• Uso ilícito de atribuciones y facultades
• Desempeño de funciones judiciales o administrativas

¿Cuál es el motivo del fallo en contra de la excontralora?

Durante la audiencia de juicio oral llevada a cabo el 15 de septiembre de 2026, el tribunal confirmó que la exfuncionaria autorizó pagos de un contrato de prestación de servicios por honorarios a una persona que, al mismo tiempo, se desempeñaba como directora administrativa en esa dependencia.

El portal de Proceso señala que el monto liberado por la imputada ronda los 60 mil pesos, los cuales habrían sido girados a Alejandra Reyes, quien ostentaba el cargo mencionado.

Andrés Norberto García Repper Favila, titular de la Fiscalía, detalló que la audiencia de individualización de sanciones está programada para el próximo 22 de septiembre.

El fallo de culpabilidad abre paso a la siguiente fase del proceso judicial de la carpeta CP/14/2025, donde se determinarán las sanciones y la reparación del daño, derivado de las conductas mencionadas.

Nueva administración en la contraloría de Tamaulipas es quien denunció a Elda

En marzo de 2025, Norma Angélica Pedraza Melo, actual contralora en Tamaulipas, dio a conocer que Elda Aurora Viñas había sido vinculada a proceso como parte de la denuncia presentada por la nueva administración de la dependencia.

“De los 37 calificados como faltas graves se han presentado cinco denuncias a la Fiscalía General de la República y 12 expedientes a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de nuestro estado”, declaró en su momento Pedraza Melo.

La funcionaria comentó que la Contraloría llevó a cabo el debido proceso en las denuncias interpuestas, de tal modo que los exfuncionarios acusados no pudieran evitar su responsabilidad.

A las denuncias iniciadas, también se sumó la inhabilitación de 54 exfuncionarios, donde al menos 33 de ellos omitieron presentar su declaración patrimonial, siendo la máxima sanción que la Contraloría puede aplicar.

Otros funcionarios del gobierno de Cabeza de Vaca han sido sancionados

El caso de Elda Aurora Viñas no es el único dentro del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Rómulo Garza Martínez, extitular de Bienestar Social de Tamaulipas, enfrenta prisión preventiva justificada desde julio de 2025, la orden judicial responde a la presunta compra ilícita de 2.6 millones de despensas por un monto de 650 millones de pesos, adquiridas en 2021 mediante adjudicaciones directas y sin licitación de por medio.

Mario Gómez Monroy, exsecretario de Educación de la entidad, ya tiene sentencia, en agosto de 2025 un juez lo condenó a 19 años de prisión por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público. La acusación establece que desvió más de 8 millones de pesos a través de un convenio irregular, con recursos destinados a pagos a proveedores sin justificación ni comprobación.

La lista se extiende al sector salud, donde Gloria de Jesús Molina Gamboa permanece bajo investigación por su presunta participación en una red de corrupción vinculada a la administración de Cabeza de Vaca. Las autoridades le atribuyen la firma de contratos millonarios para mantenimiento hospitalario sin licitación ni soporte fiscal, con un quebranto calculado en 343 millones de pesos durante los ejercicios 2017 y 2018.

La revisión incluyó un escaneo no intrusivo, la intervención de una unidad canina y una inspección física del remolque. Los oficiales extrajeron 1.164 paquetes con una sustancia que la agencia identificó de forma preliminar como metanfetamina. La Oficina de Operaciones de Campo confiscó tanto los narcóticos como el vehículo, de acuerdo con la información difundida por CBP.

El caso pasó a manos de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que iniciaron una investigación penal. La autoridad no informó sobre personas detenidas, posibles imputaciones, empresas vinculadas al traslado ni el destino final de la carga, según el parte oficial de CBP.

¿Cuánta metanfetamina incautó CBP en el Puente Internacional de Pharr?

La agencia estadounidense reportó la incautación de 2.815,30 libras de presunta metanfetamina, equivalentes a 1.277 kilogramos. La droga estaba distribuida en 1.164 paquetes, ocultos dentro de un envío comercial que había sido manifestado ante las autoridades como una carga de hortalizas y vegetales frescos, de acuerdo con CBP.

La valuación oficial del cargamento fue de USD 25.167.000. Esa cifra corresponde a una estimación elaborada por la autoridad fronteriza y se incluyó en el comunicado difundido tras el decomiso. CBP no precisó qué método utilizó para calcular ese monto ni detalló si la valuación responde a precios mayoristas, minoristas o a otro criterio empleado por la agencia.

La sustancia fue presentada como “presunta metanfetamina”, una fórmula habitual en los comunicados de la autoridad estadounidense antes de que se conozcan eventuales peritajes de laboratorio o actuaciones judiciales. El informe de CBP no indicó si los paquetes ya fueron sometidos a análisis químicos ni si existieron pruebas complementarias sobre su composición.

La cantidad decomisada equivale a más de una tonelada de droga. El peso informado por CBP permite dimensionar el volumen del cargamento, que fue detectado dentro de un transporte comercial en uno de los pasos fronterizos habilitados para el movimiento de mercancías entre México y Estados Unidos.

¿Dónde y cuándo fue el decomiso de droga en Pharr, Texas?

El operativo ocurrió el 8 de septiembre en el área de carga del Puente Internacional de Pharr, una instalación fronteriza ubicada en Texas. El vehículo había partido de Reynosa, ciudad mexicana situada frente al sur de ese estado estadounidense, según la información proporcionada por CBP.

La agencia publicó el comunicado seis días después, el lunes 14 de septiembre de 2026. El parte identifica el lugar como la instalación de carga del puente internacional y señala que la intervención estuvo a cargo de oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo, el área de CBP encargada de los controles en los puertos de entrada.

El reporte no informó la hora de llegada del camión, el tiempo que demandó la inspección ni el carril por el que ingresó el vehículo. Tampoco especificó si el transporte estaba registrado a nombre de una empresa mexicana, estadounidense o de otra jurisdicción, según la información pública de CBP.

La autoridad sí indicó que se trataba de un tractor con remolque. Esa descripción identifica a un vehículo de transporte de carga compuesto por una unidad motriz y un acoplado, aunque el comunicado no brindó datos sobre la marca, la matrícula ni las condiciones del compartimento donde se hallaron los paquetes.

¿Cómo detectaron la presunta metanfetamina oculta entre repollo, tomatillo y cilantro?

El camión fue enviado a una segunda revisión después de su llegada a la instalación de carga. Según CBP, los oficiales aplicaron una inspección con tecnología no intrusiva, un procedimiento que permite examinar la estructura y el contenido de un vehículo sin necesidad de descargarlo por completo en la primera instancia.

La revisión también incluyó la participación de un equipo canino. El comunicado no explicó si la señal de los perros detectores motivó la inspección física o si esa medida se adoptó a partir de los resultados del escaneo. La agencia tampoco divulgó cómo estaban distribuidos los paquetes dentro del envío declarado como productos agrícolas, de acuerdo con CBP.

La inspección física permitió retirar los 1.164 paquetes del remolque. La autoridad no describió el tipo de envoltorio, los mecanismos de ocultamiento ni si la droga estaba mezclada con las cajas de repollo, tomatillo y cilantro o situada en sectores separados de la carga, según el parte oficial.

La combinación de escaneo, controles caninos y revisión manual forma parte de la secuencia detallada por CBP para este caso. El comunicado no atribuye el hallazgo a un único método ni informa qué elemento resultó decisivo para identificar la presencia de la sustancia en el transporte.

¿Qué autoridades investigan la incautación de USD 25 millones en Pharr?

La Oficina de Operaciones de Campo de CBP confiscó la droga y el vehículo utilizado en el traslado. Después del decomiso, agentes especiales de HSI iniciaron una investigación penal, según el comunicado difundido por la autoridad fronteriza estadounidense.

El parte oficial no menciona el nombre del conductor, si fue detenido o si quedó a disposición de autoridades federales. Tampoco identifica a posibles acompañantes, propietarios del camión, exportadores, importadores o intermediarios que pudieran estar vinculados con la documentación comercial del envío, de acuerdo con CBP.

La investigación deberá establecer la procedencia de la sustancia, el destino previsto del cargamento y las responsabilidades penales que pudieran corresponder. Esos datos no fueron divulgados en el anuncio inicial y podrían depender de actuaciones posteriores de HSI y de las autoridades judiciales competentes, según CBP.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada Hidalgo/Pharr/Anzalduas, dijo que la incautación fue resultado de la experiencia y los procedimientos aplicados por los oficiales durante la inspección del camión. “Las habilidades y la experiencia de nuestros oficiales de CBP continúan a la vista mientras desmantelan otro cargamento masivo de narcóticos ilícitos”, afirmó en el comunicado oficial.

¿Qué cambia para los transportistas que cruzan por el Puente Internacional de Pharr?

El comunicado no anuncia modificaciones en las reglas de ingreso de camiones comerciales ni nuevas medidas operativas para las empresas que utilizan el Puente Internacional de Pharr. Las normas, los controles documentales y los procedimientos de revisión continúan bajo la autoridad de CBP, según la información disponible en el parte oficial.

El caso confirma que los vehículos con cargas declaradas como productos agrícolas pueden ser derivados a inspecciones secundarias. La autoridad informó que el camión procedente de Reynosa fue sometido a escaneo, control canino y revisión física antes de que se concretara la incautación, de acuerdo con CBP.

Para los operadores de transporte y comercio exterior, el expediente todavía no incorpora datos sobre posibles incumplimientos documentales, irregularidades aduaneras específicas o responsabilidades empresariales. La agencia tampoco comunicó restricciones sobre mercancías agrícolas, rutas determinadas o compañías vinculadas con el vehículo inspeccionado.

La siguiente etapa dependerá de la investigación penal abierta por HSI. Por ahora, permanecen bajo custodia federal el camión y los 1.164 paquetes incautados, mientras las autoridades determinan si existen personas u organizaciones relacionadas con el traslado detectado el 8 de septiembre, según CBP.

Autoridades de Estados Unidos imputaron cargos de terrorismo a José Flores-Flores, de 21 años y originario de Reynosa, después de hallar en su celular un video en el que, según la acusación federal, aparecía desmembrando el cadáver de un hombre.

El caso forma parte de una segunda acusación sustitutiva presentada el 15 de septiembre en la Corte de Distrito del Sur de Texas, división McAllen, bajo la causa penal M-26-2625-S2.

Flores enfrenta cargos por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para proveer ese apoyo, ello en el contexto de la designación del Cártel del Golfo (CDG) como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

De ser declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión federal.

Un video en la carpeta de “eliminados recientemente” lo incriminó

De acuerdo con la información, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a Flores el 10 de julio de 2026 cerca de Mission, Texas, a corta distancia del río Bravo. Admitió haber ingresado de forma ilegal desde México y, en ese mismo momento, declaró a los agentes que era miembro activo del CDG. Por ese cruce lo acusaron de reingreso ilegal, un delito grave.

Tras su arresto, Flores consintió la revisión de su teléfono celular. En la carpeta de “recientemente eliminados”, los agentes hallaron un video en el que aparece serruchando las extremidades de un cadáver. También encontraron una imagen con al menos dos torsos humanos desmembrados, brazos y piernas seccionados, además de fotografías de un tambo en llamas usado para incinerar los restos.

El expediente detalló que los metadatos del material ubicaron su creación el 26 de junio de 2026, dos semanas antes de la detención, en las afueras de Reynosa, Tamaulipas.

El celular también contenía imágenes de Flores con un radio portátil y rifles tipo AR-15.

La confesión de José Flores Flores

Al mostrarle el video, Flores admitió que era él quien aparecía en la grabación. Según el documento, aceptó haber “serruchado los brazos de las víctimas para facilitar la incineración de los cuerpos en el tambo” y ubicó los hechos en “las afueras de Reynosa”.

Flores renunció a sus derechos Miranda y aceptó hablar con los agentes. Declaró que su profesión era “barbero y sicario”, y que trabajó para el CDG durante aproximadamente un año. Su labor consistía en “proteger su zona”, evitando que otros robaran, extorsionaran o secuestraran gente sin autorización del cártel.

Flores sostuvo que las víctimas de las imágenes y videos cayeron en desgracia con la organización por “extorsionar a gente, negocios y demás, o vender cristal, secuestrar gente por debajo del agua” dentro del territorio bajo control del cártel.

Después accedió a una entrevista con un agente del FBI, en la que reiteró que trabajaba para el CDG y que “hacía cosas malas de ese lado”, en referencia al territorio mexicano. Declaró que operaba principalmente de noche en un sector asignado por el cártel en Reynosa, donde recorría la zona en vehículo, escuchaba comunicaciones de radio y vigilaba la presencia del Ejército y las fuerzas de seguridad mexicanas.

Según su testimonio, el CDG le proporcionaba un rifle, chaleco antibalas y vehículo. Cuando un superior le entregaba un nombre o fotografía de un objetivo, su función era “agarrarlo y después lo entrego”.

Un gran jurado acusó a Flores por primera vez el 4 de agosto de 2026. A mediados de ese mes, los fiscales obtuvieron una acusación sustitutiva que añadió los cargos de terrorismo, y Flores se declaró no culpable poco después. El 15 de septiembre, una segunda acusación sustitutiva amplió la evidencia en su contra con el hallazgo del video y las imágenes del desmembramiento.

El caso se insertó en la ofensiva de Trump contra los cárteles

El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que instruyó al Departamento de Estado a designar a los cárteles como organizaciones terroristas. En el documento, Trump declaró que los cárteles “controlan de manera funcional, a través de una campaña de asesinatos, terror, violación y fuerza bruta, casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos”.

Ese día, el gobierno estadounidense designó al Cártel del Golfo como Organización Terrorista Extranjera, junto con el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

En julio de 2026, la administración sumó a la lista al Cártel de Juárez y a Los Viagras, con lo que el total de organizaciones criminales mexicanas con esa designación llegó a ocho. Para septiembre de 2026, el conteo global de grupos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos alcanzó 21.

Fiscales de Texas ya han enviado a prisión federal a jefes históricos del Cártel del Golfo, como Juan García Ábrego y su sucesor, Osiel Cárdenas Guillén.

Este miércoles, el fiscal federal Aaron Reitz tiene programada una conferencia de prensa en McAllen para anunciar lo que su oficina describió como “una acusación criminal importante” relacionada con la orden ejecutiva de Trump sobre cárteles como organizaciones terroristas. Se desconoce si será del caso de José Flores-Flores.

A través de un video difundido en su cuenta oficial en ‘X’, el exmandatario afirmó que no existen documentos, fotografías, bitácoras de vuelo ni transferencias financieras que comprueben una relación de negocios o de financiamiento entre su administración y los empresarios señalados por tráfico ilegal de combustible.

Cabeza de Vaca recordó que cuando supo de la relación entre los hermanos Carmona y el subsecretario, Horacio García Rojas, quien fue destituido de su cargo en 2019, año en el que iniciaron las investigaciones contra el huachicol fiscal.

La exfuncionaria aseguró en una grabación que Cabeza de Vaca dirigió la asignación de contratos públicos por un monto de 343.9 millones de pesos a compañías vinculadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos entre 2017 y 2018. Atribuyó al exgobernador las instrucciones para adjudicar contratos públicos a las empresas Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.

Las empresas señaladas pertenecen a la red corporativa de Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, quien fue ejecutado en noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Investigaciones publicadas por la revista Proceso señalan que las empresas vinculadas a la familia Carmona obtuvieron al menos 43 contratos por 376 millones de pesos con las dependencias del gobierno estatal entre 2018 y 2021.

Cabeza de Vaca señala a la administración estatal de presionar a exfuncionarios

En su video, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) en América del Norte sostuvo que las declaraciones de la exsecretaria de Salud fueron hechas tras ser obligada por autoridades locales y federales; señaló directamente a Américo Villarreal Anaya, gobernador morenista de Tamaulipas, por orquestar una persecución política en su contra con el objetivo de desacreditar su imagen pública.

“Comprendo las presiones por las que fue usted sometida y sé, porque la conozco bien, que este video que la obligaron a grabar no refleja la realidad del trabajo y resultados que se dieron durante la gestión de la Secretaría de Salud que usted encabezó”, afirmó el panista.

“Entiendo perfectamente la presión a la que ha enfrentado, porque en su momento usted me la hizo saber, al igual que a mis abogados”, afirmó García Cabeza de Vaca al dirigirse a la exsecretaria de Salud.

El político opositor aseguró que diversos integrantes del partido Morena recibieron financiamiento de origen ilícito suministrado por la red de los hermanos Carmona durante los procesos electorales para renovar la gubernatura, incluyendo a Villarreal Anaya.

El exgobernador aseveró que defenderá su honorabilidad a través de las vías legales correspondientes y que no permitirá que versiones sin sustento alteren la percepción de su gestión.

Cabeza de Vaca pide pruebas ante señalamientos

Francisco Cabeza de Vaca llamó a que futuras acusaciones en su contra sean sustentadas con evidencia “y no con presiones, versiones manipuladas o declaraciones construidas con fines políticos”.

El exmandatario indicó que las personas que presionaron a la exsecretaria de Salud para grabar la declaración forman parte de investigaciones encabezadas por autoridades de estadounidenses.

“Quienes la hayan presionado, hoy en día están siendo observados, investigados acá en los Estados Unidos. Y pronto, muy pronto, los verá rendir cuentas ante la verdadera justicia”, expresó el Exgobernador.

“No tengo nada que ocultar. No voy a permitir que nadie, por intereses políticos, pretenda convertir una mentira en verdad”, afirmó.

El Cártel del Golfo (CDG), una de las organizaciones criminales más antiguas de México, ya no opera como una estructura unificada. Está dividido en facciones que se disputan el control de Tamaulipas y que diversificaron sus actividades delictivas, desde el tráfico de drogas hasta el contrabando de combustible.

Esa fragmentación coincide con una reciente sentencia de 50 años de prisión contra tres integrantes de una banda de secuestradores en la entidad, un caso que estaría vinculado a esa organización.

Un cártel sin mando único

El CDG surgió en la década de 1930 en Matamoros, cuando Juan Nepomuceno Guerra comenzó con el contrabando de licor hacia Estados Unidos. Se consolidó como cártel de narcotráfico en 1984, bajo el liderazgo de Juan García Ábrego.

Hoy la organización ya no responde a un mando central. Según el análisis de InSight Crime, está dividida en facciones que operan con autonomía: Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Metros, Los Rojos y Las Panteras.

Cada una mantiene liderazgo y control territorial propios en distintas zonas de Tamaulipas. Los Escorpiones y Los Ciclones concentran actualmente el mayor poder dentro de esa estructura fragmentada, de acuerdo con el mismo analisis.

La pérdida de unidad se explica por la captura y muerte de líderes históricos de la organización. Esas bajas fracturaron al cártel en grupos rivales que hoy compiten entre sí por el control de economías criminales.

A qué se dedican las facciones del cártel

Las distintas células del CDG diversificaron sus actividades más allá del narcotráfico tradicional. Según InSight Crime, participan en tráfico de drogas, armas y migrantes, además de esquemas de extorsión.

Los Rojos, una de las facciones con presencia en el sur de Tamaulipas, se dedican también a la producción de metanfetaminas y a la comercialización de combustible robado.

Un operativo de la Secretaría de Marina (Semar), la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en agosto de 2026 permitió asegurar bienes de Los Rojos valuados en cerca de 34 millones de pesos en Tampico y Altamira. Entre lo incautado había combustible, vehículos y equipo de almacenamiento.

En ese mismo operativo, la Semar decomisó cinco propiedades vinculadas a esa facción, entre ellas una finca con 135 animales exóticos, incluidos tigres de Bengala, jaguares y leones africanos, y una gasolinera clandestina.

Los Metros, otra facción con presencia en Reynosa, fue vinculada a una red binacional de contrabando de combustible con participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ese esquema habría movilizado millones de litros a través de puertos y aduanas de Tamaulipas.

El secuestro como parte de esa economía criminal

Dentro de ese entramado de facciones fragmentadas se ubica el caso de Marco N, Gloria N y Jesús N, sentenciados a 50 años de prisión por secuestro agravado y dos años más por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Su detención ocurrió en 2024 en el ejido de San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, luego de una denuncia anónima. La Guardia Estatal de Tamaulipas ejecutó el operativo, aseguró armamento y rescató a una víctima que se encontraba privada de su libertad.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas reunió las pruebas del caso, con apoyo de peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La reparación del daño se definirá en la etapa de ejecución de la pena.

La presión externa que profundiza la fractura

La fragmentación interna del CDG no es su único desafío. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) extendió su influencia hacia municipios del norte de Tamaulipas, entre ellos Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y Reynosa, de a cuerdo con InSight Crime.

Esa expansión se aceleró luego de que César Morfín Morfín, alias El Primito, entonces operador de Los Metros, facilitara el ingreso del CJNG a la región al reorientar su actividad hacia el robo y contrabando de combustible, de acuerdo con información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las facciones del Cártel del Golfo y células de Los Zetas mantienen además enfrentamientos abiertos en distintas zonas de Tamaulipas, en un contexto donde ninguna organización ejerce control absoluto sobre el territorio fronterizo con Texas.

Un juez federal sentenció en Tamaulipas a Marco Adán “N”, Jesús Eduardo “N” y Gloria Michel “N” a 52 años de prisión por secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los tres fueron detenidos en 2024 tras una denuncia anónima que permitió ubicar un inmueble en el ejido San Francisco, municipio de Hidalgo. Durante el operativo, las autoridades localizaron a una persona que se encontraba privada de la libertad y aseguraron armas de fuego.

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas participaron en el despliegue que derivó en las capturas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó el caso ante la justicia federal.

El juez impuso 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado y otros dos años por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con lo que la condena total asciende a 52 años para cada persona.

La reparación integral del daño a la víctima deberá determinarse durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Datos obtenidos por Infobae México relaciona a los tres sentenciados con el Cártel del Golfo, información que no fue incluida por la FGR en su comunicado oficial sobre a sobre el veredicto.

El Cártel del Golfo mantiene presencia en Tamaulipas pese a recientes capturas

Durante 2026, autoridades han detenido a integrantes y presuntos líderes de distintas células relacionadas con el Cártel del Golfo en Tamaulipas, donde la organización mantiene una estructura fragmentada.

En febrero fue detenido en Matamoros Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, señalado por autoridades como presunto líder de la célula Operativa Ranger.

En abril, Alexander Benavides Flores, alias “El Metro 9”, fue detenido en Reynosa y señalado como presunto integrante y líder de una célula del Cártel del Golfo. Después de su captura se registraron bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

El Cártel del Golfo enfrenta disputas por el control de Tamaulipas

La posición fronteriza de Tamaulipas también ha convertido al estado en un territorio de disputa entre organizaciones criminales. De acuerdo con InSight Crime, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha buscado expandirse hacia zonas que históricamente estuvieron bajo influencia del Cártel del Golfo, entre ellas Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, San Fernando y Ciudad Victoria.

La competencia no se limita al tráfico de drogas. El control de los municipios fronterizos permite acceder a rutas hacia Estados Unidos y a otras actividades que generan ingresos para los grupos criminales. La disputa por esas zonas puede involucrar tanto a las distintas facciones del Cártel del Golfo como a organizaciones que buscan desplazarlo de sus áreas tradicionales de operación.

A esta economía se suma el contrabando de combustible. El perfil de InSight Crime actualizado en agosto de 2026 cita una investigación que relacionó a Los Metros, una de las facciones del Cártel del Golfo, con una red binacional dedicada al traslado ilegal de combustible entre México y Estados Unidos. Según esa investigación, millones de litros habrían sido movilizados mediante puertos y aduanas de Tamaulipas, con una presunta participación de empresarios, funcionarios aduaneros y miembros de corporaciones de seguridad.

El mismo análisis señala que más de 95 por ciento del combustible contrabandeado por las diez empresas investigadas habría ingresado a México por Tamaulipas. El dato muestra que las economías asociadas a las facciones del Cártel del Golfo van más allá del tráfico de drogas y aprovechan la infraestructura comercial y fronteriza de la entidad.

La presión sobre el grupo también ocurre desde las instituciones locales. En mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas obtuvo condenas contra 12 integrantes de una banda dedicada al secuestro agravado y señaló que la célula operaba en Reynosa y estaba relacionada con distintas investigaciones por privaciones de la libertad ocurridas entre 2023 y 2024.

Ese mismo mes, la Fiscalía estatal informó sobre otras 12 sentencias contra integrantes de un grupo dedicado a la extorsión. Según la autoridad, los responsables realizaban llamadas desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa y utilizaban cuentas bancarias para recibir los depósitos exigidos a las víctimas, principalmente adolescentes y adultos mayores de Matamoros.

La actividad criminal en Tamaulipas, por tanto, no se concentra en una sola estructura ni en un único delito. Las autoridades han documentado durante 2026 casos de secuestro y extorsión, mientras análisis especializados identifican disputas por territorios fronterizos y economías como el tráfico de drogas, migrantes y combustible.

La revelación se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales, en el que la exfuncionaria explicó que decidió hablar públicamente debido a que enfrenta denuncias penales relacionadas con contratos celebrados durante la administración estatal en la que ella participó. Las acusaciones en su contra derivan de un presunto quebranto financiero de 343.9 millones de pesos en la Secretaría de Salud del estado.

Una división de funciones, según su testimonio

De acuerdo con el relato de Molina Gamboa, al inicio de su gestión el propio Cabeza de Vaca habría establecido una separación clara de responsabilidades dentro de la dependencia:

• Ella se encargaría de los asuntos técnicos y operativos.
• El exgobernador controlaría la proveeduría y los contratos con relevancia económica o política, a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.

“Al asumir el cargo, el exgobernador estableció con claridad una separación de funciones”, relató la exfuncionaria en el video.

Molina Gamboa afirmó que recibió indicaciones directas —siempre por conducto de dicha subsecretaría— para adjudicar contratos de obra y servicios a empresas del Grupo Industrial Permart y Joser (identificada en algunos reportes también como Hosur), firmas que habrían mantenido vínculos con Carmona Angulo. De acuerdo con una investigación de Proceso publicada en mayo de 2022, los hermanos Carmona Angulo obtuvieron a través de estas compañías al menos 43 contratos por 376 millones de pesos con el gobierno de Tamaulipas entre 2018 y 2021.

El papel de la Subsecretaría de Administración y Finanzas

Según su declaración, el cumplimiento de estas instrucciones era supervisado por Alejandro Aguilar Poener, entonces subsecretario de Administración y Finanzas. Molina Gamboa recordó que el tema fue expuesto el 25 de agosto de 2025 durante una conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del gobierno actual.

Estos contratos, dijo, forman parte de las denuncias penales presentadas en su contra y en contra de otros exservidores públicos estatales. De acuerdo con reportes recientes, Molina Gamboa es al menos la cuarta exfuncionaria de la administración de Cabeza de Vaca con procesos judiciales activos por presunto desvío de recursos, junto con el extitular de Educación, Mario Gómez Monroy —sentenciado en agosto de 2025 a 19 años de prisión— y el extitular de SEBIEN, Rómulo Garza Martínez, vinculado a proceso en julio de 2025.

“No busco evadir responsabilidades”, afirma

La exfuncionaria sostuvo que no pretende deslindarse de lo que legalmente le corresponda, pero pidió que la investigación no se concentre únicamente en cargos subalternos.

“No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal”, señaló.

Molina Gamboa destacó que cuenta con más de 35 años de servicio público sin antecedentes disciplinarios y solicitó a las autoridades investigar toda la cadena de mando involucrada en estas decisiones.

Solicita protección ante posibles represalias

Como parte de su mensaje, la exsecretaria pidió a las autoridades competentes que, en caso de que ocurra algún acto de intimidación o amenaza en su contra o contra su familia tras esta declaración, se investigue tomando en cuenta el contexto de lo declarado.

Contexto: Cabeza de Vaca y sus procesos judiciales

Cabeza de Vaca ha enfrentado, desde el fin de su gestión en 2022, múltiples investigaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo una orden de aprehensión emitida en 2021. El exmandatario ha sostenido en distintas ocasiones que es víctima de persecución política, y su defensa —encabezada por los despachos de Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth— ha rechazado en el pasado señalamientos similares, argumentando que las acusaciones en su contra derivan de una operación inmobiliaria de 2019.

Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta pública por parte de Francisco García Cabeza de Vaca ni de Alejandro Aguilar Poener respecto a estas acusaciones específicas sobre los contratos de Salud.

Ante la pregunta sobre a qué se debían sus faltas, el legislador respondió inicialmente que todas habían sido justificadas, pero evitó detallar los motivos.

La periodista insistió en que la ciudadanía debía conocer las razones de sus ausencias. “Sí las justifiqué”, respondió Gómez Leal.

Castillo volvió a preguntarle cuáles habían sido los motivos, ante lo que el senador cuestionó a la reportera sobre si alguien le había pedido realizar esas preguntas.

“¿Te preguntaron?”, insistió el legislador en varias ocasiones.

La periodista respondió que, como representante de los medios de comunicación, fungía como intermediaria entre los ciudadanos y los funcionarios públicos.

Cuestiona sobre los ingresos de la comunicadora

El intercambio subió de tono cuando Gómez Leal le preguntó a Castillo si podía mostrar sus ingresos, a lo que la periodista respondió que sí, aunque aclaró que ella no era servidora pública y, por tanto, no tenía las mismas obligaciones que un funcionario.

El senador entonces acusó a la comunicadora de haber difundido información falsa y cuestionó su trabajo periodístico. “Has levantado unos falsos”, señaló Gómez Leal.

Castillo le preguntó si había ejercido su derecho de réplica para aclarar los señalamientos, pero el senador respondió que no lo había hecho con ella porque, según dijo, primero difundía información falsa y después solicitaba una aclaración. “Eso no es periodismo”, afirmó el legislador.

La periodista rechazó el señalamiento y sostuvo que Gómez Leal no podía decirle cómo realizar su trabajo. También le recordó que, a diferencia de él, ella no recibía un salario del pueblo al no ser servidora pública.

“¿Pero quién te paga entonces?”, preguntó el senador.

La reportera respondió que trabajaba para una empresa y propuso cambiar los papeles para que Gómez Leal pudiera entrevistarse con ella como periodista.

José Ramón Gómez Leal atribuye ausencia a enfermedad

Después del intercambio, Castillo regresó al cuestionamiento inicial y preguntó nuevamente al senador por sus faltas al Senado.

Gómez Leal aseguró que ya había justificado sus ausencias y finalmente explicó que una de ellas se debió a que se enfermó.

“Me enfermé”, respondió.

Cuando la periodista le preguntó si ya se encontraba recuperado para retomar sus actividades, el senador aseguró que sí.

Sin embargo, Castillo le recordó que el día anterior también había faltado, a lo que Gómez Leal respondió que durante la tarde ya se encontraba bien.

El legislador incluso ofreció de manera irónica, mostrar sus conversaciones con el médico que lo atendió para acreditar que sus ausencias estuvieron relacionadas con su estado de salud.

“Si gustas también te puedo enseñar mis conversaciones con el doctor”, señaló.

La periodista respondió que, más que a ella, esa información debía ser conocida por la ciudadanía.

Esta conversación se da en el contexto que en días pasados, Miguel Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., reveló conversaciones extraídas de la sábana de los teléfonos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”, que muestran comunicación directa con el senador José Ramón Gómez Leal desde 2021.

Este jueves, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció una nueva estrategia para mejorar el sistema de salud y evitar la saturación de las clínicas, que es la puesta en marcha de 12 mil consultorios para atender enfermedades no graves.

En un mitin celebrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la mandataria explicó que el objetivo de estos consultorios –habilitados para el IMSS-Bienestar a través del programa La Clínica es Nuestra– es ampliar la medicina preventiva para aquellos ciudadanos que no cuenten con algún sistema de seguridad social.

Sheinbaum busca combatir la saturación de las clínicas

El evento en Tamaulipas es parte de la gira que encabeza Sheinbaum Pardo para presentar, en cada estado del país, los programas sociales que brinda su gobierno a los habitantes de esos lugares.

De acuerdo con la mandataria, en la entidad que gobierna el morenista Américo Villarreal se van a construir 430 consultorios médicos a través de una inversión conjunta con las autoridades locales.

“(El gobierno de Tamaulipas) junto con la Secretaría de Salud del gobierno de México, platicamos que muchas veces los centros de salud están muy llenos, muy saturados. Está uno enfermo y de aquí a que le dan la cita pasa mucho tiempo, luego llega uno y también pasa tiempo para que lo puedan atender”, dijo.

Más de 400 consultorios médicos en Tamaulipas

Desde el punto de vista de la primera mandataria, los consultorios deberán atender enfermedades no graves, y evitar que los enfermos vayan a farmacias particulares a atenderse. También adelantó que se construirán 430 en Tamaulipas entre octubre y diciembre de este año.

“Y muchas veces no es tan grave lo que tiene uno, a lo mejor tiene una enfermedad intestinal, tiene un problema respiratorio y no es tan grave, entonces a cada uno va yendo a los médicos de las farmacias particulares.

“Ahora decidimos hacer consultorios para la atención primaria de salud, es decir, previo al centro de salud. ¿Saben cuántos consultorios vamos a hacer en Tamaulipas? Cuatrocientos treinta consultorios de ahora de octubre a diciembre tienen que estar los consultorios”, agregó la titular del Ejecutivo Federal.

Sheinbaum también sostuvo que las bases de la licitación para habilitar los consultorios serán publicadas el próximo mes de octubre, por lo que deberán estar listos a más tardar en diciembre y dar servicio a partir de 2027.

Programa contempla más de mil consultorios en Veracruz

Previamente, en Boca del Río, Veracruz, Claudia Sheinbaum anunció la construcción de mil 300 consultorios, bajo el mismo esquema que se aplicará en Tamaulipas.

Dichos consultorios van a pertenecer al IMSS-Bienestar. Se habilitarán con recursos del programa La Clínica es Nuestra y contarán con 60 claves de medicamentos del cuadro básico.

El programa también convocará a médicos retirados para que se reincorporen al servicio activo.

Presupuesto para salud en el Paquete Económico 2027

El gobierno de Claudia Sheinbaum busca consolidar el Servicio Nacional de Salud y reducir el rezago en el sector. Por lo que el presupuesto para 2027 se eleva a un billón 105 mil 963 millones de pesos, frente a los 965 mil millones aprobados este año.

Dicho incremento representa 10.9 por ciento en términos reales, de acuerdo con el documento de Exposición de Motivos de la propuesta para el próximo año.

La Secretaría de Salud contempla un aumento de 4.8 por ciento en términos reales, para pasar de 66 mil 825 millones a 72 mil 305 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sheinbaum se las debe seguir ingeniando para tratar de mejorar el sistema de salud, que nunca llegará a ser como el de Dinamarca. En esta ocasión, adelantó la construcción de 12 mil consultorios médicos en todo México, que atenderán enfermedades no graves.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este 10 de septiembre la totalidad del Decreto 66-1146 del Congreso de Tamaulipas, al concluir que modificó disposiciones electorales cuando faltaban únicamente 74 días para el inicio del próximo periodo electoral, un plazo menor al previsto por la Constitución.

El decreto de la SCJN reformaba y adicionaba artículos del Código Municipal de Tamaulipas sobre los requisitos para integrar ayuntamientos, así como las causas para suspender o revocar el cargo de quienes los conforman. La invalidez surtirá efectos generales cuando se notifiquen los puntos resolutivos al Congreso local.

Reforma imponía restricciones a personas vinculadas a proceso

La norma, publicada el 1 de julio de 2026, impedía integrar un ayuntamiento a las personas sujetas a proceso penal por un delito doloso, con auto de vinculación a proceso o bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Esos mismos supuestos podían derivar en la suspensión o revocación del cargo para integrantes de los órganos de gobierno municipales que ya estuvieran en funciones.

El Pleno de la SCJN determinó que las disposiciones tenían naturaleza electoral porque fijaban condiciones de elegibilidad para acceder y permanecer en cargos de elección popular.

La Corte precisó que una norma puede ser electoral aunque no forme parte de una ley con esa denominación. Su carácter depende de su contenido y de su posible incidencia directa o indirecta en los procesos electorales o en el ejercicio de los derechos político-electorales.

Constitución exige publicar leyes electorales con 90 días de anticipación

El tribunal concluyó que el Congreso tamaulipeco promulgó y publicó el decreto en contravención del artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha disposición obliga a que las leyes electorales se promulguen y publiquen al menos 90 días antes del comienzo del proceso en el que se aplicarán. Durante ese lapso tampoco pueden realizarse modificaciones legales fundamentales.

La restricción busca preservar la certeza sobre las reglas que rigen una elección y evitar cambios legislativos cercanos al inicio de los comicios. Entre la publicación del Decreto 66-1146 y el arranque del siguiente periodo electoral mediaron 74 días.

El fallo corresponde a las acciones de inconstitucionalidad 93 y sus acumuladas 95, 100 y 101, todas de 2026, resueltas por el Pleno este 10 de septiembre de 2026.

INE inicia el proceso electoral federal 2026-2027

El INE inició este jueves 10 de septiembre el Proceso Electoral Federal 2026-2027, encabezado por Guadalupe Taddei Zavala y con la asistencia de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, como representante de la presidenta Claudia Sheinbaum. La ruta culminará el 6 de junio de 2027 con la elección de más de 19 mil cargos públicos, incluida la totalidad de la Cámara de Diputados.

La presencia de Rodríguez fue descrita por coberturas periodísticas como un hecho inusual en la ceremonia inaugural de un proceso electoral federal. Taddei sostuvo que la asistencia de la funcionaria responde a la práctica institucional de invitar a los tres poderes de la Unión.

Taddei explicó ante reporteros que Rodríguez acudió “en representación de la presidenta de la República”. Añadió que en cada inicio de proceso se convoca a la Presidencia, al Poder Judicial y al Poder Legislativo.

Según la consejera presidenta, en la sesión estuvieron representados los tres poderes, por lo que rechazó que hubiera algo extraño en la participación de la titular de Segob. Guadalupe Taddei dijo que la secretaria de Gobernación es bienvenida “al instituto y a cualquier institución”.

El proceso electoral culminará el 6 de junio de 2027

La ceremonia se realizó en la sede central del INE durante una sesión extraordinaria del Consejo General. Con ese acto comenzó formalmente la observación electoral y la organización institucional rumbo a la jornada del primer domingo de junio de 2027.

El calendario para el resto de 2026 establece la instalación de los 32 Consejos Locales el 30 de septiembre. Durante octubre y noviembre se recibirán las manifestaciones de intención de quienes busquen candidaturas independientes.

Posteriormente, el 30 de noviembre deberán instalarse los 300 Consejos Distritales del organismo electoral. Estas instancias formarán parte de la estructura que organizará los comicios federales.

Durante su mensaje, Taddei afirmó que el INE “no organiza elecciones para sí mismo ni para los partidos políticos”, sino para la ciudadanía. También llamó a no asumir la democracia como un hecho dado ni a tratar las elecciones como un acto rutinario.

La consejera presidenta anticipó meses de debate y competencia entre los actores políticos. “Ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones”, remarcó.

Morena y PRI coincidieron en la sesión del Consejo General

La sesión también reunió a dirigentes partidistas. Publicaciones difundidas en X señalaron la asistencia de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quienes fueron ubicados uno frente al otro en el pleno del Consejo General.

Moreno confirmó en su cuenta de X que acudió al evento. El líder priista afirmó que su partido defenderá “con todo la libertad de los ciudadanos para decidir el rumbo del país”.

El dirigente añadió que el PRI vigilará “cada decisión” del proceso electoral para exigir el respeto a la ley. También anticipó que su fuerza política enfrentará la contienda con “organización, firmeza y carácter”.

En la Secundaria Técnica Número 77 “Ramiro González de Hoyos”, ubicada en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas, los alumnos no son los únicos que deben cumplir con reglas para ingresar al plantel. Madres y padres de familia también tienen que seguir un código de vestimenta.

La disposición establece qué prendas pueden utilizar los adultos cuando acudan a la escuela para recoger a sus hijos, hablar con maestros, atender algún llamado o realizar trámites. Entre las prendas restringidas están shorts, leggins, faldas cortas, blusas de tirantes, bermudas y sandalias.

La medida ya generó polémica entre algunas familias, particularmente por las condiciones climáticas de Matamoros y porque consideran que determinadas disposiciones pueden resultar discriminatorias o excesivas.

La inconformidad incluso llegó a redes sociales. Erika García, una de las madres que cuestionó las reglas, relató que una mujer que acudió al plantel luego de recibir un llamado terminó regresándose debido a que llevaba shorts.

“Siento yo que es discriminación porque muchas mamás no tienen tiempo para andar vestidas así”, relató.

La madre también cuestionó que se limite el acceso por utilizar ropa considerada cómoda, particularmente ante las altas temperaturas que se registran en la región.

El código también alcanza a los hombres

El reglamento colocado en el acceso de la Secundaria Técnica 77 establece que las mujeres pueden ingresar con blusas o camisas con mangas, escotes moderados, pantalones de vestir, jeans en buen estado, faldas a la rodilla, vestidos y conjuntos considerados adecuados, además de calzado cerrado.

En contraste, la lista de prendas que no están permitidas incluye blusas de tirantes, shorts, faldas cortas o transparentes y ropa deportiva como leggins o licras. También están restringidas las gorras y viseras.

Para los hombres, el código contempla camisas tipo polo o de vestir con mangas, pantalones de vestir o jeans en buen estado y calzado cerrado.

Ellos tampoco pueden ingresar con shorts o bermudas, camisetas de tirantes o sin mangas, pants, sandalias, gorras o sombreros.

La advertencia se encuentra colocada en una lona ubicada en la entrada principal del plantel, donde la escuela justifica la medida bajo la idea de proyectar respeto y dar un buen ejemplo a los estudiantes.

“Vestir adecuadamente es mostrar el respeto y dar el mejor ejemplo. Gracias por su comprensión”, señala el mensaje.

Así, las reglas no solamente aplican a quienes acuden diariamente a clases, sino también a los adultos que cruzan la puerta de la escuela.

Mochilas transparentes y celulares bajo resguardo

El código para los padres forma parte de un conjunto de medidas disciplinarias y de seguridad implementadas por la escuela durante el actual ciclo escolar.

Los estudiantes también enfrentan restricciones. Una de ellas está relacionada con el uso de teléfonos celulares y audífonos durante la jornada escolar.

De acuerdo con publicaciones difundidas en las redes sociales oficiales del plantel, los alumnos que sean sorprendidos utilizando estos dispositivos deberán entregarlos y serán devueltos hasta el final del ciclo escolar.

La escuela también advierte que no se hace responsable por daños que puedan sufrir los teléfonos u otros dispositivos electrónicos mientras permanezcan bajo resguardo.

En caso de que los estudiantes necesiten comunicarse con sus familias, podrán utilizar un teléfono disponible en las áreas de Dirección y Orientación.

Otra de las medidas establece que las mochilas deberán ser transparentes, con el objetivo de facilitar la revisión visual de los objetos que los alumnos llevan consigo.

A estas disposiciones se suman reglas relacionadas con el corte de cabello y los horarios de estudio.

Un plantel con antecedentes de conflictos

Las nuevas reglas se implementaron en un plantel que ya había enfrentado situaciones problemáticas.

El 11 de febrero de 2025, la escuela amaneció con pintas y mensajes de odio dirigidos contra la directora, en un episodio de vandalismo que provocó la suspensión de clases mientras las autoridades evaluaban los daños y determinaban las acciones correspondientes.

El hecho ocurrió después de que estudiantes señalaran a un profesor por presuntamente tratarlos de manera inapropiada y denunciaran un supuesto caso de acoso.

En ese contexto, la Secundaria Técnica 77 ha reforzado las disposiciones relacionadas con la disciplina, seguridad y control dentro del plantel. Sin embargo, la aplicación de estas reglas también abrió una discusión entre las familias.

La particularidad del nuevo código está en que, esta vez, las restricciones no se limitan a los alumnos. También alcanzan a los adultos que ingresan a la escuela.

Por ello, para madres y padres que acudan a la Técnica 77, vestir con shorts, leggins, tirantes, bermudas o sandalias puede convertirse en un impedimento para cruzar la puerta.

Miguel Meza, presidente de la organización Defensorxs A.C., ha revelado conversaciones extraídas de la sábana de los teléfonos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como “El Rey del Huachicol”, que muestran comunicación directa con el senador de Morena, José Ramón Gómez Leal desde 2021, el mismo año en que Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Meza explicó que los mensajes forman parte de miles de documentos obtenidos de dos celulares que Carmona usaba para sus negocios: uno mexicano y otro estadounidense. Los dos teléfonos registraron comunicación mediante llamadas y WhatsApp con 99 números distintos, entre ellos los de alcaldes, diputados y senadores de Morena.

Las cuatro conversaciones que exhiben la comunicación entre Carmona y Gómez Leal

En una de las conversaciones que Meza mostró, Carmona le escribe a Gómez Leal: “Compadre, todo por este, el americano ya no”, en referencia al celular estadounidense que usaba para sus negocios.

Gómez Leal le responde: “Yes sir. Al rato llega mi amigo con Lacho García.” En ese intercambio aparece “Lacho”, personaje que Meza identificó como Lacho García, el exsubsecretario de Salud en el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y presunto operador financiero de Carmona, quien usaba un despacho en Monterrey para reunirse con la red del empresario.

Otra conversación incluye la frase “¿Vienes al Humo? Negativo, bajo a Culiacán ahorita”, además de referencias a reuniones en Reynosa y a “los amigos”. Meza ubicó estos mensajes en el contexto de los procesos electorales de 2021 en Sinaloa y de 2022 en Tamaulipas, y sostuvo que Carmona “operaba con ellos en Culiacán, Sinaloa”, uno de los sitios donde presuntamente aportó financiamiento a la elección de Morena en esa entidad.

En una tercera conversación, también fechada en 2021, Gómez Leal le pide a Carmona un “papalote”, término que ambos usaban para referirse a un avión, con el fin de volar desde Toluca. Según Meza, al final no llegaron a usar la aeronave, aunque existen bitácoras de vuelo de otros operadores morenistas en los aviones del empresario.

Los mensajes repiten además la palabra en clave “El Humo”, que Meza no ha logrado descifrar, en referencia a una entrega o transacción pendiente. “No sabemos qué llevaban de El Humo. No sabemos para qué le pedía fiado José Ramón a Sergio Carmona para que pusiera algo y luego él lo compusiera”, explicó el activista.

Meza señaló como la más delicada una cuarta conversación en la que Gómez Leal le pregunta a Carmona “¿cuándo ves a RGV?”, iniciales que el activista identificó como Rodolfo González Valderrama, exsubdelegado del Bienestar en Tamaulipas y luego titular de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

En ese mismo intercambio, Gómez Leal le escribe a Carmona: “Es importante que jalen a los 1. El gordo sigue presionando. Importante que el señor ayude.” Y agrega: “El tema sí es urgente. Si el señor no actúa, estamos en riesgo en el pueblo. Están usando un nombre que trae rango y no sabemos quién es.”

Meza explicó que “los 1” es una expresión que, en otros contextos de huachicol, se usa para referirse al titular de una institución, y citó investigaciones estadounidenses como la Operación Balón Rojo para sugerir que el término podría vincularse con Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán. El activista aclaró que el fragmento difundido no nombra explícitamente a esas personas y que tampoco identificó con certeza quién es “el señor” al que Gómez Leal pide que intervenga.

“Esta conversación es la más importante porque están hablando José Ramón Gómez Leal y Sergio Carmona del uso de un hombre, de un alto funcionario, de un alto mando, para realizar actividades en Tamaulipas”, afirmó Meza. “Normalmente esto es el famosísimo charoleo, pero en este contexto es charoleo para realizar huachicol”, agregó.

Quién es José Ramón Gómez Leal y por qué lo señalan desde hace más de 20 años

Meza recordó que la familia de Gómez Leal opera empresas de transporte de hidrocarburos desde la década de los ochenta. En 2002, cuando el senador aún militaba en el PAN y encabezaba la empresa Grupo Gor, la entonces Agencia Federal de Investigación le incautó tres pipas relacionadas con contrabando de combustible.

En 2009, según el activista, Gómez Leal fue fotografiado en un acto de campaña junto a un narco identificado como Jaime González Durán, alias “El Hummer”, señalado como uno de los fundadores de Los Zetas.

Meza sostuvo que el senador también reconoció en entrevistas del pasado que era amigo de Sergio Carmona y que, hasta donde él sabía, no existía ninguna investigación en su contra.

Gómez Leal está emparentado con el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues Mariana Gómez Leal, hermana del senador, es esposa del exmandatario.

Según el activista, Gómez Leal fue uno de los primeros personajes en acercar a Carmona al círculo morenista, antes de que Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de Andrés Manuel López Obrador, lo presentara con la cúpula cercana al entonces presidente. “Él es uno de los personajes claves que conectó al Rey del Huachicol con la cúpula de Morena”, sostuvo Meza.

El activista agregó, citando una columna previa de Salvador García Soto, que Gómez Leal colabora actualmente como informante del gobierno de Estados Unidos.

La lista de 99 contactos incluiría a Olga Sosa y a la gobernadora Marina del Pilar

Entre los 99 números que Meza identificó en los teléfonos de Carmona figuraría la senadora Olga Sosa, excompañera de fórmula de Gómez Leal antes de que él llegara al Senado por la vía extraordinaria. Según el activista, Sosa ayudó a operar en medios de comunicación a favor de Américo Villarreal antes de que este llegara a la gubernatura de Tamaulipas.

También la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, y el diputado, Erasmo González Robledo, quien en el momento de las conversaciones presidía la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, una de las más poderosas por manejar recursos federales.

La lista incluiría además a Humberto Francisco Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal; al cantante Julión Álvarez; y a Gustavo Nieto, quien fue alcalde de un municipio queretano y es primo de Santiago Nieto, extitular de la UIF.

Santiago Nieto fungió como asesor de Américo Villarreal durante la transición en Tamaulipas y declaró en su momento que no hubo recursos de procedencia ilícita en la elección de Sinaloa.

Meza mencionó además conversaciones con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien en el pasado negó haber conocido a Carmona, y con la diputada Gabriela Jiménez Godoy, quien también negó el contacto.

Quién fue Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”

Sergio Carmona Angulo era originario de Reynosa, Tamaulipas, y encabezaba junto con su hermano Julio César Carmona empresas dedicadas formalmente a la construcción, el transporte y la importación de mercancías. Antes de que Morena llegara al poder, Carmona realizó obras de infraestructura bajo la administración panista de César Verástegui Ostos, “El Truco”, entonces secretario de Gobierno y aspirante a la gubernatura de Tamaulipas. Las tensiones en ese vínculo, según el periodista Carlos Loret de Mola, lo llevaron después a cambiar de bando político.

Ya con Morena en el poder, Carmona obtuvo contratos por más de 330 millones de pesos del IMSS y de la entonces Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con apoyo de Erasmo González y Américo Villarreal, según el mismo Loret de Mola. Antes de morir, fue nombrado además administrador del Sistema de Agua y Alcantarillado de Ciudad Victoria.

Detrás de esa fachada empresarial, Carmona fue señalado de usar sus compañías para el contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos, actividad que le dio el apodo por el que se le conoció públicamente. Según Reforma, él y sus empresas eran investigados por la UIF por ese presunto contrabando y por lavado de dinero, y en junio de 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió su propia investigación sobre una red de tráfico de combustible centrada en los hermanos Carmona.

La periodista Anabel Hernández, en el episodio 34 de su pódcast Narcosistema, documentó que Carmona construyó su fortuna con ese mismo esquema: combustible ingresado desde Texas con documentación falsa o clasificado como otro producto para evadir impuestos, mientras su hermano Julio era colocado al frente de la aduana de Reynosa para fortalecer la red.

El periodista Salvador García Soto documentó que, durante las elecciones de junio de 2021, los hermanos Carmona fueron acusados de financiar ilegalmente campañas de Morena en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, y que ese respaldo los vinculó con Mario Delgado, entonces presidente nacional del partido.

Loret de Mola sostuvo por separado que Delgado utilizó al menos dos vuelos en aviones privados de Carmona, y el periodista Héctor de Mauleón afirmó en su columna de El Universal que existen fotografías de Delgado con el empresario antes de abordar una de esas aeronaves.

Anabel Hernández amplió el alcance de ese financiamiento: según una denuncia presentada ante cortes federales de Nueva York y Texas en diciembre de 2024, Carmona habría financiado la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y a al menos nueve gobernadores morenistas, entre ellos Américo Villarreal en Tamaulipas, donde el empresario Horacio García confesó haber invertido junto con Carmona 120 millones de pesos a cambio de contratos públicos por 534 millones de pesos.

Anabel Hernández confirmó, según el testimonio de Eddie Pintor, amigo de Carmona, que el empresario ya sostenía contacto directo con la DEA semanas antes de su asesinato el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García.

“Estoy hablando con la DEA… me están entrevistando, me están preguntando. Yo sí les digo muchas cosas”, le confesó Carmona a Pintor, según la reconstrucción de la periodista. Días antes del homicidio, Carmona también le dijo, visiblemente angustiado: “Tengo mucho miedo, compadre.”

De acuerdo con el testimonio recogido por Hernández, Carmona ingresó al círculo político de Morena a través del senador José Ramón Gómez Leal, cercano a Andrés Manuel López Beltrán, dato que coincide con lo que ahora documenta Meza a partir de los mensajes extraídos de los teléfonos del empresario.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevos avances en la investigación contra una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, que operaba con complicidades dentro de la Secretaría de Marina y aduanas mexicanas.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos explicó que el caso se originó tras el aseguramiento de diez millones de litros de diésel en un buque detenido en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Ese hallazgo permitió identificar una estructura criminal más amplia, con ramificaciones en distintos estados del país.

La red y sus operadores identificados como “Los Primos”

Detrás de la operación del buque asegurado en Altamira no actuaba un contrabandista aislado. “Había una compleja red criminal”, afirmó Godoy Ramos, en la que Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, hermanos y exaltos mandos de la Armada de México, coordinaban la capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de forma ilegal.

Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó esa dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Manuel Roberto se desempeñó como vicealmirante y Fernando como contralmirante antes de su detención.

De acuerdo con datos de prueba que ya son valorados por el Poder Judicial, los cómplices de ambos intervenían en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina. “Roberto N., en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, precisó la fiscal.

La investigación sobre el huachicol fiscal expuso una red que combinaba contrabando de hidrocarburos con tráfico de influencias dentro de instituciones públicas. Los hermanos Farías Laguna habrían usado su control sobre designaciones y ascensos en aduanas y la Marina para garantizar la impunidad de sus operaciones de importación ilegal de combustible durante un periodo prolongado.

Hallazgos en el cateo de una bodega en la Ciudad de México

Como parte de las diligencias, se realizó el cateo de una bodega que Roberto Farías arrendaba en la capital del país. En el lugar se encontraron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas y expedientes de personal naval y altos mandos de la institución.

También se localizó documentación clasificada como reservada y confidencial vinculada a seguridad nacional, además de armas sin el debido registro, según el reporte de la fiscal.

El circuito del contrabando: buques, pagos y empresas fachada

Con la estructura de complicidades ya instalada, la trama se repetía de manera sistemática. Los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, que se declaraba como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal.

Servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos recibían pagos por cada embarque que dejaban pasar. Cuando llegaban a realizarse inspecciones, estas eran simuladas: la red garantizaba muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para liberar el hidrocarburo sin revisión.

“Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación. La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión”, afirmó Ramos Godoy en su mensaje.

También se establecían calendarios de arribo para desactivar cámaras y evitar el registro de las descargas. Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras una red de empresas fachada y transacciones financieras daba apariencia legítima a los ingresos de la venta.

Operaciones detectadas en cinco estados del país

Las investigaciones permitieron identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Como parte de las indagatorias, la fiscalía siguió el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces de participación en las distintas etapas de la cadena ilegal.

“El combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero una red de empresas fachada y transacciones financieras eran las responsables de dar apariencia legítima a los ingresos de la venta”, dijo.

“Quien usó un uniforme para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”

Godoy Ramos subrayó que “una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos”. Como muestra de ello, la fiscal señaló que, según sus propias palabras, el actual secretario de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, ha estado atento al seguimiento de las investigaciones.

“Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”, afirmó Godoy Ramos, quien remató su mensaje con una advertencia, afriamndo que “donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias”.

El origen del caso: la denuncia del almirante Rafael Ojeda

El caso tuvo su punto de partida en 2024, cuando el almirante Rafael Ojeda denunció ante el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.

Esa denuncia dio origen a las investigaciones que, bajo el nuevo modelo de trabajo de la fiscalía, condujeron al aseguramiento de los diez millones de litros de diésel en el buque detenido en Altamira, Tamaulipas, hecho que a su vez permitió destapar la estructura completa de la red encabezada por sus propios sobrinos políticos.

Detenciones y proceso judicial de los hermanos Farías Laguna

Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales de Salina Cruz, Oaxaca. Su captura fue anunciada públicamente por el Gabinete de Seguridad el 7 de septiembre de ese año, junto con otras 13 personas señaladas por su presunta participación en la red.

Fernando Farías Laguna fue arrestado meses después en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026, cuando usaba una identidad y un pasaporte falsos. Tras la solicitud de extradición presentada el 21 de mayo, las autoridades argentinas emitieron un acuerdo de expulsión y Fernando Farías fue trasladado a México en la madrugada del 21 de agosto de 2026.

Ambos hermanos permanecen recluidos en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Con la llegada de Fernando Farías, el número de personas detenidas vinculadas al caso ascendió a 16, de las cuales 12 son exservidores públicos.

Un alumno de primer semestre de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se dio de baja de la institución luego de resultar afectado por una novatada y actos de bullying, situación que provocó su traslado a un hospital de Ciudad Victoria.

La familia del estudiante, identificado como Ángel Tadeo Rubio Ortiz, solicitó formalmente su baja y el retiro de su matrícula después de los hechos, mientras las autoridades universitarias investigan lo ocurrido y mantienen comunicación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, aseguró que la universidad mantiene una política de cero tolerancia frente a conductas que vulneren la integridad de los estudiantes.

El rector condenó cualquier tipo de práctica de iniciación, novatada o conducta que atente contra los alumnos y señaló que este tipo de acciones son contrarias a los principios de convivencia y respeto que deben prevalecer dentro de la institución.

UAT investigará la novatada y promete sanciones

Dámaso Anaya explicó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas comenzó a colaborar con las autoridades desde el momento en que tuvo conocimiento de las circunstancias que llevaron al estudiante al hospital.

La institución trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Defensoría de los Derechos Universitarios, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La universidad advirtió que, en caso de acreditarse conductas contrarias a la normatividad, se aplicarán las sanciones establecidas por la legislación universitaria.

El alumno fue dado de alta del hospital de la capital tamaulipeca. Posteriormente, personal de la Dirección de Derechos Universitarios estableció comunicación con la madre del joven para ofrecerle apoyo psicológico y acompañamiento médico integral.

Sin embargo, la familia tomó la decisión de que el estudiante abandonara la universidad y solicitó el retiro de su matrícula, por lo que ya no continuará sus estudios en la Licenciatura en Médico Veterinario dentro de la UAT.

Por igual, el papá del joven universitario en una carta enviada al rector expresó: “que lo que le obligaron a ingerir no haya dañado órganos vitales como los riñones, debido a que tuvo lesiones musculares internas que liberan toxinas que pudieron dañarlos. Presenta afectaciones en sus riñones por lesiones graves ocasionadas de manera dolosa por alumnos y con la anuencia o complacencia del personal docente y administrativo que tuvieron conocimiento y no hicieron nada para impedirlo”.

Por igual en la carta que se envió, se manejó las declaraciones del joven agredido donde señaló que un grupo alumnos de otros grados los amenazaron de golpearlos para que salieran del salón.

“Los llevaron a hacer una fila tomados de la mano hasta la zona de producción y mientras caminaban los obligaban a ladrar como perros, porque les gritaban que eran sus perras. Además, mientras iban caminando tomados de las manos, los iban golpeando con ramas en diversas partes del cuerpo”, se lee en el documento.

El rector sostuvo que las acciones relacionadas con la novatada vulneran los principios de respeto y convivencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al tiempo que afirmó que durante su administración se ha impulsado la protección de los derechos de todos los estudiantes.

Investigan otro caso de bullying contra estudiante en Nuevo Laredo

En un hecho distinto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también investiga una presunta agresión contra un estudiante de 14 años de la Secundaria No. 2 “Juan Ruiz de Alarcón”, en Nuevo Laredo.

El adolescente tuvo que ser trasladado al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS después de resultar lesionado durante una presunta riña registrada en las inmediaciones del plantel.

De acuerdo con su madre, el menor presentó sangrado en el rostro y la cabeza, además de desorientación. Los médicos reportaron un golpe en la región occipital, amnesia retrógrada, lesiones en la boca y contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que permaneció bajo observación.

La madre manifestó su intención de proceder legalmente contra el presunto responsable una vez que sea determinada su identidad.

Por su parte, directivos de la Secundaria No. 2 señalaron que la agresión ocurrió fuera de las instalaciones escolares y aseguraron que personal docente brindó apoyo al adolescente cuando se percató de lo sucedido.

La investigación continúa abierta para esclarecer ambos casos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

Este sábado, se dio a conocer que quienes aspiren a una candidatura del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrán que someterse a 15 filtros internos, entre ellos un examen antidoping y una evaluación psicológica, informó el dirigente estatal Manuel Muñoz Cano.

De acuerdo con Muñoz Cano, los requisitos establecidos por el Partido Verde son más estrictos que los exigidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

“El partido está pidiendo diferentes pruebas y requisitos: el perfil psicológico, el antidoping y todos sus datos personales”, dijo el líder partidista en una visita a Reynosa.

Partido Verde recibe numerosas solicitudes para intentar ser candidatos

Muñoz Cano también detalló que el PVEM ha recibido numerosas solicitudes de personas interesadas en participar en el proceso electoral, que, en Tamaulipas, inicia oficialmente el próximo 13 de septiembre. Mientras que a nivel nacional comenzará el día 10.

Hoy, el dirigente del Verde encabezó diversas actividades de organización interna, y supervisó la entrega de cartas compromiso de 50 comités de base. En el acto también estuvo presente la senadora Maki Ortiz.

Piden a partidos y autoridades que firmen el pacto por la honestidad en Tamaulipas

Cabe señalar que durante el evento, Manuel Muñoz llamó a los partidos políticos —tanto aliados como rivales— y a las autoridades electorales de la entidad a que se suscriban a un pacto por la honestidad en Tamaulipas.

“Que nos comprometamos, pero en los hechos, no solamente en la narrativa, a que los candidatos sean gente verdaderamente honesta y transparente, que no tengan nada que señalarles”, agregó.

Además, planteó que las y los aspirantes presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses con transparencia; al tiempo que solicitó al IETAM vigilar “minuciosamente” los recursos utilizados durante las campañas electorales.

Partido Verde cerca de completar sus listas electorales

Por otro lado, Muñoz Cano reveló que el Partido Verde está cerca completar su lista de aspirantes; sin embargo, aún analiza distintas opciones en alguno de los municipios más grandes y con mayor población de Tamaulipas.

De acuerdo con cifras del INE, citadas por el dirigente partidista, el PVEM cuenta con un millón 061 mil afiliados en el país, de los cuales, más de 40 mil se encuentran en Tamaulipas.

Asimismo, afirmó que el partido aliado de la cuarta transformación duplicó su militancia durante el último año y que ocupa el segundo lugar en afiliaciones, solo detrás del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ruth González no pierde la esperanza de gobernar San Luis Potosí

Mientras el Partido Verde en Tamaulipas endurece los filtros a sus aspirantes, en San Luis Potosí, la esposa del gobernador, Ricardo Gallardo, y senadora, Ruth González no descarta poder competir para gobernar esa entidad.

Pese a la derogación de la llamada “Ley Esposa” —que le hubiera permitido competir por la gubernatura sin importar ser la esposa del actual mandatario—, el pasado 2 de septiembre, González sostuvo que su futuro político aún no está definido y pidió esperar los tiempos de su partido

“¿Se da por muerta, senadora?”, le preguntaron.

“No, todavía no. Estoy más viva que nunca, miren”, respondió la legisladora, quien posteriormente reiteró que no ha tomado una decisión definitiva sobre una eventual candidatura.

Se centra en su trabajo legislativo

La senadora explicó que por ahora se encuentra concentrada en sus responsabilidades legislativas, luego del inicio de un nuevo periodo en el Senado. Sin embargo, evitó descartar que pueda solicitar licencia en el futuro para participar en el proceso electoral de San Luis Potosí.

“Yo no he decidido nada todavía. La verdad es que ahora ya estoy enfocada en el trabajo legislativo. Ya iniciamos un nuevo periodo y vamos a estar trabajando”, señaló.

Vamos a ver qué pasa con el Partido Verde en San Luis Potosí, mientras, en Tamaulipas, le solicitarán a sus aspirantes a candidatos que se sometan al antidoping y a una evaluación psicológica.

Tijuana, Baja California, encabeza la lista de municipios con más reportes de personas desaparecidas en México, con 3 mil 300 casos registrados, de acuerdo con un análisis elaborado por la Red Lupa, integrada por organizaciones civiles, con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El estudio, realizado sobre los 100 municipios de 24 estados con mayor número de registros y con corte a mayo pasado, revela que la problemática se concentra de manera importante en localidades del norte del país.

Después de Tijuana, el municipio con mayor número de reportes es Reynosa, Tamaulipas, con 2 mil 903 casos, seguido de Nuevo Laredo, también en Tamaulipas, con 2 mil 764.

En cuarto lugar se encuentra Matamoros, con 2 mil 505 personas desaparecidas, mientras que Guadalajara, Jalisco, acumula 2 mil 344 casos.

La lista también incluye a Culiacán, Sinaloa, con 2 mil 242 reportes; Monterrey, Nuevo León, con 2 mil 164; Zapopan, Jalisco, con mil 985; Atlautla, Estado de México, con mil 839, y Mazatlán, Sinaloa, con mil 742.

Cien municipios concentran más de la mitad de los reportes

El análisis presentado por la Red Lupa dimensiona la concentración territorial de las desapariciones en México.

De acuerdo con Silvia Chica, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, el objetivo de este tipo de estudios es proporcionar información que permita a los colectivos realizar labores de incidencia política y contribuir a que las autoridades desarrollen políticas públicas focalizadas en los municipios donde la problemática presenta mayores niveles.

Chica señaló que México cuenta con 2 mil 462 municipios, pero solamente 100 de ellos concentran 56 por ciento del total de reportes de personas desaparecidas.

Hasta la tarde del día de la presentación, el registro nacional superaba los 132 mil casos.

“La desaparición es un problema diario. Cada día hay más casos y esto está presente en todos los estados del país”, enfatizó.

Para los 100 municipios incluidos en el análisis, la Red Lupa calculó una tasa promedio acumulada de 27 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.

En el extremo contrario de la lista aparecen municipios que registran menos casos, aunque también enfrentan el problema de desapariciones.

Entre ellos se encuentran Tultitlán, Estado de México, con 292 reportes; Miguel Alemán y El Mante, Tamaulipas, con 297 cada uno; Ciudad Madero, con 299; García, Nuevo León, con 301; San Nicolás de los Garza, con 303, y Cadereyta de Jiménez, también en Nuevo León, con 312.

Organizaciones cuestionan estrategia contra desapariciones

La presentación del análisis ocurre mientras organizaciones civiles cuestionan las acciones emprendidas por el Gobierno federal para atender el fenómeno de las desapariciones.

Luego de que la Secretaría de Gobernación presentó 10 acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideró que las medidas todavía están lejos de concretar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.

La organización sostuvo que las acciones anunciadas no cumplen con las recomendaciones formuladas desde 2021 por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED).

A estas críticas se sumaron organizaciones integrantes del Espacio OSC, quienes señalaron que, pese a la persistencia de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el segundo Informe de Gobierno carece de acciones sustantivas para fortalecer el mecanismo de protección destinado a estos sectores.

La red, integrada por organizaciones como Serapaz, los centros de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan y Zeferino Ladrillero y la Red TDT, advirtió que desde 2024 y hasta la fecha al menos 60 personas defensoras de derechos humanos y 17 periodistas han sido asesinados en México.

Los datos de la Red Lupa colocan así a Tijuana como el municipio con mayor número de reportes de personas desaparecidas del país, mientras que otras ciudades fronterizas y del norte concentran también una parte importante de los casos registrados.

El Ejército de Estados Unidos derribó cerca de 100 drones sospechosos de pertenecer a cárteles mexicanos únicamente durante el mes de agosto, según reveló este 3 de septiembre el corresponsal de Fox News Bill Melugin, quien atribuyó la información a un alto funcionario del Departamento de Guerra.

Melugin presentó el dato como una exclusiva del medio y precisó que representó la primera vez que el Pentágono transparentó la frecuencia con la que utilizó su tecnología antidrones, incluidos sistemas láser sofisticados, para neutralizar aeronaves no tripuladas que intentaron infiltrarse en territorio estadounidense.

De acuerdo con Melugin, cada uno de los cerca de 100 derribos ocurridos en ese mes fue coordinado previamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas.

El corresponsal explicó que la estrategia reflejó un esfuerzo más amplio de Estados Unidos por contar con una defensa antidrones escalonada y de rápida implementación, que combinó tecnología, personal capacitado y autoridades actualizadas, en lugar de depender de un único sistema infalible.

Kingsley Wilson, secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, declaró a Fox News que “Estados Unidos está empleando tecnología defensiva antidrones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculados a cárteles”. Además, Wilson reafirmó que las acciones se coordinaron estrechamente con las autoridades mexicanas para evitar conflictos a ambos lados de la línea divisoria.

El sistema AMP-HEL se usó por primera vez contra drones vinculados a cárteles

Un antecedente reciente de las acciones contra los drones ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) confirmó, a través de un comunicado del Grupo de Trabajo Conjunto de la Frontera Sur (JTF-SB), el uso del sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército, conocido como AMP-HEL, para interceptar y neutralizar tres drones durante la noche del 25 y 26 de agosto.

El comunicado precisó que estas operaciones marcaron el primer uso del sistema AMP-HEL para neutralizar drones vinculados a cárteles en la frontera sur.

Los tres aparatos fueron identificados por el comando estadounidense como hostiles, debido a su uso en apoyo directo de actividades que representaron una amenaza física para el personal militar y los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB, declaró que “la exitosa neutralización de estos drones adversarios es una prueba fehaciente de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la Fuerza de Tarea Conjunta”, y sostuvo que las redes de cárteles emplearon cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar al personal estadounidense y a sus socios de las fuerzas del orden.

El comandante agradeció el apoyo del Ejército mexicano en el combate a esta amenaza, la misma coordinación binacional que, según Wilson, respaldó cada uno de los cerca de 100 derribos registrados en agosto.

La JTF-SB desplegó 8 mil militares en mil 954 millas de frontera durante ese periodo

Por otra parte, el comunicado de USNORTHCOM publicado el 27 de agosto detalló que aproximadamente 8 mil militares se encontraban desplegados en el marco de la JTF-SB durante agosto, en un terreno que abarcó mil 954 millas de extensión fronteriza, misión que la fuerza asumió en marzo de 2025.

Desde su llegada a la frontera, las tropas reforzaron cientos de millas con barreras de alambre y llevaron a cabo decenas de miles de patrullas de detección y vigilancia, algunas en colaboración directa con el Ejército mexicano, además de miles de vuelos de observación y trabajos de despeje de vegetación en zonas remotas, operaciones que reforzaron el componente de personal capacitado mencionado como parte de la estrategia de defensa escalonada.

Estas acciones, según el USNORTHCOM, mejoraron el conocimiento de la situación por parte del CBP y aceleraron los tiempos de respuesta ante incidentes como los ocurridos ese mes, los cuales involucraron a los drones

México confirmó el derribo de los drones en Tamaulipas

Dos días después del comunicado estadounidense, el 29 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó a la opinión pública que, en el marco de la relación bilateral entre ambos países, desde el 5 de febrero de 2025 se realizan operaciones concurrentes, conocidas como “espejo”, entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos y agencias encargadas del cumplimiento de la ley estadounidenses.

La Defensa explicó que estas operaciones consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, cada fuerza dentro de su propio territorio, con el objetivo de evitar el tráfico de armas y drogas. En el marco de estas operaciones binacionales, la JTF-SB, encargada de realizar las operaciones concurrentes en el lado estadounidense, informó a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, sobre el incidente.

La dependencia mexicana detalló que la JTF-SB reportó haber detectado e inhabilitado en su territorio soberano, durante la noche del 25 y 26 de agosto, tres drones con características comerciales, utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades.

El diputado local de Morena, Claudio Alberto De Leija Hinojosa, fue objeto de críticas luego de participar en un evento escolar en Ciudad Madero, donde, de acuerdo con las imágenes difundidas, entregó dos lápices de madera a cada estudiante de una escuela primaria y posteriormente compartió el momento en sus plataformas digitales.

La discusión no se centró únicamente en los útiles entregados, sino en la forma en que fue presentado el acto.

Usuarios de redes sociales cuestionaron que se realizara un evento para entregar un apoyo que consideraron limitado y que posteriormente fuera difundido como parte de las actividades del legislador con motivo del regreso a clases.

De Leija Hinojosa es diputado local por Morena en la 66 Legislatura del Congreso de Tamaulipas. Llegó al cargo por mayoría relativa en el Distrito XX, cuya cabecera se encuentra en Ciudad Madero.

Claudio de Leija comparte evento por regreso a clases en Ciudad Madero

Hace tres días, el legislador publicó un mensaje con motivo del comienzo del nuevo ciclo escolar.

En su publicación reconoció la labor de maestras y maestros, deseó éxito a las y los estudiantes y agradeció a madres y padres de familia por acompañar a sus hijos durante su formación académica.

El mensaje estuvo acompañado por imágenes y un video de su visita a la escuela primaria. En el material se observa la entrega de lápices a los estudiantes, una acción que posteriormente comenzó a circular en distintas plataformas y generó comentarios sobre la cantidad de útiles proporcionados.

De acuerdo con las imágenes que se difundieron, cada alumno recibió dos lápices. Algunas publicaciones sobre el caso señalaron inicialmente que se había entregado uno por estudiante, aunque en el material compartido también se aprecia la entrega de dos piezas.

El video fue además musicalizado con la frase cinematográfica: “Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad”, elemento que también llamó la atención de usuarios de redes sociales y se convirtió en parte de la conversación generada alrededor del evento.

Dos lápices por estudiante generan críticas en redes sociales

Las reacciones se concentraron principalmente en lo que diversos usuarios consideraron una ayuda insuficiente para las necesidades de los estudiantes durante el regreso a clases.

Padres de familia, ciudadanos y usuarios de distintas plataformas cuestionaron que una entrega de dos lápices por alumno fuera difundida públicamente como un apoyo escolar. Entre los comentarios aparecieron mensajes de sarcasmo y críticas relacionadas con la cantidad de materiales entregados.

La polémica también llevó a que algunos usuarios interpretaran el evento como una estrategia de promoción política, debido a la difusión posterior de las imágenes en las redes sociales del diputado.

Otros cuestionamientos se enfocaron en las necesidades que enfrentan las escuelas y en la expectativa de que los representantes populares puedan realizar labores de gestión para atender solicitudes de las comunidades.

Aproximadamente en medio de la discusión pública, los principales elementos del caso fueron los siguientes:

• Claudio Alberto De Leija Hinojosa es diputado local de Morena en Tamaulipas.
• El legislador representa al Distrito XX, con cabecera en Ciudad Madero.
• La entrega ocurrió en el contexto del inicio del ciclo escolar 2026-2027.
• En las imágenes difundidas se observa la entrega de dos lápices por estudiante.
• De Leija compartió el evento en sus redes sociales junto con un mensaje por el regreso a clases.
• El video fue acompañado por la frase “Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad”.
• La publicación generó críticas, comentarios irónicos y cuestionamientos sobre la dimensión del apoyo.

¿Los diputados están obligados a regalar útiles escolares?

El debate generado por este caso también puso nuevamente sobre la mesa una confusión frecuente sobre las funciones de quienes integran los congresos.

Los diputados no tienen como obligación legal regalar útiles escolares, despensas, juguetes, dinero u otros bienes directamente a la población. Entre sus principales responsabilidades se encuentran legislar, participar en la aprobación del presupuesto público y fiscalizar las acciones de gobierno.

Sin embargo, los legisladores también pueden realizar labores de gestión social. Esta actividad consiste en acompañar o canalizar solicitudes de ciudadanos ante las instituciones correspondientes, además de mantener mecanismos de atención a la población.

En algunos congresos existen recursos destinados al funcionamiento de oficinas de atención o casas de enlace, desde donde los diputados pueden atender peticiones y realizar actividades de gestión. Esto ha contribuido a que, en la práctica, se asocie a los representantes populares con la entrega directa de diversos apoyos.

El evento de Claudio de Leija abre debate sobre los apoyos y la promoción política

En el caso del diputado de Morena, las críticas no surgieron por la existencia de una obligación de regalar materiales escolares, sino por la forma en que se presentó y difundió la entrega.

Para una parte de los usuarios, dos lápices por alumno representaron un apoyo limitado frente a los gastos que implica el regreso a clases. El comienzo del ciclo escolar suele involucrar la compra de cuadernos, lápices, borradores, uniformes, zapatos y otros materiales necesarios para los estudiantes.

Por ello, algunos comentarios señalaron que el acto habría generado una reacción distinta si la entrega no hubiera sido difundida como contenido en redes sociales.

El caso se sumó así a las discusiones que suelen surgir alrededor de las actividades de gestión de funcionarios y legisladores, particularmente cuando las acciones son documentadas y difundidas públicamente.

La cantidad de lápices entregados y la decisión de difundir el evento fueron los elementos que colocaron al diputado morenista en el centro de las críticas y de una discusión sobre los alcances de la gestión social y la promoción política de este tipo de actividades por parte de representantes populares.

La alumna del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 78 (CETIS 78), ubicado en Altamira, Tamaulipas, diseñó un sistema experimental denominado Vortex Tech, capaz de combatir conatos de incendio mediante vibraciones acústicas de baja frecuencia.

El proyecto fue desarrollado con el acompañamiento de su asesor, José Arturo Hernández Muñoz, y ya obtuvo reconocimientos en competencias científicas. Su siguiente paso será presentar el prototipo en Indonesia, donde jóvenes de distintos países mostrarán proyectos de ciencia, ingeniería e innovación.

Ángela Karime dedicó cerca de un año a perfeccionar Vortex Tech

El sistema no surgió de un único intento. Ángela Karime Venegas y su asesor trabajaron durante aproximadamente un año en distintas pruebas, cambios de materiales y ajustes técnicos hasta obtener un dispositivo capaz de extinguir pequeñas llamas.

El modelo que ha sido presentado públicamente corresponde al quinto prototipo desarrollado por la estudiante. La joven convirtió así un fenómeno estudiado previamente por la ciencia en una propuesta de ingeniería aplicada, construida desde un plantel público de educación media superior.

Su trabajo, registrado formalmente como “Sistema de supresión de incendios mediante ondas acústicas”, pertenece a la categoría de ciencia aplicada. En la plataforma de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), Ángela aparece como concursante, mientras que José Arturo Hernández figura como asesor del proyecto.

Con esta innovación, la estudiante obtuvo el primer lugar en la categoría de nivel medio superior del Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica ExpoCiencias Tamaulipas 2025. Posteriormente consiguió una medalla de plata en una competencia nacional en la que participaron alrededor de 270 proyectos.

Los reconocimientos le permitieron avanzar hacia una participación internacional en Indonesia, donde podrá mostrar el funcionamiento de Vortex Tech y explicar las posibilidades de emplear ondas acústicas como una alternativa para atender fuegos incipientes.

¿Cómo se puede apagar el fuego con ondas de sonido?

La respuesta breve es que no cualquier sonido puede extinguir una llama. Para conseguirlo se necesitan ondas acústicas con una frecuencia, intensidad y dirección específicas, capaces de alterar el aire alrededor del fuego.

El sonido se propaga mediante variaciones de presión en un medio como el aire. Cuando las ondas de baja frecuencia se dirigen hacia una llama con suficiente potencia, producen oscilaciones que modifican el flujo del aire y desestabilizan la zona donde se encuentran el combustible, el calor y el oxígeno.

En lugar de retirar por completo el oxígeno, como suele explicarse de manera simplificada, las vibraciones generan perturbaciones y turbulencias alrededor de la llama. Estos movimientos pueden separar momentáneamente la zona de combustión de su fuente de combustible, aumentar la pérdida de calor e impedir que el fuego continúe estable.

Vortex Tech aprovecha este principio mediante un sistema integrado, en sus versiones experimentales, por elementos como una batería, un amplificador y una bocina. Su finalidad es producir y dirigir ondas de baja frecuencia hacia fuegos de pequeñas dimensiones.

De acuerdo con las pruebas difundidas sobre el prototipo, el sistema consiguió extinguir llamas en pocos segundos y ha sido ensayado a distancias de hasta dos metros. El registro del proyecto lo describe como un extintor portátil pensado para combatir conatos sin utilizar agua ni agentes químicos.

Esta característica podría representar una ventaja en espacios donde el uso de líquidos o compuestos químicos también provoca daños, como instalaciones con aparatos electrónicos, laboratorios o determinadas áreas escolares. Además, al no descargar alguna sustancia sobre el fuego, el dispositivo podría ser reutilizable.

No obstante, Vortex Tech todavía es un prototipo experimental. Por ahora, sus resultados corresponden a llamas pequeñas y condiciones controladas, por lo que no puede considerarse un sustituto de los extintores certificados ni de los procedimientos empleados por bomberos.

Vortex Tech no debe probarse con bocinas domésticas

Aunque el principio científico ha sido demostrado en experimentos, intentar apagar un incendio reproduciendo sonidos graves desde una bocina convencional puede ser peligroso. La eficacia depende de variables como la frecuencia, la presión sonora, la distancia, el combustible y la configuración del dispositivo.

El mérito de Ángela Karime Venegas radica en haber transformado un principio de la física en un prototipo funcional con posibles aplicaciones futuras. Su trabajo muestra que el sonido puede contribuir a extinguir ciertas llamas, pero también que convertir esta posibilidad en una herramienta para emergencias reales requerirá más investigación, pruebas de seguridad y desarrollo tecnológico.

¿Cuándo se realizará el International Science and Invention Fair 2026?

El International Science and Invention Fair (ISIF) 2026 será una competencia híbrida organizada por la Indonesian Young Scientist Association (IYSA) en colaboración con la Universitas Indonesia.

El programa contempla dos modalidades:

• La competencia en línea se realizará del 6 al 9 de octubre de 2026.
• La competencia presencial se llevará a cabo del 12 al 17 de octubre de 2026 en la Universitas Indonesia, ubicada en Depok, Indonesia.

El encuentro permitirá que estudiantes de distintos niveles presenten investigaciones, inventos y soluciones en áreas como tecnología, medio ambiente, ciencias de la vida, matemáticas, educación, ciencias sociales, física, energía e ingeniería.

La participación de la joven tamaulipeca representa una oportunidad para someter su dispositivo a una evaluación internacional y conocer proyectos creados por otros estudiantes. También abre la posibilidad de continuar perfeccionando el alcance, la seguridad y la eficiencia de su sistema.

Un Juez de Control determinó la segunda vinculación a proceso contra Estrellita “M”, esta vez la causa es por el delito de violencia familiar equiparada en agravio de una adolescente en Ciudad Madero, Tamaulipas. La imputada ya enfrentaba una causa penal previa por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

El juzgador impuso a la mujer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, según se informó.

La primera causa se abrió por su probable responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata, de 13 años ocurrido en julio dentro de una academia militarizada. La segunda, más reciente, corresponde a un hecho distinto: violencia física y psicológica reiterada contra otra menor de edad, entre 2024 y 2026.

La primera causa: el feminicidio de Dafne Zapata

Estrellita “M” fue detenida el 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira. Cuatro días después, un Juez de Control la vinculó a proceso por primera vez, como presunta autora material del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que murió el 16 de julio dentro de la academia militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero.

Esa primera causa continuará hasta enero de 2027, de acuerdo con el plazo fijado por las autoridades judiciales. En caso de ser declarada culpable por feminicidio, la imputada podría enfrentar una pena de entre 40 y 60 años de prisión.

Estrellita “M” se encuentra recluida en el penal de Altamira desde su primera detención, a la espera de que avanzara ese proceso.

La segunda vinculación: violencia familiar equiparada

El 28 de agosto, elementos de la Policía Investigadora cumplimentaron una segunda orden de aprehensión contra la imputada, ahora por violencia familiar equiparada. El mandato judicial derivó de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Niñez y la Mujer (Fennam).

Sobre el lugar de los hechos existen versiones distintas. Según las indagatorias, la agresión ocurrió entre octubre de 2024 y julio de 2026 dentro del plantel ubicado en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero. También se señala que los hechos de esta segunda causa están relacionados con una institución educativa de Tampico. Ninguna versión ha sido confirmada hasta el momento. La identidad de la adolescente agraviada permanece en reserva.

Alumnos y exestudiantes han señalado a Estrellita “M” como encargada del área femenil de la academia “Marina Doenitz” y responsable de encabezar maltratos, torturas y novatadas.

Han señalado a Estrellita “M” como responsable de encabezar maltratos, torturas y novatadas.

Un proceso paralelo contra su hermano

El caso de Estrellita “M” corre en paralelo al de su hermano, Juan Jesús “M”, conocido como “Comandante Mora” e instructor de la academia “Marina Doenitz”. Un Juez de Control lo vinculó a proceso el 1 de septiembre por violación agravada, en agravio de una estudiante de 16 años, durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Altamira.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) precisó que ambos procedimientos, el de Estrellita “M” y el de su hermano, corresponden a investigaciones distintas, aunque los hechos señalados en ambos casos tuvieron como escenario la misma institución educativa.

A Juan Jesús “M” también se le impuso prisión preventiva. El juez le concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo que concluirá el 1 de diciembre.

El origen: el feminicidio de Dafne Zapata Quintos

Todo el proceso contra Estrellita “M” comenzó a raíz de la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio dentro de las instalaciones de la academia militarizada “Marina Doenitz”, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Estrellita “M” fue detenida el 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira, señalada como presunta autora material del feminicidio. Cuatro días después fue vinculada a proceso por primera vez, con prisión preventiva impuesta, y quedó recluida en el penal de Altamira.

La Fiscalía General de la República obtuvo prisión preventiva contra cuatro integrantes de una presunta red de tráfico de personas en Tamaulipas, con operaciones transfronterizas hacia Estados Unidos, tras un operativo coordinado con autoridades estadounidenses.

Un juez de control concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a José “N”, Patricia “N”, Diana “N” y Milagros “N”, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba suficientes para acreditar su presunta participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas. La organización operaba en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, y trasladaba personas hacia Estados Unidos. La investigación contó con la colaboración de la Customs and Border Protection (CBP) del gobierno estadounidense.

Operativo en tres domicilios de Matamoros

El agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un juez las órdenes de cateo para tres inmuebles ubicados en Matamoros, Tamaulipas.

En esos domicilios, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) ejecutaron las órdenes de aprehensión que ya existían contra José “N”, Patricia “N” y Diana “N”. Los tres imputados contaban con esas órdenes con anterioridad al operativo.

De manera simultánea, Milagros “N” fue notificada dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde ya se encontraba recluida al momento de la diligencia.

La presunta líder y la zona de operación

La investigación reveló la existencia de una organización criminal cuya probable líder es Milagros “N”. La estructura tenía como zona de operación los municipios de Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas, desde donde presuntamente coordinaba el traslado de personas hacia territorio estadounidense.

La pesquisa se llevó a cabo con la colaboración de la Customs and Border Protection (CBP) del gobierno de Estados Unidos y la Policía Federal Ministerial, tras tenerse conocimiento de la existencia de la red criminal.

Los cuatro imputados enfrentan cargos por el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Un caso que se suma a una ofensiva reciente

Este operativo no es un hecho aislado. Días antes, la FGR obtuvo también prisión preventiva oficiosa para ocho personas por su probable participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas: Ana “N”, Gilberto “N”, Samara “N”, José “N”, Mayra “N”, Alejandro “N”, Rosa “N” y Genoveva “N”.

En ese caso, los imputados fueron detenidos tras cateos simultáneos en Jalisco y Chihuahua, como resultado de una investigación conducida por el MPF de la FEMDO en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la propia FGR, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aquella pesquisa se originó en enero de 2026, a partir de una denuncia presentada por la Homeland Security Investigations (HSI) del gobierno de Estados Unidos, que expuso una posible red que traficaba personas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia ese país. Rosa “N”, una de las ocho detenidas, recibió prisión domiciliaria en Ciudad Juárez debido a complicaciones en su estado de salud.

Colaboración binacional como eje de las investigaciones

Ambos casos ponen de relieve un patrón en la estrategia de la FGR: la coordinación con agencias federales estadounidenses como punto de partida o de apoyo en las investigaciones sobre tráfico de personas en la frontera norte.

En el caso de Tamaulipas, fue la CBP la que aportó información para identificar la red encabezada presuntamente por Milagros “N”. En el de Jalisco y Chihuahua, la alerta provino de la HSI. Ambas agencias forman parte del aparato de seguridad fronteriza de Estados Unidos.

Conforme a la ley, todas las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial competente.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó este sábado que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos detectó e inhabilitó tres drones de características comerciales en territorio estadounidense durante la noche del 25 al 26 de agosto. Los aparatos pertenecían a traficantes de personas, que los empleaban para vigilar los movimientos de las autoridades en la zona fronteriza de Tamaulipas.

Las autoridades mexicanas precisaron que la notificación llegó a través de la Comandancia de la 8.ª Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas. Ese canal de comunicación forma parte del esquema de operaciones concurrentes —también llamadas “espejo”— que ambos países ejecutan de forma simultánea a lo largo de la frontera común desde el 5 de febrero de 2025.

De acuerdo con los reportes, los tres drones inhabilitados eran de tipo comercial y los utilizaban traficantes de personas para monitorear la posición de las autoridades. Sin embargo, la Sedena no precisó el método de neutralización empleado por las fuerzas estadounidenses en su comunicado oficial del 29 de agosto.

La Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur y el sistema láser utilizado

El Comando Norte y el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ya habían confirmado el operativo el 28 de agosto, un día antes de que México emitiera su propio pronunciamiento.

Según datos de dicho informa, las autoridades estadounidenses detectaron los tres aparatos mediante sistemas de vigilancia aérea desplegados a lo largo del Valle del Río Grande. Una vez identificados como drones de tipo comercial en operación no autorizada, la unidad los clasificó como amenaza directa contra el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Con la amenaza confirmada, la fuerza activó el Army Multipurpose High Energy Laser, un sistema de energía dirigida que concentra un haz de luz de alta intensidad sobre el objetivo. El impacto provocó daños estructurales o electrónicos inmediatos en cada aparato y los inutilizó en vuelo sin necesidad de munición convencional.

La neutralización de los tres drones se produjo de forma sucesiva durante esa misma noche. A diferencia de los métodos tradicionales, la tecnología láser ofrece precisión quirúrgica y reduce al mínimo los daños colaterales en una zona fronteriza con presencia de civiles.

La unidad que ejecutó el operativo cuenta con aproximadamente 8.000 miembros del servicio activo y opera bajo el mandato de respaldar las políticas de control migratorio y combate a grupos delictivos de la administración del presidente Donald Trump. Su comandante, el Mayor General Curtis Taylor, advirtió en un comunicado oficial: “Las redes de cárteles están empleando cada vez más sistemas de aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar activamente a nuestro personal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley”.

La empresa AeroVironment Inc entregó sus primeros sistemas multifuncionales de alta energía al ejército estadounidense durante el verano de 2025. El Pentágono, por su parte, evitó identificar al fabricante específico del láser utilizado en este operativo.

Cabe mencionar que el operativo del 25 y 26 de agosto no es el primero que genera tensión bilateral. En febrero de 2026, el ejército estadounidense derribó por error un dron gubernamental en el área de Fort Hancock, en el suroeste de Texas. Ese mismo mes, la Administración Federal de Aviación suspendió operaciones aéreas cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso por desacuerdos sobre pruebas militares con láseres.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, calificó en aquel momento la presencia de drones de cárteles en la zona como “una amenaza normalizada”. La declaración ilustra la escala que el fenómeno ha adquirido en la frontera sur.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha manifestado que cualquier acción unilateral de Washington en suelo mexicano constituye una violación a la soberanía nacional.

Sin embargo, la cooperación entre ambos países en materia de seguridad fronteriza continúa activa, aunque la incorporación de tecnología láser militar suma complejidad al vínculo bilateral.

Villarreal sostuvo que se intentó “revivir acusaciones sin pruebas” y afirmó que los señalamientos carecieron de sustento. “Nuevamente se pretendió involucrar mi nombre en señalamientos que rechazé de manera categórica por ser falsos y carecer de pruebas que lo sustenten”, dijo, al insistir en que no existía “ningún elemento objetivo” ni “prueba verificable” que acreditara lo difundido.

El gobernador respondió a versiones en las que se afirmó que supuestamente existían dos procesos abiertos en su contra en cortes de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y por recibir financiamiento de cárteles mexicanos. De acuerdo con esa información, los hechos se habrían ubicado en las campañas de 2021 en Sinaloa y la de 2022 por la gubernatura de Tamaulipas, elección que ganó.

“Y quiero dejarlo establecido sin espacio para interpretaciones, los hechos que se me pretendieron atribuir en ese reportaje fueron falsos”, reiteró. En el mismo mensaje, señaló que su postura se mantenía sin cambios: negó las imputaciones y cuestionó que se construyeran acusaciones sin documentación que las respaldara.

Parte de los señalamientos se basó en declaraciones atribuidas a Jocelyn Hernández Jiménez, identificada como operadora de Morena en Sinaloa durante la campaña de Rocha Moya. Villarreal afirmó que ese componente del relato se apoyó en un testimonio que, según dijo, ya había sido controvertido por la propia Hernández, quien tiempo atrás había hablado públicamente sobre cómo se obtuvieron grabaciones relacionadas con el caso.

En el video de Nmás que mostró las presuntas declaraciones de Hernández Jiménez, se refiere a que ella supo que Villareal habría recibido dinero del narco para apoyar a Rubén Rocha Mopya en su candidatura, además señaló a un Isidro (que se entiende podría ser El Chapo Isidro).

El gobernador explicó que, de acuerdo con su versión, Hernández había sostenido que sus palabras fueron manipuladas y tergiversadas. Bajo ese argumento, Villarreal desestimó el valor del material y afirmó que se usó para intentar vincularlo con hechos que negó.

Según lo difundido en grabaciones, Hernández señaló que Ignacio Mier la invitó a colaborar con Rocha Moya y que Villarreal, cuando se desempeñó como delegado de Morena en Sinaloa en 2021, habría sido su jefe directo. En ese mismo testimonio, ella lo acusó de recibir dinero de un cártel y de entregarlo al entonces candidato a gobernador.

El contenido se atribuyó a un testimonio obtenido en junio de 2023 mediante trabajos de inteligencia. En esa fecha, Hernández, quien se desempeñó como operadora electoral y subdelegada del Bienestar, viajó a Houston, Texas, para acudir a una entrevista de trabajo con la empresa “Metra Ventures”.

También se afirmó que, en diciembre de 2024, las personas que grabaron el testimonio lo presentaron “bajo declaración jurada” ante el Departamento de Justicia en los Distritos Sur de Nueva York y Texas. Después, se indicó que la propia Hernández afirmó que su testimonio había sido manipulado.

En su posicionamiento, Villarreal retomó además señalamientos publicados por Los Angeles Times y rechazó versiones que apuntaron a que habría ingresado a Estados Unidos bajo el esquema Parole, un programa utilizado para testigos e informantes extranjeros. “Antes se difundieron versiones falsas sobre supuestas entradas mías a territorio estadounidense mediante un permiso especial o Parole”, comentó.

El gobernador agregó que ese permiso “nunca existió” y que ya lo había aclarado públicamente, además de que, según su dicho, las autoridades competentes lo confirmaron. Con ese señalamiento, buscó desmarcarse de otra línea de versiones que lo vinculaban con supuestos acuerdos o condiciones especiales para ingresar a territorio estadounidense.

• Negó estar incluido en indagatorias en Estados Unidos y dijo que no recibió notificación oficial de autoridades mexicanas o estadounidenses.
• Rechazó que existieran dos procesos en cortes estadounidenses por lavado de dinero y financiamiento de cárteles; las versiones los ubicaron en campañas de 2021 y 2022.
• Desestimó el testimonio atribuido a Jocelyn Hernández Jiménez y negó haber entrado a Estados Unidos con el esquema Parole.

El gobierno de México aclaró cuáles son los distintos supuestos en los que se suspende la posibilidad de que alguien pueda o no participar como candidato o candidata a presidente o gobernador en México, en un contexto en el que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de crimen organizado y lavado de dinero y que radica en Estados Unidos desde hace varios años, expresó sus intenciones de contender por la presidencia en las elecciones de 2030.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, detalló que la elegibilidad política depende de criterios constitucionales, legales y de la interpretación jurisdiccional vigente en materia penal y electoral.

Criterios legales para la suspensión de derechos político-electorales

La presidenta Claudia Sheinbaum expuso la necesidad de clarificar el marco legal frente a los cuestionamientos sobre la postulación de personas bajo investigación penal, luego de que el exgobernador de Tamaulipas manifestara su intención para postularse como presidente de México, a pesar de tener una investigación activa por presuntamente ser parte del crimen organizado.

Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte, y ahora coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicó los supuestos legales y constitucionales que pueden restringir los derechos políticos de quienes enfrentan procesos penales.

Zaldívar puntualizó que el artículo 38 de la Constitución contempla la suspensión de derechos político-electorales en cinco escenarios:

• Por estar en prisión preventiva
• Por cumplir una sentencia condenatoria privativa de la libertad
• Porque le fueron suspendidos en una sentencia sus derechos, incluso si está en libertad
• Por ser prófugo de la justicia
• Por tener condena por algún delito de los señalados en la fracción octava del artículo 38

El exministro recalcó que la simple existencia de una investigación, denuncia o incluso imputación no basta para suspender los derechos de una persona. Solo en casos de prisión preventiva, sentencia condenatoria con suspensión expresa de derechos, sustracción comprobada de la justicia o condena por delitos específicos, la persona queda inhabilitada como candidata o candidato.

“La sola emisión de una orden de aprehensión no implica que se suspendan los derechos político-electorales. Se requiere, además, que la persona se sustraiga de la acción de la justicia, con evidencia de que ha sido buscada y no localizada”, subrayó.

Aplicación individualizada y presunción de inocencia

El análisis jurídico presentado por Zaldívar insistió en que cada caso debe evaluarse de manera particular. Si la persona solo enfrenta una denuncia o investigación, o incluso si ha sido imputada o vinculada a proceso, pero permanece libre, puede contender como candidata o candidato en virtud del principio de presunción de inocencia.

El Tribunal Electoral ha sostenido que la vinculación a proceso no implica pérdida automática de derechos, salvo que exista prisión preventiva. Además, la suspensión de derechos políticos por sentencia debe estar debidamente motivada y ser autónoma respecto de la condena principal.

Juan Jesús “M”, instructor de la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, fue detenido este jueves en Altamira por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), acusado de violencia familiar equiparada y violación agravada en perjuicio de una adolescente.

El imputado fue localizado cuando se desplazaba a bordo de un automóvil negro acompañado de una mujer. La orden de aprehensión había sido emitida por un Juez de Control y fue cumplimentada por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM), que conduce la investigación.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continuará con una investigación exhaustiva, objetiva y conforme a derecho, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente tratándose de una persona adolescente”, escribió la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en su comunicado.

Cuarto detenido por el caso Dafne Zapata

Juan Jesús “M” es señalado como hermano de “Estrellita”, una de las personas ya presas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 16 de julio de 2026 al interior de la Academia Militarizada Doenitz, donde cursaba un programa de verano. Con su captura, suman cuatro los detenidos vinculados al plantel de Ciudad Madero.

Los tres imputados anteriores son Danna Yanina “N”, de 18 años; Jorge Luis “N”, director de la academia; y “Estrellita”. Los imputados se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira. Danna Yanina fue la primera en ser arrestada, el 22 de julio, y vinculada a proceso seis días después por su presunta participación en el feminicidio.

Órdenes de aprehensión pendientes

La FGJET precisó que Juan Jesús quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica. La fiscalía reservó cualquier dato que pudiera contribuir a identificar a la víctima adolescente, en atención a su integridad y privacidad.

Según la representante legal de la familia Zapata, aún estarían pendientes de ejecutarse órdenes de aprehensión contra otras cinco personas con presunta relación directa o indirecta con el feminicidio.

Quién era Dafne Zapata y qué ocurrió en la academia

Dafne Zapata Quintos Martínez tenía 13 años, era originaria de El Mante, Tamaulipas, e hija única de la profesora Alejandra Quintos. El 13 de julio de 2026 ingresó a un curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.

El programa estaba dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, y concluiría el 31 de julio. El reglamento interno prohibía el contacto telefónico directo entre los alumnos y sus familias. “Estrellita” era el único canal de comunicación entre el plantel y los padres: enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos sobre la estancia de su hija.

dafne zapata

Cuatro días después del ingreso de Dafne, el 16 de julio, su madre recibió una llamada del personal de la academia: le informaron que la menor se había desvanecido mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales. El director Jorge Luis “N” y “Estrellita” sostuvieron que la adolescente colapsó en el baño y que no se pudo hacer nada por ella.

La necropsia practicada por la FGJET contradijo esa versión. El estudio forense detectó una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea, y determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. El certificado de defunción clasificó el fallecimiento como homicidio. Alejandra Quintos denunció que recibió el cuerpo de su hija desnuda, con huesos rotos, nariz fracturada y sin señales de haber sido alimentada.

La muerte de Dafne desató una oleada de denuncias de exalumnos sobre abusos físicos, castigos extremos y maltrato sistemático al interior del plantel. Cientos de personas marcharon en El Mante para exigir justicia. La FGJET abrió la carpeta de investigación 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio, aseguró el inmueble y colocó sellos en todos sus accesos. La academia permanece clausurada desde entonces.

En Tamaulipas, autoridades federales incautaron animales, algunos en peligro de extinción, durante un megaoperativo que tenía como objetivo principal combatir el huachicol.

Infobae México pudo conocer que los cateos dirigidos contra el comercio ilícito de combustible se enfocaron en una célula de Los Rojos, vinculada al Cártel del Golfo. La operación generó una pérdida económica calculada en 33,955,145 pesos para la organización criminal.

El hallazgo incluyó tigres, jaguares, monos araña y otras especies resguardadas en condiciones irregulares, lo que abre una nueva línea de investigación sobre el tráfico y posesión de fauna protegida.

Lo que se sabe del operativo en Tamaulipas

Durante acciones coordinadas entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ejecutaron cinco cateos en inmuebles vinculados a la célula Rojos del Cártel del Golfo en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas.

Las autoridades detuvieron a una persona y aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de vehículos, pipas, autotanques, frac tanks, bombas de presión, tanques de almacenamiento, reactores, motobombas, mangueras y equipo especializado para el manejo de combustible.

En uno de los predios inspeccionados localizaron 135 animales exóticos, 35 ejemplares correspondían a especies en peligro de extinción o sujetas a protección especial, además de especies cuyo comercio internacional está regulado por tratados como la CITES.

Entre los objetos asegurados se identificaron instalaciones y equipos para almacenamiento y manejo de hidrocarburos, con depósitos de hasta 60 mil litros de capacidad, así como vehículos y dispositivos de cómputo y comunicación.

¿Cuál es la lista completa de los animales incautados?

Infobae México accedió a la lista completa de los animales incautados:

• 1 mandril babuino macho adulto
• 1 oveja Jacob
• 8 cabras de angora
• 1 puerco espín
• 3 coatís (01 hembra y 02 crías)
• 1 lémur macho
• 1 guacamaya verde
• 1 tigrillo
• 6 pavorreales
• 2 bisontes americanos
• 1 perico azteca
• 5 jabalíes o pécari le collar
• 7 avestruces
• 18 venados cola blanca
• 2 antílopes
• 1 ñu azul
• 6 venados rusos
• 4 gallinas de guinea
• 1 camello dromedario
• 15 búfalos de agua
• 21 monos araña mexicanos
• 4 tortugas sulcatas
• 2 gansos chinos
• 5 borregos cimarrón
• 3 leones africanos (1 macho y 02 hembras)
• 1 tigre de bengala blanco
• 4 tigres de bengala
• 1 ligre (híbrido entre tigre y león)
• 2 jaguares
• 1 jaguar negro
• 4 bovinos
• 2 hienas

Especies en peligro de extinción y sanciones según la NOM-059

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, los animales hallados en el rancho que figuran en la categoría de “en peligro de extinción” (P) o “amenazadas” (A) son:

• Mono araña mexicano (Ateles geoffroyi): En peligro de extinción.
• Jaguar (Panthera onca): En peligro de extinción.
• Tigrillo (Leopardus wiedii): En peligro de extinción.
• Guacamaya verde (Ara militaris): Amenazada.
• Venado cola blanca: Algunas subespecies están protegidas.
• Puerco espín: Algunas subespecies se consideran amenazadas o en peligro de extinción.
• Coatí: Amenazada
• Pécari: En peligro de extinción.

¿Cuáles son las sanciones legales por tener este tipo de animales?

El Código Penal Federal, en su artículo 420, señala que capturar, poseer, transportar, acopiar, introducir o extraer ejemplares, productos o subproductos de especies de fauna silvestre consideradas endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial, incluidas en la NOM-059, o reguladas por tratados internacionales como la CITES, constituye delito contra la biodiversidad.

Las sanciones incluyen penas de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. El artículo prevé agravantes: cuando las conductas ocurren en áreas naturales protegidas o con fines comerciales, la pena puede aumentar hasta tres años más de prisión y mil días multa adicionales.

El código también tipifica como delito el daño, tráfico o recolección de estos animales y sus productos, así como el poner en riesgo la viabilidad biológica de una especie silvestre. Quienes incurran en estas prácticas pueden ser procesados penalmente y enfrentar la pérdida definitiva de los ejemplares y la clausura de instalaciones.

La facción criminal conocida como Los Rojos, surgida como una escisión del cártel de los Beltrán Leyva y actualmente integrada al Cartel del Golfo, ha extendido su influencia en varias regiones de México y es señalada por las autoridades como responsable de múltiples delitos de alto impacto.

Este grupo, con raíces en Guerrero y presencia confirmada en otras cuatro entidades del país, compite de forma violenta contra otras organizaciones criminales y ha diversificado sus actividades ilícitas, según reportes oficiales.

En un reciente operativo realizado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las fuerzas federales decomisaron 135 animales exóticos en inmuebles vinculados a Los Rojos en los municipios de Tampico y Altamira, Tamaulipas. Durante las acciones coordinadas también aseguraron cerca de 68 mil litros de diésel, vehículos, equipos para el manejo de hidrocarburos y detuvieron a una persona.

A continuación un mapa de su influencia en el país.

Los Rojos: una facción del Cartel del Golfo con raíces en Guerrero y presencia en tres estados

Los Rojos son una de las facciones en que se fragmentó el Cartel del Golfo (CDG), junto con los Ciclones, los Escorpiones, los Metros y las Panteras. El grupo nació en el estado de Guerrero como escisión del cártel de los Beltrán Leyva y se dedicó originalmente al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, según documentó La Jornada en julio de 2018.

Su estructura de mando fue trazada por las autoridades federales a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. En esa época, la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía 3 millones de pesos por la captura de su líder principal, Santiago Mazarí Hernández, alias El Carrete.

En Guerrero, Los Rojos operaban en al menos 11 municipios vinculados a la producción de amapola y el tráfico de heroína, entre los más destacados se encuentran:

• Chilpancingo.
• General Heliodoro Castillo.
• Chilapa de Álvarez.
• Zitlala, Carrizalillo.
• Iguala.
• Atenango del Río.
• Copalillo.
• Copantoyac.
• Eduardo Neri.
• Tlapa de Comonfort

El grupo también extendió su presencia a Morelos y el Estado de México, y se le vinculó además con secuestros.

Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de la SSPC, confirmó en conferencia de prensa la presencia de Los Rojos “en Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México”, según reportó InSight Crime. Sin embargo, se agrega Tamaulipas con el reciente aseguramiento de animales exóticos.

Desde entonces, la organización contaba con 20 jefes de plaza visibles para las autoridades y capacidad para enfrentarse a grupos rivales como Los Ardillos y Guerreros Unidos.

La expansión hacia Michoacán y el negocio de la cocaína

El 16 de abril, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional detuvieron en Tepalcatepec, Michoacán, a Juan Miguel N., alias El Johnny, un cabecilla de Los Rojos señalado como el principal traficante internacional de cocaína del grupo, según un comunicado de la Secretaría de la Defensa citado por InSight Crime. Una orden de extradición de Estados Unidos pesaba sobre él al momento de su captura.

Ese movimiento hacia Michoacán resultó revelador: Los Rojos es una organización que, según el análisis de InSight Crime, “tradicionalmente se ha dedicado al tráfico de heroína y que antes no se consideraba activa ni en Michoacán ni en el tráfico de cocaína”. El creciente suministro de fentanilo en México habría arruinado ese mercado y empujado al grupo hacia nuevas rutas y productos.

El Cartel del Golfo: de organización unificada a facciones rivales

El Cartel del Golfo es uno de los grupos criminales más antiguos de México, con orígenes que InSight Crime rastrea hasta 1984, cuando Juan García Ábrego asumió el control de una operación de marihuana y heroína y negoció un acuerdo con el Cartel de Cali para transportar cocaína a Estados Unidos. El pacto le permitió quedarse con hasta el 50% de las ganancias.

Fue el sucesor de García Ábrego, Osiel Cárdenas Guillén, quien militarizó el cartel al reclutar al menos 31 exsoldados de las Fuerzas Especiales de México, según InSight Crime. Esa unidad de élite terminó por operar de forma independiente bajo el nombre de Los Zetas, el legado más violento del CDG en la historia del narcotráfico mexicano.

Tras décadas de capturas y fragmentación interna, el Cartel del Golfo ya no existe como organización unificada. Sus facciones compiten por el control de economías criminales a lo largo de la frontera de Tamaulipas y en otros estados del oriente de México, con Los Escorpiones y los Ciclones como los grupos más poderosos, de acuerdo con el perfil del CDG publicado por InSight Crime.

El operativo en Tampico y Altamira que dejó 135 animales sin dueño

Las autoridades ejecutaron cinco cateos en inmuebles vinculados a la facción CDG-Rojos en los municipios tamaulipecos de Tampico y Altamira. En uno de esos inmuebles encontraron a los 135 animales exóticos, de los cuales 35 pertenecen a especies en peligro de extinción o bajo protección especial, conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

La lista completa de fauna exótica incluye las siguientes especies:

Grandes felinos y híbridos:

• 5 tigres de Bengala
• 3 jaguares
• 3 leones africanos
• 1 ligre (híbrido de león y tigre)
• 1 tigrillo

Primates:

• 21 monos araña
• 1 mandril
• 1 lémur

Ungulados y herbívoros:

• Bisontes americanos
• Búfalos
• 1 camello
• Borregos cimarrón

Carnívoros no felinos:

• 2 hienas

Reptiles:

• Tortugas sulcata
• 1 iguana verde

Aves:

• 1 guacamaya verde
• 1 perico azteca

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad no precisó el número exacto de ejemplares en cada categoría de ungulados, reptiles y aves, más allá de los especímenes individuales ya indicados.

Por otra parte, la misma operación permitió asegurar 68 mil litros de diésel, vehículos, pipas, autotanques, frac tanks, bombas de presión, tanques de almacenamiento, reactores, una motobomba, mangueras y equipo de cómputo y comunicación. Las instalaciones decomisadas tenían depósitos con capacidades de hasta 60 mil litros, lo que revela una operación de huachicol a escala industrial.

Una persona detenida y daño patrimonial estimado en casi 34 millones de pesos

Las autoridades detuvieron a una persona durante los cateos y dejaron los cinco inmuebles sellados bajo resguardo oficial. La persona detenida y todos los efectos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

El golpe a la estructura operativa y financiera del CDG-Rojos se estimó en 33,955,145.89 pesos mexicanos. La operación demostró que la facción no solo traficaba drogas, sino que diversificó sus actividades hacia el robo de combustible y la posesión ilegal de fauna silvestre.

Un operativo contra el huachicol en Tamaulipas derivó en un golpe estimado en 33 millones 955 mil 145.89 pesos a la estructura financiera y operativa del Cártel del Golfo-Los Rojos, luego del cateo de cinco inmuebles en Tampico y Altamira, donde fueron asegurados combustible, vehículos, equipo para su almacenamiento, armas y otros bienes.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de autoridades estatales, como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con el almacenamiento y manejo ilícito de hidrocarburos.

En cuatro de los inmuebles fueron localizados aproximadamente 68 mil litros de diésel, además de un tractocamión, dos pipas, una camioneta pick up, dos frac tanks, dos autotanques, bombas de presión, tanques reactores, depósitos de almacenamiento, una motobomba y mangueras.

También fueron aseguradas dos armas de fuego y cartuchos, además de equipos de comunicación y otros objetos relacionados con las actividades investigadas.

El aseguramiento de estos bienes, junto con los demás efectos encontrados durante los cateos, fue valuado de manera preliminar en 33.9 millones de pesos, monto con el que las autoridades estimaron una afectación a la capacidad operativa y financiera de la facción del Cártel del Golfo conocida como Los Rojos.

Uno de los cinco inmuebles correspondía a un rancho en el que fueron encontrados 135 animales exóticos. Entre los ejemplares había cinco tigres de Bengala, tres jaguares, un ligre, 21 monos araña, dos hienas y tres leones africanos, además de bisontes, búfalos, un camello y tortugas sulcata.

El hallazgo de fauna quedó bajo una investigación distinta en materia ambiental. Al menos 35 ejemplares fueron identificados como especies en riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, mientras que otros se encuentran regulados por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Una persona fue detenida durante el operativo y quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica. Los cinco inmuebles fueron asegurados y permanecieron bajo vigilancia de las autoridades mientras avanzan las investigaciones.

La intervención ocurrió en Tampico y Altamira, municipios del sur de Tamaulipas donde se ha documentado la presencia de Los Rojos, una de las facciones que integran actualmente al Cártel del Golfo.

¿Quiénes son Los Rojos del Cártel del Golfo?

El Cártel del Golfo se encuentra actualmente fragmentado en distintas facciones que mantienen estructuras y áreas de influencia propias en Tamaulipas. De acuerdo con el análisis actualizado de InSight Crime, entre ellas se encuentran Los Rojos, Los Ciclones, Los Escorpiones, Los Metros y Los Panteras.

La organización conserva su principal zona de actividad en Tamaulipas, aunque su estructura actual es distinta a la de años anteriores debido a la división entre grupos que compiten por el control territorial y de distintas economías criminales.

InSight Crime señala que las facciones del CDG participan en actividades como tráfico de drogas, armas y migrantes, además de extorsiones.

Dentro de esta estructura fragmentada, Los Rojos mantienen presencia en el sur de Tamaulipas.

Insight Crime los ubicó particularmente en Altamira, Ciudad Madero y Tampico, precisamente la zona donde se desarrollaron los cateos.

La presencia de la facción en esa región también quedó expuesta con la detención, en febrero de 2026, de un presunto integrante identificado como Serapio “N”, alias “El Sapo” o “R-105”, señalado por autoridades como generador de violencia en Tamaulipas.

InSight Crime advierte que la fragmentación del Cártel del Golfo dificulta identificar una estructura de mando única. Los Rojos operan como una facción con liderazgo y control territorial propios, dentro de una organización que mantiene disputas internas y enfrenta además la presión de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La importancia del operativo radica así no sólo en el volumen de combustible asegurado, sino en el valor económico atribuido al conjunto de bienes intervenidos. Los 33.9 millones de pesos representan, de acuerdo con la información obtenida, una afectación directa a recursos e infraestructura asociados con Los Rojos en una de las zonas donde la facción mantiene presencia documentada.

Cateos en inmuebles relacionados con huachicol destaparon la presencia de 135 animales exóticos en un rancho del estado de Tamaulipas, entre los que se encuentran hienas, tigres, un camello y hasta monos araña.

Las diligencias se llevaron a cabo como parte del seguimiento a investigaciones relacionadas con este delito, por lo que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales, de desplegaron en cinco domicilios ubicados en los municipios de Tampico y Altamira.

Como parte de las acciones, fueron cateados un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y el rancho donde se localizaron los animales.

Infobae México pudo conocer que los cateos contra la venta de combustible ilegal se realizaron contra la célula de Los Rojos del Cártel del Golfo, en un golpe que representó una afectación económica de 33 millones 955 mil 145 pesos.

La célula criminal de Los Rojos mantiene presencia en los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, de acuerdo con información de la agencia especializada en narcotráfico Insight Crime.

Las autoridades localizaron una amplía variedad de ejemplares, entre ellos:

• 5 tigres de Bengala
• 3 jaguares
• Un ligre

• 21 monos araña
• 2 hienas
• 3 leones africanos

• Bisontes
• Tortugas sulcata
• Búfalos
• Un camello

Las autoridades informaron que al menos 35 de los animales se encuentran en riesgo en México conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre los que se identificaron monos araña mexicanos, jaguares. un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, que están catalogados en peligro de extinción; así como borregos cimarrón, una iguana verde y un perico azteca, que están sujetos bajo protección especial.

Además, en el rancho fueron halladas especies exóticas cuyo comercio internacional está regulado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), entre ellas tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata.

Todos los animales fueron puestos a disposición de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para su valoración, resguardo y manejo especializado.

Aseguran 68 mil litros de huachicol y detienen a un hombre

Las autoridades informaron que en los cuatro inmuebles restantes se aseguraron aproximadamente 68 mil litros de diésel, un vehículo tipo tractocamión, 2 pipas, un vehículo tipo pick up, 2 frac tanks, 2 autotanques, 4 bombas de presión, 2 tanques reactores, 4 tanques de almacenamiento, una motobomba, mangueras, contenedores relacionados con el presunto almacenamiento y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita, equipos de comunicación, 2 armas de fuego y cartuchos.

Un hombre fue detenido en las acciones, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación legal. En tanto, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada y salvaguardar para proteger y preservar la vida silvestre de México”, aseguró la Marina en un comunicado.

Acciones contra el huachicol también alcanzaron en CDMX a red vinculada a Ernesto Ruffo

Estos cateos se suman a los realizados en dos bodegas de la Ciudad de México en el marco de la investigación contra la red de contrabando de combustible por vía férrea presuntamente encabezada por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.

La acción fue encabezada por la FGR, y con respaldo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En los inmuebles —identificados por sus portones corredizos color naranja, propios de servicios comerciales de renta por módulo— los ministerios públicos y personal de la FGR localizaron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que, según la fiscalía, acreditan la simulación de operaciones de comercio exterior. También se hallaron documentos vinculados a otros esquemas delictivos que la institución ya tiene bajo pesquisa.

Qué reveló la fiscal Godoy Ramos sobre el operativo

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, difundió un video en el que precisó que el material asegurado permite identificar indicios sobre las operaciones de comercio exterior de la empresa investigada en el caso, y de la que el exgobernador sería accionista. A su juicio, los hallazgos aportan nuevos elementos sobre el modo de operar de la red y abren líneas adicionales de investigación.

Godoy Ramos también aclaró que, hasta el momento, la FGR no había recibido notificación alguna de que la defensa de Ruffo Appel hubiera solicitado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario y añadió que durante su reclusión en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, se le garantiza atención médica y sus derechos.

Al menos 12 notarios públicos de Tamaulipas se encuentran bajo investigación por presuntas operaciones que habrían modificado el patrimonio de particulares sin su consentimiento, principalmente mediante el traslado o cambio de titularidad de propiedades e inmuebles.

La información fue confirmada por Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien señaló que algunos de los casos ya fueron judicializados, mientras que otros permanecen en proceso de integración de las investigaciones y ampliación del periodo de pruebas.

“Debe haber alrededor de 12 denuncias derivadas de esta administración que son las que están en proceso de integración”, declaró la magistrada.

De acuerdo con la funcionaria, las denuncias se concentran principalmente en Tampico, Ciudad Madero y Reynosa, y corresponden tanto a asuntos de naturaleza civil como penal.

Investigan presuntos cambios de propiedades sin autorización

El elemento común en las denuncias, explicó Contreras López, es que los afectados aseguran haber detectado modificaciones en su situación patrimonial que nunca autorizaron.

“Básicamente en temas de alguna modificación patrimonial que no corresponde, según el dicho de las personas que han ido a denunciar, que no corresponde a una voluntad de trasladar alguna propiedad, algún inmueble”, explicó.

La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia evitó señalar directamente a los notarios involucrados y tampoco adelantó si las operaciones cuestionadas fueron consecuencia de una actuación irregular de los fedatarios o de la posible participación de otras personas.

La determinación, indicó, corresponderá a las autoridades competentes una vez que concluyan las investigaciones y se analicen las pruebas incorporadas a cada expediente.

En los procesos judiciales también deberá establecerse si existieron responsabilidades y bajo qué circunstancias fueron realizadas las operaciones inmobiliarias denunciadas.

Contreras López tampoco precisó cuántos de los expedientes ya fueron judicializados ni proporcionó los nombres de los notarios que se encuentran bajo investigación.

Denuncian presuntos despojos de propiedades

Una fuente consultada que solicitó mantener el anonimato afirmó que algunos de los casos estarían relacionados con presuntos despojos, debido a que los propietarios legítimos habrían descubierto que escrituras de sus inmuebles fueron entregadas a terceras personas sin su consentimiento.

Según la fuente, estas operaciones presuntamente habrían implicado alteraciones a los protocolos establecidos en la Ley del Notariado, incluidas disposiciones contempladas en sus reformas más recientes.

Entre los casos señalados se encuentra el de Joya de Manantiales, ubicada en el municipio de Gómez Farías y dentro de la zona correspondiente a la reserva de la biosfera El Cielo.

En esta región, campesinos han denunciado el presunto despojo de mil 353 hectáreas, ubicadas en una de las áreas de bosque de niebla que forman parte de esta importante reserva ecológica.

Las denuncias forman parte de un escenario que deberá ser esclarecido mediante las investigaciones correspondientes, particularmente para determinar cómo se realizaron las operaciones y quiénes participaron en ellas.

Colegio de Notarios denuncia presunta persecución política

Ante las investigaciones, integrantes del Colegio de Notarios consultados sostuvieron que existe una “persecución política” contra algunos miembros del gremio.

Los fedatarios señalaron que el gobierno estatal tendría interés en utilizar estos procedimientos para, presuntamente, “premiar a funcionarios y amigos que colaboran en la administración estatal”.

Los integrantes del gremio cuestionaron el avance de las denuncias y señalaron que las autoridades judiciales deben garantizar el debido proceso para todos los involucrados.

Mientras continúan las investigaciones, corresponderá a las autoridades determinar si las operaciones inmobiliarias denunciadas constituyen irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades legales correspondientes.

Por ahora, los señalamientos permanecen bajo investigación y será mediante las resoluciones de las autoridades competentes como se determine la responsabilidad de los notarios u otros posibles participantes.

Los cárteles mexicanos fabrican desde 2010 vehículos de guerra conocidos como “monstruos”: camionetas de carga pesada blindadas de forma artesanal con placas de acero, torretas y ametralladoras, capaces de resistir disparos de fusil de alto calibre. Su producción masiva ha obligado al Ejército y a la Fiscalía General de la República (FGR) a destruirlos en lotes, pero las autoridades aún desconocen dónde se fabrican ni quién los construye.

Los “monstruos” son vehículos modificados artesanalmente que los grupos del crimen organizado utilizan como máquinas de combate en campo abierto y zonas urbanas. Toman como base camionetas de carga pesada como una Ford F-350, F-450, Dodge RAM o Chevrolet Tahoe, a las que se les sueldan placas de acero en puertas, motor, techo y carrocería. Su costo de fabricación supera los 2 millones de pesos por unidad, y su blindaje resiste ráfagas de fusiles AK-47 y disparos de calibre .50, según datos de la FGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De los ejidos de Reynosa al resto del país

El origen de estos vehículos se remonta a 2010, en los municipios fronterizos del noreste de México. Fue Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, el líder más notable de Los Zetas y operador de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, quien los desarrolló aplicando su formación militar.

Los primeros prototipos eran pesados y lentos, diseñados para brechas rurales y ejidos de difícil acceso en Reynosa, Miguel Alemán y Río Bravo. No tardaron en expandirse. Conforme Los Zetas ganaron territorio, los “monstruos” aparecieron en Coahuila, Chihuahua, Veracruz y Sonora. Grupos como los Matazetas los replicaron después en Jalisco y Michoacán, donde la Sedena también ha registrado decomisos.

Tres generaciones, cada vez más letales

Los “monstruos” no son los mismos de 2010. Según testimonios de militares y elementos de la Guardia Estatal el armamento y la tecnología de estos vehículos han evolucionado en tres generaciones.

La primera era tosca: camionetas o camiones de volteo revestidos con láminas de acero, lentos y pensados para vigilancia y transporte rural. La segunda generación apostó por mayor movilidad urbana y un diseño más cercano al de una tanqueta, con capacidad para bloquear carreteras y emboscar convoyes.

La tercera generación, la más reciente, ya no corresponde a reparaciones de taller mecánico. Estas unidades incorporan placas de acero de grado militar tipo MIL-A 46100, adquiridas en Estados Unidos, que resisten explosivos y el impacto de bombas lanzadas desde drones. Las metralletas ya no sobresalen por el techo: disparan desde el interior a través de aspilleras en las puertas.

Entre sus equipamientos más avanzados figuran alfombras antiminas que absorben ondas explosivas, cajones con blindaje categoría 5 para proteger el motor y la batería, llantas run flat que permiten circular hasta 64 mil 373 kilómetros a 100 kilómetros por hora tras recibir impactos, y software “bajadrones” capaz de bloquear la señal de un dron enemigo o apoderarse de su navegación.

Tamaulipas, el epicentro de los decomisos

Ningún estado concentra más “monstruos” que Tamaulipas. De los 597 vehículos con blindaje artesanal asegurados por la Sedena en todo el país entre enero de 2023 y junio de 2025, 304 correspondieron a esa entidad. Municipios como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y San Fernando han sido escenario recurrente de persecuciones y balaceras en las que estos vehículos participaron.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reportó el decomiso y destrucción de 257 unidades entre enero de 2019 y julio de 2022. En conjunto, las autoridades estatales y federales han asegurado más de 550 “monstruos” en esa sola entidad en seis años y medio, sin contar operativos no documentados.

Solo en 2026, la FGR ha destruido tres lotes en Reynosa: 23 unidades el 8 de febrero, 18 el 23 de agosto y 25 el 25 de agosto, estos últimos vinculados al Cártel del Noreste Facción Z y al Cártel del Golfo. La destrucción se ejecuta bajo el Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con supervisión del Ministerio Público Federal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

El punto ciego: nadie sabe dónde se fabrican

El dato que más preocupa a las autoridades no es la cantidad de vehículos decomisados, sino lo que esos números implican: alguien los está fabricando, y nadie sabe dónde.

A pesar de los cientos de unidades aseguradas, apenas existe registro público de un solo narcotaller desmantelado. El 21 de octubre de 2023, elementos de seguridad localizaron un centro de fabricación en una brecha rural del municipio de Reynosa. Estaba desocupado. No hubo detenidos.

La explicación más probable es que los talleres operen en zonas bajo control total de los cárteles, donde la presencia del Estado es prácticamente inexistente. En extensas áreas rurales de Tamaulipas y en sectores de ciudades como Reynosa o Nuevo Laredo, cualquier incursión de fuerzas federales puede desatar enfrentamientos de gran magnitud.

El costo que paga la población civil

Cuando un “monstruo” aparece en una ciudad, la vida se detiene. Los convoyes de sicarios a bordo de estas unidades atraviesan poblados disparando contra viviendas y negocios. Los operativos militares para neutralizarlos pueden extenderse por horas, con balaceras que obligan a cerrar comercios, suspender clases y encerrar a familias enteras.

Más allá de los enfrentamientos, estos vehículos se usan para bloquear carreteras, ejecutar secuestros y amedrentar comunidades. Las víctimas civiles atrapadas en el fuego cruzado entre cárteles rivales o entre el crimen organizado y el Ejército son una consecuencia documentada y recurrente en Tamaulipas.

Según la Fiscalía General de la República, los vehículos fueron asegurados en operativos realizados en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en acciones encabezadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La institución precisó que los aseguramientos ocurrieron en distintas intervenciones, aunque no detalló fechas ni municipios.

De acuerdo con las investigaciones, esas unidades habrían sido utilizadas por integrantes de grupos delictivos del Cártel del Noreste Facción Z, y otros al Cártel del Golfo, además que estaban vinculadas con diversas indagatorias. La dependencia no precisó a qué investigaciones correspondían los casos ni si hubo personas detenidas relacionadas con los aseguramientos.

El acto de destrucción fue conducido por el Ministerio Público Federal a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, conocida como FECOR, en la entidad, informó la FGR. Al procedimiento acudieron representantes de autoridades federales y locales, además de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La Fiscalía añadió que también participó personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución, que verificó que la destrucción se realizara conforme a la norma aplicable. No se informó el sitio exacto donde se efectuó el evento ni el método específico utilizado para la inutilización de las unidades.

• La FGR destruyó 25 vehículos con blindaje artesanal (“monstruos”) en Tamaulipas.
• Los vehículos fueron asegurados en operativos coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno, según la Fiscalía.
• El procedimiento fue supervisado por el Ministerio Público Federal, la AIC y el OIC de la FGR.

En febrero destruyeron otras 23 unidades

En una acción coordinada, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción de 23 vehículos con blindaje artesanal, conocidos popularmente como “monstruos” en el estado de Tamaulipas.

Estos automotores, frecuentemente asociados con cárteles de la droga, fueron inhabilitados como parte del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.

La acción fue informada por la FGR mediante sus canales oficiales este domingo 8 de febrero de 2026.

Según reportes oficiales, el acto de destrucción de los vehículos blindados estuvo encabezado por el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas.

Durante el evento, se contó con la asistencia de representantes de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, la supervisión técnica y administrativa fue realizada por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR.

Estas instancias realizaron la verificación durante el proceso, buscando que se cumpliera con las normas aplicables, garantizando la legalidad y transparencia del proceso de destrucción.

Cuesta hasta 2 millones fabricarlos

Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional en decomisos de vehículos “monstruo”, los cuales son camionetas y camiones modificados con blindaje artesanal por cárteles como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste para combatir en zonas rurales y urbanas.

Las autoridades federales y estatales mantienen operativos continuos que resultan frecuentemente en el decomiso y la posterior destrucción masiva de estas tanquetas en instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Reynosa.

Últimos Decomisos y Destrucciones

Abril de 2026: La FGR destruyó un lote de 18 vehículos “monstruo” en Reynosa vinculados a diversas carpetas de investigación por narcotráfico.

Febrero de 2026: Se completó la inutilización y desmantelamiento de 23 unidades blindadas que operaban grupos criminales en la entidad.

Noviembre de 2025: Las fuerzas armadas y la Guardia Estatal lograron el aseguramiento de 22 vehículos adicionales tras balaceras y patrullajes en la frontera.

Características de los “Monstruos”

Costo de fabricación: Modificar e instalar las placas de acero en cada una de estas unidades puede superar los 2 millones de pesos.

Nivel de protección: Su blindaje artesanal grueso les permite resistir ráfagas de fusiles AK-47 y disparos de calibres pesados como el fusil Barrett .50.Equipamiento: Cuentan con escotillas superiores, torretas blindadas para montar ametralladoras, troneras para disparar desde el interior y llantas protegidas.

Uso estratégico: Son empleados principalmente en la zona centro y norte de Tamaulipas para disputar el control de rutas de tráfico de drogas, robo de hidrocarburos y tráfico de migrantes.

La destrucción sistemática de estos narcotanques se ejecuta bajo el programa federal de “Destino de Bienes y Objetos del Delito” para evitar que el crimen organizado recupere o reutilice su equipo táctico rodante.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reveló este jueves 20 de agosto los detalles del esquema de operación de la red de huachicol fiscal marítimo presuntamente encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán.

El mensaje llegó luego de confirmarse que el exmando naval Fernando Farías Laguna fue deportado de Argentina y entregado a autoridades mexicanas, para ser trasladado y que pueda enfrentar los cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos que le imputan.

Según datos revelador por Godoy Ramos, la afectación económica a la organización criminal, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Además, en las acciones contra la red se han asegurado 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. Con Fernando Farías Laguna en manos de autoridades mexicanas suman 16 personas detenidas, entre ellas 12 exservidores públicos.

Además, la fiscal reafirmó que el esquema criminal comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando almirante secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles compartió a Alejandro Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red delictiva.

Buques tanque declaraban hidrocarburo como aceites para evadir impuestos

La organización, según Godoy, operaba mediante buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos. Con esa maniobra evadían el pago de impuestos.

Además, la fiscal afirmó que agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó la operación de este esquema en cinco estados:

• Tamaulipas
• Baja California
• Colima
• Sonora
• Ciudad de México

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas.

Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

La fiscal informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reconstruyó el modus operandi de la red y obtuvo evidencia de pedimentos manipulados, revisiones falsas y adulteración en registros de volumen. Con esa base, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo múltiples órdenes de aprehensión, entre ellas la de Fernando Farías Laguna.

Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución.

Este 20 de agosto la FGR compartió una fotografía con las 16 personas detenidas por presuntos vínculos con el esquema criminal, sin revelar sus identidades. Una consulta de Infobae México a la conferencia del Gabinete de Seguridad del 7 de septiembre de 2025 -cuando fue destapado el esquema- permitió identificar los nombres de los primeros 14 detenidos:

• Manuel Roberto Farías Laguna
• Clímaco “N”
• Humberto Enrique “N”
• Sergio “N”
• Carlos de Jesús “N”
• Fernando Ernesto “N”
• Francisco Javier “N”
• Endira Xóchitl “N”
• Perla Elizabeth “N”
• Ana Natalia “N”
• Ismael “N”
• Anuar “N”
• Héctor Manuel “N”
• José “N”

El decimoquinto es Fernando Farías Laguna, trasladado a México este 20 de agosto. La identidad del decimosexto detenido no aparece en reportes oficiales.

Godoy: Fernando Farías Laguna ingresará al Altiplano a disposición del juez que lo requiere

La fiscal también se refirió al operativo coordinado para traer a Fernando Farías Laguna de regreso a territorio mexicano. Según datos revelados, el traslado fue resultado del trabajo coordinado entre la FGR, la Semar, la SSPC y la SRE, además de la colaboración de autoridades de Estados Unidos y de Argentina. En el caso concreto de EEUU, no se sabe hasta el momento cuál fue la participación que tuvo.

El hombre señalado como presunto líder de la red criminal conocida como “Los Primos” está siendo trasladado en este momento en una aeronave de la Semar. Se espera que el jet realice una escala y luego parta con destino final a la Ciudad de México.

Una vez en territorio nacional, Fernando Farías será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, mejor conocido como el Altiplano, a disposición del juez de control que lo requirió. En ese mismo penal se encuentra preso su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna.

Godoy informó que ha instruido que los trabajos de investigación continúen con rigor y profundidad, y que seguirá informando al pueblo de México sobre los avances en la desarticulación de las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo.

Cerró su mensaje con una advertencia directa: “Donde hay impunidad, habrá investigación; donde hay crimen, habrá consecuencias”.

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron 760 kilogramos de presunta metanfetamina, con un valor estimado en 14 millones 978 mil dólares, que eran transportados en un camión procedente de Reynosa, Tamaulipas, y ocultos en un cargamento declarado como apio fresco.

El aseguramiento ocurrió el pasado 15 de agosto en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr, uno de los cruces fronterizos utilizados para el tránsito comercial entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada por la CBP, los agentes seleccionaron el tractocamión para una inspección secundaria, debido a irregularidades detectadas durante el proceso de revisión.

El vehículo fue sometido inicialmente a una inspección con equipo de inspección no intrusivo, tecnología utilizada por las autoridades fronterizas para revisar vehículos y mercancías sin necesidad de realizar de inmediato una revisión física completa.

El procedimiento permitió detectar anomalías en el cargamento, por lo que los agentes procedieron a inspeccionar físicamente el remolque.

Hallan 721 paquetes de presunta droga

Durante la revisión, los oficiales localizaron y extrajeron 721 paquetes de presunta metanfetamina, cuyo peso conjunto fue estimado en 760 kilogramos, equivalentes a aproximadamente mil 675 libras.

Los paquetes se encontraban ocultos entre la mercancía que había sido declarada como apio fresco, con lo que los responsables del envío aparentemente intentaron utilizar una carga de productos agrícolas para ocultar el narcótico durante su ingreso a territorio estadounidense.

La CBP informó que tanto la droga como el vehículo fueron asegurados como parte del procedimiento.

Después del hallazgo, agentes especiales de la División de Investigación de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal para determinar el origen y destino de la droga, así como identificar a las personas involucradas en el traslado del cargamento.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no informaron sobre personas detenidas por este aseguramiento ni proporcionaron detalles sobre quién estaría detrás del envío.

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, atribuyó el decomiso a la combinación entre la experiencia de los oficiales y las herramientas tecnológicas utilizadas durante las inspecciones fronterizas.

El funcionario destacó que los agentes están capacitados para identificar irregularidades que podrían pasar inadvertidas durante una revisión superficial y que los sistemas de escaneo permiten reforzar la detección de posibles cargamentos de narcóticos.

Operativo ocurre en medio de mayor vigilancia fronteriza

El decomiso se produce en un contexto de reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en los cruces utilizados para el comercio internacional.

La administración estadounidense ha colocado entre sus prioridades la intercepción de narcóticos que buscan ingresar al país, mientras que las autoridades fronterizas han incrementado el uso de tecnología de inspección para revisar vehículos comerciales y particulares.

La CBP señaló que el aseguramiento forma parte de sus labores para impedir el ingreso de drogas ilícitas, armas y otros productos considerados una amenaza para la seguridad nacional.

El cargamento asegurado en Pharr representa una de las incautaciones recientes de metanfetamina realizadas mediante la revisión de mercancías comerciales procedentes de México.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades estadounidenses, que deberán establecer cómo fue preparado el cargamento, quiénes participaron en su traslado y cuál era su destino final.

Por ahora, la CBP mantiene bajo resguardo los 721 paquetes de presunta metanfetamina y el vehículo utilizado para transportarlos, mientras continúa la investigación criminal derivada del aseguramiento.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) abrió en Tamaulipas un proceso interno para reclutar, evaluar y seleccionar perfiles que podrían participar en las encuestas de la coalición de la Cuarta Transformación (4T) rumbo a las próximas definiciones políticas.

El dirigente estatal del PVEM, Manuel Muñoz Cano, presentó la convocatoria para integrar la denominada “Nueva Fuerza Verde”, mecanismo con el que el partido busca identificar ciudadanos con presencia y arraigo territorial, además de capacidades para competir en los futuros procesos electorales.

De acuerdo con el dirigente estatal, se trata del primer procedimiento interno mediante el cual el Partido Verde buscará definir a sus representantes para posteriormente participar en las mediciones que realicen los partidos que integran la coalición de la Cuarta Transformación.

PVEM aplicará filtros a aspirantes en Tamaulipas

El proceso contempla distintas etapas de registro y evaluación antes de determinar qué perfiles podrán avanzar. Entre los requisitos establecidos por el partido se encuentra la entrega de una declaración patrimonial, así como una carta de no antecedentes penales.

Los aspirantes también deberán presentar una opinión positiva ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el objetivo de acreditar su situación fiscal.

A estos documentos se suman exámenes toxicológicos y psicológicos, como parte de la evaluación integral que pretende realizar el PVEM antes de seleccionar a quienes serán considerados dentro de sus propuestas políticas.

Manuel Muñoz Cano explicó que el objetivo es establecer un proceso de revisión que permita conocer de manera más amplia el perfil de las personas interesadas en participar en las futuras definiciones electorales.

¿Qué busca el Partido Verde?

La estrategia denominada “Nueva Fuerza Verde” pretende ampliar la identificación de perfiles políticos y ciudadanos en Tamaulipas, especialmente de personas que cuenten con reconocimiento y arraigo en sus comunidades.

El partido busca que quienes eventualmente sean considerados para competir tengan capacidad para representar sus propuestas y, al mismo tiempo, cumplan con los criterios internos establecidos por la organización.

Muñoz Cano señaló que este mecanismo busca fortalecer la selección de candidatos y evitar que las futuras postulaciones recaigan en personas cuya trayectoria pueda representar un riesgo político para el partido o la coalición.

Entre los aspectos que serán revisados se encuentran posibles cuestionamientos patrimoniales, conflictos de interés y antecedentes relacionados con actividades delictivas.

Selección de candidatos rumbo a las próximas elecciones

La participación en la “Nueva Fuerza Verde” no significa automáticamente que una persona obtendrá una candidatura, sino que representa una primera etapa de evaluación interna para identificar a quienes podrían ser considerados posteriormente en las encuestas de la coalición.

Con este procedimiento, el PVEM Tamaulipas busca contar con una cartera de perfiles previamente revisados y con información suficiente sobre su situación patrimonial, fiscal, psicológica y legal.

La dirigencia estatal sostuvo que el objetivo final es fortalecer la confianza en sus futuros representantes y establecer mayores controles antes de presentar nombres para las definiciones electorales de la Cuarta Transformación.

Un juez federal admitió la demanda de amparo indirecto promovida por la defensa de Danna Yanina “N”, la joven de 18 años vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La admisión no significa que Danna Yanina quede libre ni que un juez haya determinado su inocencia. Lo que ocurre es que un juez federal revisará si durante el proceso penal en Tamaulipas se cometieron violaciones a sus derechos. La joven permanece en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

La defensa acusa irregularidades

El abogado Carlos David Robles Figueroa, integrante del equipo jurídico de Danna Yanina, informó la admisión a través de sus redes sociales. Explicó que la defensa había interpuesto previamente un recurso de apelación contra la vinculación a proceso dictada por la jueza de control el 28 de julio, pero que la jueza de primera instancia aún no lo ha enviado a la segunda instancia. Esa demora motivó el recurso federal.

“En lo local tienen un pantano y marranero en el asunto”, escribió Robles Figueroa. Añadió: “Como equipo jurídico tenemos fe en la justicia federal; les prometemos no dejaremos de trabajar hasta que ella sea libre. Vamos con todo por su inocencia.”

El amparo consta de 92 fojas más anexos en los que la defensa expone presuntas violaciones a derechos fundamentales que, según Robles Figueroa, habrían ocurrido durante las actuaciones de las autoridades. No precisó cuáles son esas violaciones, pero afirmó que están documentadas con detalle en el expediente. La admisión incluye la concesión de una suspensión del acto reclamado, cuyo alcance definirá el juez federal.

Sheinbaum pidió a la FGR revisar el caso

La admisión del amparo se produce un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la fiscal general Ernestina Godoy revisar el caso de Danna Yanina.

El encuentro entre Sheinbaum y los padres de la joven ocurrió durante la inauguración de un hospital del ISSSTE en Tampico, donde un grupo de familiares y vecinos realizaba una protesta para exigir la libertad de Danna Yanina.

“Recibí a los padres de familia, hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso. Porque a lo mejor la joven también es víctima y no necesariamente ella participó en este proceso”, dijo Sheinbaum.

La presidenta aclaró que el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y que su solicitud a Godoy obedece a la posible condición de víctima de Danna Yanina dentro de la academia, no a una intervención en el proceso penal estatal.

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, respondió que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para sostener la acusación. “El hecho de que se encuentre vinculada a proceso conlleva que se hizo un análisis jurisdiccional y se determinó que había méritos suficientes”, dijo Govea Orozco. Añadió que la etapa de desahogo de pruebas vendrá en otro momento y que el juez de control habrá de resolver si las admite.

Govea Orozco también negó que la Fiscalía haya filtrado información del caso. Atribuyó los datos que han trascendido a terceras personas y confirmó que se realizó un cateo en las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz el pasado 15 de agosto, como parte de las investigaciones. Adelantó que como resultado de esas pesquisas se estarían ejecutando órdenes de aprehensión de otras carpetas.

La madre de Dafne refuerza su representación legal y el caso suma nuevos frentes

Mientras la defensa de Danna Yanina avanza en la vía federal, Alejandra Quintos, madre de Dafne, anunció la incorporación de los abogados Álvaro Ávila Fonseca y Darío Gamón Rodríguez al proceso judicial. Los litigantes confirmaron que se integrarán formalmente a la carpeta de investigación y solicitarán acceso a los audios, videos y actuaciones derivadas de las audiencias celebradas hasta el momento.

Los nuevos abogados aclararon que la familia enfrenta dos procesos distintos: el primero está relacionado con el delito de violación equiparada que se sigue en contra del padre de Dafne, Gabriel “N”, mientras que el segundo corresponde al feminicidio de la menor. El despacho jurídico participará únicamente en el caso del feminicidio.

Gabriel “N” fue detenido e imputado en 2019 por violación equiparada contra Dafne, cuando la menor tenía seis años. La menor estaba próxima a testificar en su contra cuando murió. El padre publicó un video negando las acusaciones y denunció presunta extorsión por parte de la familia materna. La Secretaría de Educación de Tamaulipas lo separó de su cargo como director de una escuela primaria y confirmó que no percibirá sueldo mientras se determina su situación legal.

Quintos evitó confrontaciones públicas sobre el avance del caso. “No tengo ninguna réplica. En las pruebas está la carpeta, se está llevando el juicio. Eso lo dictamina el juez y vamos a esperar a que se haga justicia”, respondió.

En días previos, Alejandra Quintos había declarado que tras leer la carpeta de investigación pudo identificar datos que señalan con fundamento la presunta implicación de Danna Yanina en el feminicidio de su hija, pero aclaró que serán las autoridades quienes deberán determinarlo.

El caso suma tres personas vinculadas a proceso: Danna Yanina “N”, el director del plantel Jorge Luis “N” y la coordinadora del área femenil Estrella “N”, los tres bajo prisión preventiva. La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio y anticipa más detenciones conforme avancen las investigaciones derivadas del cateo.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este martes el fallecimiento de cuatro elementos navales tras un accidente ocurrido en las inmediaciones del muelle de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

La institución lamentó la pérdida y expresó sus condolencias a las familias de los marinos, de acuerdo con el comunicado emitido por el Sector Naval de La Pesca, los elementos se encontraban fuera de sus actividades laborales cuando ocurrió el percance.

El vehículo particular en el que viajaban cayó al río ubicado en las inmediaciones del muelle, provocando la muerte de sus cuatro ocupantes.

Accidente en La Pesca deja cuatro marinos muertos

El accidente ocurrió durante las primeras horas de este martes 18 de agosto. Tras el reporte, autoridades locales acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

La Secretaría de Marina informó que personal de buzos de la institución se trasladó hasta el lugar para colaborar con las autoridades locales en la recuperación de los cuerpos.

La dependencia no proporcionó detalles sobre las circunstancias exactas que llevaron al vehículo a caer al río. Tampoco se ha informado oficialmente la identidad de los cuatro elementos navales fallecidos.

Los primeros reportes ubicaron el percance cerca de un lugar conocido como La Draga, en uno de los accesos principales a la comunidad de La Pesca. La zona fue atendida por corporaciones y cuerpos de emergencia que participaron en las acciones posteriores al accidente.

Marina inicia investigaciones para esclarecer el accidente

Tras confirmar la muerte de los cuatro elementos, la Semar señaló que las autoridades competentes realizan las investigaciones y peritajes correspondientes para determinar las causas y circunstancias del accidente.

La institución precisó que estos trabajos permitirán establecer qué ocurrió antes de que el vehículo particular terminara dentro del río. Por ahora, no se ha establecido públicamente si existió algún factor específico que provocara la pérdida de control del automóvil.

La investigación permanece abierta, por lo que cualquier información adicional sobre el accidente dependerá de los resultados de los peritajes realizados en el lugar.

Entre los datos confirmados por la Secretaría de Marina se encuentran:

• Cuatro elementos navales perdieron la vida.
• El accidente ocurrió en las inmediaciones del muelle de La Pesca.
• El hecho se registró en Soto la Marina, Tamaulipas.
• Los marinos se encontraban fuera de sus actividades laborales.
• El vehículo particular en el que viajaban cayó al río.
• Personal de buzos de la Semar apoyó en la recuperación de los cuerpos.
• Las autoridades investigan las causas y circunstancias del percance.

Américo Villarreal lamenta muerte de cuatro elementos

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal lamentó la pérdida y envió un mensaje de apoyo a las familias, quienes enfrentan el fallecimiento de los cuatro integrantes de la institución naval.

Villarreal manifestó sus condolencias y deseó fortaleza a los familiares ante lo ocurrido en la comunidad de La Pesca.

La confirmación del gobernador se produjo mientras autoridades estatales y federales participaban en las labores relacionadas con el accidente y la recuperación de los cuerpos.

Semar expresa condolencias a familias de los marinos

La Secretaría de Marina expresó su pesar por el fallecimiento de los cuatro elementos y manifestó su solidaridad con sus familias.

En su comunicado, la institución señaló que comparte el dolor provocado por la pérdida y calificó a los cuatro fallecidos como hermanos marinos.

También informó que realizará las gestiones correspondientes en materia de bienestar social para brindar apoyo a las familias afectadas.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron que el vehículo cayera al río en las inmediaciones del muelle de La Pesca.

Mientras avanzan los peritajes, la Secretaría de Marina reiteró sus condolencias a los familiares y compañeros de los cuatro elementos fallecidos y manifestó su solidaridad ante la pérdida registrada este martes en Tamaulipas.

La institución concluyó su mensaje con los valores que, de acuerdo con su comunicado, distinguen a quienes forman parte de sus filas: Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo.

La pobreza, el abandono familiar, la violencia y el ansia de salir de esas problemáticas en ocasiones hacen a una persona resiliente, pero en otras, a trastornos asesinos, ese fue el caso de Magdalena Solís.

Ella creció en pobreza extrema y fue obligada por sus hermanos mayores a sacrifiocarse prostituyéndose para que todos tuvieran qué comer, más adelante la vida la llevaría a ser una asesina serial y líder de una secta que operó en 1963 en Yerbabuena, Tamaulipas, donde encabezó rituales con sacrificios humanos.

Su historia quedó registrada como uno de los pocos casos documentados de una asesina serial mexicana con una motivación sexual explícita. También se le conoció como la Gran Sacerdotisa de la Sangre.

Nació en diciembre de 1928 en Tamaulipas y murió en abril de 2023 en Nuevo León. Los crímenes se cometieron en la comunidad de Yerbabuena, en el municipio de Mainero, una zona cercana a Monterrey. Recibió una condena de 50 años de prisión por dos homicidios, aunque el caso la señaló como responsable de por lo menos ocho asesinatos y hasta 15 víctimas según algunas versiones.

Los recuentos del caso indicaron que fue responsable de al menos ocho asesinatos. Otras versiones elevaron el total a 15 víctimas.

La secta se instaló en una comunidad de unos 50 habitantes

Antes de la ola de asesinatos, Yerbabuena era una comunidad marginada del norte de México con al menos 50 habitantes en esa época. La mayoría vivía en pobreza extrema y una parte de la población era analfabeta.

A finales de 1962 y principios de 1963, los hermanos Santos y Cayetano Hernández llegaron al poblado y montaron una estafa religiosa. Se presentaron como profetas y sumos sacerdotes de supuestos dioses incas exiliados.

Prometieron a los habitantes que esos dioses entregarían tesoros escondidos en cuevas de las montañas cercanas si recibían adoración y tributos. También aseguraron que volverían para reclamar su reino y castigar a quienes no creyeran.

Con ese discurso convencieron a varios pobladores y formaron una secta. A partir de ahí exigieron dinero y favores sexuales a mujeres y hombres, además de organizar orgías en las que usaban narcóticos.

El culto funcionó durante un tiempo, pero las promesas de riqueza no se cumplieron y los seguidores comenzaron a impacientarse. Fue entonces cuando los hermanos Hernández viajaron a Monterrey en busca de prostitutas que ayudaran a sostener la farsa.

En ese contexto contactaron a Magdalena Solís y a su hermano Eleazar Solís. Él además trabajaba como su proxeneta, y ambos se integraron al grupo en 1963.

Magdalena Solís asumió el control y transformó la estafa en asesinatos rituales

Magdalena Solís provenía de una familia de escasos recursos y probablemente disfuncional. De acuerdo con la descripción del caso, había sido obligada a ejercer la prostitución desde temprana edad antes de incorporarse a la secta.

Tras su ingreso, fue presentada durante un ritual como la reencarnación de la diosa Cuatlicue (diosa mexica de la tierra, la fertilidad, la vida y la muerte) por medio de una cortina de humo. El engaño que buscaba impresionar a los adeptos terminó por convertirse en el eje del culto, porque Solís asumió esa identidad como propia.

El perfil atribuido a Solís la describió como una asesina organizada, sedentaria, visionaria, depredadora sexual y con capacidad de matar en grupo. También se le adjudicó una psicosis teológica, con delirios religiosos y de grandeza.

A ese cuadro se sumaron prácticas descritas como vampirismo, sadismo, fetichismo y pedofilia. La violencia del grupo escaló poco después de que ella tomara el mando.

Dos adeptos cansados de los abusos sexuales intentaron abandonar la secta. Los demás seguidores, dominados por el miedo, los denunciaron ante los líderes, y Solís ordenó que fueran ejecutados.

Esos dos hombres fueron linchados por miembros del propio culto. A partir de esos asesinatos, los rituales se volvieron más brutales.

Solís dejó atrás las orgías como centro de las ceremonias y comenzó a exigir sacrificios humanos. Así surgió el llamado ritual de la sangre, que se aplicaba contra integrantes considerados disidentes.

La víctima era golpeada, quemada, cortada y mutilada por miembros del grupo. Después era desangrada hasta morir y en varias ocasiones les sacaban los corazones para comerlos entre los adeptos.

La sangre se recogía en un cáliz y se mezclaba con sangre de pollo. En esos ritos también había sacrificios de animales y consumo de marihuana y peyote.

Solís bebía primero del cáliz. Después hacía beber a los llamados sacerdotes, entre ellos los hermanos Hernández y Eleazar Solís, y al final al resto de los integrantes, bajo la idea de que eso les daría poderes sobrenaturales.

La ceremonia terminaba con la extracción del corazón de la víctima. Para justificarla, el grupo usó referencias a la mitología azteca y sostuvo que la sangre era el único alimento digno para los dioses.

Dentro de esa lógica, presentaron a Coatlicue como la figura divina encarnada por Solís. La promesa era que beber sangre la mantendría joven para siempre.

Las matanzas duraron seis semanas continuas durante 1963. En ese periodo, cuatro personas murieron de esa forma, y en los últimos sacrificios se extrajo el corazón a víctimas que todavía estaban vivas.

La caída del culto comenzó con un adolescente de 14 años

Una noche de mayo de 1963, Sebastián Guerrero, un joven de 14 años, caminaba cerca de las cuevas donde se realizaban los rituales. Las luces y los ruidos lo llevaron a asomarse al interior.

Ahí vio una masacre. Aterrorizado, huyó del lugar y corrió más de 25 kilómetros hasta Villagrán, donde estaba la estación de policía más cercana.

Guerrero llegó exhausto y en estado de choque. Apenas pudo describir a un grupo de personas que, en medio del éxtasis, se reunían para beber sangre humana.

Los policías no le creyeron y tomaron sus palabras como delirios de un muchacho perturbado o drogado. Al día siguiente, el investigador Luis Martínez lo acompañó de regreso para que mostrara el punto donde había visto a los supuestos vampiros.

Ese fue el último día en que Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. Su desaparición obligó a las autoridades a tratar el caso con otra seriedad.

El 31 de mayo de 1963, la policía y el ejército desplegaron un operativo en Yerbabuena. A partir de esa intervención comenzó a hablarse de una secta satánica instalada en la zona.

Durante la operación detuvieron a Magdalena y Eleazar Solís en una finca de la localidad. Ambos tenían en su poder una cantidad considerable de marihuana.

Santos Hernández murió por disparos de la policía al resistirse al arresto. Cayetano Hernández fue asesinado por Jesús Rubio, uno de los integrantes del culto, quien en medio de la crisis quiso apoderarse de una parte del cuerpo de un sumo sacerdote para protegerse.

Después del operativo aparecieron los cadáveres descuartizados de Sebastián Guerrero y Luis Martínez cerca de la finca donde capturaron a los hermanos Solís. Al investigador le habían extirpado el corazón con un método similar al de los sacrificios atribuidos al grupo.

Más tarde fueron localizados los cuerpos desmembrados de otras seis personas en los alrededores de las cuevas. Ese hallazgo consolidó la dimensión criminal del culto.

Magdalena y Eleazar Solís recibieron una condena de 50 años de prisión, pero solo por los homicidios de Guerrero y Martínez. No se pudo acreditar judicialmente su participación en los otros seis asesinatos porque los integrantes detenidos se negaron a declarar.

Muchos miembros de la secta murieron en el tiroteo con la policía tras atrincherarse armados en las cuevas. Los que sobrevivieron y fueron capturados recibieron sentencias de 30 años por seis cargos de asesinato en la modalidad de homicidio en grupo o pandilla, o linchamiento.

En esos procesos, el analfabetismo y la pobreza extrema de varios acusados funcionaron como atenuantes. Años después, algunos exintegrantes hablaron de los horrores cometidos dentro del culto.

• Magdalena Solís encabezó una secta en Yerbabuena en 1963 y fue condenada a 50 años de prisión por dos homicidios.
• El grupo realizó sacrificios humanos, bebió sangre en rituales y dejó al menos ocho muertos, aunque algunas versiones hablaron de 15 víctimas.
• La caída del culto comenzó cuando Sebastián Guerrero, de 14 años, presenció una masacre y corrió más de 25 kilómetros para denunciarla.

Cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar) murieron este martes luego de sufrir un accidente en el que cayeron a un río mientras transitaban por la región de La Pescan, en el municipio de Soto La Marina, en el estado de Tamaulipas.

Primeros reportes señalan que los elementos navales se dirgían de regreso a su base cuando ocurrió el percance, cerca de un lugar conocido como La Draga, situado en el acceso principal a la comunidad de La Pesca.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día en un muelle ubicado en La Pesca, Soto la Marina, lugar al que acudieron autoridades y cuerpos de emergencia para realizar las labores correspondientes.

La zona fue atendida por las corporaciones que participaron en las acciones posteriores al accidente. Hasta el momento, autoridades no han informado qué habría provocado el percance ni han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad de los elementos de la Marina fallecidos.

Américo Villarreal, gobernador del estado de Tamaulipas, confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos de la Secretaría de Marina y expresó sus condolencias a las familias, compañeros y personas cercanas a los marinos.

Por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, lamentó la pérdida de los elementos y señaló que sus familias enfrentan una “irrepatable pérdida”, además de enviarles un mensaje de solidaridad ante lo ocurrido. Hasta el momento no se sabe la identidad de los elementos fallecidos ni mayores detalles sobre el accidente.

“Lamento profundamente la pérdida de cuatro elementos de la Secretaría de Marina. A sus familias, compañeros y seres queridos, les envío un abrazo solidario y mis más sinceras condolencias. Que sus familias encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, posteó el gobernador.

Marina desactiva 300 explosivos en El Rosario, Sinaloa

En otro hecho, la Secretaría de Marina localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones del poblado Agua Verde, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia.

El operativo, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, permitió detectar además 300 kilogramos de material explosivo, con el objetivo de proteger a la población ante el peligro que representaban estos dispositivos.

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló bajo el mando de la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, donde el personal naval estableció un perímetro de seguridad tan pronto identifica los artefactos en la zona rural de Agua Verde.

Minutos más tarde, los equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE) acudieron al sitio tras el reporte, quienes asumieron la tarea de desactivar los artefactos en el lugar y así impedir cualquier traslado riesgoso.

Según la información oficial, los artefactos sin embargo, el volumen y la variedad de los dispositivos suponían un peligro real para los habitantes y quienes transitan en la región.

Hasta el momento, las autoridades continúan con labores de vigilancia en la zona tras el aseguramiento, por lo que reiteraron su compromiso de mantener operativos coordinados para salvaguardar la seguridad de la población y prevenir incidentes similares en Sinaloa.

El municipio de El Rosario, junto con el poblado Agua Verde, permanece bajo observación de las fuerzas federales. La presencia militar busca disuadir la instalación de nuevos artefactos y garantizar la tranquilidad de la población.

La comunidad reconoce la labor de las instituciones federales en la prevención de situaciones que puedan poner en peligro a los habitantes. El operativo refuerza la confianza en las acciones de seguridad implementadas en la región.

El hombre, director de una primaria, detalló una secuencia de hechos que arranca en 2017 y que, según su versión, culminó con él pidiendo permiso judicial para asistir al funeral de su propia hija.

La paternidad que ganó en un juzgado

En noviembre de 2017, el padre de Dafne promovió un juicio de reconocimiento de paternidad en el Juzgado Familiar de Ciudad Mante, bajo el expediente 1526 del mismo año. El 1 de octubre de 2018, el juez dictó sentencia: ordenó registrar a la menor con sus apellidos, fijó una pensión alimenticia equivalente al 30% de su salario y estableció convivencias los fines de semana.

“Yo no estaba huyendo de mi responsabilidad como padre, todo lo contrario”, declaró. “Estaba peleando legalmente para poder ejercerla”, agregó.

Hasta julio de 2019, la relación con su hija avanzaba. Dafne asistió a un curso de verano en la primaria donde él trabaja como director y manifestó querer estudiar ahí su educación básica. Semanas después, todo cambió.

El 3 de agosto de 2019: el día que marcó su vida

El padre de Dafne señaló esa fecha como el punto de quiebre. Ese día llegaron a su domicilio Víctor Paz Jiménez, abogado y asesor de Alejandra Quintos, madre de la menor, junto con la propia Alejandra y dos elementos de la policía.

De ese episodio surgió una acusación de violación. Pero el padre de Dafne subrayó un detalle que, según él, es determinante, quien acudió a presentar la denuncia ante las autoridades no fue Alejandra, sino su abogado Paz Jiménez.

“¿Por qué el abogado de Alejandra intervino directamente desde el origen de la acusación? ¿Por qué llegó acompañado de Alejandra y de dos policías hasta mi domicilio? ¿Por qué esto ocurrió precisamente cuando ya había conseguido judicialmente el reconocimiento de mi hija y mi derecho a convivir con ella?”, mencionó en el video.

Desde ese momento, dijo, “pasé de pelear por convivir con mi hija a pelear ya por mi libertad”.

Su madre, Nora Silvia, denunció a Alejandra Quintos por allanamiento de morada. Ese procedimiento quedó registrado en la carpeta 32 del 2021 y tuvo consecuencias concretas, Alejandra solicitó una suspensión condicional del procedimiento, pagó una reparación del daño y ofreció una disculpa pública a la abuela de Dafne.

“No estamos hablando solamente de mi versión”, señaló. “Mi mamá denunció legalmente lo que pasó en su domicilio y este procedimiento trajo consecuencias para Alejandra.”

Dos años en prisión y una extorsión con precio

El 4 de octubre de 2019 se ejecutó una orden de aprehensión en su contra. El padre de Dafne ingresó a prisión preventiva, donde permaneció más de dos años.

Desde adentro, su familia comenzó a recibir presiones. Primero, Paz Jiménez promovió un cobro por alimentos retroactivos de 80 mil 224 pesos. Como condición para poder siquiera negociar su libertad, la madre tuvo que pagar 100 mil pesos ante el juzgado, sin que existiera sentencia ni notificación formal, según afirmó.

Tras ese pago, la familia acudió a la Fiscalía. Ahí, en presencia del entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica, hoy socio de Víctor Paz, según el testimonio, le transmitieron a la madre una lista de exigencias, una casa, un automóvil, 550 mil pesos, una pensión vitalicia y una plaza docente.

“¿Por qué negociaba esto? Sabía que esas cosas nunca pasaron. Sabía que era una mentira. Sabía que la carpeta la estaban fabricando.”

La familia no aceptó. El Ministerio Público formuló acusación por violación y solicitó una pena de 45 años de prisión.

Los audios y el mensaje que él convierte en preguntas

El padre de Dafne mencionó la existencia de audios en los que Alejandra habla de “evitar que una carpeta salga” y de no querer continuar con “algo que ya estaba tan avanzado”. También refirió un mensaje privado que ella le envió, “Gabriel, perdóname, te amo”.

Con base en esos elementos, lanzó preguntas directas a Alejandra Quintos:

“Si esos audios se refieren a la misma carpeta por la que yo estuve privado de mi libertad, considero que estamos frente a algo extremadamente grave que las autoridades tienen la obligación de investigar. Si tú mencionaste eso, Alejandra, sabes que la denuncia es falsa.”

Y sobre el mensaje privado fue directo: “Este mensaje era un claro arrepentimiento. ‘Perdóname’. Y hoy te pregunto: ¿perdón por qué, Alejandra?”, dijo.

El funeral de Dafne y la recaudación que cuestiona

El 17 de julio de 2026, a las seis de la mañana, le informaron que su hija había muerto. Llamó a Alejandra de inmediato. Ella confirmó la noticia y dijo no tener dinero para el funeral. Él asumió todos los gastos: la caja, el espacio en el panteón y los trámites ante el Ministerio Público para el traslado del cuerpo desde el anfiteatro.

Mientras tanto, Alejandra realizaba una recaudación pública en redes sociales solicitando dinero para los gastos funerarios, cuando según el padre de Dafne todo ya estaba cubierto.

“Yo le pedía únicamente: ‘Enfócate, ve por mi hija. Hay que sacarla de ahí, del anfiteatro’. Pero ella estaba dando entrevistas a los medios, estaba haciendo una recaudación.”

Por la causa penal abierta en su contra, tuvo que solicitar autorización al juez para asistir al sepelio. Ya en el funeral, pidió que los medios no fotografiaran a Dafne en el ataúd. Una imagen de la menor circuló de todas formas.

“Ni siquiera pude despedirme en paz de mi hija”, dijo.

Lo que pide que se investigue

El padre de Dafne no solicitó un juicio en redes sociales. Exigió una investigación formal sobre el origen de la acusación del 3 de agosto de 2019, la intervención de Víctor Paz Jiménez desde el inicio del proceso, la carpeta 32 del 2021, los pagos realizados por su familia y las exigencias económicas que atribuye al entonces agente del Ministerio Público Edmundo Malpica.

“Fui acusado, fui encarcelado, fui separado de mi hija y hoy mi hija ya no está”, afirmó. “El tiempo que no pude estar con ella nadie me lo va a regresar, pero todavía se puede saber la verdad y con esto no me voy a detener.”

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria detalló que se reunió con los padres de la joven en su visita a Ciudad Madero del fin de semana.

Su encuentro se llevó a cabo luego de que un grupo de familiares, vecinos y los padres de la joven realizaron una protesta en la que exigieron su libertad. Al respecto, la presidenta dijo que algunos de los manifestantes le gritaban “Fuera, fuera”, por lo que se regresó y les preguntó la razón de sus consignas.

Los familiares y padres de Danna Yanina le explicaron a la presidenta que estaban exigiendo su libertad porque, aseguraron, no está involucrada en el feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido el pasado 16 de julio en las instalaciones de la academia.

Ernestina Godoy analizará si la joven también tiene alguna condición de víctima en el caso

Sheinbaum detalló que luego de la inauguración del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar de Ciudad Madero se reunió con los padres de Danna Yanina “N” para escuchar sus peticiones.

Ante sus denuncias, la presidenta informó que le solicitó a la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, que investigue la detención de la joven debido a que también podría ser una víctima dentro de la academia militarizada.

“Recibí a los padres de familia, ya adentro del hospital hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso para ver cuál era la condición de la joven”, explicó.

Sheinbaum explicó que el caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE), pero su solicitud a Godoy se debería a su posible condición de víctima.

“Está en la fiscalía estatal, también el gobernador (Américo Villarreal) va a hacer lo propio, pero yo le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso porque a lo mejor la joven también es víctima y no necesariamente participó en este proceso”, señaló la presidenta.

El caso de Dafne Zapata suma tres detenidos

Dafne Zapata, de 13 años de edad, falleció el pasado 16 de julio en las instalaciones de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. La joven llevaba cuatro días en internamiento porque comenzó un curso de verano en la institución.

Su madre, Alejandra Quintos, denunció desde el primer momento que tanto la encargada de cuidar a los alumnos, identificada como Estrellita “N”, así como el director de la academia, Jorge Luis “N”, le aseguraron que su hija se había desvanecido en el baño y que ya no había respondido.

Sin embargo, la necropsia realizada por las autoridades determinó que su fallecimiento se debió a asfixia por sumersión. Ante las denuncia de la madre y de que difundió el caso, decenas de alumnos y exalumnos también destaparon otros abusos que se vivían al interior de la academia.

Tanto Estrellita “N” como Jorge Luis “N” se encuentran detenidos y vinculados a proceso, así como Danna Yanina “N”, quien es exalumna de la academia y a quien señalan de haber estado implicada en el feminicidio de Dafne Zapata.

En días pasados, Alejandra Quintos dijo que luego de leer la carpeta de investigación pudo identificar que existen datos que señalan con fundamento la presunta implicación de Danna Yanina “N” en el feminicidio de su hija, pero que serían las autoridades quienes deberán determinarlo.

“Deténganse, vamos a escuchar a la señora”

Según relató Sheinbaum, la comitiva presidencial avanzaba entre una multitud cuando notó a la mujer visiblemente alterada. Pese a la tensión del momento, la Presidenta pidió detener la marcha:

“Le pedí al compañero que maneja esto: a ver, vamos a detenernos para escuchar a la señora porque está tan enojada... se tuvo que dar la vuelta porque había muchísima gente, al principio no la encontrábamos, hasta que al final dijimos: a ver, traigan a la señora para ver qué problema tiene.”

De acuerdo con la mandataria, la mujer le pegaba a la camioneta y gritaba “fuera, fuera”, lo que generó confusión inicial sobre el motivo de su enojo.

Un conflicto vecinal de más de una década

Lejos de tratarse de un reclamo político, Sheinbaum explicó que la molestia de la mujer respondía a un conflicto de origen municipal y estatal que, según la propia afectada, se arrastra desde 2012.

La Presidenta detalló los puntos centrales del caso:

• La mujer acusa a unos vecinos de ser responsables de un conflicto de propiedad.
• Denuncia que le construyeron una barda que afecta su terreno.
• El problema, según Sheinbaum, es de competencia municipal y estatal, no federal.

“Estaba tan enojada que no nos dio, digamos, de manera paciente. Le dije: a ver, déjeme tomar su nombre. No quiso dar su nombre. Bueno, dígame en qué lugar es”, relató la mandataria sobre el intento de calmar la situación para poder ayudarla.

Sheinbaum pide intervención al gobernador

Tras escuchar el reclamo, la Presidenta aseguró que solicitó la intervención directa de las autoridades locales para atender el caso:

“Le pedí al gobernador que la Fiscalía o la policía intervinieran para que fueran a su casa.”

Sheinbaum indicó que, de acuerdo con la información que recibió, las autoridades ya acudieron al domicilio de la mujer un día después del incidente para dar seguimiento a su denuncia.

“No solo estaba molesta conmigo”

La propia Presidenta aclaró que la mujer no dirigía su enojo exclusivamente hacia ella, sino también hacia la prensa y hacia el resto de las personas presentes. “Ella también estaba muy molesta con los reporteros, estaba molesta con todos, no solamente con la Presidenta... era su manera de expresarse”, explicó Sheinbaum.

La mandataria remató el relato asegurando que su forma de actuar ante este tipo de situaciones es buscar directamente el origen del problema: “Si alguien me dice algo, pues busco la manera de conocer cuál es el problema y buscar una solución”.

Concluye la conferencia de prensa

La presidenta reafirmó su compromiso por mejorar el acceso a salud para los mexicanos, señalando que en el país es cada vez más común que la población padezca enfermedades como diabetes.

Mexicana de Aviación llegará a su punto de equilibrio, “ya cuando estén los 20 aviones aquí, porque cuando tienes una flota mejor, pues tienes costos de variabilidad”.

Claudia Sheinbaum dijo que su gira por Tamaulipas fue buena, destacó los proyectos que se inauguraron, como el Hospital de Ciudad Madero.

La mandataria explicó que cuando le gritaron “Fuera, fuera”, se regresó y preguntó “¿Por qué?“, que según Sheinbaum, la población estaba molesta por la detención de Dana, adolescente vinculada al homicidio de Dafne Zapata.

Sheinbaum contó que también atendió a madres buscadoras en Tamaulipas, tras ser interceptada en su girta por el estado.

Aclaró que la mujer que pateó la camioneta en la que viajaba, está siendo atentita con su denuncia sobre despojo.

La jefa del Ejecutivo adelantó que la próxima semana las titulares de Semarnat y del programa Sembrando Vida asistirán a La Mañanera del Pueblo, para detallar los avances que se han dado durante los últimos 8 años respecto a la reforestación en México.

La presidenta dijo que en el nuevo periodo, enviará al Senado de la República para tribunales agrarios y del tribunal administrativo superior.

“Sí vamos a enviar todas las propuestas buscando que sean personas que conozcan de la propiedad civil”, expresó la presidenta.

Claudia Sheinbaum confirma la muerte de pareja mexicana en Colombia; indicó que la cancillería se mantiene en contacto con sus familiares y que esta incluso ya fue trasladada al país.

En cuanto al apoyo, Sheinbaum dijo que continúa el envío de despensas, respondiendo a la solicitud del gobierno colombiano.

La presidenta indicó que desconoce la cifra de personas mexicanas que viajan a Estados Unidos para tener un hijo en dicho país. Afirmó que, de que existan casos, son pocos, y dijo que investigará esta situación.

La jefa de Estado sostuvo que “es importante que se conozca que se propongan en la red noticias falsas a partir del dinero y del uso de robots en las redes”. Recordó que durante el abatimiento de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’ se difundieron a nivel internacional imágenes falsas, situación que, según la presidenta, tras una investigación, se detectó que el origen era de cuentas de redes sociales.

La clase masiva de box que se realizó en las 32 entidades, fue un éxito. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que más de 30 mil jóvenes están integrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y participan en las clases de boxeo.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, anunció que, en respuesta a la petición presidencial, se amplió la oferta para que jóvenes puedan estudiar a nivel medio superior. Para el año 2026, se van a construir y ampliar 485 escuelas, el objetivo es conseguir 200 mil lugares nuevos hasta alcanzar la meta sexenal de 400 mil.

Recordó que el Bachillerato Nacional Margarita Maza tiene abierta la incripciones.

/mexico/2026/08/17/abren-inscripciones-para-bachillerato-nacional-margarita-maza-asi-puedes-registrarte-hoy/

Mario Delgado invitó a la ciudadanía a participar en el primer foro para la regulación de dispositivos digitales en niñas, niños y adolescentes, el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de agosto a las 9:00 horas en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

La presidenta señaló que tendrá más invitados en La Mañanera del Pueblo, para que expliquen qué alternativas podría tomar México para asegurar que las niñas, niños y adolescentes no vean contenido indeseado o de abuso sexual.

Asimismo, recordó que la regulación del uso de dispositivos en la niñez y juventud mexicana estará en diálogo y debate, para que se llegue a un consenso sobre las medidas que se pueden seguir.

De acuerdo con el especialista, aún no se conocen todas las afectaciones en la salud de los adolescentes por el uso de plataformas digitales; sin embargo, entre las que se conocen:

• Falta de sueño
• Pérdida de atención
• Problemas cardiovasculares
• Autoestima.

Ravi Iyer llamó a los padres de familia a monitorear el contenido que sus hijos suelen consumir en dichas plataformas.

Dr. Ravi Iyer, tecnólogo, aseguró que las plataformas digitales tienen la posibilidad de ser mejor diseñadas; sin embargo, actualmente, como están diseñadas, son dañinas para la niñez, como:

• Uso no deseado excesivo.
• Contacto no solicitado a los niños (propuestas sexuales).
• Contenido sexual no deseado o dañino.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP) anunció que el próximo 24 y 25 de agosto, durante la junta de consejo técnico, a petición presidencial, todos los maestros y maestras opinen sobre el uso de dispositivos digitales en las aulas de los niveles escolares: inicial, básico, media superior.

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que faltan quince días para que dé su segundo informe de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo el nuevo Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, Tamaulipas, una unidad que tendrá capacidad para beneficiar a más de 500 mil personas de la región sur de Tamaulipas y localidades cercanas del norte de Veracruz.

El hospital, denominado “Heriberto Espinosa Rosales”, comenzó a construirse en 2015, pero permaneció inconcluso durante varios años. Su puesta en marcha representa la conclusión de un proyecto esperado por más de una década y permitirá ampliar los servicios médicos gratuitos para la población que no cuenta con seguridad social.

La ceremonia, realizada en el sector Miramápolis de Ciudad Madero, fue encabezada por la mandataria federal junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, además de autoridades federales, estatales y municipales.

Hospital de Ciudad Madero tendrá 90 camas y cuatro quirófanos

El nuevo Hospital General de Ciudad Madero cuenta con 90 camas censables, es decir, espacios destinados a pacientes que requieren hospitalización y seguimiento médico, además de alrededor de 70 camas no censables para áreas como urgencias, recuperación y procedimientos ambulatorios.

La infraestructura hospitalaria dispone también de cuatro quirófanos, consultorios y servicios de diagnóstico. Entre las áreas previstas se encuentran cirugía general, medicina interna, ginecología, pediatría, traumatología, anestesiología, urgencias, laboratorio e imagenología.

De acuerdo con la información difundida durante el proceso de apertura, el nosocomio ofrecerá al menos 21 especialidades médicas. Autoridades estatales habían señalado previamente que, conforme avance su operación, podría convertirse en una unidad regional y universitaria con una cartera de hasta 32 especialidades.

La apertura de sus servicios se realizará de manera progresiva. Antes de la inauguración oficial, el hospital ya había otorgado su primera consulta de especialidad en el área de cirugía general, como parte de las pruebas y del inicio gradual de actividades.

Su entrada en funcionamiento permitirá disminuir la presión sobre otras unidades médicas del sur de Tamaulipas, particularmente aquellas ubicadas en Tampico, Ciudad Madero y Altamira. También dará atención a pacientes procedentes de municipios del norte de Veracruz debido a la cercanía y conexión regional.

Una obra iniciada en 2015 y retomada ocho años después

La construcción del hospital comenzó en 2015, pero enfrentó retrasos, problemas administrativos y periodos de abandono que impidieron su conclusión en los plazos originalmente establecidos. El proyecto fue retomado en 2023 y posteriormente quedó incorporado al proceso de federalización de los servicios de salud mediante el modelo IMSS-Bienestar.

Durante una supervisión realizada en julio de 2025, el Gobierno federal informó que la obra presentaba un avance de aproximadamente 85% y que se destinarían recursos adicionales para concluirla, equiparla y contratar al personal necesario. En ese momento se reportó una inversión inicial de al menos 625 millones de pesos.

Estimaciones posteriores elevaron a más de 750 millones de pesos los recursos destinados al proyecto, al considerar los trabajos de construcción, adecuación de espacios y adquisición de equipo médico. La unidad fue diseñada para sustituir y ampliar las funciones del antiguo Hospital Civil de Ciudad Madero, cuya infraestructura acumulaba décadas de operación.

El nuevo complejo lleva el nombre del doctor Heriberto Espinosa Rosales, médico vinculado con la historia de la atención hospitalaria en el municipio. El antiguo Hospital Civil que también llevaba su nombre comenzó a brindar servicios durante la década de 1930.

Sheinbaum destaca fortalecimiento de la atención médica gratuita

Durante la inauguración, Claudia Sheinbaum sostuvo que la conclusión de hospitales abandonados forma parte de la estrategia de su administración para fortalecer el sistema público de salud y garantizar que la atención médica sea considerada un derecho, no una mercancía.

El hospital funcionará bajo el modelo del IMSS-Bienestar, organismo encargado de brindar consultas, medicamentos, estudios y hospitalización de manera gratuita a personas sin afiliación al IMSS o al ISSSTE en las entidades incorporadas al sistema.

Por su parte, Américo Villarreal destacó la coordinación entre el Gobierno de Tamaulipas y la Federación para recuperar el proyecto. El mandatario estatal señaló que la nueva unidad incrementará la capacidad de consultas, cirugías y atención especializada en una de las zonas con mayor concentración poblacional de la entidad.

La apertura del hospital formó parte de una gira de tres días de Sheinbaum por Tamaulipas. Un día antes, la presidenta también encabezó la inauguración del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, con lo que el Gobierno federal busca ampliar simultáneamente la infraestructura para derechohabientes y población sin seguridad social.

Con la puesta en operación del nosocomio de Ciudad Madero, las autoridades federales prevén mejorar la atención de urgencias, reducir los traslados a otras ciudades y ofrecer diagnósticos y tratamientos especializados a habitantes de toda la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

La presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un momento de tensión durante su gira por Tamaulipas, luego de que una mujer interceptara la camioneta en la que se trasladaba y rechazara el saludo de la mandataria.

El incidente ocurrió en Tampico y quedó registrado en video. La ciudadana, visiblemente molesta, aprovechó que la ventanilla del vehículo estaba abajo para reclamar a Sheinbaum por un presunto conflicto relacionado con la propiedad de un terreno.

“No, no, no, yo no te doy la mano”, respondió la mujer cuando la presidenta intentó saludarla.

Posteriormente, le exigió intervenir en el caso: “Yo quiero que resuelvas el robo de propiedad de mi terreno. Daño de mi terreno”.

Sheinbaum intentó conocer los detalles de la denuncia y pidió a la mujer que proporcionara su nombre y la dirección donde, según su relato, ocurrían los hechos. La ciudadana, sin embargo, mantuvo el tono de confrontación y reclamó que las autoridades atendieran su situación.

“Resuélvelo y punto”, insistió.

La presidenta tomó nota de los datos que la mujer le proporcionaba y le pidió en varias ocasiones que precisara la dirección. Antes de retirarse, la ciudadana volvió a reclamarle: “Tú le debes al pueblo; a mí no me quieres ver la cara”.

El intercambio terminó cuando la mujer se alejó del vehículo presidencial.

Protestas durante su gira

El episodio ocurrió durante una gira de Sheinbaum por Tamaulipas que también estuvo marcada por manifestaciones ciudadanas.

En Tampico, personas protestaron durante la inauguración de la primera etapa de un hospital del ISSSTE y exigieron atención al caso de Dafne Zapata, adolescente cuyo fallecimiento derivó en un proceso penal. Los manifestantes utilizaron consignas como “¡Liberen a Danna!”.

En Reynosa también se registraron reclamos y abucheos durante actividades encabezadas por Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal.

Sheinbaum defiende a Andrés Manuel López Beltrán

Durante la misma gira, Sheinbaum se refirió a la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán. Sin mencionar directamente al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el documento migratorio no determina el valor de una persona.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, en reconocer la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona”, declaró.

La presidenta agregó que una visa únicamente permite ingresar a otro país y reiteró su postura de defensa de la soberanía nacional.

Las declaraciones ocurrieron después de que López Beltrán informó que Estados Unidos le retiró el documento y cuestionó públicamente al presidente Donald Trump.

Américo Villarreal vuelve a negar retiro de su visa

Durante la jornada, el gobernador Américo Villarreal también fue cuestionado por periodistas sobre los señalamientos relacionados con su visa estadounidense.

Ante la pregunta sobre si todavía cuenta con el documento, respondió molesto: “Ya la enseñé veinte veces”.

Villarreal evitó pronunciarse sobre el caso de López Beltrán y pidió a los medios concentrarse en la agenda presidencial en Tamaulipas.

“Vine a ver los grandes avances y todo lo que nos viene a apoyar la presidenta. Creo que ese es el tema que debías de estar cubriendo”, respondió.

Sheinbaum y Américo Villarreal destacan acueducto

Acompañada del gobernador Américo Villarreal, la mandataria comentó que la presa “Vicente Guerrero” que tiene una extensión de 54.7 kilómetros cuenta con una planta potabilizadora, construcción que está a cargo de autoridades federales y estatales.

Mientras que el Gobierno de México tiene a su cargo la construcción del acueducto, con el que buscan garantizar 750 litros por segundo adicionales a los mil 500 actuales.

“Esta es la presa Vicente Guerrero, que es principalmente para riego, pero ya tiene un acueducto que se hizo cuando el papá de Américo Villarreal fue gobernador, el ingeniero Villarreal. Y ahora estamos haciendo un segundo acueducto que tiene 54.7 kilómetros”, comentó Sheinbaum a través de un video publicado en sus redes sociales.

El gobernador de Tamaulipas detalló que esta obra asegura el abasto de agua hasta por 30 años, por lo que se considera una obra estratégica en el estado.

Sheinbaum entrega apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro

Desde Ciudad Victoria, la mandataria mexicana encabezó la entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), el cual acumula 3.6 millones de derechohabientes.

El esquema ofrece 9 mil 582 pesos mensuales durante un año, seguro médico del IMSS y acceso al mercado laboral. Sheinbaum subraya que el objetivo no termina con la beca, sino que la meta es que los jóvenes se queden en el centro de trabajo donde se capacitaron, o que el año de experiencia les abra puertas en otro empleo.

La presidenta enmarcó el programa como una ruptura con lo que llamó los gobiernos neoliberales, en los que la educación operó como mercancía y se dejaron de construir preparatorias y universidades públicas. “El México de los derechos y no de los privilegios se está recuperando”, dijo.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, agradeció la visita y destacó a los jóvenes tamaulipecos por sus resultados en las Olimpiadas Nacionales de la Conade y por representar a México en competencias de conocimiento en Corea y Turquía.

Inauguran primera etapa del Hospital General del ISSSTE en Tampico

Más tarde, la presidenta de México encabezó la inauguración de la primera etapa del nuevo Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas, obra que beneficiará a 564 mil 457 derechohabientes. El recinto sustituye al viejo hospital de la ciudad y eleva de 20 a 37 los consultorios de especialidades, con una farmacia diez veces más grande y el 100% de las claves que le corresponden.

“Cualquier mexicana y mexicano debe atenderse en una institución pública de manera gratuita, no importa si tiene una enfermedad menor o si tiene una enfermedad sumamente grave”, afirmó.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, detalló que el nuevo hospital suma 250 camas y agrega 20 servicios médicos, entre ellos una sala de hemodinamia, resonancia magnética, hemodiálisis peritoneal e hidroterapia. Precisó que en seis sexenios previos el instituto generó mil 664 camas censables, cifra que los dos periodos de la Cuarta Transformación superarán con más de 2 mil.

El escándalo de la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, ha reavivado los cuestionamientos a políticos a los que se especula Estados Unidos también les habría retirado el documento, tal es el caso del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien este 15 de agosto de 2026, fue increpado por medios de comunicación y una vez más, negó que se encuentre en la misma situación que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Tienes visa, gobernador?”, preguntó la prensa a Villarreal Anaya, quien contestó molesto: “Ya la enseñé veinte veces”. También fue consultado sobre su opinión por el tema de Andy, a lo que respondió que la cobertura de medios locales debería estar centrada en la agenda que tiene prevista la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado este fin de semana y no en el tema que ha cimbrado a la política mexicana esta semana:

“Vine a ver los grandes avances y todo lo que nos viene a apoyar la presidenta. Creo que ese es el tema que debías de estar cubriendo”.

Américo Villarreal y Alfonso Durazo sin visa

El pasado 3 de junio, el diario Los Angeles Times publicó un artículo donde aseguraba que de acuerdo a sus fuentes, el gobernador de Tamaulipas y el de Sonora, Alfonso Durazo, estarían bajo investigación de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Lo anterior, sería el motivo de peso para que el gobierno de Donald Trump les retirara la visa a ambos mandatarios, además, la publicación precisaba que Américo Villarreal estaría siendo acusado por contrabando de hidrocarburo ilegal, también conocido como huachicol fiscal.

Los señalamientos trascendieron debido a que ambos gobernadores estarían cooperando como informantes del gobierno estadounidense, el cual les habría otorgado libertad condicional para seguir desarrollando sus funciones en la administración de Sheinbaum.

El gobernador de Tamaulipas salió a mostrar su visa, pero eso no le da validez

El gobernador de Tamaulipas negó que su visa para ingresar a Estados Unidos esté cancelada, luego de que medios estadounidenses publicaran que el documento habría sido revocado. Américo Villarreal mostró ante la prensa su visa y argumentó que no ha recibido notificación alguna de cancelación o revocación por parte de autoridades estadounidenses. Además, rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas y calificó como infundadas las acusaciones sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

A pesar de la exhibición del documento, información confirmada por la periodista Adela Navarro Bello y fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos indica que, aunque Villarreal Anaya conserva la visa física, en el sistema estadounidense aparece como cancelada.

Según Navarro Bello, esta situación no sería inédita, pues incluso con el documento en mano, la visa deja de ser válida en cuanto la anulan en los registros del gobierno de Estados Unidos. Así, el simple hecho de mostrar el documento ante medios no equivale a tener acceso garantizado al territorio estadounidense.

La revocación de visas se ha convertido en una constante en contra de morenistas y la decisión genera especulación sobre la verdadera motivación del gobierno estadounidense para retirar el documento, ya que hasta la fecha no ha emitido posicionamiento que esclarezca la cancelación a personajes como Andy López Beltrán, lo que fomenta el aumento de señalamientos en su contra.

Acusan falta de atención en materia de desaparecidos en Tamaulipas

Previo al evento de entrega de viviendas, acompañada de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, y del gobernador Américo Villarreal, las buscadoras acusaron que la reunión prometida hace tiempo con el mandatario estatal no se ha llevado a cabo, por lo que instaron a sumar esfuerzos en materia de búsqueda de personas.

Increpada en el vehículo donde se trasladaba, la presidenta atendió a las mujeres, quienes con oficio en mano le dieron la bienvenida y procedieron a transmitirle su demanda:

“Tenemos un centro de identificación humana que no está en operación y queremos el apoyo para que nos puedan aperturar el centro para todas las personas desaparecidas y las puedan tener registradas. Nos puede apoyar con el gobernador Américo Villarreal a que nos reciba, no se ha decidido hacerlo, la última vez que vino, no se ha decidido todavía”.

Colectivos identifican 80 sitios de exterminio

Cabe destacar que Tamaulipas se encuentra como uno de los estados con mayor registro de personas desaparecidas, cifras oficiales indican que hay 13 mil 851 registros con este estatus, por lo que las familias buscan que el gobierno estatal implemente medidas paran llevar a cabo la identificación de restos humanos, ya que se tienen identificados 80 sitios de exterminio.

Entre las peticiones realizadas a la mandataria mexicana está el aumento de presupuesto para la búsqueda de personas y la atención a querellas que han presentado.

La denuncia central gira en torno a la lentitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde el proceso de identificación de restos humanos puede llevar años, lo cual va en contra de la dignificación de las víctimas, lo que fomenta la falta de acceso a la verdad y justicia de sus familiares.

El documento entregado a Sheinbaum contiene la denuncia sobre presuntos actos de extorsión por parte de servidores públicos, ya que el colectivo ha detectado que las autoridades ponen condiciones económicas para realizar la búsqueda.

Por lo anterior, exigieron al gobierno federal la realización de una auditoría que esclarezca la situación mencionada, así como llevar a cabo la contratación de personal capacitado para atender a las y los familiares de víctimas de desaparición forzada.

A la reunión solicitada con la titular del Ejecutivo Federal también buscan que esté la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el gobernador de Tamaulipas, para brindar atención a las demandas presentadas y plantear acciones para atender la problemática en el estado.

Las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registran a 134 mil 230 personas desaparecidas y no localizadas en México; las entidades que se encuentran señaladas como puntos rojos son: Tamaulipas, Jalisco (12,958) y Tlaxcala (192).

Este viernes 14 de agosto un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada contra Sirenio “N”, hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra, una niña de 11 años con residencia en Matamoros, Tamaulipas.

La autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que el hombre permanecerá tras las rejas. El delito que se le imputa es violación equiparada agravada.

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) obtuvo la vinculación a proceso tras presentar ante el juez de control los datos de prueba que implicaron al imputado en los hechos. Los presuntos abusos habrían ocurrido en un domicilio de una colonia al sur poniente del municipio.

Sirenio “N” fue detenido el pasado 13 de agosto por elementos de la fiscalía del estado, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Cabe señalar que el ahora procesado y la madre de la víctima habían denunciado en medios de comunicación a terceros como responsables del crimen, el cual también dejó como resultado el embarazo de la niña de 11 años.

Fue la abuela de la menor quien señaló directamente a Sirenio “N” como culpable desde que se dio a conocer la violación.

Niña ingresó al IMSS con embarazo de 20 semanas; médicos no lo detectaron en consultas previas

La situación se hizo pública el pasado 5 de agosto, cuando la menor ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros por supuestos dolores estomacales. Fue en ese centro médico donde se confirmó que cursaba un embarazo de aproximadamente 20 semanas.

La madre de la niña relató al medio Imagen Noticias que desde cuatro meses antes notaba que su hija vomitaba con frecuencia y su vientre se endurecía, por lo que la llevó al médico.

Según declaraciones, los especialistas le dijeron que no fuera exagerada: “Era cuestión de cambio hormonal, que por eso se inflamaba su pelvis”, recordó.

No fue sino hasta la visita del 5 de agosto al IMSS cuando el personal médico detectó el embarazo y alertó a las autoridades.La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día.

El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.

DIF Matamoros asumió la custodia de la menor tras la interrupción legal del embarazo

El 11 de agosto, a las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS, de acuerdo con reportes previos de Infobae.

La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor, conforme a la NOM-046-SSA2-2005, que contempla el acceso a la interrupción del embarazo cuando este es consecuencia de una violación.

Hugo Gutiérrez, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó a medios de comunicación que la menor se reportó estable tras el procedimiento.

Según reportes, tras recibir el alta la niña será llevada a la Casa Hogar del Niño Matamorense, donde el DIF mantendrá su custodia legal.

Sirenio “N” negó su responsabilidad, señaló a terceros

Antes de su detención, Sirenio “N” ofreció declaraciones a Imagen Noticias en las que negó ser el responsable del abuso y argumentó que la niña había mencionado a varios hombres del entorno familiar: “No se sabe quién realmente es. Yo me siento como su papá porque la estoy criando como su papá”, afirmó.

La madre de la menor también señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles agresores, mientras que la abuela apuntó directamente a Sirenio “N”. En días previos a su captura, el ahora procesado abandonó el domicilio donde vivía con la víctima y su madre, llevándose todas sus pertenencias.

Además, a Sirenio “N” se le acreditó un antecedente penal en Florida, Estados Unidos: una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años. Tras esa sentencia, fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.

Durante todo el proceso, las autoridades pidieron a los medios de comunicación manejo cuidadoso del caso y respeto al interés superior de la niñez, en atención también a la familia de la menor.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se lanzó contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras los recientes aseguramientos de hidrocarburos en la entidad.

De acuerdo con el legislador morenista, durante la administración de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas –de 2016 a 2022–, inició el robo de combustibles en la entidad, algo que es conocido coloquialmente como “huachicol”.

“Él inició con esta actividad ilícita en Tamaulipas. Lo niega, pero aquí está la evidencia”, acusó el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ligan huachicol con predio de contratista de Tamaulipas

Sergio Gutiérrez hizo tales señalamientos al referirse a los antecedentes contractuales de Maytrack S.A. de C.V., dueña del predio donde el pasado 21 de julio autoridades federales aseguraron tres millones 769 mil litros de hidrocarburo.

Según la versión del morenista, la compañía recibió contratos por 208 millones de pesos del gobierno de Tamaulipas en los años 2017, 2018 y 2019, periodo correspondiente a la administración del político panista.

Pone en la mira al subsecretario de Obras Públicas de Cabeza de Vaca

En sus redes sociales, Gutiérrez Luna expresó lo siguiente:

“Cabeza de Vaca y los casi cuatro millones de litros de combustible encontrados en la refinería ilegal en Reynosa, ¿qué relación tienen? Maytrack S.A. de C.V, la empresa propietaria del terreno donde estaba la refinería ilegal recibió contratos del Gobierno de Tamaulipas en los años de 2017, 2018 y 2019, por 208 millones de pesos cuando Cabeza de Vaca era gobernador.

“Esta empresa huachicolera, Maytrack, recibió los contratos de Reynaldo Garza Gómez, en ese tiempo subsecretario de Obras Públicas, prestanombres y asesor financiero de Cabeza de Vaca. La relación de la empresa huachicolera con Cabeza de Vaca y su grupo es de aquel momento y de ahora; siempre le hemos dicho, él inició con esta actividad ilícita en Tamaulipas, lo niega, pero aquí está la evidencia, la vaca que presume todos los días”, compartió el diputado.

Gutiérrez Luna también compartió documentos que, de acuerdo con lo expuesto por él, corresponden a contratos por pavimentación, así como trabajos de conservación y rehabilitación de calles y caminos en San Fernando, Camargo, Mier y otros municipios.

Respecto al inmueble señalado, éste se ubica en los lotes 2 y 19 de Quintana Campestre Las Magnolias, en Reynosa, Tamaulipas.

Aseguran más de tres millones de hidrocarburos en Reynosa

Los dichos de Sergio Gutiérrez Luna tienen su origen en el trabajo hecho por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SPSC), que reportó que durante la intervención federal fueron asegurados 13 tractocamiones con autotanques, 11 contenedores de acero, siete tanques verticales de almacenamiento y tres millones 769 mil litros de hidrocarburo.

También aseguraron ocho motobombas, tres generadores de energía eléctrica, una caja seca, un remolque tipo plataforma, seis equipos de cómputo, tres cámaras de videovigilancia, dos antenas de internet y un vehículo.

Cabe señalar que el Gabinete de Seguridad Nacional ha informado sobre cuatro intervenciones en Reynosa, entre el 29 de marzo y 22 de julio de 2026. En conjunto, las autoridades detallaron que han asegurado cerca de siete millones de 313 mil 500 litros de hidrocarburos.

El pleito entre Morena y el PAN por el huachicol se ha trasladado al terreno político, ya que de acuerdo con Sergio Gutiérrez Luna, con Francisco García Cabeza de Vaca comenzó el robo de combustibles en Tamaulipas.

Una madre de familia entregó voluntariamente a su bebé de apenas ocho meses de edad al Sistema DIF Tampico, Tamaulipas, luego de reconocer que ya no contaba con los recursos económicos ni condiciones necesarias para continuar al frente del cuidado de la menor.

De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tampico, la mujer acudió directamente ante la dependencia para solicitar apoyo y encontrar una alternativa que permitiera garantizar el bienestar y la seguridad de su hija.

La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tampico, Dulce Imelda Marcial Cruz, explicó que la madre manifestó tener otros hijos, circunstancia que habría complicado su capacidad para continuar atendiendo las necesidades de la bebé.

La madre acudió voluntariamente al DIF Tampico

Ante la petición de la mujer, personal del organismo asistencial puso en marcha los protocolos establecidos para proteger a la menor y garantizar que permaneciera en un entorno seguro.

La bebé fue ingresada a una casa hogar, donde permanecerá bajo resguardo y recibirá los cuidados correspondientes mientras las autoridades determinan cuál será su situación jurídica.

La funcionaria precisó que el caso no fue considerado como abandono, debido a que la madre se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y solicitó directamente la intervención del DIF.

Esta diferencia resulta relevante, ya que, de acuerdo con lo explicado por la dependencia, la mujer tomó la decisión de acudir ante las instituciones para buscar una alternativa de protección para su hija, en lugar de dejarla sin cuidados o desentenderse de su situación.

Autoridades definirán la patria potestad de la menor

A partir de este momento comenzará un procedimiento legal mediante el cual las autoridades deberán analizar las circunstancias particulares del caso y determinar la situación de la patria potestad de la bebé.

Durante este proceso, el DIF Tampico continuará brindando acompañamiento y protección a la menor, mientras se llevan a cabo las diligencias necesarias para establecer qué alternativa resulta más adecuada para garantizar sus derechos.

El procedimiento deberá considerar en todo momento el interés superior de la niñez, principio que obliga a las autoridades a priorizar la seguridad, integridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La bebé podría iniciar un proceso de adopción

Una vez que se agoten las etapas jurídicas correspondientes, y únicamente si las autoridades determinan que legalmente procede, la menor podría quedar en condiciones de iniciar un proceso de adopción.

Esto significaría que, después de cumplir con los requisitos y determinaciones establecidos por la legislación, podría buscarse una familia que pueda ofrecerle un entorno estable y adecuado para su desarrollo.

Por ahora, la bebé permanecerá bajo protección institucional en una casa hogar, mientras las autoridades competentes resuelven su situación.

El DIF Tampico reiteró que dará seguimiento al caso durante todo el procedimiento y que las decisiones relacionadas con el futuro de la menor deberán tomarse priorizando sus derechos y su bienestar.

En este caso, la intervención voluntaria de la madre permitió que las autoridades conocieran directamente la situación y activaran los mecanismos de protección necesarios para garantizar que la bebé de ocho meses permaneciera bajo cuidado institucional mientras se define su futuro jurídico.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a Sirenio ‘N’, el padrastro de una niña de 11 años embarazada en Matamoros, señalado como probable responsable del delito de violación equiparada agravada. La captura de Sirenio ‘N’ se concretó este jueves 13 de agosto a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control. El acusado quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Orden judicial y operativo de captura

El mandato de aprehensión fue librado por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial tras analizar los datos recabados durante la investigación ministerial. Agentes de la FENNAM cumplimentaron la orden y trasladaron al imputado ante la autoridad correspondiente para continuar con el proceso penal.

De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, los hechos que originaron la carpeta de investigación habrían ocurrido en un domicilio ubicado en la calle Marte número 13, de la colonia Infonavit Satélite, en Matamoros. Ahí, según las indagatorias, Sirenio presuntamente agredió sexualmente a la menor.

Cómo se descubrió el caso

La situación se hizo pública el 5 de agosto, cuando la niña ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros. Fue en ese centro médico donde se confirmó que la menor cursaba un embarazo de cinco meses.

Según el relato de la madre difundido, desde junio la pequeña presentaba vómitos e inflamación abdominal. “En dos ocasiones anteriores la llevó a revisión médica, sin que los especialistas detectaran el embarazo.” No fue sino hasta esa visita al IMSS cuando se activaron los protocolos institucionales correspondientes.

La madre presentó la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas ese mismo día. El fiscal general del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, declaró el 10 de agosto que la investigación estaba “muy avanzada”, aunque precisó que las diligencias debían realizarse sin comprometer la salud de la niña.

Interrupción del embarazo y custodia de la menor

El 11 de agosto, alrededor de las 6:00 horas, comenzó el procedimiento para interrumpir legalmente la gestación en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS. La decisión se tomó de forma conjunta entre distintas instancias de justicia, de salud de Tamaulipas y la propia madre de la menor.

Héctor Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, confirmó que la niña se encontraba estable tras el procedimiento y que la institución asumió su guardia y custodia. Señaló que se le garantizará atención integral y que conforme avance el proceso judicial se definirá el futuro de la menor.

Señalamientos previos y antecedentes del acusado

Antes de la detención, Sirenio había negado su responsabilidad en los hechos. La madre de la niña señaló a tres personas de su círculo cercano como posibles responsables del abuso, mientras que la abuela y una tía de la menor apuntaron directamente al padrastro. En días previos a su captura, trascendió que el acusado había abandonado el domicilio y se había llevado todas sus pertenencias.

Además, se le acreditó un antecedente penal en el estado de Florida, Estados Unidos, respaldado por un registro atribuido al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE): una condena de 2005 en el condado de Lee por un delito sexual contra una menor de 12 años, tras la cual fue clasificado como “depredador sexual” conforme a la legislación de ese estado y posteriormente deportado a México.

Investigación abierta en múltiples frentes

La autoridad ministerial precisó que la carpeta de investigación contempla también determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado por parte de otras personas responsables de la protección de la niña. Entre los señalados por distintas versiones figuraban, además del padrastro, un tío de la menor y un conocido del abuelo.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reafirmó su compromiso de realizar las acciones jurídicas necesarias para llevar ante la justicia a quienes resulten probables responsables, combatir la impunidad y procurar justicia para las víctimas y sus familias.

Este sitio, cuya profundidad alcanza los 339 metros, ha atraído tanto a científicos como a turistas de todo el mundo desde hace décadas.

El Zacatón debe su nombre a la vegetación de zacate que flota en su superficie y representa un reto para buzos profesionales, investigadores e incluso para la NASA, que lo exploró con un submarino robótico en 2007 para desentrañar sus misterios.

El carácter único de El Zacatón surge no solo de su profundidad, sino también de su entorno: un paisaje cubierto de espeso follaje, rodeado por otras formaciones naturales que conforman un sistema hídrico excepcional en México.

Quienes buscan una experiencia diferente al sur del litoral tamaulipeco encuentran aquí un destino donde la ciencia, la aventura y la contemplación convergen.

El Zacatón: Tamaulipas, cuna de la caverna subacuática más profunda

Ubicado a menos de dos horas de la ciudad de Tampico, El Zacatón se localiza en el municipio de Aldama, en el estado de Tamaulipas.

Esta cavidad natural, considerada la más profunda no solo de México sino del mundo, se distingue por su diámetro de aproximadamente 140 metros y la presencia de zacate flotante que da nombre al sitio.

El sistema de El Zacatón incluye otras pozas y formaciones como Poza Verde, El Caracol, La Pilita y Poza Azufrada, que conforman un conjunto de atractivos únicos dentro de la región.

Este destino, lejos de los circuitos turísticos más tradicionales de la península de Yucatán, ofrece un entorno que mezcla misterio y belleza natural.

La profundidad de El Zacatón supera los 300 metros y, según autoridades locales y expertos, alcanza los 339 metros si se consideran los 20 metros del acantilado.

Este dato le ha valido el reconocimiento internacional y la atención de organismos científicos.

Interés científico y exploración: la NASA y la búsqueda de respuestas

El Zacatón ha sido objeto de estudios científicos de alto nivel. En 2007, la NASA introdujo un submarino robótico para descender en sus aguas y medir su profundidad con precisión.

El interés de la agencia espacial residía en la posibilidad de realizar pruebas para futuras misiones de exploración planetaria, especialmente en ambientes extremos similares a los que se podrían encontrar en otros cuerpos celestes, como Júpiter.

El agua del cenote contiene altos niveles de azufre, lo cual dificulta la inmersión humana prolongada y limita las actividades de buceo recreativo.

Este hecho ha convertido el sitio en un laboratorio natural para el desarrollo de tecnologías de exploración subacuática.

La aventura científica tuvo un episodio trágico en 1994, cuando el buzo Sheck Exley intentó romper el récord mundial de profundidad.

Acompañado por Jim Bowden, Exley descendió hasta 276 metros antes de fallecer, lo que evidenció los enormes riesgos que implica la exploración de este tipo de cuevas.

Características únicas de El Zacatón y su entorno natural

La apariencia circular de El Zacatón y su diámetro de 140 metros lo hacen inconfundible dentro del paisaje.

A diferencia de otros cenotes, la superficie se encuentra cubierta de vegetación flotante y el agua adquiere tonalidades que varían según la luz y la concentración de azufre.

Bajo la aparente quietud de la superficie, existe un túnel natural de 180 metros de largo que conecta el cenote con el nacimiento de un río subterráneo.

Este rasgo, poco común en otros cenotes del país, añade un elemento de interés tanto para la ciencia como para la exploración recreativa.

El acceso a El Zacatón está rodeado de vegetación exuberante, lo que contribuye a la atmósfera enigmática del lugar.

Por su composición y profundidad, el cenote ha sido clasificado como un ecosistema aislado que alberga especies adaptadas a condiciones extremas.

Relevancia turística y cultural para Tamaulipas

El Zacatón se ha posicionado como un punto de referencia para el turismo alternativo en el norte de México.

La llegada de visitantes nacionales e internacionales ha incrementado la oferta de actividades en la zona, con opciones que van desde la contemplación paisajística hasta rituales de baño y recorridos guiados.

Autoridades estatales consideran a El Zacatón como una de las joyas naturales de Tamaulipas.

La promoción del cenote busca diversificar el turismo y mostrar una faceta poco conocida del estado, alejada de la imagen tradicional de playa o ciudad.

El atractivo de El Zacatón reside no solo en su profundidad, sino en la experiencia integral que ofrece: contacto con la naturaleza, aprendizaje científico y la oportunidad de descubrir un rincón singular del territorio mexicano.

Para quienes buscan una escapada diferente, El Zacatón representa una invitación a aventurarse, aprender y maravillarse frente a uno de los tesoros geológicos más impresionantes del planeta.

Danna Yanina, joven de 18 años vinculada a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, hizo llegar una carta manuscrita a su equipo de defensa en la que les expresa gratitud y la esperanza de recuperar su libertad. El documento, fechado el 7 de agosto, fue compartido públicamente por su abogado Carlos David Robles Figueroa a través de Facebook.

La carta nombra a los integrantes de su defensa: Carlos David, Omar, Dunia, Miguel Ángel, Marco Antonio, Alfredo y Sergio Moya. En el texto, la joven reconoce el trabajo del equipo y describe cómo su presencia le genera seguridad en medio del proceso judicial que atraviesa en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, Tamaulipas, donde permanece bajo prisión preventiva.

Lo que dice la carta

“Quiero darles las gracias por su apoyo y compañía en este proceso”, escribió Danna Yanina. “Me hacen sentir segura y confiada en ustedes”.

La joven cerró el mensaje con una imagen concreta de lo que espera al término del juicio: “Espero y pronto acabe este proceso y al final estar en mi casita celebrando mi libertad con ustedes y mi familia”. También dibujó a siete figuras en el papel, cada una identificada con el nombre de uno de sus abogados, además de agregar su firma “dypxdanna”.

Una alumna que quería ser médico naval

Según declaró el abogado Miguel Ángel Pérez Román, Danna Yanina ingresó el 2 de mayo de 2025 a la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, con el objetivo de concluir el bachillerato y cumplir su sueño de estudiar medicina o enfermería naval.

“Su vida ha sido muy difícil, llena de violaciones a sus derechos desde que entró a esa escuela infernal, todo por su sueño de ser médico naval”, aseguró el representante legal vía Facebook.

La defensa sostiene que la joven era únicamente alumna del plantel y que no tenía a ningún menor bajo su cargo ni en subordinación. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), en cambio, la señala como auxiliar de Estrella “N”, coordinadora del área femenil, y presentó datos de prueba que la jueza de control María Ciria Mora González consideró suficientes para vincularla a proceso el 28 de julio de 2026 por su probable participación en el feminicidio.

El estado procesal: vinculación a proceso y apelación en curso

La resolución de la jueza Mora González no implica una sentencia condenatoria ni determina culpabilidad. Su efecto jurídico es permitir que continúe el proceso penal bajo control judicial.

El equipo defensor interpuso un recurso de apelación el 2 de agosto ante una Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Robles Figueroa declaró públicamente: “La joven es inocente, por eso la defendemos con todo”. Si el tribunal confirma la vinculación, la defensa anticipó que promoverá una demanda de amparo en instancia federal.

Tres frentes legales simultáneos

El equipo defensor no enfrenta un solo adversario en los tribunales. Según expuso Robles Figueroa en su publicación de Facebook, la estrategia legal debe lidiar al mismo tiempo con la FGJT, con la jueza a cargo del caso y con una declaración pública de la presidenta Magistrada, quien afirmó que en el expediente se cumplían los requisitos legales. La defensa cuestionó esa postura al señalar que la funcionaria no tenía acceso al expediente en ese momento.

A eso se suma lo que el equipo describe como una responsabilidad del Estado mantener detenida a una persona a quien consideran víctima.

“No es un asunto sencillo, tenemos que litigar contra él MP, la juez, ahora también contra la tonta declaración de la presidenta Magistrada en que se cumplía los requisitos cuando ella no puede, ni debe tener la carpeta, contra el estado por detener una Víctima y dejarla en prisión”, agregó.

El equipo reafirma su compromiso

Robles Figueroa subrayó que el equipo trabaja a diario en la defensa de Danna Yanina, algo que, según afirmó, los padres de la joven pueden constatar a través de un grupo de comunicación que mantienen con la familia.

“Creo en la justicia divina pero también como Abogado penalista sé que debemos trabajar muy fuerte para lograr el resultado, es decir, su libertad, quiero agradecer a Danna por su cariño, confianza, respaldo al trabajo que todos mis colitigantes y su servidor estamos realizando”, mencionó.

Con Danna Yanina, suman tres las personas imputadas formalmente en el caso. También están bajo prisión preventiva justificada Jorge Luis “N”, director de la Academia Doenitz, y Estrella “N”, coordinadora del área femenil, vinculados a proceso el 30 de julio.

El juicio oral por presunto abuso sexual agravado contra Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata Quintos, continuó este martes 11 de agosto en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de El Mante, Tamaulipas, tras una primera jornada de aproximadamente ocho horas celebrada el lunes. El proceso, abierto en 2019 cuando Dafne tenía seis años, llega a esta etapa sin una sentencia y con varias testimoniales aún pendientes de desahogar.

La madre de la víctima, Alejandra Quintos Martínez, estuvo presente durante toda la jornada del lunes.

Una jornada de ocho horas y más días por venir

La audiencia del lunes arrancó al mediodía en la sala C del CIJ de El Mante con entre dos y tres recesos de entre 10 y 20 minutos. Al concluir, el tribunal fijó la continuación para este martes a las 11:30 horas en el mismo recinto.

La etapa de juicio oral se estima que se extenderá varios días más. Aún faltan por desahogar diversas testimoniales ofrecidas por ambas partes, entre ellas la declaración que la propia Dafne rindió en 2019, cuando tenía seis años, y que forma parte del desahogo probatorio.

El acusado, por segunda vez ante el juez vía Zoom

Pese a una orden expresa del juez de control Eliseo Sánchez Wong de comparecer en persona, Gabriel “N” volvió a conectarse por videollamada durante la jornada del lunes, la segunda ocasión consecutiva en que ignoró esa instrucción.

La defensa, encabezada por el abogado Omar Enrique Fuentes Medina, justificó la ausencia en sala por razones de seguridad. Antes de ingresar al CIJ, el litigante declaró que “el señor Gabriel quería estar presente; sin embargo, por recomendación de nosotros los abogados, atendiendo a las circunstancias particulares que ya conocen de este caso, decidimos que fuera a través de la plataforma Zoom, sobre todo por su propia seguridad”.

El juez Sánchez Wong no aceptó el argumento y mantuvo la orden de comparecer presencialmente. Advirtió que si el imputado vuelve a incumplirla, podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia, lo que habilitaría a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) a solicitar una nueva orden de aprehensión.

La estrategia de la defensa y los tres cambios de abogado

Fuentes Medina adelantó ante los medios la línea que sostendrá en el juicio y que van a “demostrar que las pruebas de la Fiscalía son deficientes”, con testigos y evidencias propias.

El expediente acumula tres cambios de abogado defensor en tan solo cinco diligencias. El juez advirtió que una nueva sustitución podría derivar en que el proceso continúe con un defensor público de oficio.

Siete años de proceso sin sentencia

La carpeta de investigación fue iniciada por Alejandra Quintos cuando Dafne tenía alrededor de seis años. El expediente fue clasificado originalmente como violación equiparada agravada y con el tiempo el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

A lo largo del proceso, Zapata Enríquez cumplió aproximadamente dos años bajo prisión preventiva, pero recuperó su libertad mediante amparos. Al 11 de agosto de 2026, no existe ninguna sentencia que determine su responsabilidad penal.

El caso recobró visibilidad pública tras el feminicidio de Dafne, ocurrido el 16 de julio de 2026 en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero, según El Financiero. Ambos procesos son formalmente independientes entre sí.

La madre de Dafne mantiene visibles ambas causas

Alejandra Quintos Martínez ha sostenido públicamente su decisión de mantener activos ambos frentes judiciales. En días previos al inicio del juicio oral.

La denuncia por abuso sexual fue presentada cuando Dafne tenía seis años. La adolescente fue asesinada a los 13, antes de que ese primer proceso llegara a una conclusión judicial.

El embarazo de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, es considerado un delito y no puede ser tratado como una “relación de pareja”, adviertió la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Em un comunicado, el organismo nacional exigió una investigación exhaustiva y la protección integral de la menor, subrayando que la ley no permite normalizar ni justificar estos hechos.

Según el comunicado difundido por SIPINNA Nacional, el artículo 275 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas equipara a la violación la cópula con una persona menor de 15 años, incluso si no media violencia.

Por lo tanto, en casos como el de la niña de 11 años, no existe consentimiento válido ni puede reconocerse vínculo de pareja alguno.

La autoridad federal subraya que la presentación de una niña como “pareja” de un adulto invisibiliza la desigualdad de poder, normaliza la violencia de género y constituye una forma de revictimización.

“Una niña nunca es responsable de la violencia ejercida en su contra”, afirmó.

La investigación debe ser inmediata y especializada

SIPINNA reconoce la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y exige que las diligencias se realicen de forma pronta, exhaustiva, especializada e imparcial.

La investigación deberá esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si existieron omisiones en el deber de cuidado de la niña.

El organismo advierte que los delitos sexuales que no se investigan y sancionan oportunamente pueden repetirse, prolongarse y escalar, dejando nuevas víctimas y afectaciones cada vez más graves.

Por ello, toda denuncia, señal de alerta o indicio de violencia sexual debe ser atendida de manera inmediata y coordinada por las autoridades.

SIPINNA exige una investigación sólida, sin negligencias ni dilaciones, y la aplicación de sanciones firmes y proporcionales a quien resulte responsable.

Ante la posible interrupción del embarazo, actualmente bajo valoración médica e institucional, SIPINNA Nacional sostiene que toda decisión debe considerar el interés superior de la niñez y la protección integral de la menor.

La determinación debe basarse en valoraciones médicas especializadas, información clara y acompañamiento psicológico y jurídico.

La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 obliga a las instituciones públicas de salud a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo cuando este sea consecuencia de violación.

En niñas menores de 12 años, la solicitud debe realizarse por medio de madre, padre, tutor o representación legal.

La atención debe garantizar asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, protección inmediata, participación informada, continuidad educativa y la restitución integral de derechos en un entorno seguro.

Piden evitar la revictimización

SIPINNA Nacional expresa preocupación por la sobreexposición pública de la niña y llama a los medios de comunicación, comunicadores, plataformas digitales y usuarios de redes sociales a detener la difusión de información que permita identificarla o profundice su revictimización.

El organismo recuerda que los artículos 76, 77, 79 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obligan a proteger la identidad y datos personales de menores relacionados con delitos. La publicación de imágenes, nombre, domicilio, escuela, datos médicos o testimonios familiares está prohibida.

El artículo 279 Ter del Código Penal de Tamaulipas sanciona la divulgación de información que permita identificar públicamente a menores víctimas de violencia sexual.

La protección debe mantenerse incluso si se omite el nombre o se difumina la imagen, siempre que el conjunto de datos permita la identificación directa o indirecta.

SIPINNA concluye que el interés periodístico no justifica exponer la historia clínica, el entorno familiar ni los detalles de la violencia sufrida por la niña.

“Informar con perspectiva de derechos significa colocar en el centro su dignidad y protección, no convertir su dolor en contenido”, concluyó.

Una niña de 11 años, identificada como Nohemí, fue sometida a un procedimiento para interrumpir un embarazo de poco más de cinco meses en el Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Matamoros.

La intervención se realizó durante la mañana de este martes, alrededor de las 6:00 horas, luego de que especialistas del IMSS evaluaran el estado de salud de la menor y determinaran que podía ser sometida al procedimiento.

De acuerdo con la información disponible, durante la valoración médica se detectó que la niña presentaba infección y anemia, aunque estas condiciones no impidieron realizar la intervención. Los médicos determinaron que su vida no corría riesgo y procedieron con la interrupción del embarazo.

Tras el procedimiento, la menor fue reportada como estable y permanece bajo atención médica para vigilar su recuperación.

Fiscalía investiga quién es responsable

Mientras la niña recibe atención médica, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una investigación para determinar quién o quiénes serían responsables del embarazo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de alguna persona señalada por estos hechos ni han dado a conocer si existe una persona detenida relacionada con el caso.

Al tratarse de una menor de edad, la investigación también contempla la protección de sus derechos y seguridad, por lo que las autoridades mantienen bajo reserva diversos detalles del caso.

La intervención médica ocurre mientras continúa el proceso de protección de la niña, quien posteriormente quedará bajo el cuidado de las autoridades locales.

DIF Matamoros asume su protección

Hugo Gutiérrez Treviño, procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, informó que la menor permanece bajo resguardo de la institución y confirmó que su estado de salud es estable.

El funcionario explicó que el DIF recibió la custodia de la niña por parte de la Fiscalía, con el objetivo de garantizar sus derechos y acompañarla durante el proceso posterior a la interrupción del embarazo.

Además de la atención médica, la menor recibirá apoyo psicológico y seguimiento especializado como parte de las medidas de protección implementadas por las autoridades.

Gutiérrez Treviño señaló que la madre de la niña ha permanecido al pendiente de su estado y que estuvo de acuerdo con la interrupción del embarazo al considerar que se trataba de una medida relacionada con el bienestar de su hija.

Una vez que el IMSS determine que la menor puede recibir el alta médica, continuará bajo resguardo del DIF Matamoros.

Autoridades garantizarán seguridad de la menor

El funcionario municipal señaló que la institución permanecerá atenta a la evolución de la niña y dará seguimiento tanto a su recuperación como a las medidas necesarias para garantizar sus derechos.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía tamaulipeca, que deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y determinar las posibles responsabilidades.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es mantener a la menor protegida, garantizar su recuperación física y brindarle atención psicológica, mientras avanzan las investigaciones ministeriales para esclarecer los hechos.

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, volvió a eludir la comparecencia presencial ordenada por un juez y participó por segunda ocasión vía Zoom en su audiencia por presunto abuso sexual agravado en El Mante, Tamaulipas, este lunes 10 de agosto.

La defensa del imputado, encabezada por el abogado Mario Enrique Fuentes Medina, justificó la ausencia en la sala argumentando riesgos para la seguridad personal de su cliente. Sostuvo que la legislación vigente permite la comparecencia remota cuando existe un riesgo comprobable para la integridad del imputado, y citó agresiones verbales registradas en diligencias anteriores.

El juez de control Eliseo Sánchez Wong, del Centro Integral de Justicia (CIJ) de El Mante, había ordenado expresamente la presencia física de Gabriel “N” tras la sesión del viernes 7 de agosto, en la que el acusado también participó a distancia. Pese a esa instrucción, el imputado volvió a conectarse de forma remota.

Tres abogados en cinco diligencias

El cambio de representación legal se ha convertido en un patrón dentro del proceso. En cinco diligencias, Gabriel “N” ha sustituido a su defensor en tres ocasiones. El juez Sánchez Wong advirtió que ese derecho no puede operar como mecanismo para generar aplazamientos indefinidos.

El juzgador fue explícito: si el imputado vuelve a cambiar de abogado, podría impedirse una nueva designación particular y el proceso continuaría con un defensor público de oficio. También advirtió que, de no comparecer físicamente, Gabriel “N” podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia, lo que activaría una nueva orden de aprehensión por parte de la FGJT.

Un expediente con siete años de dilaciones

El proceso por abuso sexual contra Gabriel “N” se inició en 2019, cuando Dafne Zapata tenía seis años. La denuncia fue presentada por Alejandra Quintos, madre de la víctima, y la carpeta fue clasificada originalmente como violación equiparada agravada. Con el tiempo, el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

A lo largo del proceso, Gabriel “N” estuvo aproximadamente dos años en prisión preventiva, pero recuperó su libertad mientras el procedimiento continuaba. Al 10 de agosto de 2026, no existe ninguna sentencia que determine su responsabilidad penal.

Durante el desahogo de pruebas, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) incorporó nuevos elementos delictivos a la carpeta, compuesta por seis tomos procesales. En la sesión del viernes 7, la nueva defensa del imputado solicitó un plazo de 30 días para estudiar el expediente. Sánchez Wong lo consideró excesivo y concedió únicamente dos días naturales.

El feminicidio en la academia y los tres imputados

Este proceso por abuso sexual es independiente al que se sigue por la muerte de Dafne, aunque ambos recayeron en la misma familia y en el mismo estado.

El 13 de julio de 2026, Dafne ingresó al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Cuatro días después, el 17 de julio, murió dentro de las instalaciones. La necropsia determinó como causa de muerte la asfixia por sumersión y documentó golpes y contusiones en distintas zonas del cuerpo. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) abrió la investigación bajo protocolo de feminicidio.

La jueza de control María Ciria Mora González, del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, por su probable participación en el crimen. Un juez de control del mismo CIJ hizo lo propio con el director del plantel, Jorge Luis “N”, y con la instructora Estrellita “N”, señalada como autora material del feminicidio. Los tres imputados permanecen bajo prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación complementaria.

La muerte de Dafne ocurrió cuando tenía 13 años, siete después de que su madre presentara la primera denuncia contra su padre.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su apoyo al pueblo colombiano, tras el terremoto en el país; además, informó que el envío de más Guardia Nacional a Uruapan, Michoacán, fue decisión previa a la exigencia de Estados Unidos sobre la seguridad de inspectores aguacateros, y que está en diálogo con Clara Brugada para mejorar la Línea 2 del Metro, pese a la falta de recursos.

Concluye la conferencia de prensa

Humanismo mexicano presenta a Francisco I. Madero y su defensa de la libertad de expresión durante el siglo 19.

Mario Delgado señaló que se puede evaluar la posibilidad de crear una materia para que en las escuelas se enseñe a los estudiantes sobre los riesgos y el uso de dispositivos digitales.

La presidenta dijo que la información y cómo se consume, es responsabilidad de las plataformas digitales, y cuyo deber, según la mandataria, debería ser su obligación informar y prevenir, aunque destacó que los usuarios también deben de usar este tipo de plataformas de manera responsable.

“Tiene que haber alguna regulación a las plataformas y eso es lo que desde mi punto de vista tenemos que discutir como sociedad, incluso la inteligencia artificial no es una situación en donde el gobierno decida cuál es la regulación (...)”, sostuvo Sheinbaum.

La presidenta aseguró que la decisión de enviar más apoyo de la Guardia Nacional a la zona colindante con Uruapan, Michoacán, fue tomada antes de que Estados Unidos exigiera mayor vigilancia para sus inspectores en las empresas aguacateras.

/mexico/2026/08/10/sheinbaum-confirma-amenazas-a-inspectores-de-exportacion-de-aguacate-y-chile-a-eeuu-espera-que-no-sea-presion-politica/

La mandataria precisó que por ahora, está trabajando en la regulación del uso de dispositivos en escuelas, mientras que sigue considerando si las plataformas digitales pueden aplicar medidas.

Mario Delgado afirmó que existen protocolos de atención para atender casos de violencia sexual, válidos para escuelas públicas y privadas.

“No habrá escuelas militarizadas el próximo ciclo”: Mario Delgado anuncia sanciones

Mario Delgado, secretario de Educación, informó que las escuelas llamadas como militarizadas, que no quieran cambiar de denominación, serán sancionadas por las autoridades estatales con clausura.

Mientras que en casos de este tipo de escuelas que tienen el reconocimiento de la comunidad, tienen que adoptar una estructura del humanismo mexicano.

Delgado Carrillo sostuvo: “No vamos a tener ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo, la educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa”.

/mexico/2026/08/10/cerraran-26-escuelas-militarizadas-en-el-pais-si-no-cambian-modelo-educativo-sep-fija-plazo-para-su-transformacion/

La jefa del Ejecutivo expresó sus intenciones para que el contenido producido con inteligencia artificial difundido en redes sociales lleve una leyenda de que fue creado con esta herramienta en México.

Línea A del metro “sin recursos” para mejoras: Sheinbaum

La presidenta informó que actualmente no hay recursos para realizar las mejoras en la Línea 2 del Metro en la Ciudad de México; señaló que está en conversación con la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, para identificar cómo mejorar la infraestructura de este transporte.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) asistirá a la conferencia de prensa de la mandataria, para informar sobre las acciones que están realizando para disminuir las inundaciones y encharcamientos en la zona oriente de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum afirmó que hay un proyecto integral de recursos “para sustituir algunos pozos que provocan hundimiento de la zona oriente y llevar agua desde Cuautitlán Izcalli hasta Iztapalapa”.

La jefa de Estado informó que se reunirá con Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para hablar sobre lo que necesitan para firmar el convenio con Petrobras, empresa petrolera de Brasil.

La presidenta descartó que los señalamientos de agencias de salud estadounidenses sobre la presencia de parásitos en lechugas y chiles jalapeños, tengan otro tipo de intenciones. “Esperemos que no tenga ninguna otra intención”, expresó la mandataria.

Claudia Sheinbaum Pardo informó que la decisión de la embajada de Estados Unidos para emitir una alerta para suspender la importación de aguacate michoacano a EEUU, no fue informada a la mandataria.

Asimismo, informó que se reunió con la embajada norteamericana, la cual le notificó que algunos inspectores habían recibido amenazas.

Sheinbaum se reunió con empresarios aguacateros, donde alrededor de Uruapan, el delito de extorsión ha aumentado, y se acordó trabajar para fortalecer la vigilancia.

El próximo miércoles, Romel Pacheco, director de la Conade, asistirá a La Mañanera del Pueblo para dar detalles sobre el desempeño en los Juegos Centroamericanos. Sheinbaum felicitó a los deportistas “que pusieron en alto la bandera nacional”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó sentirse orgullosa del renombramiento de distintos espacios durante su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum Pardo informó que ella asistirá a distintas escuelas en México para leer a los estudiantes sobre distintos temas, así como otros funcionarios mexicanos.

“También voy a ir yo a leer los lunes, quizás no todos, pero sí por lo menos una vez al mes para poder ir a compartir la lectura con niñas, niños, jóvenes”, dijo Sheinbaum.

/mexico/2026/08/10/claudia-sheinbaum-acudira-a-las-escuelas-de-mexico-para-leer-con-los-estudiantes-una-vez-al-mes/

El programa ABC de las emociones pretende ser un espacio semanal en las escuelas, donde, especialmente alumnos de tercer grado de secundaria, puedan conversar con sus profesores temas de salud mental.

Claudia Sheinbaum espera que esta acción empiece a funcionar a partir de este nuevo ciclo escolar.

La presidenta agradeció a los gobernadores y personal de áreas como Protección Civil, entre otros, así como a la ciudadanía por participar el domingo 9 de agosto en la Jornada Nacional de Reforestación.

Sheinbaum defiende renombrar el “Paso de Cortés” y pide apoyo jurídico para “El paso de los pueblos indígenas”

La jefa del Ejecutivo contó que su participación en la Jornada Nacional de Reforestación fue “muy bonita”. Sobre su propuesta de cambiar el nombre del “Paso de Cortés” por el de “El paso de los pueblos indígenas”, ha sido criticada; sin embargo, señaló que las calles, los monumentos, hablan de referencias, de la sociedad en la que vivimos.

“Tiene que ver a quién veneramos y a quién no”, aseguró Sheinbaum; además, le pidió a Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica, que su propuesta de renombrar ese espacio sea posible.

La presidenta señaló que el uso de la inteligencia artificial representa un reto para México, ya que puede brindar información falsa.

“Por eso es indispensable que sigamos discutiéndolo como sociedad, no solamente lo que piensa la presidenta, el secretario (...)”

/mexico/2026/08/10/del-scroll-infinito-a-la-ia-como-psicologo-la-advertencia-de-sheinbaum-a-las-familias-mexicanas/

Convivencia familiar y atención en las aulas, entre las consecuencias del uso excesivo de dispositivos

La maestra compartió sus observaciones sobre los estudiantes tras la utilización de redes sociales y cómo ha modificado su comportamiento, como descanso y bajo desempeño escolar, además, ha identificado la falta de convivencia y alejamiento entre los vínculos familiares.

La docente compartió sus recomendaciones tanto para las aulas como para los padres de familia y hacia los estudiantes:

Recomiendan que las escuelas adopten modelo de cuidado y comunidad

La doctora en pedagogía, Yareni Annalie Domínguez Delgado, recomendó al gobierno de México a presentar las aulas como un espacio de resistencia y cuidado, estrategia activa para recuperar la atención y fomentar la reflexión profunda frente a la inmediatez digital.

Destacó la importancia de desarrollar en los estudiantes habilidades para navegar, identificar la desinformación y el sesgo algorítmico, para desarrollar una ciudadnía crítica.

Hiperconexión en dispositivos digitales y redes sociales disminuye la tolerancia a la frustración

Yareni Annalie Domínguez Delgado, pedagoga, explicó que la exposición constante a dispositivos electrónicos, así como a redes sociales, modifica la forma en que aprendemos, “de pasar algo lento, reflexivo, que tenga pausas, a algo que queremos más rápido, eficiente y de manera inmediata”.

De acuerdo con Domínguez, todo esto disminuye la frustración para adquirir conocimiento.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, compartió que más de la mitad de jóvenes, de entre 11 y 17 años, reciben alrededor de 237 notificaciones al día en sus dispositivos, de las cuales 23% llegan durante el horario escolar. Esto equivale a una notificación cada 4 minutos.

Después de una distracción, un estudiante puede tardar hasta 20 minutos en volver a concentrarse en lo que estaba aprendiendo.

Los docentes se consideran la primera línea de la batalla por la atención en el entorno escolar.

“Por eso no podemos dejar solas y solos a los maestros y las maestras; tenemos que ir todos encaminados a lograr la atención, la concentración de los niños y cuidar ese espacio extraordinario, el aula, donde ocurre algo que ninguna pantalla puede sustituir. El encuentro para el aprendizaje que para la nueva escuela mexicana”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se solidariza con Colombia tras sismo

“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia; todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto en la embajada allá como el embajador aquí, por supuesto, todo el apoyo, si es necesario, al pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, expresó Claudia Sheinbaum.

Asimismo, señaló que, en caso de recibir más información de la catástrofe, la difundirá en su conferencia La Mañanera del Pueblo.

/mexico/2026/08/10/sheinbaum-reacciona-al-fuerte-sismo-en-colombia-y-ofrece-apoyo-de-mexico/

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que en el país han sido detectadas un total de 26 escuelas militarizadas, las cuales deben cambiar su modelo educativo o serán clausuradas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el funcionario reiteró que las escuelas militarizadas no están autorizadas en ninguna ley como modelo educativo, por lo que pidió a los gobiernos estatales a proceder con su clausura en caso de negarse a cambiar sus planes de enseñanza.

“Algunas de estas militarizadas sí tienen cierto reconocimiento en comunidades educativas. Ellos tienen que transformarse de conceptos militares a conceptos cívicos, ciudadanos y basados en el humanismo mexicano”, explicó.

Además, detalló que han mantenido conversaciones con las autoridades de Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato, siendo esta última entidad la que mantenía escuelas militarizadas que iniciaron el ciclo escolar bajo esa modalidad pese al aviso previo de la SEP de que debía ser modificado.

Deberán cambiar el plan completo de educación “no solo el nombre”

Delgado también explicó que la transformación de las escuelas militarizadas deberá ser completo, desde el plan de estudios hasta el nombre de la institución, esto con el objetivo de erradicar dicha modalidad educativa en todo el país.

El plazo que tienen las escuelas militarizadas para modificar sus planes es el inicio del próximo ciclo escolar, es decir hasta el próximo 31 de agosto de 2026.

“No vamos a tener, como lo dijimos, ninguna escuela militarizada al inicio del siguiente ciclo. La educación militar le corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y ésta inicia en media superior para la preparación de quienes van a integrar el Ejército Mexicano o la Guardia Nacional”, detalló.

Delgado también dijo que en las escuelas se implementa un protocolo para evitar cualquier tipo de maltrato y abuso sexual en contra de los alumnos. Además, este año se realizará una jornada de concientización a nivel nacional para erradicar estos delitos a nivel básico, la cual está contemplada para el 7 de septiembre de 2026.

Detectaron 26 escuelas en el país: una fue clausurada en Tamaulipas, las demás buscan su transformación

El titular de la SEP informó que fueron identificadas un total de 26 escuelas militarizadas en el país en los niveles básico y media superior, de las cuales una fue clausurada por el gobierno de Tamaulipas; el resto, dijo, están en proceso de transformar sus planes educativos.

“Hay un acompañamiento por parte de las autoridades estatales y también de nosotros para que logren esa transformación porque no queremos tampoco dejar sin opciones educativas a las y los jóvenes, sobre todo en aquellas que tienen cierto reconocimiento. Valores cívicos, ciudadanos y el humanismo mexicano es lo que va a preservar”, aseguró.

Además, explicó que detrás de los modelos de “disciplina” que se implementaban en estas escuelas había dinámicas de abuso y violencia, por lo que se está procediendo para erradicarlas con el objetivo de eliminar los maltratos contra niños, niñas y adolescentes.

Regulación se realiza tras el fallecimiento de Dafne Zapata en Tamaulipas

Las medidas implementadas por el Gobierno de México surgen luego del fallecimiento de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad que ingresó a un curso de verano a la Escuela Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La adolescente estaba en su cuarto día de internamiento en la escuela cuando una de las responsables de su cuidado, identificada como Estrellita “N”, le notificó a su mamá, Alejandra Quintos, que se había desvanecido cuando se bañaba y ya no había respondido.

Sin embargo, la necropsia realizada por las autoridades y por la madre revelaron que Dafne en realidad había muerto por asfixia por sumersión.

Hasta el momento van tres personas detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata, entre las que se encuentran Estrellita “N”, el director de la escuela, Jorge “N”, y Danna Yanina “N”, una exalumna de 18 años de la academia.

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, deberá presentarse este lunes 10 de agosto de forma presencial ante un juez en Tamaulipas por el proceso penal que lo señala de presunto abuso sexual agravado contra su hija, cometido cuando la menor tenía seis años. La audiencia está fijada para el lunes 10 de agosto a mediodía en el Centro Integral de Justicia de El Mante y fue convocada tras una diligencia del viernes 7 en la que el imputado participó por videollamada y solicitó un mes de prórroga que el juez rechazó.

El expediente cobró nueva visibilidad pública luego del feminicidio de Dafne, ocurrido el 17 de julio de 2026 en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ambos procesos son independientes entre sí.

La audiencia que el juez se negó a aplazar

El viernes 7 de agosto, Gabriel “N” compareció mediante la plataforma Zoom ante el juez de control Eliseo Sánchez Wong en el Centro Integral de Justicia de El Mante. En esa sesión, su nueva defensa solicitó un mes para estudiar el expediente, argumento que el juzgador consideró excesivo.

Sánchez Wong concedió únicamente dos días y fijó la continuación de la audiencia para este lunes a las 12:00 horas. Además, ordenó que el imputado se presente de manera presencial, a diferencia de la sesión anterior en la que participó de forma remota.

El juez advirtió que, de no comparecer físicamente, Gabriel “N” podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia, lo que activaría una nueva orden de aprehensión por parte de la Fiscalía de Tamaulipas.

La decisión tuvo un fundamento adicional: en cinco diligencias se han registrado tres cambios de abogado defensor. Para el juzgador, el derecho a una defensa adecuada no puede convertirse en un mecanismo para generar aplazamientos indefinidos.

Sánchez Wong advirtió además que, si vuelve a sustituir a su representante legal, podría impedirse una nueva designación particular y el proceso continuaría con un defensor público.

Siete años de un expediente sin resolución

La carpeta de investigación fue iniciada en 2019, cuando Dafne tenía alrededor de seis años. La denuncia fue presentada por Alejandra Quintos, madre de la menor, y el expediente fue abierto originalmente bajo la clasificación de violación equiparada agravada. Con el tiempo, el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

A lo largo del proceso, Gabriel “N” pasó aproximadamente dos años en prisión preventiva, pero recuperó su libertad mientras el procedimiento continuaba su curso. Hasta este lunes, no existe ninguna sentencia que determine responsabilidad penal en su contra.

La muerte de Dafne, ocurrida antes de que el proceso llegara a una conclusión judicial, otorga al expediente una dimensión que va más allá del trámite procesal: la adolescente tenía seis años cuando se inició la investigación y 13 cuando fue asesinada.

“Yo he peleado por mi hija desde 2019”

Alejandra Quintos, madre de Dafne, acudió de manera presencial a la audiencia del viernes en El Mante mientras el imputado participaba por videollamada. Ante los medios, señaló que los amparos y recursos legales presentados por Gabriel “N” han retrasado sistemáticamente el avance del proceso.

“Yo he peleado por mi hija desde el 2019. Él ha metido amparos, él ha metido, pues todos los papeles para ahora sí que evadir su responsabilidad del acto que cometió en 2019 y que yo siempre he estado al pie del cañón defendiéndola”, declaró Quintos.

La madre también señaló presuntos actos de corrupción relacionados con el expediente y explicó que durante años optó por no hablar públicamente del caso para evitar que Dafne fuera revictimizada. Tras el feminicidio de la adolescente, tomó la decisión de mantener visibles ambos procesos.

“A mí ahorita me destroza que ahora todo el mundo la señale y la recuerde por las dos cosas. No es justo. Es una niña de 13 años. Murió horrible y ahora tengo que pelear por las dos causas, pero voy a seguir con la misma entereza”, agregó.

El feminicidio y los tres imputados de la academia

Dafne Zapata Quintos ingresó el 13 de julio de 2026 al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Cuatro días después, el 17 de julio, murió dentro de las instalaciones. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió de inmediato una investigación bajo protocolo de feminicidio. La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, y documentó golpes y contusiones en diversas zonas del cuerpo.

La jueza de control María Ciria Mora vinculó a proceso al director Jorge Luis “N” y a la instructora Estrellita “N”, señalada como autora material del crimen. Danna Yanina “N”, de 18 años, también quedó sujeta a proceso por su probable participación. Para los dos primeros imputados se fijaron seis meses de investigación complementaria, con cierre previsto para el 30 de enero de 2027; para Danna Yanina, el plazo establecido fue de tres meses.

La Secretaría de las Mujeres manifestó su “profunda indignación y enérgica condena” por el caso de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas, quien presenta un embarazo de aproximadamente cinco meses y habría sido víctima de violencia sexual.

A través de un posicionamiento, la dependencia hizo un llamado a las autoridades para garantizar la protección integral de la menor, así como la restitución de sus derechos y el acceso a atención médica, psicológica, jurídica y social especializada.

La Secretaría enfatizó que cualquier embarazo infantil es consecuencia de una situación de abuso sexual y constituye un delito, además de representar un riesgo para la vida y el bienestar de la menor.

Por ello, pidió que su atención se realice con perspectiva de género, de manera confidencial y sin actos que puedan provocar una nueva afectación.

Fiscalía de Tamaulipas investiga posible abuso sexual

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que abrió una carpeta para determinar quién sería el responsable de la agresión.

El expediente se inició después de que la menor ingresara al Hospital General de Zona No. 13 del IMSS, en Matamoros, donde fue valorada por personal médico. Tras detectar el embarazo, la institución activó sus protocolos de protección y notificó a las autoridades correspondientes.

El DIF Matamoros también intervino después de recibir un reporte anónimo a través del número de emergencias 911.

Personal del organismo acudió al domicilio de la familia, aunque para entonces la madre ya había presentado una denuncia y la niña se encontraba bajo atención hospitalaria.

IMSS mantiene atención médica especializada a la niña

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que desde el ingreso de la menor al hospital recibió atención médica especializada.

La institución señaló que se activaron los mecanismos establecidos para la atención de casos que involucran posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes.

Mientras continúa la investigación, los médicos evalúan las condiciones del embarazo y determinan si requiere permanecer bajo supervisión hospitalaria.

De manera paralela, el DIF analiza las condiciones del entorno familiar para determinar cuáles son las medidas de protección más adecuadas para la niña, incluida la posibilidad de que permanezca bajo resguardo institucional si fuera necesario.

Autoridades revisan entorno familiar y posibles responsables

Las investigaciones también contemplan revisar a las personas que tenían contacto con la menor y las condiciones en las que se encontraba bajo cuidado familiar.

Hasta el momento, no existe una persona formalmente señalada como responsable ni se ha informado sobre alguna detención.

Algunas personas del entorno familiar han acudido ante la Fiscalía para rendir declaración, mientras las autoridades continúan recabando información.

Entre los elementos que se analizan se encuentra el relato proporcionado por la familia sobre personas que tenían acceso al domicilio. Sin embargo, las autoridades deberán determinar mediante la investigación ministerial si existe alguna responsabilidad.

Entre las acciones que realizan las instituciones se encuentran:

• Atención médica especializada para la menor.
• Investigación de la Fiscalía por el probable delito sexual.
• Evaluación psicológica y social.
• Revisión del entorno familiar por parte del DIF.
• Determinación de posibles medidas de protección y resguardo.

Secretaría pide no revictimizar a la niña

La Secretaría de las Mujeres también dirigió un llamado a medios de comunicación y creadores de contenido para evitar juicios, señalamientos, discriminación o cualquier difusión que pueda responsabilizar a la menor por lo ocurrido.

La dependencia sostuvo que la prioridad debe ser proteger a la niña y garantizar plenamente sus derechos. Asimismo, reiteró que la violencia sexual contra niñas constituye una grave vulneración de derechos humanos y una expresión inadmisible de violencia de género.

La investigación continúa abierta y, hasta ahora, no se ha informado de una persona detenida o imputada.

Las autoridades deberán esclarecer los hechos y, al mismo tiempo, garantizar que la menor reciba acompañamiento especializado acorde con su edad y en condiciones que eviten cualquier forma de revictimización.

Alma Corina Gutiérrez Villarreal, conocida en la lucha libre como “Diana La Cazadora”, murió a los 48 años después de permanecer hospitalizada en Monterrey, Nuevo León, por una infección pulmonar que se prolongó durante cerca de un mes.

La noticia sobre la muerte de la exluchadora y reportera de televisión fue difundida la noche del sábado 8 de agosto por medios especializados y posteriormente confirmada por su familia. Su hija, Dalina Gutiérrez, informó que su madre enfrentó una “batalla de cerca de un mes contra una infección pulmonar” y que una semana antes de su fallecimiento había superado una delicada operación.

¿De qué murió Diana la Cazadora?

Hasta el momento, la información pública disponible señala que “Diana La Cazadora” murió a consecuencia de las complicaciones derivadas de una infección pulmonar. La exluchadora había sido internada desde julio en un hospital de Monterrey y requirió una intervención quirúrgica.

Algunas versiones difundidas en redes sociales relacionaron su muerte con una neumonía; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación médica pública que establezca esa enfermedad como causa específica del fallecimiento.

La preocupación por su estado de salud había surgido desde el 21 de julio, cuando trascendió que se encontraba hospitalizada por una infección en los pulmones. En ese momento también se informó que había sido sometida a una cirugía.

Tras la confirmación de su muerte, durante una función de lucha libre femenil en Nuevo León, se dedicó un minuto de aplausos en memoria de Gutiérrez Villarreal.

¿Quién fue Diana La Cazadora?

Alma Corina Gutiérrez nació el 16 de enero de 1978 en Ciudad Madero, Tamaulipas, y debutó como luchadora profesional en 1997. Su carrera tuvo una etapa importante en Lucha Libre Femenil (LLF) y posteriormente en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Entre sus principales logros destacan el Campeonato Femenil de Monterrey, el Campeonato Junior de LLF y el Campeonato de Parejas de LLF, título que conquistó junto a Nikki Roxx.

Fuera del cuadrilátero, “Diana La Cazadora” desarrolló una carrera en televisión como reportera de vialidad en Monterrey. A bordo de una motocicleta cubrió accidentes, congestionamientos y las condiciones del tránsito en las principales avenidas de la ciudad.

Durante una de esas coberturas sufrió un accidente que le provocó una grave lesión en una pierna y la mantuvo alejada de la lucha libre durante varios meses.

Su trayectoria quedó ligada a la lucha libre femenil y al periodismo televisivo, dos facetas que la convirtieron en un rostro conocido entre los aficionados del deporte y la audiencia regiomontana.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dio a conocer que atendió entre seis y siete casos semanales de posible explotación infantil en los puentes internacionales y sus alrededores. Dicha información fue revelada la tarde de ayer, en un contexto de campaña preventiva, tras el aumento de menores que buscaban obtener dinero en la vía pública durante la temporada vacacional.

La Procuraduría de Atención a los Menores del DIF informó que entregó más de 10 notificaciones y apercibimientos formales a padres de familia identificados en estos puntos. Entre los casos documentados había menores pidiendo limosna, vendiendo mercancías y niños con enfermedades o discapacidades que eran llevados en silla de ruedas para generar compasión entre los automovilistas.

Las autoridades señalaron que, tras cada notificación, los padres debían acreditar las condiciones de vida de sus hijos y demostrar que estaban inscritos en una institución educativa. El DIF destacó que, en caso de reincidencia, se podía retener temporalmente al menor mientras los padres cumplían con la asistencia a la Escuela para Padres y recibían atención psicológica integral.

El protocolo de tres apercibimientos del DIF Nuevo Laredo

Tras cada notificación, el DIF cita a los padres para que acrediten las condiciones de vida de sus hijos y demuestren que están inscritos en alguna institución educativa. El organismo aplica un esquema escalonado: al tercer apercibimiento, puede retener temporalmente al menor mientras los padres cumplen con la asistencia a la Escuela para Padres y reciben atención psicológica integral.

“No le quitamos los niños a nadie, pero sí los protegemos de sus derechos, que es nuestra obligación y es nuestro mandato constitucional”, precisó el organismo. La medida busca restituir la convivencia familiar una vez que los padres acrediten las condiciones requeridas.

El DIF subrayó que los padres detectados en los puentes ya están plenamente identificados. El organismo señaló que existe una beca universal para los menores inscritos en escuelas, por lo que descartó cualquier justificación económica para el trabajo infantil: “Los padres de familia no tienen justificación para poner a sus niños a vender o a que los ayuden en algunas actividades”.

Derechos que la ley garantiza a los menores en México

El trabajo infantil en México constituye una violación directa a los derechos de la infancia reconocidos tanto en la legislación nacional como en convenios internacionales. En el país, 1 de cada 10 niñas y niños enfrenta alguna forma de trabajo infantil, según datos de organismos internacionales citados por Infobae, una realidad que limita su desarrollo físico, mental, social y educativo.

La Ley Federal del Trabajo prohíbe de forma expresa el empleo de menores de 15 años y establece restricciones estrictas para quienes tienen entre 15 y 18 años. El artículo 175 veda su contratación en expendios de bebidas alcohólicas, en establecimientos no industriales después de las 22:00 horas y en labores que afecten su moralidad o pongan en riesgo su salud.

Los menores de 16 años no pueden trabajar más de seis horas diarias, divididas en periodos de máximo tres horas con al menos una hora de descanso entre cada uno. Además, la ley prohíbe que cualquier menor de 18 años labore en horas extraordinarias o en días de descanso obligatorio.

El artículo 173 obliga a las autoridades laborales federales y estatales a identificar y erradicar el trabajo infantil. El artículo 174 exige que los mayores de 15 y menores de 18 años presenten un certificado médico que acredite su aptitud laboral y se sometan a revisiones periódicas antes de que cualquier patrón los emplee.

La campaña federal “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” y el papel del sector turístico

En mayo de 2026, el gobierno federal, empleadores y trabajadores lanzaron la campaña “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La iniciativa usa el deporte como herramienta de sensibilización y se enmarca en el contexto de la Copa Mundial de 2026.

La Secretaría de Turismo colabora con la Secretaría del Trabajo para proteger a niñas, niños y adolescentes en destinos turísticos mediante la actualización del Código Nacional de Conducta. Ambas dependencias implementan protocolos de prevención y atención en zonas con alta afluencia de visitantes.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México también participa en la estrategia con canales de denuncia y orientación ciudadana. La campaña invita a la población a difundir el símbolo de la tarjeta roja en redes sociales con el hashtag #PonerFinalTrabajoInfantilMX.

México ratificó los convenios 138 y 182 de la OIT, instrumentos que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar el trabajo infantil. El convenio 182 se enfoca específicamente en las peores formas de explotación, entre ellas el uso de menores para mendicidad organizada.

El contexto de la niñez indígena y las comunidades vulnerables

El trabajo infantil afecta de manera particular a la niñez indígena y afromexicana, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La pobreza, la falta de acceso a la educación y la discriminación son los factores que más impulsan esta práctica en comunidades rurales y urbanas.

Muchas niñas y niños participan en actividades domésticas y agrícolas desde edades tempranas. Otros migran a zonas urbanas, donde la exposición a la explotación aumenta al quedar fuera de los sistemas de protección escolar y familiar.

El Programa de Apoyo a la Educación Indígena otorga becas, alimentación y espacios seguros a decenas de miles de menores para contrarrestar la deserción escolar asociada al trabajo infantil. La existencia de este programa refuerza el argumento del DIF de Nuevo Laredo: la oferta institucional de apoyo existe y los padres tienen opciones distintas al trabajo de sus hijos.

La denuncia ciudadana, clave en la detección de casos en Nuevo Laredo

El DIF de Nuevo Laredo instó a la ciudadanía a reportar casos de menores en situación de desprotección a través del número de emergencias 911 o mediante la página oficial de Facebook del organismo. El llamado se produce en un municipio fronterizo donde la presencia de puentes internacionales con alto tráfico vehicular crea condiciones propicias para la mendicidad infantil organizada.

“Esto no está permitido por la ley, los niños tienen derechos y tienen que estar en las aulas, tienen derecho al agua, tienen derecho a la alimentación, tienen derecho a la educación, tienen derecho a jugar en parques”, afirmó el organismo en su comunicado. La declaración resume el enfoque institucional: la restitución de derechos, no la sanción penal inmediata, como eje de la intervención.

El DIF destacó que su mandato constitucional es proteger a los menores y que cada caso detectado activa un proceso de seguimiento familiar. La campaña de prevención permanece activa durante todo el periodo vacacional, que concentra el mayor número de reportes semanales.

El director de la Academia Militarizada Doenitz, Jorge “N”, enfrenta una segunda orden de aprehensión, ahora por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una joven que tenía 17 años, ocurrido hace aproximadamente dos décadas.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmaron la existencia de la nueva orden y precisaron que la investigación es independiente del proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente que murió en julio pasado dentro de las instalaciones de la academia.

Jorge “N” actualmente permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira, donde se encuentra detenido por el proceso relacionado con la muerte de Dafne.

Por la nueva acusación deberá comparecer ante un juez de Control, quien determinará su situación jurídica respecto del presunto abuso sexual.

Una nueva acusación contra el director

De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía estatal, el caso se remonta aproximadamente a 20 años atrás. La víctima tenía entonces 17 años y, según la acusación, habría quedado embarazada como consecuencia del presunto abuso.

La nueva investigación se suma al proceso penal que Jorge “N” enfrenta por los hechos ocurridos en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, donde Dafne Zapata Quintos ingresó a un campamento de verano el pasado 13 de julio.

La adolescente murió el 17 de julio dentro de las instalaciones. La Fiscalía de Tamaulipas abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio y posteriormente obtuvo órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con la academia.

Tres personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el feminicidio, entre ellas el director del plantel.

La nueva acusación por abuso sexual, sin embargo, no forma parte de esa investigación y será atendida mediante un procedimiento judicial separado.

Padre de Dafne también enfrenta proceso

La nueva orden contra Jorge “N” se conoce luego de que Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, compareciera en una audiencia por un proceso penal distinto, en el que se le acusa de presunta violación equiparada contra su hija cuando ella era niña.

La audiencia se realizó el viernes 7 de agosto en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas. Gabriel “N” participó de manera remota mediante la plataforma Zoom, mientras que Alejandra Quintos, madre de Dafne, acudió personalmente para dar seguimiento al procedimiento.

La acusación contra el padre de Dafne se remonta a 2019, cuando la adolescente tenía seis años. De acuerdo con el expediente, durante ese periodo la menor rindió declaraciones que forman parte de las actuaciones judiciales.

Alejandra Quintos ha señalado que diversos amparos y recursos legales promovidos por su expareja han retrasado el avance del proceso.

La madre también explicó que durante años evitó hablar públicamente de la acusación para evitar una posible revictimización de su hija. Sin embargo, después de la muerte de Dafne decidió mantener visibles ambos procedimientos.

“Yo he peleado por mi hija desde el 2019”, declaró Quintos al referirse al proceso contra Gabriel “N”.

Dos investigaciones por abuso y un feminicidio

Los casos que involucran a Jorge “N” y Gabriel “N” no están relacionados entre sí, salvo por el hecho de que ambos procesos se conocen públicamente a raíz de la investigación por la muerte de Dafne.

La cronología del caso comenzó en 2019, cuando la madre de Dafne inició el proceso contra su entonces pareja por el presunto abuso de la niña.

El 13 de julio de 2026, Dafne ingresó al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz. Cuatro días después murió dentro de las instalaciones.

A finales de julio, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la academia y posteriormente tres imputados quedaron sujetos a proceso por el feminicidio.

El 7 de agosto, mientras Gabriel “N” comparecía por videollamada por la acusación de presunta violación equiparada, se confirmó que Jorge “N” enfrenta además una nueva orden de aprehensión por un caso de presunto abuso sexual ocurrido aproximadamente 20 años atrás.

Ambos procedimientos deberán seguir sus propios cauces judiciales, mientras la Fiscalía continúa con la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, enfrentó este viernes 7 de agosto una audiencia por el proceso penal que lo señala por el presunto delito de violación equiparada contra su hija cuando ella era menor de edad.

La audiencia se realizó en el Centro Integral de Justicia de El Mante, Tamaulipas. De acuerdo con reportes de medios locales, Gabriel “N” participó de forma remota mediante la plataforma Zoom.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, acudió de manera presencial para dar seguimiento al procedimiento, que permanece abierto desde 2019.

La acusación sostiene que el presunto abuso ocurrió cuando Dafne tenía seis años. El expediente contempla declaraciones que la menor rindió durante ese periodo y que forman parte de las actuaciones judiciales.

Madre de Dafne acusa retrasos en el proceso

Alejandra Quintos afirmó que Gabriel “N” ha presentado diversos amparos y recursos legales durante los últimos años, acciones que, según su versión, han retrasado el avance del proceso.

“Yo he peleado por mi hija desde el 2019. Él ha metido amparos, él ha metido, pues todos los papeles para ahora sí que evadir su responsabilidad del acto que cometió en 2019 y que yo siempre he estado al pie del cañón defendiéndola”.

La madre de Dafne también cuestionó el acceso a la justicia en Tamaulipas y señaló presuntos actos de corrupción relacionados con el expediente.

Quintos explicó que durante años evitó hablar públicamente sobre la acusación para proteger a su hija de una posible revictimización. Sin embargo, tras el feminicidio de la adolescente, decidió mantener visibles ambos procesos.

“A mí ahorita me destroza que ahora todo el mundo la señale y la recuerde por las dos cosas. No es justo. Es una niña de 13 años. (...) Murió horrible y ahora tengo que pelear por las dos causas, pero voy a seguir con la misma entereza”.

También negó haber recibido dinero a cambio de los procesos legales relacionados con Dafne.

Cronología del caso

• 2019: Cuando Dafne tenía seis años, su madre inició el proceso por el presunto abuso sexual contra su expareja. La investigación derivó en una acusación por violación equiparada.
• 13 de julio de 2026: Dafne ingresó al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.
• 17 de julio: La adolescente murió dentro de las instalaciones de la academia. La Fiscalía de Tamaulipas abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio.
• Finales de julio: La Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la academia. Tres imputados quedaron sujetos a proceso por el feminicidio.
• 7 de agosto: Gabriel “N” compareció por videollamada en la audiencia relacionada con el presunto abuso sexual. Alejandra Quintos acudió al Centro Integral de Justicia de El Mante para continuar con el procedimiento.

El proceso por el presunto abuso sexual permanece separado de la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

La Fiscalía de Tamaulipas abrió una investigación por el embarazo de cinco meses de Nohemí, una niña de 11 años internada en el Hospital General de Zona No. 13 del IMSS en Matamoros, un caso que activó protocolos médicos, dio paso a una carpeta por probable violación y puso bajo revisión la posibilidad de que la menor quedara bajo resguardo del DIF.

El caso se conoció la tarde del miércoles 5 de agosto, cuando la menor ingresó al hospital con un embarazo avanzado de aproximadamente cinco meses. El IMSS informó el 6 de agosto que desde su llegada recibió atención médica especializada y que, tras la valoración clínica, notificó de inmediato a las autoridades competentes a petición de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes.

La institución también indicó que activó los protocolos correspondientes para garantizar la atención integral y la protección de la paciente. Nohemí permaneció hospitalizada mientras se esperaba determinar si la gestación representaba un peligro inminente o si podría ser dada de alta en los días siguientes.

El DIF revisó el entorno de la menor y la Fiscalía abrió carpeta por probable violación

Héctor Gutiérrez Treviño, procurador del DIF Matamoros, informó que el organismo conoció el caso a partir de una denuncia de vecinos y confirmó que la niña seguía internada y con estado de salud estable. Añadió que, al detectar indicios de un posible delito sexual, la Fiscalía estatal tomó intervención y abrió una carpeta de investigación por probable violación.

El funcionario explicó que las autoridades investigaban tanto la identidad del probable responsable como si hubo omisión o negligencia en el cuidado de la menor. También precisó que acudieron al domicilio familiar en la colonia Satélite después de un llamado anónimo al 911, pero para entonces la madre ya había llevado el asunto ante la Fiscalía y la niña ya estaba en el Seguro Social.

Gutiérrez Treviño señaló que la menor vivía en el fraccionamiento Satélite con su madre, María, y su padrastro, Sirenio Ruiz. Agregó que la Fiscalía esperaba el resultado médico para definir si se trataba de un embarazo de alto riesgo.

Ese punto resultó central para una segunda decisión: si el responsable pertenecía al entorno cercano de la niña, Nohemí no sería entregada a su madre y quedaría bajo resguardo del sistema DIF de Matamoros. El procurador dijo que, además de la condición médica, también se atendía la situación psicológica de la menor.

La madre habló de visitas a la casa y de consultas previas por inflamación abdominal

María declaró que días antes de conocer el embarazo comenzaron a notar señales físicas en su hija. También afirmó que meses atrás la había llevado a consulta por una inflamación en el estómago y que en el IMSS de la colonia Lauro Villar atribuyeron el malestar a un problema estomacal.

Después, estudios médicos confirmaron la gestación. La madre sostuvo que no defendía a nadie y pidió que las autoridades investigaran antes de emitir un juicio.

En sus declaraciones, reconoció que su situación económica la obligaba a trabajar turnos rotativos en una tienda de conveniencia y que, por esa razón, en ocasiones dejaba sola a su hija durante varias horas. Dijo además que Nohemí señaló a tres hombres que solían entrar a la casa mientras ella y el padrastro salían a trabajar.

Ese señalamiento abrió una línea de investigación sobre las personas cercanas a la familia y sobre quienes visitaban la vivienda. En otra versión del caso también se mencionó que, hasta ese momento, se manejaban dos posibles sospechosos: el padrastro, quien acudió a rendir su declaración ante la Fiscalía, y un tío de la menor.

Las autoridades no informaron avances sobre la responsabilidad de alguna persona en particular. El procurador del DIF dijo que todavía no había un sospechoso definido por el abuso y que las indagatorias seguían en curso para identificar al responsable.

La respuesta inmediata de las instituciones se centró en tres frentes: la atención médica de una niña de 11 años con un embarazo avanzado, la investigación penal por una agresión sexual y la revisión del entorno familiar para determinar si la menor debía permanecer con su madre o pasar a resguardo oficial.

Nohemí continuó bajo supervisión médica en el Hospital General de Zona No. 13 del IMSS en Matamoros. También se esperaba que recibiera atención psicológica especializada mientras la Fiscalía de Tamaulipas deslindaba responsabilidades.

• La Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por probable violación tras detectar que Nohemí, de 11 años, cursaba un embarazo de cinco meses.
• La menor permaneció internada en el Hospital General de Zona No. 13 del IMSS en Matamoros, donde se activaron protocolos de protección y atención integral.
• El DIF Matamoros investigó el entorno familiar y advirtió que, si el responsable era alguien cercano, la niña podría quedar bajo su resguardo.

La investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió tras asistir a un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz, sumó un nuevo elemento que amplía la dimensión del caso. La madre de la menor confirmó que la joven debía declarar en un juicio contra su padre por un presunto delito de abuso sexual ocurrido en 2019.

De acuerdo con la familia, Dafne sería una testigo clave en el proceso penal contra Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, acusado de violación equiparada. Aunque la adolescente falleció antes del inicio de la audiencia, el juicio continuará con las declaraciones que rindió cuando tenía seis años mediante una cámara Gesell.

La revelación ocurre mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación por feminicidio tras determinar que la muerte de la menor no fue consecuencia de una baja de presión, como informó inicialmente la academia, sino de una asfixia por sumersión, además de presentar múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

¿Quién es el padre de Dafne Zapata y de qué se le acusa?

Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, abogado de profesión, enfrenta un proceso penal por el presunto delito de violación equiparada en agravio de su hija, según consta en la carpeta de investigación 056/2019.

La denuncia corresponde a hechos ocurridos en 2019, cuando Dafne tenía apenas seis años. Ese mismo año fue vinculado a proceso en El Mante, Tamaulipas, y permaneció dos años en prisión preventiva oficiosa en el penal de Ciudad Victoria. Recuperó su libertad después de que no se emitiera una sentencia dentro del plazo legal.

Alejandra Quintos, madre de la adolescente, informó que el juicio estaba programado para iniciar el 7 de agosto de 2026. No obstante, pidió que este antecedente no desvíe la atención de la investigación por el feminicidio ni sirva para revictimizar a su hija.

La representación jurídica de la familia explicó que el procedimiento continuará con las entrevistas videograbadas que la menor realizó en 2019, las cuales fueron admitidas como prueba anticipada por la Sala de Juicios Orales del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de la Segunda Región Judicial.

El abogado Víctor Paz Jiménez señaló que el proceso enfrentó diversos retrasos debido a recursos promovidos por la defensa del imputado y recordó que, en caso de una sentencia condenatoria, Gabriel Alejandro Zapata podría volver a prisión.

La madre de Dafne también aseguró que existía una medida de restricción que impedía cualquier contacto entre el acusado y la adolescente, además de confirmar que el abogado dejó de representar legalmente a la familia.

Claves del feminicidio de Dafne Zapata

El caso comenzó el 17 de julio de 2026, cuando Dafne Zapata murió pocos días después de ingresar a un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero.

La adolescente inició actividades el 13 de julio. Cuatro días después, personal de la institución informó a su madre que la menor había perdido el conocimiento dentro de un baño. Sin embargo, cuando Alejandra Quintos llegó al plantel, su hija ya había fallecido.

La versión inicial de la academia apuntó a una supuesta baja de presión, pero la autopsia concluyó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y documentó golpes y contusiones en diversas zonas del cuerpo, motivo por el cual la Fiscalía reclasificó la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Durante las diligencias también surgieron testimonios de alumnas que denunciaron presuntos castigos físicos, malos tratos y conductas inapropiadas atribuidas a instructores y mandos del plantel.

Como parte de la investigación, un juez vinculó a proceso al director de la Academia Doenitz, Jorge Luis “N”, y a Estrella “N”, identificada por alumnos y padres como “Estrellita”. Ambos permanecen bajo prisión preventiva justificada. Previamente, Danna Yanina “N”, de 18 años, también fue vinculada a proceso por su probable participación en el feminicidio.

Los tres imputados enfrentarán una investigación complementaria de tres meses mientras la Fiscalía reúne más pruebas para esclarecer la muerte de la adolescente.

La Profepa aseguró el pasado 3 de agosto un león africano macho adulto que permanecía confinado en una jaula con corrosión generalizada y fallas estructurales en el patio de una casa en Matamoros, Tamaulipas. El ejemplar fue trasladado a una Unidad de Manejo del mismo municipio para garantizar su atención especializada y el cumplimiento de las disposiciones en materia de vida silvestre.

León no presentaba desnutrición pero sí confinamiento restrictivo

El reporte llegó a través de la Coordinación de Protección Civil de Matamoros, que notificó a la Profepa sobre la presencia del felino en el patio frontal de una vivienda de dos niveles con apariencia de abandono. Al llegar al sitio, los inspectores confirmaron que el animal no mostraba signos visibles de desnutrición severa.

La estructura metálica tenía corrosión generalizada y deficiencias que comprometían su integridad. La Profepa determinó que el espacio era insuficiente para que el ejemplar desarrollara sus movimientos naturales y conductas propias, lo que constituyó una condición de confinamiento restrictivo con hacinamiento y maltrato.

El deterioro de la jaula representaba un riesgo para la integridad física del león africano (Panthera leo) y para la seguridad del personal encargado de su manejo y contención.

Marina, Sedena y Guardia Nacional apoyaron el traslado del felino

Durante las maniobras de identificación y traslado estuvieron presentes unidades de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que brindaron resguardo y seguridad a lo largo del operativo.

El traslado se realizó con el apoyo de la Unidad de Manejo receptora para garantizar la integridad física del animal y asegurar que el manejo se realizara conforme a criterios de bienestar animal.

El ejemplar quedó bajo resguardo en la Unidad de Manejo ubicada en el municipio de Matamoros para recibir atención adecuada y manejo especializado. La Profepa informó que continuará el seguimiento del caso para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de protección ambiental y vida silvestre.

¿Qué dice la Ley sobre tener un león?

La Ley General de Vida Silvestre contempla en su Capítulo V, “Ejemplares y poblaciones exóticas”, las condiciones en que deberá estar un animal exótico en caso de poseer alguno:

“Sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, precisa el Artículo 27.

Además, menciona que toda persona “que posean algún o algunos ejemplares como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaría”.

En el Artículo 123 se prevén distintas sanciones para quién viole lo estipulado en la legislación:

• Amonestación escrita.
• Multa.
• Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones, licencias o permisos que corresponda.
• Revocación de las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes.
• Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones o sitios donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva.
• Arresto administrativo hasta por 36 horas.
• Decomiso de los ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, así como de los instrumentos directamente relacionados con infracciones a la presente Ley.
• Pago de gastos al depositario de ejemplares o bienes que con motivo de un procedimiento administrativo se hubieren erogado.

Algunas de las medidas mencionadas pueden ser cubiertas con trabajo comunitario, según lo dice la propia ley.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las escuelas privadas enfrentan cuestionamientos tras el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que murió tras ingresar a un campamento de verano en una escuela militarizada, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El caso reabrió una pregunta central para autoridades federales y estatales: quién protege a niñas, niños y adolescentes frente a riesgos y agresiones en establecimientos privados que ofrecen servicios educativos, recreativos o extraescolares, en especial cuando operan bajo esquemas de “educación militarizada” o se anuncian como tales.

En este contexto, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) acusó que la falta de supervisiones efectivas y la falta de coordinación entre autoridades dejan a niñeces y adolescencias expuestas a riesgos de violencia y a daños a su integridad.

Según la ODI, el 27 de julio de 2026 el Secretario de Educación Pública afirma que la educación “militarizada” “no está permitida” por la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero tampoco por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La ODI enmarca esas declaraciones en el caso de Dafne Zapata y plantea una pregunta: quién protege a niñeces y adolescencias de todo tipo de violencias en establecimientos privados que ofrecen servicios educativos u otros servicios recreativos o extraescolares.

La ODI reporta que, de acuerdo con el sitio digital de la Secretaría de Educación del estado de Tamaulipas, la Academia Militarizada de Marina Doenitz está registrada ante esa autoridad educativa para prestar el servicio educativo a nivel secundaria con la clave 28PST0049L.

Con base en esa información, la ODI sostiene que la autoridad educativa local debía supervisar que la escuela operara dentro del marco jurídico educativo constitucional y legal. También afirma que, incluso si un establecimiento no estuviera registrado, es obligación de las autoridades educativas detectar y supervisar, por sí mismas o en coordinación con otras autoridades, a quienes ofrezcan servicios educativos sin estar autorizados.

En el ámbito federal, la ODI denuncia que “no existen mecanismos efectivos de supervisión” y afirma que distintas autoridades han llamado la atención a la SEP para que cumpla con sus obligaciones.

La ODI enumera antecedentes: en 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala a la SEP por falta de supervisión efectiva de escuelas públicas a nivel preescolar; en 2022 se declara responsable solidaria a la SEP y se le obliga a generar mecanismos efectivos de supervisión para prevenir actos de violencia; y en 2024 la CNDH reitera un llamado a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) por deficiencias legales y prácticas en la supervisión de una escuela particular donde ocurren actos de violencia contra niñas y niños.

La ODI afirma que informa a la SEP “en diversas ocasiones” sobre la necesidad de verificar y, en su caso, modificar los mecanismos de supervisión de escuelas particulares, “sin que a la fecha se haya hecho ese análisis”.

En el mismo posicionamiento, la ODI sostiene que las autoridades educativas actúan tarde, cuando el caso ya se vuelve mediático.

De acuerdo con la ODI, la SEP y las autoridades educativas locales no tienen mecanismos de supervisión efectiva para:

Detectar por sí mismas establecimientos que, sin estar autorizados, operan o se ostentan como escuelas privadas.

Detectar escuelas privadas que no cumplen con la normativa educativa o que rebasan la autorización otorgada.

Hacer cumplir de forma rápida la legislación educativa.

En su argumentación, la ODI citó la Convención de Derechos del Niño para señalar que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger a niñeces y adolescencias frente a todo tipo de violencia que pudieran realizar empresas.

Bajo normas mexicanas, agrega, la SEP y las autoridades educativas locales están obligadas a supervisar a quienes prestan servicios educativos para evitar vulneraciones de derechos.

La ODI también denuncia falta de coordinación entre la SEP, autoridades educativas locales y otras autoridades administrativas, como la PROFECO, instancias de verificación administrativa o autoridades de seguridad civil, para detectar irregularidades en escuelas particulares y centros que ofrecen servicios educativos o extraescolares.

Además, afirmó que no existen mecanismos de supervisión efectiva de establecimientos o empresas educativas, o que tienen contacto con niñeces, para prevenir violencias o riesgos a su integridad.

La ODI incluye como referencia el caso de Dafne Zapata y, además, menciona actos de violencia denunciados contra personas adolescentes en la escuela normal rural Mactumactzá, en Chiapas, como otro ejemplo de riesgos por falta de supervisión.

A partir de estos señalamientos, la ODI concentra sus peticiones en cuatro puntos: llama a la SEP y a autoridades educativas locales a revisar y, en su caso, reformar los mecanismos de supervisión de escuelas privadas para evitar todo tipo de violencias; y revisar y modificar mecanismos de detección, medidas urgentes o cautelares y sanción para establecimientos no autorizados que se ostentan como escuelas.

Asimismo, generar mecanismos de coordinación para la prevención y detección de irregularidades y la supervisión efectiva de establecimientos privados que prestan servicios educativos o extraescolares; y solicita a autoridades de procuración de justicia una investigación diligente de los hechos, determinar responsabilidades de autoridades y personas y garantizar reparación integral por la muerte de Dafne Zapata.

San Juanita Lee Guerra fue detenida en Nuevo Laredo el 3 de agosto de 2026 y entregada a autoridades de Texas para enfrentar cargos de robo agravado y participación en una organización criminal con uso de arma mortal, después de que la investigación la ubicó como la presunta autora intelectual del asalto a un local de maquinitas ocurrido el 11 de junio de 2025 en Río Bravo, en el condado de Webb.

La captura ocurrió tras más de un año en fuga y cerró la etapa de localización de la mujer de 36 años, a quien las autoridades señalaron como la persona que habría planeado y coordinado el atraco. Después de su detención en Tamaulipas, fue trasladada a Laredo y quedó recluida en la cárcel del condado de Webb en espera del proceso judicial.

El caso comenzó cuando se denunció un robo a mano armada en un negocio ubicado en el número 1216 de la calle Espejo Molina, en la comunidad de Río Bravo, a 12 millas al sureste de Laredo. Las indagatorias sostuvieron que un grupo de cinco jóvenes entró armado al establecimiento, amagó a empleados y clientes y se llevó varios miles de dólares en efectivo antes de huir.

Las autoridades detuvieron a los presuntos responsables materiales pocas horas después del robo. Entre ellos estuvieron Nathan Guerra, hijo de San Juanita; Miguel Ramírez, Ferni Jandel Costilla, Damián López y Felipe Pavón, con edades de entre 17 y 19 años.

La investigación apuntó a una estructura detrás del robo

Aunque las capturas iniciales permitieron identificar a quienes habrían ejecutado el asalto, la investigación no se cerró en ese punto. Los agentes del condado de Webb mantuvieron abierta una línea para determinar si alguien había organizado la logística del golpe y dirigido a los participantes.

Esa ruta llevó a San Juanita Lee Guerra. De acuerdo con el expediente, las autoridades la identificaron como sospechosa dentro de la comisión del delito y sostuvieron que habría aconsejado a su hijo sobre cómo realizar el robo al negocio de maquinitas.

La imputación en su contra incluyó dos delitos de primer grado bajo la legislación de Texas: robo agravado y participación en una organización criminal con uso o exhibición de arma mortal. Esos mismos cargos alcanzaron a Nathan Guerra y a los otros cuatro jóvenes vinculados con el caso.

La respuesta central del caso fue esa: las autoridades no la ubicaron como una participante más del asalto, sino como la presunta cabeza de la operación criminal. Por eso la búsqueda continuó incluso después de las primeras detenciones.

La detención se concretó con cooperación entre México y Estados Unidos

Tras la emisión de las órdenes de arresto, Guerra salió del área y permaneció prófuga mientras corporaciones de seguridad seguían pistas sobre su paradero. Finalmente fue ubicada en Nuevo Laredo, donde la SSPC ejecutó la detención.

Después se activó el mecanismo de entrega a Estados Unidos. La mujer fue presentada ante autoridades mexicanas para cumplir el procedimiento legal correspondiente y más tarde fue transferida en el Puente Internacional, donde agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Webb la recibieron para su traslado a Texas.

En la localización y captura participaron instancias de ambos países. Del lado estadounidense intervinieron la Fuerza de Fugitivos de la Costa del Golfo, el Servicio de Marshals de Estados Unidos, el Departamento de Policía de Laredo, la Oficina del Sheriff del Condado de Webb, la Fiscalía del condado y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El sheriff Martin Cuellar afirmó que la detención mostró el alcance de la coordinación entre agencias locales, estatales, federales e internacionales. En su mensaje sostuvo: “Esta detención demostró lo que se logró cuando las agencias de seguridad mantuvieron una comunicación sólida y trabajaron juntas todos los días”.

También señaló: “No importó cuánto tiempo tomó ni dónde un fugitivo intentó esconderse, incluso a través de una frontera internacional; seguimos trabajando juntos para encontrarlos, traerlos de vuelta al condado de Webb y asegurarnos de que enfrentaran la justicia”.

La entrega de Guerra se convirtió así en el último movimiento de una investigación que comenzó con un asalto ejecutado por cinco jóvenes y terminó con la captura de la mujer señalada como coordinadora. Su situación jurídica quedó en manos de un tribunal de Texas, que debía determinar el curso del proceso penal en su contra.

• San Juanita Lee Guerra fue detenida el 3 de agosto de 2026 en Nuevo Laredo, después de más de un año prófuga.
• Las autoridades la acusaron de haber planeado el robo armado a un local de maquinitas en Río Bravo, Texas, ocurrido el 11 de junio de 2025.
• Enfrentó cargos de robo agravado y participación en una organización criminal con uso de arma mortal; después de su entrega quedó en la cárcel del condado de Webb.

Este 5 de agosto de 2026, Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), abordó dos temas que se mantienen presentes en el debate público, la regulación que el gobierno mexicano quiere implementar sobre las plataformas digitales en el ámbito escolar y las denominadas escuelas “militarizadas”, por lo que hizo un llamado a impulsar una agenda en conjunto en los 31 estados y la Ciudad de México en aras del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Al encabezar, vía zoom, la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), Delgado Carrillo convocó a fortalecer la coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales para impulsar una agenda educativa común que responda a los principales desafíos del país de cara al arranque del próximo ciclo escolar.

Planteles “militarizados” no tienen cabida en la legislación educativa

El secretario de Educación Pública hizo énfasis en que no puede existir el concepto de escuelas militarizadas en México, agregó que la figura no está contemplada en la legislación educativa y tampoco es compatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Delgado Carrillo precisó que las instituciones que operan bajo ese esquema podrán acceder a un proceso de regularización para continuar brindando el servicio educativo, siempre que cumplan con las siguientes condiciones:

• Eliminar cualquier referencia o enfoque de carácter militar.
• Adecuar sus planes de estudio a un modelo de formación basado en valores cívicos y ciudadanos.
• Alinearse a la cultura de la paz, la seguridad, la empatía y el respeto a las infancias.

El objetivo, explicó, no es limitar las opciones educativas para las familias, sino garantizar que todos los planteles funcionen dentro del marco legal y en un entorno que privilegie el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Las escuelas donde se acrediten actos de maltrato, abuso o cualquier práctica que vulnere derechos deberán ser sancionadas conforme a la ley.

CNDH y Defensa respaldan decisión de la SEP

El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, afirmó que la determinación de impedir la prestación de servicios educativos bajo esquemas militarizados es resultado de un análisis jurídico, pedagógico y de derechos humanos. Dicho análisis se realizó en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Con base en ese análisis, la SEP instruyó a las autoridades educativas del país a revisar las autorizaciones y los registros de las instituciones que operan bajo denominaciones o esquemas militarizados; precisó que el objetivo de la dependencia es garantizar la transición hacia modelos plenamente compatibles con la NEM.

Flores Pacheco subrayó que el objetivo no es afectar opciones educativas con reconocimiento social, sino acompañarlas en un proceso de regularización que elimine prácticas y contenidos incompatibles con los derechos humanos, mediante la adecuación de planes de estudio y funcionamiento.

Defensa, por su parte, se deslindará de cualquier institución educativa que utilice el concepto de formación militar, por lo que únicamente reconoce y opera los planteles destinados a la preparación de su propio personal, según precisó Delgado Carrillo durante la reunión.

Autoridades estatales se suman al proceso de regularización

Durante el encuentro, autoridades educativas que cuentan con planteles militarizados manifestaron su disposición de trabajar una ruta jurídica con la SEP, con el propósito de construir un modelo que garantice certeza a madres, padres y familias sobre la continuidad en los estudios de sus hijas e hijos.

Delgado Carrillo convocó a las autoridades educativas estatales a acompañar este proceso de regularización en coordinación con las y los gobernadores, así como a mantener informadas a las familias en todo momento.

SEP impulsará foros para regular plataformas digitales

Durante la sesión virtual, Delgado Carrillo reiteró el impulso a foros estatales para construir una política pública sobre el uso de redes sociales y plataformas digitales en las escuelas, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México abrió un amplio diálogo sobre los efectos de las tecnologías digitales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y convocó a las autoridades educativas estatales a sumarse, compartir experiencias de regulación ya existentes en algunas entidades y promover espacios de análisis con especialistas, docentes, madres y padres de familia.

El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que los foros regionales abordarán el tema “La vida frente a las pantallas: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, con la participación de instituciones de educación superior, media superior y básica, además de estar abiertos a estudiantes, académicos y público en general.

La meta es realizar al menos un foro en cada entidad federativa:

• El 19 de agosto en la Universidad Autónoma de Nuevo León para la región noreste
• El 3 de septiembre en Quintana Roo para el sureste
• Y el 30 de septiembre en Puebla para la región centro-sur

“Que tomemos decisiones conjuntas a finales de agosto y después presentemos una propuesta a los legisladores”, agregó Delgado Carrillo.

Pese a que el pasado 29 de julio de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo un llamado a las autoridades educativas de los 31 estados y la Ciudad de México, para que al iniciar el nuevo ciclo escolar 2026-2027 ya no operen instituciones bajo la denominación “Militarizada”, “Militar” o “Castrense”, en Guanajuato y Zacatecas continuará la operación de estas instituciones.

La dependencia dirigida por Mario Delgado Carrillo tomó la decisión luego de que la alumna Dafne “N”, de 13 años, perdiera la vida en la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas; caso por el que han sido detenidas tres personas por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente: Jorge Luis “N”, Estrella “N” y Danna Yanina “N”.

Bachillerato de Guanajuato no forma parte del Sistema Educativo Militar

En Guanajuato, las autoridades educativas dieron a conocer a través de un comunicado con fecha del 3 de agosto, que no adoptarán la medida de la SEP debido a que el Bachillerato Bivalente Militarizado (BBM) no forma parte del Sistema Educativo Militar ni constituye formación militar, según su registro.

La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) precisó que se trata de un subsistema público de educación media superior, financiado al 100% con recursos estatales y creado mediante el Acuerdo Secretarial 117/2018.

Tras analizar los oficios emitidos por la SEP los días 22 y 29 de julio de 2026, la SEG concluyó que las disposiciones están dirigidas principalmente a instituciones de educación básica y a escuelas particulares.

Al respecto, la dependencia estatal aclaró que en Guanajuato no existen escuelas particulares militarizadas con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), anticipando que no otorgará autorizaciones futuras a instituciones que busquen constituirse bajo este rubro.

Con esta decisión, la SEG aseguró que garantizará la continuidad educativa a más de 3 mil 500 estudiantes. Afirmó que en los ocho años de operación de esta institución, “8 mil 895 jóvenes han cursado sus estudios en este modelo educativo, de los cuales 3 mil 341 ya concluyeron su formación”.

Las autoridades locales refirieron que las carreras ofrecidas por el Bachillerato Bivalente Militarizado -Ciberseguridad, Protección Civil y Seguridad Ciudadana- se encuentran registradas ante la SEP, misma que reiteró el aval de manera reciente.

¿Qué dicen en Zacatecas respecto a la medida de la SEP?

Independientemente del actuar a nivel federal, el secretario de Educación de Zacatecas, Armando Delgadillo Ruvalcaba, el proceso de inscripción en bachilleratos General Militarizado y General Policial continuará conforme a las fechas estipuladas:

“Esperemos la notificación del Gobierno Federal y, en virtud de ello, haremos las modificaciones administrativas correspondientes, pero les vamos a garantizar su inscripción en este nivel medio superior”.

Aseguró que la rectoría de ambos planteles es encabezada por la Secretaría, donde el plan y el programa de estudios está apegado a los estándares nacionales. Previo a que Delgadillo Ruvalcaba asumiera la titularidad de la dependencia educativa a nivel local, comentó que no veía la cancelación del funcionamiento de este tipo de escuelas:

“No vemos la necesidad de cancelar el funcionamiento de estas escuelas en Zacatecas. Están reguladas totalmente por la Secretaría de Educación y se rigen por planes y programas de estudio autorizados”.

Mientras las decisiones a nivel federal se definen, los procesos de preinscripción continuarán, previendo el inicio del ciclo escolar como fue anunciado para los estudiantes ya inscritos en ambas instituciones.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti —esta mañana—, el funcionario explicó que las investigaciones permitieron establecer que el fuego no fue accidental, por lo que las autoridades trabajan para determinar el mecanismo utilizado para iniciar el incendio y dar con los responsables.

Govea señaló que los peritajes continúan y que una de las principales líneas de investigación apunta a identificar el instrumento con el que se encendió el material que originó el siniestro. De acuerdo con las primeras indagatorias, las frituras almacenadas en la bodega habrían funcionado como el principal material combustible, lo que favoreció la propagación de las llamas.

“Pericialmente podemos sostener que el hecho no ocurrió de manera fortuita, fue un incendio causado. Se pudieron establecer, en un análisis colegiado de peritajes (...), tres áreas principales de focos de incendio.Se está trabajando para identificar el instrumento que se utilizó para iniciar el fuego”, indicó el fiscal, al precisar que el origen del incendio ya fue establecido como provocado.

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas también descartó que el caso tenga, por ahora, alguna conexión con organizaciones criminales.

“Al momento no existe alguna motivación o vinculación de estos hechos con acciones o conductas de la delincuencia organizada”, afirmó.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el incendio, identificar a la persona o personas involucradas y determinar el móvil del ataque. Mientras tanto, la fiscalía continuará con los peritajes especializados para reconstruir la forma en que inició el fuego y establecer las responsabilidades correspondientes.

El incendio generó versiones de extorsión en Matamoros

El incendio ocurrido en el Centro de Distribución de PepsiCo en Matamoros, Tamaulipas, provocó especulaciones sobre un posible ataque relacionado con la delincuencia organizada, debido al contexto de inseguridad que enfrenta la entidad. Sin embargo, días después del siniestro, la empresa descartó haber recibido amenazas o intentos de extorsión antes del hecho.

El fuego registrado durante la madrugada del 27 de julio afectó el área de estacionamiento y bodegas del inmueble ubicado sobre la avenida Marte R. Gómez, donde quedaron destruidos decenas de camiones repartidores de la marca Sabritas. Reportes iniciales señalaron que entre 40 y 57 unidades resultaron dañadas por las llamas.

A pesar de la magnitud del incendio, los cuerpos de emergencia lograron contener el avance del fuego y evitaron que alcanzara la bodega principal. PepsiCo informó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas tras el siniestro.

Tras las primeras horas de incertidumbre, versiones difundidas en redes sociales relacionaron el incendio con un supuesto caso de cobro de piso o una represalia criminal contra la empresa. La falta de información sobre las causas del fuego alimentó esas hipótesis entre habitantes de Matamoros.

Ante ello, PepsiCo México negó que existieran antecedentes de amenazas contra sus instalaciones o trabajadores. La compañía señaló que, hasta ese momento, no había identificado indicios de extorsión vinculados con el incendio y afirmó que colaboraba con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El caso también generó preocupación entre empleados y habitantes de la zona ante la posibilidad de una suspensión de operaciones del centro de distribución, donde laboran alrededor de mil 500 personas. No obstante, autoridades municipales descartaron que la empresa contemplara abandonar Matamoros.

El alcalde Alberto Granados Fávila aseguró que PepsiCo mantendría sus actividades en el municipio y que la operación comercial continuaría. Días posteriores al incendio, ciudadanos reportaron movimientos de unidades relacionadas con la empresa, lo que fue interpretado como parte del proceso de recuperación de la operación logística.

El feminicidio de Dafne Zapata, adolescente asesinada durante un campamento organizado por una escuela “militarizada” en Tamaulipas, expuso una falla estructural del sistema educativo mexicano: la SEP y las secretarías de educación locales carecen de mecanismos efectivos para supervisar a los planteles privados y proteger a niñas, niños y adolescentes de cualquier tipo de violencia. Así lo denunció la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en un pronunciamiento público dirigido a las autoridades educativas del país.

El 27 de julio de 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció que la educación “militarizada” no está permitida ni por la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La declaración abrió una pregunta sin respuesta institucional clara: si ninguna dependencia la autoriza, ¿quién debía vigilar que esa escuela no operara?

La escuela estaba registrada, pero nadie la supervisó

La Academia Militarizada de Marina Doenitz aparece en el sitio oficial de la Secretaría de Educación de Tamaulipas con la clave 28PST0049L, habilitada para prestar servicio educativo a nivel secundaria. Eso significa que la autoridad educativa local tenía la obligación de verificar que el plantel actuara dentro del marco jurídico vigente.

La ODI señaló que esa obligación no se cumplió. Y va más lejos: aunque la escuela no hubiera estado registrada, las autoridades educativas tienen el deber de detectar por sí mismas o en coordinación con otras dependencias, cualquier establecimiento que ofrezca servicios educativos sin autorización.

Tres advertencias formales que no derivaron en reformas

El caso de Dafne Zapata no ocurre en el vacío. La ODI documentó al menos tres señalamientos institucionales previos que alertaron sobre las mismas deficiencias, sin que la SEP adoptara cambios sustantivos.

En 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 76/2012 tras documentar violencia sexual contra 15 menores en el Jardín de Niños “Maestro Andrés Oscoy Rodríguez”, en Iztapalapa, Ciudad de México. En ese documento, la CNDH señaló a la SEP por no contar con mecanismos de supervisión efectivos para detectar y prevenir ese tipo de violencias en planteles de educación preescolar.

Una década después, en 2022, dos sentencias del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito declararon a la SEP responsable solidaria en casos de violencia escolar y la obligaron a generar mecanismos de supervisión para prevenirla.

En marzo de 2024, la CNDH reiteró el llamado mediante la Recomendación 65/2024, esta vez dirigida a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), por deficiencias en la supervisión de una escuela particular donde ocurrieron actos de violencia contra menores de edad.

La propia ODI afirmó haber informado a la SEP en diversas ocasiones sobre la necesidad de revisar y modificar los mecanismos de supervisión de escuelas particulares. A la fecha, ese análisis no se ha realizado.

Qué falta: detección, coordinación y capacidad de sanción rápida

La ODI identificó tres brechas concretas en el sistema actual. Las autoridades educativas no tienen herramientas para detectar por sí mismas establecimientos que operan como escuelas sin estar autorizados. Tampoco cuentan con mecanismos para identificar planteles registrados que incumplen la normativa o que rebasan el alcance de su autorización.

El tercer problema es la velocidad: no existen vías para hacer cumplir la legislación educativa de forma ágil cuando se detecta una irregularidad.

A eso se suma la ausencia de coordinación entre la SEP, las secretarías locales y otras instancias con competencia sobre estos establecimientos, como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las autoridades de verificación administrativa o las de seguridad civil. Cada dependencia actúa en compartimentos separados, y el resultado es que nadie interviene a tiempo.

Una obligación que el derecho internacional no deja en duda

La Convención de Derechos del Niño establece con claridad que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a todo tipo de violencia, incluso la que pudieran ejercer empresas privadas. La legislación mexicana replica esa obligación: la SEP y las autoridades educativas locales están obligadas a supervisar a quienes prestan servicios educativos para evitar la vulneración de derechos.

El feminicidio de Dafne Zapata no es el único caso reciente que ilustra el riesgo. La ODI también señaló los actos de violencia contra personas adolescentes denunciados en la escuela normal rural Mactumactzá, en Chiapas, como otra expresión de la misma falla sistémica.

Los llamados de la ODI a las autoridades

La ODI formuló una serie de exigencias puntuales. A la SEP y a las secretarías locales les pide revisar y reformar los mecanismos de supervisión de escuelas privadas, así como modificar los procedimientos de detección, medidas cautelares y sanciones para establecimientos que operan sin autorización.

Al conjunto de autoridades del Estado mexicano les solicitó construir mecanismos de coordinación interinstitucional orientados a prevenir violencias y detectar irregularidades en cualquier establecimiento privado que preste servicios educativos o extraescolares a menores de edad.

A las autoridades de procuración de justicia les exige una investigación diligente del feminicidio de Dafne Zapata, la determinación de responsabilidades, tanto de personas como de autoridades y la garantía de una reparación integral por su muerte.

Malas noticias para el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya que un tribunal federal revocó el amparo que le había sido concedido para liberar sus cuentas bancarias que fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Ayer, viernes 31 de julio, reportes locales detallaron que el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa dejó sin efectos la sentencia emitida el 7 de junio de 2023 por el entonces juez Octavo de Distrito en Reynosa, Rodolfo de León Sánchez, quien otorgó el amparo 1240/2022 promovido por el exgobernador panista.

Cabe recordar que el 19 de mayo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el congelamiento de 11 cuentas de Cabeza de Vaca, como parte de una indagatoria por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

También bloquean cuentas de familia de Cabeza de Vaca

No solo Francisco García Cabeza de Vaca sufrió el bloqueo de sus cuentas, pues las autoridades también congelaron las de 12 personas físicas y 24 personas morales.

Entre las afectadas por esta medida de la UIF, se encuentran la madre del exgobernador, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; su esposa, Mariana Gómez Leal; así como la de sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca.

Mientras que entre las empresas cuyas cuentas también fueron aseguradas se encuentran Desarrolladora Cava y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava.

Las autoridades destacaron que el congelamiento de cuentas tiene como objetivo evitar que dinero presuntamente vinculado con “actividades ilícitas sean transferido, ocultado o movilizado mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”.

Cabeza de Vaca impugnó congelamiento de cuentas

El Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa analizó el recurso de revisión 26/2024 que la FGR promovió contra el amparo concedido en primera instancia al exgobernador para dejar sin efecto el aseguramiento de sus cuentas.

De acuerdo con el fallo inicial, el exmandatario impugnó la medida mediante un juicio de amparo y un juez federal le otorgó la protección al considerar que el aseguramiento era temporal y solo podía mantenerse durante 180 días, plazo que estimó suficiente para el desarrollo de la investigación.

El juzgador sostuvo que ese periodo ya había transcurrido y determinó que no existen elementos para justificar que el aseguramiento permanezca, por lo que ordenó levantar la medida en 2023,

Inconforme, la Fiscalía General de la República promovió la revisión 26/2024 que, posteriormente, revisó el tribunal colegiado de Reynosa.

Tribunal tumba amparo de Cabeza de Vaca y sus cuentas continuarán aseguradas

Después de tres años, la “suerte” del exgobernador cambió ya que, por unanimidad, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa revocaron la sentencia de primera instancia.

En consecuencia, el aseguramiento de las cuentas seguirá vigente mientras continúan las investigaciones a cargo de la autoridad federal.

Apenas en febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también resolvió por unanimidad revocar el amparo que protegía al exgobernador tamaulipeco, con lo que validó la orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, este revés judicial, lo sufrió Cabeza de Vaca radicando con su familia en Texas, Estados Unidos, aunado a que sigue siendo militante del Partido Acción Nacional (PAN).

En su momento, Francisco García Cabeza de Vaca acusó “persecución política” y, bueno, parece que esa continúa, ya que tumbaron el amparo que evitaba mantener sus cuentas bancarias congeladas.

En la grabación se le escucha solicitar una ambulancia de urgencia mientras describe a la adolescente de 13 años inconsciente, sin respiración y con espuma en la boca y la nariz.

La grabación de más de 8 minutos comienza con Estrella “N” gritando el nombre de Dafne antes de que la operadora conteste. Al ser atendida, pide una ambulancia “bien rápido” y da la ubicación.

En el transcurso de la llamada, Estrella “N” describe el estado de la menor a la operadora del 911. Le dice que Dafne está inconsciente y tirada en el baño. “Está sacando espuma por la boca o espuma por la nariz”, le reporta. Cuando la operadora le pregunta si se está convulsionando, Estrella “N” responde: “No sé, no está res... Está inconsciente, inconsciente, literalmente.”

La operadora le pregunta si hay familiares presentes. Estrella “N” responde que no. Le pregunta también si es hombre o mujer la persona que se siente mal. Estrella “N” responde: “Es mujer, tiene... Es mujer, tiene como trece, catorce años.”

En un momento de la llamada, mientras proporciona datos a la operadora, Estrella “N” le dice a alguien que está en el lugar: “Vístela por favor, Yanina.” No precisa a quién se dirige ni en qué contexto da esa instrucción.

Ante la pregunta de la operadora sobre si Dafne respira, Estrella “N” es categórica: “No, no, no, no jadea, no, nada.” La operadora le indica que es necesario iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar y la guía paso a paso. Durante las compresiones, Estrella “N” reporta: “Solamente está sacando agua, pero ella ya no respira.”

A lo largo de la llamada, Estrella “N” describe dos cambios en el color de los labios de Dafne: primero dice que los tiene morados; minutos después, durante las compresiones, dice que los tiene blancos. La operadora continúa guiando las maniobras hasta que confirma la llegada de una unidad de Protección Civil.

Lo que la abogada Marcela Torres dice sobre el peso legal de la llamada

La abogada Marcela Torres publicó un análisis en redes sociales en el que señala que la grabación confirma que Estrella “N” y Danna Yanina “N” estaban juntas y tenían conocimiento directo de la condición en que se encontraba Dafne.

Torres sostiene que ambas fueron vinculadas a proceso como autoras materiales del feminicidio y que el artículo 39 del Código Penal de Tamaulipas contempla la coautoría cuando varias personas realizan conjuntamente el delito.

“Deberá determinarse qué actos desplegó cada una y cómo contribuyeron al resultado”, escribió Torres. Sobre el director Jorge Luis “N”, la abogada señala que su caso puede analizarse bajo la figura de comisión por omisión: “Conocía lo que ocurría dentro de la escuela, tenía el deber y la autoridad para evitarlo, pero no lo hizo.”

La abogada también apunta que aún deben investigarse otras personas que pudieron intervenir como partícipes, auxiliares o encubridores, en línea con lo que el abogado defensor de Danna Yanina, Miguel Ángel Pérez Román, había señalado previamente: que faltan por detener aproximadamente siete personas más.

La pena que contempla el Código Penal de Tamaulipas para el feminicidio es de 40 a 60 años de prisión, una de las más bajas del país frente a los 70 años que establece la mayoría de los códigos penales estatales.

Lo que otros testimonios describen sobre la noche en que murió Dafne

La grabación contrasta con algunas declaraciones que se han conocido hasta ahora del caso. Esa misma noche, según relató la abuela de Dafne Juana Laura Martínez en entrevista con Azucena Uresti, Estrella “N” llamó a Alejandra para decirle que Dafne había tenido “como un desmayo” pero que ya estaba bien, que se durmiera tranquila. Minutos después la volvió a llamar para decirle que la niña ya no tenía signos vitales.

Alejandra Quintos recibió esa segunda llamada pasadas las 11:45 de la noche. Una persona que nunca se identificó le dijo: “Señora, la niña no tiene signos, ya está muerta. Véngase para acá.” Quintos viajó tres horas desde Ciudad Mante. Cuando llegó, el cuerpo ya estaba embolsado y no había ninguna autoridad en el lugar.

Alejandra Quintos describió públicamente que el cuerpo de Dafne presentaba huesos rotos, nariz rota y señales de asfixia, y que llegó desnuda y sin haber comido.

Una menor que estuvo en el campamento se encontró con Alejandra Quintos en los baños del Ministerio Público días después y le dijo: “Gracias por salvarnos, señora.” Le describió lo que, según su versión, le ocurrió a Dafne: “La aventaron y se fue de boca, la subieron al cuarto, le sumergían su carita en agua y cuando ya no podía más, la ponían a correr sin parar.”

Betzaida Orta, madre de la única otra alumna mujer en el campamento, aportó un dato adicional: desde las 10:00 de la noche el área de baños ya estaba cerrada para el alumnado. Desmintió así que Dafne pudiera haber estado en esa zona a las 10:30, como sostiene la versión del plantel.

La versión que el director Jorge Luis “N” sostuvo públicamente fue que Dafne “se desvaneció en la regadera y ya no despertó”, y que “aparentemente traía una dolencia que el médico no pudo detectar.”

La causa de muerte que determinó la Fiscalía

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó el 23 de julio que la causa de muerte de Dafne Zapata Quintos fue asfixia por sumersión, determinada mediante cinco disciplinas periciales: criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y autopsia. El certificado de defunción clasifica el hecho como homicidio.

Govea Orozco señaló también que los testimonios recabados de algunas personas “no tienen concordancia alguna con la causa de la muerte establecida científicamente.”

La Academia Militarizada Marina Doenitz permanece asegurada por la Fiscalía. Operó más de 30 años en Ciudad Madero sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Contaba únicamente con registro ante la SEP como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.

Un juez de control del Centro Integral de Justicia de Altamira vinculó a proceso este jueves a Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, y a Estrella “N”, a quien múltiples testimonios identifican como “Estrellita”, por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en las instalaciones de esa institución en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La resolución fue confirmada por Lizhet Alejandra Flores García, asesora legal de los padres de la víctima, al concluir la audiencia inicial celebrada en Altamira.

Tres imputados por el mismo caso

Con la vinculación de Jorge Luis “N” y Estrella “N”, suman ya tres personas formalmente imputadas por el feminicidio de Dafne. El martes 28 de julio, la jueza de control María Ciria Mora González había vinculado a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, tras una audiencia que se prolongó dos días y fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada.

La jueza determinó que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, eran suficientes para presumir la probable participación de Danna Yanina en los hechos. Como medida cautelar, permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Los tres imputados enfrentan ahora una etapa de investigación complementaria de tres meses. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria, sino al inicio formal de esa fase procesal.

La detención del director y de Estrellita ”N”

El 25 de julio, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis “N” por su probable participación en el feminicidio. En la misma diligencia fue detenida Estrella “N”, quien según los registros fungía como el único canal de comunicación entre la academia y las familias de los alumnos, y enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos, madre de Dafne.

Ambos permanecieron bajo prisión preventiva justificada desde su detención, mientras la Fiscalía integraba los datos de prueba que presentó ante el juez de control este jueves.

Lo que ocurrió en la Academia Doenitz

Dafne Zapata Quintos murió el 17 de julio en las instalaciones de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. El plantel operó más de 30 años sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Únicamente contaba con registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.

Tras la difusión del caso, el titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que en México no está autorizada ninguna modalidad educativa de tipo militarizado. La academia permanece clausurada y asegurada por la Fiscalía.

Manifestaciones y amparo en puerta

El caso generó movilizaciones sociales en Tamaulipas. Exalumnos de la Academia Doenitz y activistas protagonizaron marchas, algunos a favor de Danna Yanina, a quien consideran también una víctima del sistema de la institución.

La defensa legal de Danna Yanina anunció que promoverá un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito para impugnar la legalidad y constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, así como la valoración de los datos de prueba presentados durante la audiencia.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue abordado por familiares de Dafne en el municipio de El Mante, quienes le expresaron confianza en que el caso se resuelva con apego a la ley. El mandatario confirmó que el proceso legal sigue su curso y reiteró que se aplicará “todo el peso de la ley” para los responsables.

Luego del incendio que se registró durante la madrugada del lunes en su centro de distribución en Matamoros, Tamaulipas, la empresa PepsiCo México descartó que el hecho haya sido precedido por amenazas o intentos de extorsión.

A través de un comunicado, la empresa desmintió las versiones que circularon en redes sociales y medios locales que vinculaban el siniestro con el denominado cobro de piso y aclaró: “Al momento, no hemos identificado antecedentes de amenazas o intentos de extorsión que hayan precedido este evento”.

El fuego consumió entre 40 y 57 camiones repartidores de la marca Sabritas que se encontraban estacionados en el área de estacionamiento y bodegas del Centro de Distribución (CeDis) ubicado sobre la avenida Marte R. Gómez.

Las llamas se concentraron en esa zona y los cuerpos de emergencia lograron evitar que el fuego alcanzara la bodega principal. Pese a la magnitud del siniestro, pues los camiones quedaron prácticamente deshechos, la empresa confirmó que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación para determinar si el fuego fue provocado o accidental.

Los cuerpos de socorro, bomberos, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Junta de Aguas trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, que fueron sofocadas a las 03:23 horas.

¿Por qué apuntan al crimen organizado?

Desde las primeras horas tras el incendio, el vacío de información oficial dejó espacio para la especulación. Dada la historia de inseguridad en Tamaulipas, la versión que cobró más fuerza en redes sociales apuntaba a que el fuego habría sido una represalia de un grupo criminal ante la negativa de la empresa a pagar extorsión.

La narrativa generó incertidumbre entre los habitantes de Matamoros y, en particular, entre las familias de los más de 1,500 trabajadores que dependen de las operaciones del CeDis. El temor a un cierre definitivo de la planta se extendió con rapidez en la ciudad fronteriza.

Descartan cierre del centro de distribución

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, se sumó al mensaje de certidumbre. El edil aseguró que PepsiCo no se iría del municipio y que sus operaciones continuarían con normalidad, descartando el escenario de cierre.

Granados Fávila difundió un video en el que se aprecia la magnitud del incendio y la intensa columna de humo generada por las llamas. De manera paralela a las declaraciones oficiales, ciudadanos y observadores locales reportaron la llegada de nuevas unidades vinculadas con la empresa en días posteriores al siniestro.

Ese movimiento de flota, aunque no formó parte de la narrativa oficial, se interpretó como una señal concreta de que PepsiCo ya inició el proceso de reposición de su flota y mantiene su presencia en el mercado tamaulipeco.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúan. Hasta este miércoles 29 de julio, las autoridades no dieron a conocer la causa oficial del incendio y la empresa reiteró que seguirá colaborando con las indagatorias para determinar si el fuego tuvo origen en una falla eléctrica, mecánica o algún otro factor, así como para identificar a los responsables.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó que la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en Puebla, no opere durante el ciclo escolar 2026-2027 al considerar que su modelo de educación militarizada no está permitido dentro del Sistema Educativo Nacional.

El anuncio fue realizado por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, Eurípides Flores, quien informó que la medida incluye la reubicación del alumnado en otras instituciones educativas para garantizar la continuidad de sus estudios.

Además, la academia deberá entregar la documentación escolar correspondiente, incluidos los certificados de los estudiantes, así como reembolsar los pagos de reinscripción del próximo ciclo escolar en caso de que ya hubieran sido cobrados.

De acuerdo con el funcionario, la suspensión de actividades se implementará de manera coordinada entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Educación del estado de Puebla.

La decisión ocurre en medio de las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata, una menor de edad que falleció tras participar en actividades organizadas por una academia militarizada en Tamaulipas, caso que provocó cuestionamientos sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones y la supervisión de sus programas de formación.

Hasta el momento, la SEP no ha informado si la suspensión de la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza será definitiva o si la institución podrá reanudar operaciones una vez que atienda las observaciones formuladas por las autoridades educativas.

Con esta determinación, dijo el funcionario, las autoridades federales buscan garantizar que los servicios educativos impartidos en el país se ajusten al marco normativo vigente y a los lineamientos establecidos por el Sistema Educativo Nacional.

Caso Dafne Zapata intensifica el escrutinio sobre las academias militarizadas

La decisión de la SEP se produce mientras continúa la investigación por la muerte de Dafne Zapata, adolescente que falleció tras participar en actividades de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Reynosa, Tamaulipas. El caso derivó en un proceso penal contra tres personas, entre ellas el director de la institución, una instructora y una cadete, quienes enfrentan prisión preventiva justificada por orden de una jueza.

Un día antes del anuncio de la dependencia federal, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue abordado por la abuela de la menor, Juana Laura Martínez, durante una gira de trabajo en el municipio de El Mante. Acompañada por familiares y amigos, la mujer le exigió justicia con pancartas y le pidió resultados concretos en el esclarecimiento del caso.

“Te prometo justicia”, respondió el mandatario, mientras la abuela insistió en que su familia espera “hechos” y no únicamente compromisos. Villarreal aseguró que las investigaciones continúan y afirmó que “se va a aplicar todo el peso de la ley” contra los responsables.

Tras el encuentro, Juana Laura Martínez dijo que otorgaba un voto de confianza al gobierno estatal para que las autoridades concluyan las investigaciones y se castigue a quienes resulten responsables por la muerte de su nieta.

Una familia habría controlado durante años la disciplina, los castigos y la vida cotidiana de los internos de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas: los Mora.

Al menos tres de los integrantes de este clan familiar aparecen en testimonios de exalumnos y familiares como los presuntos responsables de golpes, abuso sexual y torturas dentro del plantel donde murió Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio. Hasta ahora hay tres detenidos: el director del plantel Jorge Luis “N”, la instructora del área femenil identificada como Estrella “N”, y Danna Yanina “N”, una joven de 18 años cuya propia familia sostiene que también fue víctima.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, señala que en los hechos habrían participado al menos cinco personas.

La academia que operó por más de tres décadas

La Academia Militarizada Marina Doenitz tiene más de 30 años de operar en Ciudad Madero. Se promocionaba como una institución con vínculos militares, con uniformes y rangos, pero la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó públicamente del plantel al estallar el caso, aclarando que no guarda relación con escuelas de ese tipo.

La institución era un negocio privado. Contaba con permiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como escuela particular de nivel básico —primaria, secundaria y bachillerato— pero sin ninguna certificación militar oficial. El costo del campamento de verano en el que ingresó Dafne era de 25,000 pesos, con una duración programada de tres semanas en régimen de internado.

Al momento de los hechos, la academia operaba en un plantel formal y no en una casa particular. Según la abogada Marcela Torres, la institución perdió un juicio de desahucio en 2026 promovido por el Sindicato de Trabajadores Petroleros, que le quitó el inmueble donde funcionaba originalmente. Ese proceso había iniciado desde 2024.

Los Mora: quiénes son y cómo habrían operado dentro del plantel

Los testimonios de exalumnos y familiares describen a los Mora como una familia que habría concentrado el control interno de la academia. Estrella Mora era la encargada oficial del área femenil y la mano derecha del director Ponce.

De acuerdo con las declaraciones de quienes pasaron por sus aulas, era quien entrevistaba a los padres de familia antes de aceptar a los alumnos, quien mantenía comunicación con las familias durante el internado y quien, según los testimonios, ejecutaba los castigos más severos.

Una madre que presentó denuncia ante la Fiscalía relató que Estrella retenía o sustraía los alimentos, la ropa y los artículos de higiene personal que los familiares enviaban a los internos. Exalumnos también describieron que los estudiantes eran amenazados con no volver a ver a sus padres si denunciaban lo que ocurría dentro del plantel, y que habría manipulación de las cámaras de vigilancia para evitar que ciertas situaciones quedaran registradas.

Otro de los personajes es Juan Jesús Mora Díaz, quien es señalado en los testimonios como hermano de Estrella y cuñado del director Ponce.

El exalumno Kevin Josué Ortega Andrade lo acusó en un video publicado en redes sociales de presuntos abusos sexuales contra Danna Yanina “N” cuando ella tenía 17 años. Según su versión, Juan Jesús habría utilizado distintos métodos para separar a la joven del grupo, entre ellos colocar videojuegos para distraer a otros internos mientras la llevaba a su dormitorio.

Otra exalumna amplió ese señalamiento: Juan Jesús habría prometido a las internas protegerlas de su hermana Estrella a cambio de favores sexuales. La madre de Danna confirmó posteriormente que su hija le relató que “el comandante Mora” abusó sexualmente de ella en múltiples ocasiones a cambio de comida, y que no habría sido la única víctima.

Finalmente, América Mora aparece en los testimonios como otra integrante del personal de disciplina. Una madre que acudió a denunciar ante la Fiscalía relató que América le dijo directamente a su hija de 15 años que sabía cómo golpear a los alumnos sin dejar moretones. Otra madre describió que a su hijo “lo asfixiaban, le ponían bolsas y lo tableaban de tal manera que no se vieran los golpes”.

Los tres —Estrella, Juan Jesús y América— son identificados en los testimonios como hijos de alguien referido únicamente como “el comandante Mora”, cuya identidad no ha sido precisada en la información disponible.

Danna Yanina: ¿cómplice o víctima?

Danna Yanina “N” tenía 18 años cuando fue detenida como la primera imputada del caso. Era alumna de preparatoria en la propia academia Doenitz y, según los señalamientos de la Fiscalía, había comenzado a fungir como instructora auxiliar durante el campamento de verano, aunque sus abogados lo niegan.

Su detención generó controversia desde el principio: mientras la Fiscalía la investigaba como posible partícipe en la muerte de Dafne, exalumnos y su propia familia sostienen que también fue víctima del personal del plantel.

El exalumno Kevin Josué Ortega Andrade fue uno de los primeros en defenderla públicamente en videos posteados en sus redes. Afirmó que Danna habría sido enviada durante largos periodos a un área conocida entre los internos como “la perrera”, un sitio sin aire acondicionado y con temperaturas elevadas, y que habría sido sometida a maltrato psicológico por Estrella Mora.

La madre de Danna también ha relatado a medios que, tras la muerte de Dafne, exigió a Estrella que le devolviera a su hija. Estrella la habría citado en cinco lugares diferentes en Tampico y la habría llamado desde cinco números desconocidos distintos. El domingo 19 de julio, cuatro días después de la muerte de Dafne, Danna fue entregada a su padre en un supermercado. La llevaron a Poza Rica, Veracruz, de donde es originaria la familia. Fue ahí, lejos de la academia, donde Danna le contó a su madre lo que había vivido.

En un mensaje escrito que Danna envió a su madre y que fue compartido públicamente a Adela Micha con autorización de la familia, la joven describió lo que ocurrió horas posteriores a la muerte de Dafne:

“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara. Cuando hablaba por teléfono con mi papá, ella se metía o escribía por mí. Ella dormía conmigo y me decía que yo era parte suya. Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido", dijo.

La madre de Danna también denunció que Estrella Mora habría llevado a la joven a declarar ante el Ministerio Público antes de entregarla a su familia, sin abogado presente y sin notificar a sus padres. Una exalumna que presenció parte de los hechos lo confirmó: “La trajo a declarar lo que ellos le dijeron que tenía que decir, sin abogado presente y sin nuestra autorización”.

Tres detenidos y una Fiscalía a la que exigen más investigaciones

Al cierre de la información disponible, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene detenidos a Jorge Luis “N”, Estrella "N” y Danna Yanina “N”, los tres en prisión preventiva.

Las audiencias de vinculación a proceso de Ponce y Estrella están pendientes de resolverse, con posibilidad de que los imputados solicitaran hasta 144 horas para ofrecer pruebas.

Tamaulipas es uno de los estados con la pena más baja del país en materia de feminicidio: de 40 a 60 años, frente a los 70 años que establece la mayoría de los códigos penales estatales.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, ha sostenido desde el principio que en los hechos habrían participado al menos cinco adultos del personal de la academia, y exige que las autoridades detengan al resto de los presuntos responsables.

Una jueza de control vinculó a proceso este martes 28 de julio a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La resolución se emitió tras una audiencia que se prolongó dos días y fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada. Danna Yanina permanece bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

Horas antes de conocerse la vinculación, la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, concedió una entrevista a Azucena Uresti en la que habló por primera vez sobre el papel que habría tenido Danna Yanina la noche en que su nieta murió. Su declaración no absuelve ni condena a la joven detenida, pero coloca su nombre en el centro de los hechos.

“Estaba ahí con ella”

Juana Laura Martínez explicó a Radio Fórmula que la familia nunca tuvo comunicación directa con Dafne Zapata desde que ingresó al campamento el lunes 13 de julio. El reglamento del plantel prohibía el contacto telefónico entre alumnos y familias. El único canal era Estrella “N”, quien enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos, madre de la menor.

Fue precisamente en uno de esos reportes donde apareció el nombre de Danna Yanina. Estrella “N” llamó a Alejandra Quintos para decirle que Dafne había tenido “como un desmayo” pero que ya estaba bien, que se durmiera tranquila.

Según relató la abuela, en el transcurso de esa llamada la sargento “Estrellita” le mencionó que Danna estaba con la niña. “Estaba ahí con ella mientras ella hablaba con mi hija”, resumió Juana Laura Martínez.

La abuela de Dafne fue más precisa sobre lo que Estrella “N” le reportó: “No tanto que la estuviera auxiliando, simplemente que dijo que como que la estaba acompañando”.

Minutos después la sargento “Estrellita” volvió a llamar a su hija para informarle que la Dafne ya no tenía signos vitales. Las dos llamadas se sucedieron una tras otra.

Juana Laura Martínez también recordó que días antes, cuando Alejandra Quintos recibió un video de Dafne con el rostro lesionado, Estrella “N” le pidió que no fuera por ella: le dijo que ya la habían llevado al médico, que solo le había recetado un antiinflamatorio y que no necesitaba sutura. Le explicó que acudir rompería las reglas de la academia. En ningún momento de los cuatro días Alejandra Quintos pudo hablar directamente con su hija.

Sobre la situación judicial de Danna Yanina, la abuela fue directa: “Que diga la verdad. Nos beneficia a todos que diga nada más que la verdad para que se esclarezca y caigan los culpables”. Añadió: “Quiero que se haga una justicia, pero una justicia justa, no una injusticia”, refiriéndose a que tampoco quiere culpables fabricados.

La versión de Danna Yanina “N”

La defensa de Danna Yanina “N”, integrada por las abogadas Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostiene una posición opuesta a la de la Fiscalía, que afirma que ella era auxiliar de Estrella “N”.

Los abogados afirman que su defendida no estaba a cargo de ningún menor, que no tenía personal en subordinación y que era, en sus propias palabras, “simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, según declaró Pérez Román en entrevista con Azucena Uresti.

La defensa también señala que Danna Yanina está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar. Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra.

Un audio difundido por La Saga de Adela Micha, entregado por la madre de Danna Yanina, refuerza la versión de la defensa. En la grabación, la joven describe los presuntos abusos que sufrió durante los 13 meses que estuvo como alumna interna en la academia: la encerraban con candado en la perrera del plantel, dormía en el piso entre cucarachas y ratas, hacía sus necesidades en una cubeta y la castigaban sin comida, reduciéndola a comer únicamente tortillas con sal.

“Estrellita le ponía candado al portón para que yo no saliera”, relató Danna Yanina en el audio. Describió que eso ocurrió durante junio y parte de julio de 2025, y que también la encerraban en salones y en el pañol de armas, siempre con candado por fuera, sin posibilidad de salir hasta que Estrella “N” decidía abrirlo por la mañana.

Los castigos documentados en el audio van más allá del encierro. Danna Yanina relató que Estrella “N” la obligó durante una semana entera a peinarse con mayonesa todos los días: que revisaba sus pertenencias sin permiso y se quedaba con cosas que le llevaban sus padres; en una ocasión encontró su ropa interior en el cajón de Estrella “N”; y que a otros alumnos internos los ponían a lavarle la ropa al clan de los Mora como forma de castigo.

Durante el campamento de verano de 2025, una persona identificada en el audio como América la “tableó” dos veces porque se le olvidó bajar un short color rojo en su primer acuartelamiento.

“Estrellita siempre hablaba mal de mí con mis compañeros, siempre les decía que no me hablaran, que yo estaba loca”, relató Danna Yanina en la grabación difundida.

La madre de Danna Yanina denunció además ante la Fiscalía que su hija habría sido víctima de abuso sexual por parte de un hermano de Estrella “N”, identificado como “el comandante Mora Díaz”, a cambio de comida. Afirmó que ya presentaron las denuncias correspondientes por violación y secuestro.

Tras la muerte de Dafne, según un mensaje escrito que Danna Yanina le envió a su madre y que también difundió La Saga, Estrella “N” intentó retenerla en el plantel.

“Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola”, escribió Danna Yanina. Le pedía que le ayudara a conseguir al médico legista y le decía que era “la única testigo”. Cuando el escándalo se hizo público, Estrella “N” la sacó del plantel en contra de su voluntad y la dejó cerca del puente Tampico, donde sus padres la recogieron.

La jueza determinó que hay elementos suficientes para presumir la participación de Danna Yanina

La jueza María Ciria Mora González, adscrita al Centro Integral de Justicia de Altamira, determinó este martes que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez son suficientes para presumir la probable participación de Danna Yanina en los hechos.

La defensa de la joven anticipó que recurrirá la resolución mediante un recurso de apelación y solicitará la revisión de las medidas cautelares.

Con esta vinculación, suman tres las personas imputadas formalmente en el caso: también están bajo prisión preventiva justificada Jorge Luis “N”, director de la academia, y Estrella “N”, coordinadora del área femenil, detenidos el fin de semana anterior.

La Academia Militarizada de Marina Doenitz permanece clausurada y asegurada por la Fiscalía. El plantel operó más de 30 años en Ciudad Madero sin ningún vínculo con la Secretaría de la Defensa Nacional, pese a su imagen y métodos de inspiración militar. Únicamente contaba con registro ante la SEP como institución de nivel medio superior, con clave 28PST0049L.

La jueza María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, de 18 años, por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La resolución se emitió en el Centro Integral de Justicia de Altamira tras una audiencia que se prolongó por dos días y que fue interrumpida la noche del lunes por una crisis nerviosa de la imputada.

La jueza de control, adscrita al Centro Integral de Justicia de Altamira, determinó que los datos de prueba presentados por la ministra pública Rosalba Hernández Gutiérrez son suficientes para presumir la probable participación de la joven de 18 años en los hechos. Danna Yanina permanecerá bajo prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira.

La muerte de Dafne y la investigación de la Fiscalía

Dafne Zapata Quintos ingresó el 13 de julio al campamento de verano de la academia, ubicada en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo. Cuatro días después, su madre Alejandra Quintos recibió una llamada para informarle que su hija había fallecido. La necropsia practicada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) reveló una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea; el certificado de defunción establece “asfixia por sumersión” como causa de muerte y clasifica el hecho como homicidio.

La Fiscalía abrió la carpeta de investigación 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio, a cargo de la unidad especializada en delitos cometidos contra mujeres. El fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco afirmó que la investigación cuenta con datos de prueba “sólidos y consistentes” y que la orden de aprehensión contra Danna Yanina fue emitida por un juez de control antes de que la joven se presentara voluntariamente a declarar.

Quién es Danna Yanina y cómo fue detenida

Danna Yanina nació el 2 de mayo de 2008 y cumplió 18 años el mismo día en que ingresó a la academia, en 2025, como alumna interna para cursar los últimos tres semestres de preparatoria. Es originaria de Poza Rica, Veracruz. Según la Fiscalía, al momento de los hechos se desempeñaba como auxiliar de Estrella “N”, coordinadora del área femenil.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) la señaló como una de las personas presuntamente responsables de la muerte de la menor, ocurrida por asfixia por sumersión incompleta o parcial. Su detención se produjo cuando acudió a las instalaciones de la FGJ a presentar una denuncia: en ese momento se ejecutó una orden de aprehensión que ya existía con anterioridad.

Fue detenida el 22 de julio, seis días después de la muerte de Dafne, cuando acudió a las instalaciones del Ministerio Público a presentar una denuncia. En ese momento le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión previamente emitida, según confirmó su propia defensa. Se convirtió así en la primera persona detenida formalmente en el caso.

La posición de la defensa

Los abogados Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román sostienen que su defendida fue confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar.

Tras conocerse la vinculación, el abogado Carlos David Figueroa adelantó que la defensa recurrirá a instancias superiores mediante un recurso de apelación y solicitará la revisión de las medidas cautelares impuestas.

Tres detenidos y más implicados por identificar

Con Danna Yanina suman tres las personas imputadas en el caso. La FGJT también ejecutó órdenes de aprehensión contra Jorge Luis “N”, director de la Academia Doenitz, y Estrella “N”, encargada de las alumnas internadas, ambos bajo prisión preventiva justificada.

Este martes, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, “prometió justicia” a la familia de la joven Dafne Zapata, quien fue víctima de feminicidio en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Reynosa.

De acuerdo con reportes locales, en gira de trabajo por El Mante, Villarreal Anaya fue abordado por la abuela de Dafne, Juana Laura Martínez, y un grupo de personas, quienes con pancartas, exigieron justicia para la menor de edad, quien murió a causa de asfixia por inmersión.

“Te prometo justicia”, le dijo el mandatario estatal morenista a la abuelita de la adolescente, quien no dejó de lado su clamor de justicia.

“Quiero hechos”, abuelita de Dafne a Villarreal

Al ser abordado por la abuelita de Dafne y demás personas inconformes por lo que le ocurrió a la joven, Américo Villarreal prometió justicia; sin embargo, Juana Laura Martínez le reiteró que lo que quiere su familia son “hechos”.

“Justicia, eso es lo que quiero, quiero hechos”, respondió la familiar de Dafne.

Además, el gobernador morenista le explicó que el proceso contra las tres personas detenidas sigue su curso, mientras las autoridades continúan con la investigación correspondiente.

“Se va aplicar todo el peso de la ley”: gobernador

De acuerdo con el mandatario, la jueza del caso ordenó prisión preventiva justificada contra el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, como medida cautelar dentro del proceso.

La resolución también aplicó para una instructora identificada como Estrellita ‘N’ y para una cadete, de acuerdo con lo expuesto en el propio expediente.

“Es la ley y se está haciendo justicia; en el proceso de la investigación se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, comentó el gobernador a la abuelita de Dafne.

Tras la explicación, Juana Martínez le dio un voto de confianza al mandatario estatal morenista para que las autoridades locales esclarezcan la muerte de su nieta y se castigue a los responsables.

“A una semana y unos días, ya hay detenidos”, le expresó Villa

“Le damos el voto de confianza, vamos a dejarlo trabajar y queremos ver justicia”, dijo la abuela de Dafne, quien, en todo momento, estuvo acompañada de familiares y amigos cercanos.

Celebran audiencia de Danna Yanina ‘N’

En el Centro Integral de Justicia de Altamira, se celebró la audiencia de Danna Yanina ‘N’, de 18 años, detenida e imputada por su presunta participación en la muerte de Dafne Zapata.

Tras la audiencia, la defensa de Danna Yanina afirmó que confía en que la autoridad judicial no la vincule a proceso por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, al sostener que la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas no presentó nuevos elementos de prueba durante la audiencia realizada este lunes.

Mientras la jueza revisaba los argumentos de ambas partes, la defensa señaló que la imputación del Ministerio Público se mantiene sin cambios desde el inicio de la investigación.

Además, Carlos David Figueroa, abogado de Danna, reveló que la jueza cuenta con plazo de horas para revisar los datos de prueba antes de hacer pública su resolución.

“Esperamos lo que siempre hemos buscado: la legalidad, la imparcialidad, que se haga justicia… Danna no es culpable y esperamos que no la vinculen a proceso”, dijo al abogado ante medios de comunicación.

No hay pruebas nuevas contra Danna

Asimismo, el litigante insistió en que su representante no tiene responsabilidad en los hechos que le atribuye la Fiscalía estatal. También detalló que el Ministerio Público mantiene la misma teoría del caso desde el inicio del proceso, porque no ha presentado pruebas nuevas.

“No hay pruebas nuevas, sigue igual, no hay nada contra ella”, agregó el letrado.

Por último, en caso de que la jueza vincule a proceso a Danna Yanina, el abogado adelantó que recurrirán a instancias superiores para apelar la decisión.

Por último, Figueroa detalló que la ruta de la defensa sería, primero, presentar un recurso de apelación y, posteriormente, solicitarán la revisión de las medidas cautelares que le puedan imponer a su clienta.

En medio del proceso de investigación por lo ocurrido con Dafne Zapata, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ya prometió “justicia” a la familia de la víctima.

La Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde murió la adolescente Dafne Zapata, cobraba altas cuotas mensuales a sus alumnos, que iban desde los 7 mil hasta los 50 mil pesos.

A esa cantidad se suma la inscripción de 10 mil pesos y el costo de uniformes y materiales, que también eran muy altos.

De acuerdo con el medio N+, estudiar en la Academia Militarizada Doenitz implicaba gastar, de inicio, 10 mil pesos de inscripción, y aparte 20 mil pesos de los tres diferentes uniformes para los alumnos.

Así se hizo saber por medio de una cotización por escrito de la Academia para el ciclo escolar que terminó, donde aparecen los diferentes paquetes.

En el primero de estos, para aspirantes con buena conducta con horario de 6:45 y 7 de la mañana a 14:30 horas, tenía un costo mensual de 7 mil pesos.

El segundo, que era para aspirantes de bajo aprovechamiento que requerían asesorías personalizadas en un ambiente de estricta disciplina, y que incluía alimentos, sube a 10 mil peoss al mes, con horarios de 6:45 y 7:20 de la mañana, a 17:00 horas.

Los internados para jóvenes con problemas de conducta moderada a severa, costaba 35 mil pesos, entrando el lunes y con salida el viernes por la tarde, y el internado de tiempo completo costaba 50 mil pesos.

En los paquetes de libros los padres de los alumnos gastaban desde 8 mil 500 a 14 mil pesos, dependiendo del nivel escolar.

A pesar de los altos costos, el director de la academia, Jorge Luis N, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por la muerte de Dafne, pidió a principios de este año ayuda a ex alumnos de la escuela, ya que tuvo que cambiar de instalaciones.

Cabe destacar que el plantel en el que murió la joven Dafne tenía menos de un año en operaciones y aún no tenía rótulos ni logotipos de la escuela. Actualmente se encuentra asegurado por la Fiscalía.

El anterior inmueble de la escuela, ubicado en la avenida Nuevo León, número 102, donde la academia operó por más de dos décadas, se encuentra vacío.

La Secretaría de Seguridad Pública (SEP) dio a conocer que las escuelas militarizadas, como la Academia Doenitz, están fuera de la ley, por lo que, señalaron, iniciarán una revisión en todo México para verificar que no existan este tipo de planteles.

Dan prisión preventiva al director de la Academia Militarizada Doenitz y a Estrellita “N” por feminicidio de Dafne Zapata

Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de las instalaciones al estar acusados por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que durante la audiencia inicial, realizada durante más de 16 horas, el agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con lo que sustenta su vinculación a proceso.

Sin embargo, fue a petición de la defensa de los acusados que la autoridad judicial les concedió la duplicidad del término constitucional con el objetivo de resolver la situación jurídica de ambos.

Al aceptarlo, la jueza les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esto será el próximo jueves 30 de julio a las 9:00 horas cuando se reanude la audiencia de imputación en su contra y se defina si serán vinculados a proceso o no.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que el gobierno de México tiene acuerdos con Estados Unidos para que se informe sobre los lanzamientos de SpaceX, ubicada cerca de la playa Bagdad en Tamaulipas, y que tiene el objetivo principal de buscar vida en Marte para, eventualmente, lanzar viajes tripulados de personas que quieran dejar la Tierra por otro planeta.

Esta base espacial, desde su instalación en 2014, ha provocado que ambientalistas y personas de las comunidades cercanas se manifiesten contra los daños ambientales que ocasiona: basura espacial, basura en sus tierras, los fuertes estruendos a causa del despegue de los satélites, daños en ríos y mares que han provocado que disminuya la cantidad de peces y, por tanto, afectaciones en las actividades económicas locales de los habitantes, entre muchos otros daños. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el diálogo con la empresa estadounidense para supervisar posibles afectaciones “hasta ahora, más o menos ha funcionado“.

Sheinbaum asegura vigilancia binacional y protocolos ambientales ante base espacial

Frente a las recientes movilizaciones de activistas que solicitaron la intervención del gobierno federal ante el lanzamiento número 13 de SpaceX en la región del Golfo de México, el gobierno mexicano respondió que actualmente existe un protocolo de coordinación entre las autoridades ambientales mexicanas y Estados Unidos para evitar daños a las comunidades.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Merino, explicó que ha habido mucha coordinación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia Federal de Aviación Civil, que está en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Marina (Semar).

Explicó que este protocolo permite notificar oportunamente a embarcaciones sobre los lanzamientos, así como “para la identificación, si los hubiese, de algunas piezas, le llaman booster en inglés, que es el propulsor del cohete".

Sin embargo, aseguró que en el último lanzamiento del 24 de julio “no hubo ningún residuo en territorio en aguas mexicanas”, a pesar de que activistas de la organización Conibio Global A.C. realizaron su sexta manifestación para exigir medidas de protección al considerar que sí hay daño ambiental en México.

José Merino garantizó que las autoridades ambientales han realizado inspecciones en la zona para identificar posibles daños: “Nuestra idea es seguir manteniendo la misma coordinación, el mismo mecanismo de notificación y, en su caso, la evaluación de riesgos ambientales, que es algo que ha hecho Profepa desde que empezaron los lanzamientos”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que “si llegara a requerir una demanda [contra SpaceX], pues ya lo evaluaríamos, pero por lo pronto se ha optado por la coordinación”. No obstante, la mandataria subrayó que se han puesto reglas claras para evitar afectaciones en las zonas: “No pueden los residuos de estos lanzamientos estar cayendo en el territorio nacional. Hasta ahora más o menos ha funcionado”, confesó.

La madre de Danna Yanina “N” acusó que su hija fue víctima de presunto abuso sexual en varias ocasiones al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde se encontraba internada y cursando el último año de preparatoria en Tamaulipas.

La mujer, que no reveló su nombre por miedo a represalias, dijo que la joven de 18 años también sufría de malos tratos por parte de los directivos de la institución, quienes además la señalaban de “loca” ante otros alumnos a los que intentaba alertar de los abusos.

Estas declaraciones las realizó al exterior del Centro Integral de Justicia de Altamira, pocos minutos antes de que se reanudara la audiencia de imputación en contra de la joven, quien fue detenida por su probable implicación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que falleció a causa de asfixia por sumersión en la academia militarizada.

Las madre aseguró que Danna no estaría implicada en el feminicidio de la adolescente debido a que otros testigos incluso señalaron que se encontraba en un área distinta a la de Dafne Zapata, además de que la mayoría del tiempo se encontraba encerrada.

“No hay ninguna prueba, nosotros tenemos miles de denuncias y testimonios que ella no es culpable y no las están aceptando. No hay ninguna prueba. Incluso una amiguita de la fallecida fue a declarar y dijo que no se juntaban con Danna porque era de otra área, porque nada más la tenían encerrada y bajaba a hacer de comer, por eso pensaban que era empleada, porque así la usaban, como gata”, dijo la madre a medios de comunicación.

Señala al hermano de Estrellita “N” como el responsable de presuntamente violar a su hija

La madre de Danna dijo que su hija le contó sobre la presunta violación que sufría dentro de la academia militarizada por un hermano de Estrellita “N”, la encargada de los alumnos y la comunicación con sus padres, a quien identificó como “el comandante Mora Díaz”.

De acuerdo con su testimonio, los abusos en contra de Danna comenzaron a pocos meses de que cumpliera los 18 años de edad y que no sería la única víctima. Debido a esto, dijo que ya realizaron las denuncias correspondientes ante las autoridades por violación y secuestro.

“Danna tiene ansiedad, no quiere comer. Cuando ella me contó que la había violado ese desgraciado me dijo: ‘mamá yo hubiera querido estar muerta porque ya no valgo nada, porque me están acusando de algo que no hice’ Yo creo en mi hija, soy de esas mamás que si supiera que es culpable no estuviera aquí, le diría ‘di la verdad’”, comentó la mujer.

La madre aseguró que llevaron a Danna Yannina “N” para que declarara los datos que conocía acerca del caso de Dafne Zapata a pesar de la situación vulnerable en la que se encontraba, pero dijo que su denuncia no fue recibida por las autoridades.

“Ella vio cosas, las declaró al siguiente día de que la pudimos rescatar del secuestro, al siguiente día así con sus traumas, así la trajimos, porque pensamos que era lo correcto venir a denunciar, denuncia que no nos aceptó la licenciada Rosalba. Si la vio (a Dafne), ella no vio quién fue”, explicó.

Audiencia contra la joven se aplazó porque presentó una crisis nerviosa

Luego de varias horas de audiencia y de al menos dos recesos, la jueza decidió posponer para este martes a las 08:00 horas la diligencia debido a que Danna presentó una crisis nerviosa.

De acuerdo con su padre, Ofil Cruz, la joven tuvo que recibir asistencia médica en el lugar, por lo que se decidió aplazar la diligencia para el día siguiente con el objetivo de que se tranquilizara.

“El estrés de hoy fue muy pesado, la verdad, por las declaraciones y todo eso. Le dieron atención pronta y su mamá estuvo al pendiente de ella para cualquier detalle, para tranquilizarla y calmarla”, dijo el padre.

Su defensa también presentó un peritaje psicológico realizado por la psicóloga forense, Mara Paola Muñoz, en el que se advirtió que Danna presenta estrés postraumático y un alto riesgo suicida, por lo que recomendaron revisar la medida de prisión preventiva en la que se encuentra.

“Yo realicé un perfil victimológico. Solo puedo decir que efectivamente Danna presentó una afectación emocional que es compatible con una dinámica de poder. Ejercieron sometimiento, violencia psicológica, física y sexual contra ella”, comentó la psicóloga tras salir de la audiencia.

Será en las próximas horas cuando se conozca si Danna Yanina “N” será vinculada a proceso o no por el caso de Dafne Zapata.

La noche en que Dafne Zapata Quintos murió durante un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, Estrella “N” le pidió a Danna Yanina “N”, entonces alumna del plantel y hoy imputada en el caso, que no se fuera.

En un mensaje enviado a su madre, la joven aseguró que la coordinadora del área femenil le dijo que era “un pedacito de ella”, que no la abandonara y que permaneciera en la academia porque era “la única testigo” de lo ocurrido.

El mensaje, difundido por La Saga de Adela Micha con autorización de la familia, salió a la luz mientras Estrella “N” y el director del plantel, Jorge Luis “N”, permanecen bajo prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio en las instalaciones de la academia, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

“Eres la única testigo y no me puedes dejar”

En el texto que Danna Yanina le envió a su madre tras la muerte de Dafne, la joven describe lo que, según su versión, hizo Estrella “N” en las horas y días posteriores al feminicidio.

“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola”, escribió Danna Yanina. Describió que cuando intentaba hablar por teléfono con su padre, Estrella “N” se metía en la conversación o escribía por ella. Que dormía con ella. Que le decía que era “parte suya, un pedacito de ella”.

La parte más reveladora del mensaje es la siguiente: “Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido”.

El mensaje no precisa a qué hechos hacía referencia Estrella “N” al decir que Danna Yanina era “la única testigo”, ni detalla cuál habría sido el papel de la joven tras la muerte de Dafne. Sin embargo, el contenido cobra relevancia porque, según la propia versión de Danna, la coordinadora del área femenil habría insistido en que permaneciera dentro de la academia, impidiéndole regresar con su familia en los días posteriores al fallecimiento de la adolescente.

Según la abogada defensora Dunia Ramírez, cuando el escándalo se hizo público, Estrella “N” no entregó a Danna Yanina a sus padres de forma voluntaria ni inmediata. La llevó en contra de su voluntad y la dejó cerca del puente Tampico días después de los hechos, de acuerdo con lo que declaró en una entrevista con Azucena Uresti. Sus padres la recibieron ahí.

Días después, Danna Yanina acudió a las instalaciones de la Fiscalía a presentar una denuncia, probablemente por consejo de su defensa. Fue durante ese acto cuando le notificaron y ejecutaron una orden de aprehensión previamente emitida por un juez de control, confirmó su propio abogado defensor al mismo medio. Se convirtió así en la primera persona detenida formalmente en el caso, antes que Estrella “N” y antes que Jorge Luis “N”.

La defensa sostiene que Danna es víctima, no responsable

Los abogados de Danna Yanina, Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostienen que su defendida está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella “N”, con quien comparte una complexión física similar. Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra y que la propia Alejandra Quintos ya habría reconocido el error en redes sociales y en entrevistas con medios.

“Danna nunca estuvo al cuidado de ningún personal. Ella no tenía a nadie en subordinación, no tenía a nadie a su cargo, no era tutora ni garante. Era simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, declaró Pérez Román a Fórmula.

La abogada Ramírez añadió que Danna Yanina habría sido víctima de abusos psicológicos, torturas, vejaciones y violación sexual por parte de miembros de la institución, aunque no precisó nombres por razones de presunción de inocencia. Señaló además que durante la primera audiencia, la jueza de control tuvo que ordenarle al Ministerio Público que le tomara la denuncia a Danna, porque hasta ese momento no se le había permitido presentarla formalmente.

Quién es Estrella “N” y qué papel tenía en la academia

Estrella “N”, conocida dentro del plantel como “Estrellita”, se identificaba ante las familias y los medios como la responsable del área femenil de la academia.

Sin embargo, ni ella ni nadie en el plantel tenía un rango militar real: la institución no está registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional ni tiene ningún vínculo con corporaciones castrenses, según confirmaron los abogados de Danna Yanina.

La academia únicamente cuenta con registro ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas como institución de nivel medio superior.

Estrella “N” fue la persona que mantuvo comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, durante los cuatro días que la menor permaneció en el campamento. Le enviaba reportes que minimizaban el estado de la adolescente: que estaba medicada, descansando, que quería quedarse a estudiar la secundaria en la academia. La última llamada que Quintos recibió antes de que le notificaran la muerte de su hija fue de Estrella “N”, quien le dijo que Dafne tenía tos y que la había bañado.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación. Al cierre de esta nota, Jorge Luis “N”, Estrella “N” y Danna Yanina son las tres personas imputadas formalmente, con prisión preventiva justificada los dos primeros.

En la grabación, la joven de 18 años afirma que era encerrada con candado en una perrera, obligada a hacer sus necesidades en una cubeta, castigada sin comida y sometida a ejercicios físicos hasta sangrar. Su defensa sostiene que nunca estuvo a cargo de ningún menor y que fue confundida con otra persona.

El audio fue entregado por la madre de Danna Yanina al medio La Saga de Adela Micha y difundido este lunes, días después de la detención del director de la academia, Jorge Luis “N”, y de la coordinadora del área femenil, Estrella “N”, quienes también son investigados por el feminicidio de Dafne, la adolescente de 13 años que murió el 17 de julio durante un campamento de verano en el plantel.

Las confesiones de Danna Yanina

En la grabación, que también circuló en redes entre las decenas de testimonios que surgieron tras la muerte de Dafne, Danna Yanina se identifica con nombre completo y fecha de nacimiento: nació el 2 de mayo de 2008 y cumplió 18 años el mismo día en que ingresó a la academia, en 2025. Entró como alumna interna para cursar cuarto, quinto y sexto semestre de preparatoria. Es originaria de Poza Rica, Veracruz.

Relató que a las dos semanas de haber ingresado, Estrella Mora comenzó a encerrarla en la perrera del plantel, el espacio donde anteriormente dormía el perro. “Estrellita le ponía candado al portón para que yo no saliera. Tenía que hacer del baño en una cubeta y dormirme en el piso y salían cucarachas y ratas”, describió. Dijo que eso ocurrió durante junio y parte de julio de 2025, y que también la encerraban en salones donde se impartían clases en la anterior sede de la escuela y en el pañol de armas, siempre con candado por fuera, sin posibilidad de salir hasta que Estrellita decidía abrirlo por la mañana.

Describió además que Estrellita la obligó durante una semana a peinarse con mayonesa todos los días. Que revisaba sus pertenencias sin permiso y se quedaba con cosas que le llevaban sus padres. Que en una ocasión encontró su ropa interior en el cajón de Estrellita. Que les hacía lo mismo a otros alumnos internos: les escondía o se quedaba con sus pertenencias y negaba haberlas visto.

“Estrellita siempre hablaba mal de mí con mis compañeros, siempre les decía que no me hablaran, que yo estaba loca”, relató Danna Yanina en el audio. Dijo que se encerraba con sus compañeros para hablar mal de ella, les decía que era “hipócrita, malagradecida, doble cara” y les pedía que le reportaran todo lo que Danna dijera. Les instruía que si ella decía algo, se lo comunicaran de inmediato.

Mora también espiaba las conversaciones que Danna Yanina tenía con su padre durante las visitas. Nunca le dio privacidad: se asomaba o escuchaba desde afuera cada vez que padre e hija hablaban a solas. Y siempre le preguntaba si le gustaba algún maestro o comandante, insinuando una relación que Danna Yanina niega.

Sobre los castigos físicos, Danna Yanina describió que una persona identificada como América la “tableó” dos veces durante el campamento de 2025 porque se le olvidó bajar un short color rojo en su primer acuartelamiento. Relató que cuando se portaban mal los hacían comer únicamente tortillas con sal, hasta diez como máximo. Ese castigo se lo aplicaban a Danna específicamente cuando se defendía o le contestaba a Estrellita. A otros alumnos los ponían a lavarle la ropa al clan de los Mora (la familia de Estrellita) como forma de castigo.

Lo que Estrellita le dijo a Danna Yanina tras la muerte de Dafne

Además del audio, la madre de Danna Yanina compartió con La Saga un mensaje escrito que su hija le envió tras la muerte de Dafne. En él describe lo que ocurrió después del feminicidio y el papel que Estrella intentó que jugara.

“Cuando pasó lo de Dafne, me insistía Estrellita con que me quedara. Me decía que yo era su hija y que no la abandonara, que me fuera hasta agosto, que no la dejara sola. Cuando hablaba por teléfono con mi papá, ella se metía o escribía por mí. Ella dormía conmigo y me decía que yo era parte suya, que era un pedacito de ella, que no me podía ir. Que le ayudara a conseguir al médico legista, que porque yo era la única testigo y que no me podía ir porque yo se lo había prometido”, escribió Danna Yanina.

Según la abogada defensora Dunia Ramírez, al declararse el escándalo público por la muerte de Dafne, Estrella se llevó a Danna Yanina en contra de su voluntad y la entregó a sus padres cerca del puente Tampico, días después de los hechos, de acuerdo con lo declarado a Fórmula.

La defensa: confusión de identidad y siete implicados más

Los abogados defensores de Danna Yanina, Dunia Ramírez y Miguel Ángel Pérez Román, sostienen que su defendida está siendo confundida con América Mora, sobrina de Estrella Mora, con quien comparte una complexión física similar.

Afirman que esa confusión es el origen del señalamiento en su contra y que la propia madre de Dafne, Alejandra Quintos, ya se ha pronunciado en redes sociales y en entrevistas reconociendo que cometió ese error.

“Danna nunca estuvo al cuidado de ningún personal. Ella no tenía a nadie en subordinación, no tenía a nadie a su cargo, no era tutora ni garante. Era simplemente una alumna con el sueño de estudiar medicina o enfermería naval”, declaró Pérez Román en entrevista con Azucena Uresti.

La abogada Ramírez señaló además que Danna Yanina habría sido víctima de abusos psicológicos, torturas, vejaciones y violación sexual por parte de miembros de la institución, aunque no precisó los nombres de los responsables por razones de presunción de inocencia. Añadió que durante la primera audiencia, la jueza de control tuvo que ordenar al Ministerio Público que le tomara la denuncia a Danna Yanina, porque hasta ese momento no se le había permitido presentarla formalmente.

Sobre el registro de la academia, Pérez Román fue preciso: el plantel únicamente está inscrito ante la SEP como institución educativa de nivel medio superior. No cuenta con ningún registro de orden castrense o militar, pese a operar durante más de tres décadas bajo una imagen y métodos de inspiración militar.

Sobre el número total de implicados en el caso, Pérez Román afirmó a Fórmula que faltan por detener aproximadamente siete personas más, cifra que supera las cinco que había mencionado Alejandra Quintos en entrevistas previas.

Una jueza de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, y Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de las instalaciones al estar acusados por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que durante la audiencia inicial, realizada durante más de 16 horas, el agente del Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba con lo que sustenta su vinculación a proceso.

Sin embargo, fue a petición de la defensa de los acusados que la autoridad judicial les concedió la duplicidad del término constitucional con el objetivo de resolver la situación jurídica de ambos.

Al aceptarlo, la jueza les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Con esto será el próximo jueves 30 de julio a las 9:00 horas cuando se reanude la audiencia de imputación en su contra y se defina si serán vinculados a proceso o no.

Audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada y sin revelar detalles a petición de la jueza

La diligencia comenzó a las 10:00 horas del domingo, pocas horas después de que fueron detenidos Jorge Luis “N” y Estrellita “N” en Tamaulipas. El proceso se alargó durante más de 16 horas y contó con cuatro recesos, además de llevarse a cabo de manera privada.

Lizeth Alejandra Flores García, abogada de la familia de Dafne Zapata, informó que la jueza de control del Centro Integral de Justicia de Altamira les indicó que no brindaran detalles acerca de lo ocurrido con el objetivo de no afectar el debido proceso.

“Me gustaría precisarles que la jueza de control realizó, estableció y nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso, la investigación, el proceso penal y a las demás partes involucradas”, explicó.

Suman tres detenidos por el caso de Dafne Zapata

Hasta el momento van tres personas detenidas por el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que falleció a causa de asfixia por sumersión durante un campamento de verano en la academia militarizada, ubicada en Ciudad Madero.

La primera captura fue la de Danna Yanina “N”, exalumna de la academia y cuya audiencia de imputación se realiza este lunes. Su madre denunció que su hija presuntamente sufrió abuso sexual por parte de un hermano de Estrellita “N” a cambio de que le diera comida; esto, dijo, ya lo denunciaron ante la Fiscalía del Estado.

El segundo arresto fue el de Jorge Luis “N”, ocurrido la noche del sábado, y poco después de la medianoche, Estrellita “N” fue capturada por su presunta implicación en el crimen.

Encargados de la academia aseguran que Dafne Zapata se desvaneció en la regadera: necropsia los desmiente

La Fiscalía del Estado determinó mediante necropsia que Dafne Zapata murió por asfixia por sumersión, lo que contradice directamente la versión que Jorge Luis “N” y Estrellita “N” han sostenido desde que se conoció la muerte: que la menor se desvaneció mientras se bañaba y ya no respondió.

Dafne solo llevaba cuatro días en el campamento de verano dentro de la academia militarizada cuando falleció. Su madre, Alejandra Quintos señaló a Estrellita “N” como la principal responsable del cuidado de los adolescentes en la institución, pues era quien le enviaba información sobre el estado de su hija mediante llamadas y mensajes.

Durante los cuatro días, Quintos recibió reportes en los que se le indicó que la menor vomitaba alimentos que no eran de su agrado, que había sufrido una caída que le generó un golpe en el rostro y que había sido atendida por un médico.

Fue la noche del 16 de julio, cuando la madre fue notificada de un malestar de su hija y, horas después, Estrellita “N” la llamó para pedirle que acudiera a la academia porque Dafne se había desvanecido en el baño y que ya no presentaba signos vitales.

Quintos también reveló que Estrellita “N” le confesó haber bañado a Dafne debido a los malestares que presentaba, acción realizada sin el consentimiento de la madre al tratarse de una menor de edad.

El caso ha provocado indignación debido a que otros exalumnos también han denunciado haber sido víctimas de maltratos y abusos dentro de la academia, así como los padres de cobros excesivos.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el modelo de educación militarizada no está permitido, por lo que hizo un llamado a los gobernadores a vigilar que no se brinde en escuelas.

La audiencia en contra de Estrellita “N”, encargada de los alumnos dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz, así como del director, Jorge Luis “N”, se realizó este domingo a puerta cerrada y tuvo una duración de más de 16 horas con cuatro recesos en medio del proceso que enfrentan por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata.

Al salir de la diligencia, la abogada de la familia de la adolescente de 13 años, Lizeth Alejandra Flores García, informó a medios de comunicación que la jueza de control del Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas, les indicó que no brindaran detalles acerca de lo ocurrido para no afectar el debido proceso.

“Me gustaría precisarles que la jueza de Control realizó, estableció y nos precisó que nos abstengamos de divulgar información de lo acontecido en la audiencia, toda vez que esto podría afectar el debido proceso, la investigación, el proceso penal y a las demás partes involucradas”, explicó.

Audiencia continuará este jueves para determinar si son vinculados a proceso

Sin embargo, dijo que la defensa de Jorge Luis “N” y Estrellita “N” solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas, por lo que será este jueves 30 de julio a las 09:00 horas que se realice la continuación de la audiencia inicial para determinar si son vinculados a proceso o no.

Sobre la medida cautelar que se le impuso a los detenidos, la abogada tampoco brindó mayor información debido a la precisión de la jueza de control; sin embargo, fue horas después que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que tanto a Estrellita “N” como a Jorge Luis “N” se encuentran en prisión preventiva.

Cabe señalar que fue Jorge Luis “N” el primero en ser detenido la noche del sábado por su probable implicación en la muerte de Dafne Zapata, quien de acuerdo con la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas falleció a causa de asfixia por sumersión.

Horas después, poco después de la medianoche, Estrellita “N” fue detenida en Altamira por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente, ocurrido el pasado 16 de julio al interior de la institución y cuando se encontraba bajo su supervisión.

Con esto suman tres detenidos por el caso, luego de que las autoridades arrestaron a Danna Yanina “N”, joven de 18 años identificada como exalumna del plantel. Sus familiares han denunciado que se le está confundiendo con una sobrina de Estrellita “N” que sí tendría responsabilidad dentro de los actos que se cometían en la academia militarizada, por lo que incluso han pedido ayuda a la madre de Dafne, Alejandra Quintos, para que sea liberada.

Desde que se dio a conocer la muerte de la adolescente, quien solo estuvo cuatro días en un campamento de verano dentro de la academia militarizada, tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” sostuvieron que Dafne Zapata se desvaneció mientras se bañaba y ya no respondió, pero su versión contradice los resultados de la necropsia.

Alejandra Quintos señaló a Estrellita “N” como la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la academia militarizada, ya que era la encargada de brindarle información acerca del estado de su hija por llamadas o mensajes.

De acuerdo con la mujer, durante los cuatro días recibió reportes en los que Estrellita “N” le dijo que su hija vomitaba la comida que no le gustaba, que había sufrido una caída y se había pegado en la cara, así como que había sido llevada con un médico y que se encontraba bien.

La noche del 16 de julio, la madre de Dafne fue notificada de un malestar que su hija presentaba y de su traslado a un médico; sin embargo, horas después Estrellita “N” le llamó y le dijo que debía ir a la academia porque su hija se había desvanecido en el baño.

Durante la llamada, le pasó el teléfono a una persona que no se identificó, quien le dijo que la joven ya no tenía signos vitales y había muerto.

Alejandra Quintos también mencionó que durante una conversación la mujer le dijo que tuvo que bañar a Dafne debido a los malestares que presentó; una acción que realizó sin su consentimiento al tratarse de una menor de edad.

En el caso de Danna Yanina “N”, este lunes será reanudada la audiencia luego de que se aplazó debido a que no asistieron los testigos, por lo que será en las próximas horas que se conozca si será vinculada a proceso por este caso.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el funcionario detalló que ni en la Ley General de Educación ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra autorizada esta modalidad educativa.

Además, destacó que la Nueva Escuela Mexicana se sustenta en un enfoque de Derechos Humanos que tampoco permite el maltrato en contra de menores de edad, quienes también son protegidos ante la ley para evitar que sean víctimas de este delito.

“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, explicó.

Con esto, dijo, la modalidad educativa militarizada no se encuentra estrictamente prohibida, sino que las leyes mismas no permitirían que se lleven a cabo acciones que puedan atentar contra los derechos de las infancias y adolescencias.

“La impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo”, dijo el funcionario al leer un comunicado previamente difundido por la SEP.

Detectan cinco escuelas más bajo esta modalidad en Tamaulipas: SEP ha intentado comunicarse con mamá de Dafne

Como parte de las acciones realizadas tras la muerte de Dafne, Mario Delgado dijo que fueron ubicadas en Tamaulipas 5 escuelas más que también funcionan bajo la modalidad militarizada, y señaló que “de inmediato se van a revisar sus permisos”.

Respecto a Dafne, quien falleció el pasado 16 de julio a causa de asfixia por sumersión, el funcionario detalló que han intentado entablar comunicación con la madre, Alejandra Quintos, pero no se ha podido concretar debido a que la defensa de la mujer así se lo recomendó.

“Estamos en contacto con el Secretario de Educación Pública de Tamaulipas, con el gobernador (Américo Villarreal), están ya ellos en la Fiscalía del Estado tomando cartas en el asunto. Por nuestra parte, hemos buscado establecer contacto con la mamá de esta niña que desafortunadamente falleció. No hemos logrado tener contacto porque entiendo que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y platicar para apoyarla”, aseguró.

Llamó a las entidades a supervisar que no se brinde esta modalidad educativa

Mario Delgado también hizo un llamado a los gobernadores para que verifiquen y supervisen que esta modalidad educativa no se brinde en las escuelas, ya que se ha detectado que tienen permisos pero se ostentan como academias militarizadas.

Por el caso de Dafne hay tres personas detenidas, entre los que se encuentran Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, la encargada de supervisar a los alumnos, Estrellita “N”, y una exalumna de 18 años llamada Danna Yanina “N”.

Alejandra Quintos, madre de la adolescente, denunció que fue Estrellita “N” la encargada de informarle el estado de salud de su hija durante los cuatro días que permaneció en el lugar.

De acuerdo con su testimonio, la mujer le dijo que Dafne vomitaba la comida que no le gustaba, le notificó sobre una caída que había tenido durante un entrenamiento que le provocó lesiones en la cara y le dijo que se había sentido mal y fue necesario llevarla con un doctor.

El 16 de julio fue cuando Alejandra Quintos recibió una llamada de la mujer en la que le decía que su hija se había desvanecido cuando se bañaba, y luego de pasarle el teléfono a otra persona, ésta le notificó que Dafne estaba muerta.

La madre también mencionó que durante una conversación la mujer le dijo que tuvo que bañar a Dafne debido a los malestares que presentaba; una acción para la que no brindó su consentimiento ni se le preguntó de manera previa.

La necropsia realizada días después por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas contradijo la versión tanto de Estrellita “N” como el propio director, Jorge Luis “N”, quien también aseguró que Dafne se había desvanecido cuando se bañaba; la adolescente en realidad murió a causa de asfixia por sumersión.

Este lunes se realiza la audiencia de imputación en contra de Danna Yanina “N”, quien era exalumna de la academia. Su madre ha denunciado que también era víctima de maltratos e incluso de presuntos abusos sexuales por parte del hermano de Estrellita “N”; mientras que será el jueves 30 cuando se lleve a cabo la de dicha mujer y el director.

La posibilidad de abandonar la Tierra para mudarse a Marte podría dejar de ser una historia de ciencia ficción. La construcción de una base espacial diseñada para explorar el espacio ya es una realidad para quienes habitan la frontera entre Estados Unidos y México.

En Boca Chica, Texas, se ubica Starbase, una base espacial que ha lanzado 13 satélites al espacio con la misión de buscar vida en otros planetas. La playa Bagdad, en Tamaulipas, México, colinda con esta base espacial de Space Exploration Technologies Corp, conocida como SpaceX y propiedad del empresario estadounidense Elon Musk.

El último lanzamiento fue el pasado viernes 24 de julio; con ello, SpaceX continúa sus trabajos de pruebas y exploración para, algún día —parece que no muy lejano— enviar personas que puedan emprender una nueva existencia en el espacio, lejos de la ya deteriorada Tierra.

Pero buscar vida en otros planetas tiene un costo ambiental y social irreparable; hoy existe evidencia sólida: donde antes se contemplaban miles de estrellas hoy predominan las huellas luminosas de satélites y cohetes; donde antes era un sitio de aves migratorias, hoy no llega ni una sola; y donde antes había bancos de peces que permitían la economía local, hoy ya no queda nada en el mar.

Activistas de organizaciones ambientales como Greenpeace México y habitantes de las zonas cercanas a la base espacial, como la playa de Bagdad en Tamaulipas, han denunciado afectaciones como emisiones contaminantes, la acumulación de basura espacial, la contaminación acústica y las vibraciones extremas, todas ellas con consecuencias directas sobre los ecosistemas marinos y costeros de México.

Esta transformación —irreversible y silenciosa— es el eje del recién estrenado documental Shifting Baselines (Horizontes Perdidos), el tercer largometraje del cineasta Julien Elie que está disponible ya en carteleras desde el 23 de julio.

En entrevista con Infobae México, Julien Elie compartió su experiencia al filmar este documental, que aborda cómo la expansión tecnológica y el avance de proyectos espaciales como SpaceX no solo alteran el paisaje y devastan ecosistemas, sino también erosionan la memoria colectiva sobre lo que existía antes.

El cielo perdido: la basura espacial y el efecto de una amnesia colectiva

Julien Elie nunca se propuso filmar una película sobre SpaceX, su objetivo es documentar lo que está pasando con los satélites y la basura espacial que ya está invadiendo el cielo nocturno, y cómo esto afecta no solo al medio ambiente, sino también a las comunidades que habitan zonas cercanas.

La idea de Shifting Baselines nació bajo un cielo que más que estrellas tenía satélites. Esa visión le provocó una inquietud inmediata: el cielo que conoció, y que generaciones anteriores admiraron, estaba cambiando de manera radical. “¿Qué está pasando con el cielo que conocí? Es como si ya estuviera desapareciendo”, relató el director. Pero de ello, saca una conclusión todavía más nostálgica: “lo que nosotros conocimos como el cielo ya no existe”.

El concepto del “shifting baselines”, propuesto por el biólogo marino Daniel Pauly, explica cómo las nuevas generaciones se acostumbran a un entorno natural devastado. En otras palabras, los jóvenes normalizan apreciar cielos nocturnos repletos de basura espacial porque es lo que conocen, sin saber que sus padres y abuelos vivieron una naturaleza totalmente distinta y, lo que es peor, sus hijos y nietos conocerán paisajes todavía más devastados y olvidarán que alguna vez existió verdadera belleza.

Ellien también lo nombra amnesia colectiva: una normalización de la degradación ambiental y la pérdida de referencias sobre lo que existía antes. El auge de la basura espacial no solo afecta la observación astronómica, sino que redefine la relación humana con el entorno y con la historia misma.

Shifting Baselines utiliza recursos visuales y sonoros, como la fotografía en blanco y negro que da una atmósfera de ciencia ficción para sumergir al espectador en una experiencia que evoca tanto nostalgia como desconcierto.

Base espacial no pidió permiso a territorio mexicano, fue construida sobre territorio históricamente colonizado

Boca Chica, una franja costera al sur de Texas junto a la frontera con México, es el escenario donde la carrera espacial adquiere dimensiones tangibles de devastación. La base de SpaceX no solo representa el avance de la tecnología y la ambición privada, sino que se asienta sobre un territorio con una historia profunda de violencia y despojo.

Julien Elie recordó en entrevista con Infobae México que ese lugar en Texas, hoy ocupado por lanzaderas y cohetes, fue escenario de masacres cometidas contra comunidades indígenas durante la llegada de los españoles a América. “Hay gente que dice que la base de SpaceX es como un panteón. Fue un panteón por tanta gente que estaba masacrada ahí”, relató el cineasta.

Ello resulta en una irónica contradicción: donde antes se perpetró la colonización y el sometimiento de pueblos originarios, ahora se levanta lo que podría denominarse una nueva forma de conquista, impulsada por la promesa de explorar otros planetas. Elie observa con ironía cómo en la base de SpaceX circulan camisetas con la consigna “colonize Mars”, mientras se ignoran las heridas abiertas en la tierra que pisan.

Otro punto importante que destacó Julien fue que SpaceX estableció acuerdos con las autoridades de Texas, pero no pidió permisos ni consultó a México, pese a que las afectaciones ambientales y sociales trascienden la línea divisoria. “En Texas SpaceX tiene acuerdos con las autoridades de Texas, pero no tiene ningún acuerdo con México, porque no les importa”, señaló. “Es una manera brutal de hacer las cosas, sin pensar en la gente, los animales ni el territorio. La historia se repite y se repite”, lamentó.

El documental de Julien Elie muestra cómo la expansión tecnológica no reconoce fronteras: las consecuencias de los lanzamientos y la contaminación afectan tanto a la fauna como a los pescadores mexicanos en Playa Bagdad, Tamaulipas. Cada despegue representa un desastre ambiental para quienes subsisten de la pesca, que reportan la desaparición acelerada de especies y la degradación del mar.

Las luchas por el territorio: una mirada desde el documental

Para Julien Elie, filmar Shifting Baselines fue una oportunidad para adentrarse en las luchas silenciosas y persistentes de las comunidades que habitan la frontera entre México y Estados Unidos. El director no quiso limitarse a retratar el impacto ambiental de la carrera espacial, sino revelar cómo las personas defienden su territorio ante el avance de intereses económicos y tecnológicos.

“Creo que en cada una de mis películas el territorio es el enfoque principal. Mi preocupación mayor. Sí es como una defensa del espacio, de la gente que vive en esos espacios y de lo que nos quedan”, afirmó Elie.

En la película, la devastación del cielo es inseparable de la devastación de la tierra: paisajes alterados, pantanos drenados y playas cerradas cuentan una historia de resistencia y despojo. Elie quiso mostrar cómo los pescadores y habitantes locales enfrentan la transformación de su entorno y la amenaza sobre sus formas de vida.

“Los pescadores dicen que los afecta muchísimo ahora la contaminación. Cada vez que hay un lanzamiento, es un desastre. Y que pueden ver actualmente la desaparición de los pescados, de manera brutal”, narra el director, recogiendo la voz de quienes padecen la transformación día a día.

¿Qué le espera a la Tierra y a quienes la habitan?

Para Julien Elie, el cine es ante todo una forma de compartir historias y despertar preguntas. El director invita a mirar de frente el deterioro y la transformación del entorno. “Yo hago una película, cuento historias y espero que la gente quiera verlas. Eso es mi satisfacción”, afirma.

La oportunidad de estrenar su tercer largometraje en México representa para Elie un privilegio y una responsabilidad. El documental es definido por su creador como una experiencia de ciencia ficción anclada en la realidad.

Con imágenes en blanco y negro y un diseño sonoro envolvente —que recomienda disfrutar a través de las pantallas de cine—, Shifting Baselines deja al espectador ante la evidencia de un cielo irrecuperable y un territorio marcado por la repetición de la historia.

La distopía ya no es solo un ejercicio de imaginación: se instala como una advertencia de algo catastrófico que se avecina. La película cierra con la pregunta inevitable de qué futuro le espera a la Tierra, en un mundo donde la memoria se erosiona —amnesia colectiva— al ritmo de lo que llaman progreso.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) expresó su indignación acerca de la muerte violenta de dos adolescentes de 13 años de edad, Dafne Zapata Quintos y Erick Leonardo Terán Torbellín, durante su estancia en instituciones y campamentos militarizados, en el último año. Ambos casos exponen con urgencia las fallas de supervisión y la obsolescencia de un marco normativo con disposiciones de más de 80 años de antigüedad.

SIPINNA advierte que estas instituciones han operado durante décadas bajo esquemas de vigilancia insuficiente, con reglamentos que no responden a los estándares actuales de protección de la infancia. Esa brecha ha propiciado dinámicas de sometimiento, abuso de autoridad, violencia física y psicológica, y prácticas de “novatadas” incompatibles con un enfoque de derechos humanos.

La legislación mexicana —el artículo 4.º de la Constitución Política y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes— prohíbe expresamente el castigo corporal y cualquier trato cruel, inhumano o degradante; ninguna institución puede invocar la disciplina o la formación militar para justificar la violencia.

El organismo aclara que las agresiones o sometimiento entre pares, permitidas por cuidadores o autoridades, “constituyen formas de violencia que deben prevenirse, investigarse y sancionarse conforme a la ley”.

¿Quién vigila a las escuelas militarizadas?

Tras el fallecimiento de Erick Torbellín en un campamento organizado por la Academia Militarizada Olín (institución relacionada con el Ejército y la Fuerza Aérea) ocurrido el pasado mes de mayo del 2025, surgieron cuestionamientos acerca de la regulación de este tipo de instituciones en el país. Ante esto, la Secretaría de Defensa (Defensa) afirmó que endurecería la revisión de este tipo de instituciones.

El entonces jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar de la Sedena, Jaime Salvador López, señaló a la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la autoridad encargada de avalar y verificar el cumplimiento de algunos parámetros para la operación de las instituciones de tipo militarizado.

Sin embargo, la SEP aclaró que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o “castrense” en planteles privados. Por ello, no existía disposición normativa, criterio institucional ni marco regulatorio que previera, autorizara o regulara la enseñanza militar en instituciones de educación básica.

En el caso de Dafne Zapata, la Defensa se deslindó de la Academia Militarizada Marina Doenitz, centro académico privado en el que falleció la menor. A través de un comunicado de prensa, la secretaría sostuvo que carece de atribuciones para “autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militares privadas”. Esta información fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que el gobierno de Tamaulipas es el responsable de revisar la operación de dicha academia.

3 propuestas para blindar los derechos de las infancias en centros educativos militarizados

Ante este diagnóstico, la Secretaría propone tres acciones concretas para regular los centros educativos de carácter militar:

1. Creación de un padrón nacional y un sistema permanente de supervisión e inspección: ningún establecimiento podrá operar sin autorizaciones vigentes, protocolos de prevención, mecanismos efectivos de denuncia, personal capacitado en derechos de la niñez y verificaciones periódicas de las autoridades.
2. Cero impunidad: el organismo exige a las fiscalías y a los tribunales que las investigaciones no se circunscriban a señalar responsabilidades entre los propios menores —como ocurre típicamente en las novatadas—, sino que alcancen a directivos, instructores, propietarios y cualquier adulto que haya incumplido su deber de cuidado, a fin de desmantelar las redes de encubrimiento institucional.
3. Llamado al Poder Legislativo: para actualizar el marco jurídico que rige a estas instituciones y armonizarlo con la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Ley Dafne: ¿Qué propone?

La madre de Dafne Zapata narró a medios de comunicación su interés por proponer una iniciativa de ley que lleve el nombre de la adolescente asesinada; su objetivo sería prohibir:

• Novatas
• Castigos físicos
• Tortura
• Ejercicios

Y toda acción que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo de escuelas militarizadas e internamientos privados.

SIPINNA exige justicia a las familias de las víctimas

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes subraya que las familias de las víctimas tienen derecho a la verdad, al acceso a la justicia y a una reparación integral que comprenda restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

El organismo también señala que corresponde al Estado revisar si existieron omisiones en las labores de inspección y regulación de estas instituciones, cuyas estructuras jerárquicas —que normalizan el abuso de autoridad— deben examinarse desde una perspectiva de niñez, derechos humanos y género.

Estrellita “N”, encargada de la Academia Militarizada Marina Doenitz, fue detenida la madrugada de este domingo en Altamira, Tamaulipas, por su presunta implicación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata, ocurrido el 16 de julio al interior de la institución.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) informó que la detención de la mujer se llevó a cabo como parte de trabajos de investigación en la carpeta de investigación por el delito de feminicidio, y en cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable participación en los hechos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Estrellita “N” fue arrestada a las 00:40 horas de este domingo en la calle Las Flores, colonia Monte Alto de Altamira, Tamaulipas, por elementos de la Policía Ministerial.

Su detención se suma a la de Jorge Luis “N”, director de la academia militarizada, por su probable implicación en la muerte de la adolescente de 13 años de edad, así como a la de Danna Yanina “N”, joven de 18 años identificada como exalumna del plantel que actuaba como auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

Con esto, suman tres detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata, quien murió por asfixia por sumersión, de acuerdo con la necropsia realizada por la Fiscalía de Tamaulipas. Los resultados contradicen la versión que sostuvieron tanto Jorge Luis “N” como Estrellita “N” al asegurar que la adolescente se desvaneció mientras se bañaba y que ya no se había podido hacer nada por ella.

¿Cuál era el papel de Estrellita “N” dentro de la academia militarizada?

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, señaló a Estrellita “N” como la principal responsable de los cuidados de los adolescentes dentro de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

De acuerdo con la mujer, toda la información relacionada con su hija se la proporcionaba Estrellita “N” a través de mensajes o llamada durante los cuatro días que permaneció en el campamento.

En ese tiempo, recibió diversos reportes en los que la encargada le dijo que su hija vomitaba la comida que no le gustaba, que había sufrido una caída leve que le provocó lesiones en la cara (con la evidencia de un video en el que Dafne Zapata se observa acostada en una cama y saluda a su madre), así como que había sido llevada con un médico y que se encontraba bien.

Alejandra Quintos mencionó que a pesar de los reportes, la mujer insistía en preguntarle si se animaría a inscribir a su hija a los cursos regulares, pero fue la noche del 16 de julio cuando la situación empeoró.

Ese día, la madre de Dafne fue notificada que un malestar que su hija presentaba y de su traslado a un médico; sin embargo, horas después Estrellita “N” le llamó y le dijo que debía trasladarse a la academia porque la adolescente se había desvanecido en el baño y le pasó el teléfono a una persona que no se identificó, quien le informó que ya lo joven ya no tenía signos vitales y había muerto.

En su relato, Alejandra Quintos también mencionó que Estrellita “N” le dijo que tuvo que bañar a Dafne el mismo día que presentó malestares, una acción que se realizó sin su consentimiento al tratarse de una menor de edad.

Durante una entrevista, la madre describió el estado en que recibió el cuerpo de su hija, quien solo estuvo cuatro días en el campamento antes de morir: “huesos rotos, desnuda, con asfixia, nariz rota, sin comida, sin alimento”.

Luego de los hechos, familias y adolescentes que se encontraban en la academia militarizada comenzaron a movilizarse con Alejandra Quintos para exigir justicia, además de denunciar los malos tratos e irregularidades que se cometían en la institución.

Pese a varios testimonios compartidos por medios locales refieren que los estudiantes eran forzados a golpearse entre sí, el director de la academia, Jorge Luis “N”, brindó su declaración ante la Fiscalía de Tamaulipas y sostuvo que Dafne Zapata presentaba una dolencia que el médico no había podido detectar, y reafirmó que se había desvanecido en la regadera cuando murió.

Además, el director dijo de manera pública que “le podemos regresar a la mamá lo que depositó, porque realmente solo lo ocupó cuatro días”, esto respecto al pago del curso de verano que pagó Alejandra Quintos para su hija.

Se espera que sea en las próximas horas cuando se realice la audiencia de Estrellita “N” y Jorge Luis “N” para determinar su situación jurídica, luego de que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

La investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE) informara la detención de Jorge Luis “N”, quien fungía como director y fundador de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La captura fue realizada en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control, quien encontró elementos suficientes para que el imputado enfrente un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Tras su detención, Jorge Luis “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica en las próximas audiencias.

Este arresto representa un nuevo avance en uno de los casos que mayor indignación ha generado en Tamaulipas durante las últimas semanas, debido a las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la menor y a las denuncias realizadas por sus familiares.

¿Quién es Jorge Luis “N”?

Jorge Luis “N”, es el director y fundador de la Academia Militarizada Marina Doenitz, institución que durante más de tres décadas ha ofrecido cursos de disciplina militarizada y campamentos para menores de edad en Ciudad Madero.

La información pública sobre su trayectoria señala que es arquitecto de profesión y cuenta con una maestría en Administración de Empresas.

Hasta el momento, no se ha acreditado públicamente que haya pertenecido a las Fuerzas Armadas ni que cuente con una trayectoria militar oficial.

Por igual, Jorge Luis N, mucho tiempo fue reconocido como “comandante” y utilizó uniforme militar en eventos oficiales y con padres de familia, hasta coincidió con el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo en la conmemoración del 83 aniversario del Día de la Marina, realizado el 3 de junio de 2025.

Mientras en la conferencia mañanera del 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Academia Militarizada Marina Doenitz no pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional por lo que la investigación por la muerte de Dafne Zapata correspondería a las autoridades de Tamaulipas, “es el gobierno del Estado el que debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, había declarado.

Tras conocerse la muerte de Dafne, el directivo sostuvo públicamente que la adolescente habría sufrido un desvanecimiento mientras se encontraba en el área de regaderas del campamento y negó que hubiera sido víctima de agresiones dentro de la institución.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones ministeriales y periciales, la Fiscalía decidió judicializar el caso y solicitar la orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado de manera pública cuál habría sido la participación específica que se le atribuye al director dentro de los hechos investigados, información que será presentada durante el proceso judicial.

La muerte de Dafne sigue bajo investigación

Dafne Zapata Quintos ingresó al campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz el pasado 13 de julio de 2026. Cuatro días después, la menor perdió la vida en circunstancias que inicialmente fueron reportadas como un accidente.

No obstante, la familia de la adolescente denunció que Dafne presentaba diversas lesiones físicas y aseguró que pudo haber sido víctima de maltrato mientras permanecía en el campamento.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía llevaron a que el caso fuera reclasificado y actualmente se persiga como feminicidio, uno de los delitos más graves contemplados por el Código Penal.

La necropsia estableció que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión, aunque las autoridades continúan integrando pruebas periciales, testimoniales y científicas para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso ya suma dos personas detenidas

La detención de Jorge Luis “N” ocurre apenas unos días después de que la Fiscalía ejecutara otra orden de aprehensión relacionada con el mismo caso.

Anteriormente fue detenida Danna Yanina “N”, una joven de 18 años que se desempeñaba como instructora auxiliar dentro de la academia y quien también enfrenta un proceso penal por su probable participación en el feminicidio de Dafne.

Las autoridades estatales señalaron que las investigaciones permanecen abiertas y no descartan que puedan ejercerse nuevas acciones penales contra otras personas que laboraban o colaboraban en la institución durante el campamento de verano.

Familia exige justicia para Dafne

Desde que ocurrió el fallecimiento, los familiares de Dafne han exigido que se esclarezcan completamente los hechos y que todos los responsables enfrenten a la justicia.

La madre de la adolescente ha sostenido públicamente que su hija no murió por un accidente, sino que habría sido víctima de violencia mientras permanecía bajo el cuidado del personal de la academia.

El caso ha generado una amplia movilización social y múltiples llamados para revisar los protocolos de supervisión y seguridad en campamentos y escuelas militarizadas que reciben a menores de edad.

Organizaciones civiles y colectivos defensores de los derechos de la infancia también han solicitado que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género y con estricto apego a los derechos de las víctimas.

Fiscalía continuará con las investigaciones

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que continuará integrando la carpeta de investigación para esclarecer todas las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente.

Durante las próximas audiencias, el Ministerio Público presentará los datos de prueba reunidos hasta el momento para sustentar la imputación por feminicidio en contra de Jorge Luis “N”, mientras que la defensa podrá ejercer los recursos legales correspondientes.

La investigación permanece abierta y no se descarta que las autoridades hagan nuevas diligencias o detenciones por la muerte de Dafne Zapata Quintos, un caso que continúa conmocionando a Tamaulipas y al resto del país.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGE) informó la detención de una segunda persona presuntamente relacionada con el feminicidio de Dafne N, caso que ha generado indignación pública por haberse registrado al interior de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

De acuerdo con la dependencia, la captura fue posible gracias a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión.

Los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2026, fecha en la que se reportó el fallecimiento de la joven en las instalaciones de la academia, un caso que desde el inicio provocó una amplia atención mediática y exigencias de justicia por parte de familiares, colectivos y ciudadanos.

Cumplimentan orden de aprehensión

En un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que agentes de investigación lograron cumplimentar una orden de aprehensión contra Jorge Luis N, segundo presunto responsable por su probable participación en el delito de feminicidio y que era el director de la academia Doenitz.

La institución precisó que el detenido fue presentado ante la autoridad judicial competente, la cual será la encargada de definir su situación jurídica conforme al debido proceso y a las pruebas integradas dentro de la investigación.

Mientras en el Registro Nacional de Detenciones, se señala que Jorge Luis ‘N’ fue capturado por elementos de la Policía Ministerial de Investigación la noche de este sábado 25 de julio, a las 9:12 pm, en la calle Noche Buena del fraccionamiento Los Encinos, en el municipio de Altamira.

El detenido fue puesto a disposición del juez de control de la Sexta Región, autoridad ante la que se definirá su situación jurídica, se lee en el documento.

Investigación continúa abierta

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró que las investigaciones siguen en curso con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar que todas las personas involucradas enfrenten la justicia.

Las autoridades ministeriales señalaron que la integración de la carpeta de investigación continúa mediante el análisis de pruebas periciales, testimoniales y demás diligencias que permitan fortalecer el caso ante los tribunales.

Caso generó conmoción en Tamaulipas

El feminicidio de Dafne N ocurrió dentro de una academia militarizada de Ciudad Madero, situación que provocó un amplio debate sobre las condiciones de seguridad y supervisión en este tipo de instituciones.

Desde que se dio a conocer el caso, familiares de la víctima han solicitado una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y garantizar que no exista impunidad.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres también han dado seguimiento al proceso, al considerar que se trata de un caso emblemático que debe resolverse con total transparencia.

Cabe recordar que la primera persona detenida por este caso fue Yanina N, joven de 18 años imputada por presunta complicidad en el feminicidio de Dafne.

Su audiencia fue pospuesta porque no pudo completarse este viernes en el Centro Integral de Justicia de Altamira, ya que solo 9 de los 32 testigos convocados por la defensa se presentaron.

Autoridad judicial definirá situación legal

Con esta nueva captura, el proceso judicial entra en una etapa clave, ya que será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso al detenido por el delito de feminicidio.

La Fiscalía recordó que toda persona imputada goza del principio de presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial emita una sentencia definitiva.

Mientras tanto, las investigaciones permanecen abiertas y no se descarta que puedan realizarse nuevas diligencias o actuaciones ministeriales conforme avance el proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas aseguró que continuará trabajando para esclarecer totalmente el feminicidio de Dafne N, con la detención del segundo presunto implicado, las autoridades buscan fortalecer el caso para que los responsables enfrenten la justicia.

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron el pasado martes 21 de julio un cateo al interior en un predio del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en coordinación con elementos de la Seguridad Física de Pemex.

El operativo derivó en el aseguramiento de 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, según información oficial contenida en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Reportes extraoficiales apuntaron a que el lugar habría operado como una refinería clandestina, dedicada a tratar productos robados de ductos de Pemex. La inferencia se basó en la complejidad de la infraestructura localizada, sin embargo, ninguna autoridad confirmó esa versión de forma oficial.

El predio reunía equipo de almacenamiento, distribución y plantas de energía

Las fuerzas federales aseguraron dentro del inmueble once tanques de almacenamiento móvil, siete tanques verticales de almacenamiento, ocho motobombas, seis tractocamiones, siete pipas, tres generadores de energía eléctrica, un vehículo y un remolque tipo plataforma.

La combinación de ese equipo —motobombas para el trasiego de líquidos, tanques de gran capacidad y generadores propios— fue lo que llevó a medios locales a describir extraoficialmente el lugar como una presunta refinería clandestina.

La Defensa no precisó la ubicación exacta del inmueble dentro del municipio de Reynosa ni informó sobre personas detenidas durante el despliegue del operativo. El comunicado señaló únicamente que la intervención se realizó “con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

La FGR resguardó los bienes asegurados

Todo lo decomisado quedó a disposición de la FGR con sede en Reynosa para la realización de acciones periciales. Las investigaciones buscarán determinar el origen de los casi 3.8 millones de litros de sustancia asegurada, el uso que se le daba al equipo encontrado y las responsabilidades legales que se deriven del hallazgo.

En el comunicado, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron lo que describieron como “la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la Delincuencia Organizada” en Tamaulipas.

La operación se enmarcó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Las autoridades no emitieron información adicional sobre el estado de la investigación ni sobre posibles vínculos del inmueble con grupos de la delincuencia organizada activos en la frontera norte del país.

407 personas procesadas por huachicol fiscal desde diciembre de 2025

El operativo en Reynosa se produjo en el marco de una ofensiva federal contra el tráfico ilegal de combustible. La FGR informó que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 llevó a proceso a 407 personas vinculadas a redes de contrabando de hidrocarburos que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.

El 16 de julio, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos anunció la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien acusó de encabezar la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país, con un daño estimado de más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública. La investigación documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025.

La red presuntamente operó a través de empresas que declaraban ante aduanas únicamente el 10% de los hidrocarburos que realmente importaban: reportaban alrededor de 10 mil litros por carro tanque de ferrocarril cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Además, informaban a las autoridades mercancías diferentes a las que en realidad contenían los contenedores, evadiendo impuestos.

El combustible provenía de refinerías en Texas y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, con entrada al país por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.

La fiscalía también identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, en un esquema de triangulación financiera hacia empresas extranjeras.

Ruffo y siete personas más vinculadas a proceso, en el caso del exgobernador panista fue por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el Edomex. En el caso están involucrados exfuncionarios de aduanas.

La audiencia de Yanina, la joven de 18 años imputada por presunta complicidad en el feminicidio de Dafne, no pudo completarse este viernes en el Centro Integral de Justicia de Altamira: solo 9 de los 32 testigos convocados por la defensa se presentaron, lo que obligó a suspender la sesión hasta el próximo lunes 27 de julio a las 08:00 horas.

Esa misma fecha marca un límite procesal: el plazo de 144 horas de ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas a favor de la imputada vence ese día. La coincidencia convierte la próxima audiencia en una jornada determinante para el proceso.

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió por asfixia por sumersión al interior de las instalaciones de Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Las autoridades del plantel aseguraron a sus padres que la joven se había desmayado en el baño; sin embargo, la familia sostiene que la joven fue víctima de feminicidio.

Falta de testigos: la razón de la suspensión de la audiencia de Danna Yanina “N”

La baja asistencia de testigos fue la razón directa del aplazamiento. Con el objetivo de que no se contaminen las declaraciones, se pidió que todas las entrevistas con los 32 testigos se den en el mismo día lunes. La defensa de Danna explicó a los medios de comunicación:

“No puede haber contacto entre los testigos (...) sobre todo para que no se contaminara, que los testigos no podían pasar unos hoy y después el día lunes otro. O sea, porque no”.

“Ella está triste, está temerosa, tiene miedo, es una niña”, añadió la defensa cuando le preguntaron sobre Danna Yanina “N”, quien, también aclararon, regresó a al penal de Altamira tras la decisión de la jueza de aplazar su audiencia.

La mayoría de los testigos son alumnos y menores de edad, por lo que, por su protección, no se pueden revelar sus nombres.

Madre de Dafne acude a la audiencia de la detenida por el asesinato

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, se presentó este viernes a la audiencia en Altamira y aseguró que confía en que las autoridades hagan justicia por el crimen:

“Que tienen todo mi voto de confianza, que sé que van a hacer bien su trabajo, que sé que me van a apoyar y que esto no se va a quedar impune”.

Los nombres que señala la madre de Dafne

Alejandra Quintos identificó a cuatro personas como las que “sobresalen” en el feminicidio de su hija: Estrellita Mora, Jorge Luis Ponce, Jesús Mora y una mujer a quien llama América, descrita como la persona que recibió a Dafne el día que llegó al campamento de la escuela militarizada Doenitz.

Fue precisamente América quien tuvo el último contacto documentado por la madre con la niña. Quintos relató que esa mujer la recibió, le comentó que el peinado de Dafne no era el adecuado y se la llevó. “Ya no, no la vuelvo a ver”, dijo.

La madre aclaró que no conocía personalmente al personal del plantel: “Nunca he tenido un acercamiento con todo el personal o a nadie de ahí”.

La advertencia sobre suplantación de identidad

La otra denuncia que Alejandra Quintos lanzó ante los medios fue la existencia de personas que se hacen pasar por ella para solicitar dinero. Aseguró que ni ha pedido apoyos económicos ni ha recibido ninguno, y que todo el gasto del proceso corre por cuenta suya y del padre de Dafne.

“Que no quieran lucrar con mi dolor haciéndose pasar por mí”, exigió. Añadió que hay personas que le reportan haber transferido dinero creyendo que llegaba a ella, y que incluso hay quienes se atribuyen públicamente haberla apoyado.

Su mensaje fue directo: “No transfieran a cuentas” y que si en algún momento llegara a necesitar apoyo económico, lo solicitará ella misma desde sus propias redes sociales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emitió este 25 de julio un comunicado en el que negó tener atribuciones para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militarizadas privadas, en medio de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Defensa respaldó su postura en el Reglamento Interior de la dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, y precisó que ese ordenamiento derogó cualquier disposición administrativa que pudiera haber dado pie a una interpretación distinta.

Con ello, la dependencia dejó en claro que no existía ni había existido vínculo institucional alguno con el plantel tamaulipeco.

El reglamento del DOF confirma que la educación militar es solo para personal castrense

Una consulta de Infobae México al Reglamento Interior de la Defensa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, confirmó que las atribuciones educativas de la institución están acotadas a su propio personal.

El artículo 69 establece que la Dirección General de Educación Militar planea, organiza y supervisa el sistema educativo militar exclusivamente para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea.

El artículo 70 detalla las facultades de esa dirección: aplicar la Ley de Educación Militar, gestionar servicios educativos para el personal de la Defensa y supervisar las instituciones educativas militares propias de la institución. En ningún artículo del reglamento se otorga a la Defensa facultad alguna para intervenir en planteles privados civiles que adopten un modelo de disciplina militar.

La SEP también rechazó tener atribuciones sobre planteles militarizados

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el 24 de julio un boletín en el que precisó que la educación militar se circunscribe exclusivamente a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, impartida por la propia Defensa. Por ello, no existía disposición normativa, criterio institucional ni marco regulatorio que previera, autorizara o regulara la enseñanza militar en instituciones de educación básica.

El secretario Mario Delgado Carrillo fue directo: “Resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”. Añadió que ese tipo de conductas constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez.

La SEP también advirtió que la autoridad educativa de Tamaulipas tomaría medidas respecto a la autorización que le otorgó a la Academia Marina Doenitz bajo la denominación “militarizada” en 2005, actualizada en 2013.

Esto es lo que se sabe del caso Dafne Zapata

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ingresó el 13 de julio al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Días después, el 16 de julio, murió dentro de las instalaciones. El certificado de defunción clasificó su muerte como homicidio por asfixia por sumersión.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas Jesús Eduardo Govea confirmó el pasado 24 de julio que esa conclusión se respaldó en cinco líneas de análisis forense: criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y autopsia. Advirtió que los testimonios de personas vinculadas al plantel no coincidían con lo que establecieron los peritajes.

La única detenida al momento es Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna que fungía como auxiliar en el plantel, imputada por feminicidio y con prisión preventiva. Su audiencia inicial, que ya acumulaba más de 13 horas, se pospuso para el lunes 27 de julio a las 8 de la mañana. La razón sería que hay 30 testigos citados, la mayoría alumnos de la academia, y la autoridad determinó que no podían desahogarse en distintas fechas para evitar contaminación entre ellos. El término constitucional, ampliado a 144 horas, vence ese mismo día.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, sostuvo que la Fiscalía tenía identificados a cinco implicados. Señaló a Estrella Mora, coordinadora del área femenil, y al director Jorge Luis Ponce entre los que permanecían libres.