El flamante presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Hernández Chávez, confirmó que las demandas de inconstitucionalidad anunciadas por el Ejecutivo serán resueltas con los nuevos criterios fijados sobre la potestad de iniciativa de gasto.

“Eso probablemente será parte de lo que ya en concreto analicemos a partir de las pautas que se señalan (en la sentencia que restableció la prohibición de iniciativa de gasto al Congreso)”, declaró Hernández en entrevista con RPP Noticias.

Como se recuerda, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori llevará al TC cuatro normas por considerar que generan un alto impacto fiscal. Estas son:

• La Ley 32581, que da pensión de S/3.500,70 a los maestros jubilados y cesantes
• La Ley 32563, que da gratificación y CTS para los trabajadores CAS
• La Ley 32424, de homologación del incentivo único CAFAE para trabajadores del régimen del decreto legislativo 276
• La Ley 32561, que modifica el régimen y cálculo de la pensión de militares y policías

No obstante, según precisó el presidente del Tribunal Constitucional en entrevista con Canal N, el Ejecutivo aún no ha presentado ninguna demanda. Solo hay una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de pensiones para maestros, pero esta fue planteada por el Colegio de Economistas del Perú.

“Entiendo por declaraciones públicas de los funcionarios involucrados que están pensando presentar cuatro demandas de inconstitucionalidad. Pero que yo tenga conocimiento, hasta el día de hoy, estas no han sido presentadas. Me imagino que estarán en pleno proceso de elaboración, qué sé yo. Si nos estamos refiriendo al tema de fondo, que es el tema de iniciativa de gasto, ya mereció una sentencia del Tribunal en la cual justamente se recurrió a la técnica de establecer pautas institucionales aclarando que el responsable de hacienda pública es el Ejecutivo”, apuntó.

En la misma entrevista con Canal N, Pedro Hernández precisó que el TC “no puede actuar de oficio ni las sentencias pueden simplemente tener una retroactividad”.

“Lo que habrá que esperar, en todo caso, es que si está todavía en el plazo legal para poder cuestionarlas, se interpongan las acciones correspondientes y el Tribunal analizará cada una de estas medidas. Digamos que lo que esa sentencia hizo fue establecer una línea macro general de manejo de esta problemática, y lo otro se verá caso por caso, si es que el proceso llegase al tribunal”, sostuvo.

Prohibición al Congreso

En entrevista con RPP, el presidente del TC precisó que, tras el cambio de criterio sobre la iniciativa de gasto, el Congreso no puede emitir leyes que tengan impacto en la hacienda.

“En principio, las pautas señalan de que eso no sería posible, porque a futuro, un tema como el que usted menciona tendría que pasar por los filtros que hemos puesto, con lo cual estoy seguro que también eso quedará en el camino. La pregunta es qué hacer con lo que ya se creó, ya esa es otra discusión, porque el Tribunal no puede ir de oficio”, declaró Pedro Hernández.

El fallo del TC

En julio de este año, antes del cambio de Gobierno, el Pleno del TC declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31232, norma que modificaba la Ley 30291 sobre la reubicación de la población de la Zona Baja del distrito de Belén, en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. El tribunal encontró que la ley transgredía los principios constitucionales presupuestarios —en especial el de equilibrio presupuestario—, la prohibición de iniciativa de gasto público y la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo para administrar la hacienda pública.

El Pleno estableció como criterio vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto y su competencia para administrar la hacienda pública. Precisó que los congresistas no tienen iniciativa de gasto que incida en el presupuesto anual ni que impacte hacia el futuro.

El colegiado estableció que los proyectos de ley de los congresistas que impliquen algún incremento en el gasto público deberán ser coordinados con el Poder Ejecutivo. Además, fijó requisitos de constitucionalidad de forma y de fondo que esas iniciativas excepcionales deberán cumplir. El TC calificó estas pautas como “una nueva regla respecto de los criterios jurisprudenciales previos”.

El Pleno determinó que los casos que se conozcan a partir de la publicación de la sentencia quedarán sujetos a estos criterios. También exhortó al Congreso de la República a regular el proceso legislativo conforme a estas pautas, y exhortó al Poder Ejecutivo a garantizar los derechos fundamentales de las personas que viven o vivían en la Zona Baja de Belén.

La sentencia fue firmada por los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich (ponente) y Pedro Hernández Chávez. Los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos singulares.

En la misma ceremonia, Luz Pacheco Zerga prestó juramento como vicepresidenta, mientras que el magistrado Francisco Morales Saravia asumió como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC). Los cambios se producen mientras el actual Pleno se encamina a una renovación parcial, pues los otros seis magistrados culminarán sus funciones en mayo de 2027.

Durante su discurso, Hernández sostuvo que asumir la presidencia representa un compromiso con la Constitución, la democracia y la protección de los derechos fundamentales. También planteó como uno de los objetivos de su gestión reducir de manera sustantiva la carga procesal para ofrecer una justicia constitucional más rápida y oportuna.

Pedro Hernández asume la presidencia del Tribunal Constitucional

Hernández Chávez integra el Tribunal Constitucional desde diciembre de 2023, cuando fue elegido por el Congreso con 103 votos a favor para reemplazar al fallecido magistrado Augusto Ferrero Costa. Su designación permitió completar el pleno de siete integrantes del máximo órgano de justicia constitucional.

El nuevo titular del TC es, además, el último magistrado elegido por el Congreso que culminó funciones en el periodo anterior. Los otros seis integrantes del actual Pleno tienen previsto dejar sus cargos en mayo de 2027, por lo que su presidencia estará marcada por un proceso de renovación de la institución.

Durante su intervención, Hernández afirmó que presidir el colegiado representa una “alta distinción institucional”, pero también un compromiso con la Constitución como marco de convivencia. Señaló que el TC debe actuar con independencia, prudencia y rigor jurídico, además de mantener a la persona y su dignidad como centro de sus decisiones.

“Desde esta presidencia reafirmo mi compromiso de promover un Tribunal Constitucional cercano a la ciudadanía, transparente en su labor y firme en la defensa de la Constitución”, expresó el magistrado. También sostuvo que la autoridad del organismo debe sustentarse en la solidez de sus argumentos y en la fidelidad al texto constitucional.

Hernández y sus decisiones en los casos de Vladimir Cerrón

Uno de los principales antecedentes de Pedro Hernández como magistrado está relacionado con los procesos constitucionales presentados a favor de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Durante este año, tuvo a su cargo la ponencia del hábeas corpus que cuestionó las decisiones judiciales sobre la prisión preventiva del exgobernador regional de Junín.

El caso correspondió al Expediente N.° 00117-2026-PHC/TC. En julio, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y ordenó al órgano jurisdiccional competente emitir un nuevo pronunciamiento, al considerar que las resoluciones que rechazaron modificar la prisión preventiva vulneraron el derecho a la debida motivación, vinculado con la libertad personal.

Hernández respaldó esa decisión junto con otros tres magistrados, mientras que Luz Pacheco Zerga emitió un voto singular. El fallo generó atención debido a que Cerrón permanece investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

El nuevo presidente del TC también votó a favor de los tres hábeas corpus presentados por Cerrón que fueron resueltos por el organismo constitucional. Estos antecedentes forman parte de las decisiones que marcaron su participación en el Pleno antes de asumir la conducción del Tribunal.

Luz Pacheco asume la vicepresidencia y Morales Saravia pasa al CEC

Con la juramentación de este viernes, Luz Pacheco Zerga asumió nuevamente la vicepresidencia del Tribunal Constitucional. La magistrada ya ocupó la presidencia del organismo entre 2024 y 2026, periodo en el que reemplazó precisamente a Francisco Morales Saravia.

Pacheco cuenta con una trayectoria vinculada al derecho constitucional, los derechos fundamentales y la justicia constitucional. Desde su posición como magistrada también participó en actividades académicas y jornadas relacionadas con la protección de derechos de personas privadas de libertad.

Por su parte, Francisco Morales Saravia dejó la presidencia del TC y asumió como director general del Centro de Estudios Constitucionales. El magistrado integra el Tribunal desde 2022 y anteriormente condujo la institución durante el periodo 2022-2024.

Al finalizar su discurso, Hernández agradeció la confianza de sus colegas y afirmó que asumirá el cargo con “serenidad, firmeza y esperanza”. Entre sus principales objetivos mencionó reducir la carga procesal, fortalecer la predictibilidad de las decisiones y acercar la justicia constitucional a los ciudadanos.

Hernández Chávez integra el Tribunal Constitucional desde diciembre de 2023, cuando fue elegido por el Congreso con 103 votos a favor para reemplazar al fallecido magistrado Augusto Ferrero Costa. Con su incorporación se completó entonces el pleno de siete integrantes del máximo órgano de justicia constitucional.

Las nuevas autoridades juramentarán sus cargos el viernes 4 de setiembre a las 10 de la mañana, durante una ceremonia que se realizará en la sede del Tribunal Constitucional, en San Isidro.

Pedro Hernández asumirá la conducción del TC

El nuevo presidente del TC, Pedro Hernández Chávez, integra el organismo desde diciembre de 2023, cuando fue elegido por el Congreso con 103 votos. Antes de asumir como magistrado, desarrolló labores vinculadas al ámbito jurídico y académico, además de desempeñarse como asesor en instituciones públicas. Desde su incorporación al Tribunal ha participado en diversas decisiones de sus salas y del Pleno.

Uno de los casos más relevantes en los que intervino durante este año fue el hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón. Hernández Chávez fue el magistrado ponente del expediente, en el que se cuestionó la decisión del Poder Judicial de mantener la prisión preventiva del líder de Perú Libre, investigado por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

El Pleno del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de Vladimir Cerrón al considerar que las resoluciones que rechazaron variar su prisión preventiva vulneraron el derecho a la debida motivación, vinculado con la libertad personal. La sentencia, correspondiente al Expediente N.° 00117-2026-PHC/TC y emitida en julio de 2026, ordenó al órgano jurisdiccional competente emitir un nuevo pronunciamiento. La decisión fue respaldada por Pedro Hernández Chávez y otros tres magistrados, mientras que Luz Pacheco Zerga emitió un voto singular.

Luz Pacheco será vicepresidenta

Pacheco Zerga ya ocupó anteriormente la vicepresidencia del Tribunal Constitucional. En setiembre de 2024 fue elegida presidenta para el periodo 2024-2026, en reemplazo de Francisco Morales Saravia, quien ahora pasará a dirigir el Centro de Estudios Constitucionales.

Durante su trayectoria como magistrada, Pacheco ha participado en actividades relacionadas con derechos fundamentales y justicia constitucional. También ha intervenido en jornadas académicas y en actividades vinculadas con la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otros asuntos abordados desde el TC.

Morales Saravia dirigirá el Centro de Estudios Constitucionales

Por su parte, Francisco Morales Saravia dejará la conducción del Tribunal para asumir como director general del Centro de Estudios Constitucionales. El magistrado fue elegido integrante del TC en 2022 y posteriormente presidió la institución durante el periodo 2022-2024.

Morales Saravia mantiene además una trayectoria vinculada al derecho constitucional y a la propia institución. En los últimos años ha participado en actividades académicas nacionales e internacionales sobre justicia constitucional, derechos fundamentales e independencia de los tribunales constitucionales. En agosto de este año, por ejemplo, expuso sobre casos emblemáticos del TC en una actividad académica desarrollada en Arequipa.

El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de habeas corpus con la que Lupe Zevallos, exejecutiva de la desaparecida aerolínea Aerocontinente y hermana del narcotraficante Fernando Zevallos ‘Lunarejo’, buscaba anular su condena de 25 años de prisión por lavado de activos.

Así lo decidió la Sala Segunda del TC al declarar improcedente en un extremo e infundada en otro la demanda de Zevallos, quien fue capturada en marzo de este año tras más de 7 años en la clandestinidad. Votaron por desestimar el habeas corpus los magistrados César Ochoa, Helder Domínguez y Pedro Hernández. Este último fue convocado para dirimir la discordia que generó el voto del tribuno Gustavo Gutiérrez, quien consideró que la demanda tenía que declararse fundada.

Como se recuerda, Lupe Zevallos estuvo prófuga de la justicia desde 2019, cuando huyó de la sala de audiencias minutos antes de que el Colegiado E de la exSala Penal Nacional la condenara en primera instancia. A pesar de los años, aún hay dudas sobre cómo logró pasar a la clandestinidad.

Según la propia versión de la hermana de ‘Lunarejo’, acudió al Poder Judicial e ingresó a la sala de audiencias, pero luego se retiró al sentirse mal de salud. Por su parte, la exprocuradora antidrogas Sonia Medina afirma que Zevallos pidió permiso a los jueces superiores Emma Benavides, Pablo Ilave y Emperatriz Pérez para salir de la sala, pedido al que supuestamente accedieron.

No obstante, luego, a través de un comunicado, el Colegiado E de la exSala Penal Nacional negó esta última versión: aseguró que Lupe Zevallos nunca estuvo presente en la lectura de la sentencia y afirmó que fue su hermana Milagros Zevallos quien solicitó ir a los servicios para luego regresar a la diligencia.

A pesar de que aseguró que se entregaría a la justicia, nunca lo hizo. Al año siguiente de su fuga, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la sentencia. No sería hasta 2026, seis años después de su paso a la clandestinidad, que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público dieron con ella en un inmueble de San Borja.

La demanda fallida

El principal cuestionamiento por el que la defensa de Lupe Zevallos buscó la nulidad de su condena de 25 años de prisión por lavado de activos fue el aparente uso indebido, como prueba trasladada, de la sentencia —dictada en otro expediente— que condenó a Fernando Zevallos por tráfico ilícito de drogas.

La defensa de la hermana de ‘Lunarejo’ argumentó que su uso violó el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales, que restringe la prueba traslada únicamente a procesos contra integrantes de organizaciones criminales. Y resulta que ella, así como ‘Lunarejo’, fueron absueltos de este delito.

Incluso, dijo la defensa, la propia Fiscalía Suprema, cuando el caso estaba en la Corte Suprema, opinó por la nulidad de la condena por ese mismo motivo.

La Sala Segunda del TC, en su sentencia, rechazó esos argumentos. La mayoría determinó que el uso de la prueba trasladada es ajeno al habeas corpus, sumado a que la defensa no acreditó haber formulado oposición a la prueba trasladada en el momento procesal oportuno, lo que, dicen, impide alegar indefensión.

La demanda de Lupe Zevallos también denunció supuestas contradicciones entre la conducta imputada por la Fiscalía (“haber ordenado” crear un pasivo falso de más de S/ 88 millones) y aquella por la que se le condenó en primera instancia (“haber creado”). Esto, afirmaron, no tuvo respuesta de la Corte Suprema.

Sin embargo, estos extremos de la demanda también fueron desestimados. Los tribunos dijeron que los cuestionamientos sobre valoración de pruebas y legalidad son ajenos al habeas corpus.

El Colegio de Economistas de Lima (CEL) presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32581, que fija las pensiones de los docentes jubilados y cesantes en un monto equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente en 3.500 soles mensuales.

En el documento al que accedió Infobae, el gremio exige al TC que se expulse la norma del ordenamiento jurídico y se exhorte al Congreso a que emita una norma “que atienda la problemática pensionaria de forma integral con pleno respeto a los principios de sostenibilidad financiera del sistema previsional, con base en estudios actuariales rigurosos y dentro del marco constitucional vigente, garantizando que toda mejora pensionaria se financie de manera sostenible y equitativa para el conjunto de la población”.

Como se recuerda, el 15 de abril de 2026, el Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley 32581, lo que implicó desestimar las observaciones técnicas formuladas por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas. El CEL, representado por su Decano José Manuel Mesía Herrera, sostiene que esa aprobación por insistencia no subsana los vicios de origen de la norma.

Prohibición de iniciativa de gasto

Dentro de los fundamentos de la demanda de inconstitucionalidad, el gremio advierte que la ley de aumento de pensiones a maestros vulnera el artículo 79 de la Constitución que establece que los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa de gasto.

Si bien el actual TC abrió la puerta para que los congresistas sí puedan emitir leyes con impacto en el presupuesto del año siguiente, un reciente fallo cerró dicha posibilidad. Se trata de la sentencia 00018-2023-PI/TC, donde se “reafirmó la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de política presupuestal y estableció que la separación de poderes exige respetar las competencias constitucionalmente asignadas a cada órgano del Estado”. En otras palabras, restableció la prohibición de generar gasto público a los parlamentarios, incluso así sea a las finanzas del próximo año.

El Colegio de Economistas invoca este precedente en su demanda de inconstitucionalidad. “El Tribunal precisó (en dicha sentencia) que las leyes que alteran la cadena de pagos del Estado vulneran el artículo 79 cuando no cuentan con el respaldo del Ejecutivo”, se lee.

De acuerdo con la demanda, la Ley 32581 crea una obligación fiscal permanente de al menos 5.670 soles millones anuales sin identificar fuente de financiamiento alguna, lo que, advierten, configura una violación directa a ese precepto constitucional.

El gremio alerta que el gasto podría incrementarse a 18.837 millones de soles anuales si es que otros pensionistas del SNP, no solo los maestros jubilados, piden por igualdad el mismo tratamiento que los docentes.

Más argumentos

El Colegio de Economistas de Lima también advierte que la norma vulnera la prohibición constitucional de nivelar pensiones con remuneraciones de activos, así como el derecho a la igualdad. Esto último porque, dicen, otorga a los docentes jubilados inscritos en el Sistema Nacional de Pensiones una pensión casi cuatro veces superior a la del resto de afiliados del mismo sistema sin justificación objetiva

El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de habeas corpus con la que Willy Huerta, exministro del Interior del gobierno de Pedro Castillo, intentó anular las actuaciones fiscales y judiciales que lo llevaron a ser juzgado y condenado por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Huerta Olivas buscaba que se declaren nulas la disposición de formalización de investigación preparatoria por el delito de rebelión, la acusación y el auto de enjuiciamiento que lo envió a juicio oral con un pedido de pena de 25 años de prisión.

El argumento central de la demanda era que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le atribuyó hechos distintos y adicionales a los definidos en la denuncia constitucional aprobada por el Congreso.

No obstante, el TC rechaza la demanda por un aspecto procesal. Y es que cuando el exministro del Interior interpuso la demanda, en julio de 2024, aún tenía la condición de procesado, pero para la fecha en que el máximo intérprete resolvió ya estaba condenado en primera instancia. Como se recuerda, el 4 de diciembre de 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de la libertad por el delito de conspiración para la rebelión, cuya ejecución se suspendió hasta que la Sala Penal Suprema resuelva la apelación.

“Por tanto, no resulta posible emitir pronunciamiento de fondo mediante el presente proceso de habeas corpus respecto a la disposición fiscal, al requerimiento acusatorio y su subsanación, y el auto de enjuiciamiento, puesto que contra el recurrente se ha emitido sentencia en primera instancia”, se lee. El tribunal precisó que esa condena podría ser objeto de una demanda de habeas corpus, siempre y cuando quede firme.

Asimismo, el TC sostiene que Willy Huerta puede invocar los mismos cuestionamientos de su demanda de habeas corpus en sus argumentos de apelación ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Huerta Olivas se desempeñó como ministro del Interior entre julio y diciembre de 2022. Según las investigaciones del Ministerio Público, el 7 de diciembre de ese año fue el intermediario entre Castillo y el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro, para ordenar el cierre del Congreso y la intervención del Ministerio Público. El excomandante declaró haber recibido una llamada del exministro desde Palacio de Gobierno, tras la cual el propio Castillo le dio la orden directamente.

PJ verá admisión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fijó el 23 de septiembre de 2026 para calificar el recurso de apelación del expresidente Pedro Castillo contra la sentencia que lo condena a 11 años y 5 meses de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En esa audiencia, los jueces supremos determinarán si las apelaciones de Castillo y de los exministros Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta fueron bien concedidas. El tribunal también evaluará el recurso del Ministerio Público contra la absolución del general Manuel Lozada Morales, sobre quien pesa un pedido de 11 años y 5 meses de prisión efectiva.

El Tribunal Constitucional declaró prescrita la condena de 4 años de prisión efectiva por homicidio culposo que se le impuso al empresario Alan Azizollahoff, dueño de la discoteca Utopía donde murieron 29 jóvenes producto de un incendio en julio de 2002.

Azizollahoff fue condenado por no haber implementado medidas de seguridad en la discoteca, lo que produja la muerte de un grupo de personas en el interior del local que se encontraba en el Jockey Plaza.

Pese a que la condena quedó firme en 2015, el empresario nunca pisó una cárcel peruana ya que huyó del país. Primero a Estados Unidos y luego Sudáfrica, país al que Perú solicitó formalmente la extradición en 2020 a fin de que sea ingresado a un centro penitenciario y cumpla su pena de 4 años.

No obstante, en 2022, la defensa de Azizollahoff inició los trámites para que se declare prescrita la pena. En el Poder Judicial no le dieron la razón, por lo que acudió a la justicia constitucional.

La prescripción de la pena se declara cuando transcurre un plazo equivalente al máximo de la pena del delito por el que una persona es sentenciado sin que el Estado haya logrado capturarlo o sin que el plazo se haya interrumpido por la comisión de un nuevo delito.

En su sentencia, el TC reafirma que, a diferencia de la prescripción de la acción penal, la prescripción de la pena no contempla otra causal para su suspensión, tal como sí consideraron en el Poder Judicial.

Debido a que el homicidio culposo tenía, al momento de la tragedia en la discoteca Utopía, una pena máxima de 6 años, el plazo de la prescripción de la pena era igualmente de 6 años. El punto de inicio del computo es el día en el que la condena quedó firme: el 11 de mayo de 2015. A la fecha, ya transcurrieron más de 11 años.

“En consecuencia, dado que la pena máxima prevista para el citado delito es de 6 años de pena privativa de la libertad, el plazo de prescripción de la pena es de 6 años; y, desde la fecha en que la sentencia condenatoria quedó firme el 11 de mayo de 2015, a la fecha de interposición de la demanda, dicho plazo ya ha transcurrido por lo que corresponde estimar la demanda”, se lee en la sentencia del TC.

Así, el máximo interpréte declara, en la práctica, prescrita la pena de Alan Azizollahoff y anula las resoluciones judiciales que rechazaron su pedido de prescripción de pena. “En consecuencia, debe restituirse la libertad de tránsito del favorecido y dejarse sin efecto todas las órdenes de captura que se hayan emitido en su contra, tanto a nivel nacional como internacional”, resolvió el TC.

Suscriben la sentencia el presidente del TC, Helder Domínguez Haro, y los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Solo el tribuno Manuel Monteagudo Valdez emitió un voto por declarar infundada la demanda de Azizollahoff.

Según pudo conocer Infobae, Azizollahoff aún tiene un juicio pendiente en nuestro país por el delito de defraudación tributaria.

El Grupo 5 suma una nueva derrota en su larga batalla contra su exintegrante Luis Antonio Sosaya Cueva, conocido como ‘Toño’ Sosaya. No obstante, esta es la final. El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de la agrupación con la que buscaba reabrir el caso en el Poder Judicial, en busca de no tener que pagar más de 600 mil soles al cantante.

La orquesta buscaba que se declare nula la resolución de la Corte Suprema que en 2023 declaró improcedente su recurso de casación, con lo que se cerró el proceso laboral que inició Sosaya en 2010, luego de ser despedido arbitrariamente.

Al no haber podido ganar en la vía ordinaria laboral, el Grupo 5 interpuso una demanda de amparo, pero esta fue rechazada en doble instancia judicial y ahora por el propio TC.

De acuerdo a la sentencia del máximo intérprete de la Constitución, la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria hizo bien al declarar improcedente la casación de la agrupación en 2023 porque lo que en verdad se buscaba era un reexamen de las pruebas valoradas en primera y segunda instancia, cuando una casación es eminentemente formal. Es decir, solo procede cuando se advierte una indebida aplicación, inaplicación o interpretación de una norma.

“En tal sentido, corresponde desestimar la presente demanda, al no advertirse la vulneración de los derechos fundamentales invocados”, se lee en el documento.

Con el pronunciamiento del TC, se acaba definitivamente la batalla de Toño Sosaya contra el Grupo 5. Este último, a lo mucho, podría dilatar el pago como lo ha venido haciendo desde 2023, año en el que la sentencia quedó firme y se le requirió cancelar el monto en un plazo máximo de 10 días. Si la agrupación sigue con esa conducta, el Juzgado ordenará la ejecución forzosa del pago, que podría incluir el embargo de las cuentas bancarias de la empresa.

El monto total que el Grupo 5 debe abonar a Sosaya asciende, exactamente, a 619.574 soles (425.549 de indemnización + 194.025 de intereses legales).

La indemnización de Toño Sosaya

Según el expediente judicial al que accedió Infobae, El Poder Judicial ordenó que el Grupo 5 pague a favor de Toño Sosaya la suma neta definitiva de 425.549 soles por concepto de beneficios sociales e indemnización.

1. Indemnización por despido arbitrario: Se le asignó un total de 108 mil soles. Este cálculo se realizó considerando una remuneración 13.500 soles por los 7 años y 5 meses de servicios prestados.
2. Gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad: Se determinó un monto de 133-500 soles acumulado por todo el tiempo laborado conforme.
3. Vacaciones no gozadas y truncas: Se dispuso el pago de 120.750 soles.
4. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Se ordenó depositar 77.875 soles.

La suma bruta de estos beneficios ascendía a 440.125 soles. Sin embargo, se le restó 14.575 soles por pagos que el Grupo 5 logró probar durante el proceso. La Sala desestimó y declaró infundados los reclamos de Sosaya sobre horas nocturnas, feriados no laborables, asignación familiar y participación en las utilidades de la empresa.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial que presentó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber rechazado convocar “elecciones complementarias” ante las fallas logísticas ocurridas durante la primera vuelta del domingo 12 de abril en algunos distritos de la capital.

Como se recuerda, Reggiardo, siguiendo la narrativa fraudista de Rafael López Aliaga, utilizó la MML para exigir “elecciones complementarias” ante el TC, alegando un supuesto conflicto de competencias. Según la demanda, el hecho de que el JNE desestimó el planteamiento, generó manifestaciones en la capital, que es competencia de la MML. “Las deficiencias no corregidas en el proceso electoral generaron concentración desordenada de personas, alteración del tránsito urbano y riesgos para la seguridad ciudadana en espacios públicos, incluyendo el Centro Histórico”, dijo la comuna en su escrito.

El TC, por mayoría, admite la demanda porque supuestamente el tribunal electoral “ha incidido en sus competencias previstas en la Constitución Política y su Ley Orgánica vinculadas al ámbito de la seguridad, tránsito, conservación de infraestructura, turismo y protección del Centro Histórico”.

Sin embargo, al evaluar el pedido de medida cautelar, los tribunos afirman que “no se advierte la incidencia inmediata y grave del acto materia de controversia en el ámbito competencial de la Municipalidad”. Sostienen que, a primera vista, en el acuerdo del JNE –que rechaza “elecciones complementarias”– “no se aprecia alguna vinculación directa con el marco de competencias de la MML”. Se trata de “medidas adoptadas por el JNE a efectos de garantizar la continuidad del proceso electoral iniciado el 12 de abril de 2026″.

Así lo consideraron el presidente del TC, Helder Domínguez Haro, y los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, con cuyos votos se admite la demanda y se rechaza la medida cautelar.

Votos en contra

Los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos singulares declarando improcedente la demanda competencial y la medida cautelar solicitada por la MML.

En su voto, Pacheco asevera que “la posibilidad de realización de manifestaciones públicas (“conflictividad urbana”, le llama la demandante) como consecuencia de un acto, decisión o norma de los poderes públicos, no configura, por sí misma, la admisibilidad de la demanda competencial ni la existencia de un ejercicio inconstitucional de las atribuciones del órgano estatal emisor".

La expresidenta del TC advierte que, de lo contrario, bastaría con que un sector disconforme con una decisión de una entidad convoque marchas para que la municipalidad respectiva crea que está en condiciones de interponer una demanda competencial. “En mi opinión, la decisión adoptada por el JNE no se refiere, de modo directo e inmediato, a ninguna de las atribuciones reconocidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima por la Constitución o la LOM glosadas”, expresó.

Luz Pacheco deja constancia que a esa misma conclusión ha arribado la mayoría del TC.

Por su parte, el magistrado Monteagudo usa argumentos similares a los de Pacheco para votar por la improcedencia de la demanda competencial de la MML.

El presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, se pronunció ante el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, respecto a que el Gobierno de Keiko Fujimori demandará la inconstitucionalidad de cuatro leyes con alto impacto fiscal.

Tras ser distinguido con el grado de doctor honoris causa por la Universidad María Auxiliadora, Domínguez Haro indicó que toda norma dada por el Parlamento tiene presunción de constitucionalidad. Es decir, se asume que esta es válida y respeta la Constitución hasta que se demuestre lo contrario. El órgano encargado de determinar ello es precisamente el TC.

“Ese grupo de leyes aprobadas por el Congreso anterior tienen la presunción de constitucionalidad. En consecuencia, si es que estas leyes se dieron en contra o vulnerando la Constitución, todo ciudadano, a través de los colegios profesionales o algún titular del poder del Estado, puede cuestionarlas a través de la demanda de inconstitucionalidad. Y en consecuencia, nosotros, en su momento, vamos a revisar, analizar y examinar estas leyes para ver su validez o no”, declaró.

El ministro Elmer Cuba reveló que el Ejecutivo planea llevar cuatro normas al TC. Estas son:

• La Ley 32581, que da pensión de S/3.500,70 a los maestros jubilados y cesantes
• La Ley 32563, que da gratificación y CTS para los trabajadores CAS
• La Ley 32424, de homologación del incentivo único CAFAE para trabajadores del régimen del decreto legislativo 276
• La Ley 32561, que modifica el régimen y cálculo de la pensión de militares y policías

El presidente del TC precisó que el Gobierno aún no ha ingresado las respectivas demandas de inconstitucionalidad. Una vez que ello ocurra, el Pleno del Tribunal deberá sesionar para corroborar que se cumplan los requisitos para que sea admitida a trámite.

Luego se notificará al Parlamento para que responda la demanda. Entonces se convocará a audiencia pública para que ambas partes expresen sus posiciones. Ahí los tribunos podrán formular preguntas o precisiones a los abogados. Finalmente, el Pleno del TC deberá sesionar para tomar una decisión.

En el caso de los procesos de inconstitucionalidad, se requieren 5 votos para declarar fundada una demanda.

TC quitó iniciativa de gasto al Congreso

El Tribunal Constitucional revirtió, el 10 de julio de 2026, un criterio que desde octubre de 2022 permitía al Congreso aprobar leyes con impacto en el gasto público sin la participación del Ejecutivo. El fallo, aprobado por mayoría del Pleno, estableció como criterio interpretativo vinculante que la iniciativa de gasto es, por regla general, una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

La sentencia, recaída en el expediente 00018-2023-PI/TC, declaró fundada una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Ejecutivo contra la Ley 31232, que modificaba normas sobre la reubicación de pobladores del distrito de Belén, en Loreto. Una de las disposiciones de dicha norma implicaba una asignación anual de partidas presupuestales para la reubicación.

Entonces, el TC determinó que los congresistas no tienen iniciativa de gasto que incida en el presupuesto anual ni en ejercicios futuros. Solo de manera excepcional —y siempre con coordinación obligatoria con el MEF— podrán tramitarse iniciativas que atiendan necesidades sociales básicas. El fallo llegó dos semanas antes de la investidura de Keiko Fujimori.

En su primera entrevista tras su liberación, Humala se mostró conforme con el fallo del TC, que determinó que los hechos que se le imputaron —presuntos aportes irregulares a sus campañas de 2006 y 2011— no podían tipificarse bajo el delito de lavado de activos con la legislación vigente en ese momento. La figura penal aplicada (recepctación patrimonial) fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano recién en 2016. No obstante, el exmandatario consideró que la decisión del máximo intérprete de la Constitución tiene un “tufillo a ley de amnistía” y que no puede permitir “que esto quede así impune”.

“Creo que debo denunciar al Estado y a todos estos pícaros y bribones que han actuado de esta manera, porque también eso implica el reconocimiento de que acá actuaron mal. Yo no puedo permitir que esto quede así impune, porque yo leo la sentencia del TC y me parece bien. Pero siento como un tufillo a ley de amnistía. O sea, (es como): ‘Hasta aquí llegamos. Ya, chao, buenas noches. Muchas gracias’. No, acá no hay ley de amnistía. Acá voy hasta las últimas consecuencias, porque el Estado me tiene que pedir disculpas. A mí y a mi familia”, aseveró en entrevista con Rosa María Palacios.

“Mi familia es una diáspora”

El expresidente Ollanta Humala reconoció que evalúa si litigar contra el Estado, aunque admitió una tensión personal ante esa posibilidad. “Toda mi vida he trabajado para el Estado, le tengo cariño, me identifico con él. No he trabajado para el privado”, señaló.

Aun así, manifestó su indignación por los que considera atropellos contra su persona y su familia. “A mí me han metido preso más de dos años al final. Ese tiempo no me lo van a devolver. A mi esposa, a la familia de mi esposa, a mis hijos, he tenido que sacarlos del país. O sea, hoy día mi familia es una diáspora”, apuntó.

En efecto, la esposa de Humala, la exprimera dama Nadine Heredia, fue procesada junto a el exmandatario por los supuestos aportes ilegales del gobierno venezolano y empresas brasileñas a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011. Heredia fue condenada a 15 años de prisión por lavado de activos; sin embargo, no acudió a la lectura del adelanto de fallo, sino que, antes de la audiencia, ingresó a la Embajada de Brasil que luego le concedió asilo diplomático.

Tras recibir el salvoconducto, Heredia y el menor de sus hijos con Ollanta Humala salieron del Perú rumbo a Brasil, donde permanecen.

Producto del proceso penal, la Justicia también dictó medidas contras las propiedades de la familia Humala Heredia, así como restricciones a la libertad y actividades laborales.

David León, abogado de Heredia, dijo a Canal N que ya se presentó el escrito a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que reanudará este miércoles 5 de agosto la audiencia donde se evalúa la apelación contra su condena de 15 años de prisión. “El día de mañana a las tres de la tarde tenemos audiencia donde se dará cuenta de nuestro pedido y confiamos de que la sala va a extender los efectos”, afirmó.

El letrado recordó que ya existe un precedente emitido justamente por la Sala de Apelaciones a cargo del caso de los aportes al Partido Nacionalista a las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Recordó que, en el caso Cócteles, el mismo colegiado extendió los efectos del fallo del TC que anuló el proceso contra Keiko Fujimori, a todos los procesados involucrados en los mismos hechos, aun cuando la sentencia constitucional solo mencionaba a la hoy presidenta.

“Si los demás procesados están en la misma situación y el hecho es el mismo, pues corresponde extenderse”, dijo la defensa, que sostiene que la imputación contra Nadine Heredia es idéntica a la de su esposo Ollanta Humala.

El abogado apeló además al principio de igualdad ante la ley: “No puede ser que para uno sea delito y para el otro no sea delito. En el Perú eso no puede existir”. Mencionó que este criterio ya benefició a otros procesados en casos similares: “El lavado de activos no fue delito en el año 2006 y 2011, ni para Fuerza Popular, ni para el caso de Susana de la Puente, ni para el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. No es delito para nadie”

El asilo de Nadine Heredia

Sobre la situación de Heredia en Brasil, León rechazó que su condición de asilada equivalga a una fuga de la justicia. “La señora Nadine Heredia no es que está prófuga de la justicia. La justicia sabe dónde está, todos lo saben, que está en Brasil. Lo que pasa es que ella está en un estatus jurídico de derecho internacional”, explicó el letrado, en referencia a la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático.

León también descartó que la decisión de asilarse haya sido voluntaria: “No es que ella haya tomado una decisión voluntaria de radicar en Brasil, no es que ella cogió unas maletas y se fue de vacaciones. Los atropellos judiciales, las ilegalidades y las irregularidades que se estaban cometiendo en su contra la obligaron a hacer este pedido de asilo”.

De resolverse favorablemente el pedido, quedarían sin efecto la condena y cualquier orden de captura vinculada al proceso de lavado de activos, lo que abriría la puerta al regreso de Heredia al país sin consecuencias penales derivadas de ese caso. Sobre su intención de volver, León fue directo: “El Perú es su país, es su patria, acá están sus raíces, es su familia y la intención de volver está totalmente presente”. La sala tiene la facultad de resolver en el acto o de posponer la decisión hasta una semana.

Antonia Alarcón Cubas e Ilan Heredia Alarcón, madre y hermano de la exprimera dama Nadine Heredia, respectivamente, solicitaron al Poder Judicial la extensión a su favor de los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la condena contra el expresidente Ollanta Humala.

A través de escritos a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacionales, los familiares de Nadine Heredia alegan que las imputaciones formuladas en su contra y la formulada contra Humala Tasso comparten “identidad de fuente y el mismo núcleo fáctico”.

Antonia Alarcón e Ilan Heredia también mencionan, según pudo conocer Infobae, que la Sala Penal extendió los efectos de la sentencia del TC en el caso de Keiko Fujimori a favor de todos los demás procesados en el caso Cócteles.

No obstante, los jueces superiores penales respondieron que los pedidos de los familiares de la exprimera dama no es automático, sino que se le debe dar un plazo a la Fiscalía y a la Procuraduría para que den su opinión. Esto debido a que los hoy condenados no son mencionados en la sentencia del Tribunal Constitucional.

Cabe precisar que Ilan Heredia se encuentra prófugo de la justicia desde abril de 2025 cuando fue condenado a 12 años de prisión efectiva, mientras que Antonia Alarcón, si bien también fue condenada, la pena fue de prisión suspendida.

Las condenas

Ilan Heredia Alarcón fue condenado a doce años de prisión efectiva como coautor del delito de lavado de activos agravado por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. El Juzgado Penal Colegiado determinó que participó de manera central en el manejo y conversión de fondos de origen ilícito destinados a financiar las campañas presidenciales de Ollanta Humala en 2006 y 2011.

En la campaña de 2006, el dinero provenía del gobierno de Hugo Chávez a través de la empresa venezolana Kaysamak y otras vías. En tanto, en la de 2011, los recursos llegaron desde la denominada Caja 2 de Odebrecht. Ilan actuó como tesorero formal en la alianza de 2006 y como tesorero de facto en 2011, coordinando junto a Ollanta Humala y Nadine Heredia un supuesto esquema para dar apariencia de legalidad a esos activos.

El colegiado dio por acreditado que custodiaba y distribuía dinero en efectivo, que testigos vieron mochilas con fajos de dólares en su oficina, que utilizó aportantes falsos en las rendiciones ante la ONPE, que empleó contratos ficticios y empresas instrumentales como Todo Graph, de la cual fue gerente, y que realizó depósitos millonarios a cuentas del Partido Nacionalista para dificultar la identificación del origen ilícito de los fondos.

Por su parte, Antonia Alarcón Cubas fue condenada a cinco años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de cuatro años, sujeta a reglas de conducta, en calidad de cómplice primaria del mismo delito. El juzgado estableció que su intervención se centró principalmente en la campaña de 2006, al recibir en sus cuentas bancarias transferencias provenientes de la empresa venezolana Kaysamak.

Esas sumas, identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron luego habría sido retiradas o transferidas hacia cuentas vinculadas a Nadine Heredia.

La resolución dispuso la liberación inmediata del exmandatario y la cancelación de la prisión preventiva. El fallo del TC, adoptado por mayoría, reconoció la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad en el caso. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue notificado para proceder con la excarcelación bajo responsabilidad directa.

Primeras declaraciones

Tras más de un año en reclusión, el expresidente aprovechó la presencia de la prensa en los exteriores del penal de Barbadillo para brindar sus primeras declaraciones en libertad.

De ese modo, responsabilizó al sistema de justicia peruano de “secuestrarlo” y de provocar que su esposa, Nadine Heredia, y sus hijos, buscasen asilo en otros países. Asimismo, volvió a negar que desde Brasil o Venezuela se haya aportado a su campaña política.

“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. El 15 de abril del 2025 fui secuestrado por el Estado y, después, los sicarios del sistema judicial de ese momento, regularizaron una situación ilegal”, dijo con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos ante los medios de comunicación.

“Jamás hemos cometido delito alguno. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil. Pero no bastaba eso. Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de Gobierno, por nuestra ideología política, y han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y tenido que sacar a mis hijos del país. Hoy día estoy denunciando que hemos sido perseguidos hasta el punto de haberme detenido en una prisión. Y tiene que haber justicia para esta situación”, continuó.

Celebran liberación

En los exteriores del penal, decenas de simpatizantes aguardaron la salida del expresidente con pancartas y mensajes de apoyo. “Finalmente se ha hecho justicia”, dijo a su vez su abogado Wilfredo Pedraza.

Pedraza explicó que Humala considera este resultado como un paso importante y expresó su confianza en que la liberación se concretara en el plazo previsto por las autoridades.

La defensa precisó que, tras la excarcelación, se enfocarán en lograr la anulación total del proceso judicial. “Él tiene la satisfacción de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Hay que lograr la libertad, luego la anulación del proceso y ya se verá en el camino”, declaró Pedraza a Exitosa.

¿Nadie Heredia regresa al Perú?

Según confirmó Pedraza, el regreso de la exprimera dama solo sería viable si el proceso penal en su contra concluye con el archivo definitivo.

“Obviamente, ella vendrá cuando el caso se archive en favor de ella, antes lo dudo”, declaró, a la vez que detalló que la decisión de Heredia se mantiene firme mientras persista la orden de asilo político en la República Federativa del Brasil. El letrado indicó que una eventual vuelta al país implicaría la renuncia expresa a ese estatus.

“Si ella retorna, eso significa que renuncia a su asilo, pero es un asunto que lo definirá privadamente con el presidente Humala”, sostuvo el abogado. La defensa también anunció que solicitará al órgano jurisdiccional la extensión de los efectos del reciente fallo a favor de Heredia, aunque precisó que la resolución del Tribunal Constitucional no aplica automáticamente a todos los procesados.

La reciente excarcelación del expresidente Ollanta Humala reactivó la interrogante sobre el futuro legal de exprimera dama Nadine Heredia y la posibilidad de su retorno al Perú.

Según confirmó el abogado Wilfredo Pedraza, representante legal de Humala, el regreso de la exprimera dama solo sería viable si el proceso penal en su contra concluye con el archivo definitivo.

“Obviamente, ella vendrá cuando el caso se archive en favor de ella, antes lo dudo”, declaró Pedraza ante la prensa, tras la salida del exmandatario del penal de Barbadillo.

Pedraza detalló que la decisión de Heredia se mantiene firme mientras persista la orden de asilo político en la República Federativa del Brasil. El letrado indicó que una eventual vuelta al país implicaría la renuncia expresa a ese estatus.

“Si ella retorna, eso significa que renuncia a su asilo, pero es un asunto que lo definirá privadamente con el presidente Humala”, sostuvo el abogado. La defensa también anunció que solicitará al órgano jurisdiccional la extensión de los efectos del reciente fallo a favor de Heredia, aunque precisó que la resolución del Tribunal Constitucional no aplica automáticamente a todos los procesados.

Excarcelación de Ollanta Humala y argumentos de la defensa

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la inmediata libertad de Ollanta Humala en cumplimiento de la Sentencia 169/2026 emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que anuló la condena de 15 años de prisión por presunto lavado de activos agravado.

El juez César Augusto Riveros Ramos dispuso la cancelación de toda medida restrictiva vinculada al expediente y ofició al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para proceder con la liberación del exmandatario.

Wilfredo Pedraza, en declaraciones a medios locales, sostuvo que el proceso penal se encuentra “casi concluido” y que la excarcelación responde a la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal.

El fallo del tribunal constitucional determinó que los actos imputados a Humala no configuraban delito de lavado de activos bajo la normativa vigente al momento de los hechos. El núcleo de la resolución subrayó la ausencia de pruebas sobre el conocimiento del origen ilícito de los fondos recibidos durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Fue un “secuestro”

Isaac Humala, padre del exmandatario, fue crítico con la actuación de la justicia y sostuvo que su hijo estuvo “secuestrado” durante el tiempo que permaneció en prisión.

"Esa sentencia es ilegítima, monstruosa. ¿Por qué? Porque no es sentencia, es secuestro“, afirmó. Según explicó, su hijo fue enviado a prisión antes de que existiera una resolución debidamente concluida y notificada, por lo que, a su juicio, el encarcelamiento se produjo sin sustento legal.

El padre del exjefe de Estado también cuestionó el procedimiento seguido por las autoridades judiciales. Sostuvo que primero se ejecutó la privación de libertad y luego se terminó de elaborar la resolución, situación que, según dijo, desnaturalizó el proceso penal y vulneró los derechos de Ollanta Humala.

En cuanto a cómo será el reecuentro con su hijo, aseveró: “Esas ya son cuestiones de familia. Capaz lloraremos o me de un ataque, y me muera. Esas ya son pequeñeces, porque con lo que uno está dolido es que hayan jueces que sean criminales en el país, que deshonran a los peruanos. Deberían estar presos”, concluyó.

La excantante folclórica Abencia Meza seguirá en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos cumpliendo la condena de 30 años de prisión que se le impuso por ser la autora intelectual del homicidio calificado de Alicia Delgado. El Tribunal Constitucional, si bien declara fundada en parte su demanda, ha rechazado el pedido principal: que se le conceda la semilibertad.

La defensa de Abencia Meza alegó que, contrario a lo que resolvió el Poder Judicial en doble instancia, sí podía acceder al beneficio penitenciario de semilibertad.

Según la tesis de la defensa, la fecha que la Justicia tenía que tomar en cuenta para resolver su pedido de semilibertad es la fecha en la que la Corte Suprema, por primera vez, emitió su fallo en el caso de Alicia Delgado (2012). No tenía que considerarse, dijeron, la fecha en la que la Sala Suprema volvió a pronunciarse (2020) porque el anterior TC declaró nulo el referido fallo de 2012.

El año es crucial. Si se aplicaran las reglas de 2012, Abencia Meza sí podría ser beneficiada con la semilibertad. Si se aplican las de 2020, seguiría en prisión. Esto debido a que en 2019, el Congreso modificó el Código de Ejecución Penal para impedir que los condenados por, entre otros graves delitos, homicidio calificado no puedan acceder a la semilibertad o libertad condicional.

Para el TC, la fecha para determinar si Meza puede recibir algún beneficio penitenciario es el 15 de enero de 2020, día en que la Corte Suprema rechazó —por segunda vez— el recurso de nulidad contra la condena de 30 años de prisión. Es en esa fecha, dicen los magistrados, que la condena adquirió firmeza.

“En ese entendido, el artículo 50 del Código de Ejecución Penal, modificado por la Ley 30963, publicada el 18 junio 2019, dispone expresamente la improcedencia del beneficio penitenciario de semilibertad para los condenados, entre otros, por el artículo 108 (homicidio calificado) del Código Penal, aplicable a la favorecida”, se lee en la sentencia.

Con solo esta conclusión, se cae toda posibilidad de que Abencia Meza pueda acogerse al beneficio penitenciario de semilibertad o libertad condicional. Solo podría reducir su pena por estudio o trabajo, sino permanecerá recluida hasta el final de su condena en 2041.

¿Qué anuló el TC?

Como se mencionó, el TC declaró fundada en parte la demanda de Abencia Meza y anuló una resolución del Poder Judicial. Se trata de la resolución de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, que confirmó la decisión de primera instancia de no concederle la semilibertad.

El TC declara nula esta decisión porque los jueces superiores aplicaron un criterio jurisprudencial anterior “referido a que la norma aplicable para la concesión de beneficios penitenciarios será aquella vigente al momento de realizar la solicitud respectiva”.

Los magistrados sostienen que ello vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que la deja sin efecto y ordena a la Sala Penal Liquidadora que vuelva a pronunciarse aplicando el criterio vigente, es decir, que los beneficios penitenciarios se calculan a partir de la fecha en la que la condena queda firma. En el caso de Abencia Meza es 2020.

Desde Junín, Fujimori indicó que “vivimos en un estado de derecho, y cuando se vive un estado de derecho se tienen que respetar las resoluciones, nos guste o no nos guste”

“A mí, en lo personal, en el pasado, hace cerca de ocho años atrás, me tocó una resolución que fue dolorosísima, me privaron de mi libertad. Y luego, a través de mi defensa legal, pues pudimos ganar cada una de estas resoluciones en las que yo no estaba de acuerdo”, apuntó.

A pesar de que en el caso de Ollanta Humala el TC ratifica el criterio que usó para anular el caso Cócteles, la mandataria indicó que puede discrepar de la decisión. “Pero me corresponde respetarla. Hay que analizar los temas de fondo, pero parecería, en todo caso, que el Ministerio Público no ha hecho un buen trabajo y por eso el Tribunal Constitucional ha tomado esta decisión”, añadió.

Piden liberación inmediata de Humala

Los dos letrados que defienden al expresidente Ollanta Humala presentaron escritos ante la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones para exigir su excarcelación inmediata, luego de que el TC anulara el proceso penal por lavado de activos en su contra.

El abogado Edinson Huamán, en declaraciones a Canal N, señaló que la defensa informó a la sala del fallo del TC, adjuntó la sentencia y solicitó que se oficie de manera inmediata al INPE para que disponga la libertad del exmandatario. “Si el TC ya señaló que el hecho por el cual fue condenado no es delito, entonces, ¿qué hace todavía el expresidente Humala en Barbadillo?”, cuestionó. Para Huamán, “lo que debe corresponder es la inmediata libertad” y estima que eso debería ocurrir este mismo 31 de julio.

Su colega Wilfredo Pedraza, en entrevista con Epicentro, apuntó en la misma dirección y pidió además “la nulidad de la sentencia y de todas las resoluciones dictadas”. “El expresidente Humala tiene preso más de quince meses por una situación que ya el TC, lo ha reiterado ahora, no es delito. Eso me parece una injusticia”, afirmó.

La sentencia del TC

El fallo a favor de Ollanta Humala fue adoptado por cinco votos contra dos, lleva fecha del 15 de julio y fue publicado el 30 de julio. El TC concluyó que la condena de 15 años de prisión que pesaba sobre Humala vulneró los principios de legalidad y tipicidad, que prohíben sancionar a una persona por actos que no constituían delito al momento de cometerlos.

El Ministerio Público acusaba al expresidente de haber convertido fondos de presunto origen ilícito —atribuidos al gobierno venezolano de Hugo Chávez y a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS— a través de su uso en las campañas presidenciales de 2006 y 2011. El TC, sin embargo, determinó que esa conducta corresponde a la figura de receptación patrimonial, modalidad que solo fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano en noviembre de 2016.

Para la mayoría del colegiado, aplicar esa figura a hechos ocurridos entre cinco y diez años antes constituyó una aplicación retroactiva de la ley penal, expresamente prohibida por la Constitución. Los magistrados señalaron que los operadores de justicia “forzaron” la inclusión de la conducta bajo la Ley 27765, que regulaba el lavado de activos durante el período investigado.

La exprimera dama Nadine Heredia, quien se encuentra asilada en Brasil desde abril de 2025, está “muy feliz” con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el proceso penal por lavado de activos y la condena de 15 años de prisión contra su esposo, el expresidente Ollanta Humala.

Así lo dio a conocer el abogado brasileño de la exprimera dama, Leonardo Massud, en diálogo con RPP Noticias. El letrado aseveró que el fallo del máximo intérprete de la Constitución “por fin trae justicia” a la familia Humala-Heredia, aunque, dice, el daño ya está hecho.

“El reconocimiento de que aportes de campaña no eran delito, que los investigados no podrían saber del origen ilícito de aportes. Este fallo por fin trae justicia. La señora Nadine ha quedado mucho (muy) feliz con la decisión, aunque con tanto retraso y con tanto daño que han hecho a ella, a su familia y a su esposo”, declaró Massud.

El último jueves, el TC publicó la sentencia que declara fundado el habeas corpus de Ollanta Humala y declaró nulo todo el proceso penal por los aportes del gobierno venezolano y empresas brasileñas a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011.

Los magistrados determinaron que se le imputó a Humala una modalidad de lavado de activos que no estaba regulada sino hasta 2016.

Nadine Heredia podría beneficiarse del fallo del TC

Abogados de Ollanta Humala sostienen que la decisión del TC debe extenderse a su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, actualmente asilada en Brasil.

El 15 de abril de 2025, el Poder Judicial había condenado a ambos a 15 años de prisión por recibir aportes del gobierno venezolano y de empresas brasileñas para las campañas del Partido Nacionalista en 2006 y 2011. Humala fue detenido de inmediato; Heredia se refugió en la Embajada de Brasil. Un año y tres meses después, el TC anuló todo el proceso contra el exmandatario al determinar que la modalidad de lavado de activos que se le imputó —receptación patrimonial— fue tipificada con posterioridad a los hechos investigados.

El habeas corpus resuelto por el TC cubre exclusivamente a Humala, pero la defensa del expresidente argumenta que sus efectos deben alcanzar a todos los procesados en la misma causa. El abogado Julio Espinoza Goyena fue categórico: “No se archiva el caso por una cuestión muy personal, privada, que se apellida Humala Tasso, sino por la esencia, la estructura de la imputación, que es que aportes a campaña o donaciones electorales, no son delito. Y esa razón es transversal a todos".

Wilfredo Pedraza, exministro y también parte de la defensa, planteó dos vías posibles: que los abogados de Heredia presenten su propio habeas corpus, o que la Sala de Apelaciones Nacional amplíe directamente los efectos del fallo. “Si ya para el señor Humala eso no es delito, tampoco tiene sentido que para las demás personas la investigación continúe”, señaló ante RPP Noticias. Pedraza recordó que algo similar ocurrió cuando el TC falló a favor de Keiko Fujimori.

El abogado Edinson Huamán fue más enfático: afirmó que la decisión del TC “se extiende a todos, sin excepción alguna”, y agregó que el fallo valida la decisión de Heredia de asilarse. “Han condenado personas sobre un hecho que no era delito“, dijo en Canal N.

Si el Poder Judicial extiende los efectos de la sentencia y deja sin efecto la condena contra la exprimera dama, Heredia podría retornar a Perú sin consecuencias penales.

La defensa del expresidente Ollanta Humala ya solicitó formalmente al Poder Judicial la ejecución del fallo del Tribunal Constitucional que anula el proceso penal por lavado de activos y la excarcelación.

El abogado Edinson Huamán declaró en entrevista con Canal N que “lo que debe corresponder es la inmediata libertad” y desde la defensa “esperan que sea el día de hoy”.

“Si el TC ya señaló que el hecho por el cual fue condenado no es delito, entonces, ¿qué hace todavía el expresidente Humala en Barbadillo", cuestionó. Indicó que el Tribunal ya notificó su fallo al Poder Judicial y que, además, la propia defensa ha puesto en conocimiento a la Segunda Sala Penal de Apelaciones, donde actualmente se encuentra el expediente, sobre la decisión.

“Nosotros también como defensa, anoche, hemos presentado un escrito a la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones (...) informando de la sentencia del TC, adjuntando la sentencia del Tribunal Constitucional y pidiendo que se oficie de manera inmediata al INPE para que se disponga la libertad. Se ha acreditado que hay vulneración de derechos fundamentales de mi patrocinado. El expresidente debería salir el día de hoy”, estimó.

A su turno, el abogado Wilfredo Pedraza dijo en entrevista con Epicentro que también presentó un escrito solicitando que se disponga la libertad de Ollanta Humala y “la nulidad de la sentencia y de todas las resoluciones dictadas”.

“Obviamente, en lo inmediato nos interesa la libertad y ojalá eso pueda materializarse el día de hoy. El expresidente Humala tiene preso más de quince meses por una situación que ya el TC, lo ha reiterado ahora, no es delito. Eso me parece una injusticia”, aseveró.

El fallo del TC

El máximo órgano de interpretación constitucional dejó sin efecto la condena de 15 años de prisión impuesta al expresidente Ollanta Humala por lavado de activos, al concluir que la conducta que se le imputó no estaba tipificada como delito en el momento en que ocurrieron los hechos.

La decisión, adoptada por cinco votos contra dos, lleva fecha del 15 de julio y fue publicada el jueves 30 de julio. El TC determinó que el proceso penal vulneró los principios de legalidad y tipicidad, pilares del derecho penal que prohíben sancionar a una persona por actos que no constituían delito cuando se cometieron.

El Ministerio Público acusaba a Humala de convertir fondos de presunto origen ilícito —atribuidos al gobierno venezolano de Hugo Chávez y a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS— a través de su uso en las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El TC, sin embargo, determinó que esa conducta —recibir y utilizar aportes de procedencia dudosa para financiar una campaña electoral— corresponde a la figura de receptación patrimonial, modalidad que solo fue incorporada al ordenamiento jurídico peruano en noviembre de 2016, con el Decreto Legislativo 1249.

Para la mayoría del colegiado, aplicar esa figura a hechos ocurridos entre cinco y diez años antes implicó una aplicación retroactiva de la ley penal, expresamente prohibida por la Constitución. Los magistrados señalaron que los operadores de justicia “forzaron” la inclusión de la conducta bajo la Ley 27765, que regulaba el lavado de activos durante el período investigado.

La sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulo el proceso penal contra Ollanta Humala por lavado de activos, no solo favorecería al expresidente. Una potencial beneficiaria sería su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, quien actualmente se encuentra en Brasil.

Como se recuerda, el 15 abril de 2025, el Poder Judicial condenó a Humala y Heredia a 15 años de prisión por los aportes del Gobierno de Venezuela y empresas brasileñas a las campañas nacionalistas de 2006 y 2011. El exmandatario fue inmediatamente detenido, mientras que su cónyuge se asiló en la Embajada de Brasil.

Un año y tres meses después, el Tribunal Constitucional declaró nulo todo el proceso penal contra el exjefe de Estado, incluida la condena que se le impuso. Los magistrados determinaron que se le imputó una modalidad de lavado de activos que se reguló luego de cometidos los hechos (receptación patrimonial).

Si bien el habeas corpus únicamente alcanza a Humala, el Poder Judicial podría extender los efectos del fallo a los otros procesados en este caso, como Nadine Heredia. Así lo consideraron los abogados del exmandatario: Julio Espinoza Goyena, Wilfredo Pedraza y Edinson Huamán.

Nadine Heredia podría regresar al país

Para Espinoza Goyena, los efecto del fallo del TC a favor de Ollanta Humala “tienen que extenderse no solo a la señora Heredia, sino a todos los demás imputados que están aún procesados por este caso”.

“Por la sencilla razón de que no se archiva el caso por una cuestión muy personal, privada, que se apellida Humala Tasso, sino por la esencia, la estructura de la imputación, que es que aportes a campaña o donaciones electorales, no son delito. Y esa razón es transversal a todos. Por lo tanto, en ejecución de la sentencia tendrá que extenderse, porque igual razón, igual derecho para todos los inculpados”, declaró en entrevista con Canal N.

Por su parte, el exministro Wilfredo Pedraza indicó que los abogados de la exprimera dama presentan su propio habeas corpus o “lo es que más razonable” es que la Sala de Apelaciones Nacional “amplíe los efectos para los demás procesados”.

“Si ya para el señor Humala eso no es delito, tampoco tiene sentido que para las demás personas la investigación continúe”, declaró en entrevista con RPP Noticias. Recordó, además, que algo similar ocurrió cuando el TC falló a favor de Keiko Fujimori. “Yo espero que una situación así ocurra en los próximos días respecto a los demás procesados por esta causa”, agregó.

Finalmente, el abogado Edinson Huamán aseveró que la decisión del Tribunal Constitucional “se extiende a todos, sin excepción alguna” porque “ya ha dicho que para las campañas de 2006 y 2011 no es delito” la recepción de aportes.

“La decisión del TC nos avala y corrobora que la decisión que tomó la señora Nadine Heredia de asilarse en Brasil, fue la correcta. ¿Por qué? Porque justamente el TC está reconociendo que hubo un claro abuso. Han condenado personas sobre un hecho que no era delito", manifestó Huamán en entrevista con Canal N.

En el escenario de que el Poder Judicial extienda los efectos y deje sin efecto la condena contra Heredia, la exprimera dama podría regresar sin problemas a Perú.

El expresidente Ollanta Humala recuperará su libertad en los próximos días o, a más tardar, la próxima semana cuando se reanuden las audiencias donde se evalúa la apelación contra su condena de 15 años de prisión por lavado de activos, la misma que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional.

En la noche del último jueves, el TC publicó la anunciada sentencia que resuelve la demanda de habeas corpus de Humala Tasso. Fueron cinco votos a favor contra dos en contra. Le dieron la razón al exmandatario los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

En resumen, los tribunos aplican el mismo criterio establecido en la sentencia a favor de la hoy presidenta Keiko Fujimori, fallo que se trajo abajo el caso Cócteles.

Así, los magistrados concluyen que el proceso penal contra Ollanta Humala es nulo porque los hechos atribuidos —recibir aportes supuestamente ilícitos del Gobierno venezolano y empresas brasileñas en 2006 y 2011— no podían ser catalogados como lavado de activos, sino hasta 2016 que se modificó la ley penal para considerar la sola recepción de dinero ilícito (receptación patrimonial).

Por ello, el TC por mayoría ordenó a la Fiscalía a cargo del caso emitir la disposición de archivo y el Poder Judicial “en el día de notificada la sentencia de autos, deberá definir la situación jurídica” de Humala. En otras palabras, disponer su inmediata libertad.

“La consecuencia inmediata (es que) el órgano judicial que actualmente conoce el caso, que es la Sala de Apelaciones, tiene que, en el plazo más corto posible, ejecutar esta sentencia, porque la naturaleza del hábeas corpus es esa, la libertad”, declaró el abogado del expresidente, Julio Espinoza Goyena, en entrevista con Canal N.

¿Cuándo saldrá Ollanta Humala?

Con la decisión tomada por el TC, solo falta que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ejecute la sentencia y disponga la inmediata liberación de Ollanta Humala. Lo que falta conocer cuándo es que ello sucederá.

En la sentencia se establece que se deberá hacer “en el día de notificada”, que aún no ha ocurrido. Se publicó la sentencia, pero esta aún no ha sido notificada al procurador del Poder Judicial, quien a su vez deberá remitirlo a la Sala de Apelaciones.

No obstante, también el mismo colegiado podría adelantarse y, de oficio, podría pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Constitucional.

Se tiene previsto que el 5 de agosto se reanuden las audiencias donde se evalúa la apelación contra la condena de 15 años de prisión impuesta a Ollanta Humala. Ese mismo día, o antes, la Sala de Apelaciones podría pronunciarse sobre el fallo del TC.

Ante la pregunta respecto a si el Poder Judicial podría retrasar la ejecución del fallo del TC, el abogado Julio Espinoza Goyena indicó que el caso de Ollanta Humala es distinto al caso Cócteles, donde pasó un tiempo antes de que se archivara definitivamente los cargos por lavado de activos y organización criminal.

“Yo he participado también de la defensa del caso Cócteles porque intervine profesionalmente en el caso, pero hay una gran diferencia. En el caso del Partido Nacionalista tenemos a un ciudadano que está privado de su libertad por este caso, por esta imputación, cosa que no sucedió en el caso Cócteles al momento en el que el TC dicta su sentencia”, apuntó.

El Tribunal Constitucional rechazó una nueva demanda de habeas corpus del expresidente Pedro Castillo. En este caso, el exmandatario solicitaba anular dos resoluciones que rechazaron su excepción de improcedencia de acción, anular todo lo actuado en el proceso por el golpe de Estado hasta antes de la formalización de la investigación preparatoria, y ordenar su inmediata libertad.

La defensa de Castillo alegó que no se cumplían los requisitos para que se le impute el delito de rebelión porque, dice, solo leyó un documento donde anunciaba la intervención del sistema de justicia, el cierre del Congreso, entre otras medidas golpistas. Sin embargo, afirma, nunca se alzó en armas.

No obstante, el TC concluye que los argumentos del expresidente no pueden ser resueltos en la vía constitucional porque implica hacer “juicios (valoraciones) de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, la subsunción de una conducta en un determinado tipo penal, así como la verificación de los elementos constitutivos del delito”.

Por ello, se declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentado por Pedro Castillo.

Sin perjuicio de ello, los magistrados precisaron que, a la fecha, la privación de la libertad de Castillo no se sustenta en una imputación por rebelión, sino en una condena de primera instancia por el delito de conspiración para la rebelión.

Suscriben la sentencia el presidente del TC, Helder Domínguez Haro, y los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich. Los tribunos Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez emitieron votos singulares donde proponen que el caso se vea en audiencia pública.

Ni indulto ni gracia

La Comisión de Gracias Presidenciales cerró el último camino legal que le quedaba a Pedro Castillo para salir de prisión por la vía del indulto o la gracia presidencial. El organismo declaró improcedente la única solicitud que permanecía en evaluación, según informó el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, el viernes 24 de julio. El exmandatario cumple una condena de 11 años y 5 meses en el Penal Barbadillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La solicitud rechazada correspondía a una gracia común, figura constitucional que permite al presidente de la República archivar un proceso penal cuando la investigación preparatoria excede el doble de su plazo más su ampliatoria, conforme al inciso 21 del artículo 118 de la Constitución.

El Ministerio de Justicia explicó en un comunicado que ese requisito no se cumplía en ninguno de los dos procesos activos contra Castillo. En el primero, por conspiración para la rebelión, la investigación ya concluyó y existe una sentencia de primera instancia en apelación, por lo que no hay etapa de investigación susceptible de ser cortada. En el segundo, por organización criminal, la investigación preparatoria se encuentra dentro de los plazos legales vigentes.

La decisión fue adoptada por unanimidad. Jiménez precisó que a lo largo del proceso se acumularon 17 solicitudes en total: 14 fueron presentadas por terceros y no llegaron a ser admitidas; dos de las tres restantes fueron rechazadas por no subsanar los plazos reglamentarios; y la tercera, la única que permanecía abierta, fue desestimada este viernes.

“No hay ninguna gracia, ningún indulto y continuamos trabajando como siempre en las tareas para acercar la justicia a todos los peruanos”, declaró el exministro, quien añadió que se procederá a notificar formalmente a Castillo y que “ahí culmina el proceso”.

La magistrada Luz Pacheco coincidió con el juez de investigación preparatoria nacional Leodan Cristóbal, quien declaró “inejecutable” el fallo del Tribunal Constitucional que anuló la prisión preventiva de Vladimir Cerrón.

“Creo que es (una decisión) acertada porque, después que se presentó ese habeas corpus que ha decidido el Tribunal, han habido otros mandatos del Poder Judicial ordenando la prisión preventiva”, dijo Pacheco en entrevista con El Comercio.

Como se recuerda, el juez Cristóbal Ayala advirtió que el TC anuló resoluciones que ya no sustentan la medida cautelar contra Cerrón, por lo que pidió una aclaración consultando si el fallo también declaraba nulas las otras resoluciones que sustentan la prisión preventiva.

“No sé qué cosa pensará la mayoría, cómo lo decidirá, pero en principio yo coincido con lo que ha dicho el juez. Hasta que no haya una resolución del juez, indudablemente, sigue vigente (la prisión preventiva)”, apuntó.

¿Cómo se decidirá la aclaración?

La expresidenta del TC Luz Pacheco indicó que el pedido de aclaración será resuelta solo por los cuatro magistrados que le dieron la razón a Vladimir Cerrón. Estos son Helder Domínguez Haro, actual presidente del TC, y los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez TicseyPedro Hernández Chávez.

" Esa aclaración la van a firmar los cuatro magistrados que han apoyado esa decisión, porque los tres que hicimos votos singulares, ya es está previsto que no se ya no volvemos a participar en ninguna decisión de ese caso. Así se ha hecho siempre", explicó Pacheco.

Para la expresidenta del TC, lo que sus colegas deben hacer es resolver “en base a lo que hay en el expediente”. “Pero como siempre sabemos el Tribunal lo que analiza es la motivación. Yo creo que difícilmente podrán pronunciarse sobre unas resoluciones que no han sido materia de análisis ni de controversia durante todo el proceso”, agregó.

Inejecutable

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró inejecutable el fallo del TC que ordenaba liberar a Vladimir Cerrón y elevó una consulta para que aclare el alcance de su sentencia. La decisión del juez Leodan Cristóbal Ayala prolonga la prisión preventiva del exgobernador regional, investigado por organización criminal y lavado de activos, al menos por días o semanas adicionales.

El argumento central del juzgado es que el fallo del TC declara nulas resoluciones que ya no sostienen el mandato de detención. Según la resolución a la que accedió Infobae, dos resoluciones judiciales vigentes —no analizadas por la sentencia mayoritaria— son las que en la actualidad sustentan la prisión preventiva y las requisitorias policiales contra Cerrón. Al no pronunciarse sobre ellas, el TC dejó un vacío que el juzgado considera insalvable sin una aclaración previa.

"A la fecha subsisten dos últimas resoluciones judiciales VIGENTES que sustentan la prisión preventiva y las requisitorias policiales giradas contra el investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas“, se lee en el documento judicial.

El juez Cristóbal Ayala señaló que esas resoluciones vigentes fueron mencionadas en el voto singular de la magistrada Luz Pacheco, pero no aparecen en la sentencia mayoritaria —firmada por los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández—. Esa omisión, a juicio del juzgado, “impide la ejecución material de lo decidido en sus propios términos”. Ante ello, el juez optó por “elevar en consulta” al TC para que determine si la nulidad ordenada se extiende “por conexión” a esas resoluciones no examinadas.

El juzgado advirtió, además, que dichas resoluciones tienen autoridad de cosa juzgada, lo que le impide dejarlas sin efecto de manera autónoma. “Dichas resoluciones —al estar vigentes— impiden la ejecución de lo decidido en el mandato constitucional”, argumentó el juez Cristóbal Ayala.

El Tribunal Constitucional publicará entre este jueves 30 y viernes 31 de julio la sentencia que resuelve el habeas corpus a favor del expresidente Ollanta Humala, quien se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo cumpliendo una condena de 15 años de prisión por lavado de activos.

Así lo estimo la expresidenta del TC Luz Pacheco en entrevista con El Comercio. “Todos hemos emitido nuestros votos. Hemos estado como todo el mundo en estos días feriados. Hoy día ya comienza su trabajo la Relatoría para que pueda preparar el PDF sobre el cual firmamos todos los magistrados. Creo que entre hoy y mañana se publicará esto”, declaró.

Si bien Pacheco evitó revelar cuál es el sentido de la sentencia, consideró que el caso Humala es “distinto al de Keiko Fujimori porque lo imputaron por un delito que sí lo era cuando lo cometió, que es el lavado de activos. No era lavado de activos por aporte a partidos políticos, que era lo de Keiko Fujimori”.

“Ese es mi voto, mi perspectiva de lo que tendría que ser”, dijo. La magistrada evitó responder si su postura es compartida por sus colegas. Señaló que en el Pleno del TC acordaron “no comentar esas cosas”. “Hasta que no sale la sentencia, no hay decisión”, apuntó.

La demanda de Humala, presentada por el abogado Julio Espinoza Goyena, invoca el caso Cócteles como antecedente directo. En ese caso el TC declaró fundado el habeas corpus de Keiko Fujimori y anuló el proceso por lavado de activos y organización criminal. Tras ese fallo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema archivó procesos análogos contra Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano. También por aportes de la constructora brasileña Odebrecht a campañas electorales.

Ollanta Humala reaparece

El expresidente Ollanta Humala intervino de forma virtual en la audiencia de segunda instancia donde se revisa la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos, en un momento en que el Tribunal Constitucional (TC) alista la publicación de una resolución que podría dar marcha atrás al proceso penal en su contra.

Durante la sesión del lunes 20 de julio, Humala pidió la nulidad del fallo de primera instancia al señalar que fue condenado por hechos que no formaron parte de la investigación original y que la Fiscalía utilizó el testimonio de Martín Belaunde Lossio pese a que Bolivia rechazó su extradición. El juez superior Josué Córdova Pintado lo interrumpió: los argumentos jurídicos deben ser presentados por su abogado defensor, David León, no directamente por el acusado. Además, el magistrado advirtió que el juicio de segunda instancia no puede suspenderse por hechos que no fueron incluidos en el recurso de apelación.

La defensa formalizó el pedido de nulidad, pero la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional lo declaró improcedente de plano por carecer de sustento procesal y por considerarlo “evidentemente dilatorio”. La siguiente audiencia quedó fijada para el 5 de agosto, cuando Humala deberá decidir si declara ante el tribunal y acepta el interrogatorio de la Fiscalía.

El último lunes, el expresidente Ollanta Humala reapareció en la audiencia donde se evalúa la apelación contra la sentencia que lo condenó a 15 años de prisión por lavado de activos.

Humala vuelve a aparecer en público, de manera virtual, a días de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia que podría anular el proceso penal en su contra por los presuntos aportes de Odebrecht y el Gobierno de Venezuela a las campañas de nacionalistas.

En la audiencia del último lunes, el exmandatario solicitó la anulación de la sentencia de primera instancia por presuntas incongruencias, como que, dice, se le habría condenado por hechos por los que no se le investigó o que se habría utilizado el testimonio de Martín Belaunde Lossio pese a que Bolivia denegó la extradición.

En este punto, el director de debates, el juez superior Josué Córdova Pintado, interrumpió al exmandatario debido a que estaba dando argumentos jurídicos cuando estos, si deseaba presentarlos como incidencia, tenían que ser manifestados por su abogado David León. El magistrado también adelantó que el juicio de segunda instancia no podía paralizarse por un hechos que no fueron advertidos en el recurso de apelación.

De todos modos, la defensa de Ollanta Humala formalizó la incidencia. Sin embargo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró improcedente de plano el pedido de nulidad. Los jueces superiores argumentaron que el recurso carecía de sustento procesal para detener el avance del juicio y que era “evidentemente dilatorio”.

La próxima sesión está prevista para el 5 de agosto a las 3:00 de la tarde. En dicha sesión Humala deberá manifestar si declara ante el tribunal y acepta ser interrogado por la Fiscalía.

Sentencia inminente

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Gustavo Gutiérrez Ticse reveló que el colegiado ya adoptó una decisión sobre el habeas corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala, quien cumple una condena de 15 años de prisión efectiva en el Penal Barbadillo por lavado de activos en el caso Odebrecht.

“Tenemos el caso Humala que esperemos que en los próximos días —siendo una libertad— se defina. Un Tribunal Constitucional tiene que resolver los temas ligados a la libertad con la premura que se requiera, sobre todo para marcar una jurisprudencia”, declaró Gutiérrez en entrevista con RPP Noticias. La resolución está “pendiente de publicación” y se esperaba antes del 28 de julio.

La demanda quedó lista para votación tras la audiencia del 9 de junio. Humala solicita la anulación de la sentencia de primera instancia y el archivamiento del proceso penal en su contra por recibir financiamiento ilícito de Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Chávez para sus campañas de 2006 y 2011.

Su defensor, el abogado Julio Espinoza Goyena, invocó el precedente del caso Cócteles: el TC declaró fundada la demanda de Keiko Fujimori y anuló el proceso bajo argumentos similares —aportes de campaña de empresas extranjeras, imputación por lavado de activos y estructura probatoria comparable—. Tras ese fallo, la Corte Suprema archivó procesos análogos contra Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano.

La Procuraduría Pública, representada por Indira Bedregal, pidió rechazar la demanda: sostuvo que la sentencia aún está en apelación y que el caso de Humala difiere del de Fujimori. El fiscal Germán Juárez, litisconsorte en el proceso, marcó la diferencia clave: a Humala no se le imputó receptación patrimonial, sino actos de conversión de dinero ilícito para insertarlo en el circuito económico a través de su campaña electoral.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, informó que el colegiado que integra ya tomó una decisión sobre la demanda de habeas corpus a favor del expresidente Ollanta Humala, quien se encuentra recluido en el Penal Barbadillo cumpliendo una condena de 15 años de prisión por lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

“Creo que puedo decir porque ya ha sido tomada una decisión a estas alturas: tenemos el caso Humala que esperemos que en los próximos días —siendo una libertad— se defina. Un Tribunal Constitucional tiene que resolver los temas ligados a la libertad con la premura que se requiera, sobre todo para marcar una jurisprudencia", declaró Gutiérrez en entrevista con RPP Noticias.

El tribuno indicó que la demanda, con la que Humala busca la anulación y el archivamiento del proceso penal en su contra por lavado de activos, “está pendiente de publicación” y espera que se dé a conocer antes de Fiestas Patrias.

La demanda ante el TC

Tras la audiencia que se llevó a cabo el 9 de junio, el TC dejó al voto la demanda de habeas corpus del expresidente Ollanta Humala, quien solicita, entre otros, la anulación de la sentencia de primera instancia que lo condena a 15 años de prisión efectiva por aportes de Odebrecht y el Gobierno venezolano a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

En la audiencia, la defensa del expresidente estuvo a cargo del abogado penalista Julio Espinoza Goyena. El Poder Judicial fue representado por la abogada Indira Bedregal, de la Procuraduría Pública. El fiscal Germán Juárez, quien acusó a Humala en el proceso original, participó como litisconsorte.

Espinoza Goyena invocó el precedente del caso Cócteles, en el que el TC declaró fundada la demanda de Keiko Fujimori y anuló el proceso en su contra. Señaló que ambos casos comparten las mismas características: aportes de campaña de empresas extranjeras como Odebrecht, imputación del delito de lavado de activos bajo la misma norma y una estructura probatoria equivalente. Agregó que, tras ese fallo, la Corte Suprema archivó procesos similares contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y la excandidata Lourdes Flores Nano.

Bedregal pidió al TC rechazar la demanda. Argumentó que la sentencia de primera instancia está en trámite de apelación y que el caso de Humala difiere del de Fujimori.

El fiscal Juárez precisó que a Humala no se le imputó receptación patrimonial, como a Fujimori, sino actos de conversión de dinero ilícito: “El señor Ollanta Humala Tasso ha convertido dinero de origen ilícito para insertarlo en el circuito económico para su campaña electoral. Es decir, en su campaña electoral se usaron activos ilícitos”, afirmó.

Los magistrados César Ochoa, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez y Francisco Morales formularon preguntas a las partes antes de que el caso quedara listo para votación.

La condena de Ollanta Humala

El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Perú condenó al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva por el delito de lavado de activos agravado. Su esposa y cofundadora del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, recibió la misma pena. El hermano de Heredia, Ilán, fue sentenciado a 12 años, y Marco Julio Torres Aliaga a 8 años.

El tribunal determinó que Humala recibió financiamiento ilícito para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. En la primera, el Partido Nacionalista recibió fondos provenientes del gobierno venezolano de Hugo Chávez, que Humala, Heredia y otros implicados intentaron legitimar mediante la inclusión de donantes falsos. En la segunda, la campaña recibió aproximadamente 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

El Tribunal Constitucional procedió a notificar al Poder Judicial la sentencia que declara nulo el mandato de prisión preventiva contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Si bien el fallo se conoció el martes 21 de julio, la Oficina de Gestión Documental del TC notificó formalmente la decisión a las partes al día siguiente, el miércoles 22.

La sentencia fue comunicada a la abogada Andreina Lucero Carpio Machaca, responsable del Área Constitucional en Procuraduría Pública del Poder Judicial, al juez superior Víctor Enríquez Sumerinde y a la defensa del exgobernador regional de Junín.

Lo que tiene que pasar ahora es que el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que en diciembre de 2023 revocó la comparecencia con restricciones e impuso la prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta, levante la orden de captura contra Vladimir Cerrón.

Como se recuerda, el juez Leodan Cristóbal renovó la orden de captura contra Cerrón en marzo de este año, por un plazo de 6 meses. Es decir, hasta setiembre próximo. No obstante, debido a que el TC dejó sin efecto la prisión preventiva, corresponde que el magistrado también deje sin efecto los oficios.

En su pronunciamiento, el Juzgado también deberá dictar “las medidas alternativas necesarias que permita asegurar la presencia del beneficiario en el juicio, así como se impida todo acto de obstaculización procesal”, tal como ordenó el TC en su sentencia. Esto podría ser una comparecencia con restricciones o comparecencia simple.

¿Dónde está Vladimir Cerrón?

Bertha Rojas, madre del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que su hijo permaneció en Huancayo durante todo el tiempo que estuvo en la clandestinidad y nunca abandonó el país, en contra de las versiones que lo ubicaban en el extranjero. Sus declaraciones llegaron tras el fallo del TC que anuló la orden de prisión preventiva de 24 meses dictada contra el político por un proceso por organización criminal y lavado de activos.

“Esta es su tierra, aquí nació, no tiene por qué correr. Algunos dicen: se ha ido al extranjero, falso”, declaró Rojas al medio local Huancayork Times. La madre fue más allá y atribuyó directamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) la responsabilidad de no haber podido capturarlo: “Lo que pasa es que estamos demostrando la incapacidad de la policía, y critico a los grandes mentirosos que dicen que Cerrón está en Asia, en tal sitio. Jamás se ha salido”.

Vladimir Cerrón pasó a la clandestinidad en octubre de 2023 y figuró en la lista de los prófugos más buscados por la PNP, sin que los operativos desplegados lograran dar con su paradero. Su madre reconoció que el contacto con él se mantuvo únicamente por mensajes, sin encuentros presenciales.

Bertha Rojas celebró el fallo del TC que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por su hijo. “Me parece muy justo. Al fin se ha encontrado justicia. Hay todavía reserva moral en algunos magistrados que actúan de acuerdo a lo que ellos interpretan son las normas legales”, señaló, al tiempo que sostuvo que Cerrón fue víctima de persecución judicial.

El líder del partido –en unos meses extinto– Perú Libre, Vladimir Cerrón, logró que el Tribunal Constitucional, por mayoría, declarara nula la orden de prisión preventiva que lo mantiene en la clandestinidad desde octubre de 2023. Así, podrá volver a aparecer públicamente tras más de dos años prófugo de la justicia.

Este es la tercera sentencia que emite la actual conformación del TC a favor del prófugo excandidato presidencial y exgobernador regional de Junín. Un punto a resaltar es que todos estos fallos fueron emitidos cuando Cerrón ya se encontraba prófugo de la justicia y siempre con los votos a favor de los mismos magistrados.

Se trata de Helder Domínguez Haro, actual presidente del TC, y los magistrados Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez. Los 4 tribunos le han dado la razón al líder del partido del lápiz en todos los expedientes que han llegado al máximo intérprete de la carta magna.

Los fallos a favor de Vladimir Cerrón

El primer fallo acorde a sus intereses llegó en diciembre de 2024. El Tribunal Constitucional anuló la sentencia que lo condenó a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka y ordenó que la Sala de Apelaciones de Junín vuelva a pronunciarse sobre la prescripción del delito.

Los magistrados resolvieron el fondo a pesar de que aún se encontraba en trámite el recurso de casación de Cerrón ante la Corte Suprema, que lo terminó absolviendo el 26 de marzo de 2025.

Un día después de la referida absolución, el Tribunal Constitucional publicó el segundo fallo a favor del prófugo líder de Perú Libre: la sentencia que anulaba su condena de 4 años de prisión por negociación incompatible en el caso La Oroya. Dicha condena impidió que postulara a la vicepresidencia en la plancha presidencial de Pedro Castillo en 2021.

Así, para ese momento, ya no pesaba ninguna condena contra Cerrón. Únicamente estaba pendiente la orden de prisión preventiva que se le impuso por incumplir las reglas de conducta tras pasar a la clandestinidad en octubre de 2023.

No obstante, de manera silenciosa, la defensa de Cerrón ya había iniciado el camino para que la demanda con la que se buscaría anular dicha prisión preventiva, llegue al TC.

Sería en febrero de este 2026, en plena campaña electora, que Bertha Rojas y Humberto Abanto, madre y abogado de Cerrón, respectivamente, informaron que el caso ya había llegado al Tribunal Constitucional.

Atención exprés

El TC programó en tiempo récord la audiencia para revisar el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón. El expediente ingresó formalmente el 11 de febrero de 2026, procedente de la Primera Sala Constitucional de Lima. En apenas 20 días, se fijó la audiencia para el 11 de marzo, un plazo que contrasta con los tiempos habituales del tribunal, donde un caso puede tardar, en el mejor escenario, alrededor de un año en resolverse.

La defensa de Cerrón, liderada por el abogado Humberto Abanto, solicitó la convocatoria de forma reiterada. El 13 de febrero, dos días después del ingreso del expediente, Abanto y su equipo pidieron que se fijara audiencia con urgencia, y recordaron que en 2021 el TC anterior había atendido con igual celeridad una demanda de Cerrón para intentar —sin éxito— anular su condena por el caso La Oroya.

El secretario relator del TC, Víctor Alzamora, respondió el 16 de febrero que la convocatoria a audiencia solo procedía si los magistrados consideraban pertinente un pronunciamiento de fondo; de lo contrario, la demanda sería desestimada por aspectos de forma. Pese a ello, la defensa reiteró el pedido el 24 de febrero. Alzamora mantuvo su posición inicial, pero el 4 de marzo el TC anunció que el caso de Cerrón quedaba incluido en la audiencia de la semana siguiente.

Luego, la entonces presidenta del TC, Luz Pacheco, reveló presuntas irregularidades en el trámite interno, pero al final la investigación interna desestimó todo.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parcialmente el Decreto Legislativo 1589, norma emitida por el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte en diciembre de 2023. El objetivo de la norma, supuestamente, era “garantizar la seguridad y tranquilidad pública”; sin embargo, en realidad criminalizaba el apoyo a la protesta.

El DL 1589 modificó el Código Penal para establecer agravantes a los delitos de "Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos" (artículo 283) y “Disturbios” (artículo 315), así como tipificar como delito la “colaboración” para la comisión de ambos ilícitos.

El Colegio de Abogados de Puno interpuso una demanda de inconstitucionalidad para traerse abajo en su totalidad la norma. No obstante, el TC accedió a expulsar del ordenamiento jurídico únicamente el extremo que crea los delitos de “colaboración”.

Apoyar una protesta no es delito

Como se mencionó, el Decreto Legislativo 1589 incorporó al Código Penal dos nuevos delitos: la colaboración al delito de "Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos" y al de “Disturbios”. Específicamente se pretendía sancionar con una pena de entre 3 y 5 años de cárcel a quienes de “manera voluntaria” provea de “cualquier bien mueble, objeto o instrumento” que facilite la comisión de los referidos delitos, así como al que aporte económicamente para financiar ello. Según el Colegio de Abogados de Puno, esto podría entenderse ampliamente, como dar alojamiento, entregar botellas de agua, mascarillas, alimentos o incluso organizar ollas comunes.

El TC, al pronunciarse sobre la “colaboración al entorpecimiento, sostiene que la redacción puede desencadenar “generalizaciones en perjuicio de quienes ejercen legítimamente actos de apoyo solidario, por ejemplo, en manifestaciones pacíficas”. Lo mismo ocurre, afirman, con la “colaboración al delito de disturbios”.

“Y es que, la prohibición establecida en el tipo penal en cuestión, a partir de la frase de manera voluntaria trae consigo que los ciudadanos no puedan predecir las consecuencias de sus actos o que los mismos presupongan el conocimiento previo —exigible en los tipos dolosos como el que se impugna— de un delito, lo cual constituye una regulación que termina por criminalizar o desalentar el ejercicio de un derecho fundamental", se lee en el fundamento 119 de la sentencia.

El fallo dice que, si se desea sancionar los “actos de colaboración”, no es necesaria la creación de nuevos delitos ya que las “entidades competentes” (Fiscalía y Poder Judicial) podrían imputar directamente entorpecimiento o disturbios “tomando en cuenta el grado de intervención delictiva y considerando los alcances de la figura de la complicidad”.

Por ello, el TC concluye que los delitos de “colaboración” al delito de "Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos" y al de “Disturbios” son inconstitucionales, por lo que todos los procesos penales que se hayan iniciado o sentencias que hayan dictado deberán ser dejadas sin efecto.

Casi unanimidad

El fallo lo suscriben el presidente del TC, Helder Domínguez, y los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández (ponente). El magistrado Gustavo Gutiérrez emitió un voto singular en el que consideraba que se debía declarar inconstitucional en su totalidad el Decreto Legislativo 1589.

El Tribunal Constitucional emitió una sentencia que complica la situación en la que se encuentra el hoy suspendido juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho, suspendido preventivamente por la Junta Nacional de Justicia por haber incluido a Nicanor Boluarte en una diapositiva de una clase y haber pedido que se elimine del registro de video dicha parte.

Se trata de las demandas que iniciaron los abogados de Boluarte y Mateo Castañeda contra el juez, con las que buscaban que este último no sea quien resuelva el pedido de prisión preventiva que la Fiscalía solicitó por el caso Los Waykis en la Sombra.

Como se recuerda, mientras se debatía el pedido de prisión preventiva –que se extendió por varias sesiones–, Concepción Carhuancho dio un curso en el instituto Udeapolis titulado “La corrupción en el sistema de administración de justicia”. En las diapositivas del curso incluyó una imagen elaborada por un medio de comunicación que mostraba a Boluarte y Castañeda como presuntos integrantes de una organización criminal.

Como era de esperarse, los investigados se quejaron al respecto, pero la Sala de Apelaciones Nacional desestimó la recusación y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial declaró que no ameritaba iniciar una investigación disciplinaria.

Sin embargo, la JNJ de todos modos inició una investigación disciplinaria contra el juez Richard Concepción Carhuancho y ahora el TC le allana el camino para que lo sancione con hasta la destitución del cargo.

TC contra Concepción Carhuancho

Según el TC, el juez Richard Concepción Carhuancho “no tuvo mayor reparo ni diligencia en resguardar la imagen de imparcialidad que le tocaba denotar en cualquier espacio o entorno”. Consideran que el hecho de haber incluido una imagen que mostraba a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda como parte una presunta organización criminal, aunque no los haya mencionado en su clase, “evidentemente pone en entredicho la objetividad del juez emplazado y denota un notorio prejuicio en contra de los favorecidos”.

En el fallo también se valora el hecho de que el juez haya dicho que incluir dicha imagen “fue un error”, con lo que, dice el Tribunal, “no solo reconoció que la presentación efectivamente se hizo, sino que además no debió ocurrir”.

El TC sostiene que el juez Concepción Carhuancho ya habría tenido “cierta tendencia en su opinión” sobre el hermano de la expresidenta Dina Boluarte y Mateo Castañeda antes de su decisión sobre el pedido de prisión preventiva, “que, coincidentemente, fue la de disponer dicha medida preventiva contra los favorecidos”.

“Así las cosas, este Tribunal advierte que la actuación del juez Richard Augusto Concepción Carhuancho ha generado una severa afectación del derecho a ser juzgado por un juez imparcial, en su dimensión subjetiva, en conexidad con el derecho a la libertad personal de los beneficiarios”, concluye el TC.

Por ello, el Tribunal Constitucional exhorta al juez a que “no vuelva a incurrir en la inconducta funcional”, ordena que sea excluido del caso Los Waykis en la Sombra y que se remita copia certificada de su sentencia a la JNJ “a efectos de que evalúe proceder conforme a sus atribuciones”.

La JNJ ya inició un proceso disciplinario, donde se dictó un apartamiento preventivo del cargo de 6 meses. Falta que se tome la decisión final.

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Gustavo Gutiérrez, confirmó este domingo que los procesos relacionados con el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el expresidente Ollanta Humala, siguen en etapa de deliberación.

En diálogo con RPP, el magistrado precisó que las resoluciones se encuentran en votación por parte de los integrantes del máximo intérprete de la Constitución, aunque evitó hacer comentarios sobre el avance de los expedientes para no contravenir, según expresó, la normativa interna.

“Si me identifica cuál es la fuente, quizás puedo responder”, dijo al ser consultado sobre un informe del diario El Comercio, el cual publicó que el pleno del TC sesionó y votó las demandas de habeas corpus presentadas por ambos políticos en busca de su libertad.

“Me preocupa, como magistrado, que constantemente se filtren informaciones del Tribunal Constitucional cuando los casos están bajo deliberación. Por ello, no me corresponde emitir una opinión sobre fuentes no identificadas”, añadió.

De acuerdo con el diario, las resoluciones se publicarían la próxima semana. En el caso de Cerrón, la votación fue de cuatro a favor y tres en contra; para Humala, cinco a favor y dos en contra.

Un fallo favorable para el líder de Perú Libre anularía la orden de captura ante una de prisión preventiva por 24 meses por presunto financiamiento irregular de campañas electorales de Perú Libre, lo cual le permitiría abandonar la clandestinidad.

Respecto a Humala, podría otorgarle la libertad cuando cumple una condena de quince años por lavado de activos, tras recibir aportes ilícitos de Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011.

No obstante, Gutiérrez insistió en que no puede referirse al contenido de las deliberaciones ni anticipar resultados: “No puedo emitir ningún pronunciamiento al respecto, porque quebraría inclusive mi reglamento interno, que me impide pronunciarme sobre decisiones que no han sido publicadas”, afirmó.

Además, indicó que ambos casos ya pasaron por audiencia y están en agenda desde diciembre y marzo, respectivamente. Consultado sobre una posible publicación de las resoluciones en la semana en curso, el magistrado insistió que tampoco puede pronunciarse sobre ese punto.

Panorama

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión que se había dictado en su contra en un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín, Cerrón mantiene una orden de prisión preventiva en otra investigación por la presunta financiación irregular de la formación que fundó.

Esos procesos judiciales impidieron que se presentara como candidato presidencial en las elecciones de 2021, por lo que Pedro Castillo lo reemplazó y ganó las elecciones.

Actualmente, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, junto a Humala y Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero vinculados a Odebrecht y cuya defensa ha solicitado un indulto humanitario por motivos de salud grave.

El Tribunal Constitucional ya tomó una decisión sobre el futuro de la excantante folklórica, Abencia Meza, quien a la fecha cumple una condena de 30 años de prisión por el homicidio calificado de Alicia Delgado.

Según pudo conocer Infobae, el Pleno del TC vio la demanda de habeas corpus de Meza Luna en la sesión del pasado martes 16 de junio. El magistrado ponente (encargado de elaborar la propuesta de sentencia) fue el presidente de la institución, Helder Domínguez Haro.

Un proyecto de sentencia es sometido a votación de los magistrados. De aprobarse, pasa a ser el fallo final. Luego se recolectan las firmas, así como los fundamentos de voto y, de haberlo, votos en minoría.

Todo indica que el Pleno del TC ya llegó a una decisión sobre el fondo de la demanda de Abencia Meza. El texto de la sentencia se publicará en las próximas semanas, incluso podría tomar más de un mes si es que los magistrados deciden fundamentar su voto, sea el sentido que sea (a favor o en contra).

Por ejemplo, la demanda del exfiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza fue vista en la sesión del 28 de mayo y la sentencia fue publicada casi dos semanas después, el martes 9 de junio.

Los magistrados podrían fallar por concederle la semilibertad a Abencia Meza, que es el beneficio penitenciario que la excantante exige con su demanda de habeas corpus. Esto a días de haberse cumplido 17 años del homicidio de Alicia Delgado, quien fue asesinada el 24 de junio de 2009 a manos de César Mamanchura. Este último confesó que la autora intelectual del crimen fue Meza.

“Ansiosa”

Luego de que se llevó a cabo la audiencia del caso, el abogado Humberto Abanto, defensa legal de Abencia Meza, confirmó que su clienta está “preocupada y ansiosa” ante la resolución del Tribunal Constitucional sobre su solicitud de semilibertad.

“Preocupada y ansiosa, esperando que esta vez tengamos mayor suerte que en las ocasiones anteriores”, declaró Abanto en entrevista con Panamericana.

El eje de la demanda de habeas corpus es la fecha de referencia para calcular los beneficios penitenciarios de Abencia Meza. La defensa argumenta que la norma aplicable debe ser la vigente en 2012, año de la primera sentencia condenatoria, y no la de 2020, cuando la Corte Suprema, volviendo a pronunciarse porque su primer fallo fue anulado por el anterior TC, ratificó la pena de 30 años .

El recorrido procesal es complejo: la condena inicial de 2012 fue anulada por un habeas corpus que el anterior TC declaró fundado en 2019, lo que llevó a la Corte Suprema a emitir una nueva sentencia al año siguiente. El problema para Meza Luna es que en 2017 el Código de Ejecución Penal fue modificado para excluir de la semilibertad a los condenados por homicidio —artículo 108 del Código Penal—, delito por el que fue sentenciada como autora intelectual del asesinato de la también cantante Alicia Delgado.

“Si se aplica la ley de 2012, ella podría acceder a la semilibertad. No puede hacerlo ahora porque en 2017 se cambió la ley”, precisó Abanto.

Al Tribunal Constitucional no le debe quedar otra opción más que anular la condena de 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala, aseveró su abogado y exministro Wilfredo Pedraza.

En entrevista con Canal N, Pedraza sostuvo que “salvo los nombres y de las personas y de los partidos”, el caso de Ollanta Humala y el caso Cócteles de Keiko Fujimori no tienen ninguna diferencia. Por ello, considera, el TC debe declarar que los aportes al Partido Nacionalista no son lavado de activos y ordenar el archivo del proceso donde el exmandatario fue condenado en primera instancia.

“Cuando la fiscalía dice que es un tema diferente, creo que se informa mal. No es preciso y pretende decir que es distinto solo porque el expresidente Humala hoy ya tiene una sentencia. Y en rigor se trata solo de un asunto temporal, porque nuestro caso es el más antiguo, 12 años de investigación tiene hasta ahora”, dijo.

En esa línea, el abogado sostuvo que los mismos argumentos que usó el TC para traerse abajo el caso Cócteles “son aplicables absolutamente al señor Humala”. Lo que se verá, dijo, es “si el TC está en condiciones o va a respetar el principio de igualdad. A igual razón, igual derecho, porque el caso, reitero, es exactamente el mismo”.

Por ello, Wilfredo Pedraza espera que se siga “la dinámica que ha pasado ya con la señora Fujimori, con la señora Susana de la Puente, con Lourdes Flores, con el señor Kuczynski, etcétera”. Es decir, que se disponga el archivo del caso.

“Lo que corresponde, por un tema de principio de igualdad, es que el TC declare fundado nuestro habeas corpus y como consecuencia de eso, se anule la sentencia en primera instancia”, apuntó.

TC deja al voto demanda de Ollanta Humala

El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de habeas corpus presentada por el expresidente Ollanta Humala, quien solicita la anulación y el archivamiento de su proceso penal por lavado de activos. Humala fue condenado en primera instancia a 15 años de prisión debido a los aportes de Odebrecht y del Gobierno venezolano a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La defensa, encabezada por Julio Espinoza Goyena, argumentó que la acusación fiscal no corresponde al delito de lavado de activos según la normativa vigente en los años de los aportes. Espinoza Goyena sostuvo que, tras una decisión previa del TC que favoreció a Keiko Fujimori en el caso Cócteles, la situación de Humala debería recibir el mismo tratamiento, ya que ambos casos involucran aportes de campaña de empresas extranjeras y se basan en la misma normativa y pruebas.

La defensa también mencionó que, después de ese fallo del TC, la Corte Suprema modificó su criterio y consideró que los aportes de campaña no constituyen lavado de activos, como ocurrió en el caso de Susana de la Puente Wiese. A raíz de esto, otros procesos similares, como los de Pedro Pablo Kuczynski y Lourdes Flores Nano, fueron archivados por juzgados de primera instancia.

Por parte del Poder Judicial, la abogada Indira Bedregal solicitó al TC que rechace la demanda porque la sentencia contra Humala aún está en apelación y sostuvo que su caso es diferente al de Fujimori. El fiscal Germán Juárez, quien acusó a Humala, explicó que la imputación se basa en la conversión de dinero ilícito para insertarlo en la campaña electoral, lo que, según la Fiscalía, constituye lavado de activos.

Tras la exposición de las partes, los magistrados del TC realizaron preguntas y la decisión quedó al voto.

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo del abogado Víctor Rodríguez Monteza, anuló la destitución que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le impuso en 2021 y ordenó su reincorporación como fiscal supremo titular del Ministerio Público.

Como se recuerda, la anterior JNJ decidió destituir a Rodríguez Monteza debido a que por medio de él la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto habría sido alertada de que sus llamadas telefónicas venían siendo interceptadas por la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía.

Ahora bien, con su demanda de amparo Rodríguez Monteza nunca buscó que se declare la nulidad de su sanción porque sea inocente de los cargos que para los exconsejeros quedaron comprobados: la filtración de información y sus nexos con la referida organización criminal. Él exigió que se deje sin efecto la destitución porque dice que fue impuesta cuando el plazo del proceso disciplinario había prescrito. Infobae dio cuenta de ello en un informe.

TC le da la razón a Rodríguez Monteza

Como se mencionó, este en un caso donde no se debatió el fondo, sino la forma (el plazo)

Víctor Rodríguez alegó que, debido a que el inicio del proceso disciplinario le fue notificado a su correo personal el 23 de noviembre de 2020, la JNJ tenía plazo para tomar una decisión hasta el 23 de noviembre de 2021. Por su parte, la institución tomó como punto de partida el 25 de noviembre de 2020, cuando notificaron su resolución a través de su casilla electrónica. La destitución fue votada el 24 de noviembre de 2021 y notificada el día siguiente.

En su sentencia, el TC le da la razón al exfiscal supremo. Ello porque, si bien la ley que regula las notificaciones del CNM (hoy JNJ) no establece un orden de prelación sobre las notificaciones, la Ley del Procedimiento Administrativo General suple dicha omisión y establece la notificación personal como la primera a considerar. También afirman que una interpretación de las normas debe ser a favor del administrado y nunca en contra.

Asi, afirman que la notificación del 23 de noviembre de 2020 es válida y es la que se debe tomar como punto de inicio para el cómputo del plazo del proceso disciplinario. En esa línea, determinan que la sanción de destitución fue impuesta y notificada cuando el proceso disciplinario ya había vencido.

“Tanto la emisión de la resolución de destitución (24 de noviembre de 2021), como su notificación al recurrente (25 de noviembre de 2021), fueron realizadas después del vencimiento del plazo de caducidad (23 de noviembre de 2021). Es decir, la lenidad de la JNJ se ha dado en un caso de alta importancia para un modelo constitucional que garantice el estatuto de los jueces y fiscales”, se lee en la sentencia del TC.

Por ello los magistrados concluyen que la destitución de Víctor Rodríguez Monteza es nula porque se vulneró el debido procedimiento, así como el derecho al trabajo.

El TC, hasta en dos ocasiones, deja en claro que no se pronuncia sobre el fondo de la sanción: la supuesta alerta a la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto.

El fin de semana volvió a ser sinónimo de motores, familia y momentos compartidos para Nicole Neumann. Fiel a su estilo, la modelo acompañó a su pareja, Manu Urcera, durante una nueva fecha del Turismo Nacional (TN) en el Campeonato RUS de TN APAT en La Plata. Pero esta vez, la jornada tuvo un condimento especial: Nicole eligió compartir con sus seguidores un álbum de fotos que retrata la complicidad y el cariño con su hijo Cruz, sumando así una faceta íntima a la adrenalina de la pista.

Desde el circuito, Nicole publicó en sus redes una postal en la que se la ve sonriente, vestida con un saco rojo intenso, jeans y gorra negra, mientras sostiene a Cruz en brazos. El pequeño, con auriculares de protección y buzo gris, mira atento la pista desde el lado seguro del vallado, rodeado por su mamá y otras mujeres del equipo familiar. En la imagen, las banderas rojas flamean al viento y el cielo nublado acompaña la escena, típica de una jornada de automovilismo en La Plata. “Tarde de...”, escribió Nicole junto a un emoji de auto de carreras, dejando que la imagen hable por sí sola.

El álbum se completó con varias postales. Una de las imágenes muestra a Nicole y Cruz mezclados entre los espectadores, ambos observando el trabajo de los mecánicos en los boxes. En medio del desarrollo de la jornada automovilística, el niño, siempre con auriculares, acompaña la escena de la mano de su mamá. La protección del oído para Cruz es un detalle que la familia cuida en cada carrera, y en otra imagen se lo ve agachado, revisando una botella de agua con los colores celeste y blanco, en un guiño a la pasión por el automovilismo nacional y la selección argentina.

Una de las postales más representativas de la jornada muestra a Nicole caminando por los boxes, justo frente al espacio reservado para Manu Urcera y su auto número 231. Ella avanza con paso relajado, luciendo el saco rojo y una actitud distendida, mientras de fondo se observan los boxes y el movimiento habitual del equipo técnico. La escena, capturada en plena acción, refuerza el clima de compañerismo y cercanía que la modelo sostiene con el piloto y el resto del equipo.

La presencia de Nicole y Cruz en el autódromo no es nueva. En febrero pasado, la modelo también estuvo junto a su hijo y Manu en Paraná, donde compartieron un fin de semana a puro deporte y familia. “Hola papá, hola Paraná”, escribió Nicole en aquella oportunidad, acompañando la frase con una imagen de su pequeño descendiendo de un vehículo.“Este finde con compañía especial”, reflejando el valor que le da a tener cerca a sus seres queridos en instancias decisivas de su carrera.

La secuencia fotográfica que eligió Nicole para compartir en sus redes también incluyó un momento de ternura: una toma dentro del auto familiar donde se ven las manos entrelazadas de madre e hijo, con el característico hilo rojo de protección en la muñeca de Nicole. Un instante de pausa en medio del bullicio de la competencia, que deja ver la conexión y el afecto entre ambos.

Cerca del cierre de la jornada, la emoción volvió a estar centrada en la pista. Urcera publicó una imagen de su auto azul recorriendo el circuito. “Nos vemos el finde para arrancar con todo este 2026”, escribió, transmitiendo el entusiasmo y la proyección para lo que viene. Nicole, por su parte, eligió despedirse con imágenes familiares y la satisfacción de haber acompañado, una vez más, a Manu en un día clave para su carrera.

Así, la presencia de Nicole en el automovilismo no solo suma glamour a los boxes del TN, sino que también refuerza la importancia del acompañamiento familiar y el valor de compartir momentos únicos, tanto en la pista como fuera de ella. Las fotos de este fin de semana lo confirman: detrás de cada carrera y cada logro, hay historias de amor, dedicación y pequeños instantes cotidianos que hacen la diferencia.

El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de habeas corpus presentada por el expresidente Martín Vizcarra para anular el juicio oral por el caso Lomas de Ilo, donde fue condenado a 15 años de prisión por cohecho pasivo propio.

Con su demanda, la defensa de Vizcarra exigía que se declare nulo el auto de enjuiciamiento, la resolución de citación a juicio oral y “todo lo seguidamente actuado”. Es decir, el juicio oral y la sentencia expedida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

La defensa del expresidente denunció que se estaba vulnerando el principio de ne bis in idem, ya que, en ese momento, enfrentaba un juicio oral por cohecho pasivo propio y, en paralelo, un control de acusación por colusión simple, ambos basados en los mismos hechos.

Sin embargo, el TC considera que las resoluciones cuestionadas por Martín Vizcarra (el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio) “no imponen ni determinan medida de restricción alguna del derecho a la libertad personal, materia de tutela del proceso constitucional de habeas corpus”.

Los magistrados sí reconocen que “la restricción del derecho a la libertad personal del favorecido se encuentra concretada” al haber sido condenado a 14 años de prisión en noviembre de 2025. No obstante, dicen que dicha condena “eventualmente puede ser materia de un nuevo proceso constitucional, siempre que aquella cumpla con el requisito de firmeza”.

Efectivamente, la sentencia de Martín Vizcarra fue apelada y deberá ser resuelta por una Sala Penal de Apelaciones Nacional. Es decir, aún no es firme.

La sentencia de Vizcarra

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de prisión efectiva tras hallarlo culpable del delito de cohecho pasivo propio por los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua”. La sentencia incluye además 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, el pago de una multa de 94.900 soles y una reparación civil de 2.336.000 soles.

Según el tribunal, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, Vizcarra solicitó y recibió sobornos por un total de S/2.3 millones de parte de las empresas Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de los proyectos públicos mencionados. El exmandatario condicionó los procedimientos de licitación y adjudicación de obras al pago de comisiones ilícitas, aprovechando su cargo para obtener beneficios personales.

El juzgado consideró probados estos hechos mediante declaraciones de colaboradores eficaces, registros financieros, comunicaciones electrónicas y testimonios presenciales. El testimonio de Elard Tejeda, exgerente de Obrainsa, resultó clave, ya que describió reuniones y entregas de dinero al entonces gobernador. Las pruebas materiales incluyeron registros bancarios, documentos de licitación y corroboraciones de fechas y reuniones.

Martín Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión en el penal de Barbadillo. Comparte este establecimiento penitenciario con otros expresidentes sentenciados: Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Barbadillo es conocido por albergar exclusivamente a exmandatarios en condiciones de seguridad especial, separados de la población carcelaria común, debido a su relevancia política y el perfil de los internos.

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Helder Domínguez Haro, lamentó la actual situación en la que se encuentra la institución tras la renuncia de la magistrada Luz Pacheco a la titularidad.

“Lamentamos todos los magistrados haber llegado a esta situación que significa tratar de solucionar los problemas del TC. En este momento, creo yo, estamos en una reflexión conjunta de los magistrados para poder abocarnos a los nuevos retos que el TC tiene para el presente año”, dijo Domínguez en entrevista con RPP Noticias.

Como se recuerda, Luz Pacheco dimitió luego de que 5 magistrados prefirieron mantener al director general de Administración del TC, Rodolfo Albán Guevara, a quien ella le había quitado la confianza por múltiples razones.

Al respecto, el flamente presidente del TC aseguró que no se prefirió al referido funcionario sobre su colega magistrada, sino que se prefirió “la normartividad constitucional”. Explicó que el Reglamento de la institución establece que el Pleno designa y remueve a determinados funcionarios, entre ellos el director general de Administración.

“Hemos preferido la normatividad constitucional, lo que dice nuestro texto constitucional y reglamentario”, dijo. “Hay un deber, lo señala expresamente nuestro reglamento, del magistrado de cumplir con no solamente la Constitución, sino también con la ley orgánica y nuestro reglamento. O sea, hay un deber inexcusable de poder nosotros cumplir con nuestra normatividad. Ese es el mensaje que queremos dar nosotros”.

La renuncia de Luz Pacheco

La magistrada Luz Pacheco presentó su renuncia a la presidencia del TC, tras un quiebre interno con la mayoría de sus colegas, quienes se opusieron a su decisión de cesar al director general de Administración, Rodolfo Albán Guevara. Pacheco fundamentó su salida en la imposibilidad de continuar en el cargo luego de que cinco magistrados respaldaran la permanencia de Albán Guevara, un funcionario al que consideraba no idóneo para la gestión administrativa de la institución.

Según detalló la propia Pacheco, desde diciembre de 2025 insistió ante el pleno en la necesidad de relevar a Albán Guevara por “falta de competencias adecuadas” y por su actuación ante casos internos, como el de la exjefa de Recursos Humanos, Susana Távara, y la formación de un sindicato, considerada por la magistrada una medida incompatible con el puesto de confianza que ocupa. “Desde el mes de diciembre del año pasado yo vengo insistiendo para cambiar a un funcionario de alta dirección que considero yo que no tiene las competencias adecuadas para ese puesto”, afirmó.

La crisis se agudizó cuando Pacheco dispuso que Albán Guevara dejara el cargo el 31 de mayo. Los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández anularon esa resolución y reafirmaron la confianza en el funcionario, resolución que llevó a la presidenta a plantear un ultimátum: “Si ustedes se la reafirman, yo no sigo en la presidencia”. Finalmente, solo Manuel Monteagudo respaldó la posición de Pacheco.

La magistrada reconoció que la decisión de sus colegas fracturó totalmente la confianza al interior del tribunal. “La confianza se ha roto totalmente. Si prefieren al señor Albán que a mí, perfecto. Yo respeto las decisiones”, sostuvo. La renuncia se hizo efectiva el 31 de mayo y desde entonces la presidencia recayó de manera interina en Domínguez Haro.

El Tribunal Constitucional ya tiene en agenda la demanda planteada por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra el Jurado Nacional de Elecciones para que se vuelva a evaluar la viabilidad de “elecciones complementarias” en Lima.

Así lo dio a conocer el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse en entrevista con RPP Noticias. El tribuno indicó que es un “tema sumamente importante”, que este “ya está en la agenda del del Tribunal” y “merece algún nivel de prioridad”.

“Por eso que se ha colocado de forma inmediata la agenda y seguramente ya en los siguientes semanas van a tener que vamos a tener que tomar alguna decisión respecto a la medida cautelar y tratar de optimizar lo más pronto posible el proceso competencial”, indicó.

Al ser consultado cuánto tiempo demoraría el TC en resolver la demanda competencial, Gustavo Gutiérrez indicó que este tipo de procesos son “un poco largos, que duran entre 4 y 6 meses, pero esperamos que esto sea por lo menos en unos 60 días”.

En efecto, la demanda competencial fue presentada por el alcalde Renzo Reggiardo el 4 de mayo y hasta el momento no ha sido admitida ni evaluada por el Tribunal Constitucional. Cabe precisar que también se pidió una medida cautelar para suspender la proclamación de resultados.

MML presiona

La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó ante el TC una demanda de conflicto competencial contra el JNE con el objetivo de anular el acuerdo adoptado por el Pleno del organismo electoral el 23 de abril de 2026, mediante el cual se declaró inviable la realización de elecciones complementarias en la capital tras los fallos logísticos de la jornada del 12 de abril.

El argumento central de la demanda no gira en torno a la defensa directa del derecho al voto, sino a un supuesto “menoscabo” de las funciones municipales. La MML sostiene que, al cerrar las vías institucionales para reparar las fallas electorales, el JNE trasladó hacia la comuna limeña la carga de gestionar la “conflictividad urbana” derivada de la controversia, lo que afectaría competencias metropolitanas en materia de seguridad ciudadana, tránsito, conservación de infraestructura, turismo y protección del Centro Histórico de Lima.

El documento afirma que las movilizaciones sociales originadas por la insatisfacción electoral generarían costos extraordinarios en personal, limpieza y conservación del patrimonio, que la MML no debería asumir. Bajo esa lógica, la municipalidad vincula su competencia de “velar por la seguridad y el ornato” con la validez de un proceso electoral de alcance nacional.

Entre las exigencias del petitorio, la MML solicita que el TC declare la nulidad del acuerdo del JNE y ordene al organismo electoral emitir un nuevo pronunciamiento “en plazo breve y razonable, con motivación reforzada, evaluando alternativas focalizadas de tutela del sufragio”. La demanda aclara, no obstante, que “no pretende que el TC sustituya al JNE en la decisión electoral de fondo, ni que convoque directamente a una nueva votación”.

El 8 de mayo, la MML amplió su ofensiva legal ante el TC con una solicitud de medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo impugnado. El texto advertía que, de no prosperar esa medida, el proceso electoral avanzaría hacia la segunda vuelta “consolidando una situación de exclusión” que convertiría cualquier fallo futuro del tribunal en una “declaración meramente académica”. La municipalidad calificó la medida solicitada como de “alcance quirúrgico”, al precisar que no buscaba anular las elecciones ni reemplazar las funciones técnicas del JNE.

El JNE había rechazado por unanimidad la figura de las elecciones complementarias, con el argumento de que dicha figura no está contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones para procesos generales y que una nueva jornada pondría en riesgo el cronograma de la segunda vuelta y la asunción del nuevo gobierno. El organismo también señaló que el ausentismo respondía a factores múltiples —socioeconómicos, desafección política y dificultades logísticas— y no únicamente a la instalación tardía de mesas.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, confirmó que su salida del cargo responde a la inusitada oposición por parte de la mayoría de los magistrados a su decisión de cesar a un cuestionado funcionario de la institución.

Se trata del director general de Administración del Tribunal Constitucional, Rodolfo Albán Guevara. Este un puesto clave, a nivel administrativo, ya que tienen a su cargo las oficinas de recursos humanos, logística, servicios generales y tecnologías de la información.

Según Pacheco, Albán no cuenta con el perfil para asumir dicho cargo, sumado a que habría sido negligente respecto al caso de la exjefa de RRHH Susana Távara respecto a un presunto recorte de sueldos. Otro punto que la presidenta del TC consideró crucial para la pérdida de confianza es que este formó un sindicato a pesar de que la Constitución prohíbe que servidores en cargos de confianza lo hagan.

A pesar de estas observaciones, dice la presidenta del TC, cinco magistrados se opusieron a que el director general de Administración sea cesado del cargo, incluso dejando sin efecto la resolución con la que se aceptaba la renuncia del funcionario.

En entrevista con el programa Ahora y en la hora de Willax, Luz Pacheco confirmó que solo recibió el respaldo del magistrado Manuel Monteagudo, por lo que se intuye que quienes le dieron la espalda fueron Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández.

“Con todo respeto a mis colegas, pero pienso en que los únicos que hemos tenido cargo gerencial en nuestro pasado profesional es él (Monteagudo) que ha sido gerente legal en el Banco Central de Reserva muchos años y yo que he sido hasta gerente de recursos humanos y he empezado de jefe de relaciones industriales, jefe personal y de nuevo gerente de recursos humanos. Si algo conozco es manejo de sindicatos y aspectos laborales”, apuntó.

Para la renunciante presidenta del TC, le parece “sorprendente” que sus colegas estén empecinados en mantener en el cargo a Rodolfo Albán Guevara como director general de Administración. “Ellos consideran que es la persona adecuada”, dijo.

Crisis interna

El quiebre definitivo llegó cuando Pacheco dispuso formalmente que Albán Guevara ejerciera el cargo solo hasta el 31 de mayo. La respuesta de la mayoría del pleno fue declarar nula esa resolución. Fue entonces que la presidenta planteó un ultimátum: “Si ustedes se la reafirman (la confianza al funcionario), yo no sigo en la presidencia”. El pleno ratificó su postura y Pacheco presentó su renuncia.

Las consecuencias van más allá de la renuncia al cargo de presidenta. Pacheco dejó en claro que la relación con esos cinco colegas quedó rota en el plano de la confianza, aunque anunció que mantendrá un trato respetuoso con ellos. “Si prefieren al señor Albán que a mí, bueno, pues perfecto. Yo respeto las decisiones”, sostuvo.

La salida de Pacheco se hará efectiva el 31 de mayo, fecha en que también vence el plazo que ella misma había fijado para el funcionario cuestionado. La presidencia del Tribunal Constitucional (TC) quedará en manos del magistrado Helder Domínguez Haro de forma interina.

En entrevista con el programa Ahora y en la hora de Willax, tal como informaron fuentes de Infobae, Pacheco confirmó que su salida responde a que cinco magistrados prefirieron confiar en un funcionario al que considera no apto para el cargo que en ella.

“Desde el mes de diciembre del año pasado yo vengo insistiendo para cambiar a un funcionario de alta dirección que considero yo que no tiene las competencias adecuadas para ese puesto y más bien que regresara al que ganó por concurso y poder nombrar a una nueva persona. Sin embargo, no me lo han venido aceptando cada vez que lo he propuesto y ahora ya fue lo definitivo”, dijo.

El funcionario en cuestión es Rodolfo Albán Guevara, Director General de Administración del TC, quien Pacheco considera incompetente, negligente frente a la situación de una subordinada e irresponsable al formar un sindicato a pesar de que es un cargo de confianza.

La renunciante presidenta del TC indicó que la renuncia de Albán Guevara ya estaba tomada desde abril y se la comunicó en ese mismo mes a los magistrados a fin de poder nombrar un reemplazo. No obstante, dice, el tema no avanzó y recientemente dispuso que el funcionario ejerza el cargo solo hasta el 31 de mayo. Fue entonces que un tribuno habría dicho “que raro”, que por qué se había tomado esa decisión.

Luz Pacheco precisó que fueron cinco magistrados los que le dieron la espalda. El único que la respaldó fue Manuel Monteagudo. De esta declaración se desprende que quienes blindaron al cuestionado funcionario fueron Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández.

Pacheco considera “sorprendente” que los referidos tribunos respalden plenamente a Rodolfo Albán Guevara. “Ellos consideran que es la persona adecuada para el cargo (de Director General de Administración del TC)“, indicó.

Se rompió la confianza dentro del TC

La magistrada explicó que la oposición fue tanta por parte de la mayoría de sus colegas que declararon nula la resolución con la que se fijaba como último día de labores del funcionario el 31 de mayo.

“Les digo: ‘Bueno, entonces eso qué quiere decir, ¿van a reafirmar la confianza en ese señor o se la van a quitar? Porque si ustedes se la reafirman, yo no sigo en la presidencia. (Y eso fue lo que hicieron) Ajá, cómo me voy a quedar", señaló.

Finalmente, Luz Pacheco indicó que la confianza con los miembros que impidieron que cese a Rodolfo Albán se ha resquebrajado “totalmente”.

“Yo los respetaré, los trataré con amabilidad siempre, con ayuda de Dios, siempre los ayudaré si necesitan, pero otra cosa es ya la confianza. (La confianza se ha roto) Al menos de parte mía, ya totalmente. Eso lo que usted acaba de decir, si prefieren al señor Albán que a mí, bueno, pues perfecto. Yo respeto las decisiones”, sostuvo.

Pacheco dejará el cargo formalmente el 31 de mayo. Luego la presidencia del TC será ocupada interinamente por el magistrado Helder Domínguez Haro.

La magistrada Luz Pacheco Zerga renunció de manera inesperada a la presidencia del Tribunal Constitucional, a casi 4 meses de que culmine el mandato por el que fue electa por sus colegas. Justamente, el respaldo de sus colegas –en realidad, la falta de este– fue lo que desencadenó la renuncia de Pacheco, según informaron fuentes con conocimiento del caso a Infobae.

Las fuentes señalan que Luz Pacheco puso su renuncia en la mesa durante la sesión del Pleno del TC de este lunes 25 de mayo. Este tuvo como finalidad obtener el apoyo de sus colegas para dar solución a presuntas “contrataciones fantasmas” y “mafia de funcionarios” en la institución. Pero este espaldarazo nunca llegó.

¿Pero por qué buscó el respaldo de sus colegas para llevar a cabo una probable purga de funcionarios cuestionados? La razón sería que estos funcionarios presuntamente indebidamente contratados serían allegados de algunos tribunos. “No se percató y cuando ha querido sacarlos, no ha tenido apoyo”, dijo un informante. “Así que dijo que seguiría (el trámite de) su renuncia”.

Efectivamente, según trascendió, Luz Pacheco continuará en el cargo de presidenta del Tribunal Constitucional hasta fin de mes. Por ello ayer martes 26 de mayo aún venía realizando actividades en dicha condición. Fue una visita al Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Puerto Maldonado, donde realizó una donación de 200 libros a favor de las internas.

A partir del lunes 1 de junio, la titularidad del TC estará a cargo de forma interina por el vicepresidente Helder Domínguez Haro, quien o se quedará hasta que acabe el mandato o convocará a elecciones.

Por su parte, Pacheco seguirá desempeñándose como magistrada ya que solo renuncia a la presidencia de la institución. La abogada deberá ser designada en una de las dos salas del Tribunal, en reemplazo de quien asuma el cargo que deja.

Infobae se contactó con la oficina de prensa del TC; sin embargo, al cierre de la presente nota, no obtuvimos respuesta.

Maniobra

Según fuentes de Infobae, un grupo de trabajadores presuntamente implicados en contrataciones irregulares habría conformado un sindicato. Esto con la aparente finalidad de alegar “represalias” cuando se intente dar por finalizado el vínculo laboral.

La relación de Pacheco con el sindicato es tensa, según un correo difundido por el periodista Carlos Viguria. Se trata de una respuesta de Pacheco a un comunicado del sindicato del TC donde se exige el paso de trabajadores CAS al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Pacheco lamentó el comunicado “no sólo por el lenguaje confrontacional que emplea,con elque -pareceria- que pretenden presentarse como los paladines de los derechos laborales en nuestra entidad”. Menciona que su prioridad fue precisamente dicho cambio y que “gracias a las continuas gestiones realizadas con el equipo de funcionarios que me acompaña, hemos podido lograr la aprobación de la ley que nos permite el tránsito del personal CAS al régimen 728″.

“Como pueden apreciar, las diatribas y calumnias del comunicado del sindicato me apenan y sorprenden: esperaba otro comportamiento de los afiliados y su junta directiva. En lugar de sumar esfuerzos, lo que vienen haciendo es sembrar desconfianza, falsas acusaciones y actuar como si fueran víctimas, cuando la realidad es muy distinta”, se lee en el mensaje.

La magistrada Luz Pacheco Zerga renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional a menos de 4 meses de que culmine su mandato, según informaron fuentes de Infobae.

La renuncia fue planteada por Pacheco en la sesión del pasado lunes 25 de mayo ante presuntas irregularidades detectadas en la contratación de trabajadores/locadores cercanos a algunos magistrados. “Trabajadores fantasmas” y “mafia de funcionarios”, dicen las fuentes.

Luz Pacheco buscó respaldo de los magistrados para corregir estas situaciones, pero no lo tuvo, así que dijo que seguiría adelante con su dimisión al cargo.

Fuentes sostienen que, como medida para evitar ser despedidos, algunos trabajadores presuntamente involucrados en contrataciones irregulares habrían creado un sindicato. Esto para potencialmente alegar “represalias” por estar afiliado a un gremio en caso se le pretenda retirar del cargo.

Pacheco Zerga solo renuncia a la presidencia del TC. Se mantiene como magistrada. El Pleno del TC deberá elegir a un nuevo presidente, mientras tanto, asume de manera interina el vicepresidente Helder Domínguez Haro.

El Pleno del Tribunal tiene previsto sesionar este jueves 28 y viernes 29 de mayo.

Trayectoria

Desde su designación como magistrada en mayo de 2022 y posterior asunción como presidenta en septiembre de 2024, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar la presidencia del TC, Pacheco ha intervenido en casos sobre derechos humanos, violaciones a los derechos humanos y la relación entre las competencias de entidades.

Uno de los pronunciamientos más controversiales fue la decisión del TC que permitió la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori en diciembre de 2023, pese a las condenas internacionales por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pacheco votó a favor de la liberación y, en entrevista, sostuvo: “No es una obligación que pida perdón”, en referencia a Fujimori, y criticó públicamente a los deudos de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Además, defendió la postura del tribunal frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), asegurando que “el Estado peruano, así como sus jueces ordinarios y constitucionales, no estamos obligados a someternos a ese mandato porque no tiene legitimidad” cuando la Corte emite sentencias contrarias a la Convención Americana. Esta declaración se dio luego de la aprobación de la Ley 32107, que establece la prescripción de crímenes de lesa humanidad.

En enero de 2026, durante un seminario internacional en Costa Rica, Pacheco argumentó ante el pleno de la Corte IDH que la mayoría de magistrados del TC consideró sus decisiones sobre Fujimori y la Ley 32107 “más ajustadas a la convencionalidad que las propias órdenes dictadas por el organismo supranacional”. En sus palabras: “Les di a todo el Pleno las razones por las cuales consideramos que nuestra decisión era más convencional incluso. Puede parecer un atrevimiento, pero eso es lo que nosotros vimos con toda honestidad intelectual”.

Otro fallo relevante durante la gestión de Pacheco fue la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos del Decreto Legislativo 1373 sobre extinción de dominio. 

Luz Pacheco también votó a favor de la declarar fundada la demanda planteada por el Gobierno de Dina Boluarte, fallo que limitó la actuación de la Fiscalía de la Nación en investigaciones preliminares contra un mandatario en funciones.

El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, para que el magistrado Gustavo Gutiérrez se abstenga de intervenir en el caso de la demanda competencial de la Junta Nacional de Justicia contra el Poder Judicial.

Según informó el secretario relator Víctor Alzamora Cárdenas, el pedido de Espinoza fue declarado improcedente y “ya se notificará la resolución” con los fundamentos.

Lo más seguro es que el TC desestimó el pedido debido a que la exfiscal de la Nación no es parte del proceso competencial, sino “tercero con interés en el resultado del proceso”.

La jurisprudencia del Tribunal ya ha establecido que la participación de los terceros incorporados se limita a presentar escritos e informar oralmente en la audiencia del caso. Estos no pueden interponer reposiciones, ni plantear nulidades o excepciones, o pedidos de abstención de magistrados.

Y, efectivamente, el abogado de Delia Espinoza sí pudo exponer sus argumentos ante los magistrados, aunque de manera virtual ya que la audiencia se llevó a cabo en Huánuco, un punto que la exfiscal de la Nación también cuestionó al pedir la abstención de Gustavo Gutiérrez.

¿Por qué se pidió la asbtención de Gustavo Gutiérrez?

El pedido de abstención se sustentó en declaraciones que Gutiérrez Ticse realizó durante la audiencia del habeas corpus del prófugo Vladimir Cerrón. En esa sesión, el magistrado preguntó al abogado Humberto Abanto si la conducta de Espinoza —quien supuestamente no acató una resolución de la JNJ — podía equipararse al “derecho a la resistencia” que habría ejercido Cerrón frente a resoluciones judiciales.

La pregunta textual del magistrado fue: “¿Cómo se podría enfocar este punto de la entonces fiscal de la Nación Delia Espinoza, que pese a que había un mandato, una orden de la Junta Nacional de Justicia —que es un órgano constitucional autónomo, no es un órgano administrativo como está tratando de decir, es un Poder del Estado, prácticamente—; sin embargo, la señora consideró que no debía cumplir ese mandato porque le faltaba A o B razones. Entonces, ella también ejerció un derecho de resistencia”.

Para la decana del CAL, esa intervención no fue una pregunta neutral sino una toma de posición. En su escrito, señaló que la formulación de Gutiérrez Ticse presupone “la validez del mandato de la JNJ, la improcedencia de cuestionarlo en sede judicial y una lectura reprochable de mi conducta como un ‘desacato’ a una orden legítima”.

Espinoza pidió que el magistrado se aparte del caso, se abstenga de participar en la audiencia pública y no intervenga en la resolución final. Advirtió que su presencia “generaría una duda razonable sobre la neutralidad del órgano colegiado y afectaría la confianza en la decisión que se adopte”.

Al voto

El último jueves 21, el TC dejó al voto la demanda competencial de la JNJ contra el PJ por resoluciones judiciales que supuestamente interferirían en las competencias de la Junta.

Según la JNJ, las demandas del IDL para anular el concurso público donde se eligió a los miembros de la JNJ y la demanda de Delia Espinoza para anular el proceso disciplinario por la reposición de Patricia Benavides, vulneran sus competencias.

El procurador del Poder Judicial refutó a la Junta y aseveró que el TC ya estableció que las resoluciones sobre procesos disciplinarios sí pueden ser revisadas en sede constitucional vía demanda de amparo.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) modificó su demanda competencial contra el Poder Judicial, por el caso de la reposición de Delia Espinoza, en plena audiencia ante el Tribunal Constitucional.

Cuando la Junta planteó la demanda competencial, solicitó que el TC declare que el Poder Judicial “carece de competencia para impedir, a través de procesos ordinarios y/o constitucionales y/o cualquiera sea la denominación que se le pueda dar a sus pretensiones, el normal desarrollo del ejercicio de las funciones y atribuciones exclusivas y consustanciales que son de competencia de la JNJ”.

Sin embargo, durante la audiencia, el abogado Enrique Ghersi indicó que lo que se solicita es “acotar las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial” ya que este, supuestamente, habría otorgado un “blindaje” a Delia Espinoza para que no sea investigada disciplinariamente.

El procurador público del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi Sotomayor, hizo notar la variación del pedido de la demanda competencial. “Mi colega señala que es importante establecer un límite a la competencia del PJ, lo cual ya lo ha hecho el TC en diferentes ocasiones, pero el petitorio real es que debe declararse que el PJ carezca de competencia (...)”, dijo.

Tupayachi indicó que la demanda competencial no busca defender las competencias de la JNJ (ratificación, nombramiento, destitución) porque “no han sido interrumpidas por el PJ”. “El petitorio es muy ambiguo y hasta podríamos decir que no establece un acto específico de menoscabo expreso en torno a las funciones porque la idea de una delimitación no calza” en un conflicto competencial, sostuvo.

El procurador también mencionó que el Tribunal Constitucional ha establecido que las decisiones de la JNJ sí pueden ser revisadas por el Poder Judicial si estas no están debidamente motivadas.

El magistrado Manuel Monteagudo también hizo notar el cambio de la pretensión. Luchas Ghersi señaló que la Junta no considera que ese proceso disciplinario no se pueda revisar en sede judicial, sino que, dice, el Poder Judicial no puede otorgar una “inmunidad sábana” a Delia Espinoza.

Defensa de Delia Espinoza

Durante la audiencia también se presentó el abogado de Delia Espinoza, quien fue incorporada como tercero con interés en el resultado del proceso competencial. Y es que la JNJ busca que el TC declare nula la medida cautelar que ordenaba su reposición como fiscal de la Nación y la suspensión del proceso disciplinario en su contra por la reposición de Patricia Benavides.

El abogado de Espinoza, Arturo Grau Castillo, cuestionó que la JNJ recurra al TC luego de que se emitiera una medida cautelar a su favor. Consideró que la Junta usa la demanda competencial como una apelación. “El proceso competencial no puede convertirse en una apelación encubierta contra un amparo, menos aún cuando la persona directamente afectada ni siquiera puede intervenir como parte”, sostuvo.

El letrado también defendió que el Poder Judicial pueda intervenir ante alguna afectación por parte de la JNJ. “Revisar judicialmente un acto de la Junta no equivale a sustituirla. Una cosa es ejercer una potestad disciplinaria y otra distinta es controlar si esa potestad disciplinaria se ejerció respetando los derechos fundamentales invocados en la demanda de amparo”, apuntó.

Como argumento, el abogado de la exfiscal de la Nación citó el caso de Tomás Gálvez, cuya destitución fue anulada por el TC, ordenando su reposición como fiscal supremo.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) rompió su silencio y se pronunció oficialmente sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la reposición de Deportivo Binacional a la Liga 1 para la temporada 2027. A través de un comunicado, el ente presidido por Agustín Lozano mostró su total desacuerdo con el fallo y aseguró que la decisión “no tiene sustento jurídico ni mérito deportivo”.

La resolución del TC obliga a la FPF a actualizar la tabla de posiciones del campeonato 2023 y considerar la reincorporación del club de Juliaca a la máxima categoría del fútbol peruano. Sin embargo, desde la Federación consideran que la medida no modifica la situación deportiva del ‘poderoso del Sur’ y cuestionan los alcances de la sentencia.

En el documento, el organismo rector del fútbol peruano explicó que el caso está relacionado con la ejecución de sanciones vinculadas al sistema de licencias durante la temporada 2023 y sus posibles efectos sobre la permanencia de Binacional en Primera División.

“Con base a lo desarrollado por el TC, según su segundo extremo resolutivo, se deberá aplicar la Resolución N°125-TL-FPF-2023 que impone la sanción de deducción de 04 puntos al Club Sport Boys Association”, indicó la Federación.

No obstante, el organismo remarcó que dicha sanción ya había sido declarada “inejecutable” mediante una resolución emitida en 2024, luego del pronunciamiento del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

“Binacional se mantiene en puesto de descenso”

Uno de los puntos más firmes del comunicado fue la postura de la FPF respecto a la situación deportiva del club puneño. Según el ente rector del fútbol peruano, incluso aplicando la deducción de puntos a Sport Boys, Binacional seguiría ocupando zona de descenso en la tabla acumulada de la Liga 1 2023.

“El TC no ha tomado en cuenta que la sanción de deducción de los 04 puntos que se aplicaría al Club Sport Boys Association (...) no altera la posición del Club Binacional, el cual se mantiene en el puesto 17 de descenso”, señaló la Federación. Bajo esa línea, la institución concluyó que “no hay sustento jurídico ni mérito deportivo para su participación en el futuro campeonato 2027”.

Asimismo, la Federación reafirmó su postura respecto a que los conflictos vinculados al fútbol profesional deben resolverse exclusivamente dentro de los órganos deportivos y no mediante la justicia ordinaria. Además, recordó que los lineamientos de FIFA, CONMEBOL y el propio estatuto federativo establecen que las controversias deportivas deben resolverse en instancias como el TAS.

“La participación deportiva en los campeonatos debiera ser consecuencia del mérito deportivo y no de sentencias judiciales. La FPF reafirma la importancia de que los temas deportivos sean resueltos estrictamente dentro de los órganos de justicia deportiva y del Tribunal Arbitral del Deporte”, se lee en el pronunciamiento.

Un nuevo capítulo en el conflicto Binacional-FPF

El pronunciamiento de la Federación añade un nuevo capítulo al largo conflicto entre Binacional y la FPF, una disputa que se arrastra desde el descenso del club en 2023 y que ha pasado por distintas instancias judiciales y deportivas.

Mientras el Tribunal Constitucional ordenó la reposición del cuadro de Juliaca para la temporada 2027, la Federación sostiene que el fallo no cambia la situación deportiva del equipo y advierte sobre los efectos institucionales que podría generar la intervención de la justicia ordinaria en decisiones del fútbol profesional peruano.

Por ahora, el escenario sigue abierto y todo apunta a que el caso continuará generando debate tanto en el ámbito deportivo como legal.

El caso Deportivo Binacional sumó un nuevo y decisivo capítulo. El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda presentada por el club de Juliaca y ordenó su reposición en la Liga 1 para la temporada 2027, en una resolución que vuelve a sacudir el panorama del fútbol peruano y reabre el debate sobre la relación entre la justicia ordinaria y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

La decisión representa un giro más en una historia marcada por exclusiones, reincorporaciones, sanciones y disputas legales que han mantenido al club en el centro de la polémica desde su última participación en la máxima categoría.

Binacional fue excluido de la Liga 1 en 2025 tras la revocación de medidas cautelares que le habían permitido su participación provisional en el torneo. Aquella decisión de la FPF generó la salida inmediata del equipo del campeonato, anulando incluso sus encuentros oficiales de la temporada y dejando en incertidumbre su futuro deportivo.

El club tomó cartas en el asunto y, desde entonces, inició una batalla legal para intentar revertir su situación, argumentando presuntas vulneraciones al debido proceso y a su derecho de participación en competencias profesionales.

El Tribunal Constitucional falla a favor del club

De acuerdo con la reciente resolución difundida por el Tribunal Constitucional, el máximo órgano de interpretación de la Constitución declaró fundada la demanda del club puneño y dispuso su reincorporación a la Liga 1, aunque con aplicación a la temporada 2027, lo que marca un horizonte diferido para su retorno.

El fallo sostiene que la decisión previa de la Federación habría afectado derechos fundamentales vinculados a la actividad deportiva profesional, por lo que ordena su restitución en la estructura del fútbol profesional peruano.

El nuevo pronunciamiento del TC vuelve a colocar al organismo presidido por Agustín Lozano en una situación compleja, al tratarse de una decisión judicial que impacta directamente en la organización del campeonato. El caso reaviva, además, la discusión sobre los límites de intervención de la justicia en las decisiones de las federaciones deportivas, un tema que ya había generado controversia en episodios anteriores vinculados al club de Juliaca.

El comunicado oficial del club tras la sentencia

Binacional ha atravesado en los últimos años un escenario de marcada inestabilidad institucional. Tras descender en 2023, el club logró regresar a la Liga 1 mediante medidas judiciales en 2024, disputó la temporada 2025 y posteriormente volvió a ser excluido por una resolución administrativa de la FPF.

Ahora, con este nuevo fallo del Tribunal Constitucional, el equipo de Juliaca suma un capítulo más a una historia que ha oscilado entre el descenso deportivo, la reposición judicial y la exclusión administrativa. A través de un comunicado oficial, el ‘Poderoso del Sur’ confirmó haber tomado conocimiento de la resolución y detalló los alcances de la sentencia.

Asimismo, la institución expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante todo el proceso judicial: “expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros hinchas que nos acompañaron desde el inicio de este litigio y a nuestro equipo legal por defendernos en lograr esta histórica sentencia”.

Un futuro aún por definirse

Aunque la sentencia establece su retorno a la Liga 1 a partir de la temporada 2027, todavía está pendiente la postura oficial de la Federación Peruana de Fútbol respecto al cumplimiento del fallo y a sus posibles implicancias en la planificación del torneo.

En ese contexto, el caso Binacional se mantiene como uno de los más controversiales del fútbol peruano en los últimos años, no solo por su impacto deportivo, sino también por el precedente jurídico que viene sentando en la relación entre el sistema de justicia y las decisiones del deporte profesional.

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, fue incorporada al proceso competencial que inició la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional, en una reciente resolución, aceptó el pedido de Espinoza para ser incorporada en el caso en calidad de “tercero con interés en el resultado del proceso”. Ello debido a que las resoluciones que la JNJ pretende sean anuladas nacen de la demanda de amparo que ella interpuso.

“Corresponde precisar que, si bien la solicitante no se encuentra legitimada para interponer reposiciones, ni plantear nulidades o excepciones, o pedidos de abstención de magistrados, por cuanto no tiene la calidad de parte en el proceso, sí podrá presentar escritos con el objeto de aportar sentidos interpretativos relevantes, y también podrá solicitar informar oralmente en la respectiva audiencia pública”, se lee en la resolución.

Cabe precisar que el TC ya programó la audiencia donde se analizará la demanda competencial de la JNJ. Será este jueves 21 de mayo, pero no se desarrollará en Lima, sino en Huánuco, en la Corte Superior de Justicia de ese departamento.

No es la primera vez que el Tribunal decide que audiencias de casos importantes se lleven a cabo al interior del país. Por ejemplo, la audienciade de la demanda competencial de Patricia Benavides contra la anterior JNJ se realizó en Arequipa. Buscaba librarse de las investigaciones disciplinarias que se le iniciaron.

Por otro lado, el TC también realizó la audiencia de la demanda del Poder Ejecutivo contra la Fiscalía en Arequipa. Se trata del proceso competencial de Dina Boluarte, que acabó en una sentencia que limitó la actuación del Ministerio Público en investigaciones contra presidentes en funciones.

JNJ vs PJ

La JNJ acudió al TC con una demanda competencial para bloquear la medida cautelar que obligaba a reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. La acción fue presentada por Gino Ríos Patio, entonces presidente de la JNJ y condenado por violencia familiar.

La demanda cuestiona dos acciones de amparo que el Poder Judicial admitió a trámite: una del Instituto de Defensa Legal (IDL) para anular la elección de los consejeros de la JNJ, y otra de la propia Espinoza para dejar sin efecto el proceso disciplinario abierto en su contra por el caso Patricia Benavides. La JNJ sostiene que ambas acciones vulneran sus atribuciones constitucionales.

Uno de los argumentos centrales del escrito apunta al juez Juan Torres Tasso, quien emitió una segunda resolución con un plazo de dos días para que Espinoza sea restituida en su cargo. La JNJ alega que esa resolución no les fue notificada formalmente y que tomaron conocimiento de ella a través de los medios de comunicación. Además, cuestionan que Torres Tasso haya ordenado suspender el proceso disciplinario respecto a los cuatro cargos imputados a la fiscal, cuando —según la JNJ— la medida cautelar solo cubriría dos. “Ello constituye una extralimitación de las competencias que le corresponden al Poder Judicial y una ruptura del principio de congruencia procesal”, se lee.

Con ese argumento, la JNJ pide al TC que declare fundada la demanda, anule la medida cautelar a favor de Espinoza y ordene a Torres Tasso “no volver a incurrir en actos similares en el futuro”.

La demanda tiene también un segundo frente. La JNJ busca que el TC paralice el amparo del IDL, presentado tras las observaciones de una misión internacional de expertos sobre el concurso de selección de consejeros, a cargo de la Comisión Especial presidida por el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez. Aunque ese proceso aún no tiene sentencia de primera instancia, la JNJ teme que se dicte una medida cautelar que suspenda la elección de sus siete miembros. “Dicha situación llevaría a la JNJ a una situación de parálisis, lo que causaría un perjuicio grave sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia”, advierte el documento.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó al Tribunal Constitucional que suspenda la proclamación de los resultados de la primera vuelta, donde los dos candidatos que obtuvieron mayor puntaje y pasarán a la segunda vuelta son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En el documento al que accedió Infobae, Reggiardo exige que el TC ordene “que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se abstenga de proclamar los resultados oficiales de la primera vuelta". Esto, dicen, hasta que el tribunal electoral “emita, con motivación reforzada y dentro de plazo breve y razonable, un nuevo pronunciamiento que evalúe efectivamente las medidas restaurativas focalizadas del sufragio en las mesas y locales electorales donde la falla estatal reconocida impidió materialmente el ejercicio del derecho al voto”.

“Esta medida resulta indispensable para evitar que la consolidación formal de un resultado electoral, derivado de un proceso afectado por irregularidades estatales reconocidas, torne en irreparable el menoscabo constitucional denunciado”, se lee en el escrito.

Cabe precisar que Renzo Reggiardo presentó este documento al TC el jueves 25 de mayo a las 2:34 de la tarde, luego de que el JNE anunció que este domingo 17 de proclamarán los resultados de la elección presidencial.

Contradicción

En la medida cautelar inicial, Reggiardo únicamente pedía que se suspenda el acuerdo del JNE que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima. Esto hasta que se resuelva la demanda principal, cuyo objetivo es que se anule dicho acuerdo y se ordene al ente electoral emitir un nuevo pronunciamiento.

Ahora, el alcalde modifica su solicitud cautelar y pide que se ordene al JNE a asbtenerse a proclamar los resultados de la primera vuelta hasta que emita un nuevo pronunciamiento donde se evalúe nuevamente “medidas restaurativas focalizadas del sufragio”.

Como se recuerda, por unanimidad, el Pleno del Jurado declaró “inviable” la posibilidad de organizar elecciones complementarias dentro del marco de las Elecciones Generales 2026.

Uno de los argumentos centrales del sector político que impulsó la iniciativa era que el ausentismo electoral se explicaba, en gran parte, por la instalación tardía de mesas de sufragio: los electores llegaban, no encontraban su mesa lista y se retiraban sin votar. Frente a eso, un análisis estadístico de la Dirección Nacional de Estudios del JNE concluyó que el impacto de ese retraso fue leve. Las mesas instaladas a tiempo registraron un ausentismo del 19,6%, frente al 20,9% de las que abrieron después de las 8:01 a.m.

Además, el tribunal electoral señaló que el ausentismo obedece a múltiples factores: condiciones socioeconómicas, desafección política, dificultades de transporte y distancia a los locales de votación, entre otros.

El JNE también subrayó que el pedido carece de base legal. La figura de las elecciones complementarias no está contemplada en la Ley Orgánica de Elecciones para procesos generales, sino únicamente para elecciones municipales bajo supuestos específicos de nulidad. Aplicar por analogía esas reglas a unas elecciones generales, advirtió el tribunal, vulnera el principio de legalidad y la seguridad jurídica.

A ello se suma que la ONPE no tendría capacidad organizativa para ejecutar una nueva jornada en el corto plazo sin afectar el cronograma de la segunda vuelta, lo que pondría en riesgo la asunción del nuevo gobierno el 28 de julio. El JNE también alertó que realizar votaciones adicionales cuando ya se conocen los resultados comprometería la autenticidad del sufragio y la estabilidad democrática.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una solicitud de medida cautelar destinada a suspender los efectos del Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 23 de abril de 2026. La demanda, impulsada por el alcalde Renzo Reggiardo, denuncia que dicho órgano electoral ha establecido una “clausura absoluta de toda alternativa de tutela restaurativa del sufragio” al declarar inviable la realización de elecciones complementarias o medidas correctivas para los ciudadanos que no pudieron votar el pasado 12 de abril.

El argumento central de la MML intenta forzar un supuesto menoscabo de competencias. Según el documento, la omisión del JNE al supuestamente no reparar las fallas logísticas del proceso electoral “proyecta sus consecuencias sobre la gestión urbana de la ciudad”. La municipalidad sostiene que el ente electoral, al cerrar las vías institucionales para el ejercicio del voto, traslada a la comuna limeña la carga de gestionar los efectos sociales (movilizaciones) de la controversia.

En el documento se afirma que esta situación “incide directamente en el ejercicio de competencias vinculadas al orden urbano, la seguridad ciudadana, el tránsito y la gestión del espacio público”. Para la autoridad edil, la falta de una respuesta técnica por parte del JNE frente a la afectación del sufragio genera escenarios de “conflictividad social que se traducen en concentraciones, movilizaciones y presión sobre el espacio público”, lo que obliga a la municipalidad a desplegar recursos humanos y financieros extraordinarios para contener riesgos en áreas sensibles como el Centro Histórico.

Supuesta contradicción

La nota judicial enfatiza una contradicción en la actuación del JNE. Se recuerda que los días 12 y 13 de abril, la autoridad electoral reconoció un “margen constitucional de actuación extraordinaria” al ampliar el horario de votación ante la falta de material electoral. No obstante, el acuerdo impugnado rechaza aplicar ese mismo criterio de flexibilidad para remediar las afectaciones residuales que impidieron el voto de miles de ciudadanos. No obstante, el JNE advirtió que era inviable elecciones complementarias porque implicaría alterar el calendario electoral.

La defensa de la MML califica esta postura como una “incongruencia clara”, señalando que el JNE no explica por qué el estándar pro-sufragio dejó de operar. La demanda afirma que el ausentismo sea multicausal “puede ser útil para descartar una nulidad general, pero no para negar toda tutela focalizada” en mesas donde el retraso de la ONPE fue un obstáculo objetivo.

Peligro de un daño irreversible

El pedido cautelar advierte que, de no suspenderse el acuerdo, el proceso electoral avanzará hacia una segunda vuelta consolidando una situación de exclusión. Esto, según el texto, convertiría cualquier sentencia futura del TC en una “declaración meramente académica, sin capacidad real de restablecer el equilibrio constitucional afectado”.

La municipalidad aclara que la medida buscada tiene un “alcance quirúrgico”: no pretende anular las elecciones ni sustituir las funciones técnicas del JNE, sino evitar que se consoliden los efectos de una decisión que “perpetúa la exclusión de un sector importante del electorado” mientras el Tribunal resuelve el fondo de la controversia competencial.

Gerardo Eto Cruz, exmagistrado del TC, fue contratado como el asesor legal de la Municipalidad de Lima en este caso, y anticipó a RPP que el equipo municipal iniciará visitas presenciales al Tribunal Constitucional para acelerar la admisibilidad de su recurso. La demanda surge tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones de no convocar a ciudadanos que no pudieron votar para nuevas jornadas electorales, decisión que la municipalidad considera lesiva para la gobernabilidad limeña.

El abogado sostuvo que el Tribunal Constitucional ha establecido desde hace tiempo que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones pueden estar sometidas a control constitucional, ya que el intérprete supremo de todos los órganos del Estado es el TC, explicó a RPP.

Según Eto Cruz, la incertidumbre por esta falta de comicios podría reflejarse en movilizaciones que alteren la seguridad ciudadana, el control vial y la estabilidad de la salud pública. “El territorio de Lima Metropolitana va a estar sujeto al asedio, va a haber una suerte de territorio comanche”, indicó a Canal N.

La defensa cuestionó que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones omite una justificación suficientemente fundamentada sobre el impacto real del ausentismo electoral. Eto Cruz objetó la interpretación oficial, que restó importancia al bajo incremento del ausentismo —según el JNE, de apenas 1,4% en mesas con apertura tardía respecto a las abiertas temprano— y consideró que falta una motivación profunda en el fallo.

“Precisamente nosotros estamos cuestionando al Jurado Nacional de Elecciones porque su resolución no se encuentra motivada, fundada en una argumentación de ponderación, porque de todas maneras es competencia del Jurado Nacional de Elecciones haber suplido estas irregularidades”, afirmó Eto Cruz a Canal N.

Uno de los elementos presentados en la demanda es un documento suscrito por una sección especializada del Colegio de Ingenieros, que advierte, según la defensa municipal, de irregularidades informáticas durante el proceso electoral y que fue adjuntado formalmente. “Tengo un documento que se ha adjuntado en esta demanda, donde el Colegio de Ingenieros ha emitido un informe demoledor donde ha habido irregularidades que ya tienen otra categoría”, declaró Eto Cruz a Canal N.

Sin embargo, el propio Colegio de Ingenieros indicó en un comunicado que esa información, difundida por Rafael López Aliaga, no representa una postura institucional y que tampoco ha sido aprobada por su Consejo Nacional, por lo que indican que esos datos pueden generar confusión entre la ciudadanía.

La controversia técnica involucra una supuesta brecha de ciberseguridad detectada en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante los comicios. Esta expresión, utilizada por expertos, alude a vulnerabilidades técnicas en los sistemas informáticos que pueden generar fugas de información o comprometimiento de datos, impactando de forma directa en la integridad del proceso electoral.

Aunque el funcionario de la ONPE aseguró públicamente que una auditoría interna descartó irregularidades, para Eto Cruz persiste un conflicto de interés. “Nuestra gente ya ha chequeado y no pasa nada, pero ellos son prácticamente juez y parte”, remarcó.

“(Abencia Meza se encuentra) preocupada y ansiosa, esperando que esta vez tengamos mayor suerte que en las ocasiones anteriores”, declaró Abanto en entrevista con Panamericana.

Como se recuerda, esta semana Abanto sustentó ante el TC la demanda con la que solicita que se le conceda el beneficio de semilibertad a la exartista que fue condenada a 30 años de prisión por ser instigadora del homicidio calificado de Alicia Delgado.

La defensa sostiene que el Poder Judicial y el INPE le han negado indebidamente el referido beneficio a Meza Luna a pesar de que, afirman, cumple con los requisitos para que se le otorgue.

“Abencia está presa desde el año 2011. Han pasado 15 años. Además, ha venido cumpliendo con trabajo y estudio dentro del penal, dentro del tratamiento penitenciario. Entonces, nosotros creemos que tiene el derecho a que se aplique la ley, no la vigente a la segunda condena, sino a la primera condena que se dio en el año 2012. Si eso fuese así, ella podría acceder a la semilibertad. No puede hacerlo ahora porque en el año 2017 se cambió la ley y las personas condenadas por el artículo 108 del Código Penal, es decir, homicidio, no pueden acceder a la semilibertad”, explicó.

Humberto Abanto reconoció que el TC podría demorar un tiempo “discrecional” en resolver la demanda de la excantante folclórica, pero afirmó que esperarán “tranquilamente” el fallo.

La demanda de Abencia Meza

El principal punto de disputa es la fecha a partir de la cual deben computarse los beneficios penitenciarios. Según Humberto Abanto, el proceso judicial fijó una condena firme en 2012, aunque esta fue anulada por un habeas corpus que el anterior Tribunal Constitucional declaró fundado en 2019. A raíz de esa decisión, la Corte Suprema emitió en 2020 una nueva sentencia ratificando la pena de 30 años. Sin embargo, en 2018 el Código de Ejecución Penal fue modificado para restringir la semilibertad en delitos graves, como el homicidio.

En audiencia pública ante el pleno del Tribunal Constitucional, Abanto planteó que la normativa aplicable debe ser la vigente en 2012, fecha del primer pronunciamiento judicial, y no la de 2020.

“La respuesta que da el INPE y el Poder Judicial debería ser revisada para señalar que, si bien se anuló la ejecutoria, esa resolución firme sí se había producido en 2012. Y de ese modo poder reponer las cosas correctamente a fin de que se tramite y se conceda el beneficio de semilibertad a doña Abencia Meza Luna que ha venido cumpliendo puntualmente con el tratamiento penitenciario”, dijo.

Durante la sesión ante el TC, los procuradores del Poder Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defendieron que la legislación modificada en 2018 impide otorgar la semilibertad a quienes cumplen condena por homicidio. Ningún magistrado planteó preguntas tras las exposiciones.

La semilibertad consiste en un régimen mediante el cual una persona sentenciada puede salir de la cárcel para trabajar o estudiar antes de cumplir la totalidad de la condena, siempre que cumpla condiciones legales estrictas.

Ante la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo, el Gobierno ha defendido ante el Tribunal Constitucional (TC) el Decreto de Urgencia N.º 10-2025, que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y la continuidad de la cadena de suministro de hidrocarburos.

En su escrito de respuesta a la demanda, al que accedió Infobae, el procurador público adjunto especializado en Materia Constitucional, Marlan Jonas Landio Apaza, ha solicitado declarar infundada la demanda, argumentando que el decreto ha cumplido rigurosamente tanto con las condiciones exigidos por la Carta Magna y la jurisprudencia constitucional.

Por ejemplo, el Ejecutivo recalca que el decreto de urgencia “no crea ni autoriza el desarrollo de actividad empresarial estatal; por el contrario, tiene por objeto establecer medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburos”.

Además, sostiene que la aplicación del artículo 60° de la Constitución, que consagra el principio de subsidiariedad del Estado empresario, no resulta pertinente en este caso, pues “dicha disposición regula la habilitación para el ingreso del Estado a la actividad empresarial, mas no las decisiones de gestión, reorganización o continuidad de empresas ya existentes”.

El Ejecutivo también subraya que el decreto cumple con los requisitos de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad desarrollados por la jurisprudencia del TC. En ese sentido, afirma que la intervención tiene como causa una crisis súbita de liquidez y operatividad en Petroperú, “comprometiendo la continuidad del abastecimiento de combustibles y generando un riesgo cierto de desabastecimiento y afectación al sistema económico”.

Entre los hechos sobrevinientes que configuran la excepcionalidad, dicen, está “la reducción drástica de las líneas de crédito, degradación de calificaciones crediticias, incumplimientos operativos críticos y el deterioro estructural de los indicadores financieros”.

Defiende intervención de Proinversión

El Gobierno alega que las medidas del decreto de urgencia están enfocadas en “la reorganización patrimonial, gestión de pasivos financieros, estructuración de activos y sostenibilidad económica de la empresa”. Especifica, además, que la vigencia de la norma es temporal (un año) y que el proceso de reorganización liderado por Proinversión, “no constituye una reforma estructural permanente, sino un instrumento económico-financiero de emergencia”.

Frente a la crítica de la Defensoría de que la norma derogaría normas legales previas, vulnerando el principio de jerarquía de las leyes, el Procurador alega que, excepcionalmente, los decretos de urgencia pueden afectar otras normas.

Dice no haber tomado competencias del Congreso

Finalmente, en cuanto al principio de separación de poderes, el Gobierno afirma que la expedición de decretos de urgencia es una excepción constitucionalmente prevista y sujeta a control posterior por el Congreso de la República, negando la existencia de “legislación paralela” como advirtió la Defensoría.

El Ejecutivo asegura que “las medidas adoptadas se encuentran debidamente sustentadas en las competencias constitucionales del Poder Ejecutivo […] cumpliendo con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional” y reitera que, frente a la coyuntura extraordinaria, “no existe sustitución del Congreso, pues el Poder Ejecutivo actúa en ejercicio de una competencia constitucionalmente expresa”.

El Tribunal Constitucional invitó a 4 reconocidos expertos en hidrocarburos para que sean amicus curiae en la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú.

Se trata del exministro de Economía Pedro Francke, el expresidente de Petroperú Humberto Campodónico, el profesor de economía en la PUCP Jorge Gustavo Vega Castro y el economista Carlos Gonzales Ávila.

Según el TC, todos los expertos cuentan con “reconocida competencia e idoneidad” en políticas económicas y energéticas, por lo que pueden ofrecer “importantes elementos a ser valorados en la resolución del presente proceso de inconstitucionalidad”.

Los magistrados buscan que los referidos expertos presenten un informe donde aborden dos puntos clave para resolver el caso:

• Explicación y opinión técnica del alcance y contenido de las operaciones, disposiciones administrativas y actos de gestión autorizadas por el Decreto de Urgencia 010-2005
• Su opinión técnica sobre la sostenibilidad económica y financiera de Petroperú en el largo plazo y su rol en el abastecimiento de combustible en la economía nacional

El TC también invitó para que sea amicus curiae al Instituto Peruano de Economía (IPE), “asociación de reconocido prestigio dedicada al estudio y debate de políticas macroeconómicas, políticas públicas, incluyendo la cuestión energética”.

Cabe precisar que, en caso de que los 4 expertos y el IPE, acepten ser amicus curiae, también podrán informar ante el Pleno del TC en la audiencia pública.

El caso

La demanda de inconstitucionalidad de la Defensoría sostiene que el decreto de urgencia 010-2025 es “claramente inconstitucional” por imponer “una reforma permanente y compleja” en una empresa estatal de carácter estratégico para el abastecimiento de combustibles. Josué Gutiérrez argumenta que tal reforma excede las facultades del Ejecutivo, pues no existen condiciones extraordinarias ni imprevisibles que justifiquen el recurso a un decreto de esta naturaleza. El defensor enfatiza que la crisis financiera de Petroperú es “notoriamente estructural y prolongada en el tiempo”, y añade: “ya había sido alertada desde muchos años atrás tanto por el Ministerio de Economía como por la Contraloría”.

En esa línea, Gutiérrez sostiene que las medidas planteadas no responden a una emergencia coyuntural, sino a un problema crónico que “debía discutirse en el Congreso y no ser objeto de una decisión unilateral del Ejecutivo”. El planteamiento, según se detalla en el documento presentado ante el Tribunal, subraya que el decreto “no genera cambios inmediatos” sino “implicancias progresivas”, con fases de implementación, reglamentación y ejecución previstas para el mediano y largo plazo. El mismo texto reclama: “Por ende, podían —y debían— ser discutidas en sede parlamentaria”.

Dentro de los argumentos presentados ante el Tribunal Constitucional, el defensor del Pueblo destaca que el decreto deroga expresamente la Ley 28244, la cual excluía a Petroperú de las modalidades de promoción de inversión privada. Según Gutiérrez, este cambio vulnera el principio de jerarquía normativa y refuerza la necesidad de que cualquier reforma estructural sobre empresas estatales pase primero por debate y escrutinio legislativo.

En palabras del defensor, el accionar del gobierno crea “artificialmente la urgencia, incurriendo en una lamentable usurpación de la función legislativa del Congreso”. Gutiérrez advierte que el decreto introduce reformas permanentes cuando “la figura de los decretos de urgencia debería emplearse, por definición, para situaciones transitorias y excepcionales”.

En la parte final de la demanda, el titular de la Defensoría del Pueblo solicita al Tribunal Constitucional que declare la nulidad del decreto impugnado y que establezca, como criterio vinculante para futuros casos, la prohibición de que los decretos de urgencia puedan introducir “reformas estructurales, reorganizaciones permanentes o alteraciones al régimen de propiedad de las empresas del Estado”.

El Tribunal Constitucional (TC) descartó este miércoles la existencia de irregularidades en el trámite del habeas corpus presentado a favor del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, contradiciendo así a su presidenta, Luz Pacheco, quien semanas atrás había señalado lo contrario.

El pleno del TC informó mediante un comunicado que la investigación interna sobre el expediente concluyó que “no hubo irregularidad en su tramitación”, ya que existen prácticas coordinadas entre despachos y comisiones. En consecuencia, el expediente continuará su curso regular y quedará agendado para debate y votación.

La defensa de Cerrón solicitó la anulación de la prisión preventiva de 24 meses impuesta dentro de la investigación por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, tras lo cual Pacheco anunció la suspensión de la votación hasta la conclusión de las indagaciones internas sobre supuestas anomalías, las cuales ahora el pleno ha desestimado.

“Detecté en el sistema interno del TC algo irregular en el trámite de dicha causa”, había dicho la titular del TC en diálogo con El Comercio, al explicar que su observación surgió por la rapidez con la que se programó la audiencia.

“El primer punto que ha causado más extrañeza en la opinión pública es la rapidez con la que se ha atendido que pueda ser visto en una audiencia pública que se dio hace más de una semana”, declaró.

Pacheco detalló que fue el magistrado Pedro Hernández, ponente de la causa, quien propuso que el recurso fuera agendado. “A mí me sorprendió porque, por un lado, a mí me avisan qué casos entran a competencia del pleno. Yo no recordaba que ese caso me lo hubieran comunicado. Entonces, dije ‘¿cuándo habrá entrado?’, porque entran tantas causas, y [dijeron] que ya estaba el proyecto de comisión”, señaló.

La magistrada indicó que el proyecto fue elaborado por un asesor de comisión, pero el coordinador no lo visó por no estar de acuerdo con el sentido del texto. “Lo que he visto en nuestro sistema está allí, está clarísimo que ha habido algo que es irregular. Entonces, habrá que saber cómo, quién, cómo se hizo y actuar en consecuencia”, remarcó.

“No quiero adelantar opinión de lo que no conozco con claridad, si ha sido acción directa de un magistrado, si ha sido alguien que intervino y que pensaba que esto era lo correcto, no tengo idea. Pero lo que sí quiero es que las cosas se hagan conforme a la jurisprudencia del tribunal. También quiero revisar a fondo si se están cumpliendo las reglas para la asignación de las ponencias dentro del tribunal”, declaró.

Pacheco mencionó que no ha visto “hora en el tribunal el caso de un señor que esté prófugo” y “que haga la cantidad de tuits (en referencia a sus publicaciones en la red social X) que hace”.

Al enterarse del reciente pronunciamiento del TC, Cerrón señaló en X que “el caso responde a un cálculo político” para sacarlo de la carrera electoral, a pesar de permanecer en la clandestinidad desde hace más de tres años por una orden de prisión preventiva.

“La Fiscalía arma el muñeco; el PJ emite prisión preventiva; el JNE no deja ir al debate; y el TC retrasa el habeas corpus. Todo para evitar el triunfo de Perú Libre. Está clarísimo”, comentó.

Aunque en marzo pasado la Corte Suprema revocó una condena de tres años y seis meses de prisión dictada contra Cerrón por un caso de corrupción cuando fue gobernador de la región Junín, aún mantiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en otra investigación por presunta financiación irregular de las campañas electorales de Perú Libre.

Estos procesos judiciales ya le impidieron postular como candidato presidencial en las elecciones de 2021, pero ahora también deberá afrontar un juicio en el que la Fiscalía lo acusa de afiliación al terrorismo, por presuntas coordinaciones con el cabecilla del autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).

El Tribunal Constitucional rechazó una demás más del golpista expresidente Pedro Castillo con la que buscaba la nulidad de sus prisiones preventivas, tanto por el proceso por rebelión como la del proceso por organización criminal.

En su demanda de habeas corpus, Castillo exigía su inmediata libertad por supuestamente haberse vulnerado sus derechos a la libertad personal, a la honra, y del principio-derecho a la dignidad humana. Sin embargo, los magistrados, por mayoría, declaran improcedente el recurso.

Sobre la prisión preventiva por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, los tribunos afirman que se produjo la sustracción de la materia porque la medida fue prolongada.

Respecto a la prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal, el TC simplemente sostiene que no hay “asuntos de relevancia constitucional ni la amenaza ni la vulneración de los derechos fundamentales que justifiquen la declaración de su nulidad”.

Suscribe la sentencia los magistrados Luz Pacheco, Helder Domínguez, Francisco Morales, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández. El tribuno Gustavo Gutiérrez fue el único que emitió un voto en minoría proponiendo que se lleve a cabo una audiencia.

Castillo pide anular proceso por corrupción

El Poder Judicial programó para el 8 de abril de 2026 una audiencia para evaluar la solicitud de Pedro Castillo para anular el proceso penal por presuntamente liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

La defensa de Castillo sostiene que el debido proceso se vio afectado por la conformación del tribunal encargado del caso y solicita la nulidad de todo lo actuado. En su recurso, el golpista alega que el caso debía estar a cargo de un magistrado titular de la Corte Suprema, en cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables a altos funcionarios.

Si se acepta la cuestión previa, el proceso podría retrotraerse a etapas iniciales y afectar la tesis fiscal sobre la existencia de una organización criminal operando desde Palacio de Gobierno. Sin embargo, las posibilidades de que prospere son remotas, prácticamente nulas. Este argumento ya ha sido invocado por Castillo en el proceso por rebelión, siendo rechazado por el Juzgado Supremo y la Sala Suprema.

En paralelo, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria amplió por 20 meses el plazo de investigación preparatoria contra Castillo y otros 97 investigados, argumentando la extrema complejidad del caso. La investigación abarca diligencias como el análisis de equipos informáticos, declaraciones de 121 personas y pericias sobre obras en distintas regiones. La Fiscalía atribuye a Castillo la jefatura de una red que habría operado antes y durante su gobierno, orientada a manipular contrataciones públicas en sectores clave como Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda.

Además, la prisión preventiva de Castillo fue prolongada por 12 meses ante el incremento del riesgo de fuga, tras su condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión. El juez Edhin Campos argumentó que la condena eleva el incentivo para evadirse, y consideró que el entorno internacional, marcado por pronunciamientos de México, favorece una eventual fuga del exmandatario.

A través de un video grabado desde la clandestinidad, Cerrón aseguró que la orden de captura renovada es el “mismo caso” que lo mantiene en condición de prófugo desde hace dos años y medio.

“La candidatura de Perú Libre sigue totalmente viable, sin ningún contratiempo. Y es más, el partido está experimentando un crecimiento sostenido a nivel del Perú profundo y en los conos de Lima, lo cual ha encendido las alarmas de la oligarquía del Perú“, dijo pese a que en ninguna encuesta consigue el 1% de preferencias.

Luego, Cerrón se dirigió a las instituciones de administración de Justicia, como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional, a donde recurrió en busca de anular su prisión preventiva.

“Muchas instituciones del sistema nacional de justicia, en esta persecución, están trabajando en pared, algunos acusando, otros emitiendo resoluciones de este tipo (renovación de orden de captura), otros sacándonos de los debates, y otros retardando el fallo y el voto de un hábeas corpus que debiera ponerme en libertad”, apuntó.

Efectivamente, la presidenta del TC, magistrada Luz Pacheco, dispuso congelar el debate y votación de la demanda de Cerrón debido a irregularidades detectadas en el transcurso del trámite interno.

Defensoría intentó intervenir en caso de Cerrón

La Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Josué Gutiérrez intentó intervenir formalmente en el proceso penal por organización criminal y lavado de activos contra Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. El intento consistió en la solicitud de ser admitido como amicus curiae en el incidente judicial sobre la prisión preventiva dictada contra Cerrón, recurso que fue rechazado por el juez nacional Leodán Cristóbal.

La resolución emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional destaca que Carlos Fernández Millan, Adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana, presentó el pedido en representación de la Defensoría. El magistrado desestimó el requerimiento tras determinar que “lo solicitado por la entidad requirente resulta incompatible con el estado del presente proceso”, ya que la orden de prisión preventiva está firme y no existe asunto procesal pendiente.

Este intento de la Defensoría no es un hecho aislado. Durante la gestión de Josué Gutiérrez, la figura del amicus curiae ha sido empleada en circunstancias similares en casos de alto perfil, como los procesos contra el expresidente Martín Vizcarra, la ex primera ministra Betssy Chávez —actualmente prófuga— y el exministro Daniel Urresti, de acuerdo con el recuento realizado por Infobae. La gestión recurrió también a este mecanismo después de haber sido denunciada por la Procuraduría, que objetó una solicitud previa de Gutiérrez para que el Poder Judicial considerase el estado de salud de Nadine Heredia en un proceso de impedimento de salida del país.

El uso reiterado de la herramienta amicus curiae por parte de la institución ha generado críticas por considerarse una desnaturalización de esta figura jurídica, cuya función original es aportar argumentos técnicos y especializados ajenos a la disputa entre partes, y no intervenir a favor de intereses particulares en procesos penales.

El prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que saldría de la clandestinidad si es que el Tribunal Constitucional rechaza la demanda de habeas corpus con la que pide anular su prisión preventiva.

En entrevista con RPP desde la clandestinidad, Cerrón dijo primero que iría presencialmente al debate presidencial de la segunda vuelta si Perú Libre avanzaba a esta etapa, lo que implicaba salir del lugar donde permanece escondido.

“Si lo declaran infundado y nosotros pasamos a la segunda vuelta como estamos previendo, es posible que vaya al debate de la segunda vuelta de manera personal”, declaró.

No obstante, al consultársele si igualmente se entregaría a las autoridades si es que el TC desestima su habeas corpus y no pasa a la segunda vuelta, Vladimir Cerrón respondió: “Por supuesto, porque ya es (sería) un órgano agotado”.

En la misma entrevista, el líder de Perú Libre arremetió contra quienes señalan que el TC tuvo un trato especial al tramitar céleremente su habeas corpus y negó conocer al magistrado Pedro Hernández, quien impulsa su demanda.

Como se recuerda, la presidenta del TC, la magistrada Luz Pacheco, advirtió la presencia de presuntas irregularidades en el trámite del caso de Cerrón y dispuso suspender la votación hasta que se dilucidan las anomalías.

Pacheco estimó que podría demorar dos semanas. Indicó que la próxima sesión del Pleno es el 31 de marzo y ese día podría votarse solo si se resolvieron las irregularidades.

Cerrón y el debate presidencial

Vladimir Cerrón, quien se mantiene prófugo desde octubre de 2023, siguió participando activamente en el debate presidencial de Perú a través de publicaciones en la red social X, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó su solicitud para intervenir de manera virtual desde la clandestinidad. Mientras su ausencia física dejó una silla vacía en el Centro de Convenciones de Lima, el candidato de Perú Libre no solo comentó en tiempo real las intervenciones de sus rivales, sino que calificó y cuestionó duramente varias de sus propuestas, en un contexto marcado por la crisis de legitimidad institucional y la inseguridad ciudadana en el país.

En el evento, centrado en el tema de la seguridad y la lucha contra la corrupción, la candidata Fiorella Molinelli se comprometió explícitamente a capturar a Vladimir Cerrón y al exministro Juan Silva en “90 días”, con el apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Esta promesa se formuló mientras Cerrón lleva más de 2 años en situación de prófugo y suma 900 días fuera del alcance de la justicia. Además, el Ministerio del Interior ha elevado la recompensa por la captura del líder de Perú Libre a 500 mil soles.

El reglamento del debate presidencial, que se desarrolla durante seis días y convoca a los 35 aspirantes, excluyó la posibilidad de que los candidatos a la vicepresidencia de Perú Libre participaran en representación de Cerrón. El JNE mantuvo su negativa tanto a la intervención virtual como a cualquier sustitución, condición que reforzó la notoriedad pública de la vacante durante la sesión.

El papa León XIV recibió a la presidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Zerga, durante la audiencia general que se llevó a cabo en la Plaza San Pedro en la Ciudad del Vaticano el miércoles 25 de marzo.

Según una nota de prensa del TC, Pacheco Zerga saludó al sumo pontífice en nombre de los magistrados y trabajadores de la institución “expresándole su cariño y alegría de saber que pronto visitará nuestro país”.

“Asimismo, tras tener un breve diálogo, le entregó una chompa confeccionada con baby alpaca como un gesto de cariño y gratitud. Le pidió al santo padre su bendición para los magistrados, trabajadores y sus familias, la cual concedió con complacencia”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el pronunciamiento, el papa León XIV agradeció las palabras de la presidenta del TC.

¿Cuándo llega el papa León XIV al Perú?

El papa León XIV realizará en noviembre de 2026 una visita oficial a Perú, en el marco de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, en una agenda que incluye actos en la ciudad de Chiclayo y en Lima y que tendrá un refuerzo especial de seguridad, según confirmó el presidente interino José María Balcázar. Este viaje representa el reencuentro del pontífice, Robert Francis Prevost, con la el país en el que desarrolló casi toda su vida al servicio de la Iglesia.

El cardenal Castillo precisó que la conmemoración tendrá lugar específicamente en Chiclayo y también en Lima, ciudades con las que el pontífice conserva un lazo directo. Castillo anticipó que la celebración central se realizará en Saña, en un espacio abierto donde funcionó un antiguo convento agustino. Se trata de un evento que, de acuerdo con declaraciones del cardenal, está en fase organizativa inicial: los preparativos logísticos oficiales comenzarán seis meses antes de la llegada de León XIV a territorio peruano, periodo durante el cual el Estado peruano y el Vaticano concretarán los detalles de seguridad y desplazamientos del sumo pontífice.

La confirmación del viaje fue acompañada por el anuncio de un dispositivo especial de seguridad coordinado entre la Policía Nacional (PNP) y el Ejecutivo peruano. “El papa en realidad es bienvenido al Perú, va a venir en noviembre, es lo que ha pedido inicialmente (...) está previsto darle toda la seguridad con la Policía Nacional, en eso se está trabajando, (...) para que no tenga ningún tipo de dificultades y para que eso sea todo un éxito su venida al Perú. Eso es lo que estamos trabajando”, declaró Balcázar en el programa Exitosa.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, ratificó que el relevo presidencial —el octavo en la última década— no ha alterado los planes. Según declaró en RPP, “de todas maneras, si Dios quiere, lo tendremos aquí”. El canciller también reveló que la audiencia pendiente de Balcázar con León XIV en el Vaticano, que estaba prevista para el 11 de mayo, fue aplazada a la espera de una nueva fecha oficial por parte de la Santa Sede, pero remarcó que la invitación formal permanece vigente desde la presidencia de los mandatarios José Jerí y Dina Boluarte.

El candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, aseguró que el Tribunal Constitucional declaró inocente al excongresista Daniel Urresti. Sin embargo, su afirmación es falsa.

“El general Urresti es inocente, de acuerdo al Tribunal Constitucional, y punto”, dijo al responder un cuestionamiento de la candidata presidencial de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello.

No obstante, la sentencia del TC no anula la condena de 12 años de prisión en su contra, por el asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos, porque sea inocente. Los tribunos fallaron a su favor porque, a criterio de la mayoría, el caso estaba prescrito.

Los fundamentos del TC para liberar a Daniel Urresti

El máximo órgano declaró que el proceso penal contra Daniel Urresti prescribió conforme a la Ley 32107 y a los plazos establecidos en el antiguo Código Penal, debido a que los hechos ocurrieron en 1988, antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en Perú. Este fallo impacta el criterio con el que se juzgan delitos relacionados con derechos humanos en el país, ya que desvincula este crimen de la categoría de lesa humanidad y le otorga la condición de prescriptible.

La resolución del Tribunal Constitucional, alcanzada con los votos de los magistrados Luz Pacheco —presidenta del TC—, Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa y Pedro Hernández, estipula que el delito de asesinato seguido de explosión prescribe a los 30 años: 20 años de prescripción ordinaria y 10 adicionales de prescripción extraordinaria, conforme al Código Penal de 1924.

El cálculo del plazo llevó a la conclusión de que la posibilidad de juzgar y sancionar a Urresti expiró el 24 de noviembre de 2018, 30 años después del crimen de Bustíos, ocurrido en 1988. Por tanto, en el momento en que Urresti fue finalmente condenado, la acción penal ya había prescrito, de acuerdo con la sentencia.

El TC enfatizó que el asesinato de Hugo Bustíos, ocurrido antes de la suscripción del Estatuto de Roma, no puede ser considerado crimen de lesa humanidad. La sentencia argumenta: “Esto no puede suponer su aplicación retroactiva”, distanciándose así de la jurisprudencia internacional sobre ius cogens.

La libertad de Urresti no hubiera sido posible sin la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad. El máximo intérprete de la Constitución ya había rechazado una demanda de inconstitucionalidad contra la norma y validó su plena vigencia. Según la mayoría de los magistrados, “dicha ley mantiene su vigencia y por tanto, corresponde que sea aplicada”.

La Ley 32107 permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad. El TC precisó que, en casos previos, se había considerado que el plazo de prescripción se computaba a partir de 2002, año en que se eliminaron obstáculos como leyes de amnistía y sentencias del fuero militar. Sin embargo, el tribunal aclaró que este precedente no aplicaba para Urresti, dado que no se demostró que él haya sido beneficiario de esas leyes ni que hubiera impedido su juzgamiento.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional anuló el procedimiento concursal que en 2020 inició el Indecopi contra la Universidad Alas Peruanas (UAP) a raíz de una deuda impaga de más de 10 millones de soles a uno de sus acreedores.

La sentencia del TC no solo deja sin efecto el proceso concursal, que está paralizado desde 2021 por una medida cautelar de la Corte del Callao, sino que establece que Indecopi no puede someter a concurso a la UAP porque “presta el servicio de educación superior”.

Sin embargo, esto no es correcto porque la Sunedu denegó el licenciamiento institucional a la Universidad Alas Peruanas, por lo que se vio en la obligación de cesar en sus actividades en setiembre de 2025. Incluso esta situación es de conocimiento de los magistrados, quienes en los fundamentos 6 y 7 del fallo se refieren en tiempo pasado a los servicios de la excasa de estudios.

TC salva a la UAP

De acuerdo con la sentencia del TC, la educación es un servicio público que puede ser ejecutado por terceros, entiéndase el sector privado, por lo que aplicar la Ley General del Sistema Concursal a universidades privadas afecta no solo a la entidad, sino también a la continuidad del servicio educativo.

“Más allá de tratarse de entidades que se dedican a actividades comerciales lucrativas de prestación de servicios o venta de bienes, no se debe ignorar que estas desarrollan una actividad que tiene una especial regulación constitucional, para la prestación del servicio educativo (...). Por ello, consideramos que la ley citada, resulta inaplicable”, se lee en el fundamento 24.

Así, la Sala Primera del TC sostiene que “no es posible someter a un proceso concursal a una entidad educativa”, por lo que Indecopi “carece de competencia para tramitar las solicitudes presentadas en ese sentido, pues ello puede afectar indirectamente a un importante colectivo de estudiantes universitarios”.

Bajo estos argumentos, los tribunos anulan la resolución de la Comisión de Procedimientos Concursales con la que se dio inicio al procedimiento concursal de la Universidad Alas Peruanas, así como la resolución de la Sala Especializada que confirmó la referida decisión.

Suscriben la sentencia los magistrados Pedro Hernández Chávez, Francisco Morales Saravia (ponente) y César Ochoa Cardich.

Voto disidente

Cabe precisar que el magistrado Manuel Monteagudo votó por declarar improcedente la demanda de la Universidad Alas Peruanas porque considera que el proceso contencioso-administrativo en el Poder Judicial es la vía adecuada.

Efectivamente, la UAP inició un proceso contencioso-administrativo contra Indecopi por el proceso concursal. Sin embargo, estratégicamente, la excasa de estudios desistió en este proceso cuando su demanda de amparo llegó al TC.

Esta es la razón por la que los magistrados Hernández, Morales y Ochoa deciden hacer un pronunciamiento de fondo ya que, al igual que Monteagudo, consideraban que la vía correcta era el contencioso-administrativo.

Para Manuel Monteagudo, el hecho de que la UAP haya desistido del proceso contencioso-administrativo no cambia el sentido de su voto porque “frente a la decisión administrativa que se pretende impugnar, la parte actora disponía de otra vía judicial para articular sus pretensiones”.

La Universidad Alas Peruanas (UAP) es propiedad de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), entidad integrada mayoritariamente por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú. Si bien durante años el control institucional estuvo en manos de la familia Ramírez, bajo el liderazgo del fallecido exrector Fidel Ramírez Prado, la administración actual sostiene que el 100 % de las acciones ha retornado a la cooperativa tras la anulación de transferencias que fueron calificadas como ilegales.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó al Tribunal Constitucional por suspender por presuntas irregularidades el trámite de la demanda con la que busca anular su prisión preventiva.

En entrevista desde la clandestinidad con Willax, Cerrón minimizó los señalamientos de una inusitada celeridad en su caso, “felicitó” a los magistrados del TC por acelerar su demanda y espera que todos los habeas corpus “sean así”.

“Más bien yo los felicito y ojalá todos sean así, pero lógicamente aquí se lo que hay es una inquina de carácter político y están haciendo de que un proceso administrativo se le cargue en este caso al litigante y eso obviamente no puede ser”, sostuvo.

Vladimir Cerrón agregó que los tribunos “están prácticamente castigando a la parte que va en busca de una justicia por un tema administrativo interno”.

Como se recuerda, la presidenta del TC, Luz Pacheco, indicó que el Pleno de la institución no someterá a votación el caso del prófugo candidato presidencial de Perú Libre hasta que se esclarezca las presuntas irregularidades durante el trámite interno.

Pacheco dijo que, ante el “malestar por la premura” del tratamiento del caso de Vladimir Cerrón, solicitó un informe preliminar sobre la tramitación del expediente y concluyó que existió “algo irregular”. En concreto, Pacheco detalló que “el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó, ese proyecto” de ponencia en el que se plantea otorgar la razón al líder del partido del lápiz.

Esto es una falta directa al procedimiento ordinario dentro del Tribunal, pues el procedimiento, dijo la presidenta del TC, es que el coordinador de comisión debe revisar y avalar el proyecto antes de que pase a consideración de los magistrados.

Niega conocer a Pedro Hernández

En otro punto de la entrevista, Vladimir Cerrón negó conocer a alguien a la interna del Tribunal Constitucional ni al magistrado Pedro Hernández Chávez, quien es el ponente de su caso y deberá presentar el proyecto de sentencia.

“Yo no conozco a nadie del Tribunal Constitucional y he escuchado decir a la presidencia del Tribunal también de hablar de algo irregular, es decir, no existe, no pone también una cuestión consumada. Y que para eso ha iniciado un proceso de auditoría. Hasta ahí tengo entendido igualmente por los medios de comunicación”, dijo.

“Yo no lo conozco al magistrado (Pedro Hernández). Nunca he tenido ningún tipo de contacto, ni directo ni indirecto. Por tanto, yo no podría dar fe de cualquier actuado”, añadió.

Niega ser prófugo de la justicia

Por otro lado, Vladimir Cerrón rechazó que se califique como “prófugo” a pesar de permanecer en la clandestinidad por más de 2 años, tener una orden de captura vigente y una recompensa de 500 mil soles por información de su paradero.

“Mi condición no es de prófugo. Hay que hablar los términos con propiedad porque según el Código Penal el que tiene una sentencia condenatoria es el que está en condición de prófugo. Entonces el que está en condición de no habido está en otra situación que puede ser hasta contumaz”, apuntó.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, confirmó que el magistrado Pedro Hernández le pidió incluir en la audiencia del pasado 11 de marzo la demanda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para anular su prisión preventiva.

En entrevista con Milagros Leiva, Pacheco indicó que le “sorprendió” el hecho que Hernández le pidiera priorizar el caso de Cerrón. Ello porque no le avisaron que el Pleno del TC resolvería esa demanda ni la fecha en que el expediente ingresó.

“Cuando un magistrado me pide que una causa se vea en una audiencia, yo jamás le he preguntado cuándo ingresó, qué día, cuánto tiempo ha pasado, por qué lo ingresas, en qué sentido viene la ponencia. No, porque creo que tenemos que funcionar en base a la confianza. Me dijo que ya estaba el proyecto de comisión. Yo le dije: ‘Que se ponga (en la audiencia)’”, indicó.

Sin embargo, dice Pacheco, luego de la audiencia del 11 de marzo y debido a los cuestionamientos por la premura con que se programó, solicitó un informe sobre la tramitación interna del expediente de Cerrón. Es ahí donde se detectó una irregularidad.

Explicó que el proceso habitual exige que, tras la asignación a una comisión y la elaboración del proyecto de ponencia por un asesor, el coordinador de la comisión debe aprobar ese proyecto antes de que avance. En el caso de Cerrón, según la información en el sistema del TC, el coordinador nunca autorizó ni le dio el ok al proyecto que proponía anular la prisión preventiva.

De acuerdo con la presidenta del tribunal, “el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó ese proyecto… Porque no estaba de acuerdo con el sentido del proyecto y pensaba que eso no respondía a los criterios del Tribunal”. Luz Pacheco aseguró que todos los magistrados que recibieron el proyecto creían que cumplía con el procedimiento y la jurisprudencia del TC.

Ante ello, Pacheco manifestó que la demanda de Vladimir Cerrón no será sometido a votación hasta que se esclarezcan las irregularidades advertidas. Además, la magistrada precisó que la próxima sesión del pleno del Tribunal Constitucional está prevista para el 31 de marzo, fecha en la que se podría votar el caso solo si se resuelven los cuestionamientos internos vinculados al trámite.

Madre defiende a Vladimir Cerrón

La madre de Vladimir Cerrón, la también candidata a la vicepresidencia por Perú Libre Bertha Rojas, afirmó públicamente que su hijo “no es un prófugo” y que su permanencia en la clandestinidad responde a la ausencia de una sentencia firme en su contra, así como a lo que considera un contexto de persecución judicial y política en el país. Rojas defendió la decisión de Cerrón de permanecer oculto al sostener que “el pueblo lo protege” y que si las autoridades no logran ubicarlo, “es problema de la Policía, no el nuestro”.

Rojas subrayó que la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, quien actualmente es candidato presidencial por Perú Libre, no equivale a una condena definitiva y, por tanto, rechaza que se le aplique el término de prófugo.

“¿A quiénes llamamos prófugo y quiénes son? En este caso, el doctor Vladimir, mi hijo, no es prófugo. ¿Por qué? Porque no tiene una sentencia firme. Quien tiene sentencia firme es el prófugo”, dijo. Bertha Rojas insistió en que el mantenimiento de su hijo en la clandestinidad constituye, en sus palabras, “una enseñanza al pueblo peruano”.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, denunció una serie de irregularidades en el trámite del hábeas corpus del prófugo Vladimir Cerrón en la interna de la institución que preside.

En entrevista con el programa de Milagros Leiva, Pacheco indicó que, a raíz del “malestar por la premura” del TC en el caso de Cerrón, solicitó un informe preliminar de “cómo había sido el iter, el camino, de este expediente" y “lamentablemente ha habido algo irregular”.

La magistrada explicó que cuando una demanda llega al TC, se deriva a una comisión, “puede ser de debido proceso, habeas corpus, amparo; la que corresponda”. Luego, un asesor de ese grupo de trabajo elabora un proyecto de ponencia “en base a los criterios que tiene el TC en esa materia”. “Y el coordinador de esa comisión, si está de acuerdo, pone un visto. Si no está de acuerdo, lo devuelve hasta que sea conforme”, agregó.

Pues bien, según denunció Luz Pacheco, este último paso no se cumplió al tramitarse la demanda con la que Vladimir Cerrón busca anular su prisión preventiva.

“Lo que yo he visto, que es lo que consta en nuestro sistema, es que el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó (darle el visto bueno), ese proyecto (donde se plantea darle la razón a Cerrón y anular su prisión preventiva). ¿Por qué? Porque había sido coordinado directamente con despacho. (...) Al darme cuenta de esto digo: ‘Esto hay que ir hasta el fondo’“, señaló.

La presidenta del TC aseveró que un coordinador de comisión no acepta una ponencia “porque no estaba de acuerdo con el sentido del proyecto y pensaba que eso no respondía a los criterios del Tribunal”.

“Todos los (magistrados) que recibimos ese proyecto estábamos convencido de que eso venía según el criterio del Tribunal para tomar la decisión y eso no ha sido así”, advirtió Luz Pacheco.

Finalmente, la magistrada indicó que no sometería a votación la demanda de Vladimir Cerrón hasta que se esclarezca las irregularidades advertidas en el trámite a la interna. Indicó que la próxima sesión del Pleno del TC será el 31 de marzo y ese día podría votarse el caso de Cerrón si es que la irregularidad es aclarada.

Trámite exprés

La demanda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, llama considerablemente la atención porque el Tribunal Constitucional programó la audiencia de vista de la causa en poco más de 20 días desde que ingresó el expediente.

La demanda de habeas corpus de Cerrón ingresó al TC el 11 de febrero. Desde entonces la defensa del candidato presidencial, incluido Perú Libre, requirió al TC programar la audiencia. Sin embargo, en dos oportunidades el secretario relator les respondió que eso solo sucedería si los magistrados consideran que es necesario un pronunciamiento de fondo.

Sin embargo, el 4 de marzo, el TC comunicó que en la audiencia del 11 de marzo se incluyó el caso de Vladimir Cerrón. A los 21 días de que ingresó el caso. Una celeridad casi nunca antes vista.

Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón y candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, rechazó que su hijo sea un prófugo de la justicia y defendió su decisión de permanecer en la clandestinidad como parte de un intento de encontrar justicia. “Yo sé dónde está mi hijo, está en el corazón del pueblo y el pueblo lo protege (...) justamente por eso no lo pueden encontrar”, indicó

Vladimir Cerrón, que además es candidato a la presidencia por Perú Libre, enfrenta una orden de prisión preventiva, pero según Bertha Rojas, no tiene en su contra “una sentencia firme”, por lo que considera incorrecto calificarlo de prófugo.

“¿A quiénes llamamos prófugo y quiénes son? En este caso, el doctor Vladimir, mi hijo, no es prófugo. ¿Por qué? Porque no tiene una sentencia firme. Quien tiene sentencia firme es el prófugo”, indicó en conversación con Willax.

Según Rojas, su hijo se mantiene en la clandestinidad y está “dando también una enseñanza al pueblo peruano. Si a usted le ponen prisión preventiva sin que haya cometido ningún delito, sin acusación fiscal, ¿usted se va a entregar a ese tipo de justicia?“, cuestionó.

Rojas justifica la clandestinidad de Cerrón

Bertha Rojas defendió que su hijo opte por mantenerse apartado de las autoridades judiciales y policiales. Consultada sobre el tiempo que Vladimir Cerrón permanecerá en esta situación, respondió que lo hará “hasta que encontremos justicia, nada más. No sé”. Añadió que la decisión responde a la falta de una acusación fiscal sólida y a lo que considera una persecución judicial.

“Eso es un abuso de autoridad, es una persecución política, judicial. El poder judicial está politizado”, acusó la candidata de Perú Libre en Willax, quien además indicó que si la Policía no puede dar con el paradero de su hijo “es problema de la Policía, problema de las autoridades, de quienes manejan todo ese aparato represivo, se podría decir, ¿no? (...) Eso es problema de ellos. No es nuestro problema”.

Presuntas irregularidades en trámite favorable a Vladimir Cerrón

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, denunció una serie de irregularidades en el trámite del hábeas corpus del prófugo Vladimir Cerrón en la interna de la institución que preside.

En entrevista con el programa de Milagros Leiva, Pacheco indicó que, a raíz del “malestar por la premura” del TC en el caso de Cerrón, solicitó un informe preliminar de “cómo había sido el iter, el camino, de este expediente" y “lamentablemente ha habido algo irregular”.

La magistrada explicó que cuando una demanda llega al TC, se deriva a una comisión, “puede ser de debido proceso, habeas corpus, amparo; la que corresponda”. Luego, un asesor de ese grupo de trabajo elabora un proyecto de ponencia “en base a los criterios que tiene el TC en esa materia”. “Y el coordinador de esa comisión, si está de acuerdo, pone un visto. Si no está de acuerdo, lo devuelve hasta que sea conforme”, agregó.

Según Luz Pacheco, este último paso no se cumplió al tramitarse la demanda con la que Vladimir Cerrón busca anular su prisión preventiva.

“Lo que yo he visto, que es lo que consta en nuestro sistema, es que el coordinador de esa comisión no autorizó, no visó (darle el visto bueno), ese proyecto (donde se plantea darle la razón a Cerrón y anular su prisión preventiva). ¿Por qué? Porque había sido coordinado directamente con despacho. (...) Al darme cuenta de esto digo: ‘Esto hay que ir hasta el fondo’“, señaló.

Carrasco García indicó a Beto a Saber que su candidatura tenía respaldo político. Dijo que un asesor de Fuerza Popular lo contactó y le dijo: “¿Sabe qué, doctor? Esta vez a usted le toca, usted puede ser, usted es el hombre. Preséntese (al concurso)“.

Luego, en noviembre de 2023, fue convocado a una reunión privada con Keiko Fujimori, Luis Galarreta y Martha Moyano.

“Tuve una reunión con la lideresa del partido, Keiko Sofía Fujimori. En esa reunión me atendió, me pidió algunos aspectos de mi vida académica y profesional. Hablamos brevemente y expuse ligeramente mi punto de vista respecto del TC. Luego me entero de que, aparentemente, mi condición de una persona imparcial y a mi trayectoria profesional, los inclinó por Hernández, que ‘ofrecía’ las posibilidades de actuación conforme algunos legisladores quieren”, apuntó.

En efecto, en el Pleno del Congreso, los congresistas eligieron a Pedro Hernández como magistrado del TC para que ocupe la plaza de Augusto Ferrero Costa.

Las otras candidaturas declaradas aptas, entre ellas la de Luis Carrasco García, no fueron votadas.

¿Quién es Pedro Hernández?

Pedro Hernández es magistrado del TC desde diciembre de 2023 al conseguir más de 87 votos en el Pleno del Congreso. Su mandato, a comparación del de sus colegas, acabará en diciembre de 2027.

Hernández no fue excluido del proceso de selección a pesar de que registraba dos denuncias por violencia física y psicológica y afrontó investigaciones por delitos de contra los recursos naturales, medio ambiente y depredación ecológica.

Este fue el motivo por el que fue excluido en el concurso de 2022 que acabó con la elección de Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo, Helder Domínguez y César Ochoa como magistrados.

En el concurso de 2023 también se planteó su exclusión; sin embargo, los miembros de la Comisión Especial decidieron mantenerlo en el proceso.

Ponente en el caso de Vladimir Cerrón

Ahora bien, ya en 2026, el magistrado Pedro Hernández Chávez es el ponente en el caso de la demanda del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con la que busca anular su prisión preventiva.

Según informó el periodista César Hildebrandt, Hernández Chávez ya tendría un proyecto de sentencia dándole la razón a Cerrón y anulando la medida que le impide salir de la clandestinidad en la que permanece desde octubre de 2023.

Según explicó la presidente del TC, Luz Pacheco, no se ha presentado aún una ponencia y la decisión no se dará en “una semana”, pero tampoco demorará meses.

“Hay causas que se pueden votar en una sesión, en dos sesiones, en tres y a veces ha habido meses. Y no es porque no querramos ponernos de acuerdo, sino que se van abriendo aspectos que no se habían contemplado la primera vez”, dijo Pacheco.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, aseguró que no existe una fecha para tomar una decisión sobre el habeas corpus con el que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, busca anular su prisión preventiva.

En entrevista con RPP, Pacheco enfatizó en que el caso de Cerrón no se va a votar hoy viernes 13 de marzo, como había trascendido. “No puede haber fecha porque depende del debate”, indicó.

“Hay causas que se pueden votar en una sesión, en dos sesiones, en tres y a veces ha habido meses. Y no es porque no querramos ponernos de acuerdo, sino que se van abriendo aspectos que no se habían contemplado la primera vez”, agregó.

En el caso concreto de Vladimir Cerrón, Luz Pacheco aseveró que no cree que el TC demore meses en tomar una decisión “pero tampoco creo una semana”. “Es un tema demasiado serio como para pasarlo tan rápido”, sostuvo.

Justifica rapidez

En otro punto, la presidenta del TC justificó la celeridad en programar la audiencia para revisar el caso de Vladimir Cerrón en menos de 20 días desde que ingresó formalmente el expediente.

“En el mes de diciembre del año pasado en el pleno acordamos que teníamos que de resolver con prontitud los amparos electorales y todo aquello que tuviera que ver con la participación política”, explicó.

Y añadió: “Ese fue el acuerdo que tuvimos en diciembre. Entonces, llegó ese caso. Es verdad que ha sido muy rápido, pero como ya estábamos a las puertas (de los comicios). Además, una cosa es escuchar y otra cosa es decidir. Indudablemente la idea es hacerlo rápido, pero dependerá porque yo no lo veo tan fácil”.

Los argumentos de Vladimir Cerrón

Durante la exposición ante los magistrados, Humberto Abanto, abogado de Cerrón, aseguró que el líder de Perú Libre “no está en condiciones de igualdad ante sus contrincantes” en la contienda presidencial. Para fundamentar la solicitud de liberación, Abanto invocó el supuesto “derecho de resistencia a la opresión” que, según su defensa, habría motivado a Cerrón a evitar el cumplimiento de la sentencia de segunda instancia que le impuso 3 años y 6 meses de prisión por el denominado caso Aeródromo Wanka.

En respuesta a una pregunta del magistrado César Ochoa, Abanto afirmó que la absolución de Cerrón por parte de la Corte Suprema justificó la decisión de no acatar una resolución que posteriormente fue anulada. Abanto subrayó ante el Tribunal: “Él estaba cumpliendo con su comparecencia con restricciones. Es el Estado el que introduce una situación que altera y cambia completamente el curso de los acontecimientos: esa sentencia en el (caso) Aeródromo Wanka después fue declarada inicua y fue fulminada, y se absolvió al señor Cerrón”.

A su turno, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse propuso una comparación con el caso de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, quien cuestionó la orden de la Junta Nacional de Justicia para ceder su cargo a Patricia Benavides, preguntando si se trató también de un acto legítimo de resistencia. Abanto argumentó que “no hay punto de comparación” ya que la JNJ rechazó el recurso de Espinoza, mientras que en el caso de Cerrón fue absuelto.

“El Tribunal Constitucional se encarga de ver hechos, analizar hábeas corpus, demandas de amparo, sin mirar el nombre y el apellido. No conozco ni he escuchado la sustentación de su causa, pero estoy segura que el tribunal tomará una decisión técnica y sustentará bien cuál será la decisión final”, declaró durante una actividad en homenaje a María Elena Moyano, símbolo de la resistencia frente a la violencia de Sendero Luminoso en el distrito de Villa El Salvador.

Deñaló que, aunque desconoce los detalles específicos del recurso presentado por la defensa de Cerrón, confía en que los magistrados actuarán con independencia. “Más allá de la decisión final que tome el Tribunal Constitucional, yo no le tengo miedo a la competencia. Y si es que va a debatir, pues debatiremos con él”, agregó. No obstante, cuestionó la calidad de prófugo del candidato de Perú Libre.

“Acá lo importante es que él siempre debió dar la cara. Ese ha sido mi actuar y eso es lo que yo espero de los demás políticos. Sin embargo, creo que por ahora, con prudencia, debemos esperar la resolución final, que no sabemos cuál va a ser, pero lo más importante es conocer los detalles y la sustentación”, sentenció.

La posición de Fujimori se da en un contexto de cuestionamientos por la rapidez con la que el TC programó la audiencia para analizar el hábeas corpus de Cerrón, en comparación con otros procesos similares. El expediente del hábeas corpus ingresó a la entidad en febrero de este año y, en menos de un mes, se programó la audiencia para su revisión, un plazo considerablemente corto respecto a la duración habitual para casos similares. Este hecho fue señalado por diversos actores políticos y analistas como un posible indicio de trato preferencial o presión política sobre el máximo órgano constitucional.

En la audiencia, el abogado de Cerrón, Humberto Abanto, argumentó que la prisión preventiva vulnera los derechos de su defendido y afecta la equidad en la competencia electoral, ya que Cerrón es el único candidato presidencial que no puede hacer campaña personalmente en territorio nacional. Además, la defensa sostuvo que la sentencia que motivó la prisión preventiva fue finalmente revocada en instancias superiores, por lo que la medida restrictiva perdió sustento jurídico.

El debate público se intensificó tras la filtración de un borrador de fallo supuestamente favorable a Cerrón antes de la realización de la audiencia. Según este documento, el TC declararía fundada la demanda por vulneración al derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales y anularía la prisión preventiva, ordenando al juzgado correspondiente definir la situación jurídica de Cerrón con una medida menos gravosa. Aunque uno de los magistrados del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, confirmó la existencia de un documento interno, aclaró que se trataba de un proyecto elaborado por asesores y que aún no reflejaba una decisión definitiva del pleno.

La defensa del excongresista Michael Urtecho, condenado en 2023 a 22 años y 5 meses de prisión por apropiarse del sueldo de cuatro extrabajadoras parlamentarias y por enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado, exhibió este miércoles una fotografía en la que se observa al exlegislador al borde de la muerte.

El abogado Ronald Contreras se dirigió a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) al sustentar un hábeas corpus a favor de su cliente, quien se encuentra en condición de prófugo, con el propósito de evitar que sea internado en un centro penitenciario.

Contreras explicó que Urtecho, sobre quien pesa una orden de ubicación y captura —al igual que sobre su esposa—, padece una atrofia muscular degenerativa de nacimiento que ha “deteriorado progresivamente su capacidad física”.

“Él no puede mover ninguna parte de su cuerpo por sí mismo. Depende de su señora esposa y de una ayuda biomecánica para alimentarse, para movilizarse, para quedarse, para respirar y para defecar y otras funciones que realiza”, sostuvo.

La condena contra Urtecho, quien fue legislador en dos periodos, de 2006 a 2011 y de 2011 a 2013 —año en que fue destituido por este caso—, fue dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que procesó también a su esposa, Claudia Gonzales, y la sentenció a 28 años de prisión como cómplice de concusión y por los delitos de peculado y lavado de activos.

El exparlamentario tiene una discapacidad en los miembros inferiores que lo obliga a desplazarse en silla de ruedas y los jueces consideraron que, sin la asistencia de su cónyuge, no habría podido cometer los delitos que se le imputaron.

El abogado también expuso que Urtecho padece una colostomía permanente, hernia diafragmática, escoliosis severa, problemas respiratorios con dependencia de oxígeno y miastenia laríngea, lo que afecta “funciones como hablar y respirar”.

Refirió que su cliente no puede hablar más de cuatro minutos sin sufrir problemas respiratorios, depende de su cónyuge para superar crisis miasténicas, que “pueden ser fatales”, y advirtió que enviarlo a prisión sería exponerlo a un “riesgo real e inmediato de muerte”.

Añadió que la esposa de Urtecho —también prófuga— “lo moviliza constantemente para evitar lesiones”, “controla su alimentación especial, administra rigurosamente su medicamento, maneja su colostomía y conoce las maniobras respiratorias necesarias cuando su respiración se compromete”.

“Por eso, separarlos significaría dejar a una persona con discapacidad sin el único soporte humano que le permite seguir viviendo. No hay persona alguna que pueda conocer a cabalidad los peligros de muerte a los que realmente está expuesto mi patrocinado”, afirmó.

La defensa remarcó que el recurso no busca reducir la pena ni cuestionar los hechos del proceso, sino impedir que Urtecho sea enviado a prisión para evitar su muerte. Además, alegó la nulidad de la condena al señalar que el TC declaró constitucional la Ley 31751, conocida como la ‘Ley Soto’, norma que fija en un año el plazo de suspensión de la prescripción y facilita que los delitos prescriban en menos tiempo.

Con esta disposición, políticos como el extitular del Congreso, Alejandro Soto, y el encarcelado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) lograron el archivo de sus procesos penales.

Se trata de una de las denominadas ‘leyes procrimen’ que el Legislativo aprobó y que, posteriormente, parlamentarios o dirigentes de los partidos que impulsaron estas normas invocaron para obtener beneficios en sus procesos judiciales.

En rigor, la Ley 31751 establece que la suspensión de la prescripción no puede exceder un año, cuando antes ese plazo equivalía a la pena máxima del delito más la mitad. Por ejemplo, el delito de estafa pasó de prescribir en 18 años a hacerlo en 10 años con la entrada en vigor de la llamada ‘Ley Soto’.

El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, busca a como dé lugar anular la prisión preventiva por la que se mantiene en la clandestinidad desde octubre de 2023. El Tribunal Constitucional, que programó una audiencia exprés para revisar su caso, podría darle una mano.

Aunque un día antes de la audiencia se filtró la ponencia donde se le daba la razón, esta se llevó de todos modos. Ahí, Humberto Abanto defendió el supuesto “derecho de resistencia a la opresión” que habría ejercido Cerrón al no acatar la sentencia de segunda instancia que le dictó 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka. También dijo el líder de Perú Libre no está en “condiciones de igualdad ante sus contrincantes” por la Presidencia de la República.

Abanto dijo ante los magistrados que, debido a que la Corte Suprema luego absolvió a Cerrón de este proceso, se justifica el no acatamiento a la resolución judicial. Y así lo reafirmó ante una pregunta del magistrado César Ochoa.

“Sería anómala (una situación de peligro procesal) si es que no hubiera habido como causa una actuación estatal que lo obligó a tomar esa decisión. Él estaba cumpliendo con su comparecencia con restricciones, su excelencia. Es el Estado el que introduce una situación que altera y cambia completamente el curso de los acontecimientos: esa sentencia en el (caso) Aeródromo Wanka después fue declarada inicua y fue fulminada, y se absolvió al señor Cerrón”, apuntó.

El factor Delia Espinoza

En otro punto, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse intentó hacer una comparación entre el caso de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y Vladimir Cerrón respecto al cumplimiento de resoluciones del Estado.

Gutiérrez preguntó a Abanto, según su tesis de defensa, si Espinoza también hizo un acto de resistencia ante una actuación que consideró ilegal de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en referencia a la orden para que ceda el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides.

Abanto respondió que “no hay punto de comparación” porque la JNJ rechazó el recurso de Espinoza, mientras que en el caso de Cerrón fue absuelto.

Más preguntas

A su turno, el magistrado Francisco Morales preguntó si habían otros procesados por delitos graves que enfrenten sus casos en libertad. Abanto se puso de ejemplo a sí mismo (caso Arbitrajes a favor de Odebrecht), Keiko Fujimori en caso Cócteles, los casos del Partido Aprista y Solidaridad Nacional.

Finalmente, el tribuno Pedro Hernández, quien es ponente del caso de Vladimir Cerrón, preguntó si no considera “peligroso” que un procesado defina por sí mismo si un acto es injusto para no acatar una resolución judicial.

“Si mi decisión de resistencia es caprichosa, es decir, lo único que quiero es violar la ley y desacatar una orden razonable y válida, las consecuencias van a ser que voy a quedar fuera de la ley. En cambio, si se acredita, como se ha acreditado en este caso, que era víctima de una arbitrariedad entonces esas consecuencias no me pueden ser aplicadas por una lógica muy sencilla de cómo se tiene que razonar en el estado democrático”, respondió Abanto.

Ahora, el ponente Pedro Hernández deberá elaborar un proyecto de sentencia para que sea debatido y votado, aunque ya habría elaborado una ponencia a favor de Vladimir Cerrón.

“(Para usted, ¿no es un prófugo de la justicia el señor Cerrón?) No, es una víctima de un atropello judicial que ha generado, por redundancia, esta situación (paso a la clandestinidad", dijo Abanto en la audiencia donde se debatió el recurso para anular la prisión preventiva de Cerrón.

En esa línea, el abogado recordó que inicialmente el Poder Judicial rechazó dictar prisión preventiva contra el líder de Perú Libre porque no había peligro procesal. “Se entendió que el señor contaba con los arraigos suficientes y que bastaba con una comparecencia con restricciones para conjurar cualquier peligro”, apuntó.

El magistrado César Ochoa, entonces, preguntó a Abanto si, actualmente, no considera que hay peligro procesal a raíz de que Cerrón pasó a la clandestinidad y que incluso estaría fuera del país. “¿Esa situación no le parece anómala, atípica, extraordinaria?”, consultó.

“Sería anómala si es que no hubiera habido como causa una actuación estatal que lo obligó a tomar esa decisión. Él estaba cumpliendo con su comparecencia con restricciones, su excelencia. Es el Estado el que introduce una situación que altera y cambia completamente el curso de los acontecimientos: esa sentencia en el (caso) Aeródromo Wanka después fue declarada inicua y fue fulminada, y se absolvió al señor Cerrón”, respondió.

En respuesta a las afirmaciones de Humberto Abanto, la abogada de la Procuraduría del Poder Judicial, Indira Bedregal, indicó que “estamos ante una clara situación de peligro procesal” porque Vladimir Cerrón no se puso a derecho luego de la Corte Suprema lo absolviera. “Es por ello que no se demuestra la arbitrariedad (de la prisión preventiva”, sostuvo.

Decisión ya estaría tomada

Según un documento difundido por César Hildebrandt, la sentencia que favorece a Vladimir Cerrón ya estaría redactada y contaría con el voto favorable de cuatro magistrados, incluido el ponente Pedro Hernández Chávez. El texto resolutivo prevé dos elementos centrales: la declaración de “fundada la demanda por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales”, y la nulidad tanto de la resolución que denegó sustituir la prisión preventiva por una menos gravosa, como de la que confirmó la decisión previa en contra de Cerrón.

El fallo ordenaría al Juzgado de Investigación Preparatoria dictar una nueva resolución que “defina la nueva situación jurídica” de Vladimir Cerrón, en función de la nulidad establecida sobre la prisión preventiva.

Inusitada celeridad

El expediente de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón ingresó al TC el 11 de febrero de 2026, tras pasar por la Primera Sala en lo Constitucional de Lima. La defensa legal, encabezada por el abogado Humberto Abanto, solicitó apenas dos días después la programación urgente de la audiencia, argumentando la necesidad de “un pronunciamiento definitivo”. Citó como antecedente un recurso de 2021 presentado por Cerrón, vinculado al caso La Oroya, que fue rechazado previamente.

El órgano constitucional respondió oficialmente tres días más tarde, a través del secretario relator Víctor Alzamora, quien precisó que la audiencia solo es convocada si los magistrados advierten una “materia de fondo”. La defensa insistió el 24 de febrero, y el 4 de marzo el TC comunicó a las partes que la sesión se realizaría el 11 de marzo a las 9:15.

El Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad de la Defensoría del Pueblo contra la Ley 32419, que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y Comités de Autodefensa investigados, procesados o condenados por hechos relacionados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La norma en la práctica busca el archivamiento de más de 1.700 procesos penales, según una estimación de la Defensoría, por delitos calificados como graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas y torturas.

La Ley de Amnistía solo exceptúa los casos de exmilitares o policías investigados, procesados o condenados con sentencia firme por delitos de terrorismo o delitos de corrupción de funcionarios.

La audiencia

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, no se presentó a la audiencia para sustentar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, sino que fue el jefe del Gabinete de Asesores de la institución, Hebert Anderson Saldaña Saavedra.

Durante su exposición, Saldaña cuestionó la demora del Poder Judicial para que “en 40 años” no haya concluido los procesos penales, obviando que la mitad de dicho plazo el propio Estado puso trabas para que se esclarezcan los hechos. Indicó que la negligencia del Poder Judicial no podía afectar a las víctimas.

En tanto, defendieron al Congreso de la República el exmagistrado del TC, Ernesto Blume; el candidato aprista Luis Pacheco Mandujano; el constitucionalista Domingo García Belaunde y el trabajador del Parlamento Ángel Delgado Silva.

Todos defendieron la Ley de Amnistía abogando que por el tiempo, salvaguardando los derechos de policías y militares al debido proceso y plazo razonable, los procesos debían archivarse. Blume fue más allá y aseguró que es una norma de “reconciliación nacional”.

Pacheco Mandujano criticó que a miembros de Sendero Luminoso no se les procesó por graves violaciones a los derechos humanos; sin embargo, omite que los senderistas fueron investigados y condenados, en su mayoría, dentro de los plazos de prescripción.

Los actuales procesos en trámite contra terroristas no han sido archivados, aunque hayan intentando acogerse o a la ley de prescripción o a la ley de Amnistía, como el caso Las Gardenias contra el líder de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru(MRTA) Víctor Polay Campos.

Los magistrados Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo y Francisco Morales Saravia hicieron preguntas a las partes. Luego de ello, la presidenta del TC, Luz Pacheco, dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía.

Para que se declare fundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419 se requiere de 5 votos conformes. Si no se alcanzan dichos votos, la demanda es declarada infundada. Este fue el caso de la demanda contra la Ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad.

En el caso de la Ley 32107, la votación final en el TC quedó 4 votos en contra y 3 votos a favor, por lo que fue declaradada infundada la demanda y se estableció que la norma es constitucional.

El Tribunal Constitucional evaluará hoy el habeas corpus del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con el que busca anular la orden de prisión preventiva que se le impuso tras pasar a la clandestinidad en octubre de 2023.

A partir de las 9:15 se llevará a cabo la audiencia del TC, donde además del caso de Cerrón se incluyó otros casos de alto perfil: el habeas corpus del recluido exministro de Vivienda Geiner Alvarado para anular su prisión preventiva y la de José Luna Gálvez para anular la investigación en su contra por los contratos irregulares con el exconsejero Iván Noguera.

El primer punto de agenda de la audiencia es la demanda de inconstitucionalidad que presentó el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la Ley 32419 que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por hechos relacionados a la lucha antiterrorista.

El caso de Vladimir Cerrón es el cuarto en la agenda del TC. Su abogado Humberto Abanto será el encargado de ejercer su defensa. No se pidió la intervención del prófugo líder de Perú Libre vía virtual, tal como sí lo hace en actividades partidarias.

Libertad de Vladimir Cerrón ya estaría decidida

Según reveló el periodista César Hildebrandt con documentos en mano, la sentencia que le da la razón a Vladimir Cerrón ya estaría redactada y contaría con el respaldo de 4 magistrados, incluido el ponente Pedro Hernández Chávez.

El texto de la resolución diría: “El TC ha resuelto declarar fundada la demanda por la vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal. Segundo, se declara nula la resolución (...) que declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por otra medida menos gravosa, solicitada por don Vladimir Roy Cerrón Rojas en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos, y la resolución (...) que confirmó la resolución 8”.

El fallo instruiría, además, al Juzgado de Investigación Preparatoria a emitir la decisión correspondiente que “defina la nueva situación jurídica” de Vladimir Cerrón, en función de la nulidad de la prisión preventiva.

Inusitada celeridad

El proceso que tramita la defensa de Vladimir Cerrón ante el TC ingresó el 11 de febrero de 2026 desde la Primera Sala en lo Constitucional de Lima. El abogado Humberto Abanto solicitó el 13 de febrero programar con urgencia la audiencia, aduciendo la necesidad de un “pronunciamiento definitivo” y citando como antecedente un caso anterior de 2021, cuando Cerrón presentó otro recurso vinculado al caso La Oroya que fue rechazado.

La respuesta oficial llegó apenas tres días después: el secretario relator Víctor Alzamora explicó que la audiencia solo se convoca si los magistrados consideran que existe materia de fondo para resolver; de lo contrario, pueden rechazar la petición por cuestiones formales. A pesar del criterio, la defensa reiteró su pedido el 24 de febrero. El 4 de marzo, el TC finalmente notificó a las partes que la audiencia se llevaría a cabo el 11 de marzo a las 9:15.

El congresista y candidato a la primera vicepresidencia de la República por Perú Libre, Flavio Cruz, dijo no apreciar un trato diferenciado para el prófugo Vladimir Cerrón por parte del Tribunal Constitucional, que programó una audiencia exprés para evaluar el pedido para anular su prisión preventiva.

En entrevista con Canal N, Cruz dijo que el TC tiene “ojos y oídos” y considera que “tal vez esté evaluando el escenario electoral” donde, dice, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haga los debates de forma presencial cuando el trámite ha sido virtual.

“Yo creo que (el TC) está cumpliendo su papel. Hay plazos y se están dando. Ya pasó un mes, prácticamente. Ya creo es tiempo que lo vean. Y claro, nosotros quisiéramos que entre al debate”, dijo.

Ante los señalamientos contra los magistrados por priorizar inusitadamente una demanda de habeas corpus cuando en casos normales el trámite en el TC puede tomar años.

“Me parece que son posturas parcializadas. No creo que estén subestimando la capacidad intelectual, jurídica de los tribunos. No creo", indicó. “En todo caso, ¿por qué la desesperación? ¿Por qué el temor? ¿Por qué el miedo de enfrentarse en el debate a Vladimir Cerrón?“, agregó.

Celeridad inusual

El TC programó para el próximo 11 de marzo una audiencia de revisión de la prisión preventiva de Vladimir Cerrón, líder prófugo y candidato presidencial de Perú Libre, apenas veinte días después del ingreso formal del hábeas corpus.

La acción constitucional que pide la liberación del líder de Perú Libre entró oficialmente el 11 de febrero, proveniente de la Primera Sala Constitucional de Lima. La defensa, a cargo de Humberto Abanto, solicitó el 13 del mismo mes una convocatoria urgente a audiencia, apelando a la premura y recordando que en 2021 se tramitó en tiempo igualmente récord otra demanda presentada por Cerrón relacionada con su condena por el caso La Oroya.

El 16 de febrero, el secretario relator Víctor Alzamora respondió que la audiencia solo procede si los magistrados consideran que es necesario un pronunciamiento de fondo, opción que derivaría en una resolución sobre el fondo del asunto; de lo contrario, el reclamo puede ser desestimado sin audiencia por cuestiones formales. Pese a esta explicación, la defensa de Cerrón reiteró el pedido el 24 de febrero. El secretario confirmó entonces su respuesta inicial.

Contra la pauta usual, el Tribunal anunció el 4 de marzo la programación de audiencia pública para el caso Cerrón, logrando que el proceso haya escalado desde el ingreso del expediente en veinte días, en contraste frente al promedio de resolución que puede extenderse más de un año.

Humberto Abanto solicitó formalmente intervenir en la audiencia para exponer el informe oral a favor de Cerrón, fijada para las 9:15 del 11 de marzo. El recurso busca que el Tribunal anule la resolución que rechazó variar la prisión preventiva por una comparecencia simple. Cerrón recibió la medida de prisión preventiva tras entrar en la clandestinidad en octubre de 2023, luego de ser condenado inicialmente por el caso Aeródromo Wanka, proceso en el que posteriormente resultó absuelto por la Corte Suprema.

En uno de sus mensajes recientes a militantes de Perú Libre, Vladimir Cerrón reconoció el carácter decisivo del proceso en curso: “Estoy lidiando una batalla judicial y nos falta ya prácticamente el último paso”. Este mensaje coincidió con el momento en que el Poder Judicial concedió el recurso de agravio constitucional y remitió el expediente de hábeas corpus al TC.

Desde la sede del Congreso, el ministro Álvarez afirmó que la censura contra Jerí “ha sido una infracción constitucional, como ya ha señalado la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y los mejores constitucionalistas del país, lo que correspondía era la vacancia y no la censura. Pero esta ha sido una decisión política cuya responsabilidad recae en el Congreso (...)”, indicó al ser consultado por medios de comunicación.

Para el PCM, la censura contra José Jerí ya fue consumada ante el Congreso, y que “técnicamente no sería posible la presentación de una demanda competencial, primero porque complicaría más la situación del Perú (...) no sería una buena señal que nosotros mismos ahondemos y profundicemos esta crisis”, esto último en referencia al periodo sin presidente que pasará el país hasta que se vuelva a elegir uno por sucesión de entre los 130 parlamentarios a partir de las 6:00 p.m.

El ministro Álvarez también sostuvo que los ministros durante la gestión de José Jerí en el Ejecutivo se encuentran “en funciones exclusivamente para garantizar el funcionamiento de cada uno de los sectores, en vista de que no podemos dejar acéfalo cada uno de los ministerios y el Ejecutivo. Pero, por eso la razón de mi visita, el mando político, el único que tiene, el único titular que tiene mandato político es el presidente del Congreso. Y de acuerdo al espíritu de la Constitución, ante la falta de un presidente de la República, asume el liderazgo del Estado el presidente del Congreso".

José Jerí fue insultado a la salida de Palacio de Gobierno

José Jerí dejó de ser presidente del Perú luego de que se aprobara su censura como presidente de la mesa directiva del Congreso y, por consiguiente, su encargatura como mandatario, con un total de 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones en el Pleno del parlamento.

Ya sin opciones para intentar quedarse en Palacio de Gobierno, el ahora expresidente salió de la sede del Poder Ejecutivo por la puerta principal escoltado por sus ministros. Sin embargo, lejos de recibir apoyo de los ciudadanos que se encontraban en la Plaza de Armas, quienes se encontraban en el lugar lo llenaron de insultos.

“Ratero”, “sinvergüenza” y “lárgate” fueron las frases utilizadas por algunos ciudadanos para expresar su rechazo al ahora expresidente. Algunos de los presentes incluso le desearon la muerte: “Muérete, carajo”, le gritaron a Jerí a su salida del Palacio de Gobierno.

Hasta el momento, varias horas luego de su salida de Palacio de Gobierno, José Jerí no se ha pronunciado públicamente sobre su censura y tampoco se conoce si asistirá esta tarde a la sesión del Pleno del Congreso donde se decidirá quién lo sucederá en el cargo.

El magistrado del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, nuevamente está en el ojo de la tormenta tras revelarse un evidente conflicto de intereses en dos expedientes en los que votó. Se trata de las demandas del reconocido abogado Mateo Castañeda, exfiscal superior y exdefensa de la vacada expresidenta Dina Boluarte.

La relación entre Morales y Castañeda era, hasta ahora, desconocida. No obstante, un escrito difundido por Latina y al que también accedió Infobae, revela que el magistrado del TC acreditó a Castañeda como su abogado ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en diciembre de 2023.

Morales Saravia había sido citado para que dé su declaración en una carpeta reservada, probablemente el cuaderno de colaboración eficaz de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides. Las fechas coinciden. Villanueva fue detenido a fines de noviembre de 2023 y a los días se acogió a este proceso especial.

Dentro de los hechos presuntamente ilícitos, Villanueva reveló que el tribuno, que por esos meses era presidente del TC, se habría comprometido a ayudar a Benavides con su demanda competencial contra la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En el documento, Francisco Morales pide al coordinador del Equipo Especial PNP que se le precise sobre qué hecho debe declarar y que la toma de declaración se realizará en su despacho en la sede del TC en la avenida Arequipa.

Conflicto de interés

Pese a la relación previa, el magistrado Francisco Morales Saravia votó a favor de declarar fundadas dos demandas de su exabogado Mateo Castañeda: una contra el Eficcop y otra contra el juez Richard Concepción Carhuancho.

Con el voto de Morales Saravia, el TC declaró nula la investigación preparatoria del caso Los Waykis en la Sombra, donde a Castañeda se le atribuye ser el presunto “brazo legal” que se encargaba de buscar el archivo de la investigación contra Nicanor Boluarte, ofreciendo beneficios ilícitos a los coroneles PNP (r) Harvey Colchado y Walter Lozano.

El expresidente del TC también votó a favor de que la JNJ evalúe iniciar un proceso disciplinario al juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho por una aparente demora en tramitar el recurso de apelación de Mateo Castañeda contra la orden de prisión preventiva que se le impuso por el caso Los Waykis en la Sombra.

Según los expedientes consultados por Infobae, no existe un documento donde Morales Saravia ponga de conocimiento a sus colegas sobre el vínculo con Mateo Castañeda. Tampoco se registra alguna solicitud de abstención.

Cabe precisar que, de acuerdo al expediente de la demanda contra el Eficcop, la Fiscalía tampoco advirtió que Morales y Castañeda fueron defendido y abogado, respectivamente.

Según la Ley Orgánica del TC y el Reglamento Normativo del TC, los magistrados son "irrecusables, pero pueden abstenerse de conocer algún asunto cuando tengan interés directo o indirecto o por causal de decoro".

La única excepción para no abstenerse es que el apartamiento del magistrado impida resolver el caso, lo que no ocurre en las demandas de Mateo Castañeda ya que los otros 6 magistrados no estaban impedidos.

El presidente José Jerí formalizó su voluntad de colaborar con la investigación preliminar abierta en su contra, remitiendo un oficio al Ministerio Público en el que se allana a brindar todas las declaraciones y aclaraciones requeridas. El documento, firmado por el secretario general Benito Roberto Villanueva Haro y dirigido al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, fue enviado el 19 de enero de 2026.

En el texto se afirma la disposición del mandatario para colaborar plenamente, aclarando que se dará “en el marco de las competencias constitucionales y legales que corresponden al Ministerio Público. [...] Dentro del respeto al debido proceso y a las garantías que ampara el ordenamiento jurídico vigente”.

La reacción de Jerí se produce tras la apertura de una investigación preliminar reservada por parte de la Fiscalía de la Nación, motivada por reportes periodísticos que revelaron reuniones fuera de Palacio de Gobierno entre el presidente y el empresario chino Zhihua Yang, así como la difusión de encuentros adicionales en propiedades de Yang, incluyendo una tienda clausurada durante una visita presidencial.

La pesquisa, confirmada por fuentes del Ministerio Público a Infobae, se centra en el presunto delito de patrocinio ilegal y posible tráfico de influencias en perjuicio del Estado. Además, incluye la revisión de visitas a Palacio de Gobierno por parte del empresario Ji Wu Xiaodong, investigado por crimen organizado y tala ilegal.

Aunque la Fiscalía ya inició pedidos de información y otras diligencias urgentes, el desarrollo de la investigación enfrenta un límite infranqueable: el fallo del Tribunal Constitucional (TC) emitido durante la gestión de Dina Boluarte. Esta sentencia, que sentó precedente para las investigaciones contra presidentes en funciones, restringe severamente las actuaciones permitidas al Ministerio Público.

¿Cuáles son las únicas diligencias que la Fiscalía puede realizar?

El fallo del TC establece de manera categórica que la Fiscalía solo puede realizar tres tipos de diligencias cuando investiga a un presidente en funciones:

1. Tomar declaración al presidente: Esta diligencia puede ejecutarse hasta en dos ocasiones y únicamente dentro de Palacio de Gobierno, previa notificación formal de día y hora.
2. Solicitar información: El tribunal ha precisado que estos pedidos deben realizarse una o, como máximo, dos veces. La intención es evitar perturbaciones reiteradas a la función presidencial.
3. Requerir la entrega de documentos: Al igual que con la información, la solicitud de documentos solo puede realizarse una o dos veces durante el proceso preliminar.

Estas actuaciones deben ser urgentes, inaplazables y estrictamente necesarias, según enfatiza el TC, y siempre deben respetar la dignidad del cargo presidencial.

Una vez agotadas estas diligencias, la investigación debe suspenderse hasta que el presidente culmine su mandato. Solo después de dejar el cargo se podrá retomar el proceso y evaluar la responsabilidad penal si corresponde.

También envió oficio al Congreso

El mandatario también remitió un documento expresando su disposición de colaboración al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Elvis Vergara. “Me pongo a disposición a fin de brindarle las declaraciones y aclaraciones que correspondan, cuando lo estimen pertinente”, menciona el escrito.

Al igual que en el caso de la Fiscalía, precisó que su cooperación será “en el marco del respeto al debido proceso y a las competencias del Congreso”.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que marca un punto de inflexión en la extensa disputa por la actualización y pago de los bonos de la deuda agraria. Mediante la Sentencia 11/2026, el Pleno del TC ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que, en un plazo máximo de 60 días, apruebe una nueva metodología y procedimiento administrativo para la actualización y pago de la deuda derivada de la expropiación de tierras durante la reforma agraria.

La decisión se sustenta en la necesidad de superar los criterios considerados inconstitucionales y confiscatorios contenidos en el Decreto Supremo 242-2017-EF, cuya fórmula, aplicada en varios casos, arrojó valores equivalentes a cero para los tenedores de bonos.

El caso tratado por el TC tiene su origen en la demanda de Mónica Jimena Burga Fernández, representada por Mario Augusto Seoane Linares, quien reclamó la actualización del valor de diecisiete bonos de la deuda agraria entregados a su familia como parte del pago por la expropiación de tierras en 1973. Estos títulos, emitidos en soles oro y con un plazo de 25 años, nunca fueron cancelados en su totalidad. A lo largo de los años, la hiperinflación y los cambios de moneda distorsionaron su valor, dejando pendiente el pago de una suma valorizada en S/ 1.081.320,00 soles oro.

El proceso judicial incluyó múltiples peritajes y la intervención de diversas instancias, hasta que la metodología oficial establecida por el MEF —a través del Decreto Supremo 242-2017-EF— fue puesta en cuestión. Dos informes periciales distintos, tanto de parte de la demandante como del propio Poder Judicial, concluyeron que la fórmula vigente resultaba en valores nominales nulos (US$0.00 o S/ 0.00), afectando gravemente el derecho de propiedad de los expropiados y sus herederos.

El TC, integrado por los magistrados Pacheco Zerga (presidenta), Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez, analizó el caso a la luz de sus propias sentencias y autos anteriores, especialmente el Auto 00022-1996-AI/TC, de 16 de julio de 2013. Allí se estableció que la actualización de la deuda agraria debía regirse por el principio valorista, es decir, calcular el valor actualizado de los bonos en dólares estadounidenses, desde la fecha en que se dejó de pagar los cupones, sumando la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense y los intereses compensatorios originales de cada bono.

El tribunal concluyó que la metodología vigente no cumplía con este mandato. La fórmula oficial convertía los bonos a dólares utilizando un tipo de cambio de paridad de 1991, ignorando el momento original de emisión de los bonos en 1973 y omitiendo los intereses correspondientes. Además, el tribunal advirtió que la aplicación de este método había sido objeto de controversia a nivel internacional, debido a que los resultados eran irrazonablemente bajos y, en la práctica, confiscatorios.

La decisión del TC no solo resuelve el caso individual de la familia Burga Fernández, sino que sienta un precedente que puede impactar a miles de expropiados, herederos y tenedores de bonos de la deuda agraria en todo el país.

El tribunal enfatizó que la deuda pública interna derivada de la reforma agraria no puede ser tratada de forma discriminatoria respecto a otras obligaciones estatales y que la falta de actualización y pago efectivo, después de más de cincuenta años, constituye una vulneración grave de derechos fundamentales.

La sentencia también reconoce el impacto fiscal que implica la actualización de la deuda, por lo que habilita opciones alternativas de pago y un cronograma extendido, pero subraya que el Estado no puede delegar unilateralmente la modalidad de cancelación, sino que debe respetar la libre elección de los acreedores.

¿Qué deberá hacer el MEF ahora?

El punto central de la decisión obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a emitir, en un plazo de 60 días, un nuevo decreto supremo que establezca una metodología de actualización y un procedimiento administrativo de pago que respete los siguientes lineamientos:

• La actualización debe partir del valor de los bonos al momento de su emisión, no de fechas posteriores.
• Se debe convertir el principal impago a dólares estadounidenses, aplicando el tipo de cambio de paridad correspondiente a la fecha de emisión y sumando la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense, junto con los intereses compensatorios originales de cada bono.
• El método de cálculo no puede generar resultados nominales ni cancelatorios que liquiden la deuda en valores nulos, pues esto sería inconstitucional.
• El pago podrá realizarse en efectivo, en cuotas durante un máximo de ocho años, o mediante otras modalidades como bonos transferibles o la entrega de tierras, a elección del tenedor de los bonos.

El congresista Alejandro Muñante manifestó su rechazo al reciente fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la ley que permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves como homicidio, sicariato, violación y extorsión.

Según el representante de Renovación Popular, la decisión es considerada como un retroceso en la lucha contra la criminalidad e informó que impulsará una reforma constitucional para restablecer parámetros de responsabilidad penal juvenil.

“Esta justicia protege más a delincuentes que a víctimas”, indicó en Canal N y afirmó que la anulación de la norma limita la capacidad del sistema de justicia para responder ante delitos cometidos por adolescentes. Según el congresista, el sistema de reclusión juvenil actual no garantiza la rehabilitación de los infractores.

El parlamentario señaló a Canal N que más de 30 menores acusados de sicariato fueron internados en centros juveniles de reclusión a raíz de la ley ahora revocada, al mismo tiempo que criticó el hacinamiento en instalaciones como Maranguita y la falta de infraestructura adecuada para la reinserción social de los adolescentes.

Reforma constitucional para procesar a menores de edad

Frente a la decisión del Tribunal Constitucional, Muñante indicó que insistirá con su idea, pero que esta vez presentará, junto a su bancada, una iniciativa de reforma constitucional para establecer una edad mínima de responsabilidad penal en casos excepcionales. “No existe ningún tratado internacional que impida al Perú fijar dicho parámetro”. Apoyó su postura citando que países como Brasil y Estados Unidos aplican criterios similares, detalló Canal N.

En sus declaraciones, Muñante también criticó a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial por haber respaldado el recurso que eliminó la ley, argumentando que estas instituciones priorizaron el derecho de los infractores sobre la seguridad ciudadana y los derechos de las víctimas.

Visita de Jerí a empresario Chino

Respecto a la situación del presidente José Jerí, que visitó encapuchado al empresario chino Zhihua Yang la noche del 26 de diciembre del 2025 sin que haya un registro del encuentro, Muñante respaldó su eventual llamado ante la Comisión de Fiscalización, aunque descartó una posible vacancia.

Según su versión, la vía para remover de su cargo al presidente José Jerí -en caso sea necesario- sería la censura a la Mesa Directiva, aunque esto no afectaría el cargo de José Jerí como congresista.

Jerí admitió que tuvo reunión con Zhihua Yang

Ante la presión mediática, el presidente Jerí admitió que el encuentro con el empresario sí se produjo, pero intentó restarle gravedad alegando que se trató de una “cena” para coordinar las celebraciones del Día de la Amistad Perú-China previstas para febrero. “Mitad del tiempo estoy en la oficina y mitad en la calle... yo voy a las tiendas, a veces con gorrita, otras veces sin gorrita”, declaró el mandatario en tono coloquial para justificar su apariencia en el video.

Sin embargo, el mandatario cambió de versión la madrugada del domingo 18 de enero e indicó que invitó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y a su escolta oficial a comer al establecimiento. Sin embargo, su visita se produjo aproximadamente a las 10:18 p.m. y se prolongó casi hasta la medianoche del 26 de diciembre del 2025 pese a que el horario de atención del local es hasta las 10:00 p.m.

“Es así que (…) luego de conversar y coordinar, como todos los días, y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar al chifa del señor Johnny“, afirmó Jerí en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la norma que permitía juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos. Arriola aseguró que la institución respetará y acatará plenamente el fallo, en línea con el marco legal vigente.

“Vivimos en un Estado constitucional de derecho y, como tal, nuestras acciones se rigen por lo que establezca el máximo intérprete de la Constitución”, afirmó el general, subrayando que la Policía actuará conforme a lo dispuesto por el TC.

No obstante, precisó que, desde la perspectiva policial, la norma anulada no era concebida como un instrumento punitivo, sino como una herramienta operativa que permitía enfrentar con mayor rapidez investigaciones criminales complejas.

Según explicó, la participación de adolescentes en delitos graves plantea desafíos concretos para el trabajo policial, especialmente cuando existe escasa información sobre los autores o los vehículos utilizados, lo que termina dilatando procesos y afectando directamente la seguridad ciudadana.

“Es un retroceso muy funesto”

Más allá del acatamiento institucional, el comandante general expresó una postura crítica frente a los alcances del fallo del TC. Arriola calificó la decisión como un retroceso en la lucha contra la criminalidad y advirtió sobre sus posibles consecuencias.

“Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos, la zozobra, y entonces una mirada, desde mi punto de vista, desde los derechos fundamentales garantistas, no ayudarían en absolutamente nada en esta lucha”, sostuvo.

En esa misma línea, el general fue enfático al señalar que la anulación de la norma podría generar efectos negativos en el corto plazo. “Yo considero que sí es un retroceso, y esto me puede traer siquiera algún tipo de problema, pero yo siempre estoy acostumbrado a decir la verdad. La verdad es que esto es un retroceso y muy funesto, que va a traer consecuencias y ustedes las van a ver”, advirtió.

Arriola remarcó que existen menores de edad que participan activamente en hechos delictivos de alta gravedad y que representan un riesgo concreto para la sociedad. Asimismo, recordó que, tras el fallo, corresponde que los adolescentes recluidos en penales sean trasladados nuevamente al sistema de tratamiento juvenil, conforme a lo dispuesto por la sentencia constitucional.

Fallo del TC

En su fallo, el Tribunal Constitucional estableció que es incompatible con la Constitución que personas menores de 18 años sean procesadas y condenadas dentro del sistema penal de adultos, así como que cumplan sentencias en establecimientos penitenciarios destinados a mayores de edad. El TC precisó que los adolescentes de 16 y 17 años que actualmente se encuentran en penales bajo el régimen del INPE deberán ser trasladados de manera inmediata a los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación que determine el PRONACEJ.

El tribunal sostuvo que, si bien el legislador tiene facultades para adoptar medidas frente al contexto de inseguridad ciudadana, estas deben emitirse en estricto respeto de los principios constitucionales y de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. En ese sentido, el fallo subraya la necesidad de una respuesta proporcional a la edad de los adolescentes, sin excluirlos del sistema de justicia, pero garantizando un tratamiento diferenciado.

Menores involucrados en bandas criminales

Las declaraciones de Óscar Arriola se produjeron en un contexto marcado por recientes operativos policiales contra organizaciones criminales con participación de adolescentes. En el distrito de San Juan de Miraflores, la PNP desarticuló una banda presuntamente integrada por tres menores de entre 15 y 17 años, quienes, según la Policía, se dedicaban a robos y asaltos a mano armada en distritos de Lima Sur como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

El comandante general describió el modus operandi del grupo, señalando que descendían de vehículos, encañonaban a sus víctimas y las despojaban de todas sus pertenencias. Estas intervenciones refuerzan, desde la óptica policial, la preocupación por el involucramiento de adolescentes en delitos violentos.

Junto a los menores, también fueron detenidos dos adultos, quienes enfrentarán denuncias por delitos contra el patrimonio.

El proceso electoral peruano suma un nuevo episodio de controversia luego de que se detectara una presunta infracción al principio de neutralidad por parte de Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), debido a declaraciones públicas sobre la candidatura presidencial de Mario Vizcarra Cornejo. El caso involucra directamente la interpretación de la Ley 30717 y el tratamiento de las candidaturas de personas rehabilitadas por delitos.

De acuerdo al informe de una fiscalizadora del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, la magistrada efectivamente habría transgredido el deber de neutralidad durante la entrevista concedida a Canal N, por la cual fue denunciada. El documento señala que sus afirmaciones sobre la tacha interpuesta contra la candidatura de Vizcarra por el partido Perú Primero podrían perjudicar su postulación al cargo de Presidente de la República.

“La señora Luz Imelda Pacheco Zerga, actual Presidente del Tribunal Constitucional, habría infringido el principio de neutralidad en periodo electoral, mediante las afirmaciones realizadas durante una entrevista en el medio de comunicación Canal N, lo que perjudicaría la candidatura al cargo de Presidente de la República, del Sr. Mario Enrique Vizcarra Cornejo, por la organización política ‘Partido Político Perú Primero’”, se lee.

El informe recomienda elevar el caso al pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, para que actúe conforme a sus atribuciones y la normativa vigente. De acuerdo con la revisión, se habría producido una vulneración a la normativa electoral, conforme al artículo 32 del Reglamento Electoral.

¿Qué dijo Luz Pacheco, presidenta del TC?

Durante la entrevista, la conductora consultó a Pacheco sobre el destino electoral de Vizcarra, quien fue condenado por peculado y posteriormente rehabilitado. Respondió: “No te podría adelantar en concreto esa postura, pero sí te adelanto que, en principio, el delito que él cometió está bajo la norma de Peculado. Está comprendido en esas demandas que se presentaron ya hace bastantes años y que dijeron que sí es constitucional que no pueda postular. Esa es la realidad”.

Frente a la pregunta sobre si, tal como está la norma, Vizcarra podría postular, la magistrada añadió: “En principio, eso es lo que ocurre. Habrá que ver, como tú dices, en el caso concreto, porque no siempre estamos de acuerdo todos en el Tribunal a ver qué pasará”.

Posteriormente, al conocer de la demanda presentada en su contra, mencionó que se sentía sorprendida y aseguró que habló a modo general. “Sí me llamó la atención [la denuncia], porque yo no me referí en ningún momento a la situación personal de esa persona. Lo que yo recordé fueron las dos sentencias que tuvo el Tribunal Constitucional en materia de participación ciudadana y delitos. Y después dije también que de ese caso en concreto, y recordé lo que dice el Código Procesal Constitucional, que si una ley ha sido convalidada por el TC, los jueces la tienen que aplicar”, mencionó.

La denuncia de Mario Vizcarra

Mario Vizcarra cuestionó el rol de la presidenta del TC, acusándola de haber adelantado opinión sobre su caso. “Ella tiró abajo la neutralidad y adelantó opinión. Eso ya mostraba la animadversión que tienen a mi postulación”, afirmó. El documento presentado por Perú Primero ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostiene que las expresiones de la magistrada “inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales” y constituyen “una interferencia directa en el proceso electoral, vulnerando el principio de neutralidad”.

Vizcarra señaló la existencia de resoluciones contradictorias en el propio TC sobre la aplicación de la Ley 30717. “Ahí están las cinco resoluciones. Cinco sentencias del propio Tribunal Constitucional. Se las dejo para que las lea con detenimiento”, insistió.

“Es importante el discurso que ha dado hoy día la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, reiterando que las leyes peruanas y la Constitución peruana son lo que tienen que aplicar los jueces, que están por encima de cualquier convencionalidad que pretenda imponerse a los magistrados peruanos”, afirmó en declaraciones a la prensa.

“Ha establecido claramente y refiriéndose concretamente a la ley de lesa humanidad, que tiene que aplicarse, dado que el Tribunal Constitucional ha declarado que esta ley es constitucional”, agregó.

En esa línea, invocó a adoptar medidas contra los jueces que, eventualmente, decidan inaplicar la ley en sus sentencias. “Aquellos que se atrevan a violar la ley y las disposiciones del Tribunal Constitucional deben ser sancionados de inmediato por la Junta Nacional de Justicia y por los organismos respectivos”, sentenció Rospigliosi.

¿Qué dijo Luz Pacheco, presidenta del TC, sobre ley de lesa humanidad?

Durante la ceremonia oficial, Luz Pacheco defendió la vigencia de la Ley 32107, la cual prescribe delitos de lesa humanidad y cuya constitucionalidad fue confirmada por el propio TC. La presidenta del tribunal citó el artículo VII del Nuevo Código Procesal Constitucional, que prohíbe a los jueces peruanos dejar de aplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido ratificada en un proceso de inconstitucionalidad.

“La constitucionalidad de esa norma queda convalidada, a través de esa sentencia. Y el artículo VII de ese mismo Código establece que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”, manifestó.

También abordó el tema del control de convencionalidad, refiriéndose a la relación entre las sentencias de tribunales internacionales y el ordenamiento constitucional peruano. Señaló que, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emite una resolución contraria a la Constitución, los jueces peruanos no estarían obligados a acatar dicho mandato. “Considero que no estamos obligados a someternos a este mandato porque no tiene legitimidad”, explicó.

Pacheco sustentó su posición en el artículo VIII del Nuevo Código Procesal Constitucional, modificado por el Congreso mediante la Ley 32153. Este artículo establece que, en caso de contradicción entre una norma internacional y una constitucional, los jueces deben optar por la que más favorezca a la persona y sus derechos humanos.

Mensaje se da luego de que la titular del Poder Judicial, Janet Tello, se haya pronunciado sobre las críticas que surgieron desde sectores políticos, en especial del Congreso, que acusan a los jueces de actuar arbitrariamente o de incurrir en “prevaricato” al ejercer el control difuso para inaplicar la norma en cuestión. No solo rechazó estos calificativos, sino que recordó que la facultad de los jueces para inaplicar leyes inconstitucionales está consagrada en el artículo 138 de la Constitución y fue ratificada desde 1979.

“En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente a los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales. Es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso. [...] afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política, carece de sustento jurídico e histórico y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional”, mencionó durante el inicio del Año Judicial 2026.

“Sí me llamó la atención [la denuncia], porque yo no me referí en ningún momento a la situación personal de esa persona. Lo que yo recordé fueron las dos sentencias que tuvo el Tribunal Constitucional en materia de participación ciudadana y delitos. Y después dije también que de ese caso en concreto, y recordé lo que dice el Código Procesal Constitucional, que si una ley ha sido convalidada por el TC, los jueces la tienen que aplicar”, mencionó.

Reiteró que no habló de la situación específica del hermano del condenado Martín Vizcarra: “porque además no lo conozco. Que quede claro”, mencionó. Remarcó que solo se limitó a explicar precedentes y normas generales: “Si yo hubiera dicho: ‘Al señor no le corresponde, sí le corresponde’, estaría muy mal de mi parte, pero tengo la tranquilidad de haber hablado en general”.

La polémica surge en medio del proceso de inscripción presidencial de Mario Vizcarra, cuya candidatura se encuentra en suspenso tras la admisión de una tercera tacha por parte del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1), fundamentada en su sentencia por peculado en 2005 y la aplicación de la Ley 30717. Esta norma impide la postulación de personas rehabilitadas por delitos de corrupción, aunque recientes fallos del TC han declarado inaplicable esa restricción en casos similares.

¿Por qué Mario Vizcarra denunció a Luz Pacheco?

Mario Vizcarra denunció a Luz Pacheco por supuestas declaraciones que, desde su perspectiva, habrían anticipado criterio sobre la controversia electoral que enfrenta. Según Vizcarra, la presidenta del TC no solo vulneró el deber de neutralidad que rige para los magistrados constitucionales, sino que además, con sus manifestaciones, habría generado “una interferencia indebida en la independencia de los órganos electorales”.

En el documento presentado por Perú Primero ante el JEE Lima Centro 1 se señala que las expresiones de Pacheco “inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales” y constituyen “una interferencia directa en el proceso electoral, vulnerando el principio de neutralidad”. Vizcarra sostiene que la presidenta del TC, al referirse al marco jurídico de los impedimentos por corrupción, habría afectado la percepción de su candidatura y puesto en entredicho la imparcialidad del tribunal.

El trasfondo de la denuncia radica en la interpretación de la Ley 30717 y la aplicación de precedentes constitucionales recientes, que han favorecido la participación política de ciudadanos rehabilitados. Vizcarra considera que las declaraciones de Pacheco podrían condicionar la actuación de los órganos electorales, especialmente en un contexto en el que la jurisprudencia del TC se ha pronunciado a favor de flexibilizar las restricciones para candidatos con antecedentes penales que han cumplido su condena y han sido rehabilitados.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, defendió la Ley 32107, ley que prescribe delitos de lesa humanidad, la misma que no logró ser declarada constitucional.

Durante la ceremonia de Apertura del Año Jurisdiccional Constitucional 2026, Pacheco invocó el artículo VII del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPP), que indica que no se puede inaplicar vía control difuso una ley que fue ratificada por el TC, tal como sucedió con la Ley 32107.

“La constitucionalidad de esa norma queda convalidada, a través de esa sentencia. Y el artículo VII de ese mismo Código establece que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”, dijo Pacheco.

En relación al control de convencionalidad, la presidenta del TC afirmó que, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ”emite una sentencia contraria a la Constitución el Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales, considero que no estamos obligados a someternos a este mandato porque no tiene legitimidad".

Luz Pacheco fundamentó su afirmación en el artículo VIII del NCPP, modificado por el Congreso a través de la Ley 32153. Dicho apartado dice: "En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, o de incompatibilidad entre decisiones de tribunales internacionales y del Tribunal Constitucional, los jueces preferirán la norma o decisión que más favorezca a la persona y sus derechos humanos".

Pacheco puso como supuesto ejemplo de su afirmación la sentencia de la Corte IDH en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica por las restricciones en ese país sobre la fecundación in vitro. En dicho fallo, se estableció que la concepción ocurre en el momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero, y no en la fecundación, por lo que el embrión no implantado no goza de la protección del derecho a la vida que establece el artículo 4.1 de la Convención Americana.

“Todos estamos de acuerdo que el hijo, el embrión, sin la madre se muere, pero creo que también todos sabemos que, si nace y nadie lo atiende, igual se muere. Y en toda la vida, si no nos atienden, también nos morimos. No podemos calificar quiénes tienen derecho a la vida, según su grado de desarrollo”, criticó la magistrada.

Luz Pacheco considera que ese fallo de la Corte IDH es contrario a la Convención porque, en base al genetista Jérôme Lejeune, “es el cerebro del embrión el que se suspenda el ciclo de la madre”. “Cómo vamos a negar que es un ser distinto a la madre. Solo que es un ser absolutamente indefenso”, agregó.

“A mi modo de ver, al emitir un fallo que no solamente puede ser discutible, sino contrario a un texto expreso, no me parece a mí que podamos sentirnos obligados a obedecerlo”, añadió.

Finalmente, Luz Pacheco afirmó que con su intervención no estaba “llamando a una desobediencia civil ni a una desobediencia jurídica”, sino que su objetivo es “invitarlos a reflexionar”.

“Para darnos cuenta que lo importante no es que tribunal dice algo, sino qué dice. No porque lo diga la Corte Interamericana o la Corte Penal Internacional, sino qué está diciendo. ¿Está protegiendo los bienes humanos básicos o no?”, sentenció.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el hábeas corpus solicitado por Pedro Castillo, expresidente Perú, en el que su defensa alegaba una supuesta vulneración de sus derechos a la salud dentro de las condiciones carcelarias.

La decisión fue emitida a través de la sentencia 203/2025, que declaró improcedente e infundada la solicitud tras analizar los argumentos jurídicos y médicos presentados por el entorno del exmandatario.

La defensa de Castillo había pedido que se autorizara una excarcelación temporal para someterse a una intervención quirúrgica por una presunta enfermedad cardíaca, tal como figura en los documentos clínicos aportados al expediente.

Además, se solicitaba que el exgobernante permaneciera bajo detención domiciliaria bajo el cuidado de sus familiares y profesionales de la salud especializados, y que recibiera una indemnización en caso de alguna complicación médica o deterioro de su integridad.

El Tribunal determinó que la demanda no demostró la existencia de un riesgo comprobado sobre la salud de Castillo Terrones ni una vulneración de derechos fundamentales ocasionada por la institución penitenciaria.

Asimismo, se destacó que las pruebas médicas ofrecidas no resultaron suficientes para un pronunciamiento a favor del peticionante.

“Este pedido debe ser desestimado, no por infundado, sino por improcedente por insuficiencia probatoria”, expuso el fallo consultado por la prensa nacional.

Argumentos de la defensa y fundamentos médicos

El equipo legal de Pedro Castillo argumentó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habría mostrado reticencia al visibilizar los informes médicos necesarios para evaluar el caso, sugiriendo una posibilidad de afectación de los derechos de su representado.

También, se señaló la supuesta existencia de una “angina de pecho inestable” que requeriría tratamiento urgente para evitar un infarto, de acuerdo con el relato recogido en el proceso judicial.

Diversos documentos aportados en la causa —entre ellos, certificados médicos emitidos por EsSalud y actas de la Junta Médica Penitenciaria— establecen un diagnóstico diferente: dolor torácico osteomuscular y síndrome de articulación condrocostal.

Según el TC, estos diagnósticos no requieren una intervención cardiaca inmediata y el exmandatario no habría sido desatendido en lo que respecta a atención médica durante su reclusión.

De acuerdo a Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, el hábeas corpus de Pedro Castillo por atención médica fue desestimado de manera unánime, al considerar que el INPE garantizó su atención en salud.

“Este es un caso donde él (Castillo) pedía una atención médica. Hemos considerado de que el INPE le ha proveído de todas las formas para que pueda atenderse, para que pueda estar a salvo en su salud. Entonces, es por eso que se ha desestimado de manera unánime esta demanda”, declaró Gutiérrez Ticse en una entrevista para Canal N.

Pedro Castillo, quien fue removido de la presidencia y actualmente cumple una condena de 11 años y 5 meses por delitos de conspiración y rebelión, permanece en el penal de Barbadillo, localizado en Ate Vitarte. El caso de su privación de libertad mantiene la atención pública y mediática en Perú y genera controversia sobre el marco de los derechos de los internos, especialmente en figuras políticas de alto perfil.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta una disputa que ha provocado la cancelación de rutas y un intenso debate sobre el impacto del cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) en la competitividad de Perú como hub aéreo en América Latina.

El 7 de diciembre de 2025 marcó la entrada en vigor del nuevo esquema tarifario en el principal aeropuerto peruano. La TUUA de transferencia comenzó a aplicarse a todos los pasajeros en conexión internacional.

Tras un primer aviso con Orlando y La Habana, LATAM Airlines Perú, la aerolínea con mayor presencia en el país, comunicó en las últimas horas la suspensión de 6 rutas internacionales tras evaluar la sostenibilidad operativa bajo el nuevo esquema de costos, en especial para vuelos cuya demanda depende del tráfico de conexión internacional.

El Aeropuerto Jorge Chávez de Lima y una disputa entre privados

A partir del 29 de marzo de 2026 dejarán de operar los vuelos directos que unían Lima con Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán. Además, LATAM no concretará las rutas previstas a Guatemala y Belo Horizonte.

La empresa atribuyó la decisión directamente a la implementación de la TUUA de transferencia internacional, la cual limita la competitividad frente a otros hubs regionales como Bogotá y Panamá, que no aplican cargos equivalentes.

En respuesta, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció conversaciones avanzadas con 6 nuevas aerolíneas internacionales—entre ellas Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa—y subrayó su objetivo de consolidar a Perú como un punto de conexión relevante para pasajeros de América Latina.

El ministro peruano Aldo Prieto aseguró que “la inversión en infraestructura es posible gracias a la TUUA”, enfatizando la importancia de recursos para la modernización de aeropuertos en varias regiones del país.

La TUUA de la discordia: la cuestión de la Adenda 6

Sin embargo, el cobro de la TUUA de transferencia es producto de una evolución regulatoria y contractual. La discusión se remonta a 2004, cuando Lima Airport Partners (LAP) solicitó por primera vez al regulador peruano Ositran -adscrito, pero no dependiente del MTC- autorizar la tarifa para pasajeros en conexión internacional.

En el periodo posterior, la proporción de pasajeros en transferencia aumentó progresivamente, pasando de 15% en 2004 a 37% en 2025. La Adenda 6 al Contrato de Concesión, firmada en 2013, formalizó el derecho a cobrar la TUUA de la discordia, bajo el argumento de que estos pasajeros reciben entre 25 y 26 de los servicios del aeropuerto y generan costos operativos específicos.

¿Cuánto deben pagar los pasajeros que hacen escala en Lima?

Este acuerdo extendió el plazo de concesión a Lima Airport Partners hasta el año 2041. La adenda fue pactada para permitir la expansión y modernización del terminal aéreo, una de las mayores apuestas de infraestructura en Perú.

Montos de la nueva TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez:

• TUUA de transferencia internacional: US$ 11,86 (corresponde a US$ 10,05 más 18% de IGV, desde el 7 de diciembre de 2025)
• TUUA de transferencia nacional: US$ 7,46 (corresponde a US$ 6,32 más 18% de IGV, inicio previsto el 1 de enero de 2026, sujeto a negociación y posible subsidio estatal)

Según estimaciones de LAP, parte de esta tarifa es transferida al Estado peruano (aproximadamente el 46,5% del total). El ingreso neto para la concesionaria por cada pasajero es US$5,38 en conexión internacional y US$3,38 en conexión nacional, ambos montos sin considerar el IGV.

En los últimos meses, tras el rechazo del informe técnico emitido por Ositran, la controversia escaló. Consejeros del regulador advirtieron sobre el impacto en la competitividad del aeropuerto y en la oferta de rutas.

Además, el sector gremial, encabezado por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) y Comex Perú, remarcó que modificar unilateralmente la TUUA “pondría en riesgo la confianza jurídica del país y la sostenibilidad de las inversiones privadas”.

¿Cómo afecta la TUUA a la competitividad aeroportuaria de Perú?

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) alertaron que el cobro de la TUUA tendrá como consecuencia una desaceleración en el crecimiento del tráfico internacional.

Las entidades proyectan un incremento de apenas 3% anual hasta 2041, mientras que sin esa tarifa el alza habría llegado hasta 9%. Según IATA, “la medida debilita el papel del Aeropuerto Jorge Chávez como hub de conexiones y reduce las opciones de vuelo para los pasajeros”.

El gremio empresarial sostiene que el Perú quedará en desventaja frente a hubs regionales como Panamá y Bogotá, que ofrecen más destinos, menores tiempos de conexión y no imponen cargos equivalentes a los pasajeros en tránsito.

La postura de la concesionaria LAP y comparaciones regionales

Lima Airport Partners defiende la tarifa al argumentar que cubre costos asociados a los servicios diferenciados que utiliza un pasajero de transferencia.

Según estimaciones publicadas por Infobae Perú, LAP espera captar más de S/45 millones anuales netos por la TUUA de transferencia, cuyos ingresos totales proyectados hasta 2030 superan los S/233 millones, aunque la cifra final dependerá de la evolución del tráfico de pasajeros.

LAP sostiene, además, que el cobro de tarifas de transferencia a pasajeros en conexión internacional es una práctica común en la mayoría de hubs globales de Europa y Asia, aunque la adopción es menor en Latinoamérica. Como ilustración, indican que en Bogotá y Panamá, aunque no exista un cobro idéntico a la TUUA de transferencia, las tasas totalizadas pueden superar los 50 dólares por pasajero, superando el monto vigente en Lima.

Frente al argumento de doble cobro, LAP subraya que la TUUA de salida y la TUUA de transferencia corresponden a servicios diferenciados y que el contrato prohíbe subsidios cruzados entre tarifas.

Ante la negativa de AETAI, LAP cobra la TUUA por su cuenta

Desde diciembre de 2025, la TUUA debe informarse de forma clara y anticipada a los pasajeros. El incumplimiento de esta directiva puede implicar multas de hasta S/2,4 millones para las aerolíneas, según confirmó Indecopi a Infobae Perú. LAP calcula un flujo anual de unos 2 millones de pasajeros internacionales y 850.000 nacionales sujetos a este cargo.

La viabilidad de eliminar o reducir la TUUA de transferencia en rutas domésticas permanece en negociación con el Estado peruano. LAP ha expresado que una eventual eliminación implicaría financiar ese costo con recursos públicos, cuyo subsidio superaría los S/178 millones durante los próximos 15 años.

Evolución del conflicto y principales hitos:

• 2001: Contrato de concesión reconoce el derecho de LAP a cobrar la TUUA a pasajeros embarcados.
• 2004: OSITRAN niega la tarifa para transferencias internacionales por no usar todos los servicios.
• 2007: Regulador reconoce que los pasajeros en transferencia generan costos.
• 2013: Firma de la Adenda 6, permitiendo el cobro de la TUUA de transferencia internacional.
• 2017: Adenda LAP 2041 amplía la concesión de LAP a 2041 para permitir la expansión y modernización del aeropuerto.
• 2024-2025: Negociaciones fallidas para incluir la TUUA de transferencia en boletos aéreos.
• 7 de diciembre de 2025: Comienza el cobro de TUUA internacional por pasajero en transferencia, por US$ 11,86 (US$ 10,05 más IGV).
• 1 de enero de 2026: Inicio previsto del cobro de TUUA de transferencia nacional, por US$ 7,46 (US$ 6,32 más IGV), sujeto a negociación.
• 29 de marzo de 2026: Entra en vigor la suspensión de rutas internacionales por parte de LATAM.

El futuro del hub peruano y el debate internacional

El ajuste impulsado por la TUUA de transferencia ha dejado en evidencia las tensiones entre la necesidad de financiar infraestructura moderna y el objetivo de mantener la conectividad internacional.

Perú busca nuevas alianzas con compañías extranjeras mientras enfrenta riesgos legales internacionales y cuestionamientos internos sobre la estabilidad regulatoria. El modelo aplicado por Lima es observado con atención desde la región, en un contexto donde la competencia entre hubs latinoaamericanos continúa intensificándose.

En medio de los cuestionamientos tras la anulación de las elecciones primarias de Acción Popular por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el presidente del partido, Julio Chávez Chiong, anunció que acudiría ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de garantizar la participación de la agrupación en los próximos comicios.

En un pequeño mensaje, publicado a través de sus redes sociales, el dirigente responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE de la medida contra el partido de la lampa.“El primero no hizo nada a pesar de estar advertido y el segundo anuló arbitrariamente todo. Existe responsabilidad compartida”, escribió desde su cuenta oficial en X.

La reacción llega después de que el JNE, mediante la Resolución N.º 0745-2025-JNE, declarara la nulidad de todas las elecciones internas del partido tras constatar un patrón de sustitución irregular de delegados en las mesas de sufragio, situación que fue considerada una violación grave a la democracia interna y al debido proceso.

Según la resolución, la ahora expresidenta del CNE, Cinthia Pajuelo Chávez, sustituyó sin justificación a 28 delegados debidamente elegidos y proclamados por otros afiliados que no resultaron ganadores, afectando no solo a Lima Metropolitana, sino también a Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias y Loreto. En las circunscripciones de Junín y Madre de Dios, se integraron delegados no proclamados por el CNE.

Una de las circunstancias facilitadoras de este hecho fue la entrega exclusiva de las claves de acceso al Registro de Elecciones Primarias (REP) de la ONPE solo a la presidenta del CNE, lo que permitió modificar el padrón oficial sin control colegiado. Esta situación fue señalada como una posible acción delictiva, presuntamente constitutiva de fraude electoral.

Cabe señalar que la decisión fue tomada por mayoría, ya que dos magistrados expresaron un voto en minoría considerando que era improcedente declarar la nulidad en esta etapa. No obstante, el fallo del pleno es definitivo, no admite recurso y deja a Acción Popular sin internas válidas para inscribir candidatos en los próximos comicios generales.

La resolución, emitida el 11 de diciembre de 2025 en Lima, detalla las etapas del proceso que derivaron en la nulidad. Las impugnaciones y solicitudes de nulidad presentadas por diversos afiliados y dirigentes de Acción Popular, como Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo, Janet Geraldo Peña y Julio Abraham Chávez Chiong, dieron pie al análisis riguroso del proceso electoral interno.

¿Cuál es el papel de la ONPE?

La Resolución N.º 0745-2025-JNE señala de manera crítica que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue advertida con antelación sobre las irregularidades en la lista de delegados proporcionada por Acción Popular antes del desarrollo de las elecciones primarias, pero no adoptó las medidas necesarias para atender esas observaciones.

El Jurado Nacional de Elecciones precisó que, en lugar de corregir el problema, la ONPE elaboró el Informe N.º 000597-2025-GOECOR/ONPE del 7 de diciembre, en el que sostuvo que “cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral”. La resolución subraya que la ONPE, con esa postura, dejó de lado las alertas emitidas por los fiscalizadores del JNE, quienes advirtieron que se estaba cometiendo un error al considerar como delegados a ciudadanos que no fueron elegidos el 30 de noviembre de 2025, según lo establecido oficialmente.

El JNE interpreta que, además de no actuar, la ONPE incumplió su deber fundamental de asegurar que las votaciones reflejen la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean fiel reflejo de la voluntad popular.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la solicitud de medida cautelar de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), suspendiendo provisionalmente la orden de reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, de acuerdo a fuentes de Expreso. El medio precisó que, por mayoría (cinco votos a favor y dos en contra), el máximo órgano constitucional acordó detener la ejecución de la decisión tomada por el juez Juan Torres Tasso, quien había dispuesto que Espinoza retomara funciones al frente del Ministerio Público. La orden surtirá efectos cuando la resolución sea redactada, publicada y notificada.

La decisión se da luego de que la Procuraduría Pública de la JNJ remitiera un oficio al máximo ente reiterando su pedido a puertas del vencimiento del plazo para restituir a Espinoza —con la advertencia de iniciar sanciones por desobediencia, incluida la posible apertura de investigaciones penales a los miembros de la JNJ— argumentando que la orden vulnera la autonomía e independencia institucional del órgano en el régimen constitucional peruano.

A ello se suma un “nuevo hecho que refuerza el sustento del peligro en la demora” de la medida cautelar solicitada. Se refieren a la decisión del juez Torres Tasso de dar, otra vez, un plazo de dos días para que los consejeros acaten y dispongan el regreso de Espinoza al Ministerio Público.

Como se conoce, Espinoza fue suspendida por la JNJ en septiembre dentro de un proceso disciplinario por no ceder el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides a pesar de que fue válidamente elegida por la Junta de Fiscales Supremos.

El conflicto judicial se originó a partir de la decisión previa del juez Torres Tasso de restituir a Espinoza por considerar que su suspensión vulneraba garantías procesales. La JNJ rechazó esta resolución, alegó graves irregularidades y defendió su potestad para dictar medidas preventivas mientras avanzaba la investigación. Es ahí donde reiteró el pedido.

En el plano internacional, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, manifestó preocupación por lo que calificó como “una ofensiva coordinada para obstaculizar la labor de Delia Espinoza”. Afirmó que los procedimientos disciplinarios y la reducción de la protección personal de Espinoza representan una amenaza para la imparcialidad de los procesos judiciales y subrayó que los jueces no deben recibir represalias por el sentido de sus decisiones.

En paralelo, el Congreso de la República debatirá el informe final de la Comisión Permanente que recomienda su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos, además de la apertura de investigación penal. La votación sobre su inhabilitación está calendarizada para el 3 de diciembre.

La defensa jurídica de Espinoza, encabezada por Rodolfo Pérez, describió el proceso de inhabilitación seguido por el Congreso como “kafkiano”. Sostuvo que, a diferencia de otros tres fiscales investigados por los mismos hechos, Espinoza fue la única sancionada, mientras Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos fueron absueltos. Esta situación, para el abogado, atenta contra la igualdad ante la ley. Subrayó que el proceso disciplinario se inició por presunta invasión de competencias respecto a la Policía Nacional en el trámite de la resolución 2246, pero que la responsabilidad sobre los actos administrativos recaía en Villena, sin pruebas que señalaran culpabilidad de Espinoza.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) retiraron portones y muros instalados por la empresa Villaverde Company SAC, vinculada al empresario Zamir Villaverde, los cuales bloqueaban el acceso a la playa Los Lobos, en Cerro Azul.

Durante la diligencia, que se llevó a cabo en el kilómetro 125.1 de la Panamericana Sur, un agente de seguridad privado quedó detenido por una confrontación.

El Poder Judicial reprogramó el operativo para hoy, viernes 5 de diciembre, el operativo, obedeciendo la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó liberar la vía pública. “Nuestra presencia es para que se ejecute una diligencia judicial”, dijo un miembro de la PNP en respuesta a los cuestionamientos de Villaverde.

El empresario discutía constantemente con los agentes que intentaban cumplir con la orden del TC. En un momento de la trifulca, su personal de seguridad intentó bloquear el paso a la comisión.

¿De qué trata el caso?

El Tribunal Constitucional resolvió un habeas corpus presentado en 2023 por Jaime Mario Lature y Beatriz Isabel Zorrilla, quienes denunciaron que Villaverde Company SAC instaló portones que impedían el tránsito vehicular y peatonal hacia sus viviendas en Playa Los Lobos. El máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda al determinar que dichas barreras vulneraban el derecho al libre tránsito, previsto en el artículo 2 de la Carta Magna peruana.

Como consecuencia, el TC ordenó a la empresa retirar los tres portones y cualquier otra estructura que obstaculizara el acceso público en la zona. La sentencia también dispuso que autoridades locales coordinasen el operativo para ejecutar el fallo. Para hacer efectiva la medida, una comitiva policial y municipal se desplazó a la playa este viernes, continuando con las acciones para restablecer la libre circulación.

Esta intervención no fue la primera relacionada con el caso. El 26 de noviembre ya se había intentado iniciar el retiro de las estructuras, con participación de funcionarios de la municipalidad de Cerro Azul y efectivos de la Policía Nacional. Sin embargo, esa diligencia no se completó debido a impedimentos en el terreno y resistencia de algunos ocupantes.

El suceso reciente se suma a otras controversias en las que Zamir Villaverde ha estado involucrado. En agosto, un adulto mayor obtuvo un fallo de habeas corpus para recuperar el acceso a su vivienda en el condominio Los Delfines, de donde el emprsario habría restringido el ingreso incluso a familiares del afectado, según denunció el programa Cuarto Poder. El mismo denunciante reportó el robo de pertenencias y acusó al empresario de hurto agravado.

La trayectoria de Villaverde registra antecedentes judiciales y disciplinarios desde hace más de dos décadas. En 1999, la Fuerza Aérea del Perú lo expulsó por “atentar contra el decoro y disciplina”.

En 2007 y 2009, fue implicado y condenado por delitos graves, como asalto y robo. En 2022, la Fiscalía lo investigó por presuntamente integrar una organización vinculada al expresidente Pedro Castillo, donde Villaverde reconoció pagos al exministro Juan Silva.

Desde 2023, suma nuevas denuncias policiales y sigue bajo proceso fiscal, al tiempo que permanece como apoderado de la empresa de seguridad Centinel (antes Vigarza), la cual mantiene contratos con entidades públicas y enfrenta procesos por lavado de activos.

Enfatizó que la falta de notificación formal afecta la seguridad jurídica y la transparencia institucional. “No está nada notificado, no está nada colgado en el sistema del Tribunal Constitucional, lo cual es una práctica que no le hace bien a la seguridad jurídica y sobre todo a la sociedad que está viendo con expectativa este tema”, afirmó. Consideró que, de confirmarse la medida, resultaría lamentable la intervención del TC porque interferiría, según ella, en un asunto de derechos fundamentales y no solo en disputas entre entidades del Estado.

En su análisis, Espinoza mencionó que la jurisprudencia previa del TC determina que la intervención solo procede cuando están comprometidos derechos fundamentales, sin interferencia por cuestiones de competencia institucional. Recordó que, el año pasado, el máximo intérprete de la carta magna se pronunció al respecto.

Bajo esa perspectiva, la suspendida fiscal considera que el fallo de Juan Torres Tasso, quien dispuso su reposición, tenía como objetivo proteger sus derechos fundamentales, por lo que la decisión del Tribunal supondría una intromisión sobre garantías constitucionales. Sostuvo además que la JNJ actúa “como juez y parte” en el proceso que la apartó.

“Lo que sucede es que estaría, en todo caso, prevaricando el Tribunal Constitucional. Estaría prevaricando porque estaría generando una discusión sobre temas competenciales que en el fondo no lo son”, mencionó.

En cuanto a los pasos procesales siguientes, el abogado de Espinoza, Rodolfo Pérez, precisó que, mientras no se cuente con el texto íntegro y la notificación formal de la resolución del TC, mantendrá una estrategia cauta y expectante. Explicó que buscarán que el juez garantice su fallo y, superado el plazo para la reincorporación, solicitarán ejecutar la resolución judicial. Puntualizó: “Lo que tendría que buscarse es que el juez haga valer su fallo. Primero habría que conocer la resolución del Tribunal Constitucional. En qué sentido se está pronunciando en este caso concreto”.

Pérez también cuestionó la coherencia del TC al comparar la situación de Espinoza con la de otros fiscales supremos —Tomás Aladino Gálvez, Luis Arce y Rodríguez Monteza— quienes sí fueron reincorporados a la Junta de Fiscales Supremos por decisiones judiciales de amparo. Señaló que el Tribunal restituyó este año a Tomás Gálvez y advirtió que una contradicción en los criterios deslegitimaría resoluciones anteriores.

Confirma presencia ante el Congreso

La defensa de Espinoza confirmó su asistencia ante el Congreso de la República. Pérez destacó que, además de la más reciente notificación por el caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, existe otra denuncia sobre el denominado caso “doble sueldo”, en el que Espinoza acusó cobros irregulares de congresistas y por el que se evalúa su inhabilitación por diez años.

La abogada no solo rechazó la acusación principal al asegurar no haber firmado ni participado en la elaboración del reglamento cuestionado, sino que criticó la premura del Congreso en su proceso, enfatizando que, mientras a ella se le acusa y se recomienda la inhabilitación, otros fiscales involucrados no enfrentan la misma sanción.

“A la que no hizo nada, la que no firmó... le quieren inhabilitar. Es obviamente una movida política, una movida... de venganza, de revancha, porque yo he venido presentando importantes denuncias constitucionales e investigaciones graves contra varios altos funcionarios”, declaró en Canal N.

Delia Espinoza denunciará al juez Torres Tasso

Ante la negativa del juez Juan Fidel Torres Tasso de denunciar a la JNJ por no acatar la orden de reponer a Espinoza y, en su lugar, solicitar información al Tribunal Constitucional, la abogada anunció que denunciará al magistrado.

“Le están dando más tiempo... Mejor dicho, le está diciendo: ‘Tribunal Constitucional, apúrate para que saques la medida cautelar y me bloqueas mi medida cautelar’. Voy a denunciar a este juez porque ahora, ya con esto, estoy confirmando que él no se equivocó en la casilla, me hizo demorar una semana, me hizo demorar otra, para que en el Congreso me sigan acorralando y hasta que avancen con su competencial en el Tribunal Constitucional. Ya están todos alineados, hasta el Poder Judicial”, mencionó en entrevista con el programa La verdad a fondo.

“Está cuidando su ratificación el señor juez. Triste, tiene miedo.[O sea, el Ministerio Público tomado...] Y el Poder Judicial también, no respeta su propia medida cautelar. […]Este juez ya se desenmascaró”, agregó.

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia ha citado para el viernes 19 de diciembre a una audiencia presencial destinada a ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordenó dejar sin efecto la acusación fiscal contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El juez Wilson Verástegui Gálvez dispuso que el acto se realice en la sede ubicada en la avenida Tacna del centro de Lima. A la cita han sido convocados más de 50 procesados junto con sus respectivos abogados. El juzgado, además, pidió al TC remitir copias certificadas de la sentencia y confirmar si existen recursos o pedidos de aclaración pendientes.

En octubre pasado, el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la demanda de la defensa de Fujimori, quien busca llegar a la Presidencia por cuarta vez, y ordenó archivar el proceso en su contra conocido como el ‘caso cócteles’.

Su abogada, Giulliana Loza, solicitó la nulidad de todas las resoluciones judiciales vinculadas con el proceso seguido desde 2017 por los delitos de lavado de activos, organización criminal, falsa declaración y falsedad genérica, además de la anulación de “todos los actos precedentes” a las investigaciones preliminares.

La defensa alegó que, previo a noviembre de 2016, no se contemplaba que recibir fondos para campañas políticas constituyese delito de lavado de activos, y que la Fiscalía incluyó nuevos elementos en octubre de 2018 sin respetar el derecho a la defensa.

La sentencia del TC ordenó al Décimo Juzgado que resuelva con celeridad la situación jurídica de Fujimori, aunque aclaró que “no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”.

El caso

El llamado ‘caso cócteles’ se abrió contra la política y otros dirigentes de Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas electoral de 2011 y 2016 con dinero de empresas privadas, que la agrupación política explicó como procedente de una serie de ‘cócteles’ en los que participaron simpatizantes.

Entre los supuestos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori estuvieron la empresa brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, lo que llevó a la Fiscalía a considerar que se había conformado una “organización criminal”, por lo que también se debía ordenar la disolución del partido.

En julio último, el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú amplió a 35 años el pedido de prisión para Fujimori por esta causa, al presentar una nueva acusación penal después de que el juicio oral, en el que pedía 30 años de cárcel para la política, fuera anulado en abril y el proceso devuelto a la etapa previa de acusación.

La presentación de la nueva acusación se dio en cumplimiento de otra resolución emitida en 2023 por el TC y luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial declaró infundada una apelación del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, con lo que ratificó la decisión del Constitucional.

Además de ordenar que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento, el TC también sostuvo que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral, que había comenzado el 1 de julio de 2024.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de amparo presentada por los hermanos del congresista Esdras Medina, señalando que sí pueden contratar con el Estado, salvo en el ámbito del Congreso de la República mientras dure el mandato y hasta seis meses después.

La controversia surgió a raíz de la demanda presentada por Noemí Eladia Medina Minaya, Elizabeth Eunice Medina Minaya y Silas Bernabé Medina Minaya, familiares del congresista Esdras Ricardo Medina Minaya. Los demandantes recurrieron al máximo ente tras ser impedidos de contratar con cualquier entidad estatal, en virtud del literal h) del artículo 11 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La Ley 30225 fue derogada y reemplazada por la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que entró en vigor el 22 de abril de 2025. La nueva normativa acota los impedimentos por parentesco únicamente al ámbito de la institución donde labora el funcionario y reduce el periodo de restricción a seis meses posteriores al cese del cargo. Así, la prohibición generalizada que motivó la demanda dejó de estar vigente, aunque sus efectos persistieron en procesos administrativos y judiciales en curso.

Argumentos de las partes y análisis del TC

Los demandantes alegaron que la restricción vulneraba sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad de contratación, al excluirlos automáticamente de procesos estatales por el solo hecho de su parentesco, sin considerar su desempeño ni la ausencia de conductas irregulares. Además, señalaron que la publicación de su impedimento en el Registro Nacional de Proveedores les impidió continuar con su actividad profesional y empresarial, afectando su subsistencia y desarrollo personal.

Por su parte, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), actualmente Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), defendió la constitucionalidad de la restricción. Sostuvo que los impedimentos buscaban garantizar los principios de integridad, imparcialidad y trato igualitario en la contratación pública, evitando conflictos de interés y promoviendo la transparencia. Argumentó que la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores solo limitaba la posibilidad de contratar con el Estado, pero no afectaba el derecho a trabajar en el sector privado.

El Tribunal Constitucional concluyó que el inciso h) del artículo 11.1 de la Ley 30225 era una norma autoaplicativa, pues su vigencia generaba efectos directos sobre los familiares de congresistas, impidiéndoles contratar con cualquier entidad estatal. Además, consideró que la restricción intervenía de manera significativa en la libertad de contratación y el derecho al trabajo de los demandantes, al excluirlos de procesos de selección y forzarlos a interrumpir relaciones contractuales vigentes.

En su análisis, recordó que la libertad de contratación y el derecho al trabajo están protegidos por la Constitución, aunque pueden estar sujetos a límites razonables y proporcionales. Sin embargo, consideró que la restricción impuesta por la Ley 30225 era excesiva, pues no diferenciaba entre entidades ni consideraba la posibilidad de influencia real del funcionario sobre los procesos de contratación.

En un fundamento de voto adicional, el magistrado Gutiérrez Ticse subrayó que la restricción impuesta por la Ley 30225 constituyó una afectación directa, concreta y grave al derecho fundamental al trabajo de los demandantes. Señaló que la prohibición operó como una “muerte civil” para quienes, por el solo hecho de su parentesco, quedaron excluidos de la contratación pública, truncando su desarrollo profesional y su principal fuente de ingresos. El magistrado consideró que la afectación no fue una amenaza hipotética, sino una lesión real y efectiva, materializada en la exclusión de procesos de selección y la interrupción de servicios ya prestados.

Pacheco sostuvo que la Fiscalía contaba con herramientas procesales para solicitar controles más rigurosos luego de que se emitiera la sentencia, pero no las activó. Comentó que a Chávez se le mantuvo bajo comparecencia simple, lo que permitió que se desplazara libremente antes de que se confirmara su fuga. Afirmó que adjudicar responsabilidad directa al TC carece de sustento, ya que el juez tampoco podía variar las medidas sin un pedido fiscal.

Pacheco rechaza que el TC sea señalado por la fuga de la ex primera ministra

Durante la conversación con los medios, Pacheco enfatizó que el Tribunal Constitucional no interviene en la determinación de restricciones personales y que no puede asumir obligaciones que recaen en otras instancias. Reiteró que la Fiscalía pudo requerir vigilancia adicional apenas se dispuso la liberación de la exjefa del Gabinete, aunque no formuló ningún pedido para reforzar el control.

La magistrada calificó de injustas las versiones que atribuyen al tribunal un papel determinante en la fuga. Señaló que el órgano constitucional actuó conforme al expediente, sin facultades para modificar las reglas impuestas al término de la audiencia. Además, insistió en que la responsabilidad final recae en el Ministerio Público, que no impulsó mecanismos que garantizaran la presencia de la investigada.

Debate sobre los procedimientos internos en el Ministerio Público

Al ser consultada por la situación institucional del Ministerio Público, Pacheco mencionó que continúa revisando la discusión sobre la constitucionalidad de los llamados procedimientos inmediatos. Indicó que se trata de un tema complejo que requiere un análisis exhaustivo antes de adoptar una posición definitiva. Aun así, subrayó que lo central es respetar lo que establece la Constitución y desarrollar los procesos conforme a las normas vigentes.

Precisó que en el caso de Delia Espinoza no se aplica un trámite inmediato, sino un proceso regular. Añadió que, al no existir una conclusión firme sobre el tema, corresponde a las instancias competentes seguir el curso establecido por ley. Evitó opinar sobre resoluciones judiciales relativas al retorno de Espinoza al cargo porque, según dijo, aún no ha revisado los documentos emitidos.

Incertidumbre en la Fiscalía por la disputa en la jefatura institucional

Pacheco advirtió que la falta de claridad en la conducción del Ministerio Público genera incertidumbre en la ciudadanía. Recordó que existe un fiscal de la Nación interino mientras Espinoza busca retomar la titularidad mediante una orden judicial. Señaló que esta situación produce desconcierto y afecta la percepción sobre el funcionamiento de la institución encargada de dirigir la investigación penal.

La presidenta del TC consideró que la estabilidad en el Ministerio Público es clave para enfrentar la criminalidad. Expresó que, mientras no se resuelva quién debe asumir la conducción del organismo, existirán dudas en torno a sus decisiones y a la continuidad de sus acciones. Indicó que todas las órdenes judiciales deben acatarse según las normas aplicables, aunque remarcó que no puede señalar responsabilidades sin revisar las resoluciones emitidas.

Un fallo emitido por el Tribunal Constitucional en agosto de este año a favor de un ciudadano en Huancayo que en el año 2024 fue detenido por la Policía y llevado a la Comisaría sin motivo aparente, reafirmó cuáles son los únicos casos en los que un agente de la PNP puede requerir que una persona se identifique y cuáles son los pasos a seguir en caso de que esto ocurra.

Según el documento emitido por el TC, solo hay dos supuestos en los que un policía puede requerir que cualquier persona muestre su DNI para identificarse en el lugar en el que esté y sin necesidad de tener una orden firmada por un fiscal o un juez:

• Que el agente de la PNP considere que resulta necesario para prevenir un delito.
• Para obtener información útil para la averiguación de un hecho punible.

Me pidieron el DNI en la calle ¿Qué debo hacer?

En caso de que alguno de estos supuestos se cumpla, se procede al segundo paso del control de identidad en un lugar público: el ciudadano deberá presentar su DNI o cualquier otro documento válido para acreditar su identidad. En caso de que sea un ciudadano extranjero, deberá presentar el Carnet de Extranjería o un Pasaporte.

Durante el proceso, el agente de la PNP “deberá otorgar a el/la requerido/a en el lugar de la intervención el tiempo necesario o facilidades para encontrar su documento de identidad y exhibirlo”.

Según lo indicado en la sentencia del TC, todas las personas pueden usar medios electrónicos, llamadas telefónicas e incluso “la conducción al lugar donde están sus documentos, de ser el caso”. Todo esto sin necesidad de acudir a una dependencia policial.

Los ciudadanos intervenidos también tienen el derecho de exigir a los agentes de la PNP que se identifiquen y que indiquen la comisaría a la que se encuentren asignados.

Si la persona intervenida presenta su identificación y esta es acreditada por el agente de la PNP, entonces se devolverán todos los documentos al ciudadano peruano o extranjero y se autorizará que se aleje del lugar de la intervención.

¿Qué pasa si aun así me llevan a la Comisaría?

Según el Ministerio de Justicia, los agentes de la PNP encargados de la intervención solo podrán llevar a un ciudadano peruano o extranjero a una comisaría si no logra presentar un documento de identidad, si el documento “genera dudas sobre su autenticidad o correspondencia de identidad”.

También se indica que “según la gravedad del hecho investigado o ámbito de la operación policial practicada, deberá conducirlo/a a la dependencia policial más cercana para fines exclusivos de identificación”.

Los policías que intervinieron al ciudadano deberán justificar cuáles fueron las razones del traslado en un Acta de Control de Identidad Policial. Dentro de la comisaría, los agentes de la PNP también deberán registrar la diligencia en el Libro de Registro de Control de Identidad Policial, que incluye los datos del intervenido, el lugar, los motivos de la intervención, etc.

Los ciudadanos deben recordar que, pese a que se encuentran en una comisaría, la Policía no puede ingresarlos a una celda, ni estar en contacto con personas detenidas.

El plazo máximo para una intervención de Control de Identidad es de cuatro horas, que deberán contarse a partir del momento en el que el agente de la PNP solicita los documentos. Luego de que pasen las cuatro horas, los ciudadanos deberán retirarse de la dependencia policial. Si se logra la identificación antes de este plazo, el ciudadano puede retirarse.

Incluso en una comisaría, los policías deben facilitar la identificación del ciudadano retenido, incluso si es necesario llamar a un familiar para que comunique su retención. La Policía Nacional solo puede tomar impresiones de las huellas dactilares si es con fines de identificación.

Además, la PNP puede tomar fotos, peso y medidas del ciudadano retenido únicamente si es para fines de identificación y si es autorizado por un Fiscal. Esto se puede hacer incluso contra la voluntad del ciudadano.

En caso de que seas un ciudadano extranjero

Si hasta este punto el ciudadano extranjero no ha podido identificarse correctamente ante la PNP, los agentes pueden realizar coordinaciones con otras instituciones como Migraciones, Consulados, Embajadas, Interpol, etc; para agotar los medios de identificación.

En todo momento y en todos los casos, el personal policial deberá elaborar “una constancia de buen trato, donde deberá consignarse también la acreditación del retiro de la Dependencia Policial”.

¿Qué pasa si tienes requisitorias o presentas un DNI falso?

En caso de que el agente PNP constate que la persona retenida registra una requisitoria, lo podrá a disposición de la Oficina de Requisitorias de la PNP.

En caso de que los ciudadanos se identifiquen con un documento falso o adulterado, la PNP activará su protocolo de flagrancia delictiva. Lo mismo pasará si se usurpa la identidad de una persona, o usa el documento de alguien más para identificarse.

El exabogado de la agrupación política, Christian Salas Beteta, afirmó en declaraciones recopiladas por Canal N que “el Tribunal Constitucional lo que está haciendo es tumbarse el caso, está anulando el caso por una sencilla razón que jurídicamente se llama atipicidad”.

La sentencia del máximo órgano constitucional se fundamenta en la ausencia de pruebas suficientes para sostener los delitos imputados.

El fallo contó con los votos de Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, quienes coincidieron en que se vulneró el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable en la administración de justicia.

En el fundamento 96, el Tribunal explicó: “No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución”.

Christian Salas Beteta precisó ante Canal N que las acusaciones por organización criminal pierden validez, ya que “no puede existir una organización criminal que use a la propia organización política con una finalidad que es legítima: llegar al poder a través de los canales democráticos. Eso no es un fin de una organización criminal y, por tanto, esa organización no existe. Primer caso se cae”.

La Fiscalía sostenía que Fuerza Popular habría recibido aportes ilícitos, pero el TC determinó que “el hecho que postulaba la Fiscalía no constituye delito”.

Lavado de activos

Sobre la figura legal de lavado de activos, el exabogado explicó que los supuestos aportes privados nunca constituyeron delito en el contexto de las campañas de 2011 y 2016, ya que no existía prohibición expresa.

Salas Beteta agregó: “Un dato importante y que la sentencia lo desarrolla es: ¿y cómo determinamos que el dinero, si así hubiera ocurrido, de Odebrecht, era ilícito? ¿La Fiscalía investigó a Odebrecht por delito previo de corrupción? ¿La Fiscalía determinó que ese dinero llegó al partido y que era producto de un delito anterior? No. La Fiscalía nunca investigó a Odebrecht en este caso por el delito fuente. Es más, en este caso, Jorge Barata, el señor Marcelo Odebrecht, ningún directivo se acogió a una colaboración eficaz y dijo: ‘Sí, hemos dado dinero sucio, dinero ilícito’. Nunca. Y entonces, ahí el lavado de activos también se cae el caso”.

El fallo del Tribunal Constitucional no solo beneficia a Keiko Fujimori, quien encabezó la defensa legal de la organización, sino también a otros investigados como Pierre Figari, Ana Hersz y Jaime Yoshiyama.

“El famoso caso Cócteles, que fue instrumentalizado políticamente en contra de cierto sector político, ha muerto, se ha cerrado. Por atípico, en relación a estos dos grandes delitos, organización criminal que nunca existió y lavado de activos...”, declaró Salas Beteta durante la entrevista difundida por Canal N.

En lo que respecta a los delitos de obstrucción a la justicia, falsedad en procedimiento administrativo y falsedad ideológica, el abogado explicó: “Van a correr la suerte de la prescripción, porque solo se mantenían vivos debido a que se habría dado en el contexto del crimen organizado y los plazos se extienden. Pero al morir crimen organizado, los plazos se reducen a casos comunes y estos delitos ya han prescrito”.

“A foja cero”

Por su parte, el abogado Wilber Medina sostuvo en entrevista con RPP Noticias que la resolución implica que “penalmente, el caso queda anulado, a foja cero. Dice la resolución en el fallo 4 que, en efecto, se anula, se deja sin efecto toda la investigación, incluso la preliminar del ‘Caso Cócteles’”.

Medina amplió que la sentencia “puede aplicarse a casos iguales que también vienen tramitándose como lavado de activos”.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, emitió un voto singular en el que señaló que la función de tipificar conductas corresponde a la justicia ordinaria. No obstante, validó el derecho de la parte acusada a ejercer defensa legal.

El fallo también dejó sin efecto la nueva acusación fiscal contra Keiko Fujimori presentada el 2 de julio de 2025, contribuyendo al cierre del expediente judicial.

Según el fiscal Gálvez, las investigaciones contra el hermano de la presidenta y contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, no tendrían por qué detenerse en su periodo al mando de la Fiscalía de la Nación. Incluso sostuvo que los casos contra integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) seguirán bajo su cargo.

“¿Por qué van a interrumpirse si están iniciadas? Tienen que continuar necesariamente. Yo siempre he dado garantía de objetividad en mi trabajo. E-e-es más, en la propia Fiscalía de Familia, yo he tenido bastantes casos de congresistas, ahora lo tengo de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y esas investigaciones continúan, no tiene por qué interrumpirse, desde luego (...)“.

Ministro de Justicia investigado por la Fiscalía

Pese a ser el titular del sector Justicia, Santiváñez tiene problemas con el Ministerio Público debido a investigaciones que se siguen en su contra, como la que lo señala como “hombre clave” e integrante de una presunta organización criminal al interior del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La Fiscalía atribuye a este presunto esquema de corrupción la presunta autoría de delitos como tráfico de influencias, manipulación de procesos administrativos y organización de intervenciones policiales ilegales.

Según la tesis fiscal, los alcances de la organización criminal llegan incluso a tocar al círculo más cercano de la presidenta Dina Boluarte, pues su hermano Nicanor Boluarte estaría involucrado. Este fue el motivo por el que el Operativo Ícaro incluyó el allanamiento a su vivienda a finales de agosto.

Círculo cercano de Dina Boluarte bajo la lupa

Aunque un fallo del Tribunal Constitucional emitido en agosto de este año indicara que no es posible que la Fiscalía investigue a la presidenta Dina Boluarte por casos como la desactivación del Equipo Especial PNP que apoyó al Eficcop, el caso Rolex y las muertes en protestas, la decisión del TC no cerró la puerta a que el Ministerio Público investigue a miembros de su familia como su hermano, Nicanor Boluarte.

Según la titular del TC, Luz Pacheco, el fallo solo afecta a las investigaciones en los casos mencionados, ya que estas deberán detenerse porque “ya se han recabado todas las pruebas que a nuestro criterio son las que se pueden actuar como diligencia preliminar“.

Sin embargo, el Ministerio Público puede continuar el curso de las otras 21 investigaciones contra la presidenta, pero no solicitar medidas como allanamientos a su vivienda.

¿Por qué la Fiscalía investiga a los miembros de la JNJ?

La Fiscalía también tiene en proceso una investigación preliminar contra seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el presunto intento de restituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación pasando por alto la autoridad de la Junta de Fiscales Supremos. Los delitos imputados incluyen usurpación de funciones, abuso de autoridad, encubrimiento personal, omisión de funciones, avocamiento indebido del cargo y falsedad ideológica.

Los investigados son Gino Ríos Patio (presidente de la JNJ), María Teresa Cabrera Vega (vicepresidenta), Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic y Cayo Galindo Sandoval. La denuncia fue presentada por Francisco Távara, el séptimo integrante de la JNJ, y la entonces fiscal de la Nación (ahora suspendida), Delia Espinoza.

Una de las principales categorías del automovilismo nacional dirá presente en un trazado urbano que tendrá una extensión de 2.790 metros y los autos correrán por las avenidas Coronel Roca y Escalada y también por el Parque de la Ciudad.

“Hace un par de meses empezamos a trabajar en este circuito. La idea era seguir manteniendo la categoría a raíz de las obras que se iniciarán a fin de año en el Autódromo y, de alguna manera, mantener la pasión del deporte, no dejarlo en este trayecto de obra sin correr en el Gálvez. Era una forma de tener un nuevo callejero. Seguimos poniendo en valor el proyecto del Sur”, declaró Fabián Turnes, Secretario de Deportes del Gobierno local, durante la presentación.

La recta principal tendrá 720 metros de largo y se extenderá sobre la avenida Coronel Roca, junto al Parque Roca, el Lago Lugano y a los portones de entrada al estadio Mary Terán de Weiss, donde tuvo lugar hace poco tiempo la despedida tenística de Juan Martín Del Potro ante Novak Djokovic.

El piloto de Toyota en TC2000 y TC, Matías Rossi, se mostró expectante ante este evento: “Muy contento, ansioso para que llegue ese día. Corrí todos los callejeros. Los dos de Buenos Aires, Santa Fe... El callejero es algo muy lindo, sobre todo con este nuevo auto que es más rápido. Quiero conocer la pista. Es un paso adelante, son carreras y eventos que todos los pilotos quieren correr. Son eventos distintos y particulares”.

El TC2000 retornará a una pista callejera en la Ciudad después de 13 años. La última vez fue en 2013, cuando reunió cerca de 1 millón de personas en Recoleta, en la Ronda de Buenos Aires. El año anterior, la categoría había competido ante 700 mil personas en el centro porteño.

En este sentido, Rossi precisó cuál será la máxima dificultad que representará el armado de una pista nueva: “Si bien se sabe cuál será el recorrido, hay varias cosas a ver en el momento. Los circuitos callejeros siempre presentan la dificultad del sobrepaso por lo estrecha de las calles y siempre se puede generar alguna variable para el sobrepaso, que hace entretenida a la carrera. Ese será el objetivo más difícil de conseguir. No es una pista, son calles que se amoldan para una competencia de autos”.

Los boxes y la calle de boxes, de 200 metros, estarán dentro del Parque de la Ciudad. También se instalarán 1.500 metros de muros de contención, 12 tribunas con 300 baños químicos y 4 pantallas LED. De esta manera, se contribuye al proyecto de desarrollo del sur de la Ciudad que impulsa la actual gestión, de igual modo que los trabajos de remodelación del Autódromo. “Es el primer inicio y, en función de eso, evaluaremos. Es una transición que hacemos desde el cierre hasta la reapertura del Gálvez. No te puedo decir si volverá al Gálvez”, arrojó Turnes ante la posibilidad de que el trazado permanezca más allá de 2026.

Por último, el presidente del Automóvil Club Argentino, César Carman, valoró el retorno de un circuito callejero al calendario: “Es un gusto. Es un placer contar con estas ideas y apoyo de la Ciudad. Queremos construir un automovilismo fuerte que vuelva a enamorar, que sea accesible, transparente, y que tenga la mayor cantidad de eventos posibles. Estamos en esa línea”.

Este anuncio se da en el marco de las refacciones que se realizarán en el Autódromo para que el MotoGP regrese a la Argentina después de 28 años. 2027 será el calendario elegido para el retorno del Campeonato Mundial de Motociclismo y las obras incluirán el rediseño de la pista con vistas a buscar la futura homologación para recibir también a la Fórmula 1.

“En todos los casos de excarcelación, el INPE se ajusta a los protocolos previstos en sus normativas internas, conforme a lo señalado en la Resolución Presidencial N.° 305-2008-INPE/P.“, sostiene el comunicado emitido en su cuenta de X.com

Chávez se encontraba con custodia del INPE en la clínica donde aún permanecerá internada por 24 horas más y recibió la visita de los congresistas Roberto Sánchez y Lucinda Vásquez, quienes coincidieron que se encuentra estable.

TC ordenó su libertad

El TC concluyó que el Ministerio Público presentó fuera de plazo la solicitud para ampliar la medida, y determinó que Chávez había superado el límite legal de 18 meses de detención, establecido en junio de 2023. Aunque la resolución llegó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) después del horario administrativo, se prevé que la excarcelación se haga efectiva este 4 de septiembre.

La medida de prisión preventiva fue dictada por el Poder Judicial debido a que, según el Ministerio Público, Chávez intentó huir a la Embajada de México tras el fallido intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo.

Si bien se espera su salida del centro penitenciario, Chávez aún enfrenta un proceso de investigación por presuntos delitos de rebelión y enriquecimiento ilícito. Además, el fallo del TC no impide que la Fiscalía vuelva a presentar un pedido de prolongación de la prisión preventiva, por lo que no se descarta que esta pueda ser reimpuesta.

Mientras tanto, familiares y simpatizantes se mantienen en vigilia tanto en los exteriores del penal como en la clínica Cayetano Heredia, donde fue ingresada de madrugada tras sufrir una descompensación. Según informó Buenos Días Perú, la exministra fue trasladada en ambulancia y, al descender del vehículo, se la vio con mascarilla, conectada a un suero y agradeciendo el apoyo de sus allegados.

Estado de salud de Betssy Chávez

El equipo médico de la clínica Cayetano Heredia en San Martín de Porres mantiene en observación a Betssy Chávez después de su traslado desde el Penal Santa Mónica. Personas cercanas a la exfuncionaria informaron a medios nacionales que la excarcelación motivó un episodio de descompensación que requirió atención inmediata y supervisión continuada.

Durante su tiempo en prisión, Chávez habría realizado una huelga de hambre de diez días, alegando presuntos episodios de maltrato y hostigamiento por parte del personal del INPE. Las autoridades carcelarias señalaron que no existen pruebas contundentes de tales hechos y que se adoptaron medidas para preservar su seguridad. Aunque se reportó una huelga de hambre seca por diez días, un informe médico practicado en el Hospital María Auxiliadora reveló parámetros normales y solo una leve deshidratación, lo que permitió su alta en ese momento.

La madre de Betssy Chávez confirmó que el equipo clínico que la atiende ahora informó sobre la necesidad de una observación médica mínima de 24 horas para restablecimiento y rehidratación, tras el cese de la huelga. Inicialmente, Chávez fue asistida en la sección clínica del hospital Cayetano Heredia como parte del protocolo de emergencia.

Los familiares de Betssy Chávez esperan el resultado de la evaluación médica programada para este jueves. Según el congresista Roberto Sánchez, la exfuncionaria presenta deshidratación severa y debilitamiento cardíaco, lo que obliga al equipo médico a mantenerla en observación y aplazar su liberación hasta que obtenga una constancia de salud favorable, requisito indispensable del INPE para la excarcelación.

El Tribunal Constitucional dispuso la inmediata liberación de Betssy Chávez luego de considerar que existió una detención arbitraria durante el proceso judicial que afronta por el presunto delito de rebelión. La sentencia se da en medio de denuncias de hostigamiento y una huelga de hambre a la que se sometió la reclusa.

El caso inició tras el pedido de hábeas corpus presentado por la defensa de Betssy Chávez, quien se encontraba bajo prisión preventiva desde el 20 de junio de 2023, medida que tenía un plazo original de 18 meses y vencía el 19 de diciembre de 2024. La defensa alegó vulneración del derecho a la libertad personal, argumentando que, tras el vencimiento del plazo inicial de prisión preventiva, continuó privada de su libertad sin resolución judicial vigente, lo que constituía detención arbitraria.

El Tribunal Constitucional analizó el expediente y determinó que entre el 20 y el 27 de diciembre de 2024 Chávez permaneció recluida sin un mandato válido, ya que la decisión judicial que prolongó la prisión preventiva fue emitida ocho días después de vencido el plazo original. Según la sentencia, “la privación de libertad fuera de los plazos legales establecidos vulnera el derecho fundamental a la libertad personal, aun si existiera posteriormente una resolución que extienda la prisión”.

El tribunal resaltó que el artículo 274 del Código Procesal Penal estipula que cualquier prolongación de prisión preventiva debe ser solicitada antes del vencimiento y resuelta dentro de los plazos previstos. La omisión de estos requisitos convierte la detención en arbitraria, obligando a declarar nulos los actos posteriores. El fallo enfatizó la doctrina nacional e internacional en materia de derechos humanos, que establece que ninguna prórroga puede convalidar una privación de la libertad decidida fuera de término, y que la prórroga dictada después de vencido el plazo carece de eficacia jurídica.

Entre los fundamentos se cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indica que, aun existiendo razones para mantener la prisión preventiva, la superación del plazo razonable obliga a la adopción de medidas menos restrictivas. De acuerdo con la sentencia, “los jueces deben ordenar la liberación de los detenidos al extinguirse el mandato, salvo que exista nuevo fundamento legal debidamente ejecutado”.

En la revisión del trámite del proceso, el Tribunal precisó que el Ministerio Público presentó inicialmente el pedido de prolongación un día antes del vencimiento, pero la audiencia requerida por ley se realizó siete días después y la resolución fue expedida solo tras haberse vencido el plazo de la medida original. Ese margen de tiempo fue considerado determinante para verificar la falta de cobertura legal, pues la decisión judicial debía producirse antes del desarrollo de cualquier prolongación.

“En definitiva, (la Fiscalía) este tuvo la oportunidad de solicitar la prolongación mucho antes del vencimiento del plazo original y el órgano jurisdiccional hubiera evitado que se consumara la detención arbitraria. Y es que este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana“, se lee en la sentencia.

El Tribunal también analizó reclamos relacionados con el acceso a salud y las condiciones carcelarias, aunque sostuvo que la responsabilidad directa de la restricción de la libertad correspondía a la autoridad judicial y no al sistema penitenciario, que solo puede materializar una excarcelación si cuenta con orden judicial expresa.

Finalmente, el tribunal declaró nulos los actos asociados a la prolongación de la prisión preventiva de Chávez y ordenó al juzgado correspondiente expedir, bajo responsabilidad, la resolución de excarcelación de la beneficiaria en el mismo día. La sala dejó a salvo que el Juzgado pueda dictar medidas alternativas menos gravosas, de ser necesario para asegurar la participación procesal de la investigada en las diligencias judiciales pendientes.

La ponencia de la sentencia estuvo a cargo del magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse y la suscriben sus colegas Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa y Pedro Hernández. La presidenta del TC, Luz Pacheco, y el magistrado Manuel Monteagudo votaron en contra de la excarcelación de la expremier.

Lee la resolución completa aquí:

Dictamen del TC que ordena la liberación de Betssy Chávez de prisión by Infobae Perú

La excongresista Indira Huilca calificó la decisión como justa y señaló que Chávez debe afrontar el proceso en libertad. “Nuestro país vive bajo un régimen autoritario que utiliza las instituciones como herramienta de persecución y venganza”, sostuvo.

En la misma línea, la exministra Anahí Durand consideró que la movilización ciudadana fue clave para este desenlace. “El Poder Judicial debe cumplir con su inmediata excarcelación. Te esperamos, compañera”, escribió en sus redes sociales.

El congresista Guido Bellido, también ex premier, destacó que el fallo marca un precedente histórico. “Saludamos la objetividad e imparcialidad del Tribunal Constitucional. Esperamos que pronto se haga justicia para Pedro Castillo”, señaló.

Por su parte, el también expremier Aníbal Torres, procesado junto a Betssy Chávez por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, afirmó que la prisión preventiva contra ella formaba parte de una persecución política. “Cuando se recupere el Estado de Derecho, los prevaricadores deben estar en el lugar que les corresponde”, advirtió.

El legislador Jaime Quito, de la bancada Nueva Constitución, sostuvo que el cautiverio de Chávez era insostenible y denunció irregularidades en la prolongación de la medida. “¡Libertad para Betssy Chávez!”, expresó.

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, saludó la medida del TC y apuntó que ahora espera que Pedro Castillo “reconozca la existencia del fujicastillismo”.

Desde la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo, el congresista Roberto Sánchez señaló que la decisión se dio “en base a justicia y a los derechos humanos” y denunció que también existe persecución contra Castillo y Torres. En la misma línea, la congresista Margot Palacios exigió la liberación del autor de fallido golpe de Estado “porque hasta ahora no se le ha probado ningún delito y las ampliaciones de la prisión preventiva son medidas políticas por temor a que postule nuevamente y gane las elecciones”, consideró.

Finalmente, el parlamentario Alfredo Pariona acusó al sistema judicial de utilizar la prisión preventiva como herramienta política. “No permitiremos que la justicia sea usada para persecución. ¡Firmes en la defensa del debido proceso y los derechos fundamentales!”, expresó.

¿Betssy Chávez podría volver a prisión?

El máximo intérprete de la Constitución consideró que el Poder Judicial erró al prolongar su prisión preventiva sin respetar los plazos legales, dado que el Ministerio Público presentó su solicitud apenas un día antes del vencimiento del mandato, lo que hizo imposible un debate en tiempo razonable.

Según el fallo, lo correcto era liberar de inmediato a la exjefa del gabinete de Pedro Castillo y luego programar la audiencia de prolongación. El documento subraya que no corresponde “sacrificar la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia” de los operadores de justicia. En esa línea, el TC recordó que existían medidas menos gravosas, como la comparecencia restrictiva, la caución o incluso la vigilancia electrónica personal.

Sin embargo, la decisión no significa el fin de los problemas judiciales para Chávez. El juez supremo Juan Carlos Checkley deberá convocar en los próximos días una nueva audiencia para revisar el pedido de prolongación de la prisión preventiva. En ese escenario, existe probabilidades de que vuelva a prisión debido a que el Ministerio Público sostiene que intentó fugar hacia la Embajada de México tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, lo que configura un grave riesgo procesal.

La excarcelación ordenada por el TC coloca a Betssy Chávez en libertad, pero bajo una fuerte sombra de incertidumbre. La Fiscalía mantiene una acusación por el presunto delito de rebelión y un señalamiento directo de que intentó evadir la justicia. Si el juez Checkley encuentra fundados estos argumentos, podría dictar nuevamente prisión preventiva.

La polémica por la huelga de hambre

El caso de Chávez ha estado acompañado de controversias adicionales. La expremier aseguró encontrarse en huelga de hambre desde hace diez días, presentándose como víctima de un deterioro en su salud. No obstante, un informe médico del Hospital María Auxiliadora, donde fue trasladada bajo custodia del INPE, reveló que sus parámetros eran normales y que solo sufría una leve deshidratación, por lo que se dispuso su alta inmediata.

Este episodio fue interpretado desde la Fiscalía como una estrategia dilatoria. “La acusada adoptó una decisión unipersonal de realizar una huelga de hambre”, señaló el Ministerio Público, que pidió rechazar la suspensión de las audiencias. Incluso, el fiscal cuestionó la intención de la defensa de utilizar la medida como excusa para postergar el avance del proceso.

El allanamiento de la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, motivó que el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, expresara su rechazo. A través de un pronunciamiento público, calificó la medida judicial como un acto de “acoso político” y abuso de autoridad, y rememoró el fallo del Tribunal Constitucional como argumento central contra el operativo.

“Lo digo con mucha contundencia, en nombre del Estado de derecho y el respeto a la Constitución y a la democracia: No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la presidenta de la República, se siga cometiendo una persecución política”, expresó en su cuenta oficial de X.

Asimismo, describió “lo ocurrido hoy día como una clara muestra de acoso político permanente a la señora mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial. Mi solidaridad con quienes están siendo objeto de este avasallamiento”.

Sus expresiones generaron rápidamente la respuesta de los usuarios, quienes le recordaron que si bien es cierto que el Tribunal Constitucional se refirió al entorno presidencial, en realidad fue para aclarar que en su caso sí se pueden desarrollar las investigaciones y acciones que las autoridades consideren pertinentes.

“Falso. El TC dice que su entorno de la presidenta SI puede ser investigado”; “La Constitución es bien clara. ¿En qué parte de la Constitución dice que el Primer Hermano tiene las prerrogativas de la presidencia?“; ”No ha leído la resolución, como muchos, de hecho, pero usted es ministro y la responsabilidad de sus palabras es mayor. Antes de soltar afirmaciones erradas debería informarse debidamente"; “El aforado es la autorididad, no el familiar”, son algunos de los comentarios en la propia publicación de Sandoval.

¿Qué dice realmente el fallo del TC?

El fallo del TC es claro en mencionar que “a tenor de lo expuesto supra, un escenario particular se presenta cuando se inicia una investigación penal en contra de las personas que formen parte del entorno del presidente —que podría comprender a familiares, servidores y funcionarios— y se encuentren vinculados a la presunta comisión de un delito".

“Al respecto, en opinión de este colegiado, si bien la presidencia de la república ostenta la especial protección constitucional que deriva de la precitada disposición constitucional y, por ello, la persecución penal en su contra se encuentra limitada, no obstante, su entorno sí puede ser materia de investigación por parte del Ministerio Público”, se lee. Es decir, la inmunidad de la presidenta no alcanza a su entorno. En este caso, a Nicanor Boluarte.

¿Por qué se allanó la vivienda de Nicanor Boluarte?

La intervención en la vivienda de Nicanor Boluarte formó parte del denominado operativo Ícaro, a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP). La acción tuvo como objetivo recolectar pruebas vinculadas a posibles actos de corrupción y crimen organizado que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, involucran a exfuncionarios del Ministerio del Interior y a empresarios del sector minero. El hermano de la presidenta figura en calidad de vinculado, pero no como investigado principal en el expediente abierto contra Juan José Santiváñez, exministro del Interior.

Durante la diligencia, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó el operativo como un abuso por parte de la Fiscalía y aseguró que su defendido no ha tenido vínculo alguno con la minera El Dorado, con Santiváñez o con Percy Tenorio.