Un hombre fue condenado a 6 años de prisión efectiva por un intento de homicidio en una barrio de San Salvador de Jujuy. La sentencia derivó de una pelea callejera con un hombre al que le clavó un puñal en el abdomen.

El ataque ocurrió en enero de este año cerca de las 20.30 en Punta Diamante, cuando la víctima, identificada como R. L. V., caminaba junto a su pareja y su primo por la avenida Ricardo Alfonsín, a la altura de la calle Vuelta de Obligado. El agresor, R. R. González, junto a unos familiares comenzaron a insultar a R. L. V., quien respondió al ataque. La situación escaló y derivó en una pelea.

En ese momento, González extrajo un puñal y le provocó una herida en la parte baja del abdomen. El primo de la víctima también fue agredido por un grupo de personas cuya identidad no lograron establecer.

Tras el ataque, R. L. V. se retiró del lugar por sus propios medios y llegó hasta su domicilio, donde fue atendido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria.

De acuerdo con lo indicado por el portal de noticias Somos Jujuy, la sentencia la dictó este martes el Tribunal Colegiado conformado por los jueces Rodolfo Miguel Fernández, Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir. La acusación estuvo a cargo del fiscal Juan Sorbello, en representación del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa técnica de González estuvo a cargo de la abogada Rita Luciana Vilte.

El tribunal evaluó las pruebas presentadas, entre ellas testimonios y pericias médicas, y determinó la responsabilidad penal del acusado en el hecho. Se consideró el delito de homicidio simple en grado de tentativa, al constatarse que la agresión con arma blanca tuvo como objetivo causar la muerte de la víctima, aunque el resultado letal no se produjo.

Imputaron a los agresores de Granadero Baigorria

Dos jóvenes quedaron detenidos y fueron imputados por tentativa de homicidio y robo agravado tras atacar a un hombre de 54 años y a su madre, una mujer ciega de 84 años, durante una entradera en Granadero Baigorria, en el Gran Rosario. La Fiscalía les atribuyó haber actuado con extrema violencia y el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

El episodio ocurrió semanas atrás por la noche en una vivienda de la calle Los Naranjos al 3000, ubicada en un barrio residencial próximo a la Ciudad Deportiva del club Rosario Central. Uno de los acusados, de 21 años, fue considerado autor del hecho, mientras que el segundo, de 24 años, se consideró partícipe primario, según la reconstrucción judicial.

La víctima fue golpeada con una pala -lo que le provocó una fractura de cráneo-, y un machete -con el que le amputaron la primera falange del índice derecho-. La madre del hombre, no vidente y de avanzada edad, también fue agredida a golpes en la cintura y el tobillo. Los asaltantes intentaron huir con un televisor y un celular, aunque la presencia de vecinos en la calle los obligó a abandonar parte del botín.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde quedó internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria. Las lesiones incluyeron fractura de mandíbula y un profundo corte en la cabeza, además de la pérdida del dedo. La policía detuvo a ambos sospechosos horas después en el monte de Celulosa, zona cercana al domicilio atacado, y secuestró el machete, el televisor y el fragmento de dedo amputado.

La fiscal Anabel Cerutti sostuvo ante el juez la gravedad del ataque y subrayó que la agresión puso en riesgo la vida de la víctima. El juez Federico Rébola dispuso la prisión preventiva por el plazo legal de dos años para ambos imputados, mientras la investigación avanza en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

La Justicia de Mendoza ordenó la detención de Cristian Gonzalo Fragapane Gómez, acusado matar a su hijastro de apenas un año y 9 meses, a quien presuntamente violentó a lo largo de varios meses. La víctima murió en las últimas horas, luego de luchar por su vida en un hospital, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Hasta la internación del nene, el hombre había sido imputado del delito tentativa de homicidio calificado por alevosía. Con la confirmación del fallecimiento, la calificación del expediente se agravó a homicidio simple agravado por alevosía.

La decisión de detener al acusado surgió después de que el equipo médico detectara lesiones cerebrales compatibles con el síndrome de zamarreo, un cuadro asociado a episodios reiterados de violencia física ejercida sobre bebés y niños pequeños.

De acuerdo con la investigación dirigida por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, el episodio que motivó la denuncia se produjo el 10 de abril en una vivienda de Luján de Cuyo. La madre del niño y Fragapane Gómez quedaron sujetos a una orden de restricción luego de que el menor ingresara de urgencia al Hospital Humberto Notti.

El último parte médico resultó determinante para la causa: el equipo del hospital concluyó que las lesiones no respondían a patologías previas, como epilepsia, sino a sacudidas violentas. Además, los exámenes revelaron una fractura de varios meses de antigüedad, lo que para la fiscalía confirma un contexto de violencia sistemática. La fiscalía sostiene que el ataque se perpetró en un contexto de total indefensión de la víctima, lo que agravó la situación procesal del acusado.

El diagnóstico motivó la intervención inmediata de las autoridades para asegurar el resguardo y protección de los derechos del menor. El padre quedó a cargo del hermano mellizo de la víctima, quien fue sometido a estudios médicos en los que se descartaron lesiones.

Por otro lado, la víctima permaneció en terapia intensiva, con pronóstico reservado, hasta que se confirmó su fallecimiento.

La causa

La causa penal se inició luego de que el equipo médico detectara indicios claros de maltrato infantil en un cuadro de síndrome de zamarreo.

El síndrome de zamarreo implica graves riesgos para la vida de los niños pequeños, ya que la fragilidad de sus estructuras óseas y musculares los hace especialmente vulnerables a secuelas neurológicas permanentes. Las autoridades médicas señalan que este tipo de lesiones no son accidentes domésticos habituales ni se relacionan con patologías como la epilepsia, ya que presentan un patrón característico y repetitivo.

Los padres del niño están separados y la custodia habitual recaía sobre la madre, quien convivía con el imputado. En la causa intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), encargados del monitoreo y resguardo de la integridad de los menores de la familia.

La causa cuenta, además, con el respaldo de informes médicos, testimonios de familiares y dictámenes de los equipos de intervención, elementos que sostienen la hipótesis de violencia familiar sostenida.

De acuerdo con lo que trascendió, el padre biológico del niño había realizado denuncias previas contra la madre y su pareja por presuntos episodios de maltrato. A pesar de estos antecedentes y de los señalamientos del papá del niño asesinado, al parecer no se implementaron medidas de protección efectivas para cuidarlo.

La Cámara Federal de Casación Penal absolvió a tres ciudadanos de origen chino por el delito de tentativa de homicidio tras participar de un tiroteo con la policía durante un allanamiento en la localidad bonaerense de San Martín, al concluir que actuaron bajo un “error invencible” al creer que enfrentaban un robo. El fallo del máximo tribunal penal del país anuló parcialmente una condena previa y ordenó fijar una nueva pena por tenencia ilegal de armas.

La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, al resolver el recurso presentado por la defensa de Lin Bin, Lin Zhenbiao y Wang Yang Yang.

El caso se originó en la madrugada del 11 de junio de 2016, cuando personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), intentó ejecutar una orden de allanamiento en un supermercado ubicado en la calle Rivadavia al 4300. El procedimiento, en rigor, formaba parte de una investigación sobre una organización criminal vinculada a la denominada “mafia china” y se desarrolló en simultáneo con otros operativos.

De acuerdo con lo reconstruido en el juicio oral, el ingreso se produjo de madrugada y en condiciones iniciales de sigilo, sin identificación visible ni balizas encendidas. En ese contexto, desde la planta superior del inmueble, los ocupantes comenzaron a efectuar disparos mientras el personal policial intentaba ingresar. El enfrentamiento se extendió durante aproximadamente 50 minutos.

Como consecuencia del intercambio, varios efectivos resultaron heridos. El agente Mariano Isaías Leiva sufrió impactos en el pómulo y el brazo, además de un disparo en el casco, mientras que otros policías recibieron impactos en chalecos antibalas y equipos de protección.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín consideró acreditado que los acusados intentaron matar a los efectivos y los condenó a siete años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio, en concurso con otros delitos.

Apelación mediante, y a la hora de revisar el caso, el camarista Yacobucci sostuvo que la clave estaba en la percepción de los imputados durante el operativo policial. “El contexto a partir del cual cabe desarrollar el análisis crítico es aquel que razonablemente se representaron los aquí condenados”, afirmó. En esa línea, valoró que durante el procedimiento se registraron múltiples llamados al 911 realizados por los propios ocupantes y sus allegados denunciando un intento de robo en curso, lo que reflejaba que interpretaban la situación como una agresión ilegítima a su inmueble.

También tuvo en cuenta que los disparos se efectuaban sin exposición directa, asomando únicamente las manos desde ventanas o sectores de la escalera, lo que limitaba la visibilidad hacia el exterior. A ello se sumaron las condiciones del operativo: nocturnidad, ingreso sin aviso previo y un escenario de tensión con intercambio de disparos.

En ese contexto, el juez concluyó que los acusados habían incurrido en un “error respecto de la calidad de quienes ingresaban al domicilio” y evaluó que al inicio de los hechos “no contaron con posibilidad de visualizar a lo sujetos”, por consiguiente no resultaba razonable “exigir que en el marco de una situación de estrés que se estaba disputando -un intercambio activo de disparos- se hubieran expuesto, sin ningún tipo de resguardo, con el objeto de identificar a quienes se encontraban en el exterior y, de ese modo, superar el error en el que se hallaban”.

A partir de esa conclusión, el magistrado expresó que esa “falencia sobre la comprensión de los hechos neutraliza el progreso de una imputación subjetiva dolosa”, lo que llevó a la absolución por tentativa de homicidio de los tres imputados.

El juez Slokar adhirió al resultado, aunque encuadró el caso como un supuesto de “error indirecto de prohibición por falsa suposición de las circunstancias”, al señalar que no se podía descartar la hipótesis de que los imputados hubieran actuado creyendo legítima su defensa. Indicó que “los extremos relativos al error exculpante no fueron confutados en modo definitivo”.

La jueza Ledesma también acompañó la solución y destacó que la prueba permitía concluir que los acusados actuaron “con la creencia de que todo se trató de un intento de robo y en ese trance repeler el ingreso de los supuestos ofensores al inmueble en cuestión".

En cuanto al delito de tenencia ilegítima de “material asfixiante”, la Cámara Federal de Casación resolvió dejarlo sin efecto por falta de prueba suficiente, en tanto el elemento central para imputar ese ilícito había sido una anilla de ignición de espoleta hallada en el lugar, pero el propio fallo advirtió que ese componente “resultaba de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas”, lo que impedía determinar si había sido utilizado por los imputados o por el personal policial durante el operativo.

A ello se sumó el testimonio de un agente que reconoció que los propios efectivos emplearon granadas de gas lacrimógeno para reducir la resistencia dentro del inmueble. En ese contexto, los camaristas consideraron que el elemento secuestrado era un indicio “anfibológico”, es decir, ambiguo, que “únicamente da cuenta del empleo de una granada de gas, pero que resulta insuficiente para atribuir, más allá de toda duda razonable, su utilización a los imputados”.

En cambio, el fallo de Casación confirmó la responsabilidad por la tenencia ilegítima de armas de fuego. Se tuvo por corroborado que varias armas -pistolas y un revólver- estaban en un ámbito de acceso común dentro del inmueble, y eso permitió atribuir su tenencia a los tres imputados, aun cuando no contaban con autorización vigente o directamente no estaban registrados como usuarios.

La Sala II de la máxima instancia penal federal dispuso remitir el expediente al tribunal de origen para que, con otra integración, realice una nueva audiencia y determine la pena correspondiente en función de los delitos verificados.

Tres de los jóvenes detenidos por la agresión ya contaban con antecedentes policiales, lo que, según informó el medio, añade relevancia a la investigación y a la intervención que se produjo anoche en el distrito madrileño de Chamartín. Según publicó la fuente oficial consultada por el medio, cinco adolescentes de entre 16 y 17 años, de nacionalidades española, dominicana y hondureña, resultaron arrestados tras participar presuntamente en la agresión con arma blanca a un joven de 14 años. El ataque ocurrió en las proximidades de la calle Clara del Rey, aproximadamente a las 22 horas.

Tal como detalló la información policial difundida en medios, los hechos comenzaron con una llamada de emergencia por un menor herido en la vía pública. El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias-Protección Civil (Samur-PC) atendió inmediatamente al adolescente, quien presentaba dos heridas graves, localizadas en el tórax y la ingle. Finalmente, el joven fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Seguido al ataque, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda en la zona para localizar a los posibles autores. Tras varias batidas por la zona, agentes consiguieron detener a los cinco menores presuntamente involucrados en el suceso. Según informó la fuente policial y consignó el medio, los adolescentes fueron imputados por un delito de tentativa de homicidio.

Los cinco detenidos fueron puestos bajo disposición del Grupo de Menores (GRUME), unidad encargada de gestionar las diligencias y la investigación de delitos que involucran a menores de edad. El medio aclaró que entre los arrestados, tres ya tenían antecedentes previos, lo que se sumó a la gravedad del hecho y a la preocupación de las autoridades por la reincidencia en este grupo de jóvenes.

La información difundida por fuentes oficiales reflejó que la intervención se desarrolló con rapidez, dada la urgencia que implicaba el estado del menor herido y la necesidad de evitar la huida de los agresores. La Policía Nacional continúa trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios para clarificar las circunstancias que rodearon el ataque, al tiempo que se evalúan posibles motivaciones y vínculos entre los implicados, según reportó el medio.

La agresión y posterior actuación policial generaron alarma entre los residentes del distrito de Chamartín, donde se produjo el incidente. Las autoridades han recordado la importancia de la colaboración ciudadana en casos de violencia juvenil y han mantenido presencia policial en la zona para prevenir nuevos incidentes de este tipo, tal como señaló la información publicada por la fuente.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento y difundidos por el medio, el menor agredido evoluciona bajo supervisión médica tras el traslado hospitalario, mientras continúa el desarrollo de la investigación policial sobre las circunstancias y los posibles móviles de la agresión. La actuación conjunta entre Samur-Protección Civil y la Policía Nacional resultó clave para evitar consecuencias mayores para la víctima y detener con rapidez a los presuntos responsables.

A poco más de un año y medio del intento de abuso sexual y tentativa de homicidio agravado contra una vecina menor de edad en Merlo, Matías Daniel Escudero se sentó frente al Tribunal Oral Criminal N° 5 de Morón y admitió que se encontraba arrepentido. Ahora, podría enfrentar una pena de, al menos, unos siete años, según lo propuesto por la Fiscalía.

“Lo que dijo el fiscal es así. Estoy arrepentido. No quise matar a nadie”, declaró el imputado ante los jueces Julia de la Llana, Gabriel Sotelo y Marcos Lisa, luego de escuchar el relato del fiscal Patricio Pagani sobre cómo ocurrieron los hechos.

Todo se remonta al 31 de agosto de 2024, cuando una adolescente evitó ser violada y asesinada por un vecino en el barrio Pontevedra de Merlo. Al momento del ataque, la víctima tenía 12 años. En el momento que fue abordada por Escudero, volvía a su casa después de haber acompañado a una amiga suya.

Según consta en el expediente judicial, la menor llegó a la calle Muñiz al 300 y se encontró con el acusado, quien era un vecino que conocía de vista del barrio. El hombre, que tenía 25 años, le contó que supuestamente tenía que devolverle dinero a su hermano, por lo que comenzó a caminar a su lado.

Bajo ese pretexto, Escudero alegó haber perdido la suma en el camino, por lo que la convenció de que lo acompañara a buscarlo. Fue así que logró llevarla hasta un descampado, ubicado en la intersección de las calles Carrasco y Bella Vista.

Al llegar a ese punto, el hombre la abrazó por la fuerza y, al intentar apartarse del sujeto, este la obligó a ir hacia un terreno abandonado donde intentó someterla sexualmente. Durante el ataque, la joven gritó lo más fuerte que pudo y mordió al agresor hasta que un grupo de vecinos logró rescatarla apenas escucharon los ruidos.

“La abrazó, lo cual incomodó a la víctima y lo rechazó. Con el propósito de abusar sexualmente de la niña, mediante el uso de la fuerza la arrastró hacia el interior de un descampado, logrando así inmovilizarla, le tocó la cola y le sacó el buzo dejándola en ropa interior, intentando así accederla carnalmente, no logrando su accionar por razones ajenas a su voluntad, toda vez que la víctima forcejeó”, reconstruyó la Fiscalía.

A pesar de que los delitos no fueron consumados, el acusado le propinó una serie de golpes brutales. De hecho, uno de ellos terminó por provocarle una fractura en uno de los dientes. Además, logró despojarla de las prendas superiores, por lo que regresó a su casa en ropa interior y cubierta de basura.

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, Escudero se encuentra detenido desde septiembre de 2024. Actualmente, se encuentra próximo a conocer su condena, ya que solo restaría que el tribunal escuche los alegatos antes de formular una sentencia. El veredicto sobre el caso se dará a conocer en diez días aproximadamente.

El dato central del proceso judicial es la calificación de los hechos, debido a que el fiscal Pagani solicitó siete años de prisión para Escudero por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, descartando la tentativa de femicidio.

Sin embargo, el abogado de la víctima, Rodrigo Tripolone, argumentó que el caso constituye un femicidio en grado de tentativa y pidió veinte años de prisión. “Solo quiero que haya justicia por mi hija. Lo que le hizo este tipo es imperdonable”, exigió Rosa, la madre de la adolescente.

En línea con esto, la querella sostuvo que el imputado intentó desviar la investigación al llamar al 911 tras el hecho, con la intención de presentarse como víctima de un supuesto asalto.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el acusado habría dicho que los rasguños que tenía en el cuerpo habrían sido producto del mismo intento de robo. A pesar de su intento de engañar a las autoridades, los vecinos, la familia y el estado en el que se encontraba la menor corroboraron el relato de la denunciante.

El detenido, de 36 años, enfrenta cargos de tentativa de homicidio y lesiones tras ser identificado como el principal sospechoso de un ataque violento ocurrido en noviembre del año pasado, en el que un joven recibió tres heridas punzantes en la nuca y una mujer resultó con lesiones de consideración en la cabeza. Según detalló la Policía Nacional en un comunicado recogido por diferentes medios, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional tras la detención en un municipio del área metropolitana de Granada.

De acuerdo con lo publicado por la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 4:00 horas, a la salida de un local de ocio ubicado en el distrito Centro de la capital granadina. Dos personas, un hombre y una mujer de 27 años, se encontraban en la entrada de un callejón cuando fueron interceptadas por dos sujetos. Uno de estos individuos atacó de manera directa al varón, mientras que la mujer intentó proteger a su acompañante. En esta intervención, la mujer fue sujetada por la cabeza y tirada al suelo de forma violenta, lo que le provocó un fuerte golpe que la dejó aturdida.

Tal como consignó la Policía Nacional en la nota de prensa, tras incorporarse la mujer pudo constatar que los agresores habían abandonado el lugar y que su amigo presentaba abundante sangre en el rostro y la ropa. Este joven había recibido tres heridas incisopunzantes en la parte posterior del cuello, motivo por el que fue necesario trasladarlo al servicio de Urgencias, donde recibió atención médica y fue objeto de tratamiento quirúrgico.

Los servicios policiales iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto agresor varios meses después del suceso. Según informó la Policía Nacional, el sospechoso cuenta con numerosos antecedentes policiales y fue localizado y arrestado en un municipio del cinturón metropolitano de Granada. La investigación recogió testimonios y pruebas que implican al detenido como el autor material de las lesiones causadas con arma blanca.

El episodio, calificado como tentativa de homicidio y lesiones, tuvo como contexto la salida de un local de ocio nocturno, una circunstancia que se refleja en los atestados policiales enviados a la autoridad judicial. La víctima masculina requirió intervención médica urgente debido a la gravedad de las heridas recibidas en la zona cervical, mientras que la mujer permaneció aturdida tras el fuerte impacto en la cabeza. El seguimiento de la causa está a cargo de la autoridad judicial competente, que dictó prisión provisional para el presunto agresor mientras avanzan las diligencias de instrucción.

La Policía Nacional subrayó que la rápida actuación permitió determinar la secuencia de los hechos y esclarecer la autoría, lo que facilitó la detención y puesta a disposición de la justicia del investigado. Tanto la víctima del apuñalamiento como su acompañante ofrecieron testimonio para la reconstrucción de los hechos, lo que respaldó el resultado de la investigación.

El caso permanece bajo investigación judicial, mientras el acusado espera la resolución de su situación procesal en el marco de los cargos de tentativa de homicidio y lesiones. La autoridad judicial continuará la instrucción del caso con base en los hechos sucedidos en noviembre, que resultaron en heridas graves para ambos jóvenes, según reportó la Policía Nacional.

Tal como recogió la Fiscalía en su escrito y según lo publicado por el medio, los hechos tuvieron lugar en el domicilio en que convivían padre e hijos. Los acusados, según la acusación pública, habrían roto una silla de la cocina y con las patas de esta se habrían dirigido al salón, donde atacaron al hombre. El padre declaró ante el tribunal que no esperaba el ataque, pues “de repente, empecé a recibir golpes”, describiendo que sus hijos lo golpearon “al mismo tiempo, 15 o 20 veces, con las patas de una silla”, y una vez caído al suelo continuaron el ataque.

Durante el juicio, el hombre también precisó que el comportamiento de los hermanos había variado en los días previos, refiriendo prácticas inusuales dentro del entorno familiar. Detalló que los jóvenes “practicaban budú”, se vestían de blanco y encendían velas en cada esquina de la vivienda. Además, relató que habían colocado “unos polvos entre las mantas y debajo de la cama”.

En el desarrollo de la vista, según consignó el medio, también compareció el testimonio de un vecino que aseguró no haber presenciado discusiones ni conflictos en la vivienda. “Nunca vi que tuvieran problemas entre ellos”, afirmó. Por otra parte, los agentes de la Guardia Civil que realizaron la detención de los acusados informaron que estos admitieron haber actuado “en legítima defensa” tras un supuesto intento de agresión de su padre. Los agentes agregaron que observaron ambos hermanos plenamente vestidos de blanco y declararon que, al momento de la detención, los jóvenes mostraban capacidad de razonar.

Sobre la situación procesal de los encausados, el Ministerio Público, según detalló el medio, solicita una condena de nueve años de prisión para cada uno, al considerar los hechos como tentativa de homicidio con el agravante de parentesco. La petición de la Fiscalía también incluye una orden de alejamiento del progenitor durante seis años y libertad vigilada por diez años.

El abogado defensor expuso ante los medios que, si bien los acusados no presentan una privación absoluta de sus facultades, sí existe una afectación grave que podría justificar que la eventual pena se ejecute junto a tratamiento psiquiátrico e ingreso hospitalario. De acuerdo a la defensa, ambos cuentan con un historial psiquiátrico relevante: uno diagnosticado con esquizofrenia y el otro con trastorno bipolar. El abogado especificó que los hermanos rechazan la existencia de tales patologías, lo que considera un indicador de la gravedad de los trastornos mentales.

Entre los comportamientos referidos por la defensa durante el proceso figuran ideas delirantes y desconexión con la realidad. El letrado citó afirmaciones reiteradas sobre la existencia de “una secta criminal” que pretendería atentar contra sus vidas y una supuesta conspiración en la justicia contra ellos. El representante legal detalló que uno de los hermanos asegura que “le fue estirpado y transplantado el pene de otra persona” y el otro cree que mantiene “un dispositivo explosivo en el pecho”.

El magistrado presidente del tribunal aceptó la solicitud de suspender la vista en la jornada del miércoles para que ambos hermanos sean sometidos a examen por médicos forenses antes de seguir con el juicio, según explicó el medio. El objetivo de estas pruebas forenses es determinar el estado de los acusados y valorar si se encuentran en condiciones de prestar declaración ante el tribunal “con un mínimo de conciencia”, además de analizar detalladamente su actitud y capacidad mental en el contexto del proceso penal.

El caso permanece abierto mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses y la posterior decisión del tribunal sobre la imputabilidad penal de los acusados, elemento clave para determinar la continuidad del proceso y el eventual alcance de las responsabilidades judiciales en este caso.

El magistrado que instruye el caso subrayó en su auto el “alto riesgo de fuga” del imputado, fijando la atención en la gravedad de las penas asociadas a los delitos investigados. Según informó el medio, el titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona ordenó este lunes el ingreso en prisión provisional y sin fianza de un hombre acusado de matar presuntamente a su esposa y herir a su madre el pasado viernes en Sarriguren (Navarra).

De acuerdo con la información publicada por el medio, el investigado está señalado como el presunto autor de la muerte de su pareja, de 28 años, a quien habría causado la muerte mediante al menos 34 puñaladas usando un cuchillo de grandes dimensiones, en el domicilio que ambos compartían. Además, el tribunal considera que existen indicios sólidos que apuntan a que el mismo hombre también habría atacado con arma blanca a su propia madre, quien necesitó hospitalización y una intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Navarra debido a las lesiones sufridas.

Según consignó el medio, en la resolución judicial —sujeta a posibles recursos— el magistrado determinó inicialmente que los hechos denunciados se encuadran en los delitos de asesinato y tentativa de homicidio. Las penas asociadas a tales delitos son graves: la de asesinato está contemplada con sanciones de entre 15 y 25 años de prisión y la tentativa de homicidio con penas que van desde 10 hasta 15 años.

El medio detalló que, durante la comparecencia celebrada ante el juez, el encausado hizo uso de su derecho legal y optó por no declarar. Tras esta decisión, el Ministerio Fiscal solicitó expresamente el ingreso en prisión provisional del acusado, mientras que la defensa pidió la libertad provisional sin fianza, proponiendo la aplicación de medidas cautelares de carácter menos restrictivo. No obstante, el juez valoró el riesgo concreto de fuga como determinante para dictar la medida de prisión provisional, argumentando que la gravedad de los delitos y las sanciones previstas podrían inducir a una eventual evasión de la justicia.

Según indicó la misma fuente, el procedimiento continúa abierto y la resolución tomada este lunes puede ser objeto de recurso. El caso permanece bajo investigación en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona, mientras la madre del encausado permanece hospitalizada y la instrucción busca esclarecer con detalle las circunstancias y el móvil de estos hechos violentos.

Dos mujeres, de 22 y 24 años, deberán cumplir una prisión preventiva, luego de que las acusaran de haber intentado matar a la hermana del intendente de San José del Rincón, una localidad ubicada en la provincia de Santa Fe. Tras darle dos tiros, las detenidas la golpearon brutalmente.

Todo ocurrió el lunes 26 de enero, antes de las 23:00 horas, cuando las sospechosas se presentaron en el domicilio de la víctima. En ese momento, habrían comenzado a insultarla y amenazarla de muerte desde la vereda.

Según determinó el juez de la Investigación Penal Preparatoria, José Luis García Troiano, la agresión comenzó apenas la denunciante abrió la puerta de la vivienda. Asimismo, apuntó contra la joven de 22 años, identificada como C.M.M., quien fue señalada como la presunta autora de los dos disparos que recibió la víctima en el rostro y en uno de los brazos.

No contentas con esto, después de los disparos, ambas imputadas habrían continuado el ataque con golpes y patadas. Pese a la intervención de la pareja de la víctima, ambas lograron huir en una motocicleta, según los detalles recopilados por Diario Uno de Santa Fe.

Como resultado de las pruebas recopiladas, el fiscal Andrés Marchi solicitó la prisión preventiva, desestimando las alternativas propuestas por las defensas, al considerar que la privación de libertad resulta necesaria para asegurar el proceso judicial de las acusadas.

De la misma manera, confirmaron que la calificación legal que se les imputa es la de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, delito que contempla penas de cumplimiento efectivo en caso de resultar condenadas.

No obstante, no se trataría de la primera vez que la mujer fue atacada, ya que el 10 de febrero se registró otro episodio de similares características. También sucedió en su casa, cuando un hombre de 30 años habría irrumpido para atacar a palazos tanto a ella como a su padre de 60 años.

Al declarar ante la Justicia, la mujer relató que uno de sus agresores afirmó que habría actuado por orden del intendente de Rincón, Andrés Soperez, su propio hermano. A pesar de esto, confirmó que no había presentado cargos en su contra y esperaría a que las autoridades definieran la situación, según los resultados de la investigación en curso.

“Dijo que lo había mandado Andrés para callarme la boca. Hay testigos que escucharon eso”, aseguró la denunciante. Además, expresó satisfacción con la dirección de la pesquisa y defendió su postura ante la prensa: “Salimos reconfortados de tribunales. Siempre dijimos la verdad y confiamos en que la Justicia nos iba a escuchar”.

De la misma manera, confirmó que su hermano había pedido una medida de restricción en su contra, lo que le impide acercarse a lugares como la escuela donde asisten sus hijos. Por lo que cuestionó con firmeza esta decisión: “Me parece totalmente ilógico. Nunca lo ataqué ni lo hostigué. No entiendo por qué pidió esa medida”.

Frente a esto, la mujer detalló que esta situación afecta su día a día, ya que condiciona su acceso a espacios laborales y educativos. “Hace 21 años que soy empleada municipal. No pueden impedirme trabajar ni llevar a mi hijo a la escuela sin fundamentos claros”, manifestó.

Por otro lado, la denunciante refutó la versión de las agresoras, quienes habrían vinculado el conflicto con su hijo. “Mi hijo no vive en Rincón, ni siquiera está en el país. Si había algún problema, nunca hubo una denuncia. No tiene sentido que vayan armadas a mi casa”, enfatizó.

Por último, apuntó contra los funcionarios municipales al denunciar supuestas anomalías procesales en el manejo del caso. Así, detalló que se habría intentado gestionar la restricción en la Comisaría 14 sin cumplir los procedimientos correspondientes y cuestionó posibles excesos de autoridad: “Si quieren hacer abuso de poder, que lo hagan con pruebas”, reclamó.

Uno de los disparos efectuados por los implicados en el asalto atravesó peligrosamente cerca de un bebé de siete meses que se encontraba en el interior del domicilio atacado, junto a otros tres menores, sin que ninguno de ellos resultase herido. A pesar del riesgo generado para los niños presentes, el principal objetivo de los perpetradores era atacar a miembros del clan rival de los Pelúos en su vivienda. Según detalló el medio El País, el proceso judicial celebrado este martes concluyó con la condena de siete integrantes del llamado clan de los Sheriff por su participación en un violento episodio que tuvo lugar el 18 de mayo de 2021 en Palma.

El procedimiento penal derivó en que los acusados reconocieran los hechos y alcanzaran un acuerdo con la Fiscalía. Inicialmente, el Ministerio Público había solicitado para cada uno de ellos 50 años de prisión por delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas. Sin embargo, después de considerar que los condenados ya habían pagado las responsabilidades civiles exigidas antes del juicio y tras la negociación, las penas finalmente impuestas varían entre seis meses y cinco años y medio de reclusión.

El País informó que sólo dos de los implicados recibieron las penas más altas, de cinco años y medio de prisión, al ser condenados por tentativa de homicidio, amenazas y tenencia ilícita de armas. El resto de los sentenciados aceptaron penas inferiores, comprendidas entre seis meses y año y medio exclusivamente por amenazas. Uno de ellos recibió además una condena adicional de un año por tenencia ilícita de armas.

De acuerdo con la narración recogida por El País, los hechos se originaron cuando los siete miembros del clan de los Sheriff y otra persona no identificada partieron hacia el domicilio de los Pelúos, motivados por un ajuste de cuentas entre estos dos grupos. Los participantes acudieron en una furgoneta portando tres armas de fuego y un cuchillo. Según la acusación, al llegar a la vivienda observaron cómo varios integrantes del clan rival desembarcaban de un coche y entraban de prisa en la casa.

El relato judicial resalta que los asaltantes iniciaron una persecución, y dispararon en tres ocasiones contra la fachada de la vivienda, hasta romper una de las ventanas. Al menos uno de los disparos impactó cerca del bebé presente, aunque la bala no alcanzó a herir a nadie. Los agresores efectuaron otros dos disparos dirigidos a una puerta de madera, hiriendo por la espalda a uno de los miembros del clan de los Pelúos.

Además, dos de los condenados lograron acceder al interior de la vivienda donde efectuaron amenazas contra el patriarca del grupo rival y otro de sus familiares. El hecho de que en la casa estuvieran presentes varios niños —incluido el menor de menos de un año— fue resaltado por el tribunal y recogido por El País. Las acciones violentas y la utilización de armas de fuego incrementaron el riesgo para las personas que allí residían.

La investigación identificó a siete de los implicados, pertenecientes al clan de los Sheriff, aunque una octava persona que habría participado en los hechos no ha sido identificada. El acuerdo de conformidad alcanzado en la vista permitió aliviar las penas que inicialmente barajaba la Fiscalía, al valorar que los acusados habían abonado ya las compensaciones económicas a las víctimas antes de la celebración del juicio.

El País también consignó que el episodio está enmarcado en las disputas entre dos clanes rivales de Palma, lo que aportó relevancia mediática y judicial al caso por el nivel de violencia y las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Al término del proceso, la Justicia impuso diversas penas de privación de libertad y los acusados aceptaron la resolución, reconociendo su intervención en el asalto armado. La intervención policial y la investigación que siguió al suceso permitieron identificar las responsabilidades individuales dentro del grupo participante.

El Ministerio Público reclama que los procesados indemnicen con 6.000 euros a la víctima que resultó herida durante el ataque. De acuerdo con la información publicada por el medio, los acusados enfrentan múltiples cargos graves tras haber participado en un incidente de violencia armada en Palma, el 18 de mayo de 2021. La Fiscalía solicita para cada uno de los imputados una condena a 50 años de prisión, mientras la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma inicia el juicio.

Según relató la acusación fiscal, los hechos involucraron a siete individuos pertenecientes al clan de los Sheriff y una persona más que no ha sido identificada. El documento fiscal indica que los acusados se desplazaron en una furgoneta hacia la vivienda de una familia rival, el clan de los Pelúos, con la intención de ajustar cuentas entre ambas partes. En su poder portaban tres armas de fuego y un cuchillo, detalla la acusación presentada y recogida por la prensa.

Tal como reportó el medio, al llegar al domicilio rival, los procesados observaron cómo varios integrantes de los Pelúos descendían de un coche e ingresaban apresuradamente en la vivienda. Acto seguido, los acusados se lanzaron en persecución, abriendo fuego en tres ocasiones contra la fachada de la casa. Uno de los disparos impactó en una ventana, exponiendo a los ocupantes del inmueble, entre los que había un bebé de siete meses y otros tres menores, a una situación de alto riesgo.

Entre los detalles recopilados en el escrito de acusación, la Fiscalía especificó que uno de los proyectiles pasó cerca del bebé, aunque ninguno de los disparos llegó a alcanzar a los menores. La secuencia violenta continuó con otros dos disparos dirigidos contra una puerta de madera, en los que resultó herido por la espalda uno de los miembros del clan de los Pelúos. El documento también indica que, en ese momento, dos de los procesados lograron acceder al interior de la vivienda y amenazaron de manera directa tanto al patriarca como a otro miembro del clan rival.

El relato del Ministerio Público recoge asimismo que los acusados abandonaron posteriormente el lugar sin que ninguno de ellos dispusiera de licencia para portar las armas empleadas en el ataque. Según consignó la fuente noticiosa, la Fiscalía enmarca los hechos como tentativa de homicidio en cuatro ocasiones, agregando los delitos de amenazas graves, tenencia ilícita de armas y pertenencia a una organización criminal.

El órgano judicial procederá a la valoración de los hechos durante el juicio, iniciado este martes a las 09:45 horas, conforme detalló el medio. Además de la solicitud de largas condenas de prisión, la Fiscalía busca la imposición de una indemnización para reparar la lesión ocasionada a la víctima, establecida en 6.000 euros. La Audiencia de Palma determinará, a través del proceso judicial, la responsabilidad penal de los miembros del clan de los Sheriff respecto a los cargos imputados por el ataque armado en el que participaron adultos y menores como víctimas potenciales.

Un ciudadano extranjero, originario de Guyana y buscado en Argentina por intento de homicidio, fue capturado por las autoridades en un apartamento de renta corta en el centro de Medellín.

Según el reporte entregado por Migración Colombia, el hombre se había ocultado desde noviembre de 2025 en el barrio La Candelaria de la comuna 10 de la capital del departamento de Antioquia, hasta que fue ubicado y detenido en un operativo conjunto de Migración Colombia y uniformados de la Policía Nacional e Interpol.

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De acuerdo con la investigación, los hechos por los que está involucrado este sujeto ocurrieron el 31 de octubre de 2025 en Buenos Aires (Argentina), donde la víctima resultó gravemente herida en el ataque perpetrado por el ciudadano extranjero.

El implicado abandonó Argentina el 1 de noviembre y viajó inmediatamente a Medellín en un vuelo comercial, logrando ingresar a Colombia sin que las autoridades migratorias detectaran su estatus.

Durante aproximadamente tres meses, el prófugo permaneció en el mismo alojamiento de corta estancia en el centro de la ciudad.

No obstante, el 13 de enero de 2026, fecha en la que la justicia argentina emitió la circular roja de Interpol, comenzó formalmente el rastreo internacional. Este desarrollo fue decisivo para que las autoridades colombianas localizaran el inmueble donde se refugiaba.

La investigación avanzó mediante el Sistema de Información para el Registro de Extranjeros (SIRE) y la activación del sistema de alerta internacional. Así, Migración Colombia e Interpol identificaron el apartamento tipo Airbnb y ejecutaron la captura sin mayores incidentes.

El detenido fue puesto bajo custodia de Interpol, quedando a la espera del procedimiento de extradición al país sudamericano para que responda ante la justicia.

“El ciudadano fue puesto a disposición de Interpol. Migración Colombia profundizará sus controles en establecimientos de renta corta en el departamento de Antioquia y Medellín y su área metropolitana, y llevará a cabo los correspondientes procedimientos sancionatorios contra aquellos propietarios que no realicen de forma oportuna los registros de entrada y salida de turistas extranjeros”, declaró Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia Chocó de Migración Colombia.

Por su parte, Gloria Esperanza Arriero, vocera de Migración Colombia consultada por El Colombiano, destacó la rapidez y efectividad de la coordinación internacional y del Grupo de Verificación Migratoria en Antioquia. Resaltó que el intercambio de información fue “determinante” para lograr la detención del fugitivo.

“Este caso demuestra cómo el trabajo articulado y el uso oportuno de la información internacional permiten cerrarles el paso a personas que intentan evadir la justicia cruzando fronteras”, manifestó.

Otros extranjeros detenidos en Medellín

Este operativo se suma a capturas recientes de otros extranjeros buscados con circular roja en la región.

Entre ellos, se destaca la detención de tres ciudadanos panameños —dos identificados como cabecillas y en la lista de los más buscados— y un italiano, todos detenidos en procedimientos realizados tanto en la capital antioqueña como en municipios cercanos.

Frente al caso del europeo, las autoridades revelaron que este sujeto fue identificado como Roberto Nastasi que, según versiones oficiales, era buscado por la justicia de Italia y estaría vinculado a una estructura mafiosa de alto perfil.

Según la investigación oficial, el hoy procesado era requerido por la justicia de Italia por asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, especialmente clorhidrato de cocaína en cantidades relevantes, agravando su situación judicial. Además, se conoció que staba vinculado a una estructura mafiosa de alto perfil y era el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia.

Nastasi había tejido una doble vida residiendo en Guayaquil, Ecuador, con la fachada de empresario y mantenía desde hacía ocho años una relación sentimental en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que estos resultados obedecen a una estrategia ampliada de control migratorio en la ciudad.

Las recientes capturas en Antioquia evidencian la efectividad de la cooperación internacional y la articulación de las autoridades colombianas en la lucha contra el crimen transnacional.

El trabajo conjunto entre organismos nacionales e internacionales refuerza la capacidad del país para identificar, ubicar y detener a personas buscadas por delitos graves en diferentes jurisdicciones, reafirmando el compromiso de Colombia con la justicia global.

Según publicó el TSXG, la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña impuso a Martínez una condena de 24 años y 4 meses de prisión. Los jueces lo consideraron autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa, teniendo en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia, además de un delito de robo con violencia en casa habitada mediante el uso de un arma de fuego sin licencia y de un delito de tenencia ilícita de arma corta con el número de serie borrado. También le atribuyeron un delito de coacciones y un delito leve de hurto. El tribunal entendió probado que actuó con dolo directo, dado el uso del arma y la violencia ejercida, según detalló el medio.

En la sentencia, la sala señaló que Martínez accedió a la vivienda con la intención de robar y empleó un arma de fuego ilegal, lo que llevó a que la situación derivara en un violento enfrentamiento con los ocupantes de la casa. Durante el proceso de intento de robo de un vehículo, Martínez efectuó varios disparos. Los magistrados consideraron que su objetivo era terminar con la vida de dos de las personas que se encontraban en la vivienda esa noche.

De acuerdo con la sentencia, Martínez fue sorprendido por seis residentes que dormían en la vivienda. Según relataron las víctimas ante la Audiencia, Martínez disparó directamente desde una distancia inferior a dos metros a uno de los habitantes, causándole una herida en el abdomen. Además, realizó un disparo dirigido a la esposa del lesionado, el cual no impactó. Tras esta secuencia, la madre del herido intervino y recibió un golpe de puño por parte del acusado, cayendo al suelo. En ese momento, Martínez le apuntó en la cabeza y, aunque accionó el arma, esta no disparó. “Le apuntó a la cabeza y le dijo 'tú te lo buscaste', escuché un click, por suerte la pistola se debió de encasquillar", comunicó uno de los hijos durante el juicio, según detalló el TSXG. “Si no falla la pistola, estamos todos muertos”, agregó el testigo.

Respecto a la intencionalidad homicida, la defensa de Martínez argumentó que su cliente no pretendía matar a nadie. “No he querido matar a nadie”, declaró Martínez al término de la vista oral, según recogió el medio. La abogada argumentó que el disparo que hirió a uno de los residentes ocurrió durante un forcejeo y propuso que el hecho debía calificarse como un delito de lesiones con utilización de instrumento peligroso. Además, insistió en que Martínez padece esquizofrenia, que no estaba correctamente tratada, y que esa condición habría afectado sus capacidades volitivas y de comprensión en el momento de los hechos. “Falta una prueba psiquiátrica para conocer las consecuencias de la enfermedad en el momento de los hechos”, añadió la letrada ante la sala, alegando que podría existir una eximente completa o, en todo caso, una atenuante muy cualificada.

La versión de Martínez ante el tribunal sostuvo su inocencia en cuanto a las intenciones atribuidas por la acusación. Según su testimonio, realizó “cuatro o cinco disparos al aire” solo para demostrar que portaba un arma de fuego y evitar que los residentes se le acercaran. Añadió: “Entré por comida”, y expuso que no planificó el robo del coche, aunque reconoció: “he robado coches toda mi vida”. Comentó que la intención del robo del vehículo surgió en el momento, según consignó el TSXG.

A pesar de los intentos de la defensa por demostrar la ausencia de intencionalidad homicida y la posible afectación psíquica de su cliente, el tribunal concluyó que Martínez actuó de manera consciente. Consideró que la violencia ejercida y la disposición de utilizar un arma corta con el número de serie borrado reforzaron el diagnóstico de dolo directo. Sobre la eximente planteada por la presunta enfermedad mental, el TSXG resaltó de forma textual: “No existe ánimo homicida en ninguno de los casos”, sin encontrar argumentos suficientes para modificar la calificación de los delitos atribuidos.

La sentencia incluye la posibilidad de recurso ante el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo que aún no ha alcanzado firmeza, conforme informó el propio organismo judicial.

Se trata de Hugo Osvaldo Coman, de 24 años. Tras dos meses de la investigación encabezada por el fiscal Martín Rodríguez, de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, personal de la Sub DDI departamental de la Policía Bonaerense capturó este lunes a uno de los implicados en el ataque armado contra padre e hijo.

Según informaron fuentes del caso a este medio, el operativo incluyó una serie de allanamientos en distintas zonas de los partidos de Lanús y de Lomas de Zamora. En estos procedimientos, los agentes lograron identificar y detener al principal sospechoso.

La causa se inició tras el ataque perpetrado la mañana del pasado 26 de noviembre en Villa Diamante. De acuerdo con la investigación, padre e hijo salían de su vivienda cuando fueron interceptados por dos sospechosos armados.

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego y uno de los disparos impactó en el rostro del mayor de los hombres, quien fue trasladado de urgencia al hospital local. Tras recibir atención médica e intervención quirúrgica, la víctima recibió el alta.

La investigación se centró desde el inicio en la recolección de imágenes de cámaras de seguridad, tanto de viviendas particulares como del Centro de Monitoreo del Municipio de Lanús. El análisis de estos registros permitió a la Sub DDI Lanús y al Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ª de Lanús identificar el vehículo utilizado en el ataque, así como a los presuntos autores. Como resultado, el juez interviniente libró tres órdenes de allanamiento y dos de detención.

Durante los allanamientos realizados este lunes, el personal policial secuestró el Volkswagen Fox gris, que habría sido utilizado en el hecho, y una pistola Walter P88 calibre 9 mm con pedido de secuestro por robo, emitido el 17 de mayo de 2023 por la Fiscalía Criminal de San Isidro. Además, se incautaron diez teléfonos celulares y catorce cartuchos intactos del mismo calibre.

Según detallaron fuentes del caso a Infobae, el otro sospechoso identificado, L.A.H., permanece prófugo y es intensamente buscado. El Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a la primera audiencia judicial para su declaración indagatoria.

Las fuentes consultadas confirmaron que el móvil del ataque aún permanece bajo análisis, aunque señalaron que se trataría de un conflicto de vieja data entre las partes involucradas.

Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes técnicos y balísticos para determinar su relación directa con los hechos investigados. La causa, caratulada como homicidio en grado de tentativa, sigue su curso bajo la supervisión de la UFI N° 6 de Avellaneda-Lanús.

Mató al padre de un policía y lo atraparon en San Clemente

Las fuerzas de seguridad de la ciudad de San Clemente del Tuyú lograron detener a un prófugo que desde el 20 de septiembre de 2025 era intensamente buscado por asaltar una verdulería en Berazategui y, en su raid delictivo, asesinar al padre de un agente policial.

Claudio Andrés Ruiz (36), quien tenía un pedido de captura activo en una causa por homicidio agravado criminis causa y robo agravado con arma de fuego, resultó interceptado a través de un operativo de inteligencia implementado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el GTO (Servicio de Calle) de la Comisaría La Costa III, coordinadas con el Instituto de Policía y vinculado al Operativo de Verano Sol a Sol.

El origen del caso fue un robo a mano armada protagonizado por Ruiz y un cómplice en una verdulería de Berazategui que desencadenó un tiroteo durante la huida de los ladrones.

Como consecuencia del enfrentamiento, el padre de un policía resultó gravemente herido y falleció poco después. Tras estos hechos, la causa pasó a ser investigada como homicidio y se emitió una orden de detención por requerimiento del Juzgado de Garantías N°4 de Berazategui, del Departamento Judicial Quilmes.

La investigación previamente había permitido apresar a uno de los autores, mientras el ahora detenido, domiciliado en Florencio Varela, permanecía evadido de la Justicia.

Paolo de la Fuente, de 37 años, se encuentra en estado crítico en el Hospital San Antonio de Padua después de haber sido atropellado y atacado a balazos en un confuso episodio en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

Según informaron medos locales, el hecho ocurrió el miércoles 7 de enero por la noche, cuando la víctima regresaba en moto a su casa tras jugar al fútbol con compañeros de trabajo.

De acuerdo con las fuentes citadas por La Voz del Interior y La Nueva Mañana, De la Fuente fue embestido por un automóvil Volkswagen Vento en la esquina de Salta y Laprida. El conductor lo arrastró unos 20 metros antes de descender del vehículo y dispararle varias veces.

Fuentes de la causa, que permanece bajo secreto de sumario, indicaron a Infobae que fueron 15 los plomos que recibió.

La investigación sostiene que el agresor confundió a la víctima con otra persona de fisonomía y contextura similar, y que el incidente habría estado vinculado a un ajuste de cuentas previo.

La Voz del Interior detalló que el atacante habría buscado a un hombre que lo agredió días antes y que poseía una motocicleta similar a la de De la Fuente.

El ataque dejó como saldo graves lesiones en la pierna derecha de la víctima, lo que obligó a los médicos a amputársela poco después. El estado de salud de De la Fuente se complicó en los días posteriores y actualmente permanece bajo cuidados intensivos. Un parte médico del Hospital San Antonio de Padua confirmó el carácter crítico del cuadro clínico.

La Policía de la provincia de Córdoba logró detener al principal sospechoso horas después del hecho. El presunto agresor, identificado con el apellido Vílchez y de 26 años de edad, fue arrestado en Pasaje Jefferson al 1400.

“La prueba contra el sospechoso es variada e importante. Incluye imágenes registradas por cámaras de seguridad”, detallaron a este medio.

Durante los allanamientos realizados por orden del fiscal Pablo Jávega, se secuestró el automóvil utilizado en el ataque, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y prendas de vestir presuntamente vinculadas al hecho. El acusado quedó imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

El caso ha generado conmoción en Río Cuarto y reavivó el debate sobre la inseguridad urbana. Familiares, amigos y allegados de Paolo convocaron a una marcha para reclamar justicia y exigir respuestas ante el incremento de episodios violentos en la ciudad.

La protesta, bajo la consigna “Justicia para Paolo”, se realizará el miércoles 21 a las 20 frente a la Municipalidad de Río Cuarto, según consignó La Nueva Mañana de Córdoba.

Sus dos pasiones: ser papá y el fútbol

De la Fuente, oriundo de La Pampa, llegó a Río Cuarto hace más de 10 años para jugar en la Liga Regional de Fútbol. Tras el ataque, su esposa, Lucrecia Mendez, realizó varios posteos en Facebook para darle difusión al caso.

“Siempre van a ser tu mejor versión, tus dos pasiones: ser papá y el fútbol. Hoy te pido que sigas luchando, que confíes en tu fuerza y en todo lo que todavía queda por vivir. Porque te necesitamos acá, con nosotras, para seguir compartiendo esas pasiones que te hacen feliz y que nos unen para siempre. Te amamos”, escribió en su muro poco después del ataque y tras un pedido de dadores de sangre.

Días atrás volvió a expresarse: “Necesito y quiero que se haga justicia. Y les pido, desde lo más profundo de mi corazón, a todas las personas que lo conocen, que se unan a este pedido. Paolo merece justicia. Le arruinaron la vida. Una persona que, sin pensar, disparó de manera ciega e injusta, le arrebató todo".

“Paolo es la persona más noble, buena, positiva, trabajadora y carismática que conozco. No tiene maldad alguna. Siempre estaba feliz. Amaba jugar al fútbol, su gran pasión, y compartir momentos con amigos y la familia. Jamás incitaría una pelea; siempre decía que las cosas se arreglan hablando. Ama a su hija con su propia vida, y ella lo ama a él de la misma manera", dijo categórica.

Y agregó: “Cada vez que vuelvo del hospital, veo los ojitos de nuestra hija: tristes, pero llenos de esperanza, esperando verme llegar caminando junto a su papá. Y no es así. Su papá, por mucho tiempo, no va a poder llevarla de la mano ni caminar a su lado. ¿Cómo le explico a una nena que su mamá tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida para que su papá siga vivo?!

“¿Te imaginás lo que fue decirle que esa noche su papá no iba a volver a dormir a casa? ¿Te imaginás lo que cuesta consolarla cada vez que se va a dormir?“, dijo sobre el difícil momento que atraviesan.

Luego, se dirigió al sospechoso: “No te das una idea del daño que causaste. Del dolor que nos dejaste. Le arrebataste a un inocente lo que más amaba: su vida tal como la conocía, sus sueños, su libertad".

“Solo pido justicia. Y le pido a Dios todos los días que lo salve y que me dé fuerzas para seguir luchando. Todas las noches te esperamos en casa, Amor”, cerró.

Un brutal episodio de violencia de género terminó con un adolescente de 17 años apuñalado, luego de que intentara frenar una discusión entre su madre y la pareja de esta. En ese momento, el acusado empuñó un cuchillo e hirió a ambos. Aunque quedó formalmente detenido, la Justicia lo benefició con un régimen de prisión domiciliaria.

Todo ocurrió cerca de las 06:00 horas del miércoles 14 de enero, en la localidad de Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén, cuando un hombre, identificado como M. J. O., mantenía una fuerte discusión con su pareja. A raíz del disturbio generado por la pelea, el joven se había levantado y se interpuso entre ambos, con la intención de cesar la situación.

Sin embargo, esto derivó en un forcejeo con el agresor, debido a que el menor intentó echarlo de la propiedad. En ese momento, la reconstrucción de los hechos realizada por el fiscal Hernán Scordo expuso que el acusado había sacado un cuchillo de 22 centímetros, arma que utilizó para una puñalada en el tórax y otra herida en el brazo al menor.

Instintivamente, la mujer apartó a su hijo del agresor y se puso en el medio para evitar que continuara lastimándolo. De acuerdo con la información recopilada por LM Neuquén, en la audiencia virtual celebrada desde San Martín de los Andes, el fiscal valoró que la acción fue crucial para evitar que el acusado concretara un asesinato.

No obstante, constató que la madre del adolescente también terminó herida en medio de ese forcejeo, por lo que presentaba cortes en una de sus manos. Poco después, un vecino alertó a la Policía, producto de haber escuchado los gritos provenientes de la vivienda.

Fue así que, al llegar al lugar de los hechos, los agentes policiales encontraron al imputado aún con el arma blanca en sus manos y procedieron a su detención. A raíz de esto, el caso fue calificado como homicidio simple en grado de tentativa y lesiones leves agravadas por violencia de género, en concurso real, según la formulación realizada por la Fiscalía.

En respuesta a esto, el juez Maximiliano Bagnat convalidó tanto la acusación como la calificación legal y ordenó tres meses de investigación. Aunque también se había oficializado la detención, se resolvió que el acusado cumpla prisión domiciliaria durante un mes, atendiendo a que las unidades de detención no disponen actualmente de cupo.

Un hombre intentó matar a otro por proteger a su ex pareja de un nuevo ataque

Semanas antes, el Ministerio Público Fiscal informó sobre otro episodio que conmocionó a los habitantes de Piedra del Águila y que también estuvo marcado por un contexto de violencia de género. En este caso, un hombre, identificado como N. A. B., quebrantó una orden de alejamiento dictada por la Justicia de Familia el 3 de octubre, que le impedía acercarse a menos de 200 metros de su expareja.

De acuerdo con la reconstrucción de la secuencia, el imputado se presentó en la casa de la mujer en la madrugada del 25 de diciembre, día de Navidad, y comenzó a discutir con ella mientras intentaba retirar sus pertenencias. En el transcurso del enfrentamiento, la agredió físicamente.

Al intervenir terceros que buscaban resguardar a la víctima, el agresor intentó asesinar a un hombre y causó lesiones a otros dos. En la audiencia de formulación de cargos, que contó con la intervención de Hernán Scordo y la asistente letrada Gabriela Pellico, se confirmó la imputación del agresor por homicidio en grado de tentativa, lesiones y desobediencia de una orden judicial. Como condición para mantener la libertad, el acusado accedió a abandonar la localidad.

Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, exconcejal de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador, fue expulsado por Migración Colombia y entregado a las autoridades ecuatorianas el 12 de enero de 2026 en el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca.

Migración Colombia confirmó que Morocho Rodríguez era requerido en Ecuador por el delito de tentativa de homicidio.

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La identificación se produjo cuando el ciudadano ecuatoriano intentó salir de Colombia hacia Venezuela por el Puesto de Control Migratorio Atanasio Girardot. Los sistemas migratorios detectaron una alerta internacional vigente en su contra.

Una vez verificada la anotación judicial, Migración Colombia aplicó la medida administrativa de expulsión. El traslado del exconcejal se realizó por vía terrestre hasta la frontera con Ecuador.

En Rumichaca, funcionarios de Migración Colombia ejecutaron la entrega formal de Morocho Rodríguez a las autoridades ecuatorianas para su correspondiente judicialización.

Según el comunicado oficial, el procedimiento garantizó el respeto de los derechos humanos y el ciudadano fue recibido en condiciones óptimas para enfrentar el proceso judicial en su país.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que la coordinación con Ecuador y la labor de los equipos fronterizos resultan esenciales para la justicia y la seguridad en la región. Este tipo de acciones fortalecen la protección de las fronteras andinas y la cooperación internacional en materia de migración.

La captura de Miguel Morocho en Colombia refuerza la cooperación internacional

La detención de Miguel Morocho, exconcejal de Santo Domingo de los Tsáchilas, en territorio colombiano, representa un nuevo golpe a la delincuencia transfronteriza y evidencia la eficacia de la cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado.

Su arresto, llevado a cabo mientras intentaba abandonar Colombia rumbo a Venezuela, se produce en el contexto de una investigación en curso por el intento de asesinato del dirigente transportista Washington Guillermo Vasco Castro.

Según el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, esta captura fue posible gracias a la coordinación entre autoridades de Ecuador y Colombia, junto con el apoyo de Estados Unidos y la activación de una alerta roja de Interpol, lo que reforzó la vigilancia sobre los movimientos migratorios y agilizó la identificación del prófugo en el puesto fronterizo.

En las declaraciones públicas realizadas tras la captura, las autoridades ecuatorianas enfatizaron su mensaje: “La justicia no conoce fronteras”.

Ellos destacaron el papel decisivo de mecanismos como la alerta roja de Interpol y el trabajo conjunto de entidades como la Subsecretaría de Migración de Ecuador, Migración Colombia y el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador.

Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, cuyo mandato como concejal por el movimiento Revolución Ciudadana (lista 5) se extendía de 2023 a 2027, fue arrestado el 10 de enero de 2026 después de varios meses prófugo.

La orden judicial contra él había sido emitida por la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo de los Tsáchilas en septiembre de 2025, tras la investigación por el ataque armado ocurrido el 5 de marzo de 2025 contra Washington Vasco Castro, entonces expresidente de la cooperativa de transportes Zaracay.

La investigación judicial detalla que el exconcejal huyó de Ecuador hacia Colombia apenas un día antes de que se formalizara la boleta de captura. Morocho intentó salir del país presentándose formalmente en el control migratorio colombiano, lo que permitió su rápida identificación.

“Gracias al intercambio de alertas entre la Subsecretaría de Migración de Ecuador y Migración Colombia, el trabajo del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Ecuador y la cooperación con Estados Unidos, se dio con el paradero de este tipo”, señaló Reimberg, remarcando la importancia de la colaboración internacional en estos procesos complejos.

Junto a José Ignacio Peñafiel Plúa, quien también está procesado por el mismo caso, Morocho enfrenta cargos vinculados al ataque que terminó con la vida de Vasco Castro.

Las fuentes judiciales indicaron que el proceso continúa en Ecuador y que, tras la captura, se espera la expulsión de Morocho desde Colombia, con el fin de que comparezca ante los tribunales ecuatorianos.

Las autoridades han reiterado que la investigación judicial sigue abierta y que continuarán todos los procedimientos para garantizar la comparecencia de los responsables ante la justicia ecuatoriana.

El residente del centro para personas mayores y con discapacidad había alertado en numerosas ocasiones tanto a trabajadores como a otros habitantes del lugar con frases como "Vais a morir, guarras", "Vais a morir todos" o "Cualquier día vais a morir ardiendo", pronunciadas incluso pocas horas antes de que, en abril del año 2022, prendiera fuego de forma intencionada al colchón de su cama. Esta situación se convirtió en el eje central del proceso penal que enfrenta ahora, en el cual la Fiscalía de Sevilla solicita una condena de veinte años de prisión por un presunto delito de incendio en concurso ideal con doce intentos de homicidio. El Ministerio Público sostiene que el imputado tenía pleno conocimiento de las posibles consecuencias mortales para los doce residentes y profesionales que pernoctaban en el centro y que, a pesar de eso, siguió adelante con la acción.

Según informó Europa Press, el acusado residía en el centro debido a una incapacidad reconocida del 67 por ciento. El centro albergaba en su mayoría a personas mayores, la mayoría de las cuales presentaban dependencia por causas de edad avanzada, deterioro cognitivo u otras discapacidades. Diversos residentes necesitaban ayuda incluso para acciones básicas como levantarse de la cama, dado su nivel de movilidad reducida. Europa Press detalló que durante la madrugada, aproximadamente a las cinco, el procesado utilizó un mechero para iniciar el fuego en su colchón, el cual quedó completamente destruido por las llamas. La intención del acusado, según la acusación, fue provocar que el incendio se propagara a otras estancias y habitaciones, donde tanto el resto de los residentes como los cuidadores dormían en ese momento.

El desarrollo de los acontecimientos se vio marcado por la rápida actuación de los bomberos y las fuerzas de seguridad, que lograron evacuar a las personas antes de que el fuego se extendiera a nuevas áreas habitadas del edificio. Aun así, la planta donde empezó el incendio y la primera planta resultaron contaminadas por el humo, según el informe del Ministerio Público al que accedió Europa Press. Como consecuencia del incidente, varios residentes sufrieron afectaciones leves por inhalación de humo, que necesitaron tratamiento y cuya recuperación osciló entre dos y tres días, en función de cada caso en particular.

El sistema de extracción de humo debió ser utilizado por los bomberos para garantizar la evacuación del humo en el centro. Paralelamente, los servicios de emergencias atendieron a los residentes afectados por esa exposición. El mechero que el acusado empleó fue recogido posteriormente por la policía y destruido, según precisó Europa Press.

La acusación del Ministerio Público también señala al centro residencial por no haber adoptado las medidas preventivas suficientes, ya que el acusado había manifestado reiteradamente amenazas a residentes y empleados. Estas amenazas incluían afirmaciones como "Vosotros vais a morir", "Yo hoy te mato", proferidas en distintas ocasiones, incluida la noche previa al suceso. Según el informe del Ministerio Público, el centro contaba con una póliza de seguro que pagó más de 8.000 euros como indemnización por los daños producidos tanto en la habitación donde se inició el fuego como en el sistema de prevención de incendios del edificio.

Tras el incidente, las autoridades detuvieron al acusado en abril de 2022 y, al día siguiente, un juez decretó su ingreso en prisión provisional. Posteriormente, obtuvo la libertad provisional, pero bajo la condición de no acercarse a menos de 300 metros del centro afectado ni de las víctimas directas del incidente, según publicó Europa Press.

La Fiscalía mantiene su acusación basada en la concurrencia de un delito de incendio junto con doce delitos de homicidio en grado de tentativa. El juicio oral quedó fijado para el día 29 del mes en curso ante la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, según el documento consultado por Europa Press. El Ministerio Público solicita que se imponga al acusado una pena total de veinte años de privación de libertad, atribuyéndole la autoría directa de los hechos.

Una madrugada de abril del 2022, un hombre prendió fuego al colchón de su habitación en un centro residencial para mayores y personas con discapacidad de Sevilla. La Fiscalía sostiene que lo hizo de forma intencionada, “a sabiendas” de que con esta acción podría “provocar la muerte” tanto de los residentes como de los profesionales que se encontraban en el centro. El episodio, recogido en el escrito de acusación consultado por Europa Press, ha llevado al Ministerio Público a solicitar veinte años de prisión para el acusado, que se enfrenta a un delito de incendio en concurso ideal con doce delitos de homicidio en grado de tentativa.

“Cualquier día vais a morir ardiendo”

El hombre residía en el centro debido a una incapacidad reconocida del 67 por ciento. Compartía espacio con personas en su mayoría dependientes, muchas de ellas con movilidad limitada y necesidad de apoyo para actividades cotidianas. Según el relato de la Fiscalía, el hombre había repetido - en numerosas ocasiones, la última de ellas “horas antes” de prender fuego a su colchón - expresiones amenazantes como “vais a morir, guarras”, “vais a morir todos” o “cualquier día vais a morir ardiendo”, dirigidas tanto a trabajadores del centro como a otros residentes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada. El acusado usó un mechero para iniciar el fuego en su colchón, que acabó completamente calcinado. Según el Ministerio Público, su intención era que las llamas se extendieran a otras habitaciones donde dormían el resto de residentes y el personal del centro, “dada la hora que se trataba y a sabiendas de que con su acción era probable que les causara la muerte”, el hombre siguió adelante.

Por suerte, la rápida intervención de los bomberos y los cuerpos de seguridad evitó que el incendio se propagara por el edificio. Los equipos de emergencia lograron evacuar a los residentes antes de que el fuego pudiese avanzar, aunque tanto la planta donde se originó el incendio como la primera se vieron afectadas por el humo. Los bomberos “tuvieron que hacer uso de los sistemas de extracción de humo para su evacuación, así como los servicios de emergencias que accedieron al lugar”. Varias personas sufrieron inhalación leve de humo y necesitaron asistencia, con una recuperación estimada entre dos y tres días.

La policía intervino y destruyó el mechero utilizado. El centro, según la Fiscalía, no adoptó medidas de protección suficientes, pese a las reiteradas amenazas del acusado, incluidas algunas horas antes de que comenzara el fuego. La póliza de seguro de la residencia cubrió más de ocho mil euros en daños materiales.

El acusado fue detenido en abril de 2022 y, tras pasar un día en prisión provisional, quedó en libertad con la prohibición de acercarse al centro y a las víctimas a menos de 300 metros. La Fiscalía de Sevilla ha tipificado los hechos como un delito de incendio en concurso ideal con doce delitos de homicidio en grado de tentativa y solicitará veinte años de prisión durante el juicio que se celebrará el 29 de este mes en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

Todo ocurrió durante la madrugada del 29 de diciembre. Específicamente, a las 02:30 horas, según relató una prima de la víctima durante un diálogo con Infobae. El dato también quedó corroborado por la grabación —que encabeza esta nota—, que logró captar el momento en el que los tres acusados lo acorralaron y lo embistieron.

El día del ataque, el menor se encontraba en una panadería de la zona. Había subido una foto en sus estados y, de acuerdo con las sospechas de su entorno familiar, una persona les habría dado la ubicación a los agresores. Por este motivo, al ver que habían llegado con un palo y una “punta”, el menor intentó esconderse en el interior del local.

A pesar de que el dueño del negocio se encontraba presente, no impidió la situación. Fue así que tres de ellos destrozaron una puerta y comenzaron a atacarlo. Entre los agresores, había un menor de 17 años, identificado como O. L., que habría sido el responsable de apuñalarlo en múltiples oportunidades.

Otro de ellos, señalado como B. C., de 19 años, era quien portaba un palo. Con él, le habría propinado varios golpes al menor. Uno de ellos a la altura de la nuca, provocándole una grave lesión medular. En la escena también reconocieron a J. U., de 20 años, quien estuvo presente durante la agresión, pero oficiado de campana.

Tras el ataque, los dos mayores edad quedaron detenidos. No obstante, el menor fue enviado de nuevo a su casa. Hasta hace pocos días, y según la familia, la expectativa era que el adolescente fuese trasladado a Bahía Blanca, pero la decisión final fue otra.

Al conocer el estado del joven agredido, la carátula se agravó al pasar de “lesiones graves” a “tentativa de homicidio”.

Desde el brutal ataque, el menor permanece en terapia intensiva a la espera de una prótesis para el cuello y de una compleja cirugía medular. Los especialistas advirtieron a la madre de Alan que, aunque la operación en sí no presentaría una dificultad técnica elevada, existiría el riesgo concreto de que pierda funciones motoras. La cirugía está pactada para que se realice este viernes, mientras que la rehabilitación deberá realizarse en un centro médico de Mar del Plata.

Para la familia de Alan, la brutal agresión que terminó con el menor gravemente herido e internado habría sido un final anunciado. Pues, no se trataba de la primera vez que el grupo señalado habría intentado golpear a la víctima y/o a sus primos. “Esto ya se veía venir, que iba a terminar mal”, lamentó la joven durante la conversación que sostuvo con Infobae.

De hecho, relataron que los primeros problemas tuvieron como objetivo a un primo de la víctima, también menor de edad. Aparentemente, uno de los motivos detrás del conflicto fue una relación que mantuvo hace algunos años. Tras haberle puesto punto final a la situación, esta joven habría comenzado a salir con uno de los amigos de los agresores.

“Una noche se juntan y la piba incitándolo, como diciendo: ‘Ay, si tanta bronca le tenés, ¿por qué no lo vas a buscar? ¿Por qué no lo vas a buscar? No te animás, no te animás’“, reconstruyó la joven, sobre los momentos previos a que la banda se apareciera en la puerta de su casa.

Luego de que el joven supuestamente asegurara: “Lo voy a ir a buscar y lo voy a matar a palos”, la prima de la víctima recordó que esa madrugada los habían amenazado con romper los vidrios de su casa si no salían sus primos. “Esa noche estaba Alan y saltó a defenderlo porque ellos eran ocho”, recordó.

Desde ese entonces, la familia aseguró haber sido víctima de múltiples amenazas e intentos de agresión. Al punto de que la madre de Alan, había denunciado los ataques y pidió varias órdenes de restricción, después de que irrumpieran en su domicilio, con la intención de atacar a los menores.

A pesar de que en varias oportunidades pidieron ayuda a la Policía, aseguraron que siempre recibían la misma respuesta, que tenían que denunciar lo ocurrido. “Las denuncias están, las perimetrales están y nada, quedó todo en la nada. Decían que era nuestra palabra contra la de ellos porque no teníamos video”, relató la prima de la víctima con indignación.

Mientras esperan que el joven presente una evolución favorable, convocaron a una marcha en reclamo por justicia. La cita será este jueves a las 19:00 horas en la Fiscalía. De allí partirán rumbo hacia la Municipalidad de Olavarría. “Este hecho no debe ni puede quedar impune”, reclamaron.

El vehículo utilizado en la fuga tras el ataque en Bélgica pertenecía a la madre de dos de los sospechosos, según detalló la Jefatura Superior de Policía. Las investigaciones permitieron identificar este dato clave, lo que llevó a la detención de los tres acusados en el distrito de Salamanca, en Madrid. Estos individuos estaban buscados por su supuesta participación en una tentativa de homicidio ocurrida en la ciudad de Genk, Bélgica, el pasado 15 de este mes, donde la víctima recibió disparos con un arma de fuego y permanece hospitalizada en estado grave debido a las lesiones sufridas. Fuentes policiales señalaron que la intención de los agresores era causar la muerte de la víctima.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional y recogida por diversos medios, las autoridades belgas iniciaron contactos con las fuerzas del orden españolas tras identificar que los implicados podían haber huido hacia España. El aviso se emitió de manera casi inmediata a raíz de la gravedad del suceso y de la peligrosidad asociada a los sospechosos, considerados violentos y posiblemente armados durante su desplazamiento.

Luego del ataque, los tres sospechosos abandonaron Bélgica en el vehículo familiar mencionado y se dirigieron hacia España. Su destino final era Algeciras, donde, según la investigación, planeaban embarcar rumbo a Marruecos. El motivo de este desplazamiento habría sido evitar la acción policial tras el atentado frustrado en Genk. Las labores de coordinación entre cuerpos policiales de ambos países permitieron estrechar el cerco y centraron la búsqueda en el territorio español.

La Policía Nacional desplegó a sus unidades en diferentes puntos estratégicos ante la posibilidad de que los fugitivos intentaran abandonar el país. El rastreo se enfocó en la capital española, lo que resultó en la ubicación y detención de los presuntos responsables en el distrito de Salamanca, una zona reconocida del centro de Madrid. De acuerdo con el comunicado oficial, las detenciones ocurrieron apenas 72 horas después de ocurrido el ataque, lo que pone de manifiesto la rapidez del operativo y la cooperación internacional.

La situación de la víctima en Bélgica continúa siendo de extrema gravedad en un centro hospitalario, según comunicaron fuentes policiales. Este hecho mantiene activa la investigación que se desarrolla tanto en territorio belga como español, con el seguimiento del estado de salud de la persona herida y la recopilación de pruebas adicionales sobre la implicación de los detenidos.

El proceso judicial respecto a los sospechosos, cuya identidad no fue revelada, avanzará en función de los acuerdos de colaboración entre ambos países. De acuerdo con los protocolos internacionales, se espera que las autoridades belgas gestionen su posible extradición para que los arrestados puedan responder ante la Justicia por el intento de homicidio y los delitos asociados a la fuga.

La actuación policial incluyó la valoración sobre el riesgo que implicaba la detención de estas personas, dada su conducta considerada extremadamente violenta y la posibilidad de que estuvieran armados durante la huida. La Policía Nacional enfatizó la importancia de la cooperación internacional en estos casos y subrayó el papel de los avisos tempranos y la coordinación con las autoridades belgas. Estas acciones permitieron que los sospechosos no pudieran concretar su intento de abandono del territorio español, cerrando así una operación que concluyó en menos de tres días desde el acto violento inicial.

El distrito de Salamanca, donde fue realizada la intervención, fue el escenario del arresto que puso fin a la huida de los sospechosos. La selección de este lugar por parte de los implicados, así como su tránsito por distintas regiones de España, formó parte de las líneas de investigación para su localización. La madre de dos de los implicados, propietaria del automóvil, ha quedado también bajo el foco de las averiguaciones, aunque no se dieron detalles sobre su eventual implicación.

La coordinación entre cuerpos de policía y sistemas de alerta internacional formó parte de las líneas de trabajo mencionadas en el comunicado oficial. Las diligencias continúan con el análisis de todos los elementos recopilados tanto en Bélgica como en España, en espera de nuevas actuaciones por parte de los órganos judiciales y policiales involucrados.

El imitador Jhon Madrid, conocido por su participación en el programa Yo Me Llamo en 2019 como Eddie Santiago, reveló en entrevista con La Red los episodios más difíciles de su vida, marcados por una infancia compleja, el consumo temprano de alcohol y drogas, un grave hecho de violencia intrafamiliar y un proceso judicial que estuvo a punto de llevarlo a la cárcel por más de 17 años.

En 2019, Jhon Madrid alcanzó reconocimiento nacional tras participar en el reality Yo Me Llamo imitando al salsero Eddie Santiago. Su paso por el programa le permitió ganar visibilidad artística y abrirse camino en la música. Sin embargo, detrás de ese logro había una historia personal atravesada por el dolor, la soledad y decisiones que lo pusieron al límite de perder su libertad.

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Una infancia marcada por la religión y la separación familiar

En entrevista exclusiva con La Red, Jhon Madrid relató que creció en una familia cristiana. “Yo vengo de una familia cristiana. Mi mamá y mi papá todavía son cristianos. Y yo fui cantante en el coro de la iglesia cuando tenía como cuatro o cinco años”, afirmó. No obstante, describió a su padre como una figura estricta dentro de una crianza rígida: “Mi papá es de esos papás cuadriculados… que la fama es mala, que todo es mal para ellos”.

La situación familiar se agravó cuando tenía siete años. Sus padres se separaron y él quedó bajo la custodia de su padre, mientras su madre salió del hogar. “Yo me crié muy solo. Yo crecí sin mi mamá”, dijo el artista, al explicar cómo esa ausencia y el ambiente restrictivo influyeron en su desarrollo emocional.

El inicio del consumo a los 12 años

La falta de acompañamiento y las tensiones familiares marcaron el inicio de una etapa crítica. Jhon Madrid reconoció que comenzó a consumir alcohol y drogas siendo apenas un niño. “Yo empecé… yo iba a cumplir doce años. A escondidas de mi papá”, relató durante la entrevista.

Sobre ese periodo, añadió: “Un niño que empezó a cometer muchos horrores. Primero probé el perico, que es la marihuana. Y detrás de la marihuana, sí, se fueron muchas cosas. El alcohol, la calle”. El consumo se convirtió en un factor determinante en el deterioro de su relación con su padre y en la escalada de conflictos dentro del hogar.

El episodio de violencia que cambió su vida

Con el paso de los años, las discusiones entre padre e hijo se volvieron cada vez más frecuentes y agresivas. En uno de esos enfrentamientos ocurrió el hecho más grave de su historia. “Empecé a pelear con mi papá, físicamente, y uno de esos días… atenté contra la vida de mi papá”, confesó.

Ante la pregunta de los periodistas, fue claro: “Yo atenté con un cuchillo contra mi papá, en presencia de mi abuela”. Aunque las heridas fueron superficiales, el delito fue catalogado como tentativa de homicidio con el agravante de haber sido cometido contra su propio padre, lo que lo exponía a una pena de entre 17 y 24 años de prisión.

El proceso judicial y el paso por Itagüí

Tras el hecho, Jhon Madrid fue internado en la cárcel de Itagüí. Allí volvió a ver a su madre, un momento que describió como determinante. “Nunca se me va a olvidar la cara de mi mamá… y ese día entendí que tenía que cambiar mi vida”, recordó.

Durante ese tiempo, relató una profunda crisis emocional y espiritual. “Yo me arrodillé en una esquina… y le decía a Dios que dónde estaba”, expresó, al narrar cómo enfrentó el encierro y la posibilidad de una condena prolongada.

Casa por cárcel y el perdón familiar

Debido a que no tenía antecedentes judiciales, se le concedió el beneficio de casa por cárcel. Al no poder acercarse a la víctima, permaneció en la vivienda de su madre, donde se produjo un reencuentro con su padre. Ese momento estuvo marcado por el perdón mutuo. “Y empezó a llorar y mi papá me decía: ‘Perdóneme’”, relató Jhon, quien agregó que ese gesto le dejó “la lección más importante de mi vida: el amor y el perdón”.

El fallo judicial

Pese al proceso de reconciliación, el caso continuó en la justicia. Jhon Madrid reconoció que incluso intentó suicidarse ante el temor de una larga condena. Finalmente, llegó el día del fallo. Según su testimonio, el juez valoró la actitud de la familia y, en especial, la posición del padre.

“Usted tiene el mejor papá del mundo”, le dijo el juez, antes de anunciar la decisión. “Hoy lo voy a dejar en libertad para que disfrute de su familia”, fue el veredicto que marcó un antes y un después en su vida.

Un mensaje desde la experiencia

Hoy, Jhon Madrid asegura que decidió contar su historia con un propósito claro. “Las drogas no dejan nada. Las drogas solamente fracturan la familia”, afirmó. Su testimonio, expuesto en La Red, se convirtió en un relato sobre las consecuencias del consumo, la violencia y la importancia del perdón como camino para reconstruir una vida que estuvo a punto de quedar marcada para siempre por la prisión.

Según publicó la fuente, la operación que condujo al arresto del presunto responsable fue presentada ante los medios por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, el jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado, y el propio jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Eduardo Esteban Pinillos. Los portavoces oficiales ofrecieron la información sobre la detención vinculándola de manera directa a la investigación de la explosión de gas butano y calificaron los hechos como una tentativa de homicidio. El sospechoso, al momento de su arresto, no presentó resistencia ni ocultó su participación en los hechos que se le imputan, aspecto destacado por los responsables policiales ante los medios de comunicación.

El medio detalló que la explosión se registró en el sexto piso, concretamente en el apartamento 6ºC, del edificio situado en Pérez Galdos, manifestándose una clara intencionalidad de causar daño a la persona que residía en el piso superior. Las indagaciones iniciales indicaron que el principal móvil estaría relacionado con problemas de convivencia entre el detenido y su vecino, lo que habría motivado al presunto autor a recurrir a este acto extremo.

De acuerdo a la información brindada por la Policía Nacional y difundida por la fuente, las autoridades actuaron tras recopilar elementos probatorios que apuntaban a la responsabilidad del sospechoso en la manipulación y liberación de gas butano con el fin de provocar la explosión que pondría en riesgo la vida de su vecino. Los equipos de emergencia intervinieron en la escena tras reportarse el incidente, permitiéndoles identificar indicios relevantes para la investigación que más tarde sería expuesta por las autoridades en la comparecencia oficial.

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, participó en la presentación de la operación, subrayando la coordinación entre las distintas brigadas policiales involucradas en el esclarecimiento del caso. Manuel Laguna Cencerrado, jefe superior de Policía, respaldó el trabajo de su equipo y destacó la celeridad en la detención del presunto autor, quien fue puesto a disposición judicial bajo la acusación de tentativa de homicidio.

El proceso de investigación, consignó el medio, se basó en testimonios de los vecinos, así como en evidencias físicas recabadas en el lugar de la explosión. Los reportes preliminares señalaron que la liberación de gas respondió a una acción premeditada, orientada específicamente a afectar la integridad del vecino del piso superior, dando relevancia al trasfondo de disputas personales como elemento central del caso.

La explosión, según la información difundida, no solo ocasionó daños materiales considerables en el edificio sino que también generó preocupación entre los residentes y motivó la intervención de los equipos de emergencia para garantizar la seguridad de todos los habitantes del inmueble. Las autoridades policiales llevaron adelante la investigación bajo la premisa de que la acción buscaba causar lesiones letales, dada la naturaleza del material empleado y las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Además, el medio informó que el arresto del presunto implicado se realizó poco después de la explosión, en el marco de una operación que se mantuvo bajo reserva hasta contar con los indicios necesarios para presentar cargos por tentativa de homicidio. Las autoridades confirmaron que el proceso judicial continuará en los tribunales competentes, mientras se aguarda la evolución legal del caso y nuevas ampliaciones de información sobre el desarrollo de la investigación.

Los hechos, según consignó la fuente, han tenido una repercusión importante en la comunidad local, dada la gravedad de la acusación y el temor generado tras el suceso. Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad vecinal e insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana como una de las claves para el esclarecimiento de este tipo de delitos.

La detención de Alicia “N”, señalada como integrante del grupo delictivo “Los Mondragón”, marca un nuevo avance en la lucha contra el despojo y la violencia en el municipio de Ecatepec.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la mujer fue aprehendida por su presunta implicación en el despojo de un inmueble y en un intento de homicidio contra una madre de familia, hechos ocurridos en la colonia Valle Anáhuac.

Las investigaciones de la FGJEM permitieron identificar que el 6 de julio de 2023, Alicia “N”, junto a otros individuos, irrumpió de manera violenta en una bodega de la mencionada colonia. Durante el incidente, los agresores habrían amenazado a la víctima con un arma de fuego, la despojaron del inmueble y le causaron lesiones por disparo de arma de fuego.

La víctima resultó herida durante el asalto, según los datos recabados por la autoridad ministerial. El grupo “Los Mondragón”, al que se atribuye la participación de la detenida, está conformado por seis personas que de acuerdo con la Fiscalía, emplean la violencia y la portación de armas de fuego para cometer delitos como despojo y extorsión en perjuicio de habitantes y empresarios de la zona del Valle de México.

La organización ha sido identificada como responsable de múltiples ilícitos en la región, afectando tanto a particulares como a integrantes del sector productivo.

La captura de Alicia “N” se realizó en la calle Sandino Sánchez, en la zona de Ejidos de San Cristóbal, dentro del municipio de Ecatepec. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Edomex ejecutaron la orden de aprehensión y trasladaron a la detenida al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

Será el Órgano Jurisdiccional quien determine su situación jurídica, conforme a los procedimientos legales vigentes. La FGJEM indicó que, debido a la naturaleza de los hechos y al cumplimiento de la orden judicial, Alicia “N” también es investigada por su posible participación en otros despojos y delitos relacionados.

La presunción de inocencia se mantiene hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, conforme a la legislación aplicable. En relación con el grupo “Los Mondragón”, la autoridad recordó que el 6 de julio de 2023, tres presuntos miembros de esta organización, que operaban en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, fueron vinculados a proceso tras acreditarse su probable intervención en un homicidio calificado ocurrido en la colonia U.H. Los Sauces.

Durante ese operativo, se aseguró un vehículo perteneciente al Ejército y Fuerzas Armadas, así como un arma de fuego.

De acuerdo con el director, en Bogotá, la Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol, llevó a cabo la extradición tres colombianos y un ecuatoriano. Se trata, por un lado, de Roberto Carlos Yascaribay Zambrano, ciudadano ecuatoriano, y Jhon Jairo Ortega Díaz, colombiano, ambos identificados como miembros de una red criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y España.

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Por otro lado, también fueron extraditados Dimar Eduardo Martínez Babilonia y Jorge Leonardo Pérez Villada, ambos colombianos, que eran requeridos por la justicia de España y México bajo cargos de tentativa de homicidio.

La entrega de estos individuos a las autoridades extranjeras representa un golpe relevante a las estructuras transnacionales que operan en el envío de estupefacientes. Además, se unen a un largo listado de extradiciones ejecutadas por la Policía Nacional.

Según informó el general Triana, el ritmo de extradiciones en Colombia durante el 2025 ha alcanzado una cifra destacada, con 209 personas entregadas a la justicia internacional. Este balance, que refleja la intensidad de la ofensiva contra el crimen organizado, incluye 130 extradiciones solicitadas por Estados Unidos y 13 por España.

Siete extraditados por narcotráfico y otros delitos: enviados a Estados Unidos

En agosto de 2025, el director general de la Policía Nacional informó sobre otro contundente golpe contra la criminalidad que derivó en numerosas extradiciones.

Según indicó, las autoridades extraditaron a siete personas solicitadas por la justicia de Estados Unidos por cargos vinculados al narcotráfico y conspiración para delinquir. La entrega se realizó en Bogotá, coordinada por la Policía Nacional mediante la Oficina Nacional Central de Interpol, que hizo el traspaso a funcionarios estadounidenses encargados de su traslado.

El general Carlos Fernando Triana dio a conocer los nombres de los extraditados: Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal Rentería, Jeff Allan Hooker, Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres. Todas estas personas enfrentan acusaciones en la Corte del Distrito Medio de Florida.

Las investigaciones indican que los detenidos desempeñaban funciones clave dentro de las redes criminales a las que estaban vinculados.

Más de 400 extraditados por el Gobierno de Gustavo Petro

Por otro lado, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha centrado sus esfuerzos en ejecutar centenas de extradiciones. Así lo expuso en su cuenta de X el primer mandatario, luego de ser blanco de críticas por la suspensión de algunas órdenes de extradición de ciertos criminales con los que se adelantan negociaciones de paz.

“Todos los 400 extraditables, a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay tres extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se puede suspender condicionadamente”, precisó el jefe de Estado en la red social.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se pronunció recientemente sobre las extradiciones que se han efectuado durante la administración del presidente Petro, que ya supera los tres años. Aseguró que se han emitido más de 450 resoluciones con fines de extradición, por hechos relacionados con el narcotráfico. “Resoluciones y extradiciones que ya se cumplieron”, señaló.

Sus palabras surgieron luego de que Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, uno de los fundadores del Tren de Aragua, solicitara la inclusión de la organización criminal en la política de Paz Total del Gobierno y la suspensión temporal de las extradiciones de los integrantes que se sumen a las negociaciones.

Sin embargo, el ministro dio una respuesta negativa: “El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”, dijo.

La captura de Anna Marya Chaves Rodríguez en una discoteca en el norte de Bogotá, mientras debía cumplir prisión domiciliaria por tentativa de homicidio, ha puesto en duda la eficacia de los controles de las autoridades penitenciarias en Colombia.

El caso, reportado por El Tiempo, ha generado inquietud sobre los mecanismos de vigilancia y la capacidad de las instituciones para evitar la evasión de condenados bajo medidas alternativas a la prisión.

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La detención de Chaves Rodríguez, de 26 años, se produjo el domingo 12 de octubre, cuando la Policía Metropolitana de Bogotá realizó un operativo en un establecimiento nocturno.

Según información obtenida por El Tiempo, la joven fue sorprendida con botellas de licor en la mano. La Secretaría de Seguridad de Bogotá relató que la mujer se ausentó varios minutos en el baño, lo que despertó sospechas entre los integrantes del Comando Élite.

Tras solicitarle que saliera y realizar un registro, los agentes identificaron que portaba un brazalete del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmando así que debía estar bajo arresto domiciliario.

El historial judicial de Chaves Rodríguez indica que en febrero de 2024 fue condenada a ocho años y seis meses de prisión domiciliaria por tentativa de homicidio. Los hechos que motivaron la condena ocurrieron el 6 de mayo de 2019 en la localidad de Suba, cuando, tras una riña en la que participó junto a un grupo de amigos, y después de consumir varias botellas de aguardiente, se desató una discusión violenta.

De acuerdo con el expediente citado por El Tiempo, una de las presentes, identificada como Dayana, golpeó a Chaves Rodríguez en el rostro, lo que provocó que esta tomara un cuchillo y apuñalara a la agresora en la parte superior de la espalda, causándole heridas graves.

La defensa argumentó que Chaves Rodríguez actuó en legítima defensa, pero el Juzgado 37 penal con función de conocimiento de Bogotá desestimó esta versión y le impuso la medida de casa por cárcel.

A pesar de la condena y de las restricciones impuestas, las autoridades no logran explicar cómo Chaves Rodríguez pudo abandonar su residencia sin ser detectada.

La última visita oficial del Inpec a su domicilio ocurrió el 3 de septiembre, mientras que la verificación más reciente del dispositivo de control electrónico se realizó el 7 de octubre, pocos días antes de la captura.

En el Inpec informaron que, durante la última inspección, la joven se encontraba cumpliendo la condena en su lugar de habitación, lo que ha generado dudas sobre la efectividad de los procedimientos de supervisión y la posible existencia de fallas en el sistema.

Tras su detención en la discoteca, Chaves Rodríguez enfrenta ahora un nuevo proceso judicial por el delito de fuga de presos, lo que implica su traslado a un centro penitenciario.

La Fiscalía y las autoridades penitenciarias han iniciado investigaciones para esclarecer las circunstancias que permitieron la evasión y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan respuestas sobre los vacíos en el control de la prisión domiciliaria y los mecanismos que permitieron que una persona condenada por tentativa de homicidio terminara en una fiesta nocturna en Bogotá, según ha informado El Tiempo.

Mujer detenida en Maicao por muerte de su esposo durante discusión

Una mujer fue detenida por la Policía Nacional en Maicao, departamento de La Guajira, tras ser señalada de causar la muerte de su esposo con un arma blanca durante una discusión doméstica en la tercera semana de octubre.

La víctima, Heriberto Manuel Barranco Rico, de 40 años, sufrió múltiples heridas y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que una lesión en la arteria femoral de la pierna derecha provocó una hemorragia fatal.

El caso generó inquietud entre los habitantes del municipio, quienes reclamaron mayor presencia institucional y la puesta en marcha de programas de prevención para frenar la violencia intrafamiliar. Según el reporte de los especialistas, los intentos por salvar la vida de Barranco Rico resultaron infructuosos debido a la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía Regional Veracruz logró que un juez determinara la vinculación a proceso para Antonio de Jesús “N”, exdirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ciudad de Veracruz, como presunto responsable de amenazas y homicidio en grado de tentativa.

La audiencia, celebrada este jueves, derivó en la ratificación de la prisión preventiva justificada, paso que implica que Antonio de Jesús “N” permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso penal 410/2025.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las acusaciones se centran en los hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2025, cuando el imputado habría amenazado a tres personas identificadas con las iniciales E.L.R.H., O.P.R. y A.L.P.R., y por presuntamente haber intentado privar de la vida a O.P.R.

De acuerdo con la información, la audiencia incluyó la exposición de pruebas que permitieron al juez considerar suficientes los elementos para abrir el proceso penal para determinar su vinculación a proceso.

Las víctimas de amenazas y tentativa de homicidio reconocidas en la investigación forman parte central de la acusación, mientras que la defensa de Antonio de Jesús “N” cuenta con plazos legales para presentar pruebas y alegatos.

La detención de Antonio de Jesús “N” se efectuó el pasado 10 de octubre al ser identificado como probable responsable de los delitos de amenazas y homicidio en grado de tentativa tras ser denunciado por las víctimas.

Presunto conflicto vecinal

De acuerdo con el Diario de Xalapa, la detención del exdirigente del PRD en Veracruz se llevó a cabo luego de que una mujer acudiera a las instalaciones de la Fiscalía para denunciar que Antonio de Jesús “N” la habría amenazado con un arma de fuego frente a su domicilio.

Según el testimonio de la víctima, el 25 de septiembre se encontraba con su hija al interior de su domicilio cuando un hombre al que identificó como el exdirigente del PRD se aproximo a su puerta para reclamar la colocación de un par de macetas en la calle.

Pese a que la mujer habría indicado que los objetos se colocaron con aprobación de los vecinos, el hombre reaccionó de forma agresiva.

La denunciante detalló que el sujeto regresó a su domicilio más tarde y habría sacado un arma de fuego con la que los amenazó e insultó, lo cual también quedó grabado en cámaras de vigilancia que fueron presentadas como evidencia.

En los próximos meses se definirá si Antonio de Jesús “N” será declarado culpable de los delitos que se le acusan.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró una sentencia histórica de 630 años de prisión contra tres personas, una mujer y sus dos hijos, por su participación en un crimen múltiple ocurrido en la región de la Sierra de Flores Magón.

Los sentenciados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio calificado, feminicidio agravado y feminicidio en grado de tentativa, como resultado de una agresión armada perpetrada en el municipio de Huautla de Jiménez.

El ataque, registrado en 2019, dejó como saldo cuatro personas asesinadas y una más gravemente herida, hecho por el cual la Fiscalía desarrolló una investigación exhaustiva que permitió llevar a los responsables ante la justicia.

Más detalles del caso

Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2019 en un domicilio de la localidad San Andrés Hidalgo, donde se encontraban las víctimas identificadas como M.G.G. y B.G.Q. (hombres), y M.C.I., J.G.C. y M.M.G.C. (mujeres).

De acuerdo con la causa penal, tras una discusión, los ahora sentenciados —J.G.M. (madre), junto con sus hijos Z.G.G. y C.G.G.— dispararon con armas de fuego contra las víctimas.

Como resultado del ataque, cuatro personas murieron por heridas de bala: dos mujeres y dos hombres. Una quinta víctima, identificada como J.G.C., sobrevivió al ataque, aunque con lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Tras una investigación llevada a cabo por la Vicefiscalía de Control Regional, la Fiscalía logró identificar, aprehender y presentar ante el juez a los responsables. En audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria de 210 años de prisión para cada uno, además del pago de multas y reparación del daño a las víctimas.

La FGEO reiteró su compromiso de garantizar justicia a las víctimas de violencia de género en Oaxaca, mediante investigaciones exhaustivas y el uso de todos los mecanismos legales disponibles para castigar estos delitos.

¿Dónde puedo denunciar violencia de género en Oaxaca?

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal defina la violencia contra las mujeres como:

“Toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia.”

La violencia puede clasificarse en: psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos, obstétrica, feminicida y simbólica.

En Oaxaca extisten varios lugares a donde te puedes dirigir en caso de que seas víctima de cualquier tipo de violencia.

Valles Centrales

Fiscalía General del Estado

Dirección: Cd. Judicial, Edificio A Jesús «Chu» Rasgado, 2do nivel.Carretera Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.Teléfono: 5016900 ext. 20602Denuncia Anónima: 01 800 00 77 628 o 01 951 5010 486Sitio web: http://fge.oaxaca.gob.mx/

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México

Dirección: 1ª Privada de Sabinos, Núm 103, Col. ReformaTeléfono: (551) 654 8886Correo: ddeser-oax@hotmail.comSitio Web: http://www.ddeser.org

Sierra Sur

Fiscalía de Putla Villa De Guerrero

Dirección: Av. Hacienda de San Pedro, Núm 5, Barrio La Quebradora, Putla de Guerrero.Teléfono: 01 953 553 07 89

Itsmo

Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razón de Género

Dirección: Carretera Transísmica, Tramo Carretero, Salina Cruz, Tehuantepec, Calle Libertad S/N, Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca.Teléfono: (01) 971 715 10 48

Centro de Atención Psicológica y Terapias Alternativas (CAPTA)

Dirección: Priv. Agustín Melgar 102, Santa María del Marquesado, Niños Héroes, Oaxaca, Oax.Teléfono: 951 198 7462

Costa

Agencia del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional

Dirección: Av. José A. Baños y 6a. Oriente, Col. Benito Juárez.Teléfono: 54 3 27 10

Cañada

Fiscalía Local de Huautla de Jiménez

Dirección: Avenida Constituyentes, 95 Letra A, Col. Centro, Huautla De Jiménez, Oaxaca.

Cuenca

Fiscalía Local de Tuxtepec

Dirección: Av. 20 De Noviembre y Av. Independencia, Pasaje Comercial, Altos. Local 60, Col. Centro.Teléfono: (287) 875 63 51 Y (287) 875 66 46

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)

Dirección: Oriente 203 Col. Santa María Ixcotel, Cp. 71244Teléfono: (951) 514 1645Correo: idemo2002@prodigy.net.mxSitio Web: www.idemo.org.mx

Mixteca

Vicefiscalía Regional de la Mixteca

Dirección: Libramiento Carretero Norte, Agencia Agua Dulce, Huajuapan de León, Oaxaca. C.P.69005Teléfono: 953 689 0001 Ext. 3319

Gesmujer Rosario Castellanos

Dirección: Tercera Privada de Guadalupe Victoria, Núm107, Col. Libertad, Oaxaca De Juárez, Oax.Teléfono: (951) 516 6810Sitio Web: http://www.gesmujer.org/web

Sierra Norte

Agencia del Ministerio Público de Villa Alta

Dirección: Planta Alta del Palacio Municipal, San Idelfonso Villa AltaTeléfono: 50 1 33 11 y 951 233 69 68

En caso de querer consultar más lugares, gubernamentales o no gubernamentales puedes consultar en esta liga: https://violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/directorio#gub

Desde 2004, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, comenzó un trabajo sistemático de documentación sobre los feminicidios en Oaxaca.

Además de documentar estos casos en medios y diarios locales, han realizado bases de datos para informes de la sociedad civil, además de un directorio para que las mujeres víctimas de violencia de género sepan a dónde acudir.

Tras casi cuatro años prófugo, el exalcalde de Xicohtzinco, Tlaxcala, José Isabel N. fue detenido el pasado 2 de octubre de 2025 en el Parque Industrial de Huejotzingo, Puebla. La captura se logró mediante un operativo conjunto entre las fiscalías generales de justicia de Tlaxcala y Puebla tras un seguimiento de inteligencia que permitió ubicarlo en un entorno donde no esperaba ser localizado.

El exfuncionario enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa contra su cuñado, Fernando T., quien fue víctima de un ataque armado el 6 de octubre de 2021. De acuerdo con las investigaciones, José Isabel N. habría ordenado o participado directamente en el atentado, que dejó a la víctima con múltiples heridas de bala y en estado crítico. El caso derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de Tlaxcala.

La detención se concretó tras labores coordinadas entre agentes ministeriales, peritos y la Policía de Investigación, quienes obtuvieron el mandamiento judicial necesario para su captura. Posteriormente, el exalcalde fue trasladado a Tlaxcala, donde enfrentará el proceso penal correspondiente.

La labor política del exalcalde en Xicohtzinco

Durante su gestión como presidente municipal de Xicohtzinco (2017–2021), José Isabel “N” enfrentó diversas controversias, lo cual incluyó señalamientos por presunto desvío de recursos, conflictos con pobladores por obras inconclusas y tensiones políticas que derivaron en protestas. Su prolongada evasión generó indignación entre familiares de la víctima y sectores sociales que exigían justicia.

Las autoridades presentaron la detención como un mensaje institucional sobre la vigencia del Estado de derecho y el compromiso con el combate a la impunidad. “Nadie está por encima de la ley”, señalaron voceros de ambas fiscalías, destacando la precisión del operativo y la colaboración interinstitucional.

Este caso se suma a una serie de acciones recientes que buscan reforzar la credibilidad de las instituciones judiciales en Tlaxcala, marcando un precedente sobre la persecución penal de exautoridades involucradas en delitos graves.

Juan Ramírez Ávalos en medio de presuntas opacidades y crisis política en Tlaxcala

El actual presidente municipal de Xicohtzinco, Tlaxcala, es Juan Ramírez Ávalos, quien asumió el cargo tras las elecciones locales de 2024. Su administración, correspondiente al periodo 2024–2027, ha sido marcada por acusaciones de opacidad, irregularidades en obras públicas y presunto acoso laboral, según reportes de medios locales como e-Tlaxcala.

Regidores del Ayuntamiento han solicitado la intervención del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) y de la Secretaría de Gobernación, ante lo que califican como una cadena de abusos administrativos. Entre los señalamientos destacan defectos estructurales en obras inconclusas, falta de transparencia en el manejo de recursos y despidos arbitrarios de personal.

La crisis política ha generado descontento entre ciudadanos que respaldaron inicialmente su proyecto. Hoy, diversos sectores exigen rendición de cuentas y mayor acceso a la información pública, en un municipio que enfrenta tensiones internas y reclamos por gobernanza efectiva.

El detenido, identificado como M. A. P. y conocido por su apodo “El Negri”, fue localizado este miércoles, después de que se realizaran una serie de tareas de inteligencia y vigilancia encubierta por Presidente Perón. La zona había sido delimitada como de interés para la causa, tras sospecharse que el acusado residía en ella.

Tras confirmarse el domicilio del sospechoso, se concretó el arresto en las inmediaciones de la intersección de las calles Crisólogo Larralde y Eva Duarte. De esta manera, el hombre quedó a disposición de las autoridades que intervienen en la causa, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 4, ambos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Según explicaron fuentes oficiales del caso a Infobae, “El Negri” se encontraba imputado por el delito de tentativa de homicidio, relacionado con un ataque armado ocurrido en febrero de 2023 en el partido de Almirante Brown. Sin embargo, desde ese momento había logrado evadir a la Justicia.

El hecho que motivó la investigación judicial se reportó el 12 de febrero de 2023, cuando la víctima, un hombre de 34 años identificado como R. A. V., fue atacado en la calle Serrano al 2500. Según lograron reconstruir las autoridades, los responsables fueron dos personas armadas que se desplazaban en una motocicleta, cuyas características no trascendieron.

En el momento que divisaron a su blanco, abrieron fuego contra él. Producto de esto, una de las balas impactó en la cabeza de la víctima. Por este motivo, tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, donde recibió la atención correspondiente y logró sobrevivir.

Después de varios meses sin registrarse avances en la causa, durante 2024, el personal del Departamento de Homicidios fue convocado por el magistrado interviniente para profundizar en las tareas investigativas. Como resultado de estas diligencias, se logró identificar de manera fehaciente a uno de los agresores, lo que permitió obtener una orden de detención en su contra.

En el curso de la investigación, los agentes determinaron que “El Negri” contaba con una restricción de acercamiento vigente respecto de una mujer denominada C. Q. La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Paz de Presidente Perón, por lo que esta información llevó a los efectivos a desplegar tareas en esa localidad.

De la misma manera, las autoridades confirmaron que el detenido contaba con un extenso historial delictivo. Entre sus antecedentes, figuraba una condena cumplida en la Unidad Penitenciaria N° 39 de Ituzaingó entre 2007 y 2011 por portación ilegal de arma de guerra.

Previo a esto, se había registrado un cargo por una tentativa de robo que sucedió en octubre de 2004. Además, le atribuyeron un hecho de robo agravado y encubrimiento en febrero de 2020, por el que obtuvo la libertad condicional, y una causa por lesiones leves que fue abierta en julio de 2022.

Respecto a las denuncias por violencia de género, las autoridades corroboraron que estas habían sido ratificadas el 30 de enero y el 6 de julio de 2022, en expedientes tramitados en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora y en la UFI de Malvinas Argentinas, respectivamente.

Por el momento, se trataría del primer detenido en la causa por tentativa de homicidio contra el hombre de 34 años. No obstante, no indicaron si el cómplice del acusado habría sido identificado, por lo que continuarían con las tareas para dar con su paradero.

Un caso ocurrido en Medellín en 2024 concluyó este año con una condena de más de dos décadas de cárcel. Un hombre de 23 años fue sentenciado a 24 años y 4 meses de prisión después de reconocer su responsabilidad en el intento de homicidio contra su sobrina de apenas 5 años de edad.

Según las investigaciones, el ataque fue ejecutado con un arma blanca y tuvo como trasfondo un acto de represalia contra la madre de la menor.

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De acuerdo con la Fiscalía, el agresor aceptó los cargos formulados por el ente acusador, lo que llevó a que un juez de conocimiento emitiera la sentencia sin necesidad de avanzar a la etapa de juicio.

El organismo explicó que la condena corresponde al delito de tentativa de homicidio agravado, teniendo en cuenta la corta edad de la víctima.

El hecho que motivó este proceso judicial ocurrió el 31 de julio de 2024 en una vivienda ubicada en el barrio Santo Domingo, al nororiente de la capital antioqueña. Según detalló la Fiscalía en declaraciones recogidas por Blu Radio, el hombre atacó a la niña con arma blanca mientras ella se encontraba de visita en la casa de una de sus tías.

La rápida reacción de otras personas que estaban en el lugar permitió detener la agresión y evitar que la menor perdiera la vida.

La menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde recibió atención médica por varias heridas ocasionadas durante el ataque. Los reportes iniciales confirmaron que su condición era delicada, aunque posteriormente se recuperó. Las autoridades indicaron que la acción del agresor puso en riesgo inminente la vida de la niña.

El ente investigador explicó que, con base en las pruebas recaudadas, se estableció que la agresión fue motivada por un sentimiento de venganza hacia la madre de la menor. Según la Fiscalía, el procesado culpaba a la mujer de la pérdida de su mano derecha, aunque las razones específicas de esa acusación no fueron aclaradas dentro del proceso.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá intervino de manera inmediata tras la alerta. El hombre fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente, la Fiscalía lo presentó ante un juez con función de control de garantías, quien legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento mientras avanzaba la investigación.

En el transcurso del proceso, el acusado decidió allanarse a los cargos de tentativa de homicidio. Esta aceptación anticipada de responsabilidad evitó el desarrollo de un juicio oral y permitió que se profiriera directamente la sentencia condenatoria. La decisión judicial fue comunicada este 5 de septiembre de 2025, confirmando que el condenado deberá purgar una pena de 24 años y 4 meses en un establecimiento carcelario.

La Fiscalía General de la Nación destacó que el caso refleja la actuación coordinada entre la Policía Metropolitana y los investigadores judiciales, quienes lograron recabar pruebas suficientes para sustentar la acusación. Entre los elementos presentados estuvieron los testimonios de los familiares presentes al momento de los hechos, los informes médicos sobre las heridas sufridas por la menor y las evidencias materiales relacionadas con el ataque.

El fallo judicial ratifica la gravedad de los delitos cometidos contra menores de edad y establece un precedente de sanción significativa en situaciones de tentativa de homicidio en contexto intrafamiliar. Aunque la niña sobrevivió al ataque, la condena impuesta busca responder a la severidad de la conducta delictiva y a la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la infancia.

El ente acusador subrayó en Blu Radio que “un hombre de 23 años se allanó a los cargos que le imponían y por ello un juez de conocimiento lo condenó a 24 años y 4 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio contra su sobrina menor de edad”. Con ello se cerró un proceso que se había extendido por poco más de un año desde la ocurrencia de los hechos.

Este episodio llamó la atención de la opinión pública en Medellín por la violencia ejercida contra una niña de tan corta edad dentro de su núcleo familiar. Las autoridades reiteraron que, en casos de violencia contra menores, es fundamental la denuncia oportuna y la reacción inmediata de la comunidad para evitar consecuencias fatales.

El empresario Alejandro Germán Mondragón, mejor conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, habría abandonado el país luego de ser señalado por tentativa de homicidio tras una brutal agresión contra un instructor durante un torneo de pádel en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien informó que Mondragón salió de su casa acompañado de su esposa e hijo. Según esta versión, el empresario se dirigió primero a Cancún, Quintana Roo, desde donde abordó un avión con destino internacional para evitar ser detenido por las autoridades mexiquenses.

La agresión ocurrió el pasado 22 de julio en las instalaciones del club Alfa Pádel, y quedó registrada en video. En las imágenes se observa a Mondragón y a varios de sus escoltas golpear salvajemente a Israel Morales Hernández, instructor de pádel, quien intentaba mediar una discusión durante el torneo. La violencia escaló rápidamente cuando uno de los guardaespaldas sometió al instructor, propinándole múltiples golpes y amenazas de muerte.

Morales Hernández presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por el delito de tentativa de homicidio.

“Me duelen mucho las rodillas; estoy cojeando y tengo problemas para caminar. Tengo que ir al traumatólogo, y no puedo dar clases (…) temo por mi vida y no sé cómo le voy a hacer ahorita. Este cuate me amoló por lo menos dos meses”, denunció el instructor en un video compartido en sus redes sociales.

La Fiscalía mexiquense no ha emitido un comunicado oficial sobre la supuesta fuga del empresario, aunque usuarios en redes sociales exigen justicia y la emisión de una ficha roja de Interpol para su localización y captura.

El caso ha generado una fuerte indignación a nivel nacional, no solo por la violencia mostrada en el video, sino por el supuesto uso de escoltas armados para intimidar y agredir. La posible huida de Mondragón también ha desatado críticas hacia las autoridades locales por no haber actuado con mayor rapidez.

Mientras tanto, Israel Morales sigue en recuperación médica, enfrentando las secuelas físicas y emocionales del ataque. En redes sociales, la etiqueta #JusticiaParaIsrael continúa acumulando mensajes de apoyo.

Ansaloni, hijo del diputado nacional por La Libertad Avanza y sindicalista Pablo Ansaloni, llegó acompañado por sus abogados y se puso a disposición de la fiscal Magdalena Brandt, quien había solicitado su captura por tentativa de homicidio.

En la causa ya hay un detenido y un prófugo. Ambos tienen 20 años.

El hecho que motivó la acusación ocurrió en la madrugada del 15 de junio, a la salida de la discoteca El Porteño, ubicada sobre la calle 16 de esa localidad. Según la denuncia y las imágenes de una cámara de seguridad, Ansaloni y al menos otros dos jóvenes atacaron a un adolescente de 17 años que minutos antes había discutido con ellos dentro del boliche.

La víctima sufrió la pérdida de dos dientes, una fractura mandibular y otras lesiones faciales que derivarán en futuras cirugías reconstructivas.

Tras la orden de captura emitida por el juez César Solazzi y el avance de la investigación, Ansaloni decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades. En su declaración indagatoria negó los cargos de tentativa de homicidio y sostuvo que actuó en defensa propia. El acusado afirmó que tanto él como sus acompañantes reaccionaron ante una agresión previa y no planearon el ataque.

La fiscal Brandt, titular de la UFI N°1 de Colón, sostiene una versión opuesta. Según su acusación, se trató de una agresión planificada y desproporcionada en la que Ansaloni y otros tres agresores -uno de ellos aún no identificado- sorprendieron al menor a la salida del local y lo golpearon con extrema violencia.

El video del ataque muestra cómo el adolescente intenta defenderse sin éxito ante la superioridad numérica de sus agresores, mientras varias personas presencian la escena sin intervenir, incluidos algunos patovicas del lugar.

El caso generó fuertes repercusiones por su similitud con el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en enero de 2020 en Villa Gesell también a la salida de un boliche y por un grupo de atacantes. En ambos episodios, la víctima fue rodeada, derribada y atacada con patadas y golpes en la cabeza.

La familia del joven agredido presentó una querella y exigió el avance de la causa con penas ejemplares. Guadalupe, hermana de la víctima, sostuvo en declaraciones al diario La Opinión de Colón: “Lo agarraron entre cuatro. Tenían todo preparado. En el video se ve todo lo que le hacen, es inhumano. Son asesinos”.

Por el momento, hay un sospechoso detenido y la fiscalía, además, busca a un prófugo que no aparece en el registro fílmico, pero fue mencionado en el testimonio de la víctima.

Mientras se esperan nuevas pericias médicas para determinar la magnitud de las secuelas físicas y psicológicas del menor agredido, la fiscal Brandt resolverá en los próximos días la situación procesal de Ansaloni, quien permanecerá detenido.

Este episodio reabre también un costado familiar vinculado a la violencia en esa zona. En noviembre de 2021, Mauricio Cordara, chofer del diputado Pablo Ansaloni, fue asesinado a balazos por un sicario en Colón mientras llevaba a los hijos del dirigente a la escuela. Si bien nunca se confirmó si Gino se encontraba dentro del vehículo en aquel momento, el crimen tuvo amplia repercusión y aún permanece impune.

Un hombre fue detenido luego de intentar degollar a su hijo de tres años en el barrio Confluencia de Neuquén. El nene sufrió un corte de diez centímetros en el cuello, pero permanece fuera de peligro tras ser trasladado y asistido en un hospital de un hospital.

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando el pequeño, que vive con su madre, fue a visitar a su padre.

Según informaron desde el Poder Judicial de Neuquén, la jornada transcurría con normalidad hasta que, por la noche, los vecinos escucharon gritos que salían de la propiedad donde el hombre se reunía con el pequeño.

“Los familiares del imputado que viven en la casa contigua se acercaron y se encontraron con el niño sangrando y llorando. Lo trasladaron de inmediato al hospital”, detallaron las fuentes.

A raíz del violento episodio, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la formulación de cargos, audiencia que fue presidida por el juez de garantías Lucas Yancarelli.

De esta manera, la fiscalía imputó al agresor el delito de tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía, al considerar que tuvo intención homicida y que el ataque puso en riesgo la vida del menor.

Además, durante la audiencia, la fiscalía destacó la necesidad de que el acusado continúe preso por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su lado, el juez Yancarelli aceptó el requerimiento del Ministerio Público y ordenó que el imputado permanezca detenido durante al menos seis meses.

En tanto, el parte médico de la víctima indicó que la herida no comprometió músculos ni arterias, lo que permitió una rápida recuperación. “El niño se encuentra fuera de peligro”, confirmaron los médicos que lo asistieron.

La fiscalía dio detalles sobre relación entre el hombre y la madre del nene. La pareja se había separado en 2023 por episodios previos de violencia de género.

Por su parte, la defensa no negó los hechos, pero planteó que el caso debía ser calificado como lesiones graves agravadas por el vínculo y sostuvo que el acusado habría sufrido un brote psicótico, aunque no se cuestionó la prisión preventiva.

Según LM de Cipoletti, el magistrao resolvió también avalar la acusación presentada por la fiscalía al entender que, aunque la lesión no puso en riesgo inmediato la vida del nene, “el accionar del padre sí lo hizo”. Además, destacó que la intervención de los familiares fue clave para evitar un desenlace fatal.

Por último, Yancarelli aclaró que la calificación podría revisarse a medida que avance la investigación.

Un joven de 20 años recibió una pena de 7 años prisión este lunes por atropellar y matar a dos adolescentes. El hecho sucedió en 2024 en la localidad de Las Heras, provincia de Mendoza.

El padre del acusado sostuvo ante las autoridades que su hijo actuó porque creía que los adolescentes le habían robado una bicicleta, pero testigos desmintieron esa versión y la investigación determinó que los dueños de los rodados eran las propias víctimas. En este contexto, la Justicia de Mendoza condenó a un joven a siete años y ocho meses de prisión por atropellar a dos adolescentes, a quienes consideró erróneamente responsables de un robo.

El hecho ocurrió el 29 de junio de 2024 en la ciudad de Las Heras, cuando dos jóvenes de 16 y 17 años circulaban en bicicleta y fueron embestidos por un Renault Kangoo, según el portal Los Andes. Inicialmente, la causa se caratuló como accidente de tránsito, pero la intervención de la Unidad Fiscal de Homicidios cambió el rumbo de la investigación tras la presentación de pruebas y testimonios por parte de las familias de los adolescentes.

El Tribunal Penal Colegiado N°2 sentenció a Lucas Rucci, de 20 años, quien llegó al juicio bajo prisión preventiva, por el delito de “tentativa de homicidio”. La pena, de siete años y ocho meses, coincidió con la solicitud del fiscal Guillermo Pirrello, detalló el medio Los Andes. La decisión judicial se basó en la reconstrucción de los hechos y en la evidencia reunida durante el proceso.

La Policía de Mendoza halló a las víctimas tendidas en una acequia, con lesiones graves. Ambos adolescentes fueron trasladados al hospital Central, donde uno de ellos falleció tras ser operado por un traumatismo de cráneo, mientras que el otro también perdió la vida debido a la gravedad de las heridas, según reportó Los Andes. “Uno de los jóvenes padeció un traumatismo de cráneo y fue operado”, precisaron.

El padre de Lucas Rucci declaró que su hijo atropelló a los adolescentes porque supuestamente le habían sustraído una bicicleta. Sin embargo, testigos presenciales negaron esa versión y la investigación policial comprobó que los rodados pertenecían a los propios jóvenes atropellados. “Los investigadores constataron que los rodados no eran robados, sino que los dueños eran los damnificados”, indicaron.

Tras el incidente, Rucci permaneció prófugo durante dos semanas. Finalmente, el 18 de julio, se presentó en el Polo Judicial y se entregó a las autoridades, según informó Los Andes. “Tras permanecer prófugo durante dos semanas, el automovilista concurrió al Polo Judicial el 18 de julio y se entregó”, relataron fuentes del caso.

El caso generó conmoción en la provincia de Mendoza, tanto por la violencia del hecho como por el desenlace fatal para los dos adolescentes. La sentencia dictada por el Tribunal Penal Colegiado N°2 busca dar respuesta a las demandas de justicia de las familias de las víctimas y de la comunidad local, que siguió de cerca el desarrollo del proceso judicial.

Atropellaron a una familia en un auto robado

Un matrimonio y sus dos hijos menores que viajaban en un Fiat Mobi resultaron víctimas de un choque provocado por dos adolescentes de 17 años que huían en un auto robado en Mar del Plata. El accidente, que ocurrió en la intersección de las calles Vértiz y Heguilor, generó un importante despliegue de servicios de emergencia y puso en evidencia la problemática de la inseguridad vial protagonizada por menores de edad.

La secuencia comenzó cuando personal del Comando de Patrullas detectó un Peugeot 208 blanco con pedido de secuestro activo, ya que había sido robado días antes en la jurisdicción de la comisaría Quinta. Los efectivos identificaron el vehículo circulando por la zona de Juan B. Justo y España, lo que dio inicio a una persecución que se extendió por varias cuadras. Durante la huida, los adolescentes no detuvieron la marcha y terminaron impactando contra el automóvil en el que se desplazaba la familia.

Un joven de 22 años fue detenido en Lanús, luego de que fuera acusado de haber agredido a su mamá y asesinado a un hombre durante el mismo ataque. Para cuando las autoridades arribaron a la escena, encontraron el cadáver, a la mujer herida y al acusado mientras se autolesionaba.

El episodio ocurrió el pasado 13 de junio, cuando una llamada al 911 alertó a la policía sobre un posible ingreso sospechoso en una finca ubicada en Humahuaca 2167, Lanús. Al llegar, el personal del Comando de Patrullas Lanús C11 encontró a una mujer de 49 años, con una herida de arma de fuego en el omóplato izquierdo y múltiples heridas cortantes en la cabeza.

De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, la víctima relató que había discutido con su hijo, un joven de 22 años, quien fue identificado como el agresor responsable tanto de los cortes como del disparo. En el lugar, las autoridades incautaron una pistola negra y dos cuchillos con manchas de sangre.

Luego de que arribara el personal del SAME, la madre del acusado fue trasladada al Hospital Evita de Lanús. Según informaron los médicos, se encontraba en estado grave y con riesgo de vida, debido a que constataron que presentaba tres orificios de bala y múltiples lesiones cortantes en el cráneo y el rostro.

En paralelo, los oficiales hallaron a un hombre sin vida sentando en una reposera mientras inspeccionaban la vivienda. Aunque todavía no habría sido identificado, indicaron que se trataba de una persona de contextura robusta y que medía aproximadamente 1,80 metros de altura.

Después de que tomaran consciencia de la gravedad del caso, las autoridades activaron un operativo cerrojo en la zona, lo que permitió dar con el paradero del acusado. Fuentes oficiales confirmaron que fue detenido en otra finca situada en Yerbal, entre Humahuaca y Rivadavia.

Al momento de la detención, el joven se encontraba en el altillo de la propiedad. En ese momento, habría intentado quitarse la vida produciéndose una herida en el cuello derecho, pero lograron frenarlo y derivarlo en una ambulancia del SAME hacia el mismo hospital en el que fue internada su madre.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, con intervención de la DDI Lanús y resguardo de la escena a la espera de peritos. Mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho, los investigadores buscarían determinar si el joven se trataba de un paciente psiquiátrico y si el mismo se encontraba bajo algún tipo de tratamiento.

Detuvieron al hijo del médico asesinado en Pehuajó: tenía un diagnóstico por esquizofrenia

Luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de Jorge Tejerina, un médico jubilado que vivía en la localidad bonaerense de Pehuajó, las autoridades detuvieron e imputaron a su hijo, de 45 años, por el delito de homicidio. El acusado había sido diagnosticado con Síndrome de Down y esquizofrenia.

La investigación apunta exclusivamente a “A.T.”, como fue identificado por sus siglas, como el presunto autor del crimen, tras el testimonio de su madre, de 82 años, quien declaró que el día del hecho lo vio llegar en estado de exaltación, con las manos sucias, y que, mediante gestos, le dio a entender que habría tenido una discusión con su padre.

Horas más tarde, el cadáver del médico fue hallado por su hija: presentaba heridas en cuero cabelludo, el rostro ensangrentado, y se encontraba semidesnudo. Después de que se diera aviso a la Policía local, se determinó que el sospechoso quedara internado en el hospital local para ser sometido a estudios.

No obstante, el fiscal Alberto Caldentey, perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, formalizó la detención este viernes, tras indicar que contaban con las pruebas suficientes para imputar a “A.T.”. Asimismo, indicó que el hombre permanecerá bajo arresto en el centro médico hasta nuevo aviso.

A lo largo de la investigación, se analizaron las cámaras de seguridad de la zona, prendas, calzados y objetos personales del hombre. Incluso, en la casa de la víctima se preservó un hacha con mango de madera, con manchas hemáticas y reconocida por la familia como una herramienta de uso habitual tanto por la víctima como por su hijo para tareas rurales.

De la misma manera, informaron que el resultado de la autopsia determinó que Tejerina murió por un shock hipovolémico desencadenado por múltiples heridas contuso-cortantes en la cabeza, que ocasionaron un grave traumatismo craneoencefálico. Los peritos estimaron que la muerte ocurrió unas catorce horas antes de que fuera hallado el cuerpo.

Bogotá, 10 jun (EFE).- La Fiscalía colombiana imputó este martes al adolescente de 15 años que disparó contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, pero el menor no aceptó los cargos y fue recluido en una celda en la sede del ente acusador.

En una audiencia reservada ante un juez especializado en justicia juvenil, el adolescente acusado de haber disparado por la espalda a Uribe Turbay el sábado pasado durante un acto de campaña en Bogotá rechazó los cargos formulados por la Fiscalía.

El joven fue detenido pocos instantes después del ataque, mientras huía herido de una pierna del lugar en el que atacó a balazos al político del partido derechista Cambio Democrático.

La Fiscalía imputó al menor por los delitos de tentativa de homicidio y tenencia de armas de fuego y también solicitó al juez una medida de internamiento preventivo mientras avanzan las investigaciones sobre este caso, el más grave de violencia política que ha vivido Colombia en los últimos años.

Uribe Turbay, opositor al gobierno izquierdista de Gustavo Petro, permanece en "estado crítico" en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pero "estable", según divulgó este martes la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado desde el sábado.

A las afueras de la clínica, donde decenas de personas rezan en silencio por la recuperación del senador, su esposa, María Claudia Tarazona, hizo hoy un llamado a la unidad y aseguró que el político, de 39 años, es "un guerrero que sigue luchando por su vida".

En la audiencia de imputación de cargos, el juez aceptó la solicitud de la Fiscalía e impuso al adolescente "una medida de internamiento preventivo en un centro especializado". Por ser menor de edad, no puede ser enviado a una cárcel y la pena máxima que enfrenta es de ocho años.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a EFE que el detenido ya se encuentra recluido en un área especial del 'búnker', sede principal del ente acusador.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque ni identificado un posible autor intelectual.

Pero este martes el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que una de las hipótesis es que detrás del atentado estarían los mismos responsables de los múltiples ataques perpetrados esa mañana en el suroeste del país, que dejaron al menos ocho muertos y fueron atribuidos a las disidencias de las antiguas FARC.

Petro, por su parte, solicitó apoyo a Estados Unidos para que sus servicios de inteligencia colaboren en la investigación, dado que el arma utilizada por el detenido, una pistola Glock calibre 9 milímetros, fue adquirida originalmente en el estado de Arizona en 2020.

El atentado contra Uribe Turbay ocurrió en los primeros compases de la campaña electoral para las elecciones que Colombia celebrará el próximo año y en un clima de creciente tensión política, acentuada por los intentos del mandatario de imponer cambios en la normativa laboral a los que se oponen los sectores más conservadores.

El ataque no solo ha agudizado la crispación política, sino sobre todo ha conmocionado y reavivado el temor a que Colombia repita los trágicos episodios de violencia política de los años 90, cuando fueron asesinados tres candidatos presidenciales.

Ante esto, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y Naciones Unidas hicieron el martes un llamado conjunto a los partidos políticos y a los precandidatos independientes a hacer compromisos para lograr un proceso electoral pacífico. EFE

(foto)

La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, explicó la situación judicial que enfrentaría el menor que habría disparado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

En una rueda de prensa, la alta funcionaria indicó que el joven, de 14 años de edad, en caso de ser hallado responsable de este hecho, podría enfrentar una pena de hasta ocho años, pero que no cumpliría en un centro penitenciario, sino en un centro especializado para menores.

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“La sanción eventualmente a la que estaría sujeto es una sanción hasta de ocho años que no es propiamente de prisión, sino que es una sanción que bajo los alineamientos de la ley 1098 es una sanción que es educativa, reparadora y que tiene por fin restablecer los derechos de ese menor en el entendido de que el legislador ha dispuesto que a él se le proteja antes que se le sancione”, indicó la fiscal en declaraciones a los medios de comunicación.

La fiscal Camargo aclaró que todos los adolescentes aprehendidos son tratados como presuntos infractores, independientemente del delito, y que el proceso judicial se rige por normas distintas a las que aplican para adultos, como el Código Penal (Ley 599 de 2000) o el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), respectivamente.

No obstante, la funcionaria indicó que los delitos que podrían imputarle al adolescente serán tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Además, se refirió al uso de menores por parte de organizaciones criminales, lo que ha sido señalado por Camargo como una problemática recurrente.

“Los menores no están sometidos a las mismas sanciones a las que están sometidos los mayores, y eso es una realidad. Muchas veces es por esto que son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estás”, mencionó.

También, advirtió que la legislación menos severa para adolescentes incentiva a grupos delictivos a instrumentalizarlos como autores materiales de acciones violentas, pero subrayo que aunque los menores no enfrentan las mismas sanciones que los adultos, el proceso judicial exige demostrar su responsabilidad mediante pruebas materiales y evidencia física, respetando siempre el principio de presunción de inocencia.

“El menor podría tener una sanción de hallarse responsable. Yo creo que es importante referir que primero, al menor, de acuerdo con los principios que rigen esta ley, como cualquier ciudadano, lo rige un principio de presunción de inocencia. Nosotros estamos en la obligación de demostrar mediante elementos materiales de prueba y evidencia física que él en verdad es responsable”, concluyó.

Según la investigación preliminar, el joven disparó a corta distancia contra el senador en medio del evento, como muestran los videos difundidos en redes sociales.

Tras el ataque, intentó huir, pero fue interceptado por el esquema de seguridad del congresista y agentes de la Policía Nacional en el barrio Modelia (occidente de Bogotá), donde se desarrollaba la actividad política. Durante la captura, el menor recibió una herida en la pierna, producto de la respuesta de los escoltas, por lo que fue remitido hasta un centro asistencial cercano.

Otras medidas contra el menor de edad

Por su parte, la directora del Icbf, Astrid Cáceres, enfatizó la responsabilidad estatal de proteger la vida del adolescente implicado que, según sus palabras, “han instrumentalizado criminales”.

Cáceres también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de información sobre el menor, advirtiendo que hacerlo sin autorización de la familia constituye un delito y pone en riesgo tanto la vida del joven como el desarrollo de la investigación.

Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación, bajo la instrucción del titular de la entidad, Gregorio Eljach, mantiene un seguimiento constante del caso a través de la Procuraduría Delegada para los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer. Incluso, se activaron las rutas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y puso en marcha los procesos de restablecimiento de derechos, siguiendo los protocolos establecidos para casos que involucran a menores de edad.

Aunque no se ha revelado la identidad del joven que disparó contra el senador del Centro Democrático, el periodista colombiano Juan Fraile de Caracol Radio reveló que el adolescente había sido identificado en alto riesgo de habitabilidad de calle por parte de las autoridades de Bogotá.

Además, el comunicador señaló que, por su condición de calle, había recibido ayuda por parte del Idipron (Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud) pero que, meses después, no volvió a tener contacto con los funcionarios de la entidad distrital.

Los agentes acudieron hacia las dos de la madrugada al parque de A Bouza para asistir a un hombre de mediana edad que sangraba abundantemente por el costado izquierdo. La víctima fue trasladada al hospital con pronóstico grave.

En su relato a los agentes, contó que se encontraba con su pareja en un parque, y entablaron conversación con un hombre con el que acabaron discutiendo, lo que derivó en una pelea.

El desconocido, tras abandonar el lugar, regresó con otras tres personas y juntos agredieron a la pareja. El detenido fue el que presuntamente asestó una puñalada a la víctima.

Gracias a la descripción aportada por la víctima y su pareja, los agentes localizaron a escasos metros del parque a una persona que presentaba heridas y coincidía con las características descritas. También hallaron cerca de él, sobre el césped, un cuchillo con restos de sangre.

Los actuantes procedieron a detenerle por un delito de tentativa de homicidio. EFE

Madrid, 29 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 36 años por apuñalar en el pecho a su novio de 32, que se encuentra en estado crítico, tras una pelea ocurrida en la noche de este miércoles en un domicilio del distrito madrileño de Latina.

Sobre las diez y media de la noche, en el número 6 de la calle de Trompas, ambos mantuvieron una discusión que fue subiendo de tono hasta que la mujer sacó un cuchillo y se lo clavó en el hemitórax izquierdo.

La agresora, de nacionalidad española, fue la que avisó a los servicios de emergencias y, posteriormente, reconoció ante los agentes los hechos, por lo que fue detenida poco después como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio.

La víctima, de origen argelino, fue trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre por una afectación cardíaca y un shock hemodinámico; el hombre también fue arrestado al constarle una requisitoria judicial.

Por el momento, la Comisaría de Latina ha asumido las pesquisas de los hechos y los investigadores han tomado declaración a los vecinos, que han relatado que las discusiones, los gritos y el escándalo eran recurrentes en el seno de la relación. EFE

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El hombre, ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, está investigado por los delitos de tentativa de homicidio, quebrantamiento de medida cautelar y tenencia ilícita de armas.

El juzgado ourensano ha acordado también agravar la orden de protección acordada por el juzgado de Xinzo de Limia el 26 de julio de 2024, en la que se le prohibía "no sólo aproximarse a la víctima y comunicarse con ella, sino también aproximarse y comunicarse con sus tres hijos menores".

Este varón fue detenido como presunto responsable de disparar a su ex en el barrio Primero de Mayo de la localidad ourensana de Verín, una mujer incluida en el sistema VioGén.

El suceso ocurrió el domingo pasado y fue una ciudadana que presenció lo ocurrido quien dio la alerta.

Al parecer, agresor y víctima tuvieron una discusión por los hijos.

Tras lo ocurrido, la mujer fue trasladada a un hospital de Vigo y los tres menores se encuentran atendidos por "familiares".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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Los hechos se produjeron sobre las 20:30 horas del pasado viernes, cuando policías nacionales acudieron a un centro médico donde se encontraba un hombre que, al parecer, habría sufrido varias puñaladas.

La víctima, de 26 años de edad, les manifestó que otro varón le había agredido con un arma blanca en la espalda, por lo que, tras caer al suelo y producirse un forcejeo, recibió una segunda puñalada en el pecho y posteriormente, el presunto autor huyó.

El herido, de nacionalidad lituana, fue trasladado a un centro hospitalario donde fue asistido por las lesiones; se encuentra fuera de peligro, según fuentes de la Policía Nacional.

Al lugar de los hechos también acudieron efectivos de Policía Científica, que localizaron restos de sangre en una parcela abandonada, donde se llevó a cabo una inspección ocular y se logró recuperar el cuchillo con el que se habría cometido el apuñalamiento.

Tras continuar el Grupo de Policía Judicial de Russafa con las investigaciones para poder identificar al presunto autor del acto violento, se ha logrado finalmente su detención sobre las siete de la tarde de este lunes.

El detenido, de nacionalidad marroquí, pasará a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas como presunto responsable de un delito de tentativa de homicidio, según las fuentes. EFE

El colombiano, según ha detalló la Policía en un comunicado, es acusado por la Audiencia Provincial de Navarra de los delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de homicidio.

Muriel Caicedo llegó a España cuando tenía 14 años y era uno de los líderes de Black Panther, una banda en la que se dedicaba a planificar ataques violentos contra otras organizaciones criminales "con fines de venganza", agregó la información.

La Interpol emitió una notificación roja con fines de extradición en su contra después de que las autoridades españolas establecieran que el 19 de julio de 2021, tras ser contactado por miembros de otra banda criminal de Pamplona, envió a miembros de Black Panther a esa ciudad española para atacar a dos personas "en represalia por una agresión previa".

"Durante una reunión sostenida en Zaragoza, se concretó un acuerdo criminal entre ambas bandas. Los miembros de Black Panther cometerían el asesinato en Pamplona y como contraprestación los de Pamplona realizarían un delito en Zaragoza", detalló la Policía colombiana.

Esto derivó en un intentó de asesinato el 23 de julio de 2021 en el que varias personas armadas con machetes agredieron brutalmente a una de las víctimas, "mientras Muriel Caicedo permanecía como figura clave en la coordinación y facilitación del crimen desde su rol de liderazgo", señaló la institución.

Al enterarse de que lo estaban investigando, el colombiano decidió volver a su país para, supuestamente, visitar a su abuelo enfermo y decidió refugiarse allí hasta que fue detenido en flagrancia por la Policía por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

"En el momento de su captura con fines de extradición se encontraba incumpliendo una medida de detención domiciliaria", precisó la Policía, que dijo que el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General a la espera de que se lleve a cabo su extradición a España.

En enero pasado, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó la pena de 15 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial a uno de los cinco condenados por el intento de asesinato a machetazos del joven en Pamplona.

Igualmente por este caso fueron condenadas otras cuatro personas a entre 2 y 10 años de prisión por este intento de asesinato. EFE

El colombiano, detalló la Policía de su país en un comunicado, es acusado por la Audiencia Provincial de Navarra de los delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de homicidio.

Muriel Caicedo llegó a España cuando tenía 14 años y era uno de los líderes de Black Panther, una banda en la que se dedicaba a planificar ataques violentos contra otras organizaciones criminales "con fines de venganza", agregó la información.

La Interpol emitió una notificación roja con fines de extradición en su contra luego de que las autoridades españolas establecieran que el 19 de julio de 2021, tras ser contactado por miembros de otra banda criminal de Pamplona, envió a miembros de Black Panther a esa ciudad española para atacar a dos personas "en represalia por una agresión previa".

"Durante una reunión sostenida en Zaragoza se concretó un acuerdo criminal entre ambas bandas. Los miembros de Black Panther cometerían el asesinato en Pamplona y como contraprestación los de Pamplona realizarían un delito en Zaragoza", detalló la Policía colombiana.

Esto derivó en un intentó de asesinato el 23 de julio de 2021 en el que varias personas armadas con machetes agredieron brutalmente a una de las víctimas, "mientras Muriel Caicedo permanecía como figura clave en la coordinación y facilitación del crimen desde su rol de liderazgo", señaló la institución.

Al enterarse de que lo estaban investigando, el colombiano decidió volver a su país para, supuestamente, visitar a su abuelo enfermo y decidió refugiarse allí hasta que fue detenido en flagrancia por la Policía por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

"En el momento de su captura con fines de extradición se encontraba incumpliendo una medida de detención domiciliaria", precisó la Policía, que dijo que el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General a la espera de que se lleve a cabo su extradición a España.

En enero pasado, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó la pena de 15 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial a uno de los cinco condenados por el intento de asesinato a machetazos del joven en Pamplona.

Igualmente por este caso fueron condenadas otras cuatro personas a entre dos y diez años de prisión por este intento de asesinato. EFE

El testimonio de la víctima, que el 7 de marzo denunció una agresión a manos de esta persona, junto a las evidencias recabadas durante la investigación policial, han determinado la presunta autoría del incendio y la detención de este hombre que el 12 de mayo también lo fue por violencia de género, quebrantamiento de condena (alejamiento de al menos 500 metros) y allanamiento de morada.

El incendio se originó durante la madrugada de este pasado domingo en los bajos del inmueble número 2-4 de la calle Comunidades, en el barrio San Juan de la capital vallisoletana, donde reside la expareja con el padre de ésta, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La mujer explicó a los agentes policiales que ella no estaba en la vivienda cuando su expareja se presentó en la casa sobre las cuatro de la madrugada, y que fue su padre de la mujer quien le franqueó el acceso.

 El detenido se encerró en el baño de la casa y el padre de la mujer, que se había recluido en una habitación, salió de la misma al pensar que el hombre ya se habría marchado cuando comprobó que en la casa se había desatado un fuego con una inmensa humareda.

Los bomberos sofocaron las llamas, pese a lo cual nueve personas tuvieron que abandonar de forma precipitada sus hogares en los pisos superiores del inmueble, de los que cuatro tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo. EFE

La Policía Nacional acudió el jueves por la noche hasta este céntrico parque de Palma tras una llamada en la que se alertaba de una pelea con armas blancas, ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes desplazados al lugar vieron a un grupo de cuatro personas que salieron corriendo al percatarse de la presencia policial, por lo que se inició una persecución que se saldó con dos personas interceptadas.

El perjudicado estaba en el parque cuando varios conocidos se dirigieron hacia él para robarle la bicicleta y, al resistirse, comenzaron a agredirle, hasta que uno le sacó un cuchillo de cocina y le amenazó para que le entregara la bicicleta.

Ante su negativa, el agresor esgrimió el cuchillo y le lanzó dos puñaladas por la espalda.

Los agresores consiguieron robarle la bicicleta, 400 euros, documentación y su teléfono móvil. La Policía Nacional detuvo a uno de los menores, reconocido por los testigos como el agresor, como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y robo con violencia.

Una ambulancia se personó en el lugar para atender a la víctima, que fue trasladada hasta un hospital de Palma para el tratamiento de las heridas. EFE

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando las autoridades de la institución alertaron a la Policía local sobre la presencia de uno de los alumnos que amenazaba con ingresar al establecimiento armado. “¡Quiere entrar a la escuela, que se acerque personal policial, por favor!“, se escuchó en uno de los videos que se viralizaron en las redes sociales.

Frente al pedido de auxilio, los efectivos se presentaron en la institución para constatar lo ocurrido. Una vez que se emitió una orden de detención en contra del menor de edad, los agentes lo trasladaron junto a su madre, quien había intentado frenarlo sin éxito, según relataron los testigos de lo sucedido.

Según la información publicada por El Tribuno, la causa quedó a cargo de la fiscal Carolina Mateo Bellini, quien confirmó que el adolescente será imputado por el delito de tentativa de homicidio. En un principio, el joven había comenzado a ser investigado por lesiones, amenazas y daños, pero la funcionaria reevaluó la gravedad de los hechos y modificó la carátula del expediente.

A pesar de que las autoridades aclararon que el estudiante sería no punible ante la ley por tratarse de un menor de edad, anticiparon que será sometido a una audiencia de imputación formal. En la misma se establecerán las medidas de protección que se tomará al respecto y el rumbo que tomará la causa.

Según se reconstruyó por medio de los testimonios, la situación habría sido desencadenada por una discusión que el acusado habría tenido con un compañero horas antes. Aparentemente, el imputado habría molestado a una adolescente, por lo que otro alumno le pidió que dejara de hacerlo.

El freno que le habría impuesto el otro joven habría molestado al acusado, debido a que la supervisora general de Educación Secundaria, Claudia Casas, describió que “le habría dicho palabras groseras e, incluso, le habría aplicado algunos golpes en la espalda”.

Después de que transcurriera el recreo, se cree que el adolescente se habría retirado del colegio, para regresar más tarde con el machete escondido en su mochila. “Entre las 10.45 y 11 se produjo esta reacción del alumno de entrar al establecimiento con un machete”, precisó la funcionaria.

De acuerdo con el relato que proporcionaron algunos testigos, el joven ingresó al edificio por un lateral y recorrió los pasillos hasta entrar en un aula. Los estudiantes y profesores, aterrados, comenzaron a gritar, y una docente pidió ayuda desesperadamente.

“¡Su mamá no lo puede detener! ¡Estamos desesperados, está arrinconando a los profesores en la puerta!“, se escuchó en uno de los videos que se viralizaron, en donde se captó el momento en el que el acusado entró a uno de los salones. ”¡Ay Dios mío, se metió al aula!“, continuó la narración, a la vez que se escuchaban los gritos de los alumnos y docentes.

Momentos más tarde, un profesor logró quitarle el arma al joven antes de que llegara la policía, que tardó aproximadamente 15 minutos en arribar al lugar. “Es ahora la Justicia la que debe determinar cómo garantizar el derecho a la educación del menor”, apuntó la supervisora general al agregar que la Asesoría de Menores e Incapaces será la encargada de decidir sobre la continuidad educativa del adolescente.

Como respuesta institucional, se ha implementado un esquema especial para las clases en el colegio, que incluye actividades de contención emocional tanto para estudiantes como para docentes. Equipos de psicólogos y psicopedagogos del Ministerio de Educación ya están trabajando con el grupo afectado, mientras que se están organizando reuniones con los padres para tratar la prevención de la violencia escolar.

El incidente también reveló fallas en el sistema de seguridad del colegio. Aunque el portón del establecimiento está cerrado herméticamente y se controla el acceso mediante un portero eléctrico, la presencia de una sola persona para supervisar el acceso dificulta la respuesta en situaciones de emergencia, según admitió la funcionaria educativa. Las autoridades continúan evaluando nuevas medidas para reforzar la seguridad en el recinto.

Horas después del incidente, circuló un supuesto audio en el que el adolescente amenazaba con futuros ataques. No obstante, las autoridades están investigando la autenticidad de ese mensaje y evaluando nuevas medidas de seguridad para el establecimiento.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga ha acordado la puesta en libertad del hombre detenido después de que su pareja cayera desde una tercera planta de un edificio en la capital malagueña. Se investiga por presuntos delitos de malos tratos y tentativa de homicidio.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, después de que el hombre fuera puesto a disposición de dicho juzgado este pasado domingo. Por el momento, no se ha podido tomar declaración a la víctima, que fue hospitalizada.

Los hechos sucedieron a las 19.45 horas del pasado viernes, 3 de enero, en una calle perpendicular a la calle Victoria de la capital. Emergencias 112 Andalucía recibió avisos de que una mujer se había caído desde una tercera planta.

En el lugar se personaron efectivos de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de la investigación, y de la Policía Local, que detuvieron al hombre. Asimismo, los profesionales sanitarios trasladaron a la víctima, de 55 años, a un hospital.

Un hombre fue brutalmente atacado en Plottier, Neuquén, cuando fue golpeado con un caño de gas, arrojado a un pozo, rociado con nafta y luego prendido fuego. Ahora, lucha por su vida y su agresor se encuentra detenido por el delito de tentativa de homicidio. Actuó junto a su hijo menor de edad.

Pese a que el hecho ocurrió el jueves pasado, el caso trascendió este sábado tras la audiencia de formulación de cargos, que fue llevada a cabo por la fiscal Lucrecia Sola, quien maneja el caso.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario de Río Negro, cerca de las 17 horas de ese día, la víctima —cuya identidad no trascendió— se dirigió hacia la casa del acusado, que fue individualizado bajo las siglas J.E.T.C.

Por motivos que aún se desconocen, ambos tuvieron una fuerte discusión. En este escenario, el ahora imputado y su hijo menor de edad comenzaron a golpear a la víctima en la cabeza con un caño de gas.

Luego, ambos lo llevaron hacia un pozo ciego que hay en el patio de la casa y lo arrojaron allí. Sin embargo, la situación no finalizó allí; por el contrario, J.E.T.C. y su hijo rociaron al hombre con nafta y lo prendieron fuego.

Afortunadamente, la víctima logró escapar y solicitó ayuda a oficiales de la Policía de Neuquén, quienes lo trasladaron al hospital Castro Rendón, donde fue ingresado en terapia intensiva y permanece internado desde entonces. “Su vida corre peligro”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal neuquino.

Con respecto al estado actual de la víctima, la fiscal precisó que “tiene el 25% de la superficie corporal quemada, lesiones compatibles con la exposición al fuego en rostro, en miembros superiores e inferiores tipo A y AB, por lo que requirió intervención quirúrgica”.

El agresor mayor de edad fue detenido e imputado por el delito de tentativa de homicidio, puesto que, para Sola, tuvo “claras intenciones de darle muerte”. A su vez, solicitó que se imponga una prisión preventiva, ya que considera que existe riesgo de fuga o que puede llegar a entorpecer la investigación.

Frente a esto, el juez de garantías Marco Lupica Cristo aprobó la imputación e hizo lugar al pedido de la fiscal, por lo que ordenó que el hombre permanezca detenido durante cuatro meses mientras avanza la investigación en su contra.

El menor, por su parte, quedó a cargo de la Justicia de Menores, que determinará su situación procesal por haber participado en el ataque con “ensañamiento”.

Pelea familiar y un intento de homicidio en Chubut

El pasado 10 de marzo, un hombre intentó matar a su propio hermano en la localidad de Sarmiento, provincia de Chubut.

Todo sucedió en horas de la madrugada, cuando la víctima y su pareja se encontraban en su domicilio. De repente, comenzaron a escuchar ruidos en la puerta de su casa, por lo que fueron a revisar qué sucedía.

Así, se encontraron con el agresor, identificado como Cristian V., quien alegaba querer hablar con su hermano, individualizado como S.V., sobre algunas cuestiones familiares. Por cuestiones que aún se desconocen, Cristian V. comenzó a golpear a su cuñada y, luego, empuñó un revolver calibre 22 y apuntó directamente a la cabeza de S.V.

De esta manera, forcejearon y la víctima logró quitarle el arma a su hermano. Al liberarse, S.V. arrojó una piedra contra su agresor, llamó a la Policía y huyó del lugar a bordo de su camioneta Toyota Hilux.

Una vez en el lugar, la Policía detuvo a Cristian, secuestró el arma con la que intentó matar a su hermano y también incautó un rifle. Lo mismo sucedió con su vehículo, puesto que no contaba con la documentación pertinente.

(Actualiza la NA1016 con más datos)

Marbella (Málaga), 30 dic (EFE).- Una mujer ha resultado herida después de ser lanzada presuntamente por un hombre desde la cuarta planta de un edificio en Marbella (Málaga) en la madrugada de este domingo.

El presunto agresor ha sido detenido por tentativa de homicidio, según han informado fuentes de la Policía Nacional, que han indicado que la víctima no es mujer del arrestado.

La víctima cayó desde la cuarta planta hasta una terraza sobre locales comerciales, equivalente a un segundo piso, en la avenida de la Independencia, en el barrio marbellí del Trapiche, han informado fuentes de la investigación.

La mujer fue trasladada un centro hospitalario, mientras que la investigación está abierta para esclarecer las causas del suceso. A ella todavía no se le ha tomado declaración.

Entre víctima y agresor no había una relación sentimental. Se está a la espera de determinar qué ocurrió y por qué ella estaba en su domicilio de madrugada. EFE

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Málaga, 30 dic (EFE).- Una mujer ha resultado herida después de ser lanzada presuntamente por un hombre desde un edificio en Marbella (Málaga) este domingo.

El presunto agresor ha sido detenido por tentativa de homicidio, según han informado fuentes de la Policía Nacional, que han indicado que la víctima no es la mujer del arrestado.

La víctima fue trasladada a un centro hospitalario, mientras que la investigación está abierta para esclarecer las causas del suceso. EFE

Un hombre de 42 años será juzgado, acusado de intentar matar a su pareja luego de rociarla con alcohol etílico y amedrentarla con un encendedor, en un hecho ocurrido a fines de 2024 en el barrio porteño de Nuñez. La jueza Carina Nancy Rodríguez del tribunal en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, decidió elevar la causa a juicio oral.

La fiscalía del caso determinó que el imputado, tras una discusión, roció a su concubina con el líquido inflamable y la amenazó con prenderla fuego: “¿Te creés que no soy capaz?; ¿Querés que probemos? Prende rápido, con una chispa ya está“, le habría dicho a la mujer.

Leandro Anderson quedó a la espera del debate oral y público en el que está acusado como presunto autor de un “homicidio doblemente agravado por haberse cometido contra su pareja y en un contexto de violencia de género, en grado de tentativa”. El encuadre de ese delito, cuya pena oscila entre los 10 y 15 años de prisión, fue establecido por el fiscal de instrucción José María Campagnoli, quien en enero pasado le requirió a la jueza Rodríguez enviar el expediente a la siguiente instancia penal.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 12 de noviembre pasado y la madrugada siguiente en el departamento que la pareja compartía en la calle Manuela Pedraza al 2300, en el barrio porteño de Núñez, según informó este martes el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Las pruebas que reunió el fiscal Campagnoli dan cuenta de que el imputado llegó esa tarde enojado a su domicilio, revisó el teléfono de su pareja, eliminó sus conversaciones de Whatsapp y bloqueó su propio contacto. Luego, le reclamó un préstamo de dinero para la compra del inmueble donde vivían desde hace siete meses. Ante esta situación, la víctima decidió irse a dormir al cuarto.

Horas después, de acuerdo a la declaración de la denunciante, el acusado entró a la habitación y le tiró alcohol etílico sobre su cara, pelo y tórax. La botella la había encontrado en el baño. Después de mojarla, agarró una caja de fósforos y le preguntó: “¿Querés que probemos? Prende rápido, con un chispa ya está“.

Durante la madrugada, Anderson continuó con las amenazas. La denunciante describió que ella se encerró en el baño, se enjuagó, se cambió la ropa y escondió los fósforos. Cuando salió, el hombre le volvió a tirar alcohol y, con un encendedor prendido, indagó: “¿Querés ver una llamita?“.

La víctima también contó que su pareja entraba y salía del cuarto. Y que en algún momento perdió de vista su encendedor. Como no lo encontraba, se empezó a irritar y le exigió a la mujer que apareciera, porque de lo contrario “prendería fuego todo”. Según su testimonio, el hombre luego tomó un papel y se fue al lavadero para intentar encenderlo con la llama del calefón, pero no logró hacerlo porque no alcanzaba el fuego.

Para intentar calmarlo, la damnificada buscó el encendedor y se lo dio en la mano. Pero el acusado reaccionó con mayor violencia, comenzó a romper objetos del departamento y volvió a proferir amenazas de incendiar el lugar. En ese momento, aseveró la víctima, él la agarró del cuello e intentó ahorcarla. Poco después, Anderson fue a buscar más alcohol, lo que le dio margen a la mujer para escapar de la vivienda. Tras huir, pidió ayuda a su hermana, quien reside en la zona, y juntas llamaron a la policía.

Así las cosas, el representante del Ministerio Público sostuvo en su acusación que el imputado había buscado “causar la muerte de su pareja, pues intentó asfixiarla y también la amenazó de manera constante con prenderla fuego y la roció, en dos oportunidades, con alcohol etílico, acercándole luego un encendedor, el que accionaba y llegó a prender cerca de ella”.

Agregó que “el medio empleado era idóneo para provocar su muerte, en tanto el alcohol etílico que arrojó sobre su víctima era altamente inflamable por su concentración de etanol y Anderson roció con ese producto la ropa que ella llevaba puesta, su cabello y su rostro”.

Por otra parte, el peritaje realizado por la Superintendencia de la Policía Científica porteña consignó que la ropa de la denunciante presentaba alcohol etílico.

Además, según informó el MPF, el titular de la Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez destacó que Anderson había intentado comunicarse con su pareja mientras se encontraba detenido para que cambiara su testimonio y así poder quedar en libertad. Esa conducta interpretó el acusador, evidenciaba “el nivel de comprensión -y de manipulación- de la situación que atravesaba como consecuencia de su comportamiento”.

El fiscal subrayó en su requerimiento la aplicación de la Ley N°26.485 de Protección Integral a las Mujeres, en especial sus artículos 16 y 31, que garantizan la amplitud probatoria en casos de violencia de género, considerando las dificultades para contar con testigos directos. También remarcó que “este intento de homicidio tuvo un contexto que agravó severamente el hecho y permite concluir que, en realidad, se trató de un intento de femicidio”.

Con estos elementos, la jueza Rodríguez admitió el planteo de la fiscalía, dio por clausurada la instrucción penal y resolvió elevar las actuaciones para que se lleve adelante el juicio.

En un operativo llevado a cabo por la Comisaría de Altos de Laferrere, en el partido de La Matanza, las fuerzas de seguridad detuvieron este jueves a un individuo acusado de haberle disparado a un joven cuando se dirigía a su trabajo el pasado 25 de enero. Con el objetivo de robarle, el delincuente efectuó un disparo que dejó a Román Valentín Escudero, provocándole una herida de gravedad por la cual aún permanece internado.

La investigación, impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno, permitió identificar y capturar a U.M.V. de 18 años, señalado como el autor material del disparo efectuado contra Escudero, en la intersección de Zufrategui y Marconi, en Isidro Casanova. La víctima, de 25 años, circulaba en una motocicleta Honda Tornado 250cc cuando alrededor de las 5.40 de la mañana fue abordado por dos delincuentes que lo interceptaron para robarle.

Al intentar resistirse y buscar escapar del robo, Escudero recibió un disparo en la zona del abdomen, por lo que no logró llegar a la fábrica en donde trabaja y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Alberto Balestrini. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica y, según informó un portal Almafuerte Noticias, perdió el bazo y el riñón. Al momento, la víctima permanece en estado reservado.

La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad de la zona. El material aportado fue clave para los investigadores, ya que les permitió avanzar con la investigación, la cual estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la policía. A partir de las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó órdenes de allanamiento para tres domicilios vinculados al sospechoso.

Durante los procedimientos, se incautaron múltiples elementos de interés para la causa.

Entre lo secuestrado, se encontraron varias motocicletas con pedidos de secuestro activo por robo: una Honda Twister patente A157JSZ, vinculada a una causa en la UFI 6 de Morón; otra Honda Twister 125cc, con dominio A192IWP, reportada en la comisaría de Altos de Laferrere; y una Honda XR 125cc sin patente, presuntamente utilizada en el ataque a Escudero.

También se hallaron dos chapas patentes con denuncia de robo, cédulas verdes de distintos vehículos, diversas autopartes de motocicletas y un total de 28 plantas de marihuana. Las pruebas de orientación realizadas confirmaron que se trataba de Cannabis, lo que derivó en la imputación por “tenencia simple de estupefacientes”, en el marco de la Ley 23.737.

El sospechoso también contaba con un abultado arsenal de armas. Se encontraron tres pistolas calibre 9mm, entre ellas una Bersa Thunder con numeración visible y dos Browning con sus respectivas numeraciones suprimidas. También se incautaron cargadores y un total de 55 municiones de ese mismo calibre, además de 12 cartuchos de posta de goma calibre 12/70.

Por otro lado, pudieron determinar que el detenido tenía un amplio perfil delictivo: varios registros previos por tentativa de robo con arma, en julio de 2023, y robo agravado por uso de arma de fuego, en abril de 2024. Tras su detención, el fiscal de la causa ordenó su imputación y el juez de garantías, convalidó todas las actuaciones.

Este episodio recuerda al ocurrido hace apenas unos días, cuando dos motochorros fueron detenidos en el barrio porteño de Caballito tras un asalto, apenas cinco días después de haber sido arrestados por un robo similar en Boedo. Se trata de J.F.L. de 31 años, y N.A.S., de 18, quienes ya habían sido apresados el 24 de enero por un delito con la misma modalidad.

Al ser identificados, los agentes confirmaron que eran los mismos ladrones que habían sido arrestados días atrás en Av. San Juan 4286, en Boedo. En esa ocasión, se los vinculó con otro robo en Directorio y Senillosa y se les incautaron los mismos elementos.

Por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 46, se dispuso la detención de los sospechosos y el secuestro de la moto y las herramientas utilizadas en los robos.

En un caso reciente que puso en evidencia la gravedad de los actos de desobediencia dentro de las Fuerzas Militares, un soldado profesional fue condenado por tentativa de homicidio y abandono del servicio durante una operación militar en el municipio de La Tola, Nariño.

La condena, que se dictó tras un preacuerdo, resalta la importancia de la disciplina dentro del Ejército y la firmeza de la justicia penal militar frente a estos delitos.

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El 11 de julio de 2024, durante la ejecución de la Orden de Operaciones No. 14 de estabilización en la zona, el soldado en cuestión, quien se encontraba participando en una operación militar, tomó la decisión de abandonar sus responsabilidades. El hecho ocurrió después de haber recibido un llamado de atención por su comportamiento, lo que, al parecer, lo llevó a actuar de manera impulsiva.

En un acto temerario, el soldado arrojó una granada de fragmentación contra sus compañeros, poniendo en riesgo sus vidas. Este ataque, de acuerdo con la Fiscalía 2432 de Conocimiento, constituyó una tentativa de homicidio y un claro abandono de sus deberes dentro del servicio militar.

La Fiscalía también le imputó otros cargos, tales como amenazas y peculado culposo, debido a la evidencia física y la información obtenida durante la investigación, que permitió concluir que los bienes jurídicamente tutelados —como la vida, la integridad personal, el servicio y la seguridad de la Fuerza Pública— fueron gravemente afectados. Ante la seriedad de los cargos, la Fiscal 2208 de Conocimiento Especializado asumió el caso, y la acusación formal incluyó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, en concurso con el abandono del servicio.

Tras la audiencia preliminar, y considerando la solidez de la investigación, ambas partes acordaron un preacuerdo que fue avalado por la Juez 1203 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado. En consecuencia, el soldado fue condenado a una pena de 61 meses de prisión en un centro carcelario.

“Continuamos trabajando con autonomía, efectividad y transparencia para proteger la vida e integridad de los miembros de la Fuerza Pública, así como el servicio y la disciplina dentro de las filas castrenses”, expresó la justicia penal militar tras la sentencia, reiterando su compromiso con la protección de los principios que rigen la institución.

Patrullera de la Policía es investigada por agredir a un joven en Bogotá

Un video que muestra a una patrullera de la Policía Nacional golpeando a un joven en el rostro con su tonfa (también conocido como bolillo) ha generado una fuerte reacción social y desencadenado una investigación penal. Los hechos ocurrieron en octubre de 2024 en el noroccidente de Bogotá, durante un procedimiento de requisa.

De acuerdo con la Fiscalía Penal Militar y Policial, la agresión ocurrió mientras los agentes realizaban una requisa y solicitaban la identificación del joven. Según el relato de la víctima a Citytv, la patrullera reaccionó de manera violenta al notar que él estaba grabando el procedimiento con su celular. En respuesta, la uniformada golpeó al joven en el rostro, lo que dejó al ciudadano visiblemente afectado.

Tras la divulgación del video, la Fiscalía asumió la investigación preliminar bajo la dirección del Fiscal 2405 de Conocimiento. La entidad subrayó que se trabajará con “autonomía, eficiencia y transparencia” para garantizar el cumplimiento de la misión constitucional de la fuerza pública y sancionar a los funcionarios que se aparten de los principios establecidos. La patrullera podría enfrentar cargos por lesiones personales y abuso de autoridad, dependiendo de los resultados de la investigación.

Mientras tanto, este caso ha generado una gran preocupación en la comunidad, y varias autoridades han expresado su rechazo a lo sucedido. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció en contra del incidente, exigiendo una pronta aclaración y aplicación de sanciones. “Cero tolerancia frente a casos de abuso. Ante la denuncia de un comportamiento abusivo por parte de una funcionaria policial en la localidad de Suba, le he pedido a la Policía de Bogotá esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes”, declaró el mandatario.

Según la declaración del líder de la comunidad, los hechos ocurrieron el pasado 8 de enero, cuando recibió la noticia de que la madre de Rubén Sabino Oviriano, un lugareño y tío del menor, había fallecido producto de una tuberculosis. El entierro de la adulta mayor estaba programado para las 8 de la mañana.

Tras llegar al domicilio, el comunero fue informado de que los restos ya habían sido llevados al lugar de sepultura por Rubén y su sobrino. El líder, acompañado de dos comuneros más, se dirigió al sitio. En el camino, se encontraron con Rubén, quien les informó que el menor de 11 años se había quedado en el sepulcro enterrando a su abuela.

En declaraciones al medio local Diario Ímpetu, Jesús Abel Pacheco Vásquez, juez de paz de Oventeni, brindó más detalles sobre el hecho. Según dijo, Rubén le pidió a su sobrino que lo acompañara a la huerta de su vivienda para enterrar a su madre. Una vez allí, abrió una fosa y colocó el cadáver en ella. Luego, le dijo al menor que también lo enterraría.

Sujeto enterró vivo a sobrino por acusación de un brujo

El líder de la comunidad narró que, luego de encontrar al menor en el sepulcro, este fue entregado a su padre biológico, hermano de Rubén Sabino Oviriano. Más tarde, se conoció que el tío tomó la decisión de sepultar al niño vivo, influenciado por las afirmaciones de un brujo local, quien acusó al menor de practicar brujería y de ser culpable de la muerte de su abuela.

Tras más de una semana de ocurrido el suceso, el juez de paz y representantes comunitarios viajaron hasta la ciudad de Atalaya junto con el menor y su padre para presentar una denuncia formal en la comisaría. Explicaron que no pudieron hacer la denuncia a tiempo debido a las constantes lluvias que azotaron la localidad y dejaron la carretera en mal estado.

El caso ya se encuentra en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya, quien ha inicado con las investgaciones del caso, así como las declaraciones del padre del menor y tres testigos que presenciaron el rescate del niño. Rubén Sabino Oviriano está siendo investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de homicidio en agravio del menor. Es importante destacar que Sabino Oviriano se encuentra en libertad debido a que los hechos ocurrieron luego del plazo establecido para considerar flagrancia delictiva.

Por el delito de homicidio en grado de tentativa, el presidente municipal de Huautla de Jiménez, David García Martínez, fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

De acuerdo con las autoridades, el funcionario tendrá que permanecer en prisión preventiva como medida cautelar. Asimismo, se otorgaron dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que tendrá que permanecer tras las rejas mientras dure su proceso.

García Martínez fue detenido en la tarde del 8 de enero en la calle Lázaro Cárdenas del municipio de Santa Lucía del Camino, a la altura del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, según se indica en el Registro Nacional de Detenciones.

La Fiscalía de Oaxaca informó que lo anterior se derivó de una orden de aprehensión emitida contra el presidente municipal por el delito referido. En su detención participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

En su momento se difundió un video del momento exacto en que se cumplimenta la orden de aprehensión contra el funcionario, quien vestía una camisa azul, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Los hechos por los que fue detenido ocurrieron el 25 de mayo de 2024 en la región de la Sierra de Flores Magón. De acuerdo con la Fiscalía estatal, en esa ocasión dos hombres identificados como S. M. C. y B. M. G. fueron agredidos en calles de Huautla de Jiménez.

García Martínez resultó ganador en las elecciones del 2 de junio del año pasado. El ahora detenido se había postulado como candidato para la gubernatura de Huautla de Jiménez bajo la coalición conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido de la Revolución Institucional (PRI).

Tras su victoria, se comprometió a trabajar en la seguridad para garantizar la integridad de la ciudadanía. “Estamos comprometidos a seguir adelante con transparencia, responsabilidad y dedicación para cumplir con cada una de nuestras promesas”, informó en sus redes sociales el 3 de junio.

Exigen liberación de David García

El domingo 13 de enero, en el municipio de Huautla de Jiménez se registró una movilización ciudadana en la que se exigía la liberación de García Martínez. Los pobladores señalaron que su detención supuestamente respondía a una “persecución política” debido al partido del que forma parte.

Aunado a ello, a través de redes sociales se difundió un anuncio en el que se convocaba a otra movilización. “El pueblo quiere libre a su presidente. Jornada de lucha por la liberación inmediata de nuestro amigo David García Martínez”, se lee en el anuncio.

Para el lunes 13 de enero se convocó a un bloqueo en el Puente de Fierro a las 10:00 horas, mientras que para el día siguiente se hizo un llamado para participar en una “megamarcha” que inició en la salida de la desviación a San Andrés.

Luego de llevar a cabo una intensa búsqueda durante más de seis meses, la policía detuvo a un joven acusado de intentar matar a su pareja el 28 de junio de 2024, en Ezeiza. La víctima, una mujer de 24 años, fue atacada con un arma blanca que le provocó graves lesiones en el cuerpo y el rostro durante una discusión. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga.

La información proporcionada por voceros policiales indicó que el sospechoso, de 22 años, fue localizado y apresado mientras trabajaba en una barbería ubicada cerca del cruce de calle 2 y Olavarría, en el oeste del conurbano bonaerense, a partir de un trabajo de investigación en conjunto entre la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona.

Las tareas estaban bajo la supervisión de la fiscal María Lorena González, de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 3, especializada en Violencia Familiar y de Género, de Esteban Echeverría, quien puso al agresor a disposición de la Justicia para responder en los próximos días por los cargos que pesan en su contra.

El expediente judicial detalla que el episodio ocurrió en una vivienda situada en Solís al 900, a metros de Montevideo, en la localidad de Carlos Spegazzini. Durante el ataque, el joven utilizó un objeto punzante para herir a la mujer, generándole lesiones tan graves que le desfiguraron el rostro, según consignó el portal Diario Conurbano. Tras cometer la ofensiva, el hombre huyó del barrio, iniciando así un periodo de clandestinidad que terminó con su reciente captura.

Desde que se conoció el caso, la fiscalía dispuso una serie de medidas para avanzar en la investigación, incluyendo la intervención de peritos de la Policía Científica. Los expertos realizaron peritajes que fueron clave para reconstruir la secuencia de los hechos y confirmar las circunstancias bajo las cuales se cometió el ataque.

La causa judicial se encuentra caratulada como “Tentativa de homicidio de una mujer cometida por un hombre mediante violencia de género”, reflejando la gravedad de la acusación que enfrenta el detenido. En casos como este, la figura legal responde a los parámetros establecidos por la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, que sanciona con severidad los actos de violencia de género, especialmente aquellos que ponen en riesgo la vida de las víctimas.

Intento de femicidio en Ezeiza

Un episodio de violencia extrema sacudió la mencionada localidad el pasado 2 de diciembre, cuando una mujer fue víctima de un intento de femicidio en plena calle, en el Barrio La Unión. Según la denuncia, el agresor, quien sería su esposo, la atacó físicamente y trató de estrangularla en la vía pública. El incidente ocurrió en Dorado al 500, entre Posadas y Santa Rosa, en horas de la noche. Luego del violento ataque, el hombre huyó disparando al aire con una pistola Glock de nueve milímetros, sembrando el miedo entre los vecinos que presenciaron la escena.

Tras la denuncia de la víctima, se puso en marcha un operativo policial que resultó en la detención de dos hombres, de 33 y 44 años, vinculados al entorno del agresor. Los arrestos se llevaron a cabo en una vivienda de la calle Francisco Bollini al 7000, en Ezeiza. Durante el procedimiento, la Policía incautó una escopeta Brenta 16 con la numeración limada, 144 municiones de nueve milímetros y dos cargadores para pistolas Glock. Este hallazgo refuerza las sospechas sobre el acceso del agresor a un arsenal que podría haber facilitado su huida y potencial reincidencia.

El caso quedó bajo la investigación de la fiscal María Lorena González, de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3, especializada en Violencia Familiar y de Género. La fiscalía caratuló el expediente como “femicidio en grado de tentativa” al mismo tiempo que ordenó una serie de peritajes a cargo de la Policía Científica.

El portal Diario Conurbano informó que, tras la agresión, el hombre intentó ingresar al domicilio de la víctima, pero fue expulsado por familiares de la mujer. Acto seguido, huyó en un Peugeot 308, disparando nuevamente al aire. Las autoridades locales aseguraron que se trabaja con celeridad para esclarecer el caso y brindar justicia a la víctima.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el ataque ocurrió el pasado 19 de diciembre, minutos antes de la 1.30 de la madrugada.

Las imágenes que encabezan esta nota dan cuenta del hecho. Indefenso, la víctima debió correr a toda velocidad mientras era perseguido por cuatro agresores, dos a pie -ambos con cuchillos en su poder- y otros dos a bordo de un par de motos, que oficiaban como improvisados custodios mientras se producía la agresión.

La víctima debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín, con puñaladas en el tórax y la espalda. A causa de las graves lesiones, el joven fue operado y estuvo 10 días internado.

Al ser notificado del hecho, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 16° platense llevó a cabo las tareas investigativas necesarias y logró identificar a los agresores. Asimismo, los investigadores individualizaron al menor de edad que le efectuó las puñaladas a la víctima.

Con todas las pruebas recabadas, el fiscal de menores Mauricio Scaglia, de la UFI N°2 de menores de la zona, solicitó órdenes de allanamiento para los domicilios de los sospechosos.

Ayer lunes los agentes a cargo de la investigación, junto a la colaboración de personal de otras seccionales, encabezaron los procedimientos en tres domicilios de La Plata, en uno de los cuales fueron capturados el presunto autor material del ataque y su cómplice.

Además, dentro de la finca la Policía incautó un camperón de color negro marca Adidas, una campera de color azul imitación de la marca Lacoste, un pantalón deportivo de color negro, 2 pares de zapatillas blancas y una gorra negra marca Nike, diferentes tipos de cuchillos y carenados -revestimientos externos de moto-.

Luego, el fiscal Scaglia imputó a los detenidos por tentativa de homicidio, lesiones leves y amenazas, al considerar que ambos tuvieron plena participación en el hecho.

Sin embargo, tras las diligencias, dispuso que los menores sean regresados a sus familias, dado que son inimputables por su edad.

Una mujer española de 30 años ha resultado herida leve ayer tras recibir varias cuchilladas por parte de su pareja, ecuatoriano de 33 años, en el túnel del madrileño distrito de Vicálvaro en el que dormían, ha informado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 20:30 horas de este domingo en ese túnel situado en la calle Lardero. Comenzó una discusión entre ellos que terminó con el hombre apuñalando a la mujer, que recibió tres cortes en pecho, espalda y pierna.

Tras los gritos y los avisos, hasta el lugar acudieron los sanitarios del Samur-Protección Civil, que comprobaron que las heridas no revestían gravedad, aunque la víctima fue trasladada consciente y orientada al Hospital Infanta Leonor para una revisión en profundidad, ha indicado a Europa Press una portavoz de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Judicial de Vicálvaro, que detuvieron al presunto agresor, acusado de tentativa de homicidio, malos tratos y quebrantamiento de la orden de alejamiento sobre la víctima que estaba en vigor y que incumplía frecuentemente. Ambos eran toxicómanos y solían dormir en la calle, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

El hecho ocurrió este lunes, afuera de una vivienda ubicada en Juan Calchaquí al 6300, a las 20.25, cuando todavía era de día en esa localidad balnearia de la provincia de Buenos Aires.

Según informaron las fuentes policiales, el conflicto comenzó después de que un hombre de 30 años se dirigiera hasta la casa de un vecino por una fuerte acusación. A.V., de 32 años, fue señalado de haber abusado sexualmente de una chica que es menor de edad.

En ese momento, se desató una violenta pelea entre ambos sobre la calle. De acuerdo al video que ilustra esta nota, los dos hombres comenzaron a darse golpes y patadas, y terminaron en el suelo. Otros dos intervinieron y, al cabo de pocos segundos, eran cuatro los involucrados en la riña.

Fue entonces cuando un vehículo que circulaba por la zona, se acercó y los chocó a todos para intentar frenar la pelea. El conductor embistió contra ellos y luego, se retiró marcha atrás. No obstante, la agresión continuó y se tornó aún más violenta. En ese momento, A.V., sacó un arma y efectuó tres disparos en medio de la calle.

“¡No, lo va a matar, lo va a matar!”, manifestó la joven, angustiada, que estaba filmando toda la estremecedora secuencia con su celular desde su domicilio.

Tras el ataque a tiros, tres hombres resultaron heridos y debieron ser trasladados hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, ubicado sobre la avenida Juan B. Justo y a poco menos de 9 kilómetros de la escena del hecho.

De acuerdo a la información brindada por las fuentes policiales, el hombre de 30 años que acusó a su vecino recibió un disparo en el pecho. Según pudo saber Infobae, se encuentra “estable” y presenta una “buena evolución”. En este sentido, fue extubado, pudo comer y tomar agua.

En tanto, un joven de 22 años también sufrió una herida de arma de fuego en la axila derecha, permanece “estable, sin complicaciones” y continuará su evaluación por traumatología y cirugía vascular.

Por último, A.V., quien manipuló la pistola, se lesionó el pie derecho. Además, está imputado por tentativa de homicidio, en el marco de la causa que investiga la fiscal Romina Díaz, titular de la UFI N°6 de Mar del Plata.

Pero no es el único: un cuarto hombre que estuvo involucrado en la pelea, identificado como M.S.M., de 34 años, fue imputado por lesiones.

Después del brutal episodio, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros Bersa BP9 sin numeración, con la que A.V. efectuó los tres disparos.

Le dio un piedrazo en la cara a una kiosquera

Personal de la Policía Bonaerense detuvo este domingo por la tarde al sospechoso de darle un piedrazo en la cara a la empleada de una despensa en Mar del Plata para robarle el dinero durante el último sábado. El fiscal Fernando Berlingeri, titular de la UFI N° 14, imputó al detenido por robo agravado por el uso de arma por sentido impropio.

El agresor, identificado como Javier, un indigente de 28 años que trabaja como vendedor ambulante, fue capturado cerca de las 18 después de que un testigo llamara al 911 para reportar que se encontraba en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Primera Junta, a tres cuadras de Playa Grande, según precisaron fuentes policiales a Infobae. Llevaba la misma vestimenta que lucía cuando supuestamente cometió el robo, filmado por la cámara de seguridad instalada dentro del comercio.

Tras el violento episodio, Ana, la cajera del comercio debió ser internada con un traumatismo de cráneo grave. La víctima estaba atendiendo el local cuando el delincuente ingresó, le pegó un piedrazo y se llevó todo el efectivo que encontró, además de su celular.

Durante el primer enfrentamiento entre la Selección Mexicana y su similar de Honduras la tensión entre ambos equipos iba incrementando desde los días previos; no obstante, tras obtener una significativa victoria por un marcador de 2-0 para los centroamericanos, el golpe que recibió Javier Aguirre en la cabeza manchó el triunfo catracho a tal grado que incluso podría haber acusaciones por tentativa de homicidio para el responsable.

El pasado viernes, 15 de noviembre, los dirigidos por el ‘Vasco’ se metieron a la cancha de San Pedro Sula para jugar el partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf sin pensar que se pondría en riesgo la integridad del representativo mexicano.

Aunque para la afición azteca la forma de juego, la falta de contundencia por parte de los delanteros y los errores defensivos había sido el tema principal del partido, al término de éste la imagen de Aguirre con la cabeza totalmente ensangrentada borró el mal funcionamiento del TRI y encendió las alarmas en la Concacaf pues no se garantizó la seguridad de los futbolistas y del cuerpo técnico visitantes.

El conflicto escala a niveles legales

Diversos medios de comunicación compartieron el momento exacto en el que una lata cayó directo en la parte derecha de la cabeza del técnico mexicano justo al pitazo final del árbitro. En un inicio parecía solo un golpe, no obstante, en escasos segundos su cara comenzó a teñirse de rojo pues el impacto genero una fuerte herida lo que generó conmoción entre los asistentes, principalmente en la comitiva azteca.

Tras ello, el propio Aguirre indicó que se trataba de un evento dado por el fútbol minimizando la agresividad con la que se comportaron los fanáticos hondureños y, aparentemente, evitando que el problema pudiera repercutir con el equipo.

Pese a sus palabras, este lunes se dio a conocer que las autoridades del país centroamericano no cuentan con las pruebas suficientes para dar con el responsable, motivo por el cual sus labores se encuentran paradas.

Ante ello, el comisionado de la Policía Nacional de Honduras, Martínez Madrid, indicó que están buscando al sujeto que arrojó la lata para que reciba el castigo que merece: “Se está tratando de identificar para ver quien fue el malhechor. La situación no es fácil, se tiene que calificar bien la trayectoria de la cerveza, la ubicación de la persona que pudo haber sido. Hay que hacer una buena calificación y a ver si existe algún video o alguna foto”.

“Es un delito por tentativa de homicidio porque ese proyectil pudo impactar en una parte sensible de la cabeza y el resultado pudo haber sido fatal. Hay que calificar con los códigos y de ahí saldría una pena”, explicó a los medios.

Concacaf también investigará

La institución expresó su enérgica condena tras la agresión sufrida por el seleccionador de México, Javier Aguirre, quien fue golpeado en la cabeza por una lata arrojada desde la tribuna al final del partido contra Honduras en San Pedro Sula. Este encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, terminó con una victoria hondureña por 2-0.

El incidente ocurrió mientras Aguirre se disponía a saludar al técnico hondureño, Reinaldo Rueda. El impacto causó una herida sangrante en la cabeza de Aguirre, quien tuvo que ser atendido por los servicios médicos. Aunque el entrenador mexicano minimizó la agresión, calificándola de un acto desafortunado, Rueda expresó su rechazo total y lamentó profundamente lo sucedido, subrayando que un acto así no debería repetirse en ningún estadio.

La Concacaf calificó el incidente como grave y aseguró que la seguridad de jugadores, técnicos y aficionados es una prioridad. Además, anunció que la situación será investigada por la Comisión Disciplinaria de la confederación, destacando que comportamientos violentos como este no tienen cabida en el fútbol.

El violento episodio tuvo lugar en la zona de las calles 121 y 34, en el barrio Hipódromo. Allí, el atacante, identificado como Horacio Ricardo Schwemler, abrió fuego contra Emiliano Gómez cuando mantenían un entredicho por razones que hasta el momento se desconocen.

Parte de la situación quedó registrada en un video. En las imágenes se advierte que la víctima le recriminaba por algo al jubilado, quien le repetía: “Te lo voy a arreglar”. Sin llegar a un entendimiento, la tensión fue escalando y la mujer que grababa la escena, al ver al agresor alterado y con un arma de fuego en sus manos, buscó refugio en su domicilio. Mientras ella se dirigía a una habitación en la que se encerró, se escucharon las detonaciones.

El jubilado gatilló cinco veces y tres proyectiles impactaron en el cuerpo de Gómez. Uno de los disparos le perforó un riñón. Los otros dos balazos los recibió en su pierna derecha. El vecino fue trasladado de inmediato al Hospital San Martín de La Plata, donde se encuentra internado. Fuentes sanitarias informaron al sitio 0221 que la “evolución inicial es favorable” y que el paciente se encuentra “sin asistencia respiratoria mecánica”.

Por su parte, Schwemler fue detenido y la Policía le incautó un revólver Taurus calibre 38. Ahora se encuentra en una celda de la Comisaría Segunda esperando el avance la causa, que está en manos del fiscal Juan Menucci, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de La Plata.

La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa y el arrestado será indagado en las próximas horas.

Crimen en Lomas de Zamora

Una mujer de 24 años fue asesinada frente a sus hijos en el partido de Lomas de Zamora por un vecino que le disparó cuatro tiros días después de que se enfrentaran en una pelea barrial en la que la víctima salió en defensa de su amiga.

El femicidio ocurrió cuando Gabriela Soledad Alarcón iba a comprar a un comercio cercano a su casa del barrio El Progreso, en la localidad de Ingeniero Budge. Según pudo saber Infobae, el homicida, que estaba prófugo, fue hallado muerto este lunes en Moreno.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que el sospechoso buscado por la fiscal Silvina Estévez, a cargo de la UFI N°4 de Lomas de Zamora, fue identificado como Emanuel Robledo y en las últimas horas murió tras arrojarse a las vías del tren, en jurisdicción de la Comisaría Sexta de Moreno.

El crimen se desencadenó tras una disputa barrial en la que la víctima defendió a su amiga de un ataque por parte de varios vecinos. La pelea involucró a la hermana de Gabriela, Luna, y a una amiga de esta. Según el relato de Luna, la discusión se transformó en una violenta confrontación en el que los implicados se lanzaron piedras.

Durante el altercado, una nena de aproximadamente 5 años resultó herida por un ladrillazo. Gabriela, en un intento de ayudar, alzó a la niña y la entregó a un vecino para que la llevaran al hospital. La situación se calmó momentáneamente con la llegada de la policía, pero las tensiones continuaron.

Días después, el padre de la menor herida amenazó a Gabriela y a su familia, advirtiendo que el conflicto no quedaría sin consecuencias. Y al sábado siguiente, mientras la víctima salía a comprar con sus hijos, fue interceptada por Robledo, quien le quitó a su hijo menor de los brazos y le disparó cuatro veces.

El expolicía local de Son Servera acusado de tratar de matar a su mujer tras una discusión ahogándola con un fular ha sido condenado a siete años y medio de cárcel por tentativa de homicidio.

El Tribunal ha fijado además una orden de alejamiento de la víctima durante diez años, así como el pago de 6.600 euros en concepto de lesiones y daños morales.

La Fiscalía pedía inicialmente una condena de diez años de prisión, aunque ahora la Sala ha apreciado el atenuante de dilaciones indebidas y ha rebajado la condena respecto a lo reclamado por el Ministerio Público y sin apreciar los delitos de malos tratos y amenazas esgrimidos por la acusación particular con el argumento de que las expresiones vertidas y agresiones están comprendidas en la conducta homicida.

La defensa, que ejerce el letrado Óscar Navarro, ya ha adelantado su intención de recurrir y mantener la petición de absolución, argumentando que sólo se cuenta con el testimonio de la víctima.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial considera probado que los hechos, que tuvieron lugar en marzo de 2018, derivaron de una discusión que se inició en el domicilio de la pareja al regreso de una comida y después de que la mujer mostrara su intención de salir con unas amigas, a lo que el ahora condenado se negó.

Fue entonces, según ha quedado recogido en la sentencia, cuando el expolicía se puso agresivo, agarró a la mujer por los hombros, la insultó y comenzó a darle manotazos, la arrastró por la fuerza al baño, la llevó hacia el dormitorio tirando del fular y apretó con fuerza tratando de asfixiarla "con clara intención de acabar con su vida".

La víctima pudo finalmente zafarse propinando patadas a su agresor y escapar, primero al baño y luego a casa de una amiga.

La Sala considera que los hechos merecen la calificación de intento de homicidio porque de no ser porque la mujer logró escapar "el acusado objetivamente habría podido acabar con su vida".

"La prueba practicada en el plenario ha puesto de manifiesto que el acusado practicó todos los actos objetivamente necesarios para quitar la vida [de la mujer] y el resultado de muerte no se produjo sino por circunstancias independientes y externas a la voluntad del acusado. En concreto, la resistencia activa empleada por la víctima con patadas, manotazos, intentos de esquivar las agresiones y de huida", señala la sentencia.

Ceuta, 22 oct (EFE).- Un hombre ha sido condenado a prisión preventiva por haber intentado estrangular a su mujer en una vía pública de Ceuta, acusado de tentativa de homicidio.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta ha decretado prisión para este hombre, detenido por la Policía Nacional el pasado domingo, según la información adelantada por el diario "El Faro de Ceuta" y confirmada a EFE por fuentes judiciales y policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del domingo, cuando el hombre intentó estrangular a su mujer en la Avenida de Madrid, después de mantener una fuerte discusión con ella.

Unos vecinos que presenciaron la agresión consiguiendo retener al hombre hasta que llegó la Policía Nacional.

En el arresto el agresor lesionó a tres agentes del cuerpo policial, al oponer una fuerte resistencia.

El juzgado ha decretado su ingreso en prisión preventiva por un delito de tentativa de homicidio y también deberá hacer frente a multas económicas por tres delitos de lesiones leves contra los funcionarios policiales.

El hombre ha reconocido los hechos que se le imputaban en sede judicial. EFE

Valladolid, 19 oct (EFE).- Agentes de la Guardia Civil han detenido este sábado a un hombre de 50 años después de acuchillar, presuntamente, a su madre y de haber intentado después prender fuego a la vivienda familiar en el municipio palentino de Carrión de los Condes.

El suceso ha ocurrido en torno a las 13.50 horas de este sábado, cuando el Servicio de Emergencias del 112 ha recibido una llamada que alertaba del incidente y hasta el lugar se han desplazado los agentes de la Guardia Civil, además de sanitarios y bomberos, que se han encargado de extinguir los distintos fuegos que había en la vivienda, según han informado a EFE fuentes de la subdelegación del Gobierno en Palencia.

Después de supuestamente agredir a su madre, el detenido se ha atrincherado en el interior de la vivienda, donde ha comenzado a autolesionarse con un cuchillo en el cuello y a manipular una bombona, por lo que las fuerzas de seguridad han desalojado el vecindario, la urbanización La Salceda, próxima al Monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes.

La madre del supuesto agresor, de unos 70 años, presentaba heridas de arma blanca de diversa consideración en cuello, tórax y brazos, por lo que ha sido trasladada al Hospital Río Carrión de Palencia, donde permanece ingresada en la UVI.

Por su parte, el detenido, que presentaba cortes en las muñecas y el cuello y síntomas de intoxicación por inhalación de humo, ha llegado al mismo hospital antes las 16:30 horas, engrilletado y custodiado por agentes de la Guardia Civil, y ha quedado ingresado en Psiquiatría.

De momento, el Instituto Armado investiga los hechos como una tentativa de homicidio, a la espera de que sea puesto a disposición judicial tras su recuperación hospitalaria.EFE

El Juzgado dictó además la privación la patria potestad respecto de la hija menor de edad en común, quien actualmente se encuentra con la abuela materna.

El hombre está siendo investigado por los delitos de tentativa de homicidio y quebrantamiento de orden de protección, informan el departamento de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar abrió diligencias por un delito maltrato hace un mes tras una denuncia de la víctima. Se adoptó entonces la prohibición de aproximarse a su mujer y de comunicarse con ella por cualquier medio.

Valladolid, 16 oct (EFE).- El Juzgado de Sepúlveda ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que el pasado domingo dejó en coma a su mujer en la localidad segoviana de Arroyo de Cuéllar, y que tenía una orden de alejamiento, y además ha dictado privación de la patria potestad respecto a la hija menor de ambos, que está con su abuela materna.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha detallado este miércoles que el hombre está siendo investigado por los delitos de tentativa de homicidio y quebrantamiento de orden de protección.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cuéllar abrió diligencias por un delito maltrato hace un mes tras una denuncia de la víctima.

Y se adoptó entonces la prohibición de aproximarse a su mujer y de comunicarse con ella por cualquier medio.

Tras ser detenido, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda -en sustitución temporal del Juzgado de Cuéllar- acordó ayer su prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Fueron los vecinos de la localidad quienes alertaron a la Guardia Civil y a los servicios de emergencias sanitarias a las 19:42 horas del domingo de un incidente de violencia de género en un domicilio.

Según la Subdelegación del Gobierno, al lugar del suceso acudieron equipos del Sacyl para practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a una mujer joven que presentaba heridas de gravedad.

Tras ser estabilizada, fue trasladada al Hospital General de Segovia, donde permanece en estado de coma y su situación es grave.

"La víctima estaba bajo el sistema de protección Viogen, tras haber sufrido un episodio de violencia el mes pasado. Aunque estaba en seguimiento e incluso se testó esa orden hacía cuatro días, hubo un quebranto por parte del agresor de la orden de alejamiento, lo que permitió infligir a la víctima lesiones muy graves. Su pronóstico es reservado y permanece en coma en el hospital, con una evolución incierta", explicó la delegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda.

Según indicó Rueda la pareja, de nacionalidad extranjera, residía en Cuéllar y tenían un hijo menor en común.EFE

Tarragona, 9 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes en Tarragona a un hombre de 47 años, que ya ha entrado en prisión acusado de un delito de tentativa de homicidio, por agredir a otro de 46 que está ingresado en el hospital en estado muy grave.

El suceso tuvo lugar en las instalaciones de una empresa del polígono Riu Clar de Tarragona, donde el agresor dio un puñetazo al responsable de personal, que cayó al suelo y se golpeó la cabeza, según ha avanzado el diario Mes y ha confirmado a EFE la policía catalana.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra en Tarragona se ha hecho cargo del caso. EFE

dpj/rq/aam

En las últimas horas, la Policía Bonaerense detuvo a un chico de 18 años por el hecho, además, aprehendieron a tres de sus familiares por encubrimiento. Se trata de su tío materno, de 37 años, y sus dos abuelos, también de la línea materna, de 64 y 58 años.

El procedimiento, que se realizó en una vivienda de Ingeniero Maschwitz, estuvo a cargo de la DDI de Zárate Campana y la Sub DDI de Escobar. Los agentes también secuestraron una camioneta Toyota Hilux.

En el caso interviene la UFI N° 24 de Malvinas Argentinas y el Juzgado de Garantías N° 4 San Martin.

Los investigadores llegaron al sospechoso a través de testimonios y una foto del joven con un cuchillo en la mano, en posición de ataque, que circuló entre los jóvenes que forman parte de “la juntada pilchera”, la reunión convocada en redes sociales que desembocó en el disturbio.

La gresca se produjo durante una masiva reunión que congregó a cerca de doscientos adolescentes. Todos se movilizaron a las 15 horas al centro comercial ubicado en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 36,5. “Olvidate que tengo planes”, rezaba la convocatoria.

Una vez en el lugar, un nutrido grupo de chicos avanzó en tropel hacia el sector del patio de comidas; allí, sin que esté claro cuál fue el disparador, se trenzaron en peleas, provocando destrozos e incluso hiriéndose. La violencia estalló, y grupos de chicos protagonizaron corridas y empezaron a golpearse entre sí.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, hubo cuatro adolescentes con heridas ocasionadas con cuchillos. Entre ellos, un chico de 14 años, con una herida cortante superficial en la muñeca izquierda; un menor de 16, con una lesión en la espalda; otro joven de 15 años, con cortes en el abdomen y la pierna derecha, y otro menor de 16 años que recibió un puntazo en el abdomen.

Qué es la “juntada pilchera”

Así como los floggers se reunían en el Abasto allá por el 2007, ahora una nueva tribu urbana comenzó a hacerse notar en los centros de compra de zona norte y otros puntos del conurbano. Se trata de “la Juntada Pilchera”, una etiqueta que reúne a jóvenes y adolescentes con deseos de exhibir sus prendas deportivas de marca a sus pares.

La convocatoria se realiza por redes sociales. Integrantes de esta nueva tribu protagonizaron una pelea campal en el Tortuguitas Open Mall (TOM), en el partido de Malvinas Argentinas, que terminó con cuatro heridos con cortes y varios detenidos.

“Se juntan para mostrar la pilcha que tienen, por eso son pilcheros”, explicaron fuentes del caso a Infobae. “La mayoría son menores y son de Belén de Escobar y Maquinista Savio, principalmente”, detallaron. En un video que circula en redes, los integrantes del grupo se graban con celulares mientras invaden las escaleras mecánicas de un shopping.

La tendencia, que comenzó por iniciativa de dos vendedores de ropa importada, comienza a extenderse a otras zonas. Así lo demuestra un posteo “POV” (siglas en inglés de Point of View) que, a la vez, muestra cierta rivalidad. “Hacés una juntada de pilcheros de zona norte y responden los del sur”, indica la publicación que exhibe algunos comentarios agresivos.

La pelea de este sábado tuvo repercusión entre los “pilcheros”. “¿Qué pasó que se agarraron a facazos? Pregunto en serio, no descansó a nadie”, escribió una usuaria en uno de los posteos. Otro se mostró indignado: “No nos metan a todos en la misma bolsa, estamos los pibes que fuimos a pasar bien con amigos, a compartir un re momento, y después están las ratas que ya sabemos bien quiénes son y quiénes fueron”.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes ratificó la condena de siete años de prisión para un hombre de 50 años acusado de intentar ahogar a su nieto de un año y siete meses tras una discusión con su nuera. La víctima recibió maniobras de primeros auxilios en un hospital y el delito que se le endilgó al abuelo fue el de “lesiones graves agravadas por la condición de ascendiente”.

El incidente ocurrió el 2 de enero 2019 en la ciudad de Sauce, a 400 kilómetros de la capital correntina. Durante la hora de la siesta, inmediatamente después de un altercado entre la madre del bebé y su suegro H.J.A., quien, según constó en la causa, le había recriminado “entre ofensas e insultos” su estilo de vida y su “falta de moralidad”, el acusado tomó al menor y lo sumergió en una palangana de plástico azul tipo bañera, de 55 cm de alto por un metro de largo, mientras decía: “Este no es mi nieto”. En ese momento intervino el padre de la víctima e impidió que su papá ahogara al bebé, quien al quedar inconsciente y bajo un estado de “leve asfixia”, fue trasladado al Hospital local de Sauce, donde recibió la maniobra de “Heimlich” para su rescate.

El 27 de octubre de 2021, el Tribunal Oral Penal de la Tercera Circunscripción Judicial de Mercedes condenó con siete años de cárcel al imputado tras encontrarlo responsable del delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. La defensora pública Julieta Lacroze apeló esta sentencia por alegar “orfandad probatoria” y una pena desproporcionada. Solicitó la nulidad del fallo, la absolución de su defendido o, en su defecto, la aplicación de una pena mínima de ejecución condicional.

El expediente se elevó al STJ, integrado por los ministros Eduardo Panseri, Luis Rey Vázquez, Guillermo Semhan, Alejandro Chaín y Fernando Niz. Antes de su intervención, el Ministerio Público afirmó que el hecho estaba debidamente acreditado a través de pruebas científicas y distintos testimonios de enfermeras y médicos que corroboraron que en el centro de salud se realizaron maniobras para resolver el “casi ahogamiento” del menor, que, dijeron, llegó al lugar “con el pelito mojado (...) somnoliento, cianótico, azul, frío”.

Con el voto mayoritario de los jueces Panseri, Rey Vázquez y Semhan, el Máximo Tribunal provincial rechazó el planteo de la defensa y confirmó la condena de primera instancia en un fallo de 24 páginas que publicó el sitio Diario Judicial. También encomendó a la Asesoría de Menores e Incapaces que lleve a cabo un “especial seguimiento de la situación del menor”, ya que, según surgió de las declaraciones de sus familiares durante el proceso, “se encontraría -viviendo- en el domicilio del encausado”.

Además de proponer el rechazo del recurso, el ministro Panseri -con la adhesión de sus colegas- consideró que el juez de primera instancia debería haber seguido la línea del Ministerio Público respecto al encuadre jurídico del caso bajo un “homicidio en grado de tentativa”. “En este sentido -expresó el magistrado-, razono que el sentenciante debió dar favorable acogida a la hipótesis fiscal e imponer la pena de 16 años de prisión -como también lo requirió el acusador-, atento las circunstancias agravantes existentes, a saber: la condición de vulnerabilidad de la víctima por su menor edad; el contexto de discusión con la madre del niño; la negación del vínculo; la acción de desquitarse con su propio nieto”.

En disidencia, los jueces Chaín y Niz votaron por cambiar la calificación legal de lesiones graves a lesiones leves agravadas por el vínculo en virtud de tres pericias que determinaron que el bebé “no corrió riesgo de vida” y que a los 15 o 20 minutos de intervención médica con máscara de oxígeno ya estaba dado de alta.

Hoy por la mañana, un grupo de policías de la Federal llegó a la Alcaidía Departamental de La Matanza, ubicada en González Catán, para llevarse a Erika Belén Aguilar Valinotti, efectivo del Servicio Penitenciario Bonaerense, que trabajaba como guardia en el lugar. Se la llevaron ante la mirada de su jefe, claramente incómodo.

La imputación en contra de Erika Belén, a cargo de la UFI N°7 de Lomas de Zamora, no era muy cómoda tampoco: tentativa de homicidio.

Erika Belén, de 22 años, según confirmaron fuentes judiciales, había sido acusada como partícipe necesaria en un intento de asesinato. La víctima se llama Luis, paraguayo, de 26 años, un albañil que trabaja en una empresa tercerizadora, vecino de Ingeniero Budge. El hecho ocurrió el 6 de agosto del año pasado en la esquina de Quiroga y Magaldi, también en Budge.

Allí, Luis oyó una voz que no pudo reconocer, no de inmediato. La voz le hizo una pregunta: “¿Viste cómo te regalás?”. El guion es propio de un ratero con ínfulas, pero no aquí. El hombre que lo sorprendía por la espalda estaba lejos de querer robarle. Así, el agresor inesperado tomó un arma y le disparó. Sangrando, logró contactar a su padrastro, que lo trasladó al hospital Allende. Los médicos descubrieron que había recibido seis tiros. Sin embargo, lograron estabilizarlo y quedó fuera de peligro.

Así, declaró ante los funcionarios de la causa, a cargo del fiscal Nicolás Espejo y el secretario Alejandro Semisa. Finalmente, logró reconocer a su agresor. Era parte de una historia que guardaba, un poco, en secreto.

Lo señaló con nombre, apellido y apodo: Fabián Nicolás Sosa, “El Meca”, otro lomense de 21 años, mecánico, empleado en una empresa del rubro de reparación y venta de artículos para motos en Villa Domínico.

Dijo, sin tapujos, que Sosa era la pareja de su amante, Erika, la penitenciaria.

Hoy, “El Meca” está detenido por el hecho. Pero Luis no sabía de la mano de su amante. La investigación posterior descubrió que la penitenciaria había citado a Luis en el lugar donde casi fue baleado hasta la muerte para entregarlo a su novio, tal vez tan celoso, lo suficiente como para matar.

La indagatoria de Erika Belén se espera en las próximas horas.