La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, hizo un llamado público a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que se separe temporalmente de su cargo mientras se esclarecen las acusaciones que pesan contra su exesposo, Carlos Torres, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con el narcotráfico y posibles actos de corrupción.

El posicionamiento fue difundido en redes sociales de la Red Nacional de CPC de los sistemas anticorrupción, en el que se subraya que la solicitud de licencia no implica una condena ni una afirmación de responsabilidad por parte de la mandataria estatal.

“Hacemos un llamado a la Gobernadora del Estado de Baja California para que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo mientras la investigación se esclarece y se determina lo conducente por las autoridades competentes”, señala el documento firmado por los participantes.

Los firmantes enfatizaron que se trata de una medida prudencial, orientada a proteger el interés público por encima de cualquier interés personal o político, y a evitar que la investigación en curso pueda verse afectada por percepciones de interferencia, conflicto de interés o debilitamiento institucional.

Respaldo de sistemas estatales y ONG

El pronunciamiento fue respaldado por integrantes de los Sistemas Estatales Anticorrupción de Puebla, Durango, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, así como por al menos siete organizaciones de la sociedad civil y activistas especializados en temas de transparencia y combate a la corrupción.

En el texto, los firmantes argumentaron que su postura se sustenta en dos principios fundamentales de cualquier democracia: el derecho de la población a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno. Bajo esta lógica, consideraron indispensable tomar medidas preventivas cuando existe una investigación abierta que podría comprometer la legitimidad del ejercicio del poder.

“Sin prejuzgar, sin imputar delitos y respetando plenamente la presunción de inocencia, consideramos que, por razones de integridad pública, gobernabilidad y confianza institucional, resulta indispensable actuar con responsabilidad”, se lee en el documento.

Que investigación sea con transparencia e imparcialidad

Asimismo, las organizaciones y representantes ciudadanos exhortaron a las autoridades federales y ministeriales a conducir la investigación con celeridad, imparcialidad, rigor jurídico y absoluta transparencia, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.

“El país necesita certezas, no polarización; instituciones, no sospechas permanentes; gobernantes comprometidos, no proyectos personalistas”, afirmaron los firmantes, al tiempo que reiteraron que su llamado busca fortalecer el Estado de derecho tanto en Baja California como a nivel nacional.

De acuerdo con el posicionamiento, una separación temporal del cargo por parte de la gobernadora permitiría reducir tensiones políticas, preservar la estabilidad institucional del estado y enviar un mensaje claro de compromiso con la legalidad y la rendición de cuentas.

Hasta el momento, Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una postura pública en respuesta directa a este llamado. En tanto, se confirmó que su exesposo, Carlos Torres, se encuentra bajo investigación de la FGR, aunque las autoridades federales no han detallado públicamente el avance ni el alcance de las indagatorias.

El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública y en círculos políticos, en un contexto nacional marcado por la exigencia ciudadana de mayor transparencia, combate frontal a la corrupción y separación clara entre el poder político y cualquier posible vínculo con actividades ilícitas.

El 75.75% de los organismos responsables de combatir la corrupción en México permanecen incompletos o paralizados, situación agravada por recortes presupuestales y la eliminación de órganos autónomos clave, según un informe de Mexiro A.C. publicado en el décimo aniversario del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El análisis, resultado del monitoreo realizado entre julio y septiembre de 2025 por el Proyecto CO+MÚN: Observatorio Anticorrupción de México, advierte sobre el debilitamiento severo de las instituciones encargadas de la transparencia y la rendición de cuentas en el país, una situación atribuida por la organización a omisiones legislativas deliberadas, la falta de nombramientos y recortes presupuestales que dispersan recursos hacia dependencias ajenas a la materia.

El colectivo advierte que la concentración de poder en el Ejecutivo Federal y el cierre del espacio cívico han generado un entorno proclive a la impunidad, con un discurso oficial orientado a simular la lucha contra la corrupción.

En el mismo documento, destaca que la ausencia de designaciones en órganos clave y el desmantelamiento de contrapesos han dejado sin capacidad de acción a las instituciones encargadas de la vigilancia y sanción.

Uno de los principales focos del diagnóstico se centra en las Comisiones de Selección, responsables de nombrar a los integrantes de los Comités de Participación Ciudadana (CPC).

De las 33 previstas, 19 permanecen incompletas y en 14 de ellas, incluido el propio órgano nacional, no hay integrantes asignados.

Estados como Campeche, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz presentan la situación más crítica.

Sin comisiones completas, los CPC quedan imposibilitados para integrarse y operar, lo que obstaculiza la representación ciudadana en el sistema anticorrupción.

La situación de los propios Comités de Participación Ciudadana reviste particular gravedad. En 20 estados, los comités no cuentan con la totalidad de integrantes, y en diez estados —entre ellos Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Veracruz— los CPC operan completamente vacantes.

En tres entidades más existen cuatro puestos sin cubrir, y el resto acumula de dos a tres vacantes, lo cual evidencia la falta de una representación ciudadana efectiva en la toma de decisiones anticorrupción.

Las Secretarías Ejecutivas o Técnicas (SE), órganos encargados de la implementación de acuerdos y políticas, presentan un nivel de abandono preocupante: el 42.42% carecen de persona titular.

Esto último afecta a las entidades Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Zacatecas y el propio SNA, donde las funciones han recaído en encargados o suplentes, lo que limita la autonomía institucional.

En Guanajuato, el proceso de selección ha despertado denuncias por supuestas contrataciones irregulares y opacidad. El secretario técnico, Ernesto Salvador González Gómez, ha sido señalado como responsable de estas prácticas, aumentando la percepción de falta de rendición de cuentas en la entidad.

El informe señala que las Comisiones Ejecutivas (CE), responsables de proponer estrategias técnicas contra la corrupción, tampoco funcionan a cabalidad, ya que 21 no operan por falta de integrantes, afectando a estados como Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y el propio SNA, mientras que en Tabasco, la Comisión Ejecutiva fue suprimida del marco legal.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FA) presenta designaciones cuestionables, con señalamientos de conflictos de interés, nepotismo o afinidad partidista.

Destacan los casos de Puebla, donde la fiscalía opera con una persona encargada, y en Guerrero y Nayarit, donde aún faltan titulares.

Otra dimensión de la crisis es la fragilidad de los órganos garantes del derecho de acceso a la información. El 66.66% de estos organismos han desaparecido o enfrentan riesgo de extinción, según el monitoreo de Mexiro A.C.

Hasta septiembre de 2025, 14 órganos fueron eliminados por vía legislativa, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En diez entidades, los congresos locales ya aprobaron la desaparición de estos entes, en tanto que en otras siete está en curso el proceso legislativo. Solo Campeche y Ciudad de México se mantienen al margen de la tendencia.

La organización enfatiza que la eliminación de estos órganos representa un retroceso considerable en materia de transparencia, pues implica la pérdida de acervos públicos y el cierre de micrositios institucionales como el del INAI y el Sistema Nacional de Transparencia. Aunque el portal del INAI fue parcialmente restablecido, los archivos históricos continúan en riesgo de pérdida.

En materia presupuestal, el Presupuesto de Egresos 2026 agrava el debilitamiento institucional. Bajo el argumento de fortalecer la política anticorrupción, el gobierno federal canaliza recursos originalmente destinados al combate a la corrupción hacia dependencias sin responsabilidad directa en la materia.

La Secretaría Ejecutiva del SNA (SESNA) enfrenta una reducción presupuestal del 95%, pasando de 128.8 a 6.3 millones de pesos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de funciones antes gestionadas por el extinto INAI, sufrirá un recorte de 32%, para quedar en 834 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) también padecen recortes sustantivos, de 386,5 millones y 24% respectivamente.

Como contraste, instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin vínculo directo con el combate a la corrupción, recibirán mil 693 millones y 339 millones de pesos, respectivamente, para acciones como “socialización de códigos de ética” o “control interno”, rubros que, a juicio de Mexiro A.C., corresponden a una simulación presupuestal.

“Esto no es austeridad: es simulación presupuestal y captura institucional. Un país que desmantela su arquitectura anticorrupción mientras concentra poder en el Ejecutivo no ‘combate la corrupción’: la administra”, advierte la organización.

La sociedad civil, comunidad académica y organismos defensores de derechos humanos han dirigido un pronunciamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de frenar el desmantelamiento del SNA, asegurar financiamiento adecuado para los órganos técnicos y evitar la centralización de la transparencia en el Ejecutivo.

El exhorto también demanda el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A Senado de la República y congresos estatales, el exhorto implica la realización de designaciones faltantes mediante procesos transparentes y con participación ciudadana, así como el rechazo a la extinción de órganos garantes de transparencia.

A la Cámara de Diputados se le solicita no aprobar los recortes consignados en el proyecto presupuestal y restituir los fondos originales a la SESNA y la ASF, además de abrir un debate público sobre el impacto de las reformas en materia de transparencia y derechos humanos.

Se solicita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la publicación de lineamientos sobre protección y acceso a los archivos históricos derivados de la desaparición del INAI, así como la implementación de una política anticorrupción que respete los derechos humanos y la creación de un órgano de monitoreo ciudadano independiente.

“El abandono institucional también es corrupción. Cada vacante no es un olvido: es una estrategia”, concluye la advertencia final del informe de Mexiro A.C., que refrenda la exigencia de transparencia, verdad y justicia, además de la consigna de que “sin instituciones completas, no hay anticorrupción. Y sin transparencia, no hay democracia”.

Damasco, 11 dic (EFE).- Las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por kurdosirios, perdió este miércoles el control de dos ciudades estratégicas en el norte y el este de Siria a manos de grupos rebeldes apoyados por Turquía, pese a que el principal grupo insurgente -Hayat Tahrir al Sham (HTS)- no lucha contra los kurdos.

El Mando de Operaciones Militares de los insurgentes, que aglutina a una decena de grupos armados que han luchado para derrocar al presidente sirio Bachar al Asad, afirmó en un comunicado en su cuenta de Telegram que las fuerzas rebeldes "han tomado el control por completo de la ciudad de Deir al Zur", antes a manos de las FSD.

Esta alianza islamista está compuesta por grupos armados de distinto signo, como HTS -su principal componente- o el Ejército Nacional Sirio (SNA), un grupo entrenado y financiado por Turquía que antes de la caída de Al Asad limitaba sus actuaciones en zonas fronterizas del norte y contra las fuerzas kurdas.

Tras el éxito de la ofensiva, los combatientes del HTS se han dedicado a consolidar territorio, a asegurar Damasco y a dar los primeros pasos hacia una transición con la asignación de su líder político, el islamista Mohamed al Bashir, como el primer ministro interino de la nueva Siria.

En cambio, los rebeldes del SNA han proseguido con la vía militar y han continuado con su avance hacia el este hasta apoderarse de Deir al Zur, donde los kurdosirios se vieron obligados a retirarse pese a que se desplegó unos días antes en la urbe tras el colapso del régimen de Al Asad y de las milicias proiraníes aliadas de su Gobierno.

Las FSD, también integradas por árabes y asirios, señalaron entonces que tomaron la urbe para protegerla de "los grupos mercenarios afiliados a la ocupación turca", en referencia a la coalición insurgente en la que se integran rebeldes respaldados por Ankara, así como por el temor a que el Estado Islámico se reagrupase y expandiese su territorio.

El principal componente de las FSD son las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo (YPG), una guerrilla afiliada al proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado terrorista por Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea.

Las FSD, enemigas de Turquía, le han tendido la mano a Ankara en estos últimos días para "resolver" de "forma pacífica" sus diferencias, aunque las buenas intenciones no han dado los mismos resultados.

Los choques con el SNA, sin embargo, no implican una confrontación con el HTS -heredera del antiguo Frente al Nusra, la exfilial de Al Qaeda en Siria-, con la que incluso ha establecido contacto ya para trazar el futuro del nuevo país con la participación de todos sus grupos étnicos y religiosos.

Las FSD también anunciaron este miércoles que han alcanzado un alto el fuego, con mediación de Estados Unidos, con los rebeldes sirios apoyados por Turquía para retirarse "lo antes posible" de la ciudad de Manbech, en el norte de Siria.

De acuerdo con los kurdosirios, el Consejo Militar de Manbech -integrado en las FSD y que controlaba la ciudad situada en el norte de la provincia de Alepo- llevaban "resistiendo los ataques desde el 27 de noviembre", cuando empezó la ofensiva insurgente contra Al Asad.

"Nuestro objetivo es lograr un alto el fuego general en todos los territorios sirios e iniciar un proceso político para el futuro del país", concluyeron las FSD.

Uno de los requisitos de la oposición siria es que las FSD se desvinculen de las PKK con el objetivo de destensar la relación con Ankara.

Las FSD denunciaron este mismo miércoles que al menos dos paramédicos y una mujer civil murieron en un ataque con un dron contra la periferia de la ciudad de Kobani, en el extremo norte de Siria, escenario de combates entre fuerzas kurdas e insurgentes proturcos. EFE