Desde el retorno al FMI en 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pasando por los programas Stand-By y de facilidades extendidas firmados por Mauricio Macri en 2018 y Alberto Fernández en 2022, cada entendimiento con el organismo fue presentado como un punto de inflexión.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, las promesas de estabilidad terminaron chocando con correcciones abruptas del tipo de cambio, inflación acelerada y tensiones fiscales sin resolver.

En 2025, un nuevo acuerdo vuelve a poner el tema en el centro de la escena. Pero esta vez, el contexto macroeconómico parece haber cambiado: tras un año de fuerte ajuste fiscal, contracción monetaria y recomposición de reservas, Argentina llega al nuevo entendimiento con el FMI con niveles de estabilidad cambiaria y financiera que contrastan con los antecedentes recientes. Los números ya no muestran un punto de partida en crisis, sino un experimento económico en marcha.

El acuerdo firmado en septiembre de 2003 durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un contexto de incipiente recuperación tras la crisis de 2001–2002. Se trató de un Stand-By por USD 12.550 millones, con exigencias fiscales ambiciosas que se cumplieron holgadamente.

A diferencia de otros acuerdos posteriores, el de 2003 no implicó una devaluación abrupta ni un salto cambiario: el dólar se mantuvo prácticamente estable, con una suba acumulada de apenas 1,3% entre agosto y diciembre

A diferencia de otros acuerdos posteriores, no implicó una devaluación abrupta ni un salto cambiario: el dólar se mantuvo prácticamente estable, con una suba acumulada de apenas 1,3% entre agosto y diciembre de 2003. Esta estabilidad se sostuvo gracias a superávit gemelos, tipo de cambio competitivo y una economía en crecimiento. Sin embargo, el acuerdo no resolvió las tensiones estructurales, y el país, años más tarde, volvió a caer en desequilibrios que lo llevaron nuevamente al FMI.

En junio de 2018, Argentina volvió al FMI con un acuerdo Stand-By por USD 50.000 millones, el mayor préstamo otorgado hasta entonces por el organismo, del cual se tomaron USD 44.000 millones. El objetivo era restaurar la confianza, reducir el déficit y estabilizar la economía, pero el efecto fue el opuesto. En mayo, antes del acuerdo, el dólar cotizaba a $23,73; un mes después ya valía $26,62, un 12,2% más, y para diciembre trepaba a $37,83, lo que implicó una devaluación del 42,1% en apenas seis meses.

El shock cambiario desató una espiral de inflación, pérdida de poder adquisitivo y crisis política. A pesar del volumen del préstamo, no se logró frenar la corrida ni estabilizar expectativas. El acuerdo se renegoció a los pocos meses y terminó siendo un parche más, con fuertes costos económicos y políticos.

En marzo de 2022, se firmó un acuerdo de facilidades extendidas -el primero desde 2001- para refinanciar los vencimientos del préstamo anterior. A diferencia del esquema anterior, este nuevo acuerdo ofrecía plazos más largos para el repago -entre cuatro años y medio y diez años-, pero exigía compromisos más estructurales: consolidación fiscal creíble, reducción sostenida del financiamiento monetario del déficit, eliminación de subsidios energéticos y acumulación de reservas como ejes centrales.

En marzo de 2022, se firmó un acuerdo de facilidades extendidas -el primero desde 2001- para refinanciar los vencimientos del préstamo anterior

En diciembre de 2021, antes del acuerdo, el dólar oficial promediaba $101,93; en abril de 2022 ya valía $113,34, una suba del 9% en apenas cuatro meses. Si bien la devaluación fue más gradual que en 2018, no alcanzó para anclar expectativas ni evitar la presión inflacionaria. El tipo de cambio oficial siguió corriendo por detrás de la inflación y del mercado, lo que alimentó tensiones financieras, brechas crecientes y expectativas de un salto discreto.

A diferencia de acuerdos previos, el programa de facilidades extendidas firmado por el gobierno de Javier Milei con el FMI llega en un contexto único para la economía argentina: superávit fiscal financiero, inflación en descenso y drástico freno a la emisión monetaria.

El préstamo de USD 20.000 millones a diez años, con cuatro años y medio de gracia y una tasa de interés del 5,63% anual, anunciado por el ministro Luis Caputo y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, tiene como objetivo fortalecer las reservas del Banco Central y respaldar la emisión monetaria en dólares, dando certidumbre a la estabilidad económica del país, con un nuevo régimen de bandas cambiarias móviles acordado con el FMI, que sustituyó el sistema de crawling peg.

Este régimen permite una flotación dentro de un rango de entre $1.000 y $1.400, actualizado mensualmente. Así, el nuevo acuerdo se enmarca en un proceso de normalización cambiaria, con la eliminación del cepo para personas humanas y una gradual flexibilización de restricciones para empresas e importadores.

A diferencia de acuerdos anteriores, marcados por devaluaciones abruptas y tensiones macroeconómicas, el de 2025 se inscribe en un contexto de estabilidad, donde la estabilidad cambiaria no es un objetivo para alcanzar, sino un punto de partida. Este acuerdo no está diseñado para evitar una crisis, sino para consolidar un régimen económico que, por primera vez en años, presenta signos claros de estabilidad.

El nuevo acuerdo no está diseñado para evitar una crisis, sino para consolidar un régimen económico que, por primera vez en años, presenta signos claros de estabilidad

Uno de los patrones más repetidos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es el siguiente: se firma el acuerdo, se corrige el tipo de cambio y, acto seguido, la inflación se acelera.

El acuerdo Stand-By firmado por Mauricio Macri en 2018 es un ejemplo claro. En los tres meses previos al entendimiento, la inflación mensual promediaba 2,37%. Tres meses después, subía al 3,57%. Ese año cerró con inflación del 47,6%, y en 2019 trepó a 53 por ciento.

La secuencia se repitió en 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández refinanció el préstamo original. En la previa al acuerdo, la inflación mensual venía en torno al 3,27%, pero en los tres meses siguientes saltó a un promedio del 5,09%. El mandato completo terminó con una inflación acumulada de 1.020%, reflejo de una dinámica que el acuerdo no logró frenar.

Por primera vez en mucho tiempo, un acuerdo con el FMI no se celebra en medio del fuego, sino después de haberlo apagado. Y eso, en el historial argentino, ya es una anomalía. Ahora no busca apagar una crisis, sino consolidar un esquema con credibilidad, con la capitalización del Banco Central de la República Argentina.

Dominancia fiscal

Si hay un terreno donde todos los acuerdos con el FMI suelen hacer foco, es el fiscal. En la historia reciente, cada entendimiento incluyó metas de reducción del déficit primario y compromisos de orden en las cuentas públicas. Pero en la práctica, esos objetivos casi nunca se cumplieron del todo.

En 2018, el acuerdo con Mauricio Macri se firmó con un déficit primario equivalente al 2,3% del PBI y un rojo financiero del 4,9 por ciento.

Cuatro años más tarde, el programa de refinanciamiento que firmó Alberto Fernández no mejoró mucho ese panorama: el déficit primario cerró en 2022 en 2% del PBI y el financiero en 3,8% del PBI.

El acuerdo de 2025, en cambio, se diferencia de entrada: no se firma para ordenar las cuentas, sino como respaldo a un esquema que ya muestra superávit. En el primer trimestre del año, el gobierno de Javier Milei registró un superávit primario equivalente al 3% del PBI anualizado y un superávit financiero del 0,9% del PBI. Además, se asumió el auto compromiso de elevar la meta de excedente de las finanzas públicas de 1,3% previsto originalmente a 1,6% del PBI.

El autor es Analista Económico y director de Focus Market

Una auditoría hecha por una oficina independiente dentro de la estructura del Fondo Monetario Internacional concluyó que el mega préstamo que hizo la institución al gobierno de Cambiemos en 2018 no estuvo influido por “presiones externas” para que no se respeten los límites y criterios de acceso excepcional a financiamiento, pero aseguró que hubo problemas de “diseño e implementación” de ese crédito, el más grande de la historia del organismo, por USD 45.000 millones.

Se trata de un trabajo realizado por la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), un área que trabaja con autonomía del directorio y del staff técnico y que elabora exámenes sobre el funcionamiento de la institución con recomendaciones para mejorar los mecanismos de asistencia a los países, y además evalúa si los programas fueron correctamente implementados y por qué fallaron. Uno de los informes más relevantes de su corta historia es uno que exploró el rol del FMI durante la década del 90 y la crisis de 2001 en la Argentina.

En este caso, uno de los informes sobre los que trabajó en los últimos casi cuatro años –Infobae había anticipado a comienzos de 2021 que por primera vez el préstamo a Mauricio Macri estaba en la mira de la OEI– fue una evaluación sobre el uso de los criterios establecidos para el acceso a fondos excepcional, que se da en casos en que un país pide fondos por más del 200% de su cuota correspondiente (Argentina pidió más de 1.200% de su cuota).

Hubo tres casos testigo que fueron estudiados: Argentina en 2018, y Ecuador y Egipto en 2020. Tres evaluadores de esa oficina hicieron entrevistas con funcionarios y ex funcionarios del gobierno argentino y analistas independientes. Una de las conclusiones generales fue que las proyecciones económicas de los programas con acceso excepcional “tienen un sesgo optimista” y que esos programas “no han logrado resolver plenamente los problemas de balanza de pagos de los miembros, abordar las vulnerabilidades de la deuda y catalizar las entradas de capital privado”.

En un apartado breve sobre el caso argentino de manera específica, el trabajo de la oficina independiente marcó que el acuerdo Stand By firmado en junio de 2018 “se llevó a cabo en un contexto complejo y hubo opiniones divididas sobre el diagnóstico de los problemas, las políticas para abordarlos y el cumplimiento de los cuatro criterios de acceso a los mercados”.

Esos cuatro criterios son: que el país solicitante experimente o pueda experimentar una crisis de balanza de pagos; que la deuda pública del país sea considerada “sostenible” en el mediano plazo; que la economía en cuestión tenga perspectivas de retorno a los mercados de capitales para hacer frente al repago del préstamo y, en cuarto lugar, que el programa tenga posibilidades ciertas de éxito, por la implementación ejecutiva, pero también por la existencia de un contexto político que lo sustente.

Por un lado, la auditoría asegura que el programa acordado con Macri “fue una herramienta útil para el pensamiento sistemático y crítico, que contribuyó a la elaboración de documentos de programa exhaustivos que exponían claramente los riesgos conocidos” pero que “también revela problemas de diseño e implementación”.

En ese sentido, plantearon que “una evaluación positiva del cumplimiento de los criterios puede generar una falsa sensación de seguridad” y que el mecanismo, en general, deja mucho margen para la discrecionalidad. En el pasaje más relevante de las conclusiones, la oficina aseguró no haber encontrado “evidencia que sustente la afirmación de que el staff y la administración se ‘adaptaron’ a las presiones externas y recomendaron un acuerdo que no cumplía los criterios o carecía de una probabilidad razonable de éxito”, apuntó.

Sobre la eficacia de los criterios de acceso excepcional, la OEI advirtió al directorio del FMI que en cuanto a los criterios en sí, el método para medir si la deuda de un país es sostenible “puede ser confuso, excesivamente sensible a los supuestos y demasiado dependiente” de la discrecionalidad de los técnicos, “lo que puede terminar dañando la credibilidad y la reputación del Fondo”.

También aseveraron que el Fondo “carece de un marco analítico sólido para evaluar las perspectivas de acceso al mercado” y que “la utilidad y aplicabilidad del EAC4 (el criterio de medir las posibilidades de éxito) es cuestionable, especialmente cuando la polarización política es alta o cuando las elecciones caen durante la vigencia del acuerdo”.

La tarea de auditoría de los programas firmados por la Argentina no terminará con ese examen independiente, sino que el propio staff tiene responsabilidad para llevar adelante una autoevaluación sobre la marcha del programa Extended Fund Facility (EFF), que fue firmado en marzo de 2022 y que llega su fin en las próximas semanas.

Según pudo saber Infobae por fuentes con conocimiento de la dinámica interna del Fondo, el equipo técnico terminaría en las próximas semanas ese trabajo –que se llama Evaluación Ex Post y que corresponde realizar sobre cualquier programa con fondeo por montos superiores a la cuota de cada país– y podría ser presentado ante el directorio para su discusión. Consultados para esta nota, desde el FMI no realizaron comentarios al respecto.

La concreción de una autoevaluación de este tipo es una precondición para la firma de un acuerdo nuevo. El Ex Post del préstamo a Macri fue aprobado por el board del organismo en diciembre de 2020. Las demoras en la negociación durante el mandato del Frente de Todos hicieron que el nuevo programa se firmara más de dos años después. Hace algunas semanas, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno de Javier Milei había decidido avanzar hacia una negociación formal para un acuerdo que incluya financiamiento adicional.