñas y adolescentes en hospitales es reducido y que la mayoría se encuentran en compañía de familiares; los pocos casos identificados sin referentes familiares están siendo derivados de manera adecuada y con base a su interés superior”.

En conclusión, aseveran que “no se evidencia la existencia de un número masivo de niños, niñas y adolescentes abandonados, solos o separados de sus familias en hospitales, refugios o espacios públicos. La mayoría de los niños, niñas y adolescentes identificados se encuentran acompañados por familiares o responsables”.

Sostienen que la desinformación se convirtió en un factor de riesgo, destacando que “la circulación de versiones no verificadas sobre niños, niñas y adolescentes abandonados o no acompañados generó alarma social y pudo distorsionar la respuesta institucional y humanitaria”. Por esa razón, estiman que “la gestión de información debe ser asumida como una medida de protección, mediante procesos oportunos de verificación, clasificación y comunicación pública”.

Cecodap advierte en su informe que “aunque no se haya confirmado un escenario de separación masiva, persisten riesgos de protección integral en el mediano plazo, como explotación, trata, desaparición, maltrato, violencia, institucionalización innecesaria, afectaciones psicosociales y pérdida de vínculos familiares o comunitarios”.

Allí, junto a decenas de voluntarios argentinos, participa de una de las tareas más duras que dejó el doble sismo del pasado 24 de junio: recuperar los cuerpos de las víctimas de un edificio de 14 pisos que colapsó cuando, entre otras actividades, se desarrollaba una fiesta infantil.

El panorama que describe es devastador. Con el correr de los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes prácticamente desaparecieron. Ahora, el objetivo es devolver los cuerpos a sus familias. “Había madres abrazadas a sus bebés”, resumió Chalá.

La organización, que tiene catorce filiales en la Argentina, está compuesta por socorristas voluntarios que ofrecen asistencia humanitaria en el mundo, “sin distinción de política, etnia, género o credo”. En este momento, más de 60 voluntarios argentinos se encuentran trabajando en el lugar, entre vecinos de La Plata, Puerto Madryn, Trelew y Buenos Aires.

El lugar en donde se encuentra emplazado el equipo ahora es el complejo de edificios OPP 25, ubicado en La Guaira. De acuerdo con la ONG, la torre tenía 14 pisos con 16 departamentos en cada uno.

Además, dentro había un mercado, una peluquería y hasta un salón de fiestas: al momento del derrumbe, estaba transcurriendo una fiesta infantil.

“Hay que hacerlo. Asumimos ese compromiso, asumimos el hecho de arriesgarnos para sacar gente con vida de los escombros“, sostuvo Chalá en declaraciones a Infobae. Para el presidente de la ONG, la misión en Venezuela se suma a una larga lista que incluye desastres humanitarios en Ucrania, Sudán del Sur, Haití y Libia.

Durante los primeros días, los mismos vecinos sacaron personas con vida del complejo residencial, pero a medida que pasan las horas, esa posibilidad disminuye para los rescatistas. Hasta el momento, no lograron encontrar personas con vida y se limitan a buscar cuerpos. Llevan cerca de 70.

La situación es especialmente difícil ya que se cree que las víctimas están ubicadas en los pisos inferiores y la galería del OPP 25: “No hay chances de que los demás estén vivos”.

Según relató Chalá, lograron recuperar familias enteras de los escombros. Los socorristas de CEPA -que llegaron al país caribeño desde un vuelo de Solidaire, piloteado por Enrique Piñeyro- no tienen fecha de regreso definida para la Argentina.

“Esta etapa es tan importante como la primera porque las familias están con nosotros, conocemos sus historias, conocemos a quien buscamos, al hijo, a la esposa, a la madre”, lamentó el presidente de la organización, que incluye médicos, enfermeros, psicólogos y socorristas en su equipo. Y cerró: “Significa que ellos puedan cerrar su duelo, su luto”.

“Estar en presencia de la muerte”

Christian Luccisano llegó a La Guaira el pasado viernes por la noche y desde entonces pasa entre 10 y 14 horas por día trabajando entre los escombros del complejo OPP 25. Es coordinador de operaciones logísticas de CEPA, aunque fuera de la ONG se desempeña como tripulante de cabina de Aerolíneas Argentinas.

Su vínculo con Venezuela es también personal. “Estoy casado con una venezolana que conocí en La Guaira trabajando. Me movilizó el pueblo venezolano y me metí en la coordinación”, explicó sobre las razones que lo llevaron a realizar su primera misión humanitaria.

“La tarea de todos acá es venir a poner manos en los escombros y recuperar personas vivas, pero desde el momento que llegamos hasta hoy fue devolver cuerpos a los familiares”, contó. Aún así, asegura que le gustaría permanecer una semana más colaborando en el operativo.

Para Luccisano, cada jornada representa un “subibaja de emociones”: la satisfacción de ayudar a las familias convive con el impacto de enfrentarse a escenas extremas. “Ayer me quebré por ver imágenes muy duras. Ves quién vivía en cada lugar, si había músicos, si había niños. Es estar en presencia de la muerte y la descomposición”. Según relató, la situación fue tan fuerte que debió permanecer dos horas fuera de servicio.

El trabajo se vuelve especialmente complejo durante la noche, cuando la falta de visibilidad y el riesgo de nuevos derrumbes obligan a extremar las precauciones. “Es un trabajo riesgoso por las estructuras que colapsan, la violencia que puede generar en la zona, aunque eso no pasó. Es difícil respirar entre las estructuras”, señaló.

Mientras los socorristas avanzan entre los restos de hormigón, los familiares permanecen a pocos metros. “Se quedan toda la noche sacando piedrita por piedrita”, explicó Luccisano. Los vecinos de la zona, agregó, suelen acercarles agua y comida como gesto de agradecimiento.

“Las esperanzas de encontrar gente con vida se fueron desvaneciendo, hoy son mínimas. Nunca descartamos un milagro pero por las temperaturas, el nivel de aplastamiento, son muy mínimas”, concluyó.

Los terremotos registrados en Venezuela han vuelto a dejar claro que, en pocos minutos, un riesgo latente puede convertirse en una crisis humanitaria y económica. Para Lima, con un silencio sísmico de más de 200 años, lo más grave no será que ocurra un terremoto anunciado, sino que llegue tras décadas de advertencias desatendidas.

Lima no es vulnerable por accidente. Lo es porque el Estado permitió que la ciudad creciera más rápido que su capacidad para ordenar el suelo, fiscalizar construcciones, reforzar infraestructura crítica y asegurar rutas de respuesta. Esa vulnerabilidad se muestra con claridad en viviendas levantadas sin asistencia técnica, vías en mal estado y centros de salud sin condiciones adecuadas para una emergencia.

Los datos son contundentes: 60% de las viviendas en Lima son informales, 85% de sus vías se encuentran en condiciones inadecuadas y el 70% de sus establecimientos de salud tienen capacidad instalada inadecuada. Ante un sismo mayor, esas brechas representarán obstáculos enormes para evacuar, atender heridos y restablecer servicios.

El problema no termina en el daño físico. Lima concentra más de la mitad de la actividad económica del país y es también clave en la provisión del servicio eléctrico: en los últimos cinco años, aportó casi la mitad de la energía consumida en el país. Por eso, el impacto de un terremoto mayor en la capital tendría alcance nacional, afectando la actividad económica y el bienestar de millones de peruanos. La pregunta, entonces, es inevitable: si el riesgo es conocido y el impacto sería tan grande, ¿por qué la respuesta preventiva sigue siendo tan pequeña? El Estado no puede decir que no sabía.

Ese patrón no es exclusivo de los sismos. El Niño Costero de 2017 dejó daños severos en el norte y motivó la creación de una institución para reconstruir y ejecutar obras de prevención. Casi diez años después, el país sigue sin estar listo para enfrentar un evento similar. Cambian los gobiernos, las siglas y los anuncios, pero la prevención deja de ser relevante cuando se apaga la emergencia. ¿Es, entonces, el limitado o nulo rédito político de estas inversiones lo que les resta prioridad?

El Perú ya conoce el costo de un sismo de gran magnitud. El terremoto de Pisco de 2007 demostró que la emergencia puede extenderse por años. ¿Qué no se hizo antes y qué se hizo mal después? Esas son las preguntas que nuestras autoridades entrantes y futuras deberían responder con acciones concretas antes de que la historia se repita a una escala mucho mayor. De lo contrario, el sismo anunciado en la capital será la factura, con intereses, de haber tolerado por décadas una gestión pública reactiva, discontinua e ineficiente.

Prevenir requiere mucho más que diagnósticos o discursos políticos. Exige ordenar mejor el suelo urbano, contener la vivienda informal, mejorar hospitales e infraestructura de transporte, y recuperar espacio fiscal para financiar tanto la prevención como la respuesta. Postergar esa agenda no evita costos, los acumula. Y cuando llegue la emergencia, la factura será mucho más cara.

La Cruz Roja Mexicana reconoció este jueves a los integrantes del Equipo USAR Nivel Pesado Internacional y a sus binomios caninos por su participación en las labores de búsqueda y rescate realizadas en Venezuela, país que fue devastado por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Durante una ceremonia de bienvenida, la institución destacó el compromiso, la preparación y el esfuerzo de los especialistas que representaron a México en una de las emergencias más complejas de los últimos años en la región.

Entre los homenajeados estuvieron los binomios caninos Balam, Orly, Kenai y Halley, quienes desempeñaron un papel fundamental en la localización de personas entre los escombros.

Al regresar de la misión, los rescatistas compartieron un mensaje que reflejó el significado de su labor: “Regresamos satisfechos porque completamos familias que ahora están juntas”, expresaron.

Reconocen la solidaridad de México durante la emergencia en Venezuela

Durante el acto de reconocimiento, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Ochoa Martínez, destacó la labor realizada por el equipo mexicano en representación del Gobierno federal.

A nombre del canciller Roberto Velasco, agradeció la entrega de los especialistas de la Cruz Roja Mexicana y afirmó que la rápida respuesta ante la emergencia reafirmó el compromiso del país con la solidaridad y la cooperación internacional.

Asimismo, señaló que la Cancillería colaboró con la Cruz Roja Mexicana y con las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris para facilitar el traslado del personal especializado hacia Venezuela.

Un día antes, la SRE informó que 149 integrantes de distintas corporaciones de rescate, acompañados por 14 binomios caninos, regresaron a territorio nacional luego de concluir su misión humanitaria.

El contingente estuvo conformado por elementos de la Cruz Roja, Bomberos, Escuadrón de Topos, brigadistas de rescate y personal de Protección Civil.

Así trabajó el Equipo USAR en la zona de desastre

El Equipo USAR Nivel Pesado Internacional estuvo conformado por 15 especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria y manejo de equipo especializado, además de cuatro binomios caninos.

Las labores se desarrollaron principalmente en La Guaira, donde trabajaron de manera coordinada con rescatistas de Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador y otros países.

Entre las acciones realizadas durante la misión destacan:

• Más de 100 horas continuas de operaciones de búsqueda.
• Ocho zonas de trabajo asignadas al equipo mexicano.
• Catorce intentos de acceso a estructuras colapsadas.
• Cuarenta intervenciones de los binomios caninos.
• Localización con vida de una persona identificada como Hernán.
• Recuperación de 37 cuerpos para su identificación por parte de sus familiares.

José Antonio Venta, coordinador nacional de Socorros y Desastres de la Cruz Roja Mexicana, destacó que la misión representó un momento histórico para la institución al movilizar personal y equipo especializado con el objetivo de salvar vidas y brindar apoyo a las familias afectadas.

Binomios caninos enfrentaron condiciones extremas durante la misión

Los perros rescatistas Orly, Balam, Halley y Kenai trabajaron diariamente entre edificios colapsados, soportando temperaturas superiores a los 30 grados centígrados y niveles de humedad que rebasaban el 80 por ciento.

Sus entrenadores informaron que cada uno recibió atención veterinaria constante, alimentación adecuada y periodos de descanso para proteger su salud durante las operaciones.

Halley participó en su primera misión internacional, mientras que Balam volvió a demostrar su capacidad como perro de búsqueda.

Su historia ha cobrado especial relevancia debido a que es hijo de Athos, el reconocido perro rescatista de la Cruz Roja que murió envenenado en Querétaro en 2021 junto con Tango, un caso que marcó un precedente en la defensa de los animales de trabajo en México.

México mantiene apoyo humanitario para Venezuela tras los terremotos

Además de las labores de rescate, México continúa colaborando con Venezuela mediante el envío de ayuda humanitaria.

De acuerdo con las autoridades, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene el traslado de alrededor de 20 toneladas diarias de insumos para atender a la población afectada.

En su mensaje durante el homenaje, Enrique Ochoa recordó también la solidaridad que Venezuela mostró con México tras el terremoto de 1985, al señalar que la cooperación entre ambas naciones se fortalece en momentos de emergencia.

De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, el doble terremoto ha dejado más de 3 mil 800 personas fallecidas y miles de heridos, mientras continúan las labores de recuperación en diversas zonas afectadas.

Con el reconocimiento al Equipo USAR y a los binomios caninos, la Cruz Roja Mexicana destacó el profesionalismo de quienes participaron en esta misión internacional y subrayó que su labor representa el compromiso humanitario de México para apoyar a las poblaciones afectadas por desastres naturales, tanto dentro como fuera del país.

El gobierno de Venezuela entregó una perrita a México como muestra de agradecimiento a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea que integraron el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” desplegado para labores de búsqueda tras los terremotos que provocaron más de 3 mil fallecidos en ese país.

Además, las autoridades solicitaron al Ejército Mexicano el adiestramiento de dos binomios caninos de la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela junto a sus manejadores para especializarlos en la búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas.

La entrega de la perrita se oficializó durante una ceremonia celebrada este miércoles en Caracas, en un acto encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y acompañada por el embajador de México en ese país.

La perrita, de raza belga malinois, fue entregada en representación al Gobierno de México al general brigadier de Estado Mayor, Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento “Yumare” del Ejército Mexicano, así como los dos ejemplares que serán entrenados y de nombre “Sol” y “Sara”.

Equipo de búsqueda del Ejército Mexicano llegará al país este viernes tras finalizar sus labores

Los dos binomios caninos venezolanos, también de raza belga malinois, viajarán este 9 de julio junto con sus manejadores venezolanos y el agrupamiento del Ejército Mexicano para recibir instrucción especializada.

El programa se desarrollará en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, de agosto a diciembre de 2026.

El gesto de donación de la perrita emula la entrega del can “Arkadas” —término turco para “amigo”— que el Gobierno de Turquía realizó en mayo de 2023 tras la muerte del perro mexicano “Proteo” durante las labores de búsqueda y rescate en los sismos de ese país. Desde entonces, la donación de un can se ha convertido en una práctica recurrente en las misiones de ayuda humanitaria en las que México participa.

“Arkadas” fue donado por el gobierno de Turquía cuando era un cachorro en homenaje a “Proteo”, el perro rescatista mexicano que murió durante las labores de búsqueda tras el sismo de febrero en ese país.

El nombre fue seleccionado mediante una encuesta en redes sociales convocada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que compitió con otras opciones como “Proteo II” y “Yardim”, pero fue “Arkadas” el que obtuvo la mayor cantidad de votos.

La Defensa anunció el resultado durante una ceremonia de recepción celebrada un día después de que el cachorro aterrizara en territorio mexicano procedente de Turquía.

“Proteo” falleció mientras realizaba labores de búsqueda de personas en un edificio derrumbado a consecuencia del sismo que sacudió a Turquía.

“Proteo” nació el 16 de junio de 2013 y perteneció a la Primera Brigada de Policía Militar en el Campo Militar No. 1-A, en la Ciudad de México. Fue entrenado por la Defensa con especialidad en estructuras colapsadas. A lo largo de su servicio, “Proteo” y su entrenador, Carlos Villeda Márquez, participaron en misiones en:

• Guatemala (2015)
• Ecuador (2016)
• Ciudad de México (2017)
• Oaxaca (2022)
• Turquía (2023)

En total, realizó el rescate con vida de 22 personas y de 37 cuerpos recuperados.

El 6 de febrero de 2023, tras el sismo de magnitud 7.8 que devastó el sur de Turquía, “Proteo” fue enviado a ese país como parte de una delegación de 16 binomios caninos. Durante su misión, ayudó a rescatar con vida a un menor de edad y a recuperar 14 cuerpos.

El binomio canino falleció el 10 de febrero de 2023 debido a “las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país”, así como por el agotamiento, de acuerdo con la propia Defensa. El 21 de septiembre de 2023, en el marco del Día Nacional del Binomio Canino, la institución develó una estatua de bronce de tres metros en su honor, diseñada por el escultor Víctor Gutiérrez.

A quince días del doblete sísmico que sacudió a Venezuela, la ayuda internacional ofrecida al país supera los 780 millones de dólares, casi la mitad proveniente de Estados Unidos, según un registro adelantado con base en datos públicos por la ONG Transparencia Venezuela.

Naciones Unidas estimó en una primera revisión que los daños materiales provocados por los terremotos del miércoles 24 de junio alcanzan los 6.700 millones de dólares. Economistas locales calculan que la reconstrucción podría demandar una inversión superior a los 13 mil millones de dólares.

El parte oficial difundido este miércoles por el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez contabiliza 3.811 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y otros 190 colapsados.

En camino

No todos esos 780 millones de dólares han llegado o están de camino a Venezuela. En algunos casos, se trata de anuncios pendientes de materializarse.

Allí entran desde un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos que el país tiene en el Fondo Monetario Internacional, hasta el dinero que han prometido la Cruz Roja Internacional, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia de Cooperación Internacional de China, por citar ejemplos.

El principal contribuyente es Estados Unidos con 386 millones de dólares, según este análisis. La ayuda ha consistido en “despliegue militar multiagencia, equipos de rescatistas USAR de varios condados del país, puente aéreo humanitario y financiamiento ejecutado a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, UNICEF, Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos, así como de seis ONG internacionales”, detalla el reporte.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, destacó que su gobierno ha asignado un presupuesto superior a los 310 millones de dólares para enfrentar la crisis desatada por el doblete sísmico, subrayando que se trata de “la respuesta humanitaria más grande en la historia de Venezuela”.

Hasta la fecha se han identificado como donantes a 43 Estados, 69 organizaciones internacionales, diez empresas y un número similar de individualidades. En la lista figuran, entre otros, el dueño de la española Inditex, Amancio Ortega, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quienes informaron que aportarán 3,2 millones y 1 millón de dólares, respectivamente.

Contraloría

Transparencia Venezuela lanzó esta iniciativa para velar por el buen uso de estos recursos. “Esperamos que Venezuela reciba mucha ayuda internacional. Esa ayuda debe exigir que, desde la recepción hasta la entrega al beneficiario y la evaluación de resultados, todo sea transparente, con participación y monitoreo ciudadano”, apunta la ONG.

“Nuestra experiencia durante la pandemia fue frustrante al ver que Naciones Unidas no publicaba la información con dos argumentos: 1. Su deber era entregar la información al gobierno, y 2. Naciones Unidas tiene su propio sistema de contraloría. Así fue en el caso de la compra e instalación de los equipos de cadena de frío: nunca supimos dónde los instalaron”, recuerda la organización sobre la última emergencia sufrida.

La ONG sostiene que “la reconstrucción física, la atención a las víctimas y la consolidación del Estado de Derecho deberían avanzar de manera coordinada” en Venezuela, país que antes del doblete sísmico tenía en agenda avanzar hacia una transición democrática.

Una joven mexicana compartió en TikTok la experiencia que vivió tras viajar a Venezuela para encontrarse por primera vez con su pareja, con quien mantenía una relación a distancia. El viaje, que comenzó con emoción y expectativa, quedó marcado por el doble terremoto que sacudió al país sudamericano el pasado 24 de junio y que dejó miles de víctimas, personas lesionadas y familias desplazadas.

La usuaria identificada como @lobita_xx94 publicó una serie de videos en los que documentó su llegada desde México y el esperado momento en el que conoció a su novio en el aeropuerto. Ambos habían construido su relación mediante llamadas, mensajes y videollamadas, por lo que el encuentro presencial representaba un paso importante para la pareja.

Sin embargo, apenas unas horas después de verse cara a cara, la joven y su pareja quedaron atrapados en una de las jornadas más trágicas que ha vivido Venezuela en los últimos años. Dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 impactaron el norte-centro del país con pocos segundos de diferencia, provocando daños severos en distintos estados, entre ellos La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy.

”¿Por qué la vida nos regaló solo 5 horas juntos? Sigo sin entenderlo”, escribió en uno de sus mensajes, reflejando la mezcla de dolor, desconcierto y tristeza que acompañó su experiencia tras el desastre.

La publicación generó reacciones entre usuarios de TikTok, quienes expresaron solidaridad con la joven y con las personas afectadas por los terremotos. En los comentarios, varias personas destacaron lo impactante de que el viaje, planeado para celebrar un encuentro amoroso, coincidiera con una emergencia que cambió la vida de miles de familias.

La zona de La Guaira fue una de las más afectadas por el movimiento telúrico. En esa región costera se registraron colapsos de inmuebles, daños en viviendas, afectaciones a servicios básicos y una intensa movilización de equipos de emergencia. Autoridades y organismos internacionales han mantenido operativos de rescate, atención médica y distribución de ayuda humanitaria desde las primeras horas posteriores al sismo.

La Organización Panamericana de la Salud informó que los dos movimientos de gran magnitud ocurrieron el 24 de junio y afectaron al menos siete estados venezolanos. La Guaira concentró una parte importante de los daños, con edificios derrumbados y comunidades que requirieron evacuaciones.

Conforme avanzaron las labores de búsqueda, la cifra de víctimas aumentó. Reportes recientes señalan que el número de fallecidos superó los 3 mil 800, mientras que más de 16 mil personas resultaron heridas. También se reportaron miles de habitantes sin vivienda, en medio de una crisis que obligó a instalar refugios temporales y reforzar los servicios de salud.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el gobierno mantendría los protocolos de identificación de víctimas antes de realizar entregas a familiares. El proceso contempla el uso de huellas dactilares, registros fotográficos y datos odontológicos, mientras continúan las labores en las zonas donde hubo colapsos.

En paralelo, brigadas locales e internacionales se desplegaron en los puntos más dañados para remover escombros, atender a sobrevivientes y localizar a personas reportadas como desaparecidas. México participó con personal especializado en búsqueda y rescate, mientras que otros países y organismos internacionales también enviaron apoyo para reforzar la respuesta humanitaria.

El caso de la mexicana se convirtió en una de las historias personales que han circulado tras la tragedia. Su testimonio no sólo mostró la emoción de un encuentro que esperó durante meses, sino también la incertidumbre que dejó una emergencia inesperada. En cuestión de horas, un viaje planeado para celebrar el amor terminó convertido en un recuerdo atravesado por el miedo y la devastación.

Mientras Venezuela continúa con la recuperación, miles de familias enfrentan la búsqueda de seres queridos, la pérdida de sus hogares y la necesidad de reconstruir comunidades enteras. Para @lobita_xx94, las cinco horas que pudo compartir con su pareja quedaron como una historia que conmovió a usuarios de redes sociales y recordó el impacto humano detrás de las cifras del desastre.

“Todo tiene solución”. La frase sorprende porque llega cuando miles de venezolanos todavía intentan dimensionar la magnitud de la tragedia que dejaron los dos terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira. Mientras continúan las tareas de evaluación de edificios y muchas familias permanecen fuera de sus hogares o regresan a inmuebles agrietados para recuperar las pertenencias que lograron sobrevivir al desastre, el ingeniero estructural israelí Avi Cohen, integrante de la comisión israelí de las IDF que viajaron a Venezuela para prestar ayuda, sostiene que el futuro de la costa del país caribeño no está condenada por la fuerza de la naturaleza, sino por las decisiones que se tomen durante la reconstrucción.

Los dos sismos, que golpearon el centro-norte de Venezuela con pocos minutos de diferencia, provocaron una de las mayores emergencias que ha vivido el país en las últimas décadas. Tras los días dedicados a las labores de búsqueda y rescate, la prioridad pasó a ser otra: determinar qué edificios pueden volver a ser habitados, cuáles deberán demolerse y cómo reconstruir una región marcada históricamente por terremotos y deslizamientos de tierra.

Con ese objetivo llegó una misión internacional de ingenieros estructurales procedentes de Israel, cuyo trabajo no consiste en remover escombros, sino en inspeccionar las edificaciones que permanecen en pie para establecer si conservan condiciones de seguridad. Entre ellos se encuentra Avi Cohen, funcionario académico de alto nivel del equipo de las IDF y especialista en ingeniería estructural y diseño antisísmico.

Después de recorrer durante varios días las zonas más afectadas, Cohen asegura que una de las primeras conclusiones fue inesperada. Aunque el paisaje está dominado por edificios dañados y fachadas agrietadas, muchas de las lesiones visibles no comprometen necesariamente la estabilidad de las estructuras. Esa evaluación, explica, ha permitido que numerosas familias recuperen la confianza para regresar a sus viviendas tras las inspecciones técnicas.

Sin embargo, el especialista considera que la verdadera prueba comenzará cuando termine la emergencia. A su juicio, la tragedia debería abrir un debate profundo sobre la forma en que se construye en La Guaira, una región que ya sufrió la devastación del deslave de Vargas de 1999 y que convive desde hace décadas con amenazas geológicas conocidas. El desafío, afirma, no pasa por abandonar la costa, sino por comprender mejor el terreno y adaptar la ingeniería a sus condiciones.

A continuación la entrevista completa con Avi Cohen, responsable académico principal del equipo israelí en La Guiara, Venezuela:

—Después de recorrer las zonas afectadas, ¿cree que La Guaira tiene futuro?

—Totalmente. Esta franja de la costa tiene una belleza extraordinaria. Lo que hay que entender como ingenieros es cuál es el punto débil de esta zona: si es el suelo, si es el método de construcción o si existe otro factor. Hoy en día existen tecnologías y métodos de cálculo que permiten construir incluso en terrenos complejos. La ciencia existe; solo hay que entender el problema y adaptar correctamente el diseño.

—Entonces, ¿no considera que la solución sea abandonar las zonas más afectadas?

—No. Todo tiene solución. Yo trabajo diseñando construcciones antisísmicas y sabemos que es posible construir de manera segura incluso en suelos problemáticos. Lo importante es realizar un diseño apropiado para las condiciones del terreno. Esa tecnología existe y se utiliza en muchas partes del mundo.

—¿Con qué panorama se encontraron cuando llegaron a Venezuela?

—Nos recibieron muy cálidamente desde el primer momento. Llegamos durante la madrugada y pocas horas después ya estábamos camino a La Guaira. Nuestra misión no era participar en las labores de rescate, sino evaluar edificios que quedaron parcialmente dañados para determinar si podían seguir siendo habitados.

—¿Cuál fue la primera impresión durante las inspecciones?

—La primera impresión fue de una devastación muy grande. Hay muchos edificios dañados y algunos completamente colapsados. Pero cuando comenzamos a inspeccionarlos descubrimos que muchas grietas o daños visibles no correspondían necesariamente a fallas estructurales graves. La mayoría de los edificios que hemos evaluado están en mejores condiciones de las que uno imaginaría al verlos desde afuera. Eso ha permitido que muchas personas recuperen la confianza para regresar a sus hogares.

—Ustedes llegaron cuando la etapa de rescate prácticamente había terminado.

—Correcto. Cuando llegamos ya había transcurrido aproximadamente una semana desde el terremoto y la fase de rescate estaba concluyendo. Nuestro objetivo era apoyar la continuidad de la recuperación, ayudando a determinar qué edificaciones podían volver a utilizarse. Somos un equipo de ingenieros, no de rescatistas.

—Han trabajado en otros grandes desastres. ¿Qué diferencias encontraron en Venezuela?

—Cada país tiene sistemas de construcción distintos y enfrenta desafíos diferentes. Hemos trabajado en lugares como Turquía y Haití, pero aquí encontramos algo muy positivo: el apoyo de las autoridades y también de la población. Nos dieron espacio para trabajar, escucharon nuestras recomendaciones y colaboraron durante toda la misión. Eso facilita enormemente el trabajo técnico.

—¿Qué enseñanza deja esta tragedia para el futuro de La Guaira?

—Lo primero que aprendí es que esta región ya ha sufrido muchos desastres. Está el deslave de Vargas de 1999 y también antecedentes sísmicos importantes. Cuando uno participa en estas misiones no solo viene a evaluar daños; también viene a entender qué ocurrió para mejorar las prácticas de construcción, los reglamentos y los estudios del suelo.

—¿Qué debería cambiar?

—He escuchado muchas veces aquí que existen lugares donde se sabe que el suelo no es adecuado para construir y, aun así, se construye. Como sociedad hay que detenerse, analizar qué falló y decidir qué cosas deben cambiar para que esto no vuelva a ocurrir. Esa tarea involucra tanto a las autoridades como a la comunidad.

—Israel y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde hace años. ¿Eso representó algún obstáculo para la misión?

—No. En este tipo de desastres las diferencias políticas quedan de lado. Nosotros vinimos a ayudar. No hacemos política; hacemos ingeniería y trabajamos para las personas. Hemos sido recibidos muy bien y sentimos que esa actitud fue recíproca.

—¿Venezuela podría beneficiarse de una mayor cooperación técnica internacional?

—Creo que sí. Siempre es positivo compartir conocimiento. Todos los países pueden aprender unos de otros. Nosotros tenemos experiencia, igual que México y otros países acostumbrados a construir en zonas sísmicas. Ese intercambio científico y profesional siempre termina beneficiando a todos.

—¿Cómo es el trabajo diario del equipo?

—Cada mañana nos reunimos para definir los objetivos del día. Nos asignan un sector y vamos edificio por edificio. Necesitamos la autorización de los propietarios para ingresar y realizar las evaluaciones. Trabajamos hasta que cae la tarde y luego planificamos la jornada siguiente.

—¿Cuánto tiempo permanecerá la misión en Venezuela?

—Nuestro compromiso inicial es de dos semanas. Después habrá una rotación de personal y llegarán nuevos integrantes del equipo. Por ahora no conocemos la fecha definitiva en que concluirá la misión.

En diálogo con la prensa local, Marcos Gámez confirmó que los restos hallados eran de su hijo, quien era intensamente buscado desde el 24 de junio en La Guaira, donde había ido a disfrutar de la playa con sus tíos.

Con la voz quebrada, el padre transmitió un mensaje de fe dirigido a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. “Sé que el mensaje final de todo esto es que los familiares que siguen buscando a su familia tengan fe, tengan esperanza. Nosotros la tuvimos, la tenemos. Y sé que Luquita estaría contento porque puedan seguir rescatando familiares”, expresó. También pidió que no abandonen la búsqueda: “Por favor, que lo sigan intentando y que sigan creyendo, que no pierdan la fe”.

Sobre el significado de lo vivido durante las dos semanas de búsqueda, Gámez reflexionó: “Si Dios nos eligió a nosotros para esta tragedia, creo que es para dar un mensaje al mundo, a la humanidad, de que tenemos que reflexionar un poco, sobre todo en temas de cualquier tipo de diferencia que podamos tener”. El padre también destacó que la fe era una característica propia del niño: “Él hablaba mucho de Jesús y de Dios”, recordó.

Gámez agradeció públicamente a quienes participaron de los operativos. “Infinitas gracias a los bomberos, a los rescatistas de los diferentes países que estuvieron, a los trabajadores, a los que sacaban escombros con las uñas, a la Fuerza Armada, que estuvo aquí también ayudando”, enumeró. Y añadió un pedido para quienes continúan en el terreno: “Que sigan ayudando, que sigan con esa vocación de ayuda que nos hace falta hoy acá, a todas las personas que todavía están expectantes por recuperar a sus familiares”.

Consultado sobre si la familia regresaría a Argentina, el padre aclaró que ya residían en Venezuela. “Como se dijo en su momento, Lucas vino acá a pasar un día de playa solamente y lo alcanzó esta terrible tragedia que alcanzó a muchísimas personas”, señaló. Sobre los restos del menor, indicó que estaban cumpliendo los protocolos en la morgue de La Guaira y que la intención era trasladar el cuerpo a Caracas. “Yo no tuve el valor de ir ni de verlo. Se encargaron otros familiares”, admitió.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el hallazgo se produjo tras dos semanas de intensa búsqueda dentro de los escombros de la estructura colapsada. Rescatistas argentinos trabajaron junto a la familia y personal venezolano en turnos rotativos de cuatro horas durante todo el día. Finalmente, se decidió dar paso a maquinaria pesada para remover los restos de mayor peso que aún quedaban en el lugar, y fue en ese momento cuando se pudo dar con los restos del menor.

Lucas era hijo de padres venezolanos, pero había nacido en Argentina. El 24 de junio, que era feriado en Venezuela, viajó a La Guaira para pasar un día en el mar junto a sus tíos. Estuvo en la playa, se compró un helado y luego regresó al departamento junto a su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los edificios que terminaron destruidos por los sismos.

En esa línea, su papá había relatado en TN que el ascensor par estaba dañado, por lo que Lucas y su tío tomaron el ascensor impar junto a otra persona que se dirigía al séptimo piso. Esa persona sobrevivió y fue quien aportó los datos sobre el recorrido del niño. “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”, había detallado Gámez.

Desde entonces, tanto el padre como la madre, Blancalida Martínez Coronado, llevaron adelante una intensa campaña de búsqueda que rápidamente trascendió hacia la Argentina. Ambos compartieron el minuto a minuto de los rastrillajes a través de las redes sociales.

El lunes pasado era el cumpleaños número nueve del niño y su familia decidió llevar una torta con velas para celebrar en medio de los operativos, con la esperanza de que Lucas pudiera aparecer con vida. En su último posteo, la madre publicó una imagen frente a los restos del edificio colapsado en La Guaira y pidió por oraciones.

“Quisiera ir a trabajar, pero cómo hago. Si me llevo los toldos, los dejo en la calle”, comenta encogiendo sus hombros.

Josué habla este miércoles 8 de julio desde la avenida Bolívar, una de las principales arterias viales de la capital venezolana, hoy convertida en una especie de enorme campamento con decenas de carpas desplegadas en sus amplias aceras.

La mayoría de quienes están ubicados en la avenida Bolívar residen en los edificios vecinos de la Misión Vivienda, programa gubernamental creado por el difunto Hugo Chávez. El movimiento telúrico comprometió la estructura de las torres, obligando a desalojar a centenares de personas.

El último parte oficial del gobierno de Delcy Rodríguez señala que el doblete sísmico ha dejado 3.811 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin viviendas, 856 edificios afectados y otros 190 colapsados.

Reclamo

Cada uno se las arregla como puede. Algunos están en unas pequeñas tiendas de campaña, que tratan de reforzar con grandes bolsas negras para protegerse en esta temporada de lluvias. Están los que comparten el dolor sufrido estos días y los que prefieren guardar silencio. “Ya no quiero llorar más”, se excusa una señora.

Josué ha corrido con más suerte. Tanto que logró encender un televisor para que sus hijos pasen el rato con sus videojuegos. Sin embargo, permanentemente se queja por la falta de apoyo de las autoridades. “Aquí nadie nos ha ayudado”, expresa con amargura.

El reclamo se repite en todo el recorrido por la avenida Bolívar, aunque en la zona se encuentran funcionarios del gobierno del Distrito Capital, Protección Civil, bomberos, policías y hasta efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“Ellos no ayudan”, afirma Oscar, aludiendo a las instituciones del Estado. Vendedor ambulante de 40 años, depende de la caridad para darle de comer a su esposa y tres hijos. “A veces son las 2 de la tarde y no hemos desayunado. Hay gente que hasta se desmaya por la falta de alimentos”, relata.

La carpa de Oscar es muy pequeña. “Si tuviera un mejor trabajo, podría estar más tranquilo”, se lamenta. Describe lo duro que es pernoctar en la calle. “Cuando llueve a la medianoche, puedes oír a los niños llorando, hay mucho miedo”, describe en medio del ruido y el smog que dejan los autobuses que cruzan la avenida.

Solidaridad

Voluntarios se acercan en motos y vehículos a repartir comidas y agua. “Venimos por nuestra cuenta, no somos parte de ninguna organización”, se presenta una señora que entrega envases con pasta y jugos a mujeres y niños.

Los profesores de un colegio se acercan para distribuir limonadas y un grupo de cristianos evangélicos toman nota de las necesidades de las personas para colaborar en la medida de sus posibilidades. También están Médicos Sin Fronteras y World Central Kitchen (WCK), la fundación del chef español José Andrés, con un cartel que reza: “Comida gratis”.

Los edificios de la Misión Vivienda de la avenida Bolívar se llaman Oscar López Rivera, 5 Héroes Cubanos y Omar Torrijos, en homenaje al líder proindependentista de Puerto Rico, los espías cubanos detenidos en Estados Unidos en 1998 y el presidente de Panamá. El gobierno ya está adelantando las labores de evaluación y recuperación de estos inmuebles, pero la incertidumbre entre los habitantes no para de crecer.

“No sabemos nada, cuándo podremos volver a nuestras casas, es una situación muy dura”, refiere Carmen, de 62 años, quien no disimula sus dudas sobre el desempeño de las autoridades. “Aquí solamente contamos con nosotros, el pueblo”.

Morela Luna espera ansiosamente la llegada de un equipo de expertos para inspeccionar su casa parcialmente derrumbada, donde sus vecinos tuvieron que rescatarla tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio y que ha cobrado más de 3.600 vidas.

Luna vivía con su esposo y su hijo de cuatro años en el segundo piso de su casa en el barrio La Lucha de Catia la Mar, en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos. Su padre vivía en el primer piso.

“Sigo pensando que esto es una pesadilla. Ojalá pudiera reconstruir mi casa. Crecí aquí y no quiero perderla”, dice la estudiante de geografía de 23 años, que duerme por las noches en casa de la abuela de su pareja.

Dos semanas después de los sismos, ingenieros y arquitectos están evaluando las viviendas en este barrio de bajos recursos, construidas por sus propios residentes.

Determinarán cuáles son seguras para vivir (marcadas con una pegatina verde), cuáles necesitan reparaciones (marcadas con una amarilla) y cuáles son peligrosas y deben ser evacuadas (marcadas con una roja).

La casa de Luna es una de las viviendas derrumbadas a las que ni siquiera pueden entrar.

Cerca de allí, Juana Alfonzo, de 65 años, aún se mueve por su casa, a pesar de que el suelo está hundido y agrietado, y las columnas muestran daños visibles.

Ella y cinco de sus familiares duermen en tiendas de campaña en el patio, por temor a más derrumbes. Pero confía en que su casa se pueda salvar.

“Algunas personas lloran mucho porque, claro, es una pérdida total. Tantos años construyendo estas casas, solo para que desaparezcan en 39 segundos” con los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5, dice Alfonzo sobre sus vecinos.

Ella aún no sabe que la inspección determinó que varias columnas de su casa están dañadas y que no debería ser habitada porque podrían ceder.

Alfonzo no recibirá esta noticia de la brigada de ingeniería. En cambio, un equipo del gobierno vendrá más tarde para informarle y colocar una calcomanía roja de advertencia en la fachada de su edificio.

Los pequeños espacios abiertos del barrio La Lucha están llenos de tiendas de campaña pertenecientes a los residentes que esperan ansiosamente las reparaciones gubernamentales en sus hogares. En algunas áreas, los trabajadores están retirando escombros, pero hasta ahora, nada más.

Muchos recuerdan el deslizamiento de tierra de 1999 que dejó miles de muertos en esta misma zona, así como decenas de miles más sin hogar en ese desastre, algunos de los cuales pasaron años en albergues.

Los terremotos del 24 de junio dejaron a casi 18,000 personas sin hogar, según las autoridades.

Gustavo, un mecánico de 60 años que prefirió no dar su apellido, está preocupado.

“Nadie va a querer irse de aquí”, dijo. Según cifras oficiales, los dos terremotos provocaron el derrumbe de 190 edificios y dañaron otros 856. Un estudio de la NASA estima que la cifra podría alcanzar los 58.000.

6.000 inspecciones

En Los Palos Grandes, uno de los barrios de clase media más caros de Caracas y uno de los más afectados, tres residentes observan con consternación el letrero rojo colocado en su edificio.

“¿Quién realizó esa inspección y con qué capacitación?”, pregunta una mujer con enojo.

“He vivido aquí 40 años, no quiero que demuelan”, dice otra mujer.

Una comisión presidencial encargada de determinar la habitabilidad de los edificios ha estado organizando talleres para capacitar a ingenieros y arquitectos en la inspección de los edificios dañados por los terremotos.

Su presidente, Francisco Garces, quien también es Ministro de Transportes, afirmó que ya se han realizado alrededor de 6.000 evaluaciones.

“Las fases de reparación y rehabilitación vendrán después”, añade.

“Ya se están construyendo nuevas viviendas, algunas están casi terminadas y otras se están renovando para brindar soluciones a quienes perdieron sus casas por completo”, declaró a la AFP.

Revisión técnica

Gustavo Duque, alcalde de Chacao, un barrio de clase media de Caracas, insta a la cautela al interpretar la señal roja de riesgo.

“No implica necesariamente demolición, pero el edificio debe someterse a una revisión técnica para determinar si se puede reparar”, explicó a la AFP.

En su municipio, que incluye Los Palos Grandes, tres edificios residenciales se derrumbaron por completo.

De un total de 3100 edificios en el municipio de Chacao, se han inspeccionado hasta el momento unos 1000, y 25 están clasificados como de riesgo.

Recientemente se emitió una advertencia sobre la fragilidad de los edificios: en Caracas, parte de una escuela en el centro histórico —también clasificada como de riesgo— se derrumbó el 3 de julio, sin causar heridos porque estaba vacía.

(AFP)

En el desplomado Edificio Tahití, donde la familia de Fabio sigue buscando a su hijo de nueve años tras el brutal terremoto de Venezuela, no hay una sola grúa. Trece días después no ha llegado maquinaria y aún no han sacado ningún cuerpo.

Hace cuatro días, en la entrada de este edificio había una decena de cámaras, periodistas y sobre todo muchos vehículos y grupos de rescatistas internacionales que pasaron a comprobar si este pequeño seguía con vida.

Ahora, trece días desde el doble terremoto de 7,2 y 7,5, sólo está la familia, resguardada en lo que queda de la cubierta del aparcamiento después de trabajar toda la noche, y otros vecinos que también tratan de recuperar los cuerpos de sus familiares.

Aloa González dice que hay un total de 22 cuerpos en el edificio de doce pisos y aún ninguno ha podido ser rescatado. Tratan de sacarlos con sus propias manos, retirando escombros en lo poco que queda de un edificio que está muy inestable.

La búsqueda de Fabio

La familia de Fabio dice que, junto a bomberos venezolanos, han conseguido ya identificar, mediante túneles y agujeros, el cuarto del niño, el baño y gran parte de la sala, donde creen que podría estar él, que aseguran que aún está vivo, junto a su madre muerta.

Incluso ayer encontraron el maletín que su padre le regaló con lentes de telescopio porque le encantaba la astronomía y mirar las estrellas.

“Yo creo que ya nos falta poquito, pero nos falta esa mano de obra que nos quiera ayudar para seguir buscando a mi muchacho”, dice a EFE el padre, Francisco Bastardo, quien describe a su hijo como “alegre, inteligente, amoroso” y con gran pasión también por la geografía.

Aguardan sin despegarse de los escombros, resguardados del voraz sol de La Guaira, haciendo acopio de botellas de agua y tratando de dormir en colchones que les han cedido.

No hay maquinarias

Desde hace días, las labores de rescate de personas vivas -con equipos de 31 países coordinados por el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (UNDAC)- han dejado paso al desescombro y la recuperación de cuerpos.

Pero las máquinas amarillas -grúas, retroexcavadoras- están sobre todo en los edificios colapsados más próximos a La Guaira, y en las zonas más internas apenas han llegado aún.

“Acá no ha venido ninguna máquina (...) No es posible que en todos estos días 22 personas están allí y no se ha podido sacar una sola”, lamenta a EFE González.

González busca a su hermana. El mismo día del terremoto consiguió rescatar los cuerpos de sus dos padres y dice que por ello se siente “privilegiada”: “Yo fui y enterré a mi mamá y mi papá y me vine para acá a tratar de rescatar a mi hermana. Yo no he descansado un día ni he dormido”, dice esta mujer vestida de blanco impoluto.

La destrucción del doble terremoto, que ha causado por el momento 3.535 muertos y 16.740 heridos, ha dejado a miles de personas sin casas y sobre todo centenares de edificios completamente colapsados, por lo que las tareas de desescombro se esperan largas.

“Aquí todos nos quedamos en la calle, nosotros no tenemos para pagar 3.000 dólares para contratar una maquinaria”, dice esta mujer, que cuenta que “la maquinaria que ha llegado no da abasto y la que está dando el Estado, que posiblemente esté dando alguna, tampoco es suficiente”.

Por lo que le piden al Gobierno y a la comunidad internacional más maquinaria. “Hemos tenido que pasar el calvario de velar aquí a nuestros muertos”, explica esta mujer que solo quiere poder dar sepultura a su hermana.

EFE

A 13 días del doble sismo, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco anunció oficialmente su desmovilización de la zona de desastre de Venezuela. La decisión, que pone fin a las labores de rescate en espacios confinados, marca el cierre operativo internacional y el inicio de la fase de remoción de escombros.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la organización mexicana expresó su profundo dolor y solidaridad con las familias afectadas, subrayando que la retirada “no es un abandono, sino una transición obligada hacia la recuperación digna”.

La suspensión de las labores de rescate ligero responde a tres factores técnicos críticos:

• El agotamiento de la ventana biológica de supervivencia.
• El riesgo inminente de colapso secundario en las estructuras afectadas.
• La urgencia de introducir maquinaria pesada al área del desastre.

Reestructuración de las operaciones

Esta difícil medida se ha tomado de manera conjunta con las autoridades de Venezuela y los organismos internacionales. Al expirar los parámetros médicos de viabilidad de vida establecidos por INSARAG, las instituciones desplegadas asumirán nuevos roles para la siguiente etapa de la emergencia:

• Protección Civil (LEMA): Como autoridad máxima, asume el control total del despeje pesado y la restitución de la ciudad.
• ONU / OCHA: Transiciona de la búsqueda táctica a la logística para la distribución sostenida de ayuda humanitaria a los sobrevivientes.
• Fuerzas Armadas (CEOFANB): Redirigirán a sus tropas de la seguridad perimetral en los escombros hacia la logística de ayuda a gran escala.
• Bomberos de Venezuela: Retornan de manera indispensable a la atención de las emergencias urbanas diarias de la población.
• FUNVISIS: Pasará del monitoreo urgente de réplicas a una evaluación geológica a largo plazo.

La Brigada Topos concluyó su mensaje acatando el mandato del país anfitrión y reafirmando su respeto y solidaridad total con el pueblo venezolano en este difícil paso hacia la reconstrucción. De acuerdo con cifras oficiales, en el país sudamericano suman más de 3 mil 500 pérdidas humanas y más de 17 mil personas sin hogar, según datos oficiales citados por la agencia de noticias internacional EFE.

Plan de trabajo de los Topos México en Venezuela

Los Topos México estructuraron un plan de actividades para brindar apoyo a Venezuela, a partir de una logística de autosuficiencia y una estricta coordinación internacional.

Inicialmente, el grupo preparó una célula de intervención integrada por seis u ocho elementos, el número mínimo requerido para garantizar la seguridad y operar de manera independiente sobre el terreno sin depender de los suministros inmediatos de las autoridades locales.

Ante las complicaciones logísticas en el aeropuerto de Caracas, el equipo evaluó alternativas de ingreso a través de Colombia o mediante otros aerotransportes. Una vez en territorio venezolano, la primera acción planificada consistió en ponerse bajo las órdenes de los centros de mando locales para que las autoridades del país anfitrión les asignaran las áreas específicas donde se identificara la presencia de víctimas o personas atrapadas.

Unos 200 mineros artesanales del sur de Venezuela cambiaron las galerías subterráneas, donde arriesgan su vida en busca de oro, por las grandes montañas de escombros en La Guaira, para ayudar a recuperar los cuerpos de las víctimas que dejó el doble terremoto que azotó esta zona costera el 24 de junio.

Tras 13 días de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela, familiares de los desaparecidos siguen allí. Entre las ruinas de cientos de edificios desplomados piden ayuda; algunos todavía guardan la esperanza de hallar a los suyos con vida, mientras otros solo esperan poder enterrarlos.

El contingente de mineros, disperso entre la extensa área afectada, se mantiene en la zona cero desde el jueves 25 de junio.

Persistencia para salvar vidas

Aarón Reyes, de 29 años, comentó a EFE que desde su llegada ha trabajado en las ruinas de tres edificios.

En uno de ellos localizaron a un sobreviviente. “Cuando llegamos acá descubrimos dos cadáveres. Seguidamente, el Equipo de Búsqueda y Rescate (USAR) de República Dominicana había pasado una comunicación de que no había vida, pero unos compañeros que estaban rastreando encontraron a un niño de 12 años”, agregó.

Reyes explicó que una vez contactaron con el niño, volvieron a llamar a los rescatistas internacionales para que, con el debido equipo y conocimiento, lo rescataran con vida.

Estructuras de las minas

Fotografías aéreas de la zona Caribe, en Caraballeda, muestran un sinfín de orificios circulares y toldos improvisados con tela para protegerse del sol, tal como se observa en los yacimientos mineros.

En este lugar, durante los primeros días, los mineros ayudaron a los familiares a cavar esos accesos utilizando su experiencia, y en ocasiones, contradiciendo las recomendaciones de los rescatistas oficiales, quienes desaconsejan entrar por riesgo de nuevos desplomes.

“Si no hubiésemos ayudado nosotros a perforar, los familiares igual lo habrían hecho, solo que iban a demorar mucho más”, comentó Felipe Rodríguez.

El riesgo continúa

Antes de ingresar, los mineros colocan cuñas de madera para estabilizar las estructuras y posteriormente descienden entre el concreto utilizando cuerdas, una técnica idéntica a la que emplean en los yacimientos.

“Vinimos con valentía a asumir estas tareas de recuperación”, afirmó Reyes, tras explicar que trabajar en las minas es muy distinto a hacerlo en las ruinas, “porque aquí tienes que tener idea e imaginación para salir vivo”, mientras que en las minas diseñan el espacio en el que estarán.

Muchas de las estructuras colapsadas en las que aún este martes trabajan los mineros continúan sufriendo desplazamientos y, de acuerdo con bomberos y socorristas, son totalmente inseguras.

Pese al peligro y a que el aire en el lugar se vuelve cada vez más pesado por la descomposición de los cuerpos, siguen removiendo bloques de cemento junto a las familias, despejan áreas e intentan acceder a cada departamento, guiándose por el reconocimiento de baldosas, fragmentos de paredes o algún documento.

Una vez adentro, explican que para detectar la ubicación de las víctimas se guían por los indicios del terreno, la humedad y la presencia de moscas o gusanos; en cuanto hallan estas señales, avanzan en esa dirección.

Familiares y mineros

Para los familiares de las víctimas, el apoyo ha sido crucial. “Nos llegó un grupo de mineros como de cinco personas a las que les debo todo. Son los que me han ayudado bastante a avanzar más de la cuenta, porque yo nunca había cargado un pico, una pala o una mandarria, yo no sé nada de eso”, comentó Juan Andrade, cuya familia y vecinos quedaron bajo los escombros.

En algunos edificios, la labor de búsqueda de cuerpos recae sobre sus hombros y los de los familiares, muchos de los cuales se oponen a las demoliciones, mientras los bomberos aportan sugerencias y apoyan la extracción de los cadáveres.

“Vamos poco a poco aportando nuestro grano de arena, sacando a nuestra gente de los escombros. Ya no contamos con las ayudas internacionales, ya no están aquí en este momento; estamos nosotros, un grupo de mineros”, sentenció Wilmer Mata, de 32 años.

Tras casi dos semanas del terremoto, aún se desconoce la cifra de desaparecidos. De acuerdo con el reporte oficial, al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 resultaron heridas.

Por su parte, la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ ha registrado hasta ahora más de 30.000 personas a las que no se han podido localizar.

(Con información de EFE)

La conservacionista Karen Brewer-Carías alerta sobre el peligro que representa convertir el mar en un gigantesco “basurero”, al lanzar escombros hacia las costas del estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los dos terremotos que estremecieron Venezuela el miércoles 24 de junio.

Un video difundido a través de las redes sociales muestra un camión de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) descargando desechos a la orilla de la playa en La Guaira. Antes de que trascendiera esta situación, la experta había advertido que un acción de este tipo puede “acabar con la biodiversidad” de la región.

Brewer-Carías alerta sobre la contaminación química y la alteración de la calidad del agua. “El concreto destruido contiene aditivos que al entrar en contacto con el agua, cambian de forma drástica el pH marino. Además de volverlo altamente alcalino, el resto de los escombros contiene metales pesados, aceites, pinturas tóxicas y solventes que envenenan el agua y rompen el equilibrio químico de la costa”, explica la documentalista.

Si se lanzan escombros al mar, “vamos a destruir por asfixia los ecosistemas marinos y arrecifes”, sostiene la ecologista. “El polvo fino del concreto y el yeso de las paredes no se hunde de inmediato, sino que se queda en suspensión y forma como una nube que evita que entren los rayos de luz solar y esto impide que se genere fotosíntesis en las algas. Cuando se asienta el polvillo, asfixia los corales, las esponjas y muchos ecosistemas marinos que sirven como refugio y sitios de reproducción de peces que habitan en la costa”, apunta.

A la mesa

Brewer-Carías observa que se puede generar una modificación de las corrientes y un incremento en la erosión costera. “Vamos a cambiar la topografía del fondo marino, esto va a cambiar la forma en que las olas rompen y desvía las corrientes costeras naturales, lo que va a desestabilizar aún más los terrenos en las vías costeras y las infraestructuras que quedaron en pie”, resalta.

La ambientalista señala que esos desechos que se tiran al mar, mañana regresarán a los hogares. Recuerda que las micropartículas de asbestos son trituradas y desmenuzadas por las olas, entrando así en la cadena alimentaria de los peces y crustáceos que posteriormente son consumidos por las personas, “generando un problema de salud pública”.

“Estos desechos representan un riesgo para la navegación y la pesca artesanal porque se convierten en trampas invisibles”, afectando no solo la labor de los pescadores sino la futura actividad turística de la zona, histórico motor de la economía local.

Brewer-Carías indica que la solución técnica para estos casos recomienda “trasladar los escombros a canteras secas designadas tierra adentro, donde el material pueda ser triturado, clasificado y reciclado”. “El mar no es basurero”, concluye.

La Cruz Roja Venezolana (CRV) ya ha contabilizado 15.866 desplazados internos producto de los dos terremotos que estremecieron el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio, que según el último balance oficial han dejado 3.342 fallecidos, 16.740 heridos y 17.345 damnificados.

El estado más afectado por el doblete sísmico ha sido La Guaira, declarado zona de desastre por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, aunque también Caracas y los estados Carabobo, Miranda Falcón, Yaracuy y Aragua sufrieron daños importantes.

Los equipos de la CRV en los estados Aragua, Zulia, Apure, Falcón, Monagas, Trujillo y Barinas han registrado movimientos internos de personas que huyen de las localidades más golpeadas para trasladarse hacia otras entidades dentro del país.

Se trata de una migración natural, donde los afectados salen de su región por sus propios medios y son recibidos por parientes que residen en áreas que no padecieron el impacto del cataclismo. Consciente de la precariedad de estos grupos familiares, la CRV está brindado insumos como alimentos y materiales de limpieza e higiene personal a estos hogares.

Apoyo

Tras evaluar las necesidades en el terreno y contando con la colaboración de sus similares de Italia y España, la Cruz Roja Venezolana trabaja para establecer un refugio que funcionará por 24 meses y que tiene previsto cobijar a unas 600 personas, brindándoles atención en salud y respaldo psicosocial. Hasta el momento, han auxiliado a unas mil personas en los albergues que ya están operando en el país.

Mientras sigue desplegada en La Guaira, donde han socorrido a más de 4 mil ciudadanos, la CRV extiende sus labores a otros municipios de los estados Miranda y Falcón que resultaron perjudicados por el doblete sísmico. Localidades de las que se habla poco en los medios, pero que igualmente contabilizan víctimas fatales o edificaciones destruidas.

Contacto

La CRV enfoca su esfuerzo en labores de restablecimiento de contacto entre familiares. Hasta el momento, han anotado 2.100 llamadas de personas que buscan información sobre sus seres queridos.

Para paliar la falta de acceso al agua potable en La Guaira, la CRV instaló una planta potabilizadora con capacidad de 5 mil litros por hora. Como aspecto positivo, destacan que la Cruz Roja Venezolana contaba con unos 4 mil voluntarios, pero después del cataclismo han recibido unas 20 mil solicitudes de personas que quieren unirse para ponerle el hombro a la crisis.

En el marco de sus actividades regulares, la CRV administra ocho hospitales y 33 ambulatorios en el país.

Michell Gutiérrez lleva doce días frente al edificio donde quedó sepultado su padre. No se ha movido. No piensa moverse. Tiene 30 años y una sola certeza: antes de que las máquinas lleguen, quiere recuperar el cuerpo para darle sepultura. “No tengo nada, pero la verdad es que no me importa eso. Solo quiero recuperar a mi papá y acabar con este sufrimiento porque estar doce días aquí es una agonía”, dijo a la agencia EFE.

La historia de Gutiérrez se repite con variantes dolorosas a lo largo de Catia La Mar, el municipio del estado La Guaira que concentra algunos de los peores daños del doblete sísmico del 24 de junio. Sus vecinos se enfrentan a un miedo nuevo: que las autoridades demuelan los edificios al borde del colapso antes de que los cuerpos sean recuperados. “Nosotros no podemos permitir que hagan demolición de este edificio cuando hay todavía tantos cuerpos de familiares que rescatar, vivos o muertos”, subrayó Gutiérrez.

Desde hace días, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil y otros organismos recorren las zonas afectadas en los siete estados que sufrieron daños para clasificar las edificaciones mediante un sistema de semáforo: rojo para demolición, amarillo para intervención estructural, verde para habitabilidad. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el 29 de junio un comité de inspección integrado por instituciones públicas, organizaciones de ingeniería y universidades.

Iryuri Wisi buscaba en la misma zona a su hermana, su cuñado y sus dos sobrinos, uno de 16 años y otro de pocos meses de vida. Denunció que la asistencia gubernamental aún no había llegado a su sector y que tampoco recibió apoyo de la policía militarizada. “Que diga la presidenta Delcy Rodríguez en qué nos ha ayudado”, afirmó a EFE. “El miedo es este: cada vez que mi familiar entra a buscar a mi hermana o su familia, y se termine de desplomar el edificio”.

La ausencia de cifras oficiales sobre desaparecidos es uno de los focos de mayor controversia. Las autoridades publicaron una plataforma digital para reportar personas en paradero desconocido, pero no actualizan esa estadística desde el 25 de junio. En ese vacío operó la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, una web independiente que al cierre de este lunes había registrado más de 30.000 personas sin contacto verificado.

El balance oficial de víctimas lo actualiza el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, responsable de la vocería gubernamental: al menos 3.535 muertos y 16.740 heridos. La ONU advirtió desde los primeros días que el número final sería considerablemente mayor. Según análisis de imágenes satelitales procesadas por la NASA, más de la mitad de las edificaciones en los municipios costeros de Caraballeda, Macuto, Naiguatá y Catia La Mar presentaban una probabilidad de daño de al menos el 75%.

A doce días del sismo, muchos de los equipos internacionales de rescate ya se han retirado. En los escombros trabajan principalmente bomberos venezolanos, defensa civil y voluntarios locales. En el edificio donde espera Gutiérrez estaba presente este lunes un equipo procedente de México, uno de los últimos cuerpos extranjeros que permanece sobre el terreno.

La gestión de la emergencia ha sido objeto de críticas desde el primer día: la asistencia tardó en llegar, la maquinaria pesada escaseó en las primeras horas y fueron los voluntarios civiles quienes iniciaron las labores de rescate. Cuatro funcionarios fueron detenidos y destituidos tras apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros, según informó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC).

Para Gutiérrez y para Wisi, la discusión sobre responsabilidades es secundaria. Lo que les queda es la espera. Y la certeza de que, mientras los escombros no sean removidos y los cuerpos no sean entregados, la tragedia del 24 de junio no habrá concluido para ellos.

Cuando el rascacielos donde Noel Márquez vivía con su familia se desplomó y estalló en llamas durante los dos sismos en Venezuela, Márquez, que se encontraba en el apartamento de su novia, corrió a casa y llamó a su madre, a sus abuelos y a sus hermanos. Sólo respondió su hermano de 17 años, con las piernas atrapadas bajo columnas que requerían maquinaria pesada para levantarlas.

Márquez y su padre, que también sobrevivió, hablaron a través de capas de concreto, escuchando a Leonel sufrir, gritar pidiendo ayuda e inhalar humo asfixiante al tiempo que esperaba que una grúa retirara las columnas que lo aplastaban. Pero nunca llegó. Después de varias horas, los gritos de Leonel dieron paso al silencio, contó Márquez.

Pero incluso eso, por terrible que fuera, no fue lo que más lo perturbó. Lo peor, afirmó Márquez, fue intentar recuperar los restos enredados de su familia con poco más que sus manos desnudas y una sierra. Cortó extremidades para liberar los cadáveres de Leonel y de su madre, pero se vio obligado a abandonar bajo las ruinas a su hermana, que tenía ocho meses de embarazo, a su abuela y a otros familiares —y con sus cuerpos, abandonar también la esperanza de que, si no podía salvarlos, al menos pudiera darles sepulturas dignas.

“Todo lo que está pasando es inhumano”, manifestó Márquez, de 26 años, desde la desbordada morgue improvisada en el puerto de La Guaira. “No pudimos sacar a mi hermano porque no tuvimos respuesta del Estado... y después de 11 días todavía estamos solicitando una grúa”.

Márquez es uno de los incontables venezolanos que, tras días de tormento, se han quedado solos para buscar, si no señales de vida, entonces los restos de sus seres queridos —y algún atisbo de cierre.

Equipos internacionales de rescate se preparan para partir, reconociendo discretamente la posibilidad de que no se encuentre con vida a más víctimas tras 12 días bajo los escombros. Las autoridades locales están centrando su atención en conseguirle refugio a miles de personas desplazadas. Pero la recuperación de los muertos se ha convertido en una tarea urgente —y aterradora— para los venezolanos que aún no hallan a sus seres queridos.

“Encontré su manito, pero su torso está aplastado”, dijo Norely Rodríguez, que intenta sacar a su hija de 5 años de las ruinas en el estado de La Guaira, el más golpeado. “Quiero ver si la puedo sacarla completa”.

Residentes se dicen abandonados en búsqueda de restos

Muchos aseguran que, así como se quedaron sin ayuda del gobierno para rescatar sobrevivientes en las horas inmediatamente posteriores a los sismos, también ahora carecen del equipo necesario para desenterrar a sus muertos casi dos semanas después.

Cuanto más tiempo pasa, más macabro se vuelve el proceso de recuperación, señaló William Gómez, bombero en La Guaira.

“Realmente está difícil, ha sido difícil porque los cuerpos están ya en un avanzado estado de descomposición de tal manera que muchas veces se nos hace que para retirarlo ya se desmiembra y tenemos que irlo sacando así”, dijo.

Las autoridades anunciaron que el número de muertos subió el domingo a 3.342, con otras 16.740 personas heridas. Más allá de eso hay un saldo incalculable: quienes aún no han sido encontrados. No hay estadísticas oficiales sobre cuántas personas están enterradas bajo los escombros, pero se han enviado más de 30.000 reportes de desaparecidos a un sitio web habilitado por la oposición venezolana.

Durante el fin de semana en La Guaira, no se veía a cuadrillas gubernamentales de defensa civil ni a fuerzas de seguridad ayudando a las familias a excavar. La gran mayoría de quienes avanzaban entre los restos eran civiles que usaban sus propias manos o herramientas rudimentarias como picos y palas, ocasionalmente acompañados por bomberos y rescatistas mexicanos que permanecen en el país.

“Nos estamos ayudando nosotros mismos, la familia. Nadie más nos ayuda, sólo unos voluntarios”, expresó Yeikhary Urbina, quien encontró el sábado los cuerpos de su madre y su hermano suspendidos bajo montones de concreto, aparentemente atrapados en un abrazo.

Equipos de búsqueda de Italia, Argentina, España y otros países ya regresaron a casa. El gobierno venezolano aún no ha dado por terminada la búsqueda de sobrevivientes. Pero las autoridades han pasado de promover historias heroicas de rescate en redes sociales a anunciar planes de reconstrucción bajo un programa llamado Venezuela Renace.

“Entra Venezuela en un proceso de recuperación de infraestructura, de recuperación de vivienda”, declaró la presidenta en funciones Delcy Rodríguez a la televisión estatal el sábado.

Aumenta indignación en medio de tareas de recuperación

Las familias con seres queridos desaparecidos enfrentan nuevos horrores cuando revisan los escombros. Algunas han buscado durante días para encontrar cadáveres de familiares tan descompuestos que no pueden distinguirlos.

Otras han cavado y cavado pero no han logrado encontrar nada.

“Ella decía: ‘¿Por qué Dios me hizo esta jugada?’”, relató Geraldine Perdomo sobre su hermana, que arañaba frenéticamente las ruinas de su casa buscando cualquier cosa que confirmara la muerte de sus dos hijas.

Otros, como Márquez, han sufrido durante días para extraer los cuerpos de sus seres queridos, sólo para perderlos de nuevo en el caos de la morgue improvisada bajo silos de grano en el puerto de La Guaira, donde desde los sismos del 24 de junio ha estado llegando un flujo casi constante de cuerpos.

Márquez contó que el domingo, una semana después de entregar los cadáveres, escuchó que las autoridades habían localizado a su madre y a su abuelo.

“Mi hermano todavía sigue desaparecido por la negligencia que tienen aquí”, sostuvo.

Él y muchos otros residentes de los bloques de vivienda pública del país —construidos años atrás para familias de bajos ingresos por el exlíder socialista Hugo Chávez— dicen que sus denuncias de negligencia son muy anteriores a este desastre. Los edificios de gran altura que albergaban cientos de apartamentos se desplomaron en los terremotos, reavivando preguntas sobre una construcción deficiente.

Alexander, un policía de 42 años que vivía en una de las torres, temblaba de furia contra el gobierno el domingo: por no atender lo que, según él, eran preocupaciones de larga data de los residentes sobre la mala calidad de construcción del complejo de concreto; por no enviar equipos de rescate a tiempo para salvar a su esposa y a sus tres hijas; y ahora, por no llevar maquinaria pesada para ayudarlo a recuperar sus cuerpos.

“Aquí no vino ni una sola persona del gobierno”, afirmó, y pidió ser identificado sólo por su nombre de pila porque, como empleado del gobierno, temía represalias por criticar a las autoridades.

Tras 11 días de búsqueda, llegó hasta el último miembro desaparecido de su familia: su hija de 12 años, cuyo cadáver estaba descompuesto pero intacto.

“Ella me estaba esperando para que la sacara”, dijo, acunando en sus brazos la bolsa negra de plástico con el cuerpo.

(Con información de AP)

Tras el regreso del contingente al Perú, el brigadier mayor CBP Claudio Saenz, líder del equipo USAR, explicó cómo se desarrollaron las operaciones de búsqueda y rescate en territorio venezolano. El oficial detalló el trabajo técnico que permitió acceder a una víctima sepultada bajo una estructura colapsada, el despliegue simultáneo de varios frentes de intervención y el papel que cumplieron los equipos electrónicos, el personal médico y la unidad canina durante jornadas que llegaron a extenderse entre 18 y 20 horas continuas.

Cómo operó el equipo USAR Perú en la zona del sismo

Saenz indicó que el primer paso de una misión de estas características es la movilización hacia la zona de impacto, donde el equipo debe reportar sus capacidades y esperar la asignación de una base de operaciones. Desde allí, la central de emergencias coordina con el país afectado y distribuye los sectores de trabajo para cada delegación. Ese esquema, señaló, permite definir qué personal irá a cada punto, de acuerdo con la complejidad del terreno y el tipo de búsqueda requerida.

El brigadier mayor explicó que el grupo cuenta con varios componentes: búsqueda y rescate, atención médica, búsqueda canina y administración general. Cada uno cumple una función específica para avanzar con precisión en escenarios donde el acceso puede estar bloqueado por estructuras inestables, losas vencidas o acumulación de restos de concreto y metal.

Sobre el rescate de una mujer que permanecía atrapada bajo los restos de un edificio, Saenz detalló que la localización se realizó primero con equipos electrónicos y con el apoyo de Kaira, la can del contingente peruano. Una vez confirmada la ubicación, se planificó el ingreso. “Se planifica el acceso a la víctima, que podría ser un acceso vertical u horizontal. En este caso, se utilizaron los dos”, relató el brigadier mayor al describir el procedimiento.

El acceso, según explicó, obligó a construir una vía de aproximadamente siete metros, en una especie de “L”, para alcanzar a la persona atrapada. Después de extraerla, el comandante Gómez, médico del equipo, realizó la estabilización antes de su traslado en helicóptero hacia Caracas.

El balance del rescate y el reconocimiento a Kaira

La presencia de Kaira se convirtió en uno de los puntos más visibles de la misión peruana en Venezuela. La pastor belga malinois integró el contingente que viajó desde el Perú para apoyar la búsqueda de sobrevivientes y fue clave en la localización de una mujer de 60 años que permaneció casi tres días bajo los restos de una estructura colapsada. La alerta emitida por la can permitió a los rescatistas llegar al punto exacto donde se encontraba la víctima e iniciar las maniobras de salvamento.

Por esa labor, el Gobierno de Venezuela entregó una medalla y un diploma a la perrita rescatista, además de un reconocimiento oficial al equipo de bomberos peruanos USAR Perú. En la ceremonia participaron autoridades venezolanas y representantes del contingente nacional, en una jornada en la que se destacó el trabajo de los binomios caninos durante la emergencia.

El brigadier mayor Saenz remarcó que este tipo de misiones exige sostener tareas simultáneas en más de un frente. Según explicó, mientras un grupo atendía una zona, otro trabajaba en un punto distinto y un equipo de dirección monitoreaba ambas acciones para brindar soporte logístico, técnico y de movilización. En ese esquema también intervino la unidad canina cuando fue necesario. “Es un trabajo muy, muy intenso”, afirmó al describir el ritmo de las operaciones.

De acuerdo con el balance informado por el contingente peruano, el equipo USAR participó en el rescate con vida de una mujer y en la recuperación de cinco víctimas durante su despliegue en territorio venezolano. La intervención se desarrolló en coordinación con las autoridades locales y con brigadas internacionales que llegaron al país tras los sismos que golpearon el norte venezolano. En total, miles de rescatistas de distintas nacionalidades fueron movilizados para apoyar la emergencia en las zonas más afectadas.

Saenz también precisó que la labor del grupo se extendió en jornadas continuas y demandantes, con turnos prolongados y condiciones complejas marcadas por calor, humedad y escenarios de alto riesgo estructural. En ese contexto, el liderazgo del equipo, la capacidad de respuesta de los bomberos y el trabajo de búsqueda con canes fueron parte de una operación que, según detalló, requirió tomar decisiones rápidas, dividir funciones y sostener una coordinación permanente entre rescatistas, personal médico y apoyo técnico.

La emergencia provocada por los dos terremotos que afectaron a Venezuela comenzó a generar ajustes en la operación aérea entre ese país y Colombia. Ante las dificultades que enfrenta el aeropuerto de Caracas para recuperar su funcionamiento habitual, Latam Airlines anunció medidas para facilitar el traslado de los pasajeros durante las próximas semanas.

Como parte de esa respuesta, la compañía puso en marcha una ruta temporal entre Bogotá y Barcelona, en el estado Anzoátegui, con el propósito de ofrecer una alternativa de conexión hacia una de las zonas que cobró mayor relevancia tras la contingencia.

Al mismo tiempo, la aerolínea flexibilizó las condiciones para los viajeros que tenían vuelos programados en los próximos días. Los pasajeros afectados podrán cambiar sus itinerarios, solicitar reembolsos o modificar el destino de sus tiquetes sin asumir costos adicionales ni penalidades.

La nueva conexión aérea comenzó a operar desde el lunes 6 de julio y estará disponible durante todo julio. Según informó la compañía, los vuelos despegarán desde Bogotá los lunes y viernes a las 7:35 de la mañana, mientras que el regreso desde Barcelona se realizará esos mismos días a las 11:40 de la mañana, hora local de Venezuela.

Con esta operación, Latam busca ampliar las alternativas de movilidad entre ambos países en un momento en el que parte de la infraestructura aeroportuaria venezolana enfrenta dificultades para retomar su actividad con normalidad. “La ruta a Barcelona es una nueva opción para fortalecer la conectividad de Venezuela con el mundo dada la afectación del aeropuerto de Caracas y las dificultades para el reinicio de su operación en condiciones normales”, mencionó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

Además de la apertura de la nueva ruta, la empresa anunció un plan especial para los pasajeros con reservas entre el 25 y el 31 de julio. La medida les permitirá reorganizar sus viajes sin asumir cargos adicionales, teniendo en cuenta las afectaciones derivadas de la emergencia. Entre las opciones disponibles figura el cambio de fecha del vuelo hasta por un año después del itinerario original. Quienes lo prefieran también podrán solicitar el reembolso total del valor del tiquete o modificar el destino final hacia Cúcuta, Riohacha o Barcelona, dependiendo de sus necesidades de viaje.

La compañía explicó que estas alternativas buscan ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios que vieron alterados sus desplazamientos como consecuencia de las condiciones que enfrenta Venezuela tras los movimientos telúricos.

Latam también hizo un llamado a los pasajeros para que consulten de manera permanente el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales. Allí mismo podrán realizar cambios en sus reservas y conocer cualquier actualización relacionada con los itinerarios. Para quienes requieran atención personalizada, la aerolínea recordó que mantiene habilitada su línea de servicio al cliente, además del canal de WhatsApp dispuesto para atender las solicitudes vinculadas con esta situación excepcional.

La decisión se produce mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas por los terremotos y persisten las dificultades logísticas en algunos puntos del país. En ese contexto, la conectividad aérea se convirtió en un factor clave para facilitar el traslado de viajeros y mantener la comunicación entre Venezuela y otros destinos de la región.

Con la incorporación de la ruta Bogotá-Barcelona y la flexibilización de las condiciones para modificar los tiquetes, la aerolínea busca ofrecer alternativas a quienes necesitan viajar durante la emergencia, al tiempo que adapta su operación a las circunstancias que atraviesa el país vecino.

Las medidas estarán vigentes de manera temporal y dependerán de la evolución de la situación operacional en Venezuela. Mientras tanto, la recomendación para los pasajeros es mantenerse informados a través de los canales oficiales de la compañía antes de desplazarse al aeropuerto y, en caso de requerir cambios, gestionarlos con anticipación para evitar contratiempos.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez confió “la responsabilidad de articular y conducir los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura” tras los terremotos a una funcionaria que fracasó en la tarea de sanear un río que atraviesa toda Caracas.

Rodríguez nombró a Jacqueline Faría presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace que, según la mandataria interina, tiene como fin coordinar las acciones que “permitan brindar respuestas oportunas a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela”.

La designación de esta veterana política, que ha pasado por infinidad de cargos desde 1999, generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

La mayoría le pasaba la factura porque hace 20 años, en su condición de ministra del Ambiente, recibió el encargo del difunto comandante Hugo Chávez de limpiar el Guaire, especie de gigantesca cloaca que cruza la capital venezolana.

“Daniel Ortega, te invito a que nos bañemos en el Guaire el próximo año”, declaró Chávez en 2005 en un acto donde se encontraba el presidente de Nicaragua. De inmediato, añadió: “La invitación es de la ministra Jacqueline Faría, yo voy a ir y los invito a todos con un sancocho”.

Todos se rieron de aquella ocurrencia de Chávez, incluida la propia Faría, pero aquello no fue un chiste. La ONG Transparencia Venezuela señala en un informe sobre obras inconclusas que este proyecto recibió unos 103 millones de dólares para su ejecución, pero jamás se completó.

El reporte oficial presentado este lunes 6 de julio señala que el doblete sísmico dejó 3.535 muertos, 16.740 heridos, 17.854 personas sin vivienda, 856 edificios afectados y otros 190 colapsados.

El dedo

Fiel escudera del comandante, en 2009 asumió como primera jefa de Gobierno del Distrito Capital, una figura creada por Chávez para fulminar la Alcaldía Metropolitana que estaba en manos de la oposición.

Mientras la Alcaldía Metropolitana -después definitivamente eliminada- se elegía por voto popular, el Gobierno del Distrito Capital es una imposición del Ejecutivo nacional, razón por la cual desde su origen fue cuestionado y tachado de antidemocrático. Ante aquellas críticas, Faría respondió: “El dedo de Chávez es el dedo de un pueblo que ha decidido que esté allí”.

En 2015, la crisis económica asomaba sus colmillos y los anaqueles comenzaban a vaciarse. Con la escasez repuntando, los venezolanos tenían que hacer largas colas para adquirir los productos básicos.

Ese mismo año fueron las elecciones parlamentarias y Faría se postuló como candidata por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En medio de un operativo de venta de alimentos subsidiados en un barrio caraqueño, Faría pretendió marcar una diferencia con las kilométricas filas que se veían a las puertas de los supermercados, diciendo: “Vamos a disfrutar de esta cola sabrosa para el vivir viviendo”.

En aquellos comicios, la oposición arrasó al conquistar los dos tercios del Parlamento.

El papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto de Venezuela y manifestó que reza por el pueblo venezolano en este “momento tan difícil”, tras el rezo del ángelus dominical. “Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano; que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil”, expresó el pontífice en español tras saludar a un grupo del coro de la Universidad de Métrica de Venezuela desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron el pasado 24 de junio en Venezuela y han dejado un saldo de al menos 2.954 personas fallecidas y 16.592 heridas, según se informó. El impacto de los seísmos ha sido severo en distintas regiones del país y ha generado una amplia respuesta internacional de solidaridad y preocupación.

El mensaje del papa León XIV se suma a las muestras de apoyo y solidaridad provenientes de diversas partes del mundo, mientras Venezuela enfrenta las consecuencias materiales y humanas de los terremotos registrados el 24 de junio. La comunidad internacional ha puesto de relieve la necesidad de asistencia urgente, tanto en materia de ayuda humanitaria como en recursos para la reconstrucción.

El papa León XIV, al recordar a las víctimas y pedir fortaleza para el pueblo venezolano, reflejó la preocupación de la Iglesia y de múltiples instituciones por la situación en el país. Según la OIM, la cifra de personas afectadas pone de manifiesto la gravedad del desastre y el desafío que representa su atención.

La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, comunicó el viernes pasado que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos en Venezuela. Este dato ilustra la magnitud del desastre y la complejidad de la respuesta humanitaria requerida.

El número de víctimas mortales asciende a 2.954 y los heridos suman 16.592, lo que convierte a este evento en uno de los más devastadores de los últimos años para el país. Las autoridades y organismos internacionales continúan evaluando el alcance de los daños y coordinando la asistencia para atender a la población damnificada.

Alianza Internacional

La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez anunció una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía tras los graves daños ocasionados por los sismos del 24 de junio. Rodríguez informó que varios países brindarán ayuda humanitaria para restaurar la principal terminal aérea que conecta a Caracas con el exterior, y adelantó que la próxima semana presentará el plan integral de obras para la recuperación del aeropuerto.

Durante una transmisión televisada, Rodríguez señaló que ya se establecieron contactos con gobiernos extranjeros que colaborarán en la restauración de Maiquetía. No especificó qué naciones integrarán la alianza ni brindó detalles técnicos sobre la intervención, pero aseguró que los acuerdos internacionales están en marcha. También indicó que se pondrá en marcha un proceso de recuperación para otros aeropuertos afectados, aunque no precisó cuáles ni el alcance de los daños.

La presidenta encargada subrayó que el Ejecutivo trabaja con la banca pública y privada para activar una cartera hipotecaria especial destinada a la reconstrucción, que incluirá un subsidio del 80% y la exoneración de tasas e impuestos asociados a registros de alquileres o compras de inmuebles. Además, se dispuso la prohibición de exportar materiales de construcción para priorizar su uso en la reparación de viviendas y edificaciones dañadas.

Simulaciones advierten sobre tiempos críticos para Lima y Callao

Las modelaciones incluidas en el último informe técnico identifican un punto sensible para la capital, Lima, y el puerto de Callao. Un sismo frente a esta región podría provocar la llegada de las primeras olas entre 10 y 15 minutos después del evento principal. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, este margen tan estrecho reduce drásticamente la ventana útil para evacuar zonas vulnerables. El tiempo total de respuesta institucional, que incluye la cadena de comunicación entre organismos técnicos y de emergencia, se estima en aproximadamente 24 minutos.

Cómo opera el sistema de monitoreo y alerta ante tsunamis

El sistema nacional de alerta de tsunamis depende de información sísmica captada tanto a nivel nacional como internacional. Una vez detectado un evento, se ingresan datos como magnitud, coordenadas, profundidad y hora en programas especializados, lo que permite estimar la altura de la ola y calcular los tiempos de arribo a distintas localidades del litoral. El protocolo exige coordinación inmediata entre varias entidades, como el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la autoridad hidrográfica. El IGP dispone de hasta ocho minutos para comunicar los parámetros obtenidos por sus sensores, mientras que la autoridad hidrográfica cuenta con un periodo similar para analizar los datos y definir si el sismo puede originar un tsunami.

El margen de tiempo para evacuar: una carrera contra el reloj

La respuesta a la pregunta central sobre la existencia de un sistema de alerta es afirmativa, según el reporte citado. Sin embargo, la utilidad de la alerta se ve condicionada por el escaso margen de tiempo. En el caso de Lima y Callao, el arribo de las primeras olas en solo 10 a 15 minutos convierte la evacuación en un desafío logístico y humano. Un especialista consultado por el informe resumió el dilema: “No es que nuestro sistema no funcione. No podemos prever, digamos, no con la antelación cuándo y dónde y en qué lugar y a qué hora exacta va a pasar”. El límite fundamental es que los sistemas de alerta solo analizan eventos una vez ocurridos, sin capacidad para anticipar el momento exacto de un terremoto.

Preparación ciudadana: la otra mitad de la ecuación

El reporte hace énfasis en la preparación de la población como un componente básico de la respuesta. Acciones como identificar rutas de evacuación, buscar zonas elevadas y participar en simulacros pueden marcar la diferencia en un escenario real. Se subraya la importancia de que habitantes y visitantes de la costa tengan claras las rutas y puntos de refugio disponibles. Además, se promueve el uso de herramientas digitales de consulta pública, como las cartas de inundación del Centro Nacional de Alerta de Tsunami de la Dirección de Hidrografía y Navegación, que se encuentran organizadas por regiones y localidades.

Las cartas de inundación y la visualización del riesgo

Las cartas de inundación permiten visualizar hasta dónde podría penetrar el mar tras un sismo de gran magnitud. El informe utiliza como ejemplo la carta de Ancón, donde una franja marcada en rosa delimita el área que sería cubierta por el agua ante un tsunami originado por un sismo de 8,5. La información no solo señala la extensión potencial del desastre, sino que también ofrece detalles sobre áreas de evacuación y puntos de refugio, diseñados para que la población sepa de antemano hacia dónde desplazarse en caso de emergencia.

Brechas en la señalización y dificultades para evacuar

El contraste entre la planificación y la realidad se hace evidente en sectores como la Costa Verde. Durante un recorrido por la zona, varias personas manifestaron la ausencia de señalización adecuada para evacuar rápidamente. Un testimonio recogido para el informe fue claro: “Acá todavía no veo rutas de evacuación”. Otro vecino advirtió sobre las dificultades para escapar por determinadas estructuras: “Si tú subes el puente no vas a llegar porque se va a caer todo”. Estas declaraciones reflejan la brecha existente entre la teoría y la práctica en la gestión del riesgo.

Factores estructurales: informalidad y autoconstrucción multiplican el peligro

El informe concluye identificando un problema estructural que agrava la vulnerabilidad ante un evento de estas características. La informalidad y la autoconstrucción en muchas zonas costeras complican la protección de la vida de la población. Edificaciones levantadas fuera de norma, sin supervisión técnica ni criterios de seguridad, aumentan el riesgo de daños y dificultan la evacuación oportuna en caso de tsunami. La ausencia de regulación adecuada deja a miles de familias expuestas a consecuencias potencialmente catastróficas.

El desafío de una respuesta integral

La amenaza de un tsunami tras un gran terremoto frente a la costa de Perú instala la necesidad de fortalecer tanto la capacidad de respuesta institucional como la cultura de prevención en la sociedad. Los márgenes de tiempo son cortos y la eficacia de las alertas depende tanto de la tecnología como de la preparación de cada persona en la zona de riesgo. La combinación de monitoreo técnico, planificación territorial y educación ciudadana aparece como el único camino para reducir el impacto de un evento que puede desarrollarse en cuestión de minutos.

Veroes, municipio agropecuario de 1.059 kilómetros cuadrados y poco más de 30 mil habitantes enclavado en el estado centroccidental de Yaracuy, está en el epicentro de los devastadores terremotos que sacudieron el miércoles 24 de junio el norte de Venezuela, dejando hasta el momento un saldo oficial de más de 2.600 muertos.

“Aquí se sienten réplicas todos los días, hasta el sol de hoy no han parado”, relata un habitante de la zona, que describe que en el caserío de El Torito “uno siente que está en un barco que lleva la marea, un movimiento constante”.

Tan pronto ocurrió el cataclismo, la misma comunidad, la Iglesia católica y las asociaciones de productores de la zona se encargaron de hacer frente a la situación. “La primera respuesta fue del ciudadano común y a las 72 horas aparecieron los órganos gubernamentales”, señala una vecina que prefiere resguardar su identidad.

De acuerdo con este testimonio, las autoridades “se habían concentrado en San Felipe -capital de Yaracuy-”, partiendo de la premisa de que en Veroes “no había pasado nada”. “De no ser porque empezamos a visibilizar la situación del municipio, no se hacen presentes. De hecho, la primera evaluación de infraestructura la realizó el sector privado en alianza con el Colegio de Ingenieros”, expone una persona involucrada en estas labores.

Detalla que los funcionarios se han concentrado en la ayuda humanitaria, “pero aún no hay respuesta sobre la parte de la estructura e infraestructura, la más fuerte en cuanto a las necesidades presupuestarias”.

En la calle

En Veroes agradecen a Dios que no tienen víctimas fatales que lamentar. Un balance independiente indica que unas 280 viviendas sufrieron daños parciales o totales. Dos escuelas también resultaron seriamente afectadas, al igual que la empresa agroindustrial La Bananera, que siembra, cosecha y procesa palma aceitera, y el campanario de la iglesia.

Los servicios de agua potable, electricidad y comunicaciones colapsaron por el movimiento telúrico. Aún revisan queseras, vaqueras y demás unidades de producción para medir el impacto en las cosechas y la ganadería.

“Ahora hay mucha alarma, mucho miedo, la gente duerme en las calles porque teme entrar a sus casas. El municipio está paralizado desde que sucedió esto, tampoco quieren trabajar, no quieren ir a retirar la leche porque tienen miedo”, comenta un productor del municipio.

La población está siendo auxiliada en estos momentos tanto por las agrupaciones de la sociedad civil, coordinando con Cáritas -organización de la Iglesia católica-, como por los entes gubernamentales. Sin embargo, advierten que ya se observa un desplazamiento interno, con vecinos de Veroes que se marchan hacia la capital San Felipe.

Reapareció Wilmer Cruz, voluntario rescatista conocido como el “topo de La Guaira”, luego de que organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaran que había sido víctima de una detención irregular por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

La ONG Provea señaló en principio que familiares de Cruz reportaron su desaparición, que habría ocurrido el martes 1 de julio a las 4 de la tarde mientras “realizaba labores de rescate” en Caraballeda, una de los sectores de La Guaira más golpeados por los terremotos del 24 de junio.

Según esta versión, Cruz fue abordado por “una comisión de funcionarios vestidos de negro, sin identificación visible”, que se presentaron “verbalmente como parte de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP)” de la Policía Nacional Bolivariana.

“Con la excusa de entregarle un martillo neumático para continuar la búsqueda de cuerpos y sobrevivientes, se lo llevaron sin mediar palabra”, reseñó Provea, destacando que desde ese momento “sus familiares no han tenido comunicación con él y desconocen su paradero”.

La tarde del viernes 3 de julio, Provea informó que Cruz “fue liberado bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación, luego de haber sido presentado ante los tribunales en funciones de control”.

El llamado “topo de La Guaira” alcanzó notoriedad al viralizarse un video en el que critica amargamente la falta de apoyo de las autoridades para avanzar en las labores de rescate en la zona de desastre. El último informe oficial registra más de 2.600 muertos producto del cataclismo.

Respeto

“Alzar la voz para exigir transparencia y ayuda en medio de una tragedia no puede ser un delito, ni el motivo para que una vida corra peligro”, manifestó la ONG Caleidoscopio Humano, tras advertir que el rastro de Cruz “se perdió justo después de que denunciara públicamente irregularidades en la gestión de los rescates y la ayuda en las zonas afectadas”.

La vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Sairam Rivas, expresó su preocupación por el caso de Cruz y alertó que “en los últimos días hemos recibido reportes sobre retenciones por parte de cuerpos de seguridad del Estado, así como actos de seguimiento y hostigamiento contra integrantes de la sociedad civil que realizan labores de rescate y traducción”.

El dirigentes del partido Primero Justicia y ex preso político, Juan Pablo Guanipa, condenó la actuación policial contra Cruz. “Es inaceptable que por buscar decenas de víctimas del terremoto en La Guaira, Wilmer Cruz ahora esté bajo régimen de presentación tras pasar dos días en desaparición forzada. Exigimos el cese de la represión contra los venezolanos”, sentenció Guanipa.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón recordó “el deber del Estado de garantizar la protección y la integridad física tanto de los damnificados como de todas las personas que permanecen en las zonas afectadas colaborando en tareas de auxilio y rescate”.