Malas noticias para el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya que un tribunal federal revocó el amparo que le había sido concedido para liberar sus cuentas bancarias que fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ayer, viernes 31 de julio, reportes locales detallaron que el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa dejó sin efectos la sentencia emitida el 7 de junio de 2023 por el entonces juez Octavo de Distrito en Reynosa, Rodolfo de León Sánchez, quien otorgó el amparo 1240/2022 promovido por el exgobernador panista.

Cabe recordar que el 19 de mayo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el congelamiento de 11 cuentas de Cabeza de Vaca, como parte de una indagatoria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También bloquean cuentas de familia de Cabeza de Vaca

No solo Francisco García Cabeza de Vaca sufrió el bloqueo de sus cuentas, pues las autoridades también congelaron las de 12 personas físicas y 24 personas morales.

Entre las afectadas por esta medida de la UIF, se encuentran la madre del exgobernador, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; su esposa, Mariana Gómez Leal; así como la de sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca.

Mientras que entre las empresas cuyas cuentas también fueron aseguradas se encuentran Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.

Las autoridades destacaron que el congelamiento de cuentas tiene como objetivo evitar que dinero presuntamente vinculado con “actividades ilícitas sean transferido, ocultado o movilizado mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”.

Cabeza de Vaca impugnó congelamiento de cuentas

El Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa analizó el recurso de revisión 26/2024 que la FGR promovió contra el amparo concedido en primera instancia al exgobernador para dejar sin efecto el aseguramiento de sus cuentas.

De acuerdo con el fallo inicial, el exmandatario impugnó la medida mediante un juicio de amparo y un juez federal le otorgó la protección al considerar que el aseguramiento era temporal y solo podía mantenerse durante 180 días, plazo que estimó suficiente para el desarrollo de la investigación.

El juzgador sostuvo que ese periodo ya había transcurrido y determinó que no existen elementos para justificar que el aseguramiento permanezca, por lo que ordenó levantar la medida en 2023,

Inconforme, la Fiscalía General de la República promovió la revisión 26/2024 que, posteriormente, revisó el tribunal colegiado de Reynosa.

Tribunal tumba amparo de Cabeza de Vaca y sus cuentas continuarán aseguradas

Después de tres años, la “suerte” del exgobernador cambió ya que, por unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa revocaron la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, el aseguramiento de las cuentas seguirá vigente mientras continúan las investigaciones a cargo de la autoridad federal.

Apenas en febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también resolvió por unanimidad revocar el amparo que protegía al exgobernador tamaulipeco, con lo que validó la orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, este revés judicial, lo sufrió Cabeza de Vaca radicando con su familia en Texas, Estados Unidos, aunado a que sigue siendo militante del Partido Acción Nacional (PAN).

En su momento, Francisco García Cabeza de Vaca acusó “persecución política” y, bueno, parece que esa continúa, ya que tumbaron el amparo que evitaba mantener sus cuentas bancarias congeladas.

En la grabación se le escucha solicitar una ambulancia de urgencia mientras describe a la adolescente de 13 años inconsciente, sin respiración y con espuma en la boca y la nariz.

La grabación de más de 8 minutos comienza con Estrella “N” gritando el nombre de Dafne antes de que la operadora conteste. Al ser atendida, pide una ambulancia “bien rápido” y da la ubicación.

En el transcurso de la llamada, Estrella “N” describe el estado de la menor a la operadora del 911. Le dice que Dafne está inconsciente y tirada en el baño. “Está sacando espuma por la boca o espuma por la nariz”, le reporta. Cuando la operadora le pregunta si se está convulsionando, Estrella “N” responde: “No sé, no está res... Está inconsciente, inconsciente, literalmente.”

La operadora le pregunta si hay familiares presentes. Estrella “N” responde que no. Le pregunta también si es hombre o mujer la persona que se siente mal. Estrella “N” responde: “Es mujer, tiene... Es mujer, tiene como trece, catorce años.”

En un momento de la llamada, mientras proporciona datos a la operadora, Estrella “N” le dice a alguien que está en el lugar: “Vístela por favor, Yanina.” No precisa a quién se dirige ni en qué contexto da esa instrucción.

Ante la pregunta de la operadora sobre si Dafne respira, Estrella “N” es categórica: “No, no, no, no jadea, no, nada.” La operadora le indica que es necesario iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar y la guía paso a paso. Durante las compresiones, Estrella “N” reporta: “Solamente está sacando agua, pero ella ya no respira.”

A lo largo de la llamada, Estrella “N” describe dos cambios en el color de los labios de Dafne: primero dice que los tiene morados; minutos después, durante las compresiones, dice que los tiene blancos. La operadora continúa guiando las maniobras hasta que confirma la llegada de una unidad de Protección Civil.

Lo que la abogada Marcela Torres dice sobre el peso legal de la llamada

La abogada Marcela Torres publicó un análisis en redes sociales en el que señala que la grabación confirma que Estrella “N” y Danna Yanina “N” estaban juntas y tenían conocimiento directo de la condición en que se encontraba Dafne.

Torres sostiene que ambas fueron vinculadas a proceso como autoras materiales del feminicidio y que el artículo 39 del Código Penal de Tamaulipas contempla la coautoría cuando varias personas realizan conjuntamente el delito.

“Deberá determinarse qué actos desplegó cada una y cómo contribuyeron al resultado”, escribió Torres. Sobre el director Jorge Luis “N”, la abogada señala que su caso puede analizarse bajo la figura de comisión por omisión: “Conocía lo que ocurría dentro de la escuela, tenía el deber y la autoridad para evitarlo, pero no lo hizo.”

La abogada también apunta que aún deben investigarse otras personas que pudieron intervenir como partícipes, auxiliares o encubridores, en línea con lo que el abogado defensor de Danna Yanina, Miguel Ángel Pérez Román, había señalado previamente: que faltan por detener aproximadamente siete personas más.

La pena que contempla el Código Penal de Tamaulipas para el feminicidio es de 40 a 60 años de prisión, una de las más bajas del país frente a los 70 años que establece la mayoría de los códigos penales estatales.

Lo que otros testimonios describen sobre la noche en que murió Dafne

La grabación contrasta con algunas declaraciones que se han conocido hasta ahora del caso. Esa misma noche, según relató la abuela de Dafne Juana Laura Martínez en entrevista con Azucena Uresti, Estrella “N” llamó a Alejandra para decirle que Dafne había tenido “como un desmayo” pero que ya estaba bien, que se durmiera tranquila. Minutos después la volvió a llamar para decirle que la niña ya no tenía signos vitales.

Alejandra Quintos recibió esa segunda llamada pasadas las 11:45 de la noche. Una persona que nunca se identificó le dijo: “Señora, la niña no tiene signos, ya está muerta. Véngase para acá.” Quintos viajó tres horas desde Ciudad Mante. Cuando llegó, el cuerpo ya estaba embolsado y no había ninguna autoridad en el lugar.

Alejandra Quintos describió públicamente que el cuerpo de Dafne presentaba huesos rotos, nariz rota y señales de asfixia, y que llegó desnuda y sin haber comido.

Una menor que estuvo en el campamento se encontró con Alejandra Quintos en los baños del Ministerio Público días después y le dijo: “Gracias por salvarnos, señora.” Le describió lo que, según su versión, le ocurrió a Dafne: “La aventaron y se fue de boca, la subieron al cuarto, le sumergían su carita en agua y cuando ya no podía más, la ponían a correr sin parar.”

Betzaida Orta, madre de la única otra alumna mujer en el campamento, aportó un dato adicional: desde las 10:00 de la noche el área de baños ya estaba cerrada para el alumnado. Desmintió así que Dafne pudiera haber estado en esa zona a las 10:30, como sostiene la versión del plantel.

La versión que el director Jorge Luis “N” sostuvo públicamente fue que Dafne “se desvaneció en la regadera y ya no despertó”, y que “aparentemente traía una dolencia que el médico no pudo detectar.”

La causa de muerte que determinó la Fiscalía

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó el 23 de julio que la causa de muerte de Dafne Zapata Quintos fue asfixia por sumersión, determinada mediante cinco disciplinas periciales: criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y autopsia. El certificado de defunción clasifica el hecho como homicidio.

Govea Orozco señaló también que los testimonios recabados de algunas personas “no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente.”

La Academia Militarizada Marina Doenitz permanece asegurada por la Fiscalía. Operó más de 30 años en Ciudad Madero sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Contaba únicamente con registro ante la SEP como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.

Un juez de control del Centro Integral de Justicia de Altamira vinculó a proceso este jueves a Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, y a Estrella “N”, a quien múltiples testimonios identifican como “Estrellita”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en las instalaciones de esa institución en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La resolución fue confirmada por Lizhet Alejandra Flores García, asesora legal de los padres de la víctima, al concluir la audiencia inicial celebrada en Altamira.

Tres imputados por el mismo caso

Con la vinculación de Jorge Luis “N” y Estrella “N”, suman ya tres personas formalmente imputadas por el feminicidio de Dafne. El martes 28 de julio, la jueza de control María Ciria Mora González había vinculado a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, tras una audiencia que se prolongó dos días y fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada.

La jueza determinó que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, eran suficientes para presumir la probable participación de Danna Yanina en los hechos. Como medida cautelar, permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Los tres imputados enfrentan ahora una etapa de investigación complementaria de tres meses. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria, sino al inicio formal de esa fase procesal.

La detención del director y de Estrellita ”N”

El 25 de julio, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis “N” por su probable participación en el feminicidio. En la misma diligencia fue detenida Estrella “N”, quien según los registros fungía como el único canal de comunicación entre la academia y las familias de los alumnos, y enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos, madre de Dafne.

Ambos permanecieron bajo prisión preventiva justificada desde su detención, mientras la Fiscalía integraba los datos de prueba que presentó ante el juez de control este jueves.

Lo que ocurrió en la Academia Doenitz

Dafne Zapata Quintos murió el 17 de julio en las instalaciones de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. El plantel operó más de 30 años sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Únicamente contaba con registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.

Tras la difusión del caso, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que en México no está autorizada ninguna modalidad educativa de tipo militarizado. La academia permanece clausurada y asegurada por la Fiscalía.

Manifestaciones y amparo en puerta

El caso generó movilizaciones sociales en Tamaulipas. Exalumnos de la Academia Doenitz y activistas protagonizaron marchas, algunos a favor de Danna Yanina, a quien consideran también una víctima del sistema de la institución.

La defensa legal de Danna Yanina anunció que promoverá un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito para impugnar la legalidad y constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, así como la valoración de los datos de prueba presentados durante la audiencia.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue abordado por familiares de Dafne en el municipio de El Mante, quienes le expresaron confianza en que el caso se resuelva con apego a la ley. El mandatario confirmó que el proceso legal sigue su curso y reiteró que se aplicará “todo el peso de la ley” para los responsables.

Luego del incendio que se registró durante la madrugada del lunes en su centro de distribución en Matamoros, Tamaulipas, la empresa PepsiCo México descartó que el hecho haya sido precedido por amenazas o intentos de extorsión.

A través de un comunicado, la empresa desmintió las versiones que circularon en redes sociales y medios locales que vinculaban el siniestro con el denominado cobro de piso y aclaró: “Al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento”.

El fuego consumió entre 40 y 57 camiones repartidores de la marca Sabritas que se encontraban estacionados en el área de estacionamiento y bodegas del Centro de Distribución (CeDis) ubicado sobre la avenida Marte R. Gómez.

Las llamas se concentraron en esa zona y los cuerpos de emergencia lograron evitar que el fuego alcanzara la bodega principal. Pese a la magnitud del siniestro, pues los camiones quedaron prácticamente deshechos, la empresa confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación para determinar si el fuego fue provocado o accidental.

Los cuerpos de socorro, bomberos, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Junta de Aguas trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, que fueron sofocadas a las 03:23 horas.

¿Por qué apuntan al crimen organizado?

Desde las primeras horas tras el incendio, el vacío de información oficial dejó espacio para la especulación. Dada la historia de inseguridad en Tamaulipas, la versión que cobró más fuerza en redes sociales apuntaba a que el fuego habría sido una represalia de un grupo criminal ante la negativa de la empresa a pagar extorsión.

La narrativa generó incertidumbre entre los habitantes de Matamoros y, en particular, entre las familias de los más de 1,500 trabajadores que dependen de las operaciones del CeDis. El temor a un cierre definitivo de la planta se extendió con rapidez en la ciudad fronteriza.

Descartan cierre del centro de distribución

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, se sumó al mensaje de certidumbre. El edil aseguró que PepsiCo no se iría del municipio y que sus operaciones continuarían con normalidad, descartando el escenario de cierre.

Granados Fávila difundió un video en el que se aprecia la magnitud del incendio y la intensa columna de humo generada por las llamas. De manera paralela a las declaraciones oficiales, ciudadanos y observadores locales reportaron la llegada de nuevas unidades vinculadas con la empresa en días posteriores al siniestro.

Ese movimiento de flota, aunque no formó parte de la narrativa oficial, se interpretó como una señal concreta de que PepsiCo ya inició el proceso de reposición de su flota y mantiene su presencia en el mercado tamaulipeco.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúan. Hasta este miércoles 29 de julio, las autoridades no dieron a conocer la causa oficial del incendio y la empresa reiteró que seguirá colaborando con las indagatorias para determinar si el fuego tuvo origen en una falla eléctrica, mecánica o algún otro factor, así como para identificar a los responsables.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en Puebla, no opere durante el ciclo escolar 2026-2027 al considerar que su modelo de educación militarizada no está permitido dentro del Sistema Educativo Nacional.

El anuncio fue realizado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Eurípides Flores, quien informó que la medida incluye la reubicación del alumnado en otras instituciones educativas para garantizar la continuidad de sus estudios.

Además, la academia deberá entregar la documentación escolar correspondiente, incluidos los certificados de los estudiantes, así como reembolsar los pagos de reinscripción del próximo ciclo escolar en caso de que ya hubieran sido cobrados.

De acuerdo con el funcionario, la suspensión de actividades se implementará de manera coordinada entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Educación del estado de Puebla.

La decisión ocurre en medio de las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata, una menor de edad que falleció tras participar en actividades organizadas por una academia militarizada en Tamaulipas, caso que provocó cuestionamientos sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones y la supervisión de sus programas de formación.

Hasta el momento, la SEP no ha informado si la suspensión de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza será definitiva o si la institución podrá reanudar operaciones una vez que atienda las observaciones formuladas por las autoridades educativas.

Con esta determinación, dijo el funcionario, las autoridades federales buscan garantizar que los servicios educativos impartidos en el país se ajusten al marco normativo vigente y a los lineamientos establecidos por el Sistema Educativo Nacional.

Caso Dafne Zapata intensifica el escrutinio sobre las academias militarizadas

La decisión de la SEP se produce mientras continúa la investigación por la muerte de Dafne Zapata, adolescente que falleció tras participar en actividades de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Reynosa, Tamaulipas. El caso derivó en un proceso penal contra tres personas, entre ellas el director de la institución, una instructora y una cadete, quienes enfrentan prisión preventiva justificada por orden de una jueza.

Un día antes del anuncio de la dependencia federal, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue abordado por la abuela de la menor, Juana Laura Martínez, durante una gira de trabajo en el municipio de El Mante. Acompañada por familiares y amigos, la mujer le exigió justicia con pancartas y le pidió resultados concretos en el esclarecimiento del caso.

“Te prometo justicia”, respondió el mandatario, mientras la abuela insistió en que su familia espera “hechos” y no únicamente compromisos. Villarreal aseguró que las investigaciones continúan y afirmó que “se va a aplicar todo el peso de la ley” contra los responsables.

Tras el encuentro, Juana Laura Martínez dijo que otorgaba un voto de confianza al gobierno estatal para que las autoridades concluyan las investigaciones y se castigue a quienes resulten responsables por la muerte de su nieta.

Una familia habría controlado durante años la disciplina, los castigos y la vida cotidiana de los internos de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas: los Mora.

Al menos tres de los integrantes de este clan familiar aparecen en testimonios de exalumnos y familiares como los presuntos responsables de golpes, abuso sexual y torturas dentro del plantel donde murió Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio. Hasta ahora hay tres detenidos: el director del plantel Jorge Luis “N”, la instructora del área femenil identificada como Estrella “N”, y Danna Yanina “N”, una joven de 18 años cuya propia familia sostiene que también fue víctima.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, señala que en los hechos habrían participado al menos cinco personas.

La academia que operó por más de tres décadas

La Academia Militarizada Marina Doenitz tiene más de 30 años de operar en Ciudad Madero. Se promocionaba como una institución con vínculos militares, con uniformes y rangos, pero la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó públicamente del plantel al estallar el caso, aclarando que no guarda relación con escuelas de ese tipo.

La institución era un negocio privado. Contaba con permiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como escuela particular de nivel básico —primaria, secundaria y bachillerato— pero sin ninguna certificación militar oficial. El costo del campamento de verano en el que ingresó Dafne era de 25,000 pesos, con una duración programada de tres semanas en régimen de internado.

Al momento de los hechos, la academia operaba en un plantel formal y no en una casa particular. Según la abogada Marcela Torres, la institución perdió un juicio de desahucio en 2026 promovido por el Sindicato de Trabajadores Petroleros, que le quitó el inmueble donde funcionaba originalmente. Ese proceso había iniciado desde 2024.

Los Mora: quiénes son y cómo habrían operado dentro del plantel

Los testimonios de exalumnos y familiares describen a los Mora como una familia que habría concentrado el control interno de la academia. Estrella Mora era la encargada oficial del área femenil y la mano derecha del director Ponce.

De acuerdo con las declaraciones de quienes pasaron por sus aulas, era quien entrevistaba a los padres de familia antes de aceptar a los alumnos, quien mantenía comunicación con las familias durante el internado y quien, según los testimonios, ejecutaba los castigos más severos.

Una madre que presentó denuncia ante la Fiscalía relató que Estrella retenía o sustraía los alimentos, la ropa y los artículos de higiene personal que los familiares enviaban a los internos. Exalumnos también describieron que los estudiantes eran amenazados con no volver a ver a sus padres si denunciaban lo que ocurría dentro del plantel, y que habría manipulación de las cámaras de vigilancia para evitar que ciertas situaciones quedaran registradas.

Otro de los personajes es Juan Jesús Mora Díaz, quien es señalado en los testimonios como hermano de Estrella y cuñado del director Ponce.

El exalumno Kevin Josué Ortega Andrade lo acusó en un video publicado en redes sociales de presuntos abusos sexuales contra Danna Yanina “N” cuando ella tenía 17 años. Según su versión, Juan Jesús habría utilizado distintos métodos para separar a la joven del grupo, entre ellos colocar videojuegos para distraer a otros internos mientras la llevaba a su dormitorio.

Otra exalumna amplió ese señalamiento: Juan Jesús habría prometido a las internas protegerlas de su hermana Estrella a cambio de favores sexuales. La madre de Danna confirmó posteriormente que su hija le relató que “el comandante Mora” abusó sexualmente de ella en múltiples ocasiones a cambio de comida, y que no habría sido la única víctima.

Finalmente, América Mora aparece en los testimonios como otra integrante del personal de disciplina. Una madre que acudió a denunciar ante la Fiscalía relató que América le dijo directamente a su hija de 15 años que sabía cómo golpear a los alumnos sin dejar moretones. Otra madre describió que a su hijo “lo asfixiaban, le ponían bolsas y lo tableaban de tal manera que no se vieran los golpes”.

Los tres —Estrella, Juan Jesús y América— son identificados en los testimonios como hijos de alguien referido únicamente como “el comandante Mora”, cuya identidad no ha sido precisada en la información disponible.

Danna Yanina: ¿cómplice o víctima?

Danna Yanina “N” tenía 18 años cuando fue detenida como la primera imputada del caso. Era alumna de preparatoria en la propia academia Doenitz y, según los señalamientos de la Fiscalía, había comenzado a fungir como instructora auxiliar durante el campamento de verano, aunque sus abogados lo niegan.

Su detención generó controversia desde el principio: mientras la Fiscalía la investigaba como posible partícipe en la muerte de Dafne, exalumnos y su propia familia sostienen que también fue víctima del personal del plantel.

El exalumno Kevin Josué Ortega Andrade fue uno de los primeros en defenderla públicamente en videos posteados en sus redes. Afirmó que Danna habría sido enviada durante largos periodos a un área conocida entre los internos como “la perrera”, un sitio sin aire acondicionado y con temperaturas elevadas, y que habría sido sometida a maltrato psicológico por Estrella Mora.

La madre de Danna también ha relatado a medios que, tras la muerte de Dafne, exigió a Estrella que le devolviera a su hija. Estrella la habría citado en cinco lugares diferentes en Tampico y la habría llamado desde cinco números desconocidos distintos. El domingo 19 de julio, cuatro días después de la muerte de Dafne, Danna fue entregada a su padre en un supermercado. La llevaron a Poza Rica, Veracruz, de donde es originaria la familia. Fue ahí, lejos de la academia, donde Danna le contó a su madre lo que había vivido.

En un mensaje escrito que Danna envió a su madre y que fue compartido públicamente a Adela Micha con autorización de la familia, la joven describió lo que ocurrió horas posteriores a la muerte de Dafne:

“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara. Cuando hablaba por teléfono con mi papá, ella se metía o escribía por mí. Ella dormía conmigo y me decía que yo era parte suya. Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido", dijo.

La madre de Danna también denunció que Estrella Mora habría llevado a la joven a declarar ante el Ministerio Público antes de entregarla a su familia, sin abogado presente y sin notificar a sus padres. Una exalumna que presenció parte de los hechos lo confirmó: “La trajo a declarar lo que ellos le dijeron que tenía que decir, sin abogado presente y sin nuestra autorización”.

Tres detenidos y una Fiscalía a la que exigen más investigaciones

Al cierre de la información disponible, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene detenidos a Jorge Luis “N”, Estrella "N” y Danna Yanina “N”, los tres en prisión preventiva.

Las audiencias de vinculación a proceso de Ponce y Estrella están pendientes de resolverse, con posibilidad de que los imputados solicitaran hasta 144 horas para ofrecer pruebas.

Tamaulipas es uno de los estados con la pena más baja del país en materia de feminicidio: de 40 a 60 años, frente a los 70 años que establece la mayoría de los códigos penales estatales.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, ha sostenido desde el principio que en los hechos habrían participado al menos cinco adultos del personal de la academia, y exige que las autoridades detengan al resto de los presuntos responsables.

Una jueza de control vinculó a proceso este martes 28 de julio a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La resolución se emitió tras una audiencia que se prolongó dos días y fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada. Danna Yanina permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Horas antes de conocerse la vinculación, la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, concedió una entrevista a Azucena Uresti en la que habló por primera vez sobre el papel que habría tenido Danna Yanina la noche en que su nieta murió. Su declaración no absuelve ni condena a la joven detenida, pero coloca su nombre en el centro de los hechos.

“Estaba ahí con ella”

Juana Laura Martínez explicó a Radio Fórmula que la familia nunca tuvo comunicación directa con Dafne Zapata desde que ingresó al campamento el lunes 13 de julio. El reglamento del plantel prohibía el contacto telefónico entre alumnos y familias. El único canal era Estrella “N”, quien enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos, madre de la menor.

Fue precisamente en uno de esos reportes donde apareció el nombre de Danna Yanina. Estrella “N” llamó a Alejandra Quintos para decirle que Dafne había tenido “como un desmayo” pero que ya estaba bien, que se durmiera tranquila.

Según relató la abuela, en el transcurso de esa llamada la sargento “Estrellita” le mencionó que Danna estaba con la niña. “Estaba ahí con ella mientras ella hablaba con mi hija”, resumió Juana Laura Martínez.

La abuela de Dafne fue más precisa sobre lo que Estrella “N” le reportó: “No tanto que la estuviera auxiliando, simplemente que dijo que como que la estaba acompañando”.

Minutos después la sargento “Estrellita” volvió a llamar a su hija para informarle que la Dafne ya no tenía signos vitales. Las dos llamadas se sucedieron una tras otra.

Juana Laura Martínez también recordó que días antes, cuando Alejandra Quintos recibió un video de Dafne con el rostro lesionado, Estrella “N” le pidió que no fuera por ella: le dijo que ya la habían llevado al médico, que solo le había recetado un antiinflamatorio y que no necesitaba sutura. Le explicó que acudir rompería las reglas de la academia. En ningún momento de los cuatro días Alejandra Quintos pudo hablar directamente con su hija.

Sobre la situación judicial de Danna Yanina, la abuela fue directa: “Que diga la verdad. Nos beneficia a todos que diga nada más que la verdad para que se esclarezca y caigan los culpables”. Añadió: “Quiero que se haga una justicia, pero una justicia justa, no una injusticia”, refiriéndose a que tampoco quiere culpables fabricados.

La versión de Danna Yanina “N”

La defensa de Danna Yanina “N”, integrada por las abogadas Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostiene una posición opuesta a la de la Fiscalía, que afirma que ella era auxiliar de Estrella “N”.

Los abogados afirman que su defendida no estaba a cargo de ningún menor, que no tenía personal en subordinación y que era, en sus propias palabras, “simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, según declaró Pérez Román en entrevista con Azucena Uresti.

La defensa también señala que Danna Yanina está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar. Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra.

Un audio difundido por La Saga de Adela Micha, entregado por la madre de Danna Yanina, refuerza la versión de la defensa. En la grabación, la joven describe los presuntos abusos que sufrió durante los 13 meses que estuvo como alumna interna en la academia: la encerraban con candado en la perrera del plantel, dormía en el piso entre cucarachas y ratas, hacía sus necesidades en una cubeta y la castigaban sin comida, reduciéndola a comer únicamente tortillas con sal.

“Estrellita le ponía candado al portón para que yo no saliera”, relató Danna Yanina en el audio. Describió que eso ocurrió durante junio y parte de julio de 2025, y que también la encerraban en salones y en el pañol de armas, siempre con candado por fuera, sin posibilidad de salir hasta que Estrella “N” decidía abrirlo por la mañana.

Los castigos documentados en el audio van más allá del encierro. Danna Yanina relató que Estrella “N” la obligó durante una semana entera a peinarse con mayonesa todos los días: que revisaba sus pertenencias sin permiso y se quedaba con cosas que le llevaban sus padres; en una ocasión encontró su ropa interior en el cajón de Estrella “N”; y que a otros alumnos internos los ponían a lavarle la ropa al clan de los Mora como forma de castigo.

Durante el campamento de verano de 2025, una persona identificada en el audio como América la “tableó” dos veces porque se le olvidó bajar un short color rojo en su primer acuartelamiento.

“Estrellita siempre hablaba mal de mí con mis compañeros, siempre les decía que no me hablaran, que yo estaba loca”, relató Danna Yanina en la grabación difundida.

La madre de Danna Yanina denunció además ante la Fiscalía que su hija habría sido víctima de abuso sexual por parte de un hermano de Estrella “N”, identificado como “el comandante Mora Díaz”, a cambio de comida. Afirmó que ya presentaron las denuncias correspondientes por violación y secuestro.

Tras la muerte de Dafne, según un mensaje escrito que Danna Yanina le envió a su madre y que también difundió La Saga, Estrella “N” intentó retenerla en el plantel.

“Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola”, escribió Danna Yanina. Le pedía que le ayudara a conseguir al médico legista y le decía que era “la única testigo”. Cuando el escándalo se hizo público, Estrella “N” la sacó del plantel en contra de su voluntad y la dejó cerca del puente Tampico, donde sus padres la recogieron.

La jueza determinó que hay elementos suficientes para presumir la participación de Danna Yanina

La jueza María Ciria Mora González, adscrita al Centro Integral de Justicia de Altamira, determinó este martes que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez son suficientes para presumir la probable participación de Danna Yanina en los hechos.

La defensa de la joven anticipó que recurrirá la resolución mediante un recurso de apelación y solicitará la revisión de las medidas cautelares.

Con esta vinculación, suman tres las personas imputadas formalmente en el caso: también están bajo prisión preventiva justificada Jorge Luis “N”, director de la academia, y Estrella “N”, coordinadora del área femenil, detenidos el fin de semana anterior.

La Academia Militarizada de Marina Doenitz permanece clausurada y asegurada por la Fiscalía. El plantel operó más de 30 años en Ciudad Madero sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Únicamente contaba con registro ante la SEP como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.

La jueza María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La resolución se emitió en el Centro Integral de Justicia de Altamira tras una audiencia que se prolongó por dos días y que fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada.

La jueza de control, adscrita al Centro Integral de Justicia de Altamira, determinó que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez son suficientes para presumir la probable participación de la joven de 18 años en los hechos. Danna Yanina permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

La muerte de Dafne y la investigación de la Fiscalía

Dafne Zapata Quintos ingresó el 13 de julio al campamento de verano de la academia, ubicada en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo. Cuatro días después, su madre Alejandra Quintos recibió una llamada para informarle que su hija había fallecido. La necropsia practicada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) reveló una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea; el certificado de defunción establece “asfixia por sumersión” como causa de muerte y clasifica el hecho como homicidio.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio, a cargo de la unidad especializada en delitos cometidos contra mujeres. El fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco afirmó que la investigación cuenta con datos de prueba “sólidos y consistentes” y que la orden de aprehensión contra Danna Yanina fue emitida por un juez de control antes de que la joven se presentara voluntariamente a declarar.

Quién es Danna Yanina y cómo fue detenida

Danna Yanina nació el 2 de mayo de 2008 y cumplió 18 años el mismo día en que ingresó a la academia, en 2025, como alumna interna para cursar los últimos tres semestres de preparatoria. Es originaria de Poza Rica, Veracruz. Según la Fiscalía, al momento de los hechos se desempeñaba como auxiliar de Estrella “N”, coordinadora del área femenil.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) la señaló como una de las personas presuntamente responsables de la muerte de la menor, ocurrida por asfixia por sumersión incompleta o parcial. Su detención se produjo cuando acudió a las instalaciones de la FGJ a presentar una denuncia: en ese momento se ejecutó una orden de aprehensión que ya existía con anterioridad.

Fue detenida el 22 de julio, seis días después de la muerte de Dafne, cuando acudió a las instalaciones del Ministerio Público a presentar una denuncia. En ese momento le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente emitida, según confirmó su propia defensa. Se convirtió así en la primera persona detenida formalmente en el caso.

La posición de la defensa

Los abogados Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román sostienen que su defendida fue confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar.

Tras conocerse la vinculación, el abogado Carlos David Figueroa adelantó que la defensa recurrirá a instancias superiores mediante un recurso de apelación y solicitará la revisión de las medidas cautelares impuestas.

Tres detenidos y más implicados por identificar

Con Danna Yanina suman tres las personas imputadas en el caso. La FGJT también ejecutó órdenes de aprehensión contra Jorge Luis “N”, director de la Academia Doenitz, y Estrella “N”, encargada de las alumnas internadas, ambos bajo prisión preventiva justificada.

Este martes, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, “prometió justicia” a la familia de la joven Dafne Zapata, quien fue víctima de feminicidio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Reynosa.

De acuerdo con reportes locales, en gira de trabajo por El Mante, Villarreal Anaya fue abordado por la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, y un grupo de personas, quienes con pancartas, exigieron justicia para la menor de edad, quien murió a causa de asfixia por inmersión.

“Te prometo justicia”, le dijo el mandatario estatal morenista a la abuelita de la adolescente, quien no dejó de lado su clamor de justicia.

“Quiero hechos”, abuelita de Dafne a Villarreal

Al ser abordado por la abuelita de Dafne y demás personas inconformes por lo que le ocurrió a la joven, Américo Villarreal prometió justicia; sin embargo, Juana Laura Martínez le reiteró que lo que quiere su familia son “hechos”.

“Justicia, eso es lo que quiero, quiero hechos”, respondió la familiar de Dafne.

Además, el gobernador morenista le explicó que el proceso contra las tres personas detenidas sigue su curso, mientras las autoridades continúan con la investigación correspondiente.

“Se va aplicar todo el peso de la ley”: gobernador

De acuerdo con el mandatario, la jueza del caso ordenó prisión preventiva justificada contra el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, como medida cautelar dentro del proceso.

La resolución también aplicó para una instructora identificada como Estrellita ‘N’ y para una cadete, de acuerdo con lo expuesto en el propio expediente.

“Es la ley y se está haciendo justicia; en el proceso de la investigación se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, comentó el gobernador a la abuelita de Dafne.

Tras la explicación, Juana Martínez le dio un voto de confianza al mandatario estatal morenista para que las autoridades locales esclarezcan la muerte de su nieta y se castigue a los responsables.

“A una semana y unos días, ya hay detenidos”, le expresó Villa

“Le damos el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia”, dijo la abuela de Dafne, quien, en todo momento, estuvo acompañada de familiares y amigos cercanos.

Celebran audiencia de Danna Yanina ‘N’

En el Centro Integral de Justicia de Altamira, se celebró la audiencia de Danna Yanina ‘N’, de 18 años, detenida e imputada por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata.

Tras la audiencia, la defensa de Danna Yanina afirmó que confía en que la autoridad judicial no la vincule a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, al sostener que la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas no presentó nuevos elementos de prueba durante la audiencia realizada este lunes.

Mientras la jueza revisaba los argumentos de ambas partes, la defensa señaló que la imputación del Ministerio Público se mantiene sin cambios desde el inicio de la investigación.

Además, Carlos David Figueroa, abogado de Danna, reveló que la jueza cuenta con plazo de horas para revisar los datos de prueba antes de hacer pública su resolución.

“Esperamos lo que siempre hemos buscado: la legalidad, la imparcialidad, que se haga justicia… Danna no es culpable y esperamos que no la vinculen a proceso”, dijo al abogado ante medios de comunicación.

No hay pruebas nuevas contra Danna

Asimismo, el litigante insistió en que su representante no tiene responsabilidad en los hechos que le atribuye la Fiscalía estatal. También detalló que el Ministerio Público mantiene la misma teoría del caso desde el inicio del proceso, porque no ha presentado pruebas nuevas.

“No hay pruebas nuevas, sigue igual, no hay nada contra ella”, agregó el letrado.

Por último, en caso de que la jueza vincule a proceso a Danna Yanina, el abogado adelantó que recurrirán a instancias superiores para apelar la decisión.

Por último, Figueroa detalló que la ruta de la defensa sería, primero, presentar un recurso de apelación y, posteriormente, solicitarán la revisión de las medidas cautelares que le puedan imponer a su clienta.

En medio del proceso de investigación por lo ocurrido con Dafne Zapata, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ya prometió “justicia” a la familia de la víctima.

La Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde murió la adolescente Dafne Zapata, cobraba altas cuotas mensuales a sus alumnos, que iban desde los 7 mil hasta los 50 mil pesos.

A esa cantidad se suma la inscripción de 10 mil pesos y el costo de uniformes y materiales, que también eran muy altos.

De acuerdo con el medio N+, estudiar en la Academia Militarizada Doenitz implicaba gastar, de inicio, 10 mil pesos de inscripción, y aparte 20 mil pesos de los tres diferentes uniformes para los alumnos.

Así se hizo saber por medio de una cotización por escrito de la Academia para el ciclo escolar que terminó, donde aparecen los diferentes paquetes.

En el primero de estos, para aspirantes con buena conducta con horario de 6:45 y 7 de la mañana a 14:30 horas, tenía un costo mensual de 7 mil pesos.

El segundo, que era para aspirantes de bajo aprovechamiento que requerían asesorías personalizadas en un ambiente de estricta disciplina, y que incluía alimentos, sube a 10 mil peoss al mes, con horarios de 6:45 y 7:20 de la mañana, a 17:00 horas.

Los internados para jóvenes con problemas de conducta moderada a severa, costaba 35 mil pesos, entrando el lunes y con salida el viernes por la tarde, y el internado de tiempo completo costaba 50 mil pesos.

En los paquetes de libros los padres de los alumnos gastaban desde 8 mil 500 a 14 mil pesos, dependiendo del nivel escolar.

A pesar de los altos costos, el director de la academia, Jorge Luis N, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por la muerte de Dafne, pidió a principios de este año ayuda a ex alumnos de la escuela, ya que tuvo que cambiar de instalaciones.

Cabe destacar que el plantel en el que murió la joven Dafne tenía menos de un año en operaciones y aún no tenía rótulos ni logotipos de la escuela. Actualmente se encuentra asegurado por la Fiscalía.

El anterior inmueble de la escuela, ubicado en la avenida Nuevo León, número 102, donde la academia operó por más de dos décadas, se encuentra vacío.

La Secretaría de Seguridad Pública (SEP) dio a conocer que las escuelas militarizadas, como la Academia Doenitz, están fuera de la ley, por lo que, señalaron, iniciarán una revisión en todo México para verificar que no existan este tipo de planteles.

Dan prisión preventiva al director de la Academia Militarizada Doenitz y a Estrellita “N” por feminicidio de Dafne Zapata

Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de las instalaciones al estar acusados por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que durante la audiencia inicial, realizada durante más de 16 horas, el agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con lo que sustenta su vinculación a proceso.

Sin embargo, fue a petición de la defensa de los acusados que la autoridad judicial les concedió la duplicidad del término constitucional con el objetivo de resolver la situación jurídica de ambos.

Al aceptarlo, la jueza les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esto será el próximo jueves 30 de julio a las 9:00 horas cuando se reanude la audiencia de imputación en su contra y se defina si serán vinculados a proceso o no.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que el gobierno de México tiene acuerdos con Estados Unidos para que se informe sobre los lanzamientos de SpaceX, ubicada cerca de la playa Bagdad en Tamaulipas, y que tiene el objetivo principal de buscar vida en Marte para, eventualmente, lanzar viajes tripulados de personas que quieran dejar la Tierra por otro planeta.

Esta base espacial, desde su instalación en 2014, ha provocado que ambientalistas y personas de las comunidades cercanas se manifiesten contra los daños ambientales que ocasiona: basura espacial, basura en sus tierras, los fuertes estruendos a causa del despegue de los satélites, daños en ríos y mares que han provocado que disminuya la cantidad de peces y, por tanto, afectaciones en las actividades económicas locales de los habitantes, entre muchos otros daños. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el diálogo con la empresa estadounidense para supervisar posibles afectaciones “hasta ahora, más o menos ha funcionado“.

Sheinbaum asegura vigilancia binacional y protocolos ambientales ante base espacial

Frente a las recientes movilizaciones de activistas que solicitaron la intervención del gobierno federal ante el lanzamiento número 13 de SpaceX en la región del Golfo de México, el gobierno mexicano respondió que actualmente existe un protocolo de coordinación entre las autoridades ambientales mexicanas y Estados Unidos para evitar daños a las comunidades.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Merino, explicó que ha habido mucha coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia Federal de Aviación Civil, que está en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Marina (Semar).

Explicó que este protocolo permite notificar oportunamente a embarcaciones sobre los lanzamientos, así como “para la identificación, si los hubiese, de algunas piezas, le llaman booster en inglés, que es el propulsor del cohete".

Sin embargo, aseguró que en el último lanzamiento del 24 de julio “no hubo ningún residuo en territorio en aguas mexicanas”, a pesar de que activistas de la organización Conibio Global A.C. realizaron su sexta manifestación para exigir medidas de protección al considerar que sí hay daño ambiental en México.

José Merino garantizó que las autoridades ambientales han realizado inspecciones en la zona para identificar posibles daños: “Nuestra idea es seguir manteniendo la misma coordinación, el mismo mecanismo de notificación y, en su caso, la evaluación de riesgos ambientales, que es algo que ha hecho Profepa desde que empezaron los lanzamientos”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que “si llegara a requerir una demanda [contra SpaceX], pues ya lo evaluaríamos, pero por lo pronto se ha optado por la coordinación”. No obstante, la mandataria subrayó que se han puesto reglas claras para evitar afectaciones en las zonas: “No pueden los residuos de estos lanzamientos estar cayendo en el territorio nacional. Hasta ahora más o menos ha funcionado”, confesó.

La madre de Danna Yanina “N” acusó que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en varias ocasiones al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde se encontraba internada y cursando el último año de preparatoria en Tamaulipas.

La mujer, que no reveló su nombre por miedo a represalias, dijo que la joven de 18 años también sufría de malos tratos por parte de los directivos de la institución, quienes además la señalaban de “loca” ante otros alumnos a los que intentaba alertar de los abusos.

Estas declaraciones las realizó al exterior del Centro Integral de Justicia de Altamira, pocos minutos antes de que se reanudara la audiencia de imputación en contra de la joven, quien fue detenida por su probable implicación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció a causa de asfixia por sumersión en la academia militarizada.

Las madre aseguró que Danna no estaría implicada en el feminicidio de la adolescente debido a que otros testigos incluso señalaron que se encontraba en un área distinta a la de Dafne Zapata, además de que la mayoría del tiempo se encontraba encerrada.

“No hay ninguna prueba, nosotros tenemos miles de denuncias y testimonios que ella no es culpable y no las están aceptando. No hay ninguna prueba. Incluso una amiguita de la fallecida fue a declarar y dijo que no se juntaban con Danna porque era de otra área, porque nada más la tenían encerrada y bajaba a hacer de comer, por eso pensaban que era empleada, porque así la usaban, como gata”, dijo la madre a medios de comunicación.

Señala al hermano de Estrellita “N” como el responsable de presuntamente violar a su hija

La madre de Danna dijo que su hija le contó sobre la presunta violación que sufría dentro de la academia militarizada por un hermano de Estrellita “N”, la encargada de los alumnos y la comunicación con sus padres, a quien identificó como “el comandante Mora Díaz”.

De acuerdo con su testimonio, los abusos en contra de Danna comenzaron a pocos meses de que cumpliera los 18 años de edad y que no sería la única víctima. Debido a esto, dijo que ya realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades por violación y secuestro.

“Danna tiene ansiedad, no quiere comer. Cuando ella me contó que la había violado ese desgraciado me dijo: ‘mamá yo hubiera querido estar muerta porque ya no valgo nada, porque me están acusando de algo que no hice’ Yo creo en mi hija, soy de esas mamás que si supiera que es culpable no estuviera aquí, le diría ‘di la verdad’”, comentó la mujer.

La madre aseguró que llevaron a Danna Yannina “N” para que declarara los datos que conocía acerca del caso de Dafne Zapata a pesar de la situación vulnerable en la que se encontraba, pero dijo que su denuncia no fue recibida por las autoridades.

“Ella vio cosas, las declaró al siguiente día de que la pudimos rescatar del secuestro, al siguiente día así con sus traumas, así la trajimos, porque pensamos que era lo correcto venir a denunciar, denuncia que no nos aceptó la licenciada Rosalba. Si la vio (a Dafne), ella no vio quién fue”, explicó.

Audiencia contra la joven se aplazó porque presentó una crisis nerviosa

Luego de varias horas de audiencia y de al menos dos recesos, la jueza decidió posponer para este martes a las 08:00 horas la diligencia debido a que Danna presentó una crisis nerviosa.

De acuerdo con su padre, Ofil Cruz, la joven tuvo que recibir asistencia médica en el lugar, por lo que se decidió aplazar la diligencia para el día siguiente con el objetivo de que se tranquilizara.

“El estrés de hoy fue muy pesado, la verdad, por las declaraciones y todo eso. Le dieron atención pronta y su mamá estuvo al pendiente de ella para cualquier detalle, para tranquilizarla y calmarla”, dijo el padre.

Su defensa también presentó un peritaje psicológico realizado por la psicóloga forense, Mara Paola Muñoz, en el que se advirtió que Danna presenta estrés postraumático y un alto riesgo suicida, por lo que recomendaron revisar la medida de prisión preventiva en la que se encuentra.

“Yo realicé un perfil victimológico. Solo puedo decir que efectivamente Danna presentó una afectación emocional que es compatible con una dinámica de poder. Ejercieron sometimiento, violencia psicológica, física y sexual contra ella”, comentó la psicóloga tras salir de la audiencia.

Será en las próximas horas cuando se conozca si Danna Yanina “N” será vinculada a proceso o no por el caso de Dafne Zapata.

La noche en que Dafne Zapata Quintos murió durante un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, Estrella “N” le pidió a Danna Yanina “N”, entonces alumna del plantel y hoy imputada en el caso, que no se fuera.

En un mensaje enviado a su madre, la joven aseguró que la coordinadora del área femenil le dijo que era “un pedacito de ella”, que no la abandonara y que permaneciera en la academia porque era “la única testigo” de lo ocurrido.

El mensaje, difundido por La Saga de Adela Micha con autorización de la familia, salió a la luz mientras Estrella “N” y el director del plantel, Jorge Luis “N”, permanecen bajo prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en las instalaciones de la academia, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

“Eres la única testigo y no me puedes dejar”

En el texto que Danna Yanina le envió a su madre tras la muerte de Dafne, la joven describe lo que, según su versión, hizo Estrella “N” en las horas y días posteriores al feminicidio.

“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola”, escribió Danna Yanina. Describió que cuando intentaba hablar por teléfono con su padre, Estrella “N” se metía en la conversación o escribía por ella. Que dormía con ella. Que le decía que era “parte suya, un pedacito de ella”.

La parte más reveladora del mensaje es la siguiente: “Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido”.

El mensaje no precisa a qué hechos hacía referencia Estrella “N” al decir que Danna Yanina era “la única testigo”, ni detalla cuál habría sido el papel de la joven tras la muerte de Dafne. Sin embargo, el contenido cobra relevancia porque, según la propia versión de Danna, la coordinadora del área femenil habría insistido en que permaneciera dentro de la academia, impidiéndole regresar con su familia en los días posteriores al fallecimiento de la adolescente.

Según la abogada defensora Dunia Ramírez, cuando el escándalo se hizo público, Estrella “N” no entregó a Danna Yanina a sus padres de forma voluntaria ni inmediata. La llevó en contra de su voluntad y la dejó cerca del puente Tampico días después de los hechos, de acuerdo con lo que declaró en una entrevista con Azucena Uresti. Sus padres la recibieron ahí.

Días después, Danna Yanina acudió a las instalaciones de la Fiscalía a presentar una denuncia, probablemente por consejo de su defensa. Fue durante ese acto cuando le notificaron y ejecutaron una orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control, confirmó su propio abogado defensor al mismo medio. Se convirtió así en la primera persona detenida formalmente en el caso, antes que Estrella “N” y antes que Jorge Luis “N”.

La defensa sostiene que Danna es víctima, no responsable

Los abogados de Danna Yanina, Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostienen que su defendida está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar. Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra y que la propia Alejandra Quintos ya habría reconocido el error en redes sociales y en entrevistas con medios.

“Danna nunca estuvo al cuidado de ningún personal. Ella no tenía a nadie en subordinación, no tenía a nadie a su cargo, no era tutora ni garante. Era simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, declaró Pérez Román a Fórmula.

La abogada Ramírez añadió que Danna Yanina habría sido víctima de abusos psicológicos, torturas, vejaciones y violación sexual por parte de miembros de la institución, aunque no precisó nombres por razones de presunción de inocencia. Señaló además que durante la primera audiencia, la jueza de control tuvo que ordenarle al Ministerio Público que le tomara la denuncia a Danna, porque hasta ese momento no se le había permitido presentarla formalmente.

Quién es Estrella “N” y qué papel tenía en la academia

Estrella “N”, conocida dentro del plantel como “Estrellita”, se identificaba ante las familias y los medios como la responsable del área femenil de la academia.

Sin embargo, ni ella ni nadie en el plantel tenía un rango militar real: la institución no está registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional ni tiene ningún vínculo con corporaciones castrenses, según confirmaron los abogados de Danna Yanina.

La academia únicamente cuenta con registro ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas como institución de nivel medio superior.

Estrella “N” fue la persona que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los cuatro días que la menor permaneció en el campamento. Le enviaba reportes que minimizaban el estado de la adolescente: que estaba medicada, descansando, que quería quedarse a estudiar la secundaria en la academia. La última llamada que Quintos recibió antes de que le notificaran la muerte de su hija fue de Estrella “N”, quien le dijo que Dafne tenía tos y que la había bañado.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación. Al cierre de esta nota, Jorge Luis “N”, Estrella “N” y Danna Yanina son las tres personas imputadas formalmente, con prisión preventiva justificada los dos primeros.

En la grabación, la joven de 18 años afirma que era encerrada con candado en una perrera, obligada a hacer sus necesidades en una cubeta, castigada sin comida y sometida a ejercicios físicos hasta sangrar. Su defensa sostiene que nunca estuvo a cargo de ningún menor y que fue confundida con otra persona.

El audio fue entregado por la madre de Danna Yanina al medio La Saga de Adela Micha y difundido este lunes, días después de la detención del director de la academia, Jorge Luis “N”, y de la coordinadora del área femenil, Estrella “N”, quienes también son investigados por el feminicidio de Dafne, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio durante un campamento de verano en el plantel.

Las confesiones de Danna Yanina

En la grabación, que también circuló en redes entre las decenas de testimonios que surgieron tras la muerte de Dafne, Danna Yanina se identifica con nombre completo y fecha de nacimiento: nació el 2 de mayo de 2008 y cumplió 18 años el mismo día en que ingresó a la academia, en 2025. Entró como alumna interna para cursar cuarto, quinto y sexto semestre de preparatoria. Es originaria de Poza Rica, Veracruz.

Relató que a las dos semanas de haber ingresado, Estrella Mora comenzó a encerrarla en la perrera del plantel, el espacio donde anteriormente dormía el perro. “Estrellita le ponía candado al portón para que yo no saliera. Tenía que hacer del baño en una cubeta y dormirme en el piso y salían cucarachas y ratas”, describió. Dijo que eso ocurrió durante junio y parte de julio de 2025, y que también la encerraban en salones donde se impartían clases en la anterior sede de la escuela y en el pañol de armas, siempre con candado por fuera, sin posibilidad de salir hasta que Estrellita decidía abrirlo por la mañana.

Describió además que Estrellita la obligó durante una semana a peinarse con mayonesa todos los días. Que revisaba sus pertenencias sin permiso y se quedaba con cosas que le llevaban sus padres. Que en una ocasión encontró su ropa interior en el cajón de Estrellita. Que les hacía lo mismo a otros alumnos internos: les escondía o se quedaba con sus pertenencias y negaba haberlas visto.

“Estrellita siempre hablaba mal de mí con mis compañeros, siempre les decía que no me hablaran, que yo estaba loca”, relató Danna Yanina en el audio. Dijo que se encerraba con sus compañeros para hablar mal de ella, les decía que era “hipócrita, malagradecida, doble cara” y les pedía que le reportaran todo lo que Danna dijera. Les instruía que si ella decía algo, se lo comunicaran de inmediato.

Mora también espiaba las conversaciones que Danna Yanina tenía con su padre durante las visitas. Nunca le dio privacidad: se asomaba o escuchaba desde afuera cada vez que padre e hija hablaban a solas. Y siempre le preguntaba si le gustaba algún maestro o comandante, insinuando una relación que Danna Yanina niega.

Sobre los castigos físicos, Danna Yanina describió que una persona identificada como América la “tableó” dos veces durante el campamento de 2025 porque se le olvidó bajar un short color rojo en su primer acuartelamiento. Relató que cuando se portaban mal los hacían comer únicamente tortillas con sal, hasta diez como máximo. Ese castigo se lo aplicaban a Danna específicamente cuando se defendía o le contestaba a Estrellita. A otros alumnos los ponían a lavarle la ropa al clan de los Mora (la familia de Estrellita) como forma de castigo.

Lo que Estrellita le dijo a Danna Yanina tras la muerte de Dafne

Además del audio, la madre de Danna Yanina compartió con La Saga un mensaje escrito que su hija le envió tras la muerte de Dafne. En él describe lo que ocurrió después del feminicidio y el papel que Estrella intentó que jugara.

“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola. Cuando hablaba por teléfono con mi papá, ella se metía o escribía por mí. Ella dormía conmigo y me decía que yo era parte suya, que era un pedacito de ella, que no me podía ir. Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido”, escribió Danna Yanina.

Según la abogada defensora Dunia Ramírez, al declararse el escándalo público por la muerte de Dafne, Estrella se llevó a Danna Yanina en contra de su voluntad y la entregó a sus padres cerca del puente Tampico, días después de los hechos, de acuerdo con lo declarado a Fórmula.

La defensa: confusión de identidad y siete implicados más

Los abogados defensores de Danna Yanina, Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostienen que su defendida está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella Mora, con quien comparte una complexión física similar.

Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra y que la propia madre de Dafne, Alejandra Quintos, ya se ha pronunciado en redes sociales y en entrevistas reconociendo que cometió ese error.

“Danna nunca estuvo al cuidado de ningún personal. Ella no tenía a nadie en subordinación, no tenía a nadie a su cargo, no era tutora ni garante. Era simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, declaró Pérez Román en entrevista con Azucena Uresti.

La abogada Ramírez señaló además que Danna Yanina habría sido víctima de abusos psicológicos, torturas, vejaciones y violación sexual por parte de miembros de la institución, aunque no precisó los nombres de los responsables por razones de presunción de inocencia. Añadió que durante la primera audiencia, la jueza de control tuvo que ordenar al Ministerio Público que le tomara la denuncia a Danna Yanina, porque hasta ese momento no se le había permitido presentarla formalmente.

Sobre el registro de la academia, Pérez Román fue preciso: el plantel únicamente está inscrito ante la SEP como institución educativa de nivel medio superior. No cuenta con ningún registro de orden castrense o militar, pese a operar durante más de tres décadas bajo una imagen y métodos de inspiración militar.

Sobre el número total de implicados en el caso, Pérez Román afirmó a Fórmula que faltan por detener aproximadamente siete personas más, cifra que supera las cinco que había mencionado Alejandra Quintos en entrevistas previas.

Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de las instalaciones al estar acusados por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que durante la audiencia inicial, realizada durante más de 16 horas, el agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con lo que sustenta su vinculación a proceso.

Sin embargo, fue a petición de la defensa de los acusados que la autoridad judicial les concedió la duplicidad del término constitucional con el objetivo de resolver la situación jurídica de ambos.

Al aceptarlo, la jueza les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esto será el próximo jueves 30 de julio a las 9:00 horas cuando se reanude la audiencia de imputación en su contra y se defina si serán vinculados a proceso o no.

Audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y sin revelar detalles a petición de la jueza

La diligencia comenzó a las 10:00 horas del domingo, pocas horas después de que fueron detenidos Jorge Luis “N” y Estrellita “N” en Tamaulipas. El proceso se alargó durante más de 16 horas y contó con cuatro recesos, además de llevarse a cabo de manera privada.

Lizeth Alejandra Flores García, abogada de la familia de Dafne Zapata, informó que la jueza de control del Centro Integral de Justicia de Altamira les indicó que no brindaran detalles acerca de lo ocurrido con el objetivo de no afectar el debido proceso.

“Me gustaría precisarles que la jueza de control realizó, estableció y nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso, la investigación, el proceso penal y a las demás partes involucradas”, explicó.

Suman tres detenidos por el caso de Dafne Zapata

Hasta el momento van tres personas detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que falleció a causa de asfixia por sumersión durante un campamento de verano en la academia militarizada, ubicada en Ciudad Madero.

La primera captura fue la de Danna Yanina “N”, exalumna de la academia y cuya audiencia de imputación se realiza este lunes. Su madre denunció que su hija presuntamente sufrió abuso sexual por parte de un hermano de Estrellita “N” a cambio de que le diera comida; esto, dijo, ya lo denunciaron ante la Fiscalía del Estado.

El segundo arresto fue el de Jorge Luis “N”, ocurrido la noche del sábado, y poco después de la medianoche, Estrellita “N” fue capturada por su presunta implicación en el crimen.

Encargados de la academia aseguran que Dafne Zapata se desvaneció en la regadera: necropsia los desmiente

La Fiscalía del Estado determinó mediante necropsia que Dafne Zapata murió por asfixia por sumersión, lo que contradice directamente la versión que Jorge Luis “N” y Estrellita “N” han sostenido desde que se conoció la muerte: que la menor se desvaneció mientras se bañaba y ya no respondió.

Dafne solo llevaba cuatro días en el campamento de verano dentro de la academia militarizada cuando falleció. Su madre, Alejandra Quintos señaló a Estrellita “N” como la principal responsable del cuidado de los adolescentes en la institución, pues era quien le enviaba información sobre el estado de su hija mediante llamadas y mensajes.

Durante los cuatro días, Quintos recibió reportes en los que se le indicó que la menor vomitaba alimentos que no eran de su agrado, que había sufrido una caída que le generó un golpe en el rostro y que había sido atendida por un médico.

Fue la noche del 16 de julio, cuando la madre fue notificada de un malestar de su hija y, horas después, Estrellita “N” la llamó para pedirle que acudiera a la academia porque Dafne se había desvanecido en el baño y que ya no presentaba signos vitales.

Quintos también reveló que Estrellita “N” le confesó haber bañado a Dafne debido a los malestares que presentaba, acción realizada sin el consentimiento de la madre al tratarse de una menor de edad.

El caso ha provocado indignación debido a que otros exalumnos también han denunciado haber sido víctimas de maltratos y abusos dentro de la academia, así como los padres de cobros excesivos.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el modelo de educación militarizada no está permitido, por lo que hizo un llamado a los gobernadores a vigilar que no se brinde en escuelas.

La audiencia en contra de Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, así como del director, Jorge Luis “N”, se realizó este domingo a puerta cerrada y tuvo una duración de más de 16 horas con cuatro recesos en medio del proceso que enfrentan por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata.

Al salir de la diligencia, la abogada de la familia de la adolescente de 13 años, Lizeth Alejandra Flores García, informó a medios de comunicación que la jueza de control del Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas, les indicó que no brindaran detalles acerca de lo ocurrido para no afectar el debido proceso.

“Me gustaría precisarles que la jueza de Control realizó, estableció y nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso, la investigación, el proceso penal y a las demás partes involucradas”, explicó.

Audiencia continuará este jueves para determinar si son vinculados a proceso

Sin embargo, dijo que la defensa de Jorge Luis “N” y Estrellita “N” solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas, por lo que será este jueves 30 de julio a las 09:00 horas que se realice la continuación de la audiencia inicial para determinar si son vinculados a proceso o no.

Sobre la medida cautelar que se le impuso a los detenidos, la abogada tampoco brindó mayor información debido a la precisión de la jueza de control; sin embargo, fue horas después que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que tanto a Estrellita “N” como a Jorge Luis “N” se encuentran en prisión preventiva.

Cabe señalar que fue Jorge Luis “N” el primero en ser detenido la noche del sábado por su probable implicación en la muerte de Dafne Zapata, quien de acuerdo con la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas falleció a causa de asfixia por sumersión.

Horas después, poco después de la medianoche, Estrellita “N” fue detenida en Altamira por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente, ocurrido el pasado 16 de julio al interior de la institución y cuando se encontraba bajo su supervisión.

Con esto suman tres detenidos por el caso, luego de que las autoridades arrestaron a Danna Yanina “N”, joven de 18 años identificada como exalumna del plantel. Sus familiares han denunciado que se le está confundiendo con una sobrina de Estrellita “N” que sí tendría responsabilidad dentro de los actos que se cometían en la academia militarizada, por lo que incluso han pedido ayuda a la madre de Dafne, Alejandra Quintos, para que sea liberada.

Desde que se dio a conocer la muerte de la adolescente, quien solo estuvo cuatro días en un campamento de verano dentro de la academia militarizada, tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” sostuvieron que Dafne Zapata se desvaneció mientras se bañaba y ya no respondió, pero su versión contradice los resultados de la necropsia.

Alejandra Quintos señaló a Estrellita “N” como la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la academia militarizada, ya que era la encargada de brindarle información acerca del estado de su hija por llamadas o mensajes.

De acuerdo con la mujer, durante los cuatro días recibió reportes en los que Estrellita “N” le dijo que su hija vomitaba la comida que no le gustaba, que había sufrido una caída y se había pegado en la cara, así como que había sido llevada con un médico y que se encontraba bien.

La noche del 16 de julio, la madre de Dafne fue notificada de un malestar que su hija presentaba y de su traslado a un médico; sin embargo, horas después Estrellita “N” le llamó y le dijo que debía ir a la academia porque su hija se había desvanecido en el baño.

Durante la llamada, le pasó el teléfono a una persona que no se identificó, quien le dijo que la joven ya no tenía signos vitales y había muerto.

Alejandra Quintos también mencionó que durante una conversación la mujer le dijo que tuvo que bañar a Dafne debido a los malestares que presentó; una acción que realizó sin su consentimiento al tratarse de una menor de edad.

En el caso de Danna Yanina “N”, este lunes será reanudada la audiencia luego de que se aplazó debido a que no asistieron los testigos, por lo que será en las próximas horas que se conozca si será vinculada a proceso por este caso.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el funcionario detalló que ni en la Ley General de Educación ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra autorizada esta modalidad educativa.

Además, destacó que la Nueva Escuela Mexicana se sustenta en un enfoque de Derechos Humanos que tampoco permite el maltrato en contra de menores de edad, quienes también son protegidos ante la ley para evitar que sean víctimas de este delito.

“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, explicó.

Con esto, dijo, la modalidad educativa militarizada no se encuentra estrictamente prohibida, sino que las leyes mismas no permitirían que se lleven a cabo acciones que puedan atentar contra los derechos de las infancias y adolescencias.

“La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo”, dijo el funcionario al leer un comunicado previamente difundido por la SEP.

Detectan cinco escuelas más bajo esta modalidad en Tamaulipas: SEP ha intentado comunicarse con mamá de Dafne

Como parte de las acciones realizadas tras la muerte de Dafne, Mario Delgado dijo que fueron ubicadas en Tamaulipas 5 escuelas más que también funcionan bajo la modalidad militarizada, y señaló que “de inmediato se van a revisar sus permisos”.

Respecto a Dafne, quien falleció el pasado 16 de julio a causa de asfixia por sumersión, el funcionario detalló que han intentado entablar comunicación con la madre, Alejandra Quintos, pero no se ha podido concretar debido a que la defensa de la mujer así se lo recomendó.

“Estamos en contacto con el Secretario de Educación Pública de Tamaulipas, con el gobernador (Américo Villarreal), están ya ellos en la Fiscalía del Estado tomando cartas en el asunto. Por nuestra parte, hemos buscado establecer contacto con la mamá de esta niña que desafortunadamente falleció. No hemos logrado tener contacto porque entiendo que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y platicar para apoyarla”, aseguró.

Llamó a las entidades a supervisar que no se brinde esta modalidad educativa

Mario Delgado también hizo un llamado a los gobernadores para que verifiquen y supervisen que esta modalidad educativa no se brinde en las escuelas, ya que se ha detectado que tienen permisos pero se ostentan como academias militarizadas.

Por el caso de Dafne hay tres personas detenidas, entre los que se encuentran Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, la encargada de supervisar a los alumnos, Estrellita “N”, y una exalumna de 18 años llamada Danna Yanina “N”.

Alejandra Quintos, madre de la adolescente, denunció que fue Estrellita “N” la encargada de informarle el estado de salud de su hija durante los cuatro días que permaneció en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, la mujer le dijo que Dafne vomitaba la comida que no le gustaba, le notificó sobre una caída que había tenido durante un entrenamiento que le provocó lesiones en la cara y le dijo que se había sentido mal y fue necesario llevarla con un doctor.

El 16 de julio fue cuando Alejandra Quintos recibió una llamada de la mujer en la que le decía que su hija se había desvanecido cuando se bañaba, y luego de pasarle el teléfono a otra persona, ésta le notificó que Dafne estaba muerta.

La madre también mencionó que durante una conversación la mujer le dijo que tuvo que bañar a Dafne debido a los malestares que presentaba; una acción para la que no brindó su consentimiento ni se le preguntó de manera previa.

La necropsia realizada días después por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas contradijo la versión tanto de Estrellita “N” como el propio director, Jorge Luis “N”, quien también aseguró que Dafne se había desvanecido cuando se bañaba; la adolescente en realidad murió a causa de asfixia por sumersión.

Este lunes se realiza la audiencia de imputación en contra de Danna Yanina “N”, quien era exalumna de la academia. Su madre ha denunciado que también era víctima de maltratos e incluso de presuntos abusos sexuales por parte del hermano de Estrellita “N”; mientras que será el jueves 30 cuando se lleve a cabo la de dicha mujer y el director.

La posibilidad de abandonar la Tierra para mudarse a Marte podría dejar de ser una historia de ciencia ficción. La construcción de una base espacial diseñada para explorar el espacio ya es una realidad para quienes habitan la frontera entre Estados Unidos y México.

En Boca Chica, Texas, se ubica Starbase, una base espacial que ha lanzado 13 satélites al espacio con la misión de buscar vida en otros planetas. La playa Bagdad, en Tamaulipas, México, colinda con esta base espacial de Space Exploration Technologies Corp, conocida como SpaceX y propiedad del empresario estadounidense Elon Musk.

El último lanzamiento fue el pasado viernes 24 de julio; con ello, SpaceX continúa sus trabajos de pruebas y exploración para, algún día —parece que no muy lejano— enviar personas que puedan emprender una nueva existencia en el espacio, lejos de la ya deteriorada Tierra.

Pero buscar vida en otros planetas tiene un costo ambiental y social irreparable; hoy existe evidencia sólida: donde antes se contemplaban miles de estrellas hoy predominan las huellas luminosas de satélites y cohetes; donde antes era un sitio de aves migratorias, hoy no llega ni una sola; y donde antes había bancos de peces que permitían la economía local, hoy ya no queda nada en el mar.

Activistas de organizaciones ambientales como Greenpeace México y habitantes de las zonas cercanas a la base espacial, como la playa de Bagdad en Tamaulipas, han denunciado afectaciones como emisiones contaminantes, la acumulación de basura espacial, la contaminación acústica y las vibraciones extremas, todas ellas con consecuencias directas sobre los ecosistemas marinos y costeros de México.

Esta transformación —irreversible y silenciosa— es el eje del recién estrenado documental Shifting Baselines (Horizontes Perdidos), el tercer largometraje del cineasta Julien Elie que está disponible ya en carteleras desde el 23 de julio.

En entrevista con Infobae México, Julien Elie compartió su experiencia al filmar este documental, que aborda cómo la expansión tecnológica y el avance de proyectos espaciales como SpaceX no solo alteran el paisaje y devastan ecosistemas, sino también erosionan la memoria colectiva sobre lo que existía antes.

El cielo perdido: la basura espacial y el efecto de una amnesia colectiva

Julien Elie nunca se propuso filmar una película sobre SpaceX, su objetivo es documentar lo que está pasando con los satélites y la basura espacial que ya está invadiendo el cielo nocturno, y cómo esto afecta no solo al medio ambiente, sino también a las comunidades que habitan zonas cercanas.

La idea de Shifting Baselines nació bajo un cielo que más que estrellas tenía satélites. Esa visión le provocó una inquietud inmediata: el cielo que conoció, y que generaciones anteriores admiraron, estaba cambiando de manera radical. “¿Qué está pasando con el cielo que conocí? Es como si ya estuviera desapareciendo”, relató el director. Pero de ello, saca una conclusión todavía más nostálgica: “lo que nosotros conocimos como el cielo ya no existe”.

El concepto del “shifting baselines”, propuesto por el biólogo marino Daniel Pauly, explica cómo las nuevas generaciones se acostumbran a un entorno natural devastado. En otras palabras, los jóvenes normalizan apreciar cielos nocturnos repletos de basura espacial porque es lo que conocen, sin saber que sus padres y abuelos vivieron una naturaleza totalmente distinta y, lo que es peor, sus hijos y nietos conocerán paisajes todavía más devastados y olvidarán que alguna vez existió verdadera belleza.

Ellien también lo nombra amnesia colectiva: una normalización de la degradación ambiental y la pérdida de referencias sobre lo que existía antes. El auge de la basura espacial no solo afecta la observación astronómica, sino que redefine la relación humana con el entorno y con la historia misma.

Shifting Baselines utiliza recursos visuales y sonoros, como la fotografía en blanco y negro que da una atmósfera de ciencia ficción para sumergir al espectador en una experiencia que evoca tanto nostalgia como desconcierto.

Base espacial no pidió permiso a territorio mexicano, fue construida sobre territorio históricamente colonizado

Boca Chica, una franja costera al sur de Texas junto a la frontera con México, es el escenario donde la carrera espacial adquiere dimensiones tangibles de devastación. La base de SpaceX no solo representa el avance de la tecnología y la ambición privada, sino que se asienta sobre un territorio con una historia profunda de violencia y despojo.

Julien Elie recordó en entrevista con Infobae México que ese lugar en Texas, hoy ocupado por lanzaderas y cohetes, fue escenario de masacres cometidas contra comunidades indígenas durante la llegada de los españoles a América. “Hay gente que dice que la base de SpaceX es como un panteón. Fue un panteón por tanta gente que estaba masacrada ahí”, relató el cineasta.

Ello resulta en una irónica contradicción: donde antes se perpetró la colonización y el sometimiento de pueblos originarios, ahora se levanta lo que podría denominarse una nueva forma de conquista, impulsada por la promesa de explorar otros planetas. Elie observa con ironía cómo en la base de SpaceX circulan camisetas con la consigna “colonize Mars”, mientras se ignoran las heridas abiertas en la tierra que pisan.

Otro punto importante que destacó Julien fue que SpaceX estableció acuerdos con las autoridades de Texas, pero no pidió permisos ni consultó a México, pese a que las afectaciones ambientales y sociales trascienden la línea divisoria. “En Texas SpaceX tiene acuerdos con las autoridades de Texas, pero no tiene ningún acuerdo con México, porque no les importa”, señaló. “Es una manera brutal de hacer las cosas, sin pensar en la gente, los animales ni el territorio. La historia se repite y se repite”, lamentó.

El documental de Julien Elie muestra cómo la expansión tecnológica no reconoce fronteras: las consecuencias de los lanzamientos y la contaminación afectan tanto a la fauna como a los pescadores mexicanos en Playa Bagdad, Tamaulipas. Cada despegue representa un desastre ambiental para quienes subsisten de la pesca, que reportan la desaparición acelerada de especies y la degradación del mar.

Las luchas por el territorio: una mirada desde el documental

Para Julien Elie, filmar Shifting Baselines fue una oportunidad para adentrarse en las luchas silenciosas y persistentes de las comunidades que habitan la frontera entre México y Estados Unidos. El director no quiso limitarse a retratar el impacto ambiental de la carrera espacial, sino revelar cómo las personas defienden su territorio ante el avance de intereses económicos y tecnológicos.

“Creo que en cada una de mis películas el territorio es el enfoque principal. Mi preocupación mayor. Sí es como una defensa del espacio, de la gente que vive en esos espacios y de lo que nos quedan”, afirmó Elie.

En la película, la devastación del cielo es inseparable de la devastación de la tierra: paisajes alterados, pantanos drenados y playas cerradas cuentan una historia de resistencia y despojo. Elie quiso mostrar cómo los pescadores y habitantes locales enfrentan la transformación de su entorno y la amenaza sobre sus formas de vida.

“Los pescadores dicen que los afecta muchísimo ahora la contaminación. Cada vez que hay un lanzamiento, es un desastre. Y que pueden ver actualmente la desaparición de los pescados, de manera brutal”, narra el director, recogiendo la voz de quienes padecen la transformación día a día.

¿Qué le espera a la Tierra y a quienes la habitan?

Para Julien Elie, el cine es ante todo una forma de compartir historias y despertar preguntas. El director invita a mirar de frente el deterioro y la transformación del entorno. “Yo hago una película, cuento historias y espero que la gente quiera verlas. Eso es mi satisfacción”, afirma.

La oportunidad de estrenar su tercer largometraje en México representa para Elie un privilegio y una responsabilidad. El documental es definido por su creador como una experiencia de ciencia ficción anclada en la realidad.

Con imágenes en blanco y negro y un diseño sonoro envolvente —que recomienda disfrutar a través de las pantallas de cine—, Shifting Baselines deja al espectador ante la evidencia de un cielo irrecuperable y un territorio marcado por la repetición de la historia.

La distopía ya no es solo un ejercicio de imaginación: se instala como una advertencia de algo catastrófico que se avecina. La película cierra con la pregunta inevitable de qué futuro le espera a la Tierra, en un mundo donde la memoria se erosiona —amnesia colectiva— al ritmo de lo que llaman progreso.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) expresó su indignación acerca de la muerte violenta de dos adolescentes de 13 años de edad, Dafne Zapata Quintos y Erick Leonardo Terán Torbellín, durante su estancia en instituciones y campamentos militarizados, en el último año. Ambos casos exponen con urgencia las fallas de supervisión y la obsolescencia de un marco normativo con disposiciones de más de 80 años de antigüedad.

SIPINNA advierte que estas instituciones han operado durante décadas bajo esquemas de vigilancia insuficiente, con reglamentos que no responden a los estándares actuales de protección de la infancia. Esa brecha ha propiciado dinámicas de sometimiento, abuso de autoridad, violencia física y psicológica, y prácticas de “novatadas” incompatibles con un enfoque de derechos humanos.

La legislación mexicana —el artículo 4.º de la Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes— prohíbe expresamente el castigo corporal y cualquier trato cruel, inhumano o degradante; ninguna institución puede invocar la disciplina o la formación militar para justificar la violencia.

El organismo aclara que las agresiones o sometimiento entre pares, permitidas por cuidadores o autoridades, “constituyen formas de violencia que deben prevenirse, investigarse y sancionarse conforme a la ley”.

¿Quién vigila a las escuelas militarizadas?

Tras el fallecimiento de Erick Torbellín en un campamento organizado por la Academia Militarizada Olín (institución relacionada con el Ejército y la Fuerza Aérea) ocurrido el pasado mes de mayo del 2025, surgieron cuestionamientos acerca de la regulación de este tipo de instituciones en el país. Ante esto, la Secretaría de Defensa (Defensa) afirmó que endurecería la revisión de este tipo de instituciones.

El entonces jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar de la Sedena, Jaime Salvador López, señaló a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la autoridad encargada de avalar y verificar el cumplimiento de algunos parámetros para la operación de las instituciones de tipo militarizado.

Sin embargo, la SEP aclaró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o “castrense” en planteles privados. Por ello, no existía disposición normativa, criterio institucional ni marco regulatorio que previera, autorizara o regulara la enseñanza militar en instituciones de educación básica.

En el caso de Dafne Zapata, la Defensa se deslindó de la Academia Militarizada Marina Doenitz, centro académico privado en el que falleció la menor. A través de un comunicado de prensa, la secretaría sostuvo que carece de atribuciones para “autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militares privadas”. Esta información fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que el gobierno de Tamaulipas es el responsable de revisar la operación de dicha academia.

3 propuestas para blindar los derechos de las infancias en centros educativos militarizados

Ante este diagnóstico, la Secretaría propone tres acciones concretas para regular los centros educativos de carácter militar:

1. Creación de un padrón nacional y un sistema permanente de supervisión e inspección: ningún establecimiento podrá operar sin autorizaciones vigentes, protocolos de prevención, mecanismos efectivos de denuncia, personal capacitado en derechos de la niñez y verificaciones periódicas de las autoridades.
2. Cero impunidad: el organismo exige a las fiscalías y a los tribunales que las investigaciones no se circunscriban a señalar responsabilidades entre los propios menores —como ocurre típicamente en las novatadas—, sino que alcancen a directivos, instructores, propietarios y cualquier adulto que haya incumplido su deber de cuidado, a fin de desmantelar las redes de encubrimiento institucional.
3. Llamado al Poder Legislativo: para actualizar el marco jurídico que rige a estas instituciones y armonizarlo con la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ley Dafne: ¿Qué propone?

La madre de Dafne Zapata narró a medios de comunicación su interés por proponer una iniciativa de ley que lleve el nombre de la adolescente asesinada; su objetivo sería prohibir:

• Novatas
• Castigos físicos
• Tortura
• Ejercicios

Y toda acción que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo de escuelas militarizadas e internamientos privados.

SIPINNA exige justicia a las familias de las víctimas

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes subraya que las familias de las víctimas tienen derecho a la verdad, al acceso a la justicia y a una reparación integral que comprenda restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

El organismo también señala que corresponde al Estado revisar si existieron omisiones en las labores de inspección y regulación de estas instituciones, cuyas estructuras jerárquicas —que normalizan el abuso de autoridad— deben examinarse desde una perspectiva de niñez, derechos humanos y género.

Estrellita “N”, encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue detenida la madrugada de este domingo en Altamira, Tamaulipas, por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, ocurrido el 16 de julio al interior de la institución.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que la detención de la mujer se llevó a cabo como parte de trabajos de investigación en la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, y en cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable participación en los hechos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Estrellita “N” fue arrestada a las 00:40 horas de este domingo en la calle Las Flores, colonia Monte Alto de Altamira, Tamaulipas, por elementos de la Policía Ministerial.

Su detención se suma a la de Jorge Luis “N”, director de la academia militarizada, por su probable implicación en la muerte de la adolescente de 13 años de edad, así como a la de Danna Yanina “N”, joven de 18 años identificada como exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

Con esto, suman tres detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata, quien murió por asfixia por sumersión, de acuerdo con la necropsia realizada por la Fiscalía de Tamaulipas. Los resultados contradicen la versión que sostuvieron tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” al asegurar que la adolescente se desvaneció mientras se bañaba y que ya no se había podido hacer nada por ella.

¿Cuál era el papel de Estrellita “N” dentro de la academia militarizada?

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, señaló a Estrellita “N” como la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

De acuerdo con la mujer, toda la información relacionada con su hija se la proporcionaba Estrellita “N” a través de mensajes o llamada durante los cuatro días que permaneció en el campamento.

En ese tiempo, recibió diversos reportes en los que la encargada le dijo que su hija vomitaba la comida que no le gustaba, que había sufrido una caída leve que le provocó lesiones en la cara (con la evidencia de un video en el que Dafne Zapata se observa acostada en una cama y saluda a su madre), así como que había sido llevada con un médico y que se encontraba bien.

Alejandra Quintos mencionó que a pesar de los reportes, la mujer insistía en preguntarle si se animaría a inscribir a su hija a los cursos regulares, pero fue la noche del 16 de julio cuando la situación empeoró.

Ese día, la madre de Dafne fue notificada que un malestar que su hija presentaba y de su traslado a un médico; sin embargo, horas después Estrellita “N” le llamó y le dijo que debía trasladarse a la academia porque la adolescente se había desvanecido en el baño y le pasó el teléfono a una persona que no se identificó, quien le informó que ya lo joven ya no tenía signos vitales y había muerto.

En su relato, Alejandra Quintos también mencionó que Estrellita “N” le dijo que tuvo que bañar a Dafne el mismo día que presentó malestares, una acción que se realizó sin su consentimiento al tratarse de una menor de edad.

Durante una entrevista, la madre describió el estado en que recibió el cuerpo de su hija, quien solo estuvo cuatro días en el campamento antes de morir: “huesos rotos, desnuda, con asfixia, nariz rota, sin comida, sin alimento”.

Luego de los hechos, familias y adolescentes que se encontraban en la academia militarizada comenzaron a movilizarse con Alejandra Quintos para exigir justicia, además de denunciar los malos tratos e irregularidades que se cometían en la institución.

Pese a varios testimonios compartidos por medios locales refieren que los estudiantes eran forzados a golpearse entre sí, el director de la academia, Jorge Luis “N”, brindó su declaración ante la Fiscalía de Tamaulipas y sostuvo que Dafne Zapata presentaba una dolencia que el médico no había podido detectar, y reafirmó que se había desvanecido en la regadera cuando murió.

Además, el director dijo de manera pública que “le podemos regresar a la mamá lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó cuatro días”, esto respecto al pago del curso de verano que pagó Alejandra Quintos para su hija.

Se espera que sea en las próximas horas cuando se realice la audiencia de Estrellita “N” y Jorge Luis “N” para determinar su situación jurídica, luego de que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE) informara la detención de Jorge Luis “N”, quien fungía como director y fundador de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La captura fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control, quien encontró elementos suficientes para que el imputado enfrente un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Tras su detención, Jorge Luis “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica en las próximas audiencias.

Este arresto representa un nuevo avance en uno de los casos que mayor indignación ha generado en Tamaulipas durante las últimas semanas, debido a las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor y a las denuncias realizadas por sus familiares.

¿Quién es Jorge Luis “N”?

Jorge Luis “N”, es el director y fundador de la Academia Militarizada Marina Doenitz, institución que durante más de tres décadas ha ofrecido cursos de disciplina militarizada y campamentos para menores de edad en Ciudad Madero.

La información pública sobre su trayectoria señala que es arquitecto de profesión y cuenta con una maestría en Administración de Empresas.

Hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que haya pertenecido a las Fuerzas Armadas ni que cuente con una trayectoria militar oficial.

Por igual, Jorge Luis N, mucho tiempo fue reconocido como “comandante” y utilizó uniforme militar en eventos oficiales y con padres de familia, hasta coincidió con el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo en la conmemoración del 83 aniversario del Día de la Marina, realizado el 3 de junio de 2025.

Mientras en la conferencia mañanera del 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Academia Militarizada Marina Doenitz no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que la investigación por la muerte de Dafne Zapata correspondería a las autoridades de Tamaulipas, “es el gobierno del Estado el que debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, había declarado.

Tras conocerse la muerte de Dafne, el directivo sostuvo públicamente que la adolescente habría sufrido un desvanecimiento mientras se encontraba en el área de regaderas del campamento y negó que hubiera sido víctima de agresiones dentro de la institución.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones ministeriales y periciales, la Fiscalía decidió judicializar el caso y solicitar la orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado de manera pública cuál habría sido la participación específica que se le atribuye al director dentro de los hechos investigados, información que será presentada durante el proceso judicial.

La muerte de Dafne sigue bajo investigación

Dafne Zapata Quintos ingresó al campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz el pasado 13 de julio de 2026. Cuatro días después, la menor perdió la vida en circunstancias que inicialmente fueron reportadas como un accidente.

No obstante, la familia de la adolescente denunció que Dafne presentaba diversas lesiones físicas y aseguró que pudo haber sido víctima de maltrato mientras permanecía en el campamento.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía llevaron a que el caso fuera reclasificado y actualmente se persiga como feminicidio, uno de los delitos más graves contemplados por el Código Penal.

La necropsia estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, aunque las autoridades continúan integrando pruebas periciales, testimoniales y científicas para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso ya suma dos personas detenidas

La detención de Jorge Luis “N” ocurre apenas unos días después de que la Fiscalía ejecutara otra orden de aprehensión relacionada con el mismo caso.

Anteriormente fue detenida Danna Yanina “N”, una joven de 18 años que se desempeñaba como instructora auxiliar dentro de la academia y quien también enfrenta un proceso penal por su probable participación en el feminicidio de Dafne.

Las autoridades estatales señalaron que las investigaciones permanecen abiertas y no descartan que puedan ejercerse nuevas acciones penales contra otras personas que laboraban o colaboraban en la institución durante el campamento de verano.

Familia exige justicia para Dafne

Desde que ocurrió el fallecimiento, los familiares de Dafne han exigido que se esclarezcan completamente los hechos y que todos los responsables enfrenten a la justicia.

La madre de la adolescente ha sostenido públicamente que su hija no murió por un accidente, sino que habría sido víctima de violencia mientras permanecía bajo el cuidado del personal de la academia.

El caso ha generado una amplia movilización social y múltiples llamados para revisar los protocolos de supervisión y seguridad en campamentos y escuelas militarizadas que reciben a menores de edad.

Organizaciones civiles y colectivos defensores de los derechos de la infancia también han solicitado que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género y con estricto apego a los derechos de las víctimas.

Fiscalía continuará con las investigaciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que continuará integrando la carpeta de investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente.

Durante las próximas audiencias, el Ministerio Público presentará los datos de prueba reunidos hasta el momento para sustentar la imputación por feminicidio en contra de Jorge Luis “N”, mientras que la defensa podrá ejercer los recursos legales correspondientes.

La investigación permanece abierta y no se descarta que las autoridades hagan nuevas diligencias o detenciones por la muerte de Dafne Zapata Quintos, un caso que continúa conmocionando a Tamaulipas y al resto del país.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE) informó la detención de una segunda persona presuntamente relacionada con el feminicidio de Dafne N, caso que ha generado indignación pública por haberse registrado al interior de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

De acuerdo con la dependencia, la captura fue posible gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2026, fecha en la que se reportó el fallecimiento de la joven en las instalaciones de la academia, un caso que desde el inicio provocó una amplia atención mediática y exigencias de justicia por parte de familiares, colectivos y ciudadanos.

Cumplimentan orden de aprehensión

En un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que agentes de investigación lograron cumplimentar una orden de aprehensión contra Jorge Luis N, segundo presunto responsable por su probable participación en el delito de feminicidio y que era el director de la academia Doenitz.

La institución precisó que el detenido fue presentado ante la autoridad judicial competente, la cual será la encargada de definir su situación jurídica conforme al debido proceso y a las pruebas integradas dentro de la investigación.

Mientras en el Registro Nacional de Detenciones, se señala que Jorge Luis ‘N’ fue capturado por elementos de la Policía Ministerial de Investigación la noche de este sábado 25 de julio, a las 9:12 pm, en la calle Noche Buena del fraccionamiento Los Encinos, en el municipio de Altamira.

El detenido fue puesto a disposición del juez de control de la Sexta Región, autoridad ante la que se definirá su situación jurídica, se lee en el documento.

Investigación continúa abierta

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró que las investigaciones siguen en curso con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar que todas las personas involucradas enfrenten la justicia.

Las autoridades ministeriales señalaron que la integración de la carpeta de investigación continúa mediante el análisis de pruebas periciales, testimoniales y demás diligencias que permitan fortalecer el caso ante los tribunales.

Caso generó conmoción en Tamaulipas

El feminicidio de Dafne N ocurrió dentro de una academia militarizada de Ciudad Madero, situación que provocó un amplio debate sobre las condiciones de seguridad y supervisión en este tipo de instituciones.

Desde que se dio a conocer el caso, familiares de la víctima han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y garantizar que no exista impunidad.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres también han dado seguimiento al proceso, al considerar que se trata de un caso emblemático que debe resolverse con total transparencia.

Cabe recordar que la primera persona detenida por este caso fue Yanina N, joven de 18 años imputada por presunta complicidad en el feminicidio de Dafne.

Su audiencia fue pospuesta porque no pudo completarse este viernes en el Centro Integral de Justicia de Altamira, ya que solo 9 de los 32 testigos convocados por la defensa se presentaron.

Autoridad judicial definirá situación legal

Con esta nueva captura, el proceso judicial entra en una etapa clave, ya que será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al detenido por el delito de feminicidio.

La Fiscalía recordó que toda persona imputada goza del principio de presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva.

Mientras tanto, las investigaciones permanecen abiertas y no se descarta que puedan realizarse nuevas diligencias o actuaciones ministeriales conforme avance el proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aseguró que continuará trabajando para esclarecer totalmente el feminicidio de Dafne N, con la detención del segundo presunto implicado, las autoridades buscan fortalecer el caso para que los responsables enfrenten la justicia.

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron el pasado martes 21 de julio un cateo al interior en un predio del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en coordinación con elementos de la Seguridad Física de Pemex.

El operativo derivó en el aseguramiento de 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, según información oficial contenida en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Reportes extraoficiales apuntaron a que el lugar habría operado como una refinería clandestina, dedicada a tratar productos robados de ductos de Pemex. La inferencia se basó en la complejidad de la infraestructura localizada, sin embargo, ninguna autoridad confirmó esa versión de forma oficial.

El predio reunía equipo de almacenamiento, distribución y plantas de energía

Las fuerzas federales aseguraron dentro del inmueble once tanques de almacenamiento móvil, siete tanques verticales de almacenamiento, ocho motobombas, seis tractocamiones, siete pipas, tres generadores de energía eléctrica, un vehículo y un remolque tipo plataforma.

La combinación de ese equipo —motobombas para el trasiego de líquidos, tanques de gran capacidad y generadores propios— fue lo que llevó a medios locales a describir extraoficialmente el lugar como una presunta refinería clandestina.

La Defensa no precisó la ubicación exacta del inmueble dentro del municipio de Reynosa ni informó sobre personas detenidas durante el despliegue del operativo. El comunicado señaló únicamente que la intervención se realizó “con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

La FGR resguardó los bienes asegurados

Todo lo decomisado quedó a disposición de la FGR con sede en Reynosa para la realización de acciones periciales. Las investigaciones buscarán determinar el origen de los casi 3.8 millones de litros de sustancia asegurada, el uso que se le daba al equipo encontrado y las responsabilidades legales que se deriven del hallazgo.

En el comunicado, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron lo que describieron como “la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la Delincuencia Organizada” en Tamaulipas.

La operación se enmarcó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Las autoridades no emitieron información adicional sobre el estado de la investigación ni sobre posibles vínculos del inmueble con grupos de la delincuencia organizada activos en la frontera norte del país.

407 personas procesadas por huachicol fiscal desde diciembre de 2025

El operativo en Reynosa se produjo en el marco de una ofensiva federal contra el tráfico ilegal de combustible. La FGR informó que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 llevó a proceso a 407 personas vinculadas a redes de contrabando de hidrocarburos que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.

El 16 de julio, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos anunció la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien acusó de encabezar la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país, con un daño estimado de más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública. La investigación documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025.

La red presuntamente operó a través de empresas que declaraban ante aduanas únicamente el 10% de los hidrocarburos que realmente importaban: reportaban alrededor de 10 mil litros por carro tanque de ferrocarril cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Además, informaban a las autoridades mercancías diferentes a las que en realidad contenían los contenedores, evadiendo impuestos.

El combustible provenía de refinerías en Texas y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, con entrada al país por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.

La fiscalía también identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, en un esquema de triangulación financiera hacia empresas extranjeras.

Ruffo y siete personas más vinculadas a proceso, en el caso del exgobernador panista fue por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el Edomex. En el caso están involucrados exfuncionarios de aduanas.

La audiencia de Yanina, la joven de 18 años imputada por presunta complicidad en el feminicidio de Dafne, no pudo completarse este viernes en el Centro Integral de Justicia de Altamira: solo 9 de los 32 testigos convocados por la defensa se presentaron, lo que obligó a suspender la sesión hasta el próximo lunes 27 de julio a las 08:00 horas.

Esa misma fecha marca un límite procesal: el plazo de 144 horas de ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas a favor de la imputada vence ese día. La coincidencia convierte la próxima audiencia en una jornada determinante para el proceso.

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió por asfixia por sumersión al interior de las instalaciones de Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Las autoridades del plantel aseguraron a sus padres que la joven se había desmayado en el baño; sin embargo, la familia sostiene que la joven fue víctima de feminicidio.

Falta de testigos: la razón de la suspensión de la audiencia de Danna Yanina “N”

La baja asistencia de testigos fue la razón directa del aplazamiento. Con el objetivo de que no se contaminen las declaraciones, se pidió que todas las entrevistas con los 32 testigos se den en el mismo día lunes. La defensa de Danna explicó a los medios de comunicación:

“No puede haber contacto entre los testigos (...) sobre todo para que no se contaminara, que los testigos no podían pasar unos hoy y después el día lunes otro. O sea, porque no”.

“Ella está triste, está temerosa, tiene miedo, es una niña”, añadió la defensa cuando le preguntaron sobre Danna Yanina “N”, quien, también aclararon, regresó a al penal de Altamira tras la decisión de la jueza de aplazar su audiencia.

La mayoría de los testigos son alumnos y menores de edad, por lo que, por su protección, no se pueden revelar sus nombres.

Madre de Dafne acude a la audiencia de la detenida por el asesinato

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, se presentó este viernes a la audiencia en Altamira y aseguró que confía en que las autoridades hagan justicia por el crimen:

“Que tienen todo mi voto de confianza, que sé que van a hacer bien su trabajo, que sé que me van a apoyar y que esto no se va a quedar impune”.

Los nombres que señala la madre de Dafne

Alejandra Quintos identificó a cuatro personas como las que “sobresalen” en el feminicidio de su hija: Estrellita Mora, Jorge Luis Ponce, Jesús Mora y una mujer a quien llama América, descrita como la persona que recibió a Dafne el día que llegó al campamento de la escuela militarizada Doenitz.

Fue precisamente América quien tuvo el último contacto documentado por la madre con la niña. Quintos relató que esa mujer la recibió, le comentó que el peinado de Dafne no era el adecuado y se la llevó. “Ya no, no la vuelvo a ver”, dijo.

La madre aclaró que no conocía personalmente al personal del plantel: “Nunca he tenido un acercamiento con todo el personal o a nadie de ahí”.

La advertencia sobre suplantación de identidad

La otra denuncia que Alejandra Quintos lanzó ante los medios fue la existencia de personas que se hacen pasar por ella para solicitar dinero. Aseguró que ni ha pedido apoyos económicos ni ha recibido ninguno, y que todo el gasto del proceso corre por cuenta suya y del padre de Dafne.

“Que no quieran lucrar con mi dolor haciéndose pasar por mí”, exigió. Añadió que hay personas que le reportan haber transferido dinero creyendo que llegaba a ella, y que incluso hay quienes se atribuyen públicamente haberla apoyado.

Su mensaje fue directo: “No transfieran a cuentas” y que si en algún momento llegara a necesitar apoyo económico, lo solicitará ella misma desde sus propias redes sociales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emitió este 25 de julio un comunicado en el que negó tener atribuciones para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militarizadas privadas, en medio de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Defensa respaldó su postura en el Reglamento Interior de la dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, y precisó que ese ordenamiento derogó cualquier disposición administrativa que pudiera haber dado pie a una interpretación distinta.

Con ello, la dependencia dejó en claro que no existía ni había existido vínculo institucional alguno con el plantel tamaulipeco.

El reglamento del DOF confirma que la educación militar es solo para personal castrense

Una consulta de Infobae México al Reglamento Interior de la Defensa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, confirmó que las atribuciones educativas de la institución están acotadas a su propio personal.

El artículo 69 establece que la Dirección General de Educación Militar planea, organiza y supervisa el sistema educativo militar exclusivamente para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea.

El artículo 70 detalla las facultades de esa dirección: aplicar la Ley de Educación Militar, gestionar servicios educativos para el personal de la Defensa y supervisar las instituciones educativas militares propias de la institución. En ningún artículo del reglamento se otorga a la Defensa facultad alguna para intervenir en planteles privados civiles que adopten un modelo de disciplina militar.

La SEP también rechazó tener atribuciones sobre planteles militarizados

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el 24 de julio un boletín en el que precisó que la educación militar se circunscribe exclusivamente a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, impartida por la propia Defensa. Por ello, no existía disposición normativa, criterio institucional ni marco regulatorio que previera, autorizara o regulara la enseñanza militar en instituciones de educación básica.

El secretario Mario Delgado Carrillo fue directo: “Resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”. Añadió que ese tipo de conductas constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez.

La SEP también advirtió que la autoridad educativa de Tamaulipas tomaría medidas respecto a la autorización que le otorgó a la Academia Marina Doenitz bajo la denominación “militarizada” en 2005, actualizada en 2013.

Esto es lo que se sabe del caso Dafne Zapata

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ingresó el 13 de julio al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Días después, el 16 de julio, murió dentro de las instalaciones. El certificado de defunción clasificó su muerte como homicidio por asfixia por sumersión.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas Jesús Eduardo Govea confirmó el pasado 24 de julio que esa conclusión se respaldó en cinco líneas de análisis forense: criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y autopsia. Advirtió que los testimonios de personas vinculadas al plantel no coincidían con lo que establecieron los peritajes.

La única detenida al momento es Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna que fungía como auxiliar en el plantel, imputada por feminicidio y con prisión preventiva. Su audiencia inicial, que ya acumulaba más de 13 horas, se pospuso para el lunes 27 de julio a las 8 de la mañana. La razón sería que hay 30 testigos citados, la mayoría alumnos de la academia, y la autoridad determinó que no podían desahogarse en distintas fechas para evitar contaminación entre ellos. El término constitucional, ampliado a 144 horas, vence ese mismo día.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, sostuvo que la Fiscalía tenía identificados a cinco implicados. Señaló a Estrella Mora, coordinadora del área femenil, y al director Jorge Luis Ponce entre los que permanecían libres.

Este viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) desconoció a las escuelas y academias militarizadas, pues –según su normativa– no están autorizadas para la prestación de dicho servicio educativo. Y lamentó la muerte de la joven Dafne Zapata en un plantel de Tamaulipas.

“La SEP reitera a la población en general y a las autoridades educativas de los Estados y la Ciudad de México que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo la denominación y/o modalidad ‘militarizada’, ‘militar’, ‘castrense’ o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar. El titular de esta Secretaría, Mario Delgado Carrillo, emitirá el comunicado correspondiente para reiterar esta disposición constitucional y legal vigente”, destacó la secretaría.

SEP no asume responsabilidad por escuela militarizada

A través de un comunicado, la SEP explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que la educación militar se limita al personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y que su impartición corresponde exclusivamente a la propia dependencia.

La dependencia educativa también detalló que de acuerdo con Sedena, no hay disposición constitucional o legal, ni criterio institucional o marco regulatorio, que prevea, autorice o regule la enseñanza militar en instituciones de educación básica.

Además, la SEP sostuvo que tampoco existe alguna escuela de ese nivel que pueda contar con autorización, reconocimiento o alguna figura equivalente para impartir educación militar.

“Por lo que hace a la institución involucrada en los actos violatorios de derechos humanos, la autoridad educativa del Estado de Tamaulipas ha informado que tomará las medidas conducentes para hacer valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes frente a la autorización de impartición del servicio educativo bajo la denominación ‘militarizada’, otorgado en 2005 y actualizado en 2013”, agregó la SEP.

Mario Delgado condena maltrato a menores

Por su parte, el titular de la SEP, Mario Delgado condenó cualquier tipo de maltrato que vulnere la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Delgado también lamentó el fallecimiento de Dafne Zapata Quintos, una menor que asistió a un campamento de verano en Tamaulipas.

En su posicionamiento, el funcionario rechazó el trato inhumano, cruel o degradante contra menores de edad y reiteró su condena a cualquier acción que afecte sus derechos.

“Resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”, expresó Delgado Carrillo.

Añadió que “este tipo de conductas, de ninguna manera, pueden ser catalogadas como un método o modalidad de educación, instrucción, formación o disciplina que pueda ejercerse dentro o fuera del ámbito educativo. Por el contrario, constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez”.

Destaca origen de “Nueva Escuela Mexicana”

En la nota informativa, Mario Delgado destacó que la educación en México se rediseñó bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, lo que dio paso a la Nueva Escuela Mexicana.

“El derecho a la educación se rediseñó bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, dando origen a la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Bajo esta visión, las niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos activos de la educación, capaces de ejercer su derecho a transformar su realidad mediante una formación integral que trasciende el aula y desarrolla sus potencialidades de forma activa, autónoma y transformadora. En consonancia con ello, los planes y programas de estudio se construyeron desde una visión humanística, científica, artística, lúdica y crítica, orientada a formar personas participativas que impulsen procesos de innovación y mejoramiento social, cultural y político mediante el pensamiento crítico y la argumentación fundada”, enfatizó.

Educación militar es incompatible con la básica: Delgado

También denunció que la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo.

“Ello obedece a que la educación militar responde a una finalidad distinta, orientada a la formación, adiestramiento y preparación del personal destinado al cumplimiento de las funciones propias de las Fuerzas Armadas y de la GN, por lo que no constituye una modalidad educativa prevista para las niñas, los niños y los adolescentes que cursan la educación básica”, concluyó.

Solo hay una detenida por muerte de Dafne

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a Danna Yanina “N” por el delito de feminicidio, tras una orden de aprehensión cumplimentada cuando la joven acudió a declarar de manera voluntaria. La investigación se relaciona con la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, una menor de 13 años, ocurrida el 16 de julio en un campamento de verano.

El hecho ocurrió en la escuela militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. De acuerdo con el informe forense, la adolescente presentaba golpes en el rostro y falleció por asfixia.

Tras su detención el miércoles, Danna Yanina “N” quedó a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo de la audiencia inicial, según la Fiscalía. En paralelo, la madre de Dafne sostiene públicamente que el día de los hechos había cinco adultos en el plantel y exige que también se proceda penalmente contra otras personas que, a su juicio, estuvieron presentes cuando ocurrió el crimen.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, confirmó este jueves que Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, murió por asfixia por sumersión.

A ello, el fiscal también advirtió que los testimonios recabados de algunas personas vinculadas al plantel “no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente”. Es la primera vez que la Fiscalía confirma públicamente la causa de muerte, que hasta ahora solo había circulado a través del certificado de defunción difundido por la madre de la menor.

Confirman asfixia por sumersión como causa de muerte

Govea Orozco explicó en entrevista con Radio Fórmula que la causa de muerte fue determinada tras un conjunto de estudios científicos realizados por especialistas en distintas disciplinas: criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y la autopsia correspondiente. No fue un solo peritaje, sino cinco líneas de análisis que apuntaron a la misma conclusión.

“Fue asfixia por sumersión”, afirmó el fiscal, y precisó que los resultados científicos contradicen algunas de las declaraciones recabadas durante la investigación. “Las circunstancias del fallecimiento no corresponden a la secuencia de hechos narrada por algunas de las personas entrevistadas por la autoridad ministerial”, señaló.

La versión oficial del plantel fue sostenida públicamente por el director Jorge Luis Ponce y por la coordinadora del área femenil identificada como Estrella Mora. Ambos dijeron que Dafne se desvaneció sola mientras se bañaba la noche del jueves 17 de julio y que ya no despertó. Ponce llegó a declarar a medios que “aparentemente la niña traía una dolencia que el doctor no pudo detectar”.

Mora, por su parte, había mantenido informada a Alejandra Quintos durante los cuatro días del campamento con reportes que minimizaban el estado de la menor: que había sufrido una caída leve, que ya estaba medicada, que descansaba bajo el aire acondicionado. La última llamada que la madre recibió antes de que le notificaran la muerte de su hija fue de Mora, quien le dijo que Dafne tenía tos y que la había bañado.

Por otro lado, el fiscal de Tamaulipas también aclaró que la investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento y que nunca hubo una reclasificación del delito, como habían sugerido algunas versiones en redes sociales.

El fiscal también señaló que durante la investigación se han obtenido datos sobre irregularidades administrativas en el plantel que podrían constituir algún tipo de responsabilidad, y aclaró que el director y los propietarios de la academia no están desvinculados de la investigación. “Esto podría eventualmente analizarse también dentro del contexto de la investigación”.

Danna Yanina: cómo fue detenida y qué sigue

Govea aclaró también la mecánica de la detención de Danna Yanina “N”, de 18 años, la primera persona imputada formalmente en el caso. Desmintió la versión de que fue arrestada por haber acudido voluntariamente a declarar.

Explicó que Danna Yanina ya había sido entrevistada previamente dentro de la investigación. Lo que hizo el día de su detención fue acudir a las instalaciones de la Fiscalía a presentar una denuncia, probablemente por consejo de su defensa legal, haciendo “un relato histórico” de su estancia en la institución. Fue durante ese acto cuando se ejecutó la orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control.

“Cualquier persona puede denunciar el hecho que considere ilícito. Sin embargo, no es esa la causa por la que se le detuvo de manera inmediata”, precisó el fiscal.

Sobre su situación jurídica futura, Govea señaló que lo que podría beneficiarla sería su conducta o aportación procesal dentro del proceso, si así lo decide con su defensa. Sobre las demás líneas de investigación, fue categórico: “No se ha descartado ni una sola de ellas”.

“Faltan cuatro”: la madre exige más detenidos

Alejandra Quintos habló con Radio Fórmula desde Ciudad Mante, donde acababa de terminar una marcha. Su mensaje fue directo: la Fiscalía tiene identificados a cinco implicados en la muerte de su hija y solo ha detenido a uno.

“Son cinco implicados y nada más entregaron uno. Faltan cuatro. Que sigan las investigaciones, que sigan las marchas, que me los entreguen todos”, afirmó. Dijo que no quiere dar nombres para no arruinar la investigación, aunque confirmó que Estrella Mora es una de las personas señaladas.

Quintos también describió el estado en que recibió el cuerpo de su hija: “huesos rotos, desnuda, con asfixia, nariz rota, sin comida, sin alimento”.

Sobre el director Ponce, señaló que sigue libre y, ante la pregunta de si alguien lo está protegiendo, respondió: “La Fiscalía y el Gobierno federal y del Estado que contesten esa pregunta. Cuestiónenlos en la mañanera, en donde caiga”.

La madre también denunció que la Comisión de Derechos Humanos no se ha comunicado con ella desde que ocurrió la muerte de Dafne.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la muerte de Dafne Zapata Quintos y pidió una investigación que garantice verdad y justicia, después de que la adolescente de 13 años falleció el pasado 16 de julio durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Tamaulipas; ese mismo caso ya tiene a su primera detenida y es indagado bajo protocolo de feminicidio.

Este 23 de julio, la CNDH difundió el pronunciamiento en el que expresó pesar por el fallecimiento de la menor y solidaridad con sus familiares y amigos. También señaló que la protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es una obligación prioritaria para el Estado mexicano y para cualquier institución pública o privada que asuma tareas de cuidado, educación, formación o resguardo.

La institución privada opera con registro oficial vinculado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y, de acuerdo con el Sistema Integral de Información Educativa, tiene una matrícula de 14 alumnos distribuida en tres grados de secundaria.

Claudia Sheinbaum afirmó el pasado 22 de julio que el plantel no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y sostuvo que corresponde al gobierno estatal investigar y revisar cómo funcionan estos centros.

CNDH solicita revisar protocolos y normas en centros que asumen tareas de cuidado y formación

La propia CNDH sostuvo en su pronunciamiento que todo hecho que comprometa la vida, integridad o seguridad de una persona menor de edad debe ser investigado con diligencia, exhaustividad y sensibilidad institucional.

El organismo también exhortó a las autoridades competentes de Tamaulipas y a las instancias de procuración de justicia a realizar una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Su llamado incluyó la identificación y, en su caso, sanción de las personas responsables.

Además, la CNDH pidió que se garantice a la familia de la adolescente acceso a la información, participación efectiva en el proceso y el derecho a conocer la verdad. En el mismo documento solicitó revisar los protocolos y la normatividad que este tipo de instituciones están obligadas a observar y cumplir.

Para la CNDH, la muerte de una adolescente bajo responsabilidad de una institución encargada de su cuidado constituye un hecho de la más alta gravedad. El organismo advirtió que el caso obliga a revisar si los mecanismos de supervisión existentes son suficientes y a fortalecer medidas de protección para prevenir violencia, abuso, negligencia o tratos incompatibles con la dignidad humana.

Primera detención marca el avance judicial del caso

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas detuvo la noche del 22 de julio a Danna Yanina “N”, de 18 años, por su presunta participación en el homicidio de Dafne durante el campamento en Ciudad Madero. Medios locales, como Hoy Tamaulipas, la identifican como exalumna del plantel y auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

Danna Yanina “N” acudió de manera voluntaria a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género para rendir su declaración ministerial. Una vez dentro, con base en Milenio, le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión emitida previamente por un juez de control.

Posta MX informó que la detención fue realizada por agentes de la Policía Investigadora en el municipio de Tampico y que después fue trasladada a la sede de la Fiscalía en Ciudad Madero en un vehículo oficial. Al ingresar al inmueble fue llevada al área médica para la certificación de su estado de salud.

Un video difundido en redes sociales mostró a Danna Yanina “N” con el rostro cubierto, la cabeza agachada, pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y blusa del mismo color. Una agente femenina la sujetaba del brazo y dos elementos masculinos la acompañaban.

En el exterior de la Fiscalía permanecieron su padre y su abogado defensor. El litigante únicamente confirmó que la detención estaba relacionada con el caso.

Hasta ahora, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado de manera oficial cuáles son los delitos que se le imputan ni ha detallado la participación específica que habría tenido en los hechos. De manera extraoficial, Milenio señaló que se desempeñaba como auxiliar de Estrella Mora, identificada públicamente como “Estrellita”, coordinadora del área femenil de la academia.

La muerte de Dafne Zapata Quintos por asfixia en una academia militar de Tamaulipas fue investigada como presunto feminicidio, después de que la adolescente de 13 años fuera entregada sin vida a su madre y surgieran testimonios sobre miedo previo, lesiones visibles y una despedida que cobró un nuevo peso tras el hallazgo.

Eran 11 alumnos en total en el campamento: seis internos y cinco de entrada por salida. Dafne y otra menor eran las únicas mujeres del grupo, una condición que, según el relato de una madre de familia, las llevó a mantenerse juntas y a protegerse entre sí durante su estancia.

El fiscal estatal Jesús Eduardo Govea Orozco confirmó que la causa de muerte había sido asfixia. También precisó que la indagatoria se llevaba con presunción de feminicidio, mientras continuaban los estudios forenses y las pruebas periciales para reconstruir las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento el jueves.

Una madre identificada como Betzaida sostuvo que su hija convivió con Dafne durante el campamento de verano en la academia militar Marina Doenit. Aseguró que, desde el martes previo a la muerte, la adolescente había mostrado conductas que le parecieron inusuales: no quería ir sola por agua ni al baño y pedía compañía de manera constante.

Dafne había mostrado miedo desde el martes, según el testimonio de una madre

De acuerdo con ese testimonio, el lunes Dafne se encontraba bien, pero a partir del día siguiente cambió su comportamiento. La madre dijo que la menor esperaba con ilusión la llegada del sábado para volver a ver a su mamá y que repetía que faltaban pocos días para ese encuentro.

La misma mujer relató que su hija quedó afectada psicológicamente después de lo ocurrido y que ya no dormía sola. También afirmó que la cercanía entre ambas adolescentes se había fortalecido en pocos días, precisamente porque eran las únicas mujeres del grupo y se defendían una a la otra.

Uno de los pasajes que más impactó a la familia ocurrió el miércoles 15 de julio. Ese día, antes de seguir con sus actividades, Dafne abrazó a su compañera y le dijo: “Cuídate mucho”.

Esa frase fue, según la madre de la testigo, la última vez que ambas hablaron. La despedida ocurrió sin que ninguna de las dos supiera que horas después la menor ya no volvería con vida.

Una testigo dijo que vio a Dafne con golpes antes de que se la llevaran

Otra parte del relato señaló que una alumna alcanzó a ver a Dafne con lesiones visibles poco antes de que personal del plantel la retirara del lugar. La madre de esa menor explicó que a su hija le habían pedido esperar a Dafne en una escalera de la academia.

Cuando la vio, dijo, presentaba “el rostro, boca reventada, nariz raspada, un ojito medio cerrado”. La mujer agregó que su hija intentó preguntarle qué le había pasado, pero Dafne no alcanzó a responder.

Según esa versión, un comandante intervino en ese momento y dos sargentos se llevaron a la adolescente. Ese testimonio forma parte de la información que debía ser corroborada por las autoridades dentro de la investigación.

La misma madre negó la versión de que Dafne hubiera estado en esa zona a las 10:30 de la noche. Sostuvo que desde las 10:00 el área ya permanecía cerrada para los alumnos, por lo que cuestionó esa referencia horaria.

El caso también expuso el entorno en el que se desarrolló el campamento militarizado. Betzaida afirmó que el hecho de que su hija fuera de entrada por salida y de que ella permaneciera pendiente afuera del plantel pudo haber influido en que la menor regresara con vida a su casa.

En su reclamo de justicia, la mujer sostuvo que ningún niño merecía terminar así y que las familias buscaban apoyo en ese tipo de instituciones para encauzar a sus hijos, no para recibirlos muertos. También dijo que su hija seguía durmiendo con ella por el impacto emocional que le dejó la muerte de su compañera.

La respuesta central de la investigación, hasta ese momento, era esta: Dafne Zapata Quinto murió por asfixia dentro de una academia militar de Tamaulipas, y la fiscalía estatal trató el caso como presunto feminicidio mientras analizaba peritajes, estudios forenses y los testimonios sobre su estado físico y emocional en los días previos.

La muerte ocurrió después de una serie de señales que, en los relatos de madres de alumnas, dibujaron un cuadro de temor, aislamiento y posible violencia. La adolescente había pedido compañía para actividades básicas, esperaba ver a su madre el sábado y se despidió de su única compañera cercana con una frase que luego quedó ligada a sus últimas horas.

• Dafne Zapata Quinto, de 13 años, murió por asfixia en una academia militar de Tamaulipas y el caso fue investigado como presunto feminicidio.
• Testimonios de madres de alumnas señalaron que la menor mostró miedo desde el martes y que antes de morir fue vista con lesiones en el rostro.
• Sus últimas palabras a su compañera, la otra única mujer del grupo, fueron: “Cuídate mucho”.

La Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, lleva el nombre de Karl Dönitz: el almirante alemán que Adolf Hitler eligió como su sucesor horas antes de suicidarse, que gobernó el Tercer Reich durante 23 días y que fue condenado en Núremberg por crímenes de guerra.

El origen de ese nombre pasó décadas sin llamar la atención de nadie en la ciudad tamaulipeca, pero fue Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años cuyo caso la Fiscalía de Tamaulipas investiga como homicidio, la que puso el nombre del plantel bajo la lupa.

El arquitecto de la guerra submarina que le quitó el sueño a Churchill

Dönitz nació el 16 de septiembre de 1891 en Grünau, cerca de Berlín, y murió el 24 de diciembre de 1980 en Aumühle, Alemania, a los 89 años. Fue condenado a 10 años de prisión en los juicios de Núremberg, la pena más leve entre quienes no fueron absueltos, y salió en libertad en 1956 con una pensión del gobierno alemán. Nunca mostró arrepentimiento.

Antes de convertirse en el último Führer del Tercer Reich, Karl Dönitz construyó la flota submarina más devastadora de la Segunda Guerra Mundial. Su obsesión con los U-boats arrancó durante la Primera Guerra Mundial, cuando sirvió en la Armada Imperial alemana y terminó como prisionero de guerra en Inglaterra tras hundir su propio submarino para que no cayera en manos enemigas.

De regreso en Alemania, y pese a que el Tratado de Versalles prohibía a ese país poseer submarinos, Dönitz dedicó los años siguientes a prepararse para reconstruir esa fuerza. En 1935, el almirante Erich Raeder lo eligió para reconstituir la flota submarina alemana en abierto desafío al tratado. Dönitz tenía 44 años y llevaba décadas esperando ese momento.

Su estrategia más célebre fue la llamada “manada de lobos”: grupos de submarinos que atacaban simultáneamente los convoyes aliados, preferiblemente de noche, lanzando torpedos en todas direcciones y retirándose antes de que la escolta naval pudiera responder. La Armada alemana hundió más de 3,500 buques aliados durante la guerra, con una pérdida de aproximadamente 784 submarinos propios.

El propio Winston Churchill confesó después del conflicto que lo único que realmente le asustó durante la guerra fue el peligro de los submarinos alemanes. En 1942 y 1943, la revista Time le dedicó su portada dos veces. Su éxito en el mar lo acercó a Hitler: desde que asumió el mando de toda la Armada alemana en enero de 1943, se reunía con el Führer al menos dos veces al mes.

Cuando en julio de 1944 se descubrió que ningún oficial naval había participado en el atentado fallido contra Hitler, Dönitz subió aún más en la estima del dictador. Fue esa lealtad, y no su peso político, lo que lo puso en el testamento.

23 días como jefe del Tercer Reich

El 1 de mayo de 1945, Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, le envió un telegrama marcado como “muy secreto” y “urgente”. Comenzaba así: “El Führer murió ayer a las 15:30 horas”. La siguiente oración era todavía más desconcertante: “El testamento del 29 de abril lo nombra a usted presidente del Reich”.

Hitler había descartado a sus dos sucesores naturales. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y sucesor designado durante años, fue expulsado del partido y arrestado después de enviarle un telegrama a Hitler preguntando si debía asumir el liderazgo del Reich. Heinrich Himmler, jefe de las SS, había intentado negociar en secreto con los Aliados. Hitler lo llamó traidor.

Dönitz, que no pertenecía al círculo político del partido, fue la elección por descarte. “Me tomó completamente por sorpresa”, escribió en sus memorias Diez años y veinte días. “Nunca había recibido ninguna pista al respecto de nadie”.

Aceptó de inmediato. Gobernó el agonizante Tercer Reich durante 23 días, desde el 30 de abril hasta el 23 de mayo de 1945, con sede en Flensburgo, cerca de la frontera con Dinamarca. Su principal objetivo fue conseguir que el mayor número posible de soldados alemanes se rindiera a los Aliados occidentales y no a las fuerzas soviéticas, de quienes se temía una venganza brutal.

El 7 de mayo de 1945, autorizó al general Alfred Jodl a firmar la rendición incondicional de Alemania en Reims, Francia. La Segunda Guerra Mundial en Europa terminó. Dos semanas después, el 23 de mayo, Dönitz fue arrestado por los Aliados.

Núremberg: condenado a 10 años

En los juicios de Núremberg, Dönitz se presentó como un oficial profesional que solo cumplía órdenes y que desconocía los horrores del Holocausto. Los fiscales lo acusaron de crímenes de guerra y crímenes contra la paz: había dado órdenes de no rescatar náufragos tras el hundimiento de buques enemigos y había planificado la guerra submarina sin restricciones.

Su defensa logró un argumento que complicó la condena: el almirante estadounidense Chester Nimitz declaró bajo juramento que las fuerzas aliadas habían usado las mismas tácticas de no rescate de náufragos en el Pacífico. Eso le salvó de la horca.

Fue declarado culpable de dos de los tres cargos y condenado a 10 años de prisión. El veredicto fue uno de los más controvertidos del tribunal. En privado, Dönitz admitió que sabía de los campos de concentración desde 1934. Desde la prisión de Spandau, en Berlín, llegó a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de Alemania Occidental de 1954. Obtuvo resultados ínfimos.

“Aquí sentado en mi celda, con la conciencia limpia y tranquila, espero la decisión de los jueces”, dijo desde su celda en Núremberg en 1946.

Quedó en libertad el 1 de octubre de 1956 y se retiró, con pensión del gobierno alemán, al pueblo de Aumühle. Escribió dos libros de memorias. Murió en 1980. A su entierro acudieron antiguos compañeros de armas; el gobierno alemán prohibió a los oficiales de la Bundesmarine asistir de uniforme por sus responsabilidades durante el Tercer Reich.

El nombre que nadie cuestionó durante 30 años

Que la Academia Militarizada de Marina Doenitz llevara el nombre de este personaje pasó décadas sin generar ningún cuestionamiento público en Ciudad Madero. Fue un exalumno identificado en Facebook como Charlie King quien lo señaló por primera vez en el contexto del caso Dafne, al escribir que el nombre de la academia hace referencia al almirante alemán que sucedió a Hitler durante los últimos días del régimen nazi.

La academia opera desde hace más de tres décadas y está incorporada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas con la clave 28PST0049L. Tiene registrados 14 alumnos en total en sus tres grados de secundaria. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el 22 de julio que esta institución no tiene ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional: es uno de los centros privados que adoptan métodos de formación con base militar sin pertenecer a ninguna corporación castrense.

Fue precisamente ahí donde Dafne Zapata Quintos, de 13 años y originaria de El Mante, Tamaulipas, ingresó el lunes 13 de julio a un campamento de verano. Cuatro días después, su madre Alejandra Quintos recibió una llamada en la que le informaron que la menor ya no tenía signos vitales. El certificado de defunción clasifica su muerte como homicidio y establece como causa asfixia por sumersión.

La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio. El 22 de julio fue ejecutada la primera orden de aprehensión: Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil, fue detenida mientras acudía a rendir su declaración ante el Ministerio Público. Al cierre de esta nota, es la única persona imputada formalmente en el caso.

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas detuvo la noche de este miércoles a Danna Yanina “N”, quien presuntamente estaría involucrada en el homicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

De acuerdo con medios locales como Hoy Tamaulipas, la joven de 18 años es una exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

Fue a declarar y salió detenida

Danna Yanina “N” acudió este miércoles de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género para rendir su declaración ministerial por el caso.

Una vez dentro, según Milenio, le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control. Posta MX confirmó que la joven fue detenida por agentes de la Policía Investigadora en el municipio de Tampico y trasladada a la sede de la Fiscalía en Ciudad Madero a bordo de un vehículo oficial.

Un video que se viralizó en redes sociales mostró que llegó con el rostro cubierto, la cabeza agachada y vestía pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y una blusa azul marino. Una agente femenina la sujetaba del brazo, flanqueada por dos elementos masculinos de la corporación.

Al ingresar al inmueble fue remitida de inmediato al área médica para la certificación de su estado de salud. En el exterior de la Fiscalía permanecieron su padre y su abogado defensor, quien sólo confirmó que la detención estaba ligada a dicho caso.

Hasta el momento, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado oficialmente los delitos que se le imputan ni ha dado detalles sobre su participación en los hechos.

De manera extraoficial, Milenio señala que Danna Yanina “N” se desempeñaba como auxiliar de Estrella Mora, identificada públicamente como “Estrellita”, la coordinadora del área femenil de la academia que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los cuatro días que la menor permaneció en el campamento.

Posta MX agrega que Danna Yanina era exalumna de la propia academia: había cursado ahí la preparatoria y recién había concluido el bachillerato.

Su detención convierte a Danna Yanina en la primera persona imputada formalmente en el caso, que la Fiscalía investiga bajo el protocolo de feminicidio desde el 17 de julio, cuando el cuerpo de Dafne fue entregado a su madre. El certificado de defunción de la adolescente clasifica su muerte como homicidio y establece como causa “asfixia por sumersión”.

Sheinbaum aclara que academia no depende de la Sedena

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso en su mañanera y aclaró que la Academia Militarizada de Marina Doenitz no tiene ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

“No depende de la Secretaría de la Defensa, es decir, son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina, y es el gobierno del Estado el que debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, declaró durante la conferencia del 22 de julio.

La institución es privada, está vinculada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y opera con registro oficial. Su matrícula es de 14 alumnos en total distribuidos en tres grados de secundaria, de acuerdo con datos del Sistema Integral de Información Educativa.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las academias o centros militares no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que descartó que el gobierno federal revise su operación tras la muerte de Dafne Zapata, adolescente que murió en un campamento en Tamaulipas.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria fue cuestionada sobre si haría un llamado a revisar las actividades de los centros militarizados ante el presunto homicidio de Dafne.

A esto, Sheinbaum respondió que el gobierno de Tamaulipas debe hacer todas las investigaciones, tanto de la muerte de la adolescente como de la operación de los centros o academias militares en el estado.

“Sí, no dependen de la Secretaría de la Defensa. Es decir, son centros estatales de educación, que tienen una formación, con base militar, con una estricta disciplina.

“En este caso, pues es de Tamaulipas y es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando el Estado, quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, dijo.

No obstante, hizo un llamado a que se haga justicia por la muerte de Dafne.

Ayer, Alejandra Quintos, mamá de Dafne Zapata Quintos denunció irregularidades en la investigación por la muerte de su hija, ocurrida el 17 de julio en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En entrevista conb diversos medios de comunicación, pidió justicia y adviertió que los responsables podrían huir del país por la falta de resultados tangibles en la indagatoria.

Acuso que a pesar de la clasificación de homicidio en el certificado de defunción y el inicio de una investigación bajo protocolo de feminicidio, hasta el momento no hay detenidos ni personas bajo prisión preventiva.

La familia señala que en la academia existen antecedentes de denuncias por maltrato y abuso que nunca prosperaron. La necropsia reveló exceso de agua en los pulmones y tráquea de Dafne, lo que confirma la causa de “asfixia por sumersión”.

La madre aseguró que su hija fue torturada y exige una reclasificación del delito, además de considerar solicitar una nueva necropsia.

También expone que ha recibido mensajes de otras personas que reportan violencia y abusos en instituciones militarizadas, tanto públicas como privadas.

Riesgo de fuga de responsables y exigencias a las autoridades

Alejandra Quintos solicitó el cierre de carreteras y aduanas para evitar la posible fuga de quienes estuvieron presentes el día de la muerte de Dafne.

Afirmó que han identificado entre cinco y cuatro personas involucradas, pero se reserva los nombres e insisitió en que las autoridades deben actuar de inmediato.

La familia denunció que, tras la clausura del plantel, varias personas violaron los sellos para ingresar. El gobernador no se ha pronunciado sobre el caso, mientras que la madre convoca a una manifestación y exige la intervención de autoridades federales.

Testimonios y contexto en la academia

Quintos comentó que el reglamento del plantel prohibía el contacto entre alumnos y familias; por lo que solo recibía información a través de la coordinadora.

Sin embargo, acusó que según testimonios de otros alumnos y familiares refieren violencia recurrente, castigos físicos, sumersión y golpizas.

Afirmó que una niña que compartió el campamento con Dafne le relató que la obligaban a correr y le sumergían la cara en agua.

Mientars que otros testimonios, según la mujer, mencionan que alumnos eran obligados a drogarse y golpearse entre sí.

El director, Jorge Luis Ponce Ortega, sostiene que Dafne llegó con una dolencia previa y se desvaneció en la regadera, versión rechazada por la familia.

Ante la repercusión internacional, Alejandra Quintos anunció que impulsará la Ley Dafne para prevenir abusos en instituciones militarizadas y exige que se revisen las cámaras de seguridad, además de un peritaje independiente.

La familia de Dafne Zapata Quintos busca impulsar la Ley Dafne tras la muerte de la adolescente de 13 años en un campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz en Tamaulipas.

La madre de la menor ha declarado en entrevistas que su objetivo al proponer esta ley sería prohibir novatadas, castigos físicos, tortura y ejercicios que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes bajo resguardo de escuelas militarizadas e internamientos privados.

La exigencia ocurre mientras la carpeta de investigación sigue abierta sin órdenes de aprehensión conocidas ni personas en prisión preventiva. La demanda de la familia también incluye que el caso se investigue bajo protocolo de feminicidio.

El certificado de defunción clasificó la muerte como violenta por asfixia por sumersión y con aparentes huellas de maltrato físico. Ese documento es uno de los puntos centrales de la exigencia de justicia, porque la madre rechaza que el caso sea tratado como homicidio.

“No es homicidio, tiene que haber una corrección, es feminicidio… Sufrió un montón de vejaciones, humillaciones. Quiero justicia, la carpeta está abierta pero no hay detenidos”, dijo Quintos, citada por el medio.

La iniciativa busca prohibir tortura, novatadas y adiestramientos excesivos

La propuesta anunciada por la familia surge ante el vacío legal detectado en la supervisión de campamentos de verano e internamientos privados. La llamada Ley Dafne plantea establecer controles, protocolos de seguridad y mecanismos de supervisión para instituciones que ofrecen actividades dirigidas a menores de edad.

La iniciativa pretende prohibir de forma expresa las novatadas, los castigos físicos, la tortura, los ejercicios desproporcionados y cualquier práctica presentada como disciplina o adiestramiento que pueda comprometer la integridad de los asistentes. El planteamiento abarca tanto institutos públicos como privados.

“No quiero nada más que una ley que ampare que ningún instituto militar público o privado lleve tortura, adiestramientos excesivos, novatadas y demás, porque en cuatro días me mataron a mi hija”, afirmó la madre de Dafne.

La respuesta directa a la muerte de la menor es doble: por un lado, la familia pide justicia penal y la reclasificación del caso; por otro, busca una reforma legal para impedir que academias militarizadas, campamentos de verano y centros similares operen sin reglas claras de supervisión y seguridad para menores.

Autoridades y legisladores ya revisan el caso en Tamaulipas

Después de los hechos, la Unión Nacional de Padres de Familia en Tamaulipas pidió el cierre inmediato de la Academia Doenitz. Al mismo tiempo, autoridades municipales comenzaron una revisión de sus permisos de funcionamiento.

En el Congreso de Tamaulipas, legisladores ya comenzaron a plantear reformas para regular campamentos de verano y academias que mantienen menores bajo su cuidado. Estas propuestas surgen por la muerte de la adolescente y por los señalamientos sobre un vacío legal que habría permitido la operación de actividades sin vigilancia clara de autoridades educativas, municipales y de Protección Civil.

La presión pública también se apoya en testimonios de exalumnos de la institución. Esas denuncias señalan de manera consistente humillaciones, castigos físicos desmedidos y aislamiento psicológico dentro del plantel.

La familia ha pedido que esos señalamientos se integren a la investigación formal para deslindar responsabilidades penales.

Acusaciones que se suman a la exigencia de revisar a fondo el funcionamiento de la Academia Militarizada Doenitz y las condiciones en que permanecen menores bajo su cuidado.

A través de un video publicado en redes sociales, el fiscal del estado aseguró que las investigaciones continúan y aclaró que “cualquier dato técnico o información dada a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales o por cualquier otra vía, no ha sido, desde luego, proporcionada por esta Fiscalía”.

La declaración del fiscal se produce en medio de una creciente presión social y denuncias públicas de la familia de la víctima. Govea Orozco afirmó que la investigación avanza bajo el protocolo de feminicidio y que el análisis se centra en el contexto del deceso, descartando que la indagatoria esté dirigida hacia los aspectos administrativos de la academia militarizada donde ocurrieron los hechos.

El fiscal enfatizó que la fiscalía no ha difundido información técnica ni ha autorizado la circulación de datos sobre el caso, por lo que pide a la sociedad atender solo a los comunicados oficiales.

La madre de la adolescente denuncia la ausencia de detenidos y la falta de resultados concretos en la indagatoria, mientras la Fiscalía de Tamaulipas asegura que el proceso avanza y que la información oficial será comunicada conforme avance el procedimiento.

Irregularidades en instituto militarizado han sido ignoradas

Alejandra Quintos, madre de la menor, manifestó públicamente que ha recibido información sobre presuntos malos tratos recurrentes en instituciones militarizadas y convocó a otras familias a presentar sus experiencias.

La madre detalló que varias personas le han narrado prácticas como la sumersión forzada y los castigos físicos, además de que algunos testimonios refieren que los alumnos eran obligados a golpearse entre sí o a consumir sustancias para soportar los entrenamientos.

Quintos insistió en el riesgo de que los responsables puedan salir del país y pidió acciones urgentes para evitarlo. Según su reconstrucción, la adolescente ingresó al campamento en buen estado de salud y sufrió un deterioro progresivo que le fue reportado por el personal de la academia a través de llamadas y mensajes, pero nunca recibió una receta médica ni evidencia de atención profesional.

Fiscalía ignora acusaciones de tortura por otros estudiantes

El fiscal general de justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, defendió la reserva informativa sobre el fallecimiento de la menor y subrayó que la fiscalía no ha difundido información técnica sobre el caso.

El funcionario insistió en que la indagatoria avanza hacia una nueva etapa procesal, enfocada exclusivamente en el contexto en que sucedió el deceso: “Las investigaciones han permitido a esta fiscalía avanzar en un conocimiento del cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima”.

Dejó claro que la investigación no se centra en el funcionamiento administrativo de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sino en las circunstancias específicas del fallecimiento, a pesar de las acusaciones de tortura que han surgido después de este lamentable hecho.

“La investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en que ocurrieron los hechos, sino en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron”.

En ese sentido, el fiscal reiteró que la fiscalía comunicará avances únicamente en la medida en que el debido proceso lo permita. Sostuvo: “En la medida de lo conducente y siempre cuidando el debido proceso, se darán a conocer a la opinión pública avances del caso”.

Alejandra Quintos, mamá de Dafne, acusó que hay diversas irregularidades en la investigación de la muerte de su hija en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, señalando que incluso podrpia haber una ‘fuga de responsables’.

Alejandra Quintos cuestionó la falta de avances y exigió justicia ante medios de comunicación, al afirmar que pese a las declaraciones de apoyo institucional, aún no hay personas detenidas por el presunto homicidio ni resultados tangibles en la investigación.

“Dicen que me espere, que el proceso ahí va, que cuento con todo mi apoyo. Esas son mentiras”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación, afuera de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género de Tamaulipas.

Subrayó que, a diferencia de la reacción inmediata ante delitos menores, en el caso de su hija no hay ningún detenido, ni siquiera bajo prisión preventiva.

“Cuando tú agarras un objeto que no es tuyo, te agarran. Cuando tú matas a alguien... ¿qué dicen? ¿Quién es el propietario? Tráiganlo, jálenlo. Hoy vengo a alzar la voz”, declaró.

Relató que ha recibido numerosos mensajes, escritos y videos de personas que también denuncian violencia en instituciones militarizadas, por lo cual convocó a otras víctimas y familiares a compartir sus testimonios.

“Hay gente que me dice: ‘Oye, Alejandra, yo me casé con fulanito de tal, y dice mi suegro que él estuvo ahí y le hacían esto, esto y esto. Lo bañaban con agua fría. A todas las mujeres las sometían por sumersión, si no hacían caso. Les daban cinturonazos, los bañaban con excrementales, les hacían un sinfín de cosas’”, relató.

La mamá de Dafne aclaró que solo puede hablar por su hija, pero consideró que la violencia y el maltrato han sido una práctica recurrente en este tipo de entornos.

“¿Cuántos niños no han sometido, violentado en estas instituciones militarizadas, sean públicas, sean privadas y se callan por miedo?”, cuestionó.

Alejandra Quintos hizo énfasis en el riesgo de que los responsables puedan evadir la acción de la justicia debido al tiempo transcurrido desde los hechos, por lo que incluso hizo un llamado a ‘cerrar’ carreteras y aduanas.

“Cierren carreteras, aduanas, y tú si la ves, tráela y deténla, porque tiene años haciendo estas praxis”, pidió públicamente.

Señaló que han identificado entre cinco y cuatro personas presentes el día de la muerte de Dafne, aunque se negó a dar nombres completos por resguardo. En este sentido, insistió en que las autoridades deberían actuar de inmediato para impedir cualquier intento de fuga.

“¿No se les hace raro? Pónganse a analizar, ¿no se les hace raro?”, preguntó a los reporteros.

Anunció que impulsará la Ley Dafne, con la intención de evitar nuevos casos de abuso y violencia en instituciones educativas militarizadas. Explicó que la ley está en desarrollo y la presentará formalmente más adelante, además de que exigió la reclasificación del delito en la investigación oficial.

“Aquí están diciendo que es homicidio, pero no especifica todo, todo, todo lo que le encontramos en su cuerpecito en la segunda necropsia”, declaró.

Aseguró que su hija fue torturada y no descartó solicitar una nueva necropsia para documentar todos los hallazgos.

Alejandra Quintos remarcó que el caso ha tenido eco en medios internacionales y que ha recibido apoyo de personas en Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

Destacó su propia formación como maestra y la del padre de Dafne, quien es director de un plantel escolar, para rechazar cualquier insinuación de desconocimiento sobre los métodos educativos.

“No nos quieran picar los ojos, eso es tortura, eso es violación. Hay casos de pedofilia ahí adentro”, afirmó.

¿Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos?

Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años originaria de El Mante, murió el 17 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El certificado de defunción clasifica el fallecimiento como homicidio, con causa de “asfixia por sumersión” y recientemente, la Fiscalía de Tamaulipas señaló que investiga bajo protocolo de feminicidio, aunque aún no hay detenidos.

• Cronología y reportes de la academia

De acuerdo con Alejandra Quintos, Dafne ingresó al campamento el 13 de julio. El reglamento prohibía el contacto directo entre alumnos y familias; la coordinadora Estrella Mora era el enlace.

El 14 de julio, Mora informó a la madre que Dafne vomitó y se desmayó, golpeándose el labio: sin emabrgo, aseguró que ya había sido medicada y atendida. Mora envió un video de la menor, pero nunca entregó receta médica.

Posteriormente, Mora relató que Dafne abrazó a la instructora y expresó querer quedarse en el plantel, lo que la madre consideró fuera de carácter.

El 16 de julio, Mora reportó mejoría. El 17 de julio, el estado de salud de Dafne empeoró: tos, vómito e incontinencia; fue bañada, arropada y medicada. A las 23:45 horas, una persona no identificada informó a la madre sobre la muerte de Dafne. Cuando la madre llegó, el cuerpo ya estaba embolsado y no había presencia de autoridades.

• Testimonios y denuncias

Durante la declaración ante el Ministerio Público, Alejandra Quintos dijo que una niña que compartió el campamento relató que a Dafne la arrojaron al suelo, la castigaban sumergiéndole la cara en agua y la obligaban a correr.

La abuela de Dafne afirmó que el cuerpo tenía heridas no explicables por una caída. Otros testimonios señalan que alumnos eran obligados a drogarse y golpearse entre sí.

• Postura del director y situación del plantel

El director Jorge Luis Ponce Ortega declaró que Dafne llegó con una dolencia previa y se desvaneció en la regadera. La madre rechaza esta versión, apoyada en el certificado de defunción.

Ponce ofreció devolver los 25 mil pesos pagados por el curso y denunció amenazas en redes sociales.

El plantel fue clausurado, pero la familia reportó que cinco personas violaron sellos para ingresar. La necropsia reveló exceso de agua en pulmones y tráquea.

• Antecedentes y exigencias

La academia tiene más de 30 años de operación y registro ante la SEP. Existen denuncias previas por maltrato y abuso que no prosperaron.

La familia exige una investigación completa, revisión de cámaras y peritaje independiente.

El gobernador no se ha pronunciado. La madre convocó a un plantón y solicita intervención federal.

Las grabaciones, en baja calidad por la época en que fueron hechas, permanecían en un canal de YouTube llamado ExDoenitz desde 2008 y acumulan cientos de miles de reproducciones. Nadie las había investigado.

El canal tiene 7 videos y 2,350 suscriptores. Los títulos hablan por sí solos: “patadas a julian”[sic],“patada a abundiz”[sic],“no te la jales abundiz”[sic],“1, 2, 3!!! ZAPE!!!”,“bienvenida de los alumons de la doenitz parte 3”[sic],“y laaa de pilooon”[sic] y“Vergiza” [sic] .

El video con más vistas acumula 210,000 reproducciones.

El canal tenía vinculado un sitio web con el nombre de la academia ( academiamilitarizadadoenitz.com) dirección que ya no existe pues al ingresar la página está caída.

Lo que muestran los videos

En uno de los videos titulado “patadas a Julián”, se observa a un joven pateando en reiteradas ocasiones a otro alumno a la altura de los glúteos. La descripción del video, escrita por el usuario que lo subió, señala que se trataba de “una bienvenida por las buenas, imaginen por las malas”.

Otros videos muestran a alumnos siendo sorprendidos por la espalda con patadas en la espalda baja, sometidos a zapes y con la cabeza hundida en inodoros. Las grabaciones fueron subidas por un usuario anónimo que, en las descripciones, asegura que se trata de maltratos que sufrían los estudiantes a manos de compañeros de grados superiores.

Los videos resurgieron tras la muerte de Dafne y ya han comenzado a viralizarse en las redes sociales. El canal ExDoenitz también se ha llenado de comentarios recientes en los que se muestra la indignación por lo hechos.

• “Graben los videos, no tardan en eliminarlos.”
• “No sé quién sea el que subió los videos, pero basado en la descripción es obvio que querías que todo saliera a la luz. Tristemente dimos con tu canal después del homicidio de Dafne, pero tu evidencia de hace 18 años los está hundiendo. Solo queda decirte: bien hecho, soldado.”
• “Esto dice en la descripción del dueño del canal: ‘Aquí varios que estuvimos en la escuela militarizada de Marina Doenitz. Ahora que estamos afuera vamos a mostrarles cómo es en realidad. Ahí en la mili encontré varios videos que les tenían los alumnos y otros que descargué de YouTube. No creo que sea tan militar como dicen. Bueno, aquí les dejo los videos’.”
• “Decir que eran simples novatadas minimiza conductas que hoy están siendo señaladas como posibles actos de violencia sistemática. Que algo haya ocurrido hace 17 años o que todos hacíamos tonterías no lo convierte en normal ni elimina sus consecuencias.”
• “¿Dónde están los encargados? Solo veo noticias de denuncia, nada de detenidos. Pruebas tienen de 16 años, estos facilitaron su chamba. ¡Justicia!”
• “Como exalumna de la academia, lo más normal entre nosotros era llevarnos bien con nuestros compañeros, pero no pasaba de unos zapes entre varones y algún que otro castigo. Eran puros alumnos los que teníamos más rango. Si haces caso, nadie te molestaba. Yo no podría hablar mal de la escuela donde estudié. Esos videos son de entre compañeros. No defiendo a nadie, pero tampoco puedo decir que lo que pasó fue culpa de la escuela.”

“A mi compañero lo amarraban y lo colgaban”: los testimonios de exalumnos

Los videos no llegaron solos. Junto con ellos, exalumnos de la Academia Militarizada de Marina Doenitz comenzaron a dar la cara y a relatar lo que vivieron dentro del plantel.

Diego, exalumno, describió lo que le ocurrió a un compañero de nombre Raymundo, de 12 años, quien tenía déficit de atención e hiperactividad. “A mi compañero lo amarraban en una ternera y a veces muchos compañeros los amarraban también y los colgaban de patas”, declaró a Imagen Televisión.

Esperanza, exalumna, describió una dinámica de control sobre las alumnas mujeres. “Éramos muy pocas niñas, estábamos dominadas. No nos dejaban expresarnos mucho, no nos dejaban hacer todas las actividades, teníamos que hacer lo que ellos quisieran y no había ningún respeto, porque incluso si llegábamos a sufrir acoso por parte de compañeros, hacían caso omiso”, relató al mismo medio.

El caso de Pablo Esparza también circuló en redes sociales. Pablo narró que a los 13 años, mientras cursaba la secundaria en el plantel, sufría bullying por sus compañeros y regresaba a casa con un moretón en el cuerpo todos los días. Detalló que en una ocasión, mientras estaba en el baño con uno de sus compañeros, policías navales del nivel preparatoria le aventaron agua con excremento. “No podía decir nada porque nos iba peor”, escribió.

Pablo también mencionó a una figura identificada como Cabo Prieto, a quien acusó de pisarle los dedos y golpearlo frente a otros estudiantes mientras hacía lagartijas en suelo caliente como parte de un castigo.

Una exalumna identificada como Claudia Patricia fue más lejos: acudió directamente a la Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes para declarar. Señaló que durante su estancia presenció gritos, humillaciones y castigos físicos, y que compañeros le relataron presuntos abusos que ocurrían de noche, de acuerdo con el medio Hoy Tamaulipas. Acusó además a un profesor de box de realizar tocamientos indebidos a alumnas bajo el argumento de efectuar ejercicios de estiramiento.

Un exalumno identificado en Facebook como Charlie King publicó un mensaje en el que afirmó que lo ocurrido con Dafne no le sorprendía. “Como ex alumno de esta supuesta institución debo decir que no me sorprende que haya pasado algo así. Lamento mucho lo sucedido, es muy triste, pero también invito a todos los ex alumnos a que platiquen los malos tratos físicos y psicológicos que recibieron”, escribió.

En su publicación señaló a personas identificadas como los hermanos Ponce y aseguró que usaban objetos para golpear a los estudiantes. “Esas barras y paletas que usaban eran más un disfraz similar a los de un payaso”, escribió.

También cuestionó el nombre de la academia al señalar que hace referencia al almirante alemán Karl Dönitz, quien sucedió a Adolf Hitler durante los últimos días del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“¿Por qué nunca metieron la denuncia?”: la respuesta del director ante las acusaciones

Ante la avalancha de testimonios y la circulación de los videos, el director de la academia Jorge Luis Ponce Ortega salió a responder. Su argumento fue uno solo: si algo ocurrió, nadie lo denunció a tiempo.

“Todo mundo se le hace fácil decir cosas atrás de un celular mediante nombres ficticios. Si realmente creen que alguien les hizo algo alguna vez en la escuela, ¿por qué nunca metieron la denuncia?”, declaró a medios de comunicación.

Ponce afirmó que en 30 años de operación la academia no había tenido ningún problema. Esa versión contrasta con los videos subidos a YouTube desde 2008, con los testimonios de exalumnos que describen maltratos sistemáticos y con las denuncias que, según la madre de Dafne Alejandra Quintos, ya habían sido presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos sin que prosperaran.

Marchan por Dafne Zapata Quintos

Este lunes 20 de julio, familiares, exalumnos y ciudadanos marcharon por calles de Ciudad Madero para exigir justicia por la muerte de Dafne. El contingente portó pancartas con mensajes como “Dafne no murió, a ella la mataron” y “¿Y si un día soy yo?”, hizo una parada frente a las instalaciones clausuradas de la academia y continuó hacia el Palacio Municipal, donde colocaron carteles con sus exigencias, de acuerdo con Animal Político.

Alejandra Quintos difundió un video en el que exigió a las autoridades agilizar las investigaciones. “Hago un llamado a la Procuraduría, a Américo Villarreal, a Claudia Sheinbaum, a todos los que nos compete el caso. Yo ya metí mi denuncia. Agilicen el proceso, no se esperen. Que vacaciones, que puentes, que no hay personal… Que no, agilícenme el caso, pero ya”, exigió.

En el mismo mensaje, Quintos pidió prisión preventiva para las encargadas del área femenil identificadas como Yemima y Estrellita, y para el director Ponce.

“No están detenidos. Cerraron y clausuraron, evacuaron a todos los niños que quedaban, ya desalojaron muebles, pero ellos siguen libres, gozando de la vida, caminando, respirando, abrazando a sus seres queridos. Y mi hija ahorita está en un ataúd”, afirmó.

El inmueble, ubicado en la colonia Primero de Mayo, permanece custodiado por la Guardia Estatal, con veladoras, flores y pintas rojas en sus muros que exigen justicia para Dafne.

La Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, en Tamaulipas; fue el escenario donde ocurrió una tragedia el pasado viernes 17 de julio, cuando la menor Dafne Zapata perdió la vida dentro de las instalaciones, a tan sólo uno pocos días de haber ingresado a un campamento de verano.

Luego de la tragedia, han salido a la luz diferentes declaraciones de alumnos y la propia madre de Dafne, sobre supuestos maltratos, crueles castigos y hasta crímenes que sucedían dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, impulsados por parte del personal y algunos alumnos.

La Academia cobraba miles de pesos para el ingreso al campamento de verano, además de implementar varios filtros para aceptar a los menores; de momento la institución está cerrada y asegurada por las autoridades para continuar con las investigaciones.

¿Qué es la Academia Militarizada de Marina Doenitz?

La Academia Militarizada de Marina Doenitz ubicada en Ciudad Madero, en Tamaulipas; es una institución que ofrece educación básica de nivel primaria, secundaria y bachillerato; además de un campamento de verano bajo el sistema militarizado.

De acuerdo a información de dominio público, la institución se encuentra a cargo del Arq. Jorge Luis Ponce Ortega. Mientras que en el área administrativa de Primaria y Secundaria figura el nombre de Alfonso del Ángel Castellanos y como responsable del área de alumnas está Gioconda Beauvoir “Estrellita” Mora, esta última fue con quien se mantuvo en contacto la madre de Dafne.

Según el gobierno de Tamaulipas, la Academia está incorporada a la Secretaría de Educación, sin embargo, no cuenta con autorización por parte de la Secretaría de Marina, pese a llevar su nombre.

¿Cuánto costaba el campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz?

De acuerdo con diferentes reportes, el costo del campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz tenía un costo de hasta 25 mil pesos, y tenía una duración de 3 semanas con un servicio de internado.

Aunque la Academia ha cerrado sus redes sociales, aún circulan en la red algunos de los flyers que compartían para hacer promoción del campamento y las inscripciones abiertas para la primaria, secundaria y bachillerato.

Salen a la luz declaraciones de alumnos sobre los maltratos en la Academia Militarizada de Marina Doenit

Luego de lo sucedido con Dafne Zapata, algunos alumnos y exalumnos han brindado sus declaraciones a medios locales, y en sus redes sociales sobre lo que ocurre al interior de la institución, confesando que existen maltratos, abusos, castigos graves y acoso por parte del personal y entre el alumnado.

“A mi compañero lo amarraban en una perrera y a veces a muchos compañeros los amarraban también y los colgaban de patas”, aseguró un testigo de la escuela militar en declaraciones recopiladas por el Heraldo de México.

“Nos aislaban también bastante. Éramos muy pocas niñas, estábamos, digamos, por así decirlo, dominadas”, señaló una alumna y agregó: “No nos dejaban expresarnos mucho, no nos dejaban hacer todas las actividades, no nos dejaban practicar los deportes que queríamos, teníamos que hacer lo que ellos quisieran”.

Además, algunos ex alumnos señalaron que había acoso dentro de la Academia, por parte de alumnos y del personal: “No había como tal ningún respeto tampoco, porque incluso si llegábamos a sufrir acoso por parte de compañeros, hacían caso omiso. No hacían nada”, señaló una ex alumna.

Un antiguo alumno relató lo que una compañera suya vivió dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenit: “A mí me tocó vivir que ella me platicara de que varios profesores la acosaban, incluso de uno de ellos un comandante, bueno, dos comandantes”, señaló el exalumno.

“La llegaron a acosar, incluso pues a hablarle de maneras que no son adecuadas y pues la verdad ahí en lo que son las niñas el personal femenino es muy acosado, demasiado”, añadió

Obligaban a los alumnos a golpearse y drogarse

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, señaló que varios de los niños han dado sus declaraciones al Ministerio Público sobre “todo lo que le hicieron a Dafne y a otros niños y adolescentes que estaban ahí”, afirmó Quintos.

De acuerdo a los testimonios que se han hecho públicos en medios, los niños eran obligados a drogarse para soportar los fuertes entrenamientos de la Academia Militar, además de que eran forzados a golpearse entre si.

De momento, las investigaciones continúan y el plantel está bajo el resguardo de las autoridades, aunque no hay detenidos.

El certificado de defunción de Dafne Zapata Quintos clasifica su muerte como homicidio; la causa: “asfixia por sumersión“. La adolescente de 13 años murió el jueves 17 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, y desde entonces su madre Alejandra Quintos reconstruye, llamada por llamada y testimonio por testimonio, lo que ocurrió en los cuatro días que la institución tuvo a su hija bajo su cuidado. La Fiscalía de Tamaulipas investiga bajo protocolo de feminicidio. No hay detenidos.

Dafne era originaria de El Mante y había ingresado al campamento el lunes 13 de julio. Durante los cuatro días que duró su estancia, el reglamento del plantel prohibía el contacto telefónico directo entre los alumnos y sus familias. El personal de la academia era el único que emitía reportes sobre el estado de los menores. La coordinadora del área femenil, identificada como Estrella Mora, fue la persona que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos durante esos días.

Cuatro días de llamadas: cómo el plantel mantuvo tranquila a la madre

De acuerdo con el testimonio de la madre, el martes 14 Mora llamó a Quintos para reportar que Dafne había vomitado y se había desmayado de frente durante una actividad física, sin meter las manos, abriéndose el labio. Le envió un video de la menor acostada, con la boca lastimada. Le dijo que era “un leve raspón”, que ya estaba medicada, con suero, descansando bajo el aire acondicionado.

La madre pidió que la llevaran al médico. Mora respondió que ya había sido atendida y que el especialista la encontró bien. Cuando Quintos solicitó la receta para reembolsar los gastos, Mora nunca la envió.

En esas mismas llamadas, Mora comenzó a construir otra versión: le decía que Dafne había abrazado a la instructora tres veces durante un entrenamiento, que le decía que la quería como a una mamá, que no quería regresar a casa porque se sentía sola, que quería quedarse a estudiar la secundaria en la academia.

“Yo dije: esa no es mi hija. Ella es alegre pero introvertida. Jamás le va a decir esas palabras a una persona que tiene dos días de conocerla”, declaró Quintos en entrevista con Fórmula Noticias.

El miércoles, Mora reportó que Dafne había amanecido mejor. El jueves el reporte cambió de nuevo: tos, vómito, incontinencia. Mora dijo que la había bañado y que estaba arropada con Theraflu y tecitos. Eran las 11:30 de la noche.

A las 11:45, una persona que nunca se identificó tomó el teléfono: “Señora, la niña no tiene signos, ya está muerta. Véngase para acá”. Alejandra Quintos vive en Ciudad Mante, a tres horas de Ciudad Madero. Cuando llegó, el cuerpo ya estaba embolsado y los servicios funerarios presentes. No había policías. No había Protección Civil.

“La sumergieron y la ponían a correr”: lo que una niña le contó a la madre

Días después del fallecimiento, mientras Alejandra Quintos rendía declaración ante el Ministerio Público, se topó en los baños con una menor que había estado en el campamento. La niña la abrazó y le dijo: “Gracias por salvarnos, señora, gracias por salvarnos”.

Luego le describió lo que presenció. Según el relato que Quintos reprodujo: “A Dafne, cuando estaba parada, la aventaron y se fue de boca. Luego la subieron al cuarto y cuando la castigaban la sumergían su carita en agua y cuando ya no podía más, la ponían a correr sin parar”.

La abuela de Dafne también habló con medios. Afirmó que el cuerpo de la menor presentaba heridas en distintas partes del rostro y rechazó que esas lesiones pudieran explicarse por una caída o un desvanecimiento. Dijo que no le permitieron tomar fotografías del cuerpo. “No es justo. La golpearon, yo sé que la golpearon”, sostuvo.

Al día siguiente del fallecimiento, varias madres de familia entraron al plantel a recoger a sus hijos. Los menores declararon ante el Ministerio Público. “Los niños dicen todo lo que le hicieron a Dafne y a otros niños y adolescentes que estaban ahí”, afirmó Quintos. Uno de esos testimonios, ya difundido en medios locales, señala que los alumnos eran obligados a drogarse para soportar los entrenamientos. Otro describe que los estudiantes eran forzados a golpearse entre sí: quien se negaba recibía doble castigo al día siguiente.

El director niega los hechos, ofrece devolver el dinero y dice tener miedo

El director de la academia, Jorge Luis Ponce Ortega, acudió por tercera ocasión el domingo a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes para ampliar su declaración. Sostuvo que Dafne llegó al campamento con una dolencia previa que el médico no pudo detectar. “Aparentemente la niña traía una dolencia. De repente se desvaneció en la regadera bañándose y ya no despertó”, declaró al El Sol de Tampico.

La madre rechaza esa versión y afirma que su hija ingresó al plantel sin ningún problema de salud. El certificado de defunción que Quintos difundió en redes sociales contradice la versión del director: clasifica el hecho como homicidio y establece “asfixia por sumersión” como causa de muerte.

Ponce también se refirió al pago que realizó la familia por el curso, de 25,000 pesos. “Le podemos regresar a la mamá lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó cuatro días”, consignó el medio Debate. La frase generó críticas en redes sociales.

Sobre las denuncias de maltrato, respondió: “¿Cuándo fueron a dar la queja? Todo mundo se le hace fácil decir cosas atrás de un celular, mediante nombres ficticios”, dijo.

El director reveló además que ha recibido amenazas de muerte. “Tengo miedo, tengo que salir hasta con cubrebocas porque he sido amenazado de muerte en las redes sociales. Quiero pedirle a la gente que espere a que realmente se esclarezca el caso, porque están presionando a las autoridades y lo único que pueden conseguir es que se culpe a un inocente”, afirmó.

Sobre el futuro del campamento, dijo no tener una decisión tomada: “Apenas vamos a tener una reunión la próxima semana con los papás y ya ellos me dirán qué es lo que quieren”.

El plantel clausurado, sin detenidos y con los sellos violados

La Fiscalía de Tamaulipas aseguró el inmueble de la academia, ubicado en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo, bajo la carpeta de investigación 0027/2026. Los sellos fueron colocados en todos los accesos del plantel.

Quintos denunció que cinco personas habrían violado esos sellos para ingresar al plantel con el argumento de cuidar a la mascota de la academia, y que en grupos de WhatsApp vinculados a la institución circula la versión de que Dafne “se cayó bañándose sola” y fue una muerte natural.

La necropsia practicada por la Fiscalía reveló una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea. El propio Ponce reconoció que la autoridad ministerial le informó que la causa fue “asfixia por sumersión”, aunque ofreció dos lecturas: “Eso puede ser de dos maneras, por alguien que se ahogó en la alberca o por alguien que se ahogó con su propio líquido”, dijo. La Fiscalía no ha confirmado oficialmente esa clasificación ni ha presentado conclusiones sobre la mecánica de los hechos.

Ante la desconfianza en las autoridades, la familia anunció que contratará peritos independientes para una segunda necropsia. “A lo mejor ellos también están coludidos. Muchas cosas se pueden hacer en un momento, pero yo voy a defender a mi hija”, declaró Quintos.

Academia con 30 años de operación, registro ante la SEP y denuncias previas sin respuesta

La Academia Militarizada Marina Doenitz opera en Ciudad Madero desde hace más de tres décadas y cuenta con Clave de Centro de Trabajo otorgada por la SEP para impartir educación desde nivel básico hasta preparatoria, además de internado y campamentos vacacionales.

Alejandra Quintos afirmó que ya existían denuncias previas ante la Comisión de Derechos Humanos que no prosperaron. Una exalumna identificada como Claudia Patricia acudió a declarar ante la Fiscalía Especializada para señalar que durante su estancia presenció gritos, humillaciones y castigos físicos, y que compañeros le relataron presuntos abusos que ocurrían de noche, de acuerdo con Hoy Tamaulipas. La misma exalumna acusó a un profesor de box de realizar tocamientos indebidos a alumnas bajo el argumento de efectuar ejercicios de estiramiento.

La familia exige que la investigación alcance a todas las personas que tuvieron contacto con Dafne durante el campamento, que se revisen las cámaras de seguridad y que se determine si la menor recibió atención médica oportuna.

El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal no se ha pronunciado sobre el caso ni se ha comunicado con la familia. El ayuntamiento de Ciudad Madero solicitó al gobierno estatal y a Protección Civil Regional verificar si el plantel contaba con los permisos necesarios para operar el curso de verano.

Alejandra Quintos convocó a un plantón frente a la academia este lunes 20 de julio a partir de las 7:00 horas y exige que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga directamente en el caso.

Un nuevo documento difundido este domingo por la madre de Dafne Quintos en redes sociales clasifica la muerte de la adolescente de 13 años como un homicidio y establece como causa “asfixia por sumersión”. La imagen, que Alejandra Quintos identificó como el certificado de defunción de su hija, se conoce mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido durante un campamento de una academia militarizada en Ciudad Madero.

La madre de la menor compartió la imagen acompañada de un mensaje en el que reiteró su exigencia de justicia y aseguró que continuará con las acciones legales hasta conocer cómo ocurrió la muerte de su hija.

La información contenida en el certificado es consistente con uno de los principales hallazgos periciales dados a conocer previamente por la Fiscalía, que informó que la necropsia practicada a la adolescente reveló una cantidad importante de agua en los pulmones. Sin embargo, la dependencia no ha presentado conclusiones sobre la mecánica de los hechos ni ha determinado públicamente las posibles responsabilidades penales.

La familia cuestiona la atención que recibió Dafne antes de morir

Desde el fallecimiento de la adolescente, Alejandra Quintos ha sostenido que existieron presuntas omisiones por parte del personal de la academia militarizada durante la emergencia médica.

De acuerdo con su testimonio, recibió una primera llamada en la que le informaron que Dafne presentaba vómito y había perdido el control de sus esfínteres. Ante ello, pidió que la trasladaran a un hospital o solicitaran una ambulancia. Según su versión, el personal le respondió que la menor ya había sido estabilizada, aseada y puesta a descansar.

Tiempo después recibió una segunda llamada en la que le notificaron que la adolescente se había desvanecido y ya no presentaba signos vitales, por lo que debía trasladarse a Ciudad Madero.

La familia también ha señalado que el cuerpo presentaba diversas lesiones, entre ellas golpes en la cabeza, circunstancias que forman parte de las diligencias ministeriales y sobre las cuales la Fiscalía no ha emitido una conclusión oficial.

La investigación continúa

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación para reconstruir lo ocurrido durante el campamento y determinar si existió alguna conducta delictiva relacionada con la muerte de la menor.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la dependencia no ha confirmado la clasificación de homicidio contenida en el documento difundido por la madre de Dafne ni ha informado sobre personas detenidas o imputadas por el caso.

Tras hacerse pública la muerte de la adolescente, comenzaron a circular en redes sociales testimonios atribuidos a exalumnos y padres de familia de la academia militarizada, quienes denunciaron presuntos malos tratos, medidas disciplinarias excesivas y deficiencias en la alimentación. No obstante, esos señalamientos no han sido corroborados por las autoridades y, hasta el momento, no forman parte de una determinación oficial dentro de la investigación.

Mientras continúan las diligencias, Alejandra Quintos ha reiterado que seguirá impulsando las acciones legales para que las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que murió su hija y determinen si existen responsabilidades penales.

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, Tamaulipas, continúa generando indignación y nuevas denuncias, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer las circunstancias del caso.

A la exigencia de justicia por parte de la familia de la menor ahora se sumó el testimonio público de un exalumno de la institución, quien aseguró que durante su estancia fue víctima de presuntos malos tratos físicos y psicológicos, por lo que afirmó que el fallecimiento de Dafne “no le sorprendía”.

Las declaraciones surgieron mientras agentes ministeriales continúan realizando diligencias en las instalaciones de la academia y otros padres de familia preparan denuncias penales contra los responsables del plantel.

¿Qué pasó con Dafne dentro del campamento?

De acuerdo con el testimonio de Alejandra Quintos, madre de la adolescente, Dafne ingresó al campamento el pasado lunes con entusiasmo y disposición para participar en las actividades.

“Venía con una actitud muy positiva”, relató la mujer, quien explicó que su hija veía el curso como una oportunidad para aprender y desarrollar nuevas habilidades.

Sin embargo, apenas tres días después, la familia recibió reportes por parte de la academia en los que se señalaba que la menor se encontraba desmotivada y tenía una actitud considerada como insubordinada.

La madre aseguró que ese cambio de comportamiento le resultó inexplicable y considera que pudo estar relacionado con el trato recibido dentro de la institución.

“Yo siento en mi corazón de madre que de ahí se agarraron... porque el video es lo que dice”, declaró.

Según su versión, cuando intentó sacar a su hija del campamento recibió evasivas por parte de la administración.

Posteriormente, personal de la academia notificó a la familia que Dafne había fallecido, bajo el argumento de que la adolescente simplemente se había desvanecido.

La familia rechaza esa explicación. Alejandra Quintos afirmó que otra madre de familia le reveló que su hija presuntamente sufrió agresiones dentro del plantel.

“Esa mamá me dijo que le hicieron cosas horribles a Dafne hasta que la aislaron porque ella ya no podía”, aseguró.

Hasta ahora, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ministeriales y forma parte de los hechos que deberán ser esclarecidos durante la investigación.

Exalumno denuncia presuntos abusos en la academia

Mientras el caso cobraba relevancia nacional, un hombre identificado en Facebook como Charlie King, quien aseguró haber sido alumno de la academia militarizada, publicó un mensaje en el que afirmó que no le sorprendía lo ocurrido.

“Como ex alumno de esta supuesta institución debo decir que no me sorprende que haya pasado algo así. Lamento mucho lo sucedido, es muy triste, pero también invito a todos los ex alumnos a que platiquen los malos tratos físicos y psicológicos que recibieron”, escribió.

En su publicación, el exestudiante sostuvo que él y otros alumnos habrían sido víctimas de presuntos abusos cometidos por personas a quienes identificó como los hermanos Ponce.

Incluso aseguró que utilizaban diversos objetos para golpear a los estudiantes.

“Esas barras y paletas que usaban eran más un disfraz similar a los de un payaso”, señaló.

Asimismo, cuestionó el nombre y la imagen de la academia al afirmar que hacen referencia al almirante alemán Karl Dönitz, quien sucedió a Adolf Hitler durante los últimos días del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Finalmente, expresó sus condolencias a la familia de Dafne y manifestó su respaldo a las exigencias de justicia.

Hasta el momento, las acusaciones realizadas por el exalumno corresponden a señalamientos difundidos en redes sociales y no han sido confirmadas por la Fiscalía de Tamaulipas.

Fiscalía mantiene investigación por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que abrió una carpeta de investigación y que todas las diligencias se realizan bajo el protocolo de feminicidio.

Durante las primeras horas del viernes, agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razón de Género (FENAM) realizaron diligencias dentro de las instalaciones de la academia como parte de la integración de la carpeta de investigación.

Hasta ahora, la autoridad ministerial no ha informado oficialmente la causa de muerte de la adolescente ni ha dado a conocer si existen personas detenidas.

Por su parte, Alejandra Quintos anunció que contratará peritos particulares para realizar una segunda necropsia, al considerar que es necesario contar con un análisis independiente.

Además, otros padres de familia comenzaron a organizarse para presentar denuncias penales contra el propietario y personal de la academia.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia insiste en que se esclarezca cómo murió Dafne dentro del campamento militarizado y se determinen las responsabilidades correspondientes, mientras las recientes denuncias de un exalumno agregan un nuevo elemento de contexto que las autoridades deberán valorar durante el desarrollo de la indagatoria.

A través de un video en su cuenta de X, el exmandatario rechazó los señalamientos de la presidenta, quien exigió su extradición a Estados Unidos luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que lo protegía de una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

“No me escondo”, afirmó García Cabeza de Vaca, donde también sostuvo que no puede ser considerado prófugo de un gobierno que, según él, se ha negado a garantizarle acceso a la justicia, y que se ha visto obligado a defender sus derechos desde fuera del país.

Gobierno de México pide extradición del exgobernador

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el caso durante su conferencia en Palacio Nacional el 15 de julio, luego de que el exmandatario tamaulipeco participara en un programa de radio para promover al PAN: “Por eso digo ‘no me ayudes compadre’ en el caso de quién se quiera promover para una candidatura”

Sheinbaum precisó que García Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad —mexicana y estadounidense— y que vive en Estados Unidos. Explicó que México solicitó su extradición después de que la SCJN determinó que no procedía el amparo que el exgobernador había promovido contra la orden de aprehensión, sin embargo, hasta el momento “no ha habido esa respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos”.

“Es un hombre que está buscado por la ley”, dijo la presidenta, calificandolo como un “prófugo de la justicia”, ya que así lo ha dicho la justicia mexicana desde hace varios años.

El exgobernador acusa persecución política

García Cabeza de Vaca rechazó en su video que los cargos en su contra tengan sustento real. Señaló que el delito que formalmente le atribuye el gobierno es “la compraventa privada de un departamento y un cajón de estacionamiento en 2019”, y afirmó que la licitud de esa operación quedó acreditada con pruebas documentales, financieras y testimoniales que la autoridad conoce.

“La única razón por la que mi caso está vigente es que la nueva Suprema Corte tuvo frente a sí las pruebas que acreditan mi inocencia y decidió cerrar los ojos”, sostuvo el exmandatario. Calificó al tribunal como “la Corte del Acordeón” y acusó que la misión fue conservar una orden de aprehensión ilegítima para mantener una narrativa política.

El exgobernador dijo que la persecución en su contra se debe a la denuncia del llamado “huachicol fiscal... La red criminal de corrupción y complicidad política más grande de la historia en México”.

Afirmó que esas denuncias e información fueron presentadas ante autoridades de Estados Unidos y ante la Fiscalía General de la República (FGR):

“Me persigue un régimen autoritario que abiertamente desprecia la ley para ir en contra de quienes no nos sometemos”.

Estos son los cargos que pesan sobre el exgobernador de Tamaulipas

El caso contra García Cabeza de Vaca tiene sus raíces en 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la FGR por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al año siguiente se libró una orden de aprehensión.

El proceso acumuló una serie de impugnaciones y resoluciones contradictorias:

• El Congreso de Tamaulipas promovió las controversias constitucionales 50 y 70 ante la SCJN, que determinó la invalidez de la primera orden de aprehensión.
• Para 2022, fue solicitada por el Ministerio Público otra orden de aprehensión por los mismos delitos.
• El exgobernador obtuvo un amparo del Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, que fue revocado, repuesto y concedido de nueva cuenta.

El punto de quiebre llegó en la sesión del 24 de febrero, cuando ocho ministros de la Suprema Corte votaron a favor de revocar el amparo concedido al exgobernador.

El proyecto, presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama y correspondiente al amparo en revisión 435/2025, canceló la protección contra la orden de aprehensión.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron el pasado martes 14 de julio a David Vargas Rivera, alias “El Ocra”, en el Puente Internacional No. 2 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Medios nacionales lo han identificado como el mayor líder huachicolero con operación en el Estado de México; según los reportes preliminares, contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y era considerado objetivo prioritario de primer nivel para las autoridades mexiquenses.

El Registro Nacional de Detenciones generó dos fichas a su nombre el día de su arresto, lo que documenta el proceso de su traslado: fue detenido por la Policía Federal Ministerial de la FGR a las 9:25 de la mañana y entregado horas después a la Coordinación General de la Policía de Investigación del Estado de México, para ser remitido al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

El lugar de la detención —a media altura del Puente Internacional No. 2, que conecta Nuevo Laredo con Laredo, Texas— abre interrogantes que las autoridades no han respondido: si Vargas Rivera intentaba cruzar hacia Estados Unidos, si fue entregado por autoridades estadounidenses o si su presencia en el puente fue una coincidencia.

Cabe señalar que ya contaba con un arresto previo en 2021 y no se sabe el motivo por el cual recuperó su libertad.

La primera ficha del RND lo ubica en el Puente Internacional a las 9:25 de la mañana

La Policía Federal Ministerial, brazo operativo de la FGR, aprehendió a “El Ocran” en el Puente Internacional No. 2, colonia Centro de Nuevo Laredo, a media altura del puente Juárez-Lincoln.

En ese momento vestía sudadera blanca, pantalón negro y tenis blancos. Tiene pelo corto blanco y estatura de aproximadamente 1.80 metros, con tatuajes en el cuello con la leyenda “Memento Mori” y dibujos de una brújula, leones y un Cristo en el antebrazo y brazo izquierdo.

Tras la aprehensión, quedó a disposición de personal de la Policía de Investigación del Estado de México, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el trámite administrativo ante la autoridad requirente en las instalaciones de la FGR en la subsede de Nuevo Laredo.

La segunda ficha lo registra dos horas después en la colonia Campestre, sin alias

A las 11:30 de la mañana, la Coordinación General de la Policía de Investigación del Estado de México levantó un segundo registro en la colonia Campestre de Nuevo Laredo. El registro señala que fue puesto a disposición de un juez local y trasladado al penal de Ecatepec, lo que significa que elementos federales lo entregaron posiblemente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Reportes de medios nacionales señalaron este 16 de julio que “El Ocra” fue detenido en inmediaciones del AICM por personal operativo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, elementos de la Secretaría de Marina y policías adscritos a la Secretaría de Seguridad del municipio mexiquense gobernado por Azucena Cisneros.

Habría operado con un comando de al menos 30 sicarios y se le vinculó con 50 asesinatos

De acuerdo con investigaciones publicadas por Infobae México en enero de 2021, Vargas Rivera habría contado con un comando de por lo menos 30 sicarios, entre ellos policías municipales de Melchor Ocampo, Tecámac y Zumpango, a quienes pagaba por protección. Las autoridades lo relacionaron con alrededor de 50 asesinatos.

Entre los delitos que se le adjudicaron figuró el homicidio del fiscal de Zumpango, acribillado junto con sus dos escoltas mientras comía en un restaurante. La FGJEM intensificó los trabajos para capturarlo tras ese crimen.

Los reportes señalan que cuando se sintió acorralado en el Estado de México, “El Ocra” presuntamente se trasladó a Nuevo León, donde rentó una bodega y construyó un túnel con iluminación y ventilación para acceder a tomas clandestinas de combustible. El costo fue estimado en alrededor de 2 millones de pesos.

Fue capturado por primera vez en enero de 2021 en Hidalgo y remitido a un penal del Estado de México. Aun desde prisión, habría continuado vinculado a operativos de robo de combustible y tráfico de drogas con apoyo de su esposa y su cuñado.

Se desconocen los motivos por los cuales se encontraba libre hasta el pasado 14 de julio de 2026.

La Guardia Nacional y la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron este miércoles a cuatro personas armadas en la colonia Loma Alta de Matamoros, Tamaulipas, y aseguraron un arsenal que incluye cinco armas largas entre las que se encuentra un fusil Barrett .50, una granada de mano, droga y una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos. El operativo se desencadenó durante un recorrido de seguridad y vigilancia, cuando los elementos detectaron a los sujetos a bordo de un vehículo e intentaron huir.

Intento de fuga y detención en Loma Alta

Durante las labores de patrullaje, el personal operativo identificó una camioneta con ocupantes armados en la colonia Loma Alta. Al percatarse de la presencia de las autoridades, los tripulantes intentaron escapar.

La maniobra no prosperó. Tras una intervención oportuna, los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos sin que se reportaran lesionados entre los elementos de seguridad.

Las cuatro personas quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, de acuerdo con el reporte oficial de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Arsenal asegurado: un fusil Barrett calibre .50 y una granada

Entre los materiales decomisados destaca un fusil Barrett calibre .50, arma de alto poder con un alcance efectivo de hasta mil 800 metros, utilizada para neutralizar blancos a distancias de nivel militar.

El aseguramiento incluyó en total cinco armas largas, además de una granada de mano, cargadores, equipo táctico y hierba seca con características similares a la marihuana.

La camioneta en que se desplazaban los detenidos también fue asegurada. El vehículo contaba con un reporte de robo vigente en Estados Unidos, lo que añade una arista de investigación transfronteriza al caso.

Matamoros, foco de operativos armados en julio

El decomiso en Loma Alta no es un hecho aislado en la zona. El 11 de julio, elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en la colonia Lomas del Real, también en Matamoros, donde aseguraron otro fusil Barrett calibre .50, nueve armas largas, 51 cargadores y más de mil 71 cartuchos, además de un vehículo.

En ese operativo, todo el material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Matamoros para los peritajes y la determinación de su procedencia.

La acumulación de operativos en el municipio fronterizo refleja la presión sostenida de las fuerzas de seguridad sobre la zona. Entre el 10 y el 12 de julio, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México registró 56 detenidos, 91 armas aseguradas, entre ellas un fusil Barrett, y siete personas rescatadas en 15 entidades del país.

El fusil Barrett, arma reiterada en decomisos de Tamaulipas

El fusil Barrett calibre .50 es un rifle de francotirador de origen estadounidense con un alcance efectivo documentado de mil 800 metros, capaz de neutralizar objetivos a distancias que superan la capacidad de la mayoría del armamento convencional. Su aparición reiterada en operativos de Tamaulipas lo convierte en un indicador del armamento disponible para grupos del crimen organizado en la región fronteriza.

En el caso del operativo del 11 de julio en Lomas del Real, la FGR asumió la custodia del material para determinar su procedencia y vínculo con estructuras delictivas. Para el decomiso de Loma Alta, la autoridad competente receptora no fue especificada en el reporte oficial.

Investigaciones en curso

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que las cuatro personas detenidas, junto con las armas, el equipo táctico, la droga y la camioneta robada, fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Las investigaciones para establecer las responsabilidades legales de los implicados continúan a cargo de las instancias correspondientes, sin que hasta el momento se haya informado sobre la identidad de los detenidos ni su presunta filiación a alguna organización criminal.

El hallazgo de siete nuevas fosas clandestinas en un rancho del municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, podría representar sólo una parte de “un cementerio de grandes dimensiones”, advirtió el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, luego de que sus integrantes localizaron restos humanos, prendas de vestir y objetos personales durante una jornada de búsqueda.

El predio, ubicado a aproximadamente 300 metros del muro fronterizo y junto a la colonia Nuevo Santander, ya había sido intervenido meses atrás, cuando fueron encontradas otras cinco fosas. Con los nuevos hallazgos, el colectivo contabiliza al menos 12 sitios de inhumación clandestina dentro del mismo terreno.

Edith González, integrante del colectivo, explicó a Infobae México que la búsqueda se retomó luego de recibir reportes anónimos y llamados de habitantes de la zona, quienes advertían que en el lugar todavía podrían encontrarse más personas sepultadas.

“En ese mismo lugar ya anteriormente se habían sacado aproximadamente como cinco fosas. Ahorita fueron siete más. Estamos hablando de un total de doce”, señaló.

La buscadora relató que el tamaño del rancho y la vegetación complicaron la ubicación de los puntos donde podrían encontrarse más restos, pero las condiciones del terreno llevaron al colectivo a considerar que la zona podría contener más entierros clandestinos.

“Nos decían: ‘Busquen bien, ahí hay muchos’. Como es un rancho muy grande y con mucha maleza, era complicado ubicar el punto exacto. Pero cuando empezamos a recorrer el área nos dimos cuenta de que había muchos indicios”, explicó.

El terreno presenta hundimientos que podrían corresponder a más fosas

De acuerdo con Edith González, durante la exploración del predio encontraron restos humanos que comenzaban a quedar expuestos por el desgaste natural del terreno.

“La tierra habla por sí sola, porque los huesitos ya estaban saliéndose de las fosas. Se alcanzaban a ver restos de pies y manos. No es algo que nosotros estemos imaginando, son señales que el mismo lugar nos está dando”, comentó.

La integrante del colectivo detalló que las siete fosas localizadas contenían osamentas completas acompañadas de ropa y pertenencias personales, aunque el paso del tiempo había provocado deterioro en algunos objetos.

“Cuando hablamos de una fosa clandestina nos referimos a un cuerpo completo. Todos estaban completos y con prendas; algunos todavía conservaban collares, zapatos o partes de la ropa. Son elementos que también pueden ayudar en los procesos de identificación”, explicó.

Además de las fosas procesadas, las buscadoras localizaron restos óseos dispersos en la superficie del terreno, por lo que consideran que podrían existir más víctimas aún sin ubicar.

González señaló que el predio presenta numerosos hundimientos distribuidos en distintos puntos, una característica que puede aparecer cuando la tierra pierde compactación después de un entierro clandestino.

“Vas caminando por toda esa área y se ven muchísimos hundimientos. Vamos a ir descartando cada uno porque se presume que hay muchísimas fosas. No podemos decir todavía cuántas personas hay, pero sí sabemos que el lugar requiere una búsqueda mucho más amplia”, afirmó.

Ante esta situación, el colectivo adelantó que continuará con recorridos por cuadrantes y solicitará apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para utilizar herramientas como georradares y binomios caninos.

Reconocen trabajo en el levantamiento, pero reclaman rapidez en identificaciones

La integrante del colectivo reconoció que, tras el reporte del hallazgo, personal de la Fiscalía y peritos acudieron al sitio y realizaron el procesamiento de las siete fosas durante la misma jornada.

“Se hizo un muy buen trabajo. Siendo un municipio pequeño, hicieron dos grupos de peritos para trabajar las fosas al mismo tiempo y ese mismo domingo quedaron procesadas. En ese aspecto sí vimos una respuesta rápida”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que el principal problema para las familias comienza después del levantamiento de los restos, debido a los tiempos que tardan los procesos de identificación genética y entrega de información a los familiares.

Como ejemplo, recordó que en las cinco fosas localizadas previamente en ese mismo rancho una integrante del colectivo reconoció prendas que pertenecían a su hermano, aunque hasta ahora no ha recibido los resultados oficiales.

“Las familias no sólo buscan encontrar a sus desaparecidos, también necesitan respuestas. Cuando una madre reconoce una ropa, una identificación o algún objeto, empieza una espera muy dolorosa porque pasan los meses y no hay una confirmación”, lamentó.

También mencionó otro hallazgo registrado este año en Miguel Alemán, donde fueron localizadas ocho fosas con nueve cuerpos. En ese caso, aseguró, una madre buscadora identificó a su hijo mediante la ropa y una credencial localizada junto a los restos, pero el cuerpo tampoco había sido entregado.

Por ello, hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y a las autoridades responsables de los servicios periciales para agilizar los procesos.

“Las madres ya pasaron años buscando a sus familiares. Encontrarlos debería ser el inicio de una respuesta, no otra espera más. Lo mínimo que merecen es una identificación y una entrega digna”, expresó.

El colectivo continuará con las labores de búsqueda en el rancho de Miguel Alemán, mientras las autoridades mantienen los trabajos periciales para determinar la identidad de las víctimas localizadas y establecer la posible dimensión del sitio.

Fiscalía estatal reconoce rezago en las investigaciones

Luego de este hallazgo por parte del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, el fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, reconoció que la dependencia a su cargo enfrenta un rezago histórico de investigaciones y personal. Sin embargo, aseguró que la fiscalía trabaja en la creación de un área especializada para enfrentar este atraso en las indagatorias.

La Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso para siete personas detenidas en un cateo sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde fueron asegurados 66 mil 500 litros de hidrocarburo, 27 pipas, 12 frac tanks y 10 tractocamiones. Un juez especializado impuso prisión preventiva oficiosa a los imputados por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

La operación fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en el municipio de Matamoros, luego de que la Guarnición Militar local alertó sobre irregularidades en el manejo de petrolíferos en ese predio. Los siete detenidos, identificados como Mario, Juan, Román, Reyes, Erik, José y Marcos, permanecerán recluidos durante dos meses en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa mientras concluye la investigación complementaria.

Una denuncia militar abrió la investigación

El caso llegó a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas a través de una denuncia formal presentada por personal de la Guarnición Militar de la Ciudad de Matamoros.

En esa denuncia, los efectivos castrenses describieron haber observado tanques cisterna y contenedores tipo frac tank sin la identificación requerida por la normativa vigente. También reportaron otras irregularidades que podrían contravenir la Ley en materia de hidrocarburos y las normas oficiales mexicanas sobre transporte y manejo de materiales peligrosos.

Con base en esos datos, la FECOR inició las investigaciones y solicitó ante un juez federal la orden de cateo que permitió el ingreso al inmueble ubicado sobre la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria.

El cateo y los bienes decomisados

Durante la ejecución de la orden judicial, los elementos de la PFM intervinieron el predio y procedieron al aseguramiento de los bienes hallados en el lugar.

El decomiso incluyó 66 mil 500 litros de hidrocarburo, 27 pipas, 12 frac tanks, 10 tractocamiones, motobombas de combustión, mangueras y documentación diversa. El inmueble también quedó asegurado a disposición de la autoridad federal.

Siete personas ante el juez

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas. La autoridad judicial calificó de legal la detención de los siete imputados y procedió a dictar la vinculación a proceso.

El juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio impuso además prisión preventiva oficiosa contra Mario, Juan, Román, Reyes, Erik, José y Marcos, medida que cumplirán en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Ciudad de Reynosa.

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de dos meses, periodo durante el cual el Ministerio Público Federal deberá fortalecer el expediente por la probable comisión del delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo.

La FGR precisó en su comunicado que a las personas mencionadas se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Patrón de operativos en Tamaulipas

El caso se enmarca en una serie de acciones antihuachicol que la FGR ha intensificado en Tamaulipas durante julio de 2026. Días antes del operativo en Matamoros, la misma institución ejecutó un cateo en el kilómetro 19 del Libramiento Sur II de Reynosa, donde fueron asegurados 16 frac tanks, 16 autotanques tipo pipa, dos tractocamiones y 26 mil 180 litros de gasóleo contaminado.

En ese operativo previo, tres personas —Miguel, David y Jorge— fueron vinculadas a proceso por posesión ilícita de hidrocarburo e igualmente sometidas a prisión preventiva oficiosa.

Ambos casos fueron atendidos por la FECOR Tamaulipas y resueltos ante jueces del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, lo que refleja una estrategia sostenida de la fiscalía federal para desarticular redes de almacenamiento y distribución clandestina de combustible en la región fronteriza del noreste del país.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) descartó cualquier acuerdo de culpabilidad con Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes del cártel de Los Zetas apodados Z-40 y Z-42, y confirmó que los llevará a juicio por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero durante la audiencia contra los presuntos criminales realizada este 10 de julio en la Corte de Distrito de Washington D.C.

Según reportes de medios nacionales como según N+ y Milenio, la fiscalía -el DOJ- solicitó al juez que las preparaciones del proceso comenzaran en diciembre de 2026 —con entrega de mociones— para que en enero de 2028 se presentara la evidencia y se convocara a testigos colaboradores.

El juez Trevor McFadden propuso septiembre de 2028 como fecha de inicio del juicio. En la comparecencia de este día, los hermanos Treviño Morales se declararon no culpables de todos los cargos que el Departamento de Justicia presentó en su contra, informó N+.

Los Zetas surgieron como el brazo armado del Cártel del Golfo (CGD), integrado en su origen por desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) del Ejército mexicano. Su entrenamiento militar de élite los convirtió en una de las células de sicarios más letales del país, antes de que en 2010 se separaran del CDG para operar como organización independiente

Defensa pide más tiempo: hay casi 5 millones de archivos y 1.5 millones de grabaciones

De acuerdo con información revelada por el periodista Ángel Hernández, quien asistió a las audiencias federales en EEUU, los abogados de los Treviño Morales argumentaron que el plazo propuesto por el juez era inviable.

Según los reportes, señalaron que la evidencia suma casi 5 millones de archivos, de los cuales 1.5 millones son grabaciones, con varias divisiones de la DEA involucradas en la investigación.

Pidieron extender el inicio del juicio al menos hasta 2029. El juez McFadden habría respondido a la solicitud que no esperaría a que la defensa terminara de revisar toda la evidencia.

Las autoridades judiciales de EEUU convocaron a una nueva audiencia para el 10 de septiembre de 2026 y advirtieron que para entonces fijaría una fecha definitiva para el gran juicio contra los líderes de Los Zetas.

El juez también negó una moción de los hermanos para llevar ante una corte de apelaciones su queja por estar en confinamiento solitario en prisiones separadas, condición que, según la defensa, ha dificultado la preparación del caso, informó Milenio.

La caída de los hermanos Treviño Morales

Según información recopilada por InSight Crime, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, asumió el liderazgo de Los Zetas en octubre de 2012, tras la muerte de Heriberto Lazcano, alias alias “Z-3″ en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad mexicanas en Coahuila.

Su control duró menos de un año: el 15 de julio de 2013, elementos de la Secretaría de Marina lo interceptaron en un camino de terracería en Anáhuac, a 27 kilómetros al suroeste de Nuevo Laredo. El operativo duró siete minutos y no hubo un solo disparo.

Al momento de su detención, el Z-40 llevaba 2 millones de dólares, ocho armas largas y 500 cartuchos. Su captura fue considerada el golpe más importante contra el crimen organizado desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La investigación para atrapar a su hermano Omar, alias “Z-42″, habría comenzado ese mismo día.

Las autoridades rastrearon al operador financiero de Los Zetas, Carlos Arturo Jiménez Encinas, y el 4 de marzo de 2015 dieron el golpe: el “Z-42″ fue detenido en una residencia de la colonia Fuentes del Valle, en San Pedro Garza García, Nuevo León, en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, también sin disparos.

Pese a estar recluidos en penales de máxima seguridad, ambos habrían seguido supervisando las operaciones del Cártel del Noreste —sucesor de Los Zetas— en Nuevo Laredo. Fueron entregados a Estados Unidos en febrero de 2025.

El traslado que México justificó como asunto de seguridad nacional

El gobierno mexicano entregó a los hermanos Treviño Morales a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025 sin seguir el proceso formal de extradición. El argumento del Gabinete de Seguridad fue que ambos, aun recluidos, continuaban dirigiendo actividades ilícitas desde prisión. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que los hermanos habrían sido responsables del asesinato de 17 custodios penitenciarios federales durante su encierro.

Formaron parte de un paquete de 29 narcotraficantes trasladados a Estados Unidos en esa fecha. El “Z-40″ había interpuesto recursos legales para frenar su salida del país en 79 ocasiones; el “Z-42″, en 54, de acuerdo con reportes previos de Infobae México.

La legalidad de esos traslados fue cuestionada meses después. En junio de 2026, el abogado Marco Antonio Avilés Huerta presentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores una solicitud de asistencia consular en nombre de 13 de los 92 narcotraficantes expulsados entre 2025 y 2026, entre ellos seis presuntos operadores de Los Zetas, para que fueran repatriados y juzgados en México. El litigante argumentó que las expulsiones se realizaron al margen de los tratados internacionales y de la Convención Americana de Derechos Humanos, y advirtió que de no obtener respuesta escalaría el caso ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Un juez federal determinó la vinculación a proceso de Milton “N” por el delito de transporte ilícito de hidrocarburos, tras ser detenido el 30 de junio en la carretera federal 101, en el municipio de Tula, Tamaulipas. El sujeto trasladaba 31 mil 500 litros de combustible en un tractocamión, sin contar con documentación que acreditara su legalidad.

El trayecto de Milton “N” tenía como origen Matamoros y como destino el estado de Querétaro. En el punto de revisión, elementos de la Guardia Nacional detuvieron la unidad para realizar una inspección detallada.

Durante la revisión, el conductor no logró presentar documentos que certificaran la posesión o el traslado legítimo del hidrocarburo. Ante esta situación, las autoridades aseguraron el tractocamión, el semirremolque y toda la carga.

Una vez realizado el aseguramiento, Milton “N” quedó a disposición del Ministerio Público Federal en Tamaulipas. La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) integró rápidamente los datos de prueba necesarios para el caso.

De acuerdo con las autoridades, el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal calificó de legal la detención. Además, dictó la vinculación a proceso y decidió imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio del Ministerio Público Federal adscrito a la FECOR, presentó los elementos probatorios ante la autoridad judicial. El juez consideró que el material aportado era suficiente para mantener la acusación.

Finalmente, el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la etapa de investigación complementaria. El procedimiento seguirá conforme a los plazos que establece la legislación vigente, según las autoridades.

Dónde permanecerá el imputado durante la investigación

Milton “N” cumplirá la prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria. El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria es de tres meses.

Durante ese periodo, el Ministerio Público Federal integrará los elementos adicionales que refuercen la acusación. El imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

El marco legal del delito

La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece las bases legales para sancionar el transporte ilícito de combustibles en México. La normativa exige que toda persona que traslade hidrocarburos porte documentación que avale su procedencia legítima.

El traslado, robo y venta ilegal de combustibles, conocidos popularmente como huachicol, representan un daño directo al patrimonio energético nacional. Estas prácticas generan pérdidas económicas significativas para el Estado.

Durante 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) ha intensificado las acciones contra estos delitos. La estrategia incluye detenciones, aseguramientos y sentencias judiciales en distintos puntos del país.

Un caso similar en Coahuila

Un hecho similar se registró en Coahuila el 9 de julio de 2026, cuando un juez federal condenó a Rafael “N” a ocho años de prisión. La causa fue el transporte de 12 mil 92 litros de gasolina cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

La sentencia incluyó, además de la pena de prisión, una multa equivalente a 8 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). El proceso se llevó a cabo bajo la modalidad de procedimiento abreviado.

Elementos de la Policía Civil del estado detuvieron a Rafael “N” en el ejido San Antonio de Gurza, en el municipio de San Pedro de las Colonias. Durante la intervención, aseguraron un tractocamión y el semirremolque que contenía el combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FECOR de Coahuila, integró la carpeta de investigación con los datos de prueba necesarios. El juez consideró suficientes los elementos para emitir la condena y la sanción económica.

La revelación de que una funcionaria de la Aduana de Matamoros es hermana de un presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sancionado recientemente por el gobierno de Estados Unidos, ha reavivado las alertas sobre una posible infiltración del crimen organizado en áreas estratégicas del comercio exterior mexicano.

De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Analee de Jesús Juraidini Silva, hermana de Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del esquema de huachicol fiscal vinculado al CJNG, ocupa desde agosto de 2019 el cargo de Jefa de Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas.

La investigación, basada en registros de Nómina Transparente y Declaranet, señala que la funcionaria permanece activa en la administración aduanera en uno de los puntos fronterizos señalados por autoridades estadounidenses como estratégicos para el ingreso irregular de combustible hacia México.

Departamento del Tesoro identifica a Juraidini como operador clave del CJNG

El pasado 30 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y a diversas empresas bajo su control, al considerar que forman parte de una red de contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero vinculada al CJNG.

Según las autoridades estadounidenses, Juraidini operaba una estructura dedicada al llamado “huachicol fiscal”, mediante la cual se importaba combustible con documentación presuntamente falsificada para evadir impuestos y generar ganancias millonarias para la organización criminal.

El Departamento del Tesoro considera a Juraidini como “la mente maestra” detrás de diversas operaciones financieras del grupo criminal.

Fuentes consultadas por MCCI sostienen que el empresario mantenía influencia operativa sobre los cruces fronterizos de Los Indios y Los Tomates, en Matamoros, por donde habrían ingresado ilegalmente millones de litros de combustible.

El mismo cargo que ocupó un exfuncionario extraditado

La investigación periodística también documenta que Analee de Jesús Juraidini Silva desempeña el mismo cargo que ocupó hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, exfuncionario aduanal detenido en Texas y extraditado a México a principios de junio por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.

De acuerdo con fuentes citadas por MCCI, Benítez Orta habría facilitado el ingreso de pipas cargadas con combustible ilegal a través del puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates, presuntamente en beneficio de la red encabezada por Juraidini.

Asimismo, las declaraciones patrimoniales de Analee Juraidini correspondientes a 2020 y 2021 revelan que tuvo bajo su responsabilidad la operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), plataforma utilizada para el registro y seguimiento de mercancías aseguradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La funcionaria aparece en la nómina federal vigente correspondiente al 15 de junio con una percepción bruta mensual de 30 mil 890 pesos.

Autoridades de EU advierten sobre infiltración institucional

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sostenido que los recursos obtenidos mediante el huachicol fiscal permiten a organizaciones criminales financiar esquemas de corrupción orientados a colocar personas afines en posiciones estratégicas dentro de gobiernos y organismos públicos.

La investigación de MCCI recuerda que no sería la primera ocasión en que familiares de presuntos integrantes del crimen organizado ocupan cargos relevantes en el sistema aduanero mexicano. Entre los antecedentes destaca el nombramiento de Julio César Carmona Angulo, hermano del empresario Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, como administrador de la Aduana de Reynosa en 2019.

Las investigaciones y antecedentes judiciales de Óscar Juraidini

El nombre de Óscar Guillermo Juraidini Silva también aparece en expedientes judiciales mexicanos. El 15 de febrero de 2025, autoridades federales aseguraron dos tractocamiones y dos semirremolques con combustible durante un operativo realizado en el municipio de China, Nuevo León.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/NL/CHN/0000526/2025 por el delito de transporte ilícito de hidrocarburos. Posteriormente, un juez calificó como ilegal la detención de dos personas involucradas y dictó el sobreseimiento del caso.

Tras acreditar la propiedad de las unidades aseguradas, Juraidini obtuvo un amparo para recuperar los vehículos y el combustible incautado.

En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó recientemente que identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias financieras relacionadas con los sujetos sancionados por Estados Unidos, por lo que fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.

La exsecretaria de Finanzas de Tamaulipas, María de Lourdes N, compareció este martes a la audiencia intermedia previa al juicio oral por el presunto desvío de más de 139 millones de pesos que estaban destinados a infraestructura y equipamiento de la red estatal de videovigilancia durante el ejercicio fiscal 2021.

La diligencia judicial se desarrolló en una sala de juicios orales del sistema penal acusatorio, donde las partes involucradas comenzaron el desahogo de pruebas dentro de la causa penal integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La exfuncionaria fue vinculada a proceso desde el pasado 10 de octubre de 2025 por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones, en un caso considerado de alto impacto por el presunto daño patrimonial ocasionado a las finanzas públicas del estado.

Fiscalía Anticorrupción señala presunto desvío de recursos para seguridad pública

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, cuando María de Lourdes N encabezaba la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas habría autorizado un destino distinto para 139 millones 239 mil pesos con 47 centavos.

Los recursos formaban parte de un fideicomiso creado específicamente para fortalecer la infraestructura tecnológica y el equipamiento de seguridad pública, particularmente el sistema estatal de videovigilancia.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el dinero fue retirado del fideicomiso y posteriormente transferido al Banco Accendo bajo el esquema de inversión financiera.

Sin embargo, la institución bancaria fue declarada en quiebra apenas dos meses después de la operación financiera, situación que derivó en el presunto compromiso y pérdida de los recursos públicos destinados al proyecto de seguridad.

Las autoridades ministeriales consideran que esta operación financiera habría generado un quebranto millonario para el estado de Tamaulipas, afectando directamente un programa relacionado con la vigilancia y combate a la delincuencia.

Proyecto de videovigilancia quedó comprometido tras quiebra bancaria

La investigación establece que el recurso tenía como objetivo mejorar la capacidad operativa y tecnológica de la red estatal de videovigilancia, considerada una herramienta estratégica para tareas de seguridad pública.

Dentro del proyecto también participaba la empresa Tres Diez, mencionada en las indagatorias que forman parte de la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el nivel de participación de la compañía dentro de las operaciones financieras observadas, aunque su nombre aparece relacionado con el proyecto original para el que estaban etiquetados los recursos.

El caso ha generado atención debido a que el dinero público presuntamente desviado estaba destinado a reforzar áreas prioritarias en materia de seguridad en Tamaulipas.

Exfuncionaria mantiene medidas cautelares mientras avanza el proceso

Como parte de las medidas cautelares impuestas tras su vinculación a proceso, María de Lourdes Arteaga Reyna tiene prohibido salir de Reynosa y del país mientras continúe el procedimiento judicial.

Además, la exsecretaria de Finanzas debe acudir a firmar cada ocho días ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares como mecanismo de control judicial.

También exhibió una garantía económica de 300 mil pesos para enfrentar el proceso en libertad.

Será en las próximas etapas del proceso cuando el juez determine si existen elementos suficientes para que la exfuncionaria enfrente juicio por los delitos imputados por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.

El caso se suma a diversas investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos en administraciones estatales y mantiene bajo observación el destino de fondos asignados a proyectos de seguridad pública en la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este lunes la solidez periodística del reportaje del New York Times al ser interrogada sobre si el Gobierno de México tiene conocimiento de funcionarios que estén cooperando con autoridades estadounidenses.

“¿Cómo puede haber una nota si en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos? Esa es la nota”, señaló la mandataria.

Sheinbaum precisó que el Ejecutivo federal no cuenta con información de que ningún funcionario esté cooperando con el Gobierno de Estados Unidos o con el Departamento de Justicia, y cuestionó el contexto que ofrece el reportaje: “¿De qué información? Entonces, ¿Cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento, ninguno?”.

La presidenta también hizo referencia a la carta enviada por el gobernador Alfonso Durazo al diario para exigir una rectificación como elemento que refuerza la falta de certeza en los señalamientos: “Una de las personas que es nombrada dice que se corrija porque no es verdad”, apuntó.

En cuanto a la posibilidad de que el reportaje refleje una división interna en Morena, Sheinbaum se mostró escéptica: “No sabemos si es cierto”, respondió, y reiteró que el gobierno no dispone de elementos que permitan confirmar ninguna de las afirmaciones publicadas por el diario estadounidense.

Contexto: el NYT revela red de presuntos informantes dentro de Morena

El pasado 27 de junio, The New York Times publicó una investigación en la que señala que diversos funcionarios de Morena habrían mantenido conversaciones reservadas con autoridades de Estados Unidos en medio del aumento de las pesquisas estadounidenses sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales. La publicación precisa que la información fue obtenida a partir de entrevistas con más de una decena de personas que participaron o conocieron esas conversaciones, quienes solicitaron permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial de los contactos.

De acuerdo con el reportaje, firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, al menos una docena de funcionarios electos —entre ellos gobernadores y legisladores, algunos de Morena— se habrían puesto en contacto con autoridades estadounidenses para hablar de compartir información sobre otros integrantes del partido. Entre los señalados, el diario menciona que al menos algunos de esos funcionarios buscarían anticiparse a investigaciones que consideran podrían involucrarlos en el futuro.

El reporte indica que estos acercamientos comenzaron después de que, a finales de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa —incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya— de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, entre los señalados

El NYT confirmó lo que Los Angeles Times había publicado semanas atrás: los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, serían objetivos de las investigaciones estadounidenses. Ambos funcionarios habían negado con anterioridad cualquier vínculo con el crimen organizado y señalado contar con visa estadounidense vigente.

Durazo exige rectificación al NYT; Ariadna Montiel lo califica como ataque de la “ultraderecha”

El gobernador de Sonora dirigió una carta al presidente y editor del diario, A. G. Sulzberger, y al editor ejecutivo Joseph Kahn, en referencia al reportaje titulado “Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes para la administración Trump”. En el documento, Durazo sostuvo que el medio presentó como un hecho información previamente difundida por Los Angeles Times el 3 de junio, sin aportar nuevos elementos verificables que la respaldaran.

El mandatario solicitó al diario que aclare expresamente que en este momento no cuenta con información oficial confirmada que permita sostener que fue notificado, requerido, imputado o acusado dentro de alguna investigación.

Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó la publicación del NYT y la calificó como parte de una “narrativa de la ultraderecha nacional e internacional” construida durante años contra el movimiento. Montiel afirmó que el partido no será cómplice de nadie, pero tampoco permitirá que esa narrativa se instale.

División interna en Morena, otro elemento del reportaje

El NYT también apuntó que la postura de Sheinbaum frente a las investigaciones estadounidenses ha generado una división dentro de su gabinete: por un lado, funcionarios más pragmáticos que abogan por una mayor cooperación con Washington; por otro, colaboradores más cercanos a la izquierda del movimiento que consideran que las acciones de la administración Trump representan un precedente de injerencia inaceptable.

Hasta el momento, ni la DEA ni el Gobierno mexicano han emitido declaraciones oficiales confirmando o desmintiendo los señalamientos del reportaje.

Este domingo fue detenido por segunda ocasión Octavio Leal Moncada, apodado “El Tarzán” y/o “El Profe”, en el estado de Nuevo León. El hombre es identificado como el líder y fundador de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, fundada en Tamaulipas.

Se trata de su segundo arresto luego de que fue liberado en noviembre de 2022 por una resolución judicial que revocó el auto de formal prisión dictado en su contra en el mes de julio.

La medida fue ordenada por un magistrado de la Sala Regional Victoria del Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas debido a la “falta de elementos para procesar” al imputado por el delito de homicidio calificado.

Leal Moncada había sido detenido el 5 de julio en Monterrey, Nuevo León, por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas ocurrido el 6 de mayo de 2010 en el Ejido Barbosa del municipio de Hidalgo, en Tamaulipas.

¿Cómo surgió la Columna Armada Pedro J. Méndez?

Leal Moncada es conocido como el fundador de la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, un grupo de autodefensas que surgió en el año 2010 con el objetivo de enfrentar a Los Zetas, entonces brazo armado del Cártel del Golfo.

Su historia comenzó cuatro años después del inicio de la llamada “Guerra contra el narco” realizada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa que tenía como objetivos al Cártel del Golfo, Los Zetas, la Familia Michoacana y al Cártel de Tijuana. Además, su fundación se realizó en plena guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo (entre 2010 y 2012) en el que pelearon por el territorio.

La violencia en el estado de Tamaulipas, principalmente a manos de Los Zetas, llevó a que el grupo se formara en marzo de 2010 teniendo como base el municipio de Hidalgo. Su nombre fue conocido al inicio como Columna Cívica, la cual según sus dirigentes se había fundado para combatir a las bandas criminales que extorsionaban y asesinaban en la región.

Sus operaciones se entendieron a otros municipios, como Villagrán, Mainero, San Carlos, Güémez, Padilla y San Nicolás. De acuerdo con registros periodísticos, luego de cumplir 4 años, el grupo comenzó a participar en el ámbito político de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, fue a partir de 2016 que apoyaron al entonces candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco García Cabeza de Vaca, que les permitió llevar a personas de su grupo a postularse en ayuntamientos y diputaciones locales.

Cabe señalar que durante el sexenio del exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre (2011-2016), el titular de Comunicación Social del gobierno estatal, Guillermo Martínez, negó sistemáticamente la existencia de autodefensas en el estado.

A finales de 2021, el grupo rompió con el PAN acusando a Cabeza de Vaca de traicionar acuerdos, por lo que Leal Moncada anunció que dejarían las armas para enfocarse en el trabajo cívico, así como su respaldo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con este anuncio, la Columna volcó su apoyo al candidato de Morena, Américo Villarreal, a través de asambleas en las que Leal Moncada invitaba a la ciudadanía a votar por él.

En este contexto, Octavio Leal Moncada ofreció en el año 2023 una entrevista a Elefante Blanco, en la que aceptó que las armas que utilizaron para defenderse de Los Zetas, eran compradas al Cártel del Golfo.

Leal Moncada fue señalado por las autoridades por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo

Al anunciar la detención de Octavio Leal Moncada en una conferencia de prensa matutina del entonces presidente López Obrador, del 20 julio de 2022, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, informó que el líder de la Columna Armada “Pedro J. Méndez” estaba vinculado con el Cártel del Golfo.

Respecto a su segunda detención, realizada este domingo, hasta el momento se desconocen los delitos que se le imputan, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se brinden más detalles.

Los videos de los festejos por la tercera victoria de México en el Mundial 2026 permitió que Ale García encontrara a su perrita Gorda en Ciudad Victoria, Tamaulipas, casi un mes después de que se extravió; el reencuentro ocurrió la noche del 24 de junio, cuando su familia la identificó en un video entre aficionados que celebraban en la calle.

La búsqueda había comenzado desde el 24 de mayo de 2026, fecha en que la mascota se perdió, y siguió con reportes de personas que decían haberla visto en la vía pública. El 27 de mayo, Ale publicó en redes sociales una solicitud de apoyo para ubicarla en la colonia Lomas de Guadalupe.

La localización llegó de forma imprevista un mes después. El hermano de Ale le llamó para avisarle que Gorda aparecía en una transmisión en vivo compartida por la página Carretoneando.

Gorda apareció en brazos de un aficionado durante el festejo

En el video, la perrita salía en brazos de un joven que participaba en la celebración al ritmo de la música. En esa grabación, acompañaron la escena con la frase: “Hasta el perro anda festejando”.

Ale explicó al medio que, en cuanto vio el enlace, salió de inmediato a buscar a su mascota junto con un familiar. Lo hizo aun sin saber si realmente lograrían encontrarla en medio de los festejos.

Los videos del triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia circularon en redes sociales y ayudaron a que los dueños identificaran a la perrita desaparecida. La publicación ubicó el caso en Lomas de Guadalupe, en Tamaulipas.

La familia llevó a la perrita al veterinario tras encontrarla

Después de localizarla, la familia llevó a Gorda a revisión veterinaria. Ale dijo al diario que la perrita estaba sana, aunque “muy flaquita y algo lastimada”, contó a Milenio.

La revisión general confirmó un ligero cuadro de desnutrición, pero la mascota se encontraba bien. Gorda tiene seis años y ya regresó a casa tras haber permanecido desaparecida durante casi un mes.

¿Qué hacer cuando se escapa o se pierde tu perrito?

Actúa de inmediato

• En cuanto notes que tu perro no está, busca en cada rincón de la casa o el departamento: debajo de camas, en closets, en la azotea.
• Si confirmas que escapó, sal a buscarlo en un radio de cinco a diez cuadras. Los perros suelen quedarse cerca de su punto de escape.
• Lleva contigo su juguete favorito o un recipiente con croquetas: el sonido familiar puede atraerlo.

Difunde la información

• Toma la foto más reciente y clara de tu perro y compártela en grupos de Facebook y WhatsApp de tu colonia o alcaldía.
• Publica en redes sociales con la ubicación exacta donde se perdió, la fecha y tus datos de contacto. Pide que compartan.
• Imprime volantes con foto, nombre del perro, zona donde se extravió y tu número de celular. Pégalos en postes, tiendas y veterinarias del área.

Notifica a las autoridades y establecimientos

• Acude o llama a los refugios y centros de control animal de tu municipio o alcaldía para registrar el reporte.
• Avisa a veterinarias, estéticas caninas y tiendas de mascotas cercanas: suelen ser los primeros lugares a donde llevan a un animal encontrado.

Prepárate para cuando regrese

• Revisa que tenga placa de identificación con tu número de celular actualizado.
• Considera implantarle un microchip si aún no lo tiene: es el método de identificación más confiable.
• Verifica el estado de cercas, puertas y ventanas para evitar una nueva escapada.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en el resguardo ilícito de hidrocarburo y la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, tras un cateo en un predio clandestino en Reynosa, Tamaulipas.

El operativo derivó del aseguramiento de 1 millón 200 mil litros de hidrocarburo junto con decenas de unidades de transporte, equipo de bombeo y armamento en un inmueble ubicado sobre un camino de terracería en las inmediaciones de la carretera Reynosa-Monterrey.

La ubicación, alejada de vías principales y sin señalización formal, apuntaba a una operación diseñada para eludir la detección de las autoridades.

El cateo que detonó el caso

El 4 de junio, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron el cateo del inmueble como resultado de trabajos coordinados con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, en atención a una denuncia anónima.

El predio se encontraba en un camino de terracería próximo a la carretera Reynosa-Monterrey, en el municipio de Reynosa.

Lo que encontraron dentro del inmueble

Durante la inspección judicial, las autoridades aseguraron un total de 1 millón 200 mil litros de hidrocarburo, distribuidos en una infraestructura de almacenamiento y traslado de gran escala.

El decomiso incluyó 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones y seis motobombas.

El volumen y la variedad del equipo hallado apuntan a una operación con capacidad para almacenar, movilizar y distribuir combustible de forma sistemática.

Además del hidrocarburo y el equipo de transporte, los agentes recuperaron cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores, 12 cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y documentación diversa. La presencia de armamento y sistemas de monitoreo indica que el sitio contaba con mecanismos de seguridad propios.

La resolución judicial: vinculación y prisión preventiva

La FGR en Tamaulipas presentó los datos de prueba ante la jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad. La juzgadora calificó de legal la detención de Yesenia “N” y Gabriel “N”, dictó su vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Ambos imputados cumplirán la medida en el Centro Federal de Readaptación Social de Reynosa, además la jueza fijó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Los delitos imputados son resguardo ilícito de hidrocarburo y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Tamaulipas, epicentro del huachicol en México

El aseguramiento en Reynosa no es un hecho aislado. En menos de ocho meses, la FGR ha acumulado en las tres principales ciudades de la frontera tamaulipeca casi 7 millones de litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.

El antecedente más próximo ocurrió el 28 de marzo pasado, cuando agentes de la Fiscalía ejecutaron un cateo en otro predio de Reynosa y aseguraron 2 millones 189 mil litros de combustible, junto con 49 frac tanks, 18 autotanques, seis tractocamiones y diversas motobombas. En ese operativo no hubo detenidos.

Antes, en julio de 2025, la misma delegación había incautado 1 millón 802 mil 650 litros en una bodega clandestina en la Colonia La Escondida, al oriente de Reynosa. Tampoco se registraron capturas en ese caso.

El costo nacional del robo de combustible

El problema trasciende la frontera norte. Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos en 2025 a causa del robo de combustible, es decir, un incremento de 14.4 % frente a los 20 mil 529 millones de 2024, según su reporte financiero publicado el 27 de febrero de 2026.

El monto es el más alto desde 2018, cuando el quebranto alcanzó los 39 mil 388 millones de pesos. A nivel nacional, el Gabinete de Seguridad informó que en los últimos 12 meses recuperó más de 98 millones de litros de combustible ilegal en 26 estados. Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo concentran los principales focos del delito.

La máquina de rayos X de la aduana del Puente Internacional Número I, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, delató a un hombre identificado como Adolfo “N” cuando intentaba cruzar la frontera con tres cajas que contenían 15 vapeadores cargados con tetrahidrocannabinol, el principio activo de la marihuana.

Luego del aseguramiento, el sujeto fue procesado por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de psicotrópico y encontrado culpable, por lo que se le dictó una condena de tres años y seis meses de prisión.

Según información oficial, revelada este 18 de junio por la Fiscalía General de la República (FGR) en sus canales oficiales, el juez de Control que dictó la sentencia lo hizo mediante procedimiento abreviado, tras el ejercicio de acción penal por parte del Ministerio Público Federal.

Además de la pena de cárcel, le fue impuesto lo siguiente:

• Un pago por concepto de garantía de 2 mil 500 pesos
• La obligación de residir en un lugar determinado y de desempeñar una profesión u oficio lícito
• La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o drogas

El comunicado de la FGR no precisó si Adolfo “N” ingresó de inmediato a un centro penitenciario o si el juez le concedió algún beneficio adicional al momento de la sentencia.

Al corresponderle la luz roja, el escáner detectó los vaporizadores

Adolfo “N” intentó ingresar al territorio nacional por uno de los puntos fronterizos de mayor tránsito entre México y Estados Unidos. En el filtro aduanal le correspondió la luz roja, lo que activó la revisión de su equipaje en la máquina de rayos X.

El escáner reveló tres cajas que, al ser inspeccionadas, resultaron contener 15 cigarros electrónicos con base de THC. El tetrahidrocannabinol es el compuesto psicoactivo de la marihuana y está clasificado como psicotrópico bajo la legislación federal mexicana, lo que convierte su posesión en un delito contra la salud.

El personal de la aduana de Nuevo Laredo puso a Adolfo “N” a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, dependiente de la FGR.

Tras las diligencias correspondientes, el Ministerio Público Federal ejerció acción penal y el caso se resolvió por la vía del procedimiento abreviado.

Además de la sentencia, el juez incluyó el decomiso de la totalidad de los bienes asegurados: las tres cajas con los 15 vapeadores de THC que Adolfo “N” intentó introducir al país.

La FGR informó el resultado del caso como parte de sus acciones de investigación y persecución de delitos en materia federal.

Asimismo, la institución puso a disposición de la ciudadanía tamaulipeca el teléfono 8999219497 para denuncias presenciales o anónimas las 24 horas del día, los 365 días del año.

En 24 estados de EEUU la marihuana es legal, pero cruzarla a México es delito federal

El tetrahidrocannabinol que Adolfo “N” intentó introducir al país se consigue legalmente en estados vecinos de la frontera con México como California y Nuevo México, donde el uso recreativo de la marihuana está permitido, según datos de la DEA.

Sin embargo, el Puente Internacional Número I de Nuevo Laredo, por donde intentó cruzar, conecta directamente con Laredo, Texas, el único estado fronterizo donde la marihuana sigue siendo ilegal tanto para uso recreativo como médico.

Esa condición convierte a Texas en el principal punto de decomiso de cannabis en la frontera sur de Estados Unidos: concentró el 91%de las incautaciones registradas por la CBP en zonas fronterizas durante 2025, según datos oficiales de esa agencia.

En México, la posesión de THC está tipificada en el artículo 195 del Código Penal Federal y puede acarrear hasta siete años y seis meses de prisión.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación del potencial ciclón tropical Uno sobre el golfo de México, fenómeno que ya provoca lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas tamaulipecas.

De acuerdo con el más reciente aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se localizó a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, y a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas.

El reporte detalla que el potencial ciclón tropical presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Las bandas nubosas asociadas al sistema mantienen condiciones para lluvias intensas de 75 a 150 milímetros principalmente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, situación que podría ocasionar diversas afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Además de las precipitaciones, el SMN prevé:

• Vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h
• Oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas
• Posibles deslaves en zonas montañosas
• Incremento en niveles de ríos y arroyos
• Riesgo de desbordamientos e inundaciones en zonas bajas

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían provocar afectaciones severas, especialmente en municipios vulnerables a inundaciones repentinas o acumulación de agua.

Protección Civil pide extremar precauciones

Ante el avance del sistema, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Entre las medidas preventivas recomendadas se encuentran evitar cruzar ríos o corrientes de agua, mantenerse alejado de zonas inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y tener preparada una mochila de emergencia.

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de México, ya que el sistema podría evolucionar durante las próximas horas y modificar su trayectoria o intensidad.

Temporada de ciclones tropicales 2026

La formación del potencial ciclón tropical Uno marca uno de los primeros sistemas relevantes de la actual temporada de ciclones tropicales 2026 en el océano Atlántico, periodo en el que históricamente aumentan las lluvias, tormentas y fenómenos hidrometeorológicos que impactan a México.

Especialistas del SMN mantienen vigilancia permanente sobre el comportamiento del sistema debido a su cercanía con territorio nacional y por las condiciones favorables para lluvias torrenciales en el noreste del país.

En estados como Tamaulipas y Nuevo León, las autoridades locales ya monitorean zonas de riesgo ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de cuerpos de agua derivadas de las precipitaciones acumuladas.

La población puede consultar actualizaciones meteorológicas en las plataformas oficiales de la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, donde se emitirán nuevos avisos conforme evolucione el potencial ciclón tropical.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que su equipo jurídico analiza la viabilidad de emprender acciones legales contra el diario estadounidense Los Angeles Times y otros medios de comunicación que difundieron información que lo vincula con presuntos delitos relacionados con contrabando de combustible y evasión fiscal.

Al término de una ceremonia cívica en Ciudad Victoria, el mandatario estatal señaló que especialistas en materia legal revisan las posibilidades de actuación conforme a la legislación estadounidense, con el objetivo de determinar si existen elementos para presentar una reclamación formal.

Villarreal sostuvo que, además de una eventual acción judicial, busca obtener una reparación por los daños ocasionados a su imagen pública y que los medios involucrados otorguen espacios equivalentes para difundir su versión de los hechos.

“Hay propaganda disfrazada de noticia”, afirma Villarreal

Durante sus declaraciones, el gobernador cuestionó la cobertura realizada por algunos medios y aseguró que existen publicaciones que responden a intereses ajenos al ejercicio periodístico.

Según explicó, se trata de contenidos que, a su juicio, fueron difundidos pese a que previamente se proporcionó información para desmentir los señalamientos.

Por ello, consideró que algunas notas parecen seguir una línea previamente definida y que incluso podrían responder a intereses políticos o electorales.

“Comienza a haber propaganda disfrazada de noticia”, expresó el mandatario al insistir en que ciertas publicaciones carecen de elementos suficientes para sostener las acusaciones difundidas.

Derecho de réplica y reparación del daño, las principales exigencias

El gobernador tamaulipeco indicó que una de las principales demandas será el respeto al derecho de réplica, así como la publicación de información correctiva en los mismos espacios donde se difundieron las acusaciones.

Asimismo, planteó que los medios señalados deberían ofrecer una disculpa pública si se demuestra que la información difundida carece de sustento.

Villarreal aseguró que distintas instancias ya han rechazado los señalamientos publicados en su contra, entre ellas autoridades vinculadas con la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Así surgió el conflicto

• Medios estadounidenses publicaron reportajes que vincularon al gobernador con presuntas investigaciones relacionadas con contrabando de combustible y evasión fiscal.
• El Gobierno de Tamaulipas ha rechazado dichas acusaciones.
• Villarreal sostiene que autoridades estadounidenses y mexicanas han desmentido los señalamientos.
• El mandatario busca una reparación del daño y la difusión de aclaraciones en los mismos espacios donde se publicaron las notas.
• Sus asesores jurídicos analizan las opciones legales disponibles bajo las leyes estadounidenses.

Vincula señalamientos con el contexto político-electoral

Al ser cuestionado sobre nuevas denuncias dirigidas contra su hijo, Américo Villarreal Santiago, el gobernador consideró que se trata de situaciones similares y aseguró que ambas forman parte de un ambiente marcado por intereses políticos y electorales.

En ese sentido, afirmó que ciertos actores aprovechan momentos específicos para amplificar acusaciones y responsabilizar a funcionarios vinculados con programas sociales o con movimientos políticos determinados.

El mandatario cuestionó que se pretenda atribuir resultados electorales a delegados o responsables de programas federales, algo que consideró inusual dentro de la dinámica política nacional.

Retrasos en hospitales de Tampico y Ciudad Madero obedecen a temas técnicos

Durante el mismo encuentro con medios, Villarreal también respondió a cuestionamientos sobre la falta de inauguración de dos hospitales ubicados en la zona sur de Tamaulipas.

Explicó que las obras no han sido abiertas al público porque aún se encuentran en proceso de conclusión y equipamiento.

Entre los factores que han provocado retrasos mencionó incumplimientos de contratistas, así como demoras en la entrega e instalación de equipos especializados.

El gobernador destacó particularmente el caso del hospital de Ciudad Madero, donde la instalación de elevadores indispensables para la operación médica no se concretó dentro de los plazos originalmente establecidos.

Pese a ello, aseguró que tanto el hospital de Tampico como el de Ciudad Madero serán concluidos y puestos en funcionamiento una vez que se completen los procesos de equipamiento, con el objetivo de brindar atención médica especializada de tercer nivel a la población de la región.

La FGR obtiene la vinculación a proceso de tres personas señaladas como presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de migrantes en la frontera de Tamaulipas, con operación en Reynosa y Río Bravo, de acuerdo con la propia dependencia federal.

Según la FGR, los imputados Gregorio N, Britani N y Balbina N son investigados por su posible participación en actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas migrantes hacia Estados Unidos, una operación que presuntamente realizan desde 2024 para una estructura criminal asentada en la región fronteriza.

La captura ocurre hace unos días durante un operativo encabezado por agentes de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada durante un cateo en la colonia Cumbres, en el municipio de Río Bravo, señala la Fiscalía.

Como parte de la intervención, las autoridades aseguran cuatro inmuebles presuntamente utilizados por la organización, además de 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, diversa documentación y dinero en efectivo, de acuerdo con la información oficial.

En audiencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, formula imputación por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas, según la FGR. Con los datos de prueba presentados, un juez de control determina vincular a proceso a los tres acusados.

La resolución incluye la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el internamiento de los imputados en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, además de un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, precisa la Fiscalía.

El caso se registra en una de las rutas con mayor actividad de redes dedicadas al traslado ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. La FGR sostiene que la estructura operaba en la frontera de Tamaulipas, una zona donde este delito se mantiene como un foco de atención para las autoridades federales.

• La FGR obtiene la vinculación a proceso de Gregorio N, Britani N y Balbina N por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.
• El cateo se realiza en la colonia Cumbres de Río Bravo; aseguran cuatro inmuebles y 12 celulares, además de un vehículo, documentos y dinero en efectivo.
• Un juez dicta prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros y fija cuatro meses para la investigación complementaria.

A las 2:40 de la tarde del jueves 11 de junio, Carlos Eugenio Benítez Orta fue detenido en el Puente Internacional Puerta México, en Matamoros, Tamaulipas, y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El funcionario, adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), fue identificado, detenido y entregado por autoridades estadounidenses como resultado de una operación coordinada entre los dos países.

Su aprehensión se formalizó en suelo mexicano, cuando agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la propia ANAM cumplimentaron una orden de aprehensión en las inmediaciones del cruce fronterizo que conecta Matamoros con Brownsville, Texas.

Benítez Orta fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

ANAM y SSPC emitieron un comunicado conjunto

En un documento compartido este 12 de junio, ambas dependencias señalaron que “los hechos se relacionan con una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada”, sin detallar el grupo criminal involucrado ni el tipo de actividad bajo investigación.

Indicaron que se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho.

La ANAM subrayó que colabora con las autoridades conforme al marco jurídico vigente y reafirmó su compromiso con la legalidad y la integridad del servicio público.

La captura se dio en un contexto de creciente coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Benítez Orta fue presentado en el Altiplano

El Registro Nacional de Detenciones, consultado el 12 de junio de 2026 por Infobae México, identificó a Benítez Orta como un masculino de 45 años, 1.68 metros de estatura, complexión media, tez morena clara, ojos medianos color café obscuro y barba.

Al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de manga corta azul, zapatos negros y gorra azul, misma ropa con la que fue fotografiado por las autoridades.

El documento registró como autoridad que efectuó la detención a la SSPC. La ubicación actual consignada fue en el penal de “El Altiplano” en Almoloya de Juárez, bajo resguardo de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México.

Según la misma ficha consultada, el lugar exacto de captura fue la Colonia Jardín de Matamoros, sobre la Avenida Álvaro Obregón, entre la Calle Tamaulipas 1 y el acceso al Puente Internacional Puerta México, con código postal 87330.

Las coordenadas geográficas registradas en la ficha oficial fueron 25.891527, -97.504140, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

México y Estados Unidos crearon un grupo bilateral de seguridad

La detención de Benítez Orta se dio un día antes de que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunciaran la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), un mecanismo de coordinación permanente entre los dos países en materia de seguridad.

El BIG reunirá a 15 agencias del gobierno de Donald Trump con sus contrapartes mexicanas. Entre las áreas de trabajo figura:

• Flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas
• Tráfico de armas
• Combate a organizaciones criminales transnacionales
• Desmantelamiento de redes de financiamiento ilícito
• Robo de combustible
• Uso de tecnologías avanzadas ante amenazas emergentes

El anuncio lo formalizó la embajada de Estados Unidos en México, bajo el comunicado titulado “De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad”.

Ambos funcionarios presentaron la estrategia ante personal de ambos gobiernos que encabezará el nuevo mecanismo.

Una jueza federal permitió que José Antonio Cortés Huerta, alias Titán, salga seis horas al día de su domicilio mientras enfrenta su proceso, una modificación de medida cautelar que ocurre después de su captura como presunto operador de huachicol ligado al Cártel del Noreste y en medio de un litigio por su estado de salud.

El caso se inserta en una investigación más amplia sobre contrabando de combustibles desde Estados Unidos. En esa indagatoria, autoridades federales detectaron en marzo de 2025 un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, con aproximadamente 10 millones de litros de diésel que habría ingresado de manera ilegal al país bajo declaraciones falsas para evadir controles fiscales y aduaneros.

La jueza Segunda de Distrito en Ciudad Victoria Dafne Miroslava Carrillo de León ordenó revisar en una nueva audiencia la prisión preventiva oficiosa impuesta a Cortés Huerta y fijó un plazo de 48 horas para analizar si esa medida debía mantenerse o cambiarse. El beneficio le permite ausentarse de su domicilio hasta por seis horas al día, con la condición de no salir del país.

Fuentes federales sostuvieron que la juzgadora habría invadido atribuciones de otro órgano jurisdiccional al pronunciarse sobre una medida cautelar dictada en un circuito distinto. La defensa promovió el amparo con el argumento de que hubo presuntas violaciones a los derechos del acusado.

La defensa alegó un cuadro clínico grave para sacar a Titán del penal

Según sus abogados, Cortés Huerta, de 39 años, padece problemas cardiacos y un cuadro clínico grave que incluiría probable rabdomiólisis, hipertensión arterial y riesgo de insuficiencia renal aguda. La defensa sostuvo que no podía seguir en prisión preventiva dentro de un centro penitenciario y que debía recibir atención hospitalaria.

Antes de esta nueva resolución, un juez federal en Nuevo León ya había autorizado que abandonara el penal y permaneciera bajo custodia en el Hospital Universitario por su condición médica. Hasta ayer, seguía resguardado por fuerzas federales mientras convalecía.

La respuesta directa al punto central del caso es esta: José Antonio Cortés Huerta no quedó libre de su proceso, pero sí obtuvo un cambio en las condiciones de su resguardo. La nueva determinación judicial le permite salir de su domicilio durante seis horas diarias y le prohíbe abandonar el territorio nacional.

Cortés Huerta fue detenido a principios de mayo en la zona de Portal del Huajuco, al sur de Monterrey, durante un operativo federal. La SSPC y la FGR lo identifican como presunto líder de una célula dedicada al contrabando de combustibles, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades relacionadas con el huachicol fiscal.

La captura derivó de cateos por una red que movía combustible desde Estados Unidos

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch informó que la detención ocurrió en Nuevo León tras cuatro cateos ejecutados por la Secretaría de Marina y la FGR. Expuso que esas acciones derivaron de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con el aseguramiento del buque usado para el ingreso y traslado ilegal de hidrocarburos.

De acuerdo con García Harfuch, los inmuebles intervenidos están relacionados con una estructura dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos mediante esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. Agregó que esa red mantenía vínculos con el Cártel del Noreste y operaba rutas de traslado y distribución de combustible en distintos puntos del país.

En ese operativo fueron detenidas otras tres personas. También se aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y siete tigres.

Las investigaciones federales vinculan a Cortés Huerta con Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”, señalado como socio mayoritario de la empresa Mefra Fletes, S.A. de C.V. y como una de las piezas bajo pesquisa en la red de tráfico ilegal de hidrocarburos que operaba entre Estados Unidos y México.

A Cortés Huerta lo relacionan con dos acusaciones por portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud. La investigación, según el titular de la SSPC, sigue abierta y está encabezada por la FGR con apoyo de instituciones del Gabinete de Seguridad e información de la Unidad de Inteligencia Naval.

En redes sociales, Cortés Huerta aparecía en entrevistas sobre fisicoculturismo, daba clases y mostraba rutinas de ejercicio para ganar músculo. También participó en el documental Alma de León, centrado en fisicoculturistas de Nuevo León, y obtuvo el tercer lugar en la categoría superpesado del Campeonato Mexicano IFBB, donde se le atribuía capacidad para levantar alrededor de 280 kilos.

• Una jueza federal permitió que José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, salga de su domicilio hasta por seis horas al día mientras sigue su proceso.
• La defensa argumentó un cuadro médico grave con probable rabdomiólisis, hipertensión y riesgo de insuficiencia renal aguda.
• La FGR y la SSPC lo ubican como presunto operador de una red de contrabando de combustibles ligada al Cártel del Noreste y al caso del buque con 10 millones de litros de diésel en Altamira.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones formales luego del aseguramiento de más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo, presuntamente de origen ilícito (huachicol), como resultado de dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados sobre caminos de terracería cercanos a la carretera Reynosa-Monterrey, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

En la primera orden de cateo, las autoridades aseguraron un total de un millón 200 mil litros de hidrocarburo, 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores, 12 cartuchos y documentación diversa. En ese mismo inmueble, dos personas fueron detenidas.

Mientras que la segunda acción arrojó el aseguramiento de aproximadamente 155 mil litros de hidrocarburo, ocho frac tanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con mangueras y 190 mil litros de alcohol.

Los mandatos judiciales que respaldaron ambas diligencias fueron obtenidos por la FGR en Tamaulipas a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con base en denuncias anónimas por delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Las órdenes fueron emitidas por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad y las diligencias fueron realizadas en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

El cumplimiento de las órdenes estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), encabezados por el agente del Ministerio Público, con el respaldo de personal de diversas materias del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante la ejecución de las inspecciones judiciales, la FGR contó además con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Protección Civil, quienes estuvieron encargados de la seguridad perimetral.

Los dos inmuebles cateados, las dos personas detenidas y la totalidad de los bienes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones por los delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

Aseguran hidrocarburo con valor millonario ligado al Cártel del Golfo

Cabe recordar que el 25 de abril pasado hubo un cateo a un predio ubicado en el Ejido Progreso Agrario, en el municipio de Matamoros, que resultó en el aseguramiento de contenedores, equipo de extracción y vehículos vinculados al almacenamiento y trasiego de huachicol.

La acción resultó en la detención de dos personas y el decomiso de un inmueble, trece contenedores de almacenamiento tipo frac tank, ocho motobombas de extracción, cinco tanques, dos pipas y una caja seca.

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que los bienes decomisados estarían ligados al Cártel del Golfo, específicamente a la facción “Los Escorpiones”, organización criminal dedicada, entre otras actividades, al robo y tráfico de hidrocarburos en la frontera norte del país.

De acuerdo con las mismas fuentes, la afectación económica para el grupo delictivo ronda los 8 millones de pesos, cifra que representa una pérdida directa derivada del valor estimado del material incautado.

La Marina brindó seguridad perimetral durante el cateo, el cual fue solicitado por la FGR. Al concluir la diligencia, la autoridad ministerial notificó a los dos detenidos sobre sus derechos y los puso a disposición del Ministerio Público Federal junto con la totalidad de los efectos asegurados, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, instrumento que definirá la situación legal de los implicados.

Mediante un comunicado, la Semar sostuvo que este tipo de acciones coordinadas forman parte de la estrategia institucional para debilitar la operación logística y financiera de los grupos delictivos en la región. El decomiso del equipo y del combustible, sumado a la detención de integrantes de la organización, apunta a frenar la distribución de hidrocarburos ilegales en Tamaulipas y en los estados vecinos.

El Gobierno de Tamaulipas autorizó que estudiantes de educación básica y media superior se queden en casa este jueves 11 de junio por el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, sin que cuente como falta ni genere afectación académica, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Educación del estado de este 10 de junio.

Esta medida aplica solo durante ese día en las escuelas de Tamaulipas y las clases se reanudarán con normalidad al día siguiente, según la misma dependencia estatal.

La Secretaría precisó que todas las escuelas y planteles del estado permanecerán abiertos y operarán de forma habitual para las familias que decidan enviar a sus hijas e hijos a clases en su horario regular.

También solicitó la Secretaría de Educación de Tamaulipas a las y los docentes asignar actividades académicas para quienes opten por permanecer en casa, con seguimiento para mantener la continuidad de los aprendizajes sin afectar el desarrollo del ciclo escolar.

SEP ordena la suspensión de actividades escolares en la CDMX para el 11 de junio

El Colegio de Bachilleres suspenderá clases en sus 20 planteles de la CDMX este jueves 11 de junio, de acuerdo con un comunicado oficial de la institución, una medida que se alinea con el decreto federal publicado ese mismo 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación para reducir presión en la movilidad urbana y mantener servicios públicos durante la inauguración del Mundial 2026 en la capital.

La disposición alcanza a estudiantes, docentes y personal administrativo, y las actividades presenciales se reanudarán el 12 de junio, según el propio Colegio de Bachilleres. La pausa se suma a las suspensiones anunciadas por la SEP y la UNAM. Esta medida abarca los 20 planteles del subsistema.

El decreto federal también ordenó esquemas de teletrabajo para dependencias federales con sede en la Ciudad de México.

La institución educativa informó que la suspensión se fundamentó en el artículo tercero del decreto publicado el pasado 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación. De acuerdo con ese documento, la medida es obligatoria para todas las escuelas de educación media superior de la SEP con sede en la CDMX.

También se indicó que todos los planteles de educación básica, media superior y superior de la SEP en la capital suspenderán actividades ese día. Ese alcance incluye preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, normales y centros de formación de maestros, tanto en escuelas públicas como privadas,

Los estados suspenden clases el jueves 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026

Al menos 11 estados de México suspenderán clases este jueves 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrenta a Sudáfrica a las 13:00 horas. La medida se extendió tras la orden que la presidenta Claudia Sheinbaum publicó para detener labores de funcionarios públicos y actividades escolares en CDMX, con el argumento de reducir la movilidad y evitar congestionamientos.

En el Estado de México, la suspensión abarca todos los niveles, públicos y privados, y dejará sin asistencia presencial a casi 4 millones 500 mil estudiantes. La Secretaría de Educación estatal explicó que la medida busca facilitar el arranque del torneo y prevenir contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes y padres de familia en la zona metropolitana del Valle de México.

Jalisco también detuvo clases en todos los niveles y actividades del sector público, con excepción de emergencias, protección civil, bomberos y cuerpos de seguridad.

El caso de Nuevo León destaca porque es sede del Mundial 2026 y Monterrey albergará varios partidos, pero no ha anunciado suspensión de clases ni recorte de horario para este jueves. Sus autoridades educativas difundieron esta semana un programa permanente de movilidad escolar con horarios escalonados, carpool y rutas seguras, aunque esa estrategia no está relacionada con el partido inaugural

A días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para México e incluyó entre sus factores de riesgo oficiales el terrorismo, junto con la delincuencia y los secuestros.

La advertencia, emitida el 29 de mayo de 2026, no utiliza ese término de forma genérica: lo aplica con una etiqueta técnica —identificada con la letra T— que acompaña la clasificación de riesgo de cada estado mexicano en el sistema de alertas de viaje estadounidense.

Las tres ciudades sedes del torneo recibieron esta designación:

• Ciudad de México – Nivel 2 (Mayor precaución): riesgo por terrorismo y crimen.
• Nuevo León (Monterrey) – Nivel 2 (Mayor precaución): misma categoría que la capital.
• Jalisco (Guadalajara) – Nivel 3 (Reconsiderar el viaje): el documento advierte que “las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas” y que “tiroteos entre estos grupos han herido o matado a transeúntes inocentes”.

Qué significa la etiqueta “T” en la práctica

El sistema de clasificación del Departamento de Estado distingue tres tipos de amenaza: crimen (C), secuestro (K) y terrorismo o violencia de organizaciones criminales (T). Esta última categoría es la que la administración Trump ha vinculado directamente con los principales cárteles mexicanos, a los que designó formalmente como organizaciones terroristas desde el inicio de su mandato.

Bajo esa lógica, la alerta no describe actos de terrorismo en el sentido convencional del término, sino que encuadra la violencia de grupos criminales organizados dentro de esa categoría, una distinción que el gobierno mexicano ha rechazado públicamente.

Restricciones que el gobierno de EE.UU. recomienda seguir

La alerta incluye una serie de restricciones que aplican a los empleados del gobierno estadounidense en México y que Washington recomienda “encarecidamente” a los ciudadanos que también las sigan:

• No viajar entre ciudades después del anochecer.
• Utilizar únicamente servicios de taxi regulados o aplicaciones como Uber o Cabify; no hacer señas a taxis en la calle.
• Evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas.
• No conducir entre ciudades fronterizas mexicanas y el interior del país, salvo excepciones.

Seis estados quedaron en el Nivel 4: No viajar —el más alto—: Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Ninguno es sede del Mundial.

El contexto: drones, cárteles y tensión diplomática

La alerta llega en un momento de fricciones entre los dos gobiernos. El 2 de junio, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió ante el Senado estadounidense que los cárteles mexicanos disponen de drones que podrían ser utilizados para atacar intereses estadounidenses. En su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, Rubio describió el fenómeno como “un desafío global” y señaló que los cárteles “los están utilizando entre sí”, por lo que consideró que eventualmente podrían emplearlos contra intereses de su país.

Las declaraciones coincidieron con un periodo de alta fricción diplomática con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien días antes acusó a las instituciones de justicia estadounidenses de “injerencia” por los juicios contra funcionarios sinaloenses. Las tensiones también se agudizaron tras un incidente en Chihuahua en abril, donde dos agentes de la CIA fallecieron luego de desmantelar un narcolaboratorio, lo que generó protestas formales de la cancillería mexicana por la operación no autorizada en su territorio.

En ese clima, Sheinbaum le marcó límites al embajador Ronald Johnson desde su conferencia matutina: “Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países.”

La clasificación de riesgo del Departamento de Estado representa una evaluación unilateral y no refleja la posición oficial de la FIFA ni del gobierno mexicano sobre la viabilidad del torneo.

Las redes de tráfico de migrantes han sufrido bajas en los últimos meses con varios golpes realizados por las autoridades mexicanas. La identificación de células involucradas en el envío de personas desde Guatemala a Estados Unidos, a través de México, provocó las detenciones de dos presuntos involucrados en esta actividad ilícita.

Luego de que Pedro “N” y Daniela “N” fueron detenidos a principios de junio con más de 90 pasaportes, visas y otros objetos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su vinculación a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Su arresto se llevó a cabo como resultado de investigaciones y del área de Inteligencia del Gabinete de Seguridad, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), que permitieron identificarlos como probables integrantes de una organización criminal de lleva migrantes desde Guatemala a territorio mexicano, para luego trasladarlos a la frontera con Estados Unidos.

Pedro “N” fue localizado en la colonia Viveros 2, mientras que Daniela “N” en la colonia Santiago M. Belden, ambas locaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el operativo se aseguraron 94 pasaportes, al menos 25 visas, dinero en dólares y pesos, 10 teléfonos celulares y tres tabletas.

Daniela “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo, Nuevo León, mientras que Pedro “N” permanece en el Centro de Reinserción Social de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ambos deberán esperar la finalización de la etapa de investigación complementaria dentro de dos meses.

Otra ruta de tráfico de migrantes guatemaltecos fue ubicada desde CDMX a Ciudad Juárez

En marzo pasado, una red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia Estados Unidos fue detectada por autoridades mexicanas tras la identificación de sus centros de operaciones en Chihuahua y Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue a través de labores de inteligencia entre corporaciones del Gabinete de Seguridad y en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que se ubicó a la organización criminal.

Derivado de las investigaciones, fueron detenidos cinco presuntos integrantes de la red de tráfico de migrantes, una estructura que, según la fiscalía, operaba al menos desde 2024 con casas de seguridad en Chihuahua y CDMX para alojar a las víctimas antes de intentar su cruce por El Paso, Texas.

La fiscalía informó que, tras ubicar sus operaciones, las autoridades realizaron cateos en cinco domicilios de Ciudad Juárez. En esos operativos detuvieron a José Isaac “N”, alias “Isaac”; Luis Antonio “N”, alias “Perusi”; José Ramón “N”, alias “El Noño”; José Ramón “N”, alias “Niño”; y Gonzalo “N”, alias “El Gori”, este último identificado como el líder de la red.

Guatemala también identificó una red de tráfico de personas que los trasladaba por México

La investigación se enlaza con un operativo realizado en Guatemala en febrero, donde autoridades de ese país desmantelaron otra célula ligada al traslado de personas hacia México y Estados Unidos, la cual declararon desmantelada luego de capturar a líderes y colaboradores.

De acuerdo con María Esther Guzmán, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales de Guatemala, los familiares de los migrantes llegaron a pagar entre 179 mil pesos y 300 mil pesos por su liberación o por continuar el trayecto.

Según Guzmán, bajo el nombre de “Mercaderes de Migrantes” esa estructura operaba desde Guatemala para enviar personas a México. Su zona de operaciones estaba en los municipios de Nentón y San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango, donde ofrecían hospedaje y alimentación en sitios que llamaban bodegas antes del traslado hacia Estados Unidos.

Durante su paso por México, los migrantes eran víctimas de secuestro para obligar a sus familiares a entregar grandes sumas de dinero, cuyos depósitos se hacían en cuentas guatemaltecas y en cuentas de otros países de origen de los captores.

De acuerdo con la fiscal guatemalteca, la red avisaba a organizaciones criminales en México sobre la llegada de los migrantes para que les permitieran continuar con el traslado.

A tan solo dos días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su embajada en México, emitió una alerta de viaje oficial que clasifica a los estados del territorio mexicano en cuatro niveles de riesgo. Las tres ciudades sedes del torneo — Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey — quedaron ubicadas en categorías de alta precaución, con diferencias notables entre ellas.

El sistema de alertas: cuatro niveles, un mapa dividido

Las advertencias de viaje del Departamento de Estado operan en cuatro niveles progresivos: ejercer precaución normal, ejercer precaución elevada, reconsiderar el viaje y no viajar. La actualización evalúa la seguridad de cada entidad federativa y les asigna etiquetas técnicas según el tipo de peligro detectado: crimen (C), secuestro (K) y terrorismo o violencia de organizaciones criminales (T).

En ese esquema, solo Campeche y Yucatán quedaron en Nivel 1, la categoría de menor riesgo.

¿Qué nivel tienen las sedes del Mundial?

Las tres ciudades anfitrionas mexicanas recibieron clasificaciones distintas:

• Ciudad de México – Nivel 2 (Mayor precaución): El Departamento de Estado recomienda ejercer mayor precaución por terrorismo y crimen. También advierte que pueden ocurrir delitos violentos y no violentos en la capital, y pide especial cuidado por la noche fuera de zonas turísticas con mayor presencia policial.
• Nuevo León (Monterrey) – Nivel 2 (Mayor precaución): Ciudad de México y Nuevo León quedaron bajo recomendaciones de tener mayor precaución. La sede del Estadio BBVA comparte el mismo rango de alerta que la capital.
• Jalisco (Guadalajara) – Nivel 3 (Reconsiderar el viaje): El gobierno de Estados Unidos pide reconsiderar viajar a Jalisco. “En Guadalajara, las batallas entre grupos criminales han ocurrido en zonas turísticas. Los tiroteos entre estos grupos han herido o matado a transeúntes inocentes. Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido secuestrados”, indica la alerta.

Sin embargo, el Departamento de Estado no ha impuesto restricciones para viajar al área metropolitana de Guadalajara, donde se ubica el Estadio Akron, sede de la justa mundialista.

Los estados en “No viajar”: zona roja fuera de las sedes

En el nivel más alto de riesgo — Nivel 4: No viajar — quedaron Colima, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa y Zacatecas. Ninguno de estos estados es sede del Mundial, pero varios forman parte de rutas terrestres que algunos aficionados podrían transitar para llegar a las ciudades del torneo.

Recomendaciones para los aficionados

Las autoridades mexicanas han desplegado operativos especiales de seguridad en aeropuertos, carreteras, zonas turísticas y alrededores de los estadios. Por su parte, Estados Unidos sugirió a sus ciudadanos registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas de seguridad y permitir que la embajada o consulado pueda contactarlos en caso de emergencia.

La clasificación estadounidense refleja una evaluación unilateral de riesgos y no representa la posición oficial de la FIFA ni del gobierno mexicano respecto a la viabilidad del torneo. El motivo principal de la Casa Blanca para difundir este mapa de riesgo a escasas horas de la patada inicial es salvaguardar a los más de 5.5 millones de turistas internacionales que se espera arriben a México para celebrar la justa deportiva.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negó oficialmente que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, cuenten con un permiso especial de ingreso al país conocido como ‘parole’, desmintiendo así reportes previos que señalaban que ambos funcionarios habrían recibido ese beneficio migratorio tras la cancelación de sus visas.

La negativa oficial del DHS

La confirmación llegó en respuesta a una solicitud formal de información realizada por La Opinión. La dependencia respondió por correo electrónico con los segundos apellidos completos de ambos gobernadores —detalle que despeja cualquier ambigüedad sobre a quiénes se refería la consulta.

“Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido [beneficiados con tal permiso]”, señaló el DHS.

El Significant Public Benefit Parole —o Permiso Parole por Beneficio Público Significativo— es una autorización migratoria discrecional que permite a extranjeros ingresar o permanecer temporalmente en EE.UU. sin visa, siempre que su presencia represente un beneficio reconocido para el gobierno, el interés público o la seguridad nacional. Solo tres instancias pueden otorgarlo: USCIS, CBP e ICE, y las tres fueron consultadas para emitir esta respuesta.

La polémica se desató tras un reportaje de Los Angeles Times que afirmaba que Washington había retirado las visas a ambos gobernadores y, paralelamente, les había otorgado ese permiso especial de entrada. El periodista Steve Fisher, autor de la investigación, sostuvo que Villarreal habría ingresado a territorio estadounidense por un puerto oficial y fue escoltado por funcionarios, aunque aclaró que no puede confirmar si el mandatario tamaulipeco coopera con alguna investigación.

Respecto a las visas, tanto el DHS como el Departamento de Estado se remitieron mutuamente, aunque este último precisó que la revisión de visas es un proceso continuo: si surge información nueva y potencialmente desfavorable sobre un titular, un funcionario consular puede determinar la revocación.

Sheinbaum: “¿Está buena, no?”

Este lunes, durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso y reaccionó con una pregunta retórica: “¿Está buena, no?”

Ante otra pregunta relacionada, Sheinbaum atribuyó la difusión de estas narrativas a “sectores de la ultraderecha” de ambos países, a quienes acusó de buscar deteriorar la relación bilateral. Señaló que el objetivo sería influir tanto en las elecciones de noviembre en Estados Unidos como en los comicios mexicanos de 2027. Descartó que se trate de una postura unificada del gobierno de Donald Trump y señaló que medios como The New York Times y Los Angeles Times han construido sistemáticamente una narrativa adversa hacia México.

Un caso en medio de la presión antinarcóticos

El episodio se inserta en un contexto de creciente tensión binacional. La administración Trump ha intensificado su presión contra el crimen organizado en México y presentó cargos contra 10 políticos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La Fiscalía mexicana rechazó su detención preventiva por considerar insuficiente la evidencia presentada.

En paralelo, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses y enfrenta proceso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró “no culpable”.

Durazo y Villarreal han negado en todo momento que sus visas hayan sido canceladas.

Luego de que un medio estadounidense informara que al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se le investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado y que se le había cancelado su visa americana, el político mexicano mostró de manera pública el documento y negó las acusaciones en su contra.

Además, Villarreal negó estar vinculado a algún tipo de actividad ilícita y aseguró que sus viajes a Estados Unidos han sido utilizando el documento legal requerido y no ocupando algún documento distinto.

En una rueda de prensa, el gobernador dijo que “niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones publicada en los Angeles Times, se trata de afirmación que buscan publicar acusaciones sin pruebas, sin fuentes”.

Cabe destacar que entre los señalamientos contra el político miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentran supuestos vínculos con redes de tráfico ilegal de combustibles, también conocido como huachicol.

En la publicación periodística se hizo mención sobre una supuesta revocación de su visa para ingresar a Estados Unidos, sin embargo, el mandatario estatal rechazó las acusaciones, sosteniendo que no existe evidencia pública o documentación oficial que respalde esas acusaciones.

Tras esto, Villarreal sacó de su cartera la visa, misma que le permite ingresar a Estados Unidos, y declaró que “cuento con mi visa no he recibido notificación alguna de cancelación o revocación por parte de autoridad estadounidense, jamás he viajado a los Estados Unidos ocupando un documento distinto al que legalmente me corresponde”.

Negó estar vinculado a actividades ilícitas, con el tráfico de combustible, como se le acusó, y recordó que su trayectoria profesional es pública y antes de ser mandatario de Tamaulipas, era médico.

Relaciones Exteriores niega notificación de EEUU sobre retiro de visas a Durazo y Villarreal

Apenas el pasado jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que hasta el momento no se había recibido ninguna notificación oficial o extraoficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto al presunto retiro de visas del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el de Sonora, Alfonso Durazo, versiones que fueron difundidas por el medio estadounidense Los Angeles Times.

Roberto Velasco, canciller, señaló en una conferencia de prensa que no existía comunicación por parte de las autoridades estadounidenses sobre supuestas investigaciones contra ambos mandatarios estatales, ni sobre posibles restricciones migratorias.

Las declaraciones se producen luego de que diversos reportes periodísticos señalaran que autoridades de Estados Unidos presuntamente investigan a los gobernadores por posibles vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado y el huachicol, además de que habrían sido objeto de medidas migratorias.

Reportes de medios y respuesta oficial

El tema surgió tras publicaciones de medios estadounidenses que citaron fuentes no identificadas para sostener que ambos gobernadores estarían bajo investigación en territorio estadounidense.

Ante ello, Velasco indicó que la SRE no cuenta con información que confirme dichos señalamientos.

Entre los puntos que han marcado la discusión destacan:

• Reportes periodísticos sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos.
• Versiones sobre un supuesto retiro de visas a los gobernadores.
• La ausencia de información oficial compartida por autoridades estadounidenses con México.
• Los pronunciamientos de los gobiernos estatales rechazando los señalamientos.
• Tanto Durazo como el gobierno de Tamaulipas han negado las acusaciones y rechazado la existencia de elementos que sustenten las versiones difundidas.

Relación bilateral y diálogo diplomático

Durante el mismo encuentro con medios, el canciller también fue consultado sobre la relación entre México y Estados Unidos, particularmente después de los intercambios públicos registrados en días recientes entre autoridades mexicanas y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Velasco sostuvo que existe una comunicación constante entre ambos gobiernos y afirmó que el diálogo con la representación diplomática estadounidense se mantiene en un marco de respeto institucional.

Según explicó, la relación bilateral exige una coordinación permanente debido al intercambio comercial, la cooperación en distintos ámbitos y la presencia de millones de mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México.

Dos sujetos fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la fuerzas armadas y posesión de narcótico. Cabe destacar que, según los reportes, los hombres estarían relacionados con el ataque armado que derivó en la muerte del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, hechos ocurridos en agosto de 2025.

Se trata Ángel “N” y José “N”, a quienes les fue impuesta prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones CEDES Matamoros, además de tres meses para la investigación complementaria.

“Dichas personas, además de este proceso penal, de acuerdo con nuestras investigaciones, probablemente estén relacionados con distintos sucesos ocurridos en el estado de Tamaulipas”, es parte de lo informado por la FGR el 4 de junio.

El reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy señala que los sujetos mencionados fueron arrestados en flagrancia en Ciudad Camargo junto con dos armas largas, cocaína, marihuana y cartuchos.

Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional, los que realizaron la detención de los dos sujetos ahora procesados. Los reportes indican que Ángel “N” es apodado Angelín.

El ataque en Tamaulipas

Fue el 4 de agosto del año pasado que las autoridades confirmaron la muerte de un "servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en la ciudad de Reynosa".

Posterior a la agresión, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó que el gobierno estatal mantenía colaboración con la FGR para continuar con las investigaciones del caso.

Villarreal Anaya aseguró que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos registrados en Reynosa, sostuvo conversaciones con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Como resultado de las acciones desplegadas por las autoridades, el mandatario detalló que elementos de la Guardia Estatal localizaron uno de los vehículos utilizados por los agresores y lo mantuvieron bajo custodia hasta la llegada del personal de la FGR, quien procedió a realizar las pruebas periciales correspondientes.

Ocho detenidos por homicidio de policía de Protección Federal

En otras acciones, el pasado 22 de mayo fue informado el arresto de ocho sujetos que estarían relacionados con el homicidio de Marcelo Vázquez Vázquez, ocurrido el 17 de mayo en Matamoros.

Lo anterior como resultado de despliegues en la entidad que resultaron en el aseguramiento de 21 armas largas, dos armas cortas, 35 cargadores, aproximadamente mil 371 cartuchos de diferentes calibres, alrededor de 43 kilogramos de probable marihuana, 10 vehículos, 10 chalecos balísticos, seis placas balísticas, dos radios de comunicación y 159 ponchallantas.

Los trabajos de investigación de campo y gabinete estuvieron a cargo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la SSPC, con la participación adicional de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Guardia Estatal (GE) de Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJTAM) y el propio SPF.

La primera acción operativa fue la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de la colonia Ciudad Industrial, en Matamoros, donde fueron detenidos en flagrancia Juan “N”, Eduardo “N” y Víctor “N”, por su probable participación en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En una segunda acción, desplegada en la colonia Casablanca, fue arrestado Juan Pablo “N”; en ese punto se aseguró un vehículo con placas del estado de Texas, Estados Unidos, un arma larga, una corta, cargadores, cartuchos de distintos calibres y un chaleco táctico.

En operativos posteriores, las autoridades localizaron y detuvieron en Matamoros a Arturo “N”, Zuriel “N”, José Ángel “N” y Rubén “N”, también por probable responsabilidad en delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial o extraoficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto al presunto retiro de visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, versiones que fueron difundidas esta semana por medios estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa, el canciller Roberto Velasco señaló que no existe comunicación por parte de las autoridades estadounidenses sobre supuestas investigaciones contra ambos mandatarios estatales ni sobre posibles restricciones migratorias.

Las declaraciones se producen luego de que diversos reportes periodísticos señalaran que autoridades de Estados Unidos presuntamente investigan a los gobernadores por posibles vínculos con actividades relacionadas con el crimen organizado y el huachicol, además de que habrían sido objeto de medidas migratorias.

Reportes de medios y respuesta oficial

El tema surgió tras publicaciones de medios estadounidenses que citaron fuentes no identificadas para sostener que ambos gobernadores estarían bajo investigación en territorio estadounidense.

Ante ello, Velasco indicó que la SRE no cuenta con información que confirme dichos señalamientos.

Entre los puntos que han marcado la discusión destacan:

• Reportes periodísticos sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos.
• Versiones sobre un supuesto retiro de visas a los gobernadores.
• La ausencia de información oficial compartida por autoridades estadounidenses con México.
• Los pronunciamientos de los gobiernos estatales rechazando los señalamientos.

Tanto Durazo como el gobierno de Tamaulipas han negado las acusaciones y rechazado la existencia de elementos que sustenten las versiones difundidas.

Relación bilateral y diálogo diplomático

Durante el mismo encuentro con medios, el canciller también fue consultado sobre la relación entre México y Estados Unidos, particularmente después de los intercambios públicos registrados en días recientes entre autoridades mexicanas y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Velasco sostuvo que existe una comunicación constante entre ambos gobiernos y afirmó que el diálogo con la representación diplomática estadounidense se mantiene en un marco de respeto institucional.

Según explicó, la relación bilateral exige una coordinación permanente debido al intercambio comercial, la cooperación en distintos ámbitos y la presencia de millones de mexicanos en Estados Unidos y de estadounidenses en México.

Mundial 2026 y movilizaciones en la Ciudad de México

En otro tema, el titular de la SRE aseguró que México cuenta con las condiciones necesarias para recibir a los visitantes que asistirán al Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La declaración se dio tras ser cuestionado sobre las movilizaciones que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país y las obras que actualmente se desarrollan en distintos puntos de la ciudad.

Velasco afirmó que el gobierno mantiene atención permanente a las manifestaciones sociales y consideró que estas no impedirán el desarrollo de las actividades relacionadas con el torneo internacional.

Preparativos rumbo a la Copa del Mundo

De acuerdo con las autoridades federales, la organización del Mundial contempla acciones en distintos frentes:

• Coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
• Estrategias de seguridad para visitantes nacionales y extranjeros.
• Mejoras en infraestructura y movilidad.
• Atención a servicios turísticos y de hospitalidad.
• Promoción de la oferta cultural y gastronómica de las ciudades sede.

El canciller sostuvo que los visitantes encontrarán una amplia oferta turística y cultural durante su estancia en México y señaló que las expresiones sociales forman parte de la vida democrática del país.

A poco más de una semana del inicio de las actividades mundialistas, el gobierno federal busca mantener certidumbre tanto frente a la polémica generada por los reportes sobre los gobernadores de Sonora y Tamaulipas como ante las inquietudes relacionadas con la movilidad y la seguridad para los miles de aficionados que se espera arriben al país durante la justa deportiva.

En medio de la ofensiva que Estados Unidos mantiene en contra de los cárteles, y ahora en contra de políticos y funcionarios vinculados con el crimen organizado, dos gobernadores serían el nuevo blanco de investigaciones tras el retiro de su visa por parte de ese país.

De acuerdo con Los Angeles Times, se trata de los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el de Sonora, Alfonso Durazo, quienes son investigados por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

En medio de estas investigaciones, las autoridades de ese país también retiró las visas de ambos funcionarios, emanados del partido de Morena, según afirmaron al diario fuentes cercanas al caso.

Alfonso Durazo y Américo Villarreal estarían ingresando bajo un programa reservado para testigos que cooperan

El medio señaló que a Alfonso Durazo le fue retirada su visa americana el año pasado, en medio de investigaciones por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Fuentes les refirieron que el gobernador viaja de manera regular a ese país para recibir tratamiento especializado por un afección médica; sin embargo, su ingreso se realiza mediante un programa de libertad condicional reservado para personas que cooperan con las autoridades.

Dicho programa es conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, el cual permite a los no ciudadanos testificar con el objetivo de que las autoridades obtengan información y pruebas en casos.

El año pasado fue el periodista Luis Chaparro quien reportó que Durazo era catalogado como “sospechoso de terrorismo” por la agencia CBP en Estados Unidos, lo que supuestamente lo convertía en un objetivo de detención inmediata al intentar ingresar a ese país.

Tras el reporte, Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, negó la autenticidad del documento compartido por el comunicador y tachó la nota como “completamente falsa” por carecer de sustento.

Respecto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, señaló que es investigado en Estados Unidos por el contrabando de hidrocarburo ilegal, conocido como huachicol. Además, también contaría con libertad condicional por beneficio público significativo, por lo que al cruzar debe ser escoltado por funcionarios de ese país.

Al respecto, Villarreal negó haber cometido alguna irregularidad y calificó las acusaciones de falsas y carentes de pruebas.

Cabe señalar que el año pasado el gobernador fue añadido a lista de Narcopolíticos, realizada por los periodistas Óscar Balderas y Luis Chaparro junto con la organización civil Defensorxs. Mediante documentos y fotografías, el portal reveló que Villarreal es señalado por presuntos nexos con el Cártel del Noreste y Cártel del Golfo, relacionados con huachicol.

Rubén Rocha Moya no sería el primer gobernador investigado por EEUU

Con esto, sumarían tres gobernadores en funciones investigados por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. El primero fue Rubén Rocha Moya, quien tomó licencia al cargo luego de ser acusado por supuestamente brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Su acusación también integró a nueve funcionarios activos y en retiro de Sinaloa, señalados también por haber permitido la comisión de actividades delictivas de esta célula, así como de presuntamente filtrarles información sobre operativos y de favorecer la captura de sus rivales.

Gobierno de Sonora niega que Durazo sea investigado por Estados Unidos

Tras la publicación del reportaje de Los Angeles Times, Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, lo tachó de información falsa y aseguró que el gobernador Alfonso Durazo sí cuenta con visa vigente.

“El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, escribió en redes sociales.

Tras varios meses alejada de los reflectores nacionales, Dalay Torres Orozco volvió a convertirse en tema de conversación en internet. La joven, recordada por protagonizar junto a su madre uno de los casos virales más comentados de 2025 en Tampico, Tamaulipas, sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de una cuenta de contenido exclusivo mediante suscripción.

La reapertura de su actividad pública ocurre después de que su nombre se hiciera tendencia por el caso conocido en redes sociales como el de las “Ladies Invasoras”, una polémica que provocó miles de reacciones y dividió opiniones entre usuarios de todo el país.

Ahora, Dalay busca abrir una nueva etapa digital a través del perfil identificado como @dalayjk, donde ofrece acceso a contenido para suscriptores mediante distintos niveles de membresía. De acuerdo con la información compartida por la propia creadora, existen dos opciones disponibles para quienes deseen seguirla de manera más cercana.

La primera modalidad lleva por nombre “Íntimos tú y yo” y tiene un precio de 20 dólares mensuales. La segunda alternativa, llamada “Personalizado bb”, alcanza los 40 dólares al mes. La promoción de estos planes ha sido difundida principalmente desde sus historias de Instagram, donde mantiene presencia bajo el usuario @dalay_torresorozco.

El nombre de Dalay Torres alcanzó notoriedad nacional luego de que Irma Guadalupe denunciara públicamente la ocupación de una vivienda de su propiedad ubicada en la colonia Vista Bella, en Tampico. Según explicó la afectada, abandonó México hace aproximadamente diez años para establecerse en Estados Unidos y dejó la administración del inmueble en manos de familiares.

Sin embargo, al regresar al país descubrió que la casa estaba habitada por Dalay Torres y su madre. La situación derivó en una confrontación que fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales, donde acumuló millones de reproducciones.

Durante aquellas imágenes, la propietaria exigía la devolución de su vivienda mientras las ocupantes respondían con actitudes que muchos usuarios calificaron como burlonas. El comportamiento mostrado durante el conflicto provocó una ola de críticas y convirtió a ambas mujeres en figuras ampliamente reconocidas en internet.

La denunciante aseguró contar con documentos que acreditan la propiedad del inmueble y solicitó ayuda para visibilizar el caso, además de orientación jurídica para recuperar la vivienda.

Ahora, con el lanzamiento de su plataforma de suscripción, Dalay vuelve a colocarse bajo el escrutinio público. Mientras algunos usuarios consideran que está aprovechando la atención mediática para emprender un proyecto digital, otros cuestionan que continúe obteniendo notoriedad a partir de una controversia que generó indignación en redes sociales.

Lo cierto es que su regreso confirma cómo algunas figuras virales logran mantener vigente su presencia digital incluso después de que las polémicas que las hicieron famosas parecen haber quedado atrás.

El gobierno del estado de Sonora salió al paso este miércoles para desmentir una publicación del diario Los Angeles Times que señala al gobernador Alfonso Durazo Montaño como uno de dos mandatarios mexicanos bajo investigación del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, Paloma Terán, aseguró que la información es “completamente falsa” y precisó que Durazo cuenta con visa estadounidense vigente y no ha recibido notificación alguna de investigación por parte de autoridades de ese país. Por su parte, el coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Gerardo Algarín, fue igual de categórico: afirmó que “no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable” que respalde lo publicado por el rotativo.

Además, la plataforma de verificación Infodemia se sumó a los desmentidos y clasificó la información del LA Times como falsa en sus redes sociales, citando precisamente las declaraciones de ambas vocerías estatales.

Lo que reveló el LA Times

El rotativo estadounidense publicó este miércoles que Washington investiga a dos gobernadores de Morena por presuntos lazos con el crimen organizado: Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas. Según el diario, a ambos les fue revocada su visa, aunque mantienen acceso a territorio estadounidense mediante un programa especial conocido como “Beneficio Público Significativo” (Significant Public Benefit Parole), un mecanismo habitualmente reservado para personas que colaboran con autoridades o testifican ante un gran jurado.

De acuerdo con el LA Times, Durazo —de 71 años y exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno de López Obrador, donde operó la estrategia de “abrazos, no balazos”— viaja regularmente a Estados Unidos bajo ese permiso especial para recibir tratamiento médico. Su estado, Sonora, es una de las principales rutas de tráfico de drogas en la frontera norte.

En el caso de Villarreal, de 68 años, la investigación giraría en torno al contrabando de combustible conocido como huachicol, delito arraigado en Tamaulipas. El gobernador tamaulipeco ha negado las acusaciones y asegura que carecen de sustento.

Contexto: presión acumulada sobre Morena

Las revelaciones del LA Times se suman a una cadena de señalamientos contra funcionarios del partido gobernante. El pasado 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York acusó a diez funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ante esa ola de investigaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido a Washington pruebas concretas antes de actuar. La mandataria ha calificado las indagatorias de injerencia electoral y violación a la soberanía mexicana, y se ha negado a extraditar a Rocha Moya. En paralelo, ha cuestionado públicamente si detrás de estas acciones existe una agenda política de la derecha estadounidense de cara a las elecciones de 2026 y 2027.

La escalada de tensiones ocurre a un mes de que México, Estados Unidos y Canadá inicien la revisión del T-MEC.

Doble desmentido oficial e Infodemia

Ante la publicación, ambos gobiernos estatales actuaron de forma coordinada. Sonora negó cualquier cancelación de visa o notificación de investigación hacia Durazo. Tamaulipas, por su parte, exigió evidencia concreta: Algarín subrayó la ausencia total de “documentos, expedientes o resoluciones” que sustenten el reportaje.

Infodemia, plataforma especializada en verificación de información en México, respaldó ambas versiones y etiquetó la publicación como falsa en sus redes.

Por ahora, el LA Times no ha respondido públicamente a las declaraciones del gobierno de Sonora.

Dos personas fueron detenidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante un operativo en el que autoridades federales y estatales aseguraron 94 pasaportes apócrifos de México y Estados Unidos, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El aseguramiento ocurrió como resultado de seis cateos ejecutados en distintos inmuebles de ese municipio fronterizo. Las autoridades no dieron a conocer la ubicación exacta de las propiedades intervenidas ni la identidad de los detenidos.

De acuerdo con la información oficial, entre los documentos decomisados se encontraban 32 pasaportes mexicanos y 62 expedidos aparentemente por autoridades estadounidenses. Todos fueron catalogados como apócrifos por las instancias encargadas de la investigación.

Además de los documentos falsificados, durante las diligencias fueron asegurados siete teléfonos celulares que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las indagatorias.

Las acciones fueron realizadas por un grupo interinstitucional integrado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatal.

El Gabinete de Seguridad no detalló si los inmuebles intervenidos operaban como centros de falsificación o distribución de documentos, ni precisó si existen más personas relacionadas con el caso.

Los pasaportes y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de las actividades detectadas y la posible responsabilidad de los detenidos.

Nuevo Laredo es uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, por lo que las autoridades federales mantienen operativos permanentes para combatir delitos relacionados con tráfico de personas, falsificación de documentos y actividades de delincuencia organizada.

Hasta 8 años de prisión: las sanciones por falsificar documentos oficiales en México

La falsificación de documentos públicos en México está tipificada como delito federal y puede castigarse con penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de multas económicas. La legislación considera dentro de esta categoría a documentos oficiales emitidos por autoridades gubernamentales, entre ellos identificaciones, certificados, permisos y pasaportes.

De acuerdo con el Código Penal Federal, la conducta delictiva no se limita a la fabricación completa de un documento falso. También incluye la alteración de documentos auténticos, la modificación de información oficial, el uso indebido de firmas, la incorporación de datos falsos y la elaboración de identificaciones sin autorización de la autoridad competente.

La ley establece además que cuando la falsificación es cometida por un servidor público, las sanciones pueden incrementarse hasta en una mitad adicional debido a la responsabilidad inherente al cargo.

El Código Penal Federal también contempla castigos para quienes utilicen de manera consciente documentos falsificados. Es decir, la responsabilidad penal no recae únicamente en quienes los elaboran o alteran, sino también en quienes hacen uso de ellos sabiendo que carecen de autenticidad.

La severidad de las penas responde a que los documentos oficiales constituyen instrumentos de identificación y acreditación reconocidos por el Estado, por lo que su falsificación puede afectar procedimientos administrativos, judiciales, migratorios y financieros

Lo que parecía ser un envío rutinario de juguetes infantiles ocultaba en realidad una historia de crueldad y tráfico de fauna silvestre. En un operativo reciente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) logró asegurar 350 ejemplares de tortugas de diversas especies que viajaban hacinadas y ocultas bajo la fachada de un cargamento de juguetes.

El operativo, realizado el 26 de mayo, derivó de una alerta emitida por personal de una empresa de paquetería, quienes identificaron un manejo sospechoso y dieron aviso a las autoridades, según informó la dependencia federal.

Durante la inspección, se localizó a las tortugas confinadas en recipientes pequeños y envueltas en calcetines, condición que generó hacinamiento y puso en riesgo su integridad. De los ejemplares asegurados, 344 eran tortugas casquito (Kinosternon spp.), dos tortugas adornadas (Terrapene ornata) y cuatro mexicanas (Terrapene mexicana).

Las autoridades reportaron la muerte de 25 reptiles antes de ser rescatados. El resto fue trasladado a una Unidad de Manejo autorizada, con acompañamiento de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, para recibir atención y resguardo especializado.

La Profepa advirtió que poseer, transportar o comercializar ejemplares de vida silvestre catalogados en riesgo constituye un delito federal, de acuerdo con el artículo 420 del Código Penal. La sanción puede alcanzar hasta nueve años de prisión cuando se trata de especies protegidas o bajo tratados internacionales.

Este rescate pone en evidencia las tácticas que utilizan los traficantes de especies exóticas para evadir los controles de las empresas de paquetería y las autoridades, empaquetando a seres vivos como si fueran simples objetos inanimados.

Más de 600 nidos de tortuga marina registra la costa veracruzana en lo que va de la temporada: sanciones y multas por capturarla

Mientras en Tamaulipas se combate el tráfico ilegal a través de servicios de mensajería, en otros estados del Golfo de México los esfuerzos de conservación muestran resultados esperanzadores, aunque bajo constante vigilancia.

En la costa veracruzana, las autoridades y grupos ambientalistas han registrado más de 600 nidos de tortuga marina durante la actual temporada de desove. Este incremento en la anidación es un hito importante para la preservación de estas especies en peligro de extinción.

Sin embargo, el riesgo de saqueo y tráfico sigue latente. Para proteger estos santuarios naturales, las autoridades mantienen un estricto recordatorio sobre las consecuencias legales de atentar contra la fauna silvestre:

• Sanciones penales: La captura, posesión, transporte o comercialización de tortugas marinas y sus huevos constituye un delito federal.
• Multas económicas: Los infractores se enfrentan a severas multas económicas estipuladas por la legislación ambiental mexicana, además de penas de prisión.
• Vigilancia permanente: Se mantienen operativos constantes en las playas de anidación para disuadir a los cazadores furtivos.

El caso llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales no solo por la acción captada en video, sino también por lo inusual del objeto que habría sido sustraído. Debido a esto, internautas comenzaron a identificar a la mujer con el apodo de “Lady Calculadora”.

De acuerdo con las imágenes difundidas en plataformas digitales, la mujer esperaba aparentemente para pagar sus productos mientras una empleada atendía a otro cliente dentro del negocio.

En ese momento, la clienta observó el área cercana a la caja registradora y, aprovechando una distracción del personal, tomó discretamente la calculadora que se encontraba sobre el mostrador.

El video muestra que la mujer utilizó una cartera para cubrir el movimiento y evitar ser descubierta mientras escondía el aparato entre sus pertenencias.

Segundos después, guardó el objeto dentro de su bolsa y continuó comportándose con aparente tranquilidad, sin levantar sospechas inmediatas entre los trabajadores de la nevería.

Las grabaciones también exhiben que, tras ocultar la calculadora, la mujer permaneció algunos instantes en el lugar e incluso realizó el pago de sus productos con normalidad antes de retirarse del establecimiento.

El clip comenzó a compartirse masivamente en redes sociales y rápidamente generó cientos de comentarios, memes y reacciones relacionadas con el peculiar robo.

Muchos usuarios expresaron sorpresa debido a que el objeto sustraído no era dinero en efectivo ni algún artículo de alto valor, sino una simple calculadora.

Entre las publicaciones más populares destacaron bromas e ironías sobre el supuesto valor del aparato. Algunos internautas incluso comentaron en tono humorístico que tal vez se trataba de una edición especial o de colección.

Otros usuarios criticaron el comportamiento de la mujer y señalaron que aparentemente sí contaba con dinero suficiente para pagar sus productos, por lo que cuestionaron la necesidad de llevarse un objeto del negocio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna denuncia formal relacionada con el caso ni se ha dado a conocer la identidad de la mujer captada en el video viral.

México implementó un operativo especial de inspección de productos agroalimentarios con binomios caninos, coordinado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), ante el aumento de viajeros previsto por la Copa Mundial. La medida busca impedir el ingreso de plagas y enfermedades a través de equipaje y mercancías en puntos fronterizos y turísticos.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) recibió 15 binomios caninos procedentes de República Dominicana, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Según informó el organismo, los equipos fueron asignados a oficinas de inspección en Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Cancún, en Quintana Roo, y Colombia, en Nuevo León.

La autoridad sanitaria explicó que el despliegue se enmarca en una estrategia preventiva por la llegada estimada de 5,5 millones de turistas internacionales durante el torneo, un flujo que incrementa el riesgo de introducción de productos de origen animal y vegetal sin control sanitario.

¿Dónde operarán los binomios caninos y qué controlarán?

Los binomios realizarán tareas de revisión en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria ubicadas en cruces terrestres y un aeropuerto de alta afluencia. Senasica detalló que la distribución incluye dos puntos en Tamaulipas, uno en Quintana Roo y uno en Nuevo León, con presencia en áreas donde se concentra el tránsito de pasajeros y mercancías.

Los equipos llegaron desde República Dominicana (seis), Guatemala (cuatro), Honduras (cuatro) y Costa Rica (uno). De acuerdo con Senasica, todos están capacitados y certificados en el Centro de Adiestramiento Canino (Ceacan), ubicado en Tecámac, Estado de México, donde se entrenan para detectar productos agroalimentarios de riesgo.

¿Qué dijeron Senasica y OIRSA sobre la cooperación regional?

El director en jefe de Senasica, Francisco Javier Calderón Elizalde, sostuvo que la medida apunta a reforzar acciones preventivas porque “las plagas y enfermedades” no se detienen en límites territoriales. El funcionario remarcó que la prevención es el mecanismo más efectivo para reducir riesgos sanitarios en la región.

Calderón Elizalde agregó que “los binomios caninos” apoyarán durante el evento deportivo por el aumento del turismo internacional, y atribuyó al trabajo de los oficiales de inspección un rol central para proteger la sanidad agropecuaria.

El director ejecutivo de OIRSA, Raúl Rodas Suazo, señaló que la colaboración con México se apoya en la coordinación técnica entre países de Centroamérica y el Caribe. “Los oficiales del OIRSA” se solidarizarán con México, dijo, y recordó que el organismo fortaleció sus capacidades con apoyo de Senasica.

Capacitación, uniformes y duración de la misión en México

En la ceremonia en la sede de Senasica, los equipos recibieron el uniforme que usarán en territorio mexicano durante las próximas semanas, periodo establecido para el operativo, según informó el organismo. La intervención se concentrará en controles no intrusivos en puntos de ingreso, con el objetivo de detectar alimentos y productos agropecuarios que puedan introducir plagas.

En representación de los manejadores de OIRSA, el oficial guatemalteco Adonías Orozco afirmó que para el grupo es un honor integrarse temporalmente a las tareas de Senasica y asumió el compromiso de responder a la misión asignada. Orozco sostuvo que pondrán “todo su esfuerzo” para cumplir con los objetivos sanitarios del despliegue.

José Braña Mojica y Úrsula Patricia Salazar Mojica, familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comenzaron a perfilarse como posibles candidatos rumbo a las elecciones municipales de Tamaulipas en 2027.

De acuerdo con información de medios nacionales, ambos políticos han manifestado interés en competir por alcaldías clave de la entidad: José Braña Mojica buscaría la presidencia municipal de Ciudad Victoria, mientras que Úrsula Patricia Salazar Mojica apunta a la alcaldía de Tampico.

Actualmente, José Braña se desempeña como diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y confirmó sus aspiraciones en entrevistas con medios locales, donde aseguró que cumple con los requisitos y que mantiene trabajo territorial en Tamaulipas.

En tanto, Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada local y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, ha sido señalada nuevamente como una de las figuras de Morena con posibilidades de competir por la presidencia municipal de Tampico. La legisladora ya había buscado esa candidatura en el proceso electoral de 2024.

Ambos políticos mantienen parentesco con el exmandatario federal. Según los reportes, son sobrinos segundos de López Obrador debido a que sus madres eran primas hermanas del ex presidente.

¿Quién es José Braña Mojica?

José Braña Mojica, conocido también como “Pepe Braña”, es diputado federal y ha tenido una carrera política ligada al movimiento obradorista en Tamaulipas.

De acuerdo con reportes periodísticos, es hijo de Lucía Mojica Obrador, prima de López Obrador, y participó en actividades políticas relacionadas con el hoy ex presidente desde campañas anteriores. También coordinó trabajos electorales en distintos estados del norte del país.

Braña Mojica ganó notoriedad pública en 2021, cuando medios nacionales informaron sobre el fallecimiento de su hermana por COVID-19 en Tamaulipas.

En los últimos años ha ocupado cargos como diputado local y posteriormente diputado federal. Ahora, rumbo a las elecciones de 2027, confirmó que buscará levantar la mano para competir por la alcaldía de Ciudad Victoria.

¿Quién es Úrsula Patricia Salazar Mojica?

Úrsula Patricia Salazar Mojica es diputada local de Morena en Tamaulipas y una de las figuras más visibles del partido en el Congreso estatal.

El parentesco con AMLO fue confirmado por el propio exmandatario durante una conferencia matutina del 1 de abril de 2022; al ser cuestionado sobre un señalamiento en contra la diputada local, explicó que se trataba de una integrante de su familia de lado materno:

Es, en efecto, una sobrina, porque es hija de una prima hermana. O sea, la abuela de esta diputada se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela, Úrsula. La abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas. O sea, la mamá de ella es mi prima.

Por otro lado, la cercanía sanguínea entre el exmandatario y la legisladora local fue confirmada por ella misma el pasado 1º de julio de 2022 cuando recordó, por medio de un mensaje del entonces Twitter, la victoria de López Obrador en las elecciones de 2018.

La legisladora alcanzó notoriedad nacional en 2022, luego de la difusión de audios en los que presuntamente solicitaba “moches” a proveedores. Tras el escándalo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró públicamente que debía haber “cero impunidad”, sin importar si se trataba de un familiar cercano o lejano.

Úrsula Salazar también ha enfrentado solicitudes de desafuero y señalamientos políticos por presuntos actos de corrupción durante su trayectoria legislativa en Tamaulipas.

Pese a las controversias, se ha mantenido como una de las principales cartas de Morena en el estado y nuevamente aparece entre los perfiles considerados para competir en las elecciones municipales de 2027.

En la mira por presuntos actos de corrupción

En 2022, Úrsula Patricia Salazar Mojica estuvo en medio de la polémica luego de que se difundieran audios en los que presuntamente solicitaba a un proveedor “inflar” facturas para recibir dinero en efectivo. Las grabaciones provocaron críticas contra la legisladora de Morena debido a su parentesco con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras la difusión del audio, la diputada negó haber cometido irregularidades y aseguró que se trataba de una “guerra sucia” en su contra. Sin embargo, el caso escaló a nivel nacional y llevó al entonces mandatario federal a declarar que debía existir “cero impunidad” en caso de comprobarse actos de corrupción.

Cuando el nombre de Maru Campos apareció ligado a una citación de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, la atención nacional se concentró en ella. Sin embargo, los documentos oficiales, los videos y las publicaciones en redes sociales de la época cuentan una historia más amplia: la gobernadora de Chihuahua no fue la única que se sentó frente a Greg Abbott para firmar un acuerdo de seguridad fronteriza al margen del gobierno federal.

En apenas tres días de abril de 2022, los gobernadores de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas firmaron, uno por uno, memorandos de entendimiento con el Estado de Texas. Hoy, con la FGR investigando el caso Campos, la pregunta que emerge es la misma para los cuatro: ¿tenían facultades constitucionales para hacerlo?

Maru Campos: la que pidió unidad y negoció en solitario

El 12 de abril de 2022, Campos publicó en su cuenta de X un video grabado desde el Salón Gobernadores del Palacio de Gobierno de Chihuahua. En él describía la crisis que vivía la frontera —largas filas de camiones de carga en Ciudad Juárez por las inspecciones exhaustivas que Texas había impuesto— y lanzaba un llamado directo a los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para “mantenerse unidos y buscar juntos el diálogo con el gobierno de Texas”.

Dos días después, el 14 de abril, Campos viajó a Austin y firmó en solitario su propio memorando con Abbott. El gobernador texano leyó en voz alta el párrafo central del acuerdo: Chihuahua se comprometía a reforzar la seguridad a lo largo del Río Bravo, desplegar drones en la franja fronteriza e implementar la Plataforma Centinela, una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares en tecnología de rastreo vehicular desde los parques industriales de Juárez hasta el cruce a Texas.

Abbott, por su parte, describió el plan presentado por Campos como “el mejor que he visto de cualquier gobernador de México” y anunció que los cruces fronterizos entre ambos estados regresarían a operar con normalidad de inmediato.

Samuel García: el que dijo que hacía historia

Ese mismo 13 de abril, un día antes que Campos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, firmó su propio memorando con Abbott en Laredo. En el acto, García celebró el acuerdo con entusiasmo: “Estoy muy feliz de hacer historia, porque hoy dos estados, creo que los dos estados más importantes, están haciendo un memorándum de entendimiento”, declaró.

El pacto contemplaba reforzar la seguridad en los 14 kilómetros de frontera que comparten ambos estados y agilizar el paso de transportistas de carga pesada por el Puente Colombia hacia Laredo, Texas. García también anunció que Nuevo León había instalado puntos de revisión en su franja fronteriza para que Abbott “no tuviera ningún problema con Nuevo León”.

Riquelme: el tweet que lo confirma

El mismo 14 de abril en que Campos firmaba en Austin, el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, también salía del Capitolio de Texas con su propio acuerdo firmado. Lo confirmó él mismo en X: “Saliendo del Capitolio, terminando una productiva reunión con el gobernador de Texas, Greg Abbott, donde firmamos un acuerdo bilateral en materia de seguridad y migración en nuestra frontera”, escribió.

Una semana después, Riquelme publicó otro tuit informando que se reunió con el subdirector de Operaciones Fronterizas del Departamento de Seguridad Pública de Texas en Eagle Pass, donde abordaron temas de seguridad y migración.

Cabeza de Vaca: firmó el acuerdo con una investigación encima

El último en sumarse fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien firmó su memorando con Abbott el 15 de abril de 2022 en Weslaco. El acuerdo contemplaba frenar el cruce irregular de migrantes, agilizar el flujo comercial en los puentes internacionales y establecer coordinación de inteligencia entre los departamentos de seguridad de ambos estados.

Lo que no apareció en el acto oficial es el contexto que lo rodeaba: para ese momento, la FGR llevaba más de un año intentando procesarlo penalmente. En 2021, la Fiscalía había solicitado su desafuero por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal. Aunque la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero, el Congreso local de Tamaulipas determinó que no procedía la declaración de procedencia. Al momento de firmar con Abbott, Cabeza de Vaca tenía una orden de aprehensión suspendida mediante amparo y una investigación activa sobre presuntos vínculos con el crimen organizado —precisamente el fenómeno que el memorando prometía combatir.

Cabeza de Vaca presentó el acuerdo como un logro de gestión: “Logramos importantes acuerdos para Tamaulipas en materia de migración, seguridad y comercio”, escribió en sus redes sociales.

La presión que lo detonó todo

Los cuatro acuerdos respondían a la misma causa: Abbott había ordenado inspecciones exhaustivas a todos los camiones mexicanos que cruzaran a Texas, ante el temor de un aumento en el tráfico de personas y drogas tras el anuncio del gobierno de Biden de poner fin a las expulsiones del Título 42. Las pérdidas estimadas por las revisiones alcanzaban los 8 millones de dólares diarios en la región fronteriza.

La estrategia de Abbott fue presionar estado por estado hasta obtener compromisos de seguridad individuales. Y funcionó. En tres días, los cuatro gobernadores fronterizos más importantes de México firmaron en Austin, Laredo y Weslaco acuerdos que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, ningún gobierno estatal tenía facultades constitucionales para suscribir con una entidad extranjera.

Maru Campos: la que hoy responde ante la FGR

El caso de Campos no surge en el vacío. La FGR la citó a comparecer el 27 de mayo en Ciudad Juárez como testigo en una investigación relacionada con la presunta presencia de agentes de la CIA en un operativo en la Sierra de Chihuahua —pero los memorandos firmados en abril de 2022 revelan que la coordinación directa con autoridades estadounidenses al margen del gobierno federal no fue exclusiva de Chihuahua.

Es precisamente ese patrón el que preocupa al gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática: ningún estado tiene facultades constitucionales para suscribir acuerdos o establecer canales de coordinación con entidades extranjeras.

La Selección Mexicana de Voleibol de Playa tuvo una destacada actuación en la cuarta etapa del Tour NORCECA 2026, celebrada en Ciudad Madero, Tamaulipas, al conseguir dos medallas y colocarse nuevamente entre los protagonistas del circuito continental.

La dupla conformada por Inés Lares y Carlos Ayala encabezó la participación nacional al quedarse con la medalla de oro, mientras que Abril Flores y Susana Torres aportaron una presea de plata en la rama femenil.

Con estos resultados, México mantuvo el protagonismo en casa y llegará con buen ritmo a la siguiente parada del certamen en El Salvador.

Inés Lares y Carlos Ayala repiten el oro para México en el Tour NORCECA

Los medallistas mundiales juveniles de 2025, Inés Lares y Carlos Ayala, volvieron a subir a lo más alto del podio tras imponerse en la final a la pareja cubana integrada por Gómez y Veranes.

El binomio mexicano ganó el encuentro en tres sets por parciales de 21-13, 18-21 y 15-9, resultado con el que repitieron el título obtenido semanas atrás durante la segunda etapa del Tour NORCECA en República Dominicana, donde también derrotaron a la misma dupla.

En la rama femenil, Abril Flores y Susana Torres aseguraron otra medalla para México luego de vencer en sets corridos, 21-17 y 22-20, a las cubanas Kailin y Drik.

La delegación nacional estuvo cerca de sumar una tercera presea, aunque Miguel Sarabia y Jorman Osuna no pudieron disputar el partido por el bronce debido a molestias físicas de Osuna.

Tras los resultados obtenidos en Tamaulipas, los equipos mexicanos continuarán su participación este fin de semana en San Salvador, El Salvador, sede de la próxima etapa del Tour NORCECA 2026.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la sentencia en contra de Jorge Armando Martínez Guerrero, alias El Patuleco, un sujeto fue operador del Cártel del Golfo y que fue hallado culpable de privación ilegal de la libertad.

El reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy compartido el 25 de mayo detalla que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con residencia en Matamoros fue el responsable de dictar la condena de 130 años de prisión en contra del sujeto referido.

“El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) recabó cada una de las pruebas suficientes para presentarlas ante la autoridad competente y así obtener la pena”, es parte del informe de las autoridades.

De igual manera, además de los años tras las rejas, las autoridades le impusieron una multa que supera los tres millones y medio de pesos.

Fue en septiembre de 2014 que agentes de la Policía Federal Ministerial, cumplimentaron por reclusión la orden de aprehensión en contra Jorge Armando Martínez mientras estaba en el Centro Federal de Readaptación Social Número 5 “Oriente” con sede en Villa Aldama, Veracruz.

“La #FGR, a través de #FEMDO, obtuvo en #Matamoros, #Tamaulipas, sentencia de 130 años de prisión en contra de Jorge “N”, por ser penalmente responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de una víctima", compartió la institución a través de sus canales oficiales.

Vinculan a proceso al “Metro 9″, líder de célula del Cártel del Golfo

Por su parte, el pasado 7 de mayo las autoridades informaron sobre la vinculación proceso en contra de a Alexander B.F., un sujeto conocido con los alias Metro 9 o R9, señalado como líder de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo.

Fue procesado por su su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La detención de dicho sujeto fue realizada el 27 de abril como resultado de una orden de cateo en una casa habitación de dos plantas color blanco ubicada en la calle Martín Carrera, entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Cuauhtémoc, en la colonia Vicente Guerrero de Reynosa, Tamaulipas

Lo anterior en el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Fiscalía Federal del Estado de Tamaulipas y peritos de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la entidad.

En dos acciones distintas, agentes fronterizos de Estados Unidos realizaron el aseguramiento de paquetes con cocaína, droga que según las estimaciones oficiales rebasaría el millón de dólares de valor en las calles.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fueron los que realizaron las incautaciones.

La primera acción fue ejecutada el 10 de mayo pasado cuando los uniformados realizaban labores en el Puente Internacional de Hidalgo (el cual conecta Texas con Reynosa, Tamaulipas). Interceptaron un Sedan Honda proveniente de Reynosa.

En una inspección secundaria y en conjunto con un elemento canino, los agentes hallaron posible narcóticos, de manera especifica, fueron hallados 25 paquetes que dieron un pesos de 26 kilogramos de posible cocaína.

El segundo aseguramiento

Mientras que dos días después, el 12 de mayo pasado, en el Puente Internacional Pharr (el cual conecta Texas con Reynosa) fue revisado otro vehículo. A través del uso de equipos no intrusivos fueron detectadas irregularidades.

De igual manera, un equipo canino alertó sobre el olor a drogas en la unidad. Al final los uniformados hallaron diversos paquetes con supuesta cocaína, los cuales dieron un peso de más de 16 kilos de la sustancia.

Cocaína con valor millonario, conductores fueron detenidos

“La inspección física del vehículo permitió la extracción de 14 paquetes con un peso total de 16.3 kg (35.93 lb) de presunta cocaína, ocultos en su interior”, se puede leer en el informe de las autoridades compartido el 23 de mayo.

La droga fue valorada en 1 millón 245 mil 100 dólares, según los registros de las autoridades. Las autoridades compartieron imágenes de los paquetes incautados. No fueron compartidos mayores detalles sobre las personas detenidas.

En las dos acciones, los agentes confiscaron los paquetes con la sustancia junto con lo vehículos, además de que efectivos de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a los conductores e iniciaron investigaciones penales.

Detienen a mexicano con miles de dólares en droga

Cabe recordar que el pasado 21 de mayo las autoridades informaron sobre el arresto de un hombre de origen mexicano de 48 años que llevaba 18 paquetes con un total de 20.52 kilos de cocaína.

El aseguramiento de la sustancia y del conductor fue realizado en el Puente Internacional de Hidalgo, el cual conecta Texas, con Tamaulipas. Los paquetes con la droga estaban ocultos en un vehículo Chrysler Pacifica.

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 604,026 dólares”, es parte de lo informado por la CBP el 21 de mayo.

Un video resurgió esta semana y puso en el centro del debate a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván. En la grabación, aparece junto al gobernador de Texas, Greg Abbott, firmando un acuerdo de seguridad fronteriza en el que le hace compromisos concretos al gobierno estadounidense, compromisos que, según sus críticos, nunca tuvo facultades legales para hacer.

El video cobra una relevancia explosiva en este momento: la Fiscalía General de la República (FGR) citó a Campos Galván a comparecer el próximo 27 de mayo como testigo en una investigación relacionada con la presencia de agentes de la CIA en un operativo contra el narcotráfico en la Sierra de Chihuahua.

¿Qué dice el gobernador de Texas en el video?

En la grabación, el gobernador texano abre la conferencia con un tono de urgencia: describe que Texas “ha sido desbordada por un número récord de inmigrantes que cruzan ilegalmente desde México con ayuda de los cárteles” y presenta a Maru Campos como la solución.

Sus palabras exactas son contundentes: asegura que la gobernadora chihuahuense le entregó “el mejor plan de seguridad fronteriza que he visto de cualquier gobernador de México” y anuncia que, gracias al acuerdo firmado, el cruce fronterizo entre Chihuahua y Texas “volverá a operar con normalidad de inmediato”.

Abbott también revela que su oficina ya había sido contactada por los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila para negociar acuerdos similares, y advierte que mientras esos pactos no se concreten, Texas seguirá inspeccionando exhaustivamente camiones de todos los estados mexicanos, excepto Chihuahua y Nuevo León.

¿Qué prometió Maru Campos?

En el video, la gobernadora toma la palabra y detalla los compromisos que ofreció al gobierno de Texas:

• Implementar en Ciudad Juárez la misma política de seguridad que aplicó como alcaldesa de Chihuahua durante seis años, calificada por ella misma como “exitosa”.
• Reubicar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal en El Paso para priorizar la vigilancia fronteriza.
• Invertir más de 200 millones de dólares en tecnología de alto perfil para el control fronterizo.

Antes de firmar, Abbott lee en voz alta el párrafo más polémico del memorando: el compromiso de que Chihuahua aplicará medidas reforzadas de seguridad “a lo largo del Río Bravo” para evitar el cruce ilegal de migrantes hacia Texas, incluyendo la Plataforma Centinela —un sistema de rastreo vehicular desde los parques industriales de Juárez hasta el cruce fronterizo— y el uso de drones para patrullar la frontera.

¿Por qué este video es problemático hoy?

La gobernadora Campos firmó el acuerdo con un gobierno extranjero en materia migratoria y tráfico de drogas, incluyendo la inspección en cruces fronterizos, sin tener las facultades constitucionales para ello.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente al respecto: ningún gobierno estatal tiene facultad para establecer acuerdos de seguridad independientes con agencias extranjeras.

A eso se suma que el gobierno de Maru Campos habría brindado un piso en la Torre Centinela a agencias de Estados Unidos para la vigilancia del cruce de camiones de carga desde Chihuahua hasta Texas.

La propia gobernadora admitió en entrevistas recientes que funcionarios de Chihuahua sí se reunían con agentes estadounidenses en Ciudad Juárez, aunque negó que fueran de la CIA, señalando que se trataba de personal del Departamento de Estado, Homeland Security, FBI y DEA.

La FGR entra al caso

El citatorio fue entregado por agentes federales a la gobernadora, quien deberá presentarse en la delegación estatal de la FGR en Ciudad Juárez a las 10:00 horas del 27 de mayo. Campos confirmó que acudirá.

El caso ha generado fuertes cuestionamientos políticos. El senador Javier Corral calificó los hechos como un “entreguismo” del gobierno estatal hacia Estados Unidos, señalando que se habrían establecido acuerdos al margen de la Constitución, incluyendo el intercambio de información sensible.

El video, firmado con apretón de manos y sonrisas, hoy es prueba de una relación bilateral que el gobierno federal considera que nunca debió existir. Lo que Maru Campos prometió en Texas, ahora tendrá que explicarlo ante la fiscalía mexicana.

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo a ocho presuntos responsables del homicidio del agente del Servicio de Protección Federal (SPF) Marcelo Vázquez Vázquez, ocurrido el 17 de mayo en Matamoros, Tamaulipas.

Los operativos se desplegaron en distintos puntos del municipio e incluyeron la ejecución de una orden de cateo y cuatro acciones de detención en flagrancia.

Durante los arrestos, las autoridades aseguraron 21 armas largas, dos armas cortas, 35 cargadores, aproximadamente mil 371 cartuchos de diferentes calibres, alrededor de 43 kilogramos de probable marihuana, 10 vehículos, 10 chalecos balísticos, seis placas balísticas, dos radios de comunicación y 159 ponchallantas.

El 18 de mayo se reportó la captura de dos sujetos vinculados con el ataque. Las autoridades no precisaron si entre los ocho recientes detenidos se encuentran esas dos personas, o si en total suman 10 los capturados en relación con el caso.

La FGR y la SSPC ejecutaron cateos y detenciones en cuatro puntos de Matamoros

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la SSPC realizaron trabajos de investigación de campo y gabinete para identificar y localizar a los presuntos responsables.

Los operativos contaron también con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional (GN), la Guardia Estatal (GE) de Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJTAM) y el propio SPF.

La primera acción fue la ejecución de una orden de cateo en un inmueble de la colonia Ciudad Industrial, en Matamoros. Ahí fueron detenidos en flagrancia Juan “N”, Eduardo “N” y Víctor “N”, por su probable participación en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En otra acción realizada en la colonia Casablanca fue arrestado Juan Pablo “N”. En ese punto se aseguró un vehículo con placas de Texas, Estados Unidos, un arma larga, una corta, cargadores, cartuchos de diversos calibres y un chaleco táctico.

Cinco detenidos más en seguimiento de las diligencias

En operativos posteriores, autoridades localizaron y detuvieron también en Matamoros a Arturo “N”, Zuriel “N”, José Ángel “N” y Rubén “N”, igualmente por probable responsabilidad en delitos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Junto con todo lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente, que definirá su situación jurídica.

La FGR detalló mediante un comunicado que peritos especializados dictaminarán las características, cantidades y peso exactos de los objetos asegurados, así como la composición química del vegetal decomisado.

Vázquez fue asesinado en una emboscada

Marcelo Vázquez Vázquez murió el 17 de mayo cuando se trasladaba en una unidad oficial por el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada, junto a otros elementos del SPF asignados al consulado de Estados Unidos en Matamoros. Una primera camioneta impactó el vehículo oficial y huyó; al iniciar la persecución, sus ocupantes abrieron fuego.

Minutos después, una segunda camioneta con hombres armados se sumó a la agresión. Vázquez murió en el lugar. Un segundo elemento recibió un disparo en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital en estado delicado; un tercer agente también presentó lesiones.

Al día siguiente del ataque, el 18 de mayo, autoridades confirmaron la primera detención de dos personas vinculadas con la agresión. En ese arresto se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

El SPF rindió homenaje a Vázquez el 20 de mayo

El SPF rindió homenaje al agente caído el miércoles 20 de mayo y lo describió como “un hombre valiente, íntegro y de firme compromiso, que dedicó su vida al servicio de México y entregó todo en cumplimiento de su deber”. La corporación señaló que su partida deja un vacío irreparable y un legado de honor y ejemplo que perdurará.

La institución también dirigió un mensaje a los familiares de Vázquez: “No están solos. Su dolor también es el nuestro”, y les brindó apoyo, orientación y acompañamiento institucional.

Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó su condena por el crimen y envió condolencias a los familiares. Señaló que el personal del SPF asignado al consulado tenía únicamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y de su personal.

Hantsch aseguró que el gobierno estadounidense dio seguimiento cercano a las investigaciones y reiteró la preocupación compartida entre ambos países por la violencia de grupos criminales en la región fronteriza.

“Estos profesionales sirven con honor para garantizar la seguridad de nuestra comunidad consular”, declaró.

Qué es el SPF y cuál es su función en México

El Servicio de Protección Federal es una institución de seguridad pública creada el 9 de diciembre de 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón. Su función principal es la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de la Administración Pública Federal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos constitucionalmente autónomos.

El SPF opera como órgano administrativo desconcentrado de la SSPC y cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión.

Sus elementos no ejercen funciones de investigación criminal ni de persecución del delito: su mandato se limita al resguardo de instalaciones y personas dentro del ámbito federal.

No debe confundirse con la extinta Policía Federal, disuelta en 2019 y sustituida por la Guardia Nacional. Aunque los uniformes y las unidades del SPF comparten los colores azul marino y blanco con los que utilizaba la Policía Federal.

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron cocaína valuada en más de 600 mil dólares en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los hechos sucedieron en el Puente Internacional de Hidalgo, el cual conecta Texas, EEUU, con Tamaulipas, el pasado 1 de mayo. El operativo derivó en el arresto de un ciudadano mexicano de 48 años que transportaba la droga oculta en un vehículo.

El procedimiento se inició cuando un agente de la CBP remitió un Chrysler Pacifica a una inspección secundaria tras la alerta de un perro policía. Un examen posterior con el sistema de inspección no intrusivo permitió a los agentes descubrir 18 paquetes con un total de 20.52 kilogramos (45.23 libras) de presunta cocaína disimulados en el interior del vehículo.

Más de 600mil dólares en droga

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 604,026 dólares”, es parte de lo informado por la CBP el 21 de mayo.

Los agentes de la CBP confiscaron tanto los narcóticos como el Chrysler Pacifica. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional procedieron al arresto del conductor e iniciaron una investigación penal en torno a la incautación. No fue revelado el nombre de la persona detenida.

Una imagen compartida por las autoridades permite ver los diversos paquetes asegurados.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo, valoró el operativo: “Esta incautación refleja el firme compromiso de nuestros oficiales con la misión de seguridad fronteriza y demuestra el uso eficaz de la tecnología y la pericia en las inspecciones”. Rodríguez agregó que “acciones como esta impiden que los narcóticos se infiltren en nuestras comunidades y provoquen adicción, dolor y muerte”.

Mexicano detenido con metanfetamina oculta en bolsas de cuero

Cabe recordar que el 7 de abril pasado fue informado el arresto de un ciudadano mexicano de 64 años en el Puente del Comercio Mundial (World Trade Bridge), punto fronterizo que conecta Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas.

Fue asegurado luego de que agentes de que agentes fronterizos descubrieron un cargamento de metanfetamina oculto en el interior de un remolque que transportaba bolsas de cuero. El arresto fue dado a conocer por la CBP el 6 de abril, aunque la detención tuvo lugar el 31 de mayo.

El conductor operaba un camión con remolque al que las autoridades solicitaron una inspección más profunda. La revisión con agentes caninos derivó en el hallazgo de 112,47 libras de metanfetamina distribuidas en 49 paquetes dentro del remolque. Según el informe oficial de la CBP, “los narcóticos tienen un valor en la calle de 1.034.227 dólares”.

El escándalo que rodea al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Morena ante tribunales estadounidenses domina los titulares. Pero la historia reciente de México tiene memoria: el Partido Revolucionario Institucional acumula su propio expediente de exmandatarios señalados —y en varios casos, sentenciados— por los mismos delitos que hoy se le imputan al partido en el poder.

Infobae México elaboró una radiografía del destino legal de 14 exgobernadores priistas, con un patrón que se repite: lavado de dinero, nexos con el crimen organizado, desvíos millonarios y un sistema judicial que, en muchos casos, no logró sostener las condenas.

La narcopolítica que sí llegó a los tribunales

Los casos más contundentes son los que se resolvieron en cortes extranjeras, no mexicanas. Tomás Yarrington (Tamaulipas, 1999-2004) es quizás el ejemplo más ilustrativo: fue condenado en Houston a nueve años de prisión por conspiración para lavado de dinero, tras comprobarse que recibió sobornos de entre 3.5 y 9.5 millones de dólares del Cártel del Golfo y Los Zetas. Deportado a México en abril de 2025, hoy está preso en el Altiplano enfrentando nuevos cargos ante la justicia nacional.

Mario Villanueva (Quintana Roo, 1993-1999), considerado el primer gran caso de narcopolítica de alto nivel en México, fue condenado en Nueva York a 17 años de prisión por entrar el estado al Cártel de Juárez. Hoy, con 77 años y oxígeno-dependiente, purga el resto de su condena en prisión domiciliaria en Chetumal.

Jorge Torres López (Coahuila, interino 2011) fue sentenciado a 36 meses en Texas por lavar 2.7 millones de dólares provenientes de sobornos de contratistas. Cumplió su pena, fue deportado y hoy vive libremente en Saltillo sin ningún proceso activo en México.

Los que el amparo y el sistema local salvaron

Varios exgobernadores enfrentaron cargos en México y terminaron exonerados. Rodrigo Medina (Nuevo León) estuvo preso apenas 18 horas en el penal de Topo Chico en 2017; un amparo por violaciones al debido proceso lo liberó de inmediato y fue absuelto al año siguiente. En julio de 2025, supuestamente fue retenido en aduanas al intentar salir a Estados Unidos.

Eugenio Hernández Flores (Tamaulipas, 2005-2010) libró seis años de prisión y en diciembre de 2025 obtuvo un amparo definitivo que bloqueó su extradición a Texas, donde la DEA lo acusaba de lavar hasta 30 millones de dólares. El argumento: non bis in idem, ya que los hechos habían sido materia de juicio en México. Hoy es Secretario de Operación Política del PVEM.

Humberto Moreira (Coahuila, 2005-2011) es el caso más emblemático de impunidad técnica. Detenido en Madrid en 2016 y señalado en testimonios bajo juramento en el juicio de García Luna, nunca ha enfrentado cargos formales en México. La FGR no ha integrado expediente alguno.

El primer exgobernador condenado en juicio oral

El hito más reciente lo protagoniza Roberto Sandoval (Nayarit, 2011-2017), quien en septiembre de 2025 se convirtió en el primer exgobernador sentenciado bajo el sistema penal acusatorio en México: siete años de prisión por falsificación de documentos para apoderarse de 58 hectáreas ejidales. La fiscalía mantiene causas abiertas por lavado de dinero relacionadas con 156 millones de pesos.

Javier Duarte: la condena que nunca terminó

Javier Duarte (Veracruz, 2010-2016) matematicamente completó su condena de nueve años el 14 de abril de 2026. Sin embargo, semanas antes la FGR lo vinculó a un nuevo proceso por peculado —un desvío de 5 millones de pesos de fondos de salud— imponiéndole prisión preventiva justificada. Sigue en el Reclusorio Norte, ahora enfrentando una acusación que exige 21 años adicionales.

El espejo incómodo

El escándalo de Rocha Moya y los funcionarios de Morena ante los tribunales de Nueva York no ocurre en el vacío. Ocurre en un país donde la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han sido, históricamente, el principal motor real de judicialización de la narcopolítica mexicana —independientemente del color del partido. El PRI lo experimentó durante dos décadas. La pregunta que queda abierta es si el desenlace será distinto.

El Servicio de Protección Federal (SPF) rindió homenaje este miércoles 20 de mayo a Marcelo Vázquez Vázquez, el agente asesinado el domingo 17 de mayo en Matamoros, Tamaulipas, cuando concluía su jornada de servicio junto a otros elementos asignados a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza.

Dos personas han sido detenidas luego del ataque que también dejó a dos elementos de la corporación heridos.

El SPF publicó un mensaje en el que calificó al agente caído como “un hombre valiente, íntegro y de firme compromiso, que dedicó su vida al servicio de México y entregó todo en cumplimiento de su deber”.

La corporación señaló que su partida deja un vacío irreparable y un legado de honor y ejemplo que perdurará.

Además, aseguró que Vázquez vive en la memoria y en el compromiso de proteger a la Patria con la misma entrega que él demostró.

La corporación también dirigió un mensaje directo a los familiares del agente: “No están solos. Su dolor también es el nuestro”, y afirmó que les brindó apoyo, orientación y acompañamiento institucional.

Dos camionetas coordinaron la agresión contra los agentes federales

Los agentes se trasladaban a bordo de una unidad oficial sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada, cuando una camioneta los impactó y huyó del lugar.

Al iniciar la persecución, los ocupantes del primer vehículo abrieron fuego. Minutos después, una segunda camioneta con hombres armados se sumó a la agresión y también disparó contra los oficiales.

Vázquez murió en el lugar, otro elemento recibió un disparo en la pierna derecha y fue trasladado a un hospital de Matamoros en estado delicado y un tercer agente también presentó lesiones.

La Secretaría de la Defensa Nacional junto con la Guardia Estatal de Tamaulipas y la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo conjunto en distintos sectores de la ciudad para localizar a los responsables.

Al siguiente día, autoridades confirmaron la detención de dos personas vinculadas con el ataque. Durante su arresto fueron aseguradas cuatro armas de fuego y un vehículo. La SSPC informó que las investigaciones continuaban para localizar y arrestar a todos los involucrados en la emboscada.

La cónsul de Estados Unidos condenó el asesinato y defendió la función del SPF

Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó su condena por el crimen y envió condolencias a los familiares de las víctimas.

En un posicionamiento público señaló que el personal del SPF asignado al consulado tenía únicamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y de su personal.

Aseguró que el gobierno estadounidense dio seguimiento cercano a las investigaciones y reiteró la preocupación compartida entre ambos países por la violencia de grupos criminales en la región fronteriza.

“Estos profesionales sirven con honor para garantizar la seguridad de nuestra comunidad consular”, expresó Hantsch.

Qué labor tiene el SPF en México

El Servicio de Protección Federal es una institución de seguridad pública creada el 9 de diciembre de 2008, durante el gobierno de Felipe Calderón.

Su función principal es la protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de la Administración Pública Federal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de organismos constitucionalmente autónomos, aunque también puede prestar servicios a representaciones de gobiernos extranjeros en territorio nacional, como ocurrió con el consulado de Estados Unidos en Matamoros.

El SPF opera como órgano administrativo desconcentrado de la SSPC y cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión.

Sus elementos no ejercen funciones de investigación criminal ni de persecución del delito: su mandato se limita al resguardo de instalaciones y personas dentro del ámbito federal.

No debe confundirse con la extinta Policía Federal, disuelta en 2019 y sustituida por la Guardia Nacional.

Aunque los uniformes y las unidades del SPF comparten los colores azul marino y blanco con los que utilizaba la Policía Federal, se trata de corporaciones distintas con atribuciones, estructura y dependencia jerárquica diferentes.

Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido Morena, y Alejandro Moreno, quien encabeza al PRI, protagonizaron una discusión a través de sus redes sociales, acusándose mutuamente de proteger “narcogobiernos”.

El priísta acusó al gobierno de Morena de estar “infectado hasta la médula” por la narcopolítica y pidió llevar a juicio a funcionarios vinculados con el crimen organizado, tras el ataque armado contra agentes del Servicio de Protección Federal que custodiaban el consulado de Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas.

El dirigente sostuvo que la agresión confirma que el gobierno federal está rebasado y que su tolerancia hacia los cárteles tuvo consecuencias. “Cuando el poder se mezcla con el narco, el Estado se degrada”, escribió.

Frente a ese señalamiento, Montiel respondió en con una descalificación directa al PRI, al PAN y al ex presidente Felipe Calderón. “La narcopolítica la crearon ustedes”, escribió la funcionaria, que también mencionó al ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, acusado de narcotráfico quien ejerció durante el sexenio calderonista.

“Hoy, como el pueblo los derrotó en las urnas y ya no pueden saquear el presupuesto, revelan su verdadero rostro: el entreguismo. Exigen intervención extranjera y están dispuestos a pisotear nuestra soberanía nacional con tal de recuperar sus privilegios”, fueron las declaraciones de la dirigente morenista.

Estas acusaciones responden a las recientes tensiones con Estados Unidos surgidas luego de que se diera a conocer la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y posteriormente, el gobierno estadounidense acusara de narcotráfico a Rubén Rocha Moya, actual gobernador con licencia de Sinaloa y a otros 9 funcionarios más.

En ese contexto, la oposición encabezada por el PRI y el PAN han solicitado abiertamente la intervención extranjera de Estados Unidos al acusar un “narcogobierno” de Morena.

Alito Moreno responde y reitera acusación: Morena es un narcogobierno

“Llevan casi ocho años en el poder y todavía tienes el descaro de echarle la culpa al pasado” arremetió el dirigente del PRI contra Ariadna Montiel, defendiéndose de las acusaciones de la morenista. “México está más inseguro, más dividido y más vulnerable que nunca”, aseveró el funcionario.

El priista afirmó que la administración federal volvió estructural la ineptitud frente al avance del crimen organizado. “Han protegido a políticos señalados, los han escondido en embajadas para evitar que enfrenten la ley y después hablan de moral. Eso no es gobernar, es encubrir”, escribió.

Con esa respuesta, Moreno buscó revertir la acusación de Ariadna Montiel y colocar el foco sobre el desempeño del gobierno de Morena en materia de seguridad. Su argumento central fue que la violencia, el control territorial del crimen y la impunidad ya no pueden explicarse por administraciones anteriores, sino por decisiones del actual grupo en el poder.

Moreno priista también reiteró que los “narcopolíticos de Morena y sus familiares” están “coludidos hasta la médula” con los cárteles. En ese mismo tramo del mensaje, añadió que mientras el oficialismo lanza descalificaciones contra sus adversarios, trata con indulgencia a los criminales.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de una mujer identificada como Soraya “N” por el delito de introducción ilícita de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, luego de que fue detenida en el Puente Internacional Benito Juárez-Hidalgo, en Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaba ingresar a México 5mil cartuchos para arma de fuego sin el permiso correspondiente.

Un juez le impuso medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que cumplirá en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa. Además, fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Semáforo rojo en aduana detonó la revisión del vehículo

La detención se originó a partir de una llamada telefónica. Personal de la Agencia Nacional de Aduanas México notificó a la Fiscalía Federal en la entidad que una persona ingresó a bordo de un vehículo por el puente internacional y le correspondió el registro aduanero con semáforo rojo, lo que obligó a las autoridades a realizar la revisión del vehículo.

En colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los agentes aduanales realizaron la inspección.

Según el informe oficial, los cartuchos estaban distribuidos en la parte trasera de la cajuela: 10 cajas con 500 cartuchos útiles para arma de fuego cada una, para un total de 5 mil cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Al constatar que Soraya “N” no contaba con el permiso correspondiente para transportar ese material, las autoridades procedieron a su detención y la pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad.

El MPF adscrito a FECOR Tamaulipas presentó los datos de prueba ante el juzgado

Luego del descubrimiento, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, presentó ante el juez los datos de prueba necesarios para acreditar la probable responsabilidad de Soraya “N” en el delito imputado.

Con base en esas pruebas, el juzgado resolvió vincularla a proceso, imponerle prisión preventiva oficiosa y otorgar a la FGR dos meses para concluir la investigación complementaria. La medida privativa de libertad se cumple en el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con el comunicado FGR 273/26, emitido este 19 de mayo de 2026, Soraya “N” se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Otras acciones relevantes en Tamaulipas

En hechos aislados, dos hombres quedaron bajo arresto en Matamoros como presuntos responsables de un ataque armado que cobró la vida de un elemento del Servicio de Protección Federal de la SSPC y dejó otro herido.

El operativo de búsqueda que derivó en su captura involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado. Al momento de su detención se les aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

La agresión ocurrió cuando una camioneta embistió la unidad oficial en la que viajaban los agentes al término de su jornada. Al iniciar la persecución, un segundo vehículo con hombres armados interceptó la escena y abrió fuego.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que las indagatorias siguen abiertas para identificar y localizar a los demás involucrados.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, solicitará a la Secretaría de Gobernación que le sea reforzada su seguridad mediante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas luego de las sanciones emitidas por Estados Unidos donde se le vincula con el Cártel del Noreste (CDN).

Esta solicitud la realizará a un mes de distancia de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones en su contra por presuntamente usar su activismo para defender a miembros del CDN y desacreditar a las Fuerzas Armadas.

Al respecto, Ramos acusó en entrevista con Infobae México que fue expuesto a un juicio mediático donde se le señaló sin fundamentos y que solo ha provocado que su integridad, así como la de su familia y personas que acompaña, se vean en riesgo.

“Considero que es necesario y urgente que el mecanismo tome medidas extraordinarias para mi protección y buscar con el mecanismo una ruta que nos permita continuar haciendo nuestro trabajo como defensor de derechos humanos en Tamaulipas”, detalló.

Acusa amenazas de muerte tras la emisión de las sanciones por Estados Unidos

Ramos denunció que ha observado en diversas páginas y medios de comunicación “que no necesariamente tienen un prestigio o trayectoria seria” que existen amenazas en su contra que lo ponen en una situación de vulnerabilidad.

“Cualquier página de redes sociales o medios de comunicación alternativos, que no necesariamente tienen un prestigio o tienen una trayectoria seria, hay muchas amenazas de muerte. Hay muchas amenazas que deben ser tomadas en cuenta”, acusó.

Sin embargo, dijo no haber recibido ninguna amenaza directa de manera reciente, por lo que se anticipará con la solicitud de reforzamiento de su seguridad.

Además, afirmó que fue expuesto a un juicio mediático y no a un juicio jurídico, ya que no se trata de una acusación formal en su contra por parte de las autoridades estadounidenses.

“Hay una sobreexposición en medios, porque eso deriva una campaña de criminalización de personas que opinan porque tienen un aparato disponible, no porque conozcan nuestro trabajo y mucho menos una auténtica persona ”, afirmó.

Señala a Cabeza de Vaca y a un almirante de la Marina en retiro como los responsables de lo que le suceda

Raymundo Ramos señaló directamente al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al almirante de la Marina en retiro, Marco Antonio Ortega Siu, Ex Director de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina (UNOPES), como los responsables de la campaña de desprestigio en su contra debido a que los señalamientos comenzaron desde su gestión.

“En el 2018, con Cabeza de Vaca como gobernador, él me abrió una carpeta de investigación por los mismos hechos, que yo servía a intereses de un grupo criminal, que yo desprestigiaba a las Fuerzas Armadas. Y aquí el único que desprestigia a las fuerzas armadas son los generales que toleran los abusos de su personal. En lugar de someterlos a la disciplina y a la ley militar, los protegen.

En el 2020, cuando fui espiado por Pegasus, al 2022, que hicimos la denuncia formal ante la FGR, en esos dos años hubo la misma campaña de criminalización. Ellos son los responsables y sobre ellos recae mi vida, mi libertad y mi integridad", denunció.

“Primero arreglen los asuntos en su país”, dice a Estados Unidos

Luego de negarse a profundizar sobre las sanciones de Estados Unidos y de los señalamientos en su contra por presuntos nexos con el Cártel del Noreste (lo cual en México ya había ocurrido en años anteriores y se dijo fue una campaña de desprestigio tras ser espiado por Pegasus en la administración de Andrés Manuel López Obrador), Ramos envió un mensaje a las autoridades de ese país afirmando que deben enfocarse en sus asuntos.

“Tienen mucho que hacer en su territorio. Tienen que combatir a las pandillas, combatir a los traficantes de cuello blanco, frenar las armas que envían a México, hacer investigaciones de sus funcionarios federales, empezando por los administradores de los puentes internacionales de sus garitas migratorias, que es por donde pasa todo el contrabando de México a Estados Unidos. Y que primero arreglen los asuntos en su país y después ver hacia el exterior”, acusó.

Finalmente, dijo que su defensoría se basa en señalar los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas y no en encubrir a criminales, por lo que aseguró: “en la medida que las fuerzas armadas, insisto, respeten los derechos humanos, creo que no van a tener ningún problema, ni en materia de derechos humanos ni en materia penal”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó nuevas acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y contra Morena, al asegurar que existe una expansión del crimen organizado hacia Coahuila mediante operadores políticos y estructuras gubernamentales ligadas a programas sociales.

A través de redes sociales, el senador priista afirmó que la crisis de violencia en Sinaloa es una advertencia de lo que podría ocurrir en otras entidades si los gobiernos permiten el fortalecimiento de grupos criminales.

Moreno señaló directamente a Américo Villarreal Santiago, hijo del mandatario tamaulipeco y actual delegado de Bienestar en Coahuila.

“El crimen organizado quiere extender su influencia hacia estados como Coahuila utilizando operadores políticos y programas sociales para presionar y controlar a la población”, escribió el líder priista.

Ataque en Matamoros intensifica críticas contra Morena

Las declaraciones de Moreno ocurrieron además después del ataque armado registrado el fin de semana en Matamoros, Tamaulipas, donde sicarios emboscaron a elementos del Servicio de Protección Federal encargados de resguardar el consulado de Estados Unidos.

De acuerdo con lo señalado por el dirigente nacional del PRI, el ataque dejó un agente muerto y dos más heridos cuando los oficiales concluían su turno laboral.

Moreno aseguró que el atentado refleja el nivel de violencia y operación del crimen organizado en el país.

“Que ejecuten a un agente asignado a proteger una sede diplomática extranjera confirma que el gobierno de MORENA está rebasado”, sostuvo.

El priista también acusó que existe una presunta red de protección política que ha permitido el fortalecimiento de los cárteles, señalando que la actual administración federal “les abrió espacio” y permitió que los grupos criminales operen “con descaro”.

¿Quién es Américo Villarreal Jr. y por qué fue mencionado?

Américo Villarreal Santiago, conocido como Américo Villarreal Jr., es funcionario federal y actual delegado de Programas para el Desarrollo en Coahuila. Forma parte de Morena y coordina los programas sociales del gobierno federal en la entidad.

El funcionario ha sido objeto de críticas en meses recientes por el uso de aviones privados en distintos viajes, situación que justificó asegurando que los gastos fueron cubiertos con recursos personales.

Además, actores de oposición han cuestionado presuntas actividades de promoción política vinculadas a legisladores de Morena.

Su nombre cobró relevancia luego de que Alejandro Moreno lo mencionara dentro de sus críticas sobre una supuesta expansión de estructuras ligadas al crimen organizado en el norte del país.

Crisis en Sinaloa y acusaciones contra Rocha Moya

El contexto de las declaraciones ocurre mientras Sinaloa enfrenta una de las crisis de seguridad más complejas de los últimos años, derivada de la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

En medio de esa situación, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con la organización criminal de “Los Chapitos”.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investiga a Rocha Moya y a otros funcionarios y exmandos de seguridad por supuesta protección institucional al cártel y por presuntas operaciones relacionadas con tráfico de drogas y corrupción.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del mandatario con licencia, del senador morenista Enrique Inzunza y de otros implicados en las investigaciones.

Lo que se le acusa a Rocha Moya, según investigaciones de EEUU

Entre los principales señalamientos se encuentran:

• Presuntos vínculos con la facción criminal de “Los Chapitos”.
• Acusaciones de brindar protección institucional al Cártel de Sinaloa.
• Presunto financiamiento ilícito durante campañas políticas.
• Señalamientos de corrupción y delincuencia organizada.
• Presunta operación de una “narconómina” para funcionarios y mandos policiales.
• Supuesta colaboración en actividades de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
• Presuntos sobornos a funcionarios de seguridad pública.
• Investigaciones por posesión de armas y artefactos destructivos.

Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de ataques políticos impulsados desde Estados Unidos.

Tamaulipas también queda bajo presión política

En medio de la polémica, el gobernador Américo Villarreal Anaya fue cuestionado recientemente sobre posibles investigaciones y sobre el estatus de su visa estadounidense, luego de rumores sobre revisiones migratorias a gobernadores mexicanos.

El mandatario confirmó que mantiene vigente su visa y aseguró que ha participado recientemente en eventos internacionales y reuniones oficiales en Estados Unidos.

Asimismo, evitó profundizar sobre el caso de Rocha Moya y señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República revisar cualquier acusación formal presentada por autoridades extranjeras.

Mientras tanto, la confrontación política entre PRI y Morena continúa escalando en un contexto marcado por la violencia, las investigaciones internacionales y las acusaciones cruzadas sobre presuntos nexos entre actores políticos y organizaciones criminales.

El activista y presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, aseguró que los señalamientos emitidos recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su contra buscan desacreditar su trabajo como defensor de derechos humanos y frenar las denuncias que ha realizado sobre presuntos abusos de Fuerzas Armadas en Tamaulipas.

En entrevista con Infobae México, Ramos rechazó las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo que lo señaló por presuntamente utilizar una “fachada de activista” para colaborar con el Cártel del Noreste. La dependencia estadounidense sostuvo que el defensor habría encabezado durante más de una década una supuesta campaña de desinformación para favorecer la imagen pública de la organización criminal y desacreditar las acciones del Ejército mexicano.

Al ser cuestionado sobre una posible injerencia de autoridades mexicanas en los señalamientos del gobierno estadounidense, Ramos afirmó que detrás de las acusaciones existirían intereses relacionados con personajes que, según dijo, son protegidos por Estados Unidos.

El activista señaló directamente al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y al almirante en retiro Marco Antonio Ortega Siu.

“Hubo injerencia de dos actores que son protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien, tengo conocimiento, ya no está en Estados Unidos, que ha viajado a Europa a esconderse de la Interpol”, señaló.

En el caso de Ortega Siu, sostuvo que el exmando naval estuvo involucrado en la desaparición de más de 50 personas en Nuevo Laredo tras un operativo que salió mal y no ha sido llamado a declarar por estos hechos.

“Me parece que el gobierno de Estados Unidos, para protegerlos a ellos, está intentando silenciarnos a nosotros en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”, afirmó.

Señalamiento de la OFAC

La OFAC señaló recientemente que Ramos presuntamente comandó una campaña para presentar denuncias falsas contra las Fuerzas Armadas mexicanas, pagar a personas para participar en protestas y defender únicamente a integrantes del Cártel del Noreste.

Ante ello, el activista insistió en que las acusaciones forman parte de una estrategia de criminalización que, según dijo, enfrenta desde hace más de una década debido a las denuncias que su organización ha presentado por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abuso de autoridad en Tamaulipas.

“Yo tengo treinta años de defensor y los últimos quince han sido de este tipo de campañas de desprestigio”, sostuvo.

Carpeta de investigación en su contra en 2018

Ramos recordó que en 2018, durante el gobierno estatal encabezado por Cabeza de Vaca, se abrió una carpeta de investigación en su contra bajo acusaciones similares relacionadas con presuntos vínculos criminales.

También mencionó que entre 2020 y 2022, periodo en el que denunció haber sido víctima de espionaje con el software Pegasus, volvió a enfrentar campañas de desprestigio y criminalización.

“Son señalamientos dolosos”

Durante la entrevista, el defensor también criticó las acciones del gobierno estadounidense en materia de seguridad y tráfico ilegal de armas, además de exigir investigaciones contra funcionarios fronterizos vinculados con el paso de contrabando entre México y Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas reaccionan contra las denuncias de su organización debido a que exhiben presuntos abusos cometidos por personal militar.

“En la medida en que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos, creo que no van a tener ningún problema”, declaró.

Finalmente, responsabilizó públicamente a Cabeza de Vaca y a Ortega Siu de cualquier afectación contra su vida, libertad o integridad.

“Ellos son los responsables (de una campaña de desprestigio) y sobre ellos recae mi vida, mi libertad y mi integridad”, concluyó.

Un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF) perdió la vida y otros dos resultaron heridos tras un ataque armado registrado en Matamoros, Tamaulipas, en hechos vinculados a personal asignado a la vigilancia del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza.

La agresión ocurrió durante el fin de semana sobre el bulevar Manuel Cavazos Lerma, a la altura de la colonia La Encantada, cuando los oficiales concluían su jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes federales fueron interceptados y posteriormente atacados por civiles armados, lo que derivó en una intensa movilización de fuerzas de seguridad.

Cónsul de Estados Unidos lamenta muerte de agente federal

Tras los hechos, Mary Virginia Hantsch, cónsul de Estados Unidos en Matamoros, expresó su condena por el asesinato del elemento federal y envió condolencias a las familias de las víctimas.

En un posicionamiento público, la diplomática señaló que el personal del Servicio de Protección Federal asignado al consulado tiene únicamente funciones de resguardo y protección de las instalaciones diplomáticas y de su personal.

Asimismo, aseguró que el gobierno estadounidense da seguimiento cercano a las investigaciones y reiteró la preocupación compartida entre ambos países por la violencia generada por grupos criminales en la región fronteriza.

“Estos profesionales sirven con honor para garantizar la seguridad de nuestra comunidad consular”, expresó la representante consular al lamentar la muerte del oficial.

Así ocurrió la agresión armada en Tamaulipas

Versiones preliminares señalan que los elementos federales se habrían visto involucrados inicialmente en un incidente vial cuando una camioneta los impactó y posteriormente intentó darse a la fuga.

Los oficiales comenzaron una persecución; sin embargo, los ocupantes del vehículo presuntamente abrieron fuego contra ellos.

Minutos después arribó otra camioneta con hombres armados que también dispararon contra los agentes, provocando un enfrentamiento.

Durante la agresión, uno de los integrantes del SPF murió en el lugar, mientras que otro resultó herido por impacto de bala en una pierna y fue trasladado a un hospital de Matamoros, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Un tercer elemento también presentó lesiones.

El cuerpo del agente fallecido quedó tendido a un costado de la unidad oficial mientras autoridades acordonaban la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Operativo de seguridad y hallazgo de camioneta con armas

Tras el ataque, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo conjunto en distintos sectores de Matamoros con apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Estatal y personal de la Fiscalía.

Horas más tarde, autoridades localizaron en la colonia Buenavista una camioneta azul con placas del estado de Texas que presentaba impactos de bala y que presuntamente habría sido utilizada por los agresores.

Al inspeccionar la unidad, los agentes aseguraron armas largas y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados frecuentemente por grupos criminales para impedir persecuciones policiales.

Daños y aseguramientos tras el tiroteo en Matamoros

• Un elemento del Servicio de Protección Federal murió durante el ataque.
• Dos agentes federales resultaron heridos.
• Una camioneta con placas de Texas fue asegurada por autoridades.
• Se localizaron armas largas al interior del vehículo.
• Fueron decomisados artefactos ponchallantas.
• Se desplegó un operativo conjunto de búsqueda en diversos puntos de Matamoros.

Violencia en la frontera mantiene alerta a autoridades

La agresión contra los elementos federales ocurre en un contexto de violencia persistente en Tamaulipas, entidad donde autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen coordinación en materia de seguridad debido a la actividad de grupos criminales en la zona fronteriza.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras la Fiscalía y corporaciones federales continúan con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque armado.

Luego de que este domingo se registró una agresión armada contra elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) en Matamoros, Tamaulipas, dos implicados en el ataque fueron detenidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los hombres -de quienes no detallaron su identidad- fueron localizados durante el despliegue operativo tras el ataque, a quienes les aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

Además, se detalló que continúan las labores para localizar y arrestar a todos los involucrados.

Así fue el ataque armado

La mañana de este domingo fueron atacados a balazos agentes del Servicio de Protección Federal cuando se encontraban en el municipio de Matamoros luego de finalizar sus labores.

Cuando los agentes se trasladaban a bordo de una unidad oficial fueron impactados por una camioneta, la cual luego de chocar contra ellos huyó del lugar.

Ante su intento por escapar, los elementos iniciaron una persecución en la que fueron agredidos a balazos, además, durante el seguimiento una segunda camioneta con personas armadas arribó al lugar y también realizó detonaciones de arma de fuego contra los oficiales, lo que desató un enfrentamiento.

Un agente murió en el lugar y otro resultó herido

Las autoridades detallaron que derivado de la agresión armada un oficial presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Derivado del enfrentamiento, otro agente falleció en el sitio, por lo que se dio parte a la autoridad ministerial para la realización de las diligencias e investigaciones correspondientes.

De manera previa, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las autoridades atendieron un reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Manuel Cavazos Lerma de la colonia La Encantada, donde identificaron a una persona muerta y dos heridas.

Tras los hechos fue desplegado un operativo de búsqueda en el participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado para dar con los responsables.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lamentó el fallecimiento del agente del Servicio de Protección Federal y reconoció su compromiso con la seguridad de la población.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del integrante del Servicio de Protección Federal que perdió la vida en cumplimiento del deber, y reconoce su compromiso y servicio en favor de la seguridad de la población. El SPF proporciona apoyo, orientación y acompañamiento institucional a los familiares del compañero que perdió la vida", detalló en un comunicado.

Las investigaciones continúan para dar con otras personas implicadas en el ataque armado que dejó un agente muerto y otro lesionado en Matamoros.

Agentes del Servicio de Protección Federal (SPF) fueron atacados a balazos cuando se encontraban finalizando su servicio en el estado de Tamaulipas, lo que dejó como saldo un elemento herido y otro fallecido.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo 17 de mayo en el municipio de Matamoros luego de que la unidad en la que se trasladaban fue alcanzada por una camioneta.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los agentes se vieron involucrados en un accidente de tránsito en el que dicha camioneta los impactó y posteriormente huyó del lugar.

Ante su intento por escapar, los elementos iniciaron una persecución en la que fueron agredidos a balazos, pero durante el seguimiento, una segunda camioneta con personas armadas arribó al lugar y también realizó detonaciones de arma de fuego contra los oficiales, desatando así un enfrentamiento.

Un agente murió y otro quedó herido

Las autoridades anunciaron que derivado de la agresión un oficial presentó una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada.

Derivado del enfrentamiento, otro integrante del Servicio de Protección Federal falleció en el sitio, por lo que se dio parte de la autoridad ministerial para la realización de las diligencias e investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que de manera previa la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que las autoridades atendieron un reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Manuel Cavazos Lerma, de la colonia La Encantada, donde identificaron a una persona muerta y dos heridas.

Ante los hechos, se procedió con el acordonamiento del lugar para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lamentó el fallecimiento del agente del Servicio de Protección Federal y reconoció su compromiso con la seguridad de la población.

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del integrante del Servicio de Protección Federal que perdió la vida en cumplimiento del deber, y reconoce su compromiso y servicio en favor de la seguridad de la población. El SPF proporciona apoyo, orientación y acompañamiento institucional a los familiares del compañero que perdió la vida“, detalló en un comunicado.

Sobre los responsables de la agresión, las autoridades detallaron que se mantiene un operativo de búsqueda en el que participa la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Estatal y la Fiscalía del Estado para dar con ellos.

Emboscan a elementos de la Guardia Estatal en Reynosa: dos oficiales fallecieron

Otro hecho violento se registró el pasado 5 de mayo, cuando dos elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas fallecieron y uno más resultó herido tras ser emboscados por sujetos armados en el fraccionamiento Valle Soleado en Reynosa.

Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y seguridad cuando fueron interceptados y agredidos a balazos, lo que provocó un despliegue de fuerzas federales y estatales, aunque no se reportaron personas detenidas.

José Antonio “N”, alias ‘El Titán’, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula delictiva del Cártel del Noreste, fue detenido en Nuevo León durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las investigaciones relacionadas con la red de huachicol fiscal que operaba entre México y Estados Unidos.

La captura ocurrió luego de meses de indagatorias federales sobre el tráfico ilegal de hidrocarburos y las estructuras financieras presuntamente utilizadas para mover combustible de procedencia ilícita.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, diversas dosis de droga, 11 vehículos, seis motocicletas, equipo de cómputo, dinero en efectivo y siete tigres que permanecían bajo resguardo en el inmueble intervenido. Además, una mujer fue detenida junto con el presunto operador criminal.

La detención de ‘El Titán’ llamó la atención no solo por los vínculos que las autoridades le atribuyen con el crimen organizado, sino también por su pasado en el mundo deportivo y del fisicoculturismo, donde llegó a ser reconocido a nivel nacional.

De las fuerzas básicas al fisicoculturismo

Antes de aparecer en expedientes federales, José Antonio “N” era conocido en competencias de fuerza y musculación. En entrevistas y materiales audiovisuales difundidos años atrás, relató que inicialmente intentó convertirse en futbolista profesional.

Según esos testimonios, pasó por fuerzas básicas de clubes como Tigres, Puebla, Atlante y América. Sin embargo, una fractura sufrida durante una estancia en Bélgica terminó abruptamente con sus aspiraciones deportivas dentro del futbol.

Tras esa lesión, decidió enfocarse de lleno en el fisicoculturismo y las competencias de fuerza extrema. Con el tiempo, comenzó a destacar en el circuito nacional, donde fue considerado uno de los hombres más fuertes del país.

Reportes relacionados con su trayectoria deportiva señalan que podía levantar alrededor de 280 kilogramos y que en 2016 obtuvo el tercer lugar en la categoría superpesado del Campeonato Mexicano IFBB, una de las competencias más importantes del fisicoculturismo en México.

No obstante, conforme aumentó su notoriedad en ese ambiente, también comenzaron a surgir sospechas sobre el origen de sus recursos económicos y el estilo de vida que mantenía.

Investigaciones por huachicol fiscal

Las autoridades federales comenzaron a relacionarlo con propiedades de lujo, escoltas armados y operaciones financieras presuntamente irregulares.

Posteriormente, su nombre apareció en investigaciones ligadas al tráfico ilegal de hidrocarburos, especialmente tras decomisos millonarios realizados en Tamaulipas y Coahuila.

Entre los casos que habrían fortalecido las líneas de investigación en su contra se encuentra el aseguramiento del buque “Challenge Procyon”, así como diversos cargamentos de millones de litros de combustible transportados vía ferrocarril.

De acuerdo con las investigaciones federales, la red criminal operaba mediante empresas transportistas, compañías factureras, importadoras y operadores financieros que presuntamente servían para justificar movimientos comerciales y recursos vinculados con el combustible ilegal.

Las autoridades sospechan que estas estructuras permitían introducir, movilizar y comercializar hidrocarburos de manera clandestina, ocultando el origen de los recursos y evadiendo controles fiscales.

La captura de ‘El Titán’ se da en medio de una ofensiva federal contra el llamado huachicol fiscal, esquema que ha sido identificado por el Gobierno federal como una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales en el norte del país.

Roberto Blanco Cantú, también conocido como “El Señor de los buques”, es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde septiembre de 2025.

Este empresario es señalado por las autoridades federales como el cerebro de una de las redes de contrabando de combustible más grandes documentadas en México: una operación que introdujo al país al menos 18 millones de litros de diésel ilícito a través de puertos marítimos, con documentación falsa, empresas fachada, identidades robadas y la complicidad de marinos, exjueces y funcionarios de aduanas. Hoy sus operadores caen uno a uno y él permanece prófugo.

¿Qué es el huachicol fiscal?

Cuando la mayoría de los mexicanos escucha la palabra “huachicol”, piensa en personas que perforan ductos de Pemex para robar combustible. Eso existe, pero hay otra modalidad, menos visible y mucho más sofisticada, que las autoridades llaman huachicol fiscal.

El esquema funciona así: una empresa importa combustible desde Estados Unidos, pero en lugar de declarar que trae diésel o gasolina —productos que pagan aranceles e impuestos— declara que trae otra cosa: “aditivos para aceites lubricantes”, por ejemplo. De esa forma, el combustible entra al país sin pagar los impuestos correspondientes. Una vez adentro, se distribuye y se vende como si fuera legítimo.

El fraude no es solo contra el fisco. El combustible que no pagó impuestos compite en precio con el que sí los pagó, destruye el mercado formal y, según las autoridades mexicanas, ha generado pérdidas al erario de 500,000 millones de pesos.

Quién es Roberto Blanco Cantú y cómo construyó su red

Roberto Blanco Cantú es originario de Tamaulipas, tiene nacionalidad estadounidense y operaba desde oficinas en el Metropolitan Center de San Pedro Garza García, el municipio más rico de Nuevo León.

Ahí dirigía, entre otras empresas, Mefra Fletes, una compañía de transporte de hidrocarburos constituida en 2015 en Guadalajara con un permiso de la Comisión Nacional de Energía obtenido en 2019 con vigencia de 30 años.

Lo que las autoridades documentaron es que Mefra Fletes no era solo una empresa de transporte: era la pieza central de una red que incluía otras compañías y que contaba con más de 300 tractocamiones y 600 pipas distribuidos en al menos 15 estados del país.

Los propietarios originales de Mefra Fletes ni siquiera sabían que la empresa operaba a su nombre. Las acciones habrían pasado posteriormente a manos de Blanco Cantú y dos socios: José René Tijerina Mendoza, dueño de Autotransportes Montimex, y José Isabel Murguía Santiago, hermano de un exalcalde de Jalisco preso por vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para constituir las empresas fachada, la red utilizó identidades robadas, según consignan las investigaciones de la FGR.

La Guardia Nacional detectó irregularidades en tractocamiones de Mefra Fletes desde enero de 2022. En un operativo en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, registrado en la tarjeta informativa 35/2022, elementos del cuerpo detuvieron tres vehículos de la empresa que presentaban la misma factura para justificar cargas distintas: cada camión transportaba hasta 48,000 litros de diésel, pero el documento solo amparaba 47,317 litros en total. Los tres camiones juntos movían más de 144,000 litros con un solo papel.

Blanco Cantú, también conocido como “Roberto Brown”, lleva más de una década operando este esquema, según periodistas que han seguido el caso.

El buque que lo delató

El 19 de marzo de 2025 llegó al puerto de Tampico, Tamaulipas, el buque Challenge Procyon. En sus documentos declaraba transportar “aditivos para aceites lubricantes”. Una inspección federal reveló que en realidad cargaba 10 millones de litros de diésel.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, confirmó el aseguramiento días después. En los predios de Mefra Fletes en Altamira, municipio cercano a Tampico, las fuerzas federales encontraron ese diésel almacenado, además de 192 contenedores, 29 tractocamiones con remolque y seis sin él.

Simultáneamente, en Ensenada, Baja California, la SSPC halló casi 8 millones de litros de hidrocarburo almacenados de forma ilegal en un inmueble de la colonia El Sauzal. Las investigaciones vincularon ese combustible también con Mefra Fletes.

En el puerto de Manzanillo, el buque Torm Agnes descargó más de 2 millones de litros de combustible ilegal bajo la modalidad de “despacho en ausencia”, una figura que permite descargar mercancía sin que un funcionario esté presente físicamente. El exdirector de Asipona Guaymas, Ernesto Gastélum López, fue destituido tras confirmarse que había firmado permisos irregulares para esa operación. Las autoridades señalan que esa maniobra evidenció la complicidad institucional que sostenía toda la red.

En total, solo en marzo de 2025, las autoridades decomisaron 18 millones de litros de diésel entre Altamira y Ensenada.

Marinos, exjueces y cárteles: quiénes lo ayudaban

La red no habría podido funcionar sin complicidades dentro del Estado. Las investigaciones de la FGR, contenidas en la causa penal 216/2025, identificaron la participación de funcionarios de aduanas, marinos en activo, marinos retirados y un exjuez federal.

Anuar González Hemadi, exjuez federal y antiguo apoderado legal de Mefra Fletes, fue detenido en septiembre de 2025. En ese mismo operativo cayeron 14 personas en total: tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduanas, según confirmó García Harfuch en conferencia de prensa el 7 de septiembre de 2025.

En el nivel más alto de la red estarían los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, exmandos de la Secretaría de Marina, la institución que controla las 17 aduanas marítimas del país. Manuel Roberto fue detenido en septiembre de 2025. Fernando logró huir: ingresó a Argentina el 1 de abril de 2026 con un pasaporte guatemalteco apócrifo y fue capturado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires.

Este 11 de mayo de 2026 fue trasladado a un Centro de Reclusión Preventiva en la capital argentina, donde anticipó que solicitará asilo político para evitar su extradición.

Los vínculos con el crimen organizado también están documentados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado conexiones entre las empresas de Blanco Cantú y estructuras de lavado de dinero del narcotráfico. Según reportes de inteligencia, parte de los recursos generados por la red habría financiado operaciones armadas del CJNG.

Sin embargo, el hermano mayor de Roberto, Rigoberto Blanco Cantú, fue arrestado por el FBI en 2022 por operar una red de extorsión aduanal vinculada a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, por lo que se piensa que también se relaciona con el Cártel del Noreste.

Amparos, fuga y el cerco que se cierra

Cuando las investigaciones comenzaron a apuntarle directamente, Blanco Cantú recurrió al sistema judicial para protegerse. El empresario presentó al menos dos solicitudes de amparo antes de que se formalizara su orden de aprehensión: una el 26 de junio de 2025 en un juzgado de distrito de Nuevo León —que no prosperó porque faltaba su firma— y otra el 7 de julio del mismo año.

En septiembre de 2025, un juez de Baja California emitió una orden de aprehensión formal contra Blanco Cantú. En febrero de 2026 presentó un nuevo amparo: primero ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, que lo remitió al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien admitió la demanda.

En ese escrito reclamó protección frente al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Federal en Almoloya de Juárez, y exigió garantías contra posibles actos de “privación ilegal de la libertad, incomunicación, malos tratos, tormento físico y psicológico, desaparición forzada de persona, así como orden de aprehensión y detención”.

El cerco se estrechó el 9 de mayo de 2026, cuando elementos de la FGR, la Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional catearon cuatro propiedades en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, Nuevo León.

En los operativos detuvieron a José Antonio “N”, alias Titán, identificado como uno de los principales operadores de Blanco Cantú y líder de una célula dedicada al contrabando de combustible y al manejo de recursos de procedencia ilícita. También cayeron Jesse “N”, operador de la misma estructura; Rosario “N”, colaboradora cercana de Titán; y Juan de Dios “N”, escolta.

En los inmuebles cateados las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, 11 vehículos de alta gama, seis motocicletas, equipos de cómputo, máquinas contadoras de dinero, droga, cartuchos y una cantidad de efectivo pendiente de contabilizar. Entre los hallazgos figuraron también fauna exótica, bienes de lujo y 7 tigres, que quedaron bajo resguardo de las instituciones participantes. Las autoridades señalan que los animales y los bienes de lujo formarían parte del esquema de lavado y ocultamiento patrimonial de la organización.

Como parte de la respuesta institucional al caso, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó cambios en la administración de puertos. García Harfuch asumió la dirección de la estrategia de seguridad, y fueron designados Israel Benítez López en Pemex Logística y César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos para reforzar la fiscalización de operaciones aduaneras y portuarias.

Roberto Blanco Cantú permanece prófugo hasta hoy.

Uno de los casos más grandes de desaparición forzada vinculados a fuerzas federales regresó al ojo público este 11 de mayo tras la alerta que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la absolución de 9 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina (Marina) procesados por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.

Con el fallo, ninguno de los 30 elementos detenidos en 2021 por su presunta responsabilidad en los crímenes permanece en prisión, en lo que representa el cuarto juicio perdido por la Fiscalía General de la República contra integrantes de la UNOPES.

La reciente absolución fue dictada por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California. El caso involucra la desaparición forzada de 27 personas y el asesinato de 12 más.

En noviembre de 2025, Ericka Arredondo, madre de Julio César Viramontes Arredondo -víctima-, señaló ante funcionarios de la Oficina de la Presidencia que 32 personas seguían sin ser localizadas, siete años después de los hechos.

La Marina desplegó 257 elementos en Nuevo Laredo y esto fue lo que pasó

A partir del 11 de diciembre de 2017, el Alto Mando de la Armada ordenó el despliegue de 257 elementos navales en tres bases de operaciones en Nuevo Laredo bajo la Orden de Operaciones 1, vigente en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y áreas aledañas.

El objetivo declarado era “localizar, fijar y capturar a miembros de la delincuencia organizada” y coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Para sus operativos, la Marina utilizó vehículos no oficiales prestados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre ellos patrullas de la corporación “Fuerza Tamaulipas”.

Entre febrero y mayo de 2018, integrantes de la UNOPES llevaron a cabo detenciones arbitrarias en distintas colonias del municipio fronterizo.

Las víctimas fueron detenidas sin orden de aprehensión, sin flagrancia y sin caso urgente. Varios casos comenzaron con cateos ilegales a domicilios particulares, talleres mecánicos y negocios, sin orden judicial.

Los elementos navales portaban uniformes camuflados con la leyenda “Marina”, armas largas y chalecos antibalas, llevaban el rostro cubierto y se desplazaban en camionetas tipo pick up color gris y blanco.

Cinco de las 27 víctimas eran menores de edad, con entre 14 y 17 años al momento de su detención.

Tras los hechos, la CNDH integró 17 expedientes de queja a partir de las denuncias de familiares que buscaron a sus parientes en instalaciones navales, hospitales y funerarias sin obtener respuesta.

Durante la investigación, el organismo detectó contradicciones entre los partes de novedades que la Marina entregó en abril de 2018 y los que entregó en julio de 2019, más de un año después de haber sido requeridos, lo que la CNDH calificó como probable alteración y ocultamiento de información.

La Marina negó en todo momento haber participado en las detenciones.

Posteriormente se supo que la investigación acreditó que el personal naval violó los derechos a la libertad personal, a la integridad, a la personalidad jurídica y a la vida de las víctimas.

Trece de los desaparecidos fueron encontrados sin vida, semienterrados en brechas de terracería en Nuevo Laredo y en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, con signos de tortura, tobillos amarrados y heridas de bala en la nuca.

El 13 de julio de 2020, la CNDH emitió la Recomendación 36VG/2020 y calificó los hechos como violaciones graves a los derechos humanos, tanto por el número de víctimas como por tratarse de derechos inderogables como la vida y la integridad personal.

La FGR ha perdido cuatro juicios contra los presuntos responsables

En abril de 2021, la Marina puso a disposición de la FGR a 30 elementos vinculados con los hechos.

La Fiscalía abrió 17 carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Ninguna de las familias recibió reparación integral del daño.

Los familiares señalaron durante protestas de noviembre de 2025 frente a Palacio Nacional que la FGR perdía los juicios por deficiencias dolosas en las carpetas. Presuntamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asignó a las familias abogados sin experiencia en el caso que, según los quejosos, se limitaban a firmar escritos sin asesorarlos.

El 6 de noviembre de 2025, los familiares regresaron a Nuevo Laredo tras ser atendidos por funcionarios de la Oficina de la Presidencia y de la Secretaría de Gobernación, quienes se comprometieron a gestionar una reunión con la CNDH, la FGR, la CEAV y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Hasta el momento se sabe que se han perdido 4 casos vinculados con las desapariciones y que ninguno de los 30 presuntos responsables de desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales están en prisión.

La CNDH exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar al juez que absolvió a los marinos

Ante el fallo absolutorio de este 11 de mayo de 2026, la CNDH emitió el comunicado DGDDH/052/2026 en el que manifestó su respaldo a las víctimas y precisó que las denuncias penales ante la FGR contra los elementos de la Marina formaban parte de las medidas de satisfacción ordenadas en la reparación integral del daño de 2020.

El organismo exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar la actuación del juez federal y, en su caso, aplicar las medidas pertinentes.

La CNDH también informó que tenía prevista una reunión presencial con las familias en este mes de mayo, en la que debería participar personal con capacidad de decisión de la CEAV para explicar la demora en la emisión de las resoluciones de reparación integral del daño.

Marina se disculpó en 2021 por el caso

El 21 de julio de 2020, la Secretaría de Marina aceptó la Recomendación 36VG/2020 de la CNDH. En ese marco, ofreció una disculpa pública a las víctimas y sus familias.

“Sabemos que ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio del que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que ésta es la ruta hacia una verdad que las dignifique”, señaló la institución en el acto.

Además, se comprometió a continuar colaborando con las autoridades e implementar medidas hacia el pleno acceso a la justicia.

Sin embargo, cuatro años después de ese acto, ninguno de los 30 marinos detenidos permanece en prisión. La FGR perdió cuatro juicios contra integrantes de la UNOPES y las familias de las víctimas denunciaron que ninguna recibió reparación integral del daño.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó este lunes que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Ensenada, absolvió a nueve marinos procesados por desaparición forzada. El fallo dejó en libertad al último grupo de los 30 elementos de la Secretaría de Marina que permanecían detenidos por el caso.

La decisión judicial suma cuatro juicios perdidos contra integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la SEMAR. Todos ellos fueron señalados como responsables de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la vida ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.

Los hechos que originaron el caso

Entre febrero y junio de 2018, y en septiembre de ese año, familiares de las víctimas presentaron quejas ante la CNDH. Los denunciantes acudieron a las bases de operaciones de la SEMAR en Nuevo Laredo, a la Procuraduría General de Justicia del estado, a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, a hospitales y a funerarias, sin obtener información sobre el paradero de sus familiares.

La CNDH integró 17 expedientes a partir de esas quejas. La investigación acreditó que personal de la SEMAR vulneró los derechos a la libertad, a la integridad, a la personalidad jurídica, al trato digno, a la vida y a la inviolabilidad del domicilio de 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas.

La Recomendación 36VG/2020 y sus alcances

El 13 de julio de 2020, la CNDH emitió la Recomendación 36VG/2020, dirigida a la SEMAR, a la FGR, al Gobierno de Tamaulipas y al Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Todas las autoridades aceptaron la recomendación.

En abril de 2021, la SEMAR puso a disposición de la FGR a los 30 marinos vinculados con los hechos. La FGR abrió más de 17 carpetas de investigación por las conductas y omisiones señaladas por la Comisión.

El proceso penal y sus tropiezos

La CNDH realizó aportaciones a cada carpeta de investigación. Las autoridades recomendadas, no obstante, solo informaron sobre el estado procesal de las indagatorias, no sobre el de las causas penales.

En abril de 2026, las víctimas y sus representantes reclamaron la lentitud del proceso, los retrocesos judiciales y la ausencia de reparación por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La CNDH acordó con algunas de ellas una reunión presencial para este mes de mayo, con participación de personal de la CEAV con capacidad de decisión.

La postura de la CNDH ante las absoluciones

La CNDH expresó su preocupación por la determinación del juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Baja California Sur, con residencia en La Paz, quien absolvió a otro grupo de los marinos señalados en la recomendación. El organismo reiteró su respaldo a las víctimas y recordó que las denuncias penales ante la FGR formaron parte de las medidas de reparación integral del daño.

La Comisión exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar la actuación del juzgador y a aplicar las medidas que correspondan. La solicitud apunta directamente a la conducta del juez que emitió las absoluciones.

Las familias, sin reparación tras seis años

A pesar de que la recomendación lleva seis años vigente, las familias de las víctimas no han recibido reparación integral por parte de la CEAV. La demanda de una reunión urgente con autoridades con poder de decisión refleja el agotamiento de los afectados ante la falta de respuesta institucional.

La CNDH mantiene el seguimiento activo de la Recomendación 36VG/2020 y las acciones para impulsar su cumplimiento por parte de las autoridades recomendadas. El organismo también continúa el acompañamiento a las víctimas en el proceso de reparación integral del daño.

En medio de la tormenta diplomática que rodea al partido gobernante Morena, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, salió al paso este lunes para confirmar que sí cuenta con visa estadounidense vigente.

Al ser cuestionado por la prensa sobre su situación migratoria, el mandatario respondió: “He estado asistiendo a diversos actos en Estados Unidos, hemos ido a una sesión de la ONU a hablar de la Agenda 2030, hemos tenido giras por el estado de Texas, en San Antonio, hemos tenido presencia en Laredo”, declaró.

Villarreal Anaya reiteró que su documento migratorio sigue activo y enfatizó que ha participado públicamente en diversos actos en territorio estadounidense cuando ha sido necesario.

El contexto: una ola de revocaciones que sacude a Morena

Las declaraciones del gobernador no surgen en el vacío. Desde 2025, el gobierno de Donald Trump ha convertido la revocación de visas en una de sus principales herramientas de presión contra la clase política mexicana.

Según información publicada por Reuters, el gobierno estadounidense ha revocado las visas de otros gobernadores morenistas, entre ellos Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Marina del Pilar Ávila (Baja California). En el caso más grave, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado formalmente a Rocha Moya de presuntos vínculos con Los Chapitos, y México enfrenta ya una solicitud de extradición.

La situación ha generado una “discreta conmoción” en la élite política mexicana. Dos fuentes del gobierno latinoamericano confirmaron a Reuters que al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos han tenido sus visas canceladas, la mayoría de Morena, aunque también de otros partidos.

Villarreal, bajo la lupa: su nombre ya circula en esferas de alto nivel

Que el gobernador tamaulipeco haya salido a desmentir rumores no es un hecho menor. De acuerdo con información que circula en distintas esferas de alto nivel del gobierno mexicano y estadounidense, Américo Villarreal encabeza junto a Marina del Pilar la lista de morenistas contra quienes Estados Unidos estaría iniciando procesos formales de demanda en sus tribunales.

Villarreal Anaya es miembro de Morena y gobierna Tamaulipas desde el 1 de octubre de 2022. Antes de llegar a la gubernatura, fue senador de la República por el mismo estado entre 2018 y 2022. Militó en el PRI desde 1983 hasta 2017, año en que ingresó a las filas de Morena.

Lo que complica su posición es un detalle que no ha pasado desapercibido: antes de convertirse en gobernador de Tamaulipas, fue el delegado de Morena en Sinaloa para operar la elección de Rubén Rocha Moya, cuya colusión con Los Chapitos constituye hoy la columna vertebral de la acusación del Departamento de Justicia.

Jaime “N”, sujeto identificado como “El Comandante Kakino” y “Comandante Roma”, es capturado por autoridades federales y estatales en el municipio de Naranjos, Veracruz, tras un operativo estratégico coordinado.

Fue ubicado como líder del Cártel del Noreste y se le considera exlíder del autogobierno en el extinto Penal del Topo Chico de Monterrey y generador de violencia en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El detenido está relacionado con diversos delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, desaparición forzada, homicidio y extorsión.

La detención ocurre tras la identificación y rastreo de Jaime “N” mediante inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Civil de Nuevo León y autoridades de Veracruz. En el mismo operativo, también se logró la captura de Moisés “N”, su presunto cómplice, de acuerdo con el reporte oficial. Ambos son ubicados como integrantes del grupo delincuencial denominado CDN.

Elementos de la Defensa, Guardia Nacional, Fuerza Civil, Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones desplegaron un dispositivo en Naranjos que permitió la detención y posterior traslado de Jaime “N” a Nuevo León. Las investigaciones judiciales arrojan que el detenido enfrenta diversas órdenes de aprehensión por sus presuntos roles de mando en actos de secuestro, homicidio y asociación delictuosa, delitos fundamentados por pruebas técnicas y científicas reunidas por la Fiscalía.

La trayectoria criminal de Jaime “N” inicia con su captura original en 2011, imputado como parte de una banda de secuestradores en Escobedo y San Nicolás, Nuevo León. Dentro del penal de Topo Chico, ejerció control sobre internos, liderando un esquema de autogobierno que incluía el cobro de cuotas y prácticas sistemáticas de extorsión a nombre de una estructura criminal.

Actualmente, el presunto delincuente es considerado un objetivo prioritario para las autoridades de seguridad del norte y oriente del país. Su detención fue posible gracias a la coordinación de fuerzas federales, estatales y la aplicación de técnicas de inteligencia para ubicarlo fuera de Nuevo León.

Las autoridades mantienen que el seguimiento jurídico de Jaime “N” continuará para ejecutar las órdenes de aprehensión vigentes en su contra. La mesa de seguridad estatal —compuesta por Secretarías de Defensa, Seguridad Ciudadana y Protección, así como Fiscalía General de la República, Fiscalía estatal, Guardia Nacional y otras corporaciones— mantiene el caso como prioritario dentro de sus acciones para reducir delitos de alto impacto.

La coordinación interestatal que permitió la localización del sospechoso responde a una política de persecución judicial contra líderes delictivos que han operado en centros penitenciarios y extendido sus actividades a entidades vecinas, según los datos proporcionados por las autoridades participantes.

El principal dato específico que sustenta la captura de Jaime “N” es la plena identificación judicial derivada de investigaciones técnicas y científicas, lo que permitirá la ejecución de pendientes judiciales por secuestro, homicidio, desaparición forzada y asociación delictuosa.

El traslado de Jaime “N” de Veracruz a Nuevo León ya fue completado a fin de quedar a disposición de las autoridades correspondientes para la continuidad de los procesos penales en su contra.

• Jaime “N”, alias “El Comandante Kakino”, fue capturado en Naranjos, Veracruz, tras un operativo táctico interinstitucional.
• El detenido está vinculado a secuestro, homicidio, desaparición forzada y delitos de extorsión en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
• Las autoridades acreditan la plena identificación criminal mediante pruebas científicas y técnicas, con varias órdenes de aprehensión vigentes.

Este 7 de mayo fue confirmado que un juez de control vinculó a proceso a Alexander “N”, alias “Metro 9” o “R9″, sujeto señalado como líder de “Los Metros” del Cártel del Golfo.

Según información oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los elementos necesarios para acreditarle su probable participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La detención se produjo tras una orden de cateo ejecutada en la colonia Vicente Guerrero, en Reynosa, Tamaulipas, en el marco de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México el pasado 27 de abril.

En el operativo que fue capturado participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de la Fiscalía Federal del Estado de Tamaulipas y peritos de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la entidad.

Alexander Benavides Flores es el nombre completo del imputado, de acuerdo con datos consultados por este medio en el Registro Nacional de Detenciones.

Aseguraron arma larga, cartuchos, cargadores y cuatro vehículos

Durante el operativo, las autoridades detuvieron en flagrancia al Metro 9 y aseguraron un arma de fuego larga con su respectivo cargador, cartuchos, cargadores adicionales, un portacargador, un teléfono celular y cuatro vehículos.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes ante el juez para obtener la vinculación a proceso, la prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 13 “CPS-Oaxaca” y un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según las autoridades, Alexander “N” se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Esto se sabe sobre la captura del Metro 9 en Reynosa

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Alexander Benavides Flores fue detenido la madrugada del lunes 27 de abril de 2026 a las12:15 horas por elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR, con apoyo de elementos de la SSPC, en una casa habitación de dos plantas color blanco ubicada en la calle Martín Carrera, entre la avenida Adolfo López Mateos y la calle Cuauhtémoc, colonia Vicente Guerrero, Reynosa, Tamaulipas.

El código postal del sitio donde fue atrapado es el 88620, según los datos oficiales.

Al momento de su detención, el Metro 9 vestía playera azul marino, jeans y sandalias color blanco. Fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez morena, complexión robusta, cabello entrecano y corto, barba de candado y un tatuaje en el brazo izquierdo.

Captura del Metro 9 generó violencia en la entidad

La aprehensión de Alexander Benavides provocó durante la madrugada del lunes 27 de abril una serie de bloqueos carreteros, incendios y ataques contra infraestructura de videovigilancia en distintos puntos de Reynosa.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, los hechos se registraron como “reacción a la captura de un objetivo prioritario” en ese municipio fronterizo.

Los incidentes incluyeron la obstrucción de vialidades, quema de vehículos y daños a cámaras de vigilancia, lo que generó afectaciones en diversos sectores de la ciudad durante varias horas.

Ante ello, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo coordinado para retirar los bloqueos, restablecer la circulación y contener nuevas alteraciones al orden público, con presencia de fuerzas federales y estatales en puntos estratégicos de Reynosa.