"Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en realidad solo se usan para mantenernos sometidos", indicó Bukele durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa desarrollada en el Teatro Nacional en San Salvador.EFE

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió la libertad transitoria y condicionada a Carlos Alberto Pulgarín Ramírez, un exsoldado del Ejército condenado en la justicia ordinaria por el delito de acceso carnal violento contra una mujer indígena del pueblo Nasa, que ocurrió en el año 2009.

La decisión fue tomada por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, que revocó una resolución anterior que negaba este beneficio.

Según la JEP, Pulgarín Ramírez cumplió con los requisitos legales para su sometimiento a la jurisdicción especial, incluyendo el reconocimiento de su responsabilidad en los hechos y su compromiso con la reparación integral de la víctima y su comunidad.

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Además, según comunicó W Radio, la decisión señala que el exmilitar deberá participar en actividades de memoria histórica y presentar informes periódicos sobre su compromiso con la construcción de paz.

No obstante, las autoridades verificaron su proceso, en el que “se atendió a la naturaleza de los hechos y se atienden las garantías de no repetición, con un enfoque étnico, territorial y de género”, como citó el medio.

En el fallo se enfatiza que la libertad transitoria “no implica la ausencia de consecuencias legales ni el cierre del proceso de esclarecimiento”, sino que está sujeta a un régimen de condicionalidad que el compareciente debe acatar estrictamente.

Cualquier incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio y su reclusión en un centro carcelario, como publicó el medio.

Detalles de la agresión sexual

El caso por el que Pulgarín Ramírez fue condenado ocurrió el 10 de junio de 2009 en la vereda La María, municipio de Jambaló, Cauca.

La víctima, perteneciente a una comunidad indígena, fue interceptada por soldados del Batallón Pichincha de Cali, quienes le retuvieron su cédula y la sometieron a agresiones sexuales.

De acuerdo con el expediente, citado por el medio radial, inicialmente fue violada por el soldado Héctor Luján Sánchez, también acogido en la JEP, quien, según la víctima, tenía “un fuerte olor a marihuana” y le dijo: “las indias son bobas”. Horas después, el soldado Pulgarín Ramírez también la accedió carnalmente.

El fallo judicial recoge el testimonio de la víctima, quien relató que “llega el otro militar y la empuja a una alcantarilla que hay en el sector, con un alambre de púas se raya la mano, y también la accede carnalmente, este sujeto estaba prestando guardia y corresponde al señor Carlos Alberto Pulgarín Ramírez”.

Además, se conoció que un soldado de apellido Torres intentó sobornarla con cien mil pesos para que no denunciara.

Cuando ella se negó, fue desplazada forzosamente y su hermano fue asesinado como forma de presión para que retirara la denuncia. “(...) el día del velorio le dijeron que si no retiraba la denuncia le matarían a su mamá”, señala el fallo.

Pulgarín Ramírez se había sometido a la JEP en 2021

Pulgarín Ramírez fue condenado en 2017 por un crimen ocurrido en 2009 en el resguardo indígena de Jambaló, Cauca. De acuerdo con el expediente, la víctima fue retenida cuando transitaba por un contingente militar. Inicialmente, fue agredida por el soldado Héctor Elías Luján Sánchez, quien, según el testimonio de la mujer, estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas y la menospreció por su origen indígena. Posteriormente, Pulgarín Ramírez también cometió la agresión.

Ese año, el Tribunal Superior de Popayán agravó la condena contra Pulgarín Ramírez y Luján Sánchez, aumentando su pena de 13 a 16 años de prisión intramural. El fallo destacó la gravedad del crimen y el impacto psicológico irreversible en la víctima, además de las circunstancias en las que se perpetró el abuso: un paraje oscuro y desolado, con hombres fuertemente armados que infundieron terror en la comunidad.

La investigación judicial reveló que otros militares fueron testigos de los hechos y, en lugar de auxiliar a la víctima, intentaron sobornarla para que no denunciara. Al no aceptar el dinero ofrecido, la mujer sufrió represalias que incluyeron amenazas de muerte, desplazamiento forzado y el asesinato de su hermano.

Obligaciones por parte de la JEP

En su sometimiento a la JEP en el año 2021, el exsoldado fue requerido para aportar información clave sobre la participación y omisión de otros uniformados en estos hechos, así como esclarecer si hubo correctivos por parte de sus superiores. Además, desde entonces, se le había exigido brindar detalles sobre otros posibles casos de violencia sexual ocurridos en la región bajo la presencia de tropas militares.

Este caso es parte de una investigación más amplia que adelanta la JEP sobre hechos de violencia cometidos en el Cauca, en los cuales se han identificado patrones de agresiones contra comunidades indígenas en el marco del conflicto armado. La jurisdicción especial ha reiterado su enfoque étnico, territorial y de género en el proceso de esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la petición de sometimiento presentada por Héctor Duque Echeverry, palmicultor condenado en 2014 por su participación en delitos relacionados con el desplazamiento forzado y el despojo de tierras en la región del Urabá antioqueño y chocoano.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluó la solicitud del empresario y concluyó que este no cumplió con los requisitos exigidos por la jurisdicción, especialmente en lo que respecta a su compromiso con el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas.

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En su solicitud enviada el 11 de octubre de 2018, Duque Echeverry argumentó que su vinculación con la JEP debía darse en calidad de tercero civil, alegando que su participación en los hechos ocurrió dentro del contexto del conflicto armado colombiano. En su carta, el empresario afirmó que en el año 2000 fundó la compañía PALMADÓ S.A., dedicada al cultivo de palma africana en Bajirá, Chocó.

De acuerdo con su testimonio, dentro de los socios de la empresa se encontraban Irving Bernal y Raúl Emilio Hasbún, alias “Pedro Bonito”, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien tenía participación en la compañía a través de su esposa.

Además, Duque Echeverry recordó que fue condenado mediante sentencia del 30 de julio de 2013 por delitos como concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Sin embargo, la JEP determinó que el empresario no cumplió con las condiciones necesarias para acogerse a la jurisdicción transicional, ya que no entregó información adicional que contribuyera al esclarecimiento de los hechos investigados ni respondió a los llamados realizados en el marco del caso 04, el cual estudia la violencia ocurrida en la región del Urabá.

“En el asunto en cuestión, es ostensible la falta de compromiso por parte del señor Héctor Duque Echeverry de cumplir con el régimen de condicionalidad, en tanto ha sido renuente a cumplir con su obligación de presentar un compromiso claro, concreto y programado satisfactorio, que se ajuste a los presupuestos exigidos por la Sección de Apelación de esta Jurisdicción y que atienda a los criterios que le han sido exigidos por este despacho”, precisó la JEP en su resolución.

Debido a la falta de colaboración efectiva por parte de Duque Echeverry, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió rechazar su sometimiento a la JEP, lo que significa que su condena seguirá vigente en la justicia ordinaria.

Esta determinación refuerza la posición de la JEP frente a la necesidad de que los comparecientes demuestren un verdadero compromiso con el esclarecimiento de los crímenes del conflicto armado, garantizando así el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas.

Tropas del Ejército Nacional, junto con la Policía nacional, anunciaron el sometimiento a la justicia de un presunto integrante del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que operan en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

De acuerdo con información oficial, el hombre se presentó ante tropas del Batallón de Alta Montaña No. 3, de la Tercera Brigada de la institución militar, que se encontraban en zona rural del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, en la que manifestó ser parte de la estructura armada, por lo que se acogió a las leyes para adelantar su proceso de reincorporación a la sociedad.

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El sujeto se identificó con el alias de Estiven García, que se desempañaba como explosivista y operador de drones con los que atacaba a la fuerza pública y a la población civil del suroccidente colombiano. “Se trata de un sujeto de 28 años que realizaba tareas de explosivista para la Columna Móvil Wilson González de este grupo armado al margen de la ley”, mencionó el brigadier general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército.

Además, el oficial detalló que el ahora sometido a la justicia integraba las filas del grupo armado ilegal por más de un año, y señaló que su decisión se debió a la presión ejercida por las Fuerzas Militares contra las disidencias en el Valle y el norte del Cauca.

De igual manera, el sujeto entregó información sobre la ubicación de material de guerra de la estructura armada. Al acudir a las coordenadas entregadas por el procesado, las autoridades encontraron un arma tipo fusil, 345 cartuchos, cuatro proveedores, un artefacto explosivo improvisado tipo granada para ser detonado con dron, un chaleco multipropósito, entre otros elementos que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su análisis correspondiente.

“De esta manera, afectamos la labor de la Gaor Jaime Martínez que delinquen en esta región (...) Ya son nueve los sujetos sometidos a la justicia en el departamento del Valle”, añadió el alto oficial.

Con la entrega de alias Estiven García, ya van nueve integrantes de las disidencias que se entregan a la fuerza pública en territorio vallecaucano, por lo que el hombre comenzó su proceso formal de ingreso al Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado que lidera el Ministerio de Defensa de Colombia.

“De esta manera, el Ejército Nacional reitera que mantendrá los esfuerzos conjuntos, coordinados e interinstitucionales para impulsar que más integrantes de los GAO retornen a la legalidad, contribuyendo a la desarticulación de estas organizaciones, así como a la seguridad y el desarrollo integral del suroccidente del país”, concluyó el comandante del Ejército.

Se entregó alias Mocho Olmedo, cabecilla de las disidencias en el Catatumbo

Además de alias Estiven García, las autoridades destacaron que Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, se entregó a las Fuerzas Militares, tras sobrevivir a un ataque con explosivos por parte del ELN en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

De acuerdo con la institución castrense, el sometimiento del líder del grupo armado ocurrió el pasado 7 de febrero de 2025, cuando sujetos del grupo armado manifestaron su disposición de entregarse a las tropas militares que desarrollaban labores de vigilancia en el territorio.

Tras ello, el Ejército desplegó un operativo especial para trasladar a los sujetos hacia la Brigada 30 en Cúcuta (norte de Colombia), donde se utilizaron varios helicópteros para la evacuación de los guerrilleros.

Según el informe de la Gobernación de Norte de Santander, en más de 30 días que ha durado la ola de violencia en la región nortesantandereana, se han entregado voluntariamente 120 integrantes de grupos armados que delinquen en el territorio, de ellos, 97 personas son del frente 33 de las disidencias de las Farc, así como 2 del ELN.

También, las autoridades destacaron que 20 menores de edad desertaron de las labores criminales de los grupos armados mencionados.

En un caso que generó conmoción a nivel local, el Tribunal de la jurisdicción correntina de Goya condenó a un docente de 40 años a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal por medio de amenazas. Los hechos ocurrieron durante dos años, entre 2021 y 2023, y tuvieron como víctima a un joven de 18 años. El docente condenado utilizó un video íntimo y fotografías privadas tomadas en un motel de la misma localidad como herramientas de coacción para obligar al joven a seguir su voluntad. “El acusado utilizó amenazas para someter a la víctima, afectando gravemente su integridad y dignidad. Este tipo de delitos, cometidos de manera continuada, merecen una sanción ejemplar que refleje la gravedad del daño infligido”, afirmó la representante del Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio que dio cierre al caso.

El expediente fue resuelto por medio del procedimiento de juicio abreviado, donde el acusado aceptó voluntariamente la autoría de los hechos, la pena solicitada por la fiscalía y la tipificación del delito a aplicar. A diferencia de un proceso convencional, el juicio abreviado permite una resolución más rápida, ya que las partes involucradas, incluida la acusación, la defensa y el imputado, llegan a un pacto sin necesidad de abrir la instancia de debate oral.

En ese marco, previo a la homologación del acuerdo, la fiscal María Eugenia Ballará explicó que los abusos sexuales en contra del joven ocurrieron de forma continuada durante más de dos años. El docente utilizaba amenazas para presionar a la víctima para someterse a él. En distintas ocasiones, grabó un video íntimo de los dos en un motel. Las pruebas recabadas por la fiscalía fueron clave para confirmar la culpabilidad del hombre de 40 años, quien se comprobó que accedió carnalmente a la víctima en más de una ocasión. Bajo esos términos, la amenaza de divulgar imágenes privadas fue un factor determinante en la intensidad del abuso, consideró la fiscal de la causa.

El artículo 119 del Código Penal Argentino establece una pena de entre cuatro y diez años de prisión para los delitos de abuso sexual, dependiendo de las circunstancias. En esta ocasión, la pena fue agravada debido a que el abuso fue perpetrado de manera continua y como consecuencia de las graves amenazas. En esos términos, la sanción de los hechos resultó mayor por el chantaje realizado a través de la posible divulgación de imágenes de carácter íntimo. El Código Penal, a su vez, establece sanciones más severas si el hecho causa daños físicos o psicológicos en la víctima, lo que también fue considerado en este caso.

La fiscal Ballará resaltó la gravedad de los hechos y la necesidad de imponer una sanción ejemplar para este tipo de delitos. Según la fiscal, la integridad y dignidad del damnificado fueron gravemente afectadas por el accionar del docente, quien utilizó su posición de poder para someter a la víctima. Durante la audiencia oral, la acusación enfatizó la importancia de sancionar este tipo de conductas, ya que no solo afectan directamente a las víctimas, sino que también generan un daño a la comunidad en su conjunto.

“El acusado utilizó amenazas para someter a la víctima, afectando gravemente su integridad y dignidad. Este tipo de delitos, cometidos de manera continuada, merecen una sanción ejemplar que refleje la gravedad del daño infligido”, manifestó Ballará, según publicó esta semana el portal del Poder Judicial de Corrientes.

El Tribunal de Goya dispuso que la resolución sea inscrita en el registro de antecedentes de agresores sexuales. Además, ordenó que se notifique al Juzgado de Ejecución Penal para que inicie el cómputo de la pena de cumplimiento efectivo.

En el departamento de Nariño, Colombia, en una de las operaciones militares que se están desarrollando en contra de los grupos armados al margen de la ley, se produjo la entrega voluntaria de tres miembros de grupos armados ilegales.

De acuerdo con la información oficial del Ejército Nacional, se trató de un menor de edad y dos otros integrantes, entre ellos un operador de drones con explosivos, quienes se presentaron ante las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 14, una unidad de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional.

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Sobre las acciones, el coronel John Edward Guerra Manso, comandante de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército, afirmó que “el Ejército Nacional, en articulación con la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, lograron el sometimiento a la justicia de los tres individuos”.

Durante estas entregas, las Fuerzas Militares comunicaron que recibieron un dron, 18 artefactos explosivos improvisados, dos armas largas y 297 cartuchos de munición. El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, facilitó la entrega de estos individuos y la recuperación del menor, quien ahora está bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para el restablecimiento de sus derechos.

Pero la entrega sucedió en dos eventos. El primero tuvo lugar en Cumbitara, donde un individuo, miembro de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Nariño, se acercó a las tropas para manifestar su deseo de abandonar la ilegalidad. Este sujeto, que operaba drones para lanzar explosivos, entregó el equipo y los artefactos, los cuales fueron detonados de manera controlada siguiendo los protocolos de seguridad.

En Policarpa, el segundo evento involucró al otro sujeto y al menor de edad, quienes se identificaron como integrantes del GAO-r Estructura Franco Benavides. Estos individuos entregaron dos armas largas, 10 proveedores y el material de intendencia correspondiente. Las autoridades competentes se hicieron cargo de los sujetos y del material probatorio.

El Ejército Nacional afirmó que su compromiso de continuar con las operaciones militares para asegurar el control territorial y fomentar la rendición de más miembros de grupos armados organizados sigue en pie, de manera que las intervenciones “posibiliten más sometimientos a la justicia de quienes delinquen en el territorio. Por ello, invita a los integrantes de los grupos armados organizados a retornar por la ruta de la legalidad”.

Otro enfrentamiento, en el Pacífico colombiano, derivó en el decomiso de armamento de las disidencias

Las Fuerzas Armadas han intensificado sus operaciones contra las disidencias armadas en la región del Pacífico, y lograron incautar un importante arsenal perteneciente al grupo Jaime Martínez.

Según informó la Tercera División del Ejército de Colombia, el armamento fue confiscado en una zona rural entre los municipios de López de Micay y el puerto de Buenaventura, en el departamento del Cauca.

El operativo se llevó a cabo tras enfrentamientos sostenidos por tropas del Batallón de Infantería N.56, con el apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Durante los combates, los guerrilleros se vieron obligados a huir, dejando atrás tres fusiles, una pistola, proveedores y munición de diversos calibres, así como una lancha utilizada para el transporte de armas y miembros de su organización.

El Ejército Nacional, por su parte, señaló que las maniobras tácticas continúan en la región con el objetivo de localizar a los guerrilleros que escaparon. Esta ofensiva formó parte de una estrategia más amplia de las Fuerzas Armadas para recuperar el control de territorios históricamente dominados por las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc-

De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la disidencia Jaime Martínez es una de las más activas en la región del Cauca, ya que en estos territorios han realizado varios atentados desde el 2023, lo que demuestra su influencia en el área.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió cerrarle la puerta a cuatro exdirigentes políticos de Riosucio, Chocó, debido a la falta de aportes significativos a la verdad y la carencia de información relevante para las víctimas del conflicto armado.

Los exalcaldes Ricardo Azael Victoria Martínez y Jorge Isaac Mosquera Caicedo, así como los exconcejales Libardo José Ferro Caicedo y Manuel Padilla Córdoba, habían solicitado acogerse a este mecanismo, pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP concluyó que sus aportaciones no cumplieron con los estándares requeridos.

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La decisión se basa en las condenas previas impuestas a los cuatro solicitantes por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. Los exalcaldes y exconcejales fueron hallados culpables de haber permitido que sus candidaturas se consolidaran mediante acuerdos con el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los exalcaldes Victoria Martínez y Mosquera Caicedo fueron condenados por sus periodos de gestión de 2001 a 2003 y de 2008 a 2011, mientras que los exconcejales Ferro Caicedo y Padilla Córdoba lo fueron por sus períodos de 2001 a 2003 y de 2004 a 2007.

A pesar de que los solicitantes “cumplían con los factores de competencia personal, temporal y material” exigidos por la JEP, la sala encontró un incumplimiento claro del régimen de condicionalidad impuesto a Ferro Caicedo, Padilla Córdoba y Victoria Martínez. Este incumplimiento se debió a la insuficiencia de sus aportes de verdad, la falta de exhaustividad en sus relatos sobre los delitos por los que fueron condenados y la ausencia de proactividad para proporcionar una verdad plena ante esta jurisdicción.

En el caso de Jorge Isaac Mosquera Caicedo, la sala detectó que, aunque reconoció haberse reunido con el ex jefe paramilitar conocido como “El Alemán” y otros comandantes del Bloque Élmer Cárdenas durante el periodo electoral de 2001 a 2004, Mosquera justificó estos encuentros como resultado de una supuesta presión del grupo armado ilegal. Sin embargo, no presentó evidencia de tales presiones y sus relatos fueron considerados contradictorios y carentes de credibilidad. “La JEP no es una cuarta instancia para resolver situaciones particulares, sino un mecanismo para esclarecer la verdad y proporcionar justicia”, expresó el tribunal en un comunicado oficial.

Además, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas destacó que ninguno de los solicitantes hizo un esfuerzo significativo para contribuir al esclarecimiento del patrón del caso 08. Este caso investiga los nexos entre agentes del Estado, la fuerza pública y paramilitares para la comisión de crímenes durante el conflicto armado. Es por ello que la falta de información valiosa que pudiera ayudar a esclarecer estos vínculos fue un factor decisivo en la negativa de la JEP.

La decisión de la JEP subraya la importancia de que los solicitantes de sometimiento no solo reconozcan su responsabilidad, sino que también colaboren activamente en la elucidación de la verdad y en la reparación de las víctimas.

Recientemente, la JEP reconoció a la Mesa Minera Segovia-Remedios, ubicada en el nordeste antioqueño, como víctima del conflicto armado dentro del caso 08. Este reconocimiento marca un hito significativo, ya que convierte a este grupo en el primer colectivo de mineros ancestrales y tradicionales en recibir tal acreditación.

Yarley Marín López, presidente de la Mesa Minera, comentó a Caracol Radio que este fallo es un avance histórico hacia la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición para su comunidad. “Esperamos que nuestras comunidades puedan acceder a los procesos ante la justicia”, expresó Marín, subrayando la importancia de este reconocimiento para avanzar en la reparación por los crímenes sufridos.

A pesar de este avance, la situación en Segovia y Remedios sigue siendo crítica, con continuos problemas relacionados con derechos humanos y conflicto. No obstante, la acreditación por parte de la JEP ofrece una nueva esperanza para los mineros de estas regiones, abriendo posibilidades para alcanzar condiciones laborales más justas y seguras.