Hugo Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y figura clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que denuncia la existencia de una “guerra narco-terrorista” orquestada desde Caracas contra Estados Unidos.

El documento, publicada por Dallas Express a través del abogado de Carvajal, Robert Feitel, expone por primera vez de manera pública las advertencias del ex general venezolano tras declararse culpable este año en un tribunal federal estadounidense por cargos de narco-terrorismo.

En la misiva, Carvajal, conocido como “El Pollo”, sostiene que el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en una “organización narco-terrorista” que, de forma deliberada, dirige sus acciones contra Estados Unidos. Según sus palabras, el régimen venezolano ha utilizado la cocaína como arma, colaborando con grupos como las FARC, el ELN, la inteligencia cubana y Hezbollah, y ha facilitado la expansión de redes criminales violentas, entre ellas el Tren de Aragua, en territorio estadounidense. Carvajal afirma que tanto la inteligencia venezolana como la cubana han infiltrado instituciones estadounidenses durante dos décadas, incluyendo instalaciones militares, y que el sistema electoral Smartmatic fue desarrollado en Venezuela como herramienta de manipulación electoral, exportándose posteriormente a otros países.

El ex jefe de inteligencia, extraditado desde España tras una prolongada persecución internacional, explica que su objetivo al escribir la carta es “redimirse” y alertar a la sociedad estadounidense sobre lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el Estado venezolano. Carvajal subraya su apoyo a las políticas de Trump hacia Venezuela y manifiesta su disposición a proporcionar más detalles a las autoridades federales.

En su relato, Carvajal detalla cómo presenció la transformación del gobierno de Chávez en una organización criminal, actualmente liderada por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios. Describe la existencia del Cartel de los Soles, una red de oficiales militares venezolanos acusados de utilizar el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. Según Carvajal, “los cargamentos de drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción ni obra de traficantes independientes; fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos”.

El ex general atribuye el origen de este plan al régimen cubano, que lo habría sugerido a Chávez a mediados de la década de 2000, y asegura que la estrategia se ejecutó con éxito gracias a la colaboración de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. Afirma que el régimen venezolano proporcionó armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones para operar libremente desde Venezuela contra Estados Unidos.

Carvajal también revela la génesis y expansión del Tren de Aragua, una organización criminal que, según él, fue organizada y armada por orden de Chávez para proteger al régimen, reclutando líderes criminales dentro y fuera de las cárceles a cambio de impunidad.

Tras la muerte de Chávez, Maduro habría ampliado esta estrategia, exportando criminalidad y caos al extranjero para atacar a exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad interna. Carvajal sostiene que, cuando la política de fronteras abiertas de la administración Biden–Harris se hizo conocida, el régimen aprovechó para enviar a estos operativos a Estados Unidos, donde ahora cuentan con personal armado y obediente.

“Para financiar sus operaciones, se les instruyó explícitamente a continuar secuestrando, extorsionando y matando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen”, afirma Carvajal en la carta proporcionada a The Dallas Express.

En materia de espionaje, Carvajal relata que fue testigo de la llegada de agentes rusos a Caracas para proponer a Chávez la intervención de cables submarinos de internet que conectan Sudamérica y el Caribe con Estados Unidos, con el objetivo de penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense.

En 2015, advirtió a Maduro sobre el riesgo de permitir que la inteligencia rusa construyera y operara una estación de escucha secreta en la isla La Orchila, pero sus advertencias fueron ignoradas. Carvajal asegura que durante veinte años el régimen venezolano envió espías a Estados Unidos, muchos de los cuales aún permanecen en el país, algunos incluso disfrazados de miembros de la oposición venezolana. Según su testimonio, la inteligencia cubana le mostró sus redes dentro de bases navales estadounidenses en la costa este y se jactó de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de los cuales ahora son políticos de carrera.

El ex jefe de inteligencia va más allá y acusa a diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA de haber recibido pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder, actuando como espías para Cuba y Venezuela, y asegura que algunos de ellos siguen activos.

Respecto al sistema electoral, Carvajal sostiene que Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano y evolucionó para perpetuarlo en el poder. Afirma que él mismo colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su cargo y que este le reportaba directamente.

“El sistema Smartmatic puede ser alterado —esto es un hecho. Esta tecnología fue exportada posteriormente al extranjero, incluyendo a Estados Unidos. Los operadores del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación dentro de su país. No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software, y se ha utilizado para hacerlo”, escribió Carvajal en la carta entregada a The Dallas Express.

El ex general advierte a la sociedad estadounidense sobre el peligro de permitir que una organización narco-terrorista opere libremente en el Caribe y América Latina, financiando el antiamericanismo en el continente y facilitando las operaciones de otras organizaciones terroristas y enemigos de Estados Unidos tanto en Venezuela como dentro de sus fronteras.

“El régimen que serví no es simplemente hostil: está en guerra con ustedes, utilizando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”, afirma Carvajal, quien respalda las políticas de Trump contra el régimen de Maduro y considera que “no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza”.

Añade que el régimen cuenta con planes de contingencia para cualquier escenario extremo con el fin de no perder el control.

Carvajal concluye reiterando su apoyo a la política de Trump hacia Venezuela, argumentando que se trata de una acción en defensa propia y basada en la verdad, y se declara dispuesto a proporcionar información adicional al gobierno estadounidense.

El impacto de estas declaraciones ha generado reacciones en distintos ámbitos. El secretario de Estado Marco Rubio declaró en el programa Hannity que “el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Lo que es, es una organización de transbordo… que permite que la cocaína y otras drogas se muevan por Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos”.

Actualmente, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de USD 50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro, cifra anunciada públicamente por la fiscal general Pam Bondi a comienzos de este año.

Según The Dallas Express, Carvajal ha manifestado su disposición a proporcionar detalles adicionales a las autoridades estadounidenses, incluso en sesiones clasificadas. Si los fiscales federales consideran que su cooperación constituye una “asistencia sustancial”, podría beneficiarse con una reducción de su condena.

De confirmarse sus dichos, la información aportada por Carvajal podría modificar la política estadounidense hacia Venezuela, fortalecer los procesos judiciales en curso por narco-terrorismo y arrojar nueva luz sobre las operaciones de inteligencia extranjera en el hemisferio occidental.

El seguimiento de esta situación involucra a líderes del Congreso, gobiernos sudamericanos y agencias de inteligencia estadounidenses, que observan de cerca las posibles repercusiones de las revelaciones de Carvajal.

Robert Feitel, el abogado de “El Pollo” desde 2024, en el ámbito de la defensa penal afirma tener una combinación de experiencia en procesos internacionales y una dedicación a la representación de acusados en casos de alta complejidad. Tras más de dos décadas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Feitel asumió el papel de abogado principal en más de ochenta juicios penales y participó en miles de procedimientos judiciales, lo que le permitió adquirir conocimiento en áreas como el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, el fraude postal y electrónico, las investigaciones financieras complejas y los delitos violentos relacionados con pandillas.

Las autoridades federales presentaron evidencia sobre una supuesta casa que Piñate, quien afronta un juicio por lavado de dinero y sobornos, transfirió a Lucena Ramírez una casa en Caracas entre abril y julio de 2019, según documentos judiciales de la Corte del Distrito Sur de Florida disponibles este martes.

El acusado entregó la residencia, "una casa de clase media alta con una piscina que Piñate poseía y controlaba mediante una corporación extranjera", para que la entonces funcionaria ayudase a dirimir un conflicto con el Gobierno tras el conteo electoral de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, describe la acusación.

"A cambio de la ayuda de Lucena Ramírez con el estatus de la compañía como proveedor de servicios electorales en Venezuela, el acusado Piñate sobornó a Lucena Ramírez con las escrituras y el uso de una residencia en Caracas", señala el documento, que incluye tres imágenes de la casa.

Smartmatic y el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro se enfrentaron tras las elecciones legislativas de 2017, cuando la firma reportó una diferencia de un millón de votos entre las cifras de la participación real y la que proclamó el chavismo, lo que derivó en la salida de la compañía del país en marzo de 2018.

La Administración de Maduro suspendió los pagos y los contratos de Smartmatic, que había prestado servicios de máquinas de votación y otros relacionados de 2004 a 2018, por lo que buscó la ayuda de Lucena Ramírez, presidenta del CNE de 2006 hasta 2020.

"Al final, Lucena Ramírez tomó control de la residencia, y el Gobierno (de Estados Unidos) intenta probar y argumentar que esto implicó un pago de soborno para su ayuda en negocios relacionados con la elección mientras ella estaba empleada en el CNE", indica el documento judicial estadounidense.

Las pruebas se presentan como parte de un caso más amplio contra el fundador de Smartmatic, empresa con sede en Londres que ha prestado servicios a entes electorales de países como Venezuela, México y Estados Unidos.

El caso central indica que Piñate y sus presuntos cómplices, el estadounidense Jorge Miguel Vásquez, el estadounidenseisraelí Elie Moreno y el filipino Juan Andrés Donato están acusados de haber participado en un supuesto plan de sobornos para obtener contratos para las elecciones filipinas de 2016.

En Estados Unidos, Smartmatic ganó notoriedad por demandar por 2.700 millones de dólares a la cadena Fox por difamación, por falsas informaciones en las que se vinculaba a la empresa con el supuesto fraude electoral de 2020, denunciado sin pruebas por el presidente Donald Trump. EFE

Tegucigalpa, 8 nov (EFE).- Movimientos de los tres partidos mayoritarios de Honduras presentaron este viernes sus listas de precandidatos para cargos de elección popular en los comicios primarios e internos que se celebrarán el 9 de marzo de 2025, previo a las generales del 30 de noviembre de ese mismo año.

Entre los aspirantes a la candidatura presidencial de sus partidos figuran la actual secretaria de Defensa, Rixi Moncada, por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), y la exprimera dama Ana García, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien este año fue condenado en Nueva York a 45 años de cárcel, por narcotráfico, por el Partido Nacional.

Una de los hijos de la expareja presidencial (2014-2022) también buscará una candidatura para diputada al Parlamento hondureño por el Partido Nacional, primera fuerza de oposición.

Los movimientos internos presentaron sus listados ante las autoridades de sus partidos, siendo Libre el que cuenta con más aspirantes.

Por Libre presentaron sus precandidaturas once movimientos políticos, de los que diez respaldan a Rixi Moncada.

Libre surgió en 2011, dos años después del derrocamiento del entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009.

Zelaya, esposo, y ahora asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, es el coordinador general de Libre.

El Partido Nacional participará en las elecciones primarias e internas con seis movimientos, uno de ellos encabezado por el exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura, quien en los comicios generales de 2021 fue el candidato de esa misma centenaria institución. Asfura busca por segunda vez consecutiva la Presidencia del país.

Por el también centenario Partido Liberal participarán cinco movimientos en el proceso del 9 de marzo de 2025, entre los que figura como aspirante a la candidatura presidencial Salvador Nasralla, después de haber buscado el poder sin éxito en otros partidos que él fundó, el Anticorrupción (PAC) y Salvador de Honduras (PSH).

Los principales contendientes de Nasralla en el Partido Liberal son Maribel Espinoza y Jorge Cálix, ambos diputados ante el Parlamento hondureño.

Elección de la empresa que transmitirá los resultados

Después de un ambiente de incertidumbre, también fue electa la empresa Smartmatic, de origen venezolano, con capital estadounidense, que será la responsable de la transmisión de los resultados.

El anuncio de la empresa que transmitirá los resultados del 9 de marzo lo hizo la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, a pocas horas de que finalizara hoy el plazo establecido por la ley.

Hoy también se vencía el plazo para la presentación de los listados de los movimientos de los tres partidos mayoritarios del país centroamericano.

En la oferta de licitación participaron tres empresas, de las que una se retiró.

Acompañada de los otros dos comisionados, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, la presidenta del CNE dijo que la elección de la empresa se ha hecho "con transparencia".

"Queremos asegurarle a la ciudadanía una empresa con experiencia comprobada" y "les reiteramos nuestro compromiso con la democracia del pueblo hondureño", subrayó López. EFE

Un informe confidencial de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina revela millonarios movimientos de dinero desde y hacia el exterior de la firma argentina Ex Clé, encargada de proveer la plataforma tecnológica de votación en las elecciones sospechadas de fraudulentas en Venezuela. La detección de operaciones por montos “significativos” que salieron de Venezuela y pasaron por cuentas de la firma en bancos de Uruguay y Estados Unidos, encendieron las alertas de la Unidad Antilavado local. La firma es la dueña de las máquinas de votación y del software del escrutinio electrónico, que quedó bajo sospecha, luego de que el actual mandatario Nicolás Maduro se declarara ganador, sin haber mostrado ningún acta oficial que avalara esa proclamación, por un supuesto hackeo al sistema.

El análisis de inteligencia financiera es de 2019 está elaborado en base a distintas fuentes documentales y enumera los contratos de la empresa prestadora de servicios informáticos en Venezuela, así como los negocios que hizo con organismos nacionales y provinciales de Argentina. Entre ellos, se destacan las contrataciones con el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país caribeño, su principal cliente y el ente encargado de los procesos electorales en Venezuela. El organismo concentró los cuestionamientos de fraude en las elecciones del 28 de julio pasado.

En el documento confidencial de la UIF se advierte sobre “la triangulación de fondos (por parte de EX Clé) a través de terceros países sin justificación económica aparente” y “las transferencias al exterior cuyos destinos podrían resultar cuestionables”. Se suman “los antecedentes negativos que registran algunos de los funcionarios (venezolanos) firmantes de los contratos”, y el hecho de que gran parte de las contrataciones efectuadas por el Estado venezolano “se realizaron de manera directa, a pesar de los montos involucrados y de la relevancia de los servicios contratados”. Y a esto se agregan “las presunciones sembradas en relación a la transparencia en el desarrollo de las elecciones regionales venezolanas de 2017″, todo lo cual “permite considerar a la operatoria de Ex Clé como sospechosa en los términos de la Ley Nº 25.246″ de lavado de dinero.

El informe de inteligencia forma parte de una filtración anónima de documentos de la UIF argentina que dieron origen a una investigación periodística liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y de la que participó Infobae. La serie de notas reveló los negocios de empresarios argentinos con el gobierno chavista, mediante el fideicomiso bilateral entre ambos países firmado por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, con sobreprecios que encubrieron el pago de sobornos a funcionarios venezolanos.

La firma fue creada en 1998 en nuestro país por los hermanos Guillermo y Eduardo San Agustín, como presidente y vice, hoy de 49 y 52 años respectivamente. Guillermo continúa como presidente de la firma, mientras que Eduardo pasó a desempeñarse a poco de crearse la empresa como director suplente, cargo al que renunció en 2021 y fue reemplazado por Germán Fernández Navarro.

Ex Clé se dedica al desarrollo de de software y venta de equipos, y presta servicios de biometría, financieros digitales, de automatización electoral, y de digitalización de documentos. Sus principales clientes fueron y siguen siendo organismos gubernamentales de Venezuela y Argentina. Con una treintena de empleados informados, su sede está ubicada en el quinto piso de un edificio de la calle Paraguay Nro 1896, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Según informa en su web, posee oficinas en el Municipio Sucre, en Caracas (Venezuela), y en el Barrio Carmelitas, en Asunción (Paraguay).

Negocios y elecciones en Venezuela

Ex Clé abrió en 2004 su primera oficina en Venezuela y, en 2009, fue contratada por la alcaldía del Municipio Libertador, en Caracas, para implementar el sistema de recaudación de impuestos.

En 2011, Ex Clé fue contratada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para implementar un sistema de autenticación biométrica de identidad de los electores, a los fines de actualizar la plataforma automatizada del voto de cara a las elecciones del año siguiente en Venezuela. Implicó la validación de identidad de 19 millones de electores y el monto del contrato ascendió a USD 11,1 millones, que debían pagarse “en un banco internacional de primera línea”. Fue el comienzo de una serie de fructíferos negocios con ese organismo electoral, que le implicaría a la empresa y a dos de sus directivos ser sancionados por Estados Unidos en 2020, “por el apoyo prestado al régimen ilegítimo de Maduro durante las elecciones fraudulentas” del 6 de diciembre de ese año.

El sistema se usó por primera vez en las elecciones presidenciales de octubre de 2012 en Venezuela, las últimas en las que participó el fallecido presidente Hugo Chávez, que resultó vencedor. Volvió a ser utilizado en los comicios de abril del año siguiente, que dieron ganador a Maduro frente a Henrique Capriles.

En 2014, Ex Clé firmó un nuevo contrato para el “Proyecto de Plataforma Integrada de Autenticación de Ciudadanos (PIAC)”, por otros USD 1.176.000. Dos años más tarde, la firma fue contratada por la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, también dependiente del CNE, lo que le permitió cobrar otros USD 286.700 por el mismo servicio de “verificación biométrica y soporte técnico” de esa plataforma. Según el documento de la UIF, las contrataciones de Ex Clé con el Consejo Nacional Electoral detalladas sumaban, hasta el 2016, USD 21.443.540.

La expansión de sus negocios con el régimen chavista hizo que la empresa constituyera en mayo de 2016 una filial en Venezuela denominada Ex Clé Soluciones Biométricas CA. Sus accionistas fueron el presidente de la firma en Argentina, Guillermo San Agustín, dueño del 99%, y el venezolano Marcos Javier Machado Requena, propietario del 1% restante. Ya instalada en el país caribeño, la firma creó BioPos, un sistema para pagar con la huella dactilar en comercios de Venezuela.

En los comicios regionales de octubre de 2017, denunciados por la oposición venezolana como “fraudulentos”, Ex Clé reemplazó a la firma británica Smartmatic como proveedora de las máquinas de votación y la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral. Hasta ese momento, Smartmatic se encargaba del software y el hardware de votación, y Ex Clé de la identificación biométrica para la verificación de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio.

Luego de las elecciones previas de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Smartmatic había denunciado la manipulación de los resultados por parte del gobierno venezolano, a partir de detectar una diferencia de más de 1 millón de votos entre lo anunciado por el CNE y lo que arrojó el sistema de la firma, por lo que rompió la relación contractual con el régimen chavista.

Según el reporte de la Unidad Antilavado argentina, solo en 2017, Ex Clé cobró del Consejo Nacional Electoral venezolano cuatro órdenes de servicio por 70 millones de euros. “Por un lado resulta llamativo la moneda fijada en tales contratos, ya que usualmente en ese tipo de transacciones se fija como moneda de pago el dólar estadounidense. De hecho, todos los contratos anteriores suscriptos por la firma con organismos públicos venezolanos, incluyendo al propio CNE (con quien se vincula desde 2011), fueron en dólares”, advierte el informe de la UIF de 25 páginas. Dos de esas órdenes Ex Clé las cobró en una cuenta en el Banco Bandes Uruguay SA, en Montevideo.

En ese momento la presidenta del CNE era Tibisay Lucena Ramírez, que fue quien suscribió los contratos con Ex Clé. Lucena Ramírez fue incluida en julio del año 2017 en el listado OFAC (por Office of Foreign Assets Control en inglés) del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, junto con otros 12 funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en maniobras de lavado de activos.

Infobae llamó reiteradas veces al teléfono de la oficina en Buenos Aires que figura en la web de Ex Clé, sin que nadie respondiera. También intentó contactar a la empresa y varios de sus directivos por mail, y por mensaje al celular de uno de ellos, sin respuesta. En sus oficinas en la calle Paraguay al 1800 en el centro porteño tampoco atendió nadie, según corroboró este medio.

La investigación titulada “El voto es secreto, tus datos no”, realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela y publicada en agosto de 2018, reveló que la dirección y los teléfonos de la empresa Ex-Clé en ese país “no llevaban a ninguna parte”. También detectó que, en ese momento, la firma aparecía en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) “como inhabilitada para contratar con el Estado y sin domicilio en Venezuela”.

Según pudo constatar Infobae, Ex Clé apareció recién como inscripta en el Registro Nacional de Contratistas a partir de junio de 2021.

El reclamo de Smartmatic

Fundada en el 2000 en Estados Unidos por dos venezolanos, Smartmatic se despegó de las acusaciones de fraude en las elecciones de julio de 2017 e informó que la empresa “se limitó a entregar el software al Consejo Nacional Electoral, en presencia de los partidos políticos, durante la auditoría del código fuente”, pero “no participó en la programación de las máquinas de votación ni ofreció servicios de totalización”.

Posteriormente, Smartmatic demandó a Venezuela ante el CIADI por USD 1.5 billones “por la expropiación de sus activos que actualmente explotan el CNE y Ex Clé”, según precisó en respuesta a la consulta de Infobae esta nota. “El CNE de Venezuela expropió ilegalmente los activos tangibles e intangibles del grupo británico SGO (Smartmatic), en retaliación a la denuncia que efectuó el 2 de agosto de 2017, sobre la manipulación electoral de los niveles de participación en las elecciones de 2017. El CNE y Venezuela concluyeron abruptamente su larga relación con Smartmatic, y expropiaron los activos de la compañía de forma inmediata. Para ello se valieron, entre otros, de una serie de acuerdos forzados bajo coacción con la empresa argentina Ex Clé”. El arbitraje internacional aún no fue resuelto.

En Argentina, Smartmatic proveyó la tecnología para validar la identidad de los electores en provincias del norte del país y del Conurbano bonaerense en las elecciones legislativas de 2017. En las presidenciales de 2019, tuvo a cargo el escrutinio provisorio de los resultados, aunque fue cuestionada por el Partido Justicialista por sus presuntas fallas en procesos electorales en otros países.

Los contratos con la banca estatal venezolana

El informe elaborado por los analistas de la UIF, por su parte, precisa otros contratos con entidades estatales del país caribñeo. En 2013 Ex Clé le proveyó tecnología biométrica para la verificación de identidad al Banco de Venezuela. Esa contratación ascendió a $3,4 millones, que fueron cobrados en una cuenta en el First United Bank, en Florida, Miami. El contrato fue firmado por Rodolfo Clemente Marco Torres, en ese momento presidente de la entidad estatal y ex ministro de Alimentación, y Ministro de Economía del régimen chavista, quien en enero de 2018 fue incluido en el listado OFAC del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos.

La misma modalidad de pago, a través de esa cuenta en Miami, se repitió en otras dos contrataciones directas de Ex Clé por parte de entidades bancarias estatales. Una realizada por el Banco del Tesoro, en abril de 2014, para “la automatización de transacciones en las oficinas bancarias” en Venezuela, por USD 2,2 millones; la otra, por el Banco Bicentenario-Banco Universal, entre septiembre de 2014 y enero de 2015, para la identificación biométrica de sus clientes por otros USD 3,1 millones.

Los negocios en Argentina

En nuestro país, Ex Clé obtuvo sus primeros contratos en 2004 con las fuerzas de seguridad de las provincias de Río Negro y Tierra del Fuego, a las que les proveyó el sistema de identificación con huellas dactilares (AFIS). Figura como proveedora del Estado nacional desde 2009.

En 2015, fue contratada por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por $28 millones para la implementación del sistema biométrico “Mi huella” destinado al enrolamiento y verificación de la identidad de los jubilados. La firma fue beneficiada luego con otra contratación directa por $6,4 millones, en marzo de 2019, para brindar el “servicio de soporte y mantenimiento de la Plataforma Biométrica” del organismo. El contrato fue renovado en octubre de 2022, esta vez en dólares, por un monto que ascendió a casi USD 110.000, y prorrogado por la misma cifra en septiembre de 2023, a tres meses del recambio de gobierno.

En 2010, Ex Clé fue contratada por el gobierno de Mendoza para implementar el Sistema de Identificación Biométrica Cyclops en el Registro Civil. En esa misma provincia, en 2018, implementó Cyclops Salud, una base de datos con los afiliados de la obra social de los empleados públicos mendocinos (OSEP), y posteriormente, fue contratada por el Ministerio de Seguridad local.

A su vez, obtuvo contratos con el Registro de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación; la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecnológico; y el Servicio Meteorológico Nacional.

Crecimiento patrimonial

Del análisis de los balances de la empresa, la UIF destaca que en 2017 “la sociedad evidenció un crecimiento formidable” al pasar de un patrimonio neto de $16 millones a $170 millones ese año, lo que representó un incremento superior al 950%. Por sus negocios con organismos estatales venezolanos como el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, su principal cliente, la ganancia neta en 2017 de Ex Clé fue superior a $153 millones, cuando en el ejercicio anterior había sido de $1,74 millones.

En el informe de la UIF, se advierte que “parte de los significativos y crecientes resultados obtenidos por Ex Clé SA a partir de sus operaciones comerciales con Venezuela, fue derramada hacia los patrimonios personales de sus accionistas”.

Entre marzo y abril de 2018, Guillermo San Agustín “recibió dos transferencias en una cuenta en el Banco Santander Río por un total de USD 1.250.000 que corresponderían al pago de dividendos de Ex Clé relativos al ejercicio 2017″. Con esos fondos, según consigna la UIF, habría adquirido una casa en Av. De los Incas al 3.800, en el barrio porteño de Belgrano, por USD 980.000, y un Peugeot Modelo 5008 Allure Plus Triptonic valuado, en ese momento, en $1,1 millones. En el análisis del organismo antilavado se menciona que, según su cédula de identidad venezolana fechada en octubre de 2013, San Agustín tenía para esa época la condición de residente en ese país.

En relación a su hermano Eduardo San Agustín, la Unidad Antilavado destacó que se acogió al blanqueo dispuesto en 2016, y exteriorizó activos por un monto superior a $31,4 millones.

Triangulaciones millonarias al exterior

En el ROS de la UIF al que accedió Infobae se detallan movimientos de Ex Clé en dos cuentas en la sucursal Congreso del Banco Santander. En la cuenta corriente en pesos, recibió $38 millones en un año, entre enero de 2017 y febrero de 2018. De esta cifra, más del 70% ($27 millones) provino de la liquidación de órdenes de pago recibidas desde el exterior. Otros $4,8 millones provinieron de giros de organismos estatales argentinos, como la Tesorería General de la Provincia de Mendoza, la Agencia Nacional de Promoción, el Poder Judicial y la ANSES.

En tanto, en la cuenta en dólares de ese banco, tuvo acreditaciones por USD 12 millones en poco más de tres meses, entre finales de octubre de 2017 y principios de febrero de 2018, también por órdenes de pago provenientes del exterior. De ese monto, casi 9,7 millones de euros (equivalentes a USD 11,5 millones) provinieron de una cuenta de la propia Ex Clé en el Banco BANDES radicada en Uruguay, “donde realizaría la cobranza de los servicios prestados a entidades gubernamentales de Venezuela”, y los otros USD 550.000, de otra cuenta propia en Estados Unidos.

De la cuenta en dólares de Ex Clé en el Santander, la UIF detectó que USD 490.000 fueron extraídos en efectivo y que, previo a su cierre, se efectuó una transferencia de USD 7.900.000 al Banco Credicoop en la Ciudad de Buenos Aires, donde también operaba la firma. El resto de los fondos fue transferidos al exterior. Así, aparece un giro de USD 1,1 millones a una empresa de venta de cubiertas para vehículos con sede en Miami (Milennium Autoparts INC), que “no evidencia relación con la actividad desarrollada por Ex Clé SA.

También se mencionan acreditaciones en otra cuenta en el Banco Credicoop en el primer semestre de 2018 por USD 13,7 millones, de los cuales 4,8 millones de euros (USD 5,8 millones) provinieron de una cuenta propia en Uruguay. “Si bien se detectó que Ex Clé SA poseería clientes y/o proveedores en Estados Unidos, no se advierte que haya operado comercialmente en Uruguay, por lo que los productos bancarios radicados en ese país tendrían como única finalidad la canalización de fondos provenientes de otros países, destacando que al menos desde mediados de 2017, la totalidad de los fondos que recibió la firma en ese país provino de organismos públicos venezolanos”, se lee en el reporte de inteligencia financiera.

Desde la cuenta en el Credicoop de Ex Clé salieron pagos al exterior, en 2018, por USD 5,2 millones a beneficiarios ubicados en Venezuela, México, Estados Unidos y Panamá, entre otros países. Uno de esos destinatarios era la propia Ex Clé Soluciones Informáticas, su filial en Venezuela, a la que le giró USD 1,7 millones. “Mientras la firma argentina cobraba fuera de Venezuela por los servicios brindados en ese país, le remitió fondos allí a una sociedad estrechamente vinculada (el 99 % del Capital le pertenecería a Guillermo San Agustín, uno de los 2 accionistas de Ex Clé SA) y que se dedicaría a la misma actividad, resultando difusos los motivos que habrían originado tales operaciones”, señala la UIF en su informe.

Las transferencias tuvieron como beneficiarias también a la empresa petrolera Venro Corporation (USD 357.509) y a la panameña Americana de Cauchos (USD 370.240). “Se examinaron transferencias con múltiples destinatarios en diferentes países por la compra de bienes y servicios, destacando la detección de casos en los que la actividad desarrollada por los beneficiarios de los movimientos no se relacionaría con la desarrollada por la compañía investigada”, se lee en el reporte del organismo antilavado.

La UIF también destacó dos transferencias en abril de 2018 por un total de USD 182.645 a una cuenta de Smartmatic International Holdking BV en los Países Bajos.

Sanción de EEUU

La última referencia a sus “hitos” en su desarrollo empresario es de 2019. Al año siguiente, tras proveer su software para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, la filial venezolana fue sancionada por Estados Unidos, junto a dos de sus representantes, “por el apoyo prestado al régimen ilegítimo de Maduro durante las elecciones fraudulentas”.

Estados Unidos incluyó a Ex-Clé Soluciones Biométricas CA, a su presidente, Guillermo San Agustín, y su socio Machado Requena, en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN, por su sigla en inglés), y sus activos en territorio norteamericano quedaron congelados. La sanción también implicó la prohibición para ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellos.

La acusación contra la empresa fue la de “haber ayudado al Consejo Nacional Electoral, del que se ha apropiado Maduro, a comprar miles de máquinas de votación a China, enviando pagos a través del sistema financiero ruso”.