El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, UGT y CCOO, para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.221 euros al mes en catorce pagas. Esto implica un aumento del 3,1%, es decir, de 37 euros más al mes y 518 euros extra anuales.

Aun así, la patronal no ha participado en la Mesa de Diálogo Social sobre el SMI. El secretario de Estado ha asegurado que desde el Ministerio de Trabajo han negociado y se han “dejado la piel” para que tanto la CEOE como Cepyme estuvieran hoy en el acuerdo. “Finalmente, no ha sido posible”, ha confirmado Pérez Rey en la rueda de prensa posterior a la Mesa de Diálogo, aunque les ha agradecido su trabajo en la mesa.

“Aquí ha habido una voluntad genuina de meter a la patronal en la senda del diálogo social, de los acuerdos, de la mutua comprensión. Hemos hecho todo lo posible por hacerlo y ni aun así ha sido posible”, ha afirmado Pérez Rey. Además, el secretario de Estado también ha confirmado que esta subida será con carácter retroactivo, por lo que entra en vigor desde el 1 de enero de 2026.

Trabajo garantiza que la subida del SMI no se perderá en absorciones salariales

Asimismo, el secretario de Estado ha añadido que el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha adquirido otro compromiso, y “va a llevar adelante” una modificación del actual decreto del SMI, con el objetivo de impedir que los complementos salariales puedan ser absorbidos, en línea con las demandas planteadas por los sindicatos.

En este sentido, Pérez Rey ha recalcado que “no es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación”, y ha subrayado la necesidad de garantizar que el incremento llegue de forma efectiva a los trabajadores.

Según ha explicado el secretario de Estado, “no es de recibo que quien trabaja en condiciones de peligrosidad, quien necesita una especial atención, vea cómo esos complementos se absorben y compensan y quedan diluidos por la subida del salario mínimo interprofesional”.

Esta modificación se implementará mediante un Real Decreto destinado a la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, sin necesidad de pasar por el Congreso, ya que, contrariamente a lo que sostiene la patronal, Trabajo cuenta con “fundamentos jurídicos sólidos” para realizarlo de esta manera y no mediante un anteproyecto de ley.

De igual manera, desde el Ministerio de Trabajo, “incorporaremos otros elementos que nos pide Europa, como lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Comisión de Expertos del SMI”, ha confirmado Pérez Rey.

No se ha abordado el incentivo fiscal

Sin embargo, la mesa de negociación no ha tratado la propuesta del Ministerio de Hacienda de establecer un incentivo fiscal para las empresas mediante una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, diseñada para fomentar contrataciones con salarios superiores al SMI.

Aunque Trabajo preferiría indexar el SMI a los contratos públicos, Pérez Rey ha explicado que esta medida “no se ha tratado en la mesa de esta tarde, pues apenas unas horas después de conocerse y antes de ser formalizada, ha sido tachada de ‘trilera e intervencionista’ por la patronal”. “De manera que el Ministerio de Trabajo ha decidido no someter la propuesta de Hacienda a la mesa de diálogo social por considerar que era una pérdida de tiempo y aquí no estamos para perder el tiempo”, ha subrayado.

Con información de Europa Press.

En la actualidad, el equilibrio entre la vida personal y la laboral tiene un papel decisivo para la toma de decisiones de los trabajadores. Y más en el contexto actual, marcado por la inflación, los avances tecnológicos y la incertidumbre económica. Con este escenario, muchos españoles se están replanteando si su trayectoria profesional es la adecuada, y empiezan a evaluar que sus esfuerzos no se reflejan en su salario y ni en su bienestar laboral.

Así lo refleja un estudio reciente de Adobe sobre satisfacción laboral y aspiraciones profesionales en España, que muestra un panorama muy dividido. Por un lado, la mayoría de los trabajadores se sienten satisfechos con su empleo, ya que el 73% declara estar a gusto con su trabajo. Pero, por otro, menos de la mitad, un 46%, considera que su remuneración refleja de manera justa las labores que realizan. De hecho, un 95% cree que necesita un aumento de sueldo, frente a un 5% que cree que no, lo que deja claro la preocupación por los ingresos frente al cada vez más elevado coste de vida.

De hecho, el salario se posiciona como el principal motivo de cambio de trabajo. Más del 60% de los encuestados se plantea buscar un nuevo empleo en los próximos años, y el 42% señala que su motivación principal sería mejorar sus ingresos. Sin embargo, este interés no está desvinculado de la satisfacción personal, ya que más de la mitad de los españoles estarían dispuestos a cobrar menos si pudiese desempeñar su “trabajo ideal”.

Profesiones soñadas y formación continua

Entre las aspiraciones profesionales más comunes aparecen la programación y el desarrollo web, seguidos de médico, ingeniero o emprendedor. La búsqueda de vocaciones que combinen el desarrollo profesional con la realización personal se refleja también en la disposición de los españoles a formarse y reciclarse: un 95% estaría dispuesto a adquirir nuevas competencias, y el 52% considera prioritario mejorar su nivel de inglés.

Incluso, casi la mitad (42%) se mostraría abierto a mudarse a otra ciudad para comenzar una nueva etapa laboral, con Madrid, Barcelona y Valencia encabezando la lista de destinos preferidos, aunque otras ciudades como Málaga o Santiago de Compostela también atraen el interés.

El estudio también evidencia grandes diferencias geográficas. Ciudades como Bilbao, Barcelona y Madrid lideran en satisfacción profesional, con más de 74% de sus trabajadores satisfechos con su carrera. No obstante, la percepción salarial en Barcelona es muy baja, teniendo en cuenta que solo un 3,7% considera que su sueldo refleja su valor.

A Coruña, por su parte, destaca por tener el descontento salarial más alto del país (67%) y por una fuerte demanda de subidas superiores al 50%. En el otro extremo, Cádiz y Vigo muestran una satisfacción salarial por encima de la media, con Cádiz liderando con un 55% de trabajadores satisfechos con sus ingresos y un 13% que no considera necesario ningún aumento.

El coste de vida impulsa la búsqueda de otro empleo

La brecha generacional también marca diferencias en la percepción del salario. Los más jóvenes, pertenecientes a la Generación Z, son quienes más creen recibir un pago justo (8,5%), aunque también están dispuestos a aceptar incrementos moderados. Los Millennials y la Generación X son más exigentes, ya que más de la mitad de estos grupos reclaman aumentos de entre el 21% y el 50%, probablemente debido a mayores cargas económicas y expectativas salariales más altas.

El desajuste entre salarios y coste de vida explica buena parte de este malestar. El salario mínimo interprofesional ha crecido apenas un 3,1% en términos reales desde 2021, mientras que el precio de la vivienda se ha disparado un 12,7% en solo un año. Los alquileres representan ya cerca del 47% del salario bruto medio, muy por encima del umbral recomendado por organismos internacionales del 30%. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto medio mensual en España alcanza los 1.093 euros por persona, y 2.718 euros por hogar, el nivel más alto registrado en más de una década.

Pero el cambio laboral no responde solo a cuestiones económicas. Un 30% de los trabajadores desea mejorar el equilibrio entre vida personal y trabajo, un 8% busca reducir estrés acumulado, y un 11% quiere reconectar con una vocación que su empleo actual ha dejado de lado. Esta necesidad de reinventarse es especialmente visible en las generaciones más jóvenes, siendo un 62% de la Generación Z y un 65% de los Millennials quienes se plantean cambiar de empleo, mientras que más de la mitad de la Generación X (56%) también considera un giro profesional en algún momento de su carrera.

La renta anual media se situó en 46.300 euros y la mediana en 36.100 euros, ambas en términos reales. En comparación con 2021, la renta media creció un 4,6% y la mediana un 7,8%, lo que confirma una mejora más intensa en la parte baja de la distribución. Otro de los datos más relevantes es de carácter histórico: la renta mediana de los hogares superó en 2023, por primera vez, los niveles registrados en 2001, hasta ahora el máximo de la serie. Este avance consolida la recuperación iniciada tras el parón de 2019-2021 y prolonga la tendencia de crecimiento observada entre 2013 y 2019.

Los hogares con menores ingresos han sido los principales beneficiados. El 20% más pobre incrementó su renta mediana un 14,6%, seguido del segundo quintil, con un aumento del 9,4%. En los tramos intermedios, el crecimiento fue más moderado (del 7,8% entre los percentiles 40 y 60 y del 5,2% entre el 60 y el 80), mientras que en la parte alta se observa un estancamiento: la decila superior registró una caída del 1,4% en la renta mediana, aunque la media continuó aumentando ligeramente.

Este comportamiento ha contribuido a reducir la desigualdad. El índice de Gini descendió hasta el 0,41 en 2023, el nivel más bajo de la serie histórica de la encuesta, impulsado por el mayor dinamismo de las rentas en los hogares de menor ingreso.

La mejora del empleo impulsa las rentas más bajas

Detrás de esta evolución se encuentra, en gran medida, la fortaleza del mercado laboral. Entre 2019 y 2023 se crearon 1,42 millones de empleos netos, en un contexto marcado por la reducción de la temporalidad y el avance de la contratación indefinida. A ello se suma la moderación de la inflación, que pasó del 10,7% en 2022 al 2,8% en 2024, favoreciendo la recuperación del poder adquisitivo. Las políticas públicas también han tenido un papel relevante: el estudio estima que el incremento del salario mínimo interprofesional, las transferencias sociales y la ejecución de fondos europeos han contribuido a mejorar los ingresos de los hogares más vulnerables.

El crecimiento de la renta, sin embargo, no ha sido homogéneo. Por edad, los aumentos fueron del 6,2% entre los menores de 35 años, del 12,9% en el grupo de 65 a 74 años y del 10,7% entre los mayores de 74. Por situación laboral, los jubilados registraron un incremento del 11,2% en la renta mediana, frente al 3,2% de los asalariados y el 1,9% de los autónomos. El mayor avance se observa entre los hogares con cabeza de familia inactivo o en paro, con un aumento del 17,3%.

El nivel educativo también sigue marcando diferencias relevantes. La renta media se sitúa en 30.700 euros en los hogares con estudios inferiores a Bachillerato, asciende a 46.300 euros en el nivel de Bachillerato y alcanza los 71.600 euros entre quienes cuentan con formación universitaria. No obstante, la mediana se reduce ligeramente en este último grupo, mientras crece en los niveles educativos más bajos, lo que apunta a una moderación de la brecha.

La riqueza no regresa a niveles precrisis

En contraste con la renta, la evolución de la riqueza es más desigual y refleja una recuperación incompleta. En 2024, la riqueza neta mediana se situó en 160.800 euros y la media en 344.700 euros, con aumentos del 6% y del 3%, respectivamente, respecto a 2022. Pese a esta mejora, la riqueza todavía no ha recuperado los niveles anteriores a la crisis financiera.

La distribución de este crecimiento también presenta diferencias. Aunque se observan aumentos generalizados, la mejora es especialmente intensa en la parte baja: la riqueza neta mediana del cuartil inferior se incrementó un 44,5%, en parte por la reducción o cancelación de deudas. En cambio, en la decila superior la mediana cayó un 3,7%, aunque la media aumentó un 1,5%. En términos de concentración, los cambios son limitados. El 10% de los hogares más ricos concentra el 52,9% de la riqueza neta, ligeramente por debajo del 53,6% de 2022, mientras que el 1% acumula el 21,6%, sin alcanzar el máximo del 22,9% registrado en 2020.

También se observan diferencias relevantes según el régimen de tenencia de la vivienda. Entre los propietarios de su vivienda principal, la riqueza mediana aumentó un 8,4%, frente al 18,3% entre los no propietarios, aunque estos últimos siguen presentando niveles muy reducidos. Sin embargo, la estructura patrimonial de los hogares apenas cambia. La vivienda principal continúa siendo el activo dominante y representa el 54,2% del total de activos reales. El porcentaje de hogares propietarios se redujo hasta el 70,6%, mientras que el valor mediano de las viviendas aumentó hasta los 170.000 euros.

En 2025, el salario medio bruto anual ofertado en España se situó en los 27.336 euros, según el último informe del Estado del mercado laboral en España 2025 elaborado por InfoJobs y Esade. Aunque este dato se refiere solo a las vacantes publicadas con referencia salarial y jornada completa, supone un aumento del 1% respecto al año anterior, lo que equivale a 276 euros más en términos absolutos.

Esta cifra confirma una ligera recuperación tras los efectos negativos de la pandemia, pero el crecimiento del salario medio sigue siendo insuficiente para compensar el aumento de los precios. La inflación el año pasado fue del 2,9%, lo que provocó una pérdida del poder adquisitivo del 1,9%. Así, pese a la subida de sueldos, los trabajadores han visto reducido el valor real de sus ingresos. En comparación, en 2024 sí hubo una ligera ganancia de poder adquisitivo, con un incremento salarial del 3,1% frente a una inflación del 2,8%.

Crecimiento lento pero constante

El informe destaca que el salario medio ha crecido de forma moderada desde 2019, acumulando un incremento del 7,6% en seis años. La recuperación comenzó con fuerza en 2022 tras el impacto del Covid-19, pero los avances anuales han sido limitados: 1,6% en 2023, 3,1% en 2024 y apenas 1% en 2025. Es decir, que el mercado laboral avanza lentamente, y la mejora real depende en gran medida de factores macroeconómicos como la población ocupada o la inmigración.

“Este ligero incremento del salario promedio en 2025 está desacompasado con la variación anual del IPC”, señala el documento, y argumenta que la brecha entre lo que se produce y lo que llega al bolsillo del trabajador “suele tener un nombre principal: productividad”. Al final, la recuperación de los salarios no ha llegado a niveles que permitan un aumento real del nivel de vida.

Diferencias por formación y tipo de contrato

El informe también analiza la distribución de los salarios en función del nivel de estudios, tipo de contrato y sector. Los datos muestran que:

• Los contratos indefinidos ofrecen una media de 29.720 euros, mientras que los temporales caen hasta 24.579 euros.
• Los autónomos registran un promedio ofertado más elevado, 35.954 euros, aunque ligeramente inferior al del año anterior.
• La educación superior marca la diferencia: quienes cuentan con estudios universitarios pueden aspirar a un salario medio de 35.785 euros.

En cuanto a la distribución general de las vacantes, el grupo más numeroso se concentra entre los 18.000 y 30.000 euros, y la proporción de ofertas por debajo de 18.000 euros ha descendido del 16% en 2023 al 9% en 2025. Esto indica una progresiva mejora en la oferta salarial básica, aunque la desigualdad entre sectores y territorios sigue existiendo.

Otro factor clave ha sido el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que se ha situado en 1.221 euros al mes en 14 pagas (17.094 euros al año) en 2026. Aunque sigue por debajo del salario medio, la brecha se ha ido reduciendo, dado que el SMI crece a un ritmo más rápido que la media de los salarios ofertados.

Consecuencias económicas y sociales

Así, el crecimiento insuficiente de los salarios medios tiene efectos directos sobre la economía doméstica. La pérdida de poder adquisitivo afecta sobre todo a la clase media y a los hogares con menor formación, limitando su capacidad de ahorro, el acceso a la vivienda y el consumo en bienes y servicios. Además, los salarios ofertados aún no reflejan plenamente las presiones del mercado inmobiliario ni el encarecimiento generalizado del coste de la vida.

El informe concluye que la mejora real del salario medio dependerá de un aumento de la productividad por trabajador. Sin este factor, los incrementos salariales seguirán siendo modestos y poco capaces de aumentar el nivel de vida de forma sostenida.

La huelga general convocada para este martes 17 de marzo por los sindicatos nacionalistas en País Vasco y Navarra ha comenzado con bloqueos en varias carreteras y piquetes en los principales centros de trabajo. A primera hora de la mañana, la Ertzaintza alertaba de incidencias en el tráfico por la quema de neumáticos en varias vías de acceso a Bilbao, así como en Vitoria-Gasteiz, Elorrio (Bizkaia) y Andoain (Gipuzkoa), donde el corte de la N-1 ha causado retenciones de unos 7 kilómetros. En Pamplona, la Policía Foral informa de cortes de tráfico en la PA-30 y A-15.

Además de la entrada a las grandes fábricas, las protestas han bloqueado durante horas el acceso al campus de la UPV-EHU en Leioa (Bizkaia). En Larrabetzu (Gipuzkoa), agentes de la policía autonómica han abierto diligencias por desórdenes públicos a un huelguista durante un piquete en el polígono industrial de Sarrikola.

En Hernani (Gipuzkoa), se han registrado paros en dos puntos de la línea ferroviaria por la quema de neumáticos en las vías sobre las 5.30 horas de la mañana, mientras que en Amurrio (Álava) se ha interrumpido la circulación a las 9:30 horas por un sabotaje en la catenaria.

Sueldo mínimo de 1.500 euros frente al alza del coste de vida

Bajo el lema “Decidir aquí el sueldo mínimo”, los sindicatos mayoritarios ELA y LAB, junto a las organizaciones Steilas, Hiru y Etxalde, reclaman el traslado a los gobiernos autonómicos de las competencias para fijar el SMI. En concreto, exigen un salario mínimo de 1.500 euros al mes en 14 pagas, para aliviar la economía de los 307.000 trabajadores vascos que cobran sueldos por debajo de esta cifra y acercar el SMI al objetivo del 60% del salario medio.

La propuesta de un SMI negociado desde País Vasco y Navarra en lugar de Madrid ha recibido el rechazo de la patronal y los gobiernos autonómicos, que tumbaron en ambos parlamentos las iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas por los agentes sociales.

Colectivos como CNT, CGT, Solidari y EHKS, por su parte, han apoyado la huelga y convocado movilizaciones y piquetes durante el día.

Amplio seguimiento en varios sectores

En las primeras valoraciones de la huelga este martes, las organizaciones convocantes celebran que la jornada de paros esté teniendo “un seguimiento importante” en Navarra, aunque denuncian “chantajes, amenazas y obstáculos” como la imposición de servicios mínimos excesivos para evitar que los trabajadores acudan a la convocatoria.

Desde LAB destacan el seguimiento de la huelga en el sector industrial, donde gran parte de las plantas productivas han parado su actividad. En el sector de servicios privados también se ha dado una importante adhesión, con comercios y comedores cerrados, así como servicios de limpieza y subcontratas que se han sumado a la convocatoria.

En el ámbito de los servicios públicos, se ha interrumpido el servicio en varias líneas de transporte y la administración pública presenta una actividad muy reducida en varios municipios. El sector sanitario y el de bienestar social han estado afectados por servicios mínimos estrictos, aunque la intervención social muestra una amplia participación. En la educación pública, más de la mitad de la plantilla ha secundado la huelga y muchas cocinas escolares han cerrado, mientras que en educación especial y universidades el paro también es casi total. En cuanto a los medios de comunicación, la emisión de EITB se ha limitado hoy a los informativos, que constituyen los servicios mínimos del grupo.

(Noticia en ampliación)

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha experimentado un nuevo incremento en 2026, aprobado por el Consejo de Ministros y resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios.

Esta medida afecta a alrededor de 2,5 millones de trabajadores y forma parte de una política sostenida de crecimiento del SMI desde 2018. El Gobierno ha subrayado que esta subida busca garantizar unas condiciones laborales dignas y reducir la desigualdad.

La reciente aprobación en el Consejo de Ministros de la subida del salario mínimo interprofesional para este año mantiene expectante a miles de trabajadores, pero hay una precisión crucial: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”, aclaró Juanma Lorente, abogado especializado en derecho laboral, en un vídeo de TikTok (@juanmalorentelaboralista).

Ajuste dirigido a salarios más bajos

Su mensaje apunta a mitigar la confusión generalizada sobre el alcance de la medida: “Lamentablemente, hay gente que se cree que la subida del salario mínimo le afecta a todo el mundo. No es así. Solo le afecta a quien cobra menos de cierta cantidad”. El incremento fijado para 2026 eleva el SMI hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que supone una subida del 3,1% respecto al año anterior y un umbral anual de 17.094 euros.

Esta actualización ha sido destacada por representantes del Gobierno como un “paso relevante” para mejorar el bienestar de los trabajadores con menores ingresos y reforzar la cohesión social. Según datos oficiales, el salario mínimo ha crecido más de un 66% en los últimos ocho años, partiendo de 735 euros mensuales en 2018.

Según Lorente, los efectos de este ajuste impactan de manera selectiva: “Esta subida del salario mínimo te va a afectar si a fecha de hoy cobras menos de 1221 euros en catorce pagas, si no tienes las pagas estas prorrateadas, o menos de 1424,50 euros si tienes las pagas estas prorrateadas. Es decir, si todos los meses cobras lo mismo y no hay ningún mes que cobres el doble”.

Efectos retroactivos y límites de aplicación

En su explicación, destaca que el nuevo salario mínimo posee un carácter retroactivo, lo que implica que “tu empresa te tendrá que pagar ahora en febrero lo que no te pagó en enero de la subida del salario mínimo interprofesional” en caso de cumplir los requisitos mencionados por el abogado.

Además, la norma establece que el salario mínimo no puede verse reducido por compensaciones en especie y que únicamente se aplica a quienes tengan retribuciones en efectivo por debajo del nuevo umbral. La estructura salarial de quienes ya superan ese importe no se verá modificada. El Gobierno ha remarcado que esta actualización se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2026, tal como recoge el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

En torno a la interpretación de las cifras, el abogado enfatizó que “todas estas cantidades que os estoy diciendo son en bruto, no en líquido”. Matizó: “Es decir, sin descontar Seguridad Social y sin descontar Hacienda. No te equivoques”.

Por último, Lorente se encargó de resumir el umbral anual para delimitar quiénes quedan incluidos en la medida: “Si tú en bruto cobras más de 17.094 euros al año, no te va a afectar. Solo si cobras menos te afectará esta subida”.

De acuerdo con datos de la Encuesta Europea de Violencia de Género recogidos en 2022, el 28,4% de las mujeres que han trabajado alguna vez en su vida en Europa ha sido víctima de acoso sexual en el ámbito laboral, y el 4,6% experimentó estas situaciones en los 12 meses previos a la encuesta. Este panorama, consignado por los sindicatos UGT y CCOO en su manifiesto conjunto del Día Internacional de las Mujeres, motiva a ambas organizaciones a demandar a las empresas la implementación efectiva de protocolos específicos contra el acoso sexual y por razón de sexo en los espacios de trabajo.

En el mismo documento, publicado por UGT y CCOO y citado por diversos medios, ambas centrales sindicales expresaron su determinación de acelerar los avances hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con el foco puesto en la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados y la erradicación de las violencias machistas, especialmente en el entorno laboral. Tal como destacó el medio que difundió este comunicado, los sindicatos señalaron que, aunque actualmente hay una mayor presencia de mujeres en el empleo y más de 10,2 millones de trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, las cifras siguen mostrando importantes desigualdades.

UGT y CCOO remarcaron que la segregación ocupacional y sectorial persiste: nueve de cada diez mujeres empleadas lo están en el sector servicios. Este fenómeno es aún más significativo en el caso de las mujeres migrantes, lo que profundiza la brecha existente. Según detalló el manifiesto citado por los medios, una de las problemáticas más urgentes sigue siendo la falta de corresponsabilidad y de una red pública de cuidados integral, factores que inciden de manera directa en la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El combate contra las distintas formas y manifestaciones de violencia machista aparece también entre las reivindicaciones principales de UGT y CCOO. Si bien los sindicatos reconocieron los esfuerzos normativos, las políticas y los recursos públicos enfocados en la prevención y la protección integral de las mujeres víctimas de violencia, advirtieron que estas acciones, aunque necesarias, resultan insuficientes y permiten margen de mejora, según recogen en su declaración.

De cara al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, los sindicatos subrayaron una serie de prioridades orientadas a mejorar las condiciones laborales y sociales de las trabajadoras. Entre las principales medidas, demandan la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio, en línea con recomendaciones internacionales, así como la reducción de la jornada laboral semanal a un máximo de 37 horas y media, sin merma salarial.

Los sindicatos exigen también que todas las políticas públicas incorporen la perspectiva de género y que se refuercen las políticas activas de empleo en esa misma línea, según la información proporcionada por el comunicado conjunto al que hace referencia la prensa. Además, reclaman el cumplimiento íntegro de los planes de igualdad establecidos en la legislación vigente y piden activar el diálogo social para trasponer directivas europeas pendientes, como las referentes a la transparencia salarial y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Otra de las demandas destacadas de UGT y CCOO se refiere a la configuración de una política integral de cuidados que incluya tanto medidas efectivas de corresponsabilidad como la dignificación y revalorización —en el plano social y económico— de los empleos vinculados a los servicios de atención y cuidados, áreas en las que se concentra gran parte de la mano de obra femenina. Según puntualizó la declaración publicada por ambos sindicatos, estas reformas traerían consigo una mejora directa de la equidad para las trabajadoras.

La garantía del derecho efectivo al aborto y el llamamiento a las fuerzas parlamentarias para que se protejan los avances alcanzados y no se retroceda en materia de igualdad de derechos forman también parte de las exigencias presentadas por UGT y CCOO en el contexto del Día Internacional de las Mujeres. Estas organizaciones pusieron el acento en la necesidad de que la protección de los derechos ya conquistados y la implementación de políticas expansivas permanezcan en el centro del debate legislativo y político.

El manifiesto sindical refleja una evaluación de los logros alcanzados y los retos que persisten, conforme a los datos y propuestas consignados en el texto al que hacen mención diversos medios. Entre los datos presentados, se subrayó la participación masiva de mujeres en el sistema laboral, así como la persistencia de brechas y discriminaciones, tanto salariales como de acceso al empleo. UGT y CCOO insistieron especialmente en la urgencia de una transformación estructural que aborde tanto la igualdad salarial como la protección frente a todas las formas de violencia en el entorno de trabajo y sociedad.

El comunicado difundido en conmemoración del 8 de marzo reitera el compromiso de los sindicatos con la igualdad de género, la mejora de los derechos laborales y la protección frente a la violencia machista. A ello suman la exigencia de que las empresas y administraciones adopten medidas concretas y contundentes que permitan avanzar hacia una equidad efectiva para todas las trabajadoras, manteniendo la vigilancia sobre el desarrollo y cumplimiento de las políticas ya aprobadas y proponiendo nuevas acciones de mejora en el marco del diálogo social y la legislación vigente.

La baja productividad ha sido durante años la asignatura pendiente de la economía española, pero esta tendencia está cambiando. Según los últimos datos del Gabinete Económico de CCOO, la productividad del trabajo -medida como el valor añadido bruto generado por cada asalariado- ha aumentado el doble que los salarios, tanto en términos nominales como reales.

Así, entre 2019 y 2025 en términos reales, el valor añadido bruto (riqueza generada) por trabajador ha aumentado un 9%. Esta subida no ha ido acompañada por un incremento de los salarios en la misma proporción, afirma CCOO, ya que la remuneración media por trabajador ha sido del 2% en el mismo periodo, mientras que el margen bruto por asalariado que obtiene la empresa ha crecido un 17%, según un informe elaborado por el sindicato.

También el Observatorio de la productividad y la competitividad española, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, indica que la productividad total de los factores (PTF) ha mejorado un 1,4% anual desde 2020, un avance que explica el 33% del crecimiento del PIB en dicho periodo.

Los sectores más productivos

La mayor parte de los sectores y empresas han mejorado su productividad desde la pandemia, especialmente la fabricación de material de transporte, casi el 20%; hostelería (13,3%), industrias extractivas (8,7 %), fabricación de maquinaria y equipo (8,4%), transporte (7,8%) y fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos (6,7%).

También se observa una “mejora significativa” en las actividades profesionales o las financieras, mientras que el comercio, el sector sanitario y de servicios sociales, el educativo o el de la construcción no muestra avances relevantes de productividad.

En cuanto a las diferencias regionales, Madrid, Cataluña y País Vasco destacan por sus altos niveles de productividad, mientras que Baleares y Canarias han tenido “fuertes mejoras”, al igual que otras comunidades como Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Cantabria y Galicia. Por su parte, Extremadura es la única comunidad que muestra una pérdida de eficiencia en los años posteriores al Covid-19.

Los márgenes empresariales se disparan en 2025

En este escenario de productividad al alza, los márgenes empresariales volvieron a batir récords a cierre de 2025, según los últimos datos recabados por CCOO, que señalan que la capacidad de las empresas para generar valor por cada euro vendido ha alcanzado un nuevo máximo histórico del 24,4%, una cifra que contrasta “con una recuperación salarial que todavía no compensa el esfuerzo productivo de las plantillas”, argumentan los representantes de los trabajadores.

El informe revela que la rentabilidad empresarial ha dado un salto estructural. El margen bruto sobre ventas se ha consolidado en el 13%, lo que supone un incremento de la rentabilidad del 30% respecto a los niveles previos a la crisis sanitaria del coronavirus, cuando este indicador oscilaba en torno al 10%.

Los autores del estudio reconocen que, aunque los costes de insumos y energía se han moderado, las empresas han mantenido elevados sus precios de venta. Este “desacople extraordinario” ha permitido que los beneficios se extiendan de forma generalizada a todo el tejido empresarial, principalmente en los sectores de la energía y la banca, subrayan.

El aumento de beneficios de las empresas apenas se ha trasladado a las nóminas de los trabajadores, ya que, según el informe, “se produce de manera continuada y sistemática un reparto desigual de la tarta. A pesar de las recientes subidas salariales, los márgenes empresariales siguen acaparando una parte desproporcionada de la riqueza generada”.

Desde Comisiones Obreras inciden en que la productividad crece a un ritmo que los salarios no alcanzan, consolidando un modelo donde “el capital retiene el grueso de las ganancias” derivadas del crecimiento económico. Insisten en que los datos de 2025 eliminan cualquier excusa para no avanzar en la justicia salarial, debido a que la productividad récord demuestra que “hay margen de sobra para subir sueldos y reducir la jornada laboral sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas”.

Por ello, el sindicato exige que la moderación de los costes de producción se traslade a los precios de consumo y a las nóminas de los trabajadores para evitar que el excedente empresarial se convierta en un factor de desigualdad estructural.

Un reparto “justo” de la riqueza

También desde UGT solicitan “mejoras salariales” que se ajusten al actual contexto económico en el que “buena parte del tejido empresarial se ha beneficiado en mayor proporción, acumulando unos márgenes empresariales que marcan niveles récord en los últimos cinco años”. Por ello demandan, “un modelo de reparto de la riqueza más justo y equilibrado”.

El sindicato estima que el primer paso ya se ha dado con la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas. “Con ello, seguimos avanzando en el cumplimiento del compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, además de garantizar un suelo salarial digno para las personas trabajadoras con rentas más bajas”, señalan. En UGT consideran que la subida del SMI debe venir acompañada de un aumento salarial en los tramos medios, para impulsar “un modelo de reparto de la riqueza más justo y equilibrado que ayude a combatir la precariedad y desigualdad salarial”.

La entrada en vigor de la nueva actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026 ha supuesto una modificación relevante en las condiciones laborales de quienes trabajan en el servicio doméstico.

Con la fijación del SMI en 40,70 euros diarios o 1.221 euros al mes en 14 pagas —lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales—, el Ministerio de Trabajo ha establecido la cuantía base común para todas las actividades económicas, independientemente de la edad o el género de la persona trabajadora.

Este cambio normativo afecta a unos 2,5 millones de personas en España y, en el caso específico de las empleadas y empleados del hogar, tiene consecuencias destacadas. Su régimen laboral particular, donde abundan tanto los contratos a tiempo parcial como los acuerdos por horas en diferentes domicilios, hace que la actualización del SMI cobre una especial importancia para el sector.

Para la prestación de servicios por horas y en régimen externo, la legislación fija desde ahora la retribución mínima por cada hora efectivamente trabajada en 9,55 euros. Esta cantidad incluye obligatoriamente todos los conceptos salariales exigidos y es la referencia cuando la jornada semanal es inferior a la completa.

La diferencia respecto al año anterior es de 29 céntimos por hora —el mínimo por hora era de 9,26 euros en 2025—, lo que representa un incremento del 3,1% en consonancia con el aumento general del salario mínimo.

Mejoras prácticas y protección salarial

Para quienes desempeñan veinte horas semanales en el sector, esta subida puede suponer al final del año una mejora que supera los 300 euros brutos, si bien la cuantía exacta depende de cómo se distribuyan las horas y se paguen las pagas extraordinarias.

Este aumento adquiere un valor particular en un sector caracterizado por la frecuente fragmentación de las jornadas y la prestación de servicios en varios hogares, lo que convierte el cálculo por horas en la referencia central para verificar el cumplimiento del mínimo legal.

La normativa vigente obliga a que las cantidades establecidas como salario mínimo se abonen siempre en dinero. Así, conceptos como alojamiento o manutención —que existen en determinados supuestos de empleo interno— no pueden descontarse para rebajar el salario efectivo por debajo del umbral legal.

Por tanto, el salario en especie queda excluido como vía para compensar o absorber la cuantía mínima que debe cobrarse en metálico, una garantía legal destinada a evitar que la retribución real se vea rebajada por estas prácticas. El refuerzo de esta protección resulta especialmente significativo de cara a asegurar la equiparación progresiva de los derechos laborales en el régimen de empleo doméstico frente al régimen general.

Área de aplicación y efectos retroactivos

Aunque el acuerdo relativo al nuevo SMI se ha formalizado en febrero de 2026, la actualización tiene efectos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Esto significa que cualquier persona empleada del hogar puede reclamar las diferencias salariales ya devengadas si su nómina no se ajustó desde enero a los nuevos importes.

La revisión del salario mínimo no solo afecta al colectivo doméstico. También se ha aplicado a quienes desempeñan trabajos eventuales o temporales, siempre que sus servicios para una misma empresa no superen los 120 días.

En estos supuestos, el salario diario mínimo fijado incluye la parte proporcional de domingos, festivos y pagas extraordinarias: para 2026, la cantidad por jornada no puede ser inferior a 57,82 euros. Aunque este grupo no corresponde directamente al empleo doméstico, el alcance de la medida demuestra la voluntad de que el salario mínimo actúe como garantía retributiva transversal en distintos ámbitos.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1% aprobada por el Consejo de Ministros esta semana, hasta alcanzar los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, generará beneficios no solo a los que verán incrementarse sus nóminas sino al conjunto de la economía del país.

“La experiencia acumulada demuestra que las subidas sostenidas del Salario Mínimo Interprofesional no sólo no han destruido empleo, sino que han contribuido a dinamizar el mercado de trabajo y a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores”, señalan fuentes de UGT. Hacen referencia al argumento de la patronal que en anteriores incrementos del SMI señalaba que su aprobación iba a disparar el paro.

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Estas previsiones no se han cumplido si se tiene en cuenta que, tras la subida del SMI en 2025, el año cerró con niveles de ocupación récord, la tasa de paro más baja en 18 años y empresas con beneficios históricos. Las últimas subidas también han contribuido a mejorar la economía española, según ha manifestado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hasta situar al país “a la cabeza de la UE”, además de “mejorar las condiciones de los hogares”.

A su juicio, “el incremento del SMI ha demostrado que subir los salarios no destruye empleo, sino que lo impulsa. Además es una política feminista, redistributiva y de sentido común”.

2,5 millones de beneficiados

La nueva escalada del SMI beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, la mayoría mujeres. Otro de los colectivos más favorecidos son los jóvenes, ya que el porcentaje que reciben en SMI triplica al de empleados de más de 45 años.

Según fuentes de CCOO, el SMI tiene una mayor incidencia sobre los colectivos con peores condiciones laborales, como “las mujeres, los jóvenes, los extranjeros, los temporales, los que trabajan en agricultura, hostelería o comercio en ocupaciones elementales y que viven en comunidades autónomas como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía”.

Las mujeres se verán beneficiadas en mayor medida que los varones dado que su presencia entre los salarios bajos es superior. Así, el 61% de las personas beneficiadas por la subida del SMI serán mujeres. De hecho, según CCOO, el porcentaje de las mujeres asalariadas afectadas por la subida del SMI en 2026 (12,4%) casi duplica el porcentaje de los hombres asalariados que se verán beneficiados (6,3%).

La mayoría de los perceptores del salario mínimo son mujeres mayores de 35 años con contrato indefinido, que trabajan en el sector servicios en ocupaciones intermedias y que viven en Andalucía.

La mayor incidencia del SMI se da entre la población joven asalariada, que soporta salarios medios inferiores a la media. En concreto, el 19,5% de la población asalariada a jornada completa de hasta 24 años y el 10,9% de la población de 25 a 34 años se verá beneficiada por la subida del SMI. Más allá de los 35 años, la incidencia de la subida del SMI se sitúa por debajo de la media.

En cuanto a la nacionalidad, tres de cada cuatro perceptores del SMI tienen nacionalidad española o doble nacionalidad, por lo que la subida del SMI beneficia principalmente a ciudadanos españoles.

Comercio y hostelería, los sectores más impactados

Por sectores, los más impactados por el incremento del SMI son el comercio y la hostelería, seguidos a gran distancia por sanidad, educación y administración pública, servicios financieros y profesionales, otros servicios y agricultura. De hecho, casi un tercio de los perceptores del SMI trabaja en hostelería o comercio.

En cuanto a Comunidades Autónomas, CCOO estima que, en términos absolutos, un 59% de los beneficiarios del SMI se concentran en las cuatro comunidades más pobladas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña, aunque en las dos primeras la incidencia está por encima de la media y en las dos últimas la incidencia está por debajo de la media, especialmente en Cataluña.

El acuerdo formalizado por el Gobierno de España y los sindicatos para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) fue sellado en un acto donde participaron la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La patronal CEOE se mantuvo al margen de las negociaciones y del consenso final, situación por la que Sánchez expresó su desacuerdo con la postura empresarial. De esta forma, la subida del SMI se aprobó nuevamente de manera bilateral entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales, un patrón que se ha repetido por sexto año consecutivo, según informó el medio.

El Consejo de Ministros dará luz verde este martes al incremento del SMI, que experimenta una mejora del 3,1% y alcanza los 1.221 euros mensuales repartidos en catorce pagas. Esta actualización tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del año en curso hasta el 31 de diciembre de 2026, detalló El País. La nueva cuantía del salario mínimo supone un aumento de 37 euros al mes y 518 euros al año respecto a 2025, cuya referencia estaba fijada en 1.184 euros mensuales o 16.576 euros anuales. El ajuste beneficiará a aproximadamente 2,5 millones de trabajadores de todo el país, según explican fuentes gubernamentales citadas por el medio.

El SMI fijado para 2026 se ubicará en 17.094 euros brutos al año, lo que equivale a 40,70 euros brutos por día en términos generales, según reportó El País. Los trabajadores eventuales y temporeros verán su salario mínimo por jornada legal fijado en 57,82 euros y el personal empleado en el hogar no podrá recibir menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada, según detalló el medio. Todas estas disposiciones forman parte del Real Decreto que, además, contempla la retroactividad de la medida, permitiendo a los beneficiados reclamar los importes correspondientes a los meses anteriores a la aprobación.

A pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las principales centrales sindicales, la ausencia de la patronal CEOE marcó la negociación y sus resultados. El presidente Pedro Sánchez arremetió contra la confederación empresarial por, en sus palabras, "borrarse" del pacto, según consignó El País en su cobertura del acto de firma. Este gesto reafirma la tendencia observada en los últimos ejercicios, en los que la actualización del SMI se ha pactado sin el apoyo de la representación patronal.

La subida del salario mínimo afecta especialmente a quienes perciben retribuciones más bajas o se rigen por convenios colectivos cuyo salario global no supera el nuevo umbral anual del SMI. Por el contrario, aquellos trabajadores cuyos ingresos, sumando todos los componentes salariales y en cómputo anual, ya excedan el nuevo mínimo legal, no experimentarán cambios en su estructura retributiva, tal como puntualizó El País en su análisis.

A la vez, el Gobierno y los sindicatos han consensuado llevar a cabo una reforma de las reglas de absorción y compensación, que rigen cómo el SMI interactúa con los diferentes complementos salariales. El objetivo planteado, según detalló el medio, es evitar que la subida del salario mínimo se diluya por modificaciones en los pluses que los empleados puedan recibir en sus nóminas. Esta modificación regulatoria no formará parte del Real Decreto que contiene la subida del SMI, sino que se implementará en una normativa posterior, aprovechando la transposición de la directiva europea de salarios mínimos al marco legal español.

El acuerdo alcanzado se inscribe en la política del Gobierno dirigida a garantizar la protección de los trabajadores con salarios más bajos frente a la inflación y otros factores que afectan el poder adquisitivo. Según publicó El País, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó la importancia de este avance en el contexto de los compromisos adquiridos con Bruselas sobre salarios mínimos y condiciones laborales.

El impacto de esta medida se extiende principalmente a sectores caracterizados por una mayor temporalidad o contratación eventual, así como al empleo doméstico y otros segmentos donde los salarios suelen situarse cerca del umbral mínimo legal. Según analizó El País, uno de los aspectos centrales del acuerdo fue precisamente asegurar que ningún trabajador perciba ingresos por debajo del SMI tras la aplicación de las reglas de absorción y compensación revisadas en los próximos meses.

Las reformas propuestas tendrán aplicación en sucesivas revisiones normativas, en consonancia con el compromiso de adaptar la legislación nacional a la normativa europea. De acuerdo con los datos citados por El País, la actualización del SMI introduce además la obligación para las empresas de revisar y adaptar los contratos y acuerdos privados cuyos salarios se sitúan por debajo del nuevo umbral, garantizando así su cumplimiento a nivel general.

El País informó que el proceso de negociación fue antecedido por conversaciones prolongadas entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, pero la falta de acuerdo con la CEOE empujó al Ejecutivo a sellar el pacto únicamente con la representación sindical. Esta dinámica, según expuso el diario, se ha convertido en norma en las últimas revisiones del SMI, marcando un distanciamiento sostenido entre las distintas partes implicadas.

El texto de la normativa establece además el mantenimiento de los criterios para la exclusión de los complementos salariales no salariales (como dietas, pluses de transporte, etc.) del cómputo del SMI, a reserva de las posibles modificaciones que introduzca la futura reforma de las reglas de absorción y compensación, según la información publicada por El País. Este aspecto resulta relevante para evitar que las empresas reduzcan otros conceptos retributivos en respuesta a la subida del salario mínimo, una cuestión que tanto sindicatos como el Gobierno han venido considerando en los últimos años.

Por último, el alcance de la nueva subida del salario mínimo interprofesional responde a los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en el marco de la estrategia de convergencia con los estándares europeos. Según detalló El País, parte de la motivación para elevar el SMI radica en garantizar que España mantenga un nivel de protección adecuado para los trabajadores frente a los desafíos económicos y la evolución del coste de vida.

“Acompañamos la aprobación del salario mínimo interprofesional con una nueva revisión fiscal para las rentas bajas, de forma que estas personas perceptoras del salario mínimo interprofesional no tengan que abonar la parte fiscal correspondiente”, ha indicado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Aunque el SMI se sitúa en 17.094 euros anuales, la deducción se amplía para cubrir a quienes perciban hasta 20.000 euros, de modo que el beneficio fiscal sea más inclusivo y no penalice a quienes estén apenas por encima del mínimo.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no ha habido fricción entre los ministerios de Trabajo y Hacienda respecto a este asunto. María Jesús Montero ha respaldado la continuidad de la exención, alineando así la política fiscal con las demandas del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Ahorro acumulado de 11.000 millones desde 2018

Desde que el Gobierno inició las sucesivas subidas del SMI (la primera fue en 2018 y desde entonces ha habido seis incrementos) el conjunto de contribuyentes de rentas bajas ha obtenido un ahorro acumulado que ya alcanza los 11.000 millones de euros, de acuerdo con los datos expuestos por la ministra. Montero ha comparado los datos con “la etapa del PP”: ahora, según ha explicado, quien cobra el salario mínimo paga 800 euros menos en IRPF.

La responsable de Hacienda ha explicado la orientación redistributiva de la política fiscal, enfatizando que el Ejecutivo actúa para aliviar la carga tributaria sobre las rentas más bajas y exigir mayores contribuciones a quienes se sitúan en los tramos superiores. “Ha sido una iniciativa de este Gobierno, como siempre, bajar la contribución a las personas de bajo salario y pedir un mayor esfuerzo a aquellos que tributan en la escala alta”, ha afirmado.

Por otro lado, Montero considera que esta deducción wa una “invitación clara” para que los empresarios firmaran el acuerdo de subida del salario mínimo, que se sitúa en la parte baja de la propuesta de los expertos al ir exento de tributación, lo que permite unos costes laborales “más bajos” a los empresarios.

La subida del SMI se ha producido tras llegar a un acuerdo Gobierno y sindicatos, pero sin la patronal. La última vez que se pusieron de acuerdo en este ámbito fue en 2020. Este martes, en una entrevista en la COPE, el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado estar “hiperenfadado” con Pedro Sánchez. “Han utilizado unos expertos que yo creo que no han pagado un salario en su vida”, ha sentenciado.

No obstante, la vicepresidenta ha insistido en que para Hacienda “el debate sobre la tributación mínima y el debate sobre el salario mínimo son debates distintos”, porque la aspiración del Gobierno es que el salario mínimo “siga creciendo y alcance cotas elevadas”, mientras que la tributación mínima es “otro debate”.

El subsidio para mayores de 52 años sigue considerándose en 2026 una de las prestaciones más relevantes para quienes pierden el empleo en la recta final de su vida laboral. El importe mensual de la ayuda permanece en 480 euros, al calcularse como el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que no varía respecto a 2025. Sin embargo, el umbral de rentas para acceder al subsidio sí sube, ya que se vincula al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), facilitando el acceso a más solicitantes.

Para beneficiarse de esta ayuda, es necesario cumplir una serie de requisitos precisos. Pueden acceder quienes, el 1 de noviembre de 2024 o después, hayan agotado una prestación contributiva por desempleo. A diferencia de años anteriores, ya no se exige permanecer inscrito un mes completo como demandante de empleo tras agotar el paro: el derecho al subsidio se genera en la fecha de agotamiento de la prestación contributiva.

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También puede acceder quien acredite situación legal de desempleo en la misma fecha, siempre que haya cotizado al menos 90 días. En ambos casos, es imprescindible tener 52 años cumplidos en el momento de encontrarse en alguna de estas situaciones, según informan fuentes de BBVA.

Demandantes de empleo

El solicitante debe estar inscrito como demandante de empleo en el momento de la solicitud y haber firmado el acuerdo de actividad con los servicios públicos de empleo, donde se establecen derechos y obligaciones para mejorar la empleabilidad.

Otro de los requisitos importantes es haber cotizado al menos seis años a lo largo de la vida laboral por la contingencia de desempleo en España. Además, la persona debe cumplir todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación.

Límite de rentas: ¿cuánto puedes ingresar para no perder el subsidio?

El acceso y la permanencia en el subsidio dependen de no superar el tope de rentas. En 2026, el límite mensual se sitúa en 915,75 euros, que corresponde al 75% del SMI mensual vigente (1.221 euros). Se computan todas las rentas o ingresos de cualquier naturaleza, incluidos sueldos, rendimientos del capital, pensiones alimenticias o compensatorias, ingresos por actividades económicas y prestaciones públicas o privadas, salvo las asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo.

Tampoco se consideran ingresos las cuotas destinadas a financiar el convenio especial con la Seguridad Social. Si el solicitante forma parte de una unidad familiar, también se tienen en cuenta los ingresos de los miembros de la familia.

Además de quienes agotan el paro, pueden acceder al subsidio quienes, durante la percepción de otros subsidios (como el de cotización insuficiente), cumplan los 52 años y reúnan el resto de requisitos. También se permite solicitar la ayuda tras la reanudación de cualquier subsidio, siempre que se cumplan todas las condiciones en la fecha de reanudación.

No es posible acceder al subsidio de mayores de 52 años si la persona ha agotado la Renta Activa de Inserción (RAI), la prestación por cese de actividad (paro de autónomos) o el subsidio extraordinario por desempleo.

La prestación se percibe hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilación que da derecho a la pensión contributiva. Su cuantía en 2026 es de 480 euros mensuales, igual que en 2025. El pago se realiza entre los días 10 y 15 de cada mes, mediante abono en la cuenta corriente del beneficiario.

Cotización por jubilación durante la percepción del subsidio

El SEPE ingresa las cotizaciones a la Seguridad Social por jubilación, tomando como base el 125% de la base mínima de cotización del Régimen General, que en 2026 asciende a 1.726,50 euros mensuales. Estas cotizaciones cuentan para la base reguladora de la pensión de jubilación y para el tiempo exigido en caso de jubilación anticipada.

Si el beneficiario trabaja a tiempo completo y percibe el complemento de apoyo al empleo (CAE), el SEPE no cotiza durante ese periodo. Si el trabajo es a tiempo parcial, la base de cotización se reduce proporcionalmente.

Todos los beneficiarios deben presentar una declaración anual de rentas cada 12 meses desde la concesión o la última reanudación del subsidio. Si no se presenta en plazo (15 días hábiles), el subsidio se suspende. Si el SEPE detecta que se ha superado el tope de rentas, suspende la prestación y reclama los importes cobrados indebidamente.

Si el beneficiario accede al subsidio mientras trabaja a tiempo parcial o, ya siendo beneficiario, comienza a trabajar, puede compatibilizar el subsidio con el empleo mediante el complemento de apoyo al empleo, sin posibilidad de suspender la ayuda por este motivo.

Para conservar el derecho al subsidio para mayores de 52 años es fundamental no superar el tope de rentas, presentar puntualmente la declaración anual y cumplir con las obligaciones del acuerdo de actividad. El subsidio se mantiene hasta la jubilación, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada momento.

El Gobierno ha oficializado este lunes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que alcanzará los 1.221 euros brutos en 14 pagas tras un incremento del 3,1% respecto a 2025. El acto de firma, celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo y protagonizado por Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo, ha contado con la presencia destacada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La ausencia de la patronal en esta cita ha marcado el tono político del evento: Sánchez ha dirigido duras críticas hacia los representantes empresariales por desmarcarse del acuerdo y ha urgido a las compañías a implementar subidas salariales.

En su intervención, Pedro Sánchez ha reprochado a la patronal su negativa a respaldar este aumento del SMI y ha subrayado que “la patronal ha decidido no estar aquí”. El presidente ha defendido la medida argumentando que “no es admisible que en un contexto de bonanza económica se mire con lupa el salario de quienes cobran el mínimo mientras hay beneficios millonarios”.

“Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos. Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen. El Gobierno está haciéndolo con lo que está en su mano, el SMI y Función Pública. Le pido a la patronal que cumpla su parte, que paguen más. Que vayamos a la subida de sueldos allí donde aún no la hay”, ha insistido.

“Que nadie nos diga que no podemos subir los salarios cuando los beneficios crecen”

En la apertura del evento se ha recordado que lo habitual es que el jefe del Ejecutivo acuda únicamente a la firma de acuerdos avalados por todas las partes del diálogo social, como ocurrió durante la aprobación de la última reforma de las pensiones en 2024. Sin embargo, en esta ocasión, la ruptura del consenso con los empresarios ha provocado un cambio de escenario.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado ante los asistentes que Pedro Sánchez “siempre ha estado donde tenía que estar, en el lado correcto de la historia”. Díaz ha resaltado que Gobierno y sindicatos han mantenido negociaciones intensas en distintas materias y ha reiterado la voluntad del Ejecutivo de avanzar en la agenda de reformas laborales.

Entre las próximas iniciativas, la ministra ha enumerado la aprobación del nuevo registro horario, la reducción de jornada, medidas contra las horas extraordinarias no remuneradas, mayor protección frente a despidos injustificados y la regulación de las plataformas digitales.

El SMI ha incrementado el 66% desde 2018

La revisión anual del salario mínimo representa una de las acciones económicas más significativas que el Gobierno puede implementar sin necesidad de convalidación parlamentaria, lo que impide a la mayoría de derechas en el Congreso bloquear la medida. En contraste, ese bloqueo sí ha afectado a otras propuestas del Ministerio de Trabajo, como la reducción de jornada.

El acto protocolario de este lunes ha tenido una mayor repercusión pública que en anteriores ocasiones al congregar a numerosos representantes sindicales y de asociaciones profesionales, así como a integrantes clave del Ejecutivo, entre quienes figuran la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Educación, Milagros Tolón; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Desde 2018, año en que Pedro Sánchez asumió la presidencia tras una moción de censura a Mariano Rajoy, el salario mínimo ha experimentado un incremento del 66%, pasando de 736 euros a los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Durante ese mismo periodo, los precios han subido un 23%, lo que se traduce en una ganancia real de poder adquisitivo para quienes perciben el SMI de en torno a 40 puntos.

La reacción de CEOE y Cepyme

El nuevo acuerdo SMI refuerza el compromiso del Ejecutivo con los sindicatos para aprobar por decreto una cuestión pendiente: impedir que las empresas absorban la subida mediante la supresión de pluses salariales. Aunque esta condición ya se pactó en el anterior incremento, el Gobierno ha manifestado, esta vez, su disposición a concretarla mediante la vía del decreto, prescindiendo de la vía parlamentaria.

CEOE y Cepyme se han mostrado contrarias tanto al propio aumento del salario mínimo como a cualquier alteración de la normativa sobre pluses. Consideran que esta reforma invade la competencia parlamentaria. Además, han rechazado la propuesta fiscal presentada por Hacienda, que planteaba una deducción creciente para empresas con salarios por encima del mínimo, y la han calificado de “trilera” e “intervencionista”, tanto por su forma como por su contenido. Finalmente, la iniciativa ni siquiera se debatió en la mesa de negociación tras el rechazo conjunto de los empresarios y el Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, el salario mínimo se mantendrá exento de retenciones por IRPF. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión no ha habido fricción entre los ministerios de Trabajo y Hacienda respecto a este asunto. María Jesús Montero ha respaldado la continuidad de la exención, alineando así la política fiscal con las demandas del Ministerio de Trabajo. Con estos cambios, el acuerdo recién firmado y anunciado será oficial tras su ratificación prevista por el Consejo de Ministros.

En la patronal no han sentado bien las palabras que pronunció este lunes Pedro Sánchez en la firma para la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El presidente del Gobierno lanzó un mensaje muy claro a los empresarios. “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”, sentenció. Un día después, en una entrevista en la Cope el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aseguradi estar “hiperenfadado” por lo que considera una campaña del Ejecutivo para convertir a los empresarios en “un muñeco de trapo al que dar golpes”.

Garamendi “no da crédito” ante las acusaciones lanzadas por el jefe del Ejecutivo, quien reprochó a la patronal haberse desmarcado del acuerdo para elevar el SMI. El líder de la organización empresarial ha defendido el historial de diálogo de la patronal, remarcando que “siempre se ha sentado a la mesa y tratado a la gente con mucha educación”.

Sin embargo, respecto al SMI, desde 2020 no hay acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal. El salario mínimo se ha ido subiendo cada año desde 2023, y hace seis años que no cuenta con el ok de los empresarios. Garamendi ha recordado que la fijación de este salario es competencia exclusiva del Gobierno y ha recalcado que el aumento se decidió “en lo que ha querido”. Además, ha criticado la metodología empleada por los expertos consultados por el Ejecutivo, señalando que excluyeron sectores como la agricultura y la pesca para elevar artificialmente la media salarial.

El presidente de la CEOE ha insistido que en ningún momento se ha negado la posibilidad de aumentar los sueldos. “Firmamos el acuerdo nacional de convenios con el 3,1% más un 1% en función de la inflación durante tres años. Hemos cumplido”, recalcó. No obstante, cuestionó el enfoque del Gobierno, que, según él, busca “culpables para tapar sus propias miserias”.

El peso fiscal y la presión sobre las empresas

Uno de los reproches más contundentes de Garamendi gira en torno a la política fiscal del Gobierno. El líder de la patronal ha afirmado que el Gobierno “se pone morado a subir impuestos”, especialmente en lo relativo a los seguros sociales, lo que, a su juicio, limita la capacidad de las empresas para mejorar los salarios de sus empleados.

Garamendi ha criticado la narrativa oficial que parece centrarse únicamente en las grandes empresas del Ibex, mientras ignora a los más de dos millones de pequeños empresarios que, según él, “crean riqueza” en España. “Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estaría en los bolsillos de los trabajadores”, ha indicado el líder empresarial.

El absentismo laboral ha sido otro de los temas destacados por Garamendi, quien denunció que cada día faltan a trabajar 1,7 millones de personas en el país. Expresó su alarma ante el coste económico que esto representa: “El absentismo cuesta 32.000 millones de euros al año: 16.000 millones para el Estado y otros 16.000 millones para las empresas”, ha advertido.

Según Garamendi, la respuesta del Ejecutivo a esta realidad ha sido la concesión de más permisos, mientras que, a su entender, se elude la discusión sobre la gestión eficiente de las bajas médicas. El presidente de la CEOE instó a los sindicatos a abordar el problema del absentismo en las mesas de negociación, argumentando que la situación afecta especialmente a las pequeñas empresas.

El rol de los empresarios y la gestión pública

Para Garamendi, el Ejecutivo ha instaurado una dinámica donde la patronal y las empresas se han convertido en el blanco de las críticas, a pesar de que, según sus palabras, “siempre han sido la solución”. Ha recordado que los empresarios son quienes realmente “crean riqueza” y planteó que, si se exige a las empresas, se debería exigir también a los gobernantes en materia de gestión.

Al abordar la situación de los profesionales sanitarios, Garamendi se ha preguntado: “¿Cómo se tiene a los médicos en este país? Y los necesitamos. Necesitamos más médicos, mejor pagados, y una sanidad pública mejor gestionada”. Con este ejemplo, subrayó la necesidad de examinar la gestión pública con el mismo rigor que se exige al sector privado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará el próximo lunes junto a los los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, que se incrementará un 3,1% y quedará fijado en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

El acto oficial de la firma se celebrará en el Ministerio de Trabajo a las 11.30 horas y contará también con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un gesto que refuerza el respaldo del Ejecutivo a una medida que afecta directamente a cerca de 2,5 millones de trabajadores de todo el país.

Con esta actualización, el salario mínimo para 2026 se situará en 17.094 euros brutos anuales y en 40,70 euros brutos al día con carácter general. La subida supone 37 euros más al mes respecto a la cuantía vigente en 2025 —establecida en 1.184 euros mensuales—, lo que equivale a 518 euros adicionales al año.

El incremento tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y se aplicará hasta el 31 de diciembre del mismo año. Una vez firmado el acuerdo, el Real Decreto que recoge la subida será previsiblemente aprobado en el Consejo de Ministros del martes, salvo cambios de última hora.

Sexto acuerdo consecutivo sin la patronal

El pacto vuelve a cerrarse únicamente con las organizaciones sindicales mayoritarias, sin el respaldo de la patronal. Se trata del sexto año consecutivo en el que el Ministerio de Trabajo acuerda la subida del SMI exclusivamente con CCOO y UGT, en un contexto de discrepancias con las organizaciones empresariales sobre el ritmo y la cuantía de los incrementos.

Desde el departamento que dirige Díaz destacan que la medida consolida la senda de revalorización del salario mínimo iniciada en los últimos años, con el objetivo de garantizar un nivel retributivo suficiente y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos.

Condiciones específicas para temporeros y empleadas del hogar

El nuevo SMI establece también cuantías específicas para determinados colectivos. En el caso de los trabajadores eventuales y temporeros, el salario mínimo por jornada legal en la actividad quedará fijado en 57,82 euros. Por su parte, las empleadas del hogar no podrán percibir menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Como en ejercicios anteriores, la actualización del salario mínimo no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que ya superen el SMI en cómputo anual. Es decir, aquellos trabajadores cuyos ingresos totales estén por encima del nuevo umbral no verán modificadas automáticamente sus condiciones salariales por esta medida.

Sin embargo, sí deberán revisarse los salarios establecidos en contratos o pactos privados que, en su conjunto anual, resulten inferiores al SMI fijado para 2026. En estos casos, las empresas estarán obligadas a ajustar las cuantías para garantizar que ningún trabajador cobre por debajo del nuevo mínimo legal, conforme a las reglas vigentes de absorción y compensación.

Cambios en las reglas para evitar que la subida se diluya

Precisamente en materia de absorción y compensación se avecinan cambios. El Gobierno y los sindicatos han acordado reformar estas reglas para evitar que las subidas del SMI se diluyan mediante la absorción de complementos salariales, como pluses o incentivos, que puedan formar parte de la nómina de los trabajadores.

No obstante, esta reforma no se incluirá en el mismo Real Decreto que aprobará el incremento del salario mínimo. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, se tramitará en una norma distinta que aprovechará la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados.

Las empleadas del hogar serán uno de los colectivos beneficiados tras la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La subida aprobada por el Gobierno fija el nuevo sueldo mínimo en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un 3,1% más respecto a 2025. Esta actualización también modifica los importes para quienes trabajan por horas o días sueltos, así como las obligaciones de cotización a la Seguridad Social.

Este ajuste, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, eleva el salario anual mínimo de las empleadas de hogar a 17.094 euros frente a los 15.120 euros del año anterior. De acuerdo con la normativa, esta cifra no puede reducirse ni por acuerdo individual ni por convenio colectivo, aunque sí es posible pactar un salario superior entre empleador y trabajadora.

Las condiciones varían para quienes no desempeñan una jornada completa. Expertos de BBVA señalan que el salario mínimo para un contrato de 20 horas semanales se sitúa en 610,50 euros mensuales, mientras que para 10 horas semanales el ingreso será de 305,25 euros.

En el caso de las personas que trabajan 5 horas semanales, la remuneración mínima queda fijada en 152,63 euros al mes. Para quienes prestan servicios por horas, el importe pasa a ser 9,55 euros por hora trabajada en 2026. Además, el pago por día completo asciende a 40,70 euros brutos.

Estas cantidades no pueden disminuirse por ningún motivo, ni siquiera si la empleada recibe alojamiento o comida como parte del acuerdo. Solo cabe la posibilidad de que el salario mínimo se incremente si ambas partes lo acuerdan expresamente.

Bases de cotización de las empleadas del hogar en 2026

Una vez actualizadas, las bases de cotización de las empleadas de hogar, en función de en qué tramo de ingresos se encuentre su salario, quedan así para 2026:

Tipos de cotización a la Seguridad Social

El aumento del SMI también implica una revisión de las bases y tipos de cotización para las empleadas de hogar. La Seguridad Social aplica varios porcentajes en función de la contingencia cubierta, distribuyendo los pagos entre empleador y trabajadora. En 2026, el tipo por contingencias comunes asciende a 28,30% sobre la base de cotización, de los cuales 23,60% corresponde al empleador y 4,70% a la trabajadora.

No obstante, existe una reducción del 20% para la parte que asume el empleador, quedando en 18,88%. Las familias numerosas disfrutan de bonificaciones mayores, que pueden alcanzar el 45% o el 30% según el patrimonio familiar. Otro cargo relevante es el tipo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que se fija en 7,87%, íntegramente a cargo del empleador.

Respecto al desempleo, los contratos indefinidos cotizan al 7,05% (5,5% empleador y 1,55% trabajadora), mientras que los temporales lo hacen al 8,30% (6,70% empleador y 1,60% empleada).

Además, se aplica una bonificación del 80% a la cuota de desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube una décima hasta el 0,90%: el 0,75% corresponde al empleador y el 0,15% a la persona empleada.

La Tesorería General de la Seguridad Social ofrece una calculadora oficial en el Portal Imp@rtass para conocer la cuota exacta a ingresar en cada caso.

¿Deben presentar la Declaración de la Renta?

Las personas que trabajan en el sector doméstico deben considerar también sus obligaciones ante la Agencia Tributaria. Tal como subrayan los expertos de BBVA, las empleadas de hogar deberán presentar la Declaración de la Renta en 2026 si superan determinados umbrales de ingresos.

Se exige declarar a las empleadas del hogar cuando se obtienen ingresos íntegros del trabajo superiores a 22.000 euros anuales de un solo pagador. Si se perciben ingresos de varios empleadores, el mínimo baja a 15.876 euros al año siempre que del segundo y siguientes pagadores se hayan recibido más de 1.500 euros en total.

Durante la próxima sesión plenaria, EH Bildu prevé interpelar al vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, acerca de la posibilidad de que Euskadi disponga de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio, apartándose así del marco estatal. Esta acción parlamentaria surge tras la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que rechazó el recurso presentado por los sindicatos ELA y LAB, quienes solicitaban una negociación específica con la patronal Confebask para la fijación de un SMI territorial distinto. Según informó el medio Europa Press, la secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, comunicó que la formación soberanista impulsará nuevas acciones políticas sobre este asunto tanto en Euskadi como en Navarra.

Kortajarena sostuvo que Euskadi cuenta con capacidad legal y competencias suficientes para definir una política salarial propia sin depender de la autorización del Estado, y defendió que “es un acto de justicia y de democracia luchar por un SMI adaptado a la realidad socioeconómica vasca”. Según publicó Europa Press, argumentó que el sostenido incremento del coste de vida no se corresponde con la evolución de los salarios, lo que genera situaciones de desigualdad y precariedad en amplias capas de la sociedad. En este sentido, la dirigente aseguró que EH Bildu utilizará todas las herramientas disponibles para desarrollar esta iniciativa y reclamar un salario mínimo territorial que mejore las condiciones laborales y sociales.

La decisión del TSJPV, detalló Europa Press, ha generado el compromiso de EH Bildu de seguir promoviendo el debate político sobre la cuestión tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento de Navarra. En este último, el grupo soberanista presentó, junto a Geroa Bai, una iniciativa dirigida a propiciar la fijación de un SMI propio en la región, replicando el enfoque planteado para Euskadi.

Según declaró Nerea Kortajarena a Europa Press, la justificación que sustenta el reclamo de EH Bildu radica en la necesidad de garantizar un nivel de seguridad y estabilidad para la clase trabajadora, especialmente “en tiempos de incertidumbre”, y en la capacidad efectiva de las instituciones vascas para dotarse de herramientas normativas en materia de condiciones laborales.

La secretaria de Programa de EH Bildu argumentó, de acuerdo a lo consignado por Europa Press, que no existen razones técnicas o normativas que impidan a Euskadi avanzar en la definición de un marco propio de salario mínimo. Señaló que “no tenemos que esperar a que en Madrid nos den permiso” debido a que, en su opinión, la estructura competencial actual permite la puesta en marcha de esta política dentro del ámbito autonómico.

Kortajarena insistió, según el medio citado, en que la reivindicación de un SMI propio constituye una respuesta ante lo que describió como “vetos, desigualdad injusta y precariedad crónica” y recalcó que esta demanda responde al objetivo de asegurar un salario mínimo adecuado a las necesidades y realidad económica local. Consideró, además, que la implementación de esta medida permitiría mejorar de manera significativa las condiciones de vida de la población trabajadora.

Europa Press también reportó que EH Bildu considera que establecer un SMI adaptado a la situación económica de Euskadi es una prioridad política que contribuiría a corregir el desfase entre el costo de vida y la evolución de los ingresos laborales. La formación adelantó, a través de Kortajarena, que promoverá “todas las acciones que estén en sus manos” y que buscará sumar alianzas con otras fuerzas para avanzar en este planteamiento tanto en el País Vasco como en Navarra.

La interpelación prevista este viernes en la sede parlamentaria vasca, con el foco puesto en las competencias autonómicas en materia laboral y en las iniciativas necesarias para fortalecer la protección salarial, será, según subrayó EH Bildu, un nuevo episodio en la estrategia para reivindicar la autonomía en la definición de los estándares sociales en Euskadi. Europa Press indicó que la acción política se extenderá con la presentación de propuestas similares en otras cámaras legislativas autonómicas para consolidar una agenda común sobre la cuestión salarial y la defensa de las competencias territoriales asociadas.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 ya está en marcha y su aprobación es inminente. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado este martes que el Real Decreto que elevará el SMI un 3,1% se encuentra en tramitación y que el objetivo de se ministerio es que quede aprobado entre mediados y finales de febrero, con publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en un plazo máximo de tres semanas.

Durante la rueda de prensa para valorar los datos de paro, Pérez Rey ha despejado las dudas surgidas tras el rechazo en el Congreso del decreto del llamado escudo social, que incluía la prórroga del salario mínimo de 2025 y que fue tumbado por PP, Vox y Junts. Según ha explicado, esa prórroga no se incorporará al nuevo Real Decreto-ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros.

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“La subida del salario mínimo interprofesional para 2026 es inminente”, ha recalcado Pérez Rey, subrayando además que la actualización de la cuantía se aplicará con carácter retroactivo. De este modo, las personas trabajadoras que cobran el SMI percibirán los atrasos correspondientes una vez se publique el nuevo decreto.

La subida situará el salario mínimo en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, consolidando así la senda de incrementos de los últimos años y reforzando su papel como suelo salarial. Desde Trabajo insisten en que el retraso administrativo no implica en ningún caso una pérdida de derechos para quienes perciben los salarios más bajos.

Una circular para garantizar el suelo salarial

Ante la caída del decreto anterior, el Ministerio de Trabajo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Pérez Rey ha recordado que la Dirección General de Trabajo ha emitido una circular interpretativa que deja claro que la función del SMI como salario mínimo legal no puede desaparecer en ningún caso, aunque no se haya convalidado la prórroga anterior.

Según ha explicado, esa circular reafirma que ningún trabajador o trabajadora puede ver reducido su salario por debajo del umbral del SMI vigente, independientemente de los vaivenes parlamentarios. Por ello, y teniendo en cuenta que la nueva subida está a punto de aprobarse, el ministerio considera que no es imprescindible incluir la prórroga del SMI de 2025 en el decreto ley que verá la luz este martes. “Además, ya no podía ser una prórroga en sentido estricto, porque estamos bien metidos en el año 2026”, ha añadido el secretario de Estado.

La reforma pendiente de absorción y compensación

Uno de los asuntos que queda fuera de esta actualización inmediata es la reforma de las reglas de absorción y compensación de los complementos salariales, una reivindicación histórica de los sindicatos. Pérez Rey ha reconocido que esta modificación no podrá aprobarse de forma paralela a la subida del SMI por razones técnicas y normativas.

Actualizar la cuantía del salario mínimo, ha explicado, es un procedimiento relativamente sencillo, que no requiere informes complejos ni pasar por el Consejo de Estado. Sin embargo, introducir cambios estructurales en el decreto exige cumplir todos los trámites legislativos, lo que inevitablemente alarga los plazos.

Aun así, el ‘número dos’ de Trabajo ha asegurado que la reforma llegará “en breves”, aunque se dilatará en el tiempo. Y no será un cambio menor. La tramitación en marcha tiene como objetivo incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que afecta no solo a la absorción y compensación, sino también al papel de la comisión de expertos del SMI y a otros elementos clave del sistema.

Con la subida del salario mínimo ya encarrilada y nuevas reformas en el horizonte, el Gobierno busca consolidar el SMI como una herramienta central de lucha contra la precariedad, mientras el debate político y parlamentario sigue marcando los tiempos de su desarrollo normativo.

La aprobación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 está a la vuelta de la esquina. Este martes, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha informado que el Real Decreto que incrementará el SMI en un 3,1% ya está en trámite. El ministerio pretende que la medida se apruebe entre mediados y finales de febrero y que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en un máximo de tres semanas. Con esto, el SMI alcanzará los 17.100 euros anuales, lo que supondría 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas.

Pero desde Trabajo quieren aplicar más cambios relacionados con el salario mínimo. Así lo ha analizado el abogado Miguel Benito Barrionuevo en uno de sus últimos vídeos de TikTok, en el que explica que la novedad más relevante está en la intención de modificar el cálculo del salario base de los trabajadores. Hasta ahora, la suma del salario base y los complementos debía superar el SMI fijado por la ley, pero la fórmula propuesta cambiaría este criterio.

“Quieren hacer esta subida en el salario base. Es decir, que como salario base ningún trabajador pueda cobrar menos de 1.221 euros”, aclara el abogado. Esta modificación podría alterar de forma directa la estructura de muchas nóminas en España.

El salario base como nuevo mínimo obligatorio

El experto detalla que la nómina se compone de distintos conceptos: “Tu nómina está formada por distintos complementos: salario base y los complementos salariales”. Hasta el momento, para cumplir con la legislación, bastaba con que la suma total de los conceptos estuviera por encima del SMI.

Sin embargo, el cambio planteado por el Ministerio de Trabajo establece un mínimo obligatorio en el salario base, dejando los complementos al margen de ese umbral. “Lo que importaba para estar por encima del salario mínimo es que la suma fuese superior al salario mínimo. Ahora no, quieren hacer que el salario base tenga un mínimo de 1.221 euros”, sostiene Benito Barrionuevo.

Esta reinterpretación del SMI podría suponer una mejora salarial para colectivos que, aunque perciben sueldos globales por encima del mínimo legal, mantienen un salario base inferior al que se plantea como nuevo umbral. “Muchos trabajadores os podríais beneficiar de esta medida”, afirma el abogado, quien subraya la importancia de seguir de cerca la tramitación parlamentaria de la propuesta.

Así afectaría la subida del SMI a los trabajadores

Además, el anuncio incorpora una segunda medida que podría incrementar la cuantía neta percibida por los trabajadores: la exención del SMI en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según Miguel Benito Barrionuevo, “han prometido que el salario mínimo estará exento de IRPF, por lo que la subida, lo que tú vas a notar en tu bolsillo, sería mucho mayor”. Esta exención fiscal se traduciría en un aumento efectivo de los ingresos mensuales para quienes se sitúan en la franja salarial más baja.

El proceso legislativo para la entrada en vigor de esta medida aún no ha finalizado. El abogado recuerda que “esto primero es un preacuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, que son las partes más interesadas en hacer esta subida”. Para que la propuesta se convierta en ley, será necesario que la patronal acepte el acuerdo y que el Congreso de los Diputados apruebe la reforma.

Benito Barrionuevo advierte sobre la incertidumbre que rodea el desenlace parlamentario: “Falta, primero, aceptarlo o no la patronal y, segundo, lo acepte o no, falta aprobarlo en el Congreso de los Diputados, que como sabéis, el partido que actualmente está gobernando o los partidos que están gobernando, no siempre consiguen pasar sus propuestas”.

El abogado laboralista Juanma Lorente anticipa de forma clara el impacto que tendrá esta actualización en las nóminas. “Te van a subir el sueldo. Está confirmado. Tal y como te lo estoy diciendo, si tu salario es el salario mínimo interprofesional, en este 2026 vas a ver cómo tu nómina va a subir”, afirma en un video publicado recientemente en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista). Sus declaraciones han servido para aclarar dudas frecuentes entre trabajadores que perciben el SMI y no tienen claro cómo se traduce la subida en cifras concretas.

La comparación entre cantidades antes y después de la actualización es significativa. Lorente precisa que “si tenías las pagas prorrateadas, es decir, si cobrabas doce pagas, cobrabas 1.381 euros al mes, 16.576 euros al año”. Con el nuevo incremento, en cambio, la cifra mensual se incrementa de forma notable. “Con esta subida al mes, en vez de cobrar 1.381 euros con las pagas prorrateadas, vas a cobrar 1.424 euros con estas pagas prorrateadas y al año vas a cobrar 17.094 euros”, detalla el abogado. Estas cifras se refieren al acuerdo alcanzado por el Gobierno con los sindicatos para el salario mínimo en el próximo año.

La cantidad neta será menor

No obstante, Lorente lanza una advertencia importante para evitar malentendidos: “Ojo, todas estas cantidades son en bruto. Después hay que quitarle la Seguridad Social”. Esto implica que el importe neto que llega finalmente al trabajador será inferior y dependerá de factores como las cotizaciones, la situación personal o posibles retenciones.

El especialista también subraya la importancia de estar atentos a la fecha de entrada en vigor de la medida. “Cuando esto se apruebe, que va a ser dentro de muy poquito, no empiezas a cobrar el nuevo salario mínimo que te he comentado, pues tendrás que reclamar”. En estos casos, la normativa permite exigir el ajuste salarial con carácter retroactivo desde la fecha oficial de aplicación.

Prórroga del SMI de 2025 y su derogación

Las explicaciones del experto llegan en un periodo de incertidumbre para los beneficiarios del SMI, tras un inicio de 2026 marcado por la falta de aprobación del nuevo salario mínimo y la prórroga provisional del vigente en 2025. Ante la ausencia de un decreto específico con la nueva cuantía, el Gobierno optó por mantener temporalmente el SMI anterior para evitar un vacío legal y garantizar que los trabajadores siguieran teniendo una referencia salarial mínima al comenzar el año.

Esta prórroga se vio envuelta en polémica después de que el Congreso rechazara su convalidación dentro de un decreto ómnibus que incluía diversas medidas económicas, lo que generó dudas sobre la continuidad del incremento. Desde el Ministerio de Trabajo se aclaró que, pese a ese rechazo parlamentario, los salarios no podían rebajarse y que el SMI seguía aplicándose de facto.

Paralelamente, el Ejecutivo ha continuado negociando con los agentes sociales la subida del SMI para 2026. La intención es que el nuevo salario mínimo tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero, una vez se publique el decreto correspondiente, por lo que se compensarán los meses en los que no se hayan aplicado las subidas.

A juicio del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, la deducción recientemente acordada para disminuir la tributación sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) representa el mecanismo más adecuado para evitar que quienes perciben este ingreso tributen por el impuesto sobre la renta (IRPF), sin generar efectos regresivos ni comprometer en exceso las cuentas del Estado. Según informó Gestha a través de diversos comunicados citados por agencias y medios nacionales, la medida, pactada recientemente entre el Gobierno y sindicatos, permitirá que ningún trabajador soltero, sin cargas familiares ni personales, tribute por un SMI fijado en 17.094 euros anuales. El ahorro fiscal previsto para estas personas alcanzaría los 592,68 euros, lo que supondría para el Tesoro Público un coste aproximado de 200 millones de euros.

El medio recopiló la opinión de Gestha al analizar el impacto de la nueva deducción fiscal. De acuerdo con estos técnicos, la deducción en cuota se presenta como la alternativa que mejor equilibra el objetivo de neutralizar la tributación efectiva de quienes perciben el SMI, frente a otras medidas como la reducción de la base, que consideran más regresivas. Gestha detalló que parte de esta razonabilidad reside en el hecho de que no todas las personas pueden beneficiarse íntegramente de esta deducción, ya que las cargas personales y familiares o la insuficiencia de ingresos pueden limitar su aprovechamiento. Esto, a juicio del sindicato, reduce el impacto final en el presupuesto público frente a otros modelos de exención.

El sindicato subraya que el instrumento fundamental que debería delimitar la capacidad económica exenta de gravamen en el IRPF es el mínimo personal y familiar. Gestha considera que la actualización de este mínimo resulta urgente y que, en adelante, debería evolucionar junto con las revisiones del SMI, para mantener el equilibrio en la progresividad tributaria y la justicia fiscal. Los técnicos reclaman por tanto una reforma que adapte el mínimo exento a las futuras subidas del salario mínimo, evitando así distorsiones en la carga fiscal sobre las rentas más bajas.

Gestha se ha pronunciado también sobre el efecto que la exención del SMI podría tener en la relación entre empresas y trabajadores. El sindicato matiza que estas subidas al SMI sin tributación se traducen en los incrementos menos gravosos para los empleadores, ya que afectan de manera moderada tanto al salario neto como a las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social. Según explicó la organización, este hecho podría facilitar en el futuro un acercamiento entre las posiciones históricamente enfrentadas del Ministerio de Trabajo y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), al no suponer un perjuicio sustancial para la competitividad o los costes laborales directos.

En otro aspecto de sus declaraciones, Gestha ha solicitado la extensión de esta deducción fiscal a otros colectivos como pensionistas y personas desempleadas. El sindicato argumenta que, dado que las pensiones y prestaciones por desempleo se consideran también rentas del trabajo, estos grupos deberían recibir el mismo tratamiento fiscal que los trabajadores en activo con bajos ingresos. La inclusión de estos colectivos podría ampliar el alcance social de la medida y reforzar el principio de igualdad de trato en el sistema tributario, según recogió la prensa especializada al difundir la propuesta.

El cálculo de Gestha estima que la elevación de la deducción hasta los 592,68 euros facilitará que el SMI quede completamente exento de tributación en el caso de asalariados sin personas a cargo, adecuando su capacidad económica a los umbrales mínimos de rentas del trabajo protegidas frente al IRPF. Al cuantificar el impacto global de esta reforma, los técnicos precisan que los 200 millones de euros previstos para el erario corresponden tanto al descenso de ingresos por el impuesto como al posible efecto sobre la liquidez de los trabajadores beneficiados.

Dentro del contexto del debate fiscal en España, la posición de Gestha recoge el planteamiento de adaptar permanentemente los umbrales fiscales conforme se actualiza el SMI, como herramienta para evitar la descompensación entre las mejoras salariales y el peso impositivo soportado por los trabajadores con menor poder adquisitivo. El sindicato recuerda que, históricamente, el desfase entre las actualizaciones del SMI y las cantidades consideradas exentas en el IRPF ha incrementado la carga fiscal de quienes perciben salarios mínimos, en ocasiones neutralizando o minimizando el efecto real de las subidas salariales acordadas en los marcos de diálogo social.

El sindicato ha reiterado en diversas comparecencias e informes que la deducción fiscal sobre el SMI ofrece un mecanismo más eficiente que las exenciones generales, dado que concentra el beneficio en quienes realmente lo requieren según su situación personal y económica. El medio recoge también que Gestha propone que, en el futuro, la revisión tanto del mínimo personal como de la deducción fiscal se realice de forma automática y coordinada con cada actualización legal del SMI, a fin de preservar la equidad y de reducir las incertidumbres sobre la carga tributaria de los trabajadores con salarios mínimos.

Según destacó Gestha, esta estrategia para proteger de la tributación a quienes perciben el salario mínimo contribuirá de forma directa a mejorar la progresividad del IRPF, sin alterar significativamente los ingresos del Estado ni cargar sobre las empresas costes indirectos adicionales derivados del alza del salario mínimo. La evaluación presentada por el sindicato de técnicos también recoge el impacto limitado de la medida sobre la recaudación fiscal total, al calcular que la mayoría de beneficiarios no corresponden a los tramos superiores del impuesto, por lo que el efecto redistributivo se mantendría estable.

Gestha subraya en sus valoraciones que el ajuste de la deducción no supondrá que todos los asalariados puedan aprovechar plenamente el beneficio, puesto que las circunstancias personales, como la existencia de descendientes o ascendientes a cargo, o las limitaciones por bajos ingresos que no alcanzan bases suficientes, impedirán el uso completo de la deducción en algunos casos. El sindicato resalta que este aspecto refuerza el carácter focalizado y eficiente de la medida, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Hacienda.

Finalmente, el sindicato sostiene que la medida representa un avance hacia la protección fiscal de los colectivos con rentas más bajas y una mejor adecuación de la política tributaria al objetivo de garantizar un menor esfuerzo fiscal a quienes menos capacidad económica ostentan. Gestha continuará insistiendo en la actualización del mínimo personal y familiar y en la extensión de las deducciones a colectivos vulnerables, según consignó la agencia de noticias y los portales económicos que recogieron su posición.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que el acuerdo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos para situar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 17.094 euros sin tributación llevará a que el Ministerio de Hacienda proponga aumentar la deducción por obtención de rendimientos del trabajo hasta los 592,68 euros, con la que las personas trabajadoras solteras sin cargas personales ni familiares no tributarán.

Esta medida supondrá para el Tesoro Público un coste que podría rondar los 200 millones de euros, estiman desde Gestha. A su juicio, el instrumento que delimita la capacidad económica no sujeta a gravamen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es el mínimo personal y familiar, “cuya actualización debería realizarse cuanto antes y acompasar en el futuro las sucesivas revisiones del SMI”.

En este contexto, consideran que la deducción en cuota es el mecanismo idóneo para evitar la tributación efectiva del SMI sin los efectos regresivos de las reducciones en base, y aseguran que se minimiza el impacto en las cuentas públicas, pues no todas las personas pueden agotar la deducción al tener mayores cargas personales y familiares o por insuficiencia de ingresos.

Los técnicos de Hacienda inciden en que los aumentos del SMI sin tributación son los importes que menos incrementan los costes de los empresarios tanto por la vía de los salarios como por la del aumento de las bases mínimas de las cotizaciones sociales, lo que en el futuro podrán acercar las posiciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Ampliar la deducción a los pensionistas y parados

Desde Gestha piden ampliar esta deducción a pensionistas y desempleados, cuyas percepciones son también rentas del trabajo, pues no entienden que “se suprima la tributación de los trabajadores y no para estos dos colectivos con ingresos hasta el nuevo SMI”.

Estiman que tendría un coste total muy reducido por los mayores mínimos por edad o discapacidad, y “habitualmente quien está unos meses en desempleo no llegará a superar el umbral de ingresos del nuevo salario mínimo interprofesional”.

Sobrecostes administrativos para las empresas

Por su parte, las empresas tendrán sobrecostes administrativos por importe de 2,9 millones de euros por el retraso en la aprobación del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, ya que aún no ha sido aprobado y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Según la patronal de las empresas de trabajo temporal Asempleo, este retraso implicaría un coste agregado para las empresas del sector de 690.000 euros, derivados de los cálculos de todas las nóminas complementarias que deban hacerse una vez se ponga en marcha el nuevo SMI.

“Emitir nóminas complementarias genera un sobrecoste importante para las empresas, y en algunos casos, se tendrá que contactar con trabajadores que ya no forman parte de la plantilla, generando incertidumbre jurídica y administrativa”, explica Asempleo. Por ello, pide al Ministerio de Trabajo que “la publicación del Real Decreto por el que se fije el nuevo SMI y la entrada en vigor de este debe de realizarse de manera sincrónica”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que la propuesta del Gobierno a la patronal para cerrar el acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 no se basa en bonificaciones fiscales ni en ayudas directas, sino en un sistema de incentivos condicionado al compromiso empresarial de elevar salarios y reducir la dependencia del SMI en las empresas.

“No va de bonificaciones fiscales”, ha subrayado Díaz en una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, donde ha precisado que el planteamiento del Ejecutivo pasa por “sacar del salario mínimo a un porcentaje importante de la gente trabajadora”, vinculando cualquier mecanismo de acompañamiento público a la mejora real de las escalas salariales.

La ministra ha defendido que el acuerdo no debe centrarse únicamente en la subida del SMI, ya fijada por el Gobierno en un 3,1% -hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, con carácter retroactivo desde el 1 de enero y exención del IRPF-, sino en un cambio estructural del modelo salarial. “La economía va muy bien, los márgenes empresariales van bien, que redistribuyamos la riqueza, la renta y subamos los salarios”, ha afirmado.

Incentivos sin diseño técnico definido

El planteamiento del Ejecutivo se articula, por ahora, en un marco político y no normativo. Díaz ha dejado claro qué no serán estos mecanismos (bonificaciones fiscales clásicas o subvenciones directas), pero no ha concretado qué instrumentos jurídicos o económicos se utilizarán para articular los incentivos ofrecidos a las empresas.

“Si, con una serie de requisitos, suben los salarios a esa gente trabajadora, pues obviamente podemos tener incentivos para acompañarles”, ha señalado, vinculando cualquier apoyo público al compromiso efectivo de las empresas con la mejora salarial.

Este enfoque se produce después de que el Gobierno fijara formalmente la subida del SMI en la Mesa de Diálogo Social celebrada este lunes, donde también se planteó un sistema de incentivos para facilitar un acuerdo tripartito con sindicatos y patronal, pese a que el Ejecutivo puede aprobar la medida sin el respaldo de la CEOE.

Contratos públicos y sectores afectados

Díaz ha situado parte del debate en el impacto de las subidas del salario mínimo en sectores intensivos en mano de obra que operan mediante contratación pública, como la dependencia, los cuidados, la ayuda a domicilio o determinados servicios externalizados.

Según ha explicado, muchos contratos públicos se firmaron con condiciones económicas previas a las subidas del SMI, lo que genera tensiones cuando aumentan los costes laborales. En este contexto, el Gobierno defiende la necesidad de mecanismos de corrección y acompañamiento para evitar que el impacto recaiga exclusivamente sobre empresas y trabajadores de estos sectores.

No obstante, la ministra no ha concretado qué fórmula jurídica se utilizará para resolver este problema, ni ha anunciado aún ninguna modificación normativa específica.

Negociación abierta

Uno de los principales puntos de fricción en la negociación, la posible flexibilización de la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española, no ha sido concretado por el Ministerio de Trabajo tras la reunión de este lunes con los agentes sociales ni en la entrevista concedida por Díaz en RNE.

Aunque la patronal había situado este aspecto como uno de los elementos clave para respaldar el acuerdo -al impedir la normativa vigente trasladar automáticamente subidas salariales a los contratos públicos-, el Ejecutivo no ha anunciado cambios legales ni reformas normativas específicas sobre este marco jurídico. La cuestión, por tanto, permanece abierta y sin una propuesta técnica definida.

Con la decisión política sobre la subida del SMI ya adoptada, el foco del diálogo social se traslada ahora al diseño de los incentivos y al encaje del acuerdo con la patronal. La propuesta del Gobierno queda en manos de la CEOE y de las organizaciones sindicales, que volverán a reunirse el jueves de la próxima semana con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo que permita aprobar la subida del salario mínimo con el respaldo de todos los agentes sociales.

El Gobierno ha decidido elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026 -1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas-, lo que supondrá un incremento de 37 euros mensuales con aplicación retroactiva desde el 1 de enero.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, donde el Ejecutivo ha fijado la cifra y ha planteado un sistema de incentivos a las empresas para facilitar el cierre del acuerdo con sindicatos y patronal, aún pendiente de formalización.

Pérez Rey ha defendido que el impacto de la subida será directo sobre el nivel de vida de los trabajadores con menores ingresos. “A partir del 1 de enero de 2026 van a cobrar 37 euros más, 518 euros al año”, ha señalado, subrayando que este aumento tiene un efecto tangible en la vida cotidiana de quienes se sitúan en las escalas salariales más bajas.

Impacto social y modelo salarial

“El salario mínimo puede marcar la frontera entre comer mayor calidad o menor calidad, entre poner más o menos la calefacción o entre poder asumir algunos gastos imprescindibles para la vida”, ha afirmado el secretario de Estado, que ha vinculado la medida a un cambio estructural del modelo económico. “España tiene que dejar de ser un país de bajos salarios. No merecemos tener un diferencial con Europa de más de 20 puntos”, ha sostenido.

En este contexto, ha defendido que la política de incrementos del SMI ha tenido efectos estructurales sobre el mercado laboral. “Hemos reducido la brecha de género en materia salarial, hemos permitido que sean los deciles salariales más bajos los que experimenten las mayores subidas y hemos combatido la desigualdad derivada de las relaciones laborales”, ha afirmado.

Exención del IRPF

El Gobierno ha confirmado además que el SMI quedará exento de tributación. Pérez Rey ha explicado que este punto ha sido acordado con el Ministerio de Hacienda y lo ha enmarcado en un criterio de justicia fiscal. “Quien menos gana no puede pagar impuestos. Los impuestos los tienen que pagar aquellos que más reciben”, ha defendido.

“Las personas que están en el salario mínimo interprofesional no tienen que pagar impuestos y así lo hemos vuelto a reafirmar hoy en la mesa de diálogo”, ha insistido.

Compensaciones a las empresas para facilitar el acuerdo

El tercer eje del planteamiento del Ejecutivo es el diseño de mecanismos de compensación para las empresas con alta presencia de trabajadores en el SMI. No obstante, el secretario de Estado ha precisado que estos instrumentos no tendrán un carácter estructural de subvención. “No se trata de premiar al que tiene sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino de estimularle para que deje de tener trabajadores y trabajadoras en esa escala tan baja”, ha afirmado.

Según ha explicado, la fórmula de compensación se articulará como un incentivo para elevar las escalas salariales. “Sí a la compensación, pero unida a un incentivo que no impida a las empresas subir sus escalas salariales”, ha indicado.

En este sentido, el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, ha avanzado que la propuesta concreta que se está analizando sería una deducción en el Impuesto de Sociedades, vinculada a una serie de condiciones, como el mantenimiento del empleo en las empresas beneficiarias.

Según ha señalado tras la reunión de la mesa de diálogo social, patronal y sindicatos estudiarán la nueva propuesta, de la que esperan recibir más detalles por escrito en los próximos días. Pacheco ha añadido que las partes volverán a reunirse el próximo jueves con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo.

Pendiente de cierre en el diálogo social

Aunque la decisión política ya está tomada, el Gobierno aún debe completar el proceso de aprobación formal. El secretario de Estado ha confirmado que la tramitación normativa se iniciará de forma inmediata y que el objetivo es cerrar el acuerdo en el marco del diálogo social. “Esperamos que el próximo jueves (…) las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales compartan la subida, la apoyen y la estimulen”, ha señalado.

El Ministerio de Trabajo se reúne este lunes a las 10:00 horas con sindicatos y patronal para avanzar en la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026. El encuentro se produce con un planteamiento ya definido por el Gobierno, pero con varios frentes aún abiertos en el ámbito político y empresarial que condicionan el alcance del acuerdo.

Sobre la mesa está la propuesta del Ejecutivo de elevar el SMI un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento de 37 euros al mes respecto a la cuantía vigente. La iniciativa incluye mantener la exención del IRPF y aplicar la subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero una vez sea aprobada formalmente.

La propuesta, formulada a principios de enero por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ajusta a las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno. Fuentes de la negociación apuntan a que CCOO y UGT están dispuestos a avalar este incremento, lo que acerca un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La clave del acuerdo no está en el porcentaje de subida

Más allá del porcentaje de subida, el foco del encuentro de este lunes se sitúa en los elementos estructurales que acompañan al salario mínimo. El Ministerio de Trabajo llevará a la mesa una propuesta pactada con el Ministerio de Hacienda para flexibilizar la Ley de Desindexación, con el objetivo de permitir que la subida del SMI pueda trasladarse en alguna medida a los contratos públicos.

La Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española prohíbe la actualización automática de los precios de contratos públicos, rentas y tasas en función del IPC u otros índices. Tiene como objetivo evitar aumentos automáticos y contribuir al control de la inflación, obligando a que cualquier revisión de precios se justifique mediante un análisis de costes específico en cada contrato. Este marco normativo impide, en la práctica, que subidas salariales como la del SMI se trasladen de forma directa a la contratación pública.

Esta cuestión constituye una de las principales demandas de la patronal. La CEOE sostiene que, sin mecanismos de indexación en la contratación pública, los incrementos del salario mínimo generan un impacto directo en sectores intensivos en mano de obra que operan bajo contratos de larga duración con la administración, cuyos precios no se actualizan automáticamente.

Desde el ámbito empresarial se argumenta que en sectores como los servicios públicos, el mantenimiento, la atención social, la restauración colectiva o los servicios energéticos, los salarios concentran una parte mayoritaria de los costes operativos, lo que dificulta absorber subidas salariales sin una revisión de las condiciones económicas de los contratos.

El Gobierno ha abierto la vía a una posible flexibilización de la normativa de desindexación como instrumento para facilitar un acuerdo más amplio, aunque esta modificación aún debe concretarse jurídicamente y formar parte de una propuesta formal dentro del diálogo social.

En paralelo, la negociación incluye también el debate sobre la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial, una reivindicación sindical orientada a impedir que los complementos salariales neutralicen en la práctica las subidas del SMI, y que se vincula al proceso de transposición de la directiva europea de salarios mínimos.

Dos escenarios posibles

La reunión de este lunes abre dos escenarios. Por un lado, un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal que permita cerrar la subida del SMI de 2026 con consenso social amplio. Por otro, un pacto bilateral entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, con la patronal al margen del acuerdo, un esquema ya repetido en anteriores ejercicios.

Desde el Ministerio de Trabajo subrayan que la aprobación del nuevo SMI no depende jurídicamente del respaldo empresarial, pero reconocen que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita ordenar su impacto económico y reducir las tensiones estructurales asociadas a su aplicación en sectores regulados por contratación pública.

A pocas horas del encuentro, la propuesta salarial está sobre la mesa y las posiciones de los actores están definidas, pero el resultado del diálogo social sigue abierto y pendiente de la negociación que se desarrolle en la reunión de este lunes.

El SMI se sitúa actualmente en 16.576 euros brutos al año, el equivalente a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. A partir de esa cifra, las propuestas que manejan Gobierno, sindicatos y patronal dibujan escenarios muy distintos.

El Ejecutivo plantea una subida moderada, apoyada en las recomendaciones del comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo. El incremento, según la última propuesta de la cartera de Yolanda Díaz, se situaría en el 3,1%, lo que elevaría el salario mínimo hasta los 1.220 euros mensuales sin la obligación de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En términos anuales, el SMI se situaría en los 17.080 euros, con un aumento de 36 euros al mes y unos 500 euros al año.

Posibles escenarios con un diálogo social fragmentado

Los sindicatos, sin embargo, consideran insuficiente esa subida y reclaman un incremento más ambicioso, del 7,5%, con el objetivo de acercar el salario mínimo al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. De prosperar esta propuesta, el SMI alcanzaría aproximadamente los 1.273 euros brutos mensuales, lo que supondría unos 17.800 euros al año. El aumento rondaría los 90 euros mensuales y rozaría los 1.250 euros anuales. Para las organizaciones sindicales, una subida menor no garantiza la protección del poder adquisitivo, especialmente si el salario mínimo comienza a tributar en el IRPF. En ese caso, el salario mínimo se reduciría hasta los 1.216 euros después de impuestos y la subida estaría recortada al 2,7%.

En el extremo opuesto se sitúa la patronal, que defiende una subida mínima, del 1,5% hasta los 16.824 euros anuales. Según este planteamiento, el SMI apenas superaría los 1.200 euros mensuales, con un incremento de unos 16 euros al mes y alrededor de 250 euros al año. Las organizaciones empresariales argumentan que una subida mayor elevaría de forma significativa los costes laborales, especialmente en pymes y sectores con márgenes ajustados, y podría tener un impacto negativo sobre el empleo.

Más allá de la cuantía, la negociación está condicionada por varios retos que complican el acuerdo. Uno de los principales es el estado del diálogo social, deteriorado tras la subida de 2025, aprobada sin el respaldo de la CEOE. Este antecedente pesa sobre la negociación actual y alimenta la posibilidad de que el Gobierno vuelva a fijar el SMI de forma unilateral si no se alcanza un consenso.

La tributación del SMI, clave en la mesa de negociación

Otro de los grandes focos de conflicto es la tributación del salario mínimo. En el pasado, los sindicatos han sostenido que el SMI no debería tributar en el IRPF o, en su defecto, que cualquier subida tenga en cuenta el impacto fiscal para evitar que el salario neto se vea reducido. Otros sectores defienden, en cambio, que el salario mínimo debe integrarse plenamente en el sistema tributario para preservar la progresividad fiscal, un debate que añade complejidad técnica y política a la negociación.

Históricamente, cada vez que subía el SMI, Hacienda elevaba también el mínimo exento del IRPF para evitar que los trabajadores que cobraban el salario mínimo empezaran a tributar. Con la subida del SMI de 2025, Hacienda dejó de ajustar ese umbral y optó por una solución alternativa: una deducción específica en el IRPF para que, en la práctica, quienes cobren el SMI no paguen el impuesto. Sin embargo, esta solución temporal reabre este año el debate sobre la tributación.

De hecho, las cifras planteadas tanto por sindicatos como por la patronal contemplan la nueva carga fiscal para el salario mínimo, mientras que la propuesta que el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa se corresponde con el escenario planteado por los expertos para un SMI aún exento de tributación, en lugar de la subida del 4,7% sugerida en su informe de diciembre para un alza con tributación.

Criterios de fijación y absorción de pluses

También existe desacuerdo sobre los criterios utilizados para fijar el SMI. Mientras el Gobierno basa su cálculo en la Encuesta de Estructura Salarial, la patronal cuestiona la metodología empleada y advierte de que no refleja adecuadamente la diversidad del tejido productivo ni la evolución de la productividad. Según los empresarios, Trabajo sobreestima el salario medio porque excluye sectores intensivos en mano de obra. Por ello, proponen usar la Encuesta de Población Activa, que incluye agricultura, pesca y servicio doméstico, evitando aumentos excesivos de los costes laborales.

A ello se suma la discusión sobre la absorción de complementos salariales, que gira en torno a la posibilidad de que la subida del SMI sobrepase e incorpore otros pagos que ya recibían los trabajadores, como pluses por antigüedad, transporte, nocturnidad o productividad. Los sindicatos defienden que cualquier aumento del salario mínimo debe ser adicional y efectivo, de modo que los trabajadores realmente perciban más dinero en mano, sin que los empleadores lo descuenten de los complementos existentes. Por el contrario, las empresas consideran que permitir la absorción les da flexibilidad para ajustar costes salariales, evitando un gasto extra adicional en sectores o empresas con márgenes reducidos.

La comisión asesora formada por miembros del Gobierno, académicos y lideres sindicales ha trasladado al Ejecutivo su planteamiento a través de un informe en el que también analiza la evolución y los principales retos en la implantación del SMI. En el documento, el comité de expertos destaca cómo han afectado al perfil del perceptor y a la distribución salarial en general los marcados incrementos acometidos en los últimos años para cumplir con el compromiso de que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio neto, siguiendo las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y en línea con la interpretación de la Carta Social Europea.

Siguiendo este criterio, el salario mínimo interprofesional en España ha experimentado desde 2018 una importante revalorización, marcando un claro punto de inflexión respecto a la política salarial de décadas anteriores. En apenas siete años, el SMI ha pasado de 735,9 euros mensuales en 14 pagas a 1.184 euros en 2025, lo que supone un incremento acumulado cercano al 61%. Este proceso de convergencia con los estándares europeos ha situado al SMI español entre los más elevados del continente en términos relativos.

El comportamiento en los últimos años contrasta con la etapa anterior, cuando el SMI crecía de forma lenta con aumentos anuales que rara vez superaban el 1 o el 2%. En términos reales, durante muchos años el salario mínimo perdió poder adquisitivo o apenas logró mantenerse frente a la inflación.

El SMI ya no es solo para jóvenes, mujeres y migrantes

Como consecuencia, la cuantía de perceptores experimentó cambios notables entre 2018 y 2023, evidenciados por el hecho de que el porcentaje de trabajadores que cobran el SMI creció del 3,5% al 7,4%. En 2018, un 11,7% de quienes tuvieron algún episodio de empleo durante el año recibieron el SMI en algún momento y un 5,3% lo percibió de forma estable durante todos los meses trabajados. En 2023, esos porcentajes ascendieron al 20,4% y al 7,8%, respectivamente.

En la presentación del informe, Díaz celebró estas cifras, indicando que son una muestra de “la extensión del alcance del SMI en la población ocupada”, que garantiza la estabilidad económica de cada vez más trabajadores. Los expertos, sin embargo, ofrecen una lectura con matices y expresan en el texto algunas preocupaciones sobre sus posibles efectos adversos.

Gracias a esta tendencia, el grupo de perceptores del SMI, tradicionalmente compuesto por jóvenes, mujeres y personas extranjeras, se ha diversificado con una mayor presencia de trabajadores mayores de 35 años y con cualificación media o alta. La incidencia sigue siendo más notable en sectores como la agricultura, comercio y servicios, y en empresas de menor tamaño, con predominio de los grupos de cotización más bajos. En 2023, una proporción mayor de perceptores tiene más edad y más experiencia laboral que en 2018.

Cambios en la distribución salarial

En paralelo, el informe señala no solo el aumento de personas que cobran el SMI, sino también el incremento en la concentración de trabajadores en una franja salarial próxima a esta renta mínima. De hecho, la proporción de personas con bases de cotización de hasta un 125% de la base mínima ha aumentado del 7,9% al 22,8% en los últimos siete años. Este fenómeno, llamado agrupamiento o bunching, implica que empleados con más experiencia o nivel formativo quedan alineados en el escalón salarial mínimo, alterando la curva de la distribución salarial al reunir a un grupo poblacional más extenso entre los sueldos peor remunerados.

En lugar de servir únicamente como referencia para los empleos menos cualificados o de reciente incorporación al mercado laboral, el SMI pasa a determinar el sueldo de un segmento mucho más amplio. Esto significa que empleados con diferentes niveles de experiencia, antigüedad o incluso cualificación pueden acabar percibiendo un sueldo similar, situada en el entorno del salario mínimo, lo que puede afectar a la estructura interna de las empresas.

El incentivo económico para formarse, asumir nuevas responsabilidades o permanecer en la empresa se debilita si el margen entre el salario mínimo y el de trabajadores con mayor antigüedad o responsabilidad es muy reducido, un escenario común si el resto de la estructura salarial no avanza acorde con el ritmo en el que se incrementa el SMI y los puestos de nivel medio se mantienen en remuneraciones bajas.

La negociación colectiva pierde impacto

Esta tendencia también afecta a al papel de los agentes sociales y a la relevancia de los salarios pactados en los convenios colectivos sectoriales, ya que cuando el SMI supera el salario mínimo de convenio, este último pierde peso como referencia y es el mínimo legal el que establece el suelo de las retribuciones. Según los datos recogidos, el SMI ya influye directamente en más del 40% de los convenios revisados por UGT en 2025, un dato que evidencia este desplazamiento de la negociación colectiva.

Además, este agrupamiento tiende a darse con más intensidad en sectores de baja productividad, fuerte temporalidad y predominio de pequeñas empresas, como la agricultura, el comercio o determinados servicios. En estos ámbitos, resulta especialmente difícil para las empresas ofrecer o negociar incrementos salariales adicionales al mínimo legal, lo que refuerza la concentración en la banda baja de la escala retributiva.

La evolución del empleo en España parece haber dejado atrás los malos números de la pandemia. Entre 2019 y los tres primeros trimestres de 2025, la ocupación creció un 11,9%, lo que augura un nuevo ciclo expansivo del trabajo, aunque esta vez los sectores protagonistas son otros. Si entre 2014 y 2019 la creación la lideraba la industria manufacturera y las áreas intensivas como el comercio, la hostelería o la agricultura, en este nuevo ciclo las ocupaciones las lideran sectores como sanidad, actividades profesionales y científicas y tecnología.

La creación de más puestos de trabajo es un dato positivo para la economía española. Entre 2015 y 2025, el número de ocupados creció de 17,5 millones a aproximadamente 22,3 millones de personas, según el informe de Randstad Research,10 años, 10 transformaciones del mercado laboral. Pero esta evolución no siempre implica que los trabajos creados sean de mayor calidad. Para ello, es necesario analizar varios factores, como la evolución del nivel formativo de los trabajadores, la evolución de la temporalidad y los salarios reales.

Respecto al nivel formativo de los ocupados, la evolución es clara. Entre 2019 y los tres primeros trimestres de 2025, más del 70% del aumento del empleo corresponde a personas con estudios universitarios o equivalentes. Por el contrario, los puestos de trabajo para los que se requiere formación secundaria creció menos que en el periodo 2014-2019, mientras que el de niveles educativos bajos siguió disminuyendo, según ha analizado CaixaBank Research a partir de los datos del Instituto nacional de Estadísticas.

Pese al aumento de contrataciones en el grupo de titulados, lo cierto es que uno de cada tres titulados superiores ocupados en España tiene un trabajo de baja cualificación, muy superior a la media de la Unión Europea, donde ocurre solo le ocurre a dos de cada diez empleados, según el Informe CYD 2025, elaborado a partir de datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eurostat, el SEPE y la OCDE.

Los contratos temporales se desploman

El siguiente factor que analiza el informe es la estabilidad laboral, en base a la cantidad de contratos temporales que se firman en España. En este apartado, destaca que, tras la reforma de 2012, la proporción de este tipo de contratos ha caído del 26,6% registrado en el periodo 2017-2019 al 15,4% durante los tres primeros meses de 2025, lo que la acerca a la media de la Eurozona del 13,5%.

Según destaca CaixaBank Research, la “drástica” reducción de la temporalidad entre 2019 y 2025 encuentran su explicación en los márgenes intensivos, es decir, las empresas de cada sector están decantándose cada vez más por los contratos fijos frente a los temporales, por lo que todos los sectores han reducido sustancialmente su tasa de temporalidad.

Antes de la reforma laboral, España era el segundo país con más tasa de temporalidad, solo por detrás de los Países Bajos, y según los últimos datos disponibles en Eurostat (del tercer trimestre) se encuentra en tercera posición y a unos tres puntos de la media de la UE, el 14,5%.

Los salarios reales se contraen en 2025

El factor más importante para saber si los empleos creados en el periodo 2019-2025 han sido de mejor calidad que los creados en la anterior expansión es la evolución de los salarios reales. En este sentido, entre el promedio de 2019 y los tres primeros trimestres de 2025, el salario medio real se redujo un 0,3%, en base a los datos de la Encuesta trimestral de coste laboral y su ajuste por el Índice de precios al consumidor (IPC).

Según el informe, esta reducción en los salarios se debe a “dos fuerzas contrapuestas”. Por un lado, el efecto composición ha sido positivo. Es decir, el empleo creado se ha concentrado en sectores con salarios más altos, lo que aportó un aumento del 3% al crecimiento del salario medio. Entre 2014-2019, la creación de empleo se concentró en sectores con salarios bajos, por lo que se restó un 8% el crecimiento salarial.

Por otro lado, el margen intensivo ha sido negativo, ya que dentro de gran parte de los sectores estos salarios no han crecido al ritmo de la inflación, restando así un 6% al crecimiento, por lo que, según los investigadores, el crecimiento del empleo en España durante los últimos cinco años ha sido, en conjunto, de mayor calidad, pero es destacable la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

La cuesta de enero se presenta más empinada que la de otros años, y aunque han subido las pensiones y se espera que lo haga el salario mínimo interprofesional, también lo harán las telecomunicaciones o los servicios postales, mientras que los descuentos se mantendrán en el transporte público y la luz y el gas bajarán.

El nuevo año ha empezado bien para los jubilados, que han visto cómo se han incrementado sus pensiones en proporción a la inflación registrada el año pasado. Según ha anunciado el Gobierno, las pensiones contributivas y las del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado han aumentado un 2,7% en 2026.

Otro de los colectivos que inician el año con una medida favorable son los autónomos, después de que el Gobierno decidiera congelar las cuotas a la Seguridad Social, manteniéndolas en los mismos niveles que en 2025. De este modo, quienes coticen por la base mínima abonarán entre 200 y 590 euros mensuales, en función de sus rendimientos netos.

Respecto al salario mínimo interprofesional, el Gobierno ha propuesto a sindicatos y patronal subirlo un 3,1% este año, hasta los 1.221 euros en catorce pagas, y sin tributar en el IRPF. Esta cuantía se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero, tras ser aprobada.

Peajes y sellos, más caros

Estas subidas podrán paliar otras que incidirán en el bolsillo de los ciudadanos, como las de los peajes de las autopistas y las de los servicios postales. El año ha llegado acompañado de una actualización de los peajes de las autopistas bajo concesión administrativa estatal. Las tarifas se han incrementado entre un 3,64% y un 4,68% desde el 1 de enero, según las condiciones específicas de cada concesión.

También el servicio postal nacional ha ajustado sus precios. Desde el 1 de enero, el envío de una carta ordinaria nacional de menos de 20 gramos cuesta 0,96 euros, siete céntimos más que en 2025.

Este incremento se suma a una década de subidas acumuladas que han duplicado el precio desde 2015. El alza afecta también a las cartas certificadas, los envíos internacionales y los paquetes, con aumentos de entre el 5% y el 8% en la mayoría de productos.

Subidas en telecomunicaciones

El sector de las telecomunicaciones vive un nuevo ciclo de subidas en 2026. Movistar incrementará sus tarifas convergentes (móvil, fijo, fibra y televisión) en torno a un 4% desde el 13 de enero, una subida media de 3 euros mensuales para la mayoría de clientes. También Vodafone España aplica un aumento, el 3,9% a partir del 8 de enero en sus paquetes convergentes, con un encarecimiento medio de 2,5 euros al mes, que puede llegar hasta los 6 euros según los servicios contratados.

Orange revisará sus precios al alza un 3,8% de media desde el 12 de enero, lo que implica incrementos de entre 1 y 6 euros mensuales. Avatel, la quinta operadora española, subirá un 3,1% sus tarifas desde el 1 de febrero, tras dos años de congelación de precios. En este contexto, Digi destaca por mantener sus tarifas sin cambios, una estrategia que sostiene desde hace 17 años en el mercado español.

Transporte público: prórroga de los descuentos y nuevo abono

En el ámbito de la movilidad, el Gobierno ha dado un respiro a los usuarios del transporte público y ha prorrogado los descuentos sobre los abonos que aplica desde 2022, facilitando el acceso a trenes, metro y autobuses en todo el país. La bonificación estatal del 20% se mantiene como mínimo en todos los títulos de transporte, sin que comunidades autónomas ni ayuntamientos tengan que aportar fondos adicionales.

Como novedad, desde el 19 de enero se podrá adquirir el abono único nacional por 60 euros para adultos y 30 euros para menores de 26 años. Este nuevo billete permite viajar por todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia y en autobuses de largo recorrido. El abono estatal no sustituye a los actuales, que siguen vigentes y conviven con los abonos autonómicos, locales y los billetes de 20 euros mensuales para Cercanías.

Electricidad, cargos y peajes al alza, pero facturas finales a la baja

En el sector energético, la revisión de los componentes regulados del recibo de la luz presenta contrastes relevantes. Los cargos netos del sistema eléctrico, establecidos por el Gobierno, aumentan en 2026 algo más de un 10% respecto al año anterior, mientras que los peajes de las redes, determinados por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), suben de media un 0,5%.

Esta revisión afecta de forma diferente a los consumidores: los hogares (tarifa 2.0 TD) ven una ligera bajada del 1,3% en el peaje, las pymes (tarifa 3.0 TD) una rebaja del 4,95%, y la industria (tarifas 6.xTD) un descenso del 8,55%.

A pesar de estos incrementos en los componentes fijos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que la factura final para los consumidores domésticos acogidos a la tarifa regulada (PVPC) puede bajar un 4,66% en 2026, debido a la caída prevista en el precio mayorista de la energía. Para las pymes y la industria, la reducción podría alcanzar el 9,91% en el caso de los grandes consumidores electrointensivos.

Gas natural, la tarifa regulada TUR baja casi un 9%

Una de las mayores bajadas que se ha registrado este año es la del gas. La tarifa de último recurso (TUR) de gas natural ha descendido un 8,7% de media desde el 1 de enero respecto al trimestre anterior. Esta rebaja responde al abaratamiento de la materia prima, aunque la fórmula de revisión incorpora el gas estacional de invierno.

Los usuarios de la TUR vecinal, que suministra a comunidades de vecinos con calefacción central, se benefician de una rebaja de entre el 5,7% y el 8,7% en función del consumo.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, confirmó que el salario mínimo interprofesional (SMI) estaría exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en 2026, tras coordinar esta medida con el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, este anunció se suma a la propuesta del Ejecutivo de incrementar el SMI en un 3,1%, elevando la remuneración base a 1.221 euros mensuales en catorce pagas para ese año.

La propuesta oficial llegó durante una reunión entre el Gobierno y los agentes sociales celebrada la mañana del miércoles, según detalló Europa Press. El Ejecutivo trasladó la iniciativa a sindicatos y empresarios, quienes cuentan ahora con el encargo de analizarla antes de emitir una respuesta formal. Hasta el momento, según indicó Pérez Rey, en el encuentro no se obtuvo un respaldo explícito ni rechazo por parte de las organizaciones participantes.

El planteamiento gubernamental busca incrementar el SMI en 37 euros al mes respecto a los actuales 1.184 euros mensuales, manteniendo el esquema de catorce pagas anuales. El medio Europa Press especificó que esta subida coincide con una de las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno en materia salarial. Estos expertos habían propuesto dos rutas: aplicar una subida del 3,1% siempre que el salario mínimo permanezca exento de tributación estatal, o elevar el incremento al 4,7% en caso de que el SMI pasase a tributar IRPF.

Pérez Rey comunicó, según publicó Europa Press, que la decisión de que el SMI continúe fuera del ámbito impositivo del IRPF para 2026 se consensuó con el Ministerio de Hacienda. El objetivo central detrás de esta medida sería salvaguardar la capacidad adquisitiva de los trabajadores con ingresos mínimos y evitar que una mejora salarial nominal se vea compensada con nuevas obligaciones fiscales.

En la reunión no se trataron otros elementos regulatorios como la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial. Según explicó el propio secretario de Estado, estos asuntos quedarían vinculados a un futuro marco legislativo diferente y no quedarían recogidos en el actual decreto del SMI, de acuerdo con Europa Press.

El proceso de toma de decisiones sobre el salario mínimo para el ejercicio siguiente cuenta con la intervención de los agentes sociales, que representan tanto a los trabajadores como a los empleadores. Europa Press reportó que el hecho de que no se formalizara aún una respuesta por parte de sindicatos y patronal refleja la necesidad de analizar detenidamente el nuevo escenario propuesto por el Ejecutivo antes de definir una posición.

La cuantía sugerida para el SMI en 2026 cobra mayor relevancia tras el análisis efectuado por el Comité de Expertos. Según lo difundido por Europa Press, el grupo de especialistas argumentó que un crecimiento del 3,1% puede resultar adecuado siempre que se mantenga la exención fiscal, al considerar el impacto de la inflación y la evolución de la economía. Por el contrario, una tributación del SMI habría requerido un aumento mayor, hasta el 4,7%, para mitigar las consecuencias de la retención impositiva sobre los beneficiarios del salario mínimo.

El Ejecutivo español, como remarcó Europa Press, se comprometió también a examinar con mayor detenimiento las reglas que regulan la desindexación en la contratación pública. El compromiso de iniciar un análisis "serio" de estas normas se comunicó en paralelo a la presentación de la propuesta de subida salarial, si bien este aspecto no formó parte del decreto sobre el salario mínimo.

El diálogo sobre el SMI forma parte de un proceso anual en el que el Gobierno traslada su propuesta a las principales organizaciones de trabajadores y empresarios, quienes, tras valorar la medida, plantean observaciones o propuestas alternativas. Europa Press recogió que el escenario actual se caracteriza por la expectativa que genera la doble garantía planteada: tanto el aumento del SMI como el mantenimiento de su exención fiscal.

El salario mínimo interprofesional constituye una referencia clave en el mercado laboral español y su actualización impacta directamente sobre el poder adquisitivo de los empleados que perciben la remuneración más baja regulada legalmente. Según Europa Press, la exención en el IRPF supone que quienes perciban el SMI no afrontarán cargas fiscales sobre estos ingresos, lo que habitualmente se traduce en una mejora real de su capacidad de consumo y en una protección frente al incremento del coste de vida.

La convocatoria de la reunión y la posterior comunicación de la propuesta se producen a pocos meses del inicio del ejercicio fiscal para el que regirá el nuevo salario mínimo. Europa Press consignó que el Gobierno busca anticipar la actualización, estableciendo un marco previsible para negociaciones colectivas y para la planificación empresarial frente a los ajustes del mercado laboral.

La iniciativa forma parte de la agenda de política laboral y social que el Ejecutivo ha puesto en marcha en el contexto posterior a la pandemia, donde la atención a los salarios más bajos se ha convertido en uno de los ejes preferentes en diálogo con los agentes sociales. La mejora del salario mínimo, sumada a la exención fiscal aprobada, perfila un escenario en el que la renta mínima de referencia podría alcanzar los 1.221 euros mensuales para miles de trabajadores sin incrementar su presión tributaria, según subrayan los datos recogidos por Europa Press.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto este miércoles a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1%, lo que se traducirá en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Esta propuesta, realizada durante la primera reunión negociadora de 2026 para la subida del salario mínimo, supondría un aumento de 37 euros mensuales respecto a la cuantía actual.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha explicado que la propuesta del Gobierno mantiene la exención del SMI en el IRPF y se apoya en las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo en esta materia.

En este sentido, la cuantía planteada por el Gobierno coincide con una de las dos opciones recogidas en el último informe del comité sobre el salario mínimo. Este organismo había planteado una subida del 3,1% para 2026 en el caso de que el SMI continuara sin tributar en el IRPF, o un incremento mayor, del 4,7%, si finalmente pasaba a hacerlo.

Con la propuesta actual, el salario mínimo pasaría de los 1.184 euros mensuales vigentes a 1.221 euros brutos en catorce pagas, lo que supone 37 euros más al mes para los perceptores. Durante su intervención, Pérez Rey ha defendido que “el salario mínimo interprofesional no puede perder ni una décima de poder adquisitivo” y ha subrayado que la fiscalidad debe aplicarse “a quien más tiene, no a quien menos lo hace”.

El SMI como eje de la política laboral del Gobierno

El secretario de Estado de Trabajo ha enmarcado la propuesta en la evolución del salario mínimo desde la llegada del actual Gobierno. Según ha recordado, el SMI ha aumentado un 63% desde el inicio de la legislatura, lo que, a su juicio, ha contribuido a reducir la desigualdad.

“El SMI es seguramente la norma o la secuencia reformadora que ha llevado este Gobierno de más éxito de todas”, ha afirmado Pérez Rey, que lo ha situado junto a la reforma laboral como uno de los pilares de la política laboral. En su opinión, el salario mínimo ha sido “el principal antídoto contra la desigualdad” y ha tenido un impacto directo en los salarios más bajos.

El secretario de Estado también ha destacado que el incremento del SMI ha ayudado a reducir la brecha salarial de género, y ha beneficiado especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores en categorías de nuevo ingreso.

Compromiso para mantener la exención fiscal

Uno de los puntos centrales de la propuesta del Ejecutivo es que la subida del 3,1% se mantenga exenta de tributación en el IRPF. Pérez Rey ha reiterado el compromiso del Ministerio de Trabajo de que “no pague impuestos aquellas personas que están percibiendo el salario mínimo interprofesional”.

Según ha explicado, esta ha sido una cuestión planteada de forma reiterada por los agentes sociales y defendida públicamente por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. “Quien cobra el salario mínimo interprofesional no tiene que ser quien tribute”, ha señalado.

Posible flexibilización en la contratación pública

Además del incremento salarial, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar las reglas de indexación en la contratación pública para mitigar el impacto de la subida del SMI en los contratos en vigor. Esta medida, según Pérez Rey, ha sido una petición unánime de las organizaciones presentes en la mesa de diálogo social.

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a explorar esta vía junto con los departamentos competentes, con el objetivo de “relajar las normas de desindexación” dentro del marco fiscal y laboral vigente.

Sin acuerdo aún, pero en un “clima de diálogo constructivo”

Por el momento, la propuesta no cuenta con una respuesta definitiva por parte de sindicatos y patronales. Pérez Rey ha explicado que ninguna de las organizaciones ha dado un sí o un no inmediato y que todas trasladarán la propuesta a sus órganos de gobierno.

No obstante, ha valorado de forma positiva el desarrollo de la reunión, que se ha celebrado, según ha dicho, en un “clima de diálogo franco, sincero y muy constructivo”. El Gobierno confía en recibir una respuesta “a la mayor brevedad posible” y en poder cerrar un acuerdo que permita consensuar la subida del SMI para 2026.

“Una subida de 37 euros brutos mensuales marca la diferencia entre salarios dignos y aquellos que no lo son”, ha concluido el secretario de Estado, que ha expresado su deseo de alcanzar un acuerdo con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en las próximas semanas.

El comité de expertos del Ministerio de Trabajo ha planteado a la cartera liderada por Yolanda Díaz una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de entre el 3,1% y el 4,7% para este 2026. Los especialistas que asesoran al Ministerio proponen la opción del aumento más leve, que equivaldría a unos 36,7 euros más al mes para lo trabajadores, en caso de que la renta mínima continúe exenta de tributación. Si el Gobierno decide permitir que la Agencia Tributaria grave el sueldo mínimo a partir del próximo año, recomiendan la subida del 4,1%, unos 55,6 euros mensuales adicionales.

El salario mínimo su sitúa actualmente en España en 1.184 euros al mes por 14 pagas, tras el incremento del 4,4% acordadado con sindicatos, pero sin la patronal, en 2025 que elevó la retribución anual a 16.576 euros. Si se acuerda un nuevo incremento en línea con lo aconsejado por el comité de expertos, el SMI quedaría en 2026 en la horquilla entre los 1.221 y 1.240 euros brutos al mes. Con estos aumentos, los especialistas esperan que España pueda cumplir la recomendación incluída en la Carta Social Europea de que el SMI se corresponda con al menos el 60% del salario medio.

La vicepresidenta segunda y ministra había solicitado la opinión del comité como base para arrancar las negociaciones con los agentes sociales después de que los sindicatos CCOO y UGT avanzaran su propuesta de un incremento del 7,5% para 2026, que dejaría el salario mínimo en 1.273 euros brutos al mes en 14 pagas, que tributarían en el IRPF. Para valorar el impacto real de esta cifra, debe tenerse en cuenta el impacto del pago fiscal correspondiente por la fañta de exención en el IRPF, por el que la subida neta del SMI en 2025 sería del 2,7%, hasta los 1.216 euros.

Los cálculos de la patronal difieren de los de Trabajo

Por otra parte, las patronales CEOE y Cepyme, sugieren un alza del 1,5% hasta los 1.202 euros brutos al mes, también sin exenciones en las obligaciones fiscales. Las organizaciones empresariales quedaron excluídas el año pasado del pacto del SMI, una situación que podría repetirse si no logran llegar a puntos comunes en las negociaciones con sindicatos y Gobierno este año.

Esta propuesta, explican, está alineada con los incrementos previstos para empleados públicos y cumple con los principios de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, como fomentar la negociación colectiva y reducir la pobreza laboral. Según CEOE, tan solo una subida del 1,5% generaría un coste bruto de 862 millones de euros, pues cada punto de subida del SMI implica 575 millones.

Las patronales defienden que el SMI ya supera el 60% del salario medio calculado según la Encuesta de Población Activa (EPA), una referencia que consideran más precisa que la Encuesta de Estructura Salarial (EES) usada por el Ministerio de Trabajo y su comité de expertos, ya que la EES excluye sectores relevantes. Basándose en la EPA más actualizada, el SMI correspondería a 15.760 euros, es decir, un 4,9% inferior al aprobado, por lo que creen innecesaria otra revalorización para 2026.

Regresa le debate sobre la tributación del SMI

El comité formado por miembros del Ejecutivo, de los sindicatos y profesionales académicos vuelve a enfrentarse este año al problema de la tributación del SMI, que surgió el pasado año cuando el Ministerio de Hacienda decidió mantener sin modificaciones el umbral de exención en el IRPF pese a la subida de la renta mínima en 2025.

En años anteriores, la cartera liderada por María Jesús Montero había ajustado al alza el límite fiscal que establece que rentas no están obligadas a tributar, lo que despertó críticas entre los trabajadores que verían la revalorización del 4,4% limitada por el recorte que supone sufrir retenciones al hacer la declaración de la Renta. Para compensar este efecto, Hacienda y Trabajo acordaron introducir una deducción que cubra la parte tributable durante este año, pero una vez superado este periodo las negociaciones sobre la ueva subida del SMI vuelvan a enfrentarse dificultades potenciales por este asunto.

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han decidido proponer al Gobierno un incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) del 1,5% para el año 2026. Esta subida situaría la cifra en 16.824 euros brutos anuales, equivalentes a 1.202 euros al mes en 14 pagas, que estarían sujetos a tributación por IRPF. El Comité Ejecutivo extraordinario de la CEOE se ha reunido este martes, en donde se ha decidido esta subida moderada frente a la petición de los sindicatos CCOO y UGT, que demandan un alza del 7,5%, llegando a los 1.273 euros mensuales.

Según han explicado en un comunicado remitido a los medios, este aumento “está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año”, y encaja “con los objetivos de la Directiva Europea de Salarios Mínimos a la hora de fijar el SMI”. Sin embargo, durante los últimos 12 meses, la inflación ha alcanzado el 2,7%, situándose más de un punto por encima de la cifra planteada por los empresarios.

Entre los factores que han llevado a CEOE y Cepyme a proponer esta subida tan limitada, las patronales subrayan que, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) “el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto”. Con esto, justifican que, aunque han decidido presentar esta medida, “no cabría realizar ninguna revalorización para el año 2026”.

Por qué los empresarios consideran más fiable la EPA para calcular el SMI

Las organizaciones empresariales defienden el uso de la EPA frente a la Encuesta de Estructura Salarial (EES), que sirve de base para el grupo de expertos que asesora a Trabajo, porque esta última no incluye sectores como la agricultura, ganadería, pesca o el servicio doméstico. Esto provoca “una distorsión al alza” en el cálculo del salario medio.

En palabras de las patronales, “precisamente estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado”.

Así, los empresarios señalan que la EPA es una estadística “más válida y ajustada” para calcular el salario mínimo, y añaden que los datos de dicha Encuesta están más actualizados, correspondiendo al último trimestre de 2024, mientras que la EES ofrece información de 2023.

Según estas cifras, tomando la EPA como referencia, el SMI para 2025 sería de 15.760 euros brutos anuales, lo que supone 816 euros menos que los 16.576 euros brutos fijados para este año. “Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde”, advierten las patronales.

La patronal condiciona la subida del SMI al uso de la absorción y compensación salarial

Por último, la patronal concluye el comunicado dejando claro que “para respetar la negociación colectiva, condicionamos esta subida del 1,5 % al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores”. La absorción y compensación de salarios son mecanismos que permiten que los aumentos derivados del salario mínimo o de los convenios colectivos no se traduzcan necesariamente en un incremento real del sueldo para quienes ya ganan por encima de esos niveles.

Este mecanismo está respaldado por el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que, para comprobar si un salario supera efectivamente el mínimo, debe considerarse en su totalidad y calculado en términos anuales. De esta manera, se garantiza que la evaluación sea completa y justa, teniendo en cuenta todos los conceptos salariales y pagas extra.

*Noticia en ampliación.

Comprar vivienda en España es hoy más caro que nunca: el precio medio de la vivienda usada alcanzó en noviembre los 2.605 euros por metro cuadrado, según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista, lo que equivale a casi dos meses completos del Salario Mínimo Interprofesional de 2025 (1.381,33 euros brutos al mes con 12 pagas).

Este nivel es el más alto de toda la serie histórica del portal y supone un incremento interanual del 16,1%, el mayor registrado hasta ahora. En términos mensuales, los precios avanzaron un 2%, mientras que en el último trimestre el incremento fue del 4,3%.

Todas las comunidades autónomas registraron subidas respecto al año anterior. La Región de Murcia lideró el encarecimiento con un aumento del 22,5%, seguida de la Comunidad de Madrid (21%), Andalucía (19,8%) y Cantabria (18,8%). En la Comunidad Valenciana la subida alcanzó el 17,3%, mientras que Asturias registró un crecimiento del 16,8%.

Sube el precio en todas las regiones y Baleares vuelve a ser la más cara

Los datos de Idealista muestran incrementos generalizados en todas las comunidades. Por debajo de la media nacional se situaron Canarias (12%), Euskadi (11,2%), Cataluña (10,7%) y Baleares (9,1%). En el grupo de menores subidas aparecen Castilla-La Mancha (8,5%), La Rioja (8,2%) y Aragón (8%). Cerraron la lista Galicia (5,1%), Navarra (3,7%) y Extremadura (2,9%).

En cuanto a precios absolutos, Baleares continúa como la comunidad autónoma más cara, con 5.114 euros/m², seguida de la Comunidad de Madrid, donde el precio medio se sitúa en 4.491 euros/m². Tras ellas se posicionan Euskadi (3.376 euros/m²), Canarias (3.123 euros/m²), Cataluña (2.739 euros/m²) y Andalucía (2.735 euros/m²).

En el extremo opuesto se encuentran Extremadura (1.023 euros/m²) y Castilla-La Mancha (1.027 euros/m²), las dos regiones más económicas del país.

Ourense y Teruel, las únicas provincias que registran bajadas de precio

A nivel provincial, 48 provincias cerraron noviembre con precios superiores a los del año anterior. Murcia y Valencia se situaron a la cabeza, con aumentos del 22,5% y del 22,3%, respectivamente, seguidas de Madrid (21%), Cantabria (18,8%) y Asturias (16,8%). En Barcelona, el crecimiento interanual fue del 10,8%. Solo dos provincias registraron descensos en el precio de la vivienda usada: Ourense, con una caída del 4,2%, y Teruel, con un ajuste del 2,9%.

El informe señala también que Ciudad Real es la provincia más barata del país, con 763 euros/m², seguida de Jaén (852 euros/m²) y Cuenca (867 euros/m²). En el extremo contrario, Baleares (5.114 euros/m²) y Madrid (4.491 euros/m²) encabezaron el ranking de territorios más caros, junto con Guipúzcoa (4.124 euros/m²), Málaga (4.024 euros/m²) y Santa Cruz de Tenerife (3.302 euros/m²).

Las grandes capitales alcanzan máximos históricos

Idealista también recoge aumentos en los precios de la vivienda usada en 51 de las 52 capitales de provincia durante el último año, con Huesca como única excepción (–0,1%). León protagonizó la subida más pronunciada con un incremento del 20,9%, por delante de Madrid, Palencia y Guadalajara, todas con un avance del 17,7%. En Salamanca la vivienda se encareció un 17,6%.

Entre los principales mercados urbanos, los precios también crecieron con fuerza. En la ciudad de Madrid, el valor medio alcanzó los 5.758 euros/m² tras aumentar un 17,7% en el último año. En Barcelona, el precio se situó en 5.089 euros/m², un 9,5% más que en noviembre de 2024.

En términos absolutos, San Sebastián sigue siendo la capital más cara de España con 6.411 euros/m². En el lado opuesto, Zamora es la capital más económica, con 1.291 euros/m², seguida de Jaén (1.367 euros/m²) y Lugo (1.433 euros/m²).

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reglamento del contrato formativo, que no podrá retribuirse por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que busca “modernizar el tejido empresarial español y retener el talento para mejorar la productividad”, según indicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa tras concluir la reunión del Ejecutivo.

Díaz, que hizo un llamamiento a las empresas para que hagan uso de este contrato formativo, defendió que este desarrollo reglamentario -al que mandataba la última reforma laboral- llega para erradicar las “prácticas abusivas” que se producen en materia de formación en España: “Se acabó estar poniendo cafés o que se pague con propinas. Se acabó sustituir trabajadores y trabajadoras”, señaló.

La ministra de Trabajo ha afirmado además que con este desarrollo reglamentario se da “un paso cualitativo más” tras la aprobación del Estatuto del Becario en octubre, para hacer frente al uso fraudulento de los becarios como trabajadores. Así, el Real Decreto para los contratos formativos, que implica un desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores sobre estos contratos, supondrá la creación de dos modalidades: formación en alternancia y obtención de la práctica profesional.

Cuál es la diferencia entre ambos contratos

Según ha explicado la vicepresidenta segunda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el contrato de formación en alternancia se aplicará a aquellas personas que se están formando y parte de su aprendizaje se hace en empresas, mientras que los contratos de obtención de la práctica profesional son las conocidas como prácticas en una empresa e implican una formación habilitante al acabar la formación.

“El contrato en alternancia es el que más se quiere en Europa, es el que permite modernizar el tejido productivo”, ha aseverado la ministra de Trabajo, que ha recalcado que con esta norma el contrato no podrá retribuirse por debajo del salario mínimo, que actualmente es de 1.184 euros mensuales en 14 pagas o 16.576 euros anuales.

Los contratos de formación en alternancia buscan compatibilizar la actividad laboral retribuida con los procesos formativos, mientras que el contrato de prácticas profesionales será para adquirir experiencia en el ámbito en el cual la persona trabajadora ha obtenido un título universitario o de un título o certificado de grado C, D o E del sistema de formación profesional consecutivamente a la obtención de dicho título.

Características y límites del contrato formativo

El Real Decreto aprobado este martes limita a tres el número máximo de contratos formativos vigentes en simultaneo en las empresas de hasta diez trabajadores y en siete para los centros de trabajo de entre 11 y 30 empleados. Para las compañías con una plantilla entre 31 y 50 trabajadores, el máximo número de este tipo de convenio será de diez, mientras que los centros que superen los 51 empleados se limita al 20% de la plantilla.

Según la normativa, las personas en formación laboral tienen derecho a un programa formativo individual, que será elaborado en el marco de los convenios de cooperación suscritos con las empresas por los servicios públicos de empleo competentes, las autoridades educativas de Formación Profesional, las universidades, los centros universitarios o del Sistema de Formación Profesional o las entidades y los centros acreditados o inscritos.

Los trabajadores dentro del Sistema Nacional de Empleo no podrán superar los 30 años, mientras que el tiempo efectivo de trabajo no podrá ser superior al 75% de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo (o de la jornada máxima legal) durante su primer año de contrato ni al 85% durante el segundo, sin posibilidad de hacer horas extra, trabajo nocturno o a turnos.

Por parte de las empresas, deberán suscribir convenios de colaboración para poder celebrar contratos de formación -así como el plan formativo individual- y cada persona podrá tutorizar en al empresa a un máximo de cinco personas con este contrato de manera simultanea o a tres si se trata de un centro de trabajo con menos de 30 empleados. Además, la duración del contrato no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año y deberá garantizar la compatibilidad con la vida académica.

La sentencia mantiene la validez del resto de la directiva, pero descarta los elementos los 2 y 3 del artículo 5, anulando la armonización forzosa en la fijación de los salarios mínimos legales. Esta decisión refuerza la autonomía de los países miembros en esta materia y responde a la defensa de los modelos laborales nacionales impulsada en un recurso presentado por Dinamarca con el apoyo de Suecia.

Una legislación común para Europa

La directiva europea sobre salarios mínimos fue adoptada por las instituciones de la Unión Europea con el objetivo de establecer un marco común para garantizar que los trabajadores en todos los Estados miembros cuenten con salarios adecuados. El texto no fijaba un umbral concreto, pero requería a los Estados tener en cuenta variables como el poder adquisitivo, el coste de la vida, la evolución de los salarios y la productividad nacional. Hasta la fecha, 22 de los 27 países de la Unión cuentan con un salario mínimo nacional, mientras que Dinamarca, Suecia, Italia, Austria y Finlandia optan por otros modelos, principalmente negociaciones colectivas sectoriales o acuerdos entre empleadores y sindicatos.

Frente a estas nuevas exigencias, algunos gobiernos consideraron que la directiva interfería directamente en competencias exclusivas nacionales, como la definición de salarios y la regulación de la negociación colectiva. Los ejecutivos danés y sueco argumentaron que la norma europea ponía en riesgo sus sistemas laborales, caracterizados por la autorregulación y por el papel central de las partes sociales en la fijación de las condiciones salariales, sin intervención estatal directa.

Se anula el mecanismo contra rebajas por la indexación

La anulación de parte de la directiva europea también implica la eliminación de la referencia al “mecanismo automático de ajuste de indexación” de los salarios mínimos legales. La directiva permitía que los Estados pudieran utilizar este tipo de ajustes siempre que no implicaran una rebaja del salario mínimo legal. Este mecanismo debía basarse en criterios apropiados y respetar el Derecho y las prácticas nacionales, tal como recogía la norma. Con la anulación de esta disposición, los Estados ya no están obligados a garantizar que los mecanismos automáticos de ajuste no provoquen una reducción del salario común mínimo.

Reacciones desde España

El gobierno español, a través del Ministerio de Trabajo y Yolanda Díaz, ha defendido la transposición de la directiva europea del salario mínimo y los puntos que han quedado anulados. Durante el desacuerdo entre países por la adecuación de la nueva norma a sus sistemas laborales, la cartera liderada por Díaz ha abogado por mantener los criterios centrales. Aun así, fuentes del Ministerio han valorado positivamente el fallo del tribunal comunitario y consideran que la sentencia refuerza los aspectos esenciales de la norma.

Para el Ministerio, el fallo representa un avance para garantizar salarios dignos en la Unión Europea, ya que el Tribunal ha decidido mantener la mayor parte de la directiva al concluir que no existe una injerencia directa en el derecho comunitario, desestimando parte de las alegaciones presentadas por Dinamarca. Aunque anula la disposición que obligaba a los Estados miembro a aplicar los criterios específicos, la sentencia respeta la relevancia de la negociación colectiva y la capacidad de los Estados para determinar un salario mínimo adecuado. Trabajo destaca que el texto de la directiva permanece casi íntegro y que la resolución no cuestiona los efectos fundamentales de la norma, alineándose con la posición defendida por España.

En Madrid y Barcelona, alquilar una sola habitación cuesta más del 50% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que asciende a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. La cuenta es simple y contundente: con el sueldo mínimo, medio salario se esfuma en el alquiler, sin contar transporte, comida o estudios. El contraste con el resto del país es abismal, pues en ciudades como Murcia, Granada o Zaragoza el esfuerzo se sitúa por debajo del 35% del SMI.

En este sentido, “para miles de estudiantes y jóvenes profesionales, acceder a una habitación asequible sigue siendo un desafío, especialmente en los meses previos al inicio del curso universitario”, recuerda Luca Contella, responsable del Sur de Europa en HousingAnywhere.

Según los datos del Índice nacional de alquileres de habitaciones de HousingAnywhere, en el tercer trimestre de 2025, el precio en Barcelona (de 650 euros) y Madrid (de 620 euros) son las ciudades más caras para alquilar habitación en España. Llevado a porcentaje, 650 sobre 1.184 equivale al 55%, y 620 al 52% del SMI bruto mensual. La comparación deja poco margen de interpretación: compartir piso en las dos grandes capitales de nuestro país resulta inasumible para quien cobra el salario mínimo.

Mientras, el precio mediano nacional de las once ciudades analizadas se mantiene en 550 euros. Una cifra estable, pero aún demasiado elevada para el bolsillo de los jóvenes.

Valencia y Zaragoza toman el relevo de las subidas

Los datos del verano reflejan un cambio en el foco de la presión del alquiler. Valencia, con un incremento interanual del 6,3%, y Zaragoza, con un 4,2%, lideran las subidas en el alquiler de habitaciones, por delante de Madrid (3,3%). Aun así, sus precios siguen lejos de los máximos: 425 euros en Valencia y 375 euros en Zaragoza. En términos de esfuerzo sobre el SMI, suponen el 36% y el 32% respectivamente, casi veinte puntos menos que en Barcelona y más de quince puntos menos que en Madrid.

La desigualdad territorial es el otro gran titular. Con Murcia (325 euros), Granada (340 euros), Salamanca (360 euros) o Zaragoza (375 euros), el esfuerzo va del 27% al 32% del SMI. En el tramo medio quedan Sevilla (390 euros, 33%) y Valencia (425 euros, 36%). Por arriba, Málaga (520 euros, 44%) y Bilbao (528 euros, 45%) rozan la mitad del salario, pero las únicas que la rebasan son Madrid y Barcelona.

El informe refleja también movimientos a la baja en Alicante (-6,2%), Barcelona (-2,5%) y Málaga (-1,9%), signos de cierto enfriamiento tras años de escalada, sin que eso implique un alivio real para la población.

Los jóvenes, el colectivo que más nota el golpe

El enfoque generacional es clave. Según un dossier del Ministerio de Trabajo, la incidencia de la subida del SMI entre los menores de 24 años alcanza el 26,8%: uno de cada cuatro jóvenes asalariados se mueve en torno al mínimo legal. Para este grupo, destinar la mitad del sueldo a una habitación los deja con un presupuesto residual para vivir, estudiar o desplazarse en las ciudades donde se concentran las oportunidades académicas y laborales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso durante su intervención en el congreso de los socialistas -celebrado el pasado sábado en Ámsterdam-, la implementación de un salario mínimo común para los países miembros de la Unión Europea. La idea, aunque novedosa, implicaría llegar a un acuerdo sobre las retribuciones a los empleados entre los distintos Estados de la Unión Europea, donde los sueldos mínimos -para los países que cuentan con este- varía desde los 551 euros mensuales de Bulgaria y los 2.704 euros de Luxemburgo, los que representan el menos y mayor salario mínimo interprofesional respectivamente.

En España, desde el 11 de febrero de 2025, el salario mínimo interprofesional (SMI) se sitúa en 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas de 1.184 euros, lo que implica un incremento del 61% desde 2018. Esta cuantía, que se establece tras hablar con las principales organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas, beneficia a unos 2,4 millones de trabajadores, según los datos del Ejecutivo.

Generalmente, los salarios mínimos nacionales se aplican, por ley, a todos los empleados de un país y se presentan como tasas salariales mensuales para los ingresos brutos, es decir, antes de la deducción del impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social, las cuales varían de un Estado a otro. Según las estadísticas de Eurostat, 22 de los 27 países miembros de la UE cuentan con un salario mínimo nacional, careciendo de una ley que regule las retribuciones mínimas solo cinco Estados: Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia.

Además, entre los diez países candidatos y candidatos potenciales , siete tienen un salario mínimo nacional (Montenegro, Moldavia, Macedonia del Norte, Albania, Serbia, Turquía y Ucrania), mientras que Bosnia y Herzegovina, Georgia y Kosovo no lo tienen. Eurostat clasifica los salarios mínimos mensuales de la UE en tres grupos diferentes, los que fijan un sueldo mayor a 1.500 euros, los que lo fijan entre 1.000 euros y 1.500 euros y los que están por debajo de los 1.000 euros.

Así, dentro del primer grupo, el de los salarios mínimos más elevados, se encontrarían Luxemburgo, Irlanda, los Países Bajos, Alemania, Bélgica y Francia, que oscilan entre los 1.802 euros de Francia y los 2.704 euros de Luxemburgo. En el segundo escalafón se encuentran España, Eslovenia, Polonia, Lituania, Grecia, Portugal y Chipre. Sus salarios mínimos oscilan entre los 1.000 euros de Chipre y los 1.381 euros de España. Por último, entre los sueldos más bajos se encuentran Croacia, Malta, Estonia, Chequia, Eslovaquia, Rumanía, Letonia, Hungría y Bulgaria. Sus salarios mínimos oscilan entre los 551 euros de Bulgaria y los 970 euros en Croacia.

El poder adquisitivo reduce las diferencias de los salarios mínimos europeos

Pese a las grandes diferencias en los salarios mínimos entre los distintos Estados miembros de la UE y los candidatos, lo cierto es que esta disparidad es considerablemente menor después de ajustar las diferencias entre los niveles de precios. En términos de las normas de poder adquisitivo (EPA por sus siglas en inglés), los países que cuentan con un salario mínimo se expresan también en tres grupos, con los mismos rangos que el anterior.

En el grupo con salarios mínimos superiores a los 1.500 PPS (estándares de poder adquisitivo) se encuentran Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Francia, España y Polonia. Sus salarios mínimos oscilan entre 1.500 EPA en Polonia y 2.035 EPA en Luxemburgo. En el grupo del medio (entre los 1.000 PPS y los 1.500 PPS) se incluyen Eslovenia, Rumanía, Croacia, Lituania, Grecia, Portugal, Chipre, Malta y Hungría. Sus salarios mínimos oscilan entre 1 001 EPA en Hungría y 1 417 EPA en Eslovenia.

Por último, el grupo por debajo de 1.000 EPA lo conforman Eslovaquia, Chequia, Bulgaria, Letonia y Estonia. Sus salarios mínimos nacionales oscilaban entre 886 EPA en Estonia y 963 EPA en Eslovaquia. Lo que reflejan estos datos es que el salario mínimo más alto en euros (Luxemburgo) es 4,9 veces el más bajo (Bulgaria) pero, cuando se expresa en EPA, el más alto (Luxemburgo) es 2,3 veces el más bajo (Estonia).

Los pequeños empresarios en Francia afrontan una realidad diferente a la que tiene el imaginario popular, donde la riqueza y el éxito suelen asociarse a la figura empresarial. Uno de cada cinco responsables de una micro, pequeña o mediana empresa sobrevive mensualmente con ingresos inferiores al SMIC -el salario mínimo interprofesional del país vecino que es de unos 1.800 euros brutos al mes-, según la cadena de noticias TF1. A través de testimonios directos, el reportaje muestra las dificultades cotidianas y la motivación que impulsa a muchas personas a emprender, aun a costa de graves sacrificios personales.

“Trabajo sin salario”: testimonios de precariedad empresarial

Mientras la opinión pública tiende a estigmatizar a quienes dirigen empresas, el sindicato de los Independientes (SDI) revela que el 50% de los líderes de microempresas no recibe ni siquiera el SMIC. Entre las historias recogidas por TF1, la de Isabelle, comerciante parisina de 62 años, destaca por su transparencia: “Cobro exactamente 1.561 euros netos al mes”, detalla frente a las cámaras, y agrega que lleva dos años desempeñando jornadas de diez horas diarias, seis días a la semana.

Cuestionando el estereotipo del empresario adinerado, Isabelle remarca: “Hacen falta empresarios, si no hay empresario, no hay negocio. Hace falta una dirección. Si yo pudiera contratar, lo haría”, confiesa. 

Las restricciones económicas y la presión fiscal impiden a muchos, como Isabelle, ampliar sus plantillas o mejorar su situación. Aunque la fiscalidad promedio se ha reducido en los últimos años, TF1 señala que las grandes empresas logran beneficiarse de deducciones fiscales inalcanzables para las pequeñas. Frente a esta desigualdad, “siempre me digo que mañana irá mejor”, expresa la comerciante, aunque mantener tal esperanza resulta cada vez más difícil para el sector.

Una carrera de obstáculos: el desafío de continuar

La situación no es exclusiva de París ni de un sector específico. Lydia Chalabi, quien dejó un puesto estable en el sector petrolero para crear una empresa de ocio en Borgoña, ironiza sobre su nueva rutina: “Me digo que soy la persona peor pagada de Francia, trabajo 240 horas semanales por 0 euros”. 

La gestión empresarial en este contexto exige que los emprendedores tengan una polivalencia casi inhumana. Lydia, al frente de ‘Sports in d’Or’, ilustra esta exigencia: “Hay que ser un pulpo... Haces la contabilidad, prospección, das instrucciones, atiendes a clientes… Siempre varios frentes a la vez”. Lamenta que la parte administrativa ocupe demasiado tiempo: “Demasiadas normas, normas que dicen cosas completamente diferentes, normas sobre normas…”.

Varias expertas se han pronunciado sobre este tema: Anne-Gaëlle Perrot, directora de comunicación de BGE Réseau, apunta en TF1 que “ser jefe de empresa es el oficio más complejo, exige más competencias diferentes y no se enseña”. En respuesta, han surgido redes de apoyo empresarial, donde expertos como Elmina Montlouis-Calixte recuerdan la importancia de la viabilidad financiera: “No tiene sentido pasarse diez años desarrollando la empresa si no logras generar dinero para poder pagarte un sueldo”.

A pesar del auge en el emprendimiento, la creación de empresas no garantiza la supervivencia. Perrot advierte: “De las 70.000 personas que acompañamos cada año, para más del 60% es sencillo crear su empresa, pero la dificultad está en lograr que continúe”. 

En Francia, el crecimiento del empresariado no se traduce necesariamente en prosperidad ni en estabilidad. Muchas microempresas carecen de empleados y de red de protección, quedando expuestas a la volatilidad económica y a complicados marcos regulatorios. 

En Suecia ningún sindicato permite que un trabajador reciba un salario inferior a 2.150 euros mensuales. Así lo ha asegurado el economista Guido Agostinelli en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, donde ha explicado cómo funciona el modelo sueco. El testimonio del experto describe las claves económicas y sociales del país, desde cómo funcionan sus impuestos hasta por qué no tienen estipulado un salario mínimo oficial.

Los sindicatos determinan los salarios mínimos

El economista ha detallado en su publicación: “En este país, la presión tributaria es de las más altas del mundo, llegando a casi el 42%”. A pesar de la elevada carga impositiva, Agostinelli ha subrayado la calidad de vida en Suecia y la existencia de unos derechos laborales robustos.

Uno de los aspectos que destaca el experto es el papel de los convenios colectivos: “Hay cobertura de convenios colectivos por casi el 90% de los trabajadores y una altísima sindicalización. Así que como es un país altamente productivo y el salario lo fija también el sindicato, no necesitan un salario mínimo, porque ningún sindicato avala que alguien gane menos de 2.500 dólares al mes”. Esto equivale a unos 2.150 euros, cifra que representa la base mínima salarial en la práctica para la gran mayoría de los empleados del país.

Altos impuestos, sí, pero un Estado eficiente

Según Agostinelli, la economía sueca se sostiene gracias a un Estado presente y activo, financiado a través de una estructura fiscal exigente. En este sentido, el economista detalló a sus seguidores: “Todo el buen funcionamiento del Estado y las acciones que hace el Gobierno se financian con impuestos. Por ejemplo, el IVA es el 25%, los impuestos personales pueden superar el 50%, junto con una decisión política clara de hacer pagar más a las personas físicas que a las personas jurídicas”.

Añadió además que las empresas abonan un 20,6% de impuestos, bastante por debajo de los niveles individuales más altos. Este modelo, lejos de limitar el desarrollo económico, ha sostenido tasas de crecimiento y ha financiado servicios sociales reconocidos internacionalmente.

Digitalización, formalidad y empleo público

Uno de los récords de Suecia, ha resaltado Agostinelli, es el bajísimo grado de economía sumergida: “La informalidad es totalmente marginal, es el 2,5% de los trabajadores y ostenta todo un récord junto con Noruega", ha explicado el experto, y enfatiza la incorporación masiva de medios de pago digitales: “En el caso de Suecia, [el dinero en efectivo] representa solo el 1% del PBI. Prácticamente todo se paga por medios digitales, lo cual dificulta aún más la informalidad”.

En cuanto al ámbito laboral público, el economista ha precisado que “el empleo público supera el 29% del empleo total y, en promedio, el empleado público que depende del Gobierno central gana más que el promedio del asalariado del sector privado”. Agostinelli ha recordado, además, la existencia de empresas estatales en sectores estratégicos desde hace más de setenta años, como LKAB, dedicada a la minería, y System Bolaget, encargada del monopolio en la venta de bebidas alcohólicas de alta graduación.

Bienestar social y longevidad

La consecuencia directa de este modelo es palpable, según el economista: “No solo se vive bien, sino que se vive más tiempo. La expectativa de vida es superior a los ochenta y tres años”. Para el experto, los efectos positivos del modelo nórdico benefician al conjunto de la sociedad e invita a la reflexión sobre su posible imitación: “Más allá de las diferencias culturales, ¿podemos aprender algo de este modelo?”, cuestiona.

Cada año, miles de personas, entre ellos muchos españoles, ponen rumbo a un país extranjero en busca de mejores oportunidades laborales que en las de su lugar de origen. Países como Suecia, Noruega o Suiza figuran entre los destinos más atractivos para quienes buscan sueldos altos, estabilidad y una elevada calidad de vida. Sin embargo, no todos conocen las particularidades del sistema laboral de estas economías.

En el caso sueco, una de las mayores sorpresas para los recién llegados es descubrir que el Gobierno no fija un salario mínimo. Así es como lo cuenta Gus, un mexicano que viven en Suecia y que, desde su perfil de TikTok, comparte su día a día en el país escandinavo.

“La responsabilidad de fijar salarios mínimos se les pasa a los sindicatos y a los empleadores”

“Uno de los puntos más interesantes que descubrí cuando empecé a trabajar aquí es que, a diferencia de otros países, en Suecia el gobierno no establece un salario mínimo”, explica Gus en uno de sus últimos vídeos. Este rasgo distingue a Suecia de la mayoría de economías europeas, donde existe una cifra mínima que los empleadores están obligados a respetar. En el modelo sueco, esa función recae en los acuerdos colectivos negociados entre sindicatos y empresas.

“Aquí en Suecia se utiliza algo que se llama modelo sueco, donde esa responsabilidad de fijar salarios mínimos se les pasa a los sindicatos y a los empleadores”, detalla. En la práctica, esto significa que no existe una única cantidad mínima nacional, sino que cada sector establece sus propias condiciones en función del tipo de trabajo, la cualificación y la región. “Dependiendo del tipo de trabajo que hagas, va variando el salario mínimo, a diferencia de otros países donde se aplica un solo salario mínimo a todo tipo de trabajos en cualquier parte del país”, matiza el trabajador.

Este sistema, conocido como modelo de negociación colectiva, es una de las piedras angulares del mercado laboral sueco. Los convenios se negocian de manera autónoma entre las partes, sin intervención directa del Estado, y suelen cubrir más del 90% de los trabajadores. De ese modo, un empleado del sector de la hostelería, por ejemplo, puede tener un salario mínimo pactado distinto al de un trabajador industrial o sanitario. “Obviamente, los sindicatos van haciendo mejoras a este salario mínimo. Bueno, eso es lo que se espera dependiendo de cada industria”, añade Gus.

El papel de los sindicatos, según relata, es fundamental. “En resumen, los sindicatos tienen mucho poder y juegan un papel primordial tanto para la empresa como para el empleado”, continúa diciendo Gus. Esta fortaleza sindical, unida a la tradición de diálogo social y cooperación, es uno de los factores que explican la baja conflictividad laboral del país y su estabilidad económica. En lugar de depender de leyes gubernamentales, las relaciones laborales se basan en acuerdos flexibles que se actualizan periódicamente según las condiciones del mercado.

“De impuestos, la empresa suele pagar un 31%, y tú tienes que pagar entre un 29%-35%”

No obstante, la otra cara de la moneda son los impuestos, un tema que tampoco pasa desapercibido entre quienes deciden trabajar en Suecia. “Otro tema del cual no nos podemos escapar: los impuestos”, comenta Gus con humor. El país escandinavo es conocido por su elevada presión fiscal, aunque esta se traduce en un amplio estado del bienestar que incluye sanidad y educación públicas, así como generosas prestaciones sociales.

“Para no hacernos bolas les pongo un ejemplo con un salario bruto de 40.000 coronas. Sobre esa cantidad la empresa tiene que pagar un 31,4%, creo que es el estándar aquí en Suecia, y después tú tienes que pagar, dependiendo de dónde vivas, entre un 29%-35%”, detalla. Es decir, tanto el empleador como el trabajador contribuyen de forma significativa al sistema, lo que puede sorprender a quienes llegan desde países con estructuras impositivas más bajas.

Además, los contribuyentes con mayores ingresos asumen una carga adicional. “De acuerdo a lo que investigué actualmente, si ganas más de 57.000 dólares anuales, se te suma un impuesto extra donde podrías terminar pagando hasta un 55% de tus ingresos”, afirma el tiktoker. Aunque estas cifras puedan parecer elevadas, muchos residentes consideran que el nivel de servicios públicos y la calidad de vida compensan la diferencia.

Por último, Gus ofrece un consejo útil para quienes estén considerando mudarse: informarse previamente sobre los salarios de su sector. “Si ustedes tienen la curiosidad de cuánto ganarían aquí en Suecia en base a la posición en la que están actualmente, hay varias páginas, pero la que yo utilicé fue la de Paylab. Estuvo muy bien, no es la mejor, pero te da una buena referencia para cuando empiezas”, concluye.

Este escenario refleja un mercado laboral en transición, donde las compañías buscan equilibrar la necesidad de mantener satisfechos a sus empleados con la presión de unos costes crecientes y un entorno económico más complejo. La inflación, la competitividad sectorial y la necesidad de retener talento se mantienen como factores determinantes a la hora de fijar los salarios, mientras las organizaciones buscan estrategias que combinen estabilidad económica y motivación del personal.

Las empresas españolas están reconfigurando sus paquetes de compensación para adaptarse a las nuevas demandas de los empleados y ganan terreno los beneficios flexibles, aquellos componentes de la retribución que las empresas ofrecen a sus empleados y que pueden adaptarse a las necesidades o preferencias individuales de cada trabajador, como seguros, vales de transporte, formación, ayudas para el cuidado de los niños o flexibilidad horaria.

El objetivo de este tipo de compensación es aumentar la motivación, satisfacción y retención del talento, ya que cada empleado puede configurar un paquete que se ajuste a su estilo de vida o prioridades personales, haciendo que la compensación sea más atractiva y percibida como justa. La oferta de beneficios flexibles continúa creciendo, pasando del 42,5% en 2024 al 46,3% en 2025, con el seguro de salud presente en el 79,3% de las compañías, la formación o estudios superiores en el 70% y los vales de transporte en el 69,5%.

En paralelo, los seguros de vida disminuyen ligeramente, del 70,7% al 69,8%, mientras los incentivos a largo plazo, como las stock options, bajan del 54% al 47,6%. Los bonos a corto plazo se mantienen prácticamente universales, con un 96% de adopción. Estas cifras reflejan una estrategia centrada en recompensar el desempeño inmediato, fomentar la motivación y retener talento, equilibrando competitividad salarial y flexibilidad en un mercado laboral cada vez más exigente.

La remuneración, por sectores

La encuesta de Mercer incluye datos de más de 700 empresas españolas con 100 empleados o más y analiza 4.800 puestos de trabajo. Este amplio espectro permite observar diferencias en la política salarial y de beneficios según el tamaño y el sector. Las compañías de tecnología y servicios, por ejemplo, son las que más apuestan por beneficios flexibles y formación, mientras que los sectores industriales tienden a mantener incentivos tradicionales como bonos a corto plazo.

Estos patrones muestran cómo cada sector adapta su estrategia retributiva a la competencia por talento y a las expectativas específicas de sus plantillas. Al mismo tiempo, disminuye el uso de incentivos a largo plazo, como las stock options, mientras los bonos a corto plazo se mantienen en el 96%.

Refuerzo a la transparencia

La entrada en vigor de la Directiva Europea de Transparencia Salarial el 7 de junio de 2026 marcará otro cambio significativo en las políticas retributivas españolas. Esta modificación normativa busca garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres en las empresas y obliga a implementar sistemas claros de valoración de puestos y mayor transparencia en los criterios de retribución.

Las empresas ya están adoptando algunos mecanismos formales de valoración de puestos (80% de adopción) y priorizando la transparencia para reducir brechas salariales de género. La normativa no solo busca garantizar la equidad, sino que impulsa a las compañías a rediseñar sus estructuras salariales, fortaleciendo la cultura corporativa y la confianza de los empleados.

David Card, ganador del premio Nobel de Economía en 2021, junto a otros dos autores, por su investigación económica a través del estudio empírico de fenómenos cotidianos del mercado laboral, como la evolución de los salarios, la desigualdad o la inmigración, visitó España recientemente para dar una conferencia en la Fundación Ramón Areces, con motivo del 40 aniversario de Fedea. Tras su intervención, fue entrevistados por distintos medios de comunicación, con los que habló de la situación económica de España y temas como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y sus efectos en la creación de empleo.

Al ser preguntado por cómo ve la situación económica actual del país, el economista por la Universidad de Princeton aseguró que, en comparación con la mayoría de países europeos, “España lo está haciendo muy bien. El crecimiento ha sido bastante bueno. Sobre todo, teniendo en cuenta todas las implicaciones después de la crisis”. Respecto a las tasas de paro, que sitúa a nuestro país a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a desempleo y desempleo juvenil, el experto ha recalcado que España siempre ha tenido tasas de desempleo muy altas. “Históricamente el desempleo juvenil rondaba el 30%”, por lo que considera que las cifras actuales no son negativas.

Otra de las preguntas más repetidas por los periodistas fue sobre la subida del SMI. En 2019, el Gobierno elevó este piso un 23% y, en los últimos cinco años ha acumulado una subida del 61%. Según Card, la subida del salario mínimo “siempre es una preocupación” para las contrataciones por parte de las empresas privadas. Aunque considera, en base a numerosos estudios, que “subidas modestas del salario mínimo no tienen efectos en el empleo. Eso es así. Pero si el salario mínimo llega a un nivel tan alto que el 20% de la población lo percibe, entonces, si se sube hay buenas razones para pensar que sería muy diferente”.

La migración y el mercado laboral

Otro de los temas más repetidos fue el papel de los inmigrantes en el mercado laboral español. El economista defendió que la entrada de este grupo al mercado tiene más ventajas que inconvenientes e insiste en que “hay muchísimos estudios en muchos países distintos sobre este tema y, normalmente, no se encuentran efectos sobre los trabajadores nativos".

Card, que ha realizado numerosas investigaciones sobre la asimilación de los migrantes en el mercado laboral, puso como ejemplo el caso de los venezolanos en España: “Los inmigrantes que vienen de Venezuela, yo prevería que van a tener buenos resultados. Primero, porque los inmigrantes que llegan están bastante bien formados. Probablemente están por encima de la media, o al menos a la altura de la media del mercado laboral español, porque incluso los venezolanos que han emigrado a Estados Unidos tienen niveles educativos por encima de la media. Y allí también les está yendo bastante bien”.

Otro de los motivos por los que considera que la integración de este grupo puede ser positiva es que no existen barreras lingüísticas entre ambos Estados. “Creo que España tiene una gran ventaja gracias a los países que fueron antiguas colonias, algunos de los cuales están atravesando desastres como el de Venezuela, lo que podría ser positivo para España”. Por otra parte, para Card, los inmigrantes africanos “vana seguir siendo un reto para Europa porque llegan con muy baja formación, y las diferencias raciales, lingüísticas y religiosas van a ser muy marcadas también en la siguiente generación”. Aunque considera que, ahora que Donald Trump está “intentado acabar con el talento de otros países, tal vez España esté bien posicionada para captar este talento”.

El Incremento del Salario Mínimos Interprofesional (SMI) y medidas de reforma llevadas a cabo en el mercado laboral durante los últimos años han tenido un impacto “limitado, aunque ligeramente positivo”, sobre la actividad económica, el empleo y las cotizaciones sociales en términos de Producto Interior Bruto (PIB), según las proyecciones elaboradas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El organismo ha publicado este lunes cinco documentos sobre las proyecciones demográficas, la tasa de actividad, el impacto del SMI y la reforma laboral en el empleo y de las medidas laborales en los ingresos por cotizaciones. Según los documentos técnicos presentados, las subidas del SMI tienen un impacto promedio anual en el PIB de 0,1 puntos o 0,2 puntos en el periodo 2022-2050, según se tengan en cuenta uno u otro modelo de análisis del organismo. En el caso de la reforma laboral, el incremento potencial del PIB es de 0,1 puntos, una cifra que es similar para la creación de empleo en unas estimaciones que la AIReF pide tomar con cautela, dados todos los factores que influyen en salarios y en el mercado laboral.

Salario Mínimo Interprofesional, acumula una subida del 61%

En cuanto al SMI, el análisis incide en que ha pasado de 735,9 euros mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025, lo que implica una subida acumulada del 61%, superior a la registrada en la década anterior. Además, según la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), el porcentaje de individuos que perciben el salario mínimo ha pasado del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023. De hecho, la AIReF señala que el impacto de la subida del SMI viene determinado no solo por la magnitud de la subida, sino cada vez más por el porcentaje de individuos afectados. Indica que el SMI se sitúa como el salario más frecuente de la economía española.

Sobre el impacto en el empleo, la AIReF apunta que la subida del año 2019 habría reducido la creación de empleo entre 0,28 y 0,45 puntos porcentuales (40.000-65.000 afiliados menos). En el caso de 2023, el efecto estimado sería algo mayor, entre 0,34 y 0,53 puntos (55.000-85.000 afiliados menos). Ambos valores se sitúan en el rango estimado por la literatura.

El organismo indica que la mayor incidencia de 2023 puede estar relacionada con la creciente relevancia del SMI dentro de la estructura salarial y con el aumento de la exposición. Sin embargo, recuerda que solo se estiman efectos directos sobre afiliación, sin considerar impactos indirectos como el posible aumento del consumo o cambios en la distribución salarial.

Impacto de las medidas de reforma laboral

En cuanto al documento sobre el mercado laboral y el impacto de las medidas de reforma implementadas sobre el empleo y las cotizaciones sociales, los análisis de la AIReF destacan que se evidencian efectos positivos que podrían asociarse al conjunto de medidas implementadas, aunque de magnitud moderada.

A partir de 2022 y en relación con el período 2018-2019, la AIReF constata una mejora generalizada de la probabilidad de salida del desempleo, especialmente hacia contratos indefinidos y fijos discontinuos. En paralelo, observa una reducción en la probabilidad de pérdida del puesto de trabajo, sobre todo en los colectivos tradicionalmente más vulnerables. Concluye que las reformas han mejorado la inserción y la estabilidad agregadas y han contribuido a reducir parcialmente la segmentación, en línea con la caída de la temporalidad y la mayor presencia de contratos indefinidos.

No obstante, apunta que “los resultados deben interpretarse con cautela, puesto que se trata de efectos medios, medidos en un horizonte temporal limitado y condicionados por shocks simultáneos”, por lo que, a su juicio, “será necesario reevaluar estas conclusiones a medida que se disponga de nuevos datos, que permitan comprobar si los efectos detectados se consolidan o se matizan en el tiempo.

Medidas de ingresos del sistema de pensiones

En el quinto documento, la AIReF analiza el impacto de las medidas adoptadas a partir del año 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050 y calcula el impacto de estas medidas sobre los ingresos por cotizaciones en porcentaje de PIB. Concluye que el conjunto de medidas simuladas (SMI y medidas de reforma laboral) han tenido un impacto limitado, aunque ligeramente positivo, sobre la actividad económica, el empleo y las cotizaciones sociales en términos de PIB.

En concreto, las subidas del SMI habrían tenido un efecto ligeramente expansivo tanto sobre el PIB como sobre el empleo y los ingresos por cotizaciones sociales en porcentaje del PIB de 0,1 punto porcentual en el promedio de 2022-2050.

Por su parte, las medidas de reforma laboral habrían tenido un impacto positivo, aunque moderado, tanto en el PIB como en el empleo. El efecto sería positivo en términos de nivel de ingresos por cotizaciones, pero prácticamente nulo al compararlo con la ratio sobre el PIB debido al incremento del PIB nominal.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que convocará “de inmediato” a la comisión de expertos que asesora al Gobierno en materia de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para abrir el camino hacia una nueva subida en 2026. Actualmente, el SMI está fijado en 1.184 euros mensuales en catorce pagas.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Díaz ha explicado que esta comisión lleva todo el año trabajando en sus recomendaciones y haciendo sus cálculos y que serán sus conclusiones las que se trasladen a la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos. “Y más allá de lo que me gusta a mí, siempre respeto las tareas que hacen. Lo que deciden los expertos suelo llevarlo a la mesa del diálogo social”, ha confesado.

La exención del IRPF, en el aire

Al ser preguntada durante la entrevista en la televisión pública por la posibilidad de que la futura subida del SMI quede exenta del IRPF, como ha ocurrido este año, la ministra ha insistido en que la justicia fiscal “tiene que empezar por arriba y no por abajo”, al considerar que se trata de rentas salariales “ínfimas”.

Al hilo, la ministra de Trabajado ha lamentado: “Que se ponga el foco en unas rentas salariales pequeñísimas, y no en las rentas salariales en las que tienen que contribuir (...) pues me da un poco de miedo”. Sin embargo, se ha mostrado también optimista a este respecto, asegurando que “este asunto está solventado ya”. Asimismo, ha aclarado que ya está “hecha la norma para que en este año no (tribute el SMI)"

El pacto alcanzado en su momento entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda permitió que en 2024 los perceptores del SMI quedaran libres de pagar IRPF. Para ello, se introdujo una deducción que se aplicará en la campaña de la Renta de 2026. Lo que aún está por determinar es si esa fórmula se repetirá en la próxima subida del salario mínimo.

Estatuto del Becario y permisos familiares

Más allá del salario mínimo, Díaz ha señalado que sus prioridades inmediatas incluyen la aprobación del Estatuto del Becario, el Real Decreto que regula los permisos “para mejorar la vida de las familias” y “una reforma laboral para la gente de la cultura”.

En este sentido, ha destacado que el Gobierno mantiene su hoja de ruta de medidas laborales con el objetivo de ampliar derechos y reforzar la protección a colectivos específicos.

La rebaja de jornada, pendiente del PP

Otro de los frentes abiertos es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una iniciativa que sigue en fase de negociación parlamentaria. “Seguimos negociando y trabajando intensamente. No hay mejor política útil que meterse en la vida de 12 millones y medio de personas, que son los afectados”, destacó la vicepresidenta.

Díaz ha explicado que incluso entre votantes jóvenes del Partido Popular ha detectado interés por medidas como la rebaja de jornada y los permisos familiares: “Hasta el Partido Popular, con sus datos demoscópicos, sabe que esta medida es clave para su electorado“, ha afirmado la ministra. ”¿Cuáles son los escollos (para que salgan adelante las 37,5 horas)? Pues el primero, 137 diputados del Partido Popular, que no sabemos qué van a hacer en esta materia”, ha señalado a RTVE.

En este contexto, la ministra ha acusado directamente al líder del PP de haber ordenado a sus diputados no reunirse con ella para debatir la propuesta. “Yo espero que el Partido Popular sean institucional y espero que nos dé respuesta a esta reunión en septiembre. Me he reunido con todas las formaciones políticas y son favorables y están negociando. El PP no ha dado respuesta”, ha lamentado Díaz.

Pese a las dificultades, la ministra de Trabajo parece mostrarse confiada con respecto a que el principal partido de la oposición acepte sentarse a negociar en las próximas semanas. “Es que es muy grave que una formación política que dice que quiere gobernar España no se reúna con una vicepresidenta para hablar de un tema central que tiene que ver con la vida de los trabajadores y con la productividad de las empresas”, ha zanjado.

El anuncio del lehendakari, Imanol Pradales, de este jueves sobre la posible implantación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco superior al estatal, pone en el centro del tablero político y social de la región la negociación entre el Gobierno vasco y los agentes sociales. La postura del ejecutivo autonómico se basa en la premisa de que “hay condiciones” para avanzar hacia un SMI propio en Euskadi, pero siempre desde el acuerdo y el diálogo, según ha informado Europa Press.

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Un SMI autonómico que será superior al estatal

Tras la celebración del primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, Imanol Pradales ha expuesto que existe un marco favorable para que pueda implementarse en Euskadi un salario mínimo autonómico por encima del estatal. En sus palabras, el lehendakari ha asegurado: “Creemos que en Euskadi hay condiciones para que se aplique un SMI de convenio superior al SMI estatal, pero desde el acuerdo de los agentes sociales”.

Durante la rueda de prensa, Pradales ha recordado que el pasado mes de julio el Ejecutivo vasco ya trasladó a la Mesa de diálogo social un análisis considerado “serio, exhaustivo y riguroso” sobre su visión respecto a esta posibilidad, abriendo la puerta a una negociación con todos los actores implicados.

Obstáculos y resistencias entre los agentes sociales

En referencia al proceso necesario para establecer un SMI autonómico superior, el lehendakari ha explicado que existen ciertas discrepancias: “Esa es la posición en la que tenemos que seguir trabajando, removiendo obstáculos, porque hay resistencias por parte de los agentes sociales y porque creemos que estas cuestiones siempre llevan tiempo y hay que trabajarlas”.

Al hilo, Pradales ha insistido en situar el posible SMI vasco dentro de una hoja de ruta negociada y cautelosa, en la que el entendimiento entre las diferentes partes resulta imprescindible para lograr cualquier avance real. Asimismo, ha señalado la importancia de trabajar en profundidad sobre esta propuesta en el contexto del diálogo y la colaboración, marcando esta línea como prioritaria para el Gobierno vasco.

Una propuesta que se suma a la lista de prioridades económicas de la agenda vasca

El máximo responsable vasco ha enfatizado también ante los medios de comunicación que esta cuestión forma parte de las preocupaciones centrales del Ejecutivo en materia económica y laboral. Según ha manifestado, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno autonómico mantiene el tema en su “agenda”, destacando su relevancia y poniéndola al mismo nivel que otras problemáticas como “la brecha salarial, el impacto de los fondos europeos, y otras que van a ser importantes también para el debate socioeconómico en Euskadi”, ha adelantado el lehendakari.

La trayectoria del Salario Mínimo en España

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha experimentado una evolución marcada en los últimos años, con incrementos significativos a partir de 2019. El Gobierno estatal ha defendido estas subidas como una herramienta para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables, aunque ha habido ciertas reticencias por parte de algunos empresarios, que siguen alertando de su impacto en el empleo. Actualmente, el SMI se sitúa en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Los ciudadanos españoles viven un momento económico complicado. El Salario Mínimo Interprofesional ha pasado de 736 euros en 2018 a 1.184 euros en 2025, lo que supone un incremento del 61%, y el Fondo Monetario Internacional sitúa a España entre las economías avanzadas con mejores previsiones de crecimiento este año. Pero, a pesar de los buenos datos económicos, muchos hogares, incluso con empleo y una fuente de ingresos, tienen dificultades para llegar a fin de mes, y esto podría deberse a que muchos españoles trabajan pocas horas o a que no cuentan con un trabajo indefinido.

Este es el argumento de la economista Sara de la Rica, catedrática de Economía y directora de la Fundación ISEAK. En una entrevista con el diario El Mundo, ofrece una visión sobre el origen de la llamada pobreza laboral. Según sus declaraciones, basadas en datos de un análisis de la Fundación ISEAK, “hay un 12% de hogares que están en pobreza laboral. Eso significa que el salario que reciben en esos hogares está por debajo del 60% del salario mediano y que son colectivos o familias vulnerables, porque están en la cola baja de la distribución salarial”.

“Lo más interesante esa razón por la cual esas familias tienen sueldos bajos, y es por la baja intensidad laboral”

La experta subraya que la causa principal de estas situaciones no reside tanto en la cuantía de los sueldos, sino en la escasa duración y continuidad de los trabajos realizados durante el año. De la Rica sostiene que “lo más interesante es la razón por la cual esas familias tienen sueldos bajos, y es por la baja intensidad laboral. O sea, no es tanto porque tienen un nivel salarial bajo, sino porque trabajan pocas horas a lo largo del año”.

El diagnóstico del informe de ISEAK identifica dos factores principales que contribuyen a la escasa intensidad laboral. En primer lugar, el elevado índice de empleo a tiempo parcial, que impacta de manera especial en las mujeres.

“La parcialidad afecta más a las mujeres, a una de cada cuatro, a las que afecta además de manera involuntaria”, explica De la Rica. Este tipo de parcialidad muchas veces responde a la imposibilidad de acceder a empleos a tiempo completo por circunstancias ajenas a la voluntad de las trabajadoras, como la falta de ofertas laborales compatibles con sus necesidades.

“Si acumulas pocos episodios laborales, es muy difícil que acabes saliendo de la pobreza laboral”

En segundo término, la catedrática señala la intermitencia laboral, incluso entre quienes poseen contratos a jornada completa. A menudo, quienes trabajan con contratos temporales o fijos discontinuos ven que su actividad laboral se interrumpe reiteradamente a lo largo del año.

“Aunque haya colectivos que trabajan a jornada completa interrumpen mucho su actividad laboral a lo largo del año, porque tienen contratos temporales o fijos discontinuos”, afirma la especialista, quien advierte que esa intermitencia dificulta que las familias puedan salir de la trampa de la pobreza laboral. “Si acumulas pocos episodios laborales, es muy difícil que acabes saliendo de la pobreza laboral”, matiza la experta.

Desde esta perspectiva, la propuesta de De la Rica difiere de la que defiende la subida constante del SMI como única vía de mejora. Para la economista, la reducción de la pobreza laboral en España debe centrarse en una mayor cantidad de horas trabajadas como vía de acceso a un mayor nivel de ingresos. “El factor más importante es la poca intensidad laboral, bien debida a jornadas parciales o bien a que las personas, aunque tengan jornadas completas, la interrumpen continuamente”, insiste.

“No es tanto subir los salarios, sino conseguir que las personas ocupadas trabajen más horas a lo largo del año”

En cuanto a las soluciones, la directora de la Fundación ISEAK considera que la hoja de ruta para combatir la pobreza laboral debe enfocarse más en la regularización y la complementariedad de los empleos, buscando que las personas ocupadas tengan acceso a más horas de trabajo a lo largo del año y menos periodos de desempleo o inactividad.

Así, sintetiza su posición: “Yo pienso que esto nos da una hoja de ruta de hacia dónde hay que ir para realmente paliar esta pobreza laboral: no es tanto subir los salarios, sino conseguir que las personas ocupadas trabajen más horas a lo largo del año”.

El salario bruto anual por trabajador alcanzó en 2024 los 27.558,68 euros, el nivel más alto en 17 años, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento del 3,8% respecto al año pasado sitúa el poder adquisitivo de los asalariados en máximos desde 2008 y muestra cómo la recuperación salarial avanza a pesar de la incertidumbre económica.

Este salario supone el 73,4% del coste laboral total que asumen las empresas por cada empleado, mientras que las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, con 9.000,03 euros de media por empleado, representan el 24%. Entre ambas partidas suman un 97,4% del coste bruto, lo que evidencia el peso que tienen los salarios y las cuotas sociales en el tejido empresarial español.

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El coste laboral total, en términos brutos, se situó en 37.525,40 euros por trabajador, lo que implica una subida anual del 3,9%. Si se descuentan las subvenciones y exenciones que se reciben de las Administraciones Públicas, el coste neto se queda en 37.308,93 euros, también un 3,9% más alto que el año pasado.

De los 16.700 euros en hostelería a los más de 62.000 en eléctricas

Las diferencias salariales por ramas de actividad siguen siendo especialmente significativas. El suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado lidera la clasificación, con un salario bruto medio que roza los 62.105,02 euros anuales. En el extremo opuesto se sitúa la hostelería, con un salario medio de 16.777,32 euros, una brecha de más de 45.000 euros anuales.

Otras actividades como la financiera y de seguros se mantienen en la parte alta del ranking, con sueldos que superan los 54.000 euros, mientras que servicios auxiliares y administrativos apenas alcanzan los 18.810,24 euros al año.

El coste laboral total también presenta grandes diferencias: mientras que en las eléctricas se dispara hasta los 82.147,9 euros por trabajador, en la hostelería apenas supera los 23.138,9 euros.

Beneficios sociales, indemnizaciones y formación

Además de los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, los empleadores destinan una parte significativa a beneficios sociales, 518,51 euros anuales por trabajador, partida que engloba cotizaciones voluntarias a seguros, planes de pensiones y prestaciones complementarias.

Otros 183,79 euros por empleado se destinan a gastos laborales como indemnizaciones por fin de contrato, uniformes, transporte al puesto de trabajo o procesos de selección de personal. Las indemnizaciones por despido alcanzan los 186,03 euros de media y la formación profesional representa otros 78,36 euros anuales por trabajador en el conjunto del país.

Madrid, País Vasco y Navarra lideran el ranking de costes laborales

Por comunidades autónomas, Madrid encabeza la lista de comunidades con mayores costes laborales, alcanzan los 44.458,06 euros por trabajador, seguida de cerca por País Vasco (42.434,54 euros) y Navarra (40.459,12). En el otro extremo, Extremadura (30.542,37 euros), Canarias (31.077,73) y Andalucía (32.664,18) ostentan los costes más bajos.

Respecto a la evolución anual, Extremadura sorprende con una subida del 8,2% en el coste laboral, la mayor de todo el país, seguida de Murcia (5,6%) y Galicia (5,4%). Por su parte, País Vasco (2,4%), Andalucía (3%) y Canarias (3,1%) muestran los crecimientos más moderados.

Convenios colectivos

El tejido laboral español sigue estando mayoritariamente regulado por convenios colectivos, que en 2024 cubrieron al 95,5% de los centros de trabajo y al 86,7% de los empleados. La mayoría de estos convenios son de ámbito subestatal (autonómicos, provinciales, etc.), una tónica habitual en la regulación laboral española. No obstante, el informe del INE destaca que un 3,9% de los trabajadores sujetos a convenio experimentaron modificaciones en sus condiciones laborales frente a lo estipulado en el texto de referencia.

Curiosamente, el coste laboral más alto se da en aquellos centros donde las condiciones no están reguladas por convenio colectivo, lo que evidencia que las empresas fuera de esta cobertura suelen ofrecer paquetes retributivos más elevados.

Los resultados de la Encuesta Anual de Coste Laboral revelan cómo la evolución del salario bruto acompaña el ciclo de recuperación económica, pero también reflejan la persistente desigualdad salarial entre sectores y territorios. Mientras la subida de sueldos, especialmente el 3,8% de media interanual, supone un alivio para los trabajadores tras años de estancamiento, el mercado laboral español sigue arrastrando retos como la alta temporalidad en sectores de bajo salario y la dificultad para trasladar las subidas al conjunto del tejido productivo.

El fuerte incremento en comunidades tradicionalmente rezagadas, como Extremadura, indica una ligera convergencia regional, aunque la distancia con las regiones más dinámicas aún es considerable. Además, la sólida regulación vía convenio colectivo refuerza la protección de los trabajadores, aunque una parte relevante sigue viendo modificadas sus condiciones.

Al igual que en España, el salario mínimo en Portugal ha pasado por múltiples ajustes en los últimos años, con la intención de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y equiparar los estándares del país a la media europea. En este 2025, el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) del país luso ha impactado tanto en los empleados como en los empleadores, y ha resaltado la importancia de la política salarial dentro del panorama económico portugués.

Y es que el SMI constituye la remuneración mínima que un trabajador recibe de manera obligatoria por su jornada laboral. En Portugal, este valor lo fija anualmente el Gobierno tras una ronda de consultas con sindicatos y patronales, siempre bajo el propósito de proteger el ingreso de los trabajadores sin comprometer la viabilidad de las empresas.

El nuevo salario mínimo modifica la realidad laboral en todas las regiones y sectores de Portugal

Para este año, tal y como señalan desde CE Consulting, el SMI en Portugal ha ascendido hasta los 870 euros. Sin embargo, existen diferencias territoriales. En la Región Autónoma de las Azores, el SMI se establece en 913,5 euros, mientras que en Madeira alcanza los 915 euros mensuales. Esta distribución responde a ajustes basados en los costes de vida y en las particularidades económicas de cada zona, permitiendo así una mayor equidad entre las regiones del país.

Además, la subida del SMI ha impactado a muchos grupos de la población lusa. Se han beneficiado todos los empleados bajo la legislación portuguesa, incluidos aquellos con contratos a tiempo parcial, cuyo salario se calcula proporcionalmente según las horas trabajadas.

Los jóvenes y los empleados en prácticas también se han visto influenciados por esta subida, aunque los regímenes de prácticas suelen contemplar una remuneración superior al SMI. Para las empresas, este incremento implica reevaluar sus escalas salariales y ajustar sus estructuras de costes laborales, un reto extendido tanto al sector público como al privado.

Una subida alineada con el coste de vida y los objetivos a largo plazo

La trayectoria del salario mínimo portugués ha mostrado una tendencia ascendente constante en los últimos años. El Gobierno tiene el objetivo de alcanzar un SMI de 1.000 euros mensuales para 2028, aunque por ahora esa cifra está todavía muy lejos. Además, la remuneración anual del SMI en 2025 se calcula en 12.180 euros, tomando como base las 14 pagas obligatorias por ley en Portugal (12 mensuales más dos adicionales por verano y Navidad). A esta cantidad, se le añade la subvención obligatoria de alimentación, que incrementa el ingreso neto de los trabajadores.

No obstante, analizar el salario mínimo requiere considerar también el coste de vida del país. La empresa inmobiliaria Idealista destacó que Portugal presenta un coste de vida más bajo que otras ciudades europeas. En Lisboa, vivir representa un gasto un 45% inferior al de Londres, un 37% menos que en Dublín y un 54% menos que en Nueva York, según las comparativas del portal.

En cuanto a la vivienda, el precio del alquiler en Portugal es, por ejemplo, un 27% inferior al de Reino Unido. Esta diferencia se nota especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos, donde la vida resulta considerablemente más asequible en comparación con las ciudades principales.

La brecha de las rentas y el capital se agranda en España. Las personas más ricas ganan 64 veces más que la media de los declarantes del IRPF, una diferencia que en la Región Murcia llega a más de 89 veces la renta media autonómica. Le siguen Andalucía y la Comunidad Valenciana, que superan en más de 70 veces a las medias ingresadas en estas autonomías, según datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.

En la parte opuesta del ranking, los ingresos de las personas más ricas de Baleares, Asturias y La Rioja son alrededor de 50 veces más altas que las medias declaradas en el IRPF en sus respectivas Comunidades Autónomas. El club de las personas más adineradas se cierra en Madrid, con 46 veces más que la media de la región, la menor diferencia de todas, por tener los sueldos medios más altos.

Estos datos demuestran, a juicio de los técnicos de Hacienda, que el crecimiento de la economía española no está siendo equitativo, sino que se concentra en mayor proporción entre los más privilegiados. Y es que “el aumento de la contratación no revela que haya una redistribución de rentas a pesar de los sucesivos incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, señala Gestha en un comunicado.

Los autores del informe inciden en que la extrema concentración de rentas y riquezas es un riesgo para un crecimiento económico inclusivo y es un lastre para la cohesión social, en línea con el Foro de Davos, que en 2024 concluyó que la desigualdad afecta al crecimiento principalmente por la reducción de las oportunidades para los pobres y las clases medias bajas, y una aspiración del Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que trata de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente.

Madrid lidera las rentas del capital

En cuanto a los datos de Madrid, los técnicos de Hacienda consideran que son relativos, al comparar ese ranking con la concentración de las rentas del capital de los dos tramos de rentas más altos por comunidades autónomas. Gestha desvela que las 149.685 personas que ganan por sus rentas totales más de 150.000 euros al año perciben el 52,9% de las rentas del capital y ganancias patrimoniales, 22.375 millones, aunque apenas representan el 1,6% del total de contribuyentes que declaran rentas del ahorro.

Por Comunidades Autónomas, los que ganan más rentas del capital están en Baleares y Madrid, percibiendo el 63% de estas rentas declaradas en cada territorio, si bien 55.961 personas en Madrid, el 3% de los que ganan más rentas del capital en la Comunidad, reciben 7.140 millones, casi el 32% de rentas del ahorro declaradas en las comunidades autónomas de régimen común.

En los puestos de cola del ranking, los que más rentas del capital ganan acumulan entre el 35% y el 36% de todas estas rentas en Asturias, Cantabria, Castilla - La Mancha. Cierra la lista Castilla y León, que acumula un 33,4% de las rentas del capital y ganancias patrimoniales declaradas.

Desigualdad de rentas y de patrimonio

Según Gestha, este análisis de los perceptores de rentas indica que existe tanto una desigualdad de rentas, como una desigualdad patrimonial, que es aún mayor y que se debe a que “buena parte de éstas atesoran un enorme capital financiero, principalmente en acciones y fondos de inversión, con el que obtener ingentes rentas del ahorro cada año”.

Para solventar esta situación, los técnicos de Gestha proponen que los Gobiernos estatal y los ejecutivos autonómicos fortalezcan sus sistemas tributarios y de redistribución del gasto para mejorar la equidad y la igualdad de oportunidades de quienes más lo necesitan, atendiendo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que apoya “reformas fiscales estructurales” de aumento de impuestos a los más ricos y a las grandes empresas.

A partir de este año, tanto los pensionistas como los parados que reciben una prestación por desempleo, y cuyos ingresos sean equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), estarán obligados, por primera vez, a tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta variación va a afectar a colectivos tradicionalmente protegidos en materia impositiva, sumando así una nueva carga administrativa y económica a quienes hasta ahora estaban exentos de realizar la declaración.

Hasta ahora, pensionistas y desempleados cuyas percepciones mensuales igualaban el SMI se beneficiaban de la exención de declarar el IRPF, igualando su situación a la de los asalariados con sueldos mínimos. El cambio normativo, adelantado por Vozpopuli y confirmado por el Ministerio de Hacienda, supone una modificación que elimina esa protección y exige a los pensionistas y parados que cobren el SMI presentar la declaración correspondiente y realizar el pago del impuesto.

Diferente trato para asalariados y perceptores de pensiones o ayudas

La principal diferencia radica en el tipo de ingresos que recibe cada colectivo. Mientras que la reforma mantiene la exención para los asalariados con contratos en activo cuyas percepciones no superan el umbral establecido por el SMI, aquellos cuyas rentas provienen de pensiones o de prestaciones asistenciales pierden ese beneficio fiscal. A efectos tributarios, este movimiento equipara a los pensionistas y desempleados a quienes superan el SMI, obligándoles a una nueva carga impositiva y burocrática.

El objetivo de la medida se centra, según fuentes de la Administración, en ampliar la base de contribuyentes y evitar distorsiones en la declaración de la renta, sobre todo en los sectores con ingresos limítrofes al mínimo interprofesional. Las cifras oficiales apuntan a un número relevante de afectados, puesto que buena parte de los pensionistas y beneficiarios de prestaciones por desempleo en España perciben cuantías iguales o próximas al salario mínimo.

Proceso legislativo y origen de la reforma

Y no es la primera polémica que genera esta modificación tributaria. Todo comenzó con una iniciativa orientada a corregir errores previos y mejorar la coherencia legal de los ingresos mínimos, y con el compromiso previo del Gobierno de proteger a las rentas bajas dentro del sistema fiscal español. El primer intento de consolidar la exención plena, que no llegó a salir, fue en la enmienda impulsada por el Proyecto de Ley sobre responsabilidad civil y seguros en circulación de vehículos de motor,

En aquel trámite parlamentario surgieron debates dentro del propio Ejecutivo: desde Hacienda se defendía la tributación general para todos los perceptores, mientras que Trabajo sostenía la necesidad de mantener la exención. Esto dio lugar a sucesivos cambios de postura, pasando de la decisión inicial de hacer tributar a este colectivo a la posterior intención de eximirles y, por último, a la consolidación de la medida actual tras ajustar el documento legal.

Según el texto definitivo, la deducción automática solo se aplicará a quienes reciban rendimientos derivados de la “prestación efectiva de servicios en una relación laboral”, excluyendo de facto a pensionistas y desempleados.

La nueva normativa surge, en gran parte, para corregir otro error histórico que penalizaba con tipos marginales cercanos al 90% a ciertos contribuyentes de rentas muy bajas que aumentaban mínimamente sus ingresos. La corrección de este “salto” se acompañó de otras modificaciones técnicas que permitieron colocar esta reforma dentro de un paquete legislativo más amplio, aprobado por los grupos que sostienen al Gobierno.

Consecuencias y obligaciones para los nuevos declarantes

Para el colectivo afectado por la reforma, el impacto es doble. En primer lugar, tanto pensionistas como parados que hasta ahora permanecían al margen de la declaración de IRPF deberán realizar los trámites anuales de la campaña de la renta. Esto implica no solo la presentación de la documentación correspondiente, sino también la liquidación de las cantidades retenidas durante el ejercicio fiscal.

El segundo efecto relevante recae en el ámbito económico. La aplicación de retenciones mensuales sobre sus ingresos implica que estos contribuyentes adelanten una parte del impuesto a lo largo de 2025. Posteriormente, podrán regularizar su situación fiscal al presentar la declaración y, en caso de corresponder, solicitar la devolución de las cantidades retenidas en exceso. Este sistema de anticipos puede representar un esfuerzo económico añadido para quienes perciben rentas mínimas, dado que suelen disponer de escasa capacidad de liquidez durante el año.

El SMI y la política de fiscalidad para rentas bajas

En los últimos años, el SMI ha experimentado varios incrementos consecutivos, hasta situarse en 16.576 euros anuales en 2024, equivalentes a 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Este umbral es utilizado como referencia tanto para fijar mínimos de pensiones y prestaciones, como para delimitar exenciones y deducciones fiscales.

La actual reforma supone un paso adelante en la integración de todos los perceptores, sean del tipo que sean, en el sistema de declaración y retención fiscal, recortando diferencias que habían beneficiado a pensionistas y desempleados. Las autoridades argumentan que la medida favorece la equidad, aunque los nuevos contribuyentes afectados deberán adaptarse a la complejidad adicional y al impacto económico que introduce la obligatoriedad de declarar por primera vez.

El sector del VTC comenzó en España vestido de premium con vehículos negros, chófer con traje, botella de agua y servicio personalizado sobre la temperatura o ambientación. Se pedían y piden a través del teléfono móvil de forma sencilla en una aplicación y resultan más baratos que el taxi, con el que mantienen una hostil competencia. Se trata sin embargo de un sector sobre el que ha llamado la atención el Ministerio de Trabajo, que recoge el sentir de empleados y exempleados, como lo hacen los tribunales.

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Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) concreta factores de riesgo psicosocial que afectan a estos conductores, en su mayoría jóvenes extranjeros. Señalan estrés en el sistema tecnológico que monitorea sus jornadas, o el hecho de que sentir la presión de una posible mala evaluación del cliente, o no poder en muchos casos decidir sus horarios, lo que se traduce en falta de autonomía; penalizaciones por cancelaciones o demoras. Y salarios muy bajos.

Más horas extra que ordinarias

El caso de Carlos es real. Lo cuenta en redes sociales su abogado, Enrique Oltra. No especifica si trabaja para Cabify, Uber, Bolt o alguna otra plataforma. Se ríe el letrado del tiempo que llevamos en España discutiendo sobre la reducción de la jornada laboral cuando en algunos sectores los problemas están aún muy lejos de eso, o no es el principal. Antepone Oltra que no pretende generalizar y “habrá empresas que lo hagan bien”, pero que a él, como abogado, solo le llueven ejemplos de prácticas abusivas.

“Carlos -explica Oltra- es un señor que trabaja todos los días de la semana 12 horas menos los domingos y no ha tenido vacaciones. Ha hecho un total de 3.756 horas en un año. Si le quitamos las 1.800 que tiene de jornada, ha hecho horas extra en cuantía de 1.956. Es decir, ha hecho más horas extra que ordinarias. ¿Y por qué hace esto? Pues, efectivamente, porque el sector de la VTC es un sector muy mal pagado. Por trabajar 40 horas a la semana, cobran exactamente el salario mínimo".

“Se aprovechan de la gente”

Con ese salario mínimo no puede vivir una familia, menos todavía en ciudades como Madrid, Barcelona y otras tantas, de forma que “a estos conductores -dice el abogado tirando de ironía- les dan la oportunidad estos empresarios, que son tan buenos, de ganar más dinero”. “¿Y cómo lo hacen? -prosigue-. Pues muy sencillo: a partir de las 40 horas, te damos un porcentaje de lo que hagas. A priori podría parecer bien, esto es un trabajo a destajo de los de toda la vida... Pues no, no está bien".

Defiende Oltra que “lo que estaría bien” es un “sueldo digno” por sus 40 horas semanales. “Se aprovechan de la gente que lo necesita y ya está. Es lo de siempre”, zanja. Y ahora viene “lo más sangrante”, avanza el abogado: a Carlos le prometieron verbalmente un 30% en esas horas extra y un año después “no le han dado ni un céntimo”. Ahora, se compromete el letrado, “le van a tener que doblar el sueldo y más, con los porcentajes y suplementos de los días festivos y alguno más por ahí”.

“La justicia lenta no es justicia”

“Son ustedes unos impresentables”, se desahoga Oltra. “Han obligado a Carlos a reclamarles. Como no va a poder demostrar que le tenían que dar un 30% de la facturación extra -el acuerdo era verbal-, lo que sí vamos a poder acreditar son todas las horas extra que ha realizado, que solo son 1.956, que a un promedio de 12 euros, se van a enfrentar a una reclamación de más de 23.000 euros”.

Carlos y su abogado no tendrán problema en demostrar, al haber controles horarios o por el propio GPS, pero sí cuentan con algo negativo, y es el tiempo que tardará el proceso, al menos de dos años hasta que se pueda celebrar un juicio. “La justicia lenta no es justicia”, lamenta Oltra, “pero como dice el refrán castellano -termina-, a cada cerdo le llega su San Martín”.

Mercadona ya ha inaugurado el nuevo horario de verano. Desde el pasado lunes 23 de junio, la cadena de supermercados de Juan Roig ha cambiado sus horas de cierre en cerca de 300 centros, que se ubican en distintas zonas turísticas de España. Buena parte de estos se sitúan cerca de la costa, ya que es habitual que vean crecer su afluencia durante la época estival. En esos establecimientos, el servicio se ampliará media hora más.

Lo primero que deben tener en cuenta los clientes de Mercadona es que el horario habitual es de 9:00 a 21:00 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos cierra, con el objetivo de facilitar el descanso de sus empleados. No obstante, la compañía recuerda que, para conocer de forma exacta cuáles son las tiendas afectadas por el cambio de horario, conviene consultarlo en la página web.

El nuevo horario de verano de Mercadona

La cadena de supermercados ha ampliado el horario de apertura en parte de su red de tiendas desde el 23 de junio y hasta el 31 de agosto, con un servicio ininterrumpido entre las 9:00 y las 22:00 horas. La medida afecta a establecimientos situados en zonas de alta afluencia turística, donde también se abrirá los domingos en horario especial para atender la demanda estacional.

La compañía, presidida por el empresario valenciano Juan Roig, ha confirmado que esta ampliación responde al incremento de clientes durante los meses de verano. Los nuevos horarios se aplican en puntos estratégicos del litoral y otros destinos vacacionales, donde se espera una mayor afluencia debido al periodo estival.

Mercadona denomina “jefes” a sus clientes y sostiene que la decisión busca adaptar la operativa comercial a las necesidades del consumidor durante la temporada alta. La compañía no ha precisado cuántos establecimientos se verán afectados, pero ha reiterado que la medida es temporal y estará vigente hasta el 31 de agosto.

Qué supermercados cierran a una hora distinta de la habitual

Mercadona aplicará la ampliación de horario de verano en diversos municipios turísticos como Lloret de Mar, Salou, Ibiza, Marbella o Sanxenxo, entre otros. La cadena de distribución recomienda a los clientes consultar el buscador disponible en su página web para verificar los horarios de apertura y cierre de sus 1.602 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional.

En el resto de tiendas, el horario general se mantendrá entre las 9:00 y las 21:30 horas durante los meses de verano, salvo en días festivos. No obstante, la compañía advierte de que pueden producirse variaciones en función de la ubicación del supermercado, motivo por el cual aconseja verificar cada caso de forma individual.

La política de Mercadona en jornadas laborales no hábiles se mantiene sin cambios: no abrir en festivos con el objetivo de facilitar el descanso y la conciliación de su plantilla.

La modificación horaria será especialmente visible en supermercados situados en zonas costeras. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los establecimientos de localidades como Cullera, Tavernes de la Valldigna, Benicàssim, Oropesa del Mar, Peñíscola, Dénia, Jávea o Benidorm abrirán hasta las 22:00 horas.

El líder del Partido Popular y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a favor de las empresas y ha mostrado, de nuevo, su rechazo a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una de las medidas clave del Gobierno de coalición desde el inicio de la legislatura de Pedro Sánchez. "El incremento indiscriminado del SMI lo único que conlleva es esfuerzo salarial de las empresas”, ha declarado este miércoles.

Estas palabras han tenido lugar durante su intervención de clausura en el XI Congreso Regional de la Empresa Familiar de Castilla y León, donde se han reunido centenares de empresarios en Valladolid. Sobre el SMI, ha añadido además que no solo supone un “esfuerzo salarial para las empresas”, sino también “esfuerzo impositivo de los trabajadores y recaudación para el Gobierno”. “Es un buen negocio para el Gobierno, y aún encima se acreditan la autoría de ese incremento del salario”, ha añadido. Para este 2025, la cifra está fijada en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, o lo que es lo mismo 1.381 euros si es en 12.

En el mismo congreso este viernes, Feijoo ha prometido “impuestos cero” para el medio rural, simplificación administrativa, medidas para reducir el absentismo laboral y mejoras en la competitividad empresaria, entre otras.

Antes las declaraciones del presidente popular, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido en X, antes Twitter, al líder del partido. “Había que dejar el SMI en 700 miserables euros y no veas el esfuerzo impositivo que se ahorraba, no se quién. Y ya si restauramos la esclavitud, no veas el esfuerzo impositivo que ahorramos", ha ironizado el titular de la cartera. “Pero tú con tres sueldos, caradura”, ha finalizado. Según su declaración de bienes realizada en 2023, Feijóo recibió en 2022 alrededor de 70.000 euros brutos anuales. Ese año cobró como senador, como líder del PP y recibió complemento como presidente del grupo parlamentario popular en el Senado.

En otra publicación citando las mismas declaraciones, Puente ha retado a Feijóo y ha dado un aviso a los votantes: “¿Lo queréis más claro o hay que hacer un croquis? Ni ha apoyado nunca una subida del SMI, ni la hará si algún día gobierna“. Con esto se refiere a los continuos mensajes y llamamientos de la derecha para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones tras la explosión del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) la semana pasada que salpica a la cúpula socialista; el más damnificado, por el momento, ha sido Santos Cerdán, ya es exsecretario de la organización socialista.

Feijóo ataca de nuevo

Ya el pasado mes de febrero, Feijóo volvió a criticar el salario mínimo y acusó al Gobierno de subirlo ”artificialmente” el salario mínimo “para recaudar más”, dijo en declaraciones desde Mollerusa, Lleida. También aseguró que el incremento del salario mínimo" supone “una subida de los ingresos del gobierno a costa de los trabajadores y de las empresas”, después de que el Ejecutivo anunciara la tributación del SMI, algo que, al menos este 2025, no ocurrirá.

En la misma comparecencia de este viernes, Núñez Feijóo ha criticado “la ausencia de políticas fiscales compensatorias por la inflación”. “Es la primera vez que la tarifa del impuesto de la renta no se actualiza conforme a la inflación y, cuando la inflación acumulada en los últimos seis años es de un 21% y la inflación de la cesta de la compra sobrepasa el 38%, comprenderán que no deflactar la tarifa supone un incremento masivo de impuestos”, ha añadido.

Ser joven en España no es fácil. La creciente brecha entre generaciones limita las oportunidades de los ciudadanos de menor edad que están en desventaja frente a los más mayores, según han constatado los expertos que han participado en el encuentro La situación económica de los jóvenes en España organizado por el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Estos desequilibrios se derivan, entre otras causas, de que el sistema actual de protección social presenta un sesgo muy importante a favor de los mayores. “El déficit contributivo del sistema de pensiones exige, cada año, grandes y crecientes inyecciones de recursos procedentes de impuestos generales, que amenazan con dejar sin margen para afrontar otras prioridades como la educación, las políticas activas de empleo, las ayudas familiares, la crianza y la inversión pública en vivienda, tecnología y medio ambiente, que benefician más a los jóvenes”, señala director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, un desequilibrio que a su juicio, “debería corregirse”.

Todo ello produce tres grandes brechas generacionales, a juicio de José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea. La primera está relacionada con la renta, ya que desde 2008, la de los jóvenes ha caído un 10 %, mientras que la de los mayores de 65 años ha aumentado un 8 %.

En cuanto a la segunda, tiene que ver con el en acceso a la vivienda. Solo el 43% de los hogares jóvenes accede hoy a la propiedad de una casa, frente a más del 70% de hace dos décadas. La tercera afecta a la edad media de emancipación, que ya supera los 30 años. Ante esta realidad, Conde-Ruiz propone un paquete de reformas para reequilibrar el contrato intergeneracional, entre las que destacan: pensiones sostenibles, reglas fiscales que prioricen a la juventud, políticas de vivienda y “mayor representación política, bajando, por ejemplo, la edad de voto a los 16 años”.

Bajos salarios y escasos beneficios fiscales

Otra de las diferencias intergeneracionales viene dada por los salarios. “Los jóvenes en España cuentan con ingresos notablemente inferiores a la media de la población”, reconoce Raquel Jurado, miembro del equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, y las cifras lo demuestran: en 2023, un joven de entre 20 y 24 años percibió un 45% menos que el salario medio nacional, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de ello, soportan una carga fiscal considerable, especialmente a través de cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA, que afectan con mayor intensidad a quienes destinan la mayor parte de su renta al consumo.

Según Eurostat, los menores de 35 años son el colectivo que dedica un mayor porcentaje de sus ingresos al pago del IVA (7,7%), y la OCDE estima que el coste fiscal total sobre el empleo asciende al 40,6% para un trabajador soltero sin hijos. Esta situación “genera una percepción creciente de desequilibrio intergeneracional, ya que los jóvenes asumen un esfuerzo fiscal elevado sin apenas medidas compensatorias”, argumenta Jurado.

En este sentido, el presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín, destacó que, a nivel nacional, la legislación fiscal específica para jóvenes es “escasa y fragmentada”, ya que solo existen algunas medidas implementadas por las comunidades autónomas, como incentivos puntuales en el IRPF, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o en vivienda, “insuficientes para equilibrar una presión tributaria elevada, debido a la alta carga de los impuestos indirectos que recaen en mayor proporción sobre las rentas bajas”.

Este esfuerzo fiscal contrasta, según Jurado, con el contexto que tuvieron generaciones anteriores, que accedieron “a empleo más estable, salarios más altos y beneficios fiscales hoy eliminados, como la deducción por compra de vivienda”. Incide en que buena parte del gasto público se orienta a financiar “pensiones generosas”, mientras los jóvenes cuentan con escasas ventajas fiscales y sin garantías de retorno futuro. “Esto alimenta una creciente sensación de injusticia intergeneracional en la distribución de los recursos públicos”, señala.

Empleo precario y temporal

También se observan diferencias en las condiciones laborales de los menores de 30 años, que sufren una tasa de temporalidad del 60,5% en sus contratos. Además, el 46% cuentan con contratos a tiempo parcial de manera involuntaria. Ambas situaciones “configuran un entorno laboral precario que retrasa la emancipación”, advierte Mar Villares, secretaria técnica del Registro de Economistas Asesores Laborales. Por ello cree que “urge avanzar hacia la estabilidad contractual real y alinear la formación con las necesidades del mercado”.

Otra de las causas que penaliza a las nuevas generaciones es que la mayoría de ellos trabaja en el sector servicios, con baja estabilidad, y muchos acceden a empleos poco relacionados con su formación. Esta combinación de inestabilidad, bajos ingresos y desajuste formativo “prolonga la dependencia familiar y retrasa el desarrollo de proyectos de vida autónomos”, explica Villares.

En definitiva, los expertos consideran que en materia laboral, la situación económica de los jóvenes en España está marcada por cinco factores estructurales: una tasa de desempleo juvenil aún elevada, pese a los últimos descensos; la precariedad laboral, con alta temporalidad, parcialidad involuntaria y escasa estabilidad; una brecha salarial generacional que dificulta el acceso a vivienda e independencia; el desajuste entre la formación y el mercado de trabajo, agravado por un sistema productivo dominado por microempresas con bajo nivel de innovación, escasa capacidad de contratación estable y limitadas oportunidades de promoción, y , por último, el débil peso industrial en el PIB, que restringe empleos técnicos de calidad y expone al empleo juvenil a una economía centrada en servicios inestables. En opinión de Villares, “estos elementos se interrelacionan, generando un círculo vicioso que frena el desarrollo económico de la juventud”.

Mayor gasto público dirigido a los jóvenes

Para conseguir una mayor equidad intergeneracional, los expertos consideran prioritario reorientar el gasto público hacia áreas que mejoren la productividad. Para ello, Conde-Ruiz, propone reducir el déficit estructural, establecer una regla fiscal intergeneracional e invertir más en educación, empleo, ciencia y vivienda juvenil.

A su juicio “es clave modernizar el mercado laboral mediante un modelo de flexiseguridad que proteja al trabajador y no solo al puesto. También se requiere impulsar la Formación Profesional dual, mejorar las becas y facilitar el acceso a la vivienda con ayudas ajustadas a la renta”. Además, plantea institucionalizar la justicia intergeneracional con una comisión juvenil en el Pacto de Toledo y una entidad consultiva estable. Añade que “cumplir los compromisos climáticos con instrumentos como un dividendo climático contribuiría a proteger a las generaciones futuras y reforzar la cohesión social”.

Deducciones a la vivienda e incentivar el ahorro

En el ámbito fiscal, Jurado, propone medidas para favorecer la autonomía económica de los jóvenes con rentas bajas, mediante incentivos específicos y dirigidos. Entre ellos, deducciones estatales por alquiler y adquisición de vivienda habitual para menores de 40 años con ingresos por debajo de determinados umbrales, así como la creación de cuentas de ahorro-joven con beneficios fiscales si el capital se destina a vivienda, educación o emprendimiento. También plantea la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de primera vivienda habitual para jóvenes con menor capacidad económica.

“Estas medidas no solo buscan aliviar la carga tributaria, sino también frenar la emigración juvenil, que afectó a más de 649.000 personas de entre 18 y 35 años entre 2021 y 2023”, indica Jurado. Pone el ejemplo de Portugal, donde ya aplican iniciativas similares, como un tipo reducido del IRPF para jóvenes y exenciones fiscales por compra de vivienda, con el fin de retener talento y facilitar su desarrollo profesional”.

Un Pacto de Estado por el Empleo Joven

En cuanto al empleo, Villares indica que, “es prioritario combatir la precariedad que sufren los jóvenes mediante el refuerzo de la inspección laboral, sanciones por fraude contractual y la limitación del uso abusivo de contratos temporales y parciales”. Para ello propone fomentar la contratación indefinida, especialmente mediante ayudas específicas dirigidas a jóvenes pertenecientes a colectivos vulnerables.

También estima clave revisar el sistema de prácticas y becas para garantizar su carácter formativo, con una retribución mínima y condiciones dignas, en línea con el futuro Estatuto del Becario. Asimismo, “debe impulsarse el empleo juvenil en sectores estratégicos, como la economía verde y digital, mediante incentivos a empresas que generen empleo de calidad, y la creación de un Pacto de Estado por el Empleo Joven y la reforma de las políticas activas de empleo, orientándolas a los perfiles y realidades concretas de la juventud”.

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España hasta los 16.576 euros anuales, lo que equivale a 1.184 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, ha contribuido al crecimiento de la economía española y ha mejorado las condiciones de los hogares que lo reciben. Así ha asegurado este jueves la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz durante su intervención el segundo foro de la Coalición Mundial para la Justicia Social, que se celebra en Ginebra.

A juicio de Díaz, “frente a los discursos del miedo y el austericidio, el incremento del SMI ha demostrado que subir los salarios no destruye empleo, sino que lo impulsa. Es una política feminista, redistributiva y de sentido común”, ha afirmado la titular de Trabajo, quien ha recordado cómo esta iniciativa ha sido avalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estos días celebra en la ciudad suiza su conferencia anual.

La vicepresidenta ha participado en un debate sobre sobre salarios dignos como motor del desarrollo social y económico en que que se ha puesto de manifiesto como en un contexto en que los salarios constituyen la principal fuente de ingresos para la gran mayoría de las personas trabajadoras en todo el mundo, millones de ellas no ganan lo suficiente para mantener un nivel de vida decente.

Por ello, medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o fomentar un salario digno van ganando fuerza en diversos países, y ha quedado demostrado que son iniciativas que impulsan al alza los salarios en términos generales. Díaz ha recordado que la apuesta firme por el salario digno es, además, una herramienta de justicia social y cohesión. En España el salario mínimo interprofesional ha aumentado un 61% desde 2018 y ha impulsado el empleo y la estabilidad laboral.

“Desmontamos mitos neoliberales: nos dijeron que subir el salario mínimo destruiría empleo y frenaría el crecimiento. Hoy España tiene la tasa de paro más baja en 17 años y es el país que más crece en la UE”, ha afirmado. Ha incidido en que todas esas subidas se han realizado con diálogo social, a veces con consenso tripartito, otras sin él, “pero siempre en conversación con los interlocutores sociales”.

La titular de Trabajo también ha insistido en la necesidad de impulsar mecanismos que aseguren esas subidas como campañas específicas para que ningún convenio colectivo quede por debajo del SMI y las personas trabajadoras puedan disponer de mecanismos de reclamación ágiles.

SMI, “un potente instrumento feminista”

El fomento de salarios dignos también contribuye a que el crecimiento de la economía tenga efectos positivos en más hogares. “Elevar el salario mínimo ha permitido que las buenas cifras macroeconómicas lleguen a las familias trabajadoras, reequilibrando la relación entre beneficios y salarios”, ha asegurado la ministra y ha destacado la notable reducción histórica de la brecha de género salarial registrada en España, que desde 2018 ha bajado 5,3 puntos.

“La justicia de género y la justicia social son las dos caras de una misma moneda: al concentrarse en sectores precarizados y feminizados, como la hostelería o los cuidados, el SMI actúa como un potente instrumento feminista”, ha explicado.

Además, ha enumerado otras medidas puestas en marcha que también han supuesto avances en conciliación y reconocimiento como los planes de igualdad obligatorios, permisos parentales o la equiparación en derechos del trabajo doméstico.

El ejemplo español

España ha sido invitado por la OIT a presentar, en el Foro de la Coalición, el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, “una política que ha sido clave para el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la desigualdad”, ha señalado la vicepresidenta.

En su opinión, establecer una subida del salario mínimo con los parámetros que marca la Carta Social Europea supone afianzar ese derecho para la persona trabajadora. “España demuestra que se puede gobernar con el horizonte de la dignidad del trabajo, haciendo de los derechos laborales un motor de cohesión social y justicia redistributiva”, ha insistido Díaz.

Las diferencias salariales dentro de la sociedad española son significantes, con picos que hacen subir mucho la media y salarios que apenas alcanzan para un ritmo de vida habitual. Además, los cambios en los mercados y las subidas generalizadas de los precios ha hecho que las cantidades se perciban de forma muy distinta que hace años.

Según datos del INE recogidos desde 2023, el salario en España ronda los 23.350 euros brutos anuales. De esta manera, las personas que reciban un sueldo por encima pueden presumir de la mitad alta, mientras que por debajo de esta cantidad ya estamos hablando de un total muy escaso.

Reparto de salarios en España

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España para 2025 es de 16.576 euros brutos al año. El dato medio incluye a los trabajadores con una jornada parcial, lo que hace que el 18% de los españoles no alcance la cantidad mínima si se tratase de una jornada completa.

El 33% de los españoles con un sueldo más alto se encuentra a partir de los 30.000 euros anuales. Visto de otra forma, un 67% de los españoles no gana 30.000 euros cada año. La media (23.350) no alcanza los 2.000 euros al mes. El salario mínimo se encuentra en máximos históricos, rondando los 1.200 euros.

Si buscamos la élite económica de España, observamos que el 1% más adinerado son aquellos que perciben un salario de 90.000 euros anuales en adelante. En el 10% más alto se encuentran las personas que superan los 50.000 euros.

Por otro lado, las diferencias entre comunidades son llamativas. País Vasco ocupa el primer puesto, con una media de 30.000 euros, lo que duplica a Andalucía o Castilla La-Mancha (recordemos que estas cifras incluyen las medias jornadas, pues solo con las completas los números serían más altos).

La brecha de género teniendo un efecto en la economía que se crece con el paso de los años. En las edades cercanas a los 50, se observa una diferencia salarial de hasta un 10%. Esto se debe principalmente a que a estas edades comienza a optarse a puestos de más responsabilidad, donde todavía hay un dominio masculino.

¿Cómo se traducen estos salarios?

Los salarios por sí mismos no son digno de estudio, pues están totalmente condicionados al resto de datos que van a condicionar los gastos de los hogares. Desde 2020, los sueldos nominales subieron un 11%, pero la inflación fue del 15%. La subida de los precios más alta que la de los sueldos indica que se perdió poder adquisitivo.

Desde 2008, los salarios, en términos nominales, han crecido principalmente entre la población joven, beneficiada del aumento del salario mínimo, y en las personas que superan los 60 años. Esto último es un indicativo del envejecimiento poblacional, que hace que haya más personas de mayor edad en cargos con mejores retribuciones.

En cifras reales, es decir, contabilizando los gastos aumentados por la inflación, existe una pérdida de dinero generalizada, con algunas excepciones en grupos de edades y clases muy concretos.

En enero de 2019, el Gobierno aprobó una subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 22,3%, elevándolo de 10.302,60 euros a 12.600 euros anuales (de 858,55 euros a 1.050 euros mensuales en 12 pagas).

Lejos de las malas expectativas de gran parte de la población hacia esta medida, que temían que generara pérdida de empleo o una escalada de precios, un estudio realizado por los investigadores económicos Ignacio González, Héctor Sala y Pedro Trivín demuestra que en las zonas con mayor proporción de trabajadores que pasaban a cobrar el nuevo SMI vieron un aumento medio del 4,5% en su gasto total durante 2019, en comparación con áreas de menor exposición.

Este salto equivale a varios cientos de euros adicionales por persona al año, un respiro económico que permitió a muchas familias gastar su dinero en productos y servicios que iban más allá de lo imprescindible.

Además, ni la tasa de paro ni los precios locales registraron variaciones significativas, lo que sugiere que las empresas absorbieron el mayor coste laboral sin repercutirlo en la inflación.

Electrónica y ocio, las grandes beneficiadas

Cuando desglosamos el gasto por categorías, descubrimos que no fue el pan, la vivienda o los suministros los que más crecieron, sino el consumo discrecional. En concreto, el desembolso en electrónica (móviles, ordenadores, televisores y accesorios) se disparó un 20,2%, mientras que el gasto en ocio (deportes, juguetes y actividades recreativas) subió un 11,7%.

La partida de restaurantes y hoteles también repuntó un 8,7%, señal de que las familias aprovecharon parte de su mayor renta para salir a comer fuera o hacer escapadas de fin de semana . Este patrón refleja el comportamiento previsto por la teoría económica: una vez cubiertas las necesidades básicas, el excedente de renta se destina a mejorar la calidad de vida.

Las empresas asumieron el coste salarial

Uno de los temores más habituales ante subidas sustanciales del salario mínimo es la posible destrucción de empleo. Sin embargo, el mismo estudio, titulado ‘Consumption Responses to a Major Minimum Wage Increase: Evidence from Spain’, no encuentra indicios de que la tasa de paro o el número de nuevas contrataciones sufrieran variaciones significativas tras la reforma .

Ni los contratos indefinidos ni los temporales disminuyeron de forma apreciable, lo que sugiere que las empresas absorbieron gran parte del coste salarial sin renunciar a su plantilla. Algunas compañías ajustaron márgenes, ganaron en productividad o redujeron costes en otros ámbitos, pero el resultado global fue neutro para el empleo.

La subida del SMI no afectó a la cesta de la compra

Otro argumento recurrente en el debate público cuando se sube el salario mínimo es que un coste de trabajo más alto termina trasladándose a los precios al consumidor. Sin embargo, al comparar la evolución del consumo nominal y del real, los autores del estudio constatan que ambas trayectorias son prácticamente idénticas tras la subida del SMI.

Lo que indica que, a corto plazo y a nivel municipal, no se produjo un traspaso de los costes salariales a la cesta de la compra. Por tanto, las empresas optaron por absorber el encarecimiento laboral en lugar de subir tarifas o márgenes de beneficio.

Un impulso al bienestar de los hogares

Los resultados de este trabajo demuestran que el estereotipo de que los aumentos del salario mínimo siempre conllevan pérdida de empleo o inflación, no es más que eso, un prejuicio.

De hecho, tal y como indica este estudio es al contrario, las subidas del SMI elevan el consumo real de los trabajadores de menores ingresos y reorientan una parte de su gasto hacia bienes y servicios de disfrute personal, contribuyendo así a mejorar su bienestar y calidad de vida.

La electrónica, el ocio y la restauración dejan de ser lujos para convertirse en opciones al alcance de todos, también de quienes antes apenas llegaban a fin de mes.

¿Qué suponen estos resultados para la política económica?

Este caso español aporta varias lecciones para el diseño de políticas de salario mínimo. Primero, demuestra que subidas importantes pueden estimular la demanda interna, favoreciendo la actividad económica local.

Segundo, evidencia que, en un contexto de baja inflación y flexibilidades productivas, las empresas pueden amortiguar el impacto de mayores costes salariales sin repercutirlos al consumidor ni ajustar drásticamente su plantilla.

Y tercero, sugiere que el salario mínimo puede jugar un papel de redistribuidor de la riqueza efectivo, no solo elevando ingresos, sino permitiendo a los hogares de rentas bajas una mejor calidad de vida.

El estudio de González, Sala y Trivín pone de relieve que, bajo las condiciones adecuadas, un salario mínimo más alto es perfectamente compatible con la salud del mercado laboral y de precios. Y, además, puede convertirse en una herramienta para fomentar el bienestar de los trabajadores en situaciones precarias.

El volumen de renta variable ha crecido en el año un 7,5 %.

En cuanto al número de negociaciones en renta variable en mayo fue de 2,79 millones, un 1,9 % más que hace un año, y un 20,5 % menos respecto al mes de abril de este año.

En el acumulado del año, el número de negociaciones subió un 4,4 %.

Por su parte, el importe negociado en renta fija ha avanzado un 7,9 % a cierre de mayo, y ha sido un 6,2 % inferior respecto a mayo de 2024, y un 33,7 % superior frente a abril.

En cuanto a los contratos de opciones sobre acciones sube en el año un 58,6 %

Los contratos de derivados sobre energía descendieron respecto a abril el 36 %, y el 53 % respecto a hace un año.

En cuanto al Grupo SIX, el volumen de negociación en renta variable ha crecido un 18,9 % en el año; y el volumen de negociación en ETF (fondo cotizado en Bolsa) ha aumentado un 112,7 % en el año.

A cierre de mayo, el número de negociaciones ha avanzado un 18,6 % el mes pasado.

El índice SMI, que agrupa a los 20 valores principales del mercado suizo que cotizan en la Bolsa de Zúrich, se situó en 12.227,1 puntos en mayo, con una subida del 5,4 % en lo que va de año, y un 0,9 % más respecto a abril. EFECOM

En 2019, el Gobierno de España incrementó más de un 22% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pasando de 735,9 a 900 euros al mes. Ahora parece que ese aumento, que afectó a más del 18% de los trabajadores a nivel nacional, fue un impulso y un respiro para que las familias tuvieran más margen para gastar dinero en bienes y servicios no esenciales.

Esto es lo que señala un estudio realizado por Ignacio González, Héctor Sala y Pedro Trivín, titulado Consumption Responses to a Major Minimum Wage Increase: Evidence from Spain. Según los economistas, el gasto de los hogares que se beneficiaron del aumento del SMI se incrementó un 4,6% respecto al año anterior, y en comparación con aquellos a los que no les afectó esta medida.

La investigación, basada en datos de transacciones bancarias y la Encuesta de Presupuestos Familiares, revela que el incremento del consumo se focalizó principalmente en categorías como productos electrónicos, mobiliario, ocio y servicios de restauración y hotelería.

Transformación del gasto familiar

El análisis muestra que el gasto en productos electrónicos aumentó un 20,2%, el ocio un 11,7%, mientras que el gasto en restaurantes y hoteles subió un 8,7%. En contraste, hubo una reducción del 6,7% en gasto conjunto de alimentación y ropa. Pero los autores aclaran que no existen evidencias de una disminución concreta en el gasto de la cesta de la compra, y sugieren que podría haberse sustituido por el consumo fuera de casa, sobre todo en lo referido al vestuario.

Por otro lado, no se han detectado cambios en el gasto de sectores como el transporte, la salud o la educación, aunque probablemente sea gracias a que todos estos están cubiertos por servicios públicos. Tampoco hubo muchas variaciones en la inversión en vivienda o en vehículos.

Asimismo, el informe también indica que el incremento del SMI no supuso un aumento en el desempleo. En las zonas con mayor número de trabajadores afectados, la tasa de desempleo se mantuvo estable. Esto señala que un mejor poder adquisitivo y un aumento del sueldo no tiene por qué traducirse en despidos masivos.

Esto refleja una mejora real en los ingresos de los hogares, que no tuvieron que recurrir a empleos precarios, y tampoco se observó que el gasto fuera por efectos inflacionarios, lo que significa que el aumento en el consumo no fue porque los productos estuvieran más caros, sino porque mejoró la capacidad adquisitiva de las familias.

Mejora en la calidad de vida

Los autores explican esta dinámica mediante un modelo de preferencias no homotéticas, y plantean que las familias de ingresos bajos, al disponer de dinero para cubrir todas sus necesidades básicas, destinaron los ingresos adicionales a bienes y servicios que incrementaran su bienestar y calidad de vida. Esto lo descubrieron comparando el consumo real ajustado por el Índice de Precios al Consumo (IPC) con el nominal.

Además, el análisis recalca que el impacto positivo del aumento del SMI en el consumo fue inmediato y se mantuvo a lo largo de todo 2019. En el primer trimestre, el gasto de las familias en los municipios más afectados creció cerca de un 5%. Aunque el ritmo se moderó ligeramente en los siguientes meses, el impulso en el gasto se mantuvo.

Con todo esto, los autores concluyen que este tipo de políticas podrían contribuir a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo aquellas que perciben menos ingresos. También añaden que medidas similares a la subida del SMI no provocan efectos negativos visibles en el empleo ni generan presiones inflacionarias importantes a corto plazo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles la encuesta anual de estructura salarial de 2023, que refleja que el salario medio se incrementó un 4,1 %, hasta los 28.049,9 euros brutos anuales, encadenando diez ejercicios al alza y cerrando poco a poco la brecha salarial entre hombres y mujeres.

En los últimos años, el de las mujeres ha aumentado con más intensidad que el de los hombres gracias en buena medida a los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ha contribuido a reducir la brecha de género, que alcanzó su máximo en 2013 con casi un 24 %.

El INE explica que, en la brecha de género, además del sueldo en sí hay que tener en cuenta otras variables laborales como el tipo de contrato, de jornada, ocupación o la antigüedad, que inciden de forma importante en el salario.

El salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) fue de 23.349,00 euros en 2023.

El salario modal, (el que tuvo mayor frecuencia, con un 4,6 % de los asalariados) se situó en torno a los 15.574,85 euros, apenas unos euros por encima del SMI de ese año (15.120 euros).

El segundo salario más frecuente (4 % de los asalariados) era de 19.500,29 euros.

La actividad económica que presentó el mayor salario medio anual en 2023 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 54.447,96 euros por trabajador, una cifra un 94,1 % superior a la media nacional; seguida de las actividades financieras y de seguros, con 48.922,80 euros.

Por el contrario, la hostelería y los otros servicios tuvieron los menores salarios medios, con 16.985,78 y 19.751,59 euros, respectivamente, cifras que son un 39,4 % y un 29,6 % inferiores a la media.

Examinando los datos por sexo, el suministro eléctrico tiene el salario más alto y la hostelería el más bajo, tanto para hombres como para mujeres.

No obstante, el INE destaca que, en aquellas actividades feminizadas, "las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres".

Los mayores incrementos salariales en 2023 se dieron en los otros servicios (8,1 %), mientras que el suministro de electricidad fue la única actividad en la que disminuyó el salario anual (un 1,8 %).

Por ocupación -una de las variables que más influye en el nivel salarial- destaca el salario medio de los directores y gerentes (un 117,4 % superior a la del resto), mientras que los menos remunerados fueron los trabajadores no cualificados en servicios, los de la restauración y comercio y los del cuidado de personas.

En todas las ocupaciones las mujeres tuvieron un salario inferior al de los hombres, detalla el INE. EFE

Según han confirmado a EFE fuentes parlamentarias, la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este martes, con la abstención del PP, el informe de la ponencia de la mencionada ley, que incluye otra enmienda socialista relativa a los beneficios fiscales a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU que se celebra en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio.

La enmienda sobre el SMI responde al acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Trabajo y de Hacienda para que este año siga sin tributar el salario mínimo, fijado en 16.576 euros brutos.

La adenda regula una deducción de 300,03 euros que permitirá recuperar lo retenido a aquellos perceptores de salario mínimo a los que les salga a pagar IRPF, lo que en la práctica supone mantener el SMI exento de tributación.

La otra enmienda responde al compromiso de Hacienda de pagar este años todo lo debido en concepto de IRPF a los pensionistas que cotizaron a las antiguas mutualidades, una devolución reconocida por el Tribunal Supremo en 2023.

La Agencia Tributaria ya devolvió el año pasado en la declaración de la renta la cantidad correspondiente al ejercicio 2023, en tanto que en la campaña de la renta actual está abonando lo del ejercicio 2024.

El resto de ejercicios no prescritos, de 2019 a 2022, se pueden solicitar a través de un formulario en la web de la AEAT, en el que solo es necesario poner nombre, DNI y número de cuenta bancaria, y cuyo abono se realizará una vez quede aprobada definitivamente la ley de seguros de vehículos a motor que desbloquea el pago. EFE

El salario bruto más común en España durante 2023 se situó en 15.574,9 euros anuales, lo que supone un descenso respecto a años anteriores. Este recorte se explica por el impacto del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha desplazado a un gran número de trabajadores a la banda salarial que va de los 14.000 a los 16.000 euros anuales, según datos de la última Encuesta de Estructura Salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre 2018 y 2021, el salario más frecuente superaba los 18.000 euros brutos anuales, sin embargo, en 2022 se registró un descenso significativo hasta los 14.586,4 euros, debido a las sucesivas subidas del SMI. En 2023, con el SMI fijado en 15.120 euros anuales -equivalente a 1.080 euros mensuales distribuidos en catorce pagas- un 4,6% de los asalariados percibió este salario.

El INE señala que junto a este sueldo, otros salarios destacados por su frecuencia fueron los de 19.500,29 euros anuales, percibidos por un 4% de los trabajadores. En conjunto, uno de cada cuatro asalariados (25,6%) obtuvo ingresos anuales situados entre 14.000 y 20.000 euros durante 2023.

Brecha salarial

El aumento del SMI ha provocado un cambio en la distribución salarial, desplazando hacia arriba los sueldos más bajos y concentrando a muchos trabajadores en un rango salarial reducido. Sin embargo, la brecha salarial sigue siendo notable, con solo el 10% de los asalariados ganando más de 49.836 euros brutos al año. Por su parte, tres de cada cuatro trabajadores (75%) perciben menos de 34.992 euros anuales.

El salario medio anual bruto alcanzó los 28.049,9 euros en 2023, lo que representa un aumento del 4,1% respecto al año anterior. Esta cifra confirma una tendencia al alza que se mantiene durante una década. Mientras que el salario mediano, que divide a los trabajadores en dos grupos iguales -la mitad con salarios superiores y la otra mitad con salarios inferiores- se situó en 23.349 euros anuales. Esto refleja que el salario medio está influenciado por una minoría con ingresos superiores, mientras que la mayoría percibe sueldos cercanos a los 15.575 euros.

El sueldo medio femenino representa el 84,3% del masculino

El informe del INE también destaca diferencias significativas entre los salarios medios de hombres y mujeres. En 2023, el salario medio bruto anual masculino fue de 30.372,5 euros, mientras que el femenino ascendió a 25.591,3 euros. Aunque el salario de las mujeres creció a un ritmo superior, un 5,1% frente al 3,4% de los hombres, la brecha salarial se mantiene, situándose el salario femenino en un 84,3% del masculino.

El estudio puntualiza que esta diferencia se reduce considerablemente cuando se comparan puestos de trabajo similares, aunque la desigualdad persiste en la mayoría de las actividades económicas.

Hostelería y servicios, los sectores peor pagados

El análisis sectorial revela que la hostelería continúa siendo el sector con las retribuciones más bajas, con un salario medio anual de 16.985,78 euros, un 39,4% inferior a la media nacional. Otros servicios, con un sueldo medio de 19.751,59 euros, también presentan remuneraciones sustancialmente más bajas, un 29,6% por debajo de la media.

Pese a los bajos sueldos, ambos sectores experimentaron incrementos salariales en 2023: hostelería aumentó un 4,4% y otros servicios un 8,1%. En contraste, las actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado registraron el salario más alto, con 54.447,9 euros anuales, casi el doble que la media nacional. Le siguen las actividades financieras y de seguros, con un promedio de 48.922,8 euros.

Los salarios crecieron en todas las actividades económicas durante 2023, excepto en el sector energético, donde se produjo una caída del 1,9%. Los incrementos más significativos se dieron en otros servicios (+8,1%), industrias extractivas (+7,1%) y administración pública (+6,9%). En todos los sectores con una representación femenina significativa, las mujeres ganaron menos que los hombres.

Los trabajadores vascos son los que más ganan y los extremeños los que menos

Por comunidades autónomas, el panorama salarial no experimentó grandes cambios respecto a años anteriores. País Vasco, Madrid y Navarra mantienen los salarios medios más elevados, con 33.504,9 euros, 32.219,6 euros y 31.199,6 euros anuales respectivamente. En el extremo opuesto se sitúan Extremadura (23.684,2 euros), Canarias (24.033,5 euros) y Castilla-La Mancha (24.885,6 euros), regiones donde los sueldos medios son considerablemente más bajos.

Todas las regiones aumentaron sus salarios medios en 2023, destacando Extremadura con un alza del 8%, Navarra con un 6,9% y Murcia con un 6,2%. Por el contrario, los incrementos menos pronunciados se registraron en Baleares (+1,4%), Aragón (+3,1%) y Madrid (+3,2%)

Directores y gerentes, los mejor pagados

En cuanto a la clasificación por grupos de ocupación, los directores y gerentes encabezaron la lista con un salario anual de 60.985,9 euros en 2023, un 117,4% superior a la media nacional. En el otro extremo se encuentran los trabajadores no cualificados del sector servicios, con un salario medio de 15.276,8 euros anuales. Esta disparidad entre perfiles profesionales refleja las desigualdades salariales en el mercado laboral español, donde la formación, responsabilidad y sector de actividad inciden de forma decisiva en la remuneración.

En 2019, España experimentó un aumento histórico del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), con una subida del 22% que llevó el salario mínimo mensual de 736 a 900 euros (actualmente está ya en 1.184 euros al mes en 14 pagas). Esta medida impactó de manera directa y profunda en el mercado laboral, afectando al 100% de las pequeñas empresas y generando cambios significativos en la dinámica de contratación y calidad del empleo en el país.

El análisis detallado de esta subida, basado en un estudio exhaustivo realizado por Fedea con datos del Panel Empresa-Trabajadores (PET) y elaborado por los economistas Jorge Casanova, David Catalán, Florentino Felgueroso y Marcel Jansen en mayo de 2025, revela que el aumento del SMI tuvo un efecto notable sobre las plantillas de las empresas, especialmente las más pequeñas, y se tradujo en un menor crecimiento del empleo permanente, de “despidos y no renovaciones” y en un aumento de las contrataciones temporales.

El estudio muestra que el 21% de las empresas españolas estuvieron afectadas por el aumento del SMI, mientras que el 12% de los trabajadores tuvieron un salario que quedó por debajo del nuevo mínimo antes de la subida y, por tanto, fueron directamente afectados. En empresas con menos de cinco empleados, el aumento afectó al 100% de la plantilla, mientras que en las grandes empresas con más de 250 trabajadores, apenas un 2% de sus empleados resultaron afectados.

Esta diferencia en la exposición tuvo un papel clave en los ajustes de empleo observados. En establecimientos con toda la plantilla afectada, el crecimiento salarial aumentó en 11,4 puntos porcentuales, pero el crecimiento del empleo se redujo en 4,5 puntos porcentuales en el primer año tras la subida, en comparación con empresas sin trabajadores afectados. El resultado global implica que casi un 40% de las ganancias salariales potenciales se vieron contrarrestadas por pérdidas de empleo.

Desplazamiento a las grandes empresas

Los efectos negativos sobre el empleo se concentraron principalmente en las pequeñas empresas (con hasta cinco empleados), donde la reducción del crecimiento del empleo fue más intensa. Sin embargo, la repercusión no se limitó a la destrucción de empleo, sino que el aumento del SMI produjo simultáneamente un incremento en las contrataciones y en las salidas de trabajadores en empresas con hasta 250 empleados. “Se trata de un resultado inédito, muy vinculado a la estructura dual del mercado laboral español”, apunta el informe.

Esta dinámica de aumento simultáneo en las entradas y salidas multiplicó por casi dos el flujo bruto de trabajadores, lo que implica una mayor rotación laboral y, en consecuencia, un deterioro en la calidad del empleo. Se observó una disminución en la creación de contratos permanentes y un desplazamiento de contratos temporales a tiempo completo hacia contratos temporales a tiempo parcial, lo que afecta negativamente la estabilidad y las condiciones laborales.

Impacto desigual según edad, género y nivel formativo

El análisis por subgrupos muestra que los trabajadores más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres y los empleados con baja cualificación, sufrieron más las consecuencias del aumento del SMI. Estos colectivos experimentaron mayores tasas de salida del empleo, reforzando las desigualdades en el mercado laboral.

Un aspecto relevante que el estudio destaca es la ausencia de evidencia de que los trabajadores desplazados por la subida del SMI hayan conseguido empleos de mayor calidad o mejor remunerados. Los datos indican que estos trabajadores no tendieron a reubicarse en empresas más grandes o sectores mejor remunerados ni a ascender en la escala ocupacional.

Ajustes en las pequeñas empresas

El mercado laboral español se caracteriza por una estructura dual que influye en la respuesta a cambios en el SMI. En 2018, más de un 25% de los trabajadores estaban bajo contratos temporales, los cuales tienen condiciones más precarias y menores costes de despido. Además, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas, con un 81% contando con cinco o menos empleados.

Esta estructura ha amplificado el impacto de la subida del SMI, ya que las empresas pequeñas con alta exposición al salario mínimo ajustaron sus plantillas principalmente reduciendo empleo, mientras que las empresas medianas optaron por cambiar la composición del empleo hacia contratos más temporales y a tiempo parcial.

Algunas empresas respondieron al aumento del salario mínimo acortando la duración de los contratos temporales o reduciendo la jornada laboral, como mecanismo para mitigar el impacto de los mayores costes salariales. Estos ajustes contribuyen a explicar la caída en la calidad del empleo observada tras la reforma.

Efectos agregados y perspectivas futuras

A nivel agregado, el aumento del SMI en 2019 redujo el crecimiento medio del empleo entre 0,5 y 1 punto porcentual, un efecto moderado teniendo en cuenta el bajo nivel inicial del salario mínimo y el contexto económico. Sin embargo, estos efectos deben entenderse como un límite superior, ya que no se consideran los posibles efectos positivos sobre el consumo derivados del aumento salarial.

Los autores del estudio señalan que el episodio de 2019 es el primero de una serie de incrementos en el SMI y que los efectos podrían variar en subidas futuras, especialmente al superar niveles del 60% del salario medio, donde podrían surgir efectos no lineales y rigideces salariales que amplifiquen la volatilidad del empleo.

Mercadona es uno de los supermercados que mejor remunera a sus trabajadores con salarios que superan en un 27% el salario mínimo interprofesional, establecido para este año en España en 16.576 euros anuales, según un artículo publicado por el diario económico británico Financial Times. Este porcentaje del 27% puede aumentar hasta un 72% para los trabajadores con cuatro o más años de antigüedad.

A esta remuneración se suma el reparto de beneficios que la empresa hace a los empleados y que desde la introducción en 2001 de su plan anual de participación en beneficios, Mercadona ha repartido 6.880 millones de euros entre sus trabajadores, a la par que en la última ronda de primas, los empleados con cuatro años de experiencia o más recibieron 6.000 euros brutos extra, equivalentes a unos tres meses de salario. La cadena de supermercados de Juan Roig cuenta con 1.614 tiendas y más de 100.000 empleados.

Estas cifras hacen que Mercadona sea «la mejor empresa de distribución alimentaria para trabajar en España», a juicio de Financial Times. El artículo, publicado por el diario británico con el título Mercadona: las buenas prácticas laborales dan sus frutos, resalta la flexibilidad, los sueldos, el reparto de beneficios y la reputación de la cadena valenciana en el sector de supermercados de España, donde, según el autor del texto, Oliver Balch, «los salarios son generalmente bajos».

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Una investigación llevada a cabo por Infobae España tras hablar con los empleados sacó a la luz casos de acoso a personas mayores, a madres solteras o a personas con algún tipo de problema físico y el miedo que tienen los trabajadores de pedir una baja médica, ya que lo que les responde la empresa es que si van a la Seguridad Social “están fuera del modelo”.

Mejor reinvertir que pagar dividendos

Uno de los factores que influyen en la mayor remuneración de los empleados de Mercadona frente a los de supermercados de su competencia es que al ser de propiedad privada, “tiene más flexibilidad para reinvertir en su negocio en lugar de pagar dividendos a los accionistas, como ocurre con sus rivales multinacionales”, señala el fundador de Byknowmads, Manel Pérez-Jordana.

Una parte importante de su reinversión se ha destinado en los últimos años a digitalizar las operaciones de la compañía, lo que ha contribuido a ir eliminando “muchas de las tareas rutinarias que minan la moral de los empleados”, indica Pérez-Jordana. Reinversión que también ha contribuido a financiar la rápida expansión de la cadena y a implantarse en Portugal.

Escalar en la empresa

“Esto, a su vez, ha creado oportunidades para que los empleados de nivel básico progresen dentro de la empresa, una perspectiva alentada por la política activa de Mercadona de formación y contratación interna. El año pasado, por ejemplo, el supermercado acumuló un total de 4 millones de horas de formación”, desta el rotativo británico.

Por su parte, la portavoz de Merco en España, Elena Orden, ha indicado que “los aumentos del salario mínimo en España están reduciendo las diferencias salariales en el sector, lo que está dando lugar a que se preste más atención a los beneficios no salariales”. Considera que “en España, tenemos una pirámide invertida en términos de población activa. Por ello, si quieres tener a los mejores trabajadores, tienes que ofrecerles lo que otros no les ofrecen y poner su bienestar entre tus prioridades”.

Subidas salariales hasta el 6%

Mercadona y los representantes de UGT, CCOO y Sindicato Independiente firmaron a mediados de diciembre de 2023 el convenio colectivo de empresa a cinco años, que entró en vigor el 1 de enero de 2024 y tiene vigencia hasta finales de 2028. El acuerdo garantiza el poder adquisitivo de la plantilla y contempla un incremento salarial de hasta el 6%.

La subida del salario base se vincula al IPC hasta un 2,5%. En caso de ser superior, la compañía completará este incremento hasta un máximo del 6%, porcentaje vinculado a los objetivos del beneficio.

Ambos sindicatos han convocado diversas concentraciones en toda España tras el voto en contra de PP, Vox y Junts al decreto "ómnibus" que incluía el alza de las pensiones, la extensión de la bonificación del transporte público y las ayudas por la dana en Valencia.

Han optado por mantener la protesta a pesar de que el Gobierno ha vuelto a aprobar las medidas sociales en un nuevo decreto.

En la celebrada en Madrid, a la que han acudido algo más de un centenar de asistentes, los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han afeado la distancia que separa las preocupaciones de los ciudadanos de los intereses de los parlamentarios.

Álvarez ha aclarado que los sindicatos están en la calle "para reivindicar que el Parlamento no secuestre los derechos de los ciudadanos y ciudadanas", ya que, en su opinión, el Congreso de los Diputados "incumple leyes aprobadas", como es la revalorización de las pensiones.

Entre otras exigencias, los sindicatos van a exigir que el SMI quede exento de IRPF, así como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una "reivindicación permanente" que, si no obtiene respuesta por parte del Gobierno, abocará a nuevas manifestaciones, ha asegurado Pepe Álvarez.

Unai Sordo ha destacado que la concentración celebrada hoy cuenta con el apoyo de organizaciones de todo tipo y de toda España, después de un par de semanas en las que "ha estado en peligro un decreto ley" que renueva el escudo social.

Durante estos días se han vivido unos "juegos de pactismo" muy preocupantes, que muestran que a la ciudadanía la separación de intereses de las mayorías sociales y de los políticos, ha denunciado.

Al acto de Madrid ha acudido la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, que ha defendido las medidas del escudo social reflejadas en el decreto, así como la aprobación de la reducción de la jornada laboral y el incremento del SMI acordado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos.

Además de en Madrid, las concentraciones se han celebrado en Barcelona, Sevilla, Valladolid, el País Vasco, La Rioja, Navarra y las tres provincias aragonesas, donde decenas de simpatizantes se han concentrado en defensa de los derechos sociales y en repulsa por la posición de Junts y el PP al decreto "ómnibus".

Según han dicho de forma conjunta los representantes sindicales en las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, que se han manifestado bajo el lema 'Con los derechos de la gente no se juega', el decreto "ómnibus" contenía un gran número de medidas sociales, por lo que su derogación provocó una gran indignación social.

En Barcelona, unas 300 personas, según la Guardia Urbana, han exigido a los partidos que dejen de "jugar" con los derechos sociales y los sitúen al margen del "tacticismo político".

A la concentración han acudido, además del secretario general de CCOO en Cataluña, Javier Pacheco, y el secretario general de la UGT, Camil Ros, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el diputado en el Congreso y portavoz de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello.

En la de Sevilla, ha participado el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, quien ha pedido al Gobierno "medidas audaces" para la conquista de derechos y ha considerado que las movilizaciones como las de este domingo son "fundamentales" para "empujar" al Ejecutivo a tomar esas medidas.

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Euskadi, Loli García y Raúl Arza, han instado a los partidos políticos a que sean "responsables y den prioridad a las personas", así como a abandonar las "estrategias cortoplacistas".

En el acto celebrado en Pamplona, a los concentrados, encabezados por los secretarios generales de UGT y CCOO de Navarra, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente, se les han sumado trabajadores de BSH de Esquíroz con una pancarta en la que podía leerse 'BSH no se cierra'.

En Logroño, los secretarios generales en La Rioja de UGT, Jesús Izquierdo, y CCOO, Jorge Ruano, junto a representantes de Izquierda Unida en La Rioja, se han concentrado frente a la Concha del Espolón de la ciudad, y han rechazado la postura de aquellos partidos que anteponen sus intereses a los intereses de los ciudadanos y les han pedido "responsabilidad" para trabajar por la mayoría social.

En Bilbao, los secretarios generales de CCOO y UGT en Euskadi, Loli García y Raúl Arza, han llamado a los partidos políticos a "ser responsables y dar prioridad a las personas", así como a abandonar las "estrategias cortoplacistas". EFECOM

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Oviedo, 30 ene (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que el PP ha evidenciado que es "una oposición muy poco útil para el país" porque es "auténticamente destructiva".

Díaz se ha expresado en estos términos en relación a la postura que ha mantenido los últimos días el PP con su rechazo y posterior apoyo a los decretos ómnibus planteados por el Gobierno para introducir medidas de escudo social.

La ministra ha criticado que el PP utilizase la semana pasada a sus 137 diputados para "golpear" a los once millones y medio de pensionistas al votar en contra de un decreto que incluía la revalorización de las pensiones y "un sinfín de medidas que sirven para mejorar la vida de la gente", como la revalorización de la subida del ingreso mínimo vital, la prórroga del salario mínimo interprofesional o la continuidad de ayudas al transporte.

Díaz ha dicho que "está bien" que el PP haya rectificado una vez que el Gobierno se ha asegurado el apoyo parlamentario para un segundo decreto ómnibus, pero ha remarcado que "tiene que explicar a los españoles y las españolas por qué votó en contra y dañó y puso en riesgo a millones de personas".

La vicepresidenta segunda ha insistido en que "no vale todo en política", de modo que "si rectifican tienen que dar explicaciones".

En sus declaraciones a la prensa, Díaz también se ha referido al preacuerdo con los sindicatos UGT y CCOO anunciado ayer para subir en 2025 el SMI en 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales brutos en 14 pagas.

La ministra de Trabajo, que ha dicho que la subida representa "una cantidad muy importante" que puede marcar la diferencia para que un padre o una madre puedan comprar pescado a sus hijos, ha recordado que su postura es que el nuevo SMI quede exento de tributar, pero ha reiterado que esa competencia no es suya sino de Hacienda.

La ministra se encuentra en Asturias para mantener una agenda de trabajo con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de IU-Convocatoria por Asturias, la coalición que es socio del PSOE en el Gobierno del Principado, y para participar esta tarde en un acto de Sumar sobre la reducción de la jornada laboral. EFE

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València, 30 ene (EFE).- La ministra de Igualad, Ana Redondo, ha dicho no poder pronunciarse sobre si el salario mínimo interprofesional (SMI) debe tributar o no, pero en todo caso, ha considerado que lo importante es que sigue subiendo y el Gobierno "está empeñado" en que se siga incrementando.

Redondo se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas en València al ser preguntada sobre el preacuerdo alcanzado para subir en 2025 el SMI en 50 euros, y sobre si cree que este salario debe tributar en el IRPF o quedar exento.

Sobre esta última cuestión ha dicho que no lo puede decir porque no conoce "el fondo de esta cuestión", pero, a su juicio, "lo importante es que el salario mínimo sigue subiendo, que este Gobierno lo sigue subiendo y que está empeñado en que se siga pagando más y se siga incrementando".

"El salario mínimo interprofesional está garantizado", ha defendido la ministra, quien ha destacado que este Gobierno lo ha subido "casi un 50 % en los últimos años" y que es "una buena noticia que ese salario mínimo ahora esté en los 1.138 euros".

Ha indicado que se necesita es que el SMI "siga subiendo" para que las familias, y sobre todo las mujeres, porque muchas son las que están cobrando ese salario mínimo interprofesional, "puedan llegar correctamente a fin de mes".

"En eso trabajamos y en eso seguimos empeñados, en seguir incrementando el salario mínimo interprofesional", ha manifestado. EFE

Valencia, 30 ene (EFECOM).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha lamentado este jueves que el Gobierno haya señalado una cifra concreta antes de abrir al diálogo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) y se ha mostrado convencido de que la patronal podría haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos sobre esta materia.

Garamendi ha subrayado, en declaraciones a los medios, que la propuesta de la patronal, una subida del 3 %, "está por encima de la inflación".

Sobre este mismo asunto, ha recalcado que una nueva subida del SMI afectará con mayor intensidad a las pequeñas empresas, muchas de las cuales "trabajan con la Administración".

"Desde 2018 el salario mínimo en España ha subido un 60 %, pero el IPREM, el indicador que se tiene en cuenta para conceder ayudas y subvenciones, por ejemplo, solo ha subido un 11 %. El Gobierno invita a cenar pero pagan las empresas", ha señalado.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el presidente de la CEOE ha lamentando que "se troceen" los temas y ha advertido de que ese recorte también repercutirá sobre los costes, la productividad y la competitividad empresarial.

Garamendi ha hecho estas declaraciones antes de asistir a un acto de homenaje al empresario Miguel Burdeos, fallecido en la dana. EFECOM

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ERC ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para avanzar hacia el “Salario Mínimo Catalán”. En su iniciativa, que no tiene rango de ley, la formación independentista insta al Gobierno a realizar las modificaciones normativas oportunas para “hacer posible que la Generalitat de Catalunya pueda fijar un Salario Mínimo Interprofesional propio para Catalunya superior al SMI estatal”. En concreto, hasta situarlo en un importe equivalente al 60% del salario medio del Estado.

Los republicanos denuncian que cada vez es más frecuente el fenómeno de los “trabajadores pobres”. En Cataluña “hay al menos 400.000 personas que, a pesar de vender su fuerza de trabajo, no obtienen los ingresos suficientes para desarrollar un proyecto vital de forma autónoma”.

De esta manera, solo en la ciudad de Barcelona, en 2024, únicamente el precio del alquiler de una vivienda se situaba de media en un máximo histórico de 14.316 euros y, por lo tanto, “es fácil entender que son necesarios muchos más recursos para mantener una vida digna”. Por ende, exigen “que las trabajadoras y trabajadores perciban una remuneración justa y adecuada por el trabajo que desarrollan y por la riqueza que generan”.

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El texto recuerda que, según las últimas estimaciones disponibles de fondos oficiales (2023), el salario anual medio en Cataluña se sitúa en 30.515,34 euros. En el caso de las mujeres, es un 20% inferior, 27.060,81 euros. Por sectores de actividad, hay personas trabajadoras con una remuneración sensiblemente inferior a la media. Este es el caso, entre otros, de los asalariados en el ámbito de la hostelería, donde cobran de media 18.415,63 euros.

También se encuentran “en situaciones especialmente complicadas” los trabajadores residentes en algunos municipios en particular. A modo de ejemplo, señala el texto, “entre los habitantes de Lloret de Mar, el salario medio es de 21.179,55 euros, y entre los de Santa Coloma de Gramenet, de 22.989,66 euros”.

Mayor peso a las rentas de trabajo

Por otro lado, ERC contrapone la tendencia de los salarios reales con los beneficios empresariales, que en el último año, en el conjunto del Estado, “crecieron un 12,1%: más del doble que el año anterior”. Teniendo en cuenta este hecho, los republicanos exigen al Gobierno “adoptar políticas ambiciosas que permitan recuperar el peso de las rentas del trabajo respeto el conjunto de la economía”.

En lo relativo a la cuantía del salario mínimo, el partido capitaneado en el Congreso por Gabriel Rufián afea el incumplimiento del mandato de la Carta Social Europea, ratificada por el Estado español en 1980, donde se afirma en su artículo 4 que todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que asegurase una vida digna.

Además, destacan que “este hecho resulta especialmente flagrante en aquellos territorios donde hay unos salarios medios y un coste de la vida más elevados”, como en el caso de Cataluña. Por lo tanto, para dar cumplimiento a las estipulaciones de la Carta Social Europea, “tendríamos que haber contado con un SMI de 18.309 euros”, y en cambio el fijado por el Estado español por aquel año fue de 15.120 euros, “el que genera un diferencial de 3.189 euros que empobrece y precariza”. Es en este sentido, ERC propone que Cataluña cuente con un Salario Mínimo fijado por ley de al menos 1.420 euros en el mes por 14 pagas, 236 euros más que los 1.184 euros mensuales del actual SMI.

En los últimos años, el Gobierno ha subido el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en varias ocasiones, pasando de los 707,6 euros que había en 2018, a los 1.184 euros en 14 pagas este 2025. Llegados a este punto, desde el Ejecutivo han planteado que el SMI debe empezar a pagar el Impuesto sobre la Renta para las Personas Físicas (IRPF), pero implementando una rebaja directa a la cuota del IRPF para que se les devuelva ese importe, eliminándolo indirectamente. Es decir, esas personas que ganen el SMI sí pasarán a pagar impuestos por el IRPF en su nómina, pero al año siguiente Hacienda se lo devolverá al hacer la Declaración de la Renta.

Actualmente, el SMI se sitúa en 16.576 euros brutos anuales. Para los trabajadores que cobren esta cantidad, el Gobierno pretende introducir esa nueva deducción directa de 340 euros en la cuota del IRPF, que en teoría sería lo que pagarían de impuestos, y que debería aliviar su carga fiscal.

Sin embargo, según la enmienda que el Gobierno introdujo al proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguros de vehículos, esta cantidad que devuelve Hacienda se reduciría en 50 céntimos por cada euro adicional que gane el trabajador. Por tanto, desaparecerá completamente cuando el salario alcance los 17.256 euros anuales. El problema surge, por tanto, en esta horquilla que hay entre los 16.576 euros y los 17.256 euros anuales, a los que Hacienda cada vez va devolviendo menos dinero: los tipos marginales del IRPF llegan a ser tan altos que, aunque el trabajador esté ganando más, la diferencia real en su salario neto puede ser mínima, o incluso nula.

Cómo una subida salarial puede no beneficiar al trabajador debido a impuestos y cotizaciones

El tipo marginal del IRPF es el porcentaje de impuestos que se aplica sobre el último tramo de ingresos que una persona recibe. No se aplica a todo el salario, sino únicamente a la parte del ingreso que supera ciertos umbrales. Así, todo aquel que cobre por debajo del salario mínimo no paga IRPF.

Sin embargo, si un trabajador, por ejemplo, tiene un salario bruto de 16.576 euros (el SMI), y recibe un aumento y pasa a ganar 17.256 euros brutos, su salario neto podría verse reducido levemente. En concreto, el salario neto de este trabajador pasaría de 15.502 a 15.466 euros. Esto se debe a que el incremento de la retribución se ve absorbido en gran parte por el aumento de impuestos como las cotizaciones sociales y el IRPF.

¿Y qué ocurre aquí? Pues que cuanto más te suben un sueldo, más se va a impuestos por las cotizaciones sociales y el IRPF y menos se queda el trabajador. Según crecen los salarios, Hacienda gana más que lo que sube el sueldo neto del empleado, en esta horquilla de la que estamos hablando. En la práctica, la subida salarial no compensa al trabajador, pero tampoco a la empresa, ya que el coste laboral de cada empleado aumenta sin que llegue a repercutir en su salario neto.

Tal y como ha explicado el ingeniero industrial Jon González, que ha hablado de este tema desde sus redes sociales, a Infobae España “el problema no es que se esté haciendo algo mal, sino que es consecuencia de dos cosas que confrontan: no quiero reducir los tipos en las clases medias ni, por supuesto, en las altas, pero aumento el SMI de forma más dinámica que la subida de precios, y también quiero empezar a recaudar suficiente”.

“El SMI ha subido tanto que ha entrado en la parte de renta que normalmente sí pagaba IRPF”

Una de las razones por las que este sistema ha generado controversia es porque, hasta este año, existía un concepto llamado reducción por rendimientos del trabajo, que ayudaba a que los trabajadores con el SMI no tuvieran que pagar IRPF. Este mecanismo permitía que los salarios más bajos estuvieran exentos del pago de impuestos, algo que ahora se ha modificado.

Miguel Almunia, economista y profesor en la Universidad CUNEF, especifica a Infobae España que “el SMI va subiendo tanto que llega un momento en que entra en la parte de renta que normalmente sí pagaba IRPF”. “Lo que hacía el Gobierno, sobre todo este, era aumentar esta reducción por rendimiento del trabajo, de manera que justo coincidiera para que la gente que ganaba el SMI no tuviera que pagar IRPF”, matiza.

Como posibles soluciones, Almunia reflexiona y explica que sería “recaudar menos y liberar el SMI, ajustarlo todos los años, pero tiene un coste grande y no me parece una solución ideal”. “Además, que la solución te pone un tipo marginal muy alto en rentas muy bajas, y este problema ya existía, pero había poca atención”, detalla.

Igualmente, hay una creencia extendida de que “lo que hay que hacer es cobrar más a los ricos”, pero para el economista tampoco es una solución viable: “Ahí tampoco tienes mucho margen, porque, por ejemplo, a partir de 60.000 euros tienes pocos contribuyentes, no tienes a tanta gente”.

“No es que la gente que gana el SMI no pague impuestos, porque todo el mundo paga el IVA y muchos otros”

Es importante lo que destaca González: este tema afecta a mucha gente y “debería ser relativamente sencillo de calcular, pero el IRPF en estos tramos salariales es cada vez más complejo, y crea dificultades para quienes no tienen conocimientos para entenderlo”.

En este sentido, Almunia también habla de que se le está dando demasiada importancia al tipo marginal, “pero el tipo que generalmente le importa a la gente es el tipo medio, que es qué porcentaje de mi salario se va a impuestos”. “El tipo medio que va a tener alguien que esté un poquito por encima del SMI sigue siendo muy bajo, va a ser del 1%”, continúa diciendo, añadiendo que “cuando lo pones en euros, alguien que gana 16.000 euros va a pagar 300 de impuestos, y sigue siendo una contribución pequeña, y a veces se genera más alarma o la sensación de que pasa algo más de lo que realmente es”.

“Este año lo que va a pasar es que la gente que gana el SMI y es soltera, sin hijos… le van a retener en nómina y al hacer la declaración al año siguiente le devolverían los 340 euros”, añade Almunia. Asimismo, reivindica que “habría que extender la obligación de declarar a mucha más gente, porque ahora que es muy fácil: para la mayoría de gente que tiene solo una nómina, te metes en internet y es aprobar el borrador”.

Aun así, el economista deja claro que “no es que la gente que gana el SMI no pague impuestos, porque todo el mundo paga el IVA y muchos otros impuestos”. “Esta idea de que el SMI no paga impuestos es errónea, la gente a veces confunde el impuesto de la renta con los impuestos en general”, precisa.

Barcelona, 23 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado a Junts, aunque sin nombrarlo, que votara ayer en contra del decreto ómnibus. "Se equivocaron gravemente (...) y no cumplieron con el trabajo y la responsabilidad que les toca, que es defender Cataluña y mejorar la vida de los catalanes", ha dicho.

Durante su intervención en la clausura del 17 Congreso de UGT Cataluña, Illa ha asegurado este jueves que ayer "algunos" se equivocaron de política, de rival, de aliados", prefirieron votar "con la derecha más extrema", lo que a su juicio perjudica a los catalanes con menos pensiones, menos SMI y con un transporte público más caro.

Illa ha pedido abrir una reflexión para que todos se comprometan en hacer una política "útil" en beneficio de los catalanes.

Ha añadido que cuando "los ciudadanos emitimos el voto lo hacemos y lo hacen en la confianza de que nosotros como servidores públicos encontraremos soluciones en lugar de crear más problemas" y ha dicho que cuando los partidos no cumplen esta función "la democracia se resiente".

De todo ello, según Illa, solo hay un beneficiario, los discursos de extrema derecha, "que se alimentan de este tipo de situaciones" y de este tipo de comportamiento.

Illa ha felicitado a UGT de Cataluña por sus 137 años y ha recalcado que es el segundo sindicato más antiguo de Europa, a la vez que ha loado el papel del sindicalismo para garantizar la prosperidad y ha destacado los logros conseguidos en estos últimos años, como la subida del SMI, la reforma laboral o la revalorización de las pensiones.

Un papel que, según Illa, es más relevante hoy en día, cuando estamos asistiendo a un cambio de paradigma acelerado que tiene por símbolo la toma de posesión del presidente de Estados Unidos hace dos días.

"Una auténtica ola de autoritarismo de derecha y de extrema derecha. El poder de la fuerza en lugar del poder de la razón, expansionismo amenazador, el poder del dinero en lugar del poder de los ciudadanos" o "el poder de la tecnología en lugar del poder de las instituciones", ha lamentado.

Ha pedido esfuerzos para estar más pendientes de lo que tenemos que hacer nosotros y ha apostado por hacer frente al autoritarismo con "más compromiso, más Europa y más sindicalismo".

Illa ha asegurado que desde el Govern intentarán generar más prosperidad compartida, para lo que se necesitan más infraestructuras, más talento, servicios públicos más fuertes y eficientes, sanidad, educación, servicios sociales, una política decidida de vivienda y más seguridad para los ciudadanos de Cataluña. EFE

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Madrid, 22 ene (EFE).- El Ministerio de Trabajo estudia la vía legal más adecuada para garantizar que el salario mínimo interprofesional (SMI) se mantenga en su valor actual, 1.134 euros al mes brutos en 14 pagas, tras decaer el decreto ley que incluía su prórroga en esa cifra hasta que se aprobara la subida para este año.

Según explican fuentes del Ministerio de Trabajo, que no se haya convalidado la prorroga del SMI deja un vacío legal hasta que se apruebe la nueva cuantía para 2025, que se sigue negociando con sindicatos y patronal y que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

La falta de un mínimo salarial vigente puede afectar teóricamente a nuevas contrataciones al no regir ninguna cuantía mínima obligada que pagar.

Sería más complicado que afectara a contratos ya vigentes al suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

La prórroga del salario mínimo es habitual mientras se fija la nueva cuantía y era una de las medidas incluidas en el real decreto ley 'ómnibus' que ha decaído este miércoles en el Congreso.

También iban en esa norma las subidas de pensiones y el ingreso mínimo vital, las ayudas para los afectados por la dana, las bonificaciones al transporte, las subvenciones por compra de vehículos eléctricos y obras de eficiencia energética en edificios o la prórroga del escudo antiopas. EFE

Barcelona, 22 ene (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho este miércoles en Barcelona que su sindicato no firmará una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 34 euros.

En declaraciones a la prensa antes de visitar la factoría de Seat en Martorell (Barcelona), Álvarez ha reaccionado a la decisión de la CEOE de llevar a la reunión del diálogo social una propuesta de subida del SMI del 3 %, y ha asegurado que no hay "ningún margen para negociar una subida de 34 euros".

El secretario general de UGT ha recordado que se su sindicato se ha marcado el objetivo de llegar a los 1.200 euros y han pedido que el incremento vaya acompañado de una subida del IPRF. EFECOM

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) reunirá a su comité y a su junta directiva el miércoles por la mañana, antes de la reunión que mantendrá, por la tarde, el Ministerio de Trabajo con sindicatos y empresarios en busca de un "acuerdo definitivo" para el incremento de 2025 del salario mínimo interprofesional (SMI), han informado a Europa Press en fuentes de la organización empresarial.

Trabajo presentó el pasado miércoles a los agentes sociales su propuesta para el SMI de 2025, consistente en un aumento anual del 4,4%, esto es 50 euros más al mes, hasta situar esta renta mínima, que perciben en torno a 2,5 millones de trabajadores, en 1.184 euros al mes por catorce pagas, frente a los 1.134 euros vigentes en 2024.

Esta subida de 50 euros al mes, que se aplicaría con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, coincide con una de las opciones propuestas por el comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI.

Trabajo entiende que este incremento cumple con los parámetros de subida del SMI recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y con el compromiso de que represente el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, un planteamiento que no comparten los sindicatos, que estiman que para llegar a ese porcentaje habría que elevar el salario mínimo a 1.200 euros mensuales.

En todo caso, el secretario de Estado de Trabajo ha afirmado que la posición del Ministerio es "flexible" de cara a alcanzar un acuerdo, aunque también defiende que el incremento del SMI "debe estar en los parámetros" indicados por los expertos.

"Pero vamos a ver cómo transcurre la negociación y sobre todo vamos a ver, una vez que la posición de los sindicatos ya es conocida, cuál es la posición de la patronal. Y entonces, en ese entorno, intentaremos llegar a un acuerdo que esperemos que sea de todas las partes implicadas", manifestó Pérez Rey al término de la reunión que celebró con los agentes sociales el pasado miércoles.

Pese a las diferencias que existen con los agentes sociales sobre cuánto debería subir el SMI en 2025, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cree que existe "margen para un acuerdo" y ha pedido a sindicatos y empresarios "altura de miras" para "dar una buena noticia" a los trabajadores.

La propuesta de Trabajo de elevar el SMI 50 euros al no disgusta al Ministerio de Economía, con el que el Ministerio de Díaz ha logrado limar asperezas para la rebaja de la jornada hasta las 37,5 horas. Aunque el SMI también fue motivo de algún cruce de declaraciones entra la vicepresidenta segunda y el ministro Carlos Cuerpo, éste ha afirmado sentirse "cómodo" con el incremento planteado por Trabajo.

En todo caso, de entrada, un acuerdo que sume a CEOE y Cepyme, a sindicatos y Gobierno parece más que difícil. Los empresarios han hecho cálculos y ven la subida propuesta "inasumible", sobre todo para los pequeños negocios. En concreto, Cepyme estima que estos 50 euros más que plantea Trabajo para el SMI implicarán un coste salarial para las empresas superior a los 80 euros mensuales.

Así, la patronal de las pymes calcula que subir el SMI a 1.184 euros al mes llevará el coste salarial para las empresas, incluyendo las cotizaciones sociales a cargo de la empresa y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, a una horquilla de entre 1.816 y 1.903 euros mensuales, según sea el tipo de cotización por accidentes de trabajo.

SINDICATOS PIDEN 1.200 EUROS Y QUE SE ACLARE LA FISCALIDAD DEL SMI

Al rechazo de las patronales se suma también, por ahora, el de los sindicatos. CCOO y UGT plantean un incremento del SMI para 2025 de entre el 5% y el 6%, para situarlo "más o menos" en 1.200 euros mensuales, ya que entienden que la subida del 4,4% propuesta por Trabajo no sitúa el SMI en el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

Los sindicatos quieren además que se les aclare desde el Gobierno si la nueva cuantía del SMI quedaría exenta de tributar en el IRPF, algo que el Ministerio de Hacienda no ha aclarado todavía porque quiere esperar a ver qué importe final se pacta.

"Nosotros negociamos con el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo negocia en nombre del Gobierno y, por lo tanto, tenemos que tener la propuesta del Gobierno encima de la mesa en todos sus aspectos", recalcó el pasado miércoles la secretaria de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente.

El secretario general de este sindicato, Unai Sordo, ha aclarado en los últimos días que desde CCOO "no se demoniza" que el SMI pueda estar sujeto a tributación en el IRPF, pero como no saben si finalmente será así, han pedido 1.200 euros siguiendo la máxima de "más vale prevenir que curar". Entiende, así, que con estos 1.200 euros al mes se garantizaría que los perceptores de esta renta recibieran en sus nóminas el equivalente al 60% del salario medio neto.

Desde UGT se han mostrado más tajantes respecto a la fiscalidad del SMI y han advertido de no se sumarán a una subida de esta renta mínima si no queda exenta de tributar en el IRPF, porque, alegan, es una cuestión de "justicia fiscal".

Trabajo comparte esta opinión y es partidario de dejar fuera de tributación al SMI, aunque recuerda que esto es competencia del Ministerio de Hacienda.

LAS ÚLTIMAS SUBIDAS DEL SMI, SIN EL CONCURSO DE LA PATRONAL

Así, aunque no está obligado nada más que a consultar a empresarios y sindicatos, está por ver si el Ministerio de Trabajo consigue que todos ellos o al menos una parte se sume a un acuerdo para la subida del SMI de 2025.

El aumento de 2024, que fue del 5%, hasta los 1.134 al mes, lo acordó sólo con CCOO y UGT, pues CEOE y Cepyme rechazaron apoyarlo al no ver atendidas sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo.

Tampoco respaldaron los empresarios la subida del SMI del 8% para 2023, ni los incrementos de 2022 y 2021, que fueron acordados por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT. En cambio, CEOE y Cepyme sí respaldaron el aumento de 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Madrid, 19 ene (EFE).- Las sucesivas subidas de los últimos años han aproximado la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) al objetivo de que sea el 60 % del salario medio en España, pero las diferencias territoriales persisten, acentuadas al sumar el factor género.

El Ministerio de Trabajo ha abierto esta semana la negociación sobre el SMI de 2025 con una propuesta de incremento de 50 euros, hasta los 1.184 euros mensuales, la más elevada del informe de expertos, pero que los sindicatos ven insuficiente si no se garantiza que quede exento de tributar.

Tras la última subida hace un año, el salario mínimo alcanzó el 58,91 % del salario medio en España, 4,4 puntos más que en 2021. Sin embargo, las diferencias territoriales en el mercado laboral se traducen en que el SMI supera ya el 70 % del salario medio en Extremadura (72,42 %) y no llega todavía al 50 % en País Vasco (49,13 %).

Añadido a esto el factor género, el salario mínimo equivale en la actualidad a más de tres cuartas partes de la retribución promedio de las trabajadoras extremeñas (en concreto al 76,93 %) y en cambio apenas supera el 45 % de lo que gana un hombre asalariado en el País Vasco (45,24 %).

Estos porcentajes son el resultado de relacionar el SMI vigente, fijado en 1.134 euros mensuales o 15.876 euros en cómputo anual, y los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial, publicada por el INE el pasado 23 de septiembre aunque con datos de 2022.

Por encima del 66 % están también Canarias (68,74 %), Castilla-La Mancha (66,84 %), Murcia (66,56 %) y Andalucía (66,03 %) y por debajo del 60 % Asturias (59,36 %), Baleares (58,48 %), Cataluña (55,17 %), Navarra (54,39 %) y Madrid (50,83 %), además de Euskadi.

En cifras absolutas, las diferencias llegan a superar los 10.000 euros, ya que si un perceptor del SMI en Extremadura está 6.046 euros anuales por debajo del sueldo medio en la región -7.220 euros un canario o algo menos de 8.000 los castellanomanchegos y los murcianos-, un vasco queda a 16.437 euros y un madrileño a 15.354 euros de media.

Esto ha llevado a los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde e Hiru a registrar en los parlamentos vasco y navarro una iniciativa legislativa popular que pretende dar a las instituciones de ambas comunidades capacidad para establecer un salario mínimo propio.

Una idea que ya expresó hace años el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que abogó por evaluar un cambio legislativo que permita aplicar salarios mínimos interprofesionales diferenciados por territorios, aunque el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, lo descartó entonces de inmediato porque "tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado".

Las diferencias son mayores aún si se tiene en cuenta además el factor género, ya que la cuantía del SMI supone ya el 77 % del sueldo medio de las trabajadoras extremeñas pero solo el 45 % del de los asalariados varones vascos.

Mientras en el caso de los hombres solo en cinco comunidades, todas del sur, se cumple que el salario mínimo interprofesional sea al menos el 60 % del sueldo medio -Extremadura el 68,52 %, Canarias el 67,30 %, Castilla-La Mancha el 61,50 %, Andalucía el 60,69 % y Murcia el 60,50 %-, en el caso de las mujeres son más del doble.

De las once comunidades en que se cumple esa premisa en el caso de las mujeres, Extremadura es la única en que el SMI supera el 70 % del sueldo medio de las trabajadoras (72,42 %), mientras Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla y León se sitúan entre el 65 y el 67 % y la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cantabria y Aragón oscilan entre el 61 y el 65 %.

Igual que en el caso de los hombres, el objetivo del 60 % queda lejos todavía para las mujeres en País Vasco (49,13 %) y Madrid (50,83 %), está algo más cerca en Navarra (54,39 %) y Cataluña (55,17 %) y está cerca en Baleares (58,48 %) y Asturias (59,36 %).

Según una estimación que realizó el Ministerio de Trabajo y Economía Social tras la subida de hace un año, el 14,4 % de las personas asalariadas en España percibía una retribución equivalente al SMI, un porcentaje medio que superaban ampliamente Extremadura (21,7 %), Canarias (21,5 %) o Murcia (20,1 %) y del que estaban lejos Navarra (6,9 %), Baleares (7,5 %) y Euskadi (7,6 %).

Aquella estimación reveló que seis de cada 10 trabajadores que percibían el SMI y que por tanto se vieron beneficiados residían en Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

En concreto, de los 2,46 millones de trabajadores perceptores del SMI, 510.500 eran entonces residentes en Andalucía (el 20,7 % del total), 387.300 en Madrid (15,7 %), 306.400 en la Comunidad Valenciana (12,4 %) y 300.100 en Cataluña (12,1 %).

El resto de los trabajadores que cobraban el salario mínimo eran 174.900 residentes en Canarias, 135.900 en Galicia, 116.700 en Castilla y León, 108.100 en Murcia, 99.100 en Castilla-La Mancha, 72.900 en Extremadura, 61.000 en País Vasco, 52.100 en Aragón, 46.200 en Asturias, 33.900 en Baleares, 24.500 en Cantabria, 17.400 en Navarra y 14.600 en La Rioja. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código  21785337 y otros)

Numerosos hosteleros mantienen que “no hay camareros en España”. Servir en bares o restaurantes es un sacrificado trabajo tradicionalmente bajo sospecha por las horas y el dinero que en algunos establecimientos se manejan fuera de todo registro y legalidad. Otros, que cumplen escrupulosamente, deslizan que se trata de un sector que no puede ajustarse al mismo patrón que otros, que deben ser otras las reglas.

Ejemplo de esto último y muy reciente es el del reconocido chef Pedro Subijana, quien en una reciente entrevista ha pedido abiertamente “libertad” para dejar hacer a todos los que dirijan una cocina o negocio. “¿Qué fenómeno -se pregunta- de la cultura, del arte o del deporte que destaca y llega lejos trabaja solamente lo justito? Si tú quieres llegar donde quieres llegar, tendrás que dedicar lo que tengas que dedicar”, defiende.

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Cuando se pone esto sobre la mesa, el planteamiento es si quien contrata está dispuesto a corresponder. Y seguramente el debate está viciado, ya que las infracciones, las malas prácticas, tienen gran repercusión, no así los que ejercen con diligencia y cumplen con sus empleados. Pero ocurre también que el goteo ya solo de ofertas fraudulentas no cesa.

“A ver si entiendo...”

Es ya conocida la cuenta en redes sociales @soycamarero, con 69.000 seguidores en TikTok, 160.000 en X y más de 440.000 en Instagram. Tras ella está Jesús, que recibe a diario numerosos mensajes de personas en busca de trabajo en el sector o se hace eco de reseñas de clientes y en general de situaciones que se producen en bares y restaurantes.

En uno de sus últimos post, ha hecho pública la oferta que el dueño de un local hizo a una candidata a un puesto: “Hola, buenas noches. Te digo las condiciones por si estás interesada: jornada completa de 8 horas con un día y medio de descanso. 900 euros al mes. Damos de alta media jornada”. Es decir, un sueldo que no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cotizando solo la mitad del tiempo.

La respuesta de la ‘interesada’ traduce bien la propuesta, para terminar con una pregunta: “A ver si entiendo: quiere darme de alta a media jornada (20 horas semanales) y que trabaje ocho horas diarias seis días y medio (44 horas). Por el precio del trabajo a media jornada, que más o menos sale a 5 euros la hora. ¿Vergüenza le queda o ya la ha agotado?"

Son delitos

El empresario estaría incurriendo en varios delitos y faltas, como fraude a la Seguridad Social, así como un fraude salarial por vulneración del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Además, estaría cometiendo infracciones administrativas que pueden implicar sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.

El SMI en España está en este momento en los 1.080 euros brutos al mes para una jornada completa de 40 horas semanales. Esta cantidad puede variar si se establece una jornada parcial o si se trata de un contrato temporal, pero para los trabajadores a jornada completa, esa es la cifra mínima establecida por ley.

El SMI se paga en 14 pagas anuales (12 mensuales y 2 pagas extraordinarias), lo que da lugar a una cantidad anual de aproximadamente 15.120 euros brutos.

Recientemente ya informamos de otras ofertas alarmantes, como la de un restaurante chino en busca de una empleada “soltera, atractiva y sin antecedentes penales”. Al otro lado, el dueño de un bar con bastante influencia en redes, Abraham Galera (@abrigaca) salió públicamente en defensa de los trabajadores y contra otro influyente personaje, que dijo que un camarero debe hacer horas extra si unos clientes quieren quedarse más allá del cierre “tomándose sus copas”.

La solución acordada por el Gobierno para evitar que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tengan que tributar por el IRPF hace aguas. El pasado mes de marzo, los Ministerios de Trabajo y Hacienda acordaron introducir una compensación para cubrir la parte tributable del trabajador durante este 2025. Pero lo cierto es que esta medida solo contempla la aplicación de esta modificación a la cuota líquida estatal, pero no hace lo mismo con la cuota líquida autonómica, por lo que la deducción solo afectará al 50% del impuesto.

Ha sido el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas el que ha alertado de ello este miércoles, explicando que la solución normativa adoptada, consistente en una deducción transitoria de 340 euros para los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 16.576 euros, solo se ha regulado para la cuota líquida estatal, y no para la cuota líquida autonómica (que representa aproximadamente la mitad de la carga total del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Esto implica que, de los aproximadamente 300 euros al año que los beneficiarios del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagan en concepto de retenciones, solo recibirían la mitad de esa cantidad como devolución en el próximo ejercicio fiscal. Este desfase podría significar una falta de equidad para aquellos que dependen principalmente de esta deducción, ya que no se está considerando la carga fiscal completa, que incluye tanto la cuota estatal como la autonómica.

El presidente de la REAF, Agustín Fernández, ha afirmado que “la técnica legislativa regulada para quienes cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) y no paguen el IRPF es técnicamente peor que la regulada para el 2024, ya que estos trabajadores adelantan el pago del Impuesto en 2025 y, posteriormente, quedan obligados a presentar la declaración para recuperar las cantidades ya satisfechas”.

Un error que todavía tiene solución

Según explican los economistas, todavía hay margen para solucionarlo, ya que la compensación que propusieron se incluirá mediante una enmienda en el proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguros en la circulación de vehículos a motor, que previsiblemente se aprobará sin problemas en las Cortes. Por lo que solo tendrían que incluirla.

“Entendemos que es un fallo que todavía puede corregirse, sobre todo porque se trata de una enmienda que puede ser modificada antes de que se vote la ley”, ha afirmado la técnica del servicio de estudios del REAF, Raquel Jurado.

El debate de la tributación continuará en 2026

Es importante considerar que las medidas adoptadas para evitar que los beneficiarios del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tengan que tributar por el IRPF solo se aplicarán en 2025. El acuerdo alcanzado es más bien una solución temporal, diseñada para abordar el problema de forma inmediata, pero no resuelve la cuestión a largo plazo. La misma discrepancia resurgirá cuando se reanude el debate sobre el aumento del SMI para 2026, lo que hará necesario un nuevo ajuste legislativo

Madrid, 12 ene (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propondrá este miércoles a los agentes sociales una subida del salario mínimo de 50 euros (del 4,4 %), con lo que éste llegaría a los 1.184 euros mensuales, con catorce pagas, según confirma en una entrevista en La Vanguardia.

Se trata de la opción más elevada que planteaban los expertos, que aconsejan un alza del 3,4 % o del 4,4 % para 2025, en función de dos métodos diferentes de cálculo, es decir, incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 39 o en 50 euros brutos mensuales, con lo que subiría a 1.173 euros o a 1.184 euros brutos mensuales.

Díaz promete además flexibilidad a la patronal si se suma al acuerdo: "Nada me gustaría más que la patronal se sumara. Si hay acuerdo seré flexible", afirma.

Después de unos días en los que ha protagonizado un enfrentamiento público con el área socialista del Gobierno por la reducción de la jornada laboral, la ministra redobla en la entrevista sus acusaciones al PSOE por incumplir acuerdos e intentar bloquear la medida y advierte de que esta maniobra está generando una "crisis de confianza" en la ciudadanía.

Dice que con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no tiene una "diferencia personal, sino una diferencia política de mirada profunda", pero insiste en que la reducción de la jornada laboral "se va a cumplir".EFE

Madrid, 12 ene (EFE).- El Ministerio de Trabajo presentará esta semana las conclusiones de la comisión asesora para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y convocará a los agentes sociales para analizarlas y tratar de consensuar tanto con los sindicatos como con la patronal el alza a aplicar este año.

Trabajo prevé dar a conocer esta semana las conclusiones de los expertos, que aconsejan un alza del 3,4 % o del 4,4 % para 2025, en función de dos métodos diferentes de cálculo, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de las deliberaciones del grupo de expertos.

La propuesta dual supondría elevar el SMI en 39 o en 50 euros brutos mensuales, con lo que subiría a 1.173 euros o a 1.184 euros brutos mensuales.

Una vez que se presente públicamente el informe de los expertos, que fue cerrado el pasado miércoles, el Ministerio de Trabajo tiene la intención de convocar también esta semana a patronal y sindicatos para escuchar sus propuestas y negociar la subida definitiva.

La decisión final requiere también de un acuerdo en el seno del propio Gobierno de coalición, ya que fuentes gubernamentales reconocen que la postura del Ministerio de Trabajo es más ambiciosa que la del Ministerio de Economía.

La aprobación de la subida del SMI se lleva a cabo por real decreto y es una prerrogativa del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, que no requiere de la convalidación del Congreso.

Tanto CCOO como UGT abogan por una subida de entre el 5 % y el 6 %, que sitúe el SMI por encima de los 1.200 euros.

La patronal, por su parte, no se ha pronunciado al respecto, si bien hace un año se descolgó del acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos para elevar un 5 % el SMI hasta los 1.134 euros mensuales, acusando al Ministerio de tratar de "chantajear" a los empresarios planteándoles un alza menor si se sumaban al pacto.

Entonces se quejaron de las formas utilizadas por Trabajo, pero también del fondo y avisaron del impacto que el aumento salarial tendría sobre el tejido empresarial, en concreto, en las empresas del ámbito de la contratación con las administraciones públicas y en el sector agrario. EFE

Suiza es uno de los países con el mejor nivel de vida en Europa. Con un PIB per cápita y un salario medio de los más altos del continente, es precisamente reconocido por sus elevados sueldos, ya que según el Ministerio de Trabajo y Economía Social , en 2022 la retribución media interprofesional en Suiza se situó en 6.788 francos suizos (alrededor de 7.128,83 euros).

Además, las redes sociales se han convertido en una excelente herramienta para conocer otras realidades sin necesidad de viajar. Muchos jóvenes españoles que se aventuran a países como Suiza utilizan plataformas como TikTok para compartir sus experiencias y ofrecer consejos prácticos a quienes están considerando emigrar. Esto también es el caso de Fer (@thefer_cars), un joven de 23 años que trabaja en la industria farmacéutica en Berna. Precisamente, en uno de sus últimos vídeos de la plataforma, revela cuánto gana trabajando allí.

“¿Cuánto gano con 23 años aquí en Suiza? Pues bien, como muchos ya sabréis, yo trabajo en la industria farmacéutica en Berna. Lo que haré es coger mi última nómina y a partir de ahí haremos los cálculos”, comienza narrando en el vídeo, para añadir que su última nómina fue de “7600 francos suizos”.

El joven trabajador explica que vive en el cantón de Aragao, donde la tasa impositiva alcanza el 13%. A esto se suman otras deducciones, como las aportaciones a la seguridad social y el paro. Al final del mes, después de todos estos descuentos, su salario neto queda reducido. “Descontando los impuestos y lo que te quitan para otro tipo de cosas, como por ejemplo, también el paro en mi cuenta, acaban entrando en torno a 5700 francos, lo que al cambio son unos 5.900 euros”, añade en el vídeo que se ha hecho viral.

“En su momento estudié cuatro años el grado de biotecnología y me fui directo a trabajar a Suiza”, ha añadido el joven en la descripción del vídeo. “Después de un año como becario en una empresa de aquí, pude encontrar una buena posición y donde me encuentro actualmente”.

Cuál es el salario mínimo en Suiza

En términos de salario mínimo, como explica My swiss company, a diferencia de otros países, Suiza no tiene salario mínimo regulado a nivel nacional, sino que los propios cantones establecen sus propias regulaciones salariales, con significativas diferencias.

En Ginebra, el salario mínimo se establece en 25,10 euros por hora (equivalente a 24,32 francos suizos), lo que supone aproximadamente 4.510 euros mensuales (4.368 francos suizos) para una jornada laboral de 42 horas semanales. Zúrich ocupa la segunda posición con un salario mínimo de 24,65 euros por hora (23,90 francos suizos).

En Basilea-Ciudad, el salario mínimo es de 22,36 euros por hora (21,70 francos suizos), mientras que en Neuchâtel se fija en 21,74 euros por hora (21,09 francos suizos). Por su parte, Jura establece un mínimo de 21,19 euros por hora (20,60 francos suizos), y Tesino, que tiene el salario mínimo más bajo de los cantones mencionados, ofrece 19,54 euros por hora (19,00 francos suizos).

Los ministerios de Trabajo y Hacienda han llegado en un contexto de alta tensión a su cita de este viernes, la fecha límite para que el Gobierno presentase en el Congreso el veto a la propuesta con la que Sumar buscaba bloquear la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Sin embargo, los dos departamentos han llegado contra todo pronóstico a un acuerdo ‘in extremis’ en la mañana de este 28 de marzo, gracias al que los perceptores del sueldo mínimo continuarán sin pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al menos este 2025.

A primera hora de la mañana, cuando Yolanda Díaz ha afirmado que la noche anterior acabó con el abandono de la mesa de negociaciones por parte de María Jesús Montero, todo apuntaba a la ruptura de las conversaciones. Aun así, fuentes del Gobierno han anunciado un pacto horas antes del vencimiento del plazo para el veto a las 18:00 horas de esta tarde.

En qué consiste el acuerdo

El conflicto entre los dos ministerios comenzó tras la aprobación de la subida del SMI para 2025 el pasado mes de febrero. Después de las celebraciones de Trabajo por haber logrado sacar adelante la medida e incrementar en un 4,4% el SMI, llegó la sorpresa con la negativa de Hacienda a elevar también el umbral de exención para el pago de IRPF.

Históricamente, los incrementos en el salario mínimo se han visto acompañados de una modificación equivalente en la renta que es necesario cobrar como mínimo para tener la obligación de tributar en el IRPF. Así, algunos de los perceptores del SMI quedaban año tras año exentos de esta norma, ya que dicho umbral se movía de acuerdo con su sueldo.

Esta novedad suponía que un 20% de los trabajadores que cobran el SMI, principalmente solteros sin hijos por la falta de deducciones aplicables, se les aplicaría una retención de 20 euros en la nómina por el IRPF, según los cálculos de la cartera de Montero. Para evitar esta situación, Trabajo y Hacienda han acordado la creación de una deducción en esta cuota para los perceptores del SMI, que vuelve a dejarlos exentos del pago de este tributo. El pacto soluciona el dilema del IRPF y el salario mínimo para este año, pero es previsible que el desacuerdo se repita dentro de unos meses al comenzar las negociaciones para la subida del SMI en 2026.

Veto a las propuestas de PP y Podemos

Al haber alcanzado un acuerdo, es esperable que Sumar decida retirar la proposición de ley que había registrado en el Congreso y con la que planeaba derogar la decisión tomada por Hacienda sobre la tributación del SMI.

La formación de Yolanda Díaz no había sido la única en presentar una propuesta en contra de la decisión del Gobierno: tanto Podemos como PP habían registrado también sus propios proyectos con el fin de mantener la exención del pago del IRPF para los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. Al contar la Mesa del Congreso con 4 miembros del PP, 3 del PSOE y 2 de Sumar, los socialistas no tenían el poder de voto para vetar las propuestas sin el apoyo de la coalición de izquierdas, pero pueden impedir que avancen en el Congreso ahora que vuelven a contar con el aval de su socio de Gobierno.

Madrid, 8 ene (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dejado claro que su sindicato planteará en la mesa de diálogo social con el Ministerio de Trabajo una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 de entre el 5 % y el 6 % y ha añadido que, en todo caso, deberá estar por encima del 4 %.

En un desayuno informativo celebrado este miércoles, el líder del sindicato ha hecho un repaso de la actualidad laboral y ha fijado sus objetivos para este año, entre los que ha destacado la subida del SMI, la reducción de la jornada laboral, los cambios en materia de despido o la tramitación de la última reforma de pensiones.

El Ministerio de Trabajo tiene previsto comenzar a negociar con los agentes sociales el SMI para este año una vez pronuncie el comité de expertos, un órgano que, en ningún caso, ha dicho Álvarez, "sustituye al diálogo social", sino que ofrece aportaciones o sugerencias. "No es doctrina su resolución", ha añadido.

También ha abordado la reducción de la jornada laboral, tras el acuerdo sellado en diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos tras 10 meses de negociación en los que no lograron arrancar el sí a la patronal.

El líder de UGT ha restado importancia al supuesto retraso en el debate en el Consejo de Ministros del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos para reducir la jornada laboral máxima legal de las 40 horas semanales de la actualidad a las 37,5 horas en 2025.

Ha advertido al Gobierno de que el sindicato no permitirá que la reducción de jornada "permanezca en un cajón sin que sea tramitada, como ha pasado con el estatuto del becario", y ha avisado de que si es necesario llegará a la movilización.

Respecto al decreto ley con los cambios en materia de jubilación parcial, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, Álvarez ha pedido a la oposición, concretamente al PP, que no impida su convalidación en el Congreso de los Diputados.

También ha dicho que están pendientes de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales respecto al despido, esta vez por una reclamación presentada por CCOO y que espera "vaya en la misma dirección".

En cualquier caso, se ha "felicitado por las sentencias de los juzgados de lo social de España" que en sus fallos están considerando que el despido improcedente no es "disuasorio ni resarcitorio".

"Estamos pendientes de ver si hay cambios legales en España", ha dicho Álvarez, aunque ha añadido que es algo que "no nos preocupa", porque los Tribunales están fallando en línea con los reclamos del sindicato.

De cara a este ejercicio, UGT va a plantear al Gobierno una evaluación de cómo ha funcionado la reforma laboral, cuáles son los efectos que ha tenido y cómo ha afectado a la productividad de las empresas y a la precariedad de los trabajadores.

Se trata, ha dicho, de una evaluación que la propia reforma ya recogía que debía hacerse a los cuatro años desde su aprobación y que, a su juicio, deben llevarla a cabo una o dos universidades de reconocido prestigio, elegidas de común acuerdo con la patronal.

Para Álvarez, España empieza el año como lo acabó, "sin visos de procesos de diálogo y entendimiento para abordar los problemas más importantes del país", por lo que reclama "consenso sobre temas pendientes", algunos que son endémicos, pero también sobre uno que emerge, como el cambio climático.

Por ello, va a reclamar al Gobierno que, junto a los agentes sociales, promueva un gran pacto de estado para abordar los efectos del cambio climático, así como un protocolo de actuación para que los trabajadores sepan cómo actuar ante una alerta de estas características. EFE

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Los Ministerios de Trabajo y Hacienda han cerrado este viernes un acuerdo para que los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) no tengan que tributar en el IRPF en 2025, informan fuentes del Ministerio de Trabajo. El acuerdo consiste en introducir una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen este ejercicio, una fórmula que fue planteada por la cartera que dirige María Jesús Montero. 

Las negociaciones se daban por rotas hasta esta misma noche, cuando la ministra Yolanda Díaz aseguró que la titular de Hacienda “dio instrucciones para levantarse de la mesa de las negociaciones”. El escollo que ha atascado las conversaciones ha sido la duración de este acuerdo, que Hacienda mantuvo -y mantiene- que solo sería durante 2025.

Yolanda Díaz argumenta que la postura de Hacienda contradice el acuerdo de Gobierno, ya que se establece que el SMI debe suponer el 60% del salario medio neto, una cifra que tras la subida de este año alcanza los 16.576 euros anuales. Según Sumar, de aplicarse una retención, que restaría 22 euros al salario neto mensual, se estaría incumpliendo el pacto.

Hacienda no cede del todo y el debate volverá en 2026

El PSOE, por su parte, ha defendido en todo momento que el acuerdo establecía la subida del salario (que subió a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas), pero que en ningún momento se habló de elevar ese mínimo exento de tributación en el IRP. Por eso la dirigente socialista no ha querido ceder ante las demandas de Sumar, manteniendo su propuesta de compensar con una deducción fiscal durante este curso. Según los cálculos del departamento de Montero, únicamente el 20% de los perceptores del SMI tras la última subida, principalmente solteros sin hijos, tendrían que haber pagado este año por el IRPF, mientras que el resto seguirían exentos.

Ahora, tras el acuerdo, también seguirán exentos, lo que tendrá un coste para las arcas públicas de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, de acuerdo con las cifras de Hacienda, una cifra que tendría mucho menos impacto si se eleva el mínimo exento, que cifra entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

A la vista de los argumentos de ambas partes, el acuerdo es más que nada un parche que resolverá el problema únicamente para este año, ya que esta misma discrepancia volverá a saltar cuando se reabra el debate para la subida del SMI de 2026.

El Gobierno sigue sin cerrar un acuerdo en torno a la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un asunto que divide a PSOE y Sumar. El Ministerio de Hacienda planteó al de Trabajo una deducción que compense a los perceptores del SMI obligados a pagar IRPF, pero esta propuesta solo sería válida durante 2025, lo que ha “atascado” las negociaciones, según confirmaron desde Sumar.

Las dos partes siguen confiadas en poder alcanzar un pacto, pero esta situación deja en el aire la posibilidad de que el Ejecutivo vete una propuesta legislativa en el Congreso impulsada por el socio minoritario, abocando al Gobierno a un conflicto sin precedentes. En todo caso, desde el espacio de Yolanda Díaz tratan de restar importancia a este eventual veto de Hacienda, cuyo plazo para registrarlo finaliza este viernes a las 18 horas.

“El límite sería la mesa”, señalan fuentes del Ministerio de Trabajo acerca de la reunión del órgano de gobierno de la Cámara Baja, encargado de revisar la posible impugnación de Hacienda para evitar la tramitación de las leyes registradas por Sumar, Podemos y PP. En esencia, estas normas buscan elevar ese mínimo exento de tributación en el IRPF para que todos los perceptores del SMI no tengan que tributar. Esto es, revertir la decisión de Hacienda que empañó la última subida del SMI aprobado en febrero (situado en 1.184 euros, 50 euros más que el año pasado).

Hacienda propone una deducción para que el salario mínimo no tenga que pagar IRPF

Yolanda Díaz argumentó que la postura de Hacienda contradice el acuerdo de Gobierno, ya que se establece que el SMI debe suponer el 60% del salario medio neto, una cifra que alcanza los 16.576 euros anuales. Para Sumar, si no se eleva el mínimo exento, “no podemos asegurar el 60% del salario medio neto” al aplicarse una retención que restaría 22 euros al salario neto mensual.

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue sin estar dispuesta a elevar el mínimo exento hasta adaptarlo a la última subida del SMI. La dirigente socialista calculó que el impacto de esa deducción a aplicar al 20% de los perceptores que tuvieran que tributar (el otro 80% no tendría que hacerlo al estar excluido por cargas familiares) supondría “algo más de 200 millones de euros” para las arcas públicas. No obstante, ese coste estaría muy por debajo de los entre 1.500 y 2.000 millones de euros que conllevaría elevar el mínimo exento, por lo que descartó nuevamente “hacer extensiva al resto de rentas salariales” esa compensación planteada.

Hacienda quiere que el SMI “siga subiendo de forma importante”. De esta manera, el 60% del salario medio cada vez será mayor y se aproximará a la media salarial. ”Es lógico pensar que, en la medida en que esas rentas salariales vayan subiendo, tienen que ir aportando de forma proporcional al sostenimiento de las arcas públicas”, aseguró. Pero enfrente no solo tiene a Sumar, ya que, como recordó Díaz, “la mayoría del hemiciclo está de acuerdo”, dejando en el aire la posibilidad de que su formación pacte en la Mesa del Congreso con el PP para levantar un posible veto del Gobierno.

Cambio de guion en Hacienda. La vicepresidenta primera y ministra del ramo, María Jesús Montero, se abrió este martes a llegar a un acuerdo con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para “compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que tributar” con el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI). Tras la decisión de Hacienda de obligar a no ajustar el IRPF al nuevo salario mínimo aprobado en febrero (subió a 1.184 euros), la dirigente socialista amaga ahora con modular esta medida ante la continua presión de Sumar.

Se da la circunstancia de que ambos socios del Ejecutivo de coalición han intensificado las negociaciones en las últimas horas para evitar el choque en el Congreso. El Gobierno tiene hasta el viernes para vetar las leyes registradas por Sumar, Podemos y PP, que buscan elevar ese mínimo exento de tributación en el IRPF para que todos los perceptores del SMI no tengan que tributar. Esto es, revertir la decisión de Hacienda.

Si bien, las dos almas que sostienen el Gobierno están hablando sobre “algún tipo de medida que permita compensar” al 20% de los trabajadores que tendrían que pagar IRPF, ya que el otro 80% no tendrá que hacerlo de ninguna manera al estar excluido por cargas familiares. En todo caso, María Jesús Montero sí dejó claro que no está dispuesta a subir el mínimo exento.

“El Ministerio mantiene una vocación vigente, que el SMI se desacople de una exención del IRPF. Lo que estamos hablando con Sumar es en ver algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que tributar el SMI”, agregó la ministra de Hacienda.

Desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz reconocen a Infobae España que el hecho de compensar al 20% implicaría una suerte de exención encubierta, por lo que se muestran satisfechos con la negociación: “Va bien”, apostillan voces del entorno de la vicepresidenta segunda.

Hacienda amagó con vetar las leyes en el Congreso

La propia Díaz reivindicó desde Bruselas la autoría de la propuesta sobre el tratamiento fiscal del SMI que valora Montero. “Hemos trasladado una propuesta a Hacienda para negociar sobre la tributación del SMI. Los equipos están trabajando y soy optimista en las negociaciones, espero que alcancemos un acuerdo”, sostuvo la líder del espacio a la izquierda del PSOE.

La actitud mostrada por ambas dirigentes dista de la tensión evidenciada hasta ahora. Hace unos días, la propia Montero avanzó su intención de vetar las leyes registradas en el Congreso, un gesto reprochado posteriormente por Yolanda Díaz. “El mecanismo que está haciendo la ministra de Hacienda es como una especie de privilegio que es un veto, es no dejar que esto se discuta. Para que nos entienda la ciudadanía. A mí me parece que cuando alguien acude a un veto es que ha fracasado en su política. Y yo soy una demócrata, gano o pierdo las votaciones”, subrayó la semana pasada.

De llevar a cabo esta acción, en Sumar habían dejado en el aire la posibilidad de aliarse con el PP en la Mesa del Congreso para levantar ese eventual veto, lo que daría pie a un conflicto sin precedentes en el seno del Gobierno de coalición. No obstante, los de Yolanda Díaz siempre han antepuesto la negociación con sus socios para evitar que la sangre llegue al río.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a cargar este viernes contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el PSOE por su posición sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

En primer lugar, Díaz, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha replicado a Cuerpo por sus afirmaciones de que el SMI debe subir "en la línea de lo que está haciendo el resto de la economía".

Para Díaz, "los datos macro no tienen nada que ver con la vida real y el salario medio español no tiene nada que ver con ser una locomotora". "Los salarios en mi país son muy, muy moderados y yo trabajo y llevo trabajando desde que he llegado al Gobierno de España para subir el salario mínimo, pero también, por ende, subir los salarios en general y ser un poquito más europeos", ha añadido la ministra.

Así, la vicepresidenta segunda ha pedido al ministro de Economía que "respete" al comité de expertos que asesora al Gobierno por la subida del SMI y del que en su día formó el propio Carlos Cuerpo por designación de la entonces vicepresidenta primera Nadia Calviño.

"Entonces se oponía, igual que hoy, a una subida que vaya acorde con lo que está pasando en nuestro país. Y digo una subida acorde porque ustedes, cualquiera de ustedes, van a la compra y ven los precios que tenemos en la alimentación", ha denunciado la ministra.

Díaz ha subrayado que en esta ocasión se ha incorporado a tres nuevos académicos al comité asesor del SMI especialistas en desigualdad. "Por tanto, le pido al Ministerio de Economía que respete el trabajo hecho por el comité de expertos y, sobre todo, respete el diálogo social", ha afirmado.

"No hay tirantez (entre Ministerios), hay desacuerdos manifiestos con el salario mínimo y con la jornada laboral. Yo no puedo comprender que un ministro socialista se oponga a la reducción de la jornada laboral. No lo puedo comprender y no puedo comprender que se oponga a un acuerdo con los sindicatos. Me parece muy grave. A un acuerdo de diálogo social. No ha pasado jamás. Quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos y esto es muy grave y no va a pasar, se lo digo yo", ha denunciado la ministra, que ha añadido que ni la exministra Nadia Calviño "se atrevió a tanto".

"Estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora en nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día. Y digo lo que va a pasar. La jornada se va a reducir y la parte socialista del Gobierno va a presumir como presumió después del salario mínimo, igual que pasó con la reforma laboral, con los ERTE y con los Riders", ha defendido Díaz.

La vicepresidenta segunda ha instado a Cuerpo a decidir si está del lado del acuerdo firmado con los sindicatos para reducir la jornada y del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar "o si está en las tesis del no".

"Ni siquiera la señora Nadia Calviño se atrevió a tanto. Cuando se rubrica un acuerdo de diálogo social hay que respetarlo. Eso es sagrado. Que un ministro socialista se posicione en contra de los sindicatos hay que explicárselo a un votante progresista", ha lamentado la ministra.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

València, 24 dic (EFECOM).- El Comité de Dirección de Mercadona ha acordado subir un 8,5 % el sueldo de toda su plantilla, un incremento que se hará efectivo a partir de la nómina de enero de 2025, para los más de 100.000 trabajadores que la compañía tiene en España y Portugal.

El porcentaje de incremento es la suma del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente de cada país y un extra adicional decidido por la empresa, han informado este martes fuentes de la empresa valenciana.

De esta manera, el personal base de la compañía pasará a cobrar en su primer año 1.685 euros brutos al mes, lo que supone un 27 % más respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI); y 2.280 euros brutos al mes una vez superados los cuatro años en la empresa, un 72 % más respecto al SMI.

Asimismo, la compañía ha decidido repartir una prima adicional, que se sumará a la tradicional prima de resultados, con el fin de gratificar el esfuerzo realizado y dentro de su estrategia de compartir los beneficios impulsada por los accionistas en 2001.

Como ya es habitual, en marzo los trabajadores, desde el primer año y en caso de alcanzar las metas y los objetivos pactados al principio del ejercicio, cobrarán una mensualidad extra en su nómina, cantidad que ascenderá a dos mensualidades una vez se superan los cuatro años de antigüedad.

Adicionalmente, este año todos ellos recibirán también una prima extra correspondiente a una mensualidad. EFECOM

El último aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) llegó acompañado de un polémico anuncio por parte del Ministerio de Hacienda, que avisó sobre cambios en la tributación para los cobradores de este sueldo. Después de que Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, firmase una subida del SMI del 4,4% para 2025, la cartera dirigida por María Jesús Montero aclaró que no modificaría acorde el umbral de exención en el IRPF.

El Ministerio de Hacienda había respondido hasta ahora a los aumentos graduales en el SMI con subidas paralelas en el importe que puede ingresar un trabajador en España sin tributar en el IRPF. Esto significa que las personas que cobrasen esta cuantía, que en 2024 se situó en 15.876 euros anuales pero en 2025 pasa a 16.576 euros al año, no sufrían retenciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Supone reducir en un 42% la subida

El anuncio de Hacienda fue recibido con rechazo por parte de Díaz, que señaló que no elevar el umbral de exención aumenta la carga fiscal sobre los sueldos más humildes y contrarresta el efecto de la subida del SMI. En concreto, la cantidad que ahora se deberá pagar a Hacienda puede llegar en algunos casos hasta los 300 euros anuales, lo que implica un recorte cercano al 42% en el aumento de unos 700 euros al año que suponía para los perceptores del SMI su actualización en 2025.

Cambios en la campaña 2024/2025

Tanto la subida del SMI como el cambio en el mínimo exento en el IRPF afecta ya a los trabajadores españoles, que cobran la nueva cuantía de forma retroactiva desde el pasado 1 de enero y ya pueden ver las nuevas retenciones en sus nóminas. Sin embargo, estos cambios no afectarán a la campaña de la Renta que arranca el próximo mes de abril, ya que el SMI de 2024 sí se incluía en el umbral de exención.

Aún así, la decisión de Hacienda supondrá novedades para los próximos ejercicios y estas retenciones se verán reflejadas por primera vez en algunos tramos de ingresos. Según la situación personal y familiar del declarante, al cobrador del SMI puede tocarle o no pagar el IRPF en 2025. Estos son los tres posibles casos y sus consecuencias en el Renta:

• Las personas que cobren el salario mínimo en 2025 pero se mantendrán exentas de pagar el IRPF serán aquellas que tengan una pareja y un hijo menor de 3 años a su cargo, así como las que cuenten con un familiar ascendiente que depende del contribuyente.
• En el caso de que el contribuyente tenga pareja y un único hijo, pero este sea mayor de tres años, sí se aplicara una retención. El importe medio de esta se estima en unos siete euros mensuales en 14 pagas, lo que equivaldría a unos 99 euros al año.
• Por último, la retención máxima de cerca del 2% se aplicará para los solteros sin familiares a su cargo. Para el SMI, este porcentaje implica un pago total de unos 300 euros anuales o 21 euros en 14 pagas.

Pese a los cambios en la tributación para los cobradores del SMI, la retribución del salario mínimo interprofesional sigue sin superar los 22.000 euros anuales que la Agencia Tributaria establece como mínimo exento para realizar la declaración de la Renta. Por lo tanto, las personas que perciban el salario mínimo interprofesional no estarán obligadas a presentar IRPF este año, aunque existen casos en los que puede ser recomendable o incluso necesario, por ejemplo si el trabajador ha tenido más de un pagador en el último ejercicio y su retribución supera los 15.000 euros.

Pamplona, 16 dic (EFE).- El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que su formación "sostiene" los presupuestos generales del Estado por el "interés en la estabilidad de este Gobierno del Estado", ya que la alternativa es "sustancialmente peor".

Otegi ha señalado en una rueda de prensa en Pamplona, donde se ha reunido la Mesa Política de la coalición, que negociarán con "una posición constructiva" porque cuando EH Bildu está en los acuerdos "gana la gente". "Usaremos los presupuestos para mejorar la vida de la gente de nuestro país", ha dicho, tras afirmar que con este Gobierno se pueden negociar asuntos que serían imposibles con otro.

En otro orden de cosas, Otegi se ha referido a la propuesta de acuerdo presupuestario con el Gobierno vasco y ha explicado que cuando se dice "no", se está diciendo no "a cambiar la política de vivienda o de salarios, no a las siglas de EH Bildu".

"Hemos hecho una propuesta que no es táctica, que ha venido para quedarse. Propusimos un acuerdo en términos muy simples, qué hacer con el dinero público que tenemos, dónde invertirlo. Sumar todos los recursos que hay en estos cuatro territorios del sur de nuestro país y ver dónde se invierten", ha recordado.

EH Bildu fijó como prioridades las materias de vivienda, cuidados, sanidad, transición ecosocial o SMI, manteniendo el "carácter nacional de la propuesta". "Volveremos a plantear lo mismo dentro de un año, antes seguramente. Dentro de un año los que mantienen la política pública por inercia sabrán que estos problemas no se pueden abordar sin un cambio estructural y profundo en estas políticas", ha dicho.

El coordinador de la coalición abertzale ha explicado que está satisfecho con el hecho de haber propuesto este acuerdo ya que han logrado que "en las últimas semanas se haya hablado de las necesidades de los ciudadanos". EFE

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 4,4% para este 2025. Esto supone un aumento de 50 euros al mes para los beneficiarios, hasta alcanzar los 1.184 euros mensuales en 14 pagas -unos 700 euros más al año-.

Se trata de una medida que ha ido acompañada de varias polémicas. Por un lado, por la fiscalidad que le acompaña -por primera vez, las personas con este salario van a tener que pagar el IRPF-, pero también por los efectos negativos que podría tener para las empresas, especialmente para las más pequeñas.

“No podemos comparar de una manera generalizada a todas las empresas”

Ana Gómez Hernández es abogada laboralista desde hace más de 25 años. Socia en el despacho CECA Magán y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) desde hace siete años, también ocupa el cargo de presidenta de la Sección de Derecho Laboral en el Colegio de la Abogacía de Madrid desde hace dos.

Infobae España conversó con la experta para analizar las principales cuestiones de actualidad laboral y conocer de primera mano su visión sobre los desafíos y cambios que enfrenta el sector. Preguntada por si existe algún riesgo real de destrucción de empleo debido a las subidas del SMI, Gómez respondía claro: "Lo cierto es que tiene un efecto rebote de incremento de los costes salariales“.

“Como siempre, no podemos comparar de una manera generalizada a todas las empresas”, comenzaba argumentando la experta laboralista, y añadía que “Hay empresas que por su tamaño y por su nivel de facturación, evidentemente pueden asumirlo sin ningún problema. Pero hay todavía muchas empresas pequeñas y autónomos para las que un incremento del salario mínimo tiene una repercusión directa y ahí es donde viene un poco la reclamación, que viene sobre todo de los sectores que representan al colectivo de las pymes”.

En este sentido, la abogada recordó que “subir el salario mínimo lo que hace es que la negociación colectiva también impulsa los salarios superiores, y todo incremento salarial se traduce luego en un incremento de las cotizaciones sociales”, algo que no todas las empresas pueden asumir de la misma manera.

Las asociaciones de autónomos, divididas por la medida

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) afirmaron antes de que se aprobara la medida que la subida sería “inasumible para los autónomos con empleados” y concretaron que mientras que para las grandes empresas apenas se nota, “para muchos autónomos esto es inasumible”.

De la misma manera piensa Cepyme (la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), que ha calculado que el incremento del SMI en un 61% desde 2018 ha impedido la creación de 350.000 puestos de trabajo en las microempresas, aquellas con menos de diez empleados.

Sin embargo, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) discrepa. Su secretario, Eduardo Abad, afirmó el mes pasado que tanto esta medida como la reducción de jornada “ni va a significar una hecatombe ni el cierre de miles de actividades económicas”.

“Se equivocan los que pretenden asustarnos con falsas expectativas de caos y de auténtico cataclismo; tenemos récord de afiliación en la Seguridad social en este momento”, añadió justificando que “tenemos más personas trabajadoras que nunca y tenemos más autónomos que nunca”.

Ana Gómez Hernández es abogada laboralista desde hace más de 25 años. Socia en el despacho CECA Magán y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) desde hace siete años, también ocupa el cargo de presidenta de la Sección de Derecho Laboral en el Colegio de la Abogacía de Madrid desde hace dos.

Se autodefine como una mujer muy luchadora, que ha tenido la suerte de encontrar ese equilibrio tan difícil, con el que compatibilizar una carrera tremendamente exigente, como es ser abogada, con mantener una familia con tres hijos menores que, afirma, es su pilar.

Infobae España ha conversado con la experta para analizar las principales cuestiones de actualidad laboral y conocer de primera mano su visión sobre los desafíos y cambios que enfrenta el sector.

Pregunta: Sobre la reforma laboral de 2022. ¿Cómo crees que ha impactado en la estabilidad del empleo y la reducción de la temporalidad, que era uno de los de los principales puntos?

Respuesta: Se trata una reforma absolutamente clave en España para transformar la situación de abuso en la temporalidad. Y se ha visto cómo ha sido una reforma exitosa en cuanto a su objetivo, porque se ha conseguido y se ha reducido de una manera muy sustancial el uso de los contratos temporales en el sector privado. En el sector público todavía se siguen produciendo abusos, pero en el sector privado, el porcentaje ha decaído muchísimo y ya estamos en una media muy cercana a los países de la Unión Europea.

P: ¿Cómo es eso de que todavía hay muchos abusos en el sector público? ¿No debería ser el Estado el primero en cumplir sus normativas?

Respuesta: Hablamos del personal laboral, no del personal público (funcionarios). La administración también contrata masivamente a personal laboral y recurre a los contratos temporales y los tiene en contratación temporal concatenada. No tres años ni cinco, sino a veces hasta 30 años. Y eso va mucho más lento. De hecho, los tribunales europeos han condenado a España en repetidas ocasiones a que arreglen este problema que es muy serio y que es el caso, por ejemplo, de los enfermeros.

P: ¿Le pondrías algún “pero” a la medida?

R: Mira, la reforma laboral vino a atajar el problema radicalmente -porque lo atajó desde muchos frentes- y las empresas se dieron cuenta de que no hay resortes. Esto ha tenido su aspecto positivo desde el plano de los trabajadores, pero también ha provocado, sin duda, una falta de flexibilidad en muchos sectores de la economía de nuestro país que todavía necesitan recurrir masivamente a la contratación temporal y no tienen ahora ninguna vía para hacer contratos temporales, porque ninguna de las dos posibilidades que da la ley encajan.

El contrato por circunstancias de la producción de carácter imprevisible y de carácter previsible son demasiado poco flexibles. Entonces, muchas empresas han tenido que recurrir a hacer mal todavía sus contratos y y otras, por ejemplo, a abusar del periodo de prueba. Entonces, yo lo que quiero decir es que se ha logrado el objetivo, sí, pero a costa también de un sacrificio en la flexibilidad de nuestro mercado de trabajo.

P: Respecto a las subidas del salario mínimo interprofesional. ¿Existe algún riesgo real de destrucción del empleo, como advierten la patronal o las organizaciones empresariales? ¿Y cómo puede afectar esto a las pequeñas y medianas empresas al final?

R: Lo cierto es que tiene un efecto rebote de incremento de los costes salariales. Como siempre, no podemos comparar de una manera generalizada a todas las empresas. Hay empresas que por su tamaño y por su nivel de facturación, evidentemente pueden asumirlo sin ningún problema. Pero hay todavía muchas empresas pequeñas y autónomos para las que un incremento del salario mínimo tiene una repercusión directa y ahí es donde viene un poco la reclamación, que viene sobre todo de los sectores que representan al colectivo de las pymes, porque subir el salario mínimo lo que hace es que la negociación colectiva también impulsa los salarios superiores, y todo incremento salarial se traduce luego en un incremento de las cotizaciones sociales.

Evidentemente hay empresas que lo pueden asumir mejor que otras. Y no digo que sea generalizado, pero sí que, evidentemente, no podemos obviar que eso repercute en empresas que no pueden asumirlo.

P: Es decir, ¿Quizá el Gobierno tenía que haber mirado más por esas pequeñas empresas?

R: En general, sí. Eso es lo que pasa siempre, pero no por la subida del salario mínimo. En todo. Cuando introduce una disposición obligatoria, por ejemplo, para que todas las empresas hagan los registros salariales, o que hagan un plan de igualdad a partir de 50 trabajadores, eso introduce muchas distorsiones y dificultades para muchísimas empresas de nuestro país, lo que lleva a que nuestro gobierno mire por establecer cautelas, es decir, salvaguardas para ese sector empresarial tan importante, porque todavía España es un país de pymes. Entonces se regula para las grandes empresas por lo general y no se mira para la pequeña. Eso sin duda es desastroso.

P: En cuanto a los derechos de los trabajadores, ¿se ha consolidado el teletrabajo en España o ha habido un retroceso tras la pandemia?

R: El teletrabajo tuvo su apogeo con la pandemia. Pero a raíz de ahí estamos viendo cómo está retrocediendo. Y eso muy motivado, por supuesto, porque la práctica de muchas empresas no ha sido tan positiva. Entonces ahora estamos viendo la dificultad de esa retrocesión y cómo no es tan fácil.

Lo que sí se ha consolidado es el teletrabajo como una figura necesaria en las relaciones laborales que ya es una condición, por decirlo de una manera, no tanto para atraer talento como para retenerlo. El tema complicado es decidir qué peso va a tener. Antes había unos esquemas mucho más flexibles de teletrabajo. Había incluso empresas que daban 100% de teletrabajo, otras incluso tres o cuatro días a la semana. Y ahora, en cambio, estamos viendo cómo se está disminuyendo ese peso relativo del teletrabajo, pero sin olvidarlo, porque ya se concibe que el teletrabajo es una herramienta muy poderosa para que las empresas ganen productividad porque atraen al mejor talento.

P: ¿Qué derechos deben garantizarse en estos modelos híbridos de trabajo? ¿Qué problemas legales pueden enfrentar los trabajadores que trabajan en remoto, especialmente en cuanto a desconexión digital o control empresarial?

R: Uno muy interesante es el tema de la seguridad y de la salud. Es decir, la prevención de riesgos laborales, porque están expuestos a riesgos diferentes como la fatiga informática o el tecnoestrés.

Más allá de eso, en el teletrabajo también hay un gran desconocimiento todavía. Por ejemplo, un aspecto fundamental que aún se desconoce es la necesidad de firmar un un acuerdo específico, como establece la ley que regula el trabajo a distancia. Un documento que es vinculante para ambas partes, tiene que estar por escrito y que recoge todo un elenco de derechos a favor de los trabajadores, como es, por ejemplo, la obligación de la empresa de poner a disposición del trabajador los medios necesarios para desarrollar su trabajo.

También es muy importante fijar la compensación económica que corresponde a los trabajadores por los gastos derivados del trabajo en remoto. Aún existe un gran desconocimiento sobre este derecho, pero la ley establece que el empleado no debe asumir de su bolsillo los costes asociados al teletrabajo.

P: Sobre la inteligencia artificial, ¿Qué impacto está teniendo la automatización y esta inteligencia artificial en la pérdida o transformación de los empleos en España?

R: Bueno, ahora mismo es el tema estrella. Hay gente que es positiva y hay gente que es negativa hacia la inteligencia artificial en el mundo del empleo. Es obvio que cada día esta irrumpe con más fuerza. Y es obvio que somos testigos ya del impacto que tiene. Yo me considero más optimista que pesimista con las consecuencias de la inteligencia artificial en el empleo, porque creo que va a transformar más que destruir.

Tenemos que estar todos muy preparados para poder conocer cuanto antes el marco de derechos fundamentales que vienen a protegernos como ciudadanos y sobre todo como trabajadores de los efectos perniciosos que tiene la inteligencia artificial. Y creo que es clave que, en el ámbito de la Unión Europea, nos podemos sentir afortunados porque el legislador europeo, con el Reglamento de Inteligencia Artificial, lo que ha venido es a garantizarnos un marco, como digo, de derechos y garantías para que la inteligencia artificial sea más bien un aliado que un enemigo.

P: ¿España está preparada a nivel normativo para estos cambios que traerá la digitalización en el entorno laboral?

R: Curiosamente España es un país pionero en un aspecto fundamental que otros países nos alaban y es que ha sido el país que primero ha regulado el derecho de los representantes de los trabajadores a ser informados del algoritmo que se utilice para tomar decisiones en el mundo de los trabajadores.

Creo que España, precisamente, es uno de los países que más interesados está en en adelantarse al impacto que va a tener la inteligencia artificial, la robotización, todo lo que tiene que ver con la digitalización en el mundo del empleo. Y desde esa perspectiva no me preocupa tanto, creo que vamos a estar y estamos dando pasos para avanzar en esa línea.

Evidentemente, siempre hay cosas que mejorar. Por ejemplo, en la fórmula del despido por causas tecnológicas, España se queda un poco obsoleta. Y es algo que hay que reivindicar. Pero más allá de eso, creo que España está haciendo sus deberes. Y además, con orgullo por decir que somos buenos rompedores en la tendencia internacional.

P: ¿Ha aumentado la conflictividad laboral en España en los últimos años?

R: La conflictividad ha subido como la espuma. Tanto antes, como después del COVID. Porque la pandemia conllevó una explosión de una nueva normativa que nos arrasó a todos, que fueron los ERTES. Estos trajeron un torrente normativo que no ha cesado. Cualquier ley da lugar a litigiosidad, pero si encima coincide simultáneamente en el tiempo mucha normativa, se hace bola para las empresas y para los trabajadores, asimilarla, entenderla y comprenderla.

Y hay que entender que todos los conflictos de interpretación y aplicación de las normas desembocan necesariamente en los tribunales. Esto, unido al problema que arrastra la justicia laboral en nuestro país, ha hecho que colapse. Y mientras antes teníamos unos procedimientos laborales bastante ágiles, de manera que un conflicto a lo mejor en un año se solucionaba, ahora puede tardar hasta tres años en resolverse en los tribunales. Que es tremendo un despido que se ventile en tres años.

P: ¿En qué sectores se suelen registrar más conflictos?

R: Sectores no sabría decirte, pero desde luego que hay una pista que es donde los trabajadores están más sindicalizados. ¿Por qué? Porque los trabajadores están representados, tienen información, presionan mucho más a las empresas para que se cumplan la ley. Y si tienen dudas, pues acuden a los tribunales.

P: ¿En qué tipo de empresas suelen darse más estos despidos no procedentes o incluso nulos? ¿Quizás las más grandes son las que se aprovechan de que tienen más dinero y no les importa pagar indemnizaciones?

R: No te creas. Yo creo que el grado de cumplimiento es mayor en las empresas grandes que en las empresas pequeñas. Los datos no me los sé y ni siquiera creo que el Consejo General del Poder Judicial haya podido medir eso, pero sí hay una percepción de que las grandes empresas cumplen más las normativas. Están mucho más controladas y, precisamente, porque tienen más sindicalización. Y eso da pie a que sufran mayores campañas de inspección y se limite más cualquier abuso o cualquier desviación en la aplicación de una norma.

Algunos países europeos como Suiza, Alemania o Islandia son conocidos por su economía: los trabajadores suelen tener salarios significativamente más altos que en España, por lo que cada vez son más las personas que se marchan a vivir a uno de estos sitios. Persiguen el objetivo de encontrar un empleo mejor remunerado y poder ahorrar algo de dinero antes de regresar a España. Sin embargo, también es destacable el coste de vida: en estos lugares, el gasto por los alquileres, la comida u otros servicios también es más alto, por lo que conviene valorarlo antes de tomar la decisión de marcharse a trabajar al extranjero.

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Trabajo informó sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España: el incremento del 4,4 % sitúa la cantidad en 1.184 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento de 50 euros con respecto a la cuantía fijada para el año anterior. Este aumento, que no ha estado exento de polémicas (por la obligación de tributar por el IRPF de las personas que reciben el SMI), beneficia a más de 2,5 millones de trabajadores.

Este sueldo mínimo difiere de la situación que existe en otros países europeos, como es el caso de Islandia, donde los salarios son generalmente más altos, atrayendo cada año a multitud de españoles que buscan nuevas oportunidades laborales.

Sueldo mínimo en Islandia

Es importante destacar que en este país europeo no hay un salario mínimo nacional establecido por ley: los sueldos se determinan mediante acuerdos colectivos que negocian los sindicatos y que dependen del sector y del tipo de trabajo. Sin embargo, es cierto que las remuneraciones son generalmente más altas en comparación a otros países europeos y esto en parte es debido a que los convenios permiten que estas cantidades sean justas y aseguren que los trabajadores con salarios base ganen lo suficiente para cubrir los altos costes de vida del país.

Por ejemplo, en 2024, el sueldo mínimo negociado en algunos sectores rondaba las 368.000 coronas islandesas al mes, lo que es actualmente unos 2.500 euros. Además, el salario promedio en trabajos dedicados a la hostelería y la restaurante se encuentra aproximadamente en las 400.8000 ISK mensuales (alrededor de 2.700 euros). Es importante destacar, sin embargo, que de esta cantidad deben descontarse los impuestos, que son bastante altos en Islandia y en 2025 se aplican en tres tramos:

• 31,48 % para ingresos inferiores a 446.136 ISK mensuales (menos de 3062,02 euros)
• 37,98 % para ingresos entre 446.136 y 1.252.501 ISK mensuales (entre 3062,02 y 8596,44 euros)
• 46,28 % para ingresos superiores al 1.252.501 ISK mensuales (más de 8596,44 euros).

Pese a que estas obligaciones fiscales son cuantiosas, los trabajadores (incluidos los migrantes) pueden aplicar el crédito fiscal personal de 64.926 ISK al mes (lo que son 445 euros), por lo que se reduce el coste total de los impuestos. Además, también se obtienen beneficios sociales importantes.

Tal y como ocurre con otros países como Suiza, pese a que los salarios sean significativamente más altos en comparación a los españoles, también lo es el coste de vida, pudiendo superar los 1.800 euros mensuales entre gastos de alquiler, comida, transporte y extras.

El debate sobre la tributación en España ha puesto en evidencia un problema estructural: gran parte de la población percibe ingresos tan bajos que no alcanza el umbral mínimo para contribuir al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, si lo hace, tributa un porcentaje muy bajo.

Esta realidad está directamente relacionada con la estructura salarial del país, donde el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha convertido en el sueldo de referencia para un elevado número de trabajadores.

Un mercado laboral marcado por el SMI

Según el economista Rafael Doménech, en un artículo publicado en BBVA, aproximadamente un 13% de los trabajadores en nuestro país gana el SMI, una cifra mayor que en países como Francia, Italia o Portugal. Además, el salario más frecuente en España es muy similar al SMI, lo que genera dificultades para la recaudación fiscal y limita el crecimiento económico.

La dependencia de los bajos salarios no solo afecta a los trabajadores, sino también a la sostenibilidad del sistema tributario. Con una parte tan grande de la población exenta de pagar el IRPF, la carga fiscal recae de manera desproporcionada sobre quienes tienen rentas más altas. De hecho, según Doménech, el 10% con mayores ingresos aporta el 55% de la recaudación total, mientras que la mitad de los declarantes en su conjunto solo contribuyen un 3%.

El diseño del IRPF también genera problemas para aquellos que logran superar ligeramente el umbral de tributación. En algunos casos, según Doménech, quienes reciben aumentos salariales apenas ven reflejada la mejora en su poder adquisitivo, ya que hasta un 45% del incremento puede terminar destinado al pago del impuesto. Esta situación, similar a la carga fiscal que enfrentan los contribuyentes con rentas más altas, desincentiva la mejora salarial y dificulta la movilidad social.

El impacto en la recaudación fiscal

Además de la estructura salarial, la distribución de la carga fiscal refuerza la desigualdad en el sistema tributario. Tal y como ha comentado el ingeniero y analista Jon González desde su perfil de X (@jongonzlz), el 40% de los contribuyentes con menores rentas no paga el IRPF, lo que pone de manifiesto no solo la progresividad del sistema, sino también el hecho de que una gran parte de la población tiene ingresos demasiado bajos para tributar.

A su vez, el 5% con mayores ingresos asume el 40% de la recaudación total. “Si pusiéramos a un recaudador de impuestos a recorrer de menor a mayor renta los hogares de España para recaudar el impuesto, a mitad del camino solamente tendría el 3% de su saco lleno”, ha explicado.

Para corregir estas distorsiones, Doménech propone reformas en el sistema fiscal que permitan una transición más gradual entre tramos de renta, evitando que pequeños aumentos salariales impliquen un salto abrupto en la tributación. Además, se plantea la necesidad de elevar los salarios de manera significativa para que la mayoría de los trabajadores pueda situarse por encima del SMI.

La reforma del IRPF, según él, no solo podría corregir las ineficiencias actuales, sino también contribuir a una distribución más equitativa del esfuerzo fiscal. En un contexto en el que el país busca mejorar la calidad del empleo y fomentar el crecimiento económico, contar con un sistema tributario que no penalice el progreso económico de los trabajadores con rentas bajas sería la clave para garantizar una fiscalidad más justa y sostenible.

El fútbol español continúa dando pasos de gigante. Durante el pasado mes de agosto, se llegó a un acuerdo para profesionalizar la Primera RFEF. La aprobación de un nuevo convenio colectivo, que entró en vigor a partir del inicio de la temporada 2024/25, establece por primera vez un salario mínimo para los jugadores de esta división. Este acuerdo representa un hito en la historia de la competición, que busca consolidarse como una categoría profesional dentro del sistema futbolístico español.

El convenio fija un sueldo mínimo anual de 30.000 euros brutos para los futbolistas con contrato a tiempo completo. En el caso de los jugadores con contrato a tiempo parcial, el salario mínimo será de 15.000 euros brutos al año. Además, el acuerdo contempla la actualización de estas cifras en función del Índice de Precios al Consumo (IPC) en temporadas posteriores, lo que garantiza una mejora progresiva en las condiciones económicas de los deportistas.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), bajo la presidencia de Luis Rubiales en 2021, impulsó una profunda reestructuración del sistema de ligas en España. Este proceso incluyó la eliminación de la antigua Segunda B, que estaba compuesta por cuatro grupos de 20 equipos, sumando un total de 80 clubes. En su lugar, se creó la Primera RFEF, una categoría con solo 40 equipos divididos en dos grupos de 20, con el objetivo de reducir la cantidad de participantes y elevar el nivel competitivo.

Esta reestructuración también dio lugar a la creación de la Segunda RFEF, una categoría intermedia con 90 clubes que actúa como una barrera entre la Primera RFEF y las divisiones regionales. La intención detrás de estos cambios era permitir que solo las instituciones más sólidas, tanto deportiva como económicamente, pudieran acceder a la nueva categoría de bronce, con miras a su eventual profesionalización.

Perspectivas para el futuro

Con la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo en la temporada 2024/25, la Primera RFEF se posiciona como una categoría en transición hacia el profesionalismo. La actualización anual de los salarios mínimos en función del IPC asegura que las condiciones económicas de los jugadores se mantendrán en línea con la inflación, lo que representa un compromiso a largo plazo con la mejora de la competición.

No obstante, el éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la capacidad de los clubes para adaptarse a las nuevas exigencias económicas y de la gestión de la RFEF para consolidar la categoría como un referente dentro del fútbol español. Mientras tanto, el debate sobre el modelo ideal para la tercera división del fútbol masculino en España sigue abierto, con opiniones divididas entre quienes apoyan la actual estructura y quienes abogan por un regreso al sistema anterior. En cualquier caso, la aprobación del convenio colectivo marca un antes y un después en la historia de la Primera RFEF, sentando las bases para su profesionalización y fortaleciendo su papel dentro de la pirámide del fútbol español. El fútbol español continúa avanzando y este convenio es prueba de ello.

En los últimos años, el salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha experimentado varios aumentos. Este 2025, para sorpresa de muchos, siguió incrementándose hasta alcanzar una nueva cifra: 1.184 euros mensuales en 14 pagas o 16.576 euros anuales. Si la distribución se realiza de forma equitativa, en 12 pagas, estas serán de 1.381 euros mensuales para empleados a jornada completa. En caso de que sea inferior, ese salario mínimo será proporcional al tiempo trabajado.

A través Ministerio de Trabajo, el pasado 11 de febrero, se hizo oficial la subida del salario de los trabajadores un 4,4% más anual: “la función es garantizar una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores y las de sus familias”. Esto supone 50 euros mensuales más o 700 al año, respecto al pasado 2024, según señala la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado en el Real Decreto 87/2025.

Pese a que los empleados pueden recibir esta noticia con júbilo, la decisión, promovida por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también obtuvo críticas por parte de la patronal, ante el temor de no poder afrontar el nuevo gasto. Según un estudio del Banco de Italia y la Universidad de Zurich, la concentración empresarial provoca que las industrias más grandes puedan afrontar esta subida. En cambio, las empresas pequeñas podrían salir perjudicadas. Se establece que 1 de cada 5 se verá obligada a cerrar.

Cuánto se cobra por horas o días

El incremento del salario depende del tipo de trabajo y las cifras pueden variar. Según Moncloa, para un empleado eventual o temporero, “cuyos servicios no superen los 120 días en una misma empresa”, el mínimo se establece en 56,08 euros por jornada. A esto se sumaría “la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda persona trabajadora”.

Por su parte, las empleadas del hogar que trabajen por horas cuentan con una cifra diferente. Se establece que a partir de este 2025, estas trabajadoras cobrarán mínimo 9,26 euros por hora. Además, Trabajo también señala que la medida, aprobada por el Consejo de Ministros, se aplicará con carácter retroactivo. Es decir, desde el 1 de enero de 2025 en adelante.

Según cifras del Ministerio de Trabajo, 2,3 millones de personas se benefician directamente de esta medida. De ellas, el 26,8% son jóvenes, de entre 16 y 24 años. Por sectores, también beneficia a un 31% de empleados en el sector agrícola, un 14,3% en servicios, un 5,9% en la industria y un 3,4% en el sector de la construcción.

Evolución del salario mínimo

Este acuerdo, alcanzado junto a las organizaciones sindicales mayoritarias, CCOO y UGT, ha ido evolucionando desde 2019. Fue en este año cuando se aprobó subir el salario mínimo de 735,9 euros a 900, “el mayor aumento interanual”, un 22,3%, según el Ministerio de Trabajo.

Cinco años después, en 2024, el ingreso mínimo llegó a los 1.134 euros, aunque había ido aumentando paulatinamente en los períodos anteriores. Para este último año también se fijó el nuevo incremento del 4,4% más, lo que supone una subida del 61% respecto a 2018.

Jesús Soriano es camarero desde que tiene 15 años e influencer desde hace unos pocos años. Aunque empezó a ejercer la profesión por necesidad, hoy asegura que, a sus 31, sigue ejerciéndola “por pasión”. Es el rostro detrás de SoyCamarero, una cuenta a través de la cual denuncia situaciones de abuso en el sector de la hostelería y se ha erigido, de su propia mano, como pregonero de todas las injusticias en la industria que se le hacen llegar.

Pocas personas habrá, por las propias y por todas las que le han contado, que acumule tantas anécdotas y experiencias en el mundillo de la hostelería como Jesús. Entre clientes que se toman demasiado a pecho lo de tener siempre la razón y jefes que prefieren hacer como que el Estatuto de los Trabajadores es ficción, SoyCamarero tiene para todos. Con sus más de 160.281 seguidores en Twitter (ahora X), y sus 441 mil de Instagram, SoyCamarero es tan prolífico que es preocupante: saca caso tras caso y todos dejan clara la arrogancia de algunos y el esclavismo de otros, con eso de querer sacar negocio a costa de estirar al máximo - o más - la precariedad de otros, si total, “mi bar es mío”.

Trabajar en 2025 con sueldos de 2008

Una de las últimas, publicada en su perfil de Twitter, no se queda nada corta. Se trata de una captura de una conversación de Whatsapp, un tanto breve y que empieza de lleno en el nudo: “Evidentemente voy a comentar este caso en la inspección de trabajo. Buenos días”, se lee en el primer mensaje de la conversación, enviado por quien puede asumirse es el empleado. Un seco “haz lo que consideres conveniente” de la otra parte de la conversación deja claro el tono. Aunque no revela de qué se estaba hablando, se intuye que debía ser una queja por las condiciones laborales en el puesto.

Al día siguiente, en vista del desinterés de su empleador, el trabajador vuelve a escribir: “Me habéis pagado la hora a 3,80 €“. Y dando gracias, por lo que parece. Aunque las cantidades salariales finales dependen del convenio específico de la industria, hay algo que está claro: no hay que haberse leído el BOE para saber que 3,80 euros queda muy por debajo de lo establecido como Salario Mínimo Interprofesional, que desde este 2025 es de 9,26 euros/hora (con pagas prorrateadas). Esos 3,80 euros viene a ser lo que se cobraba por hora hace 17 años, según Statista, y desde entonces la inflación ha subido en un 38%. No hace falta saber de economía para entender que se trata de un sueldo insuficiente, se mire por donde se mire.

Pero es que, además, el empleador no parece ni tener en cuenta la crítica; o al menos la debe tener bien justificada para sí mismo, aunque deja muy claro que o no entiende la ley o cree que el trabajador la desconoce, porque la explicación que da para pagar esa cantidad es que “la seguridad social no es gratis y si tienes alguna duda aquí tienes la nómina”.

Habría que ver esa nómina, porque para cobrar 3,80 euros la hora o algo tiene que estar fallando - si se da el beneficio de la duda - o se está cayendo en ilegalidades. Por suerte, si el trabajador denuncia la situación, lo más probable es que el empresario salga escarmentado: los autónomos o negocios que paguen algún salario por debajo del mínimo que establece la ley pueden enfrentarse a la obligación de tener que pagar al trabajador todo lo que se le debe, además de a un recargo del 35% en las cuotas no abonadas a la Seguridad Social y a multas de hasta 7.500 euros por trabajador.

Los empleados del hogar, o trabajadores del hogar, son aquellas personas que se dedican profesionalmente a realizar un abanico de tareas domésticas en el hogar de otras personas a cambio de un salario. Sus labores pueden incluir desde la limpieza, la cocina, el cuidado de niños o personas mayores, hasta la gestión de lavandería, planchado, o compra de alimentos, entre otras tareas. Es uno de los sectores más informales en cuanto a la regulación de condiciones y salarios, aunque en los últimos años se han aplicado varias reformas. Aunque la ley establece los mínimos que pueden cobrar los trabajadores de esta industria, los empleadores y empleados deben alcanzar los acuerdos específicos sobre las condiciones del trabajo, la jornada laboral, las responsabilidades específicas y las horas trabajadas.

El salario mínimo de los y las trabajadoras del hogar

Al igual que con el resto de industrias, la cuantía total a percibir por el ejercicio de las funciones específicas se basa en varios factores. El primero de ellos es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que no siempre es una cifra definitiva. Esto se debe, en este caso particular, a que las y los empleados de hogar tienen una regulación propia que establece todos los criterios que determinarán su salario. Debido a que, este 2025, el SMI ha subido en un 4,4% en 2025 desde el 2024 y un 61% desde 2018, según Onda Cero.

Otro de los factores a contemplar son las condiciones laborales específicas de los trabajadores en esta industria, de acuerdo con Cuestiones Laborales (una página web cuya especialidad es bastante intuitiva). Esto incluye su jornada laboral (completa o parcial), su antigüedad en el puesto, las tareas a completar y el número de personas a su cargo (en caso de cuidar niños o personas dependientes). Un contrato a jornada completa implicará un salario superior al que supone un contrato de jornada parcial. Del mismo modo, la complejidad de las funciones a realizar puede justificar una mayor remuneración.

En algunos sectores - como el de la asistencia a personas mayores - existen convenios colectivos concretos que especifican los salarios mínimos y las condiciones de trabajo de los empleados. Sin embargo, la mayoría de trabajadores de la industria de empleados del hogar no están cubiertos por ningún convenio colectivo específico, por lo que los acuerdos a los que deben llegar con sus empleadores serán cruciales.

Este 2025, el Salario Mínimo Interprofesional en España ha subido a los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagar - un total de 16.576 euros brutos anuales -, lo que representa un aumento del 4,4% con respecto al año anterior, el cual se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025.

Del mismo modo, se han establecido una serie de valores mínimos: el SMI diario será siempre igual o superior a 39,47 euros; el SMI por jornada legal de trabajo, de 56,08 euros; así como el SMI por hora específico para empleados/as del hogar, que es de 9,26 euros la hora.

Sin embargo, a pesar de esto, a diferencia de en años anteriores, este 2025 no se ha incrementado el umbral mínimo exento del pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esto significa que el límite de ingresos exentos de tributación se ha mantenido en los 15.876 euros anuales, lo que supone que algunos trabajadores receptores del SMI podrían, por primera vez, estar sujetos a retenciones por ese IRPF.

En resumen: el salario bruto de un trabajador de esta industria es de 1.381 euros mensuales en caso de trabajar 40 horas semanales y cobrar en 12 pagas; y de 1184 euros mensuales en caso de cobrar en 14 pagas. Los netos respectivos son de 1293,20 euros mensuales en el primer caso y de 1095,87 euros en el segundo. Por su parte, las jornadas inferiores a 40 horas semanales se calculan de manera proporcional al SMI (de 9,26 euros la hora), y la cotización siempre se calcula según la base de la misma, independientemente de que se abone en 12 o 14 pagas.

A ningún trabajador le puede parecer mal que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). ¿Quién no está dispuesto a que su empresa le pague más? Pero hay un problema: no es lo mismo que una gran entidad bancaria o un supermercado se vea obligada a aumentar sueldos a que lo haga una pequeña tienda de barrio en la que el dueño es uno más del equipo. Esta es una de las quejas de las personas que poseen pequeños negocios y sienten que pagar 1.184 euros mensuales en 14 pagas a sus trabajadores les ahoga (dignidad aparte). Y tienen razón, según un estudio que habla del “canal de concentración” un fenómeno según el cual un incremento en el SMI afecta de manera desigual a empresas de distintos tamaños, beneficiando a las grandes a expensas de las pequeñas.

Se trata de una investigación reciente, todavía no publicada, que han llevado a cabo el Banco de Italia y la Universidad de Zúrich y que analiza cómo los cambios en este salario impactan en los mercados laborales y de productos. Los resultados indican que un aumento del SMI provoca un desplazamiento de trabajadores desde pequeñas empresas, que suelen estar más afectados por los costes, hacia grandes compañías. Las pequeñas empresas, incapaces de absorber los nuevos costes salariales, enfrentan una presión adicional sobre sus márgenes de ganancia, lo que puede derivar en despidos o cierre total. Por otra parte, las grandes compañías no solo logran estabilizar su posición en el mercado, sino que ven incrementado su cuota gracias al cierre de competidores más pequeños. Con el tiempo, esto les permite ejercer mayor poder de mercado, aumentar los precios y obtener mayores márgenes de beneficio.

“El canal de concentración es la razón por la que a las grandes empresas les gusta tanto el salario mínimo”, explica Lorenzo Pesaresi, doctor en Económicas en la Universidad de Zurich y autor del estudio junto a Salvatore Lo Bello, economista del Banco de Italia. Una de las principales conclusiones del estudio es que una de cada cinco empresas que paga menos de lo que sería el nuevo SMI se ve obligada a cerrar. Como resultado, mientras que el empleo global disminuye, se produce una concentración de trabajadores en empresas grandes con capacidad de pagar salarios más altos.

“Lo que los trabajadores ganan con salarios más altos puede perderse con precios más altos. Pero ¿qué tan fuerte es el canal de concentración? ¿Cuándo debemos preocuparnos por aumentar el salario mínimo?“, se pregunta. Y esto es lo que han tratado de resolver en la investigación y vamos a analizar.

Impacto del SMI en la redistribución de empleados

El estudio se basa en un modelo teórico que incorpora mercados laborales con fricciones y mercados de productos oligopólicos. Este enfoque permite capturar dos elementos clave: el ajuste de los trabajadores entre empresas según su productividad y el impacto consecuente en los márgenes de precios y salarios. A partir de datos administrativos sobre seguridad social y estadísticas empresariales italianas, los investigadores simulan diferentes niveles de SMI y su efecto en la economía.

Uno de los hallazgos principales es que la aplicación de un SMI fuerte puede generar beneficios limitados en términos de redistribución salarial, pero con costes evidentes en empleo y competitividad. Según el informe, las pequeñas empresas reaccionan recortando puestos de trabajo o cerrando sus puertas, mientras que solo las grandes tienen la capacidad de adaptarse, integrando a los trabajadores desplazados.

Mayor concentración y aumento de precios

La reconfiguración del mercado no solo afecta al empleo. Tras ser absorbidos por grandes empresas, los trabajadores generan un impulso en la productividad laboral y una ganancia marginal en términos de valor añadido a la economía. Sin embargo, estos efectos positivos quedan limitados por el impacto adverso en los precios. Las grandes empresas, al consolidar cuotas de mercado mayores tras la salida de competidores, ganan poder para incrementar sus márgenes de precios y negociar condiciones más favorables. Este fenómeno, que los investigadores denominan “canal de concentración”, ilustra cómo la implementación de SMI puede exacerbar el poder de mercado entre los líderes del sector, lo que, a su vez, reduce la competitividad general y puede perjudicar al consumidor.

Un ejemplo destacado es la industria fabricante, que muestra los mayores efectos de aumento de precios tras una subida del SMI. La razón principal detrás de este resultado es que este sector concentra algunas de las estructuras de mercado más oligopólicas dentro de la economía. Según los modelos presentados, un aumento del índice de concentración del mercado de un desvío estándar se traduce en una elasticidad un 24% mayor a los precios tras la subida del SMI.

El umbral óptimo del salario mínimo

Otro hallazgo del informe es que los beneficios de un SMI no aumentan indefinidamente. Existe un nivel “óptimo” de salario mínimo que permite maximizar los beneficios sociales—como el valor agregado de la economía y la reducción de la desigualdad—sin generar costes económicos excesivos. En el caso estudiado, este valor óptimo equivale al 70% de la mediana salarial actual, nivel que afecta al 10% de los trabajadores. Por encima de este umbral, los beneficios comienzan a frenarse debido al aumento del desempleo y la intensificación de los efectos del “canal de concentración”. Esto implica advertencias claras para las propuestas políticas que buscan aumentar el SMI a niveles extraordinariamente altos como una forma de combatir la desigualdad: si bien la intención redistributiva es válida, los efectos secundarios podrían empeorar el bienestar general por un aumento de la concentración de mercado y la pérdida de empleo entre los grupos más vulnerables.

El informe sostiene, sin embargo, que si el poder de mercado de las empresas fuera totalmente exógeno—es decir, si grandes empresas no tuvieran la capacidad de aumentar márgenes de precios en respuesta a la menor competencia—los efectos negativos serían mucho menores y el SMI óptimo podría situarse en niveles algo más altos, hasta un 75% de la mediana salarial.

Políticas para no perjudicar a las pymes

El estudio sugiere que se deben encontrar mecanismos para mitigar estos efectos secundarios. Por ejemplo, reformas específicas para apoyar a las empresas pequeñas, mediante subsidios temporales o incentivos fiscales, podrían ayudar a evitar los riesgos de cierres en masa. Asimismo, el monitoreo efectivo de los precios en sectores clave, como fabricación o servicios, podría garantizar que los consumidores no sufran el impacto adicional de un aumento en los márgenes de precios de las grandes empresas.

Por lo tanto, mientras que la idea general detrás de las subidas del SMI cuenta con un apoyo significativo en términos sociales, este informe sugiere un enfoque cauteloso, basado en el equilibrio entre beneficios redistributivos y riesgos asociados. El panorama es claro: sin ajustes complementarios, las grandes empresas comenzarán afianzando su poder mientras que las pequeñas se enfrentan a un futuro incierto.