En Panamá, 615 personas perdieron la vida por suicidio entre 2020 y 2024, donde el 87% de los casos correspondió a hombres de entre 20 y 24 años.

Las cifras de las autoridades de salud indican que solo en 2024 se registraron 161 fallecimientos, de los cuales 142 eran hombres y 19 mujeres.

Tan solo en 2025 la Caja de Seguro Social atendió más de 250 mil consultas de salud mental, de las cuales 8,335 fueron de conducta de riesgo suicida y 6,881 de intentos de suicidio.

Del total, 5,722 correspondieron a mujeres y 2,613 a hombres, cifras que dijeron reafirman la urgencia de acompañar, orientar y no dejar sola a ninguna persona en momentos de crisis.

La evidencia disponible confirma que la ahorcadura es el principal método utilizado para consumar el suicidio, que el hogar de la víctima suele ser el escenario más frecuente del hecho y que los motivos probables se vinculan con problemas sentimentales, enfermedades crónicas, condiciones de salud mental y dificultades socioeconómicas, aunque en un porcentaje alto de casos la causa subjetiva permanece desconocida para los familiares.

A través de los años, la edad promedio en hombres era de 39 años y de 27 años en mujeres, lo que sugiere que las mujeres que se suicidan tienden a ser más jóvenes que los hombres.

Respecto a la distribución por grupo etario se revelaba que tanto los jóvenes como los adultos presentaban proporciones significativas de casos, sin que el suicidio se concentrara exclusivamente en edades avanzadas.

A nivel mundial, una de cada ocho personas padece algún trastorno mental, pero el 75% no recibe ayuda ni tratamiento, por esta razón, tender la mano y facilitar el acceso a una atención especializada a tiempo marca la diferencia entre la vida y la muerte.

“Ante cualquier trastorno mental es fundamental recibir atención profesional”, señaló Jazmín Erika Cedeño Suman, jefa del Programa Nacional de Salud Mental de la Caja de Seguro Social.

Este 10 de septiembre, en el marco de la conmemoración del Día Mundial la Prevención del Suicidio, bajo el lema “Cambiar la narrativa”, las autoridades buscan erradicar el estigma que rodea a las enfermedades mentales.

Su objetivo central, manifestaron, es construir una comunidad más empática, donde expresar el dolor emocional no genere juzgamiento y se rompa el silencio que impide buscar apoyo.

El suicidio se ha consolidado como un problema significativo de salud pública en Panamá, con una carga creciente en algunos grupos etarios, provincias y segmentos sociales específicos.

Aunque la tasa nacional de mortalidad por suicidio se mantiene por debajo del promedio mundial, las cifras más recientes revelan un incremento importante de los casos entre 2020 y 2024, con una marcada sobrerrepresentación de hombres y un peso desproporcionado en las provincias de Los Santos, Veraguas y Chiriquí.

Paralelamente, los datos sobre intentos de suicidio, ideación suicida y uso de servicios de atención en crisis revelan una demanda creciente de apoyo psicológico, así como una brecha entre la magnitud del problema y la disponibilidad de recursos humanos especializados en salud mental.

En años más recientes, la información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo sobre defunciones muestra que la cifra de suicidios presentó un aumento sostenido entre 2020 y 2024.

Según el cuadro específico sobre “lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)”, se registraron 93 suicidios en 2020, 130 en 2021, 113 en 2022, 118 en 2023 y 161 en 2024, con la indicación de que los 161 casos de 2024 representaron una tasa de aproximadamente 3,5 muertes por cada 100.000 habitantes.

Entre 2020 y 2024 los suicidios aumentaron un 73%, al pasar de 93 a 161 casos, lo que ha sido interpretado por las autoridades y especialistas como una tendencia alarmante.

Este incremento contrasta con el descenso reportado para el periodo 2001–2016, lo que sugiere que en la última década se ha producido un cambio de trayectoria, posiblemente influido por factores como la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, el deterioro socioeconómico y la mayor visibilización de la problemática.

Fuentes citadas por el diario paquistaní 'Dawn' informaron que entre los detenidos tras los recientes operativos policiales en Pakistán se encontraría el presunto "cerebro" detrás del atentado suicida ocurrido el viernes en una mezquita chií de Islamabad. Este individuo, señalado como supuesto integrante del grupo yihadista Estado Islámico, habría sido aprehendido junto a otros tres sospechosos durante intervenciones de las fuerzas de seguridad en las ciudades de Nowshera y Peshawar. En el transcurso de estas operaciones resultó muerto un agente de policía, mientras que otros tres quedaron heridos.

De acuerdo con el reporte de 'Dawn', las acciones policiales se produjeron tras la explosión registrada en el lugar de culto chií de Islamabad, donde el atacante activó un chaleco cargado de explosivos, provocando la muerte de al menos 36 personas y causando lesiones a 165 individuos. El diario señaló que las investigaciones permitieron identificar pistas que llevaron a las fuerzas de seguridad hasta Nowshera y Peshawar, localizando allí a varios de los presuntos implicados, incluido el principal organizador del ataque.

El medio detalló que Peshawar es la ciudad natal del atacante suicida. La policía centró parte de su búsqueda en esta localidad, reconociendo la importancia de la zona en materia de seguridad y antecedentes de radicalización. Según consignó 'Dawn', la captura de los sospechosos se llevó a cabo en el marco de una operación coordinada entre distintas fuerzas de seguridad, cuyos miembros afrontaron resistencia armada durante el desarrollo de las diligencias, escenario en el que uno de los policías perdió la vida y tres más sufrieron heridas.

El diario paquistaní informó también que la organización Estado Islámico asumió la autoría del ataque perpetrado en Islamabad. Las autoridades han reforzado la presencia policial en numerosos puntos del país tras el atentado, mientras líderes comunitarios y representantes religiosos han llamado a la calma y a la protección de los lugares de culto pertenecientes a minorías.

Según indicó 'Dawn', los detenidos permanecen bajo custodia de las autoridades, quienes han iniciado interrogatorios para esclarecer la cadena de mando y los apoyos logísticos que hicieron posible el atentado. Las fuentes consultadas subrayaron que la investigación se mantiene abierta y no descartan nuevas detenciones en el contexto de la ofensiva contra redes de radicalismo en la región.

El atentado del viernes, dirigido contra una comunidad chií, reavivó el temor de ataques sectarios y la inseguridad en la capital paquistaní. De acuerdo con lo publicado por 'Dawn', el número de víctimas mortales podría aumentar dada la gravedad de los heridos, que continúan recibiendo atención médica en hospitales locales. Las autoridades han instruido equipos especiales para recopilar pruebas y revisar los antecedentes de los arrestados, estableciendo conexiones con posibles células yihadistas activas en otras provincias.

'Dawn' citó a funcionarios de seguridad que destacaron la dificultad de anticipar este tipo de atentados, mencionando el uso de explosivos y tácticas propias de grupos extremistas activos en la frontera con Afganistán. Si bien el ataque ha sido vinculado directamente a Estado Islámico, fuentes policiales recabadas por el periódico insisten en que la vigilancia en mezquitas y centros comunitarios permanece elevada y que los esfuerzos de inteligencia continúan enfocándose en prevenir nuevos incidentes.

El medio también recogió testimonios de líderes de la comunidad chií, quienes manifestaron preocupación por el incremento de este tipo de ataques y pidieron una mayor protección por parte del Estado. En paralelo, el gobierno central comunicó, según recoge 'Dawn', que se mantendrán las operaciones antiterroristas y la colaboración con agencias internacionales para combatir la infiltración de grupos radicales.

Las autoridades de Pakistán, de acuerdo con la información aportada por el diario, han reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables del ataque, mientras familiares de las víctimas y miembros de la comunidad chií demandan avances en las investigaciones y medidas concretas para evitar futuras tragedias. Las operaciones en Nowshera y Peshawar se consideran parte de un esfuerzo más amplio destinado a desarticular redes asociadas con el extremismo violento en el país, según los datos recogidos por 'Dawn'.