Durante su trayectoria, Tarazona se destacó por documentar y denunciar la presencia y los abusos cometidos por grupos armados irregulares, incluyendo guerrillas colombianas, en suelo venezolano. Su labor incluyó la exposición de la explotación ilegal de recursos naturales y la vulneración de derechos en zonas fronterizas, con especial atención al reclutamiento de niños y adolescentes por parte de estos grupos, así como la falta de respuesta del Estado frente a la violencia en regiones como Apure y Táchira.

Tras su detención, a Tarazona se le imputaron cargos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Diversos organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, exigieron su liberación inmediata por motivos humanitarios, debido al deterioro de su salud. El defensor presenta diabetes y fibrosis pulmonar, condiciones que se agravaron durante su reclusión.

La excarcelación de Tarazona ocurre tras reiteradas denuncias sobre el carácter arbitrario de su detención y las condiciones críticas de su salud. Su caso ha sido considerado emblemático de la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela.

Durante el proceso judicial, se documentaron irregularidades procesales significativas. En octubre de 2022, el juicio oral fue interrumpido tras dos meses de audiencias debido a la baja médica del juez. El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece que, si la interrupción supera los diez días hábiles, el juicio debe reiniciarse desde cero, anulando lo avanzado. Además, la audiencia preliminar fue diferida en 13 ocasiones antes de celebrarse en diciembre de 2021 y, más recientemente, en junio de 2025, el tribunal volvió a posponer audiencias, situación que la defensa de Tarazona describió como una “condena anticipada” por la vía de los hechos.

En las etapas iniciales de su detención, a Tarazona se le impuso un defensor público y se le negó la asistencia de sus abogados de confianza, lo que vulneró su derecho constitucional a la defensa. Asimismo, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que Tarazona fue sometido a tortura psicológica y aislamiento prolongado en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en El Helicoide. El propio Tarazona denunció ante el tribunal, en enero de 2024, que fue víctima de tortura física por parte de agentes estatales.

El deterioro de la salud de Tarazona constituyó uno de los aspectos más graves durante su reclusión. Padece de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, asma y fibrosis pulmonar, enfermedades que se agravaron en prisión y que, según FundaREDES, no recibieron tratamiento médico especializado. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y exigió reiteradamente su liberación por razones humanitarias.

El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU emitió la Opinión 8/2025, en la que calificó su detención como arbitraria y solicitó su liberación inmediata. Al cierre de enero de 2026, Tarazona acumulaba más de 1.670 días detenido sin que existiera una sentencia firme en su contra.

La excarcelación fue celebrada por la dirigente opositora María Corina Machado, quien envió un mensaje en favor del activista: “Querido Javier, me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá y a tu hermano José Rafael. Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega. Tú, mejor que nadie, lo sabes, en Venezuela habrá justicia. Libertad para TODOS los presos políticos”, expresó Machado en sus redes sociales, sumando su voz a las peticiones de liberación para quienes permanecen detenidos por motivos políticos.

Por su parte, el Foro Penal confirmó que se produjeron más excarcelaciones en el país este domingo. A través de un comunicado, la organización informó sobre el reencuentro de Luis Guillermo Istúriz González con su familia.

De acuerdo con el comunicado de la ONG Istúriz fue “arbitrariamente detenido en Venezuela desde el 24/08/2024 y recluido en SEBIN Helicoide”. Ya junto a su familia”. Con este anuncio, se suman nuevos casos a la lista de liberaciones recientes de personas consideradas presos políticos por organizaciones de derechos humanos.

A estas cifras se suman los militares que, desde 2014, han sido sometidos a medidas cautelares, como presentaciones periódicas ante tribunales o arresto domiciliario, y aquellos que fallecieron antes de recuperar su libertad, tras procesos judiciales marcados por denuncias de irregularidades y expedientes manipulados.

Organizaciones especializadas en el seguimiento de estos casos, así como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, advierten que el número de uniformados detenidos por motivos políticos responde a un patrón sistemático. Numerosas fuentes aseguran que los cuerpos de inteligencia habrían fabricado más de 60 supuestas conspiraciones con el objetivo de depurar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

He aquí laos 195 nombres de militares presos políticos, según su rango y componente.

Doce oficiales de la Armada

Son once en su totalidad los oficiales de la Armada que están detenidos por causas políticas:

Capitán de Fragata Carlos Alí Piña Bastidas.

Los cinco tenientes de Navío: Rigoberto Pinzón Palencia, José Noriega Manrique, Héctor Jesús Coronel, Yendry Arguello Rodríguez y Jefferson Jhosue Díaz Mendoza.

Tres tenientes de Fragata: TF Daesger Germán Hernández Alvarenga, Nelson Zabaleta Fernández Ángel Barrios Fuenmayor.

El Alférez de Navío Hebert Alfonso Cambero Sequea.

Los dos sargentos: SM3 Eddie José Valladares Cáceres y S2 Roberto Andrés Rondón Restrepo.

Seis generales

Un divisionario y cinco generales de Brigada, continúan privados de libertad en Venezuela, acusados de participar en diversas operaciones. Las detenciones se distribuyen de manera equitativa entre los tres componentes militares: Ejército, Aviación y Guardia Nacional.

En el Ejército siguen bajo custodia el general de Brigada Oswaldo José Bracho y el general de División Tomás Enrique Martínez Macías. Este último es padre del capitán Tomás Martínez Chico, excarcelado el 27 de enero de 2025; ambos fueron señalados en la llamada Operación Brazalete Blanco.

En el componente Aviación permanecen recluidos los generales de Brigada Miguel Carmelo Sisco Mora y Jackson Gutiérrez Strubinger, también implicados en investigaciones militares.

La lista se completa con dos generales de Brigada de la Guardia Nacional: Ramón Lozada Saavedra, quien se encuentra gravemente enfermo y bajo atención médica en el Hospital Militar de Caracas, y Héctor Armando Hernández Da Costa, detenido desde el 2018.

Los coroneles

Por el Ejército hay cinco coroneles: Carlos Jesús Sánchez Vásquez, Carlos Ulises Hernández Rojas, Jhony Rafael Mejías Laya, José Lozano Mogollón; y Diego Bautista Espín Trini, quien era director del Liceo Militar Jáuregui (Limijau) de La Grita, Táchira y fue detenido por resguardar las actas y material de votación del 28 de julio 20204, de los 10 centros electorales que coordinaba.

De la Aviación hay tres coroneles: Miguel Castillo Cedeño, Eddy Jordán Azabache y José Alberto Trejo Castillo.

Por la Guardia Nacional ocho coroneles: Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, Pedro Javier Zambrano Hernández, José Romel Acevedo Montañez, Oswaldo Valentín García Palomo, Ramón Alí Peñalver Vásquez, Oscar Rafael Pérez Romero, José de Jesús Gámez Bustamante y Pedro Milano Rincones.

Los comandantes

Por los componentes del Ejército, Aviación y GNB hay 14 tenientes coroneles que son los siguientes:

Once por el Ejército: Igbert José Marín Chaparro, Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez, Edgar Josué Carrillo Camacho, Freddy Alberto Mogollón Rojas, Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda, Durvis Enrique Melián Vargas, Guillermo Enrique César Siero, Manuel Alejandro Oria Arteaga, Jholmar Josué Cárdenas Camacho y Juan Carlos Peña Palmentieri, quien ya cumplió su condena en septiembre 2025 y en noviembre lo trasladaron a una cárcel desconocida.

Por la Aviación, el único teniente coronel es Félix Enrique Jiménez, mientras que son dos por la GNB: Pedro Luis Garrido Guillén y José Torrealba Carrasco.

Mayores

Los oficiales con rango de mayor son ocho:

Cuatro por el Ejército: Guillermo Henry César Siero, Niuma Rafael Sequera Gómez, Jhonathan Mendoza Suárez y la única mujer del grupo Diana Desireé Victora Justo.

Aviación: Adrián Leonardo De Gouveia de Sosa, detenido en el 2018, cumplió 5 años de cárcel, pero un mes después lo vuelven a detener y en 2024 lo involucran en la Operación Gedeón.

Guardia Nacional son tres: Francisco José Luna Martínez, Carlos Rosario y Juan Carlos Marrufo Capozzi, cuya esposa María Auxiliadora Delgado Tabosky es hermana de Osman Alexis Delgado Tabosky, señalado como autor intelectual del Caso Drones.

Los 21 capitanes

Son nueve por el Ejército: Carlos Arturo Rosario Pimentel, Javier Moreno, Alfredo Saba Peña Díaz, Javier Romero Briceño, Willians Andrés Rivas Jiménez, Juan Luis Gutiérrez Aranguren, Rocío del Valle Fernández Hernández perteneciente a la etnia Puinave Baré, Anyelo Julio Heredia Gervacio de la Operación Brazalete Blanco.

Además, Carlos Anthony Peña Medina, detenido en Barinas en diciembre 2024; sus padres Gloria María Medina Plaza y Carlos Julio Peña Chacón, así como su esposa Carla Álvarez, a través de un video reclaman libertad para el joven oficial quien tiene una hija de 9 años,

Hay tres capitanes de la Aviación Militar: Ronald Marrero Lozano, Robert Jiménez Ladera y Marcos Daniel Bello Corona.

Son nueve por la GNB: Juan Carlos Caguaripano Scott, Dimas Omar Murillo Rubio, Leonard Eligio Briceño Vivas, Renny Adelso Olivares Moreno, Franklin Antonio Leal Mendoza, Eliant Felipe César Caraballo, Antonio José Sequea Torres, Jesús Manuel Ramos López; y Erickson Alexander Chaya Barrueta, cuya esposa, cuñado y cuñada también están detenidos.

Tenientes

Entre tenientes y primeros tenientes suman 33:

Por el Ejército 22: Wladimir (Ej) Rafael Escalona Gutiérrez, Franklin Alfredo Caldera Martínez, Marcos David Insignare García, Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, José Gregorio Montiel García, Johan José González, Alberto José Salazar Cabañas, Oswaldo José Gutiérrez Guevara,

Jefferson Gabriel García Dos Ramos, Pedro Jiménez Luis, Raúl Eduardo Manzanilla Almao, Jairo Rafael Bethermyt Carrillo, Hugo Rainier Aparicio Cabeza, Carla Yancelis Antón Farías, Eduardo José Pérez Amaya, José Ángel Barreno Cordones, Junior de Jesús Silva Herrera, Luis Manuel Paiva Soto, Víctor Parra.

También el 1TT (Ej) Carlos Eduardo Lozada Saavedra, sobrino del general Ramón Lozada; ambos están presos. Reinaldo Enrique Finol del llamado Caso espía gringo Matthew John Heath. Y Johana Del Carmen Bermúdez, quien recién graduada, el 2 de agosto 2024, es detenida por funcionarios de la DGCIM, relacionándola al caso del coronel Diego Espín Trini.

Seis por la Aviación: Juan Carlos Franco Moreno, Junior de Jesús Silva Herrera, Henry Javier Salazar Moncada, Carlos Eduardo León Núñez, Kelvis José Chacón Reyes y Anyi Andreina Azuaje Fernández.

Cinco por la Guardia Nacional: Richard Rafael Alemán Castellano, tiene a dos hermanas y un cuñado presos; Rubén Darío Fernández Figuera, Alexander Navarro Pinto, Edgar Salas Pinilla y Rafael Antonio Villafranca López.

Los 85 Sargentos

En el Ejército hay 31 en total: dos SM2 Jairo Elí Villegas Moreno y Noel Ricardo Romero Lugo. Tres SM3: Álvaro Martín Mestra Valecillos, Jesús Alberto Colmenares Gallardo y Wilmer Oswaldo Salinas Sánchez.

Los 20 Sargentos de Primera (S1): Abraham Josué Molina Valera, Víctor Alfonzo Perozo Durán, Francisco Javier Pacheco Pérez, Nelson Enrique Santiago Valecillos, Yusimar Elisneth Montilla Ortega, José Rafael Blanco Volcán, Nelson Enrique Santiago Valecillos, Cristian Gregorio Estrada Estrada, Yurimar del Valle Rengel González, Rubén Augusto Bermúdez Oviedo.

También los S1 Darwin Antonio Solís Benítez, Juan Francisco Díaz Castillo, Javier Rafael Peña, Feydi Rafael Montero, Alexander Chávez Mogollón, Anthony José Reyes, Jecson Enrique Losada Matute, Carlos Enrique Conde Hurtado, Damián Mora y José Rafael Blanco Volcán.

Como seis Sargento Segundo (S2): Iriannis Valentina Mujica de Montesinos, Anderson José Pinto Tovar, Tony Adonis Guevara Bravo, Estewins Andrés Rojas Tapia, José Moreno Peñaloza y José Ruíz Delgado.

Tres en la Aviación: dos S1 Juan Carlos Venturi Escobar y Ángel Orlando Perdomo Hurtado; y el S2 Gabriel Alejandro Jordán Padrón.

En la Guardia Nacional: de la Tropa Profesional, hay 51 sargentos en total, divididos así:

25 Sargento Segundo (S2): Samaira del Valle Romero Armario, Jeremy Jesús González López, Gustavo Enrique Álvaro Granadillo, Ricardo David Fonseca Mosquera, Wolfang González Carrasco, Ronaldo Jesús Romero Aguinagalde, Roberto

Catalino Romero Pérez, Andrés Alfonso Paredes Soler, Jhite Thubal Hernández Palma, Yeicer Moisés Montero Mujica, Luis Alfredo Lobo Medina, Luis Heraldo Oviedo Piña, Asdrúbal Gabriel Chirinos López.

Se le suma S2 Nomar Salcedo Méndez, Heber Glok Vásquez, Kevin Manuel Charly Ramírez, Luis Alberto Peña Arteaga, Edgar Jesús Díaz Vivenes, Hugo Alexander Carrillo Santana, José Daniel González Hospedales, Miguel Salazar Polanco, Ánderson Daniel Farnetano Yamboos, Jonathan Franco Quiñones, Leandro Omar Chirinos Parra y Tony Adonis Guevara Bravo.

Quince en el rango de Sargento Primero (S1): José Enrique Rico Arrieta, Rawuy José Rosales Faría, Luis Alfredo Milanés Chirinos, Yordanis Camacaro González, Carlos Enrique Rivero Martínez, Víctor Ignacio Rodríguez Romero, Junior José Ojeda Alvarado, Ederson Roberto Rumi Mogollón, Jackson Leiner Taquiva Becerra, José Manuel Mendoza González, Juan Acosta Isea, Miguel Ángel Plaza Méndez, Rafael Enrique Castro Sandoval, Juan Nahir Zambrano Arias y Víctor Perozo

Seis Sargento Mayor de Tercera (SM3): Luis Alexander Bandres Figueroa, Edixon Darwin Morillo Mujica, Geomar Martínez Natera, Evan Antonio Rincón Piñero, Daniel Zambrano Arias y Yofre Javier Castro Alviarez.

Dos Sargento Mayor de Segunda (SM2): Adelis Pastor Rosales Perosa y Oneiver José Paredes.

Dos Sargento Mayor de Primera (SM1): José Alexander Sanguino Escalante y Juan Carlos Monasterios Venegas.

Un Sargento Ayudante: Rubén Darío López Sánchez, detenido por la Operación Guerra de los Puentes, del 23 de febrero 2019. Estaba adscrito al comando de Zona Táchira GNB, pasó a Cúcuta en apoyo a Juan Guaidó. Condenado a 5 años y ocho meses por abandonó de servicio, sustracción de objetos pertenecientes a la FANB y deserción.

Dos en el rango de Sargento Supervisor (SS): Jesús Villafañe Montilla y Leonardo Antonio Carrillo Primera.

A pesar de la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Colombia descarta cerrar la frontera con Venezuela.

Así lo confirmó el vicecanciller Mauricio Jaramillo en declaraciones a W Radio, donde recalcó la importancia estratégica y social de mantener abierta esta extensa zona limítrofe.

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“Colombia no tiene ningún interés en cerrar la frontera, para nosotros esta es indispensable, es importante que se mantenga abierta, es importante porque entendemos que hay una migración pendular, entendemos además que hay un flujo comercial del cual depende toda la zona de frontera, esos más de 2.200 kilómetros”, expresó Jaramillo, subrayando que el cierre no está contemplado y que la prioridad es facilitar la integración.

Durante el PMU instalado en Cúcuta, las autoridades locales manifestaron sus inquietudes por la situación, que afecta tanto a comerciantes como a la población general.

En respuesta, el gobierno nacional activó un plan de monitoreo permanente. Según Jaramillo: “Se activó también un plan ayer, lo dijo también la directora Laura Arriero de Migración Colombia para monitorear constantemente la situación, pero no, no se tiene previsto ningún cierre de frontera”.

Ante la tensión creciente, el presidente Gustavo Petro ordenó la movilización de militares hacia la frontera, acción tomada tras los ataques estadounidenses sobre Caracas que, de acuerdo con Donald Trump, concluyeron con la detención del mandatario venezolano.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, precisó que la fuerza pública activó “todas las capacidades” para impedir cualquier acción violenta de agrupaciones ilegales como el ELN. En palabras del ministro, el despliegue busca prevenir “cualquier intento de ataque terrorista” en la región.

Tras los bombardeos estadounidenses, el ambiente en el puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo, permanece estable. La rutina diaria de los transeúntes y el tránsito entre ambos países no ha sufrido alteraciones, y la presencia de la fuerza pública colombiana en la zona se mantiene firme, con tanquetas del Ejército Nacional apostadas sobre el puente.

El tránsito vehicular y peatonal en el paso hacia el estado Táchira se desarrolla con normalidad, mientras que el paso de Paraguachón, que permaneció cerrado durante varias horas del sábado 3 de enero, ya ha reanudado sus operaciones para ciudadanos colombianos y venezolanos.

Un comunicado divulgado por el PMU al término de la reunión, encabezada por Angie Rodríguez del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), califica la seguridad fronteriza de “alta complejidad”, dada la extensión de más de 2.200 kilómetros, patrullados de forma permanente por más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública.

Las mayores preocupaciones de seguridad se centran en la zona del Catatumbo, donde grupos armados aprovechan las condiciones locales para operar y financiarse a través de redes ilícitas que conectan ambos países.

El documento oficial señala que “la presencia de organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua y el ELN, representa un riesgo adicional para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional en la región fronteriza”.

En el plano diplomático, el vicecanciller Jaramillo anunció la convocatoria de reuniones extraordinarias de la OEA y la Celac para abordar la crisis: “Colombia tiene una tradición, tiene una trayectoria de apego a la multilateralidad, al derecho internacional. Nosotros, esta es la octava participación en el Consejo de Seguridad y obviamente, dadas las circunstancias, lo que está pasando en Venezuela, resultaría inexplicable e ilógico que no convocáramos a una reunión”, explicó Jaramillo a W Radio.

Mientras la situación evoluciona, el gobierno colombiano insiste en su compromiso con el respeto al derecho internacional y la protección de los flujos migratorios y comerciales, sustentando su estrategia en el monitoreo permanente y la cooperación multilateral para responder a cualquier contingencia en la frontera.

Los ciudadanos surcoreanos que se encuentren en áreas específicas de Venezuela solo podrán permanecer en esos territorios si obtienen una autorización especial emitida bajo estrictas condiciones de seguridad, de acuerdo con las últimas normativas consulares. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, quienes ingresen o permanezcan en estas regiones sin el permiso establecido estarán expuestos a responder ante la Justicia con sanciones basadas en la legislación vigente sobre pasaportes. Esta decisión se enmarca en un contexto de tensión creciente vinculado al aumento de actividades militares extranjeras y locales en territorio venezolano, tal como reportó el medio surcoreano citado en los comunicados.

El Ministerio difundió una notificación oficial en la que declaró la prohibición absoluta de viaje a las provincias venezolanas de Zulia, Táchira, Apure y Sucre, exceptuando las capitales de esas entidades y una zona oriental de Zulia. Esta medida, que reemplaza la anterior alerta de nivel 3 —recomendación de precaución y consideración de salida voluntaria— por una prohibición de nivel 4, representa el máximo grado de restricción consular adoptado hasta la fecha en relación a Venezuela. El medio surcoreano detalló que el endurecimiento de la política afecta tanto a residentes surcoreanos en esas áreas como a quienes tuviesen previsto viajar allí, instando a la evacuación inmediata y a la cancelación de todos los desplazamientos programados.

De acuerdo con la nota oficial, la prohibición total de entrada a las zonas restringidas cobró vigencia a las 23:00 horas del viernes 21 de noviembre, hora local, y continuará aplicándose hasta que las condiciones de seguridad permitan reconsiderar la medida. El Ministerio subrayó que "existen serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros ciudadanos que visitan o permanecen allí, a partir de la reciente situación nacional e internacional en Venezuela", poniendo de manifiesto los riesgos asociados a la presencia surcoreana en las provincias señaladas.

El resto del territorio venezolano permanece bajo una alerta de viaje de nivel 3. Bajo esa clasificación, los ciudadanos surcoreanos pueden ingresar sin una prohibición formal, aunque las autoridades desaconsejan cualquier desplazamiento no esencial y sugieren evaluar la salida voluntaria del país debido a la volatilidad de la situación. El Ministerio de Exteriores advirtió que estas medidas podrían ampliarse o modificarse conforme cambien las circunstancias políticas, militares o diplomáticas en la región.

El comunicado difundido por las autoridades surcoreanas aclara que cualquier ciudadano que desee ingresar a las zonas ahora prohibidas deberá gestionar un permiso especial de uso del pasaporte. Sin este aval, la permanencia o ingreso resultará punible con sanciones administrativas. Según publicó el medio coreano, el Ministerio insistió en que tanto los residentes permanentes como los potenciales visitantes deben "adoptar las recomendaciones oficiales y evitar desplazamientos a áreas consideradas peligrosas".

La decisión de elevar el nivel de alerta se relaciona directamente con el incremento de la actividad militar en las fronteras venezolanas, marcado por la presencia de fuerzas armadas de Estados Unidos y Venezuela. El Ministerio aclaró que el monitoreo sobre el desarrollo de la situación local e internacional se mantendrá constante, y no descartó futuras modificaciones o ajustes en función de la evolución del panorama general en el país sudamericano.

Las provincias específicas objeto de la medida habían permanecido bajo advertencia previa, pero la intensificación de la alerta refuerza la orientación del Gobierno surcoreano en cuanto a la protección de sus nacionales en situaciones de riesgo. Corea del Sur ha adoptado este sistema escalonado de restricciones consulares como parte de su política de resguardo para ciudadanos en el exterior, permitiendo diferenciar los niveles de peligro detectados en distintas zonas del territorio de un país.

Según consignó el medio coreano, el Ministerio no informó la cantidad exacta de surcoreanos que residen actualmente o viajan por Venezuela, ni precisó si la orientación se vinculó a un incidente reciente concreto. Sí dejó constancia, a través de sucesivas comunicaciones oficiales, del deber de actuar de manera expedita y de evaluar permanentemente nuevas acciones para salvaguardar la integridad de los ciudadanos surcoreanos ante cualquier eventualidad en el contexto regional.

El propio comunicado invitó a la comunidad surcoreana internacional a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a seguir estrictamente las instrucciones suministradas por las autoridades consulares, con la finalidad de evitar verse expuestos a sanciones administrativas y a riesgos de seguridad en la región afectada por la escalada militar. La declaración remarca el compromiso de las autoridades de Corea del Sur de evaluar de manera permanente la situación, declarando que se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a los ciudadanos frente al agravamiento de la crisis en las áreas señaladas.

La política de restricción y evacuación dispuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur continuará sujeta a revisiones en virtud del desarrollo de los acontecimientos tanto en Venezuela como en el entorno internacional, mientras la diplomacia surcoreana mantiene su enfoque centrado en la prevención y en el resguardo de los nacionales que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad por el carácter imprevisible de la coyuntura militar y política vigente, según publicó el medio surcoreano.

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur anunció este viernes la prohibición de viaje para ciudadanos surcoreanos a cuatro provincias de Venezuela debido al alto riesgo que representa el actual contexto de seguridad frente a las costas del país gobernado por el régimen chavista de Nicolás Maduro.

La restricción máxima, que eleva a nivel 4 la alerta —antes en nivel 3—, afecta a las provincias de Zulia, Táchira, Apure y Sucre, excluyendo únicamente las capitales y una zona en el este de Zulia.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido emitir una prohibición de viaje para ciertas zonas fronterizas de Venezuela, donde existen serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros ciudadanos que visitan o permanecen allí, a partir de las 23.00 horas (hora local) del viernes 21 de noviembre, a la luz de la reciente situación nacional e internacional en Venezuela”, señala el comunicado emitido por el Ministerio.

La medida se adopta en medio de una escalada en la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, reflejada en un mayor despliegue militar de ambos países en la región. En el resto del territorio venezolano se mantiene la recomendación de evacuación, aunque no existe una prohibición formal de entrada, según los estándares surcoreanos del nivel de alerta 3.

De acuerdo con la normativa de Corea del Sur, las personas que viajen o permanezcan en áreas sujetas a una prohibición de viaje sin el permiso correspondiente pueden enfrentar penas de hasta un año de prisión o multas que alcanzan los más de 1.500 dólares.

El gobierno de la península coreana, liderado por el presidente Lee Jae-myung, anunció que continuará monitoreando la evolución de la situación y adoptará las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos en el país sudamericano.

“De acuerdo con la designación de estas zonas con restricciones de viaje, quienes las visiten o permanezcan en ellas sin obtener un permiso especial de uso de pasaporte podrán ser sancionados conforme a la legislación vigente en materia de pasaportes. Por lo tanto, se solicita a los ciudadanos coreanos que tengan previsto viajar a estas zonas que cancelen sus viajes, y a los ciudadanos coreanos que actualmente residen en ellas que las retiren“, subrayó el texto oficial.

Antes de dar la alerta a sus ciudadanos, Corea del Sur entregó el miércoles pasado un lote de 850.000 dosis de vacunas contra la polio a Venezuela. Los inoculantes se sumarán al Programa Nacional de Inmunización para su aplicación en recién nacidos a partir de 2026, según informó el Ministerio de Salud del régimen.

El cargamento arribó la noche del martes al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que da servicio a la ciudad de Caracas. La líder a cargo de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, destacó que se trata de la tercera entrega de vacunas recibida en lo que va del año y subrayó que esta cooperación es resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y bajo la orientación del dictador Nicolás Maduro.

A este envío se suman otros dos cargamentos procedentes de la India que llegaron el domingo 16, con un total de 1.285.000 dosis de distintas vacunas, incluidas pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus. Según Jiménez, la primera carga incluyó 135.000 dosis y la segunda, 1.150.000.

El objetivo de estas adquisiciones, precisó la funcionaria, es garantizar el suministro de vacunas para los años 2026 y 2027 en cooperación con la OPS y en el marco de los planes oficiales para fortalecer la salud pública en Venezuela.

(Con información de EFE)

El hallazgo de una aeronave privada destruida en el estado Apure, en la frontera de Venezuela, puso en evidencia una compleja trama que involucra regulaciones internacionales, movimientos irregulares y la intensificación de operaciones militares en la región.

El hecho, que resultó en la muerte de dos ciudadanos colombianos, se suma a una serie de acciones recientes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) contra grupos armados y actividades ilícitas en la frontera con Colombia.

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La aeronave, un CESSNA 310 con matrícula XBRED, fue interceptada y neutralizada por la Fanb tras ingresar sin autorización al espacio aéreo venezolano y aterrizar en una pista no habilitada del municipio Rómulo Gallegos, según detalló el comandante Estratégico Operacional de la Fanb, Domingo Hernández Lárez. El oficial explicó que el avión provenía del Caribe y que la operación se llevó a cabo en respuesta a la violación del espacio aéreo nacional.

Medios de comunicación de Curazao y Bonaire informaron el jueves 30 de octubre de 2025 que el avión destruido había permanecido durante meses en tierra en Bonaire, bajo custodia de la Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte (ILT) de los Países Bajos.

De acuerdo con Curazao Chronicle, fuentes de aviación en Bonaire confirmaron que la aeronave estuvo estacionada en el Aeropuerto Internacional Flamingo desde octubre de 2024, tras ser inmovilizada por razones regulatorias.

El mismo medio indicó que, posteriormente, los operadores del CESSNA 310 recibieron un permiso restringido para realizar un vuelo de demostración local, cuyo objetivo era probar el sistema ADS-B, una tecnología de seguimiento y seguridad aérea. Sin embargo, en lugar de cumplir con la ruta autorizada, el avión despegó rumbo al sur, lo que sorprendió a las autoridades locales.

Informes no confirmados señalan que el transpondedor del avión se apagó poco después del despegue, lo que impidió su rastreo por radar y facilitó su salida no autorizada de Bonaire. Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias que permitieron la partida de la aeronave pese a la orden de inmovilización.

El medio citado también reportó que los dos tripulantes, ambos de nacionalidad colombiana, fallecieron en el incidente tras la intervención de la Fanb en territorio venezolano. En paralelo a este suceso, la Fuerza Armada venezolana anunció la destrucción de dos campamentos logísticos de grupos identificados como “Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (Tancol)” en el estado Amazonas, en el sur del país.

El general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico de la Fanb, comunicó a través de Telegram que los campamentos pertenecían a grupos irregulares que operan en la frontera colombo-venezolana, según la terminología empleada por el gobierno de Venezuela. Entre los objetos incautados se encontraron municiones, vehículos todo terreno, chalecos tácticos y combustible, así como panfletos atribuidos a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino, había informado a principios de octubre sobre la destrucción de campamentos de grupos “narcoterroristas” del ELN y de las disidencias de las Farc en los estados Bolívar y Zulia. Estas acciones coinciden con el despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe desde agosto, bajo el argumento de combatir carteles de drogas vinculados, según la justicia estadounidense, al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Maduro rechazó estas acusaciones y sostiene que la campaña antidrogas es una fachada para intentar derrocarlo, defendiendo que Venezuela es un territorio libre de cultivos ilícitos y que solo una mínima parte de la droga colombiana transita por su país.

En este contexto, Venezuela intensificó la exhibición de operaciones antidrogas mientras continúan las maniobras militares estadounidenses en aguas internacionales. Según Washington, desde el 2 de septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses han bombardeado catorce embarcaciones sospechosas de narcotráfico, con un saldo de al menos 57 muertos.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) confirmó que el accidente ocurrió durante la fase inicial de despegue y que, de inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y de rescate en la terminal aérea.

“Una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, despegando del Aeropuerto de Paramillo, durante la fase de despegue, se precipitó a tierra. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente en el mismo resultaron fallecidos los dos (02) tripulantes a bordo”, señaló el INAC mediante un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

El organismo informó que se activó la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) a fin de determinar las causas que generaron el siniestro.

Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran que la aeronave logró despegar, pero segundos después perdió estabilidad, se desvió hacia un costado y terminó estrellándose contra la pista del aeródromo, provocando una explosión y una gran bola de fuego. Los tripulantes, identificados extraoficialmente como Toni Bortone y Juan Maldonado, perdieron la vida en el siniestro.

Fuentes en el lugar indicaron que el origen del accidente podría estar vinculado a una explosión de un neumático al momento de la maniobra de despegue, aunque las autoridades insisten en que será la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil la que determine las razones exactas tras los análisis técnicos y forenses.

Equipos de Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil Táchira y la Policía Nacional Bolivariana trabajaron en el lugar para sofocar el incendio, resguardar el área y colaborar con la recopilación de evidencias.

El presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles, confirmó que la aeronave siniestrada le pertenecía y que había sido utilizada por él un día antes del accidente.

“Ayer, haciendo patria y luchando por lo que es el Táchira, su Banco Sofitasa, volé a Apure. Estuve dos días en Apure, pero volé y regresé. Estuve en Guasdualito y ayer estuve en San Fernando de Apure”, relató Nogueroles en conferencia.

“Regresé a las cinco de la tarde al aeropuerto de Paramillo. Hoy, hace poco, los pilotos que me llevaron cayeron. Hubo un accidente aquí”, expresó visiblemente impactado.

El siniestro causó la activación inmediata de los sistemas de emergencia del aeropuerto. La Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil se encuentra en la zona para determinar si hubo falla mecánica, error humano, o factores externos vinculados a la pista o condiciones ambientales.

El cierre temporal de los puentes internacionales entre Venezuela y Colombia, ordenado este jueves por el presidente Nicolás Maduro, marcó una nueva fase de tensión en la región.

En el Plan Independencia 200, el gobierno totalitario venezolano desplegó un operativo militar de gran escala, con la militarización de la frontera y un endurecimiento de los controles, en respuesta a la reciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, según lo dio a conocer La FM.

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La medida, que afectó la movilidad de miles de personas, se revirtió horas después con la reapertura de los pasos fronterizos, pero dejó en evidencia el clima de incertidumbre y alerta en la zona limítrofe.

El Plan Independencia 200, anunciado por Maduro en un acto transmitido desde Ciudad Caribia, contempla la activación de 284 frentes de batalla a lo largo y ancho del país.

El mandatario, acompañado por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, detalló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), la Milicia Nacional Bolivariana y cuerpos combatientes de la milicia participan en la operación.

“Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla”, afirmó Maduro, según recogió Diario El Comercio, de Perú.

Maduro explicó que la iniciativa dentro de la doctrina de defensa integral y resistencia activa, e instó a consolidar posiciones y garantizar que las costas permanezcan “libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia”.

Además, evocó las gestas históricas de la independencia venezolana como inspiración para la defensa de la soberanía.

La decisión de cerrar los puentes internacionales, entre ellos el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, sorprendió a la población fronteriza durante la mañana del jueves.

De acuerdo con Diario la Opinión, la medida se implementó mientras se desarrollaban los ejercicios militares y se mantuvo durante aproximadamente tres horas. Durante ese lapso, ni vehículos ni peatones pudieron cruzar, lo que generó largas filas y retrasos en ambos lados de la frontera. Posteriormente, las autoridades reabrieron los pasos, aunque el ambiente de control y vigilancia se mantuvo.

Testimonios recogidos por La FM dan cuenta de la presencia de efectivos militares en las inmediaciones de los puentes y de controles estrictos por parte de la guardia venezolana, que revisaba a quienes intentaban ingresar o salir del país.

La militarización de la frontera se intensificó con la llegada de 12.000 efectivos a San Antonio, en el estado Táchira, según informó La FM.

Esta acción, que forma parte de las medidas anunciadas previamente por el gobierno venezolano, incluyó el refuerzo de la presencia militar en los principales puntos de cruce y en el aeropuerto de Táchira, donde se reportaron retrasos en los vuelos programados desde primeras horas de la mañana.

Habitantes y familiares de la zona relataron dificultades para desplazarse debido a los controles, mientras que en regiones como Catatumbo se incrementó la presencia de la guardia y la policía venezolana.

En esa área, los enfrentamientos entre grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc han sido recurrentes desde enero, lo que añade un elemento de complejidad a la situación de seguridad.

Tensión con Estados Unidos y declaraciones oficiales

El trasfondo de estas acciones se encuentra en la creciente tensión entre Caracas y Washington. La reciente movilización de ocho barcos militares estadounidenses con misiles y un submarino de propulsión nuclear en el Caribe, junto con el envío de diez aviones de combate F-35 a Puerto Rico, ha sido interpretada por el gobierno venezolano como una amenaza directa.

El presidente Donald Trump ha acusado a Maduro de liderar el denominado “Cártel de los Soles”, una organización señalada por Estados Unidos como vinculada al narcotráfico y catalogada como terrorista. Estas acusaciones han servido de justificación para el despliegue militar estadounidense en la región y para el aumento de la recompensa por información que conduzca a la captura del líder venezolano, que ahora asciende a USD 50 millones, según reportó Diario El Comercio.

En declaraciones recogidas por La FM, Cabello recordó que la movilización de tropas en la frontera no es nueva, ya que en meses anteriores se anunció el despliegue inicial de 15.000 efectivos, cifra que luego se elevó a 25.000, especialmente en los estados Zulia y Táchira.

El funcionario subrayó que el país está preparado para una confrontación de larga duración y que las acciones actuales forman parte de una estrategia de defensa ante las amenazas externas.

La situación generó fuertes declaraciones de Bernal y reavivó tensiones diplomáticas y políticas entre ambos países, así como debates sobre la influencia de actores externos en la región.

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En declaraciones a varios medios de comunicación venezolanos, Bernal señaló: “En horas de la madrugada, colocaron a pocos diez minutos del puente Simón Bolívar una valla fascista, ¿verdad? Servil a los Estados Unidos. Me imagino uno de tantos grupos uribistas que hay allá de sobra. Seguramente Uribe pagó, el narco-Uribe pagó para que la colocaran, colocando allí precio por la cabeza del presidente Nicolás Maduro y Cabello“.

El gobernador enfatizó que la reacción de un ciudadano colombiano, que retiró la valla, demuestra que aún existen sentimientos bolivarianos en el país vecino: “Pero del lado de Colombia también hay quienes aman a Bolívar, también hay quienes aman la patria. Y me imagino que un ciudadano colombiano molesto por esta acción detestable, en plena calle y a plena luz del día, se bajó y la arrancó. Yo no sé quién es, pero lo felicito, porque la patria de Bolívar va más allá de la frontera”.

Este episodio coincide con un momento de alta tensión, luego de que el 7 de agosto de 2025, Estados Unidos aumentara la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y a 25 millones por Diosdado Cabello. La medida hace parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés), diseñado para desarticular redes delictivas transnacionales y llevar a sus líderes ante tribunales estadounidenses, según informó The Guardian.

La valla localizada sobre la carretera que conecta Cúcuta con Venezuela detallaba los delitos que motivan la orden de captura internacional contra Maduro y Cabello: narcoterrorismo, conspiración, envío de cocaína a Estados Unidos y deterioro de la democracia venezolana. Además, el cartel incluía un correo electrónico para que los ciudadanos pudieran enviar información sobre el paradero de ambos líderes, que según las autoridades estadounidenses, lideran el llamado Cartel de los Soles.

En reacción, Nicolás Maduro anunció un despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo su territorio, una respuesta que refleja la magnitud de la amenaza percibida por su régimen ante la presión internacional y las recompensas ofrecidas por Washington.

Por su parte, las autoridades municipales de Villa del Rosario ordenaron retirar la valla publicitaria tras constatar que la estructura no contaba con los permisos requeridos, según informó el secretario de Gobierno del municipio, José Guillermo Ruiz. La intervención puso en evidencia el incumplimiento de las normas locales para la instalación de publicidad exterior y motivó una acción inmediata por parte de la administración.

Ruiz explicó a EFE que la valla se instaló “sin ningún tipo de autorización ni cumpliendo los requisitos establecidos por la administración municipal”. Ante esta situación, la oficina de control urbano verificó la falta de permisos y solicitó el desmonte de la estructura de manera inmediata, asegurando que la delegación municipal actuó con rapidez para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Este episodio pone en evidencia la complejidad de las relaciones entre Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Más allá del mensaje de recompensa, refleja cómo los símbolos políticos, la presión internacional y las acciones ciudadanas pueden convertirse en puntos de tensión internacional.

La combinación de medidas coercitivas, movilización ciudadana y declaraciones de funcionarios muestra la interacción constante entre política, seguridad y percepción pública en un contexto geopolítico tenso y polarizado.

"En el área productiva, los proyectos que tenemos para beneficiar a ambos países y, sobre todo, a los pueblos que están allí son inmensos", dijo el ministro en un programa encabezado por la diputada chavista Tania Díaz y transmitido en YouTube.

El funcionario señaló que hay planes relacionados con la producción primaria, como el cultivo de caña de azúcar y palma africana, y con la transformación de alimentos, así como con la creación de "rutas importantes" para el transporte de productos hacia Colombia y viceversa.

En ese contexto, indicó que hoy Venezuela produce el 96 % de sus alimentos y, además, registra un "excedente en el área de las hortalizas", producidas en estados como Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), que forma parte del área binacional.

León Heredia expresó que la creación de esta zona era "algo esperado por los pueblos" de Táchira y Zulia (noroeste, también fronterizo con el país andino) y del departamento colombiano del Norte de Santander, que limita con estas dos regiones venezolanas.

"Hay una dinámica propia que tenemos allí, son pueblos profundamente hermanados que se han visto afectados con el tema del narcotráfico", añadió el jefe del despacho de Agricultura, quien afirmó que esta zona bilateral también permite "generar condiciones para la tranquilidad y para la seguridad" de estas poblaciones.

La creación de la zona entre ambos países, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros, fue aprobada el pasado 17 de julio, con el objetivo de ofrecer "facilidades para un comercio fuerte" e "incrementar las inversiones", según explicó entonces el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien aseguró que "los chinos, los indios, los rusos y los turcos" están "muy interesados" en el área.

Venezuela ha planteado ser un "importante exportador" de gas a Colombia con la nueva zona, que espera "permita también la interconexión eléctrica" entre ambas naciones, así como el desarrollo de un proyecto de transporte para "conectar zonas estratégicas", como expresó entonces la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

El acuerdo entre Caracas y Bogotá desató críticas de la oposición colombiana, que lo ve como una cesión de soberanía al chavismo.EFE

Como Olga Lucía Rangel Mendoza fue identificada la mujer de nacionalidad colombiana detenida en San Antonio, estado de Táchira (Venezuela), y a quien señalan de hackear cuentas bancarias.

Así lo indicó el reporte por parte de la Policía Científica de Venezuela en el que se señaló que la connacional deberá responder por su presunta participación en una red internacional dedicada al robarse las cuentas de los usuarios en Venezuela.

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La detención fue realizada por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en una de las calles de un sector conocido como La Lagunita, en jurisdicción del municipio de municipio Bolívar, San Antonio del Táchira.

De acuerdo con la investigación, Rangel actuaba en complicidad con otros delincuentes que aún están siendo buscados por las autoridades venezolanas, y que operarían desde Colombia y Ecuador a través de una modalidad conocida como phishing.

De hecho, con esta estrategia están haciendo de las suyas los ciberdelincuentes en Colombia para robar información a usuarios de Bancolombia con Bre-B, el sistema interoperable Bre-B lanzado por el Banco de la República).

Usuarios deben estar atento a una de las modalidades preferidas por los ciberdelincuentes: el ‘phishing’

El proceso de phishing ocurre generalmente de la siguiente manera:

1. Envío de mensajes fraudulentos: los hackers envían correos electrónicos, mensajes de texto, enlaces en redes sociales o mensajes en aplicaciones que parecen provenir de fuentes confiables.
2. Creación de páginas web falsas: los mensajes suelen contener enlaces que dirigen a sitios web que imitan la apariencia de páginas oficiales, como portales bancarios, tiendas en línea o servicios de correo electrónico.
3. Solicitudes de información: en estos sitios falsos, se le pide al usuario que ingrese datos personales o financieros, justificándolo con supuestos problemas de seguridad, actualizaciones de cuenta o premios inexistentes.
4. Robo de datos: una vez que la víctima ingresa la información, los delincuentes la capturan y pueden utilizarla para realizar robos de dinero, compras no autorizadas o incluso suplantación de identidad.

Para evitar caer en el phishing, se recomienda no hacer clic (o seleccionar desde su celular) en enlaces sospechosos, verificar siempre la dirección oficial del sitio web, no entregar información personal en formularios desconocidos y mantener actualizados los sistemas de seguridad en dispositivos y cuentas.

Por medio de este ciberdelito se engañan a las víctimas para obtener información personal confidencial, como contraseñas, números de tarjetas y datos bancarios, simulando ser entidades de confianza.

Una de las vías más efectivas es a través de correos electrónicos, por eso debe desconfiar antes de acceder a alguno de los enlaces que vea en el contenido de los mensajes. Misma situación con los mensajes de texto en su celular o por medio de Whatsapp.

Modus operandi de la red de hackeo de información que dejó colombiana detenida en Venezuela

El modus operandi de la red consistía en transferir fondos obtenidos ilegalmente a cuentas abiertas por cómplices a cambio de una suma de veinte dólares.

Después, los colaboradores le entregaban los datos de acceso y teléfonos asociados a la colombiana detenida. De esta forma la organización mantenía el control de las cuentas y continuaba operando en el entorno digital.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron teléfonos móviles, copias de cédulas de identidad, tarjetas bancarias y otros documentos personales usados en las actividades ilícitas.

Parte de la estructura criminal fue identificada en Colombia y se confirmó que uno de sus integrantes, pareja de Rangel, ya había sido detenido en ese país y era el que recibía los datos obtenidos por ella.

La operación dejó en evidencia la dimensión internacional del caso y el uso de recursos digitales para perpetrar estafas contra usuarios de entidades bancarias en varios países.

Para cerrar, se preció por parte de las autoridades en Venezuela que las pesquisas seguirán adelantándose con el objetivo de capturar a los demás responsables y determinar el alcance total de la organización.

Por último, se le recordó a los usuarios no abrir a la ligera correos con enlaces que pueden ser, sin saberlo, la puerta de entrada para que los ciberdelincuentes se queden con toda su información personal.

Un efectivo militar de la Tropa Profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) murió en un enfrentamiento con guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes negociaban la compra de un camión previamente robado en el estado Zulia.

El hecho ocurre en vísperas del cierre de la frontera, durante 48 horas, por parte del régimen venezolano con miras a las elecciones municipales.

Mientras una banda delictiva negociaba con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el camión que habían robado en el Zulia, son enfrentados por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), perdiendo la vida el SM2 Andry Giovanni Vela Álvarez.

Mientras ocurría el enfrentamiento, llegan en apoyo a los funcionarios del Comando de Zona (Czgnb) Nr. 21 de la GNB, una comisión de policías del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), que dio de baja a uno de los individuos que sería parte del grupo irregular.

En un reporte interno del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) se manejó que el fallecido era Paulino Ramírez, deportado recientemente de Estados Unidos, cuando en realidad es la persona que reside al lado del lugar donde ocurrió el enfrentamiento y con quien los policías hablaron cuando llegaron a su casa buscando información, pero Ramírez les dijo que no tenían cámaras instaladas.

El enfrentamiento, ocurrido en la avenida Aeropuerto de La Fría, municipio García de Hevia, estado Táchira, causó la muerte del Sargento Mayor de Segunda (GNB) Andry Vela Álvarez, quien estaba residenciado en Capacho, municipio Libertad, del estado Táchira.

También quedó herido el SM2 Edgar Parra Morales, también residenciado en el Táchira, pero en la población de San Juan de Colón, municipio Ayacucho; Parra fue intervenido quirúrgicamente, encontrándose estable según reporta la institución castrense. Vecinos de La Fría fueron testigos del suceso, donde hubo múltiples detonaciones, algunos grabaron parte de lo ocurrido a plena luz del día.

El reporte interno de la GNB determina lo ocurrido como “Incidencia Negativa. Enfrentamiento Entre Comisión Adscrita al CZGNB 21 Táchira, Grupo Irregular (ELN)”, dando cuenta de los dos fallecidos y de la detención de seis personas, cuyas identidades no fueron dadas a conocer. Llama la atención que también hablan de dos vehículos incautados, dos pistolas y dos armas de guerra, fusiles AR-15.

Vecinos confundidos

La confusión de los vecinos se refleja en los videos grabados, donde se preguntaban qué estaba sucediendo entre los que escenificaron el tiroteo y mencionan, no sin cierta precaución, que se trataba de los Guardias contra la guerrilla, que uno de los habitantes del municipio García de Hevia prefiere llamar “los locos”. En esas poblaciones del estado Táchira, muy cercanas a la línea fronteriza con Colombia, se sabe de la relación entre la guerrilla y miembros de la Fuerza Armada.

Municipios como Ayacucho y García de Hevia han soportado la presencia de los irregulares colombianos, unos son guerrilla y otros paramilitares, especialmente desde que hace unos años, el ahora gobernador Freddy Alirio Bernal Rosales simuló un enfrentamiento entre paramilitares que controlaban la zona y la Fuerza Armada venezolana.

En ese momento lo que se libró fue la lucha por el territorio entre el ELN y los paramilitares que tenían controlado parte de Táchira y el Sur del Lago del estado Zulia; parte de los paramilitares fueron exterminados y otros desplazados, pero en su lugar el territorio quedó controlado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se fortaleció, creció y se enriqueció controlando el contrabando de combustible y el narcotráfico.

La guerrilla en Venezuela

Aunque el régimen venezolano ha insistido en negar la presencia y apoyo gubernamental a los grupos guerrilleros venezolanos, los hechos demuestran que los irregulares de la guerrilla colombiana no solo ocupa el territorio venezolano, hace vida en los pueblos fronterizos, hace negocios, tiene propiedades, se relaciona con otros grupos criminales, custodia minas de oro, ha penetrado la Fuerza Armada, incluso postula candidatos.

Los ataques contra militares venezolanos por parte de la guerrilla FARC o ELN tienen una larga historia, pero en la década de los 90, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, la Fuerza Armada venezolana enfrentaba a la guerrilla para expulsarla del territorio venezolano; ahora conviven y, en muchos casos colaboran, con los irregulares.

En la memoria de la Fuerza Armada está, como uno de los hechos más abominables, ocurrido el 25 de febrero de 1995, el ataque de casi un centenar de hombres del Frente “Domingo Laín” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Puesto Fluvial de la Infantería de Marina venezolana “AF Manuel Echeverría”, que se conoce como la Masacre de Cararabo, que dejó como saldo la tortura y muerte de ocho infantes de marina venezolanos.

La presencia del ELN en la zona del oro ha sido demostrada en decenas de testimonios, fotografías y videos, aun cuando en septiembre 2023, el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) desplegó una gran campaña de propaganda sobre el rescate del Cerro Yapacana con el desalojo de miles de mineros.

Hoy en día, sigue la explotación minera, solo su control cambió de unas manos a otras de uniformados. “Hay cinco minas en las que se trabaja activamente”, le dice a Infobae un vecino de Cárida, estado Amazonas.

Las minas del Yapacana no han dejado de funcionar “a veces hay problemas entre unos militares porque otros llegan a buscar su dinero, la extorsión que le hacen a los mineros. Los grupos guerrilleros y los indígenas también son parte del negocio que parece nunca acabará, mientras se destruye la tierra y las aguas son contaminadas”.

El cierre inicialmente debía comenzar el viernes pero por petición de los gremios de ambos países, que manifestaron su preocupación por las pérdidas que la medida supondría para el comercio y los transportes, fue postergado para hoy.

Según el analista William Contreras, tres días de cierre como estaba anunciado inicialmente por el Gobierno de Venezuela, traerían un impacto negativo en la dinámica fronteriza entre los estados de Táchira y Zulia con los departamentos colombianos de Norte de Santander y La Guajira, respectivamente.

"Se tendrán pérdidas diarias de aproximadamente 19 millones de dólares", dijo Contreras a EFE sobre el cierre de la frontera de 2.219 kilómetros.

Venezuela elegirá mañana a 335 alcaldes y a los miembros de igual número de concejos municipales, en unos comicios rechazados por la mayor coalición opositora y en los que participa un sector minoritario de la oposición encabezado por aquellos burgomaestres actualmente en ejercicio que pelearán por sus espacios.

El acostumbrado bullicio de los vehículos y transeúntes dio paso este sábado al silencio en los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, que conectan a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, con el Táchira.

En los puentes, habitualmente llenos de gente, solo se observaba hoy la presencia de la Guardia venezolana y de agentes de la Policía y de Migración Colombia.

El único paso permitido por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander es a través de un corredor humanitario, y así fue como logró pasar hoy Sara Gutiérrez, quien estaba desde hace días en Cúcuta por una cirugía.

"Voy ya para Isla Margarita, luego de una cirugía realizada con éxito. Acá llevo la receta médica", aseguró la mujer a EFE luego de atravesar el puente caminando y con la historia clínica en mano.

El cierre de la frontera por las elecciones venezolanas se da en momentos en que diversos sectores colombianos han expresado su preocupación por el memorando de entendimiento firmado hace una semana por los dos gobiernos para la creación de una zona económica binacional que incluye cooperación en comercio, salud, educación, turismo y energía.

Para opositores como el expresidente Álvaro Uribe, este acuerdo equivale a la "entrega del país a la criminalidad internacional".

Al respecto, el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, expresó su satisfacción por la próxima consolidación de la zona económica binacional en un encuentro programado para el 2 de septiembre.

Rengifo subrayó las oportunidades para la unificación empresarial, gubernamental, industrial, comercial y la movilidad humana.

Por su parte, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, señaló que "se están realizando los ajustes necesarios en aspectos técnicos, jurídicos, de seguridad, administrativos y de fiscalización aduanera para concretar las realidades fronterizas". EFE

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Más de 220, entre generales, almirantes, coroneles, mayores, capitanes, tenientes y primeros tenientes, retirados y constituidos en el Frente Institucional Militar (FIM) reaccionaron, con contundencia, condenando y deplorando, la acción de la cúpula militar venezolana “por el uso irresponsable” que han hecho de mujeres de diversos componentes y de la DGCIM para atacar con mensajes de descalificación a María Corina Machado.

En el comunicado suscrito por la asociación que el General (Ej) Juan Antonio Herrera Betancourt, en cuya directiva está el GB (Ej) Teodoro Díaz Zavala y el GB (GN) Rafael Vera Ruiz; además por cada componente el GB (Ej) Juan Ferrer Barazarte, Ejército; Contralmirante Elías Buchzser Cabriles, Armada; GB (AV) Eduardo Arturo Caldera Gómez, Aviación; y GB (GN) Simón Figuera Pérez por la Guardia Nacional.

La campaña con mujeres emitiendo adjetivos de descalificación contra la líder opositora, se inició con la orden del comandante general de la Guardia Nacional, MG Elio Ramón Estrada Paredes, a los comandos de los estados fronterizos Táchira y Apure, siendo secundado por el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, GJ Domingo Antonio Hernández Lárez.

Luego, desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), publicaron videos de mujeres que, totalmente encapuchadas, enviaron agresivos mensajes, algunos precedidos de avisos de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM con el escudo espartano de las empresas del coronel Alexander Granko Arteaga, quien reactivó sus redes sociales para visibilizar el ataque contra Machado, que tiene como soporte a Diosdado Cabello Rondón.

Posteriormente, se publicaron videos de mujeres militares, con fusil en mano o en vehículos de la Fuerza Armada, de otros componentes como la Aviación, el Ejército y la Armada, donde las féminas repiten mensajes aprendidos o leídos, finalizando con eslóganes políticos partidistas y/o ideológicos. La campaña contra Machado, desde el Alto Mando Militar, se hizo “con fines proselitistas y políticos para atacar el sentimiento, nobleza y patriotismo de la mujer venezolana, violando flagrantemente el Artículo 328 de nuestra Carta Magna”.

La indignación de la bochornosa acción que, la institución militar desencadenó en vísperas del Día del Ejército, causó profundo rechazo, entre civiles y militares, ante la serie de videos, publicados en algunas cuentas militares, en las del programa de Diosdado Cabello y en la del coronel Alexander Granko Arteaga, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), contra quien hay cientos de denuncias ante organismos nacionales e internacionales por tortura y muerte.

Condena y denuncia

Entre los expresidentes del FIM se cuenta al Vicealmirante Rafael Huizi Clavier, al General de División (AV) Manuel Andara Clavier y al GB (GN) Miguel Aparicio Ramírez; así como a los exministros de Defensa: GD (Ej) Vicente Luis Narváez Churión, GD (Ej) Fernando Ochoa Antich, GD (Ej) Rafael Montero Revette, entre otros altos oficiales. En el comunicado, el FIM rememora, cómo “nuestra historia Republicana está llena de ejemplos de la gallardía de la mujer venezolana, abuela, madre, esposa, hermana e hija, desde el mismo momento del nacimiento de nuestra Nación en la época prehispánica, hasta nuestros días”.

Agregan que las páginas de la Historia están llenas “con los nombres de miles de mujeres que ofrendaron su vida en la Batalla de Carabobo y en la gesta independentista acompañando al Libertador Simón Bolívar en la lucha por la Independencia de América, sin olvidar a Luisa Cáceres de Arismendi, Josefa Camejo, Teresa Carreño, Teresa de la Parra, Susana Duijm, Gabriela Montero, entre otras muchas dignas mujeres que engalanan nuestra historia”.

De ahí que, los oficiales en retiro califican de indignante “que venga alguien de forma irresponsable, sin valores y principios” a dar la orden para que se ofenda “a nuestra noble mujer venezolana, abogando y defendiendo dictaduras y tiranías que mantienen a naciones y pueblos sometidos y privados de justicia, libertad y democracia”.

Todos los que suscriben el comunicado del Frente Institucional Militar enfatizan que la respuesta a la serie de mensajes donde se utiliza a la fémina de la Fuerza Armada contra la líder de la Oposición, María Corina Machado, “está dirigido a miles de mujeres de nuestro Ejército venezolano, forjador de libertades, de nuestra Armada donde navegar es necesario, vivir no es necesario”. Así mismo a las mujeres “de la Aviación Militar, donde Dios ayuda a los audaces y en la gloriosa Guardia Nacional de Venezuela, Centinela Permanente de la Patria, para que no se dejen inducir a darle la espalda al pueblo nuestro que desea vivir hermanado, libre y que lucha por un futuro mejor para todos”.

Finalizan diciendo que por eso el Frente Institucional Militar (FIM), que se aproxima a celebrar su vigésimo aniversario, así como todos los venezolanos, “condenamos y denunciamos públicamente” a los miembros del Alto Mando Militar, “por violar el Artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

El fenómeno meteorológico, caracterizado por precipitaciones persistentes y de gran volumen, incrementó de manera abrupta el caudal del río que atraviesa Apartaderos, una población enclavada en la región andina venezolana.

Las aguas, desbordadas por la fuerza de la corriente, invadieron calles y hogares, provocando daños materiales de gran magnitud y obligando a decenas de familias a abandonar sus viviendas en busca de refugio seguro.

Según datos oficiales proporcionados por las autoridades del estado de Mérida, más de 270 familias resultaron directamente afectadas por las inundaciones, lo que da cuenta de la magnitud del desastre en una comunidad de tamaño reducido.

El impacto humano de la catástrofe se refleja en los testimonios de quienes vivieron la emergencia en primera persona.

Jorge Luis Rivas, uno de los residentes de Apartaderos, relató la dramática experiencia que le tocó atravesar durante la noche en que el río se desbordó.

“Se llevó toda mi casa. No pude recuperar nada. En ese momento solo podía pensar en mi familia, que dormía dentro. Gracias a Dios, mi ángel de la guarda me dijo que volviera", dijo Rivas.

Eso hice, salvé a mi familia, que dormía dentro de mi casa. Gracias a Dios los salvé, están conmigo”, expresó el joven, visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

Su testimonio ilustra la rapidez con la que el agua arrasó las viviendas y la angustia de quienes debieron actuar con inmediatez para proteger a sus seres queridos.

La pérdida de bienes materiales ha sido una constante entre los habitantes de la zona. Muchos residentes, como Rivas, vieron cómo sus pertenencias desaparecieron bajo el agua en cuestión de minutos.

La fuerza del caudal no solo destruyó estructuras, sino que también arrastró muebles, electrodomésticos y objetos personales, dejando a numerosas familias en una situación de vulnerabilidad extrema.

A pesar de la magnitud de los daños, las autoridades estatales y los propios afectados han destacado que no se han reportado muertes como consecuencia directa de las inundaciones, un hecho que atribuyen a la rápida reacción de los vecinos y a la activación de los protocolos de emergencia.

El régimen venezolano, a través de su administración regional en Mérida, ha puesto en marcha un plan especial de respuesta para atender a los damnificados, este plan contempla la provisión de atención médica, distribución de alimentos y entrega de suministros básicos a las familias afectadas.

Equipos de rescate y personal sanitario se han desplegado en la zona para brindar asistencia inmediata, mientras se evalúan los daños y se coordinan las labores de limpieza y reconstrucción.

La prioridad, según las autoridades, es garantizar la seguridad de los habitantes y restablecer las condiciones mínimas de habitabilidad en las áreas más golpeadas por el desastre.

El alcance de las lluvias no se ha limitado a Apartaderos ni al estado de Mérida.

Otras entidades de la región andina venezolana, como Táchira, Barinas y Trujillo, también han experimentado precipitaciones intensas y desbordamientos de ríos, consecuencia del paso de ondas tropicales que han afectado a buena parte del país en los últimos días. Las autoridades locales han emitido alertas preventivas y han reforzado la vigilancia en zonas de alto riesgo, ante la posibilidad de nuevos episodios de inundaciones o deslizamientos de tierra.

Entre las historias de supervivencia y pérdida, destaca la de Yolimar Ramírez, otra de las víctimas de las inundaciones en Apartaderos. En declaraciones, Ramírez narró cómo logró poner a salvo a sus hijas en medio del caos.

“Salvé a mis hijas, nos salvaron. Me aseguré de que mis niñas estuvieran a salvo, luego regresé a rescatar cosas, pero fue imposible. El río pasó y derribó las paredes, destruyó la casa. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, solo cosas”, dijo Ramírez.

Su relato pone de manifiesto la prioridad que dieron los vecinos a la vida y la solidaridad que imperó durante la emergencia, así como la resignación ante la pérdida de bienes materiales.

Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de que se repitan episodios similares en las próximas semanas, por lo que han instado a la población a mantenerse alerta y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

a respuesta de la comunidad ha sido fundamental para evitar una tragedia mayor. Vecinos y voluntarios se han organizado para colaborar en las tareas de rescate, limpieza y apoyo a los damnificados.

La solidaridad se ha manifestado en la donación de alimentos, ropa y materiales de construcción, así como en la disposición de albergues temporales para quienes han perdido sus hogares.

Las imágenes de casas destruidas, calles anegadas y familias rescatadas han circulado ampliamente en medios locales y en redes sociales, generando una ola de apoyo y llamados a la acción tanto a nivel regional como nacional.

Mientras continúan las labores de asistencia y reconstrucción, los habitantes de Apartaderos y de los estados vecinos se preparan para afrontar los desafíos que plantea la temporada de lluvias, con la esperanza de que la solidaridad y la acción coordinada permitan superar las adversidades y reconstruir lo perdido.

Cinco estados del occidente de Venezuela registran inundaciones, deslaves y daños en infraestructura como consecuencia de las lluvias provocadas por la novena onda tropical de la temporada, informó el dictador chavista, Nicolás Maduro.

El estado andino de Mérida es el más golpeado por las precipitaciones. Según datos oficiales, 25 puentes colapsaron, de los cuales 16 quedaron completamente destruidos, y 370 viviendas resultaron afectadas, de ellas 103 con pérdida total.

Maduro indicó que “toda edificación que esté en alto riesgo debe ser demolida de inmediato” y aseguró que las inundaciones dejaron aisladas a unas 8.456 familias en esa entidad. No se reportaron víctimas mortales.

Las fuertes lluvias también impactaron a los estados de Barinas, Portuguesa, Táchira y Trujillo, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), que alertó sobre la llegada de dos nuevas ondas tropicales al país.

Estas condiciones climáticas han sido asociadas, según el instituto, a las altas temperaturas en el mar Caribe venezolano y el Atlántico tropical, lo que incrementa la probabilidad de evolución hacia fenómenos ciclónicos.

En el estado Barinas, más de 1.300 familias resultaron afectadas, según reportó el gobernador Adán Chávez, hermano del difunto Hugo Chávez. Las autoridades regionales y nacionales han iniciado el despliegue de equipos de atención de emergencias, incluyendo militares, personal de socorro, maquinaria pesada e insumos médicos.

Los daños en la infraestructura vial han generado preocupación en el sector agrícola. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel, advirtió en un comunicado que los derrumbes y afectaciones en las vías podrían interrumpir el abastecimiento de hortalizas en las principales ciudades del país. “El 70% de las hortalizas que se consumen en Venezuela se producen en Mérida, Táchira y Trujillo”, subrayó.

Entre los daños destacados se encuentra el desplome de un puente en el estado Portuguesa, infraestructura clave que conecta los Andes venezolanos con el centro del país.

El gobernador, Primitivo Cedeño, comunicó que se activó el Sistema de Gestión de Riesgos, desplegando equipos de los bomberos, Protección Civil, Policía del estado Portuguesa y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes se encargan de evaluar y controlar la situación.

Indicó también que “la emergencia se complica aún más por la desbordada laguna en el sector, que ha inundado la vía local 005 y limita las rutas de desvío hacia San Carlos (estado Cojedes) y Guanare (la capital de Portuguesa)”.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a evitar esta zona por completo y a emplear rutas alternativas. Cedeño añadió que equipos técnicos realizan evaluaciones para “diseñar una solución temporal que permita restablecer el flujo vehicular”.

En paralelo, el régimen activó planes de contingencia para mitigar los efectos de las lluvias, mientras las comunidades afectadas reclaman atención ante el aislamiento y la pérdida de viviendas. Las condiciones meteorológicas siguen siendo monitoreadas por el INAMEH, en vista de la inminente llegada de más ondas tropicales al territorio venezolano.

(Con información de Associated Press)

En una publicación en Instagram, la institución señaló que los tres hombres detenidos transportaban 615 envoltorios de marihuana, con un peso de 369 kilogramos, cuando fueron detenidos en la localidad de Biruaca.

Asimismo, dijo que estas acciones buscan combatir la "corrupción, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, mediante la actuación coordinada entre los organismos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para salvaguardar la paz y estabilidad del pueblo venezolano".

El jueves, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que un ciudadano colombiano y su hijo fueron detenidos y acusados en Venezuela de presuntamente traficar una veintena de envoltorios de cocaína con un peso aproximado de 20 kilos en total.

Durante la audiencia de presentación ante el juez, la Fiscalía los imputó "por la presunta comisión de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las modalidades de ocultamiento y transporte, además de asociación (para delinquir)", indicó la institución en una nota oficial.

Ambos sujetos fueron detenidos el pasado 17 de mayo en la capital del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de que intentaran huir en un vehículo "en estado de deterioro" donde se encontraban junto a otra persona, que logró escapar.EFE

Durante la audiencia de presentación ante el juez, la Fiscalía los imputó "por la presunta comisión de tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las modalidades de ocultamiento y transporte, además de asociación (para delinquir)", indicó la institución en una nota oficial.

Ambos sujetos fueron detenidos el pasado 17 de mayo en la capital del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de que intentaran huir en un vehículo "en estado de deterioro" donde se encontraban junto a otra persona, que logró escapar.

Los envoltorios con la droga estaban ocultos en los neumáticos del automóvil, según el MP, por lo que padre e hijo estarán recluidos de manera temporal en la sede del organismo policial en San Cristóbal, capital de la región.

La Fiscalía también informó este jueves de la condena a 30 años de prisión, la pena máxima, dictada contra dos hombres por el tráfico de 13,9 kilos de marihuana el pasado marzo en el estado Delta Amacuro (noreste), desde donde planeaban dirigirse hacia Trinidad y Tobago, país insular cercano a esa región venezolana.

Los individuos fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) cuando se encontraban en una embarcación, donde había un morral con 15 envoltorios de marihuana.

Posteriormente, fueron acusados por el MP del "tráfico de drogas en la modalidad de transporte".

El pasado 15 de mayo, la GNB indicó que casi treinta kilos de cocaína fueron decomisados en un operativo en el estado Apure (suroeste, fronterizo con Colombia), durante el que también fue detenido un sujeto.

En abril, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que en Colombia "nadie contesta" llamadas para abordar problemas como "narcotráfico, violencia y grupos irregulares" que, aseguró, tienen su origen en ese país. EFE

El partido de la quinta jornada del grupo en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, de la ciudad venezolana de San Cristóbal consolidó las aspiraciones del equipo argentino.

En los primeros minutos del encuentro, ambos equipos se mostraban imprecisos en la cancha, por lo que no había jugadas de peligro, hasta el minuto 12, cuando el árbitro expulsó a Edicson Tamiche, luego de una mano en el área de penal, que dejó con uno menos al dueño de casa.

El conjunto venezolano intentó reamarse rápidamente luego de esta pérdida e intentó atacar a los argentinos que se mostraban superiores en la defensa.

Táchira dejaba huecos defensivos y presentaba ambigüedad en el fondo, lo que fue aprovechado constantemente por el Central Córdoba, que no logró concretar un gol hasta el minuto 20.

La ventaja llegó gracias a un envío aéreo de Brian Cufré, tras un saque de esquina, que Jonathan Galván desvió de cabeza hacia la red contraria.

En los primeros segundos del segundo tiempo, Central Córdoba intentó ampliar el marcador, pero se consiguió con la respuesta del espigado arquero Jesús Camargo.

Y cuando Táchira lucía perdido en la cancha, Bryan Castillo, al minuto 75, empató el partido con un remate con la derecha desde el centro del área tras una asistencia de Carlos Sosa.

El festejo se esfumó pronto, ya que Gastón Verón selló el triunfo un minuto después.

En el primer minuto del tiempo añadido, Sosa vio una tarjeta roja luego de patear a Lucas Abascia, por lo que el Táchira terminó el partido con nueve jugadores.

Central Córdoba queda momentáneamente en el primer lugar del Grupo C, con 11 puntos, mientras que el Deportivo Táchira se mantiene como colista al haber perdido todos los partidos hasta la fecha.

La llave la completan Liga de Quito y Flamengo, segundo y tercero, respectivamente, que se enfrentarán este jueves.

- Ficha técnica:

1. Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Jesús Quintero, Roberto Rosales, Mauro Maidana, Edicson Tamiche; Leandro Fioravanti (m.58, Juan Requena), Daniel Saggiomo (m.58, Carlos Sosa), Maurice Cova, Carlos Calzadilla (m.15, Nelson Hernández); Lucas Cano (m.58, Bryan Castillo), Jesús Duarte (m.72, Juan Ortiz).

Entrenador: Edgar Pérez Greco.

2. Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano (m.80, Gonzalo Trindade), Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Brian Cufré, Jonathan Galván; José Florentín, Iván Gómez (m.45, Nicolás Quagliata) Matías Perelló (m.64, Fernando Martínez); Luis Angulo (m.45, Diego Barrera), Leonardo Heredia (m.45, Gastón Verón).

Entrenador: Omar De Felippe.

Goles: 0-1, m.20: Jonathan Galván. 1-1, m.75: Bryan Castillo. 1-2, m.76: Gastón Verón.

Árbitro: El uruguayo Mathías de Armas expulsó a Edison Tamiche (m.12) y Carlos Sosa (m.91). Y amonestó a Edicson Tamiche, Lucas Abascia, Braian Cufré, Juan Requena, Carlos Sosa.

Incidencias: Partido de la quinta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores jugado en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, estado Táchira. EFE

(foto)

Con ocho puntos y empatado con el líder del grupo -el ecuatoriano Liga de Quito-, Central Córdoba respira de alivio tras evitar, en la jornada anterior, una derrota frente a Flamengo, que marcha tercero en su zona, la posición del 'playoff' por un cupo a los octavos de la Sudamericana.

Gastón Verón fue el héroe de los dirigidos por Omar De Felippe, invictos en la copa, con dos ganados y dos empatados.

Entretanto, al Deportivo Táchira solo le queda ganar en los dos partidos que faltan de la actual fase y, al mismo tiempo, esperar una mala racha de sus compañeros de grupo para tener una chance de competir por un puesto en los octavos de la Sudamericana.

De lo contrario, los pupilos de Edgar Pérez Greco, con cero puntos y en la cola del grupo C, dirán adiós a los torneos internacionales, un golpe para el club que se coronó campeón en 2024 por segundo año consecutivo de la Primera División de Venezuela, algo que no pasaba desde hace una década en la liga criolla.

Táchira llega a esta nueva fecha con una reciente victoria por 1-0 frente a Metropolitanos en el fútbol nacional, donde es el líder del grupo B de los cuadrangulares.

La última vez que los de Pérez Greco se encontraron con los de De Felippe fue en abril pasado, cuando jugaron en la tercera fecha de la Libertadores, un partido en el que Táchira perdió por 2-1.

El colombiano Luis Angulo y el uruguayo Nicolás Quagliata fueron los autores de ambos goles en los primeros 20 minutos del partido, en el que el argentino Juan Manuel Requena descontó en la segunda parte.

Este nuevo encuentro tendrá como escenario el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia).

Alineaciones probables:

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Nelson Hernández, Carlos Vivas, Mauro Maidana, Roberto Rosales; Juan Manuel Requena, Daniel Saggiomo, Maurice Cova; Bryan Castillo, Juan Carlos Ortiz y Carlos Sosa.

Director técnico: Edgar Pérez Greco.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Braian Cufré; José Florentín, Jonathan Galván, Matías Perelló, Nicolás Quagliatta, Luis Miguel Ángulo; Leonardo Heredia.

Director técnico: Omar De Felippe.

Árbitro: El uruguayo Mathías de Armas.

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la ciudad venezolana de San Cristóbal, estado Táchira.

Hora: 18.00 hora local (22.00 GMT). EFE

Hoy, cuando en Venezuela se celebra el Día de la Madre, cientos de hogares permanecen silenciosos, mujeres que en lugar de estar junto a sus hijos festejando el día, están en las puertas de las cárceles si les corresponde la visita, otras recorriendo los centros de reclusión preguntando dónde está su hijo o hijos buscando a sus padres. Es alarmante la cantidad de desapariciones forzadas como la de Raúl Hirsey Amiel Hevia y el abogado Eduardo Torres.

En el caso de Raúl Amiel, padre de dos niños, es hijo de la periodista Iris Hevia; él no es activista político ni social, se dedica al diseño y ventas en internet. Fue secuestrado, la noche del 5 de mayo, por sujetos armados vestidos de negro quienes, al no lograr controlarlo, lo golpearon brutalmente, le rasgaron la camisa, hasta que recibieron ayuda de tres hombres más con vestimenta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes se lo llevaron.

Amiel Hevia estaba en su casa de la avenida principal del sector Los Kioskos en San Cristóbal, del fronterizo estado Táchira, cuando llegaron tres funcionarios, sin identificarse y sin identificar a Raúl Amiel. La esposa del joven, al observar el extraño procedimiento de los funcionarios, que no llevaban ni siquiera la orden de allanamiento y mucho menos de detención, no les permitió el acceso a la vivienda familiar, pero los funcionarios pasaron de las amenazas a la acción, incluso golpeando a la esposa de Amiel y a un hijo adolescente, antes de llevarse al hijo de la periodista, en una camioneta de color blanca tipo Tacoma.

“Han pasado siete días y Raúl Amiel está en desaparición forzada”, denuncia la familia. La denuncia se encuentra en manos de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía encargada de Derechos Fundamentales; lo inaudito es que el fiscal le dijo a la familia que no publicara nada en redes. Familiares y amigos de Amiel han acudido a la sede del SEBIN, pero la respuesta de los funcionarios de ese cuerpo de inteligencia es que el joven no se encuentra ahí y como, en muchos otros casos, niegan la detención, mientras el Ministerio Público se niega a actuar.

Reconocido Defensor de DDHH

En el caso de Eduardo Torres, reconocido defensor de Derechos Humanos, trabajador de la ONG Provea, así como secretario de Reclamos y Contrataciones Colectivas de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (Apufat). Su esposa Emiselys Núñez, en un video a través de las redes sociales, anunció, al salir del Helicoide, centro de reclusión al mando del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde le dijeron que no tenían información y que el abogado no se encontraba ahí.

La esposa de Torres indicó que desde las 4 de la tarde del viernes perdieron el contacto con el trabajador de Provea, quien se encontraba en una reunión en Parque Central, al término de la cual se despidió y anunció que iría a su casa, pero no llegó. Hace poco más de un año, en marzo 2024, Eduardo Torres se encontraba en los tribunales cuando denunció la presencia de personal militar de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) quienes estaban encapuchados en las instalaciones de los Tribunales del Circuito Judicial Penal de Caracas, fue retenido por los funcionarios.

La inmediata denuncia de lo que estaba ocurriendo fue una gran presión para que Torres fuera dejado en libertad, luego de estar sometido a un fuerte acoso por parte de los funcionarios militares. El viernes se presume que Torres, al salir de la reunión y dirigirse hacia su vivienda, fue interceptado por funcionarios de los cuerpos represivos quienes se lo llevaron y lo mantienen en desaparición forzada.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), organización de defensa de derechos humanos, denunció la posible desaparición forzada de Torres. “Debido a la alta probabilidad de que nuestro compañero Eduardo Torres se encuentre en condición de detención y desaparición forzada, debido a su labor como activista de DD HH y dadas las constantes amenazas en su contra”, manifestó la ONG.

Casos emblemáticos y amenazas recientes

Torres es uno de los más reconocidos defensores de Derechos Humanos en Venezuela, desde hace más de 10 años, destacándose en la defensa de los trabajadores y sus reivindicaciones laborales. Uno de sus casos emblemáticos fue la ardua lucha que desempeñó cuando fue detenido el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, quien fue detenido en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui, regresando de una marcha en la capital Caracas.

La defensa de Torres por González tuvo énfasis en que el dirigente obrero estaba siendo procesado por un tribunal militar y recluido en la cárcel La Pica en Maturín, estado Monagas, donde han sido enviados varios presos políticos. Al sindicalista, que salió excarcelado dos años después, le imputaron ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.

Torres ha formado parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ha sido acompañante de los familiares del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que el viernes concluyó la Ruta Global por La Justicia con la última parada en la sede diplomática de la Unión Europea en Caracas.

Varios familiares de presos políticos recibieron amenazas, por diversas vías, para que no participaran en la Ruta Global, e incluso una de las líderes, Andreína Baduel, denunció la presencia frente a su casa de funcionarios, grabando y fotografiando su vivienda. Luego apareció en redes sociales la versión no oficial de que su hermano, Josnars Baduel Oyoque, preso en la cárcel El Rodeo I, habría fallecido, por lo que su familia está exigiendo fe de vida. “El reiterado acoso contra activistas y familiares de presos políticos refleja una alarmante escalada represiva en Venezuela”.

A esto se suma el acoso contra los dirigentes de la Coalición Sindical, que han sufrido intimidación de funcionarios y vehículos con sirenas policiales frente a sus viviendas.

Sin embargo, su verdadero rival en esta fecha no es el conjunto venezolano, colista sin punto alguno que contar, sino el brasileño Flamengo, que pisa sus talones con cuatro enteros, sólo uno menos que el conjunto ecuatoriano.

Los pupilos del argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez llegan a la cuarta fecha del máximo torneo continental de fútbol con dos empates consecutivos en el campeonato ecuatoriano, el más reciente un 2-2 ante El Nacional el pasado sábado.

En ese encuentro, el paraguayo Álex Arce logró sacar a la LDU del peligro de perder, con un gol en el último minuto del tiempo reglamentario, tras lo que la Liga se ubica en la sexta posición de la tabla, con 16 unidades.

Por su parte, un Táchira casi sin esperanzas amaneció este martes en su penúltimo entrenamiento antes de recibir a la Liga de Quito, con el enfoque puesto en salir de la mala racha y demostrar en el ámbito internacional lo que hace en el torneo criollo.

Los dirigidos por Edgar Pérez Greco, con tres derrotas en sus tres presentaciones en la actual edición de la Libertadores, se coronó campeón en 2024 y por segundo año consecutivo de la Primera División de Venezuela, algo que no pasaba desde hace una década, con lo que suma 11 títulos.

En la temporada actual, el Táchira cerró la primera fase del Torneo Apertura en el cuarto lugar, con 23 puntos, y el pasado viernes venció por 1-2 a Puerto Cabello en la primera de las cuatro jornadas de los cuadrangulares.

El partido entre los clubes de Venezuela y Ecuador se disputará en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia).

La jornada del C lo cerrarán posteriormente Central Córdoba, que lidera el grupo con siete enteros, y Flamengo.

El que quede tercero en la fase de grupos jugará un 'playoff' por un cupo a los octavos de la Sudamericana, mientras que el cuarto se despedirá de los torneos internacionales.

- Alineaciones probables:

Deportivo Táchira: Jesús Camargo; Nelson Hernández, Carlos Vivas, Mauro Maidana, Roberto Rosales; Juan Manuel Requena, Carlos Calzadilla, Maurice Cova; Juan Carlos Ortiz, Carlos Sosa, Lucas Cano. Director técnico: Edgar Pérez Greco.

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Darío Aimar, Richard Mina, Yeltzin Erique; Kevin Minda, Fernando Cornejo, Alexander Alvarado, Melvin Díaz, Lautaro Pastrán; Alex Arce. Director técnico: Pablo Sánchez.

Árbitro: el boliviano Gery Vargas Carreño.

Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal.

Hora: 18.00 hora local (22.00 GMT). EFE

A través de una publicación en Instagram, Saab explicó que el sujeto es acusado del delito de "fabricación ilícita de monedas".

"A dicho delincuente se le incautó una cantidad significativa de dinero, que ascendía a 342.000 dólares, todos ellos falsos", añadió.

El fiscal indicó que el dinero en efectivo se encontraba oculto en el interior de una maleta que estaba envuelta en una bolsa negra.

En Venezuela, el dólar se usa para pagar y fijar precios desde 2019, cuando el país atravesaba una hiperinflación que cerró 2018 en el 130.060 % y vivía la agudización de una crisis eléctrica que colapsó, en múltiples ocasiones, los medios de pago electrónicos, la única manera que había de hacer alguna transacción en bolívares, la moneda local, ante la escasez de efectivo.

En junio del año pasado, la Policía de Venezuela detuvo a una mujer en el centro del país que se dedicaba a comercializar dólares falsos procedentes de Colombia, según informó entonces el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico.

La mujer, de 32 años de edad, fue detenida en una localidad del estado Guárico por funcionarios de este cuerpo policial, quienes incautaron 33 billetes falsos de la denominación de 100 dólares estadounidenses, indicó entonces Rico en Instagram. EFE

Concepción Niño Torres, más conocido como Concho Niño, tiene 85 años y es el dueño de la maquinaria y el galpón, que había alquilado a los dueños de la empresa Café El Faraón, cuando el 21 de agosto de 2024, a mil kilómetros de distancia, en la aduana aérea de Maiquetía fueron descubiertos 150 bultos, con 15 mil paquetes de Café Gourmet El Faraón, contentivos de 3 mil kilos de cocaína que serían enviados a Afganistán, a través de la empresa aérea estatal Conviasa, el 21 de agosto 2024.

Concho Niño fue liberado el 25 de abril de 2025, luego de que la jueza del caso lo declaró “enajenado mental”, con la cuenta Nr. 34 de Recurso de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); así lo declarado por Niños, desde que llegaron los funcionarios a su finca El Trompillo, hasta lo que dijo en el tribunal, quedó producto de su condición de demencia, “por lo que le devolvieron todos los bienes”, dijo a Infobae un amigo de la familia Niño.

El Café El Faraón está instalado en la finca El Trompillo en la carretera El Helechal, sector Baritalia, municipio Junín, estado Táchira, teniendo como dueños a Daniel Alejandro Sepúlveda Cobaría y José Macario Meneses Jaimes, presidente y vicepresidente respectivamente. Inicialmente Últimas Noticias, uno de los medios de propaganda del régimen venezolano publicó que entre los detenidos estaba el teniente coronel de la Aviación, César José Pérez Salas, presidente de la Empresa de Transporte Aereocargo del Sur, poco después Telesur negó la versión.

Entre los detenidos está el Mayor (GNB) Alessandre Nehomar Santeliz Díaz, siendo el ex esposo de la entonces Fiscal Militar del Táchira, Primer Teniente Doraima Maximina Carrasco Castillo. Santeliz, para el momento de su detención era gerente de la empresa de Transporte Grupo Marys. Igualmente, relacionado con Santeliz fue detenido el Sargento Mayor de Tercera (SM3) un militar activo, residenciado en el Fuerte Tiuna, Eliaxys Josué Navas Rodríguez. También apresaron a Bárbara Gislaine Durán Aldama, quien cancelaría los fletes para el transporte del alijo de cocaína. Se le suma Yuisay Yaneiza Ramírez Pinto, gerente de línea de carga de Conviasa.

Así mismo los fiscales también imputaron a Alexis Alexander Sepúlveda Cobaría de la parroquia Bramón, municipio Junín; también de Rubio; Joangel Enrique Antón Sepúlveda, jefe de producción de la empresa de Café; el chofer Roger Alfredo Vergara Pérez, con residencia en Caracas; y quien vive en La Guaira, la cual sería el enlace con Ender Alfredo Sepúlveda Bustos y este a su vez con Daniel Alejandro Sepúlveda Cobaría.

Por una parte, la familia Sepúlveda, por otra, los hermanos Charlie José y Carlos Jesús Colón Santoyo, encargados de los trámites con la agencia de aduanas; los Prada: Ciro Alberto Barrientos Prada y Mario Ricardo Prado Medina, éste último aparece como quien trasladó los bultos de café con cocaína, desde Colombia a Venezuela, además de ser dueño de la licorería “Lo mejor de Rubio”; y Daniel Alfonso Arévalo Chirinos, detenido en Carabobo.

Los fiscales del caso son Ángel Roberto Hernández Barreto, Katherine Anaís Chávez Contreras, Greicys Luzmar Muro Rivero y Mariafe Josmar Arrechedera Hernández.

Conocido contrabandista

Concepción Niño Torres “Concho” fue dueño de una importante empresa de café hace décadas. En la época de Carlos Andrés Pérez fue beneficiado, como muchos empresarios, a quienes les condonaron una importante deuda con el Estado venezolano. “Concho siempre contrabandeaba, pero nunca se dedicó al narcotráfico, más bien a todo lo relacionado con el café; con los años no pudo mantener la torrefactora y la maquinaria la tenía en El Trompillo”, le dice a Infobae el amigo de Niño.

“Para él fue una gran oportunidad cuando aparecieron proponiéndole que les alquilara la maquinaria para ponerla a funcionar con Café El Faraón.” Concho sabía que traían café de contrabando, pero no creo que con 85 años y enfermo estuviera consciente de que estaban utilizando su propiedad para el narcotráfico.“El café traído de contrabando desde Colombia por las trochas que hay en la frontera lo hacía uno de los Sepúlveda con Martha Lucía Zambrano Pinilla y Miguel Alejandro Márquez Montañez, desde Ragonvalia (población colombiana) al Táchira (estado fronterizo de Venezuela)”.

Lo primero que hicieron altas autoridades venezolanas relacionadas a Conviasa, junto con periodistas oficialistas, fue intentar desviar la atención a una empresa colombiana de café llamada Rasgos, cuyo dueño de inmediato respondió a la maniobra de distracción del régimen venezolano.

Con aroma a cocaína

No se sabe desde cuándo funcionaba la ruta del café con cocaína a Afganistán, pero se descubre el 22 de agosto de 2024, cuando funcionarios del Comando Antidrogas de La Guaira, adscritos al departamento de Carga Aérea, reciben de la empresa DF Consultores el trámite sobre 15 mil paquetes de Café Gourmet El Faraón, que saldrían en un vuelo de Conviasa, primero hacia Rusia, donde la recibiría Yousafzai Fazel, presidente de la empresa Aerodar, quien a su vez la enviaría a Kabul, Afganistán.

Cuando Jesús Eduardo Salcedo Ruiz, funcionario del Seniat, quien era el gestor contratado por los hermanos Colón Santoyo de la agencia de aduanas DF Consultores, llega, todos presentes proceden a revisar los bultos. Pasados por la máquina de inspección, salió el aroma a cocaína que resultaba más fuerte que un café aromático.“Al sacar la muestra de uno de los paquetes de Café El Faraón Gourmet y aplicarle la prueba química, se detectó que contenía cocaína y cafeína.” Por esa razón, la carga fue trasladada para una inspección química, y de eso salieron 3 mil kilogramos de la droga.

Una comisión fue inmediatamente enviada a la sede de Café Faraón Gourmet, ubicada en la finca El Trompillo de Concho Niño, pero la empresa es propiedad de Daniel Alejandro Sepúlveda Cobaría y su socio José Macario Meneses Jaimes.Cuando la comisión militar y policial llegó, salió Concho Niño, quien les dijo que él era el dueño de la finca El Trompillo y explicó que las máquinas y equipos que están en el galpón se los dio en arriendo a la empresa Café Faraón, pero que él no tenía las llaves para ingresar al galpón donde funciona la empresa. Sin embargo, mencionó que algunos de los trabajadores, seguramente habitantes de la aldea El Helechal, podrían tener las llaves o saber quién las tenía.

Los funcionarios rompieron la cerradura y allanaron el galpón, donde en la oficina supuestamente encontraron rastros de cocaína. Al lugar llegaron Alexis Alexander Sepúlveda Cobaría y Joangel Enrique Antón Sepúlveda, porque además los dos viven en Rubio.

¿ELN implicado?

El primer detenido en Táchira es Concho Niño, mientras que en Caracas son los hermanos Charlie José y Carlos Jesús Colón Santoyo, así como el chofer del camión que trasladó el café al aeropuerto, Roger Alfredo Vergara Pérez; ese fue el hilo que llevó a todos los demás, incluyendo a Yuisay Yaneiza Ramírez Pinto, gerente de línea de carga de Conviasa.

Entre el domingo 25 y lunes 26 de agosto 2024, el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), con un campamento en el sector Baritalia, muy cerca de la finca El Trompillo, desocupó un galpón en el sector Vega de La Pipa, propiedad de Daniel Sepúlveda, según reveló, a Infobae, un empleado de la empresa Café Faraón.

“Días antes de lo ocurrido en el aeropuerto de Maiquetía, con la droga que iba a Rusia y de ahí a Afganistán, ocurrió un hecho que sería el antecedente del caso.”

“En un punto de control de Valencia, estado Carabobo, agarran un cargamento grande de droga, que transportaba un chofer de Delicias, zona fronteriza a unos kilómetros de Rubio”, le dice a Infobae una fuente relacionada a Antidrogas del Táchira. “El chofer fue liberado, la droga y el camión desaparecen. Ese conductor habría delatado en ese momento lo que estaba ocurriendo con el Café El Faraón Gourmet.”

“Vía Caño de Agua, donde queda el galpón desocupado por el ELN, está minado de contrabando, incluso de ganado que pasa por esa zona y por La Revancha; me han dicho que abrieron con máquina una trocha que comunica a Colombia, por donde antes se hacía en bestia.”

Bogotá, 31 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este viernes una operación militar con la colaboración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para luchar contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera con Venezuela, en medio de la crisis que vive la región del Catatumbo por la violencia guerrillera.

"Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo/venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía", expresó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X.

El mensaje de Petro fue publicado después de que Nicolás Maduro, quien juró como presidente el pasado 10 de enero tras su cuestionada reelección, anunciara una operación militar en dos regiones fronterizas con Colombia para -dijo- hacer una limpieza completa de cualquier "elemento del narcotráfico".

"A la madrugada de hoy, 31 de enero, arrancó la operación Relámpago del Catatumbo, como parte del Escudo Bolivariano 2025, en toda la región fronteriza con nuestra hermana Colombia, desde las regiones del norte del Táchira, colindantes con el Norte de Santander, hasta las regiones del Zulia (...) cercana toda esa zona de ríos por donde pasa el Catatumbo", dijo Maduro en un audio publicado en Telegram.

Agregó: "Ya hemos coordinado con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y estamos trabajando una idea de desarrollo binacional, integrado, económico, social, con un carácter profundamente humano y además unitario, integrador de los pueblos de Colombia y Venezuela".

Desde el 16 de enero, los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC en el Catatumbo dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Norte de Santander, mientras que la cifra de desplazados es de más de 50.000 personas.

Sin embargo, las autoridades solo han podido recoger 47 cuerpos por la situación que siguen viviendo las zonas rurales más alejadas, donde las autoridades aún no han podido acceder.

Entre las víctimas mortales hay seis firmantes de paz, mientras que 12 excombatientes de las antiguas FARC están desaparecidos.

El pasado 24 de enero los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y de Venezuela, Vladimir Padrino López, se reunieron para hablar sobre la crisis humanitaria en la región del Catatumbo.

El encuentro, confirmó Velásquez en una rueda de prensa, tuvo lugar en la ciudad venezolana de San Cristóbal, en el estado Táchira, y allí hablaron sobre "la gravedad de la situación propiciada, ocasionada y desarrollada por el Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo".

Esa fue la primera reunión entre dos altos funcionarios de ambos países luego de que el Gobierno colombiano asegurara a principios de enero que no hubo elecciones libres en Venezuela.

Por eso, el Gobierno de Petro aún no ha reconocido a Maduro como presidente, aunque su posición es mantener las relaciones con el país vecino precisamente por la afectación en la frontera. EFE

Caracas, 31 ene (EFE).- Nicolás Maduro, quien juró como presidente el pasado 10 de enero tras su cuestionada reelección, anunció este viernes el despliegue de una operación militar en dos regiones fronterizas con Colombia para -dijo- hacer una limpieza completa de cualquier "elemento del narcotráfico".

"A la madrugada de hoy, 31 de enero, arrancó la operación Relámpago del Catatumbo, como parte del Escudo Bolivariano 2025, en toda la región fronteriza con nuestra hermana Colombia, desde las regiones del norte del Táchira, colindantes con el Norte de Santander, hasta las regiones del Zulia (...) cercana toda esa zona de ríos por donde pasa el Catatumbo", dijo Maduro en un audio publicado en Telegram.

El líder chavista explicó que esta operación se realiza, al menos, tres veces al año en esas regiones donde, sostuvo, se ha logrado "liberar y mantener libre todo el territorio de Venezuela de pistas clandestinas, de sembradíos de hojas de coca, de laboratorios para fabricar cocaína y de todos esos elementos perturbadores".

El despliegue de militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se da al mismo tiempo que se registra un conflicto del lado colombiano entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la zona del Catatumbo, que Maduro dijo seguir de cerca.

"Ya hemos coordinado con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y estamos trabajando una idea de desarrollo binacional, integrado, económico, social, con un carácter profundamente humano y además unitario, integrador de los pueblos de Colombia y Venezuela", añadió el mandatario.

El pasado 24 de enero, los ministros de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, y de Venezuela, Vladimir Padrino López, se reunieron para hablar sobre la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, donde en la última semana la violencia guerrillera ha dejado entre 60 y 80 muertos y más de 50.000 desplazados.

El encuentro, confirmó Velásquez en una rueda de prensa, tuvo lugar en la ciudad venezolana de San Cristóbal, en el estado Táchira, y allí hablaron sobre "la gravedad de la situación propiciada, ocasionada y desarrollada por (la guerrilla de) el Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo".

Esa fue la primera reunión entre dos altos funcionarios de ambos países luego de que el Gobierno colombiano asegurara a principios de enero que no hubo elecciones libres en Venezuela.

Por eso, el Gobierno del presidente Gustavo Petro aún no ha reconocido a Maduro como presidente, aunque su posición es mantener las relaciones con el país vecino precisamente por la afectación en la frontera. EFE

Caracas, 19 ene (EFE).- La ONG venezolana Fundaredes pidió este domingo a Venezuela y Colombia que fortalezcan sus mecanismos de protección a la población civil tras los enfrentamientos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC, en la región colombiana del Catatumbo (noreste), que han causado más de 80 muertos.

"Esta problemática trasciende fronteras y exige una respuesta conjunta. Es imperativo que Colombia y Venezuela fortalezcan sus mecanismos de protección a la población civil y aborden las causas estructurales de esta crisis", señaló la organización en un comunicado publicado en su página web.

Fundaredes sostuvo que los recientes enfrentamientos han provocado un "alarmante" incremento en el desplazamiento forzado de la población civil, lo que considera una "problemática con graves repercusiones tanto en Colombia como en Venezuela".

Señaló que "muchos" colombianos se han desplazado hasta los estados fronterizos de Zulia y Táchira, con lo que -dijo- "quedan expuestos a la violencia endémica que ha caracterizado a esta región durante años".

"La presencia de la guerrilla del ELN y de bandas criminales ha consolidado al estado Zulia, según registro de Fundaredes, como uno de los más violentos de Venezuela. Entre 2023 y 2024, se han documentado más de 299 homicidios y 129 enfrentamientos armados en la región", añadió.

La ONG aseguró haber identificado la presencia de 18 bandas criminales en el estado Zulia, y en el municipio Jesús María Semprún, en particular, "el control territorial y la imposición de autoridad recaen predominantemente en la guerrilla ELN, representando una grave amenaza para la estabilidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía".

"Estos desplazados enfrentan no solo el trauma de la pérdida, sino también la persistente amenaza de una violencia que afecta profundamente al estado Zulia", agregó.

El sábado, la Administración del líder chavista Nicolás Maduro anunció la activación de un operativo para atender a la población que ingrese al país desde Colombia.

En Telegram, el titular de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que la operación se puso en marcha a través de Protección Civil y las alcaldías de las localidades fronterizas de Jesús María Semprún y García de Hevia (Táchira, oeste).

Los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las FARC en la región colombiana del Catatumbo han causado más de 80 muertos, más de 20 heridos y miles de personas desplazadas, informó este domingo el gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar.

La guerra del ELN contra las disidencias de las FARC, que comenzó el pasado jueves, ha provocado además el éxodo de miles de campesinos, principalmente hacia las cabeceras urbanas de Cúcuta, Ocaña y Tibú, ciudades de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo, e incluso algunas han pasado la frontera selvática hacia Venezuela.

El Catatumbo es una región pobre y montañosa de Norte de Santander, en donde diversos grupos armados ilegales se disputan el control territorial, de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico. EFE

(Actualiza con nuevas declaraciones de Yván Gil)

Caracas, 18 ene (EFE).- La Administración del líder chavista Nicolás Maduro activó este sábado un operativo para atender a la población que ingrese al país desde Colombia a causa de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo, que ya han causado alrededor de 35 muertos y 22 secuestrados.

En un mensaje difundido en Telegram, el titular de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que la operación se puso en marcha a través de Protección Civil y las alcaldías de las localidades fronterizas de Jesús María Semprún (en el estado Zulia, noroeste) y García de Hevia (Táchira, oeste).

El plan busca brindar atención a "la población civil desplazada desde Colombia, que se ve obligada a escapar de la terrible violencia armada que les ha azotado", señaló la nota, que incluyó un video en el que se observa a un grupo de personas, entre ellos niños, que -según narra una persona no identificada- llegaron al territorio venezolano desde Colombia.

En el comunicado, Caracas expresó su disposición a "prestar el apoyo humanitario requerido a la población recurrentemente afectada por el flagelo de la guerra en el hermano país".

Gil indicó, en declaraciones al canal estatal VTV, que ya son "cientos de familias" que han cruzado la frontera hacia Venezuela, por lo que reiteró que se puso a disposición un operativo en los estados Zulia y Táchira para poder brindarles refugio, alimentos y servicios sanitarios.

"Esperamos poder atenderles como es debido, de manera humanitaria, para darles todas las condiciones que puedan sobrepasar esta mala situación que les ha tocado vivir en los últimos días", señaló.

Asimismo, dijo que el Ejecutivo chavista ha estado en contacto con la Cancillería de Colombia para ofrecerles "todo el apoyo" y para que "la población civil que se vea en necesidad de moverse, de salir de sus casas, de su territorio, pueda encontrar en Venezuela ese refugio".

Tras los choques armados en el Catatumbo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió suspender el viernes los diálogos con el ELN, guerrilla a la que acusó de cometer "crímenes de guerra" en esa región y que consideró no tiene "ninguna voluntad de paz".

La ofensiva emprendida desde el jueves en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo, que abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, por el ELN contra sus rivales de las disidencias de las FARC sorprendió a los habitantes de varios caseríos que tuvieron que correr a buscar refugio para protegerse de los tiroteos, todo documentado en videos subidos a las redes sociales.

Caracas acogió, en noviembre de 2022, el ciclo inaugural de los diálogos entre el Gobierno de Petro y el ELN, y repitió como escenario de la cuarta ronda de negociaciones.

Ciudad de México y La Habana también han sido sedes de las conversaciones entre las dos partes, que tenían planteado reunirse la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos congelada desde hace meses por desavenencias. EFE

Caracas, 18 ene (EFE).- El venezolano Eduin Becerra, del equipo Trululu Grupo La Guacamaya, ganó este sábado la séptima etapa de la Vuelta al Táchira, con lo que se mantiene como líder en la clasificación general de la competencia.

Becerra cumplió el recorrido de 151,4 kilómetros en 4 horas, 3 minutos y 14 segundos, en la ruta entre San Rafael de El Piñal y Cerro Cristo Rey.

En el segundo y tercer lugar terminaron el venezolano Jorge Abreu, de Multimarcas MU Training Banco Plaza, y el colombiano Camilo Gómez, de la Selección de Colombia.

La penúltima etapa de la competición comenzó con una temperatura media de 33 grados centígrados y un exigente desnivel acumulado de 2.552 metros, por lo que la jornada estuvo marcada por la alta intensidad.

Becerra se mostró sólido en los tramos finales, superando la última rampa del camino con determinación para hacerse con su segunda victoria de etapa en esta edición.

La edición 60 de la Vuelta al Táchira, que ha circulado por los estados Táchira, Barinas y Mérida (oeste), culminará este domingo con un recorrido de 117 kilómetros en San Cristóbal.

-Clasificación general:

1. Eduin Becerra (Trululu Grupo La Guacamaya) a 26h27:04

2. Jorge Abreu (Multimarcas MU Training Banco Plaza) a 22

3. José Alarcón (Gobernación de Trujillo) a 1:05

4. Roniel Campos (Team Trululu Grupo La Guacamaya) a 3:53

5. Pedro Sequera (B Plaza F Arroz Multimarcas) a 4:50. EFE

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado la puesta en marcha para atender a los desplazados por la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el norte colombiano, y que se ha saldado por el momento con 23 muertos.

En una declaración realizada a través de su cuenta de Telegram, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, por instrucción del presidente del país, Nicolás Maduro, ha anunciado la "activación de un "operativo especial para la atención de la población civil desplazada desde Colombia, que se ve obligada a escapar de la terrible violencia armada que les ha azotado".

En la operación están participando las alcaldías de las poblaciones fronterizas de Jesús María Semprún (en el estado de Zulia) y García de Hevia (en el estado de Táchira), con la incorporación de efectivos de Protección Civil.

"Venezuela, fiel a su compromiso de hermandad y solidaridad con el pueblo y gobierno colombianos, siempre estará dispuesta a prestar el apoyo humanitario requerido a la población recurrentemente afectada por el flagelo de la guerra en el hermano país", lamenta Gil.

Caracas, 18 ene (EFE).- El Gobierno del líder chavista Nicolás Maduro activó este sábado un operativo para atender a la población que ingrese al país desde Colombia a causa de los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC en la región del Catatumbo, que ya han causado alrededor de 30 muertos y más de 20 heridos en dos días.

En un mensaje difundido en Telegram, el titular de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó que la operación se puso en marcha a través de Protección Civil y las alcaldías de las localidades fronterizas de Jesús María Semprún (en el estado Zulia, noroeste) y García de Hevia (Táchira, oeste).

El plan busca brindar atención a "la población civil desplazada desde Colombia, que se ve obligada a escapar de la terrible violencia armada que les ha azotado", señaló la nota, que incluyó un video en el que se observa a un grupo de personas, entre ellos niños, que -según narra una persona no identificada- llegaron a territorio venezolano desde Colombia.

En el comunicado, Caracas expresó su disposición a "prestar el apoyo humanitario requerido a la población recurrentemente afectada por el flagelo de la guerra en el hermano país".

Tras los choques armados en el Catatumbo el presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió suspender este viernes los diálogos con el ELN, guerrilla a la que acusó de cometer "crímenes de guerra" en esa región y que consideró no tiene "ninguna voluntad de paz".

La ofensiva emprendida desde el jueves en zonas rurales de varios municipios del Catatumbo, que abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, por el ELN contra sus rivales de las disidencias de las FARC sorprendió a los habitantes de varios caseríos que tuvieron que correr a buscar refugio para protegerse de los tiroteos, todo documentado en videos subidos a las redes sociales.

Caracas acogió, en noviembre de 2022, el ciclo inaugural de los diálogos entre el Gobierno de Petro y el ELN, y repitió como escenario de la cuarta ronda de negociaciones.

Ciudad de México y La Habana también han sido sedes de las conversaciones entre las dos partes, que tenían planteado reunirse la próxima semana para reactivar la mesa de diálogos congelada desde hace meses por desavenencias. EFE

Caracas, 16 ene (EFE).- El venezolano Yilber Ramírez, del equipo Indet Criket Misión Vivienda Bandes, ganó este viernes la sexta etapa de la Vuelta al Táchira y alcanzó el décimo puesto de la clasificación general, que lidera Edin Becerra.

Ramírez cumplió el recorrido de 193,7 kilómetros en 4 horas, 53 minutos y 45 segundos en la ruta entre Tovar y La Grita.

En el segundo y el tercer lugar terminaron el colombiano Daniel Arroyave, de la Selección de Colombia, y Eduin Becerra, del Trululu Grupo La Guacamaya.

Entretanto, en la clasificación general, de primer lugar está el venezolano Eduin Becerra, del equipo Trululu Grupo La Guacamaya.

El segundo puesto lo ocupa Jorge Abreu, de B Plaza F Arroz Multimarcas, y el tercero José Alarcón, de la Gobernación de Trujillo.

La edición 60 de la Vuelta al Táchira, que se disputará hasta el 19 de enero, circulará por los estados venezolanos de Táchira, Barinas y Mérida (oeste), según el comité organizador.

- Clasificación general:

1. Eduin Becerra (Trululu Grupo La Guacamaya) a 22h24:00

2. Jorge Abreu (B Plaza F Arroz Multimarcas) a 14

3. José Alarcón (Gobernación de Trujillo) a 14

4. Emmanuel Viloria (La Guacamaya Guacafruit) a 53

5. Edgar Pinzón (Selección de Colombia) a 1:14 EFE

rbc/hbr

La líder opositora María Corina Machado ha denunciado este sábado el "secuestro" de más de una treintena de personas por las fuerzas del régimen Nicolás Maduro, en el marco de las protestas de la oposición con motivo de la toma de poder del presidente para un tercer mandato y ha calificado estas actuaciones como una muestra de su "desesperación y aislamiento".

"En su desesperación y aislamiento al régimen lo único que le queda es arremeter contra valientes ciudadanos. En las últimas horas, más de 30 venezolanos que protestaban este 9 de enero pacífica y organizadamente fueron secuestrados por las fuerzas represoras de Maduro", ha expresado Machado en una publicación en su cuenta en la red social X en la que ha compartido imágenes de algunos de los retenidos.

Los supuestos secuestros habrían tenido lugar en distintos puntos del país, como Portuguesa, Táchira, Bolívar, Yaracuy, Lara, Trujillo, Zulia, Monagas, Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Cojedes y Aragua, según la opositora, que ha aseverado además que "algunos de eso valientes compatriotas" formaban parte de sus equipos.

"Mi corazón con ellos, con sus familias y amigos. ¡Son unos héroes! Todos serán libres. Venezuela será libre", ha apostillado.

Por su parte, la ONG Foro Penal ha señalado a través de la misma plataforma que el total de personas detenidas en el país por motivos políticos ha ascendido a 75, incluidos trece mujeres, un extranjero y un adolescente, según los datos recopilados entre el 1 y el 11 de enero de 2025.

La misma institución había informado previamente de un total de 19 arrestos durante la jornada del viernes en manifestaciones de la oposición para protestar por la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Estas declaraciones llegan un día después de que Maduro tomara este viernes posesión del cargo en la sede de la Asamblea Nacional iniciando así un tercer mandato que, dijo, será un "periodo de paz".

Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales en las que el oficialismo otorgó la victoria a Maduro, si bien la oposición denunció fraude en el recuento de votos y reivindicó el triunfo de González, respaldado por parte de la comunidad internacional.

Geraldine García Beltrán

Cúcuta (Colombia), 10 ene (EFE).- Los puentes de la frontera colombo-venezolana amanecieron bloqueados este viernes con contenedores, como ya ocurrió en 2019, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro anunciara su cierre por una supuesta "conspiración internacional" durante la investidura presidencial.

Sin el ya habitual tránsito de vehículos y personas, los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot, que conectan al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano del Táchira, amanecieron desolados y fuertemente militarizados del lado venezolano.

Igualmente permanecen cerrados el resto de cruces fronterizos entre ambos países, que comparten una frontera de 2.219 kilómetros.

Los contenedores hicieron recordar las escenas de 2019 cuando las autoridades del país caribeño los habían instalado por la ruptura de relaciones entre ambas naciones y el intento fallido de la oposición venezolana, entonces liderada por Juan Guaidó, de pasar ayuda humanitaria por allí.

Sin embargo, a media mañana de este viernes los contenedores instalados en el lado venezolano fueron retirados y en su lugar las autoridades pusieron vallas, pero la frontera permanece cerrada, en principio hasta el próximo lunes, por orden del Gobierno de Maduro.

El gobernador del Táchira, el chavista Freddy Bernal, anunció este viernes el cierre fronterizo ante informaciones -dijo- de una supuesta "conspiración internacional", previo a la toma de posesión presidencial de Maduro, que se llevó a cabo en la mañana de este viernes.

El cierre de la frontera comenzó este viernes a las 05.00 hora local de Venezuela (09.00 GMT) y se extenderá hasta el lunes a la misma hora.

"Tengan ustedes la seguridad que tenemos el control absoluto del Estado y garantizaremos, bajo cualquier circunstancia, la tranquilidad y la paz de todo el pueblo tachirense", añadió Bernal, quien pidió comprensión a los empresarios, ganaderos, emprendedores y a todos aquellos ciudadanos que circulan normalmente por la frontera entre ambas naciones.

Marlon Bolaños es una de las pocas personas que ha podido cruzar la frontera este viernes desde San Antonio del Táchira hacia Cúcuta, capital de Norte de Santander, y lo hizo por un corredor humanitario habilitado para pacientes crónicos como él que son atendidos en Colombia.

"Hay varios retenes y las calles están solas", dijo el hombre a EFE al llegar al lado colombiano del puente Simón Bolívar.

En esa misma línea, el venezolano Armando Pérez, que es paciente renal, expresó a EFE que todos están a la espera de lo que vaya a pasar, pero lo que más anhela, como lo expresó, es que "saquen al dictador".

Las imágenes contrastan con lo sucedido en los últimos días, donde la normalidad reinó porque los cruces fronterizos estaban abiertos e incluso se observaba un aumento en el flujo de personas y vehículos, especialmente por el puente Simón Bolívar, el principal paso entre ambos países.

Según Migración Colombia, no hay un registro de movimientos "significativos entre ingresos y salidas que pudieran indicar el advenimiento de un flujo masivo de migrantes" como el sucedido en 2018 y 2019 cuando se intensificó el éxodo de cerca de siete millones de venezolanos, de los cuales casi tres millones se han establecido en Colombia. EFE

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Santo Domingo, 10 ene (EFE).- En República Dominicana, última parada de la gira americana de Edmundo González Urrutia y donde este pernoctó la pasada noche, el silencio es total este viernes sobre los planes del opositor venezolano a solo unas horas de la investidura presidencial en Venezuela.

Pese a que ayer González, quien asegura haber ganado las elecciones de Venezuela de julio pasado, y los exmandatarios latinoamericanos de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea) que le acompañan en Santo Domingo, insistieron en su intención de juramentarle hoy como presidente, este viernes reina el mutismo, pero en el hotel donde se hospedan hay un amplio despliegue policial y no se permite la toma de imágenes.

Según pudo comprobar EFE, a la entrada del hotel hay policía y una camioneta del comando de élite SWAT.

Anoche mismo la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla decía a la prensa que "de momento las intenciones (de González) se mantienen, el ánimo es el mismo por más que estemos indignados con lo sucedido con María Machado, pero sí se impone una valoración de parte de él. Muy probablemente esto se conozca una vez tengan la oportunidad de conversar".

Chinchilla hacía referencia a la denuncia del Comando con Venezuela, de la oposición mayoritaria venezolana, de que la líder opositora fue "retenida", tras ser "interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba", luego de encabezar una marcha en Caracas, tras 133 días en la clandestinidad.

Este viernes, Venezuela ha anunciado el cierre de su frontera terrestre con Colombia y la suspensión de vuelos con este país horas antes de la ceremonia de asunción de la Presidencia de Venezuela, en la que Nicolás Maduro se dispone a revalidar su mandato.

El gobernador del estado venezolano de Táchira (oeste), el chavista Freddy Bernal, informó del cierre de la frontera con Colombia ante informaciones -dijo- de una supuesta "conspiración internacional", previo a la toma de posesión de la Presidencia.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Colombia indicó que las autoridades de Venezuela le comunicaron que "cerrarán la frontera con Colombia y su espacio aéreo por 72 horas contadas a partir de las 5:00 am del día de hoy 10 de enero de 2025".

El pasado 28 de julio el opositor Edmundo González se enfrentó en las urnas con Nicolás Maduro, en unas elecciones presidenciales que el bloque opositor afirma haber ganado, según las actas que asegura haber reunido, pero el Consejo Nacional Electoral venezolano, controlado por el oficialismo, decretó la victoria del hasta ahora presidente de Venezuela. EFE

El gobernador del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, ha anunciado el cierre de la frontera con Colombia hasta el próximo lunes, ante la supuesta "información de una conspiración internacional para perturbar la paz" que coincidiría con el arranque del nuevo mandato presidencial en Venezuela.

Bernal ha afirmado que la medida responde a una "instrucción" del presidente Nicolás Maduro y estará vigente durante cuatro días, a partir de las 5.00 (hora local) de este viernes. El gobernador ha apelado a la "comprensión" de las personas que puedan verse afectadas, en particular quienes cruzan a diario la frontera.

"Tengan ustedes la seguridad que tenemos el control absoluto del Estado y garantizaremos bajo cualquier circunstancia la tranquilidad y la paz de todo el pueblo de chirense", ha enfatizado Bernal, en un vídeo divulgado por su oficina en redes sociales.

Migración Colombia ya había avisado en un reciente comunicado de que veía "posible" un cierre de la frontera común de cara a la investidura presidencial organizada por Maduro en Caracas este viernes y ante la previsión de que el opositor Edmundo González pudiese intentar también entrar en Venezuela.

Según el Ministerio de Exteriores colombiano, Bogotá recibió el jueves la notificación del cierre "a través de los debidos canales diplomáticos", si bien ha matizado que no se trata sólo de los pasos terrestres sino que afecta también al espacio aéreo, lo que implica la suspensión de los vuelos.

La Cancillería ha explicado en su cuenta de la red social X que se trata de una medida "unilateral" derivada de "razones internas", por lo que del lado colombiano las fronteras "permanecerán abiertas".

El gobernador del estado venezolano de Táchira, Freddy Bernal, ha anunciado el cierre de la frontera con Colombia hasta el próximo lunes, ante la supuesta "información de una conspiración internacional para perturbar la paz" que coincidiría con el arranque del nuevo mandato presidencial en Venezuela.

Bernal ha afirmado que la medida responde a una "instrucción" del presidente Nicolás Maduro y estará vigente durante cuatro días, a partir de las 5.00 (hora local) de este viernes. El gobernador ha apelado a la "comprensión" de las personas que puedan verse afectadas, en particular quienes cruzan a diario la frontera.

"Tengan ustedes la seguridad que tenemos el control absoluto del Estado y garantizaremos bajo cualquier circunstancia la tranquilidad y la paz de todo el pueblo de chirense", ha enfatizado Bernal, en un vídeo divulgado por su oficina en redes sociales.

Migración Colombia ya había avisado en un reciente comunicado de que veía "posible" un cierre de la frontera común de cara a la investidura presidencial organizada por Maduro en Caracas este viernes y ante la previsión de que el opositor Edmundo González pudiese intentar también entrar en Venezuela.

Bogotá, 9 ene (EFE).- Migración Colombia aseguró este jueves que es posible que mañana haya un "cierre programado" de la frontera con Venezuela por la investidura presidencial, cargo que reclaman el mandatario Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia.

"Es posible que haya un cierre programado de la frontera de cara al acto de posesión presidencial en Venezuela que tendrá lugar el 10 de enero", expresó Migración Colombia en un comunicado.

En los últimos días la normalidad ha reinado en los principales pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela.

Los cruces han estado abiertos y, según la autoridad migratoria, no hay un registro de movimientos "significativos entre ingresos y salidas que pudieran indicar el advenimiento de un flujo masivo de migrantes" como el sucedido en 2018 y 2019.

"Al momento, los datos indican un incremento normal de los flujos migratorios de venezolanos, entre ingresos y salidas, teniendo en cuenta la temporada de fin de año. Sin embargo, se mantiene un equilibrio entre ingresos y salidas", añadió ese organismo.

La información de Migración Colombia contrasta con la del gobernador del estado venezolano del Táchira, Freddy Bernal, quien afirmó que la frontera colombo-venezolana permanecerá abierta, desmintiendo los rumores surgidos en los últimos días sobre un posible cierre, como ya sucedió varias veces en la última década.

"No hay razón para cerrarla, tenemos control absoluto sobre nuestra frontera", declaró Bernal, quien agregó que con cámaras instaladas en todos los puentes y en algunas trochas utilizadas para pasar de un país a otro vigilan en tiempo real todo lo que ocurre.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros donde colindan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos y viven unos 12 millones de personas. EFE

Caracas, 2 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela afirmó este jueves que Argentina vuelve a dar un "espectáculo penoso" luego de que la nación austral presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, caso que el Ejecutivo de Javier Milei considera una "desaparición forzada".

"Evocar el Estatuto de Roma, claramente desconocido por ellos, para alimentar su obsesión política enferma, es una muestra no solo de ignorancia, sino de una escandalosa falta de seriedad", señaló el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje publicado en Telegram.

Este jueves, el Ejecutivo de Argentina presentó una denuncia ante la CPI por la detención "arbitraria y desaparición forzada" de Gallo.

La Cancillería argentina explicó, en un comunicado, que la detención del gendarme constituye una "violación grave y flagrante de los derechos humanos, evidenciando un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad, que se están cometiendo" en Venezuela, "los cuales se encuentran claramente bajo la jurisdicción de la CPI".

El Gobierno argentino aseguró que "continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para garantizar los derechos del ciudadano Nahuel Gallo, proteger los derechos humanos y exigir justicia internacional".

Ante esto, el canciller venezolano señaló que los funcionarios del Gobierno de Argentina usan "erráticas" acciones diplomáticas para "justificar su propio fracaso y su complicidad".

"La justicia y los derechos humanos no son instrumentos para agendas desesperadas", añadió.

Gil dijo que el "fiasco en que se han convertido solo los reafirma como el hazmerreír de la diplomacia global".

Según el Gobierno argentino, Gallo miembro de la Gendarmería Nacional Argentina (policía de frontera), entró el 8 de diciembre en el territorio de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander para dirigirse al estado Táchira (oeste), con el propósito de visitar a su pareja, con quien tiene un hijo.

El pasado domingo, en declaraciones al diario argentino Clarín, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, indicó que Gallo permanece detenido en Caracas, imputado por los delitos de conspiración, terrorismo, financiación del terrorismo y asociación ilícita por estar "involucrado en la planificación y ejecución de graves delitos contra la seguridad" de Venezuela.

El funcionario aseveró que "Gallo se encuentra bien de salud" y que "su integridad ha sido respetada, como obliga la ley y la Constitución".

Según señaló Saab, el gendarme argentino "fue detenido al haber intentado ingresar irregularmente desde Colombia" y hay "información de inteligencia que lo vincula a la planificación de acciones desestabilizadoras y terroristas en territorio venezolano". EFE

Caracas, 31 dic (EFE).- Venezuela desplegará un total de 1.100 efectivos de seguridad para la Vuelta al Táchira, que se disputará entre el 12 de enero y el 19 de enero próximo, en la que los ciclistas recorrerán tres estados en el oeste del país, informó este martes el comité organizador.

A través de una publicación en Instagram, el vocero del comité, José Gregorio Freites, explicó que los funcionarios de seguridad desplegados trabajarán para "resguardar la integridad, tanto de los ciclistas como de las personas que estarán acompañando la caravana multicolor".

Igualmente, dijo que habrá custodia a los aficionados que asistan a observar el paso del pelotón en las diferentes carreteras de los estados Táchira, Barinas y Mérida, donde se disputará la justa del pedal.

Freites añadió que el gobernador del estado Táchira, el chavista Freddy Bernal, no ha escatimado esfuerzos para "establecer planes conjuntos de trabajo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)".

Además de la FANB, se desplegarán funcionarios de Politáchira, Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como de Protección Civil.

"Se activará un dispositivo especial para los equipos extranjeros desde el arribo al país hasta su sitio de concentración", sostuvo.

La Vuelta al Táchira otorga puntos para el 'ranking' de la Unión Ciclista Internacional (UCI) a los ciclistas y equipos participantes.

La competencia, que comenzará el 12 de enero, recorrerá los estados Táchira, Barinas y Mérida en ocho etapas.

Este año, el ecuatoriano Jonathan Caicedo, del equipo mexicano Petrolike, se convirtió en el primer ganador extranjero de la Vuelta al Táchira desde 2016, cuando venció el costarricense Joseph Chavarría. EFE

Caracas, 27 dic (EFE).- El chavismo convocó este viernes a sus militantes a "grandes marchas" en Caracas y cinco regiones de Venezuela para el próximo 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro -proclamado ganador de los comicios de julio por el organismo electoral- insiste en que acudirá al Parlamento a jurar como jefe de Estado para un tercer mandato consecutivo.

Ese día, el chavismo se propone "llenar" una decena de avenidas de Caracas y marchar en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, todos fronterizos con Colombia, así como en la región insular de Nueva Esparta, según explicó el vicepresidente de Movilización y Eventos del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), Nahum Fernández, en rueda de prensa trasmitida por el canal estatal VTV.

"El 10 yo juro con Maduro", dijo el también jefe de Gobierno de Caracas, quien aseguró que serán "grandes marchas" en respaldo al presidente, quien -afirmó- obtuvo una "gran victoria" en los comicios del pasado 28 de julio, cuyos resultados todavía se desconocen de manera desglosada, pese a que su publicación estaba establecida en el cronograma oficial.

A juicio de Fernández, la "ultraderecha" y la comunidad internacional "tienen que entender" que será una "gran celebración" por la "victoria" del líder chavista en medio de un "bloqueo" y de "medidas coercitivas".

Fernández, junto con la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, indicó que esas movilizaciones forman parte de una agenda que contempla actividades culturales, deportivas y religiosas en la capital durante todo el próximo mes hasta el 4 de febrero, cuando conmemorarán los 33 años del fallido golpe de Estado de 1992 encabezado por el entonces teniente coronel Hugo Chávez.

La agenda, denominada 'Enero de victoria 2025', incluye festejos por el Día de Reyes, una maratón de 21 kilómetros, desfiles, caravanas de motoristas, conciertos, una marcha por el comienzo del último año del actual Parlamento -controlado por el chavismo- y la celebración, los días 8 y 9, de otro "congreso internacional antifascista", según las autoridades locales.

Entretanto, la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- reclama el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, según el 83,5 % de las actas que asegura haber reunido mediante testigos y miembros de mesa, documentos que el Gobierno considera falsos.

El opositor, asilado en España, ha insistido en que volverá a Caracas para tomar posesión como jefe de Estado. EFE

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Caracas, 26 dic (EFE).- Un hombre de nacionalidad colombiana fue condenado a 10 años de prisión por el tráfico de 4,97 kilogramos de marihuana, incautados en octubre pasado en el estado venezolano de Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), informó este jueves el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Venezuela.

A través de una nota de prensa, el MP indicó que el hombre, identificado como Luis Fernando Cuadros Rey, fue condenado por los delitos de "tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento" y deberá cumplir su tiempo de prisión en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en el estado Táchira.

Asimismo, explicó que Cuadros Rey fue arrestado luego de una inspección por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una vía de la región, donde le incautaron dos envoltorios de marihuana.

Posteriormente, prosiguió, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio de Cuadros Rey, donde encontraron "10 envoltorios de marihuana para un total de 12, cuyo peso neto fue de 4 kilos con 970 gramos".

De acuerdo con la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), las autoridades venezolanas confiscaron un total de 25.186 kilos de drogas durante los primeros seis meses del año, cuando también detuvieron a 6.196 personas por delitos relacionados con este tipo de sustancias.

El año pasado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y distintos cuerpos de seguridad informaron de la incautación de 52.186,8 kilos de drogas, un 10 % más respecto a los 47.264,8 kilos en 2022, según la Sunad. EFE

Buenos Aires, 23 dic (EFE).- La Justicia argentina exhortó a Venezuela a informar el paradero del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido por el Gobierno de Nicolás Maduro, los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial se encuentra, así como facilitar su defensa y el contacto con sus familiares, según un fallo que se dio a conocer este lunes.

La Cámara Federal de Mendoza, la provincia donde se desempeña el gendarme argentino, resolvió de esta manera al hacer lugar a un habeas corpus presentado por la Gendarmería Argentina (policía de frontera).

En el fallo, exhortó a Venezuela a que "a través de las autoridades correspondientes, informen de modo inmediato el paradero" de Gallo, "los motivos de su detención y a disposición de qué autoridad judicial competente se encuentra".

El tribunal de alzada instó además a las "autoridades judiciales" venezolanas a "presentar física o telemáticamente" a Gallo ante la autoridad que designe la Cancillería argentina "con el fin de ser asesorado", de acuerdo al artículo 36 de la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, y facilitar "el contacto con sus familiares".

Según el fallo judicial, Gallo ingresó el 8 de diciembre al territorio de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, por intermedio del Puente Internacional Simón Bolívar, para dirigirse al estado venezolano de Táchira (oeste), donde, al ingresar, le quitaron el teléfono celular y el equipaje.

De acuerdo a lo declarado por la pareja del gendarme, María Gómez, de nacionalidad venezolana y residente argentina hace seis años y madre su hijo de dos años, Gallo fue trasladado en una "camioneta negra" por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).

La Gendarmería "entiende que se trataría de un supuesto de privación ilegítima de la libertad", advirtió el fallo.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Gallo, a quien acusó de viajar al país caribeño a "cumplir una misión".

Según autoridades de Argentina, Gallo fue acusado de espionaje por el Gobierno de Maduro, incomunicado y trasladado a un centro de inteligencia, como parte de "la estrategia" del venezolano de "tomar rehenes" para "asegurarse su impunidad" de cara a la toma de poder del 10 de enero próximo.

Un dirigente opositor, cercano a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), y exembajador en Venezuela, declaró este lunes haber facilitado la entrega de una carta de la madre de Gallo al detenido, y afirmó que "se pudo saber que el gendarme está en buenas condiciones". EFE

Buenos Aires, 19 dic (EFE).- La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, afirmó este jueves que nunca hubiera autorizado a un gendarme a viajar a Venezuela, en alusión al caso del argentino Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde el 8 de diciembre.

"Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela", respondió la vicepresidenta a un usuario de la red social X que le preguntó si tenía algo para decir del caso de Gallo.

Villarruel, que mantiene un enfrentamiento abierto con el presidente argentino, Javier Milei, consideró que lo que ha ocurrido con Gallo "es la consecuencia tristemente obvia" de haberlo autorizado a viajar a Venezuela.

Gallo es miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, una fuerza de seguridad dedicada a custodiar las fronteras y que depende del Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, una de las más estrechas aliadas de Milei.

"Como no soy del área de Seguridad, no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar", añadió la vicepresidenta.

Horas después, Bullrich le respondió, también por X, en duros términos al aseverar que "resulta vergonzoso" que la vicepresidenta "utilice a Nahuel Gallo para juntar likes ('me gusta')".

"Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que, antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe", afirmó Bullrich.

El martes, el Gobierno venezolano dijo que el gendarme está siendo procesado por supuestos "planes terroristas" que "comprometen" -aseguró- al mandatario argentino, Javier Milei, y a Bullrich.

Según detallaron las autoridades argentinas, Gallo ingresó el 8 de diciembre al territorio de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse al estado venezolano de Táchira (oeste), con el propósito de visitar a su pareja, con quien tiene un hijo.

De acuerdo con la pareja, María Gómez, residente argentina hace seis años, el gendarme fue trasladado en una "camioneta negra" por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).

Milei reclamó esta semana al Gobierno de Maduro la "inmediata liberación" del gendarme y aseguró que su Ejecutivo agotará todas las vías diplomáticas para que Gallo regrese "sano y salvo" a Argentina.

Buenos Aires, 17 dic (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, reclamó este martes al Gobierno de Nicolás Maduro la "inmediata liberación" del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre.

"Quiero referirme al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo", expresó Milei en un acto de entrega de sables y medallas en el Colegio Militar.

"Exigimos su liberación inmediata y agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a Argentina", añadió Milei.

Este lunes, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional Argentina (policía de frontera), a quien acusó de viajar al país caribeño a "cumplir una misión", sin precisar más detalles.

Según detallaron las autoridades argentinas, Gallo ingresó el 8 de diciembre al territorio de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse al estado venezolano de Táchira (oeste), con el "único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común".

De acuerdo con la pareja, María Gómez, de nacionalidad venezolana y residente argentina hace seis años, el gendarme fue trasladado en una "camioneta negra" por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).

Según autoridades de Argentina, Gallo fue acusado de espionaje por el Gobierno de Nicolás Maduro, incomunicado y trasladado a un centro de inteligencia. EFE

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha anunciado que el Gobierno de Javier Milei pedirá la colaboración de Francia para liberar al suboficial de la Gendarmería Nacional detenido de forma "arbitraria" desde el domingo pasado por las autoridades venezolanas.

La titular de Seguridad ha declarado a la emisora argentina Radio Mitre que el ministro de Exteriores, Gerardo Werthein, "todavía no tiene la colaboración de nadie". "Me ha dicho (el ministro de Exteriores) que estaba tratando de establecer alguna colaboración, que iba a pedir a Francia. Queremos una colaboración, porque nosotros, nuestra Embajada está invadida", ha relatado.

Bullrich ha asegurado que el Gobierno argentino necesita que "un tercer país (que le) ayude" a liberar al suboficial detenido que se encuentra, según ha declarado, en "una base de Inteligencia en Táchira", en el noroeste del país, haciendo frontera con la vecina Colombia. "El canciller estaba buscando cuál era ese tercer país que nos ayudara", ha señalado, al tiempo que ha denunciado estar "bajo asedio del régimen chavista".

Además, la ministra ha anunciado que la Gendarmería Nacional, "con acuerdo" a su cartera, ha presentado "una denuncia penal por este secuestro de un ciudadano argentino, que no había ido como miembro de la Gendarmería sino como ciudadano argentino" para una visita de carácter personal.

Estas palabras tienen lugar después de que los Ministerios de Exteriores y Seguridad argentinos denunciaran este viernes la detención "arbitraria" e "injustificada" del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, el cabo primero Nahuel Agustín Gallo, por parte de las autoridades venezolanas, y exigieran "de forma categórica e inmediata" su liberación.

Además, las autoridades venezolanas han detenido asimismo a un chófer de la Embajada argentina en Caracas, donde seis opositores al régimen de Maduro se encuentran asilados desde finales de marzo.

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina tras las acusaciones de Buenos Aires de fraude electoral en las últimas presidenciales derivó en que Brasil interviniera para hacerse cargo de la representación consular argentina en territorio venezolano.

Buenos Aires, 15 dic (EFE).- El Gobierno de Javier Milei pedirá colaboración a Francia para mediar en la liberación del gendarme argentino detenido el domingo pasado, cuando intentó ingresar a Venezuela para visitar a su familia.

“Hasta ahora el canciller (Gerardo Werthein) no tiene colaboración de nadie y está tratando de establecer contactos. Iba a pedir colaboración a Francia. Necesitamos que un tercer país nos ayude”, afirmó la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en declaraciones a Radio Mitre.

El cabo primero Nahuel Agustín Gallo, de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue detenido al cruzar el Puente Internacional “Francisco de Paula Santander”, que conecta la localidad de Cúcuta, en Colombia, con la ciudad de Ureña, en el Estado venezolano de Táchira.

Según autoridades argentinas, fue acusado de espionaje por el Gobierno de Nicolás Maduro, incomunicado y trasladado a un centro de inteligencia.

“Estamos trabajando para que cese este secuestro (...) nosotros sabemos dónde está. Está en una base de inteligencia en Táchira”, aseguró Bullrich.

Gallo, oriundo de la provincia argentina de Catamarca (norte), forma parte del escuadrón 27 de Uspallata, en Mendoza (oeste) y custodiaba el paso fronterizo entre Chile y Argentina.

Estaba de vacaciones y pretendía reunirse con su mujer, María Gómez, de nacionalidad venezolana y residente argentina hace 6 años, en Caracas, con quien tiene un hijo de 2 años.

De acuerdo con Gómez, su pareja fue trasladado en una “camioneta negra” por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela.

La ministra de Seguridad indicó que la GNA presentó una denuncia penal por “el secuestro de un miembro de su fuerza, que había ido a Venezuela como un ciudadano argentino a buscar a su mujer”.

Un comunicado de la GNA, enviado este domingo, informó que presentaron un habeas corpus ante el Juzgado Federal de Mendoza en favor de Gallo y el Obispado Castrense Argentino entabló comunicaciones con su par en Venezuela, “quien se comprometió a realizar las averiguaciones pertinentes”.

“Ante la novedad, comenzaron las gestiones con la Comunidad de Fuerzas Policiales de América, para tratar de dar con el lugar y las circunstancias del integrante de la Fuerza. Exigimos a las autoridades policiales venezolanas la inmediata libertad de nuestro camarada”, cerró el documento.

La noticia trascendió el viernes pasado y Cancillería junto a Seguridad argentina emitieron un comunicado, donde exigieron la liberación del gendarme detenido y advirtieron que el país actuará ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido.

Argentina lanzó una alerta consular en la que sugirió a sus ciudadanos “evitar viajar” a Venezuela, mientras que la ministra afirmó que se establecerá una norma para limitar los países que podrán visitar los efectivos de las fuerzas de seguridad nacional. EFE

Buenos Aires, 13 dic (EFE).- El Gobierno de Argentina exigió este viernes, "de forma categórica e inmediata", la liberación de un gendarme argentino detenido de manera "arbitraria e injustificada" por las fuerzas de seguridad de Venezuela.

Un comunicado conjunto de la Cancillería y el Ministerio de Seguridad argentinos expresó el "más enérgico rechazo ante la detención arbitraria e injustificada del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, Cabo Primero Nahuel Agustín Gallo, por parte de las autoridades venezolanas".

Según detallaron las autoridades argentinas, el 8 de diciembre pasado, Gallo ingresó al territorio de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse al estado (región) venezolano de Táchira, con el único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común.

Pese a la naturaleza estrictamente personal de su visita, Gallo "fue detenido de manera inmediata, sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales", señaló el Gobierno argentino.

"Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana", advirtió en el comunicado.

El gobierno de Javier Milei agregó que "Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también le advirtió a Maduro en su cuenta de X: "Cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin".

Los diplomáticos argentinos fueron expulsados de Venezuela, en respuesta a que el gobierno de Milei desconoció los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, que dieron como ganador a Maduro. EFE

Estas personas han huido de los enfrentamientos entre el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

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De acuerdo con declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil en un comunicado del difundido a través de su canal en Telegram, funcionarios de Protección Civil han sido movilizados para atender a los desplazados en los municipios afectados.

El operativo busca atender las necesidades urgentes de los desplazados que han llegado a territorio venezolano en busca de refugio. Este flujo migratorio se ha intensificado debido a los recientes episodios de violencia en el Catatumbo, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico.

El Catatumbo, una región fronteriza entre Colombia y Venezuela, ha sido escenario de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico. Este conflicto ha generado una crisis humanitaria que afecta tanto a las comunidades locales como a los desplazados que buscan escapar de la violencia.

Según reportó el periodista venezolano Jhorman Cruz, los afectados han cruzado la frontera hacia Venezuela en busca de refugio, utilizando motos, bicicletas, camiones y tractores para llegar a localidades como Casigua El Cubo, en el estado Zulia.

Según Cruz, los colombianos se están agrupando en colegios de Táchira, solicitando colchones, comida y refugio.

Mientras tanto, en el lado colombiano, las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en la región del Catatumbo. Según informó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, el Ejército colombiano ha desplegado 300 militares en la zona, mientras que la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha llevado a cabo evacuaciones en áreas afectadas.

Villamizar también confirmó que, además de las víctimas mortales, más de 20 personas han resultado heridas y varias comunidades permanecen confinadas, a la espera de que se habiliten corredores humanitarios que les permitan salir de la región.

En respuesta a la escalada de violencia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó la decisión de suspender los diálogos de paz con el ELN. Petro acusó a este grupo armado de no demostrar voluntad para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto, lo que representa un revés significativo en los esfuerzos por pacificar la región.

Fuerzas Militares de Colombia anuncian estrategias para enfrentar la crisis en el Catatumbo

Ante esta alarmante situación, las Fuerzas Militares de Colombia han detallado las acciones ofensivas que implementarán para combatir a los grupos armados ilegales que operan en la zona. Estas medidas buscan restablecer la seguridad en una de las áreas más afectadas por la guerra en el país.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que las operaciones estarán dirigidas principalmente contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, grupos que han intensificado sus actividades en la región.

Cubides señaló que estas organizaciones han mostrado una falta de voluntad para avanzar en procesos de paz, lo que ha llevado a la suspensión de los diálogos con el ELN. En este contexto, las Fuerzas Armadas han decidido reforzar sus estrategias de inteligencia y operaciones militares para contrarrestar las acciones de estos grupos armados.

El almirante Cubides también denunció que las acciones de los grupos armados en el Catatumbo han incurrido en violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Según detalló, estas organizaciones han llevado a cabo asesinatos selectivos de excombatientes, lo que constituye un claro quebrantamiento del principio de distinción que protege a las personas que no participan en las hostilidades. Además, estas acciones han generado un clima de terror e incertidumbre entre los habitantes de la región.

Caracas, 6 nov (EFE).- En Venezuela se registraron 13 violaciones al derecho a la libertad de expresión en octubre, una reducción del 50 % en comparación con septiembre, cuando se computaron 26, según datos difundidos este miércoles por la ONG Espacio Público.

A través de una nota de prensa, la ONG registró cinco actos de intimidación, dos de censura, dos de hostigamiento verbal, una amenaza, una restricción administrativa, un hostigamiento judicial y -dijo- "una muerte, esta última aún sin aclararse o investigarse de forma imparcial".

Asimismo, explicó que hubo diez víctimas, de las que seis son periodistas o reporteros, así como dos medios de comunicación y dos hechos que involucraron a la ciudadanía en general.

"Tan solo uno de los victimarios documentados no se vincula directamente con el Estado venezolano, siendo de ocupación desconocida", añadió.

Espacio Público sostuvo que, en octubre, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenó el "cierre por ocho meses" del Diario La Voz, ubicado en el estado Miranda (norte), por "presuntamente no tener actualizada su cartelera fiscal".

Igualmente, documentó una "falla masiva" de conectividad a internet motivada por "apagones y bajones de electricidad".

"Las regiones más afectadas fueron Táchira (oeste), Apure (oeste), Guárico (centro), Mérida (oeste), Miranda (norte) y Carabobo (norte), con caídas de hasta 20 % de sus niveles normales de conectividad", apostilló.

El pasado 18 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en Venezuela aumentaron los ataques a periodistas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio según su informe más reciente.

La organización dijo que el Gobierno "continúa opacando los pocos vestigios que quedan de las libertades de prensa y expresión", lo que ha convertido el periodismo en "una profesión de alto riesgo" en el país, luego de que las autoridades detuviesen a una docena de trabajadores de la prensa en los meses anteriores y posteriores a los comicios. EFE

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido este martes una investigación "transparente" y una autopsia "independiente" para determinar responsabilidades por la muerte del líder del partido opositor venezolano Voluntad Popular, Edwin Santos, en el estado de Apure (suroeste).

"Estamos conmocionados y entristecidos por la muerte del destacado activista democrático venezolano Edwin Santos", ha dicho el secretario adjunto del Departamento de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, en la red social X.

Santos fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se dirigía con su motocicleta hacia la comunidad de El Piñal, según indicó el partido opositor venezolano, que horas antes había denunciado su desaparición.

El cuerpo del opositor fue encontrado en el puente que comunica Apure con el estado de Táchira. El líder del partido, Leopoldo López, publicó una fotografía de Santos con aparentes signos de tortura. "Lo torturaron hasta que lo asesinaron. La dictadura no podrá ocultar su responsabilidad", denunció.

Caracas, 25 oct (EFE).- El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Douglas Rico, aseguró este viernes que Edwin Santos, dirigente y cofundador del partido opositor Voluntad Popular (VP) en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), falleció en un accidente de tránsito, por lo que descartó que haya sido asesinado como denunció el antichavismo.

A través de una publicación en Instagram, Rico indicó que el cuerpo de Santos fue hallado en una carretera principal, junto a una motocicleta, "sin signos vitales producto de un accidente de tránsito tras impactar la moto que conducía contra un árbol".

Asimismo, dijo que luego de localizar el cuerpo de Santos, funcionarios del CICPC sostuvieron una "entrevista" con los familiares, "quienes lo identifican y manifiestan que él mismo laboraba en la localidad de El Nula (Apure) y residía en la población de El Piñal (Táchira), haciendo mención que desconocían su paradero desde el día miércoles, 23 de octubre".

"Rechazamos todas las noticias falsas dadas por algunos medios de información y voceros, que intentan manipular e informar que el Gobierno nacional pueda estar detrás de este lamentable suceso", añadió Rico.

Ante esto, prosiguió, el Ministerio de Interior dio la orden de abrir una "averiguación a quienes están realizando estas campañas de desinformación y mentiras".

Este viernes, VP denunció el "asesinato" de Santos, quien había sido detenido, según la formación, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado miércoles.

"Voluntad Popular denuncia, responsablemente y con profundo dolor ante el país y la comunidad internacional, el asesinato de Edwin Santos a manos del régimen de (Nicolás) Maduro", dijo en un comunicado el partido.

En ese sentido, la organización señaló que el activista fue "asesinado luego de haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado", un "hecho confirmado por testigos de la zona" donde se encontraba.

VP aseguró que, hasta la tarde del jueves, Santos estaba en "la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito", una localidad cercana a la frontera con Colombia.

Según el partido, el opositor fue un "actor fundamental en la victoria" en Apure de las presidenciales del 28 de julio, en referencia al triunfo que el antichavismo mayoritario, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que obtuvo su candidato, Edmundo González Urrutia, en esos comicios, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro.

Santos tenía 36 años de edad y había sido coordinador local del comando de campaña presidencial de la PUD, según el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, que exigió una investigación "transparente e independiente". EFE

El partido venezolano Voluntad Popular, presidido por el opositor Leopoldo López, ha denunciado este viernes el "asesinato" de uno de sus líderes, Edwin Santos, en el estado de Apure y ha responsabilizado de ello al "régimen" del presidente Nicolás Maduro.

"Edwin Santos, fundador de nuestro partido, miembro del equipo regional del estado de Apure, líder unitario y locutor de Radio Fe y Alegría, fue asesinado luego de haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado", ha indicado la formación política en un comunicado.

Santos fue detenido el miércoles por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) mientras se dirigía con su motocicleta hacia la comunidad de El Piñal, "hecho confirmado por testigos en la zona", según el partido, que horas antes había denunciado su desaparición.

Voluntad Popular ha informado de que se tenía constancia de que se encontraba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la ciudad de Guasdualito, si bien su cuerpo ha sido encontrado en el puente que comunica Apure con Táchira.

"Responsabilizamos de este asesinato al régimen de Nicolás Maduro, particularmente a Wilmer Rodríguez, gobernador del esttado de Apuere; a José 'Chema' Romero, alcalde del municipio Páez, y a toda la cadena de mando de la DGCIM y el Sebin en el estado", ha subrayado.

El partido opositor ha asegurado que lucharán "por una investigación independiente" que incluya una autopsia "para esclareceder las causas de su asesinato y poder determinar los responsables del hecho". "Maduro tiene que caer y debe venir la libertad para todos", ha agregado.

El excandidato presidencial venezolano Edmundo González ha exigido "justicia" por su muerte. "Edwin era un joven comprometido con la democracia, con su familia, con su comunidad. Venezuela quiere y necesita la verdad", ha indicado en la red social X.

Caracas, 4 oct (EFE).- El antichavista César Pérez Vivas afirmó este viernes que, tras más de dos meses de las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, las autoridades siguen "ocultando" las actas para tratar de "tapar" el "fraude", en referencia a la controvertida reelección de Nicolás Maduro proclamada por el ente comicial.

Sin embargo, el exgobernador del estado de Táchira considera "imposible" que puedan "tapar" lo que también llamó un "golpe de Estado a la soberanía popular", en referencia a la victoria que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura que obtuvo su abanderado, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el pasado 8 de septiembre.

En X, Pérez Vivas señaló que, según el Reglamento de la Ley de Procesos Electorales, el sistema automatizado electoral, además del boletín con los resultados finales, debe emitir una "hoja complementaria" con "los datos registrados en cada una de las actas de escrutinio".

En este sentido, el opositor aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "no ha cumplido ese mandato derivado de la Constitución, la ley y el reglamento".

"Publicar los resultados no es ofrecer unos números globales solamente, es publicar los resultados mesa por mesa", agregó Pérez Vivas.

El CNE proclamó ganador a Maduro con base en unos resultados que aún hoy se desconocen de forma desagregada, pese a los numerosos llamados dentro y fuera del país para su publicación, como lo establece el cronograma oficial aprobado por el ente comicial para la celebración de este proceso.

Buena parte de la comunidad internacional, incluso Gobiernos aliados del chavismo, como Colombia y Brasil, exigen la divulgación de esos datos.

Este jueves, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista, comenzó un "diálogo político", en el que no participa la oposición mayoritaria, para revisar las leyes comiciales y los requisitos para competir por cargos de elección popular, de cara a las votaciones regionales y municipales previstas para 2025.

La PUD cuestionó ese proceso y llamó al Gobierno a acordar, en cambio, los "términos de una negociación seria" para una "transición", lo que el chavismo posteriormente rechazó. EFE

La víctima fue identificada como Julio Valerio García, de 40 años, según confirmó la abogada y defensora de DDHH, Tamara Suju, y el Observatorio de Conflictos.

García fue atacado por sujetos armados y, posteriormente, trasladado al Hospital Central “Dr. José María Vargas”, donde se confirmó su fallecimiento.

En uno de los videos difundidos en redes sociales, se observa el instante en el cual la víctima mortal es colocada en un vehículo para ser trasladada al centro asistencial.

La coordinación de seguridad del hospital afirmó que el hombre llegó al centro médico sin signos vitales.

Los episodios de violencia han generado una fuerte preocupación en la región debido a la brutal represión por parte de las fuerzas leales a la dictadura de Maduro.

Desde tempranas horas de la noche de este domingo se han registrado diversas manifestaciones ciudadanas en todo el país que han sido amedrentadas por instancias oficiales y colectivos armados afines al chavismo.

En Caracas, la capital venezolana, varias decenas de motorizados que se identificaron como chavistas llegaron a un centro de votación, donde se encontraban testigos opositores y ciudadanos que esperaban el comienzo del escrutinio de las elecciones presidenciales de este domingo, lo que dio lugar a una confrontación que acabó a golpes, ante la mirada impasible de los policías, que no intervinieron para detener la pelea.

El altercado comenzó con la llegada de los pro-oficialistas, quienes insultaron a los opositores, que también respondieron a los improperios, generando así la pelea, que se saldó, además, con algunos robos en la capital venezolana.

Entre los motorizados se encontraba el chavista Nahum Fernández, jefe de Gobierno del Distrito Capital, quien se unió a las consignas progubernamentales del grupo, lo que acaloró aún más los ánimos de los ciudadanos que estaban en el lugar, parte de los cuales huyeron por temor a una escalada de violencia.

Según explicó la ONG Provea en su cuenta de la red social X, los motorizados se presentaron en el lugar con el fin de “amedrentar a ciudadanos que esperan el escrutinio electoral” en un céntrico liceo de la capital, a escaso metros de la Fiscalía General.

Entretanto, el ex gobernador venezolano Andrés Velásquez denunció que algunos testigos electorales de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fueron expulsados de centros de votación a la hora del escrutinio final, al término de las presidenciales, sin que existieran razones para ello y sin que se les diera argumento alguno.

“Se está reportando una grave irregularidad en centros electorales, están indicando que no imprimirán actas para no entregarlas al testigo y además los están sacando del centro”, indicó en X el antichavista, minutos después de que la PUD llamara a sus simpatizantes a volver a los puntos de votación para presenciar el escrutinio.

(Con información de EFE)

El fiscal general impuesto por el régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, aseguró este viernes que el empresario Ricardo Albacete -que, a finales de junio, hospedó a la líder opositora María Corina Machado en Táchira (oeste)- está vinculado con un plan de sabotaje eléctrico relacionado con las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En una rueda de prensa, el funcionario chavista explicó que Albacete y otro venezolano llamado Aldo Roso Vargas -detenido el miércoles en Caracas- están detrás de una empresa ubicada en Táchira, que “funcionaba como centro de acopio de material estratégico hurtado al sistema eléctrico nacional”.

“Se tiene por información de Inteligencia que, además, los detenidos han recibido financiamiento desde el exterior para sostener la campaña de la extrema derecha neonazi y movimientos de desestabilización del país”, sostuvo.

El jueves, la oposición venezolana denunció la desaparición forzada de Albacete, a quien los cuerpos de seguridad le allanaron varias propiedades, incluyendo el inmueble en el que se hospedó Machado, cuando encabezó actos multitudinarios de apoyo a Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática.

Saab responsabilizó a los detenidos por el “robo” de materiales del Estado, “acciones reprochables que han escalado durante este mes de julio”, en medio de la campaña electoral.

“Al realizar los allanamientos, se pudo verificar que estos ciudadanos tenían en su poder gran cantidad de material estratégico, perteneciente a (la estatal) Corpoelec. Todos estos elementos están valorados en unos 150.000 dólares (...) Todo lo encontrado allí es propiedad del Estado venezolano y no hay motivos para que estén en un galpón”, añadió.

El ex diputado y defensor de derechos humanos Walter Márquez precisó que Albacete Vidal fue detenido en Caracas, a donde había viajado para reparar un vehículo de la campaña electoral de la oposición.

“Asaltaron su vivienda en Palmira, municipio Guasimos, llevándose retenidos a trabajadores”, denunció Márquez en una rueda de prensa este viernes.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) -la mayor coalición opositora- alertó sobre el incremento la represión y persecución política por parte de la dictadura de Maduro, con ayuda de instituciones como la Fiscalía y la agencia tributaria, pues varios hoteles y restaurantes sufrieron sanciones luego de haber atendido a González Urrutia o a Machado en el interior del país.

Asimismo, varios trabajadores independientes que prestaron algún servicio a los opositores, como barqueros, motoristas, técnicos de sonido y conductores sufrieron detenciones temporales, prohibición de zarpe o bloqueo de instrumentos de trabajo, bajo el argumento gubernamental de falta de documentación o registros.

El régimen de Venezuela asegura que la oposición planea desestabilizar las elecciones y atentar contra la vida de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013 y quien busca un tercer periodo hasta 2031.

Machado, ganadora de las primarias de la oposición, fue inhabilitada políticamente, pero ha seguido en campaña por todo el país para promover la candidatura del ex embajador Edmundo González Urrutia, quien la reemplazó previo acuerdo de la PUD.

Maduro pidió el martes 30 años de cárcel para quienes ataquen el sistema eléctrico. El fiscal del régimen dijo que las penas podrían ir de 20 a 25 años de prisión.

Hasta mediados de junio, Machado había denunciado la detención de 10 activistas de su partido. Las autoridades también han ordenado la detención de su mano derecha, Magalli Meda, y de otros cinco colaboradores que se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.

(Con información de EFE y AFP)

El hecho, que tuvo lugar en el peaje de Buena Vista, en el estado Trujillo, fue divulgado rápidamente en varios videos en redes sociales.

En uno de ellos se puede observar a la líder de Vente Venezuela (VV) hablando con uno de los agentes que se encontraba impidiendo el paso de la caravana.

En su descargo, la líder opositora le dijo que está luchando también por ellos, y le pidió que dejara avanzar a su equipo de trabajo.

“Yo no me voy a mover de aquí. Vamos a llamar al pueblo, que se movilice a la calle (...) Nos están acosando, persiguiendo, se han llevado a nuestra gente detenida, a unas personas que nos vendieron empanadas les cerraron el negocio… Una gente que nos ofreció agua en Cojedes le cerraron el comercio. Se llevaron los camiones del sonido…”, manifestó María Corina.

Y agregó: “Esto es selectivo, es contra nosotros. Es contra mí y usted lo sabe”.

Las imágenes fueron captadas por Carlos Azuaje, quien las compartió en redes sociales y denunció que durante el trayecto fueron perseguidos por “cuatro o cinco carros” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), y siete motos.

Este incidente se da a un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, y apenas unas horas después de que María Corina Machado encabezara un multitundiario acto el viernes en San Cristóbal, estado de Táchira.

Este sábado más temprano, la líder opositora afirmó en sus redes sociales que la actual campaña electoral ha desafiado las convenciones tradicionales. “Esta campaña histórica será estudiada en el futuro”, declaró Machado, quien resaltó varias peculiaridades que la distinguen de lo acostumbrado en contextos electorales.

Machado señaló que, a pesar de no contar con propaganda en medios de comunicación, la gente logra informarse a través de las redes sociales y la difusión de mensajes de manera oral. Esto demuestra la capacidad de organización y resiliencia de los ciudadanos que buscan mantenerse informados sobre los eventos políticos.

Otro aspecto destacado por la lideresa es la ausencia de transporte y gasolina, lo cual no ha impedido que los simpatizantes se movilicen. “La gente va a pie o en moto”, indicó Machado, subrayando la determinación de los venezolanos para participar en las actividades políticas a pesar de las dificultades logísticas. La falta de recursos económicos para la logística no ha sido un obstáculo, ya que, según Machado, “la gente voluntariamente pone sus recursos”.

En las concentraciones, suele no haber un sistema de sonido efectivo, pero esto no ha sido un impedimento: “La gente escucha con su corazón”, afirmó Machado. Esta frase destaca la conexión emocional y el compromiso de quienes asisten a los eventos políticos, a pesar de las limitaciones tecnológicas.

María Corina Machado también hizo referencia a la creatividad del pueblo venezolano ante la carencia de afiches impresos: “La gente hace sus carteles con los mensajes que le salen del alma”. Esto refleja una forma espontánea y genuina de expresión política.

Otro punto crítico que Machado enfatizó es la falta de promesas electorales y la ausencia de repartición de bienes materiales. “La gente viene a ofrecer su trabajo y a manifestar su amor”, comentó. Este enfoque contrasta con las prácticas tradicionales donde los candidatos suelen prometer múltiples mejoras y repartir recursos para ganar votos.

Machado criticó a los analistas que intentan interpretar los sucesos en Venezuela desde una perspectiva tradicional. “Quienes insisten en analizar lo que pasa en Venezuela desde su larga experiencia electoral no entienden nada. No pueden entender; o no quieren”, expresó, subrayando que las particularidades de esta campaña requieren un enfoque distinto para ser comprendidas.

El mensaje de Machado se contextualiza en un entorno de crisis económica y política en Venezuela, donde muchas de las infraestructuras y servicios básicos están fuertemente deteriorados. A pesar de ello, según la líder opositora, los ciudadanos han hallado formas innovadoras y solidarias de participar en el proceso electoral.

Finalmente, mostró su respeto y admiración por los habitantes de Táchira, conocidos coloquialmente como “gochos”. “Mi respeto y admiración a mis gochos adorados; gracias por este testimonio sublime para toda Venezuela”, declaró Machado, destacando el espíritu combativo y solidario de los ciudadanos de esta región.

Machado reunió este viernes a miles de simpatizantes en el estado Táchira (fronterizo con Colombia), en un multitudinario acto de apoyo a la candidatura del ex embajador Edmundo González Urrutia, a un mes de las elecciones presidenciales.

Machado, quien empezó el jueves su recorrido por varios pueblos de Táchira, terminó la jornada con una caravana de vehículos en San Cristóbal, la capital de la región, seguida por un largo paseo a bordo de un camión desde el que saludó a los miles de venezolanos que se apostaron en las calles para verla pasar.

Varias calles de la ciudad estaban repletas de personas que coreaban consignas a favor de la ex diputada, impedida para participar en los comicios debido a una sanción administrativa, por lo que decidió respaldar a González Urrutia como el candidato de la mayor alianza antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Aunque en las actividades del jueves la opositora ofreció varios discursos llamando a poner fin al chavismo, en el poder desde 1999, el mitin de este viernes, que fue transmitido a través de sus perfiles en las redes sociales, no incluyó ninguna declaración.

Durante el lento paseo del camión, que se iba abriendo paso entre la multitud, Machado recibió una videollamada de González Urrutia, a quien le mostró parte de la algarabía, así como los saludos y las pancartas de los simpatizantes.

Algunos de los políticos presentes en la actividad, como el ex diputado Juan Pablo Guanipa, aseguraron en la red social X que, a juzgar por la concurrencia, el acto “no tiene parangón”.

González Urrutia, dijo este viernes que las amenazas y la persecución contra miembros del comando de campaña antichavista han aumentado, cuando faltan 30 días para los comicios.

“La persecución y las amenazas contra los miembros y activistas de nuestro comando de campaña aumentan a 30 días del proceso electoral, lo cual es inaceptable”, señaló el exembajador en su cuenta en la red social X.

Asimismo, agradeció la atención que han puesto los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

“El mundo nos observa. En 30 días se elegirá un nuevo Gobierno en el que el respeto a cada ciudadano y a todas las fuerzas políticas estará garantizado”, añadió.

En la última semana, la PUD ha denunciado la detención de varios colaboradores de la campaña presidencial de González Urrutia, así como la de un alcalde en el estado Táchira (oeste).

El pasado 17 de junio, la líder opositora María Corina Machado denunció la detención de Javier Cisneros y Gabriel González, integrantes del comando de campaña presidencial.

Esto es “el régimen criminalizando la ruta electoral”, dijo ante periodistas la exdiputada, que cifró en 37 el total de opositores detenidos en lo que va de año, de los cuales 20 están directamente vinculados con el comando de campaña de González Urrutia, que se enfrentará al presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.

Entretanto, Maduro llamó el miércoles “hijos de su madre” a los dirigentes de la PUD, al tiempo que los volvió a acusar de supuestos planes para “dañar la paz” del país, de cara a las elecciones presidenciales.

Insistió en que los líderes de la PUD “quieren dañar la paz del país y quieren gritar fraude” el día de las votaciones, cuando buscará ser reelegido para un tercer sexenio consecutivo.

(Con información de EFE)