Jupol, sindicato policial, ha alertado del posible colapso de las unidades de Extranjería y de los riesgos para el funcionamiento operativo derivados de la tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia. Según informó el medio Europa Press, en un comunicado este colectivo expuso su inquietud porque la gestión de los expedientes, la revisión de situaciones administrativas, las verificaciones de identidad y el cumplimiento de los requisitos legales recae sobre oficinas que, según indicaron, ya presentan signos de saturación en la mayor parte del territorio nacional. En este contexto, la medida de regularización extraordinaria de migrantes en España, acordada entre el PSOE y Podemos, ha generado rechazo con argumentos centrados en una sobrecarga de trabajo para las fuerzas policiales y en riesgos para la seguridad.

De acuerdo con Europa Press, sindicatos como el SUP han señalado que la regularización planteada representa una carga adicional para la Policía Nacional, intensificando la presión en fronteras y servicios administrativos que enfrentan ya situaciones de saturación. “Es una regularización masiva sin medios, responde a un cálculo político y pone en riesgo la seguridad”, comunicó el Sindicato Unificado de Policía, según la información difundida. El SUP criticó que toda la responsabilidad se traslade a la Policía sin facilitar recursos adicionales ni refuerzos.

El posible beneficio para las mafias de tráfico y trata de personas ha sido otro de los ejes destacados en la reacción sindical. Según publicó Europa Press, tanto el SUP como Jupol han insistido en que medidas de regularización masiva sin refuerzo policial actúan en la práctica como “un balón de oxígeno” para las redes dedicadas a actividades ilegales, que podrían aprovechar el contexto para intensificar sus operaciones. El SUP remarcó esta preocupación en los comunicados hechos públicos tras el anuncio, y extendió su denuncia al “abandono institucional” que, a su criterio, sufre la Policía cuando se enfrenta a cambios normativos de gran envergadura sin recursos adicionales.

El asunto de los antecedentes penales y el control de identidades motivó advertencias adicionales. Jupol, citado por Europa Press, expuso que la exigencia de no poseer antecedentes penales firmes puede no garantizar el filtro eficaz de personas con trayectorias delictivas, ya que quienes hayan sido detenidos por delitos graves recientemente pueden no figurar en los registros por los plazos judiciales, que en ocasiones se prolongan durante meses o años. Este colectivo manifestó su temor a que la regularización extraordinaria pueda tener efectos inmediatos en el flujo de entradas de migrantes indocumentados, por actuar como un incentivo directo.

El SUP también hizo referencia al “efecto llamada” generado por este tipo de anuncios, advirtiendo sobre un posible incremento inmediato en las llegadas irregulares y cuestionando el carácter “absolutamente irresponsable” del acuerdo para regularizar, según Europa Press, a hasta medio millón de personas residentes en España, cifra adelantada el lunes por la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

La reacción sindical también incluyó reproches a las acusaciones de “racismo institucional” dirigidas desde Podemos. El SUP, citado por Europa Press, reclamó a la formación política responsabilidad en sus declaraciones, y reiteró que la medida, en su perspectiva, beneficia principalmente a las mafias que operan en la frontera y en el territorio nacional.

Otro sindicato policial, la Confederación Española de Policía (CEP), declaró que la regularización masiva rompe con dos décadas de consenso sobre la política migratoria en el país. Según detalló Europa Press, la CEP sostuvo que la decisión del Gobierno implica una modificación que impactará negativamente en los esfuerzos contra las mafias de tráfico y trata de seres humanos, además de situar a España en una posición disonante respecto a la estrategia encabezada por la Unión Europea en esta materia.

El CEP vinculó la medida a necesidades políticas del Ejecutivo, en referencia a lo que definieron como el intento de restaurar apoyos parlamentarios por parte del gabinete de Pedro Sánchez. Según Europa Press, en la valoración de este sindicato se advierte que la medida distancia a España del enfoque europeo tradicional, que privilegia el orden, la previsibilidad y la solidez en el control de los flujos migratorios, así como la resistencia ante cualquier mensaje que pueda interpretarse como una invitación a nuevas llegadas de migrantes “por efecto llamada”.

Por último, CEP remarcó que las oportunidades que ofrecen los países de acogida influyen directamente en la elección de rutas de llegada a Europa, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. Advirtió que flexibilizar los criterios puede incentivar el volumen de personas que buscan permanecer de manera permanente en suelo europeo y concluyó que la reforma proyectada perjudica gravemente la lucha policial contra las organizaciones dedicadas a la inmigración irregular y la explotación a través de la trata.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha exigido este martes que se tomen medidas contra Leire Díez, "la llamada fontanera del PSOE", y ha cuestionado la "tibieza institucional" en la defensa de los agentes policiales tras los audios en los que presuntamente se buscaba información para desacreditar a investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En un comunicado, el SUP ha condenado "cualquier maniobra para desacreditar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", motivo por el que reclaman el apoyo explícito del Gobierno y "especialmente" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"La tibieza institucional no es aceptable cuando lo que está en juego es el honor y la integridad de quienes protegen a diario a todos los ciudadanos", advierte el SUP.

En concreto, este sindicato se refiere a informaciones que apuntan a que la militante del PSOE Leire Díez habría liderado durante años una operación encubierta de recopilación de supuestos "trapos sucios" también contra la Policía Nacional, "custodiando información fuera de España con el objetivo de desacreditar a la institución".

SE NECESITA UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL EXHAUSTIVA

El SUP reclama una "investigación judicial exhaustiva y transparente que esclarezca si las acciones de Leire Díez pueden constituir delito", al tiempo que dice que "respalda" posibles acciones legales en esta línea, como ya han anunciado miembros de la Guardia Civil.

El sindicato se refiere de esta forma a la decisión de la asociación profesional de la escala de suboficiales de la Guardia Civil ASESGC de presentar una denuncia contra Leire Díez por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia al recabar información contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

La denuncia ante los juzgados de instrucción de Madrid, a la que tuvo acceso Europa Press, también se dirige hacia las otras personas que participaron en la reunión con Leire Díez: los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, así como el abogado Jacobo Teijelo.

La instrucción, a la que ha tenido acceso EFE y que ha sido remitida este martes a ambos cuerpos, ha levantado un enérgigo rechazo entre sindicatos policiales como SUP y Jupol, que advierten de que esta norma generará problemas de convivencia vecinal, incrementará el riesgo de conducción bajo los efectos de las drogas y la sensación de impunidad, además de minar la confianza en los agentes y debilitar la credibilidad del sistema.

La medida adoptada pretende regular la actuación en estos casos, pues, según recuerda la instrucción, la ley de Seguridad Ciudadana de 2015, actualmente en trámite de reforma en el Congreso, tipifica en su artículo 36.16 como infracción grave -multas de entre 600 a 300.000 euros- "el consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos".

Como este precepto "deja al prudente criterio" de los agentes apreciar si la tenencia o consumo de drogas en un vehículo particular estacionado "es o no constitutivo de una infracción grave", Interior incluye en esta instrucción 7/2025 varias sentencias del Tribunal Supremo que dictan que, sin poder considerar como domicilio un vehículo privado, sí es "un espacio privado protegido con cierto grado de intimidad".

Las sentencias en las que se inspira la instrucción destacan que los vehículos son objetos "con estrecha relación con la privacidad de sus titulares" y que, aunque en ellos no se desarrollen propiamente actividades de la vida íntima similares a las realizadas en un domicilio, sí que están protegidos con "una expectativa razonable de intimidad", un criterio que consideró el Tribunal Constitucional para determinar que un vehículo particular es un espacio protegido.

Por todo esto y porque la ley de Seguridad Ciudadana no contempla esta conducta, la instrucción de Interior concluye que el consumo o tenencia de drogas, cuando no estuviera destinado al tráfico, en el interior de un vehículo particular utilizado exclusivamente como medio de transporte estacionado, "no se considera subsumible en ninguna de las infracciones administrativas" descritas en la ley de seguridad Ciudadana.

Cuestión distinta, continúa, es que se trate de vehículos en tránsito, en cuyo caso podría tratarse de una conducta castigada en el Código Penal.

Tras la remisión de esta instrucción a las dependencias policiales, sindicatos como SUP y Jupol han reaccionado con sendos comunicados en los que coinciden en rechazar enérgicamente la medida.

De hecho, el SUP pide la inmediata retirada de la instrucción y la rectificación urgente por parte del Ministerio del Interior por la "irresponsabilidad" de su contenido.

"Esta medida, a todas luces inconcebible, neutraliza por completo la labor preventiva de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al dejar sin herramientas legales a los agentes para intervenir ante una situación que, en la práctica, puede derivar en tragedias en carretera", señala el comunicado.

A su juicio, la orden supone un retroceso gravísimo en la lucha contra las drogas y contra los delitos asociados al tráfico y consumo de estupefacientes.

De forma similar expresa su rechazo Jupol, que atribuye esta actuación a la "preocupante tendencia impulsada por el Gobierno", para relajar la ley de Seguridad Ciudadana.

Consideran además que, aunque un vehículo esté detenido, su ubicación en la vía pública lo convierte en un entorno visible y potencialmente influenciable, especialmente para colectivos jóvenes o vulnerables, por lo que esta permisividad, alertan, incrementará el riesgo de conducción bajo los efectos de las drogas, ya que no existe garantía de que el conductor no se pondrá en marcha tras haber consumido. EFE

Un trágico accidente ocurrió este lunes en los acantilados de un lago de Neuquén, cuando un turista de 28 años, identificado con Javier Reynoso, murió tras caer al agua mientras practicaba surf de remo en una tabla de SUP.

El accidente se registró el lunes por la tarde, en una zona del lago Mari Menuco, que no cuenta con habilitación como balneario ni servicio de guardavidas. La víctima, oriunda de Buenos Aires, había llegado a la región el fin de semana junto a su pareja para visitar a unos amigos. Debido a las altas temperaturas, se acercaron al lugar a pasar el día.

Según explicó el comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de la Zona Periferia II, el accidente ocurrió cerca de las 13 horas del lunes, cuando Reynoso ingresó al lago con una tabla inflable —utilizada para la actividad SUP (Stand Up Paddle)— y se adentró unos 25 metros de la costa.

“Llegamos y vimos a dos parejas, una oriunda de Buenos Aires y otra de Neuquén”, sostuvo el oficial en diálogo con el portal Centenario Digital. Al intentar mantener el equilibrio, perdió el control y cayó al agua. “Se trataba de un joven que había llegado el día anterior a la casa de unos amigos en Neuquén y decidió pasar la jornada en el lago”, explicó el agente.

“Lamentablemente, no sabía nadar y no contaba con los elementos de seguridad necesarios”, concluyó. Además, se supo que el joven tampoco estaba sujeto a la tabla, en la zona de los pies.

Los amigos lograron sacarlo del agua e intentaron reanimarlo mediante RCP, pero no obtuvieron resultados, y alrededor de las 14 horas su muerte fue confirmada por el personal de salud de Centenario.

Ante este episodio, Mazzone remarcó que este fatal desenlace podría haber evitado. “Es una tragedia que se puede prevenir acatando las indicaciones del personal de seguridad” indicó y alertó que "mucha gente lo hace hasta habiendo ingerido bebidas alcohólicas".

Una zona peligrosa

El sector de los acantilados donde ocurrió el trágico accidente no está habilitado como balneario, lo que representa un riesgo significativo para quienes visitan la zona. Además, su lejanía de las áreas pobladas complica la llegada de los equipos de emergencia en caso de incidentes, al igual que la falta de señal telefónica en el lugar. Este factor retrasó el pedido de ayuda.

Por otro lado, Mazzone planteó que el viento en el lugar es un factor recurrente que contribuye a incidentes acuáticos, lo que podría haber provocado que el joven cayera al agua. Las aguas aparentemente tranquilas del lago pueden volverse peligrosas en cuestión de minutos, especialmente en sectores como los acantilados, donde la profundidad y las corrientes hacen más difícil mantener el control.

El lago Mari Menuco es un embalse artificial ubicado en la provincia de Neuquén que forma parte del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados y recibe el aporte del lago Los Barreales. La zona se ha convertido en un destino popular por sus aguas cristalinas y paisajes impresionantes, atrayendo a turistas que buscan disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, no cuenta con la infraestructura adecuada ni guardavidas.

La actividad que estaba realizando Reynoso consiste en permanecer de pie sobre una tabla paddle surf, bastante ancha, utilizando un remo para poder avanzar. Puede practicarse en un lago, río, mar o incluso en el océano.

Aunque aparenta ser una actividad sencilla, conlleva riesgos inherentes, especialmente sin los equipos de seguridad necesarios. Este deporte ha crecido en popularidad en los últimos años, atrayendo a numerosos practicantes. Sin embargo, las autoridades destacan la importancia de una preparación adecuada, que incluye el uso de chalecos salvavidas, correas de sujeción y conocimientos básicos sobre el manejo de condiciones climáticas.

Tres sindicatos de la Policía Nacional, SUP, SPP y UFP, se han desmarcado de la convocatoria de una protesta en Alicante junto a JUPOL y CEP, otros dos sindicatos representativos, para expresar su "indignación" por la "nefasta" gestión del Ministerio del Interior en respuesta a la DANA en la Comunitat Valenciana y la ausencia de "todos los medios disponibles" desde las primeras horas de la catástrofe.

Las organizaciones sindicales han trasladado este miércoles en un comunicado el "descontento generalizado" que hay entre el cuerpo ante la "recurrente negativa" por parte de la Administración y la Dirección General de la Policía de aceptar sus "reiteradas" peticiones para que los agentes acudieran a Valencia, lo que ha generado que los ciudadanos afectados se sientan "abandonados a su suerte" y no puedan verse "respaldados y apoyados" por las instituciones.

La concentración se ha convocado para el próximo 9 de noviembre a las 12 del mediodía en la Plaza Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno de Alicante y bajo el lema "Policías indignados, ciudadanos abandonados". JUPOL y CEP han confirmado que siguen respaldando esta iniciativa.

En concreto, denuncian "la falta desde el inicio de todos los medios, tanto materiales como humanos, que la Policía Nacional tiene a su alcance en la Comunidad Valenciana, así como el despliegue de los servicios del resto de España en las 24 horas siguientes".

Por su parte, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como los directores de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Mercedes González, han sostenido en sus comparecencias que la reacción no fue tardía y hubo agentes ayudando "desde el minuto cero" de la DANA, hasta sumar una semana después más de 10.000 efectivos para labores de auxilio y seguridad de los damnificados por la DANA en la Comunitat Valenciana, incluyendo medios aéreos, acuáticos y maquinaria pesada para desescombro.

TRES SINDICATOS SE DESMARCAN

En declaraciones a Europa Press, el presidente del SPP, Adolfo Medina, se ha desmarcado de la protesta que inicialmente respaldaron al entender que "no es el momento" y porque ellos habían dado su apoyo a una concentración pero para mostrar su solidaridad con los ciudadanos damnificados por la DANA.

El SPP, el sindicato con más representación entre los mandos, ha defendido que se ha "desvirtuado" el motivo de la concentración y ha mostrado su apoyo a la respuesta dada por la Policía para realizar labores de auxilio y de retirada de barro o de vehículos siniestrados, entre otros enseres.

"Nosotros ni estamos en unidad de acción ni entramos en la gestión de lo que los distintos gobiernos estimen oportuno, y menos en la gestión de la Policía que está haciendo un trabajo impecable", ha añadido Adolfo Medina.

El SUP ha explicado que habían decidido dar marcha atrás y no participar en la protesta convocada en Alicante al tener conocimiento de que la Dirección General de la Policía había movilizado a casi mil alumnos policía de la Escuela de Ávila.

También han destacado que las zonas afectadas hay desplegados numerosos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de otras unidades como los GOIT, guías caninos o medios aéreos.

"Es el momento de ayudar, por lo que aplazamos la exigencia de responsabilidades políticas una vez que se atiendan todas las personas que lo necesiten y se recupere una nueva normalidad en todas las zonas afectadas", han apuntado.

Los sindicatos de la Policía Nacional JUPOL, SUP (Sindicato Unificado de Policía), SPP (Sindicato Profesional de Policía), CEP (Confederación Española de Policía) y UFP (Unión Federal de Policía) han convocado una protesta por la "nefasta" gestión en la tragedia provocada por la DANA, y han expresado su "indignación" por la ausencia de "todos los medios disponibles" desde las primeras horas de la catástrofe, contradiciendo así las declaraciones de Interior.

Las organizaciones sindicales han trasladado este miércoles en un comunicado el "descontento generalizado" que hay entre el cuerpo ante la "recurrente negativa" por parte de la Administración y la Dirección General de la Policía de aceptar sus "reiteradas" peticiones para que los agentes nacionales acudieran a Valencia, lo que ha generado que los ciudadanos afectados se sientan "abandonados a su suerte" y no puedan verse "respaldados y apoyados" por las instituciones.

La concentración se ha convocado para el próximo 9 de noviembre a las 12 del mediodía en la Plaza Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno de Alicante y bajo el lema "Policías indignados, ciudadanos abandonados". Denuncian "la falta desde el inicio de todos los medios, tanto materiales como humanos, que la Policía Nacional tiene a su alcance en la Comunidad Valenciana, así como el despliegue de los servicios del resto de España en las 24 horas siguientes".

Los convocantes han resaltado "que se tiene conocimiento de que son muchos los compañeros que se han trasladado a título personal hasta Valencia para ayudar a los ciudadanos afectados desde el primero momento", y que estos "están acudiendo coordinándose entre ellos sin ayuda alguna de ningún tipo" porque, según han manifestado los convocantes de la concentración, "somos Policías Nacionales, pero ante todo somos parte del pueblo".

Los grupos organizadores han invitado a la concentración al resto de sindicatos y asociaciones que quieran sumarse a la misma, así como a los ciudadanos de Alicante, para mostrar dichas denuncias y en solidaridad con todos los damnificados por la DANA.

Por su parte, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como los directores de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Mercedes González, han sostenido anteriormente que la reacción no fue tardía y hubo agentes ayudando "desde el minuto cero" de la DANA, hasta sumar una semana después más de 10.000 efectivos para labores de auxilio y seguridad de los damnificados por la DANA en la Comunitat Valenciana, incluyendo medios aéreos, acuáticos y maquinaria pesada para desescombro.

Los sindicatos de la Policía Nacional SUP y JUPOL han pedido al Gobierno en sendos comunicados que eviten el "colapso" que en su opinión supondría que no se renueve el concierto sanitario que tienen como funcionarios públicos con Muface.

Ambos sindicatos han reaccionado de esta forma al anuncio del Gobierno de lanzar una nueva licitación para la asistencia sanitaria de Muface, después de que las aseguradoras hayan decidido no acudir a la oferta actual, que planteaba una subida en las primas del 17,12% en dos años.

Respecto a los otros dos conciertos de los funcionarios, tanto Adeslas como Asisa han decidido acudir a los de Justicia (Mugeju) y al del Ejército (Isfas), en la que se incluye también a la Guardia Civil.

DESCALABRO EN EL SISTEMA PÚBLICO

"El abandono por parte de las aseguradoras del servicio sanitario de los funcionarios supondrá un descalabro en el sistema público por saturación y sobrecoste y la imposibilidad de dar servicio a la población", ha avisado el SUP en una nota de prensa.

JUPOL, por su parte, ha optado por remitir una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le traslada "la preocupación existente entre los funcionarios de la Policía Nacional por el abandono de las aseguradoras del concierto de Muface" al no haber alcanzado un acuerdo económico con el Gobierno.

"Una situación que está creando una gran incertidumbre entre los más de 70.000 policías nacionales que ven como pueden quedarse sin la prestación sanitaria que venían recibiendo hasta el momento", ha apuntado JUPOL.

Varios sindicatos de la Policía Nacional llevan semanas reclamando, como ocurre con otros sectores afectados, que el Gobierno mejore la asignación presupuestria de Muface para garantizar la renovación del concierto sanitario "en condiciones que mantengan los servicios y la calidad actuales".

COMUNICADO DEL GOBIERNO SOBRE MUFACE

Este martes vencía el plazo para que las aseguradoras se pudieran presentar al concierto de Muface. Adeslas, Asisa y DKV han decidido no acudir, argumentando que la oferta no era suficiente en términos económicos. Al concierto se puede presentar cualquier aseguradora que cumpla los requisitos, pero finalmente, ninguna entidad ha decidido acudir, dejando desierta la licitación.

"Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación", indica el Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en un comunicado.

En todo caso, el Gobierno ha asegurado que todos los mutualistas seguirán recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, con las prórrogas y los mecanismos "previstos en la Ley de Contratos del sector público", según ha detallado el Ministerio.

Madrid, 27 sep (EFE).- El sindicato policial SUP ha denunciado que varios ciudadanos marroquíes han intentado acceder a España en las últimas semanas haciendo un uso fraudulento del derecho al asilo, manifestando que son saharauis, y ha pedido imponer un visado de tránsito a estos viajeros para evitarlo.

Fuentes del SUP han señalado a EFE que, de esta forma, se evitaría que estas personas cojan un vuelo con destino a otros países para los que no necesitan visado, como Cuba, y aprovechen la escala para pedir asilo en el aeropuerto madrileño.

Desde el sindicato explican que en las últimas semanas han llegado al aeropuerto varios ciudadanos marroquíes que, a su llegada, han manifestado ser saharauis, "lo cual no necesariamente hace que lo sean, ni tienen necesariamente que ser perseguidos por Marruecos".

Han defendido la labor de los policías que realizan las entrevistas a los solicitantes en Barajas y demás trabajadores que resuelven acerca de su concesión. "Son profesionales que siguen protocolos de actuación previamente marcados y que verifican si se cumplen o no una serie de parámetros", han argumentado.

El SUP ha cuestionado que algunos de estos ciudadanos, al ver denegada su solicitud, hayan iniciado una huelga de hambre, lo que interpretan como una medida de "presión mediática", un intento de coacción y manipulación y un "retorcimiento de la ley", al que se han sumaron "ciertos personajes políticos".

Se han referido así al intento de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, de entrar a las salas de asilo de Barajas para visitar a los solicitantes, acceso que le fue denegado. Está previsto que este viernes acudan al aeropuerto con el mismo objetivo las eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra.

Para evitar lo que este sindicato considera un uso fraudulento del derecho al asilo para entrar de forma irregular en España, el SUP exige que se imponga un visado de tránsito a todos los ciudadanos marroquíes y egipcios que necesiten hacer escala en el país.

Esta medida se ha impuesto en el último año a países como Kenia, Senegal, Sudán, Chad o República Centroafricana, y ha sido muy criticada por entidades sociales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que defiende que, en la práctica, impide el acceso al derecho al asilo de las personas que huyen de guerras y persecuciones en sus países. EFE