El langostino llegó a aportar hasta USD 1.300 millones anuales en la segunda mitad de la década pasada, pero la baja de los precios internacionales y un largo conflicto entre las empresas y algunos sindicatos del sector redujeron ese valor a USD 867 millones en 2025. La temporada langostinera 2026 ya empezó, pero por falta de acuerdo laboral solo salieron a pescar 11 barcos y siguen amarrados más de un centenar.

Sin embargo, la dinámica cambió. Durante la pasada semana tres cámaras de la industria pesquera denunciaron “la insólita actitud de un gremio que paraliza la industria pesquera” y parecía cernirse sobre el sector de pesca de langostino la sombra del conflicto que en 2025 devastó la captura de la especie que más dólares -vía exportaciones- aporta a la Argentina, con picos cercanos a los USD 1.400 millones, en la segunda mitad de la década pasada.

“Luego de un 2025 en el que la pesca sufrió la parálisis de actividad más dramática de su historia, parece repetirse la situación para este año. La temporada de langostino inició el 15 de abril y hoy hay una flota de más de 100 barcos paralizada, repitiéndose el escenario de 2025, con posibles pérdidas económicas para trabajadores, comercios, empresas y municipios”, señalaron la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), del langostinero, que luego del conflicto de 2025 habían quedado en revisar con los gremios (principalmente el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, que aún lidera el moyanista Raúl Durdos) y el Sindicato Marítimo de Pescadores, Simape, que agrupa a la marinería marplatense) “condiciones económicas que pudieran dar viabilidad y sustentabilidad a este sector”.

Durante el verano hubo varios encuentros y a fin de febrero las cámaras presentaron en la Secretaría de Trabajo una propuesta, consistente en tres “tablas” de premios “por producción”, según el precio del langostino estuviera por debajo de USD 6.000 la tonelada, oscilara entre USD 6.000 y 7.500, o lo hiciera entre USD 7.500 y 12.000 la tonelada. Pero en una reunión presencial SOMU y Simape desconocieron la existencia de esa propuesta, amagando con reiterar el largo conflicto y las pérdidas de 2025. Con los otros sindicatos del sector, el de Capitanes y el de Conductores de Pesca, las relaciones son más amistosas.

Otro escenario

Este año, sin embargo, el escenario cambió. Los precios internacionales mejoraron levemente respecto de los de un año atrás, las pesqueras tienen ahora legalmente habilitada la posibilidad de hacer acuerdos a nivel de empresas, como de hecho lo hizo Conarpesa, del empresario Fernando Álvarez Castellano, que ya largó 11 barcos a pescar.

Por otra parte, los marineros perdieron muchos ingresos el año pasado y no quieren repetir la experiencia. En las elecciones sindicales hubo un movimiento tectónico al perder SOMU la seccional Puerto Madryn, la más importante junto a Mar del Plata. Los resultados fueron contestados y la resolución depende de la Justicia. Los mandatos en SOMU se prorrogaron hasta el 9 de mayo y la actual dirigencia, encabezada por Durdos, pierde día a día predicamento en las bases. El ganador de la elección en Madryn, Alexis López, quiere alcanzar un acuerdo para salir a trabajar. “El año pasado fue terrible, la gente está cansada, quieren que les digan la verdad”, declaró a Revista Puerto, una publicación especializada.

Los marineros pudieron trabajar (en pesca del langostino, la más remunerativa) a lo sumo 3 de los últimos 20 meses. Ese hartazgo, con eco en los bolsillos, se reflejó en que cuando Conarpesa abrió un registro para iniciar la campaña se anotaron más de 2.000 marineros, incluido el 100% de su propio personal. De todos modos, aunque hizo acuerdo por empresa, Álvarez Castellano, el dueño de Conarpesa, dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él. Para los marineros en tierra que ven colegas trabajando, el dolor del bolsillo se profundiza. Trabajando, un marinero estaría promediando hoy unos $5,8 millones mensuales estimó Agustín de la Fuente, gerente de Capip.

Conarpesa sacó sus barcos a pescar mediante un acuerdo propio con el personal, pero dijo que si las Cámaras llegan a uno sectorial, su empresa se ajustará a él

Según trascendidos sindicales del fin de semana, el acuerdo estaría a punto de llegar: sería por “la tabla del medio” (premios en función de un precio del langostino entre USD 6.000 y 7.500 la tonelada) y tomando el 90% (el porcentaje más alto) de la cotización del dólar de referencia. La reunión tendría lugar este lunes en la Secretaría de Trabajo y el eventual acuerdo podría homologarse el miércoles, a tres días de que venza el actual mandato sindical.

Incógnita

Una incógnita a develarse es si los gremios aspiran a que esa tabla rija de modo permanente. Las cámaras creen que debería valer para esta temporada, en que el precio del langostino oscila en torno de USD 7.000 la tonelada, pero que las “tres tablas” sean el marco permanente y se aplique en cada temporada la que corresponda en función de cuáles sean los precios del mercado internacional y la información oficial que publique la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura.

El año pasado la campaña empezó muy tarde y cerró temprano, con pérdidas para todos. A nivel país, se estima que se perdieron entre USD 200 y 300 millones de exportación.

Así y todo, según datos oficiales, el sector generó en 2025 divisas por USD 2.010 millones (4,3% más que en 2024), con un volumen de 550.000 toneladas, datos solo inferiores a 2018, cuando se exportó por USD 2.149 millones.

El año pasado el crecimiento se debió a la captura y exportación de calamar (+32,5% en valor y +47,4% en volumen) pero, con baja y todo, el langostino siguió siendo la especie que más dólares aportó, los ya mencionados USD 867 millones. El aumento de las colocaciones de calamar y la caída de las de langostino hicieron que el principal mercado de destino pasara a ser China (USD 486 millones), desplazando a España (USD 373 millones) al segundo lugar.

En el primer trimestre de este año, nuevamente fue el calamar el gran propulsor y las exportaciones pesqueras totalizaron USD 668 millones. Si esta semana hay acuerdo en el sector langostinero, ese valor muy probablemente sea superado en el segundo trimestre.

En lo que las cámaras de empresas de pesca de langostino describen como “la crisis más grave en la historia de la pesca argentina”, unos 5.000 marineros permanecen sin trabajar y las pérdidas de exportación para el país superan ya los USD 200 millones.

El conflicto enfrenta, de un lado a las empresas que operan barcos “congeladores” (aquellos que además de pescar, procesan y embalan langostino en “buques-factoría”), y del otro a los sindicatos de capitanes de pesca, conductores navales y marinería. Este último sector es el que aporta más tripulantes a los buques pesqueros, unos 24 sobre una tripulación estándar de 30 personas.

El viernes, las cámaras empresarias anunciaron un acuerdo con la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, que agrupa a los tripulantes de mayor remuneración y menos número en una embarcación, sugiriendo que “podría iniciarse la solución” del conflicto con maquinistas y marineros.

Adecuación

El objetivo, afirmaron, es “llegar a un acuerdo para iniciar un proceso de adecuación del Convenio Colectivo de Trabajo que rige la actividad de los capitanes de la flota congeladora”. Están en juego los premios “por producción”, la parte del león (o tiburón, tratándose de un entorno marino) de los ingresos de los trabajadores pesqueros, vinculados desde 2005 a un precio de referencia de USD 12 el kilo de langostino.

Están en juego los premios “por producción”, la parte más significativa de los ingresos de los trabajadores pesqueros, vinculados desde 2005 a un precio de referencia de USD 12 el kilo de langostino

Las empresas quieren adecuar ese valor a los precios actuales, cercanos a USD 5,5 el kilo. Hasta ahora no lo consiguieron y 113 buques “congeladores” siguen amarrados en puertos, desde Mar del Plata hacia el sur. Unos 5.000 trabajadores no perciben “premio” de producción y Argentina, calculan, ya perdió exportaciones de unos USD 200 millones de langostino, la especie más importante por monto en las ventas externas del sector pesquero.

En 2017 la exportación de la especie en diferentes formas y tamaños había llegado a superar los USD 1.000 millones anuales. La caída de precios en el mercado internacional redujo el potencial a un todavía no desdeñable USD 600 millones anuales, del que ya se perdió un tercio. La pesca es el octavo complejo exportador argentino y el primero si se consideran las “economías regionales” del país.

Acuerdo bilateral

El entendimiento con los Capitanes de Pesca “fue fruto de un trabajo bilateral riguroso, basado en el análisis detallado de los costos de producción y el escenario económico que enfrenta la actividad del langostino congelado a bordo”, explicó Agustín De La Fuente, presidente de la Cámara Argentino-Patagónica de la Industria Pesquera (Capip), una de las tres cámaras empresarias en torno del conflicto.

“Ahora confiamos en que la marinería adopte una postura similar, donde prime la razonabilidad y el diálogo para encontrar una solución completa a este conflicto que afecta a más de 5.000 familias”, agregó Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). Del lado empresarial también está CEPA (Cámara de Empresas Pesqueras Argentinas).

La enumeración refleja la atomización del sector pesquero, que abarca también a la marinería, representada por el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, cuyo secretario general, Raúl Durdos, mantiene vínculos con la familia Moyano), y el Simape (Sindicato Marítimo de Pescadores, que agrupa a los marineros de Mar del Plata).

Las cámaras empresarias mejoraron algo su postura negociadora cuando, a través del sitio “www.salgamosapescarya”, algunos marineros criticaron la postura inflexible del SOMU, que les impide cobrar la mayor parte de sus ingresos.

Todos pierden

Según las cámaras empresarias, el conflicto representa hasta ahora USD 200 millones de pérdida de exportaciones, 113 buques congeladores detenidos, daño económico a localidades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia y deterioro del ingreso de marineros y sus familias y de la cadena logística, productiva y comercial asociada.

El actual convenio colectivo, afirman, “resulta inviable” frente a un contexto internacional de fuerte caída de precios. El rechazo de SOMU y Simape a actualizarlo, agregan, “desprotege a quienes más dependen de esta actividad”. Según sus estimaciones, un marinero podría estar percibiendo ingresos por $10 millones brutos mensuales, “en base a parámetros realistas de productividad”. pero al no haber actividad está percibiendo solo el básico, de poco más $500.000, que cobra todos los meses del año, haya o no actividad pesquera.

Según una propuesta que las Cámaras presentaron semanas atrás en la Secretaría de Trabajo de la Nación, el impacto de la readecuación al Convenio “recaería sobre salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales”. Se trata de trabajadores, dice el documento, ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos de la Argentina", producto –enfatiza- “de un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo anual”.

Un marinero podría estar percibiendo ingresos por $10 millones brutos mensuales, “en base a parámetros realistas de productividad”. pero al no haber actividad está percibiendo solo el básico, de poco más $500.000, que cobra todos los meses

El rol de la Aduana

El acuerdo con los Capitanes incluiría tomar para los premios de producción el precio de exportación del langostino que informa la Aduana, a condición de que lo haga de modo “dinámico” y refleje fielmente las condiciones de mercado.

El amago de optimismo de las cámaras empresarias sobre una posible resolución del conflicto choca con la postura del SOMU, que en la semana organizó una marcha sobre Plaza de Mayo con la consigna “No a la Baja” y el rechazo a cualquier “adecuación” del Convenio de 2005. Micros con manifestantes llegaron desde el sur del país. Revista Puerto, especializada en el sector, señaló que para evitar desbordes en su territorio el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habría financiado la llegada de tres micros desde Puerto Madryn.

El jueves, ante la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados, el secretario de Pesca del SOMU, Juan Navarro, advirtió (¿o amenazó?): “estamos a punto de que algunas ciudades sufran graves incidentes”.

Además, el SOMU elevó un petitorio al presidente de la Nación, Javier Milei, en el que además de criticar el decreto 340, de desregulación de la marina mercante, denunció la paralización de la flota tangonera (así se llama a los buques especializados en captura de langostino) y dijo que la readecuación que proponen las cámaras “no tiene fundamentos legales ni económicos”, porque “no existe ninguna empresa pesquera concursada o en procedimiento preventivo de crisis”.

Para zanjar diferencias, el gremio pretende que el gobierno disminuya el Derecho Único de Extracción (DUE) y las retenciones a las exportaciones pesqueras, exima temporalmente a las empresas del impuesto a los combustibles (segundo mayor costo operativo, detrás del laboral) y un régimen de excepción sobre los aportes a la seguridad social. Pero de retocar el Convenio, ni palabra.

En un fallo emitido de manera unánime, la Corte Suprema de Justicia desestimó los planteos de Enrique Omar “Caballo” Suárez, ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y una decena de dirigentes afines a esa entidad respecto a una causa donde se les endilga la comisión del delito de administración pública fraudulenta.

El 13 de junio de 2022, el Tribunal Oral Federal N°4 de la Capital Federal había absuelto a los 16 acusados por una serie de ilícitos presuntamente cometidos cuando Suárez encabezaba el SOMU. Con esa absolución, el TOF también levantó todas las medidas de restricción que pesaban sobre el líder sindical, entre ellas el uso de una tobillera que controlaba el perímetro de sus movimientos. La fiscalía representada por Juan García Elorrio había pedido condenas de seis años y ocho meses de prisión para Suárez y el resto de los encausados.

Cuatro meses después, en una decisión dividida, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa sentencia tras considerar que las absoluciones dictadas se basaron en un “análisis fragmentario” de la prueba del caso. De ese modo ordenó al tribunal de origen dictar una nueva sentencia teniendo en cuenta que la mayoría de las maniobras delictivas “se enmarcaron en un contexto de un uso abusivo de estructuras societarias” que estaban “íntimamente vinculadas”, ya que los acusados “de manera simultánea cumplían roles en las mismas” y eran “beneficiarios finales” de esas actividades.

El exlíder sindical estuvo bajo prisión preventiva durante tres años luego de una orden de detención en 2016 del juez federal Rodolfo Canicoba Corral en virtud de una denuncia de Gladys González, interventora del SOMU designada durante el gobierno de Mauricio Macri. A fines de diciembre de 2017, el magistrado Luis Rodríguez le concedió prisión domiciliaria con base en sus problemas de salud. Sin embargo, esa resolución fue revocada dos semanas más tarde y el “Caballo” Suárez volvió a prisión. Un año después, en abril de 2019, logró obtener una nueva prisión domiciliaria y a fines de ese año finalmente fue excarcelado por el TOF 4.

El sindicalista ejerció el cargo de secretario general del SOMU desde 1989 hasta abril de 2016, cuando quedó detenido. Fue uno de los gremialistas más cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner. El juicio en su contra comenzó en 2019 y en su alegato de cierre, el fiscal del caso le endilgó a Suárez una “deliberada y sistemática decisión de realizar un abuso de la estructura sindical que se extendió al ámbito de la mutual y de la obra social del SOMU, valiéndose de empresas vinculadas o controladas, tomando los recursos de los asociados o afiliados para la obtención de beneficios indebidos”.

Los jueces Néstor Costabel, Daniel Horacio Obligado y Gabriela López Iñiguez del TOF 4 rechazaron por unanimidad las acusaciones del Ministerio Público Fiscal. Descartaron la comisión de la administración fraudulenta con sustento en una pericia contable que no arrojó resultados concluyentes respecto a una defraudación intencionada en el gremio. Consideraron que el imputado tampoco había cometido los delitos de asociación ilícita, coacciones agravadas y entorpecimiento de la navegación. Apelación mediante, el expediente llegó hasta el máximo tribunal penal del país, donde los camaristas Daniel Antonio Petrone y Juan Carlos Gemignani coincidieron en revocar la absolución del delito de administración pública fraudulenta en perjuicio del sindicato, la mutual y la obra social de Obreros Marítimos Unidos. El juez Mariano Borinsky optó por confirmar la absolución en virtud del beneficio de la duda.

Llegados los planteos en queja hasta la Corte, el Máximo Tribunal, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los desestimó por falta de sentencia definitiva. De esta manera, las actuaciones volverán al tribunal de origen para que se dicte una nueva sentencia ajustada a los lineamientos planteados por Casación.