Las dos causas penales que tienen en vilo a la dirigencia del fútbol argentino entraron desde este lunes en etapa de definición. Por un lado, un fiscal ratificó que la investigación que intenta determinar si la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y a nombre de supuestos testaferros de dirigentes de la AFA, debe volver a un juzgado de la ciudad de Buenos Aires y dejar el federal de Campana, donde tramita hasta ahora.

Por otro, la Cámara en lo Penal Económico ya quedó en condiciones de resolver si confirma los procesamientos por supuesta retención indebida de aportes al presidente de AFA, Claudio Tapia, al tesorero, Pablo Toviggino, y a los demás implicados: venció el último plazo que se había dado a las defensas para presentar por escrito los fundamentos de sus apelaciones.

La casaquinta de Pilar

La sala I de la Cámara Federal de Casación tiene que definir dónde se seguirá investigando el caso: una opción es derivar esa decisión a otro tribunal, la Cámara en lo Penal Económico, con lo cual el tema seguiría a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay hasta que haya una nueva definición. Esta fue la tercera opción que postuló en su dictamen el fiscal ante Casación Mario Villar, quien este lunes ratificó que el caso debe volver al juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, donde comenzó a investigarse.

Como segunda posibilidad postuló que retome el expediente el juzgado en lo penal económico que lo llevó luego, actualmente a cargo como subrogante de la jueza Verónica Straccia.

En ese contexto, “la compra de la casaquinta de Pilar por parte de la sociedad Real Central de los imputados como supuestos testaferros Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría sido una maniobra posterior de lavado de activos que abarcó también a unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, en Pilar, y los 54 vehículos encontrados en el galpón del predio de Villa Rosa, caballos árabes y de pura sangre, y otros bienes de valor en el mercado”.

Villar ratificó el contenido de un dictamen que había entregado el 30 de marzo pasado, cuando se convocó en Casación a una primera audiencia ante los camaristas que integraron para este caso la sala I: Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky.

La defensa de los dos imputados postula que la causa debe seguir en Campana, donde ellos pidieron que se vaya la investigación en primer lugar mediante un correo electrónico que enviaron al juzgado de González Charvay, reclamando que pidiera la inhibitoria a su colega en lo penal económico Marcelo Aguisnky, algo que hizo.

Se argumentó que tanto la casaquinta como otras propiedades en la mira judicial están en Pilar, jurisdicción de Campana. El conflicto escaló hasta la Cámara Federal de San Martín, cuyo juez de feria Alberto Lugones zanjó el conflicto en enero pasado y le dio la razón a González Charvay.

Esta decisión fue resistida por todos los fiscales que tomaron contacto con el caso y así llegó hasta Casación, el máximo tribunal penal federal del país. La fiscalía ante esa instancia ratificó este lunes que la investigación debe volver a la órbita del juez federal Rafecas, en la ciudad de Buenos Aires.

Villar entendió que las maniobras investigadas “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”.

La cuestión “debe ser resuelta, en razón del objeto de la causa y la especialización en materia de lavado de activos, en favor de la Justicia en lo Criminal Federal de esta ciudad” y por eso el expediente debería volver al juzgado de Rafecas. Como segunda posibilidad y de no ser compartida su postura, el fiscal planteó que el caso debe regresar en todo caso al juzgado en lo penal económico, también en CABA. Y como tercera solución que el conflicto de competencia lo resuelva la Cámara en lo Penal Económico de CABA y no la de San Martín.

A la hora de pasar en limpio de qué se trata la investigación que vincula a dirigentes de AFA como su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino a la quinta de Pilar, el fiscal remarcó que se trata de la supuesta “existencia de una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos lícitos obtenidos por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante un complejo circuito financiero”.

Estos fondos “bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30%) se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con participación o aquiescencia de dirigentes de AFA y/o personas allegadas a la dirigencia”.

Los ingresos de AFA se vincularían con el pago de derechos comerciales, de auspiciantes extranjeros de la Selección Nacional de fútbol, de derechos de transmisión de los partidos, entre otros. Se trata del tramo de la investigación que involucra a TourProdEnter LLC, de Javier Faroni. Los fondos habrían sido “desviados ilícitamente a sociedades constituidas en EEUU, Reino Unido y República Oriental del Uruguay. Se presume que esas sociedades serían meras fachadas, ligadas a las mismas personas o allegados de la dirigencia de la AFA”, agregó la fiscalía ante Casación.

La retención de aportes

En cuanto a la investigación en la que Tapia y Toviggino ya están procesados por supuesta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por 19.000 millones de pesos, la Cámara en lo Penal Económico ya puede resolver si confirma, modifica o revoca el fallo del juez de primera instancia de ese fuero, Diego Amarante. Este lunes también venció el último plazo que se había dado a las defensas para presentar los argumentos en reclamo de revocar los procesamientos, algo que hicieron por escrito. Los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos ya pueden resolver.

Los dirigentes de AFA enfrentan el riesgo de ver confirmados sus procesamientos y de hecho, también de ver agravada su situación: el fiscal ante la Cámara Gabriel Pérez Barberá reclamó sumar delitos que fueron dejados de lado en el procesamiento. Se trata de un tramo relativo a la falta de depósito en el plazo legal de una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol, destinada a la cancelación de las cotizaciones con destino a los regímenes de la seguridad social“, y que representa el 77 por ciento del monto total denunciado.

Se trata del llamado “subconcepto 551″ y en la mayoría de los periodos objeto de reclamo entre 2024 y 2025 suma “un porcentaje significativo del total de fondos que debían ser ingresados al sistema de la seguridad social”, advirtió el fiscal en su dictamen.

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó que deben rechazarse los pedidos de sobreseimiento por inexistencia de delito del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, del tesorero Pablo Toviggino, y de los demás imputados por una multimillonaria retención indebida de aportes.

“Si la AFA retuvo dinero que no le pertenece y no lo depositó en las fechas legales –que es lo que está bajo investigación–, entonces eso no ‘desaparece’ por obra de una mera tregua administrativa: no si la deuda es exigible, si el plazo venció y si, como consecuencia de ello, el dinero en cuestión no llegó al Estado en el tiempo exigido por ley“, advirtió.

La fiscalía sostuvo que la causa por la deuda impositiva iniciada por denuncia de ARCA debe seguir adelante y reclamó que se confirme la decisión del juez en lo penal económico Diego Amarante, quien se negó a dictar los sobreseimientos por inexistencia de delito.

“La consumación se produce cuando, vencido el plazo, el obligado omite efectuar su depósito”, agregó en relación a cuándo hay delito.

Pérez Barberá advirtió que “la exigibilidad de una obligación no depende de la disponibilidad inmediata de los mecanismos procesales de ejecución, sino de la existencia de un deber jurídico de cumplimiento cuyo vencimiento habilita al acreedor a reclamar su satisfacción”, afirmó.

La sala A del Tribunal de Apelaciones en lo Penal Económico integrada por la jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos había fijado una audiencia este miércoles para escuchar los argumentos, pero todos presentaron memoriales escritos. De todas maneras, no habrá una decisión antes del 25 de marzo, porque uno de los acusados pidió prórroga y le fue concedida.

Los cinco acusados integrantes de la comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino fueron ya indagados por el juez Amarante. En todos los casos entregaron escritos, reclamaron ser sobreseídos y no respondieron preguntas. El magistrado ya está en condiciones de decidir si procesa, dicta falta de mérito o los desvincula.

Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones tiene pendiente esta resolución sobre el planteo de inexistencia de delito en el marco del cual la fiscalía reclamó ahora que la pesquisa siga adelante.

La discusión de fondo

La causa se originó por la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la falta de depósito de sumas retenidas por la AFA en concepto de IVA, Ganancias y aportes de la seguridad social entre 2024 y 2025, calculada en 19.000 millones de pesos.

La defensa intentó frenar el avance del caso con una excepción de falta de acción. Sostuvo que, como el Ministerio de Economía suspendió las ejecuciones fiscales contra ciertas entidades —entre ellas asociaciones civiles—, la deuda no podía considerarse vencida ni exigible.

El fiscal ante la Cámara rechazó lo planteado. “La argumentación de la defensa parte de una premisa incorrecta al equiparar la suspensión de la ejecución fiscal con la inexigibilidad de la obligación tributaria”.

En la misma línea, remarcó que “la defensa confunde la exigibilidad de la obligación tributaria con la ejecutabilidad de la deuda por vía de la ejecución fiscal”.

Sin prórroga, con deuda vigente

Uno de los ejes del dictamen es que nunca hubo una prórroga real de los vencimientos. “La normativa en cuestión no dispuso prórroga alguna de los plazos de ingreso” sino que “se limitó a regular el ejercicio de determinadas facultades administrativas del organismo recaudador”, explicó. “Los vencimientos de las obligaciones no sufrieron modificación alguna”, advirtió la fiscalía.

“Aceptar la interpretación propuesta” implicaría “desnaturalizar el régimen jurídico de las obligaciones tributarias”, concluyó.

Pérez Barberá también se detuvo en la cuestión penal. Recordó que los delitos tributarios investigados son omisivos: se configuran cuando no se paga lo retenido dentro del plazo legal. “La consumación se produce cuando, vencido el plazo el obligado omite efectuar su depósito”, sostuvo.

Y aclaró que las decisiones del Estado sobre cómo cobrar no cambian esa situación: “Las decisiones administrativas relativas al ejercicio de las acciones de ejecución no alteran la existencia del deber jurídico ni el incumplimiento”.

El dictamen puso énfasis en la naturaleza del dinero involucrado. “No se trata del pago de una obligación tributaria propia, sino de la transferencia al Estado de fondos retenidos a terceros”, explicó el fiscal. Por eso, advirtió que “el deber jurídico de ingreso de esas sumas reviste un carácter particularmente intenso”.

“Que el Estado suspenda temporalmente los procedimientos para cobrar deudas fiscales no significa que la obligación de pagar haya desaparecido”, concluyó.

Con estos argumentos, el Ministerio Público pidió que se confirme la resolución de primera instancia y que la investigación continúe.

Los dirigentes de AFA tienen prohibida la salida del país, una decisión que también está bajo revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.