El ministro del Interior, Armando Benedetti, se enfrascó en una discusión con la representante a la Cámara Catherine Juvinao tras denunciar que su familia y él quedaron excluidos del sistema de medicina prepagada. A través de su cuenta de X indicó que tanto él como su esposa y sus hijos están siendo víctimas de discriminación.

“Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero que tampoco nos afiliarían. ¿Será que es por mi posición con la Reforma a la Salud? Pondré tutelas y quejas ante la @Supersalud”, señaló el jefe de la cartera en la red social.

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La congresista Juvinao se pronunció al respecto, responsabilizando de la situación al propio ministro y al Gobierno que representa. Según explicó, bajo la administración del presidente Gustavo Petro se ha evidenciado un deterioro del sistema de salud que también estaría afectando la prestación de servicios a través de la medicina prepagada.

“Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud al punto de que si no es con prepagada difícilmente se tiene una atención oportuna. Y se los dijimos: el sistema ahora será más segregado ampliando las brechas, todo lo contrario de lo que prometieron. Este trino lo confirma”, expuso la representante a la Cámara.

En respuesta, el titular de la cartera aclaró que en su denuncia no hizo ninguna crítica al funcionamiento del sistema de salud actual ni a la situación que podrían estar presentándose en las entidades promotoras de salud (EPS) que proporcionan servicios de medicina prepagada.

Contrario a eso, explicó que el objeto de su publicación fue exponer hechos de presunta discriminación hacia él y su familia, haciendo énfasis específicamente en sus hijos menores de edad. Esto, “por tener una posición predominante las aseguradoras de salud”.

Benedetti atribuyó los señalamientos de Juvinao a la percepción que tiene de él y afirmó que la decisión que tomó Sura y la que estaría pensando tomar Colsanitas responderían también al hecho de que se acercan las elecciones en 2026.

“No porque le caiga mal confunda el debate. Todo esto es por la época electoral. No todo siempre tiene que ser político. No espero su solidaridad, pero no se ponga del lado de los victimarios. ¿O es que alguien en este país puede defender a las EPS?”, cuestionó el ministro del Interior.

La agrupación Médicos de Colombia también se pronunció sobre la denuncia que hizo el jefe de la cartera sobre la exclusión de la familia de la prepagada, advirtiendo que, según el Gobierno nacional, las medidas que se han implementado en el sistema de salud servirían para prestar servicios de calidad a toda la población.

“Ministro, aunque nos tiene bloqueados, le pedimos coherencia por favor. El maravilloso sistema de salud que usted ha defendido a dentelladas no amerita tener medicina prepagada. O su información ‘debajo de la mesa’ es distinta?”, indicó.

El Gobierno nacional ha sido cuestionado por las intervenciones que ha hecho la Superintendencia Nacional de Salud en algunas EPS del país; políticos, pacientes y profesionales de salud advierten que la prestación de los servicios ha desmejorado –sobre todo para los docentes del Magisterio, cuyo modelo de salud fue transformado por el Gobierno– y que se incrementaron las quejas y reclamos.

Por otro lado, en el Congreso de la República rechazaron la reforma a la Salud oficialista que nuevamente cursa en el Legislativo. Sin embargo, el Gobierno ha estado implementando ciertos cambios que yacen en la iniciativa, pese a que no tiene el visto bueno de los congresistas, como por ejemplo, la aplicación de giros directos a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Alejandro Gaviria reaccionó a través de su cuenta de X al comentario del presidente Gustavo Petro sobre Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

“Esta es una acusación temeraria, sin evidencia, producto de una persona sin escrúpulos, dispuesta a todo en su delirio y afán destructivo”, escribió Gaviria, en referencia al mandatario. Su mensaje buscó cuestionar la manera en que Petro realiza las imputaciones públicas contra líderes gremiales, generando gran atención en medios nacionales e internacionales.

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La reacción de Petro se dio luego de que Petro señalara que la Andi, bajo la influencia del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), ha operado sin supervisión suficiente y que el poder público debe intervenir para evitar abusos. Como ejemplo, mencionó a Sura, empresa del GEA, a la que acusó de prácticas irregulares en el sector salud, incluyendo el registro de pacientes fallecidos y el sobreprecio de medicamentos.

En su cuenta de X, Petro afirmó: “Lo que no ha tenido límites es la ANDI manejada por el GEA y hay que ponerle límites, es el poder público. Por eso SURA era la que más robaba dineros de la salud a través de presentar muertos como pacientes y el sobrevalor de los medicamentos”.

La reacción de Petro se dio tras declaraciones de Mac Master en la revista Cambio, “la política de la confrontación y el odio. Se trata de una estrategia tan antigua como dañina, que parte de la base de que si un grupo importante de la población odia a alguien y como resultado de ese odio vota por mí, yo seré ganador aunque pierda el país, pierdan los odiados y pierdan los que odian”, aseguró el dirigente gremial.

En otra publicación, el presidente respondió señalando comportamientos excluyentes de sectores empresariales y cuestionando su influencia política: “Varias veces, con sus rechiflas de club y exponiendo candidatos como reinas de belleza, porque tienen dinero y quieren comprarlos, demuestran fehacientemente su odio”.

Mac Master, por su parte, afirmó que la Andi no es enemiga de nadie, destacó que el gremio continuará expresando su opinión de manera libre y abierta e hizo un llamado a la comunidad internacional para que observe de cerca la situación en el país y la interacción entre el Gobierno y los gremios empresariales.

“No somos enemigos de nadie y tampoco evitarán que expresemos libremente nuestra opinión. Hay que pedirle a los organismos internacionales que protegen la democracia, los derechos a la libre expresión y los derechos humanos que estén atentos de lo que pasa en Colombia”, aseguró al medio citado, enfatizando en la necesidad de vigilancia ante posibles amenazas a la libertad de expresión y los derechos humanos en el país.

Mac Master también rechazó los recientes actos de vandalismo que afectaron la sede de la organización en Bogotá, tras la asociación de la Andi con presuntos vínculos con Israel, una conexión que el dirigente calificó como “infundada”.

El dirigente gremial explicó que la entidad había recibido previamente alertas de la Alcaldía de Bogotá sobre posibles manifestaciones, luego de la detención de una flotilla que buscaba ingresar a Palestina y en la que viajaban dos colombianas. “Nunca entendimos cuál era la razón. Cuando preguntaban cuál era la motivación, hacían referencias muy indirectas”, indicó Mac Master.

EL presidente de la Andi señaló que estos actos reflejan un patrón de búsqueda de responsables para generar confrontación. “Han tratado de buscar a alguien a quien atacar, convertir en el enemigo para poder desarrollar su causa”, afirmó, subrayando que la organización se ha convertido en un blanco de acusaciones carentes de fundamento.

La solicitud de Sura Asset Management S.A. para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones ordinarias de Protección S.A. marcó un hito en el sector financiero colombiano.

El anuncio, hecho el 6 de octubre de 2025, implica la intención de adquirir entre el 6% y el 7,5% de las acciones en circulación de la administradora de fondos de pensiones, a un precio de 40.000 pesos colombianos por acción, pagaderos en efectivo.

La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó la recepción de la solicitud y detalló: “Informamos que en la fecha esta Superintendencia ha recibido solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia. El precio de compra por cada acción ordinaria del emisor será de $40.000, pagaderos en efectivo y en pesos colombianos”.

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La operación, que involucra a Sura Asset Management como oferente y actual mayor accionista de Protección S.A., se desarrolla en un contexto de alta relevancia para el sistema pensional colombiano. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) recibió la comunicación oficial y, en cumplimiento de la normativa vigente, suspendió la negociación bursátil de los títulos de Protección S.A. desde la fecha del anuncio.

La Superintendencia Financiera de Colombia instruyó: “La presente información se envía para que se suspenda la negociación bursátil de los valores objeto de oferta, hasta el día siguiente a la publicación del aviso de oferta”.

Dicha medida, fundamentada en el Decreto 2555 de 2010, busca garantizar la transparencia del proceso y la igualdad de condiciones para todos los inversionistas, evitando movimientos especulativos y preservando la integridad del mercado. La suspensión bursátil, publicada en el Boletín Informativo No. 185 de la BVC, responde a un mecanismo estándar en este tipo de operaciones.

La medida elimina órdenes vigentes y prohíbe nuevas operaciones sobre el título hasta que se publique el aviso oficial de la OPA, lo que demuestra la confianza en la regulación y en la supervisión de la Superintendencia.

Accionistas de Protección

En cuanto a la estructura accionaria de Protección S.A., Sura Asset Management S.A. ya controla el 52,31% de las acciones, equivalente a 15.071.187 títulos ordinarios.

Otros accionistas relevantes incluyen:

• Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio): 14,47%,
• Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corp Financiera: 9,99%,
• Fiduciaria Bancolombia S.A.: 9,90%.
• Cornerstone LP, vehículo de inversión vinculado a Alberta Investment Management Corporation (AimCo): con 6,64%.

La participación de AimCo/Cornerstone, que representa la salida de un inversionista extranjero relevante, se remonta a 2013, cuando Sura Asset Management vendió el 7,51% de Protección a este fondo canadiense, según detalló Halcones y Palomas.

AimCo, con activos bajo gestión por USD128.743 millones al cierre de 2024, decidió desprenderse de su posición en la administradora colombiana, lo que motivó la actual OPA.

Antecedentes de la OPA

La transacción se daría con varios antecedentes, como la escisión parcial de Protección S.A. en 2022, que dio origen a Asulado Seguros de Vida S.A., autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta operación, según Halcones y Palomas, permitió a Protección S.A. enfocar su actividad en la administración de fondos de pensiones y cesantías, mientras que Asulado asumió los riesgos previsionales y la oferta de rentas vitalicias, en línea con la regulación vigente.

Impacto de la OPA

El impacto de la OPA en el mercado resultó inmediato. La propuesta de Sura Asset Management de pagar $40.000 por acción contrasta con el precio promedio de $56.000 registrado en la BVC antes de la suspensión. La diferencia generó debate entre los accionistas minoritarios, que representan la franja de acciones objeto de la oferta. Para algunos, la prima ofrecida puede resultar poco atractiva frente al valor de mercado reciente, aunque la operación garantiza liquidez inmediata en un título de baja rotación.

Se debe tener en cuenta que el proceso, alineado con las normas de la Superintendencia, busca simplicidad y transparencia para los accionistas, aunque no se han detallado plazos exactos para la aceptación de la oferta.

Más de $200 billones en juego

El sector pensional colombiano atraviesa un periodo de consolidación y debate sobre reformas estructurales. Protección S.A., con activos bajo administración superiores a $200 billones y millones de afiliados, ocupa un lugar central en el sistema financiero nacional. La operación de recompra de acciones de Sura Asset Management refuerza la tendencia de concentración en el sector, donde las principales administradoras —Protección, Porvenir y Colfondos— dominan el mercado.

Ahora, el anuncio de la OPA se produce en un año marcado por discusiones sobre la equidad y sostenibilidad del sistema pensional, lo que añade relevancia a la transacción y a su posible efecto en la confianza de los inversionistas.

Para los accionistas minoritarios, la decisión de acudir o no a la oferta representa un dilema. Vender a $40.000 implica aceptar un precio inferior al de mercado previo, pero ofrece la posibilidad de liquidez inmediata. Analistas dijeron a abceconomia.co que consideran que la oferta puede no resultar atractiva para todos, aunque cumple con los estándares regulatorios y de protección al inversionista.

Qué viene ahora

Así las cosas, el proceso regulatorio continuará con la revisión de la solicitud de la Superintendencia Financiera de Colombia, la publicación del aviso oficial y la fijación del período de aceptación, que suele oscilar entre 20 y 30 días. Durante este tiempo, la BVC mantendrá la suspensión de la negociación y se espera que Grupo SURA comunique más detalles por medio de su portal de inversionistas.

Por supuesto, el desenlace de esta OPA podría marcar un punto de inflexión para Protección S.A. y para el sector pensional colombiano. En un entorno donde la regulación y la innovación coexisten, la información oportuna y la cautela se consolidan como factores clave para los inversionistas, mientras el mercado observa los próximos movimientos en la estructura de propiedad y en la dinámica de las administradoras de fondos de pensiones.

La Contraloría General de la República presentó el más reciente informe financiero sobre la situación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con corte al 31 de diciembre de 2024.

El documento señala una “profunda crisis estructural que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, derivada en gran parte del crecimiento de la deuda de las EPS y del reiterado incumplimiento de los requisitos financieros mínimos establecidos por la norma.

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El informe detalla que la deuda acumulada de las EPS alcanzó los $32,9 billones, lo que evidencia un problema de insostenibilidad financiera generalizado.

De las 29 EPS activas, solo seis cumplen con los tres indicadores requeridos para la habilitación financiera: capital mínimo, patrimonio adecuado y la inversión en reservas técnicas exigida por la regulación.

Estas seis compañías, sin embargo, solo cubren un 10,92% de la población afiliada al sistema. El resto de los usuarios está vinculado a EPS que incumplen uno o más de estos requisitos, lo que agrava los riesgos para la atención y garantía de los usuarios.

Según la Contraloría, 15 EPS no cumplen con el capital mínimo, 14 presentan deficiencias en el patrimonio adecuado y 22 no invierten adecuadamente sus reservas técnicas.

La entidad advirtió que 16 EPS presentan problemas de liquidez, lo que limita su capacidad de responder a sus obligaciones inmediatas y genera retrasos en los pagos a proveedores, hospitales y operadores farmacéuticos.

El informe tambien subraya el deterioro del sistema a lo largo de las últimas décadas. Desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se autorizaron 157 EPS, pero actualmente solo permanecen en operación 29.

La contraloría indicó que las múltiples liquidaciones han sobrecargado a las EPS que continúan prestando servicios, forzándolas a asumir millones de afiliados sin que exista capacidad operativa ni financiera suficiente para ello.

En el ámbito de las obligaciones con proveedores farmacéuticos, el documento resalta que las EPS mantienen deudas por $2,8 billones, pese a que en 2024 el sistema pagó cerca del 90% de la facturación (equivalente a $13,3 billones de un total de $14,7 billones).

Esta situación ha repercutido directamente en la entrega oportuna de medicamentos a los usuarios y se ha convertido en el principal motivo de peticiones, quejas y reclamos (PQR) ante el sistema de salud.

El caso de la Nueva EPS es especialmente llamativo, ya que, a pesar de contar con más de 11,5 millones de afiliados, no ha presentado estados financieros certificados desde 2023 y reporta un patrimonio negativo. Esta EPS maneja una parte significativa de la población afiliada y concentra el 22% de las quejas y reclamos presentados en el sector.

Por su parte, EPS como Sura, Emssanar y Aliansalud reportaron utilidades operativas y netas por $198.745 millones. Según certificaciones oficiales, estos recursos se reinvirtieron en reservas legales y en la cobertura de pérdidas acumuladas, como lo exige la normativa vigente.

El informe también aborda los gastos administrativos de las EPS. La ley permite un margen máximo de 8% para el régimen subsidiado y de 10% para el contributivo. Durante 2024, 27 EPS reportaron valores comprendidos entre el 4% y el 8%.

La Contraloría llamó la atención sobre la ausencia de lineamientos técnicos por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para el cálculo y control de estos gastos, lo que dificulta la vigilancia y la gestión eficiente de los recursos..

En cuanto al comportamiento financiero, la siniestralidad —relación entre los costos en salud y los ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC)— promedió un 110,1% durante el último año. Esto significa que, en general, las EPS han gastado más de lo que han recibido por cada afiliado. Cajacopi Atlántico reportó la menor siniestralidad (87%), mientras que Ferrocarriles Nacionales alcanzó la cifra más alta (131%).

El entorno descrito ha tenido consecuencias directas en los usuarios. Las peticiones, quejas y reclamos aumentaron un 23,2%: el sistema pasó de tramitar 1,3 millones de PQR en 2023 a más de 1,6 millones en 2024. Las dificultades de acceso a servicios y tecnologías de salud continúan siendo el principal motivo de insatisfacción.

En el ámbito judicial, durante 2024 se presentaron 175.025 tutelas por servicios incluidos en el Plan de Beneficios, lo que representa un aumento del 35% frente al año anterior. La judicialización del acceso a la salud evidencia fallas estructurales para satisfacer oportunamente las necesidades de los afiliados.

Finalmente, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez advirtió que la situación obliga a tomar medidas de fondo. “No se trata solo de cifras. Se trata de camas, tratamientos, diagnósticos y vidas que están en riesgo, si no se toman decisiones estructurales y urgentes”, afirmó.

Un reciente informe del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha arrojado datos reveladores sobre la percepción de los usuarios respecto a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el país.

Según los resultados de una encuesta realizada entre agosto y octubre de 2024, que incluyó a 15.377 personas en seis regiones del territorio nacional, el 98,39 % de los usuarios que acudieron a sus respectivas EPS reportaron haber recibido solución a sus problemas de salud. Este dato, aunque positivo, contrasta con las persistentes quejas sobre demoras en la asignación de citas y la percepción de baja calidad en ciertas zonas del país.

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El estudio, que evaluó aspectos como la atención médica general, especialidades, procedimientos y diagnósticos por imágenes, también destacó a las EPS con mayor índice de satisfacción. Dusakawi, con un 79,40 %, lidera el ranking, seguida de Salud Bolívar (77,59 %) y Savia Salud (77,32 %). Otras entidades como Mutual Ser, Comfaoriente y EPS Sura también se posicionaron entre las mejor valoradas por los usuarios.

Un sistema con alta cobertura, pero con retos en calidad y acceso

De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud, la cobertura del sistema de salud colombiano sigue siendo notablemente alta, alcanzando un 98 % de afiliación. Sin embargo, este logro en términos de acceso no ha sido suficiente para garantizar una experiencia satisfactoria en todos los aspectos del servicio. Las demoras en la asignación de citas médicas se mantienen como una de las principales fuentes de insatisfacción, especialmente en regiones como la Orinoquía y la zona central del país, donde los usuarios manifestaron las percepciones más negativas sobre la calidad del servicio.

El informe también subraya la necesidad de mejorar la atención en las zonas con menor satisfacción, un desafío que se suma a la crisis actual del sistema de salud, marcada por el desabastecimiento de medicamentos y deficiencias en los servicios ofrecidos por algunas EPS. Estas problemáticas han generado un llamado a la acción para fortalecer el sistema y garantizar que los usuarios reciban una atención médica oportuna y de calidad.

El papel de las EPS en el sistema de salud colombiano

En el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss), las EPS desempeñan un rol fundamental como intermediarias entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos. Estas entidades son responsables de afiliar a las personas al sistema, administrar los recursos provenientes de las contribuciones del régimen contributivo y del subsidio estatal, y garantizar el acceso a un plan de beneficios conocido como Plan de Beneficios en Salud (PBS).

El PBS incluye una amplia gama de servicios, desde atención en medicina general y especialidades hasta hospitalización, cirugía, medicamentos y tratamientos para enfermedades crónicas. Cuando un usuario requiere atención médica, las EPS deben coordinar las citas, autorizaciones y referencias necesarias para que reciba el tratamiento adecuado. Este modelo busca no solo atender a los enfermos, sino también prevenir enfermedades y promover la salud a través de campañas educativas y jornadas de vacunación.

Críticas y desafíos del modelo de las EPS

A pesar de su importancia en el sistema de salud colombiano, las EPS han sido objeto de críticas recurrentes debido a problemas como la negación de servicios, trámites burocráticos complejos y la falta de cobertura en ciertas regiones. Estas dificultades han generado insatisfacción entre los usuarios y han puesto en evidencia las limitaciones del modelo actual.

Además, algunas EPS han enfrentado procesos de liquidación por problemas administrativos o financieros, lo que ha afectado la continuidad en la atención de los afiliados. Estas situaciones han intensificado el debate sobre la necesidad de reformas estructurales que mejoren la eficiencia, la equidad y la calidad del sistema de salud en Colombia.

La satisfacción de los usuarios con las EPS, aunque alentadora en algunos aspectos, refleja un panorama complejo que requiere atención inmediata. Mejorar la calidad de los servicios, reducir las demoras en la atención y garantizar el acceso equitativo en todas las regiones del país son objetivos prioritarios para fortalecer el sistema de salud y responder a las necesidades de la población.

En medio de una creciente crisis del sistema de salud, diversas figuras políticas han señalado su preocupación sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

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Una de las voces más críticas es la de la senadora Paloma Valencia, que ha utilizado sus redes sociales para expresar su desaprobación respecto a las decisiones tomadas por el gobierno en torno a las EPS, por lo que en un video publicado en su cuenta de X, Valencia acusó al Gobierno de estar “acabando con el sistema de salud”.

La senadora centró sus críticas en las intervenciones de entidades como Sanitas y la reciente decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, de negar la salida de Sura del sistema de salud.

Según la legisladora, estas acciones no solo han aumentado las deudas y las quejas de los usuarios, también han generado una serie de consecuencias negativas para el funcionamiento general del sistema.

“El Gobierno Petro decía que las EPS se robaban la plata. Intervinieron varias, como Sanitas, y las acabaron. Hoy crecen las deudas, quejas y tutelas. No dejan salir a Sura y Compensar porque el sistema colapsa. ¿Y las pérdidas? Superan lo que criticaban”, expresó Valencia en el video que acompañó su publicación en X.

Por lo tanto, para la senadora, las decisiones tomadas por el Gobierno no han resuelto los problemas que se intentaban corregir, sino que han agravado la situación.

En su mensaje, Valencia reforzó la idea de que, a pesar de las acusaciones previas de corrupción y mala gestión dentro de las EPS, las medidas implementadas por la administración Petro no han traído los resultados esperados.

Según la senadora, las EPS intervenidas, como Sanitas, ahora enfrentan crecientes deudas y un aumento en las quejas y tutelas por parte de los usuarios, lo que, a su juicio, pone en evidencia el fracaso del modelo propuesto por el gobierno.

“El presidente Petro, sus ministros, sus superintendentes, debieran responder por la enfermedad de los colombianos, por las muertes de los colombianos, por la falta de atención, por la falta de medicamentos, porque siguen diciendo que todo es culpa del sistema, un sistema que funcionaba antes de que ellos llegaran y que lo están acabando”, concluyó la senadora.

El caso de EPS Sura

Una de las situaciones más recientes que ha alimentado este debate es el caso de EPS Sura, una de las entidades de salud más grandes del país que actualmente atiende a más de 5,2 millones de afiliados.

En mayo de 2024, Sura solicitó formalmente su salida del sistema de salud colombiano debido a la insostenibilidad financiera que enfrenta, con una deuda acumulada de más de $25 billones de pesos; sin embargo, la Supersalud rechazó la solicitud de retiro, argumentando los riesgos significativos que esta decisión podría generar para el sistema de salud en Colombia, particularmente en lo relacionado con la atención de millones de afiliados.

La Superintendencia aseguró que no existen mecanismos adecuados para trasladar a los usuarios de Sura a otras EPS, lo que podría generar una crisis de atención médica y afectar la calidad de los servicios.

Este análisis técnico y financiero se basó en el elevado número de personas que dependen de la EPS, una situación que podría desbordar la capacidad de las demás entidades.

Por su parte, la senadora Valencia expresó que el gobierno está siendo inconsistente en sus decisiones, dado que mientras, por un lado, se cuestiona a las EPS privadas, por otro lado, se impide su salida del sistema y se les obliga a mantenerse operando en condiciones que, según ella, están siendo cada vez más insostenibles.

Seguros Sura Colombia, abrió nuevas ofertas de trabajo en Colombia para profesionales del sector de la salud. Los puestos están disponibles en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali.

Con esta nueva convocatoria, la compañía busca vincular profesionales en medicina con especialidad en medicina interna y ortopedia.

Entre los beneficios que ofrece se destacan que recibirán un sueldo hasta de $11 millones en algunos cargos. Además, los trabajadores tendrán auxilios económicos, prima extralegal (de acuerdo a los resultados financieros de Sura), beneficios de estudio y pólizas con tarifas y aportes diferenciales.

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Vacantes disponibles en Sura

Especialista en medicina interna

• Lugar: Medellín.
• Cargo: realizar consulta externa que permita evaluar con enfoque integral a sus pacientes para identificar y resolver oportuna y pertinentemente sus necesidades. Educar a los pacientes y a sus familias sobre sus condiciones médicas, opciones de tratamiento, medidas preventivas y autocuidado. Definir y ejecutar la planeación del tratamiento a seguir con cada paciente de acuerdo con su condición de salud. Realizar seguimientos periódicos para evaluar la respuesta al tratamiento. Mantener una comunicación frecuente con el médico general y demás integrantes del equipo de salud para garantizar el mejoramiento del estado de salud de los pacientes.
• Salario: $7.720.920 millones.
• Para aplicar: hacer clic en el siguiente enlace.

Ortopedista

• Lugar: Bogotá.
• Cargo: realizar consulta externa, que permita evaluar con enfoque integral a sus pacientes para identificar y resolver oportuna y pertinentemente sus necesidades. Participar en juntas médicas, que promuevan una adecuada y oportuna interrelación con el equipo de trabajo de manejo integral con el fin de lograr un reintegro y/o calificación oportuna de los pacientes. Definir y ejecutar la planeación del manejo a seguir con cada paciente, plan de tratamiento médico y rehabilitación. Garantizar la rehabilitación integral del paciente, esto con la ayuda de todo el equipo rehabilitador y de medicina laboral, con la finalidad de que el paciente tenga su mejoría médica máxima, trabajando porque su manejo sea oportuno, y el paciente pueda tener un reintegro sociolaboral exitoso.
• Salario: $3.629.639 millones.
• Para aplicar: hacer clic en el siguiente enlace.

Especialista en medicina interna

• Lugar: Bogotá.
• Cargo: realizar consulta externa que permita evaluar con enfoque integral a sus pacientes para identificar y resolver oportuna y pertinentemente sus necesidades. Mantener una comunicación frecuente con el médico general y demás integrantes del equipo de salud para garantizar el mejoramiento del estado de salud de los pacientes. Definir y ejecutar la planeación del tratamiento a seguir con cada paciente de acuerdo con su condición de salud.Realizar seguimientos periódicos para evaluar la respuesta al tratamiento. Educar a los pacientes y a sus familias sobre sus condiciones médicas, opciones de tratamiento, medidas preventivas y autocuidado.
• Salario: $8.056.612 millones.
• Para aplicar: hacer clic en el siguiente enlace.

Especialista en medicina interna

• Lugar: Cali.
• Cargo: el especialista en medicina interna será el encargado de brindar una atención diferenciadora, personalizada e innovadora a los usuarios que consultan el servicio a partir de la descripción del diagnóstico principal, los diagnósticos asociados y las condiciones de salud. Además, deberá desarrollar un plan de manejo integral con base en la enfermedad prevalente; educar en el tratamiento farmacológico, e identificar y prescribir con pertinencia los eventos en los que los usuarios requieran un tratamiento médico, interconsulta, ayuda paraclínica o apoyo del ecosistema de salud interno o externo.
• Salario: $11.413.000 millones.
• Para aplicar: hacer clic en el siguiente enlace.

Para aplicar a estas vacantes la compañía exige que los aspirantes sean profesionales en medicina con énfasis en medicina interna u ortopedia (dependiendo del cargo al que aplique). Además, los candidatos deben contar con experiencia superior a un año en el acompañamiento a pacientes y tener vigente el certificado ReTHus (Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud). Las hojas de vida que no cuenten con estos requisitos no se tendrán en cuenta y serán descartadas del proceso de selección.