El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, para que el magistrado Gustavo Gutiérrez se abstenga de intervenir en el caso de la demanda competencial de la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial.

Según informó el secretario relator Víctor Alzamora Cárdenas, el pedido de Espinoza fue declarado improcedente y “ya se notificará la resolución” con los fundamentos.

Lo más seguro es que el TC desestimó el pedido debido a que la exfiscal de la Nación no es parte del proceso competencial, sino “tercero con interés en el resultado del proceso”.

La jurisprudencia del Tribunal ya ha establecido que la participación de los terceros incorporados se limita a presentar escritos e informar oralmente en la audiencia del caso. Estos no pueden interponer reposiciones, ni plantear nulidades o excepciones, o pedidos de abstención de magistrados.

Y, efectivamente, el abogado de Delia Espinoza sí pudo exponer sus argumentos ante los magistrados, aunque de manera virtual ya que la audiencia se llevó a cabo en Huánuco, un punto que la exfiscal de la Nación también cuestionó al pedir la abstención de Gustavo Gutiérrez.

¿Por qué se pidió la asbtención de Gustavo Gutiérrez?

El pedido de abstención se sustentó en declaraciones que Gutiérrez Ticse realizó durante la audiencia del habeas corpus del prófugo Vladimir Cerrón. En esa sesión, el magistrado preguntó al abogado Humberto Abanto si la conducta de Espinoza —quien supuestamente no acató una resolución de la JNJ — podía equipararse al “derecho a la resistencia” que habría ejercido Cerrón frente a resoluciones judiciales.

La pregunta textual del magistrado fue: “¿Cómo se podría enfocar este punto de la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza, que pese a que había un mandato, una orden de la Junta Nacional de Justicia —que es un órgano constitucional autónomo, no es un órgano administrativo como está tratando de decir, es un Poder del Estado, prácticamente—; sin embargo, la señora consideró que no debía cumplir ese mandato porque le faltaba A o B razones. Entonces, ella también ejerció un derecho de resistencia”.

Para la decana del CAL, esa intervención no fue una pregunta neutral sino una toma de posición. En su escrito, señaló que la formulación de Gutiérrez Ticse presupone “la validez del mandato de la JNJ, la improcedencia de cuestionarlo en sede judicial y una lectura reprochable de mi conducta como un ‘desacato’ a una orden legítima”.

Espinoza pidió que el magistrado se aparte del caso, se abstenga de participar en la audiencia pública y no intervenga en la resolución final. Advirtió que su presencia “generaría una duda razonable sobre la neutralidad del órgano colegiado y afectaría la confianza en la decisión que se adopte”.

Al voto

El último jueves 21, el TC dejó al voto la demanda competencial de la JNJ contra el PJ por resoluciones judiciales que supuestamente interferirían en las competencias de la Junta.

Según la JNJ, las demandas del IDL para anular el concurso público donde se eligió a los miembros de la JNJ y la demanda de Delia Espinoza para anular el proceso disciplinario por la reposición de Patricia Benavides, vulneran sus competencias.

El procurador del Poder Judicial refutó a la Junta y aseveró que el TC ya estableció que las resoluciones sobre procesos disciplinarios sí pueden ser revisadas en sede constitucional vía demanda de amparo.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) modificó su demanda competencial contra el Poder Judicial, por el caso de la reposición de Delia Espinoza, en plena audiencia ante el Tribunal Constitucional.

Cuando la Junta planteó la demanda competencial, solicitó que el TC declare que el Poder Judicial “carece de competencia para impedir, a través de procesos ordinarios y/o constitucionales y/o cualquiera sea la denominación que se le pueda dar a sus pretensiones, el normal desarrollo del ejercicio de las funciones y atribuciones exclusivas y consustanciales que son de competencia de la JNJ”.

Sin embargo, durante la audiencia, el abogado Enrique Ghersi indicó que lo que se solicita es “acotar las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial” ya que este, supuestamente, habría otorgado un “blindaje” a Delia Espinoza para que no sea investigada disciplinariamente.

El procurador público del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi Sotomayor, hizo notar la variación del pedido de la demanda competencial. “Mi colega señala que es importante establecer un límite a la competencia del PJ, lo cual ya lo ha hecho el TC en diferentes ocasiones, pero el petitorio real es que debe declararse que el PJ carezca de competencia (...)”, dijo.

Tupayachi indicó que la demanda competencial no busca defender las competencias de la JNJ (ratificación, nombramiento, destitución) porque “no han sido interrumpidas por el PJ”. “El petitorio es muy ambiguo y hasta podríamos decir que no establece un acto específico de menoscabo expreso en torno a las funciones porque la idea de una delimitación no calza” en un conflicto competencial, sostuvo.

El procurador también mencionó que el Tribunal Constitucional ha establecido que las decisiones de la JNJ sí pueden ser revisadas por el Poder Judicial si estas no están debidamente motivadas.

El magistrado Manuel Monteagudo también hizo notar el cambio de la pretensión. Luchas Ghersi señaló que la Junta no considera que ese proceso disciplinario no se pueda revisar en sede judicial, sino que, dice, el Poder Judicial no puede otorgar una “inmunidad sábana” a Delia Espinoza.

Defensa de Delia Espinoza

Durante la audiencia también se presentó el abogado de Delia Espinoza, quien fue incorporada como tercero con interés en el resultado del proceso competencial. Y es que la JNJ busca que el TC declare nula la medida cautelar que ordenaba su reposición como fiscal de la Nación y la suspensión del proceso disciplinario en su contra por la reposición de Patricia Benavides.

El abogado de Espinoza, Arturo Grau Castillo, cuestionó que la JNJ recurra al TC luego de que se emitiera una medida cautelar a su favor. Consideró que la Junta usa la demanda competencial como una apelación. “El proceso competencial no puede convertirse en una apelación encubierta contra un amparo, menos aún cuando la persona directamente afectada ni siquiera puede intervenir como parte”, sostuvo.

El letrado también defendió que el Poder Judicial pueda intervenir ante alguna afectación por parte de la JNJ. “Revisar judicialmente un acto de la Junta no equivale a sustituirla. Una cosa es ejercer una potestad disciplinaria y otra distinta es controlar si esa potestad disciplinaria se ejerció respetando los derechos fundamentales invocados en la demanda de amparo”, apuntó.

Como argumento, el abogado de la exfiscal de la Nación citó el caso de Tomás Gálvez, cuya destitución fue anulada por el TC, ordenando su reposición como fiscal supremo.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rompió su silencio y se pronunció oficialmente sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la reposición de Deportivo Binacional a la Liga 1 para la temporada 2027. A través de un comunicado, el ente presidido por Agustín Lozano mostró su total desacuerdo con el fallo y aseguró que la decisión “no tiene sustento jurídico ni mérito deportivo”.

La resolución del TC obliga a la FPF a actualizar la tabla de posiciones del campeonato 2023 y considerar la reincorporación del club de Juliaca a la máxima categoría del fútbol peruano. Sin embargo, desde la Federación consideran que la medida no modifica la situación deportiva del ‘poderoso del Sur’ y cuestionan los alcances de la sentencia.

En el documento, el organismo rector del fútbol peruano explicó que el caso está relacionado con la ejecución de sanciones vinculadas al sistema de licencias durante la temporada 2023 y sus posibles efectos sobre la permanencia de Binacional en Primera División.

“Con base a lo desarrollado por el TC, según su segundo extremo resolutivo, se deberá aplicar la Resolución N°125-TL-FPF-2023 que impone la sanción de deducción de 04 puntos al Club Sport Boys Association”, indicó la Federación.

No obstante, el organismo remarcó que dicha sanción ya había sido declarada “inejecutable” mediante una resolución emitida en 2024, luego del pronunciamiento del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Binacional se mantiene en puesto de descenso”

Uno de los puntos más firmes del comunicado fue la postura de la FPF respecto a la situación deportiva del club puneño. Según el ente rector del fútbol peruano, incluso aplicando la deducción de puntos a Sport Boys, Binacional seguiría ocupando zona de descenso en la tabla acumulada de la Liga 1 2023.

“El TC no ha tomado en cuenta que la sanción de deducción de los 04 puntos que se aplicaría al Club Sport Boys Association (...) no altera la posición del Club Binacional, el cual se mantiene en el puesto 17 de descenso”, señaló la Federación. Bajo esa línea, la institución concluyó que “no hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en el futuro campeonato 2027”.

Asimismo, la Federación reafirmó su postura respecto a que los conflictos vinculados al fútbol profesional deben resolverse exclusivamente dentro de los órganos deportivos y no mediante la justicia ordinaria. Además, recordó que los lineamientos de FIFA, CONMEBOL y el propio estatuto federativo establecen que las controversias deportivas deben resolverse en instancias como el TAS.

“La participación deportiva en los campeonatos debiera ser consecuencia del mérito deportivo y no de sentencias judiciales. La FPF reafirma la importancia de que los temas deportivos sean resueltos estrictamente dentro de los órganos de justicia deportiva y del Tribunal Arbitral del Deporte”, se lee en el pronunciamiento.

Un nuevo capítulo en el conflicto Binacional-FPF

El pronunciamiento de la Federación añade un nuevo capítulo al largo conflicto entre Binacional y la FPF, una disputa que se arrastra desde el descenso del club en 2023 y que ha pasado por distintas instancias judiciales y deportivas.

Mientras el Tribunal Constitucional ordenó la reposición del cuadro de Juliaca para la temporada 2027, la Federación sostiene que el fallo no cambia la situación deportiva del equipo y advierte sobre los efectos institucionales que podría generar la intervención de la justicia ordinaria en decisiones del fútbol profesional peruano.

Por ahora, el escenario sigue abierto y todo apunta a que el caso continuará generando debate tanto en el ámbito deportivo como legal.

El caso Deportivo Binacional sumó un nuevo y decisivo capítulo. El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda presentada por el club de Juliaca y ordenó su reposición en la Liga 1 para la temporada 2027, en una resolución que vuelve a sacudir el panorama del fútbol peruano y reabre el debate sobre la relación entre la justicia ordinaria y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La decisión representa un giro más en una historia marcada por exclusiones, reincorporaciones, sanciones y disputas legales que han mantenido al club en el centro de la polémica desde su última participación en la máxima categoría.

Binacional fue excluido de la Liga 1 en 2025 tras la revocación de medidas cautelares que le habían permitido su participación provisional en el torneo. Aquella decisión de la FPF generó la salida inmediata del equipo del campeonato, anulando incluso sus encuentros oficiales de la temporada y dejando en incertidumbre su futuro deportivo.

El club tomó cartas en el asunto y, desde entonces, inició una batalla legal para intentar revertir su situación, argumentando presuntas vulneraciones al debido proceso y a su derecho de participación en competencias profesionales.

El Tribunal Constitucional falla a favor del club

De acuerdo con la reciente resolución difundida por el Tribunal Constitucional, el máximo órgano de interpretación de la Constitución declaró fundada la demanda del club puneño y dispuso su reincorporación a la Liga 1, aunque con aplicación a la temporada 2027, lo que marca un horizonte diferido para su retorno.

El fallo sostiene que la decisión previa de la Federación habría afectado derechos fundamentales vinculados a la actividad deportiva profesional, por lo que ordena su restitución en la estructura del fútbol profesional peruano.

El nuevo pronunciamiento del TC vuelve a colocar al organismo presidido por Agustín Lozano en una situación compleja, al tratarse de una decisión judicial que impacta directamente en la organización del campeonato. El caso reaviva, además, la discusión sobre los límites de intervención de la justicia en las decisiones de las federaciones deportivas, un tema que ya había generado controversia en episodios anteriores vinculados al club de Juliaca.

El comunicado oficial del club tras la sentencia

Binacional ha atravesado en los últimos años un escenario de marcada inestabilidad institucional. Tras descender en 2023, el club logró regresar a la Liga 1 mediante medidas judiciales en 2024, disputó la temporada 2025 y posteriormente volvió a ser excluido por una resolución administrativa de la FPF.

Ahora, con este nuevo fallo del Tribunal Constitucional, el equipo de Juliaca suma un capítulo más a una historia que ha oscilado entre el descenso deportivo, la reposición judicial y la exclusión administrativa. A través de un comunicado oficial, el ‘Poderoso del Sur’ confirmó haber tomado conocimiento de la resolución y detalló los alcances de la sentencia.

Asimismo, la institución expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante todo el proceso judicial: “expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hinchas que nos acompañaron desde el inicio de este litigio y a nuestro equipo legal por defendernos en lograr esta histórica sentencia”.

Un futuro aún por definirse

Aunque la sentencia establece su retorno a la Liga 1 a partir de la temporada 2027, todavía está pendiente la postura oficial de la Federación Peruana de Fútbol respecto al cumplimiento del fallo y a sus posibles implicancias en la planificación del torneo.

En ese contexto, el caso Binacional se mantiene como uno de los más controversiales del fútbol peruano en los últimos años, no solo por su impacto deportivo, sino también por el precedente jurídico que viene sentando en la relación entre el sistema de justicia y las decisiones del deporte profesional.

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, fue incorporada al proceso competencial que inició la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional, en una reciente resolución, aceptó el pedido de Espinoza para ser incorporada en el caso en calidad de “tercero con interés en el resultado del proceso”. Ello debido a que las resoluciones que la JNJ pretende sean anuladas nacen de la demanda de amparo que ella interpuso.

“Corresponde precisar que, si bien la solicitante no se encuentra legitimada para interponer reposiciones, ni plantear nulidades o excepciones, o pedidos de abstención de magistrados, por cuanto no tiene la calidad de parte en el proceso, sí podrá presentar escritos con el objeto de aportar sentidos interpretativos relevantes, y también podrá solicitar informar oralmente en la respectiva audiencia pública”, se lee en la resolución.

Cabe precisar que el TC ya programó la audiencia donde se analizará la demanda competencial de la JNJ. Será este jueves 21 de mayo, pero no se desarrollará en Lima, sino en Huánuco, en la Corte Superior de Justicia de ese departamento.

No es la primera vez que el Tribunal decide que audiencias de casos importantes se lleven a cabo al interior del país. Por ejemplo, la audienciade de la demanda competencial de Patricia Benavides contra la anterior JNJ se realizó en Arequipa. Buscaba librarse de las investigaciones disciplinarias que se le iniciaron.

Por otro lado, el TC también realizó la audiencia de la demanda del Poder Ejecutivo contra la Fiscalía en Arequipa. Se trata del proceso competencial de Dina Boluarte, que acabó en una sentencia que limitó la actuación del Ministerio Público en investigaciones contra presidentes en funciones.

JNJ vs PJ

La JNJ acudió al TC con una demanda competencial para bloquear la medida cautelar que obligaba a reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. La acción fue presentada por Gino Ríos Patio, entonces presidente de la JNJ y condenado por violencia familiar.

La demanda cuestiona dos acciones de amparo que el Poder Judicial admitió a trámite: una del Instituto de Defensa Legal (IDL) para anular la elección de los consejeros de la JNJ, y otra de la propia Espinoza para dejar sin efecto el proceso disciplinario abierto en su contra por el caso Patricia Benavides. La JNJ sostiene que ambas acciones vulneran sus atribuciones constitucionales.

Uno de los argumentos centrales del escrito apunta al juez Juan Torres Tasso, quien emitió una segunda resolución con un plazo de dos días para que Espinoza sea restituida en su cargo. La JNJ alega que esa resolución no les fue notificada formalmente y que tomaron conocimiento de ella a través de los medios de comunicación. Además, cuestionan que Torres Tasso haya ordenado suspender el proceso disciplinario respecto a los cuatro cargos imputados a la fiscal, cuando —según la JNJ— la medida cautelar solo cubriría dos. “Ello constituye una extralimitación de las competencias que le corresponden al Poder Judicial y una ruptura del principio de congruencia procesal”, se lee.

Con ese argumento, la JNJ pide al TC que declare fundada la demanda, anule la medida cautelar a favor de Espinoza y ordene a Torres Tasso “no volver a incurrir en actos similares en el futuro”.

La demanda tiene también un segundo frente. La JNJ busca que el TC paralice el amparo del IDL, presentado tras las observaciones de una misión internacional de expertos sobre el concurso de selección de consejeros, a cargo de la Comisión Especial presidida por el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez. Aunque ese proceso aún no tiene sentencia de primera instancia, la JNJ teme que se dicte una medida cautelar que suspenda la elección de sus siete miembros. “Dicha situación llevaría a la JNJ a una situación de parálisis, lo que causaría un perjuicio grave sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia”, advierte el documento.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al Tribunal Constitucional que suspenda la proclamación de los resultados de la primera vuelta, donde los dos candidatos que obtuvieron mayor puntaje y pasarán a la segunda vuelta son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En el documento al que accedió Infobae, Reggiardo exige que el TC ordene “que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se abstenga de proclamar los resultados oficiales de la primera vuelta". Esto, dicen, hasta que el tribunal electoral “emita, con motivación reforzada y dentro de plazo breve y razonable, un nuevo pronunciamiento que evalúe efectivamente las medidas restaurativas focalizadas del sufragio en las mesas y locales electorales donde la falla estatal reconocida impidió materialmente el ejercicio del derecho al voto”.

“Esta medida resulta indispensable para evitar que la consolidación formal de un resultado electoral, derivado de un proceso afectado por irregularidades estatales reconocidas, torne en irreparable el menoscabo constitucional denunciado”, se lee en el escrito.

Cabe precisar que Renzo Reggiardo presentó este documento al TC el jueves 25 de mayo a las 2:34 de la tarde, luego de que el JNE anunció que este domingo 17 de proclamarán los resultados de la elección presidencial.

Contradicción

En la medida cautelar inicial, Reggiardo únicamente pedía que se suspenda el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima. Esto hasta que se resuelva la demanda principal, cuyo objetivo es que se anule dicho acuerdo y se ordene al ente electoral emitir un nuevo pronunciamiento.

Ahora, el alcalde modifica su solicitud cautelar y pide que se ordene al JNE a asbtenerse a proclamar los resultados de la primera vuelta hasta que emita un nuevo pronunciamiento donde se evalúe nuevamente “medidas restaurativas focalizadas del sufragio”.

Como se recuerda, por unanimidad, el Pleno del Jurado declaró “inviable” la posibilidad de organizar elecciones complementarias dentro del marco de las Elecciones Generales 2026.

Uno de los argumentos centrales del sector político que impulsó la iniciativa era que el ausentismo electoral se explicaba, en gran parte, por la instalación tardía de mesas de sufragio: los electores llegaban, no encontraban su mesa lista y se retiraban sin votar. Frente a eso, un análisis estadístico de la Dirección Nacional de Estudios del JNE concluyó que el impacto de ese retraso fue leve. Las mesas instaladas a tiempo registraron un ausentismo del 19,6%, frente al 20,9% de las que abrieron después de las 8:01 a.m.

Además, el tribunal electoral señaló que el ausentismo obedece a múltiples factores: condiciones socioeconómicas, desafección política, dificultades de transporte y distancia a los locales de votación, entre otros.

El JNE también subrayó que el pedido carece de base legal. La figura de las elecciones complementarias no está contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones para procesos generales, sino únicamente para elecciones municipales bajo supuestos específicos de nulidad. Aplicar por analogía esas reglas a unas elecciones generales, advirtió el tribunal, vulnera el principio de legalidad y la seguridad jurídica.

A ello se suma que la ONPE no tendría capacidad organizativa para ejecutar una nueva jornada en el corto plazo sin afectar el cronograma de la segunda vuelta, lo que pondría en riesgo la asunción del nuevo gobierno el 28 de julio. El JNE también alertó que realizar votaciones adicionales cuando ya se conocen los resultados comprometería la autenticidad del sufragio y la estabilidad democrática.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una solicitud de medida cautelar destinada a suspender los efectos del Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 23 de abril de 2026. La demanda, impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo, denuncia que dicho órgano electoral ha establecido una “clausura absoluta de toda alternativa de tutela restaurativa del sufragio” al declarar inviable la realización de elecciones complementarias o medidas correctivas para los ciudadanos que no pudieron votar el pasado 12 de abril.

El argumento central de la MML intenta forzar un supuesto menoscabo de competencias. Según el documento, la omisión del JNE al supuestamente no reparar las fallas logísticas del proceso electoral “proyecta sus consecuencias sobre la gestión urbana de la ciudad”. La municipalidad sostiene que el ente electoral, al cerrar las vías institucionales para el ejercicio del voto, traslada a la comuna limeña la carga de gestionar los efectos sociales (movilizaciones) de la controversia.

En el documento se afirma que esta situación “incide directamente en el ejercicio de competencias vinculadas al orden urbano, la seguridad ciudadana, el tránsito y la gestión del espacio público”. Para la autoridad edil, la falta de una respuesta técnica por parte del JNE frente a la afectación del sufragio genera escenarios de “conflictividad social que se traducen en concentraciones, movilizaciones y presión sobre el espacio público”, lo que obliga a la municipalidad a desplegar recursos humanos y financieros extraordinarios para contener riesgos en áreas sensibles como el Centro Histórico.

Supuesta contradicción

La nota judicial enfatiza una contradicción en la actuación del JNE. Se recuerda que los días 12 y 13 de abril, la autoridad electoral reconoció un “margen constitucional de actuación extraordinaria” al ampliar el horario de votación ante la falta de material electoral. No obstante, el acuerdo impugnado rechaza aplicar ese mismo criterio de flexibilidad para remediar las afectaciones residuales que impidieron el voto de miles de ciudadanos. No obstante, el JNE advirtió que era inviable elecciones complementarias porque implicaría alterar el calendario electoral.

La defensa de la MML califica esta postura como una “incongruencia clara”, señalando que el JNE no explica por qué el estándar pro-sufragio dejó de operar. La demanda afirma que el ausentismo sea multicausal “puede ser útil para descartar una nulidad general, pero no para negar toda tutela focalizada” en mesas donde el retraso de la ONPE fue un obstáculo objetivo.

Peligro de un daño irreversible

El pedido cautelar advierte que, de no suspenderse el acuerdo, el proceso electoral avanzará hacia una segunda vuelta consolidando una situación de exclusión. Esto, según el texto, convertiría cualquier sentencia futura del TC en una “declaración meramente académica, sin capacidad real de restablecer el equilibrio constitucional afectado”.

La municipalidad aclara que la medida buscada tiene un “alcance quirúrgico”: no pretende anular las elecciones ni sustituir las funciones técnicas del JNE, sino evitar que se consoliden los efectos de una decisión que “perpetúa la exclusión de un sector importante del electorado” mientras el Tribunal resuelve el fondo de la controversia competencial.

Gerardo Eto Cruz, exmagistrado del TC, fue contratado como el asesor legal de la Municipalidad de Lima en este caso, y anticipó a RPP que el equipo municipal iniciará visitas presenciales al Tribunal Constitucional para acelerar la admisibilidad de su recurso. La demanda surge tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones de no convocar a ciudadanos que no pudieron votar para nuevas jornadas electorales, decisión que la municipalidad considera lesiva para la gobernabilidad limeña.

El abogado sostuvo que el Tribunal Constitucional ha establecido desde hace tiempo que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones pueden estar sometidas a control constitucional, ya que el intérprete supremo de todos los órganos del Estado es el TC, explicó a RPP.

Según Eto Cruz, la incertidumbre por esta falta de comicios podría reflejarse en movilizaciones que alteren la seguridad ciudadana, el control vial y la estabilidad de la salud pública. “El territorio de Lima Metropolitana va a estar sujeto al asedio, va a haber una suerte de territorio comanche”, indicó a Canal N.

La defensa cuestionó que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones omite una justificación suficientemente fundamentada sobre el impacto real del ausentismo electoral. Eto Cruz objetó la interpretación oficial, que restó importancia al bajo incremento del ausentismo —según el JNE, de apenas 1,4% en mesas con apertura tardía respecto a las abiertas temprano— y consideró que falta una motivación profunda en el fallo.

“Precisamente nosotros estamos cuestionando al Jurado Nacional de Elecciones porque su resolución no se encuentra motivada, fundada en una argumentación de ponderación, porque de todas maneras es competencia del Jurado Nacional de Elecciones haber suplido estas irregularidades”, afirmó Eto Cruz a Canal N.

Uno de los elementos presentados en la demanda es un documento suscrito por una sección especializada del Colegio de Ingenieros, que advierte, según la defensa municipal, de irregularidades informáticas durante el proceso electoral y que fue adjuntado formalmente. “Tengo un documento que se ha adjuntado en esta demanda, donde el Colegio de Ingenieros ha emitido un informe demoledor donde ha habido irregularidades que ya tienen otra categoría”, declaró Eto Cruz a Canal N.

Sin embargo, el propio Colegio de Ingenieros indicó en un comunicado que esa información, difundida por Rafael López Aliaga, no representa una postura institucional y que tampoco ha sido aprobada por su Consejo Nacional, por lo que indican que esos datos pueden generar confusión entre la ciudadanía.

La controversia técnica involucra una supuesta brecha de ciberseguridad detectada en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los comicios. Esta expresión, utilizada por expertos, alude a vulnerabilidades técnicas en los sistemas informáticos que pueden generar fugas de información o comprometimiento de datos, impactando de forma directa en la integridad del proceso electoral.

Aunque el funcionario de la ONPE aseguró públicamente que una auditoría interna descartó irregularidades, para Eto Cruz persiste un conflicto de interés. “Nuestra gente ya ha chequeado y no pasa nada, pero ellos son prácticamente juez y parte”, remarcó.

“(Abencia Meza se encuentra) preocupada y ansiosa, esperando que esta vez tengamos mayor suerte que en las ocasiones anteriores”, declaró Abanto en entrevista con Panamericana.

Como se recuerda, esta semana Abanto sustentó ante el TC la demanda con la que solicita que se le conceda el beneficio de semilibertad a la exartista que fue condenada a 30 años de prisión por ser instigadora del homicidio calificado de Alicia Delgado.

La defensa sostiene que el Poder Judicial y el INPE le han negado indebidamente el referido beneficio a Meza Luna a pesar de que, afirman, cumple con los requisitos para que se le otorgue.

“Abencia está presa desde el año 2011. Han pasado 15 años. Además, ha venido cumpliendo con trabajo y estudio dentro del penal, dentro del tratamiento penitenciario. Entonces, nosotros creemos que tiene el derecho a que se aplique la ley, no la vigente a la segunda condena, sino a la primera condena que se dio en el año 2012. Si eso fuese así, ella podría acceder a la semilibertad. No puede hacerlo ahora porque en el año 2017 se cambió la ley y las personas condenadas por el artículo 108 del Código Penal, es decir, homicidio, no pueden acceder a la semilibertad”, explicó.

Humberto Abanto reconoció que el TC podría demorar un tiempo “discrecional” en resolver la demanda de la excantante folclórica, pero afirmó que esperarán “tranquilamente” el fallo.

La demanda de Abencia Meza

El principal punto de disputa es la fecha a partir de la cual deben computarse los beneficios penitenciarios. Según Humberto Abanto, el proceso judicial fijó una condena firme en 2012, aunque esta fue anulada por un habeas corpus que el anterior Tribunal Constitucional declaró fundado en 2019. A raíz de esa decisión, la Corte Suprema emitió en 2020 una nueva sentencia ratificando la pena de 30 años. Sin embargo, en 2018 el Código de Ejecución Penal fue modificado para restringir la semilibertad en delitos graves, como el homicidio.

En audiencia pública ante el pleno del Tribunal Constitucional, Abanto planteó que la normativa aplicable debe ser la vigente en 2012, fecha del primer pronunciamiento judicial, y no la de 2020.

“La respuesta que da el INPE y el Poder Judicial debería ser revisada para señalar que, si bien se anuló la ejecutoria, esa resolución firme sí se había producido en 2012. Y de ese modo poder reponer las cosas correctamente a fin de que se tramite y se conceda el beneficio de semilibertad a doña Abencia Meza Luna que ha venido cumpliendo puntualmente con el tratamiento penitenciario”, dijo.

Durante la sesión ante el TC, los procuradores del Poder Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defendieron que la legislación modificada en 2018 impide otorgar la semilibertad a quienes cumplen condena por homicidio. Ningún magistrado planteó preguntas tras las exposiciones.

La semilibertad consiste en un régimen mediante el cual una persona sentenciada puede salir de la cárcel para trabajar o estudiar antes de cumplir la totalidad de la condena, siempre que cumpla condiciones legales estrictas.

Ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo, el Gobierno ha defendido ante el Tribunal Constitucional (TC) el Decreto de Urgencia N.º 10-2025, que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y la continuidad de la cadena de suministro de hidrocarburos.

En su escrito de respuesta a la demanda, al que accedió Infobae, el procurador público adjunto especializado en Materia Constitucional, Marlan Jonas Landio Apaza, ha solicitado declarar infundada la demanda, argumentando que el decreto ha cumplido rigurosamente tanto con las condiciones exigidos por la Carta Magna y la jurisprudencia constitucional.

Por ejemplo, el Ejecutivo recalca que el decreto de urgencia “no crea ni autoriza el desarrollo de actividad empresarial estatal; por el contrario, tiene por objeto establecer medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos”.

Además, sostiene que la aplicación del artículo 60° de la Constitución, que consagra el principio de subsidiariedad del Estado empresario, no resulta pertinente en este caso, pues “dicha disposición regula la habilitación para el ingreso del Estado a la actividad empresarial, mas no las decisiones de gestión, reorganización o continuidad de empresas ya existentes”.

El Ejecutivo también subraya que el decreto cumple con los requisitos de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad desarrollados por la jurisprudencia del TC. En ese sentido, afirma que la intervención tiene como causa una crisis súbita de liquidez y operatividad en Petroperú, “comprometiendo la continuidad del abastecimiento de combustibles y generando un riesgo cierto de desabastecimiento y afectación al sistema económico”.

Entre los hechos sobrevinientes que configuran la excepcionalidad, dicen, está “la reducción drástica de las líneas de crédito, degradación de calificaciones crediticias, incumplimientos operativos críticos y el deterioro estructural de los indicadores financieros”.

Defiende intervención de Proinversión

El Gobierno alega que las medidas del decreto de urgencia están enfocadas en “la reorganización patrimonial, gestión de pasivos financieros, estructuración de activos y sostenibilidad económica de la empresa”. Especifica, además, que la vigencia de la norma es temporal (un año) y que el proceso de reorganización liderado por Proinversión, “no constituye una reforma estructural permanente, sino un instrumento económico-financiero de emergencia”.

Frente a la crítica de la Defensoría de que la norma derogaría normas legales previas, vulnerando el principio de jerarquía de las leyes, el Procurador alega que, excepcionalmente, los decretos de urgencia pueden afectar otras normas.

Dice no haber tomado competencias del Congreso

Finalmente, en cuanto al principio de separación de poderes, el Gobierno afirma que la expedición de decretos de urgencia es una excepción constitucionalmente prevista y sujeta a control posterior por el Congreso de la República, negando la existencia de “legislación paralela” como advirtió la Defensoría.

El Ejecutivo asegura que “las medidas adoptadas se encuentran debidamente sustentadas en las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo […] cumpliendo con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional” y reitera que, frente a la coyuntura extraordinaria, “no existe sustitución del Congreso, pues el Poder Ejecutivo actúa en ejercicio de una competencia constitucionalmente expresa”.

El Tribunal Constitucional invitó a 4 reconocidos expertos en hidrocarburos para que sean amicus curiae en la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú.

Se trata del exministro de Economía Pedro Francke, el expresidente de Petroperú Humberto Campodónico, el profesor de economía en la PUCP Jorge Gustavo Vega Castro y el economista Carlos Gonzales Ávila.

Según el TC, todos los expertos cuentan con “reconocida competencia e idoneidad” en políticas económicas y energéticas, por lo que pueden ofrecer “importantes elementos a ser valorados en la resolución del presente proceso de inconstitucionalidad”.

Los magistrados buscan que los referidos expertos presenten un informe donde aborden dos puntos clave para resolver el caso:

• Explicación y opinión técnica del alcance y contenido de las operaciones, disposiciones administrativas y actos de gestión autorizadas por el Decreto de Urgencia 010-2005
• Su opinión técnica sobre la sostenibilidad económica y financiera de Petroperú en el largo plazo y su rol en el abastecimiento de combustible en la economía nacional

El TC también invitó para que sea amicus curiae al Instituto Peruano de Economía (IPE), “asociación de reconocido prestigio dedicada al estudio y debate de políticas macroeconómicas, políticas públicas, incluyendo la cuestión energética”.

Cabe precisar que, en caso de que los 4 expertos y el IPE, acepten ser amicus curiae, también podrán informar ante el Pleno del TC en la audiencia pública.

El caso

La demanda de inconstitucionalidad de la Defensoría sostiene que el decreto de urgencia 010-2025 es “claramente inconstitucional” por imponer “una reforma permanente y compleja” en una empresa estatal de carácter estratégico para el abastecimiento de combustibles. Josué Gutiérrez argumenta que tal reforma excede las facultades del Ejecutivo, pues no existen condiciones extraordinarias ni imprevisibles que justifiquen el recurso a un decreto de esta naturaleza. El defensor enfatiza que la crisis financiera de Petroperú es “notoriamente estructural y prolongada en el tiempo”, y añade: “ya había sido alertada desde muchos años atrás tanto por el Ministerio de Economía como por la Contraloría”.

En esa línea, Gutiérrez sostiene que las medidas planteadas no responden a una emergencia coyuntural, sino a un problema crónico que “debía discutirse en el Congreso y no ser objeto de una decisión unilateral del Ejecutivo”. El planteamiento, según se detalla en el documento presentado ante el Tribunal, subraya que el decreto “no genera cambios inmediatos” sino “implicancias progresivas”, con fases de implementación, reglamentación y ejecución previstas para el mediano y largo plazo. El mismo texto reclama: “Por ende, podían —y debían— ser discutidas en sede parlamentaria”.

Dentro de los argumentos presentados ante el Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo destaca que el decreto deroga expresamente la Ley 28244, la cual excluía a Petroperú de las modalidades de promoción de inversión privada. Según Gutiérrez, este cambio vulnera el principio de jerarquía normativa y refuerza la necesidad de que cualquier reforma estructural sobre empresas estatales pase primero por debate y escrutinio legislativo.

En palabras del defensor, el accionar del gobierno crea “artificialmente la urgencia, incurriendo en una lamentable usurpación de la función legislativa del Congreso”. Gutiérrez advierte que el decreto introduce reformas permanentes cuando “la figura de los decretos de urgencia debería emplearse, por definición, para situaciones transitorias y excepcionales”.

En la parte final de la demanda, el titular de la Defensoría del Pueblo solicita al Tribunal Constitucional que declare la nulidad del decreto impugnado y que establezca, como criterio vinculante para futuros casos, la prohibición de que los decretos de urgencia puedan introducir “reformas estructurales, reorganizaciones permanentes o alteraciones al régimen de propiedad de las empresas del Estado”.

El Tribunal Constitucional (TC) descartó este miércoles la existencia de irregularidades en el trámite del habeas corpus presentado a favor del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, contradiciendo así a su presidenta, Luz Pacheco, quien semanas atrás había señalado lo contrario.

El pleno del TC informó mediante un comunicado que la investigación interna sobre el expediente concluyó que “no hubo irregularidad en su tramitación”, ya que existen prácticas coordinadas entre despachos y comisiones. En consecuencia, el expediente continuará su curso regular y quedará agendado para debate y votación.

La defensa de Cerrón solicitó la anulación de la prisión preventiva de 24 meses impuesta dentro de la investigación por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, tras lo cual Pacheco anunció la suspensión de la votación hasta la conclusión de las indagaciones internas sobre supuestas anomalías, las cuales ahora el pleno ha desestimado.

“Detecté en el sistema interno del TC algo irregular en el trámite de dicha causa”, había dicho la titular del TC en diálogo con El Comercio, al explicar que su observación surgió por la rapidez con la que se programó la audiencia.

“El primer punto que ha causado más extrañeza en la opinión pública es la rapidez con la que se ha atendido que pueda ser visto en una audiencia pública que se dio hace más de una semana”, declaró.

Pacheco detalló que fue el magistrado Pedro Hernández, ponente de la causa, quien propuso que el recurso fuera agendado. “A mí me sorprendió porque, por un lado, a mí me avisan qué casos entran a competencia del pleno. Yo no recordaba que ese caso me lo hubieran comunicado. Entonces, dije ‘¿cuándo habrá entrado?’, porque entran tantas causas, y [dijeron] que ya estaba el proyecto de comisión”, señaló.

La magistrada indicó que el proyecto fue elaborado por un asesor de comisión, pero el coordinador no lo visó por no estar de acuerdo con el sentido del texto. “Lo que he visto en nuestro sistema está allí, está clarísimo que ha habido algo que es irregular. Entonces, habrá que saber cómo, quién, cómo se hizo y actuar en consecuencia”, remarcó.

“No quiero adelantar opinión de lo que no conozco con claridad, si ha sido acción directa de un magistrado, si ha sido alguien que intervino y que pensaba que esto era lo correcto, no tengo idea. Pero lo que sí quiero es que las cosas se hagan conforme a la jurisprudencia del tribunal. También quiero revisar a fondo si se están cumpliendo las reglas para la asignación de las ponencias dentro del tribunal”, declaró.

Pacheco mencionó que no ha visto “hora en el tribunal el caso de un señor que esté prófugo” y “que haga la cantidad de tuits (en referencia a sus publicaciones en la red social X) que hace”.

Al enterarse del reciente pronunciamiento del TC, Cerrón señaló en X que “el caso responde a un cálculo político” para sacarlo de la carrera electoral, a pesar de permanecer en la clandestinidad desde hace más de tres años por una orden de prisión preventiva.

“La Fiscalía arma el muñeco; el PJ emite prisión preventiva; el JNE no deja ir al debate; y el TC retrasa el habeas corpus. Todo para evitar el triunfo de Perú Libre. Está clarísimo”, comentó.

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión dictada contra Cerrón por un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región Junín, aún mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Estos procesos judiciales ya le impidieron postular como candidato presidencial en las elecciones de 2021, pero ahora también deberá afrontar un juicio en el que la Fiscalía lo acusa de afiliación al terrorismo, por presuntas coordinaciones con el cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

El Tribunal Constitucional rechazó una demás más del golpista expresidente Pedro Castillo con la que buscaba la nulidad de sus prisiones preventivas, tanto por el proceso por rebelión como la del proceso por organización criminal.

En su demanda de habeas corpus, Castillo exigía su inmediata libertad por supuestamente haberse vulnerado sus derechos a la libertad personal, a la honra, y del principio-derecho a la dignidad humana. Sin embargo, los magistrados, por mayoría, declaran improcedente el recurso.

Sobre la prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, los tribunos afirman que se produjo la sustracción de la materia porque la medida fue prolongada.

Respecto a la prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal, el TC simplemente sostiene que no hay “asuntos de relevancia constitucional ni la amenaza ni la vulneración de los derechos fundamentales que justifiquen la declaración de su nulidad”.

Suscribe la sentencia los magistrados Luz Pacheco, Helder Domínguez, Francisco Morales, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández. El tribuno Gustavo Gutiérrez fue el único que emitió un voto en minoría proponiendo que se lleve a cabo una audiencia.

Castillo pide anular proceso por corrupción

El Poder Judicial programó para el 8 de abril de 2026 una audiencia para evaluar la solicitud de Pedro Castillo para anular el proceso penal por presuntamente liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

La defensa de Castillo sostiene que el debido proceso se vio afectado por la conformación del tribunal encargado del caso y solicita la nulidad de todo lo actuado. En su recurso, el golpista alega que el caso debía estar a cargo de un magistrado titular de la Corte Suprema, en cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables a altos funcionarios.

Si se acepta la cuestión previa, el proceso podría retrotraerse a etapas iniciales y afectar la tesis fiscal sobre la existencia de una organización criminal operando desde Palacio de Gobierno. Sin embargo, las posibilidades de que prospere son remotas, prácticamente nulas. Este argumento ya ha sido invocado por Castillo en el proceso por rebelión, siendo rechazado por el Juzgado Supremo y la Sala Suprema.

En paralelo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria amplió por 20 meses el plazo de investigación preparatoria contra Castillo y otros 97 investigados, argumentando la extrema complejidad del caso. La investigación abarca diligencias como el análisis de equipos informáticos, declaraciones de 121 personas y pericias sobre obras en distintas regiones. La Fiscalía atribuye a Castillo la jefatura de una red que habría operado antes y durante su gobierno, orientada a manipular contrataciones públicas en sectores clave como Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda.

Además, la prisión preventiva de Castillo fue prolongada por 12 meses ante el incremento del riesgo de fuga, tras su condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión. El juez Edhin Campos argumentó que la condena eleva el incentivo para evadirse, y consideró que el entorno internacional, marcado por pronunciamientos de México, favorece una eventual fuga del exmandatario.

A través de un video grabado desde la clandestinidad, Cerrón aseguró que la orden de captura renovada es el “mismo caso” que lo mantiene en condición de prófugo desde hace dos años y medio.

“La candidatura de Perú Libre sigue totalmente viable, sin ningún contratiempo. Y es más, el partido está experimentando un crecimiento sostenido a nivel del Perú profundo y en los conos de Lima, lo cual ha encendido las alarmas de la oligarquía del Perú“, dijo pese a que en ninguna encuesta consigue el 1% de preferencias.

Luego, Cerrón se dirigió a las instituciones de administración de Justicia, como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional, a donde recurrió en busca de anular su prisión preventiva.

“Muchas instituciones del sistema nacional de justicia, en esta persecución, están trabajando en pared, algunos acusando, otros emitiendo resoluciones de este tipo (renovación de orden de captura), otros sacándonos de los debates, y otros retardando el fallo y el voto de un hábeas corpus que debiera ponerme en libertad”, apuntó.

Efectivamente, la presidenta del TC, magistrada Luz Pacheco, dispuso congelar el debate y votación de la demanda de Cerrón debido a irregularidades detectadas en el transcurso del trámite interno.

Defensoría intentó intervenir en caso de Cerrón

La Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Josué Gutiérrez intentó intervenir formalmente en el proceso penal por organización criminal y lavado de activos contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. El intento consistió en la solicitud de ser admitido como amicus curiae en el incidente judicial sobre la prisión preventiva dictada contra Cerrón, recurso que fue rechazado por el juez nacional Leodán Cristóbal.

La resolución emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional destaca que Carlos Fernández Millan, Adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana, presentó el pedido en representación de la Defensoría. El magistrado desestimó el requerimiento tras determinar que “lo solicitado por la entidad requirente resulta incompatible con el estado del presente proceso”, ya que la orden de prisión preventiva está firme y no existe asunto procesal pendiente.

Este intento de la Defensoría no es un hecho aislado. Durante la gestión de Josué Gutiérrez, la figura del amicus curiae ha sido empleada en circunstancias similares en casos de alto perfil, como los procesos contra el expresidente Martín Vizcarra, la ex primera ministra Betssy Chávez —actualmente prófuga— y el exministro Daniel Urresti, de acuerdo con el recuento realizado por Infobae. La gestión recurrió también a este mecanismo después de haber sido denunciada por la Procuraduría, que objetó una solicitud previa de Gutiérrez para que el Poder Judicial considerase el estado de salud de Nadine Heredia en un proceso de impedimento de salida del país.

El uso reiterado de la herramienta amicus curiae por parte de la institución ha generado críticas por considerarse una desnaturalización de esta figura jurídica, cuya función original es aportar argumentos técnicos y especializados ajenos a la disputa entre partes, y no intervenir a favor de intereses particulares en procesos penales.

El prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que saldría de la clandestinidad si es que el Tribunal Constitucional rechaza la demanda de habeas corpus con la que pide anular su prisión preventiva.

En entrevista con RPP desde la clandestinidad, Cerrón dijo primero que iría presencialmente al debate presidencial de la segunda vuelta si Perú Libre avanzaba a esta etapa, lo que implicaba salir del lugar donde permanece escondido.

“Si lo declaran infundado y nosotros pasamos a la segunda vuelta como estamos previendo, es posible que vaya al debate de la segunda vuelta de manera personal”, declaró.

No obstante, al consultársele si igualmente se entregaría a las autoridades si es que el TC desestima su habeas corpus y no pasa a la segunda vuelta, Vladimir Cerrón respondió: “Por supuesto, porque ya es (sería) un órgano agotado”.

En la misma entrevista, el líder de Perú Libre arremetió contra quienes señalan que el TC tuvo un trato especial al tramitar céleremente su habeas corpus y negó conocer al magistrado Pedro Hernández, quien impulsa su demanda.

Como se recuerda, la presidenta del TC, la magistrada Luz Pacheco, advirtió la presencia de presuntas irregularidades en el trámite del caso de Cerrón y dispuso suspender la votación hasta que se dilucidan las anomalías.

Pacheco estimó que podría demorar dos semanas. Indicó que la próxima sesión del Pleno es el 31 de marzo y ese día podría votarse solo si se resolvieron las irregularidades.

Cerrón y el debate presidencial

Vladimir Cerrón, quien se mantiene prófugo desde octubre de 2023, siguió participando activamente en el debate presidencial de Perú a través de publicaciones en la red social X, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó su solicitud para intervenir de manera virtual desde la clandestinidad. Mientras su ausencia física dejó una silla vacía en el Centro de Convenciones de Lima, el candidato de Perú Libre no solo comentó en tiempo real las intervenciones de sus rivales, sino que calificó y cuestionó duramente varias de sus propuestas, en un contexto marcado por la crisis de legitimidad institucional y la inseguridad ciudadana en el país.

En el evento, centrado en el tema de la seguridad y la lucha contra la corrupción, la candidata Fiorella Molinelli se comprometió explícitamente a capturar a Vladimir Cerrón y al exministro Juan Silva en “90 días”, con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Esta promesa se formuló mientras Cerrón lleva más de 2 años en situación de prófugo y suma 900 días fuera del alcance de la justicia. Además, el Ministerio del Interior ha elevado la recompensa por la captura del líder de Perú Libre a 500 mil soles.

El reglamento del debate presidencial, que se desarrolla durante seis días y convoca a los 35 aspirantes, excluyó la posibilidad de que los candidatos a la vicepresidencia de Perú Libre participaran en representación de Cerrón. El JNE mantuvo su negativa tanto a la intervención virtual como a cualquier sustitución, condición que reforzó la notoriedad pública de la vacante durante la sesión.

El papa León XIV recibió a la presidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Zerga, durante la audiencia general que se llevó a cabo en la Plaza San Pedro en la Ciudad del Vaticano el miércoles 25 de marzo.

Según una nota de prensa del TC, Pacheco Zerga saludó al sumo pontífice en nombre de los magistrados y trabajadores de la institución “expresándole su cariño y alegría de saber que pronto visitará nuestro país”.

“Asimismo, tras tener un breve diálogo, le entregó una chompa confeccionada con baby alpaca como un gesto de cariño y gratitud. Le pidió al santo padre su bendición para los magistrados, trabajadores y sus familias, la cual concedió con complacencia”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el pronunciamiento, el papa León XIV agradeció las palabras de la presidenta del TC.

¿Cuándo llega el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV realizará en noviembre de 2026 una visita oficial a Perú, en el marco de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, en una agenda que incluye actos en la ciudad de Chiclayo y en Lima y que tendrá un refuerzo especial de seguridad, según confirmó el presidente interino José María Balcázar. Este viaje representa el reencuentro del pontífice, Robert Francis Prevost, con la el país en el que desarrolló casi toda su vida al servicio de la Iglesia.

El cardenal Castillo precisó que la conmemoración tendrá lugar específicamente en Chiclayo y también en Lima, ciudades con las que el pontífice conserva un lazo directo. Castillo anticipó que la celebración central se realizará en Saña, en un espacio abierto donde funcionó un antiguo convento agustino. Se trata de un evento que, de acuerdo con declaraciones del cardenal, está en fase organizativa inicial: los preparativos logísticos oficiales comenzarán seis meses antes de la llegada de León XIV a territorio peruano, periodo durante el cual el Estado peruano y el Vaticano concretarán los detalles de seguridad y desplazamientos del sumo pontífice.

La confirmación del viaje fue acompañada por el anuncio de un dispositivo especial de seguridad coordinado entre la Policía Nacional (PNP) y el Ejecutivo peruano. “El papa en realidad es bienvenido al Perú, va a venir en noviembre, es lo que ha pedido inicialmente (...) está previsto darle toda la seguridad con la Policía Nacional, en eso se está trabajando, (...) para que no tenga ningún tipo de dificultades y para que eso sea todo un éxito su venida al Perú. Eso es lo que estamos trabajando”, declaró Balcázar en el programa Exitosa.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ratificó que el relevo presidencial —el octavo en la última década— no ha alterado los planes. Según declaró en RPP, “de todas maneras, si Dios quiere, lo tendremos aquí”. El canciller también reveló que la audiencia pendiente de Balcázar con León XIV en el Vaticano, que estaba prevista para el 11 de mayo, fue aplazada a la espera de una nueva fecha oficial por parte de la Santa Sede, pero remarcó que la invitación formal permanece vigente desde la presidencia de los mandatarios José Jerí y Dina Boluarte.

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, aseguró que el Tribunal Constitucional declaró inocente al excongresista Daniel Urresti. Sin embargo, su afirmación es falsa.

“El general Urresti es inocente, de acuerdo al Tribunal Constitucional, y punto”, dijo al responder un cuestionamiento de la candidata presidencial de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello.

No obstante, la sentencia del TC no anula la condena de 12 años de prisión en su contra, por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos, porque sea inocente. Los tribunos fallaron a su favor porque, a criterio de la mayoría, el caso estaba prescrito.

Los fundamentos del TC para liberar a Daniel Urresti

El máximo órgano declaró que el proceso penal contra Daniel Urresti prescribió conforme a la Ley 32107 y a los plazos establecidos en el antiguo Código Penal, debido a que los hechos ocurrieron en 1988, antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en Perú. Este fallo impacta el criterio con el que se juzgan delitos relacionados con derechos humanos en el país, ya que desvincula este crimen de la categoría de lesa humanidad y le otorga la condición de prescriptible.

La resolución del Tribunal Constitucional, alcanzada con los votos de los magistrados Luz Pacheco —presidenta del TC—, Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández, estipula que el delito de asesinato seguido de explosión prescribe a los 30 años: 20 años de prescripción ordinaria y 10 adicionales de prescripción extraordinaria, conforme al Código Penal de 1924.

El cálculo del plazo llevó a la conclusión de que la posibilidad de juzgar y sancionar a Urresti expiró el 24 de noviembre de 2018, 30 años después del crimen de Bustíos, ocurrido en 1988. Por tanto, en el momento en que Urresti fue finalmente condenado, la acción penal ya había prescrito, de acuerdo con la sentencia.

El TC enfatizó que el asesinato de Hugo Bustíos, ocurrido antes de la suscripción del Estatuto de Roma, no puede ser considerado crimen de lesa humanidad. La sentencia argumenta: “Esto no puede suponer su aplicación retroactiva”, distanciándose así de la jurisprudencia internacional sobre ius cogens.

La libertad de Urresti no hubiera sido posible sin la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad. El máximo intérprete de la Constitución ya había rechazado una demanda de inconstitucionalidad contra la norma y validó su plena vigencia. Según la mayoría de los magistrados, “dicha ley mantiene su vigencia y por tanto, corresponde que sea aplicada”.

La Ley 32107 permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad. El TC precisó que, en casos previos, se había considerado que el plazo de prescripción se computaba a partir de 2002, año en que se eliminaron obstáculos como leyes de amnistía y sentencias del fuero militar. Sin embargo, el tribunal aclaró que este precedente no aplicaba para Urresti, dado que no se demostró que él haya sido beneficiario de esas leyes ni que hubiera impedido su juzgamiento.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional anuló el procedimiento concursal que en 2020 inició el Indecopi contra la Universidad Alas Peruanas (UAP) a raíz de una deuda impaga de más de 10 millones de soles a uno de sus acreedores.

La sentencia del TC no solo deja sin efecto el proceso concursal, que está paralizado desde 2021 por una medida cautelar de la Corte del Callao, sino que establece que Indecopi no puede someter a concurso a la UAP porque “presta el servicio de educación superior”.

Sin embargo, esto no es correcto porque la Sunedu denegó el licenciamiento institucional a la Universidad Alas Peruanas, por lo que se vio en la obligación de cesar en sus actividades en setiembre de 2025. Incluso esta situación es de conocimiento de los magistrados, quienes en los fundamentos 6 y 7 del fallo se refieren en tiempo pasado a los servicios de la excasa de estudios.

TC salva a la UAP

De acuerdo con la sentencia del TC, la educación es un servicio público que puede ser ejecutado por terceros, entiéndase el sector privado, por lo que aplicar la Ley General del Sistema Concursal a universidades privadas afecta no solo a la entidad, sino también a la continuidad del servicio educativo.

“Más allá de tratarse de entidades que se dedican a actividades comerciales lucrativas de prestación de servicios o venta de bienes, no se debe ignorar que estas desarrollan una actividad que tiene una especial regulación constitucional, para la prestación del servicio educativo (...). Por ello, consideramos que la ley citada, resulta inaplicable”, se lee en el fundamento 24.

Así, la Sala Primera del TC sostiene que “no es posible someter a un proceso concursal a una entidad educativa”, por lo que Indecopi “carece de competencia para tramitar las solicitudes presentadas en ese sentido, pues ello puede afectar indirectamente a un importante colectivo de estudiantes universitarios”.

Bajo estos argumentos, los tribunos anulan la resolución de la Comisión de Procedimientos Concursales con la que se dio inicio al procedimiento concursal de la Universidad Alas Peruanas, así como la resolución de la Sala Especializada que confirmó la referida decisión.

Suscriben la sentencia los magistrados Pedro Hernández Chávez, Francisco Morales Saravia (ponente) y César Ochoa Cardich.

Voto disidente

Cabe precisar que el magistrado Manuel Monteagudo votó por declarar improcedente la demanda de la Universidad Alas Peruanas porque considera que el proceso contencioso-administrativo en el Poder Judicial es la vía adecuada.

Efectivamente, la UAP inició un proceso contencioso-administrativo contra Indecopi por el proceso concursal. Sin embargo, estratégicamente, la excasa de estudios desistió en este proceso cuando su demanda de amparo llegó al TC.

Esta es la razón por la que los magistrados Hernández, Morales y Ochoa deciden hacer un pronunciamiento de fondo ya que, al igual que Monteagudo, consideraban que la vía correcta era el contencioso-administrativo.

Para Manuel Monteagudo, el hecho de que la UAP haya desistido del proceso contencioso-administrativo no cambia el sentido de su voto porque “frente a la decisión administrativa que se pretende impugnar, la parte actora disponía de otra vía judicial para articular sus pretensiones”.

La Universidad Alas Peruanas (UAP) es propiedad de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), entidad integrada mayoritariamente por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. Si bien durante años el control institucional estuvo en manos de la familia Ramírez, bajo el liderazgo del fallecido exrector Fidel Ramírez Prado, la administración actual sostiene que el 100 % de las acciones ha retornado a la cooperativa tras la anulación de transferencias que fueron calificadas como ilegales.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó al Tribunal Constitucional por suspender por presuntas irregularidades el trámite de la demanda con la que busca anular su prisión preventiva.

En entrevista desde la clandestinidad con Willax, Cerrón minimizó los señalamientos de una inusitada celeridad en su caso, “felicitó” a los magistrados del TC por acelerar su demanda y espera que todos los habeas corpus “sean así”.

“Más bien yo los felicito y ojalá todos sean así, pero lógicamente aquí se lo que hay es una inquina de carácter político y están haciendo de que un proceso administrativo se le cargue en este caso al litigante y eso obviamente no puede ser”, sostuvo.

Vladimir Cerrón agregó que los tribunos “están prácticamente castigando a la parte que va en busca de una justicia por un tema administrativo interno”.

Como se recuerda, la presidenta del TC, Luz Pacheco, indicó que el Pleno de la institución no someterá a votación el caso del prófugo candidato presidencial de Perú Libre hasta que se esclarezca las presuntas irregularidades durante el trámite interno.

Pacheco dijo que, ante el “malestar por la premura” del tratamiento del caso de Vladimir Cerrón, solicitó un informe preliminar sobre la tramitación del expediente y concluyó que existió “algo irregular”. En concreto, Pacheco detalló que “el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó, ese proyecto” de ponencia en el que se plantea otorgar la razón al líder del partido del lápiz.

Esto es una falta directa al procedimiento ordinario dentro del Tribunal, pues el procedimiento, dijo la presidenta del TC, es que el coordinador de comisión debe revisar y avalar el proyecto antes de que pase a consideración de los magistrados.

Niega conocer a Pedro Hernández

En otro punto de la entrevista, Vladimir Cerrón negó conocer a alguien a la interna del Tribunal Constitucional ni al magistrado Pedro Hernández Chávez, quien es el ponente de su caso y deberá presentar el proyecto de sentencia.

“Yo no conozco a nadie del Tribunal Constitucional y he escuchado decir a la presidencia del Tribunal también de hablar de algo irregular, es decir, no existe, no pone también una cuestión consumada. Y que para eso ha iniciado un proceso de auditoría. Hasta ahí tengo entendido igualmente por los medios de comunicación”, dijo.

“Yo no lo conozco al magistrado (Pedro Hernández). Nunca he tenido ningún tipo de contacto, ni directo ni indirecto. Por tanto, yo no podría dar fe de cualquier actuado”, añadió.

Niega ser prófugo de la justicia

Por otro lado, Vladimir Cerrón rechazó que se califique como “prófugo” a pesar de permanecer en la clandestinidad por más de 2 años, tener una orden de captura vigente y una recompensa de 500 mil soles por información de su paradero.

“Mi condición no es de prófugo. Hay que hablar los términos con propiedad porque según el Código Penal el que tiene una sentencia condenatoria es el que está en condición de prófugo. Entonces el que está en condición de no habido está en otra situación que puede ser hasta contumaz”, apuntó.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, confirmó que el magistrado Pedro Hernández le pidió incluir en la audiencia del pasado 11 de marzo la demanda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para anular su prisión preventiva.

En entrevista con Milagros Leiva, Pacheco indicó que le “sorprendió” el hecho que Hernández le pidiera priorizar el caso de Cerrón. Ello porque no le avisaron que el Pleno del TC resolvería esa demanda ni la fecha en que el expediente ingresó.

“Cuando un magistrado me pide que una causa se vea en una audiencia, yo jamás le he preguntado cuándo ingresó, qué día, cuánto tiempo ha pasado, por qué lo ingresas, en qué sentido viene la ponencia. No, porque creo que tenemos que funcionar en base a la confianza. Me dijo que ya estaba el proyecto de comisión. Yo le dije: ‘Que se ponga (en la audiencia)’”, indicó.

Sin embargo, dice Pacheco, luego de la audiencia del 11 de marzo y debido a los cuestionamientos por la premura con que se programó, solicitó un informe sobre la tramitación interna del expediente de Cerrón. Es ahí donde se detectó una irregularidad.

Explicó que el proceso habitual exige que, tras la asignación a una comisión y la elaboración del proyecto de ponencia por un asesor, el coordinador de la comisión debe aprobar ese proyecto antes de que avance. En el caso de Cerrón, según la información en el sistema del TC, el coordinador nunca autorizó ni le dio el ok al proyecto que proponía anular la prisión preventiva.

De acuerdo con la presidenta del tribunal, “el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó ese proyecto… Porque no estaba de acuerdo con el sentido del proyecto y pensaba que eso no respondía a los criterios del Tribunal”. Luz Pacheco aseguró que todos los magistrados que recibieron el proyecto creían que cumplía con el procedimiento y la jurisprudencia del TC.

Ante ello, Pacheco manifestó que la demanda de Vladimir Cerrón no será sometido a votación hasta que se esclarezcan las irregularidades advertidas. Además, la magistrada precisó que la próxima sesión del pleno del Tribunal Constitucional está prevista para el 31 de marzo, fecha en la que se podría votar el caso solo si se resuelven los cuestionamientos internos vinculados al trámite.

Madre defiende a Vladimir Cerrón

La madre de Vladimir Cerrón, la también candidata a la vicepresidencia por Perú Libre Bertha Rojas, afirmó públicamente que su hijo “no es un prófugo” y que su permanencia en la clandestinidad responde a la ausencia de una sentencia firme en su contra, así como a lo que considera un contexto de persecución judicial y política en el país. Rojas defendió la decisión de Cerrón de permanecer oculto al sostener que “el pueblo lo protege” y que si las autoridades no logran ubicarlo, “es problema de la Policía, no el nuestro”.

Rojas subrayó que la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, quien actualmente es candidato presidencial por Perú Libre, no equivale a una condena definitiva y, por tanto, rechaza que se le aplique el término de prófugo.

“¿A quiénes llamamos prófugo y quiénes son? En este caso, el doctor Vladimir, mi hijo, no es prófugo. ¿Por qué? Porque no tiene una sentencia firme. Quien tiene sentencia firme es el prófugo”, dijo. Bertha Rojas insistió en que el mantenimiento de su hijo en la clandestinidad constituye, en sus palabras, “una enseñanza al pueblo peruano”.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, denunció una serie de irregularidades en el trámite del hábeas corpus del prófugo Vladimir Cerrón en la interna de la institución que preside.

En entrevista con el programa de Milagros Leiva, Pacheco indicó que, a raíz del “malestar por la premura” del TC en el caso de Cerrón, solicitó un informe preliminar de “cómo había sido el iter, el camino, de este expediente" y “lamentablemente ha habido algo irregular”.

La magistrada explicó que cuando una demanda llega al TC, se deriva a una comisión, “puede ser de debido proceso, habeas corpus, amparo; la que corresponda”. Luego, un asesor de ese grupo de trabajo elabora un proyecto de ponencia “en base a los criterios que tiene el TC en esa materia”. “Y el coordinador de esa comisión, si está de acuerdo, pone un visto. Si no está de acuerdo, lo devuelve hasta que sea conforme”, agregó.

Pues bien, según denunció Luz Pacheco, este último paso no se cumplió al tramitarse la demanda con la que Vladimir Cerrón busca anular su prisión preventiva.

“Lo que yo he visto, que es lo que consta en nuestro sistema, es que el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó (darle el visto bueno), ese proyecto (donde se plantea darle la razón a Cerrón y anular su prisión preventiva). ¿Por qué? Porque había sido coordinado directamente con despacho. (...) Al darme cuenta de esto digo: ‘Esto hay que ir hasta el fondo’“, señaló.

La presidenta del TC aseveró que un coordinador de comisión no acepta una ponencia “porque no estaba de acuerdo con el sentido del proyecto y pensaba que eso no respondía a los criterios del Tribunal”.

“Todos los (magistrados) que recibimos ese proyecto estábamos convencido de que eso venía según el criterio del Tribunal para tomar la decisión y eso no ha sido así”, advirtió Luz Pacheco.

Finalmente, la magistrada indicó que no sometería a votación la demanda de Vladimir Cerrón hasta que se esclarezca las irregularidades advertidas en el trámite a la interna. Indicó que la próxima sesión del Pleno del TC será el 31 de marzo y ese día podría votarse el caso de Cerrón si es que la irregularidad es aclarada.

Trámite exprés

La demanda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, llama considerablemente la atención porque el Tribunal Constitucional programó la audiencia de vista de la causa en poco más de 20 días desde que ingresó el expediente.

La demanda de habeas corpus de Cerrón ingresó al TC el 11 de febrero. Desde entonces la defensa del candidato presidencial, incluido Perú Libre, requirió al TC programar la audiencia. Sin embargo, en dos oportunidades el secretario relator les respondió que eso solo sucedería si los magistrados consideran que es necesario un pronunciamiento de fondo.

Sin embargo, el 4 de marzo, el TC comunicó que en la audiencia del 11 de marzo se incluyó el caso de Vladimir Cerrón. A los 21 días de que ingresó el caso. Una celeridad casi nunca antes vista.

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón y candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, rechazó que su hijo sea un prófugo de la justicia y defendió su decisión de permanecer en la clandestinidad como parte de un intento de encontrar justicia. “Yo sé dónde está mi hijo, está en el corazón del pueblo y el pueblo lo protege (...) justamente por eso no lo pueden encontrar”, indicó

Vladimir Cerrón, que además es candidato a la presidencia por Perú Libre, enfrenta una orden de prisión preventiva, pero según Bertha Rojas, no tiene en su contra “una sentencia firme”, por lo que considera incorrecto calificarlo de prófugo.

“¿A quiénes llamamos prófugo y quiénes son? En este caso, el doctor Vladimir, mi hijo, no es prófugo. ¿Por qué? Porque no tiene una sentencia firme. Quien tiene sentencia firme es el prófugo”, indicó en conversación con Willax.

Según Rojas, su hijo se mantiene en la clandestinidad y está “dando también una enseñanza al pueblo peruano. Si a usted le ponen prisión preventiva sin que haya cometido ningún delito, sin acusación fiscal, ¿usted se va a entregar a ese tipo de justicia?“, cuestionó.

Rojas justifica la clandestinidad de Cerrón

Bertha Rojas defendió que su hijo opte por mantenerse apartado de las autoridades judiciales y policiales. Consultada sobre el tiempo que Vladimir Cerrón permanecerá en esta situación, respondió que lo hará “hasta que encontremos justicia, nada más. No sé”. Añadió que la decisión responde a la falta de una acusación fiscal sólida y a lo que considera una persecución judicial.

“Eso es un abuso de autoridad, es una persecución política, judicial. El poder judicial está politizado”, acusó la candidata de Perú Libre en Willax, quien además indicó que si la Policía no puede dar con el paradero de su hijo “es problema de la Policía, problema de las autoridades, de quienes manejan todo ese aparato represivo, se podría decir, ¿no? (...) Eso es problema de ellos. No es nuestro problema”.

Presuntas irregularidades en trámite favorable a Vladimir Cerrón

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, denunció una serie de irregularidades en el trámite del hábeas corpus del prófugo Vladimir Cerrón en la interna de la institución que preside.

En entrevista con el programa de Milagros Leiva, Pacheco indicó que, a raíz del “malestar por la premura” del TC en el caso de Cerrón, solicitó un informe preliminar de “cómo había sido el iter, el camino, de este expediente" y “lamentablemente ha habido algo irregular”.

La magistrada explicó que cuando una demanda llega al TC, se deriva a una comisión, “puede ser de debido proceso, habeas corpus, amparo; la que corresponda”. Luego, un asesor de ese grupo de trabajo elabora un proyecto de ponencia “en base a los criterios que tiene el TC en esa materia”. “Y el coordinador de esa comisión, si está de acuerdo, pone un visto. Si no está de acuerdo, lo devuelve hasta que sea conforme”, agregó.

Según Luz Pacheco, este último paso no se cumplió al tramitarse la demanda con la que Vladimir Cerrón busca anular su prisión preventiva.

“Lo que yo he visto, que es lo que consta en nuestro sistema, es que el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó (darle el visto bueno), ese proyecto (donde se plantea darle la razón a Cerrón y anular su prisión preventiva). ¿Por qué? Porque había sido coordinado directamente con despacho. (...) Al darme cuenta de esto digo: ‘Esto hay que ir hasta el fondo’“, señaló.

Carrasco García indicó a Beto a Saber que su candidatura tenía respaldo político. Dijo que un asesor de Fuerza Popular lo contactó y le dijo: “¿Sabe qué, doctor? Esta vez a usted le toca, usted puede ser, usted es el hombre. Preséntese (al concurso)“.

Luego, en noviembre de 2023, fue convocado a una reunión privada con Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Martha Moyano.

“Tuve una reunión con la lideresa del partido, Keiko Sofía Fujimori. En esa reunión me atendió, me pidió algunos aspectos de mi vida académica y profesional. Hablamos brevemente y expuse ligeramente mi punto de vista respecto del TC. Luego me entero de que, aparentemente, mi condición de una persona imparcial y a mi trayectoria profesional, los inclinó por Hernández, que ‘ofrecía’ las posibilidades de actuación conforme algunos legisladores quieren”, apuntó.

En efecto, en el Pleno del Congreso, los congresistas eligieron a Pedro Hernández como magistrado del TC para que ocupe la plaza de Augusto Ferrero Costa.

Las otras candidaturas declaradas aptas, entre ellas la de Luis Carrasco García, no fueron votadas.

¿Quién es Pedro Hernández?

Pedro Hernández es magistrado del TC desde diciembre de 2023 al conseguir más de 87 votos en el Pleno del Congreso. Su mandato, a comparación del de sus colegas, acabará en diciembre de 2027.

Hernández no fue excluido del proceso de selección a pesar de que registraba dos denuncias por violencia física y psicológica y afrontó investigaciones por delitos de contra los recursos naturales, medio ambiente y depredación ecológica.

Este fue el motivo por el que fue excluido en el concurso de 2022 que acabó con la elección de Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo, Helder Domínguez y César Ochoa como magistrados.

En el concurso de 2023 también se planteó su exclusión; sin embargo, los miembros de la Comisión Especial decidieron mantenerlo en el proceso.

Ponente en el caso de Vladimir Cerrón

Ahora bien, ya en 2026, el magistrado Pedro Hernández Chávez es el ponente en el caso de la demanda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con la que busca anular su prisión preventiva.

Según informó el periodista César Hildebrandt, Hernández Chávez ya tendría un proyecto de sentencia dándole la razón a Cerrón y anulando la medida que le impide salir de la clandestinidad en la que permanece desde octubre de 2023.

Según explicó la presidente del TC, Luz Pacheco, no se ha presentado aún una ponencia y la decisión no se dará en “una semana”, pero tampoco demorará meses.

“Hay causas que se pueden votar en una sesión, en dos sesiones, en tres y a veces ha habido meses. Y no es porque no querramos ponernos de acuerdo, sino que se van abriendo aspectos que no se habían contemplado la primera vez”, dijo Pacheco.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aseguró que no existe una fecha para tomar una decisión sobre el habeas corpus con el que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, busca anular su prisión preventiva.

En entrevista con RPP, Pacheco enfatizó en que el caso de Cerrón no se va a votar hoy viernes 13 de marzo, como había trascendido. “No puede haber fecha porque depende del debate”, indicó.

“Hay causas que se pueden votar en una sesión, en dos sesiones, en tres y a veces ha habido meses. Y no es porque no querramos ponernos de acuerdo, sino que se van abriendo aspectos que no se habían contemplado la primera vez”, agregó.

En el caso concreto de Vladimir Cerrón, Luz Pacheco aseveró que no cree que el TC demore meses en tomar una decisión “pero tampoco creo una semana”. “Es un tema demasiado serio como para pasarlo tan rápido”, sostuvo.

Justifica rapidez

En otro punto, la presidenta del TC justificó la celeridad en programar la audiencia para revisar el caso de Vladimir Cerrón en menos de 20 días desde que ingresó formalmente el expediente.

“En el mes de diciembre del año pasado en el pleno acordamos que teníamos que de resolver con prontitud los amparos electorales y todo aquello que tuviera que ver con la participación política”, explicó.

Y añadió: “Ese fue el acuerdo que tuvimos en diciembre. Entonces, llegó ese caso. Es verdad que ha sido muy rápido, pero como ya estábamos a las puertas (de los comicios). Además, una cosa es escuchar y otra cosa es decidir. Indudablemente la idea es hacerlo rápido, pero dependerá porque yo no lo veo tan fácil”.

Los argumentos de Vladimir Cerrón

Durante la exposición ante los magistrados, Humberto Abanto, abogado de Cerrón, aseguró que el líder de Perú Libre “no está en condiciones de igualdad ante sus contrincantes” en la contienda presidencial. Para fundamentar la solicitud de liberación, Abanto invocó el supuesto “derecho de resistencia a la opresión” que, según su defensa, habría motivado a Cerrón a evitar el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia que le impuso 3 años y 6 meses de prisión por el denominado caso Aeródromo Wanka.

En respuesta a una pregunta del magistrado César Ochoa, Abanto afirmó que la absolución de Cerrón por parte de la Corte Suprema justificó la decisión de no acatar una resolución que posteriormente fue anulada. Abanto subrayó ante el Tribunal: “Él estaba cumpliendo con su comparecencia con restricciones. Es el Estado el que introduce una situación que altera y cambia completamente el curso de los acontecimientos: esa sentencia en el (caso) Aeródromo Wanka después fue declarada inicua y fue fulminada, y se absolvió al señor Cerrón”.

A su turno, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse propuso una comparación con el caso de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, quien cuestionó la orden de la Junta Nacional de Justicia para ceder su cargo a Patricia Benavides, preguntando si se trató también de un acto legítimo de resistencia. Abanto argumentó que “no hay punto de comparación” ya que la JNJ rechazó el recurso de Espinoza, mientras que en el caso de Cerrón fue absuelto.

“El Tribunal Constitucional se encarga de ver hechos, analizar hábeas corpus, demandas de amparo, sin mirar el nombre y el apellido. No conozco ni he escuchado la sustentación de su causa, pero estoy segura que el tribunal tomará una decisión técnica y sustentará bien cuál será la decisión final”, declaró durante una actividad en homenaje a María Elena Moyano, símbolo de la resistencia frente a la violencia de Sendero Luminoso en el distrito de Villa El Salvador.

Deñaló que, aunque desconoce los detalles específicos del recurso presentado por la defensa de Cerrón, confía en que los magistrados actuarán con independencia. “Más allá de la decisión final que tome el Tribunal Constitucional, yo no le tengo miedo a la competencia. Y si es que va a debatir, pues debatiremos con él”, agregó. No obstante, cuestionó la calidad de prófugo del candidato de Perú Libre.

“Acá lo importante es que él siempre debió dar la cara. Ese ha sido mi actuar y eso es lo que yo espero de los demás políticos. Sin embargo, creo que por ahora, con prudencia, debemos esperar la resolución final, que no sabemos cuál va a ser, pero lo más importante es conocer los detalles y la sustentación”, sentenció.

La posición de Fujimori se da en un contexto de cuestionamientos por la rapidez con la que el TC programó la audiencia para analizar el hábeas corpus de Cerrón, en comparación con otros procesos similares. El expediente del hábeas corpus ingresó a la entidad en febrero de este año y, en menos de un mes, se programó la audiencia para su revisión, un plazo considerablemente corto respecto a la duración habitual para casos similares. Este hecho fue señalado por diversos actores políticos y analistas como un posible indicio de trato preferencial o presión política sobre el máximo órgano constitucional.

En la audiencia, el abogado de Cerrón, Humberto Abanto, argumentó que la prisión preventiva vulnera los derechos de su defendido y afecta la equidad en la competencia electoral, ya que Cerrón es el único candidato presidencial que no puede hacer campaña personalmente en territorio nacional. Además, la defensa sostuvo que la sentencia que motivó la prisión preventiva fue finalmente revocada en instancias superiores, por lo que la medida restrictiva perdió sustento jurídico.

El debate público se intensificó tras la filtración de un borrador de fallo supuestamente favorable a Cerrón antes de la realización de la audiencia. Según este documento, el TC declararía fundada la demanda por vulneración al derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales y anularía la prisión preventiva, ordenando al juzgado correspondiente definir la situación jurídica de Cerrón con una medida menos gravosa. Aunque uno de los magistrados del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, confirmó la existencia de un documento interno, aclaró que se trataba de un proyecto elaborado por asesores y que aún no reflejaba una decisión definitiva del pleno.

La defensa del excongresista Michael Urtecho, condenado en 2023 a 22 años y 5 meses de prisión por apropiarse del sueldo de cuatro extrabajadoras parlamentarias y por enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado, exhibió este miércoles una fotografía en la que se observa al exlegislador al borde de la muerte.

El abogado Ronald Contreras se dirigió a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) al sustentar un hábeas corpus a favor de su cliente, quien se encuentra en condición de prófugo, con el propósito de evitar que sea internado en un centro penitenciario.

Contreras explicó que Urtecho, sobre quien pesa una orden de ubicación y captura —al igual que sobre su esposa—, padece una atrofia muscular degenerativa de nacimiento que ha “deteriorado progresivamente su capacidad física”.

“Él no puede mover ninguna parte de su cuerpo por sí mismo. Depende de su señora esposa y de una ayuda biomecánica para alimentarse, para movilizarse, para quedarse, para respirar y para defecar y otras funciones que realiza”, sostuvo.

La condena contra Urtecho, quien fue legislador en dos periodos, de 2006 a 2011 y de 2011 a 2013 —año en que fue destituido por este caso—, fue dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que procesó también a su esposa, Claudia Gonzales, y la sentenció a 28 años de prisión como cómplice de concusión y por los delitos de peculado y lavado de activos.

El exparlamentario tiene una discapacidad en los miembros inferiores que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas y los jueces consideraron que, sin la asistencia de su cónyuge, no habría podido cometer los delitos que se le imputaron.

El abogado también expuso que Urtecho padece una colostomía permanente, hernia diafragmática, escoliosis severa, problemas respiratorios con dependencia de oxígeno y miastenia laríngea, lo que afecta “funciones como hablar y respirar”.

Refirió que su cliente no puede hablar más de cuatro minutos sin sufrir problemas respiratorios, depende de su cónyuge para superar crisis miasténicas, que “pueden ser fatales”, y advirtió que enviarlo a prisión sería exponerlo a un “riesgo real e inmediato de muerte”.

Añadió que la esposa de Urtecho —también prófuga— “lo moviliza constantemente para evitar lesiones”, “controla su alimentación especial, administra rigurosamente su medicamento, maneja su colostomía y conoce las maniobras respiratorias necesarias cuando su respiración se compromete”.

“Por eso, separarlos significaría dejar a una persona con discapacidad sin el único soporte humano que le permite seguir viviendo. No hay persona alguna que pueda conocer a cabalidad los peligros de muerte a los que realmente está expuesto mi patrocinado”, afirmó.

La defensa remarcó que el recurso no busca reducir la pena ni cuestionar los hechos del proceso, sino impedir que Urtecho sea enviado a prisión para evitar su muerte. Además, alegó la nulidad de la condena al señalar que el TC declaró constitucional la Ley 31751, conocida como la ‘Ley Soto’, norma que fija en un año el plazo de suspensión de la prescripción y facilita que los delitos prescriban en menos tiempo.

Con esta disposición, políticos como el extitular del Congreso, Alejandro Soto, y el encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) lograron el archivo de sus procesos penales.

Se trata de una de las denominadas ‘leyes procrimen’ que el Legislativo aprobó y que, posteriormente, parlamentarios o dirigentes de los partidos que impulsaron estas normas invocaron para obtener beneficios en sus procesos judiciales.

En rigor, la Ley 31751 establece que la suspensión de la prescripción no puede exceder un año, cuando antes ese plazo equivalía a la pena máxima del delito más la mitad. Por ejemplo, el delito de estafa pasó de prescribir en 18 años a hacerlo en 10 años con la entrada en vigor de la llamada ‘Ley Soto’.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, busca a como dé lugar anular la prisión preventiva por la que se mantiene en la clandestinidad desde octubre de 2023. El Tribunal Constitucional, que programó una audiencia exprés para revisar su caso, podría darle una mano.

Aunque un día antes de la audiencia se filtró la ponencia donde se le daba la razón, esta se llevó de todos modos. Ahí, Humberto Abanto defendió el supuesto “derecho de resistencia a la opresión” que habría ejercido Cerrón al no acatar la sentencia de segunda instancia que le dictó 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka. También dijo el líder de Perú Libre no está en “condiciones de igualdad ante sus contrincantes” por la Presidencia de la República.

Abanto dijo ante los magistrados que, debido a que la Corte Suprema luego absolvió a Cerrón de este proceso, se justifica el no acatamiento a la resolución judicial. Y así lo reafirmó ante una pregunta del magistrado César Ochoa.

“Sería anómala (una situación de peligro procesal) si es que no hubiera habido como causa una actuación estatal que lo obligó a tomar esa decisión. Él estaba cumpliendo con su comparecencia con restricciones, su excelencia. Es el Estado el que introduce una situación que altera y cambia completamente el curso de los acontecimientos: esa sentencia en el (caso) Aeródromo Wanka después fue declarada inicua y fue fulminada, y se absolvió al señor Cerrón”, apuntó.

El factor Delia Espinoza

En otro punto, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse intentó hacer una comparación entre el caso de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y Vladimir Cerrón respecto al cumplimiento de resoluciones del Estado.

Gutiérrez preguntó a Abanto, según su tesis de defensa, si Espinoza también hizo un acto de resistencia ante una actuación que consideró ilegal de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en referencia a la orden para que ceda el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides.

Abanto respondió que “no hay punto de comparación” porque la JNJ rechazó el recurso de Espinoza, mientras que en el caso de Cerrón fue absuelto.

Más preguntas

A su turno, el magistrado Francisco Morales preguntó si habían otros procesados por delitos graves que enfrenten sus casos en libertad. Abanto se puso de ejemplo a sí mismo (caso Arbitrajes a favor de Odebrecht), Keiko Fujimori en caso Cócteles, los casos del Partido Aprista y Solidaridad Nacional.

Finalmente, el tribuno Pedro Hernández, quien es ponente del caso de Vladimir Cerrón, preguntó si no considera “peligroso” que un procesado defina por sí mismo si un acto es injusto para no acatar una resolución judicial.

“Si mi decisión de resistencia es caprichosa, es decir, lo único que quiero es violar la ley y desacatar una orden razonable y válida, las consecuencias van a ser que voy a quedar fuera de la ley. En cambio, si se acredita, como se ha acreditado en este caso, que era víctima de una arbitrariedad entonces esas consecuencias no me pueden ser aplicadas por una lógica muy sencilla de cómo se tiene que razonar en el estado democrático”, respondió Abanto.

Ahora, el ponente Pedro Hernández deberá elaborar un proyecto de sentencia para que sea debatido y votado, aunque ya habría elaborado una ponencia a favor de Vladimir Cerrón.

“(Para usted, ¿no es un prófugo de la justicia el señor Cerrón?) No, es una víctima de un atropello judicial que ha generado, por redundancia, esta situación (paso a la clandestinidad", dijo Abanto en la audiencia donde se debatió el recurso para anular la prisión preventiva de Cerrón.

En esa línea, el abogado recordó que inicialmente el Poder Judicial rechazó dictar prisión preventiva contra el líder de Perú Libre porque no había peligro procesal. “Se entendió que el señor contaba con los arraigos suficientes y que bastaba con una comparecencia con restricciones para conjurar cualquier peligro”, apuntó.

El magistrado César Ochoa, entonces, preguntó a Abanto si, actualmente, no considera que hay peligro procesal a raíz de que Cerrón pasó a la clandestinidad y que incluso estaría fuera del país. “¿Esa situación no le parece anómala, atípica, extraordinaria?”, consultó.

“Sería anómala si es que no hubiera habido como causa una actuación estatal que lo obligó a tomar esa decisión. Él estaba cumpliendo con su comparecencia con restricciones, su excelencia. Es el Estado el que introduce una situación que altera y cambia completamente el curso de los acontecimientos: esa sentencia en el (caso) Aeródromo Wanka después fue declarada inicua y fue fulminada, y se absolvió al señor Cerrón”, respondió.

En respuesta a las afirmaciones de Humberto Abanto, la abogada de la Procuraduría del Poder Judicial, Indira Bedregal, indicó que “estamos ante una clara situación de peligro procesal” porque Vladimir Cerrón no se puso a derecho luego de la Corte Suprema lo absolviera. “Es por ello que no se demuestra la arbitrariedad (de la prisión preventiva”, sostuvo.

Decisión ya estaría tomada

Según un documento difundido por César Hildebrandt, la sentencia que favorece a Vladimir Cerrón ya estaría redactada y contaría con el voto favorable de cuatro magistrados, incluido el ponente Pedro Hernández Chávez. El texto resolutivo prevé dos elementos centrales: la declaración de “fundada la demanda por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales”, y la nulidad tanto de la resolución que denegó sustituir la prisión preventiva por una menos gravosa, como de la que confirmó la decisión previa en contra de Cerrón.

El fallo ordenaría al Juzgado de Investigación Preparatoria dictar una nueva resolución que “defina la nueva situación jurídica” de Vladimir Cerrón, en función de la nulidad establecida sobre la prisión preventiva.

Inusitada celeridad

El expediente de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón ingresó al TC el 11 de febrero de 2026, tras pasar por la Primera Sala en lo Constitucional de Lima. La defensa legal, encabezada por el abogado Humberto Abanto, solicitó apenas dos días después la programación urgente de la audiencia, argumentando la necesidad de “un pronunciamiento definitivo”. Citó como antecedente un recurso de 2021 presentado por Cerrón, vinculado al caso La Oroya, que fue rechazado previamente.

El órgano constitucional respondió oficialmente tres días más tarde, a través del secretario relator Víctor Alzamora, quien precisó que la audiencia solo es convocada si los magistrados advierten una “materia de fondo”. La defensa insistió el 24 de febrero, y el 4 de marzo el TC comunicó a las partes que la sesión se realizaría el 11 de marzo a las 9:15.

El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo contra la Ley 32419, que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa investigados, procesados o condenados por hechos relacionados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La norma en la práctica busca el archivamiento de más de 1.700 procesos penales, según una estimación de la Defensoría, por delitos calificados como graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y torturas.

La Ley de Amnistía solo exceptúa los casos de exmilitares o policías investigados, procesados o condenados con sentencia firme por delitos de terrorismo o delitos de corrupción de funcionarios.

La audiencia

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no se presentó a la audiencia para sustentar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, sino que fue el jefe del Gabinete de Asesores de la institución, Hebert Anderson Saldaña Saavedra.

Durante su exposición, Saldaña cuestionó la demora del Poder Judicial para que “en 40 años” no haya concluido los procesos penales, obviando que la mitad de dicho plazo el propio Estado puso trabas para que se esclarezcan los hechos. Indicó que la negligencia del Poder Judicial no podía afectar a las víctimas.

En tanto, defendieron al Congreso de la República el exmagistrado del TC, Ernesto Blume; el candidato aprista Luis Pacheco Mandujano; el constitucionalista Domingo García Belaunde y el trabajador del Parlamento Ángel Delgado Silva.

Todos defendieron la Ley de Amnistía abogando que por el tiempo, salvaguardando los derechos de policías y militares al debido proceso y plazo razonable, los procesos debían archivarse. Blume fue más allá y aseguró que es una norma de “reconciliación nacional”.

Pacheco Mandujano criticó que a miembros de Sendero Luminoso no se les procesó por graves violaciones a los derechos humanos; sin embargo, omite que los senderistas fueron investigados y condenados, en su mayoría, dentro de los plazos de prescripción.

Los actuales procesos en trámite contra terroristas no han sido archivados, aunque hayan intentando acogerse o a la ley de prescripción o a la ley de Amnistía, como el caso Las Gardenias contra el líder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru(MRTA) Víctor Polay Campos.

Los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo y Francisco Morales Saravia hicieron preguntas a las partes. Luego de ello, la presidenta del TC, Luz Pacheco, dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

Para que se declare fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419 se requiere de 5 votos conformes. Si no se alcanzan dichos votos, la demanda es declarada infundada. Este fue el caso de la demanda contra la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad.

En el caso de la Ley 32107, la votación final en el TC quedó 4 votos en contra y 3 votos a favor, por lo que fue declaradada infundada la demanda y se estableció que la norma es constitucional.

El Tribunal Constitucional evaluará hoy el habeas corpus del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con el que busca anular la orden de prisión preventiva que se le impuso tras pasar a la clandestinidad en octubre de 2023.

A partir de las 9:15 se llevará a cabo la audiencia del TC, donde además del caso de Cerrón se incluyó otros casos de alto perfil: el habeas corpus del recluido exministro de Vivienda Geiner Alvarado para anular su prisión preventiva y la de José Luna Gálvez para anular la investigación en su contra por los contratos irregulares con el exconsejero Iván Noguera.

El primer punto de agenda de la audiencia es la demanda de inconstitucionalidad que presentó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la Ley 32419 que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por hechos relacionados a la lucha antiterrorista.

El caso de Vladimir Cerrón es el cuarto en la agenda del TC. Su abogado Humberto Abanto será el encargado de ejercer su defensa. No se pidió la intervención del prófugo líder de Perú Libre vía virtual, tal como sí lo hace en actividades partidarias.

Libertad de Vladimir Cerrón ya estaría decidida

Según reveló el periodista César Hildebrandt con documentos en mano, la sentencia que le da la razón a Vladimir Cerrón ya estaría redactada y contaría con el respaldo de 4 magistrados, incluido el ponente Pedro Hernández Chávez.

El texto de la resolución diría: “El TC ha resuelto declarar fundada la demanda por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal. Segundo, se declara nula la resolución (...) que declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por otra medida menos gravosa, solicitada por don Vladimir Roy Cerrón Rojas en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos, y la resolución (...) que confirmó la resolución 8”.

El fallo instruiría, además, al Juzgado de Investigación Preparatoria a emitir la decisión correspondiente que “defina la nueva situación jurídica” de Vladimir Cerrón, en función de la nulidad de la prisión preventiva.

Inusitada celeridad

El proceso que tramita la defensa de Vladimir Cerrón ante el TC ingresó el 11 de febrero de 2026 desde la Primera Sala en lo Constitucional de Lima. El abogado Humberto Abanto solicitó el 13 de febrero programar con urgencia la audiencia, aduciendo la necesidad de un “pronunciamiento definitivo” y citando como antecedente un caso anterior de 2021, cuando Cerrón presentó otro recurso vinculado al caso La Oroya que fue rechazado.

La respuesta oficial llegó apenas tres días después: el secretario relator Víctor Alzamora explicó que la audiencia solo se convoca si los magistrados consideran que existe materia de fondo para resolver; de lo contrario, pueden rechazar la petición por cuestiones formales. A pesar del criterio, la defensa reiteró su pedido el 24 de febrero. El 4 de marzo, el TC finalmente notificó a las partes que la audiencia se llevaría a cabo el 11 de marzo a las 9:15.

El congresista y candidato a la primera vicepresidencia de la República por Perú Libre, Flavio Cruz, dijo no apreciar un trato diferenciado para el prófugo Vladimir Cerrón por parte del Tribunal Constitucional, que programó una audiencia exprés para evaluar el pedido para anular su prisión preventiva.

En entrevista con Canal N, Cruz dijo que el TC tiene “ojos y oídos” y considera que “tal vez esté evaluando el escenario electoral” donde, dice, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haga los debates de forma presencial cuando el trámite ha sido virtual.

“Yo creo que (el TC) está cumpliendo su papel. Hay plazos y se están dando. Ya pasó un mes, prácticamente. Ya creo es tiempo que lo vean. Y claro, nosotros quisiéramos que entre al debate”, dijo.

Ante los señalamientos contra los magistrados por priorizar inusitadamente una demanda de habeas corpus cuando en casos normales el trámite en el TC puede tomar años.

“Me parece que son posturas parcializadas. No creo que estén subestimando la capacidad intelectual, jurídica de los tribunos. No creo", indicó. “En todo caso, ¿por qué la desesperación? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el miedo de enfrentarse en el debate a Vladimir Cerrón?“, agregó.

Celeridad inusual

El TC programó para el próximo 11 de marzo una audiencia de revisión de la prisión preventiva de Vladimir Cerrón, líder prófugo y candidato presidencial de Perú Libre, apenas veinte días después del ingreso formal del hábeas corpus.

La acción constitucional que pide la liberación del líder de Perú Libre entró oficialmente el 11 de febrero, proveniente de la Primera Sala Constitucional de Lima. La defensa, a cargo de Humberto Abanto, solicitó el 13 del mismo mes una convocatoria urgente a audiencia, apelando a la premura y recordando que en 2021 se tramitó en tiempo igualmente récord otra demanda presentada por Cerrón relacionada con su condena por el caso La Oroya.

El 16 de febrero, el secretario relator Víctor Alzamora respondió que la audiencia solo procede si los magistrados consideran que es necesario un pronunciamiento de fondo, opción que derivaría en una resolución sobre el fondo del asunto; de lo contrario, el reclamo puede ser desestimado sin audiencia por cuestiones formales. Pese a esta explicación, la defensa de Cerrón reiteró el pedido el 24 de febrero. El secretario confirmó entonces su respuesta inicial.

Contra la pauta usual, el Tribunal anunció el 4 de marzo la programación de audiencia pública para el caso Cerrón, logrando que el proceso haya escalado desde el ingreso del expediente en veinte días, en contraste frente al promedio de resolución que puede extenderse más de un año.

Humberto Abanto solicitó formalmente intervenir en la audiencia para exponer el informe oral a favor de Cerrón, fijada para las 9:15 del 11 de marzo. El recurso busca que el Tribunal anule la resolución que rechazó variar la prisión preventiva por una comparecencia simple. Cerrón recibió la medida de prisión preventiva tras entrar en la clandestinidad en octubre de 2023, luego de ser condenado inicialmente por el caso Aeródromo Wanka, proceso en el que posteriormente resultó absuelto por la Corte Suprema.

En uno de sus mensajes recientes a militantes de Perú Libre, Vladimir Cerrón reconoció el carácter decisivo del proceso en curso: “Estoy lidiando una batalla judicial y nos falta ya prácticamente el último paso”. Este mensaje coincidió con el momento en que el Poder Judicial concedió el recurso de agravio constitucional y remitió el expediente de hábeas corpus al TC.

Desde la sede del Congreso, el ministro Álvarez afirmó que la censura contra Jerí “ha sido una infracción constitucional, como ya ha señalado la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y los mejores constitucionalistas del país, lo que correspondía era la vacancia y no la censura. Pero esta ha sido una decisión política cuya responsabilidad recae en el Congreso (...)”, indicó al ser consultado por medios de comunicación.

Para el PCM, la censura contra José Jerí ya fue consumada ante el Congreso, y que “técnicamente no sería posible la presentación de una demanda competencial, primero porque complicaría más la situación del Perú (...) no sería una buena señal que nosotros mismos ahondemos y profundicemos esta crisis”, esto último en referencia al periodo sin presidente que pasará el país hasta que se vuelva a elegir uno por sucesión de entre los 130 parlamentarios a partir de las 6:00 p.m.

El ministro Álvarez también sostuvo que los ministros durante la gestión de José Jerí en el Ejecutivo se encuentran “en funciones exclusivamente para garantizar el funcionamiento de cada uno de los sectores, en vista de que no podemos dejar acéfalo cada uno de los ministerios y el Ejecutivo. Pero, por eso la razón de mi visita, el mando político, el único que tiene, el único titular que tiene mandato político es el presidente del Congreso. Y de acuerdo al espíritu de la Constitución, ante la falta de un presidente de la República, asume el liderazgo del Estado el presidente del Congreso".

José Jerí fue insultado a la salida de Palacio de Gobierno

José Jerí dejó de ser presidente del Perú luego de que se aprobara su censura como presidente de la mesa directiva del Congreso y, por consiguiente, su encargatura como mandatario, con un total de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones en el Pleno del parlamento.

Ya sin opciones para intentar quedarse en Palacio de Gobierno, el ahora expresidente salió de la sede del Poder Ejecutivo por la puerta principal escoltado por sus ministros. Sin embargo, lejos de recibir apoyo de los ciudadanos que se encontraban en la Plaza de Armas, quienes se encontraban en el lugar lo llenaron de insultos.

“Ratero”, “sinvergüenza” y “lárgate” fueron las frases utilizadas por algunos ciudadanos para expresar su rechazo al ahora expresidente. Algunos de los presentes incluso le desearon la muerte: “Muérete, carajo”, le gritaron a Jerí a su salida del Palacio de Gobierno.

Hasta el momento, varias horas luego de su salida de Palacio de Gobierno, José Jerí no se ha pronunciado públicamente sobre su censura y tampoco se conoce si asistirá esta tarde a la sesión del Pleno del Congreso donde se decidirá quién lo sucederá en el cargo.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, nuevamente está en el ojo de la tormenta tras revelarse un evidente conflicto de intereses en dos expedientes en los que votó. Se trata de las demandas del reconocido abogado Mateo Castañeda, exfiscal superior y exdefensa de la vacada expresidenta Dina Boluarte.

La relación entre Morales y Castañeda era, hasta ahora, desconocida. No obstante, un escrito difundido por Latina y al que también accedió Infobae, revela que el magistrado del TC acreditó a Castañeda como su abogado ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en diciembre de 2023.

Morales Saravia había sido citado para que dé su declaración en una carpeta reservada, probablemente el cuaderno de colaboración eficaz de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides. Las fechas coinciden. Villanueva fue detenido a fines de noviembre de 2023 y a los días se acogió a este proceso especial.

Dentro de los hechos presuntamente ilícitos, Villanueva reveló que el tribuno, que por esos meses era presidente del TC, se habría comprometido a ayudar a Benavides con su demanda competencial contra la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En el documento, Francisco Morales pide al coordinador del Equipo Especial PNP que se le precise sobre qué hecho debe declarar y que la toma de declaración se realizará en su despacho en la sede del TC en la avenida Arequipa.

Conflicto de interés

Pese a la relación previa, el magistrado Francisco Morales Saravia votó a favor de declarar fundadas dos demandas de su exabogado Mateo Castañeda: una contra el Eficcop y otra contra el juez Richard Concepción Carhuancho.

Con el voto de Morales Saravia, el TC declaró nula la investigación preparatoria del caso Los Waykis en la Sombra, donde a Castañeda se le atribuye ser el presunto “brazo legal” que se encargaba de buscar el archivo de la investigación contra Nicanor Boluarte, ofreciendo beneficios ilícitos a los coroneles PNP (r) Harvey Colchado y Walter Lozano.

El expresidente del TC también votó a favor de que la JNJ evalúe iniciar un proceso disciplinario al juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho por una aparente demora en tramitar el recurso de apelación de Mateo Castañeda contra la orden de prisión preventiva que se le impuso por el caso Los Waykis en la Sombra.

Según los expedientes consultados por Infobae, no existe un documento donde Morales Saravia ponga de conocimiento a sus colegas sobre el vínculo con Mateo Castañeda. Tampoco se registra alguna solicitud de abstención.

Cabe precisar que, de acuerdo al expediente de la demanda contra el Eficcop, la Fiscalía tampoco advirtió que Morales y Castañeda fueron defendido y abogado, respectivamente.

Según la Ley Orgánica del TC y el Reglamento Normativo del TC, los magistrados son "irrecusables, pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o indirecto o por causal de decoro".

La única excepción para no abstenerse es que el apartamiento del magistrado impida resolver el caso, lo que no ocurre en las demandas de Mateo Castañeda ya que los otros 6 magistrados no estaban impedidos.

El presidente José Jerí formalizó su voluntad de colaborar con la investigación preliminar abierta en su contra, remitiendo un oficio al Ministerio Público en el que se allana a brindar todas las declaraciones y aclaraciones requeridas. El documento, firmado por el secretario general Benito Roberto Villanueva Haro y dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, fue enviado el 19 de enero de 2026.

En el texto se afirma la disposición del mandatario para colaborar plenamente, aclarando que se dará “en el marco de las competencias constitucionales y legales que corresponden al Ministerio Público. [...] Dentro del respeto al debido proceso y a las garantías que ampara el ordenamiento jurídico vigente”.

La reacción de Jerí se produce tras la apertura de una investigación preliminar reservada por parte de la Fiscalía de la Nación, motivada por reportes periodísticos que revelaron reuniones fuera de Palacio de Gobierno entre el presidente y el empresario chino Zhihua Yang, así como la difusión de encuentros adicionales en propiedades de Yang, incluyendo una tienda clausurada durante una visita presidencial.

La pesquisa, confirmada por fuentes del Ministerio Público a Infobae, se centra en el presunto delito de patrocinio ilegal y posible tráfico de influencias en perjuicio del Estado. Además, incluye la revisión de visitas a Palacio de Gobierno por parte del empresario Ji Wu Xiaodong, investigado por crimen organizado y tala ilegal.

Aunque la Fiscalía ya inició pedidos de información y otras diligencias urgentes, el desarrollo de la investigación enfrenta un límite infranqueable: el fallo del Tribunal Constitucional (TC) emitido durante la gestión de Dina Boluarte. Esta sentencia, que sentó precedente para las investigaciones contra presidentes en funciones, restringe severamente las actuaciones permitidas al Ministerio Público.

¿Cuáles son las únicas diligencias que la Fiscalía puede realizar?

El fallo del TC establece de manera categórica que la Fiscalía solo puede realizar tres tipos de diligencias cuando investiga a un presidente en funciones:

1. Tomar declaración al presidente: Esta diligencia puede ejecutarse hasta en dos ocasiones y únicamente dentro de Palacio de Gobierno, previa notificación formal de día y hora.
2. Solicitar información: El tribunal ha precisado que estos pedidos deben realizarse una o, como máximo, dos veces. La intención es evitar perturbaciones reiteradas a la función presidencial.
3. Requerir la entrega de documentos: Al igual que con la información, la solicitud de documentos solo puede realizarse una o dos veces durante el proceso preliminar.

Estas actuaciones deben ser urgentes, inaplazables y estrictamente necesarias, según enfatiza el TC, y siempre deben respetar la dignidad del cargo presidencial.

Una vez agotadas estas diligencias, la investigación debe suspenderse hasta que el presidente culmine su mandato. Solo después de dejar el cargo se podrá retomar el proceso y evaluar la responsabilidad penal si corresponde.

También envió oficio al Congreso

El mandatario también remitió un documento expresando su disposición de colaboración al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Elvis Vergara. “Me pongo a disposición a fin de brindarle las declaraciones y aclaraciones que correspondan, cuando lo estimen pertinente”, menciona el escrito.

Al igual que en el caso de la Fiscalía, precisó que su cooperación será “en el marco del respeto al debido proceso y a las competencias del Congreso”.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que marca un punto de inflexión en la extensa disputa por la actualización y pago de los bonos de la deuda agraria. Mediante la Sentencia 11/2026, el Pleno del TC ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que, en un plazo máximo de 60 días, apruebe una nueva metodología y procedimiento administrativo para la actualización y pago de la deuda derivada de la expropiación de tierras durante la reforma agraria.

La decisión se sustenta en la necesidad de superar los criterios considerados inconstitucionales y confiscatorios contenidos en el Decreto Supremo 242-2017-EF, cuya fórmula, aplicada en varios casos, arrojó valores equivalentes a cero para los tenedores de bonos.

El caso tratado por el TC tiene su origen en la demanda de Mónica Jimena Burga Fernández, representada por Mario Augusto Seoane Linares, quien reclamó la actualización del valor de diecisiete bonos de la deuda agraria entregados a su familia como parte del pago por la expropiación de tierras en 1973. Estos títulos, emitidos en soles oro y con un plazo de 25 años, nunca fueron cancelados en su totalidad. A lo largo de los años, la hiperinflación y los cambios de moneda distorsionaron su valor, dejando pendiente el pago de una suma valorizada en S/ 1.081.320,00 soles oro.

El proceso judicial incluyó múltiples peritajes y la intervención de diversas instancias, hasta que la metodología oficial establecida por el MEF —a través del Decreto Supremo 242-2017-EF— fue puesta en cuestión. Dos informes periciales distintos, tanto de parte de la demandante como del propio Poder Judicial, concluyeron que la fórmula vigente resultaba en valores nominales nulos (US$0.00 o S/ 0.00), afectando gravemente el derecho de propiedad de los expropiados y sus herederos.

El TC, integrado por los magistrados Pacheco Zerga (presidenta), Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez, analizó el caso a la luz de sus propias sentencias y autos anteriores, especialmente el Auto 00022-1996-AI/TC, de 16 de julio de 2013. Allí se estableció que la actualización de la deuda agraria debía regirse por el principio valorista, es decir, calcular el valor actualizado de los bonos en dólares estadounidenses, desde la fecha en que se dejó de pagar los cupones, sumando la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense y los intereses compensatorios originales de cada bono.

El tribunal concluyó que la metodología vigente no cumplía con este mandato. La fórmula oficial convertía los bonos a dólares utilizando un tipo de cambio de paridad de 1991, ignorando el momento original de emisión de los bonos en 1973 y omitiendo los intereses correspondientes. Además, el tribunal advirtió que la aplicación de este método había sido objeto de controversia a nivel internacional, debido a que los resultados eran irrazonablemente bajos y, en la práctica, confiscatorios.

La decisión del TC no solo resuelve el caso individual de la familia Burga Fernández, sino que sienta un precedente que puede impactar a miles de expropiados, herederos y tenedores de bonos de la deuda agraria en todo el país.

El tribunal enfatizó que la deuda pública interna derivada de la reforma agraria no puede ser tratada de forma discriminatoria respecto a otras obligaciones estatales y que la falta de actualización y pago efectivo, después de más de cincuenta años, constituye una vulneración grave de derechos fundamentales.

La sentencia también reconoce el impacto fiscal que implica la actualización de la deuda, por lo que habilita opciones alternativas de pago y un cronograma extendido, pero subraya que el Estado no puede delegar unilateralmente la modalidad de cancelación, sino que debe respetar la libre elección de los acreedores.

¿Qué deberá hacer el MEF ahora?

El punto central de la decisión obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir, en un plazo de 60 días, un nuevo decreto supremo que establezca una metodología de actualización y un procedimiento administrativo de pago que respete los siguientes lineamientos:

• La actualización debe partir del valor de los bonos al momento de su emisión, no de fechas posteriores.
• Se debe convertir el principal impago a dólares estadounidenses, aplicando el tipo de cambio de paridad correspondiente a la fecha de emisión y sumando la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense, junto con los intereses compensatorios originales de cada bono.
• El método de cálculo no puede generar resultados nominales ni cancelatorios que liquiden la deuda en valores nulos, pues esto sería inconstitucional.
• El pago podrá realizarse en efectivo, en cuotas durante un máximo de ocho años, o mediante otras modalidades como bonos transferibles o la entrega de tierras, a elección del tenedor de los bonos.

El congresista Alejandro Muñante manifestó su rechazo al reciente fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la ley que permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como homicidio, sicariato, violación y extorsión.

Según el representante de Renovación Popular, la decisión es considerada como un retroceso en la lucha contra la criminalidad e informó que impulsará una reforma constitucional para restablecer parámetros de responsabilidad penal juvenil.

“Esta justicia protege más a delincuentes que a víctimas”, indicó en Canal N y afirmó que la anulación de la norma limita la capacidad del sistema de justicia para responder ante delitos cometidos por adolescentes. Según el congresista, el sistema de reclusión juvenil actual no garantiza la rehabilitación de los infractores.

El parlamentario señaló a Canal N que más de 30 menores acusados de sicariato fueron internados en centros juveniles de reclusión a raíz de la ley ahora revocada, al mismo tiempo que criticó el hacinamiento en instalaciones como Maranguita y la falta de infraestructura adecuada para la reinserción social de los adolescentes.

Reforma constitucional para procesar a menores de edad

Frente a la decisión del Tribunal Constitucional, Muñante indicó que insistirá con su idea, pero que esta vez presentará, junto a su bancada, una iniciativa de reforma constitucional para establecer una edad mínima de responsabilidad penal en casos excepcionales. “No existe ningún tratado internacional que impida al Perú fijar dicho parámetro”. Apoyó su postura citando que países como Brasil y Estados Unidos aplican criterios similares, detalló Canal N.

En sus declaraciones, Muñante también criticó a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial por haber respaldado el recurso que eliminó la ley, argumentando que estas instituciones priorizaron el derecho de los infractores sobre la seguridad ciudadana y los derechos de las víctimas.

Visita de Jerí a empresario Chino

Respecto a la situación del presidente José Jerí, que visitó encapuchado al empresario chino Zhihua Yang la noche del 26 de diciembre del 2025 sin que haya un registro del encuentro, Muñante respaldó su eventual llamado ante la Comisión de Fiscalización, aunque descartó una posible vacancia.

Según su versión, la vía para remover de su cargo al presidente José Jerí -en caso sea necesario- sería la censura a la Mesa Directiva, aunque esto no afectaría el cargo de José Jerí como congresista.

Jerí admitió que tuvo reunión con Zhihua Yang

Ante la presión mediática, el presidente Jerí admitió que el encuentro con el empresario sí se produjo, pero intentó restarle gravedad alegando que se trató de una “cena” para coordinar las celebraciones del Día de la Amistad Perú-China previstas para febrero. “Mitad del tiempo estoy en la oficina y mitad en la calle... yo voy a las tiendas, a veces con gorrita, otras veces sin gorrita”, declaró el mandatario en tono coloquial para justificar su apariencia en el video.

Sin embargo, el mandatario cambió de versión la madrugada del domingo 18 de enero e indicó que invitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y a su escolta oficial a comer al establecimiento. Sin embargo, su visita se produjo aproximadamente a las 10:18 p.m. y se prolongó casi hasta la medianoche del 26 de diciembre del 2025 pese a que el horario de atención del local es hasta las 10:00 p.m.

“Es así que (…) luego de conversar y coordinar, como todos los días, y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar al chifa del señor Johnny“, afirmó Jerí en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la norma que permitía juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos. Arriola aseguró que la institución respetará y acatará plenamente el fallo, en línea con el marco legal vigente.

“Vivimos en un Estado constitucional de derecho y, como tal, nuestras acciones se rigen por lo que establezca el máximo intérprete de la Constitución”, afirmó el general, subrayando que la Policía actuará conforme a lo dispuesto por el TC.

No obstante, precisó que, desde la perspectiva policial, la norma anulada no era concebida como un instrumento punitivo, sino como una herramienta operativa que permitía enfrentar con mayor rapidez investigaciones criminales complejas.

Según explicó, la participación de adolescentes en delitos graves plantea desafíos concretos para el trabajo policial, especialmente cuando existe escasa información sobre los autores o los vehículos utilizados, lo que termina dilatando procesos y afectando directamente la seguridad ciudadana.

“Es un retroceso muy funesto”

Más allá del acatamiento institucional, el comandante general expresó una postura crítica frente a los alcances del fallo del TC. Arriola calificó la decisión como un retroceso en la lucha contra la criminalidad y advirtió sobre sus posibles consecuencias.

“Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos, la zozobra, y entonces una mirada, desde mi punto de vista, desde los derechos fundamentales garantistas, no ayudarían en absolutamente nada en esta lucha”, sostuvo.

En esa misma línea, el general fue enfático al señalar que la anulación de la norma podría generar efectos negativos en el corto plazo. “Yo considero que sí es un retroceso, y esto me puede traer siquiera algún tipo de problema, pero yo siempre estoy acostumbrado a decir la verdad. La verdad es que esto es un retroceso y muy funesto, que va a traer consecuencias y ustedes las van a ver”, advirtió.

Arriola remarcó que existen menores de edad que participan activamente en hechos delictivos de alta gravedad y que representan un riesgo concreto para la sociedad. Asimismo, recordó que, tras el fallo, corresponde que los adolescentes recluidos en penales sean trasladados nuevamente al sistema de tratamiento juvenil, conforme a lo dispuesto por la sentencia constitucional.

Fallo del TC

En su fallo, el Tribunal Constitucional estableció que es incompatible con la Constitución que personas menores de 18 años sean procesadas y condenadas dentro del sistema penal de adultos, así como que cumplan sentencias en establecimientos penitenciarios destinados a mayores de edad. El TC precisó que los adolescentes de 16 y 17 años que actualmente se encuentran en penales bajo el régimen del INPE deberán ser trasladados de manera inmediata a los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación que determine el PRONACEJ.

El tribunal sostuvo que, si bien el legislador tiene facultades para adoptar medidas frente al contexto de inseguridad ciudadana, estas deben emitirse en estricto respeto de los principios constitucionales y de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. En ese sentido, el fallo subraya la necesidad de una respuesta proporcional a la edad de los adolescentes, sin excluirlos del sistema de justicia, pero garantizando un tratamiento diferenciado.

Menores involucrados en bandas criminales

Las declaraciones de Óscar Arriola se produjeron en un contexto marcado por recientes operativos policiales contra organizaciones criminales con participación de adolescentes. En el distrito de San Juan de Miraflores, la PNP desarticuló una banda presuntamente integrada por tres menores de entre 15 y 17 años, quienes, según la Policía, se dedicaban a robos y asaltos a mano armada en distritos de Lima Sur como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El comandante general describió el modus operandi del grupo, señalando que descendían de vehículos, encañonaban a sus víctimas y las despojaban de todas sus pertenencias. Estas intervenciones refuerzan, desde la óptica policial, la preocupación por el involucramiento de adolescentes en delitos violentos.

Junto a los menores, también fueron detenidos dos adultos, quienes enfrentarán denuncias por delitos contra el patrimonio.

El proceso electoral peruano suma un nuevo episodio de controversia luego de que se detectara una presunta infracción al principio de neutralidad por parte de Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), debido a declaraciones públicas sobre la candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo. El caso involucra directamente la interpretación de la Ley 30717 y el tratamiento de las candidaturas de personas rehabilitadas por delitos.

De acuerdo al informe de una fiscalizadora del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, la magistrada efectivamente habría transgredido el deber de neutralidad durante la entrevista concedida a Canal N, por la cual fue denunciada. El documento señala que sus afirmaciones sobre la tacha interpuesta contra la candidatura de Vizcarra por el partido Perú Primero podrían perjudicar su postulación al cargo de Presidente de la República.

“La señora Luz Imelda Pacheco Zerga, actual Presidente del Tribunal Constitucional, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante las afirmaciones realizadas durante una entrevista en el medio de comunicación Canal N, lo que perjudicaría la candidatura al cargo de Presidente de la República, del Sr. Mario Enrique Vizcarra Cornejo, por la organización política ‘Partido Político Perú Primero’”, se lee.

El informe recomienda elevar el caso al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, para que actúe conforme a sus atribuciones y la normativa vigente. De acuerdo con la revisión, se habría producido una vulneración a la normativa electoral, conforme al artículo 32 del Reglamento Electoral.

¿Qué dijo Luz Pacheco, presidenta del TC?

Durante la entrevista, la conductora consultó a Pacheco sobre el destino electoral de Vizcarra, quien fue condenado por peculado y posteriormente rehabilitado. Respondió: “No te podría adelantar en concreto esa postura, pero sí te adelanto que, en principio, el delito que él cometió está bajo la norma de Peculado. Está comprendido en esas demandas que se presentaron ya hace bastantes años y que dijeron que sí es constitucional que no pueda postular. Esa es la realidad”.

Frente a la pregunta sobre si, tal como está la norma, Vizcarra podría postular, la magistrada añadió: “En principio, eso es lo que ocurre. Habrá que ver, como tú dices, en el caso concreto, porque no siempre estamos de acuerdo todos en el Tribunal a ver qué pasará”.

Posteriormente, al conocer de la demanda presentada en su contra, mencionó que se sentía sorprendida y aseguró que habló a modo general. “Sí me llamó la atención [la denuncia], porque yo no me referí en ningún momento a la situación personal de esa persona. Lo que yo recordé fueron las dos sentencias que tuvo el Tribunal Constitucional en materia de participación ciudadana y delitos. Y después dije también que de ese caso en concreto, y recordé lo que dice el Código Procesal Constitucional, que si una ley ha sido convalidada por el TC, los jueces la tienen que aplicar”, mencionó.

La denuncia de Mario Vizcarra

Mario Vizcarra cuestionó el rol de la presidenta del TC, acusándola de haber adelantado opinión sobre su caso. “Ella tiró abajo la neutralidad y adelantó opinión. Eso ya mostraba la animadversión que tienen a mi postulación”, afirmó. El documento presentado por Perú Primero ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostiene que las expresiones de la magistrada “inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales” y constituyen “una interferencia directa en el proceso electoral, vulnerando el principio de neutralidad”.

Vizcarra señaló la existencia de resoluciones contradictorias en el propio TC sobre la aplicación de la Ley 30717. “Ahí están las cinco resoluciones. Cinco sentencias del propio Tribunal Constitucional. Se las dejo para que las lea con detenimiento”, insistió.

“Es importante el discurso que ha dado hoy día la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, reiterando que las leyes peruanas y la Constitución peruana son lo que tienen que aplicar los jueces, que están por encima de cualquier convencionalidad que pretenda imponerse a los magistrados peruanos”, afirmó en declaraciones a la prensa.

“Ha establecido claramente y refiriéndose concretamente a la ley de lesa humanidad, que tiene que aplicarse, dado que el Tribunal Constitucional ha declarado que esta ley es constitucional”, agregó.

En esa línea, invocó a adoptar medidas contra los jueces que, eventualmente, decidan inaplicar la ley en sus sentencias. “Aquellos que se atrevan a violar la ley y las disposiciones del Tribunal Constitucional deben ser sancionados de inmediato por la Junta Nacional de Justicia y por los organismos respectivos”, sentenció Rospigliosi.

¿Qué dijo Luz Pacheco, presidenta del TC, sobre ley de lesa humanidad?

Durante la ceremonia oficial, Luz Pacheco defendió la vigencia de la Ley 32107, la cual prescribe delitos de lesa humanidad y cuya constitucionalidad fue confirmada por el propio TC. La presidenta del tribunal citó el artículo VII del Nuevo Código Procesal Constitucional, que prohíbe a los jueces peruanos dejar de aplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido ratificada en un proceso de inconstitucionalidad.

“La constitucionalidad de esa norma queda convalidada, a través de esa sentencia. Y el artículo VII de ese mismo Código establece que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”, manifestó.

También abordó el tema del control de convencionalidad, refiriéndose a la relación entre las sentencias de tribunales internacionales y el ordenamiento constitucional peruano. Señaló que, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emite una resolución contraria a la Constitución, los jueces peruanos no estarían obligados a acatar dicho mandato. “Considero que no estamos obligados a someternos a este mandato porque no tiene legitimidad”, explicó.

Pacheco sustentó su posición en el artículo VIII del Nuevo Código Procesal Constitucional, modificado por el Congreso mediante la Ley 32153. Este artículo establece que, en caso de contradicción entre una norma internacional y una constitucional, los jueces deben optar por la que más favorezca a la persona y sus derechos humanos.

Mensaje se da luego de que la titular del Poder Judicial, Janet Tello, se haya pronunciado sobre las críticas que surgieron desde sectores políticos, en especial del Congreso, que acusan a los jueces de actuar arbitrariamente o de incurrir en “prevaricato” al ejercer el control difuso para inaplicar la norma en cuestión. No solo rechazó estos calificativos, sino que recordó que la facultad de los jueces para inaplicar leyes inconstitucionales está consagrada en el artículo 138 de la Constitución y fue ratificada desde 1979.

“En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales. Es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso. [...] afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política, carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional”, mencionó durante el inicio del Año Judicial 2026.

“Sí me llamó la atención [la denuncia], porque yo no me referí en ningún momento a la situación personal de esa persona. Lo que yo recordé fueron las dos sentencias que tuvo el Tribunal Constitucional en materia de participación ciudadana y delitos. Y después dije también que de ese caso en concreto, y recordé lo que dice el Código Procesal Constitucional, que si una ley ha sido convalidada por el TC, los jueces la tienen que aplicar”, mencionó.

Reiteró que no habló de la situación específica del hermano del condenado Martín Vizcarra: “porque además no lo conozco. Que quede claro”, mencionó. Remarcó que solo se limitó a explicar precedentes y normas generales: “Si yo hubiera dicho: ‘Al señor no le corresponde, sí le corresponde’, estaría muy mal de mi parte, pero tengo la tranquilidad de haber hablado en general”.

La polémica surge en medio del proceso de inscripción presidencial de Mario Vizcarra, cuya candidatura se encuentra en suspenso tras la admisión de una tercera tacha por parte del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1), fundamentada en su sentencia por peculado en 2005 y la aplicación de la Ley 30717. Esta norma impide la postulación de personas rehabilitadas por delitos de corrupción, aunque recientes fallos del TC han declarado inaplicable esa restricción en casos similares.

¿Por qué Mario Vizcarra denunció a Luz Pacheco?

Mario Vizcarra denunció a Luz Pacheco por supuestas declaraciones que, desde su perspectiva, habrían anticipado criterio sobre la controversia electoral que enfrenta. Según Vizcarra, la presidenta del TC no solo vulneró el deber de neutralidad que rige para los magistrados constitucionales, sino que además, con sus manifestaciones, habría generado “una interferencia indebida en la independencia de los órganos electorales”.

En el documento presentado por Perú Primero ante el JEE Lima Centro 1 se señala que las expresiones de Pacheco “inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales” y constituyen “una interferencia directa en el proceso electoral, vulnerando el principio de neutralidad”. Vizcarra sostiene que la presidenta del TC, al referirse al marco jurídico de los impedimentos por corrupción, habría afectado la percepción de su candidatura y puesto en entredicho la imparcialidad del tribunal.

El trasfondo de la denuncia radica en la interpretación de la Ley 30717 y la aplicación de precedentes constitucionales recientes, que han favorecido la participación política de ciudadanos rehabilitados. Vizcarra considera que las declaraciones de Pacheco podrían condicionar la actuación de los órganos electorales, especialmente en un contexto en el que la jurisprudencia del TC se ha pronunciado a favor de flexibilizar las restricciones para candidatos con antecedentes penales que han cumplido su condena y han sido rehabilitados.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió la Ley 32107, ley que prescribe delitos de lesa humanidad, la misma que no logró ser declarada constitucional.

Durante la ceremonia de Apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026, Pacheco invocó el artículo VII del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPP), que indica que no se puede inaplicar vía control difuso una ley que fue ratificada por el TC, tal como sucedió con la Ley 32107.

“La constitucionalidad de esa norma queda convalidada, a través de esa sentencia. Y el artículo VII de ese mismo Código establece que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”, dijo Pacheco.

En relación al control de convencionalidad, la presidenta del TC afirmó que, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ”emite una sentencia contraria a la Constitución el Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales, considero que no estamos obligados a someternos a este mandato porque no tiene legitimidad".

Luz Pacheco fundamentó su afirmación en el artículo VIII del NCPP, modificado por el Congreso a través de la Ley 32153. Dicho apartado dice: "En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, o de incompatibilidad entre decisiones de tribunales internacionales y del Tribunal Constitucional, los jueces preferirán la norma o decisión que más favorezca a la persona y sus derechos humanos".

Pacheco puso como supuesto ejemplo de su afirmación la sentencia de la Corte IDH en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica por las restricciones en ese país sobre la fecundación in vitro. En dicho fallo, se estableció que la concepción ocurre en el momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero, y no en la fecundación, por lo que el embrión no implantado no goza de la protección del derecho a la vida que establece el artículo 4.1 de la Convención Americana.

“Todos estamos de acuerdo que el hijo, el embrión, sin la madre se muere, pero creo que también todos sabemos que, si nace y nadie lo atiende, igual se muere. Y en toda la vida, si no nos atienden, también nos morimos. No podemos calificar quiénes tienen derecho a la vida, según su grado de desarrollo”, criticó la magistrada.

Luz Pacheco considera que ese fallo de la Corte IDH es contrario a la Convención porque, en base al genetista Jérôme Lejeune, “es el cerebro del embrión el que se suspenda el ciclo de la madre”. “Cómo vamos a negar que es un ser distinto a la madre. Solo que es un ser absolutamente indefenso”, agregó.

“A mi modo de ver, al emitir un fallo que no solamente puede ser discutible, sino contrario a un texto expreso, no me parece a mí que podamos sentirnos obligados a obedecerlo”, añadió.

Finalmente, Luz Pacheco afirmó que con su intervención no estaba “llamando a una desobediencia civil ni a una desobediencia jurídica”, sino que su objetivo es “invitarlos a reflexionar”.

“Para darnos cuenta que lo importante no es que tribunal dice algo, sino qué dice. No porque lo diga la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional, sino qué está diciendo. ¿Está protegiendo los bienes humanos básicos o no?”, sentenció.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el hábeas corpus solicitado por Pedro Castillo, expresidente Perú, en el que su defensa alegaba una supuesta vulneración de sus derechos a la salud dentro de las condiciones carcelarias.

La decisión fue emitida a través de la sentencia 203/2025, que declaró improcedente e infundada la solicitud tras analizar los argumentos jurídicos y médicos presentados por el entorno del exmandatario.

La defensa de Castillo había pedido que se autorizara una excarcelación temporal para someterse a una intervención quirúrgica por una presunta enfermedad cardíaca, tal como figura en los documentos clínicos aportados al expediente.

Además, se solicitaba que el exgobernante permaneciera bajo detención domiciliaria bajo el cuidado de sus familiares y profesionales de la salud especializados, y que recibiera una indemnización en caso de alguna complicación médica o deterioro de su integridad.

El Tribunal determinó que la demanda no demostró la existencia de un riesgo comprobado sobre la salud de Castillo Terrones ni una vulneración de derechos fundamentales ocasionada por la institución penitenciaria.

Asimismo, se destacó que las pruebas médicas ofrecidas no resultaron suficientes para un pronunciamiento a favor del peticionante.

“Este pedido debe ser desestimado, no por infundado, sino por improcedente por insuficiencia probatoria”, expuso el fallo consultado por la prensa nacional.

Argumentos de la defensa y fundamentos médicos

El equipo legal de Pedro Castillo argumentó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habría mostrado reticencia al visibilizar los informes médicos necesarios para evaluar el caso, sugiriendo una posibilidad de afectación de los derechos de su representado.

También, se señaló la supuesta existencia de una “angina de pecho inestable” que requeriría tratamiento urgente para evitar un infarto, de acuerdo con el relato recogido en el proceso judicial.

Diversos documentos aportados en la causa —entre ellos, certificados médicos emitidos por EsSalud y actas de la Junta Médica Penitenciaria— establecen un diagnóstico diferente: dolor torácico osteomuscular y síndrome de articulación condrocostal.

Según el TC, estos diagnósticos no requieren una intervención cardiaca inmediata y el exmandatario no habría sido desatendido en lo que respecta a atención médica durante su reclusión.

De acuerdo a Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, el hábeas corpus de Pedro Castillo por atención médica fue desestimado de manera unánime, al considerar que el INPE garantizó su atención en salud.

“Este es un caso donde él (Castillo) pedía una atención médica. Hemos considerado de que el INPE le ha proveído de todas las formas para que pueda atenderse, para que pueda estar a salvo en su salud. Entonces, es por eso que se ha desestimado de manera unánime esta demanda”, declaró Gutiérrez Ticse en una entrevista para Canal N.

Pedro Castillo, quien fue removido de la presidencia y actualmente cumple una condena de 11 años y 5 meses por delitos de conspiración y rebelión, permanece en el penal de Barbadillo, localizado en Ate Vitarte. El caso de su privación de libertad mantiene la atención pública y mediática en Perú y genera controversia sobre el marco de los derechos de los internos, especialmente en figuras políticas de alto perfil.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta una disputa que ha provocado la cancelación de rutas y un intenso debate sobre el impacto del cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) en la competitividad de Perú como hub aéreo en América Latina.

El 7 de diciembre de 2025 marcó la entrada en vigor del nuevo esquema tarifario en el principal aeropuerto peruano. La TUUA de transferencia comenzó a aplicarse a todos los pasajeros en conexión internacional.

Tras un primer aviso con Orlando y La Habana, LATAM Airlines Perú, la aerolínea con mayor presencia en el país, comunicó en las últimas horas la suspensión de 6 rutas internacionales tras evaluar la sostenibilidad operativa bajo el nuevo esquema de costos, en especial para vuelos cuya demanda depende del tráfico de conexión internacional.

El Aeropuerto Jorge Chávez de Lima y una disputa entre privados

A partir del 29 de marzo de 2026 dejarán de operar los vuelos directos que unían Lima con Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán. Además, LATAM no concretará las rutas previstas a Guatemala y Belo Horizonte.

La empresa atribuyó la decisión directamente a la implementación de la TUUA de transferencia internacional, la cual limita la competitividad frente a otros hubs regionales como Bogotá y Panamá, que no aplican cargos equivalentes.

En respuesta, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció conversaciones avanzadas con 6 nuevas aerolíneas internacionales—entre ellas Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa—y subrayó su objetivo de consolidar a Perú como un punto de conexión relevante para pasajeros de América Latina.

El ministro peruano Aldo Prieto aseguró que “la inversión en infraestructura es posible gracias a la TUUA”, enfatizando la importancia de recursos para la modernización de aeropuertos en varias regiones del país.

La TUUA de la discordia: la cuestión de la Adenda 6

Sin embargo, el cobro de la TUUA de transferencia es producto de una evolución regulatoria y contractual. La discusión se remonta a 2004, cuando Lima Airport Partners (LAP) solicitó por primera vez al regulador peruano Ositran -adscrito, pero no dependiente del MTC- autorizar la tarifa para pasajeros en conexión internacional.

En el periodo posterior, la proporción de pasajeros en transferencia aumentó progresivamente, pasando de 15% en 2004 a 37% en 2025. La Adenda 6 al Contrato de Concesión, firmada en 2013, formalizó el derecho a cobrar la TUUA de la discordia, bajo el argumento de que estos pasajeros reciben entre 25 y 26 de los servicios del aeropuerto y generan costos operativos específicos.

¿Cuánto deben pagar los pasajeros que hacen escala en Lima?

Este acuerdo extendió el plazo de concesión a Lima Airport Partners hasta el año 2041. La adenda fue pactada para permitir la expansión y modernización del terminal aéreo, una de las mayores apuestas de infraestructura en Perú.

Montos de la nueva TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez:

• TUUA de transferencia internacional: US$ 11,86 (corresponde a US$ 10,05 más 18% de IGV, desde el 7 de diciembre de 2025)
• TUUA de transferencia nacional: US$ 7,46 (corresponde a US$ 6,32 más 18% de IGV, inicio previsto el 1 de enero de 2026, sujeto a negociación y posible subsidio estatal)

Según estimaciones de LAP, parte de esta tarifa es transferida al Estado peruano (aproximadamente el 46,5% del total). El ingreso neto para la concesionaria por cada pasajero es US$5,38 en conexión internacional y US$3,38 en conexión nacional, ambos montos sin considerar el IGV.

En los últimos meses, tras el rechazo del informe técnico emitido por Ositran, la controversia escaló. Consejeros del regulador advirtieron sobre el impacto en la competitividad del aeropuerto y en la oferta de rutas.

Además, el sector gremial, encabezado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) y Comex Perú, remarcó que modificar unilateralmente la TUUA “pondría en riesgo la confianza jurídica del país y la sostenibilidad de las inversiones privadas”.

¿Cómo afecta la TUUA a la competitividad aeroportuaria de Perú?

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) alertaron que el cobro de la TUUA tendrá como consecuencia una desaceleración en el crecimiento del tráfico internacional.

Las entidades proyectan un incremento de apenas 3% anual hasta 2041, mientras que sin esa tarifa el alza habría llegado hasta 9%. Según IATA, “la medida debilita el papel del Aeropuerto Jorge Chávez como hub de conexiones y reduce las opciones de vuelo para los pasajeros”.

El gremio empresarial sostiene que el Perú quedará en desventaja frente a hubs regionales como Panamá y Bogotá, que ofrecen más destinos, menores tiempos de conexión y no imponen cargos equivalentes a los pasajeros en tránsito.

La postura de la concesionaria LAP y comparaciones regionales

Lima Airport Partners defiende la tarifa al argumentar que cubre costos asociados a los servicios diferenciados que utiliza un pasajero de transferencia.

Según estimaciones publicadas por Infobae Perú, LAP espera captar más de S/45 millones anuales netos por la TUUA de transferencia, cuyos ingresos totales proyectados hasta 2030 superan los S/233 millones, aunque la cifra final dependerá de la evolución del tráfico de pasajeros.

LAP sostiene, además, que el cobro de tarifas de transferencia a pasajeros en conexión internacional es una práctica común en la mayoría de hubs globales de Europa y Asia, aunque la adopción es menor en Latinoamérica. Como ilustración, indican que en Bogotá y Panamá, aunque no exista un cobro idéntico a la TUUA de transferencia, las tasas totalizadas pueden superar los 50 dólares por pasajero, superando el monto vigente en Lima.

Frente al argumento de doble cobro, LAP subraya que la TUUA de salida y la TUUA de transferencia corresponden a servicios diferenciados y que el contrato prohíbe subsidios cruzados entre tarifas.

Ante la negativa de AETAI, LAP cobra la TUUA por su cuenta

Desde diciembre de 2025, la TUUA debe informarse de forma clara y anticipada a los pasajeros. El incumplimiento de esta directiva puede implicar multas de hasta S/2,4 millones para las aerolíneas, según confirmó Indecopi a Infobae Perú. LAP calcula un flujo anual de unos 2 millones de pasajeros internacionales y 850.000 nacionales sujetos a este cargo.

La viabilidad de eliminar o reducir la TUUA de transferencia en rutas domésticas permanece en negociación con el Estado peruano. LAP ha expresado que una eventual eliminación implicaría financiar ese costo con recursos públicos, cuyo subsidio superaría los S/178 millones durante los próximos 15 años.

Evolución del conflicto y principales hitos:

• 2001: Contrato de concesión reconoce el derecho de LAP a cobrar la TUUA a pasajeros embarcados.
• 2004: OSITRAN niega la tarifa para transferencias internacionales por no usar todos los servicios.
• 2007: Regulador reconoce que los pasajeros en transferencia generan costos.
• 2013: Firma de la Adenda 6, permitiendo el cobro de la TUUA de transferencia internacional.
• 2017: Adenda LAP 2041 amplía la concesión de LAP a 2041 para permitir la expansión y modernización del aeropuerto.
• 2024-2025: Negociaciones fallidas para incluir la TUUA de transferencia en boletos aéreos.
• 7 de diciembre de 2025: Comienza el cobro de TUUA internacional por pasajero en transferencia, por US$ 11,86 (US$ 10,05 más IGV).
• 1 de enero de 2026: Inicio previsto del cobro de TUUA de transferencia nacional, por US$ 7,46 (US$ 6,32 más IGV), sujeto a negociación.
• 29 de marzo de 2026: Entra en vigor la suspensión de rutas internacionales por parte de LATAM.

El futuro del hub peruano y el debate internacional

El ajuste impulsado por la TUUA de transferencia ha dejado en evidencia las tensiones entre la necesidad de financiar infraestructura moderna y el objetivo de mantener la conectividad internacional.

Perú busca nuevas alianzas con compañías extranjeras mientras enfrenta riesgos legales internacionales y cuestionamientos internos sobre la estabilidad regulatoria. El modelo aplicado por Lima es observado con atención desde la región, en un contexto donde la competencia entre hubs latinoaamericanos continúa intensificándose.

En medio de los cuestionamientos tras la anulación de las elecciones primarias de Acción Popular por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el presidente del partido, Julio Chávez Chiong, anunció que acudiría ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de garantizar la participación de la agrupación en los próximos comicios.

En un pequeño mensaje, publicado a través de sus redes sociales, el dirigente responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE de la medida contra el partido de la lampa.“El primero no hizo nada a pesar de estar advertido y el segundo anuló arbitrariamente todo. Existe responsabilidad compartida”, escribió desde su cuenta oficial en X.

La reacción llega después de que el JNE, mediante la Resolución N.º 0745-2025-JNE, declarara la nulidad de todas las elecciones internas del partido tras constatar un patrón de sustitución irregular de delegados en las mesas de sufragio, situación que fue considerada una violación grave a la democracia interna y al debido proceso.

Según la resolución, la ahora expresidenta del CNE, Cinthia Pajuelo Chávez, sustituyó sin justificación a 28 delegados debidamente elegidos y proclamados por otros afiliados que no resultaron ganadores, afectando no solo a Lima Metropolitana, sino también a Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias y Loreto. En las circunscripciones de Junín y Madre de Dios, se integraron delegados no proclamados por el CNE.

Una de las circunstancias facilitadoras de este hecho fue la entrega exclusiva de las claves de acceso al Registro de Elecciones Primarias (REP) de la ONPE solo a la presidenta del CNE, lo que permitió modificar el padrón oficial sin control colegiado. Esta situación fue señalada como una posible acción delictiva, presuntamente constitutiva de fraude electoral.

Cabe señalar que la decisión fue tomada por mayoría, ya que dos magistrados expresaron un voto en minoría considerando que era improcedente declarar la nulidad en esta etapa. No obstante, el fallo del pleno es definitivo, no admite recurso y deja a Acción Popular sin internas válidas para inscribir candidatos en los próximos comicios generales.

La resolución, emitida el 11 de diciembre de 2025 en Lima, detalla las etapas del proceso que derivaron en la nulidad. Las impugnaciones y solicitudes de nulidad presentadas por diversos afiliados y dirigentes de Acción Popular, como Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo, Janet Geraldo Peña y Julio Abraham Chávez Chiong, dieron pie al análisis riguroso del proceso electoral interno.

¿Cuál es el papel de la ONPE?

La Resolución N.º 0745-2025-JNE señala de manera crítica que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue advertida con antelación sobre las irregularidades en la lista de delegados proporcionada por Acción Popular antes del desarrollo de las elecciones primarias, pero no adoptó las medidas necesarias para atender esas observaciones.

El Jurado Nacional de Elecciones precisó que, en lugar de corregir el problema, la ONPE elaboró el Informe N.º 000597-2025-GOECOR/ONPE del 7 de diciembre, en el que sostuvo que “cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral”. La resolución subraya que la ONPE, con esa postura, dejó de lado las alertas emitidas por los fiscalizadores del JNE, quienes advirtieron que se estaba cometiendo un error al considerar como delegados a ciudadanos que no fueron elegidos el 30 de noviembre de 2025, según lo establecido oficialmente.

El JNE interpreta que, además de no actuar, la ONPE incumplió su deber fundamental de asegurar que las votaciones reflejen la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean fiel reflejo de la voluntad popular.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la solicitud de medida cautelar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), suspendiendo provisionalmente la orden de reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, de acuerdo a fuentes de Expreso. El medio precisó que, por mayoría (cinco votos a favor y dos en contra), el máximo órgano constitucional acordó detener la ejecución de la decisión tomada por el juez Juan Torres Tasso, quien había dispuesto que Espinoza retomara funciones al frente del Ministerio Público. La orden surtirá efectos cuando la resolución sea redactada, publicada y notificada.

La decisión se da luego de que la Procuraduría Pública de la JNJ remitiera un oficio al máximo ente reiterando su pedido a puertas del vencimiento del plazo para restituir a Espinoza —con la advertencia de iniciar sanciones por desobediencia, incluida la posible apertura de investigaciones penales a los miembros de la JNJ— argumentando que la orden vulnera la autonomía e independencia institucional del órgano en el régimen constitucional peruano.

A ello se suma un “nuevo hecho que refuerza el sustento del peligro en la demora” de la medida cautelar solicitada. Se refieren a la decisión del juez Torres Tasso de dar, otra vez, un plazo de dos días para que los consejeros acaten y dispongan el regreso de Espinoza al Ministerio Público.

Como se conoce, Espinoza fue suspendida por la JNJ en septiembre dentro de un proceso disciplinario por no ceder el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides a pesar de que fue válidamente elegida por la Junta de Fiscales Supremos.

El conflicto judicial se originó a partir de la decisión previa del juez Torres Tasso de restituir a Espinoza por considerar que su suspensión vulneraba garantías procesales. La JNJ rechazó esta resolución, alegó graves irregularidades y defendió su potestad para dictar medidas preventivas mientras avanzaba la investigación. Es ahí donde reiteró el pedido.

En el plano internacional, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó preocupación por lo que calificó como “una ofensiva coordinada para obstaculizar la labor de Delia Espinoza”. Afirmó que los procedimientos disciplinarios y la reducción de la protección personal de Espinoza representan una amenaza para la imparcialidad de los procesos judiciales y subrayó que los jueces no deben recibir represalias por el sentido de sus decisiones.

En paralelo, el Congreso de la República debatirá el informe final de la Comisión Permanente que recomienda su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, además de la apertura de investigación penal. La votación sobre su inhabilitación está calendarizada para el 3 de diciembre.

La defensa jurídica de Espinoza, encabezada por Rodolfo Pérez, describió el proceso de inhabilitación seguido por el Congreso como “kafkiano”. Sostuvo que, a diferencia de otros tres fiscales investigados por los mismos hechos, Espinoza fue la única sancionada, mientras Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos fueron absueltos. Esta situación, para el abogado, atenta contra la igualdad ante la ley. Subrayó que el proceso disciplinario se inició por presunta invasión de competencias respecto a la Policía Nacional en el trámite de la resolución 2246, pero que la responsabilidad sobre los actos administrativos recaía en Villena, sin pruebas que señalaran culpabilidad de Espinoza.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) retiraron portones y muros instalados por la empresa Villaverde Company SAC, vinculada al empresario Zamir Villaverde, los cuales bloqueaban el acceso a la playa Los Lobos, en Cerro Azul.

Durante la diligencia, que se llevó a cabo en el kilómetro 125.1 de la Panamericana Sur, un agente de seguridad privado quedó detenido por una confrontación.

El Poder Judicial reprogramó el operativo para hoy, viernes 5 de diciembre, el operativo, obedeciendo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó liberar la vía pública. “Nuestra presencia es para que se ejecute una diligencia judicial”, dijo un miembro de la PNP en respuesta a los cuestionamientos de Villaverde.

El empresario discutía constantemente con los agentes que intentaban cumplir con la orden del TC. En un momento de la trifulca, su personal de seguridad intentó bloquear el paso a la comisión.

¿De qué trata el caso?

El Tribunal Constitucional resolvió un habeas corpus presentado en 2023 por Jaime Mario Lature y Beatriz Isabel Zorrilla, quienes denunciaron que Villaverde Company SAC instaló portones que impedían el tránsito vehicular y peatonal hacia sus viviendas en Playa Los Lobos. El máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda al determinar que dichas barreras vulneraban el derecho al libre tránsito, previsto en el artículo 2 de la Carta Magna peruana.

Como consecuencia, el TC ordenó a la empresa retirar los tres portones y cualquier otra estructura que obstaculizara el acceso público en la zona. La sentencia también dispuso que autoridades locales coordinasen el operativo para ejecutar el fallo. Para hacer efectiva la medida, una comitiva policial y municipal se desplazó a la playa este viernes, continuando con las acciones para restablecer la libre circulación.

Esta intervención no fue la primera relacionada con el caso. El 26 de noviembre ya se había intentado iniciar el retiro de las estructuras, con participación de funcionarios de la municipalidad de Cerro Azul y efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, esa diligencia no se completó debido a impedimentos en el terreno y resistencia de algunos ocupantes.

El suceso reciente se suma a otras controversias en las que Zamir Villaverde ha estado involucrado. En agosto, un adulto mayor obtuvo un fallo de habeas corpus para recuperar el acceso a su vivienda en el condominio Los Delfines, de donde el emprsario habría restringido el ingreso incluso a familiares del afectado, según denunció el programa Cuarto Poder. El mismo denunciante reportó el robo de pertenencias y acusó al empresario de hurto agravado.

La trayectoria de Villaverde registra antecedentes judiciales y disciplinarios desde hace más de dos décadas. En 1999, la Fuerza Aérea del Perú lo expulsó por “atentar contra el decoro y disciplina”.

En 2007 y 2009, fue implicado y condenado por delitos graves, como asalto y robo. En 2022, la Fiscalía lo investigó por presuntamente integrar una organización vinculada al expresidente Pedro Castillo, donde Villaverde reconoció pagos al exministro Juan Silva.

Desde 2023, suma nuevas denuncias policiales y sigue bajo proceso fiscal, al tiempo que permanece como apoderado de la empresa de seguridad Centinel (antes Vigarza), la cual mantiene contratos con entidades públicas y enfrenta procesos por lavado de activos.

Enfatizó que la falta de notificación formal afecta la seguridad jurídica y la transparencia institucional. “No está nada notificado, no está nada colgado en el sistema del Tribunal Constitucional, lo cual es una práctica que no le hace bien a la seguridad jurídica y sobre todo a la sociedad que está viendo con expectativa este tema”, afirmó. Consideró que, de confirmarse la medida, resultaría lamentable la intervención del TC porque interferiría, según ella, en un asunto de derechos fundamentales y no solo en disputas entre entidades del Estado.

En su análisis, Espinoza mencionó que la jurisprudencia previa del TC determina que la intervención solo procede cuando están comprometidos derechos fundamentales, sin interferencia por cuestiones de competencia institucional. Recordó que, el año pasado, el máximo intérprete de la carta magna se pronunció al respecto.

Bajo esa perspectiva, la suspendida fiscal considera que el fallo de Juan Torres Tasso, quien dispuso su reposición, tenía como objetivo proteger sus derechos fundamentales, por lo que la decisión del Tribunal supondría una intromisión sobre garantías constitucionales. Sostuvo además que la JNJ actúa “como juez y parte” en el proceso que la apartó.

“Lo que sucede es que estaría, en todo caso, prevaricando el Tribunal Constitucional. Estaría prevaricando porque estaría generando una discusión sobre temas competenciales que en el fondo no lo son”, mencionó.

En cuanto a los pasos procesales siguientes, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, precisó que, mientras no se cuente con el texto íntegro y la notificación formal de la resolución del TC, mantendrá una estrategia cauta y expectante. Explicó que buscarán que el juez garantice su fallo y, superado el plazo para la reincorporación, solicitarán ejecutar la resolución judicial. Puntualizó: “Lo que tendría que buscarse es que el juez haga valer su fallo. Primero habría que conocer la resolución del Tribunal Constitucional. En qué sentido se está pronunciando en este caso concreto”.

Pérez también cuestionó la coherencia del TC al comparar la situación de Espinoza con la de otros fiscales supremos —Tomás Aladino Gálvez, Luis Arce y Rodríguez Monteza— quienes sí fueron reincorporados a la Junta de Fiscales Supremos por decisiones judiciales de amparo. Señaló que el Tribunal restituyó este año a Tomás Gálvez y advirtió que una contradicción en los criterios deslegitimaría resoluciones anteriores.

Confirma presencia ante el Congreso

La defensa de Espinoza confirmó su asistencia ante el Congreso de la República. Pérez destacó que, además de la más reciente notificación por el caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, existe otra denuncia sobre el denominado caso “doble sueldo”, en el que Espinoza acusó cobros irregulares de congresistas y por el que se evalúa su inhabilitación por diez años.

La abogada no solo rechazó la acusación principal al asegurar no haber firmado ni participado en la elaboración del reglamento cuestionado, sino que criticó la premura del Congreso en su proceso, enfatizando que, mientras a ella se le acusa y se recomienda la inhabilitación, otros fiscales involucrados no enfrentan la misma sanción.

“A la que no hizo nada, la que no firmó... le quieren inhabilitar. Es obviamente una movida política, una movida... de venganza, de revancha, porque yo he venido presentando importantes denuncias constitucionales e investigaciones graves contra varios altos funcionarios”, declaró en Canal N.

Delia Espinoza denunciará al juez Torres Tasso

Ante la negativa del juez Juan Fidel Torres Tasso de denunciar a la JNJ por no acatar la orden de reponer a Espinoza y, en su lugar, solicitar información al Tribunal Constitucional, la abogada anunció que denunciará al magistrado.

“Le están dando más tiempo... Mejor dicho, le está diciendo: ‘Tribunal Constitucional, apúrate para que saques la medida cautelar y me bloqueas mi medida cautelar’. Voy a denunciar a este juez porque ahora, ya con esto, estoy confirmando que él no se equivocó en la casilla, me hizo demorar una semana, me hizo demorar otra, para que en el Congreso me sigan acorralando y hasta que avancen con su competencial en el Tribunal Constitucional. Ya están todos alineados, hasta el Poder Judicial”, mencionó en entrevista con el programa La verdad a fondo.

“Está cuidando su ratificación el señor juez. Triste, tiene miedo.[O sea, el Ministerio Público tomado...] Y el Poder Judicial también, no respeta su propia medida cautelar. […]Este juez ya se desenmascaró”, agregó.

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia ha citado para el viernes 19 de diciembre a una audiencia presencial destinada a ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El juez Wilson Verástegui Gálvez dispuso que el acto se realice en la sede ubicada en la avenida Tacna del centro de Lima. A la cita han sido convocados más de 50 procesados junto con sus respectivos abogados. El juzgado, además, pidió al TC remitir copias certificadas de la sentencia y confirmar si existen recursos o pedidos de aclaración pendientes.

En octubre pasado, el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda de la defensa de Fujimori, quien busca llegar a la Presidencia por cuarta vez, y ordenó archivar el proceso en su contra conocido como el ‘caso cócteles’.

Su abogada, Giulliana Loza, solicitó la nulidad de todas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso seguido desde 2017 por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, además de la anulación de “todos los actos precedentes” a las investigaciones preliminares.

La defensa alegó que, previo a noviembre de 2016, no se contemplaba que recibir fondos para campañas políticas constituyese delito de lavado de activos, y que la Fiscalía incluyó nuevos elementos en octubre de 2018 sin respetar el derecho a la defensa.

La sentencia del TC ordenó al Décimo Juzgado que resuelva con celeridad la situación jurídica de Fujimori, aunque aclaró que “no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”.

El caso

El llamado ‘caso cócteles’ se abrió contra la política y otros dirigentes de Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electoral de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de ‘cócteles’ en los que participaron simpatizantes.

Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una “organización criminal”, por lo que también se debía ordenar la disolución del partido.

En julio último, el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú amplió a 35 años el pedido de prisión para Fujimori por esta causa, al presentar una nueva acusación penal después de que el juicio oral, en el que pedía 30 años de cárcel para la política, fuera anulado en abril y el proceso devuelto a la etapa previa de acusación.

La presentación de la nueva acusación se dio en cumplimiento de otra resolución emitida en 2023 por el TC y luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial declaró infundada una apelación del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, con lo que ratificó la decisión del Constitucional.

Además de ordenar que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento, el TC también sostuvo que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral, que había comenzado el 1 de julio de 2024.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de amparo presentada por los hermanos del congresista Esdras Medina, señalando que sí pueden contratar con el Estado, salvo en el ámbito del Congreso de la República mientras dure el mandato y hasta seis meses después.

La controversia surgió a raíz de la demanda presentada por Noemí Eladia Medina Minaya, Elizabeth Eunice Medina Minaya y Silas Bernabé Medina Minaya, familiares del congresista Esdras Ricardo Medina Minaya. Los demandantes recurrieron al máximo ente tras ser impedidos de contratar con cualquier entidad estatal, en virtud del literal h) del artículo 11 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La Ley 30225 fue derogada y reemplazada por la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que entró en vigor el 22 de abril de 2025. La nueva normativa acota los impedimentos por parentesco únicamente al ámbito de la institución donde labora el funcionario y reduce el periodo de restricción a seis meses posteriores al cese del cargo. Así, la prohibición generalizada que motivó la demanda dejó de estar vigente, aunque sus efectos persistieron en procesos administrativos y judiciales en curso.

Argumentos de las partes y análisis del TC

Los demandantes alegaron que la restricción vulneraba sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de contratación, al excluirlos automáticamente de procesos estatales por el solo hecho de su parentesco, sin considerar su desempeño ni la ausencia de conductas irregulares. Además, señalaron que la publicación de su impedimento en el Registro Nacional de Proveedores les impidió continuar con su actividad profesional y empresarial, afectando su subsistencia y desarrollo personal.

Por su parte, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), actualmente Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), defendió la constitucionalidad de la restricción. Sostuvo que los impedimentos buscaban garantizar los principios de integridad, imparcialidad y trato igualitario en la contratación pública, evitando conflictos de interés y promoviendo la transparencia. Argumentó que la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores solo limitaba la posibilidad de contratar con el Estado, pero no afectaba el derecho a trabajar en el sector privado.

El Tribunal Constitucional concluyó que el inciso h) del artículo 11.1 de la Ley 30225 era una norma autoaplicativa, pues su vigencia generaba efectos directos sobre los familiares de congresistas, impidiéndoles contratar con cualquier entidad estatal. Además, consideró que la restricción intervenía de manera significativa en la libertad de contratación y el derecho al trabajo de los demandantes, al excluirlos de procesos de selección y forzarlos a interrumpir relaciones contractuales vigentes.

En su análisis, recordó que la libertad de contratación y el derecho al trabajo están protegidos por la Constitución, aunque pueden estar sujetos a límites razonables y proporcionales. Sin embargo, consideró que la restricción impuesta por la Ley 30225 era excesiva, pues no diferenciaba entre entidades ni consideraba la posibilidad de influencia real del funcionario sobre los procesos de contratación.

En un fundamento de voto adicional, el magistrado Gutiérrez Ticse subrayó que la restricción impuesta por la Ley 30225 constituyó una afectación directa, concreta y grave al derecho fundamental al trabajo de los demandantes. Señaló que la prohibición operó como una “muerte civil” para quienes, por el solo hecho de su parentesco, quedaron excluidos de la contratación pública, truncando su desarrollo profesional y su principal fuente de ingresos. El magistrado consideró que la afectación no fue una amenaza hipotética, sino una lesión real y efectiva, materializada en la exclusión de procesos de selección y la interrupción de servicios ya prestados.

Pacheco sostuvo que la Fiscalía contaba con herramientas procesales para solicitar controles más rigurosos luego de que se emitiera la sentencia, pero no las activó. Comentó que a Chávez se le mantuvo bajo comparecencia simple, lo que permitió que se desplazara libremente antes de que se confirmara su fuga. Afirmó que adjudicar responsabilidad directa al TC carece de sustento, ya que el juez tampoco podía variar las medidas sin un pedido fiscal.

Pacheco rechaza que el TC sea señalado por la fuga de la ex primera ministra

Durante la conversación con los medios, Pacheco enfatizó que el Tribunal Constitucional no interviene en la determinación de restricciones personales y que no puede asumir obligaciones que recaen en otras instancias. Reiteró que la Fiscalía pudo requerir vigilancia adicional apenas se dispuso la liberación de la exjefa del Gabinete, aunque no formuló ningún pedido para reforzar el control.

La magistrada calificó de injustas las versiones que atribuyen al tribunal un papel determinante en la fuga. Señaló que el órgano constitucional actuó conforme al expediente, sin facultades para modificar las reglas impuestas al término de la audiencia. Además, insistió en que la responsabilidad final recae en el Ministerio Público, que no impulsó mecanismos que garantizaran la presencia de la investigada.

Debate sobre los procedimientos internos en el Ministerio Público

Al ser consultada por la situación institucional del Ministerio Público, Pacheco mencionó que continúa revisando la discusión sobre la constitucionalidad de los llamados procedimientos inmediatos. Indicó que se trata de un tema complejo que requiere un análisis exhaustivo antes de adoptar una posición definitiva. Aun así, subrayó que lo central es respetar lo que establece la Constitución y desarrollar los procesos conforme a las normas vigentes.

Precisó que en el caso de Delia Espinoza no se aplica un trámite inmediato, sino un proceso regular. Añadió que, al no existir una conclusión firme sobre el tema, corresponde a las instancias competentes seguir el curso establecido por ley. Evitó opinar sobre resoluciones judiciales relativas al retorno de Espinoza al cargo porque, según dijo, aún no ha revisado los documentos emitidos.

Incertidumbre en la Fiscalía por la disputa en la jefatura institucional

Pacheco advirtió que la falta de claridad en la conducción del Ministerio Público genera incertidumbre en la ciudadanía. Recordó que existe un fiscal de la Nación interino mientras Espinoza busca retomar la titularidad mediante una orden judicial. Señaló que esta situación produce desconcierto y afecta la percepción sobre el funcionamiento de la institución encargada de dirigir la investigación penal.

La presidenta del TC consideró que la estabilidad en el Ministerio Público es clave para enfrentar la criminalidad. Expresó que, mientras no se resuelva quién debe asumir la conducción del organismo, existirán dudas en torno a sus decisiones y a la continuidad de sus acciones. Indicó que todas las órdenes judiciales deben acatarse según las normas aplicables, aunque remarcó que no puede señalar responsabilidades sin revisar las resoluciones emitidas.

Un fallo emitido por el Tribunal Constitucional en agosto de este año a favor de un ciudadano en Huancayo que en el año 2024 fue detenido por la Policía y llevado a la Comisaría sin motivo aparente, reafirmó cuáles son los únicos casos en los que un agente de la PNP puede requerir que una persona se identifique y cuáles son los pasos a seguir en caso de que esto ocurra.

Según el documento emitido por el TC, solo hay dos supuestos en los que un policía puede requerir que cualquier persona muestre su DNI para identificarse en el lugar en el que esté y sin necesidad de tener una orden firmada por un fiscal o un juez:

• Que el agente de la PNP considere que resulta necesario para prevenir un delito.
• Para obtener información útil para la averiguación de un hecho punible.

Me pidieron el DNI en la calle ¿Qué debo hacer?

En caso de que alguno de estos supuestos se cumpla, se procede al segundo paso del control de identidad en un lugar público: el ciudadano deberá presentar su DNI o cualquier otro documento válido para acreditar su identidad. En caso de que sea un ciudadano extranjero, deberá presentar el Carnet de Extranjería o un Pasaporte.

Durante el proceso, el agente de la PNP “deberá otorgar a el/la requerido/a en el lugar de la intervención el tiempo necesario o facilidades para encontrar su documento de identidad y exhibirlo”.

Según lo indicado en la sentencia del TC, todas las personas pueden usar medios electrónicos, llamadas telefónicas e incluso “la conducción al lugar donde están sus documentos, de ser el caso”. Todo esto sin necesidad de acudir a una dependencia policial.

Los ciudadanos intervenidos también tienen el derecho de exigir a los agentes de la PNP que se identifiquen y que indiquen la comisaría a la que se encuentren asignados.

Si la persona intervenida presenta su identificación y esta es acreditada por el agente de la PNP, entonces se devolverán todos los documentos al ciudadano peruano o extranjero y se autorizará que se aleje del lugar de la intervención.

¿Qué pasa si aun así me llevan a la Comisaría?

Según el Ministerio de Justicia, los agentes de la PNP encargados de la intervención solo podrán llevar a un ciudadano peruano o extranjero a una comisaría si no logra presentar un documento de identidad, si el documento “genera dudas sobre su autenticidad o correspondencia de identidad”.

También se indica que “según la gravedad del hecho investigado o ámbito de la operación policial practicada, deberá conducirlo/a a la dependencia policial más cercana para fines exclusivos de identificación”.

Los policías que intervinieron al ciudadano deberán justificar cuáles fueron las razones del traslado en un Acta de Control de Identidad Policial. Dentro de la comisaría, los agentes de la PNP también deberán registrar la diligencia en el Libro de Registro de Control de Identidad Policial, que incluye los datos del intervenido, el lugar, los motivos de la intervención, etc.

Los ciudadanos deben recordar que, pese a que se encuentran en una comisaría, la Policía no puede ingresarlos a una celda, ni estar en contacto con personas detenidas.

El plazo máximo para una intervención de Control de Identidad es de cuatro horas, que deberán contarse a partir del momento en el que el agente de la PNP solicita los documentos. Luego de que pasen las cuatro horas, los ciudadanos deberán retirarse de la dependencia policial. Si se logra la identificación antes de este plazo, el ciudadano puede retirarse.

Incluso en una comisaría, los policías deben facilitar la identificación del ciudadano retenido, incluso si es necesario llamar a un familiar para que comunique su retención. La Policía Nacional solo puede tomar impresiones de las huellas dactilares si es con fines de identificación.

Además, la PNP puede tomar fotos, peso y medidas del ciudadano retenido únicamente si es para fines de identificación y si es autorizado por un Fiscal. Esto se puede hacer incluso contra la voluntad del ciudadano.

En caso de que seas un ciudadano extranjero

Si hasta este punto el ciudadano extranjero no ha podido identificarse correctamente ante la PNP, los agentes pueden realizar coordinaciones con otras instituciones como Migraciones, Consulados, Embajadas, Interpol, etc; para agotar los medios de identificación.

En todo momento y en todos los casos, el personal policial deberá elaborar “una constancia de buen trato, donde deberá consignarse también la acreditación del retiro de la Dependencia Policial”.

¿Qué pasa si tienes requisitorias o presentas un DNI falso?

En caso de que el agente PNP constate que la persona retenida registra una requisitoria, lo podrá a disposición de la Oficina de Requisitorias de la PNP.

En caso de que los ciudadanos se identifiquen con un documento falso o adulterado, la PNP activará su protocolo de flagrancia delictiva. Lo mismo pasará si se usurpa la identidad de una persona, o usa el documento de alguien más para identificarse.

El exabogado de la agrupación política, Christian Salas Beteta, afirmó en declaraciones recopiladas por Canal N que “el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es tumbarse el caso, está anulando el caso por una sencilla razón que jurídicamente se llama atipicidad”.

La sentencia del máximo órgano constitucional se fundamenta en la ausencia de pruebas suficientes para sostener los delitos imputados.

El fallo contó con los votos de Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, quienes coincidieron en que se vulneró el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.

En el fundamento 96, el Tribunal explicó: “No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”.

Christian Salas Beteta precisó ante Canal N que las acusaciones por organización criminal pierden validez, ya que “no puede existir una organización criminal que use a la propia organización política con una finalidad que es legítima: llegar al poder a través de los canales democráticos. Eso no es un fin de una organización criminal y, por tanto, esa organización no existe. Primer caso se cae”.

La Fiscalía sostenía que Fuerza Popular habría recibido aportes ilícitos, pero el TC determinó que “el hecho que postulaba la Fiscalía no constituye delito”.

Lavado de activos

Sobre la figura legal de lavado de activos, el exabogado explicó que los supuestos aportes privados nunca constituyeron delito en el contexto de las campañas de 2011 y 2016, ya que no existía prohibición expresa.

Salas Beteta agregó: “Un dato importante y que la sentencia lo desarrolla es: ¿y cómo determinamos que el dinero, si así hubiera ocurrido, de Odebrecht, era ilícito? ¿La Fiscalía investigó a Odebrecht por delito previo de corrupción? ¿La Fiscalía determinó que ese dinero llegó al partido y que era producto de un delito anterior? No. La Fiscalía nunca investigó a Odebrecht en este caso por el delito fuente. Es más, en este caso, Jorge Barata, el señor Marcelo Odebrecht, ningún directivo se acogió a una colaboración eficaz y dijo: ‘Sí, hemos dado dinero sucio, dinero ilícito’. Nunca. Y entonces, ahí el lavado de activos también se cae el caso”.

El fallo del Tribunal Constitucional no solo beneficia a Keiko Fujimori, quien encabezó la defensa legal de la organización, sino también a otros investigados como Pierre Figari, Ana Hersz y Jaime Yoshiyama.

“El famoso caso Cócteles, que fue instrumentalizado políticamente en contra de cierto sector político, ha muerto, se ha cerrado. Por atípico, en relación a estos dos grandes delitos, organización criminal que nunca existió y lavado de activos...”, declaró Salas Beteta durante la entrevista difundida por Canal N.

En lo que respecta a los delitos de obstrucción a la justicia, falsedad en procedimiento administrativo y falsedad ideológica, el abogado explicó: “Van a correr la suerte de la prescripción, porque solo se mantenían vivos debido a que se habría dado en el contexto del crimen organizado y los plazos se extienden. Pero al morir crimen organizado, los plazos se reducen a casos comunes y estos delitos ya han prescrito”.

“A foja cero”

Por su parte, el abogado Wilber Medina sostuvo en entrevista con RPP Noticias que la resolución implica que “penalmente, el caso queda anulado, a foja cero. Dice la resolución en el fallo 4 que, en efecto, se anula, se deja sin efecto toda la investigación, incluso la preliminar del ‘Caso Cócteles’”.

Medina amplió que la sentencia “puede aplicarse a casos iguales que también vienen tramitándose como lavado de activos”.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, emitió un voto singular en el que señaló que la función de tipificar conductas corresponde a la justicia ordinaria. No obstante, validó el derecho de la parte acusada a ejercer defensa legal.

El fallo también dejó sin efecto la nueva acusación fiscal contra Keiko Fujimori presentada el 2 de julio de 2025, contribuyendo al cierre del expediente judicial.

Según el fiscal Gálvez, las investigaciones contra el hermano de la presidenta y contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, no tendrían por qué detenerse en su periodo al mando de la Fiscalía de la Nación. Incluso sostuvo que los casos contra integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) seguirán bajo su cargo.

“¿Por qué van a interrumpirse si están iniciadas? Tienen que continuar necesariamente. Yo siempre he dado garantía de objetividad en mi trabajo. E-e-es más, en la propia Fiscalía de Familia, yo he tenido bastantes casos de congresistas, ahora lo tengo de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y esas investigaciones continúan, no tiene por qué interrumpirse, desde luego (...)“.

Ministro de Justicia investigado por la Fiscalía

Pese a ser el titular del sector Justicia, Santiváñez tiene problemas con el Ministerio Público debido a investigaciones que se siguen en su contra, como la que lo señala como “hombre clave” e integrante de una presunta organización criminal al interior del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La Fiscalía atribuye a este presunto esquema de corrupción la presunta autoría de delitos como tráfico de influencias, manipulación de procesos administrativos y organización de intervenciones policiales ilegales.

Según la tesis fiscal, los alcances de la organización criminal llegan incluso a tocar al círculo más cercano de la presidenta Dina Boluarte, pues su hermano Nicanor Boluarte estaría involucrado. Este fue el motivo por el que el Operativo Ícaro incluyó el allanamiento a su vivienda a finales de agosto.

Círculo cercano de Dina Boluarte bajo la lupa

Aunque un fallo del Tribunal Constitucional emitido en agosto de este año indicara que no es posible que la Fiscalía investigue a la presidenta Dina Boluarte por casos como la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyó al Eficcop, el caso Rolex y las muertes en protestas, la decisión del TC no cerró la puerta a que el Ministerio Público investigue a miembros de su familia como su hermano, Nicanor Boluarte.

Según la titular del TC, Luz Pacheco, el fallo solo afecta a las investigaciones en los casos mencionados, ya que estas deberán detenerse porque “ya se han recabado todas las pruebas que a nuestro criterio son las que se pueden actuar como diligencia preliminar“.

Sin embargo, el Ministerio Público puede continuar el curso de las otras 21 investigaciones contra la presidenta, pero no solicitar medidas como allanamientos a su vivienda.

¿Por qué la Fiscalía investiga a los miembros de la JNJ?

La Fiscalía también tiene en proceso una investigación preliminar contra seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el presunto intento de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación pasando por alto la autoridad de la Junta de Fiscales Supremos. Los delitos imputados incluyen usurpación de funciones, abuso de autoridad, encubrimiento personal, omisión de funciones, avocamiento indebido del cargo y falsedad ideológica.

Los investigados son Gino Ríos Patio (presidente de la JNJ), María Teresa Cabrera Vega (vicepresidenta), Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic y Cayo Galindo Sandoval. La denuncia fue presentada por Francisco Távara, el séptimo integrante de la JNJ, y la entonces fiscal de la Nación (ahora suspendida), Delia Espinoza.

Una de las principales categorías del automovilismo nacional dirá presente en un trazado urbano que tendrá una extensión de 2.790 metros y los autos correrán por las avenidas Coronel Roca y Escalada y también por el Parque de la Ciudad.

“Hace un par de meses empezamos a trabajar en este circuito. La idea era seguir manteniendo la categoría a raíz de las obras que se iniciarán a fin de año en el Autódromo y, de alguna manera, mantener la pasión del deporte, no dejarlo en este trayecto de obra sin correr en el Gálvez. Era una forma de tener un nuevo callejero. Seguimos poniendo en valor el proyecto del Sur”, declaró Fabián Turnes, Secretario de Deportes del Gobierno local, durante la presentación.

La recta principal tendrá 720 metros de largo y se extenderá sobre la avenida Coronel Roca, junto al Parque Roca, el Lago Lugano y a los portones de entrada al estadio Mary Terán de Weiss, donde tuvo lugar hace poco tiempo la despedida tenística de Juan Martín Del Potro ante Novak Djokovic.

El piloto de Toyota en TC2000 y TC, Matías Rossi, se mostró expectante ante este evento: “Muy contento, ansioso para que llegue ese día. Corrí todos los callejeros. Los dos de Buenos Aires, Santa Fe... El callejero es algo muy lindo, sobre todo con este nuevo auto que es más rápido. Quiero conocer la pista. Es un paso adelante, son carreras y eventos que todos los pilotos quieren correr. Son eventos distintos y particulares”.

El TC2000 retornará a una pista callejera en la Ciudad después de 13 años. La última vez fue en 2013, cuando reunió cerca de 1 millón de personas en Recoleta, en la Ronda de Buenos Aires. El año anterior, la categoría había competido ante 700 mil personas en el centro porteño.

En este sentido, Rossi precisó cuál será la máxima dificultad que representará el armado de una pista nueva: “Si bien se sabe cuál será el recorrido, hay varias cosas a ver en el momento. Los circuitos callejeros siempre presentan la dificultad del sobrepaso por lo estrecha de las calles y siempre se puede generar alguna variable para el sobrepaso, que hace entretenida a la carrera. Ese será el objetivo más difícil de conseguir. No es una pista, son calles que se amoldan para una competencia de autos”.

Los boxes y la calle de boxes, de 200 metros, estarán dentro del Parque de la Ciudad. También se instalarán 1.500 metros de muros de contención, 12 tribunas con 300 baños químicos y 4 pantallas LED. De esta manera, se contribuye al proyecto de desarrollo del sur de la Ciudad que impulsa la actual gestión, de igual modo que los trabajos de remodelación del Autódromo. “Es el primer inicio y, en función de eso, evaluaremos. Es una transición que hacemos desde el cierre hasta la reapertura del Gálvez. No te puedo decir si volverá al Gálvez”, arrojó Turnes ante la posibilidad de que el trazado permanezca más allá de 2026.

Por último, el presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, valoró el retorno de un circuito callejero al calendario: “Es un gusto. Es un placer contar con estas ideas y apoyo de la Ciudad. Queremos construir un automovilismo fuerte que vuelva a enamorar, que sea accesible, transparente, y que tenga la mayor cantidad de eventos posibles. Estamos en esa línea”.

Este anuncio se da en el marco de las refacciones que se realizarán en el Autódromo para que el MotoGP regrese a la Argentina después de 28 años. 2027 será el calendario elegido para el retorno del Campeonato Mundial de Motociclismo y las obras incluirán el rediseño de la pista con vistas a buscar la futura homologación para recibir también a la Fórmula 1.

“En todos los casos de excarcelación, el INPE se ajusta a los protocolos previstos en sus normativas internas, conforme a lo señalado en la Resolución Presidencial N.° 305-2008-INPE/P.“, sostiene el comunicado emitido en su cuenta de X.com

Chávez se encontraba con custodia del INPE en la clínica donde aún permanecerá internada por 24 horas más y recibió la visita de los congresistas Roberto Sánchez y Lucinda Vásquez, quienes coincidieron que se encuentra estable.

TC ordenó su libertad

El TC concluyó que el Ministerio Público presentó fuera de plazo la solicitud para ampliar la medida, y determinó que Chávez había superado el límite legal de 18 meses de detención, establecido en junio de 2023. Aunque la resolución llegó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) después del horario administrativo, se prevé que la excarcelación se haga efectiva este 4 de septiembre.

La medida de prisión preventiva fue dictada por el Poder Judicial debido a que, según el Ministerio Público, Chávez intentó huir a la Embajada de México tras el fallido intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo.

Si bien se espera su salida del centro penitenciario, Chávez aún enfrenta un proceso de investigación por presuntos delitos de rebelión y enriquecimiento ilícito. Además, el fallo del TC no impide que la Fiscalía vuelva a presentar un pedido de prolongación de la prisión preventiva, por lo que no se descarta que esta pueda ser reimpuesta.

Mientras tanto, familiares y simpatizantes se mantienen en vigilia tanto en los exteriores del penal como en la clínica Cayetano Heredia, donde fue ingresada de madrugada tras sufrir una descompensación. Según informó Buenos Días Perú, la exministra fue trasladada en ambulancia y, al descender del vehículo, se la vio con mascarilla, conectada a un suero y agradeciendo el apoyo de sus allegados.

Estado de salud de Betssy Chávez

El equipo médico de la clínica Cayetano Heredia en San Martín de Porres mantiene en observación a Betssy Chávez después de su traslado desde el Penal Santa Mónica. Personas cercanas a la exfuncionaria informaron a medios nacionales que la excarcelación motivó un episodio de descompensación que requirió atención inmediata y supervisión continuada.

Durante su tiempo en prisión, Chávez habría realizado una huelga de hambre de diez días, alegando presuntos episodios de maltrato y hostigamiento por parte del personal del INPE. Las autoridades carcelarias señalaron que no existen pruebas contundentes de tales hechos y que se adoptaron medidas para preservar su seguridad. Aunque se reportó una huelga de hambre seca por diez días, un informe médico practicado en el Hospital María Auxiliadora reveló parámetros normales y solo una leve deshidratación, lo que permitió su alta en ese momento.

La madre de Betssy Chávez confirmó que el equipo clínico que la atiende ahora informó sobre la necesidad de una observación médica mínima de 24 horas para restablecimiento y rehidratación, tras el cese de la huelga. Inicialmente, Chávez fue asistida en la sección clínica del hospital Cayetano Heredia como parte del protocolo de emergencia.

Los familiares de Betssy Chávez esperan el resultado de la evaluación médica programada para este jueves. Según el congresista Roberto Sánchez, la exfuncionaria presenta deshidratación severa y debilitamiento cardíaco, lo que obliga al equipo médico a mantenerla en observación y aplazar su liberación hasta que obtenga una constancia de salud favorable, requisito indispensable del INPE para la excarcelación.

El Tribunal Constitucional dispuso la inmediata liberación de Betssy Chávez luego de considerar que existió una detención arbitraria durante el proceso judicial que afronta por el presunto delito de rebelión. La sentencia se da en medio de denuncias de hostigamiento y una huelga de hambre a la que se sometió la reclusa.

El caso inició tras el pedido de hábeas corpus presentado por la defensa de Betssy Chávez, quien se encontraba bajo prisión preventiva desde el 20 de junio de 2023, medida que tenía un plazo original de 18 meses y vencía el 19 de diciembre de 2024. La defensa alegó vulneración del derecho a la libertad personal, argumentando que, tras el vencimiento del plazo inicial de prisión preventiva, continuó privada de su libertad sin resolución judicial vigente, lo que constituía detención arbitraria.

El Tribunal Constitucional analizó el expediente y determinó que entre el 20 y el 27 de diciembre de 2024 Chávez permaneció recluida sin un mandato válido, ya que la decisión judicial que prolongó la prisión preventiva fue emitida ocho días después de vencido el plazo original. Según la sentencia, “la privación de libertad fuera de los plazos legales establecidos vulnera el derecho fundamental a la libertad personal, aun si existiera posteriormente una resolución que extienda la prisión”.

El tribunal resaltó que el artículo 274 del Código Procesal Penal estipula que cualquier prolongación de prisión preventiva debe ser solicitada antes del vencimiento y resuelta dentro de los plazos previstos. La omisión de estos requisitos convierte la detención en arbitraria, obligando a declarar nulos los actos posteriores. El fallo enfatizó la doctrina nacional e internacional en materia de derechos humanos, que establece que ninguna prórroga puede convalidar una privación de la libertad decidida fuera de término, y que la prórroga dictada después de vencido el plazo carece de eficacia jurídica.

Entre los fundamentos se cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica que, aun existiendo razones para mantener la prisión preventiva, la superación del plazo razonable obliga a la adopción de medidas menos restrictivas. De acuerdo con la sentencia, “los jueces deben ordenar la liberación de los detenidos al extinguirse el mandato, salvo que exista nuevo fundamento legal debidamente ejecutado”.

En la revisión del trámite del proceso, el Tribunal precisó que el Ministerio Público presentó inicialmente el pedido de prolongación un día antes del vencimiento, pero la audiencia requerida por ley se realizó siete días después y la resolución fue expedida solo tras haberse vencido el plazo de la medida original. Ese margen de tiempo fue considerado determinante para verificar la falta de cobertura legal, pues la decisión judicial debía producirse antes del desarrollo de cualquier prolongación.

“En definitiva, (la Fiscalía) este tuvo la oportunidad de solicitar la prolongación mucho antes del vencimiento del plazo original y el órgano jurisdiccional hubiera evitado que se consumara la detención arbitraria. Y es que este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana“, se lee en la sentencia.

El Tribunal también analizó reclamos relacionados con el acceso a salud y las condiciones carcelarias, aunque sostuvo que la responsabilidad directa de la restricción de la libertad correspondía a la autoridad judicial y no al sistema penitenciario, que solo puede materializar una excarcelación si cuenta con orden judicial expresa.

Finalmente, el tribunal declaró nulos los actos asociados a la prolongación de la prisión preventiva de Chávez y ordenó al juzgado correspondiente expedir, bajo responsabilidad, la resolución de excarcelación de la beneficiaria en el mismo día. La sala dejó a salvo que el Juzgado pueda dictar medidas alternativas menos gravosas, de ser necesario para asegurar la participación procesal de la investigada en las diligencias judiciales pendientes.

La ponencia de la sentencia estuvo a cargo del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse y la suscriben sus colegas Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández. La presidenta del TC, Luz Pacheco, y el magistrado Manuel Monteagudo votaron en contra de la excarcelación de la expremier.

Lee la resolución completa aquí:

Dictamen del TC que ordena la liberación de Betssy Chávez de prisión by Infobae Perú

La excongresista Indira Huilca calificó la decisión como justa y señaló que Chávez debe afrontar el proceso en libertad. “Nuestro país vive bajo un régimen autoritario que utiliza las instituciones como herramienta de persecución y venganza”, sostuvo.

En la misma línea, la exministra Anahí Durand consideró que la movilización ciudadana fue clave para este desenlace. “El Poder Judicial debe cumplir con su inmediata excarcelación. Te esperamos, compañera”, escribió en sus redes sociales.

El congresista Guido Bellido, también ex premier, destacó que el fallo marca un precedente histórico. “Saludamos la objetividad e imparcialidad del Tribunal Constitucional. Esperamos que pronto se haga justicia para Pedro Castillo”, señaló.

Por su parte, el también expremier Aníbal Torres, procesado junto a Betssy Chávez por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, afirmó que la prisión preventiva contra ella formaba parte de una persecución política. “Cuando se recupere el Estado de Derecho, los prevaricadores deben estar en el lugar que les corresponde”, advirtió.

El legislador Jaime Quito, de la bancada Nueva Constitución, sostuvo que el cautiverio de Chávez era insostenible y denunció irregularidades en la prolongación de la medida. “¡Libertad para Betssy Chávez!”, expresó.

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, saludó la medida del TC y apuntó que ahora espera que Pedro Castillo “reconozca la existencia del fujicastillismo”.

Desde la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, el congresista Roberto Sánchez señaló que la decisión se dio “en base a justicia y a los derechos humanos” y denunció que también existe persecución contra Castillo y Torres. En la misma línea, la congresista Margot Palacios exigió la liberación del autor de fallido golpe de Estado “porque hasta ahora no se le ha probado ningún delito y las ampliaciones de la prisión preventiva son medidas políticas por temor a que postule nuevamente y gane las elecciones”, consideró.

Finalmente, el parlamentario Alfredo Pariona acusó al sistema judicial de utilizar la prisión preventiva como herramienta política. “No permitiremos que la justicia sea usada para persecución. ¡Firmes en la defensa del debido proceso y los derechos fundamentales!”, expresó.

¿Betssy Chávez podría volver a prisión?

El máximo intérprete de la Constitución consideró que el Poder Judicial erró al prolongar su prisión preventiva sin respetar los plazos legales, dado que el Ministerio Público presentó su solicitud apenas un día antes del vencimiento del mandato, lo que hizo imposible un debate en tiempo razonable.

Según el fallo, lo correcto era liberar de inmediato a la exjefa del gabinete de Pedro Castillo y luego programar la audiencia de prolongación. El documento subraya que no corresponde “sacrificar la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia” de los operadores de justicia. En esa línea, el TC recordó que existían medidas menos gravosas, como la comparecencia restrictiva, la caución o incluso la vigilancia electrónica personal.

Sin embargo, la decisión no significa el fin de los problemas judiciales para Chávez. El juez supremo Juan Carlos Checkley deberá convocar en los próximos días una nueva audiencia para revisar el pedido de prolongación de la prisión preventiva. En ese escenario, existe probabilidades de que vuelva a prisión debido a que el Ministerio Público sostiene que intentó fugar hacia la Embajada de México tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, lo que configura un grave riesgo procesal.

La excarcelación ordenada por el TC coloca a Betssy Chávez en libertad, pero bajo una fuerte sombra de incertidumbre. La Fiscalía mantiene una acusación por el presunto delito de rebelión y un señalamiento directo de que intentó evadir la justicia. Si el juez Checkley encuentra fundados estos argumentos, podría dictar nuevamente prisión preventiva.

La polémica por la huelga de hambre

El caso de Chávez ha estado acompañado de controversias adicionales. La expremier aseguró encontrarse en huelga de hambre desde hace diez días, presentándose como víctima de un deterioro en su salud. No obstante, un informe médico del Hospital María Auxiliadora, donde fue trasladada bajo custodia del INPE, reveló que sus parámetros eran normales y que solo sufría una leve deshidratación, por lo que se dispuso su alta inmediata.

Este episodio fue interpretado desde la Fiscalía como una estrategia dilatoria. “La acusada adoptó una decisión unipersonal de realizar una huelga de hambre”, señaló el Ministerio Público, que pidió rechazar la suspensión de las audiencias. Incluso, el fiscal cuestionó la intención de la defensa de utilizar la medida como excusa para postergar el avance del proceso.

El allanamiento de la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, motivó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, expresara su rechazo. A través de un pronunciamiento público, calificó la medida judicial como un acto de “acoso político” y abuso de autoridad, y rememoró el fallo del Tribunal Constitucional como argumento central contra el operativo.

“Lo digo con mucha contundencia, en nombre del Estado de derecho y el respeto a la Constitución y a la democracia: No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política”, expresó en su cuenta oficial de X.

Asimismo, describió “lo ocurrido hoy día como una clara muestra de acoso político permanente a la señora mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial. Mi solidaridad con quienes están siendo objeto de este avasallamiento”.

Sus expresiones generaron rápidamente la respuesta de los usuarios, quienes le recordaron que si bien es cierto que el Tribunal Constitucional se refirió al entorno presidencial, en realidad fue para aclarar que en su caso sí se pueden desarrollar las investigaciones y acciones que las autoridades consideren pertinentes.

“Falso. El TC dice que su entorno de la presidenta SI puede ser investigado”; “La Constitución es bien clara. ¿En qué parte de la Constitución dice que el Primer Hermano tiene las prerrogativas de la presidencia?“; ”No ha leído la resolución, como muchos, de hecho, pero usted es ministro y la responsabilidad de sus palabras es mayor. Antes de soltar afirmaciones erradas debería informarse debidamente"; “El aforado es la autorididad, no el familiar”, son algunos de los comentarios en la propia publicación de Sandoval.

¿Qué dice realmente el fallo del TC?

El fallo del TC es claro en mencionar que “a tenor de lo expuesto supra, un escenario particular se presenta cuando se inicia una investigación penal en contra de las personas que formen parte del entorno del presidente —que podría comprender a familiares, servidores y funcionarios— y se encuentren vinculados a la presunta comisión de un delito".

“Al respecto, en opinión de este colegiado, si bien la presidencia de la república ostenta la especial protección constitucional que deriva de la precitada disposición constitucional y, por ello, la persecución penal en su contra se encuentra limitada, no obstante, su entorno sí puede ser materia de investigación por parte del Ministerio Público”, se lee. Es decir, la inmunidad de la presidenta no alcanza a su entorno. En este caso, a Nicanor Boluarte.

¿Por qué se allanó la vivienda de Nicanor Boluarte?

La intervención en la vivienda de Nicanor Boluarte formó parte del denominado operativo Ícaro, a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP). La acción tuvo como objetivo recolectar pruebas vinculadas a posibles actos de corrupción y crimen organizado que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, involucran a exfuncionarios del Ministerio del Interior y a empresarios del sector minero. El hermano de la presidenta figura en calidad de vinculado, pero no como investigado principal en el expediente abierto contra Juan José Santiváñez, exministro del Interior.

Durante la diligencia, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó el operativo como un abuso por parte de la Fiscalía y aseguró que su defendido no ha tenido vínculo alguno con la minera El Dorado, con Santiváñez o con Percy Tenorio.

El Tribunal Constitucional evaluará hoy en audiencia dos demandas a favor del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, con las que se busca apartar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso Los Waykis en la Sombra.

En ambas demandas de habeas corpus se denuncia que el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional presuntamente no garantizaría imparcialidad en sus decisiones. Esto debido a que supuestamente presumió que Nicanor Boluarte era culpable antes de resolver el pedido de prisión preventiva.

Y es que el magistrado, según las demandas, puso como ejemplo al hermano de la presidenta Dina Boluarte en unas diapositivas de un curso que dictó titulado “Corrupción en el Sistema de Administración de Justicia”.

“Públicamente, el juez implicó que los demandantes eran culpables de los hechos que se les imputaban. De modo que, cuando resolvió las solicitudes relativas al demandante, ellos no contaron con un juez imparcial. Por el contrario, el juez que resolvió sobre los pedidos de prisión preventiva era un juez que no solo ya los había prejuzgado y presumido su culpabilidad, sino que también lo había hecho de forma pública”, dice el recurso.

En la demanda también se consigna que el juez Richard Concepción Carhuancho, solicitó al instituto que edite el extracto del video donde aparecen las diapositivas de Nicanor Boluarte, supuestamente “reconociendo que con ellas demostraba su parcialidad”.

“El magistrado no solo dictó de manera consciente y voluntaria la clase exponiendo la imagen de los demandantes, quebrando su deber de imparcialidad, sino que, posteriormente, se habría comunicado con el Instituto para que se manipule el video mediante una edición para tratar de eliminar su falta, lo cual evidencia aún más el dolo de su comportamiento”, dice el documento.

La resolución que ordena la prisión preventiva no es la única decisión que Nicanor Boluarte cuestiona. También pone en la mira la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho donde inaplica las nuevas leyes de crimen organizado.

“El magistrado conociendo que está impedido de continuar en la causa, porque ha actuado con conocimiento, ha decidido inaplicar inconstitucionalmente leyes favorables a los investigados (como la Ley 32138) instaurando la retroactividad en contra de los imputados”, denuncian.

Por ello, consideran, es “necesario” que se aparte al juez Richard Concepción Carhuancho del caso Los Waykis en la Sombra “dado que se ha demostrado su falta de imparcialidad”.

De momento, se conoce que solo el abogado de Nicanor Boluarte, Joseph Campos, intervendrá en la audiencia del Tribunal Constitucional. No se ha confirmado si el hermano presidencial participará.

Juez en la mira

Esta semana el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi denunció al juez Richard Concepción Carhuancho ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por inaplicar la Ley 32107, ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.

Rospigliosi denuncia al magistrado no por no acatar la referida norma, sino porque la inaplicó en etapa de investigación preparatoria, cuando, dice, el control difuso únicamente debe determinarse al momento de que se emita la sentencia del caso. Por ello, el fujimorista pide la destitución del juez por supuestamente haber incurrido en faltas muy graves.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió el fallo del TC que determinó el cese de las investigaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte por casos relevantes, como el de las muertes en las protestas al inicio de su gobierno en 2022; el Caso Rolex; y la desactivación del Eficcop. Según la magistrada, esta decisión se dio para “preservar la investidura presidencial”.

Según Pacheco, las investigaciones realizadas por la Fiscalía contra la presidenta Boluarte la “distraen” de hacer su trabajo y generan “un clima de inestabilidad política que no ayuda (...)”.

Durante una entrevista con Punto Final, la presidenta del TC también indicó que el fallo solo afecta a las investigaciones en los casos mencionados, ya que estas deberán detenerse porque“ya se han recabado todas las pruebas que a nuestro criterio son las que se pueden actuar como diligencia preliminar“. Sin embargo, el Ministerio Público puede continuar el curso de las otras 21 investigaciones contra la presidenta.

Pruebas no serán eliminadas

Pacheco también indicó que las pruebas que la Fiscalía tenga en su poder no serán eliminadas pese a que la norma permitiría al TC indicar que estas pueden ser anuladas.

Luego de acusaciones que acusan al Tribunal Constitucional de un supuesto ‘blindaje’ a favor de Boluarte, Luz Pacheco afirmó que “hemos considerado más prudente, justamente para evitar un blindaje, mantener esas pruebas y conservarlas para cuando termine el mandato de la señora y poder continuar con la investigación preliminar”.

En ese sentido, también afirmó que la Fiscalía no podrá recoger más evidencias usando allanamientos, como ocurrió en el pasado, cuando se intervino Palacio de Gobierno. Argumentó que ello podría poner en riesgo la seguridad del Estado.

“Tendrán que ver si en las carpetas que le han abierto a la presidenta ya han hecho esos actos que se han autorizado (...) no habrá allanamientos, tampoco levantamiento del secreto bancario, ni de las comunicaciones, porque ponen en riesgo la seguridad del Estado indirectamente como fue el allanamiento a Palacio”.

La presidenta del TC también afirmó en Punto Final que una vez que concluya el mandato de la presidenta Boluarte el próximo año, la Fiscalía ya podrá “seguir investigando, pero ya podrá tomar el resto de las pruebas que antes no podía”.

Es decir que, si las investigaciones lo requieren, cualquier tipo de allanamiento o levantamiento del secreto bancario o comunicaciones contra la presidenta Dina Boluarte podrá hacerse a partir del 28 de julio del 2026.

Presidenta Dina Boluarte habló sobre el fallo del TC

La presidenta Dina Boluarte afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que suspende las investigaciones en su contra y contra futuros mandatarios mientras estén en funciones, representa un legado de su gobierno para la democracia.

Durante una actividad oficial de entrega de vehículos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la presidenta reafirmó que entregará el cargo el próximo año.

“Y así será hasta el 28 de julio del año 2026, fecha en que dejaremos un legado de trabajo honesto. (...) Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de derecho e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias”, indicó.

No le bastó que se limitara a la Fiscalía de la Nación. La presidenta Dina Boluarte, a través de su defensa, solicitó al Tribunal Constitucional que restrinja aún más al Ministerio Público cuando investigue a un jefe de Estado durante su mandato.

Como se recuerda, el TC declaró fundada la demanda competencial del Ejecutivo y estableció que la Fiscalía, cuando investigue a un presidente en funciones, únicamente puede hacer tres actos de investigación: tomar la declaración del mandatario, realizar pedidos de información y solicitar entrega de documentos.

Los magistrados indicaron expresamente que la toma de la declaración se debe realizar en Palacio de Gobierno y en máximo dos, mientras que no se puso un límite para los otros dos actos permitidos.

Pues bien, la defensa de Dina Boluarte, el abogado Joseph Campos, no está de acuerdo con esto último y solicitó al TC que “aclare” su sentencia en el sentido de que la Fiscalía puede hacer solo un pedido de información y una única solicitud de entrega de documentos.

“De lo contrario, de admitirse pedidos de información y solicitudes de prueba documental sin limitación alguna a una presidenta en funciones, pudiendo ser ad infinitum, la finalidad de evitar la perturbación del cargo presidencial se desnaturalizaría, situación grave que he enfrentado como presidenta desde inicios de mi mandato”, se lee en el escrito al que accedió Infobae.

La defensa de la presidenta afirma que con esta nueva restricción se logrará que el Ministerio Público actúe con responsabilidad al hacer su solicitud a la Presidencia de la República y se evitará cualquier actuación “sin la debida diligencia”.

“Esta acción que solicitamos se inscribe en la necesidad de que el próximo presidente de la República desarrolle con la máxima normalidad institucional posible la tarea que le encargue el pueblo peruano a través de las urnas, protegiendo la gobernabilidad y evitando las actuaciones que puedan perturbar dichas funciones, deslegitimando el mandato presidencial”, sostiene.

Blindada

La sentencia del TC impide a la Fiscalía de la Nación investigar a la presidenta Dina Boluarte si no se trata de las causales establecidas en el artículo 117 de la Constitución. Cuando se trate de delitos ajenos al referido artículo, el Ministerio Público solo podrá realizar la toma de declaración, pedido de información y solicitud de entrega de documentos.

En su fallo, el TC también dispuso suspender tres investigaciones, aunque estas ya estaban en el Congreso. No obstante, las diligencias en trámite en la Fiscalía también se tendrían que paralizar.

De igual modo, la sentencia establece que el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, no puede dictar medidas que afecten a Boluarte, tal como ocurrió cuando se autorizó el allanamiento a su domicilio por el caso Rolex.

Como parte de este fallo, desde el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso suspender todas las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte hasta el final de su mandato.

“Independientemente de estar o no de acuerdo con ello, informamos que la tramitación de las denuncias constitucionales bajo el ámbito de la Subcomisión, en donde la señora presidente de la República tenga calidad de denunciada, se suspenderán en el estado en la que se encuentren y, conforme a lo establecido en dicha sentencia, su tramitación se reiniciará al final de su mandato”, dijo la presidenta de la SAC, Lady Camones.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Fanny Montellanos, defendió este martes la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender todas las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte, al considerar que dicha medida permitirá que la mandataria continúe con su labor sin distracciones.

“El TC es la máxima autoridad de la interpretación de la Constitución. El fallo competencial que ha dado lo que dice es que hay que respetar el artículo 117 de la Constitución”, afirmó en diálogo con TV Perú, luego de conocerse la resolución del tribunal.

El fallo del TC declaró fundada la demanda presentada por el Gobierno, que argumentaba que el artículo 117 establece que un presidente en funciones solo puede ser investigado por traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir elecciones.

Montellanos sostuvo que la jefa de Estado ha colaborado con la justicia y acudido cada vez que fue citada. “Ella, la doctora Dina, ha sido muy consecuente y respetuosa en ir a la fiscalía cada vez que se le ha citado, pero no podemos politizar la justicia”, manifestó.

En esa línea, consideró que la suspensión de las pesquisas es una decisión beneficiosa para el país. “Es algo muy conveniente en nuestro país, y no justificar nada que no tenga sustento”, dijo. A su juicio, “por supuesto se ha afectado la figura presidencial, sobre todo se pretende distraer las acciones que una presidenta debe tener”, señaló.

La titular del MIMP subrayó que la mandataria continúa enfocada en sus funciones. “Y sobre todo en los retos, objetivos y alcanzar los resultados que tenemos, ella y el Ejecutivo están alineados a esto. Lo que hace este fallo es respetar la Constitución”, insistió.

Casos

Boluarte, quien llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, enfrenta investigaciones por diversas causas. Entre ellas, por las muertes de al menos 59 personas durante las protestas tras su asunción, por presunto enriquecimiento ilícito en el llamado caso ‘Rolexgate’, por omitir informar sobre sus cirugías estéticas y por una posible falsificación de su firma en documentos oficiales.

También está bajo indagación por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, quien permanece prófugo. Un vehículo del Estado fue captado cerca de un lugar donde se sospecha que habría estado oculto.

Pese a estos señalamientos, y a una aprobación ciudadana de apenas el 3 %, Boluarte seguirá en funciones hasta el 28 de julio de 2026. Hasta entonces, todas las investigaciones fiscales en su contra permanecerán suspendidas por mandato del TC.

La sentencia sostiene que un jefe de Estado solo puede ser investigado durante su mandato por los delitos que permite la Constitución en su artículo 117: traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir elecciones.

Para el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, el fallo es “un correctivo” ante el “festival de acusaciones que se viene dando contra muchos altos funcionarios, muchos de ellos aforados como la presidenta”. Sin embargo, aclaró que “lo que menos podría pensar del máximo intérprete de la Constitución es que haga un blindaje”.

En sentido contrario, Edward Málaga cuestionó la decisión. “Hay que discrepar, porque en este contexto que vivimos con la presidenta Dina Boluarte, este fallo puede y debe ser interpretado como uno político. Se le está dando una mano en las investigaciones en su contra, plenamente justificadas”.

El parlamentario recordó que durante el gobierno de Pedro Castillo, actualmente encarcelado, se pedía que fuera investigado, incluso se inhabilitó a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por no hacerlo. “Discrepo con este fallo, pero hay que decir que la instancia del control político del Congreso continúa”, señaló.

El exvicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero (Avanza País), consideró que la medida no tiene nombre propio. “La sentencia no está pensada en Dina Boluarte, sino en quien esté ejerciendo hoy, mañana o pasado la Presidencia de la República. Hay que analizar los argumentos y ver de qué forma esta sentencia puede garantizar la gobernabilidad”.

El congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) pidió respeto para la resolución. “El presidente de la República, mientras esté en mandato, no debe ser materia de investigaciones. No es un blindaje, para nada”, señaló.

El legislador José Cueto (Renovación Popular) defendió la decisión del TC al señalar que “estamos hablando de la investidura presidencial. No es un blindaje a la presidenta, se está cuidando la investidura presidencial, independientemente del nombre”.

El presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, expresó una postura crítica. “Estamos en desacuerdo. Todo funcionario y la presidenta, con más razón, tienen que someterse a las investigaciones para aclarar los hechos que se le imputan. No podemos permitir que rehúya a la justicia. Las diligencias penales no se van a poder hacer en el momento que se deban, y eso puede hacer que se sustraigan pruebas o desaparezcan con el paso del tiempo”.

Por su parte, la congresista María del Carmen Alva evitó posicionarse sobre el fondo del fallo, pero recalcó que “lo único que puedo decir es que en la democracia hay que acatar y respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional, guste o no guste”.

Pesquisas paralizadas

Boluarte, la mandataria con el nivel de aprobación más bajo en la región —apenas 3 % según diversas encuestas—, enfrenta múltiples investigaciones fiscales. Entre ellas, se incluyen los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento personal, falsificación de documentos y omisión de funciones. También está involucrada en el caso conocido como ‘Rolexgate’, donde se le acusa de haber recibido relojes de lujo como soborno.

Además, el Ministerio Público la investiga por la represión durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, que dejaron al menos 59 muertos, y por su posible implicación en la fuga de Vladimir Cerrón, exgobernador y líder del partido Perú Libre.

Con la resolución del TC, todas las investigaciones contra Boluarte quedarán paralizadas hasta el fin de su mandato, el 28 de julio de 2026.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó varias denuncias contra la mandataria ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este grupo parlamentario optaba por archivarlas o ni siquiera informaba sobre su ingreso, demorando meses en pronunciarse.

Con el fallo del TC, el panorama cambia radicalmente. El abogado constitucionalista Luis Roel Alva explicó que la SAC ya no podrá archivar las denuncias contra Dina Boluarte.

“Yo creo que acá ya el Tribunal Constitucional, frente a estas diferentes interpretaciones que tuvo la Fiscalía de la Nación en los últimos años, ya ha zanjado un tema. Ha vuelto a lo que era lo comúnmente establecido y que ahora también, inclusive el Congreso de la República, en vez de estar archivando las denuncias constitucionales contra la presidenta de la República, en vez de archivarlas, no debe tocarlas”, declaró en RPP.

En otras palabras, la SAC no debe evaluar ninguna de las denuncias contra la jefa de Estado hasta que deje sus funciones, y el Ministerio Público también deberá esperar para presentarlas.

De esta manera, el TC ratifica los alcances de la inmunidad presidencial establecidos en el artículo 117 de la Constitución, que señala que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, disolver arbitrariamente el Congreso o impedir el funcionamiento de organismos electorales.

La presidenta del TC, Luz Pacheco, ya había adelantado que la sentencia se emitiría pronto, pues el debate había concluido y solo restaba la etapa de recolección de firmas. La magistrada destacó que la decisión no solo impactará en el caso de Dina Boluarte, sino también en todos los futuros presidentes.

La demanda del Ejecutivo contra el PJ y el Ministerio Público

El Ejecutivo presentó una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, alegando que ambas instituciones habrían excedido sus atribuciones al realizar diligencias contra la presidenta Dina Boluarte.

La controversia se originó a raíz del pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) para allanar tanto la vivienda de la mandataria como Palacio de Gobierno, en el marco de las pesquisas del caso Rolex.

La solicitud fue aprobada por un juez, lo que generó cuestionamientos desde el Ejecutivo. Los ministros y los abogados de Boluarte sostienen que esta medida afecta la investidura presidencial y vulnera los límites constitucionales que protegen a un jefe de Estado en funciones.

Este debate no es nuevo en la política peruana. Pedro Castillo fue el primer presidente sometido a investigaciones mientras estaba en funciones. En ese contexto, el Congreso sancionó a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por haber dispuesto que las indagaciones contra Castillo no continuaran mientras ocupaba la jefatura del Estado.

La controversia por el remolque y traslado de vehículos mal estacionados en Lima ha vuelto al centro del debate público. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida en 2022, se restringió de forma clara la facultad de los municipios distritales para llevar automóviles a depósitos municipales. Sin embargo, a pesar de la decisión, la práctica continúa vigente en varios distritos de la capital, dando lugar a quejas ciudadanas y advertencias legales por parte de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el fallo del TC, la única entidad que puede sancionar y remolcar vehículos en casos de infracción de tránsito es la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). Las demás municipalidades de distrito carecen de facultad legal para usar grúas, imponer multas por mal estacionamiento o trasladar autos a depósitos, fijando la base para que cualquier acción en ese sentido sea calificada como ilegal.

¿Qué recomiendan hacer si su vehículo ha sido remolcado por un municipio distrital?

Si un conductor descubre que su automóvil fue llevado al depósito municipal por orden de una alcaldía distrital, existe un conjunto de acciones sugeridas para la defensa de sus derechos legales.

1. Conservar la calma y recopilar información Lo primero que debe hacer es identificar con exactitud cuál fue la autoridad que ordenó el retiro del vehículo. Investigue si existía señalización visible y adecuada —como la línea amarilla en el sardinel o señales de prohibido estacionar— en el lugar donde fue estacionado. Anote la dirección, la hora y versión de los testigos si están presentes.

2. Reclamo administrativo. Diríjase inmediatamente a la sede principal de la comuna distrital donde le retuvieron el coche y solicite el acta del procedimiento, la orden de remolque y copia de la multa impuesta. Es fundamental exigir un expediente con los antecedentes del retiro y la identificación del personal involucrado. Los especialistas recomiendan presentar un recurso de reclamación administrativa en el área de Tránsito y Transportes del municipio, citando el fallo del Tribunal Constitucional y el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo como fundamento.

3. Instancia penal por abuso de autoridad Si la comuna se niega a devolver el automóvil o responde de manera insatisfactoria al reclamo administrativo, el siguiente paso es considerar la vía penal. La recomendación legal realizar el pago [el cual podrá ser devuelto al prosperar la demanda] y presentar una denuncia por abuso de autoridad ante la Fiscalía contra el alcalde distrital, los regidores y cualquier funcionario implicado en el operativo, dado que están ejecutando medidas restringidas por mandato constitucional. La Defensoría advierte que ordenar el traslado sin facultad legal es motivo de investigación y puede acarrear responsabilidades administrativas y penales.

Recomendaciones para reducir riesgos

Para evitar el retiro del vehículo al depósito, expertos en tránsito insisten en el respeto a las zonas rígidas. Nunca estacione en lugares señalados con línea amarilla, ni en doble fila, veredas, puertas de garajes o postes de alta tensión. Las infracciones graves no solo pueden generar sanciones económicas, sino procedimientos engorrosos si la autoridad responsable no cumple con el debido proceso legal.

En distritos donde se ha reportado el retiro arbitrario de vehículos, como Independencia y Barranco, los ciudadanos han manifestado su desconformidad tanto por la falta de una resolución firme como por los elevados montos de cobro y la sensación de arbitrariedad. Según registros de la Defensoría, estas operaciones “no tienen razonabilidad ni proporcionalidad” y atentan contra el derecho al debido proceso sancionador.

El Turismo Carretera (TC) anunció en conferencia de prensa la implementación del primer palco sensorial móvil a nivel global. Esta iniciativa, orientada a promover la inclusión de personas con autismo y otras neurodivergencias, debutará en la próxima carrera programada para el fin de semana del 23 y 24 de agosto. El dispositivo es resultado de un desarrollo conjunto entre la empresa Showoff y la Asociación Civil TEActiva.

Durante la presentación oficial, que contó con la participación de pilotos, autoridades y miembros de organizaciones especializadas, se detalló la naturaleza pionera del proyecto. A diferencia de los palcos tradicionales, esta propuesta responde a la movilidad inherente al automovilismo: se adaptó un container con los más altos estándares de accesibilidad sensorial. El espacio estará completamente insonorizado, ajustado en lo lumínico y equipado con kits sensoriales especialmente pensados para quienes presentan hipersensibilidad ante estímulos del entorno.

El objetivo central es permitir que personas con autismo puedan disfrutar de la experiencia del automovilismo, un espectáculo caracterizado por su alto volumen y estímulo constante, en un entorno seguro, adaptable y controlado. Otra característica distintiva del palco sensorial es su capacidad de traslado, lo que facilita su utilización no solo en las distintas fechas del Turismo Carretera, sino también en otros eventos deportivos o espectáculos masivos que lo requieran.

Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva y padre de un niño con autismo, fue el encargado de comunicar el lanzamiento a los medios. Morales destacó el valor innovador de la propuesta y su potencial repetibilidad a nivel internacional. “Es un hecho histórico en materia de integración a nivel mundial. Los palcos sensoriales son una puerta de entrada comprobada para el autismo a los grandes espectáculos. Y que sea trasladable hace que sus aplicaciones sean infinitas. Es emocionante que este nuevo concepto de convivencia haya sido desarrollado en nuestro país”, subrayó.

El proceso de construcción y adaptación del palco se realizó con la supervisión del Dr. Christian Plebst, psiquiatra infanto juvenil de reconocimiento mundial y miembro de la Fundación BEF, organización pionera en la implementación de palcos sensoriales en el fútbol. Este acompañamiento especializado garantizó el cumplimiento de los estándares internacionales más avanzados en materia de inclusión y accesibilidad, adecuando cada aspecto del espacio sensorial a las reales necesidades de las personas neurodivergentes.

La presentación del palco sensorial contó con el respaldo de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa organizadora Showoff. Entre los asistentes estuvieron el subsecretario de Deportes de la Ciudad y director del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Joaquín Orlando, el secretario General de la ACTC, Fernando Miori, y pilotos destacados como Julián Santero, Juan Cruz Benvenuti y Juan José Ebarlín. Todos manifestaron su orgullo por integrarse a una categoría que toma la iniciativa de abrir nuevos caminos en materia de inclusión social. “Estamos orgullosos de pertenecer a una categoría que fomenta la inclusión con un concepto tan novedoso y por supuesto apoyaremos la movida”, coincidieron los pilotos.

En palabras del Dr. Plebst, la iniciativa se inscribe en un cambio de paradigma social respecto a la convivencia y el derecho a la inclusión. “Es extraordinario lo que está sucediendo. Hay un contraste de realidades, por un lado todo el debate por la ley de discapacidad y por el otro hay un genuino despertar de la conciencia. La importancia de la inclusión como un derecho absoluto e incuestionable. Que cada persona sea vista y respetada desde su perfil y proceso de aprendizaje. El modelo tanto educativo como social donde el neurodivergente tiene que adaptarse se volvió obsoleto, hoy cada vez más se trata de adaptar los entornos para facilitar la convivencia entre todos”, afirmó.

Según datos globales, 1 de cada 31 niños presenta diagnóstico de autismo, lo que evidencia la necesidad urgente de herramientas que faciliten la participación y la convivencia en diferentes ámbitos sociales. Iniciativas como la implementación del palco sensorial móvil establecen un nuevo estándar en materia de integración y accesibilidad en los espectáculos masivos, abriendo un camino que podrá ser replicado tanto en el ámbito deportivo como en otras expresiones culturales y recreativas.

El automovilismo presenta desafíos particulares para las personas con autismo, dada la magnitud de los ruidos y la intensidad de los estímulos en cada competencia. La experiencia obtenida previamente en el fútbol —donde la utilización de palcos sensoriales ya generó resultados positivos— fundamentó esta apuesta tecnológica, que ahora se extiende a un deporte considerado uno de los más federales del país.

Por ejemplo, Tanto Independiente como River Plate ya han avanzado en la implementación de espacios inclusivos destinados a personas con autismo. En marzo de 2025, Independiente inauguró un palco sensorial en el marco de la Semana Azul, diseñado para facilitar el acceso y la participación de niños y familias neurodivergentes en los partidos disputados en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Por su parte, en abril de 2024, River Plate estrenó un palco sensorial en el estadio Monumental, sumándose a la tendencia de generar entornos adaptados y accesibles en los grandes eventos deportivos de la Argentina.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró la existencia de un “estado de cosas inconstitucional” en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del servicio público de salud para las personas que padecen Enfermedades Raras y Huérfanas (ERH) en el Perú.

La decisión se adoptó al resolver en parte a favor la demanda de amparo (Exp. 05031-2022-AA/TC) presentada por M.B.M. en representación de su hijo R.Z.B., diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), contra EsSalud. El Colegiado concluyó que se vulneró el derecho a la salud en su máxima expresión y la protección especial que la Constitución reconoce a los niños con estas enfermedades.

El fallo establece que el Ministerio de Salud (Minsa), como ente rector, junto con EsSalud, la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y las instituciones de salud de los tres niveles de gobierno, deben diseñar y presentar en un plazo máximo de seis meses un plan de acción general y específico para cada entidad. El objetivo es corregir las falencias estructurales que afectan a los pacientes con ERH.

Deficiencias detectadas y obligaciones inmediatas

El TC identificó seis áreas críticas en la atención de estas enfermedades:

• Retrasos en el diagnóstico, tanto genético como clínico.
• Deficiencias en el tratamiento médico especializado, incluyendo la ausencia de protocolos, juntas médicas especializadas y cronogramas de control.
• Carencia de personal médico, unidades y tecnología especializada en ERH, tanto en Lima como en regiones.
• Problemas en la determinación y compra de medicamentos.
• Falta de articulación entre las instituciones de salud pública para compartir información, protocolos y experiencia médica.
• Presupuesto insuficiente para la atención integral de estas patologías.

En el caso específico de R.Z.B., el Tribunal ordenó al Instituto Nacional de Salud del Niño evaluarlo considerando los nuevos avances médicos y terapias disponibles para la DMD. Asimismo, dispuso que EsSalud convoque a una Junta Médica Multidisciplinaria para evaluar el tratamiento que recibe y que el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) elabore un dictamen actualizado sobre medicamentos y alternativas terapéuticas para esta enfermedad.

El Colegiado advirtió que EsSalud limitó su intervención a administrar medicamentos sin adoptar acciones adicionales para proteger y mejorar la calidad de vida del menor, lo que evidenció una vulneración a su derecho a la salud.

Falta de investigación y coordinación interinstitucional

Uno de los puntos más críticos señalados por el TC es la ausencia de estudios científicos nacionales sobre la Distrofia Muscular de Duchenne. Si bien existen investigaciones internacionales, el Tribunal destacó que contar con estudios locales, sumados a los extranjeros, podría permitir una protección más efectiva de los pacientes y una mejor adaptación de tratamientos.

También se señaló la desarticulación entre las entidades del sistema público de salud, lo que dificulta la implementación de protocolos unificados y la optimización de recursos. Esta fragmentación afecta la continuidad del tratamiento y la disponibilidad de medicamentos para los pacientes con ERH.

El fallo obliga a todas las instituciones implicadas a presentar informes escritos al TC y al juez de ejecución del proceso constitucional cada seis meses, detallando los avances en la implementación del plan de acción, bajo responsabilidad.

El Tribunal Constitucional ordenó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y en coordinación con el Congreso de la República, realizar las gestiones presupuestarias necesarias para asegurar la implementación del plan.

La sentencia establece que el plazo máximo para que las entidades involucradas presenten sus propuestas es de seis meses, y que estas deben incluir medidas para garantizar diagnósticos oportunos, tratamientos integrales, abastecimiento de medicamentos y la formación de personal especializado en ERH.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado en su Pleno de este martes admitir a trámite los recursos presentados por los gobiernos de Aragón, Cantabria y Extremadura contra el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, tal y como ya hizo con la impugnación formulada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, según ha informado el propio TC.

Los recursos se dirigen contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Los gobiernos autonómicos alegan que dicho decreto no solo vulnera los preceptos constitucionales sobre cómo debe legislarse cuando se trata de derechos fundamentales, sino el régimen de distribución de competencias entre el Estado y autonomías y los principios de autonomía y solidaridad.

El pasado 29 de abril, la corte de garantías ya admitió a trámite el recurso presentado por Madrid contra este mismo decreto. Según explicó entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, para el PP es un reparto "discrecional" acordado con Junts "con el único propósito de conseguir esos siete votos que necesita Pedro Sánchez para quedarse en La Moncloa".

El informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que el real decreto es inconstitucional por "invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional", ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.

Aduce también que es "contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones" porque el criterio de reparto "se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas"; y al principio de autonomía financiera, "ya que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados".

Con todo, para el PP el real decreto "carece de justificación" porque desplaza a los menores migrantes no acompañados "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia".

MADRID 13 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por el Partido Popular y las comunidades donde gobierna contra la decisión de la propia corte de garantías de extender automáticamente la recusación del magistrado conservador José María Macías a todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía, lo que supone apartarlo definitivamente de este debate.

Según ha informado el TC, el Pleno ha desestimado los recursos formulados por el Grupo Parlamentario Popular y por los gobiernos de Madrid, Baleares, Murcia, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Galicia, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Andalucía, una decisión contra la que han anunciado voto particular los demás magistrados del bloque conservador del Constitucional --Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa--.

Macías fue apartado el pasado enero, primero, del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la amnistía y, después, en aplicación de esa misma decisión, de las demás cuestiones --formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Audiencia Provincial de Madrid-- y de los recursos de inconstitucionalidad registrados por el PP y las comunidades autónomas donde gobierna.

El Constitucional aceptó así, con los cuatro votos en contra del sector conservador, la recusación lanzada por la Fiscalía contra Macías porque cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció contra la amnistía en dos textos con "valor institucional".

Esta vez, los magistrados han respondido a los recursos de súplica lanzados por los 'populares' contra la decisión del TC de extender automáticamente la recusación de Macías que se acordó con la cuestión de inconstitucionalidad a los demás asuntos, incluidos sus recursos.

En este mismo Pleno, los magistrados han estudiado la recusación presentada por la ex consejera catalana Clara Ponsatí contra Macías en el recurso de amparo registrado por la líder independentista ante la corte de garantías.

Sin embargo, fuentes jurídicas indican que en este caso el magistrado ponente, Enrique Arnaldo, ha optado por retirar el escrito para dividirlo en varias resoluciones de modo que no lleve a "confusión". De todas formas, las fuentes avanzan que se inadmitirá.

"NADA" SOBRE EL TJUE

Por otro lado, desde la corte de garantías señalan que "nada" se ha hablado en el Pleno de este martes sobre la petición formulada por tres magistrados conservadores --Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa-- con el objetivo de que el TC espere a que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) responda a las dudas planteadas sobre la ley de amnistía para sentenciarla.

Fuentes de la sede de Domenico Scarlatti ya anticiparon que la petición se analizará conjuntamente con el borrador de la primera sentencia sobre la amnistía, descartando ya que ésta se vaya a retrasar para esperar al TJUE, no solo porque el borrador está casi terminado --se espera que esté listo hacia mediados de junio--, sino porque además el asunto afecta a derechos fundamentales de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía, por lo que "no se debe demorar".

Voces del sector progresista del TC interpretan el hecho de que los tres firmantes no lo hayan planteado este martes en Pleno como un movimiento destinado a dar "publicidad" a las críticas a la ley de amnistía.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por el Partido Popular y las comunidades donde gobierna contra la decisión de la propia corte de garantías de extender automáticamente la recusación del magistrado conservador José María Macías a todos los asuntos relacionados con la ley de amnistía, lo que supone apartarlo definitivamente de este debate.

Desde el propio TC han confirmado que el Pleno ha tomado la decisión de desestimar los recursos formulados por el Grupo Parlamentario Popular y por las comunidades autónomas de Madrid, Islas Baleares, Región de Murcia, La Rioja, Castilla y León, Aragón, Galicia, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Cantabria y Andalucía, una decisión contra la que han anunciado voto particular los demás magistrados del bloque conservador del TC Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

Cabe destacar que el pasado enero Macías fue apartado, primero, del debate sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) contra la amnistía y, después, en aplicación de esa misma decisión, de las demás cuestiones --formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- y de los recursos de inconstitucionalidad registrados por el PP y las comunidades autónomas donde gobierna.

El Constitucional aceptó así, y con los cuatro votos en contra del sector conservador, la recusación lanzada por la Fiscalía contra Macías porque cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció contra la amnistía en dos textos con "valor institucional".

Esta vez, los magistrados han respondido a los recursos de súplica lanzados por los 'populares' contra la decisión del TC de extender automáticamente la recusación de Macías que se acordó con la cuestión de inconstitucionalidad a los demás asuntos, incluidos sus recursos.

En conversación con la prensa desde el Palacio Legislativo, Salhuana, congresista de Alianza por el Progreso, afirmó que “la mayoría de los sicarios, quienes arrojan granadas o asesinan desde motos, son menores”. Esto pese a que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo ya calificaron esta norma como inconstitucional.

“La mayoría de las personas que utilizan un arma, en motocicleta, para victimar a un ciudadano indefenso son menores de edad. En las últimas semanas, en La Libertad, los que han arrojado granadas a las oficinas del Ministerio Público y a la casa de una jueza han sido menores de 18 y mayores de 16 años”, afirmó Salhuana.

Por otro lado, y pese a las expresiones de rechazo no solo por parte de entidades del Estado, sino también a nivel internacional, el presidente del Congreso indicó que esperará a que el Tribunal Constitucional tome una decisión al respecto antes de considerar que la ley es, efectivamente, inconstitucional.

“En el Estado de derecho que tenemos es el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución Política del país. Si ella dice que es inconstitucional (una ley) se dejará sin efecto. Mientras, los jueces y fiscales deben aplicar esta norma en toda la República”, afirmó.

¿Por qué delitos podrán ser sentenciados los menores de edad?

La norma abarca casos de pandillaje pernicioso, parricidio, homicidio calificado, conspiración, sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, feminicidio, violación sexual y delitos cometidos contra personas en estado de inconsciencia o incapacidad para resistir. Asimismo, se aplicará en situaciones donde las víctimas sean menores de edad o no puedan dar su libre consentimiento.

El congresista José Luna Gálvez, autor de la propuesta, explicó que, aunque los adolescentes serán juzgados como adultos, el sistema penitenciario aplicará un tratamiento diferenciado para los internos de entre 16 y 21 años. Este enfoque, conocido como sistema de individualización científica, busca separar a los jóvenes de los reclusos de mayor edad dentro de los penales, con el objetivo de evitar influencias negativas y promover su rehabilitación.

Rechazo internacional a la ley del Congreso

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ya expresó públicamente su rechazo a la norma aprobada en el Congreso, y por medio de su comité de expertos, el organismo recordó que el Perú ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990 y que este tipo de medidas contradicen los estándares internacionales de protección a la infancia.

“Se reafirma la necesidad de buscar medidas alternativas no judiciales y evitar las penas privativas de libertad, dejándolas como último recurso”, suscribieron.

Según indicó el grupo de trabajo, se recomienda fortalecer y asignar mayores recursos al Sistema de Justicia Juvenil, incluyendo la creación de tribunales especializados para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Por su parte, Luis Pedernera, vicepresidente del grupo, explicó que no existe evidencia sobre la efectividad de normas similares.

La experiencia demuestra que cuando los países han tomado esta medida, el espiral de violencia se ha recrudecido. Las cárceles terminan siendo escuelas del crimen, donde los adolescentes perfeccionan sus habilidades delictivas”, afirmó para La República.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón al PP al fijar que es contrario a la Carta Magna que un propietario tenga que acreditar si es un gran tenedor de vivienda antes de decidir si se procede al desahucio de un inquilino que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica.

A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, la corte de garantías ha informado de que el Pleno ha estimado en parte el recurso de inconstitucionalidad presentado por PP contra algunos artículos de la Ley de Vivienda que fue aprobada en 2023.

En concreto, los magistrados han examinado dos apartados de la disposición final quinta de la ley, que modifican diferentes aspectos de la Ley de enjuiciamiento civil para establecer requisitos para la admisión a trámite de las demandas de recuperación de la posesión y de inicio de la vía de apremio en la subasta de bienes inmuebles.

"Los recurrentes impugnan la obligación, común para ambas pretensiones, de acreditar por parte del demandante que es un gran tenedor de vivienda si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica. La sentencia entiende que las medidas no resultan razonables y proporcionales. Esto lleva a la estimación del recurso en este punto, y también en otros por conexión o consecuencia", ha informado el TC.

La sentencia, que se conocerá próximamente en su integridad, cuenta con los votos particulares de los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.

LA LEY DE VIVIENDA EN EL TC

Cabe destacar que el Constitucional ya avaló en mayo de 2024 la Ley de Vivienda prácticamente en su totalidad al resolver el recurso presentado por la Junta de Andalucía. Entonces, únicamente declaró inconstitucionales una serie de apartados. Es por eso por lo que, ahora, y en relación al recurso del PP, "una gran parte de los motivos de este recurso pierde objeto o queda desestimado por remisión".

La sentencia desestima "todas las impugnaciones competenciales referidas al artículo 15.1 de la Ley 12/2023 (la de vivienda)", que regula el derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística. El tribunal entiende que dicho apartado supone un "legítimo ejercicio de las competencias estatales" que recoge la Constitución.

"La queja relativa a la autonomía local también se descarta, porque el grado en que se reduce la capacidad decisoria de los ayuntamientos es correlativo a la importancia de los intereses supralocales afectados", añade la prensa difundida por el TC.

También se ha desestimado la impugnación referida al artículo 31.1 y 2 de la ley, que establece la información mínima que la persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda en oferta podrá requerir antes de la formalización del contrato porque resulta, encuadrado en el título competencial del art. 149.1.8 de la Carta Magna. "La finalidad del precepto es garantizar la transparencia de la operación contractual, por más que la regulación busque también proteger el derecho a la vivienda", añade el TC.

En relación a la disposición final primera tres de la ley, que impone una modulación de la renta del contrato de arrendamiento de vivienda en la zona de mercado residencial tensionado, la sentencia aprecia una relación razonable o equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida.

"La medida afecta al derecho de propiedad sobre la vivienda, pero no vulnera el contenido esencial del mismo, teniendo en cuenta que se proyecta sobre una expectativa de beneficio económico que no lo conforma, ya que no se obliga a poner la vivienda en el mercado de alquiler y no se obliga, en ningún caso, a fijar un precio antieconómico", apunta.

Y es que, añade la nota, "la restricción no es irrazonable ni desproporcionada, dado que la renta máxima se fija en un valor objetivo determinado por referencia al valor de mercado y, en todo caso, esa limitación tiene una vocación de temporalidad", por lo que se desestima así la alegada vulneración del artículo 33 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional (TC) deliberará desde el martes si extiende la recusación del magistrado José María Macías al resto de cuestiones y recursos que tiene sobre la mesa contra la ley de amnistía después de que el pasado 15 de enero acordara apartarle de la planteada por el Tribunal Supremo (TS) "por su participación directa o indirecta" en dos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la norma impugnada cuando era vocal.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que, dado que se ha estimado ya una causa de recusación objetiva, esta es aplicable a todos los procedimientos que tengan por objeto la resolución de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

Así, este martes se estudiará un auto del que ha sido ponente la magistrada Inmaculada Montalbán para apartarle del resto de recursos relativos a esa norma. Defiende que porque se ha estimado una causa de recusación objetiva, es aplicable a todos los procedimientos que tengan por objeto la resolución de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía.

Cabe recordar que la recusación de Macías, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE), salió adelante el pasado 15 de enero con el voto a favor de seis magistrados del bloque progresistas frente a cuatro votos negativos de los conservadores. El tribunal concluyó que Macías, como vocal de CGPJ, pudo "tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad", cuestiones que son causa de recusación en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La Fiscalía pidió apartar al magistrado al considerar que cuando era vocal del CGPJ se pronunció hasta dos veces en textos con "valor institucional" sobre la ley de amnistía, lo que le contaminaría para participar ahora en las deliberaciones del TC sobre la norma jurídica.

En concreto, el Ministerio Público hacía referencia al acuerdo de Pleno de 6 de noviembre de 2023, por el que se aprobó la declaración institucional del CGPJ ante el anuncio, por el presidente del Gobierno, de que se había alcanzado un pacto político para la presentación de una proposición de Ley Orgánica de Amnistía; y al acuerdo de Pleno de 21 de marzo de 2024, por el que se aprobó el informe del CGPJ sobre la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, emitido a petición de la Mesa del Senado.

El Constitucional coincidió con el criterio de la Fiscalía y optó por apartar al magistrado, basándose en una ponencia redactada también por Montalbán. Recordaba que uno de los informes del CGPJ se emitió a petición de la Mesa del Senado y se incorporó al proceso legislativo de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía, sirviendo de soporte técnico al veto, formulado por un grupo parlamentario del Senado y aprobado por mayoría de la Cámara Alta.

El TC apuntó además que existe identidad entre las cuestiones planteadas por el Supremo y las analizadas por el informe de legalidad en que participó el magistrado recusado; que tales cuestiones son objeto de un detallado y profundo análisis jurídico constitucional en el informe del CGPJ; y que existe una clara proximidad temporal entre la emisión del informe y el planteamiento de las dudas de constitucionalidad por el Supremo (cuatro meses) y la presentación del escrito de recusación por el fiscal general (seis meses).

Ya entonces, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalaron que aunque la recusación se refería únicamente a la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, la decisión adoptada se extenderá a las demás impugnaciones contra la amnistía. Y planteaban varias vías; la más "fácil" --explicaron-- sería que el propio Macías se abstuviera, si bien se estudian otras opciones como que se aplique directamente a las demás cuestiones y recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía sin necesidad de que haya recusaciones de parte contra el magistrado conservador.

Macías es el segundo magistrado apartado del debate de la amnistía, toda vez que Juan Carlos Campo decidió abstenerse de las deliberaciones porque siendo ministro de Justicia dijo que la amnistía era "claramente inconstitucional" en los informes a favor de indultar a los condenados por el 'procés'.

El PP y las comunidades autónomas gobernadas por dicha formación intentaron apartar al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y a la magistrada progresista Laura Díez, pero el Pleno del tribunal rechazó sus pretensiones. La corte de garantías también rechazó --por extemporánea-- la petición de la Abogacía del Estado de dejar fuera del debate a Macías.

DOLORES DELGADO

En el Pleno del TC que arranca este martes también se estudiará si se admite a trámite el recurso de amparo presentado por la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado contra la sentencia del TS que anulaba su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal.

Fuentes consultadas por esta agencia de noticias explican que los informes emitidos por los letrados del TC se oponen a la admisión al entender que no se dan las circunstancias que permitiría darle entrada al Constitucional, esto es, que la sentencia recurrida sea arbitraria.

Cabe recordar que el Supremo anuló la promoción de Delgado a fiscal de sala, concretamente de la Sala de lo Militar del TS, al apreciar una "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para encumbrar a su antecesora; así como el posterior nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Sin embargo, finalmente fue ratificada para este último, puesto que ostenta en la actualidad.

LA CONDENA A UNA ETARRA

El Pleno del TC verá además si admite a trámite el recurso de amparo presentado por la exetarra Iratxe Sorzábal contra la sentencia del TS que confirmó otra de la Audiencia Nacional (AN) con la que fue condenada a 24 años y medio de cárcel por dos explosivos colocados en el Palacio de Justicia y en una farmacia propiedad del marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios en la ciudad de Gijón el 2 de noviembre de 1996.

Sorzábal alegaba que, tras ser detenida en régimen de incomunicación por parte de la Guardia Civil, fue obligada mediante torturas a declarar contra su voluntad dos veces en dependencias policiales. Añadió que, ya en sede judicial, pero aún en periodo de incomunicación y sin poder disponer de letrado defensor de su elección, negó las declaraciones policiales y denunció las torturas.

Martín Vizcarra podría quedar fuera de la contienda electoral, pese a su activa campaña política con miras a las Elecciones 2026. Luis Miguel Caya, exconsejero regional de Moquegua, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su exclusión inmediata del padrón de afiliados del partido que fundó: Perú Primero. La solicitud se fundamenta en un precedente establecido por el Tribunal Constitucional (TC), que prohíbe a ciudadanos inhabilitados formar parte de agrupaciones políticas.

En el documento, dirigido al presidente del JNE, Roberto Burneo, se enfatiza que la permanencia de Vizcarra en el partido político contravendría las disposiciones legales, dado que el exmandatario se encuentra inhabilitado para ejercer funciones públicas desde el 2021, tras ser acusado de presuntas irregularidades en la gestión de contratos durante su mandato como gobernador de Moquegua.

“Solicito que se proceda con la exclusión inmediata de Martín Vizcarra del padrón de afiliados de Perú Primero, respetando así la legalidad vigente y los principios democráticos, bajo responsabilidad administrativa y penal a que hubiera lugar”, señala el documento firmado por Caya.

Cabe mencionar que el propio titular de la entidad confirmó lo expuesto en la solicitud. En una entrevista con RPP Noticias, Burneo también se refirió al fallo del máximo intérprete de la carta magna e indicó que el impedimento de la participación de los “inhabilitados políticamente” alcanzan también a las “candidaturas”.

En ese sentido, anunció que solicitaría al Parlamento información sobre “todos los inhabilitados políticamente” para participar en los próximos comicios. “Estamos pidiendo información formalmente al Congreso que nos comunique, porque si bien ha sido publicada esta sanción [a Vizcarra], tenemos que tener la información actualizada porque puede haber, en el transcurso del tiempo, algún proceso específico”, mencionó.

Asimismo, sobre la inscripción del partido indicó que el JNE no podía restringir el derecho de los otros miembros a participar en los próximos comicios, por lo que no se excluyó. No obstante, insistió en que la medida no alcanza al vacado expresidente, ya que en la resolución N° 0094-2023-JNE se reconoció que Vizcarra Cornejo está impedido de inscribirse como fundador y presidente ejecutivo de Perú Primero.

“El Jurado Nacional de Elecciones no impidió la inscripción de ese partido porque había otros afiliados y otros involucrados a los que no se les podía restringir el derecho a la participación. Prudentemente, nosotros vamos a pedir que nos comuniquen todas las inhabilitaciones políticas vigentes para tomar las medidas inmediatas que correspondan en el marco de lo que nos habilita el marco legal respectivo”, manifestó.

De aprobarse, al quedar fuera del padrón de afiliados a la agrupación que fundó, tampoco podría continuar con sus planes de retornar al sillón presidencial, pues incumpliría con el requisito de afiliación. Cabe mencionar que con la inhabilitación vigente, tampoco podría ejercer el cargo, como pasó en el presente periodo donde fue el candidato al Congreso más votado a escala nacional, pero no pudo ocupar su curul.

La carta de Martín Vizcarra

Si bien la atención de la solicitud contra Martín Vizcarra afectaría sus aspiraciones políticas, simultáneamente, el Tribunal Constitucional (TC) evalúa una demanda presentada por el sucesor de Pedro Pablo Kuczysnki que lo habilitaría de ejercer en el Estado.

Se trata del recurso de agravio presentado contra el Congreso de la República a fin de anular una de las inhabilitaciones impuestas, pero que, de darse, podría extenderse a las demás. Su principal argumento es que fue inhabilitado sin tener sentencia ante el Poder Judicial, vulnerando su derecho político de ser elegido y el de quienes lo eligieron.

“Conforme lo ha manifestado la Corte IDH en el caso Petro vs. Colombia, no se puede inhabilitar a una autoridad electa democráticamente si es que no ha tenido un proceso judicial que esté firme”, expuso ante el TC.

¿Cuántas inhabilitaciones tiene Martín Vizcarra?

Martín Vizcarra cuenta con dos inhabilitaciones: una relacionada con el escándalo del “VacunaGate”, en el que se descubrió que el expresidente y otros altos funcionarios habían recibido dosis de la vacuna contra la COVID-19 de manera irregular, antes de que estuvieran disponibles para la población general, y otra por presuntas irregularidades en su gestión como gobernador de Moquegua, antes de asumir la presidencia.

Los pilotos quedaron envueltos en una confusa escena, tuvieron un brutal impacto y debieron ser trasladados inmediatamente al Hospital Semic Central de la ciudad ubicada en la Provincia de Santa Cruz que alberga la segunda fecha del Turismo Carretera.

“Está todo bien, nada más que Carinelli tiene una contusión cerebral. Quiere decir que perdió fugazmente el conocimiento dentro del auto. Por precaución le vamos a hacer las imágenes correspondientes. Y Gastón (Mazzacane) también tiene un trauma cervical y de trapesios. Así que vamos a hacerles los estudios y a observarlos en el sanatorio”, detalló el médico de la ACTC, Rodolfo Balinotti, en una entrevista con el medio especializado CampeonesNet. “Los dos están estables y lúcidos. Simplemente les vamos a hacer los controles de columna y de cráneo. Los tendremos observados en el sanatorio unas horas o hasta mañana”, agregó en diálogo con Carburando.

En su informe sobre el primer entrenamiento, el sitio oficial de la Asociación Corredores de Turismo Carretera también hizo referencia a lo ocurrido y transmitió tranquilidad a los fanáticos: “La sesión debió interrumpirse por un accidente protagonizado por los pilotos Augusto Carinelli y Gastón Mazzacane, que luego de la asistencia en el autódromo fueron trasladados al Hospital Semic Central de El Calafate para realizarles diversos estudios, no obstante a situación médica de ambos es buena y no reviste gravedad alguna”.

En una zona sucia de la pista varios autos despistaron pero pudieron reponerse, aunque fue Carinelli el que quedó cruzado en el medio del asfalto. Mazzacane se encontró con esa escena en medio de una nube de polvo y puso su coche de costado, buscando que el impacto no sea tan violento como podría ocurrir de trompa.

Desde la cuenta de Instagram del corredor chaqueño de 48 años, que venía de quedar 30° en las posiciones finales de la primera fecha que se desarrolló en Viedma, difundieron una foto en el hospital y emitieron un comunicado para llevar “tranquilidad a todos”.

“Luego del fuerte accidente sufrido en el primer entrenamiento de TC en el Calafate, comunicamos que Augusto Carinelli se encuentra lúcido, consciente y en óptimas condiciones físicas. El de Corzuela fue trasladado al hospital local de la ciudad, donde se le están realizando tomografías y placas para tener seguridad, y en las próximas horas será dado de alta. Queremos simplemente llevar tranquilidad a la familia, amigos, seguidores y seres queridos, y además agradecer a todo el equipo médico de ACTC y también del hospital por su gran trabajo”, escribieron en nombre del piloto que corre para el equipo “Guri Martínez Competición” con un Toyota. Hasta el momento, no se difundieron informaciones desde el lado del ex corredor de Fórmula 1 de 49 años que actualmente representa a “Coiro Competición”.

El medio Carburano afirmó que Carinelli está en observación “sólo para control” y detalló que “tiene un poco de dolor debajo de las axilas y se acuerda muy poco del momento del accidente”.

El accidente ocurrió durante las primeras maniobras del entrenamiento 1, que finalmente continuó con el Toyota Camry de Federico Otto Firtzler (Pradecon Racing) con el mejor registro de la jornada. Detrás se ubicaron Agustín Martínez con el Ford Mustang, Facundo Chapur con el Torino, Germán Todino y Mauricio Lambiris, ambos con un Mustang. Tras la clasificación de este sábado, la acción del domingo en el circuito de 3677 metros se iniciará a partir de las 10 de la mañana.

De acuerdo con las declaraciones de Coronado Salazar, no existe una normativa que permita detener un juicio en curso, salvo en casos excepcionales, como el fallecimiento del acusado, la prescripción de la acción penal o la existencia de una sentencia previa sobre los mismos hechos. Ninguna de estas circunstancias se aplica al caso en cuestión. Además, la magistrada subrayó que no hay un mandato de un tribunal superior, como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional o un organismo supranacional, que ordene la suspensión o anulación del juicio. Por lo tanto, calificó la decisión de retrotraer el proceso como una violación al principio de legalidad.

El principio de preclusión y la interpretación extensiva del fallo constitucional

Otro de los puntos destacados por Coronado Salazar fue la vulneración del principio de preclusión, que establece que los actos procesales no pueden ser revertidos una vez que han sido realizados. Según explicó, el artículo 153.3 del Código Procesal Penal prohíbe expresamente retrotraer un juicio a una etapa anterior, incluso en casos de nulidad. En este contexto, la jueza cuestionó la validez de la decisión mayoritaria, al considerar que no se ajusta a lo estipulado por la normativa vigente.

Asimismo, Coronado criticó la interpretación extensiva que el colegiado realizó de una resolución previa del Tribunal Constitucional. Este fallo había ordenado la anulación de la acusación y del auto de enjuiciamiento en relación a uno de los acusados, Chlimper Ackerman, debido a la existencia de una “acusación sorpresiva”. Sin embargo, la magistrada sostuvo que esta decisión no puede aplicarse automáticamente a los otros 33 acusados, ya que las imputaciones contra ellos son concretas y específicas, con atribuciones de conducta diferenciadas. Según Coronado Salazar, el Tribunal Constitucional no dictaminó la nulidad de las acusaciones contra todos los implicados, por lo que extender esta interpretación sería contrario al espíritu del fallo original.

Impacto en la tesis fiscal y en la justicia constitucional

La magistrada también expresó su preocupación por el impacto que esta decisión podría tener en la tesis fiscal y en el desarrollo del juicio. Señaló que la resolución mayoritaria podría interpretarse como una interferencia en las acciones constitucionales que varios acusados han presentado ante la justicia constitucional. Según Coronado, estas acciones aún están pendientes de resolución, y la decisión de anular el juicio podría ser vista como una intromisión en competencias que corresponden exclusivamente a otros órganos jurisdiccionales.

En este sentido, la magistrada destacó que la jurisdicción constitucional y la penal tienen sus propios mecanismos y tiempos para resolver los casos. Por ello, consideró que la decisión de anular el juicio y retrotraerlo a la etapa intermedia no solo carece de fundamento legal, sino que también podría generar incertidumbre y afectar la percepción de justicia en el caso.

El principio de celeridad procesal

Finalmente, Coronado hizo hincapié en la importancia de garantizar una resolución pronta y justa para todas las partes involucradas. Subrayó que la sociedad y los acusados tienen derecho a obtener una respuesta en un plazo razonable, conforme a los principios de celeridad y economía procesal. En su opinión, la decisión de anular el juicio y retrotraerlo a una etapa anterior no solo prolonga innecesariamente el proceso, sino que también podría ser percibida como una falta de compromiso con estos principios fundamentales.

El caso, que ya había avanzado significativamente con la realización de múltiples audiencias y la presentación de pruebas, ahora enfrenta un nuevo desafío con esta decisión controvertida. Según Coronado, el camino más adecuado sería continuar con el juicio y permitir que sea la sentencia final la que defina la situación jurídica de cada acusado, en lugar de retroceder a una etapa procesal que ya había sido superada.

Keiko Fujimori no ha sido declarada inocente

La lideresa de Fuerza Popular no ha sido declara inocente, recalcó el abogado Jonathan Correa, abogado del estudio Ugaz Zegarra a Infobae Perú.

De acuerdo con el especialista, solo se podrá proceder con un nuevo juicio si es que la acusación de la Fiscalía logra superar nuevos filtros.

Lo que sucedió fue que al haberse vulnerado el principio de congruencia en el caso de José Chlimper, el resto de implicados solicitaron el mismo trato porque “de alguna manera están unidos al título de imputación”.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación anticipada del general (r) Nicolás Hermoza Ríos, tras declarar fundado en parte un recurso de habeas corpus. La decisión se basa en que Hermoza Ríos, diagnosticado con demencia senil desde 2015, no puede cumplir con el propósito de una pena: la resocialización.

Los magistrados argumentaron que su enfermedad, de carácter irreversible, destruye las funciones mentales necesarias para dicho proceso. Asimismo, señalaron que su encarcelamiento prolongado atenta contra su dignidad humana.

No obstante, el TC aclaró que esta sentencia no anula las condenas ni lo exime del pago de la reparación civil pendiente. La medida tiene como único objetivo disponer su libertad, respetando los principios humanitarios.

“En este orden de ideas, este Colegiado considera que mantener privado de su libertad al beneficiario, quien no tiene razón de la realidad por padecer de múltiples problemas de salud (demencia senil, enfermedad de Parkinson, etc.), constituye una afectación de su derecho a la dignidad, pues no tiene sentido alguno el cumplimiento de una condena cuando el sentenciado ni siquiera es consciente de ello. Mantenerlo privado de su libertad en esas condiciones implica desconocer su dignidad como ser humano y cosificarlo con el ánimo de hacerlo cumplir una condena que no logrará su finalidad, como se verá luego”, señala la resolución.

Del poder militar a la cárcel por crímenes

Como general del Ejército del Perú, fue una de las figuras más poderosas durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000). Como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, desempeñó un rol clave en la lucha contra el terrorismo, consolidando una imagen de autoridad militar inquebrantable. Sin embargo, su caída reveló una compleja red de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Durante su gestión, Hermoza Ríos lideró las acciones militares contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Bajo su mando, se fortaleció el poder de las Fuerzas Armadas, que operaron con amplias libertades y en muchos casos, bajo un manto de impunidad.

Sin embargo, Hermoza también tuvo un rol protagónico en el autogolpe de 1992, respaldando a Fujimori en la disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial. No obstante, este poder militar tuvo un alto costo, marcado por denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos, como los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

La caída de Hermoza comenzó tras el colapso del régimen fujimorista en el año 2000. Investigaciones posteriores revelaron que había acumulado una fortuna ilícita. En 2005, fue condenado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito, tras demostrarse que desvió millonarios fondos del Estado hacia cuentas personales y adquirió lujosas propiedades.

A esta condena se sumaron otros procesos judiciales. En 2010, Hermoza recibió una sentencia de 25 años de prisión por su implicación en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, considerados graves violaciones de derechos humanos. El tribunal concluyó que, como jefe militar, tuvo responsabilidad directa en las operaciones del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que operó bajo órdenes del régimen.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó este miércoles la demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo en octubre de 2023 contra la Ley N° 31729, que establece la actualización del Bono de Reconocimiento dirigido a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

La Ley N.º 31729 fue aprobada por insistencia en abril de 2023 y amplía el Bono de Reconocimiento a quienes se trasladaron al Sistema Privado de Pensiones después de esa fecha. Hasta entonces, el bono solo beneficiaba a quienes migraron hasta el año 2001, dejando sin compensación a una gran cantidad de trabajadores.

La demanda del Poder Ejecutivo

El Poder Ejecutivo había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, argumentando que su implementación podría afectar la estabilidad financiera del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Desde la perspectiva del Ejecutivo, la norma carecía de un respaldo presupuestario claro y generaba el riesgo de desfinanciar aún más el sistema público, incentivando la migración masiva de afiliados hacia el Sistema Privado de Pensiones.

En otras palabras, la principal preocupación era que el reconocimiento de estos bonos implicaría un gasto considerable que no estaba debidamente contemplado en las finanzas del Estado.

De ONP a AFP: la decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda y ratificó la constitucionalidad de la Ley N.º 31729. Esto significa que los trabajadores que se trasladaron de la ONP a las AFP desde 2002 tienen derecho a que sus aportes al sistema público sean reconocidos mediante el Bono de Reconocimiento.

Dicho bono será trasladado a las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) que cada afiliado posee en las AFP, lo cual garantiza que los aportes realizados durante su permanencia en la ONP no se pierdan.

¿Qué implicancias tiene este fallo?

La decisión tiene un impacto directo en aproximadamente 4,6 millones de afiliados que migraron al Sistema Privado de Pensiones después de 2002. Para ellos, esta medida representa un alivio al confirmar que sus aportes realizados al SNP no quedaron en el aire y serán transferidos a sus fondos individuales en las AFP.

Por otro lado, esta sentencia podría tener importantes repercusiones fiscales, ya que el Estado deberá destinar recursos significativos para cumplir con el pago de estos bonos. El Ejecutivo había alertado sobre este posible impacto en las finanzas públicas, lo que explica su oposición inicial a la ley.

¿Cómo cambiarse de ONP a AFP?

Para trasladarte del Sistema Nacional de Pensiones (ONP) al Sistema Privado de Pensiones (AFP) en el Perú, es necesario seguir un procedimiento específico que implica desafiliarte de la ONP y afiliarte a una AFP de tu elección.

El proceso comienza solicitando la desafiliación de la ONP. Para ello, es necesario acudir a una oficina de esta institución con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y presentar una solicitud formal que indique tu decisión de dejar el sistema público de pensiones. Este paso es fundamental para evitar cualquier conflicto sobre tus aportes o el reconocimiento de tu salida.

Una vez completada la desafiliación, el siguiente paso es afiliarte a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Para esto, debes elegir la AFP que prefieras y acudir a una de sus oficinas con tu DNI y los documentos adicionales que te soliciten, como las boletas de pago de los últimos meses, que sirven para verificar tu historial de aportes. Al firmar el contrato con la AFP, quedarás oficialmente inscrito en el Sistema Privado de Pensiones, donde los aportes que realices irán a una Cuenta Individual de Capitalización (CIC).

Es importante tener en cuenta que cambiarte de la ONP a una AFP puede tener implicancias a largo plazo en tu futura pensión. Por ello, es recomendable buscar asesoramiento profesional antes de tomar la decisión. Un especialista en pensiones podrá analizar tu situación particular y orientarte sobre las ventajas y desventajas de cada sistema.

El TC decidió que revisará, en última instancia, el amparo interpuesto por Benavides, quien solicita que se declaren nulos los actos de la JNJ, incluyendo las investigaciones y procesos disciplinarios en su contra, en los que habrían intervenido los consejeros Inés Tello y Aldo Vásquez.

El caso comenzó con el archivo de la demanda por parte de la jueza Jacqueline Tarrillo, quien no se pronunció sobre el fondo de la demanda, argumentando que no se había cumplido un requisito procesal.

La defensa de Benavides apeló, y tras un recurso de queja, el TC resolvió que el recurso de agravio constitucional había sido incorrectamente denegado, por lo que ahora procederá a evaluar el caso en su totalidad.

Pronunciamiento del abogado de Benavides

El abogado de la exfiscal, Anibal Quiroga, brindó mayores detalles sobre la decisión del TC. Explicó a Canal N que la Constitución establece que cualquier persona tiene el derecho de acudir al Tribunal Constitucional para que este revise ciertos actos o decisiones, como es el caso de Benavides, que buscaba impugnar su destitución por parte de la Junta Nacional de Justicia.

Sin embargo, la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia, que inicialmente analizó el caso, no emitió una sentencia, sino que resolvió mediante un “auto” (una decisión que no aborda el fondo del asunto).

El abogado explica que, debido a esto, la Sala negó el derecho de Benavides a presentar su caso ante el TC, argumentando que solo cabía recurrir si había una sentencia en su contra.

Ante esta negativa, la defensa de Benavides presentó una “queja de derecho”, que es un recurso legal utilizado para impugnar la denegatoria de un recurso, en este caso, el recurso de agravio constitucional.

El TC, al revisar esta queja, determinó que “no importa si la resolución es un auto o una sentencia”, ya que la decisión de la Sala equivalía a una denegatoria de un amparo que le corresponde resolver al Tribunal. Así, este organismo decidió que el caso debía ser elevado a su fuero para ser resuelto en última instancia, como pidió el abogado.

“Ahora, el Poder Judicial debe elevar el expediente al Tribunal, este lo estudiará y lo resolverá. Este es el primer paso para que se le reconozcan sus derechos constitucionales y el Tribunal disponga lo que corresponda según la Constitución y la ley”, agregó.

Quiroga señaló que, una vez el PJ le entregue al TC los expedientes solicitados, demorará entre tres a seis meses para que sea resuelto por la más alta instancia de justicia del país.

“Para ponerlo en otros términos: un árbitro decidió acabar el partido al medio tiempo. Han ido a la FIFA y ellos han dicho que el partido tiene dos tiempos. Que se haga el segundo tiempo”, trató de explicar el letrado.

Cabe indicar que el fallo no repone a Patricia Benavides en el rol fiscal de la nación. Con esta resolución solo se podrá revisar el fondo de la sentencia.

Este jueves 19 de diciembre, el Tribunal Constitucional absolvió a Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre que lleva más de un año prófugo de la justicia, de su condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka. El fallo declaró fundado su habeas corpus, dejando sin efecto la sentencia que también le impuso una reparación civil de 800 mil soles a favor del Estado.

Sin embargo, esta decisión no significa que Cerrón esté libre de enfrentar la justicia ni de volver a prisión, ya que existen otros procesos judiciales en su contra que podrían llevarlo nuevamente tras las rejas. La anulación del TC solo afecta este caso en particular, pero deja intactas otras acusaciones, algunas con prisión preventiva ya dictada.

Caso Antalsis: prisión preventiva vigente

A pesar del fallo del TC, Vladimir Cerrón sigue con una orden de prisión preventiva pendiente. El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso 18 meses de prisión preventiva en su contra por el delito de colusión agravada, en el marco del caso Antalsis. Esta medida será ejecutada tan pronto como las autoridades consigan ubicarlo y proceder con su detención, según informó el Poder Judicial.

La investigación sostiene que Cerrón, cuando era gobernador regional de Junín entre 2011 y 2014, habría favorecido a la empresa Antalsis, vinculada al empresario Martín Belaunde Lossio, a través de contratos irregulares. Se presume que estas acciones permitieron un perjuicio económico superior a los 26 millones de soles, mediante un convenio con SIMA para la ejecución de obras públicas. Además, el caso ha revelado conexiones entre funcionarios y empresarios, lo que amplía el alcance de las investigaciones.

El Poder Judicial ha indicado que las pruebas presentadas incluyen documentos que revelan pagos irregulares, testimonios de funcionarios y rastreos financieros que demostrarían cómo operaba la presunta red de corrupción. La fiscalía espera que, con la captura de Cerrón, se acelere la formalización de la acusación.

Reacción de Cerrón tras el fallo del TC

Desde la clandestinidad, Cerrón celebró la anulación de su condena a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde calificó la decisión del TC como una “reserva moral” en el ámbito judicial. El exgobernador regional de Junín compartió su satisfacción escribiendo:

El caso Aeródromo Wanka

Este caso se originó cuando, bajo la gestión de Vladimir Cerrón, el Gobierno Regional de Junín impulsó la construcción de un aeródromo en la región, a pesar de la oposición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que consideraba el proyecto innecesario debido a la existencia de un aeropuerto en la zona. En octubre de 2023, Cerrón fue hallado culpable de colusión simple y condenado a prisión efectiva, pero permaneció prófugo desde entonces. Tras la anulación del TC, la atención recae ahora en los otros procesos judiciales que podrían definir su futuro inmediato.

Actualmente, el Ministerio Público y las autoridades judiciales mantienen abierta la posibilidad de nuevas investigaciones relacionadas con Cerrón y sus presuntos vínculos en casos de corrupción durante su paso por la administración regional. De ser hallado culpable en cualquiera de estos procesos pendientes, Cerrón podría enfrentar penas aún más severas que la inicialmente anulada.

Uno de los más buscados del país

Tras su sentencia en 2023, el Ministerio del Interior incorporó a Vladimir Cerrón en el Programa de Recompensas, posicionándolo como el prófugo más buscado del país. La recompensa ofrecida por información que permita su captura alcanzó los 500 mil soles, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Cerrón Rojas fue incluido en esta lista luego de que el Poder Judicial lo condenara por el delito de colusión en el caso Aeródromo Wanka, ocurrido durante su gestión como gobernador regional de Junín.

El expresidente Pedro Castillo no saldrá en libertad. Así lo determinó el Tribunal Constitucional (TC) al rechazar un recurso presentado por su defensa para cuestionar los procesos legales que lo mantienen detenido desde diciembre de 2022. El exmandatario sigue recluido en el penal de Barbadillo, enfrentando un juicio por el presunto delito de rebelión, mientras la Fiscalía solicita 34 años de cárcel en su contra.

Hace poco más de un año, Pedro Castillo pasó de ser presidente a recluso en menos de 24 horas. Su fallido intento de disolver el Congreso lo llevó a ser vacado con 101 votos a favor y detenido mientras se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político. Sin embargo, Castillo no solo enfrenta el peso político de su decisión, sino también una investigación penal que podría costarle décadas de su vida tras las rejas.

En un intento por salir libre, la defensa del exmandatario presentó un recurso ante el TC, argumentando que su arresto y el inicio del proceso penal estuvieron plagados de irregularidades. Según el magistrado Walter Gutiérrez Ticse, quien emitió un voto singular, Castillo debió haber sido trasladado al Congreso para que se levantara su inmunidad antes de ser procesado judicialmente.

También cuestionó que no se respetó su derecho a elegir una defensa adecuada. A pesar de estas observaciones, el Pleno Jurisdiccional del TC, integrado por seis magistrados, rechazó el recurso.

El juicio avanza: más acusados en la mira

Mientras Castillo cumple una prisión preventiva de 36 meses, la justicia sigue cercando a otras figuras de su círculo político. En noviembre pasado, el juez Juan Carlos Checkley dio luz verde para iniciar un juicio que no solo incluye al exmandatario, sino también a sus exministros, como Betssy Chávez y Aníbal Torres, además de mandos policiales. Todos están acusados de participar en los delitos de rebelión y conspiración relacionados con el golpe de Estado fallido.

El caso se presentó como un entramado político y judicial que busca establecer si hubo coordinación entre los acusados para disolver ilegalmente el Parlamento y tomar el control del país. Para algunos, esto podría marcar un precedente histórico sobre los límites del poder presidencial en Perú, mientras que para otros pone de relieve las fragilidades del sistema judicial frente a las crisis políticas.

Castillo enfrenta un panorama complicado. La Fiscalía no solo tendría pruebas contundentes en su contra, sino que además ha solicitado la máxima pena para un delito de esta magnitud: 34 años de cárcel. Si bien su defensa insiste en denunciar irregularidades procesales, los expertos coinciden en que las posibilidades de que el exmandatario recupere su libertad en el corto plazo son mínimas.

Juicio oral aún no tiene programación

Dos años después de que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) anunciara en un mensaje televisado su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la judicatura y convocar a una asamblea constituyente, aún no hay fecha para que se siente en el banquillo por el golpe de Estado. Se estima que el juicio oral podría comenzar el próximo año.

Mientras tanto, el exgobernante sigue negando los cargos y afirma que está bajo “secuestro político” y que fue vacado “ilegalmente” por quienes “luego asesinaron, hirieron, criminalizaron y encarcelaron a muchos hijos de nuestro heroico pueblo que lucha incansablemente en defensa de su voto y contra la actual dictadura”.

A comienzos del año, el Ministerio Público acusó formalmente a Castillo y solicitó 34 años de prisión en su contra por rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Desde el 7 de diciembre de 2022, permanece en prisión preventiva por 18 meses, con otra orden de 36 meses mientras se le investiga por, presuntamente, liderar una red corrupta.

Debido al impacto, la parte trasera de la aeronave quedó completamente destruida, mientras que la trompa y la cabina no registraron mayores daños. Esto permitió que Altuna, quien estaba piloteando, pudiera salir ileso. El Director de Protección Ciudadana de la zona, Martín Acosta, informó a la prensa local que fue trasladado al hospital Municipal para poder recibir la atención correspondiente debido a algunos golpes que tuvo, sin embargo, está fuera de peligro.

Su hijo Mariano, conocido por ser piloto de carreras, se acercó al lugar mientras los equipos de emergencia trabajaban en las tareas de rescate y asistencia. Según consignó el medio local Diario Necochea, personal policial y de tránsito debieron interrumpir el paso dado que una de las alas quedó sobre la cinta asfáltica. Dicha zona permanecerá cortada hasta que se culminen las investigaciones y se retiren los restos de la aeronave. La inmediata respuesta de los equipos de emergencia fue crucial para asegurar la zona del accidente.

El hecho ocurrió durante el día, en un área cercana a donde se encuentra el hangar y la pista de aterrizaje privada. Por el momento se desconocen las causas que provocaron la caída del sobre un alambrado del costado del camino de las estaciones El Moro y Las Nutrias. Testigos afirman que la aeronave emitió humo antes de perder el control, lo que sugiere una posible falla técnica.

Francisco ‘Vasco’ Altuna fue un ex corredor de TC. Según cuentan los que lo conocen, siempre luchó en la mitad del pelotón. Hace más de 30 años corrió en rutas de La Pampa el último Gran Premio de la historia del turismo carretera, una carrera que marcó el cierre de competencias en ruta abierta con muy altas velocidades. En diciembre de 1986, Altuna compartió la grilla con 89 autos, preparándose en el punto de largada ubicado en la ruta 14, a 200 metros del cruce con la ruta 35. Corrió junto a Juan Antonio ‘Johnny’ De Benedictis, Emilio Satriano, Oscar Castellano, Roberto Mouras, Oscar Aventín, ‘Tito’ Urretavizcaya, Vicente ‘Tano’ Pernía, Hugo Mazzacana y Edgardo Lavari, entre tantos.

En agosto de este año, un trágico accidente aéreo ocurrió en Rosario cuando una avioneta se estrelló contra un depósito de la fábrica Air Liquide, ubicada en la zona oeste de la ciudad. El impacto resultó en la muerte instantánea del piloto, según informaron fuentes que participaron en el operativo de emergencia. La situación generó un despliegue conjunto de la Policía, Bomberos Zapadores y Defensa Civil, quienes evacuaron la planta y una empresa vecina debido al riesgo de explosión por la presencia de tubos de oxígeno y nitrógeno.

Testigos locales relataron que la aeronave volaba a baja altura minutos antes del mediodía, antes de colisionar con el techo de un tinglado y posteriormente con el suelo. La fiscal Mariela Oliva, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos, estuvo presente en el lugar.

De manera extraoficial, se supo que el piloto era un joven que había trabajado en Air Liquide hasta tres meses antes del accidente. Esta empresa multinacional se especializa en gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Debido a la naturaleza de los productos almacenados, las autoridades decidieron evacuar a todo el personal como medida de precaución.

El jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, declaró a Cadena 3 que el riesgo de explosión fue descartado tras el accidente. “Impactó contra una columna de hormigón y parte del depósito. Ya está todo controlado”, afirmó. Además, señaló que la avioneta llevaba una inscripción del Aeroclub de Rosario y que, aparte del piloto, no hubo más heridos. “Esto pasó cerca de los tubos de oxígeno, es un milagro”, añadió.

Cinco dotaciones de bomberos trabajaron intensamente dentro y fuera de la planta afectada para asegurar el área y prevenir cualquier incidente adicional. La rápida respuesta de los equipos de emergencia fue crucial para controlar la situación y garantizar la seguridad de los trabajadores y las instalaciones cercanas.

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, afirmó que le pidió a la presidenta Dina Boluarte aplicar “más represión” en contra de las manifestantes que salieron a las calles en rechazo del Gobierno y del Congreso de la República, entre diciembre del 2022 y abril del 2023.

Como se recuerda, 49 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos contra la Policía Nacional del Perú (PNP) en diferentes regiones del país, siendo Puno y Ayacucho las más afectadas.

“Yo le he exigido abiertamente en esa época, sea usted más dura con esa represión. Era más blanda al principio”, aseveró el exmagistrado en entrevista con RPP.

En otro momento del diálogo, incluso llegó a decir que hubo un “aniquilamiento de algunos oficiales”; sin embargo, como ya se conoce, solo un efectivo de la PNP fue reportado como fallecido.

La defensa férrea de Boluarte

Ernesto Blume defendió a la mandataria, luego de que el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, revelara en la Comisión de Fiscalización del Parlamento que Boluarte efectivamente se había sometido a una rinoplastia. Desde su punto de vista, indica, el hecho de que el Poder Ejecutivo no haya notificado la intervención quirúrgica al Poder Legislativo, no representaría una infracción constitucional.

“No incapacitaba a la presidente del ejercicio del cargo, si no se trataba simplemente de una intervención frecuente en las personas dentro de su actividad cotidiana, que no impidió que continuaran en el ejercicio de su función”, mencionó.

El expresidente del TC comentó, además, que había salido junto a otras personas a “desbaratar los impulsos de este movimiento”, en referencia a los anteriores intentos de vacancia contra la jefa de Estado.

Previamente, Blume se había acreditado como abogado de la presidenta ante el Tribunal Constitucional en el proceso de hábeas corpus presentado a su favor, a fin de anular los allanamientos llevados a cabo en su vivienda y en Palacio de Gobierno por el Caso Rolex.

Denuncia penal internacional

Sobre la represión policial en contra de manifestantes durante las protestas en contra de Dina Boluarte, se debe precisar que la mandataria fue denuncia dos veces ante la Corte Penal Internacional debido a estos hechos. Un grupo de 16 ciudadanos peruanos, entre ellos exministros como Marisol Pérez Tello, Mirtha Vásquez y Diego García Sayán, presentó la acusación.

El documento presentado a la corte internacional acusa a las autoridades peruanas de estar implicadas en los eventos que resultaron en la muerte de 49 personas y al menos 344 heridos durante las manifestaciones. Los denunciantes aseguran haber cumplido con los requisitos legales tanto internacionales como peruanos en el proceso de presentación de la denuncia, y esperan que se realice una investigación exhaustiva que llegue “hasta las últimas consecuencias”, incluyendo la aplicación de medidas cautelares si es necesario.

En un comunicado conjunto, los exministros y otros ciudadanos expresaron su preocupación por lo que consideran una grave violación de los derechos humanos y una afectación a los principios de la democracia representativa en Perú. Subrayaron que estos hechos no deben quedar impunes, destacando la importancia de la justicia en un momento crítico de la historia del país.

Esta no es la única repercusión internacional con relación a los asesinatos de personas en las protestas, ya que según un reporte de 54 páginas de la ONU, al que Infobae Perú tuvo acceso en exclusiva, se detalla que el Estado peruano hizo “uso de la fuerza, incluida la fuerza letal con armas de fuego, fuera de las circunstancias que serían permitidas por las normas internacionales de derechos humanos, lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”.

“Esto incluye casos en los que manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para las fuerzas de seguridad”, se lee en el documento.

La concesionaria Rutas de Lima (RDL) denunció este domingo a la administración del alcalde Rafael López Aliaga por incumplir las disposiciones del Tribunal Constitucional (TC), que obligó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a construir una nueva vía alterna al peaje Chillón, ubicado en Puente Piedra, para restablecer el pleno funcionamiento de la concesión del peaje en la autopista Panamericana Norte.

Según la empresa, la sentencia del TC emitida en marzo pasado, junto con su auto aclaratorio de mayo, precisa que “la MML se encuentra en la ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar” la realización de esta obra. De acuerdo con estos fallos, la suspensión del cobro del peaje se mantendría hasta que se cumpla esta obligación.

“Esto se da en abierta violación al Estado de derecho, a la estabilidad jurídica y a la protección de la inversión privada”, señala el texto. La concesionaria advirtió que, a ocho meses de la sentencia, la gestión de López Aliaga aún no ha iniciado la construcción de la ruta alternativa, lo que obstaculiza el retorno de recursos esenciales para la viabilidad de la concesión.

“Si la MML persiste en su incumplimiento de la sentencia, la drástica reducción de los ingresos de la concesión causarán que la empresa se vuelva financieramente inviable. RDL ha continuado prestando ininterrumpidamente los servicios en el Tramo Norte de la Concesión, incluyendo la operación y mantenimiento vial, la prestación de servicios de auxilio vial, intervenciones de emergencia, entre otros”, sigue la misiva.

López Aliaga ha animado a los residentes de Puente Piedra a presentar recursos judiciales masivos contra los peajes, una acción que Rutas de Lima calificó de preocupante por incitar a “sobrecargar el sistema judicial para invalidar un contrato” y atribuyó estos llamados a una campaña de hostilidad en su contra.

“Me da pena que gremios, periodistas y líneas editoriales (no) se vuelquen al tema, que siga el status quo, ¿no?, que siga la gente más pobre de Lima pagando un peaje de la corrupción. Yo no llamo a esto Rutas de Lima, llamo Ratas de Lima, que ese es el nombre que le he puesto a este proyecto”, dijo en un acto público.

“Brookling compró acciones de Odebrecht en un plazo de tres meses, cuando estaba preso y sentenciado Marcelo Odebrecht [expresidente de la constructora]. La denuncia civil y penal no me corresponde [mencionarla] en estos momentos por estrategia y por defensa. Lo que he hecho es ir a EE.UU. con mi plata y buscar información sobre quién podría defender mejor a Lima, a eso me he enfocado”, señaló en otro evento oficial.

En contra. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que el Ministerio Público presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que otorga facultades investigativas a la Policía Nacional del Perú. La norma fue aprobada por el Congreso y no fue observada por el gobierno de Dina Boluarte, a pesar de que varios expertos se pronunciaron en contra.

Delia Espinoza recordó que, desde que el Parlamento discutía la aprobación de esta ley, los fiscales se habían manifestado en contra, ya que consideraban que atenta contra las funciones constitucionales del Ministerio Público al reducir sus competencias.

Por ello, no sorprende que se prepare una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130, tal como lo anunció la nueva fiscal de la Nación en una conferencia de prensa tras su juramentación.

La titular del Ministerio Público recordó que, según lo establecido por la Constitución, es el fiscal quien se encarga de dirigir las investigaciones.

Controversia

Cuando Juan Carlos Villena estaba en el cargo como fiscal de la Nación interino, la institución ya había manifestado su oposición a esta norma, argumentando que restringe las funciones del Ministerio Público. Asimismo, señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) carece de la capacidad para liderar investigaciones, lo cual, a largo plazo, podría generar efectos negativos en los procesos judiciales.

Sin embargo, pese a una postura conocida, la nueva fiscal de la Nación no tiene una tarea fácil, pues se enfrenta a una gran mayoría en el Congreso, que además fue impulsor de esta norma y ya dejó en claro que no va a retroceder.

Hace dos semanas, José Cueto, Fernando Rospigliosi y Alfredo Azurín, presentaron una denuncia constitucional contra los cuatro integrantes de la junta de fiscales supremos, Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos.

El argumento de los parlamentarios es que los fiscales cometieron abuso de autoridad y prevaricato al emitir un reglamento contrario a la norma que devuelve las facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú (PNP).

El 14 de octubre, tras la oficialización de la norma que devuelve la dirección de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público emitió un comunicado en el que anunciaba la publicación de un reglamento destinado a uniformizar y optimizar la actuación fiscal en la investigación de delitos, en coordinación con la PNP.

El Ministerio Público anunció que esta era una medida temporal, en lo que el Tribunal Constitucional resolvía si esta ley atenta o no contra la Constitución.

Sin garantías

Especialistas alertaron que la norma sería perjudicial para futuras investigaciones, el exfiscal supremo, Martín Salas, advirtió que a la larga puede generar juicios inválidos por falta de garantías.

“Si ellos (la policía) conducen las diligencias preliminares, se corre el riesgo de que se materialicen acciones de investigación sin la presencia fiscal. Claro que eso (las investigaciones) no se va a poder ser usado en un juicio porque no tienen las garantías suficientes que son la presencia del defensor de la legalidad, que es el Ministerio Público”, declaró en una entrevista a RPP.

En la sesión estaban presentes los excongresistas de Fuerza Popular, quienes presentaron la acusación contra Vizcarra Cornejo, y formaron parte del Parlamentó disuelto, Carlos Tubino, Segundo Tapia, César Segura y Juan Carlos Gonzáles Ardiles.

Martín Vizcarra se presentó junto a su abogado, el exministro, Alejandro Salas, ante el grupo de trabajo que preside la congresista de Alianza para el Progreso, María Acuña. Una vez iniciada la sesión, en todo momento Vizcarra defendió la legalidad de su decisión y citó la sentencia del Tribunal Constitucional emitida tras la demanda competencial solicitada por Pedro Olaecha, que determina que la disolución del Congreso fue constitucional.

Mientras que del otro lado, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, le exigía que le explique los motivos exactos por los que se solicitó la cuestión de confianza y le pedía que le muestre el acta de consejo de ministro en que se acordó solicitarla.

En ese sentido, Martha Moyano, también de Fuerza Popular, le hacía la misma solicitud y acusó a Vizcarra de negarse a responder, dejando toda la responsabilidad a sus exministros de Estado. “Si señora presidenta, muy puntual, primero para responder a la congresista Moyano, diciendo que yo no le echo la culpa a nadie. Yo tomo la responsabilidad de lo que he hecho en mi gobierno. Está bien, estoy de acuerdo, pero los detalles pregúntenle a los que forman el Consejo de Ministros”, señaló Vizcarra.

El congresista Ventura cerró su intervención, dejando en claro que no hubo una intención de parte de Martín Vizcarra de explicar en que parte del acta de Consejo de Ministros se acordó pedir la cuestión de confianza. “Poner en conocimiento que se va a emitir el informe de estos lamentables episodios, que justamente es materia de investigación”, señaló el parlamentario.

Golpe de Estado

Sin embargo, los ánimos se elevaron cuando fue la intervención de los excongresistas que acusaron a Martín Vizcarra por cerrar inconstitucionalmente el Congreso, todos de Fuerza Popular. Segundo Tapia acusó a Vizcarra de ser un golpista y haber cerrado el Parlamento porque pronto iba a darse una vacancia presidencial.

Tras el discurso de Tapia, Vizcarra pidió la palabra y se refirió al golpe de Estado que realizó el exdictador Alberto Fujimori, en abril de 1992.

En medio del discurso de Vizcarra, se escuchó a Martha Moyano intentar intervenir, pero María Acuña no le dio la palabra. Después, fue el turno de Carlos Tubino, quien secundó lo dicho por su colega y también acusó a Martín Vizcarra de haber tomado una decisión que ocasionó la desestabilización del país. “Y ratificarme en lo que hubo acá el 30 de setiembre fue un golpe de Estado que desequilibró al país. A partir de ese momento comenzó la inestabilidad política que vivimos actualmente. Y eso hizo el señor expresidente Vizcarra. Disolver las aspiraciones de 130 congresistas que fueron elegidos por el voto popular”, señaló Tubino.

Nuevamente, Martín Vizcarra no se quedó callado y devolvió los ataques acusando a los excongresistas denunciantes de haber presentado la acusación porque los dejó sin trabajo. “La queja es que se quedaron sin chamba, cuando uno tiene que pensar en el país”, respondió.

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional del Perú, cuestionó al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, afirmando que el país se encuentra bajo una “organización criminal”. De acuerdo a la magistrada, el Parlamento ha actuado como brazo legal de la criminalidad al promulgar leyes que disminuyen la eficacia del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia.

En ese sentido, la extitular del máximo intérprete de la carta magna calificó la gestión de la sucesora de Pedro Castillo como “el peor Gobierno de la historia por el alto índice de criminalidad, inseguridad y corrupción”. Sumado a ello, insistió que “el Congreso legisla en contra de los intereses de los ciudadanos”.

“Ellos no legislan para proteger a los ciudadanos, sino a la criminalidad. Cómo se explica la ley de allanamiento y la ley de organización criminal. [...] Vivimos bajo una organización criminal y el brazo legal es el Congreso”, agregó en entrevista con RPP.

“La delincuencia ha tomado el poder”

Ledesma habló con La República en la misma línea e indicó que las reivindicaciones sociales han pasado a un segundo plano porque ahora la prioridad de los ciudadanos es mantenerse con vida, que no los maten por salir a trabajar. “El del Perú es un Estado que ha sido copado por la delincuencia para operar con impunidad”, afirmó.

En ese sentido, criticó la propuesta de incorporar la figura del terrorismo urbano como solución a la inseguridad, calificándola de medida populista sin sustento real. Según ella, la delincuencia en el Perú no es solo de tipo tradicional, sino que incluye a individuos de “cuello y corbata” que operan dentro de organizaciones criminales con apoyo legal y político.

“No podemos decir que existe terrorismo urbano sin mirar a quienes protagonizan, toleran y generan leyes para poder blindar a este tipo de personas. El Congreso forma parte de esa organización criminal. Y no solo el Congreso, también el Ejecutivo, con decisiones ineficientes, con designaciones de ministros del Interior que no están a la altura de poder dirigir una lucha como la que se necesita”, sostuvo.

“En todo caso, si quisieran deslindar tendrían que comenzar derogando las leyes cuestionadas. Este tipo de delincuencia no opera sola, opera en conjunto, en grupo y tiene diferentes formas de organización. Yo digo: la clase política forma parte de la organización de delincuencial y por eso estamos como estamos”, insistió.

Sobre la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, donde también propone que efectivos policiales y las Fuerzas Armadas, denunciados por el uso de armas de fuego, sean juzgados por fueros militares, mencionó que “lo que se está buscando en medio de todo este desorden es nuevamente la impunidad para el abuso”.

“En el fuero militar se juzgan delitos como la deserción. Pero si un militar o policía viola, asesina, lesiona, eso es un delito común y tiene que ser juzgado en un escenario de imparcialidad. Lo que se está buscando es impunidad para el abuso que pueda generarse desde el ejercicio de la violencia por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas”, explicó.

En relación a la entidad que lideró y tiene en sus manos el destino de varios hechos de interés público, mencionó que juega en pared con el Congreso. “Ha sido una constante. La verdad, como siempre he dicho, no espero nada de este Tribunal, no tengo ni la mínima expectativa de lo que pueda decidir. Más bien es el brazo extendido del Congreso. Hace tiempo ha abdicado de hacer ese ejercicio del control de la institucionalidad. Ya no me llama la atención”, sentenció.

En una entrevista con María Paula Traverso, hija del Flaco y conductora del programa Legado de Campeones, Marquitos relató algunas anécdotas con el múltiple campeón en TC y TC2000. En un tramo de la charla, Di Palma no pudo contener el llanto cuando habló de su último adiós al piloto de Ramallo.

Di Palma estaba hablando que la última vez que vio con vida a Traverso fue el pasado 1 de mayo cuando fue a visitarlo a su casa. “Estaba durmiendo y me dijeron que estaba muy mal. Ahí me di cuenta de que no lo iba a ver más porque él a mí me recibía. Dije: ‘Si no me recibió es porque no lo voy a ver más”, comenzó el ex piloto de 51 años.

“Me animo a decir que fuiste una de las últimas visitas ligadas al automovilismo. No era que no tenía ganas, era la salud que se le deterioraba todos los días y ya tampoco quería que lo recuerden de esa forma. Pero estaba muy emocionado con tu visita”, le respondió Paula Traverso.

Luego, Marcos prosiguió a contar que, a diferencia de lo que decía mucha gente descreía, él asistió al velatorio del Flaco Traverso. “Lo único que pedí fue estar solo con él y, aunque no lo quieras creer, yo soy muy religioso. Creo en Dios y que la muerte es lo más lindo que tenemos en la vida. Si puede venir cuando tenga 120 años, mejor, pero si viene hoy, ya está. Me gustaría disfrutar más de mis hijos, pero si hoy Dios me dice: ‘Arriba’, vamos. Entonces, cuando entro, lo único que hice fue rezarle un padre nuestro y le pedí a Dios que lo reciba en el cielo, nada más. Le dije que había sufrido mucho y que lo dejara entrar, que no sufra más”, expresó con la voz quebradiza y entre lágrimas.

“Perdón que me ponga sentimental, pero es que me hace recordar a mi viejo (Luis). Siempre soñé en tener una despedida con él dentro de una pista y creo que por tonto no lo hice o no se lo pedí. Pero para hacer un show nada más. No por ser mejor que él, pero ya estaba viejo y seguramente no me hubiese podido ganar. Simplemente para divertirnos y que la gente se divierta que es lo que le está faltando hoy”, cerró Di Palma.

En otro de los tramos de la nota, Di Palma relató cómo fueron los detalles del día que lo fue a visitar a Ramallo en bicicleta. Cuando llegó a la casa, lo hicieron pasar y lo recibió el Flaco Traverso, quien le mostró una carta documento que le había enviado Luis Di Palma tras un accidente en una carrera y una bicicleta que tenía en el quincho. “Me dijeron que hacía tiempo que no lo veían reírse tanto. Me dijo: ‘Loco, cuidate, que no te pise un camión’. Le contesté que si me pisaba un camión nos íbamos a ver arriba”, dijo.

Más tarde, Di Palma se sacó la foto con Traverso y grabó el video que terminó publicando en sus redes sociales y que se viralizó.

Aunque no se encontraba como una de las favoritas, debido a los cuestionamientos contra Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez se barajó su inclusión entre las propuestas para asumir la dirección del Tribunal Constitucional (TC). Por mayoría, la aún vicepresidenta Luz Pacheco se convirtió en la nueva titular de la entidad para el periodo 2024-2026, pero ¿qué se sabe sobre ella?

Luz Imelda Pacheco Zerga es egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y tiene una trayectoria destacada como vocal del tribunal nacional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Además, posee un doctorado en Derecho por la Universidad de Navarra y es profesora e investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.

En su experiencia profesional, ha ocupado el puesto de gerente de Recursos Humanos en diversas organizaciones industriales, incluyendo Industrial Tumi S.A., Confecciones Kipu S.A., Industrias Manú S.A. y Trade Group International S.A. (Grupo Inca – Arequipa). Pacheco Zerga también es autora de varias publicaciones jurídicas, destacándose trabajos como “La Dignidad Humana en el Derecho del Trabajo”, “Principios Sociales e Integración”, “Respecto a la Dignidad Humana”, “Conciliación de Vida Familiar y Laboral”, y “Las Políticas Públicas y el Empleo Femenino en el Perú”, entre otros.

Vínculos con el Opus Dei y Alberto Fujimori

En un conversatorio virtual de la Universidad de Piura (UDEP) en 2021, la magistrada reconoció ser del Opus Dei desde antes de junio de 1974, donde tuvo la oportunidad de ver a su fundador en Perú. Bajo esta prelatura personal de la Iglesia Católica es que se le atribuyen posiciones conservadoras.

Por ejemplo, en 2012, Luz Pacheco Zerga publicó un artículo titulado “La igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo de la mujer: un esfuerzo internacional de protección social”, en una revista académica mexicana, defendiendo una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohibía la distribución gratuita de anticonceptivos orales de emergencia (AOE) en los centros de salud del Estado. Ello, a partir de una solicitud de la ONG religiosa ALA Sin Componenda, según Wayka.

Asimismo, durante una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Selección del Tribunal Constitucional, cuestionó las bases del feminicidio, sugiriendo que “es difícil que alguien mate a una mujer por ser mujer. La mata porque tiene celos, porque le da cólera, pero por el hecho mismo de ser mujer es muy difícil; sin embargo, eso se ha establecido en el Perú”, mencionó.

Cabe mencionar que, pese a su posición tradicional, también fue una de las magistradas que votó a favor de que los hijos del productor Ricardo Morán sean inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como peruanos.

Aclaró que su primera opinión fue en contra, ya que existía una contradicción al negar que los menores tenían mamá y al mismo tiempo se muestre su identidad. “No obstante, después, analizando a fondo el caso, viendo el Código Civil, concretamente el artículo 21, que en su tercer párrafo faculta a una madre a inscribir a su hijo, sin decir la razón por la cual no quiere decir quién es el padre y le pone los dos apellidos. No se contemplaba el derecho para el papá, entonces esa era una clara discriminación en perjuicio del varón”, señaló.

En relación a Alberto Fujimori, Pacheco Zerga fue la ponente de la resolución que ordenó ejecutar la excarcelación del expresidente y quien solicitó dejar de cuestionar la medida. “Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no son las únicas”, mencionó entonces, lo que generó cierta polémica entre la opinión pública.

“Todo pasó hace 30 años, para mí hay que mirar para adelante y construir el Perú. Hay que dejar de odiar. Yo no sé por qué hay un grupo de personas que quieren que eso [la dictadura de Fujimori] viva para siempre. Así como hace 10 o 15 años, [Alejandro] Toledo liberó o indulto [a terroristas] nadie dijo ‘que se queden hasta el final y tienen que pagar todo’. No, ya los indultaron y me parece que esa debe ser la reacción de un país como el nuestro”, señaló la magistrada del TC en diálogo con Latina.

En esa línea, calificó de inhumano que Alberto Fujimori “entre y salga” de prisión por su avanzada edad y pidió a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta que “miren para adelante” y “no estar exigiendo que todo el mundo pida perdón porque así no se logrará pasar la página dolorosa de esta historia en el Perú”.

“Yo he oído hablar mucho de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Efectivamente, mis condolencias para ellos, pero fueron decenas de miles de familiares [...] Pedir perdón o no es un tema jurídico. En todo caso, es un tema moral. Te digo, no son las únicas víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Decenas de miles de peruanos fueron asesinados de la manera más cruel”, refirió.

Por estos motivos, es que tendría un respaldo grande al interior del Congreso, proveniente del ala más conservadora, con quien comparte pensamientos religiosos, y de aquellos que defienden la excarcelación de Fujimori Fujimori.

Luego de conocerse un nuevo revés judicial en su contra, Martín Vizcarra, expresidente de la república y líder de Perú Primero, envió un mensaje a través de sus redes sociales para asegurar que confía en instancias superiores, como el Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para anular su inhabilitación de ejercer cargos públicos y postular a las elecciones generales 2026.

“Por fin, luego de tres años de paciente espera, el PJ termina el proceso. Ahora le toca al TC y por último el pronunciamiento de la CIDH. Las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia, y podré postular el 2026, no tengan la menor duda”, escribió en su cuenta X (antes llamada Twitter).

A través de sus redes sociales, el exmandatario peruano también se mostró seguro que saldrá airoso de este proceso y que obtendrá la luz verde para su ansiada postulación a la Presidencia de la República.

Vizcarra, actualmente, tiene dos resoluciones que lo inhabilitan de ejercer cargos públicos. Una de 10 años en el marco del denominado caso ‘Vacunagate’, donde se le acusó de aplicarse supuestamente de forma secreta e irregular la dosis contra el coronavirus, y otra por cinco años debido a la investigación por presunta corrupción, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Rechazo en segunda instancia

En la víspera, se conoció que el Poder Judicial rechazó, en segunda instancia, la demanda de amparo que presentó el expresidente. Con este recurso intentaba anular la decisión del Congreso de la República que lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargo público.

La Primera Sala Constitucional de Lima adoptó —por votación mayoritaria— esta medida al confirmar la sentencia emitida por la jueza Rocío Rabines Briceño el último 8 de marzo en la que declaró improcedente la demanda de amparo promovida por la defensa legal del exmandatario dentro de este caso.

El exjefe de Estado apeló una sentencia judicial argumentando que vulneraba su derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales y que constituía un agravio a su derecho a participar en la vida política del país.

Sin embargo, la Primera Sala Constitucional de Lima desestimó este recurso de apelación al determinar, en una resolución del 20 de agosto, que la sentencia debe ser confirmada en su totalidad, ya que no se evidenciaron actos concretos de afectación de derechos constitucionales por parte del Congreso de la República.

Además, los argumentos y agravios de la pretensión no se refieren directamente al contenido constitucionalmente protegido de los derechos constitucionales invocados, incurriendo en causal de improcedencia prevista en el inciso 1 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

En tanto, el Poder Judicial volvió a rechazar el pedido de Vizcarra para archivar el delito de cohecho pasivo propio que le atribuye la fiscalía en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró improcedente el recurso de apelación que presentó el exmandatario contra la resolución emitida el 5 de marzo por la jueza Margarita Salcedo, en la que declaró infundado un recurso de excepción de improcedencia de acción interpuesto por su defensa legal para archivar dicha imputación.

El tribunal superior adoptó esta medida el 30 de mayo tras anular la resolución judicial que concedió el recurso de apelación promovido por la defensa del exjefe de Estado dentro de este proceso penal. En su recurso de excepción de improcedencia de acción, el exmandatario alegaba una vulneración al principio acusatorio, al derecho a la debida motivación, al principio de culpabilidad y al principio de proscripción de responsabilidad.

Durante la feria, que se llevó a cabo del 13 al 15 de agosto en La Rural, la empresa presentó un stand con tres ejes temáticos. Uno de ellos se enfocó en que el público pueda conocer a la organización, mientras que otro espacio se centró en la exhibición de su amplia gama de productos. El restante, en tanto, consistió en una experiencia lúdica para los amantes de las carreras.

A lo largo de su historia, TotalEnergies ha logrado posicionarse como un referente en la provisión de lubricantes y especialidades para vehículos pesados. Su oferta no solo cumple con las más exigentes especificaciones técnicas, sino que también está diseñada para optimizar el rendimiento y reducir los costos operativos de las flotas.

En ese sentido, uno de los aspectos en los que la compañía hizo hincapié durante Expo Transporte 2024 fue la promoción de la gama RUBIA, desarrollada en su centro de I+D en Francia y cuyos productos han sido homologados por más de 200 fabricantes a nivel mundial.

“Son lubricantes completos que poseen tres características principales: la tecnología Slow Up para filtros de partículas, la reducción de combustible y la durabilidad sin perder la performance”, afirmó Diego Tricci, director comercial de TotalEnergies Argentina.

Cabe destacar que, además de brindar máxima protección, RUBIA contribuye a una significativa baja de los costos operativos. Gracias a su capacidad para optimizar los intervalos entre cambios de aceite y evitar el desgaste del motor, disminuye la cantidad de paradas no programadas, ya sea en estaciones de servicio como en sitios para comprar repuestos y realizar reparaciones.

Ahorros adicionales y sostenibilidad

La preocupación por la sostenibilidad y la eficiencia energética viene siendo un tema recurrente en el sector del transporte. En respuesta a esta necesidad, TotalEnergies desarrolló la gama de lubricantes Fuel Economy: una línea que se distingue por su capacidad para generar ahorros adicionales en comparación con las alternativas convencionales.

Esta tecnología no solo permite achicar los costos operativos al disminuir el consumo de combustible, sino que también contribuye a la reducción de las emisiones de CO2. Así, apoya los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.

Durante las tres jornadas de la feria, la empresa dio a conocer los beneficios tangibles de los lubricantes Fuel Economy. Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano cómo estos productos pueden transformar la eficiencia operativa de sus flotas y, al mismo tiempo, contribuir a un transporte más sostenible.

Experiencia interactiva y compromiso con los clientes

La participación de TotalEnergies en Expo Transporte 2024 no se limitó a la exhibición de productos. La compañía preparó una experiencia interactiva que permitió a los asistentes competir en un simulador de carrera. Esto se da en el marco de una gran apuesta que hace la organización por el automovilismo, el cual representa el banco de pruebas más exigente para sus productos.

“Hoy estamos esponsorizando a Mariano Werner. Por eso, a quienes logren hacer un podio en este juego, les regalamos una experiencia de subirse a un auto de Turismo Carretera con él”, aseguró Tricci, acerca del segmento lúdico que presentó la empresa durante el evento.

La propuesta en el stand se completó con asesoramiento personalizado de la mano de expertos de la compañía, quienes estuvieron disponibles para responder preguntas y proporcionar información detallada sobre las soluciones que mejor se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente.

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El Ministerio Público ha expresado su rechazo a la Ley 32108 que introduce modificaciones en el Código Penal y otras normas relacionadas con las organizaciones criminales. Con esta medida, el organismo ha decidido interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, promulgada por el Congreso y publicada en el diario oficial El Peruano el pasado 9 de agosto.

En un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos señaló que en una sesión extraordinaria celebrada recientemente, acordaron pronunciarse en contra de la ley mencionada.

Según el Ministerio Público, la nueva legislación contradice lo dispuesto en la Convención de Palermo, ratificada por el Perú, la cual no exige “ningún requisito referido a la obtención de una cadena de valor de una economía o mercado ilegal”, a diferencia de lo establecido “arbitrariamente” por la ley en cuestión.

La norma modifica, entre otras, la Ley 30077 contra el crimen organizado y la Ley 27379 sobre procedimientos para la adopción de medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares. Estas modificaciones buscan definir las características que tipifican a una organización criminal.

Sin embargo, el Ministerio Público subrayó que tales requisitos, como una “estructura desarrollada y mayor capacidad operativa” y “delitos graves sancionados con más de seis años de prisión”, reducen la capacidad operativa de la persecución penal pública.

Por su parte, la Junta de Fiscales Supremos advirtió que estas configuraciones debilitadoras podrían significar un retroceso grave en los estándares alcanzados en investigaciones penales en curso y en los casos ya sentenciados.

Además, rechazó la noción de que la única finalidad de una organización criminal debe ser de corte empresarial, señalando que históricamente las organizaciones criminales en Perú están íntimamente relacionadas con la corrupción y la violencia.

En consonancia con su posición, la Junta de Fiscales Supremos ha decidido que, a través del Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, será presentada una demanda de inconstitucionalidad conforme al artículo 203 de la Constitución, en concordancia con el artículo 98 del Código Procesal Constitucional y el artículo 66 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Al finalizar su comunicado, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad, la lucha contra la criminalidad organizada y el respeto a los convenios internacionales de los cuales Perú es parte.

Ministerio Público interpone demanda ante el TC

El Ministerio Público rechazó este lunes 12 de agosto la reciente ley promulgada por el Congreso que trata sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad y anunció la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), con el objetivo de que dicha normativa sea derogada.

A través de un comunicado emitido en su cuenta de X (anteriormente Twitter), la Fiscalía expresó que esta ley afecta negativamente la defensa de los derechos humanos, ya que no cumple con los estándares internacionales aceptados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y los tratados ratificados por el Perú.

Además, el MP destacó que la normativa perjudica la autonomía e independencia funcional de los magistrados, limitando su capacidad para defender la legalidad y perseguir delitos en investigaciones relacionadas con hechos de especial gravedad.

La Fiscalía subrayó que esta ley obstaculiza las investigaciones y procesos llevados a cabo por las fiscalías del subsistema especializado, comprometiendo el trabajo ante instancias judiciales especializadas y generando una seria situación de impunidad frente a las víctimas y sus familiares. La normativa afecta investigaciones preliminares en casos sensibles como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, y Galván Borja.

El Tribunal Constitucional del Perú declaró improcedente una demanda contra la empresa Rutas de Lima SAC y la Municipalidad Metropolitana de Lima. El recurso presentado por el ciudadano Armando Infante Ruiz argumentaba una vulneración de sus derechos al haber un incremento en el monto del cobro y falta de información sobre el fin de la recaudación.

Rutas de Lima SAC anunció el 3 de agosto de 2016 un incremento de peaje que oscilaba entre el 33% y 75%. La empresa argumentó que los fondos recaudados serían utilizados para la operación y mantenimiento de las vías, así como para la recuperación de la inversión privada. Sin embargo, Infante Ruiz alegó que estos fondos se estaban desviando para ejecutar obras ajenas al mantenimiento de estas vías, tales como intercambios viales y la extensión de 19 kilómetros adicionales de la vía Ramiro Prialé.

“Se afectan los derechos constitucionales consistentes en combatir el abuso de posiciones dominantes y monopólicas que atentan la economía de usuarios y libertad empresarial lesiva contra la economía de usuarios, como consecuencia de la ejecución innecesaria e indiscriminada de obras públicas de infraestructura vial para pago de peajes vehiculares en Panamericana Norte: Desde Habich hasta Ancón; Panamericana Sur: Javier Prado hasta Pucusana, ejecutado por Rutas de Lima, concesionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, expuso.

En primera instancia, emitida el 18 de noviembre de 2020 por el Decimoprimer Juzgado Constitucional Sub Especializado en Temas Tributarios, Aduaneros e Indecopi de Lima, se declaró infundada la demanda, al considerar que no era competencia de la judicatura constitucional cuestionar la elaboración técnica de las fórmulas de cobro del peaje. La resolución de segunda instancia, del 19 de octubre de 2021, también declaró improcedente la demanda por no una supuesta falta de manifestaciones concretas en la alegación de la vulneración de derechos fundamentales.

Y, aunque esta vez también se declaró improcedente, a diferencia de las anteriores ocasiones, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse emitió un voto singular, con fundamentos diferentes al de sus colegas.

Gutiérrez Ticse destacó que, independiente al cuestionamiento del demandante, existían aspectos fundamentales que se podían revisar bajo la óptica de los derechos de los consumidores y usuarios. Citó el artículo 65 de la Constitución que defiende los intereses de los consumidores y usuarios, recalcando que debe garantizarse la información sobre los bienes y servicios y velar por la salud y seguridad pública.

Subrayó que se había constatado que el cobro de peajes con redondeo “hacia arriba” vulneró los derechos económicos de los usuarios. “La Municipalidad Metropolitana de Lima y Rutas de Lima SAC pactaron efectuar el cobro de peajes con redondeo en contra de los intereses económicos de los usuarios sin su consentimiento”, apuntó.

Además, alertó sobre las irregularidades en el proyecto Vías Nuevas de Lima, mencionando que estas podrían ser objeto de investigaciones penales para determinar si hubo corrupción en la adjudicación y ejecución de los contratos de concesión.

Los magistrados en la sentencia resaltaron “la necesidad del Estado de respetar los contratos, tal como lo establece la Constitución”, pero también destacaron “la obligación estatal de combatir cualquier abuso de posiciones dominantes y monopólicas”. Así, exhortaron al Poder Judicial y al Ministerio Público a resolver los procesos penales en curso con diligencia y prontitud.

Esta es la sentencia:

Sentencia del Tribunal Cons... by Camila Calderón

El Poder Judicial ha advertido sobre las consecuencias negativas que podría acarrear la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la Ley de Extinción de Dominio. Según un comunicado del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, subordinar la extinción de dominio a los resultados de procesos penales prolongados favorecería a criminales involucrados en minería ilegal, tráfico ilícito de drogas y actos de corrupción.

El juez supremo Manuel Luján Túpez, presidente de la mesa de trabajo del subsistema, destacó que esto beneficiaría a quienes han evadido la justicia, como testaferros y grandes corruptos cuyos bienes ilícitos no están a su nombre.

La Ley de Extinción de Dominio en Perú, basada en el Decreto Legislativo N.º 1373, difiere de legislaciones extranjeras como las de México y Ecuador. En el contexto normativo peruano, no existen presunciones de ilicitud, y cada parte debe demostrar su pretensión en igualdad de condiciones en juicio. Luján Túpez señaló que la ley permite que tanto el Ministerio Público como cualquier requerido deben probar sus alegatos sobre bienes de dudosa procedencia, así como su buena fe o diligencia común.

El Subsistema defendió la autonomía de la extinción de dominio, subrayando que este enfoque es un mandato de convenciones internacionales, como las de Viena, Palermo y Mérida, además de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAF). El comunicado enfatizó que la extinción de dominio no trata de la inocencia de personas, sino de la legalidad de los bienes, siguiendo el principio de que nadie puede transferir lo que no es suyo.

Según el pronunciamiento del Subsistema, la demanda de inconstitucionalidad podría retrasar la privación de recursos a organizaciones criminales, permitiéndoles mantener su capacidad operativa durante años de procesos penales. Esto pondría en riesgo la seguridad, el mercado justo, y las finanzas limpias del país. Hasta la fecha, el Subsistema ha recuperado bienes y activos ilícitos por un valor de 102′076,276.79 dólares.

El Defensor del Pueblo, por su parte, busca que la Tribunal Constitucional (TC) declare inconstitucional el Decreto Legislativo N.º 1373 sobre extinción de dominio, argumentando que el Estado no debería poder quedarse con bienes presuntamente adquiridos con dineros ilícitos vinculados a corrupción sin un veredicto penal previo. No obstante, expertos en la ley y funcionarios públicos han señalado que la extinción de dominio es crucial en la lucha contra la criminalidad organizada.

El debate también ha resonado en los medios, con declaraciones como la de la exministra Marisol Pérez Tello en una entrevista con Canal N, donde criticó los argumentos presentados por el Defensor del Pueblo, comparándolos con los utilizados históricamente por defensores de narcotraficantes y proxenetas.

Antecedentes del fujimorismo por limitar ley de extinción de dominio

En setiembre del año pasado, Manuel Luján también expresó rechazo al dictamen del Congreso impulsado por Fuerza Popular que pretendía limitar el proceso de extinción del dominio, un mecanismo que permite al Estado tomar posesión de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas.

El juez criticó esta iniciativa durante la celebración del 201 aniversario de la creación del Congreso de la República. Y mencionó la incautación de la vivienda de Salatiel Marrufo, entregada por Sada Goray como parte de sobornos relacionados con el Fondo MiVivienda y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Señaló que el cambio en la legislación impediría que el Estado continúe desmantelando redes de bienes provenientes de actividades delictivas como el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas, y el narcoterrorismo.

El proyecto de ley que promueve el congresista Jorge Morante, del fujimorismo, busca agregar las palabras “actividad ilícita delictiva” y “tipo penal” a la definición de “actividad ilícita” en el decreto legislativo N° 1373. Esta modificación tendría como consecuencia que el Estado solo pueda confiscar bienes ilícitos tras una sentencia judicial definitiva. Esto, según Luján Tupez, obstaculizaría severamente el proceso, dificultando los esfuerzos para luchar contra el crimen organizado en Perú.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró parcialmente fundada la demanda contra la Ley 31288, presentada por el Poder Ejecutivo. Esta decisión afecta diversas conductas infractoras en la responsabilidad administrativa funcional y las medidas relacionadas con la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el fallo, el TC consideró inconstitucionales varias infracciones del artículo 46 de la Ley 27785, que fueron modificadas por la Ley 31288 en 2021. Entre ellas, las del numeral 6, y del 24 al 27, así como la referencia a la “grave afectación al servicio público” en diversas infracciones, incluyendo los numerales del 1 al 5, 7, 10 al 15, 17, 18, 22, 23, 28 y 32.

Asimismo, el TC declaró contrarias a la carta magna otras normas relacionadas, como el literal c) del numeral 1.1 del artículo 68 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador y ciertas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, el máximo intérprete de la Constitución instó al Congreso a definir claramente las competencias sancionadoras entre la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y la Contraloría General, según lo señalado en el fundamento 49 de la sentencia. Además, aclaró que la sentencia no tiene efectos retroactivos sobre los procesos ya concluidos o en trámite.

En la sesión, los magistrados Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez votaron a favor de todos los puntos resolutivos. Por su parte, Manuel Monteagudo Valdez mostró discrepancias con el punto 4; mientras que los magistrados Francisco Morales Saravia y Helder Domínguez Haro votaron de manera singular, declarando infundada la demanda.

¿Qué dice el fallo del TC?

En el fallo, el TC mencionó que la entidad tiene “competencia para supervisar la legalidad” de la ejecución del presupuesto del Estado; de las operaciones de la deuda pública, y de los actos de las instituciones sujetas a control. Sin embargo, remarcó que la Carta Magna no ha establecido potestad sancionadora a dicha entidad.

“Si bien la Contraloría supervisa la legalidad de los actos de las entidades sujetas a control, de las normas glosadas no se deriva expresa y literalmente que tenga una competencia sancionadora autónoma en tales campos”, indicó el máximo intérprete de la Constitución.

“En este contexto debe recordarse que, a diferencia de otros modelos constitucionales, donde la eventual existencia de una competencia sancionadora se encuentra expresamente reconocida por mandato constitucional o, en su defecto, se deja abierta la posibilidad de su desarrollo al ámbito rigurosamente legal, esto no ocurre en el caso específico del modelo constitucional peruano”, resaltó.

Frente a ello, el TC indicó que es “jurídicamente opinable” si por una “norma infraconstitucional se pueden asignar potestades sancionadoras a la Contraloría General de la República, tanto más cuando este mismo órgano constitucionalmente autónomo solo supervisa y fiscaliza”.

“En todo caso, si se permitiera a la Contraloría sancionar todos los actos que se realicen al interior de las instituciones sujetas a control, esta tenue diferenciación se vería amenazada, pues entonces la CGR ejercería un control desorbitado sobre la gestión propia de las demás instituciones públicas”, aseveró el TC.

“Esto no significa que la CGR no pueda supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control conforme a su ley orgánica, y realizar las acciones de control que se deriven de tales competencias. Pero su potestad sancionadora no se extiende de manera laxa a todos los actos que tales entidades realicen, sino que esta solo resulta aplicable respecto de la administración financiera de los bienes y recursos públicos”, añadió.

Como se recuerda, esta demanda fue presentada durante la gestión de Francisco Sagasti, dos días antes de que entregara el cargo a Pedro Castillo en 2021. La Contraloría había señalado que, con su aprobación, se perjudicaría el esfuerzo de varias instituciones y la sociedad en su conjunto por enfrentar a la corrupción, ya que mandaría al archivo todas las responsabilidades identificadas por la Contraloría General desde la vigencia de la ley, incluso en casos conocidos como Marka Group, Puente Tarata y compra de biodiésel.

Domingo García Belaunde y Ernesto Blume se acreditaron como los abogados de la presidenta Dina Boluarte en un proceso de habeas corpus presentado ante el Tribunal Constitucional. Esta acción busca anular las actuaciones derivadas del allanamiento realizado en la residencia de la mandataria en Surquillo el pasado 29 de marzo, en el marco del denominado ‘Caso Rolex’.

“Al amparo del artículo 31 del Código Procesal Constitucional, nos apersonamos a la causa a pedido expreso de la beneficiaria para coadyuvar en su defensa, luego de haber obtenido dos pronunciamientos adversos en las dos instancias anteriores”, se lee en el documento suscrito por ambos letrados al que tuvo acceso RPP Noticias.

Asimismo, indicaron que se reservan el derecho a fundamentar más ampliamente su demanda con nuevos elementos de convicción que, según ellos, confirmarán una posible persecución en contra de la presidenta “que se ha establecido como se ve de la denuncia constitucional presentada al Congreso de la República por el fiscal de la Nación en funciones, que no se ha dado cuenta que tal denuncia es insostenible al tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución”.

El habeas corpus fue inicialmente interpuesto por el abogado Marco Riveros Ramos en favor de Boluarte. No obstante, la presidenta desautorizó a Riveros, aclarando que no forma parte de su equipo legal y que no lo autorizó a presentar el recurso. Este proceso llegó al Tribunal Constitucional después de haber sido declarado improcedente por el juez Juan Carlos Núñez Matos el 17 de abril y la Segunda Sala Constitucional de Lima el 6 de mayo en primera y segunda instancia, respectivamente.

Ello, al argumentar que el requerimiento de allanamiento no implicaba una detención ni una amenaza a la libertad individual de Boluarte, conforme al artículo 7.1 del Código Procesal Constitucional. El tribunal superior añadió que la autorización del allanamiento no era una resolución “firme”, ya que no se agotaron los recursos internos disponibles.

“Investigación podría caer si TC admite demanda”

El abogado penalista James Rodríguez advirtió en diálogo con Canal N que la investigación de la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte podría colapsar si el Tribunal Constitucional (TC) aprueba el habeas corpus presentado por la defensa legal de la mandataria en el caso ‘Rolex’.

Agregó que dicha decisión afectaría a otros casos de allanamiento realizados por la gestión del fiscal Villena, generando una situación de impunidad que sería perjudicial para la estabilidad jurídica del país. Según el abogado, esta situación podría socavar la legitimidad de la diligencia fiscal.

Además, Rodríguez se refirió a la falta de presencia del titular del Ministerio Público en el operativo, lo cual es señalado por la defensa de la jefa de Estado como una violación del debido proceso legal. No obstante, él considera que este argumento carece de fundamento. Rodríguez recalcó que el allanamiento fue ordenado por el Poder Judicial y ejecutado por la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú conforme a la legislación vigente.

“Tiene un conflicto natural de interés a todas luces, sin embargo, es su derecho de ejercer en la defensa de que ellos consideren, así sepan que es una demanda que carece de todo sentido y fundamento; y lo que busca finalmente esta demanda es anular el allanamiento y que sería muy peligroso que el TC frente a estos argumentos débiles y sin razón, les dé finalmente la razón o lo declare fundado”, manifestó el abogado penalista.

En esa línea, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se vea influido por intereses políticos, lo que podría debilitar el marco jurídico del país. Concluyó señalando que es el Congreso de la República quien sostiene políticamente a la presidenta actual.

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y excandidata presidencial peruana, ha emprendido una nueva batalla legal en un intento por frenar el juicio en contra suya y de su partido en el marco del caso Cócteles. Fujimori enfrenta serios cargos por supuestos delitos de lavado de activos y organización criminal, por los cuales la Fiscalía solicita una condena de 30 años y 10 meses de prisión. Para evitar este desenlace, Fujimori ha presentado un recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando la nulidad del juicio y el archivo del proceso penal.

Según lo alertado por el medio La República, el recurso fue presentado por Giulliana Loza, abogada de Fujimori, contra una resolución previa que declaró improcedente un habeas corpus a favor de su defendida. Dicha petición de habeas corpus había sido inicialmente rechazada tanto por el Tercer Juzgado en lo Constitucional de Lima como por la Tercera Sala Constitucional de Lima. No obstante, a fines de junio, esta última instancia aprobó el recurso, permitiendo que el expediente fuese elevado al TC, donde fue recibido a inicios de julio.

El habeas corpus presentado por Loza busca la nulidad de tres resoluciones emitidas por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Estas resoluciones incluyen el auto de enjuiciamiento y decisiones que rechazaron la solicitud de archivo de los cargos por lavado de activos y organización criminal. La defensa sostiene que dichos hechos no constituyen actos ilícitos bajo la normativa vigente en el momento que ocurrieron, señalando que el financiamiento ilegal de partidos políticos fue tipificado como delito recién en 2019.

Giuliana Loza insiste en que financiamiento no bancarizado de empresas “no es ilegal”

La defensa de Fujimori argumenta que las resoluciones del juez Zúñiga son “manifiestamente inconstitucionales” y afectan gravemente el derecho a la libertad de su cliente. Según Loza, sin efectos legales válidos, el proceso penal debería archivarse. Sostiene que los supuestos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de 2011 y 2016 no estaban tipificados como delito en el Código Penal en el momento de su ocurrencia. Por ello, la defensa defiende que el principio de legalidad no se está cumpliendo, ya que se intentarían aplicar retrospectivamente disposiciones penales.

Sumado a estos argumentos, la abogada de Fujimori también alega la existencia de una vulneración del derecho a un plazo razonable, ya que su cliente ha sido objeto de imputaciones desde 2017 sin haber visto concluido su proceso judicial. Fujimori, actualmente bajo régimen de comparecencia con restricciones, considera que se le ha impuesto una carga procesal injusta y prolongada, afectando su derecho a la libertad.

El camino del habeas corpus para llegar al Tribunal Constitucional

El Poder Judicial, en primera instancia, rechazó el habeas corpus presentado por Loza a través del Tercer Juzgado en lo Constitucional de Lima. Este tribunal argumentó que el recurso buscaba reexaminar resoluciones ordinarias del juez Zúñiga bajo el manto de la justicia constitucional, lo cual no correspondía a su jurisdicción. La Tercera Sala Constitucional de Lima también desestimó el recurso con un razonamiento similar, haciendo hincapié en que la justicia constitucional no puede usurpar competencias de la jurisdicción penal ordinaria.

No obstante, la decisión de este tribunal permitió que la defensa de Fujimori elevara el caso al máximo órgano constitucional del país. En este contexto, el equipo legal de Fujimori mantiene la esperanza de un fallo favorable del TC, lo cual tendría implicaciones cruciales y directas para el desarrollo y desenlace del llamado caso Cócteles.

El Tribunal Constitucional, ahora a cargo, tendrá que evaluar la supuesta “manifiesta inconstitucionalidad” de las resoluciones del juez Zúñiga y la validez de los argumentos presentados por la defensa de Fujimori. La decisión de este órgano será determinante no solo para Fujimori, sino también para el curso del caso y el panorama político peruano, dada la relevancia de la figura de Fujimori en la esfera política del país.

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió archivar de manera definitiva el caso contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial Lava Jato. La resolución a la que accedió Infobae Perú sostiene que no se hallaron indicios de faltas disciplinarias por parte de los mencionados fiscales, quienes habían sido acusados por José Luis Sardón, exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC).

“Se resuelve declarar infundada la queja funcional interpuesta contra el abogado José Domingo Pérez Gómez, en su actuación como fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Equipo Especial (Primer Despacho), y contra el abogado Rafael Ernesto Vela Barba, en su actuación como fiscal superior coordinador del Equipo Especial en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, por presunta inconducta funcional”, se lee en el documento.

Como se recuerda, el actual representante del Perú en la OEA presentó en enero de 2020 una queja funcional acusando a Vela Barba y Pérez de tenderle una “emboscada” durante una citación relacionada con el caso Odebrecht. Sardón alegó que los fiscales intentaron presentarlo ante los medios de comunicación como un “mecenas del fujimorismo”, basándose en su vínculo con la asociación Reflexión Democrática.

“Ellos me tendieron una emboscada con el IDL. Domingo Pérez me convocó a dar un testimonio por el caso de Odebrecht y yo, sin sospechar de qué se trataba, le di una cita en el Tribunal Constitucional. Entonces, él fue y me preguntó un montón sobre Reflexión Democrática y quería presentarme a mí como un mecenas del fujimorismo. Era una estupidez, porque en Reflexión Democrática nunca fui director ejecutivo ni gerente, fui un miembro de un directorio, que era un órgano colegiado”, denunció José Luis Sardón en entrevista con Expreso.

Aunque la denuncia era contra el accionar de Domingo Pérez, el extribuno incluyó a Vela al considerar que el primero en mención es un fiscal de menor jerarquía. “Lamentablemente, el fiscal coordinador Rafael Vela Barba ha participado en este modus opernadi”, indicó y agregó que “el Ministerio Público, según la propia Constitución, es una institución jerárquica, por lo que los fiscales de los distintos niveles no gozan de la autonomía que tienen los jueces”.

“[...] Entonces, el fiscal Pérez, tenía y tiene una relación de dependencia respecto del fiscal Vela Barba, lo grave del doctor Vela Barba, aunque no habría participado en la sincronización con IDL ha dejado que esto ocurra y no solo ello, yo quiero precisar que los hechos que son materia de mi queja no sólo es la sincronización con IDL, existe otro hecho que es más grave. Estos segundos hechos a los que me refiero son los siguientes, inmediatamente después de concluida la actuación de mi testimonio, el fiscal Pérez, bajó las gradas de la sala Tribunal Constitucional y dio declaraciones a la prensa distorsionando lo que ya le había dicho, por ejemplo, yo le expliqué que reflexión democrática había apoyado a 24 candidatos al congreso en las elecciones del año 2011. Sin embargo, el fiscal Pérez, solo hizo referencia a los 8 candidatos del fujimorismo, esto fue grave por lo que le dio un carácter de partidista a Reflexión Democrática (...) Lo que hizo el fiscal Pérez es instrumentalizar la función fiscal con fines políticos. Vela Barba ha participado en ello con apenas menos apasionamiento”, consideró.

Sobre ello, la ANC precisó que, si bien la Ley de la Carrera Fiscal, Ley N° 30483, señala que la autonomía del Ministerio Público precia como uno de los deberes de los fiscales el de respetar y cumplir los reglamentos y directivas; dicha norma especifica que ello, “siempre y cuando sean de carácter general (artículo 22), pues también prescribe que uno de los derechos es la independencia en su desempeño funcional”.

“En consecuencia, no se advierte que el fiscal superior investigado Vela Barba haya incurrido en negligencia y resulta infundada la queja contra José Domingo Pérez”, sentencia la Autoridad Nacional de Control.

Mientras el Gobierno se prepara para implementar la polémica “Ley Antiforestal”, este martes el Tribunal Constitucional aceptó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la norma que facilitaría la deforestación, los delitos ambientales y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.

La decisión fue tomada por seis magistrados y se notificará al Congreso de la República para que emita su descargo en un plazo de 30 días, ya que este la aprobó en enero tras un breve debate de 10 minutos y sin consultar a los pueblos originarios.

Este es el segundo pedido de inconstitucionalidad presentado por el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao que busca revocar la norma; la primera fue interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín, el departamento con mayor deforestación por agricultura a gran escala.

¿Por qué aseguran que la ley tiene un impacto negativo?

De acuerdo al abogado en derecho ambiental, César Ipenza, la controversia respecto a la modificación de la Ley Forestal radica en los cambios que ahora permiten a las empresas o usuarios no estar obligados a cumplir con la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM).

Esto quiere decir que se autoriza legalizar tanto terrenos previamente deforestados como actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, lo que transforma el patrimonio nacional en propiedad privada.

Bajo esta línea, se han emitido diversos pronunciamientos, como el de la Unión Europea, indicando que la legislación peruana no cumple con sus nuevas normativas ambientales, las cuales prohíben la importación de productos agrícolas provenientes de tierras deforestadas.

Y, por otro lado, la del relator especial de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Calí Tzay, quien ha advertido que la norma podría incentivar el despojo en tierras indígenas, así como aumentar la violencia contra los defensores ambientales, postura con la que coincide el Colegio de Sociólogos del Perú, agregando que la modificación aprobada viola el derecho de las personas a un ambiente adecuado.

Ley incrementa vulnerabilidad de pueblos indígenas

En ese marco, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a más de 2.400 comunidades indígenas, ha expresado de manera reiterada su preocupación por el impacto negativo que la ley tendrá en los pueblos originarios, especialmente en aquellos en situación de aislamiento y contacto inicial, considerados los más vulnerables del planeta por depender solo de los recursos que hay en sus territorios.

Mientras que Juan Carlos Ruiz, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha compartido una perspectiva similar, ratificando que la ley representa un riesgo para el control adecuado de las actividades extractivas en la región amazónica.