Un hombre sin dos piernas y beneficiario del Ejército de la Salvación fue prendido fuego este martes mientras circulaba en su silla de ruedas frente a un centro comercial en el que acostumbra a pedir dinero. El suceso tuvo lugar en Smaragdplein, Utrecht, poco después de las 15:30 horas. La víctima, un hombre mayor, sufrió quemaduras graves en la cabeza, los brazos y la espalda y fue trasladada de inmediato al hospital. Horas después del ataque, la policía detuvo a un sospechoso, aunque no ha trascendido su identidad ni si pudo haber otras personas implicadas.

Testigos del suceso pudieron rescatar al hombre

Por suerte para el hombre, el incidente tuvo lugar en una zona muy transitada, por lo que varios testigos pudieron reaccionar y acudir en su auxilio, logrando sacarle de la silla de ruedas y apagar las llamas. Según el RTL, el sospechoso podría ser un hombre con quien la víctima habría discutido brevemente antes del suceso y que vende periódicos en la misma zona, cerca del supermercado Plus, junto al lugar del ataque.

El gerente del supermercado, citado por AD, explicó que había “echado” a la víctima - que pedía dinero frecuentemente frente al comercio - y que “al poco tiempo un hombre desconocido se le acercó con una hoja en llamas detrás de la espalda”. En ese momento, tanto la ropa del hombre como la silla de ruedas empezaron a arder, y fue entonces cuando un testigo “le sacó inmediatamente de su scooter e intentó apagar las llamas”.

Varias personas colaboraron en el auxilio y una mujer, entrevistada por RTL Nieuws, describió la escena como caótica, con gente intentando refrescar a la víctima hasta la llegada de los sanitarios. La policía procedió a acordonar el acceso principal del centro comercial, así como el aparcamiento adyacente al supermercado Plus, aunque el resto del complejo pudo permanecer abierto. El área se mantuvo acordonada durante cerca de una hora mientras se recogían pruebas y se tomaba declaración a los testigos.

Las primeras informaciones apuntan a que la víctima y el agresor mantuvieron un breve enfrentamiento verbal antes del ataque, aunque no han trascendido detalles sobre el motivo de la discusión. El sospechoso huyó del lugar, pero fue detenido horas más tarde; la policía no ha hecho pública su identidad ni el contenido de su declaración inicial. Tampoco se ha informado oficialmente de la existencia de grabaciones del suceso.

“Una forma horrible de violencia”

La alcaldesa de Utrecht, Sharon Dijksma, calificó el hecho como “una forma horrible de violencia” y subrayó que, al tratarse de una persona sin movilidad, el impacto es mayor. En un comunicado dirigido a los vecinos y testigos, añadió: “Es ante todo terrible para la víctima, y mi solidaridad es para él, pero este suceso también ha dejado una fuerte impresión en los testigos. Todos están muy conmocionados”. El ayuntamiento ha puesto a disposición de quienes presenciaron el suceso apoyo psicológico.

También el ministro de Justicia y Seguridad, David van Weel, se refirió al suceso en un mensaje publicado en X, donde afirmó: “Esto trasciende todos los límites. El autor o autores deben ser localizados y castigados. Es terrible lo que ha ocurrido aquí en Utrecht”.

La investigación policial sigue en marcha y el equipo distrital de Utrecht se ha hecho cargo del caso. La policía mantiene su llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier persona que haya presenciado el ataque o disponga de información relevante se ponga en contacto con las autoridades. La víctima permanece hospitalizada, mientras los agentes tratan de esclarecer los detalles del ataque y el posible trasfondo entre los implicados.

Un grupo de estudiantes catalanes que participaba en un programa de intercambio en el instituto Harens Lyceum, en el norte de Países Bajos, fue obligado a arrodillarse y pedir perdón bajo la supuesta amenaza de un arma de fuego en dos incidentes ocurridos el lunes 13 de abril en el municipio de Haren (noroeste del país).

Cabe destacar que también hubo alumnos neerlandeses entre las víctimas en el segundo episodio. Los hechos han sido denunciados ante la policía neerlandesa, que mantiene abierta una investigación.

El primer suceso tuvo lugar cerca de la estación de tren de la ciudad, cuando un grupo reducido de estudiantes catalanes se dirigía a una actividad deportiva.

Según el centro educativo, un joven desconocido los interceptó alegando que lo habían insultado. Acto seguido, les mostró lo que parecía un arma de fuego (no se ha confirmado que sea una real o falsa) y les obligó a arrodillarse y pedir disculpas mientras los grababa con el teléfono móvil.

“Tras pedir perdón, pudieron seguir su camino”, ha explicado el Harens Lyceum en una carta enviada a padres y tutores a la que ha tenido acceso la cadena local RTV Noord.

Los estudiantes avisaron inmediatamente a sus profesores, que contactaron con la policía. Varios agentes se desplazaron al lugar y tomaron declaración a los afectados.

Otra amenaza en el supermercado

Horas más tarde se produjo un segundo incidente en las inmediaciones de un supermercado en el centro de la ciudad. En este caso, el grupo estaba formado por alumnos catalanes y neerlandeses.

Según las primeras informaciones, varios individuos repitieron el mismo patrón: amenazas con una supuesta arma, obligación de arrodillarse y pedir perdón y grabación en un vídeo de los hechos.

Entre las víctimas se encuentra un estudiante de 14 años procedente de Barcelona, que había llegado a Países Bajos pocos días antes para participar en el intercambio. Su familia de acogida ha informado de que el menor se encuentra en buen estado y de que sus padres en España ya han sido informados.

Investigación en curso

Los hechos han sido denunciados y la policía neerlandesa investiga lo ocurrido. El director del Harens Lyceum, Hans Warris, ha calificado ambos episodios de “graves” y señaló que han provocado una “gran conmoción”.

El responsable del centro ha subrayado además que los autores no tienen relación con la escuela: “Hoy es un grupo de nuestros estudiantes, pero podría haber sido cualquier otra persona”.

El instituto mantiene el contacto con los estudiantes del grupo español, que a su vez ha informado a las familias en Cataluña. El Departamento de Educación de la Generalitat ha confirmado que sigue el caso en coordinación con las autoridades consulares españolas en Países Bajos.

A su vez, las actividades del programa de intercambio continúan según lo previsto, aunque el centro ha recomendado a los alumnos desplazarse en grupo y evitar hacerlo solos.

Por su parte, la policía ha calificado este fenómeno como “preocupante y terrible” por su impacto en las víctimas.

“Vídeos de humillación” en redes

Los incidentes se enmarcan en una tendencia que preocupa a las autoridades locales: los llamados zeg sorry-videos (vídeos de di perdón), en los que jóvenes son obligados bajo amenazas a arrodillarse y disculparse, en ocasiones con agresiones físicas, mientras son grabados para su posterior difusión en redes sociales.

Uno de los juicios que se iban a celebrar hoy en la Audiencia Provincial de Málaga por asesinato ha tenido que ser suspendido tras el ataque a uno de los acusados. El hombre recibió dos disparos anoche a las 21:00 horas en la pedanía de Zalea, apenas unas horas antes de la fecha prevista para el inicio de la vista.

La investigación está en manos de la Guardia Civil, que por el momento no ha realizado detenciones, pero mantiene abiertas diversas líneas de trabajo para esclarecer los hechos. El hombre de 35 años fue trasladado en ambulancia hasta el hospital de Málaga, según han confirmado desde el servicio de emergencias 112 a EFE.

Este episodio ha sido la segunda agresión que sufrido el acusado, ya que el pasado lunes se tuvo que retrasar (por primera vez) la vista. Según fuentes judiciales, el individuo tuvo que ser hospitalizado después de que dos encapuchados lo atacaran con un objeto punzante mientras circulaban en un patinete.

Inmediatamente, el hombre perdió el conocimiento y tuvo que recibir atención médica, aunque recibió el alta poco después. Además, se presentó ese mismo día ante el juzgado, lo que permitió reprogramar el inicio del juicio para hoy, una decisión que nuevamente quedó frustrada tras el tiroteo en Pizarra.

Pertenecía a un grupo criminal

Para la jornada de hoy se esperaba sentar en el banquillo a tres acusados. Entre ellos se encontraba el hombre herido de 35 años, imputado por la muerte de una persona y el intento de asesinato de otra en Marbella en 2019. No obstante, la nueva vista no se realizará hasta el mes de noviembre, tal y como han confirmado a EFE.

Por su parte, la Fiscalía de Málaga solicita una pena de prisión de 38 años y seis meses para dos de los acusados, a quienes considera presuntos integrantes de un grupo criminal responsable de asesinar a tiros a un hombre y dejar gravemente herido a otro en Marbella. Para el presunto autor intelectual del crimen, quien también iba a comparecer en el juicio, reclaman 37 años de cárcel.

¿Qué ocurrió en Marbella en 2019?

Los hechos que se iban a juzgar ocurrieron el 15 de noviembre de 2019, alrededor de las 18:30, aunque el fiscal sitúa reuniones previas que habrían servido para planificar el crimen. Una de estas reuniones tuvo lugar el 12 de noviembre en un centro comercial de la capital malagueña, donde los acusados coordinaron los detalles del ataque.

El día anterior al asesinato, los procesados y las víctimas coincidieron en el hospital Costa del Sol de Marbella. Al día siguiente, dos de los acusados acompañaron a las víctimas hasta el domicilio de una de ellas. En ese lugar, y bajo lo que el fiscal describe como un “plan preconcebido”, dispararon a ambos hombres.

Uno de los acusados utilizó un revólver de 38 milímetros y efectuó un disparo letal al pecho de una de las víctimas, mientras que el otro atacó al dueño de la casa, causándole heridas en el hombro, la pierna y el abdomen. El superviviente acabó con lesiones graves: traumatismo renal severo, perforación de colon y fractura de la tercera vértebra lumbar por arma de fuego y metralla. Debido a ello, la víctima se quedó con paraplejia con afectaciones motoras y sensoriales, así como un trastorno psiquiátrico compatible con estrés postraumático.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha desestimado los recursos de apelación presentados por dos miembros de una empresa de desokupación condenados a 11 años de prisión y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que en septiembre del año pasado les declaró autores de un delito de asesinato en grado de tentativa tras una violenta agresión ocurrida en Arona a un hombre al que iban a desalojar y a su hija.

Además de la cárcel, la Sala ratifica la inhabilitación absoluta, las prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima durante 21 años, la libertad vigilada posterior y la indemnización fijada en favor de los perjudicados, 250.000 euros para el hombre por las lesiones sufridas y 1.000 a su hija.

El conflicto nace por una vivienda ocupada en la localidad aronera de Chayofa, donde los acusados querían que la víctima la abandonara y, según la sentencia, ya habían ido días antes a presionarlo para que se marchara. La propia resolución dice que el afectado les respondió algo como “¿ustedes otra vez aquí?, creí que había quedado todo arreglado”, lo que encaja con una tensión previa por ese inmueble.

“Desokupación violenta”

La sentencia apunta a que los acusados, según la Guardia Civil, actuaban en relación con la gestión de ese tipo de viviendas y de su “okupación y desokupación violenta”, y que el lesionado estaba ocupando la casa y se negaba a abandonarla.

También se menciona que uno de los testigos explicó que la víctima vivía en una de esas viviendas pagando 300 euros al mes, y que los acusados habrían ido a recuperar o controlar el inmueble por la fuerza.

Según los hechos probados, ambos procesados actuaron de común acuerdo, y en la tarde noche del 14 de febrero de 2023, atacaron por sorpresa a la víctima cuando salía de una vivienda ocupada, golpeándole en la cabeza con una barra de metal y continuando la agresión cuando ya estaba en el suelo e indefenso. La sentencia describe lesiones de extrema gravedad, con riesgo vital, varias intervenciones quirúrgicas y secuelas físicas y psíquicas relevantes. Apunta además el fallo que los acusados también golpearon a la hija del lesionado, cuando ésta, testigo de los hechos, intentó que cesaran su agresión.

El “dolo homicida”

Tras la primera condena, la defensa de los dos autores pretendió desacreditar las identificaciones y sostuvo que la prueba era insuficiente, aludiendo a contradicciones en los relatos y a la supuesta falta de pruebas directas. Reclamaron que ni el reconocimiento policial ni la rueda de acusados cumplían garantías de imparcialidad, porque “el único con tatuaje era el procesado”.

Sobre ese punto, el tribunal ha aclarado que la jurisprudencia permite la condena por medios indiciarios, siempre que la suma de los indicios apunte de manera clara a la autoría, negando que hubieran errores graves o valoración arbitraria de los testimonios. Sobre las diferencias en las declaraciones de las víctimas, los jueces consideran esperable que con el paso del tiempo se produzcan “diferencias anecdóticas, pero no en lo esencial”.

También cuestionaron el grado de “dolo homicida” (intención de matar), afirmando que se trató de un caso de lesiones graves pero no de intento de asesinato, a lo que el TSJ ha respondido que “la brutalidad, la zona de los golpes y la utilización de un objeto letal muestran claramente un peligro concreto de muerte, que los atacantes aceptaron”.

“Una violencia desmedida”

Otro de los puntos que han tenido que tratar los magistrados es la calificación de tentativa de asesinato y no delito de lesiones graves. Explican que este caso entra en el primer supuesto por el modo sorpresivo, violento y planificado del ataque, en el que las víctimas no tuvieron posibilidad de defenderse. El objeto utilizado, la intensidad, el número de golpes y el estado de indefensión fueron decisivos para agravar la pena.

Los magistrados describen el ataque como “de una violencia desmedida, reiterada y dirigida a zonas especialmente vulnerables del cuerpo”, resaltando que los agresores tenían antecedentes de amenazas y búsqueda activa de desalojar la vivienda, “por lo que buscaron asegurarse el resultado, que era sacar a la víctima por la fuerza”.

Una discusión familiar en Jonesborough, Tennessee, terminó en un violento intento de asesinato y un incendio que destruyó una vivienda. El caso, informado por La Dépêche, involucra a Dustin Machen, de 32 años, quien fue arrestado tras rociar con gasolina a su madre y prender fuego a la casa en la que ambos vivían. El hecho tuvo lugar el jueves 9 de abril, cuando la mujer intentó desalojar a su hijo de 32 años, que aún residía con ella.

El relato recogido por las autoridades y medios locales indica que la situación se desencadenó cuando la madre le pidió a Dustin que abandonara la vivienda. Según el comunicado oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Washington (WCSO), el hombre salió momentáneamente, pero regresó poco después con un bote de gasolina. “Empapó a la víctima y la casa”, declaró el sheriff Keith Sexton. No conforme con la agresión, destruyó el teléfono móvil de su madre para impedir que pudiera pedir ayuda. La mujer, en estado de shock y cubierta de gasolina, logró escapar y llegó hasta la casa de sus vecinos, desde donde pudo alertar a la policía.

La rápida llegada de los servicios de emergencia permitió atender a la víctima, que sufrió quemaduras en los brazos y fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica especializada. Los agentes del sheriff que acudieron al lugar encontraron la vivienda en llamas y a la madre visiblemente afectada por el ataque. El incendio causó graves daños materiales y puso en riesgo la vida de la mujer y de quienes se encontraban en los alrededores.

Los cargos de Dustin Machen

Mientras la policía y los bomberos trabajaban para controlar el incendio, testigos informaron haber visto a Dustin Machen en un campo cercano, observando el fuego. Gracias a la colaboración de los vecinos, los agentes pudieron localizarlo y detenerlo poco después del ataque. El hombre fue arrestado sin derecho a fianza y trasladado a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington.

La gravedad de los hechos motivó la imputación inmediata de Dustin Machen por intento de asesinato e incendio provocado con agravantes. El sheriff Keith Sexton remarcó la peligrosidad del ataque y la importancia de la reacción de la madre, que logró escapar pese a las circunstancias. Según la información publicada por La Dépêche, la audiencia preliminar del detenido está programada para el 23 de abril, y hasta el momento no se ha hecho público si cuenta con representación legal ni si ha dado su versión de lo sucedido.

Estado de la víctima y seguimiento judicial

La madre permanece internada bajo atención médica por las quemaduras sufridas en los brazos, aunque su vida no corre peligro. Su capacidad para reaccionar en un momento crítico resultó clave para evitar daños mayores. Las autoridades destacaron que la coordinación entre vecinos y fuerzas policiales permitió frenar la escalada de violencia y garantizar la seguridad de la víctima.

El caso ha generado conmoción en la comunidad de Tennessee, donde todavía resuenan las preguntas sobre los desencadenantes del conflicto y la situación de convivencia previa entre madre e hijo. Los servicios sociales y las autoridades policiales mantienen un seguimiento del caso, mientras el proceso judicial avanza. Por ahora, Dustin Machen sigue bajo custodia, a la espera de la audiencia programada, sin posibilidad de obtener la libertad bajo fianza debido a la gravedad de los cargos que enfrenta.

Una discusión entre una joven y su médica de cabecera en la localidad italiana de Aviano desembocó en una decisión inesperada: la doctora Antonia De Bellis decidió dejar de atender no solo a la paciente, sino también a sus padres y a los abuelos paternos. El caso, difundido por el diario Il Messaggero, expone una reacción poco común que afecta a tres generaciones de una misma familia y ha abierto un debate sobre los límites de la relación médico-paciente.

Todo comenzó cuando Giulia, una mujer de unos 30 años, solicitó a su médica pruebas preventivas debido a antecedentes familiares. Aunque la doctora era nueva en la zona y no conocía a Giulia, no negó la solicitud, pero condicionó la derivación a una consulta previa, un paso que consideraba necesario desde el punto de vista clínico. La paciente, en cambio, esperaba obtener el pase de inmediato para poder acudir al especialista con los resultados, evitando así el gasto de una segunda visita.

La interacción generó malestar en ambas partes, pero en principio parecía haberse resuelto. Sin embargo, la situación escaló cuando la doctora comunicó su negativa a seguir atendiendo a Giulia y extendió la decisión a los padres y abuelos paternos de la joven, una medida que sorprendió a todos los implicados.

El conflicto y la reacción médica

La relación de confianza entre médico y paciente es el pilar fundamental de la atención primaria. Según las normas italianas, el médico puede rechazar a un paciente si existe una “incompatibilidad excepcional y comprobada”. El paciente, por su parte, también puede decidir cambiar de profesional si lo considera necesario. En este caso, Antonia De Bellis argumentó la “ruptura de la relación de confianza” para justificar su decisión, tal como reproduce Il Messaggero.

La doctora había sido responsable de la atención de la familia durante un año y apenas había visto a los abuelos en una sola ocasión. Pese a la escasa relación, la negativa se aplicó de manera general a todos los miembros del grupo familiar. “Mi abuelo tiene más de 90 años, estuvo hospitalizado recientemente, sufre un deterioro cognitivo grave y necesitaba un médico, incluso para su expediente de discapacidad. Mi abuela está en silla de ruedas. “La médica solo había sido su médico de cabecera durante un año y solo los había visto una vez, durante una visita a domicilio”, relató Giulia al medio italiano.

El padre de la joven también fue excluido de la atención médica. Según las declaraciones recogidas por Il Messaggero, “el padre solo ha sido informado verbalmente por ahora y está muy preocupado por su esposa”, que además tiene una discapacidad del 100%. Hasta el momento, la familia no ha recibido ninguna explicación detallada sobre los motivos concretos de la decisión, más allá de la fórmula empleada por la doctora.

El impacto en la familia y la respuesta institucional

La decisión de la médica tuvo consecuencias inmediatas para los abuelos, quienes, además de su avanzada edad, dependen del médico de cabecera para acceder a tratamientos, recetas y certificaciones oficiales. La familia, especialmente los abuelos y la madre de Giulia, se encuentra en una situación vulnerable por sus condiciones físicas y cognitivas.

Ante la falta de argumentos claros por parte de la profesional, Giulia decidió presentar una solicitud formal para acceder al expediente y conocer las razones invocadas por la doctora. “Para comprender cómo el médico podía invocar ‘razones excepcionales’ para cinco personas diferentes, Giulia presentó una solicitud oficial de acceso a los documentos ante la autoridad sanitaria local (Asfo)”, informó Il Messaggero. Sin embargo, el trámite avanzó lentamente: “La institución tenía un plazo legal de 30 días para responder, pero el solicitante tuvo que esperar 29 días solo para recibir el formulario que necesitaba rellenar”, detalló el periódico.

Mientras tanto, la joven optó por inscribirse en una clínica de atención primaria, donde recibió cobertura médica sin inconvenientes. A pesar de haber encontrado una solución personal, Giulia expresó su malestar por la situación: “Siento una profunda injusticia, pues considero el gesto del médico una forma de venganza que exigiría explicaciones mucho más claras por parte del sistema sanitario”.

La familia espera respuestas oficiales sobre la legalidad y justificación de la medida, mientras continúan los trámites para restablecer la atención médica regular, especialmente para los miembros con mayores necesidades de salud.

Para la madre de la niña, Marie Dupuis, la absolución inicial de la profesora representó un “giro dramático de los acontecimientos” de lo que se esperaba. Debido a ello, la familia de la menor nunca aceptó el fallo original, ya que en este se consideraba que las pruebas en contra de la docente eran “inconsistentes, indirectas e imprecisas” o que precisaban “un comportamiento apropiado y legítimo para un maestro que ejerce autoridad en el aula”.

En cambio, en esta segunda vista, el tribunal consideró que la docente tuvo “un papel en el deterioro de las condiciones de vida de la estudiante de secundaria antes de su suicidio”, tal y como ha recogido BFM TV. Debido a la primera sentencia inesperada, Marie Dupuis expresó ante RLT momentos antes de la sesión, su incertidumbre sobre lo que estaba por ocurrir: “Estoy muy preocupada por esta nueva sentencia. Quizás fuimos demasiado confiados en primera instancia”, narró.

“Mi intención no era perjudicarla, sino, al contrario, ayudarla”

La fiscalía, que desde el primer momento sostuvo la existencia de acoso escolar, argumentó que la docente hacía ”aceptable el comportamiento acosador de los alumnos" hacia la menor. De este modo, durante el juicio de apelación, la fiscal general solicitó una pena de prisión suspendida de 18 meses para Pascale B. “Cruzó la línea, humillando, menospreciando y estigmatizando, no a todos los estudiantes, sino a ciertos estudiantes cuidadosamente seleccionados”, afirmó.

Asimismo, determinó que la actitud de la profesora fue “intrínsecamente inapropiada” y contribuyó al “deterioro del estado de Evaëlle”. Por su parte, la defensa de Pascale B. pidió nuevamente la absolución, insistiendo en que la profesora jamás pretendió dañar a la alumna. De hecho, la propia profesora sostuvo en el estrado: “Mi intención no era perjudicarla, sino, al contrario, ayudarla”.

La defensa, además, ha alegado que esta versión se ha mantenido en el tiempo, pese a que la madre de Evaëlle señaló que la docente “cambió su versión” entre la primera instancia y la apelación, alegando primero que se trataba de “palabras duras en tono humorístico” y luego modificando su defensa. Igualmente, Marie Dupuis ha denunciado que realmente, la forma de actuar con su hija era un “modus operandi” que empleaba con otros estudiantes del centro.

“Algunos alumnos dicen: ‘Ya ni siquiera entendíamos por qué le gritaba a Evaëlle’. Es acoso”, ha asegurado. De esta forma, la madre ha explicado que la profesora “inició” el hostigamiento que se formó contra su hija: “Empezaron a acosarla con los mismos comentarios que la profesora le hacía en clase. Y poco a poco, se convirtió en acoso físico, con violencia diaria”, ha añadido.

“El peor día de su vida”

El caso de Evaëlle se ha convertido en un símbolo del debate sobre el acoso escolar en Francia. La estudiante, descrita como “precoz”, “atípica” y con “dificultades para integrarse”, denunció acoso por parte de varios compañeros de clase en la escuela secundaria de Herblay-sur-Seine, en Val-d’Oise, a pocos meses de su muerte. Según ha revelado BFM TV, la propia niña señaló igualmente a su profesora de francés como responsable de fomentar un ambiente de humillación constante. Sin embargo, no se tomó en cuenta, ya que algunos alumnos la describían como una profesora ejemplar y dedicada.

Los padres de la menor de 11 años relataron que la situación se agravó con un episodio en particular ocurrido durante una clase. En esa ocasión, la docente pidió a todos los alumnos responder en voz alta a la pregunta: “¿Por qué se siente Evaëlle acosada y excluida?”. Al romper en llanto, la menor fue obligada a contestar igualmente. Al llegar a casa, Evaëlle le confesó a sus padres que había sido “el peor día de su vida”.

Afortunadamente, y a pesar de que algunos han hablado de Pascale como una profesora ejemplar, el testimonio de algunos compañeros de clase de Evaëlle ha sido determinante en el juicio. “Le hacía muchos comentarios a Evaëlle, a menudo le gritaba”, ha declarado una compañera. Mientras, otra ha señalado que “siempre se metía con Evaëlle, creo que se aprovecha de los débiles”.

Un niño de trece años ha fallecido hoy en Francia tras recibir un disparo en la cabeza en un tiroteo ocurrido en Villefranche-sur-Saône, al norte de Lyon, según ha informado la cadena BFM TV. La víctima, que no tenía antecedentes policiales, se encontraba en un centro comercial del barrio de Belleroche cuando fue alcanzada por los disparos sobre las 13:15 horas.

Los servicios de emergencias acudieron rápidamente al lugar, pero “falleció en el lugar a pesar de los intentos de reanimación”, según un comunicado de las autoridades. Por el momento, no se ha hallado el objeto del crimen, tal y como han relatado en Le Figaro. Mientras tanto, la policía ha detenido a dos menores de 12 y 15 años en “el lugar de los hechos, donde no se encontró el arma”, como ha asegurado la Fiscalía.

Además, han determinado que el mayor de los arrestados ha sido “puesto bajo custodia”, mientras que el otro menor ha quedado “en detención”. La fiscal regional, Laetitia Francart, ha declarado que “por el momento, no se baraja ninguna hipótesis” sobre las causas del tiroteo, según Le Parisien.

La División de Delincuencia Organizada y Especializada (DCOS), dependiente de la Dirección General de Policía de Lyon (DIPN), ha asumido la investigación de homicidio “con el objetivo particular de determinar las circunstancias de los hechos”, según la fiscal. Del mismo modo, las autoridades francesas mantienen todas las líneas de investigación abiertas, sin descartar ninguna posibilidad hasta avanzar en el esclarecimiento del caso.

Un caso se cierra y otro se abre

Mientras tanto, la Policía Nacional española ha resuelto otro tiroteo del país vecino al haber detenido en Melilla al presunto autor del suceso. Tal y como informó Europa Press, el pasado domingo, 5 de abril, las autoridades detuvieron al responsable de un tiroteo ocurrido en Toulouse en septiembre de 2024. El incidente dejó como saldo una víctima mortal y dos heridos, uno de ellos con lesiones graves.

El operativo de detención se llevó a cabo durante un control rutinario en el filtro de vehículos del puerto de Melilla, un punto que conecta la ciudad autónoma con Málaga, Almería y Motril a través de enlaces marítimos. Durante la inspección documental, los agentes identificaron al sospechoso y, tras consultar las bases de datos policiales, constataron que existía una orden internacional activa para su búsqueda, detención y extradición. Concretamente, sobre el detenido pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por delitos graves relacionados con el tiroteo en Toulouse.

Las autoridades francesas aportaron información relevante sobre el caso, permitiendo a la policía española vincular al individuo con los hechos mediante diferentes pruebas. Entre los elementos considerados figuran análisis técnicos, la identificación precisa de los vehículos que usó en la huida tras el tiroteo y registros telefónicos que sitúan al arrestado en la zona del suceso en el momento en que tuvo lugar.

El éxito de la operación tuvo lugar gracias a la colaboración entre distintos cuerpos de seguridad y al intercambio de información a través de organismos internacionales como Europol e Interpol. Por el momento, el detenido permanece a disposición judicial, a la espera de los trámites para su posible extradición a Francia.

La Guardia Civil inspeccionará esta semana un zulo que podría estar vinculado con la muerte de Esther López, encontrada muerta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo, un municipio de unos 1.300 habitantes situado en la provincia de Valladolid. El hallazgo de este espacio, ubicado debajo de una cama, ha sido comunicado al juzgado por el nuevo propietario de la antigua casa familiar del único investigado en el caso, Óscar S.M., que era amigo de la víctima y fue la última persona en ver con vida a la joven.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a la agencia EFE que la Guardia Civil ya ha verificado la existencia del zulo y que esta semana realizarán una inspección ocular. El nuevo dueño de la vivienda lo descubrió mientras preparaba unas obras.

Para el procesado por este crimen, Óscar S.M., ya se ha abierto juicio oral con jurado popular. Se enfrenta a acusaciones de asesinato —de forma subsidiaria, homicidio—, delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

López, de 35 años, fue vista por última vez la madrugada del 13 de enero de 2022, tras compartir la noche con varios amigos. Pasaron unas horas en un bar, vieron un partido de fútbol y salieron juntos, como solían hacerlo en otras ocasiones. La última vez que se la vio fue cerca de un restaurante, en un cruce de la N‑122, cuando Óscar S.M. la dejó en una zona cercana llamada El Romeral. Su móvil dejó de emitir señal esa misma noche, y desde entonces, no se tuvo más noticias de ella.

La familia no denunció su desaparición hasta cinco después, porque confiaba en que llamaría para dar alguna explicación. Tras 23 días de búsqueda intensiva, que incluyó batidas de vecinos, drones, cámaras y perros rastreadores, el 5 de febrero de 2022 uno de los voluntarios encontró su cadáver en la cuneta de una zona que ya había sido revisada y que se podía ver perfectamente, pese a la profundidad, desde un autobús o un camión.

La mujer se habría salvado si hubiera recibido atención médica

Según la Fiscalía, la mujer viajaba en el coche de Óscar S.M. y rechazó ir a dormir a casa de sus padres. Él le ofreció quedarse en la vivienda familiar de Traspinedo y ella aceptó, pero tras una discusión cuya causa no se conoce, decidió marcharse del lugar a pie.

El Ministerio Público sostiene que Óscar S.M. la siguió en su Volkswagen T-ROC y la atropelló por la espalda a unos 40 kilómetros por hora, con la intención de matarla. La víctima sufrió varias lesiones, ninguna de ellas mortal. La acusación afirma que la mujer habría sobrevivido si hubiera recibido atención médica.

La autopsia de López desveló que murió el mismo día de su desaparición, con un nivel de alcohol en sangre altísimo, rozando el coma, debido a un shock multifactorial provocado por una hemorragia interna. Según la Fiscalía, el acusado ocultó el cuerpo y las pertenencias de López en el maletero de su vehículo y, posteriormente, las abandonó en una cuneta.

(Con información de EFE)

Una mujer de 37 años ha fallecido en la madrugada de este domingo en Pamplona tras precipitarse desde la terraza de su vivienda en la tercera planta de un edificio en el barrio de San Jorge. La Policía Municipal ha detenido a un hombre por quebrantamiento de una orden de alejamiento y trata de esclarecer si la caída fue accidental o si concurren circunstancias que vinculen al arrestado con lo ocurrido.

Los hechos se produjeron en torno a las 4:30 horas en el número 4 de la calle Sanduzelai, en el domicilio en el que residía la víctima, de origen nicaragüense, junto a otras personas. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y sanitarios tras recibir el aviso, si bien los servicios médicos únicamente pudieron certificar el fallecimiento de la mujer.

El hombre detenido, de origen argelino, mantenía una relación previa con la víctima y tenía en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse a ella. Su arresto se produjo en el propio inmueble por un presunto delito de quebrantamiento de condena, a la espera de que avance la investigación sobre su eventual implicación en los hechos.

Una secuencia bajo investigación

La reconstrucción de lo ocurrido en los minutos previos a la caída se ha convertido en el eje de las pesquisas. Según las primeras indagaciones, la mujer se precipitó desde una altura correspondiente a una tercera planta cuando, al parecer, intentaba descolgarse desde la vivienda utilizando una sábana. Este extremo, no obstante, forma parte de las hipótesis que manejan los investigadores y está siendo contrastado con las declaraciones de los testigos y las pruebas recabadas.

Un vecino localizó a la víctima en el suelo, junto al portal del edificio, en un momento en el que ya se había activado el dispositivo de emergencias. La escena, acordonada poco después por la Policía, fue objeto de una inspección técnica detallada.

Varios testimonios recogidos en el entorno del inmueble apuntan a que, antes de la caída, se produjeron gritos en el interior de la vivienda. Según estos relatos, se habría registrado una discusión entre la mujer y el hombre posteriormente detenido, que se habría iniciado en el exterior del domicilio y continuado en su interior, donde también se escucharon llantos. Estas manifestaciones, sin embargo, están siendo sometidas a verificación dentro de la investigación en curso.

Diligencias en curso

La Policía Municipal ha asumido la instrucción de las diligencias y ha procedido a la toma de declaración de las personas que se encontraban en la vivienda en el momento del suceso, con el objetivo de reconstruir con precisión la secuencia de acontecimientos. La presencia del detenido en el domicilio, pese a la existencia de una orden de alejamiento, constituye por sí misma un elemento relevante en la investigación.

El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia que deberá determinar las causas exactas de la muerte y aportar datos clave para esclarecer las circunstancias de la caída.

De forma paralela, agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional han llevado a cabo una inspección técnico-policial en la vivienda y sus inmediaciones, en busca de indicios que permitan sostener o descartar las distintas hipótesis abiertas.

Las pesquisas permanecen abiertas y se centran en dilucidar si la precipitación se produjo en un contexto estrictamente accidental o si estuvo condicionada por factores externos, en un escenario marcado por la existencia de una medida judicial de protección que, en el momento de los hechos, habría sido vulnerada.

La Conselleria de Sanidad valenciana indemnizará con 59.998,55 euros a la viuda y a las dos hijas de Pedro A. M., quien falleció por infarto el 9 de julio de 2022 en Alicante tras recibir asistencia de dos ambulancias que no llevaban médico, según una resolución oficial fechada el 30 de marzo de 2026 a la que ha accedido la Agencia EFE.

El incidente se produjo después de que, de acuerdo con el relato de la familia y la resolución oficial, varias llamadas al 112 entre las 11.01 y las 11.21 propiciaran la llegada de una ambulancia de Soporte Vital Básico a las 11.20 y otra de Soporte Vital Avanzado con enfermero a las 11.25, ambas sin facultativo. La unidad con médico se presentó a las 11.54, cuando ya habían transcurrido más de 50 minutos desde la primera llamada, y únicamente pudo continuar con maniobras de reanimación que concluyeron tras una hora, al confirmarse la muerte en el domicilio situado en la Playa de San Juan.

La viuda y las hijas de Pedro A. M., representadas por la abogada Raquel Sánchez Navarro, elevaron una reclamación alegando tanto la ausencia de médico en las primeras ambulancias como la decisión del médico coordinador del 112 de aconsejar esperar por un SAMU medicalizado libre, en vez de recomendar el traslado inmediato al hospital universitario de San Juan, que según la familia se encontraba a sólo cinco minutos.

El monto solicitado inicialmente por la familia ascendía a 294.292,71 euros, pero Sanidad fijó la indemnización final en el 20% de esa cantidad al estimar la probabilidad de supervivencia extrahospitalaria en ese porcentaje. Los informes médicos y técnicos recopilados por la Conselleria atribuyen el desenlace a la “falta de medios disponibles” y afirman que no hubo denegación de auxilio ni negligencia directa, sino un retraso en la atención motivado por carencia de recursos en el sistema sanitario.

Otras indemnizaciones por negligencia médica

Recientemente, se han producido en España otras sentencias contra hospitales por negligencia médica. Esta misma semana, la sanidad valenciana ha acordado abonar una indemnización de 225.000 euros a los familiares de una paciente que murió tras pasar 36 horas sin atención médica en las urgencias del Hospital General Universitario de Valencia. La mujer, de 69 años, ingresó en el centro con una pancreatitis aguda y permaneció en un box de urgencias esperando tratamiento, hasta que fue hallada sin vida, según difundió la asociación El Defensor del Paciente mediante un comunicado.

La paciente, de 69 años, se personó en el área de urgencias del Hospital General Universitario de Valencia el 7 de mayo de 2025 aquejada de un dolor abdominal persistente y con varios episodios de vómitos previos. Los médicos, tras realizar pruebas como una ecografía abdominal, determinaron que la paciente padecía pancreatitis aguda biliar e indicaron su ingreso inmediato. Sin embargo, la falta de camas provocó que permaneciese más de un día y medio en el box de urgencias, donde ningún sanitario acudió a controlar su estado o aplicar tratamiento. El intervalo exacto comprendió desde las 00:12 horas de su ingreso hasta las 7:32 horas del día siguiente, momento en que se constató el fallecimiento.

*Con información de EFE

Casi tres meses después de uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia española, Raquel García Aranda, abogada y criminóloga malagueña de 32 años, se ha convertido en un símbolo de supervivencia al haber dado a luz a un niño en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario de Málaga. Con cinco meses de embarazo, Raquel, su pareja, Iván, su hermana, Ana, y su perrito Boro se subieron al tren Iryo que hacía la línea Málaga-Madrid el pasado 18 de enero. Los cuatro volvían a casa después de visitar a su abuela enferma, que reside en la ciudad andaluza.

No obstante, cuando el tren pasaba por Córdoba, a la altura de Adamuz, sucedió la tragedia que se llevó la vida de 46 personas y dejó a más de un centenar de heridos, entre los que se encontraba Raquel. En el momento del impacto del Iryo con el Alvia, la malagueña de 32 años intentó proteger a su perro, un gesto instintivo que, según relataron sus allegados, resultó determinante en las lesiones que sufrió: un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura vertebral.

Desde Canal Sur han detallado que la joven perdió el conocimiento en el momento y fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, antes de ser derivada al centro hospitalario malagueño donde permanece en la UCI desde entonces. El nacimiento de su hijo ha tenido lugar este sábado 11 de abril, según ha confirmado la Administración autonómica. Aunque el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

Cómo se dio a conocer la familia García-Aranda

Hasta enero, la vida de Raquel García Aranda transcurría con normalidad entre trabajo, familia y nuevos proyectos en Madrid, como ha confirmado la revista Para Ti. El accidente cambió radicalmente su vida. Concretamente, su historia se hizo viral al día siguiente, cuando su hermana Ana, de 29 años, atendió a los medios de comunicación en el lugar del accidente para lanzar un mensaje: “Los bomberos la rescataron del tren y se la llevó la ambulancia. Bueno, junto conmigo, nos fuimos directamente al hospital. Y ahora que ella está en observación y estamos aprovechando para buscar a mi perro. Por favor, si podríais ayudarnos a buscar a los animales, que tenemos muchos y son familia también”, testificó para el programa de Ana Rosa.

Estas palabras movilizaron a la ciudadanía, especialmente tras conocerse la historia del perro Boro, que se perdió en medio del caos. La búsqueda del animal, impulsada por Ana, mantuvo en vilo a amigos y familiares hasta su reencuentro. “Si no puedo hacer nada por mi hermana, al menos que pueda encontrar a Boro”, expresó la malagueña. Aun así, la menor de las García Aranda nunca ha dejado sola a su hermana: “Siempre juntas, Ra”, era el mensaje que le dedicó días antes en redes sociales, sin saber la magnitud que tomaría esa promesa.

Qué se sabe del accidente en el que viajaba Raquel

Las causas del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz siguen bajo investigación, tanto por la Guardia Civil como por la CIAF, que mantienen abiertas las diligencias para determinar lo sucedido. El análisis abarca tanto las circunstancias del siniestro como el estado de la infraestructura ferroviaria y posibles factores técnicos y operativos que influyeron en el descarrilamiento.

Ana ocupaba un asiento tres filas por delante de Raquel y Boro, todos ubicados en la parte derecha del vagón, la menos afectada por el impacto. Ana consiguió salir con heridas leves del séptimo coche del Iryo, mientras que Iván, la pareja de Raquel, no sufrió lesiones. Durante su ingreso en la UCI, la abogada ha estado sedada y bajo vigilancia médica por las graves lesiones sufridas y las posibles secuelas neurológicas. Así, desde el pasado 31 de marzo, con el alta de la última persona ingresada en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Raquel García Aranda quedó como la única paciente hospitalizada por el siniestro.

El recorrido laboral de la malagueña

La malagueña que acaba de ser madre, tiene más de diez años de experiencia en el sector jurídico. Después de tener su primer empleo con prácticas en el Instituto Andaluz de Criminología de Málaga, donde desarrolló un proyecto de investigación sobre la violencia filio-parental, dio el salto como técnico en intervención social en Estrasburgo, Francia. Allí permaneció 1 año colaborando en una casa de acogida y reinserción para mujeres víctimas de violencia de género y/o drogodependientes, como ha señalado ella misma en su perfil de LinkedIn.

Tras ello, se preparó para la oposición de Judicatura, en la que destacan sus conocimientos en áreas de Derecho Penal, Civil, Constitucional, Procesal, Administrativo, Laboral y Mercantil. Esto le permitió acceder a un puesto de técnico de integración social en el Centro de Acogida de Inmigrantes de Cruz Roja y, posteriormente, a realizar unas prácticas de atención jurídica, asilo, refugio e inmigración en la misma ONG.

A partir de 2021 ha pasado por diferentes bufetes de abogados en la capital española, en los que ha sobresaltado su papel como experta en inmigración e integración social. Hasta que finalmente logró tener su propio despacho privado especializado en Derecho de Extranjería, Nacionalidad Española y Derecho de Familia en Madrid.

La investigación comenzó tras detectarse, durante los últimos años, la comisión de hurtos en joyerías de toda España con un “modus operandi” muy característico. Una pareja de mujeres accedía al establecimiento joyero y se interesaba por diversos productos, momento en el que el empleado les exponía los productos, normalmente en mantas de joyería.

En ese momento, con “una habilidad extraordinaria y aprovechando el descuido del trabajador al no poder prestar atención a tanto producto”. según describe la Policía, sustraían una de las mantas oculta en algún pañuelo o bolso, abandonando el establecimiento con total tranquilidad y sin despertar sospechas.

Actuaban como “fantasmas”

Tras un exhaustivo análisis de casos similares de los últimos años, los agentes detectaron un hurto similar, cometido en el año 2012 en Zaragoza, en el que se detuvo a una ciudadana italiana con unas características físicas que coincidían plenamente con una de las autoras de los hechos más recientes.

Con ese dato, los agentes abrieron un canal permanente de cooperación policial con la Polizia di Stato de Italia y, gracias al intercambio de información ente ambos Cuerpos, se tuvo conocimiento que actualmente esa mujer formaba parte de un peligroso grupo criminal especializado en la comisión de robos en joyerías por toda Europa.

A partir de ese momento, el objetivo de la investigación fue localizar y detener a los integrantes del grupo criminal. Sin embargo, esto se convirtió en un verdadero reto, porque los autores actuaban como auténticos “fantasmas”, sin dejar ningún rastro.

En las joyerías, durante los hurtos, evitaban manipular o tocar objetos para no dejar huellas y empleaban prendas a modo de disfraz para dificultar o evitar su identificación. Tampoco se registraban en hoteles y cambiaban de vehículo y de teléfono en cada viaje a España desde Italia, haciendo campañas delictivas de 4 o 5 días.

Para ello recorrían cientos de kilómetros hasta llegar a la localidad donde se encontraba la joyería objeto del delito y, tras perpetrar el mismo, recorrían nuevamente largas distancias hasta llegar a la ciudad seleccionada para pernoctar. Esta práctica perseguía una única finalidad, evitar que se les relacionase con el hecho criminal.

21 robos por toda España

Analizada la información facilitada por Italia, los investigadores descubrieron un dato de especial interés: cada vez que se producía un hurto en una joyería, en una localidad situada a una distancia de entre 100 y 400 kilómetros del lugar de las comisión delictiva, se hospedaba un ciudadano italiano que podría ser uno de los consortes de la principal investigada.

Con el análisis de esta nueva información, los agentes fueron detectando nuevos hechos delictivos cometidos por los investigados y se emitió una Orden Europea de Investigación para que, por parte de las autoridades italianas, se procediera a la localización de los investigados en aquel país.

Finalmente, el pasado día 30 de marzo, se detectó la presencia en España de los cuatro investigados con la clara intención de perpetrar nuevos hechos delictivos. Los agentes pusieron en marcha un dispositivo y, al día siguiente, se logró la detención de todos ellos en Palencia. Entre sus pertenencias, los detenidos portaban prendas de las utilizadas durante la comisión de los delitos precedentes así como 4.000 euros en efectivo. Además se realizó una diligencia de entrada y registro en el domicilio de uno de los principales encartados en Italia.

De esta manera, los agentes han podido constatar la presunta implicación de los detenidos en 21 hechos delictivos por toda la geografía española, alguno de ellos cometido hace diez años. Concretamente se han esclarecido hechos cometidos en diferentes localidades de Asturias, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Almería, Albacete, Badajoz, Alicante, Sevilla, Castellón y Granada.

Una turista en Vero Beach, Florida, ha rescatado del océano a un hombre que se encontraba en peligro sin imaginar que, minutos después, la policía lo identificaría como el principal sospechoso de un doble homicidio ocurrido esa misma mañana.

La salvadora, conocida como Belinda, ha contado al medio estadounidense WPBF 25 News que escuchó unos gritos débiles y no dudó en lanzarse al agua. “Escuché un débil ‘auxilio, auxilio’ y vi a alguien que parecía estar en apuros”. Según su testimonio, al llegar hasta él, le indicó: “Ponte de espaldas y deja que las olas te lleven, tú puedes, vamos”. El hombre, visiblemente agotado, logró salir a la orilla y le confesó que jamás se había alejado tanto de la costa. También le dijo que pensaba “tomarse unas largas vacaciones” y repitió: “Estoy agotado, estoy cansado”.

La escena tuvo lugar el pasado 24 de marzo, poco después de que la policía recibiera el aviso de un tiroteo mortal en un estacionamiento de la ciudad. Las víctimas, una mujer y su pareja, murieron en el acto. El jefe policial calificó el hecho como un “crimen pasional”.

La policía llegó a la playa después del rescate. Tras identificar al hombre como Jesse Ellis, vio que era el sospechoso del asesinato de su exmujer, Stacie Mason, y de Danny Ooley, con quien tenía una relación. Ambos eran empleados del departamento de obras públicas del condado de Indian River. Pero Ellis logró huir antes de que los agentes pudieran detenerlo.

“No podía dejarlo en el agua”

La protagonista de este insólito episodio aseguró que no tenía conocimiento de la identidad ni de la posible implicación criminal del hombre a quien ayudó. En declaraciones al medio estadounidense, insistió: “No podía dejarlo en el agua, pasara lo que pasara”. Cuando se le preguntó si habría actuado diferente de saber la verdad en ese momento, admitió que sí: habría alertado a la policía de inmediato tras el rescate.

La policía continúa su búsqueda y ha exhortado a la población a que se comunique con el 911 ante cualquier pista sobre el paradero de Jesse Ellis.

Los investigadores han divulgado una foto de Ellis que lo muestra antes de que saliera de su residencia y antes de que ocurriera el tiroteo. Dicen que la ropa que llevaba puesta fue encontrada mojada dentro de su vehículo. “Es un poco frustrante porque, como saben, tenemos órdenes de arresto pendientes por homicidio en primer grado. Pero solo queremos encontrarlo para que haya cierre para la familia, para nosotros y para la comunidad”, ha dicho a la prensa local el jefe de policía, David Currey.

Las autoridades han añadido que el suceso en la playa se ha tratado probablemente de un intento de suicidio, lo que también puede explicar las dificultades para dar con su paradero actual. “Estaba la posibilidad de que estuviera dispuesto a hacerse daño, así que ahí es donde las pruebas más o menos apuntan. Así que, hasta que tengamos a alguien, no sabemos si está muerto o vivo”, ha añadido el jefe de policía.

Un hombre de 60 años ha fallecido este sábado tras sufrir una caída por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz, en el municipio de Corduente (Guadalajara). El accidente se produjo poco después de las 15:00 horas y obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias en esta zona natural del Parque Natural del Alto Tajo.

La alerta fue recibida por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que movilizó a los equipos de intervención y confirmó posteriormente el fallecimiento a Europa Press. Según la información disponible, el hombre se precipitó por la escalera que da acceso al mirador del santuario.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos forestales y los bomberos del parque de Molina de Aragón, que llevaron a cabo las labores de acceso y recuperación del cuerpo en una zona de difícil orografía. El operativo se completó con la intervención de una UVI móvil, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar la muerte del hombre en el mismo lugar del suceso.

Una zona rocosa y con desnivel

El mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz se encuentra en un enclave natural de valor paisajístico, encajado entre formaciones rocosas que conforman el estrecho del río Gallo. Se trata de uno de los puntos más visitados de la comarca del Señorío de Molina-Alto Tajo, tanto por senderistas como por turistas, atraídos por las vistas del cañón y por la singular ubicación del santuario, integrado en la propia roca.

El acceso al mirador se realiza a través de escaleras y senderos adaptados al relieve del terreno, con tramos de fuerte desnivel, superficies irregulares y pasos estrechos que obligan a extremar la precaución. Aunque el recorrido está acondicionado para visitantes, la configuración del entorno y la proximidad de cortados naturales incrementan el riesgo.

Por el momento, las fuentes oficiales no han informado de más detalles sobre las circunstancias del suceso ni han precisado si había testigos en el momento de la caída. Tampoco han trascendido datos sobre la identidad del fallecido, más allá de su edad.

Otras caídas en miradores turísticos

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, se enmarca dentro de las caídas registradas en miradores y otros puntos elevados de interés turístico. Un ejemplo se produjo en Segovia hace justo un año, el 12 de abril de 2025, cuando un turista británico de 63 años falleció tras precipitarse desde el mirador del Acueducto.

Según las primeras hipótesis difundidas entonces y recogidas por El País, el hombre se habría sentado en el pretil del mirador y, por causas que se investigaban, habría perdido el equilibrio, cayendo al vacío. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias, junto a la Policía Local y la Policía Nacional, aunque los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar su fallecimiento.

Este tipo de sucesos, aunque aislados, vuelve a poner el foco en la seguridad de los miradores y espacios naturales de gran afluencia turística, donde la combinación de desniveles, superficies irregulares y concentración de visitantes puede incrementar el riesgo de accidentes.

Un ciclista de unos 50 años falleció este jueves tras precipitarse desde una altura de dos metros mientras recorría un circuito en Arenas de San Pedro (Ávila), de acuerdo con la información del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El rescate tuvo lugar en una zona de difícil acceso, lo que obligó a movilizar el helicóptero de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, entre ellos una enfermera, según el reporte del Centro Coordinador de Emergencias. La llamada de alerta se recibió a las 12.08 horas y el equipo sanitario indicó al alertante los pasos a seguir hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La unidad medicalizada de emergencias (UME) aguardó junto a la pista de autoescuela de Arenas, cerca del campo de fútbol, establecido como punto de encuentro para el traspaso del paciente, conforme a la coordinación del 112.

Tras acceder en grúa al lugar del accidente, los rescatadores emplearon material de reanimación e hicieron la evacuación en grúa doble con camilla y cardiocompresor. El herido fue trasladado en helicóptero hasta el punto de transferencia mediado, donde el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento. El incidente fue comunicado también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Arenas de San Pedro, según notificó el Centro de Emergencias 112.

Otros accidentes de ciclistas

El accidente se suma a otro ocurrido el mes pasado, cuando un ciclista de 42 años, natural de Muskiz (Vizcaya), falleció tras una colisión frontal con un coche mientras descendía en el Alto de las Muñecas, en Cantabria. El accidente se produjo cuando el deportista invadió el carril contrario y chocó con un vehículo que circulaba en sentido opuesto.

La carretera en la que tuvo lugar el accidente se caracteriza por fuertes pendientes y numerosas curvas, lo que incrementa el riesgo de incidentes, especialmente cuando ciclistas y vehículos comparten espacio.

*Con información de Europa Press

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de una niña de siete años en Merksem, Amberes (Bélgica), ha conmocionado al vecindario y a la comunidad educativa local. Según recoge Het Laatste Nieuws (HLN), Stefanie, una niña autista y con discapacidad auditiva, salió de casa durante una breve ausencia de su madre. La familia, consciente de la situación de la menor, solía mantener la puerta cerrada con llave. Ese día, sin embargo, una ventana de la planta baja quedó abierta, lo que facilitó que Stefanie pudiera salir al exterior.

Ocurrió el martes por la tarde. Al regresar, la madre notó que su hija ya no estaba en casa. Inmediatamente, familiares y allegados empezaron a buscarla por el barrio. La búsqueda se prolongó cerca de cuarenta minutos, hasta que, al no obtener resultados, decidieron avisar a la policía alrededor de las nueve de la noche. Los agentes desplegaron un operativo de búsqueda a gran escala, recorriendo las calles y solicitando la colaboración de vecinos que contaban con cámaras de vigilancia en sus viviendas. La preocupación crecía en el entorno al ver el despliegue policial y la movilización de la comunidad.

Un vecino vio a la niña salir por la ventana

Francisca, una vecina, relató a HLN que “alrededor de la medianoche, la policía llamó a mi puerta. Me preguntaron si había visto a la hija de los vecinos. Explicaron que un residente la había visto salir por una ventana antes de alejarse corriendo calle abajo. Saltando, con un móvil en la mano. Ahí me di cuenta de que algo grave ocurría. Fui enseguida a ver a la madre”. El recorrido que separa la vivienda familiar del canal Albert es corto; según la vecina, “dos veces a la izquierda y ya estás. Caminando se tarda unos diez minutos”.

Las cámaras de seguridad del entorno permitieron reconstruir los últimos movimientos de la menor. En las imágenes, Stefanie aparece cayendo al agua del canal Albert. La hipótesis principal es la de un accidente mientras exploraba la zona. Su hermano Joel explicó en el lugar donde fue hallado el cuerpo: “Stefanie era una niña muy tranquila, para nada traviesa. Le encantaba el agua, probablemente por eso salió caminando en esa dirección”.

La búsqueda concluyó el miércoles antes del mediodía, cuando el cuerpo de la niña fue localizado en el canal, cerca de un puente. Hasta allí se desplazaron el laboratorio forense y el médico forense, además de equipos especializados de atención a víctimas y la organización Child Focus para acompañar a la familia. La portavoz de la fiscalía de Amberes, Kato Belmans, señaló que no existen indicios de que se haya producido ninguna acción dolosa y que todo apunta a un accidente.

La noticia ha generado impacto en el barrio, donde la familia era conocida por sus esfuerzos para proteger a la menor. Francisca expresó su pesar en declaraciones recogidas por HLN: “Me parece muy triste que una vecina viera a un niño salir por la ventana sin reaccionar. Tocar el timbre de la madre, decirle algo... ¿Quizás eso podría haber evitado la tragedia?”.

Dos septuagenarios trasladados al hospital con heridas leves

En el interior del automóvil viajaba un matrimonio de nacionalidad española, ambos septuagenarios. La información facilitada indica que varios testigos que se encontraban en el lugar pudieron acercarse hasta el vehículo y prestar los primeros auxilios a la pareja, logrando sacarla del habitáculo antes de la llegada de los servicios de emergencia. Tanto el conductor, de 72 años de edad, como su acompañante presentaban contusiones y heridas leves. Tras la intervención inicial de los testigos, el personal sanitario del Samur se hizo cargo de la atención y trasladó a ambos afectados al Hospital Fundación Jiménez Díaz para una evaluación más detallada.

La respuesta de los equipos de emergencia fue inmediata. Dotaciones de Bomberos de Madrid acudieron al aparcamiento para asegurar la zona y proceder a la retirada del vehículo siniestrado. La posición en la que quedó el coche, volcado y apoyado contra una pared en la rampa de la planta inferior, complicó especialmente la operación. Según fuentes de Emergencias Madrid, la maniobra de extracción resultó “muy laboriosa” y fue necesaria la utilización de maquinaria específica para minimizar los riesgos tanto para los profesionales como para las estructuras del aparcamiento. Además de la retirada del vehículo, se llevaron a cabo tareas de saneamiento de la zona, incluyendo la retirada de escombros y materiales desprendidos a raíz del impacto.

La Policía Municipal también estuvo presente en la plaza de Olavide, encargándose de coordinar el tráfico en los alrededores y de iniciar las diligencias para esclarecer el origen del accidente. Como medida preventiva y para permitir el trabajo de los equipos de emergencia, el túnel de Olavide permaneció cerrado durante cerca de tres horas. Durante este tiempo, el acceso al aparcamiento quedó restringido: no se permitió la entrada de nuevos vehículos, aunque sí se facilitó la salida de aquellos que ya se encontraban en el interior en el momento del siniestro. Una vez completadas las tareas de retirada y limpieza, la circulación y el funcionamiento del aparcamiento se restablecieron aproximadamente a las 23:00 horas.

En cuanto a las causas del accidente, todavía no se dispone de información concluyente. La Policía Municipal continúa investigando los hechos y no se descarta ninguna hipótesis en esta fase inicial. Los primeros indicios apuntan a un fallo en el control del vehículo cuando este se disponía a abandonar el aparcamiento, aunque serán las investigaciones en curso las que determinen las circunstancias exactas que rodearon el suceso. La rápida actuación de los testigos y de los servicios de emergencia permitió evitar consecuencias más graves y recuperar la normalidad en la zona una vez concluidas las labores de intervención.

El Tribunal de lo Penal de Créteil, en Francia, ha dictado la pena máxima, una sentencia de reclusión criminal perpetua, para Youness E., hallado culpable de asesinar a sus tres hijas en la localidad de Alfortville.

El caso se resolvió tras tres días de audiencias marcadas por el dolor y la tensión. El debate central no giró en torno a la autoría ni al método, sobre los que no había dudas, sino que se enfocó en las razones que llevaron al padre a asesinar a sus hijas, de entre cuatro y 11 años, en noviembre de 2023. Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar, cuando el padre apuñaló y asfixió a sus tres hijas.

El tribunal escuchó dos explicaciones contrapuestas sobre el móvil del crimen. La fiscal y la madre de las víctimas sostuvieron la hipótesis de la violencia vicaria, apuntando a un acto de venganza contra la madre por la separación inminente de la pareja. “Atacó a mis hijas para atacarme a mí. Sabía perfectamente que mis hijas eran mi punto débil”, testificó la madre, en declaraciones recogidas por el medio local ActuParis. La abogada de la mujer reforzó ese argumento: “Lo único que puede herirla es hacer daño a sus hijos. Hacerle daño a ella. Matarla por dentro”, afirmó ante el jurado.

Desde la defensa, el abogado de Youness E. ofreció un punto de vista distinto. Basándose en los informes psiquiátricos, describió el ataque como un “suicidio altruista”. El defensor explicó: “Es una actitud personal, egótica, suicida, proyectada sobre sus propios hijos, marcada por un síndrome ansioso-depresivo”.

“Se trata de alguien depresivo, suicida”

La defensa reconstruyó la biografía del acusado para buscar en su historia personal las claves del acto. “Estaba siempre estresado, se excedía en la educación de los hijos. La comida, la ropa... Todo eso era central, incluso obsesivo para él”, relató el abogado. El punto de quiebre, según su versión, fue su encarcelamiento preventivo en 2021 tras una denuncia por violencia conyugal. “A partir de ese momento, todo cambia. No se trata de una persona frágil, sino de alguien depresivo, suicida”.

Al salir de su encarcelamiento, todo empeora rápidamente. El acusado piensa que su esposa se va a volver a casar. No es así. El día de los hechos, intercambia mensajes con la madre, proponiéndole una vez más reconciliarse. Ella no responde al principio, y cuando lo hace, es desde un número de teléfono que él no conoce. Fue entonces cuando perdió el control: “Cuando les quita la vida a sus hijas, no es un castigo, es un desbordamiento, una voluntad de acabar porque es demasiado duro”, argumentó el penalista.

Antes de escuchar la sentencia, Youness E. se dirigió al tribunal y a los presentes: “Pido perdón a todos. Voy a vivir con mi culpabilidad toda mi vida”. La frase quedó resonando en la sala, justo antes de que los jurados lo sentenciaran a la reclusión perpetua. La sentencia establece un periodo de seguridad de 22 años, tras el cual el acusado podrá pedir la libertad condicional Para entonces, como dijo su abogado, “será un anciano”.

Siete personas han sido detenidas en la localidad de Nules, en Castellón, como integrantes de una red que, según la Guardia Civil, se dedicaba a la trata de seres humanos para su explotación laboral, manteniendo a 80 migrantes en condiciones de semiesclavitud. La operación, denominada ‘Balarama’, ha permitido liberar a las víctimas y desmantelar el entramado delictivo.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, las víctimas, en su mayoría hombres procedentes de países como Nepal, Pakistán o Senegal habían sido captadas mediante falsas ofertas de empleo que prometían “condiciones laborales atractivas en España, con salarios dignos, alojamiento y manutención”. Una vez en España, las personas liberadas acumulaban una deuda impuesta por la propia red y vivían hacinadas en viviendas sin agua ni luz, sometidas a jornadas laborales de hasta 13 horas diarias, sin contrato ni documentación, y con salarios inexistentes o simbólicos.

La investigación ha confirmado que la organización criminal operaba de forma jerarquizada, abarcando desde la captación en los países de origen —a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y contactos directos— hasta la explotación en el sector agrícola en distintas comarcas de Castellón y Valencia. Las víctimas, controladas bajo amenazas, coacciones y agresiones, trabajaban principalmente en la recolección agrícola, en un clima de miedo que limitaba cualquier tentativa de huir, según ha detallado la Guardia Civil.

Cómo operaba la organización

Las condiciones de vida impuestas a los trabajadores eran extremas: los 80 migrantes rescatados convivían en cuatro viviendas propiedad del matrimonio identificado como cabecilla del entramado. Estos domicilios, localizados en Nules, no cumplían requisitos mínimos de habitabilidad y, en muchas ocasiones, carecían de luz y agua potable.

La deuda generada por el viaje y el alojamiento —organizados por la propia red— se descontaba de la supuesta remuneración, que resultaba meramente simbólica. Las víctimas, de veinte a treinta y cinco años, no disponían de ningún documento que regularizara su estancia ni de contrato laboral. Según la Guardia Civil, además de la explotación laboral, la organización dirigida por el matrimonio de origen pakistaní utilizaba empresas y estructuras legales para ocultar parte de la actividad e intentar beneficiarse del impago de salarios y de la elusión de sus deberes con la Seguridad Social.

Durante la operación, tras meses de investigación coordinada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón y la Fiscalía Provincial, junto a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios. Siete personas han sido arrestadas; dos de ellas han ingresado en prisión por decisión judicial, mientras que las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, ha precisado la Guardia Civil en sus comunicados intermedios.

El grupo delictivo extendía su actividad por las comarcas de la Plana Baixa y L’alt Palancia (Castellón), así como por el Camp de Morvedre, Camp de Túria y l’Horta Nord (Valencia). La coordinación con entidades sociales, incluyendo Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, ha garantizado la atención a los migrantes liberados, proporcionando asistencia y protección.

*Con información de EFE y Europa Press

David llegó en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde falleció por la noche a consecuencia de las heridas. Tras la detención de Julio, la Guardia Civil investiga ahora las causas del crimen y busca el arma homicida, que aún no ha sido localizada, según explicó ayer el programa de Telecinco El Tiempo Justo.

Varios residentes de la localidad han relatado supuestos episodios previos de comportamientos conflictivos por parte del detenido. Según ha señalado El Periódico de España, el presunto asesino habría escondido en la plaza en la que se ubica el Ayuntamiento varios papeles con mensajes. Tras el homenaje celebrado el viernes a mediodía, un niño se habría acercado a un extremo de la plaza y explicado que allí Julio había guardado las notas.

“No quiero ser una carga, no quiero hacerle daño a mis amigos y que vuelvan a gritarme así”, se leía en uno de las notas que presuntamente habría escrito y escondido el hombre de 23 años. “Mi creador exige una sola gracia por tu parte. Si no estás dispuesto a concederme el amor, voy a permitirme desatar la ira”, se observa en otro de los mensajes. Sin embargo, por el momento no se ha confirmado que estos papeles fuesen verdaderamente escritos por el presunto asesino del menor, por lo que se continúa desconociendo la motivación del crimen.

El detenido aseguró haber sufrido un brote psicótico

Los hechos ocurrieron en torno a las 19:45 horas del jueves. El 112 de la Comunidad de Madrid recibió la alerta de la agresión y los servicios sanitarios se desplazaron hasta el lugar para atender al menor, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y había sufrido heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Pese a que los sanitarios consiguieron revertir la parada y estabilizar al niño de 11 años, que fue trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, David falleció durante la noche.

El presunto agresor huyó del lugar y horas más tarde se presentó en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles junto a un familiar, que aseguró que el hombre de 23 años había sufrido un brote psicótico, según han publicado medios como El País. Allí, Julio fue detenido.

Según han señalado los vecinos de la localidad e incluso la familia del presunto agresor, su trastorno hacía que tuviese un comportamiento infantil, por lo que solía relacionarse con niños. Personas del entorno han explicado que Julio y David habían coincidido en varias ocasiones, pero que no mantenían una relación de amistad.

Según han destacado en El Tiempo Justo, el agresor llevaba una vida solitaria y, en los días previos al suceso, presuntamente habría mostrado comportamientos inusuales.

El tribunal de Heilbronn, en el oeste de Alemania, analiza estos días un caso poco común: la utilización de dobles para aprobar el examen de conducir en nombre de otros candidatos. Las autoridades describen una trama marcada por el uso de “parecidos físicos, pelucas y maquillaje” por parte de varias personas que recurrieron a estos recursos para engañar al sistema.

Detrás de este fraude, cinco hombres, entre ellos dos instructores de autoescuela, que hoy enfrentan cargos en los tribunales. Según la investigación, publicada estos días por la prensa alemana, ellos “eran responsables de detectar posibles clientes”, que, en su mayoría, tuvieran dificultades con el idioma alemán o sufrieran de nerviosismo extremo ante la prueba. A continuación, les ofrecían conseguirles ‘suplentes’ que se hicieran pasar por ellos para presentarse al examen en su lugar a cambio de dinero.

El funcionamiento del esquema era meticuloso. Tres cómplices “se encargaban de reclutar a los reemplazos”, seleccionando a quienes pudieran hacerse pasar por los verdaderos aspirantes. Algunos de estos suplantadores, indica la investigación policial, llegaron a presentarse hasta a “ocho exámenes en un solo día”, desplazándose cientos de kilómetros para cumplir con cada encargo.

En total, se estima que esta red logró 180.000 euros en dos años y medio con esta práctica, cobrando entre 2.000 y 6.000 euros a cada cliente. La magnitud del fraude se refleja en el número de beneficiados: “Más de un millar de personas habrían obtenido su carné de conducir de manera fraudulenta”, sostiene la acusación.

El engaño salió a la luz cuando un evaluador reconoció a un falso candidato que intentaba aprobar el examen por “trigésimo primera vez”. A partir de ese momento, las autoridades pudieron rastrear el alcance de la operación, que podría involucrar a otros grupos similares en diferentes regiones del país. El sistema de fraude permitía a los aspirantes obtener el carné “sin estrés ni esfuerzo”, delegando la presión y el reto a especialistas en suplantación. La sofisticación del método, que incluía caracterizaciones y desplazamientos estratégicos, desafía los controles habituales de las autoridades de tráfico.

Ahora, la audiencia en Heilbronn busca esclarecer el grado de responsabilidad de cada acusado y la extensión del daño causado a la credibilidad del sistema de licencias.

Gafas inteligentes para copiar

Este no es el único caso reciente de fraude relacionado con el examen para sacarse el carnet de conducir. En España, un aspirante acaba de ser ‘pillado’ usando gafas inteligentes para copiar durante el examen teórico en La Rioja, de acuerdo con lo comunicado por la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil. Se trata de la primera vez en España que una persona es interceptada con este tipo de tecnología en pruebas oficiales para el carnet de conducir.

La Guardia Civil destacó que la aparición de estos dispositivos supone un cambio en los sistemas de vigilancia y en las estrategias policiales aplicadas en los exámenes para conductores. Hasta ahora, los intentos de fraude habían involucrado teléfonos móviles o auriculares ocultos, pero el uso de gafas inteligentes representa un avance considerable en los métodos de copia.

El contacto era directo. A los jugadores les aseguraba que podía facilitar “tanto su incorporación a esos equipos como la obtención de documentación necesaria para su permanencia en el país”, según el comunicado compartido por las autoridades. La primera incluía un club profesional y, con el tiempo, acceder a contratos.

Sin embargo, no era gratis. Para realizar estas gestiones, el detenido pedía una suma cercana a los 3.000 euros. Muchos de los jóvenes, de escasos recursos, asumían dicho coste recurriendo a los préstamos familiares o personales en su país de origen.

Los primeros pasos de la estafa

Para dar apariencia de veracidad, el detenido enviaba a las víctimas documentos denominados “compromisos de invitación”, supuestamente emitidos por clubes españoles. En ellos se indicaba la incorporación del jugador al primer equipo durante un periodo de tres meses, así como la asunción de los gastos de estancia por parte de la entidad.

Sin embargo, la investigación policial ha confirmado posteriormente, junto a responsables de distintos clubes, que dichos documentos eran falsos. Ninguna de las entidades deportivas reconocía su emisión.

Con esos papeles, el siguiente paso era preparar el viaje. El investigado proporcionaba los billetes de avión y orientaba a los jugadores sobre cómo actuar en los controles fronterizos. Debían declarar que viajaban a España por motivos deportivos y mostrar la documentación falsa junto con imágenes de su actividad como futbolistas.

La llegada a Madrid

Una vez en España, el propio detenido recogía a los jugadores en el aeropuerto de Madrid. Allí les hacía firmar contratos de representación mediante los cuales se reservaba un 10% de los ingresos futuros en caso de lograr un contrato profesional.

Después, los trasladaba a clubes de categorías inferiores para llevar a cabo pruebas deportivas. La realidad, sin embargo, se alejaba de lo prometido: los jóvenes quedaban lejos de los equipos de élite que se les habían ofrecido inicialmente.

En ciertos casos, los clubes proporcionaban alojamiento y manutención de forma temporal durante el periodo de pruebas. Sin embargo, esa ayuda era limitada y dependía exclusivamente de la duración de dichas pruebas deportivas.

El final del proceso

Al concluir las pruebas, los jugadores no podían tramitar las licencias federativas necesarias para continuar vinculados a los clubes. Sin esa documentación, se veían obligados a abandonar las instalaciones deportivas.

En ese momento, el detenido los trasladaba a hostales y cortaba el contacto. Según la investigación, varias víctimas quedaron “en situación de desamparo, sin recursos económicos ni apoyo”. Algunas llegaron a dormir en la calle al no contar con alternativas inmediatas.

La investigación

El caso se abrió tras la denuncia de dos testigos que alertaron a la Policía Nacional sobre posibles irregularidades en la captación de jóvenes futbolistas. A partir de esa información, los agentes identificaron al menos seis víctimas que describieron un mismo patrón de actuación.

Las investigaciones apuntan también a que el método podría haberse repetido con jugadores destinados a otros países europeos, como Italia, con un esquema similar de captación y traslado. El detenido ha sido arrestado en Madrid y está acusado de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Un autobús privado de turistas que circulaba por la carretera GM-2 de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) se ha precipitado por una ladera, dejando al menos un fallecido y 20 heridos, algunos de ellos graves, según ha adelantado Cadena Ser.

El siniestro se ha producido sobre las 13:15 horas en la carretera GM-2, a la altura del kilómetro 4,5, a la salida de San Sebastián de La Gomera, en las inmediaciones del vertedero. Por el momento, se desconoce la magnitud exacta del accidente.

La última actualización del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirma el fallecimiento de un hombre a consecuencia del siniestro, además de tres heridos de carácter grave y once con lesiones de carácter moderado.

En el vehículo siniestrado viajaban 27 pasajeros británicos a bordo, ha informado la empresa de transporte Gomera Tours. De ellos, 24 eran adultos, tres menores y el chófer, según ha confirmado RTVE. El autobús turístico se desplazaba desde la localidad de Playa de Santiago, en Alajeró, hacia San Sebastián de La Gomera, donde los ocupantes tenían previsto tomar el barco con destino a Tenerife.

La Guardia Civil baraja un fallo en el sistema de frenado como principal hipótesis del accidente, según ha indicado el director insular de la Administración General del Estado, Juan Luis Navarro, en declaraciones recogidas por Efe. El conductor intentó mantener el control tras detectar una posible avería, aunque el autobús acabó precipitándose por la ladera. El vehículo llegó a frenarse parcialmente antes de salirse de la vía, lo que evitó consecuencias aún más graves.

Los servicios de emergencias se encuentran en el lugar

Según ha informado el 112 de Canarias en redes sociales, en el lugar trabajan efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), la Guardia Civil, Protección Civil y personal de Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera.

Asimismo, el Servicio de Urgencias Canario ha movilizado hasta la zona un helicóptero medicalizado, tres ambulancias (dos de soporte vital avanzado), además de equipo médico del centro de salud, personal de enfermería de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera y dos ambulancias de transporte sanitario no urgente.

El siniestro se ha saldado con el fallecimiento de un hombre a consecuencia del accidente. Además, dos hombres de 73 y 42 años presentan politraumatismos de carácter grave y han sido evacuados en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El resto de los heridos, hasta un total de 25, ha sido trasladado al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera, donde dos de ellos permanecen en estado grave.

“Mi apoyo a las víctimas y a sus familias”, ha expresado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter). Por su parte, el Cabildo de La Gomera ha establecido medidas de regulación del tráfico en la carretera insular GM-2 tras este grave accidente, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Un accidente similar hace menos de un año

Hace menos de un año, a escasos metros del lugar del siniestro, en el kilómetro 3 de la carretera GM-2, ya se registró otro accidente de características similares, en el que falleció una mujer de 73 años y otras once personas resultaron heridas de diversa consideración.

En aquel suceso, ocurrido en mayo de 2025, un autobús de transporte regular que cubría la ruta entre Alajeró y San Sebastián de La Gomera volcó y se salió de la vía tras precipitarse desde varios metros de altura. Según la agencia Efe, los heridos fueron evacuados al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, mientras que el marido de la fallecida recibió atención psicológica.

El asesinato de David, un niño de 11 años, en el centro cultural La Despernada de Villanueva de la Cañada ha conmocionado a toda la Comunidad de Madrid. El suceso tuvo lugar el jueves 9 de abril, alrededor de las 19:45 horas, cuando un joven de 23 años, con autismo de grado 3 y origen peruano, presuntamente le asestó varias puñaladas en los baños del centro cultural.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el menor se encontraba en estado crítico y fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital 12 de Octubre. Allí ingresó en parada cardiorrespiratoria y presentaba heridas graves en tórax, cuello y espalda. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

El presunto agresor fue detenido por la Guardia Civil tras un operativo de búsqueda. Mientras, la investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias, ha informado Efe. El arma utilizada aún no ha sido localizada, ya que el detenido habría declarado no recordar dónde la arrojó, según el programa de Telecinco El Tiempo Justo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada decretó un día de luto oficial, con banderas a media asta en todos los edificios municipales, y convocó este viernes un minuto de silencio en la Plaza de España. La institución expresó su “más profundo pésame” a la familia de la víctima.

El detenido se relacionaba habitualmente con menores

El menor se encontraba en una clase de inglés en el centro cultural La Despernada de la localidad cuando se dirigió a los servicios, donde habría sido presuntamente abordado por su agresor, quien le asestó varias puñaladas antes de huir del lugar, según ha detallado Efe. Vecinos y personas del entorno señalan además que ambos habrían coincidido en ocasiones anteriores, aunque no mantenían una relación de amistad.

Algunos residentes han relatado supuestos episodios previos de comportamientos conflictivos por parte del detenido, incluyendo enfrentamientos con otros menores, según ha recogido El Mundo. Estas versiones también apuntan a una actitud descrita por algunos testigos como infantil o engañosa, ya que, presuntamente, el joven se presentaba ante niños y padres como si fuera menor de edad.

Por su parte, según ha confirmado la madre del detenido en declaraciones a TVE, su hijo presenta autismo de grado 3 y ha explicado al reportero que él solía relacionarse con menores porque “su cerebro es el de un niño”. Posteriormente, se ha dirigido a la madre de David para pedirle perdón entre lágrimas.

Asimismo, según el programa El Tiempo Justo, el agresor llevaba una vida solitaria, aunque era visto paseando a sus perros, y se relacionaba con frecuencia con menores. En los días previos al suceso, habría mostrado comportamientos inusuales.

Durante el minuto de silencio celebrado en la Plaza de España, decenas de vecinos, representantes institucionales y miembros de las fuerzas de seguridad se concentraron en señal de duelo. Amigos y allegados depositaron flores, velas y objetos personales en memoria de David, descrito por su entorno como un niño muy querido, buen estudiante y aficionado al fútbol, según El Mundo.

La investigación continúa abierta

La Guardia Civil mantiene activas las diligencias para esclarecer el móvil del crimen y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. El detenido fue arrestado tras un operativo de búsqueda desplegado en la zona. Y, de acuerdo con El País, el joven habría sido trasladado a un centro psiquiátrico en Móstoles, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El arma presuntamente utilizada aún no ha sido localizada. Según el mismo programa televisivo, el detenido habría declarado no recordar dónde la arrojó tras el ataque, lo que dificulta por el momento su recuperación. La Guardia Civil continúa con la búsqueda mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.

La tragedia ha sacudido a la localidad italiana de Pennabilli, cerca de Rimini, al norte del país. Matteo Brandimarti, un niño de 12 años, ha fallecido después de quedar atrapado por el sistema de succión de un jacuzzi en un hotel durante las vacaciones de Semana Santa.

El suceso ocurrió en la mañana del Domingo de Pascua. Tras quedar atrapado durante varios minutos bajo el agua, el niño tuvo un paro cardíaco que le provocó daños cerebrales que, días más tarde, llevaron a la declaración de muerte cerebral del menor.

“Sus órganos serán donados”, ha anunciado el abogado de la familia, Umberto Gramenzi, en declaraciones recogidas por La Republica.

Un accidente en cuestión de minutos

Matteo se encontraba con su familia, procedente de San Benedetto del Tronto, disfrutando de la zona de spa del hotel cuando ocurrió el accidente.

El niño se sumergió en una bañera de hidromasaje de aproximadamente un metro de profundidad y “fue succionado por una de las boquillas conectadas a la bomba de alimentación, quedando atrapado por la pierna”, informaron las autoridades.

Durante “segundos, quizás minutos”, el menor permaneció atrapado bajo el agua sin poder respirar. En total, Matteo estuvo sumergido cerca de cinco minutos.

Reanimación y traslado crítico

El personal del hotel apagó de inmediato el sistema de hidromasaje, lo que permitió liberar al menor. Sin embargo, cuando fue sacado del agua, se encontraba inconsciente y sin pulso.

Los servicios de emergencia iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar. “Los paramédicos tuvieron que realizar varias maniobras para que el corazón del niño volviera a latir”, señalan las fuentes. Después de ello, fue trasladado al hospital en un helicóptero de emergencia al Hospital Infermi de Rimini, donde ingresó en cuidados intensivos.

Sin embargo, tras tres días ingresado, “fue declarado con muerte cerebral y se inició el procedimiento médico que finalmente llevó a la desconexión de los aparatos que lo mantenían con vida”, ha explicado el letrado Umberto Gramenzi.

De muerte accidental a homicidio involuntario

Tras el fallecimiento, la Fiscalía de Rimini ha elevado la causa de lesiones graves a homicidio involuntario, con el objetivo de esclarecer posibles responsabilidades. Los investigadores han acordonado el spa y la piscina, que permanecen clausurados, mientras analizan el sistema de succión del jacuzzi, su mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Entre los aspectos clave se encuentran:

• La existencia de rejillas de protección en las boquillas
• El funcionamiento de los sistemas de apagado automático
• El estado general del sistema de bombeo

“La Fiscalía está evaluando los próximos pasos de la investigación. Es posible que se le practique una autopsia al cuerpo del niño”, indicaron fuentes judiciales. Además, el servicio de Seguridad y Prevención Laboral (Spresal) ha presentado un informe técnico centrado en “la presencia o ausencia de redes metálicas en los sifones de hidromasaje”.

No obstante, la investigación dependerá de lo que revele la autopsia de Matteo, aún pendiente.

La decisión de sus padres

Según fuentes de la investigación, “la pierna del niño quedó libre tras varios segundos, quizás minutos, durante los cuales el pequeño no pudo respirar, y después de que la bomba de succión central se hubiera apagado por completo”.

En medio del dolor, los padres del menor, Maurizio y Nicoletta, han tomado la decisión que ha conmovido a la opinión pública: autorizar la donación de los órganos de su hijo.

Dos pilotos de un avión de entrenamiento de la fuerza aérea francesa han resultado heridos tras estrellarse en los Alpes de Alta Provenza durante una maniobra matutina, según ha informado el Ministerio de las Fuerzas Armadas. El siniestro se produjo cerca de la montaña Lure, en las inmediaciones de la localidad de Saint-Étienne-les-Orgues, en una zona deshabitada, mientras practicaban vuelos a baja altitud.

La aeronave, un Cirrus SR-20 monomotor destinado a la formación inicial de pilotos, ha caído a tierra alrededor de las 9:30 horas. Tanto el instructor como el alumno, pertenecientes a la base aérea de Salon-de-Provence, han sido atendidos de inmediato y trasladados a centros hospitalarios cercanos.

“La tripulación, que estaba consciente, fue trasladada a los hospitales más cercanos para su evacuación”, según ha declarado el Ministerio y recogido el medio La Dépêche du Midi. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Investigación sobre las causas del accidente

La Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Estatal (BEA-E) ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente. Paralelamente, la Gendarmería Aérea y Espacial también desarrolla pesquisas en la zona del suceso, con el apoyo del grupo de gendarmería de Alpes de Alta Provenza.

Cuando se produce un accidente de este tipo, ambas entidades colaboran para analizar tanto los factores técnicos como los humanos y ambientales que pudieron influir en el desenlace. El objetivo es determinar el origen exacto del incidente y, si es necesario, adoptar medidas para evitar que se repita.

Asimismo, los vuelos de entrenamiento a baja altitud forman parte esencial de la preparación de pilotos militares. Estas maniobras permiten mejorar la precisión, la navegación visual y la capacidad de reacción en entornos complejos, donde el margen de error es reducido.

A esas alturas, los pilotos deben gestionar con rapidez factores como el relieve, las condiciones meteorológicas y posibles incidencias técnicas, lo que incrementa la exigencia operativa y requiere un alto nivel de concentración y preparación.

Un avión diseñado para la formación

El Cirrus SR-20 es un avión monomotor de fabricación estadounidense ampliamente utilizado en la formación inicial de pilotos, tanto en el ámbito civil como militar. Diseñado para ser manejable y versátil, puede transportar hasta cuatro o cinco ocupantes, según Aeromaster Group.

Este tipo de aeronaves está concebidas para facilitar el aprendizaje en condiciones controladas, permitiendo a los alumnos familiarizarse con maniobras básicas y situaciones reales de vuelo antes de pasar a modelos más complejos.

Además, el SR-20 cuenta con aviónica digital moderna y sistemas automatizados de asistencia al piloto, lo que contribuye a mejorar la seguridad durante las fases de instrucción. El ejército francés cuenta actualmente con unas 25 unidades de este modelo destinadas a la formación básica de sus pilotos.

Este accidente se produce en el marco de las actividades habituales de instrucción de la Fuerza Aérea y Espacial francesa, que incluyen entrenamientos regulares para garantizar la preparación operativa de sus pilotos. Por el momento, las autoridades no han informado de incidencias adicionales mientras continúan las investigaciones.

Una madre de 36 años fue arrestada recientemente en Saint-Louis, en el Alto Rin francés, tras ser descubierta cultivando cannabis en la habitación de su hijo de dos años. La noticia, difundida por los medios franceses La Dépêche e Ici, generó preocupación sobre los riesgos a los que pueden verse expuestos los menores cuando los adultos incumplen sus obligaciones parentales. La denuncia que desencadenó la intervención policial partió de la expareja de la acusada, quien se alarmó al conocer la situación en la que vivía el niño.

Cuando la policía acudió al domicilio, encontró varias plantas de cannabis no solo en la estancia del pequeño, sino distribuidas por todo el apartamento. La mujer, de nacionalidad italiana, reaccionó con hostilidad ante la presencia de los agentes. Según el reporte de La Dépêche, llegó a morder gravemente a una de las agentes en la pantorrilla y el brazo durante el operativo, lo que agravó notablemente su situación legal y evidenció un comportamiento violento y poco colaborador.

Tras la intervención, la madre fue puesta a disposición de la fiscalía de Mulhouse, que ordenó su ingreso en prisión preventiva. Se la acusa de posesión y consumo de estupefacientes, resistencia a la autoridad, agresión a funcionario público y falta de cumplimiento de sus deberes parentales. El menor quedó bajo la custodia de su padre mientras se resolvía la situación judicial de la madre. El caso ha reabierto el debate sobre la protección de la infancia y la responsabilidad penal de los adultos en el entorno familiar.

Consecuencias legales y protección del menor

La madre se enfrenta a cargos que pueden implicar hasta tres años de prisión y una multa de 45.000 euros por la agresión a la agente, además de las penas específicas por posesión y consumo de sustancias prohibidas y resistencia a la autoridad. Los delitos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones parentales suelen ser especialmente graves cuando la conducta pone en riesgo directo el bienestar de un menor, como ocurrió en este caso. La decisión de poner al niño bajo la custodia de su padre responde a la necesidad de garantizar su seguridad y estabilidad mientras avanza el proceso judicial.

Para las autoridades francesas, intervenir en situaciones donde los niños quedan expuestos a ambientes peligrosos es prioritario. La actuación rápida tras la denuncia permite evitar daños mayores y proporciona una vía para que los menores puedan recibir la protección adecuada. El caso sirve de recordatorio sobre la importancia de la vigilancia social y la colaboración de familiares y allegados para detectar y denunciar situaciones de riesgo.

Qué hacer ante un caso similar y cómo proteger a los menores

En situaciones donde se sospecha que un niño puede estar en peligro por el comportamiento de sus padres o tutores, lo fundamental es actuar sin demora. La denuncia a las autoridades es el primer paso para activar los protocolos de protección infantil. Organismos sociales y policiales pueden intervenir para evaluar el entorno y tomar medidas que garanticen la seguridad del menor.

Es recomendable que cualquier persona que detecte señales de riesgo, como exposición a sustancias ilegales o conductas violentas en el hogar, no dude en comunicar la situación. El objetivo es siempre priorizar el bienestar de los niños, asegurando que crezcan en un entorno seguro y libre de amenazas. La colaboración ciudadana, junto a la actuación decidida de las fuerzas de seguridad y la justicia, resulta clave para prevenir situaciones similares y proteger a los más vulnerables.

Un hombre de 48 años ingresó en un hospital público de Galicia para tratar una pancreatitis y terminó sufriendo una de las peores consecuencias imaginables: la tetraplejia. El paciente llamado Agapito recibió la inyección de un medicamento al que era alérgico, lo que desencadenó un shock anafiláctico, una parada cardiorrespiratoria y un daño cerebral irreversible. Desde ese momento, su vida y la de su familia cambiaron por completo.

El fármaco administrado fue, presuntamente, metamizol, comercializado como Nolotil. La alergia de Agapito constaba en su historial médico, pero aun así se le suministró el medicamento, según informa la agencia EFE. Tras el incidente, solo puede mover los ojos y la boca, sin poder hablar ni manifestar molestias. Se alimenta a través de una sonda gástrica y presenta una discapacidad del 100 %. Para costear los cuidados que necesitará durante el resto de su vida, su familia reclama una indemnización de 1,4 millones de euros a la aseguradora del Servicio Gallego de Salud (Sergas).

La demanda fue presentada por su hijo, Francisco Daniel, quien sostiene que la situación es resultado de una negligencia médica. Considera que la administración del medicamento fue un error evitable, ya que la alergia de su padre estaba documentada y había provocado un episodio previo. Francisco Daniel busca garantizar las terapias y la atención necesarias para mejorar la calidad de vida de Agapito, convencido de que lo sucedido era evitable revisando correctamente la historia clínica.

El proceso judicial y el debate de la indemnización

El caso llegó a los tribunales mediante una demanda civil interpuesta en Madrid, con la que la familia de Agapito exige una compensación económica que cubra sus necesidades vitales. La documentación aportada incluye la historia médica, donde aparece la alergia al metamizol, y la hoja de administración de medicamentos, en la que la palabra metamizol figura manuscrita y tachada. Los informes de la UCI mencionan la “posible administración accidental de metamizol”.

La demanda fue redactada por el despacho Bley Abogados, especializado en casos de negligencia sanitaria. En sus argumentos, consideran clara la relación entre la administración del fármaco y el daño sufrido, apoyándose en el informe de un perito. El objetivo es obtener recursos suficientes para terapias especializadas y cuidados a largo plazo, ya que los profesionales consultados calculan una esperanza de vida de 26 años para Agapito.

Por su parte, la aseguradora Relyens, que cubre al Sergas, no discute la existencia de la negligencia, pero sí la cuantía de la indemnización. Propone reducir la compensación a 206.488 euros, alegando que la expectativa de vida de Agapito es mucho menor, solo cinco años, debido a antecedentes médicos y complicaciones previas como infecciones. La familia rechaza estos argumentos y denuncia que la aseguradora no realizó una valoración adecuada, ni tuvo en cuenta los avances obtenidos con las terapias actuales.

Las consecuencias personales y la denuncia pública

El shock anafiláctico dejó a Agapito totalmente dependiente. Solo puede comunicarse a través de movimientos oculares y sutiles gestos faciales. La rehabilitación y los tratamientos adicionales son financiados por su familia, ya que la residencia donde vive actualmente no se adapta a sus necesidades específicas. Perdió su plaza en una unidad de neurorrehabilitación tras un episodio de fiebre, lo que agravó la dificultad para recibir atención adecuada.

Francisco Daniel, su hijo, ha iniciado una campaña de microfinanciación en redes sociales bajo el nombre luchandopormilsonrisasdemipapa para recaudar fondos y compartir los avances de Agapito. Visita a su padre a diario y le lleva a sus nietas, una de las cuales nació mientras Agapito permanecía ingresado tras el incidente. Recuerda cómo antes del ingreso su padre podía caminar y jugar al fútbol, mientras que ahora comprende todo lo que sucede a su alrededor, pero no puede comunicarse ni moverse.

Además de la reclamación judicial, la familia denuncia una situación de “abandono social total”. Francisco Daniel asegura que el propio Sergas reconoce lo ocurrido, pero lamenta la falta de protocolos adecuados para personas con daño cerebral adquirido. Subraya que revisar las alergias de un paciente debería ser una medida elemental y denuncia que la vida de su familia quedó destrozada a raíz de un error evitable.

Daniel Campos y su esposa vivían uno de los momentos más felices de su matrimonio cuando el 4 de noviembre de 2019 nació su hijo, Isaac. Sin embargo, apenas 20 días después, aquella felicidad se convirtió en dolor: el bebé falleció.

La pareja enfrentó depresión, problemas de salud y una creciente presión económica. Ambos dejaron sus trabajos y pausaron sus estudios universitarios. Pero, cuando intentaron regresar a sus puestos, ya no era posible. Ya estaban ocupados, a pesar de las promesas de sus jefes.

“Me dolió separarme de ella y no apoyarla, especialmente porque esto pasó durante las fiestas de fin de año y fue muy difícil ver a nuestras familias con sus hijos”, ha recordado Daniel del momento en el que intentó regresar a trabajar en Navidad.

El límite de la ley

En Estados Unidos, la Family and Medical Leave Act (FMLA) permite tomar hasta 12 semanas de licencia por emergencia o asuntos familiares, pero sin pago y con varias restricciones. Por ejemplo, solo aplica en empresas con más de 50 empleados.

“Tener acceso a FMLA o haber sabido más sobre FMLA podría haber resultado en un escenario muy distinto”, ha admitido Daniel. No obstante, ha reconocido que aun con la ley, “no tener acceso a ingresos es una carga”, ha sentenciado en CNN.

El problema es especialmente grave para los hispanos: alrededor de cinco millones de pequeñas empresas hispanas tienen un promedio de ocho empleados, lo que las excluye de la protección federal.

Transformar el dolor en acción

Hoy, Daniel trabaja como organizador comunitario en Georgia, buscando mejorar los beneficios de licencias pagadas para empleados de pequeñas empresas y trabajadoras a tiempo parcial. Su propuesta busca que empleadores y Estado contribuyan a un fondo que permita cubrir ausencias por emergencias familiares.

“Sería una modalidad donde el trabajador y la empresa contribuyen para tener una reserva que cubra una potencial ausencia por una emergencia familiar”, ha explicado.

Actualmente, 13 estados y Washington D.C. tienen leyes similares: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island y Washington.

No obstante, Georgia, liderada por republicanos, aún tiene opciones muy limitadas. La ley aprobada el año pasado solo cubre licencias de seis semanas para algunos empleados estatales.

Retos y un mensaje a la comunidad

El proyecto de Daniel enfrenta desafíos: muchos empleadores desconocen los beneficios de la licencia pagada y temen que su implementación afecte a pequeños negocios. Por ello, su propósito es explicar la iniciativa en todos los rincones.

Aunque no logró aprobar la ley en su última sesión legislativa, Daniel sigue manteniendo la esperanza. Su objetivo es que los trabajadores tengan acceso a licencias pagadas en momentos de emergencia y que su experiencia sirva de ejemplo.

España: más protección, pero con diferencias

En España, la legislación laboral contempla permisos más amplios que en Estados Unidos para el cuidado familiar tras el nacimiento de un hijo. La baja por maternidad es de 16 semanas, con seis obligatorias tras el parto, y está remunerada a través de la Seguridad Social.

Además, existen permisos retribuidos para atender emergencias familiares, como hasta cinco días al año por enfermedad grave de un familiar o conviviente, y otros cuatro días por causas urgentes e imprevistas.

Sin embargo, el sistema también tiene sus límites. Algunas medidas dependen del tipo de contrato o cotización previa, y solo algunas situaciones, como duelos o crisis familiares prolongadas, cuentan con coberturas específicas equivalentes a la licencia que propone Daniel.

Una semana antes de pasar a la historia, Jan Pope ya lo sabía. La fotógrafa submarina y buceadora experimentada había explorado una zona remota de la Gran Barrera de Coral de Australia, a horas de la costa de Cairns, y algo en lo que vio no la dejaba en paz.

Regresó con su hija, Sophie Kalkowski-Pope, coordinadora de operaciones marinas de la organización Citizens of the Reef, y con equipo de medición. Lo que encontraron fue superior a cualquier expectativa.

“Cuando nos metimos en el agua, inmediatamente reconocí la importancia de lo que estábamos viendo”, dijo la hija. La colonia que tenían ante sus ojos es hoy la mayor colonia de coral documentada y cartografiada del mundo.

Nadando tres minutos para cubrirlo entero

La estructura, de la especie Pavona clavus y con una forma característica en “J”, abarca unos 3.973 metros cuadrados y alcanza los 111 metros de longitud. “Tuve que grabar un vídeo de tres minutos nadando de un lado a otro”, señaló Kalkowski-Pope en un comunicado de la organización.

El tamaño se verificó combinando mediciones subacuáticas manuales con imágenes de alta resolución tomadas desde plataformas en la superficie del agua. Con todos estos datos, los investigadores han creado un modelo espacial en tres dimensiones que permitirá hacer un seguimiento de la colonia a lo largo del tiempo.

Según los expertos, la estructura se originó probablemente a partir de un único pólipo. El hallazgo supera además el récord anterior: un coral masivo encontrado en las islas Salomón en 2024, y Citiziens of the Reef lo sitúan “entre las estructuras coralinas más significativas registradas en la Gran Barrera de Coral”.

Ubicación secreta

Para proteger la colonia de cualquier impacto humano no deseado, la ubicación exacta del coral no ha sido publicada. Solo se sabe que se encuentra en una zona remota, a unas horas de la costa de Cairns. La propia organización ha justificado la decisión con el objetivo de “reducir el riesgo de impactos no deseados”.

Los científicos han descubierto que el sitio experimenta fuertes corrientes de marea y una baja exposición a ciclones tropicales en comparación con muchas otras partes del arrecife. Según el comunicado de Citizens of the Reef, estas condiciones “habrían creado un entorno mucho más estable para su crecimiento en comparación con otras áreas del arrecife”. Los investigadores examinan ahora si estos factores explican el desarrollo excepcional de la colonia.

El descubrimiento llega en un momento crítico para los ecosistemas marinos. Más del 80% de los grandes arrecifes oceánicos están afectados por un blanqueamiento global en curso desde 2023, provocando temperaturas de récord.

En estos procesos, los corales pierden las algas que viven en su interior y que les sirven de alimento, lo que suele resultar letal.

En este contexto, el Pavona clavus es conocido por su capacidad para formar colonias grandes y resistentes. “Nunca pensamos, cuando salimos a inspeccionar nuestros arrecifes locales, que descubriríamos el coral más grande documentado en la Gran Barrera de Coral y, muy posiblemente, el coral más grande del mundo”, escribió la hija.

Desde mediados de marzo, cerca de 150 hogares permanecen sin acceso a internet ni al teléfono fijo después de que un incendio destruyera un contenedor de basura. Al principio, los residentes pensaban que llevaría unos pocos días volver a tener el servicio, pero la situación se ha prolongado demasiado, incluso pudiendo llegar hasta mayo.

El suceso ocurrió en los alrededores de la rue de la Barre, cerca de Barbacane, en Cahors (sur de Francia). La noche del 11 al 12 de marzo, cuando un contenedor en llamas calcinó el armario de distribución, dejando incomunicados a los vecinos. “Se quemó por completo y desde entonces no hemos podido recuperarlo”, ha confirmado un residente de la zona al medio La Déspêche.

No obstante, la magnitud de los daños explica la lentitud de las reparaciones. Nicolas Tissot, director de relaciones con las autoridades locales de Orange en la región, ha detallado que “hoy no estamos reparando, sino rehabilitando la zona”. “Los cables se han derretido, tenemos que retirar los existentes, reconstruir la base e instalar hormigón nuevo para luego reinstalar el armario de distribución. Después, cada operador tiene que reconectar a sus clientes”.

La burocracia, otro lastre

Y a la complejidad técnica se suman los trámites administrativos. Las fechas de restablecimiento se han aplazado sucesivamente. Primero se prometió para mediados de marzo, luego para el 17 de abril y ahora se apunta a finales de ese mes o incluso a mayo.

“Estamos reinstalando todo desde cero. Aún quedan tres semanas, así que podría haber una interrupción total del servicio de entre un mes y medio y dos meses”, ha advertido Tissot.

Además, el responsable de Orange ha admitido que se trata de un proceso excepcional. “Llevo tres años en este puesto y este es el primer armario de distribución que se incendia. Si esto ocurriera con frecuencia, estaríamos equipados de otra manera”. Es más, no fue posible implementar ninguna otra solución provisional debido a los cables fundidos.

“Estamos atascados”

Los residentes sienten que la espera es insoportable. Dany y Michel Huisman, de 82 y 81 años, han visto cómo su vida cotidiana se trastoca completamente. “En todas las conversaciones que hemos tenido, la gente al teléfono dice: ‘Me encargaré de su caso, le llamaré’. Pero nunca sabemos qué pasó”, ha señalado la pareja. “Así que ahora la situación se está volviendo realmente terrible”, han añadido.

Y los problemas van más allá de la falta de Internet. Los trámites administrativos bloqueados, la televisión sin señal y la comunicación limitada con los familiares. “Todavía tenemos tías ancianas que solo usan el teléfono fijo y ya no pueden llamarnos”, ha dicho Dany. “El pequeño punto de acceso 4G que conseguimos prestado no funciona muy bien. Estamos prácticamente atascados”, ha lamentado.

Colaboración y organización como se pueda

Por el momento, los vecinos intentan organizarse como buenamente pueden. Algunos han improvisado soluciones para trabajar a distancia, mientras que otros han compartido su conexión. Sin embargo, la sensación predominante sigue siendo la de abandono y la compensación económica anunciada por Orange (un descuento en la mensualidad de unos 60 euros) no parece aliviar el malestar.

“No se trata de dinero”, ha sentenciado Dany. Sin una fecha firme y sin soluciones a la vista, los residentes tendrán que seguir esperando para recuperar algo tan cotidiano como una llamada de teléfono.

Fue una desaparición inquietante, en una familia aparentemente estable y en una comunidad donde “prácticamente todo el mundo se conoce”. Pero a medida que avanzaba la investigación, el caso fue recorriendo caminos inesperados, descubriendo tensiones en casa, relaciones controvertidas y un rastro digital que lo cambiaría todo.

El caso que más desconcertó a los investigadores no fue solo la violencia del crimen, sino quién podría estar detrás de él y por qué. Los hechos se remontan a 2004, en Craig, Alaska, un pequeño pueblo de unos 1.400 habitantes. Allí fue hallada una furgoneta calcinada en un parque forestal. En su interior estaban los restos de Lauri Waterman, de 48 años.

“El incendio fue provocado intencionadamente y no fue un accidente de ningún tipo. Fue un asesinato”, aseguró el exagente estatal Robert Claus en el documental Fatal Frontier: Evil In Alaska.

Una familia bajo la lupa

Lauri era conocida en la comunidad. Trabajaba como auxiliar de educación especial y participaba activamente en las organizaciones locales. Su desaparición había sido denunciada un día antes por su marido, Carl “Doc” Warterman, quien pronto quedó descartado como sospechoso.

La investigación entonces apuntaba a su hija, Rachelle Waterman, de 16 años. No obstante, su perfil no encajaba: estudiante aplicada, deportista y participante en las actividades escolares. Nadie sabía lo que se escondía detrás de la fachada. Titulado Mi Vida de Mierda, el blog de Rachelle se convirtió en la pieza clave.

En sus publicaciones diarias describía una convivencia tensa con su madre. “Bueno, estoy castigada”, escribió en junio de 2004. “Anoche mi madre se volvió loca conmigo. Incluso me tiró por las escaleras”. En otro mensaje decía: “Si me enfadan, mueren”.

Para su defensa en el juicio, esos textos eran desahogos propios de la edad. “Las cosas o son muy buenas, o son muy, muy malas”, afirmó su abogado, Steven Wells.

El caso tuvo una dimensión poco habitual: el uso de un blog personal como prueba de asesinato. Cinco días después del crimen, escribió: “Solo quiero que todos lo sepáis, mi madre ha sido asesinada. No podré conectarme porque la policía se ha llevado mi ordenador”.

En ese momento, la atención se desvió hacia su entorno. La adolescente mantenía relación con Jason Arrant y Brian Radel, ambos mayores que ella. “Todo lo que era mío era de Jason, y todo lo que era de Jason era mío; si Jason me pedía algo, se lo haría”, llegó a decir el segundo.

Según la investigación, los relatos de Rachelle sobre conflictos familiares fueron interpretados por ambos como señales de peligro. “Hay abusos, la vida de Rachelle corre peligro”, afirmó Arrant.

La planificación del crimen

El plan no surgió de manera repentina. Hubo un primer intento fallido, cuando Radel esperó armado a la madre a la salida del instituto, pero no pudo armar el ataque. “Rachelle dijo: ‘¡Espera, espera, ¿qué?! ¡No, no, no hagas esto!’”, relató su abogado sobre ese episodio.

Finalmente, el crimen se consumó el 13 de noviembre, cuando la joven y su padre estaban fuera. Según la reconstrucción judicial, Radel entró en la vivienda, secuestró a Lauri y la obligó a beber vino. Después la trasladó en su propio vehículo hasta una zona aislada. “Planeaban simular un accidente de tráfico por conducir ebria”, admitió Radel. Al no conseguirlo, la asfixió y posteriormente incendiaron la furgoneta.

Un cazador alertó a las autoridades al ver humo al día siguiente.

El papel de Rachelle

Durante el juicio, Arrant declaró que la adolescente había llegado a decir que “sería mejor si su madre ya no estuviera” o “si estuviera muerta”.

No obstante, Rachelle sostuvo que recordó “haber dicho algo así como: ‘No, no lo hagas’”, afirmó en su interrogatorio. En otro momento, entre lágrimas, insistió: “¡Tenía miedo!" Los investigadores concluyeron que conocía el plan y no lo impidió.

Sentencia

Brian Radel se declaró culpable y fue condenado a 99 años de prisión, mientras que Jason Arrant recibió una pena de 50.

El caso de Rachelle fue distinto. Un primer juicio no alcanzó veredicto. En 2011 fue declarada culpable de homicidio por negligencia criminal y condenada a tres años de prisión. "No parecía que rindiera cuentas por lo que ideó y provocó”, expresó Victoria Merritt, amiga de la familia, en el documental.

Lo que iba a ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños terminó en una auténtica pesadilla por un error en la detención de un pasajero durante una escala en Sicilia.

El hombre, de 44 años y procedente de Toulouse, había organizado un crucero por el Mediterráneo junto a su esposa, sus tres hijos pequeños y trece familiares más.

El grupo embarcó en Marsella el 1 de marzo con un itinerario que incluía Barcelona y Túnez. “El plan era sencillo: sol y mar”, pero lo ocurrido el 5 de marzo en Palermo “no figuraba en ningún plan”, ha explicado al medio francés La Déspêche.

Detenido en el camarote

La mañana de la escala en Sicilia, el hombre desayunó con su familia. Mientras ellos salieron a ver la ciudad, él regresó al camarote, donde encontró a varios agentes de la policía esperándole. “Pregunté qué sucedía y, tras comprobar mi identidad, un comisario me informó de que estaba detenido”, ha relatado.

Los agentes le mostraron una orden judicial emitida en 2019 por un caso de posesión de drogas de 2014. El sospechoso buscado era un hombre franco-tunecino con el mismo nombre, apellido y fecha de nacimiento.

El hombre intentó aclarar la situación, diciendo que había nacido en Villeneuve-sur-Lot (sur de Francia), y que era francés de origen argelino, mientras que la persona que los agentes buscaban había nacido en París. Sin embargo, sus explicaciones no bastaron.

Registro y traslado a comisaría

La policía registró el camarote y poco después le sometió a un registro corporal completo. “Me pidieron que me inclinara hacia adelante y tosiera”, ha recordado.

Posteriormente, fue esposado y sacado del barco a la vista de otros pasajeros. Fue trasladado a la comisaría del puerto, donde comenzó una larga espera marcada por la incertidumbre y la dificultad de comunicarse.

“Los vi comparando nuestras fotos y hablando entre ellos. El intérprete no traducía todo y no entendía lo que decían”, ha señalado. Y en un momento dado, los agentes le pidieron que llamara a su esposa para comunicarle que sería llevado a prisión. “Fue entonces cuando me derrumbé”, ha confesado.

Sin asistencia médica y legal

El hombre padece narcolepsia con cataplejía severa. Durante su detención sufrió un ataque. Según su testimonio, no tuvo acceso ni a un médico ni a un abogado durante esas horas.

Fue trasladado a la unidad de ciencias forenses, donde le tomaron las huellas dactilares y palmares. Ese análisis pudo confirmar, a media tarde, que se trataba de un error de identidad.

Tras siete horas detenido, le retiraron las esposas y quedó en libertad. Incluso, los agentes se ofrecieron a pagarle una cena por el error.

Sin explicaciones y cambio de ruta

De vuelta en el barco, el hombre aseguró que no recibió explicaciones claras ni apoyo por parte de la compañía de cruceros. El viaje continuó, aunque sin realizar la escala prevista en Túnez. El pasajero atribuye este cambio al temor de las autoridades italianas de que el verdadero sospechoso pudiera abandonar el barco en territorio europeo.

Cuando regresó a casa, fue hospitalizado debido al empeoramiento de sus problemas neurológicos. Desde entonces, ha contactado con el operador turístico, la compañía de cruceros y las autoridades italianas para solicitar explicaciones y obtener el reconocimiento del perjuicio sufrido. Por el momento, no ha obtenido ninguna explicación.

Terni es una pequeña ciudad de la región italiana de Umbría, con apenas 112.735 habitantes; suele ser un territorio tranquilo. No obstante, esta noche los servicios de emergencia han puesto sus calles patas arriba para buscar a un anciano de 88 años que se escapó de la residencia de ancianos de Via Antiochia. Según han confirmado las autoridades a La Nazione, el hombre logró salir por una ventana y desaparecer por el centro de la localidad.

La voz de alarma se dio en torno a las 22:00 horas, cuando el personal del centro detectó la ausencia del anciano, minutos después de la fuga. Gracias a la rápida respuesta y a la amplia operación de búsqueda en la que participaron bomberos, los carabinieri y personal sanitario, lograron dar con el hombre.

¿Cómo encontraron al jubilado de 88 años?

Al parecer, como ha relatado PerugiaToday, los primeros indicios apuntaron a que el anciano había trepado por una de las ventanas, a pesar de las limitaciones propias que presenta el hombre a su edad. La alarma movilizó de inmediato a los equipos de emergencia de Terni. Pero la búsqueda no fue sencilla, ni rápida.

Y es que los rescatistas se recorrieron, en primer lugar, el área circundante a la residencia. Concretamente, el operativo se montó en la zona entre el edificio y el colegio de secundaria ‘De Filis’, localizadas ambas en la misma calle. Después de tres horas de búsqueda, alrededor de la 1:00 de la madrugada, un equipo de bomberos de la central eléctrica de Terni halló al anciano, quien se había escondido entre el albergue y la escuela, no muy lejos del punto de fuga.

Inmediatamente, el hombre fue entregado a los paramédicos del servicio del 118, quienes evaluaron su estado de salud en el lugar, tal y como ha podido saber La Nazione. Del mismo modo, la presencia de los carabinieri garantizó la seguridad del operativo y la coordinación con el personal sanitario.

Otro hombre rescatado tras salir a por espárragos

El caso del anciano de 88 años ha pasado apenas unas semanas después de que otro hombre, de 71, fue localizado sano y salvo por los bomberos tras desaparecer el pasado domingo 22 de marzo en la zona boscosa entre Narni y Cigliano. El jubilado, que padecía problemas neurológicos, había salido solo después de comer para buscar espárragos, una actividad que realizaba habitualmente. Al no regresar a la hora de la cena, su familia alertó a las autoridades, lo que dio inicio a una intensa operación de búsqueda.

En este caso, acudieron los carabinieri, el equipo de bomberos de Terni y personal sanitario, aunque también se desplazaron hasta el lugar algunos voluntarios de Protección Civil, que participaron activamente en el operativo. La búsqueda concluyó poco después de las 21:25 horas, cuando los bomberos encontraron al hombre en buen estado de salud en el bosque. Los sanitarios lo atendieron en el lugar tras su localización. En definitiva, la colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad y los servicios sanitarios fue clave para el desenlace favorable de la búsqueda.

Una mujer de 89 años resultó herida tras ser atropellada por su propio coche en Brioude, una localidad de la región de Auvernia-Ródano-Alpes (Francia). El incidente tuvo lugar el lunes 6 de abril, poco antes del mediodía, en la rue des Côtes de Beaumont. La situación movilizó rápidamente a los bomberos locales, que acudieron al lugar del suceso para asistir a la víctima y al mismo tiempo al verdugo.

Según la reconstrucción de los hechos que ha publicado el medio francés de L’ Eveil de la Haute-Loire, la mujer había aparcado su vehículo en una calle con pendiente. Tras detener el motor, parece que accionó incorrectamente el freno de mano, lo que permitió que el coche, de alrededor de una tonelada de peso, comenzara a desplazarse cuesta abajo.

Al percatarse del movimiento, la conductora intentó frenar el vehículo empujándolo, pero el esfuerzo resultó insuficiente. Durante el intento, la mujer cayó al arcén y fue atropellada en la pierna por su propio automóvil, que finalmente se detuvo al chocar contra el bordillo. La víctima sufrió una lesión en la espinilla y fue trasladada al hospital de la ciudad para recibir atención médica por el dolor.

Detalles del accidente y atención a la víctima

La rápida respuesta de los bomberos permitió que la mujer recibiera asistencia en el lugar antes de ser trasladada. Aunque el accidente pudo haber tenido consecuencias más graves, la lesión se limitó a la pierna. La situación pone de relieve los riesgos asociados a estacionar vehículos en pendientes, especialmente cuando no se asegura correctamente el freno de mano. Las autoridades insisten en la importancia de comprobar siempre que el freno está bien colocado y, en lo posible, dejar una marcha engranada para evitar desplazamientos involuntarios del automóvil.

El incidente en Brioude es un recordatorio de las medidas de precaución necesarias al estacionar en calles inclinadas. El peso del vehículo y la fuerza de la pendiente pueden superar la capacidad física de una persona para detenerlo si el freno de mano no cumple su función. Especialmente en personas mayores, la reacción ante una situación de emergencia puede verse limitada, aumentando el riesgo de lesiones.

Además, este tipo de accidentes subraya la conveniencia de incorporar sistemas automáticos de seguridad en los vehículos durante la tercera edad, como el freno de estacionamiento eléctrico o alertas de pendientes, que ya están presentes en muchos modelos recientes. Estas tecnologías pueden ser especialmente útiles para conductores mayores, ya que reducen el margen de error humano y contribuyen a evitar situaciones de riesgo en el día a día.

Los servicios de emergencia recomiendan a los conductores, sin importar la edad, verificar siempre el correcto funcionamiento del freno de mano y considerar el uso de calzos en ruedas cuando se aparca en pendientes pronunciadas. También es aconsejable mantener la calma y no intentar detener un vehículo en movimiento, ya que el peligro de lesiones es alto. La mujer de Brioude se recupera en el hospital tras el accidente, que pudo haberse convertido en una tragedia de mayores dimensiones.

Cuando nació, su hijo fue su pequeño milagro. “Un niño encantador, siempre contemplativo, admirando el mundo que lo rodeaba como un pequeño Buda”, ha explicado su madre, SLM. Amaba leer, sobre todo “historias de monstruos escondidos debajo de la cama, de lobos devorando niños pequeños”.

Pero, alrededor de los nueve o diez años, algo cambió. El niño dejó de leer, dormía cada vez peor y sonreía menos. “Una especie de tristeza emanaba en él”, ha contado su madre en una carta al director al medio francés Ouest France. Los psicólogos a quienes consultaron atribuían estos cambios a la adolescencia. “Es solo angustia adolescente, nada más”, ha recordado que le decían.

Con el tiempo aparecieron los problemas con el alcohol, pero no en contextos sociales. “No bebía en las fiestas ni en eventos sociales, sino solo, demasiado, en exceso”. Cuando le preguntaba por qué, él respondía que quería dormir, “dejar de pensar”. La familia interpretó que estos comportamientos eran consecuencia de la separación de sus padres. Sin rastro de la causa real de su sufrimiento.

La llamada del colegio

EL punto de inflexión llegó una tarde de marzo. La madre recibió una llamada del responsable de orientación del centro escolar diciendo que su hijo se había quedado dormido en clase y que costaba despertarle. “Dice que tomó algún medicamento”, le informaron.

Cuando ella llegó, tuvo que esperar. Lo que escuchó después, según ha descrito, “cae como una guillotina”. Fue entonces cuando su hijo le confesó lo que había callado durante 10 años: “Fui violado cuando tenía siete años. No recuerdo quién ni dónde. Llevaba zapatillas deportivas de color beige”. La madre ha recordado ese detalle como “el único vínculo que lo conecta con la realidad”.

“No vimos nada. No sentimos nada”, ha escrito. “Siempre le habíamos dicho que nos avisara si alguien quería hacerle daño o le estaba haciendo. Pero nada. Ni una palabra. Solo diez años después”, ha contado.

La madre sitúa los hechos en espacios cotidianos de la infancia: “Las ferias escolares o los carnavales. Bataban cinco o diez minutos, el tiempo que se tardaba en ir al baño”. “Mi hijo dejó de creer en los monstruos de sus libros porque conoció a uno”, ha concluido.

El 24% de las víctimas de agresión sexual, menores

Los datos en España sobre la libertad sexual muestran la magnitud del problema de los abusos sexuales en la infancia. Según el último informe del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 22.846 denuncias por delitos contra la libertad sexual, donde el 41% de las víctimas eran menores de 18 años y la mayoría mujeres y niñas. Entre los varones, el 24% de las víctimas son niños y la mayoría de las agresiones ocurren antes de los 13 años.

La mayoría de los agresores son hombres (93%) y en más de tres cuartas partes de los casos no hay vínculo conocido entre víctima y agresor (74,56%). La vivienda es el escenario más frecuente (47%), seguido de las vías de comunicación (19,38 %), instalaciones (12,37 %), establecimientos (10,73 %), espacios abiertos (5,97 %) y medios de transporte (2,13 %), y los delitos aumentan en verano y principios de otoño.

Lo que debería haber sido un fin de semana de relax finalizando la Semana Santa se ha convertido en una auténtica pesadilla para una familia. Su hijo de 12 años se encuentra hospitalizado en estado crítico tras quedar atrapado por el sistema de succión de un jacuzzi en un hotel de Pennabili, cerca de Rimini, al norte de Italia.

El accidente ocurrió durante la mañana del Domingo de Pascua, mientras el menor estaba jugando en la zona del spa con su familia, originaria de San Benedetto del Tronto (provincia de Ascoli Piceno). Habían bajado al área de bienestar del hotel para disfrutar de un jacuzzi de aproximadamente un metro de profundidad.

Según los informes a los que ha tenido acceso La Repubblica, el niño, mientras buceaba en el agua, fue succionado por una de las boquillas conectadas a la bomba de alimentación, quedando atrapado por la pierna.

El personal del hotel apagó de inmediato el sistema de hidromasaje. Sin embargo, al rescatar al menor, ya estaba inconsciente y sin pulso, habiendo permanecido bajo el agua varios minutos, lo que provocó el paro cardíaco.

Reanimación y traslado

Acto seguido, el personal del hotel inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. El niño fue trasladado en helicóptero al Hospital Infermi de Rimini, donde ingresó en cuidados intensivos. Su estado, por el momento, se mantiene crítico, y los médicos han señalado que el pronóstico sigue siendo reservado.

Investigación y medidas de seguridad

Los Carabinieri de Novafeltria se desplazaron al hotel para inspeccionar las instalaciones, mientras expertos de la Autoridad Sanitaria Local de Rimini colaboran en la investigación. La Fiscalía de Rimini abrió un expediente por lesiones graves, con el objetivo de determinar si el jacuzzi contaba con todos los dispositivos de seguridad necesarios, incluyendo sistemas de apagado automático en caso de averías del sistema de succión.

Mientras tanto, el spa y la piscina permanecen cerrados a la espera de que se analicen las circunstancias que han podido ocasionar el accidente y se evalúen los posibles fallos técnicos o incumplimientos de las normas de seguridad.

La investigación se centrará en examinar la mecánica del jacuzzi, el funcionamiento de los sistemas de bombeo y la supervisión del personal del hotel en el momento del accidente.

Real Decreto 742/2013, sobre criterios sanitarios de piscinas

Los jacuzzis y spas en hoteles son espacios que ofrecen múltiples beneficios para la salud física y mental. Sumergirse en agua caliente ayuda a relajar los músculos, mejorar la circulación sanguínea y aliviar el estrés. Además, el contacto con el agua y los chorros de hidromasaje favorece la coordinación motriz y foratalece el sistema cardiovascular.

Sin embargo, su uso inadecuado puede conllevar riesgos, de entre los más comunes, como infecciones de la piel, respiratorias o gastrointestinales, resbalones, caídas e incluso ahogamientos. Por ello, es fundamental respetar las normas de uso, supervisar siempre a los niños y mantener correctamente la instalación.

La regulación de jacuzzis y spas en hoteles en España se articula principalmente a través del Real Decreto 742/2013, que establece los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, incluyendo instalaciones de hidromasaje de uso colectivo. Este decreto fija parámetros de calidad del agua, control de desinfección, filtración y seguridad estructural, y obliga a los titulares de las instalaciones a implementar protocolos de autocontrol y mantenimiento, así como a informar a las autoridades sanitarias competentes sobre su funcionamiento.

Durante meses, Ronny Gornik ocupó el mismo lugar a la entrada de una tienda Action al norte de Toulouse (Francia). Allí pedía limosna cada día. Los empleados lo veían al llegar y al salir hasta que con el tiempo su presencia pasó a ser rutina.

“Siempre estaba allí cuando salía por la tarde y le invitábamos a algo de comer”, ha recordado la gerente, Carole Cambier. “Le habíamos cogido mucho cariño”, ha confesado.

Roony, de 41 años y con doble nacionalidad ruso-alemana, llevaba varios meses en esa rutina cuando decidió dar un paso distinto. “Un día fui a dejar mi currículum en recepción”, ha explicado al medio francés La Dépêche. Hasta entonces, había encadenado trabajos precarios en distintos países europeos desde 2021, antes de llegar a Francia siete meses atrás.

De pedir en la puerta a trabajar dentro

Cuando en la tienda surgió una vacante, la escena cotidiana pesó en la decisión. “Hablé con mis ayudantes y pensamos: ¿por qué no darle una oportunidad?”, ha señalado Cambier.

Desde principios de abril, Roony forma parte del equipo con un contrato indefinido. Su jornada empieza cada mañana con un trayecto a pie hasta el supermercado. “Me levanto todos los días, llego puntual, limpio la tienda, repongo los estantes, incluso probé la caja registradora”, ha relatado..

“Es una persona dispuesta y diligente en el trabajo”, ha afirmado la gerente. “Se ha integrado muy bien en el equipo de la tienda”. Entre los empleados, su incorporación se percibe como una continuidad natural de una relación previa.

Un empleo sin vivienda

Al terminar la jornada, Roony emprende el camino de regreso. A media hora andando del establecimiento, en el ático en desuso de una casa abandonada, ha instalado su refugio: una tienda de campaña, una mesa y unas sillas prestadas por un vecino.

Allí pasa las noches junto a sus dos perros y dos gatos. “Vivo y duermo como mi perro. No es vida”, ha dicho. “Duermo como ellos, como un perro”.

No dispone de baño. Puede ducharse gracias a la ayuda de un vecino y transporta agua hasta el lugar donde duerme. “Con todo lo demás, mi mochila puede llegar a pesar 80 kg cuando llego a casa”, ha agregado.

Una red de apoyo

En el entorno de la tienda, su situación ha generado una red de apoyo. Cambier, trabajadores y voluntarios, entre ellos Sylvie, que también vivió en la calle, han comenzado a buscarle alojamiento. Han difundido mensajes en redes sociales y contactado con instituciones.

“Se ha contactado con el ayuntamiento de Castelginest y los servicios sociales, pero no pasa nada”, ha explicado la gerente. “Todo el equipo lamentó mucho su situación”, ha añadido. “Es positivo integrar a alguien en una situación así para darle la oportunidad de mejorarla”.

Roony ha descrito el apoyo recibido con una mezcla de humor y agradecimiento: “¡Me mima muchísimo, como si fuera su nieto!”.

Un contexto más amplio

Su caso coincide con una realidad más amplia en la zona. Según asociaciones como Cimade, Médicos del Mundo o DAL 31, cerca de mil personas en Toulouse, incluidas familias con niños, viven en la calle o en viviendas ocupadas. “No entiendo por qué no se ayuda a personas como él, que están allí voluntariamente”, ha afirmado Cambier. “No podemos dejar a la gente en la calle así. Es inconcebible que esto ocurra en nuestras sociedades”.

Mientras continúa trabajando en la tienda, Roony mantiene su situación residencial sin cambios. “No pido mucho, solo un poco de ayuda”, ha sentenciado.

Los servicios de extinción de incendios forestales trabajan a contrarreloj en la tarde de este lunes en distintos puntos de Galicia, donde permanecen activos varios fuegos que, en conjunto, han afectado ya a más de 280 hectáreas de superficie, según la última actualización facilitada a las 17.00 horas por la Consellería do Medio Rural a Europa Press. Las incidencias más relevantes se localizan en el municipio pontevedrés de Ponteareas y en los coruñeses de Carballo y A Laracha, donde el despliegue de medios aéreos y terrestres trata de contener el avance de las llamas en un contexto marcado por el viento.

En Ponteareas, el incendio declarado en el monte Galleiro, en la parroquia de Ribadetea, permanece activo desde las 14.47 horas. Las primeras estimaciones apuntaban a que el fuego había arrasado más de 20 hectáreas, si bien la evolución del incendio ha elevado la superficie afectada a unas 200 hectáreas calcinadas y su extensión a los municipios de Pazos de Borbén y Mos. En la zona operan 13 agentes, 19 brigadas, 13 motobombas, dos palas, cuatro técnicos, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones, en un dispositivo reforzado ante la gravedad de la situación.

Condiciones adversas en Ponteareas

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, ha señalado que los equipos de extinción están “intentando controlar” el incendio, si bien ha reconocido que la situación resulta “complicada” debido a las condiciones meteorológicas, especialmente por la intensidad del viento, que favorece la propagación de las llamas. Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, en un primer momento se apuntó a la hipótesis del incendio de un tractor como origen del fuego, aunque posteriormente ha matizado que esta causa no está confirmada.

El avance del fuego ha obligado además a adoptar medidas preventivas en la zona. En concreto, la regidora ha informado de que se ha procedido al desalojo de un hombre con movilidad reducida en el lugar de Mouro, como medida de precaución ante la cercanía de las llamas. Este tipo de actuaciones se enmarca dentro de los protocolos habituales de seguridad para evitar riesgos a la población, especialmente en entornos rurales donde la proximidad entre viviendas y masa forestal incrementa la vulnerabilidad.

Además, el incendio presenta varios focos de inicio, por lo que las primeras hipótesis apuntan a una posible intencionalidad, extremo que deberá confirmar la investigación.

La Consellería do Medio Rural ha decretado la Situación 2 en este incendio por su proximidad al núcleo de Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén, lo que implica un riesgo para personas y bienes no forestales.

Focos activos en la provincia de A Coruña

En paralelo, la provincia de A Coruña registra otros dos incendios activos que también concentran esfuerzos significativos por parte de los servicios de emergencia. En el municipio de Carballo, en la parroquia de Noicela, y en A Laracha, en la zona de Caión, los fuegos han acabado uniéndose en un único frente que supera ya las 80 hectáreas afectadas.

Este incendio conjunto ha motivado el desalojo preventivo de vecinos de cinco viviendas en la zona de Outeiro y Campo da Costa, en Caión (A Laracha), aunque la situación ha ido mejorando con el paso de las horas y los residentes han podido regresar a sus hogares sin que se registrasen daños personales ni materiales.

Según ha explicado el alcalde de A Laracha, José Manuel López, la evacuación se llevó a cabo por precaución ante el avance de las llamas. Por su parte, el concejal delegado de Servicios, Medio Ambiente, Playas y Protección Civil de Carballo, Miguel Vales, ha detallado que el incendio, iniciado en Noicela, avanzó hacia los lugares de Leira y Carballedo, donde la maquinaria de la Xunta trabajó intensamente para evitar que el fuego alcanzase las viviendas.

De este modo, finalmente no fue necesario evacuar casas en el término municipal de Carballo ni el cámping de As Nevedas, pese a la preocupación inicial. En las tareas de extinción de este frente conjunto participan siete agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, una pala, dos técnicos, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incendio de Noicela pudo originarse en una quema agrícola, en un contexto en el que están prohibidas hasta nuevo aviso las quemas de restos forestales debido a las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, en el municipio de Vigo se ha logrado estabilizar otro incendio declarado en la parroquia de Lavadores. Este fuego, que se inició a las 14.19 horas, quedó controlado a las 15.39 horas tras afectar a una superficie de 0,2 hectáreas de monte raso. La rápida intervención de los medios permitió evitar su propagación y reducir su impacto, en contraste con la evolución más compleja de los incendios activos en otros puntos de la comunidad.

La evolución de los distintos focos a lo largo de la tarde continúa condicionada por factores como el viento y la orografía del terreno, que dificultan las labores de control y extinción, en una jornada en la que Galicia vuelve a enfrentarse a varios incendios simultáneos.

Una pedida de mano en Getafe no terminó como la pareja planeaba. Y es que un hombre de 36 años fue atropellado y acabó gravemente herido mientras le preguntaba a su pareja si quería casarse con él en medio de un encuentro ilegal de coches tuneados.

Tras el incidente, la víctima fue trasladada al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico severo, según han confirmado desde el servicio de emergencias 112. Aunque su estado es grave, los sanitarios han informado de que su vida no corre peligro.

Una pedida de mano en medio de una escena de alto riesgo en la vía pública

Los hechos ocurrieron entre la una y las tres de la madrugada del pasado sábado, 4 de abril, en la última calle del polígono industrial Los Olivos del municipio madrileño, concretamente en la calle Destreza, según adelantó el periódico El Mundo y confirmó posteriormente la agencia EFE. Unas imágenes difundidas por Telemadrid muestran cómo la pareja se encontraba en medio de la calzada, mientras diversos vehículos efectuaban maniobras peligrosas a su alrededor. El ambiente, dominado por el ruido de los motores y la presencia de decenas de personas, se volvió caótico en cuestión de segundos.

Justo en ese momento, el hombre decidió pedir matrimonio a su pareja, pero fue alcanzado por uno de los coches. El conductor responsable del atropello abandonó el lugar de inmediato, lo que derivó en una investigación policial que concluyó horas más tarde con su detención en la localidad de Fuenlabrada. Según fuentes policiales, el individuo se enfrenta ahora a cargos por lesiones graves por imprudencia y por atentar contra la seguridad vial.

Concentración ilegal de coches en el polígono de Getafe

Las autoridades municipales han detallado que la concentración no contaba con permiso alguno y se organizó en un tramo alejado de las vías principales, aunque accesible desde la A-4. Esto facilitó la llegada de todos los participantes, la mayoría procedentes de municipios cercanos o del norte de Toledo. Tras el atropello, prácticamente todos los asistentes se dispersaron antes de que llegasen los agentes de policía. Esto dificultó la identificación de todos los implicados.

*Noticia elaborada con información de EFE.

El caso comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el acusado irrumpió en el lugar de trabajo de su expareja y quebrantó la medida de alejamiento vigente. Durante una discusión, el hombre extrajo varios destornilladores y le clavó uno en el cuello a la mujer en repetidas ocasiones, quien logró salvar su vida gracias a la rápida intervención de los servicios sanitarios. Según informa la Policía en un comunicado, el agresor dijo a la víctima: “Si no eres para mí, no eres para nadie”. Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a vecinos y empleados, quienes intervinieron y evitaron que el ataque continuara.

La rápida llegada de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional y de los servicios sanitarios permitió estabilizar a la mujer, quien fue trasladada a un hospital de la zona. Tras los hechos, las autoridades iniciaron una investigación para localizar al autor de la brutal agresión.

Evitó el uso de dispositivos electrónicos

Durante el año que permaneció prófugo, el detenido adoptó medidas de seguridad estrictas para evitar su localización. Evitó el uso de dispositivos electrónicos, no renovó documentos de identidad y limitó su contacto con el exterior. Según indican fuentes policiales, el hombre residía con una mujer, presuntamente su actual pareja, en un domicilio de Seseña.

La Policía Nacional estableció un operativo que culminó el 20 de marzo con la detención del sospechoso cuando abandonaba su vivienda. Durante el arresto, el agresor se resistió y causó lesiones en el tórax a uno de los agentes que intervinieron en el dispositivo, según indicó la propia institución.

El detenido fue puesto a disposición judicial acusado de homicidio en tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad. Tras declarar ante el juez, se ordenó su ingreso en prisión provisional.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también recuerda que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género. El Ministerio recuerda que “es un deber de toda la sociedad”.

Una persona permanece en estado grave tras sufrir múltiples heridas con machete durante una pelea multitudinaria en la estación de metro de El Coll-La Teixonera, en Barcelona. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado al domingo, cuando trece jóvenes atacaron a dos personas, según han confirmado los Mossos d’Esquadra a Crónica Global.

Una de las víctimas logró huir, pero la otra fue alcanzada y recibió diversas puñaladas en varias partes del cuerpo, con lesiones especialmente graves en una mano, según han detallado fuentes próximas a la investigación. El suceso originó la intervención inmediata de los Mossos d’Esquadra, quienes han asumido el caso.

Las detenciones se produjeron en la estación de metro de Vall d’Hebron-Sant Genís, la siguiente y última parada en dirección norte de la línea L5. A los detenidos, entre los que se encuentran seis menores de edad, se les imputa un presunto delito de lesiones y otro de pelea multitudinaria.

Tras la agresión, ADN Sindical, sindicato representativo del personal de seguridad privada en el Metro de Barcelona, ha expresado a Crónica Global su preocupación por el incremento de peleas violentas y la presencia frecuente de armas blancas en el transporte público. El sindicato advierte que este tipo de incidentes resultan cada vez más habituales en las instalaciones del metro.

La violencia llega incluso a los vigilantes

Las peleas dentro del transporte han afectado incluso a los propios trabajadores. Y es que, la noche del 18 de enero, otro grupo de jóvenes protagonizó una violenta agresión contra vigilantes de seguridad en la estación de Poblenou del metro de Barcelona. El ataque, ocurrido en la L4, dejó a uno de ellos sin visión en un ojo; por lo que los trabajadores y los sindicatos han cuestionado los protocolos de actuación y la respuesta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El hecho, reconstruido por uno de los guardias para Crónica Global, habría estado encabezado por Eric L., de 19 años y vecino de Badalona. El plan era que cinco de los ocho agresores accedieran al metro en Maresme-Forum, donde comenzaron a increpar a pasajeros de origen pakistaní en dirección Trinitat Nova.

Después de que el conductor alertara a la sala de control de TMB al llegar a Selva de Mar, solo se enviaron a dos vigilantes pese a haber calificado a los jóvenes como “peligrosos”. Al llegar a Poblenou, el binomio de seguridad contó con el apoyo de otros dos compañeros. Sin embargo, la confrontación escaló rápidamente: “Nada más bajar del convoy, comenzaron a provocarnos y en cuestión de segundos, Eric empezó a golpear”, relata uno de los vigilantes. El barcelonés de 19 años y aficionado al boxeo atacó así a tres de los cuatro vigilantes. “Caí al suelo tras el primer golpe. Luego, según he visto en las grabaciones, me patearon sin parar”, describe el trabajador de TBM.

Una vez pudo levantarse, pidió ayuda con el “código 33″ y el resto de compañeros acudieron a la estación para reducir y detener a Eric. El vigilante más grave, que acabó con graves lesiones en el ojo izquierdo, fue atendido por una ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Mientras que el resto, incluyendo el testigo y otro compañero, no recibieron atención inmediata. “Con la adrenalina no sentía el dolor en ese momento, pero luego llegó el mareo, el dolor de cabeza y las molestias en todo el cuerpo. Aun así, desde TMB nos obligaron a volver a la base. No hubo ni una palabra de apoyo. Solo cuando llegamos, nos dijeron que podíamos ir a la mutua... pero por nuestros propios medios”, ha denunciado el guardia públicamente.

Desde Alternativa Sindical no entienden por qué no se envió más ayuda desde el principio y por qué dejaron “desamparados a los heridos”. De este modo insisten en que esto no es un caso aislado y que “nos agreden y nadie responde por nosotros. Nos sentimos solos ante un aumento alarmante de la hostilidad en el metro”, añaden.

El derrumbe de parte del techo del hotel Poseidón de Benidorm ha dejado siete personas con contusiones este domingo, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El suceso se ha registrado cerca de las 14:20 horas en la zona del restaurante, según ha podido comprobar EFE. Entre los afectados se encuentran cinco hombres y dos mujeres, incluyendo a un menor de 8 años y a un hombre de 78, ambos dados de alta en el lugar.

Las otras cinco personas, con edades entre 33 y 80 años, han sido trasladadas a la Clínica Benidorm y al Hospital Marina Baixa para recibir atención médica tras ser asistidas en el sitio por los equipos de emergencia. El CICU ha movilizado una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU), una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Transporte No Asistido, contando además con apoyo de la Cruz Roja para la intervención.

Por el momento, se desconocen las causas del incidente. Aun así, el Ayuntamiento de Benidorm ha enviado a un arquitecto municipal para analizar el origen y el alcance del desprendimiento de la estructura de pladur, informó EFE.

Un accidente en un momento récord de ocupación

La Semana Santa de este año ha confirmado una tendencia que viene consolidándose en el sector turístico de la Comunitat Valenciana: la importancia creciente de las reservas de última hora. Este fenómeno, que responde tanto a los cambios en el comportamiento del viajero como a la influencia de factores externos como la climatología y la economía, ha elevado la ocupación hotelera hasta el 82,5%. Los datos aportados por la patronal Hosbec sitúan a destinos como València ciudad, Benidorm y Peñíscola a la cabeza, con cifras superiores al 82%, e incluso próximas al 87% en el caso de la capital valenciana.

El auge de las vacaciones de proximidad, conocido internacionalmente como ‘staycation’, ha jugado un papel clave. Muchas familias y grupos de amigos optan por destinos cercanos, motivados por la comodidad y la seguridad que aún condicionan parte de la demanda turística. A esto se suma el factor climático: las buenas previsiones meteorológicas han animado a muchos a decidirse por una escapada casi sobre la marcha, incrementando el peso de la reserva de última hora en el total de la demanda.

El comportamiento de los mercados turísticos cambia y obliga a los hoteles a adaptar sus estrategias, reforzando los canales de venta directa y optimizando sus sistemas para responder a un cliente cada vez más digital e imprevisible. La Costa Blanca y la provincia de Castellón, aunque presentan cifras algo más moderadas, también reflejan esta tendencia positiva, superando el 70% y el 80% de ocupación, respectivamente. El sector espera que esta inercia permita acercarse a los máximos registrados en años anteriores, cuando la ocupación llegó al 90%. Todo indica que el turismo, lejos de estancarse, sigue evolucionando y adaptándose a los nuevos hábitos del viajero.

*Noticia en ampliación

La Guardia Civil localizó el sábado por la noche el cuerpo sin vida de una persona flotando en los bajos anegados de un edificio abandonado en la localidad de Cervo, en Lugo, ha informado el 112 Galicia en su cuenta de Twitter.

Los agentes comunicaron a las 21:30 horas de ayer el hallazgo del cuerpo, en un edificio situado en Lieiro, en la carretera que une el río Covo y San Cipriá. Se trata de un bloque de viviendas a medio construir desde la crisis de la burbuja inmobiliaria.

La Guardia Civil trabaja para identificar a la víctima y esclarecer los hechos. Desde el 112 Galicia se pasó el aviso a las urgencias sanitarias, los bomberos de Viveiro y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

Vecinos de Lieiro que residen frente al edificio donde se halló el cadáver han declarado a La Voz de Galicia que, en los últimos meses, una pareja en situación de calle se refugiaba en ese bloque de viviendas a medio construir. Durante el primer trimestre del año, las lluvias constantes han provocado la acumulación de agua frente al inmueble y parte de esa agua ingresó al interior, en cuyo suelo apareció el cuerpo.

Por su parte, la alcaldesa de Cervo, Dolores Caramés, ha confirmado a ese mismo medio que en el municipio no consta ninguna denuncia por desaparición.

El rescate del segundo piloto estadounidense del caza F-15 que Irán había derribado sobre su territorio, anunciado este domingo por Donald Trump, recuerda la historia del salvamento de otro piloto en un conflicto que se vivió ya hace más de 50 años, pero cuyas enseñanzas se recuerdan —y se aplican— en la guerra actual. Es el caso de Roger Locher, un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que fue derribado el 10 de mayo de 1972 durante la guerra de Vietnam, a unos 60 kilómetros al noroeste de Hanói.

Locher fue alcanzado por la artillería enemiga mientras pilotaba un F-4 Phantom II junto al mayor Robert Lodge, que perdió la vida en el ataque. Tras eyectarse, descendió en plena selva norvietnamita, en una zona caracterizada por la densa vegetación y la presencia de patrullas enemigas y campesinos. Contra todo pronóstico, logró sobrevivir durante casi un mes, oculto, alimentándose de recursos naturales y desplazándose solo al anochecer o al amanecer. Para alimentarse, escogía pequeñas frutas silvestres, brotes de bambú y papayas, y para hidratarse recogía el agua de la lluvia y del rocío en hojas grandes. Durante el día, permanecía inmóvil y oculto bajo la vegetación más densa, pasando horas y horas sin moverse para evitar ser detectado. Perdió alrededor de 20 kilos.

En numerosas ocasiones, estuvieron a punto de descubrirle, pero tuvo suerte: una vez, un grupo de campesinos y un niño se acercaron a menos de diez metros de su escondite; otro día, un búfalo de agua pasó a muy poca distancia. Solo comunicó su presencia a las fuerzas aliadas cuando escuchó aviones estadounidenses en vuelo, reservando la radio de emergencia para ese momento. Para entonces, había recorrido cerca de 19 kilómetros, y su señal puso en marcha una gran operación de rescate.

Por qué el rescate fue un hito militar

El rescate de Roger Locher representó un hito operacional para el Alto Mando estadounidense. Tras recibir el mensaje de radio el día vigesimosegundo desde su derribo, el general John Vogt, comandante de la 7ª Fuerza Aérea, ordenó la suspensión total de los ataques aéreos sobre Vietnam del Norte para concentrar los recursos disponibles en el rescate del piloto, según información de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El operativo de búsqueda desplegó un total de 119 aeronaves, incluyendo helicópteros HH-53C Super Jolly Green Giant, aviones de ataque A-1H y distintos cazas de protección. La detección de la señal de radio permitió guiar a los helicópteros de rescate a través del terreno hostil, hasta que, el 2 de junio de 1972, con cobertura de bombardeo y escolta aérea, el capitán Dale Stovall pilotó el helicóptero que descendió sobre la zona, localizando a Locher gracias a los destellos de un espejo de señalización. Bajo fuego enemigo, logró extraer al oficial estadounidense sin que se registraran pérdidas entre los aparatos de rescate.

La hazaña de Locher dejó una profunda huella en la doctrina de rescate militar y la moral de las tripulaciones estadounidenses. El principio de “no dejar a nadie atrás” se reforzó significativamente y fue incorporado como elemento central en la formación de aviadores y equipos de búsqueda. Los protagonistas del rescate, como Stovall y Smith, recibieron condecoraciones como la Cruz de la Fuerza Aérea, y Locher continuó su carrera como instructor y comandante de vuelo y se retiró con el rango de coronel.

Un trabajador de 43 años ha fallecido esta madrugada en Tarancón (Cuenca) tras sufrir una intoxicación al ingerir lubricante industrial en el taller de una empresa de excavaciones y derribos, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Las autoridades recibieron un aviso a las 21:50 horas del sábado, en el que les explicaban que el afectado se encontraba en un polígono del kilómetro 34 de la carretera autonómica CM-200. El trabajador afectado falleció a las 1:45 horas de este domingo.

En respuesta a la alerta, un equipo de la UVI móvil y agentes de la Guardia Civil acudieron al recinto. Como medida preventiva ante las circunstancias del suceso, se activó un preaviso para la asistencia psicosocial de Cruz Roja, de acuerdo con el informe del servicio de emergencias.

Los accidentes laborales se cobraron 735 vidas en 2025

Un total de 735 personas perdieron la vida en accidentes laborales en 2025 en España. Son 61 fallecimientos menos que el año anterior y supone un descenso del 7,7 %, según datos del Ministerio de Trabajo.

El sector servicios reportó la mayor cantidad de muertes, con 262, una reducción de 64 respecto a 2024. En contraste, la construcción sumó 164 decesos, 29 más que el año precedente. La industria registró 110 víctimas mortales, seis menos que en 2024, y el sector agrario informó 48 fallecimientos, 21 por debajo del registro anterior.

Los infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales causaron 251 muertes, mientras que los golpes o caídas representaron 97 decesos, tres más que en el año previo. Por otra parte, los aplastamientos provocaron 82 fallecimientos, 17 menos en comparación con 2024. Los accidentes de tráfico laborales sumaron 73 fallecidos, 23 menos que el año anterior.

Respecto a los siniestros ‘in itinere’, es decir, aquellos que se sufren al ir o volver del lugar de trabajo, 122 hombres y 29 mujeres perdieron la vida, cifras que reflejan dos fallecidos más y una menos, respectivamente, que en 2024. Los accidentes de tráfico en desplazamientos al trabajo resultaron en 138 muertes, siete más que en el año previo.

Además, durante 2025 se contabilizaron 620.386 accidentes laborales con baja, lo que implica una reducción del 1,3 %; en tanto, los sin baja totalizaron 542.661, con una moderación del 1,9 % respecto al año anterior.

Walker Smith, de 54 años, trabajó durante 17 años en Waitrose, una cadena de supermercados de Gran Bretaña. Afirma que la empresa “es como mi familia”. “Mis amigos están allí. Yo estuve allí durante casi dos décadas, debí haber estado haciendo algo bien”, añade en el diario The Guardian. En los últimos tiempos, sin embargo, su frustración había ido en aumento por culpa de algo que había empezado a “ocurrir cada hora de cada día”: los robos. Pero en la empresa le habían dicho que no podía intervenir. “No nos está permitido hacer nada”.

En Inglaterra y Gales, los robos en tiendas han aumentado un 5% en el último año, según la Oficina de Estadísticas Nacionales, rozando el máximo histórico. El fenómeno impacta especialmente a los supermercados y ha disparado la preocupación por la protección de empleados y la reacción de las empresas ante estos delitos. Smith destaca en The Guardian —el medio que ha revelado su caso— que la situación se ha vuelto insostenible para muchos trabajadores.

Así que un día se hartó e impidió que un ladrón reincidente se llevara unos huevos de Pascua. “Me dijeron que alguien había llenado una bolsa de Waitrose con los huevos”. Cuando identificó al responsable, agarró la bolsa y se produjo un forcejeo que terminó con los huevos esparcidos por el suelo. Enfadado, cogió un trozo de uno de los conejos rotos y “lo arrojó por frustración” hacia unos carritos. Tras el suceso, recibió una llamada de atención y se disculpó, pero el caso escaló rápidamente. “Cuando llegué a casa, me golpeaba a mí mismo pensando ‘¿por qué hice eso?’”, cuenta Smith.

En una reunión posterior con dos gerentes, intuyó lo que ocurriría: fue despedido. “Intenté mantenerme fuerte y no dije una palabra, pero por dentro estaba llorando. Me sacaron por la puerta trasera, junto a los contenedores. Me sentí desmoralizado”, destaca. El despido ha tenido graves consecuencias personales y materiales: “No tengo claro qué va a pasar ahora. Podría quedarme sin hogar. Mi confianza está por los suelos en este momento”. Walker también menciona que está diagnosticado con ansiedad y que sus superiores estaban al tanto de esa condición.

“No se denuncian suficientes incidentes”

Smith lamenta en el diario británico la falta de apoyo y seguridad en la tienda, señalando que la presencia de guardias se había reducido: no los había ni lunes ni martes porque “no se denuncian suficientes incidentes de robo”. Esto dejaba al personal común en la primera línea del problema.

En febrero, el sindicato Usdaw denunció niveles “inaceptables” de violencia y abusos, y advirtió de que “dos tercios de los ataques contra empleados de comercio minorista son provocados por robos o atracos a mano armada”.

El director ejecutivo de Marks & Spencer, Stuart Machin, reclamó al gobierno y al alcalde de Londres una reacción firme, asegurando que la delincuencia en el comercio minorista se ha tornado “más descarada, más organizada y más agresiva”.

Desde Waitrose, un portavoz subraya a The Guardian: “Nos tomamos la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y compañeros increíblemente en serio y, para ello, contamos con políticas que nuestros compañeros conocen y deben seguir”.

Smith concluye con resignación: “No soy una persona mala, violenta o agresiva. Simplemente me frustraba ver esto todos los días”.

La Ertzaintza ha detenido este sábado a dos hombres de 19 y 20 años en Bilbao por el intento de homicidio de un menor de 17 años ocurrido el jueves en Vitoria-Gasteiz. La cifra de arrestados por lo sucedido se eleva así a siete, los cuales permanecen en dependencias policiales, de acuerdo a la información publicada por Europa Press.

Tras la agresión del jueves por la tarde, la policía vasca desplegó un dispositivo para localizar a los implicados en el ataque, en el que la víctima resultó con lesiones de consideración y fue trasladada al hospital de Txagorritxu, en la misma ciudad de Vitoria, según la misma fuente. El ataque se produjo sobre las 18:30 horas en la Avenida de los Huetos de la capital alavesa. Hasta allí se desplazó una patrulla de la Ertzaintza, quienes localizaron al menor herido de arma blanca.

Los cinco primeros sospechosos fueron localizados y arrestados después de que se dieran a la fuga en un vehículo tras el apuñalamiento. Los acusados de intento de homicidio (un joven de 19 años, dos de 20 y otros dos de 21 años de edad) fueron interceptados por la policía vasca en la ciudad de Murgia, a poco menos de 20 kilómetros de donde se cometió el ataque. En el interior del vehículo en el que se encontraban, la policía dio con una bolsa con cuchillos y martillos, que han sido incautados.

Noticia en ampliación.

Kafka no pasa de moda porque la gente lleva (sufre) vidas kafkianas constantemente, a menudo fruto de laberintos burocráticos en los que es fácil entrar y casi imposible salir. Uno de los últimos casos en hacerse virales es el de un hombre de York, en Inglaterra, que tiene un deseo muy sencillo: poner una barandilla en la entrada de su edificio porque sus problemas de movilidad le dificultan el acceso.

Su nombre es Steve Bingham, un jubilado de 78 años que hace tres años fue diagnosticado con Vexas, una enfermedad autoinmune poco frecuente que causa fiebres, anemia y dificultad respiratoria. Las complicaciones derivadas del síndrome han hecho que moverse por el edificio sea cada vez más desafiante. Por ello, desde hace más de seis meses, intenta que la escalera principal de su piso cuente con una segunda barandilla, ya que el único pasamanos actual resulta insuficiente para su movilidad reducida. “Cada vez que bajo el tramo principal de escaleras es un momento para ponerse el corazón en la boca”, reconoce en la BBC, el medio que ha destapado su situación.

Pero en su intento por poder apoyarse con los dos brazos para subir las escaleras, se ha encontrado con la oposición de la empresa gestora del inmueble, que ha rechazado en dos ocasiones la petición del residente. La decisión se confirmó en la última junta general anual, donde los directivos opinaron que instalar la barandilla sería “injusto para otras personas”.

La situación ha llevado a Bingham a reducir sus salidas y a planificar cuidadosamente cada movimiento: “He limitado la frecuencia con la que salgo”, afirma a la BBC, donde confiesa que ahora debe “pensárselo dos veces” antes de dejar el piso, para asegurarse de que cada descenso valga la pena. Así, cuando necesita transportar objetos, opta por bajarlos por la ventana hacia el aparcamiento, con el fin de no cargar peso en la escalera y “arriesgarse” a una caída. Sin embargo, lo que más le preocupa es la posibilidad de no poder evacuar rápidamente: “En caso de incendio, incluso con la luz de emergencia encendida,podría ser muy peligroso para mí”.

El Ayuntamiento busca ayudar, pero la empresa se opone

Para responder a la negativa de la empresa, el Ayuntamiento de la ciudad ofreció costear la instalación de una barandilla adicional, con el objetivo de mejorar su “seguridad e independencia”. La propuesta fue rechazada por los directores de los apartamentos, quienes argumentaron preocupaciones sobre la seguridad contra incendios.

Bingham solicitó entonces una evaluación al Servicio de Bomberos y Rescate de North Yorkshire, cuyo informe concluyó que “los medios de escape” no se verían obstaculizados por la nueva barandilla. A pesar de ello, la empresa gestora mantuvo su postura.

El propio afectado expresa su desconcierto ante la situación: “Me siento frustrado y perplejo, la verdad, de por qué no se puede poner una simple barandilla en una escalera principal que solo tiene un pasamanos. No estoy pidiendo una silla elevadora”.

El portavoz del Ayuntamiento de York recordó que el municipio ofrece evaluaciones gratuitas para identificar necesidades de adaptación en viviendas de personas con discapacidad, y en algunos casos también puede contribuir a costear e instalar los equipos necesarios. “No sé cómo hacer una escalera más segura podría ser injusto para otras personas”, finaliza Bingham.

La ciudad de Málaga ha vivido una jornada de luto tras la muerte de Ricardo Ortiz, exmatador y corralero en la plaza de toros de La Malagueta, quien ha fallecido en la tarde del viernes 3 de abril tras sufrir una cogida mortal por parte de uno de los toros destinados a la Corrida Picassiana, programada para el Sábado Santo. El suceso ha ocurrido durante las labores de manejo en los corrales, donde Ortiz desempeñaba tareas habituales como trabajador de la empresa Lances de Futuro.

El trabajador, de 51 años de edad, se encontraba en los corrales de La Malagueta cuando uno de los toros de la Corrida Picassiana —en cuyo cartel figuraban los hierros del Pilar y Puerto de San Lorenzo— le propinó una embestida que resultó fatal. Tras el incidente, los empleados de la plaza llamaron al 112.

Hasta el recinto taurino se desplazaron los servicios de emergencias del 061, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento a su llegada, así como agentes de la Policía Nacional y Local. La investigación, llevada a cabo por la Policía Nacional, apunta a que los hechos constituyen un accidente laboral.

Condolencias y conmoción en el mundo taurino

Según un comunicado realizado por Lances de Futuro, Ricardo Ortiz estaba “realizando labores de manejo en los corrales de la plaza cuando fue embestido”. Acto seguido, se procedió a activar los protocolos de emergencia y las fuerzas de seguridad iniciaron la correspondiente investigación para esclarecer los detalles de lo ocurrido. La reacción del entorno taurino ha estado marcada por la consternación. José María Garzón, empresario de La Malagueta, y la totalidad del equipo de Lances de Futuro han trasladado públicamente su pésame.

“Desde Lances de Futuro queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros del fallecido, una persona muy querida y respetada en el ámbito taurino. El empresario José María Garzón y todo el equipo de Lances de Futuro se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña en estos momentos tan difíciles y quiere expresar públicamente su pesar por esta irreparable pérdida”, se recoge en el comunicado.

El entorno también ha recordado el arraigo taurino de la familia Ortiz en Málaga y el aprecio con el que el fallecido contaba entre sus compañeros. El accidente se ha producido en vísperas de la Corrida Picassiana, uno de los eventos señalados del calendario taurino local, lo que ha incrementado el impacto en la comunidad y ha teñido de luto la Semana Santa taurina andaluza.

La trayectoria profesional y personal de Ricardo Ortiz

Ricardo Ortiz pertenecía a una de las dinastías taurinas clásicas de Málaga. Hijo del también matador y banderillero Manolo Ortiz, fundador de la Escuela Taurina de la ciudad, trabajó desde joven como profesional del toreo.

Debutó como novillero el 19 de agosto de 1989 en Arcos de la Frontera (Cádiz) y su primera corrida con picadores tuvo lugar en Fuengirola en 1991. En 1993 toreó en Las Ventas y, un año después, tomó la alternativa en Quito (Ecuador). Durante años, fue habitual en el coso malagueño y toreó en diversas plazas provinciales como Benalmádena o Rincón de la Victoria, logrando premios en festejos menores.

A lo largo de su carrera, Ortiz vivió episodios de dificultad. Fue detenido a los 27 años por posesión de drogas, lo que le llevó a pasar siete meses en prisión, un suceso que afectó notablemente a su trayectoria profesional y personal. Tras superar este episodio, regresó a los ruedos y, en 2003, sufrió una cogida grave en Barcelona, pero consiguió recuperarse y volver a torear en la Feria de Málaga esa misma temporada.

En sus últimos años, ejercía como corralero en La Malagueta, puesto que ha ocupado hasta el accidente que le ha costado la vida. El hecho de que la tragedia se haya producido en el entorno profesional al que dedicó su vida ha causado un impacto considerable dentro de la comunidad taurina.

Un adolescente de trece años ha protagonizado un insólito robo en una oficina de Correos situada en Vigliano Biellese, en la provincia italiana de Biella, tras ausentarse del colegio la mañana del 1 de abril. Armado con una pistola de juguete, el menor logró robar 500 euros en efectivo antes de ser capturado por la policía apenas unos minutos después.

Según la reconstrucción de los hechos, el menor había introducido previamente la pistola de juguete en su mochila antes de salir de casa. Tras evitar entrar en el colegio, recorrió varios kilómetros hasta la oficina de Correos, se cubrió parcialmente el rostro con una bufanda y la chaqueta y entró al establecimiento.

Una vez dentro, actuó con determinación. En cuestión de minutos intimidó al empleado y obtuvo los 500 euros. Después abandonó la sucursal a pie. Los trabajadores dieron aviso inmediato a los Carabinieri, aportando una descripción detallada del joven, según ha descrito el medio italiano Il Corriere della Sera.

La rápida reacción policial, junto con el testimonio de una mujer que presenció la huida mientras utilizaba un cajero automático, permitió acotar su recorrido. Menos de quince minutos después, los agentes localizaron al menor. En el momento de la interceptación aún llevaba el dinero en la mochila. El arma utilizada fue recuperada posteriormente en unos arbustos, donde el propio joven la había escondido durante la fuga.

El chico, de nacionalidad italiana y sin antecedentes, no opuso resistencia en el momento de ser interceptado, aunque tampoco ofreció explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a cometer el robo. Por ahora, no se ha podido determinar si se trató de un acto planificado con antelación o de una decisión impulsiva.

Consecuencias legales y contexto familiar

La edad del protagonista condiciona de forma decisiva la respuesta judicial. En Italia, los menores de 14 años no son penalmente imputables, por lo que no se han presentado cargos. No obstante, el caso ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores, que ha ordenado su ingreso en un centro de acogida para menores con necesidades especiales.

Asimismo, los servicios sociales han sido activados para evaluar la situación personal y familiar del joven, que vive en un entorno con otros hermanos menores. Las autoridades analizarán si existen factores sociales o económicos que hayan podido influir en su conducta, aunque por el momento no han trascendido detalles concluyentes al respecto.

La cifra que cambia el diagnóstico

Más allá del caso concreto, el episodio se enmarca en una tendencia que preocupa a expertos y organizaciones sociales. Según el último informe de Save the Children, el número de menores en contacto con el sistema de justicia juvenil en Italia ha pasado de 329 por cada 100.000 habitantes en 2014 a 363 en 2023. Aunque las denuncias han descendido (de 23.000 en 2004 a 14.220 en 2024), el número de jóvenes efectivamente tutelados ha aumentado hasta 23.862, lo que refleja una mayor permanencia dentro del sistema.

Otro dato significativo es el aumento del uso y posesión de objetos peligrosos entre jóvenes. Las denuncias por este motivo han pasado de 778 en 2019 a 1.946 en 2024, con más de 1.000 casos registrados solo en el primer semestre de 2025. En ciudades como Milán, el incremento ha sido especialmente acusado en los últimos diez años.

Los expertos advierten de un fenómeno creciente: muchos adolescentes consideran estos objetos como elementos habituales para protegerse o reforzar su posición social. Esta dinámica genera lo que denominan un “cortocircuito del miedo”, en el que la percepción de inseguridad impulsa a armarse, aumentando a su vez el riesgo de violencia.

Las evacuaciones en helicóptero en Nepal han sido durante décadas una herramienta clave para salvar la vida de montañistas y excursionistas de la alta montaña. Hoy, ese mismo sistema está bajo sospecha. Una investigación de la Oficina Central de Investigación (CIB) de la Policía de Nepal ha destapado una red organizada de rescates médicos falsos que operó durante años y ha causado pérdidas cercanas a los 18 millones de euros a aseguradoras internacionales.

El caso, documentado por el diario The Kathmandu Post, ha revelado una estructura que implicaba a guías, agencias de trekking, compañías de helicópteros y hospitales privados. Una trama que cada año iba creciendo. Entre 2022 y 2025, los investigadores identificaron 4.782 turistas extranjeros atendidos en centros implicados, de los cuales al menos 171 rescates fueron simulados.

La estafa combinaba simplicidad y sofisticación. Todo comenzaba con una supuesta emergencia médica en ruta. A partir de ahí, se activaba un rescate en helicóptero que daba paso a una cadena de irregularidades: vuelos compartidos facturados como individuales, diagnósticos falsificados y tratamientos innecesarios.

Para ponernos en contexto: un trayecto habitual de unos 3.700 euros podría llegarse a cobrar por 11.000 euros por pasajero. Y en algunos casos, un mismo vuelo acababa generando múltiples facturas independientes para distintas aseguradoras.

Provocar los síntomas

En la investigación se detalla cómo algunos de los guías no solo se limitaban a exagerar los síntomas, sino que algunos los provocaban. Según los informes policiales, se administraban medicamentos como el Diamox con cantidades excesivas de agua para generar malestar.

En otros casos, se añadía levadura en polvo a la comida para inducir vómitos. En definitiva, el objetivo era simular el mal de altura y justificar la evacuación de emergencia. Incluso, se ha documentado presión psicológica sobre algunos excursionistas. En momentos de cansancio o síntomas leves, se les advertía de riesgos graves para empujarles a aceptar un rescate innecesario.

Ocho españoles afectados

Pero no todos los turistas fueron engañados. Algunos participaron activamente en el fraude. Una conversación recuperada por los investigadores muestra a una turista alemana que reclamaba un doble cobro. El operador reconoció el error y ofreció el reembolso, confirmando la manipulación de las facturas.

En el extremo contrario, otros viajeros denunciaron haber sido evacuados sin necesidad, con diagnósticos inflados y pruebas médicas innecesarias. En varios casos, pacientes supuestamente “críticos” fueron vistos socializando en cafeterías mientras sus informes indicaban ingreso hospitalario.

Entre los afectados hay ocho españoles, cuyos datos fueron utilizados para emitir cargos fraudulentos que en algunos casos llegaron a superar los 4.100 euros por persona.

Una red sostenida por comisiones

La estafa se apoyaba en un sistema de incentivos donde los hospitales pagaban comisiones de entre un 20%y un 25% a agencias y operadores por cada paciente derivado. A su vez, las empresas de rescate y guías obtenían beneficios de las facturas infladas.

Además, el fraude no era desconocido. Ya en 2018, un informe gubernamental de 700 páginas alertó de prácticas similares y propuso reformas. Sin embargo, no se aplicaron. “Cuando no hay acción contra el crimen, este florece”, dijo Manoj Kumar KC, jefe del CIB.

La investigación se retomó en septiembre de 2025 tras la denuncia de un colectivo ciudadano. El 12 de marzo de 2026, las autoridades presentaron cargos contra 32 personas, entre ellas médicos, operadores de helicópteros y responsables de agencias. Una decena ha sido detenida y el resto se dio a la fuga.

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) ha confirmado la muerte por electrocución de un ejemplar de quebrantahuesos, un ave catalogada en peligro de extinción, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de los Picos de Europa, entre las localidades de Caín y Posada de Valdeón. A pesar de las correcciones realizadas entonces por la empresa titular de la línea, el hallazgo ha tenido lugar en el mismo tramo de tendido eléctrico donde en 2019 se registró el fallecimiento de otro ejemplar por causas idénticas.

El suceso fue comunicado por la FCQ tras el rastreo de movimientos anómalos detectados en el emisor satelital que portaba el ave. Técnicos de la fundación, en coordinación con la autoridad ambiental de la Junta de Castilla y León, localizaron el cadáver a escasos metros del tendido. El levantamiento del cuerpo lo realizaron los agentes medioambientales de la Junta, y la necropsia el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos confirmó la electrocución como causa de la muerte.

El ejemplar fallecido era una hembra nacida el 28 de febrero de 2025, cedida por el Gobierno de Aragón a la FCQ. Llegó al hacking del Parque Nacional de los Picos de Europa el 11 de junio de 2025 y fue liberada el 15 de julio del mismo año. Desde septiembre, el ave se había asentado en la zona alpina del río Cares, entre Bulnes y el entorno de Cordiñanes de Valdeón, donde realizaba vuelos regulares.

Un accidente que afecta al proyecto cofinanciado por la Comisión Europea

El tramo donde se ha producido la electrocución ya había sido objeto de intervención en 2019 tras la muerte de Sidney, otro quebrantahuesos. En esa ocasión, la titular del tendido implementó aisladores y dispositivos anticolisión. No obstante, la muerte de Rona ha hecho que la Fundación para la Conservación de Quebrantahuesos (FCQ) dude sobre las medidas instaladas: “Vuelve a poner de manifiesto el riesgo que representan los tendidos eléctricos sin medidas correctoras eficientes que garanticen la ausencia de accidentes en áreas críticas para la especie”.

La pérdida de este ejemplar afecta directamente al proyecto de LIFE Pro Quebrantahuesos, cofinanciado por la Comisión Europea, dedicado a la conservación, reintroducción y seguimiento de la especie en sus áreas históricas de distribución. Su objetivo radica en consolidar la población emergente de la especie en la Cordillera Cantábrica, un reto que se enfrenta a numerosas dificultades, entre ellas la mortalidad en tendidos eléctricos.

La electrocución y colisión en líneas eléctricas es una de las principales causas de muerte no natural para grandes aves planeadoras en España. Por su parte, la Junta de Castilla y León ha anunciado que instará nuevamente a la empresa responsable a aplicar medidas complementarias para evitar nuevos incidentes. No obstante, la FCQ ha insistido en que este tipo de accidentes compromete los avances obtenidos durante décadas en materia científica, técnica y social para la recuperación del quebrantahuesos.

Las líneas eléctricas también afectan a aves rapaces y planeadoras

Según la fundación, “la corrección de infraestructuras eléctricas resulta de suma importancia para el desarrollo de proyectos científicos y el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos de conservación de la biodiversidad y transición ecológica”. Y es que el problema no se limita al quebrantahuesos. “Este mismo problema está afectando de forma silenciosa a muchas otras especies de aves rapaces y planeadoras —algunas también amenazadas— que no cuentan con un seguimiento tan exhaustivo y cuyas muertes pasan desapercibidas en amplias zonas del territorio”, advierte el comunicado de la FCQ.

Ante la problemática que supone la mortalidad no natural de aves, el proyecto de LIFE Pro Quebrantahuesos insiste en que se proceda a la adecuación del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad en Castilla y León, por el que se tienen que regir las empresas distribuidoras y consumidores finales de los servicios.

Entre las acciones desarrolladas figura un plan de inspecciones preventivas y un protocolo específico de actuación ante casos de electrocución y colisión, así como la categorización de infraestructuras según su peligrosidad. Además, desde 2021, la Junta ha habilitado un procedimiento para la declaración voluntaria de líneas peligrosas por parte de los titulares y ha actualizado el inventario de líneas aéreas que no cumplen la normativa estatal vigente.

Este proceso ha facilitado la identificación y priorización de infraestructuras peligrosas, permitiendo canalizar fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia al refuerzo de la seguridad en zonas de riesgo. Según las cifras oficiales, la Junta ha concedido cerca de 10,5 millones de euros para la corrección de 2.789 apoyos eléctricos en función de la peligrosidad y probabilidad de electrocución en cada área.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido este miércoles a la mujer condenada a prisión permanente revisable por el asesinato de su hija recién nacida tras arrojarla a un contenedor en Porto Cristo, Mallorca, según informa Europa Press. La detención se ha producido a las 20.30 horas en Manacor, donde la mujer llevaba aproximadamente dos semanas fugada tras no presentarse ante la Audiencia Provincial de Baleares para ingresar en prisión.

El operativo para localizar a la condenada, ejecutado por la Brigada de Policía Judicial y la Unidad Adscrita de la Guardia Civil, se inició después de que la mujer no acudiera al tribunal tras el veredicto de culpabilidad emitido el 22 de marzo por un jurado popular. De acuerdo con el comunicado de ambos cuerpos, la sentencia también estableció la prisión permanente revisable al tío de la bebé y una multa de 5.400 euros a la hermana de la condenada por omisión del deber de socorro.

El fallo consideró “ruin, perversa, cobarde y traicionera” la actitud de los acusados

La investigación judicial determinó que los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023, cuando la madre, cursando un embarazo de 26 o 27 semanas, dio a luz en un vehículo acompañada por los otros dos condenados. Posteriormente, pese a encontrarse cerca de un hospital, entregó el neonato al hombre, quien lo arrojó a un contenedor antes de huir.

La magistrada presidenta del tribunal subrayó en la sentencia que la actuación de los condenados estuvo marcada por “el desafecto y el deseo de poner fin a la situación”, pudiendo haber solicitado atención médica inmediata. En el fallo, la jueza consideró probado que ambos buscaban activamente “desembarazarse” de la bebé y actuaron con un ánimo “particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero”.

Qué se sabe del asesinato de la bebé de Porto Cristo y las condenas judiciales

La autopsia realizada por médicas forenses fijó la causa de la muerte en una parada cardiorrespiratoria provocada por la ausencia de atención médica, agravada por inmadurez pulmonar y un traumatismo craneal moderado. Los análisis del Instituto Nacional de Toxicología certificaron que las lesiones se produjeron cuando la bebé aún tenía signos vitales.

El jurado descartó cualquier posibilidad de indulto o suspensión de la condena para Yolanda Moreno y Gustavo Pretel, quienes fueron considerados plenamente conscientes del “peligro manifiesto y grave” al que expusieron a la menor. La tía, por su parte, debe afrontar una multa de un año, con una cuota diaria de 15 euros.

Durante el juicio, Moreno declaró ante el jurado que no creyó que la bebé estuviera viva y calificó lo ocurrido como “el mayor error de su vida”. Las pruebas periciales y el testimonio de los expertos, sin embargo, han mostrado que tanto Moreno como Pretel sabían del estado vital de la recién nacida y decidieron abandonarla.

El dictamen del jurado popular, formado por nueve miembros, se emitió por unanimidad al concluir la fase de deliberación. El conjunto de pruebas fue determinante para establecer la existencia de conciencia plena por parte de los acusados desde el nacimiento de la niña en el interior del vehículo hasta su abandono.

Al menos un muerto y tres heridos tras dos explosiones en el bar La Posada, situado frente al centro de salud Plaza de Toros de Almería. El incidente ha tenido lugar poco después de las 17:20 horas en la calle Conde Villamonte, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

La primera explosión ocasionó daños considerables en el bar al destruir el cristal del escaparate y esparcir los escombros por la vía pública. Acto seguido, la puerta del local ha salido propulsada hasta la acera de enfrente, donde se encuentra el Centro de Salud Plaza de Toros. Mientras, la segunda explosión ha sido una consecuencia de la primera, y se ha producido en la marquesina colindante, según ha podido saber La Voz de Almería.

Las primeras hipótesis de trabajo sobre el origen de la explosión apuntan a una posible deflagración de una bombona de gas, aunque las autoridades aún no han confirmado la causa concreta. La detonación ha desencadenado un incendio que, a su vez, ha afectado parte de las fachadas del establecimiento. Afortunadamente, el aviso ha permitido una respuesta rápida del equipo de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y los servicios de emergencia del 061.

Uno de los heridos es el dueño del bar

Tal y como ha confirmado el Ayuntamiento de Almería, el fallecido era un transeúnte que pasaba por la puerta del bar. Las llamadas de auxilio al servicio de emergencias habrían informado inicialmente de al menos cuatro heridos. No obstante, el balance anunciado por la Junta de Andalucía solo ha señalado tres: una sería el dueño del establecimiento, que se encuentra en estado grave debido a quemaduras en el 70% de su cuerpo; y otra que se mantendría en estado leve por inhalación de humo, según la información de Canal 24h.

Ambos han sido trasladados al hospital de Torrecárdenas. Mientras, “el tercer afectado ha sido trasladado al centro de salud de la plaza de toros, aunque se desconoce su patología”. Asimismo, las autoridades están analizando el bloque de viviendas de tres pisos de la misma calle para valorar si es preciso llevar a cabo su desalojo.

Además, se ha activado la unidad de Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) para asegurar la zona afectada y descartar riesgos adicionales, según el Diario de Almería. Por su parte, la concejala delegada del área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, se encuentra en el lugar supervisando el operativo y coordinando la respuesta institucional, según ha detallado Europa Press.

El perímetro de la calle se mantiene acordonado y el dispositivo de emergencia sigue plenamente operativo. La investigación oficial solo ha comenzado y, aunque las causas exactas de la tragedia aún no se han esclarecido, los primeros indicios apuntan a ese posible estallido de una bombona de gas.

Durante más de medio siglo, una familia ha estado pagando cada año para proteger un roble centenario, sin saber que el árbol siempre había estado en su propia tierra. Lo que parecía un negocio con el vecino resultó ser, en realidad, un curioso error de propiedad que mantuvo viva una disputa familiar durante tres generaciones.

Valido Capodarca, pionero en la búsqueda de árboles monumentales en Italia, descubrió este caso en 1985 y lo documentó en su libro Emilia Romagna, ochenta árboles que salvar. “Quien llevaba décadas pagando alquiler por algo que le pertenecía”, tituló Capodarca al medio Vallecchi, resumiendo en una historia digna de comedia y de lección insólita sobre la memoria y los acuerdos.

Durante tres generaciones, una familia de Capanna Foresta, en el municipio de Gaggio Montano (norte del país) pagó una cuota anual para evitar que su vecino talara el roble. Sin saberlo, esa familia era la dueña legítima de la parcela donde echaba raíces la planta. Tal como le narró el subcomandante forestal a Capodarca, “hace mucho tiempo, quien creía ser el dueño del roble decidió talarlo”.

El vecino, convencido de que el árbol pertenecía al otro, pero profundamente ligado sentimentalmente a él, aceptó abonar cada año una suma para garantizar su supervivencia. “El acuerdo se transmitió de padres a hijos, y de ellos a los nietos”, recordó Capodarca. Este pacto, oral y transmitido de generación en generación, se truncó abruptamente cuando el propietario de tercera generación amenazó con cortar el roble: “¡Basta de cuotas, lo cortaré!”, amenazó.

El centímetro que cambió la historia

La resistencia del nieto que pagaba las cuotas derivó en una táctica inesperada. Tras revisar documentos de propiedad, decidió solicitar la intervención de un técnico municipal. “Si en tiempos de nuestros abuelos el roble estaba en el límite, durante todo este tiempo su tronco habrá crecido y puede que incluso una pequeña parte haya invadido mi propiedad. Si tan solo un centímetro está de mi lado, ese centímetro es mío, ¡y pobre del vecino si se atreve a talarlo!“, dijo el nieto a Capodarca.

El peritaje confirmó lo que nadie esperaba: “El roble, en su totalidad, y siempre lo había sido, pertenecía a alguien que llevaba décadas pagando alquiler por algo que le pertenecía”, según el técnico municipal.

Del conflicto a un patrimonio protegido

Aunque en 1985 la paz parecía lejana debido a amenazas de apelación, la historia del roble continuó. Gracias a nuevas fotografías tomadas por la naturalista Paola Campori, Capodarca pudo constatar años después que el ejemplar seguía vivo y en buen estado. “Los propietarios son ahora de cuarta generación, bisnietos de los contendientes originales… El roble sigue allí, intacto y magnífico, dividiendo los dos jardines… Lo importante es que, por una razón u otra, el roble sigue vivo", relató.

Actualmente, el roble ha trascendido la disputa privada para convertirse en patrimonio público protegido. Está catalogado oficialmente por la Región de Emilia Romaña y aparece señalizado en Google Maps como “Árbol Monumental Roble” en la zona de Capanna Foresta, un testimonio vivo de la historia familiar, la perseverancia y la justicia natural.

Una adolescente de 16 años vivió durante semanas una situación marcada por el abuso en su propio hogar. Obligada por su madre y su padrastro, la joven fue forzada a grabar en vídeo los encuentros sexuales de la pareja en la vivienda familiar de Saint-Cyr-l’École, en Yvelines, Francia. El caso, que salió a la luz en abril de 2025, ha tenido consecuencias penales y sociales para los adultos responsables y para la vida de la menor.

El tribunal de Versalles condenó el 26 de marzo de 2026 a la madre, Aurélie, de 41 años, y a su pareja, Brice, de 47 años, a cuatro años de prisión por corrupción de menores. Según el relato presentado ante la justicia, la adolescente y sus hermanos fueron puestos inmediatamente bajo la tutela de los servicios de protección infantil, quedando fuera de la custodia de sus progenitores.

Este caso expone cómo la vulnerabilidad de los menores puede verse agravada dentro del propio núcleo familiar y cómo la intervención de organismos externos es determinante para frenar situaciones de abuso. Las pruebas reunidas y los testimonios recabados por las autoridades fueron fundamentales para la resolución judicial y la protección de la víctima.

La denuncia anónima y los primeros pasos de la investigación

Todo comenzó cuando la unidad de recopilación de información sobre situaciones preocupantes (CRIP) de Yvelines recibió una denuncia anónima. El aviso indicaba que una joven estaba siendo obligada a presenciar y grabar actos sexuales entre su madre y su padrastro en el domicilio familiar. A partir de esa alerta, los servicios de protección infantil iniciaron las indagaciones y el seguimiento del caso.

Los investigadores contactaron a la adolescente y le tomaron declaración. La joven confirmó lo ocurrido y detalló cómo su madre y su padrastro le exigieron que entrara a la habitación mientras mantenían relaciones sexuales, obligándola a sentarse en el borde de la cama y grabar la escena. El medio Actu informa que, además de su testimonio, se analizaron los teléfonos móviles de los adultos, donde se hallaron varios vídeos que corroboran la versión de la menor.

El hallazgo de estas grabaciones fue clave para la investigación. En ellas, se escucha al padrastro dando instrucciones directas a la adolescente para que accediera a las peticiones de la pareja. Además, en mensajes enviados a un amigo, el hombre expresó su deseo explícito de tener relaciones sexuales con la joven, lo que agravó la situación legal de los implicados y permitió avanzar en la causa.

El testimonio de la adolescente

Durante los interrogatorios, la adolescente relató el calvario que vivió y cómo fue presionada por los adultos para participar en una situación que no comprendía ni deseaba. Los testimonios recogidos por Actu muestran que la joven no solo fue víctima de una situación de abuso psicológico y emocional, sino que además debió enfrentar la incredulidad de los acusados durante la investigación.

En su defensa, la madre declaró ante los investigadores que la joven era quien insistía en entrar a la habitación y que no supo cómo reaccionar al momento de los hechos. El padrastro, por su parte, intentó desviar la responsabilidad afirmando que la menor “vigilaba” a la pareja y que incluso se mostraba ante él con diferentes atuendos. Estas explicaciones fueron descartadas por las pruebas materiales y el testimonio de la víctima.

La investigación también expuso deficiencias en la higiene, salud y crianza de los cuatro hijos de la madre. Por ello, los servicios de protección infantil decidieron trasladar a todos los menores a hogares de acogida, alejándolos del entorno familiar donde se produjeron los hechos.

La actuación de las autoridades, impulsada por la denuncia anónima y la colaboración de la adolescente, permitió documentar la gravedad de la situación y garantizar la protección de las víctimas. De acuerdo con Actu, tanto la investigación como el proceso judicial pusieron en evidencia la necesidad de mecanismos efectivos para detectar y abordar casos de abuso dentro del ámbito familiar en Francia.

Era agosto de 2011. Ashley King tenía 18 años, estaba de año sabático y llevaba semanas viajando por Indonesia rumbo a Nueva Zelanda. La última noche en Bali salió con otros mochileros a un club en Kuta, una zona turística conocida por su vida nocturna. El local, recomendado en la guía de viajes, tenía apariencia de discoteca elegante. Nada parecía fuera de lugar.

Los camareros preparaban los cócteles a la vista y los servían en botellas de plástico reutilizables para evitar cristales en la pista de baile. King bebió, bailó y se sintió “borracha, pero no de forma memorable”. Al día siguiente tomó un vuelo hacia Christchurch (Nueva Zelanda). Jamás volvería a ver.

En el aeropuerto de Auckland comenzaron las primeras señales de alarma. King se sentía desorientada, le costaba hablar con claridad y atribuía su estado al cansancio, los nervios y los problemas del viaje. “Recuerdo hablar con los agentes de aduanas y era como si estuviera borracha. No podía articular frases con seguridad”, contó en People.

Ya en su hostal, durmió mal, con pesadillas en las que no podía respirar. Al despertar, pensó que la lámpara de su habitación se había apagado. Intentó encender su iPod, pero la pantalla no respondía. Creyó que no tenía batería. Y que el pasillo estaba mal iluminado.

Cuando salió de la habitación, ya no distinguía colores. En el hospital, fue incapaz de contar los dedos que le mostraban los médicos. “Esa fue la primera vez que pensé: ‘¿Me estoy muriendo?’”, confesó King.

Emborracharse para sobrevivir

Los análisis revelaron la causa: intoxicación por metanol, un alcohol tóxico que puede aparecer en bebidas adulteradas. El metanol no tiene olor ni sabor y, al metabolizarse, genera compuestos altamente dañinos como el formaldehído y el ácido fórmico, que atacan el sistema nervioso. “Tu sangre básicamente te embalsama de adentro hacia afuera”, explicó King.

El tratamiento fue tan extraño como urgente. Para frenar los efectos del metanol, los médicos le administraron etanol: vodka con zumo de naranja. “Fue el juego de beber más absurdo que he jugado en mi vida”, recordó. “Cuanto más borracha estaba, mejor podía respirar, mejor podía ver”.

También fue sometida a hemodiálisis. Los médicos avisaron a su familia ante la posibilidad de un desenlace fatal. Días después, tras una leve mejoría temporal, los médicos confirmaron que sus nervios ópticos estaban muriendo. La ceguera sería permanente. Pero, afortunadamente, King sobrevivió.

“No puedes prepararte para algo que no sabes que existe”

Antes de viajar, King había consultado recomendaciones oficiales. Encontró advertencias sobre terrorismo y robos, pero ninguna mención al metanol. “Nunca se me ocurrió que algo así pudiera ocurrir en un bar”, dijo. “Pensaba que me atacaría un tiburón antes que quedarme ciega”.

De regreso a Canadá, King tuvo que reconstruir su vida desde cero. Conserva apenas un 2% de visión, sin capacidad para percibir detalles o profundidad. “Parece la estática de una televisión… todo en tono sepia”, describe.

Al principio, rechazaba ayuda y trataba de mantener su vida anterior. Llegó a ser atropellada al cruzar la calle. “No quería ser una carga”, confesó. Sin embargo, con el tiempo, logró adaptarse. Estudió periodismo, viajó sola por Sudamérica y retomó su vocación artística. Además, escribió y protagonizó una obra basada en su experiencia, posteriormente convertida en el pódcast Static: A Party Girl’s Memoir. “Las cosas que de verdad me importan, he encontrado la manera de hacerlas realidad”, sentenció.

King ha hecho de su historia una herramienta de concienciación. “Si mi historia salva a una sola persona, habrá valido la pena compartir el mayor trauma de mi vida”, concluyó.

Un error en la gestión de pedidos desencadenó una situación inusual en Kirkwall, capital del archipiélago de Islas Orcadas (Escocia). El supermercado Tesco recibió por equivocación 38.000 plátanos, cuando el pedido original era de apenas 380 kilos, equivalentes a unas 3.200 unidades.

La confusión surgió al tramitar el pedido, ya que el sistema registró una solicitud de 380 cajas mayoristas, cada una con cerca de 100 plátanos, en vez de la cantidad en peso. El resultado: una entrega que multiplicó por más de diez la cantidad habitual, alterando la logística del establecimiento. Según el censo local, Kirkwall tiene alrededor de 7.300 habitantes; es decir, el pedido multiplicó por cinco a la población de la isla.

Es más, en las Islas Orcadas, los retrasos logísticos por condiciones meteorológicas pueden generar desde escasez hasta acumulaciones inesperadas de productos. En este caso, el excedente de fruta no pudo devolverse al continente debido a los fuertes vientos que bloquearon temporalmente los ferris, dejando las 380 cajas de plátanos varadas sin opción de retorno inmediato.

Obstáculos logísticos ante el aislamiento insular

Habitualmente, un excedente de estas características se reexpide en el siguiente transporte disponible. Sin embargo, la dependencia de las conexiones marítimas quedó evidenciada por la imposibilidad de devolver la mercancía, lo que forzó a Tesco a buscar soluciones alternativas para evitar el desperdicio.

Así, el supermercado activó un plan de redistribución local. Un portavoz de la cadena informó a UCV Radio: “Debido al alto pedido de bananas para nuestro hipermercado de Kirkwall, los trabajadores están invitando a escuelas locales y grupos comunitarios a recolectar la fruta para su redistribución local”.

Paula Clarke, responsable de iniciativas comunitarias, coordinó la entrega a través de redes sociales. La convocatoria obtuvo una respuesta inmediata: escuelas, clubes deportivos y asociaciones vecinales acudieron a recoger cajas de plátanos de manera gratuita.

Estrategias comunitarias para evitar el desperdicio

La operación se amplió a otras islas del archipiélago, incluidas las más remotas, lo que extendió el alcance de la distribución. No obstante, la rápida maduración de los plátanos, que se conservan hasta una semana a temperatura ambiente o 15 días refrigerados, hizo necesario actuar con rapidez. Entre las soluciones propuestas por los residentes destacan la elaboración de pan de plátano, su uso en comedores escolares y la congelación para su consumo más adelante. Profesores y responsables educativos informaron que ya habían integrado la fruta en menús y actividades escolares.

Antecedentes de errores logísticos en la región

No es la primera vez que una equivocación en el abastecimiento genera una operación comunitaria en las Orcadas. Hace dos años, una tienda en la isla de Sanday recibió por error cientos de huevos de Pascua adicionales, que se distribuyeron con fines benéficos.

Adaptación y cooperación ante situaciones excepcionales

Lejos de convertirse en un problema, la inusual llegada de plátanos ha evidenciado la capacidad de adaptación de las comunidades insulares. La combinación de un error administrativo y condiciones meteorológicas adversas derivó en una operación de cooperación vecinal que logró transformar un excedente masivo en un beneficio colectivo.

Cuando nació James, Laura supo que “algo no iba bien”. Sus ojos oscuros, su pelo, su piel... no encajaban con el perfil del donante de esperma que ella y su pareja, Beth, habían elegido años atrás en una clínica de fecundación in vitro (FIV) en el norte de Chipre. Pasaron casi diez años desde que la familia confirmara sus sospechas.

Beth y Laura tienen dos hijos: Kate, la mayor, y James. Ambos fueron concebidos mediante FIV en el centro de Dogus, en Chipre, un territorio ocupado por Turquía, donde se aplican las leyes de la Unión Europea. La pareja había solicitado expresamente que se utilizara el mismo donante para ambos embarazos, con el fin de que sus hijos estuvieran biológicamente emparentados.

No obstante, cuando llegaron las pruebas de ADN, ninguno de los niños había sido concebido por el esperma del donante elegido y tampoco eran hermanos biológicos entre sí. “Pasamos de tener un buen perfil del donante y sentir que conocíamos los antecedentes familiares y el historial médico a no tener absolutamente nada”, ha dicho Beth a la BBC.

El donante de Dinamarca que nunca llegó

La historia comenzó en 2011, cuando la pareja decidió formar una familia y eligió la clínica Dogus. La coordinadora de pacientes, Julia Hodson, les explicó que el centro podría importar esperma congelado de Cryos International, el mayor banco de esperma del mundo, con sede en Dinamarca.

Allí encontraron el perfil de un donante apodado “Finn”: danés, sano, deportista, que apenas bebía y nunca fumaba. En una nota, Finn explicaba que su motivación era “llevar vida y felicidad a los demás”. El perfil incluía un árbol genealógico que mostraba rasgos físicos similares a los de la pareja: ojos claros y cabello castaño.

“Nos parecía muy importante que nuestros hijos supieran quién era su donante, porque eso representa la mitad de lo que son”, explica Beth. Durante años, ambos hijos se describían como “medio danesas”. El tratamiento completo, incluyendo medicación, vuelos y alojamiento, costó unas 16.000 libras esterlinas (más de 18.000 euros), de las cuales 2.000 (2.900 euros) correspondían al esperma de Finn. Cuando nació Kate, todo parecía ir bien. Al nacer James, comenzaron las dudas.

Tras años pensándolo, la familia se sometió a pruebas de ADN comerciales, que indicaban que ninguno de los niños provenía de Finn y que habían sido concebidos con esperma de distintos donantes.

El mismo equipo médico y más familias afectadas

Beth y Laura intentaron contactar con la doctora responsable, Firdevs Uguz Tip, y con la coordinadora, Julie Hodson, sin obtener respuesta inicialmente. Sin embargo, cuando la BBC se puso en contacto con Firdevs, la médica afirmó no ser la responsable de solicitar el esperma y puso en duda la fiabilidad de las pruebas comerciales de ADN. También aseguró que no había realizado tratamientos de FIV entre 2011 y 2014, pese a que la web de la clínica detallaba procedimientos de ese período.

La investigación identificó otras familias vinculadas al mismo equipo médico. Dos parejas británicas que más tarde acudieron al Miracle IVF Centre (clínica fundada por Firdevs en 2019) creen que también recibieron donantes de óvulos distintos a los que habían elegido. Algo que las pruebas de ADN parecen confirmar.

“No quiero que la gente piense que necesito tener un bebé que se parezca a mí; no se trata de eso”, ha explicado Kathryn, una de las pacientes. “No quiero mentirles sobre sus orígenes”. Por su parte, Firdevs respondió que la selección de donantes de óvulos la realizaba “exclusivamente” la clínica, que nunca garantizaba la etnia de la donante y que todo constaba en los formularios de consentimiento, algo que las familias aseguran no haber recibido con claridad.

Sin regulación independiente

“Es una situación absolutamente terrible para los pacientes”, afirma el doctor Ippokratis Sarris, de la Sociedad Británica de Fertilidad. Además, que ocurra de forma repetida y vinculado al mismo equipo podría indicar “negligencia” o incluso “engaño”.

El norte de Chipre cuenta con leyes de fertilidad propias, pero no dispone de un organismo regulador independiente que supervise las clínicas. “El mayor temor de cualquier unidad de FIV es confundir un óvulo, un espermatozoide o un embrión”, ha asegurado el doctor. Sin embargo, Cryos International declaró que cuenta con “numerosos procesos de seguridad” y que en sus 45 años de historia no había registrado errores de este tipo.

“Seguimos siendo una familia”

Han pasado dos años desde que Beth y Laura hablaron con sus hijos sobre la situación. James sigue procesando lo sucedido: “No puedes decir que alguien es de una manera y luego decir que no lo es. Eso está mal. La identidad es lo principal. Es quién eres como persona”.

Por su parte, Kate ha comentado que todos “han crecido juntos y nuestras madres nos han criado. Seguimos siendo una familia, aunque no sea por lazos de sangre”. “Tenemos dos hijos maravillosos”, han sentenciado Beth y Laura

La investigación de las muertes de Antonella Di Jelsi y su hija de 15 años, Sara Di Vita, ha dado un giro totalmente inesperado para la pequeña población de Pietracatella, localizada en el sur de Italia. Según ha confirmado la Fiscalía de Campobasso, el episodio ocurrido pocos días después de la cena de Nochebuena ha abierto un expediente por doble homicidio premeditado después de que los análisis toxicológicos detectaran rastros de ricina, una sustancia usada como veneno. Hasta ahora, el suceso se había identificado como una posible intoxicación alimentaria, pero las nuevas pruebas han modificado el rumbo del caso.

De acuerdo con la información de Corriere del Mezzogiorno, los análisis se trasladaron a laboratorios de Suiza y Estados Unidos, donde expertos han buscado paralelismos con otros casos de envenenamiento. La ricina, extraída de la planta de ricino, es una toxina capaz de provocar en pocas horas náuseas, vómitos, fallo respiratorio y, finalmente, la muerte. Por este motivo, su acceso y manipulación requieren conocimientos avanzados.

¿Qué pasó en la cena de Nochebuena?

El drama familiar se desató entre el 24 y el 26 de diciembre de 2025. El primer caso se detectó cuando Sara Di Vita, estudiante de instituto, acudió a urgencias del Hospital Cardarelli de Campobasso tras experimentar una sintomatología aguda compatible con intoxicación. Fue dada de alta, pero su situación no mejoró y regresó junto a su madre. Ambas fueron ingresadas en estado crítico y fallecieron en pocas horas, a pesar de las medidas de soporte intensivo aplicadas por el personal del hospital, según explicó el responsable de Cuidados Intensivos, Vincenzo Cuzzone, a la prensa local.

Durante esos días, el padre de familia y exalcalde local, Gianni Di Vita, también tuvo que ser hospitalizado, pero los dos se recuperaron con atención sanitaria. Por su parte, la hija mayor del matrimonio, que no asistió a la cena, no presentó síntomas en ningún momento. Tras los primeros exámenes, la autopsia practicada el 31 de diciembre no logró esclarecer el origen de la muerte. La hipótesis inicial apuntaba a una intoxicación por alimentos en mal estado.

Entre ellos, pescado o setas consumidos en la tradicional cena navideña, según las primeras informaciones recogidas por Radiotelevisione Italiana (RAI). Los especialistas del hospital observaron un rápido deterioro, con hepatitis y fallo multiorgánico; un cuadro clínico “insólito” para los médicos consultados. De este modo, las autoridades confiscaron los restos de los alimentos encontrados en la vivienda y abrieron una investigación judicial y sanitaria.

A finales de diciembre, la Fiscalía llegó a imputar a cinco médicos por presunta mala praxis y lesiones personales en el tratamiento de Antonella y Sara, según ha detallado el Corriere del Mezzogiorno. Sin embargo, la aparición de la ricina ha cambiado radicalmente la perspectiva del caso. Ahora, la atención se centra en determinar cómo se introdujo el veneno en el hogar de la familia Di Vita y quién pudo haberlo administrado. Los investigadores han mantenido la máxima reserva durante la reconstrucción de los hechos, mientras la casa donde ocurrieron los hechos permanece incautada.

La ricina, un veneno que ha cobrado notoriedad en la cultura popular por series como ‘Breaking Bad’, rara vez aparece en delitos de este tipo. Por ello, las fuerzas de seguridad están ahora investigando si existían tensiones personales o conflictos en el entorno familiar o en la pequeña comunidad de Pietracatella que pudieran haber motivado un acto tan extremo. Además, la obtención y preparación de la ricina representa un desafío considerable incluso para expertos, lo que complica aún más la labor de los investigadores.

El impacto de la tragedia ha sido profundo en la localidad de poco más de mil habitantes. Desde el primer momento, los vecinos suspendieron todas las celebraciones navideñas. El ayuntamiento expresó su solidaridad a la familia en redes sociales: “Estamos muy cerca de todos vosotros y compartimos vuestro sufrimiento. Ante una pérdida tan dolorosa, las palabras son siempre insuficientes, pero queremos que sepáis que no estáis solos; el pueblo entero está con vosotros”, se lee en la página de Facebook del Ayuntamiento.

Durante casi una década, una pareja en Eslovaquia convirtió a un pensionista en su esclavo personal, sometiéndolo a todo tipo de abusos y privaciones. El caso ha conmocionado al país tras conocerse que el hombre, de edad avanzada y en situación de calle en 2016, fue engañado con la promesa de una vida mejor. La realidad que encontró fue un encierro forzado y años de explotación en los que perdió su libertad y sus recursos.

El calvario del anciano comenzó cuando aceptó mudarse a la casa de la pareja, que pronto le quitó sus documentos y lo confinó en el domicilio. No podía salir bajo ninguna circunstancia y cada intento de resistencia era respondido con violencia física. La pareja lo obligaba a realizar todas las tareas domésticas y a entregar mensualmente su pensión completa, dejándolo sin ningún ingreso propio, según informa el medio Blesk.

La situación se mantuvo en secreto hasta septiembre de 2025, cuando, gracias a la ayuda de terceras personas, el hombre consiguió escapar y denunciar su situación ante la policía eslovaca. Tras la denuncia, los agentes acudieron al domicilio, comprobaron la veracidad del relato y detuvieron a los responsables. Ahora la pareja enfrenta cargos por trata de personas, un delito que en Eslovaquia supone penas de entre siete y doce años de prisión.

El calvario del anciano y las condiciones del secuestro

La pareja no solo privó de libertad al anciano, sino que además lo sometió a un régimen de trabajo forzado. El hombre tenía prohibido abandonar la vivienda, y sus secuestradores le retiraron toda documentación para impedir cualquier intento de fuga o identificación. Se le exigía realizar las tareas domésticas y, en los momentos en que se negaba a obedecer, era golpeado para doblegar su voluntad.

La explotación iba más allá del trabajo físico. Los secuestradores le confiscaban cada mes la totalidad de su pensión y lo obligaban a solicitar préstamos bancarios, cuyas sumas también eran entregadas a la pareja. Según la policía: “Se le pedía el dinero y, si no obedecía, se le golpeaba”. El control económico y la amenaza constante de agresiones mantenían al pensionista en una situación de absoluta indefensión.

Durante todo el periodo de confinamiento, el anciano estuvo aislado de cualquier contacto externo. La vigilancia era estricta y cualquier intento de desobediencia se castigaba con violencia. Solo la intervención de personas ajenas a la familia permitió que el hombre encontrara una vía de escape y denunciara el caso.

La intervención policial y el proceso judicial

Tras la denuncia en septiembre de 2025, la policía eslovaca actuó con rapidez. Los agentes acudieron a la vivienda, confirmaron la situación y procedieron al arresto inmediato de la pareja. La investigación reveló el grado de sometimiento y la explotación sistemática sufrida por el anciano durante casi diez años. El caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de personas mayores en situaciones de exclusión social y la importancia de la intervención de la comunidad para detectar y denunciar estos abusos.

Actualmente, la pareja espera juicio mientras la policía continúa recopilando pruebas sobre la totalidad de los abusos económicos y físicos. La situación del pensionista, aunque ahora a salvo, refleja la realidad de quienes pueden ser captados por su fragilidad y convertidos en víctimas invisibles durante años.

El anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de prisión por provocar un brote masivo de hepatitis C en Valencia, ha muerto este lunes en un hospital. Ha sido su abogado, Miguel Ferrer, quien ha dado la información, según cuenta EFE.

El caso de Maeso se remonta a 1998, año en el que comenzó a detectarse un número inusual de infecciones de hepatitis C en cuatro hospitales de Valencia, uno público y tres privados. Las investigaciones confirmaron que el foco del brote había sido el anestesista, portador del virus. En total, el hombre había contagiado a 275 pacientes entre 1988 y 1998, cuatro de los cuales terminaron falleciendo por la enfermedad.

Maeso fue condenado a 1.933 años de prisión, de los que pasó 15 encerrado. En marzo de 2023, salió en libertad condicional debido a su delicado estado de salud, que se ha ido agravando hasta su fallecimiento, este lunes.

Se inyectaba parte de la anestesia antes de operar

El macrojuicio contra Maeso comenzó en septiembre de 2005. Dada la magnitud del sumario, de más de 22.000 folios, fue necesario habilitar una sala especial en la Ciudad de la Justicia de Valencia. En total, participaron 153 abogados, 114 procuradores y más de 600 testigos entre afectados, médicos, directivos de los diferentes hospitales y cargos del Gobierno valenciano.

Maeso había la “fuente única” del contagio en los 275 casos, según demostraron los peritos expertos en genética que participaron en la investigación. El médico se inyectaba parte de las sustancias anestésicas que luego administraría a los pacientes, utilizando la misma aguja, lo que permitió la transmisión de la enfermedad.

Tras 17 meses de juicio, Maeso fue condenado por la Audiencia de Valencia en 2007. La sentencia le consideró responsable de un delito de lesiones y le impuso siete años de prisión por cada una de las 275 infecciones que causó (1.925 años), además de cuatro delitos de homicidio imprudente, castigados con dos años de prisión cada uno, así como la inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina. En total, Maeso debía pasar 1.933 años de prisión, de los que cumpliría como máximo 20.

La Audiencia de Valencia le impuso, además, el pago de 49.065 euros a la familia de uno de los fallecidos. El médico tuvo que pagar otras seis indemnizaciones, de entre 60.000 y 150.000 euros cada una, a otros afectados “por todos los conceptos derivados de los daños y perjuicios sufridos por el contagio de la hepatitis C”, sumando más de medio millón de euros en responsabilidad civil. La Generalitat, por su parte, indemnizó con más de 20 millones de euros a los afectados, como responsable civil subsidiaria. Varias aseguradoras también fueron consideradas responsables civiles directos en el caso.

El condenado salió de prisión en 2023, a los 15 años de su condena, debido a su grave estado de salud. La Audiencia de Valencia le concedió la libertad condicional tras considerar que sus circunstancias vitales dificultaban o impedían que reanudase su actividad profesional. Finalmente, ha fallecido este lunes en un hospital de Valencia.

*Con información de EFE

Un hombre ha conseguido robar 24.000 euros en hoteles de Barcelona haciéndose pasar por turista a lo largo de varios meses. Su método consistía en moverse con naturalidad por las áreas comunes de distintos establecimientos, donde observaba a los huéspedes y esperaba el momento oportuno para sustraer sus pertenencias. El caso generó alarma entre los viajeros y los responsables de los hoteles, ya que las denuncias se repetían desde noviembre de 2025.

La policía catalana llevaba meses recibiendo avisos por robos de carteras, dinero y objetos de valor en diversos hoteles de la ciudad. El ladrón, con un perfil discreto y sin levantar sospechas, se mezclaba entre los clientes para elegir a sus víctimas entre los turistas más desprevenidos. Sus acciones no solo consistían en hurtos, sino que también utilizó tarjetas de crédito robadas para sustraer unos 400 euros adicionales, ampliando así el alcance de sus delitos.

El 23 de marzo las autoridades lograron detener al sospechoso tras una orden de arresto emitida por su implicación en al menos siete robos en la capital catalana. La operación que culminó con su arresto se enmarca en un despliegue especial de seguridad denominado Operación Kanpai, una estrategia policial orientada a frenar la delincuencia en espacios concurridos de Cataluña. En la actualidad, el hombre, de 46 años, está considerado un delincuente reincidente y de alto riesgo por las fuerzas del orden.

El método del ladrón y sus robos en los hoteles

El delincuente utilizaba el método sencillo pero eficaz de simplemente no parecer un ladrón. Vestido de paisano y con total tranquilidad, se hacía a diario con decenas de pertenencias de valor. Los robos solían producirse en momentos de despiste, cuando las víctimas dejaban sus objetos sin vigilancia durante breves periodos en zonas como el vestíbulo o la sala de desayunos.

Durante su actividad, el sospechoso acumuló más de 24.000 euros en efectivo y bienes robados. Además de dinero y carteras, se apoderaba de otros objetos de valor, como dispositivos electrónicos y joyas. En algunos casos, consiguió robar tarjetas de crédito, que luego utilizaba para realizar compras y retirar dinero, sumando unos 400 euros adicionales mediante fraude.

La policía no ha revelado la nacionalidad del arrestado, pero sí ha confirmado que se trata de un hombre de 46 años con antecedentes penales. Su historial incluye delitos similares cometidos anteriormente, lo que llevó a las autoridades a clasificarlo como un delincuente de alto riesgo y a intensificar su búsqueda tras las primeras denuncias.

La investigación y la operación policial

Las primeras señales de alarma surgieron a finales de 2025, cuando los hoteles de Barcelona empezaron a notificar una oleada de robos con un patrón similar. Las autoridades recopilaron las denuncias y establecieron una vigilancia especial en los establecimientos más afectados, analizando grabaciones de cámaras de seguridad y patrones de movimiento del sospechoso.

La Operación Kanpai, desplegada por la policía catalana, consistió en el aumento de presencia policial y en la coordinación de varios equipos para interceptar al ladrón. Esta estrategia permitió finalmente localizar y arrestar al sospechoso el 23 de marzo. La investigación también incluyó la revisión de movimientos bancarios y el rastreo de las tarjetas de crédito robadas, lo que facilitó la reconstrucción completa de sus delitos.

El acusado tenía prevista su comparecencia ante el juez el 26 de marzo, enfrentando cargos de robo y fraude. Tras la detención, la policía ha recomendado a los establecimientos hoteleros y a los turistas reforzar las precauciones: no descuidar objetos personales en zonas comunes y denunciar cualquier comportamiento sospechoso. El caso resalta la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sector hotelero para prevenir delitos similares durante la temporada turística.

La fuerte explosión registrada este mediodía en la azotea del hotel Olas de Almuécar, en Granada, ha dejado a un herido y ha evacuado a las 40 personas alojadas en el edificio, situado en la céntrica avenida de Europa. Como han informado los servicios de emergencias, el incidente ha ocurrido poco después de las 13:00 horas, generando un incendio visible desde varios puntos del municipio. El suceso se ha producido durante unas labores de carga de gas en una de las calderas de la quinta planta del edificio, según ha podido confirmar Ideal.

El estruendo, que habría estado precedido por varias deflagraciones, ha alarmado a vecinos y transeúntes, que han observado una columna de humo denso elevándose sobre el centro de Almuñécar. Los servicios de Bomberos de Almuñécar, junto con efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y una UVI móvil, han intervenido en la zona para sofocar las llamas, acordonar las inmediaciones y garantizar la seguridad de la población. Durante la operación, Granada Hoy ha podido ver cómo varios residentes y turistas desalojados se han concentrado en las calles colindantes, a la espera de instrucciones y observando cómo los trabajadores sacaban equipaje del inmueble.

El único herido, identificado como el conductor del camión de gas propano encargado de recargar la caldera, ha sido atendido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Santa Ana de Motril. Según la información de La Vanguardia, el operario ha sufrido lesiones en la cabeza durante la explosión. Pese a que casi todos los alojados en el hotel Olas han salido ilesos del incidente, dos bomberos han tenido que recibir atención médica por inhalación de humo durante las labores de extinción. Aunque su estado no reviste gravedad.

La habitación que ha explotado no estaba habitada

La Policía Local de Almuñécar ha informado de que la quinta planta del hotel ha sido la más dañada: una de sus paredes ha quedado prácticamente destruida y los cascotes se han esparcido hasta zonas cercanas como el Callejón del Silencio. Ante el riesgo de nuevos desprendimientos, las autoridades han decidido cortar el acceso tanto por esa vía como por la avenida de Europa. El edificio será evaluado por el arquitecto municipal antes de autorizar el regreso de los huéspedes.

Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha calificado la situación como “casi un milagro”, al no haberse producido víctimas mortales ni heridos entre los clientes. Asimismo, ha subrayado que el hotel tenía en ese momento el 60% de ocupación. Aunque ha resaltado que la zona más afectada no estaba habitada en ese instante.

Por ahora, el Ayuntamiento ha reubicado a los clientes en otros establecimientos del municipio, aunque la alta ocupación hotelera durante la Semana Santa ha generado dificultades en la tarea. La investigación sobre las causas exactas del accidente está en curso. Por otro lado, algunos técnicos de TEDAX-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico) de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar de los hechos para analizar el escenario y descartar riesgos adicionales.

Además, el alcalde ha insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad estructural del edificio antes de permitir la vuelta de los usuarios y empleados. El resultado de las inspecciones técnicas determinará los próximos pasos para la reapertura del hotel.

Los Bombers de Barcelona recibieron el aviso a las 13.17 horas y movilizaron diez dotaciones para contener el fuego, que se localizó en el área del Pont de Europa, en el Moll de Ponent. Asimismo, dentro del operativo desplegado se incluyen tres tanques, tres autobombas, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos de apoyo y dos de mando.

El fuego se ha provocado en la zona de carga y ha dejado a un camión y varias tractoras portuarias de la terminal a la espera de embarque. Según han confirmado las fuentes consultadas por 20 Minutos, tampoco se han detectado heridos, ni intoxicaciones por el suceso. Además, han asegurado que las mercancías que se han quemado no eran peligrosas.

Rápida respuesta de los servicios de emergencias

La presencia de la columna de humo negro ha generado alarma entre quienes se encontraban en las inmediaciones, ya que la humareda se ha podido ver desde varios barrios de la ciudad como el Montseny y Montjuïc. Con las imágenes de @escamotalpha cedidas a Infobae España se puede apreciar perfectamente el incidente y la actuación de los servicios de emergencia.

Y es que, ante la magnitud del humo producido, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 76 llamadas de ciudadanos que han alertado de la situación. Mientras tanto, Protección Civil ha activado la prealerta del plan Procicat como medida de prevención.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, aunque las fuentes portuarias y las imágenes confirman que las llamas se han extendido entre algunos contenedores de mercancías que estaban situados en la terminal de la compañía Grimaldi cerca del puente de Europa.

Las autoridades han remarcado que la pronta intervención de los servicios de emergencia ha permitido evitar daños mayores en los contenedores de alrededor y contener la expansión del fuego hacia otras áreas sensibles del recinto portuario. Así, a primera hora de la tarde las llamas han sido controladas y tanto el tráfico como la actividad en el puerto se han restablecido sin problemas mayores, salvo en el área afectada, donde el Cuerpo de Bomberos de Barcelona continúa trabajando.

Un camión que transportaba 12 toneladas de chocolatinas Kit Kat, propiedad de la multinacional suiza Nestlé, ha ‘desaparecido’ durante un trayecto por Europa, según ha informado la compañía. Son 413.793 barras de su marca de chocolate, sustraídas después de salir de su planta de producción en Italia con destino a Polonia.

En un comunicado, la compañía, con sede en Vevey, Suiza, ha declarado que “el vehículo y su carga aún no han sido encontrados por ningún lado”. Las barras de chocolate debían distribuirse en toda Europa y la empresa ha señalado que las barras de chocolate desaparecidas podrían ingresar a canales de venta no oficiales en los mercados europeos, pero que, si esto ocurre, todos los productos pueden ser rastreados mediante el código de lote único asignado a cada barra.

Un portavoz de KitKat ha destacado que, como resultado, los consumidores, minoristas y mayoristas podrán identificar si un producto forma parte del cargamento robado escaneando los números de lote en el envase. Si se encuentra una coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a la empresa, que luego compartirá la evidencia de manera apropiada.

Métodos de robo cada vez más sofisticados

La compañía se ha tomado el suceso con humor, dentro de la gravedad del robo. “Si bien apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, el hecho es que el robo de cargamentos es un problema en aumento para empresas de todos los tamaños”, ha indicado en un comunicado. “Con la implementación regular de esquemas cada vez más sofisticados, hemos decidido hacer pública nuestra experiencia con la esperanza de crear conciencia sobre una tendencia delictiva cada vez más común”, añadió.

Nestlé se disponía a lanzar una nueva gama de chocolates especiales para la temporada de Semana Santa. La sustracción ha tenido como objetivo las barras KitKat Formula One, una edición vinculada al acuerdo alcanzado el año anterior por la marca para convertirse en la barrita oficial de la Fórmula 1, caracterizadas por su formato inspirado en coches de carreras y su combinación clásica de oblea y chocolate.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz de Nestlé recogidas por el diario británico The Guardian, la colaboración sigue abierta entre la compañía, las fuerzas de seguridad y los socios logísticos, aunque hasta la fecha dicha cooperación no ha permitido avances significativos: el vehículo implicado en el robo y las barras de chocolate robadas continúan en paradero desconocido, sin que se hayan revelado avances en el caso.

El contexto del incidente coincide ahora con la reciente difusión de un informe elaborado de manera conjunta por la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA EMEA). Ambos organismos advierten de un crecimiento en el número de robos de mercancía y del perfeccionamiento de los métodos empleados. En ese sentido, la compañía suiza ha expresado su inquietud ante la escalada cada vez mayor de estos delitos, que afectan tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas de transporte, tendencia que considera al alza y con un impacto transversal en el sector.

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de una empresa distribuidora de libros y a otras dos personas acusadas de sustraer cientos de ejemplares durante varios años, para luego venderlos a través de una plataforma digital de compraventa. Según la investigación, el grupo habría obtenido alrededor de 400.000 euros en beneficios.

Según ha informado en un comunicado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid este domingo, todo comenzó tras la denuncia presentada por la empresa, que detectó la desaparición reiterada de libros de sus almacenes. Las pesquisas permitieron identificar la existencia de un presunto grupo criminal. El empleado aprovechaba su acceso para sacar los ejemplares, mientras que sus cómplices los ponían a la venta por internet.

El análisis de las ventas registradas y los libros sustraídos llevó a estimar que el valor del material comercializado ilegalmente rondaría los 400.000 euros.

La operación concluyó el pasado 11 de marzo con la detención de las tres personas, acusadas de un delito continuado de hurto y pertenencia a grupo criminal.

Récord histórico del sector del libro

Cabe señalar que la facturación del mercado del libro superó en 2025 los 1.250 millones de euros, lo que supone un aumento del 4% respecto al año anterior, según el estudio el Mercado del Libro en España, elaborado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Así, las ventas de libros impresos alcanzaron los 76 millones de ejemplares.

La ficción se mantuvo como el género más demandado, representando el 32% del total vendido y con un crecimiento del 10,3%, de acuerdo a este estudio. Los títulos juveniles abarcaron el 29% del mercado, con una subida del 12% interanual. En cambio, las obras de no ficción, que constituyen el 28% de las ventas, anotaron un descenso del 3%. Por su parte, los cómics y novelas gráficas mostraron un crecimiento del 7,1%.

En cuanto a la distribución geográfica, Madrid y Cataluña concentran la mayor parte de las ventas de libros, con un 21,2% y un 20,5% respectivamente. La Comunidad Valenciana aporta el 12,9%, seguida de Galicia con el 6,4% y el País Vasco con el 5,3%. El resto de comunidades autónomas reúne el 33,7% del total nacional, de acuerdo a los datos de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Este aumento en la demanda y en el valor del mercado del libro refuerza el impacto económico de delitos como el detectado por la Guardia Civil, ya que el robo y la reventa ilegal afectan directamente a un sector que en los últimos años ha mostrado signos de recuperación y expansión.

Dicen que el negocio de la literatura es cada vez más complicado, pero aún es posible ganar cientos de miles de euros con la venta de libros, incluso al margen de las grandes cadenas de venta. Lo acaban de demostrar tres personas que han sido detenidas en Madrid por la Guardia Civil, que han acumulado cerca de 400.000 euros revendiendo libros robados.

Según las autoridades, los detenidos mantenían una operación de robo de libros a una distribuidora, en la que trabajaba uno de ellos, y luego los revendían a través de una plataforma digital, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid a la Agencia EFE. La investigación arrancó después de que la empresa distribuidora denunciara ante las autoridades la desaparición recurrente de ejemplares durante varios años, lo que permitió identificar la existencia de un supuesto grupo criminal. El empleado implicado sustraía una importante cantidad de libros, mientras que sus dos cómplices los comercializaban por internet, según detalló la institución policial.

La suma de los beneficios alcanza los 400.000 euros, resultado del análisis conjunto entre las pérdidas de la empresa y el volumen de ventas detectadas en la plataforma digital, conforme a la información oficial. Los detenidos enfrentan cargos por un presunto delito continuado de hurto y por pertenecer a una organización criminal, de acuerdo con el comunicado de la Guardia Civil.

El negocio del libro va en alza

Y es que el negocio de la literatura no está tan mal como podría creerse. Según las últimas cifras disponibles, el sector editorial en España creció en 2025 en torno a un 4%, lo que supuso un incremento “más moderado” que en otros ejercicios, pero siguió implicando un “año de récord”, con una previsión de facturación de unos 1.500 millones de euros, frente a los 1.200 de 2024.

Según ha declarado el presidente del Gremio de Editores de Cataluña, Patrici Tixis, a la Agencia EFE, el sector desde 2019 hasta 2025 lleva un crecimiento global de un 39%, lo que significa que el libro “es uno de los elementos que está en la conversación social, que se sigue leyendo mucho”, algo que contrasta con lo que ocurre en Europa, donde el crecimiento se “ha estancado o incluso ha bajado un 1 % en algunos países, con lo que ya se habla de la excepción ibérica, porque en España y Portugal estamos en cifras récord”.

Recientemente, Beñat Azurmendi, creador de contenido y propietario de la librería Lasai, reveló en un pódcast que el desembolso inicial para poner en marcha una librería independiente asciende a 50.000 euros. Y para que sea rentable, es necesario alcanzar unas ventas que rondan los 1.000 euros diarios. En términos prácticos, esto se traduce en la necesidad de vender unos 70 libros al día si el precio medio es de 20 euros por ejemplar, ya que, de cada libro vendido, el propio librero recibe únicamente el 30% del precio final. Por tanto, para un libro de veinte euros, el librero recibe seis euros. El resto se reparte entre los otros eslabones de la cadena. Esta proporción obliga a calcular cuidadosamente cuántos libros deben venderse diariamente para cubrir gastos y obtener un ingreso digno.

El 6 de marzo de 2012, Antonio Quesada Díaz, de 76 años, y su esposa Ana María Artiles, de 74, salieron de su domicilio en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, para realizar unas gestiones en su sucursal del Banco Santander. Era una tarde de trámites rutinarios, pero nunca regresaron.

Las cámaras de seguridad de la oficina registraron el momento. Hacia las 18:30, el matrimonio y el subdirector de la sucursal, Rogelio S.T., salían juntos del banco. Fue la última vez que alguien los vio con vida. Las hijas del matrimonio comenzaron a notar la ausencia en las horas siguientes.

Las llamadas no obtenían respuesta. La situación era especialmente alarmante porque Antonio era trasplantado renal y dependía de una medicación diaria estricta. Sin ella, no podría sobrevivir más de diez días. La familia descartó desde el principio que se hubieran ido voluntariamente. La búsqueda se prolongaría durante cinco años y el caso parecía que estaba condenado a ser archivado.

Un barranco en el sur de la isla

El 20 de agosto de 2017, un cazador llamado Carlos Díaz paseaba por el Barranco de las Vacas, en el municipio de Agüimes, a unos 40 kilómetros de Las Palmas. Su perra empezó a escarbar. “Estaba cazando, entonces empezó a escarbar y sacó huesos”, relataría después a los medios locales.

En un primer momento creyó que serían restos de un animal, pero al ver una camisa lo descartó. “Al levantar la camisa vi el cráneo y automáticamente se partió en dos. Después se cayó la prótesis de la dentadura”, recordó el cazador.

La Policía Científica descendió hasta el barranco con diez agentes y dos forenses. Allí encontraron dos cadáveres en avanzado estado de descomposición, apilados uno sobre otro en una ladera pronunciada y cubiertos con maleza y piedras. Llevaban puestas las mismas ropas que el día de su desaparición. También estaban las gafas, la prótesis de cadera de Ana María y la documentación personal.

Según el informe policial al que tuvo acceso La Sexta, sobre los cadáveres se encontraron la cartera de Antonio con dinero en su interior y la cadena de oro de Ana María. No los habían matado para robarles.

La autopsia fue concluyente. Ambos presentaban graves fracturas craneales provocadas por un golpe en la parte posterior de la cabeza en una fecha compatible con marzo de 2012. El caso de la desaparición se convertía oficialmente en un doble asesinato.

El banquero de la doble vida

Desde el primer momento, la investigación apuntó a Rogelio S.T., subdirector de la sucursal donde el matrimonio tenía todos sus ahorros y última persona con la que se les vio con vida. Detrás de su imagen de profesional respetable se escondía, según los investigadores, una realidad muy diferente.

Un examigo del sospechoso, que prefirió mantener el anonimato por miedo, describió ante las cámaras de Equipo de Investigación el alto nivel de vida que llevaba Rogelio: drogas, fiestas, viajes, dos coches y la escolarización de sus hijos en un colegio privado alemán.

Además, el criminólogo Jordi Delgado concretó la cifra que explicaría ese desfase: “En sus declaraciones ante la Policía Judicial, Rogelio no consigue explicar esa salida de 78.400 euros de las cuentas de Antonio y de Ana María”.

Las auditorías internas del Banco Santander, impulsadas tras la desaparición, confirmaron que Rogelio había estado desviando fondos de clientes ancianos durante años, seleccionando a personas mayores que no supervisaban sus cuentas digitalmente y que confiaban plenamente en su gestión.

En noviembre de 2012, apenas ocho meses después de la desaparición del matrimonio, fue despedido por irregularidades en la gestión de las cuentas de otros clientes con un perfil idéntico. Su revocación como apoderado mancomunado del Santander se publicó el 6 de marzo de 2013, exactamente un año después de la desaparición.

Los indicios que señalan al sospechoso

La noche del 6 de marzo de 2012, a las 20:44 horas, la esposa de Rogelio le llamó al móvil. La llamada no fue captada por ningún repetidor de Las Palmas, sino que, según recoge el auto de la Audiencia Provincial, por el repetidor de telefonía instalado en el paraje donde acabaron apareciendo los cadáveres.

La explicación ofrecida por Rogelio fue que aquella tarde su coche se había averiado y buscaba un taller en el sur de la isla. Otro elemento hallado en su teléfono móvil resultó aún más difícil de explicar: una fotografía de unos zapatos de mujer cuyo modelo y color eran idénticos a los que llevaba Ana María Artiles el día de su desaparición.

Cuando los restos de Ana María fueron hallados en el barranco, sus pies estaban descalzos. Los zapatos nunca aparecieron en la fosa. Para la familia, este hallazgo constituye una prueba física esencial que vincula al sospechoso con el cuerpo de la víctima.

En 2025, el juez ordenó nuevas pruebas caligráficas para determinar si Rogelio había falsificado las firmas del matrimonio en documentos bancarios que autorizaban movimientos de fondos desde sus cuentas. Las hijas de las víctimas consideraban imposible que su padre hubiera firmado el retiro de tales sumas.

El largo camino judicial

En enero de 2018, seis años después de los hechos, la policía detuvo a Rogelio S.T., como sospechoso de los asesinatos. Pasó un breve periodo en prisión provisional antes de quedar en libertad por falta de pruebas, manteniendo su condición de investigado.

En junio de 2023 llegó el golpe más duro para la familia. El juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas decretó el sobreseimiento provisional y archivó la causa. Se recurrió, y en septiembre de 2024 la Audiencia Provincial de Las Palmas reabrió el caso. La abogada de la familia, Patricia Catalina, no descarta además la participación de terceras personas en el traslado y enterramiento de los cuerpos, dada la dificultad del terreno.

Catorce años esperando justicia

A marzo de 2026, el proceso judicial contra Rogelio S.T. se encuentra en su fase más avanzada. La acusación particular le atribuye dos delitos de asesinato agravado, estafa, atentado contra la integridad moral y lesiones psíquicas, y solicita su ingreso inmediato en prisión.

A primera hora de este sábado, el cadáver de una joven de origen noruego de 15 años ha sido encontrado en la bocana del muelle de la playa de Puerto Rico, en el municipio de Mogán (Gran Canaria). Europa Press, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, ha indicado que el hallazgo se ha producido sobre las 09.00 horas.

Varias llamadas al 112 Canarias han alertado del cuerpo de la menor. Hasta el lugar se ha desplazado un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que actualmente se encuentra investigando las causas del fallecimiento de la joven.

También se trasladaron a la zona en la que fue encontrado el cadáver, entre Puerto Base y Balito, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Bomberos del Consorcio de Emergencias de Puerto Rico, Protección Civil y Policía Local.

Aún se desconoce la causa de la muerte

La joven de 15 años se encontraba en el sur de Gran Canaria de vacaciones con su familia. Antes del hallazgo del cuerpo, las autoridades ya habían recibido una denuncia por la desaparición de una menor de origen noruego que se alojaba con su familia en unos apartamentos de la zona de Barranco Agua La Perra.

Tras encontrar a la víctima, sus familiares la han identificado. Por el momento, todas las hipótesis sobre su fallecimiento se mantienen abiertas.

*Con información de Europa Press

La localidad francesa de Bédoin, en el departamento de Vaucluse, fue escenario de un caso estremecedor: una madre fue condenada este viernes 27 de marzo a veinticinco años de prisión por la muerte de dos de sus bebés, a quienes había metido en el congelador de su vivienda. Según informa el medio francés La Dépêche, el Tribunal de lo Penal de Vaucluse dictó la sentencia contra Aurélie S., de 44 años, tras considerar probado que la muerte de los pequeños se debió a negligencia grave.

El tribunal no halló pruebas suficientes para afirmar que la madre tuviera intención de matar, pero sí la declaró culpable de causar la muerte por omisión y de violencia contra sus otras tres hijas mayores. Durante la audiencia, la acusada, que llevaba tres años en prisión preventiva, escuchó el veredicto sin mostrar emociones y con los brazos cruzados. La presidenta del tribunal, Laurène Dorlhac, criticó su falta de empatía y de autocrítica, y lamentó que el proceso no hubiera aportado respuestas claras sobre lo sucedido.

Según la versión de Aurélie S., admitió haber colocado a los bebés en el congelador tras declararlos muertos, pero negó haberles quitado la vida. Explicó que la decisión la tomó en un momento de pánico y con el objetivo de ocultar los fallecimientos a sus hijas mayores. En el caso de la primera bebé, Allia, la madre aseguró que la pequeña murió tras una caída por las escaleras y que pensaba darla en adopción. Sin embargo, el informe forense no respaldó esta versión, ya que las lesiones craneales no coincidían con una caída accidental.

Circunstancias de las muertes y hallazgos forenses

El segundo bebé nació en 2019, en un contexto de negación del embarazo. Los expertos no pudieron determinar si la muerte se debió a un parto complicado o a la falta de cuidados médicos. Ambos niños nacieron a tiempo y eran viables, pero no hay certeza de si fueron colocados en el congelador con vida o ya fallecidos. La madre no llamó a emergencias ni intentó reanimar a los pequeños, y reiteró que actuó bajo una presión psicológica extrema.

Los informes judiciales subrayan que los casos de bebés encontrados congelados en Francia no son aislados y, a menudo, están relacionados con una alteración del juicio de la madre o la negación del embarazo. En este caso, la familia nunca antes había estado bajo el radar de los servicios sociales. El fiscal había solicitado 18 años de prisión, pero el tribunal decidió imponer una condena más severa ante la gravedad de los hechos y la ausencia de explicaciones satisfactorias por parte de la acusada.

Antecedentes de infanticidio en Francia

Francia ha registrado otros casos de infanticidio con características similares. En 2015, Dominique Cottrez fue condenada a nueve años de prisión por la muerte de ocho recién nacidos, al reconocerse que su juicio estaba alterado. En 2009, Véronique Courjault recibió una condena de ocho años tras ser considerada culpable del asesinato de tres bebés, dos de los cuales fueron encontrados congelados en Corea del Sur.

El caso de Aurélie S. revive el debate sobre la negación del embarazo y la salud mental materna, factores que los expertos consideran determinantes en este tipo de tragedias. El magistrado encargado de la investigación señaló ante el tribunal que no se pudo determinar con certeza el momento de la muerte de los bebés ni las causas exactas, pero recalcó la gravedad de la omisión de auxilio y la ocultación de los cuerpos. La sentencia de veinticinco años marca uno de los fallos más duros en este tipo de crímenes en Francia.

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil se desplazó hasta el muelle de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, después de que la madre de la menor confirmara la identidad del cuerpo sin vida de su hija tras recibir una alerta del 112 Canarias. Según informó la Guardia Civil, el hallazgo se produjo en la mañana del sábado alrededor de las 9:00 horas, cuando varias llamadas al servicio de emergencias alertaron sobre la aparición de un cadáver en la bocana del muelle.

De acuerdo con la información publicada por la Guardia Civil y detallada por el 112 Canarias, la persona fallecida era una joven de 15 años de origen noruego. El cuerpo fue localizado en la entrada al muelle de Puerto Rico, una zona conocida por la presencia de turistas y residentes tanto locales como extranjeros. Tras la notificación, la madre de la joven acudió al lugar, donde se encargó de realizar la identificación formal por requerimiento de las autoridades.

El medio precisó que la investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte de la menor recae en el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Este grupo está recopilando información y evidencias en el entorno del muelle mientras se espera conocer si se pudo tratar de un accidente, un acto voluntario o una situación derivada de otras causas. La aparición de menores en estas condiciones activa estrictos protocolos de actuación para descartar cualquier indicio de criminalidad o negligencia.

Según consignó el medio, la alerta fue recibida a primera hora del sábado, lo que permitió una reacción rápida tanto por parte de los servicios de emergencias como de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil inició la gestión del caso inmediatamente tras recibir el aviso del 112 Canarias, que canalizó las llamadas de los testigos que reportaban el hallazgo del cuerpo. Esto permitió movilizar con rapidez a la Policía Judicial y garantizar una respuesta coordinada.

La noticia, difundida por la Guardia Civil, destaca el seguimiento que se dará a la investigación para aclarar los hechos. El suceso ha generado expectación entre los residentes y visitantes de Mogán, un municipio habitual en las rutas turísticas del sur de Gran Canaria, que ahora permanece atento a los resultados de las pesquisas de los agentes encargados del caso.

El cuerpo de la joven noruega fue hallado en una zona de acceso marítimo que suele registrar movimiento desde primeras horas del día, tanto por actividades pesqueras como por el flujo de turistas. El lugar del hallazgo y la participación directa de la madre en la identificación han añadido una dimensión de atención y sensibilidad al procedimiento seguido por la Guardia Civil y el equipo judicial.

La policía judicial continúa recopilando testimonios e inspeccionando la escena donde se localizó el cadáver, priorizando confirmar las circunstancias en que se produjo el fallecimiento. Mientras tanto, los servicios sociales y agentes involucrados mantienen coordinación con la familia de la menor para ofrecer acompañamiento durante el desarrollo de la investigación. El caso permanece abierto a la espera de que los informes forenses contribuyan a esclarecer la causa de la muerte, según reportó la Guardia Civil.

La muerte de cinco mineros el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo (suroeste de Asturias) sigue marcando la vida de los supervivientes de aquella tragedia, producida por una explosión de gas grisú registrado en el nivel tercero de la mina. Tras un año del suceso, David Álvarez, uno de los mineros sobrevivientes ha reconocido que se encontraba sacando carbón de su interior en el momento de la explosión, ya que este era su trabajo, aunque lo hacía con “muy poca seguridad”.

“No sabíamos nada de que la empresa no pudiera extraer carbón, aunque evidentemente eso era lo que hacíamos. Me enteré en el hospital por las noticias. Nosotros claro que extraíamos carbón, todo el tiempo. Era nuestro trabajo, lo que no sabíamos era que Blue Solving no tenía permisos”, ha señalado en una entrevista publicada por El Comercio.

El minero, que ha señalado en la misma entrevista que en el interior de la mina había “muy poca seguridad, por no decir ninguna”, ha lamentado que el accidente le dejará secuelas para siempre, que trata de olvidarlo pero es un suceso que no le deja dormir y le atormenta todos los días porque se acuesta y se levanta “viendo la cara de sus compañeros fallecidos”.

Álvarez ha destacado también que la ventilación dentro de la mina, en la que, en el momento de la explosión se encontraban 11 trabajadores, contaba con una “pésima” ventilación y no había equipos que eran necesarios por ley, como autorrescatadores o equipos de comunicación en el exterior. Además, el minero ha añadido que no entiendo cómo en las inspecciones llevadas a cabo por la Dirección de Minas no se dieron cuenta de las condiciones que presentaba la excavación.

El mayor accidente de la minería asturiana de los últimos 30 años

Pasadas las nueve y media de la mañana, una explosión en la mina de Cerredo en Degaña dejó cinco muertos, tres heridos y dos desaparecidos, conforme detalló la Guardia Civil. Al principio se habían notificado dos muertos, pero la cifra fue en ascenso y se encontraron los cuerpos sin vida de los que, al comienzo, se contabilizaban como desaparecidos. Según informó la Guardia Civil, los cinco fallecidos eran vecinos de la provincia de León y tienen edades comprendidas entre los 32 y 54 años.

El Centro Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió el aviso a las 9:32 horas. En la llamada indicaban que había una incidencia en la mina. Posteriormente, añadieron que se había producido “un problema con una máquina” y había personas heridas. Con el avance de las investigaciones, se esclareció que el accidente se produjo por una explosión de gas grisú registrado en el nivel tercero de la mina y que Blue Solving, titular de los derechos mineros, carecía de los permisos necesarios para llevar adelante los trabajos de extracción de carbón.

El accidente de Cerredo, con cinco fallecidos, ha sido el mayor accidente registrado en la minería asturiana en las tres últimas décadas y desde hace ya casi un año es objeto de distintas actuaciones técnicas, judiciales y políticas para tratar de dirimir responsabilidades políticas y penales.

La Audiencia Provincial de Málaga ha impuesto una condena de 15 meses de prisión a un hombre por difundir, a través de sus perfiles en redes sociales accesibles al público, mensajes con contenido xenófobo y racista dirigidos a personas extranjeras. El objetivo de estas publicaciones, según recoge la resolución judicial a la que han tenido acceso Europa Press y EFE, ha sido “estigmatizar, denigrar y fomentar sentimientos de rechazo y hostilidad hacia determinados colectivos”.

El acusado también ha recibido una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión o actividad educativa durante cinco años y una sanción económica de 2.700 euros. Además, la suspensión de la ejecución de la pena queda condicionada a que no cometa delitos en los próximos tres años, retire los contenidos de sus redes y participe en un programa formativo de igualdad de trato. Estos requisitos se han aplicado porque el condenado se encuentra en una situación de arraigo familiar, social y laboral, y al haberse dictado la sentencia con su conformidad.

Las actuaciones recogidas en la sentencia señalan que el procesado, “guiado por sentimientos de rechazo y animadversión hacia las personas de origen extranjero, judías, de religión islámica o inmigrantes en general”, administraba varias cuentas de redes sociales abiertas sin restricciones, donde llegó a negar la existencia del Holocausto y a emitir mensajes “dirigidos, deliberadamente y de forma unidireccional, a estigmatizar y denigrar” a los colectivos mencionados. Una parte significativa de las publicaciones se emitieron a través de la red social X, con mensajes descritos como “claramente xenófobos y racistas”.

El tribunal ha detallado que el carácter público e ilimitado de estas cuentas permitía que el alcance y el impacto de los mensajes se multiplicara con su reproducción en las redes, “con la consiguiente humillación de los colectivos de víctimas objeto de sus ataques”. Además, el acusado era plenamente consciente de que sus declaraciones adquirían, según la Sala, “vocación de perpetuidad” en el entorno digital, perdiendo así control sobre su eventual difusión y sobre las consecuencias de la exposición pública para los afectados.

La condena por mensajes de odio

En la valoración judicial, los hechos enjuiciados se han calificado como un delito cometido en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su vertiente de lesión a la dignidad. El tribunal ha considerado que concurren los requisitos legales para suspender la ejecución de la pena por tratarse de una persona con arraigo y tras apreciarse conformidad de todas las partes, incluido el reconocimiento de los hechos por parte del condenado en el juicio.

El mes pasado, el Tribunal Supremo estableció que los insultos racistas son delito de odio, tras confirmar la condena por delito de odio y amenazas leves a un hombre valenciano que insultó al propietario de un local por una disputa con una máquina de tabaco. El condenado llamó “negro de mierda” al gerente del establecimiento y aseguró que lo iba “a matar” tras un conflicto con la máquina de tabaco que tenía dentro de su negocio. Fue condenado, entre otras penas, a seis meses de prisión.

*Con información de Agencias

Una mujer de 55 años murió el pasado 25 de marzo en su domicilio de Toscana (Italia) mediante suicidio asistido. Lo hizo activando con los ojos una máquina diseñada específicamente para ella por el Consejo Nacional de Investigación (CNR). Se convirtió en la decimocuarta persona en acceder a este procedimiento y la primera del mundo en hacerlo con este método controlado únicamente por la mirada.

La mujer padecía esclerosis múltiple desde 2007. La enfermedad la había dejado tetrapléjica, sin capacidad de mover ninguna extremidad. Detrás de su muerte hay más de dos años de batalla judicial y un vacío legal que el Parlamento lleva años sin resolver.

En marzo de 2024, la italiana solicitó a la autoridad sanitaria de Toscana acceso al suicidio asistido médicamente. Cumplía los cuatro requisitos exigidos: enfermedad irreversible, sufrimiento intenso, dependencia de tratamientos para seguir viva y plan capacidad de decisión.

Sin embargo, su solicitud fue denegada por una razón concreta: no podía administrarse el fármaco por sí misma debido a su parálisis total. Y es aquí donde reside la clave del caso. En Italia, la eutanasia está prohibida, ya que interviene un tercero. En cambio, el suicidio asistido se puede autorizar bajo condiciones muy estrictas y una de ellas es que el propio paciente se inyecte el medicamento letal.

Dos años de recursos y negativas

A partir de ahí comenzó un largo recorrido judicial. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, que reafirmó la prohibición de la eutanasia, pero abrió la puerta a explorar soluciones técnicas. En febrero de 2025, sus abogados solicitaron con urgencia una bomba de infusión activable por voz o mediante instrumentos bucales. Sin embargo, se volvió a negar.

Fue entonces cuando el juez que llevaba el caso consultó directamente a un ingeniero del CNR. El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal de Florencia ordenó al organismo que fabricara el dispositivo. Los costes correrían a cargo de la sanidad pública regional.

La orden de los ojos

El CNR desarrolló un sistema de seguimiento ocular a una bomba de infusión intravenosa. El dispositivo detectaba el movimiento de sus ojos y, al recibir la orden, activaba la inyección del fármaco letal sin intervención de nadie más. Se probó en su domicilio con una solución salina inocua, se corrigieron los fallos detectados, y en marzo de 2026 el tribunal dio la autorización definitiva para su uso.

El anestesista que la acompañó durante el proceso, Paolo Malacarne, describió la situación a La Repubblica: “Veía la muerte como la única forma de dejar de sufrir. Cuando pudo hacer realidad ese deseo, no hubo ni un momento de dolor, de llanto ni de dudas, sino de liberación".

Malacarne también fue crítico con la exigencia legal que hizo necesaria toda esta ingeniería: “No veo nada malo en la eutanasia, sino más bien algo bueno. Y si la bomba de inyección se hubiera atascado, ¿qué habría tenido que hacer yo?”

“Espero que nadie tenga que esperar dos años”

Antes de morir, dejó un texto a la Asociación Luca Coscioni, que la aseguró y acompañó durante todo el proceso: “Espero de todo corazón que nadie tenga que esperar dos años para ejercer un derecho que ya le pertenece. Nadie debería verse obligado a luchar tanto tiempo por algo que debería estar garantizado. Esta no es solo mi historia. Es una súplica por la dignidad, que espero que algún día ya no tenga que ser conquistada, sino simplemente respetada”.

El 22 de mayo de 2024, Zoraya ter Beek, ciudadana neerlandesa de 29 años, accedió a la eutanasia tras recibir autorización médica debido a graves trastornos de salud mental, un caso que avivó un debate internacional sobre los límites legales y éticos de esta práctica en los Países Bajos.

Su fallecimiento en Oldenzaal, localidad donde residía, fue confirmado por allegados en redes sociales, quienes destacaron que la joven había cumplido años apenas veinte días antes de la muerte asistida. La historia de Ter Beek vuelve a cobrar relevancia tras el reciente caso de Noelia en España.

En su día adquirió notoriedad porque, pese a encontrarse en condiciones físicas plenas, la gravedad de sus trastornos psiquiátricos la llevó a solicitar la intervención. Según el testimonio de sus amigos, la joven agotó todas las opciones terapéuticas aprobadas, incluidas 33 sesiones de terapia electroconvulsiva, sin obtener mejoría.

Un proceso largo

En agosto de 2020, su psiquiatra le comunicó que no existían tratamientos adicionales ni expectativas razonables de recuperación. Ante ese diagnóstico, Ter Beek formalizó la petición de eutanasia en el Centro de Experiencia de Eutanasia neerlandés, siguiendo un protocolo regulado por distintos comités médicos.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la cobertura de este caso, Ter Beek convivía desde la infancia con episodios recurrentes de depresión, ansiedad y un trastorno de personalidad no especificado. A los 21 años recibió el diagnóstico de autismo, aspecto que describió como el mayor desafío de su vida.

El proceso de evaluación para autorizar la eutanasia se extendió más de tres años, durante los cuales se comprobó el cumplimiento de requisitos legales: sufrimiento insoportable, ausencia de expectativas de mejora, voluntad expresa y plena conciencia sobre la decisión.

El procedimiento requirió la intervención de varias instancias, ya que las solicitudes por motivos psiquiátricos en los Países Bajos están sujetas a exigencias más estrictas que las enfermedades físicas. Según los criterios del Comité Regional de Revisión de la Eutanasia (RTE), solo un 10% de las peticiones basadas en trastornos mentales logra la aprobación definitiva.

La normativa neerlandesa, pionera en la legalización desde 2002, permite desde hace varios años la eutanasia en casos de sufrimiento psíquico extremo, siempre que no haya alternativa viable. En 2023, las autoridades ampliaron el rango de edad para solicitar el procedimiento, incluyendo a menores de entre uno y doce años, una medida que hasta entonces compartía únicamente Bélgica.

Debate social y dilemas éticos

Durante los meses previos a su fallecimiento, Ter Beek expresó públicamente su respaldo a los controles neerlandeses sobre la eutanasia, aunque manifestó su oposición a la proliferación de kits de suicidio. “Estoy a favor de la muerte, pero necesitamos ser cuidadosos para proteger a las personas que están en psicosis o deprimidas y no piensan con claridad”, señaló la joven en una de sus últimas declaraciones.

La joven eligió despedirse en su domicilio, acompañada por su pareja, quien intentó, sin éxito, que reconsiderara la decisión y probara otros tratamientos. Según mensajes difundidos en redes sociales, la relación con su madre y sus tres hermanas mayores era distante. Uno de sus amigos anunció públicamente el fallecimiento en la red social X con el mensaje: “Zoraya falleció hoy a las 13:25. O como ella lo veía: se fue a dormir”.

El caso de Zoraya ter Beek reactivó la discusión social en torno a la eutanasia aplicada a enfermedades mentales, con voces opuestas sobre la extensión de este derecho a personas jóvenes y sin afecciones físicas terminales.

Algunos sectores consideran que el sufrimiento psíquico puede ser tan insoportable como el dolor físico, mientras persisten posturas críticas sobre los riesgos de ampliar este acceso. La historia de Ter Beek expuso los procedimientos, requisitos y dilemas éticos que enfrentan quienes buscan esta opción en el ámbito de la salud mental en los Países Bajos y que ahora son de actualidad en España tras la eutanasia de Noelia Castillo.

Había una frase que Alessandro repetía cada vez que sus padres se derrumbaban. Antes de las operaciones, en cada recaída, en cada hospitalización. Los miraba a los ojos y les decía: “No es justo, pero así son las cosas. De todas formas, lo estoy disfrutando. No os preocupéis”. Y sonreía.

Alessandro Postal tenía 13 años. Vivía en Verona (Italia), y llevaba seis años luchando contra el cáncer cuando falleció el pasado lunes en el hospital de Padua. Tenía siete años cuando le diagnosticaron la enfermedad. La enfermedad irrumpió de golpe en su infancia. El cáncer le arrebató los juegos, la rutina y la despreocupación de su edad. En su lugar llegaron los hospitales, los tratamientos, las cirugías, etc.

Fueron seis años de lucha constante que afrontó, según quienes lo conocieron, con una serenidad y una madurez difíciles de explicar, explican a los medios italianos.

A pesar de todo, Alessandro mantuvo el vínculo con su vida cotidiana. Cuando no podía ir a clase, su maestra Beatrice, a quien llamaba “mi tercera abuela”, acudía a su casa para darle clases. Así logró completar la secundaria. “Hasta hace un mes, estaba sentado en su pupitre”, ha recordado su madre.

“Fue él quien nos dio fuerzas”

En medio de la enfermedad, los roles se invirtieron. No fueron los adultos quienes sostuvieron al niño, sino al contrario. “Fue él quien nos dio fuerzas. Él fue quien nos tranquilizó”, ha contado su madre, Federica, a L’Arena. “Nuestro pequeño siempre sonrió, hasta el final”.

El impacto de Alessandro fue profundo también en quienes lo trataron durante años. Tras su muerte, dos oncólogos acompañaron a sus padres a dar un paseo. “Tenían los ojos llenos de lágrimas”, ha recordado Federica. “Nos tomaron de las manos y nos agradecieron el privilegio de haberle tenido como paciente”.

En el hospital de Pauda, médicos y enfermeras le pusieron un apodo que resume su forma de ser: el “príncipe gentil”. Educado, empático, atento y sensible. Allí quería estar siempre. Sus padres consultaron con otros centros en Roma y Milán, pero él insistía en volver. “Solo se sentía seguro allí”, ha explicado su madre.

Una familia futbolera

Alessandro creció en una familia muy vinculada al fútbol. Su padre, Marco, es entrenador del Audace, y su hermano Filippo, de 21 años, juega en el Povegliano. En estos días, todos los equipos de la provincia de Verona se han volcado con ellos.

El Audace le dedicó un mensaje de despedida: “Gracias, Alessandro, por todo lo que nos enseñaste durante tu largo periodo de sufrimiento… Fuiste un ejemplo. Y siempre lo serás”. Sus padres quisieron despedirlo con una promesa: “Te prometemos que ahora, en tu lugar, devolveremos el bien que nos diste a todos durante estos 13 años. No fue en vano”.

El adiós del “príncipe gentil”

La historia de Alessandro conmovió también a las instituciones. El presidente del Véneto, Alberto Stefani, escribió en sus redes: “Una edad hecha de amigos, sueños y un futuro por imaginar. No de hospitales”. Alessandro afrontó esa batalla con una fortaleza impropia de su edad".

El funeral se celebró el jueves 26 de marzo en la iglesia de Santa Croce, cerca de su escuela. Un último gesto, según quiso su madre, hacia sus compañeros y maestros, que estuvieron a su lado incluso en los momentos más duros.

La muerte de Natalie McNally el 18 de diciembre de 2022 conmocionó a toda la comunidad de Lurgan, Irlanda del Norte. Al llegar a casa, la joven de 32 años y embarazada de quince semanas, fue apuñalada múltiples veces. Horas antes, Natalie estaba cenando pollo asado con su familia, mientras veían la final del Mundial de Fútbol: “Mamá, te veo el lunes o el martes”, le comentó a su madre antes de irse.

Según ha confirmado la sentencia del pasado 23 de marzo, y después de tres años de espera, su pareja Stephen McCullagh, 36 años y residente de Woodland Gardens en Lisburn, ha sido declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Natalie. Al parecer, McCullagh intentó construir una coartada mientras cometía el crimen. El hombre solía hacer directos en YouTube, así que esa noche inició una retransmisión de seis horas en tiempo real jugando al videojuego ‘GTA Vice City’ en su casa de Lisburn.

No obstante, la investigación policial comprobó que el video titulado ‘Violent Night’ fue grabado días antes. Durante esas seis horas se podía ver cómo McCullagh fingía leer el chat en vivo e incluso alegaba problemas técnicos para justificar su falta de interacción. Durante 44 días y 8 interrogatorios, sostuvo que la transmisión era auténtica, aunque el análisis de los archivos digitales y el historial de subida mostraron lo contrario.

Más de 3.000 horas de cámaras de seguridad delataron al culpable

La investigación policial fue larga y tediosa por la meticulosidad del plan de McCullagh. Tras perpetrar el crimen, fingió encontrar el cuerpo al día siguiente y fue él mismo quien llamó al servicio de emergencias 999. Su objetivo durante los primeros días era apuntar hacia la expareja de Natalie. Al principio su estrategia estaba saliendo tan bien que, incluso, acompañó a la familia McNally en su duelo y participó en actos conmemorativos en honor a Natalie.

Después de analizar más de 3.000 horas de grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía identificó a McCullagh desplazándose en autobús desde Lisburn hasta Lurgan, disfrazado con peluca y sombrero. Sin embargo, las prendas que llevaba encima para tapar su identidad eran elementos que ya había utilizado en directos anteriores. Estas pruebas, sumadas al análisis forense de los dispositivos electrónicos permitieron desmontar su coartada.

La sala se llenó de aplausos con el veredicto

El juicio, que se ha extendido durante más de cuatro semanas, ha concluido este lunes con todas las pruebas que probaban la culpabilidad de McCullagh. Además, el veredicto del Tribunal de la Corona de Belfast ha sido bastante emotivo para todos los asistentes, ya que la sala se llenó de aplausos en cuanto se dio a conocer que McCullagh sería condenado con la pena máxima. Por su parte, el juez Kinney agradeció al jurado por soportar un proceso que les ha dejado huella por las “pruebas traumáticas y angustiosas que habían presenciado” y que no volverán a participar en un caso similar, ha detallado la BBC. El jurado necesitó más de dos horas para deliberar la sentencia para el acusado, quien nunca admitió los hechos y mantuvo su inocencia durante todo el proceso.

Del mismo modo el juez a cargo del caso elogió la dignidad y fortaleza con la que la familia McNally actuó durante el proceso. Al salir del juzgado, la madre de Natalie, Bernie, se dirigió a los medios: “Era mi mejor amiga y no sé cómo vamos a seguir adelante sin ella. ¿Cómo vamos a seguir adelante?”. Mientras, Brendan, uno de sus hermanos, destacó los logros de Natalie y el orgullo familiar: “Había obtenido dos títulos universitarios, tenía una carrera exitosa, vivía de forma independiente, tenía su propio círculo de amigos y cuidaba de muchísimos gatos y perros”.

Su otro hermano, Declan, expresó que tenerla ha sido “la mayor alegría que jamás tendremos. Habrías sido una madre maravillosa para el pequeño Dean”. Asimismo, entre lágrimas, añadió: “Te amaremos por siempre y esperamos que ahora puedas descansar en paz”. La familia de Natalie ahora puede estar tranquila después haber trabajado para que el caso y la memoria de Natalie no cayera en el olvido.

De hecho, durante las primeras semanas de investigación, la comunidad de Lurgan organizó actos de homenaje, donde la imagen de Natalie fue proyectada en partidos de fútbol y otros eventos. Asimismo, la familia concedió entrevistas para mantener el caso presente y buscar justicia. A estos eventos también asistía McCullagh, quien incluso creó vídeos de Natalie que se proyectaron en los actos públicos, hasta que fue detenido como principal sospechoso del crimen.

Aunque se desconoce la motivación del acusado, la fiscalía cree que pudo estar relacionada con la lectura de mensajes privados de Natalie a otros hombres, ya que McCullagh tenía acceso al PIN del teléfono de su pareja. Por el momento, solo queda esperar al 15 de mayo, cuando la audiencia precise los términos de la condena final.

Natasha Ryan fue conocida durante años como “la chica del armario”. La desaparición que desconcertó a Australia y al mundo, al mantenerse durante más de cinco años escondida antes de ser encontrada viva, escondida a pocos kilómetros de su familia.

Natasha Anne Ryan tenía 14 años cuando, el 31 de agosto de 1998, se despidió de su madre para ir al colegio y nunca regresó. Durante años, la policía y la comunidad creyeron que había sido víctima del asesino en serie Leonard Fraser, quien ya había sido acusado de hasta cinco crímenes contra mujeres y menores.

“Esa tarde ya no volvió a casa. Simplemente desapareció”, relataron los medios locales. Su rostro apareció en las noticias, se pegaron carteles y campañas públicas, y el miedo se instaló en Rockhampton. La familia, devastada, incluso celebró un servicio memorial por su 17º cumpleaños, convencida de su muerte.

Mientras tanto, la policía centró la investigación en Fraser, quien bajo presión llegó a “confesar” el asesinato de Natasha: “Terminó diciendo que había encontrado a la chica en un cine, que la había atraído hasta su coche, que la había atacado dejándola inconsciente para luego matarla y abandonar su cuerpo cerca de un lago”. Pero no se encontró ni rastro de los restos.

“Escondida en un armario”

En abril de 2003, cinco años después de su desaparición, un aviso anónimo condujo a la policía hasta la casa de Scott Black, su novio. Al registrar la vivienda, encontraron a Natasha, entonces de 19 años, acurrucada en un armario, “donde solía esconderse siempre que alguien venía a la casa”, explicó el abogado de la familia.

Natasha reveló que había permanecido allí voluntariamente durante todo ese tiempo y que había salido de la vivienda solo seis veces, siempre de noche. Explicó el motivo de su desaparición. “La mentira se había vuelto demasiado grande”, confesó entonces.

La reaparición de la joven coincidió con el juicio del asesino en serie. “Estoy muy contento de informarles que Leonard John Fraser no es el responsable de la muerte de Natasha Anne Ryan. Natasha está viva”, anunció en la corte el fiscal Paul Rutledge.

“Ella estaba muy bella, muy pálida y muy confusa y asustada. Pero estaba viva, eso significaba para mí más que nada en el mundo”, dijo su padre, Robert Ryan, con algo de incredulidad por el momento, pero emocionado.

Las consecuencias legales

El hallazgo provocó una tormenta mediática. El agente de famosos Max Markson viajó a Rockhampton para negociar derechos exclusivos, y medios como 60 Minutes abonaron hasta 250.000 dólares (216.000 euros) por la historia.

“Me emociona mucho no tener que esconderme más. Me siento libre. Cuando desaparecí, sentí rabia hacia todos y hacia todo. No quería estar en la escuela, no quería estar en casa, no quería formar parte de esa vida”, declaró Natasha.

Scott Black fue condenado a un año de cárcel por perjurio, mientras que Natasha recibió multas por generar una investigación policial falsa. “Merezco un castigo severo por lo que he hecho”, admitió la chica.

En 2008, la pareja se casó, adoptando Natasha el apellido de Black y viviendo bajo el nombre de Tash Black. Juntos tuvieron cuatro hijos y trataron de llevar una vida más privada, lejos de la exposición mediática. La “chica del armario” murió el 2 de junio de 2024 con 40 años.

La gestora y promotora cultural Dania Dévora Barrera, conocida por dirigir el festival Womad de Cáceres durante 30 años y ser responsable de otros muchos proyectos culturales, ha fallecido a los 73 años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado este mismo martes la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, quien, a través de un mensaje publicado en X, ha querido despedirse de una mujer nombrada Hija Predilecta de la ciudad “y referente esencial del tejido musical de nuestras islas desde los años 70″. “Su legado formará siempre parte de lo que somos como ciudad”, ha continuado la edil. “Todo nuestro cariño a su familia, seres queridos y sector cultural”.

Un referente internacional del mundo cultural

Tras varios años dedicándose a la distribución en la industria musical y a la producción cultural, Barrera se convirtió en una figura clave en el sector tras la fundación de DD&Company Producciones, una empresa con la que llevó adelante varios proyectos culturales de gran relevancia nacional e internacional, entre ellos el Festival Womad en Las Palmas de Gran Canaria y en Cáceres.

Con esta entidad, la empresaria también impulsó varios proyectos en el ámbito de las artes escénicas, incluyendo espectáculos teatrales musicales y varios eventos internacionales que aumentaron el prestigio cultural de las islas y de la ciudad. Esto la llevaría, también, a desarrollar nuevas iniciativas más allá de España, con trabajos tanto en otros países de Europa como de América.

Entre sus múltiples méritos, destaca su participación en la producción del álbum musical Historia del Soldado, junto a Paquito D’Rivera, lo que le valdría un Premio Grammy de la Música a la Mejor Producción de Álbum Clásico. En 2022, también obtendría el Can de Gran Canaria de las Artes, poniendo un broche a “una trayectoria marcada por la pasión por la cultura, el compromiso con la ciudad y la capacidad de situar a Las Palmas de Gran Canaria en el mapa internacional de las artes”, tal y como han recordado desde el Ayuntamiento.

El origen del festival Womad en España

Además de a la capital insular, su figura también se vincularía estrechamente con Cáceres, ciudad que visitaría anualmente desde 1992 para sacar adelante el festival Womad, organizado por el Consorcio Gran Teatro. La directora de esta institución, Marisa Caldera, ha mostrado su “enorme tristeza” por su fallecimiento. “Su dedicación, su mirada abierta al mundo y su amor por la cultura marcaron profundamente este festival y la vida cultural de Cáceres”, ha afirmado en declaraciones a la agencia de noticias Europa Press.

El festival Womad (World of Music, Arts & Dance) es un prestigioso evento internacional que busca celebrar la diversidad cultural a través de la música, las artes y la danza de todo el mundo. Ideado en un principio por Peter Gabriel, el festival se celebró en diferentes países del mundo. Fue él quien le encargó a Dania Dévora, en los años 90, implantar la iniciativa en España, lo que dio lugar a la instauración del festival.

• Noticia en ampliación

La confirmación del primer caso en Europa de gripe aviar A (H9N2) en humanos ha movilizado a las autoridades sanitarias italianas, que insisten en enviar un mensaje de calma. El contagio se ha detectado en Lombardía, en el norte del país, y corresponde a un paciente joven, de poco más de veinte años, con patologías previas.

Según el Ministerio de Sanidad de Italia, el afectado contrajo la infección durante una estancia en África y fue hospitalizado pocas horas después de aterrizar en el aeropuerto de Malpensa. “La situación está bajo control y no se han identificado problemas críticos”, ha asegurado el Ministerio en un comunicado.

No obstante, el paciente permanece ingresado en aislamiento en el Hospital San Gerardo de Monza, donde recibe tratamiento tanto por la infección como por sus enfermedades de base.

Un virus leve y sin transmisión entre personas

Las autoridades subrayan que el H9N2 es un virus de origen animal con baja patogenicidad. La evidencia científica disponible indica que el contagio se produce por exposición directa a aves infectadas o a entornos contaminados.

“Los casos humanos se caracterizan por una enfermedad leve y nunca se ha informado de transmisión de persona a persona”, reiteró el Ministerio, dejando claro que descartan riesgos de contagios de unos a otros.

Respuesta rápida y control de contactos

El caso fue detectado con rapidez y se activaron los protocolos habituales. Todos los contactos estrechos han sido identificados y sometidos a seguimiento, sin que se hayan registrado nuevos contagios.

El consejero regional de Sanidad, Guido Bertolaso, destacó la eficacia del dispositivo: “La identificación del primer caso europeo de gripe H9 en Lombardía no debería ser motivo de alarma, sino una prueba de que nuestro sistema de prevención funciona con extrema precisión”. El propio Bertolaso añadió que el paciente “solo había estado en contacto con unas pocas personas”, todas ellas ya evaluadas.

La gestión del caso ha implicado una estrecha colaboración entre el Ministerio de Sanidad, la Región de Lombardía y el Instituto Superior de Sanidad, así como la comunicación con organismos internacionales.

Una cepa bajo vigilancia científica

El H9N2 forma parte del grupo de virus de gripe aviar que han causado infecciones esporádicas en humanos, junto a cepas como H5N1, H7N3 o H7N7. Aunque su impacto suele ser leve, la comunidad científica mantiene la vigilancia por su potencial de evolución.

El virólogo Fabrizio Pregliasco, de la Universidad de Milán, ha llamado a la prudencia sin alarmismo: “Es un evento que requiere atención, pero sin alarmismo. Estos casos forman parte de sistemas de vigilancia ya activos”, ha señalado a Quotidiano Sanità. Asimismo, Pregliasco ha subrayado la importancia de reforzar el seguimiento epidemiológico, especialmente en entornos de riesgo como las explotaciones ganaderas.

Sin riesgo inmediato para la población

Las autoridades italianas coinciden en que no existe, por ahora, una amenaza sanitaria relevante. El carácter importado del caso y la ausencia de transmisión entre humanos limitan significativamente el riesgo. “La situación se está monitorizando constantemente”, ha concluido el Ministerio de Sanidad.

El episodio refuerza, no obstante, la importancia de la vigilancia global frente a virus de origen animal en un contexto de creciente interacción entre especies y movilidad internacional.

Un incidente violento ha sacudido la localidad francesa de Saint-Pierre-des-Corps, próxima a Tours. La pasada noche del 21 de marzo, un portero de la popular discoteca New80 resultó herido después de que un cliente le disparase con una escopeta. El agresor, un hombre de 25 años, había sido expulsado previamente de la entrada del local y, enfurecido, decidió volver al establecimiento, donde pagó su ira con el personal de seguridad. La policía nacional de Indre-et-Loire ha detenido al sospechoso poco después del suceso, según han informado medios locales.

La víctima, vigilante de seguridad del establecimiento, ha recibido impactos de perdigones en la parte superior del cuerpo. Tras el ataque, el trabajador ha sido trasladado de inmediato en ambulancia al CHU Trousseau de Tours, donde, inicialmente, los sanitarios temieron por su vida. No obstante, el pronóstico vital del herido ha dejado de ser preocupante.

Según la reconstrucción de los hechos, el altercado comenzó cuando el joven de 25 años, en estado de embriaguez, se presentó en la discoteca alrededor de las 3 de la madrugada del sábado 21 de marzo. Debido a su estado, el equipo de seguridad le denegó la entrada al local, pero los problemas no acabaron ahí. El individuo se marchó a su casa y regresó poco después, esta vez provisto con una escopeta de caza. El joven disparó directamente a la puerta de acceso, alcanzando al vigilante y provocando escenas de pánico entre los trabajadores del club, que lograron ponerse a salvo refugiándose en el interior del establecimiento. Ningún otro empleado ha resultado herido, según han informado las autoridades locales.

Qué se sabe del tiroteo de Saint-Pierre-des-Corps y cuál es la situación del sospechoso

La policía nacional de Indre-et-Loire logró detener al presunto autor de los disparos poco después del suceso. Según han confirmado France Bleu y Midi Libre, el agresor ha sido puesto bajo custodia y, el lunes 23 de marzo, se abrieron las diligencias judiciales por ataque con arma de fuego contra el trabajador de la discoteca. Las fuentes mencionadas también han apuntado que el presunto agresor presentaba síntomas de embriaguez en el momento de su arresto.

Las autoridades han confirmado que ningún cliente ni otra persona vinculada al local ha resultado herida. Los empleados presentes en el interior se refugiaron rápidamente una vez comenzó el incidente, garantizando así su integridad física ante el episodio violento. Las primeras investigaciones recogidas por los medios locales precisan que la escopeta empleada fue obtenida por el agresor tras marcharse de la entrada, después de que el portero le impidiese acceder a la discoteca.

La policía intentará ahora esclarecer tanto la motivación exacta como las circunstancias en las que se ha producido el tiroteo en la discoteca New80, destacan las informaciones de France Bleu y Midi Libre. La investigación corresponde a las autoridades del departamento de Indre-et-Loire. Por el momento, el estado de salud de la víctima ha dejado de ser considerado de máxima gravedad, si bien continúa siendo evaluado en el centro hospitalario de Tours.

Una mujer acudió a una comisaría en Francia para denunciar que su pareja la maltrataba. Allí, el agente encargado de recibirla, Jean-Pierre D., la agredió sexualmente en dos ocasiones. El caso, ocurrido en febrero de 2023, ha generado conmoción en el país y llevó a la apertura de un proceso judicial en Seine-et-Marne. Según explica La Dépêche, el acusado, de 58 años, está detenido desde finales de ese año y enfrenta una posible condena de 20 años de prisión.

La víctima, una mujer angoleña sin identificación, se presentó en la comisaría buscando amparo frente a la violencia doméstica. En lugar de encontrar protección, fue coaccionada y obligada por el policía a practicarle sexo oral. Días después, el agente la citó de nuevo y repitió la agresión. Esta situación refleja la extrema vulnerabilidad de las mujeres migrantes en situación irregular, que temen ser deportadas o separadas de sus hijos si denuncian lo ocurrido.

El juicio contra Jean-Pierre D. comenzó el lunes 23 de marzo. Allí, el expolicía reconoció por primera vez los hechos, aunque en un primer momento los había negado. Su declaración incluyó disculpas hacia la víctima, a quien reconoció como única perjudicada por su conducta.

El relato de los hechos y la investigación judicial

Los hechos salieron a la luz tras la denuncia de la propia víctima, quien relató que, tras acudir a la comisaría para denunciar a su pareja, el agente le exigió favores sexuales bajo coacción. La segunda agresión ocurrió pocos días después, cuando fue citada de nuevo por el mismo policía. El miedo a ser deportada y la presencia de sus hijos nacidos en Francia la llevaron a obedecer, ante la amenaza implícita que suponía enfrentarse a un agente armado y con capacidad de influir en su estatus migratorio.

Durante la investigación, Jean-Pierre D. primero negó cualquier agresión. Sin embargo, en la apertura del juicio, admitió la totalidad de los hechos y expresó su responsabilidad: “Soy totalmente responsable de todo esto. Fui repugnante”, reconoció ante el tribunal. El acusado se mostró angustiado y ofreció disculpas a la víctima, aunque también argumentó que desconocía la negativa de la mujer el día de los hechos y que no comprendió la falta de consentimiento.

La víctima, por su parte, manifestó el profundo impacto emocional que le causaron los abusos. Dijo que sentía “asco” y que moriría con el sentimiento de humillación sufrido. También relató dificultades para dormir y comer tras lo ocurrido, y el temor constante a ser deportada a su país, lejos de sus tres hijos. El caso subraya la doble vulnerabilidad de las mujeres migrantes: frente a la violencia doméstica y también ante el abuso de poder por parte de quienes deberían protegerlas.

Antecedentes de comportamiento inapropiado

El historial de Jean-Pierre D. muestra que no se trata de un caso aislado. De las 176 denuncias de mujeres que registró en 2023, al menos 19 involucraban conductas inapropiadas por parte del agente. Una expareja lo describió como un “depredador sexual”, y en 2010 fue condenado a un mes de prisión con suspensión de la pena por exhibicionismo sexual ante varias carteras. El tribunal también escuchó testimonios de mujeres cercanas, algunas de las cuales lo calificaron como una persona de doble cara, capaz de comportarse de manera amable y tranquila, pero también de cometer graves abusos.

Durante el juicio, el acusado habló sobre su infancia marcada por la violencia y los abusos sexuales sufridos a manos de un hermano y de un instructor deportivo. Dijo que siempre estuvo bajo “el predominio de la sexualidad y la violencia” y que ha comenzado terapia para no repetir estos actos.

El procedimiento judicial continuará hasta el jueves 26 de marzo. El tribunal deberá decidir si condena al expolicía a la pena máxima de 20 años de prisión, evaluando tanto el daño ocasionado como el riesgo de que pueda reincidir.

Sasha-Jay Davies, de 19 años, lleva casi cuatro años viviendo con miedo. Desde 2022, alguien ha estado robando sus fotos y usándolas para engañar a hombres en aplicaciones de citas y redes sociales. “He tenido chicos que se me han acercado en persona, acosándome y acusándome de enviarles mensajes, de ilusionarlos o de quedar con ellos, además de tener conversaciones que nunca tuve”, ha explicado la joven a la BBC.

Originaria de Aberdare, en el sur de Gales, la joven descubrió que alguien estaba usando sus fotos de TikTok bajo el nombre de Sophie Kadare. El perfil era público, publicaba contenido a diario y acumuló seguidores rápidamente. Aunque denunció los hechos a la policía, le dijeron que poco podían hacer. “Pensé: ‘Bueno, ojalá se aburra y se lo hagan a otra persona’”, ha recordado.

Pero con el tiempo, las fotos aparecieron también en Instagram y aplicaciones de citas. El impostor incluso creó cuentas falsas con imágenes de amigos de Sasha-Jay para dar más credibilidad a la farsa. Cuando la joven configuró sus propias cuentas como privadas hace año y medio, el catfisher continuó usando fotos antiguas e imágenes editadas con inteligencia artificial.

Acoso y enfrentamientos en la vida real

Decenas de hombres y varias mujeres la han contactado creyendo conocerla. Algunas la han abordado en persona, generando situaciones de pánico y ansiedad. “Antes salía mucho, pero ahora casi nunca salgo porque me da miedo qué hombre se me acercará después. Es muy difícil y no se lo desearía ni a mi peor enemigo”, ha afirmado.

Uno de los casos más destacados fue el de un hombre de 22 años en Inglaterra. En diciembre, comenzó a hablar con el supuesto perfil de “Sophie” en Instagram, después de ver sus vídeos en TikTok. Durante un mes intercambiaron conversaciones sobre fútbol, viajes y su vida diaria. Sin embargo, la ilusión del joven se rompió con un vídeo de Sasha-Jay con su novio de verdad. “Al principio me quedé un poco impactado. Nunca me había pasado algo así” ha relatado el hombre al mismo medio.

Crueldad y un padre fallecido

El daño no se limitó a la suplantación de identidad. El impostor publicó contenido cruel relacionado con el padre fallecido de Sasha‑Jay, incluidos falsos certificados de cáncer, y difundió insultos racistas que afectaron su reputación y carácter. Además, compartió fotos de cuerpos de otras mujeres con complexión similar a la suya, provocando comentarios que la hicieron sentirse “realmente incómoda” y “violada”. “Me cuesta entender el nivel de premeditación y malicia que hay detrás de esto. Lo saben absolutamente todo sobre mí”, ha confesado.

Las cuentas falsas, más seguidas que la real

Las cuentas que se hacían pasar por la joven llegaron a acumular 81.000 seguidores en TikTok y 22.000 en Instagram, más que los perfiles verdaderos de Sasha-Jay. “Como tienen más seguidores que yo, parecen la persona real”, ha explicado. No obstante, y pese a haber denunciado en repetidas ocasiones, el impostor bloqueaba las cuentas de los amigos y familiares para impedir más denuncias.

Solo tras compartir públicamente su historia en Facebook, la policía de South Wales abrió una investigación formal. Instagram y TikTok eliminaron finalmente las cuentas falsas.

Yair Cohen, abogado especializado en derecho digital y conocido por representar a Kirat Assi en un caso histórico de suplantación de identidad que inspiró el documental de Netflix Sweet Bobby: La pesadilla de una identidad falsa, explica que quienes se hacen pasar por otros suelen actuar movidos por baja autoestima y un deseo de control.

“Suelen disfrutar del poder que ejercen sobre las víctimas, tanto sobre la persona cuyas fotografías roban como sobre quienes son engañados. No tienen que enfrentarse a nada, no tienen que ser ellos mismos”, señala. Sobre el caso de Davies, Cohen apunta que debería considerarse al menos acoso.

“No puedo ser yo misma”

Sasha-Jay admite cómo la cuenta falsa “se ha apoderado de toda mi vida”. “Es como si todo el mundo pensara que soy Sophie; no puedo ser yo misma”. Así, la joven ha pedido a las plataformas de redes sociales que implementen la verificación de identidad. “Un perfil falso puede parecer inofensivo para algunos, pero puede destruir reputaciones, relaciones y la salud mental”, ha concluido.

Una mujer, embarazada de 19 semanas y con indicación médica de reposo por un embarazo de alto riesgo, solicitó trabajar desde casa tras una cirugía cervical destinada a prevenir un parto prematuro. Cuatro días después de la operación, la empleada presentó formalmente la solicitud a su empresa, acompañada de la documentación médica que acreditaba su condición.

Su petición inicial fue denegada. La empresa le ofreció únicamente dos opciones: continuar asistiendo a la oficina o tomar una licencia sin sueldo, con la consecuente pérdida de salario y seguro médico. Ante la falta de resolución favorable, la mujer, Chelsea Walsh, regresó al trabajo presencial.

Los hechos sucedieron en Ohio, Estados Unidos. El 24 de febrero de 2021, tras la intervención de su esposo contactando con recursos humanos, la compañía reconsideró su postura y autorizó finalmente el teletrabajo. Ese mismo día, Chelsea sufrió complicaciones, fue hospitalizada de urgencia y dio a luz a su hija Magnolia, con 20 semanas y seis días de gestación. Según la demanda, la bebé “tenía latidos, respiraba y presentaba movimientos fetales; fue colocada sobre el pecho de su madre y falleció aproximadamente una hora y media después”.

El jurado del condado de Hamilton atribuyó el 90% de la responsabilidad a Total Quality Logistics (TQL), la empresa donde trabajaba la mujer, y fijó una indemnización de 22,5 millones de dólares, unos 19 millones de euros.

“Una solicitud razonable”

Los padres de Magnolia presentaron una demanda por homicidio culposo contra TQL. Argumentaron que la negativa de la empresa a conceder el teletrabajo, conforme a las indicaciones médicas, contribuyó al parto prematuro y a la muerte de la recién nacida.

“Las pruebas demostraron que Chelsea Walsh seguía las instrucciones de sus médicos para un embarazo de alto riesgo y simplemente pidió trabajar desde casa. El jurado determinó que la negativa de TQL a esa solicitud razonable provocó la muerte de su hija”, declaró Matthew C. Metzger, abogado del bufete Wolterman que representó a la familia, a NBC News.

Cuándo puede una mujer embarazada empezar a teletrabajar

En Estados Unidos y en muchos países europeos como España, la legislación laboral reconoce el derecho de las trabajadoras embarazadas a solicitar adaptaciones razonables cuando existen riesgos médicos. Esto incluye, entre otras medidas, la posibilidad de trabajar desde casa, la reducción de horas o la modificación de tareas físicas.

Reacciones de la empresa

Desde TQL, la portavoz Julia Daugherty expresó las condolencias a la familia, pero cuestionó el resultado del juicio y la presentación de los hechos durante el proceso: “No estamos de acuerdo con el veredicto ni con la forma en que se caracterizaron los hechos y estamos evaluando opciones legales, mientras seguimos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestros empleados”.

La compañía, fundada en 1997 y con sede en Cincinnati, se presenta como una de las mayores empresas de intermediación logística de Norteamérica, con más de 9.000 empleados y casi 4 millones de envíos anuales.

Brian Butler, abogado del bufete Butler Trial Firm y co-representante de los Walsh, señaló: “Esta familia, como la mayoría de los demandantes, no quería revivir estos hechos absolutamente dolorosos e insuperables durante un juicio, pero TQL no les dejó otra opción. Tuvieron múltiples oportunidades de resolver este caso por una cantidad mucho menor que la del veredicto”.

Una menor de 17 años ha fallecido en el hospital de Dénia tras presentar síntomas compatibles con meningitis. Las sospechas de la Conselleria de Sanidad valenciana se han confirmado cuando, una vez aplicado el protocolo de actuación, se ha obtenido un resultado positivo en los análisis microbiológicos tras el deceso de la paciente.

La joven fue trasladada en ambulancia desde una localidad de la Marina Alta y murió pocas horas después de su ingreso, de acuerdo con la información proporcionada por la Conselleria de Sanidad. Debido a ello, las autoridades sanitarias están contactando con el círculo cercano a la adolescente para facilitar la administración de quimioprofilaxis (inyectar medicamentos a personas sanas para evitar su infección) y evitar posibles nuevos contagios.

La meningitis se transmite principalmente a través de secreciones respiratorias, como las que se generan al toser, estornudar o besar. Los adolescentes y adultos jóvenes presentan tasas elevadas de enfermedad meningocócica, junto con los bebés, debido al aumento del contacto social y a un índice alto de portadores asintomáticos. La muerte de la joven de Alicante preocupa a las autoridades sanitarias después del brote de meningitis detectado en Kent (Reino Unido) estos días.

La meningitis en Reino Unido ya cuenta con 29 casos

La preocupación ha llegado a la península después del fallecimiento de la joven de 17 en la misma semana que se ha detectado un brote de la enfermedad meningocócica invasiva en Reino Unido. La semana pasada, la Universidad de Kent suspendió los exámenes presenciales tras detectarse varios casos de la enfermedad, que han provocado el fallecimiento de dos estudiantes y la hospitalización de otros 11 jóvenes. Una de las víctimas era estudiante de la propia universidad, mientras que la otra, de 18 años, asistía a un instituto de secundaria en el mismo condado.

Hasta las 12:30 h del 21 de marzo, Reino Unido ha sumado 20 casos notificados hasta el momento -con nueve más bajo estudio en el laboratorio-. Además, se investiga un posible caso en Francia vinculado a la exposición a los casos británicos. Por su parte, el Centro Europeo de Control de Enfermedades ha evaluado que la probabilidad de expansión del brote es muy baja.

En Kent, las personas expuestas están siendo objeto de seguimiento y se les administra la vacuna frente al meningococo B. Algo que también han aplicado desde la Conselleria de Sanidad valenciana este martes. Hasta ahora, el seguimiento de meningitis en España se había estancado en 2024, cuando la tendencia era creciente con respecto a los años posteriores a la pandemia en 2019, según los últimos parámetros de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Aun así, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha emitido una evaluación rápida tras la epidemia en el condado de Kent y ha decretado que el riesgo de transmisión a la población de la UE/EEE es muy bajo. Frente a este tipo de infecciones, la vacunación es la principal medida de prevención y control. Gracias a las campañas de inmunización, la incidencia de EMI en España es baja y la vigilancia epidemiológica permite una rápida respuesta ante brotes.

Qué es la meningitis y cómo se transmite

La meningitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Sus causas pueden ser diversas, aunque los agentes más frecuentes son los virus y las bacterias. Entre las infecciones bacterianas, la enfermedad meningocócica, provocada por la bacteria Neisseria meningitidis, destaca por su gravedad y su rápida evolución clínica. Esta bacteria se agrupa en varios serogrupos, siendo los más habituales en España y otros países occidentales los B y C.

El periodo de incubación de la meningitis meningocócica varía entre 2 y 10 días, aunque lo más común es que los síntomas aparezcan entre 3 y 4 días después del contagio, como ha informado el Ministerio de Sanidad tras conocer el caso de Alicante. La enfermedad puede progresar de forma acelerada, derivando en cuadros graves como meningitis o sepsis, que requieren atención médica urgente.

Los colectivos más vulnerables son los niños pequeños, adolescentes y adultos jóvenes, por lo que las campañas de prevención y vacunación se orientan especialmente a estos grupos. En este sentido, la transmisión de la enfermedad meningocócica ocurre a través del contacto directo con secreciones respiratorias de personas infectadas o portadoras asintomáticas, sobre todo mediante la tos, besos o la convivencia cercana y prolongada. Aunque la bacteria puede estar presente en la nasofaringe de muchas personas sin causar síntomas, solo una minoría desarrollará la enfermedad.

La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano de Reino Unido de 40 años en el aparcamiento del aeropuerto internacional de la Región de Murcia, con todos los documentos y maletas listos, minutos antes de que cogiera un vuelo. La detención, que tuvo lugar el pasado martes, 17 de marzo, tenía como objetivo evitar la huida del sospechoso de la muerte de otro hombre de nacionalidad checa.

Según han confirmado fuentes oficiales a EFE, los hechos ocurrieron en la playa Rocío de Mar en Torrevieja (Alicante) cuando el británico disparó en la cabeza a la víctima el pasado 1 de marzo. Al parecer, el sospechoso ya contaba con antecedentes policiales.

El día del homicidio, una pareja de turistas fue la que halló al hombre tendido en la arena de Rocío de Mar y con una herida en la cabeza. Acto seguido, alertaron a los servicios de emergencia, que trasladaron al herido de 33 años al Hospital Universitario de Torrevieja. No obstante, debido a las lesiones del ataque, la víctima falleció horas después en el centro sanitario.

El sospechoso vivía en Torre Pacheco

Las pruebas médicas determinaron que el origen de la lesión era un impacto de arma de fuego, como confirmó la Guardia Civil en un comunicado. En un primer momento, el caso fue atendido por agentes del Puesto Principal de Torrevieja y del Equipo Territorial de Policía Judicial de la localidad, aunque la investigación pasó poco después al Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante.

Al parecer, las autoridades centraron las primeras pesquisas en un residente de Torre Pacheco (Murcia), de 40 años, que presentaba antecedentes por un delito de lesiones y por tenencia ilícita de armas, ambos registrados en 2024. Tras el rastreo, las sospechas sobre una posible fuga llevaron a los investigadores a intensificar la vigilancia.

De este modo, el 17 de marzo, los agentes sorprendieron al británico en el aparcamiento del aeropuerto de Murcia, donde localizaron diversas maletas, ropa y su pasaporte en el maletero, lo que reforzó la hipótesis de que planeaba huir del país. Ese mismo día, se intervino un vehículo vinculado al caso en la localidad alicantina de La Nucía.

Tras la detención, el ciudadano británico quedó a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, que decretó su ingreso en prisión. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 2 de Torrevieja asumió la instrucción del caso y ha decretado el secreto de las actuaciones mientras continúan las investigaciones.

Qué condena se aplica en homicidios con arma de fuego

El delito de homicidio que contempla la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, aparece tipificado a partir del artículo 138. En él se establece que el homicidio simple, es decir, causar la muerte a otra persona sin que concurran circunstancias agravantes, se castiga con una pena de prisión de 10 a 15 años. Esta condena se aplica con independencia de si el delito se comete con arma de fuego, arma blanca o cualquier otro medio.

Minetras, el artículo 139 contempla circunstancias agravantes, como la alevosía, el ensañamiento o el hecho de actuar por precio, recompensa o promesa. Bajo estas condiciones, el homicidio se considera asesinato, y la pena de prisión se eleva a un rango de 15 a 25 años. El uso de un arma de fuego puede valorarse como agravante si el tribunal entiende que aumentó el riesgo o la indefensión de la víctima, aunque no modifica los márgenes de condena fijados en la ley. Por el momento hay que esperar a que sigan las investigaciones, para conocer la condena definitiva.

El titular de la plaza nº 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela considera que hay indicios suficientes para enjuiciar a los cinco investigados por la supuesta venta en 2025 de una menor de 14 años en Corella, obligada a contraer matrimonio a cambio de “5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida”. Además, el magistrado sostiene que, tras el enlace, el marido y los padres de este indujeron a la víctima a practicar la mendacidad en localidades de la provincia de Lérida.

En el auto de procesamiento, que puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, el magistrado considera los hechos como constitutivos de un delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonio forzoso y práctica de mendacidad respecto de una menor de edad.

El 20 de agosto de 2025, según relata el juez en la resolución judicial, agentes de la Policía Local de Corella identificaron al progenitor, quien les habría manifestado que había vendido a su hija por 5.000 euros “a un gitano rumano con domicilio en Lérida”.

“5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida”

Una testigo declaró a los agentes de la Guardia Civil que el padre de la adolescente le había dicho que iban a venderla por 10.000 euros, pero que finalmente el precio consistió en “5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida”.

En la causa, añade el magistrado, hay grabaciones procedentes del perfil de Instagram de la madre de la niña, en las que se visualiza a esta junto con su supuesto marido participando en “una celebración en la que el primero entrega un anillo a la segunda mientras dice ‘sí’”. Según recoge el auto, también hay grabaciones en las que se ve a la madre de la víctima “exhibiendo, el 24 de febrero, gran cantidad de dinero, fraccionado en billetes”.

Los procesados reconocieron en el juzgado que la menor y su presunto esposo eran pareja y que habían adquirido un compromiso para contraer matrimonio. Asimismo, el magistrado destaca que la adolescente fue “localizada en al menos dos ocasiones practicando la mendicidad en las localidades de Borges Blanques y Bellpuig”.

En el auto de procesamiento, el juez emplaza a los cinco encausados para que presten las correspondientes declaraciones indagatorias previstas en este tipo de procedimiento, que se llevarán a cabo el 9 de junio.

Los procesados continuarán, como hasta la fecha, en situación de libertad provisional al considerar el magistrado que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento para su adopción.

El archivo de la causa

la última actualización que se conocía de este caso fue en noviembre del año pasado, cuando se anunció su archivo porque la víctima negó los hechos en su declaración. . Esa declaración resultó determinante en un primer momento, ya que dejó sin sustento suficiente las sospechas iniciales y llevó al juzgado a decretar el sobreseimiento provisional de la causa.

Sin embargo, el procedimiento dio un giro a raíz de nuevas diligencias practicadas posteriormente. La recopilación de testimonios, las actuaciones policiales y la incorporación de material audiovisual —como grabaciones en redes sociales en las que se aprecia una ceremonia y la exhibición de dinero— reactivaron las sospechas de los investigadores. Estos elementos, unidos a las declaraciones de testigos que apuntaban a un intercambio económico por la menor, han sido considerados ahora indicios relevantes por el magistrado.

Además, el hecho de que la menor fuera localizada en distintas ocasiones ejerciendo la mendicidad en localidades de Lérida ha reforzado la hipótesis de una posible situación de explotación posterior al matrimonio. Este extremo, junto con el contexto familiar y las versiones contradictorias ofrecidas durante la instrucción, ha llevado al juez a concluir que existen elementos suficientes para continuar adelante con el procedimiento penal.

Una pareja vegetariana enfrenta cargos graves tras la muerte de su hija de tres años, a quien, según la acusación presentada ante el tribunal de Old Bailey (Londres), alimentaban únicamente contres alimentos. El caso ha causado conmoción en la capital inglesa, donde se investiga si la dieta suministrada por los padres fue la causa directa del fallecimiento de la niña, identificada como Penelope.

Los padres, Manpreet Jatana, de 34 años, y Jaskiret Singh Uppal, de 36, ambos de origen indio, comparecieron ante el tribunal acusados de asesinato y otros delitos relacionados, según la información de Daily Mail. El cuerpo de la menor fue encontrado en su domicilio de Hayes, al oeste de Londres, el 17 de diciembre de 2023, después de que la madre llamara a una funeraria para notificar el fallecimiento. Según el fiscal Phillip McGhee, la pareja habría dejado morir de hambre deliberadamente a su hija, quien nació en 2019 y vivía en condiciones de aislamiento familiar y social.

Los expertos médicos que analizaron el caso concluyeron que la muerte de Penelope se debió a desnutrición severa y cetoacidosis, un trastorno grave que se produce cuando el cuerpo, ante la falta de energía, empieza a descomponer grasas de forma anómala, generando sustancias tóxicas en la sangre. Este diagnóstico fue clave para los cargos presentados contra los padres, quienes han negado tanto el asesinato como el homicidio involuntario por negligencia grave y el maltrato infantil.

La dieta restrictiva y sus consecuencias

La alimentación de la niña se limitaba a tres productos: mantequilla, lentejas y yogur. Esta dieta, aunque puede parecer suficiente por contener proteínas y grasas, resulta completamente inadecuada para un menor en crecimiento. Los niños pequeños requieren una variedad de nutrientes esenciales, incluyendo vitaminas, minerales, carbohidratos complejos y diferentes fuentes de proteínas que no pueden obtenerse solo de estos tres alimentos.

El fiscal del caso subrayó ante el tribunal que Penelope no recibía todos los nutrientes necesarios para su desarrollo. Los especialistas apuntan que la combinación de mantequilla, lentejas y yogur no cubre las necesidades calóricas ni de micronutrientes de un niño. La ausencia de frutas, verduras variadas, cereales integrales y otras fuentes de proteínas animales o vegetales deja al organismo sin los elementos básicos para funcionar correctamente. El resultado fue una rápida degradación del estado de salud de la niña y el fallo multiorgánico que terminó con su vida.

El proceso judicial y la situación de los padres

El caso se tramita en el tribunal de Old Bailey, uno de los juzgados más conocidos de Londres. Manpreet Jatana y Jaskiret Singh Uppal comparecieron por videoconferencia desde las prisiones de HMP Belmarsh y HMP Bronzefield, donde permanecen en prisión preventiva. Ambos negaron los cargos de asesinato, homicidio involuntario por negligencia grave, causar o permitir la muerte de un menor y maltrato infantil.

El fiscal McGhee destacó que, en el momento de la muerte de Penelope, ninguno de los padres trabajaba y ambos estaban “esencialmente aislados no solo de su familia extensa, sino también del mundo exterior”. Esta situación de aislamiento pudo dificultar la detección precoz del problema por parte de servicios sociales u otras instituciones.

La próxima audiencia de gestión del caso está prevista para el 17 de julio, mientras que el juicio principal comenzará el 11 de enero del próximo año y se espera que dure ocho semanas ante un juez del Tribunal Superior. La investigación sigue en curso y el desenlace legal dependerá de las pruebas y testimonios que se presenten durante el proceso.

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria al considerar que es la administración central “la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento” de la pasarela de la playa de El Bocal siniestrada el pasado 3 de marzo y en la que fallecieron seis personas.

En concreto, la acción penal se dirige contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y contra el director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, jefe de la citada Demarcación. En el auto, dado a conocer este martes, se declara a la Demarcación de Costas en Cantabria posible responsable civil dado que es la única responsable del mantenimiento de las unidades de obras ejecutadas dentro del Proyecto de la senda peatonal al tratarse de obras no finalizadas, hallando “serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

En concreto, explica la magistrada que la reparación llevada a cabo en el verano de 2024 se limitó a la estructura de madera pese a que, según el informe de la Policía Científica, todos los elementos metálicos estaban completamente oxidados, por lo que la instructora considera que esa actuación “ha podido resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia”.

Las obras no eran responsabilidad del Ayuntamiento de Santander

La magistrada ha decidido dirigir acción penal contra dos funcionarios de la Demarcación de Costas tras analizar la documentación aportada tanto por la propia administración central como por el Ayuntamiento de Santander. Tras revisar los expedientes, la instructora concluye que “las obras de ejecución de la senda peatonal en modo alguno han finalizado”.

El primer proyecto, iniciado en 2012, se paralizó cuando Demarcación de Costas decidió resolver el contrato con la empresa adjudicataria por “desistimiento”. Por su parte, el segundo proyecto de “Finalización” de 2016 ni siquiera llegó a aprobarse, mientras que “el compromiso municipal asumido por el Ayuntamiento de Santander de hacerse cargo del mantenimiento de tales obras quedaba condicionado o supeditado, lógicamente, a que tales obras finalizaren”.

Según la magistrada, “son obras no finalizadas ni, por ello, recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, de forma que era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra, entre ellas, la pasarela objeto de autos, que, desde el año 2014 se ha hallado en todo momento abierta al público en general sin ningún tipo de restricción”.

Además, la jueza señala que Demarcación de Costas “era muy consciente de tal deber de conservación y mantenimiento”, recordando que un informe de mayo de 2024 elaborado por un vigilante de Costas advertía al jefe de Servicio de Obras “del mal estado de ciertas maderas”. Pocos meses después, se realizó una reparación de las infraestructuras, incluyendo la pasarela siniestrada.

“Serios indicios de negligencia”

La magistrada ya ha solicitado un informe pericial sobre distintos extremos técnicos para ayudar a esclarecer los hechos, pendiente de emisión, y señala que “del conjunto de lo actuado hasta la fecha concurren serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela”.

La jueza basa esta conclusión en el acta de inspección de la Policía Científica, que advirtió que “todos los elementos metálicos de la estructura se encuentran completamente oxidados”, mientras que el único mantenimiento documentado de la pasarela, realizado cuando ya llevaba 10 años construida, intervino únicamente sobre su estructura de madera, “lo que, a nuestro juicio, ha podido resultar insuficiente, concurriendo serios indicios de negligencia en ello”, razona la magistrada.

Por ello, también acuerda ampliar el objeto del informe pericial solicitado el pasado 13 de marzo. Ahora, pide que el mismo aclare si la reparación que Costas llevó a cabo en julio de 2024 en la pasarela, “interviniendo exclusivamente sobre la estructura de madera, fue suficiente”. La magistrada concluye que “procede, pues, investigar la actuación de aquellas personas que, por el cargo que ostentaban y ostentan, pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, por su posición de garante.

El precinto es responsabilidad del Ayuntamiento

El auto de la magistrada también advierte que, aunque el mantenimiento corresponda a Costas, “el Ayuntamiento de Santander ostenta la llamada potestad de policía administrativa en materia de seguridad en espacios accesibles al público”. Así, “detectado un riesgo debe proceder a acotar, señalizar o precintar el mismo, aunque la infraestructura afectada corresponda a otra administración, más aún en el supuesto de autos, donde el Ayuntamiento promovía o incluía la zona en rutas turísticas o senderos”.

Por ello, la jueza considera “relevante y necesario conocer si, en la fecha del siniestro, el deterioro de la pasarela era visible y en qué grado, es decir, si el riesgo de colapso podía ser perceptible”. Para clarificar este punto, acuerda que el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de la Policía Judicial recabe “material probatorio sobre el estado que presentaba para cualquier ciudadano la pasarela días o semanas antes del siniestro, en forma de fotografías anteriores al derrumbe y testimonios de personas que frecuentaran la misma”.

Además, quiere escuchar a una vecina miembro de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, identificada tras solicitar la magistrada a la Policía Judicial que recabara quejas sobre la pasarela. Esta vecina comparecerá como testigo el próximo viernes 27 de marzo, después de que declaren los ya citados: los dos ciclistas que avisaron del accidente, el vecino que llamó al 112 el día previo, la operadora que recibió la llamada, la policía local que recibió la comunicación del 112 y los agentes que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

Una mujer trans de 21 años ha denunciado haber sido víctima de una violenta agresión grupal en la madrugada del pasado sábado en un pub de La Bañeza (León). La víctima, Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Trans Zamora 2024, asegura que fue atacada en dos momentos distintos por varias personas, primero en el interior del local y posteriormente en el exterior, en un episodio que ya investiga la Guardia Civil.

Según su testimonio, los hechos se desencadenaron cuando intentó acceder al baño de mujeres del establecimiento antes de marcharse. En ese momento, un grupo de chicas comenzó a increparla, exigiéndole que utilizara el aseo masculino. La negativa de la joven provocó una escalada de tensión que derivó en insultos de carácter transfóbico y, poco después, en una agresión física.

La agresión dentro del baño

De acuerdo con el relato de Fernández, una de las mujeres presentes le agarró del pelo y comenzó a agredirla al grito de “travelo de mierda”, a lo que se sumaron otras personas. La violencia continuó dentro del baño del local, donde la joven fue golpeada por varias agresoras hasta que logró refugiarse en uno de los cubículos.

La víctima ha señalado que durante esos momentos no recibió ayuda y que la situación se tornó especialmente angustiosa. Tras permanecer unos instantes protegida, decidió abandonar el baño y salir del establecimiento con la intención de marcharse del lugar.

Una paliza en el exterior del local

Sin embargo, la agresión no terminó ahí. Al salir del pub, Fernández asegura que se encontró con un grupo más numeroso, de entre ocho y diez personas, que volvió a atacarla. Según su denuncia, fue rodeada y golpeada de forma reiterada, recibiendo patadas y un botellazo en la cabeza.

Durante la agresión, también sufrió arañazos en el rostro y múltiples golpes por todo el cuerpo. La violencia del ataque fue tal que, según su relato, algunas personas presentes llegaron a gritar “la vais a matar”, alertando de la gravedad de la situación.

La joven sostiene que se encontraba en clara inferioridad numérica y sin posibilidad de defenderse ante un grupo que actuó de manera coordinada, prolongando la agresión durante varios minutos.

Durante el ataque, la joven también sufrió el robo de su monedero, además de la rotura de sus gafas y daños en su teléfono móvil.

Lesiones de gravedad y atención médica

Tras los hechos, Fernández acudió al centro de salud de La Bañeza, donde fue atendida de urgencia y recibió ocho puntos de sutura. No obstante, al día siguiente tuvo que desplazarse al Hospital de Benavente debido al empeoramiento de las lesiones.

Los médicos le dijeron que tenía una brecha de cuatro centímetros en el párpado superior, que requirió sutura con aguja e hilo al no ser suficientes los puntos adhesivos iniciales. Según ha explicado la propia víctima, la herida estuvo a punto de provocarle la pérdida de un ojo.

Además de esta lesión, presentaba múltiples contusiones y golpes por distintas partes del cuerpo, así como el rostro inflamado y con signos evidentes de la agresión.

Denuncia de los hechos

Fernández formalizó la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil en Benavente, desde donde se han remitido las diligencias al puesto de La Bañeza. La investigación se encuentra en curso y, por el momento, no se han producido detenciones.

Los agentes han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento con el objetivo de identificar a los presuntos agresores y esclarecer lo ocurrido en una agresión que, según la víctima, se desarrolló en dos fases consecutivas y con un alto grado de violencia.

El respaldo recibido

La Plataforma Trans ha mostrado su apoyo a la víctima y ha condenado lo ocurrido, calificándolo de ataque de extrema violencia. Su presidenta, Mar Cambrollé, ha reclamado “actuaciones urgentes” para identificar a los responsables y ha advertido de la “elevada violencia a la que están sometidas las personas trans”.

En el plano político, tanto Izquierda Unida como Sumar han condenado la agresión y han apuntado a un posible delito de odio. Desde ambas formaciones se ha subrayado la gravedad de los hechos y la necesidad de una investigación exhaustiva que permita depurar responsabilidades. Asimismo, han insistido en la importancia de reforzar las políticas públicas de protección frente a la violencia y garantizar espacios seguros para todas las personas, especialmente para el colectivo trans.

Tras el ataque, la Policía Nacional realizó batidas por la zona y logró detener a los cinco menores, a los que se acusa de un delito de tentativa de homicidio y por lo que fueron trasladados a dependencias del Grupo de Menores (GRUME).

El grupo de Policía Judicial especializado en menores y familia (GRUME) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.

El menor herido se encuentra estable

Paloma Rey, supervisora de SAMUR, explica en un video que compartido a través de las redes sociales de Emergencias Madrid, que el menor presentaba dos heridas por arma blanca en el tórax y en la zona inguinal. Cuando lo han atendido, le han estabilizado y ha sido trasladado a un hospital escoltado por la Policía Municipal de Madrid.

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La Audiencia Provincial de Baleares ha dictaminado de forma unánime que Yolanda Moreno y Gustavo Pretel son culpables del asesinato de la bebé prematura arrojada a un contenedor de basura. El fallo, emitido por un jurado popular, recoge que los acusados se enfrentan a una pena de prisión permanente revisable, de acuerdo a la solicitud del Ministerio Fiscal, por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. La principal acusada, Moreno, no ha comparecido a la lectura del veredicto, lo que ha llevado a la jueza a dictar una orden de busca y captura, según han recogido las agencias de comunicación.

El suceso tuvo lugar el 3 de noviembre de 2023, en Porto Cristo, en Mallorca, donde Moreno y su cuñado, Gustavo Pretel, fueron “conscientes” de que la bebé nació con vida dentro de un coche en la calle Aterratge de Porto Cristo, y que ambos consensuaron lanzarla a la basura con la intención de causarle la muerte. La investigación ha aportado el dato diferenciador de que la niña tenía entre 26 y 27 semanas de gestación cuando fue arrojada al contenedor. Una testigo alertó a la Policía Local tras observar cómo Pretel depositaba a la recién nacida, que fue trasladada de urgencia al Hospital Parque Llevant, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La decisión del jurado, comunicada este domingo, señala que ninguno de los dos acusados intentó en ningún momento contactar con los servicios médicos de emergencia ni con la Policía, aunque eran plenamente conscientes de que la bebé “había llorado”. Según recoge el veredicto, la madre experimentó dolores, avisó a su hermana y a su cuñado y el parto se produjo mientras se encontraban en el interior del vehículo. Posteriormente, el grupo abandonó el lugar sin prestar ningún tipo de auxilio a la criatura. La hermana de la principal acusada ha sido condenada por un delito de omisión del deber de socorro.

Las declaraciones de Yolanda Moreno que no han convencido al jurado

El jurado popular de la Audiencia Provincial ha concluido que los dos principales acusados actuaron “con intención de causar la muerte de la criatura”. Durante el juicio, ha quedado establecido que tanto Yolanda Moreno como Gustavo Pretel acordaron deshacerse de la recién nacida, siendo ambos conscientes de que la pequeña estaba viva. El grupo era plenamente conocedor del “peligro manifiesto y grave” en el que se encontraba la menor. No obstante, ninguno recurrió a una ambulancia ni contactó con la Policía.

Las médicas forenses que practicaron la autopsia determinaron que la causa del fallecimiento fue una parada cardiorrespiratoria derivada de la falta de asistencia médica, agravada por la inmadurez pulmonar y un traumatismo craneal moderado. Además, los peritos del Instituto Nacional de Toxicología han destacado que las lesiones sufridas por la recién nacida se produjeron cuando aún presentaba signos vitales.

Esta secuencia de hechos ha fundamentado la solicitud de prisión permanente revisable por parte de la Fiscalía, tanto para la madre como para el cuñado, mientras que la tía afronta una pena de un año de multa con una cuota diaria de 15 euros. El jurado ha rechazado cualquier posibilidad de indulto o suspensión de las penas.

La principal acusada declaró ante el jurado durante el juicio, manifestando que no creyó en ningún momento que la bebé estuviera viva y describiendo lo sucedido como “el mayor error” de su vida. En cambio, la prueba testifical y pericial ha sustentado la consideración del jurado sobre la completa conciencia de los acusados respecto a la situación de la menor.

La cifra gestacional y el veredicto unánime del jurado cimentan la condena

El pronunciamiento del jurado manifiesta que los nueve miembros han alcanzado su decisión de manera unánime tras la fase de deliberación. La suma de pruebas ha reforzado el criterio de culpabilidad, al constatar que la bebé tenía entre 26 y 27 semanas de gestación, nació viva dentro del coche y fue dejada “desamparada y en peligro manifiesto y grave” deliberadamente.

La magistrada presidenta del Tribunal tiene previsto dictar sentencia en los próximos días. Entretanto, Gustavo Pretel, el cuñado, ha ingresado en prisión tras la celebración de la vista prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yolanda Moreno permanece en situación de busca y captura tras su incomparecencia este domingo.

Según han informado los Bombers de la Generalitat, el aviso se recibió a las 18.06 horas, momento en el que se activó el dispositivo tras detectarse un “colapso estructural” con personas en el interior. A su llegada, los equipos confirmaron que cuatro jóvenes habían quedado atrapados en distintas zonas del inmueble, un edificio en desuso y con un avanzado estado de deterioro.

En una primera fase de la intervención, los bomberos lograron rescatar a dos de los afectados, que habían caído a una planta inferior como consecuencia directa del derrumbe. Ambos presentaban diversas fracturas derivadas del impacto. Uno de ellos se encontraba en estado grave, mientras que el segundo presentaba heridas de menor consideración. Tras ser estabilizados en el lugar, fueron evacuados por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues.

Mientras tanto, los otros dos jóvenes permanecían en el interior del edificio, en una zona de difícil acceso y con riesgo de nuevos desprendimientos. No obstante, según detallaron los propios servicios de emergencia a través de sus canales oficiales, ambos se encontraban conscientes, orientados y “en contacto” permanente con los equipos de rescate, lo que permitió planificar la intervención con mayor precisión.

Un operativo condicionado por la inestabilidad

Las tareas de rescate se han desarrollado en un entorno especialmente complejo debido al estado estructural del inmueble. El antiguo hospital, también conocido como Hospital Vell o El Molí de la Figuera, presenta un avanzado deterioro tras años de abandono, lo que ha obligado a extremar las precauciones durante toda la intervención.

Hasta el lugar se desplazaron un total de 13 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, entre ellas efectivos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), especializados en intervenciones en edificios derruidos, y del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), además de vehículos de apoyo y mando encargados de coordinar el operativo.

Asimismo, se activaron drones de la unidad de Medios Aéreos (MAER), que permitieron evaluar desde el aire el estado de la estructura y localizar puntos de acceso seguros. Este apoyo tecnológico resultó clave para minimizar riesgos en un escenario donde existía la posibilidad de nuevos colapsos parciales.

En paralelo, varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) permanecieron en la zona para atender a los afectados, mientras agentes de los Mossos d’Esquadra acordonaban el perímetro para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

Rescate escalonado durante tres horas

Tras la evacuación de los dos primeros jóvenes heridos, los trabajos se centraron en alcanzar a los otros dos atrapados, cuya localización obligó a avanzar de forma progresiva y controlada entre los restos del edificio. Los bomberos mantuvieron en todo momento la comunicación con ellos, lo que permitió confirmar que no presentaban heridas de gravedad y ajustar la estrategia de acceso.

Durante varias horas, los equipos analizaron la afectación estructural del inmueble y consolidaron las zonas más inestables antes de proceder a la extracción. La prioridad fue evitar cualquier movimiento que pudiera provocar nuevos derrumbes y poner en peligro tanto a las víctimas como a los propios intervinientes.

Finalmente, poco antes de las 21.00 horas, los Bombers de la Generalitat lograron completar el rescate de los dos jóvenes que permanecían en el interior. Ambos fueron extraídos sin lesiones, según confirmaron los propios servicios de emergencia.

La acusada por la muerte de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) en noviembre de 2023 no se ha presentado este domingo a la lectura del veredicto del jurado en la Audiencia Provincial de Palma y permanece en paradero desconocido, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press. La mujer estaba citada oficialmente a las 17.00 horas para conocer el fallo tras varios días de deliberación, pero no ha comparecido y tampoco ha podido ser localizada por los cuerpos policiales.

La ausencia ha obligado a paralizar momentáneamente el acto judicial previsto, mientras la Policía Nacional mantiene abiertas gestiones para dar con su paradero. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis: desde una eventual fuga premeditada para evitar la notificación del veredicto hasta una posible indisposición médica, aunque los agentes han constatado que no se encuentra ingresada en ningún centro hospitalario.

La defensa de la acusada había recibido correctamente la citación judicial, fijada para la tarde de este domingo, después de que el jurado popular iniciara el pasado jueves al mediodía las deliberaciones sobre la culpabilidad de los tres encausados en este caso. Según ha trascendido, la mujer fue contactada telefónicamente en torno a las 15.00 horas del mismo día, dos horas antes de la convocatoria, pero no acudió finalmente a la sede judicial.

En el interior de la Audiencia Provincial permanecen su hermana y su cuñado —también implicados en la causa— junto a los letrados, mientras el jurado continúa incomunicado a la espera de que se adopte una decisión formal. Fuentes jurídicas apuntan a Europa Press que, de persistir la incomparecencia, se procedería igualmente a la lectura del veredicto y a la emisión de una orden de búsqueda y captura contra la acusada.

La bebé nació viva pese a ser prematura

El proceso judicial se encuentra en su fase final tras la repetición del juicio con jurado, después de que el primero fuera anulado el año pasado por dudas sobre la titulación de uno de los peritos. En esta segunda vista oral se han vuelto a juzgar los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, embarazada de entre 26 y 27 semanas, dio a luz en el interior de un vehículo en el que viajaba junto a su hermano y la pareja de este.

Según el relato de la Fiscalía, tras el parto y pese a encontrarse en las proximidades de un hospital, la madre entregó a la recién nacida al tío, quien la depositó en un contenedor de basura cercano. Los tres abandonaron posteriormente el lugar de forma apresurada.

El Ministerio Público sostiene que tanto la madre como el tío actuaron con conocimiento de que la bebé moriría si era abandonada en esas condiciones, por lo que solicita para ambos la pena de prisión permanente revisable por dos delitos de asesinato. Para la cuñada, presente durante los hechos, se reclama una multa de 5.400 euros por un delito de omisión del deber de socorro.

Durante el juicio han tenido especial relevancia los informes forenses del Instituto de Toxicología, que concluyeron que la bebé presentaba lesiones en cráneo, ojos y pulmones compatibles con haber estado viva tras el nacimiento. Los especialistas señalaron además que existía sufrimiento fetal y que el parto se produjo de forma prematura debido a una infección de la placenta.

Estas conclusiones fueron clave para reforzar la tesis de la acusación, que rechaza que se tratara de un caso de imprudencia. “Sabían que si dejaban a la bebé en el contenedor iba a morir”, defendió la fiscal durante su intervención final, subrayando la intencionalidad de los hechos.

Conversaciones telefónicas incorporadas al juicio

Otro de los elementos relevantes del proceso han sido varias conversaciones telefónicas intervenidas a la acusada en los días posteriores a los hechos. En una de ellas, reproducida durante la vista oral, la mujer afirmaba que “lo tenía que haber echado al campo” nada más nacer, en referencia a la bebé.

En esos mismos audios, la acusada repetía que “lo hicimos mal”, mientras su interlocutora le aconsejaba no acudir a la comisaría hasta conocer los resultados de la autopsia. También se hacía referencia al aviso de una vecina al servicio de emergencias al observar movimientos sospechosos cerca de los contenedores.

La defensa de la madre ha sostenido durante el juicio que, en caso de condena, los hechos deberían calificarse como un delito de homicidio por imprudencia grave, tesis que ha sido rechazada de plano por la Fiscalía.

Hay historias que tocan el corazón y que nunca se olvidan. Esto es lo que le ocurrió a la policía de Maastricht, una localidad neerlandesa que hace frontera con Bélgica. El pasado 15 de marzo, un niño enfermo de cáncer terminal les pidió cumplir un sueño antes de, desgraciadamente, fallecer.

El pequeño de 11 años tenía un último deseo y ese era dar un paseo dentro de un coche patrulla. “Ayer recibimos a un niño de 11 años en nuestra estación de policía. Un chico fantástico que es un gran fan de la ciudad de Maastricht, la policía en general y la agencia de series de televisión Maastricht”, explican desde la cuenta de Facebook del cuerpo de policía.

Padecía cáncer de páncreas y era muy fan tanto de la policía como de las series policiacas. Su sueño era conocer a los agentes, visitar la comisaría y dar un paseo en un coche patrulla. Todo ello lo logró.

Un paseo inolvidable para todos

La familia del niño de 11 años avisó a los policías del deseo del pequeño y los agentes no tuvieron dudas de hacer realidad su sueño. Por ello, el 15 de marzo lo invitaron a la comisaría para conocerle y hacerle partícipe de las labores que realizan.

“Pudimos ofrecerle a él y a su familia un día inolvidable que culminó con un recorrido en convoy de emergencia por el centro de Maastricht. El niño tuvo la importante tarea de hacer la cuenta regresiva y encender las sirenas al mismo tiempo que los otros siete vehículos policiales”, informa la policía de Maastricht en Facebook.

Los agentes le prepararon un paseo que denominan “speed ride”, un recorrido sencillo y rápido por su ciudad local, Maastricht, que sirvió para que el pequeño, cuyo nombre se desconoce por privacidad del menor, pudiera cumplir su última voluntad.

El niño falleció después de su paseo con la policía

Y como si el destino estuviera escrito, el pequeño falleció poco después de cumplir su deseo de conocer a los policías y formar parte del cuerpo durante unas horas. Al poco tiempo, los agentes fueron informados de que murió a causa de un cáncer de páncreas.

“Desafortunadamente recibimos la triste noticia esta mañana de que falleció ayer por la tarde”, expresaron los agentes de policía en las redes sociales. Ellos mismos compartieron un vídeo, con el permiso de la familia del niño, en el que se ve el paseo que realizaron en coche por la ciudad.

El niño de 11 años sufría un cáncer de páncreas terminal después de haber batallado con la enfermedad durante un largo período de tiempo. Su familia se esforzó, no solo en cuidarlo, sino también para que el pequeño pudiera descansar en paz. Por ello, quiso que la policía le hiciera ese favor, a lo que los agentes accedieron encantados.

De esta forma, el niño pudo cumplir un sueño y su última voluntad fue respetada por todas las personas de su alrededor, dejando un recuerdo imborrable. Sin duda, es una historia que quedará marcada para siempre en la memoria de todos los agentes de policía de la comisaría de Maastricht (Países Bajos) que participaron y en la de los familiares del pequeño de 11 años.

Este gesto demuestra que incluso en los momentos más difíciles aún hay espacio para la solidaridad y la esperanza. La historia de este niño no solo refleja el valor de cumplir sueños, por pequeños que parezcan, sino también la importancia de acompañar con cariño hasta el final. Su recuerdo queda como un ejemplo conmovedor de cómo un acto sencillo puede convertirse en algo extraordinario y significativo.

Las detenciones se han podido llevar a cabo tras lograr identificarlos plenamente por dos vías: las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y porque los propios jóvenes subieron vídeos de los hechos a sus redes sociales.

Los detenidos, además, han protagonizado otros actos delictivos y se les atribuye un delito contra la seguridad vial por conducir de forma temeraria por las calles de la localidad y otro de daños al fracturar un espejo retrovisor de un vehículo oficial de la Guardia Civil que se encontraba estacionado en vía pública. Así mismo, se ha podido demostrar que son autores de un delito de daños contra un vehículo de la Policía Local del municipio, y de la quema de varios sacos de caucho propiedad de una empresa.

El delito de atentado a agentes de la autoridad

El delito de atentado contra agentes de la autoridad está regulado en el artículo 550 del Código Penal y forma parte de los delitos contra el orden público. Este tipo penal se comete cuando una persona agrede, intimida gravemente o emplea violencia contra una autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, o bien opone una resistencia activa y grave mientras estos se encuentran en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas .

La legislación establece que no es necesario que exista un resultado lesivo para que se considere delito: basta con el acometimiento o la conducta violenta o intimidatoria dirigida contra el agente. Además, el bien jurídico protegido no es solo la integridad física del funcionario, sino el principio de autoridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos .

En cuanto a las penas, el Código Penal prevé castigos que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de prisión —además de multas— dependiendo de si el delito se comete contra un agente o contra una autoridad, pudiendo agravarse en determinados supuestos, como cuando la víctima ocupa altos cargos institucionales .

Para que este delito se configure, la jurisprudencia exige, entre otros elementos, que exista una acción de fuerza, intimidación o resistencia grave, que el sujeto pasivo sea autoridad o agente en ejercicio de sus funciones y que el autor actúe con la intención de menoscabar o desafiar el principio de autoridad.

El Racing de Santander buscaba este sábado ampliar su ventaja en el liderato de la Segunda División española frente al Albacete y salió escaldado: perdió 0-4 en su casa y ahora ve cómo el Deportivo de La Coruña, el Almería y el Málaga le pisan los talones, pues todos ellos han ganado en esta jornada. Pero esta noticia no va de fútbol, o no sólo, sino de un asesinato: el de un hombre que ha fallecido este sábado tras una agresión mortal en Santander.

Ahora, la policía ha informado de que el suceso se desencadenó por una discusión entre aficionados del Racing de Santander y el Albacete. Según datos de la Policía Nacional confirmados tanto a EFE como a Europa Press, la víctima era aficionada del Racing y el detenido vestía una camiseta del Albacete en el momento de los hechos. La agresión se produjo cerca de las 16:00 horas, poco antes de la celebración del partido entre ambos equipos en los Campos de Sport de El Sardinero.

La tarde del sábado, el 091 recibió una llamada de alerta aproximadamente a las 16:00 horas, advirtiendo de una agresión en la calle Simón Cabarga, en Santander. Las dotaciones policiales enviadas localizaron a dos hombres asistiendo a una persona herida, de mediana edad, con una herida sangrante en la cabeza. Los servicios sanitarios desplazados atendieron en primer lugar al herido en el mismo lugar de los hechos y, a continuación, procedieron a su traslado a Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente falleció.

Qué se sabe de la agresión mortal en Santander

Las primeras diligencias, según ha detallado la Policía Nacional, descartan que los implicados sean forasteros: tanto la víctima como el detenido son vecinos de Santander y ambos han sido identificados en el lugar. La investigación se encuentra en marcha y el caso ya ha sido comunicado a la Oficina Nacional de Deportes, órgano competente en este tipo de incidentes relacionados con el deporte profesional.

Durante la intervención, los agentes han detenido al presunto agresor y le han trasladado a dependencias policiales, donde permanece custodiado mientras se practican las diligencias necesarias para completar el atestado. La Delegación del Gobierno ha puntualizado que el trámite judicial proseguirá una vez finalizado el informe policial, y está previsto que el detenido pase este lunes, 23 de marzo, a disposición de la jueza de guardia.

Otros casos de violencia en el fútbol

El caso se suma así a la lista de los fallecidos por peleas entre aficionados a este deporte. Entre los sucesos más famosos, todavía se recuerda el de Manuel Ríos Suárez, de 31 años y aficionado del Deportivo, quien falleció tras recibir una paliza tras el partido de Copa del Rey entre el Compostela y Deportivo en el año 2003.

Y un poco antes, en 1998, Aitor Zabaleta, de 28 años, seguidor de la Real Sociedad, murió en los aledaños del Vicente Calderón al recibir una puñalada en el corazón antes de un Atlético-Real Sociedad. Ricardo Guerra, del Frente Atlético, fue condenado a 17 años de cárcel.

*Con información de Agencias