“Hola, le habla el doctor Espinosa, lo llamo porque su hijo tuvo un accidente, está grave y necesitamos muchas pintas de sangre. En el hospital no tenemos, por lo que envíe $100 para poder comprarlas. Es de suma urgencia”.

La llamada llega a las 2:00 a.m. No da tiempo a pensar, y quien soñoliento la recibe hace enseguida el depósito al número indicado. Ya despierto, llama a su hijo, quien está en su casa sano y salvo. Ha caído en una estafa telefónica.

Este tipo de delitos ha experimentado un incremento durante los últimos años en diversas regiones del país, explicaron fuentes policiales.

Las modalidades más comunes de estafa telefónica incluyen la suplantación de identidad, el uso de historias alarmantes sobre familiares y la exigencia de transferencias inmediatas para supuestos tratamientos médicos, accidentes o problemas legales.

Solo esta semana las autoridades informaron de la detención de dos personas en el distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, por su presunta implicación en un caso de estafa telefónica que afectó a una residente local.

La acción judicial se enmarca en la intensificación de operativos para combatir delitos contra el patrimonio económico en el país.

De acuerdo con los datos recabados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la investigación se inició luego de que una ciudadana denunciara haber recibido una llamada en la que, mediante un ardid, le comunicaron que un familiar suyo enfrentaba una emergencia médica y requería el envío urgente de fondos.

Convencida por la información falsa, la víctima transfirió una suma de dinero a una cuenta bancaria proporcionada por los estafadores, según documentaron las autoridades. Poco después, la persona afectada descubrió que la emergencia nunca existió y que había sido víctima de una estafa.

La Policía Nacional indicó que los sospechosos, de 53 y 65 años, fueron ubicados y aprehendidos en el transcurso de un operativo coordinado por unidades especializadas de la Dirección de Investigación Judicial.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su trámite judicial, con el objetivo de esclarecer su grado de participación en el hecho denunciado y determinar si existen más víctimas o cómplices.

La DIJ reiteró la importancia de que la ciudadanía extreme precauciones ante llamadas inesperadas en las que se solicite información personal o financiera bajo presión.

“Los delincuentes suelen aprovechar el estado emocional de la víctima y manipularla psicológicamente para lograr su objetivo”, precisó un portavoz. En el caso de Bugaba, el rápido aviso de la perjudicada permitió activar los protocolos de rastreo y seguimiento que culminaron con la localización de los presuntos responsables.

El Ministerio Público instruyó la apertura de una investigación formal por el delito de estafa en perjuicio del patrimonio económico. “Las diligencias buscan determinar la posible existencia de una red dedicada a este tipo de engaños en la zona occidental del país”, detallaron fuentes judiciales. Los aprehendidos permanecen bajo custodia en espera de que se les formule imputación ante los tribunales de justicia.

Datos recientes de la Policía Nacional indican que, durante el último semestre, se han reportado decenas de denuncias por estafas telefónicas en diferentes provincias de Panamá, muchas de ellas con patrones similares al caso de Bugaba.

Las autoridades han intensificado campañas de prevención, alertando a la población sobre los métodos utilizados por los delincuentes y recomendando desconfiar de llamadas en las que se requieran transferencias monetarias bajo situaciones de presión o urgencia.

“En caso de recibir este tipo de llamadas, la primera recomendación es establecer contacto directo con el familiar supuestamente afectado y evitar proporcionar información confidencial o realizar transferencias sin corroborar la veracidad del hecho”, subrayan las autoridades.

La investigación logró identificar a 34 integrantes del grupo delictivo instalados en Nigeria y más de 400 personas afectadas, quienes residen no solo en distintas provincias de España, sino también en Italia y Francia. Muchas de las víctimas desconocían completamente que sus datos personales habían sido utilizados por la organización. Según informó la Guardia Civil en un comunicado, un total de 50 personas relacionadas con esta red fueron detenidas en el marco de una operación desarrollada en varias provincias, tras detectarse múltiples ilícitos que incluían estafas informáticas, usurpación de identidad, falsificación de documentos y lavado de dinero.

De acuerdo con el Instituto Armado, la organización mantenía su centro de operaciones en España y contaba con conexiones directas en Nigeria, país al que remitían parte de los fondos obtenidos ilícitamente. El medio de comunicación destacó que, tras varios meses de labores de investigación, la Guardia Civil desarticuló la organización y realizó tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro (Burgos), Bilbao y Barakaldo (Vizcaya), en los que se incautaron más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, documentos de identidad falsos, contratos de telefonía fraudulentos, tarjetas monedero y otros materiales empleados para el blanqueo de capitales. También confiscaron un dispositivo electrónico con funciones para la transferencia de criptomonedas.

La estructura de la red consistía en la apropiación de identidades de terceras personas, cuya información personal era utilizada para contratar de manera fraudulenta líneas telefónicas de prepago y otros servicios relacionados con las telecomunicaciones. Los miembros de la organización utilizaban estas líneas para contactar potenciales víctimas a través de espacios de compraventa en línea, donde se hacían pasar por vendedores o compradores con aparente legitimidad. Una vez que lograban convencer a sus interlocutores, los afectados efectuaban pagos mediante la aplicación Bizum, transferencias bancarias o incluso remitían dispositivos electrónicos, los cuales raramente llegaban a los destinatarios supuestos.

En aquellos casos en los que los productos sí eran enviados, la mercancía quedaba bajo el control de la red en direcciones designadas dentro de España, donde otros miembros de la organización se hacían pasar por los destinatarios legítimos y recogían los envíos. Posteriormente, los objetos eran revendidos en establecimientos de segunda mano, reportó la Guardia Civil. El flujo de fondos resultante de estas actividades se fragmentaba deliberadamente en pequeñas cantidades que eran enviadas a Nigeria utilizando empresas especializadas de transferencia monetaria, estrategia que facilitaba evadir la detección de las autoridades.

El beneficio económico obtenido por la organización ascendió a más de 320.000 euros, cuantía que fue blanqueada a través de distintos mecanismos, mientras que el perjuicio ocasionado a compañías de telecomunicaciones superó los 40.000 euros, de acuerdo con los datos proporcionados por la Guardia Civil. Además de las 50 detenciones llevadas a cabo, la investigación implicó a otras siete personas y permitió identificar a 100 más como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, usurpación de estado civil, falsificación de documentos, lavado de dinero y pertenencia a grupo criminal.

El medio también detalló que la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la posibilidad de presentar denuncias a través de internet, sin necesidad de hacerlo presencialmente, en casos de delitos informáticos, daños, hurtos, sustracción de vehículos y robos en el interior de vehículos. A nivel administrativo, el sistema en línea también admite denuncias por la pérdida o extravío de documentación y casos de localización de documentos oficiales.

Las investigaciones permitieron descubrir la extensa red de afectados, compuesta por individuos en toda España además de otros en Italia y Francia, que sufrieron perjuicios económicos o cuyos datos fueron utilizados sin autorización. Según consignó la Guardia Civil, el caso pone de relieve la utilización de plataformas tecnológicas y de compraventa en línea como canales principales para la captación de víctimas, así como la adopción de sistemas sofisticados para el lavado y transferencia transnacional de fondos.