Apache, la pyme santafesina dedicada a la fabricación y comercialización de maquinaria agrícola, concretó la emisión de su primera obligación negociable por USD 3,9 millones. La transacción se dio en el marco de una nueva operatoria del mercado de capitales local, que recibió el respaldo de los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

La empresa, con casi 70 años de trayectoria y sede en Las Parejas, provincia de Santa Fe, destinará los fondos a expandir su capacidad productiva, potenciar la innovación tecnológica y sostener su crecimiento tanto en el mercado interno como en el exterior.

El instrumento financiero de Apache S.A. fue la primera ON de una pyme avalada por bancos y despertó un fuerte interés: registró ofertas superiores a los USD 6 millones, lo que representó una sobresuscripción de más del 50%, informó la compañía.

La colocación de la Clase 1 tendrá un rendimiento del 6,75% TNA, con pagos trimestrales de intereses y amortización de capital a partir del primer año, y fue respaldada por un sindicato de cinco entidades bancarias —Banco Mariva, CMF, BST, Bind/Industrial y Banco Comafi—.

La normativa que abre el mercado a más inversores

Este movimiento empresarial ocurrió en paralelo a la actualización de la normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1125/26, que facilita el acceso de empresas al mercado de capitales y agiliza las emisiones al eliminar autorizaciones previas para emisiones más chicas.

La Resolución 1125/26 de @CNVArgentina a cargo de Roberto Silva, publicada hoy en el Boletín Oficial, amplía el abanico de alternativas de inversión en el mercado de capitales. Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ONs y para acciones.… https://t.co/E0iud9G4GI

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 7, 2026

En su mensaje en redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó: “Hace más de un año lanzamos el sistema de emisión sin autorización previa para ON y acciones. Hoy, pasado un año, y dado el éxito de la modalidad (la ON de Apache maquinaria es sólo un ejemplo) la CNV duplica los montos autorizados en dicha opción”.

La nueva reglamentación también se orienta a revertir los efectos de la Ley 27.349, que reguló el “crowdfunding” con exigencias que, según Sturzenegger, “virtualmente destruyeron el instrumento”. Ahora se clarifica que cuando no hay oferta pública, el control de CNV no es necesario, y se autoriza para emisiones públicas la utilización del sistema de autorización automática, dentro de los límites de monto establecidos.

“Otro paso en pos de la libertad que nos pide el presidente Javier Milei. VLLC!”, posteó en su cuenta de X el funcionario. Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo, reaccionó a la noticia en redes sociales con la expresión: “Muchas más”, en alusión al desembarco de nuevas pymes en el mercado de capitales tras la colocación de Apache.

Como consecuencia directa de esta resolución, las empresas pueden captar fondos de un mayor número de inversores, incluso no calificados, aunque existen topes: cada persona podrá invertir hasta UVA 3.000 por emisión y hasta UVA 10.000 en total, o hasta el 5% de su patrimonio por proyecto y el 10% bajo este régimen. Para emisiones de mediano impacto, el máximo se elevó a UVA 15 millones por colocación y UVA 30 millones acumulados. Asimismo, la CNV actualizó la definición de inversor calificado y exige ahora un lenguaje más claro y accesible en la información dirigida al público.

La apuesta de Apache

Según consignó la compañía en un comunicado posterior a su colocación, la empresa utilizará los fondos para reforzar su capital de trabajo y para fortalecer una expansión comercial con proyección exportadora. Actualmente, la empresa destina el 30% de su producción al mercado externo y proyecta aumentos en las ventas del 20% interanual en dólares.

Entre los destinos de la recaudación figura el avance del proyecto de ensamblaje local de tractores Apache Solis, realizado en alianza con una compañía india. Para ello, la pyme inauguró en marzo del año pasado una planta de 3.600 m², cuya construcción demandó USD 3,5 millones.

La nueva planta permite a la fabricante santafesina incrementar su capacidad un 30% en un turno y hasta un 50% con operación optimizada. Se prevé la incorporación de 20 a 30 empleados, con un foco especial en el ensamblaje de tractores de baja y mediana potencia. La trayectoria de Apache en el segmento tractoril se remonta a 18 años de importación de estos equipos y la actual inyección de capital está orientada a aumentar la participación en el mercado argentino y en el circuito de exportaciones agroindustriales.

En las últimas semanas cobró relevancia un dato que genera preocupación en el ámbito económico: en los primeros dos años de gestión cerraron más de 22.000 empresas en todo el país. El dato, comentado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desató un intenso debate en redes.

Tomando el resultado como disparador, Sturzenegger compartió en su cuenta de X su propio análisis de la situación. “Desde hace un tiempo el kirchnerismo está tratando de instalar la idea de una baja en el número de empresas. Pedí un doble click y veo esto: que en los últimos dos años el número de empresas pequeñas, medias y grandes es estable o crece”, escribió en una publicación.

En concreto, el funcionario presentó un gráfico de línea que muestra el “índice de la cantidad de empleadores” que hay en el país. La imagen contempla la evolución del número de empresas pequeñas (6 a 25 trabajadores), de firmas medianas (26 a 100 trabajadores) y de grandes (más de 100 empleados), con resultados del -1,9%, -1,4% y -1,1% respectivamente.

La publicación generó numerosas repercusiones y disparó un debate entre economistas. Los argumentos en contra del ministro son dos: por un lado, los analistas económicos destacaron que los valores presentados por Sturzenegger son negativos, por lo que confirman el cierre de empresas; por el otro, subrayaron que el gráfico omite lo que está ocurriendo con las empresas de menor tamaño, aquellas que tiene entre 1 y 5 trabajadores.

Por su parte, el director de CEPA, Hernán Letcher, remarcó que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 20.191 empresas de hasta 5 trabajadores, lo que representa una baja del 5,5% de punta a punta. También precisó que cerraron otras 2.417 firmas de mayor tamaño.

Por su parte, Guido Zack, director de Economía de la fundación Fundar, señaló que “tres valores negativos no es algo estable o que crece” y se sumó a las cuestionamientos por la omisión de las empresas de menos de cinco trabajadores.

Por otro lado, Zack remarcó que la caída actual es la peor en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003. “Ni Alberto Fernández con la pandemia tuvo una caída de empresas tan fuerte”, indicó y acompañó el comentario con un gráfico comparativo.

Entre otras opiniones, se destacó también la del analista financiero Christian Buteler, quien respondió a la publicación de Sturzenegger y compartió un cuadro desagregado de la evolución en la cantidad de empresas según su tamaño.

Tras las críticas de los economistas, el ministro de Desregulación volvió a apelar a la misma red social para explicar su punto de vista y precisar el paso a paso de cómo había elucubrado su razonamiento sobre la evolución de los empleadores.

“Para los que hoy se frustraron cuando mostré que en los últimos dos años el número de empresas con más de 5 empleados no disminuyó, y cuestionaron que no incluyera las que contratan 5 personas o menos, va una aclaración que hubiera imaginado innecesaria. Las micro empresas no las tomé, primero, porque aunque son muchas solo emplean al 7% de la gente (con lo cual si la caída está concentrada en ese segmento el impacto, afortunadamente, es limitado)”, indicó.

Y concluyó: “Segundo, porque las formales son una fracción menor de las empresas en ese segmento, que sabemos por los datos laborales que está creciendo fuerte, con lo cual cualquier número no es representativo. Tercero, porque el número de micro empresas viene cayendo desde 2011. En definitiva, si quieren criticar el programa de Javier Milei les sugiero buscar por otro lado. Por el tema del número de empresas no es”.

Según el monitoreo mensual de Fundar, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, desde la asunción de la actual gestión, unas 22.608 empresas dejaron de operar, lo que representa el 4,4% del total.

En diciembre de 2025, cerraron 670 empresas, lo que equivale a una baja mensual del 0,1% frente a noviembre y marca el decimoquinto mes consecutivo de caída. Durante todo 2025, fueron 10.392 las firmas que cesaron sus actividades, sumando así 22 meses de descenso interanual.

Al finalizar 2025, el total de empresas seguía por debajo de los picos registrados entre 2013 y 2015, cuando el país superó las 530.000 firmas. En términos históricos, el valor más bajo se observó tras la crisis de 2001, con cerca de 300.000 compañías. Desde ese momento, el tejido productivo vivió una recuperación prolongada, seguida de una etapa de estancamiento y una nueva fase de caída iniciada en 2018.

Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el gobierno eximió a los productores del campo de contar con habilitaciones municipales o provinciales en varios trámites de la actividad agropecuaria ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La resolución, que lleva la firma de María Beatriz Giraudo, titular del Senasa, deroga disposiciones de una resolución de noviembre de 1992, básicamente simplifica los trámites al eximir a los productores de contar con habilitaciones locales si están inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), un registro obligatorio y gratuito del Senasa que asocia al productor con su tierra y actividad (agrícola, ganadera o forestal), como medio de fiscalización de la sanidad vegetal y animal, inocuidad de alimentos y la comercialización. Además de ser gratuito, contra los costos de ciertas habilitaciones municipales, este trámite se gestiona online a través de AFIP o de forma presencial.

DNU 70

En sus considerandos, la resolución cita expresamente como antecedentes y fundamento al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y el Decreto 90/2025 del gobierno de Javier Milei. El DNU 70, la primera gran pieza normativa elaborada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estableció “que el ESTADO NACIONAL promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el Territorio Nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo” mediante “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y que quedarían sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda”.

En tanto, el decreto 90, de febrero del año pasado, promovió “un relevamiento normativo con el objetivo de identificar las normas vigentes y proponer la derogación de aquellas que resulten redundantes, innecesarias o generen un sobrecosto del sector productivo”, a partir de un examen de la ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, sancionada en 1992.

De hecho, Sturzenegger felicitó a Giraudo y celebró la medida del Senasa calificándola como “un granito de arena para contener la voracidad municipal”. Al separar los trámites nacionales de los municipales, explicó, se evitan “duplicaciones y el margen para la extorsión. En el gobierno de @JMilei pensamos que menos trámites se traduce en más libertad y la mayor libertad en más progreso. VLLC!”.

Duplicidad de trámites y requisitos

La resolución apunta a evitar la superposición de requisitos que dice, “importa, en la práctica, una duplicidad de requisitos y de documentación”. Esas superposiciones, subraya la norma, sumaba condiciones ajenas al Senasa y costos extras que generan “una carga administrativa y burocrática tanto para el Gobierno como para los ciudadanos”. La norma con la firma de Giraudo también apunta a la armonización de criterios, contra “la heterogeneidad de los regímenes locales de habilitación”. Por eso, el Senasa avanzó en simplificar los trámites, eliminar la obligatoriedad de presentar las habilitaciones municipales vinculadas a varios eslabones de la cadena productiva del campo: predios productivos, laboratorios, terminales de carga y proveedores de productos y servicios veterinarios.

El Senasa aclaró, sin embargo, que la eximición de habilitaciones municipales no se trata de una flexibilización de las normas sanitarias ni de las responsabilidades de quienes participan de la cadena de producción rural y agroalimentaria. “La presente medida no exime a los administrados del cumplimiento de la normativa nacional, provincial o municipal vigente aplicable al desarrollo de sus actividades”, dice expresamente la resolución, sino que se limita a eliminar requisitos administrativo y exigencias documentarles vinculadas “a competencias propias de las jurisdicciones locales”. Y lo hace explicando que la ley 27.233 de Sanidad Animal y Vegetal “es de interés nacional y fija la responsabilidad de los actores de la cadena agroalimentaria en garantizar la inocuidad y calidad de la producción”.

“Pilu” Giraudo, la presidente del Senasa, es una connotada dirigente rural, de varias generaciones de productores agropecuarios del sur de Santa Fe. Tiene un posgrado en Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA, presidió la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), de quien su padre fue uno de los fundadores, y durante el gobierno de Mauricio Macri integró brevemente el equipo del ministro de Agroindustria Ricardo Buryail. Además, es cofundadora de la Red de Mujeres Rurales.

Ya en el gobierno de Javier Milei, fue vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde ejecutó un plan de ajuste del organismo, y desde julio de 2025 preside el Senasa, desde donde ahora promovió y ejecutó la resolución celebrada por Sturzenegger para “contener la voracidad de los municipios”.

El gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof, confirmó ayer viernes que no adherirá a los cambios que dispuso el gobierno nacional para el trámite de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y mantendrá el esquema de chequeos anuales para autos de más de dos años.

Lo confirmó a través de un posteo en X de la VTV provincial, en oposición a los cambios impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para modificar el sistema actual, hacerlo más competitivo y espaciar los controles para los vehículos de menor antigüedad.

“La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos. La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años”, se publicó en el perfil en X de la VTV bonaerense.

“Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027!”, escribió Sturzenegger al repostear el anuncio sobre la decisión del gobierno de Kicillof.

Durante la semana, el Gobierno nacional decidió mantener las reformas aplicadas al sistema de VTV al rechazar el reclamo presentado por representantes del sector de talleres para frenar los cambios. La decisión se oficializó vía el Decreto 139/2026, que se publicó el 9 de marzo en el Boletín Oficial, con las firmas de Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El reclamo había sido presentado contra el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial 24.449. La presentación fue impulsada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional Asociación Civil (CATRAI) junto con empresas y particulares del sector.

Uno de los puntos clave en disputa es la frecuencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Con la nueva normativa, los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años del patentamiento, en lugar de los tres que regían anteriormente. Además, los autos con hasta diez años de antigüedad deberán someterse al control cada dos años, lo que representa una extensión en los intervalos de revisión.

En definitiva, el esquema oficial quedará así,

• Vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión a los cinco años
• Vehículos de entre cinco y diez años, deberán someterse a controles cada dos años
• Vehículos de más de diez años tendrán revisiones más frecuentes.

Uno de los argumentos del Gobierno nacional es que según la evidencia internacional las fallas mecánicas explican una proporción muy baja de los accidentes de tránsito.

Otro aspecto de la iniciativa oficial es introducir competitividad en la provisión de servicios de VTV. Hasta ahora, el control se hace en plantas habilitadas específicamente para esa actividad. Con el nuevo esquema, ese servicio podrá también ser prestado por concesionarias, talleres habilitados, centros de verificación y establecimientos que realizan revisiones técnicas a vehículos de transporte de carga.

Según Sturzenegger, la apertura a una mayor competencia podrá llevar a precios más bajos, en beneficio de los automovilistas.

Desde Provincia en cambio cuestionan los beneficios de esta apertura argumentando, por caso que las verificaciones podrían derivar en la ampliación del mercado negro de repuestos.

“Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente. Por un lado, quien verifica los vehículos (plantas de VTV con exclusividad en la prestación del servicio) y por otro, quien comercializa todo lo relacionado a la reparación de los automotores”, sostuvo el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, quien también señaló que el sistema que impulsa Sturzenegger podría generar complicaciones para las localidades pequeñas y medianas en territorio bonaerense, con un servicio centralizado en las ciudades más atractivas únicamente.

“Para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas. De lo contrario, una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia, lo que podría provocar que la mayor parte del territorio quede sin cobertura”, dijo Marinucci.

El gobierno nacional sostiene en cambio que los cambios que impulsa tienen en cuenta la evolución tecnológica del parque automotor y estudios que indican que la mayoría de los siniestros viales se vinculan con errores humanos y no con fallas mecánicas.

Otro punto del conflicto es la modificación del régimen de habilitación de talleres. La normativa nacional establece que las autoridades jurisdiccionales no podrán limitar la cantidad de talleres revisores ni fijar tarifas obligatorias, lo que apunta a generar mayor competencia dentro del sistema. La Cmapara Argentina de Talleres de Revisión de Auto Transporte Interjurisdiccional” (Catrai) había cuestionado esta apertura alegando la participación de concesionarias, importadores u otros talleres afectará la imparcialidad del control, a lo que el gobierno replicó que la objetividad se garantiza mediante mecanismos de fiscalización del proceso y no restringiendo la actividad de los prestadores.

El gobierno nacional también confirmó la eliminación del Informe de Configuración de Modelo (ICM), medida presentada como parte de una simplificación administrativa. El Ejecutivo concluyó que los argumentos del reclamo no modificaron los fundamentos de la reforma y rechazó la presentación administrativa de Catrai, dejando firmes los cambios implementados en el sistema de revisión técnica vehicular.

Las plantas de verificación particulares

Tanto para la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Inspección Técnica Vehicular (ITV), denominación que cambia según las distintas jurisdicciones, se podrán registrar nuevos espacios privados donde hacer las inspecciones de vehículos automotores. Esta modificación habilita que no sólo existan plantas oficiales como ocurrió desde la creación de este tipo de controles, sino que también podrán efectuarse en concesionarios oficiales y talleres autorizados.

Los talleres o concesionarias deberán adaptar sus instalaciones y su equipamiento técnico de acuerdo a las exigencias que determine el gobierno. Originalmente, esa reglamentación estaba a cargo de la disuelta Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Ahora será la Secretaría de Transporte la que deba delegar esa función al organismo competente. Esos talleres tendrán que tener un Director Técnico habilitado que certifique la calidad de las revisiones.

Las RTO, tanto las plantas de autos particulares como las de transporte pesado, de cargas y pasajeros, no tendrán una tarifa única oficial en las jurisdicciones que adhieran a esta reforma de la Ley Nacional de Tránsito. En el futuro, las RTO tendrán una certificación física, tal como es actualmente con una oblea, pero también una certificación digital en la plataforma “Mi Argentina”, del mismo modo que hoy se puede exhibir la cédula verde, la licencia de conducir o la autorización de manejo a un tercero.

Las jurisdicciones que adhieran tendrán la posibilidad de realizar revisiones técnicas a vehículos comerciales, no particulares, de otras jurisdicciones.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Fede Cristofanelli, se analizó el origen y las consecuencias de la modificación introducida. Jastreblansky subrayó: “Invierte la carga de la prueba. El empleador tendrá derecho a pagar la mitad, no es una obligación, sino que la ley le abre la puerta. Probablemente la mayoría se agarre de esto para hacerlo, está claro”.

El texto del artículo 208 y la controversia sobre los derechos laborales

Manu Jove remarcó la ambigüedad del texto legal: “Lo de ‘el trabajador tendrá derecho’ hace ruido por cómo está planteado, pero al mismo tiempo se convirtió en un eslogan casi vacío de la oposición más férrea, el kirchnerismo, el peronismo. Esta idea de ‘la ley viene a quitar derechos’ empezó a instalarse con este artículo”. Jastreblansky recordó que la votación en el Senado se realizó con el proyecto repartido apenas seis minutos antes, lo que alimentó el desconcierto: “Muchos senadores se enteraron de este artículo y no sé si llegaron a leerlo porque hubo imágenes de cómo repartían el texto final de la ley de reforma laboral minutos antes de votar”.

La polémica también se concentró en la figura de Federico Sturzenegger, señalado como principal impulsor de la desregulación: “Desde que Sturzenegger entra al mundo Milei, lo único que él quiere hacer es cambiar, casi refundar las normas en Argentina y desregular todo lo posible”, sostuvo Jastreblansky. El staff recordó su impronta performática: “Es el hombre que andaba con esas carretillas, creo que literalmente, con pilas y pilas de hojas de artículos y leyes para derogar. El hombre detrás de la Ley Bases, incluso antes de ser funcionario formal”, sumó Jove.

Judicialización, conflicto de intereses y la reacción del Gobierno

El programa abordó el impacto judicial y los eventuales conflictos de interés vinculados al entorno del Gobierno. Jastreblansky explicó: “Muchas de las desregulaciones terminaron judicializadas y la justicia la frenó. Él dice: ‘Estoy estudiando qué hizo la Revolución Francesa con el sistema judicial, porque el sistema judicial es el último reducto de la casta’”. La periodista recordó el caso de la adjudicación directa de un contrato entre Cancillería y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Sturzenegger: “Es una adjudicación directa por especialidad, no hubo licitación. Se presenta un conflicto de interés, eso es así. Tenés que darle intervención a los organismos de control y en este caso se hizo. La Oficina Anticorrupción y la Sindicatura de la Nación dictaminaron sobre esta situación”.

El debate también incluyó las críticas a la estrategia oficialista de instalar casos extremos como “lastimarse jugando al fútbol” para justificar la reducción salarial. Paula Guardia Bourdin planteó: “Lo que hace es girar el eje del debate a una pavada, como es el romperte la pata jugando al fútbol, y lo quita de las enfermedades graves”. Jastreblansky enfatizó: “La primera parte del artículo dice que si tenés una enfermedad inculpable te pueden reducir hasta el 75% del sueldo. Si tenés un cáncer, ¿el empleador te va a pagar el 75% y no te va a cubrir esa licencia que hasta ahora te cubría el 100%?”.

Presión política y alternativas para destrabar la reforma laboral

Con la aprobación en Diputados en riesgo, el staff analizó las opciones que barajan los legisladores ante el rechazo social y político. Jastreblansky anticipó: “Empiezan a surgir algunas ideas para no tocar la ley como está: hacer una segunda ley de un solo artículo que aclare todo esto y diga que en casos de enfermedades gravísimas todavía el empleador tiene que cubrir el 100% del sueldo. Otros dicen de empacharlo desde la reglamentación y ahí aclarar que no aplica para casos de enfermedades graves”.

Jove señaló que la fragmentación política en Diputados abre la puerta a múltiples reclamos: “Aquellos dispuestos a acompañar la reforma dicen: ‘Si se abre la ventana para meter una modificación, aprovecho y te pido por acá, te pido por allá, hay que cambiar esto, ya está’. El bloque de Provincias Unidas ya votó en disidencia. El PRO y parte del radicalismo presionan para sumar sus propios temas. Si modifican el artículo, todos quieren meter la cuchara y se complica la aprobación”.

El debate evidenció la tensión entre la urgencia oficialista por sancionar la reforma antes del inicio de las sesiones ordinarias y la resistencia de sectores que advierten sobre la regresividad de los cambios. La opinión pública, atravesada por la discusión sobre derechos laborales y la credibilidad de los controles estatales, sostiene el tema en agenda mientras crecen las negociaciones legislativas.

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A horas de la media sanción en el Senado de la reforma laboral, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó más en detalle algunos de los principales efectos que tendrá la Ley, como vacaciones, indemnizaciones y el banco de horas. También habló de qué pasará cuando el trabajador se enferme o lesione, cuánto menos cobrará y por cuánto tiempo.

En primer lugar, destacó que se trata de la primera reforma laboral aprobada desde la vuelta de la democracia, en un contexto en que la mitad de los trabajadores en la Argentina son informales y que hace una década no se crean puestos registrados.

Por puntos, Sturzenegger, en diálogo con Radio Mitre, se refirió a la “industria del juicio”, al subrayar que ésta no se vincula tanto con el monto base de las indemnizaciones —que equivale a un mes de salario por cada año trabajado— sino con la forma en que determinados fallos judiciales ampliaban significativamente ese valor.

Recordó que hace algunos meses, por ejemplo, se dio un caso muy comentado —el caso Piegari— en el que el trabajador alegaba ciertos perjuicios y el cálculo final terminaba incrementándose de manera considerable.

Uno de los puntos en discusión era la actualización de montos en juicios iniciados por hechos ocurridos cinco o seis años atrás. En esos casos, dijo Sturzenegger, algunos jueces aplicaban criterios que suponían una valorización del dinero “como si se hubiese invertido la plata” a tasas muy elevadas.

“Básicamente se reducen esos márgenes de incertidumbre. Entonces en la reforma se especifica, por ejemplo, que las sentencias se van a actualizar de determinada manera, y no vas a tener una sorpresa por ese lado”, remarcó.

Asimismo, se plantea que la retribución de los peritos quede asociada a su trabajo profesional y no a la magnitud económica del fallo.

“El trabajador no va a perder su indemnización. Tenemos uno de los regímenes en ese sentido más favorables del mundo, pero eso no era un problema sino la incertidumbre asociada a los juicios laborales”, resaltó.

En otro orden, el funcionario afirmó que la norma también “apunta a generar distintas maneras de ajustar la modalidad laboral a las formas actuales de trabajo, donde muchas veces las relaciones ya no responden al esquema rígido de 8 a 5 todos los días, como ocurría antes. Hoy la gente busca más diversidad, libertad y flexibilidad”.

“En ese sentido, un caso paradigmático —que surgió como aporte de Cristian Ritondo al proyecto— es el de los trabajadores de plataformas. Allí existía un problema importante: las propias empresas querían ofrecer seguros y otros beneficios, pero temían quedar encuadradas en una relación laboral típica. Con este cambio, esa situación se busca clarificar", precisó.

Sobre las negociaciones salariales, Argentina —según el planteo de Sturzenegger— tiene hoy un esquema de negociación salarial centralizado que “es único en el país” y que no es la regla en la mayoría de las economías.

Mencionó que Alemania negocia por regiones, mientras que Estados Unidos y Australia lo hacen a nivel empresa, buscando que la discusión salarial esté “mucho más cerca de la problemática de la empresa”.

El ejemplo que se repite es el de Italia, que comparte un sistema similar al argentino. Allí, se afirma, un acuerdo salarial definido en zonas más productivas termina aplicándose en regiones con otra realidad económica, lo que genera “exclusión y desempleo”.

El paralelismo con Argentina apunta a que convenios pensados para áreas de mayor productividad pueden resultar inviables en otras, “expulsando trabajo de esas zonas”.

Desde esa mirada, el proyecto introduce un cambio conceptual que el entrevistado define como “la federalización del trabajo”. La herramienta central es el principio de “prelación”, por el cual el convenio de menor alcance —por ejemplo, uno de empresa— pasa a prevalecer sobre el de nivel superior.

De acuerdo a Sturzenegger, el objetivo es habilitar que cada sector o empresa pueda ajustar sus condiciones a su situación concreta, contemplando la diversidad productiva y salarial entre regiones.

En ese sentido, sostiene que una estructura demasiado rígida impide adaptarse a realidades cambiantes, mientras que esta reforma busca abrir margen para que “cada empresa tenga la posibilidad de ajustarse a su condición”.

De esto modo, el ministro aclaró que los sindicatos de empresas son necesarios para que ello funcione.

Baja de cargas patronales

El ministro explicó que el proyecto incorpora una reducción de los aportes patronales. Según detalló, el Gobierno resigna parte de esos recursos vinculados a la relación laboral y los devuelve a las empresas, con la condición de que se mantengan en un fondo destinado a generar mayor previsibilidad, incluso para el propio trabajador, especialmente ante eventuales despidos.

A su vez, señaló que se crea un mecanismo denominado “refund”, orientado a las nuevas contrataciones, que implica una menor carga impositiva.

En ese marco, vinculó la medida con lo que definió como la “contribución de la motosierra”: la reducción del gasto público como vía para bajar impuestos. Recordó que el año pasado se avanzó sobre distintos tributos —como el impuesto PAIS, internos, aranceles y retenciones— y sostuvo que ahora esa lógica se traslada al mercado laboral mediante la baja de cargas.

Respecto de los gremios, mencionó la incorporación de una cláusula sobre la “ultraactividad”. Explicó que, bajo el esquema anterior, ciertas cláusulas de los convenios colectivos continuaban vigentes sin necesidad de renegociación.

Con el cambio propuesto, esas condiciones deberán volver a discutirse. En particular, indicó que se estableció un tope para las contribuciones sindicales: señaló que en algunos casos alcanzaban hasta el 7% del salario y que el proyecto fija un límite del 2%.

Por último, destacó que el recibo de sueldo pasará a reflejar la totalidad de los conceptos vinculados al empleo. Según planteó, hoy el trabajador no visualiza completamente el costo total de su puesto —incluidos los aportes patronales y otras cargas—, lo que dificulta tener una dimensión clara de cuánto representa su contratación.

Con la modificación, agregó, se busca transparentar esos componentes, incluyendo contribuciones que, aunque no siempre se perciben directamente, terminan incidiendo en la estructura salarial.

Licencias por enfermedad

En cuanto a los cambios en las licencias por enfermedad, Sturzenegger afirmó: “Lo que se hizo —yo lo llamo el tema de los abusos— tiene que ver con las licencias psiquiátricas y otras situaciones similares. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad que te sobrevino y no tiene nada que ver con tu accionar, el empleador tiene la obligación de seguir pagándote el sueldo por un tiempo, pero ya no al 100%, sino al 75%“.

“Ahora bien, si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol —es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver— y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%“, indicó.

“La idea es que esto también apunta a reducir, si se quiere, las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, añadió.

En cuanto a la posibilidad de fraccionamiento de las vacaciones, Sturzenegger sostuvo que “la ley pasa a legalizar lo que ya ocurría, porque era un uso y costumbre”.

Por otro lado, considerando la incorporación del banco de horas, aclaró que las horas extra siguen existiendo. Según el ministro, el proyecto habilita mayor flexibilidad en la organización del trabajo.

El ejemplo que dio fue el de una persona que, al iniciar una relación laboral, quiere acordar no trabajar los viernes porque dedica ese día a otra actividad. Apuntó que bajo el esquema actual ese tipo de arreglos resultaban difíciles de instrumentar.

Con la reforma, asegura Sturzenegger, el empleador y trabajador podrían pactar que ese día no trabajado se compense distribuyendo horas en el resto de la semana. Esas horas adicionales no se considerarían extras, ya que funcionarían como compensación del día acordado.

Dijo, sin embargo, que cualquier hora extra que exceda ese esquema seguiría pagándose como tal, sin cambios respecto de la normativa vigente.

Luego de la polémica que se generó alrededor del Grupo Techint por la licitación de los tubos para un gasoducto de 480 kilómetros, destinado a transportar gas desde Vaca Muerta al puerto de San Antonio Oeste en Río Negro, una empresa del holding que comanda Paolo Rocca se quedó con la mayoría accionaria de una de las mayores siderúrgicas en Brasil.

Ternium, la firma del conglomerado dedicada a la producción de aceros planos, anunció la compra de la totalidad de las acciones de Nippon Steel y Mitsubishi Corporation en Usiminas, uno de los mayores productores de acero de América Latina. La operación, que se oficializó en la Comisión Nacional de Valores (CNV), se cerró por un valor de USD 315,2 millones.

Una vez finalizada la transacción, Ternium Investments, la filial de Ternium en la Argentina y Confab —subsidiaria de Tenaris, la empresa del grupo que participó en la polémica licitación— concentrarán el 83,1% del grupo de control de Usiminas. El fondo de pensiones de los empleados, Previdência Usiminas, conservará el 7,1% restante.

Esta operación en el mercado brasileño se concretó en paralelo a ese escenario de tensión local, en un momento en que el negocio global del acero también enfrenta presiones. De hecho, en el mismo comunicado, Ternium advirtió que el negocio del acero enfrenta riesgos vinculados a la demanda, la capacidad global de producción y la evolución de los aranceles. Se trata de un sector históricamente cíclico y expuesto a la volatilidad internacional, donde el crecimiento económico y las políticas comerciales inciden de forma directa en los resultados.

La polémica por los tubos

Esta noticia se conoció en un contexto de alta visibilidad para el holding del empresario ítalo-argentino. En las últimas semanas, Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, mantuvo un enfrentamiento público con el gobierno de Javier Milei por la licitación de tubos destinados a conectar Vaca Muerta con las terminales de licuefacción para la exportación de gas natural licuado (GNL).

El conflicto se desató cuando Southern Energy, el consorcio a cargo de la licitación conformado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, eligió la oferta de la empresa india Welspun y dejó afuera a Tenaris, uno de los mayores fabricantes globales de tubos sin costura.

Desde Techint deslizaron que analizarían presentar un recurso antidumping al considerar que la firma ganadora habría utilizado chapa de origen chino para fabricar los caños, lo que le habría permitido ofrecer precios por debajo de los valores de mercado. La denuncia finalmente no se concretó, pero el planteo escaló y abrió un frente político.

En el entorno presidencial descartaron los reclamos y marcaron que no estaban dispuestos a convalidar precios más altos. De hecho, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo en sus redes sociales que Tenaris había ofertado los tubos 40% más caros y advirtió que aceptar esa propuesta hubiera implicado menor rentabilidad del proyecto, menos inversiones, menos empleo y menos exportaciones.

El propio Javier Milei, por su parte, defendió la apertura de importaciones y cuestionó a quienes se oponen a esa política, con referencias directas al titular del grupo industrial.

En tanto, Paolo Rocca respondió con una carta pública en la que repasó la cronología de la licitación y advirtió que la industria siderúrgica atraviesa un escenario global de fuerte sobrecapacidad, impulsado por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos. Señaló que las principales economías aplican aranceles, cuotas y medidas antidumping para evitar que el comercio desleal afecte a sectores estratégicos.

También afirmó que el grupo apoya la apertura de la Argentina al mundo, aunque remarcó que la forma en que se implementa es determinante. “La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores”, planteó, y pidió sostener un diálogo constructivo con el Gobierno sobre la inserción internacional y la competitividad.

Grupo Techint, controlado por el empresario ítalo-argentino Paolo Rocca, estuvo en el centro de la agenda en los últimos días por no quedarse con el contrato para la provisión de tubos para el gasoducto que llevará el gas desde Vaca Muerta hacia Río Negro para ser exportado. La empresa india Welspun fue la ganadora de la licitación.

Frente a esa situación, se generó un amplio debate con posiciones que defienden la industria local y otras que optan por impulsar la competencia. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado realizó un análisis sobre la discusión en un extenso comunicado que publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

“La noticia es que se deja de lado a Grupo Techint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar al grupo por ser productor nacional. A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos?“, inicia el descargo del funcionario.

Y continúa: “Primero, Grupo Techint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”.

Sturzenegger resaltó que, dado que el precio del gas está fijo, “ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen”.

El segundo punto que enumeró el ministro fue que “cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento".

Destacó, además, que, luego de ver las ofertas de los otros competidores, el primer productor mundial de tubos sin costura “habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”.

Y siguió: “Si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos".

Y finalizó el escrito haciendo referencia a que “Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para Grupo Techint aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana”.

Grupo Techint, es un conglomerado industrial fundado en 1945, que a través de su controlada Tenaris es uno de los mayores productores de tubos de acero del mundo, con plantas industriales en América, Europa, Asia y Medio Oriente y más de 26.000 empleados a nivel global.

En la Argentina, Tenaris opera varias plantas, entre ellas la de Valentín Alsina, en el partido bonaerense de Lanús. Ese establecimiento tuvo un rol central en la fabricación de caños para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra clave para el transporte de gas desde Vaca Muerta.

A lo largo del año pasado, el CEO del grupo, Paolo Rocca, había advertido públicamente que, si la empresa no resultaba adjudicataria de la licitación, su continuidad quedaba en duda.

Según trascendió en el mercado, la planta de Valentín Alsina, que tiene alrededor de 400 empleados, cuenta actualmente con pedidos garantizados hasta junio, pero no hay definiciones claras sobre la carga de trabajo para el segundo semestre del año.

La intervención de Sturzenegger en el debate se da en línea con la agenda que impulsa desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Desde su asunción, el ministro se dedica a reducir regulaciones, eliminar mecanismos de protección sectorial y fomentar una mayor competencia, incluida la externa, como eje para mejorar la eficiencia y bajar costos en todos los sectores de la economía. En ese marco, el funcionario defiende la apertura de mercados y la eliminación de esquemas de “compre nacional” como parte de la estrategia oficial para ganar competitividad.

El Gobierno, bajo la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte para 2026 que podría afectar otro 10% del total de empleados. Los despidos desde el inicio de la gestión superan los 60.000 trabajadores.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.

El recorte de personal en el Sector Público Nacional desde diciembre de 2023 generó un impacto de gran magnitud en el Estado, con la eliminación de 60.784 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 17,7 % en la dotación total. Este ajuste se traduce en la pérdida de más de 83 empleos por día.

El análisis de la distribución de los despidos indica que las empresas y sociedades del Estado absorbieron la mayor parte de las cesantías en términos absolutos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. No obstante, el ajuste proporcional más severo se registró en la administración centralizada.

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos, constituyéndose en el caso más relevante en términos absolutos. Por su parte, la Operadora Ferroviaria S.E. registró 3.375 desvinculaciones, el Banco Nación contabilizó 2.069 y Aerolíneas Argentinas sumó 1.887.

En términos relativos, la ex Télam experimentó el recorte más drástico, con la desvinculación de cerca del 80 % de su personal. Le siguieron ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones especialmente significativas en su plantilla.

CEPA advirtió en un informe que “el ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional”.

En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40% del personal representa, según el CEPA, un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.

En el sector ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE) sufrió un recorte del 35 % de su planta, lo que, de acuerdo con el CEPA, afecta la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura fundamentales para el transporte de cargas y pasajeros.

El informe sostiene que “esta política de desinversión atenta contra la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, que es fundamental para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sustentable”.

El sector financiero y asegurador también se vio fuertemente afectado. La Casa de la Moneda redujo su personal en 44 %, mientras que Nación Seguros perdió el 37,5 % de su dotación.

Según el CEPA, esta situación debilita la capacidad estatal para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe.

Además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), considerado clave para el financiamiento del desarrollo productivo, experimentó una reducción del 31% de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que abarca organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más relevante en términos absolutos fue el de ARCA, con 3.220 puestos de trabajo eliminados. Le siguieron el CONICET, con 1.964 despidos, y el ANSES, que redujo su plantilla en 1.584 trabajadores.

En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió el recorte más severo, perdiendo el 64 % de su personal.

En segundo lugar se ubicó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46,6 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que experimentó una disminución del 43,5 % en su dotación.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, mantuvo este miércoles una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Durante el encuentro, los funcionarios acercaron posiciones y dieron un paso más en el marco de las negociaciones entre ambos países por la “letra chica” del acuerdo comercial.

Lamelas utilizó las redes sociales para compartir la noticia y expresar su apoyo al Gobierno argentino. “Las reformas que impulsa Javier Milei tienen el potencial de dinamizar la economía argentina. Tuve una excelente reunión con Federico Sturzenegger, donde hablamos sobre cómo la desregulación puede impulsar la innovación, atraer inversiones, generar empleo, y aumentar el comercio. EE.UU. apoya estos esfuerzos orientados a un entorno más competitivo y abierto”, publicó el diplomático en su cuenta de X.

No es la primera vez que el país norteamericano habla a través de su embajada en Argentina. La semana pasada, la sede diplomática indicó que el acuerdo comercial “crea las condiciones para incrementar las inversiones” estadounidenses en el país, uno de los puntos en el que tanto el presidente Javier Milei como el equipo económico liderado por Luis Caputo habían hecho hincapié en sus visitas a territorio norteamericano.

“Es una clara señal de que la Argentina está abierta a nuevas oportunidades comerciales y traza una trayectoria de crecimiento para ambos países. El acuerdo incluye reducción de tarifas para industrias claves, alineamiento de estándares, fortalecimiento de protección de propiedad intelectual, y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”, acotaron.

También sumó su voz la Casa Blanca. La semana pasada emitió un comunicado en el que dejó clara su postura. “Este Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión busca promover el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación”, explicó el Gobierno estadounidense.

Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump planteó que el resultado de lo pactado “refleja la ambición y los valores compartidos por ambos países, y se apoya en medidas que Argentina ya implementó para modernizar su régimen de comercio e inversiones y promover condiciones recíprocas”.

Las definiciones del acuerdo

Si bien aun restan varios puntos por discutir, Estados Unidos ya emitió un comunicado con los principales acuerdos logrados.

El acuerdo comercial entre ambos países prevé una apertura de mercados con aranceles reducidos para productos clave de ambos países. Argentina dará acceso preferencial a bienes estadounidenses —incluidos medicamentos, maquinaria y productos agrícolas—, mientras que Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales y bienes farmacéuticos no patentados, además de considerar el impacto del entendimiento en futuras decisiones comerciales. También habrá mejoras en el acceso para la carne vacuna. Argentina eliminará barreras no arancelarias, como licencias de importación y formalidades consulares, y reducirá gradualmente el impuesto estadístico sobre bienes de origen estadounidense.

En materia regulatoria, el país adoptará normas internacionales que permitirán el ingreso de productos norteamericanos sin evaluaciones adicionales y habilitará vehículos fabricados bajo los estándares federales de EE.UU., así como dispositivos médicos y fármacos con certificación FDA. Se avanzará en un régimen de propiedad intelectual más alineado con estándares internacionales, con mayor control sobre productos falsificados y la revisión de cuestiones señaladas en el informe Special 301. En el plano agrícola, Argentina habilitó el ingreso de ganado en pie, se comprometió a abrir su mercado a la carne aviar en un año y facilitará trámites para productos cárnicos y lácteos.

El país también reforzará la protección laboral, con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso, y adoptará compromisos ambientales vinculados a la tala ilegal, el uso eficiente de recursos y las obligaciones de la OMC sobre subsidios pesqueros. Ambos gobiernos coordinarán políticas en seguridad económica —controles a la exportación, inversiones y evasión de aranceles— y cooperarán en minerales críticos, además de trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja. Argentina se comprometió a abordar distorsiones por subsidios y empresas estatales y a facilitar el comercio digital, con reconocimiento de EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencias de datos y sin discriminación hacia servicios digitales estadounidenses.

Según la Casa Blanca, ambos países trabajarán para concluir el texto final y activarlo conforme a los procedimientos internos, con una revisión permanente a través de los mecanismos bilaterales vigentes. Desde la representación estadounidense destacaron que el acuerdo crea condiciones para incrementar inversiones y abre nuevas oportunidades comerciales mediante la reducción de tarifas, el alineamiento de estándares y un compromiso compartido con un comercio más justo y recíproco.

Mar del Plata. Durante su presentación en el 61° Coloquio de IDEA, que finaliza este viernes en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una advertencia directa a los miembros del sector privado respecto al estancamiento en la reforma laboral.

Ante unos 1.000 hombres de negocios que lo escuchaban atentamente en el principal auditorio del hotel, Sturzenegger sostuvo que el Gobierno otorga libertad para rediseñar contratos laborales, pero los empresarios no avanzan. “El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie”, expresó, subrayando que la administración decidió delegar esa responsabilidad en el sector privado y, en su diagnóstico, este no adoptó ninguna medida concreta.

El ministro se refería puntualmente a los cambios impulsados desde el Gobierno para que cada sector defina, en su negociación colectiva, si quieren continuar con el actual esquema de indemnización o buscar un fondo de cese al estilo del que rige en el sector de la construcción. Pero como dijo el funcionario, hubo poco avances al respecto.

“Nosotros lo armamos con Julio Cordero (secretario de Trabajo) y le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Dijimos: ‘definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador’“, afirmó el ministro. Y agregó: ”No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada. Entonces, el Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes”, señaló Sturzenegger.

Después de su panel, desde IDEA dejaron trascender una réplica. “La aplicación de este sistema (de cese laboral) requiere de un acuerdo explícito en cada convenio colectivo de trabajo. Esto significa que su implementación no es automática ni universal, sino que depende de la voluntad de las partes involucradas en cada sector. Puede funcionar en los sectores como la construcción, donde existe alta rotación de personal, pero no se adapta a todos los sectores. Además, la implementación de este sistema representaría un costo fijo mensual adicional para las empresas más pequeñas”, destacaron.

Alta carga impositiva sobre el trabajo

En otro tramo de su intervención, Sturzenegger abordó el problema de la informalidad y la falta de generación de empleo registrado durante la última década. Señaló: “La Argentina lleva diez años sin sumar empleo formal y la mitad de su fuerza laboral es informal”. Según su visión, el sistema actual impone una “alta carga impositiva sobre el trabajo” y agregó que existe una atención desproporcionada sobre las retenciones a las exportaciones agrícolas, pero escasa discusión sobre los impuestos laborales.

El funcionario también cuestionó la estructura de los convenios colectivos de trabajo y la aparición de lo que denominó “peajes”, es decir, costos compulsivos para trabajadores y empresas embebidos en las convenciones. Calificó estos cargos adicionales como “impuestos privados ilegales” y explicó que el decreto 149/25 busca prohibir tales aportes obligatorios desde la parte empleadora. “Todavía hay quienes los siguen pagando o presentan cautelares, pero insisto en que la capacitación debe ser voluntaria”, planteó, en referencia a la medida presentada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

A su criterio, estos peajes afectan el salario neto que percibe el trabajador y el costo total de contratación que asumen las empresas, generando distorsiones en la competitividad y los precios al consumidor.

Los “peajes” en cada sector

Para ilustrar el impacto de esos recargos, Sturzenegger se refirió a varios ejemplos sectoriales. En el caso del gremio de camioneros, los “peajes” equivalen prácticamente a $1 millón por año y por trabajador, mientras que en el gremio de porteros de la Ciudad de Buenos Aires esa suma asciende a un $1,3 millón. En comercio, $800.000. “A la larga, lo paga el consumidor, porque es aumento de la estructura de costos”, argumentó el ministro.

Otro eje de la disertación giró en torno a las negociaciones salariales. Sturzenegger comparó el sistema argentino con el de países europeos y puntualizó que los esquemas sectoriales y nacionales que imperan en Argentina generan inequidades regionales, afectando la generación de empleo en las zonas menos desarrolladas del país. Usó los casos de Alemania e Italia como referencia para mostrar cómo la rigidez en la fijación de salarios nacionales perjudica el empleo en regiones con menor productividad. “Si el país adoptara un modelo similar al alemán, el noroeste argentino podría elevar la tasa de empleo dieciséis puntos”, señaló ante los empresarios.

El funcionario recordó que la reforma laboral formó parte del DNU 70, aunque actualmente enfrenta frenos judiciales. Rescató la inclusión de una cláusula que permitía la prevalencia de convenios inferiores sobre los superiores, lo que según su análisis posibilitaría la adecuación de los acuerdos laborales a las realidades productivas específicas de cada región o sector.

Rendición de cuentas

Durante el encuentro, Sturzenegger también aprovechó para rendir cuentas de los temas que le habían reclamado por parte de IDEA el año pasado y en cuáles se había avanzado. “Santiago (en referencia a Mignone, presidente de la entidad) trabajó mucho y me mandó un excel con doscientas diez propuestas. Hay unas cien que por distintos motivos no hicimos, pero en noventa y cuatro avanzamos o resolvimos, y dieciocho más están en proceso”, puntualizó.

Detalló que algunas propuestas resultaron inviables por ser jurisdiccionales o competencias provinciales, otras vinculadas solo a cuestiones impositivas, y el resto, por desacuerdo desde el Poder Ejecutivo. Enfatizó que la hoja de ruta del ministerio priorizó ámbitos como el Registro Público de Comercio, la Inspección General de Justicia (IGJ), la aduana y los temas laborales, y luego temas como Ambiente, SENASA y Registro Automotor.

En términos de avance digital, el funcionario destacó el desarrollo en Córdoba para implementar un sistema de registro de sociedades completamente digital, operativo para sociedades anónimas. La opción se encuentra disponible para cualquier persona que quiera registrar una empresa de forma remota, con firma digital y activación automática de cuentas bancarias. Sturzenegger reivindicó este logro como muestra del potencial del federalismo para generar competencias entre jurisdicciones y avanzar en innovación administrativa.

En cuanto al ambiente exportador, el funcionario indicó que se introdujeron medidas como el régimen de “operador confiable” en aduana, que permite despachar mercadería desde la propia planta bajo sistema de cámaras y precintos sin la presencia de funcionarios. Además, mencionó que el programa “Exporta Simple” ahora opera en terminales del interior, como el aeropuerto de Rosario, donde los costos cayeron a la mitad comparado con la terminal aérea de Ezeiza. Se avanzó con la digitalización del remito electrónico, la posibilidad de despachar mercadería en depósitos fiscales y la habilitación de concesionarios para revisión técnica obligatoria de vehículos.

En logística, el ministro se refirió al desbloqueo total del tránsito de bitrenes, un pedido histórico del sector de transporte. Según relató, antes solo unas provincias lo autorizaban; ahora, la medida permite que circule por todo el país salvo excepciones técnicas puntuales. Calculó que la baja de costos logísticos por transporte ronda entre treinta y cuarenta por ciento, y que el sistema de “pesos y medidas” para la minería también experimentó reformas, como la habilitación de neumáticos chilenos.

El titular del área de Desregulación y Transformación del Estado subrayó el objetivo de remover “piedras del zapato regulatorio” que obstruyen la competitividad y la eficiencia. Remitió que desde el inicio de la presidencia de Javier Milei eliminaron unos diez mil requerimientos normativos, trámites y registros a nivel nacional.

Sturzenegger utilizó recurrentemente la metáfora futbolística y señaló la importancia de “poner a jugar a los mejores” en el escenario productivo nacional. Aclaró que persisten actores que actúan en sentido opuesto al progreso, recurriendo a metáforas de gol en contra y jugadores que sabotean al propio equipo argentino. “Hay que seguir sacando piedras del camino”, finalizó.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que se anunciará un acuerdo comercial con EEUU, en el marco de la reunión de este martes entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.

El funcionario explicó que hay dos dimensiones en la relación Trump-Milei: por un lado, aquella vinculada a la asistencia del Tesoro de EEUU, el mercado cambiario y el swap; y por otro, una instancia menos visible pero en la que se viene trabajando desde hace muchos meses: un acuerdo comercial.

“Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de EEUU y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano“, dijo Sturzenegger.

“Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países”, agregó en diálogo con La Casa Streaming.

Y sostuvo que “gestionar un Gobierno es hacer que las cosas ocurran, que estos miles de millones de inversiones, lo de Open IA con la inversión de 25.000 millones. Si después te enojás porque Milei dice ‘caca’, eso es tu problema. Lo que va cambiar a Argentina son estas transformaciones de fondo”.

Cabe recordar que Milei y Trump se reúnen este martes en la Casa Blanca para reafirmar su sintonía personal y avanzar en la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. El encuentro está previsto para las 14.00 (hora de Argentina), con una breve aparición ante la prensa en el Salón Oval antes del inicio de la reunión bilateral.

La agenda será amplia, aunque los ejes centrales estarán puestos en la estabilidad del programa económico, el esquema de asistencia financiera, la relación comercial y la estrategia geopolítica vinculada a la presencia de China en el país.

Vínculo comercial

Además del impacto económico, un posible acuerdo comercial sería de gran relevancia en términos políticos, teniendo en cuenta que Trump continúa elevando aranceles y restringiendo el comercio.

La consultora Analytica resaltó que la relación comercial entre ambos países ha sido históricamente deficitaria para la Argentina. Entre 2014 y 2023, el saldo negativo promedió los USD 3.666 millones anuales (a precios constantes).

Sin embargo, en 2024 se registró un cambio inédito: debido a la caída de las importaciones provocada por la recesión, el intercambio bilateral cerró con un superávit de USD 228 millones, el primero desde 2005.

Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil y China. En la última década, las exportaciones argentinas hacia ese destino promediaron USD 5.700 millones anuales, alcanzando USD 6.464 millones en 2024.

Los productos nacionales enfrentan una tasa arancelaria base del 10% desde el denominado Liberation Day de abril pasado —la más baja entre las impuestas por la administración Trump—, aunque persisten gravámenes específicos, como los aranceles del 50% aplicados al aluminio y al acero.

Si bien muchos de los bienes que la Argentina exporta forman parte también de la canasta exportadora de Estados Unidos —como combustibles, minerales, soja y maíz—, se abren algunas oportunidades puntuales. En 2024, más de la mitad de las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense correspondieron a combustibles y derivados (USD 2.284 millones, 35,3% del total), minerales (USD 762 millones, 11,8%) y aluminio y sus manufacturas (USD 529 millones, 8,2%).

También tienen relevancia las exportaciones de las economías regionales, con productos como vinos, miel, cítricos, camarones, langostinos, té y madera. En 2024, el 73,6% de la miel y el 57,1% de los limones exportados por la Argentina tuvieron como destino los Estados Unidos. La carne también mantiene una presencia significativa, con envíos por USD 200 millones (3,1% del total exportado).

“Una eventual reducción arancelaria sería relevante para potenciar estos sectores hacia el tercer mercado interno más importante del mundo con 342 millones de habitantes”, indicó Analytica.

De todas maneras, afirmaron que “la permanencia de la Argentina dentro del Mercosur dificulta un tratado de libre comercio y su eventual negociación demandaría tiempos prolongados o incluso aprobación legislativa en caso de que se decidiera una ruptura con el bloque. Así, el margen es acotado para otorgar concesiones comerciales. Mientras es más factible reducir la tasa arancelaria que aplica los Estados Unidos a nuestro país”.

El señor Federico Sturzenegger aumenta las alícuotas de los clubes y usa como excusa que los jubilados no pueden cobrar y que afecta el superávit fiscal, responsabilizando en gran parte al fútbol. Y apunta directamente contra el Club Atlético River Plate y Vélez Sarsfield.

Primero me gustaría brindar algunos datos de River Plate y complementar con datos similares de Lanús, otra institución centenaria, pero de la provincia de Buenos Aires. El club que conduce Jorge Brito tiene 350.000 socios, 1.484 empleados, 1.200 alumnos en el colegio, 800 en la universidad y 49 disciplinas deportivas. Lanús, a cargo de Nicolás Russo y Alejandro Marón, tiene 20 mil socios, cuatro predios, treinta disciplinas amateur, un colegio con 1500 alumnos, 975 empleados y el proyecto educativo que va de nivel inicial de 2 años hasta un terciario con profesorado de Educación Física. Da más de dos mil becas por año y tiene una fundación que tiene una función social con comedores, escuelas, un departamento de cultura, museo, una vida social riquísima.

Quiero destacar, con todos los años que llevo en el fútbol, desde que entré a la AFA con mi padre hace cincuenta años, lo que es la institución Club Atlético River Plate. Institución centenaria. Un estadio que es modelo en el mundo. Como institución, está considerada por la FIFA como las tres mejores, después de América de México y Atlético Mineiro, de Brasil.

Son instituciones centenarias que no tienen nada que ver con la política. Sinceramente, he perdido la capacidad de asombro al ver que semejante funcionario le echa la culpa a River de que los jubilados no cobren. Este impuestazo lo que pone en peligro es ese tipo de modelos de club que tienen una mirada social y trabajan con las comunidades que los rodean. Ni más ni menos que eso.

Lo más importante a destacar es que estas actividades, en su gran mayoría, son deficitarias y el fútbol los ayuda. Entonces, utilizar como excusa la venta de Franco Mastantuono, que hará que el club gane dinero, para que tanto River como el resto del fútbol argentino, incluida la AFA, tengan que pagar una alícuota superior es contradictorio. Por un lado, hay un Presidente que dice que se corta una mano antes de subir los impuestos. Bueno, a raíz de lo que está diciendo Sturzenegger, se tiene que cortar los dos brazos y las dos piernas. Porque es necesario ver la función social que cumplen estos clubes de fútbol. Especialmente River, que mantiene universidades, colegios, los socios. River tiene 350 mil socios: muchísimos no son ni siquiera hinchas de River y van al club por todo lo que ofrece.

El estadio de River es muy superior al estadio MetLife de New Jersey, donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo el año que viene. Si se compara el MetLife con el Monumental, el primero se muestra totalmente obsoleto. El año pasado, en el partido entre Argentina y Chile de la Copa América, fui testigo y víctima de los robos de celulares, billeteras y relojes.

Todos sabemos que Boca y River son la locomotora del fútbol argentino, sin que nadie se ofenda. Todos los presidentes de AFA, desde 1966 a la fecha -Raúl D’Onofrio, el papá de Rodolfo, Oneto Gaona, Grondona, Segura y Tapia- me han dicho que es conmovedor el aporte solidario que hacen Boca y River hacia los demás clubes. Nunca se cortan solos con los derechos de televisión, el Prode se repartía por partes iguales, etc. Porque si bien son la locomotora, la locomotora también necesita de los vagones. Y los vagones son Vélez, Huracán, San Lorenzo, Independiente, Racing y todos los demás clubes. Posiblemente, solidaridad sea una palabra que desconozca el señor Sturzenegger.

Es una falacia y una estupidez echarle la culpa a River, a Vélez y a Lanús, y a todos en general, de que los jubilados no cobren o de que el superávit se vea afectado. Incluso si fuera cierto, resultaría contradictorio con respecto a lo que proclama el Gobierno de cortarse los brazos antes de subir un impuesto.

Yo me pregunto: si vas a fijarte en Mastantuono, ¿por qué no nos fijamos, por ejemplo, en la Sociedad Rural? El predio en Plaza Italia, ¿cuánto vale el metro cuadrado para que vengan una vez al año? Los caballos de polo, que todo el mundo sabe los millones que cuestan de vender, ¿por qué exportan permanentemente y en la DGI están declarados por cinco mil dólares? El rugby lo mismo: todos dicen que es amateur y es un profesionalismo encubierto.

Entonces, ¿otra vez volvemos al fútbol? ¿Otra vez River es culpable? Nadie puede negar que River es un ejemplo entre las tres mejores instituciones deportivas de Latinoamérica y está, por supuesto, a la par de cualquiera del mundo.

En el invierno del 2019, que fue muy frío y no había gas en la Argentina, River abrió las puertas gratis para que la gente pudiera dormir, tener alimentos y tener frazadas. Donde no llegó el Estado, estuvo River, entre otras instituciones. También fue el primer estadio que cerró por la pandemia de manera preventiva por la cantidad de empleados que tenía. Y después tuvieron la hidalguía, en aquel partido con Tucumán, de aceptar la pérdida de partido, pero priorizaron la salud de sus empleados y de sus jugadores a tres puntos de un campeonato. Todo esto alimenta la indignación cuando un funcionario demagógicamente quiere echarle la culpa a la AFA, pone la lupa en Mastantuono y critica a una institución como River.

El fútbol en la Argentina es superavitario. A los socios, como decía Grondona, le sacás un litro de cloro y te matan. Es patrimonio cultural de los argentinos. Pero insisto, ¿cómo vas a subir la alícuota al doble echándole la culpa a River de que los jubilados no cobran? Una verdadera locura.

El Gobierno recortó 52.309 empleos públicos en los 19 meses que lleva de gestión, en el marco del ajuste permanente que se busca en el Estado. Las principales reducciones de personal se hicieron en la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades en manos estatales.

En diciembre de 2023, previo a la llegada del gobierno libertario, la Administración Pública contaba con 205.550 empleados, mientras que las empresas estatales con 91.166. Esas cifras se redujeron a 175.146 y 74.933, respectivamente. El personal militar y de seguridad disminuyó en 5.672 puestos.

SIGUE LA MOTOSIERRA: a junio nos permite ahorrar 2100 millones de dólares en impuestos. Como mucho del gasto público es molestar al sector privado, menos gasto es más libertad. Todo lo que pide el presidente Javier Milei en un gráfico", dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Entre las carteras que más personal perdieron figuran el Ministerio de Economía, que pasó de tener 69.297 empleados en diciembre de 2023 a 58.100 en junio de 2025, y la Jefatura de Gabinete, que redujo su planta de 34.971 a 29.771 personas en ese mismo período. El Ministerio de Capital Humano registró una baja de más de 6.300 trabajadores.

En el universo de las empresas y sociedades del Estado, varias compañías emblemáticas redujeron su plantilla de forma significativa. Aerolíneas Argentinas recortó 1.734 puestos (de 11.617 a 9.883), mientras que Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye Canal 7 y Radio Nacional, perdió 229 empleos. También se destacó la caída en la Agencia de Publicidad del Estado, que pasó de 790 a 166 trabajadores.

La empresa AYSA, que ahora se busca privatizar, redujo su personal de 7.680 a 6.187 empleados, y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) pasó de 23.875 a 21.522. En el caso de Casa de la Moneda, el recorte fue del 40%: bajó de 1.390 a 821 trabajadores.

El ajuste impactó con mayor fuerza en el personal contratado. Según el informe, mientras la planta permanente y transitoria cayó un 9,1%, los contratos regulares bajaron un 21,5% y los contratos especiales sin relación de dependencia (LOYS) se redujeron un 52,7%: de 6.810 en diciembre de 2023 a 3.221 en junio de 2025.

El Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, disminuyó de 610 a 410 contratos LOYS en ese lapso. En el Ministerio de Economía, ese tipo de contratación pasó de 2.958 a 1.329 casos.

En paralelo, se contabilizan 1.081 trabajadores en situación de disponibilidad, un mecanismo que permite mantener la relación laboral en suspenso y reubicar al personal en otras áreas del Estado. La mayoría de estos casos se concentraron en el Ministerio de Capital Humano (798 personas), seguido por el Ministerio de Economía (207) y el de Desregulación y Transformación del Estado (52).

Mientras tanto, continúa el conflicto salarial entre aquellos que siguen formando parte de la planta estatal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó este miércoles que rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en el marco de las negociaciones paritarias para los empleados del sector público. “La propuesta ni siquiera contempla la compensación del poder adquisitivo perdido en el periodo anterior”, sostuvo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.

Mediante un comunicado, el sindicato señaló que la oferta fue desestimada por considerar insuficiente el incremento propuesto del 7,5%, distribuido en seis tramos. La postura de ATE difirió de la adoptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que aceptó el ofrecimiento del Ejecutivo.

Según detalló ATE, el esquema contemplaba subas acumulativas del 1,3% en junio, 1,3% en julio, 1,3% en agosto, 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1,1% en noviembre. A eso se sumaba una suma fija por única vez de $25.000 correspondiente a junio, julio y agosto, y otra de $20.000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que el país está atravesando un proceso de cambio estructural que requiere tiempo y continuidad. “Me parece que la Argentina es un esquema que necesita tiempo. La Argentina ha sido un mal alumno durante muchísimos años. Es un alumno que por primera vez después de 50 años empezó a hacer los deberes y a cumplir. Son procesos que llevan tiempo”, expresó. Y agregó: “Esperamos que en las elecciones la gente apoye el rumbo que estamos tomando y que eso nos dé más fuerza para seguir avanzando en la reforma”.

Sturzenegger participó de una jornada en la Exposición Rural 2025, donde brindó una charla y recorrió los distintos espacios del predio. Allí remarcó el respaldo del Gobierno al sector agropecuario, al que definió como un actor clave en la recuperación económica. “Es un gobierno que ha normalizado eso. Ha tomado una cantidad de medidas que ha reducido el costo del campo, ha reducido las retenciones en todos los productos regionales, es un gobierno que cree en el campo y quiere que al campo le vaya muy bien”, afirmó.

Durante su presentación ante productores y empresarios, el ministro diferenció al oficialismo de otras propuestas políticas de cara a las próximas elecciones: “Si querés impuestos altos, lo votás a Kicillof y listo. Si querés motosierra, un Gobierno que baje impuestos y gestione el gasto público, nos votás a nosotros”.

En ese marco, también se refirió al debate por las retenciones y la carga tributaria que enfrenta el sector agroindustrial. Consultado sobre la suba de los derechos de exportación luego del 30 de junio, respondió: “la discusión con el campo se ha centrado en las retenciones, pero hay un montón de otras cosas por discutir”. Y agregó: “Nosotros pensamos que todas las restricciones son malas. El proceso productivo tiene que ser lo más libre posible”.

Sturzenegger también hizo un diagnóstico sobre la situación macroeconómica del país. “Argentina tiene un esquema macroeconómico muy sólido. Es el más sólido que ha tenido en mucho tiempo, porque se construye sobre el superávit fiscal, que ha logrado el ministro Caputo ya en el primer mes de gestión y que lo ha sostenido”, destacó.

Según su visión, el programa económico actual se apoya en pilares que fortalecen la estabilidad y la competitividad. “Tenemos un tipo de cambio flotante, lo que permite también que el tema de la competitividad se acomode naturalmente. Hay una política monetaria muy ordenada, así que me parece que los resultados de eso son una inflación en baja, que nos beneficia a todos los argentinos y una economía que está creciendo al 7%”, sostuvo.

En el mismo sentido, resaltó el impacto social de las medidas impulsadas desde el Ejecutivo y aseguró que “10 millones de argentinos han salido de la pobreza” como consecuencia del programa económico del Gobierno.

En su paso por La Rural, el ministro insistió en la necesidad de mantener las reformas en curso y en la importancia de sostener un horizonte de previsibilidad basado en la apertura, la desregulación y la reducción del peso del Estado sobre la producción. También subrayó que la competitividad del país depende de eliminar trabas y fortalecer la confianza en el rumbo económico.

En el marco de las reestructuraciones y cierres de dependencias estatales por el fin de las facultades delegadas, el Gobierno disolvió la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) creado como organismo descentralizado. La decisión se debe a que la Casa Rosada considera que su estructura estaba sobredimensionada y era costosa, con funciones superpuestas y un esquema regulatorio ineficiente y burocrático.

La medida fue oficializada este martes a través del Decreto 462/25 en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el secretario de Salud Mario lugones.

El texto argumenta que la agencia presentaba una estructura jerárquica sobredimensionada —con directorio de cinco miembros, consejo federal de 25 e incluso un consejo consultivo de 20 integrantes— a pesar de contar con solo siete empleados, lo que generaba un presupuesto considerado excesivo.

La agencia fue creada con el objetivo de promover el desarrollo nacional en la cadena productiva sectorial de la planta de cannabis, cáñamo, sus semillas y productos derivados.

Era el organismo competente para reglar, controlar y dar las autorizaciones administrativas para el uso de semillas de este tipo.

En los considerandos de la norma se sostiene además que la ley mediante la que se creó la agencia (Ley 27.669) “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias, por lo que destacó la necesidad de actualizar sus definiciones”.

A partir de ahora “la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) será el organismo competente en lo referido a los productos con destino medicinal derivados de la especie Cannabis Sativa L., lo cual comprende al Cáñamo para flor, Biomasa de cáñamo para flor, Cannabis para flor y Biomasa de cannabis para flor, incluyendo la regulación de la importación, elaboración de materia prima, exportación, industrialización, fabricación y comercialización de dichos productos”, indica el decreto.

En tanto, la Secretaría de Industria y Comercio regulará el cáñamo industrial en aspectos de importación, exportación, producción, industrialización y comercialización.

Y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se encargará del manejo y control de semillas, incluyendo un plan especial de registración excepcional para proteger la propiedad de creaciones fitogenéticas.

Asimismo, el considerando señala fallas en los criterios de promoción orientados a cooperativas y pequeños productores, que habrían generado distorsiones, discrecionalidad y fragmentación normativa, sin impacto real en el desarrollo del sector.

Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de su cuenta de X: El ARICCAME fue una creación típica del kirchnerismo: un organismo con cinco secretarios de Estado (más que el Ministerio de Salud), inventado para duplicar funciones que ya ejercían otros profesionales en el Estado con mayor capacidad y control. Su eliminación pone fin a una arquitectura institucional confusa y costosa".

“Desde ahora, ANMAT se encargará del cannabis medicinal, de la misma manera que regula el resto de las drogas medicinales, la Secretaría de Industria regulará el cáñamo con destino industrial, y la Secretaría de Agricultura regulará la parte de las semillas y propagación vegetal de la planta de Cannabis”, detalló.

Y agregó: “Hemos dicho una y otra vez que el kirchnerismo usó al Estado como una máquina de armar “cajas” para luego poder usarlas con alguna finalidad política o personal. Pero pocos ejemplos como éste: una organización que duplica competencias de otros organismos y que se integra con puestos de altísima jerarquía que pagamos todos los argentinos".

El Gobierno avanzó con una nueva desregulación que busca abaratar costos y agilizar operaciones en el comercio. Puntualmente, se eliminaron varias exigencias que hasta ahora complicaban el uso y traslado de embalajes de madera —como pallets, cajones o estructuras de soporte— utilizados para exportar mercaderías.

Hasta ahora, quienes trabajaban con este tipo de embalajes debían realizar múltiples trámites, pagar autorizaciones y emitir documentos específicos, incluso si la madera ya había sido tratada para cumplir con los requisitos sanitarios internacionales. Con los cambios dispuestos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a través de la Resolución 450/25, esas obligaciones se simplifican y en algunos casos directamente se eliminan.

Uno de los puntos centrales de la medida es que ya no será necesario emitir el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico (DTV-e) para transportar embalajes de madera que no contengan productos vegetales.

Además, las fábricas y centros de tratamiento podrán comenzar a operar automáticamente tras presentar una declaración jurada, sin esperar autorizaciones previas. SENASA se reserva la posibilidad de realizar inspecciones, pero en un plazo breve y sin frenar la actividad.

También se elimina la necesidad de una autorización específica para cada embarque, lo que permitirá reducir costos operativos y agilizar la logística de exportación. El objetivo es evitar pasos burocráticos innecesarios que encarecen la operatoria sin mejorar los controles sanitarios.

Se mantendrán los estándares exigidos a nivel internacional para garantizar que los embalajes no representen riesgos sanitarios para otros países, pero se concentrarán los controles en los puntos realmente relevantes.

La resolución también ajusta el sistema de trazabilidad de los embalajes tratados, actualiza las condiciones de funcionamiento de los establecimientos que prestan estos servicios y aligera las tareas formales de los profesionales técnicos encargados de supervisar el proceso.

Con estas modificaciones, el Ejecutivo apunta a reducir los tiempos y los costos asociados a las operaciones de exportación que utilizan embalajes de madera, en un contexto donde la eficiencia logística es clave para ganar competitividad.

Los cambios no implican una flexibilización en las exigencias sanitarias, sino una adecuación del sistema para que sea más ágil, más claro y menos costoso tanto para el Estado como para los operadores del sector.

En la normativa se considera que “la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se establecen como bases de las delegaciones administrativas el mejoramiento del funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional, con el objeto de garantizar la transparencia en la gestión de las finanzas públicas”.

Y que “resulta necesario actualizar los requerimientos en materia de tránsito de embalaje de madera para permitir una operatoria más eficiente y acorde a las prácticas actuales de ese sector productivo, eliminando toda exigencia o requisito innecesario”.

Añade que estas modificaciones se orientan a asegurar que todos los procesos y productos referidos a embalajes de maderas se ajusten a las normativas requisitos y estándares internacionales, garantizando así una exportación libre de barreras regulatorias y acorde a los estándares de seguridad y salubridad exigidos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó: “UNA CAPA DE COSTOS MENOS. La Resolución 450/25 con firma de su presidente Pablo Cortese, resuelve una molestia innecesaria a la producción. La cosa es así: como la madera puede ser transmisora de plagas, el comercio que se realiza con envases de madera requería un certificado de tratamiento".

“Pues resulta que no solo la madera tenía que tenerlo, sino que cada productor que usaba madera debía hacer un trámite independiente con Senasa para constatar que la madera que usaba estaba tratada. Ahora, más lógicamente, se toma como válido la certificación de la planta procesadora de dicha madera evitando el segundo paso”, agregó.

Y ejemplificó: “Para que visualicemos de lo que se trata. Si vendo mármol y lo empaco con madera, ese mármolero tenía que hacer un trámite en Senasa. Ahora ya no es necesario. Cada trámite menos es una capa de costos menos”.

El ministro de Tranformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que no buscará renovar las facultades delegadas que le fueron otorgadas en julio de 2024 con la Ley Bases. Anunció que en los próximos 49 días habrá decretos con reestructuraciones de organismos.

“Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, dijo en diálogo con Bloomberg Linea.

“Yo puse estos relojes acá en mi oficina para que mi equipo estuviera consciente de qué es el tiempo”, afirmó y adelantó que el Gobierno planea una “profunda reformulación del Estado, apuntando en parte a “organismos con autonomía financiera que los habia llevado a una proliferación de trámites burocráticos”.

“En los próximos 50 días vas a ver un movimiento bastante importante”, aseguró y consideró que esas facultades delegadas por el Congreso estuvieron más vinculadas a la motosierra, permitiendo eliminar funciones estatales innecesarias.

Quedan en el tintero diferentes medidas que se prevé que salgan en las próximas semanas. Una de las más próximas es un DNU que contempla la eliminación de 24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias.

Cabe destacar que se denomina delegación de facultades a la decisión del Congreso de transferir al Poder Ejecutivo atributos y potestades propias.

Como principio general, la Constitución prohíbe la delegación de facultades legislativas al Presidente. Sin embargo, la propia Carta Magna determinó algunas excepciones en casos de emergencia pública, que debe ser establecida por ley y debe fijar un lapso determinado para las potestades que se ceden.

Durante el tiempo establecido, el Presidente puede ejercer las funciones legislativas que le fueron transferidas a través de decretos que serán controlados por la Comisión Bicameral.

Las facultades delegadas que votó el Congreso incluyen la declaración de la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo de un año, como así también la facultad para reorganizar, fusionar o disolver organismos de la administración central. El proyecto fue aprobado en el Senado de la Nación el 8 de julio de 2024 por lo cual caducan a mediados de este año.

Por otro lado, en relación con la posible pérdida de empleos en la industria electrónica de Tierra del Fuego tras la eliminación de aranceles, Sturzenegger minimizó el impacto negativo y subrayó los beneficios generales para la población. “Estamos hablando de 2.000 personas, sobre una masa laboral de seis millones y medio”, sostuvo en su entrevista con Bloomberg Linea.

Según cifras del gobierno provincial, el sector industrial fueguino, protegido desde 1972, emplea a unas 8.000 personas. La población total de la provincia ronda los 185.000 habitantes.

El ministro afirmó que el desmantelamiento del régimen especial generará más empleo del que podría perderse, al considerar que los consumidores dispondrán de mayores recursos al pagar menos por productos electrónicos. “El país en su conjunto va a tener mucho más empleo”, aseguró.

Asimismo, el funcionario fue optimista respecto al potencial de la isla: “No hay ningún motivo por el cual en pocos años no pudiera tener los niveles de ingreso de un país europeo”, mencionando sus reservas gasíferas y potencial pesquero y turístico.

Por otra parte, de cara a las vacaciones de invierno, Sturzenegger también se refirió al elevado costo en dólares del turismo en el país, especialmente en la Patagonia, donde actividades como las caminatas sobre el glaciar Perito Moreno llegaron a comercializarse en torno a los USD 400 por persona. “Una familia de cuatro personas tiene que hacer un paseo de la tarde. ¿US$2.000? No tiene absolutamente ningún sentido”, cuestionó.

Atribuyó esos valores a la existencia de monopolios concedidos por Parques Nacionales a empresas privadas, con las que se compartían las rentas. Según señaló, el Gobierno modificó el régimen de concesiones en parques nacionales hace aproximadamente un mes y medio, permitiendo ahora una explotación turística en condiciones de competencia. “Esperamos que esos precios bajen rápidamente”, anticipó.

El Gobierno eliminó una serie de programas y estructuras que tenían como objetivo fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. A criterio del Ejecutivo eran “ineficientes, discrecionales y estériles” y afectaban la dinámica del libre mercado.

La medida se oficializó a través del decreto 339/24. Los considerandos de la norma se apoyan en que el Decreto N° 70/23 estableció que el Estado Nacional “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

“Dicho decreto establece que para cumplir con ese fin se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”, explica.

Puntualmente, se eliminan varios artículos de la la Ley N° 25.872, el texto que creó el Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven. Esta tenía los objetivos de:

1. fomentar el espíritu emprendedor en la juventud, promoviendo la creación, desarrollo y consolidación de empresas nacionales;
2. brindar herramientas fiscales y financieras, en el marco de las políticas del Estado, con el objeto de crear y afianzar proyectos elaborados por la juventud empresaria;
3. promover la inserción en mercados nacionales e internacionales de bienes y servicios industriales, elaborados o prestados por la juventud emprendedora;
4. incentivar la elaboración de proyectos, ejecutados por la juventud empresaria, que incorporen innovación tecnológica
5. articular la acción del Estado con entidades empresarias, organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas.

El Ejecutivo cree que “los programas creados mediante las Leyes 24.467 y 25.872 resultan distorsivos de los precios, impidiendo la dinámica natural del libre mercado”.

El artículo 13 de la ley 24.467, uno de los derogados, establecía que “el Ministerio de Producción organizará una Red de Agencias de Desarrollo Productivo que tendrá por objeto brindar asistencia al sector empresarial en todo el territorio nacional y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento del entramado institucional con el objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable y acorde a las características de cada región”.

Igualmente, el decreto aclara que “las derogaciones dispuestas no eximen al Estado Nacional ni a ningún otro sujeto obligado del cumplimiento de las obligaciones válidamente asumidas durante la vigencia del régimen o programa”.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, contó a través de sus redes sociales el caso del economista, ex presidente del Banco Nación y productor PYME del dulce de leche La Salamandra, Javier González Fraga, solía decir que ‘las regulaciones en este sector deben ser obra de Mastellone, porque lo que es yo, como PYME, no tengo manera de cumplirlas’”.

“Es un ejemplo que ilustra los desafíos que el Estado le ha creado a nuestras PYMEs: impuestos al trabajo, obligaciones societarias, bloqueo al mercado de capitales, restricciones al crédito bancario, riesgo kuka (también llamado país), inseguridad jurídica, Sircreb, y siguen las firmas. La realidad, la producción y el mercado son un juego de niños comparado con las dificultades que impone el Estado”, sostuvo.

“En nuestra hipocresía decimos defender las PYMES, luego de romperles las piernas. Una vez que están en el piso el Estado les tiende, generoso, un bastón pagado con plata ajena. Un presidente de Angola una vez dijo ‘hay que crear obstáculos para luego poder ofrecer soluciones’. Describe perfecto lo que hacemos con las PYMES”, dijo.

Y señaló que “para nosotros una buena política PYME es reducir regulaciones, dar libertad, tener una macro ordenada que permita el financiamiento. No es entregar caramelitos paliativos, ni generar condiciones diferenciales que generan un incentivo a mantenerse chico. En realidad, no queremos que las empresas sean siempre pequeñas, la pequeñez no es necesariamente una virtud. La pequeñez es por donde se empieza, pero el sueño es que nuestras PYMES eventualmente conquisten el mundo”.

“En ese espíritu el Decreto Delegado 339/24, firmado por el Presidente Javier Milei, deroga más de 20 artículos de las leyes 24.467 y 25.872, eliminando una red de programas y estructuras estatales que decían ‘fomentar’ a las PyMEs, pero que en realidad eran ineficientes, discrecionales y estériles. Un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados", afirmó Sturzenegger.

Entre estos programas había agencias que, según el Gobierno, nunca se desplegaron, programas sin ejecución, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, “vínculos forzados” entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que “no lograron nada”, y una “burocracia costosa sin impacto”.

El funcionario ilustró esta situación con el Programa “Promoción de la Competitividad PyME, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento”, que en el proyecto de presupuesto 2025 preveía asistir a 150 empresas cuando en Argentina existen más de 500.000 PyMES. “Un modelo para pocos (el 0,03% de las PYMES), quizás amigos del poder, y seguramente de CABA (porque la regulación también es eminentemente antifederal)”, afirmó.

Concluyó haciendo una enumeración de las medidas concretadas que considera relevantes: “Hoy el verdadero apoyo a la PyMES está en el modelo de la libertad. En lo que lleva de mandato, el gobierno de Milei redujo la inflación, liberó el tipo de cambio, eliminó miles de regulaciones, reinstaló las sociedades anónimas simplificadas, y le devolvió el crédito al sector productivo”.

“El crédito a MiPyMEs, pasó del 1,1% al 1,9% del PBI, durante el ultimo año (+72%). Una política PyME no son programas vacíos ni planes marketineros, se construye con una macro estable, menos trabas, menos impuestos, acceso al crédito y libertad para producir. VLLC!”, agregó.

La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA) pidió eliminar el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al cual el sector debe hacer un aporte obligatorio que, según señalan, encarece los precios. Además, creen que no cumple el rol para el que fue creado.

La entidad, que viene promoviendo la iniciativa hace varios meses, le envió una carta al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, solicitando que se disuelva el IPCVA o bien, que el aporte sea voluntario.

Se trata de un organismo creado en 2001 con el objetivo de mejorar la imagen de la carne vacuna argentina, tanto en el mercado nacional como internacional. Sin embargo, en el sector ponen en duda que cumpla dicho fin.

Su financiamiento depende 100% del sector privado: productores ganaderos y frigoríficos realizan un aporte obligatorio por cada animal enviado a faena, que se actualiza de acuerdo al valor de la res.

“La única manera de liberar el verdadero potencial del sector cárnico es a través de la desregulación y la reducción de la carga estatal, que hoy sólo asfixia a productores y operadores con impuestos distorsivos, trabas burocráticas y la intromisión de organismos ineficaces. El IPCVA ha demostrado ser un elefante blanco en términos de costos y resultados”, indicó CAMYA en el documento que lleva la firma de su presidente, Leonardo Rafael.

“Mientras nuestros aportes obligatorios sostienen una estructura burocrática ineficiente, los beneficios reales para los matarifes y abastecedores son nulos. En un mercado globalizado, los productores deberían tener la libertad de elegir cómo y dónde promover sus productos sin la intromisión de un organismo privado/estatal”, sostienen.

De acuerdo a la ley de formación del Instituto, los productores ganaderos aportan un 69% de los fondos, mientras que el 31% restante corresponde a la industria. Se estima que el 44,5% de las cabezas faenadas entre enero y septiembre de 2024 corresponden a la actividad de matarifes y abastecedores.

Si bien en muchos casos los matarifes no pagan directamente la contribución al IPCVA, los frigoríficos la incluyen dentro de los costos por servicio de faena. De esta forma, dicen desde CAMYA, el 14% de los fondos que lo financian provienen de la actividad de los matarifes. Calculan que la recaudación del instituto ascendió a USD 15 millones en 2024.

“Planteamos la disolución del IPCVA o, en su defecto, la transformación en una entidad de carácter voluntario. Es necesario que los matarifes y abastecedores decidan de manera libre si desean aportar a un organismo de promoción. En todo caso, el mercado sabrá encontrar los canales adecuados para promover los productos argentinos en el exterior, sin la necesidad de intermediarios ineficientes”, propone CAMYA.

La cámara había afirmado que “en lugar de financiar obligatoriamente una promoción exterior con dudosos resultados, podríamos apostar a fortalecer la ganadería en su conjunto, generando un verdadero efecto derrame sobre toda la actividad”.

“A esto se suma un punto clave: el costo de este aporte obligatorio recae sobre toda la cadena de producción y comercialización, convirtiéndose en una variable más en la formación del precio de la carne. Como sucede con cualquier otro costo en la estructura del sector, el impacto final termina absorbiéndolo el último eslabón de la cadena, que no es otro que el consumidor”, añadió.

Cómo vienen los precios de la carne

Por otro lado, los precios de la carne vienen presentando saltos en los últimos meses, incidiendo fuertemente en el rubro Alimentos y bebidas del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por caso, en abril este último subió 2,9% y el Indec precisó: “La división que registró la mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,9%), por los aumentos en Carnes y derivados, Leche, productos lácteos y huevos y Pan y cereales”.

En GBA “Carnes y derivados” aumentó en promedio 4,8% respecto a marzo. El mayor alza se registró en la región de Cuyo, con el 5,9%.

No obstante, según el relevamiento de LCG, en la primera semana de mayo mostró una baja de 0,7% y en la segunda, de 1,8%; en un contexto en que el consumo no repunta.

Aunque sobre el fin de la semana el dólar mostró cierta recuperación en los mercados globales, parece emerger cierto consenso de que la etapa iniciada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos será de un “dólar débil” respecto de las otras monedas importantes del mundo.

Un indicador del giro reciente es el valor del “Derecho Especial de Giro”, la unidad de cuenta del FMI, canasta que, además del dólar, incluye al euro, el yen, el yuan y la libra esterlina. El 20 de enero, cuando asumió Trump, un DEG valía 1,297 dólares y al viernes 25 de abril había aumentado a 1,355, un 4,5 por ciento.

Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, escribió en una columna en Financial Times que el dólar debería devaluarse aún más y suministró dos métricas al respecto:

1. El valor real aún está dos “desvíos estándar” por sobre su promedio desde el inicio de la era de flotación cambiaria. Los únicos momentos de los últimos 50 años en que alcanzó semejantes niveles fueron a mediados de los 80 y principios de los 2000, períodos previos a devaluaciones del 25 al 30 por ciento.
2. Las estadísticas del FMI que precisan que los inversores extranjeros detentan unos USD 22 billones (millones de millones) en activos de EE.UU., o cerca de un tercio de su cartera total. Incluso una leve reducción de esa exposición al “riesgo norteamericano” resultaría en una “significativa devaluación del dólar”, escribió Hatzius, pero aclaró que eso no implicaría de ningún modo que deje de ser la principal moneda global.

Varios analistas atribuyen la reciente debilidad del dólar a las, en su opinión, erráticas medidas de Trump, la pérdida de fiabilidad de EE.UU. como socio comercial y garante del valor de su propia moneda. Temor que el jefe de la Casa Blanca buscó disipar al afirmar que, pese a haberlo criticado, respetará el mandato de Jerome Powell, actual presidente de la Fed (Banco Central) de EEUU, cuya misión central es, precisamente, cuidar el valor del dólar.

Por detrás de esas cuestiones asoman el déficit externo y la creciente deuda de EEUU, que además ahora -producto de la desconfianza- paga un interés más alto, debido a la caída del precio de los bonos del Tesoro a 10 años.

Según Hausmann y Sturzenegger, el déficit y la deuda de EE.UU. han sido groseramente exagerados

He aquí que, según Ricardo Hausmann y Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación del gobierno de Javier Milei, el déficit y la deuda de EE.UU. han sido groseramente exagerados.

En un artículo reciente, Hausmann, ex economista jefe del BID y actual director del “Laboratorio de Crecimiento” de la Universidad de Harvard, recordó que con Sturzenegger publicaron en 2005 el paper “US and Global Imbalances: Can Dark Matter Prevent a Big Bang?” (“EEUU y los desequilibrios globales, ¿puede la materia oscura prevenir un Big Bang”), en el que básicamente afirman que los cálculos sobre los Imbalances de EEUU ignoran su capacidad de generar valor vía ideas e innovación y experiencia empresaria.

Intangibles

“Estos activos intangibles apuntalan una red global de subsidiarias y generan retornos lo suficientemente elevados como para compensar el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos”, recordó en el portal Project Syndicate el propio Hausmann, que antes de graduarse como economista estudió Ingeniería y Física.

De ahí la marketinera referencia a la “materia oscura”, aquella que en física no se ve y solo puede apreciarse por su fuerza gravitacional y que aplicada a la economía se refiere al “valor intangible” de activos basados en el conocimiento, invisibles a las cuentas tradicionales.

La “materia oscura”, es aquella que en física no se ve y solo puede apreciarse por su fuerza gravitacional, y en economía refiere al “valor intangible” de activos basados en el conocimiento, invisibles a las cuentas tradicionales

Hausmann calculó que de los USD 28 billones de deuda de EE.UU., una mitad se destinó al gasto interno y la otra a financiar inversiones privadas en el exterior, pero esta última genera rentas al 8% anual, el doble del 4% que obtienen los inversores extranjeros en EEUU. Eso permitió, argumentaron Hausmann y Sturzenegger en 2005, que EE.UU. registre déficits comerciales persistentes sin incurrir en crisis cambiarias. Los 20 años posteriores parecen haberle dado la razón.

Es ese mecanismo de la economía global, favorable a EE.UU., advirtió Hausmann, lo que Trump está poniendo en riesgo con sus “aranceles recíprocos” y su llamado a que las empresas inviertan “dentro de EE.UU.”.

“Si EE.UU. abandona su compromiso con los mercados abiertos, otros países podrían reducir la protección a la propiedad intelectual. Las ganancias de las grandes empresas de EE.UU., sobre todo en los sectores tecnológico, farmacéutico y del entretenimiento, podrían enfrentar impuestos más altos, mayores regulaciones y hasta expropiaciones”, escribió Hausmann. De resultas, alertó, “los ingresos que ayudan a compensar el déficit de cuenta corriente de EE.UU. podrían agotarse”.

Efecto sobre la economía local

En su momento, el paper sobre la “materia oscura” generó respuestas a favor y en contra. Lo cierto es que hoy una posible era de “dólar débil” está en el tapete. ¿Cómo afectaría a la economía argentina?

Según María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, la debilidad del dólar se debe a la reversión de los flujos de capital a EE.UU. “Es difícil saber dónde termina esto”, dijo a Infobae.

“Significa que las cosas medidas en dólares aumentan y en parte permite compensar menores precios de las materias primas por menor crecimiento global. Ahí se da situación mixta”, contó Castiglioni.

En la segunda mitad de 2024 muchas monedas, como el real y algunas divisas asiáticas, se habían depreciado contra el dólar, lo que le puso más presión a la Argentina, recordó la economista. Ahora, siguió, lo que más complica a la Argentina es el riesgo de una recesión global y la suba de la tasa de interés de los bonos de EEUU, a la que se suma el “riesgo país” para medir el costo de refinanciamiento.

Lo que más complica a la Argentina es el riesgo de una recesión global y la suba de la tasa de interés de los bonos de EEUU a 10 años, a lo que se agrega el “riesgo país” (Castiglioni)

María Castiglioni

La clave, dijo Castiglioni,sigue siendo lo que se haga fronteras adentro. “Necesitamos reducir el riesgo argentino por debajo de 500 puntos básicos, a cerca de 400 pb, para poder refinanciar la deuda a tasas viables. El problema es nuestro pasado. Llevará tiempo superar el riesgo de una vuelta al populismo. Es algo que necesitamos consolidar a medida que pasan las elecciones”, advirtió.

Consultada sobre la política más conveniente en un contexto de “dólar débil”, Castiglioni dijo que por ahora tiene lógica la presión oficial hacia un dólar bajo, porque se viene de una etapa de adelanto de importaciones y se está en el inicio de una de liquidación de exportaciones.

El propio Javier Milei, quien ya había recordado al campo que la reducción temporaria de retenciones a la exportación no irá más allá del 30 de junio y que el gobierno no compraría dólares a menos que bajara a $1.000, reiteró el jueves: “estamos haciendo todo para que el dólar vaya a la banda inferior. Con los dólares que vamos a juntar, el tipo de cambio para la cobertura de la base (monetaria) amplia sería 900 pesos”.

El dólar, reconoció el Presidente, “un día puede subir y otro puede bajar. Es parte de lo que yo llamo aprender a flotar”.

Esas declaraciones cuadran con la idea de discovery del precio del dólar, ya sin cepo, que incluye el acuerdo con el FMI. “Está bien que haya un período de “descubrimiento” de ese precio, dijo Castiglioni. Un problema, subrayó, es que hubo remarcaciones previas de precios “sin ningún fundamento”.

Mala reputación

“El problema es que en nuestra historia de déficits fiscales financiados por el BCRA los movimientos del dólar, pari passu con los de precios, se interpretaron como causa de la inflación. Hoy no hay déficit fiscal. Están dadas las condiciones para que la inflación se desplome y, converger a algo más parecido a la internacional”, dijo la economista.

Por eso, prosiguió, el Gobierno no quiere que el tipo de cambio vaya a la parte de arriba de la banda cambiaria (de $1.000 a $1.400) “si no refleja realmente la oferta y demanda de divisas”. Que el Gobierno compre dólares en este momento “sería prematuro”, concluyó.

Parte de lo que suceda dependerá de cuántos inversores, locales o externos, y por qué volúmenes, apuesten al “carry trade”: vender dólares y comprar bonos en pesos, movida que será más riesgosa cuanto más largo sea el plazo de la operación y más arriba se vaya el tipo de cambio oficial, como calculó la consultora Quantum.

Que el Gobierno pretenda llevar y mantener el dólar a $1.000 aumenta los riesgos del esquema y tiende a presionar al alza la tasa de interés, en medio de una economía mundial inestable (Vasconcelos)

Para Jorge Vasconcelos, que el Gobierno pretenda llevar y mantener el dólar a $1.000 aumenta los riesgos del esquema y tiende a presionar al alza la tasa de interés, en medio de una economía mundial inestable.

“El Gobierno debería dar una señal más clara de que no solo tiene compromiso en las bandas, sino también de reservas. En dos meses y medio tiene que comprar USD 4.800 millones; eso permitiría un desembolso de USD 2.000 millones del FMI y bajar el índice de riesgo país, dando señales de que el BCRA no consume los dólares que prestó el FMI. Sería mejor que compre dólares genuinos, que también van a ser necesarios para defender el techo de la banda”, destacó.

Según el economista jefe del Ieral, es difícil que el BCRA pueda comprar todos los dólares que necesita en el piso de la banda cambiaria. Por eso, dijo, “no dejaría pasar tanto tiempo ni dejar de subir tanto la tasa en pesos para entrar en el mercado. Es más sano para la economía que el precio del dólar esté cerca del centro de la banda y que sea más estable”.

“Vamos a quitar regulaciones para ser competitivos fiscalmente”. Esas fueron las palabras del presidente Javier Milei cuando estaba en campaña. Más de un año después, son numerosas las desregulaciones que se implementaron e incluso se creó un ministerio para esa tarea específica.

Ahora bien, ¿los cambios realmente se están traduciendo en mayor competitividad para las empresas? Para responder a esa pregunta, Infobae consultó a empresarios y especialistas vinculados al sector pyme.

Daniel Garro, economista y director de Value International Group, recordó que el Ministerio de Desregulación ha trabajado dentro del marco de la Ley Bases. Sin embargo, advirtió que hay límites en lo que se puede modificar sin nuevas leyes.

Según Garro, el impacto de las desregulaciones no será inmediato, sobre todo en el sector pyme, donde aún debe producirse un “sinceramiento” de empresas. “Muchas pymes se montaron sobre la ficción kirchnerista, con tarifas de servicios públicos subsidiadas, préstamos con tasas artificialmente bajas y otros incentivos. Tenían una rentabilidad ficticia. Con la llegada de Milei, todo eso comenzó a desaparecer y algunas están cerrando”, agregó.

Muchas pymes se montaron sobre la ficción kirchnerista, con tarifas de servicios públicos subsidiadas, préstamos con tasas artificialmente bajas y otros incentivos. Tenían una rentabilidad ficticia (Garro)

Para el economista, el verdadero cambio se verá cuando queden en pie las empresas eficientes y cuando surjan nuevos emprendimientos ya adaptados a un esquema sin regulaciones excesivas.

“Las empresas que se creen en este nuevo contexto van a notar mejor el cambio. Pero el impacto fuerte se verá con el tiempo, porque la tasa de inversión todavía es muy baja”, agregó.

No obstante, Garro considera que hacen falta más reformas estructurales para profundizar la desregulación. “Se necesitan cambios que solo pueden hacerse por ley, como la reforma laboral, la reforma judicial, la previsional y la del sistema financiero. El trabajo de Sturzenegger es muy bueno, aunque no estoy de acuerdo con algunas cosas, como la reforma de la VTV. Yo la hubiera eliminado directamente”, opinó.

El economista Martín Kalos aportó una mirada crítica sobre el impacto de las desregulaciones en el sector empresarial. “Hay dos grandes aperturas a las importaciones que favorecen a la competencia extranjera más que a la producción nacional. Hay desregulaciones que hacen que el producto terminado importado pague menos impuestos que la materia prima para la producción local”, cuestionó.

Hay desregulaciones que hacen que el producto terminado importado pague menos impuestos que la materia prima para la producción local (Kalos)

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), su presidente Daniel Funes de Rioja destacó que la desregulación es un concepto positivo para el sector empresarial, aunque aclaró que aún queda mucho por avanzar. “El Gobierno nacional está haciendo lo que puede, pero hay mucho por transitar. Con el tema laboral se empezó con la Ley Bases, pero queda mucho por hacer”, indicó.

Funes de Rioja se refirió a la derogación de la Ley de Góndolas y del etiquetado frontal como “pasos necesarios”, aunque insistió en que las desregulaciones deben ser balanceadas y evaluadas en su impacto interno.

“Si Argentina quiere ser un país moderno con un sistema productivo eficiente, hay que transitar este camino. Desde la UIA hemos enviado propuestas que están siendo analizadas y también hemos dado alertas sobre algunas desregulaciones que podrían generar impactos negativos”, sostuvo. Además, subrayó la importancia de que provincias y municipios también avancen en la reducción de trabas burocráticas.

El dirigente empresarial también advirtió sobre el contexto internacional. “Está creciendo el proteccionismo en el mundo. Argentina quiere ir hacia un modelo de mayor integración, pero los países dominantes están creando o aumentando barreras. Todo eso debe ser considerado para no hacer más vulnerables las posibilidades de producción y exportación”, finalizó.

También compartió su opinión Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), una entidad que nuclea a 243 cámaras empresariales. Desde su punto de vista, las desregulaciones no son realmente relevantes para la mayor parte de la actividad empresaria, dado que “el 60% de las firmas se manejan en la informalidad”.

“Hay tantas empresas en negro, que a la gran mayoría no las afectan estos cambios”, apuntó.

Hay tantas empresas en negro, que a la gran mayoría no las afectan estos cambios (Castillo)

Martín Rossi, secretario de Desregulación de la Nación, defendió las políticas implementadas por la Nación y explicó a Infobae por qué los cambios en materia de regulación tienen impacto positivo sobre el sector empresario.

“Gracias a las políticas de simplificación y desregulación que venimos implementando, sectores en los que antes enfrentaban una jungla administrativa ahora pueden operar con mayor agilidad”, introdujo.

A modo de ejemplo, indicó que la desregulación del sector aerocomercial eliminó el monopolio estatal de Intercargo, permitiendo la entrada de nuevos actores. “También se autorizó a operar en el país a las tripulaciones y aeronaves extranjeras en vuelos comerciales, la posibilidad de que empresas puedan ofrecer sus servicios a otras aerolíneas, la simplificación de trámites para la autorización de aeronaves pequeñas, entre muchas otras medidas”, enumeró.

Asimismo, recordó que la desregulación del sector automotor contempló la eliminación del Registro de Transporte Único Automotor (RUTA), y la del transporte interjurisdiccional, lo que, aseguró, flexibiliza requisitos para poder operar, otorgando plena libertad para definir modalidad, cantidad, trayectos, horarios y tarifas de servicios entre partidos del conurbano y CABA.

Gracias a las políticas de simplificación y desregulación que venimos implementando, sectores en los que antes enfrentaban una jungla administrativa ahora pueden operar con mayor agilidad (Rossi)

“La desregulación del transporte de larga y media distancia permite que cualquier operador pueda entrar a los aeropuertos y puertos. En el sector de las telecomunicaciones se eliminaron regulaciones que impedían la competencia de Internet y TV satelital. Dimos pasos importantes hacia un modelo de país donde las empresas sean las principales responsables de su destino, y no el Estado”, apuntó.

Los cambios más relevantes

En el marco del plan de desregulación impulsado por el Gobierno, se han implementado una serie de medidas que, según el Ministerio de Desregulación, buscan reducir la carga burocrática y promover un entorno más competitivo para las empresas.

A continuación, un repaso por algunos de los cambios más significativos para el sector empresario.

1. Tarifas de servicios públicos: Se estableció que las tarifas de servicios públicos reflejen únicamente el costo de los bienes y servicios contratados, excluyendo cargos ajenos (como tasas municipales). Esto busca incrementar la transparencia en la facturación y simplificar el entendimiento de los usuarios sobre lo que realmente están pagando, reduciendo prácticas que distorsionan el costo real del consumo.
2. Reducción de aranceles de importación: Se disminuyeron los impuestos sobre la importación de productos como neumáticos para autos y motos, plásticos y pequeños electrodomésticos. Esta medida pretende abaratar insumos, fomentar la competencia en el mercado interno y estimular el crecimiento económico a través de la reducción de costos en la cadena de producción.
3. Implementación del Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP): Se reemplazó el sistema tradicional de estampillas aduaneras por el SiDIP, que identifica electrónicamente mercancías nuevas o usadas importadas para consumo. Este cambio agiliza los trámites aduaneros y mejora la eficiencia en la importación, reduciendo tiempos y costos asociados al comercio exterior.
4. Flexibilización en sectores tradicionalmente estatales: Se eliminaron restricciones en actividades dominadas por el Estado, como la industria aeronáutica (a través de la política de “cielos abiertos” y el servicio en aeropuertos gestionado por Intercargo) y el sistema postal, al permitir la entrada de nuevos competidores. Esta acción busca dinamizar sectores clave y fomentar la competencia, impulsando la eficiencia y la innovación.
5. Exención del Impuesto al Cheque: Se dispuso la exención para cuentas que los comercios empleen en el pago digital de propinas. La medida incentiva el uso de métodos electrónicos, reduce costos operativos y moderniza las transacciones financieras en el sector de servicios, promoviendo la digitalización y eficiencia en los procesos de pago.
6. Eliminación de retenciones: El Gobierno estableció la baja temporal para productos clave del agro argentino hasta el 30 de junio de 2025-. Además, determinó la eliminación total para productos elaborados por economías regionales.
7. Eliminación de la Ley de Abastecimiento y de la Ley de Góndolas: Ambas normativas regulaban los precios y condiciones de comercialización. Con estas eliminaciones se pretende potenciar la libertad de mercado, permitiendo a los actores económicos definir sus estrategias con autonomía.
8. Ampliación de “Exporta Simple”: La Dirección General de Aduanas (DGA) amplió las opciones logísticas para el Régimen de Exportación Simplificada “Exporta Simple”. Con esta medida, los exportadores podrán utilizar una mayor cantidad de depósitos fiscales habilitados para gestionar sus envíos, siempre que cuenten con sistemas de control no intrusivo.
9. Eliminación del RUTA: El Gobierno Nacional dispuso la eliminación del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), una herramienta creada para regular el transporte automotor de cargas, tanto interjurisdiccional como internacional. El objetivo es reducir las barreras administrativas y fomentar un modelo económico más ágil y competitivo.
10. Reforma laboral y regularización de trabajadores: Merece una mención aparte la reforma laboral. Si bien no es una desregulación, sí es una medida que introdujo cambios significativos: se modificó el régimen de despidos, se amplió el período de prueba de 3 a 6 meses (con posibilidad de extenderlo hasta 1 año en casos específicos) y se facilitaron mecanismos para formalizar a trabajadores informales. Estas medidas pretenden flexibilizar el mercado laboral y reducir la informalidad, generando un entorno más competitivo.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través del INASE y con el aval de la Comisión Nacional de Semillas, simplificó la inscripción de nuevas variedades vegetales. De esta manera, se dan de baja trámites obligatorios, que representaban un obstáculo para fomentar la llegada de nuevos cultivares al mercado. La simplificación permitirá, además, agilizar la capacidad de respuesta de la industria semillera a demandas por factores bióticos o abióticos. Se trata de las Resoluciones INASE 108/1997, 307/1997, 118/1998 y 44/1994 de la ex-SAGYP, que establecían y regulaban los mecanismos de inscripción de distintas especies.

El aspecto más destacable es la eliminación de la obligatoriedad de realizar Ensayos Comparativos de Rendimiento (ECR), que se solicitaban para aquellas variedades que fueran especies de fiscalización obligatoria como algodón, arroz, girasol, maíz, soja, sorgo, trigo pan, trigo fideo, cebada cervecera y alfalfa.

Estos trámites eran considerados un obstáculo para la puesta en el mercado de nuevas variedades ya que, por ejemplo, los ECR requerían entre 2 y 3 años de trabajo para luego poder presentar la información con sus resultados en el Legajo de Fiscalización. La eliminación de este paso facilitará la inscripción de nuevas variedades y mejorará la toma de decisiones en función de otros factores, como las necesidades del mercado.

Al respecto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló desde su cuenta en la red social X, que “La Resolución 49/25 del Inase, publicada hoy con firma de su Director Claudio Dunan, elimina la obligatoriedad de realizar ensayos comparativos de rendimiento (que insumían entre 2 y 3 años), agilizando la inscripción de nuevas semillas”.

Y agregó: “¿Por qué digo que este es el tema más importante de nuestro agro?: porque mejores semillas permiten aumentar la producción. En Argentina hace años debatimos el tema de la propiedad intelectual de las semillas y el resultado ha sido que ha reducido el acceso de los productores a nuevas y mejores variedades. Entonces se da esta situación absurda: Brasil ha triplicado su producción de soja, en gran medida con semillas hechas por investigadores argentinos, trabajando en empresas argentinas pero radicadas en Brasil. Lo dramático es que la suba de producción en Brasil hunde el precio del grano ¡mientras nosotros estamos relativamente estancados porque no podemos acceder a nuestra propia tecnología!”

Sturzenegger subrayó que “Es un tema fascinante que seguramente seguiremos debatiendo. Quizás sea necesario distinguir stock de flujo, es decir, buscar una manera de poder incorporar tecnología sin que eso implique mayores costos para quienes usan las variedades actuales”.

Cuando el último mes de 2024 ya había comenzado y la cuenta regresiva del primer año de gestión de Javier Milei llegaba a su fin, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dijo en algunas entrevistas televisivas que intentaría llegar antes de fin de año con una gran reforma del código de tránsito que incluía varias medidas relacionadas con los automóviles, su modo de compra y su uso en la vía pública.

El tiempo no alcanzó y estas transformaciones quedaron para 2025. Es más, algunas podrían ser anunciadas, e incluso publicadas en el Boletín Oficial para su instrumentación, en las próximas semanas. Al respecto, fuentes oficiales aseguraron “que se trabaja para que salga cuánto antes la reforma de la Ley de Tránsito”.

Los ejes de su discurso están basados en las ideas enunciadas en el DNU 70/2023, que van desde la eliminación de los Registros del automotor hasta el modo de homologar autos para poder circular por el territorio argentino. Sin embargo, hay tres puntos que podrían quedar reglamentados en las próximas semanas.

VTV

La desregulación de la Revisación Técnica Obligatoria (RTO), también llamada Verificación Técnica Vehicular (VTV) en algunas jurisdicciones como CABA y Provincia de Buenos Aires, parece ser un hecho. Lo que pretende el Gobierno es permitir que estas verificaciones obligatorias, que seguirán siéndolo por razones estrictas de seguridad en la vía pública, puedan hacerse en concesionarias oficiales y talleres particulares autorizados, es decir, los que cumplan con los requisitos técnicos a nivel de equipamiento e instalaciones que exigirá la normativa.

Actualmente, estas revisaciones se hacen en las sedes de empresas designadas por los gobiernos de cada jurisdicción, los que, además, establecen el costo del trámite. Una apertura a nuevas sedes donde hacer la VTV permitirá que los precios sean competitivos y cada empresa decida incluso ofrecerlos, por ejemplo, dentro de una promoción como la de hacer el service oficial y tener la VTV bonificada.

En el fondo del proyecto, esta reforma se complementaría idealmente con la creación de un ecosistema digital que permita registrar cada auto o motocicleta que es verificada en la nube, de modo de simplificar el actual sistema de obleas que se deben pegar en el parabrisas de los autos. La VTV terminaría siendo una documentación digital que se podría cargar, como la cédula verde o la licencia de conducir, en la plataforma Mi Argentina.

Importación de autos para particulares

Dentro de las reformas que impulsa Sturzenegger, está la simplificación del trámite de homologación de los automóviles nuevos para poder comercializarse en Argentina, requisito que actualmente deben cumplir no sólo los importadores sino también los fabricantes. Un nuevo modelo o una renovación de uno ya existente exige que se emitan dos certificados para ser habilitados. La Licencia de Configuración Ambiental (LCA) y la Licencia de Configuración de Modelo (LCA).

La primera depende de la Subsecretaría de medio ambiente, que actualmente se encuentra en medio de un cambio de autoridades y una reevaluación de un trámite que se había simplificado y podría volver atrás: la traducción al español de la documentación original de los vehículos.

La segunda, que normalmente debía pasar por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es la que mayor avance tuvo, ya que se podría concretar una homologación “semiautomática” para aquellos vehículos que provienen de países con certificaciones internacionales reconocidas, como son Estados Unidos y la Unión Europea, mientras se intentaría establecer un mecanismo más ágil que el actual para hacer la homologación de los vehículos que proceden de otros países donde no existe esa certificación de calidad industrial.

Lo que permitiría esta reforma, más allá de una simplificación de las gestiones para las empresas automotrices e importadoras, es la habilitación para que un particular pueda comprar en el exterior un vehículo que no se vende en Argentina e importarlo para su uso personal o profesional. La única condición es que provenga desde países que tienen esa “Technical Approval” semiautomática y sólo se deba verificar en Argentina que efectivamente ese modelo corresponde a la ficha existente para poder ser utilizado en la vía pública. El ejemplo más claro es Tesla, la marca de autos eléctricos que no se venden en Argentina, pero se fabrican en Estados Unidos y Europa con certificaciones internacionales.

Los costos de importar un automóvil de modo particular, sin embargo, siguen siendo los mismos que tiene una empresa automotriz, es decir, el pago de aranceles de importación si correspondieran, de los impuestos de nacionalización, como el 3% de tasa de estadística, y el costo de flete y seguro de transporte, que es aproximadamente de unos USD 2.000 por unidad.

Peajes automáticos

Este podría ser el tercer punto que el Gobierno anuncie próximamente. Aunque requiera de un tiempo razonable para su aplicación efectiva, el concepto es el de evitar que en las rutas se mantengan las estaciones de peaje actuales. Las razones son dos: el flujo de tránsito que siempre se ve afectado por el volumen de autos mayor al de la cantidad de cabinas de peaje, y la seguridad vial, que también se ve afectada por los mismos motivos, es decir, por embotellamientos de tránsito ocasionados por el “embudo” que generan las estaciones de peaje.

Lo que hay que conocer es el modo de funcionamiento del sistema, que podría copiar conceptualmente al de Uruguay, donde se emite un sticker con un código que se adhiere en el parabrisas de los autos y que actúa como identificador de cada vehículo para todo el territorio nacional. Lo mismo ocurre en la ciudad de Buenos Aires con el Telepase. También habrá que aguardar a conocer la política de inversiones que se exigirá a las rutas concesionadas.

Ámbito de aplicación

La simplificación del trámite para la homologación de autos que puedan ingresar y transitar por todo el país es, efectivamente, una medida de alcance nacional. En cambio, tanto la VTV como los peajes automáticos, requerirán tener una adhesión de las provincias o jurisdicciones para hacerse efectivas en todo el territorio nacional.

La autonomía de las provincias les da a los gobernadores la potestad de decidir sumarse a una medida que toma el gobierno nacional o no hacerlo y mantener su actual status. En el caso de los peajes, si bien las rutas nacionales estarían alcanzadas por la decisión del gobierno, las provinciales podrían no hacerlo, salvo que en el marco de estas grandes reformas se dicte una “Emergencia Vial Nacional” que permita al Estado decretar que por el lapso de un año todas estas medidas se deben tomar obligatoriamente en todas las jurisdicciones.

El propio Sturzenegger, dijo varias veces el año pasado que “las provincias tienen que adherir a este cambio. Se pretende que la Verificación técnica se pueda hacer en un concesionario, por eso lo vamos a incluir en la Ley de Tránsito. Pero las provincias tienen que adherir a la medida para que se pueda aplicar en cada jurisdicción. Entonces vamos a ver si en la provincia de Buenos Aires adhieren a la medida”, señaló.

“Nosotros vamos a dar el paraguas jurídico para que quien no quiera hacer de eso un negocio, pueda hacerlo. Este gobierno va a dar mucha libertad, y el votante va a poder ver qué gobernador toma esa libertad para sus habitantes, y quién se las niega”, finalizó Sturzenegger.

Aunque en los últimos meses fueron muchas las medidas adoptadas para desburocratizar y eficientizar el Estado, el Gobierno dio por inaugurada este martes la etapa de la “Motosierra 2.0″, con la eliminación, mediante el decreto 70, de la Secretaría de Hábitat que dependía del Ministerio de Economía.

Semanas atrás, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había utilizado este término para referirse al cierre de otros 155 registros automotores y al avance hacia un registro único, digital y remoto. “Arrancó la motosierra 2.0 en los Registros Automotores, hoy cerramos 155 más. En poco más de un año, le pasamos la motosierra al 20% de los Registros Automotores”, había informado el funcionario nacional a fines de enero.

Pero este martes fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien apeló a ese término para referirse a nuevas medidas adoptadas para repasar la utilidad de cada área del Estado y evaluar si conviene eliminarla. “El Decreto 70/25 con firmas de @JMilei y @LuisCaputoAR inaugura una serie de medidas que dimos en llamar la ´Motosierra 2.0´ y que el Presidente anticipó hace unos días. La Motosierra 2.0 consiste, ni más ni menos, en repasar la utilidad de cada área del Estado para discontinuar las que no encuadran en los objetivos que se fijó el Gobierno”, precisó el Ministro en su cuenta de X.

Según mencionó, en este decreto, el @MinEconomia_Ar “hace punta en este proceso eliminando la voluminosa Secretaría de Hábitat”. Según él, para resolver el problema habitacional de la Argentina, que lleva décadas y que los gobiernos anteriores no pudieron resolver, la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, “además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral”.

“Por eso, el Gobierno ya había cerrado el Procrear con el Decreto 1018/24, y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social con el Decreto 6/25, y había llevado a su mínima expresión el Fondo de Integración Socio Urbana, todos mecanismos para transferir dinero a organizaciones políticas afines al gobierno anterior”, manifestó Sturzenegger. Y consideró que para resolver el problema de vivienda, por el contrario, lo importante es tener una macro ordenada y un Estado pequeño que libere recursos para que crezca el crédito privado a la vivienda.

El funcionario dijo al respecto que, en todo caso, la construcción de viviendas podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios, aunque admitió que “las provincias hace rato también lo abandonaron cuando desviaron los recursos del Fonavi para gastos generales de administración”. “El cierre de la Secretaría permite importantes ahorros en personal (eran cientos de personas sin tarea real), edificios, equipamiento y servicios. Además, había un ejército oculto de contratados a través de universidades para supuestas auditorías, en algunos casos de obras muy pequeñas”, precisó.

Sturzenegger también precisó que el cierre de la Secretaría de Hábitat es total, aunque algunas áreas, como la de la subsecretaría de Integración Socio-Urbana, se reasigna a la Secretaría de Obras Públicas. También se forma un pequeño equipo transitorio para el cierre de los programas existentes. “Además del Ministro, la motosierra 2.0 requiere del liderazgo de su equipo, en este caso el de Martín Maccarone, Secretario Coordinador de Infraestructura del @MinEconomia_Ar“, consideró el Ministro en su posteo.

Otros de los anuncios realizados en el marco del plan de desregulación conocido como Motosierra 2.0 fue la habilitación de un nuevo sistema de inscripción digital de automóviles cero kilómetro. La medida permitirá a los compradores completar todo el trámite de registro sin necesidad de acudir a una dependencia del Registro de la Propiedad Automotor, agilizando así el proceso de compra.

El Gobierno nacional fijó los lineamientos para la exportación de chatarra y residuos metálicos, una actividad que estaba prohibida desde 2009. La decisión llega luego del anuncio de que no se renovarían los decretos 1040/20 y 70/23, que impedían el comercio al exterior de estos elementos.

La medida había sido adelantada el miércoles por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 1/2025 en el Boletín Oficial. A través esta normativa, se establecen las bases para la importación definitiva o temporaria al territorio, al Área Aduanera Especial y a las Zonas Francas, incluidos sus espacios aéreos y marítimos, y para la exportación de residuos no peligrosos que hayan sido sometidos a una operación de valorización, a partir de la cual se obtengan materiales que serán utilizados como: insumos para un proceso productivo determinado o un producto de uso directo“.

“No estará permitida la importación de aquellos residuos no peligrosos que, habiendo sido sometidos a una operación de valorización, pretendan tener como objetivo la valorización energética y/o su disposición final. La exportación de residuos no peligrosos valorizados e insumos industriales valorizados no estará sujeta a prohibiciones y debe ajustarse al cumplimiento del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación”, aclara la normativa.

Con respecto a las exportaciones, fijaron que deberá realizarse una solicitud para comercializar los residuos al exterior, con el fin de garantizar que el proceso cumplirá con todos los tratados internacionales vigentes. Estos elementos estarán sujetos a un Control Verde y no deben estar contaminados por otras sustancias que impliquen riesgos o impidan su recuperación de manera ambientalmente racional.

El Ejecutivo indicó que, para importar insumos industriales al territorio nacional, deberán contar con un “Certificado de Inocuidad Sanitario y Ambiental o un Certificado de No Peligrosidad o Comunicación formal de autoridad competente en el país de origen respecto a la no peligrosidad de los materiales valorizados o Declaración Jurada”. “El importador será responsable patrimonialmente de la devolución, con carácter de urgente, al país de origen de la mercadería cuya introducción, tránsito e importación definitiva o temporaria por el territorio nacional no cumpla con las condiciones normativas exigibles, sin perjuicio de otras responsabilidades, acciones judiciales o administrativas que le pudieren corresponder en su contra en cada caso”, señalaron.

En línea con lo dispuesto por el decreto, las secretarías de Industria y Comercio, del Ministerio de Economía, y la de Turismo, Ambiente y Deportes, que depende de la Jefatura de Gabinete, serán los organismos que fiscalizarán la aplicación de la legislación vigente.

Al momento de anunciar la medida, Sturzenegger aseguró: “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos"

“Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, continuó el ministro.

“De esta manera, esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos. La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)”, agregó Sturzenegger.

“La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad por sobre el lobby”, cerró el ministro.

En el considerando de la norma, el Gobierno alega que tomó la decisión “en vistas de asegurar el aprovechamiento de los residuos no peligrosos”, por lo que consideraron “conveniente establecer planes, programas, incentivos y mecanismos tendientes a promover la reducción, reutilización y reciclado de los que se generan en el territorio nacional”.

La actividad llevaba prohibida casi 16 años, al considerar que afectaba la disponibilidad de materia prima para la industria nacional. Sin embargo, el Gobierno planteó que esta restricción a la exportación “ha distorsionado los precios de mercado de los residuos valorizados e impactaron negativamente en las inversiones públicas o privadas en infraestructura de recupero, reciclaje y valorización de desechos”. “También se ha desincentivado la separación en origen, recolección y puesta en valor de residuos en todo el país, con un fuerte incremento en el desarrollo de microbasurales y basurales en todo el país”, sumaron.

“Una importante gama de industrias argentinas requieren del libre acceso, en forma ágil y sin restricciones administrativas, a residuos no peligrosos valorizados -siempre que cumplan con las normas internas en lo que hace a su composición, estado, humedad, limpieza/suciedad, empaque y otros-, que en gran parte de los casos están estandarizados, tanto a nivel internacional como en el país”, sostuvieron.

El Gobierno nacional decidió no renovar los decretos 1040/20 y 70/23, a través de los cuales se prohibía la exportación de desechos metales y no ferrosos. De esta manera, se podrá volver a vender chatarra al exterior, como no ocurría desde 2009.

La medida fue anunciada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de X. “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, introdujo.

“Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición”, continuó el ministro.

“De esta manera esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos. La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)”, agregó Sturzenegger.

“La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad por sobre el lobby”, cerró el ministro.

Los argumentos la prohibición

Los decretos 1040/2020 y 70/23, publicados durante la presidencia de Alberto Fernández, prorrogaron en su momento la suspensión de la exportación de nueve posiciones arancelarias, más que nada chatarra y desechos metalúrgicos del hierro, acero, cobre, aluminio y otros similares.

Entre los considerandos, las normas argumentaban que la industria siderúrgica argentina utilizaba desperdicios y desechos de hierro y acero como insumo, junto con el mineral de hierro, para la elaboración de acero y que por razones estructurales, Argentina carecía de un abastecimiento fluido de chatarra de esos metales, por lo que “la industria siderúrgica veía afectado el aprovisionamiento de este insumo para su desenvolvimiento”.

Consultadas al respecto, fuentes del Gobierno anterior habían dicho a Infobae que suspender la exportación apuntaba a “aumentar la oferta de metales básicos y en consecuencia llevar a la baja sus precios en el mercado interno”.

De esta forma, aseguraban, se buscaba “mejorar no sólo la competitividad de las empresas metalúrgicas sino también la de todas aquellas industrias a lo largo de la cadena de valor que requieren de acero, cobre y/o aluminio para su producción”.

“Es por eso que se procedió a continuar con la suspensión de las exportaciones, tanto definitivas para consumo como también con destinación suspensiva temporaria, de desperdicios de hierro, acero, aluminio y cobre que clasifiquen en las respectivas posiciones arancelarias”, señalaban los argumentos de ese decreto firmado en febrero de 2023. que renovaba normas en el mismo sentido.

Ahora, con esta decisión, el Gobierno de Milei busca fomentar la competitividad y la apertura de nuevos mercados internacionales para el reciclado, incentivando la valorización de residuos y generando oportunidades económicas para pequeñas y medianas empresas del sector. Desde el Gobierno se entiende que la medida también podría generar un impacto positivo en la balanza comercial, al permitir que materiales reciclables se conviertan en una fuente de ingresos en dólares para el país.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, actualizó hoy en un posteo en la red social X las cuentas sobre la disminución de empleo en el sector público, obra de la “motosierra” que el gobierno de Javier Milei ha tomado como ícono y como símbolo de su decisión de achicar el Estado y reducir el gasto público.

“Evolución de la dotación del sector público actualizado a noviembre. Recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado”, escribió Sturzenegger. “En otras palabras -completó el ministro, a quien el presidente suele referirse como “Coloso” - es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños. VLLC!”

Los datos que exhibió el ministro (ver gráfico, arriba) dan cuenta de una reducción total, al 30 de noviembre pasado de casi 36.000 empleos públicos, resultado de la sumatoria de las reducciones en la Administración centralizada y descentralizada (21.408), Empresas del Estado (11.951) y Personal Militar y de Seguridad (2.577 agentes menos) que arrojan exactamente un achicamiento de 35.936 puestos en el Estado Nacional y todas sus dependencias. El empleo provincial y municipal está fuera del alcance directo de las decisiones del gobierno central, aunque no de los efectos indirectos de sus políticas, que mediante la eliminación casi total de las transferencias “no automáticas” o discrecionales, ajenas al sistema de coparticipación federal, indujo a las gobernaciones provinciales a un manejo mucho más ajustado de los salarios y de sus plantas de personal.

Respuesta

El posteo de Sturzenegger es también una respuesta a las recientes y repudiables amenazas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de empleados públicos, cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, escribió en un posteo: “El 2025 tiene que ser el año en el que le robemos la motosierra y les cortemos la cabeza a ellos”, en referencia a los integrantes del gobierno nacional.

Aguiar hizo un posteo con una imagen generada por inteligencia artificial en el que se observa a cuatro supuestos empleados públicos, dos hombres y dos mujeres, identificados con pecheras de ATE, que munidos de dos motosierras se aprestan a cortarle la cabeza a un león, el animal con el que Milei se identifica a sí mismo y alecciona a sus seguidores.

Aguiar, quien afirmó explícitamente que no quiere “que le vaya bien” a Milei y al gobierno, rechazó los exámenes de idoneidad que empezó a tomar el gobierno a los empleados públicos. Y lo hizo en un momento en que, según datos oficiales consignaban la evolución de la planta total de personal estatal al mes de octubre.

El posteo de Sturzenegger, con los datos a noviembre, es una nueva ratificación de que el gobierno sigue y seguirá, en 2025, aplicando la “motosierra” en el gasto y en el empleo públicos. Cabe recordar que el Ejecutivo realizó también una drástica reducción en la cantidad de ministerios, que pasaron de 18 a 8, y eliminó el 33% de los puestos superiores en la estructura del Estado.

Qué dijo Milei

El propio presidente, en la entrevista que concedió a Forbes Argentina y que este fin de semana se publicó de manera completa, señaló: “El ministerio de Federico Sturzenegger saca cerca de entre tres y cuatro regulaciones por día. Se fusionó el trabajo de Federico con el que había hecho intensamente Rodríguez Chirilo y la reforma del Estado. Esa fue la primera etapa y ahora se viene la motosierra profunda. Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía”.

Cabe recordar, además, que en su primer año de gestión el Gobierno cerró aproximadamente 200 reparticiones del Estado. Además de los ministerios, que en la actualidad son ocho, y la reciente reestructuración de la AFIP, devenida ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), se incluyeron en el recorte secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales, lo que fue recientemente detallado por el Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, quien expresó en su cuenta de X: “A medida que vamos revisando las estructuras de cada Ministerio nos encontramos con excesos, duplicaciones y áreas totalmente innecesarias. Durante el 2024 ya eliminamos más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas y casi 100 Secretarías y Subsecretarías”.

En el listado de las 200 direcciones eliminadas se destaca la de áreas vinculadas a políticas de “género y diversidades”. El listado completo es el siguiente:

• COORDINACIÓN DE BASES DE DATOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS
• DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL
• DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN CONTENIDOS DE JUSTICIA
• COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
• DIRECCIÓN DE REGISTRACIONES ESPECIALES Y PUBLICIDAD INDICIARIA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS TRANSVERSALES DE GÉNERO
• DIRECCIÓN DE REGISTROS SECCIONALES DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
• DIRECCIÓN TÉCNICO REGISTRAL Y RUDAC
• DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES
• DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
• DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
• CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS
• SECRETARÍA EJECUTIVA
• DIRECCIÓN DEL CUERPO DE ABOGADOS EN PROCESOS DE VERDAD Y JUSTICIA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN
• DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIDAD RACIAL, PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
• DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DIVERSIDAD
• DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD
• DIRECCIÓN DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y DIVERSIDAD
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS CULTURALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS
• DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS CULTURALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN FEDERAL Y RELACIONES INTERSECTORIALES
• DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO DE LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES POR RAZONES DE GÉNERO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA
• DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
• COORDINACIÓN DE ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA
• COORDINACIÓN DE ABORDAJE DE LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO CONTRA INTEGRANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE IGUALDAD
• DIRECCIÓN DE PROGRAMAS TRANSVERSALES DE IGUALDAD
• DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INTEGRAL DE POLÍTICAS DE CUIDADO
• DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNEROS
• COORDINACIÓN DE ACCESO AL EMPLEO PARA LAS PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS
• COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD INCLUSIVA
• DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNEROS
• COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
• COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
• DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA CULTURA
• COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CULTURAL
• MUSEO DE LA HISTORIA DEL TRAJE
• COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS
• COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
• DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
• COORDINACIÓN DE REDES FEDERALES DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO
• DIRECCIÓN DE ENLACE CON PROGRAMAS DE POLÍTICAS SOCIO-LABORALES
• DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE NUEVAS FORMAS DE TRABAJO
• COORDINACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
• COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE EMPLEO
• COORDINACIÓN DE EMPLEO JOVEN
• COORDINACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
• COORDINACIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL
• COORDINACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN SOCIAL PRODUCTIVA
• DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA
• COORDINACIÓN DE REDES DE INTEGRACIÓN
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR
• COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR
• DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA
• COORDINACIÓN DE ASESORAMIENTO EN GESTIÓN A UNIDADES PRODUCTIVAS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL
• COORDINACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
• COORDINACIÓN DE VÍNCULOS CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS INTEGRADORAS
• DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO DIRECCIÓN DE EMPRESAS
• DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CIENTÍFICO PRODUCTIVA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
• DIRECCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
• COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD
• SUPERVISIÓN DE BIENESTAR
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INTERMINISTERIAL
• DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
• DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
• COORDINACIÓN DE FOMENTO DE DERECHOS SOCIALES
• COORDINACIÓN DE LA OFICINA ÚNICA DE VINCULACIÓN CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
• DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON EL PODER JUDICIAL
• DIRECCIÓN DE GESTIÓN, REGISTRO Y CERTIFICACIONES DE LOS ANIMALES DE APOYO PROFESIONAL
• DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ABORDAJE MULTIAGENCIAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN FEDERAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
• COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
• COORDINACIÓN DE ANÁLISIS DE SECTORES SOCIALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
• COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
• COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL
• DIRECCIÓN DE PLANES TÉCNICOS Y DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
• DIRECCIÓN DE MUJERES, GÉNEROS, DIVERSIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
• DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE PAÍS DIGITAL
• COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PUNTO DIGITAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE VECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS
• DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL
• DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL
• COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS
• COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE INTERIOR
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS NORMATIVO ELECTORAL
• DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, INCLUSIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL
• DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES
• DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS
• DIRECCIÓN NACIONAL AL DE ANÁLISIS LEGAL E INSTITUCIONAL SUBNACIONAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA A LA GESTIÓN MUNICIPAL
• DIRECCIÓN DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y TECNOLÓGICA DEL DEPORTE
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL DEPORTE
• COORDINACIÓN DE EVENTOS PROMOCIONALES TURÍSTICOS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES
• DIRECCIÓN DE CONTROL DE AGENCIAS DE VIAJES
• DIRECCIÓN DE REGISTRO DE AGENCIAS DE VIAJES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE CRÉDITO E INVERSIONES TURÍSTICAS
• DIRECCIÓN DE IMPACTO SOCIOTERRITORIAL Y ECONÓMICO
• DIRECCIÓN DE FORMACIÓN EN TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
• DIRECCIÓN DE MONITOREO Y PREVENCIÓN
• COORDINACIÓN DE EMISIONES VEHICULARES
• COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
• COORDINACIÓN DE CIUDADES SOSTENIBLES Y RESILIENTES
• COORDINACIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
• COORDINACIÓN DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En el marco de la intención oficial de ajustar el sector público, en su primer año de gestión el Gobierno de Javier Milei ya cerró aproximadamente 200 reparticiones del Estado. Además de los ministerios, que en la actualidad son ocho, y la reciente reestructuración de la AFIP, devenida en ARCA, se incluyeron en el recorte secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales. Infobae accedió al listado de las principales. Se destaca la eliminación de áreas vinculadas a políticas de género y diversidades.

El Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, dijo a través de su cuenta de X: “A medida que vamos revisando las estructuras de cada Ministerio nos encontramos con excesos, duplicaciones y áreas totalmente innecesarias. Durante el 2024 ya eliminamos más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas y casi 100 Secretarías y Subsecretarías”.

“Nos encontramos con áreas que cumplían funciones o tareas que puede hacer el sector privado o con otras que directamente cumplían funciones que le corresponden a las provincias o municipios rompiendo el federalismo”, agregó.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, citó la publicación del funcionario y dijo: “En esta semana donde vamos cerrando el año les dejo un listado de las más de 200 áreas del Estado que cerramos este año. Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables. Gracias al Secretario de Transformación Maximiliano Fariña que junto a cada una de las áreas de gobierno (imposible mencionarlas todas acá) logró estas adecuaciones”.

Y finalizó: “Gracias sobre todo a Javier Milei por la convicción y liderazgo en la necesidad de reducir el Estado”.

Como correlato, cabe mencionar que desde la cartera de Sturzenegger informaron recientemente que durante los primeros 11 meses de su mandato, el Gobierno desvinculó 34.000 trabajadores del sector público ya sea a través de despidos o ceses de contratos. Esto implicó una reducción del 7% del personal del Estado Nacional. De esta manera, se generó un ahorro de USD 3.820 millones.

De acuerdo al Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando la administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre, antes del cambio de Gobierno.

Cuáles son las áreas eliminadas

• DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL GASTO JURISDICCIONAL
• COORDINACIÓN DE BASES DE DATOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS
• DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EN CONTENIDOS DE JUSTICIA
• COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
• DIRECCIÓN DE REGISTRACIONES ESPECIALES Y PUBLICIDAD INDICIARIA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS TRANSVERSALES DE GÉNERO
• DIRECCIÓN DE REGISTROS SECCIONALES DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
• DIRECCIÓN TÉCNICO REGISTRAL Y RUDAC
• DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES
• DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
• DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
• CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS
• SECRETARÍA EJECUTIVA
• DIRECCIÓN DEL CUERPO DE ABOGADOS EN PROCESOS DE VERDAD Y JUSTICIA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN
• DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIDAD RACIAL, PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
• DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DIVERSIDAD
• DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN GÉNERO Y DIVERSIDAD
• DIRECCIÓN DE FORMACIÓN EN GÉNERO Y DIVERSIDAD
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS CULTURALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS
• DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS CULTURALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNEROS
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN FEDERAL Y RELACIONES INTERSECTORIALES
• DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO DE LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES POR RAZONES DE GÉNERO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GÉNERO
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA
• DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
• COORDINACIÓN DE ABORDAJE DE LA VIOLENCIA CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA
• COORDINACIÓN DE ABORDAJE DE LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO CONTRA INTEGRANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE IGUALDAD
• DIRECCIÓN DE PROGRAMAS TRANSVERSALES DE IGUALDAD
• DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INTEGRAL DE POLÍTICAS DE CUIDADO
• DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNEROS
• COORDINACIÓN DE ACCESO AL EMPLEO PARA LAS PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y TRANSGÉNEROS
• COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE SALUD INCLUSIVA
• DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNEROS
• COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL
• COORDINACIÓN DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
• DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LA CULTURA
• COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN CULTURAL
• MUSEO DE LA HISTORIA DEL TRAJE
• COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS
• COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
• DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, GÉNERO Y EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
• COORDINACIÓN DE REDES FEDERALES DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO
• DIRECCIÓN DE ENLACE CON PROGRAMAS DE POLÍTICAS SOCIO-LABORALES
• DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE DIARIOS, REVISTAS Y AFINES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE NUEVAS FORMAS DE TRABAJO
• COORDINACIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
• COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE EMPLEO
• COORDINACIÓN DE EMPLEO JOVEN
• COORDINACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
• COORDINACIÓN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA SOCIAL
• COORDINACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN SOCIAL PRODUCTIVA
• DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN POPULAR Y COMUNITARIA
• COORDINACIÓN DE REDES DE INTEGRACIÓN
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA POPULAR
• COORDINACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR
• DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA
• COORDINACIÓN DE ASESORAMIENTO EN GESTIÓN A UNIDADES PRODUCTIVAS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL
• COORDINACIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS ACTORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
• COORDINACIÓN DE VÍNCULOS CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS INTEGRADORAS
• DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO DIRECCIÓN DE EMPRESAS
• DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CIENTÍFICO PRODUCTIVA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
• DIRECCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
• COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD
• SUPERVISIÓN DE BIENESTAR
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN INTERMINISTERIAL
• DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS
• DIRECCIÓN DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
• COORDINACIÓN DE FOMENTO DE DERECHOS SOCIALES
• COORDINACIÓN DE LA OFICINA ÚNICA DE VINCULACIÓN CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
• DIRECCIÓN DE RELACIÓN CON EL PODER JUDICIAL
• DIRECCIÓN DE GESTIÓN, REGISTRO Y CERTIFICACIONES DE LOS ANIMALES DE APOYO PROFESIONAL
• DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ABORDAJE MULTIAGENCIAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTICULACIÓN FEDERAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
• COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
• COORDINACIÓN DE ANÁLISIS DE SECTORES SOCIALES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
• COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
• COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL
• DIRECCIÓN DE PLANES TÉCNICOS Y DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO
• DIRECCIÓN DE MUJERES, GÉNEROS, DIVERSIDAD Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
• DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE PAÍS DIGITAL
• COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PUNTO DIGITAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE VECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
• DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS
• DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN INTERNACIONAL
• DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL
• COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE GRANDES PROYECTOS Y EQUIPAMIENTOS
• COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE INTERIOR
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS NORMATIVO ELECTORAL
• DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, INCLUSIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL
• DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES
• DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS
• DIRECCIÓN NACIONAL AL DE ANÁLISIS LEGAL E INSTITUCIONAL SUBNACIONAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA A LA GESTIÓN MUNICIPAL
• DIRECCIÓN DE FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
• DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y TECNOLÓGICA DEL DEPORTE
• DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE GÉNERO EN EL DEPORTE
• COORDINACIÓN DE EVENTOS PROMOCIONALES TURÍSTICOS
• DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE VIAJES
• DIRECCIÓN DE CONTROL DE AGENCIAS DE VIAJES
• DIRECCIÓN DE REGISTRO DE AGENCIAS DE VIAJES
• DIRECCIÓN NACIONAL DE CRÉDITO E INVERSIONES TURÍSTICAS
• DIRECCIÓN DE IMPACTO SOCIOTERRITORIAL Y ECONÓMICO
• DIRECCIÓN DE FORMACIÓN EN TURISMO
• DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
• COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
• DIRECCIÓN DE MONITOREO Y PREVENCIÓN
• COORDINACIÓN DE EMISIONES VEHICULARES
• COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
• COORDINACIÓN DE CIUDADES SOSTENIBLES Y RESILIENTES
• COORDINACIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
• COORDINACIÓN DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El Gobierno presentará mañana una serie de modificaciones al Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (Reginave). La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encabezarán la conferencia de prensa en la que se detallarán los cambios. El evento tendrá lugar a bordo del guardacostas GC-24 Mantilla, ubicado en la cabecera del Dique 4 de Puerto Madero, a partir de las 11.

Acompañados por la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini, las autoridades explicarán los aspectos centrales de esta actualización normativa. Según adelantaron, las reformas buscan adecuar las reglas de navegación a los escenarios actuales, tanto para fortalecer la seguridad de buques y tripulaciones como para estimular el desarrollo del comercio nacional e internacional.

El nuevo Reginave se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) y responde a las políticas de desregulación y transformación del Estado impulsadas por el gobierno. La intención principal es simplificar procedimientos, eliminar regulaciones consideradas innecesarias y reducir exigencias que afectan a la operatividad del sector.

Entre las modificaciones planteadas, se destacaron ejemplos ilustrativos de las inconsistencias del régimen actual. “Hoy en día, se exige que cualquier embarcación tenga un equipo eléctrico de repuesto, independientemente de su tamaño o propósito”, explicó Sturzenegger. El ministro reconoció que esto tiene sentido para barcos que navegan lejos de la costa, por ejemplo en el Atlántico Sur, donde quedarse sin electricidad puede ser catastrófico. Pero consideró que “aplicar la misma regla a una barcaza del Delta que transporta frutas o personas a corta distancia resulta ilógico”.

La intención de los cambios, según las autoridades, es ajustar estas exigencias a la realidad operativa de cada tipo de embarcación y contexto.

“Si invertiste USD 200 millones en un barco, contrataste una tripulación de 100 personas y te mandaste al Atlántico Sur, bien sabés lo que estás haciendo, como para que tenga que venir el Estado a decirte lo que tenés que llevar. Lo más loco es que esa misma regulación se la pedimos a la barcaza del Delta. Le estamos pidiendo a una persona que transporta chicos, o frutas y tiene una barcaza de USD 20.000, que instale un equipo de USD 10.000 por si se queda sin electricidad, cuando en realidad no se aleja ni 10 metros de la costa. En algún punto, tenemos que empezar a confiar en las decisiones que la gente puede tomar libremente”, declaró Sturzenegger.

Por el momento, no se adelantó qué otras desregulaciones formarán parte de los cambios que afectarán al Reginave, pero desde Nación aseguraron que, con los cambios, el sector obtendrá un mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a los requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias.

De esta manera, se avanza en una de las desregulaciones anunciadas recientemente por el Gobierno. A fines de septiembre Sturzenegger ya había adelantado que el Estado buscaba modificar el Reginave. “La navegación se rige por una normativa que se llama el Reginave, que tiene 500 páginas. Le piden lo mismo a un barco de gran porte que navega por el mar que a una barcaza del Delta que va a transportar fruta. Eso se va a ir terminando”, declaró en aquella oportunidad.

La presentación de mañana busca dar un primer paso hacia un esquema regulatorio más flexible y actualizado. Desde el Gobierno nacional consideran que estas reformas tendrán un impacto positivo en la competitividad del sector y en la capacidad operativa de quienes participan en la actividad marítima y fluvial.

El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, anunció la liberación de la exportación e importación de obras de arte, que se oficializará mediante un decreto que se publicará luego de esta medianoche en el Boletín Oficial.

“Queda liberado el mercado de arte permitiendo a nuestros artistas acceder al mercado internacional sin trabas, sin restricciones, ni trámites engorrosos. A los ciudadanos que mueven sus propias obras de arte, podrán hacerlo con la misma facilidad”, señala el comunicado que distribuyeron desde la cartera desreguladora, que trabajó el tema en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Nación.

Uno de los cambios que se introducen es la ampliación de uno a cinco años del plazo que tiene los galeristas para efectuar la exportación e importación transitoria. Se trata, explicaron, de “un un reclamo histórico del sector, que genera importantes ahorros para el manejo de obras de artes en exposiciones y ferias”.

Licencias y certificaciones

Además, se elimina la certificación de obras para la exportación para obras de artistas con más de 50 años de fallecidos.

Hasta ahora, en esos casos se requería una Licencia de Exportación que otorgaba al Estado Nacional o a terceros residentes una opción de preferencia en la compra de las obras, lo cual terminaba afectando el derecho de propiedad de los dueños de dichas obras.

Se trataba, además, señalaron desde la cartera desreguladora, de un “trámite engorroso trámite para darle la opción de compra al Estado nacional, que demandaba hasta 16 firmas” durante el proceso burocrático.

“Decenas de miles de artistas y galeristas tuvieron que hacer este trámite en los últimos 30 años, sin embargo, ni el Estado ni ningún privado nunca ejerció esa opción”, subraya el comunicado del ministerio que encabeza Sturzenegger.

Por otra parte, prosigue, “la obligación de darle la opción de compra al Estado, a su vez, era un disuasivo a la conformación de colecciones de arte en el país”.

De eses modo, explica, “importar una obra era equivalente a perder el derecho de venderla ya que nunca se sabía si el Estado ejercería su derecho y a qué precio”.

Una importante calificación es que la liberación de la importación y exportación de obras de arte excluye “las obras que constituyen patrimonio cultural de la Nación”.

Por otra parte, a los fines de la determinación de la legitimidad de la exportación solo será requerido completar un formulario en el aeropuerto, el que podrá completarse en cualquier horario.

Antes, en cambio, “la exportación de obras de arte necesitaba de trámites en Aduana que se podían hacer solo a determinadas horas.

También se elimina la existencia del “Comité otorgante de las licencias de exportación”, lo cual reduce la burocracia, concluye el comunicado de la cartera desreguladora.

Un experto en arte consultado por Infobae dijo que espera conocer los detalles del decreto a publicarse en el Boletín Oficial, pero señaló que en principio algunas de las modificaciones, como la extensión del plazo para que los galeristas saquen obras del país y las exhiban en circuitos internacionales, son positivas. En cambio, dijo que darle al Estado o a compradores nacionales una opción de compra es estándar en muchos países, para preservar el patrimonio artístico.

Por otra parte, agregó, la norma no dice nada sobre la valuación del egreso o ingreso de obras, con lo cual puede facilitar la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones. Acortar los trámites, dijo, es una buena idea, pero eso no debería significar apartarse de ciertos estándares que aplican la mayoría de los países de modo que las obras de los artistas fluyan internacionalmente y su arte pueda apreciarse y valorizarse internacionalmente.

NOTICIA EN DESARROLLO

El Presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió este viernes con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una señal de apoyo a su gestión un día después de haber afirmado que Elon Musk imitará su gestión en los Estados Unidos.

El encuentro entre el Presidente y Sturzenegger se produjo en las oficinas del ministerio y contó con la presencia del equipo de trabajo de la cartera. Participaron de la reunión el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, el secretario de Simplificación del Estado, Martín Rossi, el subsecretario de Desregulación, Héctor Huici, el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer, el subsecretario de Gestión Administrativa, Fernando Trabucco y la subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, Rosana Reggi. El Presidente Milei estuvo acompañado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En ese ámbito, dialogaron acerca de la agenda de eliminación de la burocracia para el sector privado y de la reducción del gasto público que lleva adelante la cartera.

Fuentes de la Presidencia dijeron a Infobae que durante la reunión se trataron también algunas cuestiones vinculadas a la situación de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, en medio del conflicto sindical y de las constantes medidas de fuerza realizadas los últimos días que multiplicaron las escenas de pasajeros demorados en los aeropuertos.

Sturzenegger impulsó los anuncios de ayer, que entre otras medidas incluyeron la decisión de desregular el servicio de rampa, permitiendo que cualquier empresa habilitada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), sea o no una compañía aérea, puede ofrecer ese servicio en cualquier estación aérea del país. De esa forma se espera que Intercargo no sea la única opción para muchas líneas aéreas. El ministro afirmó que la medida tomada ayer “está enmarcada en un proceso de desregulación que empezó hace un año, sobre todas las cosas, de los precios de los viajes aéreos”.

Las señales de Milei hacia su ministro de Desregulación habían comenzado ayer, durante su disertación en el festejo de los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En esa oportunidad, el Presidente afirmó que el futuro gobierno de EEUU que encabezará Donald Trump puso su atención sobre la gestión de Sturzenegger.

“El propio Donald Trump incorporó en sus filas a Elon Musk para replicar el modelo que está haciendo Federico Sturzenegger, es decir estamos exportando el modelo de la motosierra al mundo, estamos cambiando el mundo y estamos haciendo un mundo más libre”, celebró el presidente.

En ese marco, Milei sostuvo que se necesita un Estado lo más chico posible, que cumpla de manera eficaz y nada más que sus funciones básicas. “Aún nos quedan 3.200 reformas en cartera y por eso creamos el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, porque en la Argentina sobra Estado”, enfatizó.

Con respecto a los indicadores macroeconómicos, el presidente celebró el impacto que tuvo en la imagen económica de argentina la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos por la cercanía entre ambos. “Imagínense todo lo que podemos lograr si el país más poderoso del mundo comparte nuestras ideas y nuestro norte”, indicó.

También algunos analistas internacionales hablan de esa cercanía. Sin ir más lejos, el ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, consideró que la victoria de Trump será favorable para la Argentina e incluso vaticinó que podría haber presión por parte del Tesoro para que la Argentina llegue a un nuevo acuerdo con el Fondo.

Werner recordó su paso como director del FMI y la negociación que el Fondo llevó adelante con la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. “Contrario a lo que se cree, en ese entonces la presión del Tesoro (para llegar a un acuerdo) no fue tan fuerte. El Fondo Monetario sabía que Estados Unidos tenía mucho interés de que ese programa salga. Ahora probablemente veremos una presión directa más fuerte, porque Donald Trump conoce a la Argentina y el presidente Milei va a ser un caso mucho más contundente”, explicó. Esto, debido a que el Presidente argentino va a llegar a las conversaciones ya habiendo resuelto la cuestión fiscal y en medio de un proceso de desregulación de la economía. “Además, cree en una economía plena de mercado”, enfatizó.

Aunque sabe perfectamente que no puede hacerlo mediante una resolución oficial, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene la decisión tomada de pujar por la eliminación del aporte obligatorio mensual que deben realizar todas empresas de comercio y servicios a las cámaras empresariales que las representan. Se trata de una medida acordada en el marco del convenio colectivo del sector que se va renovando año a año, por lo que en el Gobierno analizan cuál es la mejor estrategia para lograr el objetivo, ya que no se trata de un costo para las empresas generado por el Estado, sino resuelta por las cámaras en el convenio.

Con un aporte obligatorio que hoy se ubica en torno a los $4.000 por trabajador (es un porcentaje del salario de cada trabajador) que aporta la empresa a la entidad, sea socia o no de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el monto mensual alcanza los $4.000 millones, una abultada caja que las instituciones utilizan para distintas actividades, capacitaciones y para financiar las sucursales que ambas tienen en todo el país. Sin embargo, en el sector aseguran que lo que se recauda es menos (unos $2.500 millones), ya que hay muchas empresas que no lo pagan. Lo que el Gobierno busca es que el aporte sea voluntario y que las cámaras, en definitiva, se financien con ese dinero más las cuotas de las empresas socias.

La entidad que levantó el tema, semanas atrás, fue la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que el fin de semana volvió a emitir un comunicado en el que insistió con pedir la “motosierra de contribuciones obligatorias inexplicables como el Inacap, que no representa un beneficio porque ningún empleado se capacita todos los meses o no lo hizo nunca, pero el empleador lo debe aportar igual desde el 2008 por cada trabajador registrado, que en el convenio mercantil son 1,2 millones”.

Se refería al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), donde se destina este pago obligatorio, según el Convenio Colectivo Mercantil 130/75. El Inacap existe desde 2008 y se financia, según su web, con “una contribución patronal mensual de carácter ‘obligatorio’. La misma es a cargo del empleador y concierne a todos los empleados que se encuentren bajo la órbita del Convenio Mercantil”. En este caso, los fondos recaudados son administrados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

En concreto, hoy los comerciantes –sean grandes o pymes– pagan una tasa del 0,5% sobre el salario de cada empleado registrado. De acuerdo a lo establecido en el convenio, el sueldo básico inicial fue de $792.241,35 en agosto pasado, por lo que el aporte al Inacap fue de $3.821,60 ese mes. Además, el 0,5% se aplica también sobre las asignaciones no remunerativas. Como en julio los empleados de comercio recibieron un pago adicional de $27.920,40, se debieron pagar otros $139,61 al organismo. En total, entonces, los comerciantes pagaron $3.961,21 por cada empleado que percibe el salario mínimo. Por supuesto, al tratarse de un porcentaje fijo, el monto va aumentando a medida que se incrementa el salario de los trabajadores.

En el comunicado de Cadam de este domingo, la entidad remarcó que “en septiembre y octubre la contribución patronal incluso aumentó a $4.278,10, cuando el ministro había anticipado que estudiaba que sea optativo”. “Queremos mayor producción y trabajo y para eso, hay que recortar este tipo de aportes, de los cuales no hay una rendición de cuentas pública, para entender que hacen con los más de $60 mil millones que se recaudarían por año”, indicaron desde el sector.

Qué negocia el Gobierno con las cámaras

Fuentes que conocen el tema afirmaron que Sturzenegger está negociando con las cámaras de qué forma poder avanzar con este recorte y desde las entidades buscan que haya una transición y una baja gradual del aporte para evitar desfinanciar la entidad y generar complicaciones en todas las sedes que CAME y CAC tienen en todo el país. Además, plantean que también se les quite el aporte obligatorio al gremio.

“No sé cómo van a hacer para instrumentarlo porque el convenio se acaba de renovar. Hay dos alternativas, o se espera al año próximo para quitar el aporte, o se hace una adenda y se modifica ahora por presión política”, dijo una fuente consultada.

Otros aportes obligatorios

Otro caso que mencionó Cadam en su decálogo fue el de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un organismo que se financia con un aporte obligatorio aplicado a las bodegas de todo el país. Las entidades vitivinícolas deben pagar este año $0,58 por litro de vino, mosto u otro producto elaborado, un 215% más que en la temporada pasada.

Desde Coviar, explicaron recientemente que el aporte representa, según el caso, entre el 0,1% y el 0,3% de los precios promedio actuales de los productos vitivinícolas grabados por la ley. No obstante, desde Cadam entienden que la obligatoriedad del pago es excesiva. De hecho, plantearon al Gobierno la opción de eliminar a la Coviar.

Por otra parte, la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) exige también un aporte obligatorio a las empresas del sector, sean socias o no de la entidad, que equivale a 1% de la masa salarial. El sector cuenta con unos 250.000 trabajadores, por lo que las estimaciones de la recaudación mensual rondan los $2.500 millones, considerando que todas las firmas lo pagan. Aunque hay muchas que fueron a la Justicia y ya hay varios fallos a su favor. Pero en el sector cuestionan que la entidad sigue mandando intimaciones de pago y exigiendo cobrar ese aporte.

Fue acordado en noviembre de 2001 como parte de un agregado del convenio colectivo que sólo firmó Adimra con la UOM. “Adimra dice es parte del convenio, pero la jurisprudencia dice que no. El Ministerio de Trabajo, en su momento, homologó ese convenio parcial y fue poco claro en su interpretación, por lo que la entidad lo sigue cobrando”, se quejaron en el sector.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró hoy el avance del proceso de desregulación del Transporte aéreo y la próxima incorporación de nuevas unidades al parque aerocomercial y nuevas rutas a ciudades del interior.

Sturzenegger se sumó a un posteo del secretario de Transporte Franco Mogetta, que el sábado destacó la decisión de la compañía American Jet de sumar nuevas aeronaves para sus operaciones en la Argentina.

“9 aviones incorpora American Jet. En breve Flybondi suma 5 aviones y JetSmart sigue ampliando su flota. Y en solo semanas arrancan vuelos para tres ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires en una nueva aerolínea. VLLC!”, escribió Sturzenegger en la red social X.

Mogetta a su vez había escrito que en el marco de la política de “Cielos Abiertos” que inició el gobierno de Javier Milei, “se siguen incrementando rutas que darán más conectividad a los argentinos y también nuevas fuentes de trabajo. La libre competencia con reglas claras harán (sic) grande al País, el monopolio que estamos destruyendo nada bueno ha generado”, dijo el secretario de Transporte al referirse al anuncio de American Jet de búsqueda de Pilotos, Tripulantes de Cabina y Mecánicos para integrar las tripulaciones y para la operación “de 9 aeronaves nuevas de entre 50 a 100 asientos que ingresarán a la flota de la compañía a partir de inicios de 2025″.

“De acuerdo al plan de rutas aéreas regulares regionales a iniciar próximamente, abrimos el proceso de recepción de candidaturas para la convocatoria de selección de Pilotos, Tripulante de Cabina y Mecánicos”, publicó la compañía, especificando que el requisito mínimo y excluyente para los pilotos son 1.500 horas de vuelo y 500 horas en multimotor.

En el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, Sturzenegger había confirmado que las ciudades bonaerenses de Tandil y Olavarría volverían a tener conexión aérea con Buenos Aires a través del Aeroparque Jorge Newbery y que el plan es posible gracias a la reciente desregulación del sector, que habilita la posibilidad de operar vuelos con aviones pequeños de baja capacidad sin tantas trabas burocráticas.

Sturzenegger se refirió específicamente al uso de aviones con capacidad para 10 a 19 pasajeros, de forma que sea económicamente viable conectar ciudades del interior del país que no cuentan con suficiente demanda para aviones de mayor porte.

“Es una locura que tengas ciudades en Argentina como Olavarría, Tandil, Roque Sáenz Peña, Las Lomitas, que no tengan conexión aérea. Obvio; si pedís que vaya un 747 (por uno de los modelos grandes de Boeing) nadie lo va a hacer, pero en un avión de 19 o 10 plazas sí”, dijo el funcionario.

La desregulación del transporte aerocomercial se inició el 10 de julio pasado con la publicación del decreto 599/2024, de “Cielos Abiertos”, que reglamentó el acceso al mercado derogando y modificando normas del Código Aeronáutico.

La medida agiliza las autorizaciones para operaciones aerocomerciales en territorio argentino, para transporte aéreo interno y externo de pasajeros y de cargas, en servicios regulares y no regulares y también desregula y abre a la competencia los servicios aeroportuarios en general, incluidos los de rampa, rompiendo con el cuasimonopolio que tenía Aerolíneas Argentinas a través de Intercargo (Flybondi y American Airlines atendían su propio servicio).

El decreto permite la realización de contratos, antes limitados a múltiples instancias, a la sola aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Entre otros aspectos, el decreto establece el libre acceso al mercado de nuevas compañías con procedimientos administrativos breves y ágiles, la desregulación tarifaria, la libertad de fijación de frecuencias a condición de precisarlas en su plan de negocios y la digitalización varios trámites administrativos sujetos al “resguardo de la seguridad operacional” y la “vigilancia operacional continua de los servicios autorizados.

Servicio esencial

Dos meses después, el 12 de septiembre, en el marco del enfrentamiento del gobierno con los sindicatos aeronáuticos, el presidente Javier Milei firmó el decreto que reglamenta el transporte aéreo como “servicio esencial”, norma que los gremios consideraron “arbitraria e ilegal”.

Adicionalmente, hace poco más de una semana fuentes del gobierno dejaron trascender que la compañía Latam Airlines, que se fue del país en febrero de 2021, durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, estaría considerando la posibilidad de volver a operar servicios locales en el país -en principio para volar a y desde destinos como Mendoza y Córdoba- gracias a las normas que autorizan a las empresas a tener personal extranjero y a tener actividad bajo matrícula de otro país.

El decreto de “Cielos Abiertos” abre la posibilidad de que empresas extranjeras operen en el territorio nacional si existe un “acuerdo de reciprocidad” y las empresas del país en que está registrada la empresa permiten también el ingreso de empresas argentinas para operar en su territorio. El DNU derogó la ley 19.030, de 1971, que regulaba el transporte aéreo y requería, entre otras cosas, que los vuelos de cabotaje debían ser cubiertos por aerolíneas nacionales, otorgaba a Aerolíneas Argentinas un mínimo del 50% de las operaciones e impedía que dos empresas operen una misma ruta, aunque con excepciones que la fueron convirtiendo en una cláusula vacía.

A raíz de un pedido del gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, que negocia la importación de medicamentos de la India, el Gobierno confirmó que las provincias pueden comprar medicamentos en el exterior sin ningún tipo de autorización por parte de Nación, lo que provocará -estiman las autoridades- una fuerte caída en los precios del sector.

“La Ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia. Esto significa que las provincias no tienen necesidad de contar con la autorización nacional para importar ningún tipo de medicamentos si así lo desean. Desde 2016, el costo de los medicamentos se ha duplicado en la Argentina relativo a EEUU y la reducción del precio de estos productos es un objetivo claro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado”, informó la cartera que dirige Federico Sturzenegger.

De esta manera, la provincia de Mendoza va a poder importar medicamentos desde la India sin problemas. El gobernador Alfredo Cornejo busca disminuir los precios y el Ejecutivo espera que se sumen más jurisdicciones a la iniciativa.

“En las próximas horas el gobernador Alfredo Cornejo recibirá una carta del ministro de Salud, Mario Lugones, que revolucionará el mercado de medicamentos en Argentina. La carta de Lugones confirmará que la Ley 16.463 de Medicamentos establece la jurisdicción provincial para la importación, uso y comercialización de medicamentos en cada provincia. En español esto quiere decir que el Gobernador no tiene necesidad de autorización nacional para importar ningún tipo de medicamentos”, dijo en su cuenta de X Sturzenegger.

“El gobernador Cornejo está planificando comprar medicamentos de India que estimo generarán una caída abrupta en el costos de los medicamentos en su provincia. Por el alto costo de los medicamentos, la adherencia a tratamientos en Argentina es de solo el 30%, esto en el único país del mundo donde miles de dosis se vencen en sus cajas sin utilizar. Desde 2016 el costo de los medicamentos se ha duplicado en Argentina relativo a EEUU”, agregó.

“La reducción del precio de medicamentos es un objetivo obvio del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Las reformas necesitan de marco legal pero también de personas que se animen a cambiar las cosas. Hoy Cornejo y Lugones (y también Mario Russo que venía trabajando en la misma línea) son los héroes del día. Esperemos se sumen luego el resto de los gobernadores. El que no lo haga es porque no quiere. VLLC!”, concluyó.

Durante la 45° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Mendoza, que se concretó a principios de septiembre, Sturzenegger mencionó los obstáculos regulatorios que podría imponer la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y aseguró que ingresar fármacos indios al país implicaría que los precios de esos medicamentos se desplomen a un décimo de su valor actual.

Por su parte, Cornejo había manifestado que los medicamentos “son de la misma calidad que los que se producen en Argentina y de los que se producen en el mundo. Y la verdad que es un 10% del costo de algunos medicamentos que se cobran en la Argentina”. Sería un impacto sobre el mercado de los medicamentos muy fuerte.

A su vez, el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, ya se había reunido con el embajador de la India en Buenos Aires, Dinesh Bhatia, “para analizar la posibilidad de importación directa de medicamentos, ya que ese país se ha convertido en uno de los mercados de mayor producción mundial y tiene laboratorios de gran prestigio internacional”.

Mientras tanto, Sonia Tarragona, ex jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, aseguró en un escrito: “No hay evidencia de que el ingreso de productos de países como los incluidos en el Anexo II del Decreto 150/92 (la India, Irlanda, China, Brasil o Suecia, entre otros), que regula la importación de medicamentos, podría impactar en la reducción de precios del mercado local, especialmente por la complejidad en cuanto a tipos de precios y mecanismos de financiamiento que existen en nuestro país”.

Y alertó: “Con una balanza comercial del sector ya deficitaria en más de USD 7.000 millones, por cada incremento adicional del 10% anual en el monto total de importaciones, la demanda y el egreso de dólares para poder financiarlas rondaría los USD 7.370 millones adicionales. Además, impactaría fuertemente sobre los laboratorios nacionales de menor escala. Implicaría sustituir empleo local en los distintos eslabones de la cadena de comercialización de medicamentos”.

“La búsqueda de soluciones contra la suba de precios no debería darse con la potencial importación de medicamentos más baratos, pero con menos controles de calidad o mano de obra subsidiada, sino con el fortalecimiento de la prescripción por genéricos, el cumplimiento de los precios de referencias para la seguridad social y el fortalecimiento de la producción pública estratégica”, concluyó.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, destacó hoy que, gracias a la desregulación del sector, de diciembre pasado a agosto de este año “se registraron importantes caída en el precio promedio de la yerba mate”.

Más concretamente, la “Unidad de Evaluación de Impacto” de la cartera desreguladora calculó que en términos reales (esto es, descontada la inflación), el precio promedio de la yerba mate cayó 25,4% respecto de diciembre de 2023.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), recordó el comunicado, “tenía la atribución de establecer, mediante resoluciones semestrales, los valores mínimos de la materia prima de la yerba, que comprendía tanto la tonelada de hoja verde como la tonelada de yerba mate canchada puesta en secadero” que el gobierno del residente Javier Milei eliminó, mediante el DNU 70/2023, la facultad del INYM para establecerlos.

De acuerdo al Ministerio desregulador, “esta medida permitió que los productores fijaran libremente el precio de venta del producto”. Un gráfico adjunto al comunicado sobre el precio promedio de la yerba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) muestra un abrupto cambio de tendencias. A un sostenido aumento del precio entre marzo y diciembre de 2023 le sigue una caída una caída en precios constantes (esto es, deducida la tasa de inflación general), que el comunicado oficial atribuye a la implementación del DNU 70/2023 de desregulación de la economía.

“De este modo alcanzó el mínimo valor desde marzo de 2023. En cuanto al volumen comercializado, la cantidad de kilos de yerba mate enviada a los centros de distribución, mayoristas y supermercados es un indicador clave del comportamiento en góndola. En julio de 2024, dicha variable fue un 2.8% mayor en comparación con julio de 2023″, dice el informe. Y concluye: En el pasado, el INYM fijaba un precio mínimo para el productor lo que encarecía el precio de la yerba mate, al no poder vender la materia prima a la industria a menor valor. Por lo tanto, para el consumidor final el precio era mayor. Tras la eliminación de esta regulación, se posibilitó un mercado con libre competencia y se pudo observar una reducción en los precios tanto para la industria como para el consumidor final”.

Como en su momento informó Infobae, la desregulación del sector yerbatero se inició el 1 de abril, cuando el INYM dejó de fijar los valores de la materia prima, que regulaba desde 2002, con la entrada en plena vigencia del DNU 70, cuyo autor principal fue Sturzenegger

Por cierto la regulación no había producido buenos resultados. Según los datos del Indec, en diciembre de 2019, al asumir el gobierno de Alberto Fernández, el paquete de medio kilo de yerba costaba en promedio $97,47, mientras que para diciembre de 2023 había aumentado a $1.397,19. Esto es, 1.333,45% en cuatro años. En ese mismo período, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 1.146,5%, lo que significa que en el transcurso de cuatro años el precio de la yerba subió 186,9 puntos por encima de la inflación general.

Entre diciembre y abril, a pesar de que el DNU se había publicado en diciembre, el INYM ya había fijado aumentos escalonados hasta marzo. A partir de la libre competencia, las industrias no están obligadas a proveer yerba a precios intervenidos en origen por el INYM y compiten por el espacio en góndolas de supermercados y almacenes y por el bolsillo y el gusto de los consumidores. El inicio de la desregulación, en abril, coincidió además con la cosecha gruesa de hoja verde.

El DNU 70 y la yerba mate

En sus considerandos generales, el DNU subrayaba la necesidad de incrementar actividades productivas que permitan expandir la producción y reducir los precios de los productos, fomentando asimismo el desarrollo de las economías regionales, de manera de hacer realidad el plan federal que nuestros padres fundadores” y en el caso específico de la Yerba agregaba que a tal fin “resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, previsto en la Ley N° 25.564, que lo equipare con el Instituto Nacional de la Vitivinicultura, focalizando sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo, replicando así el exitoso modelo de la industria del vino que ha logrado una mayor inserción internacional”.

A mediados de 2023, el precio de la yerba mate tuvo uno de sus momentos de fama cuando el entonces canciller, Santiago Cafiero, dijo “A mí también me complica que la Playadito valga una luca el kilo”.

A lo que Pedro Puerta, un productor yerbatero de Misiones, por entonces diputado provincial electo e hijo del exgobernador Federico Ramón Puerta, le respondió por redes sociales: “Hola, Santi; quizás no lo sepas, pero 40% del paquete son impuestos generados por tu gobierno”.

Además, Cafiero había sido impreciso en su referencia de precio. Al momento que habló el precio de la yerba mate valía entre 30 y 70% más que “una luca el kilo” y había aumentado cerca de 500% desde la asunción del gobierno de Alberto y Cristina Fernández, en el que Cafiero había empezado siendo jefe de Gabinete.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló sobre las imposiciones burocráticas establecidas por el Estado nacional y sobre cómo “la casta empobrece a los argentinos” durante una disertación en el Encuentro Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“El Gobierno nacional está trabajando en tres grandes planos. Uno es el de la batalla cultural. En Argentina se piensa que el Estado tiene que solucionar todos los problemas, pero la cosa es al revés. Milei dice que el Estado es la fuente de todos los problemas, no la solución”, comentó, durante su exposición en al 45° convención anual de IAEF, que se está realizando en Mendoza.

“El segundo plano en el cual el Gobierno está comprometido es la batalla de la macroeconomía, que tiene como eje el equilibrio fiscal”, continuó.

“La tercera es la batalla contra la casta. Todos somos un poco casta y también somos víctimas de la casta. La Argentina está atrapado en su propio triángulo de las bermudas”, declaró el funcionario nacional.

Para ilustrar el problema, Sturzenegger mostró a la audiencia dos papeles, uno con la frase “no podés” y otro con la palabra “necesitás”. Esos papelitos, aseguró, son “un arma destructiva, al arma de la casta que arrasa con todo y deja a los argentinos en la pobreza”.

Acto seguido, el ministro enumeró una serie de restricciones que estuvieron o están vigentes para realizar diferentes trámites. “Si querías indexar un alquiler con una periodicidad menor a un año sacaban un papelito que decía ‘no podés’. Si decías voy a usar Aeroparque como punto intermedio para volar Santiago-Aeroparque-Río de Janeiro... ‘no podés’. ¿Querés importar repuestos para tu auto?, ‘no podés’”, ejemplificó el ministro.

“Ya eliminamos la mitad de las cosas que mencioné y el resto se va a ir eliminando en los próximos meses”, subrayó.

Reforma laboral

Sturzenegger aprovechó la oportunidad para adelantar que la semana próxima presentará el proyecto de ley de reforma laboral.

“La reforma tiene artículos que tienen que ver con el antibloqueo. Las multas, por ejemplo, son una penalidad que se pone a quienes tienen las relaciones laborales mal registradas. El problema es que se puso un sobre costo tan alto, que hoy tenemos al 50% de los argentinos en la informalidad”, introdujo.

“Lo más interesante es el de sistema de cese, que le va a permitir a los empresarios diseñar su propia reforma laboral. Ustedes van a poder diseñar como es la relación laboral directamente negociando con el sindicato. Van a poder diseñar el sistema de indemnizaciones, despidos y demás”, declaró Sturzenegger, dirigiéndose a los empresarios.

El ministro de Desregulación explicó que los diferentes sectores van a poder establecer distintos sistemas dentro de cada sector de acuerdo al tamaño de las empresas, la actividad, la zona geográfica y otras variables. “La única condición, es que el acuerdo sea beneficioso para ambas partes”, apuntó.

“Lo que ustedes decidan a nivel convencional, no va a ser obligatorio para las empresas. Si ese sistema que arman no es bueno para la empresa o el trabajador, las partes podrán decidir no participar”, agregó.

La “desregulación” del Banco Central

En otro panel de la convención del IAEF, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, se refirió a la independencia de la máxima autoridad monetaria y comparó el caso local con el de otras economías del mundo.

“Los países que fueron a un Banco Central independiente, tuvieron la experiencia de que en demasiadas situaciones el Estado abusó de la sociedad, mediante una moneda que perdió valor, porque el BCRA financió al Tesoro. Para protegerse, fueron haciendo a los bancos centrales independientes. En Perú, por ejemplo, fue tan dramática la situación de la hiper, que la sociedad no aceptó más esa situación”, indicó.

“Nosotros heredamos una situación donde este vínculo entre el Gobierno, el Tesoro y el BCRA es insestuosa. Hay una interdependencia muy grande”, explicó.

Para justificar su postura, Bausili recordó que en los últimos 20 años la Argentina emitió poco más de 60 puntos del PBI sin respaldo de financiamiento del Banco Central al Tesoro. “Este es el primer gobierno que revierte esa tendencia y donde el Tesoro empieza a capitalizar al Banco Central”,, insistió.

“Hay que llegar a una posición en la que podamos tener una relación independiente entre el Tesoro y el Banco Central”, insistió.

También participó del panel Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva del Perú desde octubre de 2006, quien compartió la experiencia de la autoridad financiera en su país, luego de atravesar una situación monetaria y financiera parecida a la de la Argentina. “En nuestro caso, el surgimiento de la hiperinflación era tan grande, que hubo un consenso general de parte de la sociedad para que el Banco Central fuera independiente”, señaló.

En ese marco, Velarde consideró esencial el hecho de que el Gobierno se comprometió a no pedirle nunca más plata al Banco Central. “Eso fue clave”, aseguró.

Claro que no todos los casos son iguales. De hecho, Bausili opinó que la Argentina se diferencia del resto por el simple hecho de que en nuestro país “la crisis terminal no explotó”. Desde su punto de vista, la mayoría de los programas de estabilización de otros países fueron creados luego de situaciones extremadamente críticas. “Se dieron en situaciones de crisis terminal y había que empezar a reconstruir. Nosotros tuvimos la oportunidad de evitar esa crisis terminal”, argumentó.

“En Argentina tenemos el beneficio de demostrar el compromiso fiscal todavía en un contexto contenido. Cuando liberemos las restricciones, no habrá tantas dudas en ese contexto fiscal”, agregó Bausili.

La relación con el FMI

Bausili habló también sobre la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que “al final del camino el Fondo terminará siendo socio de la Argentina”, luego de ser consultado por si el organismo internacional aportará fondos para asistir en el programa de estabilización o si será solamente un “asesor externo”.

“Un socio que no pone dinero, es un auditor más que un socio. El Fondo tiene por su naturaleza un rol que es estar siempre pensando en qué no va a funcionar y tiene que hacerse distinto de acuerdo a un manual. No es lo mismo estar en el asiento de quien toma las decisiones, que estar en el asiento de quien observa esas decisiones. Creo que al final del camino el Fondo va a ser nuestro socio, porque nuestros programas, aunque son creativos, terminan siendo ortodoxos, porque todo esto está anclado en la performance fiscal”.

El Gobierno ya tiene listo el decreto que habilitará a los consumidores a pagar la propina con medios electrónicos, si así lo quisiera. Como sucede en la mayoría de los países del mundo, la norma permitirá que esa gratificación por la atención se sume al monto total de la cuenta y que luego sea repartido, por el dueño del comercio, entre los beneficiarios de ese dinero. La norma está a la firma del presidente Javier Milei y, una vez publicada en el Boletín Oficial, los distintos sectores afectados tendrán 90 días para adecuar sus sistemas y poner implementarla, confiaron a Infobae fuentes oficiales.

Será publicado, además, un decreto complementario para exceptuar a estos movimientos del pago del impuesto a los créditos y débitos bancarios (cheque), de forma tal de que no implique ningún costo extra para el empleador y el trabajador y que, en paralelo, sea beneficioso para los consumidores.

Que el proyecto estaba en pleno análisis había sido adelantado, a mediados de julio, por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de la red social X. “”En unos días vamos a dar a conocer un proyecto que permitirá el pago de propinas utilizando medios electrónicos: una práctica común en el mundo pero que los argentinos no podían elegir”, había publicado el funcionario. Además, en otro posteo, había anticipado que, de todos modos, el pago del adicional continuaría siendo optativo. “La propina seguirá siendo voluntaria, de ninguna manera será obligatoria. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket. Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector”, apuntó el ministro.

El decreto, al que accedió este medio, establece lo siguiente:

Artículo 1°: Modifíquese el artículo 113 de la Ley N° 20.744 (de Contratos de Trabajo), que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 113. Propinas. Cuando el trabajador, con motivo del trabajo que preste, tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias, en concepto de propinas o recompensas, no serán considerados como parte de la remuneración”.

Artículo 2°: Los comercios y establecimientos de los sectores gastronómicos, hoteleros y afines, expendedores de combustibles, entregas a domicilio y demás rubros en cuyas relaciones de consumo sea costumbre recibir propinas, deberán tener disponible la opción de su recepción para los trabajadores a través de medios electrónicos. El ofrecimiento deberá garantizar la libertad del consumidor respecto de la modalidad de entrega y la cuantía que voluntariamente éste defina.

A partir de que entre en funcionamiento la norma, el consumidor podrá elegir, si desea dejar propina, cuánto quiere, y de qué forma abonarla. Podrá incluirlo en el monto total del ticket, aclarándole al mozo, por ejemplo, qué porcentaje o valor absoluto quiere dejar. Según explicaron en el Gobierno, “luego habrá un régimen de una cuenta recaudadora del empleador a donde irá ese dinero, que el empleador tendrá que repartirla entre sus trabajadores. Aunque también el dinero podría ir directamente a una cuenta del empleado”.

“La distribución de la propina puede ser a través de una cuenta recaudadora o a una cuenta del propio mozo, en el caso de un restaurante o bar. Esto tiene que ser en blanco. El ticket de la cuenta le permite identificar cuánto le corresponde a cada mozo. Lo trabajamos con la gente de Uthgra (Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y gastronómicos) y es perfectamente viable”, agregó la fuente.

En el decreto principal, queda expresado también que la Secretaría de Industria y Comercio podrá eximir a ciertas actividades comerciales, por las características propias de cada una de ellas, de la obligatoriedad de ofrecer a los consumidores la mencionada modalidad de pago, pudiendo también incluir nuevos rubros. ¿Qué sucede? “Tal vez en algún momento en alguna actividad deja de ser habitual esta práctica de la propina, por lo que el Gobierno se reserva el derecho de sacarlo del listo; o incluir a alguno que hoy no figure”, dijo una fuente oficial.

El Gobierno Nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial el Decreto 710/2024 donde se oficializó la designación de Federico Sturzenegger como Consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el “Consejo de Mayo”.

El pasado 17 de julio, el Ejecutivo publicó el Decreto N° 617/24 donde “se creó el “Consejo de Mayo” como un órgano colegiado consultivo de debate y elaboración de proyectos de leyes y demás actos administrativos necesarios para la implementación de los lineamientos acordados en el “Pacto de Mayo”, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.

Además, en su considerando se remarcó que el “Consejo de Mayo” estará integrado por un presidente que será el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros y seis consejeros.

En ese marco, este viernes se designó “con carácter “ad honorem”, como Consejero representante del PODER EJECUTIVO NACIONAL en el “Consejo de Mayo” al señor Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, doctor Federico Adolfo STURZENEGGER”.

El Consejo de Mayo, tendrá como objetivo promover la implementación y cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Pacto de Mayo que se firmó con los gobernadores en Tucumán, el pasado 9 de Julio en la celebración del Día de la Independencia.

Según lo estipulado, el “Consejo de Mayo” tendrá funciones, tales como: asesorar al Ejecutivo nacional en la articulación e implementación de políticas y medidas para cumplir con los lineamientos del ‘Pacto de Mayo’; elaborar los proyectos normativos necesarios para implementar lo estipulado en el acuerdo firmado; realizar estudios, desarrollar planes y formular propuestas relacionadas con la implementación y cumplimiento del pacto; y elaborar y mantener actualizada una agenda de trabajo dentro de su competencia para la implementación de los puntos del convenio.

Para cumplir con estas funciones, el Consejo tendrá la facultad de solicitar los informes y la asistencia que considere necesaria a las distintas jurisdicciones y organismos del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo podrá promover estudios, debates públicos u otros mecanismos de participación y consulta para conocer la opinión de la población sobre respectivos temas; así como también puede convocar a los sectores que se encuentren comprendidos en las cuestiones que sean sometidas a consideración.

A partir de la creación del “Consejo de Mayo” surgido el pasado 17 de julio, el cuerpo multisectorial tiene 30 días corridos desde esa fecha para comenzar a trabajar en los textos que luego se presentarán en el Congreso. Por esta razón, cada una de las áreas que integrarán la mesa de debate, la cual funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, tienen hasta el 16 de agosto próximo para definir quiénes serán sus respectivos delegados.

Además de Francos, que será el presidente del Consejo, este viernes se confirmó que Sturzenegger estará en representación del Poder Ejecutivo Nacional. A su vez, habrá otro representante por las provincias firmantes del “Pacto de Mayo” -incluida la ciudad de Buenos Aires-, uno del Senado, uno de la Cámara de Diputados, otro propuesto de las organizaciones sindicales y un último por las empresas.

Si bien aún faltan confirmaciones, días atrás distintas fuentes explicaron a Infobae que por el lado de los gobernadores aún no hay un acuerdo entre aquellos que integraban lo que era Juntos por el Cambio: Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

De todos ellos, varios son los que aspiran a ocupar la silla vacante por las provincias, por lo que continúan las negociaciones internas para ir con un solo candidato que, a su vez, deberá pelear el lugar con los mandatarios de otros espacios. De hecho, algunos de los gobernadores que también firmaron el Pacto y también tienen derecho de ocupar el lugar son Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los últimos días, marcados por las turbulencias en los mercados, los “ruidos” internos en el heterogéneo universo libertario, y los recurrentes conflictos externos, dejaron en evidencia que el gobierno de Milei se cierra sobre un relato oficial que ya se ha convertido, sin lugar a dudas, en un poderoso “mito de gobierno”.

Mito de gobierno que, según el Diccionario Enciclopédico de Comunicación Política de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE), es una potente herramienta simbólica de la comunicación gubernamental que permite crear consensos en torno a la construcción de una realidad que sustenta el objetivo político, operando así como una suerte de elemento unificador que da sentido a la dirección, la voluntad y las políticas de un gobierno, e insufla esperanza en los ciudadanos que lo sostienen.

Milei ha venido reforzando el carácter mesiánico de su liderazgo, convirtiéndose en el gran protagonista de una especie de “cruzada” contra la casta y la decadencia. Un esfuerzo titánico que requería de un profeta que guie al sacrificado pueblo en una travesía por el desierto yermo que dejaron los gobiernos anteriores rumbo a la prometida “tierra de la libertad”, y que demanda superar los múltiples obstáculos, conspiraciones y resistencias de quienes no se resignan a perder sus privilegios. Un storytelling que bien podría asociarse al mito bíblico de “David contra Goliat”, y que a la luz del éxito que le ha granjeado al presidente en estos siete meses, el gobierno parece decidido a profundizar, tanto en el plano político como en el económico.

Es en esta clave en la que deberían leerse algunos anuncios e interpretarse algunas acciones recientes. En el plano económico, fue evidente la funcionalidad de esta narrativa para justificar una política intervencionista en el mercado cambiario (dólares financieros), a priori muy alejada de los principios del “libre mercado”, pero que fue explicada apelando a la lógica conspirativa de actores del mercado coludidos con sectores políticos para generar una corrida y sabotear al gobierno. La misma lógica aplica para criticar a quienes “apuran” al gobierno con la salida del cepo, a quienes desde el oficialismo acusan de querer “forzar una devaluación”.

En el campo político, la evidencia más palmaria de la voluntad de profundizar la narrativa anticasta o, en una versión más amplia, la “batalla cultural”, es la asunción de Sturzenegger, a cargo de una agenda que incluiría iniciativas que van desde la “ley hojarasca” (la derogación de un conjunto de leyes presuntamente obsoletas), la “ley anticasta” que anunció Milei en marzo (cuyo contenido aún no se difundió), la desregulación del sector aerocomercial, la eliminación de decenas de organismos públicos, la reconversión de los planes sociales, cambios en el empleo público, entre otros temas alineados con la narrativa “anticasta”.

La idea detrás del demorado desembarco de Sturzenegger es retomar el control de la agenda a través de una hiperactividad en materia de anuncios y reformas alineadas con la narrativa oficial, que alimenten casi a diario las emociones de indignación y hastío de las amplias capas de la sociedad que sostienen al gobierno, desviando -en la medida de lo posible- la atención de los efectos de la crisis y la recesión.

En la Casa Rosada se entusiasman con el resultado de algunas encuestas de opinión que, según las terminales más cercanas a Milei que operan en Balcarce 50, la imagen presidencial habría repuntado, luego de haber caído unos puntos hacia finales de mayo, lo que demostraría -según este análisis- que las turbulencias económicas de las últimas semanas no han erosionado los consensos en torno a su gobierno.

Lo cierto es que se trata de una estrategia que aunque ha venido revelándose como altamente funcional a los objetivos del gobierno, no deja de estar exenta de importantes riesgos. En el plano político, la proactividad en la agenda de reformas “anti-casta” podría profundizar la brecha entre anuncios y realizaciones concretas, algo que ya quedó en evidencia durante el tortuoso tratamiento de la Ley de Bases, a la vez que evidenciar los manifiestos déficit de gestión, e incluso complicar algunos debates parlamentarios en los que el oficialismo ha cifrado altas expectativas, como la reforma electoral o la renovación de la Corte Suprema.

Y ello también impactaría en el complejo escenario económico, que muestra a un gobierno que, confiando en lo que supuestamente valoran sus votantes, se aferra a cómo dé lugar a la religión de la “inflación cero”, aún a costa de sacrificar en ese altar la concreción inmediata de otros objetivos como la salida del cepo, que podría acelerar una reactivación económica.

Así las cosas, el gobierno avanza aferrado a esta narrativa con un fervor casi religioso, un dogma de fe que no admite objeción ni crítica alguna, una temeraria actitud azuzada por una confianza casi ciega en el apoyo de un importante sector de la opinión pública, y que ignora los grandes interrogantes de los mercados respecto a la sustentabilidad de un plan que prolonga las restricciones cambiarias, que erosiona las reservas para sustentar su política de emisión e inflación cero, y que demora en consecuencia la reactivación económica que comience a dejar atrás la profunda recesión.

El primer semestre del año deja al Gobierno con una sensación agridulce desde el punto de vista parlamentario. Aunque logró aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal, se trató de un triunfo político que les llevó seis meses y tuvieron que dejar más de la mitad de su contenido inicial en el camino para chances de éxito. Para el segundo semestre del primer año de gestión de Javier Milei, los bloques de La Libertad Avanza buscan organizarse mejor y ya plantearon una hoja de ruta respecto de cuáles son los temas a plantear tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Hay varios ejes en esa organización. Por un lado, los proyectos que llegan del Ejecutivo, por el otro, los que ya están en tratamiento y que fueron impulsados por la oposición y, en tercer lugar, los que apuntan al período electoral del 2025 en donde La Libertad Avanza busca incrementar su poder en el Parlamento.

En LLA saben que el plazo para avanzar es mucho más acotado que con la Ley Bases. El 15 de septiembre es la fecha establecida para que ingrese al Congreso el Presupuesto 2025 y es una norma que por su complejidad paraliza el resto de las discusiones.

En lo que se refiere a los proyectos que están en la lista para debatir en primer término están los temas que ya tienen tratamiento legislativo y en donde la oposición tiene posicionamiento explícito. Acá se destacan ley sobre movilidad jubilatoria y el ajuste del 8,5% que tiene cuenta con media sanción de Diputados, el Financiamiento Universitario y la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Luego llegarán las iniciativas“Sturzenegger”, es decir, el proyecto de “Ley Hojarasca” que tiene como objetivo derogar un centenar de leyes y regulaciones, que llegaría acompañado por otro proyecto de ley de autoría del flamante ministro denominado “anticasta”.

En lo que se refiere al paquete de Seguridad, está el proyecto de Ley Antimafias, que tiene como objetivo que “aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.

Otro de los proyectos que está en la agenda del oficialismo es el de ley resguardo del orden público, que sustituye artículos (34, 237 y 238) del CÓDIGO PENAL en atención al resguardo del orden público. Desde la oposición señalan que esto, básicamente, apunta a una criminalización de la protesta social.

Un tercer proyecto tendiente a modificar previsiones del Código Penal, del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) y del Código Procesal Penal establecido por Ley N° 23.984, en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

También buscan trabajar en protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en aquellos ámbitos donde desarrollen sus actividades, tema que muestra avances en Diputados.

Por último, está el proyecto que la ministra Patricia Bullrich anunció hace más de una semana pero que al Congreso solo ingreso un anteproyecto y es el de la modificación de la Ley Penal Juvenil para bajar a 13 años la edad de imputabilidad.

Por último, está el paquete de leyes electorales en donde el Gobierno va a plantear una Reforma Electoral, la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y bajar la edad de votación (no obligatoria) de 16 a 13 años.

Asimismo, buscará avanzar en modificaciones a la ley de Financiamiento de Campañas para que sea menos restrictiva respecto de los aportes y la utilización de la Boleta Única.

En la oposición buscan llevar adelante una agenda propia en el Congreso y señalan que muchos de los proyectos del oficialismo “son humo para los medios”. Dicen que no hay estadísticas que justifiquen bajar la edad de imputabilidad a 13 años, como lo anunciaron hace 10 días y mandaron un anteproyecto. “Algo de tanta importancia no se va a poder discutir en menos de dos meses”, señala un diputado de Unión por la Patria.

Con el receso de invierno por delante, los legisladores sacan cuentas y quedan pocas semanas antes del 15 de septiembre, fecha en la que debería ingresar el Presupuesto y el debate se concentra en la ley que marcará el rumbo económico del gobierno libertario para el 2025.

El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, asumió ayer formalmente en su cargo tras jurar ante el presidente Javier Milei, quien dijo que con su designación se estaba dando “un gusto”. Tras el acto en la Casa Rosada, el economista explicó algunos ejes de su gestión y especificó uno de sus primeros proyectos: que quienes deseen ingresar a trabajar a la administración pública deban rendir un examen de ingreso anónimo, como punto de partida de una carrera administrativa profesional que evalúe la idoneidad y no los amiguismos o la pertenencia política.

“La agenda de transformación es acompañar la reforma del Estado usando las facultades de la Ley Bases. También desarrollar una carrera administrativa cuyo aspecto esencial será un examen de ingreso a la función pública como la que se usa en los países con servicio civil profesional”, explicó Sturzenegger en un posteo en su cuenta de la red social X.

“El examen de ingreso anónimo permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución de separar la política del empleo público”, agregó. Al respecto, cerca del funcionario consideraron exitosos los sistemas para la capacitación y el ingreso del personal utilizados en organismos como la Cancillería. Esos mecanismos podrían replicarse para otras áreas de la administración pública.

El funcionario consideró que la estabilidad del empleado público, contemplada en la Constitución, debe entenderse para “evitar que un gobierno cambie a los funcionarios para reemplazarlos por adictos. El Kirchnerismo usó este loable objetivo para lo contrario: llenando al Estado de militantes cada vez que termina un mandato”.

En su hilo, Sturzenegger destacó que desarrollará una “agenda de transformación” para poner en marcha una reforma del Estado “usando las facultades de la Ley Bases”, las que fueron otorgadas al Poder Ejecutivo. Esa agenda se compone de “decretos, reglamentos y resoluciones que solo le ponen el pie encima a la producción. Vamos a necesitar de mucha ayuda del sector privado para identificar estos costos ocultos y poder ayudar a eliminarlos”, explicó.

“Una agenda de desregulación no son créditos subsidiados o reducciones impositivas. Es eliminar burocracia innecesaria. La desregulación del mercado aerocomercial que se conocerá en estos días es un ejemplo de cambios simples q permitirán conectar más ciudades”, señaló Sturzenegger.

Explicó que el Presidente le indicó que el Ministerio a su cargo trabaje en dos temas centrales: la ya mencionada reforma del Estado y la profundización del “proceso de libertad económica”. En este sentido, señaló que “el mejor ejemplo de los beneficios de la libertad económica es la derogación de la ley de Alquileres que generó un aumento de la oferta de inmuebles y una caída de 40% en el valor real de los alquileres. Imaginemos esto replicado en otros sectores.”

Para la desregulación, se retomará la agenda legislativa. Recordó que según dijo el propio Javier Milei, “las iniciativas del DNU 70/23 y la Ley Bases son solo una pequeña parte de la agenda de liberalización que el gobierno tiene preparado”.

“Nuestra agenda legislativa se retomará con la ley hojarasca(s): leyes obsoletas que representan riesgos a la libertad económica, trabas, o son simplemente obsoletas (como las que regulan las carreras de palomas, obligan a trámites imposibles, o promueven la contaminación)”, señaló. También incluye “aspectos de la Ley Bases original” que quedaron en el camino durante la negociación parlamentaria. “Esperamos un rico debate parlamentario como corresponde a esta democracia vibrante que estamos viviendo”, dijo Sturzenegger.

El equipo del nuevo ministerio

Por otra parte, el nuevo ministro mencionó a cuatro funcionarios que integrarán su equipo. Uno es el abogado Marcelo Hernández, quien viene trabajando en el último año con Sturzenegger en la tarea de revisión de leyes antiguas que, se entiende, serán derogadas por la Ley Hojarasca. También será de la partida Alejandro Tamer, ingeniero industrial y cofundador del sitio de viajes Despegar.com.

El economista Maximiliano Fariña, especialista en comercio internacional y profesor de la Universidad de San Andrés, ocupará el cargo de secretario de Transformación del Estado. El vicerrector de esa casa de estudios y PhD en Economía de la Universidad de Oxford, Martín Rossi, acompañará a Sturzenegger con el cargo de secretario de Desregulación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sumó en su estructura ministerial tres nuevos cargos que tendrán el rol de asistirlo como “secretarios Coordinadores” de Producción, Energía y Minería e Infraestructura. En las dos primeras dependencias estarán al frente Juan Pazo y Daniel González, respectivamente, mientras que el funcionario restante aún no fue definido según comentaron a Infobae en el Palacio de Hacienda. Por otro lado, confirmaron las fuentes, José Luis Daza se sumará en los próximos días como secretario de Política Económica en reemplazo de Joaquín Cottani.

Si bien en términos de jerarquía los nuevos coordinadores no serán diferentes a un secretario de Estado, Caputo espera que estas nuevas fichas oficien como “viceministros” de esas áreas para aceitar el trabajo de la cartera económica que hasta ahora tiene unas 13 Secretarías tras la fusión con el ex Ministerio de Infraestructura después de la salida de Guillermo Ferraro.

Los cambios fueron oficializados a través del artículo quinto del Decreto 585/2024 que modificó la actual Ley de Ministerios y, entre otras cosas, creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que tendrá al frente a Federico Sturzenegger. El economista se sumó al Gabinete del presidente Javier Milei.

“El Ministro de Economía será asistido por un Secretario Coordinador de Producción, un Secretario Coordinador de Infraestructura y un Secretario Coordinador de Energía y Minería. A los fines funcionales tendrán rango y jerarquía de Secretarios de Estado”, consignó la norma.

Según explicaron fuentes oficiales, Juan Pazo dejará de ser secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía para pasar a ser un secretario coordinador de Producción.

Por otro lado, según trascendió ayer, en las próximas horas será designado el hasta ahora director ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF, Daniel González, como secretario coordinador de Energía y Minería.

González es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina. Ingresó a YPF en 2012 tras la nacionalización de la compañía y se desempeñó en distintas posiciones. Fue durante años el CFO de la firma y actuó luego como CEO interino. Antes de su paso por la petrolera, trabajó en el banco Merrill Lynch/Bank of America en Buenos Aires y Nueva York.

El nombre que falta es el encargado de Infraestructura, cuyo nombre no trascendió. “No está definido aún”, afirmaron en Economía. No está claro cuál será el rol de este funcionario en el marco del parate casi total de la obra pública que puso en marcha Caputo como parte de su hoja de ruta de ajuste para consolidar el equilibrio fiscal.

El 14 de junio pasado el secretario de Política Económica, Joaquín Cottani había presentado su renuncia y se transformó en la primera baja del equipo que encabeza Caputo en dejar el Gobierno de Javier Milei. La explicación oficial del ministerio de Economía fue que Cottani, allegado a Domingo Cavallo y miembro de su equipo en los ‘90, decidió dejar el cargo “por razones personales”. “Su familia se quedó en Nueva York y le cuesta mucho ir y volver todo el tiempo”, explicaron fuentes de Economía, que aclararon que permanecería en funciones hasta fin de mes, aunque al día de hoy todavía no había renunciado de manera formal.

El principal candidato para reemplazarlo era el economista José Luis Daza, un ejecutivo de larga trayectoria en Wall Street donde compartió sus tareas con Caputo en Deutsche Bank y JP Morgan. En este último destino fue jefe de Mercados Emergentes. Ante la consulta de Infobae, aseguraron desde el Ministerio de Economía que Daza preparaba su llegada, para lo que necesitaba antes ordenar cuestiones de orden personal, ya que él y su familia viven en Nueva York.