Más de 300 personas aún aguardan en Panamá un trasplante de riñón, entre ellas seis niños atendidos en la Ciudad de la Salud, el único centro certificado del país para este tipo de cirugía.

La cifra refleja una de las tasas de enfermedad renal crónica más altas del mundo y expone la distancia entre la demanda de órganos y la capacidad real del sistema de salud para responder.

Panamá se ubica entre los países de América Latina con mayor carga de esta enfermedad.

Las estimaciones para el período 2025-2026 sitúan la prevalencia poblacional cerca del 14%, aunque en adultos ese porcentaje puede trepar hasta el 21%, según el estudio de Carga Global de Enfermedades.

El organismo de referencia internacional ubica así al país entre los de mayor afectación renal a escala global.

La diabetes, la hipertensión y una forma emergente de daño renal vinculada a condiciones laborales y ambientales extremas explican buena parte de ese panorama.

A esa presión se suma un aumento anual de hasta 4,5% en el número de pacientes que ya requieren diálisis, un ritmo que tensiona cada año más la red pública de atención.

En la consulta externa de la Ciudad de la Salud, entre 15 y 25 niños con algún grado de afectación renal son evaluados de forma permanente.

El seguimiento busca determinar su condición y evolución, y definir si deben incorporarse a un programa de reemplazo renal o a otro tratamiento según sus necesidades.

De ese universo, se indica que surgen los casos más graves, los que hoy integran la lista de espera para trasplante.

La misma unidad cuenta además con certificación para trasplantes hepáticos y de células hematopoyéticas.

Esa combinación de servicios especializados en un mismo lugar resulta clave para atender casos pediátricos de alta complejidad, que suelen requerir distintas intervenciones médicas en simultáneo.

Un trasplante renal pediátrico en Panamá depende en primer lugar de que exista un padre, una madre o un familiar directo compatible dispuesto a donar un riñón, ya que el sistema de salud aún no cuenta con suficientes órganos de donantes fallecidos para cubrir la demanda de la lista de espera infantil.

“Para los pacientes pediátricos, el trasplante de donante vivo relacionado proviene, principalmente, de papá o mamá”, explicó el doctor Ramiro García Barrios, jefe de Nefrología Pediátrica.

El especialista precisó que, cuando existe la posibilidad de un donante vivo relacionado, los progenitores son los primeros candidatos evaluados. Si esa vía no resulta viable, el equipo médico analiza a otros familiares, como hermanos, tíos o abuelos.

En todos los casos, agregó el jefe de Nefrología Pediátrica, la evaluación se sostiene en criterios médicos estrictos que garanticen la compatibilidad y la seguridad del procedimiento, tanto para quien recibe el órgano como para quien lo dona.

Desde el inicio de esta etapa de trasplantes pediátricos, el equipo de la Ciudad de la Salud ha realizado procedimientos con donantes vivos y también con órganos provenientes de personas fallecidas. Esa doble vía amplía las posibilidades de los seis niños que hoy permanecen en lista de espera.

Para el médico, cada intervención va más allá del acto quirúrgico. Según indicó, representa la posibilidad de que un niño avance hacia una vida con nuevas oportunidades y que su familia recupere la esperanza tras dejar atrás las limitaciones que impone la enfermedad.

El país ha reforzado su infraestructura de hemodiálisis y la capacitación del personal de salud en los últimos años. A esto se suman estrategias de prevención como HEARTS 2.0, orientadas a detectar a tiempo factores de riesgo como la hipertensión, dijeron fuentes médicas.

En paralelo, se desarrollan programas específicos para enfrentar la enfermedad renal crónica no tradicional en las provincias más afectadas por el calor extremo y las condiciones laborales de riesgo.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ha contabilizaba hasta el momento más de 1.152 réplicas desde el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido el 9 de octubre en Panamá.

Tras el sismo, personal del instituto recorrió las áreas afectadas para ampliar la vigilancia del sistema de fallas Azuero-Soná, revisar equipos y medir la deformación de la corteza.

La misión incluyó la instalación de estaciones sísmicas en las regiones de Soná, Quebrada Grande, Mariato, Quebro, en la provincia de Veraguas, y Macaracas, en la provincia de Los Santos, además de la inspección de los dispositivos ubicados en Penonomé y Las Tablas, ubicados en las provincias de Coclé y Los Santos, respectivamente.

El director del instituto, Néstor Luque, indicó que las observaciones de campo permiten contrastar los cambios del terreno con los registros instrumentales y las imágenes satelitales.

Durante las inspecciones, dijo que los especialistas detectaron desplazamientos de consideración en el sector sur del plano de falla, hacia Tonosí, en la provincia de Los Santos, y la parte meridional del sistema, en dirección al distrito Los Santos.

Explicó que las mediciones posteriores a un terremoto sirven para documentar la ruptura, sus efectos sobre la superficie y establecer referencias ante futuros episodios.

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá sostuvo que esos datos también aportan a la paleosismología, disciplina que analiza rastros de sismos antiguos para determinar cuántas veces se movió una falla, cómo fueron sus desplazamientos y qué características tuvieron esos eventos.

La comparación entre las evidencias geológicas y los datos obtenidos tras el reciente sismo puede aportar elementos sobre la energía liberada y los intervalos entre terremotos, declaró a la revista Hacia La Luz.

Sin embargo, Luque advirtió que los registros instrumentales aún son insuficientes para fijar un período de recurrencia de grandes movimientos en esta falla.

Los eventos de 1913 y 2026 aportan pocos datos, por lo que será necesario profundizar el análisis geológico de antiguos desplazamientos.

Registros históricos apuntan a que en el siglo XX el terremoto de Panamá de 1913 registró una magnitud de momento estimada en 6,9, y fue se asoció a la falla de Tonosí, una estructura incluida dentro del ámbito del Sistema de Fallas Azuero–Soná (SFAS).

Ese sismo afectó la zona sur de la península de Azuero, provocando deslizamientos de tierra y graves daños en poblados, e incluso generó un pequeño tsunami que alcanzó el golfo de San Miguel, en la región del Darién.

Esta es una estructura de cizalla de escala regional con dirección noroeste–sureste, reconocida por el Instituto de Geociencias como la principal responsable de la reciente actividad sísmica de gran magnitud en Tonosí, Veraguas y la región suroccidental del país.

Este sistema combina mecanismos de desgarre lateral con componentes variables de extensión (fallas normales) y compresión (fallas inversas), lo que se refleja en la diversidad de mecanismos focales observados en las distintas secciones.

Así se tiene que la zona de Mariato y el golfo de Montijo, por ejemplo, presenta una mezcla de fallas de desgarre con componentes normales e inversas.

Mientras, el sector de isla Coiba y alrededores registra fallas transcurrentes asociadas a la interacción entre la fractura de Coiba y estructuras locales, generando una sismicidad frecuente con rupturas de tipo lateral.

Ahora, La expedición también busca documentar deslizamientos y otras alteraciones causadas por el terremoto.

Investigadores del Instituto de Geociencias que realizan estudios doctorales y colaboradores analizan imágenes satelitales para localizar las zonas afectadas y verificar en el terreno los movimientos identificados.

El científico alertó que los sitios donde ya hubo deslizamientos pueden registrar nuevos desplazamientos mientras continúen las lluvias.

La saturación del suelo y el reblandecimiento de los materiales elevan la inestabilidad de las laderas y pueden provocar deslizamientos o deslaves, por lo que recomendó no acercarse a esas áreas y atender las advertencias de las autoridades.

Panamá hará uso del Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos (SINPREM), una herramienta orientada a mejorar las condiciones de adquisición de fármacos para la población.

El mecanismo busca coordinar el trabajo entre distintas instituciones y reforzar la capacidad de negociación ante los proveedores.

El SINPREM permitirá contar con precios de referencia para las compras de medicamentos, con el objetivo de obtener condiciones más favorables y respaldar una gestión más eficiente de los recursos destinados a la salud pública, según el Ministerio de Salud (Minsa).

La iniciativa apunta a que las entidades involucradas dispongan de información que facilite los procesos de compra y contribuya a decisiones basadas en valores de referencia.

Con esta herramienta, el Minsa asegura que busca favorecer el acceso oportuno a los medicamentos para los pacientes panameños.

La entidad informó que el SINPREM comenzará a operar con la meta de aplicarse a las adquisiciones del presupuesto de 2027.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, coordina la iniciativa junto con la Caja de Seguro Social (CSS), y según explicó, el objetivo es avanzar hacia medicamentos más accesibles mediante la coordinación entre instituciones, el análisis de la demanda y la negociación de precios basados en los volúmenes que requiere el sistema público de salud.

Detalló que el precio de referencia operará como un tope máximo para la adquisición de los fármacos incluidos en el sistema.

Ese parámetro, agregó, surgirá del análisis conjunto de las necesidades del Minsa y la CSS, procesado a través del Observatorio Nacional de Medicamentos, la plataforma técnica que respaldará todo el proceso.

Insistió en que el sistema busca fijar un precio máximo de referencia para la compra pública de medicamentos en Panamá, a partir del cruce de información sobre volúmenes de demanda del Minsa y la CSS.

Con ese dato, se afirma que el Estado negocia condiciones más favorables y evita que las instituciones paguen por encima de un valor de mercado previamente establecido.

El proceso arranca con la recopilación y consolidación de las necesidades de medicamentos de ambas instituciones, a partir de la información de sus propios sistemas de abastecimiento y compra.

Con esos datos organizados, los equipos técnicos evaluarán las cantidades requeridas y detectarán oportunidades de negociación.

Una vez definidos, los precios de referencia se publicarán mediante los actos públicos correspondientes. Esa publicación marcará el punto de partida para que las instituciones ajusten sus procesos de compra al nuevo parámetro.

Para que la meta de 2027 se cumpla, el Minsa pidió a las instituciones participantes que designen sus enlaces técnicos. También deberán suministrar información oportuna sobre sus necesidades de medicamentos y mantener la coordinación constante entre sus equipos.

El funcionario planteó que el desafío es convertir las mejores condiciones de compra en mayores oportunidades de acceso a medicamentos, sin comprometer su calidad, seguridad ni eficacia.

El SINPREM está establecido en la Ley 419 del 1 de febrero de 2024 y fue reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024. Esa normativa le da sustento jurídico al mecanismo que ahora entra en su etapa de implementación operativa.

La instalación formal del sistema busca, según el Minsa, fortalecer la planificación de las compras públicas de medicamentos. El organismo apunta además a optimizar los recursos del Estado destinados a ese rubro.

El tercer objetivo declarado por la cartera sanitaria es contribuir a que los medicamentos estén disponibles en mejores condiciones para quienes los necesitan.

Esa disponibilidad depende, en gran medida, de que el abastecimiento llegue de forma oportuna a las instalaciones públicas de salud.

Más allá del ahorro económico, el mecanismo persigue otros dos fines concretos. El primero es fortalecer la transparencia en los procesos de contratación pública de fármacos.

El segundo es mejorar las condiciones generales de contratación entre el Estado y los proveedores. Ambos objetivos se suman al propósito central de garantizar que los medicamentos lleguen a tiempo a los centros de salud públicos del país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó en su reciente visita a Panamá, a mediados de octubre, la resiliencia del sistema bancario panameño y los avances alcanzados en materia de capital y supervisión.

Subrayó la importancia de continuar fortaleciendo la gestión de riesgos, el marco de resolución bancaria y la integridad financiera.

El sistema bancario, dijo, continúa estando bien capitalizado y es rentable, y los riesgos sistémicos están contenidos.

Para reforzar la resiliencia, el organismo de crédito internacional aduce que sería necesario mantener una vigilancia constante de la liquidez y las exposiciones sectoriales, seguir aplicando las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero de 2023 y fortalecer los mecanismos de gestión de crisis.

Agregó que los bancos cuentan con una sólida capitalización y son rentables, la cartera vencida se mantiene bajo control y las pruebas de tensión realizadas por los supervisores muestran resiliencia ante escenarios adversos plausibles.

No obstante, manifestó que sigue siendo necesario mantener una vigilancia supervisora constante, en particular en lo que respecta a las exposiciones a los sectores de la construcción, los inmuebles comerciales, la vivienda preferencial y los créditos de consumo, así como a las prácticas de constitución de provisiones y al reducido número de bancos que requieren una supervisión más estrecha.

Si bien los bancos se benefician de una base de depósitos generalmente estable y mantienen holgados colchones de activos líquidos, el FMI puntualiza que estos han disminuido con respecto a los niveles máximos registrados anteriormente.

Afirma que la gestión de la liquidez por parte de los bancos debe seguir siendo la primera línea de defensa frente a los riesgos de liquidez, y estar respaldada por colchones adecuados, fuentes de financiamiento diversificadas y planes de financiamiento de contingencia creíbles.

De acuerdo con el organismo, los requerimientos de supervisión deben ofrecer fuertes incentivos para que los bancos tengan plenamente en cuenta el riesgo de liquidez, incluso a nivel consolidado.

A agosto de este año los depósitos del Centro Bancario Internacional alcanzaron $120,889.1 millones, con un crecimiento interanual de 6.83%, equivalente a $7,731.0 millones adicionales respecto a agosto de 2025.

Por componente, los depósitos externos aumentaron 9.87%, hasta alcanzar $50,548.2 millones, mientras que los depósitos internos crecieron 4.75%, hasta $70,340.9 millones.

El mayor dinamismo del componente externo elevó su participación dentro de las captaciones de 40.7% a 41.8%.

Las cifras indican que la cartera de crédito neta alcanzó $104,468.3 millones, con un crecimiento interanual de 4.87%, equivalente a $4,855.3 millones.

Por su parte, la cartera interna se ubicó en $64,250.5 millones, con un incremento de 2.26%, mientras que la cartera externa alcanzó $40,217.7 millones, con un crecimiento de 9.33%.

Mientras, los nuevos créditos otorgados alcanzaron $17,855 millones, con un incremento de aproximadamente 4% frente al mismo período de 2025.

Solo en agosto, indican las estadísticas de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), los nuevos créditos sumaron $2,497 millones, un aumento de 26% respecto a agosto del año anterior.

La SBP informó que la serie de reuniones de trabajo con la misión del FMI fueron desarrolladas en el marco de la Consulta del Artículo IV.

La Consulta del Artículo IV del FMI es el eje central de la supervisión económica que ejerce este organismo sobre sus países miembros y constituye, en el caso de Panamá, uno de los principales espacios de diálogo técnico entre las autoridades nacionales y la comunidad financiera internacional.

El encuentro tuvo como objetivo intercambiar análisis sobre la situación del sistema financiero panameño, los avances regulatorios y los principales desafíos que enfrenta el sector.

Panamá se define en buena medida por su Centro Bancario Internacional, un conglomerado de bancos locales e internacionales que operan bajo licencias generales e internacionales y que han convertido al país en un nodo financiero para Centroamérica, el Caribe y parte de Sudamérica.

Un sargento segundo de la Policía Nacional murió al caer aparentemente desde una torre del Centro Penitenciario La Joya, al tratar supuestamente de intentar atrapar un dron que personas no identificadas intentaban introducir a la cárcel.

La información extraoficial señala que la unidad policial, identificada como Franklin Fuentes, fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde posteriormente falleció producto de un paro cardiaco.

Durante el periodo 2025-2026, las cárceles panameñas han experimentado una escalada sin precedentes en el uso de drones para introducir drogas, armas de fuego, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos, consolidando esta tecnología como uno de los vectores más críticos de vulneración de la seguridad penitenciaria en el país.

Las cifras oficiales apuntan en detalle a más de 1.349 drones incautados solo en lo que va de 2026 en distintos centros penales, acompañados del decomiso de al menos 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores, 1.855 teléfonos celulares y más de 2.000 dosis de sustancias ilícitas.

Expertos en seguridad aseguran que esta situación lo que pone en evidencia es la sofisticación logística de las redes criminales que operan tanto dentro como fuera de los recintos carcelarios.

A este escenario se suman casos emblemáticos como el “servicio de delivery” de drogas por drones desmantelado en noviembre de 2025 en el Centro Penitenciario La Joya.

Igualmente, el hallazgo de equipos de internet satelital de alta velocidad vinculados a pandillas intramuros y la incautación de una antena Starlink en un operativo penitenciario en 2026, que muestran una convergencia entre contrabando aéreo y comunicaciones clandestinas de alto rendimiento.

Frente a esta realidad, el Estado panameño ha desplegado un abanico de respuestas que van desde la prohibición formal del uso de drones en todos los centros penitenciarios, la declaración de espacio aéreo restringido sobre complejos carcelarios y la puesta a prueba de sistemas de bloqueo contra drones.

También se cuenta el refuerzo de patrullajes aéreos y terrestres, la capacitación del personal custodio y la promoción de reformas legales para aumentar las penas por el uso de esta tecnología con fines ilícitos.

Sin embargo, la persistencia e intensidad de los intentos, la estimación de una gran cantidad de drones interceptados diariamente en algunas cárceles y la existencia de complicidad interna reconocida hasta por el propio presidente José Raúl Mulino revelan que la lucha entre innovación criminal y respuesta institucional plantea muchas interrogantes para la política pública, la transparencia y el control del crimen organizado que opera desde y hacia las prisiones panameñas.

Un caso llamativo es, según reportes de prensa, el de la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, donde funcionarios del sistema penitenciario revelaron que hacia finales de 2025 se llegaron a registrar más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La Joyita y La Joya aparecen reiteradamente en informes y noticias de 2025 y 2026 como epicentros del uso de drones para contrabando.

En marzo de 2026, por ejemplo, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó del hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya, que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Estos paquetes fueron ubicados tras una ronda de vigilancia y posteriormente verificados, confirmando así la efectividad parcial de los controles, pero también la capacidad de los operadores criminales de coordinar múltiples lanzamientos en una misma jornada.

En paralelo, el Centro Penal La Joyita ha sido escenario de otras modalidades de ingreso de contrabando -como el uso de “mochileros” y caletas bajo estructuras de cemento- que se complementan con la operación de drones, configurando un mosaico de técnicas que refuerzan la resiliencia del contrabando frente a las acciones de las autoridades.

El derecho a la educación a los niños, niñas y adolescentes no se cumple a cabalidad en Panamá, puesto que solo en 2024 se quedaron fuera del sistema educativo 139,913 estudiantes, cifra que se revela del análisis de las variaciones absolutas en los niveles preescolar, primaria, premedia y media.

La estimación es del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) del año de referencia, citada por el informe Panamá, ¡cuéntame!, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Precisa que es en la educación media donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes que no lograron matricularse, unos 66,896, por diversas razones.

Entre el 2023 y 2024 no se pudieron matricular en el país 282,670 estudiantes, unos 142,757 durante el año 2023 y 139,913 que no asistieron o no lograron matricularse durante el 2024. Estos provienen en su mayoría de preescolar y de la media.

Atendiendo a los resultados de la Encuesta del Mercado Laboral de octubre de 2024 del INEC, indica el informe, se pudo obtener las cifras acerca de los motivos principales por los que el estudiante no asiste a un centro educativo.

En el caso de los estudiantes de preescolar, la mayoría (70%) no se matriculó o no asistió a un centro educativo debido a que no tenía la edad requerida para ingresar, 13% porque no se ofrecía el nivel o grado escolar en la comunidad, y 7% por falta de recursos económicos.

Mientras que en la primaria, los estudiantes no asistieron a un centro educativo por falta de recursos económicos (25.4%), el centro educativo está muy distante de su vivienda (14.3%) y no se ofrecía el nivel o grado escolar en la comunidad (12.7%).

En tanto, en los niveles de premedia y media, los principales motivos recayeron en la carencia de recursos económicos (32.8% premedia y media 27.2%) y en la falta de interés del estudiante (31.0% en la premedia y 38.3% en la media), respectivamente.

Al referirse al porcentaje de matrícula bruta, el informe señala que se observó una mejoría en el nivel educativo de la premedia, no así en preescolar y media.

En el país la educación inicial o de primera infancia (0 a 3 años) no es obligatoria, y, generalmente, se desarrolla en los Centros de Atención Integral de Primera Infancia (CAIPI), llamados también maternales, donde asisten niños y niñas antes de cumplir la edad preescolar.

Estos centros educativos ofrecen un entorno estimulador, al cuidado y atención de las necesidades básicas y la potenciación de las capacidades intelectuales, afectivas, físicas y motora de los infantes.

En esta etapa ocurre gran parte de su desarrollo cerebral, de ahí que muchos programas enfatizan en la misma. Por lo general, dentro de esta población infantil, la mayoría no asiste a un programa de desarrollo temprano, según la Encuesta de Mercado Laboral del INEC de septiembre de 2025.

La encuesta desglosa que el 31.4% de los entrevistados consideró que no hay una oferta educativa pública/privada para niños y niñas de 0 a 3 años en la comunidad, mientras que un 25.8% opinó que no es necesario este programa, y 21.2% prefiere que el niño o la niña esté al cuidado del padre, madre u otro familiar.

En tanto, 13.0% dijo que “por dificultades económicas”; 7.5% expresó “que no hay vacantes disponibles en los establecimientos más cercanos”, y el 1.1% indicó que el infante no se adaptó.

Por otro lado, al analizar los porcentajes de matriculados y no matriculados por nivel educativo, el informe sostiene que se pudo apreciar que la premedia presentó mejoría en estos indicadores al pasar la matricula bruta de 96% a 99% entre el 2023 y el 2024, mostrando porcentajes bajos en cuanto a los no matriculados.

Panamá prepara una hoja de ruta para ordenar las acciones de cuidado destinadas a la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad.

La planificación también contempla a quienes realizan estas tareas de forma remunerada o no remunerada, bajo un enfoque de derechos y corresponsabilidad social.

La nación canalera se convirtió así en el tercer país de América Latina, junto con Uruguay y Chile, que cuenta con una ley sobre sistemas de cuidados.

Los tres países reconocen esta actividad como un componente de la protección social, aunque poseen esquemas institucionales y alcances distintos.

Los sistemas de cuidados de estos países se sostienen sobre leyes marco que reconocen explícitamente el cuidado como un derecho y como un eje estructurante de la protección social, pero lo hacen con diseños institucionales, alcances poblacionales y horizontes de planificación diferenciados.

El antecedente regional más temprano fue el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay, concebido como un modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado.

Su atención se concentró en las personas en situación de dependencia y en la reducción de las desigualdades de género.

Chile y Panamá también avanzaron con leyes marco que incorporan el derecho al cuidado dentro de sus políticas sociales. Las diferencias entre los países se relacionan con las instituciones creadas, los grupos alcanzados por las medidas y los plazos definidos para su ejecución.

Panamá, mediante la Ley 431 de 2024, institucionalizó el Sistema Nacional de Cuidados como una ley marco que garantiza el derecho al cuidado, el bienestar y la autonomía de las personas, reconoce los derechos de quienes cuidan y organiza una Comisión y una Dirección Nacional de Cuidados con planes quinquenales y redes territoriales articuladas con gobiernos locales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe sostiene que los países deben adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado con perspectivas de género, interseccionalidad e interculturalidad.

El organismo plantea que estas políticas deben abordar el tiempo disponible para cuidar, los recursos de los hogares, las prestaciones y la existencia de servicios públicos universales y de calidad.

Bajo esta visión, el cuidado excede la atención directa de personas dependientes. Incluye actividades que sostienen la reproducción cotidiana y generacional de la vida, con dimensiones materiales, afectivas y relacionales.

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) avanzan en la definición de los elementos conceptuales y metodológicos que servirán de base para la formulación del Plan Quinquenal de Cuidados 2026–2031.

En la reunión se presentaron los avances iniciales, se revisaron los principales insumos generados en la primera matriz de trabajo y se analizó la propuesta de estructura para organizar la planificación.

El consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Julio Bango, explicó que el plan reunirá medidas dirigidas al cuidado de la infancia, las personas mayores y las personas con discapacidad.

El especialista indicó que la estrategia también buscará mejorar las condiciones de las trabajadoras de cuidados formales.

En ese grupo están quienes reciben una remuneración por desempeñarse en centros residenciales o en el cuidado domiciliario de pacientes.

Bango sostuvo que la versión definitiva se elaborará después de recibir los aportes de las entidades que integran la Comisión Nacional de Cuidados y el Comité Consultivo. El Ministerio de Desarrollo Social tendrá la responsabilidad de coordinar su aplicación en los próximos años.

La directora de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Gladys Vallester, destacó que el período de planificación permitirá organizar las acciones para quienes necesitan apoyo y para las personas que realizan labores de cuidado. La consideración abarca tanto el trabajo remunerado como las tareas que se desarrollan sin pago.

La estación remota del río La Villa, en la provincia de Los Santos, será la base de un protocolo destinado a convertir los datos sobre calidad del agua en alertas y respuestas coordinadas en la península de Azuero.

El proyecto forma parte de un intercambio técnico entrePanamá e Israel para reforzar la protección de las fuentes de abastecimiento.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ya opera el equipo de telemetría en la confluencia de los ríos La Villa y Estibaná.

La siguiente etapa consistirá en definir parámetros que permitan detectar variaciones y comunicar posibles riesgos a las instituciones responsables del agua potable y la salud pública.

La cooperación apunta a establecer un Sistema de Alerta Temprana para identificar de forma oportuna cambios en la calidad del recurso hídrico. La iniciativa prevé fijar umbrales, criterios de evaluación y mecanismos de comunicación a partir de la información que produce la infraestructura instalada.

El objetivo es que los registros continuos de la estación no queden limitados al monitoreo. Las autoridades buscan que esos datos sirvan para activar medidas preventivas cuando exista una posible afectación a las fuentes de abastecimiento de la región.

La propuesta involucra a MiAmbiente, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Ministerio de Salud (MINSA). La coordinación entre las tres entidades busca facilitar una respuesta ante situaciones que puedan comprometer la producción de agua para consumo humano.

La ingeniera Marilyn García, directora de Verificación Ambiental de la institución, afirmó que el trabajo con la Compañía Nacional de Agua de Israel permitirá consolidar la vigilancia sobre las fuentes hídricas de Azuero.

“El siguiente paso es transformar esos datos en una herramienta cada vez más preventiva para la toma de decisiones”, explicó García.

La visita técnica incluyó un recorrido por el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental de MiAmbiente, ubicado en Los Canelos. Allí, los especialistas israelíes conocieron las capacidades del centro para el seguimiento científico de los recursos hídricos.

El equipo de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental presentó los procedimientos de monitoreo, análisis y evaluación aplicados en la cuenca del río La Villa. Esa fuente abastece a parte de la población de Azuero.

Durante la jornada, la entidad expuso los resultados de los muestreos microbiológicos y de los análisis de parámetros físicos y químicos realizados en el río. El intercambio contó con la participación de técnicos del IDAAN y del MINSA.

La estación de monitoreo remoto permite obtener información continua sobre variables vinculadas a la calidad del agua. Esa tecnología constituye uno de los elementos que Panamá puso a disposición para diseñar el sistema de alerta.

García sostuvo que el propósito consiste en definir procedimientos que permitan reconocer cambios relevantes y trasladar esa información a las instituciones competentes. Según indicó, el esquema busca dejar atrás una respuesta centrada solo en la reacción ante un evento.

“Buscamos establecer umbrales y protocolos claros que permitan identificar oportunamente cualquier variación significativa en la calidad del agua”, puntualizó la directora ante el planteamiento técnico de la iniciativa.

Los representantes de Panamá e Israel también intercambiaron experiencias sobre sistemas de monitoreo, tratamiento, aprovechamiento y gestión integral del agua. La agenda contempla evaluar herramientas y modelos que puedan ajustarse a las condiciones de Azuero.

El coordinador de proyectos internacionales de Mekorot, Diego Berger, señaló que la primera aproximación permitió revisar la información disponible sobre las fuentes de abastecimiento y sus métodos de medición.

“Este es el primer acercamiento y fue muy productivo”, dijo Berger. El representante de la empresa estatal israelí añadió que el equipo panameño presentó los registros existentes y explicó la forma en que la región recibe el suministro de agua.

La delegación realiza la gira junto con especialistas panameños y funcionarios del MINSA, el IDAAN y MiAmbiente. El grupo analiza las fuentes de abastecimiento, las plantas potabilizadoras y las redes de distribución de agua de la península.

El programa incluye visitas a distintas instalaciones de potabilización de Azuero. Esas recorridas buscan identificar oportunidades de mejora dentro de la cadena que lleva el recurso desde las fuentes hasta la población.

La banca enfrenta desafíos tecnológicos que ya no se limitan a la incorporación de nuevas herramientas. La digitalización de los servicios, la innovación financiera y la mayor capacidad de las organizaciones criminales obligan a reforzar la protección de la integridad del sistema financiero.

El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, planteó que la prevención debe adaptarse a un entorno que cambia con rapidez.

Para ello, señaló, que las entidades necesitan revisar sus métodos y anticipar los riesgos que surgen con las nuevas tecnologías.

La transformación tecnológica ha ampliado el uso de inteligencia artificial en tareas como la evaluación de riesgos, la detección de fraude, la atención al cliente y el cumplimiento regulatorio.

El reto para los bancos consiste en utilizar estas herramientas con rapidez sin perder la capacidad de explicar, controlar y validar las decisiones que producen.

Ayón Wong sostuvo que “reconfigurar la prevención implica repensar continuamente nuestros enfoques, fortalecer nuestras metodologías y prepararnos para enfrentar escenarios que evolucionan con rapidez”.

El funcionario remarcó que la prevención no depende únicamente de las áreas de cumplimiento. También requiere la participación de las autoridades, las juntas directivas, la alta gerencia, la auditoría, la gestión de riesgos y el resto de los colaboradores de las entidades supervisadas.

Durante una jornada reciente, los participantes analizaron cambios normativos, tendencias vinculadas al blanqueo de capitales y al financiamiento del terrorismo.

El encuentro también abordó los riesgos que plantean las nuevas tecnologías y contó con expositores nacionales e internacionales.

La expansión de los sistemas automatizados abre una exigencia adicional para las entidades financieras. Ya no alcanza con comprobar que una herramienta ofrece resultados: los bancos deben poder demostrar cómo llegó a una conclusión, qué datos utilizó y qué supervisión existe sobre su funcionamiento.

Un estudio de SAS con aportes de IDC indicó que a nivel mundial los bancos aceleran el uso de inteligencia artificial, aunque persisten dudas sobre la confiabilidad de estas soluciones.

El informe Data and AI Impact Report: The Trust Imperative estableció que solo 11% de los bancos combina una alta confianza en la inteligencia artificial con sistemas cuya confiabilidad puede demostrarse.

La distancia entre incorporar una tecnología y respaldar sus resultados adquiere una dimensión especial en el sector financiero.

Una decisión automatizada puede incidir en el acceso al crédito, una alerta de fraude, una operación o el vínculo entre una persona y su entidad bancaria.

El análisis internacional también mostró que 47% de los bancos atraviesa lo que IDC denomina el “dilema de confianza”. Esa situación incluye a entidades que disponen de sistemas confiables, pero aún no los aprovechan plenamente.

La banca figura entre las industrias que más invierten en inteligencia artificial. Aun así, el estudio señaló que 23% de los bancos alcanza el nivel más alto del Trustworthy AI Index.

La medición refleja que la adopción tecnológica no garantiza por sí sola un uso sólido de los modelos. Las entidades necesitan mecanismos que permitan revisar los datos, identificar los controles aplicados y supervisar la respuesta de cada sistema.

Esta necesidad cobra fuerza a medida que las herramientas analíticas intervienen en decisiones de mayor impacto. Una entidad debe conocer bajo qué criterios un modelo clasificó una operación, detectó un comportamiento inusual o definió un nivel de riesgo.

El desafío también alcanza a los procesos vinculados a fraude y seguridad. Las capacidades analíticas permiten identificar movimientos atípicos y reaccionar con mayor velocidad frente a amenazas nuevas.

“La banca siempre ha operado sobre la confianza. Lo que cambia hoy es que esa confianza también debe extenderse a los datos, modelos y sistemas de inteligencia artificial que apoyan decisiones críticas. En crédito, riesgo, fraude, cumplimiento o experiencia del cliente, no basta con que la IA sea rápida: debe ser explicable, gobernada y trazable”, señaló Ricardo Saponara, Líder de Asesoría en Riesgo, Fraude y Cumplimiento para América Latina de SAS.

Cerca del 52% de las defunciones en Panamá están relacionadas con enfermedades cardionefro-cerebrovasculares.

La expresión “cardionefro‑cerebrovasculares” agrupa enfermedades del corazón, del sistema vascular y del riñón que comparten factores de riesgo y se potencian mutuamente.

El 71% de la población panameña presenta sobrepeso u obesidad, mientras que esta condición alcanza cerca del 10% de la población infantil.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de muerte en las Américas, por lo que el Ministerio de Salud impulsa acciones de promoción de la salud orientadas a fortalecer el autocuidado y fomentar estilos de vida que contribuyan a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.

El médico familiar de Promoción de la Salud, Jorge Jesús Rodríguez, reiteró las cifras que reflejan algunos de los principales factores de riesgo presentes en la población panameña.

De acuerdo con los datos compartidos durante la actividad, cerca del 52% de las defunciones en Panamá están relacionadas con afecciones cardionefro-cerebrovasculares, mientras que aproximadamente el 71% de la población presenta sobrepeso u obesidad, condición que también afecta a cerca del 10% de los niños.

Asimismo, la hipertensión arterial alcanza alrededor del 33% de la población, mientras que la diabetes, las enfermedades renales y las dislipidemias representan condiciones que afectan, cada una, a cerca del 10% de la población, según las cifras expuestas durante la jornada.

“Estas son enfermedades prevenibles. Lo que hacemos en el día a día impacta de manera directa en nuestra salud. Cambiando hábitos podemos vivir más años, con mayor calidad y felicidad”, enfatizó Rodríguez.

La subdirectora de Promoción de la Salud, Enélida Guerra, recordó que el cuidado cardiovascular requiere de acciones sencillas que pueden incorporarse a la rutina diaria.

Entre las principales recomendaciones se encuentran realizar el autocuidado de la salud y acudir a evaluaciones periódicas; mantener una alimentación saludable, reduciendo el consumo de sodio, azúcar y grasas; aumentar la ingesta de frutas y vegetales; realizar actividad física de manera regular; procurar un descanso adecuado y adoptar medidas para manejar el estrés.

Estudios que describen el Registro Nacional de Mortalidad entre 2002 y 2019 muestran que las enfermedades no transmisibles se consolidaron como la principal categoría de causas de muerte, con cambios relativamente pequeños en el ranking de enfermedades que lideran la mortalidad año tras año.

En ese periodo, la causa específica más frecuente de muerte fue de manera constante el grupo de “tumores (neoplasias) malignos”, mientras que los siguientes puestos se alternaron entre los accidentes y violencia, la enfermedad isquémica del corazón y la enfermedad cerebrovascular, y la diabetes mellitus se mantuvo como la quinta causa de muerte a nivel nacional.

En 2023, con la mortalidad por COVID‑19 en descenso, las estadísticas vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) confirman la persistencia de las enfermedades crónicas como principales causas de muerte.

Ese año se registraron 21,735 defunciones, con una tasa bruta de mortalidad de 4.9 muertes por cada mil habitantes, y las cinco principales causas de muerte concentraron el 50.8 % del total de defunciones.

Dentro de ese grupo, los tumores malignos representaron el 16.9 %, las enfermedades isquémicas del corazón el 10.1 %, las enfermedades cerebrovasculares el 8.6 %, otras enfermedades del corazón el 7.8 % y los accidentes, lesiones autoinfligidas, agresiones y otras formas de violencia el 7.4 %, siguiendo la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión.

El hecho de que tres de las cinco principales causas —enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares y otras enfermedades del corazón— correspondan a patologías del sistema circulatorio subraya el rol central de estas enfermedades en el perfil de mortalidad del país.

Como un “retroceso” califica la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) el hecho de que un candidato podría postularse simultáneamente a dos cargos de elección popular y, si gana en ambos, conservar los dos durante todo el período constitucional.

Esto, alega, desvirtúa la representación popular y termina delegando funciones en un suplente sin respaldo directo de los votantes.

La advertencia se desprende de las reformas al Código Electoral que la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en primer debate.

El gremio exige que el segundo debate corrija ese punto y otros que, según la organización, apuntan en la dirección equivocada para la democracia panameña.

Uno de los cambios más cuestionados impide que el Tribunal Electoral apruebe o modifique disposiciones sobre situaciones que surjan una vez abierto el proceso electoral. El organismo calificó esta propuesta como la señal más alarmante del paquete de reformas.

Apunta que el artículo 143 de la Constitución otorga de manera privativa al Tribunal la facultad de reglamentar, interpretar y aplicar la ley electoral.

Para el gremio, una norma legal no puede contradecir esa competencia constitucional con el argumento de evitar cambios durante una elección: cualquier preocupación sobre la estabilidad de las reglas debe resolverse con apego a la Constitución, no restringiendo atribuciones del organismo electoral.

La reforma también eleva los límites del financiamiento privado hasta $500.000 para determinadas candidaturas a diputado y alcalde.

En este punto, sostuvo que ese aumento amplía la ventaja de quienes ya cuentan con recursos y eleva el riesgo de que intereses particulares, incluso vinculados al crimen organizado, influyan en la oferta electoral.

La Apede considera que las campañas panameñas deben centrarse en propuestas y planes de trabajo, no en la capacidad de recaudar y gastar dinero. Pidió, en cambio, mayor fiscalización, trazabilidad de los aportes y rendición de cuentas efectiva.

Durante años, las sucesivas reformas electorales en Panamá buscaron limitar el financiamiento público y privado para equilibrar la competencia. Elevar los topes actuales revertiría ese esfuerzo, según la organización empresarial.

Rechazó cualquier cambio que reduzca las oportunidades de las candidaturas por libre postulación.

Asegura que la Comisión Nacional de Reformas Electorales avanzó durante años hacia mayor apertura para los candidatos independientes, y revertir ese proceso reduciría las opciones ciudadanas y debilitaría la pluralidad electoral.

La organización exigió también que cualquier revisión de los circuitos electorales explique públicamente sus criterios y sus efectos sobre la representación. Los diputados, insistió, deben aclarar cómo cada cambio en los circuitos y en la fórmula para adjudicar curules afectaría la proporcionalidad, sin evaluar las reglas solo por el resultado que habrían producido en una elección anterior.

Otro punto polémico, siempre según la Apede, son las propuestas para elegir las directivas de los partidos mediante nóminas completas, cerradas y bloqueadas. Ese mecanismo otorgaría todos los cargos a la lista ganadora y dejaría sin representación a otras corrientes internas.

Los ejecutivos de empresa piden que los diputados expliquen antes de aprobar estos cambios a quiénes beneficiarían y cómo garantizarían el derecho de todos los militantes a elegir y ser elegidos dentro de sus partidos.

La misma lógica de listas cerradas se aplicaría a la selección de candidaturas al Parlamento Centroamericano, con principales y suplentes definidos de antemano. El gremio plantea que los miembros de los partidos puedan votar individualmente por quienes aspiran a representarlos, y que ese resultado determine la conformación final de las listas.

La reforma reduce de cuatro a tres años el plazo para perseguir delitos electorales. La Apede considera que esa reducción envía una señal equivocada, porque las conductas que afectan la integridad de una elección deben poder investigarse y sancionarse de forma eficaz y ejemplar.

El gremio se opone además a mantener el fuero penal electoral. Argumenta que participar en una contienda no debe convertirse en un obstáculo para investigar posibles delitos, y que quienes aspiran a representar a los ciudadanos deben responder ante la justicia en igualdad de condiciones, con pleno respeto al debido proceso.

Las cooperativas panameñas ampliaron su crédito y, al mismo tiempo, registraron una reducción en los atrasos de pago.

Esta evolución expone un desafío para el sector, que es el de sostener la colocación de financiamiento sin debilitar la capacidad de pago de sus clientes.

Los registros del Sistema de Referencias de Crédito de APC Experian ubicaron la cartera de estas entidades en $1.692 millones al cierre de julio de 2026.

El monto representó un aumento interanual del 3% frente al nivel informado para el mismo mes de 2025.

La morosidad de los préstamos con más de 61 días de atraso pasó del 7,36% al 7,31% en ese período y, aunque la variación fue limitada, ocurrió mientras el volumen de crédito siguió en alza.

El sistema cooperativo de Panamá mantiene su presencia entre las opciones de financiamiento para los consumidores, con una cartera mayor y una mora apenas menor.

Informes indican que la continuidad de esa tendencia dependerá de que las entidades evalúen la capacidad de pago antes de aprobar nuevos créditos y detecten de forma temprana posibles incumplimientos.

En detalle, durante el primer semestre de 2026, las cooperativas reunieron 144.523 referencias de crédito activas. El saldo promedio de cada obligación fue de $11.710.

El crédito personal concentró la mayor exposición del sistema. Esta modalidad acumuló $1.174 millones y superó las 103 mil obligaciones vigentes.

La distribución muestra que cerca de siete de cada diez unidades monetarias prestadas por las cooperativas correspondieron a ese tipo de financiamiento. La proporción vuelve central el análisis del endeudamiento de quienes solicitan préstamos para gastos personales.

El segundo segmento de la cartera está conformado por los créditos hipotecarios, con un saldo de $330 millones, en tanto que los demás productos sumaron $116 millones.

Dentro de esos rubros, los préstamos para automóviles registraron $45 millones, y las tarjetas de crédito mantuvieron alrededor de $26 millones.

La concentración en los préstamos personales obliga a las entidades a revisar con precisión los ingresos, las obligaciones previas y el comportamiento de pago de cada solicitante. Una evaluación insuficiente puede elevar el riesgo de que la expansión de la cartera se traduzca en un deterioro posterior.

El descenso en el indicador de atrasos se produjo mientras las cooperativas otorgaban más financiamiento. El resultado plantea la necesidad de equilibrar el crecimiento de las colocaciones con mecanismos de prevención de incumplimientos.

El reto del sector no se limita a sumar nuevos clientes o elevar los saldos prestados. Las entidades deben definir qué nivel de riesgo aceptarán y establecer cuánto puede pagar cada persona antes de concederle un crédito.

Los sistemas de referencias de crédito aportan información para examinar el historial financiero de los usuarios. Esos datos pueden servir para definir perfiles de riesgo y fijar montos, condiciones y plazos de los préstamos.

“Las cooperativas cumplen un rol fundamental en el acceso al crédito y en el avance de la inclusión financiera en Panamá”, afirmó Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.

La ejecutiva sostuvo que la información, la analítica y la tecnología pueden ayudar a las cooperativas a crecer de manera sostenible. También indicó que esas herramientas permiten tomar decisiones de crédito con mayor rapidez y precisión.

El uso de datos puede advertir si un solicitante ya enfrenta una carga financiera que compromete su capacidad de pago. A la vez, puede acelerar las respuestas para los clientes que mantienen un historial favorable.

Las cooperativas han comenzado a incorporar soluciones tecnológicas que antes estaban asociadas sobre todo con los bancos y las instituciones financieras de mayor tamaño. Estos recursos permiten revisar solicitudes, clasificar perfiles y automatizar parte de los procesos.

La adopción de estas herramientas puede reducir la posibilidad de aprobar un préstamo para una persona que no podrá cumplir con las cuotas. También puede facilitar el acceso al financiamiento de quienes muestran un comportamiento financiero adecuado.

Cardellicchio señaló que el proceso no debe quedar limitado a la incorporación de plataformas. “Innovar no significa únicamente incorporar tecnología”, explicó la gerente general de APC Experian.

La ejecutiva añadió que el objetivo consiste en aprovechar mejor los datos para comprender el riesgo, acelerar las decisiones y facilitar el acceso responsable al crédito.

El sector cooperativo deberá preservar su función de inclusión financiera mientras protege la calidad de su cartera. La combinación entre crecimiento del crédito, evaluación de clientes y uso de información definirá el desempeño de estas entidades en los próximos períodos.

La consulta pública del Registro Oficial de Ofensores Sexuales en Panamá dependerá de la firma de un convenio jurídico que todavía está pendiente.

La plataforma Panamá Conecta albergará esta herramienta, una vez que se complete ese requisito administrativo, indicaron las autoridades.

El administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Adolfo Fábrega, informó que el desarrollo tecnológico ya concluyó, y que la previsión es que el sistema pueda estar disponible durante las próximas semanas.

Se permitirá que la ciudadanía acceda a información sobre las personas incorporadas a esa base de datos, aunque antes las instituciones deberán formalizar el acuerdo que habilite la divulgación de los registros.

La primera etapa consiste en ordenar y consolidar los datos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y tras ese proceso se activará el listado destinado a las consultas ciudadanas dentro de la plataforma digital.

“El primer entregable que tenemos es un registro, de manera que exista una base de datos debidamente organizada de la DIJ con los ofensores sexuales, y posteriormente el listado, de manera que un ciudadano pueda consultar”, explicó Fábrega.

El sistema fue concebido con dos componentes, el primero reúne y estructura la información institucional, mientras que el segundo abre un mecanismo para que los ciudadanos puedan verificar los datos disponibles.

La habilitación del Registro Oficial de Ofensores Sexuales busca incorporar una herramienta de identificación y seguimiento de personas condenadas por delitos sexuales. Su apertura forma parte de una política orientada a la prevención y a la protección de las comunidades.

La Ley 244 de 2021 instauró inicialmente el registro como una base de datos de uso restringido para operadores de justicia y para la emisión de certificados de no agresor sexual, pero la reforma introducida por la Ley 501 de noviembre de 2025 abrió la puerta a que esta información se convierta en accesible para la ciudadanía, con el objetivo declarado de “blindar” a las comunidades frente a agresores sexuales ya condenados.

Paralelamente, las estadísticas oficiales muestran un aumento sostenido y preocupante de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, que pasan de un promedio anual de más de 7.000 casos entre 2019 y 2023 a casi 4.000 denuncias a julio de 2026, con incrementos particularmente marcados en conductas que afectan a menores de edad, como el acceso sexual con adolescentes y la pornografía infantil.

La información más detallada disponible para 2026, a partir de varios informes estadísticos del Ministerio Público, permite precisar la evolución reciente del fenómeno y detectar variaciones por tipo de delito.

Entre enero y abril de 2026 se registraron 1.980 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que supone un aumento del 5% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 1.892 denuncias.

En este cuatrimestre, el mes con más denuncias fue abril, con 539 casos, seguido de marzo, con 538, enero, con 487, y febrero, con 416.

La mayor parte de las investigaciones correspondió al capítulo de violación y otros delitos sexuales, que acumuló 1.795 denuncias, mientras otros 185 casos se clasificaron dentro del capítulo de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas.

La información más detallada disponible para 2026, a partir de varios informes del Ministerio Público, permite precisar la evolución reciente del fenómeno y detectar variaciones por tipo de delito.

Entre enero y abril de 2026 se registraron 1.980 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual, lo que supone un aumento del 5% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 1.892 denuncias.

Solo en julio ingresaron 706 denuncias, la cifra mensual más alta, después de las 685 contabilizadas en mayo y las 551 de junio.

La conducta con más denuncias fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 1.482 casos hasta julio, lo que representa un aumento de 35% frente a las 1.097 denuncias del mismo período de 2025 y la convierte en una de las categorías que más ha contribuido al crecimiento observado durante este año.

Panamá lanzó nuevas plataformas digitales de salud para que los pacientes puedan gestionar citas, consultar resultados y acceder a orientación médica sin trasladarse, en algunos casos, a una instalación sanitaria.

El Ministerio de Salud de Panamá presentó MinSalud PDP, el Portal del Paciente, y nuevas herramientas del Programa Nacional de TeleSalud.

La iniciativa busca acercar la atención a la población y simplificar los trámites vinculados con el sistema público.

Incorporación de estas plataformas permite solicitar, administrar y revisar el estado de las citas médicas desde canales digitales. También da acceso a resultados de laboratorio, registros de vacunación y medicamentos, información sobre prestaciones disponibles y la ubicación de los centros de salud.

La aplicación MinSalud PDP concentrará varias gestiones en un mismo espacio digital. Los usuarios podrán consultar datos de su atención y disponer de información necesaria para continuar controles médicos.

La plataforma prevé sumar de forma gradual la Teleconsulta Espontánea en todo el país. El servicio permitirá recibir orientación de atención primaria con profesionales de medicina general sin una cita programada.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sostuvo durante el acto realizado en el Centro de Control de Atención del Ministerio de Salud que la puesta en marcha de las herramientas confirma la posibilidad de modernizar la administración pública y usar los recursos estatales de forma responsable.

“Esta transformación no empieza ni termina aquí”, afirmó el funcionario.

Boyd Galindo señaló que el ministerio ya lleva telemedicina a comunidades alejadas mediante maletines portátiles.

El titular de la cartera también indicó que el Minsa utiliza drones para trasladar medicamentos y pruebas de laboratorio en Darién, Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Esas acciones cuentan con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

La herramienta RAISA, integrada al Programa Nacional de TeleSalud, permite tramitar citas a través del buscador de Google, el sitio web del Ministerio de Salud, Telegram y la aplicación MinSalud PDP.

El sistema ofrece actualmente turnos para tres servicios de TeleSalud: seguimiento y control de enfermedades crónicas, cesación de tabaquismo y lectura con orientación sobre resultados de laboratorios.

La atención está disponible a escala nacional. Los médicos asignados al Centro de Contacto del Minsa son los responsables de brindar esos servicios.

La digitalización se inserta en una estrategia de transformación del sistema sanitario panameño. El objetivo oficial es reducir obstáculos para acceder a consultas, facilitar la comunicación con los centros médicos y acelerar procedimientos que antes requerían gestiones presenciales.

En febrero de 2025, la Caja de Seguro Social (CSS) inició su propio programa de telemedicina. La entidad informó entonces que buscaba disminuir las barreras de acceso a la atención especializada.

El plan comenzó con la especialidad de nefrología. Luego incorporó neurología y proyectaba incluir cardiología entre las áreas disponibles.

Uno de los proyectos previstos por la CSS era el desarrollo de telestroke. El programa permitiría evaluar a distancia a pacientes con infartos cerebrales para definir si podían recibir trombólisis intravenosa en el centro de atención más cercano.

La expansión de las consultas remotas aparece como uno de los puntos de coincidencia entre los esfuerzos del Minsa y la CSS. Mientras el ministerio amplía servicios de atención primaria y seguimiento, la Caja avanzó sobre especialidades y eventuales urgencias neurológicas.

El presidente José Raúl Mulino vinculó el lanzamiento de las plataformas con una mejora en la atención de los pacientes. El mandatario definió la iniciativa como parte de un sistema enfocado en prevención, diagnóstico y atención primaria.

“Hoy iniciamos una transformación del servicio de salud”, dijo, y sostuvo que la tecnología y el uso responsable y coordinado de la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la asistencia médica. Una nota de prensa oficial indicó que el jefe de Estado anunció también la próxima apertura del primer centro de tratamiento del cáncer en Bugaba, Chiriquí.

El 32,5% de un grupo analizado por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) presentó VIH y/o alguna ITS.

El estudio alertó sobre la presencia de infecciones que pueden no causar síntomas y, por ese motivo, quedar fuera de los modelos de detección centrados solo en manifestaciones clínicas.

La información surgió de una investigación realizada con personas atendidas en servicios comunitarios de tamizaje.

La evidencia plantea la necesidad de ampliar de forma progresiva las capacidades de diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento dentro del sistema sanitario.

Titulada “La carga oculta de las ITS en Panamá”, la información fue desarrollada por AHF Panamá y el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

El trabajo incluyó a 308 participantes captados en servicios comunitarios de tamizaje para ITS y VIH de AHF Panamá.

Los investigadores aplicaron pruebas serológicas y métodos de diagnóstico molecular, y las evaluaciones permitieron examinar la presencia de VIH, sífilis activa y distintos agentes vinculados a las infecciones de transmisión sexual.

El informe determinó que el 21,4% de los participantes tenía al menos un patógeno del panel molecular que podía interpretarse desde el punto de vista clínico.

La prevalencia combinada de VIH y/o ITS alcanzó el 32,5% en la cohorte estudiada, y el resultado aportó datos epidemiológicos para identificar brechas en la respuesta sanitaria nacional.

La presentación de los hallazgos se realizó durante una actividad vinculada al Día Mundial de la Salud Sexual, encuentro que reunió a especialistas para revisar prioridades y oportunidades de cooperación en prevención, diagnóstico y atención integral.

Yelkys Gil Mojica, directora general de Salud, quien integró un panel estratégico de expertos, encabezó la participación institucional integrando un panel estratégico de expertos.

La funcionaria aportó la mirada del Ministerio de Salud sobre los resultados de la investigación y sobre sus posibles efectos en las políticas públicas y los servicios sanitarios del país.

Carlos Chávez, jefe de la Sección de ITS/VIH/SIDA del Minsa, centró su intervención en los aspectos técnicos y programáticos de la respuesta nacional.

El análisis incluyó la prevención combinada, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la vinculación de las personas con los servicios de salud y el seguimiento de quienes tienen ITS o VIH.

Para el Minsa, los datos servirán como insumo para consolidar una respuesta diferenciada y basada en evidencia. La entidad planteó que las acciones deben integrar la prevención, el diagnóstico, la atención y el seguimiento.

Entre las herramientas mencionadas figuran la profilaxis preexposición, conocida como PrEP, la vacunación, el uso de preservativos y la consejería.

La institución sostuvo que la respuesta no debe limitarse al número de pruebas realizadas, toda vez que el enfoque busca contemplar el recorrido de cada persona dentro del sistema de salud, desde el acceso hasta el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y los controles posteriores.

Uno de los puntos analizados fue el carácter asintomático de varias infecciones de transmisión sexual, pues una persona puede tener una ITS sin advertir señales clínicas, lo que dificulta la identificación de los casos cuando la atención depende solo de la aparición de síntomas.

El informe indicó que esta situación representa un desafío para los mecanismos de detección vigentes, ya que la ausencia de manifestaciones clínicas puede retrasar el diagnóstico y la vinculación con los servicios adecuados.

El Minsa señaló que la generación de información epidemiológica y el intercambio técnico ayudan a reconocer áreas que requieren mejoras, destacando la necesidad de que las medidas respondan a las condiciones reales de la población.

La estrategia requiere la intervención coordinada del sector público, la academia, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil y otros actores vinculados con la salud sexual.

Mientras, la Región Metropolitana de Salud desarrolló una sesión educativa para trabajadoras sexuales a través del Centro de Salud de Pueblo Nuevo.

La actividad buscó reforzar los conocimientos sobre la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el cuidado personal.

Durante la jornada, el equipo abordó contenidos sobre la Clínica de Higiene Social y el Control, las infecciones de transmisión sexual, la realización del Papanicolaou y el cumplimiento del esquema de vacunación.

El evento alcanzó a 27 participantes, quienes recibieron material educativo y 184 preservativos como parte de las medidas de educación y prevención.

El trabajo con parteras empíricas se ha consolidado en Panamá como una pieza fundamental del sistema de salud en zonas de difícil acceso.

Durante más de dos décadas, el Ministerio de Salud (Minsa) ha impulsado iniciativas para integrar sus saberes en la atención primaria, con énfasis en la interculturalidad y la eliminación de barreras para las comunidades rurales y comarcales.

La estrategia incluye capacitaciones periódicas que reconocen y valoran el rol de las parteras tradicionales en la protección materno-infantil.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, participó en una de estas jornadas, donde se destacó la relevancia de su aporte para fortalecer los servicios y el bienestar de madres y recién nacidos en regiones apartadas.

Para responder a la pregunta sobre el alcance de este modelo, puede afirmarse que el Ministerio de Salud de Panamá sostiene un programa institucionalizado de formación y apoyo a parteras empíricas, respaldado por la entrega de materiales, supervisión continua y la colaboración de organismos internacionales.

La integración de estos conocimientos tradicionales busca mejorar la calidad de la atención durante el embarazo y el puerperio, abordando tanto aspectos técnicos como culturales.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que las acciones del Minsa incluyen no solo la capacitación y provisión de insumos, sino también la supervisión y la referencia de casos al sistema de salud formal.

Estas actividades cuentan con el respaldo de entidades como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo que refuerza la articulación entre métodos ancestrales y recursos médicos contemporáneos.

Desde 1994, el Manual de la Partera Panameña sirve como base normativa y pedagógica para la formación de parteras en el país.

Este documento recoge la experiencia acumulada de las trabajadoras de la salud y ha sido clave para institucionalizar los procesos de capacitación y los lineamientos del parto con enfoque culturalmente aceptado.

El reciente Taller de Formación de Facilitadores de Diálogos de Saberes, mencionado por Gil, marca un paso inicial hacia el fortalecimiento de la red primaria de salud.

El objetivo declarado es avanzar en una hoja de ruta que garantice atención de calidad, sin barreras y basada en el trabajo conjunto entre la medicina oficial y el conocimiento tradicional.

La presencia de la representante de la OPS en Panamá, Liliane Renau, en la actividad, subraya el respaldo internacional a este modelo de articulación y mejora de la atención materna en áreas rurales.

Las parteras empíricas y tradicionales en Panamá ocupan hoy un lugar estratégico en la intersección entre los sistemas de salud institucionales y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, en un país que enfrenta importantes brechas en mortalidad materna y neonatal, particularmente en las comarcas y territorios de difícil acceso.

En los últimos años se observa un proceso acelerado de reconocimiento y articulación de estas parteras con el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Banco Mundial y diversas organizaciones comunitarias, que se traduce en la elaboración de manuales nacionales de capacitación, encuentros nacionales, talleres interculturales y el despliegue de herramientas como la Herramienta de Promoción del Parto Culturalmente Seguro, aplicadas por primera vez en el país.

Al mismo tiempo, iniciativas comunitarias como la Asociación Ngäbe de Agentes de Salud Tradicional y Natural (Asastran) muestran cómo las parteras indígenas se organizan para custodiar plantas medicinales, rituales de parto y prácticas de atención humanizada, en contextos donde su rol es, a menudo, la única opción real de atención materna en comunidades remotas.

Sin embargo, estos avances coexisten con profundas desigualdades, pues las mujeres indígenas tienen hasta seis veces más probabilidad de morir en el parto que las mujeres no indígenas, lo que evidencia que el fortalecimiento de las parteras empíricas no puede desligarse de debates sobre racismo estructural, acceso territorial, financiamiento y transformación del propio modelo de atención obstétrica.

El llamado de Panamá a una reforma profunda dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) marca un punto de inflexión en el debate regional.

La nación canalera subraya en un comunicado que, para garantizar la sostenibilidad y relevancia del organismo, la transformación debe ir más allá de simples ajustes administrativos y abordar de raíz la estructura y los procesos internos.

Sostiene que el SICA es una herramienta fundamental para la estabilidad y el desarrollo centroamericano.

Sin embargo, afirma que la coyuntura actual exige modernizar el sistema para responder de manera más eficaz a los desafíos y expectativas de los países miembros.

El SICA es el principal marco institucional de la integración regional en Centroamérica y constituye hoy uno de los proyectos más ambiciosos de articulación política, económica y social en el espacio centroamericano y caribeño hispanohablante.

La postura oficial panameña plantea que el organismo solo podrá cumplir sus metas si adopta medidas que refuercen el equilibrio y la transparencia en su funcionamiento.

Según el comunicado de la delegación panameña, la revisión de los criterios de representación y participación es prioritaria.

Panamá señala que la distribución del personal debe basarse en la capacidad y el mérito, para así evitar desequilibrios que afecten el funcionamiento colectivo.

El país también promueve la aplicación de criterios de proporcionalidad en el reparto de recursos humanos y responsabilidades.

En materia financiera, se enfatiza la necesidad de mecanismos sólidos que aseguren el cumplimiento de los compromisos económicos de los Estados miembros.

Solo con una administración robusta y reglas claras, el organismo podrá contar con los fondos necesarios para operar y alcanzar sus objetivos.

La delegación reconoce la labor de la Secretaría General ante los retos actuales, pero insiste en que las circunstancias requieren una modernización estructural.

Los esfuerzos de la Secretaría para avanzar en esta dirección son respaldados por Panamá, al considerar que la reforma institucional es clave para consolidar la integración regional.

La propuesta panameña aboga por abrir un diálogo a fondo entre los países miembros para examinar temas como la representatividad, la asignación objetiva de responsabilidades, la mejora de los mecanismos de gobernanza y la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera.

En este proceso, la nación canalera subraya la importancia de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos, así como de optimizar la estructura institucional para evitar duplicidades.

Además, propone la realización de evaluaciones periódicas de desempeño que permitan ajustar las acciones del SICA a las necesidades reales de la región.

En respuesta a la pregunta sobre el sentido de la posición de Panamá, la delegación aclara en un comunicado que su propuesta no supone un cuestionamiento a ningún país ni al personal del sistema.

Por el contrario, busca consolidar y modernizar el organismo, con el objetivo de preservar su papel como motor de la integración centroamericana.

Para el gobierno panameño, la fortaleza de cualquier organismo regional depende del equilibrio, la corresponsabilidad y la transparencia en la gestión.

Por ello, insta a iniciar un proceso de revisión política e institucional que involucre a todos los Estados miembros y a la Secretaría General, en un entorno de diálogo abierto y constructivo.

El objetivo de esta postura es dotar al SICA de estructuras más sólidas, eficientes e incluyentes. Panamá reitera su disposición a participar activamente en este proceso, convencido de que solo con instituciones renovadas y finanzas sanas podrá fortalecerse la confianza y avanzar hacia una integración regional más efectiva.

La apuesta panameña refleja un compromiso firme con la consolidación de la entidad de integración, como plataforma clave para el desarrollo conjunto de Centroamérica.

El SICA fue formalmente establecido el 13 de diciembre de 1991 mediante la firma del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), un instrumento que reformó y sustituyó la institucionalidad previa creada en 1951 y que inauguró una nueva etapa orientada a consolidar a Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Panamá conformó un comité especializado para analizar y fortalecer las herramientas disponibles ante emergencias como los sismos.

Esta iniciativa, que involucra a entidades gubernamentales y académicas, apunta a mejorar la capacidad de reacción del país frente a fenómenos naturales mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la optimización de los recursos actuales.

Entre los objetivos centrales del comité destaca la intención de incorporar el sistema de alerta sísmica de Google en el territorio nacional.

Esta herramienta, usada ya en distintos países de la región, permite que dispositivos Android reciban notificaciones en tiempo real sobre movimientos telúricos cercanos, brindando segundos cruciales para que la población pueda protegerse.

Estas alertas, que solo se emiten para sismos de magnitud igual o superior a 4.5 y se diferencian según la intensidad esperada del movimiento del suelo, no predicen terremotos, sino que aprovechan el intervalo de tiempo entre la llegada de las ondas iniciales y las más destructivas para ganar segundos críticos.

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC), confirmó que ya se mantienen conversaciones con representantes de Google para evaluar la viabilidad técnica yoperativa de su implementación en Panamá, en declaraciones a TVN Noticias.

Explicó que el reciente sismo de 7.4 ocurrido este lunes 10 de agosto en Colombia y que fue percibido intensamente en varias provincias panameñas, evidenció la necesidad de contar con sistemas de alerta más eficientes.

En Panamá hubo reportes de personas que percibieron el movimiento durante 40 segundos y hasta casi un minuto, una duración que, según Luque, no es habitual en los sismos que suelen sentirse en el país.

“La fuerte percepción del movimiento en territorio panameño tiene relación con las características del evento y con la forma en que se propagaron las ondas sísmicas”, sostuvo el especialista, quien remarcó la importancia de fortalecer la infraestructura de monitoreo y respuesta.

Actualmente, informó que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá opera una red de 63 sismógrafos distribuidos en distintas regiones del país, aunque, debido a limitaciones presupuestarias, pero solo 50 permanecen activos.

Esta situación, según el mismo director, dificulta el monitoreo preciso y continuo de la actividad sísmica, lo que refuerza la urgencia de invertir en tecnología y mantenimiento.

El interés en la tecnología de alerta de Google responde a la experiencia internacional y a la demanda de la ciudadanía panameña de acceder a sistemas de notificación como los disponibles en otras naciones de la región.

Algunos diputados han instado públicamente al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar recursos para la modernización de la red antisísmica.

El diputado Pérez Barboni subrayó, citado por medios de comunicación, que “somos de los pocos países de la región que entra a Google y no tiene la opción de ver cuáles son esas alertas antisísmicas que otros países sí tienen”.

Mencionó que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá recomendó una inversión de entre $1,5 y $3 millones para alcanzar estándares internacionales de prevención.

Datos oficiales del Instituto de Geociencias indican que, solo en 2025, se registraron 879 sismos en Panamá, de los cuales tres superaron la magnitud 5.0.

Hasta julio de este año, se habían contabilizado 773 eventos sísmicos, con siete casos que superaron esa magnitud.

Las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, fronterizas con Costa Rica, especialmente el corregimiento de Puerto Armuelles, concentran más de la mitad de los movimientos detectados este año.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional avanzó en la regulación de la esterilización voluntaria, al aprobar en primer debate el proyecto de ley 583.

La propuesta introdujo cambios sustanciales en la mayoría de sus artículos y sumó cuatro nuevos apartados, en busca de fortalecer el marco normativo.

Entre los ajustes más relevantes, la comisión decidió igualar la edad mínima para que hombres y mujeres accedan a la esterilización en el sistema público de salud, estableciéndola en 23 años.

Además, se abrió la posibilidad de realizar este procedimiento en menores de edad, siempre que exista consentimiento de un tutor legal y justificación médica, o cuando la persona menor padezca una enfermedad o defecto que lo amerite.

Esta medida, se dijo, busca garantizar decisiones informadas y seguras tanto para mujeres como para hombres dentro del sistema sanitario.

El proyecto de ley responde a la demanda de un marco regulatorio claro para la esterilización en centros de salud públicos, permitiendo que cualquier persona que cumpla los requisitos pueda solicitar el procedimiento.

La iniciativa también contempla protecciones para menores, exigiendo el aval de un tutor y la recomendación de profesionales médicos cuando la situación clínica lo requiera.

El documento señala que la esterilización no procederá cuando la persona decide no continuar con el procedimiento, aun antes de que concluya la intervención médica, o si no se presenta prueba de que la persona haya sido informada sobre métodos alternativos anticonceptivos por el personal de salud.

En la misma sesión en la Asamblea Nacional, y en otro orden de ideas, la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social admitió tres anteproyectos de ley enfocados en el sistema de aguas residuales en Panamá.

Las propuestas, presentadas por los diputados Lenín Ulate, Yamireliz Chong y Jorge Bloise, buscan establecer normas para la operación, mantenimiento, traspaso e instalación de plantas de tratamiento. Cada una aborda aspectos distintos del proceso, desde la gestión legal y técnica hasta la supervisión de los sistemas de saneamiento.

Estos anteproyectos buscan actualizar el marco jurídico y operativo, lo que podría mejorar la calidad del agua y la salud pública a mediano plazo. De ser aprobados, establecerían procedimientos claros para el funcionamiento y el control de los sistemas de tratamiento, una demanda histórica en varias regiones del país.

Durante la jornada, la comisión concedió espacio a representantes de enfermeras, técnicas de enfermería y farmacia desempleadas, quienes reclamaron la falta de oportunidades laborales.

Presentaron un registro de 2 mil profesionales técnicos y licenciados sin empleo, destacando que el 40% reside en la provincia de Colón.

Denunciaron, además, la ausencia de políticas efectivas para incorporar personal calificado al sistema, a pesar de la necesidad existente en hospitales y centros de salud.

El presidente de la comisión, Crispiano Adames Navarro, reconoció la gravedad de la situación y expresó que hay una preocupación genuina por la falta de empleo para estos profesionales, en contraste con las carencias del sistema público.

Adames detalló que, tras escuchar a los afectados, se acordó trabajar en el análisis de las condiciones de salud y desarrollo social, además de solicitar a las autoridades una revisión de la planificación y la gestión de recursos humanos en el sector.

El diputado subrayó la necesidad de avanzar hacia una planificación técnica y ordenada de la formación y contratación de personal de salud, incorporando las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El objetivo es asegurar que la preparación y el empleo de enfermeros y técnicos respondan realmente a las demandas del sistema, evitando tanto el desempleo como la desatención en hospitales y centros de atención pública.

“Estamos en las calles por el desempleo del personal de enfermería y de los técnicos. Mientras tanto, nuestros compañeros en los hospitales no se dan abasto con la cantidad de pacientes. Eso también es un maltrato laboral”, denunció ante los medios la licenciada en Enfermería, Giraseli de Jiménez.

Una serie de medidas de control interno, acciones judiciales y la transformación tecnológica integral de la Dirección General de Ingresos (DGI), anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de la detección de esquemas irregulares de defraudación fiscal operados durante años mediante la vulneración de controles institucionales.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que ante los acaecidos actos de corrupción se mantiene una postura de tolerancia cero, garantizando que el proceso continuará sin distinción, en las instancias correspondientes.

Como respuesta estructural para cerrar de manera definitiva las brechas que permitieron el fraude, el titular de la cartera de Economía y Finanzas indicó que se iniciará el proceso de sustitución del sistema e-Tax por una plataforma digital de última generación.

La nueva infraestructura, agregó, garantizará la trazabilidad completa de cada expediente y la automatización de procesos que históricamente se realizaban de forma manual.

Chapman no precisó cuándo comenzará a funcionar la nueva plataforma, cuánto costará su implementación ni qué mecanismos específicos de seguridad incorporará.

Detalló que el plan de modernización contempla la trazabilidad digital obligatoria mediante un registro inalterable y seguimiento en tiempo real de cada trámite administrativo, así como la eliminación de la discrecionalidad manual utilizando la digitalización de procesos vulnerables para eliminar espacios a la manipulación.

De igual manera, añadió que se hará una auditoría continua de fondos, una garantía tecnológica de que cada dólar recaudado se dirija de forma íntegra hacia las prioridades nacionales de inversión social, empleo, infraestructura educativa, salud y seguridad ciudadana.

“Vamos a reemplazar el sistema e-Tax que hoy conocemos por una plataforma digital más robusta, donde cada trámite quede registrado y se pueda seguir paso a paso. Digitalizaremos lo que hoy se hace a mano: menos espacio para la trampa, un blindaje tecnológico cuidando el dinero de todos”, puntualizó Chapman.

En un mensaje a la nación, el funcionario diferenció de manera tajante la conducta delictiva de un grupo focalizado frente al compromiso de la fuerza laboral de la institución, asegurando la estabilidad y continuidad de la atención a los contribuyentes en todo el territorio nacional.

“La inmensa mayoría de quienes trabajan en la institución son servidores honestos que cumplen todos los días. No voy a permitir que la conducta de unos pocos manche el trabajo de muchos”, afirmó Chapman, citado en una nota de prensa institucional.

Confirmó que las operaciones administrativas y de recaudación continúan funcionando con normalidad. “Lo ocurrido en la Dirección General de Ingresos es inaceptable. Fue un esquema que durante años burló los controles y quienes defraudaron al Estado van a responder ante la justicia y ante el país. En eso no hay negociación”, manifestó el ministro.

El Ministerio de Economía y Finanzas reiteró su compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia institucional y el uso riguroso de las herramientas legales y tecnológicas para proteger los recursos de todos los panameños.

Un informe técnico elaborado por la DGI reveló que fueron una serie de inconsistencias, omisiones y patrones repetitivos los que llevaron a descubrir una estructura que, según las investigaciones, habría generado un perjuicio superior a $40 millones mediante el sistema E-Tax 2.0.

El documento, que sirvió de base para la investigación penal conocida como Operación Pandora, permite reconstruir las principales señales de alerta que despertaron las sospechas de los auditores y que posteriormente dieron paso a allanamientos, órdenes de captura y procesos judiciales contra funcionarios y particulares.

Hasta el momento el ministerio había anunciado la separación de al menos 12 funcionarios vinculados con las irregularidades, el congelamiento de los trámites de créditos fiscales bajo sospecha y la solicitud de una auditoría a la Contraloría General de la República, sin fecha de ejecución, informaron los medios de comunicación.

El Ministerio de Educación (Meduca) presentó los resultados académicos correspondientes al primer trimestre del año lectivo, evidenciando una alta tasa de aprobación en todos los niveles educativos.

La institución atribuyó este avance a la integración de nuevas herramientas tecnológicas y estrategias sociopedagógicas.

La implementación de una plataforma digital de análisis educativo, según explicó Dillian Staine, director de planificación del Meduca a una televisora local, permitió monitorear el rendimiento académico y la gestión administrativa de los centros de enseñanza en todo el país.

Esta herramienta, indicó, facilita el acceso a datos sobre desempeño por asignatura, colegio y región, tanto para docentes como para directivos, supervisores y padres de familia. La plataforma ayuda a identificar áreas de mejora y a visibilizar a los estudiantes con mejor desempeño.

Al detallar las estadísticas, el funcionario manifestó que en el nivel de educación primaria, que agrupa aproximadamente a 401.000 estudiantes, la tasa de aprobación alcanzó el 96,81%.

Para la premedia, el índice se ubicó en 91,33%, lo que representa más de 167.000 estudiantes que aprobaron el periodo sin asignaturas pendientes.

Por su parte, la educación media mostró un repunte, alcanzando un 96,2% de aprobación, correspondiente a 123.642 alumnos.

Estos indicadores, según las autoridades educativas, reflejan una mejora respecto a trimestres anteriores, impulsada por la incorporación de métodos innovadores y el fortalecimiento de los ejes socioemocionales.

En materias consideradas de mayor exigencia y en las que a través de los años siempre tropiezan muchos estudiantes, como matemáticas y ciencias, el funcionario aseguró que el sistema reflejó avances, aunque persisten retos.

La tasa de aprobación en matemáticas se ubicó en 85,51%, mientras que en biología y ciencias naturales los niveles superaron el 86% y el 90%, respectivamente.

El director de planificación del Meduca indicó que estas cifras evidencian una tendencia positiva, aunque no ocultó que las asignaturas científicas continúan bajo observación para futuras intervenciones.

El informe oficial también resalta el trabajo de los gabinetes psicopedagógicos y la realización de actividades extracurriculares como factores que contribuyen a la mejora en los resultados.

Subraya que el acompañamiento socioemocional y el deporte han reforzado la motivación y el sentido de pertenencia entre los estudiantes, elementos considerados determinantes para el éxito académico.

El Ministerio de Educación reconoció el aporte de las metodologías activas y la introducción de inteligencia artificial en las aulas.

Estas innovaciones, argumenta, han fortalecido la personalización de la enseñanza y optimizado la detección de necesidades individuales.

Las autoridades sostienen que la combinación de recursos tecnológicos, prácticas pedagógicas actualizadas y acciones orientadas al bienestar emocional forman la base del progreso registrado en este primer trimestre.

El Ministerio de Educación panameño evalúa expandir el uso de la plataforma digital y profundizar en el análisis de datos para ajustar estrategias en tiempo real. El director de planificación de la entidad estatal subrayó que el acceso ágil a información académica permite tomar decisiones informadas y aplicar medidas de apoyo de manera oportuna.

El informe del primer trimestre será utilizado como referencia para definir programas de reforzamiento y nuevas líneas de acción en el segundo periodo académico.

El Meduca reiteró su compromiso de garantizar una educación inclusiva y de calidad, apoyándose en la innovación tecnológica y la participación activa de toda la comunidad educativa.

En el último período lectivo Panamá volvió a enfrentar uno de los grandes problemas del sistema educativo: la deserción escolar, una situación con raíces estructurales que continúa mostrando variaciones, de acuerdo a las fuentes oficiales y análisis independientes que se consulten. Algunas versiones recogidas por los medios indican entre el 2024 y 2025 la desvinculación de estudiantes del sistema educativo formal supera los mil casos.

Panamá, país que ejerce actualmente la presidencia pro tempore de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe, ha establecido un sistema robusto de áreas marinas protegidas que cubre más del 54% de su Zona Económica Exclusiva.

Este porcentaje supera significativamente la meta global de proteger al menos el 30% de las áreas marinas para 2030, sostiene la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Sumado a esto, la acuicultura es el segundo rubro de mayor exportación, con un 13.4% de camarones congelados; superado únicamente por el banano, representando el 17.5% del total.

Adicionalmente, es importante recordar que el promedio del consumo per cápita anual de productos del mar en Panamá es de 23.3 kilogramos, en comparación con América Latina y el Caribe, en donde el promedio es 9.8 kg por año.

Panamá se sumó recientemente a la iniciativa global “Mesopelagic Zone Conservation Challenge” un compromiso internacional para la protección de la llamada “zona crepuscular” del océano, que se extiende entre los 200 y 1.000 metros de profundidad.

Esta región resulta esencial para la biodiversidad marina y el equilibrio climático, ya que alberga hasta el 90% de la biomasa de peces del océano y cumple un papel clave en el secuestro de carbono.

El liderazgo de Panamá en la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe, permite articular acciones regionales orientadas a la sostenibilidad y la defensa de los intereses de las comunidades pesqueras.

El sistema de áreas marinas protegidas se extiende sobre más de la mitad de su Zona Económica Exclusiva, lo que representa una de las coberturas más amplias en la región. Las medidas incluyen restricciones a la pesca industrial, regulación de actividades extractivas y promoción de prácticas sustentables en la pesca artesanal y la acuicultura.

La presencia de especies como atún, pez espada, calamares y diversas variedades de pequeños peces pelágicos subraya la importancia económica y ecológica de estos espacios.

El impacto de la protección de la “zona crepuscular” se refleja tanto en la salud de los ecosistemas como en la economía local. La migración diaria de millones de animales mesopelágicos contribuye al transporte de carbono hacia las profundidades marinas, un mecanismo natural que ayuda a mitigar el cambio climático.

Estudios citados por Ethical Marketing News indican que estas especies transfieren entre dos y seis gigatoneladas de carbono al año a las capas profundas del océano.

La política pesquera panameña, alineada con los principios de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, busca equilibrar la conservación ambiental con el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura.

El fortalecimiento de las áreas protegidas ha generado nuevas oportunidades para la investigación científica, el turismo sostenible y la valorización de las prácticas tradicionales de las comunidades costeras.

Según cifras de la FAO, se estima que la pesca en pequeña escala, tanto marina como continental, sustenta directamente a 110 millones de personas en todo el mundo y benefician a cerca de 500 millones si se incluye a sus familias.

Las mujeres representan alrededor del 40% de las personas que participan en las pesquerías en pequeña escala, pero enfrentan barreras para acceder a los recursos y a la toma de decisiones.

Las proyecciones de la FAO indican que para suplir la demanda de alimentos acuáticos al 2050, será necesario aumentar la producción en un 22% a nivel global. En la región, para mantener la tasa de consumo de alimentos acuáticos actual, se requerirá de incrementar su oferta un 13%.

Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyó que $36.01 millones de los $42.4 millones utilizados por un solo banco para compensar impuestos entre 2022 y 2025 serían improcedentes e ilegítimos.

Esta situación quedó al descubierto a raíz de la captura de integrantes de una red criminal que presuntamente manipulaba el sistema tributario estatal para eliminar registros de cuentas millonarias ya saldadas por contribuyentes.

Las autoridades han explicado que la investigación conduce a que los implicados, en su mayoría cercanos a la DGI, entre ellos funcionarios, alteraban el sistema electrónico de gestión tributaria para hacer desaparecer pagos realizados por grandes contribuyentes.

Esta acción permitía que los créditos fiscales quedaran como pagos no aplicados, lo que abría la posibilidad de venderlos posteriormente a una entidad crediticia local y obtener beneficios económicos ilegítimos.

Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá esta situación “ya no admite lecturas suaves”.

Según el gremio empresarial la entidad bancaria que recibió los créditos fiscales ha indicado que “actuó de buena fe y que los créditos aparecían registrados y validados en la plataforma oficial”.

Ese contraste, agrega la Cámara, expone el problema central: cuando los registros del Estado pierden confiabilidad, también se debilitan la seguridad jurídica, la inversión y la confianza en Panamá.

“Este caso no se limita a fondos públicos burlados. Hay empresas y personas que pudieron ser engañadas por documentos y registros con apariencia legal. También puede haber quienes conocían el origen irregular y decidieron participar”, señala el organismo de los comerciantes.

En una nota avalada por su presidente, Aurelio Barría Pino, se indica que además de lo sucedido permanece la incertidumbre sobre el verdadero estado tributario de contribuyentes cuyos pagos fueron alterados o utilizados dentro del esquema.

La DGI administra uno de los servicios esenciales del país, por lo que su información debe ser inviolable, trazable y confiable, afirma.

La entidad estatal debe reconstruir cada operación, diferenciar con rigor a las víctimas de los posibles participantes y aclarar, sin dilaciones, la situación fiscal de cada persona o sociedad afectada. No se puede trasladar al contribuyente honesto el costo de las fallas del Estado, opina la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Explica que los créditos fiscales son instrumentos legales y necesarios para la actividad económica, que son creados, administrados y certificados por la propia DGI. Añade que por eso las empresas operan bajo el principio de legítima confianza en los registros oficiales.

“Si el sistema e-Tax fue manipulado para eliminar trazabilidad, alterar pagos reales y fabricar créditos con apariencia legítima, no estamos ante una falla menor, estamos ante una vulneración directa de la institucionalidad tributaria”, detalla, al tiempo que dice reconocer que a las actuales autoridades de la DGI no les ha pesado la mano para presentar las denuncias.

“Han hecho lo correcto. Pero no puede quedar ahí. Denunciar es el inicio, no el resultado”, indica la Cámara.

Para ello propone reforzar la cultura de integridad en los sectores públicos y privado, lo que exige programas de cumplimiento, códigos de ética aplicados, canales seguros de denuncia, controles cruzados, trazabilidad digital y consecuencias reales.

Agrega que también exige controles de acceso estrictos, auditorías independientes, alertas automáticas y una cadena de custodia digital que identifique quién modifica un registro, cuándo lo hace y desde dónde. La transformación digital sin seguridad es una puerta abierta al fraude.

El organismo clama por un orden con severidad, alegando que este es un problema legal, institucional y moral. Panameños haciéndonos daño entre panameños es imperdonable.

Hay que desmontar las redes, recuperar cada dólar, proteger a quienes actuaron de buena fe, corregir las vulnerabilidades y sancionar a quienes resulten responsables sin privilegios, sin encubrimientos y sin excusas.

La DGI debe recuperar su credibilidad con hechos y plazos claros. Panamá necesita orden con severidad. Caiga quien caiga.

Los testimonios coinciden con el periodo final para que los afiliados realicen el cambio entre el régimen público y los fondos privados, mecanismo habilitado por la reforma pensional y vigente hasta el jueves, 16 de julio de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial de Asofondos, “la ventana de oportunidad, mecanismo que habilitó la reforma pensional y que opera hace casi dos años, estará vigente hasta esa fecha. Más de 153 mil trabajadores han efectuado su traslado al 15 de junio”.

Para acceder a este beneficio, las mujeres deben tener más de 47 años y al menos 750 semanas cotizadas, mientras que los hombres deben contar con más de 52 años y 900 semanas o más. Según la explicación de Asofondos, el proceso exige realizar la Doble Asesoría, un procedimiento gratuito y sin intermediarios, que permite comparar la proyección pensional en ambos regímenes antes de tomar una decisión.

No obstante, las demoras en los trámites afectan procesos como afiliaciones, traslados entre regímenes, corrección de historia laboral y atención de quejas y reclamos prioritarios.

Las quejas de algunos usuarios

Usuarios como Oliden Riaño Acelas, funcionario público de Bucaramanga, Santander, demuestran las dificultades del proceso.

De acuerdo con el testimonio conocido por El Tiempo, el ciudadano tuvo que acudir en repetidas ocasiones a los puntos de atención de Colpensiones sin lograr completar sus diligencias debido a la persistencia de fallas en el sistema.

“He ido a Colpensiones el lunes de la semana pasada y me dijeron que estaban sin sistema”, señaló Riaño. Tras varias visitas, la situación no se ha normalizado y la única alternativa que le ofrecieron fue un número de contacto para verificar posteriormente la reactivación del servicio.

“No estoy en un trámite de pensión, porque ya tengo resolución de pensión y mi propósito es allegar la resolución de retiro para incluir en nómina (...) Ayer me dieron un número para que me comunicara para saber si ya se había normalizado. Me comuniqué y me dijeron que llamara el viernes”, relató.

A través de su perfil de Instagram, el abogado especializado en pensiones Óscar Iván Palacio Tamayo expresó preocupación por la indisponibilidad de las plataformas digitales de Colpensiones en la recta final del plazo para la Oportunidad de Traslado.

“Colpensiones SIN SISTEMA a días del plazo. Exijo RESPUESTAS por caída de plataformas, Esto es gravísimo, porque hay un plazo perentorio para el cálculo actuarial, en el sentido de que usted conserve la transición el 16 de julio a las 12 de la noche. Algo está pasando. Es un dato que deben tener en cuenta aproximadamente un millón de personas que deben tomar la decisión que más les convenga (sic)”, afirmó Palacio Tamayo.

Qué dice Colpensiones sobre caída de plataformas

La información oficial suministrada por Colpensiones se limita al comunicado divulgado el viernes 3 de julio de 2026, en el que se informó que adelanta una migración de infraestructura tecnológica hacia otro centro de datos.

Según explicaron desde la entidad, la migración fue suspendida temporalmente —del 3 al 5 de julio— para garantizar la continuidad de la atención y normalizar la prestación de los servicios, y sería retomada bajo protocolos técnicos definidos para este tipo de intervenciones.

Hasta el momento, Colpensiones no ha emitido un pronunciamiento específico sobre las dificultades reportadas por los usuarios durante los días posteriores a la fecha estimada.

Por su parte, desde el gremio de fondos privados se resaltó la importancia de aprovechar la ventana de traslado, especialmente para quienes están a menos de diez años de pensionarse y cumplen los requisitos de edad y semanas cotizadas.

“Ojo, quedan pocos días para quienes cumplan con los requisitos mencionados y estén considerando un traslado pensional. Es importante que los interesados revisen los requisitos y tomen la Doble Asesoría para decidir, de forma informada, si les conviene un posible traslado”, explicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Según cifras de Asofondos, desde que se habilitó el mecanismo se han registrado más de 272.000 solicitudes de Doble Asesoría y se han concretado 153.392 traslados entre Colpensiones y los fondos privados (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) o en sentido contrario, con corte al 15 de junio de 2026.

El trámite puede hacerse en línea a través de la página web de la administradora o presencialmente, y no requiere intermediarios ni pagos.

Las autoridades recomendaron a los trabajadores interesados consultar la página www.dobleasesoria.com para verificar si cumplen los requisitos y realizar el proceso de manera informada antes del 16 de julio.

En la guerra moderna, matar tiene puntaje. No es una metáfora: es un sistema oficial del gobierno ucraniano que asigna puntos canjeables por equipamiento militar a cada objetivo destruido en el campo de batalla.

En su columna en Infobae al Mediodía, junto a Maru Duffard, Jimena Grandinetti, Facundo Kablan y Fede Mayol, el analista internacional Andrei Serbin Pont desmenuzó el fenómeno de la gamificación de la guerra y sus consecuencias técnicas, psicológicas y éticas.

El sistema que convirtió el campo de batalla en un videojuego

El programa se llama Army of Drones: Bonus y funciona desde agosto de 2024. Lo lanzó el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania para transformar el éxito militar en tokens virtuales canjeables por equipamiento. Cada unidad sube evidencia en video de sus impactos al sistema DELTA, la plataforma de gestión del campo de batalla ucraniana. Tras una validación que combina inteligencia artificial y revisión humana, reciben puntos canjeables en el Brave1 Market.

Ese mercado, que el viceprimer ministro Mykhailo Fedorov describió como un “Amazon de la guerra”, ofrece más de 100 tipos de drones, vehículos autónomos y tecnología militar. “La lógica gamer invade el campo de batalla: puntos por matar y drones a demanda”, sintetizó Serbin Pont.

Los valores varían según prioridades tácticas. Un soldado raso puede valer 6 puntos. Un tanque llegó a valer 40, aunque ese valor bajó porque los tanques rusos ya no son considerados objetivos de alto valor. Un sistema de cohetes móvil o una suite de guerra electrónica puede sumar 70 puntos o más. Evacuar a un compañero herido puede valer hasta 120 puntos. Un operador de dron enemigo vale 25.

Un dato clave: capturar a un soldado ruso vivo vale 60 puntos, mucho más que matarlo, una decisión que busca reducir el incentivo letal y reforzar el fondo de intercambio de prisioneros.

A mediados de 2025, el programa ya incluía más de 420 unidades de drones y cubría el 90% de las fuerzas UAV de Ucrania. “El año pasado, Ucrania fabricó aproximadamente cuatro millones de drones FPV. Este año se espera que sean unos siete millones. Se han convertido probablemente en el arma más importante dentro del conflicto”, precisó.

La deshumanización del enemigo: el dron como videojuego

Para Serbin Pont, la exposición continua a imágenes en primera persona del momento previo a la muerte profundiza la deshumanización. “Esas caritas que vemos en pantalla no existen más porque algo les explotó encima y los mató”, ilustró.

El sistema elimina la reciprocidad del riesgo: “Vos matás con la seguridad de que tu vida no está en riesgo y eso te pone en una situación de poder y de lejanía con tu enemigo”, reflexionó. El propio Fedorov, viceprimer ministro, describió el trabajo de los operadores de drones como “trabajo técnico”, con “casi ninguna reacción emocional”.

Los comandantes reconocen que el sistema de puntajes y los videos de impacto ayudan a captar reclutas jóvenes con experiencia en videojuegos, aprovechando la similitud con los controles de los drones. La propaganda, señaló Serbin Pont, cumple ese objetivo: “Sostener una guerra requiere apoyo social, y el dominio informativo es clave”.

Civiles en la mira: la difuminación de las fronteras del combate

Serbin Pont alertó sobre la participación involuntaria de civiles: “Había gente que sistemáticamente estaba levantando datos en redes sociales, y posiblemente dos cuadras después alguien estaba detonando ese tanque”.

El gobierno ucraniano promovió la denuncia ciudadana, transformando a los civiles en agentes activos del esfuerzo bélico. “Vos te convertiste en un agente fiscalizador del Estado. Y en este caso es muchísimo más grave, porque te estás convirtiendo en un combatiente”, advirtió. Bajo las Convenciones de Ginebra, un civil que participa activamente en hostilidades pierde sus protecciones legales.

Investigadores de War on the Rocks advirtieron: “La gamificación no es una capa cosmética sobre la guerra: guioniza la participación, distribuye agencia y genera datos. Las fronteras entre el juego, la solidaridad política y la participación directa en las hostilidades son cada vez más difíciles de distinguir”.

El sistema ucraniano, el más desarrollado del mundo en incentivos bélicos, ya es seguido de cerca por otros países y redefine los límites éticos y técnicos de la guerra futura.

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Un financiamiento por $60 millones para apoyar a Panamá en la trasformación de su sistema catastral, aprobó el Banco Mundial.

El préstamo va dirigido para que el país modernice el trámite de tierras y el acceso a los servicios de propiedad, y contribuir a fortalecer las condiciones para la inversión y generar empleo durante su implementación.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el programa de transformación del catastro de Panamá por resultados permitirá desarrollar un sistema nacional de catastro multipropósito, moderno e integrado.

Se busca que la información sobre terrenos y propiedades esté consolidada en una plataforma digital compartida, actualizada y accesible para ciudadanos, municipios y entidades públicas.

La información oficial señala que hoy día solo el 36 % del territorio nacional cuenta con datos catastrales, que en su mayoría se encuentran desactualizados.

Mientras, apenas el 19 % de las propiedades está titulada, principalmente en las áreas urbanas.

Juan Pablo Uribe, director de División del Banco Mundial, manifestó que para muchas personas, no tener un título de propiedad significa vivir con inseguridad y sin acceso a oportunidades.

“Un sistema de tierras más confiable crea mejores condiciones para la inversión y la generación de empleo en las comunidades beneficiadas”, comentó.

Este programa, según una nota de prensa del MEF, facilitará el acceso a servicios de tierras confiables que fortalezcan los derechos de las personas y su capacidad de generar ingresos

Agrega que a través de este proyecto se intenta mejorar el acceso a los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en áreas seleccionadas, reduciendo tiempos en los trámites de propiedad y facilitando el acceso a información confiable, contribuyendo a fortalecer la seguridad jurídica y el uso productivo del suelo.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que “la modernización del catastro nacional es una pieza clave para fortalecer la gestión del Estado y avanzar hacia un sistema más transparente y ordenado”.

Este programa, agregó, permitirá contar con información actualizada y confiable sobre la propiedad, mejorar la valoración y ordenar los procesos vinculados a la tierra.

A través de este proyecto, Chapman indicó que el país continúa avanzando hacia una administración pública más eficiente y al fortalecimiento de las finanzas públicas de manera equitativa y transparente, en beneficio de la población.

Los principales beneficiarios de esta iniciativa serán los usuarios de los servicios catastrales y de tenencia de la tierra en las áreas de intervención del programa, quienes contarán con mayor seguridad jurídica sobre la tierra y mejor acceso a información de propiedad.

De acuerdo con la proyección gubernamental, se espera que el programa genere alrededor de 1,200 empleos directos durante su implementación, vinculados a la modernización catastral.

Además, que de manera indirecta beneficie al sector privado y a los tenedores de tierras al mejorar las condiciones para la inversión productiva, el acceso al crédito y la planificación territorial. Igualmente, fortalecerá la capacidad del Estado para planificar e invertir de manera más eficiente.

La operación se financiará mediante un Programa por Resultados (PforR), por el cual los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de metas específicas, como mejoras en los servicios catastrales, reducción de tiempos en los trámites y ampliación del acceso a información de tierras confiable y actualizada.

Esta operación, siempre según la información oficial, respalda un programa para modernizar el catastro nacional multipropósito de Panamá, que asciende a $95.15 millones, y que combina recursos del Banco Mundial y del Gobierno panameño, y será implementado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI).

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) realizará un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la península de Azuero, ubicada en el centro sur de Panamá.

Desde mayo de 2025 la región ha visto afectada por la contaminación de sus principales abastecedores de agua, los ríos La Villa y Estibaná, llevando a miles de residentes a tener que abastecerse de agua mediante carros cisternas o la compra del líquido embotellado.

La contaminación de los afluentes se debió a la presencia de coliformes fecales y nemátodos procedentes de fincas porcinas, sin sistemas de tratamiento, ubicadas en las riberas de estos ríos.

Ante la caótica situación, en junio de 2025 el gobierno de José Raúl Mulino decretó un estado de emergencia en la zona, sin que hasta el momento haya respuestas concretas al abastecimiento normal de agua potable que reclama la población.

En medio de la crisis, el 4 de marzo de este año, se produjo la renuncia del director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, quien había advertido que el presupuesto asignado a la entidad para el presente año fiscal es insuficiente para sostener la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

La institución pública enfrenta en los últimos años fuertes cuestionamientos por parte de la comunidad panameña, debido a la calidad y continuidad del suministro de agua potable en distintas regiones del país.

La colaboración estratégica del U.S. Army Corps of Engineers para realizar un diagnóstico técnico integral del sistema hídrico en la zona, fue anunciada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Desde el Ministerio de Salud se difundió que luego de gestiones realizadas con la embajada de los Estados Unidos en Panamá, especialistas del Cuerpo de Ingenieros se reunirán este viernes con el equipo del Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales para analizar a fondo la situación de las fuentes críticas, como el río La Villa y el río Estibaná, así como el estado de las plantas potabilizadoras.

“Se requiere un diagnóstico bien profundo y estructurado para poder hacer un plan de tratamiento a corto, mediano y largo plazo que resuelva el problema de raíz”, manifestó el ministro de Salud.

Mientras se desarrolla el plan maestro con la contraparte estadounidense, el Ministerio de Salud adelantó acciones inmediatas para garantizar el acceso al recurso, como son la perforación de más de 60 pozos.

Pese a esto, la población azuerense continúa quejándose por la falta del líquido, que desde hace poco más de un año se ha vuelto más crítica en ciertas áreas de la península.

El plan de presupuesto de las autoridades de Salud contempla la integración de 180 pozos adicionales este año, con una meta final de cerca de 400 pozos a nivel nacional para reforzar la red de suministro.

A pesar de los avances en la infraestructura, el ministro Boyd Galindo fue enfático en mantener las medidas de prevención sanitaria. Actualmente, el agua en las zonas afectadas no es apta para el consumo humano directo.

Ante la falta de agua en muchos sectores, el Ministerio de Salud continúa recomendado a la población de Azuero que obligatoriamente hiervan el líquido antes de ingerirlo, que utilicen el suministro actual exclusivamente para tareas de higiene personal y limpieza de áreas.

También se les recomienda mantener la precaución extrema para evitar enfermedades de transmisión hídrica, mientras se implementan las soluciones técnicas.

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En el país del Canal 120,000 niños y jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo, y solo 16 de cada 100 estudiantes logran comprender conceptos matemáticos básicos.

Más que frías, preocupantes, las estadísticas muestran un “rezago incómodo” para una nación con un alto nivel de ingresos, por lo que se impone una transformación “sistémica, informada y valiente”.

Así lo afirma Javier González, director de SUMMA, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe, creado en 2016 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para apoyar a los Ministerios de Educación de la región, citado por el informe “Lecciones internacionales para la reforma educativa de Panamá”, de enero 2026.

Se indica que el dato más alarmante es que el 84% de los jóvenes de 15 años en Panamá no alcanza el nivel base de competencia en matemáticas.

A pesar de que los estudiantes panameños son relativamente buenos reproduciendo conocimiento, se puntualiza que tienen “gran dificultad en extrapolar desde lo que saben y aplicar su conocimiento en situaciones novedosas”, una habilidad fundamental para el siglo XXI.

Panamá, siempre según el referido informe, se encuentra entre los países con las disparidades socioeconómicas más amplias en resultados educativos.

La brecha de escolaridad entre un niño de la ciudad y uno de una comarca indígena es, en promedio, de cuatro años, desigualdad que se vuelve aún más tangible.

Datos recopilados por el diputado independiente Jorge Bloise, de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, detallan que el 20% más pobre del país alcanza un promedio de 5 años de escolaridad, mientras que el 20% más rico alcanza 14 años.

Solo el 3% de los alumnos de colegios particulares panameños logra el nivel más alto de PISA, un examen internacional clave para medir el rendimiento educativo de los estudiantes a nivel global.

La cifra contrasta drásticamente con la de países como Costa Rica (más del 30%) o Brasil (más del 40%), lo que indica que ni siquiera los estudiantes con mayores recursos están alcanzando estándares internacionales de excelencia.

En 2024 la ministra de Educación, Lucy Molinar, decidió retirar al país de las pruebas PISA 2025, pese a las quejas de diferentes sectores, entre ellas los gremios magisteriales.

Ahora, en este nuevo año escolar que inició este 2 de marzo, Molinar indicó que espera que una reforma educativa que lleva adelante sea aprobada este 2026 por la Asamblea Nacional.

Parte de esta iniciativa es un nuevo diseño curricular, que de acuerdo con el Ministerio de Educación persigue fortalecer las capacidades de los estudiantes, con la promesa de construir nuevas escuelas y lograr una nueva ley de educación, pues la actual ley orgánica de educación data de unos 80 años.

Igualmente, se retomará el cuestionado programa de computadoras para docentes y alumnos, y aún se mantiene fresco el caso de al menos 200 docentes que fueron despedidos por participar de una huelga en rechazo a una ley de la Caja de Seguro Social.

En febrero de este año, un Resuelto del Ministerio de Educación aprobó la implementación experimental durante el año lectivo 2026 de los contenidos académicos actualizados, correspondientes a los programas de estudio de la educación básica general y educación media.

Culminada la fase de validación, continúa el Resuelto, se dará inicio a la etapa de diagnóstico de la implementación, ejecución y resultados de los referidos contenidos con el objeto de evaluar su calidad, pertinencia y eficacia.

A diferencia del 70% de los países de América Latina, el informe revela que el derecho a la educación en Panamá no puede ser exigido en tribunales, lo que en la práctica significa que si el Estado falla en proveer una educación de calidad, un ciudadano no tiene un recurso legal directo para exigirla ante un tribunal, limitando su garantía efectiva.

Un creador de contenido ha desarrollado un ordenador que solo se puede encender al introducir una moneda, fusionando la nostalgia de los antiguos salones arcade con la tecnología actual.

El proyecto, que ha llamado la atención en redes sociales y plataformas de video, muestra cómo es posible adaptar una computadora tradicional para que funcione como una máquina de arcade, con la particularidad de que se necesita pagar cada vez que se desea utilizarla.

Cómo es el mecanismo detrás de la PC que se activa con monedas

El youtuber mrryeester indicó que el funcionamiento del sistema se basa en la integración de un monedero electrónico, un dispositivo ampliamente utilizado en máquinas expendedoras y recreativas. Este monedero puede programarse para aceptar monedas de diferentes valores, desde una moneda de euro hasta piezas de menor denominación, según las preferencias del usuario.

Para poner en marcha la computadora, el creador conectó el monedero a la fuente de alimentación y utilizó un módulo de relé. El relé actúa como interruptor: una vez que la moneda correcta ha sido detectada, el circuito permite que fluya la corriente necesaria para activar el botón de encendido de la placa base. Solo tras este paso, el ordenador puede arrancar y ser utilizado.

Este diseño permite además recoger las monedas en un compartimiento interno, lo que puede resultar útil para quienes quieran usar el sistema como método de ahorro, o para gestionar el uso del equipo en entornos compartidos, como centros juveniles, asociaciones o comercios.

El costo de montar una PC con este sistema ronda los 120 euros, dependiendo de la calidad del monedero y los componentes electrónicos utilizados. Existen versiones sencillas que aceptan cualquier moneda y otras más avanzadas que solo reconocen monedas específicas, gracias a sensores ópticos y fototransistores que analizan el tamaño y la composición metálica.

El proceso de instalación no requiere conocimientos avanzados de electrónica, pero sí una planificación cuidadosa para evitar daños en la placa base y garantizar la seguridad eléctrica del sistema. El proyecto ha sido documentado en video, permitiendo que otros entusiastas puedan replicarlo paso a paso.

La propuesta va más allá de un simple experimento. Este tipo de inventos despierta el interés de quienes buscan soluciones prácticas para controlar el acceso al equipo en espacios públicos, fomentar el ahorro o incluso para quienes quieren revivir la experiencia de los juegos clásicos de los años ochenta.

La nostalgia por las máquinas arcade

Las máquinas que funcionan con monedas han sido parte del entretenimiento desde hace más de un siglo, evolucionando desde las primeras tragamonedas mecánicas hasta los salones arcade de los setenta y ochenta. El uso de monedas como “llave” para acceder a juegos o servicios se extendió en todo el mundo, adaptándose con el tiempo a nuevas tecnologías y formatos de pago.

Actualmente, la mayoría de sistemas recreativos emplean tarjetas electrónicas o aplicaciones móviles, pero el mecanismo de inserción de moneda sigue teniendo un atractivo especial por su componente físico y la sensación inmediata de recompensa.

El invento del youtuber recupera esa dinámica, trasladándola al ámbito de la informática y abriendo nuevas posibilidades para el control de acceso y el ahorro cotidiano.

Además de su valor lúdico y nostálgico, una computadora que funciona con monedas puede ser útil en contextos donde se busca limitar o supervisar el tiempo de uso de los equipos, como en cibercafés, zonas de juegos o instituciones educativas. También puede convertirse en una solución creativa para quienes buscan incentivar el ahorro de forma divertida y tangible.

Por otro lado, el sistema es una alternativa para quienes deseen construir su propia máquina recreativa casera, utilizando emuladores y software de juegos clásicos. El invento muestra que la innovación y la creatividad pueden convertir dispositivos cotidianos en experiencias únicas y adaptadas a distintas necesidades.

La PC que solo enciende con monedas es un ejemplo de cómo la tecnología, la nostalgia y la funcionalidad pueden combinarse en proyectos accesibles y replicables, aportando ideas frescas tanto al ámbito doméstico como al de los espacios públicos.

MARTES, 16 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los padres pueden calmar mejor las rabietas de sus hijos gracias a la monitorización de los relojes inteligentes impulsados por IA, según un nuevo estudio.

Las alertas de relojes inteligentes sobre una inminente rabieta ayudaron a los padres a intervenir en cuestión de segundos, reduciendo más de la mitad la duración de los arrebatos de los niños pequeños, informaron los investigadores el 15 de diciembre en JAMA Network Open.

"Este estudio demuestra que incluso intervenciones pequeñas y bien sincronizadas pueden cambiar la trayectoria del episodio de desregulación emocional de un niño", dijo la coinvestigadora principal, la Dra. Magdalena Romanowicz, psiquiatra infantil en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota.

"Estos momentos dan a los padres la oportunidad de intervenir con acciones de apoyo -- acercándose, ofreciendo tranquilidad, etiquetando emociones y desviando la atención antes de que se intensifique una rabieta", dijo Romanowicz en un comunicado de prensa.

El reloj inteligente que lleva el niño, detecta señales de estrés como el aumento de la frecuencia cardíaca o cambios en el movimiento y el sueño, explicaron los investigadores.

Estas lecturas se envían a una aplicación impulsada por IA en el smartphone del padre, que las analiza en tiempo real y envía una alerta cuando parece que va a empezar una rabieta.

"Un reloj inteligente puede parecer sencillo, pero cuando está respaldado por tratamientos basados en la evidencia y análisis avanzados, se convierte en un salvavidas para las familias que intentan manejar síntomas graves de comportamiento en casa", dijo el investigador Dr. Paul Croarkin, psiquiatra infantil y adolescente de la Clínica Mayo, en un comunicado de prensa.

Para probar este sistema, los investigadores reclutaron a 50 niños de entre 3 y 7 años que recibieron Terapia de Interacción Padre-Hijo (PCIT) en la Clínica Mayo. Los niños estaban recibiendo esta terapia por problemas de conducta.

"La Terapia de Interacción Padre-Hijo es un tipo de técnica psicológica estándar de oro utilizada por terapeutas y padres formados", dijo la Dra. Ruth Lynn Milanaik, directora del programa de Seguimiento Neurodesarrollativo Neonatal en el Cohen Children's Medical Center en New Hyde Park, Nueva York.

"El terapeuta formado observaba cómo el padre y el hijo interactuaban juntos, normalmente a través de un espejo unidireccional, y luego daba consejos inmediatos a los padres sobre lo que hacían que necesitaba una habilidad diferente", dijo Milanaik, que no participaba en la investigación.

Para el estudio, los investigadores asignaron a la mitad de los niños que llevaran el smartwatch y a la otra mitad que continuaran con su PCIT con normalidad.

Teóricamente, el reloj inteligente daría a los padres una mejor oportunidad de utilizar las habilidades que desarrollaron durante el PCIT, según los investigadores.

Los niños llevaban el smartwatch aproximadamente el 75% del tiempo, lo que demuestra que es factible esperar que lo mantengan puesto, según el estudio.

Los resultados mostraron que las alertas de relojes inteligentes ayudaban a los padres a intervenir en los primeros cuatro segundos de una inminente rabieta.

Los niños que llevaban el smartwatch tenían rabietas que duraban unos 10 minutos, en comparación con los 22 minutos de los que no tenían el monitoreo, según los investigadores.

En general, las probabilidades de que una rabieta durara 15 minutos o más eran 3,7 veces menores entre los niños monitorizados con un reloj inteligente, según el estudio.

"Estamos viendo a más niños en crisis y la gravedad está aumentando", dijo la investigadora Dra. Julia Shekunov, directora médica de la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Clínica Mayo, en un comunicado de prensa. "Este sistema ofrece a los padres herramientas que pueden usar inmediatamente, incluso fuera de la clínica, para ayudar a su hijo a recuperar el control."

Las rabietas forman parte del desarrollo normal del niño, ya que los niños encuentran formas de gestionar su frustración, dijo Milanaik.

"Todos hemos oído hablar de los 'terribles dos años'.  En realidad son los 'dos que hacen rabietas', cuando un niño aprende a desenvolverse en un mundo frustrante", dijo.

"Con 2 años, no tienes mucho control. Así que, cuando quieres cenar galletas y un padre dice: 'Bueno, no vamos a cenar galletas', es una oportunidad para montar una rabieta y volver a estar en pie. Eso es normal y natural y forma parte del aprendizaje y la disciplina", dijo Milanaik.

De hecho, Milanaik dijo que "una rabieta bien gestionada tiende a fortalecer el vínculo entre padre e hijo."

Funciona así: "Un niño tiene una rabieta. El padre dice: 'Oh, ignoré la rabieta, y di algunas alternativas positivas, y mi hijo escuchó lo que hice y pudimos superar esto juntos'", dijo Milanaik.

"Quiero que los niños aprendan a manejar una rabieta. Quiero que los padres aprendan de forma natural a manejar una rabieta.  No quiero que nadie sienta que es algo anormal y que hay que arreglarlo", dijo Milanaik. "Es simplemente parte de crecer."

Este sistema de relojes inteligentes podría ser útil para padres que gestionan a niños que aún tienen rabietas más allá de sus "terribles dos años", añadió.

"Cuando los niños son mayores y aún tienen una menor tolerancia a la frustración o cuando la rabieta se intensifica o dura mucho más, es cuando los padres pueden buscar ayuda profesional", explicó Milanaik.

Sin embargo, expresó su preocupación de que la combinación de reloj inteligente y smartphone pueda fomentar la crianza helicóptero.

"Un niño necesita aprender a lidiar con la frustración por sí mismo", dijo Milanaik. "Un padre puede estar mirando el reloj inteligente y decir: 'Oh, el ritmo cardíaco de mi hijo está aumentando y quiero evitar esta frustración, intervenir inmediatamente en cada situación.' "

A largo plazo, puede que no sea beneficioso para el niño "ya que no podrá gestionar realmente su propia frustración", explicó. "Posiblemente dependan de un padre para que intervenga por ellos."

A continuación, los investigadores planean perfeccionar aún más la precisión del sistema, probarlo en grupos más grandes y evaluar sus beneficios a largo plazo.

Más información

El Child Mind Institute tiene más información sobre formas efectivas de manejar las rabietas.

FUENTES: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 15 de diciembre de 2025; Apertura de la Red JAMA, 15 de diciembre de 2025

La búsqueda de materiales innovadores para resolver desafíos energéticos ha dado un paso clave con el desarrollo de CRESt, una plataforma de inteligencia artificial creada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Este sistema puede analizar datos científicos de múltiples fuentes y ejecutar experimentos autónomos, lo que agiliza de manera significativa el descubrimiento de nuevos compuestos útiles en aplicaciones de energía.

Cuál es la plataforma de inteligencia científica

CRESt integra aprendizaje automático avanzado, robótica para el manejo de muestras y una interfaz de lenguaje natural para que los investigadores conversen directamente con la plataforma sin necesidad de programación.

CRESt, siglas de Copiloto para Científicos Experimentales del Mundo Real, responde a una limitación de los modelos tradicionales de inteligencia artificial, que suelen considerar únicamente datos numéricos o experimentales puntuales. En cambio, el sistema desarrollado el MIT procesa composiciones químicas, literatura científica, imágenes de microestructuras y experiencia humana.

Esta diversidad de insumos se combina en un modelo multimodal que aprende y ajusta sus recomendaciones de experimentos conforme recibe nuevos datos y resultados. Así, se acerca al razonamiento integrador de un científico humano y aprovecha la velocidad de los sistemas automatizados.

Por qué la plataforma CRESt es importante para la ciencia

El proceso experimental tradicional en ciencia de materiales puede ser lento y costoso, dado que requiere la fabricación meticulosa de nuevas muestras y una secuencia de pruebas cuya interpretación guía la siguiente etapa. Para acelerar esta dinámica, CRESt utiliza aprendizaje activo y optimización bayesiana, una técnica estadística que sugiere el siguiente experimento más prometedor a partir del resultado de los anteriores.

De acuerdo con los profesores que encabezan el proyecto, esto equivale a tener una herramienta que no solo aprende de la experiencia acumulada, también refina continuamente su búsqueda en función de la información disponible.

En ensayos recientes, detallados en la revista Nature, el equipo del MIT probó la capacidad de CRESt en el desarrollo de materiales para celdas de combustible de alta eficiencia. Utilizando un robot de manipulación de líquidos, estaciones automatizadas de prueba y caracterización, y análisis de imágenes con microscopía avanzada, CRESt exploró más de novecientas composiciones químicas y realizó unas 3.500 pruebas electroquímicas en tres meses.

Este proceso condujo al descubrimiento de un nuevo catalizador de ocho elementos, que logró una densidad de potencia récord en una celda de combustible basada en sal de formiato, con una proporción reducida de metales preciosos respecto a los dispositivos tradicionales.

El sistema no solo identifica combinaciones químicas potenciales, también monitorea con cámaras los procedimientos experimentales, detecta anomalías de tamaño milimétrico y propone ajustes en tiempo real a los científicos, tanto por texto como por voz. Este enfoque, según explicó el equipo encabezado por Zhen Zhang y otros investigadores del MIT, ha permitido sortear problemas de reproducibilidad y optimizar flujos de trabajo en el laboratorio.

CRESt no reemplaza a los investigadores humanos, sino que actúa como asistente y amplificador de su capacidad de análisis y decisión.

El trabajo interdisciplinar en el desarrollo de CRESt incluyó expertos en inteligencia artificial, robótica, química y ciencia de materiales. Junto a sus herramientas automatizadas, la plataforma puede buscar y analizar texto de artículos científicos, utilizar bases de datos para identificar tendencias y, desde allí, generar nuevas recetas de materiales que luego se someten a experimentación rápida.

Esta sinergia ya ha derivado en propuestas concretas que pueden reducir costos y aumentar la eficiencia, como el uso de catalizadores con menos metales preciosos para resolver un reto histórico de las celdas de combustible.

Los resultados demuestran el potencial del aprendizaje multimodal y la robótica para abordar problemas complejos de ingeniería de materiales. CRESt avanzó en la identificación de opciones de bajo costo y alto rendimiento para catalizadores, facilitando una búsqueda que tradicionalmente requería años de trabajo manual.

Se espera que estas herramientas puedan replicarse en otros campos y que la integración entre la inteligencia artificial y el trabajo experimental produzca un salto de eficiencia en la resolución de desafíos energéticos globales.

MARTES, 7 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Tres inmunólogos ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 por descubrir cómo el sistema inmunitario evita atacar al cuerpo.

El descubrimiento ha abierto nuevos caminos para el tratamiento.

Los inmunólogos Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi descubrieron un grupo especial de células inmunes llamadas células T reguladoras.

Estas células ayudan a mantener el sistema inmunológico equilibrado, evitando que dañe el cuerpo. Su investigación reveló una parte clave de cómo funciona el sistema inmunológico.

"Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves", dijo el presidente del Comité Nobel, Olle Kämpe .

Los tres científicos compartirán 11 millones de coronas suecas (alrededor de $ 1.1 millones). Brunkow tiene su sede en el Instituto de Biología de Sistemas en Seattle; Ramsdell en Sonoma Biotherapeutics en San Francisco y Seattle; y Sakaguchi es profesor de la Universidad de Osaka en Japón.

El director ejecutivo de Sonoma Biotherapeutics, Jeff Bluestone , le dijo a The Wall Street Journal que Ramsdell, que había estado viajando de mochilero fuera de la red en Idaho, se enteró de su Premio Nobel el lunes por la noche después de regresar de su viaje. Más temprano en el día, sus colegas no habían podido comunicarse con él, dijo Bluestone.

En la década de 1990, Sakaguchi descubrió que eliminar la glándula del timo de los ratones recién nacidos hacía que sus sistemas inmunológicos atacaran sus propios órganos. Más tarde descubrió que un pequeño grupo de células, ahora conocidas como células T reguladoras, impedía que el sistema inmunológico atacara.

En 2001, Brunkow y Ramsdell identificaron el gen Foxp3, que ayuda a estas células reguladoras a desarrollarse adecuadamente. Cuando este gen se daña, el sistema inmunológico puede comenzar a atacar los propios tejidos del cuerpo.

"Fue realmente un trabajo molecular, llegar a esa mutación exacta", explicó Brunkow. "Fue solo una alteración genética muy pequeña que resulta en un cambio bastante profundo en el sistema inmunológico".

El trabajo de los ganadores ha dado lugar a nuevas áreas de investigación destinadas a tratar enfermedades autoinmunes, cáncer y complicaciones después de trasplantes de órganos.

"La capacidad de manipular estas células para que puedan convertirse en terapias poderosas y específicas es realmente la promesa del campo", dijo Bluestone a The Wall Street Journal.

Sakaguchi, quien calificó el premio como "una feliz sorpresa", dijo que planea continuar explorando cómo ajustar las respuestas inmunes para ayudar al cuerpo a combatir el cáncer.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre el sistema inmunológico.

FUENTE: The Wall Street Journal, 6 de octubre de 2025

El recinto de la Cámara de Diputados ha finalizado un ambicioso proyecto de modernización tecnológica y estructural, marcando el primer cambio significativo en su infraestructura en casi tres décadas. Según informó Infobae, este proceso incluyó la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y mejoras en el sistema de votación parlamentaria. Las obras, que comenzaron en enero, se aceleraron debido a la convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo, programadas para este jueves.

La modernización fue posible gracias a la ausencia de sesiones extraordinarias a finales del año pasado, lo que permitió iniciar los trabajos en el recinto. Sin embargo, la convocatoria oficialista para tratar diversos temas en los próximos días obligó a concluir las obras a un ritmo más rápido. Y probar los cambios

Es por eso, y teniendo en cuenta que habrá sesión esta semana, hoy martes se realizó una prueba del nuevo sistema con la participación de más de 257 empleados del Palacio Legislativo, quienes simularon una sesión parlamentaria para verificar el correcto funcionamiento de las nuevas herramientas.

Pruebas exitosas del nuevo sistema de votación

El ensayo llevado a cabo en el recinto consistió en una simulación en la que los trabajadores de distintas áreas ocuparon las bancas destinadas a los legisladores. Según detalló Infobae, empleados del área de comunicación, por ejemplo, representaron al bloque de Encuentro Federal, mientras que otros se distribuyeron en las bancas de diferentes partidos políticos. Durante la prueba, se utilizó el nuevo sistema de votación, que incluye nuevas tablets y una multipantalla, sin que se registraran inconvenientes en su funcionamiento.

Un cambio que se aplicará desde este jueves es que si un diputado vota y luego se levanta, el sistema que tiene un sensor en la silla -que es el que marca en el tablero el primer paso para mostrar que un legislador está presente- dará como nula la opción y obligará a que se siente y vote de nuevo. Esto es con el fin de que los legisladores no se muevan de sus bancas hasta que no termine el proceso de votación.

El objetivo principal de esta prueba fue garantizar que el recinto estuviera en condiciones óptimas para las sesiones extraordinarias. Según fuentes de la presidencia de la Cámara Baja citadas por el medio, la Dirección General de Informática y Sistemas, en colaboración con el área de Obras, lideró el proyecto de modernización, que incluyó tres licitaciones públicas para adquirir y actualizar el equipamiento tecnológico.

Detalles de las licitaciones y nuevas herramientas tecnológicas

Las tres licitaciones públicas que sustentaron el proyecto están identificadas bajo los expedientes 12754/2024, 13333/2024 y 12635/2024. Según Infobae, estas licitaciones contemplaron la adquisición de un sistema multipantalla, la compra de 300 tablets “all in one” con 32 GB de RAM y la instalación de una Plataforma Hiperconvergente. Cada una de estas herramientas tiene un propósito específico para optimizar las labores legislativas.

El sistema multipantalla permitirá una mejor visualización de la información durante las sesiones, facilitando el acceso a datos en tiempo real. Por su parte, las tablets modernizarán el sistema de votación parlamentaria, ofreciendo una interfaz más eficiente y ágil para los legisladores. En cuanto a la Plataforma Hiperconvergente, esta tecnología centralizará y gestionará los recursos informáticos del recinto, mejorando la eficiencia operativa.

Un aspecto del proyecto es que los pliegos de licitación publicados en la web de la Cámara de Diputados establecen que los costos de las adquisiciones deben expresarse en dólares. Además, las partes involucradas en el proceso están obligadas a firmar un convenio de confidencialidad. Según explicaron a este medio, esta medida busca proteger la información sensible relacionada con el proyecto y garantizar la transparencia en la ejecución de las obras.

La modernización del recinto no solo representa un avance tecnológico, sino también un esfuerzo por adaptar el espacio legislativo a las necesidades actuales. Tras 28 años sin cambios significativos, estas mejoras buscan optimizar el trabajo parlamentario y garantizar un entorno más eficiente para los legisladores.

Desde el viernes pasado se implementó un nuevo validador online para las recetas de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), lo que implicó en pocas horas dificultades en la dispensa y venta de medicamentos en muchas farmacias del país.

En principio, las entidades que agrupan a los farmacéuticos se quejaron de que el nuevo sistema de validación de medicamentos online no reconocía las nuevas prescripciones o no figuraban las anteriores al 1 de noviembre, fecha en que comenzó implementarse la nueva resolución

Cerca del mediodía, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación aclararon a Infobae que el sistema “ya está normalizado y se están procesando 1.000 recetas por minuto. Hoy está funcionando bien la plataforma”. Explicaron que hubo algunas demoras el lunes y ayer al mediodía pero que el nuevo validador ya está operando sin problemas.

En el mismo sentido, distintos actores del sector también le dijeron a Infobae que la situación habría comenzado a normalizarse. Claudio Ucchino, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF). explicó a Infobae que el problema con la nueva plataforma comenzó la semana pasada, pero que poco a poco se está normalizando y los jubilados están pudiendo hacerse de los fármacos que necesitan.

“Hubo un cambio en los sistemas de validación de PAMI, de una empresa a otra, que ya trabajó con el mismo organismo. Ahora volvió todo a (la empresa) Farmalink que venía validando a otras obras sociales y prepagas, pero cuando se sumó PAMI el viernes, el sistema se saturó. Se produjo un embudo que hizo colapsar el sistema. Los primeros días no se podían validar y, por lo tanto, las farmacias no podían dispensar medicamentos”, precisó Ucchino. Y agregó que al cargarse los datos del afiliado y la receta, el sistema, que provee a más de 14.000 farmacias en todo el territorio nacional, brinda la información correcta para entregar los fármacos.

Ante la situación que se desencadenó el viernes pasado, la obra social de los jubilados emitió un comunicado en el que explicó: “En tareas de mantenimiento, el PAMI está actualizando su sistema de validación de recetas electrónicas. Si alguien acudió a la farmacia y su receta aún no estaba cargada o tuvo problemas con la dispensa de los medicamentos, no debe preocuparse, porque el inconveniente se resolverá a lo largo del día”.

“Todos los afiliados de PAMI tienen garantizado el acceso a sus medicamentos. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de los afiliados”, señalaron desde la entidad.

Ante la consulta de Infobae, fuentes del PAMI aclararon que el sistema implementado no es nuevo, sino que es el que se utilizaba hasta 2015 y” es el que utiliza casi toda la industria, lo que le facilita el trabajo al farmacéutico”. Y agregaron que esta nueva plataforma le permite acceder a PAMI “a información que con el sistema anterior no tenía acceso, como la trazabilidad de los medicamentos de punta a punta”.

El viernes, las cámaras farmacéuticas informaron de los inconvenientes en muchas de las 14.000 farmacias en las que se implementó el nuevo sistema. Esto implica que algunos jubilados no pudieron conseguir medicación en los primeros días del mes, a lo que se suma que se trata de fármacos que fuera de la cobertura son muy costosos para adquirirlos de manera particular.

Pero poco a poco empieza a normalizarse: “Desde esta mañana el sistema está funcionando mucho mejor”, afirmaron hoy a Infobae fuentes de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), una de las tres cámaras farmacéuticas junto a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Federación Farmacéutica (FEFARA) que había alertado, a través de un comunicado conjunto, de la situación.

Y agregaron que “el cambio en la forma de validar las recetas no afecta ni las condiciones de la prestación, ni las coberturas, ni los planes, ni los vademécums, ni los cronogramas de cierres y presentaciones, ni los plazos de pago”. Hoy FACAF confirmó a Infobae que los problemas todavía subsistían para los jubilados en algunos comercios.

En tanto, Farmalink, el nuevo proveedor elegido por Nación explicó en un reciente comunicado: “A partir del 1 de noviembre pasado se efectuó el cambio en el sistema de validación online del convenio PAMI. Esta implementación ha alcanzado a más de 14.000 farmacias a lo largo de todo el país y está validando la receta y dispensa de medicamentos a afiliados del instituto desde el pasado viernes. Somos conscientes de que, como en toda implementación masiva, surgen y surgirán diversos desafíos para que todos los sistemas de gestión de farmacias y nodos de entidades farmacéuticas se adecuen a la nueva modalidad. En ese sentido, durante los últimos días se ha registrado un número anómalo de consultas de recetas electrónicas, cuyo origen estamos investigando y que ha impactado en la velocidad del servicio”, precisaron.

Y agregaron: “Durante la tarde de ayer y la mañana de hoy se ha normalizado gradualmente el proceso de validación y dispensa de medicamentos del convenio PAMI, si bien aún registramos una menor velocidad de acceso a la consulta de receta electrónica. Estamos comprometidos en continuar trabajando para normalizar la velocidad de acceso a todos los servicios, de forma de operar normalmente a la brevedad”.

La situación en grandes centros urbanos del país

La situación tiene alcance nacional, ya que el PAMI hizo modificaciones en el sistema de validación central del Convenio de Medicamentos Ambulatorios, dejando de hacerlo por FarmaPAMI y pasando al sistema de IMED, decisión que es prerrogativa del Instituto.

El Colegio de Farmacéuticos de Mendoza admitió las dificultades para vender los remedios que sí o sí deben ser reconocidos. Y explicaron que no tienen respuestas para la gran cantidad de afiliados que tiene el organismo, porque se trata de un asunto exclusivo de la cobertura médica. “La falla genera reclamos y malestar en todo el país”, apuntaron.

“Hay pacientes que se quedan esperando media hora para poder adquirir el remedio y se terminan yendo porque no se lo podemos vender. Lamentablemente sin autorización del PAMI no podemos hacer la entrega”, explicó a diario UNO el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Mendoza, Mario Valestra.

En tanto, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba comunicó que por fallas en el validador de PAMI, no pudieron consultar las recetas médicas de los afiliados y por ende, se dificultó la dispensa: “El validador IMED que usa PAMI para hacer entrega de medicamentos en las farmacias, antes era de una empresa y ahora lo cambió. El validador es el que no está funcionando, es un tema ajeno a las farmacias”, argumentó Diego Miranda, vicepresidente del colegio, en diálogo con Cba24n.

Ayer, las tres cámaras farmacéuticas COFA, FACAF y FEFARA advirtieron en una carta que “desde el 1º de noviembre las farmacias prestadoras del PAMI en todo el país comenzaron a trabajar con un nuevo sistema de validación de recetas, en un cambio dispuesto por el PAMI para la atención de sus afiliados. En la implementación de este cambio tecnológico dispuesto por el Instituto se ha generado una importante cantidad de dificultades a la hora de atender al jubilado en el mostrador de las farmacias en todo el país, y esas dificultades persisten al día de hoy, martes 5 de noviembre”.

“Estas dificultades se traducen en sustanciales demoras o impedimento en la dispensa de medicamentos, inconvenientes para la localización de recetas electrónicas, y otras circunstancias puntuales que hacen a una significativa merma en la calidad de servicio que nuestras farmacias acostumbran a brindar a los afiliados al PAMI, que, impedidos en muchos casos de acceder a su medicamento, con toda razón muestran su disgusto”, indicaron.

“La responsabilidad de esta situación no es de las farmacias, que estamos realizando todos los esfuerzos, como es habitual ante las circunstancias más extremas, pero las dificultades se continúan y es necesario que quienes tienen la facultad para actuar logren la solución, para que los sistemas optimicen su funcionamiento y se alcance una normalidad en el servicio”, precisaron desde las tres cámaras.