Hugo Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y figura clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que denuncia la existencia de una “guerra narco-terrorista” orquestada desde Caracas contra Estados Unidos.

El documento, publicada por Dallas Express a través del abogado de Carvajal, Robert Feitel, expone por primera vez de manera pública las advertencias del ex general venezolano tras declararse culpable este año en un tribunal federal estadounidense por cargos de narco-terrorismo.

En la misiva, Carvajal, conocido como “El Pollo”, sostiene que el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en una “organización narco-terrorista” que, de forma deliberada, dirige sus acciones contra Estados Unidos. Según sus palabras, el régimen venezolano ha utilizado la cocaína como arma, colaborando con grupos como las FARC, el ELN, la inteligencia cubana y Hezbollah, y ha facilitado la expansión de redes criminales violentas, entre ellas el Tren de Aragua, en territorio estadounidense. Carvajal afirma que tanto la inteligencia venezolana como la cubana han infiltrado instituciones estadounidenses durante dos décadas, incluyendo instalaciones militares, y que el sistema electoral Smartmatic fue desarrollado en Venezuela como herramienta de manipulación electoral, exportándose posteriormente a otros países.

El ex jefe de inteligencia, extraditado desde España tras una prolongada persecución internacional, explica que su objetivo al escribir la carta es “redimirse” y alertar a la sociedad estadounidense sobre lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el Estado venezolano. Carvajal subraya su apoyo a las políticas de Trump hacia Venezuela y manifiesta su disposición a proporcionar más detalles a las autoridades federales.

En su relato, Carvajal detalla cómo presenció la transformación del gobierno de Chávez en una organización criminal, actualmente liderada por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios. Describe la existencia del Cartel de los Soles, una red de oficiales militares venezolanos acusados de utilizar el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. Según Carvajal, “los cargamentos de drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción ni obra de traficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”.

El ex general atribuye el origen de este plan al régimen cubano, que lo habría sugerido a Chávez a mediados de la década de 2000, y asegura que la estrategia se ejecutó con éxito gracias a la colaboración de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. Afirma que el régimen venezolano proporcionó armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones para operar libremente desde Venezuela contra Estados Unidos.

Carvajal también revela la génesis y expansión del Tren de Aragua, una organización criminal que, según él, fue organizada y armada por orden de Chávez para proteger al régimen, reclutando líderes criminales dentro y fuera de las cárceles a cambio de impunidad.

Tras la muerte de Chávez, Maduro habría ampliado esta estrategia, exportando criminalidad y caos al extranjero para atacar a exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad interna. Carvajal sostiene que, cuando la política de fronteras abiertas de la administración Biden–Harris se hizo conocida, el régimen aprovechó para enviar a estos operativos a Estados Unidos, donde ahora cuentan con personal armado y obediente.

“Para financiar sus operaciones, se les instruyó explícitamente a continuar secuestrando, extorsionando y matando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen”, afirma Carvajal en la carta proporcionada a The Dallas Express.

En materia de espionaje, Carvajal relata que fue testigo de la llegada de agentes rusos a Caracas para proponer a Chávez la intervención de cables submarinos de internet que conectan Sudamérica y el Caribe con Estados Unidos, con el objetivo de penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense.

En 2015, advirtió a Maduro sobre el riesgo de permitir que la inteligencia rusa construyera y operara una estación de escucha secreta en la isla La Orchila, pero sus advertencias fueron ignoradas. Carvajal asegura que durante veinte años el régimen venezolano envió espías a Estados Unidos, muchos de los cuales aún permanecen en el país, algunos incluso disfrazados de miembros de la oposición venezolana. Según su testimonio, la inteligencia cubana le mostró sus redes dentro de bases navales estadounidenses en la costa este y se jactó de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de los cuales ahora son políticos de carrera.

El ex jefe de inteligencia va más allá y acusa a diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA de haber recibido pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder, actuando como espías para Cuba y Venezuela, y asegura que algunos de ellos siguen activos.

Respecto al sistema electoral, Carvajal sostiene que Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano y evolucionó para perpetuarlo en el poder. Afirma que él mismo colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su cargo y que este le reportaba directamente.

“El sistema Smartmatic puede ser alterado —esto es un hecho. Esta tecnología fue exportada posteriormente al extranjero, incluyendo a Estados Unidos. Los operadores del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación dentro de su país. No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software, y se ha utilizado para hacerlo”, escribió Carvajal en la carta entregada a The Dallas Express.

El ex general advierte a la sociedad estadounidense sobre el peligro de permitir que una organización narco-terrorista opere libremente en el Caribe y América Latina, financiando el antiamericanismo en el continente y facilitando las operaciones de otras organizaciones terroristas y enemigos de Estados Unidos tanto en Venezuela como dentro de sus fronteras.

“El régimen que serví no es simplemente hostil: está en guerra con ustedes, utilizando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”, afirma Carvajal, quien respalda las políticas de Trump contra el régimen de Maduro y considera que “no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza”.

Añade que el régimen cuenta con planes de contingencia para cualquier escenario extremo con el fin de no perder el control.

Carvajal concluye reiterando su apoyo a la política de Trump hacia Venezuela, argumentando que se trata de una acción en defensa propia y basada en la verdad, y se declara dispuesto a proporcionar información adicional al gobierno estadounidense.

El impacto de estas declaraciones ha generado reacciones en distintos ámbitos. El secretario de Estado Marco Rubio declaró en el programa Hannity que “el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Lo que es, es una organización de transbordo… que permite que la cocaína y otras drogas se muevan por Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos”.

Actualmente, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro, cifra anunciada públicamente por la fiscal general Pam Bondi a comienzos de este año.

Según The Dallas Express, Carvajal ha manifestado su disposición a proporcionar detalles adicionales a las autoridades estadounidenses, incluso en sesiones clasificadas. Si los fiscales federales consideran que su cooperación constituye una “asistencia sustancial”, podría beneficiarse con una reducción de su condena.

De confirmarse sus dichos, la información aportada por Carvajal podría modificar la política estadounidense hacia Venezuela, fortalecer los procesos judiciales en curso por narco-terrorismo y arrojar nueva luz sobre las operaciones de inteligencia extranjera en el hemisferio occidental.

El seguimiento de esta situación involucra a líderes del Congreso, gobiernos sudamericanos y agencias de inteligencia estadounidenses, que observan de cerca las posibles repercusiones de las revelaciones de Carvajal.

Robert Feitel, el abogado de “El Pollo” desde 2024, en el ámbito de la defensa penal afirma tener una combinación de experiencia en procesos internacionales y una dedicación a la representación de acusados en casos de alta complejidad. Tras más de dos décadas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Feitel asumió el papel de abogado principal en más de ochenta juicios penales y participó en miles de procedimientos judiciales, lo que le permitió adquirir conocimiento en áreas como el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, el fraude postal y electrónico, las investigaciones financieras complejas y los delitos violentos relacionados con pandillas.

Las autoridades federales presentaron evidencia sobre una supuesta casa que Piñate, quien afronta un juicio por lavado de dinero y sobornos, transfirió a Lucena Ramírez una casa en Caracas entre abril y julio de 2019, según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida disponibles este martes.

El acusado entregó la residencia, "una casa de clase media alta con una piscina que Piñate poseía y controlaba mediante una corporación extranjera", para que la entonces funcionaria ayudase a dirimir un conflicto con el Gobierno tras el conteo electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, describe la acusación.

"A cambio de la ayuda de Lucena Ramírez con el estatus de la compañía como proveedor de servicios electorales en Venezuela, el acusado Piñate sobornó a Lucena Ramírez con las escrituras y el uso de una residencia en Caracas", señala el documento, que incluye tres imágenes de la casa.

Smartmatic y el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro se enfrentaron tras las elecciones legislativas de 2017, cuando la firma reportó una diferencia de un millón de votos entre las cifras de la participación real y la que proclamó el chavismo, lo que derivó en la salida de la compañía del país en marzo de 2018.

La Administración de Maduro suspendió los pagos y los contratos de Smartmatic, que había prestado servicios de máquinas de votación y otros relacionados de 2004 a 2018, por lo que buscó la ayuda de Lucena Ramírez, presidenta del CNE de 2006 hasta 2020.

"Al final, Lucena Ramírez tomó control de la residencia, y el Gobierno (de Estados Unidos) intenta probar y argumentar que esto implicó un pago de soborno para su ayuda en negocios relacionados con la elección mientras ella estaba empleada en el CNE", indica el documento judicial estadounidense.

Las pruebas se presentan como parte de un caso más amplio contra el fundador de Smartmatic, empresa con sede en Londres que ha prestado servicios a entes electorales de países como Venezuela, México y Estados Unidos.

El caso central indica que Piñate y sus presuntos cómplices, el estadounidense Jorge Miguel Vásquez, el estadounidenseisraelí Elie Moreno y el filipino Juan Andrés Donato están acusados de haber participado en un supuesto plan de sobornos para obtener contratos para las elecciones filipinas de 2016.

En Estados Unidos, Smartmatic ganó notoriedad por demandar por 2.700 millones de dólares a la cadena Fox por difamación, por falsas informaciones en las que se vinculaba a la empresa con el supuesto fraude electoral de 2020, denunciado sin pruebas por el presidente Donald Trump. EFE

Tegucigalpa, 8 nov (EFE).- Movimientos de los tres partidos mayoritarios de Honduras presentaron este viernes sus listas de precandidatos para cargos de elección popular en los comicios primarios e internos que se celebrarán el 9 de marzo de 2025, previo a las generales del 30 de noviembre de ese mismo año.

Entre los aspirantes a la candidatura presidencial de sus partidos figuran la actual secretaria de Defensa, Rixi Moncada, por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), y la exprimera dama Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien este año fue condenado en Nueva York a 45 años de cárcel, por narcotráfico, por el Partido Nacional.

Una de los hijos de la expareja presidencial (2014-2022) también buscará una candidatura para diputada al Parlamento hondureño por el Partido Nacional, primera fuerza de oposición.

Los movimientos internos presentaron sus listados ante las autoridades de sus partidos, siendo Libre el que cuenta con más aspirantes.

Por Libre presentaron sus precandidaturas once movimientos políticos, de los que diez respaldan a Rixi Moncada.

Libre surgió en 2011, dos años después del derrocamiento del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.

Zelaya, esposo, y ahora asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, es el coordinador general de Libre.

El Partido Nacional participará en las elecciones primarias e internas con seis movimientos, uno de ellos encabezado por el exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, quien en los comicios generales de 2021 fue el candidato de esa misma centenaria institución. Asfura busca por segunda vez consecutiva la Presidencia del país.

Por el también centenario Partido Liberal participarán cinco movimientos en el proceso del 9 de marzo de 2025, entre los que figura como aspirante a la candidatura presidencial Salvador Nasralla, después de haber buscado el poder sin éxito en otros partidos que él fundó, el Anticorrupción (PAC) y Salvador de Honduras (PSH).

Los principales contendientes de Nasralla en el Partido Liberal son Maribel Espinoza y Jorge Cálix, ambos diputados ante el Parlamento hondureño.

Elección de la empresa que transmitirá los resultados

Después de un ambiente de incertidumbre, también fue electa la empresa Smartmatic, de origen venezolano, con capital estadounidense, que será la responsable de la transmisión de los resultados.

El anuncio de la empresa que transmitirá los resultados del 9 de marzo lo hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, a pocas horas de que finalizara hoy el plazo establecido por la ley.

Hoy también se vencía el plazo para la presentación de los listados de los movimientos de los tres partidos mayoritarios del país centroamericano.

En la oferta de licitación participaron tres empresas, de las que una se retiró.

Acompañada de los otros dos comisionados, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, la presidenta del CNE dijo que la elección de la empresa se ha hecho "con transparencia".

"Queremos asegurarle a la ciudadanía una empresa con experiencia comprobada" y "les reiteramos nuestro compromiso con la democracia del pueblo hondureño", subrayó López. EFE